Modifica diversos cuerpos legales para disponer la postergación del cobro de las deudas por consumos de servicios básicos domiciliarios, y del corte de tales suministros en caso de deuda, durante la vigencia de alertas sanitarias o epidemiológicas decretadas por la autoridad. Boletín N° 13329-03

Fundamentos

1.- Ante la aparición de una nueva cepa de Coronavirus desde finales del año 2019 en la ciudad de Wuhan, China, los diferentes organismos internacionales de la salud han mostrado su preocupación con la forma de propagación y falta de insumos necesarios para el control de dicha enfermedad. En ese sentido, los primeros casos humanos se asocian con un mercado de animales silvestres en la ciudad de Wuhan. Entendiendo que el contacto cercano entre animales (incluido el humano) que normalmente no conviven en la naturaleza puede favorecer el que un virus adquiera la capacidad de saltar de un huésped a otro y transmitirse en seguida entre personas. En el caso de este coronavirus, análisis recientes sugieren que podría haber saltado de murciélagos a pangolinos, y de ahí a los humanos[1].

2.- La enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) es una afección respiratoria que se puede propagar de persona a persona[2]. En ese entendido, el virus puede alcanzar niveles de muerte altos en relación con otros de la misma naturaleza. Un ejemplo de esto se desarrolla en España con una cifra cercana a los 500 muertos a causa de la enfermedad de COVID-19[3].

3.- En relación con la grave crisis sanitaria que se desarrolla a nivel mundial por la aparición del Virus SARS-CoV2, Coronavirus, que afecta a gran parte de los países del mundo, estimándose una cifra creciente de más de 180.000 casos positivos a nivel global[4] y la calificación por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de este virus como una pandemia a nivel mundial[5].

4.- Asimismo, a las medidas anunciadas por el Presidente Sebastián Piñera en atención a evitar la propagación y contagio de la población vulnerable a este virus anunciadas desde el día 13 de marzo del presente año[6] que, en el grueso de sus acciones busca evitar aglomeraciones de personas.

5.- Por lo anterior, se hace necesario establecer protocolos más rígidos en materia de prevención y cuidado con esta enfermedad, promoviéndose la cuarentena entre las personas inmunodeprimidas o que padezcan algún tipo de enfermedad crónica (como es el caso de personas asmáticas, niños y adultos mayores).

6.- Sobre la base de lo señalado anteriormente, tanto la OMS como diferentes centros de control de enfermedades a lo largo del globo han sido enfáticos en señalar que dentro de las medidas de prevención de contagio de esta enfermedad se encuentran: Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos. Además de usar un desinfectante de manos que contenga al menos un 60 % de alcohol si no hay agua y jabón disponibles[7] y evitar aglomeraciones, respetando las alertas y cuarentenas decretadas por la autoridad competente.

7.- Por la misma situación, es necesario establecer una norma que permita a las personas, sobre todo aquellas en situación de vulnerabilidad sanitaria, la postergación del pago de los suministros básicos de luz y agua, evitando su corte por no pago dentro de la fecha si esta situación se produce en episodios de crisis sanitarias decretadas por la Autoridad Sanitaria respectiva.

Idea Matriz

El presente proyecto tiene por finalidad el establecer medidas que vayan en apego a las acciones decretadas por la Autoridad Sanitaria respectiva en materia de prevención, control y atención de enfermedades ante una situación de Alerta Sanitaria o Epidemiológica, estableciendo medidas de resguardo para las personas que no puedan, en virtud de dicha alerta sanitaria, realizar el pago de sus servicios básicos de agua, luz eléctrica, gas, telefonía e internet, evitando el corte de suministro y postergando el pago de dichos servicios hasta el momento posterior al levantamiento de dicha alerta sanitaria.

Por los antecedentes anteriormente expuestos es que vengo en presentar el siguiente:

PROYECTO DE LEY PARA RETRASAR EL PAGO DE FACTURAS O BOLETAS DE SERVICIOS BÁSICOS Y ASEGURAR ACCESO A DICHOS SERVICIOS PARA USUARIOS DOMICILIARIOS EN SITUACIONES DE CRÍSIS SANITARIAS

Artículo 1.- Introdúzcase el Artículo 36 ter. nuevo en el DFL 382 que establece la Ley General de Servicios Sanitarios en el siguiente sentido:

“Artículo 36 ter.- Decretada la Alerta Sanitaria o Epidemiológica, por la Autoridad Sanitaria competente, las empresas proveedoras de servicios sanitarios de agua potable y alcantarillado deberán retrasar el pago de las facturas o boletas por los servicios prestados a los usuarios domiciliarios hasta el levantamiento de la alerta, prohibiendo cualquier acción que imposibilite el acceso de los usuarios a este servicio básico hasta el levantamiento de dicha alerta.

La infracción a lo dispuesto en el inciso anterior será sancionada con una multa de entre mil y dos mil unidades tributarias mensuales a beneficio fiscal y la reposición inmediata de los servicios al usuario afectado.”

Artículo 2.- Introdúzcase el Artículo 218 bis. nuevo en el DFL 4 de 2018 que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de Minería, de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos, en materia de Energía Eléctrica en el siguiente sentido:

“Artículo 218 bis.- Decretada la Alerta Sanitaria o Epidemiológica, por la Autoridad Sanitaria competente, las empresas proveedoras de servicios eléctricos deberán retrasar el pago de las facturas o boletas por los servicios eléctricos prestados a los usuarios domiciliarios hasta el levantamiento de la alerta, prohibiendo cualquier acción que imposibilite el acceso de los usuarios domiciliarios al servicio básico mencionado hasta el levantamiento de dicha alerta.

La infracción a lo dispuesto en el inciso anterior será sancionada con una multa de entre mil y dos mil unidades tributarias mensuales a beneficio fiscal y la reposición inmediata de los servicios al usuario afectado.”

Artículo 3.- Introdúzcase en el DFL 323 que establece la Ley de Servicios de Gas el siguiente Artículo 36 bis. nuevo en el siguiente sentido:

“Artículo 36 bis.- Decretada la Alerta Sanitaria o Epidemiológica, por la Autoridad Sanitaria competente, las empresas proveedoras de servicios de gas deberán retrasar el pago de las facturas o boletas por los servicios prestados a los usuarios domiciliarios hasta el levantamiento de la alerta, prohibiendo cualquier acción que imposibilite el acceso de los usuarios domiciliarios al servicio básico mencionado hasta el levantamiento de dicha alerta.

La infracción a lo dispuesto en el inciso anterior será sancionada con una multa de entre mil y dos mil unidades tributarias mensuales a beneficio fiscal y la reposición inmediata de los servicios al usuario afectado.”

Artículo 4.- Introdúzcase en ley 18.168 que establece la Ley General de Telecomunicaciones el siguiente Artículo 27 bis. nuevo en el siguiente sentido:

“Artículo 27 bis.- Decretada la Alerta Sanitaria o Epidemiológica, por la Autoridad Sanitaria competente, las empresas proveedoras de servicios de telefonía e internet deberán retrasar el pago de las facturas o boletas por los servicios prestados a los usuarios domiciliarios hasta el levantamiento de la alerta, prohibiendo cualquier acción que imposibilite el acceso de los usuarios domiciliarios al servicio básico mencionado hasta el levantamiento de dicha alerta.

La infracción a lo dispuesto en el inciso anterior será sancionada con una multa de entre mil y dos mil unidades tributarias mensuales a beneficio fiscal y la reposición inmediata de los servicios al usuario afectado.”

JOANNA PÉREZ OLEA

Diputada de la República

PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE UNA SUSPENSIÓN DE COBRO DE SERVICIO BÁSICO DE SERVICIOS BÁSICOS DE ELECTRICIDAD, AGUA POTABLE Y GAS PARA LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE ESTADO DE CATÁSTROFE. Boletín 13342-03

1. Fundamentos.- El presente proyecto de ley que proponemos a esta H. Cámara puede ser catalogado como una medida concreta a través de la cual el legislador pretende garantizar el derecho a la vida digna, beneficiando a un grupo relevante de personas que, por especiales circunstancias, requieren de un resguardo reforzado de su derecho a la vida, integridad y salud individual. En este sentido, no contar con el suministro de servicios implica una situación de riesgo para la vida y salud de todas las chilenas y chilenos.

El día 19 de marzo del año en curso, el Presidente de la República decretó estado de excepción constitucional de catástrofe por causa de calamidad pública, en todo el territorio nacional. Esto, para hacer frente a la pandemia de Covid-19 que asola al mundo desde hace meses y que ha contagiado a cientos de miles de personas y provocado la muerte de miles. La necesidad de generar distanciamiento social para precaver contagios masivos ha generado una ralentización de todas las actividades productivas, lo cual ha generado al mismo tiempo, mermas en los recursos de los hogares chilenos y una situación de incertidumbre sanitaria y económica difícil de afrontar y de sortear para la mayor parte de nuestras y nuestros compatriotas. Es por eso, que buscamos mediante este proyecto de ley, llevarles algo de alivio.

El presente proyecto de ley, además de buscar evitar o disminuir el riesgo descrito para tales personas, tiene por objeto colaborar con éstas en su economía familiar, atendido por una parte, una contingente merma en los ingresos familiares derivados de las circunstancias actuales y también, el mayor gastos eléctrico, agua y calefacción que deban soportar, producto del prolongado tiempo en los domicilios. Para afrontar estas situaciones se propone, mediante la suspensión del cobro de servicios básicos, durante el plazo de tres meses con lo cual se logra, por un lado, evitar o disminuir un riesgo para aquellas personas que por razones de salud requieran del uso de instrumental médico de uso domiciliario y, además, colaborar económicamente con éstas producto del mayor consumo eléctrico originado por el tratamiento médico que requieren, por ejemplo.

3. Ideas matrices.- El proyecto de ley tiene por objeto establecer una suspensión en el cobro de tarifas eléctricas, por un periodo determinado para favorecer a los clientes domiciliarios a objeto de evitar que se vean expuestos a a suspensión del suministro por no pago de la correspondiente tarifa, para lo cual se establece por vía legal una exención de carácter general.

En mérito de lo expuesto, y los fundamentos señalados venimos en proponer el siguiente:

Proyecto de ley

Artículo único. - Desde la fecha de publicación en el Diario Oficial del decreto que declare estado de excepción constitucional de catástrofe en el territorio de Chile y hasta por 90 días o por la totalidad del plazo de duración de la declaración correspondiente, si es que esta fuese superior, los prestadores y los clientes o usuarios residenciales de los servicios o suministros básicos que se indican se someterán a las siguientes reglas especiales:

1. Los tarifas de los servicios regulados en el Decreto con Fuerza de Ley número 4, del Ministerio de Economía, de 2007, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de Minería, de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos, en materia de energía eléctrica; en el Decreto con Fuerza de Ley número 382, Ley General de Servicios Sanitarios y el Decreto con Fuerza de Ley número 323, Ley de Servicios de Gas; así como cualquier otro cobro que proceda y que esté directamente relacionado con la prestación del servicio básico que corresponda, se calcularán de acuerdo a las reglas generales, pero su devengo y cobro se suspenderá por el plazo señalado en el encabezado.

2. No procederá el cobro de cargos adicionales, ni de intereses, sino únicamente será posible reajustar las tarifas pendientes acumuladas de acuerdo al índice de Precios al Consumidor, en el tiempo que medie entre el devengo de acuerdo a las reglas generales y el término del plazo de suspensión.

3. Las tarifas cuyo devengo y cobro se hubiere suspendido, deberán prorratearse para su pago en 24 cuotas iguales y sucesivas que podrán ser adicionadas en las cuentas correspondientes. Este plazo podrá ser inferior si el cliente así lo solicita y se deja de ello constancia por escrito.

4. Durante el plazo señalado en el encabezado y de forma excepcional, no podrá procederse a la interrupción de ningún suministro básico de los señalados, por causa alguna.

Firman:

1. H. D. MARCELO SCHILLlNG

2. H. D. LUIS ROCAFULL

3. H. D. JUAN LUIS CASTRO

4. H. D. JAIME NARANJO

5. H. D. JENNY ÁLVAREZ

6. H. D. EMILlA NUYADO

7. H. D. LEONARDO SOTO

8. H. D. MARCOS ILABACA

9. H. D. GASTÓN SAAVEDRA

Prohíbe la suspensión o corte del suministro de determinados servicios básicos domiciliarios, durante el período comprendido entre marzo y septiembre del año 2020, y dispone condiciones para el cobro de las deudas por tales conceptos. Boletín N° 13347-03

Considerando:

1.-La situación actual del País ante la crisis sanitaria producida por el Covid-19, nos ha llevado a extremar medidas, pasando en muy poco tiempo de la Fase 1 a la Fase 4 de contención.

2.-Las medidas adoptadas perjudicarán enormemente a quienes realizan labores diarias de comercio o quienes trabajan y subsisten gracias a sus propias fuentes laborales.

3.-Resulta necesario fijar criterios que vayan en el mismo sentido de los establecidos por otros países para hacer frente a esta crisis, que traerá daños colaterales en la economía, especialmente en la economía del Hogar. Así lo ha hecho el Gobierno, con una serie de medidas que buscan amortiguar la crisis.

4.-Estas circunstancias nos sitúan en un escenario crítico, donde muchos chilenos y chilenas no podrán cumplir con sus compromisos, especialmente en el pago de cuentas, que en el caso de los servicios básicos generan un tremendo impacto.

Al agravar las condiciones de aislamiento a las que debamos sometemos, no contar con estos vitales elementos será un enorme problema.

5.-El shock económico que se apronta a vivir Chile, requiere de medidas favorables que permitan reactivar el mercado una vez superada la crisis, pero también requiere de medidas inmediatas que sean un alivio para quienes no podrán hacer sus vidas normales durante los próximos días.

6.-La reacción de otros países ante la crisis no se ha hecho esperar. El Gobierno del Salvador suspendió por tres meses, el pago de servicios públicos y privados, España suspendió los cortes de Luz, agua y gas, al igual que Argentina. Italia por otro lado, suspendió el pago de Hipotecas y está estudiando la posibilidad de suspender los pagos durante dos meses de las cuentas de la luz, el gas, el agua y la basura[1].

7.-Las familias que se encuentran realizando cuarentena o se aprontan a hacerlo, deben contar con la tranquilidad de poder realizarla en un espacio que cuente con los servicios básicos.

8.-Las circunstancias actuales han llevado a nuestro país a tomar medidas drásticas, como aplazar el Plebiscito constituyente de abril, las elecciones Municipales y de Gobernadores proyectadas para octubre, lo que evidencia el delicado panorama sanitario.

9.-El aumento exponencial del contagio, durante la segunda semana de marzo, nos ha llevado a superar la barrera de los 600 casos y lamentar una víctima fatal. Es probable que se deba seguir extremando medidas, tanto económicas como sanitarias, por lo que se debe considerar estas medidas como un paliativo para los miles de hogares.

10.-Que muchos adultos mayores que viven solos y no cuentan con conocimientos digitales para pagar en línea deberán concurrir a las oficinas de estas empresas de servicios para poder hacerlo, con el riesgo que eso conlleva para su salud.

11.-Es en virtud de lo ya expuesto, que los Diputados firmantes presentamos siguiente proyecto de ley.

Proyecto de Ley

Artículo Único.- Se prohíbe el corte de los servicios de luz, agua, telefonía e internet, durante el periodo comprendido entre Marzo y Septiembre del año 2020.

Las empresas que presten estos servicios podrán a partir de octubre pactar el pago de las deudas las cuales no podrán ser de un plazo menor a 10 cuotas.

Dispone la suspensión del cobro de las tarifas devengadas por concepto de los servicios domiciliarios de agua potable y alcantarillado, y electricidad, entre los meses de marzo y junio del año 2020. Boletín N° 13354-03

ANTECEDENTES:

1.- La expansión del Covid-19 ha afectado a la totalidad de los países, convirtiendo a esta pandemia en una de las más dañinas del último tiempo. Todas las autoridades del mundo se han visto en la necesidad de tomar medidas extraordinarias para contener los efectos de la enfermedad en la salud de las personas.

2.- El aislamiento social parece ser una de las formas más adecuadas para lograr frenar la expansión de la pandemia y así lo ha recomendado la Organización Mundial de Salud. Este organismo, a través de su director Tedros Adhanom Ghebreyesus ha señalado que: "los países deben aislarse, hay que hacer pruebas, hay que aislar los casos y trazar los contactos". "La OMS recomienda que se aísle a todos los sospechosos. La mayor parte de los países con unos pocos casos están escuchándonos, ellos están a tiempo. Pero sabemos que otros países están experimentando intensas transmisiones. Pero se puede lograr". [1]

3.- Aquellos países que han adoptado la estrategia del aislamiento social total han mantenido una baja tasa de mortalidad al combinar esta medida con una campaña masiva de diagnóstico temprano del virus. Así Corea del Sur la tasa de mortalidad del coronavirus se ha mantenido en un 0,6% y en Alemania al 0,4%.

4.- Si bien en nuestro país, el gobierno ha sido reacio a decretar una cuarentena obligatoria en razón del Covid-19, desde el principio del manejo de la crisis, la autoridad sanitaria ha llamado a reducir al mínimo el contacto social. De esta forma, el presidente Sebastián Piñera, a través de su cuenta de Twitter, ha explicado cómo el gobierno está desplegando una fórmula de “cuarentena progresiva", que según su publicación" tiene cuatro niveles distintos, con "diferentes etapas y restricciones a la movilidad de las personas y requiere de mucha preparación e información a la ciudadanía”[2]

5.- En este contexto, los expertos han señalado que el comportamiento del virus es poco pronosticable toda vez que los modelos utilizados no se acomodan a las características especiales de esta enfermedad. De aquí que no se puede adelantar con precisión el momento aproximado en el cual mengüe el efecto adverso y se logre recuperar la normalidad sanitaria. No obstante, los pronósticos más favorables señalan que los efectos de la enfermedad y su expansión masiva no se detendrán sino hasta el mes de julio o agosto de este año, pero podría ser que este plazo no sea del todo correcto. En este sentido, el presidente Donald Trump dijo el lunes que Estados Unidos estará lidiando con la crisis hasta julio o agosto. [3]

6.- En este escenario, se puede proyectar un gran impacto negativo en la economía nacional y mundial. La proyección de crecimiento mundial ha bajado hasta el 1,25%, inferior al 1,9 que se esperaba y en Chile se espera una caída interna del PIB desde el 1% proyectado al 0,5%. Los efectos de la pandemia se harán sentir muy fuertemente en todos los sectores y afectarán especialmente a los más pobres, quienes muchas veces, no pueden cumplir con el mandato de la autoridad para adoptar las medidas que hacen disminuir situaciones de riesgo de contagio.

7.- Por ello es que resulta necesario apuntar a elaborar políticas que permitan proteger económicamente a los sectores de más escasos recursos, quienes producto de la informalidad de su trabajo, no percibirán ingresos o estos se verán mermados de manera relevante a causa de las medidas aislamiento social. Según la VIII Encuesta de Presupuestos Familiares del INE el gasto en servicios básicos representa una parte importante del gasto total de un grupo familiar (14,3%), lo que para los hogares del primer quintil supone un gasto per cápita aproximado de 23 mil pesos, para los hogares pertenecientes al segundo quintil de 31 mil pesos y el tercer quintil de 40 mil pesos por concepto de servicios básicos[4].

8.- Es importante señalar que la suspensión del pago de los servicios básicos a que se refiere este proyecto va a ir en directo beneficio de los sectores más vulnerables de la sociedad y tiene por objeto conceder la posibilidad de acceder a la mayor parte de la población a adoptar las medidas de resguardo que recomienda la autoridad sanitaria.En este sentido, las empresas que proveen estos servicios, deben hacer los esfuerzos necesarios para contribuir a paliar los efectos económicos inmediatos que provoca la pandemia en la economía nacional.

9.- Es urgente que se profundicen las políticas públicas que ayuden a los sectores de menores ingresos y sectores vulnerables que se encuentran más expuestos a pagar los efectos económicos de esta crisis. En consecuencia resulta del todo urgente el suspender el pago de servicios básicos a los hogares pertenecientes al 60% más vulnerable según la calificación socioeconómica establecida en el Registro Social de Hogares, es decir, aquellos hogares que gastan entre 91 mil y 255 mil pesos por persona[5].

OBJETIVO:

A través del presente proyecto se busca suspender el pago de cuentas de servicios básicos como electricidad y agua potable, por un plazo de cuatro meses contados desde el mes de marzo y hasta el mes de junio de 2020, ambos meses incluidos e imputar el pago de la deuda que genere el consumo de estos a las utilidades percibidas por las empresas que suministran los servicios señalados anteriormente. La presente norma será aplicable a los titulares de las cuentas de suministros señaladas, que pertenezcan al sesenta por ciento de los hogares más vulnerables, según la calificación socioeconómica establecida en el Registro Social de Hogares del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Por lo anterior, los diputados y diputadas que suscribimos, venimos en proponer el siguiente,

PROYECTO DE LEY

Artículo Único: Suspéndase el pago de las obligaciones contraídas en razón del consumo de servicios básicos de agua potable y electricidad respecto de cualquier empresa proveedora que opere en el territorio nacional, a partir del mes de marzo y hasta el mes de junio de 2020. La suspensión podrá ser invocada por los titulares de servicios domiciliarios de agua potable y electricidad que pertenezcan al sesenta por ciento de los hogares más vulnerables según la calificación socioeconómica establecida en el Registro Social de Hogares del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

El costo asociado a la suspensión de pagos que se establece en el inciso primero, se imputará a las utilidades percibidas por las empresas proveedoras de los servicios señalados en el último ejercicio tributario y no generará posteriores obligaciones para los beneficiarios de esta ley.

BORIS BARRERA MORENO

DIPUTADO

DISPONE LA SUSPENSIÓN, POR UN PERÍODO DE TRES MESES, DEL COBRO DE TARIFAS ASOCIADAS A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DOMICILIARIOS DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES, Y PROHÍBE A LAS EMPRESAS PRESTADORAS EL CORTE DE TALES SUMINISTROS POR CAUSA DE DEUDAS DEL RESPECTIVO CLIENTE

BOLETÍN N° 13355-03

Fundamentos y antecedentes

Chile, al igual que muchos otros países, atraviesa por una crítica alerta sanitaria a raíz de la propagación del virus SARSCoV2 y de la enfermedad COVID19, la que ha motivado, además, la dictación de un estado de catástrofe en todo el territorio nacional.

La extensión de esta situación ha originado y sin duda originará, no sólo un lamentable costo a nivel de vidas e integridad de las ciudadanas y ciudadanos, sino que también un freno y recesión en el crecimiento económico que, si bien a primeras luces no es lo más relevante, debe acoplarse con las necesidades económicas y de servicios que todas las personas requerimos para poder vivir de manera normal.

Lógicamente, vinculado a lo anterior, se encuentra el hecho de necesitar servicios básicos como luz, agua, gas y de telecomunicaciones, así como la obligación de pagarlos. Hoy por hoy, esto produce un gran problema, ya que muchas personas verán mermados sus ingresos y no podrán hacer frente a tales obligaciones, mientras en paralelo son de total necesidad incluso en el contexto de los requerimientos sanitarios (tener agua potable, alcantarillado, etc.) Asimismo, el pago de estos servicios se continúa haciendo mayoritariamente de manera presencial, lo que genera filas y aglomeraciones de personas, lo que va directamente en contra de las medidas de “distanciamiento social” que se aconsejan como esenciales para enfrentar el virus.

En atención a ambas situaciones, muchos países alrededor del mundo han adoptado la medida de aplazar por un período determinado de tiempo el pago de estas obligaciones, permitiendo la continuidad del suministro en beneficio de la población y evitándose así los efectos no deseados de su cobro inmediato, que son la imposibilidad de muchas personas para cargar con esas deudas y los elementos negativos de su forma de pago.

Creemos que es necesario replicar en nuestro país esta medida, tanto para ayudar la situación económica de los hogares, como para permitir el cumplimiento de las medidas sanitarias que son exigidas.

En adición a lo propuesto, es necesario también establecer un impedimento para el corte en caso de atraso de deudas, ya que el contar con suministro de estos importantes recursos resguarda el aspecto sanitario que hoy debemos proteger.

Idea Matriz

El presente proyecto de ley busca imponer a las empresas de servicios públicos concesionados y/o regulados, la obligación de suspender el pago de las cuentas de consumo de dichos servicios por un plazo transitorio de tres meses, disponiendo asimismo la prohibición en el corte del suministro por igual plazo.

Proyecto de ley

ARTÍCULO ÚNICO: “Desde la entrada en vigencia de esta ley, por un período de tres meses, las empresas concesionadas y/o reguladas de suministro de servicios públicos, como son electricidad, luz, agua y telecomunicaciones, incluido en este último el servicio de internet, deberán suspender el cobro en el pago de las cuentas de consumo que se hayan generado para todos sus clientes.

Asimismo, por idéntico plazo, estarán imposibilitadas de disponer el corte de suministro ante la mora en el pago de cuentas, cualquiera sea la entidad o duración de esta".

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ANDRÉS LONGTON HERRERA

Diputado

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FRANCISCO EGUIGUREN CORREA

Diputado

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FRANK SAUERBAUM MUÑOZ

Diputado

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PABLO PRIETO LORCA

Diputado

PROYECTO DE LEY

Dispone la suspensión, durante un plazo de al menos ÍMS meses, en el cobro de los servicios básicos, tales como, agua, luz, gas, internet, telefonía y televisión, en el contexto de la actual alerta sanitaria y estado de catástrofe vigentes en el país. Boletín 13356-03

Fundamentos:

I. El pasado jueves fue declarado Estado de Catástrofe, que es uno de los estados de excepción que contempla nuestra Constitución, con el fin de proteger la cadena logística y traslado de insumos médicos y pacientes, resguardar fronteras y garantizar la cadena de producción y distribución para asegurar el abastecimiento, así como también establecer toques de queda o medidas tales como la cuarentena, entre otros. Esta medida fue tomada luego de que se hubieran confirmado 238 casos de coronavirus en nuestro país.

II. El día Domingo 22 de marzo, nuestro Gobierno anuncio un toque de queda nocturno, tras confirmarse 632 casos de coronavirus, además de hacer un llamado a las personas a permanecer en sus casas, disminuir los contactos sociales para poder generar una posibilidad de verificar y fiscalizar nuevos casos.

III. El día de hoy, martes 24 de marzo, los casos confirmados son 746 según el Ministerio de Salud en el último reporte, siendo la región con más casos confirmados la Metropolitana.

IV. Es de público conocimiento la necesidad de frenar el incremento exponencial de la curva de contagios de manera urgente en nuestro país, por lo cual debemos ser consecuentes con el llamado del Gobierno a permanecer en nuestras casas y disminuir el contacto social. Siguiendo esta línea, entendemos que la gran mayoría de los chilenos no tienen la posibilidad de permanecer dentro de sus hogares de forma tranquila, ya que se ven en la obligación de salir a trabajar para poder sustentar sus hogares.

V. Creemos que es urgente implementar de forma inmediata medidas para aliviar la crisis económica y la angustia de la mayoría de los ciudadanos del país, suspendiendo el cobro de los servicios básicos que son indispensables para todos y que el Estado debe asegurar a la población.

VI. Siguiendo con las medidas tomadas internacionalmente, se propone suspender el cobro de servicios de agua, luz, gas, internet, telefonía y televisión, por a lo menos seis meses, lo que sería una medida de alivio importante para todas las familias de Chile.

VII. Es necesario que el Estado cumpla su rol de protección, no solo evitando el contagio de este virus, a través de las medidas que se han ido tomando, sino que, también, asegurando una correcta calidad de vida para estos meses, posibilitando a sus ciudadanos un acceso igualitario a los servicios de primera necesidad.

Idea Matriz

El presente proyecto de ley dispone la suspensión, durante un plazo de al menos seis meses, en el cobro de los servicios básicos, tales como, agua, luz, gas, internet, telefonía y televisión, en el contexto de la actual alerta sanitaria y estado de catástrofe vigentes en el país.

PROYECTO DE LEY

ARTÍCULO ÚNICO: "Desde la entrada en vigencia de esta ley, por un período de seis meses, las empresas concesionadas y/o reguladas de suministro de servicios públicos, como son electricidad, luz, agua y telecomunicaciones, incluido en este último el servicio de internet, deberán suspender el cobro en el pago de las cuentas de consumo que se hayan generado para todos sus clientes.

Asimismo, por idéntico plazo, estarán imposibilitadas de disponer el corte de suministro ante la mora en el pago de cuentas, cualquiera sea la entidad o duración de esta.

Una vez reactivado el cobro de las cuentas, el saldo adeudado a raíz de la suspensión se deberá distribuir en 12 cuotas iguales sucesivas que se sumarán a la respectiva cuenta mensual."

?Valparaíso, 25 de marzo de 2020.

El Secretario de Comisiones que suscribe, CERTIFICA:

Que los proyectos de ley fusionados:

1.- De las diputadas señoras Sofía Cid, Andrea Parra y Joanna Pérez y de los diputados señores Gonzalo Fuenzalida, Pablo Kast, Andrés Longton, Pablo Lorenzini, José Miguel Ortiz, Jorge Sabag y Víctor Torres, que modifica diversos cuerpos legales para disponer la postergación del cobro de las deudas por consumos de servicios básicos domiciliarios, y del corte de tales suministros en caso de deuda, durante la vigencia de alertas sanitarias o epidemiológicas decretadas por la autoridad, boletín 13.329-03.

2.- De las diputadas señoras Jenny Álvarez y Emilia Nuyado y de los diputados señores Juan Luis Castro, Marcos Ilabaca, Jaime Naranjo, Luis Rocafull, Gastón Saavedra, Marcelo Schilling y Leonardo Soto, que dispone la suspensión del devengo y cobro de las tarifas por consumos de servicios básicos domiciliarios, regula su cálculo, reajuste y prorrateo, y prohíbe el corte o interrupción de tales suministros en caso de deuda, durante la vigencia del decreto que declare el estado de excepción constitucional de catástrofe, boletín 13.342-03.

3.- De la diputada señoras Marcela Hernando y de los diputados señores Boris Barrera, Alejandro Bernales, Mario Desbordes, Francisco Eguiguren, Manuel Monsalve, Hugo Rey, Alejandro Santana, Alexis Sepúlveda y Sebastián Torrealba, que prohíbe la suspensión o corte del suministro de determinados servicios básicos domiciliarios durante marzo y septiembre 2020, y dispone condiciones para el cobro de las deudas por tales conceptos, boletín N° 13.347-03.

4.- De la diputada señora Alejandra Sepúlveda y de los diputados señores Boris Barrera, Renato Garín, Hugo Gutiérrez, Daniel Núñez, Alexis Sepúlveda y Raúl Soto, que dispone la suspensión del cobro de las tarifas devengadas por concepto de los servicios domiciliarios de agua potable y alcantarillado, y electricidad, entre los meses de marzo y junio del año 2020, boletín N° 13.354-03.

5.- De las diputadas señoras Erika Olivera y Ximena Ossandón y de los diputados señores Francisco Eguiguren, Gonzalo Fuenzalida, Andrés Longton, Pablo Prieto, Hugo Rey, Alejandro Santana, Frank Sauerbaum y Cristóbal Urruticoechea, que dispone la suspensión, por un período de tres meses, del cobro de tarifas asociadas a la prestación de los servicios domiciliarios de agua, electricidad y telecomunicaciones, y prohíbe a las empresas prestadoras el corte de tales suministros por causa de deudas del respectivo cliente, boletín N° 13.355-03, y

6.- De los diputados señores Andrés Celis, Sebastián Keitel, Hugo Rey, Frank Sauerbaum y Alexis Sepúlveda, que dispone la suspensión por un periodo de seis meses, del cobro de tarifas asociadas a la prestación de los servicios domiciliarios de agua, electricidad y telecomunicaciones y prohíbe a las empresas prestadoras el corte de tales suministros por deuda del respectivo cliente y prorratea el pago de las cuotas de los meses sujetos a suspensión de cobro, boletín 13.356-03.

Fueron tratados en esta Comisión, en sesión de fecha 25 de marzo de 2020, con la asistencia de los Diputados señores Jaime Naranjo (Presidente Accidental de la Comisión); Boris Barrera, Alejandro Bernales, Harry Jürgensen, Cosme Mellado, Miguel Mellado, Raúl Soto, Karin Luck en reemplazo de la diputada Sofía Cid, Alexis Sepúlveda por el diputado Renato Garín -reemplazo debidamente autorizado por los respectivos Comités-, Joanna Pérez, Andrés Longton, Francisco Eguiguren, Jorge Sabag y Pablo Vidal.

Indicaciones y artículos rechazadas o declaradas inadmisibles:

- La Comisión votó senda indicación sustitutiva, cuya aprobación importa el rechazo de los textos propuestos originalmente en las mociones que se han fusionado.

- Asimismo, la Comisión rechazo por dos votos a favor, de los diputados señores Barrera y Mellado, don Cosme, tres en contra, de la diputada Luck y de los diputados señores Lavin y Mellado, don Miguel, y las abstenciones de los diputados señores Bernales, Sepúlveda, don Alexis, Jurgensen, Naranjo y Soto, don Raúl, del siguiente tenor:

“Quienes acrediten estar dentro del 40% de menores ingresos en conformidad con el Registro Social de Hogares al 1 de abril, quedan exentos del pago de servicios de agua y electricidad, por un plazo de 180 días a contar de la publicación de esta ley.”.

Votación General

Puestos en votación general los proyectos de ley fusionados, se aprobaron por la unanimidad de los diputados presentes, diputada Luck en reemplazo de la señora Cid y de los diputados señores Barrera, Bernales, Alexis Sepúlveda en reemplazo del diputado señor Garín, Jürgensen, Lavín, Cosme Mellado, Miguel Mellado, Naranjo y Raúl Soto.

Votación Particular

Con posterioridad el señor Presidente dio cuenta de la presentación de una indicación, sustitutiva de los textos fusionados, de autoría de las diputadas señoras Pérez, doña Joanna y Luck, doña Karin, y de los diputados señores Naranjo; Barrera; Bernales; Eguiguren; Jurgensen; Sepúlveda, don Alexis; Soto, don Raúl; Sabag; Longton; Mellado, don Cosme, y Mellado, don Miguel, del siguiente tenor:

“Artículo único.- Decretado por el Gobierno el estado de catástrofe por la pandemia del COVID 19, y durante la totalidad de su vigencia, las empresas proveedoras de servicios básicos domiciliarios no podrán cortar ni suspender la prestación ni continuidad de los mismos en base a la existencia de mora en el pago de los usuarios finales.

Se entenderá por empresas proveedoras de servicios básicos domiciliarios aquellas que proporcionan agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, gas por cañería y sistemas de telefonía e internet.

Las deudas de los usuarios finales se prorratearán en las cuentas de los doce meses siguientes a la fecha de levantamiento del estado de catástrofe, y su cobro no podrá incorporar multas ni intereses por mora.

La infracción a lo dispuesto en el inciso primero será sancionado con multa a beneficio Fiscal de mil a dos mil unidades tributarias mensuales.”

Puesta en votación la indicación se aprobó por unanimidad de los diputados presentes, diputada Luck en reemplazo de la señora Cid y de los diputados señores Barrera, Bernales, Alexis Sepúlveda en reemplazo del diputado señor Garín, Jürgensen, Lavín, Cosme Mellado, Miguel Mellado, Naranjo y Raúl Soto.

La Comisión designó diputado informante al señor Boris Barrera.

En consecuencia, la Comisión de Economía, fomento; micro, pequeña y mediana empresa; protección de los consumidores y turismo propone la aprobación del siguiente texto:

PROYECTO DE LEY

“Artículo único.- Decretado por el Gobierno el estado de catástrofe por la pandemia del COVID 19, y durante la totalidad de su vigencia, las empresas proveedoras de servicios básicos domiciliarios no podrán cortar ni suspender la prestación ni continuidad de los mismos en base a la existencia de mora en el pago de los usuarios finales.

Se entenderá por empresas proveedoras de servicios básicos domiciliarios aquellas que proporcionan agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, gas por cañería y sistemas de telefonía e internet.

Las deudas de los usuarios finales se prorratearán en las cuentas de los doce meses siguientes a la fecha de levantamiento del estado de catástrofe, y su cobro no podrá incorporar multas ni intereses por mora.

La infracción a lo dispuesto en el inciso primero será sancionado con multa a beneficio Fiscal de mil a dos mil unidades tributarias mensuales.”.

MARIO REBOLLEDO CODDOU

Abogado Secretario Accidental de la Comisión.

PROHIBICIÓN A EMPRESAS PROVEEDORAS DE SUSPENDER PRESTACIÓN O CONTINUIDAD DE SERVICIOS BÁSICOS DOMICILIARIOS DURANTE VIGENCIA DEL ESTADO DE CATÁSTROFE DECRETADO POR PANDEMIA DE COVID-19 (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETINES NOS 13329-03, 13342-03, 13347-03, 13354-03, 13355-03 Y 13356-03, REFUNDIDOS)

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mociones refundidas, que prohíbe a las empresas proveedoras de servicios básicos domiciliarios, durante la vigencia del estado de catástrofe decretado por la pandemia del covid-19, cortar o suspender las prestaciones y continuidad de dicho servicio en razón de la existencia de mora en el pago de los usuarios finales.

Diputado informante de la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo es el señor Boris Barrera .

Antecedentes:

Mociones:

-Boletín N° 13329-03, sesión 5ª de la presente legislatura, en lunes 23 de marzo de 2020. Documentos de la Cuenta N° 18.

-Boletín N° 13342-03, sesión 6ª de la presente legislatura, en martes 24 de marzo de 2020. Documentos de la Cuenta N° 14.

-Boletín N° 13347-03, sesión 7ª de la presente legislatura, en miércoles 25 de marzo de 2020. Documentos de la Cuenta N° 18.

-Boletín N° 13354-03, sesión 7ª de la presente legislatura, en miércoles 25 de marzo de 2020. 2020. Documentos de la Cuenta N° 23.

-Boletín N° 13355-03, sesión 7ª de la presente legislatura, en miércoles 25 de marzo de 2020. Documentos de la Cuenta N° 24.

-Boletín N° 13356-03, sesión 7ª de la presente legislatura, en miércoles 25 de marzo de 2020. Documentos de la Cuenta N° 25.

-Informe de la Comisión de Certificado de la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Protección de los Consumidores y Turismo, sesión 8ª de la presente legislatura, en viernes 27 de marzo de 2020. Documentos de la Cuenta N° 17.

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor BARRERA (de pie).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Economía, paso a informar sobre el proyecto de ley, iniciado en mociones fusionadas, que garantiza la continuidad de los servicios básicos domiciliarios durante el estado de catástrofe decretado por la pandemia del covid-19.

Conforme a lo acordado, haré una breve relación del trabajo realizado por la comisión respecto de los seis proyectos fusionados.

El primero de ellos es de las diputadas señoras Sofía Cid , Andrea Parra y Joanna Pérez , y de los diputados señores Gonzalo Fuenzalida , Pablo Kast , Andrés Longton , Pablo Lorenzini, José Miguel Ortiz , Jorge Sabag y Víctor Torres , y busca modificar diversos cuerpos legales para disponer la postergación del cobro de las deudas por consumos de servicios básicos domiciliarios y prohibir el corte de tales suministros en caso de deuda, durante la vigencia de alertas sanitarias o epidemiológicas decretadas por la autoridad, que corresponde al boletín N° 13329-03.

El segundo es de las diputadas señoras Jenny Álvarez y Emilia Nuyado , y de los diputados señores Juan Luis Castro , Marcos Ilabaca , Jaime Naranjo , Luis Rocafull , Gastón Saavedra , Marcelo Schilling y Leonardo Soto , el cual dispone la suspensión del devengo y cobro de las tarifas por consumos de servicios básicos domiciliarios, regula su cálculo, reajuste y prorrateo, y prohíbe el corte o interrupción de tales suministros en caso de deuda, durante la vigencia del decreto que declare el estado de excepción constitucional de catástrofe, cuyo boletín es el N°13342-03.

El tercer proyecto es de mi autoría, y tiene por objeto suspender el pago de servicios básicos que se indican, en razón de la expansión del covid-19. Su boletín es el N° 13354-03.

El cuarto proyecto fusionado es de la diputada señora Marcela Hernando y de los diputados señores Alexis Sepúlveda , Manuel Monsalve , Francisco Eguiguren , Alejandro Bernales , Alejandro Santana y Hugo Rey , mediante el cual se busca prohibir la suspensión o corte de servicios básicos domiciliarios entre marzo y septiembre de 2020, y se disponen condiciones para el cobro de las deudas por tales conceptos. Su boletín es el N° 13347-03.

El quinto proyecto, de los diputados señores Andrés Longton , Francisco Eguiguren , Frank Sauerbaum y Pablo Prieto , impone a las empresas de servicios públicos concesionados y/o regulados la obligación de suspender el pago de las cuentas de consumo de dichos servicios por un plazo transitorio de tres meses, disponiendo asimismo la prohibición en el corte del suministro por igual plazo. Su boletín es el N°13355-03.

La última moción refundida es de los diputados Hugo Rey , Sebastián Keitel , Andrés Celis y Alexis Sepúlveda , y dispone la suspensión, por tres meses, del cobro de tarifas de los servicios domiciliarios de agua, electricidad y telecomunicaciones, y prohíbe el corte de tales suministros por deuda y prorratea el pago de las cuotas. Su boletín es el N°13356-03, sin urgencia.

Fueron tratados en la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo en sesión del 25 de marzo de 2020.

Puestos en votación general los proyectos de ley fusionados, se aprobaron por la unanimidad de los diputados presentes: la diputada Luck , en reemplazo de la diputada Cid, y los diputados señores Barrera, Bernales , Alexis Sepúlveda , en reemplazo del diputado Garín ; Jürgensen , Lavín , Cosme Mellado , Miguel Mellado , Naranjo y Raúl Soto .

Durante la votación en particular, el señor Presidente dio cuenta de la presentación de una indicación sustitutiva de los textos fusionados, de autoría de las diputadas Pérez , doña Joanna , y Luck , doña Karin , y de los diputados señores Naranjo , Barrera, Bernales , Eguiguren , Jürgensen , Sepúlveda, don Alexis ; Soto, don Raúl ; Sabag , Longton , Mellado, don Cosme , y Mellado, don Miguel , del siguiente tenor:

“Artículo único.- Decretado por el gobierno el estado de catástrofe por la pandemia del covid-19, y durante la totalidad de su vigencia, las empresas proveedoras de servicios básicos domiciliarios no podrán cortar ni suspender la prestación ni continuidad de los mismos en base a la existencia de mora en el pago de los usuarios finales.

Se entenderá por empresas proveedoras de servicios básicos domiciliarios aquellas que proporcionan agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, gas por cañería y sistemas de telefonía e internet.

Las deudas de los usuarios finales se prorratearán en las cuentas de los doce meses siguientes a la fecha de levantamiento del estado de catástrofe y su cobro no podrá incorporar multas ni intereses por mora.

La infracción a lo dispuesto en el inciso primero será sancionada con multa a beneficio fiscal de 1.000 a 2.000 unidades tributarias mensuales”.

Puesta en votación la indicación, se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes: diputada señora Luck , en reemplazo de la diputada señora Cid, y diputados señores Barrera, Bernales , Alexis Sepúlveda , en reemplazo del diputado señor Garín ; Jürgensen , Lavín , Cosme Mellado , Miguel Mellado , Naranjo y Raúl Soto .

En consecuencia, la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa;, Protección de los Consumidores y Turismo propone la aprobación de dicho texto a la Sala de la Corporación.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Ha concluido el tiempo destinado al Orden del Día.

En consecuencia, la discusión de este proyecto continuará en una próxima sesión. Se suspende la sesión.

-Transcurrido el tiempo de suspensión:

PROHIBICIÓN A EMPRESAS PROVEEDORAS DE SUSPENDER PRESTACIÓN O CONTINUIDAD DE SERVICIOS BÁSICOS DOMICILIARIOS DURANTE VIGENCIA DEL ESTADO DE CATÁSTROFE DECRETADO POR PANDEMIA DE COVID-19 (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETINES NOS 13329-03, 13342-03, 13347-03, 13354-03, 13355-03 Y 13356-03)

El señor PAULSEN (Presidente).-

Por acuerdo de los Comités, corresponde votar en general, sin discusión, el proyecto de ley, originado en mociones refundidas, que prohíbe a las empresas proveedoras de servicios básicos domiciliarios, durante la vigencia del estado de catástrofe decretado por la pandemia del covid-19, cortar o suspender las prestaciones y continuidad de dichos servicios en base a la existencia de mora en el pago de los usuarios finales.

Hago presente a la Sala que el proyecto contiene materias de ley simple o común.

Antecedentes:

-El debate del proyecto se inició en la sesión 9ª de la presente legislatura, en martes 31 de marzo de 2020, ocasión en que se rindió el informe de la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Protección de los Consumidores y Turismo.

El señor PAULSEN (Presidente).-

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 96 votos; por la negativa, 0 votos. Hubo 14 abstenciones.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas , Florcita Fuenzalida Figueroa , Gonzalo Mix Jiménez , Claudia Santana Castillo, Juan Alinco Bustos, René Gahona Salazar , Sergio Monsalve Benavides , Manuel Santana Tirachini , Alejandro Álvarez Vera , Jenny Girardi Lavín , Cristina Morales Muñoz , Celso Santibáñez Novoa , Marisela Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo González Gatica , Félix Moreira Barros , Cristhian Sauerbaum Muñoz , Frank Auth Stewart , Pepe González Torres , Rodrigo Muñoz González , Francesca Schilling Rodríguez , Marcelo Barrera Moreno , Boris Gutiérrez Gálvez , Hugo Naranjo Ortiz , Jaime Sepúlveda Orbenes , Alejandra Bellolio Avaria , Jaime Hernández Hernández , Javier Noman Garrido , Nicolás Sepúlveda Soto , Alexis Bobadilla Muñoz , Sergio Hernando Pérez , Marcela Norambuena Farías , Iván Silber Romo , Gabriel Boric Font , Gabriel Ibáñez Cotroneo , Diego Núñez Arancibia , Daniel Soto Ferrada , Leonardo Brito Hasbún , Jorge Ilabaca Cerda , Marcos Núñez Urrutia , Paulina Soto Mardones , Raúl Cariola Oliva , Karol Jackson Drago , Giorgio Nuyado Ancapichún , Emilia Torres Jeldes , Víctor Carter Fernández , Álvaro Jiles Moreno , Pamela Olivera De La Fuente , Erika Trisotti Martínez , Renzo Carvajal Ambiado , Loreto Jürgensen Rundshagen , Harry Ossandón Irarrázabal , Ximena Urrutia Bonilla , Ignacio Castillo Muñoz , Natalia Kast Sommerhoff , Pablo Paulsen Kehr , Diego Urrutia Soto , Osvaldo Castro Bascuñán, José Miguel Keitel Bianchi , Sebastián Pérez Olea , Joanna Urruticoechea Ríos , Cristóbal Celis Montt , Andrés Labra Sepúlveda , Amaro Pérez Salinas , Catalina Vallejo Dowling , Camila Cicardini Milla , Daniella Lavín León , Joaquín Prieto Lorca , Pablo Van Rysselberghe Herrera , Enrique Crispi Serrano , Miguel Leiva Carvajal , Raúl Rathgeb Schifferli , Jorge , Velásquez Seguel , Pedro , Díaz Díaz , Marcelo Longton Herrera , Andrés Rey Martínez , Hugo Verdessi Belemmi , Daniel Eguiguren Correa , Francisco Lorenzini Basso , Pablo Rocafull López , Luis Vidal Rojas , Pablo Espinoza Sandoval , Fidel Luck Urban , Karin Rojas Valderrama , Camila Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Fernández Allende, Maya Marzán Pinto , Carolina Rosas Barrientos , Patricio Walker Prieto , Matías Flores García, Iván Mellado Pino , Cosme Saavedra Chandía , Gastón Winter Etcheberry , Gonzalo Fuenzalida Cobo , Juan Mellado Suazo , Miguel Sabag Villalobos , Jorge Yeomans Araya, Gael .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Alessandri Vergara , Jorge Durán Salinas , Eduardo Melero Abaroa , Patricio Schalper Sepúlveda , Diego Coloma Álamos, Juan Antonio Hoffmann Opazo , María José Pardo Sáinz , Luis Torrealba Alvarado , Sebastián Desbordes Jiménez , Mario Kort Garriga , Issa Pérez Lahsen , Leopoldo Undurraga Gazitúa , Francisco Durán Espinoza , Jorge Macaya Danús , Javier .

El señor PAULSEN (Presidente).-

Por haber sido objeto de indicaciones, el proyecto vuelve a la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo para su discusión particular.

Oficio N° 15.467

VALPARAÍSO, 8 de abril de 2020

La Cámara de Diputados, en sesión de esta fecha, aprobó en general el proyecto de ley que prohíbe a las empresas proveedoras de servicios básicos domiciliarios, durante la vigencia de estado de catástrofe decretado por la pandemia de COVID – 19, cortar o suspender las prestaciones y continuidad de dichos servicios en base a la existencia de mora en el pago de los usuarios finales, correspondiente a los boletines N° 13.329-03, 13.342-03, 13.347-03, 13.354-03, 13.355-03 Y 13.356-03, refundidos.

Por haber sido objeto de indicaciones, que se adjuntan, me permito remitir a US. la totalidad de los antecedentes para que la comisión que US. preside emita el segundo informe, de conformidad con lo estatuido en el inciso cuarto del artículo 130 del reglamento de la Corporación.

Hago presente a US. que la Sala aprobó en general esta iniciativa por 96 votos a favor, de un total de 155 diputados en ejercicio.

Lo que tengo a honra comunicar a US., por orden del señor Presidente de la Cámara de Diputados.

Dios guarde a US.

JOHN SMOK KAZAZIAN

Abogado Oficial Mayor de Secretaría

AL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, FOMENTO; MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA; PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y TURISMO

INDICACIONES AL PROYECTO DE LEY QUE PROHÍBE A LAS EMPRESAS PROVEEDORAS DE SERVICIOS BÁSICOS DOMICILIARIOS, DURANTE LA VIGENCIA DE ESTADO DE CATÁSTROFE DECRETADO POR LA PANDEMIA DE COVID – 19, CORTAR O SUSPENDER LAS PRESTACIONES Y CONTINUIDAD DE DICHOS SERVICIOS EN BASE A LA EXISTENCIA DE MORA EN EL PAGO DE LOS USUARIOS FINALES.

Boletines N° 13.329-03, 13.342-03, 13.347-03, 13.354-03, 13.355-03 Y 13.356-03, refundidos.

1.- Indicación de los diputados Leopoldo Pérez Lahsen y Miguel Mellado Suazo.

Para reemplazar el artículo único por el siguiente:

“Artículo único.- El Presidente de la República, por el tiempo que se encuentre vigente el estado de excepción constitucional de catástrofe a consecuencia de la pandemia ocasionada por el Coronavirus COVID-19, mediante decreto supremo fundado, podrá disponer la prohibición del corte de suministro de servicios básicos domiciliarios que proporcionen empresas proveedoras de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, gas por cañería o sistemas de telefonía e internet.

El incumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior se sancionará con multa de cien a quinientas unidades tributarias mensuales. Será competente para el conocimiento de esta infracción el juez de policía local del lugar en que tenga su domicilio la casa matriz de la empresa denunciada.”.

AL INCISO PRIMERO

2.- De los diputados Miguel Mellado Suazo y Leopoldo Pérez Lahsen

Para incorporar, a continuación del punto y aparte, que pasa a ser punto y seguido, la siguiente oración: “Lo dispuesto en este inciso no será aplicable al agua que sea provista por medio del programa de Agua Potable Rural.”.

3.- Indicaciones de las diputadas Sofía Cid Versalovic y Karin Luck Urban y de los diputados José Miguel Castro Bascuñan y Luis Pardo Sáinz

- Para intercalar entre la palabra “finales” y el punto y aparte la expresión “residenciales”.

- Para incorporar a continuación del punto y aparte, que pasa a ser punto y seguido, la siguiente oración: “Lo dispuesto en este artículo solo será aplicable para aquellos clientes que se encuentren dentro del cuarenta por ciento de vulnerabilidad, de acuerdo al Registro Social de Hogares; y en materia de servicios sanitarios, que tengan un consumo mensual que no exceda los quince metros cúbicos en cada mes del período.”.

- Para incorporar a continuación del punto y aparte, que pasa a ser punto y seguido, la siguiente oración: “Lo dispuesto en esta ley no tendrá vigencia respecto de la distribución de energía eléctrica y aguas que realicen personas jurídicas constituidas como cooperativas o comités.”.

INCISO SEGUNDO NUEVO

4.- Indicación de las diputadas Marisela Santibañez Novoa y Camila Vallejo Dowling y de los diputados Boris Barrera Moreno, Hugo Gutiérrez Gálvez, Amaro Labra Sepúlveda y Daniel Nuñez Arancibia.

Para incorporar un nuevo inciso segundo, pasando el actual a ser inciso tercero:

“Del mismo modo, en el caso de quienes acreditan estar dentro del cuarenta por ciento de menores ingresos en conformidad con el Registro Social de Hogares al 1 de abril, quedan exentos del pago de servicios de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, gas por cañería y sistemas de telefonía e internet por un plazo de noventa días a contar de la publicación de esta ley. Se aplicará igual beneficio a quienes no reciban su remuneración completa en razón de encontrarse temporalmente suspendida su relación laboral y estén recibiendo seguro de cesantía sin importar su puntaje de Registro Social de Hogares.”.

AL INCISO SEGUNDO

5.- Indicación de las diputadas Sofía Cid Versalovic y Karin Luck Urban y de los diputados José Miguel Castro Bascuñan y Luis Pardo Sáinz

Para suprimir la coma que sigue a la expresión “energía eléctrica” y la expresión “gas por cañería”.

6.- Indicación de los diputados Diego Schalper Sepúlveda y Luis Pardo Sáinz

Para reemplazar el punto y aparte por una coma, e incorporar a continuación la siguiente frase: “mediante la ejecución de una concesión para servicios públicos, correspondientes a monopolios naturales.”.

7.- De los diputados señores Miguel Mellado Suazo y Leopoldo Pérez Lahsen

Para incorporar, a continuación del punto y aparte, que pasa a ser punto y seguido, la siguiente oración: “El prorrateo que se haga en virtud de este artículo no podrá incluir deudas preexistentes al establecimiento del estado de catástrofe ni posteriores a su término.”.

AL INCISO TERCERO

8.- Indicación de los diputados Diego Schalper Sepúlveda y Luis Pardo Sáinz

Para reemplazar la expresión “multas ni intereses por mora” por la siguiente: “multa ni interés alguno”.

9.- Indicación de las diputadas Sofía Cid Versalovic y Karin Luck Urban y de los diputados José Miguel Castro Bascuñan y Luis Pardo Sáinz

Para incorporar, a continuación del punto y aparte, que pasa a ser punto y seguido, la siguiente oración: “Además, las deudas impagas por un monto de hasta 10 unidades de fomento que se hayan contraído con empresas distribuidoras de energía eléctrica y que sean previas al decreto de estado de catástrofe, podrán acogerse al mecanismo prescrito por este inciso, pudiendo solicitar los usuarios la reposición del servicio si éste hubiere sido interrumpido por la deuda.”.

INCISO CUARTO NUEVO

10.- Indicación del diputado Boris Barrera Moreno

Para incorporar el siguiente inciso cuarto, pasando el actual inciso quinto a ser inciso sexto:

“Se excluyen de la aplicación de esta norma a las cooperativas que proveen de estos servicios indicados. En este caso, las mismas deben tomar medidas contributivas a disminuir los precios cobrados por esta provisión a quienes estén dentro del cuarenta por ciento de menores ingresos según el Registro Social de Hogares, a quienes reciban seguro de cesantía por suspensión de relación laboral, a los adultos mayores y a las mujeres que reciben pensiones de alimentos.”.

AL INCISO FINAL

11.- Del diputado señor Miguel Mellado Suazo.

Para sustituirlo por el siguiente:

“Lo dispuesto en este artículo se sancionará de conformidad a las reglas que establece al efecto las leyes de las superintendencias u órganos fiscalizadores respectivos para cada servicio básico.”.

12.- Indicación de las diputadas Sofía Cid Versalovic y Karin Luck Urban y de los diputados José Miguel Castro Bascuñan y Luis Pardo Sáinz

Para sustituirlo por el siguiente:

“Lo dispuesto en este artículo se sancionará de conformidad a las reglas que establece al efecto las leyes de las superintendencias u órganos fiscalizadores respectivos para cada servicio básico domiciliario.”.

NUEVO INCISO FINAL

13.- Del diputado señor Miguel Mellado Suazo.

Para incorporar el siguiente inciso final:

“Lo dispuesto en los incisos precedentes será aplicable para aquellas personas que, de acuerdo con el registro social respectivo, se encuentren dentro del sesenta por ciento más vulnerable. Para las personas que se encuentren fuera de dicho segmento, las empresas de servicios básicos deberán revisar los casos y comunicar a la superintendencia u órgano fiscalizador respectivo copia de la resolución.”.

14.- Indicación de las diputadas Sofía Cid Versalovic y Karin Luck Urban y de los diputados José Miguel Castro Bascuñan y Luis Pardo Sáinz

Para incorporar el siguiente inciso final:

“Respecto de los usuarios que no cumplan con el criterio de vulnerabilidad, las empresas de servicios básicos deberán recibir y revisar los casos y comunicar a la superintendencia u órgano fiscalizador respectivo copia de la resolución que los acoja o deseche.”.

15.- Indicación de la diputada Joanna Pérez Olea

Para incorporar el siguiente inciso final:

“Lo contemplado en los inciso anteriores no será aplicable a las empresas de Servicios Sanitarios reguladas por la ley N°20.998 que regula los Servicios Sanitarios Rurales. Con todo, y mientras se mantenga el Estado de Catástrofe, los operadores regulados por la ley mencionada no podrán ejercer los derechos contemplados en el artículo 47 literales e), f) y g) de dicho cuerpo legal.”.

ARTÍCULO NUEVO

16.- Indicación de los diputados Diego Schalper Sepúlveda y Luis Pardo Sáinz

Para incorporar el siguiente artículo 2, pasando el actual artículo único a ser artículo 1:

“Artículo 2.- Decretado por el Gobierno el estado de catástrofe por la pandemia del COVID 19, y durante la totalidad de su vigencia, las empresas proveedoras de servicio público de telefonía o internet, para aquellos usuarios que ya posean contratos vigentes que se encuentren en el 40 por ciento de vulnerabilidad de acuerdo al Registro Social de Hogares, y que declaren no poder cumplir sus obligaciones de pago; implementarán un plan de servicio solidario de conectividad, el cual deberá entregar gratuitamente conexión a internet y servicios de telefonía en los términos que cada empresa de telecomunicaciones informe al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Lo dispuesto en este artículo se sancionará de conformidad a las reglas que establece al efecto la Subsecretaría de Telecomunicaciones.”.

.- Indicación de la diputada Joanna Pérez Olea

Para incorporar el siguiente artículo 2, pasando el actual artículo único a ser artículo 1:

“Artículo 2.- Agrégase los siguientes artículos transitorios 30 y 31, nuevos, al decreto con fuerza de ley N°4, de 2018, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N°1, de Minería, de 1982, ley General de Servicios Eléctricos en materia de energía eléctrica:

“Artículo 30.- La suspensión de cobro como medidas excepcionales fijadas en virtud del artículo 218 bis, no podrá utilizarse como base para el cálculo de los precios promedio que deberá fijar el Ministerio de Energía a través de decreto en virtud del artículo 158 de este cuerpo legal.

Artículo 31.-

Declarado el estado de excepción constitucional de catástrofe producto de una calamidad pública por epidemia o pandemia, las empresas generadoras de energía eléctrica deberán continuar proveyendo de sus servicios a las empresas distribuidoras domiciliarias de energía.

Con todo, el pago de las empresas distribuidoras a las empresas generadoras deberá ser devengado una vez levantado el estado de excepción a prorrata de igual cantidad de meses que haya durado el estado de excepción, con un mínimo de tres meses, sin multas ni intereses.”.

ARTÍCULO TRANSITORIO NUEVO

17.- Indicación del diputado Pablo Vidal Rojas

Para agregar el siguiente artículo transitorio:

“Artículo transitorio.- Los cortes o suspensiones de suministro por mora de pago de cualquiera de los servicios señalados en el artículo único, y efectuados desde la fecha de declaración de Estado de Catástrofe por la pandemia del COVID 19, y deberán ser repuestos sin ningún costo para los usuarios, una vez publicada la presente ley.”.

*****

?SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, FOMENTO; MICRO EMPRESA Y MEDIANA EMPRESA; PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y TURISMO RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE LEY REFUNDIDOS QUE PROHÍBEN A LAS EMPRESAS PROVEEDORAS DE SERVICIOS BÁSICOS DOMICILIARIOS DURANTE LA VIGENCIA DEL ESTADO DE CATÁSTROFE DECRETADO POR LA PANDEMIA DE COVID-19, CORTAR O SU SUSPENDER LAS PRESTACIONES Y CONTINUIDAD DE DICHOS SERVICIOS EN BASE A LA EXISTENCIA DE MORA EN EL PAGO DE LOS USUARIOS FINALES.

BOLETINES N°S 13.329-03, 13.342-03, 13,347-03, 13.3354-03, 13.355-03 y 13.356-03 (REFUNDIDOS).

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Economía, Fomento, MYPYME, Protección de los Consumidores y Turismo viene en informar, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, los proyectos de la referencia, refundidos, sin urgencia, originados en las mociones que a continuación se detallan:

1.- De las diputadas señoras Sofía Cid, Andrea Parra y Joanna Pérez y de los señores Gonzalo Fuenzalida, Pablo Kast, Andrés Longton, Pablo Lorenzini, José Miguel Ortiz, Jorge Sabag y Víctor Torres, que modifica diversos cuerpos legales para disponer la postergación del cobro de las deudas por consumos de servicios básicos domiciliarios, y del corte de tales suministros en caso de deuda, durante la vigencia de alertas sanitarias o epidemiológicas decretadas por la autoridad, boletín 13.329-03.

2.- De las diputadas Jenny Álvarez y Emilia Nuyado y de los diputados Juan Luis Castro, Marcos Ilabaca, Jaime Naranjo, Luis Rocafull, Gastón Saavedra, Marcelo Schilling y Leonardo Soto, que dispone la suspensión del devengo y cobro de las tarifas por consumos de servicios básicos domiciliarios, regula su cálculo, reajuste y prorrateo, y prohíbe el corte o interrupción de tales suministros en caso de deuda, durante la vigencia del decreto que declare el estado de excepción constitucional de catástrofe, boletín 13.342-03.

3.- De la diputada Marcela Hernando y de los diputados Boris Barrera, Alejandro Bernales, Mario Desbordes, Francisco Eguiguren, Manuel Monsalve, Hugo Rey, Alejandro Santana, Alexis Sepúlveda y Sebastián Torrealba, que prohíbe la suspensión o corte del suministro de determinados servicios básicos domiciliarios durante marzo y septiembre 2020, y dispone condiciones para el cobro de las deudas por tales conceptos, boletín N° 13.347-03.

4.- De la diputada Alejandra Sepúlveda y de los diputados Boris Barrera, Renato Garín, Hugo Gutiérrez, Daniel Núñez, Alexis Sepúlveda y Raúl Soto, que dispone la suspensión del cobro de las tarifas devengadas por concepto de los servicios domiciliarios de agua potable y alcantarillado, y electricidad, entre los meses de marzo y junio del año 2020, boletín N° 13.354-03.

5.- De las diputadas Erika Olivera y Ximena Ossandón y de los diputados Francisco Eguiguren, Gonzalo Fuenzalida, Andrés Longton, Pablo Prieto, Hugo Rey, Alejandro Santana, Frank Sauerbaum y Cristóbal Urruticoechea, que dispone la suspensión, por un período de tres meses, del cobro de tarifas asociadas a la prestación de los servicios domiciliarios de agua, electricidad y telecomunicaciones, y prohíbe a las empresas prestadoras el corte de tales suministros por causa de deudas del respectivo cliente, boletín N° 13.355-03, y

6.- De los diputados Andrés Celis, Sebastián Keitel, Hugo Rey, Frank Sauerbaum y Alexis Sepúlveda, que dispone la suspensión por un periodo de seis meses, del cobro de tarifas asociadas a la prestación de los servicios domiciliarios de agua, electricidad y telecomunicaciones y prohíbe a las empresas prestadoras el corte de tales suministros por deuda del respectivo cliente y prorratea el pago de las cuotas de los meses sujetos a suspensión de cobro, boletín 13.356-03.

De conformidad con lo establecido en el inciso cuarto del artículo 130 del reglamento de la Corporación, los proyectos de ley refundidos, fueron remitidos a esta Comisión para segundo informe reglamentario.

Se hace presente que este informe recae sobre los proyectos aprobados en general por la Cámara de Diputados en sesión N° 11, celebrada en miércoles 8 de abril del año en curso.

Durante este segundo trámite reglamentario, y en virtud de los artículos 223 y 301 del reglamento, con el objeto de ilustrar el debate respecto de aspectos puntuales de los proyectos en estudio, la Comisión escuchó a las siguientes autoridades de gobierno y representantes de diversas entidades: El Ministro de Energía, don Juan Carlos Jobet; el subsecretario de Energía, don Francisco López; el subsecretario de Obras Públicas, señor Cristóbal Leturia;el Superintendente de Electricidad y Combustible, don Luís Ávila y el jefe de gabinete del Subsecretario de Telecomunicaciones, don José Huerta; la dirigenta, doña Lidia Venegas; el Presidente de CONADECUS, don Hernán Calderón; de Generadoras AG, don Claudio Seebach; de Empresas Eléctricas AG, don Rodrigo Castillo; de ACERA, don Carlos Finat; de ANDESS, doña Jéssica López y don Rodrigo Zavala; de FENAPRU, doña Gloria Alvarado; de ATELMO; don Afie Ulloa; de GPM AG, don Danilo Zurita y Rodrigo Castillo, y de Infraestructura Digital, don Rodrigo Ramírez. La mayoría de los invitados expuso de manera telemática. La transcripción de las opiniones se incorpora digitalmente.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 303 del reglamento de la Corporación, en este informe debe dejarse constancia de lo siguiente:

1.- DE LOS ARTÍCULOS QUE NO HAN SIDO OBJETO DE INDICACIONES DURANTE LA DISCUSIÓN DEL PRIMER INFORME EN LA SALA NI DE MODIFICACIONES DURANTE LA DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL SEGUNDO EN LA COMISIÓN.

No hubo.

2.- DE LOS ARTÍCULOS CALIFICADOS COMO NORMAS DE CARÁCTER ORGÁNICO CONSTITUCIONAL O DE QUÓRUM CALIFICADO.

La Comisión, por unanimidad, reiteró su parecer acerca de que el artículo único del texto aprobado no contiene normas con ese carácter.

3.- DE LOS ARTÍCULOS SUPRIMIDOS.

No hubo.

4.- DE LOS INCISO MODIFICADOS DEL ARTÍCULO UNICO:

En esta situación se encuentran:

El inciso primero.

Se presentó una indicación de los diputados Boris Barrera, Joanna Pérez, Raúl Soto y Pedro Velázquez, a continuación de la expresión “usuarios finales.” la frase “Esta prohibición tendrá efecto en todo el territorio nacional y es por razones de salud pública.”.

Sometido a votación el inciso en conjunto con la indicación resultó aprobado por mayoría de votos. Votaron a favor los diputados Boris Barrera, Harry Jürgensen, Joaquín Lavín, Cosme Mellado, Jaime Naranjo, Raúl Soto, Patricio Rosas, Alejandra Sepúlveda y Pedro Velásquez, en tanto se abstuvieron los diputados Luis Pardo y Miguel Mellado (9-0-2).

El inciso segundo.

Se presentó una indicación de los diputados Boris Barrera , Joaquín Lavín, Cosme Mellado, Jaime Naranjo; Joanna Pérez, Pedro Velásquez, para agregar a continuación de la palabra “entenderá” la expresión “, para efectos de esta ley,”.

Sometido a votación el inciso en conjunto con la indicación resultó aprobado por mayoría de votos. Votaron a favor los diputados Boris Barrera, Harry Jürgensen, Joaquín Lavín, Cosme Mellado, Jaime Naranjo, Raúl Soto, Patricio Rosas, Alejandra Sepúlveda y Pedro Velásquez, en tanto se abstuvieron los diputados Luis Pardo y Miguel Mellado (9-0-2).

Inciso tercero, nuevo

Se presentó una indicación del diputado Raúl Soto, para incorporar el siguiente inciso tercero, nuevo:

“Las empresas de telecomunicaciones deberán poner a disposición de sus usuarios activos de servicios de telefonía móvil y de internet fija y móvil, un plan de conectividad solidario, sin costo y por 60 días, el cual se solicitará a través de las plataformas de atención al usuario a todo cliente que lo requiera, asegurando la conectividad para fines educacionales y laborales.”.

Sometido a votación el inciso en conjunto con la indicación resultó aprobado por mayoría de votos. Votaron a favor los diputados Boris Barrera, Harry Jürgensen, Joaquín Lavín, Cosme Mellado, Miguel Mellado, Jaime Naranjo, Luis Pardo, Raúl Soto, Patricio Rosas y Alejandra Sepúlveda, en tanto se abstuvo el diputado Pedro Velásquez (10-0-1).

Inciso tercero, que ha pasado a ser cuarto

Se presentó una indicación de los diputados Joaquín Lavín y Pedro Velásquez, para modificar el inciso tercero, que ha pasado a ser cuarto de la siguiente forma:

a) Para sustituir la oración “Las deudas de los usuarios finales” por la frase: “las deudas de los usuarios que califiquen conforme a los requisitos que dispone esta ley”.

b) Para eliminar las palabras “por mora”.

Sometido a votación en conjunto el inciso y la indicación fue aprobado por el voto unánime de los señores y señoras Barrera, Pardo, Rosas, Sepúlveda, Jürgensen, Lavín, Cosme Mellado, Miguel Mellado, Naranjo, Joanna Pérez y Pedro Velásquez.

Inciso nuevo que ha pasado a ser quinto

- Las diputadas Marisela Santibáñez y Camila Vallejo y de los diputados Boris Barrera, Hugo Gutiérrez, Amaro Labra y Daniel Núñez, presentaron una indicación para incorporar un nuevo inciso del siguiente tenor:

“Del mismo modo, en el caso de quienes acreditan estar dentro del cuarenta por ciento de menores ingresos en conformidad con el Registro Social de Hogares al 1 de abril, quedan exentos del pago de servicios de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, gas por cañería y sistemas de telefonía e internet por un plazo de noventa días a contar de la publicación de esta ley. Se aplicará igual beneficio a quienes no reciban su remuneración completa en razón de encontrarse temporalmente suspendida su relación laboral y estén recibiendo seguro de cesantía sin importar su puntaje de Registro Social de Hogares.”.

Sometido a votación en conjunto el inciso y la indicación fue aprobado por mayoría de votos. Votaron a favor los señores y señoras Barrera, Rosas, Sepúlveda, Cosme Mellado, Naranjo y Joanna Pérez. Votaron en contra los señores Joaquín Lavín, Miguel Mellado y Pedro Velásquez. Se abstuvieron los diputados Luis Pardo y Harry Jürgensen.

Incisos nuevos, que han pasado a ser sexto y séptimo

- Se presentó una indicación del diputado Luis Pardo, para incorporar los siguientes incisos nuevos del siguiente tenor:

“Los usuarios finales que podrán acogerse a lo dispuesto en los incisos anteriores deberán contar con alguno de los siguientes requisitos, mientras se encuentre vigente el estado de catástrofe:

a) Encontrarse dentro del 40% de vulnerabilidad, de conformidad al Registro Social de Hogares;

b) Haber activado su seguro de cesantía;

c) Haberse suspendido la relación laboral en virtud de alguna de las causales establecidas en la ley N° 21.227, que faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo de la ley N° 19.728, en circunstancias excepcionales o haberse celebrado un pacto de reducción temporal de jornada, al tenor de esta última ley;

d) Tener, de acuerdo a la ley 19.828 que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor, la calidad de adulto mayor;

e) Los trabajadores independientes, que no estando comprendidos en las categorías anteriores, mediante declaración jurada simple, den cuenta de una disminución significativa de sus ingresos. La utilización maliciosa de la declaración se sancionará de conformidad con el artículo 210 del Código Penal;

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes, los usuarios finales no comprendidos en los incisos anteriores que acrediten estar imposibilitados de dar cumplimiento a las obligaciones de pago que han contraído con el respectivo prestador, podrán solicitante ante éste acogerse a la postergación y prorrateo de los pagos o acceder al plan solidario de conectividad. La negativa del prestador podrá ser objeto de reclamo ante la Superintendencia u organismo fiscalizador respectivo y se sujetará a las normas generales de cada una de ellas, para tales efectos.”.

- Se presentó una indicación del d iputado Jaime Naranjo, para incorporar en el inciso que ha pasado a ser sexto una letra f) del siguiente tenor:

f) Establecimientos tales como como hogares de adulto mayores vulnerables y hogares de menores reconocidos por las instituciones certificadoras respectivas.”.

Sometido a votación en conjunto el inciso y la indicación fue aprobado por mayoría de votos. Votaron a favor los diputados Harry Jürgensen, Joaquín Lavín, Cosme Mellado, Miguel Mellado, Jaime Naranjo, Luis Pardo, Patricio Rosas, Alejandra Sepúlveda y Pedro Velásquez, en contra se pronunciaron los diputados Boris Barrera y Joanna Pérez (9-0-2).

Inciso nuevo, que han pasado a ser octavo

- Se presentó una indicación del diputado Luis Pardo, para incorporar el siguiente inciso nuevo:

“Los prestadores indicados en los incisos segundo y tercero deberán establecer, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta ley, una plataforma de atención al usuario final, por internet y telefonía, que permita acceder a los beneficios que señala esta ley. Asimismo, la plataforma deberá permitir formular las solicitudes que establece el inciso anterior. En cualquiera de los casos previstos las empresas prestadoras deberán emitir una resolución dentro de los cinco días hábiles siguientes a que ella se formule, la que deberá constar fehacientemente por medio de correo electrónico o mensaje de texto y deberá ser puesta a disposición del usuario final dentro de las 24 horas siguientes a su solicitud, si este lo requiriese, debiendo la empresa informar expresamente de este derecho. Asimismo, deberá comunicar sus resoluciones a la superintendencia u organismo fiscalizador respectivo. Las superintendencias u organismos fiscalizadores respectivos podrán recibir reclamos por no cumplirse lo prescrito en este inciso, sujetándose dichos reclamos a las reglas generales de cada una de ellas.”,

- Se presentó una indicación del d iputado Joaquín Lavín para intercalar, en el inciso que ha pasado a ser octavo, después de la palabra “derecho la frase “a través de un documento incluido en la cuenta mensual”.

Sometido a votación el inciso fue aprobado por unanimidad por mayoría de votos. Votaron a favor los diputados Boris Barrera, Harry Jürgensen, Joaquín Lavín, Cosme Mellado, Miguel Mellado, Jaime Naranjo, Luis Pardo; Patricio Rosas y Alejandra Sepúlveda, en tanto se abstuvo la diputada Joanna Pérez (9-0-1).

Inciso cuarto, que han pasado a ser noveno

Sometido a votación el inciso fue aprobado por unanimidad, con los votos delos diputados Boris Barrera, Harry Jürgensen, Joaquín Lavín, Cosme Mellado, Miguel Mellado, Jaime Naranjo, Joanna Pérez, Alejandra Sepúlveda y Pedro Velásquez (9-0-0).

Inciso nuevo, que han pasado a ser décimo

- Los diputados Jaime Naranjo y Joanna Pérez, presentaron una indicación para incorporar el siguiente inciso en el artículo único:

“Lo contemplado en los incisos anteriores no será aplicable a las empresas de agua potable rural, cooperativas eléctricas y empresas con menos de 12.000 clientes a la fecha de inicio del estado de catástrofe por calamidad pública, dictado por el Decreto Supremo N° 104, de 18 de marzo de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, sin perjuicio de que las cooperativas y empresas señaladas puedan otorgar facilidades de pago a sus clientes.”.

Sometido a votación el inciso fue aprobado por mayoría de votos. Votaron a favor los diputados Harry Jürgensen, Miguel Mellado, Jaime Naranjo, Luis Pardo; Joanna Pérez, Patricio Rosas y Pedro Velásquez, en tanto se pronunciaron en contra los diputados Boris Barrera, Joaquín Lavín, Cosme Mellado, y Alejandra Sepúlveda (8-0-4).

5.- DE LOS ARTÍCULOS NUEVOS INTRODUCIDOS.

Artículo 2°

Los diputados Jaime Naranjo y Joanna Pérez, para incorporar el siguiente artículo 2:

“Artículo 2.- Agréguese los siguientes artículos transitorios 30 y 31 nuevos al DFL N° 4 de 2018, que Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de Minería, de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos en Materia de Energía Eléctrica:

“Artículo 30.- Los costos que irroguen para las empresas de energía eléctrica la implementación de la presente ley, nunca podrá ser traspasado a los clientes finales. Para ello, la suspensión de cobro como medidas excepcionales fijadas por ley en razón del Estado de Catástrofe por calamidad pública, dictado por el Decreto Supremo N°104 de 18 de marzo de 2020 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, no podrá utilizarse como base para el cálculo de los precios promedio que deberá fijar el Ministerio de Energía a través de decreto en virtud del artículo 158 de este cuerpo legal.”

“Artículo 31.- Declarado el Estado de Excepción constitucional de Catástrofe producto de una calamidad pública dictado por el Decreto Supremo N°104 de 18 de marzo de 2020 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, las empresas generadoras y transmisoras de energía eléctrica deberán continuar proveyendo de sus servicios a las empresas distribuidoras domiciliarios de energía y cooperativas eléctricas.

Con todo, el pago de las empresas distribuidores y cooperativas eléctricas de distribución a las empresas generadoras y transmisoras deberá ser devengado una vez levantado el estado de excepción a prorrata de igual cantidad de meses que haya durado el estado de excepción, con un mínimo de tres meses, sin multas ni intereses.”.”.

Sometido a votación y la indicación fue aprobado por mayoría de votos. Votaron a favor los diputados Barrera, Rosas, Sepúlveda, Cosme Mellado, Jaime Naranjo, Joanna Pérez, Pedro Velásquez. Se abstuvieron Pardo, Jürgensen, Lavín y Miguel Mellado.

(7-0-4).

Artículo transitorio. (Las tres propuestas transitorias se transformaron en un artículo único transitorio).

- El diputado Pablo Vidal presentó una indicación para agregar el siguiente artículo transitorio:

“Artículo transitorio.- Los cortes o suspensiones de suministro por mora de pago de cualquiera de los servicios señalados en el artículo primero, y efectuados desde la fecha de declaración de Estado de Catástrofe por la pandemia del COVID 19, deberán ser repuestos sin ningún costo para los usuarios, una vez publicada la presente ley.”.

El d iputado Luis Pardo presento una indicación para agregar el siguiente artículo transitorio (que era el artículo tercero de su propuesta original):

“Artículo transitorio.- Respecto de los servicios indicados en el inciso primero del artículo 1° , se podrá incluir en el prorrateo hasta un total de 10 unidades de fomento en deuda previa al Estado de Catástrofe por COVID-19, en las mismas condiciones indicadas en el referido artículo.”.

Los diputados Jaime Naranjo, Joanna Pérez, Cosme Mellado, Alejandra Sepúlveda, Patricio Rosas, Boris Barrera y Pedro Velásquez, presentaron indicación para incorporar el siguiente artículo transitorio.

"El Presidente de la República podrá disponer las medidas que correspondan para el congelamiento y/o rebaja del precio del gas de cilindro, balón o bombona, que tenga por objeto el servicio del hogar.".

Sometidos a votación los artículos fueron aprobados por mayoría de votos. Votaron a favor los diputados (as) señores y señoras Barrera, Rosas, Sepúlveda, Cosme Mellado, Naranjo, Joanna Pérez y Pedro Velásquez. Votó en contra el señor Miguel Mellado, y se abstuvieron los señores Pardo, Jürgensen y Lavín.

6.- DE LOS ARTÍCULOS QUE DEBEN SER CONOCIDOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA.

El señor Presidente de la Comisión determinó que en este segundo trámite reglamentario no hay artículos que deban ser conocidos por la Comisión de Hacienda.

7.- DE LAS INDICACIONES RECHAZADAS.

- De los diputados Leopoldo Pérez y Miguel Mellado, para reemplazar el artículo único por el siguiente:

“Artículo único.- El Presidente de la República, por el tiempo que se encuentre vigente el estado de excepción constitucional de catástrofe a consecuencia de la pandemia ocasionada por el Coronavirus COVID-19, mediante decreto supremo fundado, podrá disponer la prohibición del corte de suministro de servicios básicos domiciliarios que proporcionen empresas proveedoras de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, gas por cañería o sistemas de telefonía e internet.

El incumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior se sancionará con multa de cien a quinientas unidades tributarias mensuales. Será competente para el conocimiento de esta infracción el juez de policía local del lugar en que tenga su domicilio la casa matriz de la empresa denunciada.”.

- Del diputado Boris Barrera para reemplazar el artículo único por el siguiente:

“Artículo 1: - Está prohibido, en el marco de la crisis por pandemia del COVID-19, que las empresas proveedoras de agua, cualesquiera que éstas sean, corten o suspendan el suministro de agua potable. Esta prohibición tendrá efecto en todo el territorio nacional y es por razones de salud pública.

Nadie puede verse privado del acceso al agua y las empresas proveedoras de agua deberán ver con sus clientes el modo en que cobren las deudas sin cortar el servicio mientras dura el estado de excepción constitucional de catástrofe por la pandemia.

El incumplimiento de esta disposición será sancionada con una multa inapelable de 100 UTM a favor del cliente afectado y podrá ser impuesta por los tribunales de justicia que conocen del asunto mediante recurso de protección por atentar en contra del derecho a la vida.

Artículo 2.- Decretado por el Gobierno el estado de catástrofe por la pandemia del COVID 19, y durante la totalidad de su vigencia, las empresas proveedoras de servicios básicos domiciliarios no podrán cortar ni suspender la prestación ni continuidad de los mismos en base a la existencia de mora en el pago de los usuarios finales.

Del mismo modo, en el caso de quienes acreditan estar dentro del 40% de menores ingresos en conformidad con el Registro Social de Hogares al 1ro de abril, quedan exentos del pago de servicios de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, gas por cañería y sistemas de telefonía e internet por un plazo de 90 días a contar de la publicación de esta ley. Se aplicará igual beneficio a quienes no reciban su remuneración completa en razón de encontrarse temporalmente suspendida su relación laboral y estén recibiendo seguro de cesantía sin importar su puntaje de Registro Social de Hogares.

Se entenderá por empresas proveedoras de servicios básicos domiciliarios aquellas que proporcionan agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, gas por cañería y sistemas de telefonía e internet.

Las deudas de los usuarios finales no incluidos en el inciso segundo de este artículo, se prorratearán en las cuentas de los doce meses siguientes a la fecha de levantamiento del estado de catástrofe, y su cobro no podrá incorporar multas ni intereses por mora.

La infracción a lo dispuesto en el inciso primero será sancionada con multa a beneficio Fiscal de mil a dos mil unidades tributarias mensuales.

Artículo 3°: -Se excluyen de la aplicación de esta norma a las cooperativas que proveen de estos servicios indicados. En este caso, las mismas deben tomar medidas contributivas a disminuir los precios cobrados por esta provisión a quienes estén dentro del 40% de menores ingresos según el Registro Social de Hogares, a quienes reciban seguro de cesantía por suspensión de relación laboral, a los adultos mayores y a las mujeres que reciben pensiones de alimentos.”

Artículo 4°: - La prohibición establecida en el artículo dos no podrá extenderse por más de noventa días después de terminada el estado de excepción constitucional de catástrofe.”.

- De los diputados Miguel Mellado y Leopoldo Pérez, para incorporar, a continuación del punto y aparte, que pasa a ser punto y seguido, la siguiente oración: “Lo dispuesto en este inciso no será aplicable al agua que sea provista por medio del programa de Agua Potable Rural.”.

AL INCISO SEGUNDO

- De las diputadas Sofía Cid y Karin Luck y de los diputados José Miguel Castro y Luis Pardo, para suprimir la coma que sigue a la expresión “energía eléctrica” y la expresión “gas por cañería”.

- De los diputados Diego Schalper y Luis Pardo, para

reemplazar el punto y aparte por una coma, e incorporar a continuación la siguiente frase: “mediante la ejecución de una concesión para servicios públicos, correspondientes a monopolios naturales.”.

- De los diputados Miguel Mellado y Leopoldo Pérez, para

incorporar, a continuación del punto y aparte, que pasa a ser seguido, la siguiente oración: “El prorrateo que se haga en virtud de este artículo no podrá incluir deudas preexistentes al establecimiento del estado de catástrofe ni posteriores a su término.”.

- Del Diputado Jaime Naranjo, para agregar en el inciso segundo, luego del punto aparte, que pasa a ser seguido, lo siguiente frase: “No se comprenderán en la definición de “empresas proveedoras de servicios básicos domiciliarios” a los comités y/o cooperativas que operen servicios sanitarios rurales establecidos en la ley Nº 20.998, que regula los Servicios Sanitarios Rurales.”.

AL INCISO TERCERO

- Del diputado Celso Morales, para sustituirlo por el siguiente:

“Las deudas de los usuarios finales que estando dentro del 40% de menores ingresos en conformidad con el Registro Social de Hogares del 1 de abril, sean adultos mayores o que hayan perdido el trabajo durante el estado de catástrofe, y que cumpliendo cualquiera de los casos anteriores, hayan solicitado este beneficio a las empresas proveedoras, se prorratearán en las cuentas de los doce meses siguientes a la fecha de levantamiento del estado de catástrofe, y su cobro no podrá incorporar multas ni intereses por mora.”.

- De los diputados Diego Schalper y Luis Pardo, para reemplazar la expresión “multas ni intereses por mora” por la siguiente: “multa ni interés alguno”.

- De las diputadas Sofía Cid y Karin Luck y de los diputados José Miguel Castro y Luis Pardo, para incorporar, a continuación del punto y aparte, que pasa a ser seguido, la siguiente oración:

“Además, las deudas impagas por un monto de hasta 10 unidades de fomento que se hayan contraído con empresas distribuidoras de energía eléctrica y que sean previas al decreto de estado de catástrofe, podrán acogerse al mecanismo prescrito por este inciso, pudiendo solicitar los usuarios la reposición del servicio si éste hubiere sido interrumpido por la deuda.”.

- De la diputada Ximena Ossandón, para incorporar, en el artículo único, un nuevo inciso tercero, pasando el actual a ser cuarto y así sucesivamente, del siguiente tenor:

“En ningún caso, y bajo ningún respecto, podrá cortarse ni suspenderse la prestación del servicio de energía eléctrica, sistema de telefonía e internet, por ser estos servicios indispensables para el desarrollo laboral y educacional de toda la población.”.

INCISO CUARTO, NUEVO

- Del diputado Boris Barrera para incorporar el siguiente inciso cuarto, nuevo, pasando el actual cuarto a ser inciso quinto:

“Se excluyen de la aplicación de esta norma a las cooperativas que proveen de estos servicios indicados. En este caso, las mismas deben tomar medidas contributivas a disminuir los precios cobrados por esta provisión a quienes estén dentro del cuarenta por ciento de menores ingresos según el Registro Social de Hogares, a quienes reciban seguro de cesantía por suspensión de relación laboral, a los adultos mayores y a las mujeres que reciben pensiones de alimentos.”.

- Del diputado Gustavo Sanhueza, para agregar, a continuación del actual inciso tercero, un nuevo inciso cuarto nuevo, pasando el actual cuarto a ser quinto, del siguiente tenor:

“La menor recaudación por esta medida será soportada por las empresas de Generación, Transmisión y Distribución, en las proporciones medias mensuales que le correspondan de acuerdo con las fórmulas tarifarias a clientes finales, por lo que el Distribuidor solo deberá pagar estas proporciones a los Generadores y Transmisores en la medida en que recaude de sus clientes finales.”.

AL INCISO FINAL

- Del diputado Miguel Mellado, para sustituirlo por el siguiente:

“Lo dispuesto en este artículo se sancionará de conformidad a las reglas que establece al efecto las leyes de las superintendencias u órganos fiscalizadores respectivos para cada servicio básico.”.

- De las diputadas Sofía Cid y Karin Luck y de los diputados J osé Miguel Castro y Luis Pardo, para sustituirlo por el siguiente:

“Lo dispuesto en este artículo se sancionará de conformidad a las reglas que establece al efecto las leyes de las superintendencias u órganos fiscalizadores respectivos para cada servicio básico domiciliario.”.

INCISOS NUEVOS

- Del diputado Miguel Mellado para incorporar el siguiente inciso final:

“Lo dispuesto en los incisos precedentes será aplicable para aquellas personas que, de acuerdo con el registro social respectivo, se encuentren dentro del sesenta por ciento más vulnerable. Para las personas que se encuentren fuera de dicho segmento, las empresas de servicios básicos deberán revisar los casos y comunicar a la superintendencia u órgano fiscalizador respectivo copia de la resolución.”.

- De las diputadas Sofía Cid y Karin Luck y de los diputados J osé Miguel Castro y Luis Pardo, para incorporar el siguiente inciso final:

“Respecto de los usuarios que no cumplan con el criterio de vulnerabilidad, las empresas de servicios básicos deberán recibir y revisar los casos y comunicar a la superintendencia u órgano fiscalizador respectivo copia de la resolución que los acoja o deseche.”.

- Del diputado Francisco Eguiguren para agregar el siguiente inciso final:

“Las empresas generadoras y trasmisoras deberán soportar de manera proporcional a su participación en la cuenta final.”.

- De la diputada Joanna Pérez, para incorporar el siguiente inciso final:

“Lo contemplado en los incisos anteriores no será aplicable a las empresas de Servicios Sanitarios reguladas por la ley N°20.998 que regula los Servicios Sanitarios Rurales. Con todo, y mientras se mantenga el Estado de Catástrofe, los operadores regulados por la ley mencionada no podrán ejercer los derechos contemplados en el artículo 47 literales e), f) y g) de dicho cuerpo legal.”.

- De la diputada Alejandra Sepúlveda, para incorporar el siguiente inciso final:

“Asimismo, mientras se encuentre vigente el estado de catástrofe derivado de la pandemia del COVID-19, el Ministerio de Obras Públicas podrá asignar un subsidio directo a los comités o cooperativas de agua potable rural, el cual se destinará a financiar sus costos operacionales o a cubrir déficits financieros que puedan producirse por aplicación de la presente ley.”.

ARTÍCULO NUEVO

- De los diputados Diego Schalper y Luis Pardo, para incorporar el siguiente artículo 2, pasando el actual artículo único a ser artículo 1:

“Artículo 2.- Decretado por el Gobierno el estado de catástrofe por la pandemia del COVID 19, y durante la totalidad de su vigencia, las empresas proveedoras de servicio público de telefonía o internet, para aquellos usuarios que ya posean contratos vigentes que se encuentren en el 40 por ciento de vulnerabilidad de acuerdo al Registro Social de Hogares, y que declaren no poder cumplir sus obligaciones de pago; implementarán un plan de servicio solidario de conectividad, el cual deberá entregar gratuitamente conexión a internet y servicios de telefonía en los términos que cada empresa de telecomunicaciones informe al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Lo dispuesto en este artículo se sancionará de conformidad a las reglas que establece al efecto la Subsecretaría de Telecomunicaciones.”.

- De los diputados Pedro Velásquez, Boris Barrera, Joaquín Lavín, Cosme Mellado, Miguel Mellado, Jaime Naranjo, Luis Pardo, Joanna Pérez, Camila Rojas y Alejandra Sepúlveda, para agregar el siguiente artículo 2, pasando el artículo único a ser 1:

“Artículo 2°.- Decretada la Alerta Sanitaria o Epidemiológica, por la autoridad sanitaria competente, las empresas proveedoras de servicios de transporte, telefonía e internet, bancos, luz, agua y gas deberán tener líneas abiertas de contacto, reclamos y atención sea de forma presencial o remota, que den disponibilidad de atención a los clientes durante las 24 horas de manera de garantizar la conectividad para los usuarios, hasta el levantamiento de la alerta.”.

- De los diputados Cosme Mellado , Boris Barrera, Joanna Pérez, Camila Rojas, Alejandra Sepúlveda, y Pedro Velásquez para agregar el siguiente artículo 2°, pasando el artículo único a ser 1°:

“Artículo 2°.- Se podrá otorgar un subsidio de energía eléctrica domiciliaria, a las familias más vulnerables que estén en los programas según nivel socioeconómico.

100% a las familias de Chile Solidario y al Subsistema Chile, Seguridades y Oportunidades para los primeros 150 kWh del mes.

A través de un subsidio otorgado y administrado por las municipalidades, el Estado financiará entre 25% y 85% de los primeros 150 kWh del mes, debiendo el beneficiario pagar la diferencia, para las familias que estén en los tramos más bajos del Registro Social de Hogares.”.

- De la diputada Ximena Ossandón para agregar los siguientes artículos nuevos, del siguiente tenor:

“Artículo 2°.- Mientras esté vigente la presente ley, lo dispuesto en el artículo primero será especialmente aplicable a clientes domiciliarios de servicios básicos de consumo, cuando se acredite que dichos clientes son personas naturales o bien empresas constituidas como personas jurídicas que desarrollen el giro de transporte de pasajeros en calidad de taxis o taxis colectivos, o bien que desarrollen el giro de transporte remunerado de escolares, quienes, en definitiva, no podrán ver cortado su suministro de agua, electricidad, gas o servicios de telecomunicaciones.

Asimismo, será especialmente aplicable a aquellas personas que se desempeñen como choferes de alguno de los servicios aludidos en el inciso anterior para un empleador que figure como dueño de dichos medios de transporte o de la empresa que los agrupa.

Se entenderá que las personas naturales o jurídicas aludidas en el inciso primero de este artículo desarrollan el giro de transporte de pasajeros como taxi, sin distinguir si es básico, de turismo o ejecutivo, como taxi colectivo o como transporte remunerado de escolares, si están inscritos en el registro nacional que al respecto lleva el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones a través de la Subsecretaría de Transportes.

A su vez, se entenderá que las personas aludidas en el inciso segundo de este artículo se desempeñan como choferes si es que se ha consignado aquello en el respectivo Libro de Control de actividades de transporte que es fiscalizado por la Secretaría Regional Ministerial de Transportes correspondiente.

Artículo 3°.- Mientras esté vigente la presente ley, lo dispuesto en el artículo primero será especialmente aplicable a clientes de servicios básicos de consumo, cuando se acredite que dichos clientes son contribuyentes de impuesto a la renta en calidad de pequeño contribuyente en los términos del párrafo segundo del Título II de la ley sobre Impuesto a la renta quienes no podrán ver cortado su suministro de agua, electricidad o gas o servicios de telecomunicaciones

Lo anterior será aplicable a todas las categorías de pequeño contribuyente que establece la ley, sin distinción alguna”

- De los diputados Francisco Eguiguren , Andrés Longton, Miguel Mellado, Hugo Rey y Frank Sauerbaum, para agregar los siguientes artículos segundo, tercero, cuarto y quinto, pasando el actual artículo único a ser el artículo 1°, del siguiente tenor:

“Artículo 2°.- Lo preceptuado en el artículo 1°, en el caso de las compañías de servicios de distribución de energía eléctrica, no será aplicable respecto de compañías de distribución que correspondan a cooperativas eléctricas, ni a compañías de distribución vinculadas a una compañía de generación de energía renovable y/o no convencional de manera exclusiva, vale decir, como único proveedor, las que mantendrán la posibilidad de ejercer el corte de suministro en los casos y condiciones legalmente señalados.

Asimismo, lo preceptuado en el artículo primero tampoco será aplicable para consumidores residenciales de energía eléctrica que dupliquen el consumo promedio nacional mensual calculado para estos efectos por el Ministerio de Energía, ni para consumidores que correspondan a órganos o servicios de la Administración del Estado, ni para consumidores finales que estén contemplados en la categoría de gran consumidor. Respecto de todos estos, las empresas proveedoras de servicio de energía eléctrica podrán aplicar el corte de suministro en los casos y condiciones legalmente señalados.”.

“Artículo 3°.- Lo preceptuado en el artículo primero, en el caso de las compañías de telecomunicaciones, sólo será aplicable al servicio de Internet, en cualquiera de sus modalidades, y no será aplicable al servicio de telefonía, en cualquiera de sus modalidades, o televisión por cable, satelital o digital, respecto de los cuales las empresas proveedoras del servicio podrán aplicar el corte de suministro en los casos y condiciones legalmente señalados.

Asimismo, lo preceptuado en el artículo primero tampoco será aplicable para consumidores de servicios de telecomunicaciones que correspondan a órganos o servicios de la Administración del Estado. Respecto de estos, las empresas proveedoras de servicio de telecomunicaciones podrán aplicar el corte de suministro en los casos y condiciones legalmente señalados.”.

“Artículo 4°.- Lo preceptuado en el artículo primero, en el caso de las compañías de servicios sanitarios, no será aplicable respecto de aquellas empresas sanitarias que tengan menos de diez mil usuarios o que correspondan a cooperativas o comunidades de copropietarios, las que podrán aplicar el corte de suministro en los casos y condiciones legalmente señalados.

Asimismo, lo preceptuado en el artículo primero tampoco será aplicable para usuarios de servicios sanitarios que correspondan a órganos o servicios de la Administración del Estado. Respecto de estos, las empresas proveedoras de servicios sanitarios podrán aplicar el corte de suministro en los casos y condiciones legalmente señalados.”.

“Artículo 5°.- Lo preceptuado en el artículo primero no será aplicable respecto de compañías proveedora de gas natural, las que podrán aplicar el corte de suministro en los casos y condiciones legalmente señalados.

Asimismo, lo preceptuado en el artículo primero tampoco será aplicable para consumidores de servicios de gas natural que correspondan a órganos o servicios de la Administración del Estado. Respecto de estos, las empresas proveedoras de servicios de gas natural podrán aplicar el corte de suministro en los casos y condiciones legalmente señalados”.”.

- Del diputado Alejandro Bernales, para incorporar los siguientes artículos:

“Artículo 2°.- Introdúzcanse las siguientes modificaciones al DFL 4 de 2018 que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de Minería, de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos en Materia de Energía Eléctrica:

a) Agrégase el siguiente nuevo artículo 218 bis:

“Artículo 218 bis. Extraordinariamente, y desde la declaración del Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, producto de una calamidad pública por epidemia o pandemia, se suspenderá el cobro de boletas y/o facturas a usuarios del servicio mientras dure el Estado de Excepción. El monto de los meses no cobrados será prorrateado en las boletas y/o facturas de los doce meses inmediatamente siguientes al término del Estado de Excepción Constitucional. Sin perjuicio de lo anterior, los usuarios que deseen continuar pagando el servicio con normalidad, pueden hacerlo en los lugares y medios tecnológicos habilitados para ello.

Se prohíbe cualquier acción que imposibilite el acceso de los usuarios domiciliarios al servicio hasta el levantamiento del estado de catástrofe

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles deberá fiscalizar el cumplimiento de esta medida, recibir las denuncias y cursar las multas por su incumplimiento, ordenando además la reposición inmediata del servicio en caso de corte del suministro. La multa a beneficio fiscal ascenderá a 1.000 UTM, y 1500 UTM en caso de reiteración del incumplimiento.”

.

b) Agrégase el siguiente artículo trigésimo transitorio:

“Artículo trigésimo transitorio.- Lo señalado en el artículo 218 bis aplicará, de igual forma, durante la vigencia del Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por calamidad pública, declarado por Decreto Supremo N° 104, de 18 de marzo de 2020, y por el tiempo que éste sea prorrogado.”.

Artículo 3°.- Introdúzcanse las siguientes modificaciones en el DFL 382 que establece la Ley General de Servicios Sanitarios:

a) Agrégase el siguiente artículo 36 ter:

“Artículo 36 ter. Extraordinariamente, y desde la declaración del Estado de Excepción constitucional de Catástrofe, producto de una calamidad pública por epidemia o pandemia, se suspenderá el cobro de boletas y/o facturas a usuarios del servicio mientras dure el Estado de Excepción. El monto de los meses no cobrados ser‡ prorrateado en las boletas y/o facturas de los doce meses inmediatamente siguientes al término del Estado de Excepción constitucional. Sin perjuicio de lo anterior, los usuarios que deseen continuar pagando el servicio con normalidad, pueden hacerlo en los lugares y medios tecnológicos habilitados para ello.

Se prohíbe cualquier acción que imposibilite el acceso de los usuarios domiciliarios al servicio hasta el levantamiento del estado de catastrófe

La Superintendencia de Servicios Sanitarios deberá fiscalizar el cumplimiento de esta medida, recibir las denuncias y cursar las multas por su incumplimiento, ordenando además la reposición inmediata del servicio en caso de corte del suministro. La multa a beneficio fiscal ascenderá a 1.000 UTM y 1.500 UTM en caso de reiteración del incumplimiento.”.

b) Agrégase el siguiente artículo séptimo transitorio:

“Artículo séptimo transitorio.- Lo señalado en el artículo 36 ter aplicará, de igual forma, durante la vigencia del Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por calamidad pública, declarado por Decreto Supremo N° 104, de 18 de marzo de 2020, y por el tiempo que éste sea prorrogado.”.

Artículo 4°.- Introdúzcanse las siguientes modificaciones en el DFL N° 323, que establece la Ley de Servicios de Gas:

a) Agrégase el siguiente nuevo artículo 23 bis:

“Artículo 23 bis. Extraordinariamente, y desde la declaración del Estado de Excepción constitucional de Catástrofe, producto de una calamidad pública por epidemia o pandemia, se suspenderá el cobro de boletas y/o facturas a usuarios del servicio mientras dure el Estado de Excepción. El monto de los meses no cobrados será prorrateado en las boletas y/o facturas de los doce meses inmediatamente siguientes al término del Estado de Excepción constitucional. Sin perjuicio de lo anterior, los usuarios que deseen continuar pagando el servicio con normalidad, pueden hacerlo en los lugares y medios tecnológicos habilitados para ello.

Se prohíbe cualquier acción que imposibilite el acceso de los usuarios domiciliarios al servicio básico hasta el levantamiento del estado de catástrofe.

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles deberá fiscalizar el cumplimiento de esta medida, recibir las denuncias y cursar las multas por su incumplimiento, ordenando además la reposición inmediata del servicio en caso de corte del suministro. La multa a beneficio fiscal ascenderá a 1.000 UTM, y 1.500 UTM en caso de reiteración del incumplimiento.”.

b) Agrégase el siguiente artículo transitorio, en el DFL N° 323:

“Artículo transitorio.- Lo señalado en el artículo 23 bis aplicará, de igual forma, desde y durante la vigencia del Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por calamidad pública, declarado por Decreto Supremo N°104, de 18 de marzo de 2020, y por el tiempo que éste sea prorrogado.”.

Artículo 5°.- Introdúzcanse las siguientes modificaciones en la Ley N° 18.168, que establece la Ley General de Telecomunicaciones:

a) Agrégase el siguiente artículo 27 bis:

“Artículo 27 bis. Extraordinariamente, y desde la declaración del Estado de Excepción constitucional de Catástrofe, producto de una calamidad pública por epidemia o pandemia, se suspenderá el cobro de boletas y/o facturas a usuarios de los servicios de telefonía e internet mientras dure el Estado de Excepción. El monto de los meses no cobrados será prorrateado en las boletas y/o facturas de los doce meses inmediatamente siguientes al término del Estado de Excepción constitucional. Sin perjuicio de lo anterior, los usuarios que deseen continuar pagando el servicio con normalidad, pueden hacerlo en los lugares y medios tecnológicos habilitados para ello.

Se prohíbe cualquier acción que imposibilite el acceso de los usuarios domiciliarios al servicio básico hasta el levantamiento del estado de catástrofe

La Subsecretaria de Telecomunicaciones deberá fiscalizar el cumplimiento de esta medida, recibir las denuncias y cursar las multas por su incumplimiento, ordenando además la reposición inmediata en caso de corte del servicio. La multa a beneficio fiscal ascenderá a 1.000 UTM, y 1.500 UTM en caso de reiteración del incumplimiento.”.

b) Agrégase el siguiente artículo sexto transitorio:

“Artículo sexto transitorio. Lo señalado en el artículo 27 bis aplicará, de igual forma, desde y durante la vigencia del Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por calamidad pública, declarado por Decreto Supremo N° 104, de 18 de marzo de 2020, y por el tiempo que éste sea prorrogado.”.”.

8.- INDICACIONES RETIRADAS POR SUS AUTORES.

- Del diputado Jaime Naranjo, para agregar el siguiente artículo 2, pasando el actual artículo único a ser 1:

“Artículo 2.- Decretado por el Gobierno el estado de catástrofe en los términos señalados en el Artículo 1 y por el mismo plazo que señala esa disposición, las Cooperativas que presenten servicios públicos de distribución de energía eléctrica, excepcionalmente tendrán derecho la suscripción de acuerdos de pago parciales con las empresas de generación de electricidad, los cuales serán proporcionales a sus recaudaciones efectivas. Los saldos insolutos que se generen por la aplicación de esta norma deberán ser pagados por las señaladas Cooperativas en un plazo máximo de doce meses luego del levantamiento del estado de catástrofe y su cobro no podrá incorporar multas ni intereses por mora.”.

- De la diputada Joanna Pérez, para incorporar el siguiente artículo 2 al proyecto de ley, pasando el actual artículo único a ser artículo 1:

“Artículo 2.- Agréguese los siguientes artículos transitorios 30 y 31 nuevos al DFL N° 4 de 2018, que Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de Minería, de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos en Materia de Energía Eléctrica:

“Artículo 30.- La suspensión de cobro como medidas excepcionales fijadas en virtud del artículo 218 bis, no podrá utilizarse como base para el cálculo de los precios promedio que deberá fijar el Ministerio de Energía a través de decreto en virtud del artículo 158 de este cuerpo legal.”,

“Artículo 31.- Declarado el Estado de Excepción constitucional de Catástrofe producto de una calamidad pública por epidemia o pandemia, las empresas generadoras de energía eléctrica deberán continuar proveyendo de sus servicios a las empresas distribuidoras domiciliarias de energía.

Con todo, el pago de las empresas distribuidores a las empresas generadoras deberá ser devengado una vez levantado el estado de excepción a prorrata de igual cantidad de meses que haya durado el estado de excepción, con un mínimo de tres meses, sin multas ni intereses.”.”.

8.- TEXTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE LOS PROYECTOS MODIFIQUEN O DEROGUEN, O INDICACIÓN DE LAS MISMAS.

Estas iniciativas crean un nuevo estatuto jurídico, además de modificar los siguientes textos legales: ley general de servicios sanitarios; la ley general de servicios eléctricos; la ley de servicios de gas y la ley general de Telecomunicaciones.

Por las razones señaladas y por los argumentos que expondrá oportunamente el señor Diputado Informante, la Comisión de recomienda aprobar, con las modificaciones propuestas, el siguiente:

PROYECTO DE LEY

“Artículo 1°.- Decretado por el Gobierno el estado de catástrofe por la pandemia del COVID 19, y durante la totalidad de su vigencia, las empresas proveedoras de servicios básicos domiciliarios no podrán cortar ni suspender la prestación ni continuidad de los mismos en base a la existencia de mora en el pago de los usuarios finales. Esta prohibición tendrá efecto en todo el territorio nacional y es por razones de salud pública.

Se entenderá, para efectos de esta ley, por empresas proveedoras de servicios básicos domiciliarios aquellas que proporcionan agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, gas por cañería y sistemas de telefonía e internet.

Las empresas de telecomunicaciones deberán poner a disposición de sus usuarios activos de servicios de telefonía móvil y de internet fija y móvil, con contrato o prepago, un plan de conectividad solidario, sin costo y por 60 días, el cual se solicitará a través de las plataformas de atención al usuario a todo cliente que lo requiera, asegurando la conectividad para fines educacionales y laborales.

Las deudas de los usuarios que califiquen conforme a los requisitos que dispone esta ley se prorratearán en las cuentas de los doce meses siguientes a la fecha de levantamiento del estado de catástrofe, y su cobro no podrá incorporar multas ni intereses.

Del mismo modo, en el caso de quienes acreditan estar dentro del cuarenta por ciento de menores ingresos en conformidad con el Registro Social de Hogares al 1 de abril, quedan exentos del pago de servicios de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, gas por cañería y sistemas de telefonía e internet por un plazo de noventa días a contar de la publicación de esta ley. Se aplicará igual beneficio a quienes no reciban su remuneración completa en razón de encontrarse temporalmente suspendida su relación laboral y estén recibiendo seguro de cesantía sin importar su puntaje de Registro Social de Hogares.

Los usuarios finales que podrán acogerse a lo dispuesto en los incisos tercero y cuarto deberán contar con alguno de los siguientes requisitos, mientras se encuentre vigente el estado de catástrofe:

a) Encontrarse dentro del 40% de vulnerabilidad, de conformidad al Registro Social de Hogares;

b) Haber activado su seguro de cesantía;

c) Haberse suspendido la relación laboral en virtud de alguna de las causales establecidas en la ley N° 21.227, que faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo de la ley N° 19728, en circunstancias excepcionales o haberse celebrado un pacto de reducción temporal de jornada, al tenor de esta última ley;

d) Tener, de acuerdo a la ley N° 19.828 que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor, la calidad de adulto mayor;

e) Los trabajadores independientes, que no estando comprendidos en las categorías anteriores, mediante declaración jurada simple, den cuenta de una disminución significativa de sus ingresos. La utilización maliciosa de la declaración se sancionará de conformidad con el artículo 210 del Código Penal, y

f) Establecimientos tales como hogares de adultos mayores vulnerables y hogares de menores reconocidos por las instituciones certificadoras respectivas.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes, los usuarios finales no comprendidos en el inciso anterior que acrediten estar imposibilitados de dar cumplimiento a las obligaciones de pago que han contraído con el respectivo prestador, podrán solicitar ante éste acogerse a la postergación y prorrateo de los pagos o acceder al plan solidario de conectividad. La negativa del prestador podrá ser objeto de reclamo ante la Superintendencia u organismo fiscalizador respectivo y se sujetará a las normas generales de cada una de ellas, para tales efectos.

Los prestadores indicados en los incisos segundo y tercero deberán establecer, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta ley, una plataforma de atención al usuario final, por internet y telefonía, que permita acceder a los beneficios que señala esta ley. Asimismo, la plataforma deberá permitir formular las solicitudes que establece el inciso séptimo de esta ley. En cualquiera de los casos previstos las empresas prestadoras deberán emitir una resolución dentro de los cinco días hábiles siguientes a que ella se formule, la que deberá constar fehacientemente por medio de correo electrónico o mensaje de texto y deberá ser puesta a disposición del usuario final dentro de las 24 horas siguientes a su solicitud, si este lo requiriese, debiendo la empresa informar expresamente de este derecho a través de un documento incluido en la cuenta mensual. Asimismo, deberá comunicar sus resoluciones a la superintendencia u organismo fiscalizador respectivo. Las superintendencias u organismos fiscalizadores respectivos podrán recibir reclamos por no cumplirse lo prescrito en este inciso, sujetándose dichos reclamos a las reglas generales de cada una de ellas.

La infracción a lo dispuesto en el inciso primero será sancionada con multa a beneficio Fiscal de mil a dos mil unidades tributarias mensual.

Lo contemplado en los incisos anteriores no será aplicable a las empresas de agua potable rural, cooperativas eléctricas y empresas con menos de 12.000 clientes a la fecha de inicio del estado de catástrofe por calamidad pública, dictado por el Decreto Supremo N° 104, de 18 de marzo de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, sin perjuicio de que las cooperativas y empresas señaladas puedan otorgar facilidades de pago a sus clientes.”.

Artículo 2.- Agréguese los siguientes artículos transitorios 30 y 31 nuevos al DFL N° 4 de 2018, que Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de Minería, de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos en Materia de Energía Eléctrica:

“Artículo 30.- Los costos que irroguen para las empresas de energía eléctrica la implementación de la presente ley, nunca podrá ser traspasado a los clientes finales. Para ello, la suspensión de cobro como medidas excepcionales fijadas por ley en razón del Estado de Catástrofe por calamidad pública, dictado por el Decreto Supremo N°104 de 18 de marzo de 2020 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, no podrá utilizarse como base para el cálculo de los precios promedio que deberá fijar el Ministerio de Energía a través de decreto en virtud del artículo 158 de este cuerpo legal.

Artículo 31.- Declarado el Estado de Excepción constitucional de Catástrofe producto de una calamidad pública dictado por el Decreto Supremo N°104 de 18 de marzo de 2020 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, las empresas generadoras y transmisoras de energía eléctrica deberán continuar proveyendo de sus servicios a las empresas distribuidoras domiciliarios de energía y cooperativas eléctricas.

Con todo, el pago de las empresas distribuidores y cooperativas eléctricas de distribución a las empresas generadoras y transmisoras deberá ser devengado una vez levantado el estado de excepción a prorrata de igual cantidad de meses que haya durado el estado de excepción, con un mínimo de tres meses, sin multas ni intereses.”.

Artículo transitorio.- Los cortes o suspensiones de suministro por mora de pago de cualquiera de los servicios señalados en el artículo primero, y efectuados desde la fecha de declaración de Estado de Catástrofe por la pandemia del COVID 19, deberán ser repuestos sin ningún costo para los usuarios, una vez publicada la presente ley

Respecto de los servicios indicados en el inciso primero del artículo 1° de esta ley, se podrá incluir en el prorrateo hasta un total de 10 unidades de fomento en deuda previa al Estado de Catástrofe por COVID-19, en las mismas condiciones indicadas en el referido artículo.

El Presidente de la República podrá disponer las medias que correspondan para el congelamiento y/o rebaja del precio del gas de cilindro, balón o bombona, que tenga por objeto el servicio del hogar.".

Se designó por unimidad diputada informante a la señora Joanna Pérez Olea.

Tratado y acordado en sesiones de fecha 8, 9 y 13 de abril de 2020, con la asistencia de los diputados integrantes de la Comisión, señores Boris Barrera, Renato Garín, Harry Jurgensen, Joaquín Lavín, Cosme Mellado, Miguel Mellado, Jaime Naranjo, Raúl Soto, Enrique Van Rysselberghe y Pedro Velásquez (Presidente).

Reemplazos:

El diputado Bernales por el diputado Díaz (sesión del 8 de abril), por la diputada Camila Rojas (sesión del 9 de abril) y por el diputado Patricio Rosas (sesión del 13 de abril); la diputada Cid por el diputado Schalper (sesión del 8 de abril), por el diputado Torrealba (sesión de 9 de abril) y por el diputado Luis Pardo (sesión del 13 de abril); el diputado Garín por la diputada Alejandra Sepúlveda (sesiones del 9 y 13 de abril), el diputado Harry Jurgensen por el diputado Pardo (sesión de 9 de abril), y el diputado Raúl Soto por la diputada Joanna Pérez (sesiones del 9 y 13 de abril).

Asiste además el diputado Francisco Eguiguren.

Sala de la Comisión, a 13 de abril de 2020.

PATRICIO VELÁSQUEZ WEISSE

Abogado Secretario de la Comisión

PROHIBICIÓN A EMPRESAS PROVEEDORAS DE SUSPENDER PRESTACIÓN O CONTINUIDAD DE SERVICIOS BÁSICOS DOMICILIARIOS DURANTE VIGENCIA DEL ESTADO DE CATÁSTROFE DECRETADO POR PANDEMIA DE COVID-19 (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETINES NOS 13329-03, 13342-03, 13347-03, 13354-03, 13355-03 Y 13356-03, REFUNDIDOS)

El señor PAULSEN (Presidente).-

En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo trámite reglamentario, iniciado en mociones refundidas, que prohíbe a las empresas proveedoras de servicios básicos domiciliarios, durante la vigencia de estado de catástrofe decretado por la pandemia de covid-19, cortar o suspender las prestaciones y continuidad de dichos servicios en base a la existencia de mora en el pago de los usuarios finales.

Rinde el segundo informe de la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo, la diputada señora Joanna Pérez .

Antecedentes:

-Segundo informe de la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Protección de los Consumidores y Turismo. Documentos de la Cuenta N° 27 de este boletín de sesiones.

-El debate del proyecto se inició en la sesión 9ª de la presente legislatura, en martes 31 de marzo de 2020 -ocasión en que se rindió el primer informe de la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa y continuó en la sesión 11ª de la misma legislatura, en miércoles 8 de abril de 2020.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada informante.

La señora PÉREZ, doña Joanna (de pie).-

Señor Presidente, en representación de la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo, paso a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, iniciado en mociones refundidas, con urgencia calificada de suma, que prohíbe a las empresas proveedoras de servicios básicos domiciliarios, durante la vigencia del estado de catástrofe decretado por la pandemia de covid-19, cortar o suspender las prestaciones y continuidad de dichos servicios sobre la base de la existencia de mora en el pago de los usuarios finales.

El proyecto se inició en diversas mociones refundidas (boletines N°s 13329-03, 13342-03, 13347-03, 13354-03, 13355-03 y 13356-03), a cuyos autores agradecemos el trabajo realizado.

Durante la discusión de este proyecto la comisión escuchó a autoridades de gobierno y a representantes de diversas entidades, entre las que se destacan el ministro de Energía, señor Juan Carlos Jobet ; el subsecretario de esa cartera, señor Francisco López Díaz ; el superintendente de Electricidad y Combustibles, señor Luis Ávila Bravo ; el presidente de Conadecus, señor Hernán Calderón , y a representantes de las asociaciones gremiales, entre ellas de generadoras, empresas eléctricas, de energías renovables, de abastecimientos y de servicios sanitarios. Se recibió, también, la opinión de la Federación Nacional de Agua Potable Rural, de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones, de Infraestructura Digital y a dirigentes.

En cuanto al contenido del proyecto aprobado, en el artículo 1 se establece que decretado por el gobierno el estado de catástrofe por la pandemia del covid-19, y durante la totalidad de su vigencia, las empresas proveedoras de servicios básicos domiciliarios no podrán cortar ni suspender la prestación y continuidad de los mismos sobre la base de la existencia de mora en el pago de los usuarios finales. Esta prohibición tendrá efecto en todo el territorio nacional y es por razones de salud pública.

A continuación, para efectos de esta ley en proyecto, explicita que se entenderá por empresas proveedoras de servicios básicos domiciliarios a aquellas que proporcionan agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, gas por cañería y sistemas de telefonía e internet.

Se precisa que las empresas de telecomunicaciones deberán poner a disposición de sus usuarios activos de servicios de telefonía móvil y de internet fija y móvil un plan de conectividad solidario, sin costo y por sesenta días, el cual se solicitará, a través de las plataformas de atención al usuario, a todo cliente que lo requiera asegurando la conectividad para fines educacionales y laborales.

Se puntualiza que las deudas de los usuarios que califiquen de conformidad con los requisitos que dispone esta futura ley, se prorratearán en las cuentas de los doce meses siguientes a la fecha de levantamiento del estado de catástrofe, y su cobro no podrá incorporar multas ni intereses.

Del mismo modo, continua el artículo 1, en el caso de quienes acreditan estar dentro del 40 por ciento de menores ingresos, de conformidad con el Registro Social de Hogares al 1 de abril, quedan exentos del pago de servicios de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, gas por cañería y sistemas de telefonía e internet, por un plazo de 90 días a contar de la publicación de esta ley en proyecto. Se aplicará igual beneficio a quienes no reciban su remuneración completa en razón de encontrarse temporalmente suspendida su relación laboral y estén recibiendo seguro de cesantía, sin importar su puntaje de Registro Social de Hogares.

El inciso sexto del artículo 1 estipula que los usuarios finales que podrán acogerse a esta norma deberán contar con alguno de los siguientes requisitos, mientras se encuentre vigente el estado de catástrofe:

a) Encontrarse dentro del 40 por ciento de vulnerabilidad, de conformidad al Registro Social de Hogares.

b) Haber activado su seguro de cesantía.

c) Haberse suspendido la relación laboral en virtud de alguna de las causales que por ley facultan el acceso a prestaciones del seguro de desempleo en circunstancias excepcionales o haberse celebrado un pacto de reducción temporal de jornada.

d) Tener, de acuerdo con la ley, la calidad de adulto mayor.

e) Los trabajadores independientes que no estén comprendidos en las categorías anteriores, que mediante declaración jurada simple den cuenta de una disminución significativa de sus ingresos. Cabe señalar que la utilización maliciosa se sancionará de conformidad con lo establecido en el artículo 210 del Código Penal.

f) Establecimientos tales como hogares de adultos mayores vulnerables y hogares de menores reconocidos por las instituciones certificadoras respectivas.

La disposición establece que los usuarios finales no comprendidos en el inciso anterior, pero que acrediten estar imposibilitados de dar cumplimiento a las obligaciones de pago que se han contraído con el respectivo prestador, podrán solicitar acogerse a la postergación y prorrateo de los pagos o acceder al plan solidario de conectividad. La negativa del prestador podrá ser objeto de reclamo ante la superintendencia u organismo fiscalizador respectivo y se sujetará a las normas generales de cada una de ellas.

Además, señala que los prestadores indicados deberán establecer una plataforma de atención al usuario que permita acceder a los beneficios y emitir una resolución informando este derecho.

Seguidamente, el artículo 1, en su inciso noveno, consigna que la infracción a la prohibición de cortar o suspender la prestación o continuidad de los servicios, sobre la base de la existencia de mora en el pago de los usuarios finales durante la vigencia del estado de catástrofe por la pandemia de covid-19, será sancionada con una multa, a beneficio fiscal, de 1.000 a 2.000 unidades tributarias mensuales.

Del mismo modo, se deja expresa constancia que lo anterior no será aplicable a las empresas de agua potable rural, cooperativas eléctricas y empresas con menos de 12.000 clientes a la fecha de inicio del estado de catástrofe por calamidad pública, dictado por decreto supremo N° 104, de 18 de marzo del 2020, por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, sin perjuicio de que las cooperativas y empresas señaladas puedan otorgar las facilidades de pago a sus clientes.

El artículo 2 incorpora dos disposiciones transitorias en la Ley General de Servicios Eléctricos en materia de energía eléctrica.

Por la primera, se establece que los costos que irrogue a las empresas de energía eléctrica la implementación de la presente ley en proyecto nunca podrán ser traspasados a los clientes finales. Para ello, precisa que la suspensión de cobro como medida excepcional, fijada por ley, no podrá utilizarse como base para el cálculo de los precios promedio que deberá fijar el Ministerio de Energía.

Por la segunda, dispone que declarado el estado de excepción constitucional de catástrofe producto de una calamidad pública, dictado el 18 de marzo pasado, las empresas generadoras y transmisoras de energía eléctrica deberán continuar proveyendo de sus servicios a las empresas distribuidoras domiciliarias de energía y cooperativas eléctricas.

Con todo, la disposición consagra que el pago de las empresas distribuidoras y cooperativas eléctricas de distribución a las empresas generadoras y transmisoras deberá ser devengado una vez levantado el estado de excepción, a prorrata de igual cantidad de meses que haya durado el estado de excepción, con un mínimo de tres, sin multas ni intereses.

Por último, la iniciativa incorpora un artículo transitorio que preceptúa que los cortes o suspensiones de suministro por mora de pago de cualquiera de los servicios señalados en el artículo 1, efectuados desde la fecha de declaración de estado de catástrofe por la pandemia de covid-19, deberán ser repuestos sin ningún costo para los usuarios, una vez publicada la presente ley.

Respecto de los servicios indicados en el inciso primero del artículo 1, se podrá incluir en el prorrateo hasta un total de 10 unidades de fomento en deuda previa al estado de catástrofe por covid-19, en las mismas condiciones indicadas en el referido artículo.

Finalmente, la normativa establece que el Presidente de la República podrá disponer las medidas que correspondan para el congelamiento y/o rebaja del precio del gas de cilindro, balón o bombona que tenga por objeto el servicio del hogar.

Por tanto, conforme a los antecedentes entregados, que constan con mayor profundidad en el informe de la comisión, proponemos a la Sala la aprobación de este proyecto de ley.

Es cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

¿Habría acuerdo para que el plazo para renovar indicaciones respecto de este proyecto de ley venza hoy a las 12:00 horas?

Acordado.

En discusión el proyecto.

Tiene la palabra, hasta por seis minutos, el diputado Luis Pardo .

El señor PARDO.-

Señor Presidente, ayer y durante la semana pasada, sostuvimos dos largas sesiones en la Comisión de Economía para buscar la mejor forma de legislar en esta materia tan sensible para las familias ante la imposibilidad de que muchos chilenos puedan pagar sus servicios básicos, como la energía eléctrica y el agua potable, así como también los servicios de telefonía móvil, fija e internet, que también se ha incorporado en este proyecto.

No obstante, también veo con preocupación que, más allá del legítimo interés que todos tenemos por ayudar a las familias chilenas, en este proyecto hay elementos que pueden transformarlo en uno igual a aquel que avergonzó a este Congreso Nacional, el de los medidores, y otros que prefiero no mencionar hoy.

Para que se entienda lo que estoy señalando, en este proyecto hay disposiciones que podrían generar la obligación del Estado de pagar indemnizaciones, y más aun, son una mala señal para la ciudadanía. Por ejemplo, es distinto que las compañías no corten la energía eléctrica o los servicios a una familia vulnerable, a legislar para que no le puedan cortar los servicios a nadie. Esa es una mala señal, una señal que va a generar problemas de flujo económico, porque si bien las grandes compañías están mejor preparadas que un APR o una pequeña compañía para afrontar una emergencia como la actual, también tienen límites.

Recordemos que estamos en plena sequía, que llevamos varios años de sequía y que se requiere hacer grandes inversiones, que ya están haciendo esas compañías, para asegurar el suministro de agua potable, pero vamos a legislar de manera tal que es probable que ese tipo de inversiones se paralicen o no se puedan ejecutar.

En consecuencia, me parece que es totalmente inadecuado establecer una norma general y no focalizarla en los más necesitados y vulnerables, acompañada, como lo hace el proyecto, de instrumentos para ayudar con subsidios a aquellas personas que durante estos meses estarán privadas de ingresos y, por tanto, no podrán pagar esas cuentas.

Considero que es un acto totalmente populista obligar a esas compañías a pagar la cuenta de un segmento importante de la población, como es la gratuidad que se aprobó para el 40 por ciento más vulnerable. Esa gratuidad, si bien podría ser de toda justicia, no es necesariamente viable. Además, generará reclamaciones que, finalmente, tendrá que pagar el Estado.

Es distinto prorratear en doce cuotas, con todas las facilidades del caso: sin intereses, sin multas, sin reajustes, que obligar a la gratuidad, materia que probablemente va a generar que este proyecto sea inviable.

Debemos seguir avanzando en un proyecto que establezca herramientas como las que el gobierno ya ha implementado en ayuda para el 40 por ciento más vulnerable. Además, hemos agregado a los cesantes, de manera que una parte importante de la clase media será beneficiada con las facilidades de pago. Pero los cesantes solo podrán acceder a los beneficios que contempla el proyecto exhibiendo su seguro de cesantía. La iniciativa también beneficia a los adultos mayores, a las personas electrodependientes, a los trabajadores independientes, los que, mediante una declaración jurada simple -no requiere que se firme ante notario-, testimoniarán que han sufrido una pérdida significativa en sus ingresos.

Es fundamental que el gobierno proponga e informe las medidas especiales que se tomarán respecto de los APR, pues benefician a más de un millón y medio de personas del sector rural. Los APR no tienen la capacidad suficiente como para soportar el no pago de sus usuarios; si no les pagan, simplemente van a quebrar o dejarán de prestar ese servicio vital para sus comunidades.

Por lo tanto, hemos excluido a los APR de esta obligación, pero le estamos pidiendo al Ejecutivo que, respecto de estas materias, informe prontamente las medidas que sabemos que está preparando para ayudar a los usuarios de los APR, tanto por la vía de aportar subsidio directo a estos sistemas, sobre todo a los más pequeños, como por la de aumentar el subsidio al agua potable rural, que hoy se adjudica por cuotas que son más bien reducidas y que no significan la continuidad del servicio, en el caso de los APR, pues ahora sufrirán una merma importante de ingresos.

Por todas estas materias, votaré en contra algunos artículos del proyecto, pero lo haré a favor de aquellos que considero que van en la línea correcta.

Espero que este proyecto no vaya más allá de lo razonable. Por algo todos los países han tomado medidas en el ámbito administrativo. Los gobiernos de España, Argentina , Bolivia y varios otros han tomados medidas directas, como lo ha hecho también nuestro gobierno, conversadas con las compañías para que posteriormente no generen la obligación al Estado de tener que pagar indemnizaciones.

Si vamos más allá de eso, generaremos un problema mayor que el que estamos procurando solucionar.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Joanna Pérez .

La señora PÉREZ (doña Joanna).-

Señor Presidente, efectivamente, este proyecto ingresó a tramitación el 18 de marzo. Pedí el apoyo transversal a varios diputados y diputadas de esta Sala y lo presentamos, porque sabíamos que era algo necesario a causa de lo que venía.

Después de casi un mes de tramitación, ya estamos en condiciones de votarlo. Sin embargo, debemos decir que encontramos obstáculos en el camino, obstáculos que han puesto el Ejecutivo y las bancadas del oficialismo, pero en el camino hemos ido conversando.

Valoro que el ministro y el subsecretario, que están hoy presentes, reconocieran en su minuto que este proyecto sí tenía consideraciones importantes. Así, el 25 de marzo, estuvieron en la comisión y escucharon todos los argumentos que dimos de manera transversal y salieron haciendo un anuncio que dio a conocer el propio Presidente de la República. Lo valoramos, pero, sin duda, era, es y seguirá siendo insuficiente, porque habla del 40 por ciento de las personas más vulnerables.

Este beneficio no solo es necesario para ese 40 por ciento, sino también para personas que a lo mejor van a entrar en un momento complejo en su etapa laboral, porque quizás van a ser desvinculadas, y es probable que los trabajadores independientes mantengan su trabajo, pero no va a recibir ingresos suficientes. Todos ellos quedan fuera de esta medida del gobierno.

Además, el planteamiento del gobierno hacía que fuera muy burocrático acceder al beneficio, porque obligaba a llamar a un call center, llenar formularios, presentar documentos.

Por lo tanto, sentíamos que tenía letra chica y que no era transparente para la clase media, que no dábamos una alternativa real.

Por eso decidimos, en la Comisión de Economía -aprovecho la oportunidad para reconocer el apoyo y aporte de todos los diputados y diputadas que la integran-, avanzar, pese a las presiones de las empresas y de los propios diputados y diputadas, porque creíamos que había que mejorar la iniciativa.

El Ejecutivo nos pidió, cuando se aprobó la idea de legislar con varias indicaciones, que el proyecto volviera a la comisión y que escucháramos distintas visiones: las cooperativas, las generadoras eléctricas y a todos los que están involucrados en estos cinco ámbitos, porque, dicho sea de paso, el proyecto tal como está hoy, aborda cinco servicios: luz, agua, gas, telefonía e Internet, en circunstancias de que el proyecto original del Ejecutivo contemplaba solo tres: luz, agua y conectividad. Por lo tanto, este proyecto es más integral.

Hoy hemos llegado a un texto que valoro y rescato, pues si bien podemos tener algunas diferencias, no es menos cierto que aún podemos llegar a acuerdos, sobre todo si consideramos que tuvimos la disposición de dedicar dos sesiones, que sumaron más de siete horas, para escuchar a las distintas organizaciones involucradas y ponernos de acuerdo en la redacción del texto. Así se debe trabajar: conversando, escuchando, consensuando aquello que se incorporó en el texto, por lo que no podemos permitir en esta Sala que el ministro continúe haciendo lobby y afirme que el proyecto es malo.

Podrá haber algunos artículos o algún inciso que se pueda modificar, pero somos autónomos para presentar una propuesta a la Cámara de Diputados, y por eso pido a las bancadas que confíen en el trabajo que hemos realizado. Esperamos que el Senado no reciba tantas presiones como las que recibimos nosotros en casi un mes de trabajo.

Lo importante es que no llegar tarde nuevamente, no queremos que cuando el proyecto se convierta en ley la gente diga que ya no le sirve, porque su empresa quebró y, una vez más, se siente abandonada por los políticos, por el gobierno y por el Congreso Nacional.

Quiero aclarar que no estamos promoviendo la gratuidad, sino que estamos promoviendo un espacio para realizar una repactación en doce meses. A las empresas que no sean capaces de cumplir con lo dispuesto en esta ley, se les cursará una multa, porque no basta con la sola voluntad de las empresas.

Sé que el ministro ha tenido la voluntad de conversar, pero no basta, porque esa voluntad no se ha visto reflejada en los bancos ni en el retail. El Estado necesita regular esta situación con una ley y no apelando a la voluntad de las empresas. La ley debe ser transparente, sin letra chica, sin discriminar ni invisibilizar al sector rural, cuyos habitantes generalmente no tienen acceso a la conectividad para ingresar una declaración pública, sencilla, como pide hoy el proyecto. Aún así hemos aceptado este texto, porque ha sido socializado.

Finalmente, pido a los señores diputados y a las señoras diputadas apoyar el proyecto, y si hay algo que mejorar, que se mejore, pero demos agilidad a su tramitación para que el Senado también pueda discutirlo a la brevedad.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Patricio Rosas .

El señor ROSAS.-

Señor Presidente, ayer, en una larga sesión, desde las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche, analizamos y discutimos este proyecto que, ciertamente, puede ser mejorado. De hecho, hay ciertos artículos e incisos que podrían ser más precisos. No obstante, lo importante es que se está dando la lucha para prohibir el corte o la suspensión de servicios básicos como el agua potable, la energía eléctrica, el gas, la telefonía e internet.

¿Por qué son básicos estos servicios en un período de catástrofe que probablemente se va a extender mucho más allá de lo que planteó inicialmente el decreto? Porque la ciudadanía necesita tener la seguridad de que, al menos, esos servicios van a funcionar y no van a depender de su capacidad económica para mantenerlos.

Lamentablemente, en este período mucha gente va a perder su empleo, y no va a poder pagar sus cuentas. Esa gente necesita que esos servicios continúen funcionando, como internet, aunque para muchos quizás no sea tan claro que sea muy importante en estos momentos, por lo que vale la pena aclararlo.

¿Cómo logramos la educación a distancia? ¿Cómo logramos entregar prestaciones telemédicas? ¿Cómo entregamos información a los pacientes acerca de esta pandemia? Hoy internet es más necesaria que antes, porque es un instrumento de conexión de los ciudadanos.

Respecto del acceso al agua potable, qué importante es el agua, un derecho humano, para enfrentar esta pandemia. Hoy el lavado de las manos se ha convertido en uno de los elementos principales para dar mayor protección a la ciudadanía.

La energía eléctrica, que sin duda es muy importante para las empresas, también tiene relación con la salud de muchos pacientes, quienes dependen de equipamiento eléctrico, por ejemplo, para sus sillas de ruedas, para mantener refrigerada la insulina, y para el funcionamiento de distintos aparatos eléctricos que ayudan a nuestros pacientes a aliviar sus enfermedades. En consecuencia, el que hayamos decidido incluir la prohibición del corte o suspensión de la energía eléctrica también tiene un rol sanitario.

Asimismo, incluimos a los hogares de adultos mayores y a los hogares de menores reconocidos por las instituciones respectivas, y se excluyeron de este beneficio a los APR y a las cooperativas eléctricas, entendiendo que operan de manera distinta al mercado normal de generadores de agua potable y de energía eléctrica.

Por lo tanto, considero que el proyecto, iniciado en varias iniciativas refundidas, ha avanzado significativamente y si bien es importante destacar que otros países tomaron la decisión de entregar de forma gratuita los servicios básicos a su población en este período de catástrofe, nuestro país tomó la decisión de aplazar el pago de estos servicios y de prorratearlo en doce meses, de manera tal que puedan ser pagados después.

Al respecto, no estoy de acuerdo con esta decisión, porque creo que podríamos haber hecho lo mismo que otros países, esto es, entregar gratuitamente los servicios básicos a los ciudadanos más vulnerables durante el tiempo que dure la catástrofe, pero lamentablemente no se logró el acuerdo en la comisión y el proyecto del gobierno no contempla esa decisión.

La iniciativa cuenta con mi respaldo e invito a mis colegas a ser parte de una gran mayoría, a fin de que este proyecto sea aprobado por la Cámara de Diputados.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Naranjo .

El señor NARANJO.-

Señor Presidente, quiero ser bien preciso y claro en cuanto a las razones por las cuales estamos legislando sobre esta materia.

Existe la voluntad de todas las bancadas -¡de todas!para que mientras dure el estado de catástrofe la gente no sufra el corte o la suspensión de los servicios básicos.

¿Por qué hemos tenido que presentar esta iniciativa? Si bien valoramos lo que hizo el gobierno, el acuerdo al que llegó con las empresas privadas es claramente insuficiente y no tiene certeza jurídica. La decisión final de llegar a acuerdo con los clientes queda a voluntad -lo quiero recalcar de las empresas.

Por lo tanto, lo que este proyecto busca es garantizar por ley, y no por la voluntad de las empresas, que los servicios básicos no sean cortados mientras dure el estado de catástrofe.

¿Qué hicimos en este proyecto de ley? Fijamos claramente en su artículo 1° qué servicios básicos no se iban a cortar, y los definimos: luz, agua, gas -siempre y cuando sea de cañería-, telefonía e internet.

Luego, definimos quiénes se podrán acoger a los beneficios de esta ley, y fijamos todos los requisitos, donde están contempladas todas las medidas que el gobierno ha tomado durante este último tiempo, que tienen que ver con el seguro de cesantía, con la vulnerabilidad, etcétera. Es decir, precisamos claramente quiénes podían ser beneficiarios.

¿Por qué digo esto, señor Presidente? Porque el gobierno parte de un análisis equivocado. Cree que este proyecto está incentivando a que la gente que puede pagar no pague. Eso es una equivocación. Es un error pensar que gente que está en condiciones de pagar no lo haga.

¿Qué sentido tiene eso para una persona que tiene recursos económicos y liquidez? ¿Cuál es el propósito de que quiera contraer deudas futuras? Eso es absurdo. Esa persona va a pagar. Quienes no lo van a hacer son los que no tienen liquidez. ¡Si es una cosa de sentido común! Nunca he conocido gente que, teniendo plata, quiera endeudarse o pagar a plazo. Lo que hará será pagar en efectivo en el momento.

Cuarto, ¿cómo se va a pagar esto? Lo fijamos claramente: en doce cuotas, sin intereses ni reajustes. Y establecimos excepciones. ¿Por qué establecimos excepciones? Porque cuando escuchamos a las cooperativas ellas nos pidieron que las dejáramos fuera del proyecto; cuando escuchamos a los comités de APR nos pidieron que los dejáramos fuera de la iniciativa. También dejamos fuera a aquellas microempresas con menos de 12.000 clientes, pues no tienen espaldas económicas para asumir pagos de servicios básicos durante el tiempo que dura el estado de catástrofe.

Quiero hacer un punto.

En el caso específico de las cooperativas y de los comités de APR, se está generando una situación de discriminación respecto de la gente que vive en el sector rural. Por lo tanto, espero que alguno de los ministros presentes en la Sala indique cómo el gobierno va a apoyar al sector rural, porque nosotros lo hemos hecho.

Repito: al no atender ese sector estamos generando una división, pues se estará beneficiando a los que viven en la ciudad y no a los que habitan en el campo.

Por consiguiente -insisto-, espero que algún ministro señale cómo aumentaremos los subsidios de agua potable y electricidad a APR y cooperativas rurales que no tienen respaldo económico.

Finalmente, establecimos normas transitorias para que la ley incluyera a personas que tenían deudas que se arrastraban con anterioridad a la declaración de estado de catástrofe.

En definitiva, si estamos legislando sobre esta materia es porque la propuesta del gobierno es absolutamente insuficiente.

Por eso, todas las bancadas hemos acordado legislar sobre esta materia, para que se garantice a todos los chilenos que no se les cortarán ni suspenderán los servicios básicos debido a su mala situación económica.

Espero que el gobierno tenga respuesta para las inquietudes planteadas aquí.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Florcita Alarcón Rojas .

El señor ALARCÓN.-

Señor Presidente, el Presidente de Chile propone la suspensión del cobro de los servicios, de los créditos y de los arriendos. Terminó diciendo algo sensato que señaló el Presidente Salvador Allende : las personas ricas con sus ganancias tienen ahorradas muchas vidas; los trabajadores, no.

Nuestro Presidente, con sus 2.700 millones de dólares, podría tener ahorrados 7 millones de años de sueldo mínimo, pero la gran mayoría de los seres humanos que viven en este planeta no tienen ahorrado ni siquiera un mes. La mayoría vive el día a día. ¡Es tan horrible tener ahorrados 7 millones de años de vida! ¡Ni que fuera Mumm-Ra!

Hace unos días murió en Romeral, en mi distrito, una chica por coronavirus. Es la más joven de los que han muerto: tenía 21 años. Al parecer se habría pasado a llevar protocolos durante la enfermedad. El examen que dio positivo llegó tarde.

Este gobierno llega tarde, y esto significa muerte y contagios. El ministro de Salud llegó tarde a comprar respiradores; ya se habían acabado. También llegó tarde a declarar cuarentena para bajar las curvas.

Pido cuarentena para Romeral, para todo mi distrito, para todas las comunas. Cuarentena total para Chile, como pidió la presidenta del Colegio Médico y alcaldes de todos los sectores. ¿El gobierno? Sordo.

Los medicamentos para muchas enfermedades están llegando tarde o, peor aún, no están llegando. Cenabast tarda en los pagos a los proveedores.

Las personas del gobierno no se mueven en transporte público, porque tienen choferes. Además, no pagan servicios básicos, porque se los pagan otras personas. Están desconectados de la realidad.

Las empresas perderán plata, sí, pero los trabajadores perderán la vida. No es lo mismo perder un poco de dinero del mucho que se tiene que perder la vida.

Conciencia y espíritu. Sin espíritu, nada; con espíritu, todo. Este gobierno necesita espíritu. Se dice religioso, pero parece que no tiene espíritu.

Sin espíritu, nada; con espíritu, todo. Las empresas perderán dinero, pero los trabajadores perderán la vida. No es lo mismo bondad, compasión, sensibilidad.

De parte de los militantes de la rebelión contra la muerte, pedimos conexión con la realidad.

Paz, fuerza y alegría para todos mis compañeros, para todo Chile. Que la sensibilidad se manifieste, en especial a los que no tienen ni media vida ahorrada.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado don Jaime Bellolio .

El señor BELLOLIO.-

Señor Presidente, no me tocó participar en la comisión que examinó este proyecto. Sin embargo, al llegar a la Sala leí el detalle de la iniciativa y me sorprendieron varias de las formas en que está descrita. Por ejemplo, se sostiene que el 40 por ciento de las personas más vulnerables va a tener gratuidad en los servicios, que el proyecto califica como servicios básicos, incluido el gas por cañería.

Santiago no es Chile. El gas por cañería no es utilizado por la mayoría de los usuarios. Hay lugares en Chile -lo digo para que algunos diputados lo sepanen que la gente no solamente tiene bombonas, sino que también compra cilindros de gas. Eso no está incorporado en el proyecto.

A continuación se dice que todos pueden acceder a los beneficios, pero luego se dice que solo puede acceder el 40 por ciento de las personas más vulnerables.

Después se señala que la postergación de pagos durante tres meses o, eventualmente, la gratuidad, no incluye a las cooperativas. Entiendo que se dieron cuenta de que este proyecto hacía pedazos a los comités de APR y a las cooperativas eléctricas, por lo que quisieron colocar una excepción. Y la excepción que señala el proyecto indica que ninguno de los artículos aplica a los comités de APR y a las cooperativas. Es decir, no aplica ningún tipo de beneficio a esas entidades.

Por un lado, se quiere que los comités de APR y las pequeñas cooperativas no quiebren instantáneamente. No hay infinito en esto. Sin embargo, tal como quedó, el proyecto está mucho peor que lo que hoy había con el anuncio del gobierno, toda vez que sí podían acceder al beneficio.

Yo entiendo que siempre en el Congreso se trata de hacer la pelea entre los buenos y los malos, diciendo “ustedes son los asquerosos que quieren todo el lucro” y “nosotros somos los bondadosos que estamos con el pueblo”; pero, por último, sean coherentes en la línea argumental del proyecto, porque no está bien hecho.

Es verdad que hay algunas empresas que son más grandes, que tienen márgenes operacionales más altos y, por tanto, pueden subsistir más meses, pero quiero recordarles que el sector eléctrico está regulado por el Estado; por lo tanto, esos márgenes son regulados. Y como esos márgenes son regulados no aguantan que nadie pague la luz durante tres meses, porque alguien tiene que pagar eso. No es compatible que uno pueda decir que durante tres meses no se pague ninguno de esos servicios y, al mismo tiempo, exigir que se sigan prestando esos mismos servicios como si no hubiese pasado nada.

Entonces, ¿cuál es el mecanismo para aquellas personas que están sufriendo, para aquellas personas que no pueden pagarlos? Focalizar, es decir, que la ayuda llegue donde más se necesita. Eso fue lo que hizo gobierno al hacer el anuncio respecto de quienes pertenecen al 40 por ciento más vulnerable. Ahora, si se requieren otros espacios para aquellas familias de clase media que han perdido sus empleos o aquellos emprendedores o trabajadores por cuenta propia que no pueden salir a obtener sus recursos, obviamente que también tiene que hacerse una excepción; pero, tal como está establecido, es completamente contradictorio. El proyecto no se entiende bien y no cumple el objetivo que dice que se va a cumplir.

En ese sentido, yo los invito a reconsiderarlo, no solo por el tema de la admisibilidad y los recursos adicionales que involucra, porque esa es una discusión que, al parecer, lamentablemente ya perdimos aquí. El tema es otro, cual es que el proyecto no está bien hecho.

Además, repito: entremedio se dieron cuenta de que, con este proyecto, los APR y las generadoras pequeñas, e incluso las generadoras que no son las tradicionales, sino las que hemos tratado de fomentar a través de distintas vías, son hechos pedazos, porque no podrán subsistir por tres meses.

Entonces, no funciona un proyecto que intenta ir en ayuda de las personas más vulnerables, para que se les pueda proveer de los servicios básicos, en donde se innova -incluso con otros servicios básicos que antes no existían, cuando, al mismo tiempo, esas empresas terminan hechas pedazos, salvo que queramos que después de la pandemia haya efectos permanentes, como que solo subsistan algunas empresas grandes y, por lo tanto, sean casi monopolios, porque alguien va a tener que comprar aquellas otras empresas que quedarán hechas pedazos. Eso es parte de las consecuencias de no hacer foco en las personas más vulnerables en este caso.

Insisto en que obviamente las personas más vulnerables y las independientes, los trabajadores por cuenta propia, lo están pasando pésimo, al igual que los emprendedores que vieron caer sus ventas desde el 18 de octubre en adelante y que ahora, además, con una hibernación económica, necesitan de mucha ayuda, especialmente en estos servicios. No obstante, este proyecto, tal como está, lo que hace es inhibir esa ayuda especial para aquellas personas, porque se corre el serio riesgo de que incluso las empresas grandes no puedan seguir prestando los servicios.

Esto no es una utopía ni algo que se nos haya ocurrido porque algunos seamos malvados y otros sean bondadosos, ¡no! Vuelvo a insistir en que el proyecto es contradictorio, porque al mismo tiempo que dice que se puede postergar en doce cuotas sin multas ni intereses, después dice que hay gratuidad; después vuelve a decir que el beneficio es postergar, y después vuelve a decir que las cooperativas y los APR no son parte de ninguno de los beneficios, o sea, ni de gratuidad ni de postergar los pagos.

El proyecto no está bien hecho; no basta con la buena intención, porque el efecto que podamos hacer frente a un shock que es pasajero, lamentablemente, con este proyecto de ley va a ser permanente.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Boris Barrera .

El señor BARRERA.-

Señor Presidente, en la comisión, de manera unánime, Chile Vamos y la oposición estuvimos de acuerdo en que los suministros básicos no deben suspenderse por atraso en los pagos o deudas que mantengan los clientes con las empresas proveedoras de estos servicios, mucho menos en el caso del agua.

El acceso a este elemento debe estar garantizado por todas las empresas, ya sean pequeñas o grandes, porque cuando hablamos del agua, nos referimos a un tema de salud pública y de la vida de las personas. Por lo tanto, esta no se debe cortar a nadie.

La indicación que presentamos en este proyecto, para eximir del pago de los servicios básicos a quienes pertenecen al 40 por ciento de los menores ingresos y a quienes reciben hoy el seguro de cesantía, es para ayudar a quienes tienen menos condiciones para enfrentar esta crisis por un tiempo prolongado. Sería un aporte concreto y tangible por el tiempo que dure el estado de catástrofe, que de ninguna manera podría desfinanciar a las empresas que tanto han defendido los colegas de Chile Vamos.

Y no es populista, como recién dijo un colega, sino que es una realidad y una necesidad.

El Estado debe hacerse cargo.

Denantes , otro colega decía que si alguien tenía que pagar, podrían llegar a recurrir al Estado para que lo haga. Bueno, si el Estado tiene que hacerse cargo, ¡que lo haga! Porque es su responsabilidad velar por la vida de las personas más vulnerables o -mejor dichode las personas ya vulneradas.

Hace varias décadas existió una empresa llamada Chilectra , que fue privatizada y ahora es ENEL. Tan solo el 7 de mayo del año pasado, El Mercurio informó sobre un incremento de sus utilidades de 148 por ciento. En octubre del mismo año, el mismo medio informó nuevamente de las ganancias de ENEL, como superiores a las que se habían esperado, todo ello en medio del escándalo por el cobro de los medidores inteligentes; o sea, por lo visto y por lo que dicen los medios, plata hay.

La pregunta, entonces, es: ¿Cómo deben colaborar estas empresas privatizadas en la crisis actual? Colaborar supera, con creces, la idea original de este proyecto de no cortar el servicio; colaborar es pensar en los millones de chilenos y chilenas que enfrentan la posibilidad de quedar sin trabajo.

Por eso, exigimos a las empresas actos concretos de humanidad. Entonces, ¿cómo ayudamos a nuestra gente? Creemos que se puede hacer. Algunas empresas de servicios básicos como WOM y VTR, que algo hicieron, muestran que si hay voluntad, algo se puede hacer. Pero hay que hacer más. Eximir del pago de los servicios básicos al 40 por ciento de menores ingresos es un acto éticamente justificado y económicamente posible. Sería inconcebible que una empresa como ENEL no fuese capaz de ir más allá de solo comprometerse a no cortar el servicio.

Por eso presentamos la indicación, porque fortalece el proyecto, lo potencia y le habla a la ciudadanía, porque dice relación con la necesidad de adecuarse a una realidad concreta.

Partir de la errada idea de que las empresas deben conservar sus multimillonarias ganancias es cargar los costos de la crisis sobre los hombros de los trabajadores y del pueblo, en circunstancias de que las empresas pueden convivir con pérdidas un par de meses; en cambio, una familia de mi distrito y de gran parte del país no puede, porque, sencillamente, si pierde ingresos, pasará hambre.

Como señalé, creemos que no podemos autorizar el corte en el suministro de agua, bajo ningún argumento ni por parte de empresa alguna.

¿Cómo le pedimos a la gente autocuidarse si no puede lavarse las manos? Quizá ustedes no tienen problemas para pagar el agua y, por ende, nunca han visto su boleta, pero dos personas, una pareja, gasta entre 12 y 16 metros cúbicos; tres personas gastan casi 20 metros cúbicos, y así sucesivamente.

El gobierno propuso -aquí han hecho mucho alarde al respectoun límite de 10 metros cúbicos para ayudar a las personas más pobres, lo cual es una burla. No es momento de mezquindades ni de migajas. Es hora de actuar a favor de la gente humilde y trabajadora de nuestro país, de nuestro pueblo.

Por lo tanto, votaremos a favor este proyecto como viene de la comisión, y ojalá el trámite que viene sea lo más expedito posible.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Raúl Soto .

El señor SOTO (don Raúl).-

Señor Presidente, agradezco a todos los colegas diputados y diputadas que han sido mocionantes de los distintos proyectos refundidos, que finalmente se tradujeron en una indicación sustitutiva que la Comisión de Economía llevó adelante con bastante voluntad y de forma transversal y unitaria.

Quiero destacar que el objetivo y razón principal del proyecto dice relación con algo que hoy debiera ser de interés de todos nosotros, que somos representantes de la ciudadanía, y que es entregar tranquilidad y alivio económico a las familias chilenas, particularmente a las familias vulnerables y de clase media, que lo están pasando mal, en medio de la crisis sanitaria por el coronavirus, por una pandemia mundial que rápidamente se está transformando en una crisis económica, laboral y social.

Tenemos que dar una respuesta robusta, contundente, desde el Estado para dar satisfacción a las necesidades de alivio económico a las familias chilenas, y lo tenemos que hacer a mediante una regulación a las empresas, no -por su intermedio, Presidente, al señor ministro y al subsecretario presentes con acuerdos, con apretones de mano entre amigos, entre el Ejecutivo y gerentes de las grandes empresas sanitarias y de servicios básicos domiciliarios. Reitero: esto tiene que ser a través de una regulación.

El Estado tiene que ponerse los pantalones largos para dirigir la crisis sanitaria que estamos viviendo, y eso significa regular a las empresas, regular al sector privado, y eso es lo que estamos buscando hacer desde la Cámara de Diputados, para llenar ese vacío que ha sido incapaz de llenar este gobierno. Y lo hacemos, además, en una dirección correcta, que tiene tres fundamentos principales.

El primero de ellos es que haya una prohibición expresa de corte de suministro por concepto de mora o no pago de cuentas de servicios básicos domiciliarios, como agua, luz, gas por cañería, internet y telefonía, que son servicios necesarios para que la gente pueda seguir desarrollando su vida de forma normal. Se trata de que no se corte ese suministro si no pagan las cuentas o hay mora en el contexto de que esta crisis perdure, de que el estado de catástrofe también se mantenga. Sin duda alguna, eso le quita una mochila importante de preocupaciones y de carga económica a las familias de clase media y de sectores vulnerables. No me cabe ninguna duda de que nuestra gente, en todos nuestros distritos, así lo está esperando y así lo está solicitando.

Entonces, el proyecto avanza en la dirección correcta para que las familias tengan la tranquilidad de que si no pueden pagar no se van a quedar sin agua, sin luz, sin internet, sin telefonía o sin gas. Es lo mínimo. Estamos pidiendo un piso mínimo de condiciones de dignidad humana para que los sectores vulnerables y la clase media puedan seguir sobrellevando esta crisis con la mayor normalidad posible.

En segundo lugar, se plantea que esa deuda que quede ojalá se prorratee en la mayor cantidad de meses posible, para que sea imperceptible al bolsillo y en la economía familiar, para que no sea una deuda que se acumule y que después las familias chilenas tengan que enfrentar en un solo pago. Por eso se plantea un prorrateo en doce meses, de manera tal que se logre ese efecto. Me parece que es total y absolutamente razonable que así sea, y que sea para todas las empresas de servicios básicos domiciliarios.

En tercer lugar, se planteó una duda muy razonable respecto de las empresas pequeñas, respecto de los sistemas de agua potable rural, a quienes muchos de nosotros representamos en las zonas rurales de nuestros distritos, y también respecto de las cooperativas. Por eso, en la Comisión de Economía incorporamos indicaciones que tendieran a garantizar que las empresas de menos de 12.000 clientes, que son las que nos concitan mayor preocupación, los APR y las cooperativas quedaran fuera de esta obligatoriedad. Creo que de esa manera se resguarda adecuadamente la normativa.

Creo que la iniciativa va en la dirección correcta y por eso espero que en esta Sala le demos un tratamiento transversal y la aprobemos, ojalá de forma unánime, dejando a un lado las diferencias ideológicas y las diferencias políticas.

Hoy tenemos que unirnos como institucionalidad para dar respuesta a los requerimientos de la ciudadanía, y ese, sin duda alguna, ha sido, desde el día uno de esta crisis, uno de los mayores requerimientos de los habitantes de nuestro país, principalmente de la clase media y de los sectores vulnerables.

Desde ya, manifestamos todo nuestro apoyo a esta moción.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Brito .

El señor BRITO.-

Señor Presidente, nosotros hemos repetido bastante que las crisis dejan en evidencia lo peor del Chile capitalista, este sistema que te obliga a pagar, pero que, aunque tú quieras y te esfuerces, no te asegura tener los ingresos para poder pagar.

Quiero recordar que uno entiende que en épocas de crisis todos se tienen que apretar el cinturón, pero lo que no entendemos es que en épocas de crisis siempre se les apriete el cinturón solo a algunos y que otros pasen colados, por el lado. Lo digo así porque las empresas del retail y el consumo lideran el ranking de mayores condonaciones tributarias en 2019, pues sumaron 21.000 millones; cada año aumenta. Esas empresas son Walmart, supermercados Líder, Express , aCuenta, Central Mayorista ; esas empresas son Entel; esas empresas son Agrosuper . Esas empresas están pasando coladas, igual como pasaron las empresas de distribución eléctrica, a las que el diputado Bellolio caracterizaba recién como que casi no las podremos recuperar después de la crisis si le decimos a la gente que no puede pagar que no pague. Hasta el 18 de octubre, esas empresas tenían garantizado, por ley, el diez por ciento de utilidades; empresas que antes eran públicas y que se privatizaron.

Y cuando algunos parlamentarios de Renovación Nacional y la UDI anuncian su voto en contra para algunos de estos artículos que protegen a las personas, digamos la verdad: no solamente están votando en contra de proteger a las personas, sino que están votando a favor de intereses distintos a los de nuestro país. Chilectra -Enel ahora-: 60 por ciento de propiedad del Estado de Italia; Chilquinta: ciento por ciento de propiedad del Estado de China. Se trata de empresas que eran del Estado chileno, pero hoy este les asegura utilidades y, a quienes no pueden pagar durante la crisis, el gobierno solo le dice: “Tranquilo, me va a pagar después, en cómodas cuotas”.

Cada vez que habla Mañalich , el ministro de Salud, o se contradice con algo que dijo el día anterior o genera más confusión; cada vez que habla el Presidente de la República, nos habla de cuotas, de tasas de interés y de repactación. Por el contrario, quisiéramos ver un Estado y un gobierno que defiendan a las personas. En los momentos más difíciles se ve quién es quién.

Si bien vamos a aprobar este proyecto, creemos que es totalmente insuficiente, porque deja fuera los compromisos con los bancos, esos bancos que solo el año pasado, incluido el estallido social, tuvieron utilidades por sobre 2.400 millones de dólares. Este proyecto deja fuera las obligaciones de las casas comerciales, como la tienda La Polar, la misma que repactaba unilateralmente y que hoy tiene todas sus ventanillas abiertas para cobrar las deudas comerciales.

Este proyecto y la actitud del gobierno dejan a nuestro pueblo en la total indefensión, porque el sistema te está botando a la calle, sin entregarte un sueldo, y, al mismo tiempo, te está obligando a pagar.

Miren la generosidad del gobierno y de las empresas de telecomunicaciones: si usted pertenece al 40 por ciento de personas con menores ingresos, tendrá que acceder a una página web, descargar un certificado, presentárselo a la empresa, y recién ahí podrá optar al beneficio de no pagar durante estos tres meses.

No había visto tanta “bondad” desde los tiempos del padre Hurtado , señor Presidente.

Disculpe la alusión.

Realmente, esto no significa ningún esfuerzo para nadie si no es para esta gente, que todavía no tiene respuestas claras, porque el gobierno todavía no quiere, por ejemplo, hacerse cargo de los trabajadores informales, de las personas que hoy piden la devolución completa de sus impuestos de la Operación Renta de este año, y esperemos que el Presidente no actúe como lo hizo con los permisos de circulación, en que un minuto antes de que se acabara el plazo final se le ocurrió, generosamente, extender los plazos.

Aquí se dice que esto no nos preocupa. Por el contrario, queremos que al gobierno le vaya bien, si eso implica que a la gente le vaya bien. Pero para eso es necesario un cambio de actitud, en el sentido de que, en lugar de recibir a los grandes grupos económicos en La Moneda, como ocurrió durante el estallido social y como ocurrió también ahora, el gobierno se ponga por una vez del lado de la gente en estos momentos tan difíciles.

Vamos a votar a favor, pero les hacemos un llamado, de una vez por todas, a salir de su zona de confort. ¡Aquí nos van a seguir pagando el sueldo, cuando hay gente que probablemente se tenga que acostar sin haber comido en la noche! Y lo que estamos ofreciendo es que el usuario pague después, en cómodas cuotas, sin interés, si pertenece al 40 por ciento de menores ingresos o está cesante. ¿Para qué? Para que no le corten el agua y la luz. ¿Para qué? Para que Chilquinta, del Estado de China; para que Enel, del Estado de Italia, sigan teniendo sus utilidades. ¿A costa de qué? De las vidas de los clientes y de las vidas de sus familias.

Para eso hay que trabajar; para eso vamos a seguir porfiando en este y en todos los proyectos en que sea necesario. Estamos todos llamados a entregar lo mejor de nosotros. Por ello, continuaremos trabajando también desde nuestras comisiones.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Fidel Espinoza .

El señor ESPINOZA.-

Señor Presidente, las palabras del colega Brito me interpretan plenamente.

Estamos ante un proyecto de ley que, desde mi punto de vista, es insuficiente, porque mientras otras naciones de nuestro continente, que tienen mucho menos recursos que nuestro país, han anunciado medidas mucho más osadas para ir en ayuda de su población, lo que hacemos con este proyecto es decir: “Sí, señores usuarios de la luz, del agua y de otros servicios básicos, durante estos meses de pandemia, de la tragedia que está viviendo el mundo y de la cual no está exento nuestro país, ustedes no van a verse obligados a pagar las cuentas respectivas, pues estas después se prorratearán en doce meses”.

Esa es la ayuda que estamos dando a nuestros compatriotas. Y, más aún, será solo para el 40 por ciento que califica en estado de vulnerabilidad. Repito: muchas otras naciones de nuestro continente, que tienen mucha menor capacidad económica que nuestro país, están adoptando medidas más fuertes, efectivas y que van, como se dice en buen chileno, “a la vena” como ayuda directa a cada uno de sus compatriotas.

Obviamente, no podemos votar en contra este proyecto, porque, sin duda, será un alivio para más de 3 millones de familias chilenas. Para 7 millones de nuestros compatriotas será un alivio momentáneo, porque de todos modos las cuentas se van a terminar pagando.

Pero dejemos las cosas en claro: en este país, señor ministro -por su intermedio, señor Presidente-, las cosas no se miden con la misma vara. Y quiero dar un ejemplo: cuando la Región de Los Lagos, que me honro en representar, vivió una tremenda crisis económica en el período 2007-2008 con el famoso virus ISA, en la que hubo miles de personas que quedaron sin empleo sufrieron enormemente y pasaron hambre, muchas de ellas, ¿saben qué hizo el Estado chileno? Entregó millones de dólares a las salmoneras para que salieran de la crisis, millones de dólares de recursos de todos los chilenos, porque era importante salvar una industria que genera una cantidad de empleos muy importante.

Y hoy, cuando nuestro país está viviendo una situación de enorme complejidad, las medidas que se están adoptando por parte del Ejecutivo son absolutamente insuficientes. No solo en el marco de este proyecto, que de por sí es insuficiente y que, como decía el diputado Bellolio , tiene imperfecciones, pero que tiene un sentido común, cual es buscar soluciones a una problemática que se avecina muy fuertemente.

Cada uno de nosotros en nuestras regiones sabe lo que están viviendo miles de familias con esta situación. Y también sabemos cómo algunos malos empresarios -porque en Chile también hay muy buenos empresariosse están aprovechando de esta pandemia, de esta crisis mundial, para despedir a miles de nuestros compatriotas de sus fuentes de trabajo. Lamentablemente, muchas de ellas son empresas que por largos años tuvieron un historial de ganancias extraordinarias gracias al trabajo de millones de nuestros compatriotas.

Por cierto, vamos a aprobar este proyecto, porque es necesario, sin lugar a dudas, aunque no es lo que quisiéramos. Nos hubiese gustado que las medidas del Ejecutivo hubiesen sido mucho más efectivas para ir en ayuda de esas familias.

En este periodo no solo tenemos este tipo de problemas; también se están aprovechando las universidades, los institutos de educación técnica superior y los colegios particulares subvencionados, que no están dando clases o que están ofreciendo pésimos servicios, pero están cobrando las mensualidades y horquillando a cada una de las familias a que paguen, en circunstancias de que estas no tienen la posibilidad de pagar, pues a muchas de ellas sus empleadores les han reducido sus salarios.

¿Y saben por qué incluimos a las cooperativas eléctricas y a los APR? Porque, obviamente, los APR son fundamentales en nuestras regiones, y hay que protegerlos. Por eso había que incorporarlos en este proyecto de ley, pues miles de familias de nuestro Chile dependen de un APR. Si un APR no se puede sustentar, el Estado tendrá que entregarle la ayuda, como lo hizo con las salmoneras en el pasado, para que no quiebre. Por eso había que incorporarlos.

Respecto de las cooperativas eléctricas, ¿qué más decir? Algunos parlamentarios de derecha ya han anunciado el voto en contra de algunos artículos. Quieren votar en contra el artículo 2, para proteger a las generadoras eléctricas. ¡Esa es la verdad! Aquí hay grandes intereses económicos de por medio. Las grandes generadoras eléctricas quieren que este proyecto no las toque. Pero este proyecto también las tiene que tocar, porque las cooperativas, que son las que ofrecen servicio a más de medio millón de chilenos, pueden quebrar si se les aplica solo a ellas los criterios de esta iniciativa y no a las generadoras eléctricas.

Por eso, hago un llamado a mis colegas a que pongamos ojo en esto. En estos días, muchos parlamentarios de derecha han recibido el lobby de las generadoras, para que no las toquen, lo cual sería vergonzoso.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Alexis Sepúlveda .

El señor SEPÚLVEDA (don Alexis).-

Señor Presidente, como decimos en el campo, “no sé en qué estamos topando”.

Hace algunos días, el gobierno anunció, junto a las empresas proveedoras de servicios básicos, el compromiso de que no se cortarían esos servicios por no pago, lo cual encuentro positivo. Ahora, ese anuncio depende de la voluntad de las empresas; mañana puede cambiar. Hoy está, pero mañana puede cambiar.

Por lo tanto, lo que hace este proyecto es dejar asentado que efectivamente ese compromiso, esa buena voluntad manifestada incluso por las empresas, sea obligatorio, de modo que no se pueda modificar. Por ello, no veo en qué estamos topando en este proyecto con lo que eventualmente plantea el Ejecutivo.

Me gustaría que con esta iniciativa no nos pasara lo que vivimos con el proyecto relativo al pago de los permisos de circulación. Me gustaría ver al Ejecutivo participando, interviniendo, haciendo propio este proyecto y, por cierto, presentando las modificaciones e indicaciones que estime pertinentes para hacerlo viable y más efectivo. Pero no veo ninguna explicación, ni siquiera económica, porque el centro del proyecto no consiste en condonar deudas -hay que ver la indicación-. No veo cuál es el problema en el cual podríamos estar. Por eso, no cabe sino apoyar que este proyecto finalmente sea una realidad.

Y ahí entro en el otro punto. Como dijo el diputado Fidel Espinoza , hay numerosos episodios en los cuales los gobiernos, de distintas épocas, echaron mano a la cartera para ayudar a sectores económicos productivos: a las salmoneras, en su momento; a la banca, en los años 80. ¡Qué duda cabe al respecto!

Entonces, ¿por qué hoy se puede transformar en una complejidad tan importante ayudar a sectores de menores ingresos, al 40 por ciento de menores ingresos, con el fin de cubrir una parte de las cuentas que no podrán pagar?

Una vez solucionada medianamente la crisis sanitaria, lo que nos quedará, por mucho tiempo, será la crisis económica y social. Las familias y las empresas no recuperarán sus ingresos al día siguiente de que se produzca el levantamiento del estado de excepción. Este es un proceso gradual, que requiere ir moviendo la economía nacional, de modo que pasaremos un período importante en el cual muchos trabajadores y muchas trabajadoras, mucha gente que lo necesita, tendrá problemas.

El Ejecutivo debiera haber planteado el otorgamiento de un subsidio con tope, tal como los subsidios que se entregan a través de los municipios, como el caso del agua potable. ¿Por qué no ampliar esa cobertura acotada a un monto fijo, no a la libertad de consumir? De esa manera se estaría entregando una inyección directa de elementos básicos fundamentales para el mismo objetivo planteado por el gobierno: que la gente se quede en su casa, a fin de que mantenga contacto social mínimo.

¿Qué efectos genera una medida como esa? La disminución de ingresos. Peor aún, ¿se imaginan de qué manera se puede controlar sanitariamente a las familias si tienen el agua cortada o si no tienen luz para llevar a cabo su vida cotidiana?

Por lo tanto, lo que propone este proyecto es de sentido común, ya que tiene por objeto ayudar a la estrategia nacional implementada para enfrentar esta crisis sanitaria. No se trata de una iniciativa desconectada de tal propósito, puesto que permitirá a las familias mantenerse en su hogar. No obstante, también necesitamos el compromiso del Ejecutivo para que se analice de qué forma se puede ampliar la cobertura de los subsidios que hoy existen. Si quieren, pongamos un tope, pero veamos de qué manera podemos ayudar a los miles de familias que hoy no solamente no podrán pagar sus cuentas, sino que, una vez terminada esta crisis, tampoco al otro día lo van a poder hacer, porque habrá una acumulación de deudas que claramente les generará un conflicto

Humildemente, hago un llamado para que en este caso no nos pase lo mismo que ocurrió con el proyecto de ley para prorrogar la obtención o renovación del permiso de circulación. Desde un principio nos dimos cuenta de que esa iniciativa tenía muy buenas intenciones, pero debido a la falta de compromiso y de participación del Ejecutivo surgieron baches durante su tramitación. Ese es el llamado que deseo hacer. Estoy seguro de que mi bancada votará a favor esta iniciativa.

Llamo a todos los sectores a ponernos la mano en el corazón. Los grandes anuncios sin duda son importantes, como los aportes que se harán a la banca para que ayude a la pequeña y mediana empresa; pero no nos podemos olvidar de los miles de chilenas y de los miles de chilenos que hoy lo están pasando mal porque no tienen recursos para mantenerse en sus hogares.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Mellado Suazo .

El señor MELLADO (don Miguel).-

Señor Presidente, quiero decir a la gente que está viendo esta sesión a través del canal de la Cámara que sin este proyecto de ley a nadie se le va a cortar algún servicio básico domiciliario.

El gobierno del Presidente Piñera ya avanzó en lo que en estos momentos estamos discutiendo; ha avanzado fuertemente para que las empresas también entren en este sistema de ayuda. Eso no tiene costo alguno para nadie, salvo para las empresas que tendrán que absorber el costo que implica no tener el flujo del 40 por ciento más vulnerable. De manera que en estos momentos ya tienen eso que tanto pregonan.

En verdad, este es un tema de expectativas. En la comisión, de la cual formo parte, tenemos muy buena voluntad, pero generamos muchas expectativas, y aquí ha salido un proyecto tipo Frankenstein: la cabeza es grande, las patas son chicas y el cuerpo es medio tambaleante, porque hay algunos artículos que no tienen sentido. Por ejemplo, ¿a quiénes harán pagar?

¿Se tratará de expropiar algunos contratos con distribuidoras y generadoras que están definidos? ¿Quiénes pagarán eso? Nuestros hijos, nuestros nietos, porque las empresas no van a perder.

Distinto es que el gobierno suscriba un acuerdo con esas empresas, porque lo que este proyecto de ley propone es una imposición. Algunos dirán: “Sí, las empresas deben pagar, porque se han llenado el bolsillo muchos años”. Pero, ¡por favor!, también han hecho inversiones y han dado trabajo.

Ahora bien, respecto de esta iniciativa, rechacé lo relacionado con la gratuidad, en el sentido de que no se pagara durante tres meses, porque eso provocaría la quiebra de muchas empresas. Queremos que las empresas sigan dando trabajo, que sigan prestando servicios y que sigan invirtiendo. Creo que ese articulado, respecto del que hemos pedido votación separada, no debe salir a la luz, dado que la ayuda ya se está dando y que este proyecto también propone esa ayuda.

En cuanto a lo que dice relación con la vulnerabilidad, a la quiebra de las pequeñas empresas, no se incluyó a los APR. Con inversión del FNDR se lleva a cabo desde su diseño hasta su construcción, además del pago de gastos operacionales que debe efectuar una determinada cantidad de socios para su funcionamiento.

Por lo tanto, no es un servicio en el cual se adquiere una casa llave en mano y después se debe pagar por los servicios básicos. No funciona así. Los APR operan de una forma distinta, razón por la que nos solicitaron quedar fuera de lo que se propone, de manera que tendrán que hallar la forma de generar el servicio.

Pedimos al gobierno que colocara los incentivos correctos para los APR, porque algunos en la Región de La Araucanía ni siquiera tienen agua, tienen que utilizar camiones aljibe para el sustento de los APR, y algunos deben seguir haciendo sondeos para funcionar.

En cuanto a las expectativas, no hay que generar grandes expectativas. Espero que la tramitación de este proyecto termine antes de que se levante el estado de catástrofe, porque también debemos decir la verdad a la gente: este es un proyecto para estos noventa días, nada más. Por lo tanto, si este proyecto se transforma en ley después de noventa días no tendrá ningún efecto.

Por eso, felicito al gobierno por ir más adelante, por haber acordado con las empresas el otorgamiento de gratuidad para las personas que tienen contratos de telefonía e internet, pero no para que reciban 2 gigas, sino un poco más, con el fin de que los niños puedan estudiar y las personas puedan trabajar desde su casa.

Creo que ese debe ser el camino que tenemos que seguir. Ojalá la tramitación de este proyecto sea lo más expedita posible, sin perjuicio de que de ser aprobado pasará al Senado, a la comisión respectiva y luego a la Sala, y que eventualmente podría llegar a una comisión mixta.

Entonces, el tiempo de la tramitación no depende solo de nosotros, aunque aquí esperamos tratarlo con prontitud.

Quiero decir la verdad a la gente: esto va a tardar un poco -ojalá que no sea mucho-, pero también hay que arreglar ciertas partes de este proyecto de ley, que tiene unas patas por un lado, cabeza grande, pies chicos y un torso medio raro.

Espero que podamos enmendar este proyecto.

Pedimos votación separada respecto de algunas disposiciones que vamos a votar en contra; otras las votaremos a favor, sobre todo las relativas a quiénes serán los beneficiarios, porque en el artículo 1 quedó expresamente establecido que todas las empresas podrían dar esta gratuidad, pero después, en las disposiciones siguientes, definimos quiénes serían los beneficiarios, incluidos los que estaban cobrando el seguro de cesantía, los que habían suspendido su relación laboral para el seguro de cesantía, quienes tengan la calidad de adulto mayor, los trabajadores independientes, en fin.

Por lo tanto, creo que hemos aportado para enriquecer el proyecto, pero la verdad es que debemos mejorarlo aún más.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Iván Flores García .

El señor FLORES (don Iván).-

Señor Presidente, este no es un problema de los buenos y de los malos de esta Sala, ni se trata de generar falsas expectativas. Sin duda, podemos perfeccionar el proyecto en los trámites que vienen, y, por lo tanto, creo que hay que mirarlo con una voluntad y con una óptica distintas.

Por ello, considero que no hay que dramatizar respecto de las discrepancias que genera hoy este proyecto, sino concentrarse efectivamente en los miles y miles de familias que muy probablemente tendrán dificultades mucho más serias de lo que nosotros suponemos durante el transcurso de esta pandemia, cuando pasemos la sexta semana y entremos a indicadores distintos.

Recién conversaba con mi colega Cosme Mellado respecto de lo que significa entender lo que estos proyectos pueden acarrear como efectos colaterales, principalmente en las cooperativas eléctricas o en los APR. Eso lo podemos entender, pero es mucho más complejo tratar de resolver, por la vía de un subsidio, el pago de los servicios básicos, familia a familia. Es preferible buscar un apoyo -tal como se estaba haciendo con la mipymes para los APR y para las pequeñas cooperativas eléctricas, que no son muchas, sino pocas, y básicamente están en el sur del país.

En este contexto, quiero recordar a los colegas que algunos países, incluidos algunos ricos y otros no tanto, ya han tomado decisiones de esta naturaleza. En ellos no solo se han suspendido todos los pagos, sino que además se ha prohibido el corte de estos servicios, porque en un estado de cuarentena, de aislamiento total de las familias, quedar sin servicios básicos es una situación extremadamente dramática, más aún cuando uno o más de sus integrantes han quedado sin trabajo.

Entendiendo lo que hay que resolver con las cooperativas eléctricas y con los APR, que pueden tener una canalización similar al apoyo que se está dando a las mipymes -espero que lo podamos discutir a fondo-, creo que definitivamente debemos concentrarnos en las personas.

Lo que se nos viene encima en un par de semanas más es demasiado grave y demasiado serio como para que no nos preparemos con suficiente tiempo, para que no nos pase lo que nos pasó con los permisos de circulación. Me refiero a que si el ministro de Hacienda -saludo al ministro Jobet , que nos acompaña hubiese escuchado a los autores de los proyectos, diputados Walker y Torres, el 16 de marzo, cuando le fueron a presentar la iniciativa, y no les hubiese dado el portazo que les dio, habríamos tenido tranquilas a alrededor del 40 por ciento de las familias que no podían pagar el permiso de circulación, y no haciendo esas gigantescas filas el último día, máxime considerando que hay muchas familias que viven y dependen de su vehículo.

Entonces, estamos a tiempo para dar un buen debate y resolver esto pensando en las personas. Es cierto que el gobierno ha conversado y ha acordado con las empresas eléctricas y las empresas sanitarias una solución que tiene que ver con evitar el corte y garantizar el suministro; pero creo que hay que ir un poco más allá, es decir, hay que ver esto con voluntad de ayudar y no como que somos enemigos de las empresas ni mucho menos.

Señor Presidente, estimados colegas, creo que el gobierno hizo parte de la pega, pero, ante una pandemia tan brutal como la que está viviendo la humanidad completa, las respuestas sanitarias, las respuestas económicas, las respuestas sociales deben ser mucho más profundas, mucho más contundentes, y deben tomarse con la anticipación suficiente.

No queremos que, como ocurrió con el anuncio de la compra de mil ventiladores mecánicos, que en definitiva no fueron todos comprados en enero, sino algunos en marzo, se llegue tardíamente a un mercado muy complejo. Lo digo con mucha responsabilidad, estimados colegas.

Ahora, en este contexto, debemos recordar que esto no es un perdonazo como el que recibió el Banco de Chile en los ochenta, ni como el que recibió Johnson , con los 55.000 millones, o como el goodwill de algunas AFP, que recibieron más de 500 millones de dólares de franquicia. Me refiero a Cuprum, Próvida y otras, que falsificaron antecedentes y presentaron una AFP de papel para acogerse al beneficio tributario.

Esas son cochinadas grandes, son cochinadas gigantescas para Chile, para las chilenas y los chilenos.

De lo que estamos hablando aquí es de actuar frente a una pandemia brutal que va a dejar a mucha gente en la casa, sin poder trabajar. A esa gente debemos asegurarle sus servicios básicos, porque nadie podría entender que las empresas corten por falta de pago, incluso comprendiendo el problema de falta de liquidez que pueden enfrentar algunas de ellas.

En este contexto, estimados colegas, y en los segundos que me quedan, quiero centrarme en una condición muy particular, que el proyecto no menciona, respecto de la cual ya no hay tiempo para presentar una indicación, porque estamos en el segundo informe, pero la vamos a presentar en el Senado. Me refiero a la condición de las personas en situación de discapacidad, porque si bien es cierto que en la encuesta social de hogares se menciona a esta gente como parte de los grupos vulnerables, en Chile hay que ser explícito y claramente explícito, dado que, de otra manera, se pasa por encima de las personas. Tengamos presente que el 20 por ciento de los habitantes de nuestro país son personas en situación de discapacidad, por lo que requieren y merecen un tratamiento especial. Ellos no pueden hacer teletrabajo con facilidad, por lo que pido que se incorpore esta condición…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda .

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, uno puede transmitir las complicaciones que ve en terreno, que ve por las redes sociales, que escucha en las llamadas telefónicas, pero la única palabra que puede representar esto es “incertidumbre”. Hablamos de la incertidumbre de no saber si se van a enfermar o no, de no saber si van a tener la oportunidad de contar con un respirador cuando lo necesiten, de no saber si quedarán cesantes, de no saber si mandar a los niños y a las niñas a la escuela o al liceo. En suma, estamos llenos de incertidumbres.

Entonces, lo único que está tratando de hacer este proyecto -bien, mal, regular, sin el apoyo del Ejecutivo, más o menos con el apoyo del Ejecutivo, lo que ustedes quieran es entregar certeza a las personas, a las familias. Eso es lo único que quiere.

De lo que se trata, en consecuencia, es de ver cómo uno entrega un respiro a esa gente a través de este proyecto de ley. Construyámoslo juntos, construyámoslo mejor y que el Ejecutivo se empape y que entienda que debemos sacar esa incertidumbre de las familias.

Lo que estamos diciendo es que respecto del agua, la luz, los servicios básicos que se suman ahora, como el internet y la telefonía, tengan un respiro durante estos meses y que, ¡ojo!, lo podamos prorratear. Entonces, cuando uno dice “queremos prorratear”, ¿qué estamos diciendo? Que otra vez esta pandemia la pagan los chilenos y las chilenas. ¡Otra vez!

Señor Presidente, cuando me dicen cómo lo paga la ciudadanía, bueno, ¿el seguro de cesantía quién lo paga? El trabajador, la trabajadora y el empleador. Es decir, lo pagan ellos, y esto también lo pagarán ellos. Esta pandemia la van a pagar los chilenos, las chilenas, los trabajadores y las trabajadoras. Eso es lo que está ocurriendo. Y lo único que estamos plantando es que prorroguemos el pago.

La invitación es para saber cómo entendemos esta pandemia para cambiar el chip de lo que estamos tratando de hacer, y también para entender lo que estamos tratando de hacer como Estado. Por eso voté a favor la indicación que presentó el diputado Barrera.

¿Por qué no? A pesar de todas las dificultades que tiene la ficha de protección social, ¿por qué no podemos otorgar gratuidad al 40 por ciento más pobre de Chile? ¿Por qué no podemos hacerlo durante esta pandemia, con gran sufrimiento e incertidumbre? ¿Por qué no podemos cambiar el chip y decir sí a los más pobres, sí a los que más lo necesitan? ¿Por qué no podemos ayudar al 40 por ciento más pobre de este país?

La invitación que formulo a los diputados que no quieren aprobar esto es que busquemos la fórmula para lograrlo, pero no digamos que no, porque estamos acostumbrados a hacerlo de una manera determinada. ¡La vida, las circunstancias, el mundo nos está diciendo que las cosas van para el otro lado!

Me tocó participar como reemplazante en la comisión que estudió este proyecto y quiero decir algo con lo que no estuve de acuerdo. ¡Y lo voy a decir con todo!

Este proyecto solo contempla a los sectores urbanos. ¿Y qué pasa con la gente del mundo rural, qué pasa con el agua potable rural? ¡Para ellos no hay ningún beneficio! Y resulta que el 30 por ciento de la pobreza multidimensional se ubica en los sectores rurales. ¡Que lo escuche el Ejecutivo: el 30 por ciento de mayor pobreza multidimensional está en el sector rural! Ahí está la mayor cantidad de adultos mayores, pero también tenemos la menor conectividad digital y la menor conectividad física.

¡No les estamos entregando este beneficio a los sectores rurales, que son los que más lo necesitan! ¿Por qué tenemos ciudadanos de primera categoría en los sectores urbanos, y ciudadanos de segunda y de tercera categoría en los sectores rurales?

Es cierto que los dirigentes de agua potable rural nos dijeron que esto no les convenía, pero también dijeron que si el Estado ayudaba, como lo ha hecho siempre con los sectores rurales, en especial con el agua potable rural, sí estaban disponibles. La pregunta es por qué al mundo rural no le va a llegar este beneficio. ¡El Estado tiene que hacerse cargo del agua potable rural! Los APR son administradores de un bien que pertenece al Estado. ¡Esa es la diferencia!

Por eso, lo que hay que hacer es aprobar este proyecto de ley, incluyendo al 40 por ciento de la población más vulnerable y también tenemos que hacer que el Estado entienda que debe ayudar a los APR, porque en los sectores rurales viven los más vulnerables de los vulnerables.

Desde que estoy en esta Sala he luchado por los sectores rurales y en contra de las malditas diferencias -reitero: las malditas diferenciasque hacen permanentemente con la ruralidad.

Es impresentable para los diputados de sectores rurales que esto ocurra.

He dicho.

-Aplausos.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Catalina Pérez .

La señora PÉREZ (doña Catalina).-

Señor Presidente, la decisión que tenemos que tomar aquí es a quién queremos dar certezas y me parece que hay algunos que constantemente están más preocupados de dar certezas a las empresas, a los inversionistas y a quienes tienen los grandes capitales en nuestro país.

Nosotros, en cambio, creemos que las certezas hay que dárselas a las familias, porque los costos de esta crisis no lo pueden pagar los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país, y el proyecto que estamos discutiendo es fundamental para dar a las familias chilenas la seguridad de que, al menos, podrán proveerse de los servicios básicos mientras dure la pandemia y de que podrán lavarse las manos.

Contrario a lo que piensa el Presidente de la República, es responsabilidad del Estado y de sus instituciones dar certezas de aquello.

Los defensores acérrimos de la certeza jurídica, de la certeza impositiva, de la estabilidad económica, aquellos que saltan con la amenaza del éxodo de inversionistas, en épocas de crisis sanitaria y de crisis económica no hablan de la certeza jurídica ni de la estabilidad económica de quienes sostienen la economía del país, realizando reales y tangibles esfuerzos y sacrificios: los trabajadores y las trabajadoras y sus familias.

En esta línea, claro que es importante proteger a las empresas, a las pymes e, incluso, a las grandes empresas, pero no solamente porque es importante proteger la inversión, sino, sobre todo, porque es importante proteger el empleo, proteger el trabajo.

En ese sentido, saludo la intención de crear un fondo de 2.000 millones de dólares, equivalente al 0,8 por ciento del PIB, para beneficiar a las personas y a las familias más vulnerables, pero lamentablemente -lo hemos dicho en todos los tonosesta cifra es insuficiente.

Siento mucho si a los defensores del Estado subsidiario les molesta lo que voy a decir, pero no basta enfocarse únicamente en la población más vulnerable. ¿Qué pasa con la clase media en nuestro país? Ella vive el día a día y su nivel de endeudamiento llega a más del 70 por ciento de sus ingresos, de manera que no puede ser olvidada, pero parece que aquí algunos se olvidan constantemente de ella y seguimos sin hablarle. Seguimos sin hablarle a los trabajadores de la línea de buses 119 de Antofagasta, a los trabajadores de la feria rotativa de Calama, a los trabajadores de la feria Juan Pablo II y de todas las ferias que, con nombres distintos, probablemente, también existen en todos los distritos.

Seguimos sin dar certezas a los más de 3 millones de trabajadores informales, independientes, trabajadoras domésticas que no pueden dejar de trabajar, porque no tienen seguro de cesantía y simplemente no van a llegar a fin de mes.

Además, seguimos sin hablar a las mipymes, porque cuando hablamos de créditos con garantía estatal y no mencionamos los requisitos para su acceso ni las tasas preferentes a las que, supuestamente, podrían acceder, estamos dejando fuera a un gran porcentaje de microempresas y pequeñas empresas que no están bancarizadas y, por lo tanto, quedan fuera de estas medidas. ¿Quién les habla a ellas?

Sin perjuicio de todo esto, me alegra de que, por fin, después de todas las veces que se opusieron a dar la unanimidad para que este proyecto se debatiera -porque así fue-, hoy estemos debatiendo y aprobemos la prohibición de corte o suspensión de servicios básicos.

No obstante lo anterior, creo que nos faltan más pasos, porque junto con reducir los costos de vida, también debemos garantizar los ingresos, ya que nos falta una renta básica de emergencia que cubra a quienes no cuenten con los medios necesarios para generar ingresos suficientes durante este período. Pónganle el nombre que quieran -seguro familiar, seguro clase media, etcétera-, pero lo importante es no olvidar a las personas que han dejado o dejarán de percibir ingresos y aún no están contempladas en las medidas del gobierno. Son esas personas que siguen saliendo a la calle a ganarse el pan, porque no pueden hacer otra cosa más que exponer sus vidas y las de sus familias.

Sobre cómo financiar esta y otras medidas, no tengamos miedo de hablar de intervención pública de ciertas empresas, no tengamos miedo a hablar de financiamiento a través de deuda en el corto plazo ni de impuestos progresivos en el mediano plazo, porque cuando decimos que la crisis no deben pagarla los trabajadores y las trabajadoras, no lo decimos solo en referencia al tiempo que dure la crisis, sino también a todo lo que vendrá después.

Lo que me parece impresentable es que las familias chilenas tengan que apretarse el cinturón, mientras otros se siguen llenando los bolsillos de dinero. La respuesta no puede ser que los costos los paguen los trabajadores y que los muertos los pongan los trabajadores.

¡Esa no puede ser la respuesta!

Prohibamos la suspensión y el corte de servicios básicos, garanticemos una renta básica de emergencia para todas las familias, subvencionemos a las pymes, salvemos a las grandes empresas de nuestro país, pero a cambio de participación estatal, porque me parece impresentable que busquemos compartir las pérdidas, pero privatizar las ganancias.

Hay propuestas -las haysobre la mesa. ¡Dejen de defender acérrimamente el modelo económico y ayúdennos a garantizar la estabilidad económica y laboral de las familias de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país!

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Sergio Bobadilla .

El señor BOBADILLA.-

Señor Presidente, tengo algunas dudas respecto de esta iniciativa, pero, en general, todos y cada uno de los que estamos en la Sala no podemos estar en desacuerdo con iniciativas como esta, que tienen un objetivo muy noble, como es generar las condiciones para aliviar económicamente a aquellas familias que hoy día lo están pasando muy mal, como lo están pasando mal todos los chilenos, porque esta pandemia impide a muchos compatriotas y a sus familias generar ingresos, porque las comunas en las que viven están en cuarentena o han visto restringidas sus labores y con ello sus ingresos han disminuido.

En esa línea, iniciativas como esta, por cierto, tienen un objetivo muy noble, que todos y cada uno de nosotros valoramos, pero me asisten algunas dudas cuando, por ejemplo, se dice que aquí el gobierno ha estado ausente y que las ayudas no son suficientes. No me sorprende que estos comentarios provengan de la oposición, porque la oposición, particularmente en estos tiempos, no le asigna el valor que realmente tiene a todo lo que hace el gobierno. Creo que las ayudas podrían ser más significativas, pero también tenemos que ser conscientes de las limitaciones que tenemos como país y como gobierno respecto de los recursos de que se dispone para entregar beneficios a todos y cada uno de los chilenos.

Valoro lo que ha hecho el gobierno. Me habría gustado que la ayuda fuese mucho más, pero también estoy consciente de la escasez de recursos. En esa línea, este proyecto tiene como objetivo, precisamente, generar un alivio a todas las familias que son clientas de las empresas que prestan servicios básicos de energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, entre otros.

Sin embargo, aprovecho de recordar que, en su momento, el gobierno tuvo la iniciativa de llegar a un acuerdo con todas estas empresas, de tal manera que dieran facilidades a los usuarios de estos servicios para postergar los pagos y entregarles un tiempo prudente para ponerse al día una vez superada la crisis, que Dios quiera que sea lo más pronto posible.

Por cierto, valoramos esa iniciativa del gobierno. No estoy de acuerdo cuando se dice en esta Sala que el gobierno no ha tenido iniciativa y que no ha hecho gestiones en esta materia. Sí la tuvo y sí logro acuerdos que creo que eran importantes. Sin embargo, lamento que este proyecto margine a un grupo no menor de compatriotas. Aquí se ha dicho, por parte de algunos diputados que me han antecedido en el uso de la palabra, que los sectores rurales, que en su gran mayoría están siendo atendidos por cooperativas, quedan al margen y son discriminados, porque el proyecto no los considera.

Creo que también es importante decir que la situación en que se encuentran las cooperativas respecto de las grandes distribuidoras no es la misma, por lo que encuentro atendible que se les dé un tratamiento especial. Sin embargo, no considero atendible que todos los vecinos que son atendidos por cooperativas no puedan acceder a este beneficio, pues este proyecto los margina y los discrimina.

Voy a dar dos o tres ejemplos.

En el distrito N° 20, que represento, en la comuna de Hualqui, cuyos sectores rurales son atendidos por la Cooperativa Coelcha, los vecinos no podrán acceder al beneficio de postergar estos pagos. Lo propio ocurre con la Cooperativa Coelcha en la comuna de Florida. El 70 por ciento de los habitantes de esa comuna vive en sectores rurales. Esos vecinos son atendidos por las cooperativas Coelcha y Copelec . Repito: este proyecto discrimina a todos los vecinos de Florida, dejándolos fuera de este beneficio.

Esto también ocurre en los sectores rurales de la comuna de Tomé, también integrante del distrito N° 20. Esos vecinos son atendidos por Copelec, por lo que también van a quedar al margen de estos beneficios.

Por lo tanto, me asisten dudas no menores respecto de si el objetivo tan noble que tiene este proyecto efectivamente se va a cumplir, particularmente en relación con los sectores más vulnerables de nuestro país, los sectores rurales, que en muchas materias y en muchas circunstancias, lamentablemente, se sienten al margen de los beneficios que se les entrega a las personas que viven en las grandes ciudades.

Por eso, tengo dudas respecto de esta iniciativa. Persigue un gran objetivo, pero en la práctica, estamos postergando y discriminando a los sectores rurales.

He dicho.

El señor UNDURRAGA, don Francisco (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Karol Cariola .

La señorita CARIOLA (doña Karol) .-

Señor Presidente, creo que estamos frente a una iniciativa muy importante que refunde mociones presentadas por distintos parlamentarios para avanzar en esta materia.

El Ejecutivo ha anunciado que llevará a cabo conversaciones con las empresas que prestan los servicios básicos a los que aquí se hace referencia, para apelar a su buena voluntad en relación con el uso de los mismos por las familias durante la emergencia.

Esta es una situación bastante delicada. Hemos hablado de buscar soluciones para las familias que están en condiciones económicas complejas. Probablemente, la situación se va a agudizar en las semanas que vienen. De hecho, el gobierno señaló que en la última semana de abril y en la primera semana de mayo se va a dar el peak de contagios. Probablemente, esto significará que van a tener que aumentar los espacios de confinamiento domiciliario en las comunas en que se están llevando a cabo medidas de resguardo de la salud de las personas.

En esto hay un debate que es bien de fondo, que tiene que ver con que el esfuerzo económico que se tiene que realizar para enfrentar esta pandemia no puede recaer solo en el Estado y en las trabajadoras y trabajadores, en sus ahorros particulares, en el fondo de cesantía y en los fondos individuales de las AFP, medida que en algún momento se planteó como alternativa. Aquí, las grandes empresas, que han tenido utilidades importantes durante muchos años, deben asumir un rol activo en relación con los pagos y costos que tienen las familias chilenas en torno a los llamados servicios básicos.

Por lo tanto, quiero compartir acá lo que han dicho varios de mis colegas: no podemos seguir pensando en que la responsabilidad de sustentar los costos económicos de esta crisis solo debe recaer en las trabajadoras y en los trabajadores y en sus esfuerzos particulares. Acá tiene que haber un esfuerzo mayor. Por eso hace unos días presentamos un proyecto de ley para que las utilidades de las AFP constituyan un fondo de contingencia solidario al cual los trabajadores puedan echar mano para tener recursos, sostenerse y solventar los gastos que tendrán en estos tiempos de complejidad económica, no solo en Chile, sino que en el mundo.

Señor Presidente, la indicación presentada por el diputado Boris Barrera , que permite eximir del pago de servicios básicos al 40 por ciento de menores ingresos, le da sentido a este proyecto. No sacamos nada con prorratear los costos que se van a acumular durante estos meses, porque las familias, después de varios meses de restricción económica, no van a tener como pagarlos. No solo las vamos a sobreendeudar, sino que, además, les vamos a generar un peso adicional.

Comparto plenamente que los servicios básicos no se pueden cortar durante esta contingencia sanitaria. El espíritu del proyecto es fundamental, pero aún es más fundamental establecer la gratuidad de los servicios para el 40 por ciento más vulnerable de nuestro país. Esa es una medida real y efectiva.

A esas familias, además del agobio que tienen en este momento por la emergencia sanitaria, las vamos a cargar con otro: me refiero al sobreendeudamiento por el pago de servicios básicos, pero también por el alza en el costo de la vida. Lo digo porque muchas de ellas probablemente se van a tener que endeudar para comer; muchas de ellas se van a tener que endeudar para solventar necesidades básicas.

En el distrito que represento -estamos ayudando en eso-, ya se están organizando distintas iniciativas, como la actividad “Comprando juntos”, para adquirir mercadería más barata, o iniciativas que tienen que ver con ollas comunes, que ya se están llevando a cabo, así como la creación de fondos solidarios entre las comunidades.

No puede ser que esto recaiga solo en las familias y en sus esfuerzos particulares. Acá tiene que haber un esfuerzo del Estado. El mismo se está haciendo, pero creo que debería ser aún mayor. Aquí tiene que haber un esfuerzo de las empresas que han usufructuado y han tenido grandes ganancias durante todos estos años. Hoy deben retribuir a este país que tanto les ha entregado, sin siquiera imponerles restricciones básicas mínimas a los empresarios para cumplir con estándares internacionales.

Espero que la indicación que ha presentado el diputado Boris Barrera y también la presentada por el diputado Cosme Mellado , en relación a que el Presidente pueda congelar y rebajar los precios de los balones de gas, que también es parte de una necesidad básica, pueda ser incorporada y aprobada por la Sala. Me parece un acto de conciencia y, además, de justicia frente a la situación que hoy está viviendo nuestro país y, especialmente, los trabajadores.

Espero que esto sea pagado por quienes más tienen y más han ganado a costa de Chile, y no por los que menos tienen, ni mucho menos por los trabajadores y trabajadoras.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Carolina Marzán .

La señora MARZÁN (doña Carolina).-

Señor Presidente, son millones los chilenos y chilenas que esperan soluciones concretas o tangibles, porque el corto plazo parece agobiante, sofoca y no deja margen de acción alguno. Por ello, es imperativo que adoptemos medidas que alivien la gran carga que están soportando las familias de nuestro país.

En lo personal no puedo dejar de mencionar la impotencia de sentir que nada de lo que hagamos, quizá, tenga el efecto esperado. Siento esa ansia de querer hacer las cosas por cada persona que hoy lo está pasando mal, y lamentablemente todo esto ha sido un detonante, ya que la actual situación deja en evidencia las falencias que tenemos como sociedad y que debemos superar, cimentando un Chile nuevo sobre la base de una discusión democrática y participativa.

Sabemos que los ingresos de la gran mayoría de los habitantes del país están siendo afectados y que en muchos casos ya no existen.

Yo no tengo dudas de que este proyecto, que prohíbe a las empresas prestadoras de servicios básicos efectuar el corte del suministro por mora en el pago de sus cuentas y que permite prorratear el pago dentro de los doce meses siguientes al término del estado de catástrofe, va a significar un alivio por estos meses, pero no soluciona el problema de fondo.

Por eso, no nos parece lo más adecuado o suficiente. Hubiésemos preferido que se eximiera del pago de estas cuentas a las familias más vulnerables, que, por ejemplo, no poseen un subsidio; a los adultos mayores que no reciben más que una pensión mínima; a las familias de los trabajadores informales que no cuentan con un contrato de trabajo, a los trabajadores por cuenta propia, a los comisionistas, a los subcontratados, que están siendo aún más precarizados en esta emergencia; a los trabajadores que han quedado cesantes a raíz de la pandemia, a los trabajadores independientes que han visto fuertemente mermados sus ingresos. Son millones los trabajadores y las familias chilenas que lo están pasando y lo pasarán realmente mal, y que requieren algo más que una suspensión de los pagos.

Este proyecto va en la dirección correcta; pero debemos ir más allá, porque la inmediatez es una cosa, pero el mediano plazo nos pedirá planificación y medidas que no sean solo para salir del paso, sino con mirada y proyección para ir en ayuda de aquellos que hoy miran con recelo e incertidumbre el futuro, pero no el lejano, toda vez que debemos ver cómo financiamos la vida en un par de meses más.

Entiendo que los recursos son limitados, pero no le pongamos límite a la vida de las familias chilenas.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Marcelo Díaz .

El señor DÍAZ.-

Señor Presidente, este es un proyecto con un propósito válido y necesario, que es buscar medidas de alivio económico para un conjunto de ciudadanos y ciudadanas que, por cierto, superan con creces el 40 por ciento de la población que inicialmente estaba contemplado en la medida que el Ejecutivo acordó con las empresas proveedoras de algunos servicios. Porque es evidente que esta crisis social y económica está asociada a la pandemia, que excede, con creces, a ese porcentaje de chilenos. De hecho, hay muchos profesionales y trabajadores independientes de ingresos medios, que no están dentro de las focalizaciones tradicionales de la política social, que hoy están carentes de ingresos. Por lo tanto, evidentemente eso hace que sea muy difícil pagar las deudas.

El otro día el ministro de Energía -se agradece su presencia en la Sala, pero no debió ser el único ministro convocado, porque él tiene el foco sobre uno de los temas que se plantea en este proyecto nos señaló que por el momento no había cortes del suministro y que probablemente las medidas adoptadas tenían algunos puntos ciegos, pero que podían resolverse por la vía administrativa. En ese sentido, quiero reconocer que este proyecto tiene algunas deficiencias, y quiero plantearlas con claridad.

Por ejemplo, me preocupa lo que sucederá con el sector de proveedores de internet, que son de distintos tamaños, porque no son todos iguales. Yo hubiese preferido una medida distinta a la que se está planteando aquí, aunque la voy a respaldar, esperando que el Ejecutivo se involucre de manera más proactiva en las etapas que vienen del debate y no solo esté en la discusión -aunque se agradece el ministro de Energía, sino también los otros ministros incumbentes. Porque, para los pequeños proveedores de internet cumplir con lo que plantea el proyecto probablemente será más difícil. No es lo mismo para WOM, Movistar o Entel que para un proveedor de servicio local de este territorio.

Es más, tengo un mapa de la comuna de Valparaíso en que aparece la cobertura de internet. En dicho mapa, el color rojo representa la cobertura 4G, que corresponde a menos del 10 por ciento del territorio. El resto corresponde a cobertura 3G, es decir, de insuficiente calidad.

¿Qué significa eso? Que los grandes proveedores de internet están concentrados en aquellos lugares donde hay mayor volumen de negocio y que el resto son pequeños proveedores.

Van a tener dificultades para cumplir las obligaciones que establece el proyecto -insisto en que lo voy a aprobar, esperando que el Ejecutivo se involucre en ese detalle y, en este caso, particularmente la Subsecretaría de Telecomunicaciones-, y eso puede ocasionar que algunos pequeños proveedores de internet terminen quebrando. Además, eso tiene la dificultad de que termina concentrando y “oligopolizando” más a un sector que, a mi juicio, debiese tener un alto nivel de competitividad para generar mayores economías de escala y mayor competencia, y, por lo tanto, mejores precios y servicios.

Hay alternativas que los parlamentarios no estamos en condiciones de proponer porque la Constitución Política nos lo impide. Por ejemplo, se pudo haber planteado la posibilidad de otorgar un bono digital mejor que el que hoy se está entregando, el cual no recuerdo si es de 2 gigas o 2 megas, pero claramente es insuficiente para cubrir las necesidades educacionales y de mayor conectividad. No olvidemos que hay muchas familias en que los adultos mayores viven en otra parte, que son los padres y madres de determinadas personas encargadas de asistirlos, cuidarlos, monitorearlos, comprarles mercaderías y llevárselas, y mantener contacto con ellos; porque hay un efecto no solo económico y social, sino también psicológico y de soledad de algunos adultos mayores, por lo que requieren un mayor nivel de conectividad y también de esparcimiento.

Ayer apareció un reportaje respecto de lo que significa estar en aislamiento en Las Condes versus en La Pintana, en términos de metros cuadrados y de personas que viven en esos metros cuadrados. De más está decir que no todos tienen helicópteros para irse un rato a la playa, como vimos el pasado fin de semana. Entonces, creo que hay problemas en ese sentido.

También me preocupa lo relativo a las empresas de energías renovables no convencionales, porque hemos hecho una apuesta como país para que ese sector se desarrolle con más fuerza para reemplazar una matriz contaminante, como la que tenemos, por una limpia. Hemos sido reconocidos mundialmente por aquello.

No conozco bien la realidad de la industria, pero el otro día llegó una carta a la comisión -estuve reemplazando un rato al diputado Alejandro Bernales que hablaba -la comentaron el ministro y otras autoridades de empresas que dependen mucho más del flujo de efectivo que otras empresas que tienen más espaldas y más capital.

¿Por qué digo todo esto y, al mismo tiempo, anuncio que voy a votar a favor el proyecto? Porque yo creo que hay un problema más estructural, que no tiene que ver con esta iniciativa, sino con la forma en que el Ejecutivo está enfrentando esta crisis, que requiere un esfuerzo fiscal mucho mayor.

Cuando hace un par de semanas votamos un proyecto que autorizaba al Ejecutivo a endeudarse en once mil millones de dólares, la oposición en general votó en contra, pero yo voté a favor, porque creo que ese es el camino. El camino es un mayor endeudamiento del Estado para que llegue con apoyo directo a más familias de lo que habitualmente está acostumbrado a hacer; pero eso requiere un compromiso fiscal del Ejecutivo mayor que el que anunció en el primer y el segundo paquete de medidas, que si bien son valorables, aún tienen problemas de focalización o de dudas respecto de cómo se accede a ellos.

Yo creo que si no hay convicción ni conciencia de que el esfuerzo fiscal que vamos a tener que hacer -lo señaló un exsecretario del Tesoro americano es mayor que el realizado después de la Gran Depresión, difícilmente saldremos de la crisis y lo que tendremos será una destrucción gigantesca de empleo. Después de la crisis tendremos un rebote de la economía, pero con un alto nivel de cesantía y de endeudamiento, y eso no lo podemos aceptar.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Pablo Prieto .

El señor PRIETO.-

Señor Presidente, me alegro mucho de verlo dirigir esta sesión. Espero que sea por mucho tiempo.

Soy autor de una de las cinco mociones refundidas que dieron origen a este proyecto, todas las cuales buscan un objetivo claro y fundamental: permitir que los hogares de miles de chilenos y chilenas tengan holgura financiera para desarrollar su vida diaria y proteger su salud en las difíciles circunstancias por las que atravesamos.

Esta propuesta legislativa es una buena respuesta del Congreso Nacional, muchas veces criticado debido a su lentitud para abordar los problemas sociales, ya que de manera rápida hemos llegado a consensos, lo que permitirá dar continuidad a los servicios básicos de las personas.

Esta no es cualquier cuestión. La realidad nos ha demostrado que esos servicios son cruciales, porque nuestros niños necesitan internet para continuar aprendiendo, porque estando en casa requerimos energía eléctrica y gas, y porque casi todas las medidas sanitarias recomendadas pasan por tener buen acceso a agua potable y a servicios sanitarios.

Quiero destacar dos puntos muy importantes de esta iniciativa y la forma que tiene en su actual estado de tramitación.

En primer lugar, el proyecto será de aplicación amplia y dará continuidad a los servicios para todas las personas que así lo requieran, ya que se han establecido requisitos de procedencia elementales y de fácil comprobación.

En segundo lugar, se ha introducido un enfoque solidario. Las compañías de telecomunicaciones ofrecerán conexión para fines educativos, y además se propone eximir de distintos pagos asociados a los servicios.

Señor Presidente, apoyo y exhorto a apoyar esta iniciativa, puesto que va en directo sustento de las familias, sobre todo de aquellas más vulnerables.

Debemos reconocer que este problema, de escala global, nos ha golpeado fuerte. Nuestro país tiene múltiples problemas que abordar, y desde octubre pasado se cometió la irracionalidad de debilitarlo aún más. Esta lamentable pandemia no nos pilla bien parados, pero, como han dicho los expertos y autoridades, en quienes hoy depositamos nuestra confianza, solo saldremos de ella con solidaridad y con apoyo mutuo, de jóvenes a adultos, de sanos a enfermos, del Estado a sus ciudadanos y, claro está, de las compañías que día a día nos acompañan en nuestros requerimientos esenciales.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Issa Kort .

El señor KORT.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a los ministros Felipe Ward y Juan Carlos Jobet , y a los subsecretarios Ossa y López .

Creo que la crisis que enfrenta nuestro país no es ajena ni distinta a aquella que enfrenta el mundo, y una crisis se logra resolver cuando actuamos con responsabilidad. En ese sentido, me llaman poderosamente la atención los discursos que se han esgrimido en este debate para defender una postura u otra. Creo que se falta peligrosamente a la responsabilidad cuando se quiere teñir una situación diciendo que una postura es absolutamente ideológica o totalitaria solo porque no se comparte la mirada del otro.

¡Viva la diferencia en todo momento! Pero que viva con respeto, con tolerancia y con altura de miras, que es lo que nos ha faltado, lamentablemente, en el Congreso Nacional desde hace mucho tiempo, y es lo que no nos ha hecho reaccionar no solo respecto de la crisis social que enfrentó nuestro país a partir de octubre pasado, sino también respecto de esta crisis sanitaria que enfrenta el mundo hoy en día.

Este proyecto de ley no va a resolver los problemas, como se anuncia. Creo que es un proyecto de ley discriminatorio. No creo, por ejemplo, que se deba otorgar beneficios a clientes que usan gas de cañería, que son familias cuyo poder adquisitivo es mucho más alto, y, en cambio, se discrimine a los comités de agua potable rural, que consumen algo tan necesario como es el agua potable.

Creo que este proyecto de ley le habla a la galería y crea expectativas de resolver problemas, en circunstancias de que eso no va a suceder. Por lo tanto, insisto en que es un proyecto de ley discriminatorio, que debe ser estudiado con mayor profundidad.

¿Qué pasa si este proyecto de ley no se aprueba, o si se retrasa para ser perfeccionado? Va a operar el anuncio que ya hizo el Poder Ejecutivo en coordinación con las empresas que generan, transmiten o distribuyen los servicios básicos. En ese sentido, quiero destacar, por ejemplo -a diferencia del tiempo que ha usado una parte de la oposición en atacar y en ofender al gobierno-, el anuncio que se hizo para asegurar desde ya, sin una ley, los servicios básicos a los clientes que pertenecen al 40 por ciento más vulnerable.

Asimismo, me parece muy preocupante que, en el marco de este debate, algunos miembros de la oposición hagan denuncias referidas, por ejemplo, a presiones o lobby de empresas generadoras o distribuidoras. Yo los invito a que hagan esas denuncias con nombre y apellido, porque es muy fácil decir eso en relación con el oficialismo o con algunos sectores a los que se acusa de lobby.

Pedí personalmente que este proyecto pasara por la Comisión de Minería y Energía, de la cual formo parte, pero no pasó. En mi caso personal, no he recibido ninguna llamada ni he sido objeto de lobby por parte de ninguna empresa para fijar mi postura. Desde siempre he fijado mi posición y he tomado mis decisiones políticas según mis convicciones, no según presiones. Por lo tanto, aquellas personas que aquí hacen denuncias sin nombres y apellidos son tan irresponsables como aquellas que aceptan ese tipo de presiones y no lo dicen.

En segundo lugar, acá se plantea que existe una añeja y decimonónica defensa del sistema capitalista. Pero ¡con qué nivel de discurso estamos hablando! Les recuerdo a los miembros de esta Sala que el año pasado aprobamos que bajaran las tasas de rentabilidad de las empresas distribuidoras de energía. Eso sí que es pegarle en el corazón al capitalismo.

¿Saben cuál fue el gobierno que respaldó y propuso ese proyecto de ley? Este gobierno, el del Presidente Sebastián Piñera . Aquel al que ustedes denuncian que defiende a las empresas fue el que rebajó directamente por ley las tasas de utilidad a las compañías eléctricas.

En ese sentido, invito a que el gobierno mantenga no solo lo que está en su programa, sino además la cobertura de las necesidades y los requerimientos coyunturales.

Quiero reconocer y destacar la forma como el gobierno acogió una solicitud, que hicimos de manera transversal, para que no se aplicaran las horas de restricción en horario punta durante el invierno para los clientes industriales y domésticos. Ese es un beneficio inmenso para la ciudadanía y para los emprendedores de este país.

Quiero agradecer al ministro Jobet y al subsecretario López por haber acogido dicha solicitud sin esperar una tramitación legislativa. En efecto, se envió un decreto a la Contraloría General de la República, del cual ella tomó razón, de modo que es una modificación que ha hecho este gobierno. Por eso, en nombre de agricultores, agroindustriales y campesinos, quiero agradecer al Ejecutivo.

Para terminar este discurso, quiero hacer un llamado a la reflexión. Creo que como Parlamento debemos actuar con responsabilidad para superar una crisis como la que enfrentamos.

He dicho.

El señor ESPINOZA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Pedro Velásquez .

El señor VELÁSQUEZ (don Pedro).-

Señor Presidente, en primer término, quiero ser un poco más optimista.

No obstante los errores que pueda tener este proyecto de ley, el objetivo siempre fue que el Ejecutivo -es una señal para él; lo digo respetuosamenteempezara a generar soluciones con mayor rapidez a los problemas que hoy está teniendo la gente.

Cuando se elabora este proyecto de ley, con todas sus imperfecciones, la idea es que finalmente la Cámara y el Ejecutivo puedan mejorarlo para que al ser despachado beneficie a las personas, pero también esté apegado a la normativa y a la ley, de modo de evitar que el día de mañana alguna empresa, como lo señalé ayer, vaya al Tribunal Constitucional por estimar que algunos de sus elementos están fuera de la Constitución. Eso hay que decirlo con claridad. En ese ámbito es mejor avanzar, porque cualquiera de las empresas podría decir: “A mí me están expropiando la actividad que genero”. Por lo tanto, debemos tener cuidado, porque en ese ámbito, en vez de ayudar a las personas, lo que vamos a hacer es que este proyecto de ley se demore más en su promulgación, en circunstancias de que lo que pretendemos es dar certeza.

¿Con qué me quedo? Primero, agradezco a todos los diputados en general. Pero también hago presente que hubo una propuesta de los diputados de gobierno, quienes presentaron indicaciones que se complementaron con las que presentamos los diputados de oposición. Por lo tanto, cuando se habló -con esto me quiero quedar de que no debía cortarse el suministro de los servicios básicos, se señaló que era necesario incluir a la mayor cantidad de personas, y que después de terminado el estado de catástrofe -Dios mediante fueran prorrateados sus pagos de dichos servicios. Me quedo con eso porque es lo realista y es lo legal. Lo contrario sería mentirnos a nosotros mismos y también mentir a la comunidad, diciéndole que las cosas son de una manera distinta.

La iniciativa dispone en su artículo 1º: “Los usuarios finales que podrán acogerse a lo dispuesto en los incisos tercero y cuarto -habría que modificar algunas de esas disposiciones deberán contar con alguno de los siguientes requisitos, mientras se encuentre vigente el estado de catástrofe:

a) Encontrarse dentro del 40% de vulnerabilidad, de conformidad al Registro Social de Hogares -lo importante es que el beneficio de que no se corten los servicios del agua, la luz o la telefonía era para quienes estuvieran dentro del 40 por ciento de vulnerabilidad, de conformidad con el Registro Social de Hogares-;

b) Haber activado su seguro de cesantía;

c) Haberse suspendido la relación laborar en virtud de alguna de las causales establecida en la ley N° 21.227 (…);

d) Tener, de acuerdo a la ley N° 19.828, que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor, la calidad de adulto mayor;”. En este punto, el beneficio es para los adultos mayores independientemente de que vivan en La Pintana o en Vitacura, porque puede ocurrir que un adulto mayor viva en un lindo departamento, pero que tenga una pensión miserable o como la de la clase media. Por lo tanto, si la persona tiene sesenta y cinco años de edad, podrá acceder a todos los beneficios.

Pero donde quisiera dar tranquilidad a las personas es en lo dispuesto en la letra e) del referido artículo -existe el compromiso de mantener esta norma-, que establece: “Los trabajadores independientes, que no estando comprendidos en las categorías anteriores, mediante declaración jurada simple, den cuenta de una disminución significativa de sus ingresos. La utilización maliciosa de la declaración se sancionará de conformidad con el artículo 210 del Código Penal (…)”. Con esta disposición ingresan absolutamente todos los chilenos, absolutamente todos: los feriantes y los comerciantes. Si ellos ven que se han mermado sus utilidades, con una declaración simple podrán decir a la empresa: “Usted no me puede cortar”.

Por lo tanto, este proyecto es realmente positivo en este ámbito. De lo contrario, pensar que los beneficios tengan que ser absolutamente gratuitos puede generar que el día de mañana cualquier empresa vaya al Tribunal Constitucional o que se generen situaciones que, en vez de ser positivas, puedan ser peores.

Por lo tanto, la parte buena de este proyecto de ley hay que mantenerla, porque ayuda a todos los chilenos.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Cristina Girardi .

La señora GIRARDI (doña Cristina).-

Señor Presidente, mientras discutíamos este proyecto de ley, hace un rato me llamó una persona de Cerro Navia que lleva cuatro horas haciendo una fila en una oficina del Fonasa en Recoleta, porque en la Región Metropolitana hay solo tres oficinas funcionando. Y toda la gente está allí juntita en colas. Es decir, aquello que tenemos que evitar, el gobierno provoca que precisamente ocurra: que la gente esté toda junta, hacinada, una cerca de otra y teniendo que estar durante cuatro o cinco horas en una cola para que la atiendan en una oficina del Fonasa, que es una de las pocas que están abiertas en la Región Metropolitana. Ese es el contexto.

En ese contexto también se están dando anuncios por el gobierno y el Ministerio de Salud en el sentido de que se va a postergar la atención por el AUGE. Es decir, la gente no se puede enfermar de otra cosa, porque este sistema de salud da solo para atender casos de coronavirus. Es como decir a las personas: “Muérase solo de coronavirus; de otra cosa no se puede morir, de otra cosa no se puede enfermar”.

Es sumamente complejo que algo que es evidente, como mantener abiertas oficinas que tienen que ver con los temas de salud, no ocurra. Debería ser obvio que esas oficinas estén abiertas.

También debería ser obvio que otros temas de salud estén garantizados, porque ya están garantizados por ley. Pero aquello que debería ser obvio en cualquier país, en nuestro país no lo es.

También es obvio que las personas deben tener agua y electricidad para sustentar su salud, pero no pueden pagar esos servicios. Sin embargo, se señala que tenemos que elaborar este proyecto de ley para que aquello que es obvio no se convierta en un problema para las empresas y no se convierta en un problema constitucional para la Cámara de Diputados. Por lo tanto, se dice que hay que hacerlo con mucho cuidado, de modo que no vayamos a afectar en lo más mínimo a las empresas, que se pueden enojar y se pueden ver afectadas por alguna decisión que tome el Parlamento y el Ejecutivo respecto de sus intereses. Porque es mucho más importante resguardar los intereses constitucionales que les da la Constitución a esas empresas, que es la ganancia, que preocuparse por la salud de las personas.

Ese es el contexto en el que estamos.

Por eso, me parece grave lo que dijo el diputado Pedro Velásquez , en el sentido de que no les toquemos nada a las empresas que las pueda hacer enojar y llevar este proyecto al Tribunal Constitucional.

Si hay que cambiar la Constitución, cambiemos la Constitución. ¿Les suena ese tema de que hay que cambiar la Constitución? ¿Por qué? Porque precisamente en Chile los resguardos están para las empresas, están para aquellos que tienen las ganancias más importantes a costa de muchos trabajadores y personas del país.

Si bien este proyecto de ley es una mínima señal, efectivamente le falta. Creo que hay que aprobar lo que señaló la diputada Karol Cariola -la indicación que presentó el diputado Boris Barrera -, porque no se trata solamente de no cortarles el servicio a las personas. Eso está garantizado en otros países por ley desde hace mucho tiempo, sin necesidad de que ocurra una pandemia. Lo señalo porque viví muchos años en México, país en que en los años ochenta ya estaba prohibido cortar los servicios básicos, en circunstancias de que no había ninguna pandemia. Aquello fue posible porque allí había un Estado que entendía que se trataba de servicios de primera necesidad, que no pueden faltar, y que había personas que no tenían los recursos para pagarlos.

Por lo tanto, creo que simplemente debiéramos condonar las cuentas de las personas que no pueden pagar; no que se les prorrateen con posterioridad.

Por otro lado, me gustaría saber cuántas personas tienen los servicios cortados hoy y si se considerará en este proyecto la reposición de los servicios para las personas que los tengan cortados, y cómo se llevará a cabo el prorrateo que se ha señalado. Es muy importante que se señale cómo se llevará a cabo aquello, porque a mi oficina parlamentaria llegan personas que ya tienen una deuda de un millón de pesos, que no han podido pagar, la cual les será sumada. Las personas que están sin trabajo, sin posibilidades de recuperarse económicamente,

¿qué capacidad tendrán para pagar las cuentas que no han podido cancelar debido a esta pandemia, una vez que esta haya pasado, luego de transcurridos tres meses, cuatro meses o el tiempo que sea?

Creo que debemos ser mucho más conscientes de la situación que estamos enfrentando e ir mucho más profundo, al fondo del problema, sin temor de tener que pisar los callos de las empresas que hoy detentan el poder económico. Esas empresas están ganando mucha plata; siempre han ganado mucha plata y han obtenido enormes ganancias.

En consecuencia, es hora de que el gobierno de Chile se atreva a pisarles los callos para proteger a la población más desprotegida de nuestro país.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Ha concluido el tiempo del Orden del Día. La discusión de este proyecto queda pendiente.

PROHIBICIÓN A EMPRESAS PROVEEDORAS DE SUSPENDER PRESTACIÓN O CONTINUIDAD DE SERVICIOS BÁSICOS DOMICILIARIOS DURANTE VIGENCIA DEL ESTADO DE CATÁSTROFE DECRETADO POR PANDEMIA DE COVID-19 (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETINES NOS 13329-03, 13342-03, 13347-03, 13354-03, 13355-03 Y 13356-03) [CONTINUACIÓN]

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Corresponde continuar con la discusión del proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que prohíbe a las empresas proveedoras de servicios básicos domiciliarios, durante la vigencia del estado de catástrofe decretado por la pandemia de covid-19, cortar o suspender las prestaciones y continuidad de dichos servicios sobre la base de la existencia de mora en el pago de los usuarios finales

De conformidad con los acuerdos adoptados hoy por los Comités Parlamentarios, para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputado y diputada previamente inscrito.

Antecedentes:

-El segundo informe de la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Protección de los Consumidores y Turismo se rindió en la sesión 13ª de la presente legislatura, en martes 14 de abril de 2020.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Para plantear un asunto reglamentario, tiene la palabra el diputado Sebastián Torrealba .

El señor TORREALBA.-

Señor Presidente, pido que cite a reunión de Comités sin suspensión de la sesión.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Muy bien. Pido a los jefes de Comités que asistan a la reunión.

Para iniciar el debate, tiene la palabra el diputado Andrés Longton Herrera .

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, la realidad es que estamos entrando en una fase en que muchas familias están con la soga al cuello en cuanto a los gastos que deben enfrentar y a la posibilidad real de poder cumplirlos, debiendo privilegiar siempre la salud de sus familias, con todos los sacrificios que ello implica.

Lo que no puede ocurrir bajo ninguna circunstancia es que las familias se vean expuestas a la extrema situación de que, ante la imposibilidad de cubrir las necesidades básicas de sus integrantes, intenten salir a generar recursos y, de esa forma, expongan la vida de sus cercanos y la de muchas personas más.

Debemos evitar esa situación por todos los medios; es ahí donde la solidaridad tiene que esparcirse y contagiarse con más fuerza que este virus, de modo de combatirlo con la incontrarrestable y ya probada fuerza de la unidad.

Veo con esperanza los acuerdos a los que el gobierno ha llegado con algunas empresas, pero también veo con preocupación la situación de nuestra clase media, la cual, muchas veces, es invisibilizada y termina estando en un punto intermedio entre los que reciben ayuda de forma directa y los que no la reciben. Esa posición ingrata los hace estar en un riesgo permanente, con el temor de volver a una vulnerabilidad, de la que les costó mucho salir. Esa sensación de angustia se acrecienta cuando, con impotencia, ven que además -no de manera poco frecuentes e les posterga a un segundo plano, con la indecorosa mochila de la ya repulsiva letra chica, que los sume en una carrera por tratar de demostrar, ante elementos poco claros y uniformes, si son merecedores de aquel beneficio, como un ruego de clemencia que repercute como un eco permanente en nuestra sociedad. Es decir, sumado a lo anterior, tenemos la arbitrariedad de aquellos que deben definir si hay suficiente mérito para ser acreedor de su supuesta bondad.

Aquello produce una impotencia que contagia. No es un favor o una paleteada la que piden millones de chilenos; es una obligación moral ir en auxilio de quienes más lo necesitan. La solidaridad no debe ser exclusivamente de algunos. Aquí todo el que tiene la situación económica para pagar los servicios básicos tiene el deber de hacerlo, ya que con ello está dando una mano a quien no puede pagar.

Los servicios tienen que seguir ofreciéndose. Aquí hay pequeñas empresas que generan muchos empleos, que no tienen ninguna posibilidad de sobrevivir si los que, pudiendo pagar, optan por no hacerlo.

Esto va dirigido a aquellos que pretenden avanzar sin mayores consideraciones. Con ese afán, que si bien es tentador, por el aplauso inicial y la palmadita en la espalda, pueden terminar profundizando el problema, y ahí los aplausos se convertirán en gestos de agravio ante la irresponsabilidad cometida.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Ximena Ossandón .

La señora OSSANDÓN (doña Ximena).-

Señor Presidente, sabemos cuándo comenzó el coronavirus, pero no sabemos cuándo ni cómo va a terminar, desde el punto de vista sanitario y del impacto económico.

Se ha dicho mucho -yo lo comparto que de esta pandemia tenemos que salir todos juntos: Estado, empresas, comercio minorista, particulares –todos tenemos que salir vivos de esta pandemia o, al menos, con la capacidad de recuperarnos.

Lo que estamos viviendo es algo muy complejo desde el punto de vista humano, del que se ha hablado ampliamente en esta Sala, y también por la incertidumbre, los miedos y todo lo que está rondando hoy a las familias chilenas.

Creo que no nos tenemos que apurar. Este proyecto tiene un loable objetivo, pero no nos apuremos. Veamos en perspectiva todo lo que el gobierno está haciendo en relación con el tema que se trata, en profundidad, en esta moción.

Por ejemplo, me gusta la propuesta de que no se corte el suministro de los servicios básicos, en especial lo que dice relación con las telecomunicaciones, específicamente el internet y la luz, porque siento que de esa forma estaremos ayudando directamente a la clase media que hoy está usando el internet para trabajar y también para seguir educando a sus hijos.

También me gusta -presenté una indicación que se considere a los pequeños contribuyentes, a los trabajadores independientes y a los trabajadores informales, y que la ayuda se concentre no solo en el 40 por ciento más vulnerable, porque existen muchas personas que no caben dentro de esta categoría.

Pero también hay errores, de los que se ha hablado ampliamente en esta Sala, sobre todo en el tema de las cooperativas. Ese es un error que hay que corregir; no se puede dejar fuera a las personas que pagan los servicios a las cooperativas, porque, al final, no van a poder recibir estos beneficios.

Ahora, no estoy de acuerdo con el tema de la gratuidad; yo estoy a favor del prorrateo, que era el origen de este proyecto. Pienso que la gratuidad y esos discursos fogosos que uno de repente escucha van por una línea que puede ser un búmeran en un futuro cercano.

Viví en una época en que había necesidades, porque no había algunas cosas. Entiendo que para muchos jóvenes es muy difícil imaginarlo, pero efectivamente cuando la industria muere, las cosas se acaban.

La economía no puede morir; la economía, a lo más, puede estar en un coma inducido para después poder resucitarla, con el debido tratamiento. A mí me parece que es irresponsable entablar guerras entre familias, trabajadores, empresas y pymes. ¡Ojo!, que lo que hoy es pan mañana será menos pan, y puede ser que el pan se termine acabando.

Se requiere responsabilidad y una tregua ideológica. Chile tiene que levantarse después de esta pandemia.

Siento que el espíritu es el correcto, que está lleno de buenas intenciones; pero solo con buenas intenciones no se puede construir nada concreto. Hay que poner el corazón y también la cabeza, porque lo que viene de ahora en adelante en Chile, no solo en términos sanitarios, sino también económicos, va a ser brutal.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Emilia Nuyado .

La señorita NUYADO (doña Emilia) .-

Señor Presidente, en realidad este es un proyecto que debió haber impulsado el Ejecutivo. Lamentablemente, el Congreso terminó incorporándolo, porque es necesario para aquellas familias que hoy no cuentan con los recursos para pagar los servicios básicos.

Hay personas que no tienen recursos para pagar el agua potable, el alcantarillado, la energía eléctrica, tampoco el sistema de internet. Debo señalar que también en la ruralidad, en el sector que represento, donde mayoritariamente hay comunidades de pueblos indígenas, todavía hay una brecha muy grande, porque no tienen acceso a internet. En esos lugares hay muchos jóvenes que se han inscrito en diversos institutos y universidades, y que no han podido conectarse, porque, lamentablemente, no cuentan con el sistema adecuado.

Así como se discutió aquí, en la Cámara de Diputados, la situación de aquellas personas que no tenían la posibilidad de generar facturas electrónicas, hoy en la ruralidad nos encontramos con muchos estudiantes que no tienen ninguna posibilidad de acceder al sistema de estudios, a raíz de que no cuentan con la posibilidad de conectarse digitalmente.

Estoy hablando de esa realidad dura que ha quedado marginada, en donde muchas personas están a la espera de que se siga financiando la entrega de agua a las comunidades a través de camiones aljibe. También me refiero a la realidad de muchas personas que pagan la luz a través de las cooperativas y que no van a tener la posibilidad de una rebaja ni de que se les suspenda el pago.

Por lo tanto, estoy hablando de esa difícil realidad de aquellas familias que están aisladas y que también se han visto afectadas, porque muchas empresas forestales han causado daño, acabando con el agua y destruyendo la conexión, que se hace a través de los caminos y puentes.

Siento que este es un proyecto del que el Ejecutivo debió haberse hecho cargo. Los beneficiarios no deberían estar sujetos a que solo se suspendan los pagos, porque, posteriormente, tendrán que asumirlos una vez que termine la crisis sanitaria. No estoy de acuerdo con ello.

Por lo tanto, siento que es necesario que el Parlamento y cada uno de los diputados y diputadas impulsemos la idea de que el Ejecutivo se debe hacer cargo de esta responsabilidad que tiene para con las familias más vulnerables y todas aquellas que hoy no tienen la posibilidad de pagar los servicios debido a la falta de presupuesto.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Sabag .

El señor SABAG.-

Señor Presidente, hoy estamos en una situación de catástrofe. Por eso es necesario hacerse cargo del pago de los servicios básicos, entendiendo por ello el agua potable, el alcantarillado, la electricidad, el gas de cañería y las telecomunicaciones por internet, que hoy son un servicio fundamental.

Esta discusión se entrampó porque el Ejecutivo llegó a un acuerdo voluntario con las empresas, pero que beneficia a un número mucho más acotado que aquel que incluye este proyecto, que es más amplio. Este proyecto permite posponer el pago de los servicios básicos y prorratearlo hasta en doce cuotas, para aquellas familias que no los puedan pagar.

En la Democracia Cristiana hemos respaldado este proyecto a través de la diputada Joanna Pérez , presidenta de la Comisión de Gobierno Interior. Creemos que esta situación sí va a afectar a miles de familias que hoy no están en condiciones de pagar los servicios básicos y, por lo tanto, esta posibilidad de posponer el pago mediante un prorrateo les permitirá un cierto alivio.

También es cierto lo que se ha dicho acá, en el sentido de que muchas familias no van a estar en condiciones de prorratear ese pago, por lo cual tendremos que buscarles algún mecanismo de ayuda directa. El día de mañana se empezará a pagar el bono covid-19, que, como manifestamos durante la discusión, será insuficiente para todas las necesidades que tienen las familias chilenas. Tendremos que buscar un mecanismo. Habíamos pensado en otorgar un subsidio directo para los servicios básicos o bien, como se ha propuesto, la gratuidad para el 40 por ciento más vulnerable, de acuerdo con el Registro Social de Hogares, puesto que habrá familias que no estarán en condiciones de pagar sus cuentas.

En ese sentido, quiero valorar la actitud de las cooperativas eléctricas, que sí han estado dispuestas a dar ese beneficio. Sin embargo, la piedra de tope han sido las empresas generadoras, las cuales, habiendo tenido grandes utilidades en el pasado, no han querido ceder ni un ápice, en circunstancias que las cooperativas o distribuidoras pueden perfectamente dar un beneficio, pero igualmente las generadoras les pasarán la factura a fin de mes. También valoro que en el proyecto se haya incluido, a petición de muchos parlamentarios, que las generadoras estén obligadas a posponer el cobro.

Esta iniciativa constituye un avance, pero tendremos que volver a revisarla, porque es insuficiente. Insisto en que debemos ponernos en el lugar de las personas que están sufriendo. Aquí hay empresas que han ganado cuantiosos recursos y es el momento de que le devuelvan la mano al país.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Leonidas Romero .

El señor ROMERO.-

Señor Presidente, al escuchar entre ayer y hoy a algunos colegas de la oposición, se me viene a la memoria la época de la Unidad Popular, cuando se quería que todo fuera gratis, es decir, que lo pagara “Moya”.

Algunos quieren gratuidad por todos los servicios durante seis meses, pero la verdad es que al final del día todos los chilenos deberemos pagar.

Hoy estamos discutiendo un proyecto que permitirá prorratear la deuda de los consumos básicos.

Ayer también oí, con mucha atención, que algunos colegas decían que Piñera tenía que amarrarse bien los pantalones y ser solidario. La reflexión que me hago -y voy a decir algo que quizá sonará un poco tragicómico es que ojalá nunca hubiésemos tenido esta pandemia en el país. Pero llegó a nivel mundial y a nuestro país, y, gracias a Dios, hoy tenemos un gobierno serio y responsable. Quizás qué habría pasado si hubiese estado la Presidenta Bachelet . ¿Se acuerdan ustedes del terremoto y del tsunami o no? “No hay tsunami”. ¡Más de 500 muertos! A lo mejor, estaríamos en peores condiciones. Pero hoy se está trabajando de manera seria y responsable.

Quiero pedir a los colegas de la oposición que no seamos populistas. El Partido Comunista pretendía, y pretende, que todo sea gratis para el 40, 50 o 60 por ciento. En la vida, colegas, ustedes saben, al igual que yo, que nada es gratis; al final del día, se debe pagar.

Yo quiero felicitar y agradecer al diputado Pedro Velásquez , que intervino ayer, porque fue el único de oposición que dijo que era un tema inconstitucional, que había que pagar y que no era sano.

Por lo tanto, en verdad hay que reconocer que hay parlamentarios de oposición que tienen las cosas claras y que quieren seguir trabajando.

Presidente, quiero decir, en forma muy responsable, que hoy tenemos que trabajar todos los parlamentarios.

Me alegra que se haya presentado este proyecto de ley.

Lamento que los APR, por ejemplo, de la isla Santa María , que pertenece a Coronel, no hayan tenido apoyo, o muy poco, ni del gobierno central ni del comunal. Están muy preocupados por el tema. Debemos encontrar los mecanismos para ver cómo podemos apoyar a aquellos vecinos.

Pero, por favor, por el aplauso fácil y con populismo, no pidan acá que sea todo gratis, porque hay chilenos, hay ciudadanos, que podemos y debemos pagar dentro del plazo establecido. A quienes no puedan pagar hoy, se les prorrateará para que paguen mañana. Pero yo no voy a engañar, ni espero que me aplaudan ni espero que me pifien por decir la verdad: No todo es gratis; al final, lo pagamos todos.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Diego Schalper .

El señor SCHALPER.-

Señor Presidente, la verdad es que no iba a intervenir en el debate, pero quiero decir lo siguiente.

Las crisis ponen a prueba a sus dirigentes, en todas partes del mundo, y este proyecto no es la excepción. Creo que todos empatizamos con el drama que hoy viven miles de chilenos que no pueden pagar sus costos de luz, sus costos de agua, sus costos de gas, en fin. Esos miles de chilenos probablemente están mejor que en 1990, pero tal vez todavía tienen muchas precariedades. Y digo 1990, porque he escuchado a algunos referirse al problema como si este se hubiera suscitado ayer, como que no tuviéramos nada que ver, como que fuera imposible decir que estamos mejor que en 1990, que hoy hay gente que tiene capacidad para tener alcantarillado y que antes no la tenía; que hoy hay gente que tiene acceso a la luz y que antes no lo tenía, y que eso ha sido obra de distintas personas, de diversas posturas políticas. ¡Pero no! Hoy nos ponemos en la vereda opuesta de la superioridad moral y tratamos de emplazar, como si todo fuera culpa de una persona en particular.

Presidente, las crisis ponen a prueba a sus dirigentes, ponen a prueba la altura moral, ponen a prueba la capacidad de ser oposición responsable, porque, al final, hay un virus que es más peligroso que el coronavirus, que es el virus de la irresponsabilidad política, que es el virus de jugar con las expectativas de la gente, que es el virus de no decir las cosas de frente y la verdad, porque la verdad es que quienes nos están escuchando saben que las cosas cuestan, y que no es tan fácil ir por la vida diciendo que todo se puede y estirar el elástico en cada uno de los proyectos para anotarse, probablemente, algún titular en algún programa de televisión de turno.

Entonces, lo que quiero decir es que en las crisis afloran dos extremos muy lamentables:

El primero, es la indolencia, y, efectivamente, qué mal hacen los indolentes, porque algunos pocos indolentes terminan por teñir a muchos que tratan de hacer esfuerzos.

Y el otro problema de las crisis son los irresponsables, aquellos que juegan con las expectativas, aquellos que siempre avivan un poco más la cueca, para ver si se anotan un porotito.

Yo considero que acá debemos mostrar responsabilidad, de una buena vez. Muchos están esperando mucho de nosotros: claridad, decirles la firme. Se están haciendo esfuerzos fiscales importantes, y el que no lo reconozca, simplemente no ve la realidad, como los proyectos como este, más allá del tema en particular.

En la Región de O´Higgins, este diputado y otros ya habíamos hablado con las empresas de energía eléctrica y con las empresas de agua potable. Antes de que el gobierno llegara a acuerdos, nosotros ya habíamos llegado a acuerdos con las empresas de la región, porque hay algunos a los que les encanta agrandar los problemas. Bueno, la pega nuestra es solucionarlos; no agrandarlos ¡Solucionarlos! Y para eso, menos faramalla, menos show y más solucionática.

Yo creo que eso es lo que esperan los chilenos en estos momentos.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Francisco Eguiguren .

El señor EGUIGUREN.-

Señor Presidente, primero, quiero saludar al ministro y al subsecretario y decirles: gracias, gracias, porque el gobierno se adelantó.

Nosotros, junto con los diputados Andrés Longton y Frank Sauerbaum , presentamos un proyecto mediante el cual proponíamos al Ejecutivo que hiciera uso de sus buenos oficios para hablar con las empresas y postergar el pago de las cuentas de los servicios básicos domiciliarios, fundamentalmente para las familias de clase media y el 40 por ciento más vulnerable. Lo denominamos como un “caballo chileno”, porque era un buen proyecto.

Pero hoy estamos hablando de un rinoceronte con ocho cabezas: este proyecto es malo. Ministro, espero que hagan el esfuerzo para que el acuerdo logrado con las empresas de los diferentes sectores amplíe su cobertura y llegue a la clase media, a la gente que más necesita, que no es solamente el cuarenta por ciento más vulnerable.

¿Por qué es malo este proyecto?

Primero, porque rompe un principio básico, cual es el principio tarifario. Aquí no puede haber imposición; esto tiene que ser voluntario. Si disponemos que todo sea obligatorio, también tendremos que obligar a las empresas a traspasar los costos a las tarifas. Sé que este proyecto contiene una indicación que señala que no se traspasarán a las tarifas, pero eso no es constitucional, señores. Podemos poner lo que queramos en una indicación, pero eso no es constitucional. De lo contrario, las empresas no van a invertir. Van a decir: “Mejor me voy. Si me cambian las reglas del juego, me voy”.

Estamos destruyendo la industria; estamos destruyendo la gallina de los huevos de oro. Les quiero decir que este proyecto no es bueno y, desgraciadamente, debemos votarlo en contra.

Nos alegramos de que el gobierno haya iniciado, por su cuenta, por su voluntad, conversaciones con empresas de distintos servicios básicos para lograr lo mismo y mejor. Lo único que le falta, ministro, es ampliar la cobertura a la clase media. Pero, de verdad, creo que hay que mejorar lo que ya tenemos, que es el acuerdo alcanzado por el Ejecutivo con las industrias del sector, y decirles a quienes pueden pagar: “¡paguen!”, porque esto es para quienes están realmente muy complicados.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Sebastián Torrealba Alvarado .

El señor TORREALBA.-

Señor Presidente, este proyecto de ley, que tiene un fin loable que todos entendemos, quizás esconde muchas cosas que no vemos.

Algo que nos han dicho durante toda la vida a los chilenos es que lo gratis se paga en algún momento de la vida, y que, por lo tanto, lo gratis no existe en nuestra sociedad. Este proyecto de ley, que –repito tiene muy buenas intenciones, obvia muchas cosas y deja de lado, por ejemplo, que en los servicios básicos existe algo que se llama cadena de pagos. Si yo no pago arriba en la cadena, a alguien no le voy a pagar abajo. Y cuando no pago arriba, lo que hago simplemente es quebrar a quienes no podrán recibir sus pagos, entre los que hay un mundo de emprendedores, de pequeños empresarios, que serán los afectados por este proyecto de ley. Ellos son quienes van a quebrar, ellos son quienes van a pagar finalmente la cuenta, porque –repito en esta sociedad no hay nada gratis.

Un primer ministro de Inglaterra dijo que era mucho mejor tener personas útiles que personas importantes. En el marco de esta crisis por el coronavirus hago un llamado a que quienes estamos en esta Sala seamos mucho más útiles que importantes. No por avanzar en un proyecto de ley que suene popular ni por salir en una página de un diario vamos a ser más útiles; finalmente lo que vamos a hacer es enredar los problemas.

Quiero que la oposición entienda que el gobierno ya ha avanzado en muchísimos beneficios para los más vulnerables, y estuvo dispuesto para avanzar en más beneficios para la clase media, porque desde la bancada de Renovación Nacional se lo pedimos, porque desde la bancada de Renovación Nacional queremos ser útiles, no importantes. Hay que reconocer el trabajo que está haciendo el gobierno.

Este es un proyecto que finalmente se destruyó, que perdió su foco, que si se lee en su totalidad resulta completamente inentendible y que tiene vicios de inconstitucionalidad.

Por lo tanto, al menos de este diputado no va a estar el voto a favor para este proyecto.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Luciano Cruz-Coke Carvallo .

El señor CRUZ-COKE.-

Señor Presidente, siento un gran placer en saludarlo en su condición de Vicepresidente de esta Corporación. Le deseo mucho éxito en la conducción futura de esta Mesa, así como a los diputados Paulsen y Rodrigo González . No había tenido ocasión de saludarlo presidiendo la testera, de modo que aprovecho de hacerlo ahora. Saludo también, por su intermedio, al ministro y al subsecretario.

Este proyecto de ley busca establecer que las empresas que prestan servicios de primera necesidad, como los sanitarios, de distribución eléctrica, de gas y de telecomunicaciones, no puedan suspender el suministro de esos servicios a sus clientes por no pago durante el periodo en que rija el actual estado de excepción constitucional.

Actualmente, existe una batería de proyectos que ha impulsado el gobierno, o de los cuales el gobierno se ha hecho parte, que buscan generar alivio a aquellas obligaciones que mes a mes deben cumplir todos los chilenos, que llegan indefectiblemente durante los primeros días de cada mes y que no perdonan, sobre todo a la clase media y a los grupos más vulnerables.

Los servicios básicos son eso: servicios indispensables para la subsistencia. Me alegro de que se estén agregando otros servicios, que podrían considerarse de segunda generación, como el internet, porque eso da cuenta de lo que ha logrado este país a lo largo del tiempo: mejorar sus capacidades y su nivel de vida, e incorporar herramientas como el internet, que en la actualidad se ha transformado en indispensable, precisamente porque como país requerimos avanzar en el teletrabajo y en la educación a distancia y online. Y debemos focalizar ese esfuerzo en quienes más lo necesitan.

Sabemos de las restricciones presupuestarias y de los esfuerzos que ha hecho el gobierno precisamente para tratar de salvar esta crisis, no quiero decir hipotecando, pero al menos haciendo una inversión muy grande en términos del porcentaje del PIB que se va a destinar de aquí a dos o tres años ante esta pandemia. También sabemos de los esfuerzos que se están haciendo en materia social.

Por ende, no se comprendería que un beneficio respecto de los servicios básicos se extienda a quienes pueden pagarlos, más allá de los problemas de constitucionalidad que efectivamente tiene esta iniciativa, problemas que este Congreso Nacional se ha destacado en presentar.

Creo que es relevante el esfuerzo que ha hecho el gobierno por llegar a un acuerdo con las empresas prestadoras de servicios de distribución eléctrica, sanitarios y de telecomunicaciones, que ha permitido que se posterguen los pagos de servicios básicos, se reprogramen las deudas y se pueda acceder a un plan solidario de telecomunicaciones.

Creo que no podemos seguir haciendo proyectos malos, proyectos parche ni menos proyectos que sean inadmisibles e inconstitucionales.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el ministro de Energía, señor Juan Carlos Jobet .

El señor JOBET (ministro de Energía).-

Señor Presidente, me sumo a las palabras de felicitación del diputado Cruz-Coke por la asunción de esta nueva Mesa. Es un honor intervenir con usted en la testera, señor Presidente. Lo felicito.

Me ha tocado, desde distintas posiciones públicas, participar en la tramitación de diversos proyectos de ley en esta Corporación, y siempre he encontrado en la Cámara de Diputados un lugar en el cual esos proyectos se enriquecen, se mejoran, se perfeccionan.

En esta gestión como ministro de Energía he participado en la tramitación de distintos proyectos de ley, en particular en la Comisión de Minería y Energía, y siempre hemos conseguido un apoyo transversal para ellos. En cada una de esas oportunidades, los proyectos han salido de esta Corporación mejores de lo que han entrado.

Siempre he considerado que, a pesar de las críticas que hace mucha gente desde fuera de esta Corporación al trabajo de la Cámara de Diputados, el trabajo que se hace aquí es muy valioso y muy profesional, pues se pone mucha atención a los detalles y se permite mejorar las iniciativas legislativas que promueve el gobierno o que nacen de mociones parlamentarias.

No obstante -quiero ser franco-, este proyecto es una excepción a esa regla. Para decirlo en simple, este proyecto es una mala solución a un problema que está resuelto. Déjenme resumir lo que ya hemos hecho como gobierno para resolver el problema que tienen muchas familias en sus hogares a raíz de la crisis del coronavirus.

Hace varias semanas hicimos público un acuerdo al que han hecho referencia varios parlamentarios de oposición. Sin embargo, creo que es importante resumir y volver a explicarlo, porque en las intervenciones queda de manifiesto que algunos de sus componentes no se comprendieron o no se quisieron comprender.

En materia eléctrica, todas las personas que sean parte del 40 por ciento más vulnerable, o aquellos que no sean parte del 40 por ciento más vulnerable, pero tengan alguna situación que les imposibilite pagar su cuenta, como ser mayor de sesenta años de edad, haber perdido su empleo o estar en otra situación que les impida cumplir con su obligación de pago, podrán acceder a un beneficio que consiste en no pagar sus cuentas de luz durante el periodo de emergencia en estado de catástrofe, y luego pagar los saldos acumulados en doce cuotas, sin intereses, una vez que el estado de catástrofe haya terminado.

El diseño de esta solución contó, en buena parte, con la contribución de la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo, donde discutimos este problema hace varias semanas. Ello beneficiará a más de tres millones de familias chilenas, es decir, a más de siete millones de personas.

En materia de telecomunicaciones, todas las personas que tengan planes vigentes de internet fijo o de telefonía móvil, con o sin contrato, basta que contacten a sus compañías, y si pertenecen al 40 por ciento más vulnerable o son parte de alguno de los casos especiales que recién mencioné, podrán acceder a un plan de conectividad gratuito y sin costo por sesenta días, lo que les permitirá tener acceso gratis a internet; a los clientes de internet fijo, banda ancha, con dos megabytes de velocidad por segundo; a los clientes con contratos móviles, un paquete con mensajes de texto, minutos de telefonía y un plan de datos, y a los clientes de telefonía móvil sin contrato, acceso gratuito a redes sociales, a sitios web como los del coronavirus y los del Ministerio de Educación.

En materia de aguas, los clientes que cumplan con los requisitos podrán optar a postergar el pago de sus cuentas y pagarlas después, sin intereses, en doce cuotas, una vez que termine el estado de excepción.

Se hizo una crítica a este paquete de medidas. Se dijo que es un paquete de carácter voluntario, razón por la que las compañías podrían cambiar de parecer y no cumplir. Eso no es así. Todas las compañías, como por ejemplo las del sector eléctrico, que están en el ámbito de acción directa de nuestro ministerio, presentaron formalmente -por escrito a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles estos planes de atención a sus clientes, de manera que estos se hacen fiscalizables por la Superintendencia. En caso de no cumplirse, las compañías se exponen a multas que pueden llegar a los 5.000 millones de pesos.

El hecho de que haya sido voluntario para las compañías llegar a ese acuerdo no significa que, una vez alcanzado, sea voluntario su cumplimiento. Alcanzado el acuerdo y presentado por escrito a la Superintendencia, esos paquetes de beneficios son obligatorios y fiscalizables por la Superintendencia.

Respecto del proyecto de ley que será sometido al pronunciamiento de la Sala, quiero señalar que tiene innumerables problemas, pero en honor al tiempo no podré referirme a todos ellos. Solo mencionaré los más evidentes.

Primero, el proyecto trata por igual a sectores que son de naturaleza distinta. La electricidad y el agua potable, por ejemplo, son monopolios naturales en los que las personas no tenemos capacidad de elegir a nuestro prestador, y las tarifas que cobran las compañías están fijadas por ley: las fija el regulador a partir de los costos de operación de las distintas compañías. Esos son servicios de naturaleza completamente distinta a los servicios de telecomunicaciones, donde hay competencia y las personas se pueden cambiar de compañía libremente, al igual que en el caso del gas, que es un servicio donde hay sustitutos.

Lo segundo es que este proyecto excluye, porque busca no dañar a los sistemas de agua potable rural ni a las cooperativas de distribución eléctrica, a los clientes finales que reciben el servicio de los sistemas de APR y de las cooperativas que están fuera de los beneficios de este proyecto de ley.

En el paquete que anunció el gobierno, las cooperativas están dentro; por lo tanto, los clientes de las cooperativas sí pueden acceder a los beneficios. Nosotros hemos estado trabajando con las cooperativas para facilitarles accesos a líneas de financiamiento que les permitan paliar el efecto financiero que tiene para ellas dar el beneficio a los clientes.

Por lo tanto, a todos los clientes de cooperativas eléctricas les digo que este proyecto, si se aprueba, les quitará un beneficio que, sin esta iniciativa, tienen. Lo mismo pasa con el sistema de agua potable rural.

Tercero, este proyecto afecta severamente la viabilidad de algunas compañías de los tres sectores. En varias intervenciones pronunciadas en esta Sala se ha dicho que todas las compañías de los sectores eléctrico, sanitario y de telecomunicaciones son grandes compañías. Eso, simplemente, es una caricatura. Es verdad que en los tres sectores hay grandes compañías, con posiciones financieras muy solventes; pero también es verdad que hay muchas compañías de tamaño mediano y pequeño en todos los sectores, a las que la gratuidad para el 40 por ciento más vulnerable que establece este proyecto les generará un daño patrimonial y financiero muy severo. Me refiero a pequeñas cooperativas, a distintos prestadores de servicios de internet, a operadores locales de cable, a pequeños contratistas que hacen servicios de internet, etcétera.

En el sector eléctrico, por ejemplo, hay grandes compañías eléctricas; pero hay pequeñas y medianas compañías que están desarrollando proyectos renovables, proyectos de energía solar y de energía eólica, que son los proyectos que van a permitirnos sacar gradualmente las centrales a carbón. De convertirse en ley este proyecto va a generar un daño muy grave a esas pequeñas compañías de generación eléctrica renovable, que son las energías que queremos fomentar en el futuro.

Asociadas a estas pequeñas y medianas empresas hay muchos empleos. Solo en telecomunicaciones hay aproximadamente 60.000 empleos; en el sector de electricidad, son más de 50.000. Los medianos y pequeños contratistas se verán afectados de manera muy severa con este proyecto.

Obviamente, si ponemos en riesgo la viabilidad de esos prestadores, vamos a afectar, en el mediano plazo, la calidad y continuidad del servicio a los clientes de esas compañías. Los ingresos que ellas generan les permiten pagar las cuadrillas que hacen mantención de las redes, reponer los servicios cuando hay un corte por alguna razón exógena o climática, y, además, se va a inhibir la inversión futura.

En todos los sectores necesitamos más inversión. En telecomunicaciones -tal como ha quedado de manifiesto en las últimas semanas requerimos que las compañías amplíen sus redes. Asimismo, necesitamos avanzar hacia la tecnología 5G y hacia la conexión a través del sistema de fibras ópticas.

En agua potable, es evidente que necesitamos que las compañías sanitarias inviertan más para hacer frente, por ejemplo, a la sequía.

En el sector eléctrico, necesitamos mejorar las redes para reducir las horas de cortes que tenemos todos los años, y no hay mejor manera de inhibir esa inversión futura que con un proyecto que impida a las compañías cobrar por los servicios que prestan.

Quiero señalar que haremos reserva de constitucionalidad respecto de este proyecto de ley, porque contiene componentes que son contrarios a los que establece la Constitución Política.

Primero, porque afecta la igual repartición de las cargas públicas y el derecho de propiedad. Segundo, porque a nuestro juicio resulta inadmisible, en atención a que genera gasto para el Estado, y tercero, debido a que afecta el derecho a desarrollar actividades económicas.

En consecuencia, espero que pongamos racionalidad a este debate y que mejoremos, con la contribución de los parlamentarios, el paquete que ya está disponible para las personas en aquellos aspectos en que hay espacio para mejorarlo, pero no sigamos avanzando en un proyecto que tiene una motivación correcta, que compartimos, pero cuyos efectos serán negativos precisamente para las personas que busca proteger.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Cerrado el debate.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de ley en los siguientes términos:

El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde pronunciarse en particular sobre el proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que prohíbe a las empresas proveedoras de servicios básicos domiciliarios, durante la vigencia de estado de catástrofe decretado por la pandemia del covid-19, cortar o suspender las prestaciones y continuidad de dichos servicios en base a la existencia de mora en el pago de los usuarios finales.

Corresponde votar en particular el texto propuesto por la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo en su segundo informe, con la salvedad de los nuevos incisos quinto, sexto y final del artículo 1, del nuevo artículo 2 y del inciso final del nuevo artículo transitorio, cuyas votaciones separadas han sido solicitadas.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 97 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 6 abstenciones.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas , Florcita González Gatica , Félix Monsalve Benavides , Manuel Sanhueza Dueñas , Gustavo Álvarez Vera , Jenny González Torres , Rodrigo Morales Muñoz , Celso Santana Castillo , Juan Auth Stewart , Pepe Gutiérrez Gálvez, Hugo Moreira Barros , Cristhian Santana Tirachini , Alejandro Barrera Moreno , Boris Hernández Hernández , Javier Naranjo Ortiz , Jaime Sauerbaum Muñoz , Frank Bobadilla Muñoz , Sergio Hernando Pérez , Marcela Norambuena Farías , Iván Schalper Sepúlveda , Diego Boric Font , Gabriel Hoffmann Opazo , María José Núñez Urrutia , Paulina Sepúlveda Orbenes , Alejandra Brito Hasbún , Jorge Ibáñez Cotroneo , Diego Nuyado Ancapichún , Emilia Sepúlveda Soto , Alexis Cariola Oliva , Karol Ilabaca Cerda , Marcos Olivera De La Fuente, Erika Silber Romo , Gabriel Carter Fernández , Álvaro Jackson Drago , Giorgio Ossandón Irarrázabal , Ximena Soto Ferrada , Leonardo Carvajal Ambiado , Loreto Jiles Moreno , Pamela Pardo Sáinz , Luis Soto Mardones , Raúl Cicardini Milla , Daniella Jürgensen Rundshagen , Harry Pérez Lahsen , Leopoldo Torrealba Alvarado , Sebastián Coloma Álamos, Juan Antonio Keitel Bianchi , Sebastián Pérez Olea , Joanna Torres Jeldes , Víctor Crispi Serrano , Miguel Kort Garriga , Issa Pérez Salinas , Catalina Trisotti Martínez , Renzo Del Real Mihovilovic , Catalina Labra Sepúlveda , Amaro Prieto Lorca , Pablo Urrutia Bonilla , Ignacio Desbordes Jiménez , Mario Lavín León , Joaquín Ramírez Diez , Guillermo Urrutia Soto , Osvaldo Díaz Díaz , Marcelo Leiva Carvajal , Raúl Rathgeb Schifferli , Jorge Urruticoechea Ríos , Cristóbal Durán Espinoza , Jorge Longton Herrera , Andrés Rey Martínez , Hugo Vallejo Dowling , Camila Durán Salinas , Eduardo Lorenzini Basso , Pablo Rocafull López , Luis Velásquez Seguel , Pedro Eguiguren Correa , Francisco Luck Urban , Karin Rojas Valderrama , Camila Verdessi Belemmi , Daniel Espinoza Sandoval , Fidel Marzán Pinto , Carolina Romero Sáez , Leonidas Vidal Rojas , Pablo Fernández Allende , Maya Melero Abaroa , Patricio Rosas Barrientos , Patricio Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Flores García, Iván Mellado Pino , Cosme Saavedra Chandía , Gastón Walker Prieto , Matías Fuenzalida Cobo , Juan Mellado Suazo , Miguel Sabag Villalobos , Jorge Winter Etcheberry , Gonzalo Fuenzalida Figueroa , Gonzalo Mix Jiménez , Claudia Sabat Fernández , Marcela Yeomans Araya , Gael Gahona Salazar, Sergio .

-Votó por la negativa el diputado señor:

Undurraga Gazitúa, Francisco

-Se abstuvieron los diputados señores:

Alessandri Vergara , Jorge , Barros Montero , Ramón , Cruz-Coke Carvallo , Luciano , Paulsen Kehr , Diego , Baltolu Rasera, Nino , Bellolio Avaria, Jaime

El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde votar en particular el nuevo inciso quinto del artículo 1 incorporado por la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo en su segundo informe, cuya votación separada ha sido solicitada por los diputados Patricio Melero , Miguel Mellado y Leopoldo Pérez .

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 52 votos; por la negativa, 39 votos. Hubo 13 abstenciones.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Rechazado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas , Florcita Flores García, Iván Melero Abaroa , Patricio Santana Castillo, Juan Álvarez Vera , Jenny González Gatica , Félix Mellado Pino , Cosme Sepúlveda Orbenes , Alejandra Auth Stewart , Pepe González Torres , Rodrigo Mix Jiménez , Claudia Sepúlveda Soto , Alexis Barrera Moreno , Boris Gutiérrez Gálvez , Hugo Monsalve Benavides , Manuel Silber Romo , Gabriel Boric Font , Gabriel Hernando Pérez , Marcela Naranjo Ortiz , Jaime Soto Ferrada , Leonardo Brito Hasbún , Jorge Ibáñez Cotroneo , Diego Nuyado Ancapichún , Emilia Soto Mardones , Raúl Cariola Oliva , Karol Ilabaca Cerda , Marcos Pérez Olea , Joanna Torres Jeldes , Víctor Carvajal Ambiado , Loreto Jackson Drago , Giorgio Pérez Salinas , Catalina Vallejo Dowling , Camila Cicardini Milla , Daniella Jiles Moreno , Pamela Rocafull López , Luis Verdessi Belemmi , Daniel Crispi Serrano , Miguel Labra Sepúlveda , Amaro Rojas Valderrama , Camila Vidal Rojas , Pablo Díaz Díaz , Marcelo Leiva Carvajal , Raúl Rosas Barrientos , Patricio Walker Prieto , Matías Espinoza Sandoval , Fidel Lorenzini Basso , Pablo Saavedra Chandía , Gastón Winter Etcheberry , Gonzalo Fernández Allende , Maya Marzán Pinto , Carolina Sabag Villalobos , Jorge Yeomans Araya, Gael .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alessandri Vergara , Jorge Eguiguren Correa , Francisco Núñez Urrutia , Paulina Sanhueza Dueñas , Gustavo Baltolu Rasera , Nino Fuenzalida Figueroa , Gonzalo Olivera De La Fuente , Erika Santana Tirachini , Alejandro Bellolio Avaria , Jaime Hoffmann Opazo , María José Ossandón Irarrázabal , Ximena Sauerbaum Muñoz , Frank Carter Fernández , Álvaro Keitel Bianchi , Sebastián Pardo Sáinz , Luis Schalper Sepúlveda , Diego Coloma Álamos, Juan Antonio Kort Garriga , Issa Pérez Lahsen , Leopoldo Torrealba Alvarado , Sebastián Cruz-Coke Carvallo , Luciano Lavín León , Joaquín Prieto Lorca , Pablo Urrutia Bonilla , Ignacio Del Real Mihovilovic , Catalina Longton Herrera , Andrés Ramírez Diez , Guillermo Urrutia Soto , Osvaldo Desbordes Jiménez , Mario Luck Urban , Karin Rey Martínez , Hugo Urruticoechea Ríos , Cristóbal Durán Espinoza , Jorge Mellado Suazo , Miguel Romero Sáez , Leonidas Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Durán Salinas , Eduardo Norambuena Farías , Iván Sabat Fernández, Marcela .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Barros Montero , Ramón Hernández Hernández , Javier Moreira Barros , Cristhian Trisotti Martínez , Renzo Bobadilla Muñoz , Sergio Jürgensen Rundshagen , Harry Paulsen Kehr , Diego Undurraga Gazitúa , Francisco Fuenzalida Cobo , Juan Morales Muñoz , Celso , Rathgeb Schifferli , Jorge , Velásquez Seguel , Pedro Gahona Salazar, Sergio .

El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde votar en particular el nuevo inciso sexto del artículo 1 incorporado por la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo en su segundo informe, cuya votación separada ha sido solicitada por el diputado Boris Barrera .

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 68 votos; por la negativa, 30 votos. Hubo 6 abstenciones.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alessandri Vergara , Jorge Fuenzalida Cobo , Juan Monsalve Benavides , Manuel Sabag Villalobos , Jorge Auth Stewart , Pepe Fuenzalida Figueroa , Gonzalo Morales Muñoz , Celso Sabat Fernández , Marcela Baltolu Rasera , Nino Gahona Salazar , Sergio Moreira Barros , Cristhian Sanhueza Dueñas , Gustavo Barros Montero , Ramón González Torres , Rodrigo Naranjo Ortiz , Jaime Santana Tirachini , Alejandro Bellolio Avaria , Jaime Hernández Hernández , Javier Norambuena Farías , Iván Sauerbaum Muñoz , Frank Bobadilla Muñoz , Sergio Hernando Pérez , Marcela Núñez Urrutia , Paulina Schalper Sepúlveda , Diego Carter Fernández , Álvaro Hoffmann Opazo , María José Olivera De La Fuente , Erika Silber Romo , Gabriel Carvajal Ambiado , Loreto Jürgensen Rundshagen , Harry Ossandón Irarrázabal , Ximena Soto Mardones , Raúl Coloma Álamos, Juan Antonio Keitel Bianchi , Sebastián Pardo Sáinz , Luis Torrealba Alvarado , Sebastián Cruz-Coke Carvallo , Luciano Kort Garriga , Issa Paulsen Kehr , Diego Trisotti Martínez , Renzo Del Real Mihovilovic , Catalina Lavín León , Joaquín Pérez Lahsen , Leopoldo Undurraga Gazitúa , Francisco Desbordes Jiménez , Mario Longton Herrera , Andrés Pérez Olea , Joanna Urrutia Bonilla , Ignacio Durán Espinoza , Jorge Lorenzini Basso , Pablo Prieto Lorca , Pablo Urrutia Soto , Osvaldo Durán Salinas , Eduardo Luck Urban , Karin Ramírez Diez , Guillermo Urruticoechea Ríos , Cristóbal Eguiguren Correa , Francisco Melero Abaroa , Patricio Rathgeb Schifferli , Jorge Verdessi Belemmi , Daniel Espinoza Sandoval , Fidel Mellado Pino , Cosme Rey Martínez , Hugo Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Flores García, Iván Mellado Suazo , Miguel Romero Sáez , Leonidas Walker Prieto , Matías .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas , Florcita González Gatica , Félix Nuyado Ancapichún , Emilia Sepúlveda Orbenes , Alejandra Barrera Moreno , Boris Gutiérrez Gálvez , Hugo Pérez Salinas , Catalina Torres Jeldes , Víctor Boric Font , Gabriel Ibáñez Cotroneo , Diego Rocafull López , Luis Vallejo Dowling , Camila Brito Hasbún , Jorge Ilabaca Cerda , Marcos Rojas Valderrama , Camila Velásquez Seguel , Pedro Cariola Oliva , Karol Jackson Drago , Giorgio Rosas Barrientos , Patricio Vidal Rojas , Pablo Cicardini Milla , Daniella Jiles Moreno , Pamela Saavedra Chandía , Gastón Winter Etcheberry , Gonzalo Crispi Serrano , Miguel Labra Sepúlveda , Amaro Santana Castillo , Juan Yeomans Araya , Gael Díaz Díaz , Marcelo Mix Jiménez, Claudia .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Álvarez Vera , Jenny , Leiva Carvajal , Raúl , Sepúlveda Soto , Alexis , Soto Ferrada , Leonardo , Fernández Allende, Maya , Marzán Pinto, Carolina .

El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde votar en particular el nuevo inciso final del artículo 1 incorporado por la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo en su segundo informe, cuya votación separada ha sido solicitada por el diputado Patricio Melero .

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 57 votos; por la negativa, 21 votos. Hubo 26 abstenciones.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas , Florcita Fernández Allende, Maya Marzán Pinto , Carolina Sabag Villalobos , Jorge Álvarez Vera , Jenny Flores García, Iván Mellado Pino , Cosme Santana Castillo , Juan Auth Stewart , Pepe González Gatica , Félix Mix Jiménez , Claudia Sepúlveda Soto , Alexis Barrera Moreno , Boris González Torres , Rodrigo Monsalve Benavides , Manuel Silber Romo , Gabriel Bobadilla Muñoz , Sergio Gutiérrez Gálvez , Hugo Morales Muñoz , Celso Soto Ferrada , Leonardo Boric Font , Gabriel Hernando Pérez , Marcela Naranjo Ortiz , Jaime Soto Mardones , Raúl Brito Hasbún , Jorge Hoffmann Opazo , María José Norambuena Farías, Iván Torres Jeldes , Víctor Cariola Oliva , Karol Ibáñez Cotroneo , Diego Nuyado Ancapichún , Emilia Vallejo Dowling , Camila Carter Fernández , Álvaro Ilabaca Cerda , Marcos Pérez Olea , Joanna Velásquez Seguel , Pedro Carvajal Ambiado , Loreto Jackson Drago , Giorgio Pérez Salinas , Catalina Verdessi Belemmi , Daniel Cicardini Milla , Daniella Jiles Moreno , Pamela Rocafull López , Luis Vidal Rojas , Pablo Coloma Álamos, Juan Antonio Labra Sepúlveda , Amaro Rojas Valderrama , Camila Walker Prieto , Matías Crispi Serrano , Miguel Leiva Carvajal , Raúl Rosas Barrientos , Patricio Winter Etcheberry , Gonzalo Díaz Díaz , Marcelo Lorenzini Basso , Pablo Saavedra Chandía , Gastón Yeomans Araya , Gael Espinoza Sandoval , Fidel .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Cruz-Coke Carvallo , Luciano Luck Urban , Karin Paulsen Kehr , Diego Undurraga Gazitúa , Francisco Del Real Mihovilovic , Catalina Melero Abaroa , Patricio Pérez Lahsen , Leopoldo Urrutia Bonilla , Ignacio Desbordes Jiménez , Mario Núñez Urrutia , Paulina Romero Sáez , Leonidas Urrutia Soto , Osvaldo Eguiguren Correa , Francisco Olivera De La Fuente , Erika Sepúlveda Orbenes , Alejandra Urruticoechea Ríos , Cristóbal Fuenzalida Figueroa , Gonzalo Ossandón Irarrázabal , Ximena Torrealba Alvarado , Sebastián Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Kort Garriga, Issa .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Alessandri Vergara , Jorge Gahona Salazar , Sergio Moreira Barros , Cristhian Sabat Fernández , Marcela Baltolu Rasera , Nino Hernández Hernández , Javier Pardo Sáinz , Luis Sanhueza Dueñas , Gustavo Barros Montero , Ramón Jürgensen Rundshagen , Harry Prieto Lorca , Pablo Santana Tirachini , Alejandro Bellolio Avaria , Jaime Keitel Bianchi , Sebastián Ramírez Diez , Guillermo Sauerbaum Muñoz , Frank Durán Espinoza , Jorge Lavín León , Joaquín Rathgeb Schifferli , Jorge Schalper Sepúlveda , Diego Durán Salinas , Eduardo Longton Herrera , Andrés Rey Martínez , Hugo Trisotti Martínez , Renzo Fuenzalida Cobo , Juan Mellado Suazo, Miguel .

El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde votar en particular el nuevo artículo 2 incorporado por la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo en su segundo informe, cuya votación separada ha sido solicitada por los diputados Mario Desbordes , Harry Jürgensen y Leopoldo Pérez .

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 54 votos; por la negativa, 44 votos. Hubo 7 abstenciones.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas , Florcita González Gatica , Félix Mix Jiménez , Claudia Sepúlveda Orbenes , Alejandra Álvarez Vera , Jenny González Torres , Rodrigo Monsalve Benavides , Manuel Sepúlveda Soto , Alexis Auth Stewart , Pepe Gutiérrez Gálvez, Hugo Naranjo Ortiz , Jaime Silber Romo , Gabriel Barrera Moreno , Boris Hernando Pérez , Marcela Núñez Arancibia , Daniel Soto Ferrada , Leonardo Boric Font , Gabriel Ibáñez Cotroneo , Diego Nuyado Ancapichún , Emilia Soto Mardones , Raúl Brito Hasbún , Jorge Ilabaca Cerda , Marcos Pérez Olea , Joanna Torres Jeldes , Víctor Cariola Oliva , Karol Jackson Drago , Giorgio Pérez Salinas , Catalina Vallejo Dowling , Camila Carvajal Ambiado , Loreto Jiles Moreno , Pamela Rocafull López , Luis Velásquez Seguel , Pedro Cicardini Milla , Daniella Jürgensen Rundshagen , Harry Rojas Valderrama , Camila Verdessi Belemmi , Daniel Crispi Serrano , Miguel Labra Sepúlveda , Amaro Rosas Barrientos , Patricio Vidal Rojas , Pablo Díaz Díaz , Marcelo Leiva Carvajal , Raúl Saavedra Chandía , Gastón Walker Prieto , Matías Espinoza Sandoval , Fidel Lorenzini Basso , Pablo Sabag Villalobos , Jorge Winter Etcheberry , Gonzalo Fernández Allende , Maya Marzán Pinto , Carolina Santana Castillo, Juan Yeomans Araya , Gael Flores García, Iván Mellado Pino , Cosme .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alessandri Vergara , Jorge Eguiguren Correa , Francisco Moreira Barros , Cristhian Sabat Fernández , Marcela Baltolu Rasera , Nino Fuenzalida Figueroa , Gonzalo Núñez Urrutia , Paulina Sanhueza Dueñas , Gustavo Bellolio Avaria , Jaime Gahona Salazar , Sergio Olivera De La Fuente , Erika Santana Tirachini , Alejandro Bobadilla Muñoz , Sergio Hoffmann Opazo , María José Ossandón Irarrázabal , Ximena Sauerbaum Muñoz , Frank Carter Fernández , Álvaro Keitel Bianchi , Sebastián Pardo Sáinz , Luis Schalper Sepúlveda , Diego Coloma Álamos, Juan Antonio Kort Garriga , Issa Paulsen Kehr , Diego Torrealba Alvarado , Sebastián Cruz-Coke Carvallo , Luciano Lavín León , Joaquín Pérez Lahsen , Leopoldo Undurraga Gazitúa , Francisco Del Real Mihovilovic , Catalina Longton Herrera , Andrés Ramírez Diez , Guillermo Urrutia Bonilla , Ignacio Desbordes Jiménez , Mario Luck Urban , Karin Rathgeb Schifferli , Jorge Urrutia Soto , Osvaldo Durán Espinoza , Jorge Melero Abaroa , Patricio Rey Martínez , Hugo Urruticoechea Ríos , Cristóbal Durán Salinas , Eduardo Mellado Suazo , Miguel Romero Sáez , Leonidas Von Mühlenbrock Zamora, Gastón

-Se abstuvieron los diputados señores:

Barros Montero , Ramón Hernández Hernández , Javier Norambuena Farías , Iván Trisotti Martínez , Renzo Fuenzalida Cobo , Juan Morales Muñoz , Celso Prieto Lorca , Pablo .

El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde votar en particular el inciso final del nuevo artículo transitorio, incorporado por la Comisión de Economía en su segundo informe, cuya votación separada ha sido solicitada por los diputados señores Andrés Longton , Patricio Melero y Sebastián Torrealba .

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 57 votos; por la negativa, 31 votos. Hubo 17 abstenciones.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas , Florcita González Gatica , Félix Mix Jiménez , Claudia Santana Castillo, Juan Álvarez Vera , Jenny González Torres , Rodrigo Monsalve Benavides , Manuel Sepúlveda Orbenes , Alejandra Auth Stewart , Pepe Gutiérrez Gálvez , Hugo Moreira Barros , Cristhian Sepúlveda Soto , Alexis Barrera Moreno , Boris Hernández Hernández , Javier Naranjo Ortiz , Jaime Silber Romo , Gabriel Bobadilla Muñoz , Sergio Hernando Pérez , Marcela Norambuena Farías, Iván Soto Ferrada , Leonardo Boric Font , Gabriel Ibáñez Cotroneo , Diego Núñez Arancibia , Daniel Soto Mardones , Raúl Brito Hasbún , Jorge Ilabaca Cerda , Marcos Nuyado Ancapichún , Emilia Torres Jeldes , Víctor Cariola Oliva , Karol Jackson Drago , Giorgio Pérez Olea , Joanna Vallejo Dowling , Camila Carvajal Ambiado , Loreto Jiles Moreno , Pamela Pérez Salinas , Catalina Velásquez Seguel , Pedro Cicardini Milla , Daniella Labra Sepúlveda , Amaro Rocafull López , Luis Verdessi Belemmi , Daniel Crispi Serrano , Miguel Leiva Carvajal, Raúl Rojas Valderrama , Camila Vidal Rojas , Pablo Díaz Díaz , Marcelo Lorenzini Basso , Pablo Rosas Barrientos , Patricio Walker Prieto , Matías Espinoza Sandoval , Fidel Marzán Pinto , Carolina Saavedra Chandía , Gastón Winter Etcheberry , Gonzalo Fernández Allende , Maya Mellado Pino , Cosme Sabag Villalobos , Jorge Yeomans Araya , Gael Flores García, Iván .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Cruz-Coke Carvallo , Luciano Kort Garriga , Issa Pardo Sáinz , Luis Schalper Sepúlveda , Diego Del Real Mihovilovic , Catalina Longton Herrera , Andrés Paulsen Kehr , Diego Torrealba Alvarado , Sebastián Desbordes Jiménez , Mario Luck Urban , Karin Pérez Lahsen , Leopoldo Trisotti Martínez , Renzo Durán Espinoza , Jorge Melero Abaroa , Patricio Rey Martínez , Hugo Undurraga Gazitúa , Francisco Durán Salinas , Eduardo Mellado Suazo , Miguel Romero Sáez , Leonidas Urrutia Bonilla , Ignacio Eguiguren Correa , Francisco Núñez Urrutia , Paulina Sabat Fernández , Marcela Urruticoechea Ríos , Cristóbal Fuenzalida Figueroa , Gonzalo Olivera De La Fuente , Erika Santana Tirachini , Alejandro Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Keitel Bianchi , Sebastián Ossandón Irarrázabal , Ximena Sauerbaum Muñoz, Frank .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Alessandri Vergara , Jorge Coloma Álamos, Juan Antonio Jürgensen Rundshagen , Harry Ramírez Diez , Guillermo Baltolu Rasera , Nino Fuenzalida Cobo , Juan Lavín León , Joaquín Rathgeb Schifferli , Jorge Barros Montero , Ramón Gahona Salazar , Sergio Morales Muñoz , Celso Sanhueza Dueñas , Gustavo Bellolio Avaria , Jaime Hoffmann Opazo , María José Prieto Lorca , Pablo Urrutia Soto , Osvaldo Carter Fernández , Álvaro .

El señor PAULSEN (Presidente).-

Despachado el proyecto al Senado.

VALPARAÍSO, 15 de abril de 2020

Oficio N°15.480

A S.E. LA PRESIDENTA DEL H. SENADO

Con motivo de las mociones, certificado y demás antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V.E., la Cámara de Diputados ha aprobado la siguiente iniciativa, que posterga el cobro de las deudas por consumos de servicios básicos domiciliarios y el corte de tales suministros en caso de deuda, durante la vigencia de alertas sanitarias o epidemiológicas decretadas por la autoridad, correspondiente a los boletines N°s 13.329-03, 13.342-03, 13.347-03, 13.354-03, 13.355-03 y 13.356-03, refundidos:

PROYECTO DE LEY:

“Artículo 1.- Decretado por el Gobierno el estado de catástrofe por la pandemia del COVID 19, y durante la totalidad de su vigencia, las empresas proveedoras de servicios básicos domiciliarios no podrán cortar ni suspender el suministro a los usuarios finales en caso de mora en el pago. Esta prohibición tendrá efecto en todo el territorio nacional y es por razones de salud pública.

Para efectos de esta ley, se entenderá por empresas proveedoras de servicios básicos domiciliarios aquellas que proporcionan agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, gas por cañería y sistemas de telefonía e internet.

Las empresas de telecomunicaciones deberán poner a disposición de sus usuarios activos de servicios de telefonía móvil y de internet fija y móvil, con contrato o prepago, un plan de conectividad solidario, sin costo, por el plazo de sesenta días. Los clientes que lo requieran deberán solicitarlo a través de las plataformas de atención al usuario con el propósito de asegurar la conectividad para fines educacionales y laborales.

Las deudas de los usuarios que califiquen conforme a los requisitos que dispone esta ley se prorratearán en las cuentas de los doce meses siguientes a la fecha de levantamiento del estado de catástrofe, y su cobro no podrá incorporar multas ni intereses.

Los usuarios finales que podrán acogerse a lo dispuesto en los incisos tercero y cuarto deberán contar con alguno de los siguientes requisitos, mientras esté vigente el estado de catástrofe:

a) Encontrarse dentro del 40 por ciento de vulnerabilidad, de conformidad al Registro Social de Hogares.

b) Haber activado su seguro de cesantía.

c) Tener suspendida la relación laboral en virtud de alguna de las causales establecidas en la ley N° 21.227, que faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo de la ley N° 19.728, en circunstancias excepcionales, o haberse celebrado un pacto de reducción temporal de jornada, al tenor de esta última ley.

d) Tener la calidad de adulto mayor, de acuerdo a la ley N° 19.828 que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor.

e) Los trabajadores independientes, que sin estar comprendidos en las categorías anteriores, mediante declaración jurada simple, den cuenta de una disminución significativa de sus ingresos. La utilización maliciosa de la declaración se sancionará de conformidad con el artículo 210 del Código Penal.

f) Tratarse de establecimientos tales como hogares de adultos mayores vulnerables y hogares de menores reconocidos por las instituciones certificadoras respectivas.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes, los usuarios finales no comprendidos en el inciso anterior que acrediten estar imposibilitados de dar cumplimiento a las obligaciones de pago que han contraído con el respectivo prestador, podrán solicitar ante este acogerse a la postergación y prorrateo de los pagos o acceder al plan solidario de conectividad. La negativa del prestador podrá ser objeto de reclamo ante la Superintendencia u organismo fiscalizador respectivo y se sujetará a las normas generales de cada una de ellas.

Los prestadores indicados en los incisos segundo y tercero deberán establecer, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta ley, una plataforma de atención al usuario final, por internet y telefonía, que permita acceder a los beneficios que señala esta ley. Asimismo, la plataforma deberá permitir formular las solicitudes que establece el inciso sexto. En cualquiera de los casos previstos, las empresas prestadoras deberán emitir una resolución dentro de los cinco días hábiles siguientes a la solicitud del usuario, la que deberá constar fehacientemente por medio de correo electrónico o mensaje de texto y deberá ser puesta a disposición del usuario final dentro de las veinticuatro horas siguientes a su dictación, si este lo requiriere, debiendo la empresa informar expresamente de este derecho a través de un documento incluido en la cuenta mensual. Asimismo, deberá comunicar sus resoluciones a la superintendencia u organismo fiscalizador respectivo. El incumplimiento de lo dispuesto en este inciso podrá reclamarse conforme a las reglas de las entidades fiscalizadoras antes mencionadas.

La infracción de lo dispuesto en el inciso primero será sancionada con multa a beneficio fiscal de mil a dos mil unidades tributarias mensuales.

Lo contemplado en los incisos anteriores no será aplicable a las empresas de agua potable rural, cooperativas eléctricas y empresas con menos de 12.000 clientes a la fecha de inicio del estado de catástrofe por calamidad pública, declarado por el decreto supremo N° 104, de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, sin perjuicio de que las cooperativas y empresas señaladas puedan otorgar facilidades de pago a sus clientes.

Artículo 2.- Incorpóranse los siguientes artículos 30 y 31 transitorios en el decreto con fuerza de ley N°4, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de 2006, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Minería, de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos en materia de energía eléctrica:

“Artículo 30.- Los costos que irrogue para las empresas de energía eléctrica la implementación de la ley que posterga el cobro de las deudas por consumos de servicios básicos domiciliarios y el corte de tales suministros en caso de deuda, durante la vigencia de alertas sanitarias o epidemiológicas decretadas por la autoridad, nunca podrán ser traspasados a los clientes finales. Para ello, la suspensión de cobro como medidas excepcionales fijadas por ley en razón del estado de catástrofe por calamidad pública, declarado por el decreto supremo N°104, de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, no podrá utilizarse como base para el cálculo de los precios promedio que deberá fijar el Ministerio de Energía en virtud de lo dispuesto en el artículo 158.

Artículo 31.- Declarado el estado de excepción constitucional de catástrofe producto de una calamidad pública por el decreto supremo N°104, de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, las empresas generadoras y transmisoras de energía eléctrica deberán continuar proveyendo sus servicios a las empresas distribuidoras domiciliarias de energía y cooperativas eléctricas.

Con todo, el pago de las empresas distribuidoras y cooperativas eléctricas de distribución a las empresas generadoras y transmisoras deberá ser devengado una vez levantado el estado de excepción a prorrata de igual cantidad de meses que este haya durado, con un mínimo de tres meses, sin multas ni intereses.”.

Artículo transitorio.- Los cortes o suspensiones de suministro por mora en el pago de cualquiera de los servicios señalados en el artículo 1, efectuados desde la fecha de declaración de estado de catástrofe por la pandemia del COVID 19, deberán ser repuestos sin ningún costo para los usuarios, una vez publicada la presente ley.

Respecto de los servicios indicados en el inciso primero del artículo 1 se podrá incluir en el prorrateo hasta un total de 10 unidades de fomento en deuda previa al estado de catástrofe en las mismas condiciones indicadas en el referido artículo.

El Presidente de la República podrá disponer las medidas que correspondan para el congelamiento y/o rebaja del precio del gas de cilindro, balón o bombona, que tenga por objeto el servicio del hogar.”.

Dios guarde a V.E.

DIEGO PAULSEN KEHR

Presidente de la Cámara de Diputados

MIGUEL LANDEROS PERKIC

Secretario General de la Cámara de Diputados

?PRIMER INFORME DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales para disponer la postergación del cobro de las deudas por consumos de servicios básicos domiciliarios, y del corte de tales suministros en caso de deuda, durante la vigencia de alertas sanitarias o epidemiológicas decretadas por la autoridad.

BOLETÍN N° 13.329-03 REFUNDIDO CON 13.342-03, 13.347-03, 13.354-03, 13.355-03 y 13.356-03.

_________________________________

HONORABLE SENADO:

La Comisión de Economía tiene el honor de emitir su informe acerca de los proyectos de ley de la referencia, en segundo trámite constitucional, iniciados en mociones de los diputados señoras Sofía Cid, Andrea Parra, Joanna Pérez y Gonzalo Fuenzalida, y señores Pablo Kast, Andrés Longton, Pablo Lorenzini, José Miguel Ortiz, Jorge Sabag y Víctor Torres (boletín N° 13.329-03), de los diputados señoras Jenny Alvarez y Emilia Nuyado, y señores Juan Luis Castro, Marcos Ilabaca, Jaime Naranjo, Luis Rocafull, Gastón Saavedra, Marcelo Schilling y Leonardo (boletín 13.342-03), del diputado señor Boris Barrera (boletín N° 13.354-03), de los diputados señoras Marcela Hernando y señores Alexis Sepúlveda Manuel Monsalve, Francisco Eguiguren, Alejandro Bernales, Alejandro Santana y Hugo Rey (boletín N° 13.347-03), de los diputados señores Arturo Longton, Francisco Eguiguren, Frank Sauerbaum y Pablo Prieto (boletín N° 13.355-03), y de los diputados señores Hugo Rey, Sebastián Keitel, Andrés Celisy Alexis Sepúlveda (boletín N° 13.356-03), refundidos.

A la sesión que la Comisión dedicó al estudio del proyecto estuvo presente vía videoconferencia, además de sus integrantes, la Honorable Senadora señora Yasna Provoste.

Asimismo, asistió la asesora del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, señora Ximena Contreras, también vía video conferencia.

Cabe hacer presente que, en sesión de 29 de abril de 2020, la Sala del Senado autorizó a la Comisión de Economía a discutir el proyecto de ley en general y particular a la vez, en trámite de primer informe.

En dicho trámite reglamentario, se formularon ante la Comisión una serie de indicaciones, de las que se da cuenta más adelante, en la parte correspondiente a la discusión particular.

Del mismo modo, debe consignarse que los Senadores señores Rodrigo Galilea Vial y Felipe Harboe Bascuñán se inhabilitaron de intervenir en la votación de las iniciativas legales en estudio, en razón de lo dispuesto en el artículo 5° B de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional y el artículo 8° del Reglamento del Senado. Fueron remplazados por los Senadores señor Kenneth Pugh Olavarría y señora Ximena Órdenes Neira, respectivamente.

Se deja constancia que, de conformidad a los acuerdos adoptados, de los cuales da cuenta el presente informe, la Comisión acordó proponer al Senado discutir la iniciativa en general y particular, a la vez, de conformidad a lo establecido en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación.

I.- OBJETIVOS DEL PROYECTO

Los principales objetivos de la iniciativa legal son los siguientes:

- Prohibir a las empresas proveedoras de servicios sanitarios, empresas y cooperativas de distribución de electricidad y empresas de distribución de gas de red, cortar el suministro por mora en el pago de los usuarios residenciales, hospitales, cárceles, hogares de menores en riesgo social, abandono o compromiso delictual, bomberos, organizaciones sin fines de lucro y microempresas.

- Permitir, a los usuarios finales, el prorrateo de las deudas contraídas con empresas de servicios sanitarios, empresas y cooperativas de distribución de electricidad y empresas de gas de red.

- Permitir a los clientes de servicios de telefonía fija, móvil o de acceso a internet, solicitar al proveedor el cambio transitorio de su contrato, si se tratara de clientes suscriptores, o la modificación de las condiciones de su servicio si se tratara de clientes no suscriptores o de prepago, para la aplicación de un plan básico solidario de conectividad.

II.- ANTECEDENTES

Para el estudio de esta iniciativa de ley, se han tenido en consideración, entre otros, los siguientes antecedentes:

ANTECEDENTES DE HECHO

1. Moción boletín N° 13.329-03

Esta moción expresa, en sus fundamentos, que ante la aparición de una nueva cepa de Coronavirus desde finales del año 2019 en la ciudad de Wuhan, China, los diferentes organismos internacionales de la salud han mostrado su preocupación con la forma de propagación y falta de insumos necesarios para el control de dicha enfermedad. Señala que los primeros casos humanos se asocian con un mercado de animales silvestres en la precitada ciudad, en virtud del contacto cercano entre animales (incluido el humano) que normalmente no conviven en la naturaleza, lo que puede favorecer que un virus adquiera la capacidad de saltar de un huésped a otro y transmitirse, enseguida, entre personas. En el caso del coronavirus, análisis recientes sugieren que podría haber saltado de murciélagos a pangolinos, y de ahí a los humanos (https://www.isglobal.org/coronavirus ).

Agrega que la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) es una afección respiratoria que se puede propagar de persona a persona (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/2019-ncov-factsheet-sp.pdf ), pudiendo alcanzar niveles de muerte altos en relación con otros de la misma naturaleza. Un ejemplo de esto se desarrolla en España con una cifra cercana a los 500 muertos a causa de la enfermedad de COVID-19.

Da cuenta, asimismo, que a raíz del coronavirus se estima una cifra creciente de más de 180.000 casos positivos a nivel global, que ha dado lugar a la calificación, por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de una pandemia a nivel mundial.

Alude, enseguida, a las medidas anunciadas por el Presidente Sebastián Piñera con miras a evitar la propagación y contagio de la población vulnerable a este virus, anunciadas el día 13 de marzo del presente año, que en lo sustancial busca evitar aglomeraciones de personas.

Lo anterior, añade, hace necesario el establecimiento de protocolos más rígidos en materia de prevención y cuidado con esta enfermedad, que contemplen la promoción de la cuarentena entre las personas inmunodeprimidas o que padezcan algún tipo de enfermedad crónica (como es el caso de personas asmáticas, niños y adultos mayores).

Hace presente, al respecto, que tanto la OMS como diferentes centros de control de enfermedades a lo largo del globo han sido enfáticos en señalar que, dentro de las medidas de prevención de contagio de la enfermedad, se encuentran las siguientes: lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos, usar desinfectante de manos que contenga al menos un 60 % de alcohol, si no hay agua y jabón disponibles, y evitar aglomeraciones, respetando las alertas y cuarentenas decretadas por la autoridad competente.

Consigna que, por lo mismo, se hace necesario establecer una norma que permita a las personas, sobre todo aquellas en situación de vulnerabilidad sanitaria, la postergación del pago de los suministros básicos de luz y agua, evitando su corte por no pago dentro de la fecha si esta situación se produce en episodios de crisis sanitarias decretadas por la autoridad respectiva.

Finalmente, la moción explicita cuál es la idea matriz del proyecto de ley, a saber, establecer medidas que vayan en apego a las acciones decretadas por la Autoridad Sanitaria respectiva en materia de prevención, control y atención de enfermedades ante una situación de Alerta Sanitaria o Epidemiológica, estableciendo medidas de resguardo para las personas que no puedan, en virtud de dicha alerta sanitaria, realizar el pago de sus servicios básicos de agua, luz eléctrica, gas, telefonía e internet, evitando el corte de suministro y postergando el pago de dichos servicios hasta el momento posterior al levantamiento de dicha alerta sanitaria.

2. Moción boletín N° 13.342-03

En sus fundamentos, esta moción indica que el proyecto de ley que propone puede ser catalogado como una medida concreta a través de la cual el legislador pretende garantizar el derecho a la vida digna, beneficiando a un grupo relevante de personas que, por especiales circunstancias, requieren de un resguardo reforzado de su derecho a la vida, integridad y salud individual. No contar con el suministro de servicios, expresa, implica una situación de riesgo para la vida y salud de todas las chilenas y chilenos.

Añade que el día 19 de marzo del año en curso, el Presidente de la República decretó estado de excepción constitucional de catástrofe por causa de calamidad pública, en todo el territorio nacional. Esto, para hacer frente a la pandemia de Covid-19 que asola al mundo desde hace meses y que ha contagiado a cientos de miles de personas y provocado la muerte de miles. La necesidad de generar distanciamiento social para precaver contagios masivos ha generado una ralentización de todas las actividades productivas, lo que ha significado, al mismo tiempo, mermas en los recursos de los hogares chilenos y una situación de incertidumbre sanitaria y económica difícil de afrontar y de sortear para la mayor parte de la ciudadanía.

Destaca que además de buscar evitar o disminuir el riesgo descrito, el proyecto de ley tiene por objeto colaborar con las personas más afectadas en su economía familiar, atendida la merma en los ingresos familiares derivados de las circunstancias actuales y el mayor gasto en electricidad, agua y calefacción que deban soportar producto del prolongado tiempo de permanencia en los domicilios. Para afrontar estas situaciones se propone la suspensión del cobro de servicios básicos durante el plazo de tres meses, con lo que se logra, por un lado, evitar o disminuir un riesgo para aquellas personas que por razones de salud requieran del uso de instrumental médico de uso domiciliario y, por otro, colaborar económicamente con ellas en el mayor consumo eléctrico originado por el tratamiento médico que requieran, por ejemplo.

A continuación, la moción consigna que su idea matriz es establecer una suspensión en el cobro de tarifas eléctricas, por un periodo determinado, para favorecer a los clientes domiciliarios, con el objeto de evitar que se vean expuestos a la suspensión del suministro por no pago de la correspondiente tarifa. Para ello, se propone por vía legal una exención de carácter general.

3. Moción boletín N° 13.347-03

Esta moción señala, en sus considerandos, que la situación actual del país ante la crisis sanitaria producida por el Covid-19, nos ha llevado a extremar medidas, pasando en muy poco tiempo de la Fase 1 a la Fase 4 de contención. Señala que las medidas adoptadas perjudicarán enormemente a quienes realizan labores diarias de comercio o quienes trabajan y subsisten gracias a sus propias fuentes laborales. Ante ello, resulta necesario fijar criterios que vayan en el mismo sentido de lo establecido por otros países para hacer frente a esta crisis, que traerá daños colaterales en la economía, especialmente en la de los hogares. Así, indica, lo ha hecho el Gobierno, con una serie de medidas que buscan amortiguar la crisis.

Agrega que las circunstancias descritas nos sitúan en un escenario crítico, donde muchos chilenos y chilenas no podrán cumplir con sus compromisos, especialmente en el pago de cuentas, que en el caso de los servicios básicos generan un tremendo impacto. Al agravar las condiciones de aislamiento a las que la población deberá someterse, no contar con estos vitales elementos será un enorme problema. Demás, el shock económico que se apronta a vivir Chile, requiere no solo de medidas favorables que permitan reactivar el mercado una vez superada la crisis, sino también de medidas inmediatas que sean un alivio para quienes no podrán hacer sus vidas normales durante los próximos días.

Añade que la reacción de otros países ante la crisis no se ha hecho esperar. Así, El Salvador suspendió por tres meses el pago de servicios públicos y privados; España suspendió los cortes de Luz, agua y gas, al igual que Argentina; Italia suspendió el pago de hipotecas y está estudiando la posibilidad de suspender los pagos durante dos meses de las cuentas de la luz, el gas, el agua y la basura.

Expresa que las familias que se encuentran realizando cuarentena o se aprontan a hacerlo, deben contar con la tranquilidad de poder realizarla en un espacio que cuente con los servicios básicos.

Hace ver que las circunstancias actuales han llevado a nuestro país a tomar medidas drásticas, como aplazar el plebiscito constituyente de abril, las elecciones municipales y de Gobernadores proyectadas para octubre, lo que evidencia el delicado panorama sanitario. El aumento exponencial del contagio durante la segunda semana de marzo, de hecho, nos ha llevado a superar la barrera de los 600 casos y lamentar una víctima fatal. Es probable que se deban seguir extremando medidas, tanto económicas como sanitarias, por lo que se debe considerar lo que e esta oportunidad se propone como un paliativo para los miles de hogares. Se debe considerar, además, que muchos adultos mayores que viven solos y no cuentan con conocimientos digitales para pagar en línea, deberán concurrir a las oficinas de las empresas de servicios para poder hacerlo, con el riesgo que eso conlleva para su salud.

4. Moción boletín N° 13.354-03

En sus antecedentes, esta moción reseña que la expansión del Covid-19 ha afectado a la totalidad de los países, convirtiendo a esta pandemia en una de las más dañinas del último tiempo. Todas las autoridades del mundo se han visto en la necesidad de tomar medidas extraordinarias para contener los efectos de la enfermedad en la salud de las personas.

Anota que el aislamiento social parece ser una de las formas más adecuadas para lograr frenar la expansión de la pandemia. Así lo ha recomendado la Organización Mundial de Salud (OMS), cuyo director, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha señalado que: "los países deben aislarse, hay que hacer pruebas, hay que aislar los casos y trazar los contactos". "La OMS recomienda que se aísle a todos los sospechosos. La mayor parte de los países con unos pocos casos están escuchándonos, ellos están a tiempo. Pero sabemos que otros países están experimentando intensas transmisiones. Pero se puede lograr".

Indica que aquellos países que han adoptado la estrategia del aislamiento social total han mantenido una baja tasa de mortalidad al combinar esta medida con una campaña masiva de diagnóstico temprano del virus. En Corea del Sur, en efecto, la tasa de mortalidad del coronavirus se ha mantenido en un 0,6%, y en Alemania, en un 0,4%.

Agrega que en Chile el gobierno ha sido reacio a decretar una cuarentena obligatoria en razón del Covid-19. Desde el principio del manejo de la crisis, la autoridad sanitaria ha llamado a reducir al mínimo el contacto social. Por su parte, el Presidente Sebastián Piñera, a través de su cuenta de twitter, ha explicado cómo el gobierno está desplegando una fórmula de “cuarentena progresiva", que, según su publicación, “tiene cuatro niveles distintos, con diferentes etapas y restricciones a la movilidad de las personas y requiere de mucha preparación e información a la ciudadanía”.

En este contexto, prosigue, los expertos han señalado que el comportamiento del virus es poco pronosticable, toda vez que los modelos utilizados no se acomodan a las características especiales de esta enfermedad. De eso se sigue que no se puede adelantar con precisión el momento aproximado en el cual mengüe el efecto adverso y se logre recuperar la normalidad sanitaria. No obstante, los pronósticos más favorables señalan que los efectos de la enfermedad y su expansión masiva no se detendrán sino hasta el mes de julio o agosto de este año, pero eso puede no ser del todo correcto. En tal sentido, el Presidente Donald Trump sostuvo recientemente que Estados Unidos estará lidiando con la crisis hasta julio o agosto.

Así las cosas, se puede proyectar un gran impacto negativo en la economía nacional y mundial. La proyección de crecimiento mundial ha bajado hasta el 1,25%, inferior al 1,9% que se esperaba. En Chile, en tanto, se espera una caída interna del PIB desde el 1% proyectado al 0,5%. Los efectos de la pandemia se harán sentir muy fuertemente en todos los sectores y afectarán especialmente a los más pobres, quienes muchas veces no pueden cumplir con el mandato de la autoridad para adoptar las medidas que hacen disminuir situaciones de riesgo de contagio.

Consigna que, por lo anterior, resulta necesario apuntar a elaborar políticas que permitan proteger económicamente a los sectores de más escasos recursos, quienes producto de la informalidad de su trabajo no percibirán ingresos, o estos se verán mermados de manera relevante a causa de las medidas aislamiento social. Según la VIII Encuesta de Presupuestos Familiares del INE, el gasto en servicios básicos representa una parte importante del gasto total de un grupo familiar (14,3%), lo que para los hogares del primer quintil supone un gasto per cápita aproximado de 23 mil pesos, para los hogares pertenecientes al segundo quintil de 31 mil pesos y, para el tercer quintil, de 40 mil pesos por concepto de servicios básicos.

Destaca que la suspensión del pago de los servicios básicos a que se refiere este proyecto, va a ir en directo beneficio de los sectores más vulnerables de la sociedad, y tiene por objeto conceder la posibilidad de acceder a la mayor parte de la población a adoptar las medidas de resguardo que recomienda la autoridad sanitaria. Con ese fin, las empresas que proveen estos servicios deben hacer los esfuerzos necesarios para contribuir a paliar los efectos económicos inmediatos que provoca la pandemia en la economía nacional.

Por lo mismo, añade, es urgente que se profundicen las políticas públicas que ayuden a los sectores de menores ingresos y sectores vulnerables que se encuentran más expuestos a pagar los efectos económicos de esta crisis. En consecuencia, resulta del todo urgente el suspender el pago de servicios básicos a los hogares pertenecientes al 60% más vulnerable, según la calificación socioeconómica establecida en el Registro Social de Hogares, es decir, aquellos hogares que gastan entre 91 mil y 255 mil pesos por persona.

Finalmente, la moción explicita el objetivo del proyecto de ley, cual es el de suspender el pago de cuentas de servicios básicos, como electricidad y agua potable, por un plazo de cuatro meses, contados desde el mes de marzo y hasta el mes de junio de 2020, ambos meses incluidos, e imputar el pago de la deuda que genere el consumo de estos a las utilidades percibidas por las empresas que suministran los servicios señalados anteriormente. Tal precepto debe ser aplicable a los titulares de las cuentas de suministros señaladas, que pertenezcan al sesenta por ciento de los hogares más vulnerables, según la calificación socioeconómica establecida en el Registro Social de Hogares del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

5. Moción boletín N° 13.355-03

La moción expresa, en sus fundamentos y antecedentes, que Chile, al igual que muchos otros países, atraviesa por una crítica alerta sanitaria a raíz de la propagación del virus SARSCoV2 y de la enfermedad COVID19, la que ha motivado, además, la dictación de un estado de catástrofe en todo el territorio nacional.

Resalta que la extensión de esta situación ha originado, y originará, no sólo un lamentable costo a nivel de vidas e integridad de las ciudadanas y ciudadanos, sino también freno y recesión en el crecimiento económico. Este último, si bien a primeras luces no es lo más relevante, debe acoplarse con las necesidades económicas y de servicios que todas las personas requerimos para poder vivir de manera normal.

Vinculado a lo anterior, se encuentra la necesidad de contar con servicios básicos, como luz, agua, gas y de telecomunicaciones, así como la obligación de pagarlos. Hoy por hoy, esto supone un gran problema, ya que muchas personas van a ver mermados sus ingresos y no podrán hacer frente a tales obligaciones. Asimismo, el pago de estos servicios se continúa haciendo mayoritariamente de manera presencial, lo que genera filas y aglomeraciones de personas, lo que va directamente en contra de las medidas de “distanciamiento social” que se aconsejan como esenciales para enfrentar el virus.

Agrega que en atención a ambas situaciones, muchos países alrededor del mundo han adoptado la medida de aplazar por un período determinado de tiempo el pago de estas obligaciones. Esto, con miras a permitir la continuidad del suministro en beneficio de la población, y evitar los efectos no deseados de su cobro inmediato, que son la imposibilidad de muchas personas para cargar con esas deudas y los elementos negativos de su forma de pago.

Señala que se ha hecho necesario replicar en nuestro país dicha medida, tanto para ayudar la situación económica de los hogares como para permitir el cumplimiento de las medidas sanitarias que se exigen. Adicionalmente, se requiere establecer un impedimento para el corte en caso de atraso de deudas, ya que el suministro de estos importantes recursos resguarda el cuidado sanitario que se busca proteger.

Al terminar, la moción da cuenta de su idea matriz, que no es otra que imponer a las empresas de servicios públicos concesionados y/o regulados, la obligación de suspender el pago de las cuentas de consumo de dichos servicios por un plazo transitorio de tres meses, disponiendo asimismo la prohibición en el corte del suministro por igual plazo.

6. Moción boletín N° 13.356-06

Al enumerar sus fundamentos, la moción alude, primero, a la declaración de Estado de Catástrofe en nuestro país, uno de los estados de excepción que contempla la Constitución Política de la República, con el fin de proteger la cadena logística y traslado de insumos médicos y pacientes, resguardar fronteras y garantizar la cadena de producción y distribución para asegurar el abastecimiento, y de establecer toques de queda o medidas tales como la cuarentena, entre otros. Esta medida fue tomada luego de que se hubieran confirmado 238 casos de coronavirus en nuestro país.

Detalla que el día domingo 22 de marzo de 2020, el Gobierno anunció un toque de queda nocturno, tras confirmarse 632 casos de coronavirus, además de hacer un llamado a las personas a permanecer en sus casas, con el objeto de disminuir los contactos sociales y poder generar una posibilidad de verificar y fiscalizar nuevos casos.

Al 24 de marzo, añade, los casos confirmados ascendían a 746, siendo la región con más casos confirmados, la Metropolitana.

Enfatiza que es de público conocimiento la necesidad de frenar el incremento exponencial de la curva de contagios de manera urgente, lo que exige atender al llamado del Gobierno a permanecer en nuestras casas y disminuir el contacto social. En tal sentido, se entiende que la gran mayoría de los chilenos no tiene la posibilidad de permanecer dentro de sus hogares de forma tranquila, ya que se ven en la obligación de salir a trabajar para ganar el sustento.

Resalta la urgencia de implementar de forma inmediata medidas para aliviar la crisis económica y la angustia de la mayoría de los ciudadanos del país, por la vía de suspender el cobro de los servicios básicos que son indispensables para todos, y que el Estado debe asegurar a la población.

Al efecto, y en sintonía con las medidas adoptadas, internacionalmente, se propone suspender el cobro de servicios de agua, luz, gas, internet, telefonía y televisión, por a lo menos seis meses, lo que sería una medida de alivio importante para todas las familias de Chile. Es necesario, agrega, que el Estado cumpla su rol de protección, no solo evitando el contagio del virus a través de las medidas que se han ido tomando, sino también asegurando una correcta calidad de vida para estos meses, posibilitando a los ciudadanos un acceso igualitario a los servicios de primera necesidad.

Culmina la moción señalando que su idea matriz es disponer la suspensión, durante un plazo de al menos seis, del cobro de los servicios básicos, tales como, agua, luz, gas, internet, telefonía y televisión, en el contexto de la actual alerta sanitaria y estado de catástrofe vigentes en el país.

ANTECEDENTES JURÍDICOS

- Decreto con fuerza de ley N°4, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de 2006, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Minería, de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos en materia de energía eléctrica.

- Decreto con fuerza de ley N° 323, de 1931, del Ministerio el Interior, Ley de Servicios de Gas.

- Decreto con fuerza de ley N° 382, de 1989, del Ministerio de Obras Públicas, Ley General de Servicios Sanitarios.

- Ley N° 19.728, que establece un seguro de desempleo.

- Ley N° 19.828, que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor, la calidad de adulto mayor.

- Ley Nº 20.416, fija normas especiales para las empresas de menor tamaño.

- Ley N° 21.227, que faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo de la ley N° 19.728, en circunstancias excepcionales.

- Código Penal.

- Decreto supremo N° 104, de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

DISCUSIÓN GENERAL

- Puesto en votación general el proyecto de ley, fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señoras Órdenes y Rincón, y señores Durana, Elizalde y Pugh. (Aprobado, unanimidad 5x0).

DISCUSIÓN PARTICULAR

El texto del proyecto de ley despachado por la Cámara de Diputados, en primer trámite constitucional, es el siguiente:

“Artículo 1.- Decretado por el Gobierno el estado de catástrofe por la pandemia del COVID 19, y durante la totalidad de su vigencia, las empresas proveedoras de servicios básicos domiciliarios no podrán cortar ni suspender el suministro a los usuarios finales en caso de mora en el pago. Esta prohibición tendrá efecto en todo el territorio nacional y es por razones de salud pública.

Para efectos de esta ley, se entenderá por empresas proveedoras de servicios básicos domiciliarios aquellas que proporcionan agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, gas por cañería y sistemas de telefonía e internet.

Las empresas de telecomunicaciones deberán poner a disposición de sus usuarios activos de servicios de telefonía móvil y de internet fija y móvil, con contrato o prepago, un plan de conectividad solidario, sin costo, por el plazo de sesenta días. Los clientes que lo requieran deberán solicitarlo a través de las plataformas de atención al usuario con el propósito de asegurar la conectividad para fines educacionales y laborales.

Las deudas de los usuarios que califiquen conforme a los requisitos que dispone esta ley se prorratearán en las cuentas de los doce meses siguientes a la fecha de levantamiento del estado de catástrofe, y su cobro no podrá incorporar multas ni intereses.

Los usuarios finales que podrán acogerse a lo dispuesto en los incisos tercero y cuarto deberán contar con alguno de los siguientes requisitos, mientras esté vigente el estado de catástrofe:

a) Encontrarse dentro del 40 por ciento de vulnerabilidad, de conformidad al Registro Social de Hogares.

b) Haber activado su seguro de cesantía.

c) Tener suspendida la relación laboral en virtud de alguna de las causales establecidas en la ley N° 21.227, que faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo de la ley N° 19.728, en circunstancias excepcionales, o haberse celebrado un pacto de reducción temporal de jornada, al tenor de esta última ley.

d) Tener la calidad de adulto mayor, de acuerdo a la ley N° 19.828 que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor.

e) Los trabajadores independientes, que sin estar comprendidos en las categorías anteriores, mediante declaración jurada simple, den cuenta de una disminución significativa de sus ingresos. La utilización maliciosa de la declaración se sancionará de conformidad con el artículo 210 del Código Penal.

f) Tratarse de establecimientos tales como hogares de adultos mayores vulnerables y hogares de menores reconocidos por las instituciones certificadoras respectivas.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes, los usuarios finales no comprendidos en el inciso anterior que acrediten estar imposibilitados de dar cumplimiento a las obligaciones de pago que han contraído con el respectivo prestador, podrán solicitar ante este acogerse a la postergación y prorrateo de los pagos o acceder al plan solidario de conectividad. La negativa del prestador podrá ser objeto de reclamo ante la Superintendencia u organismo fiscalizador respectivo y se sujetará a las normas generales de cada una de ellas.

Los prestadores indicados en los incisos segundo y tercero deberán establecer, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta ley, una plataforma de atención al usuario final, por internet y telefonía, que permita acceder a los beneficios que señala esta ley. Asimismo, la plataforma deberá permitir formular las solicitudes que establece el inciso sexto. En cualquiera de los casos previstos, las empresas prestadoras deberán emitir una resolución dentro de los cinco días hábiles siguientes a la solicitud del usuario, la que deberá constar fehacientemente por medio de correo electrónico o mensaje de texto y deberá ser puesta a disposición del usuario final dentro de las veinticuatro horas siguientes a su dictación, si este lo requiriere, debiendo la empresa informar expresamente de este derecho a través de un documento incluido en la cuenta mensual. Asimismo, deberá comunicar sus resoluciones a la superintendencia u organismo fiscalizador respectivo. El incumplimiento de lo dispuesto en este inciso podrá reclamarse conforme a las reglas de las entidades fiscalizadoras antes mencionadas.

La infracción de lo dispuesto en el inciso primero será sancionada con multa a beneficio fiscal de mil a dos mil unidades tributarias mensuales.

Lo contemplado en los incisos anteriores no será aplicable a las empresas de agua potable rural, cooperativas eléctricas y empresas con menos de 12.000 clientes a la fecha de inicio del estado de catástrofe por calamidad pública, declarado por el decreto supremo N° 104, de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, sin perjuicio de que las cooperativas y empresas señaladas puedan otorgar facilidades de pago a sus clientes.

Artículo 2.- Incorpóranse los siguientes artículos 30 y 31 transitorios en el decreto con fuerza de ley N°4, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de 2006, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Minería, de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos en materia de energía eléctrica:

“Artículo 30.- Los costos que irrogue para las empresas de energía eléctrica la implementación de la ley que posterga el cobro de las deudas por consumos de servicios básicos domiciliarios y el corte de tales suministros en caso de deuda, durante la vigencia de alertas sanitarias o epidemiológicas decretadas por la autoridad, nunca podrán ser traspasados a los clientes finales. Para ello, la suspensión de cobro como medidas excepcionales fijadas por ley en razón del estado de catástrofe por calamidad pública, declarado por el decreto supremo N°104, de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, no podrá utilizarse como base para el cálculo de los precios promedio que deberá fijar el Ministerio de Energía en virtud de lo dispuesto en el artículo 158.

Artículo 31.- Declarado el estado de excepción constitucional de catástrofe producto de una calamidad pública por el decreto supremo N°104, de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, las empresas generadoras y transmisoras de energía eléctrica deberán continuar proveyendo sus servicios a las empresas distribuidoras domiciliarias de energía y cooperativas eléctricas.

Con todo, el pago de las empresas distribuidoras y cooperativas eléctricas de distribución a las empresas generadoras y transmisoras deberá ser devengado una vez levantado el estado de excepción a prorrata de igual cantidad de meses que este haya durado, con un mínimo de tres meses, sin multas ni intereses.”.

Artículo transitorio.- Los cortes o suspensiones de suministro por mora en el pago de cualquiera de los servicios señalados en el artículo 1, efectuados desde la fecha de declaración de estado de catástrofe por la pandemia del COVID 19, deberán ser repuestos sin ningún costo para los usuarios, una vez publicada la presente ley.

Respecto de los servicios indicados en el inciso primero del artículo 1 se podrá incluir en el prorrateo hasta un total de 10 unidades de fomento en deuda previa al estado de catástrofe en las mismas condiciones indicadas en el referido artículo.

El Presidente de la República podrá disponer las medidas que correspondan para el congelamiento y/o rebaja del precio del gas de cilindro, balón o bombona, que tenga por objeto el servicio del hogar.”.

El proyecto de ley precedentemente reproducido, fue objeto de las siguientes quince indicaciones:

La indicación número 1, de los Honorables Senadores señoras Provoste y Rincón, y señores Durana, Elizalde y Pugh, para modificarlo en el siguiente sentido:

a) Reemplazar su artículo 1 por el siguiente artículo único:

“Artículo único. Durante los noventa días siguientes a la publicación de esta ley, las empresas proveedoras de servicios sanitarios, empresas y cooperativas de distribución de electricidad y las empresas de distribución de gas de red, no podrán cortar el suministro por mora en el pago a los usuarios residenciales, hospitales, establecimientos educacionales y centros de salud municipal, cárceles, hogares de menores en riesgo social, abandono o compromiso delictual, bomberos, organizaciones sin fines de lucro y microempresas, estas últimas definidas de acuerdo a lo establecido en la ley N° 20.416, que fija normas para empresas de menor tamaño. Por lo tanto, por el plazo al que se refiere este artículo, queda suspendida la aplicación, para dichos clientes, de los incisos tercero, cuarto, quinto y sexto del artículo 36 del decreto con fuerza de ley N° 323, de 1931, del Ministerio del Interior, Ley de Servicios de Gas; del artículo 141 y del inciso segundo del literal q) del artículo 225 del decreto con fuerza de ley N° 4, de 2007, del Ministerio de Economía, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 1, de Minería, de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos, en materia de energía eléctrica, y lo establecido en la letra d) del artículo 36 del decreto con fuerza de ley Nº 382, de 1989, del Ministerio de Obras Públicas, Ley General de Servicios Sanitarios.

A solicitud de los usuarios finales, las deudas contraídas con las empresas de servicios sanitarios, empresas y cooperativas de distribución de electricidad y empresas de gas de red que se generen entre los treinta días previos y hasta los noventa días posteriores a la publicación de esta ley, se prorratearán en hasta doce cuotas mensuales iguales y sucesivas, a partir de la facturación siguiente al término de este último plazo, y no podrán incorporar multas ni intereses. Adicionalmente, a elección del usuario final activo, el prorrateo podrá incluir deudas generadas antes de las deudas contraídas según lo señalado en este inciso, hasta el monto de diez unidades de fomento para las empresas distribuidoras y cooperativas de electricidad, y de hasta un monto de cinco unidades de fomento para las empresas de servicios sanitarios y de distribución de gas de red, en las mismas condiciones.

Durante el plazo de noventa días contado desde la publicación de esta ley, tratándose de servicios de telefonía fija, móvil o de acceso a internet, los clientes podrán solicitar al proveedor del servicio el cambio transitorio de su contrato, si se tratara de clientes suscriptores, o la modificación de las condiciones de su servicio, si se tratara de clientes no suscriptores o de prepago, para la aplicación de un plan básico solidario de conectividad, por un plazo máximo de tres meses, de acuerdo a las características que a continuación se establecen.

El proveedor de servicios de telecomunicaciones deberá permitir, sin costo para el usuario, el acceso a prestaciones de servicios que permitan mantener conectividad telefónica y de servicios de transmisión de datos permanente. Para estos efectos, los clientes de internet fijo dispondrán, mensualmente, de acceso sin límites máximos de descarga, con una velocidad máxima de 4 mbps. Los clientes de servicio móvil con contrato dispondrán, mensualmente, de 50 sms, 300 minutos para llamadas y acceso a internet sin límites máximos de descarga con una velocidad máxima de 512 kbps. Los clientes de servicio móvil sin contrato dispondrán, mensualmente, de 100 sms mensuales y acceso a internet sin límites máximos de descarga con una velocidad máxima de 512 kbps. Respecto de estos últimos, el beneficio será otorgado a usuarios activos que, para estos efectos, se identifiquen asociando su RUT a un número telefónico determinado, al cual se le asignarán las condiciones de servicio antes establecidas. La obligación de la empresa se entenderá cumplida al otorgar las condiciones de servicio a un número por beneficiario. Para asegurar el correcto despliegue del plan solidario durante el período decretado como emergencia sanitaria se deberá garantizar la conectividad para fines laborales, educacionales, de salud y de información, para lo cual las empresas deberán realizar las acciones técnicas necesarias que aseguren dicho fin, beneficiando su tráfico por sobre otros usos relacionados.

Los proveedores de acceso a internet que a la fecha de publicación de la presente ley cuenten con menos de 12.000 clientes quedarán exceptuados de la obligación señalada en el inciso anterior, pudiendo adoptar medidas distintas para auxiliar a sus clientes que así lo soliciten, las que deberán publicar en sus páginas web.

Sólo podrán acogerse a lo dispuesto en los incisos segundo, tercero y cuarto, los usuarios finales que cumplan con, a lo menos, uno de los siguientes requisitos:

a) Encontrarse dentro del 40% de vulnerabilidad, de conformidad al Registro Social de Hogares;

b) Tener la calidad de adulto mayor, conforme lo señalado en la ley N° 19.828, que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor;

c) Estar percibiendo las prestaciones de la ley N° 19.728, que establece un seguro de desempleo;

d) Estar acogido a alguna de las causales de la ley N° 21.227, que faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo de la ley N° 19.728, en circunstancias excepcionales, ya sea por la suspensión de la relación laboral o por la celebración de un pacto de reducción temporal de jornada, o

e) Ser trabajador independiente no comprendido en alguna de las categorías anteriores y expresar, mediante declaración jurada simple, que está siendo afectado por una disminución significativa de ingresos que justifica el acceso a los beneficios. La utilización maliciosa de la declaración se sancionará de conformidad al artículo 210 del Código Penal.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes, los usuarios finales no comprendidos en el inciso sexto, que acrediten estar imposibilitados de dar cumplimiento a las obligaciones de pago que han contraído con la respectiva empresa prestadora, podrán solicitar acogerse a la postergación y prorrateo de los pagos, tratándose de las empresas indicadas en el inciso segundo, o la incorporación al plan básico solidario de conectividad, tratándose de las empresas indicadas en el inciso tercero. La negativa de la empresa prestadora podrá ser objeto de reclamo ante la superintendencia u organismo fiscalizador respectivo, y se sujetará a la normativa sectorial que corresponda.

Las empresas proveedoras de los servicios señalados en los incisos segundo y tercero deberán establecer, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta ley, una plataforma de atención al cliente, por internet y telefonía, que permita formular las solicitudes para acceder a los beneficios que ésta establece.

En cualquiera de los casos previstos en esta ley, las empresas prestadoras deberán resolver las solicitudes efectuadas por los interesados, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su formulación. La respuesta de la correspondiente empresa prestadora deberá ser comunicada al solicitante por medio de correo electrónico o mensaje de texto, dentro del señalado plazo. En caso de que la respuesta fuese negativa, la empresa deberá mencionar y justificar las razones del rechazo.

Del mismo modo, las empresas deberán informar sus resoluciones a la superintendencia u organismo fiscalizador respectivo y, mensualmente, deberán publicar en su página web el número y porcentaje de solicitudes aceptadas y rechazadas, conforme a lo establecido en el inciso anterior. Las denuncias de infracciones a los preceptos de esta ley deberán ser tratadas, por parte de las superintendencias u organismos fiscalizadores respectivos, como reclamos, de acuerdo a la normativa vigente. Asimismo, las infracciones a lo dispuesto en la presente ley serán sancionadas de conformidad a la normativa sectorial respectiva.

Por el plazo de noventa días contado desde la publicación de esta ley, y de manera excepcional, el pago de las cooperativas y pequeñas empresas de distribución eléctricas a las empresas generadoras y transmisoras podrá ser realizado en cuotas, en el mismo número de meses en que se prorratearán las cuentas de sus beneficiarios, sin multas ni intereses.”.

b) Suprimir el artículo 2.

c) Suprimir el artículo transitorio.”.

La indicación número 2, de las Honorables Senadoras señoras Órdenes y Provoste, para reemplazar, en el inciso primero del artículo 1, la frase “Decretado por el Gobierno el estado de catástrofe por la pandemia del COVID 19, y durante la totalidad de su vigencia”, por la siguiente: “Durante los noventa días siguientes a la publicación de esta ley, las empresas proveedoras de servicios sanitarios, empresas y cooperativas de distribución de electricidad y las empresas de distribución de gas de red”.

La indicación número 3, del Honorable Senador señor Girardi, para eliminar, en el inciso primero del artículo 1, la palabra “y” la primera vez que aparece y agregar la frase “y hasta 30 días después de levantado”, luego de la frase “su vigencia”.

La indicación número 4, de las Honorables Senadoras señoras Órdenes y Provoste, para eliminar, en el inciso primero del artículo 1, la letra “y”, la primera vez que aparece, y agregar, a continuación de la expresión “su vigencia”, la siguiente frase: “y hasta 30 días después de levantado”.

La indicación número 5, del Honorable Senador señor Girardi, para reemplazar, en el inciso primero del artículo 1, la frase “Decretado por el Gobierno el estado de catástrofe por la pandemia del COVID 19, y durante la totalidad de su vigencia”, por “Durante los noventa días siguientes a la publicación de esta ley, las empresas proveedoras de servicios sanitarios, empresas y cooperativas de distribución de electricidad y las empresas de distribución de gas de red”.

La indicación número 6, de las Honorables Senadoras señoras Órdenes y Provoste,

para reemplazar, en el inciso tercero del artículo 1, la frase “por el plazo de sesenta días”, por la siguiente: “por el mismo plazo indicado en el inciso primero”.

La indicación número 7, del Honorable Senador señor Girardi, ara reemplazar, en el inciso tercero del artículo 1, la frase “por el plazo de sesenta días”, por “por el mismo plazo indicado en el inciso primero”.

La indicación número 8, de las Honorables Senadoras señoras Órdenes y Provoste, para eliminar, en el inciso final del artículo 1, la frase “, cooperativas eléctricas”.

La indicación número 9 del Honorable Senador señor Girardi, para eliminar la frase “, cooperativas eléctricas” en el inciso final del artículo 1.

La indicación número 10, de las Honorables Senadoras señoras Órdenes y Provoste, para reemplazar el inciso final del artículo 31 transitorio propuesto por el artículo 2, por el siguiente:

“Con todo, el pago de las empresas distribuidoras y cooperativas eléctricas de distribución a las empresas generadoras y transmisoras deberá ser devengado una vez levantado el estado de excepción, en el mismo número de meses en que se prorratearán las cuotas a sus usuarios finales sin multas ni intereses. Dicha fórmula de pago no será aplicable a las empresas de generación cuyos contratos, referidos en el artículo 131 del citado cuerpo legal, hayan sido adjudicados con anterioridad al proceso de licitación de octubre de 2015 y hayan iniciado suministro.”.

La indicación número 11, de las Honorables Senadoras señoras Órdenes y Provoste, para reemplazar el inciso final del artículo 31 transitorio propuesto por el artículo 2, por el siguiente:

“Con todo, el pago de las empresas distribuidoras y cooperativas eléctricas de distribución a las empresas generadoras y transmisoras deberá ser devengado una vez transcurridos 90 días desde la publicación de esta ley, en el mismo número de meses en que se prorratearán las cuotas a sus usuarios finales sin multas ni intereses. Dicha fórmula de pago no será aplicable a las empresas de generación cuyos contratos, referidos en el artículo 131 del citado cuerpo legal, hayan sido adjudicados con anterioridad al proceso de licitación de octubre de 2015 y hayan iniciado suministro.”.

La indicación número 12, de las Honorables Senadoras señoras Órdenes y Provoste,

para reemplazar, en el inciso final del artículo 31 transitorio propuesto por el artículo 2, la frase “de igual cantidad de meses que este haya durado, con un mínimo de tres meses”, por la siguiente: “de igual cantidad de meses que el prorrateo otorgado a los clientes finales, quedando excluidos de lo dispuesto empresas de generación cuyos contratos, referidos en el artículo 131 del citado cuerpo legal, hayan sido adjudicados con anterioridad al proceso de licitación de octubre de 2015 y hayan iniciado suministro”.

La indicación número 13, del Honorable Senador señor Girardi, para reemplazar la frase “de igual cantidad de meses que este haya durado, con un mínimo de tres meses”, por “de igual cantidad de meses que el prorrateo otorgado a los clientes finales, quedando excluidos de lo dispuesto empresas de generación cuyos contratos, referidos en el artículo 131 del citado cuerpo legal, hayan sido adjudicados con anterioridad al proceso de licitación de octubre de 2015 y hayan iniciado suministro. ”, en el inciso final del artículo 31 transitorio propuesto por el artículo 2.

La indicación número 14, del Honorable Senador señor Girardi, para reemplazar el inciso segundo del nuevo artículo 31 transitorio propuesto por el artículo 2, por el siguiente:

“Con todo, el pago de las empresas distribuidoras y cooperativas eléctricas de distribución a las empresas generadoras y transmisoras deberá ser devengado una vez levantado el estado de excepción, en el mismo número de meses en que se prorratearán las cuotas a sus usuarios finales sin multas ni intereses. Dicha fórmula de pago no será aplicable a las empresas de generación cuyos contratos, referidos en el artículo 131 del citado cuerpo legal, hayan sido adjudicados con anterioridad al proceso de licitación de octubre de 2015 y hayan iniciado suministro.”.

La indicación número 15, del Honorable Senador señor Girardi, para reemplazar el inciso segundo del nuevo artículo 31 transitorio propuesto por el artículo 2, por el siguiente:

“Con todo, el pago de las empresas distribuidoras y cooperativas eléctricas de distribución a las empresas generadoras y transmisoras deberá ser devengado una vez transcurridos 90 días desde la publicación de esta ley, en el mismo número de meses en que se prorratearán las cuotas a sus usuarios finales sin multas ni intereses. Dicha fórmula de pago no será aplicable a las empresas de generación cuyos contratos, referidos en el artículo 131 del citado cuerpo legal, hayan sido adjudicados con anterioridad al proceso de licitación de octubre de 2015 y hayan iniciado suministro.”.

- Seguidamente, las Honorables Senadoras señoras Órdenes y Provoste retiraron las indicaciones números 2, 4, 6, 8, 10, 11 y 12. (Indicaciones 2, 4, 6, 8 10, 11 y 12, retiradas).

- Finalmente, puestas en votación las indicaciones números 3, 5, 7, 9, 13, 14 y 15, fueron rechazadas por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señoras Órdenes y Rincón, y señores Durana, Elizalde y Pugh. (Indicaciones 3, 5, 7, 9, 13, 14 y 15, rechazadas, unanimidad 5x0).

Al concluir, el Honorable Senador señor Elizalde, Presidente de la Comisión, se refirió al quórum necesario para la aprobación del proyecto de ley en informe.

Indicó que el proyecto aprobado por la Comisión, que es idéntico al aprobado por el Senado en los proyectos boletines números 13.315-08, 13.417-03 y 13.438-03, refundidos (comunicados a la Cámara de Diputados mediante Oficio N° 137 /SEC/20, de 29 de abril de 2020), no requiere para su aprobación de una mayoría especial. Esto, habida cuenta que no alude a ningún estado de excepción constitucional, pues su vigencia será por los noventa días siguientes a su publicación y los beneficios se aplican incluso para un periodo anterior y posterior, en las condiciones que en cada caso se señalan.

Agregó que lo que requiere de un quórum supra mayoritario es la regulación del estado de excepción constitucional, propiamente tal, que exige el quórum propio de una ley orgánica constitucional, de conformidad a lo establecido en el artículo 44 de la Carta Fundamental. Es decir, el estatuto mismo que regula el estado de excepción constitucional y sus efectos permanentes.

Por consiguiente, no todo lo relacionado con estados de excepción requiere quórum especial. Y si así se entendiera, se podría sostener que los beneficios que se han aprobado por distintos proyectos iniciados en mensaje presidencial relacionados con la pandemia, tendrían que ser leyes orgánicas constitucionales y, por ende, deberían haber sido aprobados con el quórum correspondiente, lo cual constituye un absurdo.

En suma, culminó, el proyecto en caso alguno regula un estado de excepción constitucional, sino que pretende minimizar el impacto social que está teniendo la pandemia, y solamente coincide con un estado de excepción constitucional vigente. Por lo anteriormente expuesto, el proyecto de ley en informe no requiere ser aprobado con quórum especial.

Se deja constancia que, de conformidad a los acuerdos adoptados, la Comisión acordó proponer al Senado discutir la iniciativa también en general y particular, a la vez, de conformidad a lo establecido en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación.

MODIFICACIONES

En mérito de los acuerdos precedentemente expuestos, la Comisión de Economía tiene el honor de proponer la aprobación de las siguientes modificaciones al proyecto de ley despachado por la Cámara de Diputados, en primer trámite constitucional:

Artículo 1

Sustituirlo por el siguiente:

“Artículo único. Durante los noventa días siguientes a la publicación de esta ley, las empresas proveedoras de servicios sanitarios, empresas y cooperativas de distribución de electricidad y las empresas de distribución de gas de red, no podrán cortar el suministro por mora en el pago a los usuarios residenciales, hospitales, establecimientos educacionales y centros de salud municipal, cárceles, hogares de menores en riesgo social, abandono o compromiso delictual, bomberos, organizaciones sin fines de lucro y microempresas, estas últimas definidas de acuerdo a lo establecido en la ley N° 20.416, que fija normas para empresas de menor tamaño. Por lo tanto, por el plazo al que se refiere este artículo, queda suspendida la aplicación, para dichos clientes, de los incisos tercero, cuarto, quinto y sexto del artículo 36 del decreto con fuerza de ley N° 323, de 1931, del Ministerio del Interior, Ley de Servicios de Gas; del artículo 141 y del inciso segundo del literal q) del artículo 225 del decreto con fuerza de ley N° 4, de 2007, del Ministerio de Economía, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 1, de Minería, de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos, en materia de energía eléctrica, y lo establecido en la letra d) del artículo 36 del decreto con fuerza de ley Nº 382, de 1989, del Ministerio de Obras Públicas, Ley General de Servicios Sanitarios.

A solicitud de los usuarios finales, las deudas contraídas con las empresas de servicios sanitarios, empresas y cooperativas de distribución de electricidad y empresas de gas de red que se generen entre los treinta días previos y hasta los noventa días posteriores a la publicación de esta ley, se prorratearán en hasta doce cuotas mensuales iguales y sucesivas, a partir de la facturación siguiente al término de este último plazo, y no podrán incorporar multas ni intereses. Adicionalmente, a elección del usuario final activo, el prorrateo podrá incluir deudas generadas antes de las deudas contraídas según lo señalado en este inciso, hasta el monto de diez unidades de fomento para las empresas distribuidoras y cooperativas de electricidad, y de hasta un monto de cinco unidades de fomento para las empresas de servicios sanitarios y de distribución de gas de red, en las mismas condiciones.

Durante el plazo de noventa días contado desde la publicación de esta ley, tratándose de servicios de telefonía fija, móvil o de acceso a internet, los clientes podrán solicitar al proveedor del servicio el cambio transitorio de su contrato, si se tratara de clientes suscriptores, o la modificación de las condiciones de su servicio, si se tratara de clientes no suscriptores o de prepago, para la aplicación de un plan básico solidario de conectividad, por un plazo máximo de tres meses, de acuerdo a las características que a continuación se establecen.

El proveedor de servicios de telecomunicaciones deberá permitir, sin costo para el usuario, el acceso a prestaciones de servicios que permitan mantener conectividad telefónica y de servicios de transmisión de datos permanente. Para estos efectos, los clientes de internet fijo dispondrán, mensualmente, de acceso sin límites máximos de descarga, con una velocidad máxima de 4 mbps. Los clientes de servicio móvil con contrato dispondrán, mensualmente, de 50 sms, 300 minutos para llamadas y acceso a internet sin límites máximos de descarga con una velocidad máxima de 512 kbps. Los clientes de servicio móvil sin contrato dispondrán, mensualmente, de 100 sms mensuales y acceso a internet sin límites máximos de descarga con una velocidad máxima de 512 kbps. Respecto de estos últimos, el beneficio será otorgado a usuarios activos que, para estos efectos, se identifiquen asociando su RUT a un número telefónico determinado, al cual se le asignarán las condiciones de servicio antes establecidas. La obligación de la empresa se entenderá cumplida al otorgar las condiciones de servicio a un número por beneficiario. Para asegurar el correcto despliegue del plan solidario durante el período decretado como emergencia sanitaria se deberá garantizar la conectividad para fines laborales, educacionales, de salud y de información, para lo cual las empresas deberán realizar las acciones técnicas necesarias que aseguren dicho fin, beneficiando su tráfico por sobre otros usos relacionados.

Los proveedores de acceso a internet que a la fecha de publicación de la presente ley cuenten con menos de 12.000 clientes quedarán exceptuados de la obligación señalada en el inciso anterior, pudiendo adoptar medidas distintas para auxiliar a sus clientes que así lo soliciten, las que deberán publicar en sus páginas web.

Sólo podrán acogerse a lo dispuesto en los incisos segundo, tercero y cuarto, los usuarios finales que cumplan con, a lo menos, uno de los siguientes requisitos:

a) Encontrarse dentro del 40% de vulnerabilidad, de conformidad al Registro Social de Hogares;

b) Tener la calidad de adulto mayor, conforme lo señalado en la ley N° 19.828, que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor;

c) Estar percibiendo las prestaciones de la ley N° 19.728, que establece un seguro de desempleo;

d) Estar acogido a alguna de las causales de la ley N° 21.227, que faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo de la ley N° 19.728, en circunstancias excepcionales, ya sea por la suspensión de la relación laboral o por la celebración de un pacto de reducción temporal de jornada, o

e) Ser trabajador independiente no comprendido en alguna de las categorías anteriores y expresar, mediante declaración jurada simple, que está siendo afectado por una disminución significativa de ingresos que justifica el acceso a los beneficios. La utilización maliciosa de la declaración se sancionará de conformidad al artículo 210 del Código Penal.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes, los usuarios finales no comprendidos en el inciso sexto, que acrediten estar imposibilitados de dar cumplimiento a las obligaciones de pago que han contraído con la respectiva empresa prestadora, podrán solicitar acogerse a la postergación y prorrateo de los pagos, tratándose de las empresas indicadas en el inciso segundo, o la incorporación al plan básico solidario de conectividad, tratándose de las empresas indicadas en el inciso tercero. La negativa de la empresa prestadora podrá ser objeto de reclamo ante la superintendencia u organismo fiscalizador respectivo, y se sujetará a la normativa sectorial que corresponda.

Las empresas proveedoras de los servicios señalados en los incisos segundo y tercero deberán establecer, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta ley, una plataforma de atención al cliente, por internet y telefonía, que permita formular las solicitudes para acceder a los beneficios que ésta establece.

En cualquiera de los casos previstos en esta ley, las empresas prestadoras deberán resolver las solicitudes efectuadas por los interesados, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su formulación. La respuesta de la correspondiente empresa prestadora deberá ser comunicada al solicitante por medio de correo electrónico o mensaje de texto, dentro del señalado plazo. En caso de que la respuesta fuese negativa, la empresa deberá mencionar y justificar las razones del rechazo.

Del mismo modo, las empresas deberán informar sus resoluciones a la superintendencia u organismo fiscalizador respectivo y, mensualmente, deberán publicar en su página web el número y porcentaje de solicitudes aceptadas y rechazadas, conforme a lo establecido en el inciso anterior. Las denuncias de infracciones a los preceptos de esta ley deberán ser tratadas, por parte de las superintendencias u organismos fiscalizadores respectivos, como reclamos, de acuerdo a la normativa vigente. Asimismo, las infracciones a lo dispuesto en la presente ley serán sancionadas de conformidad a la normativa sectorial respectiva.

Por el plazo de noventa días contado desde la publicación de esta ley, y de manera excepcional, el pago de las cooperativas y pequeñas empresas de distribución eléctricas a las empresas generadoras y transmisoras podrá ser realizado en cuotas, en el mismo número de meses en que se prorratearán las cuentas de sus beneficiarios, sin multas ni intereses.”. (Unanimidad 5x0. Indicación número 1).

Artículo 2

Suprimirlo. (Unanimidad 5x0. Indicación número 1).

Artículo transitorio

Suprimirlo (Unanimidad 5x0. Indicación número 1).

TEXTO DEL PROYECTO

De conformidad con lo anterior, el texto del proyecto de ley queda como sigue:

PROYECTO DE LEY:

“Artículo único. Durante los noventa días siguientes a la publicación de esta ley, las empresas proveedoras de servicios sanitarios, empresas y cooperativas de distribución de electricidad y las empresas de distribución de gas de red, no podrán cortar el suministro por mora en el pago a los usuarios residenciales, hospitales, establecimientos educacionales y centros de salud municipal, cárceles, hogares de menores en riesgo social, abandono o compromiso delictual, bomberos, organizaciones sin fines de lucro y microempresas, estas últimas definidas de acuerdo a lo establecido en la ley N° 20.416, que fija normas para empresas de menor tamaño. Por lo tanto, por el plazo al que se refiere este artículo, queda suspendida la aplicación, para dichos clientes, de los incisos tercero, cuarto, quinto y sexto del artículo 36 del decreto con fuerza de ley N° 323, de 1931, del Ministerio del Interior, Ley de Servicios de Gas; del artículo 141 y del inciso segundo del literal q) del artículo 225 del decreto con fuerza de ley N° 4, de 2007, del Ministerio de Economía, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 1, de Minería, de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos, en materia de energía eléctrica, y lo establecido en la letra d) del artículo 36 del decreto con fuerza de ley Nº 382, de 1989, del Ministerio de Obras Públicas, Ley General de Servicios Sanitarios.

A solicitud de los usuarios finales, las deudas contraídas con las empresas de servicios sanitarios, empresas y cooperativas de distribución de electricidad y empresas de gas de red que se generen entre los treinta días previos y hasta los noventa días posteriores a la publicación de esta ley, se prorratearán en hasta doce cuotas mensuales iguales y sucesivas, a partir de la facturación siguiente al término de este último plazo, y no podrán incorporar multas ni intereses. Adicionalmente, a elección del usuario final activo, el prorrateo podrá incluir deudas generadas antes de las deudas contraídas según lo señalado en este inciso, hasta el monto de diez unidades de fomento para las empresas distribuidoras y cooperativas de electricidad, y de hasta un monto de cinco unidades de fomento para las empresas de servicios sanitarios y de distribución de gas de red, en las mismas condiciones.

Durante el plazo de noventa días contado desde la publicación de esta ley, tratándose de servicios de telefonía fija, móvil o de acceso a internet, los clientes podrán solicitar al proveedor del servicio el cambio transitorio de su contrato, si se tratara de clientes suscriptores, o la modificación de las condiciones de su servicio, si se tratara de clientes no suscriptores o de prepago, para la aplicación de un plan básico solidario de conectividad, por un plazo máximo de tres meses, de acuerdo a las características que a continuación se establecen.

El proveedor de servicios de telecomunicaciones deberá permitir, sin costo para el usuario, el acceso a prestaciones de servicios que permitan mantener conectividad telefónica y de servicios de transmisión de datos permanente. Para estos efectos, los clientes de internet fijo dispondrán, mensualmente, de acceso sin límites máximos de descarga, con una velocidad máxima de 4 mbps. Los clientes de servicio móvil con contrato dispondrán, mensualmente, de 50 sms, 300 minutos para llamadas y acceso a internet sin límites máximos de descarga con una velocidad máxima de 512 kbps. Los clientes de servicio móvil sin contrato dispondrán, mensualmente, de 100 sms mensuales y acceso a internet sin límites máximos de descarga con una velocidad máxima de 512 kbps. Respecto de estos últimos, el beneficio será otorgado a usuarios activos que, para estos efectos, se identifiquen asociando su RUT a un número telefónico determinado, al cual se le asignarán las condiciones de servicio antes establecidas. La obligación de la empresa se entenderá cumplida al otorgar las condiciones de servicio a un número por beneficiario. Para asegurar el correcto despliegue del plan solidario durante el período decretado como emergencia sanitaria se deberá garantizar la conectividad para fines laborales, educacionales, de salud y de información, para lo cual las empresas deberán realizar las acciones técnicas necesarias que aseguren dicho fin, beneficiando su tráfico por sobre otros usos relacionados.

Los proveedores de acceso a internet que a la fecha de publicación de la presente ley cuenten con menos de 12.000 clientes quedarán exceptuados de la obligación señalada en el inciso anterior, pudiendo adoptar medidas distintas para auxiliar a sus clientes que así lo soliciten, las que deberán publicar en sus páginas web.

Sólo podrán acogerse a lo dispuesto en los incisos segundo, tercero y cuarto, los usuarios finales que cumplan con, a lo menos, uno de los siguientes requisitos:

a) Encontrarse dentro del 40% de vulnerabilidad, de conformidad al Registro Social de Hogares;

b) Tener la calidad de adulto mayor, conforme lo señalado en la ley N° 19.828, que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor;

c) Estar percibiendo las prestaciones de la ley N° 19.728, que establece un seguro de desempleo;

d) Estar acogido a alguna de las causales de la ley N° 21.227, que faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo de la ley N° 19.728, en circunstancias excepcionales, ya sea por la suspensión de la relación laboral o por la celebración de un pacto de reducción temporal de jornada, o

e) Ser trabajador independiente no comprendido en alguna de las categorías anteriores y expresar, mediante declaración jurada simple, que está siendo afectado por una disminución significativa de ingresos que justifica el acceso a los beneficios. La utilización maliciosa de la declaración se sancionará de conformidad al artículo 210 del Código Penal.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes, los usuarios finales no comprendidos en el inciso sexto, que acrediten estar imposibilitados de dar cumplimiento a las obligaciones de pago que han contraído con la respectiva empresa prestadora, podrán solicitar acogerse a la postergación y prorrateo de los pagos, tratándose de las empresas indicadas en el inciso segundo, o la incorporación al plan básico solidario de conectividad, tratándose de las empresas indicadas en el inciso tercero. La negativa de la empresa prestadora podrá ser objeto de reclamo ante la superintendencia u organismo fiscalizador respectivo, y se sujetará a la normativa sectorial que corresponda.

Las empresas proveedoras de los servicios señalados en los incisos segundo y tercero deberán establecer, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta ley, una plataforma de atención al cliente, por internet y telefonía, que permita formular las solicitudes para acceder a los beneficios que ésta establece.

En cualquiera de los casos previstos en esta ley, las empresas prestadoras deberán resolver las solicitudes efectuadas por los interesados, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su formulación. La respuesta de la correspondiente empresa prestadora deberá ser comunicada al solicitante por medio de correo electrónico o mensaje de texto, dentro del señalado plazo. En caso de que la respuesta fuese negativa, la empresa deberá mencionar y justificar las razones del rechazo.

Del mismo modo, las empresas deberán informar sus resoluciones a la superintendencia u organismo fiscalizador respectivo y, mensualmente, deberán publicar en su página web el número y porcentaje de solicitudes aceptadas y rechazadas, conforme a lo establecido en el inciso anterior. Las denuncias de infracciones a los preceptos de esta ley deberán ser tratadas, por parte de las superintendencias u organismos fiscalizadores respectivos, como reclamos, de acuerdo a la normativa vigente. Asimismo, las infracciones a lo dispuesto en la presente ley serán sancionadas de conformidad a la normativa sectorial respectiva.

Por el plazo de noventa días contado desde la publicación de esta ley, y de manera excepcional, el pago de las cooperativas y pequeñas empresas de distribución eléctricas a las empresas generadoras y transmisoras podrá ser realizado en cuotas, en el mismo número de meses en que se prorratearán las cuentas de sus beneficiarios, sin multas ni intereses.”.

Acordado en sesión celebrada el día 19 de mayo de 2020, con asistencia vía videoconferencia de los Honorables Senadores señor Álvaro Elizalde Soto (Presidente), señoras Ximena Órdenes Neira y Ximena Rincón González, y señores José Miguel Durana Semir y Kenneth Pugh Olavarría.

Valparaíso, 20 de mayo de 2020.

PEDRO FADIC RUIZ

Abogado Secretario de la Comisión

RESUMEN EJECUTIVO

PRIMER INFORME DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY, EN SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE MODIFICA DIVERSOS CUERPOS LEGALES PARA DISPONER LA POSTERGACIÓN DEL COBRO DE LAS DEUDAS POR CONSUMOS DE SERVICIOS BÁSICOS DOMICILIARIOS, Y DEL CORTE DE TALES SUMINISTROS EN CASO DE DEUDA, DURANTE LA VIGENCIA DE ALERTAS SANITARIAS O EPIDEMIOLÓGICAS DECRETADAS POR LA AUTORIDAD.

(BOLETÍN N° 13.329-03 REFUNDIDO CON 13.342-03, 13.347-03, 13.354-03, 13.355-03 y 13.356-03).

I. OBJETIVO DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN: los principales objetivos de la iniciativa legal son los siguientes:

- Prohibir a las empresas proveedoras de servicios sanitarios, empresas y cooperativas de distribución de electricidad y empresas de distribución de gas de red, cortar el suministro por mora en el pago de los usuarios residenciales, hospitales, cárceles, hogares de menores en riesgo social, abandono o compromiso delictual, bomberos, organizaciones sin fines de lucro y microempresas.

- Permitir, a los usuarios finales, el prorrateo de las deudas contraídas con empresas de servicios sanitarios, empresas y cooperativas de distribución de electricidad y empresas de gas de red.

- Permitir a los clientes de servicios de telefonía fija, móvil o de acceso a internet, solicitar al proveedor el cambio transitorio de su contrato, si se tratara de clientes suscriptores, o la modificación de las condiciones de su servicio si se tratara de clientes no suscriptores o de prepago, para la aplicación de un plan básico solidario de conectividad.

II. ACUERDOS: aprobado en general unanimidad 5x0.

Indicación N° 1aprobadaunanimidad 5x0.

Indicación N° 2retirada.

Indicación N° 3 rechazadaunanimidad 5x0.

Indicación N° 4retirada.

Indicación N° 5 rechazadaunanimidad 5x0.

Indicación N° 6retirada.

Indicación N° 7 rechazadaunanimidad 5x0.

Indicación N° 8retirada.

Indicación N° 9 rechazadaunanimidad 5x0.

Indicación N° 10retirada.

Indicación N° 11retirada.

Indicación N° 12retirada.

Indicación N° 13rechazadaunanimidad 5x0.

Indicación N° 14 rechazadaunanimidad 5x0.

Indicación N° 15rechazadaunanimidad 5x0.

III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: consta de un artículo único.

IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: no tiene.

V. URGENCIA: no tiene.

VI. ORIGEN INICIATIVA: Cámara de Diputados. Mociones parlamentarias.

VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL: segundo.

VIII. APROBACIÓN POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS: con fecha 8 de abril de 2020, fue aprobado en general por 96 votos a favor y 14 abstenciones.

IX. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 21 de abril de 2020.

X. TRÁMITE REGLAMENTARIO: primer informe de la Comisión de Economía.

XI. NORMAS CONSTITUCIONALES O LEGALES QUE MODIFICA O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA:

- Decreto con fuerza de ley N°4, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de 2006, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Minería, de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos en materia de energía eléctrica.

- Decreto con fuerza de ley N° 323, de 1931, del Ministerio el Interior, Ley de Servicios de Gas.

- Decreto con fuerza de ley N° 382, de 1989, del Ministerio de Obras Públicas, Ley General de Servicios Sanitarios.

- Ley N° 19.728, que establece un seguro de desempleo.

- Ley N° 19.828, que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor, la calidad de adulto mayor.

- Ley Nº 20.416, fija normas especiales para las empresas de menor tamaño.

- Ley N° 21.227, que faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo de la ley N° 19.728, en circunstancias excepcionales.

- Código Penal.

- Decreto supremo N° 104, de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Valparaíso, a 20 de mayo de 2020.

PEDRO FADIC RUIZ

Abogado Secretario de la Comisión

POSTERGACIÓN DE COBRO Y DE CORTE DE SUMINISTRO DE SERVICIOS BÁSICOS DOMICILIARIOS POR DEUDAS DURANTE ALERTAS SANITARIAS O EPIDEMIOLÓGICAS

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

En primer lugar, corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales para disponer la postergación del cobro de las deudas por consumos de servicios básicos domiciliarios y del corte de tales suministros en caso de deuda, durante la vigencia de alertas sanitarias o epidemiológicas decretadas por la autoridad, con informe de la Comisión de Economía.

--Los antecedentes sobre el proyecto (13.329-03, 13.342-03, 13.347-03, 13.354-03, 13.355-03 y 13.356-03, refundidos) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite: sesión 16ª, en 21 de abril de 2020 (se da cuenta).

Informe de Comisión:

Economía: sesión 24ª, en 20 de mayo de 2020.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Los principales objetivos de esta iniciativa son los siguientes:

-Prohibir, a las empresas proveedoras de servicios sanitarios, empresas y cooperativas de distribución de electricidad y empresas de distribución de gas de red, cortar el suministro por mora en el pago de los usuarios residenciales; hospitales; cárceles; hogares de menores en riesgo social, abandono o compromiso delictual; bomberos; organizaciones sin fines de lucro, y microempresas.

-Permitir, a los usuarios finales, el prorrateo de las deudas contraídas con empresas de servicios sanitarios, empresas y cooperativas de distribución de electricidad y empresas de gas de red.

-Permitir, a los clientes de servicios de telefonía fija, móvil o de acceso a internet, solicitar al proveedor el cambio transitorio de su contrato, si se tratara de clientes suscriptores, o la modificación de las condiciones de su servicio si se tratara de clientes no suscriptores o de prepago, para la aplicación de un plan básico solidario de conectividad.

Cabe hacer presente que, en sesión de 29 de abril de 2020, la Sala del Senado autorizó a la Comisión de Economía para discutir el proyecto de ley en general y en particular a la vez en el trámite de primer informe.

Asimismo, dicha Comisión deja constancia, en virtud de los acuerdos adoptados, de que resolvió proponer a la Sala discutir la iniciativa también en general y en particular a la vez, de conformidad con lo establecido en el artículo 127 del Reglamento del Senado.

La Comisión de Economía aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros, Senadores señoras Órdenes y Rincón y señores Durana, Elizalde y Pugh, y aprobó la iniciativa en particular con las modificaciones y votaciones que se registran en su respectivo informe.

El texto que se propone aprobar se consigna en las páginas 25 y siguientes del informe de la Comisión de Economía y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición, tanto en el SIL como en la plataforma que se está usando para esta sesión.

Es todo, señora Presidenta.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, señor Secretario .

En discusión el proyecto.

Tiene la palabra el Senador Álvaro Elizalde, Presidente de la Comisión de Economía, para que entregue el informe de la Comisión.

El señor ELIZALDE.-

Señora Presidenta , en primer lugar, es necesario señalar que el contenido de las modificaciones introducidas por la Comisión de Economía a este proyecto, que tuvo su origen en diversas mociones de Diputados, que fueron refundidas, es el mismo que aprobó el Senado respecto de una iniciativa que se originó en varias mociones de Senadores.

Los Diputados plantearon que este proyecto debía ser tramitado por una lógica de reciprocidad, pues ellos han dado trámite a iniciativas de similar naturaleza provenientes del Senado. Por lo mismo, solicitamos en su oportunidad que el proyecto fuera discutido en general y en particular en la Comisión de Economía.

En los hechos, el texto que se aprobó como indicación a la propuesta aprobada por la Cámara de Diputados es exactamente igual al contenido acogido en el proyecto que fue conocido en su oportunidad por el Senado. De manera tal que la discusión que se dio en la Comisión trató sobre la forma de regular esa materia. Y, adicionalmente, se incorporaron todas las indicaciones que fueron votadas favorablemente en la Sala del Senado cuando se tramitó la otra iniciativa. Es decir, las modificaciones introducidas comprenden tanto lo que se había acordado en la Comisión de Economía respecto del proyecto que tuvo origen en el Senado, como las indicaciones que fueron aprobadas por la Sala en su oportunidad.

Por tanto, el texto es exactamente el mismo.

En rigor, esta iniciativa establece que no serán permitidos los cortes de suministro eléctrico para determinadas personas e instituciones. También se dispone que quienes estén en condiciones complejas, producto del drama económico que se está viviendo, podrán no pagar las respectivas cuentas durante los noventa días posteriores y los treinta días anteriores a la publicación de esta ley y podrán repactarlas en los doce meses siguientes, sin que tengan que pagar multas o intereses.

De esa manera se pretende ayudar a las familias chilenas, ante el drama que están viviendo, porque están afectadas en sus ingresos, lo que no les permite cumplir con el pago de los suministros básicos. Ese es el sentido de este proyecto.

Adicionalmente, respecto de las telecomunicaciones y, particularmente, de los planes de telefonía e internet, se establece un plan básico gratuito que deberá ser presentado por las empresas. De este modo se va a permitir mantener la conectividad respecto de personas que no están en condiciones de pagar sus cuentas.

En su oportunidad, cuando se debatió en el Senado el otro proyecto, yo di un informe detallado de su contenido. Creo que esta iniciativa debería ser de fácil despacho, porque ya se votó una igual. Obviamente, entonces hubo Senadores que votaron a favor y otros, en contra; pero en la que nos ocupa no hay una modificación respecto de lo que ya se discutió cuando se vio el proyecto que tuvo origen en el Senado.

Creo que es importante su tramitación. Obviamente, yo voy a votar a favor. Espero que se apruebe este proyecto y que sea despachado por el Senado, obviamente sobre la base de la decisión democrática que tomen los distintos Senadores. Sería una señal que le estamos dando a la Cámara de Diputados respecto de tramitar con celeridad sus iniciativas; mantener una buena relación entre ambas Cámaras, y establecer una lógica de reciprocidad, que me parece fundamental.

Respecto de las personas, que son lo más relevante, este proyecto obviamente las protege y les da un alivio ante la situación compleja que estamos viviendo.

Es evidente que la situación de pandemia se encuentra en momentos especialmente complejos. Los contagios van a aumentar en los próximos días, de acuerdo a las proyecciones que ya se han señalado. Las cifras son muy preocupantes. Ello ha paralizado, obviamente, determinadas actividades económicas y ha obligado a la autoridad a adoptar medidas de carácter sanitario, particularmente las que tienen por objeto fortalecer las iniciativas de aislamiento físico.

Ese contexto va a generar un impacto enorme en el ingreso de las familias. Por tanto, este proyecto viene a complementar las iniciativas que ya han sido aprobadas por el Congreso Nacional con relación a los beneficios que ha planteado el Gobierno y que han contado con el respaldo de ambas Cámaras.

En cuanto al tema de la inconstitucionalidad que se discutió en su momento, cabe precisar que este proyecto no hace referencia a un estado de excepción constitucional, sino a un plazo contado desde la publicación de la ley. Si alguien considerara que esta es una materia propia de una ley orgánica constitucional por regular un estado de excepción, entonces debería haberse aplicado la misma lógica a todos los proyectos que ha presentado el Gobierno en el contexto de la emergencia, lo que resultaría a todas luces absurdo.

Con esa lógica, por ejemplo, los proyectos que fueron aprobados sobre ingreso familiar de emergencia o protección al empleo, aplicando disposiciones del Seguro de Cesantía, debieran ser considerados como parte del estado de excepción constitucional y, por tanto, haber sido regulados con quorum de ley orgánica constitucional. Eso resulta a todas luces absurdo.

En rigor, lo que requiere quorum de ley orgánica constitucional es el estatuto permanente de los estados de excepción constitucional.

En todo caso, en este proyecto en particular no se hace ninguna referencia al estado de calamidad que ha declarado el Presidente de la República. Por tanto, para aprobar sus normas, se necesita quorum de ley simple.

Obviamente espero que cuente con el respaldo de todos los Senadores que forman parte de esta Corporación.

Es todo cuanto puedo informar, señora Presidenta.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senador Elizalde.

Tiene la palabra el Senador José García.

Senador García, ¿está conectado?

Vamos a esperar.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Señora Presidenta , parece que el señor Senador no está conectado en este minuto.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Entonces, le doy la palabra a la Senadora Yasna Provoste.

La señora PROVOSTE.-

Señora Presidenta , solo quiero ratificar y respaldar lo que ha señalado el Presidente de la Comisión de Economía, Senador Álvaro Elizalde , en el sentido de darle una rápida tramitación a este proyecto. Ojalá que podamos votarlo de inmediato, para que se constituya rápido la Comisión Mixta que deberá formarse.

Nosotros esperamos que las medidas que van en apoyo de las familias que hoy día están enfrentando situaciones complejas, como la incertidumbre frente a los cortes de suministros de servicios básicos, tengan una rápida tramitación. Y este proyecto ya lleva demasiado tiempo en el Parlamento.

Creo que lo mejor es que procedamos a votar para que pronto se constituya la Comisión Mixta.

Solo eso, señora Presidenta.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Tiene la palabra el Senador Coloma.

El señor COLOMA.-

Señora Presidenta, me parece que la relación que ha hecho el Senador Elizalde es muy razonable.

El objetivo de la iniciativa es algo que de alguna manera se ha planteado hace ya bastante tiempo. Y en su momento el Gobierno hizo un esfuerzo -y lo logró- para que muchos de estos temas se hicieran por la vía voluntaria de la empresa.

¿Dónde tengo mis dudas? Quiero consultarlo, señora Presidenta .

Yo no sé bien cuáles son los efectos prácticos de este articulado para el Estado de Chile.

Me explico.

Si una empresa voluntariamente no cobra una cuenta o posterga un plazo o genera una dilación porcentual de esos cobros, obviamente es una decisión propia entre particulares. En tal caso, la empresa tiene que provisionar lo necesario y hacer los esfuerzos para que eso sea posible. La lógica de la voluntariedad tiene que ver justamente con la fijación libre de los contratos.

Hasta ahí yo creo que estamos todos claros.

Mi duda -por eso lo planteo con harta transparencia- es que, si tal obligación a las empresas se establece por ley, mi impresión es que se puede generar indeseadamente, por la vía de la obligatoriedad -recordemos que la ley puede modificar un contrato-, una suerte de responsabilidad del Estado para responder a las empresas respecto de los efectos de esos cobros que estaban dispuestas a hacer voluntariamente.

No es lo mismo cuando alguien realiza voluntariamente algo que cuando es obligado a hacerlo, particularmente respecto de las eventuales indemnizaciones que pueden exigirse a ese Estado en función de una ley que se plantea como una obligación de mandato.

Yo creo que el tema de fondo está fuera de discusión. Y, de hecho, en la práctica está funcionando. Si no funciona bien, habrá que ver y hacer una presión política, pública sobre eso.

Pero no sé -y se lo planteo al Senador Elizalde, que debe de haber analizado harto esta materia- si esto genera una suerte de garantía total en cuanto a que no se produzcan efectos de reparación o de indemnizaciones si una empresa dice: "A mí me obligaron a hacer esto. Y como yo tengo un contrato, usted, de alguna forma, tiene que indemnizarme".

Ese es el aspecto global que a mí me preocupa respecto de los efectos. No estoy discutiendo la idea, porque me parece que es del más amplio sentido común.

Adicionalmente, creo que el Gobierno tiene algunas posibilidades de implementar esta medida sin necesidad de ley, por el estado de excepción en que nos encontramos.

Pero quería plantear esa duda porque, honestamente, pienso que los debates son para tratar de descifrar las interrogantes que uno pueda tener. Y por su intermedio, señora Presidenta, quería exponerlas.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Voy a entregarle la palabra al Senador Elizalde para que se haga cargo de inmediato de este planteamiento.

Senador Elizalde, puede intervenir.

El señor ELIZALDE.-

Señora Presidenta, creo que es muy pertinente la duda que expone el Senador Coloma.

Ahora, vamos por parte.

Efectivamente, el Gobierno ha establecido acuerdos voluntarios con las empresas, los que tienen una magnitud más acotada que la de este proyecto pero que va en una lógica muy similar.

Y de acuerdo con esos entendimientos, tienen carácter obligatorio una vez que son suscritos por las empresas y, por tanto, son fiscalizables. Y eventualmente pueden ser sancionadas si no los cumplen.

Pero el Senador Coloma hace referencia a otra hipótesis: que la ley modifique efectivamente las condiciones en las cuales se están prestando estos servicios, particularmente, cómo se realiza el cobro.

El punto es que si la tesis del Senador Coloma fuera efectiva, el proyecto que presentó el Gobierno en su oportunidad para congelar las tarifas eléctricas, que tiene un impacto obviamente en las empresas, porque es una especie de crédito con tasa cero, generaría también la obligación de indemnizar. Y esa es una iniciativa que fue promovida con entusiasmo por parte del Ejecutivo.

Yo creo que en este caso no existe la posibilidad que se plantea, porque se trata de servicios regulados. Y, por tanto, obviamente, es la ley la que los regula y se pueden realizar las modificaciones correspondientes.

Eso no obsta a que la regulación debe ser pertinente desde el punto de vista de su impacto financiero, porque las empresas requieren cierta viabilidad para seguir prestando sus servicios.

Por eso este es un proyecto acotado a noventa días para delante y treinta días para atrás. No hay un perdonazo -es muy importante precisar esto-, no es que las personas no vayan a pagar su cuenta. Lo que hay es una repactación en el pago de la cuenta en los doce meses siguientes a estos noventa días. Además, una persona incluso podría perfectamente pactar en un plazo inferior, si está en condiciones de pagar con mayor celeridad.

Esta iniciativa es equivalente al proyecto que presentó el propio Gobierno del Presidente Piñera y que establecía el congelamiento de tarifas. Por tanto, como lo he señalado, esta es una especie de préstamo a tasa cero. El proyecto del Ejecutivo sí tenía un impacto en dólar, y por eso el aumento del precio del dólar no ha sido positivo respecto a la implementación de esa iniciativa, pero implicaba una carga financiera para las empresas.

El costo que pudiera tener la iniciativa en análisis incluso es mucho menor. El universo al cual se aplica es mucho más acotado. Estamos hablando de las personas que realmente lo necesitan. Y reitero: lo único que se establece es una repactación en los doce meses siguientes a los noventa días, con cuotas fijas y sin pago de multas o intereses.

Por lo tanto, de todas maneras las personas van a tener que pagar la cuenta, por decirlo de alguna manera, y no se va a estar proveyendo el servicio de manera gratuita.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senador Elizalde.

Tiene la palabra el Senador Carlos Bianchi.

El señor BIANCHI.-

¿Ahí? ¿Se escucha bien?

Señora Presidenta , este proyecto tiene suma urgencia. No el proyecto en sí, porque desgraciadamente lo hemos venido postergando por mucho tiempo. Esta materia tiene urgencia, pues hoy día me ha llegado información de casos de abuso de las empresas hacia sus clientes.

Fíjese que la empresa Edelmag , que distribuye energía en la Región de Magallanes, pasó de cuentas de 35 mil pesos a más de cien mil pesos. Y la explicación pública que entregó es que probablemente había un error, porque no fueron a realizar la lectura de la energía gastada, sino que se hizo una aproximación.

Entonces, no bastó con el acuerdo al que el Presidente de la República intentó llegar con las eléctricas, las sanitarias y las empresas de gas.

Por eso nosotros insistimos muchas veces en que esto debía hacerse por medio de una ley, para poder fiscalizar y asegurar su cumplimiento.

Señora Presidenta , en estas últimas horas estamos conociendo antecedentes que son alarmantes con respecto a la cantidad de personas contagiadas; a la cifra que ha alcanzado la cesantía en nuestro país, y en las regiones ni hablar, esto es transversal para todo el país; y a las dificultades que sufren de manera muy especial nuestros adultos mayores.

Voy a hablar por la Región de Magallanes, que me honro en representar.

Para nosotros el gas es vital como elemento de vida. No es que queramos o no usar gas. Simplemente, si no calefaccionamos nuestros hogares, el frío claramente trae las consecuencias que todos entendemos.

En tal sentido, hemos visto abusos en los cobros y la nula posibilidad de repactar por parte de las personas. Y lo que es más grave: hemos visto cómo quienes han accedido a algún beneficio han tenido que destinar el poco dinero que han recibido -ya sea del Seguro de Cesantía, del "bono COVID", etcétera-, primero, a pagar las deudas de los consumos básicos. Las personas han debido privilegiar el consumo -la luz, el gas y el agua- por sobre el alimento, por sobre los medicamentos.

Entonces, señora Presidenta, ¡esto es urgente! ¡Estos son los temas que de verdad nosotros tenemos que abordar!

Yo sé que para algunas Senadoras y algunos Senadores eran más importantes el tema de la reelección y otras materias. Afortunadamente, ya vamos avanzando y lo vamos zanjando. Pero lo que estamos tratando hoy día tiene máxima urgencia.

A mí me han llegado por redes una enorme cantidad de denuncias de pagos que superan por largo lo que en un año promedio esas familias cancelaban en sus hogares en Magallanes. Y esto se replica en todo el país.

Por lo tanto, me alegra mucho que el Presidente de la Comisión , el señor Álvaro Elizalde , le haya otorgado a esto una prioridad. Da lo mismo si el proyecto es de la Cámara, da lo mismo si es del Senado. Lo importante es que el Congreso recoja la urgencia de algo que, por más que el Presidente haya intentado llegar a un acuerdo, no se ha implementado de manera efectiva, razón por la cual las personas deben seguir pagando.

El objetivo de este proyecto es muy simple. Si una persona tiene una deuda de los anteriores treinta días, puede pasarla luego a doce meses; y le es posible no pagar por noventa días los servicios para priorizar alimento, medicamentos, si está cesante, establecer otras prioridades, y después repactar.

No se trata de que la gente no vaya a pagar. Lo que estamos diciendo con este proyecto es que no habrá cobros de intereses y se podrá pactar luego a doce meses. Y esa decisión la toma el cliente, no la empresa. Y se hace a través de un trámite muy simplificado.

Por lo tanto, señora Presidenta , intentemos sacar esto cuanto antes, porque es de máxima urgencia. Para la Región de Magallanes, este proyecto es vital, porque ha habido abusos en los cobros y porque debemos, de alguna forma, intentar regular estos abusos en un período tan complejo como el que estamos enfrentando como mundo y como país.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Tiene la palabra la Senadora Isabel Allende.

La señora ALLENDE.-

Señora Presidenta , comparto lo que acaba de expresar el Senador Bianchi -lo señaló también el Senador Elizalde, informante del proyecto- en el sentido de que ojalá saquemos lo antes posible esta iniciativa, porque creo que es de extrema urgencia.

Pero no puedo dejar de mencionar que es -comillas- un alivio. Y quiero ser muy expresa cuando digo "comillas", porque, lamentablemente, estamos viviendo una situación muy compleja en términos no solo sanitarios, sino también económicos.

Estamos viendo un alza en la tasa de cesantía superior a los dos dígitos. Incluso, se menciona un 15,6 por ciento en algunos casos.

Hemos aprobado una ley de protección al empleo que, como todos sabemos, va bajando en cuanto a su monto. Y tratamos otra iniciativa, que tanto defendió el Gobierno, relativa al Ingreso Familiar de Emergencia -contra nuestra opinión-, que también es decreciente.

En situaciones como esta, en que además se ha imposibilitado a los comerciantes, a pequeños empresarios, desarrollar su rubro, ¿estos en qué condiciones quedan para pagar?

Entonces, se plantea una prórroga. Es un alivio.

Yo he recibido varios mensajes de la gente en Valparaíso y me dicen: "¿Y qué saco con que me prorroguen?"; "Ya, prorrogo la cuenta, que es en promedio veinte meses, la voy a prorrogar hasta doce meses, sin intereses, pero al final de cuentas tengo que pagar lo que se acumuló".

En consecuencia, creo que esta no es la medida que se requiere.

Yo sé que será un alivio y, por lo tanto, la voy a apoyar. Pero quiero decirle a la ciudadanía que nos pudiera estar escuchando que de verdad no estamos yendo al fondo. El fondo lo tocaron seis valiosos economistas, muy transversales. ¿Y qué dijeron?: "Gobierno, este es el momento en que hay que ocupar los fondos soberanos y tenemos que proteger a la gente y, por lo tanto, hay que alzar el Ingreso Familiar y hay que gastar en un marco razonable en los próximos dieciocho meses".

Esa es la política que necesitamos. No un goteo, que son los proyectos del Gobierno, todos decrecientes, o el nuestro, en que tratamos de paliar -yo lo voy a apoyar, porque es preferible a nada-, pero no vamos al fondo.

¿Sabe cuál es el fondo? El fondo es que la gente cada día está teniendo menos ingresos; está quedando cesante; no tiene posibilidad de trabajar; todavía no se soluciona su situación como informales. Y, encima, le decimos: "No se preocupe, va a poder prorrogar". Pero al final la cuenta se le acumula. Y no tenemos ninguna seguridad de que vamos a ser capaces de revertir esta cesantía cada vez mayor.

Señora Presidenta , particularmente en la Región de Valparaíso me preocupa el acceso al agua. Nada más tremendo que dar apenas 50 litros por persona y decirle a la gente: "lávese las manos, lávese las manos, lávese las manos". El Seremi señaló que iban a ser 100 litros y en menos de una semana se cortó esa resolución y se volvió a 50. Una burla y una mofa para sectores que hoy día ni siquiera acceden al agua, elemento vital y que debiera estar absolutamente garantizado.

En tal sentido, me siento con la obligación de plantear que nosotros damos señales contradictorias y ni siquiera le entregamos a la gente las herramientas que necesitan.

Y también he recibido denuncias de la gente porque le ha subido la cuenta de la luz: en Putaendo y en otras comunas, en Petorca. Y la pregunta que uno se hace es: ¿está fiscalizando la SEC? ¿Por qué están subiendo ahora los promedios? Porque la gente está en su casa y, evidentemente, se está consumiendo más. Como las personas no están yendo a trabajar presencialmente, hoy día el consumo de agua, de luz, de gas, de cualquiera de los servicios básicos, está subiendo.

Entonces, hagámonos cargo de que esta situación solo la podemos abordar si somos capaces de tener una mirada integral de lo que está pasando en este país, de lo que serán los próximos dos años y no seguir con este goteo, ya sea del Gobierno o de nuestras pequeñas propuestas. Y digo "pequeñas" porque en verdad esta prórroga poco va a ayudar. Pareciera que sí, pero al final se acumula la cuenta que hay que pagar de ese servicio y no se sabe si esa persona va a mejorar su situación o al contrario.

Con estas medidas decrecientes, cada vez con menos ingresos y en un país que, lamentablemente, va caminando al alza de la cesantía, como lo estamos viendo, creo que debemos preocuparnos del tema de fondo.

Voy a votar a favor, pero con estas observaciones, señora Presidenta , para pedir que ojalá el Gobierno escuche lo que le dicen economistas connotados, que el Gobierno escuche que no podemos seguir con goteos ni con pocos ingresos para las familias, porque así no las protegemos y estamos, lamentablemente, potenciando mayores contagios y una situación sanitaria cada vez más grave.

Como ya señalé, voy a votar a favor, pero con estas observaciones.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Tiene la palabra la Senadora Ximena Rincón.

La señora RINCÓN.-

Señora Presidenta , estimados colegas, hace poco rato terminamos una sesión de la Comisión de Pesca, en la que oímos a nuestros pescadores artesanales de distintos puntos del país. Y escuchábamos cómo se sentían absolutamente engañados, porque -y ustedes deben recordar- cuando discutíamos el Ingreso Familiar de Emergencia se nos dijo que había sectores, como el de los pescadores artesanales, que iban a tener su propio bono.

Bueno, el Ministro de Hacienda , a través del decreto 731, de la Dirección de Presupuestos, modificó el presupuesto de Indespa. Y mediante el oficio 1.054, de la Diprés, se le señaló a Indespa que el bono de capacitación que se les entregaría a los pescadores artesanales se daría vía IFE ( Ingreso Familiar de Emergencia ).

Colegas, escuchamos en esta Sala al Ministro de Hacienda y al Ministro de Desarrollo Social señalando que los pescadores artesanales no iban a estar en el Ingreso Familiar de Emergencia. Lo oímos en la discusión. El Ministro de Hacienda nos dijo que los pescadores iban a tener su propio bono, su atención directa. Pero resulta que después borró lo que escribió. Y hoy día a los pescadores artesanales, que hicieron el curso, que tuvieron que conectarse, que debieron postular, les dicen que no, que ahora tienen que postular vía IFE. Y de más de noventa mil pescadores solo catorce mil califican directamente y los otros deben postular.

¿Y saben, colegas? En Cauquenes más de mil ochocientas personas están reclamando porque el IFE no les llega, debido a que, entre otras razones, han sido parte de los programas de empleos de emergencia durante dos meses, por lo que tienen ingresos formales. ¿Formales? ¡Por favor! ¡De qué estamos hablando! Estamos dejando a la gente fuera de los programas que se anuncian.

Y ustedes se preguntarán qué tiene que ver todo eso con esta iniciativa. Bueno, esa gente requiere recursos para pagar las cuentas de luz, de agua, de gas -el frío ya llega a muchos hogares-, de internet, para postular a los mismos proyectos del Gobierno, y no les estamos dando ninguna facilidad.

El Presidente de la República , con sus facultades, podría haber hecho algo en este sentido. El Senador Carlos Bianchi nos invitaba a firmar un proyecto de acuerdo, que espero que se pueda votar, en que le pedíamos al Primer Mandatario que él, con sus facultades, hiciera algo: o patrocinaba estos proyectos o derechamente prorrogaba el pago de cuentas, facilitando la vida de las familias que más lo necesitan.

Colegas, nosotros todos los días en la noche, cuando nos vamos a dormir, tenemos cobertura, tenemos agua caliente, tenemos cómo protegernos: ¡hay miles de familias que no tienen cómo hacerlo!

Entonces, este proyecto es urgente.

Los colegas preguntaban: "¿Y qué va a pasar?", "¿Quién va a responder?", "¿Va a responder el Estado?". Si este es un llamado a que todos nos pongamos del lado de los que lo necesitan, que las empresas se pongan en el lugar de los que lo necesitan, que no se les corte la luz, que no les suban los costos. En el Maule están aumentando las cuentas de luz, de agua. Se están promediando las cuentas, porque no han sido capaces de ir a tomar los estados, y están promediándolas al alza.

¡Eso no tiene nombre, colegas!

Los expertos dicen que el país puede más -ya lo señaló la Senadora Isabel Allende -. Y la ciudadanía nos pide que hagamos más.

Por lo tanto, el llamado es al Gobierno a que patrocine este proyecto. Porque las empresas fueron a la Comisión -ya lo mencionó su Presidente , Álvaro Elizalde - y están dispuestas en la medida en que nos vean a nosotros dispuestos y al Ejecutivo con la convicción de que tenemos que ayudar.

Señora Presidenta , hay que sacar rápido este proyecto. Ya aprobamos una vez y lo haremos por segunda vez; vamos a la Mixta y resolvamos con los Diputados, que están también de acuerdo unánimemente.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Tiene la palabra el Senador Jorge Pizarro.

No tiene micrófono el Senador Pizarro.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Ya se lo vamos a conectar.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

No hay micrófono.

El señor PIZARRO.-

¿Y ahora?

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Ahora sí.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Ahí sí.

El señor PIZARRO.-

Señora Presidenta , no cabe duda de que este es de esos proyectos que ojalá todos quisiéramos que se pudieran implementar, y a la brevedad, por las razones que han dicho todos los colegas. Es muy apremiante y bastante fundamental asegurarle a la gente, cuando se le pide permanecer en cuarentena y en sus casas, que va a tener los servicios básicos garantizados desde la operación, aun cuando, por cierto, no se disponga de los recursos para pagarlos.

Así como la cadena alimenticia y la cadena farmacéutica, los servicios básicos son esenciales, y es responsabilidad del Estado, frente a una pandemia como esta, asegurar que aquellos les lleguen a todas las personas.

Ahora bien, quisiera hacerle algunas consultas al Presidente de la Comisión , o a alguno de sus miembros, porque, de lo que comprendo de este proyecto, se determina una serie de requisitos para quienes puedan acceder a los beneficios que señala. Entiendo, además, que se trata de una postergación y de una repactación. Dentro de las exigencias, se halla dentro del 40 por ciento de vulnerabilidad, de acuerdo con el Registro Social de Hogares ; estar percibiendo las prestaciones que establece un seguro de desempleo; estar acogido a alguna de las causales de la ley N° 21.227, que faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo en circunstancias excepcionales; ser trabajador independiente no comprendido en alguna de las categorías anteriores, y mediante declaración jurada simple decir: "Yo, como trabajador independiente, dejé de recibir mis ingresos, y, por lo tanto, quiero acogerme a estos beneficios".

Después, hay una cantidad enorme de usuarios que, obviamente, no están dentro de esas categorías, a los cuales se les señala que si acreditan estar imposibilitados de dar cumplimiento a las obligaciones de pago, podrán solicitar acogerse a la postergación y prorrateo de los pagos o a la incorporación al plan básico solidario de conectividad, según corresponda. La negativa de la empresa prestadora podrá ser objeto de reclamo ante la superintendencia u organismo fiscalizador respectivo.

Para la atención de los solicitantes, las empresas de servicios básicos deben implementar una plataforma de atención al cliente, por internet y telefonía, que permita formular las solicitudes para acceder a esos beneficios.

Aquí, señora Presidenta , estamos hablando de las personas que se encuentran dentro del 40 por ciento más vulnerable. Pero qué pasa con los trabajadores a honorarios, con los trabajadores por cuenta propia: van a tener que elevar una solicitud, presentar una declaración jurada y quedar sujetos a si la empresa les acepta o no el planteamiento que están formulando.

Entonces, mi primera consulta obvia es cómo garantizamos que los servicios básicos se mantengan, que no se suspendan porque alguien no puede pagarlos. Yo creo -tal como lo han dicho algunos Senadores- que el problema para esas personas no se soluciona postergando su cancelación. Esto es como el anuncio de las patentes de los taxis colectivos, en que se les dice a estos trabajadores que se postergará en 90 días su pago. ¡Las van a tener que pagar igual! En 90 días más ojalá estemos normalizándonos, pero los taxistas van a llevar seis meses sin trabajar: ¡cómo van a pagar la patente luego de ese tiempo!

Lo mismo sucede con una serie de otras situaciones que se han presentado. Como quien dice, hemos ido chuteando las cosas en el entendido de que en algún momento la situación podrá mejorar, de que podrá reactivarse el empleo y la gente volverá a percibir ingresos.

Pareciera, por las dimensiones que está adquiriendo esta emergencia, que las cosas no van por ahí. Antes de iniciar esta sesión hablábamos de que en el Gran Santiago el desempleo se disparó al 15,6 por ciento. Desde hacía veinte años que no teníamos una cifra de ese tipo. Y va a crecer, porque estamos hablando de las estadísticas de abril: ¡veamos lo que ocurre en mayo!

Ya vemos que nos pasamos a junio y se han vuelto a ampliar las cuarentenas, de modo que estamos ante una complicación mucho mayor. Como, además, los parlamentarios tenemos facultades muy limitadas, sobre todo en materia de gastos, en lo que pueda afectar la propiedad o los contratos entre privados o entre estos y el Estado, me da la impresión de que, en este caso específico, la explicación que da el Senador Elizalde a la consulta que hizo el Senador Coloma, claro, es una forma de...

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Por favor, dele un minuto más, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vamos a activarle el micrófono ahora.

El señor PIZARRO.-

¿Ahí sí?

Francamente, señora Presidenta , le tengo temor a que volvamos a generar expectativas en la población. Nos pasó con el permiso de circulación y nos ha sucedido con todos los proyectos que hemos estado aprobando, donde hay demasiada gente que queda fuera. Y, en este caso específico, me da la sensación de que estamos rayando en las facultades que realmente tenemos como Congreso, porque nos hallamos estableciendo renegociaciones, repactaciones, postergaciones, multas y condiciones en que estas se cobran, en fin.

No me parece que dispongamos de esas facultades para intervenir.

Voy a aprobar este proyecto, pero me gustaría que de una vez por todas, como dijo la Senadora Allende, supiéramos cuánto cuesta esto y que el Estado estableciera derechamente una condonación de pago por tres meses y se entendiera directamente con las empresas.

Creo que eso es lo más razonable, y no esta cosa que al final nos va a llevar a establecer una responsabilidad que a lo mejor no va a ser la más adecuada.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Tiene la palabra el Senador Juan Pablo Letelier.

El señor LETELIER.-

Señora Presidenta , estimados colegas, quiero emitir dos juicios sobre este proyecto.

Con respecto a las condiciones que se ponen para postular a estos beneficios, considero necesario precisar si son copulativas, y yo entiendo que sí lo son.

De ser copulativas, vamos a tener la siguiente dificultad, que quiero dejar planteada. Porque al decir que para acogerse a los beneficios que se plantean los usuarios finales deben encontrarse dentro del 40 por ciento más vulnerable, de conformidad con el Registro Social de Hogares , en verdad estamos dejando fuera a todo un sector de clase media que halla en condiciones precarísimas, que va a cambiar su situación en materia de ingreso de manera muy fuerte, cuestión que en el Registro Social de Hogares solo se va a reflejar en julio o en agosto, aun si modifican la ficha ahora.

Por ende, es del caso plantear que el parámetro fijado es discutible, pues se va a generar una expectativa y mucha gente no va a poder beneficiarse de este proyecto. Por ello, quiero consultar si esta fue una condición que puso el Ejecutivo o si alguien fijó ese parámetro como necesario.

De no ser copulativos esos requisitos -porque se entiende que probablemente lo sean-, sería muy importante saber aquello.

A propósito de un proyecto muy similar que vimos anteriormente, se discutió acerca de cuánto uno podía consumir. Aquí se habla del monto de la deuda. Creo que habría sido mejor tener flexibilidad sobre el particular, porque hay bastante gente, muchas familias que no viven solos, que no constituyen un grupo de cuatro personas que puede consumir una cantidad de agua limitada. Porque cuando se trata de familias con allegados, de familias extendidas el nivel de consumo es mayor, y si solo se les permite prorrogar una parte del pago respectivo, habrá una dificultad.

Por eso le consulto al Presidente de la Comisión si se fijaron criterios de flexibilidad respecto de esos servicios cuando los consumos sean distintos por situación de vulnerabilidad o de familias que se hallan en condiciones más complejas.

En eso comparto lo que dijo la Senadora Allende: este es un paso en la dirección correcta. Pero para la gente de la Región de O'Higgins, que represento; para las familias de Rancagua, de San Fernando, de Rengo que viven con dos o tres allegados, con el consumo de agua y sus limitaciones, va a ser un drama más. Y para las familias cuyos integrantes han perdido el empleo y que no se encuentran dentro del 40 por ciento más vulnerable conforme al Registro Social de Hogares , plataforma absolutamente colapsada incluso para quienes ingresan a ella con la Clave Única a fin de tratar de actualizar el referido instrumento, me parece que esto va a constituir una dificultad.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Tiene la palabra el Senador señor Harboe.

El señor HARBOE.-

Porque cuando el Senado le cambia una coma a un proyecto que...

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Senador Harboe, tiene la palabra.

El señor HARBOE.-

No... (falla de audio en transmisión telemática)... lo rechace, sino que...

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Senador Felipe Harboe, ¿está conectado?

El señor HARBOE.-

No. Yo sé que... Sí, yo sé... (falla de audio en transmisión telemática)... saber qué opina. Y en el caso del... (falla de audio en transmisión telemática).

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Está hablando por teléfono, señora Presidenta .

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Entonces, vamos a pasar al siguiente inscrito.

Senadora señora Goic, ¿está conectada?

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Sí. De acá le vamos a conectar el audio.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Tiene la palabra Su Señoría.

La señora GOIC.-

¿Ahí sí, parece?

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Sí. Ahora sí.

La señora GOIC.-

Señora Presidenta , quiero partir sumándome a lo dicho en cuanto a la importancia de esta iniciativa. Y también deseo destacar y reconocer a cada uno de los parlamentarios que están detrás de los proyectos que se han refundido tanto de la Cámara de Diputados -ahí quiero relevar, por supuesto, a la Diputada Joanna Pérez , quien encabezó esta iniciativa- como del Senado.

Deseo comenzar reafirmando aquello, porque uno valora cuando finalmente lo que prima es la necesidad de llegar con urgencia a la gente. Y eso es lo que tenemos que provocar: que se genere la Comisión Mixta, en fin. A mi juicio, hay varios argumentos que se han puesto sobre la mesa para ver cómo hacemos que esto finalmente se haga a favor de la gente y en forma rápida, clara.

No hay duda de que lo que está detrás es garantizar algo básico: que las personas no tengan la angustia de que les van a cortar el agua; de que carecerán de luz; de que no podrán acceder a internet. Y en el caso del gas, permítanme plantear con mucha más fuerza como Senadora de Magallanes que hoy día, entrando el invierno y con el frío que estamos sintiendo, se trata de un servicio básico que debe garantizarse.

Hay varios aspectos a considerar, y el debate que hemos llevado a cabo sirve para revisar eso.

El Senador Letelier preguntó qué pasa con las familias de clase media; cómo garantizamos que accedan a estos beneficios. Y se refirió a la situación de los trabajadores a honorarios con un ingreso medio que ahora ya no tienen, o sea, cómo garantizamos mejor cobertura, pero también más rapidez.

Confío en que en las próximas etapas de tramitación de este proyecto se podrá implementar esto de mejor manera, si ese es el criterio.

Sin embargo, quiero ir a algo más de fondo.

Señora Presidenta, el día de ayer escuchamos a los gremios de la salud, y creo que hoy tenemos una respuesta que da muestra de lo que estamos planteando. Cuando decimos "Pongamos la urgencia; escuchemos de verdad" y le pedimos al Gobierno que se haga cargo, vemos un ejemplo de ello.

Oímos los dramáticos testimonios de los gremios de la salud sobre la necesidad de contar con elementos de protección personal y la forma en que están viviendo en terreno la pandemia.

Presentamos un proyecto de acuerdo vinculado con algo básico, humanitario respecto del personal de la salud que ha perdido su vida trabajando: garantizarles una pensión a la familia, a la viuda y a los hijos de esos trabajadores fallecidos a causa de la enfermedad COVID-19.

Yo me alegro hoy día de esto. Así como uno critica, también considero bueno reconocer cuando el Ministro de Salud anuncia que va a establecer este seguro -de alguna lo que hicimos ayer permitió forzar una iniciativa que se estaba gestando desde las compañías- para decirles a 234.900 personas que están trabajando en salud con distintos contratos (honorarios, planta, contrata) que al menos pueden contar con ello, a fin de que tengan tranquilidad ante una situación como la que señalo.

Sabemos que eso no soluciona el problema de fondo, pero es un gesto. Cuando se escucha a los gremios, que es lo que hicimos ayer en el Senado; cuando acogemos sus propuestas; cuando planteamos esto en forma unánime, y cuando el Gobierno oye, ¡qué distintas se dan las cosas!

Pienso que así es como se construye confianza; así es como podemos avanzar realmente en un acuerdo nacional. Esto no tiene que ver con el desfile de personeros hacia La Moneda o con lo que discuten las cúpulas políticas. ¡No! ¡Es hacernos cargo de lo que está viviendo la gente!

Entonces, mi llamado hoy día acá -y hago eco de lo que han señalado otros colegas- es a preguntarnos cómo vamos a un plan robusto, inmediato, simple, claro de apoyo en cada una de las etapas de la pandemia.

Hemos señalado aquello. Ahí están las propuestas de distintos economistas; está el FES, están los 12 mil millones de dólares para un período de 18 meses.

Conversemos sobre ello. ¡Pero no nos podemos demorar tres semanas! Porque hoy día es cuando enfrentamos una etapa crítica del desarrollo de la pandemia, en que necesitamos que se escuche de verdad.

Pongo ese ejemplo, que es pequeño. Si logramos multiplicar eso; si el Gobierno en el caso de esta y de otras iniciativas, más que esperar su tramitación o de alegar o no su admisibilidad, acoge esas ideas, si toma las propuestas de los expertos, entonces, el resultado va a ser distinto.

Me parece que hoy día ya no hay espacio para la improvisación; o sea, el Gobierno no tiene lugar para la equivocación.

Ayer el Ministro de Salud decía que estábamos a ciegas, a oscuras. Entonces, frente a eso están aquí las piezas del rompecabezas: lo que falta es unirlas. Y eso le corresponde al Gobierno.

Creo que esta iniciativa ayuda en tal sentido, y nosotros tenemos la obligación de sacarla adelante, que sea ley de la república lo antes posible. Pero esto requiere también del concurso del Ejecutivo , en una mirada en serio, en un plazo más largo sobre la forma como se enfrentan esta crisis sanitaria y esta crisis social.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Tiene la palabra la Senadora señora Von Baer.

La señora VON BAER.-

Señora Presidenta , me parece que todos estamos sumamente preocupados por lo que está ocurriendo en nuestro país; todos queremos -estoy segura- ayudar a la ciudadanía a sortear esta crisis. No me cabe ninguna duda sobre ello, y, en tal sentido, creo que esta iniciativa tiene un buen fondo, una mirada de preocupación que a mi juicio todos compartimos.

Sin embargo, hay algunas preguntas que hacer y ciertas preocupaciones que plantear.

En primer lugar, no tengo claro -lo dijeron los Senadores Coloma y Pizarro- lo tocante a la admisibilidad de este proyecto de ley. Y lo estoy diciendo con mucha seriedad y también con bastante inquietud, porque en el fondo podríamos estar generando este tipo de iniciativas en cualquier eventualidad.

Este proyecto de ley no hace alusión, por lo menos hasta donde yo alcancé a verlo -quizás estoy equivocada, y pido que me aclare el punto el Presidente de la Comisión-, a una situación de emergencia, sino que dice que esto es después de la publicación de la ley.

Eso a mí ya me parece bastante complicado, porque uno se plantea que este tipo de legislaciones se entienden en el marco de un escenario de emergencia.

Por lo tanto, uno podría decir: "Okay, si nosotros sentamos el precedente de este tipo de legislación ahora solo por iniciativa parlamentaria y luego no, por qué no lo podemos hacer en otra situación cualquiera que no sea en el marco de una crisis como la que estamos viviendo".

En segundo lugar, entiendo lo que decía el Senador Elizalde con relación al pago, en el sentido de que aquí no es que no se vayan a pagar las deudas contraídas, sino que se van a prorratear; sin embargo, sí se está diciendo que se pagarán sin intereses. O sea, hay allí un espacio gris en torno al cual tampoco me queda claro si es de iniciativa parlamentaria.

En tercer lugar, a mí me preocupa lo siguiente, y quiero hacer la pregunta también.

Nosotros tenemos distintos tipos de empresas: por ejemplo, eléctricas. En el sur hay cooperativas eléctricas bastante pequeñas, y no se hace una distinción entre empresas grandes, empresas pequeñas y cooperativas. Sí se hace, por lo que pude ver en el proyecto de ley -quizás también me pueda corregir el Presidente de la Comisión-, respecto de las empresas de telecomunicaciones.

No entiendo por qué se plantea esa diferencia en un caso y no en el otro. Me inquieta lo que pasa ahí.

Asimismo, hay otra cuestión que me preocupa, aunque entiendo que no es así, porque se habla de empresas. Pero tampoco queda claro, o cien por ciento claro, qué pasa, por ejemplo, con los APR. Porque, si aquí se posterga el pago de los APR, eso puede generar un problema más o menos importante para estas comunidades. Y ahí también tenemos personas que son usuarios finales y que evidentemente están en una situación muy compleja.

Entonces, uno se pregunta por qué un usuario de APR que está en una situación económicamente compleja quizás va a tener que pagar y un usuario de una empresa grande, que está en la misma situación económicamente compleja, no va a tener que pagar.

Ahí se genera una desigualdad frente a la ley que es supercomplicada. No sé si me explico. Porque alguien puede decir: "¿Sabe qué? Yo creo que los APR tienen que quedar fuera". Pero si dejo a los APR fuera, puedo tener la situación de dos chilenos que enfrentan una situación socioeconómica igual de compleja, en que uno puede prorratear el pago y el otro no. De manera que, de nuevo, se me genera la situación que es siempre supercomplicada de decir: "Claro, a la gente que vive en la ciudad, porque recibe el servicio de una empresa grande, le vamos a dar la posibilidad de prorratear el pago y a los clientes más pequeños de los APR no".

Yo me pregunto si esta es la política pública correcta como para hacerse cargo del problema.

En lo personal, coincido -y lo hemos planteado como partido- con algunos colegas que han dicho que quizás el mecanismo más adecuado sería incrementar los fondos del Ingreso Familiar de Emergencia y hacerlo más amplio, de manera de solucionar este tipo de problemas con igualdad de condiciones para todos a través del ingreso.

Por lo tanto... (falla de audio en transmisión telemática)...

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Se quedó sin audio.

Dele un minuto más, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vamos a reconectar...

La señora VON BAER.-

Perdón, señora Presidenta .

Ahora comprendí bien cómo funciona el sistema.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Puede continuar.

La señora VON BAER.-

Termino diciendo que me complica que el proyecto de ley no haga distinciones entre las empresas grandes y las pequeñas, pero si las hacemos me complica que estemos discriminando a chilenos en la misma situación socioeconómica, y creo que estamos rayando...

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Dele un poco más de tiempo, señor Secretario , para que pueda concluir.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Ahí está activado de nuevo el micrófono.

La señora VON BAER.-

Perdón, termino de inmediato.

Encuentro que es muy complejo que no se haga alusión a la crisis que estamos viviendo, sino que simplemente sea una ley que entra en vigencia después de ser publicada.

Gracias, señora Presidenta , por el tiempo adicional.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Tiene la palabra el Senador Pugh.

El señor PUGH.-

Muchas gracias, Presidenta .

Sin lugar a dudas, lo que estamos enfrentando en estos momentos es único y excepcional. Por eso, también se tienen que desarrollar instrumentos únicos y excepcionales como este.

Esta es, básicamente, una forma de encontrar una solución a un tema que es muy complejo.

Tal como lo señaló la Senadora Von Baer , es muy difícil, con un mismo instrumento, solucionar todos los diferentes problemas.

Pero aquí concurren varios aspectos que son importantes de destacar.

Primero, la voluntad de las grandes y medianas empresas que tienen espaldas financieras, porque este es un tema de hacerse cargo de flujos de pago que no van a existir, que se van a postergar.

Por lo tanto, esto también es traspasarle a un tercero, a un privado, la responsabilidad de hacerse cargo del costo de operación y sostenimiento de un grupo limitado de personas. Porque, si hay algo que se busca también, es limitar el beneficio a aquellos que realmente lo necesitan.

El espíritu es que todos los que puedan pagar sus servicios lo hagan. Esto no es para eximir a todo el mundo del pago de sus cuentas. Lo que se busca es darles el apoyo a los que lo necesitan.

Por eso, se considera que aquellos que vayan a usarlo de forma dudosa o maliciosa sean, de alguna manera, perseguidos, porque no queremos que en condiciones como las que estamos viviendo existan personas que se vayan a aprovechar.

Se hace, entonces, una delimitación de hasta quiénes se puede aplicar esto. Pero, más importante -y aquí es donde yo llamo a tener conciencia-, también debe haber una limitación de los consumos.

Estamos en una crisis que nunca antes se había visto. Pero no es solo la crisis sanitaria y económica la que nos está golpeando; también estamos experimentando cada vez más fuertemente en mi región, la de Valparaíso, una crisis hídrica.

Hay un recurso que quizá es el más escaso de todos: el agua. Porque no está lloviendo, no está cayendo suficiente nieve, no tenemos los deshielos en el verano y, obviamente, no va a haber agua.

Por lo tanto, necesitamos también considerar ciertos límites.

La Organización Mundial de la Salud especifica que una persona debiera disponer al menos de tres metros cúbicos de agua en el mes. Ese es el estándar, eso es lo que acordamos en las discusiones. Ello representa, básicamente, cien litros diarios. En consecuencia, una casa de cuatro personas tiene que tener mínimo doce metros cúbicos de agua.

¿Esto hacia dónde nos debe llevar? A entender que, aparte de tener que ahorrar para evitar gastar más por los costos asociados -el tema del costo financiero del que hay que hacerse cargo después-, en el caso hídrico tenemos que generar conciencia de un recurso que está limitadísimo, y por eso debemos imponernos algún límite. ¡Alguno! No puede quedar sin ningún límite, porque, si no, no nos vamos a ajustar.

Entonces, yo apelo a la necesidad de buscar una norma técnica que permita delimitar.

Para la tranquilidad de la Senadora Von Baer, los APR no están, justamente porque no tienen espalda financiera. Pero el Ministerio de Obras Públicas está buscando una solución para concurrir y poder aliviar también la carga económica que significa que muchos de los socios no van a poder pagar su cuota, con lo que, obviamente, ese APR también fracasa.

El APR es un tema sensible y tenemos que abordarlo de una forma mucho más profunda, porque debemos transformarlo en minisanitaria. Si tenemos un problema hídrico, no podemos perder la mitad del agua. ¿Por qué? Porque se puede, perfectamente, procesar el agua en los APR y así hacerla rendir más.

En este proyecto, tal como va, se ha buscado el consenso de todos. Ha habido mucha generosidad. Hay empresas que, incluso, han ofrecido la gratuidad para que ni siquiera tengan que pagar después. Y eso es porque las telecomunicaciones lo permiten. Es factible. Se puede realizar, darles acceso.

Ese es otro de los temas que vamos a discutir, la internet como un servicio público, porque hoy en día, sin conectarse a internet, es imposible relacionarse con el Estado. Ya lo hemos visto para los beneficios de los bonos.

Entonces, aquí también existe conciencia social, responsabilidad de las empresas. Los más grandes lo van a poder hacer, pero también se fijó que todas las empresas con menos de 12 mil clientes en este ámbito quedan al margen, pues no tienen la capacidad económica necesaria.

Es difícil encontrar el instrumento adecuado.

Yo creo que es algo que se puede perfeccionar, pero sí es indispensable tener límites, los límites personales, y entender que los que podemos pagar debemos hacerlo, de manera que solo los que lo requieran lo ocupen, y también, que ocupen lo necesario; no podernos excedernos en los consumos. Se trata de ser, más que nada, conscientes.

Estamos con una economía congelada. Y por eso, cuando la economía se ha detenido, todos tenemos que hacer el esfuerzo. Los más grandes, con sus espaldas financieras, y los más pequeños, consumiendo exactamente lo que pueden consumir, para así poder sobrevivir y para que en Chile a nadie le vaya a ir mal.

En base a eso, yo creo que podemos avanzar.

He dicho.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Tiene la palabra el Senador José García.

El señor GARCÍA .-

Muchas gracias, Presidenta .

Un gusto poder saludarla. Y saludo también a las señoras Senadoras y los señores Senadores.

A ver. Me costó conectarme y también me costó entender el proyecto que vamos a votar. Porque, si no me equivoco, tiene su origen en la Cámara de Diputados, pero el texto que vamos a votar es exactamente el mismo que ya habíamos aprobado acá a raíz de una iniciativa muy similar que presentaron varios señores Senadores.

Ese proyecto yo recuerdo haberlo votado a favor. Incluso, presentamos una indicación para que las pequeñas empresas distribuidoras de energía eléctrica pudieran tener el mismo tratamiento que se les está dando a las cooperativas.

Entiendo que esta iniciativa debe continuar su trámite. Yo, por lo tanto, voy a votar a favor.

Entiendo, también, que eso va a significar un tercer trámite en la Cámara de Diputados. Lo más probable es que la Cámara rechace las modificaciones que le introdujo el Senado, porque estrictamente este no es el proyecto de los Diputados; es, más bien, el proyecto de los Senadores. Y finalmente vamos a terminar en una Comisión Mixta.

Ahora, yo creo que todo esto tiene sentido de urgencia. Porque, si bien hay un acuerdo del Gobierno con las empresas de servicios básicos para que no se corte el agua, para que no se corte la luz, para que estén estos planes extraordinarios de internet para las familias del 40 por ciento más vulnerable, etcétera, creo que es mejor hacerlo por la vía de la ley.

Además, señora Presidenta , yo conversaba por teléfono hace poco rato con la Senadora Ximena Rincón, y en estos días se ha producido una situación bien incómoda: como no se ha podido tomar el estado de los medidores del consumo eléctrico, se les está aplicando a muchas familias el consumo promedio. Y, en la práctica, ello ha significado, en varios casos, que les llega una cuenta muy abultada de la luz, lo que trae más preocupación, más angustia, más incertidumbre a las familias que están viendo perder o disminuir significativamente sus ingresos y que lo están pasando muy muy mal.

Por eso, voy a votar a favor de esta iniciativa, entendiendo que es el texto que habíamos aprobado en el Senado hace un par semanas y entendiendo que finalmente vamos a ir a una Comisión Mixta. Porque estamos con dos proyectos que apuntan más o menos a lo mismo: uno que es de los Senadores, otro que es de los Diputados. Hay diferencias en ambos. Existen normas que están acotadas a la situación y a la declaración de estado de emergencia -a mí me parece que es lo razonable-, pero finalmente creo que esto vamos a tener que resolverlo en una Comisión Mixta, porque, como digo, y como creo que todos sabemos, hay dos proyectos: uno en que los autores son Diputados, otro en que los autores son Senadores, y apuntan más o menos a lo mismo.

Por lo tanto, creo que es bueno que tengamos una legislación, pero ella debiera ser consensuada y dar mayor facilidad, mayor tranquilidad a las familias en estos momentos tan difíciles.

Gracias.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Veo que se reconectó el Senador Harboe.

Tiene la palabra, señor Senador.

El señor HARBOE.-

Presidenta, disculpe, he tenido un problema con la señal.

A ver. Primero, quiero señalar que, por transparencia, yo me tengo que inhabilitar en este proyecto a raíz de un tema conyugal.

No obstante lo anterior, creo que sí es importante hacer presente que hoy día estamos viviendo una situación extremadamente compleja desde el punto de vista económico. Y hemos recibido numerosas denuncias de clientes de empresas de servicios eléctricos de distribución que reclaman por abultadas cuentas de la luz. En mi oficina hemos recibido información, obviamente, de la Región de Ñuble, pero también de la Región del Biobío, de la Región de Los Lagos. Algo está ocurriendo

Algunos han planteado acá que probablemente ello se debe a que, frente a la imposibilidad de hacer las mediciones, se aplican los consumos promedios. Eso es extremadamente complejo, porque ha generado un impacto muy muy significativo en la economía no solo de algunas familias, sino también de pequeños locales comerciales, a los cuales no les fueron a medir su consumo de luz, sino que les aplicaron el consumo de los últimos tres meses -no sé cuál fue el cálculo que hicieron-, lo que redundó en cuentas extremadamente abultadas.

En consecuencia, más allá del proyecto de ley, que por razones lógicas, como señalaba, no puedo votar, creo que sería muy importante, Presidenta , que, si fuera posible, sin perjuicio de las iniciativas individuales que muchos de nosotros hemos realizado, como Senado de la República oficiáramos a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles para que haga una fiscalización de las empresas eléctricas y sepamos qué está pasando con estas cuentas de luz que están afectando a muchos clientes a lo largo del país.

Gracias.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Tiene la palabra el Senador Insulza.

El señor INSULZA.-

Muchas gracias, Presidenta .

Se ha discutido bastante ya y creo que vamos llegando a conclusiones.

Quiero decir que me llamó la atención y me hizo pensar algo que dijo la Senadora Von Baer, porque en realidad hay gran cantidad de gente que se queda afuera. Es cierto.

Ahora, esa gente se quedó afuera también del proyecto del ingreso de emergencia que se aprobó hace unos días. Nosotros pedimos, rogamos, suplicamos, insistimos, presionamos, pero finalmente no conseguimos que mucha gente quedara incluida.

Y yo creo que realmente eso es muy injusto. Para mí, si se pudiera ampliar este proyecto a todos aquellos sectores, estaríamos atendiendo a uno que se está quedando afuera. Me refiero al que podríamos llamar "medio bajo", compuesto por personas que están por encimita de la línea de la pobreza. No son pobres, pero llamarlas "clase media" sería casi una frase innecesaria; son, más bien, "no pobres". Y se quedaron afuera en gran medida del fondo de emergencia y ahora se quedan afuera de estos beneficios.

En eso yo le encuentro razón a la Senadora. No sé por qué una persona que no ha recibido ninguna ayuda de nada tampoco va a poder beneficiarse de una suspensión del pago de sus servicios básicos. Es lo único que me preocupa de este proyecto. Lo digo francamente.

Me llamó la atención hace unos días atrás, en un foro internacional en que participé, algo que dijo el ex Presidente de Uruguay , don Pepe Mujica , con el lenguaje colorido que lo caracteriza: "Aquí la que va a pagar el pato es la clase media baja". Y yo creo que está pagando el pato. Los "no pobres" están pagando el pato de las reticencias que hay para entregarles ayuda. Y este proyecto, siendo bueno -yo lo voy a aprobar, me alegra que exista y espero que en la Comisión Mixta se le mejoren muchas de las cosas que aquí se dijeron-, nuevamente deja afuera a los mismos.

Yo recuerdo, Presidenta , que en una ocasión, cuando se produjo el gran terremoto del 2009, muchos dijeron: "Aquí algunas casas se cayeron, pero se cayeron pocas casas". ¡Claro! Pero en la mayoría de las casas modestas a la gente se le cayeron todas sus cosas; no sus casas, sus cosas. Y nadie acudió en auxilio de esas personas. ¡No hubo ni siquiera créditos blandos para ellas!

Entonces, aquí tenemos una realidad. Sí, yo creo que hay que ayudar, y por eso voto a favor de este proyecto. ¡Por cierto que tenemos que ayudar a los más pobres de los pobres, al 40 por ciento que está más abajo en la lista de los hogares vulnerables! Pero qué pasa con los "no pobres", con los que dejaron de ser pobres, con aquellos a los que probablemente, en algunos casos, esta pandemia los va a llevar de vuelta -hemos hablado de las cifras de cesantía-, y que no están recibiendo en realidad ninguna ayuda, precisamente porque consiguieron abandonar la pobreza y han pasado a un sector medio vago y difuso que no se considera necesario favorecer.

Muchas gracias, Presidenta .

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Tiene la palabra el Senador Huenchumilla.

El señor HUENCHUMILLA.-

Presidenta, muchas gracias por otorgarme la palabra.

Mire, yo creo que este proyecto refleja la preocupación y las buenas intenciones que tienen los distintos legisladores para tratar de ayudar a los sectores más vulnerables del país. De tal manera que hay una buena disposición, una buena intención.

Sin embargo, yo creo que, como Estado, podríamos hacer las cosas un poco mejor. Porque este proyecto básicamente tiene dos cuestiones centrales: una es que prohíbe el corte de los servicios básicos y la otra, que prorratea hasta en doce meses la deuda que se acumule.

Ese es esencialmente el núcleo de esta iniciativa. Hay otras normas, pero esto sería lo central.

Entonces, yo digo: "Mire, nosotros vivimos una situación de crisis que ocurre en Chile y en el mundo". Cuando hay una situación crítica como esta, la Constitución le otorga al Presidente de la República facultades excepcionales. El Presidente hizo uso de esas facultades: decretó el estado de catástrofe.

En ese estado, el Presidente, entre otras cosas, tiene autorización para limitar el derecho de propiedad; y tiene las facultades sanitarias, en virtud de las cuales le dice a un conjunto de ciudadanos de determinados territorios que deben quedarse en sus casas.

Y, claro, en este país todos tenemos que contribuir cuando hay estados de excepción, pero los sectores más vulnerables cuando se quedan en sus casas no pueden buscar el sustento. Entonces, hay mucha gente que se queda en su casa y no tiene ingresos.

El razonamiento que yo me hago es que si el Gobierno obliga a la gente a quedarse en sus casas, al mismo tiempo tiene que darles una solución a los sectores más vulnerables. Y en ese caso no puede mandarlos a sus casas y permitir que se les corte el suministro por no pago de los servicios con las empresas respectivas. Para eso el Gobierno tiene las facultades que le da la Constitución: para regular el derecho de propiedad que puedan tener las empresas sobre los precios.

El Gobierno optó por llegar a un acuerdo de amistad con las empresas. Pero aquí me parece que lo lógico sería que si, haciendo uso de sus facultades, obliga a la gente a quedarse en cuarentena, a no salir, con todas las restricciones del caso, simplemente debería decir: "Para arreglar este problema, nosotros vamos dar un subsidio al 40 por ciento más vulnerable y vamos a conversar con las empresas para regular esto, de modo que quede claro. Y no se podrá cortar el suministro, por supuesto".

La solución que nosotros tenemos es que no se cobra y que la deuda se prorratea. O sea, con la mejor intención del mundo, lo que vamos a hacer es que, después de superada esta crisis, a la gente no se le habrá cortado el suministro, pero habrá terminado endeudada y deberá seguir pagando su deuda en doce meses plazo. Lo estamos haciendo con la mejor intención, pero vamos a dejar a la gente endeudada por un año más respecto del pago de los servicios básicos.

Entonces, esa no es una solución de fondo.

Yo creo que aquí lo que el Gobierno tendría que hacer es dar un subsidio o buscar con las empresas un mecanismo legal que permita resolver el problema.

Estoy de acuerdo en que el 40 por ciento más vulnerable es la línea de la pobreza, y allí hay un sector, tal como decía el Senador Insulza, al cual no le estamos dando realmente una solución.

Por lo tanto, señora Presidenta , con estas consideraciones, yo voy a votar a favor, pero veo, una vez más, un déficit de liderazgo, en este caso del Gobierno, para afrontar, con todas las facultades que posee, la crisis que estamos viviendo. Eso implica que Senadores y Diputados tengan creatividad para tratar de paliar tal déficit, el cual debería haber sido cubierto directamente por el Gobierno en virtud de la situación excepcional que estamos enfrentando y que afecta a los sectores más vulnerables.

Gracias, Presidenta .

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Tiene la palabra la Senadora Carmen Gloria Aravena.

La señora ARAVENA.-

Presidenta, quiero ser bien breve.

Solo diré que estoy muy de acuerdo con el proyecto, el cual, efectivamente, va en la línea correcta, pero, acercándome quizás un poco a las palabras del Senador Huenchumilla, me da la impresión de que la burocracia propia de la legislatura muchas veces va un poquito desfasada con las necesidades urgentes.

En tal sentido, no es que no valore esta iniciativa. Todo lo contrario. Me parece de tanta urgencia que considero tremendamente importante que tal vez, desde el punto de vista de la autonomía que el Ejecutivo posee a través de este estado de catástrofe, podamos trabajar en conjunto, quizás con las Comisiones, las distintas situaciones complejas que hoy día está enfrentando la sociedad chilena producto de la pandemia, de tal manera de, mediante una labor conjunta entre el Ejecutivo , el Ministerio correspondiente, y la Comisión encargada, que en este caso sería Energía, ver en su totalidad esta coyuntura: no solamente el foco del 40 por ciento más pobre del país, sino también todas las externalidades que bien manifestó la Senadora Von Baer respecto de las cooperativas, los comités de APR, que en mi región son bastante numerosos y no tienen espaldas financieras.

Por otro lado, muchas veces hemos sido tremendamente criticados desde la opinión pública, incluso por algunos Senadores, por llevar al límite la constitucionalidad en algunos proyectos. Y quizás eso ocurra porque queremos darle mayores respuestas a la ciudadanía.

Entonces, me da la impresión de que todavía estamos a tiempo de acoger los llamados que ha hecho nuestro Presidente en torno a la unidad y a las mesas de trabajo, de tal forma de ver la posibilidad de que el Ejecutivo , a través de sus ministros, en unión con cada una de las Comisiones especializadas del Congreso, podamos abordar en su conjunto todas las problemáticas existentes y de alguna manera, incluso a través de decretos y procesos administrativos, resolver mucho más rápido temas que tal vez no sería necesario que pasaran por las dos Cámaras si es que hubiera voluntad de trabajo.

Yo, sinceramente, creo que se están haciendo múltiples esfuerzos de parte del Ejecutivo , pero me parece que falta un poquito de mayor nivel de coordinación y mayor liderazgo de nuestros Ministerios en asuntos bastante cotidianos y básicos, pero que son tan relevantes a la hora de que una dueña de casa cuente con los servicios básicos para poder seguir sobreviviendo en este tiempo, en que además tenemos a siete millones de personas en cuarentena.

Así que obviamente voy a votar a favor, pero haciendo un llamado a realizar ese trabajo conjunto. Hoy día existe disposición absoluta en este Senado para trabajar mancomunadamente, pero -repito- creo que falta un poco más de coordinación. Y ahí el liderazgo lo tiene que llevar nuestro Gobierno.

Muchas gracias.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Tiene la palabra el Senador Alejandro Guillier.

El señor GUILLIER.-

Presidenta, quiero recoger un par de observaciones que se han hecho, pues, en general, todos estamos de acuerdo en la buena fe del proyecto.

El Senador García Ruminot señaló algo que a mí también me parece correcto: que existe la sensación de estar aprobando cosas que ya hemos discutido o que están en otras iniciativas. El mismo proyecto sobre internet para los estudiantes, por ejemplo.

Esa es una primera preocupación: que estemos empezando a aprobar proyectos en forma yuxtapuesta. ¡Que no se vaya a producir una suerte de confusión! Necesitamos tener coherencia, por supuesto, en el conjunto de iniciativas que se presenten.

Ahora bien, eso se explica, en gran medida creo, porque el Gobierno no ha tomado una iniciativa suficientemente adecuada para salvar a las familias de las circunstancias que estamos viviendo. Entonces, los parlamentarios, por su cuenta, comienzan a presentar proyectos, cada uno por su lado, y eso hace que se empiecen a acoplar.

En segundo lugar, pienso que también hay una diferencia en la situación de las personas. Hay algunas que no van a poder pagar nunca, y ahí hay que aplicar, por último, subsidios. Hay otras que van a poder pagar, si es que no les meten tasas de interés y pueden negociar plazos y después volver a renegociar, porque ello va a depender de la deuda, aunque, en general, se postergan los pagos. Y hay un sector que siempre queda fuera. Ya lo mencionaba el Senador Insulza: esta clase media emergente, que es gente que vivió en la pobreza o en situación muy precaria y ha tenido una mejora, pero que igualmente es muy vulnerable, pues, ante cualquier cambio en el escenario, vuelve a caer en la pobreza -esa es la verdad de las cosas- y requiere, por tanto, una solución probablemente distinta.

Entonces, a mí, la verdad, me abruma un poco todo esto. Siento que estamos discutiendo cosas que ya hemos discutido, aprobando cosas que creí haber entendido que se iban a aprobar o que, en algunos casos, vamos a discutir a continuación, como la entrega de internet gratuito a los estudiantes vulnerables.

Estuve con la directora del Liceo 14, del Bosque, donde yo estudié cuando era lolo -¡muchos años atrás, por cierto...!-, quien me explicaba -ella es nueva, por si acaso- que el 30 por ciento de los alumnos está siguiendo las clases a distancia, y que el resto no cuenta con servicio de internet. Me hacía ver que, incluso, la cifra ha ido bajando, porque la pobreza de las familias les ha impedido pagar los servicios.

Por lo tanto, se está reduciendo el universo de alumnos que está siguiendo a distancia el trabajo de los profesores, quienes realizan un tremendo esfuerzo por salir adelante y cumplir con los respectivos planes y programas. Se han capacitado, han aprendido, se han apoyado entre ellos, han hecho una labor muy bonita, pero que choca con este tipo de cosas.

Entonces, no sé, Presidenta .

Apelo a alguna instancia dentro del Senado, si existe, para que nos ordene en esto, para que tengamos coherencia legislativa y no estemos aprobando tres veces el mismo beneficio, o dejando gente fuera, o solamente considerando algunos servicios, en circunstancias de que hay otros que, aun cuando la gente no pague, no sacan nada con cortarlos, pues igual van a tener pérdida. Mejor prestan el servicio con la esperanza de que a futuro puedan renegociar el pago. No sé.

Es una inquietud, Presidenta .

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Muchas gracias, Senador Guillier.

Tiene la palabra el Senador Girardi.

El señor GIRARDI.-

Presidenta, bueno, yo creo que tenemos que ponernos, o centrarnos más bien, en la situación epidemiológica que vive el país, particularmente en regiones como la Metropolitana y de Valparaíso y sus zonas aledañas, donde estamos llegando a un nivel tremendamente dramático.

Chile está apareciendo como el país con la más alta tasa de casos de contagio por millón de habitantes, circunstancia que resulta muy muy riesgosa. El propio Ministro ha venido señalando ya que la situación se puede transformar en ingobernable. Tenemos que actuar rápidamente. Hay más de 50 mil personas contagiadas, activas, que debieran estar en albergues sanitarios y no lo están. No existen más de 2 mil albergues y no todos se están utilizando, siendo que la recomendación del Consejo Asesor es que todas las personas positivas estén en albergues, lo cual implica un desafío mayor, gigantesco.

Tenemos cerca de 500 mil a 1 millón de personas que son contactos de esos 50 mil positivos. Solo los Senadores contagiados generan más de cien contactos. Y así, si el promedio es de diez contactos por cada contagiado, contabilizamos entre 500 mil y 1 millón de personas que, siendo contactos, no están siendo buscadas y debieran ser rastreadas y estar cuarentenadas.

¿Qué me preocupa a mí? Que, para que se pueda cumplir el aislamiento, para que se pueda cumplir la cuarentena eventual, ojalá, de estas 500 mil o 1 millón de personas que son contactos, que deben cuarentenarse durante dos semanas, tal como lo hicimos los Senadores, primero, evidentemente, hay que ubicarlas, hay que rastrearlas, hay que advertirles: "Usted es contacto". Y si no lo hace la autoridad, se lo tienen que decir los mismos familiares, los mismos amigos, que son positivos: "Mira, tú eres contacto".

Se ha definido como contacto estrecho a la persona que ha estado con un contagiado dos horas en un recinto cerrado, a pesar de estar con mascarilla, o quince minutos si alguno de los involucrados no usó mascarilla.

Ahora, ¿cómo se viabiliza aquello si la gente no tiene agua, no tiene luz, no tiene gas? ¡Es imposible! ¡Esto puede ser una catástrofe!

Tiene que haber apoyo social, porque, si no se puede aislar a las personas porque no poseen recursos, si no se pueden cuarentenar porque no poseen recursos -viene el frío, el factor coadyuvante más potente junto con la contaminación-, si las personas no cuentan con gas, el virus va a entrar como a campo traviesa.

Entonces, la situación es muy muy preocupante. Debiera haber ayuda focalizada. ¿Dónde hay que focalizar los recursos? En permitir que las personas se puedan aislar en recintos sanitarios.

Se habla de 50 mil, pero esos son los notificados. ¡Son más! Y debiéramos concentrar los recursos en cuarentenar a los 500 mil o 1 millón que son contactos. A esos hay que viabilizarles la posibilidad de cuarentena. Si no lo hacemos, les quiero decir que estamos expuestos a una situación que puede ser muy sombría, ¡muy sombría!

Yo les recomiendo leer la última minuta del Consejo Asesor Presidencial, que dice exactamente eso. Por lo tanto, resulta esencial que todo esto vaya acompañado de medidas de apoyo social, de alimentos, de entrega de bonos, de manera que las personas puedan mantener el agua, la luz. ¿Cómo les vamos a pedir que se laven las manos si no tienen agua, que es la medida más básica? El Ministro dice que la gente no se está lavando las manos. Puede ser que algunos no lo hagan por irresponsabilidad, pero también hay muchos que no lo hacen porque no cuentan con agua potable. Por lo tanto, hay que tener cuidado.

Hay cobros abusivos.

Chilquinta efectúa cobros abusivos de luz en la Región de Valparaíso, totalmente abusivos, y no le importa que haya una situación de pandemia dramática: sigue haciendo cobros irregulares.

Entonces, ¡hasta cuándo!

Aguas Andinas -acá tengo unas denuncias- le está cobrando a una viuda de Padre Hurtado cinco millones de pesos por un arranque de agua potable y alcantarillado. ¡Cinco millones, a una viuda que tiene una nieta, que lleva una vida pobre! Y encima le cobra la mayor parte por pavimento cuando la calle no está pavimentada. ¡No tiene pavimento y le están cobrando pavimento!

Entonces, aquí hay un espíritu que yo no quiero calificar, pero que es de absoluta crueldad, de absoluta, yo diría, inconciencia con respecto a la gravedad de la situación. Empresas que se afirma que debieran tener responsabilidad, porque son un monopolio que tiene a su cargo la seguridad de la salud -lo más importante de las personas, que se garantiza a través de los servicios sanitarios: agua, luz, alcantarillado-, no están cumpliendo. Y no solamente no están cumpliendo: incluso están abusando.

Así que yo, Presidenta, apoyo de todas maneras esta iniciativa.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Tiene la palabra el Senador De Urresti.

El señor DE URRESTI.-

Presidenta , mire, yo hago un llamado a la reflexión porque estamos legislando una serie de normas, de iniciativas que están bien intencionadas, surgidas en el Senado o en la Cámara de Diputados, pero que terminan o bloqueadas, desde el punto de vista de que una de las dos ramas no las tramita, o no van al fondo del asunto.

Creo que esta, siendo una muy buena iniciativa, no tiene la densidad, la consistencia para, efectivamente, cumplir el logro que nosotros estamos persiguiendo: la postergación en el cobro de las tarifas. ¿Qué sacamos si en este momento las están subiendo -lo señalaban varios Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra- en todo Chile? Estamos con un aumento de cobros brutal.

Hoy en la mañana ingresamos en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles de la Región de Los Ríos una solicitud de autoridades de todas las regiones para que este organismo intervenga y fiscalice. ¿Y con qué nos encontramos? Con que se está notificando de las alzas a los distintos consumidores: "Bueno, si usted no está de acuerdo, vaya a reclamar a la oficina". Obviamente, hay un porcentaje importante de gente que no puede concurrir presencialmente ni menos por internet, sobre todo en el mundo rural, y hay personas que hoy día se encuentran con limitaciones económicas y sanitarias que tienden a consolidarse.

O se señala: "¿Sabe qué? Le vamos a dar la posibilidad de una extensión, facilidades de pago". Claro, frente a una deuda de 100 mil, 200 mil o 300 mil pesos, que no corresponde y que se eleva, se ofrece una prórroga en el plazo.

¡Es realmente inadmisible, una vergüenza, un escándalo!

Entonces, Presidenta , yo voy a votar a favor. ¡Cómo uno no podría sumarse a una iniciativa como esta! Pero ella no va al fondo del asunto. ¿Qué sacamos con esta ley si a 158 mil clientes de la Región de Los Ríos -nos daban la información- y que son millones a lo largo de todo Chile les siguen subiendo las deudas? ¿De qué les sirve esta protección de cobro o no corte -en definitiva, no les van a cortar el suministro-, si van a quedar con una deuda renegociada de varios cientos de miles de pesos hacia adelante? Y la gente en Chile, que es cumplidora, que le tiene respeto sobre todo al consumo de electricidad, va a firmar un convenio de pago.

Entonces, ¡esto es un abuso!

Aquí hay una cantidad de empresas que, al parecer, son amigas de las autoridades de turno y, simplemente, se ha establecido aquel criterio, que considero tremendamente errado. No es republicano que el Presidente de la República diga: "Miren, he llamado a las empresas y he conversado con ellas". Aquí no se trata de llamar: se trata de aplicar la ley; se trata de que no se aprovechen; se trata de que, en momentos de crisis, contribuyan; de que, si no van a ser solidarias, por lo menos no existan alzas desmedidas.

Entonces, vuelvo al mismo punto. Nos estamos dando semanas de discusión para un proyecto que no va al fondo del asunto. Pienso que lo fundamental es pedir la intervención de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y del propio Ministro de Energía , que no sé dónde está en este momento y que debiera estar, no conversando, sino impulsando leyes que efectivamente regulen esta situación.

Acá veo a Senadores que también son de la Región de Los Lagos, donde tenemos las mismas empresas de distribución eléctrica. Es la misma situación. Lo que está pasando en Chiloé está pasando igualmente en Puerto Montt, en Osorno, en La Unión, en Valdivia. Por lo tanto, me parece tremendamente complicado, porque la gente va a quedar más endeudada.

Y lo último.

Hago un llamado -por eso lamento que no esté el Ministro de Energía siguiendo e impulsando esto-: qué ocurre con instituciones básicas que utilizan gran cantidad de energía eléctrica, como los comités de agua potable rural. Pedimos que no se les apliquen estas alzas, porque ello puede desestabilizar un sistema cooperativo, un sistema sin fines de lucro, como el que manejan los comités de agua potable rural y otros establecimientos que exhiben un alto consumo eléctrico.

Voy a votar a favor, Presidenta, pero quería hacer esta reflexión en torno a la irresponsabilidad, la avaricia, el oportunismo de estas empresas, que pueden dejar endeudadas a muchas personas a lo largo de Chile. E invito a mis colegas a sumarse a la presentación que hicimos ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, para que, en definitiva, dichas empresas sean fiscalizadas y, espero, sancionadas por estos cobros indebidos.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Tiene la palabra el Senador Navarro.

¿Está conectado?

El señor NAVARRO.-

¿Aló?

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Sí, Senador Navarro.

Puede intervenir.

El señor NAVARRO.-

Gracias, Presidenta .

Yo solo quiero señalar que estamos cometiendo un pecado de origen en cuanto a esta tramitación por gotario. Está siendo política del Gobierno atacar los problemas uno por uno, sin ver la situación global.

Está claro que el cobro eléctrico es un problema. Viene el invierno y, si bien hay un subsidio a la tarifa eléctrica durante esa temporada, no es suficiente.

Lo primero que debiéramos estar conversando con el Ministro Jobet es el tema de los subsidios al mayor consumo eléctrico en invierno para los adultos mayores, y particularmente para las personas que han quedado cesantes.

Subsidio adicional. Hay que hacer crecer el subsidio, porque el invierno va a ser mucho más duro, pues hay una pandemia. Esto no puede quedar en el aire.

El Ministro de Energía hizo lo posible en la Comisión para que no hubiera proyecto. Hay varias indicaciones que fueron desechadas. Y, por lo tanto, tiene que haber Mixta.

Aquí hay dos proyectos de ley. Uno fue despachado por el Senado en mayo. Y, por lo tanto, que haya Mixta para refundir las dos iniciativas es urgente y necesario.

Yo quiero agregar que todo aquello que signifique transferir recursos para hacer decrecer el gasto de los hogares con mayores necesidades debe tener mecanismos institucionales. Aquí no puede haber una caja de electricidad, sino una política sistemática que vaya más allá del 40 por ciento de los más vulnerables.

Es un error garrafal del Gobierno pensar que solo los más vulnerables de siempre se encuentran con mayor vulnerabilidad ahora. Hoy día el 40 por ciento más vulnerable está mucho más vulnerable, pero esta pandemia ha dejado más vulnerables dentro de aquellos que llamamos "pobres" y los aportes del Gobierno han estado bajo el nivel de la pobreza y de la extrema pobreza.

Yo reclamo la inclusión de la clase media. Recojo lo que ha planteado el Senador Insulza: aquí el Gobierno tiene que decretar una política de subsidios a la clase media ahora. Los profesores están trabajando online en sus casas, usando el internet privado y utilizando las cuentas de luz de sus casas para hacer las clases, que no son de cargo fiscal ni de cargo del empleador del colegio particular subvencionado. Están utilizando recursos propios para cumplir con su deber; para mantener el contacto de las clases que les están exigiendo los directores.

Y esas cuentas de luz van a subir, porque hay que estar calefaccionados.

Yo reclamo la presencia del Ministro . Aquí el oficialismo tiene que entender que cuando discutimos proyectos para los más necesitados en medio de la pandemia los Ministros son esenciales, porque estamos discutiendo en el aire. ¿A quién le formulamos planteamientos, Presidenta ? ¿A quién le decimos que hay que aumentar los subsidios, que hay que discutir la política de los subsidios? ¿A quién le decimos que hay que darle urgencia a esto mandando este proyecto a la Mixta?

Por tanto, las tarifas eléctricas forman parte de los elementos esenciales para enfrentar el invierno, al igual que el agua.

Yo solo quiero reclamar que, en medio de un país que supera a China en los contagios y en donde la muerte aparece como la palabra más cruda y dura a que nos hayamos enfrentado, las políticas de Estado tienen que ser políticas agresivas, políticas fuertes, políticas duras. Y el Ejecutivo tiene que tener una voz. No hay nadie del Ejecutivo , entiendo, Presidenta . ¿No hay Subsecretario? La pantalla no alcanza a abarcar todo.

Si el Gobierno no está cuando discutimos proyectos que buscan aliviar la situación de las familias con problemas económicos, que no son solo las pobres, entonces discutimos a medias esas iniciativas.

Creo que hay que llevar este proyecto a la Mixta lo más pronto posible.

Y espero que el Gobierno tenga una política integral en materia sanitaria, pero también de subsidio. Hay dos grandes ejes en los cuales estamos fallando, y principalmente el Gobierno: la política sanitaria, con un Ministro que nos dice que se le derrumbó el castillo de naipes, y la política socioeconómica de protección de la familia, que ha sido un fracaso. El Fogape; la renta básica garantizada y este proyecto de ley, originado en moción de Diputados liberales de Derecha y de Senadores de Oposición , tiene que ver la luz.

Yo le pido, Presidenta, que usted converse con el Ejecutivo la pronta tramitación de esta iniciativa de ley.

El Gobierno puede y debe tomar iniciativa. La Ministra Hutt ha anunciado que va a postergar por tres meses el pago de los permisos de circulación del transporte mayor, taxibuses, y también de los transportes escolares. El Gobierno tiene facultad de decreto. Bueno, que lo haga permanentemente, que actúe por decreto. No necesariamente tenemos que hacer leyes para ir a ayudar a la población que está abandonada, en lo sanitario y en lo económico.

Voto por que se vaya a mixta.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Tiene la palabra la Senadora Órdenes.

Y aprovecho de señalar que hay acuerdo para suspender la sesión entre la una y media y las tres y media.

Entonces, voy a dar la palabra a la Senadora Órdenes. Creo que concluiremos con ella, y quedarían inscritos el Senador Latorre y el Senador Sandoval.

Senador Bianchi, usted ya hizo ya uso de la palabra.

Senadora Órdenes, tiene la palabra.

La señora ÓRDENES.-

Presidenta, yo creo que hay que hablar rápido respecto de las urgencias que tenemos. Y esta es una de las principales urgencias en que tenemos que centrar el debate.

Y lo digo porque hoy día tenemos varios niveles.

El primero es la crisis sanitaria que origina este shock económico. La crisis sanitaria está llegando a niveles que están terminando con el sistema de salud. Las conversaciones ya no pueden seguir centrándose en el número de ventiladores mecánicos que arriban al país, el punto está en cómo controlamos la pandemia y cómo bajamos la curva de contagio.

Si no hacemos acciones concretas con ese objetivo, efectivamente el tema se va a salir de las manos de quienes están a cargo de la gestión de la crisis, y en particular hablo del Ministerio de Salud.

Esta lógica de la inmunidad de rebaño ha sido un fracaso.

Entonces, hago un llamado al Gobierno a rectificar el rumbo; para que se escuche a los expertos; para que se hagan cargo de la evidencia científica; para que aporten con los datos que se requieren a fin de cambiar las medidas y la estrategia para controlar la pandemia.

Mientras eso no ocurra, la crisis económica también va a seguir siendo más intensa. Y lo digo porque las cifras de hoy respecto a las tasas de desempleo, que en el país están cerca de un 16 por ciento, me parecen bien preocupantes, porque no había precedente de esto desde hace varias décadas.

Esto está afectando principalmente a jóvenes. En la Región Metropolitana, donde se concentra un importante número de casos, en la población joven incluso esta cifra se duplica.

Entonces, estamos hablando de servicios básicos, y si hoy día no atendemos las necesidades básicas de los chilenos y chilenas, la crisis va a tener otros ribetes.

Lo que estamos haciendo con este proyecto de ley ahora es garantizar que no haya corte de suministro de servicios básicos y que la cancelación también tenga una prórroga.

Pero no es suficiente. Acá deberíamos haber insistido con más fuerza en el ingreso familiar de emergencia; acá se tiene que garantizar, sea con la lógica de un bono, de un subsidio, la inserción de recursos rápidos a las familias. Las canastas alimenticias van a tener sus tiempos. Yo no compartí esa estrategia tampoco.

Pero hoy día yo creo que de manera mayoritaria tenemos que señalarle al Gobierno que se requiere un cambio de estrategia para el control de la pandemia en Chile; que se requiere un cambio de estrategia para poder abordar la crisis económica que estamos viviendo. Y también, en algún minuto, vamos a tener que darnos el espacio para ver cómo vamos a reconstruir a futuro.

Ahí tenemos que hacer cambios, porque hoy día la Superintendencia de Servicios Sanitarios, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, también tienen un rol, son los entes reguladores.

Y ahí creo que la tarea pendiente es revisar la legislación en esa materia: cuáles son las facultades que tiene; cómo la dotamos de mayor capacidad para ser efectivamente los garantes de los ciudadanos cuando se sienten vulnerados. En cuanto a los precios, yo representó a una Región donde el metro cúbico del agua tiene el precio más caro de Chile.

Y, evidentemente, esta lógica del acuerdo también entre el Presidente y las empresas no me parece que sea serio desde el punto de vista del formato.

Pero en este proyecto de ley queremos establecer reglas claras. Pero claramente no es suficiente, porque solamente estamos dando garantías de que van a tener acceso a los servicios básicos.

Eso lo tendríamos que haber resuelto hace tiempo.

Y las garantías que dieron las empresas son discrecionales; algunas son muy engorrosas, con mucha burocracia para poder optar y que las empresas efectivamente den garantía de que se va a mantener el suministro.

Creo que estamos errando el camino. Y hay que tomar medidas ya. Y son varias. Esta es solo una.

El Congreso ha cumplido su rol: hay "bono COVID", Fogape, seguro de desempleo. Hoy día tenemos que ver el tema de los honorarios, de los servicios básicos. Pero esto requiere más urgencia.

Así que insisto en mi llamado al Gobierno. Acá hay que rectificar el rumbo respecto de cómo se aborda la pandemia, y paralelamente inyectar recursos frescos, rápidos y a la vena a las familias de Chile. Porque esto no es un tema de registro social de hogares, pues esto también cambió la situación económica de muchos hogares. Y no va a haber tiempo para una nueva ficha.

Acá hay que reaccionar, dando mayor sentido de urgencia y con la mayor cobertura posible, para garantizar que el acceso a los servicios básicos va a estar disponible y para trabajar, sobre todo, con el foco en cómo controlar la pandemia.

Muchas gracias, Presidenta .

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

La Senadora Rincón me ha pedido la palabra para un tema de reglamento.

La señora RINCÓN.-

Señora Presidenta , efectivamente, le he pedido la palabra porque entiendo que el proyecto de ley que nosotros aprobamos y que se fue a la Cámara está en la tabla (boletín 13.315-08). Y sería bueno, con la unanimidad de la Sala, poder tratarlo, votarlo y rechazarlo para que se constituya inmediatamente la Comisión Mixta y podamos fusionar estas dos iniciativas. Creo que es lo que corresponde para agilizar el trámite en cuestión.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

¿Habría acuerdo para aquello?

Lo planteo porque me parece que es pertinente para agilizar e incorporar todas las visiones a la Comisión Mixta, que se va a constituir dentro de la próxima semana.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

¿ Presidenta ?

No sé si me escucha.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Sí.

Tiene la palabra, señor Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias, solamente quiero explicar la tramitación que ha señalado la Senadora Órdenes.

Efectivamente, el proyecto tuvo su origen en el Senado (boletín 13.315-08) y se refundió con otras iniciativas. Se había ido a la Cámara, pero llegó el día de ayer y se dio cuenta en la Sala, quedando para tabla.

Conforme a las normas reglamentarias de ordenamiento de la tabla, actualmente está en el lugar número 25.

Viene de la Cámara a tercer trámite con modificaciones. En consecuencia, si la Sala rechaza las modificaciones que propuso la Cámara, efectivamente eso generará que el proyecto vaya a Comisión Mixta.

Para eso sería necesario, como ya está en tabla, que se acordara adelantarlo de lugar para que fuera discutido quizás después de la votación del proyecto que estamos conociendo hoy. Este recién va a ir a tercer trámite a la Cámara después de esta votación.

De modo tal que ahí quedarían los dos proyectos en condiciones de formar parte de la Mixta. Y quizás en esta instancia se podría sacar un texto único de ambas iniciativas que se están tramitando.

Esa es la situación, y si se incorpora a la tabla, o se adelanta más bien, y se vota y se rechaza, como ocurrió el otro día con otro proyecto, inmediatamente se comunicará a la Cámara el rechazo y la conformación de la Comisión Mixta.

Entiendo que eso es lo que la Senadora... (falla de audio en transmisión telemática) ...

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

¿Podemos tratarlo en esta sesión?

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Sí, inmediatamente después de este proyecto, porque solamente habría que votar las modificaciones que introdujo la Cámara para su rechazo y conformar inmediatamente la Mixta.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Muy bien.

El Senador Elizalde me pidió la palabra.

¿Sobre este punto, Senador?

El señor ELIZALDE.-

No, sobre el proyecto que estamos discutiendo, Presidenta.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Es que ya estamos con un listado de intervenciones sobre el tema de reglamento que planteó la Senadora Rincón .

Senadora Provoste, ¿usted pidió la palabra sobre aquello?

Muy bien.

Puede intervenir.

La señora PROVOSTE.-

Señora Presidenta , sobre este punto, operativamente, es bien importante que podamos hacer lo que señala la Senadora Rincón . Y podemos realizar las dos votaciones simultáneamente; porque lo que ocurrió, dado que estos proyectos tienen un propósito común, pero son de origen distinto, es que el Senado, en la Comisión, sustituyó el texto de la Cámara por el del Senado. Y la Cámara obviamente hizo lo mismo. Sustituyó el texto del Senado por el de la Cámara.

Por ello, la única forma de que podamos sacar un buen texto es que resolvamos en la Mixta ambas iniciativas.

Entonces, tal como lo señaló también el Secretario , la idea es poder rechazar las modificaciones del proyecto de que se dio cuenta en el día de ayer. Y, por lo tanto, hacer las dos votaciones sucesivas sin abrir debate respecto de la iniciativa en tercer trámite.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Entonces, habría acuerdo respecto a la propuesta... (falla de audio en transmisión telemática)... Secretario, de incorporar en la tabla de hoy día este proyecto y de votarlo para que se vaya a Mixta.

¿Hay acuerdo?

Senador Moreira, tiene la palabra.

Activen el micrófono del Senador Moreira.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Se lo vamos a activar.

El señor MOREIRA.-

Presidenta, estaba solicitando la palabra porque por ahora no estoy de acuerdo con la petición que ha hecho la Senadora.

Yo quisiera pedirle que me aclarara unos aspectos.

Primero, tengo algunas dudas sobre este proyecto. Y lo que yo le pido a la Senadora es que formule su planteamiento al inicio de la sesión, a las tres de la tarde.

Si no, no daré la unanimidad. Porque yo necesito mayor información. Como la sesión termina a las 13:30 horas, requiero un espacio para hacer consultas.

Por eso pido que la petición se haga al inicio de la sesión.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Muy bien.

Terminó el tiempo de esta parte de la sesión.

Haremos una pausa hasta las tres y media.

Quedan inscritos para intervenir... (falla de audio en transmisión telemática)... Elizalde. Y a la vuelta nos abocaremos al punto de reglamento que debemos resolver.

Tiene la palabra el Senador Pizarro.

El señor PIZARRO.-

Presidenta, quiero informar a la Sala que vamos a citar a la Comisión de Hacienda a las cinco porque va a ingresar el nuevo proyecto de boletas de honorarios que el Gobierno había comprometido.

Me avisó el Ministro de Hacienda que se está enviando, con lo cual usted podría dar cuenta al reinicio de la sesión, espero. Y nosotros podríamos funcionar en la tarde, a las cinco. El Ministro está disponible y es un proyecto superurgente, como usted sabe.

Quería informarle eso a usted y a la Sala.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Muchas gracias, Senador Pizarro.

Se suspende la sesión.

)----------(

--Se suspendió a las 13:37.

--Se reanudó a las 15:40

)---------(

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Continúa la sesión.

Habíamos quedado con colegas inscritos.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Sí, señora Presidenta . Son cuatro.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Los Senadores Latorre, Sandoval, ¿y quiénes más?

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

La Senadora Órdenes y el Senador Elizalde.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Muy bien.

Senador Latorre, tiene la palabra.

El señor LATORRE.-

Señora Presidenta , seré muy breve.

Quiero dar mi apoyo a este proyecto, que nació de distintas mociones de Diputados y Senadores, y, obviamente, espero que vaya a Comisión Mixta.

Acá ha faltado voluntad política del Gobierno para patrocinar y encauzar este tipo de soluciones. En muchos momentos tiempo atrás, el Ejecutivo mantuvo distancia y no quiso patrocinar varias de estas iniciativas, incluso declaró algunas inadmisibles o inconstitucionales, en circunstancias de que su propósito era ayudar a la gente en un contexto de crisis, de carencia de ingresos, dando respuestas a problemas como el pago de los servicios básicos.

En ese sentido, espero que esto avance y se vea en una Comisión Mixta.

Y no me interesa la disputa sobre la autoría del proyecto: si es de los Diputados o de los Senadores. Eso, en verdad, me da lo mismo. Lo importante es cómo llegamos con soluciones concretas a las personas en un contexto muy crítico, muy dramático, agravado con el invierno que se viene.

Eso sí, creo que hay una reflexión importante -obviamente no la vamos a resolver ahora- que debemos hacer para enfrentar el futuro pospandemia en Chile, debate que, a mi juicio, se va a abrir en muchos países. Me refiero a la necesidad de tener un mayor control sobre las empresas de servicios básicos.

En esa perspectiva, habrá que revisar todo el proceso de privatizaciones que se hizo en dictadura y, también, en democracia. Hoy día en esos contextos hay que pedirles por favor a las empresas que no abusen; hay que pedirles por favor que contribuyan; hay que pedirles por favor que hagan algún gesto solidario o que posterguen cobros. Por lo mismo, el Gobierno tiene que estar haciendo esos llamados "a lo amigo".

Además, hemos tenido una institucionalidad a veces muy laxa y muy favorable a los grandes intereses económicos y a las multinacionales que gestionan y proveen servicios básicos: electricidad, agua potable, sanitarias y ahora internet. Discutíamos hace pocos días que internet hoy es un servicio básico clave, pues estamos en una sociedad digital.

Creo que son elementos muy importantes.

Incluso, a propósito de la crisis de Latam, se abre el debate sobre esta empresa estratégica para la economía. Obviamente una aerolínea es una empresa estratégica. La pregunta es: ¿en qué condiciones vamos a ir a ayudar o a rescatar a Latam? Porque ya despidieron a muchos trabajadores y ya repartieron utilidades. Acá siempre se ha seguido la misma lógica de este capitalismo neoliberal: se privatizan las ganancias, pero se socializan las pérdidas.

El Estado podría tener participación en la propiedad y en la gestión de estas empresas. Los trabajadores también podrían participar en la gestión de ellas; al igual que la comunidad, porque se trata de empresas de servicios básicos que tienen que estar orientadas al bien común. Eso implica entrar a otra discusión en pleno siglo XXI, a una que los fanáticos neoliberales daban por muerta, pero yo creo que hoy día este contexto de crisis reabre ese debate.

En consecuencia, apoyo este proyecto, que es muy simple, y espero que vaya -insisto- a Comisión Mixta para que se resuelva luego.

Con todo, creo que la reflexión planteada es importante hacerla también, señora Presidenta .

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

La Senadora Rincón me ha pedido la palabra por el asunto que dejamos pendiente antes de suspender la sesión con relación al otro proyecto sobre esta misma materia.

El Senador Moreira me señaló, antes de reanudar esta sesión, que ahora él daba el acuerdo para subir de lugar en la tabla dicha iniciativa, a fin de despacharla hoy día.

La señora RINCÓN.-

Efectivamente, señora Presidenta , hablé con el Senador Moreira y ahora hay acuerdo para lo que usted ha señalado, porque ambos proyectos van en la misma línea.

Tal como dijo el Senador Latorre, a estas alturas creo que lo importante es el sentido de las iniciativas y no de quién es la autoría. Y hay que tramitarlas juntas para poder resolver el problema.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Muy bien.

Hay acuerdo, entonces, para despachar hoy día el proyecto referido y debatirlo rápidamente en algún momento.

Acordado.

Senador Sandoval, tiene la palabra.

El señor SANDOVAL.-

Muchas gracias, Presidenta .

Está un poquito inestable el internet, por si acaso.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Está muy malo hoy día.

El señor SANDOVAL.-

Sí. Es un problema que nos va a afectar a veces en esta modalidad de trabajo.

Señora Presidenta , quiero, básicamente, señalar algunas observaciones.

Creo que todos tenemos la mejor intención y voluntad para concurrir con nuestras mayores iniciativas e ideas con el fin de tratar de atender las necesidades esenciales de nuestra comunidad: el agua, la luz, el gas, las telecomunicaciones. Hoy día, sin duda, ello tiene una dimensión absolutamente nueva.

En esta materia existe una enorme diversidad, duplicidad. Y diría que hay tres partes respecto de estas mismas acciones.

Y también me parece razonable que se resuelvan los temas administrativos.

En todo caso, Presidenta , yo no quiero enfatizar ni desarrollar lo que dice relación con el fondo de estas iniciativas. Nos parece válido y fuera de toda discusión ver cómo atender y resolver tales necesidades.

Es más, me da la impresión de que estas propuestas están pintadas para el nuevo acuerdo social y económico al que está convocando el Presidente de la República . Pero, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de la tramitación, desde el punto de vista de la propia ley, no cabe duda de que no podemos anteponer esta iniciativa, más allá de cómo la queramos pintar y entendiendo las necesidades de la gente, que son absolutamente válidas, a lo que significa la propia regulación o las normas que nosotros mismos, por lo demás, juramos cumplir y respetar.

Uno siempre valora las orientaciones que entrega nuestro colega el Senador Francisco Huenchumilla con relación al análisis riguroso del cumplimiento de la norma y de la ley.

Bueno, en mi opinión, estas iniciativas debieran ser fruto, más bien, de un buen acuerdo, de una buena relación, de una buena conversación, y no del objetivo de tratar de sacar algún tipo de torpe ventaja. Creo que el camino es otro.

Si uno mira en estricto rigor el artículo 43 de la Constitución, se da cuenta de que el Presidente de la República , en estados de excepción como el que tenemos hoy día, puede, entre otras cosas, "disponer requisiciones de bienes y establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad".

Es el Presidente de la República . Lo dice la propia Constitución en su artículo 43, la cual nosotros juramos, ¡juramos!, respetar absolutamente.

Quiero separar este tema, porque hay dos proyectos con el mismo objetivo y una tercera vía, que es, como bien se señaló acá, la gestión que ha realizado el Gobierno en esta materia. Sobre ello, dicho sea de paso, ya se han beneficiado cerca de setenta mil familias con la negociación respectiva para acoger estos mecanismos. Resulta que los mismos contenidos que concordó el Gobierno con las empresas de telecomunicaciones, con las empresas de gas, con las empresas de electricidad y con las sanitarias, están en estos proyectos de ley, pero aquello ya está en operatividad y funcionando.

Señora Presidenta , en el marco de la compleja situación en la que estamos hoy día, me da la impresión de que hay dos aspectos aquí: por un lado, los defectos de nuestro voluntarismo para hacer las cosas y tratar de burlar las normas que debemos respetar y, por otro, la intención de generar beneficios, los que compartimos absolutamente.

Pero, fíjese, que esto último no se cumple en todos los casos.

En este proyecto se establecen normas para empresas de gas de cañería, lo cual beneficia a personas que no son precisamente las más vulnerables ni la gente más humilde. En este minuto hay muchos que no están precisamente abriendo una válvula de gas en su casa, en su campamento o donde sea, para suministrar este servicio. ¡No está allí!

Por lo tanto, estamos entregando, por esa vía, con el voluntarismo y la intención más que con el fondo, beneficios a gente que no le corresponde.

Yo creo que este punto es ideal para incorporarlo al nuevo acuerdo social al que ha convocado el Gobierno, para lo cual habrá que perfeccionar lo que se ha hecho y seguir discutiendo la materia, porque los mismos beneficios, los mismos contenidos están presentes en las tres instancias mencionadas, señora Presidenta.

Por lo tanto, espero que esta iniciativa se vaya rápidamente a Comisión Mixta y sugiero que en ese órgano se hable estrechamente con el Gobierno, porque me da la impresión de que el artículo 43 de la Constitución es supercategórico para establecer dónde, cuándo y cómo impulsar este tipo de iniciativas.

No quiero que lo relativo a la formalidad sea el punto. Aquí hay una necesidad evidente y real, pero hay que enfrentarla de una manera adecuada, correcta, directa y apropiada.

Muchas gracias.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Tiene la palabra el Senador Elizalde.

El señor ELIZALDE.-

Señora Presidenta , quiero hacer dos comentarios muy simples.

Escuché la intervención de la Senadora Von Baer, quien se refirió a algo que me parece muy pertinente considerar: la situación en que quedan los servicios sanitarios rurales, conocidos como "agua potable rural" (APR), que efectivamente no están contemplados en este proyecto de ley.

El Gobierno no ha participado formalmente en el debate de esta iniciativa; sin embargo, la ha estado observando. En ese contexto, se informó a la Comisión de Economía que se presentaría una propuesta para proteger precisamente a los usuarios de los proyectos de agua potable rural, pero a través de una metodología distinta, mediante algún tipo de subsidio del Ministerio de Obras Públicas, pues la forma en que funcionan esos servicios sanitarios rurales es completamente diferente de la de los servicios que están regulados en esta iniciativa.

Ahí tenemos un desafío. Hay que hacerse cargo, adicionalmente, de esa situación, porque estamos hablando de usuarios que, en la mayoría de los casos, tienen una condición socioeconómica más baja que la de quienes son clientes de los servicios sanitarios ordinarios o comunes, por decirlos de alguna manera. Desde esa perspectiva, es necesario, obviamente, protegerlos de alguna forma.

El propio Gobierno anunció que la metodología para proteger a los usuarios de los servicios de agua potable rural iba a ser distinta: a través de una fórmula de subsidio del Ministerio de Obras Públicas.

Eso es lo primero que quiero plantear.

Lo segundo es que me parece importante que el Gobierno se haga parte de este debate, porque hasta ahora solo ha estado observando, y puede pasar algo similar a lo que aconteció con los permisos de circulación, cuando al final el Presidente tuvo que presentar un veto, en circunstancias de que, si hubiera participado anticipadamente en esa discusión, se habría aprobado la ley con el mismo contenido; no habría habido cuestionamiento respecto de la visibilidad de algunas de las indicaciones, y por cierto, se habría podido anunciar su aplicación, sin importar que estuviera pendiente la promulgación, antes de que venciera el plazo de los permisos de circulación y de que se produjeran esos grandes atochamientos que hubo a raíz de que muchos propietarios de automóviles concurrieron a los distintos municipios especialmente para renovarlos.

Por eso, esperamos que, una vez que se constituya la Comisión Mixta para ver el proyecto que vamos a votar después y también esta iniciativa, que previo a ello debe ser tramitada en tercer trámite por la Cámara de Diputados, el Gobierno tenga un rol mucho más activo, a efectos de dar a conocer sus puntos de vista y, de esa forma, contribuir a que el proceso de tramitación de esta iniciativa sea más rápido, sobre todo considerando que todas las herramientas de que dispone el Ejecutivo son muy superiores a las que maneja el Parlamento en forma aislada.

Gracias, señora Presidenta.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Tiene la palabra el Senador Castro.

El señor CASTRO.-

Señora Presidenta, creo que este proyecto, que nace cuando se inicia la pandemia, es bien intencionado.

Yo pienso que es muy importante que el Ejecutivo tome parte en esto, porque se legisla sobre empresas que están reguladas. No vaya a ser que después tengamos que ver cómo estas empresas demandan al Estado producto de que les estamos cambiando una condición con este proyecto. Por tanto, es relevante que el Gobierno tome cartas en este asunto y participe en la Comisión Mixta. Creo que es bueno revisar esta iniciativa.

Por otro lado, ¿a quién va dirigido este proyecto? ¿A la gente del 60 o 40 por ciento más vulnerable? Pregunto, porque me da la impresión de que está quedando muy abierto.

A mi juicio, aquí se van a aprovechar personas que, a lo mejor, reciben el cien por ciento de su sueldo. Ese es un tema que deberíamos regular también, porque, si bien la idea es ayudar, no podemos permitir que se aprovechen personas o, incluso, empresas obteniendo este beneficio.

Yo creo que la intención es otra: ver cómo somos capaces de ayudar a personas que están hoy día pasándolo mal.

Eso, señora Presidenta.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Senador Chahuán, tiene la palabra.

El señor CHAHUÁN.-

Señora Presidenta , Honorable Sala, coincido con las opiniones vertidas en la Sala por los señores Senadores: se requiere un mayor involucramiento del Ejecutivo en esta iniciativa de ley.

Vuelvo a insistir: más allá de la autoría de los proyectos, es importante que el Gobierno se involucre para los efectos de tomar todos los resguardos necesarios.

Eso es lo primero.

En segundo lugar, quiero recordar una de las discusiones que se dieron en el Senado, cuando vimos la moción, de algunos señores Senadores y señoras Senadoras, que decía relación fundamentalmente con el límite del consumo de agua. Este era un tema muy importante, y quiero traerlo a colación, porque estamos en una "pandemia hídrica" -como yo lo diría- en la Región de Valparaíso y también en algunas regiones del norte del país. En dicho proyecto se tomaron todos los resguardos para incluir a las cooperativas de agua -creo que es muy relevante mencionarlo- y también a los sistemas de agua potable rural. Es indudable que no haber establecido un límite respecto del consumo efectivamente pudo derivar en un problema mayor desde el punto de vista de la disponibilidad del agua.

En ese contexto, simplemente hago el llamado de atención. Y espero que podamos resolver ese tema en el tercer trámite o en la Comisión Mixta, para tener, en definitiva, un buen proyecto.

Coincido en que hoy día hay un drama que se está viviendo en el país, particularmente en los sectores más vulnerables, que dice relación con la imposibilidad de contar con los recursos necesarios para pagar los servicios básicos. Y también coincido en que es mejor regular esto por ley, más allá del acuerdo que haya suscrito el Presidente de la República .

Dicho eso, creo que es importante considerar, además, lo relativo al consumo máximo del agua a efectos de incluirlo en los beneficios de esta futura ley y de que no se preste para ningún tipo de abuso.

Eso diré, entre otros de los temas que he planteado.

Y espero que haya un mayor involucramiento del Ejecutivo en la discusión del proyecto.

He dicho.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

¿Hay alguien más inscrito, señor Secretario ?

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

No. En el chat no figura nadie más pidiendo la palabra.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Entonces, cerrado el debate.

En votación en general y en particular.

--(Durante la votación).

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vamos a proceder a efectuar la consulta por la opción de voto de las señoras Senadoras y los señores Senadores.

Senadora señora Allende, ¿cómo vota?

La señora ALLENDE.-

A favor, señor Secretario .

Y quiero reiterar lo que dije.

Creo que esto es un paliativo. En definitiva, el Gobierno va a tener que entregar un subsidio, porque con este proyecto lo único que estamos haciendo es postergar deuda, con lo cual estamos agravando la situación de todas las personas que cada día están con menos ingresos a raíz de todas estas medidas decrecientes que ha adoptado el Gobierno, ante una situación económica cada vez más crítica.

Por lo tanto, voto a favor de la iniciativa con la convicción de que solo es un paliativo.

Repito que el Gobierno debe entregar un subsidio, porque si no, solo estamos postergando o acumulando deuda. No sacamos nada con decirle a la gente: "Mire, en tantos meses más usted va a pagar", aun si es sin interés, porque entonces no va a tener cómo hacerlo.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

La Senadora Allende vota a favor.

Senadora señora Aravena, ¿cómo vota?

La señora ARAVENA.-

A favor, señora Presidenta .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Senador señor Pedro Araya, ¿cómo vota?

El señor ARAYA.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El Senador Araya vota a favor.

Senador señor Bianchi, ¿cómo vota?

El señor BIANCHI.-

Señora Presidenta , en la línea de lo que plantearon denante tanto el Senador Huenchumilla como el Senador Sandoval, quiero saber cómo hacer para que en un estado de excepción esté aquí con una presencia absoluta el propio Gobierno.

Hay un proyecto de acuerdo que hemos planteado junto con la Senadoras Rincón, Provoste y la propia Presidenta. Yo quiero invitarlos a firmar este proyecto de acuerdo, porque lo que propone es que el Presidente de la República emita un decreto que permita, a lo menos, el congelamiento de los pagos o las deudas que mantienen hoy día miles de hogares en nuestro país. Por lo tanto, dejo extendida esa invitación.

Yo voy a votar a favor de este proyecto, porque también participé de las otras iniciativas que van en la misma línea. Pero aquí es necesario -ya se ha señalado-, en un pacto social, en un pacto de país, tener una presencia en esta materia de parte del propio Gobierno y del Estado de Chile.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

¿Vota a favor?

El señor BIANCHI.-

Sí, a favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Senador señor Castro, ¿cómo vota?

El señor CASTRO.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Senador señor Chahuán, ¿cómo vota?

El señor CHAHUÁN.-

A favor, señor Presidente , con las prevenciones ya formuladas respecto de los límites del consumo de agua. Es un tema que nos preocupa en las regiones que tienen una pandemia hídrica. Por tanto, es una materia que yo espero que se pueda perfeccionar en los trámites legislativos que vienen por delante.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

El Senador señor Chahuán vota a favor.

Senador señor Coloma, ¿cómo vota?

El señor COLOMA.-

Señora Presidenta, este es un proyecto, como hemos visto en el debate, que suena interesante, pero que posee distintas aristas, no solo una. No se trata de un tema que no tenga matices ni efectos.

Aquí lo que se busca, en primer lugar, es alterar cosas que se están haciendo desde una perspectiva voluntaria a una perspectiva obligatoria. Algún Senador, además, plantea que todo debe ser obligatorio; yo creo que en la vida siempre hay que tratar de generar espacios de entendimiento.

Y pienso que no es menor ni inocuo este esfuerzo de cambio. Y lo planteé cuando hablé en general.

Me parece que lo que podemos estar haciendo es generando una obligación -adicionalmente, a través de una moción parlamentaria- al Estado de asumir eventualmente cargas que se le plantean a alguien que tiene una concesión en virtud de la ley, particularmente, a pesar de que no todos los casos son susceptibles de publicación legal. Aquí se confunden servicios públicos que tienen distinta naturaleza. La red de telecomunicaciones no es lo mismo que la red eléctrica o la de agua potable. Algunas se entregan por concesión; en otras simplemente hay competencia. Y esta iniciativa persigue generar una obligación respeto de un tercero o de un concesionario, según el caso, para efectos de algo noble que hoy se está haciendo voluntariamente.

Entonces, ¿cuál es el tema de fondo? Yo creo que, como está ocurriendo en España, dicho sea de paso -lo quiero decir; lo he estado viendo-, podemos estar generando responsabilidades extracontractuales al Estado. ¡Y no sé si esa es una buena noticia! No sé si pasar de lo que hoy día se hace voluntariamente a una perspectiva obligatoria, generándose los efectos de eventuales indemnizaciones, sea lo correcto. Compartiendo el fin de lo que se busca, objetivamente, no sé si es el medio adecuado para hacerlo.

Adicionalmente -he estado viendo-, hay cosas interesantes, respecto de los límites de consumo, en cuanto a tener este tipo de bienestar, o la vulneración al principio de igual repartición de las cargas públicas, porque, claramente, al prorrateo se genera una desigualdad particularmente en mercados que son hoy día competitivos y que no son objeto de una concesión.

Por último, está lo que planteó la Senadora Von Baer, que es bien importante: la extensión del beneficio, aspecto que también creo que queda bastante complejo en la norma que hoy día estamos sometiendo a consideración.

Ahora, esta... (falla de audio en transmisión telemática)... va a ir a Comisión Mixta, así se ha dicho. Y ese, obviamente, es un buen momento, un buen espacio para corregir, en la medida que les parezca, alguna o todas estas aprensiones.

La primera es la que más me inquieta, en cuanto a cambiar el sentido de la responsabilidad: que pase de ser contractual a ser legal, provocando un efecto que puede ser contrario justamente al Estado. O sea, al mismo Estado que le estamos pidiendo que genere subsidios -algo correcto cuando es necesario- le estamos diciendo que se haga cargo de cosas de las que no se estaba haciendo cargo.

Entonces, a mí me parece que lo razonable es dar una señal en ese sentido, para considerar en la Comisión Mixta y que, por lo menos, quede claro que hay temas que son discutibles. En este contexto, pienso que lo más razonable es abstenerse.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El Senador señor Coloma se abstiene.

Senador señor De Urresti, ¿cómo vota?

El señor DE URRESTI.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El Senador señor De Urresti vota a favor.

Senador señor Durana, ¿cómo vota?

El señor DURANA.-

Señor Secretario , voy a justificar mi voto.

En primer lugar, anuncio que voto a favor, para ir a Comisión Mixta, en la defensa del proyecto que aprobó la Comisión de Economía y que también fue aprobado por la Sala del Senado, en la construcción del cual participaron activamente distintos sectores representantes de los servicios básicos y también el Ministro de Energía y la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones.

Logramos consensuar una política de servicios básicos en torno a poder establecer solidaridad en materia de consumo de agua, de luz y de gas de red y a generar un plan solidario para las telecomunicaciones. Y, fundamentalmente, apuntamos a generar las condiciones sin suspensión de pago, sin afectar la cadena de pago, pero con solidaridad para que, obviamente, las familias chilenas pudieran regularizar su situación al término de la pandemia que estamos sufriendo.

Creo que finalmente, sin demagogia, nosotros tenemos que ir buscando los acuerdos que nos permitan alcanzar efectivamente una política solidaria en beneficio de quienes hoy día lo están pasando muy mal.

Por eso, señor Secretario , en virtud del noble ejercicio que estamos haciendo para ayudar a quienes hoy no están en condiciones de cancelar esos consumos básicos, y más allá de la gestión realizada por el Presidente de la República , lo que se busca también es que el día de mañana lo que se renegocie sea una deuda justa y no como sucede en muchos sectores, y también en la Región de Arica y Parinacota, en que, lamentablemente, la gente ha tenido necesariamente que recurrir ya sea a la Superintendencia de Servicios Sanitarios o a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles porque las cuentas no están llegando como corresponde y tampoco se está generando, de acuerdo con la legislación vigente, el promedio de los últimos seis meses.

Y en materia de telecomunicaciones vemos que cuando uno trata de llegar, a través de las líneas digitales o de call center, lamentablemente, las familias chilenas se encuentran sin ninguna solución.

Por eso, obviamente, me abro a que legislemos y podamos satisfacer las demandas de la ciudadanía, que es lo que espera de nosotros.

Voto a favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

El Senador señor Durana vota a favor.

Senadora señora Ebensperger, ¿cómo vota?

La señora EBENSPERGER.-

Señora Presidenta , voy a fundamentar mi voto.

Creo que el objetivo que persigue este proyecto sin duda es una muy buena causa.

Pienso que hay que tener en consideración, y comparto lo que pidió en la mañana la Senadora Rincón, porque hay otro proyecto similar en la Cámara, que se voten ambos para que en una Comisión Mixta se resuelva en definitiva todo esto, y en forma rápida.

Sin embargo, la redacción actual de la iniciativa me genera muchas dudas, varias de las cuales ya se han señalado durante la discusión.

Particularmente, cabe recordar que existe un acuerdo suscrito entre el Ejecutivo y las empresas de servicios básicos, y el que este haya sido voluntario no significa que no pueda exigirse su cumplimiento. Está por escrito, fue remitido a la Superintendencia respectiva y debe ser fiscalizado. Y en el caso de que se incumpla ese acuerdo, también están establecidas las sanciones.

Creo que el proyecto, como está redactado actualmente, genera dudas y algunos peligros.

Provoca dudas respecto a estos contratos de servicios regulados. En estos casos el contrato, además de estar regulado en la ley, de acuerdo con los principios de nuestro derecho, es una ley para las partes. Entonces, esto podría entenderse como una expropiación de ciertos derechos respecto de lo establecido en el contrato, lo que podría generar eventualmente un derecho de estas empresas a exigir una compensación, una indemnización al Estado.

Eso lo empalmo con lo que decía el Senador Sandoval . Por eso en los estados de excepción, cuando se regulan en el artículo 43 de la Constitución, se le entregan al Presidente ciertas facultades, porque si va aplicando las facultades que le confiere este estado de excepción sabe -y él es el responsable de la Administración financiera del Estado- que algunas de ellas pueden generar responsabilidades para el Estado.

También concuerdo con lo que dice el Senador Coloma en el sentido de que aquí hay una vulneración al principio de igual repartición de las cargas públicas. Me parece que eso se da particularmente en la regulación a las empresas eléctricas, ya que toda la carga se le impone a la distribuidora cuando hay tres actores: distribuidoras, generadoras y transmisoras. Y al asumir toda la carga las empresas distribuidoras puede que la cadena de pago no llegue y esto pueda afectar a algunas generadoras pequeñas, como aquellas que producen energía a través de sistemas fotovoltaicos, cosa que en mi región ocurre mucho.

Comparto también lo relativo al agua potable rural. Creo que es importante desde los dos puntos de vista. Porque, por un lado, no están protegidas las personas que reciben agua potable por este sistema, pero si las incorporáramos y ellas dejaran de pagar o prorrogaran el pago también se va a afectar a las pequeñas comunidades o comités de agua potable rural que manejan estos sistemas y que no podrían sobrevivir sin el pago.

Entonces, creo que hay muchas dudas.

Pienso que el propósito es noble, y espero que la Comisión Mixta supere todas estas inquietudes.

Mientras eso no ocurra, señora Presidenta , me abstengo.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

La Senadora señora Ebensperger se abstiene.

Senador señor Elizalde, ¿cómo vota?

El señor ELIZALDE.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El Senador señor Elizalde vota a favor.

Senador señor Galilea, ¿cómo vota?

Senador señor García-Huidobro, ¿cómo vota?

Senador señor García Ruminot, ¿cómo vota?

El señor GARCÍA .-

Voto a favor, señor Secretario .

Este es un proyecto que requiere la participación activa del Ejecutivo.

Espero que vaya a Comisión Mixta y allí se puedan resolver las dificultades de la iniciativa, porque escuchando las intervenciones no hay ninguna duda de que las tiene.

Pero mi voto responde más bien a la voluntad de que legislemos, de que contemos con una ley en esta dirección, y para eso necesitamos resolverlo en Comisión Mixta.

Voto a favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

El Senador señor García vota a favor.

Senador señor Girardi, ¿cómo vota?

El señor GIRARDI.-

Voto a favor y quiero justificar mi voto.

Me parece que es muy importante entender el momento que estamos viviendo.

Yo lo señalaba con anterioridad. Estamos entrando en la fase más crítica de la pandemia. Esto puede sobrepasar todas las capacidades de infraestructura y de camas de la Región Metropolitana... (falla de audio en transmisión telemática)... Y, además, esto puede difundirse a regiones como la de Valparaíso. Y esta sería una situación bastante catastrófica.

Esto es como una bola de nieve que está fuera de control, de no tomarse medidas que son muy importantes.

Yo lo quiero reiterar. Tenemos cincuenta mil contagiados notificados. Son muchos más, en realidad. Pero esos cincuenta mil debieran estar aislados en condiciones sanitarias.

Tenemos entre quinientos mil y un millón de personas que son contactos, todos los cuales debieran estar siendo buscados, rastreados... (falla de audio en transmisión telemática)... y en cuarentena, de la misma manera en que los Senadores que fuimos contacto estuvimos en cuarentena.

Yo creo que hay que focalizar todos los recursos económicos, asistenciales y sociales para que se puedan cumplir los aislamientos y los criterios de búsqueda, rastreo y cuarentena de contactos, porque, si no lo hacemos, no vamos a disminuir la contagiosidad.

Y me parece que si no hay un esfuerzo gigantesco focalizado en estos grupos desde el punto de vista de ayuda y apoyo social no vamos a resolver la situación. No podemos hacerlo si las personas no tienen agua; si las personas no tienen electricidad; si las personas no tienen internet; si las personas no tienen teléfono. No veo cómo vamos a rastrearlos y a buscarlos si, por ejemplo, no cuentan con celulares ni internet. Así es imposible hacer la tarea epidemiológica y de salud pública que se requiere.

En ese contexto, creo que este proyecto está focalizado fundamentalmente en poder controlar esta pandemia. Si no hacemos esto, independientemente de que con posterioridad incluso estos beneficios sean de cargo del Estado, yo dificulto que las medidas extraordinarias que se deben tomar, que no se han implementado hasta ahora, tengan efecto.

Quiero señalar que de todos los contagiados activos una fracción ínfima está hoy día en recintos sanitarios, aislados como corresponde. De los quinientos mil al millón de contactos que están dando vuelta, una fracción infinitesimal está siendo buscada, rastreada y encuarentenada. Si no hacemos esto de verdad y con convicción -esto se encuentra como prioridad en la última minuta del Consejo Asesor Presidencial-, si no ayudamos en esta dirección, yo creo que vamos a sufrir consecuencias lamentables, dramáticas y que pienso que en parte son evitables y que no se van a subsanar desde los hospitales, porque será sobrepasada totalmente la capacidad hospitalaria.

Entonces, yo considero que este tipo de iniciativas van en directa relación con colaborar en frenar la contagiosidad, que es lo único que podemos hacer, porque en más camas no podemos crecer. En cambio, sí es posible detener el contagio de miles de personas, que este se evite en términos concretos. Pero para que ello se haga efectivo se requieren medidas sanitarias y sociales.

Voto a favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El Senador señor Girardi vota a favor.

Senadora señora Goic, ¿cómo vota?

La señora GOIC.-

A favor, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

La Senadora señora Goic vota a favor.

Senador señor Guillier, ¿cómo vota?

El señor GUILLIER.-

A favor, señor Secretario , pero quiero hacer dos pequeñas precisiones.

En la mañana por lo menos se puso bastante énfasis en que muchas de estas medidas deben alcanzar a la clase media.

Por lo tanto, creo que la solución de fijar tarifas tope de consumo puede ser razonable, porque eso evita el abuso y focaliza a fin de que también pueda acceder la clase media en un consumo que sea razonable.

Por otro lado, una consideración respecto a los municipios. Acá hemos mencionado la salud municipal, pero todo el sistema municipal está bajo presión. Desde luego, el alumbrado público depende de los municipios y hay muchos que están más cerca de la quiebra que de otra cosa, o de caer en cesación de pago de muchos servicios. Por lo mismo, es necesario tener una mejor evaluación acerca de la posibilidad de incorporar a los municipios en esta iniciativa.

Y lo último que quiero agregar se refiere a cómo impacta esto a las empresas generadoras, transmisoras, distribuidoras.

Ellas constituyen monopolios naturales y, por lo tanto, poseen precios especiales y garantizados que no tienen otras empresas.

Por otro lado, para ellas se consideran mecanismos de salida cuando hay variaciones no previstas en el mercado internacional, para protegerlas.

Por lo tanto, es perfectamente razonable pedirles que en un época en que la pandemia la está sufriendo el ciudadano renuncien a un porcentaje de sus utilidades y se pongan a tono, como lo están haciendo todas las empresas en Chile -o por lo menos la gran mayoría-, todas las organizaciones y todos y cada uno de los chilenos.

En consecuencia, no pueden estar en un limbo, al margen del esfuerzo nacional por enfrentar esta pandemia.

Eso debería quedar consignado en el proyecto, y la Comisión Mixta tendrá que ver cómo lo resuelve.

Voto a favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El Senador señor Guillier vota a favor.

Senador señor Harboe, ¿cómo vota?

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Entiendo que el Senador Harboe se inhabilitó.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Sí.

Senador señor Huenchumilla, ¿cómo vota?

El señor HUENCHUMILLA.-

Señora Presidenta, un par de comentarios solamente.

Tengo muchas dudas respecto de la votación de este proyecto.

Creo que es muy difícil establecer beneficios sociales sin la concurrencia del Ejecutivo.

Entonces, los Senadores y Diputados andamos bordeando los límites para ver qué podemos hacer si no concurre el Gobierno.

Me parece que esto no va a tener solución si no hay un subsidio para estos sectores vulnerables de los cuales está... (falla dea audio en transmisión telemática)... este artículo. Porque aquí lo que estamos haciendo, simplemente, es darles una posibilidad de chutear sus deudas para más adelante, cosa de salir de esta pandemia completamente endeudados. Entonces, la idea sería que pudiera solucionarse este asunto mediante un subsidio.

Señora Presidenta , he sido contrario, pues estimo que no es el momento, a buscar un acuerdo político entre las fuerzas de Gobierno y de Oposición; pero sí pienso que se puede lograr un acuerdo para enfrentar la pandemia y ver qué vamos a hacer, cuántos recursos se van a inyectar, de dónde van a salir los dineros, cómo vamos a abordar lo relativo a la salud y lo que dice relación con todas las necesidades.

Aquello es posible de realizar.

Ahora bien, entiendo que todos estos proyectos se negocian Comisión por Comisión; con la buena disposición en este caso de las Senadoras y de los Senadores, en una cosa muy acotada a las Comisiones.

Entonces, yo no sé si es factible que este tipo de materias puedan ser objeto de una discusión más institucional con el Gobierno; no sé si la Mesa con los Comités; no sé si la Oposición, representada por sus jefes de bancada, puedan entablar con el Ejecutivo la factibilidad de llegar a un acuerdo en todas estas cuestiones, porque tenemos muchos proyectos a través de los cuales estamos tratando de hacer algo por la gente ya que aquel no los plantea.

Lo curioso es que en tiempos de normalidad el Gobierno requiere ley y en tiempos de excepción no: ¡puede hacer las cosas tranquilamente si así lo dispone! Para la entrega de dos millones y medio de cajas de alimentos no necesitó ley: simplemente lo hizo en virtud de sus facultades.

En consecuencia, creo que aquí probablemente falta un elemento político de conversación y de negociación firme que nos ayude en estos proyectos para abordar la crisis que están viviendo los sectores más vulnerables de la sociedad.

Por lo tanto, por mucha buena voluntad y empeño que le pongamos, siempre vamos andar bordeando el tema. El ideal sería que Gobierno y Oposición, todos, pudiéramos llegar a un entendimiento, a un gran acuerdo acerca de cómo enfrentar esta crisis.

Con esas prevenciones, voto de todas maneras a favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El Senador señor Huenchumilla vota a favor.

Senador señor Insulza, ¿cómo vota?

El señor INSULZA.-

Señora Presidenta , voto a favor, y no voy a fundamentar, pues nos quedan cuatro de los cinco proyectos fijados para el Orden del Día de hoy y solo resta una hora cuarenta de sesión.

Yo pediría que... (falla de audio en transmisión telemática)... que habláramos nosotros del estado de emergencia que vivimos y nos pusiéramos al día acortando un poco más la discusión de los proyectos.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El Senador señor Insulza vota a favor.

Senador señor Kast, ¿cómo vota?

El señor KAST.-

Señora Presidenta , siguiendo el consejo del Senador Insulza y aprovechando la intervención que hizo el Senador Huenchumilla, por los mismos motivos me voy a abstener, porque realmente creo que aquí el Ejecutivo tiene que ser parte de la solución integral. Además, espero que la Comisión Mixta pueda zanjar este asunto.

Me parece curioso que parta un proyecto del Senado hacia la Cámara de Diputados; que otra iniciativa venga de la Cámara de Diputados al Senado, y que estemos de alguna manera dando un poco vueltas en círculos. Pero en fin.

Espero que la conversación que se está dando en el sentido de poder dar un marco fiscal de reactivación económica y también de generar mayor eficiencia en el gasto público nos lleve a buen puerto.

Así que espero que lleguemos a una solución definitiva en la Comisión Mixta.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El Senador señor Kast vota abstención.

Senador señor Lagos, ¿cómo vota?

El señor LAGOS .-

Señora Presidenta , comprendo que exista premura, y en tal sentido no tengo ningún problema en extender esta sesión hasta más tarde para ver las otras iniciativas; sin embargo, este es un proyecto reimportante.

En primer lugar, el enfoque de esta iniciativa entiendo que es de carácter sanitario. Lo que hemos hecho, producto de la pandemia, es decirles a los chilenos: "Aíslense". Es la única -entre comillas- vacuna que tenemos hoy día y que conocemos: la única vacuna para prevenir la enfermedad es aislarse. Sabemos que el aislamiento genera disminución de los ingresos de las familias chilenas producto de la paralización de muchas actividades económicas.

En consecuencia, ¡ese es el objetivo de este proyecto!

Para esos efectos dice: "Si hay algo que no puede ocurrir mientras uno esté aislado es que le corten el suministro de servicios básicos". Esto tiene un efecto económico: que las empresas dejan de recibir el pago de las cuentas, lo que puede llevar al corte del suministro de dichos servicios.

Eso hizo que entraran este proyecto y distintas mociones que fueron refundidas para hacer frente a esa materia.

Ante eso, tenemos hoy día un Ejecutivo que como que sobrevoló este tema, en el sentido de que ha tenido conversaciones, en fin. Pero hoy día no está presente en esta discusión.

Para hacer la historia corta, debemos darle una mirada integral, porque todos sabemos que no basta con decir "No pague la cuenta", ni con establecer una normativa que les prohíba a las empresas cortar los suministros de los diversos servicios, porque eso tiene otras consecuencias.

Además, hemos visto otras implicancias que no estaban previstas al principio: qué hacemos con el agua potable rural; qué ocurre con los consumos de agua o de otros servicios, cuestión que hay que regular; esto es para la gente más modesta, para las personas de clase media; hay distintas demandas en materia de energía, de agua, etcétera.

Entonces, a cualquiera de nosotros puede quedarnos grande una respuesta a eso, porque creo que estamos rebien inspirados con estas mociones.

Relevemos lo que hay. Yo no estoy por grandes acuerdos nacionales de ninguna naturaleza, porque no sé si están las condiciones para ello. Pero, más que las condiciones, se halla la urgencia de que nos pongamos de acuerdo en la forma de enfrentar estas cuestiones en el corto plazo.

La propuesta que conocimos sobre política fiscal y apoyo a familias en la emergencia de la pandemia que formularon seis economistas, además de otras proposiciones que se han hecho, a mi juicio obligan al Gobierno a sentarse a conversar sobre un paquete de medidas y un financiamiento que nos saque del proyecto a proyecto, o que esto sea a través de iniciativas parlamentarias, mediante mociones que, como señaló el Senador Huenchumilla con una elegancia florentina, "nos obligan a bordear esto". Su Señoría no dijo que era la inconstitucionalidad derechamente.

Me parece que el Ejecutivo debe sentarse a dialogar; tiene que instalar su agenda; debemos fijar un marco de política fiscal, y poner 500 o 600 millones mensuales para apoyar a las familias, para ayudar a las empresas, para ver qué hacemos con las empresas grandes, para ver qué hacemos con las tarifas también y tal vez para ver la forma de dividir sus utilidades o de que el Estado subsidie aparte lo de las cuentas. De lo contrario, esto no va a dar y no vamos a cuadrar la caja.

Hemos visto lo que ha ido ocurriendo. Con todos los parlamentarios de la Región de Valparaíso hemos venido pidiendo reuniones con el Hospital Claudio Vicuña, con el Hospital Van Buren, con el Hospital Gustavo Fricke, con las autoridades regionales. Sabemos lo que se viene y por eso pedimos la cuarentena.

La Región Metropolitana hoy día está paralizada.

Todo lo que tenemos es eso, y de ello hay que hacerse cargo ahora.

Mi clamor es al Gobierno para que tome la decisión, que pierda el pudor, que sea macanudo, que sienta que puede hacer algo en la emergencia y nos sentemos a ver un financiamiento de carácter más global, no el peso a peso, el proyecto a proyecto: ¡pongámonos de acuerdo en esto!

Quién sabe si hacemos eso.

Con respecto a la pandemia se puede generar un mejor clima para otras cosas, pero por ahora concentrémonos en aquello.

A mi juicio hay que aprobar este proyecto para que vaya a una Comisión Mixta, y sobre todo para darle la oportunidad al Gobierno de sentarse a conversar sobre la materia.

Voto a favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El Senador señor Lagos vota a favor.

Senador señor Latorre, ¿cómo vota?

El señor LATORRE.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El Senador señor Latorre vota a favor.

Senador señor Letelier, ¿cómo vota?

El señor LETELIER.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El señor Letelier vota a favor.

Senador señor Montes, ¿cómo vota?

El señor MONTES.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El Senador señor Montes vota a favor.

Senador señor Moreira, ¿cómo vota?

Senador señor Navarro, ¿cómo vota?

Senadora señora Órdenes, ¿cómo vota?

La señora ÓRDENES.-

Voto a favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

La Senadora señora Órdenes vota a favor.

Senador señor Ossandón, ¿cómo vota?

El señor OSSANDÓN.-

Voto a favor, señor Secretario , esperando que el proyecto vaya a una Comisión Mixta, porque el Ejecutivo tiene mucho que decir aquí.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El Senador señor Ossandón vota a favor.

Senador señor Pérez, ¿cómo vota?

El señor PÉREZ VARELA.-

Señora Presidenta, pido la palabra para fundamentar mi voto.

Yo me voy a abstener, pues me parece que este proyecto tiene vacíos o insuficiencias, lo cual necesariamente exige la participación del Gobierno para hacerlo mucho más completo.

En tal sentido, al revés de lo expresado por algunos señores Senadores, veo a un Gobierno haciendo un llamado para enfrentar la pandemia y abordar la situación social y económica, y, por lo tanto, un camino para poder afrontar este y otros temas que le den robustez a la respuesta del Estado ante lo que está sufriendo la gente, al drama que están viviendo el país en su conjunto y los sectores medios en particular.

Por lo tanto, espero que en la Comisión Mixta, para este proyecto u otros, podamos tener la participación del Gobierno. Ojalá que el llamado que el Ejecutivo ha hecho a los distintos sectores tenga expresión concreta en los próximos días.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El Senador señor Pérez se abstiene.

Senador señor Pizarro, ¿cómo vota?

Le vamos a dar el audio, Su Señoría.

El señor PIZARRO.-

Gracias.

Señora Presidenta , esta mañana formulé algunas observaciones parecidas a las planteadas por algunos colegas, en términos de ir caminando por la cornisa más delgada.

Pero yo entendía, por lo que nos había informado la Senadora Rincón, quien ha participado activamente en este proyecto y en buscar acuerdos entre las distintas iniciativas que se hallan en discusión, que el Gobierno de alguna manera estaba participando en lo que era la conformación de este texto. Porque me parece esencial, si realmente queremos apoyar a estas familias a fin de que tengan garantizados sus servicios básicos, que deba haber un subsidio. Si no, se va a postergar el drama nomás y después será peor.

Entonces, aquello tiene que estar dentro de un paquete donde se toma la medida sanitaria; donde se establecen los subsidios adecuados para la subsistencia, para la alimentación, para garantizar el consumo de los servicios básicos. Asimismo, debe establecerse otro paquete en que veamos lo relativo a la reactivación económica, el apoyo a las empresas, etcétera. Esto forma parte de un todo.

Yo pregunté esta mañana cuáles eran las cifras, el costo, porque me imagino que lo habrán calculado: deben de haber números sobre ello. Es bueno dimensionar cuánto significa esto, y a partir de ahí el propio Ejecutivo hará una negociación distinta con los operadores, que para estos efectos son todos concesionarios, de modo que están ligados directamente a contratos o a licitaciones que lleva adelante el Estado. Y, lógicamente, en situaciones de pandemia o de emergencia esas condiciones se pueden revisar.

Yo de todas maneras voy a votar a favor, porque creo que la señal ha de ser fuerte en esta materia.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El Senador señor Pizarro vota a favor.

Senador señor Prohens, ¿cómo vota?

El señor PROHENS.-

A favor, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El Senador señor Prohens vota a favor.

Senadora señora Provoste, ¿cómo vota?

La señora PROVOSTE.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

La Senadora Provoste vota a favor.

Senador señor Pugh, ¿cómo vota?

El señor PUGH.-

Voto a favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El Senador señor Pugh vota a favor.

El Senador señor Quintana, ¿cómo vota?

El Senador señor Quinteros, ¿cómo vota?

El señor QUINTEROS.-

¿Me escucha?

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Sí.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Sí.

El señor QUINTEROS.-

Señora Presidenta , me pronunciaré favorablemente. Pero, sí, me preocupa el endeudamiento en que estamos dejando a estas familias.

Voy a votar a favor para que ojalá en la Comisión Mixta participe el Gobierno y podamos convencerlo de que las familias, sobre todo aquellas cuyos ingresos mayormente son informales y que no tienen acceso al Seguro de Cesantía, reciban de una vez por todas un apoyo mensual que les permita hacer las cuarentenas respectivas sin estar pensando en qué van a comer mañana.

Por eso voto favorablemente, para que en la Comisión Mixta -así lo espero- pueda llegarse a acuerdos de verdad.

Comparto absolutamente lo que ha dicho el Senador Huenchumilla: acá necesitamos arribar a acuerdos para ver cómo salimos de esta pandemia, pero también para resolver lo tocante a la parte económica vinculada al endeudamiento en que van a quedar las familias así como vamos.

Voto a favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

EL Senador señor Quinteros vota a favor.

Senadora señora Rincón, ¿cómo vota?

La señora RINCÓN.-

Señora Presidenta , mientras escuchaba a mis colegas me acordé, no sé por qué, de una canción de Paloma San Basilio. Los jóvenes dirán: "Se le cayó el carnet a la Senadora ". Pero es una canción que habla del gota a gota: "Gota a gota, dulcemente, abrázame te quiero". Además dice: "Es tarde y en mi casa me espera la tristeza".

Probablemente, muchas personas en su hogar están viviendo una situación tremendamente dramática.

Y tiene razón el Senador Pizarro .

Cuando uno piensa en la logística, en que debe ordenar la medida sanitaria, que debe ir acompañada de la permanencia en la casa, del encierro en el domicilio para que las personas se protejan, obviamente tiene que pensar en las medidas de subsistencia: dinero para comer; dinero para remedios; dinero para pagar las cuentas de los servicios básicos; y también, por cierto, en las medidas de reactivación.

El Gobierno no parece lograr entender que para que funcione la cuarentena necesitamos acompañar a las familias. El Senador Huenchumilla ha dicho: "¡Estamos en el borde! ¡Estamos bordeando la constitucionalidad!".

Yo hago un llamado, como lo hicieron esta mañana el Senador Bianchi , las Senadoras Goic , Provoste y todos quienes intervinieron, a que el Gobierno reaccione.

Nosotros vamos a empujar este proyecto de ley convencidos de que preferimos estar con la ciudadanía y no morir en la indiferencia, como decía Paloma San Basilio.

Excúsenme que haya ocupado esa canción, pero se me vino a la mente.

Necesitamos que el Ejecutivo acompañe y patrocine esta iniciativa; que no se nos provoque un enredo con este asunto luego porque no vamos a tener el acompañamiento adecuado desde el punto de vista legislativo.

Las empresas tienen que entender que si ayudan van a poder subsistir. Si no colaboran, se va a generar un nivel de endeudamiento e intereses que al final va a volverse en contra de ellas.

Por lo tanto, aquí el esfuerzo del Gobierno, el esfuerzo nuestro, pero también el de las empresas.

Voto a favor, señora Presidenta , entendiendo que el próximo proyecto que votaremos también lo vamos a rechazar para provocar la Comisión Mixta.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

La Senadora señora Rincón vota a favor.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

¡"Paloma infiel", dice el Senador Jorge Pizarro...!

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Senador señor Sandoval, ¿cómo vota?

El señor SANDOVAL.-

Señora Presidenta , solo quiero referirme a dos o tres cuestiones nomás, y trataré de ser lo más breve.

Primero, deseo reiterar que separamos la necesidad dada la situación imperante. Hay muchas deudas que se han ido postergando: por ejemplo, la de los permisos de circulación, y ya en junio hay que pagar una de las cuotas; y se está haciendo lo mismo respecto de una serie de otros beneficios.

Sinceramente, me parece que esta es materia para el acuerdo económico y social a que está convocando el Gobierno. Me da la impresión de que allí es donde ha de estar radicada una solución de esta naturaleza.

Entonces, compartiendo la necesidad, compartiendo el fondo del problema, compartiendo lo que puede significar para muchas familias, voy a votar a favor solo para que este proyecto vaya a una Comisión Mixta, en la idea de que en ese contexto puedan resolverse las falencias que exhibe, porque esto no está en la cornisa: lisa y llanamente se halla fuera del marco de legalidad, por lo que espero sinceramente que pueda trabajarse, corregirse y resolverse.

Y, por esa misma razón, voy a respaldar el proyecto de acuerdo del Senador Bianchi, porque en definitiva hace lo correcto: le pide al Presidente de la República que vea la forma de llevar adelante esta materia, a fin de no continuar con esta cosa tan extrañamente alambicada: un proyecto de allá y otro de acá.

Entonces, con esa votación, prefiero que esta iniciativa vaya a una Comisión Mixta.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El Senador señor Sandoval vota a favor.

Senador señor Soria, ¿cómo vota?

El señor SORIA.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El Senador señor Soria vota a favor.

Senadora señora Van Rysselberghe, ¿cómo vota?

La señora VAN RYSSELBERGHE.-

Señora Presidenta , quisiera fundamentar mi voto señalando un par de cosas.

En verdad, he escuchado atentamente la discusión, y comparto... (falla de audio en trasmisión telemática).

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Senadora, esta mala la transmisión.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Se le cayó la señal.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Sí.

La señora VAN RYSSELBERGHE.-

¿Me escucha ahí? ¿O no?

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Ahí sí.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Ahora sí.

La señora VAN RYSSELBERGHE.-

Voy a mantener la cámara apagada. La prenderé al momento de votar.

Decía, señora Presidenta, que considero que esto se halla en el borde externo de la constitucionalidad.

Además, me parece que aquí tampoco hay superioridades morales. Acá todos queremos ayudar a las familias que lo están pasando mal; todos queremos colaborar para esta pandemia se controle; todos conocemos gente que se ha contagiado, gente que está enferma, incluso gente que ha fallecido.

Entonces, no son solo algunos los que están tratando de ayudar: ¡somos todos! Y eso incluye al Gobierno.

Por ello el Ejecutivo ha generado medidas extraordinarias para ir en ayuda de estas familias. Por eso nos está convocando a buscar la fórmula para no estar en esta especie de pirquineo o, como decía la Senadora Rincón, gota a gota, sino para ponernos de acuerdo, pero no solo en cuanto a cómo vamos a gastar la plata: también para resolver la forma en que les vamos a dar a esas familias en algunos meses más la posibilidad de tener esperanza en un progreso alcanzable también en sus vidas, con un buen empleo.

Por lo tanto, yo confío en que en el nuevo acuerdo al cual está convocando el Presidente existan las voluntades por parte de todos, para que podamos concurrir con nuestras distintas miradas y buscar un punto de encuentro que permita solucionar este y muchos otros temas que todavía están pendientes, porque esta es una situación que no se había vivido nunca.

Como creo que este proyecto aborda de manera inconstitucional un problema que es real, no voy a concurrir con mi voto a favor, sino que me voy a abstener, en la sincera esperanza de que esto se mejore en la Comisión Mixta.

Muchas gracias, señor Secretario , señora Presidenta .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

¿La señora Van Rysselberghe se abstiene, entonces?

La señora VAN RYSSELBERGHE.-

Sí.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Le pregunto porque no la vemos ya...

La señora VAN RYSSELBERGHE.-

No puedo prender la cámara, Presidenta .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

La Senadora señora Von Baer, ¿cómo vota?

La señora VON BAER.-

Voy a fundamentar mi voto.

Estamos con una iniciativa que, como muchas que hemos discutido y vamos a discutir en esta pandemia, tiene una buena meta, pero el camino es insuficiente y quizás incluso incorrecto.

Muchos Senadores han dicho que esto bordea la inconstitucionalidad o es derechamente inconstitucional. Yo creo que eso tiene un punto y que es complejo cuando nosotros votamos a favor de iniciativas que sabemos que van en contra de la Constitución que dijimos que íbamos a respetar.

Por otra parte, considero que tiene falencias. Se hace cargo de un problema de fondo, que es muy real, pero va a generar también inequidades entre personas que viven la misma situación económica.

Es probable que el mecanismo para solucionar este tema tenga que ser más bien un bono y una conversación un poco más profunda con las empresas que hoy día están efectivamente con un tema de cobros que las personas no están comprendiendo. Aquí hay un cobro promedio -muchas veces es más alto- que afecta incluso a pequeños y medianos empresarios que ni siquiera han utilizado las instalaciones.

Entonces, estamos en una situación muy difícil. Y nosotros obviamente que queremos ayudar a la ciudadanía, pero creo que lo tenemos que hacer siempre de una manera correcta y que ayude de verdad.

Yo también pienso que lo que estamos haciendo es, de alguna forma, chutear muchos costos hacia adelante y no sabemos cómo va a ser la situación económica en tres, cuatro meses más.

Por tanto, me parece que tenemos que pensar mucho más todas estas iniciativas, en lugar de ver una y después otra, y de buscar una solución distinta para cada una o chutear todas las deudas hacia adelante.

Creo que esto requiere un pensamiento un poco más profundo y coincido con los Senadores que han dicho que es muy probable que el mejor camino sea que esta materia se discuta en el acuerdo a que ha llamado el Presidente de la República.

Por lo tanto, me abstengo.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El Senador señor Allamand, ¿cómo vota?

El señor ALLAMAND.-

Presidenta , Secretario , yo voy a votar a favor de la iniciativa en el entendido expreso de que es necesaria una Comisión Mixta no solamente para resolver aspectos incompletos de su texto, que tiene una buena orientación y, sobre todo, una buena intención; sino también para despejar cualquier duda de constitucionalidad que pudiera existir al respecto.

Tal como señaló el Senador García, entre otros parlamentarios, creo que es indispensable que el Ejecutivo se involucre directamente en la etapa siguiente de la tramitación de este proyecto -vuelvo a decir- para dejar absolutamente a cubierto cualquier duda desde el punto de vista de su constitucionalidad y, también, de su contenido.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El Senador señor Galilea, ¿cómo vota?

Desde acá le vamos a activar el audio.

El señor GALILEA.-

Gracias, Secretario .

Tal como expresé en la Comisión de Economía, yo estoy inhabilitado en este proyecto.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El Senador señor García-Huidobro, ¿cómo vota?

El Senador señor Moreira, ¿cómo vota?

El señor MOREIRA.-

Voy a fundamentar mi voto, Presidenta .

La verdad es que con el espíritu, con la ironía y con la falta de voluntad que muestra la Oposición, yo soy muy escéptico, y así se lo hice saber al Presidente , en cuanto a que se pueda generar un acuerdo. Porque los niveles de populismo, pasando a llevar todo, sin responsabilidad alguna, son importantes. Se habla mucho de la Constitución. Aquí se pide absolutamente de todo y se caricaturiza al Presidente cuando se reúne con un grupo de empresarios para acordar una serie de medidas.

Mire, a mí me parece que es muy injusto, una actitud poco responsable de la Oposición, cuando se dice: "que el Gobierno reaccione", "hay que convencer al Gobierno". Se inspiran en una canción de la Paloma San Basilio en que habla de "morir en la indiferencia".

¿Ustedes creen que el Gobierno está indiferente a lo que está pasando en Chile?

¿No se dan cuenta de que el Gobierno ha desarrollado un presupuesto hoy día... (falla de audio en transmisión telemática)...

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Está mala la conexión.

El señor MOREIRA.-

El Gobierno está preocupado de la situación de todos los chilenos.

Y con respecto a la reunión del Presidente con los empresarios... (falla de audio en transmisión telemática)...

¿Aló?

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Está mala la conexión, Iván.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Pero puede hablar.

Ah, no.

Quedó congelado.

Vamos a tratar de conectarlo.

El señor MOREIRA.-

Esto es raro, ¿ah?

El señor GALILEA .-

¡Es un boicot para Moreira...!

El señor MOREIRA.-

¡En forma permanente...!

Cuando usted diga, Presidenta .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Senador Moreira, puede seguir.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Está con la palabra.

No tiene imagen, pero se escucha.

El señor MOREIRA.-

Es que me cortaron, pues, Presidenta...

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

No lo hemos cortado. ¡Por favor, Senador...!

El señor MOREIRA.-

Gracias, Presidenta.

No me vengan a decir que el Gobierno muere en la indiferencia, o que el Gobierno no reacciona, o que el Gobierno no está convencido de lo que está pasando en Chile. ¡Todos estamos convencidos! La Constitución garantiza el derecho a petición, pero es fácil pedir sin tomar en cuenta los recursos que existen.

Yo quiero decirle que la conversación que tuvo el Presidente con las empresas no es una conversación de amigos; es una conversación responsable con el país. Y eso significa que hoy día hay cien mil personas -ese es el dato exacto- que han sido beneficiadas por ese acuerdo. A nadie se le ha cortado la luz. Hay cien mil personas que han sido beneficiadas por el tema de las cuentas de electricidad.

Yo entiendo que la Oposición quiera apretar un poquitito al Gobierno, pero también hay que apretar a las empresas. ¡Si a mí me parece muy bien que se haga eso!

Nosotros hemos recibido muchos costos, ¡muchos costos!, por defender el modelo, y muchas veces se nos tilda de defender a las empresas. Yo estoy muy molesto en esta pandemia porque algunos sectores económicos del país no han estado a la altura. ¡Si es verdad eso! ¡Y hay que apretarlos! Pero el apretarlos no significa caer en la inconstitucionalidad.

¿Por qué voy a votar a favor? Porque, si a mí el Gobierno me hubiera señalado que este proyecto es inconstitucional, con antecedentes, yo hubiese votado en contra. A mí no me gustan las medias tintas. El Gobierno me dice en un informe que el proyecto tiene "visos de inconstitucionalidad". ¡Bueno, cómo es la cosa, o es inconstitucional o tiene visos!

Yo confío en que, fundamentalmente en la Comisión Mixta, se superen los problemas, teniendo en cuenta dos cosas importantes: el tema que se ha señalado de las cooperativas eléctricas y, también, el tema de los APR.

Voy a votar a favor, esperando que esto se solucione en la Comisión Mixta.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Senador señor Navarro, ¿cómo vota?

El señor NAVARRO.-

Voto a favor.

¿Puedo fundamentar?

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Sí, por supuesto.

Tiene la palabra.

El señor NAVARRO.-

Señora Presidenta , está claro que la solidaridad de las empresas ha sido mínima y que la preocupación del Gobierno también ha sido mínima. En estas materias, el Gobierno ha optado por el camino largo y ha jugado con el Parlamento. Esto de ir de un proyecto a otro ha hecho perder el tiempo y la situación actual es muy distinta de la que había cuando ingresó esta iniciativa: el 21 de abril, según me dijo el señor Secretario .

Hoy día estamos en medio de una situación dramática.

Yo no sé si hemos perdido la capacidad de asombro, o no logramos comprender el mensaje de Mañalich, por lo que significa superar a China en el número de contagios. Y mantenemos a un sector de la población sin lo mínimo para aguantar la cuarentena.

El 8 de abril se lo dije a Briones -tuvimos la posibilidad de tenerlo a él en la Sala por el Fogape-: si el Gobierno no va en socorro de los sectores de menores ingresos, y también de la clase media; si no existe dinero para parar la olla, de ahí al saqueo de los supermercados hay un solo paso, porque la indignación acumulada va a reventar.

Entonces, este es un mecanismo para aliviar el presupuesto familiar. Esto posibilita que haya un subsidio indirecto.

Creo que es insuficiente lo planteado. La fórmula del acuerdo político con el Gobierno es inviable. No hay segundo salvavidas para el Gobierno. El 18 de octubre hubo un salvavidas. Aquí lo que hay es un salvavidas para la gente. Yo invito a los Senadores del Oficialismo a buscar un salvavidas para la gente, porque nos estamos ahogando por Ministros ineptos, que reconocen que su estrategia fracasó, pero el problema de fondo es que esto cuesta vidas.

Por tanto, si hay una posibilidad de tener subsidios, y de acordarlos con el Gobierno, bien.

Presidenta, usted es la líder del Senado, la líder de la Oposición. El Presidente no escucha nadie: ni a sus asesores, ni a sus Ministros, ni al Colegio Médico.

Tenemos el proyecto de ley de la extensión del posnatal, entre otros.

Lo ha dicho el Senador Huenchumilla: estamos al borde... (falla de audio en transmisión telemática)... Y el Gobierno sale, a través de algunos Senadores, a decir que somos los campeones de la inconstitucionalidad. Yo les replico que ellos son campeones de la insensibilidad, que no tienen sensibilidad; que no son solidarios; que no logran captar la situación por la que está pasando la gente, porque nunca han pasado hambre, ¡nunca! Y no saben, entonces, lo que la gente requiere y necesita, y por lo cual está dispuesta a arriesgar su vida, saliendo a la calle.

Esto de las empresas solidarias no existe, y hay que pagar igual.

Yo apelo por más subsidios. Hay que abrir un espacio de negociación con el Gobierno, en donde de verdad podamos decirle: presente el conjunto de leyes necesarias para ir en salvataje de la gente, ¡no del Presidente ! El Presidente Piñera tendrá que rendir cuentas, y para eso hay un marco institucional. Pero hoy día los que requieren el salvavidas son los ciudadanos abandonados.

Presidenta , en el paso de este proyecto por el Senado nosotros agregamos un montón de elementos; entre ellos, permitir que los municipios tuvieran acceso a estos mecanismos de negociación en sus escuelas y en sus centros de atención de salud primaria. Espero que eso subsista en la Comisión Mixta.

Entiendo que los Ministros han sido invitados a este debate -Presidenta, me gustaría que lo ratificara-, pero si se ausentan, es porque poco les interesa.

El Ministro Jobet entiendo que está con coronavirus. Y no sé si sigue trabajando o tienen un Ministro subrogante. Sería muy importante saberlo.

Le deseo lo mejor al Ministro ; está en cuarentena.

Hoy día yo termino mi cuarentena voluntaria, como todos los que estamos acá, para volver a la carga en primera línea, esperamos, a fin de seguir luchando para que la gente tenga lo que nos está exigiendo.

Presidenta , yo voy a votar a favor. Pero si el Gobierno espera hasta último minuto para decir que el proyecto es inconstitucional, y al final de la tramitación va a dictar un decreto, y ha esperado dos meses para hacerlo, es que está jugando con la gente. Y ello puede traer consecuencias muy nefastas, porque la gente no está disponible para eso. Y yo, al menos, tampoco.

Si el Gobierno quiere dialogar en los próximos días, esta es la primera línea, estos son los proyectos que queremos discutir, aprobar y que requieren patrocinio inmediato.

Voto a favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Senador señor Quintana, ¿cómo vota?

El señor QUINTANA.-

Presidenta , Secretario , estimados colegas, seré muy breve.

Un tema de forma, con todo respeto.

Yo no sé si en esta etapa, cuando estamos tomando la votación, vamos a convencernos entre nosotros mismos; más aún, cuando ya se hizo el debate largo rato durante la mañana.

Yo pediría volver al momento en que el tiempo de fundamento era uno solo. Estamos tratando un proyecto en general y en particular, son cinco minutos, pero hay colegas que toman los cinco minutos en la mañana y los toman ahora. Francamente, creo que es un problema; más aún, con las serias dificultades de conexión que hay en distintos lugares del país. Eso ha quedado en evidencia. Pensé que era solo mi caso, pero veo que muchos tenemos problemas.

Entonces, de verdad creo que está siendo muy poco ágil esta discusión. Y le pediría a la Mesa, con todo respeto, pero formalmente, ver la manera de que el tiempo de votación sea uno solo. Porque, claro, cuando teníamos diez Senadores vía telemática, sí, podía ser. Pero, ahora la votación nos puede tomar dos horas, o más, como en el caso de ayer.

En consecuencia, yo simplemente haría esa recomendación. Nos quedan otros cuatro proyectos que ver en la tabla de hoy. Yo creo que con suerte vamos a ver uno más, o dos.

Quisiera señalar eso.

Ahora, respecto del proyecto, yo voto a favor, porque creo que este es un tema importante, y esperamos que la Comisión Mixta nos construya una solución. De pronto, también echo de menos los tiempos en que las Comisiones Mixtas llegaban con la solución a la Sala, y no nos traían un problema a la Sala, como ha ocurrido recientemente.

Voto a favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Presidenta, Senadora señora Muñoz, ¿cómo vota?

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Terminada la votación.

--Se aprueba en general y en particular el proyecto (34 votos a favor y 6 abstenciones), y queda despachado en este trámite.

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste y Rincón y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Castro, Chahuán, De Urresti, Durana, Elizalde, García, Girardi, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria.

Se abstuvieron las señoras Ebensperger, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Coloma, Kast y Pérez Varela.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Se comunicaron dos inhabilidades y un señor Senador no emitió su voto, señora Presidenta .

Valparaíso, 27 de mayo de 2020.

Nº 192/SEC/20

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley, de esa Honorable Cámara, que modifica diversos cuerpos legales para disponer la postergación del cobro de las deudas por consumos de servicios básicos domiciliarios, y del corte de tales suministros en caso de deuda, durante la vigencia de alertas sanitarias o epidemiológicas decretadas por la autoridad, correspondiente a los Boletines N°s 13.329-03, 13.342-03, 13.347-03, 13.354-03, 13.355-03 y 13.356-03, refundidos, con las siguientes enmiendas:

Artículo 1

Lo ha sustituido por el siguiente:

“Artículo único. Durante los noventa días siguientes a la publicación de esta ley, las empresas proveedoras de servicios sanitarios, empresas y cooperativas de distribución de electricidad y las empresas de distribución de gas de red, no podrán cortar el suministro por mora en el pago a los usuarios residenciales; hospitales; establecimientos educacionales y centros de salud municipal; cárceles; hogares de menores en riesgo social, abandono o compromiso delictual; bomberos; organizaciones sin fines de lucro y microempresas, estas últimas definidas de acuerdo a lo establecido en la ley N° 20.416, que fija normas para empresas de menor tamaño. Por lo tanto, por el plazo al que se refiere este artículo, queda suspendida la aplicación, para dichos clientes, de los incisos tercero, cuarto, quinto y sexto del artículo 36 del decreto con fuerza de ley N° 323, de 1931, del Ministerio del Interior, Ley de Servicios de Gas; del artículo 141 y del inciso segundo del literal q) del artículo 225 del decreto con fuerza de ley N° 4, promulgado el año 2006 y publicado el año 2007, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 1, de 1982, de Minería, Ley General de Servicios Eléctricos, en materia de energía eléctrica, y lo establecido en la letra d) del artículo 36 del decreto con fuerza de ley Nº 382, promulgado el año 1988 y publicado el año 1989, del Ministerio de Obras Públicas, Ley General de Servicios Sanitarios.

A solicitud de los usuarios finales, las deudas contraídas con las empresas de servicios sanitarios, empresas y cooperativas de distribución de electricidad y empresas de gas de red que se generen entre los treinta días previos y hasta los noventa días posteriores a la publicación de esta ley, se prorratearán en hasta doce cuotas mensuales iguales y sucesivas, a partir de la facturación siguiente al término de este último plazo, y no podrán incorporar multas ni intereses. Adicionalmente, a elección del usuario final activo, el prorrateo podrá incluir deudas generadas antes de las deudas contraídas según lo señalado en este inciso, hasta el monto de diez unidades de fomento para las empresas distribuidoras y cooperativas de electricidad, y de hasta un monto de cinco unidades de fomento para las empresas de servicios sanitarios y de distribución de gas de red, en las mismas condiciones.

Durante el plazo de noventa días contado desde la publicación de esta ley, tratándose de servicios de telefonía fija, móvil o de acceso a internet, los clientes podrán solicitar al proveedor del servicio el cambio transitorio de su contrato, si se tratara de clientes suscriptores, o la modificación de las condiciones de su servicio, si se tratara de clientes no suscriptores o de prepago, para la aplicación de un plan básico solidario de conectividad, por un plazo máximo de tres meses, de acuerdo a las características que a continuación se establecen.

El proveedor de servicios de telecomunicaciones deberá permitir, sin costo para el usuario, el acceso a prestaciones de servicios que permitan mantener conectividad telefónica y de servicios de transmisión de datos permanente. Para estos efectos, los clientes de internet fijo dispondrán, mensualmente, de acceso sin límites máximos de descarga, con una velocidad máxima de 4 mbps. Los clientes de servicio móvil con contrato dispondrán, mensualmente, de 50 sms, 300 minutos para llamadas y acceso a internet sin límites máximos de descarga con una velocidad máxima de 512 kbps. Los clientes de servicio móvil sin contrato dispondrán, mensualmente, de 100 sms mensuales y acceso a internet sin límites máximos de descarga con una velocidad máxima de 512 kbps. Respecto de estos últimos, el beneficio será otorgado a usuarios activos que, para estos efectos, se identifiquen asociando su RUT a un número telefónico determinado, al cual se le asignarán las condiciones de servicio antes establecidas. La obligación de la empresa se entenderá cumplida al otorgar las condiciones de servicio a un número por beneficiario. Para asegurar el correcto despliegue del plan solidario durante el período decretado como emergencia sanitaria se deberá garantizar la conectividad para fines laborales, educacionales, de salud y de información, para lo cual las empresas deberán realizar las acciones técnicas necesarias que aseguren dicho fin, beneficiando su tráfico por sobre otros usos relacionados.

Los proveedores de acceso a internet que, a la fecha de publicación de la presente ley cuenten con menos de 12.000 clientes, quedarán exceptuados de la obligación señalada en el inciso anterior, pudiendo adoptar medidas distintas para auxiliar a sus clientes que así lo soliciten, las que deberán publicar en sus páginas web.

Sólo podrán acogerse a lo dispuesto en los incisos segundo, tercero y cuarto, los usuarios finales que cumplan con, a lo menos, uno de los siguientes requisitos:

a) Encontrarse dentro del 40% de vulnerabilidad, de conformidad al Registro Social de Hogares;

b) Tener la calidad de adulto mayor, conforme lo señalado en la ley N° 19.828, que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor;

c) Estar percibiendo las prestaciones de la ley N° 19.728, que establece un seguro de desempleo;

d) Estar acogido a alguna de las causales de la ley N° 21.227, que faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo de la ley N° 19.728, en circunstancias excepcionales, ya sea por la suspensión de la relación laboral o por la celebración de un pacto de reducción temporal de jornada, o

e) Ser trabajador independiente no comprendido en alguna de las categorías anteriores y expresar, mediante declaración jurada simple, que está siendo afectado por una disminución significativa de ingresos que justifica el acceso a los beneficios. La utilización maliciosa de la declaración se sancionará de conformidad al artículo 210 del Código Penal.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes, los usuarios finales no comprendidos en el inciso sexto, que acrediten estar imposibilitados de dar cumplimiento a las obligaciones de pago que han contraído con la respectiva empresa prestadora, podrán solicitar acogerse a la postergación y prorrateo de los pagos, tratándose de las empresas indicadas en el inciso segundo, o la incorporación al plan básico solidario de conectividad, tratándose de las empresas indicadas en el inciso tercero. La negativa de la empresa prestadora podrá ser objeto de reclamo ante la superintendencia u organismo fiscalizador respectivo, y se sujetará a la normativa sectorial que corresponda.

Las empresas proveedoras de los servicios señalados en los incisos segundo y tercero deberán establecer, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta ley, una plataforma de atención al cliente, por internet y telefonía, que permita formular las solicitudes para acceder a los beneficios que ésta establece.

En cualquiera de los casos previstos en esta ley, las empresas prestadoras deberán resolver las solicitudes efectuadas por los interesados, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su formulación. La respuesta de la correspondiente empresa prestadora deberá ser comunicada al solicitante por medio de correo electrónico o mensaje de texto, dentro del señalado plazo. En caso de que la respuesta fuese negativa, la empresa deberá mencionar y justificar las razones del rechazo.

Del mismo modo, las empresas deberán informar sus resoluciones a la superintendencia u organismo fiscalizador respectivo y, mensualmente, deberán publicar en su página web el número y porcentaje de solicitudes aceptadas y rechazadas, conforme a lo establecido en el inciso anterior. Las denuncias de infracciones a los preceptos de esta ley deberán ser tratadas por parte de las superintendencias u organismos fiscalizadores respectivos como reclamos de acuerdo a la normativa vigente. Asimismo, las infracciones a lo dispuesto en la presente ley serán sancionadas de conformidad a la normativa sectorial respectiva.

Por el plazo de noventa días contado desde la publicación de esta ley, y de manera excepcional, el pago de las cooperativas y pequeñas empresas de distribución eléctrica a las empresas generadoras y transmisoras podrá ser realizado en cuotas, en el mismo número de meses en que se prorratearán las cuentas de sus beneficiarios, sin multas ni intereses.”.

Artículo 2

Lo ha suprimido.

Artículo transitorio

Lo ha eliminado.

- - -

Lo que comunico a Su Excelencia en respuesta a su oficio Nº 15.480, de 15 de abril de 2020.

Acompaño la totalidad de los antecedentes.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

ADRIANA MUÑOZ D´ALBORA

Presidenta del Senado

RAÚL GUZMÁN URIBE

Secretario General del Senado

PROHIBICIÓN A EMPRESAS PROVEEDORAS DE SUSPENDER PRESTACIÓN O CONTINUIDAD DE SERVICIOS BÁSICOS DOMICILIARIOS DURANTE VIGENCIA DEL ESTADO DE CATÁSTROFE DECRETADO POR PANDEMIA DE COVID-19 (TERCER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETINES NOS 13329-03, 13342-03, 13347-03, 13354-03, 13355-03 y 13356-03)

El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde tratar las modificaciones del Senado al proyecto de ley, originado en mociones refundidas, que prohíbe a las empresas proveedoras de servicios básicos domiciliarios, durante la vigencia del estado de catástrofe decretado por la pandemia del covid-19, cortar o suspender las prestaciones y continuidad de dichos servicios en base a la existencia de mora en el pago de los usuarios finales (boletines Nos 13329-03, 13342-03, 13347-03, 13354-03, 13355-03 y 13356-03, refundidos).

Antecedentes:

-Modificaciones del Senado. Documentos de la Cuenta N° 11 de este boletín de sesiones.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Por acuerdo de los Comités Parlamentarios, este proyecto se votará sin discusión.

Tiene la palabra el diputado Vlado Mirosevic .

El señor MIROSEVIC .-

Señor Presidente, aunque por acuerdo de los Comités este proyecto se votará sin discusión, sería interesante escuchar la opinión del Ejecutivo respecto de esta iniciativa, porque en una oportunidad anterior el ministro de Energía anunció en la Cámara de Diputados que sería considerada inconstitucional por el gobierno.

Entonces, pregunto si el Ejecutivo ha expresado algunas palabras al respecto o si el ministro está presente en el Congreso para entregarnos su opinión, independientemente del acuerdo de los Comités, porque todos queremos conocer la posición del gobierno.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Diputado Mirosevic , trataremos de conseguir la opinión del Ejecutivo antes de la votación.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre las modificaciones del Senado en los siguientes términos:

El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde votar las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que prohíbe a las empresas proveedoras de servicios básicos domiciliarios, durante la vigencia de estado de catástrofe decretado por la pandemia de covid-19, cortar o suspender las prestaciones y continuidad de dichos servicios en base a la existencia de mora en el pago de los usuarios finales.

Hago presente a la Sala que las modificaciones dicen relación con materias propias de ley simple o común.

En votación.

-De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento, el señor Secretario tomó de viva voz, por el sistema telemático, las votaciones de los diputados Ramón Barros , Virginia Troncoso , Patricio Melero , Aracely Leuquén y Rodrigo González .

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 38 votos; por la negativa, 98 votos. Hubo 16 abstenciones.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Rechazadas.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas , Florcita Eguiguren Correa , Francisco Moreira Barros , Cristhian Romero Sáez , Leonidas Alinco Bustos , René Galleguillos Castillo , Ramón Muñoz González , Francesca Saffirio Espinoza , René Alvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo García García, René Manuel Norambuena Farías, Iván Santana Tirachini , Alejandro Amar Mancilla , Sandra González Gatica , Félix Olivera De La Fuente , Erika Schalper Sepúlveda , Diego Baltolu Rasera , Nino González Torres , Rodrigo Ortiz Novoa , José Miguel Sepúlveda Soto , Alexis Berger Fett , Bernardo Hernández Hernández , Javier Ossandón Irarrázabal , Ximena Trisotti Martínez , Renzo Bianchi Retamales , Karim Leuquén Uribe , Aracely Pérez Arriagada , José Troncoso Hellman , Virginia Bobadilla Muñoz , Sergio Mellado Pino , Cosme Prieto Lorca , Pablo Velásquez Núñez , Esteban Durán Espinoza , Jorge Mirosevic Verdugo , Vlado Rentería Moller , Rolando Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Durán Salinas , Eduardo Morales Muñoz, Celso

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alessandri Vergara , Jorge Fuenzalida Figueroa , Gonzalo Matta Aragay , Manuel Sanhueza Dueñas , Gustavo Álvarez Vera , Jenny Garín González , Renato Melero Abaroa , Patricio Santana Castillo , Juan Ascencio Mansilla , Gabriel Girardi Lavín , Cristina Mellado Suazo , Miguel Santibáñez Novoa , Marisela Barrera Moreno , Boris Hernando Pérez , Marcela Meza Moncada , Fernando Sauerbaum Muñoz , Frank Barros Montero , Ramón Hertz Cádiz , Carmen Mix Jiménez , Claudia Schilling Rodríguez , Marcelo Bernales Maldonado , Alejandro Hirsch Goldschmidt , Tomás Monsalve Benavides , Manuel Sepúlveda Orbenes , Alejandra Boric Font , Gabriel Hoffmann Opazo , María José Mulet Martínez , Jaime Silber Romo , Gabriel Brito Hasbún , Jorge Ibáñez Cotroneo , Diego Naranjo Ortiz , Jaime Soto Ferrada , Leonardo Calisto Águila , Miguel Ángel Ilabaca Cerda , Marcos Núñez Arancibia , Daniel Soto Mardones , Raúl Cariola Oliva , Karol Jackson Drago , Giorgio Nuyado Ancapichún , Emilia Teillier Del Valle, Guillermo Carvajal Ambiado , Loreto Jarpa Wevar , Carlos Abel Orsini Pascal , Maite Tohá González , Jaime Castillo Muñoz , Natalia Jiles Moreno , Pamela Pardo Sáinz , Luis Torrealba Alvarado , Sebastián Castro Bascuñán, José Miguel Jiménez Fuentes , Tucapel Parra Sauterel , Andrea Torres Jeldes , Víctor Castro González, Juan Luis Jürgensen Rundshagen , Harry Paulsen Kehr , Diego Undurraga Gazitúa , Francisco Celis Montt , Andrés Keitel Bianchi , Sebastián Pérez Lahsen , Leopoldo Urrutia Soto , Osvaldo Cicardini Milla , Daniella Kort Garriga , Issa Pérez Olea , Joanna Urruticoechea Ríos , Cristóbal Cid Versalovic , Sofía Kuschel Silva , Carlos Pérez Salinas , Catalina Vallejo Dowling , Camila Crispi Serrano , Miguel Labra Sepúlveda , Amaro Ramírez Diez , Guillermo Velásquez Seguel , Pedro Cruz-Coke Carvallo , Luciano Lavín León , Joaquín Rocafull López , Luis Venegas Cárdenas , Mario Desbordes Jiménez , Mario Leiva Carvajal, Raúl Rojas Valderrama , Camila Verdessi Belemmi , Daniel Díaz Díaz , Marcelo Longton Herrera , Andrés Rosas Barrientos , Patricio Vidal Rojas , Pablo Espinoza Sandoval , Fidel Lorenzini Basso , Pablo Saavedra Chandía , Gastón Walker Prieto , Matías Fernández Allende , Maya Luck Urban , Karin Sabag Villalobos , Jorge Winter Etcheberry , Gonzalo Flores García, Iván Macaya Danús , Javier Saldívar Auger , Raúl Yeomans Araya , Gael Flores Oporto , Camila Marzán Pinto, Carolina

-Se abstuvieron los diputados señores:

Álvarez Ramírez , Sebastián Celis Araya , Ricardo Gahona Salazar , Sergio Rathgeb Schifferli , Jorge Auth Stewart , Pepe Coloma Álamos, Juan Antonio Molina Magofke , Andrés Rey Martínez , Hugo Bellolio Avaria , Jaime Del Real Mihovilovic , Catalina Noman Garrido , Nicolás Urrutia Bonilla , Ignacio Carter Fernández , Álvaro Fuenzalida Cobo , Juan Núñez Urrutia , Paulina Van Rysselberghe Herrera, Enrique

El señor PAULSEN (Presidente).-

Propongo integrar la Comisión Mixta encargada de resolver las discrepancias suscitadas entre ambas ramas del Congreso Nacional respecto del proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que prohíbe a las empresas proveedoras de servicios básicos domiciliarios, durante la vigencia de estado de catástrofe decretado por la pandemia de covid-19, cortar o suspender las prestaciones y continuidad de dichos servicios en base a la existencia de mora en el pago de los usuarios finales, con los siguientes señores diputados y señora diputada: Miguel Mellado , Joaquín Lavín , Jaime Naranjo , Joanna Pérez y Boris Barrera .

¿Habría acuerdo? No hay acuerdo.

En votación la propuesta.

-De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento, el señor Secretario tomó de viva voz, por el sistema telemático, las votaciones de los diputados Ramón Barros , Aracely Leuquén , Cristhian Moreira, René Manuel García , Cosme Mellado , Carlos Abel Jarpa , Florcita Alarcón y Jaime Tohá .

-Durante la votación:

El señor GARCÍA (don René Manuel).-

Señor Presidente, en el proyecto anterior no pude cambiar mi voto: era en contra. Ahora voto a favor.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Señor diputado, así quedará consignado en el acta. En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 139 votos; por la negativa, 8 votos. Hubo 2 abstenciones.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Aprobada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas , Florcita Eguiguren Correa , Francisco Melero Abaroa , Patricio Rosas Barrientos , Patricio Alessandri Vergara , Jorge Fernández Allende , Maya Mellado Pino , Cosme Saavedra Chandía , Gastón Álvarez Vera , Jenny Flores García, Iván Mellado Suazo , Miguel Sabag Villalobos , Jorge Alvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo Flores Oporto , Camila Meza Moncada , Fernando Saffirio Espinoza , René Amar Mancilla , Sandra Fuenzalida Cobo , Juan Mirosevic Verdugo , Vlado Saldívar Auger , Raúl Ascencio Mansilla , Gabriel Fuenzalida Figueroa , Gonzalo Molina Magofke , Andrés Sanhueza Dueñas , Gustavo Auth Stewart, Pepe Gahona Salazar , Sergio Monsalve Benavides , Manuel Santana Castillo , Juan Baltolu Rasera , Nino Galleguillos Castillo , Ramón Morales Muñoz , Celso Santana Tirachini , Alejandro Barrera Moreno , Boris García García, René Manuel Moreira Barros , Cristhian Santibáñez Novoa , Marisela Barros Montero , Ramón Garín González , Renato Mulet Martínez , Jaime Sauerbaum Muñoz , Frank Bellolio Avaria , Jaime Girardi Lavín , Cristina Muñoz González , Francesca Schalper Sepúlveda , Diego Berger Fett , Bernardo González Gatica , Félix Naranjo Ortiz , Jaime Schilling Rodríguez , Marcelo Bernales Maldonado , Alejandro González Torres , Rodrigo Noman Garrido , Nicolás Sepúlveda Orbenes , Alejandra Bianchi Retamales , Karim Hernández Hernández , Javier Norambuena Farías , Iván Silber Romo , Gabriel Bobadilla Muñoz , Sergio Hernando Pérez , Marcela Núñez Arancibia , Daniel Soto Ferrada , Leonardo Boric Font , Gabriel Hertz Cádiz , Carmen Núñez Urrutia , Paulina Soto Mardones , Raúl Brito Hasbún , Jorge Hoffmann Opazo , María José Nuyado Ancapichún , Emilia Teillier Del Valle, Guillermo Calisto Águila , Miguel Ángel Ilabaca Cerda , Marcos Olivera De La Fuente , Erika Tohá González , Jaime Cariola Oliva , Karol Jackson Drago , Giorgio Orsini Pascal , Maite Torrealba Alvarado , Sebastián 242 Carter Fernández , Álvaro Jiles Moreno , Pamela Ortiz Novoa, José Miguel Torres Jeldes , Víctor Carvajal Ambiado , Loreto Jiménez Fuentes , Tucapel Ossandón Irarrázabal , Ximena Trisotti Martínez , Renzo Castillo Muñoz , Natalia Jürgensen Rundshagen , Harry Pardo Sáinz , Luis Troncoso Hellman , Virginia Castro Bascuñán, José Miguel Keitel Bianchi , Sebastián Parra Sauterel , Andrea Undurraga Gazitúa , Francisco Castro González, Juan Luis Kort Garriga , Issa Paulsen Kehr , Diego Urrutia Bonilla , Ignacio Celis Araya , Ricardo Kuschel Silva , Carlos Pérez Arriagada , José Urrutia Soto , Osvaldo Celis Montt , Andrés Labra Sepúlveda , Amaro Pérez Lahsen , Leopoldo Urruticoechea Ríos , Cristóbal Cicardini Milla , Daniella Lavín León , Joaquín Pérez Olea , Joanna Van Rysselberghe Herrera , Enrique Cid Versalovic , Sofía Leiva Carvajal , Raúl Pérez Salinas , Catalina Velásquez Núñez , Esteban Coloma Álamos, Juan Antonio Leuquén Uribe , Aracely Prieto Lorca , Pablo Velásquez Seguel , Pedro Crispi Serrano , Miguel Longton Herrera , Andrés Ramírez Diez , Guillermo Venegas Cárdenas , Mario Cruz-Coke Carvallo , Luciano Lorenzini Basso , Pablo Rathgeb Schifferli , Jorge Verdessi Belemmi , Daniel Del Real Mihovilovic , Catalina Luck Urban , Karin Rentería Moller , Rolando Vidal Rojas , Pablo Desbordes Jiménez , Mario Macaya Danús , Javier Rey Martínez , Hugo Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Durán Espinoza , Jorge Marzán Pinto , Carolina Rocafull López , Luis Walker Prieto , Matías Durán Salinas , Eduardo Matta Aragay , Manuel Romero Sáez, Leonidas

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Díaz Díaz , Marcelo Ibáñez Cotroneo , Diego Rojas Valderrama , Camila Winter Etcheberry , Gonzalo Hirsch Goldschmidt , Tomás Mix Jiménez , Claudia Sepúlveda Soto , Alexis Yeomans Araya, Gael

-Se abstuvieron los diputados señores:

Alinco Bustos, René Álvarez Ramírez, Sebastián

VALPARAÍSO, 2 de junio de 2020

Oficio Nº 15.572

A S.E. LA PRESIDENTA DEL H. SENADO

Tengo a honra comunicar a V.E. que la Cámara de Diputados, en sesión celebrada el día de hoy, ha rechazado las enmiendas introducidas por ese H. Senado al proyecto de ley que posterga el cobro de las deudas por consumos de servicios básicos domiciliarios y el corte de tales suministros en caso de deuda, durante la vigencia de alertas sanitarias o epidemiológicas decretadas por la autoridad, correspondiente a los boletines N°s 13.329-03, 13.342-03, 13.347-03, 13.354-03, 13.355-03 y 13.356-03, refundidos.

En razón de lo anterior, acordó que la diputada y los diputados que se indican a continuación concurran a la formación de la Comisión Mixta que establece el artículo 71 de la Constitución Política:

- Señor Boris Barrera Moreno.

- Señor Joaquín Lavín León.

- Señor Miguel Mellado Suazo.

- Señor Jaime Naranjo Ortiz.

- Señora Joanna Pérez Olea.

Lo que tengo a honra decir a V.E., en respuesta a vuestro oficio Nº 192/SEC/20, de 27 de mayo de 2020.

Devuelvo la totalidad de los antecedentes.

Dios guarde a V.E.

DIEGO PAULSEN KEHR

Presidente de la Cámara de Diputados

MIGUEL LANDEROS PERKI?

Secretario General de la Cámara de Diputados

Historia del Proyecto de Ley 13.315-08

?INFORME CONJUNTO DE LAS COMISIONES MIXTAS, recaído en el proyecto de ley que suspende el corte de servicios básicos por no pago en virtud de la crisis originada por el coronavirus, y en el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para disponer la postergación del cobro de las deudas por consumos de servicios básicos domiciliarios, y del corte de tales suministros en caso de deuda, durante la vigencia de alertas sanitarias o epidemiológicas decretadas por la autoridad

BOLETÍN Nº 13.315-08 (refundido con N° 13.417-03 Y 13.438-03), y BOLETÍN N° 13.329-03 (refundido con N° 13.342-03, 13.347-03, 13.354-03, 13.355-03 y 13.356-03), respectivamente.

______________________________________

HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS,

HONORABLE SENADO:

Las Comisiones Mixtas constituidas según lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política de la República, tienen el honor de proponer la forma y modo de resolver la divergencia surgida entre el Senado y la Cámara de Diputados, durante la tramitación de los proyectos de ley de la referencia.

Se deja expresa constancia que los miembros de las Comisiones Mixtas acordaron, unánimemente, en sesión de 3 de junio de 2020, informar conjuntamente los proyectos de la referencia, por tratar ambas iniciativas legales de asuntos de similar naturaleza. Posteriormente, en sesión de 9 de junio y por la misma unanimidad, acordaron que su discusión se efectuara, en primer lugar, en la Cámara de Diputados.

La controversia surgió producto del rechazo de ambas Cámaras, cada una a su turno, en tercer trámite constitucional, de las modificaciones realizadas por la otra Cámara en segundo trámite constitucional. Por dicha razón, ambas Comisiones Mixtas acordaron sesionar simultáneamente y proponer un sólo texto que recoja las ideas y el texto acordado por sus integrantes, en el entendido de que los proyectos de ley objeto de esta controversia regulan la misma materia.

El proyecto de ley signado bajo los boletines N°s 13.315-08, 13.417-03 y 13.438-03, refundidos, tuvo su origen en el Senado, en las siguientes mociones:

- De los Honorables Senadores señora Ximena Rincón y señores Carlos Bianchi, Guido Girardi, Alejandro Navarro y Rabindranath Quinteros (boletín N° 13.315-08).

- De los Honorables Senadores señora Yasna Provoste y señores Carlos Bianchi, Guido Girardi, Alejandro Guillier y Alejandro Navarro (boletín N° 13.417-03).

- De los Honorables Senadores señores Álvaro Elizalde y Rabindranath Quinteros (boletín N° 13.438-03).

Respecto de ellas, el Senado informó su aprobación a la Cámara Revisora mediante Oficio N° 137/SEC/20, de 29 de abril de 2020. La Cámara de Diputados, por medio de Oficio N° 15.545, de 20 de mayo de 2020, comunicó la enmienda realizada al proyecto, consistente en la sustitución de su artículo único. Posteriormente, el Senado, a través de Oficio N° 193/SEC/20, de 27 de mayo de 2020, comunicó el rechazo de dicha enmienda, y designó a los integrantes de la Comisión de Economía como miembros de la Comisión Mixta. Finalmente, la Cámara de Diputados, por medio de Oficio N° 15.573, de 2 de junio del mismo año, comunicó quienes serían los integrantes de esta última Comisión, a saber, los Honorables Diputados señora Joanna Pérez Olea y señores Boris Barrera Moreno, Joaquín Lavín León, Miguel Mellado Suazo y Jaime Naranjo Ortiz.

Por su parte, el proyecto de ley individualizado bajo los boletines N°s 13.329-03, 13.342-03, 13.347-03, 13.354-03, 13.355-03 y 13.356-03, refundidos), tuvo su origen en la Cámara de Diputados, en las siguientes mociones:

- De los Honorables Diputados señoras Sofía Cid, Andrea Parra, Joanna Pérez y Gonzalo Fuenzalida, y señores Pablo Kast, Andrés Longton, Pablo Lorenzini, José Miguel Ortiz, Jorge Sabag y Víctor Torres (boletín N° 13.329-03).

- De los Honorables Diputados señoras Jenny Alvarez y Emilia Nuyado, y señores Juan Luis Castro, Marcos Ilabaca, Jaime Naranjo, Luis Rocafull, Gastón Saavedra, Marcelo Schilling y Leonardo Soto (boletín 13.342-03).

- Del Honorable Diputado señor Boris Barrera (boletín N° 13.354-03).

- De los Honorables Diputados señoras Marcela Hernando y señores Alexis Sepúlveda, Manuel Monsalve, Francisco Eguiguren, Alejandro Bernales, Alejandro Santana y Hugo Rey (boletín N° 13.347-03).

- De los Honorables Diputados señores Arturo Longton, Francisco Eguiguren, Frank Sauerbaum y Pablo Prieto (boletín N° 13.355-03).

- De los Honorables Diputados señores Hugo Rey, Sebastián Keitel, Andrés Celis y Alexis Sepúlveda (boletín N° 13.356-03).

Al respecto, la Cámara de Diputados, por medio de Oficio N° 15.480, de 15 de abril de 2020, informó su aprobación a la Cámara Revisora. El Senado, por su parte, mediante Oficio N° 192/SEC/2020, de 27 de mayo de 2020, comunicó las enmiendas que realizó al proyecto, consistentes en sustituir su artículo único y suprimir los siguientes. Posteriormente, la Cámara de Diputados, a través de Oficio N° 15.572, de 2 de junio de 2020, comunicó el rechazo de dichas enmiendas, y designó a los integrantes de la Comisión Mixta, a saber, los Honorables Diputados señora Joanna Pérez Olea y señores Boris Barrera Moreno, Joaquín Lavín León, Miguel Mellado Suazo y Jaime Naranjo Ortiz. Finalmente, el Senado, por medio de Oficio N° 200/SEC/20, también de 2 de junio del mismo año, designó como integrantes de dicha Comisión a los integrantes de la Comisión de Economía.

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Previa citación de la señora Presidenta del Senado, las Comisiones Mixtas se constituyeron, vía videoconferencia, el día 3 de junio de 2020, con la asistencia de sus miembros, Honorables Senadores señoras Ximena Órdenes y Ximena Rincón González, y señores José Miguel Durana Semir, Álvaro Elizalde Soto y Kenneth Pugh Olavarría, y de los Honorables Diputados señora Joanna Pérez Olea y señores Boris Barrera Moreno, Joaquín Lavín León, Miguel Mellado Suazo y Jaime Naranjo Ortiz. En dicha oportunidad, se eligió por unanimidad como Presidente al Honorable Senador señor Álvaro Elizalde y, de inmediato, las Comisiones Mixtas se abocaron al cumplimiento de su cometido.

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Cabe señalar que el proyecto de ley no contiene norma de quórum especial.

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A una o más de las sesiones en que las Comisiones Mixtas analizaron estos proyectos, concurrió, vía videoconferencia, además de sus integrantes, la Honorable Senadora señora Yasna Provoste Campilay.

También concurrieron, telemáticamente, las siguientes personas:

Del Ministerio de Energía, el Ministro, señor Juan Carlos Jobet; el Subsecretario y Ministro (s), señor Francisco Javier López, y el Coordinador Legislativo, señor Juan Ignacio Gómez.

Del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, la Ministra, señora Gloria Hutt; la Subsecretaria de Telecomunicaciones, señora Pamela Gidi, y el Jefe de Gabinete de la Subsecretaria, señor José Huerta.

Del Ministerio de Obras Públicas, el Ministro, señor Alfredo Moreno; el Subsecretario y Ministro (s), señor Cristóbal Leturia, y los asesores legislativos, señor Felipe Hermosilla y Francisco Ribbeck.

Del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, el Subsecretario, señor Juan José Ossa.

De la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), el Superintendente, señor Luis Ávila.

De la Superintendencia de Servicios Sanitarios, el Superintendente, señor Jorge Rivas.

De la Comisión Nacional de Energía, el Secretario Ejecutivo, señor José Venegas.

El ex Contralor General de la República, señor Ramiro Mendoza;

La asesora de la Bancada DC de la Cámara de Diputados, señora Carolina Allende.

Los asesores, señores Gonzalo Mardones (Senadora señora Rincón), y Joris Carvajal, y señora Jocelyn Venegas (Diputada, señora Johanna Pérez).

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DESCRIPCIÓN DE LA CONTROVERSIA SUSCITADA Y ACUERDOS DE LAS COMISIONES MIXTAS

El texto del proyecto de ley signado bajo los boletines N°s 13.315-08, 13.417-03 y 13.438-03, refundidos, aprobado por el Senado en primer trámite constitucional, es del siguiente tenor:

“Artículo único. Durante los noventa días siguientes a la publicación de esta ley, las empresas proveedoras de servicios sanitarios, empresas y cooperativas de distribución de electricidad y las empresas de distribución de gas de red, no podrán cortar el suministro por mora en el pago a los usuarios residenciales, hospitales, establecimientos educacionales y centros de salud municipal, cárceles, hogares de menores en riesgo social, abandono o compromiso delictual, bomberos, organizaciones sin fines de lucro y microempresas, estas últimas definidas de acuerdo a lo establecido en la ley N° 20.416, que fija normas para empresas de menor tamaño. Por lo tanto, por el plazo al que se refiere este artículo, queda suspendida la aplicación, para dichos clientes, de los incisos tercero, cuarto, quinto y sexto del artículo 36 del decreto con fuerza de ley N° 323, de 1931, del Ministerio del Interior, Ley de Servicios de Gas; del artículo 141 y del inciso segundo del literal q) del artículo 225 del decreto con fuerza de ley N° 4, de 2007, del Ministerio de Economía, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 1, de Minería, de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos, en materia de energía eléctrica, y lo establecido en la letra d) del artículo 36 del decreto con fuerza de ley Nº 382, de 1989, del Ministerio de Obras Públicas, Ley General de Servicios Sanitarios.

A solicitud de los usuarios finales, las deudas contraídas con las empresas de servicios sanitarios, empresas y cooperativas de distribución de electricidad y empresas de gas de red que se generen entre los treinta días previos y hasta los noventa días posteriores a la publicación de esta ley, se prorratearán en hasta doce cuotas mensuales iguales y sucesivas, a partir de la facturación siguiente al término de este último plazo, y no podrán incorporar multas ni intereses. Adicionalmente, a elección del usuario final activo, el prorrateo podrá incluir deudas generadas antes de las deudas contraídas según lo señalado en este inciso, hasta el monto de diez unidades de fomento para las empresas distribuidoras y cooperativas de electricidad, y de hasta un monto de cinco unidades de fomento para las empresas de servicios sanitarios y de distribución de gas de red, en las mismas condiciones.

Durante el plazo de noventa días contado desde la publicación de esta ley, tratándose de servicios de telefonía fija, móvil o de acceso a internet, los clientes podrán solicitar al proveedor del servicio el cambio transitorio de su contrato, si se tratara de clientes suscriptores, o la modificación de las condiciones de su servicio, si se tratara de clientes no suscriptores o de prepago, para la aplicación de un plan básico solidario de conectividad, por un plazo máximo de tres meses, de acuerdo a las características que a continuación se establecen.

El proveedor de servicios de telecomunicaciones deberá permitir, sin costo para el usuario, el acceso a prestaciones de servicios que permitan mantener conectividad telefónica y de servicios de transmisión de datos permanente. Para estos efectos, los clientes de internet fijo dispondrán, mensualmente, de acceso sin límites máximos de descarga, con una velocidad máxima de 4 mbps. Los clientes de servicio móvil con contrato dispondrán, mensualmente, de 50 sms, 300 minutos para llamadas y acceso a internet sin límites máximos de descarga con una velocidad máxima de 512 kbps. Los clientes de servicio móvil sin contrato dispondrán, mensualmente, de 100 sms mensuales y acceso a internet sin límites máximos de descarga con una velocidad máxima de 512 kbps. Respecto de estos últimos, el beneficio será otorgado a usuarios activos que, para estos efectos, se identifiquen asociando su RUT a un número telefónico determinado, al cual se le asignarán las condiciones de servicio antes establecidas. La obligación de la empresa se entenderá cumplida al otorgar las condiciones de servicio a un número por beneficiario. Para asegurar el correcto despliegue del plan solidario durante el período decretado como emergencia sanitaria se deberá garantizar la conectividad para fines laborales, educacionales, de salud y de información, para lo cual las empresas deberán realizar las acciones técnicas necesarias que aseguren dicho fin, beneficiando su tráfico por sobre otros usos relacionados.

Los proveedores de acceso a internet que a la fecha de publicación de la presente ley cuenten con menos de 12.000 clientes quedarán exceptuados de la obligación señalada en el inciso anterior, pudiendo adoptar medidas distintas para auxiliar a sus clientes que así lo soliciten, las que deberán publicar en sus páginas web.

Sólo podrán acogerse a lo dispuesto en los incisos segundo, tercero y cuarto, los usuarios finales que cumplan con, a lo menos, uno de los siguientes requisitos:

a) Encontrarse dentro del 40% de vulnerabilidad, de conformidad al Registro Social de Hogares;

b) Tener la calidad de adulto mayor, conforme lo señalado en la ley N° 19.828, que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor;

c) Estar percibiendo las prestaciones de la ley N° 19.728, que establece un seguro de desempleo;

d) Estar acogido a alguna de las causales de la ley N° 21.227, que faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo de la ley N° 19.728, en circunstancias excepcionales, ya sea por la suspensión de la relación laboral o por la celebración de un pacto de reducción temporal de jornada, o

e) Ser trabajador independiente no comprendido en alguna de las categorías anteriores y expresar, mediante declaración jurada simple, que está siendo afectado por una disminución significativa de ingresos que justifica el acceso a los beneficios. La utilización maliciosa de la declaración se sancionará de conformidad al artículo 210 del Código Penal.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes, los usuarios finales no comprendidos en el inciso sexto, que acrediten estar imposibilitados de dar cumplimiento a las obligaciones de pago que han contraído con la respectiva empresa prestadora, podrán solicitar acogerse a la postergación y prorrateo de los pagos, tratándose de las empresas indicadas en el inciso segundo, o la incorporación al plan básico solidario de conectividad, tratándose de las empresas indicadas en el inciso tercero. La negativa de la empresa prestadora podrá ser objeto de reclamo ante la superintendencia u organismo fiscalizador respectivo, y se sujetará a la normativa sectorial que corresponda.

Las empresas proveedoras de los servicios señalados en los incisos segundo y tercero deberán establecer, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta ley, una plataforma de atención al cliente, por internet y telefonía, que permita formular las solicitudes para acceder a los beneficios que ésta establece.

En cualquiera de los casos previstos en esta ley, las empresas prestadoras deberán resolver las solicitudes efectuadas por los interesados, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su formulación. La respuesta de la correspondiente empresa prestadora deberá ser comunicada al solicitante por medio de correo electrónico o mensaje de texto, dentro del señalado plazo. En caso de que la respuesta fuese negativa, la empresa deberá mencionar y justificar las razones del rechazo.

Del mismo modo, las empresas deberán informar sus resoluciones a la superintendencia u organismo fiscalizador respectivo y, mensualmente, deberán publicar en su página web el número y porcentaje de solicitudes aceptadas y rechazadas, conforme a lo establecido en el inciso anterior. Las denuncias de infracciones a los preceptos de esta ley deberán ser tratadas, por parte de las superintendencias u organismos fiscalizadores respectivos, como reclamos, de acuerdo a la normativa vigente. Asimismo, las infracciones a lo dispuesto en la presente ley serán sancionadas de conformidad a la normativa sectorial respectiva.

Por el plazo de noventa días contado desde la publicación de esta ley, y de manera excepcional, el pago de las cooperativas y pequeñas empresas de distribución eléctricas a las empresas generadoras y transmisoras podrá ser realizado en cuotas, en el mismo número de meses en que se prorratearán las cuentas de sus beneficiarios, sin multas ni intereses.”.

La Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, dio su aprobación al proyecto de ley despachado por el Senado, con una enmienda consistente en sustituir el artículo único por los siguientes:

“Artículo 1.- Decretado por el Gobierno el estado de catástrofe por la pandemia del COVID 19, y durante la totalidad de su vigencia, las empresas proveedoras de servicios básicos domiciliarios no podrán cortar ni suspender el suministro a los usuarios finales en caso de mora en el pago. Esta prohibición tendrá efecto en todo el territorio nacional y es por razones de salud pública.

Para efectos de esta ley, se entenderá por empresas proveedoras de servicios básicos domiciliarios aquellas que proporcionan agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, gas por cañería y sistemas de telefonía e internet.

Las empresas de telecomunicaciones deberán poner a disposición de sus usuarios activos de servicios de telefonía móvil y de internet fija y móvil, con contrato o prepago, un plan de conectividad solidario, sin costo, por el plazo de sesenta días. Los clientes que lo requieran deberán solicitarlo a través de las plataformas de atención al usuario con el propósito de asegurar la conectividad para fines educacionales y laborales.

Las deudas de los usuarios que califiquen conforme a los requisitos que dispone esta ley se prorratearán en las cuentas de los doce meses siguientes a la fecha de levantamiento del estado de catástrofe, y su cobro no podrá incorporar multas ni intereses.

Los usuarios finales que podrán acogerse a lo dispuesto en los incisos tercero y cuarto deberán contar con alguno de los siguientes requisitos, mientras esté vigente el estado de catástrofe:

a) Encontrarse dentro del 60 por ciento de vulnerabilidad, de conformidad al Registro Social de Hogares.

b) Haber activado su seguro de cesantía.

c) Tener suspendida la relación laboral en virtud de alguna de las causales establecidas en la ley N° 21.227, que faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo de la ley N° 19.728, en circunstancias excepcionales, o haberse celebrado un pacto de reducción temporal de jornada, al tenor de esta última ley.

d) Tener la calidad de adulto mayor, de acuerdo a la ley N° 19.828 que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor.

e) Los trabajadores independientes, que sin estar comprendidos en las categorías anteriores, mediante declaración jurada simple, den cuenta de una disminución significativa de sus ingresos. La utilización maliciosa de la declaración se sancionará de conformidad con el artículo 210 del Código Penal.

f) Tratarse de establecimientos tales como hogares de adultos mayores vulnerables y hogares de menores reconocidos por las instituciones certificadoras respectivas.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes, los usuarios finales no comprendidos en el inciso anterior que acrediten estar imposibilitados de dar cumplimiento a las obligaciones de pago que han contraído con el respectivo prestador, podrán solicitar ante este acogerse a la postergación y prorrateo de los pagos o acceder al plan solidario de conectividad. La negativa del prestador podrá ser objeto de reclamo ante la Superintendencia u organismo fiscalizador respectivo y se sujetará a las normas generales de cada una de ellas.

Los prestadores indicados en los incisos segundo y tercero deberán establecer, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta ley, una plataforma de atención al usuario final, por internet y telefonía, que permita acceder a los beneficios que señala esta ley. Asimismo, la plataforma deberá permitir formular las solicitudes que establece el inciso sexto. En cualquiera de los casos previstos, las empresas prestadoras deberán emitir una resolución dentro de los cinco días hábiles siguientes a la solicitud del usuario, la que deberá constar fehacientemente por medio de correo electrónico o mensaje de texto y deberá ser puesta a disposición del usuario final dentro de las veinticuatro horas siguientes a su dictación, si este lo requiriere, debiendo la empresa informar expresamente de este derecho a través de un documento incluido en la cuenta mensual. Asimismo, deberá comunicar sus resoluciones a la superintendencia u organismo fiscalizador respectivo. El incumplimiento de lo dispuesto en este inciso podrá reclamarse conforme a las reglas de las entidades fiscalizadoras antes mencionadas.

La infracción de lo dispuesto en el inciso primero será sancionada con multa a beneficio fiscal de mil a dos mil unidades tributarias mensuales.

Lo contemplado en los incisos anteriores no será aplicable a las empresas de agua potable rural, cooperativas eléctricas y empresas con menos de 12.000 clientes a la fecha de inicio del estado de catástrofe por calamidad pública, declarado por el decreto supremo N° 104, de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, sin perjuicio de que las cooperativas y empresas señaladas puedan otorgar facilidades de pago a sus clientes.

Artículo 2.- Incorpóranse los siguientes artículos 30 y 31 transitorios en el decreto con fuerza de ley N°4, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de 2006, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Minería, de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos en materia de energía eléctrica:

“Artículo 30.- Los costos que irrogue para las empresas de energía eléctrica la implementación de la ley que posterga el cobro de las deudas por consumos de servicios básicos domiciliarios y el corte de tales suministros en caso de deuda, durante la vigencia de alertas sanitarias o epidemiológicas decretadas por la autoridad, nunca podrán ser traspasados a los clientes finales. Para ello, la suspensión de cobro como medidas excepcionales fijadas por ley en razón del estado de catástrofe por calamidad pública, declarado por el decreto supremo N°104, de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, no podrá utilizarse como base para el cálculo de los precios promedio que deberá fijar el Ministerio de Energía en virtud de lo dispuesto en el artículo 158.

Artículo 31.- Declarado el estado de excepción constitucional de catástrofe producto de una calamidad pública por el decreto supremo N°104, de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, las empresas generadoras y transmisoras de energía eléctrica deberán continuar proveyendo sus servicios a las empresas distribuidoras domiciliarias de energía y cooperativas eléctricas.

Con todo, el pago de las empresas distribuidoras y cooperativas eléctricas de distribución a las empresas generadoras y transmisoras deberá ser devengado una vez levantado el estado de excepción a prorrata de igual cantidad de meses que este haya durado, con un mínimo de tres meses, sin multas ni intereses.”.

Artículo transitorio.- Los cortes o suspensiones de suministro por mora en el pago de cualquiera de los servicios señalados en el artículo 1, efectuados desde la fecha de declaración de estado de catástrofe por la pandemia del COVID 19, deberán ser repuestos sin ningún costo para los usuarios, una vez publicada la presente ley.

Respecto de los servicios indicados en el inciso primero del artículo 1 se podrá incluir en el prorrateo hasta un total de 10 unidades de fomento en deuda previa al estado de catástrofe en las mismas condiciones indicadas en el referido artículo.

El Presidente de la República podrá disponer las medidas que correspondan para el congelamiento y/o rebaja del precio del gas de cilindro, balón o bombona, que tenga por objeto el servicio del hogar.”.

Como ya se señalara, el Senado, en tercer trámite constitucional, rechazó la enmienda introducida por la Cámara de Diputados.

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Por su parte, el texto del proyecto de ley signado con los boletines N°s 13.329-03, 13.342-03, 13.347-03, 13.354-03, 13.355-03 y 13.356-03, refundidos, aprobado por la Cámara de Diputados en primer trámite constitucional, es del siguiente tenor:

“Artículo 1.- Decretado por el Gobierno el estado de catástrofe por la pandemia del COVID 19, y durante la totalidad de su vigencia, las empresas proveedoras de servicios básicos domiciliarios no podrán cortar ni suspender el suministro a los usuarios finales en caso de mora en el pago. Esta prohibición tendrá efecto en todo el territorio nacional y es por razones de salud pública.

Para efectos de esta ley, se entenderá por empresas proveedoras de servicios básicos domiciliarios aquellas que proporcionan agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, gas por cañería y sistemas de telefonía e internet.

Las empresas de telecomunicaciones deberán poner a disposición de sus usuarios activos de servicios de telefonía móvil y de internet fija y móvil, con contrato o prepago, un plan de conectividad solidario, sin costo, por el plazo de sesenta días. Los clientes que lo requieran deberán solicitarlo a través de las plataformas de atención al usuario con el propósito de asegurar la conectividad para fines educacionales y laborales.

Las deudas de los usuarios que califiquen conforme a los requisitos que dispone esta ley se prorratearán en las cuentas de los doce meses siguientes a la fecha de levantamiento del estado de catástrofe, y su cobro no podrá incorporar multas ni intereses.

Los usuarios finales que podrán acogerse a lo dispuesto en los incisos tercero y cuarto deberán contar con alguno de los siguientes requisitos, mientras esté vigente el estado de catástrofe:

a) Encontrarse dentro del 40 por ciento de vulnerabilidad, de conformidad al Registro Social de Hogares.

b) Haber activado su seguro de cesantía.

c) Tener suspendida la relación laboral en virtud de alguna de las causales establecidas en la ley N° 21.227, que faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo de la ley N° 19.728, en circunstancias excepcionales, o haberse celebrado un pacto de reducción temporal de jornada, al tenor de esta última ley.

d) Tener la calidad de adulto mayor, de acuerdo a la ley N° 19.828 que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor.

e) Los trabajadores independientes, que sin estar comprendidos en las categorías anteriores, mediante declaración jurada simple, den cuenta de una disminución significativa de sus ingresos. La utilización maliciosa de la declaración se sancionará de conformidad con el artículo 210 del Código Penal.

f) Tratarse de establecimientos tales como hogares de adultos mayores vulnerables y hogares de menores reconocidos por las instituciones certificadoras respectivas.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes, los usuarios finales no comprendidos en el inciso anterior que acrediten estar imposibilitados de dar cumplimiento a las obligaciones de pago que han contraído con el respectivo prestador, podrán solicitar ante este acogerse a la postergación y prorrateo de los pagos o acceder al plan solidario de conectividad. La negativa del prestador podrá ser objeto de reclamo ante la Superintendencia u organismo fiscalizador respectivo y se sujetará a las normas generales de cada una de ellas.

Los prestadores indicados en los incisos segundo y tercero deberán establecer, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta ley, una plataforma de atención al usuario final, por internet y telefonía, que permita acceder a los beneficios que señala esta ley. Asimismo, la plataforma deberá permitir formular las solicitudes que establece el inciso sexto. En cualquiera de los casos previstos, las empresas prestadoras deberán emitir una resolución dentro de los cinco días hábiles siguientes a la solicitud del usuario, la que deberá constar fehacientemente por medio de correo electrónico o mensaje de texto y deberá ser puesta a disposición del usuario final dentro de las veinticuatro horas siguientes a su dictación, si este lo requiriere, debiendo la empresa informar expresamente de este derecho a través de un documento incluido en la cuenta mensual. Asimismo, deberá comunicar sus resoluciones a la superintendencia u organismo fiscalizador respectivo. El incumplimiento de lo dispuesto en este inciso podrá reclamarse conforme a las reglas de las entidades fiscalizadoras antes mencionadas.

La infracción de lo dispuesto en el inciso primero será sancionada con multa a beneficio fiscal de mil a dos mil unidades tributarias mensuales.

Lo contemplado en los incisos anteriores no será aplicable a las empresas de agua potable rural, cooperativas eléctricas y empresas con menos de 12.000 clientes a la fecha de inicio del estado de catástrofe por calamidad pública, declarado por el decreto supremo N° 104, de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, sin perjuicio de que las cooperativas y empresas señaladas puedan otorgar facilidades de pago a sus clientes.

Artículo 2.- Incorpóranse los siguientes artículos 30 y 31 transitorios en el decreto con fuerza de ley N°4, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de 2006, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Minería, de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos en materia de energía eléctrica:

“Artículo 30.- Los costos que irrogue para las empresas de energía eléctrica la implementación de la ley que posterga el cobro de las deudas por consumos de servicios básicos domiciliarios y el corte de tales suministros en caso de deuda, durante la vigencia de alertas sanitarias o epidemiológicas decretadas por la autoridad, nunca podrán ser traspasados a los clientes finales. Para ello, la suspensión de cobro como medidas excepcionales fijadas por ley en razón del estado de catástrofe por calamidad pública, declarado por el decreto supremo N°104, de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, no podrá utilizarse como base para el cálculo de los precios promedio que deberá fijar el Ministerio de Energía en virtud de lo dispuesto en el artículo 158.

Artículo 31.- Declarado el estado de excepción constitucional de catástrofe producto de una calamidad pública por el decreto supremo N°104, de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, las empresas generadoras y transmisoras de energía eléctrica deberán continuar proveyendo sus servicios a las empresas distribuidoras domiciliarias de energía y cooperativas eléctricas.

Con todo, el pago de las empresas distribuidoras y cooperativas eléctricas de distribución a las empresas generadoras y transmisoras deberá ser devengado una vez levantado el estado de excepción a prorrata de igual cantidad de meses que este haya durado, con un mínimo de tres meses, sin multas ni intereses.”.

Artículo transitorio.- Los cortes o suspensiones de suministro por mora en el pago de cualquiera de los servicios señalados en el artículo 1, efectuados desde la fecha de declaración de estado de catástrofe por la pandemia del COVID 19, deberán ser repuestos sin ningún costo para los usuarios, una vez publicada la presente ley.

Respecto de los servicios indicados en el inciso primero del artículo 1 se podrá incluir en el prorrateo hasta un total de 10 unidades de fomento en deuda previa al estado de catástrofe en las mismas condiciones indicadas en el referido artículo.

El Presidente de la República podrá disponer las medidas que correspondan para el congelamiento y/o rebaja del precio del gas de cilindro, balón o bombona, que tenga por objeto el servicio del hogar.”.

El Senado, en segundo trámite constitucional, dio su aprobación al proyecto de ley, con las siguientes modificaciones:

- Artículo 1

Lo sustituyó por el siguiente:

“Artículo único. Durante los noventa días siguientes a la publicación de esta ley, las empresas proveedoras de servicios sanitarios, empresas y cooperativas de distribución de electricidad y las empresas de distribución de gas de red, no podrán cortar el suministro por mora en el pago a los usuarios residenciales; hospitales; establecimientos educacionales y centros de salud municipal; cárceles; hogares de menores en riesgo social, abandono o compromiso delictual; bomberos; organizaciones sin fines de lucro y microempresas, estas últimas definidas de acuerdo a lo establecido en la ley N° 20.416, que fija normas para empresas de menor tamaño. Por lo tanto, por el plazo al que se refiere este artículo, queda suspendida la aplicación, para dichos clientes, de los incisos tercero, cuarto, quinto y sexto del artículo 36 del decreto con fuerza de ley N° 323, de 1931, del Ministerio del Interior, Ley de Servicios de Gas; del artículo 141 y del inciso segundo del literal q) del artículo 225 del decreto con fuerza de ley N° 4, promulgado el año 2006 y publicado el año 2007, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 1, de 1982, de Minería, Ley General de Servicios Eléctricos, en materia de energía eléctrica, y lo establecido en la letra d) del artículo 36 del decreto con fuerza de ley Nº 382, promulgado el año 1988 y publicado el año 1989, del Ministerio de Obras Públicas, Ley General de Servicios Sanitarios.

A solicitud de los usuarios finales, las deudas contraídas con las empresas de servicios sanitarios, empresas y cooperativas de distribución de electricidad y empresas de gas de red que se generen entre los treinta días previos y hasta los noventa días posteriores a la publicación de esta ley, se prorratearán en hasta doce cuotas mensuales iguales y sucesivas, a partir de la facturación siguiente al término de este último plazo, y no podrán incorporar multas ni intereses. Adicionalmente, a elección del usuario final activo, el prorrateo podrá incluir deudas generadas antes de las deudas contraídas según lo señalado en este inciso, hasta el monto de diez unidades de fomento para las empresas distribuidoras y cooperativas de electricidad, y de hasta un monto de cinco unidades de fomento para las empresas de servicios sanitarios y de distribución de gas de red, en las mismas condiciones.

Durante el plazo de noventa días contado desde la publicación de esta ley, tratándose de servicios de telefonía fija, móvil o de acceso a internet, los clientes podrán solicitar al proveedor del servicio el cambio transitorio de su contrato, si se tratara de clientes suscriptores, o la modificación de las condiciones de su servicio, si se tratara de clientes no suscriptores o de prepago, para la aplicación de un plan básico solidario de conectividad, por un plazo máximo de tres meses, de acuerdo a las características que a continuación se establecen.

El proveedor de servicios de telecomunicaciones deberá permitir, sin costo para el usuario, el acceso a prestaciones de servicios que permitan mantener conectividad telefónica y de servicios de transmisión de datos permanente. Para estos efectos, los clientes de internet fijo dispondrán, mensualmente, de acceso sin límites máximos de descarga, con una velocidad máxima de 4 mbps. Los clientes de servicio móvil con contrato dispondrán, mensualmente, de 50 sms, 300 minutos para llamadas y acceso a internet sin límites máximos de descarga con una velocidad máxima de 512 kbps. Los clientes de servicio móvil sin contrato dispondrán, mensualmente, de 100 sms mensuales y acceso a internet sin límites máximos de descarga con una velocidad máxima de 512 kbps. Respecto de estos últimos, el beneficio será otorgado a usuarios activos que, para estos efectos, se identifiquen asociando su RUT a un número telefónico determinado, al cual se le asignarán las condiciones de servicio antes establecidas. La obligación de la empresa se entenderá cumplida al otorgar las condiciones de servicio a un número por beneficiario. Para asegurar el correcto despliegue del plan solidario durante el período decretado como emergencia sanitaria se deberá garantizar la conectividad para fines laborales, educacionales, de salud y de información, para lo cual las empresas deberán realizar las acciones técnicas necesarias que aseguren dicho fin, beneficiando su tráfico por sobre otros usos relacionados.

Los proveedores de acceso a internet que, a la fecha de publicación de la presente ley cuenten con menos de 12.000 clientes, quedarán exceptuados de la obligación señalada en el inciso anterior, pudiendo adoptar medidas distintas para auxiliar a sus clientes que así lo soliciten, las que deberán publicar en sus páginas web.

Sólo podrán acogerse a lo dispuesto en los incisos segundo, tercero y cuarto, los usuarios finales que cumplan con, a lo menos, uno de los siguientes requisitos:

a) Encontrarse dentro del 40% de vulnerabilidad, de conformidad al Registro Social de Hogares;

b) Tener la calidad de adulto mayor, conforme lo señalado en la ley N° 19.828, que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor;

c) Estar percibiendo las prestaciones de la ley N° 19.728, que establece un seguro de desempleo;

d) Estar acogido a alguna de las causales de la ley N° 21.227, que faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo de la ley N° 19.728, en circunstancias excepcionales, ya sea por la suspensión de la relación laboral o por la celebración de un pacto de reducción temporal de jornada, o

e) Ser trabajador independiente no comprendido en alguna de las categorías anteriores y expresar, mediante declaración jurada simple, que está siendo afectado por una disminución significativa de ingresos que justifica el acceso a los beneficios. La utilización maliciosa de la declaración se sancionará de conformidad al artículo 210 del Código Penal.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes, los usuarios finales no comprendidos en el inciso sexto, que acrediten estar imposibilitados de dar cumplimiento a las obligaciones de pago que han contraído con la respectiva empresa prestadora, podrán solicitar acogerse a la postergación y prorrateo de los pagos, tratándose de las empresas indicadas en el inciso segundo, o la incorporación al plan básico solidario de conectividad, tratándose de las empresas indicadas en el inciso tercero. La negativa de la empresa prestadora podrá ser objeto de reclamo ante la superintendencia u organismo fiscalizador respectivo, y se sujetará a la normativa sectorial que corresponda.

Las empresas proveedoras de los servicios señalados en los incisos segundo y tercero deberán establecer, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta ley, una plataforma de atención al cliente, por internet y telefonía, que permita formular las solicitudes para acceder a los beneficios que ésta establece.

En cualquiera de los casos previstos en esta ley, las empresas prestadoras deberán resolver las solicitudes efectuadas por los interesados, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su formulación. La respuesta de la correspondiente empresa prestadora deberá ser comunicada al solicitante por medio de correo electrónico o mensaje de texto, dentro del señalado plazo. En caso de que la respuesta fuese negativa, la empresa deberá mencionar y justificar las razones del rechazo.

Del mismo modo, las empresas deberán informar sus resoluciones a la superintendencia u organismo fiscalizador respectivo y, mensualmente, deberán publicar en su página web el número y porcentaje de solicitudes aceptadas y rechazadas, conforme a lo establecido en el inciso anterior. Las denuncias de infracciones a los preceptos de esta ley deberán ser tratadas por parte de las superintendencias u organismos fiscalizadores respectivos como reclamos de acuerdo a la normativa vigente. Asimismo, las infracciones a lo dispuesto en la presente ley serán sancionadas de conformidad a la normativa sectorial respectiva.

Por el plazo de noventa días contado desde la publicación de esta ley, y de manera excepcional, el pago de las cooperativas y pequeñas empresas de distribución eléctrica a las empresas generadoras y transmisoras podrá ser realizado en cuotas, en el mismo número de meses en que se prorratearán las cuentas de sus beneficiarios, sin multas ni intereses.”.

- Artículo 2

Lo suprimió.

- Artículo transitorio

Lo eliminó.

Como ya se señalara, la Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional, rechazó las enmiendas introducidas por el Senado.

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De conformidad con lo expuesto, las controversias han surgido producto del rechazo de ambas Cámaras, cada una a su turno, en tercer trámite constitucional, a las enmiendas introducidas por la otra Cámara en segundo trámite constitucional. Por dicha razón, ambas Comisiones Mixtas acordaron sesionar simultáneamente y proponer un sólo texto que recoja las ideas y el texto acordado por sus integrantes, en el entendido de que los proyectos de ley objeto de esta controversia regulan asuntos de similar naturaleza, y que al encontrarse en distinto trámite constitucional no pueden ser refundidos en los términos del artículo 17 A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

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Durante la discusión de las iniciativas de ley, se presentaron ante las Comisiones Mixtas seis propuestas orientadas a superar las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras. La primera, de la Honorable Senadora Señora Rincón y de los Honorables Diputados señora Pérez y señor Naranjo; la segunda, de los Honorables Senadores señores Pugh y Durana; la tercera, de la Honorables Senadoras señoras Provoste y Rincón; la cuarta, del Honorable Diputado señor Barrera; la quinta, del Honorable Diputado señor Lavín, y la sexta, de los Honorables Senadores señores Durana y Pugh, y del Honorable Diputado señor Lavín.

Se hace presente que, sin perjuicio de la consideración de cada una de dichas propuestas, las Comisiones Mixtas acordaron, como moción de orden, desarrollar la discusión de acuerdo con el articulado contenido en la de la Senadora señora Rincón y los Diputados señora Pérez y señor Naranjo, en conjunto con la de los Senadores señores Durana y Pugh.

A continuación, se da cuenta de cada una de las propuestas precedentemente individualizadas, sin perjuicio de su reproducción, total o parcial, a lo largo del presente informe, para efectos de una debida comprensión del debate que tuvo lugar.

PROPUESTA 1

(Honorable Senadora señora Rincón y Honorables Diputados señora Pérez y señor Naranjo)

PROPUESTA PROYECTO QUE PROHÍBE EL CORTE DE SUMINISTRO DE SERVICIOS BÁSICOS DOMICILIARIOS Y POSTERGAN SU PAGO EN CONDICIONES QUE INDICA

ARTÍCULO PRIMERO.- ESTABLÉZCASE LA LEY QUE PROHÍBE EL CORTE DE SUMINISTRO DE SERVICIOS BÁSICOS DOMICILIARIOS Y POSTERGAN SU PAGO EN CONDICIONES QUE INDICA EN EL SIGUIENTE SENTIDO:

“Artículo 1.- Durante los 90 días siguientes a la publicación de esta ley, las empresas proveedoras de servicios básicos domiciliarios no efectuarán el corte y suspensión del suministro en caso de mora en el pago, a las personas, usuarios y establecimientos que a continuación se indican:

a) Usuarios residenciales o domiciliarios;

b) Hospitales y Centros de Salud;

c) Recintos Penitenciarios;

d) Hogares de menores en riesgo social, abandono o compromiso delictual; hogares y establecimientos de larga estadía de adultos mayores;

e) Bomberos;

f) Organizaciones que no persigan fines de lucro, y

g) Microempresas, entendiendo por tales, aquellas cuyos ingresos anuales por ventas, servicios y otras actividades del giro, no hayan superado las 2.400 unidades de fomento en el último año calendario.

La prohibición establecida en el inciso anterior será aplicable en todo el territorio nacional y por razones de salud pública.

Artículo 2.- Sólo para los efectos de esta ley, son servicios básicos domiciliarios los sanitarios de agua potable y alcantarillado, energía eléctrica y gas de red.

Se excluye de la aplicación de la presente ley a las empresas, cooperativas o comités de agua potable rural con menos de 12.000 clientes al 18 de marzo de 2020 respecto de las cuales exista un plan de subsidios o apoyo en planificación o ejecución, sin perjuicio de los convenios, descuentos o facilidades de pago que otorguen a sus clientes.

Artículo 3°.- Durante la vigencia del plazo señalado en el artículo 1°, las empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones deberán poner a disposición de sus suscriptores de telefonía e internet fija o móvil, prepago o pospago, pertenecientes al 60% más vulnerable de acuerdo con el Registro Social de Hogares, un “Plan Solidario de Conectividad”, sin costo y que no importe cambio numérico, con las siguientes condiciones mínimas:

a) No podrán establecer límite de datos de carga y descarga.

b) La velocidad de trasmisión mensual no podrá ser inferior a 256 Kbps efectivos

c) La velocidad de transmisión fija mensual será de al menos 4 Mbps (o 512 KB/s).

d) Y dispondrán de a lo menos 100 SMS; y

e) 300 minutos para llamadas de voz

El Plan Solidario indicado en el inciso anterior, podrá ser solicitado por cualquier cliente, sin importar su estado de morosidad, encontrándose o no suspendido su servicio, y estará disponible hasta el cese del plazo señalado en el artículo 1°, con el propósito de asegurar la conectividad prioritariamente para fines educacionales, laborales, de salud e información para lo cual las empresas deberán realizar las acciones técnicas necesarias que aseguren dicho fin.

La obligación indicada en el inciso primero del presente artículo se entenderá cumplida al otorgar el Plan Solidario a un número telefónico por beneficiario, en el caso de los servicios móviles o a un integrante del mismo grupo familiar en el caso de los servicios fijos, asociado en ambos casos a su rol único nacional.

Si un suscriptor prepago o pospago decide acogerse a lo dispuesto en la presente ley, podrá volver a las condiciones anteriores de su contrato en cualquier momento, previo aviso a la empresa proveedora. Asimismo, los clientes siempre tendrán derecho a conservar su suscripción prepago o pospago contratada, sin perjuicio de los descuentos en su cuenta mensual, promociones o abonos adicionales que la empresa proveedora pudiere efectuar.

Las empresas proveedoras de telecomunicaciones que, a la fecha de publicación de la presente ley, cuenten con menos de 12.000 clientes, quedarán exceptuados de la obligación señalada en el inciso anterior, pudiendo adoptar medidas análogas para auxiliar a sus clientes, las que deberán publicar en sus respectivos sitios web.

Artículo 4°.- A solicitud de los usuarios, las deudas por servicios básicos domiciliarios, contraídas durante el plazo que establece el inciso primero del artículo 1°, serán prorrateadas hasta en 12 cuotas mensuales iguales y sucesivas, a partir de la facturación siguiente al término de dicho plazo, y no incorporarán multas, intereses, ni gastos asociados.

Adicionalmente, a elección del usuario solicitante, el prorrateo incluirá las deudas de hasta un periodo de facturación anterior al 18 de marzo de 2020, siempre que dichas deudas no excedan el monto de diez unidades de fomento para las empresas distribuidoras y cooperativas de electricidad; y de hasta un monto de cinco unidades de fomento para las empresas de servicios sanitarios y de distribución de gas de red, en las mismas condiciones.

Artículo 5.- Serán beneficiarios de lo dispuesto en los artículos 1°, 3°, y 4° de la presente ley, los usuarios residenciales finales que, hasta los 90 días de publicada la presente ley, cumplan con alguno de los siguientes requisitos:

a) Pertenecer al 60% de vulnerabilidad, de conformidad al Registro Social de Hogares del Ministerio de Desarrollo Social.

b) Estar percibiendo las prestaciones de la ley N° 19.728, que establece un seguro de desempleo;

c) Haber suspendido su relación laboral en virtud de alguna de las causales establecidas en la ley N° 21.227, que faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo de la ley N° 19.728, en circunstancias excepcionales, o haber celebrado un pacto de reducción temporal de jornada, al tenor de esta última ley.

d) Tener la calidad de adulto mayor, de acuerdo con la ley N° 19.828 que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor.

e) Los trabajadores independientes e informales que, sin estar comprendidos en las categorías anteriores, mediante declaración jurada simple, den cuenta de una disminución significativa de sus ingresos. La utilización maliciosa de la declaración se sancionará de conformidad con el artículo 210 del Código Penal.

Con todo, los usuarios finales no comprendidos en el inciso anterior, que acrediten estar imposibilitados de dar cumplimiento a las obligaciones de pago con la respectiva empresa de servicios, podrán solicitar acogerse a los beneficios que establece esta ley. Ante la negativa injustificada o no respuesta del proveedor, el usuario podrá reclamar a la superintendencia, subsecretaría u organismo fiscalizador respectivo, sujetándose a las normas generales que regulan su tramitación.

Se excluye de los requisitos señalados en el inciso primero a los beneficiarios indicados en los literales b), c), d), e), f) y g) del artículo 1° de la presente ley.

Artículo 6.- Las empresas señaladas en el inciso primero del artículo 2° y el artículo 3°, deberán disponer plataformas digitales o telemáticas de atención al usuario que permitan presentar las solicitudes, consultas y reclamaciones referentes a los beneficios de los artículos anteriores. Dichas plataformas deberán estar operativas dentro del plazo de cinco días hábiles desde publicada la presente ley.

El solicitante deberá proporcionar a través de la plataforma, los antecedentes respectivos para acreditar las circunstancias de los artículos anteriores que le permitan acceder el beneficio respectivo, debiendo asimismo proporcionar un correo electrónico y teléfono celular para las respuestas a sus solicitudes, consultas o reclamaciones. Lo anterior, sin perjuicio de la obligación de la empresa de proporcionar la información y antecedentes necesarios, como promedios de consumo, información de contacto, entre otros.

Las solicitudes, consultas y reclamaciones de los usuarios señalados en el inciso segundo del artículo 5°, deberán ser resueltas o respondidas, según el caso, dentro del plazo de 5 días hábiles a través de los medios señalados en el inciso anterior, junto con dejar constancia de la comunicación en un registro interno. El cliente podrá, en todo caso, reclamar de los incumplimientos o retrasos de las empresas de servicios básicos domiciliarios o de telecomunicaciones ante la superintendencia, subsecretaría, servicio u otro organismo respectivo.

Respecto de los usuarios que reúnan cualquiera de las condiciones indicadas del inciso primero del artículo 5°, no procederá rechazo alguno y se aplicará el beneficio de pleno derecho por parte de las empresas proveedoras.

Las empresas deberán elaborar un registro y estadísticas de los solicitantes beneficiarios en un plazo no mayor a diez días hábiles desde la publicación de esta ley, debiendo actualizarlo cada semana. Respecto de los usuarios establecidos en el inciso segundo del artículo 5°, si la respuesta fuese negativa, la empresa deberá indicar los fundamentos del rechazo. Las empresas proveedoras junto con informar sus resoluciones a la superintendencia, subsecretaría, servicio u organismo fiscalizador respectivo cada 15 días, deberán publicar en su página web el número y porcentaje de solicitudes aceptadas y rechazadas, conforme a lo establecido en los incisos anteriores.

Artículo 7.- Las empresas proveedoras que infrinjan las obligaciones contenidas en los artículos anteriores, serán sancionadas con multas a beneficio fiscal de entre 1.000 y 2.000 Unidades Tributarias Mensuales.”

ARTÍCULO SEGUNDO.- INCORPÓRESE LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS 30 Y 31 TRANSITORIOS EN EL DECRETO CON FUERZA DE LEY N°4, DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y RECONSTRUCCIÓN, DE 2006, QUE FIJA EL TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO Y SISTEMATIZADO DEL DECRETO CON FUERZA DE LEY N° 1, DEL MINISTERIO DE MINERÍA, DE 1982, LEY GENERAL DE SERVICIOS ELÉCTRICOS EN MATERIA DE ENERGÍA ELÉCTRICA:

“Artículo 30° Transitorio.- Los costos que irroguen para las empresas de energía eléctrica, la implementación de la ley que posterga el cobro de las deudas por consumos de servicios básicos domiciliarios y el corte de tales suministros en caso de deuda, durante la vigencia de alertas sanitarias o epidemiológicas decretadas por la autoridad, en ningún caso serán traspasados a los clientes finales. Para ello, la suspensión de cobro no podrá utilizarse como base para el cálculo de los precios promedio que deberá fijar el Ministerio de Energía en virtud de lo dispuesto en el artículo 158, ni podrá utilizarse para establecer una revisión de precios conforme al artículo 134.

Artículo 31° Transitorio.- Durante los 90 días siguientes a la publicación de esta ley las empresas generadoras y transmisoras de energía eléctrica deberán continuar proveyendo con normalidad sus servicios a las empresas distribuidoras domiciliarias de energía y cooperativas eléctricas.

Con todo, los pagos de las empresas distribuidoras eléctricas, correspondientes a aquellos clientes finales que hagan uso de este beneficio, a las empresas generadoras y transmisoras se devengarán y podrán pagarse una vez cesado el estado de excepción constitucional del decreto supremo N°104 de 2020 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública a prorrata en el mismo número de meses en que se prorrateará las cuotas a los usuarios finales, sin multas ni intereses.

Lo contemplado en el inciso anterior no será aplicable a las empresas de menos de 20 MW de capacidad instalada o a aquellas cuya generación corresponda al menos en un 90% a energías renovables no convencionales calificadas como tales por la legislación vigente, manteniendo el pago regular de los servicios otorgados por parte de las empresas distribuidoras.

Con todo, en el caso del total pago de las cooperativas eléctricas de distribución a las empresas generadoras y transmisoras se devengará y pagará una vez se inicie el pago de los clientes finales a prorrata y en el mismo número de meses en que se prorrateará las cuotas a los dichos finales, sin multas ni intereses.”.

ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO.- Si se efectuaron cortes o suspensiones de suministro o servicio por mora en el pago de cualquiera de los servicios señalados en el artículo primero de la presente ley, salvo los señalados en el artículo 3°, referentes a servicios de telecomunicaciones, desde el 18 de marzo de 2020, deberá procederse a la reposición del servicio a los usuarios finales, una vez publicada la presente ley.

Los costos que irroguen para las empresas, la implementación de la ley que posterga el cobro de las deudas por consumos de servicios básicos domiciliarios y el corte de tales suministros en caso de deuda, durante la vigencia de alertas sanitarias o epidemiológicas decretadas por la autoridad, en ningún caso serán traspasados a los clientes finales.

ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO: En el evento de la dictación de un nuevo decreto supremo que establezca estado de excepción constitucional de catástrofe, alerta sanitaria o epidemiológica, en una o más regiones, los plazos establecidos en el artículo primero de esta ley se prorrogarán por el mismo periodo de tiempo del nuevo decreto, en todo el territorio de la República.”.

PROPUESTA 2

(Honorables Senadores señores Durana y Pugh)

“Artículo Único: Durante los noventa días siguientes a la publicación de esta ley, las empresas proveedoras de servicios sanitarios, empresas y cooperativas de distribución de electricidad y las empresas de distribución de gas de red, no podrán cortar el suministro por mora en el pago a los usuarios residenciales, hospitales, cárceles, hogares de menores en riesgo social, abandono o compromiso delictual, bomberos, organizaciones sin fines de lucro y microempresas, estas últimas definidas de acuerdo a lo establecido en la ley N° 20.416, que fija normas para empresas de menor tamaño. Por lo tanto, por el plazo al que se refiere este artículo, queda suspendida la aplicación, para dichos clientes, de los incisos tercero, cuarto, quinto y sexto del artículo 36 del Decreto con Fuerza de ley N° 323, de 1931, del Ministerio del Interior, Ley de Servicios de Gas; del artículo 141 y del inciso segundo del literal q) del artículo 225 del Decreto con Fuerza de Ley N° 4, de 2007, del Ministerio de Economía, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 1, de Minería, de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos, en materia de energía eléctrica, y lo establecido en la letra d) del artículo 36 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 382, de 1989, del Ministerio de Obras Públicas, Ley General de Servicios Sanitarios.

A solicitud de los usuarios finales, las deudas contraídas con las empresas de servicios sanitarios, empresas y cooperativas de distribución de electricidad y empresas de gas de red que se generen entre los treinta días previos y hasta los noventa días posteriores a la publicación de esta ley, se prorratearán en hasta doce cuotas mensuales iguales y sucesivas, a partir de la facturación siguiente al término de este último plazo, y no podrán incorporar multas ni intereses. Adicionalmente, a elección del usuario final activo, el prorrateo podrá incluir deudas generadas antes de las deudas contraídas según lo señalado en este inciso, hasta el monto de diez unidades de fomento para las empresas distribuidoras y cooperativas de electricidad; y de hasta un monto de cinco unidades de fomento para las empresas de servicios sanitarios y de distribución de gas de red, en las mismas condiciones.

Durante el plazo de noventa días contados desde la publicación de esta ley, tratándose de servicios de telefonía fija, móvil o de acceso a internet, los clientes podrán solicitar al proveedor del servicio el cambio transitorio de su contrato, si se tratara de clientes suscriptores, o la modificación de las condiciones de su servicio si se tratara de clientes no suscriptores o de prepago, para la aplicación de un plan básico solidario de conectividad, por un plazo máximo de tres meses, de acuerdo a las características que a continuación se establecen.

El proveedor de servicios de telecomunicaciones deberá permitir, sin costo para el usuario, el acceso a prestaciones de servicios que permitan mantener conectividad telefónica y de servicios de transmisión de datos permanente. Para estos efectos, los clientes de internet fijo dispondrán, mensualmente, de acceso sin límites máximos de descarga, con una velocidad máxima de 4 mbps. Los clientes de servicio móvil con contrato dispondrán, mensualmente, de 50 sms, 300 minutos para llamadas y acceso a Internet sin límites máximos de descarga con una velocidad máxima de 512 kbps. Los clientes de servicio móvil sin contrato dispondrán, mensualmente, de 100 sms mensuales y acceso a Internet sin límites máximos de descarga con una velocidad máxima de 512 kbps. Respecto de estos últimos, el beneficio será otorgado a usuarios activos que, para estos efectos, se identifiquen asociando su RUT a un número telefónico determinado, al cual se le asignarán las condiciones de servicio antes establecidas. La obligación de la empresa se entenderá cumplida al otorgar las condiciones de servicio a un número por beneficiario.

Los proveedores de acceso a Internet que a la fecha de publicación de la presente ley cuenten con menos de 12.000 clientes, quedarán exceptuados de la obligación señalada en el inciso anterior, pudiendo adoptar medidas distintas para auxiliar a sus clientes que así lo soliciten, las que deberán publicar en sus páginas web.

Solo podrán acogerse a lo dispuesto en los incisos segundo, tercero y cuarto, los usuarios finales que cumplan con, a lo menos, uno de los siguientes requisitos:

a) Encontrarse dentro del 40% de vulnerabilidad, de conformidad al Registro Social de Hogares;

b) Tener, de acuerdo a la ley N° 19.828, que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor, la calidad de adulto mayor;

c) Estar percibiendo las prestaciones de la ley N° 19.728, que establece un seguro de desempleo;

d) Estar acogido a alguna de las causales de la ley N° 21.227, que faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo de la ley N° 19.728, en circunstancias excepcionales, ya sea por la suspensión de la relación laboral o por la celebración de un pacto de reducción temporal de jornada; o

e) Ser trabajador independiente no comprendido en alguna de las categorías anteriores, y expresar, mediante declaración jurada simple, que está siendo afectado por una disminución significativa de ingresos que justifica el acceso a los beneficios. La utilización maliciosa de la declaración se sancionará de conformidad al artículo 210 del Código Penal.

Para acceder a los beneficios relativos a los servicios prestados por empresas sanitarias, los beneficiarios deberán, además, acreditar un consumo, durante el mes de marzo de 2020, igual o inferior a 12 metros cúbicos de agua. Los usuarios que superen dicho límite, podrán requerir su incremento a la empresa sanitaria, lo que no podrá ser denegado sin causa justificada. Los beneficiarios no deberán superar el señalado consumo mensual o su incremento, en su caso, para preservar el beneficio.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes, los usuarios finales no comprendidos en el inciso sexto, que acrediten estar imposibilitados de dar cumplimiento a las obligaciones de pago que han contraído con la respectiva empresa prestadora, podrán solicitar acogerse a la postergación y prorrateo de los pagos, tratándose de las empresas indicadas en el inciso segundo; o la incorporación al plan básico solidario de conectividad, tratándose de las empresas indicadas en el inciso tercero. La negativa de la empresa prestadora podrá ser objeto de reclamo ante la superintendencia u organismo fiscalizador respectivo, y se sujetará a la normativa sectorial que corresponda.

Las empresas proveedoras de los servicios señalados en los incisos segundo y tercero, deberán establecer, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta ley, una plataforma de atención al cliente, por internet y telefonía, que permita formular las solicitudes para acceder a los beneficios que establece esta ley.

En cualquiera de los casos previstos en esta ley, las empresas prestadoras deberán resolver las solicitudes efectuadas por los interesados, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su formulación. La respuesta de la correspondiente empresa prestadora deberá ser comunicada al solicitante por medio de correo electrónico o mensaje de texto, dentro del señalado plazo. En caso de que la respuesta fuese negativa, la empresa deberá mencionar y justificar las razones del rechazo.

Del mismo modo, las empresas deberán informar sus resoluciones a la superintendencia u organismo fiscalizador respectivo y, mensualmente, deberán publicar en su página web el número y porcentaje de solicitudes aceptadas y rechazadas, conforme a lo establecido en el inciso anterior. Las denuncias de infracciones a los preceptos de esta ley deberán ser tratadas, por parte de las superintendencias u organismos fiscalizadores respectivos, como reclamos, de acuerdo a la normativa vigente. Asimismo, las infracciones a lo dispuesto en la presente ley serán sancionadas de conformidad a la normativa sectorial respectiva.

Por el plazo comprendido entre los treinta días previos a la publicación de esta ley y los noventa días posteriores, y de manera excepcional, el pago de las cooperativas eléctricas a las empresas generadoras y transmisoras, podrá ser realizado en cuotas, en el mismo número de meses en que se prorratearán las cuentas de sus beneficiarios, sin multas ni intereses.”.

PROPUESTA 3

(Honorables Senadoras señoras Provoste y Rincón)

Para incorporar un artículo 3°, relativo al sector telecomunicaciones, del siguiente tenor:

“Artículo 3º.- Durante el plazo señalado en el artículo 1º, tratándose de servicios de telefonía fija, móvil o de acceso a internet, los clientes podrán solicitar al proveedor del servicio el cambio transitorio de su contrato, si se tratara de clientes suscriptores, o la modificación de las condiciones de su servicio si se tratara de clientes no suscriptores o de prepago, para la aplicación de un plan básico solidario de conectividad, sin costo y que no importe cambio numérico, por un plazo de tres meses, de acuerdo a las características que a continuación se establecen.

El proveedor de servicios de telecomunicaciones deberá permitir, sin costo para el usuario, el acceso a prestaciones de servicios que permitan mantener conectividad telefónica y de servicios de transmisión de datos permanente. Para estos efectos:

a) Los clientes de internet fijo dispondrán, mensualmente, de acceso sin límites máximos de descarga, con una velocidad de servicio entre 2 mbps y 4 mbps, atendida la configuración tecnológica con la que se preste el servicio. La obligación de la empresa se entenderá cumplida al otorgar las condiciones de servicio a un beneficiario por grupo familiar.

b) Los clientes de servicio móvil con contrato dispondrán, mensualmente, de 50 SMS, 300 minutos para llamadas y acceso a Internet sin límites máximos de descarga con una velocidad entre 256 kbps y 512 kbps, atendidas las características tecnológicas con las que se preste el servicio y la ubicación geográfica del usuario.

c) Los clientes de servicio móvil sin contrato dispondrán, mensualmente, de 100 SMS mensuales y acceso a Internet sin límites máximos de descarga con una velocidad entre 256 kbps y 512 kbps, atendidas las características tecnológicas con las que se preste el servicio y la ubicación geográfica del usuario. Respecto de estos últimos, el beneficio será otorgado a usuarios activos que, para estos efectos, se identifiquen asociando su RUT a un número telefónico determinado, al cual se le asignarán las condiciones de servicio antes establecidas. La obligación de la empresa se entenderá cumplida al otorgar las condiciones de servicio a un número por beneficiario.

d) Los usuarios de telefonía fija dispondrán de 300 minutos de voz. En este caso, la obligación de la empresa se entenderá cumplida al otorgar las condiciones de servicio a un integrante del mismo grupo familiar asociándolo a su rol único nacional.

El Plan Solidario descrito en el inciso anterior, podrá ser solicitado por los clientes que se encuentren en las causales señaladas en el artículo 5º, sin importar su estado de morosidad, encontrándose o no suspendido su servicio, y estará disponible hasta el cese del plazo señalado en el artículo 1°, con el propósito de asegurar la conectividad prioritariamente para fines educacionales, laborales, de salud e información, para lo cual las empresas deberán realizar las acciones técnicas necesarias que aseguren dicho fin.

Asimismo, los y las estudiantes de establecimientos educacionales de enseñanza parvularia, básica, media y superior, quienes pertenezcan al 60% del Registro Social de Hogares, podrán solicitar a su proveedor de servicio la aplicación del plan solidario de conectividad con especial orientación a las prestaciones educacionales, por medio de las acciones técnicas necesarias señaladas en el inciso anterior. En el caso del literal a) del inciso 2°, se entenderá cumplida la obligación por la empresa, al proveer una conexión fija de internet por grupo familiar.

Las empresas proveedoras deberán, además, ofrecer a las instituciones de educación o sostenedores planes especiales de datos para que éstos puedan focalizar el acceso universal de prestaciones de educación para sus alumnos. Las ofertas que se hagan en virtud de este inciso deberán ser informadas al Ministerio de Educación por las empresas proveedoras.

Los proveedores de acceso a Internet que a la fecha de publicación de la presente ley cuenten con menos de 12.000 clientes, quedarán exceptuados de las obligaciones señaladas en este artículo, pudiendo adoptar medidas distintas para auxiliar a sus clientes que así lo soliciten, las que deberán publicar en sus páginas web.

PROPUESTA 4

(Honorable Diputado señor Barrera)

Para agregar el siguiente inciso final, nuevo, al artículo 4° del artículo primero de la propuesta de la Senadora señora Rincón y de los Diputados señora Pérez y señor:

“Quedarán exentos del pago del servicio básico por hasta por tres meses sucesivos, quienes se encuentren dentro del 40% de vulnerabilidad, de conformidad al Registro Social de Hogares.

Este beneficio podrá ser impetrado desde la publicación de esta ley hasta por noventa días posteriores al cese del Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, declarado por el decreto supremo N°104, de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Para ello, deberán acreditar encontrarse en la situación descrita y accederán a la exención de pago adjuntando la documentación requerida mediante un formulario disponible en los sitios electrónicos de las empresas proveedoras.”.

PROPUESTA 5

(Honorable Diputado señor Lavín)

Para reemplazar el artículo 4º del artículo primero de la propuesta de la Senadora señora Rincón y de los Diputados señora Pérez y señor Naranjo, por el siguiente:

“Artículo 4°.- A solicitud de los usuarios, las deudas por servicios básicos domiciliarios, contraídas durante el plazo que establece el inciso primero del artículo 1°, serán prorrateadas hasta en 12 cuotas mensuales iguales y sucesivas, a partir de la facturación siguiente al término de dicho plazo, y no incorporarán multas, intereses, ni gastos asociados.

Adicionalmente, a elección del usuario solicitante, el prorrateo incluirá las deudas de hasta un periodo de facturación anterior al 18 de marzo de 2020, siempre que dichas deudas no excedan el monto de diez unidades de fomento para las empresas distribuidoras y cooperativas de electricidad; y de hasta un monto de cinco unidades de fomento para las empresas de servicios sanitarios y de distribución de gas de red, en las mismas condiciones.

En relación a los beneficios prestados por empresas sanitarias, los beneficiarios podrán postergar el pago de hasta 15 metros cúbicos de agua. Los usuarios que superen dicho límite podrán requerir su incremento a la empresa sanitaria, lo que no podrá ser denegado sin causa justificada.”.

PROPUESTA 6

(Honorables Senadores señores Durana y Pugh y

Honorable Diputado señor Lavín)

Para considerar como inciso final del artículo 4° de la propuesta de la Senadora señora Rincón y de los Diputados señora Pérez y señor Naranjo, el siguiente:

“En relación a los beneficios prestados por empresas sanitarias, los beneficiarios podrán postergar el pago únicamente de los primeros 15 metros cúbicos de agua. Aquellos hogares que tengan más de 4 miembros, podrán aumentar dichos consumos en 4 metros cúbicos por persona. No obstante lo anterior, los usuarios que superen dicho límite podrán requerir su incremento a la empresa sanitaria, lo que no podrá ser denegado sin causa justificada.”.

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Respecto de la propuesta de la Senadora señora Rincón y los Diputados señora Pérez y señor Naranjo, el Honorable Senador señor Pugh indicó que plantea un proyecto distinto a los aprobados por la Cámara de Diputados y por el Senado. En su parecer, postula en realidad un tercer proyecto, que va más allá que los que convocan a estas Comisiones Mixtas.

A modo de ejemplo, connotó que el proyecto de la Cámara de Diputados considera como plazo de vigencia de la ley el estado de catástrofe por la pandemia del COVID 19, y durante la totalidad de su vigencia; y que, por su parte, el proyecto del Senado postula que será los noventa días siguientes a la publicación de esta ley. En cambio, la propuesta suma los dos: todo el estado de catástrofe, más noventa días desde la publicación de la ley.

En la misma línea, remarcó que en dicha propuesta, el “Plan Solidario”, que fue definido técnicamente y que es gratuito, va más allá de lo conversado.

En su parecer, enfatizó, la propuesta contiene otros elementos que no deberían ser parte de la discusión, porque no fueron mencionados ni discutidos previamente. Lo que corresponde, sostuvo, es concentrarse en la base de la discusión, que está dada por la discrepancia entre dos textos, el de la Cámara de Diputados y el del Senado, y sobre ellos precisar algunos aspectos que se puedan mejorar.

Por su parte, la Honorable Diputada señora Pérez hizo presente que, junto con la Senadora señora Rincón y el Diputado señor Naranjo, quisieron traer una propuesta a las comisiones mixtas que recoge las motivaciones de los autores de las mociones que dieron lugar a los proyectos de la Cámara de Diputados y del Senado.

Hizo notar que el proyecto de la Cámara de Diputados lleva más de dos meses de tramitación. El estado de catástrofe va a terminar y el proyecto no puede ser letra muerta. Por esa razón, consignó, consensuaron en una vigencia que sumó las visiones de los proyectos de ambas Cámaras. En cuanto a las multas, indicó que el proyecto debe sancionar de manera efectiva a los infractores. En relación a los beneficiarios, en tanto, señaló que el proyecto del Senado es más amplio. Así, la propuesta suma elementos de ambos proyectos y añade cosas muy menores, con el único propósito de darle viabilidad a la ley y que sea beneficiosa para las personas. En suma, la propuesta intenta hacer un símil con todo el texto aprobado por la Cámara y considera, también, los elementos del proyecto del Senado. Anunció no estar dispuesta a bajar ninguno de sus contenidos, a menos que se llegue a un acuerdo en el seno de las comisiones mixtas.

Del mismo modo, hizo un llamado a consensuar un texto que contenga lo mejor de ambos proyectos de ley. En alusión a lo señalado por el Honorable Senado Pugh, indicó que la propuesta de que es coautora no constituye un tercer proyecto, sino que se trata de uno intermedio entre ambas posturas.

Luego, el Honorable Diputado señor Naranjo hizo notar que se han generado estas comisiones mixtas debido a que ambos proyectos fueron rechazados por las respectivas cámaras revisoras. Por consiguiente, las comisiones mixtas están llamadas a consensuar un nuevo texto que recoja lo del Senado y lo de la Cámara de Diputados. Desde esa perspectiva, y como técnica legislativa, es obvio que debe surgir un tercer texto, donde lo importante es que este último sea coincidente con las ideas matrices de ambos proyectos.

Destacó que la propuesta que presentó junto a la Senadora señora Rincón y la Diputada señora Pérez, tiene el propósito de agilizar el trámite que deben cumplir las comisiones mixtas, considerando que la gente lleva meses esperando por los beneficios que los distintos proyectos de ley contienen.

La Honorable Senadora señora Rincón se sumó a lo expresado por los Honorables Diputados señora Pérez y señor Naranjo, toda vez que la propuesta en comento recoge las posiciones de la Cámara de Diputados y del Senado. Expresó que no es fácil llegar a un consenso, pero sí es urgente, porque la ciudadanía está mirando lo que hacen estas comisiones mixtas. Resaltó que los que se viven no son tiempos normales, sino los de una pandemia que ha significado que muchas familias lo estén pasando mal, sufriendo serios problemas económicos, que repercuten en su alimentación, medicamentos y servicios básicos.

Añadió que todos están llamados demostrar la mejor disposición para llegar a un acuerdo, incluidos el Gobierno y las empresas.

El Honorable Senador señor Elizalde, presidente de las comisiones mixtas, puntualizó que es posible aprobar cualquier texto, en la medida que se respeten las ideas matrices del proyecto.

Respecto de lo señalado por el Honorable Senador Pugh, indicó que lo que desde luego cabe, es que los señores y señoras parlamentarios puedan estudiar y ponderar una propuesta que recién se viene conociendo, con la finalidad que pueda formarse una opinión. Por lo mismo, recabó el acuerdo de las comisiones mixtas para celebrar al menos dos sesiones más, lo que fue acogido por la unanimidad de sus integrantes.

Agregó que, habiéndose rechazado la integridad de los proyectos en las instancias respectivas, las comisiones mixtas tienen, en rigor, un ámbito de competencia amplio para definir la propuesta que estimen conveniente para proponer, a ambas Cámaras, la forma y modo de superar las diferencias que se presentaron durante la tramitación de aquellos. En otras palabras, las comisiones mixtas no están amarradas ni al texto de la Cámara de Diputados ni al del Senado, porque ni una ni la otra aprobaron parte alguna del proyecto del proyecto de la otra cámara.

A modo de ejemplo, señaló que si al menos se hubiera aprobado un artículo de alguno de los dos proyectos en la otra Cámara, sería posible afirmar que las diferencias estarían radicadas tan solo en una parte de los proyectos. Sin embargo, tal no es el caso, porque si bien ambos textos fueron aprobados por las Cámaras revisoras, lo fueron sustituyendo, en ambos proyectos, el texto de la otra por el propio, y en los respectivos terceros trámites constitucionales, tales modificaciones fueron rechazadas.

El Honorable Senador señor Pugh, junto con anunciar la presentación de una propuesta para la consideración de las comisiones mixtas, sostuvo que no corresponde estresar a las personas, que necesitan respuestas precisas y claras respecto de quiénes y cómo califican, y por cuánto tiempo. Subrayó la importancia de balancear el proyecto de ley con el sistema, porque si este no es capaz de sostenerlo se puede provocar un problema mayor al que se intenta solucionar.

Luego, el Honorable Senador señor Durana puso de relieve que el texto que aprobó el Senado, en primer trámite constitucional, contó con la participación del Ejecutivo. En efecto, en las sesiones de la Comisión de Economía y en la elaboración del texto final hubo una presencia activa del Ministro de Energía y de la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones. Solicitó conocer la opinión del Ejecutivo en relación a la propuesta presentada por la Honorable Senadora señora Rincón y los Honorables Diputados señora Pérez y señor Naranjo. Adelantó que seguirá apoyando lo aprobado en el Senado, pero disponible, con la holgura necesaria, para encontrar la forma de perfeccionar al proyecto.

El Honorable Senador señor Elizalde acotó que es necesario saber si el Ejecutivo dará a conocer su opinión respecto de los proyectos y propuestas en cuestión. Recordó que, efectivamente, durante la tramitación en el Senado de las mociones de los senadores, el Gobierno se hizo presente a través del Ministro de Energía.

En relación al punto, el Honorable Diputado señor Naranjo se preguntó si acaso el Ejecutivo cambió su posición respecto de las mociones de los senadores, porque en la Cámara de Diputados no se había mostrado partidario de los proyectos allí presentados. Así lo manifestaron, en la Sala de dicha Corporación, tanto el Ministro Secretario General de la Presidencia como el Ministro de Energía. Valoró como un avance que el Gobierno haya variado su posición en el Senado.

Por su parte, la Honorable Senadora señora Rincón indicó haber entendido que los proyectos en discusión contaban con la venia del Ejecutivo, principalmente por la participación y las opiniones emitidas en las sesiones de la Comisión de Economía del Senado. No obstante, en una entrevista reciente, un Ministro de Estado ha señalado que eso no es así.

La Honorable Diputada señora Pérez hizo presente que, durante la discusión en la Comisión de Economía de la Cámara, el Gobierno solicitó escuchar a diversos gremios, y que tanto el Ministro como el Subsecretario de Energía estuvieron presentes en las sesiones. Más tarde, dichos personeros hicieron un anuncio sobre el 40% de las personas más vulnerables a quienes irían dirigidas las medidas, y les pidieron dejar el proyecto de lado. Adicionalmente, les dijeron que, llegado el momento, recurrirían al Tribunal Constitucional. No obstante, los diputados igualmente avanzaron en su tramitación.

Por todo lo anterior, consultó al Ejecutivo por qué razón el proyecto de la Cámara no era el más pertinente y el del Senado sí lo era, en circunstancias que actualmente ambas comisiones mixtas están trabajando conjuntamente.

Asimismo, solicitó conocer la opinión del Ejecutivo sobre las distintas materias que están presentes en la discusión. Sería lamentable, observó, que solo una vez que se haya votado, algún Ministro manifieste aprensiones respecto de proyectos que están finalizando su tramitación legislativa.

Por su parte, el Honorable Diputado señor Mellado señaló que el Gobierno nunca ha manifestado fuertemente estar en contra de los proyectos de ley, que corresponden a mociones de distintos autores de varios sectores políticos. En su parecer, el Gobierno está esperando ver qué pasa con cada una de estos proyectos.

Formuló un llamado a encontrar una redacción que todos apoyen, pero sin perder de vista que no se trata de proyectos de ley del Ejecutivo. Agregó que no se llegó a la instancia de comisiones mixtas porque el Gobierno rechazare los proyectos, sino porque no se llegó a acuerdo entre los diputados y los senadores. Concordó en la pertinencia de darle espacio al Ejecutivo para que exprese cuál de los proyectos le gusta más, o qué consideraciones haría, o, sencillamente, que no haga nada porque se trata de proyectos iniciados en mociones parlamentarias.

Luego, el Subsecretario del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor Juan José Ossa, señaló que no es intención del Ejecutivo adueñarse de proyectos que reconoce como ajenos. Desde un comienzo, el Ejecutivo buscó un camino diferente, consistente en encontrar un acuerdo con distintas compañías que proveen servicios básicos, para que se produzcan efectos bastante similares a los que persiguen los proyectos de ley.

Consignó que toda ley que pueda limitar de alguna u otra forma la propiedad o las ganancias de los regulados, sin que ello conlleve una compensación, podría, eventualmente, considerarse inconstitucional. Desde tal perspectiva, el Gobierno no ha impulsado, y tampoco impulsará, una política de ese tipo. Tal fue la razón por la que buscó un acuerdo, el que ha beneficiado a más de cien mil familias y, en la actualidad, se está cumpliendo.

Lo anteriormente expuesto, prosiguió, explica el motivo por el cual el Ejecutivo no ha tenido una participación permanente en los proyectos: porque no favorece que se haga por ley, y no porque no quiera que existan acuerdos vinculantes y obligaciones sobre estas materias. Enfatizó que el Gobierno estima que existe un escollo de constitucionalidad, que va más allá incluso de si los regulados y las compañías están de acuerdo o no con la ley. Añadió que, desde luego, no le corresponde al Gobierno señalar si las compañías están de acuerdo o no.

Dicho lo anterior, agregó que hay un punto que despierta inquietud. Se trata de que, en materia de empresas sanitarias, el proyecto original del Senado contenía la idea que se pusiera un límite de metros cúbicos al consumo por persona o por familia, conforme a un mecanismo. Eso se modificó en la Sala de dicha Corporación, y quedó sin límite. Expresó que el Ejecutivo entiende que el propósito de los proyectos de ley es ir en beneficio de las familias, sin que se preste para otros propósitos. Sin embargo, es sabido que el país se enfrenta a la peor sequía en décadas, y este es el momento en que las empresas sanitarias comienzan a ahorrar y juntar agua para los meses más secos. El punto, resaltó, no es baladí, por lo que sugirió que pueda ser reevaluado.

El Honorable Diputado señor Naranjo señaló que lo que motiva estos proyectos de ley es dar certeza jurídica, virtud que no tienen los acuerdos de buena voluntad de las empresas respecto de los clientes.

Sobre el punto, el señor Subsecretario precisó que no se trata de acuerdos de buena voluntad, toda vez que se han fiscalizado, se han cumplido, y no se han producido cortes. Comprometió el envío detallado de las cifras de quienes se han visto beneficiados por tales acuerdos.

Agregó que el Gobierno no ha propiciado llegar a un acuerdo blando. Ha buscado lo que es posible, y no le parece posible que se pueda limitar la forma en que se perciben ganancias por parte de los regulados, sin una compensación, incluso si se trata únicamente de una postergación de los pagos, porque esto trae costos financieros. Ahora bien, si existen compañías que han participado en la discusión y que no tienen problemas con los proyectos de ley, eso es algo que escapa al Ejecutivo. Concluyó señalando que sin perjuicio de poder conversar y colaborar, y sin hacer un juicio de valor sobre las bonanzas de una u otra de las distintas iniciativas, el Ejecutivo no validará que se haga por medio de una ley sin una compensación, porque eso es una definición constitucional.

El Honorable Senador señor Elizalde manifestó entender el punto planteado por el Gobierno, mas no compartir lo que está haciendo.

Según el Ejecutivo, expuso, los proyectos tendrían problemas de inconstitucionalidad. No por tratarse de materias propias de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, pero si por intervenir en un marco regulatorio que podría atentar contra el artículo 19 de la Constitución Política de la República. En ese contexto, la posición del Gobierno es no participar, porque no quiere legitimar un debate respecto de cuya constitucionalidad existen dudas.

Sostuvo no compartir dicha postura porque la ley será aprobada, de todas maneras. Las mociones en cuestión, varias de ellas de parlamentarios oficialistas, fueron de hecho aprobadas, en ambas Cámaras, con votos del oficialismo.

Preguntó si el Gobierno solo mirará o, al menos, participará del debate, habida cuenta que se trata de un marco regulatorio que requiere opinión técnica. Así ocurrió en la Comisión de Economía del Senado, donde el señor Ministro de Energía y los organismos reguladores fueron escuchados, en el entendido que cuando se modifica una regulación por medio de una legislación de emergencia, se produce un impacto en la industria y hay efectos económicos, independientemente de la justificación social.

Dio a conocer su preocupación de que, en esta instancia, ocurra algo similar a lo que aconteció en el proyecto de ley sobre postergación del pago de los permisos de circulación vehicular. En esa oportunidad, la correspondiente Comisión Mixta pidió al Gobierno que formara parte del debate y que diera una opinión. En respuesta, el Gobierno señaló que no era partidario del proyecto, porque generaría problemas en las arcas municipales e incidía en materias propias de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

El argumento anterior, si bien válido, no se hacía cargo de que había una voluntad mayoritaria de aprobar el proyecto, en ambas Cámaras. Al punto que, a fin de cuentas, lo que tuvo que hacer el Presidente de la República fue presentar un veto aditivo de la misma iniciativa legal en la que se había negado a intervenir.

Reiteró que es evidente que hay una mayoría en ambas Cámaras para aprobar las iniciativas que ahora están conociendo las Comisiones Mixtas. E insistió en que la visión el Ejecutivo es necesaria para legislar bien, en particular tratándose de entes reguladores, los que podrán entregar información respecto del impacto que podría tener una norma que podría ser aprobada con una buena intención, pero que puede tener un impacto negativo. Evidentemente, destacó, el objetivo es proteger a la gente que lo está pasando pésimo, en las actuales circunstancias; pero se debe hacer de la mejor manera posible. Así, por ejemplo, por la buena intención de proteger a los clientes de los servicios eléctricos, se podría estar generando mayor concentración y, a la postre, perjudicando o dejando fuera del mercado a las pequeñas empresas, lo que en el mediano o largo plazo podría tener un impacto negativo también para los propios usuarios.

El Subsecretario, señor Ossa, consignó que habiéndose establecido que el Gobierno favorece que exista una política de este tipo, y habiendo quedado claro que no le parece posible hacerlo por medio de una ley sin una compensación, ante el llamado a colaborar desde la perspectiva técnica, el Gobierno está disponible para que puedan contribuir al debate, desde sus propios puntos de vista, todos aquellos que sectorialmente conocen de estas políticas.

Seguidamente, las Comisiones Mixtas sesionando conjuntamente, acordaron invitar para la sesión siguiente a los Ministros de Obras Públicas, de Transportes y Telecomunicaciones y de Energía, a los respectivos Subsecretarios, a los Superintendentes de Electricidad y Combustibles y de Servicios Sanitarios, y al Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía.

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En la siguiente sesión celebrada, expuso ante las Comisiones Mixtas, en primer lugar, el Ministro de Energía, señor Juan Carlos Jobet.

El señor Ministro destacó que todos los involucrados en este debate comparten los mismos propósitos y persiguen idénticos objetivos. Aclaró que la discusión se centra en algunos detalles de implementación y si la modificación correspondiente requiere materializarse por la vía legal o no. Luego, recordó que el 27 de marzo del corriente, el Gobierno lanzó un plan que incorporaba originalmente la electricidad, el agua potable y los servicios de telecomunicaciones. Posteriormente, se añadió -a sugerencia de Diputados de la Comisión de Economía- el gas de red.

Señaló que la evaluación respecto del funcionamiento de este plan, al menos en el sistema energético, es muy positiva. En efecto, subrayó que a la fecha no existen reportes de personas a quienes se les haya cortado el suministro eléctrico, lográndose el propósito principal de este plan.

En cuanto al contenido del plan, comentó que no es muy diferente a los proyectos de ley examinados en esta discusión. Es decir, contempla postergar el pago, prorratear en 12 cuotas sin interés y no correr riesgo de corte. De esta forma, son cerca de 100 mil familias las que se han acogido a este plan en el sector eléctrico y, de las que han postulado, más del 98% han accedido a los beneficios.

En el mismo orden de ideas, indicó que a pesar de que el foco principal siempre fue el 40% más vulnerable, en el plan se estableció que todas las familias que necesiten acceder a los beneficios, lo pudieran hacer. Añadió que de las 100 mil familias que han accedido, cerca del 40% de ellas está fuera de las más vulnerables. Al efecto, afirmó que el Gobierno entiende que las reglas de focalización de los beneficios públicos en tiempos de emergencia generan un problema.

A continuación, hizo presente que, de acuerdo con un informe evacuado por la Biblioteca del Congreso Nacional, en la mayoría de los países que en él se señalan, esta solución se había implementado por la vía administrativa, entre otras razones, por motivos de celeridad.

Sin perjuicio de que el señalado plan ha tenido un resultado favorable y las familias han accedido a los servicios que necesitan, el Secretario de Estado enfatizó la importancia de que el Ejecutivo se involucre en iniciativas legales como éstas, para que todas sus complejidades técnicas se reflejen de forma adecuada en el texto del proyecto de ley. No obstante aquello, manifestó su convencimiento de que la solución puesta en marcha por la vía administrativa está funcionando de forma adecuada, porque permite otros beneficios. En efecto, se trata de acuerdos voluntarios con las Compañías, materializados en documentos formales suscritos ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). Esta materialización hace que estos acuerdos dejen de ser voluntarios en su aplicación y su cumplimiento puede ser fiscalizado por la SEC. De esta forma, el costo económico de estos beneficios lo absorben las Compañías. En cambio, el camino de la vía legal implica el riesgo de que las empresas argumenten que se trata de una carga pública impuesta por ley, exigiendo una indemnización por parte del Estado respecto de los costos que se les generen.

En relación con el texto de la propuesta suscrita por las Honorables Senadora señora Rincón y Diputada señora Pérez y el Honorable Diputado señor Naranjo, el personero de Gobierno hizo presente las siguientes observaciones:

a. Tener cuidado con el plazo de ejecución o validez de los beneficios. Al respecto, señaló que el estado de catástrofe fue decretado el 18 de marzo de este año, por 90 días. Sin embargo, es posible que, por razones sanitarias, u otras, este estado de excepción constitucional se extienda por un plazo que supere largamente el período de confinamiento de las personas en sus hogares, es decir, aquél en el cual se entregan estos beneficios.

b. Tener en consideración que estas iniciativas podrían establecer una nueva definición de servicios básicos, sobre todo con una redacción que pretende ser común en todos los sectores, no obstante ser todos ellos distintos.

c. En relación con el sector eléctrico, aconsejó no intervenir en la cadena de pagos. Las compañías de generación eléctrica están haciendo un enorme esfuerzo en modificar nuestra matriz energética, dentro de un mercado bastante fragmentado. Por lo tanto, si se interviene la lógica de los contratos de suministros y la asignación de los riesgos de los distintos actores de la industria, se puede afectar gravemente el desarrollo de los proyectos de energías renovables. Asimismo, informó que el Ministerio de Energía se contactó con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con el objeto de que brinde apoyo a las grandes distribuidoras, para efectos de tener acceso a financiamiento en caso que la demora de pago de los clientes finales produjere un efecto en sus flujos de caja.

d. Adoptar resguardos en el sector de telecomunicaciones. Este sector, a diferencia de otros servicios, no es un monopolio natural, sino un mercado competitivo en que los clientes pueden pasar de una compañía a otra. Por lo tanto, prohibir a éstas el corte de servicio, en el evento que el cliente no pague, produciría un efecto muy nocivo, principalmente en una época en que la conectividad es importante.

e. Revisar la focalización. En este sentido, señaló que el plan del Gobierno está atendiendo muchas personas de la clase media. En tanto, ampliar el beneficio más allá del 40% más vulnerable, es una situación que puede ser objeto de estudio.

En relación con las observaciones formuladas por el Secretario de Estado, específicamente aquella relacionada con la no intervención en la cadena de pagos en el sector eléctrico, la Honorable Diputada señora Pérez consultó cuál es el fundamento para optar por la fórmula en que no se traspasa esta cadena, cargando el peso de la medida solo en las distribuidoras.

Por otra parte, lamentó que se afirme que el acuerdo por vía administrativa es suficiente para resolver este problema. En efecto, actualmente la desconfianza de la ciudadanía en estas empresas es enorme, debido a los altos cobros que se están realizando y el traspaso de los costos a los clientes finales, mediante facturaciones provisorias. Además, se ha solicitado al Ministerio de Energía posponer la tarifa de invierno, debido a que actualmente no se justifica cobrar dicha tarifa.

El Honorable Diputado señor Naranjo preguntó si se encuentra contemplado postergar el cobro de la tarifa de invierno para este año.

El señor Ministro de Energía señaló que las empresas distribuidoras han solicitado que parte del costo lo asuma el resto de la cadena, por cuanto aquello le conviene a las cuatro grandes compañías de distribución. Luego, explicó que en este mercado existen dos tipos de actores. Por una parte, las cuatro distribuidoras grandes (Enel, CGE, Saesa, Frontel y Chilquinta) y, por otra, las cooperativas que operan mayoritariamente en zonas rurales. En relación con éstas últimas, acotó, generalmente tienen situaciones patrimoniales más frágiles que las grandes distribuidoras. Por este motivo, el Gobierno puso en marcha una solución que les permite pagar en forma más lenta la energía que consumieron sus clientes, con el objeto de no afectar sus flujos de caja.

En relación con las grandes distribuidoras, sostuvo que el sistema eléctrico se rige por lo que establece la ley y por contratos de largo plazo de suministro, entre generadoras y distribuidoras. Estos contratos hacen una asignación de los distintos riesgos que tiene el negocio. Agregó que uno de estos riesgos es el de incobrabilidad o de demora en el pago de los clientes, que es de cargo de las Compañías distribuidoras. Asimismo, se encuentra el riesgo de volumen, que consiste en que, ante la desaceleración de la economía, los clientes consumen menos energía y ese costo lo asumen las generadoras.

Añadió que lo importante es entregar una solución a los clientes finales, sin afectar el desarrollo de energías renovables y la capacidad de generación que se está desarrollando en nuestro país. Al respecto, añadió que existen más de US$10.000 millones en proyectos de generación, de los cuales el 97% son renovables. En consecuencia, si se intervienen dichos contratos y se cambia la situación de riesgo, se generará un gran problema en el desarrollo de esos proyectos.

En este mismo orden de ideas, expresó que como las distribuidoras van a recaudar marginalmente en forma más lenta, podrán pedir recursos al BID para mantener en funcionamiento la cadena de pago. Algunas compañías, como Chilquinta, han señalado que no accederán a este beneficio porque pueden financiar dicho costo con sus propios recursos.

En lo que atañe a los cobros, el Jefe Ministerial informó que la ley señala que, si las compañías no pueden medir el consumo de un cliente, pueden emitir la factura a partir del promedio de consumo de los últimos seis meses. Al efecto, aclaró que ha sucedido que ciertos usuarios han consumido menos energía que en los últimos seis meses y se les ha cobrado más. En estos casos, el cliente puede concurrir a las oficinas de la compañía respectiva y solicitar que se corrija su facturación. Por otra parte, a aquellos que se le factura de menos, posteriormente reciben una cuenta más alta. Asimismo, destacó que la SEC ha estado muy activa en esta materia, al igual que el Subsecretario de Energía, reforzando los canales de atención.

Respecto de los recargos en la tarifa de invierno, explicó que ésta rige entre los meses de abril y septiembre, en condiciones normales. Sin embargo, en razón de la crisis en que nos encontramos inmersos se decidió eliminar esta tarifa para los meses de abril y mayo, mientras que en junio vuelve a formularse esta solicitud. Sin perjuicio de lo anterior, precisó que el recargo señalado rige a partir de una cifra que es equivalente a 2,5 veces el consumo promedio de una familia, es decir, lo pagan aquellas de más altos ingresos. Además, anunció que existen conversaciones avanzadas con las Compañías para realizar un tratamiento excepcional dada la situación de emergencia en que se encuentra el país.

A continuación, hizo uso de la palabra el Ministro de Obras Públicas, señor Alfredo Moreno, quien señaló que el espíritu de las iniciativas de ley en estudio, obedece a la necesidad de ayudar a quienes, en esta situación de crisis, tienen dificultades para hacerse cargo del pago de sus servicios básicos. Asimismo, estas mociones buscan evitar que personas en confinamiento no tengan los servicios básicos en su hogar.

En función de lo anteriormente expresado, comentó que dos meses atrás, el Gobierno inició conversaciones con las compañías más importantes y logró un acuerdo que tiene varías características positivas:

1. Incluye la totalidad de las compañías, de tal manera que todas las personas afectas a este proyecto son favorecidas. En el caso del agua, se excluyeron los programas de agua potable rural (APR).

2. Son los mismos servicios básicos que se contienen en las iniciativas legales.

3. Se entregan idénticos beneficios a los incorporados en las mociones.

4. Los beneficiarios son muy similares a aquellos contemplados en los proyectos de ley. Así, actualmente se favorece a las personas que están en el 40% del registro social de hogares, más aquellas personas que tengan problemas, como los desempleados. En el caso de servicios eléctricos, el 40% de los beneficiarios corresponden a personas que no se encuentran en el segmento de mayor vulnerabilidad. En cambio, en el caso del agua potable, se agregan a personas de la tercera edad, que constituyen el 15% de los favorecidos. A su vez, aclaró que quienes se encuentran en el 40% del registro social de hogares no necesitan acreditar una situación de excepción para acceder al beneficio, sino que éste opera en forma automática.

Por otra parte, enfatizó que en la actualidad no se han registrado cortes de suministro de agua potable en ningún lugar del país. Adicionalmente, a las personas que tenían cortes con anterioridad a la situación de emergencia, se les está reponiendo el servicio, aun cuando mantengan alguna deuda anterior. Por lo tanto, actualmente toda persona cuenta en su domicilio con el servicio de agua potable, con el mismo prorrateo que se establece en los proyectos de ley.

En materia de telecomunicaciones, indicó que se establece un sistema gratuito que ofrece servicios básicos de telefonía en internet.

Enseguida, explicó que actualmente existe un acuerdo que está en plena operación y que contiene cifras que son exitosas. Al respecto, reiteró que no se han registrado cortes de suministro en materia de agua potable y, además, una serie de clientes han sido reconectados, a pesar de tener deudas anteriores a la crisis. De esta forma, 23 mil familias han obtenido este beneficio, el cual va creciendo a razón de dos mil familias por semana. De este universo, acotó, 18 mil familias pertenecen al 40% del registro social de hogares, por ende, los otras 5 mil no pertenecen a este segmento, pero se encuentran desempleados o pertenecen a la tercera edad.

En el mismo orden de ideas, expresó que el total del costo de estos beneficios es financiado por las Compañías y en forma voluntaria, lo que permite concentrar los recursos del Estado en las personas que más lo necesitan.

Luego, el señor Ministro estimó que las mociones mejoran algunos de los beneficios contenidos en el acuerdo. En efecto, en el caso del agua una de las indicaciones aumenta el límite de la cuenta que actualmente se puede prorratear, de 10 m3 a 12 m3, en tanto otra enmienda propuesta deja sin límite este beneficio. Al respecto, aclaró que en materia de agua potable existen 700 mil subsidios, de los cuales 100 mil van a las zonas rurales y el límite máximo de consumo para este beneficio es de 15 m3. Luego, estimó que el aumento del límite en este beneficio es razonable, puede lograrse por la vía administrativa, aumentaría el universo de personas favorecidas y el costo se asumiría por las compañías. Sin embargo, ir más allá de este límite sería desconocer la existencia de la sequía que afecta a nuestro país, que está al límite del abastecimiento de ciudades, y que pasó a segundo plano a raíz de esta emergencia sanitaria. En consecuencia, llamó a la cautela en la fijación de este límite de acuerdo con la escasez del vital recurso.

Del mismo modo, comentó que las mociones incorporan nuevos grupos de beneficiarios, transitando más allá del 40% del registro social de hogares. Agregó que las iniciativas, al igual que el acuerdo, consideran las condiciones específicas en forma separada, más allá del grupo socioeconómico. En el caso del agua, puntualizó, como la proporción de personas vulnerables en las zonas rurales es más alto que en las ciudades, el Estado subsidia directamente a los comités para que ellos distribuyan la ayuda a quienes más dificultades.

Posteriormente, el personero de Gobierno hizo presente que las mociones en estudio no establecen el financiamiento respecto de las modificaciones legales que proponen. A su vez, reiteró que la mayoría de los países que han regulado situaciones similares, lo han hecho mediante la vía administrativa, en virtud de las siguientes razones:

i. En el caso del agua, las Compañías son empresas concesionarias que se rigen por la ley servicios sanitarios, que establece cómo se fija y se cobra la tarifa, y que la producción y distribución se autofinancia con los beneficios que obtiene (pago de tarifa por servicio que se presta). A su vez, el cálculo de la tarifa se hace en función de una empresa modelo, que en un marco de eficiencia cubre todos los costos. En consecuencia, cada vez que se agregue un costo adicional las empresas solicitarán un aumento tarifa, por ejemplo, por nuevas obras producto de la sequía o mejoras en la calidad del agua.

ii. Si el Estado, mediante una ley, obliga a estas empresas a asumir una carga pública, podrían generarse litigios -dentro y fuera del país- debido a la compensación económica que solicitarían estas Compañías por los mayores costos impuestos por el Fisco, invocando nuestra legislación en materia de protección de la inversión extranjera. En el caso del agua, aclaró que existen pocas Compañías de gran tamaño y, por otra parte, treinta empresas que abastecen menos de 10 mil clientes.

El Honorable Diputado señor Naranjo hizo hincapié en que nuestro país se encuentra en estado de excepción constitucional, por lo que el Presidente de la República tienen facultades extraordinarias para implementar diversas medidas. Al respecto, señaló que la abogada señora Marisol Peña, ex Presidenta del Tribunal Constitucional, sostuvo que existe jurisprudencia en nuestro país acerca de la improcedencia de indemnizaciones pecuniarias bajo estados de excepción constitucional. En efecto, estos beneficios no serían expropiatorios, sino que solamente se trata de la suspensión temporal de un pago.

Por otra parte, comentó que el 60% más vulnerable de este país lo constituyen seis millones de hogares, a los cuales les llegan facturas anunciando cortes de sus servicios. Además, existe una dificultad mayor para pagar debido a que las oficinas se estas Compañías se encuentran cerradas y gran parte del segmento señalado no tiene acceso a internet.

De acuerdo a lo anterior, concluyó que lo más aconsejable es establecer una norma que otorgue certeza jurídica a las personas en materia de prestación de servicios básicos y no apelar a la buena voluntad de las empresas.

A su turno, la Honorable Senadora señora Órdenes indicó que lo que persiguen las mociones es garantizar el no corte de suministro de servicios básicos, prorrogando la deuda que se genera. Es decir, se arrastra la deuda y los usuarios se hacen cargo de ella en cuotas.

Por otra parte, en relación con el acuerdo voluntario con las empresas, expresó que, en el caso de la energía eléctrica, se benefician 100 mil usuarios frente a seis millones de clientes, por lo que no se trataría de un resultado exitoso, en función de las cifras señaladas. En tanto, en materia de agua potable se favorecen a 23 mil familias, pero se desconoce qué porcentaje representa esa cifra respecto de los segmentos más vulnerables.

Enseguida, advirtió que esta materia tiene premura en función del contexto de pandemia en que nos encontramos, que asimismo conlleva una crisis económica. Por lo tanto, estos proyectos de ley, además, deben garantizar que el Estado no tendrá que comparecer en tribunales para defenderse de eventuales indemnizaciones que se reclamen.

Finalmente, concluyó que se deben adoptar acuerdos en torno a la legislación que se está discutiendo. En efecto, se debe consensuar el período de vigencia de la nueva legislación en esta materia, la ampliación de la cobertura de beneficiados y los marcos dentro de los cuales operarán las empresas de servicios básicos.

La Honorable Diputada señora Pérez valoró la medida adoptada por el Ejecutivo con el objeto de apoyar el agua potable rural. Sin embargo, hizo presente que la presentación de estas mociones ha colaborado sustantivamente en la adopción de este tipo de medidas.

En cuanto a la limitación en el consumo de agua potable, observó que no se puede comenzar suponiendo la mala fe de las personas en la utilización del vital elemento. Luego, recordó que inicialmente el proyecto de ley, iniciado en la Cámara de Diputados, excluía a las empresas con menos de 12 mil clientes, con el objeto de no afectarla.

Actualmente, reflexionó, se está subsidiando el consumo de agua en lo urbano (90%) y no en lo rural, por ende, existe una evidente necesidad de invertir la lógica de este subsidio.

El Honorable Diputado señor Barrera hizo referencia a la exposición de la abogada, señor Peña, acerca de las facultades del Congreso Nacional para legislar dentro de un estado de excepción.

Luego, consultó el parecer del señor Ministro de Obras Públicas respecto del acuerdo celebrado por el Presidente de la República y las empresas de servicios básicos, en lo concerniente al límite de consumo de agua. En este sentido, añadió que, de acuerdo a los antecedentes entregados por el propio Gobierno, el consumo básico de una familia de dos personas es de 12 m3 y el del sector oriente de la capital es de 36 m3 por personas.

Al momento de contestar las interrogantes surgidas en el seno de las Comisiones Mixtas, el señor Ministro de Obras Públicas valoró el trabajo que se ha realizado en esta materia, incorporándose elementos de las mociones en las negociaciones iniciadas por el gobierno meses atrás. Agregó que comparativamente los beneficios que se contienen en las propuestas legislativas y en el acuerdo son prácticamente los mismos.

En materia de límite en el consumo de agua potable, afirmó que es necesario lograr que se extienda más allá de los 10 m3, pudiendo obtenerse voluntariamente de las Compañías 15 m3. Luego, señaló desconocer la página de donde obtuvo los datos el Honorable Diputado señor Barrera, no obstante, acotó que el estándar internacional establecido por la Organización Mundial de la Salud son 100 litros por persona al día, lo que significa 3 m3 por persona al mes y 12 m3 por cuatro personas. Actualmente el Estado entrega 700 mil subsidios por 15 m3, de los cuales 100 mil se aportan a zonas rural, sin embargo, no se utilizan en su totalidad. En cambio, dejar la norma sin un límite de consumo sería difícil de imaginar, considerando que la situación hídrica nacional es 30% más negativa que años anteriores.

Enseguida, comentó que el Estado tiene una serie de facultades en los estados de excepción. En tanto, en situación de sequía, mediante decretos de escasez, puede determinar el uso que se debe otorgar al agua. Sin embargo, aquello no obsta a que un particular pueda solicitar el correspondiente resarcimiento por el costo que le genera.

En relación con la certeza jurídica que tendría una norma legal en esta materia, sostuvo que los compromisos firmados por las Compañías son susceptibles de ser fiscalizados. Cualquier irregularidad en los cobros, dijo, se pueden deber a una mala ejecución de la ley o falta de fiscalización. Del mismo modo, reiteró que el acuerdo y una eventual norma legal, contemplan los mismos beneficios, formalización y fiscalización. Así las cosas, enfatizó que el Gobierno ha elegido la vía administrativa porque constituye un camino más seguro y conveniente para los intereses del Estado. Además, el sistema de tarifa y la legislación relativa a concesiones establecen que los costos en que debe incurrir, en forma general, una empresa para poder prestar el servicio debe ser compensado por la tarifa. Por otra parte, advirtió que se podrían generar problemas en la ejecución, si las Compañías deciden judicializar el conflicto.

El Honorable Senador señor Elizalde hizo presente que el argumento esgrimido por el Secretario de Estado es contrario a lo realizado por el propio Gobierno cuando se estableció el congelamiento de las tarifas eléctricas, que constituyó un crédito con tasa cero e implicó una carga financiera para las empresas. En efecto, se trató de un Mensaje ingresado por el Presidente de la República, tramitado en el contexto de la crisis generada por el estallido social.

A su vez, aclaró que las iniciativas legales no establecen que las personas no paguen sus cuentas. Es decir, no se trata de una condonación, sino que las personas podrán posponer el pago y programarlo hasta en 12 cuotas sin reajustes ni intereses (tasa cero); o sea, es idéntico al proyecto de ley de congelamiento de las tarifas eléctricas. Así, las empresas deben tener conciencia de la situación de crisis en que se encuentra el país y que muchos usuarios no están en condiciones de pagar la cuenta de sus servicios básicos, por lo tanto, se diferirá el pago mediante un mecanismo de crédito blando.

Sin perjuicio de lo anterior, estimó que se debe tratar de lograr un proyecto de ley lo más ambicioso posible conforme a la necesidad de las personas, pero adoptando ciertos resguardos, a saber:

a. Evitar que, al intervenir en sectores regulados, el impacto final sea tener mayor concentración. Por lo tanto, sugirió tener la menor injerencia posible en estos sectores.

b. Proteger a las empresas generadoras de energías renovables no convencionales (ERNC), las cuales tienen una capacidad financiera más reducida. De esta forma, se evitaría perjudicar la renovación y diversificación de nuestra matriz energética.

c. Revisar los criterios tradicionales de focalización. Al respecto, explicó que esta crisis tiene dimensiones enormes y afecta a distintos sectores, incluso a aquellos que por regla general no son beneficiarios de políticas públicas. Por lo tanto, se debe explorar la forma de poder extender esta cobertura.

d. Regular en forma separada lo relativo a telecomunicaciones, en particular servicios de internet y telefonía. En efecto, arguyó que estos sectores tienen competencia y no corresponden a monopolios naturales, como ocurre con servicios como la energía eléctrica y el agua potable.

e. Se debe dar una clara señal en materia de sequía, estableciendo un límite al consumo de agua potable. Sin embargo, advirtió que existe la dificultad de las familias que viven en hacinamiento con medidores comunes, por lo que la ley debe hacer la distinción en esos casos.

f. La moción originada en el Senado dejó en una situación distinta a las distribuidoras eléctricas que son cooperativas. Así, permite repactar pagos en las mismas condiciones en las cuales sus clientes lo hacen. Añadió que lo dispuesto en el caso del agua potable no se aplica a los APR, siendo esencial el subsidio del Estado debido a que sus clientes tienen más necesidades que aquellos de los servicios sanitarios urbanos.

Al retomar la palabra, el señor Ministro de Obras Públicas coincidió con lo expuesto por el Honorable Senador señor Elizalde. Asimismo, señaló que en materia de telecomunicaciones se está otorgando un plan gratuito, no se está postergando el pago. En consecuencia, el beneficio es un costo determinado y dura un plazo fijo.

En materia de agua potable, acotó que el consumo de hogares ha subido entre 4% y 5%, en tanto, el consumo comercial o industrial ha disminuido en forma considerable. De igual forma, reiteró que, en el caso de los APR, la solución se encuentra funcionando respecto de los 2.800 que existen en el país y se puede aplicar hasta por tres meses sucesivos.

En cuanto a los clientes que tienen medidor común, afirmó que debe estudiarse esta situación con detenimiento, no obstante que, por lo general, se trata de personas con bajo consumo debido a ser de escasos recursos.

Enseguida, hizo presente que los acuerdos alcanzados con las empresas concesionarias de autopistas fueron voluntarios y se consiguieron importantes beneficios para los usuarios.

A su turno, la Subsecretaria de Telecomunicaciones, señora Pamela Gidi, señaló que el Gobierno ha estado empujando la vía administrativa como mecanismo de solución al conflicto descrito anteriormente, sin perjuicio de su perfectibilidad. Asimismo, recordó que el acuerdo alcanzado con las empresas de telecomunicaciones tenía una duración de 60 días y se prorrogó por 90 días más.

Seguidamente, indicó que este proyecto de ley implica un gran costo que están asumiendo las empresas, debido a que se trata de un plan gratuito. Luego, recordó que las telecomunicaciones son un mercado competitivo, sobre todo en la telefonía móvil. Por lo tanto, lo que están asumiendo las empresas debe ser consistente con la mayor demanda en su rol.

En el mismo orden de ideas, hizo hincapié en que de la forma en que se establecen los proyectos de ley, el beneficio se extiende por un período excesivo e incierto de tiempo. En efecto, entregar beneficios gratuitos por seis o más meses puede volverse una situación extremadamente compleja para cualquier industria. Del mismo modo, el plan solidario de conectividad pierde sentido debido a que las personas podrán estar muchos meses gozando de conectividad en forma gratuita.

A continuación, advirtió que el texto del proyecto originado en el Senado y de la propuesta de los Honorables Senadores señores Durana y Pugh, establece que cuando los usuarios no puedan pagar su cuenta podrán optar al plan de conectividad gratis, sin ninguna otra condición, como estar desempleado o pertenecer a un segmento vulnerable.

Finalmente, concluyó señalando que la de las telecomunicaciones es una industria masiva, con más de 53 millones de contratos, de los cuales 10 millones se encuentran adscritos a este plan solidario, con los beneficios que ello implica.

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En la siguiente sesión celebrada por las Comisiones Mixtas, hizo uso de la palabra, en primer término, la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, señora Gloria Hutt, quien se refirió a las implicancias de la iniciativa en relación al sector de las telecomunicaciones.

Afirmó que el Ejecutivo comparte el propósito que persigue el proyecto, consistente en apoyar a las personas que se han visto más afectadas por la situación que enfrenta el país. En ese contexto, sostuvo que, durante el estudio de las proposiciones presentadas a las Comisiones Mixtas, se debe considerar que el sector de telecomunicaciones presenta una serie de particularidades que lo distinguen de los demás servicios básicos, pues, en general, existe un mercado competitivo y se permite cambiar libremente de un operador a otro.

En efecto, añadió que en el sector de comunicaciones es posible reprogramar el pago de una deuda y poner término al contrato con una compañía una vez acreditado el pago de la primera de las cuotas, a diferencia de lo que ocurre con otras empresas de servicios básicos. Dicha circunstancia, afirmó, exige resguardar a las empresas de menor tamaño respecto de los eventuales efectos que, en su caso, generaría la suspensión del cobro de los servicios, atendidos los efectos que ello podría producir para mantener los indicadores de competitividad entre las empresas del rubro.

En razón de lo anterior, dio cuenta de la voluntad de Ejecutivo para fortalecer la implementación de un plan básico solidario de conectividad y ampliar la cobertura de beneficios, junto con resguardar la sostenibilidad de las empresas de menor tamaño y la competencia en el sector.

A continuación, el Ministro (s) de Obras Públicas, señor Cristóbal Leturia, puso a disposición de las Comisiones Mixtas conjuntas, un informe del profesor de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile y ex Contralor General de la República, señor Ramiro Mendoza Zúñiga, respecto al efecto que podría generar el proyecto en relación a eventuales acciones judiciales presentadas contra el Estado de Chile, a raíz de la suspensión en el cobro de servicios.

ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS FORMULADAS PARA LLEGAR A UN ACUERDO EN LAS COMISIONES MIXTAS

Seguidamente, las Comisiones Mixtas se adentraron en el análisis de las distintas propuestas formuladas como forma y modo de superar las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras del Congreso Nacional. Como ya se señalará, la discusión fue abordada en el orden del articulado contenido en la propuesta de la Senadora señora Rincón y los Diputados señora Pérez y señor Naranjo, en conjunto con la de los Senadores señores Durana y Pugh.

Cabe hacer presente que respecto del contenido de las disposiciones que a continuación se refieren, de las demás propuestas formuladas por las señoras y señores parlamentarias, de las inquietudes recogidas a lo largo del debate y de las votaciones que se consignan, las Comisiones Mixtas acordaron la redacción de los artículos de los que se da cuenta más adelante, en el capítulo de Acuerdos del presente informe.

Artículo primero propuesta de la Senadora señora Rincón y de los Diputados señora Pérez y señor Naranjo.

Artículo 1°

El Honorable Senador señor Elizalde expresó que, respecto de la vigencia de la iniciativa, se debe considerar la existencia de dos plazos: el primero, de 90 días siguientes a la publicación de la ley, para que las empresas proveedoras de servicios básicos domiciliarios no efectúen el corte y suspensión del suministro en caso de mora en el pago; y el segundo, relativo a las deudas que se encontraren vigentes, incluyendo un periodo de facturación anterior a la publicación del decreto supremo N°104 de 2020 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública que declara el estado de excepción constitucional, siempre que dichas deudas no excedan las diez unidades de fomento por servicio, en los términos contenidos en las modificaciones efectuadas por el Senado al texto aprobado por la Cámara de Diputados, el proyecto de ley correspondiente a los Boletines N° 13.329-03, 13.342-03, 13.347-03, 13.354-03, 13.355-03 y 13.356-03, refundidos.

El Honorable Diputado señor Barrera afirmó que la iniciativa debe considerar que el estado de excepción constitucional de catástrofe, contenido en el decreto supremo N° 104, de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se encuentra en una fecha próxima a su extinción, de modo que surge la necesidad de abordar la vigencia de la aplicación del beneficio que contempla el proyecto.

Sobre el particular, el Honorable Senador señor Pugh sostuvo que el proyecto debe otorgar seguridad jurídica respecto de las implicancias de las normas que contiene, de modo que no resulta adecuado vincular su vigencia con un acto administrativo que puede ser objeto de sucesivas renovaciones, como ocurre con la declaración de estado de excepción constitucional de catástrofe.

El Honorable Diputado señor Lavín observó que, considerando los objetivos del proyecto, que apuntan a evitar un corte de los servicios básicos ante la contingencia que enfrenta el país, no parece pertinente extender innecesariamente el plazo que dicha norma contempla, lo que, en definitiva, podría afectar a los beneficiarios de la iniciativa.

El Honorable Diputado señor Mellado abogó por especificar la razón que justifica la suspensión del corte del suministro, consistente en el estado de excepción constitucional de catástrofe ante la emergencia sanitaria que afecta al país.

La Honorable Senadora señora von Baer coincidió con dicha propuesta.

Artículo 2°

Las Comisiones Mixtas analizaron, en primer lugar, las propuestas relativas a la especificación de la normativa aplicable a los servicios básicos domiciliarios, sanitarios de agua potable y alcantarillado, energía eléctrica y gas de red, y, a continuación, la necesidad de excluir a las empresas o cooperativas con menos de 12.000 clientes.

Respecto del primer asunto, el Honorable Senador señor Elizalde abogó por incorporar la propuesta de los Senadores señores Durana y Pugh, en el entendido que permite especificar la normativa aplicable en cada caso.

El Ministro (s) de Energía, señor Francisco Javier López, valoró la propuesta de los Senadores señores Durana y Pugh, pues establece los servicios a cuyo respecto sería aplicable la propuesta en estudio y especifica la normativa aplicable en su caso.

El Honorable Diputado señor Naranjo sostuvo que, al incorporar la normativa aplicable con excesiva precisión, se debe evitar la exclusión de otras disposiciones no contenidas en la propuesta de los Senadores señores Durana y Pugh.

A continuación, las Comisiones Mixtas abordaron la exclusión de las empresas o cooperativas con menos de 12.000 clientes.

El Honorable Diputado señor Naranjo manifestó su aprobación respecto de la exclusión, únicamente, a las cooperativas de agua potable rural con menos de 12.000 clientes.

La Honorable Senadora señora von Baer explicó que en el sur del país operan empresas de tamaño menor que no constituyen cooperativas de agua potable rural, de modo que resultaría necesario excluir a tales prestadores de servicios del régimen general que contempla el proyecto.

El Honorable Diputado señor Barrera sostuvo que, en cualquier caso, se debe evitar el corte de suministro, incluso para aquellas personas que acceden a servicios sanitarios en cooperativas de menor tamaño.

El Superintendente de Servicios Sanitarios, señor Jorge Rivas, expuso que de las 53 empresas sanitarias que operan en el país, 32 tienen menos de 12 mil clientes, de modo que son muy similares a los sistemas de agua potable rural, por lo que requieren de recaudación mensual para garantizar su subsistencia.

En el mismo sentido, el Ministro (s) de Obras Públicas, señor Cristóbal Leturia, puntualizó que, respecto de los sistemas de agua potable rural, se trata de organizaciones que operan con un bajo capital, por lo que resultaría pertinente excluirlas de la aplicación de la normativa en estudio, respecto de la suspensión en el pago de cuentas.

La Honorable Diputada señora Pérez afirmó que, en cualquier caso, las empresas que atiendan a menos de 12 mil clientes podrán acogerse a una serie de beneficios propuestos por el Ejecutivo para enfrentar la contingencia que afecta al país. Dicha circunstancia, añadió, resulta compatible con garantizar el acceso al suministro para la población más vulnerable.

El Honorable Senador señor Pugh valoró la propuesta, en lo que atañe a la exclusión de las empresas o cooperativas de agua potable rural con menos de 12.000 clientes, lo que requiere incorporar instrumentos de apoyo para garantizar su subsistencia.

La Honorable Senadora señora von Baer propuso excluir a las empresas o cooperativas con menos de 12 mil clientes y a los sistemas de agua potable rural.

El Honorable Senador señor Elizalde planteó que, si se va a admitir una exclusión, debe distinguirse entre las empresas sanitarias de menos de 12.000 clientes, por una parte, y las cooperativas y comités de agua potable rural, por otra.

La Honorable Senadora señora Provoste añadió que en el caso de las sanitarias que se excluyan de la aplicación de la ley, debe además resguardarse que sean de las que constituyen na sola unidad económica y no tienen la calidad de filial de una empresa matriz.

Artículo 3°

En este punto, las Comisiones Mixtas basaron sus consideraciones en la propuesta conjunta de las Honorables Senadoras señoras Provoste y Rincón, del siguiente tenor:

“Artículo 3º.- Durante el plazo señalado en el artículo 1º, tratándose de servicios de telefonía fija, móvil o de acceso a internet, los clientes podrán solicitar al proveedor del servicio el cambio transitorio de su contrato, si se tratara de clientes suscriptores, o la modificación de las condiciones de su servicio si se tratara de clientes no suscriptores o de prepago, para la aplicación de un plan básico solidario de conectividad, sin costo y que no importe cambio numérico, por un plazo de tres meses, de acuerdo a las características que a continuación se establecen.

El proveedor de servicios de telecomunicaciones deberá permitir, sin costo para el usuario, el acceso a prestaciones de servicios que permitan mantener conectividad telefónica y de servicios de transmisión de datos permanente. Para estos efectos:

a) Los clientes de internet fijo dispondrán, mensualmente, de acceso sin límites máximos de descarga, con una velocidad de servicio entre 2 mbps y 4 mbps, atendida la configuración tecnológica con la que se preste el servicio. La obligación de la empresa se entenderá cumplida al otorgar las condiciones de servicio a un beneficiario por grupo familiar.

b) Los clientes de servicio móvil con contrato dispondrán, mensualmente, de 50 SMS, 300 minutos para llamadas y acceso a Internet sin límites máximos de descarga con una velocidad entre 256 kbps y 512 kbps, atendidas las características tecnológicas con las que se preste el servicio y la ubicación geográfica del usuario.

c) Los clientes de servicio móvil sin contrato dispondrán, mensualmente, de 100 SMS mensuales y acceso a Internet sin límites máximos de descarga con una velocidad entre 256 kbps y 512 kbps, atendidas las características tecnológicas con las que se preste el servicio y la ubicación geográfica del usuario. Respecto de estos últimos, el beneficio será otorgado a usuarios activos que, para estos efectos, se identifiquen asociando su RUT a un número telefónico determinado, al cual se le asignarán las condiciones de servicio antes establecidas. La obligación de la empresa se entenderá cumplida al otorgar las condiciones de servicio a un número por beneficiario.

d) Los usuarios de telefonía fija dispondrán de 300 minutos de voz. En este caso, la obligación de la empresa se entenderá cumplida al otorgar las condiciones de servicio a un integrante del mismo grupo familiar asociándolo a su rol único nacional.

El Plan Solidario descrito en el inciso anterior, podrá ser solicitado por los clientes que se encuentren en las causales señaladas en el artículo 5º, sin importar su estado de morosidad, encontrándose o no suspendido su servicio, y estará disponible hasta el cese del plazo señalado en el artículo 1°, con el propósito de asegurar la conectividad prioritariamente para fines educacionales, laborales, de salud e información, para lo cual las empresas deberán realizar las acciones técnicas necesarias que aseguren dicho fin.

Asimismo, los y las estudiantes de establecimientos educacionales de enseñanza parvularia, básica, media y superior, quienes pertenezcan al 60% del Registro Social de Hogares, podrán solicitar a su proveedor de servicio la aplicación del plan solidario de conectividad con especial orientación a las prestaciones educacionales, por medio de las acciones técnicas necesarias señaladas en el inciso anterior. En el caso del literal a) del inciso 2°, se entenderá cumplida la obligación por la empresa, al proveer una conexión fija de internet por grupo familiar.

Las empresas proveedoras deberán, además, ofrecer a las instituciones de educación o sostenedores planes especiales de datos para que éstos puedan focalizar el acceso universal de prestaciones de educación para sus alumnos. Las ofertas que se hagan en virtud de este inciso deberán ser informadas al Ministerio de Educación por las empresas proveedoras.

Los proveedores de acceso a Internet que a la fecha de publicación de la presente ley cuenten con menos de 12.000 clientes, quedarán exceptuados de las obligaciones señaladas en este artículo, pudiendo adoptar medidas distintas para auxiliar a sus clientes que así lo soliciten, las que deberán publicar en sus páginas web.”.

Respecto del inciso tercero de la propuesta, el Honorable Senador señor Elizalde hizo ver que la referencia a los clientes señalados en el artículo 5°, debe entenderse hecha no solo a quienes, en la redacción final del proyecto de ley, cumplan con alguno de los requisitos que taxativamente se señalen, sino también a los usuarios finales que, sin estar comprendidos entre aquellos, acrediten estar imposibilitados de dar cumplimiento a sus obligaciones de pago.

En cuanto al inciso cuarto, el Honorable Diputado señor Mellado observó que sería conveniente precisar que los estudiantes de establecimientos educacionales de enseñanza parvularia, básica, media y superior a que se alude, deben pertenecer al 60% de vulnerabilidad del Registro Social de Hogares.

Por su parte, la Honorable Senadora señora Provoste efectuó un reconocimiento a lo colaboración prestada por el Ejecutivo, en particular por la señora Ministra de Transportes y Telecomunicaciones y su equipo de trabajo, en la elaboración del contenido de la propuesta presentada.

La Honorable Senadora señora Rincón coincidió en la valoración precedentemente expuesta, y celebró la importancia que un beneficio de este tipo tendrá en los usuarios que más lo requieren.

Artículo 4°

Las Comisiones Mixtas abordaron, en primer lugar, el indicador de consumo como un requisito para acceder al beneficio y como un límite aplicable a los usuarios con posterioridad a la vigencia de la ley. Enseguida, analizaron el monto de las deudas vigentes como requisito para acceder al prorrateo que contemplan las proposiciones en estudio.

Al inicio del estudio de las propuestas, el Subsecretario General de la Presidencia, señor Ossa, puntualizó que el parecer del Ejecutivo consiste en que el indicador de consumo opere como un requisito de acceso y como un límite de consumo mensual.

En el mismo sentido, el Ministro (S) de Obras Públicas, señor Leturia, sostuvo que a raíz de la situación de escasez hídrica que enfrenta el país y los altos índices de agotamiento de las cuencas, resulta necesario limitar el consumo y, en consecuencia, el beneficio que contempla el proyecto.

El Honorable Senador señor Pugh coincidió en que la regulación en materia de los servicios prestados por empresas sanitarias, requiere considerar la sequía que enfrenta el país y la necesidad de establecer niveles de consumo. Por lo anterior, abogó por considerar la proposición de su autoría conjunta con el Senador señor Durana, que, en el mismo sentido de lo señalado por el Ejecutivo, atribuye un doble efecto al índice de consumo, al operar como requisito para acceder al beneficio y como límite en el gasto.

A su turno, el Honorable Diputado señor Barrera afirmó que el promedio de consumo de agua, en una familia de más de dos integrantes, excede largamente los 12 metros cúbicos que contempla la propuesta, lo que la haría impracticable. Al efecto, explicó que la población más vulnerable que accederá al beneficio utiliza el agua únicamente para fines de saneamiento, de modo que no resulta aceptable limitar excesivamente su acceso a los servicios sanitarios.

La Honorable Senadora señora Rincón coincidió con dicha observación, considerando el aumento en el consumo de agua ante la mayor presencia de las personas en sus domicilios, a raíz de las medidas de prevención adoptadas ante la emergencia sanitaria.

Por su parte, la Honorable Senadora señora Órdenes abogó por suprimir el requisito según el índice de consumo, toda vez que las condiciones generales de acceso se encuentran contenidas en otras disposiciones.

El Honorable Senador señor Elizalde manifestó que el indicador de consumo contenido en la propuesta puede operar en distintos sentidos: como una cantidad utilizada al 18 de marzo de 2020 o como un indicador respecto del consumo futuro. Con miras a evitar un sobreconsumo, planteó establecer dicho factor como un límite para el consumo futuro, garantizando, en cualquier caso, que las personas tengan acceso al agua que necesitan para uso diario.

Agregó, por otra parte, que es pertinente ampliar el período de retraso en el pago que pueda ser objeto de repactación.

Enseguida, consultó respecto de los eventuales problemas de abastecimiento que generaría el sobre consumo domiciliario.

El Superintendente de Servicios Sanitarios, señor Jorge Rivas, afirmó que, a raíz de la situación que enfrenta el país, se ha verificado un aumento en el consumo residencial que no resulta significativo y no pone en riesgo el abastecimiento de agua. Con todo, con el propósito de dar una señal de racionamiento de recursos, estuvo de acuerdo con que es necesario limitar el consumo ante la escasez hídrica que afecta las cuencas.

El Honorable Diputado señor Naranjo, en sentido contrario, afirmó que no resulta aceptable radicar los efectos de la escasez hídrica en las personas de menores recursos, sobre todo considerando que las empresas son las mayores responsables del mal uso de las aguas.

La Honorable Senadora señora Rincón propuso incorporar un límite al consumo posterior, y no como un requisito de acceso, considerando el número de personas que forman parte de un grupo familiar.

El Honorable Senador señor Pugh coincidió con dicho planteamiento.

En este punto, las Comisiones Mixtas conocieron las tres propuestas que a continuación se detallan:

Propuesta del Honorable Diputado señor Barrera:

Plantea agregar el siguiente inciso final, nuevo, al artículo 4° del artículo primero de la propuesta de la Senadora señora Rincón y de los Diputados señora Pérez y señor Naranjo:

“Quedarán exentos del pago del servicio básico por hasta por tres meses sucesivos, quienes se encuentren dentro del 40% de vulnerabilidad, de conformidad al Registro Social de Hogares.

Este beneficio podrá ser impetrado desde la publicación de esta ley hasta por noventa días posteriores al cese del Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, declarado por el decreto supremo N°104, de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Para ello, deberán acreditar encontrarse en la situación descrita y accederán a la exención de pago adjuntando la documentación requerida mediante un formulario disponible en los sitios electrónicos de las empresas proveedoras.”.

El Honorable Diputado señor Barrera explicó que, en lo fundamental, su propuesta apunta a eximir del pago del servicio básico hasta por tres meses sucesivos a quienes se encuentren dentro del 40% de vulnerabilidad, de conformidad al Registro Social de Hogares.

Sobre el particular, enfatizó que existe una creciente urgencia en la implementación de las medidas contenidas en el proyecto, considerando que las familias más vulnerables necesitan un apoyo inmediato ante el estado de catástrofe que enfrenta el país, lo que requiere eximirlas del cobro de servicios básicos.

Respecto a la eventual inconstitucionalidad de dicha medida, arguyó que, tal como fue sostenido por la ex presidenta del Tribunal Constitucional, señora Marisol Peña, ante la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, es posible limitar el derecho de propiedad en razón de su función social, atendida la emergencia sanitaria que enfrenta el país, tal como fue reconocido en sentencia rol 505, de 2007.

El Honorable Diputado señor Mellado sostuvo que, más allá de compartir el propósito de la indicación, ésta excede las ideas matrices o fundamentales del proyecto de ley, que apunta a suspender el cobro por un período específico a raíz de la situación sanitaria que afecta al país.

El Honorable Senador señor Pugh afirmó que las empresas del sector operan en mercados regulados que impiden aplicar una suspensión indefinida del cobro, de modo que, además de exceder la idea matriz del proyecto, se trata de una propuesta que resultaría inaplicable.

Puesta en votación la propuesta, se verificaron las siguientes fundamentaciones de voto.

La Honorable Senadora señora Rincón expresó coincidir con el propósito perseguido por la propuesta del señor Diputado. Su aprobación, empero, conspiraría contra la aplicación e implementación de la ley, pues las empresas involucradas agotarían todas las instancias jurisdiccionales disponibles. Criticó la ausencia del Ejecutivo para abordar este asunto, y anunció su voto en contra.

La Honorable Diputada señora Pérez dio a conocer su voto en contra, sin perjuicio de la necesidad de que el Ejecutivo se haga cargo de la sentida demanda que la propuesta representa, y la pueda plasmar en algún programa que beneficie a quienes de verdad lo requieren.

El Honorable Senador señor Elizalde manifestó comprender el sentido de urgencia del que da cuenta la propuesta en comento. Sin embargo, el hecho de establecer la gratuidad total de los servicios genera no solo un problema de constitucionalidad, sino que contraviene el principio básico, aplicable a cualquier tipo de negocio, de que todo servicio que se preste debe tener como contraprestación un pago. Votó en contra.

- En votación la propuesta, fue rechazada por ocho votos en contra y dos a favor. Votaron en contra los Honorables Senadores señoras Órdenes y Rincón y señores Durana, Elizalde y Pugh, y los Honorables Diputados señora Pérez y señores Lavín y Mellado. Votaron a favor los Honorables Diputados señores Barrera y Naranjo.

Propuesta del Diputado señor Lavín

Como ya se indicó, esta propuesta es para reemplazar el artículo 4º del artículo primero de la propuesta de la Senadora señora Rincón y de los Diputados señora Pérez y señor Naranjo, por el siguiente:

“Artículo 4°.- A solicitud de los usuarios, las deudas por servicios básicos domiciliarios, contraídas durante el plazo que establece el inciso primero del artículo 1°, serán prorrateadas hasta en 12 cuotas mensuales iguales y sucesivas, a partir de la facturación siguiente al término de dicho plazo, y no incorporarán multas, intereses, ni gastos asociados.

Adicionalmente, a elección del usuario solicitante, el prorrateo incluirá las deudas de hasta un periodo de facturación anterior al 18 de marzo de 2020, siempre que dichas deudas no excedan el monto de diez unidades de fomento para las empresas distribuidoras y cooperativas de electricidad; y de hasta un monto de cinco unidades de fomento para las empresas de servicios sanitarios y de distribución de gas de red, en las mismas condiciones.

En relación a los beneficios prestados por empresas sanitarias, los beneficiarios podrán postergar el pago de hasta 15 metros cúbicos de agua. Los usuarios que superen dicho límite podrán requerir su incremento a la empresa sanitaria, lo que no podrá ser denegado sin causa justificada.”.

El Honorable Diputado señor Lavín explicó que el guarismo de 15 metros cúbicos propuesto en el inciso final, se hace cargo de los niveles de consumo de agua en nuestro país, y es coincidente con el subsidio que el Gobierno entrega en la actualidad. Tiene el propósito, además, de asegurar el acceso de las personas al beneficio y, al mismo tiempo, dar una señal de consumo responsable en el grave escenario de sequía que nuestro país está viviendo.

Añadió que para el caso de medidores que corresponden a más de un hogar o a familias compuestas por muchas personas, se prevé que los interesados puedan comunicarse con la empresa sanitaria y solicitar que el prorrateo sea por sobre dicho límite de 15 metros cúbicos. Hizo énfasis en que, como ya se ha señalado en esta discusión, el consumo promedio en Chile se encuentra por debajo de ese parámetro, lo que hace prever que las situaciones en que se solicite un tratamiento especial, serán más bien excepcionales.

El Honorable Diputado señor Mellado consultó qué es lo que se debe entender por causa justificada, si una empresa se niega a la solicitud de un cliente.

El Superintendente de Servicios Sanitarios, señor Rivas, aclaró que el 60% de las familias del país se encuentra en el rango de consumo igual o inferior a 15 metros cúbicos al mes.

Agregó que el promedio nacional de las cuentas residenciales de agua, es de $ 20.000 mensuales. Ello, por cierto, no significa que sea así en todas las comunas del país, pues evidentemente existen diferencias.

El Honorable Senador señor Elizalde manifestó estar de acuerdo con que se aluda a que la solicitud de un usuario, respecto del exceso, no podrá ser denegada sin causa justificada, justamente porque así se obliga a la empresa a fundar su rechazo.

El Honorable Diputado señor Barrera reiteró su oposición a la fijación de un límite. Eso equivale, sostuvo, a creer que la gente consumirá agua de manera irresponsable, lo que no tienen ningún sustento. En circunstancias, agregó, que el 60% de familias a que se ha hecho referencia no son, precisamente, de aquellas que tienen piscinas o grandes tinas en sus hogares. Recordó, asimismo, que el propio señor Superintendente afirmó que el porcentaje del consumo humano no representa amenaza alguna para la escasez de agua.

Del mismo modo, hizo hincapié en que los promedios habituales o las recomendaciones de organismos internacionales, son los propios de tiempos normales, mas no los de momentos excepcionales como los de pandemia que hoy a afecta al mundo y a nuestro país.

La Honorable Diputada señora Pérez insistió es que es un contrasentido que, por una parte, las autoridades llamen a reforzar la higiene personal por la vía del lavado constante y prolongado de manos, y, por otra, se quiera establecer un límite al consumo. Hizo un llamado a dimensionar el impacto del aumento de consumo de agua, en los tiempos que corren, en las familias más vulnerables.

La Honorable Senadora señora Órdenes preguntó cuál ha sido el aumento de consumo de agua por efecto de la pandemia.

El Superintendente, señor Rivas, indicó que el aumento ha sido de entre 2% y 4%, que por cierto no es parejo a lo largo de Chile. En los casos más extremos, ha sido de 5%.

El Honorable Diputado señor Naranjo destacó que un incremento de consumo tan poco relevante, no implica riesgo alguno contra el recurso agua. El gran consumo, resaltó, se encuentra en las actividades agrícola (más del 70%) y minera (el 15%). Asimismo, coincidió con que establecer una restricción no se aviene con el llamado a cumplir las instrucciones sanitarias que el Ministerio de Salud imparte.

Por otra parte, señaló que si se va limitar el consumo de agua, debería hacerse lo propio con el de gas, electricidad y telecomunicaciones.

El Honorable Diputado señor Lavín puso de manifiesto que Chile ya lleva años experimentando una grave sequía, lo que demanda la adopción de medidas de resguardo del vital elemento.

Subrayó que su propuesta no castiga a las familias más numerosas ni a las casas en que viven más hogares. Justamente por eso se considera que, excedido el límite, se pueda solicitar también el prorrateo del acceso a las empresas sanitarias.

Luego, el Presidente de las Comisiones Mixtas, Honorable Senador señor Elizalde, puso en votación la propuesta del Diputado señor Lavín.

Sobre el particular, se registraron las siguientes fundamentaciones de voto.

La Honorable Senadora señora Rincón manifestó preferir la propuesta de su elaboración (en conjunto con los Diputados señora Pérez y señor Naranjo), la que, sin embargo, no ha logrado concitar respaldo. Por ello, se abstuvo.

El Honorable Senador señor Durana recordó que su propuesta (conjunta con el Senador señor Pugh), fija un límite en 12 metros cúbicos. Subirlo a 15, indicó, cumple con entregar un beneficio conveniente y, al mismo tiempo, dar una señal en torno al cuidado del agua, particularmente en zonas áridas como el norte del país. Anunció su voto a favor.

El Honorable Senador señor Pugh votó favorablemente, habida cuenta de que la región que representa, la de Valparaíso, es la que más sufre con la sequía que afecta al país. Es necesario, reflexionó, entregar una señal concreta de cuidado del agua, especialmente por las dificultades de acceso que en la actualidad existen.

La Honorable Senadora señora Órdenes indicó que sin perjuicio de que la sequía es una amenaza real, limitar el consumo humano en tiempos de pandemia, en circunstancias que en términos de volumen no es relevante, no resulta apropiado. Votó en contra.

El Honorable Diputado señor Barrera, que votó en contra, insistió en que el uso humano del agua constituye, a estas alturas, una cuestión de salud pública. Formuló un llamado a legislar, si es que de verdad se quiere proteger el consumo, sobre el uso que hacen la minería, la agricultura y el sector forestal.

El Honorable Diputado señor Mellado votó a favor, sin perjuicio que las referencias, en la parte final del último inciso, a que se “podrá requerir” y a la existencia de una “causa justificada”, podrían ser perfeccionadas.

El Honorable Senador señor Elizalde, que se abstuvo, manifestó haber esperado una propuesta que considerara un límite según el número de personas por hogar. Ello habría entregado una señal en tiempos de sequía, y de garantizar un mínimo de consumo para población que, hoy por hoy, sin duda requiere hacer uso del agua.

- En votación la propuesta, se registraron cuatro votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones. Votaron a favor los Honorables Senadores señores Durana y Pugh, y los Honorables Diputados señores Lavín y Mellado; en contra, la Honorable Senadora señora Órdenes y los Honorables Diputados señora Pérez y señores Barrera y Naranjo; y se abstuvieron los Honorables Senadores señora Rincón y señor Elizalde.

Repetida la votación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 del Reglamento del Senado, se verificó idéntico resultado. En consecuencia, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 182 del mismo cuerpo normativo, la resolución de esta propuesta quedó pendiente para la siguiente sesión de las Comisiones Mixtas.

En la siguiente sesión, el Honorable Diputado señor Lavín retiró su propuesta, y se sumó a la que seguidamente se expone.

Propuesta de los Honorables Senadores señores Durana y Pugh, y del Honorable Diputado señor Lavín.

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Para considerar como inciso final del artículo 4°, el siguiente:

“En relación a los beneficios prestados por empresas sanitarias, los beneficiarios podrán postergar el pago únicamente de los primeros 15 metros cúbicos de agua. Aquellos hogares que tengan más de 4 miembros, podrán aumentar dichos consumos en 4 metros cúbicos por persona. No obstante lo anterior, los usuarios que superen dicho límite podrán requerir su incremento a la empresa sanitaria, lo que no podrá ser denegado sin causa justificada.”.

- En votación la propuesta, se registraron cuatro votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones. Votaron a favor los Honorables Senadores señores Durana y Pugh, y los Honorables Diputados señores Lavín y Mellado; en contra, la Honorable Senadora señora Rincón y los Honorables Diputados señora Pérez y señores Barrera y Naranjo; y se abstuvieron los Honorables Senadores señora Órdenes y señor Elizalde.

Repetida la votación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 del Reglamento del Senado, se verificó idéntico resultado. En consecuencia, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 182 del mismo cuerpo normativo, la resolución de esta propuesta quedó pendiente para la siguiente sesión de las Comisiones Mixtas.

- Puesta en votación en la siguiente sesión, resultó rechazada por cinco votos en contra, cuatro a favor y una abstención. Votaron en contra las Honorables Senadoras señoras Órdenes y Rincón, y los Honorables Diputados señora Pérez y señores Barrera y Naranjo; a favor, los Honorables Senadores señores Durana y Pugh, y los Honorables Diputados señores Lavín y Mellado; y se abstuvo el Honorable Senador señor Elizalde.

A continuación, en relación al monto de las deudas vigentes como requisito para acceder al prorrateo que contemplan las proposiciones en estudio, el Honorable Senador señor Elizalde abogó por especificar el monto adeudado, de modo que ascienda a diez unidades de fomento en el caso de las empresas eléctricas y cinco para las de agua y gas.

El Honorable Senador señor Pugh coincidió con dicha propuesta, considerando las diferencias en el gasto de consumo en cada sector de la producción.

En sentido contrario, el Honorable Diputado señor Naranjo sostuvo que resulta pertinente establecer un monto único para todos los servicios, considerando la situación económica que enfrenta una parte importante de la población.

El Honorable Diputado señor Mellado propuso agregar, en el inciso primero de la propuesta, además de la prohibición de incorporar el cobro de multas e intereses, los gastos derivados del cobro. Seguidamente, propuso ampliar el plazo que sirva de base para el cálculo del consumo, por hasta seis meses anteriores a la entrada en vigencia del proyecto.

A su turno, la Honorable Senadora señora Rincón se mostró partidaria de que el período de facturación se considere hasta el 18 de marzo de 2020, en lugar de en función del decreto supremo N° 104, de 2020. Agregó que una opción puede ser contemplar un aumento en el requisito de consumo para acceder al beneficio, en razón del número de integrantes que generalmente compone un grupo familiar.

La Honorable Diputada señora Pérez estuvo por ampliar el beneficio que contempla el proyecto a la mayor cantidad posible de usuarios. Por lo anterior, afirmó que el mecanismo de prorrateo resulta particularmente complejo y dificulta la aplicación de la normativa conforme a criterios de generalidad.

El Honorable Senador señor Elizalde planteó su inquietud respecto a la forma en que el artículo 4° propone contabilizar el período adeudado que el usuario puede solicitar repactar. Sobre el particular, llamó la atención sobre que fijar una fecha específica, 18 de marzo de 2020, conlleva el riesgo de excluir la posibilidad del usuario de prorratear la deuda contraída en el tiempo intermedio entre dicho día y la fecha de la publicación del presente proyecto de ley. Así, graficó, si la iniciativa en estudio fuere publicada el 18 de junio próximo, el usuario solo podría instar por repactar las deudas contraídas antes del 18 de marzo y después del 18 de junio del corriente. En tal sentido, fue partidario de establecer el derecho del usuario a incluir deudas anteriores a la publicación de la ley hasta un cierto monto, sin mención de fecha alguna.

La Honorable Senadora señora Rincón acotó que, si se faculta al usuario a solicitar la repactación de las deudas contraídas durante un período superior al que se propone en el artículo, el límite de cinco unidades de fomento podría resultar insuficiente.

El Honorable Senador señor Pugh, hizo presente que la propuesta conjunta de su autoría y del Senador señor Durana, autoriza al usuario a prorratear las deudas contraídas con las empresas de servicios básicos, que se generen entre los treinta días previos y hasta los noventa días posteriores a la publicación de esta ley. Permite incluir, además, las deudas generadas con anterioridad a dicho término, hasta diez unidades de fomento para las deudas con las empresas distribuidoras y cooperativas de electricidad y cinco unidades de fomento con las de servicios sanitarios y de distribución de gas de red.

Enseguida, el Honorable Diputado señor Barrera manifestó estar de acuerdo con el punto expuesto por el Senador señor Elizalde, sobre el riesgo de excluir la opción del usuario de prorratear las deudas contraídas durante el período intermedio entre el 18 de marzo recién pasado y la fecha de publicación de la ley. Sumó a lo anterior, la inquietud por los usuarios que les hubiesen cortado el suministro de un servicio básico por mora en el pago antes de la fecha de publicación de la iniciativa. En su opinión, el problema se solucionaría si se establece como inicio del término para acceder al beneficio, la fecha en que se decretó el estado de excepción constitucional.

De conformidad con el debate, el Honorable Senador señor Elizalde estimó que, salvo aspectos formales, la propuesta de los Honorables Senadores Pugh y Durana recogía de mejor forma el espíritu de la iniciativa. Prohíbe en efecto, el corte de suministro de servicios básicos por mora en el pago durante los noventa días siguientes a la publicación de la ley, y faculta al usuario a prorratear las deudas contraídas con las empresas de servicios que se generen entre los treinta días previos y hasta los noventa días posteriores a la publicación de esta ley, incluidas las generadas con anterioridad, hasta diez unidades de fomento para las deudas contraídas con las empresas distribuidoras y cooperativas de electricidad, y cinco unidades de fomento con las empresas de servicios sanitarios y de distribución de gas de red. Observó que entre las modificaciones a la propuesta, se debe incorporar la prohibición de cobrar gastos asociados al beneficio de repactación y la obligación de reponer el servicio a quienes se les hubiese cortado por mora antes de la publicación de la ley.

El Honorable Diputado señor Naranjo también se mostró de acuerdo con la propuesta. Empero, concordó con que el monto del límite sugerido podría resultar insuficiente.

La Honorable Senadora señora Rincón declaró ser partidaria de aprobar la proposición en los términos expuestos, sin perjuicio de modificar los límites del monto de las deudas que el usuario puede repactar, si en el transcurso del debate sigue resultando bajo.

La Honorable Diputada señora Pérez consultó al Ejecutivo por el monto promedio de una cuenta de servicios básicos, a fin de analizar con mayor precisión el período de deuda que podrían cubrir los montos límites referidos en la propuesta.

El Ministro (s) de Energía, señor Francisco López y el Superintendente de Electricidad y Combustibles, señor Luis Ávila, afirmaron que una cuenta promedio nacional de facturación eléctrica, tarifa BT1, alcanza aproximadamente los 180 kilowatts mensuales, que corresponden a cerca de veintidós mil pesos.

El Ministro (s) de Obras Públicas, señor Leturia, sostuvo que una forma estimativa, pero de fácil cálculo, es considerar el valor del metro cúbico de consumo de agua potable a mil pesos. De este modo, proyectó que el límite de cinco unidades de fomento como monto máximo de la deuda contraída que el usuario puede solicitar repactar, alcanzaría a cubrir ciento cuarenta metros cúbicos, equivalentes a un consumo de diez meses de una cuenta promedio nacional; período que la autoridad consideró suficiente para cumplir el propósito de la iniciativa.

De acuerdo a lo informado por el Ejecutivo, el Honorable Senador señor Elizalde estimó que los límites podrían cubrir un período de consumo adeudado superior a diez meses, motivo por el que reiteró la sugerencia de aprobar la propuesta de los Honorables Senadores Pugh y Durana, en los términos ya expuestos, incluidos los referidos montos límites.

Seguidamente, puso en votación las siguientes dos opciones respecto del plazo en que, a elección de los usuarios finales, se deberán prorratear las deudas contraídas con las empresas de servicios sanitarios, empresas y cooperativas de distribución de electricidad y empresas de gas de red:

- Entre los treinta días previos y hasta los noventa días posteriores a la publicación de la ley.

- Entre el 18 de marzo de 2020 y hasta los noventa días posteriores a la publicación de la ley.

- En votación, la primera opción obtuvo cuatro votos favorables, de los Honorables Senadores señora Órdenes y señores Durana y Pugh, y del Honorable Diputado señor Lavín. La segunda opción, a la postre aprobada, contó con los votos a favor de los Honorables Senadores señora Rincón y señor Elizalde, y de los Honorables Diputados señora Pérez y señores Barrera, Mellado y Naranjo.

Artículo 5°

Al inicio del debate de las propuestas, el Honorable Senador señor Pugh hizo presente que la ampliación al 60% del porcentaje de vulnerabilidad, de conformidad al Registro Social de Hogares, implica una modificación al texto aprobado por el Senado, equivalente al 40%.

El Honorable Diputado señor Mellado abogó por incorporar, dentro de los beneficiarios de la repactación, a los establecimientos a cuyo respecto el proyecto contempla la suspensión del corte de suministro.

El Honorable Diputado señor Barrera valoró la ampliación al 60% de la población más vulnerable, habida cuenta de las consecuencias económicas derivadas de la emergencia sanitaria que enfrenta el país.

El Honorable Diputado señor Naranjo afirmó que el porcentaje de 60% resulta coherente con las políticas impulsadas por el gobierno en materia de apoyo a las familias, las que apuntan a dicho porcentaje de la población de mayor vulnerabilidad.

En el mismo sentido, el Honorable Senador señor Elizalde sostuvo que la magnitud de la emergencia sanitaria y su impacto social afecta a un grupo de personas mayor que quienes se encuentran en los grupos más vulnerables, lo que requiere ampliar la cobertura del beneficio que contempla el proyecto.

- En relación con la letra a) del artículo en análisis, las Comisiones Mixtas acordaron establecer que podrán acogerse a los beneficios dispuestos en la presente ley, los usuarios residenciales finales o establecimientos en su caso, que pertenezcan al 60% de vulnerabilidad, de conformidad al Registro Social de Hogares del Ministerio de Desarrollo Social. Lo hicieron por la unanimidad de sus integrantes, Honorables Senadores señoras Órdenes y Rincón y señores Durana, Elizalde y Pugh, y Honorables Diputados señora Pérez y señores Barrera, Lavín, Mellado y Naranjo.

Artículo 6°

El Honorable Senador señor Pugh observó que, en lo pertinente, su propuesta conjunta con el Senador señor Durana, contiene un elemento que no tiene la propuesta de la Senadora señora Rincón y los Diputados señora Pérez y señor Naranjo. Se trata de una remisión a los mecanismos sancionatorios establecidos por la normativa sectorial vigente, en caso de infracción a los preceptos de esta ley. Esta, a su juicio, no debe ser desestimada.

La Honorable Senadora señora Rincón, a su turno, agregó que las propuestas también se diferencian en que la de su autoría conjunta con otros parlamentarios, exige al solicitante proporcionar los antecedentes respectivos para acreditar las circunstancias que le permiten acceder al beneficio. Esto, sostuvo, con el objeto de robustecer la información con que se adoptan las decisiones en políticas públicas. Por otro lado, estuvo de acuerdo con el Honorable Senador que la antecedió en el uso de la palabra, en cuanto a considerar los mecanismos sancionatorios vigentes para el conocimiento de las posibles infracciones.

La Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, señora Gloria Hutt¸ se mostró de acuerdo en exigir al solicitante aportar los antecedentes justificativos del beneficio, aspecto que cobra mayor relevancia en mercados masivos, como el de los servicios básicos.

Considerando el acuerdo, el Honorable Senador señor Elizalde propuso concordar ambas propuestas. Considerando, además, una referencia a que quienes acrediten estar imposibilitados de dar cumplimiento a las obligaciones de pago que han contraído con la respectiva empresa o cooperativa prestadora, deban también expresarlo mediante declaración jurada simple.

El Honorable Diputado señor Naranjo solicitó dejar constancia de que no obstante el tenor de su propuesta conjunta con la Senadora señora Rincón y la Diputada señora Pérez, diversos eventuales usuarios le han hecho ver que el hecho de tener que someterse a solicitudes que las empresas deben resolver, puede tener el efecto de conspirar contra los beneficios que el proyecto de ley pretende entregar.

Artículo 7°

El Honorable Senador señor Elizalde hizo presente que, en materia de sanciones, la propuesta de los Honorables Senadores señores Pugh y Durana remite a la legislación sectorial vigente. Esto, a diferencia de la de la Senadora señora Rincón y Diputados señora Pérez y señor Naranjo, que plantea sancionar las infracciones con multa a beneficio fiscal de entre mil y dos mil Unidades Tributarias Mensuales (UTM).

La Honorable Diputada señora Pérez recordó que esta discusión ya se dio en la Cámara de Diputados, donde hubo acuerdo en incorporar una sanción distinta a las contempladas en la legislación sectorial actual, por tratarse de una normativa especial en materia de catástrofe.

El señor Superintendente de Electricidad y Combustibles explicó que la ley N° 18.410, que creó la superintendencia del ramo, estableció dos formas de iniciar un proceso sancionatorio, a saber, la presentación de un reclamo y la fiscalización de oficio ejercida por el organismo. En ambos casos, de constatarse una infracción, se formulan cargos, abriéndose un plazo para que el supuesto infractor haga sus descargos, concluyendo con una resolución que, según el mérito del proceso, puede aplicar una sanción de hasta diez mil Unidades Tributarias Anuales (UTA).

Resaltó que los procedimientos de reclamo permiten al ente fiscalizador analizar las fallas de un modo sistémico y reconocer las infracciones asociadas a una misma tipología. Agregó que las multas aplicadas por la superintendencia en los dos últimos años bordearon los treinta mil millones de pesos.

El Honorable Senador señor Elizalde reparó en que el máximo señalado en la propuesta de la Senadora Rincón y los Diputados Pérez y Naranjo, es significativamente inferior al monto que se puede aplicar, por ejemplo, en el sector eléctrico, como recién lo ha expuesto el señor Superintendente. Asimismo, el monto mínimo de multa considerado ante cualquier infracción, por ínfima que sea, resulta un tanto elevado. Ello conlleva el riesgo de que dicho máximo pueda resultar irrelevante para empresas reacias al cumplimiento de la ley, mientras que el mínimo asoma como elevado si se trata de una empresa llana a cumplir con las exigencias establecidas en esta iniciativa, pero que comete una infracción de menor entidad. De allí, añadió, que el texto en su momento aprobado por el Senado, que considera las sanciones establecidas en las legislaciones sectoriales para el caso de una infracción, reconoce una mayor proporcionalidad punitiva.

La señora Ministra de Transportes y Telecomunicaciones declaró que la normativa sectorial vigente contiene métodos de medición y comprobación de infracciones, por lo que resulta más práctica su aplicación. De lo contrario, previno, se requeriría elaborar una forma de evaluar el incumplimiento de las disposiciones del presente proyecto de ley. A su juicio, se debe reforzar la idea de que tanto las exigencias y beneficios de esta iniciativa como los de la legislación sectorial vigente, están sometidos a la fiscalización y control de los organismos públicos pertinentes, pues el objetivo central del proyecto de ley es mantener la prestación de los servicios básicos durante la pandemia, pese a la morosidad del usuario.

Mencionó que la Subsecretaría de Telecomunicaciones resuelve en favor de los clientes más del 85% de los reclamos presentados. Agregó que para el cumplimiento del objetivo se debe enfatizar la necesidad de la empresa de canalizar en forma expedita los reclamos de los usuarios. En esa línea, manifestó que la preocupación de la Secretaría de Estado es garantizar la calidad del servicio a todos los clientes, ya sea de planes vigentes o de futuros planes solidarios considerados en esta iniciativa.

La Honorable Diputada señora Pérez se mostró abierta a revisar el punto. Solicitó, al efecto, una simulación de parte de la autoridad correspondiente, que compare ambos mecanismos sancionatorios en caso que una empresa infrinja la prohibición de cortar el suministro de un servicio por mora en el pago. Manifestó tener la impresión de que el actual sistema de reclamación resulta un tanto burocrático en un contexto de emergencia, como sostuvo haber comprobado con ocasión de las quejas de los habitantes de la Provincia de Arauco por el mecanismo de facturación eléctrica provisoria aplicado durante la pandemia. Tal es, subrayó, el motivo por el que la Cámara de Diputados insistió en la idea de establecer una multa especial para la empresa que corte el suministro durante la catástrofe.

Aclaró que los mayores reclamos durante la pandemia no se han presentado en el rubro de las telecomunicaciones, sino en los servicios de suministro eléctrico y de agua potable.

El Honorable Diputado señor Mellado también estuvo dispuesto a revisar el mecanismo sancionatorio, pues junto con considerar que la normativa sectorial actual contempla procesos de esta naturaleza, empresas pequeñas podrían quebrar si se mantiene el mínimo de multa fijado en la propuesta.

El Honorable Senador señor Durana compartió la idea de contar con una simulación comparativa de los dos sistemas sancionatorios, el vigente en las legislaciones sectoriales y el de la propuesta alternativa, en caso de contravenir la prohibición de corte de suministro por mora en el pago durante el período de pandemia. Respecto del consignado en la propuesta de la Senadora Rincón y Diputados Pérez y Naranjo, solicitó que se precise cuál sería el organismo competente para perseguir el incumplimiento de la normativa.

La Honorable Senadora señora Rincón estimó que todos los planteamientos tienen algo de razón, por lo que se debe buscar una fórmula para salvar el asunto, puesto que el mínimo de multa parece excesivo si el infractor corresponde a una empresa pequeña o el incumplimiento es menor.

La Honorable Senadora señora Órdenes solicitó conocer la opinión de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, en especial con relación a la proporcionalidad de la multa establecida en la proposición.

El Honorable Diputado señor Naranjo se mostró partidario de mantener la multa establecida en la propuesta de su coautoría, habida cuenta del carácter excepcional de la situación y la gravedad de contravenir la prohibición de corte de suministro por no pago durante la emergencia sanitaria. Del mismo modo, pidió al organismo fiscalizador especificar los criterios usados para determinar las sanciones, debido a que en muchas ocasiones queda la sensación de que la multa impuesta es tan baja que a las empresas les conviene pagar, en vez de cumplir la ley.

El señor Superintendente de Electricidad y Combustibles expuso que la finalidad de la entidad de las multas impuestas por el organismo, es entregar señales a los actores de la industria para que corrijan las conductas contrarias a la normativa vigente. Para dicho fin, sostuvo, la sanción debe ser capaz de inhibir comportamientos, disminuyendo o eliminando el posible beneficio que recibiría el infractor por el incumplimiento de la norma. Durante cada proceso sancionatorio, ahondó, se considera el factor multiplicador que debiera aplicar el organismo por la incapacidad de identificar todas las ocasiones en que falla el sistema, para lo que resultan esenciales los reclamos presentados por los usuarios.

Sobre los criterios utilizados para imponer las multas, que van desde una UTM a diez mil UTA, comentó que el procedimiento seguido por la superintendencia pondera diversos elementos, tales como número de casos o afectados o reincidencia y capacidad económica de la empresa infractora – las hay con dos millones de clientes y otras solo con doce mil –.

Indicó que, si la opción fuere tipificar todas las infracciones a la presente ley, el carácter reglado del procedimiento administrativo sancionador obligaría a iniciar un proceso por cada contravención, con el consiguiente incremento de la labor de los organismos fiscalizadores.

Por los motivos anteriores, y en virtud del principio de eficiencia en el uso de los recursos públicos, recomendó someter las infracciones a la presente ley a los mecanismos sancionatorios sectoriales vigentes.

El Honorable Senador señor Elizalde recordó que el texto aprobado por el Senado proponía que las infracciones a lo dispuesto en la iniciativa en discusión, fueran sancionadas de conformidad a la normativa sectorial respectiva. Esta opción faculta a los órganos de control a disponer de todas las opciones que considera la ley vigente para castigar las faltas, incluyendo las altas multas señaladas por el señor Superintendente.

Por otro lado, hizo notar que, aunque la multa propuesta sea una sanción administrativa, el ordenamiento jurídico nacional exige una mínima tipificación de la infracción que origina el castigo. Para el caso, sugirió precisar los incumplimientos del presente proyecto de ley que motivarán la imposición de una sanción, aplicando para su persecución el estatuto vigente de los distintos organismos fiscalizadores actuales. Otra opción, comentó, es configurar una sanción distinta para cada tipo de incumplimiento de las disposiciones de esta iniciativa. Aun así, culminó, se mantendría el problema planteado con relación a los montos mínimos y máximos de la multa.

Consideró central para alcanzar el objetivo del proyecto, definir con precisión el modo de sancionar las infracciones a la regulación propuesta.

Enseguida, sobre el punto en discusión, las Comisiones Mixtas tomaron conocimiento de las siguientes minutas explicativas remitidas por los respectivos organismos sectoriales.

Minuta – Facultades Sancionatorias SEC

Luis Ávila B., Superintendente de Electricidad y Combustibles

Conforme a lo solicitado, en relación con los diversos Proyectos de Ley sobre Suspensión del Pago de las Cuentas de los Servicios Básicos (el “Proyecto de Ley”), hemos preparado una minuta referente al procedimiento sancionatorio de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (en adelante “SEC”) que tiene competencias sobre dos mercados regulados tratados en los Proyectos, que son los mercados de electricidad y combustibles.

Procedimiento Sancionatorio.

Los procedimientos sancionatorios llevados por la SEC se encuentran establecidos principalmente en el Artículo 17 de la Ley 18.410, Orgánica de la SEC (“Ley 18410”) y en el Decreto 119/1989 del Ministerio de Economía, que establece el reglamento de sanciones en materia de electricidad y combustibles.

Primera Etapa: En general, ante una potencial infracción, se desarrolla una investigación de carácter preliminar, ya sea por decisión del Superintendente, Jefe de División respectiva y/o Directores Regionales, de propia iniciativa o por denuncia de terceros. Asimismo, en casos que no existan denuncias formales, pero la SEC tome conocimiento de la existencia de infracciones, incumplimientos o transgresiones a la normativa aplicable, como de las instrucciones y órdenes que haya impartido la SEC.

Segunda Etapa: De dicha investigación de carácter preliminar, se debe dar traslado al posible infractor, lo cual es conocido como formulación de cargos (que da inicio a la segunda etapa), la cual deberá ser precisa, y se deberá notificar al imputado para que formule sus descargos. El plazo para que presente los descargos no deberá ser inferior a 15 días. Una vez formulados los descargos o inclusive, sin ellos, la SEC podrá determinar medidas probatorias. Con dichos antecedentes, la SEC realiza el análisis de los mismos, para ver si se puede llegar a la convicción de que efectivamente se produjo una infracción, como los elementos en que eventualmente se realizó, aplicando diversas consideraciones para determinar la eventual sanción.

Tercera Etapa: La resolución que se dicte en definitiva para el cierre del procedimiento sancionatorio, deberá pronunciarse sobre las alegaciones y defensas del imputado, debiendo contener la sanción aplicable o la absolución. Las multas son a beneficio fiscal y deben ser pagadas ante TGR dentro de un plazo de 10 días.

Cuarta Etapa: En contra de las resoluciones sancionatorias de la SEC proceden dos recursos. El recurso de reposición es un recurso de carácter administrativo que se ejerce ante la SEC, dentro de un plazo de 5 días hábiles desde el día de la notificación. La interposición de este recurso suspende el plazo para reclamar de ilegalidad. Este último, es el segundo recurso que se puede interponer por el sancionado, en este caso dentro de un plazo de 10 días hábiles ante la Corte de Apelaciones respectiva. La sentencia de la Corte de Apelaciones, es apelable ante la Corte Suprema. Cabe indicar que a modo de ejemplo, la SEC cursa aproximadamente entre 1.300 y 1.600 sanciones anualmente.

Tipos de Infracciones

El Art. 15 de la Ley 18.410, establece que las infracciones que pueden cometer las entidades o personas fiscalizadas por la SEC son clasificadas en infracciones gravísimas, graves o leves. Más abajo se indica el listado de hechos que pueden ser consideradas como cada tipo de infracción, destacándose en negrita las eventuales infracciones en virtud del Proyecto de Ley.

Son infracciones gravísimas los hechos, actos u omisiones que contravengan las disposiciones pertinentes y que alternativamente:

- Hayan producido la muerte o lesión grave a las personas, en los términos del artículo 397, Nº 1º, del Código Penal

- Hayan entregado información falseada o bien, hayan omitido información, que pueda afectar el normal funcionamiento del mercado o los procesos de regulación de precios, en los casos que la ley autoriza a la Superintendencia, la Comisión Nacional de Energía, el Ministerio de Energía o el Coordinador Independiente del Sistema Eléctrico Nacional para exigirla;

1) Hayan afectado a la generalidad de los usuarios o clientes abastecidos por el infractor, en forma significativa;

2) Hayan alterado la regularidad, continuidad, calidad o seguridad del servicio respectivo, más allá de los estándares permitidos por las normas y afecten a lo menos al 5% de los usuarios abastecidos por la infractora;

3) Hayan ocasionado una falla generalizada en el funcionamiento de un sistema eléctrico o de combustibles, o

4) Constituyan reiteración o reincidencia en infracciones calificadas como graves de acuerdo con este artículo.

Son infracciones graves, los hechos, actos u omisiones que contravengan las disposiciones pertinentes y que, alternativamente:

1) Hayan causado lesiones que no sean las señaladas en el número 1) del inciso anterior, o signifiquen peligro para la seguridad o salud de las personas;

2) Hayan causado daño a los bienes de un número significativo de usuarios;

3) Pongan en peligro la regularidad, continuidad, calidad o seguridad del servicio respectivo;

4) Involucren peligro o riesgo de ocasionar una falla generalizada del sistema eléctrico o de combustibles;

5) No acaten las órdenes e instrucciones de la autoridad y, en el caso de un sistema eléctrico, incumplan las órdenes impartidas por el respectivo organismo coordinador de la operación, de lo cual se deriven los riesgos a que se refieren los números anteriores;

6) Constituyan una negativa a entregar información en los casos que la ley autorice a la Superintendencia, la Comisión Nacional de Energía, el Ministerio de Energía o el Coordinador Independiente del Sistema Eléctrico Nacional para exigirla o bien, su entrega sea injustificadamente incompleta, errónea o tardía;

7) Conlleven alteración de los precios o de las cantidades suministradas, en perjuicio de los usuarios, u

8) Constituyan persistente reiteración de una misma infracción calificada como leve de acuerdo con este artículo.

Son infracciones leves los hechos, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto obligatorio y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los incisos anteriores.

Sanciones Aplicables (Art. 16 A)).

Una vez determinado los efectos de una eventual infracción conforme a lo establecido en el artículo 15, la Ley 18.410 dispone el tipo de sanciones aplicables según el tipo de infracción.

1) Infracciones Gravísimas: Multa de hasta diez mil unidades tributarias anuales (hasta 120.000 UTM), revocación de autorización o licencia, comiso o clausura.

2) Infracciones Graves: multa de hasta cinco mil unidades tributarias anuales (hasta 60.000 UTM), revocación de autorización o licencia, comiso o clausura.

3) Infracciones Leves: multa de hasta quinientas unidades tributarias anuales (hasta 6.000 UTM) o amonestación por escrito.

Consideraciones para Aplicación de Sanciones (Art. 16, inc. 2° Ley 18.410).

La ley 18.410 establece que para la aplicación de las sanciones establecidas en la misma, se deben considerar los siguientes elementos:

a) La importancia del daño causado o del peligro ocasionado.

b) El porcentaje de usuarios afectados por la infracción.

c) El beneficio económico obtenido con motivo de la infracción.

d) La intencionalidad en la comisión de la infracción y el grado de participación en el hecho, acción u omisión constitutiva de la misma.

e) La conducta anterior.

La capacidad económica del infractor, especialmente si se compromete la continuidad del servicio prestado por el afectado.

Las anteriores consideraciones, implican que ante eventualmente una misma infracción (por ejemplo, corte de suministro bajo el proyecto de ley que se discute), el monto de la multa pecuniaria puede variar si alguno de los factores anteriormente indicados varía (por ejemplo, la capacidad económica del infractor o número de clientes regulados afectados), ajustándose el monto final a la situación particular, tanto de la infracción como del infractor. Es obligatorio realizar el análisis de las referidas consideraciones en el acto de la sanción, puesto que como han establecido la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones en diferentes fallos, la falta del referido análisis limita el derecho de defensa de los infractores. La existencia de dichas deficiencias en cuanto al análisis de las consideraciones del artículo 16 aplicadas a un caso determinado, en opinión de la Corte Suprema (Rol 12.614-2018) permiten invalidar una sanción.

Pretender que, por el mero hecho de cometerse una infracción, se aplica automáticamente una sanción predeterminada, vendría a vulnerar derechos y garantías de los infractores, tal como los principios de proporcionalidad, imparcialidad, contradicción e impugnabilidad de los actos administrativos. Asimismo, por los principios de eficiencia y eficacia que rigen la actividad de los órganos de la Administración del Estado, implica que, si por cada caso se aplique una sanción, puede generar un mal uso de los recursos. En dicho sentido, esta Superintendencia en diversos casos ha optado por agrupar varios casos similares en la misma sanción (por ejemplo, sanciones por temporales 2017), logrando los objetivos perseguidos, reforzando el acto sancionatorio.

En relación con las acciones tomadas por la SEC, en el contexto de los beneficios otorgados por las empresas distribuidoras, fue la dictación del Oficio Circular N° 2665 de la SEC, de fecha 27 de marzo de 2020, por el cual se procedió a instruir la presentación de planes de acción por empresas distribuidoras de electricidad, que abordasen procesos de corte de suministro, prorrateo de boletas a clientes que lo soliciten, fortalecimiento de canales de atención no presencial, habilitación de teléfonos gratuitos y atención a clientes en situaciones de riesgo, como adultos mayores y electrodependientes. Dicha respuesta debía ser presentada por las empresas dentro de un plazo de 48 horas hábiles. Como podrán observar, las materias sobre las cuales se instruyeron planes de acción dicen relación con algunas de las contenidas en los Proyectos.

Una vez presentados los planes de acción por las empresas de servicio público de distribución eléctrica, la SEC se abocó a revisar y analizar las medidas que estaban contenidas en los mismos, los cuales fueron aprobados por la SEC e instruidos que se implementasen. Al respecto cabe indicar, y que conforme lo ya explicado, que dichas instrucciones son de carácter obligatorio y conforme al Art. 15 de la Ley 18.410, un incumplimiento de dicha instrucción representaría en principio una infracción grave, sancionable con multas de hasta 60.000 UTM. Si existiese reincidencia, podría derivar en infracciones gravísimas, con multas hasta 120.000 UTM.

Minuta – Superintendencia de Servicios Sanitarios

1. El Estado ejerce su labor de policía del sector de los servicios de agua potable y de alcantarillado a través de una Superintendencia que cuenta con facultades regulatorias, de fiscalización y de sanción. Esta Superintendencia (SISS) es la encargada de velar porque los operadores de estos servicios, constituidos como concesionarios, cumplan con las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la actividad (Marco regulatorio).

2. Hay tres categorías de operadores. El primero corresponde a los operadores mayores, cada uno de ellos presta servicios a más de 800.000 clientes (Aguas Andinas y ESSBIO). El grupo intermedio está compuesto por 5 operadores y cada uno presta servicios a grupos de más de 200.000 clientes. Finalmente, hay una categoría de operadores menores, que corresponden a 50 operadores y prestan servicios a grupos que varían entre 69 y 200.000 clientes, pero más de la mitad de los operadores menores tienen menos de 10.000 clientes. Especialmente estos últimos deben su subsistencia a las tarifas que recauden mes a mes, mientras están sometidos a las mismas reglas y exigencias que los operadores mayores.

3. La condición de concesionaria es una misma para todos los operadores, a quienes se aplica la normativa sectorial sin discriminación ni distinción por su tamaño o por la propiedad pública o privada de sus controladores (artículo 54 de la LGSS). Ello significa que, todo concesionario debe asegurar la continuidad y calidad de los servicios de un modo permanente, ya que de otra forma cae en infracción. Los concesionarios cuentan para el cumplimiento de los objetivos de su concesión, con una tarifa de autofinanciamiento, determinada en base al funcionamiento de una empresa eficiente, no la real, lo que no siempre favorece a quienes carecen de economías de escala por su tamaño y deben cumplir exigencias onerosas para cumplir los estándares de la normativa técnica, sanitaria y ambiental.

4. En el escenario expuesto, la aplicación de un régimen sancionador impone a la autoridad juzgar los hechos infraccionales con estricto apego a la legalidad, respetando una serie de principios que la hacen sustentable, considerando, además, que está sometida a un control jurisdiccional. Dentro de los señalados principios, debe actuar en su rol sancionador guardando la debida proporcionalidad en las sanciones que aplica y el fin que persigue su imposición, de modo de obtener que se enmiende o corrija la conducta, pero a la vez haga posible la sobrevivencia del operador, ya que éste atiende una función pública. Las Multas en definitiva, tienen un objetivo disuasivo y preventivo para que el deber de cumplimiento se haga posible, por ello, ha sido el propio legislador el que señala, que dichas multas, considerando su gravedad y afectación a los usuarios, se debe aplicar prudentemente, es decir, velando no sólo por la corrección sino también porque quien debe dar la solución mantenga su nivel de servicio, sin verse afectado por lo gravoso de la medida, salvo que su subsistencia como operador no sea posible, en cuyo caso deberá intervenir el Estado, pero ello con grave costo para los usuarios y la calidad de los servicios, sin perjuicio de lo que el Estado deberá suplir para satisfacer el funcionamiento hasta obtener un nuevo operador.

5. La experiencia ha demostrado, que la falta de viabilidad económica de un operador, porque su recaudación tarifaria no le permite cumplir su estándar de servicio es la mayor amenaza para mantener su condición de concesionario, de modo que cualquier contingencia que la obligue a tener que soportar a sus expensas sin compensación adecuada una menor recaudación, repercutirá en los servicios y en los derechos de los usuarios.

6. La modificación legal que se pretende, introduce una nueva carga a los prestadores en cuanto se deben abstener de formular cobros por los servicios que prestan a un porcentaje de usuarios denominados vulnerables, estableciendo, además, la obligación de informarlo a la autoridad y en los casos de infracciones, se consideran el pago de multas (1000 a 2000 UTM), que harán todavía más gravosa la situación.

7. Como ya se dijo, sobre 40 operadores son considerados menores y centran su operación en las tarifas que recaudan, que sirven fundamentalmente para asegurar las exigencias de calidad y continuidad que le exige la ley, hoy seriamente amenazadas por la sequía y la estrechez hídrica que afecta al país. El hecho de tener que postergar los cobros les repercutirá negativamente, no sólo por la operación directa que ello importa y sus costos, sino también por la cadena de pagos que lleva asociada, pues hay insumos necesarios para cumplir con la calidad y continuidad de los servicios que pueden verse amenazados y las multas no producirán otro efecto, que engrosar sus deudas, ya que no habrá recursos para solventarlas, de modo que la medida, tal cómo se pretende parece ineficaz y más que propender al cumplimiento querido, lo que hará es poner en riesgo la viabilidad de un servicio público que interesa a toda la comunidad.

8. Basta repasar el listado de operadores que actúan en el sector, para advertir la cantidad de ellos que no tienen más de 3000 clientes y carecen de las condiciones mínimas para hacer frente a la situación a la cual se les quiere llevar.

9. A continuación, se puede ver que 22 empresas sanitarias de un total de 53, no tienen la capacidad financiera para asumir pagar una multa cuyo piso alcanza según la propuesta del proyecto de ley la suma de 1.000 UTM, esto es $ 50.372.000. Lo anterior dado que el consumo promedio de un cliente asciende a la cantidad de 15 metros cúbicos por mes, lo que nos da que una empresa con 3000 clientes tiene una facturación mensual de $ 45.000.000 promedio, es decir la recaudación del mes no es capaz de asumir el monto del piso de la multa que se pretende establecer.

10. En definitiva, de prosperar una iniciativa como la pretendida, a modo de aminorar su impacto en los prestadores menores y con ello evitar que se vean afectados los servicios públicos que deben cumplir, se sugiere incorporar un piso mínimo de infracción que permita aplicar a estos prestadores acorde con su condición y que sea la autoridad la que, con prudencia y velando por la continuidad y calidad de los servicios, adopte sanciones menores o bien, medidas provisionales encaminadas al mismo propósito.

“Las infracciones a esta norma serán aplicadas por la autoridad, conforme con su normativa sectorial, a partir de 10 UTM y hasta un tope de 2.000 UTM, sanción que se aplicará conforme a la prudencia, dependiendo de su gravedad, pero con criterios de proporcionalidad y velando por la continuidad y calidad de los servicios, sin afectar los derechos de los usuarios. No obstante, lo anterior, la misma autoridad, en su rol regulador podrá disponer medidas provisionales, a fin de obtener que las prestadoras, particularmente menores, cumplan los mismos propósitos que la sanción.”.

A continuación, el Honorable Senador señor Elizalde sugirió a las Comisiones Mixtas aprobar una redacción que recoja lo planteado, en lo pertinente, en la propuesta de los Honorables Senadores señores Durana y Pugh.

Artículo segundo de la propuesta de la

Senadora señora Rincón y Diputados señora Pérez y señor Naranjo

Artículos 30° y 31° transitorio

Desde una perspectiva general, el Honorable Senador señor Pugh sostuvo que la propuesta de la Senadora Rincón y Diputados Perez y Naranjo, se aleja de la idea matriz del presente proyecto de ley, que busca apoyar a los sectores vulnerables de la población mediante la prohibición de cortar el suministro de servicios básicos por no pago y la postergación del pago de las deudas contraídas por el mismo concepto durante la pandemia. En cambio, razonó, los nuevos artículos transitorios intervienen en la relación contractual entre los tres principales actores privados del sistema eléctrico, generadoras, transmisoras y distribuidoras, sin ningún beneficio para los usuarios finales.

El señor Ministro (s) de Energía también fue de la opinión de que las normas propuestas alteran las disposiciones contractuales acordadas por los actores privados del sector de suministro eléctrico, sin favorecer en modo alguno a los clientes finales y poniendo en serio riesgo la cadena de pago del sector. El tema, indicó, tampoco fue parte del acuerdo suscrito el 27 de marzo de 2020 por el Ejecutivo y las empresas eléctricas.

En cuanto al artículo 30° transitorio, en particular, llamó la atención sobre que alude a la alerta sanitaria o epidemiológica, sin ceñirse al plazo de los noventa días que establece la iniciativa de ley. Por otro lado, manifestó no comprender a cabalidad el objetivo perseguido por la proposición, pues en algunos pasajes se refiere al proceso de fijación tarifaria y en otros al de licitación de suministro eléctrico, sin mayor relación entre estos y el beneficio que se concede a las empresas distribuidoras.

El artículo 31° transitorio, en tanto, interfiere la relación contractual de los actores privados del sector eléctrico, estableciendo la obligación de las empresas generadoras y transmisoras de continuar con la provisión de energía a las distribuidoras, exigencia que, aseguró, ya existe en los contratos celebrados por las partes, junto con los mecanismos propios para la resolución de conflictos, en caso de incumplimiento. Asimismo, señaló que la norma se refiere a las empresas distribuidoras domiciliarias de energía, concepto inexistente en la normativa sectorial actual.

Añadió que el inciso segundo autoriza a las empresas distribuidoras a postergar la totalidad de los pagos que deben realizar a las transmisoras y generadoras, extensión que tampoco se justifica si el objetivo era posponer el monto no pagado por los beneficiarios de la presente ley. En su inciso tercero, continuó, excluye el beneficio cuando el acreedor es una empresa de menos de 20 megawatts (MW) de capacidad instalada o cuya generación corresponda al menos en un 90% a energías renovables no convencionales calificadas como tales por la legislación vigente; parámetros que ignoran el tamaño o propiedad de la empresa, y que podrían beneficiar a grandes compañías.

El Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, señor José Venegas, junto con mencionar también la intromisión de las normas en la relación contractual de los actores privados del sistema eléctrico, aludió a cuatro conceptos que, en su opinión, no fueron considerados al elaborar la propuesta.

En primer término, expresó que independiente del objetivo de impedir el traspaso de los costos de los beneficios establecidos en la presente ley a los clientes finales, dicha prohibición no evitará incrementar el riesgo para las generadoras eléctricas de que las condiciones de una licitación de suministro energético pueden ser modificadas frente a una emergencia. Este riesgo repercutirá en el precio de las futuras subastas, y como expuso el señor Ministro (s) de Energía, no importará para ello el tamaño de la instalación o el origen de la generación eléctrica, dado que grandes consorcios internacionales han dividido sus proyectos en empresas con una capacidad instalada menor a 20 MW o en proyectos energéticos hidráulicos de centrales pequeñas.

Segundo, sostuvo que no parece oportuno efectuar ninguna discriminación en esta materia.

En tercer lugar, recordó que las tarifas actuales de distribución eléctrica consideran costos asociados a cuentas incobrables, y los artículos transitorios no precisan la forma en que se relacionará este ítem con la exención propuesta.

Finalmente, manifestó que supone un grave error considerar como beneficio la postergación de la totalidad del pago al que están obligadas las empresas distribuidoras eléctricas con los demás actores del sector. En último caso, estimó, de aprobarse el beneficio, solo debiera limitarse a la proporción no pagada por los clientes favorecidos por esta ley.

Por las razones expuestas, concluyó no estar de acuerdo con la propuesta de los artículos transitorios, ya que la intromisión en la relación contractual de los actores privados del sistema eléctrico dañará permanentemente la certeza jurídica de los contratos y de las próximas licitaciones de suministro, aparentando otorgar un beneficio a un determinado conjunto de empresas, sin valorar la forma en que los elementos de riesgo fueron considerados en la tarificación de distribución.

El Honorable Diputado señor Mellado manifestó que no se debe perder de vista que a quien se quiere proteger, mediante el presente proyecto de ley, es al cliente, es decir, a las personas que están en su hogar. El contenido del artículo 30° transitorio planteado, en cambio, se introduce en un campo distinto, que es el de los costos de las empresas. Por lo demás, la referencia a un no traspaso de costos a los usuarios finales parece innecesaria. En efecto, recalcó, en el debate de la iniciativa ya se ha configurado un acuerdo para que las deudas por servicios básicos sean cobradas sin multas, intereses ni gastos asociados.

Respecto del artículo 31°, hizo ver que implica intervenir en contratos a largo plazo entre privados y, a la postre, el riesgo de alza de las tarifas y la pérdida de credibilidad de nuestro país para grandes inversiones eléctricas de largo plazo. Con el añadido de los efectos que, del mismo modo, se producirían sobre la cadena de pagos de las empresas más pequeñas.

Preguntó cuáles serían los montos aproximados que las empresas distribuidoras tendrían que asumir, y si acaso estarían en condiciones de absorberlos.

El Honorable Senador señor Pugh consignó que el inciso final del artículo único de su propuesta conjunta con el Senador señor Durana, aborda el pago en cuotas de un caso particular de distribuidora, cual es el de las cooperativas eléctricas. Estas, indicó, efectivamente requieren una ayuda, no así las grandes distribuidoras, que forman parte de un mercado regulado que funciona y debe seguir funcionando de acuerdo a sus reglas.

El Honorable Diputado señor Naranjo acotó que, si bien es cierto que el proyecto apunta a los clientes, no se puede soslayar la existencia de una cadena interrelacionada de actores en el mercado eléctrico. En tal sentido, señaló que es llamativo que los representantes del Ejecutivo parezcan opinar en defensa de las grandes empresas generadoras, sin efectuar proposiciones orientadas a mejorar las deficiencias de que puedan adolecer las propuestas sobre las que se está trabajando. Olvidan las autoridades, agregó, que el país se encuentra en estado de excepción constitucional, que exige la aplicación de normas de ese mismo carácter, que implican la suspensión temporal de determinadas cuestiones, sin que eso permita sostener que se trata de expropiaciones.

La Honorable Diputada señora Pérez señaló que idea de incorporar los artículos 30° y 31° transitorios, se funda en los planteamientos realizados por las propias cooperativas eléctricas, que expresamente pidieron no ser excluidas. Por otra parte, no se puede desconocer el lobby desplegado por las empresas generadoras para que los pagos que reciben no se vean afectados, para lo que, por ejemplo, han invitado a las distribuidoras a que pidan créditos al Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Hizo hincapié en que justamente porque se quiere beneficiar a los clientes residenciales, se hace necesario no exponer a las distribuidoras eléctricas. Teniendo en cuenta, desde luego, que las circunstancias excepcionales que el país viven justifican el endosar una responsabilidad social y económica a las empresas generadoras, y asegurar una situación de cierto equilibrio entre los distintos actores de la industria eléctrica.

El Secretario Ejecutivo de la CNE, señor Venegas, consignó que de la misma forma que se puede sugerir que por una parte se está defendiendo a las generadoras, se podría decir que, por la otra, se está defendiendo a las distribuidoras; en concreto, a las dos empresas que concentran el 80% del mercado, ENEL y CGE.

Consignó, asimismo, que lo que se busca es precisamente no proteger a nadie en particular, ni alterar el equilibrio que ya se encuentra definido en la ley y los contratos vigentes, que fueron celebrados en virtud de las condiciones de las licitaciones a las que las empresas concurrieron. Introducirse en eso y cambiar las asignaciones de riesgo, profundizó, significaría que los precios y los contratos dejen de funcionar y que el Estado sea llevado, eventualmente, a instancias judiciales.

En lo que importa a las cooperativas eléctrica, en tanto, señaló que su situación es efectivamente distinta a la de las grandes distribuidoras. Sin embargo, al parecer ya se habría producido un acuerdo entre aquellas y las empresas generadoras, sin perjuicio de lo cual podría ser pertinente que el proyecto de ley contuviera una referencia a su situación. Con la prevención, eso sí, de que no parece razonable que las cooperativas tengan atribuciones para demorar la totalidad de los pagos, sino solamente aquellos que hayan sido demorados por sus clientes. Recomendó, en este último sentido, perfeccionar la redacción planteada en las propuestas en análisis.

Al terminar, hizo ver que, hasta ahora, el impacto del acuerdo entre el Gobierno y las empresas para suspender los cortes de suministro, ha alcanzado a cerca de cien mil personas, lo que supone el 0.5% de los ingresos del sector. De suerte que los montos involucrados no son, de modo alguno, susceptibles de causar la quiebra de alguna empresa distribuidora o generadora. Por lo mismo, indicó, no parece no aconsejable introducir modificaciones como las que en esta ocasión se están planteando, que incidirían sobre los contratos y podrían tener efectos problemáticos.

La Honorable Senadora señora Rincón observó que es obvio que si una distribuidora deja de recibir ingresos por la imposibilidad de pago de sus clientes, se va a ver imposibilitada de cumplir sus obligaciones con las empresas generadoras y transmisoras.

El Honorable Diputado señor Mellado consignó que es llamativo que la oposición adopte una postura de defensa de las empresas, en circunstancias que a lo que se debe apuntar es a ayudar a las personas. Aludió a que la propia Diputada señora Pérez admitió haber acogido los planteamientos realizados por las empresas distribuidoras.

La Honorable Diputada señora Pérez manifestó que no resulta admisible que se diga, de quienes proponen las disposiciones en debate, que defienden a una determinada industria o sector. Recordó que ha sido el propio Gobierno el que ha solicitado que sean escuchados los distintos actores de la industria.

Agregó que su objetivo es aprobar una ley que defienda a los clientes, lo que lleva a hacerse cargo del impacto que eso pueda tener sobre la capacidad de pago de las empresas distribuidoras, fundamentalmente las de espaldas financieras más pequeñas.

La Honorable Senadora señora Rincón se mostró también en desacuerdo con que se plantee que los parlamentarios, al dar a conocer sus posturas, defienden a algún sector. El norte, recalcó, es proteger a las personas.

Resaltó que, con ocasión del presente proyecto de ley, se han recibido las inquietudes y presentaciones, sin distinción, de todos quienes han manifestado interés; práctica que, en la medida que sea con plena transparencia, calificó de buena y sana.

El Honorable Senador señor Elizalde señaló que la Diputada señora Pérez –al igual que su colega Naranjo y las Senadoras señoras Provoste y Rincón-, ha empujado con decisión el presente proyecto de ley, y ha expresado transparentemente con quiénes se ha reunido. Cuestión, esta última, destacable, pues, a su juicio, el rol de legislador implica, como parte del diálogo democrático, el deber de escuchar todos los argumentos disponibles previo a formarse una convicción.

Yendo al fondo, observó que parece acertado dar protección a las cooperativas eléctricas, que se encuentran en una situación de precariedad. Desde ese punto de vista, lo adecuado es que puedan repactar sus deudas con las generadoras, en las mismas condiciones que reciben los pagos. Sin embargo, añadió, es complejo adentrarse en regular la cadena de pago en relaciones entre empresas, habiendo contratos vigentes. Ello significaría, en virtud de eventuales vicios de constitucionalidad, la judicialización de la aplicación de esta ley.

Conforme a lo expuesto, se mostró partidario de una ley quizás más acotada, pero no por ello menos ambiciosa. Muy protectora para las personas, y con mecanismos de defensa de las empresas que podrían verse en grave riesgo financiero, particularmente de las cooperativas. La protección de las cooperativas eléctricas, en definitiva, supone que los beneficios de la ley lleguen a los clientes más necesitados. La discusión sobre la relación entre las grandes empresas, concluyó, debiera darse en la oportunidad y en el proyecto de ley que corresponda.

Por otra parte, consultó si entre las empresas de menos de 20 MW de capacidad instalada, o aquellas cuya generación corresponda al menos en un 90% a energías renovables no convencionales calificadas como tales por la legislación vigente, se encuentran todos los proyectos relevantes cuya inversión se ha incentivado, en el último tiempo, en nuestro país. Debe tenerse el cuidado, advirtió, de no estar generando por esta vía un desincentivo a ese tipo de inversión.

Del mismo modo, preguntó si el hecho de no intervenir regulatoriamente, en este proyecto de ley, mediante los artículos transitorios en discusión, podría tener efectos sobre las empresas generadoras de energía renovable no convencional.

El señor Venegas dio a conocer que la realidad muestra que muchas empresas grandes abordan, a través de filiales, los proyectos referidos en la consulta del Senador señor Elizalde. Es decir, las iniciativas son efectivamente desarrolladas por empresas más pequeñas, pero pertenecientes a grandes consorcios. De modo tal, sostuvo, que la referencia al tamaño (20 MW), no es una buena medida de discriminación. Caso contrario, destacó, cuando se alude a la generación del 90% de energía renovable, pues ahí si quedarían incluidos casi todos los proyectos que se espera adjudicar.

Agregó que la distinción podría presentar dos problemas adicionales. Por una parte, afecta a proyectos hidráulicos de 30 MW, por ejemplo, que no están calificados como energía renovable. Por otra, desde una perspectiva general, afecta la certeza jurídica, pues incluso los que hoy podrían verse beneficiados por los parámetros que se proponen, quedarían con la incertidumbre de que estos últimos, el día de mañana, fueran cambiados y les significaran un perjuicio.

Respecto de las generadoras de energía no convencional, expuso que, si nada se dice en esta ley, podrían verse perjudicadas solo en la medida que las distribuidoras incumplan sus obligaciones de pago. Cuestión que, hasta ahora, agregó, no ha ocurrido.

El Ministro (s) de Energía, señor López, hizo ver que en relación con las cooperativas, la propuesta de la Senadora señora Rincón y de los Diputados señora Pérez y señor Naranjo hace imperativo el pago en cuotas, mientras que la de los Senadores señores Durana y Pugh simplemente les otorga la facultad.

El Honorable Senador señor Elizalde indicó que las cooperativas eléctricas debieran, libremente, decidir si se acogen o no al beneficio.

Luego, el Presidente de las Comisiones Mixtas, Honorable Senador señor Elizalde, puso en votación los artículos 30° y 31° transitorios, contenidos en el artículo segundo de la propuesta de la Senadora señora Rincón y de los Diputados señora Pérez y señor Naranjo, con excepción de lo relativo a las cooperativas eléctricas, respecto de cuyo contenido se había alcanzado un cierto consenso.

Al fundamentar su voto en contra, el mismo señor Senador reiteró que la aprobación de los artículos en debate podría dar lugar a serios cuestionamientos sobre la constitucionalidad de la ley, a la vez que causar efectos no dimensionados en la industria eléctrica, por intervenir en la cadena de pagos y en los contratos vigentes.

- En votación, se pronunciaron a favor de los señalados artículos las Honorables Senadoras señoras Órdenes y Rincón, y los Honorables Diputados señora Pérez y señores Barrera y Naranjo, y en contra, los Honorables Senadores señores Durana, Elizalde y Pugh, y los Honorables Diputados señores Lavín y Mellado.

Repetida la votación, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 182 del Reglamento del Senado, se registró idéntico resultado. Por consiguiente, por aplicación de la misma disposición, la votación quedó para ser resuelta en la próxima sesión de las Comisiones Mixtas

En la siguiente sesión celebradas por las Comisiones, la unanimidad de sus integrantes acordó reabrir el debate sobre el contenido de los artículos 30° y 31° transitorios en debate.

Al efecto, estuvieron de acuerdo en acoger el contenido del artículo 30° transitorio propuesto, con otra redacción, en el sentido de que los costos que la implementación de esta ley suponga para empresas y cooperativas, no deberán ser traspasados a los clientes, consignando algunas remisiones, meramente referenciales, a la legislación sectorial pertinente.

Del mismo modo, estuvieron de acuerdo en acoger el contenido del artículo 31° transitorio propuesto, con otra redacción, en el sentido de que las empresas generadoras y trasmisoras de energía deberán continuar proveyendo sus servicios a las empresas distribuidoras domiciliarias y a las cooperativas eléctricas. Agregando, respecto de dichas cooperativas, que podrán prorratear el pago de las cuentas que les correspondan.

Artículos transitorios de la propuesta de la

Senadora señora Rincón y de los Diputados señora Pérez

y señor Naranjo

Artículo primero transitorio

Las Comisiones Mixtas estuvieron de acuerdo en acoger el contenido de este artículo, con la redacción que se expresa más adelante en el presente informe.

Artículo segundo transitorio

El Honorable Senador señor Elizalde expresó que estando cerca el vencimiento del plazo de tres meses de estado excepcional de catástrofe decretado por el Presidente de la República, a estas alturas resulta evidente que va a ser objeto de una prórroga. Lo que, desde luego, debiera implicar la extensión en el tiempo de los beneficios que el presente proyecto de ley propone. No obstante, surge la duda sobre hasta qué punto debieran seguir siendo soportado por las empresas, o debiera analizarse el establecimiento de un subsidio para las personas.

Si la situación actual no mejora en el tiempo, complementó, es indiscutible que la mera postergación del pago de las cuentas, sin intereses, multas ni gastos asociados, no será suficiente, y se hará necesaria una intervención más directa del Estado.

El Honorable Diputado señor Mellado puso de relieve que el mapa de contagios y cuarentenas es diverso a lo largo de las distintas regiones del país. De modo que la recuperación de ciertos grados de normalidad va, también, a diferir en algunos lugares respecto de otros. Por ello, previno que deben analizarse cuidadosamente los efectos de la referencia, en la ley, a una eventual prórroga de los beneficios.

El Honorable Senador señor Durana coincidió con el precedentemente planteamiento. Si el estado de excepción constitucional se prolonga solo en algunas regiones, observó, no se ve por qué los beneficios de la ley deban extenderse al resto de las mismas.

El Honorable Diputado señor Barrera apuntó que la aprensión puede ser salvada vinculando la extensión en el tiempo de los beneficios, con las regiones donde el estado de catástrofe sea prorrogado. Sin perjuicio de lo anterior, hizo ver que la referencia a dicho estado de excepción no es consistente con que el artículo 1° del proyecto de no contiene referencia alguna al mismo, y solo se limita a establecer el plazo de vigencia de la ley.

El Honorable Diputado señor Naranjo acotó que, de todos modos, cabría esperar que en las regiones en las que cierta normalidad vaya siendo retomada, el Gobierno levante el estado de excepción.

Agregó que en el mes de septiembre la situación económica será tal, que las personas tampoco estarán en condiciones de pagar las cuentas. Por eso, es a su juicio adecuado contemplar, desde ya, que la ley pueda ser prorrogada por una sola vez.

El Honorable Senador señor Pugh sostuvo que un artículo como el propuesto, conspira contra la certeza jurídica que se debe ofrecer sobre la cadena de pago en las correspondientes industrias. De manera que si la situación se prolonga, lo lógico sería utilizar la herramienta de subsidio directo a la demanda.

Resaltó que más allá de las soluciones que se ofrezcan, lo que debe primar es el compromiso político de que no se va a abandonar a las personas que están sufriendo los efectos de la pandemia.

La Honorable Senadora señora Órdenes se mostró partidaria de que la ley rija por los noventa días previstos y, llegado el momento y según las condiciones sanitarias y económicas imperantes, se adopten las decisiones que sean convenientes, ya sea la prórroga de la misma o un camino alternativo.

Enseguida, la Senadora señora Rincón y los Diputados señora Pérez y señor Naranjo retiraron el artículo segundo transitorio de su propuesta.

No obstante lo anterior, en la siguiente sesión celebrada por las Comisiones Mixtas, la unanimidad de sus integrantes acordó reabrir el debate sobre el artículo segundo transitorio.

- En votación, fue rechazado por siete votos en contra, dos a favor y una abstención. Votaron en contra los Honorables Senadores señoras Órdenes y Rincón y señores Durana, Pugh y Elizalde, y los Honorables Diputados señores Lavín y Mellado; a favor, los Honorables Diputados señores Barrera y Naranjo; y se abstuvo la Honorables Diputada señora Pérez.

- - -

ACUERDOS DE LAS COMISIONES MIXTAS

En mérito del debate precedentemente recogido, de las consideraciones expuestas y, en su caso, de las votaciones a que hubo lugar, las Comisiones Mixtas, sesionando en forma conjunta, estuvieron de acuerdo en someter a la aprobación de las Salas de las respectivas Corporaciones, un proyecto de ley conformado por 10 artículos permanentes, que abordan las diversas materias tratadas de la siguiente manera:

Artículo 1°

“Artículo 1°. Durante los noventa días siguientes a la publicación de esta ley, las empresas proveedoras de servicios sanitarios, empresas y cooperativas de distribución de electricidad, y las empresas de distribución de gas de red, no podrán cortar el suministro por mora en el pago a las personas, usuarios y establecimientos, en adelante usuarios, clientes o beneficiarios, que a continuación se indican:

a) Usuarios residenciales o domiciliarios;

b) Hospitales y centros de salud;

c) Cárceles y recintos penitenciarios,

d) Hogares de menores en riesgo social, abandono o compromiso delictual;

e) Hogares y establecimientos de larga estadía de adultos mayores;

f) Bomberos;

g) Organizaciones sin fines de lucro, y

h) Microempresas, de acuerdo a lo establecido en la ley N° 20.416, que fija normas para empresas de menor tamaño.

Por lo tanto, por el plazo a que se refiere este artículo, queda suspendida la aplicación, para dichos clientes, de los incisos tercero, cuarto, quinto y sexto del artículo 36 del decreto con fuerza de ley N° 323, de 1931, del Ministerio del Interior, Ley de Servicios de Gas; del artículo 141 y del inciso segundo del literal q) del artículo 225 del decreto con fuerza de ley N° 4, de 2007, del Ministerio de Economía, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 1, de Minería, de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos, en materia de energía eléctrica, y lo establecido en la letra d) del artículo 36 del decreto con fuerza de ley Nº 382, de 1989, del Ministerio de Obras Públicas, Ley General de Servicios Sanitarios.

Se excluye de la aplicación de la presente ley a las empresas sanitarias con menos de 12.000 clientes que constituyan una sola unidad económica y no sean filial de otra empresa sanitaria, y a las cooperativas y comités de agua potable rural, sin perjuicio de los convenios, descuentos o facilidades de pago que otorguen a sus clientes.”.

- Puesto en votación, fue aprobado por la unanimidad de los integrantes de las Comisiones Mixtas, Honorables Senadores señoras Órdenes y Rincón y señores Durana, Elizalde y Pugh, y Honorables Diputados señora Pérez y señores Barrera, Lavín, Mellado y Naranjo. (Unanimidad 10x0).

Artículo 2°

“Artículo 2°. A elección de los usuarios finales, las deudas contraídas con las empresas de servicios sanitarios, empresas y cooperativas de distribución de electricidad y empresas de gas de red, que se generen entre el 18 de marzo de 2020 y hasta los noventa días posteriores a la publicación de esta ley, se prorratearán en el número de cuotas mensuales iguales y sucesivas que determine el usuario, las que no podrán exceder de doce, a partir de la facturación siguiente al término de este último plazo, y no podrán incorporar multas, intereses ni gastos asociados.

Adicionalmente, a elección del usuario final, el prorrateo podrá incluir deudas generadas antes de las contraídas según lo señalado en el inciso anterior, hasta el monto de diez unidades de fomento para las empresas distribuidoras y cooperativas de electricidad; y hasta el monto de cinco unidades de fomento para las empresas de servicios sanitarios y de distribución de gas de red, en las mismas condiciones.”.

- Puesto en votación, fue aprobado por la misma unanimidad precedentemente señalada (Unanimidad 10x0), con excepción de la frase “el 18 de marzo de 2020”, contenida en el inciso primero, que fue aprobada por mayoría (Mayoría, 6x4).

Artículo 3°

“Artículo 3°. Durante el plazo a que se refiere el artículo 1°, tratándose de servicios de telefonía fija, móvil o de acceso a internet, los clientes podrán solicitar al proveedor del servicio el cambio transitorio de su contrato, si se tratara de clientes suscriptores, o la modificación de las condiciones de su servicio, si se tratara de clientes no suscriptores o de prepago, para la aplicación de un plan básico solidario de conectividad, sin costo y que no importe cambio numérico, por un plazo de tres meses, de acuerdo a las características que a continuación se establecen.

El proveedor de servicios de telecomunicaciones deberá permitir, sin costo para el usuario, el acceso a prestaciones de servicios que permitan mantener conectividad telefónica y de servicios de transmisión de datos permanente. Para estos efectos:

a) Los clientes de internet fijo dispondrán, mensualmente, de acceso sin límites máximos de descarga, con una velocidad de servicio entre 2 mbps y 4 mbps, atendida la configuración tecnológica con la que se preste el servicio. La obligación de la empresa se entenderá cumplida al otorgar las condiciones de servicio a un beneficiario por grupo familiar.

b) Los clientes de servicio móvil con contrato dispondrán, mensualmente, de 50 SMS, 300 minutos para llamadas y acceso a internet sin límites máximos de descarga con una velocidad entre 256 kbps y 512 kbps, atendidas las características tecnológicas con las que se preste el servicio y la ubicación geográfica del usuario.

c) Los clientes de servicio móvil sin contrato dispondrán, mensualmente, de 100 SMS mensuales y acceso a internet sin límites máximos de descarga con una velocidad entre 256 kbps y 512 kbps, atendidas las características tecnológicas con las que se preste el servicio y la ubicación geográfica del usuario. Respecto de estos últimos, el beneficio será otorgado a usuarios activos que, para estos efectos, se identifiquen asociando su rol único nacional a un número telefónico determinado, al cual se le asignarán las condiciones de servicio antes establecidas. La obligación de la empresa se entenderá cumplida al otorgar las condiciones de servicio a un número por beneficiario.

d) Los usuarios de telefonía fija dispondrán de 300 minutos de voz. En este caso, la obligación de la empresa se entenderá cumplida al otorgar las condiciones de servicio a un integrante del mismo grupo familiar asociándolo a su rol único nacional.

El plan solidario a que se refiere el inciso anterior, podrá ser solicitado por los clientes que se encuentren en las causales señaladas en los artículos 4° y 5°, sin importar su estado de morosidad, encontrándose o no suspendido su servicio, y estará disponible hasta el cese del plazo señalado en el artículo 1°, con el propósito de asegurar la conectividad, prioritariamente para fines educacionales, laborales, de salud e información, para lo cual las empresas deberán realizar las acciones técnicas necesarias que aseguren dicho fin.

Asimismo, los y las estudiantes de establecimientos educacionales de enseñanza parvularia, básica, media y superior, que pertenezcan al 60% de vulnerabilidad, de conformidad al Registro Social de Hogares, podrán solicitar a su proveedor de servicio la aplicación del plan solidario de conectividad con especial orientación a las prestaciones educacionales, por medio de las acciones técnicas necesarias señaladas en el inciso anterior.

Las empresas proveedoras deberán, además, ofrecer a las instituciones de educación o sostenedores, planes especiales de datos para que puedan focalizar el acceso universal de prestaciones de educación para sus alumnos, los que deberán ser informados al Ministerio de Educación. Las ofertas que se hagan en virtud de este inciso deberán ser informadas al Ministerio de Educación por las empresas proveedoras.

Los proveedores de acceso a internet que a la fecha de publicación de la presente ley cuenten con menos de 12.000 clientes, quedarán exceptuados de las obligaciones señaladas en este artículo, pudiendo adoptar medidas distintas para auxiliar a sus clientes que así lo soliciten, las que deberán publicar en sus páginas web.”.

- Puesto en votación, fue aprobado por la misma unanimidad precedentemente señalada. (Unanimidad 10x0).

Artículo 4°

“Artículo 4°. Solo podrán acogerse a lo dispuesto en los artículos 2° y 3° los clientes finales que cumplan con, a lo menos, uno de los siguientes requisitos:

a) Encontrarse dentro del 60% de vulnerabilidad, de conformidad al Registro Social de Hogares;

b) Tener la calidad de adulto mayor, de acuerdo a la ley N° 19.828, que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor;

c) Estar percibiendo las prestaciones de la ley N° 19.728, que establece un seguro de desempleo;

d) Estar acogido a alguna de las causales de la ley N° 21.227, que faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo de la ley N° 19.728, en circunstancias excepcionales, ya sea por la suspensión de la relación laboral o por la celebración de un pacto de reducción temporal de jornada; o

e) Ser trabajador independiente o informal no comprendido en alguna de las categorías anteriores, y expresar, mediante declaración jurada simple, que está siendo afectado por una disminución significativa de ingresos que justifica el acceso a los beneficios. La utilización maliciosa de la declaración se sancionará de conformidad al artículo 210 del Código Penal.

Los requisitos señalados en el inciso anterior no serán exigibles a los beneficiarios indicados en los literales b), c), d), e), f), g) y h) del artículo 1° de la presente ley.”.

- Puesto en votación, fue aprobado por la misma unanimidad precedentemente señalada. (Unanimidad 10x0).

Artículo 5°

“Artículo 5°. Los usuarios finales no comprendidos en el artículo anterior, que acrediten estar imposibilitados de dar cumplimiento a las obligaciones de pago que han contraído con la respectiva empresa o cooperativa prestadora, y así lo expresen mediante declaración jurada simple, podrán solicitar acogerse a la postergación y prorrateo de los pagos, tratándose de las empresas y cooperativas indicadas en el artículo 1°; o la incorporación al plan básico solidario de conectividad, tratándose de las empresas indicadas en el artículo 3°. La utilización maliciosa de la declaración se sancionará de conformidad al artículo 210 del Código Penal.

La negativa de la empresa prestadora podrá ser objeto de reclamo ante la subsecretaría, superintendencia u organismo fiscalizador respectivo, y se sujetará a la normativa sectorial que corresponda.”.

- Puesto en votación, fue aprobado por la misma unanimidad precedentemente señalada. (Unanimidad 10x0).

Artículo 6°

“Artículo 6°. Las empresas y cooperativas proveedoras de los servicios señalados en esta ley, deberán establecer, dentro de los cinco días siguientes a su publicación, plataformas de atención al cliente, por internet y telefonía, que permitan formular las solicitudes para acceder a los beneficios que ella establece.

En cualquiera de los casos previstos en esta ley, las empresas y cooperativas proveedoras deberán resolver las solicitudes efectuadas por los interesados, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su formulación. Respecto de los usuarios que reúnan cualquiera de las condiciones indicadas en el inciso primero del artículo 4°, no procederá rechazo alguno, y el beneficio será aplicado, de pleno derecho, por parte de las empresas proveedoras y cooperativas.

La respuesta de la correspondiente empresa o cooperativa deberá ser comunicada al solicitante por medio de correo electrónico o mensaje de texto, dentro del señalado plazo. En caso de que la respuesta fuese negativa, la empresa o cooperativa deberá mencionar y justificar las razones del rechazo.

Del mismo modo, las empresas deberán informar sus resoluciones a la subsecretaría, superintendencia u organismo fiscalizador respectivo y, quincenalmente, deberán publicar en su página web el número y porcentaje de solicitudes aceptadas y rechazadas, conforme a lo establecido en el inciso anterior.

Las empresas y cooperativas deberán elaborar un registro y estadísticas de los solicitantes beneficiarios, en un plazo no mayor a diez días hábiles desde la publicación de esta ley, y deberán actualizarlo quincenalmente.

Las denuncias de infracciones a los preceptos de esta ley deberán ser tratadas, por parte de las subsecretarías, superintendencias u organismos fiscalizadores respectivos, como reclamos, de acuerdo a la normativa vigente.”.

- Puesto en votación, fue aprobado por la misma unanimidad precedentemente señalada. (Unanimidad 10x0).

Artículo 7°

“Artículo 7°. Las infracciones a lo dispuesto en la presente ley serán sancionadas de conformidad a la normativa sectorial respectiva.”.

- Puesto en votación, fue aprobado por la misma unanimidad precedentemente señalada. (Unanimidad 10x0).

Artículo 8°

“Artículo 8°. Los costos que irrogue para las empresas y cooperativas la implementación de esta ley, en ningún caso serán traspasados a los clientes finales.

Por consiguiente, y a título meramente referencial, en el caso de las empresas eléctricas, la suspensión de cobro no podrá utilizarse como base para el cálculo de los precios promedio que deberá fijar el Ministerio de Energía en virtud de lo dispuesto en el artículo 158 del decreto con fuerza de ley N° 4, de 2007, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 1, de Minería, de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos, en materia de energía eléctrica, ni podrá utilizarse para establecer una revisión de precios conforme al artículo 134 de dicho cuerpo normativo.

Del mismo modo, en relación al sector sanitario, la suspensión de cobro no se podrá utilizar como base para efectos del Título I del decreto con fuerza de ley N° 70, de 1988, del Ministerio de Obras Públicas, en especial para determinar la modificación de tarifas del artículo 12-A del mismo cuerpo legal.

Asimismo, respecto del servicio de gas de red, la suspensión de cobro no podrá utilizarse como base para efectos del cálculo del párrafo 2 “De las tarifas y de los pagos”, en especial para el cálculo de la tasa de rentabilidad económica máxima del artículo 30 bis y para el cálculo de precios máximos del servicio de gas del artículo 31; ni para efectos del párrafo 3 “Del procedimiento de fijación de tarifas” del decreto con fuerza de ley N° 323 de 1931, del Ministerio del Interior, que contiene la Ley de Servicios de Gas.

Sin perjuicio de lo señalado en los incisos segundo, tercero y cuarto, la prohibición establecida en el inciso primero será aplicable a todas las demás disposiciones legales sectoriales que corresponda. En consecuencia, los efectos de la presente ley no podrán ser considerados en proceso tarifario alguno relacionado con los servicios básicos a que ella se refiere.

Bajo ningún respecto y condición, esta norma legal, sus consecuencias y efectos podrán considerarse en proceso tarifario alguno de los servicios básicos tratados en esta ley. La mención de legislaciones especiales no importa mantener vigente las disposiciones y normas omitidas, y para todos los efectos la mención de leyes se debe considerar solo a título meramente referencial.”.

- Puesto en votación, fue aprobado por la misma unanimidad precedentemente señalada. (Unanimidad 10x0).

Artículo 9°

“Artículo 9°. Durante los 90 días siguientes a la publicación de esta ley, las empresas generadoras y transmisoras de energía eléctrica, deberán continuar proveyendo con normalidad sus servicios a las empresas distribuidoras domiciliarias de energía y a las cooperativas eléctricas.

Por el plazo comprendido entre los treinta días previos a la publicación de esta ley y los noventa días posteriores, y de manera excepcional, el pago de las cooperativas eléctricas a las empresas generadoras y transmisoras, podrá ser realizado en cuotas, en el mismo número de meses en que se prorratearán las cuentas de sus beneficiarios, sin multas, intereses ni gastos asociados.”.

- Puesto en votación, fue aprobado por la misma unanimidad precedentemente señalada. (Unanimidad 10x0).

Artículo 10°

“Artículo 10. Si los beneficiarios de esta ley hubiesen sido objeto de cortes o suspensiones de suministro o servicio, por mora en el pago de cualquiera de los servicios señalados en el artículo 1°, la respectiva empresa proveedora o cooperativa deberá proceder a la reposición inmediata del servicio, sin costo alguno, una vez publicada la presente ley.”.

- Puesto en votación, fue aprobado por la misma unanimidad precedentemente señalada. (Unanimidad 10x0).

- - -

De conformidad con los acuerdos adoptados, las Comisiones Mixtas, sesionando en forma conjunta, tienen el honor de proponer, como forma y modo de salvar las divergencias entre ambas Cámaras del Congreso Nacional, el siguiente proyecto de ley:

PROYECTO DE LEY:

“Artículo 1°. Durante los noventa días siguientes a la publicación de esta ley, las empresas proveedoras de servicios sanitarios, empresas y cooperativas de distribución de electricidad, y las empresas de distribución de gas de red, no podrán cortar el suministro por mora en el pago a las personas, usuarios y establecimientos, en adelante usuarios, clientes o beneficiarios, que a continuación se indican:

a) Usuarios residenciales o domiciliarios;

b) Hospitales y centros de salud;

c) Cárceles y recintos penitenciarios,

d) Hogares de menores en riesgo social, abandono o compromiso delictual;

e) Hogares y establecimientos de larga estadía de adultos mayores;

f) Bomberos;

g) Organizaciones sin fines de lucro, y

h) Microempresas, de acuerdo a lo establecido en la ley N° 20.416, que fija normas para empresas de menor tamaño.

Por lo tanto, por el plazo a que se refiere este artículo, queda suspendida la aplicación, para dichos clientes, de los incisos tercero, cuarto, quinto y sexto del artículo 36 del decreto con fuerza de ley N° 323, de 1931, del Ministerio del Interior, Ley de Servicios de Gas; del artículo 141 y del inciso segundo del literal q) del artículo 225 del decreto con fuerza de ley N° 4, de 2007, del Ministerio de Economía, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 1, de Minería, de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos, en materia de energía eléctrica, y lo establecido en la letra d) del artículo 36 del decreto con fuerza de ley Nº 382, de 1989, del Ministerio de Obras Públicas, Ley General de Servicios Sanitarios.

Se excluye de la aplicación de la presente ley a las empresas sanitarias con menos de 12.000 clientes que constituyan una sola unidad económica y no sean filial de otra empresa sanitaria, y a las cooperativas y comités de agua potable rural, sin perjuicio de los convenios, descuentos o facilidades de pago que otorguen a sus clientes.

Artículo 2°. A elección de los usuarios finales, las deudas contraídas con las empresas de servicios sanitarios, empresas y cooperativas de distribución de electricidad y empresas de gas de red, que se generen entre el 18 de marzo de 2020 y hasta los noventa días posteriores a la publicación de esta ley, se prorratearán en el número de cuotas mensuales iguales y sucesivas que determine el usuario, las que no podrán exceder de doce, a partir de la facturación siguiente al término de este último plazo, y no podrán incorporar multas, intereses ni gastos asociados.

Adicionalmente, a elección del usuario final, el prorrateo podrá incluir deudas generadas antes de las contraídas según lo señalado en el inciso anterior, hasta el monto de diez unidades de fomento para las empresas distribuidoras y cooperativas de electricidad; y hasta el monto de cinco unidades de fomento para las empresas de servicios sanitarios y de distribución de gas de red, en las mismas condiciones.

Artículo 3°. Durante el plazo a que se refiere el artículo 1°, tratándose de servicios de telefonía fija, móvil o de acceso a internet, los clientes podrán solicitar al proveedor del servicio el cambio transitorio de su contrato, si se tratara de clientes suscriptores, o la modificación de las condiciones de su servicio, si se tratara de clientes no suscriptores o de prepago, para la aplicación de un plan básico solidario de conectividad, sin costo y que no importe cambio numérico, por un plazo de tres meses, de acuerdo a las características que a continuación se establecen.

El proveedor de servicios de telecomunicaciones deberá permitir, sin costo para el usuario, el acceso a prestaciones de servicios que permitan mantener conectividad telefónica y de servicios de transmisión de datos permanente. Para estos efectos:

a) Los clientes de internet fijo dispondrán, mensualmente, de acceso sin límites máximos de descarga, con una velocidad de servicio entre 2 mbps y 4 mbps, atendida la configuración tecnológica con la que se preste el servicio. La obligación de la empresa se entenderá cumplida al otorgar las condiciones de servicio a un beneficiario por grupo familiar.

b) Los clientes de servicio móvil con contrato dispondrán, mensualmente, de 50 SMS, 300 minutos para llamadas y acceso a internet sin límites máximos de descarga con una velocidad entre 256 kbps y 512 kbps, atendidas las características tecnológicas con las que se preste el servicio y la ubicación geográfica del usuario.

c) Los clientes de servicio móvil sin contrato dispondrán, mensualmente, de 100 SMS mensuales y acceso a internet sin límites máximos de descarga con una velocidad entre 256 kbps y 512 kbps, atendidas las características tecnológicas con las que se preste el servicio y la ubicación geográfica del usuario. Respecto de estos últimos, el beneficio será otorgado a usuarios activos que, para estos efectos, se identifiquen asociando su rol único nacional a un número telefónico determinado, al cual se le asignarán las condiciones de servicio antes establecidas. La obligación de la empresa se entenderá cumplida al otorgar las condiciones de servicio a un número por beneficiario.

d) Los usuarios de telefonía fija dispondrán de 300 minutos de voz. En este caso, la obligación de la empresa se entenderá cumplida al otorgar las condiciones de servicio a un integrante del mismo grupo familiar asociándolo a su rol único nacional.

El plan solidario a que se refiere el inciso anterior, podrá ser solicitado por los clientes que se encuentren en las causales señaladas en los artículos 4° y 5°, sin importar su estado de morosidad, encontrándose o no suspendido su servicio, y estará disponible hasta el cese del plazo señalado en el artículo 1°, con el propósito de asegurar la conectividad, prioritariamente para fines educacionales, laborales, de salud e información, para lo cual las empresas deberán realizar las acciones técnicas necesarias que aseguren dicho fin.

Asimismo, los y las estudiantes de establecimientos educacionales de enseñanza parvularia, básica, media y superior, que pertenezcan al 60% de vulnerabilidad, de conformidad al Registro Social de Hogares, podrán solicitar a su proveedor de servicio la aplicación del plan solidario de conectividad con especial orientación a las prestaciones educacionales, por medio de las acciones técnicas necesarias señaladas en el inciso anterior.

Las empresas proveedoras deberán, además, ofrecer a las instituciones de educación o sostenedores, planes especiales de datos para que puedan focalizar el acceso universal de prestaciones de educación para sus alumnos, los que deberán ser informados al Ministerio de Educación. Las ofertas que se hagan en virtud de este inciso deberán ser informadas al Ministerio de Educación por las empresas proveedoras.

Los proveedores de acceso a internet que a la fecha de publicación de la presente ley cuenten con menos de 12.000 clientes, quedarán exceptuados de las obligaciones señaladas en este artículo, pudiendo adoptar medidas distintas para auxiliar a sus clientes que así lo soliciten, las que deberán publicar en sus páginas web.

Artículo 4°. Solo podrán acogerse a lo dispuesto en los artículos 2° y 3° los clientes finales que cumplan con, a lo menos, uno de los siguientes requisitos:

a) Encontrarse dentro del 60% de vulnerabilidad, de conformidad al Registro Social de Hogares;

b) Tener la calidad de adulto mayor, de acuerdo a la ley N° 19.828, que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor;

c) Estar percibiendo las prestaciones de la ley N° 19.728, que establece un seguro de desempleo;

d) Estar acogido a alguna de las causales de la ley N° 21.227, que faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo de la ley N° 19.728, en circunstancias excepcionales, ya sea por la suspensión de la relación laboral o por la celebración de un pacto de reducción temporal de jornada; o

e) Ser trabajador independiente o informal no comprendido en alguna de las categorías anteriores, y expresar, mediante declaración jurada simple, que está siendo afectado por una disminución significativa de ingresos que justifica el acceso a los beneficios. La utilización maliciosa de la declaración se sancionará de conformidad al artículo 210 del Código Penal.

Los requisitos señalados en el inciso anterior no serán exigibles a los beneficiarios indicados en los literales b), c), d), e), f), g) y h) del artículo 1° de la presente ley.

Artículo 5°. Los usuarios finales no comprendidos en el artículo anterior, que acrediten estar imposibilitados de dar cumplimiento a las obligaciones de pago que han contraído con la respectiva empresa o cooperativa prestadora, y así lo expresen mediante declaración jurada simple, podrán solicitar acogerse a la postergación y prorrateo de los pagos, tratándose de las empresas y cooperativas indicadas en el artículo 1°; o la incorporación al plan básico solidario de conectividad, tratándose de las empresas indicadas en el artículo 3°. La utilización maliciosa de la declaración se sancionará de conformidad al artículo 210 del Código Penal.

La negativa de la empresa prestadora podrá ser objeto de reclamo ante la subsecretaría, superintendencia u organismo fiscalizador respectivo, y se sujetará a la normativa sectorial que corresponda.

Artículo 6°. Las empresas y cooperativas proveedoras de los servicios señalados en esta ley, deberán establecer, dentro de los cinco días siguientes a su publicación, plataformas de atención al cliente, por internet y telefonía, que permitan formular las solicitudes para acceder a los beneficios que ella establece.

En cualquiera de los casos previstos en esta ley, las empresas y cooperativas proveedoras deberán resolver las solicitudes efectuadas por los interesados, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su formulación. Respecto de los usuarios que reúnan cualquiera de las condiciones indicadas en el inciso primero del artículo 4°, no procederá rechazo alguno, y el beneficio será aplicado, de pleno derecho, por parte de las empresas proveedoras y cooperativas.

La respuesta de la correspondiente empresa o cooperativa deberá ser comunicada al solicitante por medio de correo electrónico o mensaje de texto, dentro del señalado plazo. En caso de que la respuesta fuese negativa, la empresa o cooperativa deberá mencionar y justificar las razones del rechazo.

Del mismo modo, las empresas deberán informar sus resoluciones a la subsecretaría, superintendencia u organismo fiscalizador respectivo y, quincenalmente, deberán publicar en su página web el número y porcentaje de solicitudes aceptadas y rechazadas, conforme a lo establecido en el inciso anterior.

Las empresas y cooperativas deberán elaborar un registro y estadísticas de los solicitantes beneficiarios, en un plazo no mayor a diez días hábiles desde la publicación de esta ley, y deberán actualizarlo quincenalmente.

Las denuncias de infracciones a los preceptos de esta ley deberán ser tratadas, por parte de las subsecretarías, superintendencias u organismos fiscalizadores respectivos, como reclamos, de acuerdo a la normativa vigente.

Artículo 7°. Las infracciones a lo dispuesto en la presente ley serán sancionadas de conformidad a la normativa sectorial respectiva.

Artículo 8°. Los costos que irrogue para las empresas y cooperativas la implementación de esta ley, en ningún caso serán traspasados a los clientes finales.

Por consiguiente, y a título meramente referencial, en el caso de las empresas eléctricas, la suspensión de cobro no podrá utilizarse como base para el cálculo de los precios promedio que deberá fijar el Ministerio de Energía en virtud de lo dispuesto en el artículo 158 del decreto con fuerza de ley N° 4, de 2007, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 1, de Minería, de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos, en materia de energía eléctrica, ni podrá utilizarse para establecer una revisión de precios conforme al artículo 134 de dicho cuerpo normativo.

Del mismo modo, en relación al sector sanitario, la suspensión de cobro no se podrá utilizar como base para efectos del Título I del decreto con fuerza de ley N° 70, de 1988, del Ministerio de Obras Públicas, en especial para determinar la modificación de tarifas del artículo 12-A del mismo cuerpo legal.

Asimismo, respecto del servicio de gas de red, la suspensión de cobro no podrá utilizarse como base para efectos del cálculo del párrafo 2 “De las tarifas y de los pagos”, en especial para el cálculo de la tasa de rentabilidad económica máxima del artículo 30 bis y para el cálculo de precios máximos del servicio de gas del artículo 31; ni para efectos del párrafo 3 “Del procedimiento de fijación de tarifas” del decreto con fuerza de ley N° 323 de 1931, del Ministerio del Interior, que contiene la Ley de Servicios de Gas.

Sin perjuicio de lo señalado en los incisos segundo, tercero y cuarto, la prohibición establecida en el inciso primero será aplicable a todas las demás disposiciones legales sectoriales que corresponda. En consecuencia, los efectos de la presente ley no podrán ser considerados en proceso tarifario alguno relacionado con los servicios básicos a que ella se refiere.

Bajo ningún respecto y condición, esta norma legal, sus consecuencias y efectos podrán considerarse en proceso tarifario alguno de los servicios básicos tratados en esta ley. La mención de legislaciones especiales no importa mantener vigente las disposiciones y normas omitidas, y para todos los efectos la mención de leyes se debe considerar solo a título meramente referencial.

Artículo 9°. Durante los 90 días siguientes a la publicación de esta ley, las empresas generadoras y transmisoras de energía eléctrica, deberán continuar proveyendo con normalidad sus servicios a las empresas distribuidoras domiciliarias de energía y a las cooperativas eléctricas.

Por el plazo comprendido entre los treinta días previos a la publicación de esta ley y los noventa días posteriores, y de manera excepcional, el pago de las cooperativas eléctricas a las empresas generadoras y transmisoras, podrá ser realizado en cuotas, en el mismo número de meses en que se prorratearán las cuentas de sus beneficiarios, sin multas, intereses ni gastos asociados.

Artículo 10. Si los beneficiarios de esta ley hubiesen sido objeto de cortes o suspensiones de suministro o servicio, por mora en el pago de cualquiera de los servicios señalados en el artículo 1°, la respectiva empresa proveedora o cooperativa deberá proceder a la reposición inmediata del servicio, sin costo alguno, una vez publicada la presente ley.”.

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Acordado en sesiones celebradas, vía videoconferencia, los días 3, 4, 5, 8 y 9 de junio de 2020, con asistencia de los Honorables Senadores señoras Ximena Órdenes Neira y Ximena Rincón González, y señores José Miguel Durana Semir (Ena Von Baer Jahn), Álvaro Elizalde Soto y Kenneth Pugh Olavarría, y de los Honorables Diputados señora Joanna Pérez Olea y señores Boris Barrera Moreno, Joaquín Lavín León, Miguel Mellado Suazo y Jaime Naranjo Ortiz.

Sala de las Comisiones Mixtas, a 15 de junio de 2020.

PEDRO FADIC RUIZ

Abogado Secretario de las Comisiones Mixtas

PROHIBICIÓN A EMPRESAS PROVEEDORAS DE SUSPENDER PRESTACIÓN O CONTINUIDAD DE SERVICIOS BÁSICOS DOMICILIARIOS DURANTE VIGENCIA DEL ESTADO DE CATÁSTROFE DECRETADO POR PANDEMIA DE COVID-19 (PROPOSICIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA. BOLETINES NOS 13329-03, 13342-03, 13347-03, 13354-03, 13355-03 Y 13356-03, REFUNDIDOS)

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

En el Orden del Día, corresponde tratar el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley, originado en mociones refundidas, que prohíbe a las empresas proveedoras de servicios básicos domiciliarios, durante la vigencia del estado de catástrofe decretado por la pandemia de covid-19, cortar o suspender las prestaciones y continuidad de dicho servicio en base a la existencia de mora en el pago de los usuarios finales (boletines Nos 13329-03, 13342-03, 13347-03, 13354-03, 13355-03 y 13356-03, refundidos).

De conformidad con los acuerdos de los Comités Parlamentarios, para su discusión se otorgarán tres minutos base por bancada, más sesenta minutos distribuidos de forma proporcional.

Antecedentes:

-Certificado de las Comisiones Mixtas consolidadas. Documentos de la Cuenta N° 4 de este boletín de sesiones.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado Jaime Naranjo .

El señor NARANJO.-

Señor Presidente, por decirlo en términos populares, esta iniciativa legislativa tiene muchas madres y muchos padres. ¿Por qué lo señalo? Porque diversas bancadas presentaron mociones sobre el particular, las que posteriormente fueron refundidas.

Permítame hacer un reconocimiento al diputado Joaquín Lavín y a la diputada Sofía Cid , de la Unión Demócrata Independiente; al diputado Miguel Mellado , de Renovación Nacional; a la diputada Joanna Pérez , de la Democracia Cristiana; al diputado Pedro Velásquez , independiente; al diputado Boris Barrera , del Partido Comunista; al diputado Renato Garín ; al diputado Raúl Soto , del Partido por la Democracia, y al diputado Alejandro Bernales , del Partido Liberal, por el tremendo aporte que efectuaron para sacar adelante el proyecto. Es una iniciativa que convocó a todas las fuerzas políticas por la necesidad de legislar sobre esta importante materia.

Las diputadas Álvarez y Nuyado ; los diputados juan Luis Castro , Ilabaca , Rocafull , Schilling , Soto y quien habla siempre hemos creído que esta crisis sanitaria, económica y social debe tener una solución complementaria, no excluyente. Sin embargo, lamentablemente, el gobierno no ha entendido que las soluciones deben ir todas de la mano. Pretenden que la gente se quede en su casa, pero no se toman medidas sociales y económicas efectivas que permitan que ello ocurra.

¿Cuál es el problema que hoy afecta a las familias más vulnerables de nuestro país? No tienen recursos económicos para pagar las cuentas de luz, agua, telefonía fija o móvil, y gas. Frente a esa dramática realidad, han debido optar entre comer o pagar esas cuentas. ¿Cuál es el drama que las aqueja? Están llegando a sus domicilios boletas en las que se les informa que los cortes de los servicios se encuentran en trámite.

Todas esas familias están viviendo una situación angustiante; por eso, la Cámara de Diputados estimó que era necesario legislar. Es cierto que el gobierno llegó a un acuerdo con las empresas, pero ese acuerdo es voluntario. De hecho, en lo que respecta al suministro de energía eléctrica, solo se han acogido al beneficio 100.000 hogares, y 25.000 hogares en lo que concierne al servicio de agua potable. Esa solución es absolutamente insuficiente, pues la gente está viviendo una situación dramática.

Según la ficha del Registro Social de Hogares, existen 6 millones de hogares vulnerables, pero el gobierno cree que es suficiente que 100.000 hogares hayan llegado a acuerdos para el pago de la luz y otros 25.000 hogares para pagar el agua. ¡Es un camino absolutamente equivocado!

Por eso queremos dar certeza jurídica, tranquilidad y seguridad a la gente de que, una vez que el proyecto sea ley de la república, no se cortarán esos servicios tan necesarios para el bienestar de su familia y también para enfrentar esta pandemia que es tan dramática y grave.

Por eso, creemos que hemos legislado bien y que la Comisión Mixta ha trabajado bien y ha hecho un buen proyecto, porque quienes pueden ser beneficiarios son una amplia gama de personas e instituciones. Cuando me refiero a “personas e instituciones” estoy pensando en los residentes domiciliarios, pero también en los hospitales y consultorios, en los hogares de menores en riesgo social, en las casas de residencia de adultos mayores, en las organizaciones sin fines de lucro, en los bomberos, en las microempresas. En suma, se pueden acoger a este beneficio una diversidad de personas e instituciones del país.

Hemos pedido ciertos requisitos, particularmente a las personas. Primero, que se encuentren por debajo del 60 por ciento de vulnerabilidad en la ficha del Registro Social de Hogares, lo que parece prudente. Estamos hablando de seis millones de hogares en Chile. Repito: seis millones de hogares.

Por eso, es insuficiente lo que ha propuesto el gobierno, pues llevamos más de dos meses y apenas 100.000 hogares, 25.000 en materia de agua.

También pueden acceder los adultos mayores, de acuerdo con la ley respectiva; las personas que se han acogido al seguro de cesantía, las personas que se han acogido a la ley de protección al empleo, los trabajadores independientes e informales, siempre y cuando presenten una declaración simple de que su actual situación económica ha variado en relación con la que tenían antes de que se produjera esta pandemia.

Sin embargo, si bien es cierto los socialistas valoramos este proyecto, porque creemos que va en la dirección correcta, hemos hecho una observación. ¿Cuál es el problema? Para acogerse a este beneficio, la gente va a tener que presentar una solicitud. Nosotros creemos que eso puede entorpecer que se haga efectivo este beneficio.

¿Se imaginan a las empresas que suministran energía eléctrica, agua o telefonía haciendo plataformas para poder acoger veinticuatro millones de solicitudes? Lo más probable es que vamos a ver gente haciendo filas en las calles, porque las plataformas digitales que harán las empresas de servicios básicos no estarán en condiciones de recibir esa cantidad de solicitudes.

Por eso, los socialistas dijimos -hoy lo queremos dejar claro para que después no se diga que no hubo una fuerza política que advirtió que esto podía ir al fracaso que era mejor hacerlo de manera automática, y la manera de hacerlo era muy simple: entender que quienes no pagaron automáticamente se acogieron al beneficio, y punto, y que quienes quieren seguir pagando simplemente pueden seguir haciendo sus pagos.

Los socialistas hacemos hoy este punto, al igual que lo hicimos en el proyecto de ley de pago a treinta días, respecto del cual dijimos que iríamos al fracaso cuando lo aprobamos, y al poco tiempo el gobierno tuvo que mandar otro proyecto de ley. Hoy los socialistas volvemos a decir lo mismo respecto de este proyecto, que es muy bueno, pero que puede tener una seria dificultad en su implementación, ya que al no ser automático el proceso para acceder al beneficio, las personas tendrán que hacer una solicitud, lo que puede generar que mucha gente que no tiene acceso a internet, que no tiene los medios para hacerla, a lo mejor no podrá acogerse al beneficio porque no podrá hacer la solicitud o porque encontrará dificultades en las empresas para hacerla.

Por eso, vamos a fiscalizar y a pedir a las respectivas superintendencias que estén encima de las empresas, para que estas puedan implementar las plataformas necesarias, prudentes y lo más amplias posible para que la gente pueda acogerse a este beneficio.

Reitero: establecer esa solicitud puede entorpecer una muy buena idea legislativa que hemos materializado todas las fuerzas políticas que están representadas en el Parlamento. No nos hicieron caso en la Comisión Mixta. Lo dijimos una y otra vez, pero no nos quisieron escuchar. Ojalá que me equivoque y el día de mañana no tengamos que corregir esta futura ley porque no cumplió el objetivo por el cual la hicimos.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Recabo la unanimidad para permitir al subsecretario de Economía estar presente en la sesión.

¿Habría acuerdo? No hay acuerdo.

Tiene la palabra el diputado Boris Barrera .

El señor BARRERA.-

Señor Presidente, llevamos meses en la tramitación de este proyecto, en circunstancias de que en unos días terminará el estado de catástrofe. Entremedio, miles de millones de dólares fueron destinados a las empresas; incluso se discuten ayudas económicas dirigidas a ciertas empresas que alguna vez fueron estatales, como Latam, que antes era LAN, porque al ayudar a Latam también se ayudaría a muchas otras empresas.

Cuando se trata de las empresas, el gobierno viene aquí y nos dice que lo hagamos rápido, porque se necesita con urgencia y hay trabajos que dependen de ello. Así, siempre somos emplazados y obligados a legislar en pocos días. Pero en la vereda opuesta, cuando se trata de ayudar a las personas naturales de carne y hueso que viven el día a día, la lentitud y las trabas florecen.

Se dijo que hay que ver cómo esta situación afectará a las empresas, por ejemplo, a Claro, a Movistar , a ENEL, porque ganarán menos plata y, tal vez, incluso perderán dinero. ¿Y qué? Sí, señor Presidente: ¿y qué? ¿Acaso las empresas tienen que ganar siempre?

Cuando trabajamos en el ingreso familiar de emergencia o legislamos sobre la protección del empleo, ¿estamos pensando en cuánto pierden las personas, en lo que significa para su consumo de alimentos el 25 por ciento menos de ingreso? ¿Les importó eso a los macroeconomistas y a los grandes empresarios, muchos de ellos representados aquí?

Cuando las empresas pierden o dejan de ganar, arde Troya, nos prometen demandas, nos vaticinan inconstitucionalidades, advierten la fuga de capitales, etcétera, pero cuando las personas pierden no pasa nada. Y si yo advierto que, con ello, las personas saldrán a protestar y que vendrán acusaciones constitucionales, o, incluso, si llamo a la desobediencia civil, con seguridad me llevan ante el Tribunal Constitucional. En este punto quiero solidarizar con el diputado y compañero Hugo Gutiérrez .

Eso es lo que está puesto en la mesa con este debate; no es solo un tema económico, es un tema de valores, de visión política y hasta de cosmovisión si se quiere.

Lamentablemente, los valores y los motivos, que también nos constituyen como seres humanos, están ausentes. Esto quedó de manifiesto, porque el gobierno salió con todo en la Comisión Mixta a impedir el avance de este proyecto. Nos presagiaron demandas -incluso, el ministro de Obras Públicas nos vaticinó demandas internacionales-, juicios, pérdida de imagen, que las empresas se vendrían abajo, que el mundo como lo conocemos se acabaría solo por prohibir el corte de los servicios básicos en algunos casos urgentes.

Obviamente, usaron como escudo a las cooperativas y al APR, porque no nos iban a poder decir que AES-Gener, la segunda generadora más grande del país, iba a perder o a quebrar, porque en el primer trimestre ha tenido utilidades exorbitantes.

Creemos que una ayuda real a las personas habría sido eximirlas del pago, como insistimos en que se hiciera, pero lamentablemente no ganamos esa posición.

En otros países lo que se paga por servicios básicos está subsidiado para las personas, que, desde luego, no representan un problema. Muchos países tienen empresas estatales de servicios básicos. Eso implica que se pueden activar directamente mecanismos de apoyo a las personas, y seguramente, de hacerlo, en esos países no se diría que es inconstitucional, pues sería totalmente razonable ayudar en circunstancias de tan grave emergencia como la que vivimos hoy, más aún si consideramos, por ejemplo, que la tarifa eléctrica en nuestro país es una de las más caras de Latinoamérica y del mundo.

Sobre el proyecto, debo comentar que, básicamente, impide cortar el servicio básico ante el no pago. Esa idea conservadora y limitada fue luego perforada mediante indicaciones del oficialismo y de sus representantes, quienes, obsesionados con la focalización de los recursos, incorporaron un conjunto de requisitos para no cortar el suministro.

Señor Presidente, vamos a apoyar este proyecto. Este tiene algunas virtudes, por ejemplo, amplía el acceso al beneficio al 60 por ciento de los hogares de menores ingresos; permite renegociar la deuda en doce cuotas o menos, si el cliente así lo desea; impide el corte de agua en servicios públicos, como lo explicó el diputado Naranjo , y quienes tengan deudas o hayan sufrido cortes quedan cubiertos por este proyecto de ley, pues obliga a la reposición de los servicios.

En conclusión, de acuerdo con lo que establece el proyecto, si hay alguna persona que en estos momentos tiene cortado algún servicio básico, se le debe reponer sin costo alguno, y aquellos que no puedan pagar de aquí a noventa días de publicada la ley pueden renegociar la deuda en doce cuotas o menos, si así lo estiman necesario.

Se incluye de manera directa a las personas que están entre el 60 por ciento de vulnerabilidad conforme al Registro Social de Hogares, a los adultos mayores, a las personas cesantes o que reciben ingresos por el seguro de cesantía de las empresas acogidas a la ley sobre protección del empleo.

Estamos a días del cese del estado de excepción y, sin embargo, la cuarentena no tiene para cuándo levantarse, lo cual implica anticipar que tal vez se requiera prorrogarlo. De ser así, estimo necesario que no sea solo para impedir el corte del servicio, sino que se aplique sin requisitos, sin solicitud del cliente y de aplicación general e inmediata.

Señor Presidente, se ha puesto de manifiesto que tenemos grandes desafíos, y uno de ellos, como lo demuestra esto, es cambiar la Constitución, estatizar los servicios básicos y hacer que las leyes defiendan a los que más lo necesitan, es decir a nuestro pueblo.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Ricardo Celis .

El señor CELIS (don Ricardo) [vía telemática].-

Señor Presidente, este proyecto hay que aprobarlo, porque viene a colaborar con las familias chilenas en momentos complejos.

La crisis sanitaria que tenemos no es solo sanitaria, sino también social y económica, y afecta no solo a las familias de menos ingresos, sino también a la clase media. Por lo tanto, no queda sino decir que esto debió haber sido menos restrictivo, más amplio y más expedito.

Quiero dejar constancia de que las inhibiciones y que hayamos concluido solo en la prohibición del corte de suministro ni siquiera es por una visión ideológica de la izquierda, de los grupos de centro izquierda o de las bancadas de centro izquierda de la Cámara, puesto que también bancadas de Chile Vamos presentaron mociones para que se suspendiera el cobro de los servicios básicos a aquellas familias que no los pudieran cancelar. Muchos apoyábamos aquella decisión; sin embargo, el Ejecutivo no quiso avanzar en esa medida y terminamos en una situación menor.

Este es el mal menor, y hay que apoyarlo, porque dispone la prohibición de corte de suministros básicos durante 90 días, como se ha señalado aquí. Asimismo, lo bueno es que tampoco se pueden traspasar los costos al cliente.

En los pocos segundos que me quedan haré una reflexión: La crisis no es solo sanitaria, sino también económica y social, y en esto el gobierno ha sido demasiado mezquino -quiero decirlo así, con toda claridad-, porque lo que debió promoverse fue el no pago de quienes no pudieran hacerlo.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Mellado .

El señor MELLADO (don Miguel).-

Señor Presidente, le quiero comentar a la gente que este proyecto se inicia en mociones parlamentarias; no es un proyecto de ley del Ejecutivo. Se trata de distintas mociones refundidas, de diputados y de senadores de distintos sectores, que terminó en una Comisión Mixta, en la que estuve presente.

Además, hay que decirle a la gente que esta será una ley de aplicación transitoria, con fecha de vencimiento; no es para siempre: durará noventa días desde su publicación y beneficiará a aquellas personas en mora para que no les corten los servicios básicos.

Eso ya está sucediendo en estos momentos, porque el gobierno se anticipó e hizo un trato con las empresas para beneficiar a los consumidores, y lo que estamos haciendo aquí es colocar un marco normativo a lo que el gobierno ya estaba realizando.

Por lo tanto, me parece bien ese marco normativo, pues se avanzó en temas importantes y los suministros de agua, luz y gas por cañería no serán cortados. De hecho, no están cortados en estos momentos. Pero eso no significa que no los tengan que pagar; su deuda se acumulará. Ya llevan tres meses sin corte y sumarán tres meses más, o sea, seis meses sin corte, pero el beneficiario tendrá que reprogramar en hasta doce meses su deuda, y ese “hasta” va a depender de él, no de la empresa. Lamentablemente, en el crédito Fogape dejamos el “hasta” a criterio del banco, y les está dando un 0,1 por ciento de un mes para renegociar. En cambio aquí tenemos que entregarle el sartén al cliente, para que establezca las condiciones de pago: si quiere pagar en doce cuotas, en ocho, en fin, y si no puede pagar en doce cuotas, tendrá que verlo con la empresa.

Ahora, aquí hablamos del agua, de la luz y del gas por cañería, pero, en el caso de la telefonía -donde debemos reconocer la labor de la diputada Joanna Pérez , que hizo una muy buena negociación con el gobierno; hay que destacar también los esfuerzos de la ministra y de la subsecretaria-, se lograron acuerdos que beneficiarán a muchos hogares en telefonía fija y móvil, con minutos para hablar y estar conectados con sus seres queridos durante el confinamiento. Y en este punto quiero destacar que el proyecto beneficiará también a estudiantes de educación parvularia, básica, media y superior que pertenecen al 60 por ciento de vulnerabilidad, quienes podrán acceder a un plan básico solidario de conectividad, con especial orientación a las prestaciones educacionales. Para mí eso cierra una brecha importante para que gente de escasos recursos también tenga la posibilidad de estudiar en su casa.

Además, las empresas proveedoras deberán ofrecer a las instituciones de educación planes especiales de datos para que puedan focalizar el acceso universal de prestaciones de educación para sus alumnos.

Creo que esa es la parte más importante y novedosa que veo en el proyecto, porque abre todo un abanico de posibilidades en el futuro, dado que la situación actual nos ha cambiado la vida y muchos están trabajando o están estudiando desde sus casas o haciendo reuniones por Zoom a través de la “cajita cuadrada”. Creo que esto va a cambiar a la sociedad.

Por lo tanto, debemos llegar a los alumnos de escasos recursos, a los colegios y a los padres que trabajan desde sus casas, para que también tengan acceso.

Por otra parte, aquí hay un tema importante relacionado con el agua, que, como bien se dijo, quedó sin tope. Lamentablemente, el consumo de los hogares que pertenecen al 60 por ciento más vulnerable de la población está por debajo de los 15 metros cúbicos. Nosotros queríamos establecer 15 metros cúbicos para un hogar de cuatro personas, y si había un quinto integrante, dar cuatro metros cúbicos más, por dos razones: porque hay que cuidar el agua, dado el problema de la sequía que tenemos -llevamos diez años con sequía y existe la responsabilidad de las familias, pero lo más importante de todo es que esto no es gratis, pues al final van a tener que pagar. Y quizás habrá algunos, que no están en ese segmento, que van a llenar sus piscinas o van regar y excederán ese monto, pero, al final, igual lo van a tener que pagar. El problema está en la mayor dificultad que tendrán otras personas para acceder al agua.

Yo lamento que no esté ese tope, pero así quedó la iniciativa y hay que avanzar.

Felicito al gobierno por lo que está haciendo y a los parlamentarios de la Comisión Mixta por haber llegado a este acuerdo, que logramos luego de largas jornadas de trabajo.

Queremos decir a la gente que quedó normado un beneficio para ella y que nadie se lo podrá quitar.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Joanna Pérez .

La señora PÉREZ (doña Joanna).-

Señor Presidente, junto con saludar a todos los colegas que están participando en la sesión de manera telemática y en forma presencial, quiero decirles que tenemos una buena noticia.

Dentro de todo, a pesar de las peleas que se producen a veces y de los errores que se asumen administrativamente entre cámaras, hemos hecho un trabajo que era necesario. ¿Nos hemos demorado? Sí. Hay que asumir las culpas y los errores de los trámites, lo cual vamos a tener que corregir en algún minuto.

Este proyecto prohíbe a las empresas proveedoras de servicios básicos domiciliarios, durante la vigencia del estado de catástrofe decretado por la pandemia de covid-19, cortar o suspender las prestaciones durante 90 días.

El 18 de marzo ingresamos este proyecto, que puso a disposición la bancada de la Democracia Cristiana y al cual adhirieron de manera transversal las diputadas Sofía Cid , Andrea Parra y los diputados Gonzalo Fuenzalida , Pablo Kast , Andrés Longton , Pablo Lorenzini, José Miguel Ortiz , Jorge Sabag y Víctor Torres .

Luego, esta iniciativa se refundió en la Comisión de Economía -valoro y agradezco el trabajo de todos sus integrantes, partiendo por su Presidente con otros proyectos: el del diputado Naranjo y los firmantes, diputados Luis Rocafull , Gastón Saavedra , Marcelo Schilling , Leonardo Soto , Emilia Nuyado , Jenny Álvarez , Juan Luis Castro y Marcos Ilabaca ; el de la diputada Marcela Hernando y los diputados Boris Barrera , Alexis Sepúlveda , Manuel Monsalve , Francisco Eguiguren , Alejandro Bernales , Alejandro Santana, Hugo Rey ; el de los diputados Andrés Longton , Francisco Eguiguren , Frank Sauerbaum , Pablo Prieto ; el de los diputados Hugo Rey , Sebastián Keitel , Andrés Celis y Alexis Sepúlveda .

Como todos pueden ver, muchos diputados y diputadas concurrieron en seis mociones, que refundimos. Trabajamos y nos costó -sin duda, nos costóy un ministro nos señaló que iba a recurrir al Tribunal Constitucional por este proyecto, pero aun así seguimos. De manera unida, llegamos a la Comisión Mixta, donde nos enteramos de que en el Senado se había tramitado un proyecto muy similar, pero bastante inferior en relación con los beneficios. Finalmente, en dicha comisión logramos trabajar unidos, buscando lo mejor del proyecto del Senado y lo mejor del nuestro. En ese sentido, valoro el trabajo del Presidente de la Comisión Mixta, senador Álvaro Elizalde , y el de la senadora Ximena Rincón .

¿Qué busca este proyecto? Consagrar un derecho universal: que al menos en tres meses de publicada esta ley, ninguna empresa de luz, agua, gas, telefonía e internet pueda cortar el suministro de estos servicios en período de pandemia. Reitero: los servicios de agua, luz, gas, telefonía e internet, una vez publicada la ley, no podrán ser cortados en 90 días.

Ahora, las personas beneficiadas deberán hacer el trámite de prorratear el pago de esas cuentas hasta en doce meses. Al respecto, tenemos una diferencia fraterna con el diputado Naranjo : nosotros no podemos definir si la persona puede y quiere repactar en tres, en seis o en doce cuotas. Por lo tanto, debe solicitarlo. No se trata de llenar un formulario; debe solicitarlo y no se le podrá negar.

Esta futura ley es expresa: a ninguna de las personas que cumplen con todos los requisitos, esto es, encontrarse dentro del 60 por ciento de vulnerabilidad, tener la calidad de adulto mayor, estar percibiendo prestaciones de la ley de seguro de desempleo, estar acogido a alguna de las causales que facultan el acceso a prestaciones del seguro de desempleo, ya sea por suspensión de la relación laboral -es muy amplio se le puede negar el beneficio del prorrateo; el otro beneficio es universal.

Por lo tanto, quien tenga dificultades para pagar, basta con una declaración jurada. Esta iniciativa garantiza que las personas tengan servicios básicos durante la pandemia.

Quiero señalar algo muy importante: durante el trámite del proyecto escuchamos al Ejecutivo, a los ministros. Nos habría gustado que se sumaran desde un inicio. Pero al final se sumaron; no podemos desconocerlo. El ministro de Obras Públicas se sumó. ¿Saben cómo? Reconociendo que en Chile tenemos un tremendo desequilibrio en las prestaciones de agua potable y en cómo se reciben. Tenemos los sistemas precarios de agua potable rural, que no podíamos incorporar a esta iniciativa, porque habríamos matado esos sistemas precarios. Por ello, el ministro de Obras Públicas concurrió con un fondo de 3.500 millones de pesos para financiar los sistemas de agua potable rural. Por lo tanto, hoy están recibiendo ese aporte.

Recuerden: presentamos el proyecto el 18 de marzo, y el gobierno sacó un plan el 27 de marzo, a propósito de esta iniciativa. ¿Fue insuficiente? Sí, porque era solo para el 40 por ciento. Nosotros queríamos legislar en algo más integral en esta pandemia, y lo hemos logrado hoy, porque hemos traído esta propuesta. Ya lo dije: en materia de agua potable se generó un aporte.

En materia de telecomunicaciones, fue recogido un proyecto que estaba en el Senado, liderado por la senadora Yasna Provoste y los senadores Pizarro y Chahuán, que buscaba ampliar el servicio de conectividad a través de un plan básico solidario al que pueden acogerse las personas, que es mejor al originalmente propuesto. Además, se otorgará gratuidad a los estudiantes que requieren una mejor conectividad. Por lo tanto, valoro el trabajo realizado por la ministra Gloria Hutt en este aspecto, así como el de los senadores, quienes accedieron -así como accedieron los diputados Jaime Naranjo , Miguel Mellado y Joaquín Lavín y estuvieron dispuestos a incorporar esas medidas en este proyecto de ley que estaba en la Comisión Mixta.

Así también, en materia de los servicios de agua, de gas, de telefonía e internet, estuvimos trabajando con los subsecretarios y con los superintendentes respectivos. Y quiero dar un recado a los superintendentes: hagan su trabajo como corresponde. Hoy las personas están recibiendo abultadamente -aparte de esta futura ley en todas las cuentas su facturación. Es un reclamo de miles o tal vez de millones de personas. Hemos hecho un llamado de manera transversal desde el Congreso Nacional a los superintendentes: hagan su trabajo como corresponde y defiendan a las personas.

También hemos pedido al gobierno que se haga cargo de las empresas sanitarias pequeñas, que dejamos fuera de este proyecto. Sí, las dejamos fuera, porque no queremos matar a la pyme. Por lo tanto, el Estado tiene que hacer algo para garantizar que los clientes sigan con los servicios de agua, de luz y aquellos a los que me he referido.

Este ha sido un trabajo de todos. Yo lo rescato y considero que así debemos trabajar. Cuando el gobierno nos pide que trabajemos y estemos disponibles para grandes acuerdos, debe ser considerando y escuchando a todos. Eso es lo que ha demostrado hoy la Comisión de Economía de la Cámara, la Comisión Mixta y el Senado, escuchando a todos: al gobierno, incluso a las empresas, que en su minuto se negaron. Las generadoras y distribuidoras se pelearon, y se mandaron a pedir créditos para el BID. ¿Y saben qué? Nosotros les dijimos: “Si tienen tantos problemas entre ustedes, arréglensela con su legislación que ya está. Lo único que nosotros queremos garantizar es que el servicio se genere y no se corte, y que si ustedes como empresas van a cortar un servicio, tengan multa y se arreglen con la superintendencia”. Por eso, es muy importante el rol de las superintendencias en el país.

También dijimos al gobierno que debe garantizar el cumplimiento de esta iniciativa, porque se trata de un proyecto de ley noble que busca acompañar a las familias, y si es necesario extender su vigencia, existe voluntad para ello en el Congreso Nacional. Lo dijimos. Creo que hoy debemos pensar en soluciones integrales, no solo para el 40 por ciento, con voluntad política, pensando en la persona humana, que debe tener los servicios básicos, y no en la letra chica, en cómo perjudico al otro, en circunstancias de que estamos aquí para servir.

Mi bancada, la de la Democracia Cristiana, va a apoyar este proyecto. Hemos luchado por alcanzarlo durante tres meses, a pesar de estar en una urgencia. Eso es lo único que nos debe avergonzar. Debemos trabajar con celeridad y oportunidad, pensando hoy en el más débil.

Agradezco a la Democracia Cristiana por haberme mandatado en la Comisión Mixta. También agradezco a la Comisión de Economía, al Senado…

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo.-

(Vicepresidente).- Ha concluido su tiempo, señora diputada.

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado José Pérez .

El señor PÉREZ (don José) [vía telemática].-

Señor Presidente, hoy debemos pronunciarnos respecto del informe de la Comisión Mixta sobre un proyecto de ley cuya tramitación se ha demorado largo tiempo, en circunstancias de que la gente sigue esperando y preocupada por el problema de la suspensión y los cortes de los servicios básicos. Al respecto, voy a fundamentar por qué a mi juicio no es un buen proyecto de ley.

Primero, hay que destacar que entre marzo y mayo de este año el servicio eléctrico domiciliario ha incrementado su tarifa en un porcentaje que supera el ciento por ciento.

Se trata de alzas escandalosas de parte de las empresas distribuidoras de energía eléctrica, respecto de las que el Ministerio de Energía y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles debieran no solo comentar a través de los medios de comunicación, sino establecer las sanciones respectivas por cobro excesivo. Además, debemos suspender el pago por recargo invernal.

Lo que propone este proyecto es la postergación del cobro de los servicios básicos, montos que al acumularse harán que llegue el momento en que la gente no los podrá pagar; eso no sirve. Lo que se debiera haber hecho en este caso es conseguir un subsidio de parte del Estado para que durante la pandemia la gente no tenga que pagar por lo que consume mensualmente.

Estamos en una pandemia y en una situación económica difícil; por eso se han dictado muchas leyes y hay recursos para solucionar los problemas de las personas más vulnerables.

El setenta por ciento de la población de más escasos recursos debiera contar con un subsidio del Estado para evitar los cortes de los suministros de agua y luz. Dicho beneficio debiera alcanzar incluso a la clase media, que es el amortiguador desde el punto de vista económico que tenemos en el país, puesto que es la que recibe todos los golpes. No obstante, siempre nos olvidamos de ayudar a resolver los problemas económicos que afectan a nuestra clase media.

Considero que este proyecto no apunta en la dirección correcta. Si bien permitirá la suspensión de los cortes de esos servicios básicos, a la larga hará que se acumule una deuda que las personas no podrán pagar, razón por la que el Estado deberá dictar una nueva ley para abordar ese problema.

Aquí la situación es muy clara: ¿Estamos dispuestos a ayudar a las personas de más escasos recursos del país? Para conseguirlo tenemos que evitar el corte de los servicios básicos fundamentales: luz, agua y gas. Para eso el Estado tiene que ponerse con los recursos que se necesitan.

Si bien en la actualidad se entrega un subsidio permanente con ese fin a un porcentaje menor de la población, se requiere aumentarlo en virtud del drama de la pandemia, que está dañando a una velocidad increíble a nuestra población.

Finalmente, reitero que el Estado debe entregar un subsidio para resolver el problema de fondo: la falta de recursos, a fin de que no se acumule una deuda que después será impagable.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Gonzalo Fuenzalida .

El señor FUENZALIDA (don Gonzalo).-

Señor Presidente, me alegro mucho de que este proyecto esté a punto de transformarse en realidad. De hecho, fui uno de los primeros firmantes de esta iniciativa, presentada hace algunos meses por la diputada Joanna Pérez .

Lo que buscábamos a través de esta iniciativa era salir de la lógica que muchas veces tienen los gobiernos, con muy buena fe, de llegar a acuerdos con las empresas que suministran servicios básicos. El problema es que esos acuerdos no son vinculantes, no son obligatorios, de manera que en muchos casos las empresas pueden llegar a acuerdos, pero no necesariamente los cumplen al pie de la letra.

La ley tiene una lógica: prohíbe y ordena. En este caso, el proyecto -ahora deberemos pronunciarnos respecto del informe de la Comisión Mixta tiene la lógica de prohibir y ordenar. Lo que propone permite cumplir con ese fin, porque los dos principios que queríamos establecer en el proyecto inicial era que no se procediera al corte de los servicios básicos. Ello obedece a una razón lógica: ¿Cómo se puede vivir una cuarentena sin luz, sin agua, sin acceso a las comunicaciones y sin gas?

Para garantizar el encierro y la cuarentena, esos servicios básicos deben suministrarse sin posibilidad alguna de que se proceda a su corte por no pago. Eso se dispone en la iniciativa para todos los usuarios, sin discriminación alguna.

Por otra parte, hay que señalar que se generará una deuda por el no pago de dichos servicios; pero había que buscar los medios para que esa deuda se prorrateara en el tiempo, dando las garantías de pago en la medida que se comenzaran a generar ingresos. Eso también se logró, pero no solo para los sectores más vulnerables, sino también para los adultos mayores, para el sesenta por ciento de mayor vulnerabilidad, para todos los que están ocupando el seguro de cesantía y para los trabajadores informales, quienes mediante una declaración jurada deben señalar que tienen problemas de ingresos para pagar. Todo aquello se ha logrado muy bien, pues la iniciativa es bastante amplia.

El diputado Naranjo manifestó que lo ideal habría sido que lo que se propone operara en forma automática. Qué duda cabe de que lo ideal es siempre ideal, pero las empresas no están vinculadas a los registros que maneja el Estado, como es el caso de los cobros del seguro de cesantía. Para eso se requiere un trámite, no una postulación, porque los que son beneficiarios de prorratear el pago de los servicios básicos no son postulantes. Ellos tienen el beneficio, de manera que solo con solicitarlo este debiera operar en forma automática, pero es necesaria esa solicitud.

Por otro lado, siempre caemos en la lógica de que haya un subsidio o una transferencia por parte del Estado para no pagar la deuda acumulada. Sin duda, sabemos que habrá una deuda acumulada que posiblemente no se podrá pagar, pero los subsidios los terminan pagando los propios usuarios, a través de sus impuestos. Cuando el Estado subsidia igual tendrá que producirse un pago. Lo señalo para que no creamos que porque el Estado subsidia a personas que no puedan pagar eso será gratis; no hay nada gratis. Eso se debe a que lo que finalmente hace el Estado es subsidiar con dinero de las mismas personas que no pueden pagar sus cuentas, pero por otras vías de recaudación.

En consecuencia, creo que el proyecto está muy bien logrado y que constituye un avance, de modo que votaremos a favor el informe de la Comisión Mixta. En todo caso, es de esperar que lo que establece la iniciativa se publicite de manera suficiente, con el objeto de que la gente se entere de esta buena noticia.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Alejandro Bernales .

El señor BERNALES (vía telemática).-

Señor Presidente, quiero para partir mi intervención contando sobre el proceso de este proyecto de ley. En ese sentido, quiero recordar que una de las primeras intervenciones que hice en la Comisión de Economía referida a esta iniciativa tuvo que ver con lo paradójico que resulta tener que haberla presentado a tramitación legislativa.

Lo señalo, porque lo primero que habríamos esperado es que ante esta crisis sanitaria las propias empresas de servicios básicos hubiesen sido las primeras en contactarse con sus clientes para darles algún grado de tranquilidad frente al no pago de las cuentas de los servicios básicos.

¿Por qué habría sido esperable aquello? Debido a que hay personas que no tienen ni siquiera para comer y que tienen que estar preocupadas de cómo pagar las cuentas de sus servicios básicos. Lamentablemente, las empresas no se contactaron con sus clientes y les siguieron exigiendo el pago de dichas cuentas.

En segundo lugar, esperábamos que el gobierno tuviera una acción proactiva respecto de los servicios básicos, pero tampoco la tuvo.

Por esa razón, varias bancadas presentamos rápidamente proyectos que apuntaban a postergar los cortes y facilitar la prórroga de los pagos de los servicios básicos.

En el intertanto, el ministro de Energía hizo el anuncio, de carácter bastante tibio, sobre determinados acuerdos que se tomaron con algunas empresas para que no cortaran los servicios básicos. Se hicieron algunos anuncios para acceder a ciertas páginas de internet para llevar a cabo esa solicitud; pero nosotros encontramos que eso era insuficiente y seguimos legislando sobre esta materia en la Comisión de Economía.

Dicho eso, con la aprobación del informe de la Comisión Mixta -creo que será así estaremos entregando certeza jurídica a los vecinos para que tengan claridad sobre cuáles serán las reglas para todas las empresas respecto de los cortes y prórrogas de los servicios básicos, como el de agua, el de luz, el de internet, el de telefonía y el de gas.

En ese aspecto, me parece que hemos hecho un gran trabajo, puesto que ahora la iniciativa favorecerá al 60 por ciento más vulnerable de la población y a las mi pymes. Recordemos que al principio había mucha queja de la clase media en cuanto a que nuevamente había sido postergada, en circunstancias de que, lamentablemente, también hay personas de la clase media que están en esta situación de no poder pagar sus servicios básicos. Así de grave es la situación que estamos viviendo. Esta no es solo una crisis sanitaria, sino también una gran crisis económica.

Voy referirme a algo que el proyecto deja fuera y sobre lo cual debemos trabajar. Hemos hablado con el ministro de Energía y le hemos hecho ver, al igual que al Presidente de la República, a quien le enviamos una carta con el diputado Vlado Mirosevic , que el suministro de gas no queda totalmente cubierto, porque lo que se incluye en el proyecto de ley es el gas natural que llega a través de cañería a los hogares, pero buena parte de la población se abastece con gas en cilindros, y para ello se necesita tener el dinero al contado. Si se me acaba el cilindro de gas, llamo para que me lo renueven, y si no tengo la plata en efectivo, no voy a obtener esa recarga de gas. Hay muchas personas que están recibiendo sus cajas de alimento, pero no tienen gas para cocinar.

El gas también es importante, sobre todo acá en el sur, para calefaccionar los hogares y para bañarse con agua caliente.

Por lo tanto, creo que ahí hay un desafío importante para el gobierno, así que espero que el gobierno pueda anunciar un subsidio para el gas licuado que va en cilindro.

Por último, nuevamente hago un llamado al ministro de Energía para que reconsidere lo que nos mencionó en la última sesión, cuando votamos este proyecto por primera vez en la Sala: que iba a acudir al Tribunal Constitucional para que este proyecto sea declarado inadmisible.

Al respecto, me parece que ya hay un gran acuerdo en la Cámara de Diputados, por lo cual considero que el gesto que tiene que hacer el gobierno es acelerar su tramitación, para que la futura ley se ponga en marcha lo antes posible.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Ofrezco la palabra a la diputada María Loreto Carvajal .

Ofrezco la palabra al diputado Alexis Sepúlveda . Ofrezco la palabra al diputado Luis Pardo .

No han podido conectarse al sistema. Les daremos la palabra cuando logren conectarse nuevamente.

Tiene la palabra el diputado René Alinco .

El señor ALINCO.-

Señor Presidente, no quiero desmerecer el trabajo que han hecho los diputados que participaron en el debate de este proyecto, pero considero que, como muchos proyectos que aprueba la Cámara de Diputados, este significa pan para hoy y hambre para mañana. La deuda no se termina, y todos sabemos perfectamente bien que después de esta pandemia sanitaria se viene la pandemia social, que significará cesantía, hambruna, no tener plata para pagar los servicios básicos, como la electricidad y el agua potable.

Por otra parte, no es verdad lo que señala el diputado Gonzalo Fuenzalida cuando dice que aquí no hay nada gratis. Claro que hay cosas gratis, y le voy a dar dos ejemplos. Primero, ¿cuánto pagaron las siete familias que hoy día son dueñas del mar chileno por cuarenta años? ¿Cuánto pagaron? ¿Cuántos beneficios obtienen?

Segundo, ¿cuánto ha pagado el señor Pérez Yoma por los miles y miles de litros de agua que usa en sus plantaciones de paltos y otras cosas, dejando más encima sin agua a los niños de Petorca y La Ligua?

Entonces, no me venga a decir acá ningún diputado defensor de los empresarios, de oposición o de gobierno, que aquí no hay nada gratis. Para los grandes las cosas son gratis, pero a los pequeños empresarios y a los trabajadores y trabajadoras se les cobra todo.

Hoy, acá, en la Región de Aysén, tenemos un sistema monopólico de energía, Edel aysén, que ha subido dos o tres veces los precios de la energía eléctrica. Una persona que pagaba 40.000 pesos, hoy día paga 140.000 o 120.000 pesos. Según ellos, eso se debe a que se producen más gastos. Con el agua potable pasa lo mismo. El señor Franz Scheel , gerente general de Aguas Patagonia, dice que ahora se consume más agua por el encierro. ¿Quién paga eso? Los trabajadores.

Acá, solo la industria turística dejó cesantes a más de 1.500 trabajadores en el último mes. Por lo tanto, creo que este es un proyecto razonable. No desconozco el trabajo realizado, y los felicito por el esfuerzo que han puesto, pero creo que es un proyecto de mentira. Los parlamentarios tenemos el deber, la obligación de legislar de verdad. Ya lo planteó un parlamentario: los trabajadores chilenos y las trabajadoras chilenas no deben pagar la luz ni el agua hasta que se solucione el problema de la pandemia y, por supuesto, hasta que se solucione la crisis social que se nos avecina.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el subsecretario general de la Presidencia, señor Juan José Ossa .

El señor OSSA (subsecretario general de la Presidencia) [vía telemática].-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a quienes se encuentran en esta sesión, sea en forma física o telemática.

Para ser breve, solo diré que el gobierno, con fecha 27 de marzo de 2020, recién comenzada la pandemia, a través de los ministerios de Energía, Obras Públicas y Transportes y Telecomunicaciones, logró acuerdos con las compañías de esos sectores para poner en marcha un plan de contingencia que ayudara a las familias.

¿Por qué se optó por esa vía? Primero, porque era la forma de acercarse rápidamente a la gente y también porque era la vía para respetar nuestra institucionalidad vigente.

¿En qué consiste este plan en materia de electricidad? Se acordó suspender el corte de servicio por mora en el pago de las boletas. Los saldos impagos que se originaran serían postergados y prorrateados en hasta doce meses, luego de terminado el estado de catástrofe, sin intereses.

Los clientes con deudas menores a 10 UF acumuladas antes del estado de catástrofe también podrían prorratear sus deudas, bajo el mismo mecanismo.

Esto benefició a más de tres millones de familias, aproximadamente siete millones de personas, que componen el 40 por ciento de menores ingresos, según el Registro Social de Hogares. Pero también se incluyó a los mayores de sesenta años de edad con dificultades de pago, fueran o no parte de ese segmento. También se benefició a las personas que hubiesen perdido sus empleos durante el estado de catástrofe y otros casos que pudiesen acreditarse frente a las distribuidoras.

Se dispuso de medios como call centers y casillas virtuales para facilitar a las personas el acceso a estos beneficios.

Quiero desmitificar que se trate solo de acuerdos de buena fe, porque se estableció expresamente que existiría supervisión, fiscalización y eventuales sanciones para el caso de incumplimiento. En este sentido, consideramos que se trata de acuerdos fuertes, sólidos y cumplibles.

Respecto de las telecomunicaciones, se estableció un plan solidario de conectividad, que permitió la conexión gratis a internet para clientes actuales de los hogares más vulnerables durante sesenta días, y luego se extendió en treinta días más.

Respecto de las aguas, los clientes domiciliarios de empresas sanitarias pueden optar por postergar el pago de sus cuentas por los consumos facturados en agua potable y alcantarillado por los próximos tres meses desde acordado, y esto benefició a 1.500.000 familias.

Dicho eso, y habiendo establecido que fue un mecanismo que permitió acercarse a las familias en forma rápida y que, además, se trata de acuerdos que son perfectamente cumplibles y fiscalizables, quiero explicar por qué se optó por este mecanismo. Se optó porque, independiente de las distintas cosmovisiones que podamos tener sobre las reglas constitucionales que hoy nos rigen, hay un hecho ineludible y es que la Constitución Política, para efectos de limitar el derecho de propiedad mediante una ley simple o especial, exige necesariamente una compensación.

Esa es la razón por la cual el Ejecutivo, particularmente a través del ministro de Energía, ha señalado que pueden existir vicios de constitucionalidad en el proyecto.

¿Por qué pudiesen requerirse compensaciones? Porque las empresas pueden sufrir un detrimento financiero con la postergación del pago del servicio. En ese sentido, en las distintas comisiones, y en particular en la Comisión Mixta, cuyo informe hoy les corresponde aprobar o rechazar, el gobierno, a través de quien habla, ha insistido en que ya se suscribió un acuerdo que tenía como fundamento llegar primero a las familias y, además, respetar la institucionalidad vigente. También hicimos presente que si durante la tramitación de la ley algunos regulados pudiesen señalar que no tendrían inconvenientes, pudiese existir un vicio eventual de constitucionalidad.

Por lo mismo, y a solicitud del presidente de la Comisión Mixta, el senador Álvaro Elizalde , participamos en ella, pero lo hicimos solo dando nuestra opinión técnica, para efectos de que la legislación, que a ustedes les corresponde aprobar o rechazar, contase con la opinión de los organismos técnicos sectoriales del gobierno y de las respectivas superintendencias.

En ese sentido, nuestra participación -quiero precisarlo se ha limitado a contribuir, a solicitud de la Comisión Mixta, en aspectos meramente técnicos.

El Ejecutivo insiste en que, eventualmente, el proyecto puede presentar vicios de constitucionalidad. Y digo “eventualmente”, porque ello dependerá de si se afecta o no el derecho de propiedad de los regulados, cuestión que, a nuestro juicio, al menos sucede a propósito del costo financiero que conlleva la postergación en el pago de las cuentas.

Muchas gracias.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Tiene la palabra, vía telemática, la diputada Ximena Ossandón .

La señora OSSANDÓN (doña Ximena) [vía telemática].-

Señor Presidente, muchas veces nos critican porque no hacemos nuestro trabajo, porque en reiteradas oportunidades nos vemos envueltos en peleas estériles y porque pareciera que en la Cámara vivimos en otro mundo, pero hoy estamos demostrando todo lo contrario.

Quiero nombrar a los diputados Eguiguren , Fuenzalida , Longton , Olivera , Prieto , Rey, Santana , Sauerbaum , Urruticoechea , Desbordes , Torrealba , miembros de mi partido, quienes junto a quien habla se la han jugado por sacar adelante este proyecto. A ello también han contribuido otros colegas de la comisión. Sabíamos que el tema era algo complicado, pero aun así dimos la pelea.

Ha sido un largo proceso, pero vamos a llegar a buen puerto. Esta es una clara muestra de que no siempre las cosas que hacemos son negativas. Aquí todos estamos de acuerdo para ir en ayuda de los más vulnerables, desde el Partido Comunista hasta la UDI, para apoyar este proyecto que, sin duda, se pone en la piel de la gente, pues es una iniciativa empática que significa un alivio en estos momentos, aunque no es una salida, porque solo pospone el pago de los servicios básicos.

La dignidad de la política se da en este tipo de gestos, y eso es lo que quiero resaltar. Hemos hablado mucho acerca de cómo se va a ejecutar el proyecto en sí, en la relación con las empresas, pero lo importante es que nadie se quedó de brazos cruzados, esperando que la solución llegara del cielo. Hubo muchos proyectos en la misma línea, que luego se fusionaron, y ahora estamos terminando el proceso con el informe de la Comisión Mixta.

Ningún chileno vulnerable se verá apremiado ni se angustiará por el corte de los servicios básicos, al menos por estos meses, porque no sabemos lo que nos depara el futuro, ya que no sabemos cuándo terminará la pandemia y tampoco sabemos lo que va a pasar en materia económica.

Trabajo muchísimo en terreno y mi equipo se la juega todo el día y por eso estoy tan agradecida -se lo digo a todos mis colegas de que nos estemos poniendo en los zapatos de las personas más vulnerables, porque sabemos que la situación hoy es apremiante. La gente lo está pasando muy mal, de manera que si a esa realidad le añadimos que las cuentas impagas se van acumulando día a día, la angustia es mucho mayor.

Reitero mi agradecimiento a todos quienes hicieron posible que esta iniciativa se haga realidad, porque les aseguro que esto dignificará, en cierta forma, a nuestra clase política, que siempre ha sido tan criticada. Hoy demostramos que somos capaces de ser empáticos, de estar en conexión con la gente y de ponernos de acuerdo.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Mulet .

El señor MULET (vía telemática).-

Señor Presidente, este es un muy buen proyecto, pero es muy limitado en su alcance, pues solo evita, en caso de aprobarse -da la impresión de que así será-, que le corten el suministro de agua potable al 60 por ciento más vulnerable de la población de nuestro país, que es gente que tiene muchas necesidades económicas; a los adultos mayores, a quienes están percibiendo el seguro de desempleo y a algunas otras personas e instituciones que se indican.

Según mi opinión, lo mínimo que se puede hacer en una situación de pandemia es no cortar los suministros de agua potable, energía eléctrica y de gas de cañería, pues son absolutamente necesarios e indispensables para cumplir las normas sanitarias. Considero que el beneficio es mínimo y por eso me llama profundamente la atención la postura del gobierno, recién expresada por el subsecretario general de la Presidencia, en orden a que el proyecto tendría vicios de inconstitucionalidad, por lo que existe el riesgo de que el gobierno concurra al Tribunal Constitucional.

Me da pena que el gobierno y la oposición -aquí también hubo parlamentarios de gobierno que patrocinaron estos proyectos de ley, que se refundieron no seamos capaces de ponernos de acuerdo para otorgar algo tan básico y que recibamos la amenaza de acudir al Tribunal Constitucional, que podría eliminar este beneficio mínimo, que es solo una suspensión, porque la deuda se pagará después.

La gente quedará con la duda de si podrá acceder o no al beneficio. Reitero que me da mucha pena, porque esto demuestra lo que está pasando en el país y también muestra el enfoque que tiene el gobierno del Presidente Piñera en esta materia.

Es impresionante lo que está sucediendo. Solo quiero recordar que, a fines de marzo, el Presidente Piñera dio una conferencia de prensa para dar a conocer un acuerdo entre el gobierno y las empresas para que el 40 por ciento de la población más vulnerable del país pudiera reprogramar sus pagos de servicios básicos durante la pandemia, pero ese beneficio contemplaba una serie de requisitos y muy poca gente ha podido acceder a él, tal como ha ocurrido con la mayoría de los beneficios que el gobierno ha anunciado. Por ejemplo, dijo que iba a beneficiar a 1 millón de pequeños y medianos empresarios a través del Fogape, pero hasta ahora solo han accedido 100.000 pequeños empresarios.

Todo esto demuestra lo complejo que es tener un gobierno con una inspiración neoliberal tan profunda y tan dura que -lo digo con sentimiento y con mucho dolor está provocando daño a la ciudadanía en vez de aliviar las consecuencias de una situación tan grave. Eso es complejo, difícil y doloroso. Me llama profundamente la atención.

¡Pero sí habrá recursos para salvar a Latam, empresa que beneficia a una o dos familias en el país! ¡Sí va a haber recursos para Latam! ¡Por Dios! ¿Qué estamos haciendo? Se está amenazando, incluso, a gente que después pagará sus cuentas, porque solo se pospone el pago de las cuentas de la luz y del agua potable.

Entonces, este es un buen proyecto, pero la mirada del gobierno lo está echando a perder, porque nos está diciendo que puede acudir al Tribunal Constitucional, lo que lamento.

Señor Presidente, votaremos a favor la iniciativa. Espero y ruego que el gobierno no recurra al Tribunal Constitucional.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Tiene la palabra, por vía telemática, el diputado Luis Pardo .

Aviso que estamos cerrando el debate, por lo que los parlamentarios inscritos deben estar en la Sala o frente a sus computadores.

El señor PARDO (vía telemática).-

Señor Presidente, hemos tenido la oportunidad de debatir este proyecto de ley tanto en la Comisión de Economía como en esta Sala. El mismo tiene elementos muy positivos, como, por ejemplo, haber ampliado la cobertura de los beneficios otorgados a través de los programas implementados por el gobierno a las personas que, sin pertenecer necesariamente al 40 por ciento más vulnerable, hubiesen experimentado la pérdida del empleo, o estuviesen sujetas al seguro de cesantía, o hubieren tenido una caída en sus ingresos. Además, se incorporaron medidas que enriquecen y perfeccionan el proyecto. Sin lugar a dudas, es una buena noticia para aquellas familias que están sufriendo los efectos de la pandemia, con todas las características que conocemos.

Sin embargo, me llaman la atención -en verdad, ya casi no me llaman la atención los discursos de algunos colegas que parecieran vivir en otro planeta, pues solo hacen ver sus buenas intenciones, pero no se hacen cargo de una realidad material como es, por ejemplo, la sequía que vivimos desde hace más de 10 años, realidad que está afectando no solo a la agricultura, sino también a los APR y, eventualmente, en el futuro próximo, al agua potable urbana.

Aquí se eliminan con total liviandad los límites impuestos a estos beneficios. Esos límites no generaban menoscabo para el consumo de agua que, de acuerdo a los estándares conocidos, requiere una familia o una persona para subsistir. Más bien se trata de un límite que tiene que ver con la racionalidad, con el uso prudente de un recurso escaso.

Alguien que riegue su jardín o venda agua no tendrá límites de uso y podrá pagar su cuenta en cómodas cuotas mensuales, porque parlamentarios, en forma irresponsable y sin conocer la realidad material de los hechos -vuelvo a insistir en este punto-, eliminaron ese límite.

Asimismo, estuvimos dispuestos a legislar la materia, a pesar de que el gobierno había habilitado planes en relación con el agua potable, la electricidad y la telefonía. Estamos de acuerdo en que esos planes no han tenido toda la cobertura que hubiéramos querido, por lo que no toda la gente se ha enterado de su existencia. Sin embargo, sí hubo un elemento ampliamente informado, tanto en las comisiones como en la Sala y, posteriormente, en la Comisión Mixta, cual fue imponer determinadas cargas sin contar con los resguardos necesarios para evitar futuras acciones indemnizatorias que necesariamente recaerán sobre el Estado. En efecto, como consecuencia de la impericia e ignorancia de algunas indicaciones, las compañías internacionales -les estamos entregando esa posibilidad en bandeja podrán presentar demandas internacionales y reclamos no solo por la inconstitucionalidad de ciertas medidas, sino por la expropiación indirecta de la actividad que ejercían en forma voluntaria.

Señor Presidente, es lamentable que los mismos que alegan no tener más tiempo para debatir estos temas, apuren, sin conocimiento y sin la rigurosidad…

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado.

Tiene la palabra el ministro secretario general de la Presidencia, señor Claudio Alvarado .

El señor ALVARADO (ministro secretario general de la Presidencia).-

Señor Presidente, saludo a todas las señoras y a los señores diputados presentes en la Sala y a quienes están conectados de modo telemático.

Quiero hacerme cargo de algunos dichos del diputado Mulet , en particular cuando da a entender que al gobierno no le preocupa la situación de las personas más humildes y vulnerables.

Por su intermedio, señor Presidente, le señalo al diputado Mulet que nuestra posición es totalmente contraria a lo que señala. Antes de que se discutiera esta iniciativa, el gobierno reaccionó con la sensibilidad que corresponde para orientar y facilitar el pago y el consumo de servicios básicos a familias vulnerables que estaban sufriendo las consecuencias de la pandemia, pues entendíamos que no podían mantener, por razones obvias, el mismo flujo de ingresos.

Por esa razón, se buscó un camino que, a nuestro juicio, era correcto: consensuar, por la vía del acuerdo con las empresas de electricidad, sanitarias y de telecomunicaciones, una fórmula que permitiera prorratear hacia adelante las cuentas que se generaran durante la pandemia. Incluso, la idea es dar facilidades para que deudas anteriores que no superen una determinada cantidad de UF puedan ser pagadas cuando la situación mejore y la capacidad de ingresos de las familias retorne a una condición más normal.

Asimismo, se han ido tomando una serie de otras medidas de protección del ingreso familiar como complemento de cualquier tipo de iniciativa legal que se discuta. Así fue como el Congreso aprobó, por ejemplo, el bono covid-19, el ingreso familiar de emergencia y se estableció la utilización de la Ley de Protección del Empleo, que considera el seguro de cesantía.

Además, se está trabajando en un acuerdo -esperamos que llegue a feliz término en el transcurso de esta semana en orden a que las personas puedan tener la certeza de que mientras se mantengan las dificultades económicas, el gobierno y los parlamentarios apoyarán y entregarán seguridad a la ciudadanía en estas y otras materias.

Igualmente, se considera la opción de contar con programas de reactivación económica que recuperen las fuentes de empleo y, con ello, los ingresos y el bienestar que las familias han perdido como consecuencia de la crisis sanitaria.

Se ha dicho que el gobierno no entiende y cuestiona el origen o características de determinados proyectos. Tal como lo manifestó el subsecretario señor Ossa , el gobierno tiene el deber de hacer presente que hay proyectos que afectan derechos.

Por último, señalo que el proyecto, que se discute en tercer trámite constitucional, está en plena concordancia y en la línea de iniciativas que tomó el gobierno a partir del mes de marzo, con el fin de garantizar que los servicios de telefonía, agua potable y electricidad se mantengan durante estos periodos de dificultades y su pago se concrete una vez que se supere la pandemia y que nuestra economía comience a recuperarse.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Alexis Sepúlveda .

El señor SEPÚLVEDA (don Alexis) [vía telemática].-

Señor Presidente, este proyecto debería haber sido ley hace bastante tiempo, por la urgencia que tienen las familias.

Creo que ya no podemos hablar solo de familias de menores ingresos, pues la crisis social y económica que ha generado esta pandemia ha ampliado el horizonte de quienes eventualmente requieren una atención de parte del Estado, que son mucho más que el 40 y el 60 por ciento de menores ingresos.

Hay gente de clase media que nunca ha golpeado la puerta de una municipalidad, que nunca ha estado preocupada de recibir alguna ayuda del gobierno, pero que hoy tiene complicaciones concretas y reales, porque han bajado sustancialmente sus ingresos. Gente de clase media que tenía un buen pasar, que tenía actividades económicas, obviamente hoy está muy complicada para pagar las cuentas de los servicios básicos, que son fundamentales para mantener la cuarentena y dar el apoyo sanitario que pide el gobierno.

En ese sentido, no cortar los servicios básicos debió haber sido una medida adoptada por el gobierno, vía proyecto de ley o decreto, de manera inmediata ante la crisis, no un acuerdo de voluntades suscrito con algunas empresas, el que, por cierto, no abarcó a todo el conjunto de servicios básicos, entre los que incluyo los servicios de telefonía celular y de internet, que hoy son fundamentales.

De todas maneras, yo quiero agradecer, porque este es un avance, es la unión de muchos proyectos de ley, de muchas voluntades de todos los sectores, tanto de Chile Vamos como de la oposición, que confluyeron en criterios comunes para avanzar en un tema que obviamente está golpeando con fuerza a las familias –insisto no solo de bajos recursos, sino también de la clase media, que hoy se ha visto fuertemente afectada.

Me gustaría que el gobierno se hubiese incorporado con fuerza para que pudiésemos haber hablado de un subsidio con tope a un consumo determinado de energía eléctrica o de agua, cuentas cuyos montos, por cierto, se ven incrementados en el caso del agua, porque hay que pagar el servicio de alcantarillado -no sé cómo las empresas logran medir la cantidad de agua que uno consume y se va por el alcantarillado y, proporcionalmente, el tratamiento de las aguas servidas, que, por lo menos en la Región del Maule, termina triplicando el precio de las cuentas.

Ahora bien, este proyecto es una buena noticia. Sin duda que hay aspectos que no pudieron ser incorporados. Era fundamental contar con el patrocinio del gobierno, pero eso faltó. Hubiese sido un proyecto redondo si hubiésemos podido incorporar algún margen de apoyo, de subsidio directo, para un grupo importante de personas, pero con un límite, porque esto tampoco puede ser a libre consumo. Sin embargo, garantizar que no existan cortes de servicios básicos y la posibilidad de repactar esas deudas son alternativas que hoy sirven, aunque no son la solución definitiva.

Felicito a todos los que participaron,: a los diputados Cosme Mellado , Pedro Velásquez , Jaime Naranjo , de la Comisión de Economía; a los colegas Alejandro Bernales , Boris Barrera , Harry Jürgensen , Sofía Cid , y, en general, a todos quienes con distintos proyectos harán realidad la suspensión del corte de los servicios básicos por no pago.

He dicho.

El señor FLORES (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Raúl Soto .

El señor SOTO (don Raúl).-

Señor Presidente, qué duda cabe del sentido ciudadano de este proyecto de ley, que busca establecer la prohibición de cortar los servicios básicos por noventa días cuando no se ha hecho el pago.

En tiempos de crisis, cuando hay mora de las familias chilenas, de las pymes, de los pequeños comercios, de las organizaciones sociales, de Bomberos y de un sinfín de otras instituciones sin fines de lucro, por supuesto que también tiene que haber una ayuda del Estado para salir adelante, para alivianar la carga de gastos de las familias chilenas vulnerables y de clase media que lo están pasando mal.

En ese sentido, este proyecto prohíbe expresamente que, durante este tiempo de crisis, las empresas de servicios de energía eléctrica, de agua, de gas de cañería, de telefonía e internet corten el suministro de esos servicios esenciales a las personas, a las familias y a los pequeños emprendimientos por no pago o mora. Me parece que es muy sensato y necesario quitar esa mochila de carga a esas personas, a esas familias y a esos pequeños comercios.

Por eso, con toda la convicción, apoyamos la iniciativa, al igual como lo hicimos en forma transversal en la Comisión de Economía, donde la apoyamos e impulsamos con fuerza, para que, de una vez por todas, vea la luz, y así entreguemos todos juntos una señal clara y concreta a la ciudadanía.

Esta prohibición de corte, en los hechos, implica también un congelamiento del pago de cuentas de servicios básicos y, por lo tanto, una carga menos de gasto para las familias y las pymes, que va a ser bastante considerable para sobrellevar los meses que vienen por delante.

Por lo tanto, damos todo nuestro apoyo a esta iniciativa, que ojalá se apruebe por unanimidad.

He dicho.

El señor FLORES (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Pablo Vidal .

El señor VIDAL.-

Señor Presidente, desde el comienzo de la crisis hemos dicho que hay dos mecanismos muy concretos para ayudar a las familias chilenas que están sufriendo: uno es entregarles los recursos para cumplir con sus necesidades básicas y otro es aliviarles la carga que tienen por distintos compromisos, ya sea por créditos estudiantiles, créditos hipotecarios u otro tipo de compromisos. Uno de esos compromisos son los servicios básicos, que, además, cumplen una doble función, porque no solo son un costo económico, sino que también son fundamentales para enfrentar la crisis. Por ejemplo, ¿cómo la gente se puede lavar las manos si no tiene agua?

Ahora, quiero hacer un comentario respecto de lo siguiente: me preocupa que en las últimas semanas he escuchado mucho decir a parlamentarios de Chile Vamos que ellos defienden y son leales a su gobierno. Al respecto, yo quiero recordar al país y también a los parlamentarios de Chile Vamos que ellos deben ser leales a la gente que los eligió, no al gobierno.

El Congreso Nacional debe ser leal al pueblo de Chile, porque es un poder del Estado autónomo; ni la oposición ni el oficialismo son dependientes de un gobierno.

En ese sentido, quiero rescatar que este proyecto concita un apoyo transversal de todas las bancadas de parlamentarios de Chile Vamos y de oposición, para entregar un alivio a las familias chilenas. ¿Qué respondió el gobierno, al cual los parlamentarios de Chile Vamos tanto defienden? Que va a hacer reserva de constitucionalidad en relación con este proyecto.

Este es el momento en que pido a los parlamentarios de Chile Vamos que hablen con el gobierno y que le pidan que reconozca que esta es una necesidad urgente, que a la gente no le pueden cortar los servicios básicos porque no puede pagar la cuenta en un momento tan difícil como el que está viviendo. Este es el momento en que el gobierno, al cual ustedes han sido tan leales, los escuche. Ya que a nosotros no nos escucha, quizá esta vez va a escuchar a los parlamentarios de Chile Vamos que se han comprometido con este proyecto, que han comprometido su voto a favor de esta iniciativa y que hoy reconocen esta necesidad de las familias chilenas.

Ojalá en los próximos días podamos aumentar el ingreso familiar de emergencia, iniciativa a la que también parlamentarios de Chile Vamos se oponían hace algunas semanas, porque no querían que las familias dependieran del Estado; hoy reconocen que es una necesidad. Enhorabuena que hayan cambiado de opinión. Ojalá el gobierno también cambie de opinión en ese aspecto, así como también respecto de este proyecto, y no haga reserva de constitucionalidad ante una necesidad tan grande de las familias chilenas como es tener acceso a la luz, al agua y a otros servicios básicos.

Por último, quiero rescatar algo que señaló el diputado Alejandro Bernales , en relación con que quedan fuera de este proyecto, por la naturaleza del beneficio, los balones de gas.

El gas que las personas compran -no el gas de cañería que pagan a través de una cuenta mensual, sino el que compran cada vez que necesitan reemplazar el balón que se acabó es un recurso caro, pero fundamental para cocinar la comida que el propio gobierno está entregando en las cajas con alimentos. ¿Cómo cocinarán la comida que viene en esa caja si no tienen gas? ¿Cómo se darán una ducha caliente? ¿Cómo prenderán una estufa?

Por consiguiente, necesitamos un subsidio de parte de gobierno. En ese sentido, presentamos un proyecto de resolución para pedir el apoyo del gobierno para todas esas familias que dependen de un balón de gas. También hay iniciativas ciudadanas, como una campaña que se llama “Pasa el balón”, otra que inició el Club Social y Deportivo Colo-Colo, y, en general, distintas iniciativas de solidaridad para ayudar a las familias, pero van a ser insuficientes.

Por lo tanto, esperamos que, ojalá, el gobierno pueda generar un apoyo directo a las familias con el gas licuado, que se necesita tanto para la ducha, la cocina y la estufa.

Insisto en que espero que el gobierno recapacite. En este punto, pido apoyo a los parlamentarios de Chile Vamos para que hablen con su gobierno a fin de que recapacite y no presente reserva de constitucionalidad respecto de este proyecto de ley.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

En el tiempo de la bancada de Evópoli, tiene la palabra el diputado Pablo Kast .

El señor KAST (vía telemática).-

Señor Presidente, tengo problemas con el video, pero no sé si el audio funciona bien.

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Mientras el diputado Kast soluciona su problema de conexión, tiene la palabra la diputada Loreto Carvajal .

La señora CARVAJAL (doña M.a Loreto).-

Señor Presidente, la verdad es que este proyecto, que la gente esperaba hace mucho tiempo, hoy por fin sale a la luz, luego de todas las complicaciones legislativas que ha tenido.

Sin duda, la iniciativa viene a dar respuesta no solo a las necesidades que enfrentan las personas que están dentro del sesenta por ciento de mayor vulnerabilidad, sino a un país que requiere del soporte efectivo del Estado.

En las últimas semanas nos sorprendimos, a propósito del pago de los servicios, con los reclamos de muchos usuarios por el alza en sus cuentas, sobre todo en materia de servicios de electricidad. Lo hemos vivido en regiones. Por eso, oficiamos a la superintendencia para conocer la causa de esta situación y desde cuándo se sabía que estaba operando el decreto que permitía retardar el pago, en cuotas sucesivas, desde la declaración del estado de emergencia.

Pese a que el proyecto en estudio no da respuesta a todas las necesidades de la población ni llega a todos aquellos que la sufren, anuncio que vamos a aprobar el informe de la Comisión Mixta.

Hubiésemos querido que no operara de la forma en que está concebido. Yo sentía que era necesario dar respuesta de manera inmediata, sin que los beneficiarios tuvieran que incorporarse en los registros y postular, como finalmente se determinó.

Hoy, dar tranquilidad a las personas que tienen requerimientos no solo de alimentación, sino también de pago de sus servicios básicos, como luz y agua potable, a lo que se puede sumar el costo de reposición de esos servicios, no es solo una necesidad, sino un imperativo.

Insisto: más allá de que la iniciativa no cubre la necesidad de todos los chilenos y de que ha sido abordada desde un punto específico…

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Ha concluido su tiempo, señora diputada.

¿Se pudo conectar el diputado Kast ?

El señor GALLEGUILLOS (Prosecretario accidental).-

No, señor Presidente. El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).- Cerrado el debate.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre las proposiciones de la Comisión Mixta en los siguientes términos:

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Corresponde votar el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que prohíbe a las empresas proveedoras de servicios básicos domiciliarios, durante la vigencia de estado de catástrofe decretado por la pandemia de covid-19, cortar o suspender las prestaciones y continuidad de dichos servicios a base de la existencia de mora en el pago de los usuarios finales.

En votación.

-De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento, el señor Secretario tomó de viva voz, por el sistema telemático, las votaciones de los diputados José Miguel Castro , Virginia Troncoso , Leonidas Romero , Manuel Matta y Tucapel Jiménez .

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 138 votos; por la negativa, 0 votos. Hubo 13 abstenciones.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas , Florcita Espinoza Sandoval , Fidel Mellado Suazo , Miguel Saavedra Chandía , Gastón Alinco Bustos , René Fernández Allende , Maya Meza Moncada , Fernando Sabag Villalobos , Jorge Álvarez Ramírez , Sebastián Flores García, Iván Mirosevic Verdugo , Vlado Saffirio Espinoza , René Álvarez Vera , Jenny Flores Oporto , Camila Mix Jiménez , Claudia Saldívar Auger , Raúl Amar Mancilla , Sandra Fuenzalida Figueroa , Gonzalo Molina Magofke , Andrés Sanhueza Dueñas , Gustavo Ascencio Mansilla , Gabriel Gahona Salazar , Sergio Monsalve Benavides , Manuel Santana Castillo, Juan Auth Stewart , Pepe Galleguillos Castillo , Ramón Morales Muñoz , Celso Santana Tirachini , Alejandro Baltolu Rasera, Nino García García, René Manuel Moreira Barros , Cristhian Santibáñez Novoa , Marisela Barrera Moreno , Boris Garín González , Renato Mulet Martínez , Jaime Sauerbaum Muñoz , Frank Barros Montero , Ramón Girardi Lavín , Cristina Muñoz González , Francesca Schalper Sepúlveda , Diego Berger Fett , Bernardo González Gatica , Félix Naranjo Ortiz , Jaime Schilling Rodríguez , Marcelo Bernales Maldonado , Alejandro González Torres , Rodrigo Noman Garrido , Nicolás Sepúlveda Orbenes , Alejandra Bianchi Retamales , Karim Hernández Hernández , Javier Norambuena Farías , Iván Sepúlveda Soto , Alexis Bobadilla Muñoz , Sergio Hernando Pérez , Marcela Núñez Arancibia , Daniel Silber Romo , Gabriel Boric Font , Gabriel Hertz Cádiz , Carmen Núñez Urrutia , Paulina Soto Ferrada , Leonardo Brito Hasbún , Jorge Hirsch Goldschmidt , Tomás Nuyado Ancapichún , Emilia Soto Mardones , Raúl Calisto Águila , Miguel Ángel Ibáñez Cotroneo , Diego Olivera De La Fuente , Erika Teillier Del Valle , Guillermo Cariola Oliva , Karol Ilabaca Cerda , Marcos Orsini Pascal , Maite Tohá González , Jaime Carter Fernández , Álvaro Jackson Drago , Giorgio Ortiz Novoa, José Miguel Torres Jeldes , Víctor Carvajal Ambiado , Loreto Jarpa Wevar , Carlos Abel Ossandón Irarrázabal , Ximena Trisotti Martínez, Renzo Castillo Muñoz , Natalia Jiles Moreno , Pamela Parra Sauterel , Andrea Troncoso Hellman , Virginia Castro Bascuñán, José Miguel Jiménez Fuentes , Tucapel Paulsen Kehr , Diego Urrutia Bonilla , Ignacio Castro González, Juan Luis Jürgensen Rundshagen , Harry Pérez Arriagada , José Urrutia Soto , Osvaldo Celis Araya , Ricardo Kast Sommerhoff , Pablo Pérez Lahsen , Leopoldo Urruticoechea Ríos , Cristóbal Celis Montt , Andrés Keitel Bianchi , Sebastián Pérez Olea , Joanna Vallejo Dowling , Camila Cicardini Milla , Daniella Labra Sepúlveda , Amaro Pérez Salinas , Catalina Van Rysselberghe Herrera , Enrique Cid Versalovic , Sofía Lavín León , Joaquín Prieto Lorca , Pablo Velásquez Núñez , Esteban Coloma Álamos, Juan Antonio Leiva Carvajal , Raúl Rathgeb Schifferli , Jorge Velásquez Seguel , Pedro Crispi Serrano , Miguel Leuquén Uribe , Aracely Rentería Moller , Rolando Venegas Cárdenas , Mario Del Real Mihovilovic , Catalina Longton Herrera , Andrés Rey Martínez , Hugo Verdessi Belemmi , Daniel Desbordes Jiménez , Mario Lorenzini Basso , Pablo Rocafull López , Luis Vidal Rojas , Pablo Díaz Díaz , Marcelo Marzán Pinto, Carolina Rojas Valderrama , Camila Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Durán Espinoza , Jorge Matta Aragay , Manuel Romero Sáez , Leonidas Walker Prieto , Matías Durán Salinas , Eduardo Melero Abaroa , Patricio Rosas Barrientos , Patricio Yeomans Araya , Gael Eguiguren Correa , Francisco Mellado Pino , Cosme .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Alessandri Vergara , Jorge Hoffmann Opazo , María José Luck Urban , Karin Ramírez Diez , Guillermo Bellolio Avaria , Jaime Kort Garriga , Issa Macaya Danús , Javier Torrealba Alvarado , Sebastián Cruz-Coke Carvallo , Luciano Kuschel Silva , Carlos Pardo Sáinz , Luis Undurraga Gazitúa , Francisco Fuenzalida Cobo, Juan

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Despachado el proyecto. Tiene la palabra el diputado Gonzalo Winter .

El señor WINTER (vía telemática).-

Señor Presidente, había pedido la palabra con mucha antelación.

Tuve un problema con mi conexión durante tres o cuatro minutos, lo que me imposibilitó votar en el proyecto que prohíbe a las empresas proveedoras de servicios básicos domiciliarios cortar el suministro.

Por consiguiente, pido que se incluya mi voto a favor.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Se dejará constancia en el acta de su voto a favor, señor diputado.

VALPARAÍSO, 10 de junio de 2020

Oficio N° 15.602

A S.E. LA PRESIDENTA DEL H. SENADO

Tengo a honra comunicar a V.E. que la Cámara de Diputados, en sesión de esta fecha, ha dado su aprobación a la proposición formulada por las Comisiones Mixtas constituidas para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación de los siguientes proyectos de ley: a) el que suspende el corte de servicios básicos por no pago en virtud de la crisis originada por el coronavirus, boletines Nºs 13.315-08, 13.417-03 y 13.438-03, refundidos, y b) el que modifica diversos cuerpos legales para disponer la postergación del cobro de las deudas por consumos de servicios básicos domiciliarios, y del corte de tales suministros en caso de deuda, durante la vigencia de alertas sanitarias o epidemiológicas decretadas por la autoridad, boletines N°s 13.329-03, 13.342-03, 13.347-03, 13.354-03, 13.355-03 y 13.356-03, refundidos.

Devuelvo los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V.E.

FRANCISCO UNDURRAGA GAZITÚA

Presidente (A) de la Cámara de Diputados

MIGUEL LANDEROS PERKIC

Secretario General de la Cámara de Diputados

SUSPENSIÓN DE CORTE POR NO PAGO Y POSTERGACIÓN DE COBRO DE DEUDAS POR CONSUMO DE SERVICIOS BÁSICOS DOMICILIARIOS. CERTIFICADO DE COMISIONES MIXTAS

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Conforme a lo resuelto por los Comités, corresponde pronunciarse sobre el certificado de las Comisiones Mixtas constituidas para proponer la forma y modo de resolver las divergencias surgidas entre el Senado y la Cámara de Diputados en la tramitación de los siguientes proyectos de ley: a) el que suspende el corte de servicios básicos por no pago en virtud de la crisis originada por el coronavirus (boletín N° 13.315-08, refundido con los boletines Nos 13.417-03 y 13.438-03), y b) el que modifica diversos cuerpos legales para disponer la postergación del cobro de las deudas por consumo de servicios básicos domiciliarios y del corte de tales suministros en caso de deuda durante la vigencia de alertas sanitarias o epidemiológicas decretadas por la autoridad (boletín N° 13.329-03, refundidos con los boletines Nos 13.342-03, 13.347-03, 13.354-03, 13.355-03 y 13.356-03).

--Los antecedentes sobre el primer proyecto (13.315-08) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley (moción de los Senadores señora Rincón y señores Bianchi, Girardi, Navarro y Quinteros):

En primer trámite: sesión 3ª, en 18 de marzo de 2020 (se da cuenta).

--Los antecedentes sobre el segundo proyecto (13.417-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley (moción de los Senadores señora Provoste y señores Bianchi, Girardi, Guillier y Navarro):

En primer trámite: sesión 12ª, en 8 de abril de 2020 (se da cuenta).

--Los antecedentes sobre el tercer proyecto (13.438-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley (moción de los Senadores Elizalde y Quinteros):

En primer trámite: sesión 15ª, en 15 de abril de 2020 (se da cuenta).

En tercer trámite: sesión 26ª, 25 de mayo de 2020.

Informe de Comisión:

Economía (certificado): sesión 17ª, en 22 de abril de 2020.

Economía: sesión 18ª, en 29 de abril de 2020.

Mixta: sesión 37ª, en 10 de junio de 2020.

Discusión:

Sesiones 17ª, en 22 de abril de 2020 (queda pendiente la discusión general); 18ª, en 29 de abril de 2020 (se aprueba en general y en particular); 30ª, en 27 de mayo de 2020 (Se rechazan las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados y el proyecto pasa a Comisión Mixta).

--Los antecedentes sobre el proyecto (13.329-03, 13.342-03, 13.347-03, 13.354-03, 13.355-03 y 13.356-03, refundidos) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite: sesión 16ª, en 21 de abril de 2020 (se da cuenta).

Mixta: sesión 31ª, en 2 de junio de 2020.

Informe de Comisión:

Economía: sesión 24ª, en 20 de mayo de 2020.

Mixta: sesión 37ª, en 10 de junio de 2020.

Discusión:

Sesión 30ª, en 27 de mayo de 2020 (se aprueba en general y en particular con modificaciones).

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias, señora Presidenta .

Las controversias surgieron producto del rechazo de ambas Cámaras, cada una a su turno, en el tercer trámite constitucional, de las modificaciones realizadas por la otra Cámara, en el segundo trámite constitucional, de las iniciativas legales ya individualizadas.

El certificado de las Comisiones Mixtas deja constancia de los siguientes acuerdos adoptados por dichas instancias para el tratamiento de estos asuntos:

-Sesionar simultáneamente y proponer conjuntamente a ambas ramas del Congreso Nacional la aprobación de un solo proyecto, como forma y modo de resolver las dificultades surgidas entre el Senado y la Cámara de Diputados respecto de las iniciativas señaladas, en el entendido de que los proyectos de ley objeto de estas diferencias regulan la misma materia.

-Emitir un documento único, por tratar ambas iniciativas legales asuntos de similar naturaleza.

-Y que la proposición que formulan conjuntamente ambas ramas del Congreso Nacional sea considerada, en primer lugar, por la Cámara de Diputados.

En seguida, y de conformidad con los acuerdos adoptados, las Comisiones Mixtas proponen conjuntamente, como forma y modo de resolver las divergencias surgidas entre ambas Cámaras respecto de las iniciativas mencionadas, la aprobación del proyecto de ley que se transcribe en su totalidad.

El texto propuesto contiene las siguientes regulaciones:

1.- Prohibir a las empresas proveedoras de servicios sanitarios, empresas y cooperativas de distribución de electricidad, y las empresas de distribución de gas de red, cortar el suministro por mora en el pago a las personas, usuarios y establecimientos que se señalan durante los noventa días siguientes a la publicación de la ley.

Se excluye de la aplicación de la presente ley a las empresas sanitarias y a las cooperativas y comités de agua potable rural que se indican.

2.- A elección de los usuarios finales, las deudas contraídas con las empresas de servicios sanitarios, empresas y cooperativas de distribución de electricidad y empresas de gas de red que se generen entre el 18 de marzo del 2020 y hasta los noventa días posteriores a la publicación de la ley, se prorratearán en el número de cuotas mensuales iguales y sucesivas que determine el usuario, las que no podrán exceder de doce y tampoco incorporar multas, intereses, ni gastos asociados.

Asimismo, a elección del usuario final, el prorrateo podrá incluir deudas generadas antes de las mencionadas, con los requisitos que se indican.

3.- Durante el plazo arriba mencionado, tratándose de servicios de telefonía fija, móvil o de acceso a internet, los clientes podrán solicitar al proveedor del servicio el cambio transitorio de su contrato, si se trata de clientes suscriptores, o la modificación de las condiciones de su servicio, si se trata de clientes no suscriptores o de prepago, para la aplicación de un plan básico solidario de conectividad, sin costo, por el plazo que se indica de acuerdo a las características que al efecto se establecen.

4.- Asimismo, se disponen los requisitos que deberán reunir los clientes finales para acogerse a los beneficios de la ley.

5.- Los usuarios finales que acrediten estar imposibilitados de dar cumplimiento a las obligaciones de pago podrán solicitar acogerse a la postergación y prorrateo de dichos pagos en las condiciones que se señalan.

6.- Las empresas y cooperativas proveedoras de los mencionados servicios deberán establecer plataformas de atención al cliente, por internet y telefonía, que permitan formular solicitudes para acceder a los beneficios.

7.- Las infracciones a lo dispuesto serán sancionadas en conformidad a la normativa sectorial respectiva.

8.- Los costos que irrogue para las empresas y cooperativas la implementación de esta ley en ningún caso serán traspasados a los clientes finales.

9.- Durante los noventa días siguientes a la publicación de la ley, las empresas generadoras y transmisoras de energía eléctrica deberán continuar proveyendo con normalidad sus servicios a las empresas distribuidoras domiciliarias de energía y a las cooperativas eléctricas.

10.- Si los beneficiarios de la ley hubiesen sido objeto de cortes o suspensiones de suministro o servicio por mora en el pago de cualquiera de los servicios señalados, la respectiva empresa proveedora o cooperativa deberá proceder a la reposición inmediata del servicio, sin costo alguno, una vez publicada la presente ley.

Las Comisiones Mixtas acordaron la señalada proposición con las votaciones que se consignan en el correspondiente certificado.

En el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición, tanto en el sistema SIL como en la plataforma de documentos de la presente sesión, figura la proposición de las Comisiones Mixtas con el texto resultante del proyecto, de aprobarse dicha propuesta.

Es todo, señora Presidenta.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

A continuación, tiene la palabra el Senador Elizalde, Presidente de las Comisiones Mixtas, para que rinda su informe.

El señor ELIZALDE.-

Gracias, Presidenta.

No voy a hacer mención a los boletines porque el Secretario ya ha hizo un resumen bastante preciso del proyecto de ley, pero estas Comisiones Mixtas tenían por objeto resolver las diferencias que se habían generado respecto de dos iniciativas, fusiones de proyectos de ley, que se habían desarrollado tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, cuyos textos fueron modificados por las Cámaras revisoras y rechazados en sus cambios en el tercer trámite por las ramas de origen y, en tal escenario, hacer el esfuerzo por llegar a una normativa que permitiera superar tales diferencias.

Formaron parte de estas Comisiones Mixtas las Senadoras Rincón y Órdenes; los Senadores Durana , Pugh y el que habla; los Diputados Barrera, Lavín , Mellado y Naranjo y la Diputada Pérez . Y tuvo un rol muy activo en la tramitación la Senadora Yasna Provoste , autora, junto a otros colegas, de una iniciativa incorporada en este proyecto, relativa a la provisión de servicios de internet en el ámbito educacional en el contexto que estamos viviendo en la actualidad.

El proyecto establece, en primer lugar, la prohibición del corte del suministro durante los noventa días posteriores a la publicación de la ley. ¿De parte de qué empresas? De las empresas y cooperativas de distribución de electricidad, las empresas sanitarias y las empresas de gas de red.

Se señala quiénes son los beneficiarios: los usuarios residenciales o domiciliarios; los hospitales y centros de salud; las cárceles y recintos penitenciarios; los hogares de menores en riesgo social, abandono o compromiso delictual; los hogares y establecimientos de larga estadía de adultos mayores; los bomberos; las organizaciones sin fines de lucro, y las microempresas, de acuerdo a lo establecido en la ley N° 20.416.

El mismo articulado precisa posteriormente cuáles son las normativas que no se aplicarán durante este período, justamente para evitar el corte del suministro, que es el primer beneficio que el proyecto consagra para quienes están siendo afectados por la pandemia y sus consecuencias sociales.

Se excluye, en todo caso, a las empresas sanitarias con menos de 12 mil clientes que constituyan una sola unidad económica y no sean filiales de otra empresa sanitaria, así como a las cooperativas y comités de agua potable rural. Es muy importante que sean empresas pequeñas no filiales de otra compañía sanitaria, porque en tal caso no quedarían excluidas debido a que la empresa matriz puede hacerse cargo del esfuerzo financiero de lo que significa otorgar estos beneficios a los clientes.

Asimismo, a elección de los usuarios finales, es posible efectuar un prorrateo de las cuotas que hay que pagar, hasta doce, en relación con las deudas generadas entre el 18 de marzo de este año y hasta los noventa días posteriores a la publicación de la ley. Se trata de cuotas iguales y mensuales. Será el usuario o cliente quien decida el plazo. El máximo es doce meses, pero, si quiere, puede optar por un plazo inferior. Lo más importante es que podrá incorporar deudas anteriores al 18 de marzo, hasta 10 unidades de fomento, en el caso de las empresas distribuidoras y cooperativas eléctricas, y no más de 5 UF, en el caso de las empresas de servicios sanitarios y de distribución de gas de red.

Adicionalmente, se establece un plan básico en materia de servicios de telefonía fija, móvil o de acceso a internet, de acuerdo a las características que precisa el proyecto de ley.

Además, y esto es muy importante, se incorpora la obligación, para las empresas proveedoras, de ofrecer a las instituciones de educación o sostenedores planes especiales de datos para que puedan focalizar el acceso universal de prestaciones de educación para sus alumnos, los que deberán ser informados al Ministerio de Educación. Las ofertas que se hagan en virtud de esta normativa también deberán ser informadas por los canales correspondientes. Los proveedores de acceso a internet que a la fecha de la publicación de la ley cuenten con menos de 12 mil clientes quedan exceptuados de esta obligación.

Es muy importante lo que estoy señalando porque aquí se incorporó una idea que estaba contenida en otro proyecto de ley, orientado, precisamente, a resolver el problema que se ha generado en el ámbito educacional, sobre todo por la educación a distancia, que ha sido una obligación en el contexto de la pandemia.

Quiero destacar que en la redacción del artículo pertinente tuvo un rol muy importante la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones. De hecho, se le estableció un plazo de varios días para que generara una propuesta que incorporara esa otra iniciativa. Y la Senadora Provoste, tal como ya mencioné, tuvo un rol muy activo participando en el debate en particular de este punto, agregado al texto final.

Después se indica quiénes son los destinatarios de estos beneficios, focalizados, básicamente, en los que realmente los necesitan. Estamos hablando de personas que se encuentren dentro del 60 por ciento de vulnerabilidad conforme al Registro Social de Hogares ; de adultos mayores que sean tales de acuerdo a lo establecido por la ley N° 19.828; de los que estén percibiendo las prestaciones de la ley N° 19.728, que establece el Seguro de Desempleo; de quienes se hallen acogidos a alguna de las causales de la ley N° 21.227, recientemente despachada por el Congreso Nacional, referida a la protección del empleo, y de los trabajadores independientes o informales no comprendidos en las categorías anteriores y que expresen, mediante declaración jurada, que están siendo afectados por una disminución significativa de ingresos que justifica el acceso a los beneficios. Se establece una sanción penal para quienes utilicen maliciosamente esta declaración.

Igualmente, se incorpora a los usuarios finales no comprendidos en las normas anteriores que acrediten estar imposibilitados de dar cumplimiento a las obligaciones de pago que han contraído con la respectiva empresa o cooperativa prestadora. También se establece, en este caso, el mecanismo de la declaración jurada y una sanción por su utilización maliciosa.

La negativa de una empresa prestadora podrá ser objeto de reclamo, el cual será tramitado por el organismo fiscalizador correspondiente.

Las empresas señaladas en esta ley, así como las cooperativas eléctricas, dispondrán de un plazo acotado para establecer plataformas de atención al cliente, por internet y telefonía, que permitan formular las respectivas solicitudes, las que deberán resolver en un plazo máximo de cinco días hábiles. Respecto de los beneficiarios señalados en el artículo 4°, no procederá rechazo alguno y el beneficio será aplicado de pleno derecho por parte de las empresas proveedoras y cooperativas. En caso de que la respuesta sea negativa, se deberá mencionar expresamente la razón que justifica el rechazo.

Las empresas y cooperativas tendrán que elaborar un registro y estadísticas de los solicitantes beneficiarios en un plazo no mayor a diez días hábiles desde la publicación de la ley y deberán actualizarlo quincenalmente. Esto es muy importante, porque la información respecto de las solicitudes recibidas y el resultado de ellas deberán ser publicados, lo que permitirá su fiscalización no solo por la autoridad, sino también por la ciudadanía.

Las infracciones a lo dispuesto en esta ley serán sancionadas en conformidad a la normativa sectorial respectiva. Se tomó la decisión de no fijar un marco especial de penas para este caso, sino aplicar las sanciones contenidas en los cuerpos legales que regulan a los distintos sectores involucrados, de modo que sean los organismos fiscalizadores competentes los que evalúen cada situación y determinen si proceden o no sanciones.

Algo muy importante: los costos que irrogue la implementación de esta ley para las empresas o cooperativas eléctricas en ningún caso serán traspasados a los clientes finales. Se hace mención expresa a los cuerpos normativos que establecen modificaciones tarifarias en virtud del cambio legal. Se señala que no tendrán aplicación en este caso. Por tanto, los efectos de la presente ley no podrán ser considerados en proceso tarifario alguno relacionado con los servicios básicos a que ella se refiere.

Bajo ningún respecto y condición esta norma legal, sus consecuencias y sus efectos podrán considerarse en proceso tarifario alguno de los servicios básicos tratados en esta ley. La mención de legislaciones especiales no importa mantener vigentes las disposiciones y normas omitidas.

Durante los noventa días siguientes a la publicación de la ley, las empresas generadoras y transmisoras de energía eléctrica deberán continuar proveyendo con normalidad sus servicios a las empresas distribuidoras y a las cooperativas.

Por el plazo comprendido entre los treinta días previos a su publicación y los noventa días posteriores, de manera excepcional el pago de las cooperativas eléctricas a las empresas generadoras y transmisoras podrá ser realizado en cuotas, en el mismo número de meses en que se prorrateen las cuentas de sus beneficiarios, sin multas, intereses ni gastos asociados.

A través de esta normativa se hace beneficiarios de la ley a los clientes o usuarios de las cooperativas eléctricas, pero se establece una excepción respecto a la forma en que ellas deberán pagar a sus proveedores, para que de esa forma no resulten inviables desde el punto de vista financiero.

Finalmente, si los beneficiarios de la ley hubiesen sido objeto de cortes o suspensiones del suministro o servicio por mora en el pago de cualquiera de los servicios señalados, la respectiva empresa proveedora o cooperativa deberá proceder a la reposición inmediata de aquel, sin costo alguno, una vez publicada la ley.

De esta manera, entonces, se establece la prohibición de corte a los beneficiarios señalados en el proyecto y la posibilidad de que puedan repactar las deudas contraídas desde el 18 de marzo hasta los noventa días posteriores a la publicación de la ley, en doce cuotas mensuales e iguales, como plazo máximo -se estará a lo que decida el propio cliente o usuario-, a contar del día noventa y uno posterior a la publicación de la ley.

Lo anterior rige para las empresas eléctricas, las empresas de gas de red y las empresas sanitarias.

Respecto de las empresas de telefonía y de internet, se instaura un plan básico que, además, comprende el desafío de mantener la conectividad en el ámbito educacional.

Por lo tanto, nos parece que estamos frente a una iniciativa que contribuye a ayudar a las familias chilenas que están enfrentando una situación muy dramática como resultado de las consecuencias sociales de la pandemia sanitaria.

Tuvo su origen en mociones parlamentarias tanto del Senado como de la Cámara de Diputados. Y, en ese sentido, quiero destacar particularmente a todos los colegas que suscribieron propuestas para dar respuesta a las necesidades sociales que actualmente están enfrentando los chilenos.

Por todo lo anterior, el texto fue finalmente aprobado. Salvo una, todas las normas fueron despachadas en forma unánime por las Comisiones Mixtas. Esto es muy importante, puesto que llevamos a cabo un trabajo para generar consenso y concordia.

La única disposición aprobada por mayoría -6 votos a favor y 4 en contra- es la que permite incorporar las deudas anteriores al 18 de marzo. Había dos alternativas: una planteaba desde los treinta días anteriores a la publicación de la ley, y otra tomaba como referencia la fecha recién indicada. Finalmente, por 6 votos a favor, se aprobó la que considera incorporar las deudas desde el 18 de marzo.

Sin embargo, tal como señalé, adicionalmente se pueden incorporar deudas anteriores, hasta 10 unidades de fomento, en el caso de las empresas eléctricas y las cooperativas, y hasta 5 UF, en el caso de las empresas de distribución de gas de red y las empresas sanitarias.

Concluido el informe que he dado como Presidente de las Comisiones Mixtas , sugiero aprobar la normativa propuesta, por la importancia que tiene para el drama social que estamos enfrentando.

He dicho, señora Presidenta.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senador Elizalde.

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La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Para dar una Cuenta agregada, tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias, señora Presidenta .

En este momento ha llegado a la Mesa el nuevo primer informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que prorroga el mandato de los miembros de las directivas de las comunidades y asociaciones indígenas y la vigencia de los actuales representantes indígenas del Consejo Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, por el impacto de la enfermedad COVID-19 en Chile (boletín N° 13.562-06) (con urgencia calificada de "suma").

--Queda para tabla.

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La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Quiero recordarles a los colegas que recién informamos los acuerdos de Comités, en que se estableció que los tres proyectos que están hoy día en tabla se van a tramitar procediendo a abrir la votación inmediatamente y cada Senadora y Senador tendrá cinco minutos para fundamentar su voto.

Abrimos entonces, señor Secretario , la votación en relación con el informe de la Comisión Mixta.

--(Durante la votación).

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vamos a consultar por la opción de voto.

Senador señor Coloma, ¿cómo vota?

El señor COLOMA.-

Señora Presidenta , durante el debate de ayer escuché varios comentarios en que se hablaba casi con desprecio de las normas reglamentarias o constitucionales, como si fueran el adorno para las instituciones de Chile. Yo pienso completamente distinto. Creo que estas normas son esenciales para poder entender un Estado de Derecho que funciona armónicamente y para garantizar los derechos de las personas.

Cuando uno no valora o simplemente desprecia las normas, los efectos jamás son buenos. Y hemos visto demasiadas veces que ha ocurrido exactamente aquello.

Menciono lo anterior porque, a la luz del proyecto que hoy día votamos, uno podría entender que hay una buena idea o un buen propósito detrás. Sí. Obviamente, en situaciones de pandemia, más allá de que el Presidente de la República dispone de facultades importantes, uno puede decir: "es razonable actuar de esa manera". Pero, al hacerlo, no se repara en cuáles son los efectos constitucionales de esa acción. Y aquí se vulneran claramente el artículo 19, números 24° y 26° de la Carta Fundamental. Y eso yo lo planteé largamente en el debate. Hemos discutido tres veces este proyecto. Recordemos: primero, durante su análisis en general; después, en su trámite en particular y ahora mediante el informe de la Comisión Mixta. No voy a repetir mi argumentación y me remito a lo ahí planteado.

Pero, en segundo lugar, hay dos cosas adicionales que me preocupan.

Una de ellas es la responsabilidad extracontractual que se está fijando en el Estado. A mi juicio, aquí lo que hay que notar es que muchas de estas medidas fueron adoptadas voluntariamente por las empresas en función de un acuerdo con el Gobierno. Y eso lo valoro y lo subrayo y lo levanto a una categoría muy importante. Es muy distinto cuando voluntariamente se generan determinadas actitudes que cuando aquellas son forzadas en virtud de la ley.

¿Dónde está la diferencia? En el primer caso, no existe responsabilidad alguna de parte del Estado respecto de lo que aquí ocurra, y en el otro evento, eventualmente sí puede suceder.

Invito a los que son más escépticos en este punto a que revisen toda la legislación comparada en el mundo y vean la diferencia entre lo voluntario y lo obligatorio. Cómo eso puede terminar significando que esa cuenta respecto a la cual se hacía referencia a que en el fondo nadie la pagaba, la puede terminar pagando el Estado, sobre todo cuando hablamos de servicios que prestan distintos proveedores, que no son los mismos pero se encuentran encadenados por su naturaleza monopólica.

Ahí se produce un problema relacionado con quién asume, y obviamente los afectados pueden repetir contra el Estado. Y esa situación a mí me parece especialmente severa.

Y por último, quiero manifestar mi inquietud respecto de cómo se resolvió el tema del agua potable, en que adicionalmente se estableció el principio muy complejo de no considerar el límite de consumo para efectos de generar los eventuales beneficios que esta ley en proyecto plantea.

Así que no hago más cuestión. Ya argumenté largamente en los debates anteriores. Sí quiero reivindicar que yo por lo menos no voy a votar cosas que no me parezcan. Cada uno puede considerarlos de determinada forma; respeto a quien piense distinto, pero se están vulnerando normas constitucionales que al final son las que ordenan la forma de entendernos y de las cuales no creo que se pueda disponer libremente, a propósito de una causa que a uno le puede parecer justa. Lo que a uno le puede parecer justo a otros puede que no. Pero eso no es susceptible a que cada uno actúe conforme le parezca en esa interpretación.

Y, adicionalmente, habiéndose producido una voluntariedad respecto del pago de tales servicios, no entiendo por qué se genera esta responsabilidad extracontractual del Estado. Nosotros debemos velar, todos los que estamos acá, de todos los sectores políticos, supongo, por que el Estado no se tenga que hacer responsable, al final, de pagos que no le corresponden, a menos que una ley lo fuerce en ese sentido.

Por tanto, esa voluntariedad tenía mucho sentido jurídico, económico, social y constitucional.

Y en el tema del agua potable lamentablemente entiendo que hubo una votación dividida, lo explicó el Presidente de la Comisión , no hubo el acuerdo necesario, pero generó...(falla de audio en transmisión telemática)... al contrario de lo que creo debe ser la forma correcta de resolver este tema.

Por eso, señora Presidenta, y manifestando para estos efectos las prevenciones constitucionales, que ya las hice presentes en la discusión en general, no voy a aprobar este proyecto. Pero como creo que es una idea que tiene sentido, si tampoco vamos a descartar las reflexiones ciudadanas y los legítimos intereses, me abstengo.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senador Coloma.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Senador señor De Urresti, ¿cómo vota?

Senador señor Durana, ¿cómo vota?

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Parece que se saltó al Senador Chahuán.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El Senador señor Chahuán está antes del señor Coloma y hoy día, de acuerdo al Reglamento, partíamos con el Senador siguiente al de la vez anterior.

Senador señor Durana, ¿cómo vota?

El señor DURANA.-

Muchas gracias, señora Presidenta .

El proyecto de ley que establece la suspensión del pago de servicios básicos ha sido producto de un amplio consenso. Participaron activamente los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones, Energía, Desarrollo Social, Obras Públicas , Segprés , además de diversas entidades de todos los sectores de servicios básicos que hicieron llegar sus propuestas y comentarios.

Es cierto que siempre es posible considerar que un proyecto de ley puede ser mejor en ciertos y determinados aspectos; pero es necesario resaltar que los acuerdos a que arribamos establecen un equilibrio entre las necesidades de los usuarios finales de los servicios básicos, las empresas proveedoras de servicios, la opinión de los Ministros de las áreas involucradas y la apremiante situación de emergencia en que nos tiene sumidos el COVID-19.

Más allá de cualquier consideración, hoy vamos a dar la tranquilidad a nuestros compatriotas de que en tiempos de pandemia podrán seguir contando con servicios básicos indispensables. No se trata de una condonación que pueda afectar la cadena de pagos, sino de una reprogramación de esa deuda, de forma tal de hacerla pagable para las familias más necesitadas. Es un imperativo no solo legislativo, sino ético y moral.

Es evidente que esta norma afectará y traerá importantes trastornos a las empresas proveedoras de servicios básicos. Pero hay que tener presente que su vigencia y aplicación es de carácter transitorio y excepcional, así como focalizada en quienes más lo necesitan, puesto que se circunscribe al 60 por ciento más vulnerable de la población, de conformidad al Registro Social de Hogares .

En el caso de las deudas contraídas con las empresas de servicios sanitarios, empresas y cooperativas de distribución de electricidad o empresas de gas de red, se considera la posibilidad de prorratear las deudas generadas desde el 18 de marzo de 2020 y hasta los 90 días posteriores a la publicación de la ley hasta en 12 cuotas iguales y sucesivas, de acuerdo a la solicitud del usuario, sin multas ni intereses. Asimismo, este prorrateo podrá incluir las deudas anteriores al 18 de marzo de 2020, siempre que no excedan las 10 unidades de fomento en el caso de electricidad y 5 unidades de fomento en el caso de servicios sanitarios y de distribución de gas de red.

Lamento que haya quedado sin límite en el caso de los servicios sanitarios, porque creo que necesariamente la propuesta presentada por los parlamentarios de Chile Vamos, de 15 metros cúbicos, era clara e importante de aprobar.

Finalmente, señora Presidenta , es importante destacar que se incorporó en esta ley en proyecto el beneficio de un plan solidario de conectividad, de tal manera que se puedan generar condiciones para mantener conectividad telefónica, servicios de transmisión de datos y de internet, con especial orientación a prestaciones educacionales para estudiantes de los distintos tipos de establecimientos, ya sea universitarios, básicos o medios y que pertenezcan al 60 por ciento de vulnerabilidad.

Y, además, es tremendamente importante que hayamos protegido a las cooperativas eléctricas y pequeñas empresas sanitarias que ofrecen servicios en lugares aislados, resguardando la cadena de pago y el empleo.

Voto a favor del proyecto.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senador Durana.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Senadora señora Ebensperger, ¿cómo vota?

La señora EBENSPERGER.-

Gracias, Presidenta .

Yo me voy a abstener en este proyecto, porque creo que las modificaciones propuestas por la Comisión Mixta finalmente profundizan las diferencias de las mociones originales. Por ejemplo, no se establece, como se habló acá, un límite al consumo de agua; no se focaliza adecuadamente, desde mi punto de vista, el beneficio al establecer una norma abierta y general; se vulneran, como también se ha señalado, algunas normas constitucionales, particularmente en cuanto al principio de igualdad en la repartición de las cargas públicas.

Además, pienso que puede generar eventuales responsabilidades al Estado que agraven la situación. Pero lo más importante es que la finalidad de este proyecto está cumplida con el acuerdo firmado por el Ejecutivo con las compañías de electricidad, telecomunicaciones y agua.

Como ayer escuchamos del Superintendente de la entidad, estos acuerdos voluntarios, que, por lo tanto, no generan una eventual responsabilidad del Estado al modificar los contratos, son, además, obligatorios. Se han dictado circulares al respecto, se fiscaliza su cumplimiento; por lo tanto, la gente hoy día no está abandonada, no van a tener cortes de suministros y, en consecuencia, desde mi punto de vista, con estos acuerdos ya firmados se cumple lo loable que busca este proyecto: que los servicios básicos de las personas más vulnerables no sean cortados.

En razón de todo eso, Presidenta , me abstengo.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senadora Ebensperger.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Senador señor Elizalde, ¿cómo vota?

Ahí está con audio.

El señor ELIZALDE.-

Yo quisiera, en primer lugar, destacar a los mocionantes de los distintos proyectos de ley que fueron refundidos en el Senado, los Senadores señores Bianchi ; Girardi ; Guillier ; Navarro , quien, por lo demás, es autor de la primera iniciativa; la Senadora Rincón, que tuvo un rol muy activo en la Comisión; y la Senadora Provoste, que también lo tuvo, y el Senador Quinteros, Vicepresidente de nuestra Corporación. Yo también soy mocionante de una de las iniciativas.

Lo segundo que quiero precisar es que todas las normas contenidas en este proyecto de ley que se somete a consideración de la Sala fueron aprobadas por unanimidad, salvo una, referida a la deuda anterior, que se puede repactar.

En ese tema había dos posturas, una de quienes hablaban de 30 días antes de la publicación de la ley, y otra de los que consideraban desde el 18 de marzo. Finalmente primó, por 6 votos contra 4, que fuera desde el 18 de marzo.

También hubo unanimidad respecto de sumar incluso las deudas anteriores al 18 de marzo, con el límite de 10 UF en el caso de la electricidad, y de 5 UF en el del gas y del agua. Por tanto, es un proyecto que contó con un importante grado de consenso dentro de la Comisión.

Efectivamente, como aquí se ha señalado, no se aprobó la norma que establecía un límite al consumo del agua, un límite posterior. Yo lo propuse en la Comisión y lo defendí en la Sala cuando se discutió el primer proyecto. No fue aprobado, y me abstuve en la Comisión porque me parecía que tal cual habían sido propuestas las indicaciones -como se ha señalado- no eran adecuadas para lo que se buscaba.

Pero quiero precisar, porque aquí se ha dicho que esta ley en proyecto es peor de lo aprobado antes y de las mociones a propósito de ese punto, que en ninguna de estas se contenía el límite, ¡en ninguna! Y en ningún texto aprobado por la Cámara o el Senado estaba considerado ese límite. Solo se estableció cuando lo discutimos en la Comisión de Economía; pero después fue modificado cuando se discutió en la Sala.

Entonces, las cosas hay que precisarlas. Yo creo que efectivamente hay que hacerse cargo del tema de la sequía: la mayor responsabilidad de la sequía no está en el consumo domiciliario y hay que dar una señal. Pero eso no puede significar en absoluto que esta iniciativa represente un retroceso respecto de lo que estamos aprobando ahora y los textos que en su momento fueron aprobados por las respectivas Corporaciones, porque ese límite no estaba establecido en ninguna de las dos.

Lo segundo que quiero señalar es que efectivamente tenemos que hacernos cargo del drama social. Esta ley en proyecto presenta beneficios en el tiempo que son mayores a los considerados por el Gobierno, incluso en su cobertura, y mayores a los que las empresas hasta el momento han estado dispuestas a acceder.

Qué es lo importante en esta materia: que las empresas deben tener conciencia de que esta crisis la enfrentamos entre todos, y así como el Fisco tendrá que hacer un gran esfuerzo para proteger a las familias chilenas que se han visto afectadas en sus ingresos, también el sector privado tiene que hacer un esfuerzo. Y si alguien piensa que estando la economía en un estado de hibernación como el actual, producto de las medidas tomadas, se podrán alcanzar los mismos niveles de utilidades que en el contexto de normalidad, no entiende la dimensión de la crisis. Si la economía no funciona por un tiempo, pues bien, durante este no se puede pretender mantener la lógica de las utilidades como si la economía estuviera funcionando de manera normal.

Por tanto, yo creo que el sector privado debe hacer un esfuerzo para que salgamos de esta crisis, que es excepcional, que tiene que ver con una situación sanitaria, no con la economía propiamente tal, que genera un impacto en la economía que termina siendo social.

Por último, si no protegemos adecuadamente a las personas, estas van a tener que salir a la calle a generar ingresos y, si lo hacen, la pandemia va a seguir propagándose, y de ser así, vamos a tener una crisis económica más profunda y la reactivación será más difícil en el futuro.

Por tanto, cuando hablamos de las medidas sociales para proteger la salud de las personas, eso tiene un impacto positivo, finalmente, en la economía, que nos va a permitir salir de la crisis con mayor facilidad. Una crisis que, por lo demás, es muy difícil de enfrentar.

Así que, en ese contexto, me parece muy importante que se dé esta señal respecto de la protección para los ciudadanos: tenemos que resolver lo que está pendiente en el diálogo sobre la protección en sus ingresos, pero a través de esta iniciativa al menos disminuimos sus gastos. Y conste que -con esto termino- aquí no se está haciendo una condonación de deuda, sino solo permitiendo repactar sin intereses, multas ni gastos asociados. No es más que eso, es muy acotado. De todas maneras las personas van a tener que pagar sus cuentas.

Creo que, incluso, estamos cortos en esta iniciativa respecto de lo que debiéramos hacer en esta materia. Así que no entiendo que algunos se opongan a que la llevemos adelante.

Voto a favor.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senador Elizalde.

Voy a saludar al Ministro Alvarado, que se ha incorporado, y al Subsecretario Juan José Ossa. Sean muy bienvenidos.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Senador señor Galilea, ¿cómo vota?

¿Senador señor García-Huidobro?

Senador señor García Ruminot, ¿cómo vota?

Senador señor Girardi, ¿cómo vota?

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Senador Girardi, ¿está conectado?

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Sí, pero apagó la cámara.

Senador Girardi, ¿puede prenderla?

Ahí sí.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Ahí tiene el micrófono.

El señor GIRARDI.-

Voto a favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Senadora señora Goic, ¿cómo vota?

Senador señor Guillier, ¿cómo vota?

Tenía problemas con su conexión, según manifestó.

Senador señor Harboe, ¿cómo vota?

Senador señor Huenchumilla, ¿cómo vota?

El señor HUENCHUMILLA.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Senador señor Insulza, ¿cómo vota?

El señor INSULZA.-

Yo solamente quiero, por su intermedio, Presidenta , garantizarle al Senador Coloma que nosotros no tenemos el menor interés en violar la Constitución: ¡la queremos cambiar!

¡Queremos terminar con ella y dictar una nueva! ¡No la queremos violar!

Ahora, los dos números del artículo 19 de la Constitución que él cita son particularmente agraviantes; en especial, el último inciso del número 24°, que dice: "Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos".

Bien saben que hemos intentando eliminar ese texto y no lo hemos conseguido. Por tanto, lo respetamos. No les estamos quitando el agua a los señores propietarios ni dañando esencialmente su derecho, como dice el número 26°, sino que simplemente estamos postergando el pago de los servicios por razones de urgencia y necesidad pública.

Yo no creo que eso sea una violación de la Constitución, en ningún caso, aunque reconozco que me gustaría que desapareciera el número 24º. Pero no estamos atacando el derecho de propiedad sobre el agua, que se constituye en esa norma como único caso en el mundo.

Por lo tanto, voto a favor del informe de la Comisión Mixta, con la plena certeza de que las normas propuestas son perfectamente constitucionales.

Gracias.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Senador señor Kast, ¿cómo vota?

El señor KAST.-

¿Aló?

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Tiene la palabra, Senador.

El señor KAST.-

No quiero repetir los argumentos que han dado largamente la Senadora Luz Ebensperger y el Senador Coloma. Solo hago presente que los comparto absolutamente.

Y me alegro de que hoy día ya tengamos un marco de entendimiento, al menos entre los economistas, sobre una política agresiva en materia social. Ojalá en el mundo político estemos a la altura de lo que lograron acordar los economistas de distintos colores políticos.

Claramente, creo que la vía de hacerlo es mediante proyectos constitucionales, proyectos que efectivamente tengan el patrocinio del Ejecutivo.

Por lo tanto, compartiendo las intenciones de esta iniciativa profundamente, me abstengo en esta votación.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

El Senador señor Kast se abstiene.

Senador señor Lagos, ¿cómo vota?

Senador señor Latorre, ¿cómo vota?

El señor LATORRE.-

Quiero fundamentar mi voto, brevemente, Presidenta .

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Tiene la palabra.

El señor LATORRE.-

Presidenta , este tipo de proyectos se está implementando en muchas partes del mundo por gobiernos de distinto signo político. Muchos son de Derecha en países con un capitalismo más avanzado que el chileno. Y tales iniciativas se han llevado adelante con amplio consenso, empujadas por el Ejecutivo , por el gobierno de turno, en acuerdo con las fuerzas oficialistas y opositoras.

Son de sentido común, ninguna cosa de otro mundo. Es básicamente decirles a las empresas que proveen servicios básicos que, en un contexto de pandemia, de restricción y recesión económica, las familias no se pueden quedar sin esos servicios. Habrá que dar facilidades, prorrateos, la opción de repactar las deudas, nuevos plazos para ello, flexibilidad.

Entonces, llama la atención esta rigidez neoliberal económica de algunos que defienden una Constitución -lo diré nuevamente- rígida y extremadamente neoliberal, sobre todo porque con ella se han privatizado servicios básicos con los cuales empresas nacionales y transnacionales lucran con utilidades que son una vergüenza... (falla de audio en transmisión telemática)... en el pasado también se garantizaron utilidades por tales servicios a estos grupos transnacionales.

En este contexto de crisis, esas empresas tienen que hacer un gesto, una contribución, porque se supone que poseen una función social: deberían estar orientadas al bien común. Por eso llama la atención la defensa irrestricta y rígida al interés económico de estas empresas, en vez de empatizar y ponerse en el lugar de las familias que necesitan ayuda.

Dicho eso, obviamente voy a respaldar esta propuesta.

Me parece irrisoria la discusión sobre la restricción del agua en un contexto de sequía, cuando sabemos que el consumo humano corresponde a un porcentaje bastante menor en comparación al consumo para fines productivos. O sea, si hay que hacer restricciones a algún sector hoy día es a la industria extractiva, que abusa muchas veces. En el fondo, todo este ordenamiento jurídico ha facilitado la privatización del agua.

Existen normas, recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de las Naciones Unidas al respecto. Además, esta última reconoce el derecho humano al agua estableciendo un mínimo por persona al día, lo que en Chile no se cumple.

Hay muchísimas zonas de nuestro país... (falla de audio en transmisión telemática)... en la Región de Valparaíso, la Provincia de Petorca, por nombrar el epicentro de la vulneración del derecho humano al agua. Existen muchas zonas en Chile, muchos hogares que no cuentan con acceso a agua potable y deben abastecerse mediante camiones aljibes con agua de dudosa calidad, y la cantidad que se entrega se encuentra por debajo de la norma recomendada (100 litros por persona al día); más aún en este contexto de pandemia, en que las personas tienen que lavarse las manos continuamente.

Francamente, me parece inentendible esa lógica de andar defendiendo el interés privado del agua. En pleno siglo XXI, no se entiende esa idea.

La propiedad privada ha de estar orientada al bien común y debe tener una función social; y es labor del Estado velar por ese bien común.

Respecto a la labor de la mesa de trabajo en Hacienda, que fue comentaba por Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra, ayer sacaron un documento numerosos economistas, muchos de ellos de Derecha, de Centroderecha, que están a la Izquierda del Ministro Briones , mediante el cual le dicen: "Oiga, Ministro , gaste más; que no solo sean reasignaciones o subejecución presupuestaria", que fue lo que planteó el Ministro el día lunes o martes de esta semana. Le señalan: "Gaste 12 mil millones de dólares, plata fresca". Y hay que comenzar ahora, en el invierno, aumentando el Ingreso Familiar de Emergencia, y ojalá se acerque a la línea de la pobreza.

En definitiva, le están diciendo que gaste más, porque hay recursos disponibles. Economistas de Derecha le señalan a un Gobierno de Derecha: "En Chile hay plata, gaste más; no sea mezquino".

Eso básicamente le están diciendo.

Ojalá que el Ministro Briones y el Presidente Piñera lo consideren, y se llegue a un acuerdo luego, porque ya empezó el invierno y hay varias zonas en cuarenta. El día de mañana comienza en Valparaíso y en Viña del Mar. Hay mucha gente pasando hambre, frío, y se viene un invierno duro.

Es ahora el momento de gastar plata.

Voto a favor, Presidenta .

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senador Latorre.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Señora Presidenta , el Senador señor Guillier y la Senadora señora Goic han solicitado que se les consulte por su opción de voto.

Hago presente que se puede efectuar la alteración del orden en la votación, pero, en tal caso, se pierde el derecho a fundamentar el voto.

Les voy a consultar nuevamente.

Senadora señora Goic, ¿cómo vota?

La señora GOIC.-

A favor, Secretario .

Y, además, felicito el trabajo realizado.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Muchas gracias.

Senador señor Guillier, ¿cómo vota?

El señor GUILLIER.-

... (falla de audio en transmisión telemática)... Secretario, disculpe... (falla de audio en transmisión telemática)... tengo problemas de conexión.

Voto a favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El Senador vota a favor.

El Senador señor Latorre votó a favor.

Senador señor Letelier, ¿cómo vota?

Apagó el audio, Senador.

El señor LETELIER.-

¿Ahí?

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Ahí sí.

El señor LETELIER.-

Gracias, señor Secretario .

Yo voy a votar a favor del informe de la Comisión Mixta.

Entiendo que en diferentes momentos del debate se contó con la presencia de representantes del Ejecutivo; entre ellos, del Subsecretario de la Presidencia.

Quiero valorar lo que se ha construido.

Destaco y agradezco la labor de los miembros de la Comisión Mixta, quienes recogieron la propuesta que habíamos planteado con la Senadora Provoste respecto de considerar internet como servicio esencial para todos los estudiantes, en particular para los que están en el 60 por ciento de vulnerabilidad, conforme al Registro Social de Hogares. Creo que esto es muy relevante.

Además, quiero plantear una inquietud con relación a los volúmenes de agua, en cuanto a si debe haber límites o no al respecto. Lo digo en función de los conflictos que tenemos por la sequía.

Lo importante es que se construyó un acuerdo en la línea de postergar los pagos en la mayoría de los servicios de agua, electricidad y gas. Ello constituye un alivio sensato, mínimo y necesario para muchas familias de trabajo en nuestro país, con el propósito de que estas no paguen todo el costo social vinculado a la pandemia.

Reitero, voto a favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El Senador señor Letelier vota a favor.

Senador señor Montes, ¿cómo vota?

El señor MONTES.-

Voto a favor, señor Secretario .

Creo que la deuda acumulada durante estos meses por las familias que no han obtenido ingresos es muy importante tenerla presente en la discusión del ingreso familiar para los próximos tres meses.

Este es un proyecto muy sustantivo, que de aquí en adelante puede ayudarnos mucho.

Felicito a quienes han trabajado en él, pues hicieron una labor muy rigurosa.

Voto a favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El Senador señor Montes vota a favor.

Senador señor Moreira, ¿cómo vota?

El señor MOREIRA.-

Señora Presidenta , escucho la fundamentación de voto de los distintos Senadores de Oposición y todos dicen que hay hambre, que hay temor, que la gente lo está pasando mal y que tenemos que buscar las fórmulas para ayudarlos a todos.

Siempre se trata de generar un ambiente como si el Gobierno estuviera indiferente a la realidad, al sentimiento, a la emoción que están viviendo millones de chilenos.

Y cuando el Gobierno hace algo, tratan de caricaturizarlo.

Digamos las cosas como son: esta iniciativa fue del Presidente Piñera . Aunque a algunos no les guste, el Presidente el 27 de marzo -¡27 de marzo!- llegó a un acuerdo para establecer todo lo que este proyecto de ley contempla. En realidad, esta iniciativa no era necesaria, porque se alcanzó un acuerdo con todas las empresas el 27 de marzo.

Se pretenda poner esto en una ley, pero al final se va a plasmar prácticamente lo mismo que el Presidente ya logró a través de un acuerdo.

Yo valoro lo que hizo el Presidente de la República , porque actuó desde un primer minuto. Pasó abril, pasó mayo, pasó junio, para que este proyecto llegara.

Aquí no se trata de darle lecciones a nadie. No tenemos ningún interés en dar lecciones sobre el respeto que todos los parlamentarios debemos guardar por la Constitución. Si uno tiene dudas respecto de la constitucionalidad de una iniciativa, bueno, lo mejor es abstenerse.

Yo no seré obstáculo para que este proyecto de ley se apruebe. Por eso me voy a abstener.

Creo que los argumentos los dio el Senador Coloma .

A mí me parece que la pandemia va a pasar y la Constitución se va a mantener. Por mucho que algunos quieran cambiarla, eso lo veremos en el mes de octubre, cuando ocurra el plebiscito y los chilenos decidan si quieren una nueva Constitución o no.

Pero hoy día hay una Constitución, ¡y se respeta!

Además, le dio legitimidad la propia Oposición, cuando fue Gobierno durante la Concertación y la Nueva Mayoría. Recordemos que la Constitución lleva la firma de un ex Presidente de la República que perteneció a la Concertación. Por lo tanto, es una Constitución totalmente válida.

A mí me parece que el Gobierno hizo su trabajo.

Yo no vengo aquí a defender a las empresas, pero sí la voluntad y la buena intención del Presidente de buscar soluciones para los problemas que esta iniciativa señala.

Y si hay una duda de constitucionalidad, tengo el derecho a abstenerme.

Creo que el acuerdo al que llegó el Presidente de la República fue bueno para la ciudadanía.

Asimismo, quiero recordarles que llevamos más de veintidós proyectos de ley relacionados con la pandemia. Por lo tanto, el Gobierno ha tratado de diversificar su acción para ayudarles a todos un poquitito. Esto no se trata de la política del goteo. Ningún Gobierno podría dar solución durante una pandemia a los problemas de los 17 o 18 millones de chilenos. ¡Ningún Gobierno!

Y este Gobierno lo está tratando de hacer; está llevando un rumbo, el cual no está exento de errores y equivocaciones. Con todo, lo está haciendo con la mayor fuerza y la mayor responsabilidad.

Por último, ninguno de los que hacen discursos encendidos acá, en el Parlamento, es más o menos chileno que aquellos que pensamos distinto.

Por eso, Presidenta , me abstengo.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El Senador señor Moreira se abstiene.

Senador señor Navarro, ¿cómo vota?

El señor NAVARRO.-

Voy a fundamentar mi voto, señor Secretario .

El debate constitucional tiene un camino trazado. Va a haber nueva Constitución. El 80 por ciento de los chilenos ya tiene claro en el fondo de su corazón y en su conciencia que la actual Constitución es caduca, obsoleta y no le sirve a Chile, menos al Chile del futuro. Por tanto, ese debate está saldado.

Quiero señalar que hay un plan sistemático en torno a minimizar las ya mínimas facultades del Congreso con relación a la presentación de proyectos de ley. En este sentido, observo que se exacerba la situación de constitucionalidad de las iniciativas que podemos presentar.

La crisis de la monarquía presidencial, del autoritarismo presidencial, se expresa a diario en el Senado frente a las restricciones que tiene el Parlamento soberano para representar al pueblo.

Quiero hacer presente que este proyecto de ley lo presentamos el 17 de marzo. El Presidente de la República el 27 de marzo anunció, con sus amigos, que iba a resolver esta materia por la vía de la "amiguitis", esta nueva forma de legislar y de gobernar. ¡El 27 de marzo!

Lo presentamos junto con la Senadora Yasna Provoste, con los Senadores Girardi, Quinteros y Bianchi y con la Senadora Rincón. Dijimos: "Hay que prohibir los cortes de suministro de los servicios básicos".

El proyecto de ley establece, además, la postergación del pago de dichos servicios. Creo que es lo que corresponde, porque las cosas vienen mal, ¡vienen mal!

¡Más de cinco mil nuevos contagiados hoy y cientos de fallecidos!

¡Las cosas vienen mal!

¿Es tan difícil para el Gobierno entender que cometió errores que costaron vidas? Y escucho discursos en donde se habla de errores. Pues bien, ¡esos errores cuestan vidas, dramas familiares! Van a quedar en la conciencia, en el corazón, como una herida profunda de los chilenos.

¡Los errores cuestan vidas!

Y como no queremos que haya más errores, decimos: "Anticipémonos: hay que postergar los pagos". La gente no va a poder pagar ni en junio ni en julio ni en agosto ni en septiembre ni en octubre ni en noviembre, porque no va a haber trabajo.

Lo dijo la Ministra Zaldívar aquí, en el Senado: 18 por ciento de desempleo. ¡Todos los economistas proyectan una dura cesantía!

El proyecto prohíbe los cortes de suministro, pues eso sería un crimen, y establece la postergación de pago, que es lo más razonable. Y aclaro que estamos pidiendo postergación, no condonación. ¡Postergación! La gente les va a pagar igual a estas empresas, que se han hecho millonarias con sus acciones monopólicas.

Por lo tanto, la abstención de la Derecha solo revela la real preocupación de este sector: si no es un acuerdo con los amigos de Piñera, se abstienen y le niegan al Parlamento la posibilidad de respaldo.

Y el Gobierno no patrocina. Este es un Gobierno egoísta, un Gobierno que quiere firmar con estrellitas, pero estas estrellitas se le han convertido en hoyos negros, porque se ha equivocado.

Intentó el regreso seguro; intentó el retorno de los funcionarios públicos; intentó la nueva normalidad, y ahora estamos pagando con 9,6 millones de chilenos y chilenas en cuarentena, la que no hizo a tiempo. ¡No hizo a tiempo!

Hoy día le advertimos al Presidente Piñera : si a la gente le cortan el agua, la luz, el gas y la presionan por los pagos, va a salir a la calle y romperá la cuarentena con el riesgo de contagiarse; si a la gente no le damos la posibilidad de tener certeza en su alimentación, va a salir a las calles y van a surgir los saqueos a los supermercados. Se lo advertimos con tiempo porque queremos enfrentar de manera unida esta lucha contra la pandemia, pero el Gobierno no se deja. ¡No se deja!

No sé cuál es el análisis; quiénes están cerca del Presidente Piñera ; quiénes lo asesoran; quiénes lo han convencido de que Mañalich lo está haciendo de manera brillante, que recibe felicitaciones del mundo entero. ¡Yo no sé quién está al lado de Piñera!

Y si son los Senadores, en mala hora, porque si son Senadores de Gobierno debieran decirle al oído al Presidente Piñera : "Presidente , lo está haciendo mal; está equivocado; enmiende el rumbo; dele facultades; suelte la pelota; déjese ayudar por los médicos, por los científicos, por la Oposición".

¡No! Quiere un acuerdo político-económico y no quiere hacer el plebiscito de octubre.

Quiero anticipar que esta movida política de no realizar el plebiscito no es buena para la ciudadanía y para el debate político sobre la Constitución. Yo anuncio desde ya ¡mi total y absoluta oposición y la del bloque político al cual pertenezco: Unidad para el Cambio! No estamos disponibles para que no se efectúe el plebiscito, para que haya un acuerdo que se salte el plebiscito, para que pasemos directamente a la elección de los constituyentes.

Eso observo en esta ofensiva constitucional de la Derecha aquí, en el Senado, que se opone a todo, que denuncia a la Presidenta de la Corporación. Y se volvieron constitucionalistas de la noche a la mañana porque ven...

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Dele un minuto para que manifieste su voto, señor Secretario .

El señor NAVARRO.-

Altiro, señora Presidenta .

Voto a favor de establecer la prohibición de los cortes de los servicios básicos y la postergación del pago ¡todo lo que sea necesario!

He dicho.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senador Navarro.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El Senador señor Navarro vota a favor.

El Senador señor Lagos ha solicitado también que se le consulte nuevamente su voto, con la prevención de la pérdida del derecho a fundamentar.

Senador señor Lagos, ¿cómo vota?

El señor LAGOS.-

Voto a favor, señora Presidenta.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El Senador señor Lagos vota a favor.

Senadora señora Órdenes, ¿cómo vota?

La señora ÓRDENES.-

Señora Presidenta , el 27 de marzo del presente año el Ejecutivo llegó a un acuerdo con las empresas de servicios básicos para impedir el corte de los suministros y para prorrogar el pago.

Entonces, algunos se preguntarán por qué estamos discutiendo este proyecto de ley, que es lo que algunos han puesto en duda.

Antes de esa fecha ya se habían presentado dos iniciativas: una, en el Senado, y otra en la Cámara de Diputados. Y la razón por la que continuamos con ese trabajo es porque este proyecto de ley, a mi juicio, mejora sustantivamente un acuerdo inicial y le da legitimidad en tanto se basa en una ley, finalmente.

Nosotros discutimos harto esta iniciativa en la Comisión Mixta. Y quiero reconocer, a través de su Presidente, Álvaro Elizalde, el trabajo realizado por todos quienes estuvieron en ese debate.

Hoy en día la realidad de los servicios básicos, a raíz de la pandemia -y lo más probable es que vamos a repetir este tipo de situaciones a futuro-, efectivamente nos obliga a reflexionar qué es lo que está pasando, cómo funcionan. Y esta iniciativa no hace otra cosa que permitir a aquellos que no están en condiciones de pagar los servicios una prórroga en un máximo de doce cuotas sucesivas, cuotas que además son iguales. Y cuando tenemos una pandemia de esta naturaleza hay que garantizar a lo menos los servicios básicos y, a mi juicio, especialmente el derecho y acceso al agua potable.

Yo diría que en general llegamos a muy buenos consensos. Así, cuando hablamos de los beneficiarios de este proyecto no nos referimos solo al 40 por ciento más vulnerable a partir de los datos del Registro Social de Hogares , sino al 60 por ciento, por ejemplo, adultos mayores, microempresas, organizaciones sociales, aquellos que se hayan acogido al seguro de cesantía, etcétera. Primero, logramos ampliar la cobertura; segundo, incrementamos las condiciones bajo las cuales iba a operar esta suspensión de corte y prórroga de pagos. Y por eso creo que es importante.

Pero cuando se instala el debate constitucional, obviamente, me parece que es pertinente, porque la Constitución hoy día requiere un cambio urgente. Nunca hemos podido hacer modificaciones en el tema del agua, precisamente por los altos quorum que se exige para ello. Hay millones de chilenos sin acceso al agua, y en época de pandemia vamos a tener que garantizarlo.

En general, el tema lo abordamos, a mi juicio, de manera adecuada. Lo único fue el límite de metros cúbicos para el consumo, que se proponía finalmente entre 15 metros cúbicos como límite o ilimitado. Yo confío en que las familias se autorregulan en su consumo. Esta es una cuenta que van a pagar. Las familias requieren el acceso al agua. Otra reflexión que deberíamos hacer es cuántos litros de agua se requieren para producir en Chile paltas, un litro de vino, un kilo de carne. O sea, el consumo y el déficit hídrico requieren una reflexión no solo en función de uno de los principales usos, que es el consumo humano, sino del uso productivo del agua.

Y el modelo de concesiones también hay que repensarlo. La empresa modelo garantiza una utilidad al 7 por ciento a las sanitarias. O sea, se les está dando certeza a las empresas. Lo que queremos hoy día es darles seguridad a los usuarios y a aquellos que deben tener derecho a acceso al agua en tiempos de pandemia

Yo valoro el trabajo que se hizo.

También reconozco lo que se realizó en materia de telecomunicaciones, en que logramos incorporar un proyecto de ley que lideró la Senadora Provoste y que yo patrociné, y finalmente estamos dando una buena alternativa, especialmente a los estudiantes, que han debido cambiar de modalidad.

El tráfico de internet aumentó un 30 por ciento. Y de acuerdo con lo que se nos informó, el consumo de agua se incrementó en 4 por ciento, que tampoco ha sido significativo. Y, obviamente, esto es algo que las personas van a pagar, y confío en la autorregulación.

Pero la reflexión, evidentemente, debe ser mucho más a fondo. Tenemos que apuntar a una estrategia mucho más integral. Espero que salga humo blanco durante estos días, con un ingreso de emergencia que permita efectuar las cuarentenas y tomar las medidas sanitarias para controlar el coronavirus y tener una buena salida.

Es urgente el cambio de estrategia.

Nuevamente, valoro el trabajo que se hizo.

Voto a favor.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senadora Órdenes.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

La Senadora señora Órdenes vota a favor.

Senador señor Ossandón, ¿cómo vota?

Ahí tiene audio, Senador.

El señor OSSANDÓN.-

A favor, señor Secretario .

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senador.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota a favor.

Senador señor Víctor Pérez, ¿cómo vota?

El señor PÉREZ VARELA.-

Señora Presidenta , ¿puedo fundamentar mi voto?

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Tiene la palabra.

El señor PÉREZ VARELA.-

Señora Presidenta , a mí me llama mucho la atención el hecho de que Senadores que ocuparon cargos muy importantes en Gobiernos de la Concertación, gobiernos pasados, en los cuales se firmaron contratos con empresas concesionarias, hoy día desconozcan que ese contrato le entrega obligaciones al Estado y que requiere cumplimientos.

Por lo tanto, el camino para resolver los temas sociales que la pandemia genera es el que ha seguido el Presidente de la República, que consiste en acuerdos con las empresas que se transforman en obligatorios, como ayer lo dijo con toda claridad el Superintendente de Electricidad y Combustibles.

Esta retórica ofensiva, agresiva contra el Presidente de la República , en el sentido de que "llamó telefónicamente a sus amigos", es absolutamente irreal. Aquí el Jefe de Estado , sabiendo que el Estado tiene contratos con determinadas empresas y que debe cumplirlos, las convoca y llegan a un acuerdo que se transforma -reitero- en obligatorio, es decir, fiscalizable y demandable por parte del Estado, para resolver los problemas de las personas.

¿Y cuáles son esos problemas? Los relativos a estos servicios. Y a nadie le van a cortar la luz, a nadie le van a cortar el agua, a nadie le van a cortar los teléfonos. Por lo tanto, eso está demostrado la preocupación que el Estado tiene sobre esta materia. Y las deudas se van a pagar a prorrata doce meses después. Se trata de una preocupación primaria, desde el día 27 de marzo.

Pero lo que no se puede desconocer, y particularmente -reitero- por aquellos Senadores que tuvieron cargos muy importantes durante los Gobiernos de la Concertación, en los cuales se firmaron la mayoría de estos contratos, es que si se establece este mecanismo se les dará a las empresas el derecho a demandar al Estado, porque se están alterando contratos que el Estado de Chile firmó libremente.

Por eso, a mi juicio, lo que está haciendo el Presidente Piñera es cuidar al Estado. Y lo que hace este proyecto de ley es generarle una incertidumbre al Estado en privilegio de las grandes empresas.

Por esas razones, señora Presidenta, me voy a abstener. La iniciativa está muy bien intencionada, pero el camino es el que mostró el Gobierno en esta materia.

Y respecto a otras afirmaciones, particularmente del Senador Latorre, en cuanto al neoliberalismo y que se ponen al lado de las empresas y no al lado de las personas, quiero decir lo siguiente. Tanto el Senador Latorre como el Senador Navarro muestran gran felicidad frente a los regímenes de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Y en esta pandemia nadie sabe lo que pasa en esos países, nadie tiene información. La OMS ha declarado que la información que entregan esos países es falsa o no concluyente, en el mejor de los casos, donde se está condenando a la ciudadanía a quizás qué cuestiones, porque nadie sabe lo que pasa al interior de esos países.

Por lo tanto, quiero que tengan mayor responsabilidad al emitir juicios. Aquí, en Chile, en una democracia como la de Chile, con una Constitución como la de Chile, todos saben y todos tienen derecho a acceder a todos los datos. Y podemos discrepar y discutir sobre eso, pero todos saben lo que la autoridad hace. En los países que ellos admiran, y adonde quieren llevar a Chile, nadie sabe absolutamente nada.

Por lo expuesto, señora Presidenta , me abstengo, pues creo que aquí se pone en riesgo al Estado frente a empresas que han contratado con él y, por lo tanto, el día de mañana a raíz de esta legislación eventualmente podrían demandar al Estado de Chile.

He dicho.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senador Pérez.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El Senador señor Pérez se abstiene.

Senador señor Pizarro, ¿cómo vota?

El señor PIZARRO.-

Voto a favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

El Senador señor Pizarro vota a favor.

Senador señor Prohens, ¿cómo vota?

Senadora señora Provoste, ¿cómo vota?

La señora PROVOSTE.-

Voy a fundamentar mi votación, señora Presidenta .

Creo que la ley en proyecto va mucho más allá de los acuerdos establecidos originalmente entre el Gobierno y las empresas.

Primero, porque ese acuerdo no alcanza a más de cincuenta mil hogares, que son los que han accedido a él, lo que resulta un mínimo considerando los más de seis millones de hogares que existen en Chile.

Hoy día, a partir de este proyecto de ley, al menos el 60 por ciento de la población más vulnerable y todos los casos especiales que cambiaron o cambian su situación debido a la pandemia podrán acceder a este beneficio.

El acuerdo del Gobierno con las empresas contemplaba solo hasta el 40 por ciento. Y hemos recibido innumerables testimonios de personas que durante este tiempo, con el acuerdo entre amigos, han tenido que enfrentar el anuncio del corte de suministro de servicios básicos.

Este proyecto de ley, además, incluye el gas de red, que no contemplaba el acuerdo del Gobierno.

Estos beneficios se establecen por ley y no son de carácter voluntario para las empresas, por lo que están obligadas a cumplirlos. Son para todos quienes vivimos en este país.

El Gobierno se negó durante estos tres meses a legislar. Los primeros proyectos, como decía la Senadora Ximena Órdenes, se presentaron el mismo 18 de marzo, y sistemáticamente el Ejecutivo ralentizó su tramitación y llegó a amenazas como las que hemos visto y escuchado en el día de hoy de parte de algunos colegas que hacen una abierta defensa del mercado.

Esta lógica del Gobierno se enmarca en actuar permanentemente y en evitar que el Estado intervenga más en el mercado de manera legal. ¡Le tiene terror a que pasada la pandemia queden precedentes legales de un Estado con más facultades! Por eso, intenta hacer todo por acuerdo y nada por la vía legal. ¡Es insólito que la suspensión del cobro de servicios básicos y eliminar la posibilidad del corte del suministro durante todo este período de la pandemia no fuera una de las primeras medidas dictadas legalmente, de verdad, con sentido común, que ha estado muy fuera de las capacidades de algunas autoridades!

Las familias en nuestro país, señora Presidenta , necesitan tranquilidad y necesitan certezas.

Me impresiona el alegato que se hace aquí respecto de la certeza que hay que darles a las empresas. ¡Perdón! ¡Si lo que nosotros debemos hacer en este Parlamento es darles certezas y tranquilidades a las familias chilenas! A la pérdida del empleo, a la baja en los ingresos y al temor al contagio se suma también el quedarse sin luz, sin agua. ¡Es realmente impresentable!

Afortunadamente, estamos aprobando este proyecto de ley, pero lo hacemos tres meses después de cuando se debió hacer.

Quiero felicitar a los mocionantes de esta iniciativa, una larga lista en la Cámara de Diputados y también acá, en el Senado: el Senador Navarro, el Senador Bianchi, el Senador Girardi, el Senador Guillier, el Senador Elizalde, el Senador Quinteros, la Senadora Rincón, y yo soy mocionante también de estos proyectos que se refunden en esta iniciativa.

Con la misma fuerza con que soy crítica tengo que reconocer cuando las cosas se hacen de una forma distinta.

Y, en ese marco, en el cierre del proceso legislativo, reconocemos la disposición distinta que ha tenido el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para avanzar en incorporar a los estudiantes en el beneficio de internet.

Lo digo porque junto con la Senadora Órdenes, la Senadora Allende, el Senador Pizarro, el Senador Chahuán y el apoyo del Presidente de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, el Senador Letelier, presentamos una moción para entregar acceso gratuito de internet a estudiantes de todo el ciclo escolar. Y esto fue recogido por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, trabajamos con ellos. Y este acuerdo ha permitido incluir en este proyecto de ley nuestra moción parlamentaria y que los beneficios de internet señalados se extiendan para fines de acceso prioritario a contenidos educacionales por los tres meses siguientes desde publicada la ley; y los estudiantes de establecimientos educacionales de educación parvularia, básica, media y superior que pertenezcan al 60 por ciento de vulnerabilidad, de acuerdo con el Registro Social de Hogares , tendrán acceso gratuito a internet. Esto incluye a estudiantes de todo tipo de establecimientos educacionales, sean municipales, subvencionados, universidades públicas, universidades privadas, centros de formación técnica e institutos profesionales. Hablamos de más de...

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Dele un minuto, Secretario .

No tiene señal.

Un minuto para que nos señale su intención de voto.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Ahí está con audio.

La señora PROVOSTE.-

Muchas gracias, señora Presidenta.

Señalaba que este beneficio de internet gratuito será para más de dos millones de estudiantes.

Voy a votar a favor.

Junto con valorar el esfuerzo de la Comisión Mixta, encabezada por el Senador Elizalde, también es justo reconocer el trabajo y el apoyo que ha dado a esta moción el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, haciéndose eco también de garantizar el acceso a la educación, que hoy día no estaba siendo garantizado porque muchos jóvenes no contaban con acceso a internet. Esta pandemia ha revelado también con crudeza la pobreza y las desigualdades en acceso a las nuevas tecnologías.

Voto a favor.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senadora Provoste.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

La Senadora señora Provoste vota a favor.

Senador señor Pugh, ¿cómo vota?

El señor PUGH.-

Muchas gracias, Secretario .

Señora Presidenta, haré uso de la palabra para fundamentar mi voto.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Tiene la palabra, Senador.

El señor PUGH.-

Muchas gracias, señora Presidenta .

Las leyes tienen como objetivo precisar reglas. Y estas reglas tienen que ser lo suficientemente claras para que se entiendan y así se puedan hacer cumplir. Las reglas que no se entienden y no se pueden hacer cumplir o que se interpretan de otra manera, obviamente, generan problemas.

Ese es el desafío que tenemos como legisladores en nuestra función de desarrollo de política pública. Y por eso era necesario, de alguna manera, definir reglas. Y estas reglas son bastante técnicas y por eso quiero reconocer algunos aspectos de esta Comisión Mixta, que me tocó integrar, puesto que tengo pequeñas discrepancias.

La primera de ellas es con el certificado que fue presentado. Si bien obedece a un acuerdo de Comités hacerlo de esta manera, para no tener que esperar el informe y retardar la votación, por la forma en que fue redactado el certificado, pareciera reflejar que hubo acuerdos unánimes en todo. Y la verdad es que no tuvimos acuerdos por unanimidad en todo. Hay muchas situaciones que no quedaron reflejadas en ese certificado.

Por eso quiero decir, en primer término, que se debe revisar la historia de la ley cuando se tenga que interpretar cualquiera de estos artículos.

Por ejemplo, el artículo 10, que obliga a reponer las condiciones del servicio. Si una persona, por ejemplo, tenía contratado un sistema eléctrico y dejó de pagar, quedó morosa, le cortaron el servicio y esa persona instaló un sistema fotovoltaico y no quiere contratarse, obviamente, la empresa no tiene por qué conectarlo nuevamente, no lo puede obligar. Y ahí viene el principal punto de discrepancia. Esto es voluntario, las personas tienen que decidir, y para eso se definió. Pero no es automático. La discusión estaba en si era automático o no. Finalmente, primó la cordura, porque no se puede forzar a hacer algo a las personas. Es más, estas quieren ahorrar, quieren evitar tener, probablemente, una carga financiera posterior. Entonces, la ley llama primero a tratar de mantener la cadena de pago: los que puedan pagar, que paguen; y hay que seguir haciéndolo. Si se recibe cualquier recurso adicional, debe usarse para pagar.

La segunda discrepancia fue por los límites.

¿Límites en la ley en proyecto? Sí, los tiene. El principal -y por eso quiero destacarlo- es el kilobits que ha materializado la industria de las telecomunicaciones, que ha permitido un plan gratuito, sin costo, que no le va a significar a nadie pagar ni un peso: el plan solidario, con 256 y hasta 512 kilobits, lo que equivale a un plan 2G básico o 3G básico. ¡Básico! Tenemos que entenderlo, esencial para mantener la conectividad y hacerse cargo de los alumnos que lo necesitan.

Esto es algo inédito. No habíamos tenido antes la oportunidad de disponer de algo que creemos fundamental. Vamos a una sociedad digital, y por eso queremos crear una República Digital. Chile puede ser la primera República Digital, avanzando en fibra óptica y entregando servicios de conectividad. Pero ha de haber límites, porque las familias cuando no tienen recursos, que es lo que está ocurriendo ahora, deben ahorrar. Entonces, hay que ahorrar en los consumos básicos: apagar las luces; cortar el agua, no se puede dejar a esta correr.

Pusimos un ejemplo usando las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud: cien litros diarios por persona. En una familia de cuatro miembros, cien litros diarios son 3 metros cúbicos de agua al mes por cada uno de ellos, y cuatro personas consumen 12 metros cúbicos. Finalmente, llegamos a los 15 metros cúbicos, que es lo que garantiza el Estado con el subsidio, aumentándolo en 4 metros cúbicos más por persona. En cada lavado de manos se ocupa un litro y medio. Si se ocupan 10 litros al día es menos de lo que se ocupa en otros servicios. Ya vimos que no se aumenta más de un 4 por ciento el gasto familiar en agua.

¡Pero no hubo voluntad para fijar límites! No la hubo en algo que consideramos esencial: definir los mínimos a garantizar por el Estado cuando sea necesario incluso subsidiar.

Por eso me parece que la norma no quedó de la forma en que debía establecerse; no se determinaron los límites; no quedó consignado lo relativo a la conciencia respecto de la crisis hídrica que estamos experimentando. Aparte la pandemia, lo que vamos a enfrentar desde el punto de vista sanitario y de la crisis económica, es porque ¡no tenemos agua para absolutamente nada! Probablemente, muchos de los paltos que se mencionaron acá se van a secar.

Tenemos que hacernos cargo de ello.

A mi juicio, la ley en proyecto no quedó tan bien como se dijo; no existe esta unanimidad. Quiero hacer presente que hubo muchas discrepancias, y por ello debemos esperar el informe y hacernos cargo de la historia de la ley.

Por todo lo expuesto, señora Presidenta, habiendo sido parte de estas Comisiones y habiendo perdido en varias votaciones, me voy a abstener.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senador Pugh.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El Senador señor Pugh se abstiene.

Senador señor Quintana, ¿cómo vota?

Senador señor Quinteros, ¿cómo vota?

El señor QUINTEROS.-

Todavía no, señor Secretario .

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Señor Secretario , hay una solicitud del Senador Harboe para un punto de reglamento.

Hace rato que está pidiendo la palabra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Se le va a dar la palabra al Senador señor Harboe para un punto reglamentario.

En este minuto no está conectado a la sesión, señora Presidenta.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Muy bien.

Entonces, continuemos con la votación.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Senador señor Quintana, ¿cómo vota?

El señor QUINTANA.-

A favor, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

¿Senador señor Quintana?

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

No tiene micrófono.

El señor QUINTANA.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Ahí sí. Gracias.

El Senador señor Quintana vota a favor.

Senador señor Quinteros, ¿cómo vota?

El señor QUINTEROS.-

¿Me permite, señora Presidenta ?

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Tiene la palabra el Senador señor Quinteros, Vicepresidente de la Corporación .

El señor QUINTEROS.-

Señora Presidenta , la importancia de este proyecto y sus beneficios han sido latamente explicitados. Además, el brillante informe del Presidente de la Comisión ha dejado clarísimo todo lo que este significa.

Pero a raíz de las dudas de constitucionalidad que les he escuchado plantear a varios Senadores, quiero decir que en cualquier país del resto del mundo esto pudo haber sido resuelto por un decreto del Gobierno en virtud de las facultades derivadas de la declaración de estado de emergencia.

Incluso acá, en Chile, podría haberse hecho apelando a la antigua legislación sobre emergencias que sigue vigente; pero la autoridad administrativa ha preferido resignar sus facultades y ha buscado acuerdos voluntarios con las empresas, lo que claramente no ha sido suficiente.

Las empresas de servicios deben ser reguladas. Esto quedó clarísimo en la sesión especial donde se conocieron los diferentes abusos que se siguen cometiendo aún en estas circunstancias trágicas. ¡Eso es inaceptable! ¡Los servicios que proveen siguen siendo públicos, pues se trata de concesiones y el Estado no puede abandonar sus deberes!

Además, el proyecto que estamos viendo, respecto del cual no tengo ninguna duda de que vamos a aprobar, debió formar parte de un paquete de ayuda integral y no de soluciones parciales y por goteo como ha imperado acá, a pesar de que este término a algunos no les guste.

Creo que el ideal es que toda esta legislación especial que estamos aprobando para hacer frente a la pandemia sea recogida en la futura ley sobre gestión de riesgos de desastre, cuyo proyecto se halla en discusión en este mismo Senado, como una facultad de la autoridad administrativa.

Yo voy a votar a favor, señora Presidenta , pero creo que sigue pendiente la tarea del Gobierno de buscar un acuerdo integral, leal y de buena fe que incluya una renta básica de emergencia, así como los apoyos que sean necesarios, para que las personas puedan cumplir las medidas sanitarias y enfrentar los duros efectos de la crisis económica que nos golpea.

Escuché con mucha alegría lo expresado por un señor Senador, quien dijo que le gustaba el acuerdo. Podría recomendarle a su compañero de partido que le hiciera caso para los efectos de que lleguemos a un buen consenso.

Voto a favor del informe de las Comisiones Mixtas.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El Senador señor Quinteros vota a favor.

Senadora señora Rincón, ¿cómo vota?

La señora RINCÓN.-

Señora Presidenta , voy a fundamentar mi voto.

Agradezco a todos los que han participado en este proyecto, a los mocionantes. Yo soy una de ellas, de la primera iniciativa que presentamos con los Senadores Navarro, Quinteros , Girardi , Bianchi , pues es una de varias que se refundieron.

Hoy día -lo han dicho todos- damos un paso importante, cuestión podría haber hecho el Presidente de la República , pero no fue así. Nosotros lo dimos dentro del ámbito de nuestras competencias.

A la luz de lo que hemos debatido en estas sesiones del Senado, de la Comisión de Economía y de las Comisiones Mixtas, queda claro que tenemos dos desafíos por delante, y ellos podríamos resumirlos en la frase "conectar a los no conectados". Uno de los asuntos pendientes es dar agua potable a más de un millón de chilenos y chilenas, ciudadanos y residentes en nuestro país; y el otro, ser capaces de contar con telefonía e internet de calidad.

¿Cuál es el desafío en este último ámbito? Una conexión robusta que permita conectividad digital estable, con capacidad suficiente para que puedan desarrollarse las nuevas formas de vida digital, básicamente en los ámbitos de la educación, del trabajo y de la salud.

Actualmente, en Chile la conexión robusta de internet solo es posible cuando hay fibra óptica en el caso de la internet fija y cuando hay tecnología 4G en el caso de la internet móvil.

En nuestro país, en materia de internet fija solo el 55 por ciento de los hogares accede a esta posibilidad. De ellos, únicamente el 30 por ciento cuenta con fibra óptica. El resto tiene conexión vía cobre u otra tecnología.

En medio de la pandemia, ha quedado en evidencia que carece de calidad y que muchas veces no funciona.

En lo que respecta a internet móvil, el 87 por ciento de las personas cuenta con conexión 4G; y el 13 por ciento restante, 3G o 2G, por lo que registran dificultades.

Por consiguiente, es preciso que nos pongamos el desafío de llevar fibra óptica a los hogares y 4G a la telefonía móvil.

Hoy día debemos rentabilizar los proyectos de Fibra Óptica Austral (FOA) y Fibra Óptica Nacional (FON). Necesitamos que la fibra óptica llegue a la última milla, señora Presidenta , es decir, desde las troncales que se están construyendo hasta los hogares de los ciudadanos, pues, de lo contrario, este tremendo esfuerzo no tendrá rentabilidad ni cumplirá el objetivo.

Hoy existen iniciativas legislativas como el derecho constitucional a internet; la declaración de la internet como un servicio público; el proyecto de ley que despachamos gracias al empeño, esfuerzo y empuje de nuestra colega Ximena Órdenes , sobre roaming en telecomunicaciones, o incluso la iniciativa que hoy día estamos aprobando para no suspender los servicios básicos y dar gratuidad en materia de internet con el plan solidario.

Pero el desafío es lograr conectividad para todas las personas y en todo el territorio, porque de lo contrario, ninguno de los proyectos que he mencionado va a rendir frutos ni logrará su objetivo: serán leyes vacías.

Por tanto, resulta fundamental alcanzar aquello, porque si no, van a persistir la pobreza, la desigualdad y la indignidad en territorios y en personas: un plan de conectividad digital que aborde en serio la tecnología del siglo XXI y consiga salvar la brecha digital.

Señora Presidenta , propongo a nuestros colegas de la Comisión que está negociando con el Gobierno, el Senador Pizarro, quien la encabeza, y los Senadores Montes, Lagos , Coloma y García Ruminot , que trabajen los mecanismos y desafíos para lograr la creación de un plan de conectividad digital para personas y hogares en telefonía fija y móvil. ¿Qué significa esto? Obtener fibra óptica para todos, así como la reconversión de antenas a tecnología 4G.

Para ello hay que establecer, primero, un plan de incentivo a las inversiones financiado por el país, y han de estar Hacienda y Telecomunicaciones. Esto no solo dará conectividad, sino que creará trabajo. Se estima, por los expertos, que permitiría quinientos empleos por comuna, lo cual se halla además dentro del objetivo de desarrollo sostenible número 9 de Naciones Unidas. Y, segundo, un plan nacional para incorporar al agua potable a más de un millón de personas que en Chile no la tienen. Esto es parte también de los objetivos de desarrollo sostenible.

Hoy día damos pasos, pero que requieren nuevos desafíos. Creo que nuestros colegas pueden tomar esto como parte de un planteamiento del Senado que cambie la inequidad territorial y la inequidad que viven innumerables personas en nuestro país.

Por eso, señora Presidenta, agradeciendo a todos y a todas, voto a favor del informe de las Comisiones Mixtas.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

La Senadora señora Rincón vota a favor.

Se ha conectado el Senador señor Harboe, quien solicitó la palabra por reglamento.

El señor HARBOE.-

Sí.

¿Me permite, señora Presidenta?

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Ahí se escucha.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Senador Harboe, tiene la palabra.

El señor HARBOE.-

Señora Presidenta , solo para los efectos de informar que, de acuerdo con el artículo 5°, letra B, de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y el artículo 8° del Reglamento del Senado, me debo inhabilitar en este proyecto.

Quiero dejar constancia de ello.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senador Harboe.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

El Senador señor Sandoval, ¿cómo vota?

El señor SANDOVAL.-

Señora Presidenta , en primer lugar, uno entiende y ve que los servicios básicos constituyen una cuestión absolutamente esencial en la vida de cualquier familia o persona.

Además, estamos viviendo hoy día un estado de excepción y en un entorno extraordinariamente peculiar, diferente que nos tensiona y pone en estrés permanente al Estado. Y dicho sea de paso, ojalá esta condición de estrés en el Estado la mantuviéramos incluso después de la pandemia. ¡Cuántos gastos superfluos, cuántos programas, cuántas acciones sin ningún sentido concreto se desarrollan en nuestro país y que nos deberían obligar a ser mucho más rigurosos en el uso de los recursos públicos, partiendo, ciertamente, por la utilización de los dineros del propio Congreso Nacional!

Sin embargo, pienso que los actos públicos tienen validez cuando son formales. Uno valora absolutamente el acuerdo a que llegó el Gobierno en su oportunidad con las empresas y que permitió tempranamente que familias se acogieran a la posibilidad de postergar el pago de las cuentas por sus servicios básicos dada la situación de crisis económica que está enfrentando el país.

A veces se demora demasiado la tramitación de los proyectos de ley en el Parlamento. De hecho, todavía nos encontramos discutiendo esta normativa.

Por eso, si bien valoro el esfuerzo y el rol que jugó el Gobierno en esa gestión, creo, sí, que los actos públicos deben ser formales y no sujetos a los acuerdos o a la expresión de voluntades.

Me da la impresión de que en el contexto en que estamos viviendo, en el estado de excepción en que nos hallamos, en la urgencia que tenemos desde el punto de vista social de asegurarles a las familias el suministro de estos servicios básicos, que no me imagino en otra condición, voto absolutamente a favor del informe de las Comisiones Mixtas.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senador Sandoval.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El Senador señor Sandoval vota a favor.

Senador señor Soria, ¿cómo vota?

El señor SORIA.-

... (falla de audio en transmisión telemática)..., señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

¿Cómo dice, Senador?

El señor SORIA.-

Voto a favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias, señor Senador.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Senadora señora Van Rysselberghe, ¿cómo vota?

La señora VAN RYSSELBERGHE.-

Secretario, voy a fundamentar mi voto.

En verdad, creo que este proyecto -ya se ha dicho- tiene algunas cosas buenas, como lo que se vio en cuanto al Plan Básico Solidario. Eso es positivo. Sin embargo, además presenta una serie de deficiencias que a mi juicio quedan mal resueltas.

Me parece que se habló mucho del prorrateo, de la flexibilidad, de poder pagar con posterioridad. Y eso es cierto. Pero pienso que es un beneficio que no está bien focalizado. Acá no veo por qué podrían hacer uso de un beneficio de esta naturaleza aquellos que no han visto disminuidos sus ingresos, y me da la impresión de que es factible que lleguen a ser beneficiarios también.

Este proyecto se establece en el contexto de la pandemia. De modo que no veo por qué si alguien tenía una deuda o estaba moroso respecto del pago de algún servicio se le deba restituir aquel sin ningún cobro. A lo mejor se puede prorratear; pero acá debió haberse considerado que esto se plantea en el marco de la crisis sanitaria y no para las personas que previo a la crisis, por la razón que sea, incluso algunas de diferente índole, no hayan pagado sus servicios.

También considero de riesgo el haber eliminado el límite de 15 metros cúbicos de agua potable. Aquí se buscaba garantizar el agua para consumo humano. Y ello quedaba bastante bien garantizado por los 15 metros cúbicos que se estaban estableciendo inicialmente en el proyecto. De hecho, se había aumentado de 12 metros cúbicos a 15.

Por todo lo expuesto, porque si bien se trata de una iniciativa bien intencionada tiene una serie de deficiencias y, además -tal como dijo un Senador-, bordea el límite constitucional, me voy a abstener en esta votación.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

La Senadora señora Van Rysselberghe se abstiene.

Senadora señora Von Baer, ¿cómo vota?

La señora VON BAER.-

Señor Secretario , voy a argumentar mi votación.

En primer lugar, creo que no hay nadie en esta Sala que no esté de acuerdo con que debemos hacernos cargo de la forma como nuestros compatriotas en esta situación de extrema gravedad, con una crisis económica muy difícil, van a pagar los servicios básicos.

La pregunta es cómo solucionamos ese problema.

Y aquí, básicamente, hay tres caminos.

Primero es establecer que esto tiene un costo, aunque se diga que no lo hay. La pregunta es quién paga ese costo; quién... (falla de audio en transmisión telemática)...

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Está sin conexión, Senadora.

La señora VON BAER.-

... (falla de audio en transmisión telemática)... judicialmente en contra del Estado.

Esa es la gracia que podríamos decir que posee el acuerdo.

Por eso aquel no tiene el problema que plantea esta normativa.

El segundo camino es hacer lo que esta normativa propone, que es obligar a las empresas. Y en el momento en que las obliga, pero no las indemniza, genera un problema, porque les dice... (falla de audio en transmisión telemática)... tienes que asumir este... (falla de audio en transmisión telemática)... general, pero también por la Constitución. Pero no solo por la Constitución chilena, sino que por la... (falla de audio en transmisión telemática)... en el mundo moderno y qué puede ocurrir, a diferencia del acuerdo que impulsó el Gobierno.

Lo que puede suceder es que las empresas recurran judicialmente en contra del Estado.

Entiendo que tengo problemas de conexión...

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Sí, hay problemas Senadora Von Baer.

La señora VON BAER.-

A ver.

Voy a buscar una solución.

¿Se escucha mejor, Presidenta?

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Sí, ahí sí.

La señora VON BAER.-

Entonces, argumento sin video, porque de esa manera la conexión es mejor.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

De acuerdo.

La señora VON BAER.-

Presidenta...(falla de audio en transmisión telemática)... pero básicamente el problema que genera a las empresas, y no impone que el Estado tenga que pagar, porque no puede hacerlo...(falla de audio en transmisión telemática)... Por tanto, puede generar un sinnúmero de acciones en contra del Estado...(falla de audio en transmisión telemática)...

Señora Presidenta , yo invito acá a ver las consecuencias de los actos que...(falla de audio en transmisión telemática)... que aquí el Estado hubiese quizás financiado a través de un subsidio la solución para los más vulnerables. Me hubiese gustado que se hubiera buscado una solución a través de los otros subsidios que se están entregando, básicamente como de alguna manera se está haciendo en el caso del agua potable rural.

Acá se dice: "Mire, nosotros tenemos que generar certezas a los ciudadanos". Yo creo que la certeza para los ciudadanos en el acuerdo que se generó... (falla de audio en transmisión telemática)...

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Se cortó el audio, Senadora Von Baer.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vamos a ver si se puede reconectar.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).- 

Tomemos otra votación y la Senadora Von Baer se reincorpora cuando pueda resolver su problema de conexión.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Perfecto.

Senador señor Allamand, ¿cómo vota?

El señor ALLAMAND.-

Abstención.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El Senador señor Allamand se abstiene.

Senadora señora Allende, ¿cómo vota?

La señora ALLENDE.-

Presidenta, quiero partir por señalar que felicito a los distintos parlamentarios, Diputadas y Diputados, Senadoras y Senadores, que se preocuparon rápidamente de presentar esta moción.

Asimismo, felicito el trabajo de la Comisión de Economía. Creo que realmente fue muy riguroso, serio, y me alegro mucho de que haya llegado finalmente a este acuerdo en la Comisión Mixta. No solo le puso el rigor necesario, sino que, además, amplió el radio de acción, por ejemplo, en relación con lo que hablamos sobre internet y la posibilidad de garantizarles a los estudiantes y a las familias el acceso a algo tan importante. Justamente, nosotros habíamos apoyado a la Senadora Provoste para que eso ocurriera.

Dicho lo anterior, no puedo sino mencionar la gravedad de esta crisis. Es muy muy importante aliviar a estas familias, que tienen ya una enorme cantidad de deudas, con la alta cesantía a que estamos llegando y también con la que se nos va a venir.

Por lo tanto, el poder postergar estos pagos, prorratearlos; el que no se cobre intereses; el que no se corte el servicio, es una señal muy significativa. También lo es que se abarque al 60 por ciento; a diferencia de las conversaciones que llevó adelante el Presidente , que evidentemente no tienen el rigor de una ley y que solo se hacían cargo del 40 por ciento.

Reitero: esto abarca a ese 60 por ciento tan necesario.

Pero, independientemente de ello, tengo una duda. Lo he señalado anteriormente: yo espero que estas familias no solo vean...(falla de audio en transmisión telemática)... sino que después puedan, al cabo de doce meses, cumplir con estos compromisos.

Yo tengo serias dudas, Presidenta. Veo que la crisis se agrava y, sobre todo, que el Gobierno no entiende que con un Ingreso Familiar de Emergencia digno, necesario, realmente se sustentaría a las familias.

Hoy día se habla de un acuerdo, que tanto entusiasma -por su intermedio, Presidenta - al Senador Kast . Pero le quiero decir que en ese acuerdo no se escucha a los economistas que están pidiendo que se considere al menos la línea de pobreza, ¡la línea de pobreza! O sea, 370 mil pesos para una familia. Se insiste en los 270 mil. Realmente es muy indigno que no quieran entender que es la única forma de proteger la salud y la subsistencia de esas familias.

Ahora vamos a entrar en cuarentena en Valparaíso, Viña del Mar y hasta en San Antonio. Yo espero que les entreguen los recursos a las personas para que puedan realmente cumplir con su confinamiento, porque, de otra manera, no va a ser posible, como lo hemos estado viendo.

Presidenta, celebro, entonces, este acuerdo. Me alegro de que se haya excluido a las empresas pequeñas, las cooperativas, como los sistemas de agua potable rural. Todo eso es un avance. Pero también le quiero reiterar que son muy importantes las señales que nosotros entregamos.

Y aquí tenemos que decirle al Gobierno, una vez más, que en lugar de ocupar apenas 3 mil millones para este año en reasignaciones, que no es dinero fresco, gaste ahora, ¡ahora!, ¡en esta emergencia!, ¡en esta pandemia!, ¡en esta situación dramática que viven las familias!

Lamentablemente, el Gobierno nos dice: ¡no, no y no! Porque le importan más las señales para el próximo año y futuras reactivaciones, que todos queremos, pero lo primero es la salud de las personas; lo primero es salvar la vida de las personas; lo primero es no arriesgar a las personas.

Parece que no logramos entender eso. Y espero que el Ministro de Hacienda oiga a sus colegas economistas, no solo a su pequeño grupo, sino que a muchos otros, quienes le están diciendo que espacio fiscal tenemos, y con absoluta responsabilidad; se dice y se sustenta.

Finalmente, no puedo dejar de...

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Un minuto para que exprese su voto, Senadora Allende.

Ahí tiene micrófono.

La señora ALLENDE.-

Gracias, Presidenta.

Sí, veía que me tocaba un minuto, pero no sé qué paso. En el reloj por lo menos salía eso. No importa.

Partí diciendo que iba a votar a favor.

Sin embargo, no puedo dejar de hacerles ver a algunos colegas que, si estamos hablando de entregar estos recursos, también se requiere dignidad.

Y hablando de dignidad, no puedo dejar de expresar en esta sesión el dolor, la vergüenza, la denigración que significa haber visto ese manual, ese instructivo, que rápidamente se ha sacado y respecto del cual la Ministra Carla Rubilar asumió la responsabilidad. Francamente, es abusar de las familias, del hambre, del dolor; es tratar de conseguir efectos comunicacionales para un aprovechamiento político miserable. ¡Esa es la palabra que corresponde exactamente!

Y me duele. Me duele por esas familias, me duele por lo que esto significa: degradar la política.

Espero que nunca más tengamos que vivir algo así, Presidenta .

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senadora Allende.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Senadora señora Allende, entonces, ¿cómo vota?

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Dele micrófono.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Sí, ahí está.

La señora ALLENDE.-

Comencé diciendo que iba a votar a favor.

Lo reitero: a favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias, señora Senadora.

Se conectó la Senadora señora Von Baer.

Le vamos a activar su micrófono para que exprese su opción de voto.

La señora VON BAER.-

Gracias, Secretario .

Termino solo recordándoles a aquellos que dicen que con este proyecto se está defendiendo a los más desfavorecidos que el día que ocurra la próxima licitación puede que sea más costosa para el Estado, ya que las empresas proveedoras van a tener incertidumbre respecto de si estos servicios en algún minuto se deberán brindar de manera gratuita.

Por lo tanto, hay que hacerse responsable de los actos que uno realiza. En ese sentido, me abstengo.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

La Senadora señora Von Baer se abstiene.

Senadora señora Aravena, ¿cómo vota?

La señora ARAVENA.-

Quiero fundamentar mi voto, señora Presidenta , brevemente.

Todos lo hemos repetido. Estamos en una situación crítica a nivel mundial y Chile, tal como vemos, tampoco lo está pasando bien. Y es probable que transitemos de una crisis económica y sanitaria a una crisis humanitaria. Esa es la realidad de un país que todavía no alcanza el desarrollo y que implicará un gran sacrificio para muchas familias.

A mí me tiene complicada la permanente disputa entre la moralidad y la legalidad. La hemos visto no solo en este proyecto, sino en varios otros.

Yo soy una Senadora oficialista, del Comité RN, y lo dije antes y lo volveré a repetir: considero que no debiéramos estar en esta discusión. Actualmente nuestro Gobierno tiene atribuciones para mejorar los acuerdos a que ha llegado, que se valoran y se felicitan. Pero evidentemente se plantea esta disputa, este análisis de si estamos a favor o en contra del Gobierno, a favor o en contra de la legalidad. Y la Constitución hoy día aparece en nuestras discusiones, cuando nuestro mayor debate debiera ser cómo somos capaces de ponernos de acuerdo, con todos los problemas que están viviendo las familias.

Entonces, me parece que es el momento de ponernos de acuerdo. Nunca hicieron más falta el diálogo y la capacidad de escuchar, la humildad para aceptar que no hay nadie que tenga absolutamente la razón y que debemos ser capaces de llegar a acuerdo.

Yo me abstuve en la votación anterior de la iniciativa justamente porque no me gusta estar entre la espada y la pared por considerarse inconstitucional un voto y constitucional el otro.

Creo que lo que debiera estar primero son los ciudadanos de Chile. Y si el Gobierno tiene atribuciones, no debiéramos estar ni siquiera votando este proyecto nosotros.

Me voy a abstener. Pero quiero dejar en claro que espero que cambiemos la forma de conducirnos, porque no es justo que el Senado tenga que estar muchas veces tomando decisiones que no le corresponden para beneficiar a la ciudadanía.

Me abstengo, señor Secretario .

Muchas gracias.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

La Senadora señora Aravena se abstiene.

Senador señor Araya, ¿cómo vota?

El señor ARAYA.-

Voto a favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Senador señor Bianchi, ¿cómo vota?

El señor BIANCHI.-

Gracias, Secretario , Presidenta .

He escuchado atentamente cada una de las intervenciones y deseo hablarle a la gente, si es que alguien ha tenido el aguante de seguir esta discusión.

Comienzo agradeciendo a la Senadora Provoste y al Senador Navarro por haberme invitado a ser parte de estos proyectos.

No hay que asombrarse cuando vemos aquí lo que cada uno de los Senadores representa, los intereses que representa.

Si alguien ha seguido esta sesión, podrá constatar que hay Senadores que se abstienen, que votan en contra, y otros que deben inhabilitarse, porque claramente lo que representan no son los intereses de las personas.

La discusión de la constitucionalidad efectivamente la han usado en todo este último tiempo para objetar proyectos que se relacionan con lo humano, con la situación que enfrenta el mundo y nuestro país.

Y como nosotros tenemos enormes limitancias para sacar proyectos adelante -las facultades las tiene el Presidente de la República -, se hace lo humanamente posible por intentar tramitar iniciativas que muchas veces son de reforma constitucional. Y luego el Gobierno, a través de sus parlamentarias y parlamentarios, hace lo posible para que todo quede en el acuerdo que el Presidente ha logrado con la gerencia o con los propietarios de las sanitarias, de las empresas eléctricas, etcétera.

Quiero decirle a la gente que lo mínimo que uno debe hacer es colocarse en el lugar de las personas que actualmente están cesantes. Hoy acaban de despedir a más de trescientos trabajadores y trabajadoras de una pesquera en la Región de Magallanes. Las ollas comunes están siendo cada día más numerosas. Los pagos de patentes, de los colegios, de las deudas que arrastraban las personas se suman a los pagos de los consumos básicos, y las empresas eléctricas, particularmente Edelmag , en la Región de Magallanes, han abusado. No hay quién en la región no se sienta abusada o abusado por los valores que se han cobrado en los últimos meses.

En consecuencia, esta situación es del todo humana, es del todo necesaria. Y no resuelve el fondo del problema.

Cuando me invitaron a participar en este proyecto no teníamos claro en qué momento esta situación podía comenzar a superarse. Y hoy vemos que, al revés, la crisis se va a prolongar mucho más, que va a tomar muchos más meses, si no un año, a lo menos.

Entonces, lo que están haciendo las personas hoy con muchas de las propuestas que el Gobierno entrega es simplemente endeudarse más, es alargar la agonía, estirar el chicle, dejar para un par de meses o un año más la obligación de enfrentar estos gastos.

Yo lo mencioné el otro día: ¿Qué pasa cuando hay una persona jubilada que tiene un único ingreso? ¿Qué pasa con alguien que ha quedado cesante? ¿Qué pasa con quien era dueño de un pequeño comercio y simplemente hoy no tiene acceso a ningún crédito, a nada?

Por lo tanto, esta situación debe revisarse. El Gobierno tiene que allanarse a la búsqueda de soluciones más concretas, que enfrenten la realidad que están viviendo una cantidad de hogares enorme en todo nuestro país.

En el caso de la Región de Magallanes, hay que considerar el uso del gas, el uso de la electricidad, porque se oscurece mucho más temprano.

Yo escuchaba a un Senador que decía: "Ahorren". Pero, ¿acaso alguien piensa que la gente hoy, cuando permanece más tiempo dentro de sus hogares, no tiene el sentido común del ahorro? Obviamente que lo tiene. Lo que ocurre es que las personas están más horas dentro del hogar, estamos hacinados, hay un mayor consumo de calefacción, de luz, de agua, etcétera.

Entonces, lo que estamos haciendo con este proyecto es un salvataje. Y claramente lo llevamos a cabo porque no creíamos en el compromiso que el Presidente le había anunciado al país. Además, no solucionaba la situación de una gran cantidad de hogares.

Por lo tanto, agrego otro punto más, Presidenta. ¿Nos vamos a atrever o no a la reforma constitucional que presentamos respecto al retiro de un porcentaje de los fondos de pensiones?

Presidenta, coloquemos esta materia como discusión. El país no está...

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Dele un minuto más, por favor, señor Secretario .

El señor BIANCHI.-

... personas de clase media.

Y conozco su sensibilidad en esta materia, Presidenta .

Hemos visto que hay parlamentarias y parlamentarios que han defendido toda la mañana a las empresas. Bueno, saquémoslos a la pizarra, veamos quiénes somos y a quiénes representamos los que estamos dentro del Congreso.

La clase media está pasando por una crisis humana y económica enorme. Necesitan un salvataje. Y el Gobierno no lo ha entregado.

Por lo tanto, esta reforma constitucional que hemos hecho -y la invito a suscribirla, Presidenta -, junto con el Senador Araya y la Senadora Provoste, busca que las personas puedan disponer, a lo menos, de un porcentaje de sus propios ahorros para enfrentar los meses que tienen por delante.

Como sabemos, el Tribunal Constitucional ha señalado insistentemente que estos recursos son de los cotizantes, pero...

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senador señor Bianchi.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Senador señor Bianchi, ¿cómo vota, entonces?

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Son cinco minutos. Le di un minuto adicional, Senador Bianchi.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

¿Cuál es su opción de voto, señor Senador?

El señor BIANCHI.-

Bien, Presidenta .

El país lo va a entender igual.

Voto favorablemente.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias, señor Senador.

Senador señor Castro, ¿cómo vota?

El señor CASTRO.-

Presidenta , voy a fundamentar un poquitito.

Esta es una iniciativa sencilla, humana y necesaria. Pero también hay que entender lo siguiente.

Nada es gratis en la vida. Siempre alguien termina pagando la cuenta. Este es un proyecto sencillo y humano, pero ¿quién paga la cuenta? ¿La paga el Estado de Chile? ¿La pagan los propios contribuyentes o las empresas?

También sabemos que el proyecto no tiene toda la constitucionalidad que nos gustaría. Pero lo que sucede, y ahí va mi crítica, es que este no es un tema en que estemos defendiendo a las empresas. Nadie quiere defender a las empresas. Yo no estoy por defenderlas, primero que nada. Y segundo, siento que este Senado, o este Congreso, también debe tener una mirada que permita trabajar en mejor forma. Y creo que no lo estamos haciendo.

Pienso que tenemos una tremenda responsabilidad. Yo lo he dicho muchas veces: en este Senado no se trabaja bien, no se legisla en buena forma. En un proyecto tan sencillo, tan humano y tan necesario como este, todas las bancadas deberíamos haber ido trabajando de una buena forma y presionando. Si el Gobierno no entiende, tenemos que ser capaces de sentarnos a presionar para que salga una buena ley, que le llegue a la gente. No me cabe ninguna duda de que la gente la necesita, hoy día más que nunca, con todo lo que estamos viviendo.

Pero este proyecto a mí no me gusta, porque creo que no les va a dar solución a las personas, muchas de las cuales van a quedar con deudas. Sin embargo, lo voy a apoyar.

Voto a favor, esperando que algún día este Senado llegue al acuerdo de trabajar en unión, de trabajar por el bien común de las personas, tratando siempre de resguardar los intereses del Estado y de los ciudadanos.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El Senador señor Castro vota a favor.

Senador señor Chahuán, ¿cómo vota?

El señor CHAHUÁN.-

Presidenta , Secretario , voy a fundamentar mi voto.

Sin lugar a dudas, estamos frente a la crisis económica más profunda que ha vivido Chile desde que se tenga registro, desde la década del cincuenta del siglo pasado, donde las familias se hallan especialmente afectadas. En este contexto, ya había existido una primera conversación del Presidente Piñera con los distribuidores de servicios básicos en términos de prohibir la suspensión de los servicios por no pago. Y me parece que lo que hace el proyecto de ley es reforzar aquello.

En segundo lugar, quiero agradecer en particular a la Ministra de Transportes y a la Subsecretaria de Telecomunicaciones. Junto con la Senadora Provoste, presenté una iniciativa para dotar de internet a los niños, niñas y adolescentes de la educación primaria, secundaria o universitaria que tuvieran gratuidad para los efectos de lograr que ellos accedieran a un proceso de teleeducación positivo o en mejores condiciones. En ese escenario, la Ministra de Transportes y la Subsecretaria Gidi nos dijeron que iban a recoger ese proyecto, que muchos calificaron de inadmisible, inconstitucional.

Asimismo, quiero agradecer al Presidente de la Comisión del ramo del Senado, Juan Pablo Letelier, que puso el tema en discusión y estuvo conduciendo, así como a la Senadora Allende, otra de las mocionantes.

Finalmente, se logró que la Ministra y la Subsecretaria recogieran ese proyecto, señalado por muchos -repito- como inadmisible, el cual fue incorporado al texto a través de una indicación suscrita por los mismos mocionantes, logrando, en definitiva -y aprovecho de agradecer, nuevamente, a la Senadora Provoste-, que se convirtiera en ley de la república con este trámite.

Esto implica, efectivamente, dotar de mejores condiciones de conexión a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en la condición indicada mediante su incorporación al plan solidario que ahora ofrecen las compañías de telecomunicaciones.

Por eso, agradezco a la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones y a la Subsecretaria Gidi por el trámite que hemos logrado efectuar.

Hoy día se está viviendo una situación crítica. Tenemos particularmente afectadas a las pymes y a las mipymes. Vivimos un escenario complejo desde el punto de vista de sostener la capacidad de empleo en el país. Las familias chilenas se han visto especialmente afectadas.

Todo ello debe tenerse presente cuando se dictan medidas de carácter sanitario como las cuarentenas, que nosotros aplaudimos. Incluso hemos expresado que se decretaron algo tarde, pero valoramos que se hayan implementado en la región, al menos en Valparaíso, San Antonio y Viña del Mar. Esperamos que se extiendan a otras comunas con índices de carga viral aún mayor, como El Tabo, El Quisco, Cartagena , Algarrobo, Santo Domingo , y a las provincias de San Antonio, Marga Marga , Los Andes, San Felipe , que las requieren urgentemente.

Sin embargo, para poder sostener una medida de carácter sanitario como esa se requiere dar tranquilidad a las familias. Y para ello es necesario no solo asegurar un Ingreso Familiar de Emergencia a través de un gran acuerdo nacional, sino también garantizar que los servicios básicos no serán suspendidos por no pago.

Acá nadie está hablando de gratuidad, pero estamos ante una situación específica de tal entidad, como la pandemia sanitaria, que obliga a adoptar medidas excepcionales. Y, en ese sentido, agradezco el compromiso que ya existía de parte de las empresas para no suspender los servicios, incluso mucho antes de la presentación de este proyecto de ley, el cual simplemente viene a garantizar aquello por ley.

Por lo tanto, agradezco la primera gestión del Presidente Piñera , así como la disposición que hubo por parte de las empresas, aunque, por supuesto hoy día resulta imperativo asegurarlo por ley y por eso voto favorablemente.

A la vez, agradezco de nuevo a la Ministra de Transportes y a la Subsecretaria Gidi por haber incorporado un proyecto que muchos consideraron inadmisible, a través de una indicación nuestra, en el texto que han despachado las Comisiones Mixtas, razón por la cual la Senadora Provoste y el resto de los colegas que fuimos mocionantes nos sentimos hoy muy satisfechos de que nuestra iniciativa haya sido recogida y se transforme en ley de la república en tiempo récord.

Voto favorablemente.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias, señora Presidenta .

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

El señor GALILEA.-

Yo quería inhabilitarme, Secretario , en este proyecto.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Perfecto.

El señor Galilea se inhabilita.

¿Senador señor De Urresti?

El señor DE URRESTI.-

Señor Secretario , voy a votar a favor.

Creo que esto es una expresión clara de la visión absolutamente proempresa que ha generado el Gobierno, cuyo corsé ideológico le impide ver que aquí, en una situación de esta magnitud, en una crisis de esta entidad, resulta fundamental ayudar a la sociedad, a los miles y miles de chilenos que hoy día se encuentran tremendamente afectados por los cobros de consumos básicos como la luz. El abuso que existe en este ámbito, la insensibilidad de muchas empresas e instituciones para abordar esta crisis no se soluciona sino con la capacidad del Estado, del Parlamento, para establecer una legislación clara y precisa sobre la materia.

Me alegro y voy a votar a favor, porque creo que esta normativa representa un avance para ir rompiendo, para ir desarmando la visión ideológica absolutamente de mercado que existe en nuestra sociedad.

La pandemia y la recuperación económica del país no se solucionarán simplemente con la libertad, la autonomía y la capacidad de emprendimiento de las que hace gárgaras la Derecha. Aquí tiene que haber una intervención del Estado, sumar a la sociedad y lograr acuerdos claros y precisos para estos tiempos de crisis. Creo que así podremos salir: con el esfuerzo de todos, de los agentes locales, de las regiones, de las comunidades organizadas, pero también con un Estado que protege a sus ciudadanos. Y eso es lo que se tiene que ver.

Que la gente revise cómo votan sus parlamentarios al momento de tener una disputa sobre si este costo también va a ser compartido por las empresas distribuidoras, por las empresas de servicios básicos. Aquí es donde nos jugamos el debate.

Por eso, insisto en la necesidad de discutir otros proyectos que igualmente vayan al fondo de la crisis: en materia previsional, en materia de servicios básicos, en materia de un ingreso garantizado para todos los chilenos. Ahí es donde nos jugamos la visión ideológica, la visión de qué sociedad queremos construir.

Voto absolutamente a favor de esta iniciativa, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El Senador señor De Urresti vota a favor.

¿Senador señor García Ruminot?

¿Senador señor García-Huidobro?

¿Señora Presidenta ?

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Secretario .

Voy a votar a favor.

Realmente, es en este tipo de debates donde quedan con mayor evidencia las grandes diferencias que Oposición y Gobierno tenemos para enfrentar la crisis no solo sanitaria, sino en cuanto a las medidas sociales y económicas que se han venido instalando desde marzo hasta ahora.

Resulta bastante sorprendente que el Gobierno no haga uso de los potentes instrumentos que le entrega el estado de emergencia para condonar multas, regular y bajar precios y aliviar de esta manera a los hogares en las diversas condiciones que están viviendo.

En Coquimbo, una región que lleva más de quince años con extrema sequía y que sufrió además un tsunami, un terremoto, los pequeños mineros, los campesinos se hallan en situación de miseria. Y la ayuda no llega en los momentos en que realmente se necesita, con la prontitud y la facilidad de acceso requeridas, para los pocos beneficios que se entregan.

Por eso, considero muy pertinente la dictación de una ley. Los acuerdos circunstanciales a que ha llegado el Presidente pueden dar algún alivio, pero hoy, en medio de la crisis, resulta indispensable garantizar derechos sociales a los chilenos, lo cual se logra a través de leyes. Para eso está el Parlamento: para legislar en beneficio de nuestros compatriotas, que están viviendo una extrema situación de pobreza, de miedo, de temor frente a la pandemia.

Por lo tanto, voto que sí.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias, señora Presidenta .

Procedería dar por finalizada la votación.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Terminada la votación.

--Se aprueba el certificado de las Comisiones Mixtas (28 votos a favor y 10 abstenciones) y el proyecto queda despachado en este trámite.

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste y Rincón y los señores Araya, Bianchi, Castro, Chahuán, De Urresti, Durana, Elizalde, Girardi, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Navarro, Ossandón, Pizarro, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria.

Se abstuvieron las señoras Aravena, Ebensperger, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Coloma, Kast, Moreira, Pérez Varela y Pugh.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Despachado el informe.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Había solicitado la palabra el señor Subsecretario .

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Tiene la palabra.

El señor OSSA ( Subsecretario General de la Presidencia ).-

Muchas gracias, Presidenta .

Primero, por su intermedio, quiero saludar a todos quienes han participado en esta sesión y hacer una muy breve reflexión previa.

Creo que aquí nadie tiene diferencias en cuanto a que era y es necesario auxiliar a las personas que están sufriendo en estos días por la vía de permitirles postergar el pago de los servicios básicos. Me parece que en eso no hemos tenido ninguna duda ni nos separa ningún sesgo ideológico; sí, obviamente, nos ha separado la forma de implementación y, en consecuencia, quisiera explicar por qué el Ejecutivo optó por obrar de la forma en que lo ha hecho.

Quiero señalar que una primera consideración para que el Gobierno suscribiera un convenio con las distintas empresas que participan en estos mercados dice relación con la necesidad de acudir rápido en auxilio de la gente. Y es por eso que ya con fecha 27 de marzo, recién comenzada la pandemia, se alcanzó un acuerdo en la materia.

Una de las principales razones para optar por ese mecanismo, y sin perjuicio del detalle que daré a continuación, fue que, aun cuando se trataba de un acuerdo, se trataba de un acuerdo que debía cumplirse, que podía ser fiscalizado y que aparejaba sanciones.

Esa es una primera desmitificación que consideramos importante efectuar en este contexto.

En segundo lugar, bien ha señalado el Senador Latorre que en muchos países ya se ha optado por medidas de este tipo. Eso es efectivo, pero, según consta en el informe que salió de la Cámara de Diputados, en la mayoría de esos países el auxilio se canalizó por la vía administrativa.

¿Por qué, entonces, el Ejecutivo se ha conducido de esta forma para la tramitación de la ley en proyecto? Primero -ya lo dije-, para llegar rápidamente en ayuda de las personas, pero también porque, más allá de las distintas cosmovisiones que cada uno pueda tener sobre la conveniencia o no de las reglas constitucionales, como bien se señaló durante el debate, tenemos ciertas normas fundamentales. En tal sentido, nos pareció que, incluso para proteger la responsabilidad patrimonial del Estado ante eventuales demandas, aun en sede internacional, el modo en que esto se estaba planteando no resultaba acorde con la Constitución.

¿Por qué lo digo? Porque el inciso tercero del numeral vigésimo cuarto del artículo 19 de la Constitución, si bien permite que una ley general pueda limitar el derecho de propiedad de los particulares, establece que ello requiere una compensación. Y, en este caso, eventualmente puede estar limitándose el derecho de propiedad, básicamente porque es posible que la postergación produzca costos financieros.

Por tal motivo, hicimos ver este punto de vista en las Comisiones Mixtas, cuyo Presidente , el Senador Elizalde, comprendió perfectamente, por lo cual nos pidió colaborar, pero únicamente desde la perspectiva técnica... (falla de audio en transmisión telemática)... el proyecto en sí mismo.

Quiero recordar, además, que con fecha 27 de marzo del año 2020 los Ministerios de Energía, de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones alcanzaron un acuerdo, primero, en materia de electricidad, que permitió suspender el corte del servicio por mora en el pago de las boletas. Los saldos impagos que se originaran durante la vigencia del estado de catástrofe serían prorrateados hasta en doce meses, una vez que este terminara. Y los clientes con deudas menores a 10 UF, acumuladas antes del referido estado de catástrofe, también podrían prorratear sus pagos.

Tal beneficio está disponible para más de 3 millones de familias, esto es, aproximadamente 7 millones de chilenos, y no quedó limitado al 40 por ciento de las personas más vulnerables, sino que incluyó también a los mayores de 60 años con dificultades de pago, a todos los trabajadores que hubieran perdido su empleo durante el estado de catástrofe, y a cualquier persona que acreditara su otorgamiento como necesario.

Insisto: este es un convenio plenamente fiscalizable, que debe ser cumplido, y que en caso alguno es un acuerdo blando o de buena fe que dependa de la buena voluntad de las empresas.

En materia de telecomunicaciones, se entregó conexión gratis a internet a clientes actuales activos, de los hogares más vulnerables, en principio por sesenta días, plazo que luego se extendió a noventa.

En materia hídrica, los clientes domiciliarios de empresas sanitarias pueden optar por postergar el pago de sus cuentas por los consumos facturados en agua potable y alcantarillado por los próximos tres meses, pudiendo acceder el 40 por ciento más vulnerable de nuestros compatriotas, lo que se tradujo en un beneficio para 1 millón 500 mil familias.

Respecto al límite que en su minuto se impulsó para el consumo de este vital elemento, quiero destacar que quienes sugerimos tal opción en caso alguno desconfiamos, ni mucho menos, de los usuarios, que tanto necesitan acceder a este beneficio. Pero quiero recordar que en tiempos de sequía, en momentos en que las empresas sanitarias comienzan el proceso de ahorro de agua, nos parecía importante fijar un límite, el cual, además, sugerimos que no fuese inapelable, sino susceptible de modificarse al alza si así lo ameritaban las circunstancias de ciertos usuarios.

Y quiero agregar que en esto no hubo un sesgo ideológico por parte del Ejecutivo. Tal como hizo presente el Senador Pugh, aquella fue una decisión que requirió tres votaciones y que solo en la última se estableció que no hubiera límite.

Termino, señora Presidenta , dejando para la historia de la ley lo siguiente: primero, que se optó por un acuerdo para ir rápidamente en auxilio de las familias; segundo, que se estimó que aquella era la forma correcta de respetar la institucionalidad constitucional vigente, y tercero, que la inmensa mayoría de los puntos recogidos en esta futura ley ya se encontraban considerados en el referido acuerdo.

Aprovecho de despedirme no solo de los presentes, sino de todos aquellos con quienes nos tocó conversar en las distintas instancias de la tramitación del proyecto.

Gracias, Presidenta .

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

A usted, señor Subsecretario .

Despachado el informe de las Comisiones Mixtas.

Se ha cumplido el tiempo destinado al Orden del Día, por lo que necesito el asentimiento de la Sala para ver el siguiente proyecto, sobre organizaciones indígenas, quizás con una modalidad de tramitación abreviada: conocer el informe de la Presidenta de la Comisión , la Senadora Luz Ebensperger, y que lo votemos sin discusión.

No sé si la iniciativa requiere muchas intervenciones; pero si existe el acuerdo de una Comisión, más la urgencia que posee, podríamos escuchar el informe y proceder a la votación, ojalá sin fundamento, porque tendríamos para mucho rato más.

La idea sería tramitar el proyecto sin discusión, y proceder a su votación.

¿Hay acuerdo en prorrogar la sesión por una hora y poner en tabla esta iniciativa?

Acordado.

Valparaíso, 11 de junio de 2020.

Nº 216/SEC/20

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado la proposición formulada por las Comisiones Mixtas constituidas para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación de los siguientes proyectos de ley: a) el que suspende el corte de servicios básicos por no pago en virtud de la crisis originada por el coronavirus, Boletines Nºs 13.315-08, 13.417-03 y 13.438-03, refundidos, y b) el que modifica diversos cuerpos legales para disponer la postergación del cobro de las deudas por consumos de servicios básicos domiciliarios, y del corte de tales suministros en caso de deuda, durante la vigencia de alertas sanitarias o epidemiológicas decretadas por la autoridad, Boletines N°s 13.329-03, 13.342-03, 13.347-03, 13.354-03, 13.355-03 y 13.356-03, refundidos.

Lo que comunico a Su Excelencia en respuesta a su oficio Nº 15.602, de 10 de junio de 2020.

Devuelvo los antecedentes respectivos.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

ADRIANA MUÑOZ D´ALBORA

Presidenta del Senado

RAÚL GUZMÁN URIBE

Secretario General del Senado

VALPARAÍSO, 11 de junio de 2020

Oficio N°15.606

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Tengo a honra comunicar a V.E. que el Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente:

“PROYECTO DE LEY:

Artículo 1.- Durante los noventa días siguientes a la publicación de esta ley, las empresas proveedoras de servicios sanitarios, empresas y cooperativas de distribución de electricidad y las empresas de distribución de gas de red no podrán cortar el suministro por mora en el pago a las personas, usuarios y establecimientos, en adelante usuarios, clientes o beneficiarios, que a continuación se indican:

a) Usuarios residenciales o domiciliarios.

b) Hospitales y centros de salud.

c) Cárceles y recintos penitenciarios.

d) Hogares de menores en riesgo social, abandono o compromiso delictual.

e) Hogares y establecimientos de larga estadía de adultos mayores.

f) Bomberos.

g) Organizaciones sin fines de lucro.

h) Microempresas, de acuerdo a lo establecido en la ley N° 20.416, que fija normas especiales para las empresas de menor tamaño.

Se suspende para los clientes señalados en el inciso anterior, por el plazo a que se refiere este artículo, la aplicación de los incisos tercero, cuarto, quinto y sexto del artículo 36 del decreto con fuerza de ley N° 323, de 1931, del Ministerio del Interior, Ley de Servicios de Gas; del artículo 141 y del inciso segundo del literal q) del artículo 225 del decreto con fuerza de ley N° 4, de 2007, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 1, de Minería, de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos, en materia de energía eléctrica, y lo establecido en la letra d) del artículo 36 del decreto con fuerza de ley Nº 382, de 1988, del Ministerio de Obras Públicas, Ley General de Servicios Sanitarios.

Se excluye de la aplicación de la presente ley a las empresas sanitarias con menos de 12.000 clientes que constituyan una sola unidad económica y no sean filial de otra empresa sanitaria, y a las cooperativas y comités de agua potable rural, sin perjuicio de los convenios, descuentos o facilidades de pago que otorguen a sus clientes.

Artículo 2.- Las deudas contraídas con las empresas de servicios sanitarios, empresas y cooperativas de distribución de electricidad y empresas de gas de red, que se generen entre el 18 de marzo de 2020 y hasta los noventa días posteriores a la publicación de esta ley, se prorratearán en el número de cuotas mensuales iguales y sucesivas que determine el usuario final a su elección, las que no podrán exceder de doce, a partir de la facturación siguiente al término de este último plazo, y no podrán incorporar multas, intereses ni gastos asociados.

Adicionalmente, a elección del usuario final, el prorrateo podrá incluir deudas generadas antes de las contraídas según lo señalado en el inciso anterior, hasta el monto de diez unidades de fomento para las empresas distribuidoras y cooperativas de electricidad y hasta el monto de cinco unidades de fomento para las empresas de servicios sanitarios y de distribución de gas de red, en las mismas condiciones.

Artículo 3.- Durante el plazo a que se refiere el artículo 1, tratándose de servicios de telefonía fija, móvil o de acceso a internet, los clientes podrán solicitar al proveedor del servicio el cambio transitorio de su contrato, si se tratare de clientes suscriptores, o la modificación de las condiciones de su servicio, si se tratare de clientes no suscriptores o de prepago, para la aplicación de un plan básico solidario de conectividad, sin costo y que no importe cambio numérico, por un plazo de tres meses, de acuerdo a las características que a continuación se establecen.

El proveedor de servicios de telecomunicaciones deberá permitir, sin costo para el usuario, el acceso a prestaciones de servicios que permitan mantener conectividad telefónica y de servicios de transmisión de datos permanente. Para estos efectos:

a) Los clientes de internet fijo dispondrán, mensualmente, de acceso sin límites máximos de descarga, con una velocidad de servicio entre 2 mbps y 4 mbps, atendida la configuración tecnológica con la que se preste el servicio. La obligación de la empresa se entenderá cumplida al otorgar las condiciones de servicio a un beneficiario por grupo familiar.

b) Los clientes de servicio móvil con contrato dispondrán, mensualmente, de 50 SMS, 300 minutos para llamadas y acceso a internet sin límites máximos de descarga con una velocidad entre 256 kbps y 512 kbps, atendidas las características tecnológicas con las que se preste el servicio y la ubicación geográfica del usuario.

c) Los clientes de servicio móvil sin contrato dispondrán, mensualmente, de 100 SMS mensuales y acceso a internet sin límites máximos de descarga con una velocidad entre 256 kbps y 512 kbps, atendidas las características tecnológicas con las que se preste el servicio y la ubicación geográfica del usuario. Respecto de estos últimos, el beneficio será otorgado a usuarios activos que, para estos efectos, se identifiquen asociando su rol único nacional a un número telefónico determinado, al cual se le asignarán las condiciones de servicio antes establecidas. La obligación de la empresa se entenderá cumplida al otorgar las condiciones de servicio a un número por beneficiario.

d) Los usuarios de telefonía fija dispondrán de 300 minutos de voz. En este caso, la obligación de la empresa se entenderá cumplida al otorgar las condiciones de servicio a un integrante del mismo grupo familiar asociándolo a su rol único nacional.

El plan solidario a que se refiere el inciso anterior podrá ser solicitado por los clientes que se encuentren en las causales señaladas en los artículos 4 y 5, sin importar su estado de morosidad, encontrándose o no suspendido su servicio, y estará disponible hasta el cese del plazo señalado en el artículo 1, con el propósito de asegurar la conectividad, prioritariamente para fines educacionales, laborales, de salud e información, para lo cual las empresas deberán realizar las acciones técnicas necesarias que aseguren dicho fin.

Asimismo, los y las estudiantes de establecimientos educacionales de enseñanza parvularia, básica, media y superior, que pertenezcan al 60 por ciento de vulnerabilidad, de conformidad al Registro Social de Hogares, podrán solicitar a su proveedor de servicio la aplicación del plan solidario de conectividad con especial orientación a las prestaciones educacionales, por medio de las acciones técnicas necesarias señaladas en el inciso anterior.

Además, las empresas proveedoras deberán ofrecer a las instituciones de educación o sostenedores, planes especiales de datos para que puedan focalizar el acceso universal de prestaciones de educación para sus alumnos, los que deberán ser informados al Ministerio de Educación. Las ofertas que hagan las empresas proveedoras en virtud de este inciso deberán ser informadas por ellas al referido Ministerio.

Los proveedores de acceso a internet que a la fecha de publicación de la presente ley cuenten con menos de 12.000 clientes, están exceptuados de las obligaciones señaladas en este artículo. Con todo, podrán adoptar medidas distintas para auxiliar a sus clientes que así lo soliciten, las que deberán publicar en sus sitios electrónicos.

Artículo 4.- Solo podrán acogerse a lo dispuesto en los artículos 2 y 3 los clientes finales que cumplan con, al menos, uno de los siguientes requisitos:

a) Encontrarse dentro del 60 por ciento de vulnerabilidad, de conformidad al Registro Social de Hogares.

b) Tener la calidad de adulto mayor, de acuerdo a la ley N° 19.828, que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor.

c) Estar percibiendo las prestaciones de la ley N° 19.728, que establece un seguro de desempleo.

d) Estar acogido a alguna de las causales de la ley N° 21.227, que faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo de la ley N° 19.728, en circunstancias excepcionales, ya sea por la suspensión de la relación laboral o por la celebración de un pacto de reducción temporal de jornada.

e) Ser trabajador independiente o informal no comprendido en alguna de las categorías anteriores, y expresar, mediante declaración jurada simple, que está siendo afectado por una disminución significativa de ingresos que justifica el acceso a los beneficios. La utilización maliciosa de la declaración se sancionará de conformidad al artículo 210 del Código Penal.

Los requisitos señalados en el inciso anterior no serán exigibles a los beneficiarios indicados en los literales b), c), d), e), f), g) y h) del artículo 1.

Artículo 5.- Los usuarios finales no comprendidos en el artículo anterior que acrediten estar imposibilitados de dar cumplimiento a las obligaciones de pago que han contraído con la respectiva empresa o cooperativa prestadora, y así lo expresen mediante declaración jurada simple, podrán solicitar acogerse a la postergación y prorrateo de los pagos, tratándose de las empresas y cooperativas indicadas en el artículo 1; o la incorporación al plan básico solidario de conectividad, tratándose de las empresas indicadas en el artículo 3. La utilización maliciosa de la declaración se sancionará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 210 del Código Penal.

La negativa de la empresa prestadora podrá ser objeto de reclamo ante la subsecretaría, superintendencia u organismo fiscalizador respectivo, y se sujetará a la normativa sectorial que corresponda.

Artículo 6.- Dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta ley, las empresas y cooperativas proveedoras de los servicios señalados en ella, deberán establecer plataformas de atención al cliente, por internet y telefonía, que permitan formular las solicitudes para acceder a los beneficios que la presente ley establece.

En cualquiera de los casos previstos en esta ley, las empresas y cooperativas proveedoras deberán resolver las solicitudes efectuadas por los interesados, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su formulación. Respecto de los usuarios que reúnan cualquiera de las condiciones indicadas en el inciso primero del artículo 4, no procederá rechazo alguno, y el beneficio será aplicado, de pleno derecho, por parte de las empresas proveedoras y cooperativas.

La respuesta de la correspondiente empresa o cooperativa deberá ser comunicada al solicitante por medio de correo electrónico o mensaje de texto, dentro del señalado plazo. En caso de que la respuesta fuere negativa, la empresa o cooperativa deberá mencionar y justificar las razones del rechazo.

Del mismo modo, las empresas deberán informar sus resoluciones a la subsecretaría, superintendencia u organismo fiscalizador respectivo y, quincenalmente, deberán publicar en su página web el número y porcentaje de solicitudes aceptadas y rechazadas, conforme a lo establecido en el inciso anterior.

Las empresas y cooperativas deberán elaborar un registro y estadísticas de los solicitantes beneficiarios, en un plazo no mayor a diez días hábiles desde la publicación de esta ley, y deberán actualizarlo quincenalmente.

Las denuncias de infracciones de esta ley deberán ser tratadas, por parte de las subsecretarías, superintendencias u organismos fiscalizadores respectivos, como reclamos, de acuerdo a la normativa vigente.

Artículo 7.- Las infracciones de lo dispuesto en la presente ley serán sancionadas de conformidad a la normativa sectorial respectiva.

Artículo 8.- Los costos que irrogue para las empresas y cooperativas la implementación de esta ley en ningún caso serán traspasados a los clientes finales.

Por consiguiente, y a título meramente referencial, en el caso de las empresas eléctricas, la suspensión de cobro no podrá utilizarse como base para el cálculo de los precios promedio que deberá fijar el Ministerio de Energía en virtud de lo dispuesto en el artículo 158 del decreto con fuerza de ley N° 4, de 2007, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 1, de Minería, de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos, en materia de energía eléctrica, ni podrá utilizarse para establecer una revisión de precios conforme al artículo 134 de dicho cuerpo normativo.

Del mismo modo, en relación con el sector sanitario, la suspensión de cobro no se podrá utilizar como base para efectos del Título I del decreto con fuerza de ley N° 70, de 1988, del Ministerio de Obras Públicas, en especial para determinar la modificación de tarifas a que se refiere el artículo 12-A del mismo cuerpo legal.

Asimismo, respecto del servicio de gas de red, la suspensión de cobro no podrá utilizarse como base para efectos del cálculo de la tasa de rentabilidad económica máxima del artículo 30 bis; para el cálculo de precios máximos del servicio de gas del artículo 31; ni para efectos de lo dispuesto en el párrafo 2 “De las tarifas y de los pagos” y párrafo 3 “Del procedimiento de fijación de tarifas” del decreto con fuerza de ley N° 323, de 1931, del Ministerio del Interior, que contiene la Ley de Servicios de Gas.

Sin perjuicio de lo señalado en los incisos segundo, tercero y cuarto, la prohibición establecida en el inciso primero será aplicable a todas las demás disposiciones legales sectoriales que corresponda. En consecuencia, los efectos de la presente ley no podrán ser considerados en proceso tarifario alguno relacionado con los servicios básicos a que ella se refiere.

Bajo ningún respecto y condición, esta norma legal, sus consecuencias y efectos podrán considerarse en proceso tarifario alguno de los servicios básicos tratados en esta ley. La mención de legislaciones especiales no importa mantener vigente las disposiciones y normas omitidas, y para todos los efectos la mención de leyes se debe considerar solo a título meramente referencial.

Artículo 9.- Durante los noventa días siguientes a la publicación de esta ley, las empresas generadoras y transmisoras de energía eléctrica, deberán continuar proveyendo con normalidad sus servicios a las empresas distribuidoras domiciliarias de energía y a las cooperativas eléctricas.

Dentro del plazo comprendido entre los treinta días previos a la publicación de esta ley y los noventa días posteriores a ella, de manera excepcional, el pago de las cooperativas eléctricas a las empresas generadoras y transmisoras podrá ser realizado en cuotas, en el mismo número de meses en que se prorratearán las cuentas de sus beneficiarios, sin multas, intereses ni gastos asociados.

Artículo 10.- Si los beneficiarios de esta ley hubiesen sido objeto de cortes o suspensiones de suministro o servicio, por mora en el pago de cualquiera de los servicios señalados en el artículo 1, la respectiva empresa proveedora o cooperativa deberá proceder a la reposición inmediata del servicio, sin costo alguno para el usuario, una vez publicada la presente ley.”.

*****

Hago presente a V.E. que este proyecto de ley tuvo su origen en las siguientes mociones refundidas:

- De los diputados señoras Joanna Pérez Olea, Sofía Cid Versalovic y Andrea Parra Sauterel, y señores Pablo Kast Sommerhoff, Gonzalo Fuenzalida Figueroa, Andrés Longton Herrera, Pablo Lorenzini Basso, José Miguel Ortiz Novoa, Jorge Sabag Villalobos y Víctor Torres Jeldes, correspondiente al boletín N° 13.329-03.

- De los diputados señores Marcelo Schilling Rodríguez, Luis Rocafull López, Juan Luis Castro González, Jaime Naranjo Ortiz, señoras Jenny Álvarez Vera y Emilia Nuyado Ancapichún, señores Leonardo Soto Ferrada, Marcos Ilabaca Cerda y Gastón Saavedra Chandía, correspondiente al boletín N° 13.342-03.

- De los diputados señores Alexis Sepúlveda Soto, Boris Barrera Moreno, Manuel Monsalve Benavides, Mario Desbordes Jiménez, Francisco Eguiguren Correa, Alejandro Bernales Maldonado, Alejandro Santana Tirachini, Hugo Rey Martínez y Sebastián Torrealba Alvarado y señora Marcela Hernando Pérez, correspondiente al boletín N° 13.347-03.

- De los diputados señores Boris Barrera Moreno, Renato Garín González, Hugo Gutiérrez Gálvez, Daniel Nuñez Arancibia, Alexis Sepúlveda Soto, Raúl Soto Mardones y señora Alejandra Sepúlveda Orbenes, correspondiente al boletín N° 13.354-03.

- De los diputados señores Arturo Longton Herrera, Francisco Eguiguren Correa, Frank Sauerbaum Muñoz, Pablo Prieto Lorca, Gonzalo Fuenzalida Figueroa, Hugo Rey Martínez, Alejandro Santana Tirachini, Cristóbal Urruticoechea Ríos y señoras Erika Olivera De la Fuente y Ximena Ossandón Irarrázabal, correspondiente al boletín N° 13.355-03.

- De los diputados señores Hugo Rey Martínez, Sebastián Keitel Bianchi, Andrés Celis Montt, Frank Sauerbaum Muñoz y Alexis Sepúlveda Soto, correspondiente al boletín N° 13.356-03.

- De los senadores señor Alejandro Navarro Brain, señora Ximena Rincón González y señores Carlos Bianchi Chelech, Guido Girardi Lavín, y Rabindranath Quinteros Lara, correspondiente al boletín N° 13.315-08.

- De los senadores señora Yasna Provoste Campillay y señores Carlos Bianchi Chelech, Guido Girardi Lavín, Alejandro Guillier Álvarez y Alejandro Navarro Brain, correspondiente al boletín N° 13.417-03.

- De los senadores señores Álvaro Elizalde Soto y Rabindranath Quinteros Lara, correspondiente al boletín N° 13.438-03.

Dios guarde a V.E.

FRANCISCO UNDURRAGA GAZITÚA

Presidente (A) de la Cámara de Diputados

MIGUEL LANDEROS PERKI?

Secretario General de la Cámara de Diputados

FORMULA OBSERVACIONES AL PROYECTO DE LEY QUE SUSPENDE EL CORTE DE SERVICIOS BÁSICOS POR NO PAGO EN VIRTUD DE LA CRISIS ORIGINADA POR EL CORONAVIRUS, (BOLETINES N° 13.315-08, 13.417-03 Y 13.438-03, REFUNDIDOS); Y PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA DIVERSOS CUERPOS LEGALES PARA DISPONER LA POSTERGACIÓN DEL COBRO DE DEUDAS POR CONSUMOS DE SERVICIOS BÁSICOS DOMICILIARIOS, Y DEL CORTE DE TALES SUMINISTROS EN CASO DE DEUDA, DURANTE LA VIGENCIA DE ALERTAS SANITARIAS O EPIDEMIOLÓGICAS DECRETADAS POR LA AUTORIDAD (BOLETINES N°s. 13.329-03, 13.342-03, 13.347-03, 13.354-03, 13.355-03 Y 13.356-03, REFUNDIDOS)

Santiago, 08 de julio de 2020.

Nº 110-368/

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS

Honorable Cámara de Diputados:

Mediante oficio N° 15.606 de fecha 11 de junio de 2020, V.E. comunicó que el H. Congreso Nacional aprobó la iniciativa correspondiente a los boletines refundidos N° 13.315-08, 13.417-03 y 13.438-03, y 13.329-03, 13.342-03, 13.347-03, 13.354-03, 13.355-03 y 13.356-03.

Como se verá, y antes de comenzar el estudio en detalle de las observaciones que se formulan al proyecto de ley aprobado, es menester señalar que el espíritu de esta iniciativa ha sido compartido por el Gobierno, constituyendo una prioridad desde el comienzo del estado de excepción constitucional de catástrofe declarado el 18 de marzo del presente año. Por ello, a fines de marzo se anunció un acuerdo con empresas de servicios sanitarios, electricidad y telecomunicaciones, al que luego se sumaron empresas de gas de red, para contar con planes solidarios para apoyar a las familias de nuestro país, que contemplan una serie de medidas en su beneficio. Estos acuerdos han sido ampliados en su cobertura y plazo en la medida que la situación sanitaria del país ha continuado.

Así lo hizo el Gobierno, principalmente, por dos razones. Primero, pues por la vía de alcanzar acuerdos con las empresas podían implementarse con prontitud los beneficios señalados y, así, contribuir a aliviar la situación económica que afecta a muchas familias, con la mayor celeridad posible. Además, al estar establecidos en una ley, las medidas contempladas en los acuerdos implican cargas públicas y limitaciones al derecho de propiedad, con diversas implicancias jurídicas. De esta manera, era menester contar con la colaboración y aceptación de las empresas para, así, no vulnerar el Estado de Derecho. Esto último es de gran relevancia, no sólo porque es esencial su mantención para el debido funcionamiento de nuestra sociedad, sino que además, para evitar eventuales conflictos judiciales con el Estado tanto en sede nacional como internacional, siendo deber del Gobierno cautelar el patrimonio fiscal que, en definitiva, es de todos los chilenos.

Finalmente, es muy relevante señalar que las observaciones que aquí se hacen al proyecto de ley no significarán que los costos de las medidas sean luego traspasados a los usuarios, pues así lo han señalado las respectivas empresas tanto al momento de lograr los acuerdos con el Gobierno como posteriormente.

I. LAS INICIATIVAS Y EL PROYECTO DE LEY APROBADO POR EL CONGRESO NACIONAL

El proyecto de ley que se observa tuvo su origen en sendas mociones parlamentarias, presentadas en el mes de marzo, tanto de senadores (boletines refundidos 13.315-08, 13.417-03 y 13.438-03) como de diputados (boletines refundidos 13.329-03, 13.342-03, 13.347-03, 13.354-03, 13.355-03, 13.356-03), las cuales contenían, en lo esencial, disposiciones que establecían:

1. La prohibición de corte de suministro de electricidad, agua y gas de red por parte de las empresas o cooperativas prestadoras del servicio respectivo, así como de los servicios de telecomunicaciones por periodos diversos;

2. La postergación y prorrateo de la deuda generada en el periodo que se indicaba, en cuotas.

Posteriormente, durante el estudio en primer trámite de las mociones originadas en ambas cámaras, se incorporaron, mediante indicaciones parlamentarias, las siguientes materias:

1. La precisión de que el beneficio de la postergación del cobro y del prorrateo de las deudas debía ser solicitado por el usuario y no podía realizarse de manera general, sin que concurriera de manera explícita su consentimiento;

2. La posibilidad de incorporar las deudas previas con topes de hasta 10 UF para agua, electricidad y gas de red (incorporada en la H. Cámara de Diputados); y de 10 UF en electricidad y 5 UF para agua y gas de red, (incorporada en el H. Senado);

3. Normas sobre focalización del beneficio según información del Registro Social de Hogares para el 40% más vulnerable y otros criterios, como haberse acogido a la ley N° 21.227, o ser trabajador independiente con disminución de ingresos. Con todo, cabe hacer presente que el boletín N° 13.354-03 contenía una regla de focalización que indicaba que el beneficio que entregaba la ley podía ser invocado por los titulares de los servicios que pertenecieran al 60% de los hogares más vulnerables según el Registro Social de Hogares;

4. Una diferenciación en el tratamiento al sector de telecomunicaciones, por tener particularidades regulatorias distintas a las de aguas, electricidad y gas de red. En concreto, se reconoció que este sector no presta sus servicios en condiciones monopólicas, por lo que era necesario dar un tratamiento distinto al de la postergación y prorrateo de las deudas, incorporándose en su lugar un plan básico solidario de conectividad, que incluye un conjunto de prestaciones gratuitas de telefonía fija, móvil o de acceso a internet, según sea el servicio contratado o de prestaciones especiales para clientes no suscriptores o de prepago, estableciendo la ley sus características;

5. Diversas normas sobre pagos entre actores del sector eléctrico y de orden tarifario que, en la especie, establecían reglas sobre cómo debían afrontar las empresas del sector eléctrico la menor recaudación, dado que a diferencia del sector sanitario y de gas de red, éste se encuentra desintegrado en generación, transmisión y distribución. Además, se incorporó en la H. Cámara de Diputados la imposibilidad de traspasar los costos, tanto de los beneficios como de la implementación de la ley, a los clientes o usuarios finales;

6. Cabe mencionar que, en el texto aprobado por la Comisión de Economía del H. Senado, en primer trámite constitucional, se incluyó una norma especial sobre focalización del consumo de agua potable, la cual fue rechazada en la Sala.

Tanto el H. Senado como la H. Cámara de Diputados tramitaron en paralelo los respectivos proyectos de ley originados en cada una de las cámaras, los cuales fueron modificados en su totalidad en segundo trámite por la correspondiente Cámara Revisora. Finalmente, en el Tercer Trámite Constitucional ambas cámaras rechazaron las modificaciones efectuadas, formándose comisiones mixtas para resolver las discrepancias surgidas.

Las comisiones mixtas acordaron, unánimemente, emitir un informe único, por tratar ambas iniciativas legales asuntos de similar naturaleza. Dicho informe, además de los puntos ya señalados previamente, incluyó una norma que impide a los prestadores de los servicios de electricidad, agua, gas de red y telecomunicaciones, contemplados en el proyecto de ley, recuperar los costos que la implementación de las medidas irrogue (artículo 8), y otra norma que permite a las cooperativas eléctricas postergar los pagos a transmisores y generadores por 90 días, prorrateándose dicho saldo en hasta 12 cuotas (artículo 9). Finalmente, las comisiones mixtas acordaron que la discusión del informe se efectuara, en primer lugar, en la H. Cámara de Diputados.

II. LOS ACUERDOS ALCANZADOS CON LAS EMPRESAS

Como se señaló previamente, el día 27 de marzo del presente año, el Presidente de la República anunció un acuerdo con empresas de servicios sanitarios, electricidad y telecomunicaciones, para contar con un plan solidario para apoyar a las familias de nuestro país, asegurando que no existan cortes de suministro de electricidad y agua potable asociados al no pago de las cuentas, permitiendo postergar el pago de éstas en hasta 12 cuotas, por el periodo de vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe, para el 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares, para quienes perdieran sus empleos y para casos calificados; y estableciendo, además, un plan solidario de conectividad en materia de telecomunicaciones, mediante el cual las empresas extienden un servicio de conectividad gratuito para los usuarios pertenecientes al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares, por un plazo inicial de sesenta días que a su vencimiento se prorrogó por un mes más. Empresas de gas de red se sumaron el 22 de abril al acuerdo en los términos señalados respecto del sector eléctrico y servicios sanitarios.

En concreto, en virtud de dichos acuerdos los usuarios que lo han solicitado están actualmente recibiendo los siguientes beneficios:

1. En materia de electricidad y gas de red:

a. Se suspendió el corte de servicio por mora en el pago de sus boletas;

b. Los saldos impagos que se originen durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe serán prorrateados en hasta 12 cuotas mensuales, a partir de su fin, sin intereses;

c. Adicionalmente, los clientes con deudas menores a 10 UF para electricidad y 5 UF para gas de red, acumuladas antes de la declaración de estado de excepción constitucional de catástrofe, pueden prorratear tales deudas bajo el mismo mecanismo, y en los casos que tengan el servicio cortado, solicitar su reposición;

d. Para acceder a estos beneficios los usuarios deben pertenecer al 40% más vulnerable según el Registro Social de Hogares, tener más de 60 años, haber perdido sus empleos durante el estado de excepción constitucional de catástrofe o acreditar algún caso calificado directamente a la empresa distribuidora respectiva.

2. En materia de servicios sanitarios:

a. Se suspendió el corte de servicio por mora en el pago de sus boletas;

b. Los saldos impagos que se originen durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe serán prorrateados en hasta 12 cuotas mensuales, a partir de su fin, sin intereses;

c. Para acceder a estos beneficios los usuarios deben pertenecer al 40% más vulnerable según el Registro Social de Hogares o acreditar algún caso calificado directamente a la empresa sanitaria respectiva.

3. En materia de telecomunicaciones:

a. Se entrega un plan solidario de conectividad a los usuarios activos de los hogares más vulnerables del país, durante 60 días (lo que se extendió por 30 días más, aumentando el plazo total a 90 días corridos), permitiéndoles navegar por internet, usar redes sociales, contestar correos, no contemplando el uso recreacional (video y/o videojuegos);

b. En virtud de lo anterior, para clientes con contrato, dependiendo de los productos contratados que se tenga, se entrega gratuitamente:

i. Internet fijo con banda ancha con velocidad de 2Mbs;

ii. Para telefonía móvil con contrato, 50 SMS, 300 minutos, y datos con velocidad 256 Kbs;

iii. Acceso gratuito a ciertas redes sociales, dependiendo de la compañía;

iv. Acceso a los sitios gob.cl/coronavirus; registrosocial.gob.cl; ingresosdeemergencia.cl, y aprendoenlinea.mineduc.cl;

c. Para móviles sin contrato, acceso gratuito a ciertas redes sociales, dependiendo de la compañía y acceso a los sitios señalados.

Es relevante destacar que los referidos acuerdos con las empresas se han prorrogado con el objetivo de abarcar el período de estado de excepción constitucional por catástrofe vigente e, incluso, algunas empresas han profundizado en su cobertura, alcance y beneficios.

Así las cosas, cabe reiterar que los referidos acuerdos permiten, por un lado, auxiliar con prontitud a los chilenos en estos tiempos de dificultades y, por el otro, hacerlo conforme a las reglas que rigen nuestro Estado de Derecho y protegiendo el patrimonio fiscal de eventuales demandas.

III. FUNDAMENTOS DE LAS OBSERVACIONES

Las observaciones que se proponen al proyecto de ley buscan conciliar, por una parte, el tan necesario apoyo a las familias que se han visto afectados por la pandemia de COVID-19, con el resguardo de nuestro Estado de Derecho, por otra parte. De este modo, las observaciones que se formulan no vienen a alterar las normas que aseguran el suministro de servicios sanitarios, de electricidad y de gas de red, así como aquellas que permiten enfrentar las dificultades para pagarlos; por el contrario, las hacen compatibles con el ordenamiento institucional que es el que permite, en el tiempo, poner en marcha iniciativas sostenibles para proteger a las personas.

En esta línea, durante la tramitación del proyecto de ley se realizaron diversas reservas de constitucionalidad, toda vez que las mociones, durante su tramitación, incorporaron normas que afectan, principalmente, al derecho a la igual repartición de las cargas públicas y al derecho de propiedad. Lo anterior, debido a que se impone por ley una carga pública a prestadores de servicios públicos sin compensación, en términos tales que afectan nuestra Carta Fundamental.

Cuando esta carga es desigual, desproporcionada, y su contenido es de carácter patrimonial, se produce también una afectación al derecho de propiedad en su esencia, pues se afectan los atributos o facultades esenciales del dominio, esto es, el uso, goce o disposición de dichas prestaciones de carácter patrimonial. En concreto, el proyecto de ley que se observa afecta a la prestación de los servicios públicos sanitarios, de electricidad y de gas de red, por una parte; y por la otra, a los servicios de telecomunicaciones, generando vicios de inconstitucionalidad que deben ser enmendados.

Primeramente, respecto del sector de telecomunicaciones, el proyecto de ley observado iguala a los servicios de telecomunicaciones con aquellos que se les ha considerado “servicios básicos”.

El denominador común presente en los servicios regulados es el carácter monopólico del servicio, que viene, en general, acompañado de un régimen de fijación tarifaria por parte del Estado.

Dichas características no son propias del mercado de telecomunicaciones, en el cual existe libertad para acordar tarifas, tal y como lo recoge el artículo 29º de la ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones.

Asimismo, nos encontramos frente a un mercado competitivo, en el que el cliente no solo cuenta con bienes sustitutos para reemplazar la prestación del servicio (acceso fijo a Internet puede ser reemplazado por el acceso móvil, el teléfono fijo puede ser reemplazado por el teléfono móvil, el teléfono puede ser reemplazado por un servicio de llamadas sobre IP, etc.), sino que además cuenta con una serie de herramientas competitivas que facilitan el cambio de un operador a otro en plazos extremadamente breves, como la portabilidad numérica móvil y fija o, incluso, una modalidad de servicio que no requiere contrato ni pago mensual fijo, es más, no requiere siquiera identificar al usuario del servicio, como lo es la telefonía móvil de prepago.

Esta naturaleza competitiva del mercado de telecomunicaciones genera, para los propósitos buscados por el proyecto de ley en comento, una dificultad inherente a ella: no es posible aplicar la misma solución generada para mercados monopólicos a un mercado competitivo, pues no se comparten los mismos supuestos iniciales.

Lo anterior lleva a la conclusión de que aplicar al mercado de las telecomunicaciones medidas similares a aquellas que se imponen a los servicios sanitarios, de distribución de gas de red y de energía (artículos 1 y 2 del proyecto de ley) resultaría sumamente complejo. El legislador, en efecto, decidió excluir a los servicios de telecomunicaciones de tales medidas, y ello obedece a la gran dificultad de hacer extensiva la solución a un mercado que no comparte los mismos supuestos ya descritos, puesto que requeriría, entre otras cosas, limitar la facultad del usuario para cambiarse de compañía para aplicar un sistema de prorrata; resolver, además, cómo y a quién cobrar una deuda que se generaría frente a un servicio de telefonía de prepago sin contrato ni usuario identificable, entre muchas otras.

Dicho lo anterior, el Congreso Nacional ha optado por una propuesta específica para el sector de telecomunicaciones creando, para estos efectos, un plan de conectividad gratuito cuya caracterización es desarrollada en el artículo 3 del proyecto de ley, y que, por los motivos expuestos, difiere totalmente de la fórmula alcanzada para el resto de los servicios regulados en el proyecto de ley.

Es así como se propone una serie de condiciones de servicio para los usuarios de telefonía móvil, acceso a internet fijo y móvil; y para los usuarios de telefonía fija. Tales condiciones deben ser otorgadas de forma gratuita por el operador, el que no podrá contar con compensación económica alguna por tal carga, no pudiendo traspasar el costo a los clientes, y estará sujeto a dicha carga por un plazo de tres meses, según desarrolla el propio artículo 3; constituyendo un importante gravamen pecuniario para las empresas prestadoras del servicio.

Desde la perspectiva jurídica del derecho de propiedad, la Constitución Política de la República excepcionalmente autoriza a su privación completa o bien de alguna de sus facultades esenciales mediante la expropiación, pero sólo en casos previstos por el legislador y siempre contra pago de la justa indemnización al afectado. La imposición de prestar un servicio de telecomunicaciones en forma gratuita ciertamente no expropia el derecho sobre la concesión, pero sí lo hace respecto de una parte de la facultad de disposición, que es consubstancial al dominio. En otras palabras, no se priva al operador completamente de la facultad de disposición, pero sí se le expropia de un atributo que es parte de dicha prerrogativa.

Como ya se dijo, el Ejecutivo reconoce y comparte la necesidad de contar con una solución que mantenga dicha conectividad entre los grupos de mayor vulnerabilidad de la población, puesto que son éstos los más golpeados por las consecuencias económicas que ha generado la pandemia, y las dificultades generadas para las familias al priorizar las decisiones económicas en las que las cuentas de los servicios de telecomunicaciones pueden ser una carga, eventualmente, difícil de soportar en el tiempo.

Pero tal reconocimiento debe ser acorde con el cumplimiento de las normas del Estado de Derecho, y por esos motivos es que las normas recogidas por el proyecto de ley observado no son enteramente compatibles con tales finalidades.

En virtud de lo anterior, el Gobierno conjuntamente con la industria de telecomunicaciones han llegado al consenso de entregar un plan de conectividad gratuita, orientado al 60% más vulnerable del Registro Social de Hogares.

Dicho plan fue formalizado ante la autoridad por medio de cartas presentadas por la Asociación de Telefonía Móvil A.G.[1] y WOM S.A. con fecha 1 de julio y 23 de junio respectivamente. Las presentaciones de las compañías de telecomunicaciones constituyen una oferta comercial, si bien gratuita, dirigida a los usuarios, por lo que son fiscalizables por parte de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, debiendo velar por el adecuado otorgamiento de las condiciones expresadas por la industria, quedando los concesionarios sujetos, respecto de esta oferta comercial, a las obligaciones regulatorias y a la potestad sancionatoria de la Subsecretaría.

En tales misivas, las compañías expresaron su voluntad de extender el plazo para solicitar el beneficio correspondiente al plan solidario de telecomunicaciones, a contar del 1° de julio y por 90 días. Asimismo, señalaron su conformidad con proveer un servicio de navegación de internet con velocidades entre 256Kbps y 512Kbps en servicio móvil y entre 2Mbps y 4Mbps en servicio fijo; y acordaron extender el universo de beneficiarios del Plan Solidario, de modo que éste abarque al 60% de los hogares con menores ingresos. Finalmente, la Asociación de Telefonía Móvil A.G. comprometió la prestación de servicios de mensajería SMS y minutos para llamadas de voz, tal y como fue planteado por el Congreso Nacional[2] en el proyecto observado.

Asimismo, las condiciones ofrecidas se orientan al 60% más vulnerable del Registro Social de Hogares, lo que incluye a los estudiantes de dicho segmento, quienes podrán requerir el acceso al plan solidario para obtener soluciones de conectividad para sus estudios; recoge las velocidades establecidas por el legislador y extiende los beneficios durante el plazo determinado en el proyecto observado.

De esta forma, en los hechos, la industria de telecomunicaciones está otorgando los beneficios establecidos en el proyecto de ley, lo que evita las complejidades constitucionales que levanta el proyecto de ley observado y, por tanto, permitiendo a la población acceder inmediatamente a los beneficios que el legislador ha pretendido poner a disposición del público.

Por estas razones, se propone suprimir el artículo 3 del proyecto de ley, así como las menciones a los servicios de telecomunicaciones en otros artículos, armonizando el proyecto para que esté orientado a la regulación de servicios básicos domiciliarios y, de esta forma, evitando las dificultades y vicios expresados en esta presentación, pues son incompatibles con las soluciones alcanzadas por el legislador para los otros mercados.

Por otro lado, respecto de los servicios sanitarios, de electricidad y de gas de red, el proyecto de ley observado, en cuanto a los beneficios que se establecen en los artículos 1 y 2, no se altera. Sin embargo, la carga pública que impone el proyecto de ley se torna desigual cuando, en el artículo 8, se les prohíbe a las empresas recuperar los costos que irrogue para ellas la implementación de este proyecto de ley por medio del traspaso a precio o en procesos tarifarios, entre otras vías, según corresponda a la actividad económica respectiva.

De esta manera, se propone suprimir el artículo 8, lo que permite subsanar la inconstitucionalidad señalada, así como eliminar la necesidad de que exista una compensación de cargo fiscal, lo cual incidiría en la admisibilidad de las mociones refundidas que se observan, debido a que son las propias normativas sectoriales actualmente vigentes las que permitirían recoger el impacto que las medidas establecen.

La supresión referida, además, armoniza el proyecto de ley con el régimen constitucional vigente y permite mantener las normas generales que determinan la libertad de precios para gas de red, así como la revisión en los procesos tarifarios para electricidad y servicios sanitarios, siempre que correspondan incluirse, de los costos que irrogue esta ley para las empresas.

Sin embargo, y dado que las propias empresas han señalado, de manera pública y formal, que no traspasarán los costos que emanen de estas nuevas obligaciones que la ley establece en los próximos procesos de fijación tarifaria, se mantiene la premisa buscada tanto por el Gobierno como por los legisladores: que no sean los usuarios de los servicios básicos quienes deban compensar los beneficios buscados, dado que los costos no serán incorporados por las empresas, ni menos por los respectivos reguladores en los futuros procesos tarifarios.

Finalmente, cabe señalar que el servicio público de agua potable enfrenta un problema adicional, por cuanto estamos viviendo una de las sequías más relevantes del último tiempo, que pone en riesgo el suministro.

En ese contexto, las políticas públicas deben incentivar un uso eficiente y responsable del recurso hídrico para salvaguardar su disponibilidad para toda la población y así evitar agravar los efectos de la pandemia que enfrentamos como país.

Respecto de los servicios públicos sanitarios, el proyecto de ley no considera la sequía y el cambio climático, a pesar de haberse discutido extensamente durante la tramitación de las iniciativas. Esto se observa de forma manifiesta al carecer de un límite de consumo de agua potable para efectos de postergar los pagos de servicios básicos sanitarios, y por ello se propone incorporar un límite a la postergación del pago de consumos de hasta 15 metros cúbicos, con ciertas excepciones, tal como fue discutido durante la tramitación del proyecto de ley observado.

IV. LAS OBSERVACIONES AL PROYECTO DE LEY

Por las consideraciones anteriores, y en uso de la facultad que me confiere el inciso primero del artículo 73 de la Constitución Política de la República y de conformidad con lo establecido en el Título III de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, vengo en formular las siguientes observaciones al referido proyecto de ley:

AL ARTÍCULO 2

1) Para adicionar en el artículo 2, el siguiente inciso final, nuevo:

“Los usuarios finales que se acojan a alguna de las causales de esta ley para postergar el pago de servicios básicos sanitarios, sólo podrán postergar el pago de consumo de agua potable hasta 15 metros cúbicos. Si los consumos mensuales de dichos usuarios superan dicha cantidad, no podrán postergar el pago de los montos que correspondan al exceso del límite señalado. No obstante lo anterior, aquellos usuarios que, mediante la cartola del Registro Social de Hogares definido en el decreto supremo N° 22, de 2015, del Ministerio de Desarrollo Social, o el que lo reemplace, acrediten tener más de 4 integrantes podrán postergar el pago de hasta 4 metros cúbicos adicionales por persona.”.

AL ARTÍCULO 3

2) Para suprimir el artículo 3.

AL ARTÍCULO 4

3) Para sustituir en el inciso primero del actual artículo 4, que pasa a ser 3, la expresión “a lo dispuesto en los artículos 2 y 3” por “a lo dispuesto en el artículo 2”.

AL ARTÍCULO 5

4) Para suprimir en el inciso primero del actual artículo 5, que pasa a ser 4, la expresión “; o la incorporación al plan básico solidario de conectividad, tratándose de las empresas indicadas en el artículo 3”.

AL ARTÍCULO 8

5) Para suprimir el actual artículo 8.

Dios guarde a V.E.,

SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE

Presidente de la República

ALFREDO MORENO CHARME

Ministro de Obras Públicas

GLORIA HUTT HESSE

Ministra de Transportes y Telecomunicaciones

JUAN CARLOS JOBET ELUCHANS

Ministro de Energía

?INFORME DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, FOMENTO, MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y TURISMO RECAÍDO EN LAS OBSERVACIONES FORMULADAS POR S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA AL PROYECTO DE LEY QUE SUSPENDE EL CORTE DE SERVICIOS BÁSICOS POR NO PAGO EN VIRTUD DE LA CRISIS ORIGINADA POR EL CORONAVIRUS, (BOLETINES N°s 13.315-08, 13.417-03 Y 13.438-03, REFUNDIDOS), Y AL PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA DIVERSOS CUERPOS LEGALES PARA DISPONER LA POSTERGACIÓN DEL COBRO DE DEUDAS POR CONSUMOS DE SERVICIOS BÁSICOS DOMICILIARIOS, Y DEL CORTE DE TALES SUMINISTROS EN CASO DE DEUDA, DURANTE LA VIGENCIA DE ALERTAS SANITARIAS O EPIDEMIOLÓGICAS DECRETADAS POR LA AUTORIDAD (BOLETINES N°s. 13.329-03, 13.342-03, 13.347-03, 13.354-03, 13.355-03 Y 13.356-03, REFUNDIDOS).

__________________________________________________________________________

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Economía, Fomento, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo viene en informar las observaciones de S.E. el Presidente de la República, formuladas a los proyectos individualizados en el epígrafe, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Constitución Política de la República, artículos 32 y siguientes -Título III- de la ley N°18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional ,y artículos 121 y 168 y siguientes del reglamento de la Cámara de Diputados, con urgencia calificada de “suma”.

Durante la tramitación y estudio de estas observaciones presidencial se contó con la colaboración y participación -de manera telemática- de las siguientes personas, señoras y señores: El Ministro de Energía, Juan Carlos Jobet; junto al subsecretario de esa cartera, Francisco López; el Ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Claudio Alvarado, acompañado del Subsecretario de esa secretaría de Estado, Juan José Ossa; la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, la subsecretaría de Telecomunicaciones, Pamela Gidi, junto al jefe de gabinete, José Huerta; el Superintendente de Servicios Sanitarios, Jorge Rivas, y la coordinadora legislativa del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, Ximena Contreras.

I. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LAS OBSERVACIONES FORMULADAS POR S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

Señala el Ejecutivo, a modo de antecedente, que por oficio N° 15.606 de 11 de junio recién pasado la Cámara de Diputados comunicó que el Congreso Nacional aprobó la iniciativa correspondiente a los boletines refundidos N° 13.315-08, 13.417-03 y 13.438-03, y 13.329-03, 13.342-03, 13.347-03, 13.354-03, 13.355-03 y 13.356-03.

Al respecto, precisa que el espíritu de esta iniciativa ha sido compartido por el Gobierno, constituyendo una prioridad desde el comienzo del estado de excepción constitucional de catástrofe declarado el 18 de marzo de este año. Por ello, a fines de marzo se anunció un acuerdo con empresas de servicios sanitarios, electricidad y telecomunicaciones, al que luego se sumaron empresas de gas de red, para contar con planes solidarios para apoyar a las familias de nuestro país, que contemplan una serie de medidas en su beneficio. Estos acuerdos han sido ampliados en su cobertura y plazo en la medida que la situación sanitaria del país ha continuado.

Así lo hizo el Gobierno, principalmente, por dos razones. Primero, pues por la vía de alcanzar acuerdos con las empresas podían implementarse con prontitud los beneficios señalados y, así, contribuir a aliviar la situación económica que afecta a muchas familias, con la mayor celeridad posible. Además, al estar establecidos en una ley, las medidas contempladas en los acuerdos implican cargas públicas y limitaciones al derecho de propiedad, con diversas implicancias jurídicas. De esta manera, a su parecer, era menester contar con la colaboración y aceptación de las empresas para, así, no vulnerar el Estado de Derecho. Esto último es de gran relevancia, no solo porque es esencial su mantención para el debido funcionamiento de nuestra sociedad, sino que además, para evitar eventuales conflictos judiciales con el Estado tanto en sede nacional como internacional, siendo deber del Gobierno cautelar el patrimonio fiscal que, en definitiva, es de todos los chilenos.

Finalmente, sostiene que es relevante aclarar que las observaciones que aquí se hacen al proyecto de ley no significarán que los costos de las medidas sean luego traspasados a los usuarios, pues así lo han señalado las respectivas empresas tanto al momento de lograr los acuerdos con el Gobierno como posteriormente.

Respecto de las iniciativas en cuestión, expresa el Ejecutivo que el proyecto de ley que se observa tuvo su origen en sendas mociones parlamentarias, presentadas en el mes de marzo recién pasado, tanto de senadores (boletines refundidos números 13.315-08, 13.417-03 y 13.438-03) como de diputados (boletines refundidos números 3.329-03, 13.342-03, 13.347-03, 13.354-03, 13.355-03, 13.356-03), las cuales contenían, en lo esencial, disposiciones que establecían:

1. La prohibición de corte de suministro de electricidad, agua y gas de red por parte de las empresas o cooperativas prestadoras del servicio respectivo, así como de los servicios de telecomunicaciones por periodos diversos.

2. La postergación y prorrateo de la deuda generada en el periodo que se indicaba, en cuotas.

Posteriormente, durante el estudio en primer trámite de las mociones originadas en ambas cámaras, se incorporaron, mediante indicaciones parlamentarias, las siguientes materias.

3. La precisión de que el beneficio de la postergación del cobro y del prorrateo de las deudas debía ser solicitado por el usuario y no podía realizarse de manera general, sin que concurriera de manera explícita su consentimiento.

4.- La posibilidad de incorporar las deudas previas con topes de hasta 10 UF para agua, electricidad y gas de red (incorporada en la Cámara de Diputados); y de 10 UF en electricidad y 5 UF para agua y gas de red, (incorporada en el Senado).

5. Normas sobre focalización del beneficio según información del Registro Social de Hogares para el 40% más vulnerable y otros criterios, como haberse acogido a la ley N° 21.227, o ser trabajador independiente con disminución de ingresos. Con todo, cabe hacer presente que el proyecto, boletín N° 13.354-03 contenía una regla de focalización que indicaba que el beneficio que entregaba la ley podía ser invocado por los titulares de los servicios que pertenecieran al 60% de los hogares más vulnerables según el Registro Social de Hogares;

6. Una diferenciación en el tratamiento al sector de telecomunicaciones, por tener particularidades regulatorias distintas a las de aguas, electricidad y gas de red. En concreto, se reconoció que este sector no presta sus servicios en condiciones monopólicas, por lo que era necesario dar un tratamiento distinto al de la postergación y prorrateo de las deudas, incorporándose en su lugar un plan básico solidario de conectividad, que incluye un conjunto de prestaciones gratuitas de telefonía fija, móvil o de acceso a internet, según sea el servicio contratado o de prestaciones especiales para clientes no suscriptores o de prepago, estableciendo la ley sus características;

7. Diversas normas sobre pagos entre actores del sector eléctrico y de orden tarifario que, en la especie, establecían reglas sobre cómo debían afrontar las empresas del sector eléctrico la menor recaudación, dado que a diferencia del sector sanitario y de gas de red, éste se encuentra desintegrado en generación, transmisión y distribución. Además, se incorporó en la Cámara de Diputados la imposibilidad de traspasar los costos, tanto de los beneficios como de la implementación de la ley, a los clientes o usuarios finales;

8. En el texto aprobado por la Comisión de Economía del Senado, en primer trámite constitucional, se incluyó una norma especial sobre focalización del consumo de agua potable, la cual fue rechazada en la Sala.

Tramitación legislativa de las iniciativas.

Acerca de la tramitación legislativa de ambos proyectos en el Congreso Nacional, cabe mencionar que tanto el Senado como la Cámara de Diputados tramitaron en paralelo los respectivos proyectos de ley originados en cada una de las cámaras, los cuales fueron modificados en su totalidad en segundo trámite por la correspondiente Cámara Revisora.

En el tercer trámite constitucional ambas cámaras rechazaron las modificaciones efectuadas, formándose comisiones mixtas para resolver las discrepancias surgidas.

Las comisiones mixtas acordaron, unánimemente, emitir un informe único, por tratar ambas iniciativas legales asuntos de similar naturaleza. Dicho informe, además de los puntos ya señalados previamente, incluyó una norma que impide a los prestadores de los servicios de electricidad, agua, gas de red y telecomunicaciones, contemplados en el proyecto de ley, recuperar los costos que la implementación de las medidas irrogue (artículo 8), y otra norma que permite a las cooperativas eléctricas postergar los pagos a transmisores y generadores por 90 días, prorrateándose dicho saldo en hasta 12 cuotas (artículo 9). Finalmente, las comisiones mixtas acordaron que la discusión del informe se efectuara, en primer lugar, en la H. Cámara de Diputados.

Acuerdos alcanzados con las empresas.

Expone el Ejecutivo que el 27 de marzo de este año, el Presidente de la República anunció un acuerdo con empresas de servicios sanitarios, electricidad y telecomunicaciones, para contar con un plan solidario para apoyar a las familias de nuestro país, asegurando que no existan cortes de suministro de electricidad y agua potable asociados al no pago de las cuentas, permitiendo postergar el pago de éstas en hasta 12 cuotas, por el periodo de vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe, para el 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares, para quienes perdieran sus empleos y para casos calificados; y estableciendo, además, un plan solidario de conectividad en materia de telecomunicaciones, mediante el cual las empresas extienden un servicio de conectividad gratuito para los usuarios pertenecientes al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares, por un plazo inicial de sesenta días que a su vencimiento se prorrogó por un mes más. Empresas de gas de red se sumaron el 22 de abril al acuerdo en los términos señalados respecto del sector eléctrico y servicios sanitarios.

Añade que en concreto, en virtud de dichos acuerdos los usuarios que lo han solicitado están actualmente recibiendo los siguientes beneficios:

1. En materia de electricidad y gas de red:

a. Se suspendió el corte de servicio por mora en el pago de sus boletas;

b. Los saldos impagos que se originen durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe serán prorrateados en hasta 12 cuotas mensuales, a partir de su fin, sin intereses;

c. Adicionalmente, los clientes con deudas menores a 10 UF para electricidad y 5 UF para gas de red, acumuladas antes de la declaración de estado de excepción constitucional de catástrofe, pueden prorratear tales deudas bajo el mismo mecanismo, y en los casos que tengan el servicio cortado, solicitar su reposición;

d. Para acceder a estos beneficios los usuarios deben pertenecer al 40% más vulnerable según el Registro Social de Hogares, tener más de 60 años, haber perdido sus empleos durante el estado de excepción constitucional de catástrofe o acreditar algún caso calificado directamente a la empresa distribuidora respectiva.

2. En materia de servicios sanitarios:

a. Se suspendió el corte de servicio por mora en el pago de sus boletas;

b. Los saldos impagos que se originen durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe serán prorrateados en hasta 12 cuotas mensuales, a partir de su fin, sin intereses;

c. Para acceder a estos beneficios los usuarios deben pertenecer al 40% más vulnerable según el Registro Social de Hogares o acreditar algún caso calificado directamente a la empresa sanitaria respectiva.

3. En materia de telecomunicaciones:

a. Se entrega un plan solidario de conectividad a los usuarios activos de los hogares más vulnerables del país, durante 60 días (lo que se extendió por 30 días más, aumentando el plazo total a 90 días corridos), permitiéndoles navegar por internet, usar redes sociales, contestar correos, no contemplando el uso recreacional (video y/o videojuegos);

b. En virtud de lo anterior, para clientes con contrato, dependiendo de los productos contratados que se tenga, se entrega gratuitamente:

i. Internet fijo con banda ancha con velocidad de 2Mbs;

ii. Para telefonía móvil con contrato, 50 SMS, 300 minutos, y datos con velocidad 256 Kbs;

iii. Acceso gratuito a ciertas redes sociales, dependiendo de la compañía;

iv. Acceso a los sitios gob.cl/coronavirus; registrosocial.gob.cl; ingresosdeemergencia.cl, y aprendoenlinea.mineduc.cl;

b. Para móviles sin contrato, acceso gratuito a ciertas redes sociales, dependiendo de la compañía y acceso a los sitios señalados.

Es relevante destacar que los referidos acuerdos con las empresas se han prorrogado con el objetivo de abarcar el período de estado de excepción constitucional por catástrofe vigente e, incluso, algunas empresas han profundizado en su cobertura, alcance y beneficios.

Cabe reiterar que los referidos acuerdos permiten, por un lado, auxiliar con prontitud a los chilenos en estos tiempos de dificultades y, por el otro, hacerlo conforme a las reglas que rigen nuestro Estado de Derecho y protegiendo el patrimonio fiscal de eventuales demandas.

FUNDAMENTOS Y ALCANCE DE LAS OBSERVACIONES.

Al efecto, precisa que las observaciones que se proponen buscan conciliar, por una parte, el tan necesario apoyo a las familias que se han visto afectados por la pandemia de COVID-19, con el resguardo de nuestro estado de Derecho, por otra parte. De este modo, las observaciones que se formulan no vienen a alterar las normas que aseguran el suministro de servicios sanitarios, de electricidad y de gas de red, así como aquellas que permiten enfrentar las dificultades para pagarlos; por el contrario, las hacen compatibles con el ordenamiento institucional que es el que permite, en el tiempo, poner en marcha iniciativas sostenibles para proteger a las personas.

En esta línea, durante la tramitación del proyecto de ley se realizaron diversas reservas de constitucionalidad, toda vez que las mociones, durante su tramitación, incorporaron normas que afectan, principalmente, al derecho a la igual repartición de las cargas públicas y al derecho de propiedad. Lo anterior, debido a que se impone por ley una carga pública a prestadores de servicios públicos sin compensación, en términos tales que afectan nuestra Carta Fundamental.

Cuando esta carga es desigual, desproporcionada, y su contenido es de carácter patrimonial, se produce también una afectación al derecho de propiedad en su esencia, pues se afectan los atributos o facultades esenciales del dominio, esto es, el uso, goce o disposición de dichas prestaciones de carácter patrimonial. En concreto, el proyecto de ley que se observa afecta a la prestación de los servicios públicos sanitarios, de electricidad y de gas de red, por una parte; y por la otra, a los servicios de telecomunicaciones, generando vicios de inconstitucionalidad que deben ser enmendados.

Primeramente, respecto del sector de telecomunicaciones, el proyecto de ley observado iguala a los servicios de telecomunicaciones con aquellos que se les ha considerado “servicios básicos”.

El denominador común presente en los servicios regulados es el carácter monopólico del servicio, que viene, en general, acompañado de un régimen de fijación tarifaria por parte del Estado.

Dichas características no son propias del mercado de telecomunicaciones, en el cual existe libertad para acordar tarifas, tal y como lo recoge el artículo 29º de la ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones.

Asimismo, nos encontramos frente a un mercado competitivo, en el que el cliente no solo cuenta con bienes sustitutos para reemplazar la prestación del servicio (acceso fijo a Internet puede ser reemplazado por el acceso móvil, el teléfono fijo puede ser reemplazado por el teléfono móvil, el teléfono puede ser reemplazado por un servicio de llamadas sobre IP, etc.), sino que además cuenta con una serie de herramientas competitivas que facilitan el cambio de un operador a otro en plazos extremadamente breves, como la portabilidad numérica móvil y fija o, incluso, una modalidad de servicio que no requiere contrato ni pago mensual fijo, es más, no requiere siquiera identificar al usuario del servicio, como lo es la telefonía móvil de prepago.

Esta naturaleza competitiva del mercado de telecomunicaciones genera, para los propósitos buscados por el proyecto de ley en comento, una dificultad inherente a ella: no es posible aplicar la misma solución generada para mercados monopólicos a un mercado competitivo, pues no se comparten los mismos supuestos iniciales.

Lo anterior lleva a la conclusión de que aplicar al mercado de las telecomunicaciones medidas similares a aquellas que se imponen a los servicios sanitarios, de distribución de gas de red y de energía (artículos 1 y 2 del proyecto de ley) resultaría sumamente complejo. El legislador, en efecto, decidió excluir a los servicios de telecomunicaciones de tales medidas, y ello obedece a la gran dificultad de hacer extensiva la solución a un mercado que no comparte los mismos supuestos ya descritos, puesto que requeriría, entre otras cosas, limitar la facultad del usuario para cambiarse de compañía para aplicar un sistema de prorrata; resolver, además, cómo y a quién cobrar una deuda que se generaría frente a un servicio de telefonía de prepago sin contrato ni usuario identificable, entre muchas otras.

Dicho lo anterior, el Congreso Nacional ha optado por una propuesta específica para el sector de telecomunicaciones creando, para estos efectos, un plan de conectividad gratuito cuya caracterización es desarrollada en el artículo 3 del proyecto de ley, y que, por los motivos expuestos, difiere totalmente de la fórmula alcanzada para el resto de los servicios regulados en el proyecto de ley.

Es así como se propone una serie de condiciones de servicio para los usuarios de telefonía móvil, acceso a internet fijo y móvil; y para los usuarios de telefonía fija. Tales condiciones deben ser otorgadas de forma gratuita por el operador, el que no podrá contar con compensación económica alguna por tal carga, no pudiendo traspasar el costo a los clientes, y estará sujeto a dicha carga por un plazo de tres meses, según desarrolla el propio artículo 3; constituyendo un importante gravamen pecuniario para las empresas prestadoras del servicio.

Desde la perspectiva jurídica del derecho de propiedad, la Constitución Política de la República excepcionalmente autoriza a su privación completa o bien de alguna de sus facultades esenciales mediante la expropiación, pero sólo en casos previstos por el legislador y siempre contra pago de la justa indemnización al afectado. La imposición de prestar un servicio de telecomunicaciones en forma gratuita ciertamente no expropia el derecho sobre la concesión, pero sí lo hace respecto de una parte de la facultad de disposición, que es consubstancial al dominio. En otras palabras, no se priva al operador completamente de la facultad de disposición, pero sí se le expropia de un atributo que es parte de dicha prerrogativa.

Reitera que el Ejecutivo reconoce y comparte la necesidad de contar con una solución que mantenga dicha conectividad entre los grupos de mayor vulnerabilidad de la población, puesto que son éstos los más golpeados por las consecuencias económicas que ha generado la pandemia, y las dificultades generadas para las familias al priorizar las decisiones económicas en las que las cuentas de los servicios de telecomunicaciones pueden ser una carga, eventualmente, difícil de soportar en el tiempo.

Pero tal reconocimiento debe ser acorde con el cumplimiento de las normas del Estado de Derecho, y por esos motivos es que las normas recogidas por el proyecto de ley observado no son enteramente compatibles con tales finalidades.

En virtud de lo anterior, el Gobierno conjuntamente con la industria de telecomunicaciones han llegado al consenso de entregar un plan de conectividad gratuita, orientado al 60% más vulnerable del Registro Social de Hogares.

Dicho plan fue formalizado ante la autoridad por medio de cartas presentadas por la Asociación de Telefonía Móvil A.G. [1] y WOM S.A. con fecha 1 de julio y 23 de junio respectivamente del año en curso. Las presentaciones de las compañías de telecomunicaciones constituyen una oferta comercial, si bien gratuita, dirigida a los usuarios, por lo que son fiscalizables por parte de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, debiendo velar por el adecuado otorgamiento de las condiciones expresadas por la industria, quedando los concesionarios sujetos, respecto de esta oferta comercial, a las obligaciones regulatorias y a la potestad sancionatoria de la Subsecretaría.

En tales misivas, las compañías expresaron su voluntad de extender el plazo para solicitar el beneficio correspondiente al plan solidario de telecomunicaciones, a contar del 1 de julio y por 90 días. Asimismo, señalaron su conformidad con proveer un servicio de navegación de internet con velocidades entre 256Kbps y 512Kbps en servicio móvil y entre 2Mbps y 4Mbps en servicio fijo; y acordaron extender el universo de beneficiarios del Plan Solidario, de modo que éste abarque al 60% de los hogares con menores ingresos. Finalmente, la Asociación de Telefonía Móvil A.G. comprometió la prestación de servicios de mensajería SMS y minutos para llamadas de voz, tal y como fue planteado por el Congreso Nacional [2] en el proyecto observado.

Asimismo, las condiciones ofrecidas se orientan al 60% más vulnerable del Registro Social de Hogares, lo que incluye a los estudiantes de dicho segmento, quienes podrán requerir el acceso al plan solidario para obtener soluciones de conectividad para sus estudios; recoge las velocidades establecidas por el legislador y extiende los beneficios durante el plazo determinado en el proyecto observado.

De esta forma, en los hechos, la industria de telecomunicaciones está otorgando los beneficios establecidos en el proyecto de ley, lo que evita las complejidades constitucionales que levanta el proyecto de ley observado y, por tanto, permitiendo a la población acceder inmediatamente a los beneficios que el legislador ha pretendido poner a disposición del público.

Por estas razones, se propone suprimir el artículo 3 del proyecto de ley, así como las menciones a los servicios de telecomunicaciones en otros artículos, armonizando el proyecto para que esté orientado a la regulación de servicios básicos domiciliarios y, de esta forma, evitando las dificultades y vicios ya expuestos, pues son incompatibles con las soluciones alcanzadas por el legislador para los otros mercados.

Por otro lado, respecto de los servicios sanitarios, de electricidad y de gas de red, el proyecto de ley observado, en cuanto a los beneficios que se establecen en los artículos 1 y 2, no se altera. Sin embargo, la carga pública que impone el proyecto de ley se torna desigual cuando, en el artículo 8, se les prohíbe a las empresas recuperar los costos que irrogue para ellas la implementación de este proyecto de ley por medio del traspaso a precio o en procesos tarifarios, entre otras vías, según corresponda a la actividad económica respectiva.

De esta manera, se propone suprimir el artículo 8, lo que permite subsanar la inconstitucionalidad señalada, así como eliminar la necesidad de que exista una compensación de cargo fiscal, lo cual incidiría en la admisibilidad de las mociones refundidas que se observan, debido a que son las propias normativas sectoriales actualmente vigentes las que permitirían recoger el impacto que las medidas establecen.

La supresión referida, además, armoniza el proyecto de ley con el régimen constitucional vigente y permite mantener las normas generales que determinan la libertad de precios para gas de red, así como la revisión en los procesos tarifarios para electricidad y servicios sanitarios, siempre que correspondan incluirse, de los costos que irrogue esta ley para las empresas.

Sin embargo, y dado que las propias empresas han señalado, de manera pública y formal, que no traspasarán los costos que emanen de estas nuevas obligaciones que la ley establece en los próximos procesos de fijación tarifaria, se mantiene la premisa buscada tanto por el Gobierno como por los legisladores: que no sean los usuarios de los servicios básicos quienes deban compensar los beneficios buscados, dado que los costos no serán incorporados por las empresas, ni menos por los respectivos reguladores en los futuros procesos tarifarios.

Finalmente, cabe señalar que el servicio público de agua potable enfrenta un problema adicional, por cuanto estamos viviendo una de las sequías más relevantes del último tiempo, que pone en riesgo el suministro.

En ese contexto, las políticas públicas deben incentivar un uso eficiente y responsable del recurso hídrico para salvaguardar su disponibilidad para toda la población y así evitar agravar los efectos de la pandemia que enfrentamos como país.

Respecto de los servicios públicos sanitarios, el proyecto de ley no considera la sequía y el cambio climático, a pesar de haberse discutido extensamente durante la tramitación de las iniciativas. Esto se observa de forma manifiesta al carecer de un límite de consumo de agua potable para efectos de postergar los pagos de servicios básicos sanitarios, y por ello se propone incorporar un límite a la postergación del pago de consumos de hasta 15 metros cúbicos, con ciertas excepciones, agregando un inciso final en el artículo 2, tal como fue discutido durante la tramitación del proyecto de ley observado.

II.- CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS OBSERVACIONES.

Conforme a lo preceptuado en el artículo 121 del reglamento de la Corporación, corresponde a esta Comisión indicar los alcances de cada una de las observaciones formuladas y proponer su aceptación o rechazo.

Las modificaciones propuestas por las observaciones formuladas por el Ejecutivo son las siguientes:

1.- Al artículo 2.

Para adicionar un inciso final, que pone un limite de hasta 15 metros cúbicos de agua potable para poder postergar el pago de consumo, estableciendo en todo caso algunas excepciones, en orden a incluir a aquellos usuarios que mediante el Registro Social de Hogares acrediten tener más de 4 integrantes y en ese caso podrán postergar el pago de hasta 4 metros cúbicos adicionales por persona.

2.- Al artículo 3.

Para suprimirlo.

Dicha norma permite por un tiempo de tres meses a los clientes de servicios de telefonía fija, móvil o de acceso a internet solicitar al proveedor del servicio el cambio transitorio de su contrato, si se tratare de clientes suscriptores, o la modificación de las condiciones de su servicio, si se tratare de clientes no suscriptores o de prepago, para la aplicación de un plan básico solidario de conectividad, sin costo y que no importe cambio numérico, cumpliendo determinadas características

3.- Al artículo 4.

Para efectuarle adecuaciones formales, con ocasión de la eliminación del artículo 3.

4.- Al artículo 5.

Para realizarle cambios formales, debido a la supresión del artículo 3.

5. Al artículo 8.

Para suprimirlo.

Esa disposición establece la prohibición de traspasar a los clientes finales los costos que irrogue para las empresas y cooperativas la implementación de esta ley.

***

En uso de sus atribuciones, el señor Presidente de la Comisión determinó que las modificaciones que se introducen no requieren ser conocidas por la Comisión de Hacienda.

Se designó Diputado Informante al señor RENATO GARÍN GONZÁLEZ.

***

II. CUESTIÓN DE INADMISILBILIDAD.

Previo a entrar al análisis y a la votación de las observaciones formuladas por S.E. el Presidente de la República, el diputado señor Jaime Naranjo solicita declaración de inadmisibilidad respecto de las observaciones números 1,2 y 5, señalando que aquellas no tienen relación directa con las ideas matrices o fundamentales de las mociones.

Basa lo recién expuesto -para justificar la inadmisibilidad de los referidos numerales del veto del Ejecutivo- en las siguientes consideraciones y argumentos:

“En virtud de lo dispuesto en el artículo 73 de la Constitución de la República y el artículo 32 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, vengo en solicitar la declaración de inadmisibilidad de las observaciones del Presidente de la República al proyecto de ley que suspende el corte de servicios básicos por no pago en virtud de la crisis originada por el coronavirus, (boletines 13.315-08, 13.417-03 y 13.438-03, refundidos); y proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para disponer la postergación del cobro de deudas por consumos de servicios domiciliarios, y del corte de tales suministros en caso de deuda, durante la vigencia de alertas sanitarias o epidemiológicas decretadas por la autoridad ( boletines 13.329-03, 13.342-03, 13.347-03, 13.354-03, 13.355-03 y 13.356-03, refundidos), según indicare.

Fundo nuestra solicitud de inadmisibilidad en las siguientes consideraciones generales y particulares:

Consideraciones generales:

La facultad excepcional que tiene el Presidente de la República de vetar un proyecto de ley se encuentra limitada por la propia Constitución, al establecer en el art. 73 inc. 3 que en ningún caso se admitirán a tramitación observaciones que no tengan relación con las ideas matrices de un proyecto de ley.

La LOC del Congreso Nacional (art. 32) consagra un mecanismo para resolver si el ejercicio del veto presidencial se ajusta o no a la idea matriz del proyecto de ley.

La facultad de declarar la inadmisibilidad de tales observaciones queda radicada primariamente en el Presidente de la Cámara de origen del proyecto, cuando aquéllas no cumplan con la condición de tener relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto;

Que la declaración de inadmisibilidad formulada por el citado Presidente o por el de la Cámara revisora, en su caso, puesto que también se halla habilitado al efecto, puede ser reconsiderada por la Sala de la Cámara respectiva;

Que asimismo las comisiones de ambas cámaras están facultadas para declarar dicha inadmisibilidad, cuando no lo hubiere hecho la Sala respectiva, pero esta última podrá revisar esa declaración.

La normativa que regula la declaración de inadmisibilidad de un veto presidencial no distingue según si el veto es aditivo, sustitutivo o supresivo. En consecuencia, la declaración de inadmisibilidad puede efectuarse respecto de todo el veto o por cada una de las observaciones, sean estas aditivas, sustitutivas o supresivas.

La declaración de inadmisibilidad debe cumplir con las siguientes características:

Es una calificación jurídica objetiva;

Importa una confrontación de ideas y no de articulados precisos;

Supone el contraste entre las observaciones formuladas por el Presidente y las ideas centrales que constan en la exposición de motivos del mensaje presidencial o de la moción parlamentaria que se proyectan en el articulado.

Se han declarado inadmisibles vetos presidenciales y esta declaración no ha distinguido según el tipo de veto. Un caso concreto fue la declaración de inadmisibilidad de 11 observaciones de un total de 28, formuladas por el Presidente de la Cámara de Diputado de época, Edmundo Eluchans, respecto del proyecto de ley que introducía la TV digital terrestre.

Esta declaración fue objeto de un requerimiento de constitucionalidad por un grupo de senadores de derecha, el cual fue desestimado en todas sus partes (STC ROL 2646-2014)

Sobre el concepto de idea matriz. El veto debe ajustarse a las ideas matrices o fundamentales, que han sido precisadas por este Tribunal Constitucional como “aquellas que sirven de base para un proyecto y en las cuales se apoyan otras ideas de carácter secundario o derivado” (STC roles N°s 410, 719 y 259).

En síntesis, el TC ha señalado que la relación directa que se exige entre las observaciones y las ideas matrices del proyecto obliga que éstas en ningún caso se opongan. Así, por relación directa se entiende una vinculación “…inmediata, pertinente o atinente a aquella noción y, en ningún caso, opuesta o ajena a la misma.”.

Consideraciones particulares:

El veto presentado por el Presidente de la República es inadmisible pues se opone de manera abierta las ideas matrices de los proyectos de ley refundidos obrando en sentido absolutamente contrario a la voluntad democrática manifestada por los representantes, Diputados y Senadores, en la tramitación de esas iniciativas de ley.

Para profundizar en la idea planteada sobre la inadmisibilidad del veto presidencial, a continuación, se presentan enumeradas todas las ideas matrices de las mociones refundidas en este proyecto de ley. De su simple lectura, se evidencia claramente que el veto pugna con el objeto planteado por los mocionantes e introduce elementos que estaban fuera de la intención de los legisladores

Idea Matriz (boletín nº 13.329.03). “El presente proyecto tiene por finalidad el establecer medidas que vayan en apego a las acciones decretadas por la Autoridad Sanitaria respectiva en materia de prevención, control y atención de enfermedades ante una situación de Alerta Sanitaria o Epidemiológica, estableciendo medidas de resguardo para las personas que no puedan, en virtud de dicha alerta sanitaria, realizar el pago de sus servicios básicos de agua, luz eléctrica, gas, telefonía e internet, evitando el corte de suministro y postergando el pago de dichos servicios hasta el momento posterior al levantamiento de dicha alerta sanitaria”.

Idea matriz (boletín nº 13.342-03). “El proyecto de ley tiene por objeto establecer una suspensión en el cobro de tarifas de servicios básicos, por un periodo determinado para favorecer a los clientes domiciliarios a objeto de evitar que se vean expuestos a la suspensión del suministro por no pago de la correspondiente tarifa, para lo cual se establece por vía legal una exención de carácter general”.

Idea matriz (boletín nº 13.347-03). Prohíbe el corte de servicios básicos entre marzo y septiembre de 2020 y autoriza el pago de la deuda acumulada desde octubre de 2020 en un plazo no menor a 10 cuotas.

Idea matriz (boletín nº 13.354-03). A través del presente proyecto se busca suspender el pago de cuentas de servicios básicos como electricidad y agua potable, por un plazo de cuatro meses contados desde el mes de marzo y hasta el mes de junio de 2020, ambos meses incluidos e imputar el pago de la deuda que genere el consumo de estos a las utilidades percibidas por las empresas que suministran los servicios señalados anteriormente. La presente norma será aplicable a los titulares de las cuentas de suministros señaladas, que pertenezcan al sesenta por ciento de los hogares más vulnerables, según la calificación socioeconómica establecida en el Registro Social de Hogares del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Idea matriz (13.355-03). El presente proyecto de ley busca imponer a las empresas de servicios públicos concesionados y/o regulados, la obligación de suspender el pago de las cuentas de consumo de dichos servicios por un plazo transitorio de tres meses, disponiendo asimismo la prohibición en el corte del suministro por igual plazo.

Idea matriz (13.356-03). El presente proyecto de ley dispone la suspensión, durante un plazo de al menos seis meses, en el cobro de los servicios básicos, tales como, agua, luz, internet, telefonía y televisión, en el contexto de la actual alerta sanitaria y estado de catástrofe vigente en el país.

En cuanto al fondo, el contenido del veto presidencial es inadmisible porque pugna abiertamente con el contenido de las ideas matrices del proyecto de ley. Para tal efecto, hay que tener en cuenta La Sentencia Rol N° 9, de 6 de noviembre de 1972 señala que:“…No es el ropaje de los artículos del proyecto inicial el que fija por sí solo la o las ideas centrales, éste es un elemento que debe tenerse en cuenta al examinar la admisibilidad de las indicaciones, pero tiene relevancia la exposición de motivos y, de manera decisoria, la esencia o sustancia del asunto de interés que el legislador autor se ha propuesto encarar y someter a conocimiento, elaboración y aprobación colectiva y final por los cuerpos colegisladores. Debe estarse, entonces, de preferencia al fondo del (sic), y no a las palabras o formas externas. Se trata de confrontar “ideas”, concepto abstracto e intelectual, con textos normativos concretos, y no simplemente confrontar unos artículos con otros en su mera naturaleza formal, para decir con arreglo al artículo 48 de la Constitución Política del Estado.” (Considerando 12°).

La incompatibilidad del veto con la esencia o sustancia del asunto de interés que el legislador se ha propuesto encarar y someter a deliberación es evidente: el proyecto tramitado busca de forma inequívoca generar un espacio de protección para los usuarios de servicios básicos domiciliarios, mientras que el veto busca claramente, recortar espacios de protección, dejando a los usuarios en la indefensión. En tal orden de ideas, las finalidades de uno y otro instrumento, no pueden ser más contrapuestas.

En el sentido anotado, este Tribunal Constitucional ha señalado que la vinculación directa entre las observaciones y las ideas matrices exige que aquéllas en ningún caso se opongan a éstas. Así, ha declarado que por relación directa se entiende una relación “inmediata, pertinente o atinente a aquella noción [de ideas matrices] y, en ningún caso, opuesta o ajena a la misma” (STC Rol N° 1, C 25º). Lo dicho no implica que un veto no podría reducir o eliminar determinados artículos de un proyecto, pero en la medida que ello se ajuste a las ideas matrices. El problema se produce cuando tal eliminación o reducción se aparta o va derechamente en el sentido opuesto de las ideas matrices. En seguida, el veto debe ajustarse a las ideas matrices o fundamentales, que han sido precisadas por este Tribunal Constitucional como “aquellas que sirven de base para un proyecto y en las cuales se apoyan otras ideas de carácter secundario o derivado” (STC roles N°s 410, 719 y 259).

En síntesis, el TC ha señalado que la relación directa que se exige entre las observaciones y las ideas matrices del proyecto exige que éstas en ningún caso se opongan. Así, por relación directa se entiende una vinculación “…inmediata, pertinente o atinente a aquella noción y, en ningún caso, opuesta o ajena a la misma.”

EN VIRTUD DE LAS CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS EXPUESTOS VENGO EN SOLICITAR LA INADMISIBILIDAD DE LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:

Observación que agrega un inciso al art. 2º limitando la suspensión de cobro y prohibición de corte en razón del consumo.

Observación que suprime el art. 3º del proyecto de ley, respecto de la obligación de las empresas de telecomunicaciones de mantener a disposición de sus clientes un plan básico solidario.

Observación que suprime el art. 8º que establece la prohibición para las empresas, de traspasar los mayores gastos en que puedan incurrir con ocasión de la aplicación de la ley, a los usuarios finales. Elimina también la disposición que establece que no se podrá tener este factor en consideración para efectos de los procesos de fijación de tarifas.”.

A continuación, el diputado señor Pedro Velásquez (Presidente), señala que no está de acuerdo en la inadmisibilidad planteada y defiende su postura en los siguientes términos:

“Tengo como presidente de esta Honorable Comisión de Economía, y en realidad como Diputado de la República, en representación de miles de chilenos que confían mi trabajo, nuestro trabajo parlamentario, en particular de mi región de Coquimbo, la gran misión en virtud del mandato entregado por todo ellos de velar por sus efectivos intereses, más ahora que nunca producto de las graves carencias económicas, sociales y en su dignidad producto de la cesantía y falta de oportunidad por la pandemia Covid 19 que hoy no aqueja como país.

El día de ayer junto a mi asesora Marcia Marchant en virtud de lo entregado por el señor secretario de la comisión, mi intención era votar en contra del veto, sin embargo, después de un largo estudio de la norma en particular, articulo por articulo tanto del proyecto como del veto, concluimos que no podíamos permitir que el gobierno usara a las empresas de telecomunicaciones como chivo expiatorio para favorecer a las empresas de electricidad, gas y agua. Utilizando nuestro obvio pensamiento político que al ingresar un veto nosotros votaríamos inmediatamente en contra y con ellos alargar en muchos meses el poder sacar adelante este beneficio.

No cabe duda alguna, que como legisladores tenemos la misión de no olvidar jamás que para llevar a cabo la elaboración de una norma debe siempre ser con miras al bien común de quienes representamos, intereses de miles de chilenos que están por sobre nuestras propias creencias, dogmas políticos, pensamientos o ideales que cada uno de nosotros pueda tener o representar.

Dicho lo anterior, me avocare en lo particular a lo que nos tiene hoy en día aquí a todos expectantes, un tema que para miles de chilenos esperan no con ansias, esperan con desesperación por lo que la esencia de este proyecto implica. Si estimados colegas, hoy nos toca debatir en definitiva si accedemos al juego de este gobierno siguiendo con el estudio de estas mociones refundidas o bien damos un corte que permita sacar de ese estado de desesperación a tantas personas, padres y madres de familia y familias de nuestro país.

Sabemos bien como la pandemia covid 19 ha atacado a nuestro país, no solo desde la perspectiva sanitaria dejando a miles de personas fallecidas, y a miles de enfermos, sino también como ha destruido 1.200.000 puestos de trabajo, dejando a millones de familias en un estado de incertidumbre desde todo punto de vista.

Cómo es sabido por todos, si bien es cierto todos los chilenos nos hemos visto afectado por esta letal pandemia lo cierto es que lo más afectados y por lo cuales debemos velar hoy es por la población vulnerable de nuestro país, si colegas, el actual proyecto que discutimos, no versa sobre intereses que puedan seguir posponiéndose por este gobierno o de las grandes empresas que hoy están involucradas en él, sino por intereses de las personas más vulnerables que esperan salgan ya el beneficio de suspensión de corte de servicio de consumos básicos, por lo anterior debemos hacer caso del mandato que nos otorgó el pueblo y llevar a cabo de la manera más rápida la solución al eventual corte de servicios básicos por cuanto corresponde a servicios que satisfacen necesidades vitales que no pueden faltar para ningún chileno en estos momentos.

Desde el inicio de la discusión de las diversas mociones, la intención fue siempre la de suspender el corte de los servicios básicos con tal de no perjudicar, sobre todo a las personas más vulnerables, muchas fueron las mociones, muchas la intenciones, sin embargo, hoy en día vemos trabado este proyecto por un veto que solo tiene por objeto dilatar más las urgentes necesidades que hoy en día tienen las personas.

Si colegas, después de discutir por un largo periodo este proyecto vemos hoy entrampada su aprobación por un veto que solo dilata la aplicación del beneficio de suspensión de corte de servicios básicos.

Dado lo anterior, cabe preguntarnos como legisladores, pero más como representantes de miles de chilenos, debemos seguir en este juego del gobierno de dilatar este proyecto para sacar de ellos a las empresas de telecomunicaciones? Que podemos pensar de esto, que a través de este veto de las empresas de telecomunicaciones no se busca proteger a ellas directamente, si no que se utiliza esto para amparar a las verdaderas empresas monopólicas que no quieren ser sometidas en virtud de una ley a otorgar los beneficios.

Reitero con fuerza, si nosotros como legisladores de la oposición, tuviésemos y pudiésemos en otras condiciones efectivamente votar en base a nuestros principios políticos tendríamos que de manera determinante rechazar las modificaciones que hace el ejecutivo en virtud del veto por cuanto según nuestras políticas efectivas de gobierno nos indican que esta sería la forma efectiva de dar solución, sin embargo, debemos ser realistas con nuestra gente que necesita hoy, no en 3 o 6 meses más esta ley.

Colegas, de seguir adelante con la tramitación de este proyecto millones de chilenos, el 60% más vulnerable no habrá tenido este beneficio, y sufrirá los efectos de las sanciones que las empresas en comento pueden aplicar por el no pago de ellos, eso realmente queremos? La verdad, NO!, yo debo velar por mi gente, mi región, quienes están por sobre mis ideales y pensamientos como políticos, no podemos seguir posponiendo este proyecto, es nuestro deber aprobarlo con urgencia.

Dicho lo anterior, en virtud de las condiciones actuales que todos conocemos y la esencia del proyecto este proyecto es necesario continuar con su aprobación de la forma más rápida posible para entregar el beneficio a miles de personas.

En esta oportunidad discutimos la inadmisibilidad de un veto que solo retarda la entrega del beneficio, fundamentos jurídicos, y jurisprudencia hay mucha para aprobarla o bien rechazarlo.

Desde el punto de vista jurídico tanto el veto presentado por su excelencia como este proyecto de ley presenta una serie de ilegalidades que y arbitrariedades que nos lleven a alargar esta discusión o bien a dictar una ley que como bien podemos apreciar en sus artículos 3 y 8 al disponer de bienes de terceros sin compensación alguna nos lleve a una batalla judicial impuesta por las empresas que acá se involucran.

Acaso ustedes creen que por ser aprobada esta ley las empresas en comento no pueden recurrir a los tribunales por las evidentes arbitrariedades que presenta el mismo? Recurrir de protección por ejemplo por vulnerar el artículo 19 n 24 de la carta fundamental? O tal vez recurrir ellos mismos al tribunal constitucional?? Seamos realistas señores... no sigamos en el juego del gobierno...

Si colegas, si queremos seguir adelante con la discusión y pugna por el veto con el fin de obtener beneficios que no son vitales como las telecomunicaciones a costa de dejar sin luz, agua y gas a miles de chilenos sigamos, sigamos en el juego del gobierno que de manera indirecta a través de su veto protege a las empresas de servicios básicos. Pero asumamos que miles lo pasarán cada día peor por carecer de servicios esenciales como la luz, el agua y el gas. 

No perdamos el norte del proyecto... entregar al 60% más vulnerable el servicio básico sin costo Ahora. La misión nuestra es velar por los miles de chilenos y no por las pretensiones de este gobierno y sus grandes empresas monopólicas como son las de la luz, gas y agua. La lógica es debiésemos votar en contra del veto, pero con ello solo alargaríamos la agonía de nuestra gente, no caigamos en la treta y aprobemos cómo está el proyecto. Bien sabemos que las empresas de telecomunicaciones ya dan los beneficios que se piden en este proyecto.

Asumamos la realidad del que le falte la luz y el agua, no de nuestras ideologías que con eso no ayudamos ni solucionamos los problemas de la gente.

Asumamos además que la realidad del 60% más vulnerable no es la que accede precisamente a bienes de telecomunicaciones como lo podemos hacer cualquiera de nosotros. Esa no es su realidad mucho menos su preocupación, o caso ustedes creen que las personas de las comunas más lejanas de la Ciudad de Coquimbo tienen acceso fácil a las telecomunicaciones??NO!.... la gente está preocupada y desestabilizada por que no tendrá agua, luz ni gas PARA REALIZAR SUS COMIDAS, PARA LAVARSE LAS MANOS, PARA SOBREVIVIR DE UNA FORMA DIGNA, para la época que vivimos! ... no porque le falte internet o cable.

Queremos dar soluciones de cobro a las telecomunicaciones u otros servicios que pasaron a ser esenciales? Generemos y presentemos otro proyecto, pero no paralicemos más el actual beneficio porque de ellos depende la salubridad, alimentación y vida de millones de chilenos.

Colegas míos, en esta oportunidad votemos en conciencia, por los millones de chilenos que quedarán sin los servicios de consumo básico de no aprobarse hoy esta ley! Tenemos urgencia de este proyecto y no podemos aceptar más dilaciones por parte de este gobierno.”.

El diputado señor Boris Barrera reconoce el derecho de veto que tiene el Presidente de la República, pero coincide con el diputado Naranjo que en este caso esas observaciones del Presidente son inadmisibles por las razones expuestas y esto no hace más que convertirlo en obstruccionista, porque mientras se trata de legislar a favor de las personas que lo pasan peor y protegerlas de los abusos de las empresas y el presidente con este veto suprime y cambia estas medidas y termina por proteger a las empresas.

Cuestiona lo argumentado por el diputado Pedro Velásquez en cuanto esto se vaya a atrasar más, porque lo que corresponde es votarlo y descarta problemas de constitucionalidad y que las empresas judicialicen esto; si el Gobierno pensaba en problemas de constitucionalidad habría recurrido al Tribunal Constitucional y no lo hizo porque estima que no tienen argumento para ello, puesto que el derecho a la propiedad no está sobre el derecho a la salud y a la vida, como lo señaló en su momento la profesora de derecho constitucional y ex miembro del Tribunal Constitucional, señora Marisol Peña, que reconoce que en momentos como el presente el derecho de propiedad puede ser objeto de limitaciones.

Agrega que como mocionante, las ideas matrices son claras, esta es el no corte de los suministros, especialmente del agua, que permite ejercer el derecho a la salud y a la vida, la suspensión de pagos, la conectividad y que el costo de esto no se traspase a las personas.

El veto presidencial impone un límite en el consumo de agua y por lo tanto que pueda haber corte del suministro, lo que ya está en contra de las ideas matrices del proyecto de ley que despachó el Congreso Nacional; elimina la conectividad de personas que se encuentran confinadas en sus casas, que necesitan comunicarse y con niños que necesitan acceder a Internet para poder acceder a sus clases virtuales, pero que el veto suprime esta posibilidad.

Agrega que este veto elimina lo que se busca en el proyecto de ley, que no se traspase el costo a los usuarios, sin esta norma ello será así. Anuncia que ya se está entregando cartas de corte en trámite. Opina que se necesita certeza jurídica y lo que se hace en el proyecto de ley despachado por el Congreso es generar esa certeza jurídica.

Declara estar a favor de la inadmisibilidad y pide se vote para no alargar innecesariamente esta discusión.

El diputado señor Renato Garín pide votar la admisibilidad, luego debatir el fondo de las observaciones y así continuar con el trámite legislativo.

El ministro Secretario General de la Presidencia, señor Claudio Alvarado, apunta a una confusión en los argumentos para rechazar el veto y declarar su inadmisibilidad.

Explica que se habla de suprimir los beneficios que establece la ley, pero es una ley que no está operando y los beneficios no se suspenden a nadie que se encuentre usando servicios básicos ni de telefonía.

Subraya que el veto es claro y categórico y manifiesta el deseo de conocer los argumentos por los cuales se dice que se prohíbe el contrato de servicios básicos; el veto claramente no modifica la prohibición de cortar servicios básicos por no pago, agua potable, electricidad, gas y telefonía, no se les corta el servicio.

Otra de las ideas matrices permite el pago de las cuentas de servicios en 12 cuotas sin intereses de luz, agua y gas de red, lo que tampoco se elimina en el veto, por lo que a su parecer el veto se ajusta totalmente a lo que la ley mandata, de manera que más que oponerse a una acción del gobierno, pide que se objetivizen los valores en juego.

Señala que si no hay ley, todos los beneficios se encuentran disponibles en virtud de un acuerdo entre el gobierno y las empresas y que se extendió, incluso a un mayor número de población vulnerable.

Pide que alguien indique cuáles son los beneficios que interrumpe este veto y la forma en que se altera el prorrateo de estos 6 meses de las cuentas que no se puedan pagar en este minuto por la caída de los ingresos familiares a raíz de la pandemia.

Expresa que eso no esta en juego y son las ideas matrices del proyecto de ley.

Aclara que lo que se cuestiona y que se quiere subsanar es que al establecer cargas a las empresas, que no tienen ningún tipo de compensación y que exponen al Estado de Chile a serios gravámenes hacia delante.

Expresa el deseo de perfeccionar esta ley, manteniendo los beneficios que se señalan por las ideas matrices, pero sin exponer al Estado de Chile ante eventuales demandas.

Reitera que se proponen perfeccionar una legislación que mantenga todos los beneficios y condiciones establecidas en acuerdos voluntarios, que se dejan en las mociones parlamentarias, salvaguardando el patrimonio del Estado.

Recalca que no es cierto que el Gobierno no permita que las personas que se encuentran más afectadas por la pandemia se les pueda cortar los servicios básicos o que no van a poder prorratear en cuotas por los meses en que no se pudo pagar y quien sostenga aquello falta a la verdad o no ha leído el veto.

Recuerda que el veto es una institución de larga data con un registro de su aplicación por el colegislador, es una institución de más de un siglo con la intención de modificar, suprimir o agregar materias que tiene un significado distinto a lo que el legislador ha querido establecer o para proteger al Estado, como en este caso, de eventuales demandas.

Resume su exposición señalando que el veto lo que hace es cuidar a las personas, asegurándoles los suministros de servicios básicos y cuidar el Estado de derecho, protegiendo las reglas de la institucionalidad sobre los que se sostiene el progreso que permite, precisamente cuidar a las personas que más lo necesitan.

Asegura que se cuida a las personas porque no se eliminan ni disminuyen los beneficios que se establecen a favor de las personas, tampoco se dice en el veto que se podrán prorratear en cuotas lo que no se pueda pagar en las cuentas por la disminución de los ingresos.

El diputado señor Alejandro Bernales acota que un mínimo sentido de la responsabilidad llama a hacerse cargo de participar de esta discusión que se viene dando desde el 26 de marzo recién pasado.

Pregunta cuál es la razón por la que el gobierno no se hizo presente antes en esta discusión, cuando era claro que los vecinos y vecinas se preocupaban por lo que pasaría con los servicios básicos que no se pudieran pagar y quedaran expuestos al corte de los mismos.

El diputado señor Cosme Mellado sostiene que este es un debate de largos meses, son iniciativas parlamentarias ante la preocupación por los cortes de suministros básicos ha propuesto una solución legislativa que se enfrenta ante un veto presidencial que busca cómo proteger al empresariado, pero que nos encontramos en tiempos de catástrofe, tiempos de pandemia y el Presidente tiene facultades en tiempos de excepción para velar por el cuidado y la salud de las personas y no esta de acuerdo con que la admisibilidad permita avanzar en esta materia.

El Ministro de Energía, señor Juan Carlos Jobet, expresa que el contexto es ir en ayuda de las familias que se han visto más afectados en esta pandemia y en uno de los momentos más difíciles que nos ha tocado vivir desde el regreso a la democracia con un momento de gran desprestigio de las instituciones.

Señala que esto es especialmente grave y profundo, porque el Ejecutivo y el Poder Legislativo están llamados a liderar los esfuerzos que nos deben permitir enfrentar y superar cualquier otra crisis, como la sanitaria, la social o la económica.

Comenta que en estas situaciones es cuando aparece la intención de infligir daños a los rivales políticos y de la oposición al gobierno.

Sin embargo, expone su convicción que en estos tiempos el debate político no debe ser otro elemento de incertidumbre y confusión, es necesario ser capaz de ofrecer soluciones y con ello transmitir certeza y tranquilidad.

Por esto, es que estima que no es necesario darle a esta discusión un carácter que no tiene, que es imprescindible discutir el mérito de estas observaciones del Presidente y como se avanza en este proyecto de ley de buena manera.

Esto no se trata de discutir si se procederá a cortar los suministros de agua, luz o gas, porque ello no ha ocurrido ni ocurrirá en los próximos 90 días, puede haber tranquilidad de ello.

Asegura que el gobierno quiere promulgar esta ley, pero quiere corregirla para poder promulgarla y se pueda implementar de buena manera.

Más allá de la modificación al agua potable que se ha mencionado y el detalle que habrá en materia de telecomunicaciones, el veto pone en discusión dos cosas.

La primera de ellas es cuál es la mejor vía o la mejor forma para la entrega de planes gratuitos de telecomunicaciones. Si bien el veto los elimina de este proyecto de ley, hay un compromiso suscrito ante la Subsecretaría de Telecomunicaciones por las empresas, lo que los hace exigibles en su cumplimiento y fiscalizables y en caso de incumplimiento serán objeto de sanciones y multas.

La segunda discusión se refiere a cuál es la mejor forma de asegurar que el costo de los beneficios no lo paguen las personas. Aclara que no se trata de qué beneficios entregar, porque hay un amplio consenso en ello, sino en cómo hacerlo.

Solicita hacer un esfuerzo en esta discusión por no confundir a las personas y agregar incertidumbre y preocupación en el tema, es una discusión importante y esencial sobre los procesos y formas de hacer las cosas y el respeto al Estado de Derecho.

Llama a las personas a la tranquilidad, porque durante la pandemia no habrá cortes de agua, ni de luz, ni de gas y si lo necesita puede optar a facilidades para el pago de los consumos y quienes lo requieran podrían acceder a un plan gratuito de telecomunicaciones y ello está fuera de discusión.

Recuerda que cuando se inició la discusión de este proyecto de ley, se coincidió en la necesidad de abordar el tema y se solicitó a la BCN un informe de la manera que se enfrentaba este tema en diferentes países del mundo y se señaló en ese informa que el problema se abordaba por vía administrativa, principalmente por un tema de rapidez para entregar el beneficio a las personas.

A partir de esos diálogos iniciales, se puso en marcha un plan de acuerdos con las compañías. El 27 de marzo se puso en marcha un plan para ayudar a los sectores afectados por la pandemia, que hasta el día de hoy no hay reportes de cortes de servicios básicos y la cobertura de beneficiados se ha ido ampliando.

Señala comprender que el parlamento tenga la intención de darle rango legal a estos beneficios, por ello estas observaciones no modifican las ideas matrices del proyecto de ley, no afectan los beneficios que se han entregado a las personas, porque se entregarán por vía administrativa y son fiscalizables por la respectiva institucionalidad, no tendrá costo para las personas y todo dentro del marco del estado de derecho.

La diputada señora Joanna Pérez coincide con la inadmisibilidad deducida por el diputado Jaime Naranjo, en calidad de autora de una de las mociones refundidas.

Observa que al suprimir el artículo 8 del proyecto de ley, se elimina la prohibición que las personas pagaran el costo del programa de prorrateo mediante un alza de las tarifas, por ejemplo y el fondo es la compensación de las empresas dejando vulnerables a las personas que se han visto afectados económicamente por la pandemia y no pueden pagar estos servicios.

Añade que es necesario asegurar a las personas, por 90 días al menos, que no se les cobrará multas ni intereses ni sobre costos de ninguna especie.

También se suprime un plan de conectividad, donde la ministra Hutt trabajó con los diputados en su elaboración.

Esto va contra las ideas matrices, porque elimina beneficios, da la posibilidad de aumentar tarifas o costo final.

Estima que es mejor regular estas situaciones por vía legal que entregarlo a un mero acuerdo con las empresas.

El diputado señor Alexis Sepúlveda coincide en señalar que este es un veto que resulta inadmisible, que se quiere hacer aparecer como un perfeccionamiento de algo que ya despachó el Congreso Nacional, pero eso no es así.

Argumenta que el gobierno no quiso participar en la discusión de este proyecto de ley, que siempre pudo participar del trámite para presentar indicaciones o plantear las ideas que se reflejan en este veto y cuando concurrieron se limitaron a alegar su incostitucionalidad y observa que pretenden mejorar el poder negociador de las empresas.

Aclara que esto no es una condonación, sino una medida que permite enfrentar la crisis, que es apoyada por diputados de todos los sectores, que no se trata de ayudar sólo a los sectores más vulnerables, sino que también a sectores medios a los que no les alcanza hoy para pagar sus cuentas básicas.

El Ministro de Energía señor Juan Carlos Jobet, precisa que personalmente concurrió a la primera sesión en que se discutió este proyecto de ley y se conversó la importancia de tener una solución y en razón de ello el Ejecutivo hizo el anuncio de solución a los pocos días de haber tenido esa sesión de Comisión, por casi 4 meses.

Eso no puede ser una mala noticia, si además se tiene en cuenta el informe de BCN que expone las soluciones administrativas como aquellas que se ha adoptado a nivel mundial.

Aclara que al eliminarse el artículo 8 con el veto, se evita un problema constitucional evidente, que no se ha contradicho.

En cuanto a los reembolsos, las compañías han dicho públicamente y mediante cartas al Ejecutivo, que estos beneficios no tendrán costos para los clientes y en que las instituciones respectivas se van a asegurar que esos costos no se van a reflejar en tarifas.

Señala que en su calidad de Ministro de Estado participó en muchas sesiones de la Cámara de Diputados y del senado junto a la ministra Gloria Hutt y el ministro Alfredo Moreno y la presencia de algunos superintendentes.

El diputado señor Jaime Naranjo precisa que uno de los principales opositores a este proyecto de ley, que ha actuado de manera obstruccionista, ha sido el Ministro Jobet que hoy aparece como el principal defensor de esta iniciativa, mientras que la única ministra que participó y colaboró con mejorar esta iniciativa, en materia de telefonía e Internet, fue la ministra Gloria Hutt y es el artículo que el gobierno ha vetado.

El diputado señor Raúl Soto defiende el trabajo de la Comisión que se ha traducido en un proyecto de ley despachado que fue consensuado en base a las necesidades que tiene la gente el día de hoy. El objetivo es llevar tranquilidad y alivio para los sectores medios y postergados, las pymes.

Indica que lamenta el veto, porque lo que se espera del colegislador es que colabore en esta tarea y este por obstruir dejando avanzar hasta esta instancia para contenerlo ahora mediante la presentación del veto.

Advierte que esto se pudo haber evitado antes y que el Ejecutivo ha estado ausente de esta discusión, recuerda que se ofreció al Ejecutivo, con sus ministros, que se realice un trabajo conjunto, pero que finalmente optaron por llevar el tema fuera del estamento legislativo, a las oficinas de las empresas que entregan servicios básicos.

Estima que si se hubiese actuado verdaderamente como co legislador por el ejecutivo, este problema estaría resuelto y no se debiera estar discutiendo esta instancia de vetar un proyecto de carácter ciudadano en tiempos de afectación por una pandemia.

El debate íntegro sobre este proyecto se adjunta digitalmente.

VOTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE INADMISIBILIDAD.

En virtud del inciso tercero del artículo 32 de la ley N° 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, se pone en votación la propuesta de declaración de inadmisibilidad de las referidas observaciones, la cual se rechaza.

Votan a favor de declarar la inadmisibilidad de las observaciones signadas con los N°s 1), 2) y 5) los diputados señores Boris Barrera, Alejandro Bernales, Renato Garín, Cosme Mellado, Jaime Naranjo y Raúl Soto. En contra de declarar la inadmisibilidad de las referidas observaciones los diputados señores Harry Júrgensen, Joaquín Lavín, Miguel Mellado, Rolando Rentería, Sebastián Torrealba (en reemplazo de la diputada doña Sofía Cid). Enrique Van Rysselberghe y Pedro Velásquez. (6x7x0).

Producto de la referida votación y como consecuencia de haberse rechazado la declaración de inadmisibilidad de las citadas observaciones, estas se declaran admisibles.

III. VOTACIÓN DE LAS OBSERVACIONES.

Previo a la votación, el diputado señor Miguel Mellado comenta que las observaciones ya han sido leídas por los señores parlamentarios, de manera tal que pide proceder en una sola votación de todas las observaciones formuladas por el Presidente de la República.

De acuerdo con el artículo 121 del reglamento, la Comisión debe proponer aprobar o rechazar cada una de las observaciones formuladas por S.E. el Presidente de la República, y conforme al requerimiento del diputado señor Miguel Mellado, la Comisión acuerda por unanimidad realizar una única votación respecto de las observaciones.

Puestas en votación única cada una de las cinco observaciones, fueron rechazadas por mayoría de votos.

A favor de aprobarlas lo hacen los diputados señores Harry Jürgensen, Miguel Mellado, Rolando Rentería, Sebastián Torrealba (en reemplazo de la diputada doña Sofía Cid). Enrique Van Rysselberghe y Pedro Velásquez. En contra lo hacen los diputados señores Boris Barrera, Alejandro Bernales, Renato Garín, Cosme Mellado, Jaime Naranjo y Raúl Soto. Se abstiene el diputado señor Joaquín Lavín. (6x6x1)

***

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Economía, Fomento, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo viene en proponer a la Sala el rechazo de cada una de las observaciones formuladas por S.E. el Presidente de la República, y que a continuación se consignan:

AL ARTÍCULO 2.

1) Para adicionar en el artículo 2, el siguiente inciso final, nuevo:

“Los usuarios finales que se acojan a alguna de las causales de esta ley para postergar el pago de servicios básicos sanitarios, sólo podrán postergar el pago de consumo de agua potable hasta 15 metros cúbicos. Si los consumos mensuales de dichos usuarios superan dicha cantidad, no podrán postergar el pago de los montos que correspondan al exceso del límite señalado. No obstante lo anterior, aquellos usuarios que, mediante la cartola del Registro Social de Hogares definido en el decreto supremo N° 22, de 2015, del Ministerio de Desarrollo Social, o el que lo reemplace, acrediten tener más de 4 integrantes podrán postergar el pago de hasta 4 metros cúbicos adicionales por persona.”.

AL ARTÍCULO 3.

2) Para suprimir el artículo 3.

AL ARTÍCULO 4.

3) Para sustituir en el inciso primero del actual artículo 4, que pasa a ser 3, la expresión “a lo dispuesto en los artículos 2 y 3” por “a lo dispuesto en el artículo 2”.

AL ARTÍCULO 5.

4) Para suprimir en el inciso primero del actual artículo 5, que pasa a ser 4, la expresión “; o la incorporación al plan básico solidario de conectividad, tratándose de las empresas indicadas en el artículo 3”.

AL ARTÍCULO 8

5) Para suprimir el actual artículo 8.

Sala de la Comisión, a 13 de julio de 2020.

Tratado y acordado en sesión de fecha 13 de julio de 2020, con la asistencia de los diputados señores Boris Barrera, Alejandro Bernales, Renato Garín, Harry Jürgensen, Joaquín Lavín, Cosme Mellado, Miguel Mellado, Jaime Naranjo, Rolando Rentería; Raúl Soto, Enrique Van Rysselberghe y Pedro Velásquez (Presidente).

El diputado don Sebastián Torrealba reemplaza a la diputada señora Sofía Cid.

Asisten además las diputadas señoras Marcela Hernando y Joanna Pérez y el diputado don Alexis Sepúlveda.

ALVARO HALABI DIUANA

Abogado Secretario de la Comisión

PROHIBICIÓN A EMPRESAS PROVEEDORAS DE SUSPENDER PRESTACIÓN O CONTINUIDAD DE SERVICIOS BÁSICOS DOMICILIARIOS DURANTE VIGENCIA DEL ESTADO DE CATÁSTROFE DECRETADO POR PANDEMIA DE COVID-19 (OBSERVACIONES DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. BOLETINES NOS 13315-08, 13417-03, 13438-03, 13329-03, 13342-03, 13347-03, 13354-03, 13355-03 Y 13356-03, REFUNDIDOS)

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Corresponde tratar las observaciones de su excelencia el Presidente de la República formuladas al proyecto de ley que suspende el corte de servicios básicos por no pago en virtud de las crisis originadas por el coronavirus (boletines Nos 13315-08, 13417-03, 13438-03, refundidos, y 13329-03, 13342-03, 13347-03, 13354-03, 13355-03 y 13356-03, refundidos).

Por acuerdo de los Comités Parlamentarios, para la discusión de este proyecto se otorgarán siete minutos base a las bancadas que tengan dos o más comités, y cuatro minutos al resto, más treinta minutos distribuidos de manera proporcional.

Diputado informante de la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo es el señor Renato Garín .

Antecedentes:

-Observaciones del Presidente de la Republica, al proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que suspende el corte de servicios básicos por no pago en virtud de la crisis originada por el coronavirus, sesión 40ª de la presente legislatura, en jueves 9 de julio de 2020. Documentos de la Cuenta N° 4.

-Informe de la Comisión de Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Protección de los Consumidores y Turismo sobre las Observaciones del Presidente de la Republica al proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que suspende el corte de servicios básicos por no pago en virtud de la crisis originada por el coronavirus, sesión 44ª de la presente legislatura, en martes 21 de julio de 2020. Documentos de la Cuenta N° 24.

El señor UNDURRRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado informante.

El señor GARÍN (vía telemática).-

Señor Presidente, tal como lo acordé con el Secretario General de la Corporación, voy a dar lectura a una versión resumida del informe de la Comisión de Economía. La versión completa del informe queda a disposición de los colegas y también de la prensa y la ciudadanía en general. La idea es acortar el tiempo, dada la extensión del informe sobre el veto presidencial.

En nombre de la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo, paso a informar sobre las observaciones de su excelencia el Presidente de la República formuladas al proyecto de ley que suspende el corte de servicios básicos por no pago en virtud de las crisis originadas por el coronavirus y al proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para disponer la postergación del cobro de deudas por consumos de servicios básicos domiciliarios, y del corte de tales suministros en caso de deuda, durante la vigencia de alertas sanitarias o epidemiológicas decretadas por la autoridad.

El proyecto de ley que se observa tuvo su origen en sendas mociones presentadas por diputados y senadores, en el mes de marzo recién pasado, que contenían en lo esencial disposiciones que establecían:

1.La prohibición de corte de suministro de electricidad, agua y gas de red por parte de las empresas o cooperativas prestadoras del servicio respectivo, así como de los servicios de telecomunicaciones por periodos diversos.

2.La postergación y prorrateo de la deuda generada en el periodo que se indicaba, en cuotas.

Posteriormente, durante el estudio en primer trámite de las mociones originadas en ambas cámaras, se incorporaron, mediante indicaciones parlamentarias en la comisión, las siguientes materias:

3.La precisión de que el beneficio de la postergación del cobro y del prorrateo de las deudas debía ser solicitado por el usuario y no podía realizarse de manera general sin que concurriera de manera explícita su consentimiento.

4.La posibilidad de incorporar las deudas previas con topes de hasta 10 UF para agua, electricidad y gas de red (incorporada en la Cámara de Diputados), y de 10 UF en electricidad y de 5 UF para agua y gas de red (incorporada en el Senado).

5.Normas sobre focalización del beneficio según información del Registro Social de Hogares para el 40 por ciento más vulnerable, y otros criterios, como haberse acogido a la ley N° 21.227 o ser trabajador independiente con disminución de ingresos. Con todo, cabe hacer presente que el proyecto, boletín N° 13354-03, contenía en particular una regla de focalización que indicaba que el beneficio que entregaba la ley podía ser invocado por los titulares de los servicios que pertenecieran al 60 por ciento de los hogares más vulnerables, según el Registro Social de Hogares;

6.Una diferenciación en el tratamiento al sector de telecomunicaciones -esto fue latamente discutido en las comisiones y fue el punto más polémico respecto de este proyecto de ley-, por tener particularidades regulatorias distintas a las de aguas, electricidad y gas de red.

En concreto, se reconoció que este sector no presta sus servicios en condiciones monopólicas, por lo que era necesario dar un tratamiento distinto al de la postergación y prorrateo de las deudas, incorporándose en su lugar un plan básico solidario de conectividad, que incluye un conjunto de prestaciones gratuitas de telefonía fija, móvil o de acceso a internet, según sea el servicio contratado o de prestaciones especiales para clientes no suscriptores o de prepago, estableciendo la ley sus características en detalle.

7.Diversas normas sobre pagos entre actores del sector eléctrico y de orden tarifario que, en la especie, establecían reglas sobre cómo debían afrontar las empresas del sector eléctrico la menor recaudación, dado que a diferencia del sector sanitario y de gas de red, este se encuentra desintegrado en tres niveles: generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Además, se incorporó en la Cámara de Diputados la imposibilidad de traspasar los costos, tanto de los beneficios como de la implementación de la ley, a los clientes o usuarios finales, sean personas naturales o personas jurídicas.

8.En el texto aprobado por la Comisión de Economía del Senado, y luego ratificado en la Cámara de Diputados, se incluyó una norma especial sobre focalización del consumo de agua potable, la cual fue rechazada en la Sala del Senado.

Acerca de la tramitación legislativa de ambos proyectos en el Congreso Nacional, cabe mencionar que tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados se tramitaron en paralelo los respectivos proyectos de ley originados en cada una de las cámaras, los cuales fueron modificados en su totalidad, en segundo trámite, por la correspondiente cámara revisora.

En el tercer trámite constitucional ambas cámaras rechazaron las modificaciones efectuadas, tanto el Senado como la Cámara de Diputados, formándose comisiones mixtas para resolver las discrepancias surgidas durante la tramitación en ambas corporaciones.

De esa manera, las comisiones mixtas acordaron, por su parte, y de forma unánime, emitir un informe único, porque las materias tratadas son de la misma naturaleza y tienen el mismo objeto jurídico. Dicho informe, además de los puntos ya señalados previamente, incluyó una norma que impide a los prestadores de los servicios de electricidad, agua, gas de red y telecomunicaciones, contemplados en los proyectos de ley originales, recuperar los costos que la implementación de las medidas irrogue –eso está contemplado en el artículo 8 del proyecto que discutimos-, y otra norma que permite a las cooperativas eléctricas postergar los pagos a transmisores y generadores por 90 días, prorrateándose dicho saldo en hasta 12 cuotas, medida que se encuentra contemplada en el artículo 9.

Finalmente, las comisiones mixtas acordaron que la discusión del informe se efectuara, en primer lugar, en la Cámara de Diputados.

Alcance de las observaciones

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 121 del Reglamento de la Corporación, correspondió a esta comisión indicar los alcances de cada una de las observaciones formuladas y proponer la aceptación o rechazo de este veto en particular.

Las modificaciones propuestas por las observaciones formuladas por el Ejecutivo, muy brevemente, son las siguientes:

1.Al artículo 2. El Presidente de la República estimó necesario poner un veto aditivo, cuya finalidad es agregar un inciso final al artículo, que pone un límite de hasta 15 metros cúbicos de agua potable para poder postergar el pago de consumo, estableciendo en todo caso algunas excepciones, en orden a incluir a aquellos usuarios que mediante el Registro Social de Hogares acrediten tener más de 4 integrantes y, en ese caso, podrán postergar el pago de hasta 4 metros cúbicos adicionales por persona.

2.Al artículo 3. En este caso pone un veto supresivo, de naturaleza jurídica distinta al anterior, que propone eliminar dicho artículo. Dicha norma permite, por un tiempo de tres meses, a los clientes de servicios de telefonía fija, móvil o de acceso a internet solicitar al proveedor del servicio el cambio transitorio de su contrato, si se tratare de clientes suscriptores, o la modificación de las condiciones de su servicio, si se tratare de clientes de prepago, para la aplicación de un plan básico solidario de conectividad, sin costo y que no importe cambio numérico, cumpliendo determinadas características. Eso fue eliminado mediante veto supresivo de su excelencia el Presidente de la República.

3.Al artículo 4. Esta observación efectúa adecuaciones formales, con ocasión de la eliminación del artículo 3.

4.Al artículo 5. Este veto realiza cambios formales, debido a la supresión del artículo 3.

5.Al artículo 8. Este veto propone suprimir este artículo. Esa disposición establece la prohibición de traspasar a los clientes finales los costos que irrogue para las empresas y cooperativas la implementación de la ley.

Cuestión de inadmisibilidad

El diputado señor Jaime Naranjo solicitó la declaración de inadmisibilidad respecto de las observaciones números 1, 2 y 5, señalando que aquellas no tienen relación directa con las ideas matrices o fundamentales de las mociones. El diputado Naranjo argumentó sobre la inadmisibilidad y después se votó. Las observaciones se declararon admisibles y se entró al fondo de la cuestión.

Votación de las observaciones

De acuerdo con el artículo 121 del Reglamento, la Comisión concurrió a votar el veto en su totalidad y cada una de las observaciones formuladas por su excelencia el Presidente de la República, y la comisión y decidió rechazarlas.

Por lo anterior, la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Protección de los Consumidores y Turismo viene en proponer formalmente a la Sala el rechazo de cada una de las observaciones formuladas por su excelencia el Presidente de la República.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

En discusión las observaciones del Presidente de la República.

Tiene la palabra el diputado Boris Barrera Moreno .

El señor BARRERA.-

Señor Presidente, ¿por qué insistir en la propuesta del Congreso? En primer lugar, porque el derecho a la vida es más importante que el derecho a la propiedad. El veto insiste, hasta el cansancio, en que el proyecto que el Congreso despachó sobre los servicios básicos afecta el derecho a la propiedad. ¿Afectaría el derecho a la propiedad de quién? Obviamente, de las empresas, porque el agua es de ellas, el gas es de ellas, los recursos que generan electricidad son de ellas, pese a que todas ellas son concesionarias, pese a que las empresas que las antecedieron fueron todas estatales, pese a que los recursos que emplean son, supuestamente, de todos nosotros y nosotras. Pese a todo eso, se apela al derecho de propiedad, que es para una concesionaria.

¿Entonces, por qué el Presidente de la República no optó por recurrir al Tribunal Constitucional? Porque sabe, tal como lo sabemos todos y todas, que el derecho a la propiedad no es más importante que el derecho a la salud, o que el derecho a la vida, o que el derecho a comunicarse con la familia, en tiempos en que estamos todos confinados. O sea, ni el Tribunal Constitucional podría haberle encontrado la razón.

En segundo lugar, porque el veto, al suprimir el artículo 8, deja abierta la posibilidad de que los costos del no corte sean traspasados a los clientes. ¿Por qué? Porque el artículo 8 se hacía cargo de los costos entre las empresas, y al dejar sin efecto ese artículo, es de suyo evidente que en algún momento los costos serán negociados en la fijación tarifaria; o sea, los pagarán nuevamente los usuarios.

En tercer lugar, en el caso del agua, el veto da cuenta de que el gobierno ha descubierto la sequía y pretende hacerse cargo de ella, justamente en pandemia, cuando la gente requiere lavarse las manos con mayor frecuencia, cuando requiere bañarse quizás más de una vez por día, cuando las personas permanecen en casa más tiempo que antes. ¡Justo ahora pone un límite de 15 metros cúbicos! ¿Acaso la sequía se va a agudizar porque la gente podría consumir agua sin preocupación? ¡No! ¿Por qué supone que la gente va a despilfarrar el agua?

¿Acaso la mayoría tiene piscina? ¡No!

Esto atenta contra el derecho a la vida y la salud, pero también demuestra cómo entendemos a las personas y a nosotros mismos. Es evidente que el veto fue hecho por personas que nunca han sido pobres. Fue hecho por el mismo tipo de personas que dicen que recién se enteran del hacinamiento que hay en Chile. A ellos les cuento que desde hace años existen dos Chile, y en el que habitamos la mayoría nadie despilfarra el agua, la luz o el gas.

Por último, hay que insistir en que el veto es contrario a las ideas matrices del proyecto de ley de no corte, que consiste en ayudar a las familias y a las personas. El veto protege a las empresas y a su propiedad, y es explicito en eso, por lo cual lo rechazaremos, por el bien de nuestros vecinos, de nuestro pueblo, que lo está pasando mal, dado que no tiene para pagar estos servicios. ¡No tiene, señor Presidente! Y seguramente no podrá pagarlos por mucho tiempo.

Señor Presidente, a usted la Constitución y el Reglamento lo facultan para pronunciarse sobre esta admisibilidad, y espero, de verdad, que lo haga, pensando en el bien de la gente que lo está pasando mal, que todas las noches se pregunta si al día siguiente tendrá que pagar la luz o el agua o destina esa plata para comer.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Mellado Suazo .

El señor MELLADO (don Miguel).-

Señor Presidente, la verdad es que en la Comisión Mixta trabajamos en forma cohesionada todos los sectores políticos y llegamos a un buen acuerdo, uno que nos dejó conformes a todos los que estábamos allí. Pero hay un tema que quedó clarito y que el veto no toca, y también hay que decirlo.

Una cosa que me preocupaba del veto es que tocara la renegociación, esto es, que la sartén por el mango la tuviera el cliente del servicio, y eso quedó refrendado en la ley, por lo que a ningún chileno le van a cortar los servicios básicos. Está en la ley y no en el veto.

También me preocupaba que la deuda se reprogramará hasta en doce cuotas, si así lo quiere el cliente respectivo, y así quedó en la ley, y no está en el veto. Para mí, esto es central.

¿Cuál es el tema del veto en el cual se le podría encontrar cierta razón al Ejecutivo? En lo relativo al artículo 5, en que el veto hace referencia al plan básico solidario de conectividad, referidos a los servicios de telefonía móvil o de acceso a internet.

Voy a ejemplificarlo para la gente y para los colegas: Si usted tiene un plan de celulares y paga 25.000 o 30.000 pesos mensuales que no puede seguir pagando, se obliga a la empresa prestadora, por ley, a que le otorgue un plan básico solidario. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede pasar -no en este gobierno; quizás en el próximo- que un socio minoritario de la empresa internacional que presta servicios de telefonía en nuestro país demande al Estado de Chile en razón de que eso quedó establecido en la ley.

Ante esa situación, ¿qué hizo el gobierno? Acordó directamente con las empresas lo mismo que quedó en la ley, y quedó establecido así en documentos firmados por las empresas voluntariamente, lo que será fiscalizado por el mismo servicio que establece la ley. Por lo tanto, está claro que el veto de supresión a una parte del inciso primero del artículo 5 es para evitarle al Estado de Chile una demanda futura, y creo que eso es tremendamente importante. En segundo lugar, hay otro tema que también discutimos en la comisión. Acuérdense los que estábamos en la Comisión de Economía que, primero, estuvimos empatados en los quince metros cúbicos. En realidad al principio eran doce metros cúbicos, después los subimos a quince, aunque el promedio por familia en Chile es de doce. Después llegamos a quince, como expresé, pero en la Comisión Mixta acordamos añadir cuatro metros cúbicos por cada persona adicional en cada hogar que supere los cuatro integrantes.

Bueno, no se logró la mayoría, porque aquí lo que se evitaba, obviamente, era el despilfarro de agua en pleno período de sequía, aunque, Dios mediante, ha caído mucha agua este año, por lo que la sequía ha amainado un poco, no obstante lo cual aún no ha caído toda el agua que se necesita, tal como ha ocurrido en los últimos años.

Por lo tanto, en eso nosotros estamos de acuerdo, y hay que ser honestos, porque también lo luchamos en la comisión: que hubiera un techo de quince metros cúbicos, más cuatro metros cúbicos adicionales por cada morador extra en un hogar que supere los cuatro integrantes, si es que había un consumo mayor.

Así que creo que esa parte del veto está bien orientada, pues busca evitarle al Estado de Chile futuras demandas de cualquier empresa o de uno de sus socios minoritarios.

Eso es algo que deberíamos ver, que lo que no quede en la ley pueda quedar en acuerdos firmados entre las empresas y el gobierno, y que esos acuerdos sean fiscalizables por las respectivas superintendencias, que es lo que va a ocurrir en este caso en particular.

Así que creo que se ha hecho un buen trabajo en conjunto.

No hay dogmas en esta materia como para ir en contra de las personas. A las personas no se les han cortado los servicios básicos domiciliarios; queda expresamente recomendado en este proyecto de ley que no haya cortes y que la reprogramación se haga hasta en doce meses, si así lo desean los clientes, pero también hay que evitarle al Estado de Chile, a futuro, que tenga que pagar demandas por flujos no cortados como consecuencia de este proyecto de ley.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Raúl Soto Mardones .

El señor SOTO (don Raúl).-

Señor Presidente, la verdad es que los diputados y las diputadas del Comité del Partido por la Democracia creemos que la negativa del gobierno al proyecto de retiro del 10 por ciento y este veto al proyecto de servicios básicos son síntomas de la misma enfermedad: la desconexión absoluta del Presidente Piñera, de su gobierno y de una gran parte de Chile Vamos con la realidad que viven millones y millones de chilenos.

Estamos en medio de una crisis sanitaria con efectos económicos y sociales profundos, con una clase media empobrecida que ha perdido ingresos, con gente a la que se le ha suspendido el contrato de trabajo o ha quedado desempleada, otros que han tenido que cerrar sus emprendimientos y, no obstante, están fuera de toda posibilidad de recibir ayuda estatal, apoyo económico de parte de este gobierno. Por su parte, los sectores más vulnerables de nuestro país se han empobrecido aún más y tienen menos oportunidades que las que tenía antes.

Frente a toda esa realidad, lo que tiene que hacer el gobierno, cualquiera sea su color político, es ponerse del lado de los ciudadanos, sobre todo en este contexto de crisis humanitaria. El gobierno debe ponerse del lado de la gente y dejar de defender los intereses del gran empresariado del país: a las empresas de servicios básicos, por un lado, y a las AFP, por otro. ¡Ya basta, Presidente! ¡Ya basta!

Llamamos al gobierno a que promulgue el proyecto de servicios básicos y ojalá insistamos con la propuesta de la Cámara de Diputados y no le demos paso al veto. Espero que el Presidente Piñera entienda que no puede, bajo ningún punto de vista, enviar un veto o enviar al Tribunal Constitucional el proyecto del retiro del 10 por ciento de los fondos previsionales, porque eso significaría una provocación para el 86 por ciento de los chilenos que apoya la iniciativa, y un riesgo evidente de llevarnos hacia un estallido social 2.0.

Queremos paz social para Chile, Presidente. Queremos que este tipo de iniciativas…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra, vía telemática, el diputado José Pérez Arriagada .

El señor PÉREZ (don José) [vía telemática].-

Señor Presidente, junto con saludarlo, y por su intermedio a toda la honorable Sala, con mucho afecto, me dirijo al gobierno para decirle: no más vetos, porque los vetos solo alteran el orden público y enardecen a la ciudadanía cuando, como ocurre en este caso, no van en favor de ella, sino en su contra.

Estamos debatiendo un proyecto de ley que dice relación con los servicios básicos para las personas, como luz, agua y gas de cañería.

Lo que debe hacer un gobierno en caso de pandemia, como la que Chile está sufriendo desde hace ya varios meses, es enviar un proyecto de ley al Congreso Nacional para que se entregue un subsidio permanente para cubrir algo tan elemental como es el consumo de agua, electricidad y gas, en especial en circunstancias en que las cuentas han subido en forma escandalosa, como ha ocurrido a lo largo del país en el último tiempo.

Lo conversábamos recientemente, en las últimas sesiones, y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles no ha tomado ninguna medida para evitar estas alzas de 200, 300 y hasta 400 por ciento respecto de un recurso básico en las viviendas, como es el suministro eléctrico.

Aunque se reprogramen las deudas, ¿con qué pagará la gente si esto lo postergamos para el término de la pandemia? ¿Con qué pagará la gente los eventuales préstamos que reciba? ¿Con qué pagarán las contribuciones? Tendrán un cúmulo de deudas que será imposible solventar.

Por eso, reitero que si el gobierno quiere ayudar a su pueblo, tiene que enviar un proyecto de ley que otorgue un subsidio a las personas para solventar el pago de los servicios básicos e indispensables en cualquier hogar.

Tampoco se pueden poner límites o controles al uso de los servicios básicos, ya que, obviamente, la gente no regará jardines ni llenarán piscinas en invierno.

Hay que apoyar a los vecinos con recursos del Estado para que reciban el agua y la luz. He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Jaime Naranjo Ortiz .

El señor NARANJO.-

Señor Presidente, sin lugar a dudas, este 23 de julio quedará en la historia del Congreso Nacional.

Antes de abordar el proyecto que suspende el corte de servicios básicos, discutimos el que permite el retiro del 10 por ciento de los fondos previsionales de los cotizantes de las AFP. Apoyarlo es, quizás, el primer paso para construir en Chile un sistema de seguridad social.

En la situación extrema que vive el país, los socialistas nos pusimos del lado de la libertad, la dignidad y la justicia social. Por eso, valoramos y continuaremos respaldando el retiro del 10 por ciento de los fondos previsionales.

Este proyecto, como se ha señalado en la Sala, no pertenece solamente a un partido, sino que representa a la diversidad del Parlamento. Esto explica que cada día y a cada momento más parlamentarios se sumen a apoyarlo.

Espero que el Presidente de la República no tome el camino del veto respecto del proyecto del retiro excepcional del 10 por ciento de los fondos de las AFP, como sí lo ha hecho con el proyecto que suspende el corte de los servicios básicos.

Señor Presidente, lamento que usted haya acogido como admisible el veto presentado por el Presidente de la República, considerando que se escapa de las ideas matrices del proyecto aprobado, surgido de mociones refundidas. También lamento que en la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo, que era la otra instancia donde se podría haber hecho, no se haya declarado inadmisible el veto.

Ahora bien, este veto no es fruto de la casualidad; al contrario, al gobierno nunca le gustó el proyecto. En ese sentido, el ministro de Energía, quien está en la Sala, fue el principal enemigo de este proyecto durante todo su proceso legislativo. El ministro de Energía se negó a legislar sobre esta materia una y otra vez, siempre argumentando en favor de las grandes empresas de agua potable, electricidad, telefonía y gas.

Entonces, uno entiende por qué se presenta este veto. Una vez más, el gobierno prefirió ponerse del lado de las empresas en vez de ubicarse del lado de las personas que están sufriendo las consecuencias de los posibles cortes de los servicios básicos.

Se ha dicho que el gobierno llegó a un acuerdo con las grandes empresas, el que es bien relativo, ya que hemos visto reiteradamente las denuncias de cobro abusivo por parte de ellas. Incluso más, hubo una sesión especial en esta Sala sobre el asunto. Según las empresas, han hecho unos cálculos promedio, porque no pueden consultar los medidores domiciliarios. Sin embargo, esos cálculos no dan cuenta ni dicen relación con la historia del consumo de las familias chilenas.

Los reclamos han llegado a más de 25.000 en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, cosa que jamás había ocurrido. Esto demuestra la arbitrariedad con la que están actuando las empresas y, en definitiva, que este acuerdo voluntario entre el gobierno y las empresas no ha servido de mucho. Por eso, legislar sobre esta materia es fundamental, porque da certeza jurídica a las personas y les garantiza que las empresas no les cobrarán dineros abusivamente ni se aprovecharán de las circunstancias específicas de la pandemia.

Estamos frente a este veto. Uno entiende que el gobierno lo haya presentado, porque nunca le gustó este proyecto, y el ministro de Energía ha sido su principal enemigo.

He dicho que este veto se aparta absolutamente de las ideas matrices de las distintas mociones que se refundieron en un proyecto, porque todas las mociones se ponían del lado de las familias, en cuanto a que no se les cortara ni restringiera el consumo de los servicios básicos. Tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados acordamos que no hubiese restricción sobre el uso del agua potable.

Ahora, el veto establece un consumo de 15 metros cúbicos de agua potable por familia. ¡Absolutamente absurdo! La Organización Mundial de la Salud establece como consumo mínimo, en tiempos normales, sobre los 25 metros cúbicos. En una situación excepcional como la de hoy, por cierto que las familias consumen mucho más. Por eso, creemos que este veto es inadmisible.

En segundo lugar, llegamos a un acuerdo con la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, y ella, incluso, colaboró en la redacción de un artículo relativo a garantizar los servicios telefónicos. Sin embargo, el gobierno desautorizó lo que la ministra de Transportes y Telecomunicaciones concordó con nosotros, al vetar el artículo en cuestión. Eso refleja el desgobierno que vivimos en Chile, porque los ministros llegan a acuerdos en el Parlamento, y luego una mano negra aparece desacreditándolos con un veto.

También establecimos tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados que a las familias no se les transfiriera el costo de la pandemia. No obstante, por medio de este veto, el gobierno hace que las familias paguen los efectos de la crisis sanitaria en cuanto al consumo de los servicios básicos.

Por eso, llamo a los parlamentarios a rechazar el veto, si queremos mantener el espíritu del proyecto y la intención de los diputados, de distintas bancadas, que buscaban garantizar a las familias que no se les cortará el suministro de los servicios básicos ni se les cargará el costo de los mismos en esta pandemia. Si se aprueba el veto, instalaremos inseguridad e incerteza en las familias.

Claramente, el acuerdo entre el gobierno y las empresas ha servido de muy poco. En todo caso, no me sorprende el veto que ha presentado el Ejecutivo, porque el gobierno nunca estuvo de acuerdo con esa iniciativa parlamentaria.

El Partido Socialista invita a las diversas bancadas a rechazar el veto, para que hagamos lo correcto. Sigamos el camino señalado por las mociones parlamentarias que presentaron distintos diputados y diputadas. Vayamos en la dirección correcta; garanticémosles los servicios básicos a las familias más modestas del país.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, por un minuto y catorce segundos, el diputado señor Alejandro Bernales .

El señor BERNALES (vía telemática).-

Señor Presidente, ¿cuándo le caerá la teja a La Moneda respecto de lo mal que lo están pasando millones de familias? ¿Acaso no se dan cuenta de que hay vecinos que ni siquiera pueden pagar las cuentas de sus gastos básicos? ¿Cuándo les caerá la teja a los ministros de que su deber es colegislar con el Congreso Nacional?

En la Comisión de Economía se encuentran en tabla varios proyectos de ley que apoya- rían a las familias y a las pymes, pero ninguno cuenta con opinión del Ejecutivo.

Digamos las cosas como son: el mismo día que aprobamos este proyecto, el ministro de Energía anunció que iba a hacer reserva de constitucionalidad, acción que no cumplió, pero que el gobierno dilató, dilató y dilató. Jugaron al misterio, al que sí, al que no -tal como dice la canción-, pero, al mismo tiempo, jugaron con la angustia y con los bolsillos de cientos de chilenos que debían seguir pagando las cuentas.

Han pasado cuatro meses y todavía no podemos legislar sobre este punto.

Si el Presidente no puede recorrer el territorio, que pregunte a sus diputados y diputadas cuántos correos nos llegan en esta línea y se apoye en nosotros.

Voy a terminar mi intervención comentando que en la Región de Los Lagos hay 75.000 cuentas de luz impagas. ¡No más veto!

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Renato Garín .

El señor GARÍN (vía telemática).-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a la diputada Joanna Pérez , vicepresidenta del Partido Demócrata Cristiano, autora de este proyecto de ley, que ella me invitó a firmar.

Quiero resaltar el rol de la Democracia Cristiana durante esta crisis y destacar todo lo que hizo la senadora Ximena Rincón en la Comisión de Constitución respecto del proyecto que permite el retiro del 10 por ciento de los fondos de las AFP. Esta es la DC con la cual me entiendo.

Lamentablemente, nos vetaron este proyecto. Es una sucesión de hechos: el retiro del 10 por ciento de los fondos de las AFP, la suspensión del alza de planes de las isapres, la suspensión de los embargos de bienes y el término del anatocismo en los créditos bancarios son mociones que hemos firmado y que estamos proponiendo desde hace muchos meses, pero se nos ha dicho que con ellas estamos destruyendo el país. El discurso siempre es que se va a destruir una cosa o que se va a destruir otra, pero en el fondo lo que pretenden es que haya una sumisión reverencial hacia las empresas que tienen el oligopolio y monopolio de los servicios básicos del país. Realmente es sorprendente cómo estamos entregados a empresas como VTR, Movistar , Enel, entre otras. Esta es una clase política entregada, de manos atadas a esos oligopolios.

Quiero hacer una breve reflexión sobre el quorum constitucional.

Para aprobar o rechazar debemos tener mayoría de votos. Nosotros queremos rechazar por mayoría el veto presidencial, pero para poder insistir en la moción parlamentaria refundida en la Comisión Mixta requerimos el voto de dos tercios de diputados y diputadas. Volvemos a la cuestión de los superquorum, porque un quorum de dos tercios es una enormidad de votos en la Cámara de Diputados.

Pido, por favor, a la clase política, a los “republicanos de noviembre” -como los denomino-, que reflexionen sobre el acuerdo al que llegaron respecto de exigir un quorum de dos tercios para incluir alguna materia en el texto de la nueva Constitución, porque con la promesa de que todo se va a lograr por un superconsenso de dos tercios le han dado a Renovación Nacional la llave de la democracia chilena. Cinco o seis votos son los que van a decidir en la asamblea constituyente. Además, con un quorum de dos tercios va a ser imposible avanzar en los temas sustanciales.

Así que a reflexionar sobre los superquorum, sobre todo con lo que pasó en noviembre. He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, la diputada Joanna Pérez .

La señora PÉREZ (doña Joanna) [vía telemática].-

Señor Presidente, agradezco las palabras del diputado Renato Garín y a todos los parlamentarios que levantaron esta iniciativa, que es tan sentida por la gente y por las familias.

Todos los alcaldes oficialistas nos han pedido que legislemos y que convirtamos en ley este proyecto, que ya fue despachado por la Cámara de Diputados, el Senado y una Comisión Mixta. ¡El 18 de marzo presentamos esta iniciativa!

El gobierno eliminó unas medidas acordadas parcialmente con algunas empresas; sin embargo, nosotros seguimos trabajando en este proyecto. Por lo mismo, quiero agradecer a la Comisión de Economía, porque si bien no formo parte de sus integrantes, nos permitieron avanzar y trabajar de manera transversal en esta iniciativa.

También quiero agradecer a los diputados Joaquín Lavín , Miguel Mellado y Jaime Naranjo , al senador Álvaro Elizalde -que se encuentra en esta Sala- y a la senadora Ximena Rincón , porque trabajamos en conjunto con el Ejecutivo. Agradezco al ministro de Energía, Juan Carlos Jobet , por mejorar este proyecto; a la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt , por trabajar un plan de conectividad, y al ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno , por apoyar con un fondo especial el servicio de agua potable rural.

Para la tramitación de este proyecto quisimos incorporarlos a todos. El gobierno, los subsecretarios, los superintendentes, especialmente el de Electricidad y Combustibles, tuvieron un espacio, pero no hubo respuesta, y las empresas siguen cobrando abultadas cuentas eléctricas y las familias siguen pasando penurias.

Llevamos casi cuatro meses luchando por el ingreso familiar de emergencia, por el posnatal de emergencia, por el Fondo de Garantías para Pequeños Empresarios y por la clase media, pero aún seguimos esperando.

A nuestros amigos de la oposición, con mucho afecto les quiero dar las gracias por hacer posible que hoy estemos aquí. Tal como ha sucedido históricamente en Chile, nuevamente estamos bregando con esta Constitución, pero esta vez queremos hacerlo de manera conjunta, con el quorum de dos tercios que nos permitirá aprobar la insistencia del proyecto original, para que la ley se promulgue tal como la despachó el Congreso y para que se respete a este Poder del Estado. ¡Hasta cuándo las empresas nos van a pautear lo que estamos legislando, si nosotros lo hacemos por la gente!

Por su intermedio, señor Presidente, le quiero pedir al ministro Jobet que en este momento excepcional se ponga en el lugar de la gente. Nosotros conocemos su pasado en las empresas, pero por una vez debemos pensar en Chile. Es un momento excepcional de solo tres meses.

No puede ser que hoy pretendan que les digamos a las familias chilenas que si tienen quince metros cúbicos de agua para gastar y utilizan diecisiete metros cúbicos, deben pagar los dos metros cúbicos adicionales en un lapso de tres meses por la vía de la repactación. ¡Eso es lo que pretende este veto presidencial!

También pretende eliminar el plan de conectividad que trabajamos con la ministra Gloria Hutt , que, supuestamente, ya estaba acordado con las empresas. Sin embargo, lo más grave es que permitirá, así como lo permite la mala ley que regula el cobro por uso de estacionamiento, lo que no queremos que se repita, que los costos que irrogue la implementación de esta ley para las empresas y cooperativas puedan ser traspasados a los clientes. El gobierno eliminó el artículo que redactamos a manera de candado para que en ningún caso los costos pudiesen ser traspasados a los clientes.

Hoy tenemos la posibilidad de reconectarnos con la ciudadanía. No pensemos que nos van a demandar y que nos van a llevar al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones. ¡Es un momento excepcional, ministro! Así como nosotros lo hemos escuchado, le pido que me escuche, se ponga en el lugar de las familias y permita que este proyecto sea aprobado por el Congreso.

Debemos aprobar la insistencia del proyecto original y rechazar el veto presidencial. Es un mecanismo que nos confiere la Constitución Política. ¡Hagámonos respetar! ¡Basta de este desprestigio! ¡Reconectémonos con las familias!

Agradezco todo el apoyo de la bancada de la Democracia Cristiana durante la tramitación de este proyecto de ley. Esta iniciativa es noble, simple y sencilla, porque solo busca que se suspenda el corte de los servicios básicos por no pago durante tres meses.

¡Debemos rechazar el veto y aprobar la insistencia! Para eso, ministro, necesitamos que la insistencia del proyecto sea aprobada por los dos tercios de los diputados y senadores.

En su minuto, el diputado Velásquez se equivocó, pero hoy va a estar con nosotros, porque se ha puesto en los zapatos de las familias.

He dicho.

-Aplausos.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Álvaro Carter .

El señor CARTER (vía telemática).-

Señor Presidente, este veto no tienen ningún fundamento jurídico, pero, más grave aún, no tiene ningún fundamento político.

El ministerio estuvo ausente durante toda la discusión del proyecto. ¿Y ahora el Ejecutivo presenta un veto, para que después debamos aprobar la insistencia? Realmente, no puede ser. Es cosa de revisar las dos partes del veto.

¿En qué momento se les ocurrió algo que está tan lejos de la gente? ¿Cómo pueden pensar que una persona va a saber qué es un metro cúbico? Eso es estar hablando en otro idioma. No podemos seguir en esa tónica. Cuando metieron los datos, una vez más el Excel del ministerio se hizo patente en este proyecto.

La insistencia es una trampa jurídica para dejar tranquilas a las empresas, pero, una vez más, hemos llegado tarde y con una solución rebuscada.

Anuncio que rechazaré el veto.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Diego Ibáñez .

El señor IBÁÑEZ.-

Señor Presidente, Jaime Guzmán , encerrado en una pieza con la Comisión Ortúzar, dijo expresamente: “…si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría…”.

Este veto presidencial, tal cual está redactado en esta Constitución Política, se trata de esa estafa. Este veto es la proyección institucional de quienes para llegar al poder tuvieron que bombardear La Moneda para intentar asesinar a un Presidente. A pesar de las citas de Ena von Baer , Allende jamás hubiese vetado una ayuda a las familias, porque, además, el veto de la Constitución de 1925 tenía prohibido vetar para rechazar absolutamente una reforma constitucional. Entonces, además de lavarse la boca con amonio cuaternario, como dijeron por ahí, hace falta una vacuna de honestidad histórica para la senadora defensora del legado de Pinochet.

Este veto hace que 53 diputados valgan más que 102, una minoría se impone a la mayoría mientras la gente sigue pagando las consecuencias. Eso no es democracia; eso es un engaño, un teatro, una escena, una ficción en que hacemos como que estamos en democracia, porque nos invitan a votar cada cuatro años, pero en que un pequeño club, un tercio financiado por Juan Sutil y los superricos, termina imponiendo las reglas del juego y en que el gran rey de esta obra, el Presidente Piñera , se pone el traje de Jaime Guzmán , usa el autoritarismo de esta Constitución cual monarca en su reino, amenaza con el Tribunal Constitucional y veta.

Él vetó el Servicio de Protección a la Niñez, vetó este proyecto de servicios básicos para dar internet a los niños y niñas, y el mismo actor, el monarca, hoy está sentado en su escritorio escuchando a sir lord Larroulet, pensando en vetar el retiro del 10 por ciento de los fondos de las AFP. Eso es vetar la dignidad, y si algo nos deja claro la pandemia es que este gran rey, el sir lord y su disfraz constitucional quedaron chicos a la democracia de los sueños de Chile.

Rechazar para reformar es una estafa, es un engaño, es una traición a la patria, y por eso invito a rechazar este veto.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Marisela Santibáñez .

La señorita SANTIBÁÑEZ (doña Marisela) .-

Señor Presidente, hoy vengo a hablar por la gente del hoy y por toda la gente que viene.

El pasado quedó atrás. Los diputados y diputadas que hoy están sentados en este hemiciclo y los que están participando desde sus computadoras van a ser juzgados por la ciudada- nía, no por otras personas. A ella le deben el compromiso por no más AFP, el compromiso por mejorar las pensiones de la manera que fuere, el compromiso por no pensiones de miseria, por recobrar recursos como el agua y mucho más. A ella le deben explicaciones, no a un ministro ni a un Presidente. Lo reitero en este pupitre: le deben explicaciones a la ciudadanía.

Por todo eso, los vetos y el tema del Tribunal Constitucional han hecho y han mostrado a la ciudadanía la burocracia que tiene nuestro sistema, un sistema que podría ser unicameral para demostrar cómo se puede dar fluidez a todas las demandas de la ciudadanía en este momento, que se ven azotadas por una pandemia.

Por eso, nosotros estamos por rechazar el veto y el Tribunal Constitucional, que son los argumentos y las herramientas que tienen aquí los diputados y el Presidente de la República.

Pero esta es la demanda de más del 80 por ciento de la ciudadanía; esta es la demanda que está haciendo explícita la gente en la calle. No somos nosotros -la gente de izquierda- quienes la han hecho. Son 95 votos los que aprobaron aquí el retiro del 10 por ciento; necesitábamos 93 votos y créanme que fue difícil. Incluso, querían aumentar la cantidad de votos necesarios para la aprobación.

Este veto no es parte de la democracia, porque la ensucia. Por el respeto a la democracia, nosotros vamos a rechazar este veto.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Esteban Velásquez .

El señor VELÁSQUEZ (don Esteban) [vía telemática].-

Señor Presidente, definitivamente, el gobierno hoy no sintoniza y no comprende que debe defender y poner en el centro del debate a la gente, y no aparecer defendiendo el derecho de propiedad de las grandes empresas, el cual es un tema que debemos revisar y también reformar.

Este veto busca dejar en manos de los usuarios, de los chilenos, la solución a los futuros cobros o condicionar a futuro nuevas negociaciones, nuevos contratos, que es lo que hoy estamos planteando.

Un gobierno debe colocar en el centro a la gente. El Presidente Piñera siempre se ha declarado un admirador de Patricio Aylwin , por lo que debería recordar sus mensajes, porque tenían en el centro a la gente.

¿Quién del gobierno está defendiendo los intereses de los ciudadanos? Este proyecto es elemental, pues busca cuidar el bien común de cuestiones tan necesarias como los servicios básicos y garantizar el uso y el consumo de agua, el servicio telefónico, la conectividad, que son condiciones mínimas, y por eso los ciudadanos no logran entender que se tenga que llegar a estos procesos de debate.

El Chile que soportaba mucho se agotó y hoy busca caminos distintos para reivindicar derechos, y los chilenos y chilenas ya no toleran las eternas explicaciones de las empresas eléctricas y sus abusivos cobros, las isapres y sus alzas de planes o el reparto de utilidades en tiempos de pandemia, todas conductas abusivas, y de eso se agotó la ciudadanía.

Los regionalistas vamos a rechazar este veto.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Cristina Girardi .

La señora GIRARDI (doña Cristina) [vía telemática].-

Señor Presidente, pareciera que tras este veto se esconde el mismo cuco de las AFP, el que nos amenaza con el apocalipsis y la destrucción del país, porque claramente aquí también hay conflicto de intereses.

Claramente, este veto defiende el poder de los grandes monopolios, que son las empresas eléctricas, las empresas sanitarias, las empresas de telecomunicaciones, que también son monopólicas.

Lo que aquí se está defendiendo con ese veto es el interés de ese poder económico, y no la posibilidad de que la gente pueda enfrentar esta pandemia.

Quiero decir que esto se trata de otro 10 por ciento, no del 10 por ciento de retiro de los fondos de las AFP, sino del 10 por ciento de las ganancias que tienen aseguradas las empresas eléctricas a la hora de hacer el cálculo de las tarifas.

¿Por qué nuestras cuentas de luz son tan caras? ¿Por qué nuestras cuentas de agua son tan caras? Porque, por ley, este país les asegura ganancias mínimas del 10 por ciento a las empresas eléctricas y del 6 por ciento a las empresas sanitarias, lo que se carga en nuestras tarifas.

Por lo tanto, no solo en pandemia tenemos dificultades para pagar las cuentas de luz y agua, que son servicios básicos, sino que siempre las personas que no tienen los recursos necesarios -el pueblo- se ven acogotadas con estas cuentas.

Por lo tanto, es el minuto de ir por este 10 por ciento de ganancias que tienen esos monopolios y eliminarlo. “¡Pobrecitos!”. Enel ha obtenido como ganancia 445 millones de dólares en un año, los que equivalen a casi 342.000 millones de pesos. ¡Qué “pobres”! Hay que asegurarles las ganancias.

En el caso de las ganancias de las empresas sanitarias, 101.000 millones de pesos de ganancias tiene solo Aguas Andinas.

Creo que este es el minuto de enfrentar el término del servilismo que tiene este país con el poder económico; es un servilismo voluntario. Eso se llama…

El señor PAULSEN (Presidente).-

Diputada Girardi , ha concluido su tiempo.

Tiene la palabra, hasta por un minuto y cuarenta segundos, el diputado Karim Bianchi .

El señor BIANCHI (vía telemática).-

Señor Presidente, las empresas de consumos básicos han sido muy vivarachas y sinvergüenzas en el último tiempo, auspiciadas por el gobierno.

En un día histórico, donde triunfó la dignidad y la justicia social con el retiro del 10 por ciento, vemos la otra cara de la moneda: el veto presidencial, herramienta predilecta de un monarca disfrazado de Presidente, un monarca que decidió ir en contra de su propio pueblo, negándole los servicios básicos.

No cabe explicación para que usted, señor Presidente, proponga eliminar un plan básico, solidario y de conectividad en mitad de una pandemia que tiene confinada a la gente en sus casas. El internet, en esta epidemia, puede segregar a nuestra gente.

No puedo aprobar un veto que deja al hijo del rico con mejor educación que al hijo del más vulnerable. Hoy debemos asegurar los servicios por ley, y no por acuerdos entre amigos.

La herramienta del veto es peligrosa en manos de un monarca que no ve la realidad. Es tan peligroso el uso arbitrario del veto, que le pone límites al consumo del agua, un elemento vital, que se le dio a empresas extranjeras con ganancias garantizadas.

No sacamos nada con apoyar una reforma constitucional que defiende los derechos de los ciudadanos, como es el retiro del 10 por ciento, y minutos después aprobar un veto presidencial que olvida a los más vulnerables de nuestro país.

Hoy tenemos la obligación de decirle al monarca que ni un Tribunal Constitucional ni millones de vetos podrán contra la voluntad soberana de un pueblo que se cansó de su provocación e inmoralidad, señor Piñera .

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, hasta por dos minutos y veintiocho segundos, la diputada Claudia Mix .

La señorita MIX (doña Claudia) [vía telemática].-

Señor Presidente, el 11 de junio este Congreso despachó el proyecto que prohíbe el corte de servicios básicos durante la pandemia.

Ha pasado más de un mes y esta iniciativa, con la que se busca dar algo de alivio a los miles de familias que sufren las duras consecuencias de esta crisis, aún no es ley debido al veto presentado por el Presidente de la República, que intenta impedir su promulgación.

Sí, veto presentado por el mismo gobierno que desde un comienzo se negó, sistemáticamente, a abrir la billetera fiscal y entregar un apoyo concreto, que prefirió optar por ofertas tardías, mezquinas e insuficientes. Es el mismo gobierno que ayer, hasta último minuto y de forma desesperada, buscaba impedir que se aprobara el proyecto que permite a las chilenas y a los chilenos retirar el 10 por ciento de sus fondos previsionales.

Hace unos días leía en la prensa el caso de Luis, un hombre de 87 años que vive solo en Osorno y que a fines de mayo recibió una cuenta de 323.200 pesos. Así como él, son miles los chilenos que han sufrido escandalosas alzas en sus cuentas, y las respuestas que entregan las compañías eléctricas es que no hay ningún problema, que estas alzas están justificadas, que no hay ninguna irregularidad, que no han buscado perjudicar a los clientes, sino todo lo contrario, etcétera.

Con este veto el gobierno se posiciona al lado de esas empresas y lejos de la gente.

El proyecto que prohíbe el corte de servicios básicos es una iniciativa con un fuerte sentido humanitario, que está pensado como una medida excepcional, producto de la terrible crisis sanitaria y económica que está viviendo el país, pero no todo el país, la mayoría, el 99 por ciento más pobre. Impedir su promulgación solo demuestra el enorme distanciamiento que este gobierno tiene con la cruda realidad que están viviendo las familias chilenas.

Recuerden que, hasta hace algunos días, escuchábamos al ministro de Educación decir que no sabía que existía hacinamiento y a otros decir que no sabían que existía la pobreza.

Por eso, vamos a rechazar el veto. Esperamos semanas para que se pusiera en discusión y hoy, fuerte y claro, rechazamos este veto, porque nos parece, además, impresentable. He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, hasta por un minuto y treinta y tres segundos, el diputado Florcita Alarcón .

El señor ALARCÓN (vía telemática).-

Señor Presidente, es muy curioso lo que está pasando acá. No eran treinta pesos, eran cuarenta años, y ahora esto de cortar los servicios.

Pero hemos visto una escena muy poética, donde Chile le dice a las AFP: ¡Entrégame mi plata, la necesito! ¡Además, haré con ella lo que quiera!

Además, rechazaremos los quorum tramposos, donde quieren hacernos elegir una Constitución en que 53 votos son más que 102. ¡Rechazamos eso!

Además, tenemos que decir que por aquí pasaron cinco Presidentes: Aylwin , Frei , Lagos , Bachelet y Piñera , quienes también fueron cómplices de las AFP. Alguien debe decir eso. No queremos cambiar la Constitución con ese quorum.

Hacer pasar hambre al ser humano, sin dejarlo evolucionar, la especie más interesante del planeta, la única capaz de crear el espíritu dentro de sí, militantes activos de la rebelión en contra de la muerte.

Debemos decir que además de estos Presidentes que pasaron, hubo una conversación y un binominal. Como decía Nicanor Parra : La derecha y la izquierda unidas no han pedido jamás perdón…

El señor PAULSEN (Presidente).-

Diputado Alarcón , ha concluido su tiempo.

Tiene la palabra, hasta por un minuto y cuarenta segundos, el diputado Pedro Velásquez .

El señor VELÁSQUEZ (don Pedro).-

Señor Presidente, por su intermedio, me dirijo al Presidente de la República, con respeto y claridad.

Hoy estamos frente al veto que usted desea aplicar y con ello negarle la seguridad en los consumos básicos a millones de chilenos.

Presidente, usted se ha equivocado, así como yo también me equivoqué al declararlo admisible, pensando que sería más rápido; pero usted sabe que la letra chica de este veto es solo para dilatar y no para dar a millones de chilenos la seguridad de tener agua, luz, gas, telefonía e internet.

Presidente, usted se debe a la gente. Lo invito a retirar este veto, como lo haré yo, votando en contra todas sus observaciones.

En Chile hay 63 por ciento de hombres y mujeres de fe, católicos y protestantes, y usted, al igual que yo, es creyente. No olvide el mensaje de Jesucristo en el Evangelio de Marcos 10: 42-45, que al dirigirse a sus discípulos les dijo: “Ustedes saben que aquellos a quienes se considera gobernantes dominan a las naciones como si fueran sus dueños, y los poderosos les hacen sentir su autoridad”. Enseguida, les dijo: “…el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes, y el que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos”.

Presidente, sea el servidor de todos los chilenos. No más veto. No vete el retiro del 10 por ciento a las AFP. Sirva a su pueblo ahora…

El señor PAULSEN (Presidente).-

Diputado Velásquez , ha concluido su tiempo. Tiene la palabra el diputado Pablo Vidal .

El señor VIDAL.-

Señor Presidente, quisiera retrotraerme a por qué existe este proyecto de ley.

Fue cerca del 23 de marzo cuando no hubo una, sino varias iniciativas parlamentarias de distintas bancadas, transversales, incluidos parlamentarios de Chile Vamos, que levantaron la necesidad de que se pudiera postergar no solo el pago de los servicios básicos durante el período que durara la pandemia -en ese momento no sabíamos cuánto iba a durar; incluso, esperábamos que durara menos de lo que ha durado-, sino también de los créditos hipotecarios, de los créditos de consumo, de los créditos estudiantiles, y la respuesta del gobierno fue que no era necesario que existiera esta ley, porque el gobierno tenía un acuerdo con las empresas. ¿Qué discutimos el martes? La gente hoy está recibiendo cuentas de luz que no solo no entiende, sino que son exorbitantes.

Este proyecto era necesario en marzo, y pudo haber sido ley hace diez días si el Presidente no hubiera sido tan tozudo en insistir en que esta ley no era necesaria, además de incorporarle vetos, dilatando una solución que se pudo haber implementado hace casi cuatro meses, para que las personas no hubiesen tenido la preocupación de que les cortaran los servicios básicos por no poder pagarlos.

Estamos hablando de una pandemia, de la crisis más grande en los últimos cien años, y el gobierno no solo se ha demorado cuatro meses en dar la solución, sino que más encima por- fía con un veto.

Dicen que el veto ingresado no afecta los beneficios establecidos en favor de las personas en la iniciativa. Quiero rebatir esta idea. Primero, el veto pretende limitar el consumo de agua por parte de las familias, como si las familias pudieran hacer un uso y un consumo irracional solo por el hecho de que se posterga el pago. No se trata de una condonación de pago, y la gente lo entiende así. La gente quiere pagar el agua, pero cuando tenga la plata, y la va a pagar más adelante. Pero no: se quiere limitar el consumo.

Segundo, plantea eliminar el plan básico solidario de conectividad, y de nuevo apela al acuerdo que pueda establecer con las empresas.

Y tercero, pretende eliminar la prohibición de que los costos de implementación de esta medida sean traspasados a los clientes finales, lo que nuevamente significa proteger los inte- reses de las empresas por sobre los intereses de las familias. Nosotros no estamos de acuerdo con eso; no estamos de acuerdo con que los intereses de las empresas estén por sobre los derechos de las familias, y tampoco con que la simple buena voluntad de las empresas sea la que resuelva este tipo de necesidades.

Es por eso que nosotros no solo hubiésemos esperado que el Presidente no ingresara este veto, sino que esperamos que hoy sea rechazado en la Cámara de Diputados y que para la insistencia podamos alcanzar los dos tercios, porque quiero recordar, además, que esta es una iniciativa que se despachó con apoyo transversal, es decir, también con apoyo de parlamentarios de Chile Vamos.

El gobierno ha insistido tozudamente en tratar de doblarle la mano a la democracia, al Congreso Nacional, a través de vetos, no respetando a las mayorías, ni siquiera a los parlamentarios de su propia coalición. Incluso, amenazan con llevar al Tribunal Constitucional el proyecto de ley de retiro del 10 por ciento de los fondos previsionales.

¡Basta de proteger los intereses de los poderosos! Este es el momento de proteger los intereses de la gente, de la ciudadanía, de las familias. Por eso, votaremos en contra este veto. Llamamos a toda la oposición y también a Chile Vamos a votar en contra el veto, porque esta iniciativa ya fue despachada. Podría haberse convertido en ley hace más de diez días.

El Presidente Piñera tiene que abandonar, de una vez por todas, esta tozudez y poner en primer lugar a las familias chilenas y no los intereses de las empresas. He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el ministro de Energía, señor Juan Carlos Jobet .

El señor JOBET (ministro de Energía).-

Señor Presidente, antes de hablar del proyecto que hoy nos convoca, creo que es importante poner las cosas en contexto y que nos reconectemos con el sentido de lo que estamos intentando hacer acá juntos, querámoslo o no, juntos, porque somos colegisladores, para ayudar a las personas que sabemos que lo están pasando mal.

Estamos, quizás, en el momento más difícil para nuestro país desde la vuelta a la democracia. A la crisis sanitaria se suma la crisis económica y social y el momento de mayor polarización política y de fragmentación de las instituciones que hemos visto en décadas.

El desprestigio de las instituciones políticas es especialmente profundo y grave, porque son esas instituciones, entre ellas el Ejecutivo y el Congreso Nacional, las llamadas a liderar los esfuerzos que nos permitan superar las otras crisis, la sanitaria, la económica y la social, para aliviar el sufrimiento de un número creciente de familias chilenas vulnerables y de la clase media.

Cuando las personas están pasando momentos tan difíciles como estos, nuestra responsabilidad, la de todos, es que el debate político no sea una fuente adicional de incertidumbre y confusión. Todos nosotros estamos llamados a ofrecer soluciones y, en la medida de lo posible, certezas y tranquilidad. Eso siempre es importante, pero hoy más que nunca. Hoy más que nunca las personas esperan de nosotros claridad.

Por eso, en ese espíritu y teniendo en mente esa preocupación, es importante que no demos a esta discusión un carácter que no tiene. Discutamos los méritos de las observaciones al proyecto de ley, discutamos sobre cómo sacamos este proyecto adelante de buena manera, pongamos sobre la mesa nuestras diferencias, pero no cuestionemos, como he visto en muchas intervenciones, lo que no está en cuestión. Esta discusión no es sobre si a las personas les cortarán o no el suministro de agua, de luz o de gas, porque eso no ha ocurrido desde el 27 de marzo, no está ocurriendo ahora y no ocurrirá, al menos en los próximos noventa días. Las personas que tienen esa preocupación pueden estar tranquilas.

Más allá de una modificación propuesta en el tema del agua potable, lo que está en discusión en esencia, en estas observaciones, son dos cosas:

Primero, ¿cuál es la mejor vía, la forma más apropiada, para entregar los planes gratuitos de telecomunicaciones? Segundo, ¿cuál es la mejor forma de asegurar que el costo de los beneficios no lo paguen las personas?

En el fondo, no estamos discutiendo qué beneficios entregar. En eso hay un consenso muy amplio. Lo que estanos discutiendo, y en eso sí podemos tener diferencias, es sobre cómo hacerlo.

Por lo tanto, pido que todos hagamos un esfuerzo por no confundir a las personas y generarles una fuente adicional de preocupación e incertidumbre sobre este tema. Ya tienen suficientes.

¿Significa eso que esta discusión no es importante? Desde luego que no. De lo contrario, no la hubiéramos abierto. Es una discusión esencial sobre los procesos, las formas de hacer las cosas -formas que ¡vaya que hemos maltratado!-, y sobre el cuidado del Estado de derecho, sin el cual no hay progreso ni soporte a los programas que mejoran la calidad de vida de las personas que más lo necesitan.

Pero tenemos que ser muy claros. Si hay alguien que está conectado viendo esta sesión para saber si corre el riesgo de que le corten los servicios básicos, puede estar tranquilo. No, no le van a cortar la luz, ni el agua, ni el gas en esta pandemia, pase lo que pase con esta discusión. Y va a poder, si lo necesita, optar a facilidades de pago para pagar sus consumos. Además, los que necesiten esa ayuda también tendrán acceso a un plan gratuito de telecomunicaciones.

Todo eso está fuera de discusión, no está en duda, más allá del desenlace que tenga la votación de hoy. Hay otras cosas importantes en juego, pero no esas.

Vamos al proyecto y partamos con un poco de historia.

El 27 de marzo, hace cuatro meses, pensando en las personas que lo están pasando mal, el gobierno puso en marcha un plan que garantiza que en Chile a ninguna familia se le corte el suministro de servicios básicos de electricidad y agua potable durante la pandemia, y que permite postergar los pagos en doce cuotas sin intereses. Posteriormente, se sumó a este plan el servicio de gas de red.

Además, ese plan logró que las compañías de telecomunicaciones entregaran planes solidarios gratuitos, para que las familias que lo necesitaran pudieran mantener el acceso a los servicios de internet y telefonía.

El estricto cumplimiento de este plan por parte de las empresas ha sido fiscalizado desde el inicio por las superintendencias de Electricidad y Combustibles, y de Servicios Sanitarios, y por la Subsecretaría de Telecomunicaciones.

A esta fecha no tenemos corte de suministro de servicios básicos. Además, se han postergado pagos de cuentas sin intereses en electricidad a 110.000 familias vulnerables y de la clase media; en cuentas de agua, a más de 35.000 familias, y a más de 1.200, en sus cuentas de gas de red.

Adicionalmente, a 12.000 familias se les han entregado planes solidarios gratuitos de internet fija y televisión de pago; a 45.000 personas, planes solidarios gratuitos de internet y telefonía móvil con contrato, además de 10 millones de usuarios en telefonía móvil sin contrato.

En suma, se han otorgado más de 11 millones de beneficios en los distintos sectores.

Así, el propósito que compartimos de evitar los cortes y asegurar el suministro se ha cumplido. Las familias han mantenido el acceso a los servicios esenciales durante la pandemia y han podido reprogramar sus pagos sin intereses, cuando han tenido dificultades.

En paralelo con el funcionamiento de este plan, el Congreso Nacional tramitó este proyecto que persigue el mismo propósito y entrega beneficios similares, pero por ley.

Muchos contribuimos a mejorar el proyecto durante su tramitación, pero a pesar de esos esfuerzos, después de analizar el proyecto en profundidad, el gobierno ha estimado que la versión aprobada tiene problemas que podrían afectar su implementación y, por tanto, el acceso de las personas a los beneficios. Además, podrían exponer al Estado a eventuales demandas y al pago de indemnizaciones.

El gobierno, sin embargo, busca promulgar el proyecto de ley para dar una señal adicional de tranquilidad a las familias y una muestra de que el Parlamento y el Poder Ejecutivo pueden lograr acuerdos en beneficio de las personas. Por ello, hemos propuesto al Congreso Nacional estos ajustes al texto, que permiten compatibilizar el apoyo a las personas con el cuidado del Estado de derecho.

Quiero ser claro: estas observaciones buscan perfeccionar el contenido y consolidar así la tramitación de esta futura ley para facilitar su promulgación y posterior ejecución en beneficio de las personas. Cumplamos ese objetivo, pero hagámoslo bien.

En lo concreto, en el artículo 1 de la ley que establece la prohibición de cortar los servicios durante la pandemia no hay ninguna modificación. Que nadie se confunda.

En el artículo 2 se incorpora un límite de 15 metros cúbicos de consumo para el pago en 12 cuotas sin intereses. Este límite no afecta el beneficio de no corte. A nadie le van a cortar el suministro de agua, sin importar su consumo. El límite solamente busca fomentar el uso responsable de agua en un momento de sequía, y se aumenta ese límite para las familias de mayor tamaño.

En el artículo 3 se impone por ley la entrega de los planes gratuitos de telecomunicaciones que las compañías ya están entregando por la vía administrativa al 60 por ciento más vulnerable de la población. Sin embargo, al hacerlo por ley, sin establecer ninguna compensación, se abre espacio para eventuales recursos de inaplicabilidad que pueden afectar la implementación de esta ley en proyecto y se da lugar a eventuales demandas contra el Estado. Estas pueden venir no solo de las empresas, sino también de cualquiera de sus accionistas.

En los artículos 4 y 5 las observaciones solo hacen modificaciones formales, y en el artículo 8, que busca imponer a las empresas los costos de entregar los beneficios de la ley, nuevamente no se consideran compensaciones, dado que ya existen mecanismos administrativos que aseguran que los costos de los beneficios no se traspasarán a los clientes. Esta observación busca resolver dicho problema sin afectar a las personas.

En suma, estas observaciones no afectan los beneficios para las personas y permiten promulgar esta ley en proyecto sin pasar a llevar el Estado de derecho y facilitando su adecuada implementación.

El objetivo del gobierno ha sido, es y seguirá siendo cuidar a las personas y apoyarlas para que juntos, con la colaboración de los distintos actores, superemos las dificultades de esta pandemia.

Muchas gracias.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Gabriel Silber .

El señor SILBER.-

Señor Presidente, no por mucho que uno repita algunas palabras estas se convierten en la verdad. Lo señalo, porque en las palabras del ministro Jobet hay hechos que, a nuestro juicio, no calzan o que distan diametralmente de la realidad que están viviendo millones de chilenos.

El 11 de junio de este año fue aprobado el informe de la Comisión Mixta recaído en este proyecto, lo que se llevó a cabo en el contexto de pleno Estado de derecho; pero el gobierno habla de ilegalidad y de que se están saltando las vías de la Constitución Política en ambas cámaras. No obstante, hasta la fecha no se convierte en ley de la república.

Qué más certero, cuando se habla de certeza y de estabilidad en las relaciones económicas, en el derecho de propiedad, en las relaciones entre los ciudadanos, que una ley de la república tramitada en el Congreso versus un acuerdo administrativo que a la fecha se desconoce.

¡Y lo quiero decir con titulares! En la Comisión de Energía hemos solicitado conocer el acuerdo alcanzado por el ministro con las distribuidoras, generadoras o transmisoras, pero hasta la fecha nadie lo conoce.

El superintendente de Electricidad y Combustibles nos dijo que eran planes de emergencia que se habían solicitado a las distintas empresas. Se está hablando de planes de emergencia, no de acuerdos; la semántica hace la diferencia.

No podemos escrutar con objetividad lo que nos dicen dichos acuerdos -menos lo pueden hacer los chilenos que nos están siguiendo a través del canal de televisión de la Cámara de Diputados-, porque en la opacidad de las comunicaciones estos no se conocen. No sabemos finalmente cuáles son las compensaciones respecto de los planes de conectividad.

Fíjese la diferencia. Se nos dicen que aquí se elevaron las condiciones versus una negociación de buena fe, como si fuera un acto de fe el que tuviéramos que hacer con nuestras autoridades, no sujeto a transparencia, a accountability, a la hora de tramitar un proyecto de ley.

Esa es la diferencia a la hora de gobernar: cuando uno gobierna lo hace con todos, con el Congreso, donde están los representantes populares -por eso que parte del oficialismo va a rechazar este veto-, o lo hace en un régimen autárquico, autoritario, que no rinde cuentas a sus ciudadanos y no es capaz de mostrar el acuerdo al cual llegó con la distribuidora, y de decir “de esta manera vamos a pagar las compensaciones referidas a internet a las empresas de comunicaciones; cómo nos va a afectar el derecho de propiedad o las eventuales demandas para cuidar los intereses del fisco”.

Eso, desgraciadamente, está en la opacidad del escritorio de las autoridades que hoy nos conminan a no rechazar este veto.

En consecuencia, por imperfecta que sea una ley de la república, esta es mucho más ciudadana, de cara a los chilenos, y transparente en su formación y en su génesis, que un acuerdo administrativo llevado adelante al alero de un escritorio o de una llamada de celular. La historia de nuestro país da cuenta de lo que ha pasado justamente en esos cabildeos.

Nosotros no vamos a apoyar el veto: hoy será rechazado y no es recurrible ante el Tribunal Constitucional. Hasta aquí va a llegar dicho acto presidencial, lo cual devela, al final del día, que en esta pandemia, como lo hemos dicho siempre, el gobierno, en estas difíciles circunstancias, debió haber agotado o hecho esfuerzos por privilegiar el diálogo entre el gobierno y la oposición.

Hay que entender que aquí todos queremos cooperar en esta pandemia; lamentablemente, algunos lo han querido entender de manera distinta, anteponiendo los intereses propios del autoperfilamiento de medidas que desconocemos y que son menores a las que da el Congreso.

Una ley será siempre mejor que una medida administrativa, ya que la transparencia del debate público está sujeta al escrutinio ciudadano, a diferencia de lo que ocurre con estos acuerdos generosos, distantes y que demuestran el mundo de Bilz y Pap en que se hallan nuestras autoridades frente a la dramática realidad que viven los chilenos. He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Cerrado el debate.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre las observaciones de su excelencia el Presidente de la República en los siguientes términos:

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Corresponde votar las observaciones de su excelencia el Presidente de la República, recaídas en el proyecto de ley que suspende el corte de servicios básicos por no pago, en virtud de la crisis originada por el coronavirus (boletines N°s 13315-08, 13417 -03, 13438-03, todos refundidos, y el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para disponer la postergación del cobro de deudas por consumo de servicios básicos domiciliarios y del corte de tales suministros, en caso de deuda vigente de alertas sanitarias o epidemiológicas decretadas por la autoridad (boletines N°s 13329-03, 13342-03, 13347-03, 13354-03, 13355-03 y 13356-03, refundidos).

Hago presente a la Sala que las observaciones recaen sobre materias de ley simple o común.

En votación la observación número 1), aditiva, de su excelencia el Presidente de la República, recaída en el artículo 2 del texto aprobado por el Congreso Nacional. Tiene la palabra el diputado Naranjo .

El señor NARANJO.-

Señor Presidente, quiero referirme a la admisibilidad del veto presidencial.

Pido que la Mesa precise bien si corresponde declarar inadmisible este veto. La Constitución es muy clara en señalar que cuando un veto se aparta de la idea matriz del proyecto, el mismo debe declararse inadmisible.

Claramente, este veto va en la dirección absolutamente contraria a las mociones parlamentarias, principalmente en lo que respecta al consumo de agua, telefonía y costos que deben abordar los usuarios.

Repito: pido que la Mesa se pronuncie sobre el particular, porque a mi juicio corresponde declarar inadmisible el veto.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Diputado, la Mesa ha hecho precisión clara de que el veto es admisible. Además, la propia Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo respetó y validó la postura de la Mesa al declarar admisible el veto. Las instancias correspondientes ya se pronunciaron al respecto, tal como señalé en una carta enviada a las bancadas de oposición. En votación.

-De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento, el señor Secretario tomó de viva voz, por el sistema telemático, las votaciones de los diputados Pedro Álvarez-Salamanca , Sergio Bobadilla , Enrique van Rysselberghe , Francisco Eguiguren , Leonidas Romero , Pablo Kast , Maite Orsini , Karim Bianchi e Iván Norambuena .

-Efectuada la votación en económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 31 votos; por la negativa, 109 votos. Hubo 12 abstenciones.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Rechazada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alessandri Vergara , Jorge Hoffmann Opazo , María José Macaya Danús , Javier Schalper Sepúlveda , Diego Barros Montero , Ramón Jürgensen Rundshagen , Harry Olivera De La Fuente , Erika Torrealba Alvarado , Sebastián Castro Bascuñán, José Miguel Keitel Bianchi , Sebastián Pardo Sáinz , Luis Undurraga Gazitúa , Francisco Cid Versalovic , Sofía Kort Garriga , Issa Paulsen Kehr , Diego Urrutia Bonilla , Ignacio Del Real Mihovilovic , Catalina Kuschel Silva , Carlos Rey Martínez , Hugo Urrutia Soto , Osvaldo Eguiguren Correa , Francisco Leuquén Uribe , Aracely Sabat Fernández , Marcela Urruticoechea Ríos , Cristóbal Flores Oporto , Camila Longton Herrera , Andrés Santana Tirachini , Alejandro Van Rysselberghe Herrera , Enrique Fuenzalida Figueroa , Gonzalo Luck Urban , Karin Sauerbaum Muñoz, Frank

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas , Florcita Durán Salinas , Eduardo Mellado Pino , Cosme Saavedra Chandía , Gastón Alinco Bustos , René Espinoza Sandoval , Fidel Meza Moncada , Fernando Sabag Villalobos , Jorge Álvarez Ramírez , Sebastián Fernández Allende , Maya Mirosevic Verdugo , Vlado Saffirio Espinoza , René Álvarez Vera , Jenny Flores García, Iván Mix Jiménez , Claudia Saldívar Auger , Raúl ÁlvarezSalamanca Ramírez , Pedro Pablo Galleguillos Castillo , Ramón Monsalve Benavides , Manuel Sanhueza Dueñas , Gustavo Amar Mancilla , Sandra Garín González , Renato Morales Muñoz , Celso Santana Castillo , Juan Ascencio Mansilla , Gabriel Girardi Lavín , Cristina Moreira Barros , Cristhian Santibáñez Novoa , Marisela Auth Stewart , Pepe González Gatica , Félix Mulet Martínez , Jaime Schilling Rodríguez , Marcelo Baltolu Rasera , Nino González Torres , Rodrigo Naranjo Ortiz , Jaime Sepúlveda Orbenes , Alejandra Barrera Moreno , Boris Gutiérrez Gálvez , Hugo Noman Garrido , Nicolás Sepúlveda Soto , Alexis Bellolio Avaria , Jaime Hernández Hernández , Javier Norambuena Farías , Iván Silber Romo , Gabriel Berger Fett , Bernardo Hernando Pérez , Marcela Núñez Arancibia , Daniel Soto Ferrada , Leonardo Bernales Maldonado , Alejandro Hertz Cádiz , Carmen Núñez Urrutia , Paulina Soto Mardones , Raúl Bianchi Retamales , Karim Hirsch Goldschmidt , Tomás Nuyado Ancapichún , Emilia Teillier Del Valle, Guillermo Bobadilla Muñoz , Sergio Ibáñez Cotroneo , Diego Orsini Pascal , Maite Tohá González , Jaime Boric Font , Gabriel Ilabaca Cerda , Marcos Ortiz Novoa, José Miguel Torres Jeldes , VíctorBrito Hasbún , Jorge Jackson Drago , Giorgio Ossandón Irarrázabal , Ximena Trisotti Martínez , Renzo Calisto Águila , Miguel Ángel Jarpa Wevar , Carlos Abel Parra Sauterel , Andrea Troncoso Hellman , Virginia Cariola Oliva , Karol Jiles Moreno , Pamela Pérez Arriagada , José Vallejo Dowling , Camila Carter Fernández , Álvaro Jiménez Fuentes , Tucapel Pérez Olea , Joanna Velásquez Núñez , Esteban Carvajal Ambiado , Loreto Kast Sommerhoff , Pablo Pérez Salinas , Catalina Velásquez Seguel , Pedro Castillo Muñoz , Natalia Labra Sepúlveda , Amaro Rathgeb Schifferli , Jorge Venegas Cárdenas , Mario Celis Araya , Ricardo Lavín León , Joaquín Rentería Moller , Rolando Verdessi Belemmi , Daniel Cicardini Milla , Daniella Leiva Carvajal , Raúl Rocafull López , Luis Vidal Rojas , Pablo Crispi Serrano , Miguel Lorenzini Basso , Pablo Rojas Valderrama , Camila Walker Prieto , Matías Desbordes Jiménez , Mario Marzán Pinto , Carolina Romero Sáez , Leonidas Winter Etcheberry , Gonzalo Díaz Díaz , Marcelo Matta Aragay , Manuel Rosas Barrientos , Patricio Yeomans Araya , Gael Durán Espinoza, Jorge

-Se abstuvieron los diputados señores:

Celis Montt , Andrés Fuenzalida Cobo , Juan Mellado Suazo , Miguel Prieto Lorca , Pablo Coloma Álamos, Juan Antonio Gahona Salazar , Sergio Muñoz González , Francesca Ramírez Diez , Guillermo CruzCoke Carvallo , Luciano Melero Abaroa , Patricio Pérez Lahsen , Leopoldo Von Mühlenbrock Zamora, Gastón

El señor PAULSEN (Presidente).-

En votación la observación número 2), supresiva, de su excelencia el Presidente de la República, recaída en el artículo 3 del texto aprobado por el Congreso Nacional.

-De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento, el señor Secretario tomó de viva voz, por el sistema telemático, las votaciones de los diputados Iván Norambuena , Sergio Bobadilla , Enrique van Rysselberghe , Pedro Álvarez-Salamanca, Juan Antonio Coloma , Francisco Eguiguren , Leonidas Romero , Miguel Ángel Calisto , Maite Orsini , Florcita Alarcón , Tucapel Jiménez , Cristina Girardi y Juan Luis Castro .

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 15 votos; por la negativa, 118 votos. Hubo 21 abstenciones.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Rechazada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alessandri Vergara , Jorge Hoffmann Opazo , María José Macaya Danús , Javier Urrutia Bonilla , Ignacio Auth Stewart , Pepe Kast Sommerhoff , Pablo Paulsen Kehr , Diego Urrutia Soto , Osvaldo Barros Montero , Ramón Kort Garriga , Issa Torrealba Alvarado , Sebastián Van Rysselberghe Herrera , Enrique Eguiguren Correa , Francisco Kuschel Silva , Carlos Undurraga Gazitúa, Francisco

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas , Florcita Flores García, Iván Meza Moncada , Fernando Saavedra Chandía , Gastón Alinco Bustos, René Flores Oporto , Camila Mirosevic Verdugo , Vlado Sabag Villalobos , Jorge Álvarez Ramírez , Sebastián Fuenzalida Figueroa , Gonzalo Mix Jiménez , Claudia Sabat Fernández , Marcela Álvarez Vera , Jenny Gahona Salazar , Sergio Monsalve Benavides , Manuel Saffirio Espinoza , René ÁlvarezSalamanca Ramírez , Pedro Pablo Galleguillos Castillo , Ramón Morales Muñoz , Celso Saldívar Auger , Raúl Amar Mancilla , Sandra Garín González , Renato Moreira Barros , Cristhian Sanhueza Dueñas , Gustavo Ascencio Mansilla , Gabriel Girardi Lavín , Cristina Mulet Martínez , Jaime Santana Castillo, Juan Barrera Moreno , Boris González Gatica , Félix Naranjo Ortiz , Jaime Santibáñez Novoa , Marisela Bernales Maldonado , Alejandro González Torres , Rodrigo Noman Garrido , Nicolás Schilling Rodríguez , Marcelo Bianchi Retamales , Karim Gutiérrez Gálvez , Hugo Norambuena Farías , Iván Sepúlveda Orbenes , Alejandra Bobadilla Muñoz , Sergio Hernández Hernández , Javier Núñez Arancibia , Daniel Sepúlveda Soto , Alexis Boric Font , Gabriel Hernando Pérez , Marcela Nuyado Ancapichún , Emilia Silber Romo , Gabriel Brito Hasbún , Jorge Hertz Cádiz , Carmen Olivera De La Fuente , Erika Soto Ferrada , Leonardo Calisto Águila , Miguel Ángel Hirsch Goldschmidt , Tomás Orsini Pascal , Maite Soto Mardones , Raúl Cariola Oliva , Karol Ibáñez Cotroneo , Ortiz Novoa , José Teillier Del Valle, Diego Miguel Guillermo Carter Fernández , Álvaro Ilabaca Cerda , Marcos Ossandón Irarrázabal , Ximena Tohá González , Jaime Carvajal Ambiado , Loreto Jackson Drago , Giorgio Parra Sauterel , Andrea Torres Jeldes , Víctor Castillo Muñoz , Natalia Jarpa Wevar , Carlos Abel Pérez Arriagada , José Trisotti Martínez , Renzo Castro González, Juan Luis Jiles Moreno , Pamela Pérez Lahsen , Leopoldo Troncoso Hellman , Virginia Celis Araya , Ricardo Jiménez Fuentes , Tucapel Pérez Olea , Joanna Urruticoechea Ríos , Cristóbal Celis Montt , Andrés Labra Sepúlveda , Amaro Pérez Salinas , Catalina Vallejo Dowling , Camila Cicardini Milla , Daniella Lavín León , Joaquín Prieto Lorca , Pablo Velásquez Núñez , Esteban Cid Versalovic , Sofía Leiva Carvajal , Raúl Rathgeb Schifferli , Jorge Velásquez Seguel , Pedro Crispi Serrano , Miguel Leuquén Uribe , Aracely Rentería Moller , Rolando Venegas Cárdenas , Mario Desbordes Jiménez , Mario Longton Herrera , Andrés Rey Martínez , Hugo Verdessi Belemmi , Daniel Díaz Díaz , Marcelo Lorenzini Basso , Pablo Rocafull López , Luis Vidal Rojas , Pablo Durán Espinoza , Jorge Marzán Pinto, Carolina Rojas Valderrama , Camila Walker Prieto , Matías Durán Salinas , Eduardo Matta Aragay , Manuel Romero Sáez , Leonidas Winter Etcheberry , Gonzalo Espinoza Sandoval , Fidel Mellado Pino , Cosme Rosas Barrientos , Patricio Yeomans Araya , Gael Fernández Allende, Maya Mellado Suazo, Miguel

-Se abstuvieron los diputados señores:

Baltolu Rasera, Nino Del Real Mihovilovic , Catalina Melero Abaroa , Patricio Ramírez Diez , Guillermo Bellolio Avaria , Jaime Fuenzalida Cobo , Juan Molina Magofke , Andrés Santana Tirachini , Alejandro Berger Fett , Bernardo Jürgensen Rundshagen , Harry Muñoz González , Francesca Sauerbaum Muñoz , Frank Castro Bascuñán, José Miguel Keitel Bianchi , Sebastián Núñez Urrutia , Paulina Schalper Sepúlveda , Diego Coloma Álamos, Juan Antonio Luck Urban , Karin Pardo Sáinz , Luis Von Mühlenbrock Zamora , Gastón CruzCoke Carvallo, Luciano

El Señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde votar el artículo 3 del texto aprobado por el Congreso Nacional.

Hago presente que la insistencia requiere el voto favorable de dos tercios de las diputadas y los diputados que participan en la votación.

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LANDEROS (Secretario).-

Señores diputados y señoras diputadas, quienes quieran que se mantenga el texto del Congreso Nacional deben votar a favor.

Lo digo, porque estoy viendo que muchos diputados se están equivocando en el voto.

El señor PAULSEN (Presidente).-

En votación.

-De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento, el señor Secretario tomó de viva voz, por el sistema telemático, las votaciones de los diputados Pedro Álvarez-Salamanca , Francisco Eguiguren , Virginia Troncoso , Enrique van Rysselberghe , Leonidas Romero , Maite Orsini , Florcita Alarcón , Cristina Girardi , Emilia Nuyado y José Miguel Ortiz .

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 102 votos; por la negativa, 4 votos. Hubo 46 abstenciones.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas , Florcita Durán Salinas , Eduardo Lorenzini Basso , Pablo Saavedra Chandía , Gastón Alinco Bustos , René Espinoza Sandoval , Marzán Pinto , CaroSabag Villalobos , Fidel lina Jorge Álvarez Ramírez , Sebastián Fernández Allende , Maya Matta Aragay , Manuel Saffirio Espinoza , René Álvarez Vera , Jenny Flores García, Iván Melero Abaroa , Patricio Saldívar Auger , Raúl ÁlvarezSalamanca Ramírez , Pedro Pablo Gahona Salazar , Sergio Mellado Pino , Cosme Santana Castillo, Juan Amar Mancilla , Sandra Galleguillos Castillo , Ramón Meza Moncada , Fernando Santibáñez Novoa , Marisela Ascencio Mansilla , Gabriel Garín González , Renato Mirosevic Verdugo , Vlado Schilling Rodríguez , Marcelo Auth Stewart , Pepe Girardi Lavín , Cristina Mix Jiménez , Claudia Sepúlveda Orbenes , Alejandra Baltolu Rasera , Nino González Gatica , Félix Monsalve Benavides , Manuel Sepúlveda Soto , Alexis Barrera Moreno , Boris González Torres , Rodrigo Moreira Barros , Cristhian Silber Romo , Gabriel Bernales Maldonado , Alejandro Gutiérrez Gálvez , Hugo Mulet Martínez , Jaime Soto Ferrada , Leonardo Bianchi Retamales , Karim Hernández Hernández , Javier Naranjo Ortiz , Jaime Soto Mardones , Raúl Boric Font , Gabriel Hernando Pérez , Marcela Núñez Arancibia , Daniel Teillier Del Valle, Guillermo Brito Hasbún , Jorge Hertz Cádiz , Carmen Nuyado Ancapichún , Emilia Tohá González , Jaime Calisto Águila , Miguel Ángel Hirsch Goldschmidt , Tomás Orsini Pascal , Maite Torres Jeldes , Víctor Cariola Oliva , Karol Ibáñez Cotroneo , Diego Ortiz Novoa, José Miguel Troncoso Hellman , Virginia Carter Fernández , Álvaro Ilabaca Cerda , Marcos Parra Sauterel , Andrea Vallejo Dowling , Camila Carvajal Ambiado , Loreto Jackson Drago , Giorgio Pérez Arriagada , José Velásquez Núñez , Esteban Castillo Muñoz , Natalia Jarpa Wevar , Carlos Abel Pérez Olea , Joanna Velásquez Seguel , Pedro Castro González, Juan Luis Jiles Moreno , Pamela Pérez Salinas , Catalina Venegas Cárdenas , Mario Celis Araya , Ricardo Jiménez Fuentes , Tucapel Rathgeb Schifferli , Jorge Verdessi Belemmi , Daniel Cicardini Milla , Daniella Kast Sommerhoff , Pablo Rocafull López , Luis Vidal Rojas , Pablo Cid Versalovic , Sofía Labra Sepúlveda , Amaro Rojas Valderrama , Camila Walker Prieto , Matías Crispi Serrano , Miguel Lavín León , Joaquín Romero Sáez , Leonidas Winter Etcheberry , Gonzalo Díaz Díaz , Marcelo Leiva Carvajal , Raúl Rosas Barrientos , Patricio Yeomans Araya , Gael Durán Espinoza , Jorge Leuquén Uribe, Aracely

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alessandri Vergara , Jorge Kort Garriga , Issa Kuschel Silva , Carlos Van Rysselberghe Herrera, Enrique

-Se abstuvieron los diputados señores:

Barros Montero , Ramón Fuenzalida Figueroa , Gonzalo Núñez Urrutia , Paulina Sanhueza Dueñas , Gustavo Bellolio Avaria , Jaime Hoffmann Opazo , María José Olivera De La Fuente , Erika Santana Tirachini , Alejandro Berger Fett , Bernardo Jürgensen Rundshagen , Harry Ossandón Irarrázabal , Ximena Sauerbaum Muñoz , Frank Castro Bascuñán, José Miguel Keitel Bianchi , Sebastián Pardo Sáinz , Luis Schalper Sepúlveda , Diego Celis Montt , Andrés Longton Herrera , Andrés Paulsen Kehr , Diego Torrealba Alvarado , Sebastián Coloma Álamos, Juan Antonio Luck Urban , Karin Pérez Lahsen , Leopoldo Trisotti Martínez , Renzo Cruz-Coke Carvallo , Luciano Macaya Danús , Javier Prieto Lorca , Pablo Undurraga Gazitúa , Francisco Del Real Mihovilovic , Mellado Suazo , MiRamírez Diez, GuiUrrutia Bonilla , Ignacio Catalina guel llermo Desbordes Jiménez , Mario Molina Magofke , Andrés Rentería Moller , Rolando Urrutia Soto , Osvaldo Eguiguren Correa , Francisco Morales Muñoz , Celso Rey Martínez , Hugo Urruticoechea Ríos , Cristóbal Flores Oporto , Camila Muñoz González , Francesca Sabat Fernández , Marcela Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Fuenzalida Cobo , Juan Noman Garrido, Nicolás

El señor PAULSEN (Presidente).-

En consecuencia, se declara aprobada la insistencia.

Si le parece a la Sala, con las mismas votaciones procederemos en el caso de las observaciones números 3) y 4).

¿Habría acuerdo?

No hay acuerdo.

Corresponde votar la observación número 3) de su excelencia el Presidente de la República, recaída en el artículo 4 del texto aprobado por el Congreso Nacional. Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LANDEROS (Secretario).-

Honorable Cámara de Diputados, para que voten bien, aclaro que se someterá a votación la observación de su excelencia el Presidente de la República. Si la observación se rechaza, se votará la insistencia.

Quienes estén por aprobar la observación del Presidente de la República, deben votar a favor; quienes estén por rechazarla, deben votar en contra, y en el caso de la insistencia es a la inversa.

Las observaciones números 3) y 4) son consecuencia de la anterior. Por eso, el Presidente de la Corporación solicitó la unanimidad para aplicarles las mismas votaciones, de manera de proceder directamente a votar la observación número 5).

El señor PAULSEN (Presidente).-

¿Habría unanimidad?

No hay unanimidad.

Los parlamentarios que se encuentran presentes de manera telemática tienen los mismos derechos que los diputados que se encuentran en la Sala. Si alguien dice que no, se vota.

Corresponde votar la observación número 3, sustitutiva, de su excelencia el Presidente de la República, recaída en el artículo 4 del texto aprobado por el Congreso Nacional. En votación.

-De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento, el señor Secretario tomó de viva voz, por el sistema telemático, las votaciones de los diputados Sergio Bobadilla , Iván Norambuena , Enrique van Rysselberghe , Pedro Pablo Álvarez-Salamanca , Francisco Eguiguren , Ignacio Urrutia , Karim Bianchi , Ricardo Celis y Marcelo Schilling .

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 5 votos; por la negativa, 120 votos. Hubo 28 abstenciones.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Rechazada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Barros Montero , Ramón Paulsen Kehr , Diego Undurraga Gazitúa , Francisco Urrutia Bonilla , Ignacio Kuschel Silva, Carlos

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas , Florcita Espinoza Sandoval , Fidel Matta Aragay , Manuel Saavedra Chandía , Gastón Alessandri Vergara , Jorge Fernández Allende , Maya Melero Abaroa , Patricio Sabag Villalobos , Jorge Alinco Bustos, René Flores García, Iván Mellado Pino , Cosme Sabat Fernández , Marcela Álvarez Vera , Jenny Fuenzalida Figueroa , Gonzalo Meza Moncada , Fernando Saffirio Espinoza , René ÁlvarezSalamanca Ramírez , Pedro Pablo Gahona Salazar , Sergio Mirosevic Verdugo , Vlado Saldívar Auger , Raúl Amar Mancilla , Sandra Galleguillos Castillo , Ramón Mix Jiménez , Claudia Sanhueza Dueñas , Gustavo Ascencio Mansilla , Gabriel Garín González , Renato Monsalve Benavides , Manuel Santana Castillo, Juan Auth Stewart , Pepe Girardi Lavín , Cristina Morales Muñoz , Celso Santibáñez Novoa , Marisela Baltolu Rasera , Nino González Gatica , Félix Moreira Barros , Cristhian Schilling Rodríguez , Marcelo Barrera Moreno , Boris González Torres , Rodrigo Mulet Martínez , Jaime Sepúlveda Orbenes , Alejandra Bellolio Avaria , Jaime Gutiérrez Gálvez , Hugo Naranjo Ortiz , Jaime Sepúlveda Soto , Alexis Bernales Maldonado , Alejandro Hernández Hernández , Javier Noman Garrido , Nicolás Silber Romo , Gabriel Bianchi Retamales , Karim Hernando Pérez , Marcela Núñez Arancibia , Daniel Soto Ferrada , Leonardo Bobadilla Muñoz , Sergio Hertz Cádiz , Carmen Núñez Urrutia , Paulina Soto Mardones , Raúl Boric Font , Gabriel Hirsch Goldschmidt , Tomás Nuyado Ancapichún , Emilia Teillier Del Valle, Guillermo Brito Hasbún , Jorge Ibáñez Cotroneo , Diego Orsini Pascal , Maite Tohá González , Jaime Calisto Águila , Miguel Ángel Ilabaca Cerda , Marcos Ortiz Novoa, José Miguel Torres Jeldes , Víctor Cariola Oliva , Karol Jackson Drago , Giorgio Ossandón Irarrázabal , Ximena Trisotti Martínez , Renzo Carter Fernández , Álvaro Jarpa Wevar , Carlos Abel Pardo Sáinz , Luis Troncoso Hellman , Virginia Carvajal Ambiado , Loreto Jiles Moreno , Pamela Parra Sauterel , Andrea Urruticoechea Ríos , Cristóbal Castillo Muñoz , Natalia Jiménez Fuentes , Tucapel Pérez Arriagada , José Vallejo Dowling , Camila Castro González, Juan Luis Kort Garriga , Issa Pérez Lahsen , Leopoldo Van Rysselberghe Herrera , Enrique Celis Araya , Ricardo Labra Sepúlveda , Amaro Pérez Olea , Joanna Velásquez Núñez , Esteban Celis Montt , Andrés Lavín León , Joaquín Pérez Salinas , Catalina Velásquez Seguel , Pedro Cicardini Milla , Daniella Leiva Carvajal , Raúl Prieto Lorca , Pablo Venegas Cárdenas , Mario Cid Versalovic , Sofía Leuquén Uribe , Aracely Rathgeb Schifferli , Jorge Verdessi Belemmi , Daniel Crispi Serrano , Miguel Longton Herrera , Andrés Rentería Moller , Rolando Vidal Rojas , Pablo Díaz Díaz , Marcelo Lorenzini Basso , Pablo Rocafull López , Luis Walker Prieto , Matías Durán Espinoza , Jorge Macaya Danús , Javier Rojas Valderrama , Camila Winter Etcheberry , Gonzalo Durán Salinas , Eduardo Marzán Pinto , Carolina Rosas Barrientos , Patricio Yeomans Araya, Gael

-Se abstuvieron los diputados señores:

Álvarez Ramírez , Sebastián Eguiguren Correa , Francisco Luck Urban , Karin Romero Sáez , Leonidas Berger Fett , Bernardo Flores Oporto , Camila Mellado Suazo , Miguel Santana Tirachini , Alejandro Castro Bascuñán, José Miguel Fuenzalida Cobo, Juan Molina Magofke , Andrés Sauerbaum Muñoz , Frank Coloma Álamos, Juan Antonio Hoffmann Opazo , María José Muñoz González , Francesca Schalper Sepúlveda , Diego CruzCoke Carvallo , Luciano Jürgensen Rundshagen , Harry Olivera De La Fuente , Erika Torrealba Alvarado , Sebastián Del Real Mihovilovic , Catalina Kast Sommerhoff , Pablo Ramírez Diez , Guillermo Urrutia Soto , Osvaldo Desbordes Jiménez , Mario Keitel Bianchi , Sebastián Rey Martínez , Hugo Von Mühlenbrock Zamora, Gastón

El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde votar el artículo 4 del texto aprobado por el Congreso Nacional, que requiere para su insistencia del voto favorable de los dos tercios de las diputadas y de los diputados participantes en la votación.

En votación.

-De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento, el señor Secretario tomó de viva voz, por el sistema telemático, las votaciones de los diputados Enrique van Rysselberghe , Pedro Pablo Álvarez-Salamanca , Francisco Eguiguren , Karim Bianchi , Florcita Alarcón y José Pérez .

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 114 votos; por la negativa, 3 votos. Hubo 35 abstenciones.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas , Florcita Durán Espinoza , Jorge Leiva Carvajal , Raúl Saavedra Chandía , Gastón Alessandri Vergara , Jorge Durán Salinas , Eduardo Leuquén Uribe , Aracely Sabag Villalobos , Jorge Alinco Bustos , René Eguiguren Correa , Francisco Lorenzini Basso , Pablo Saffirio Espinoza , René Álvarez Ramírez , Sebastián Espinoza Sandoval , Fidel Macaya Danús , Javier Saldívar Auger , Raúl Álvarez Vera , Jenny Fernández Allende, Maya Marzán Pinto , Carolina Sanhueza Dueñas , Gustavo ÁlvarezSalamanca Ramírez , Pedro Pablo Flores García, Iván Matta Aragay , Manuel Santana Castillo, Juan Amar Mancilla , Sandra Fuenzalida Figueroa , Gonzalo Melero Abaroa , Patricio Santibáñez Novoa , Marisela Ascencio Mansilla , Gabriel Gahona Salazar , Sergio Mellado Pino , Cosme Schilling Rodríguez , Marcelo Auth Stewart , Pepe Galleguillos Castillo , Ramón Meza Moncada , Fernando Sepúlveda Orbenes , Alejandra Baltolu Rasera , Nino Garín González , Renato Mirosevic Verdugo , Vlado Sepúlveda Soto , Alexis Barrera Moreno , Boris Girardi Lavín , Cristina Mix Jiménez , Claudia Silber Romo , Gabriel Barros Montero , Ramón González Gatica , Félix Monsalve Benavides , Manuel Soto Ferrada , Leonardo Bellolio Avaria , Jaime González Torres , Rodrigo Moreira Barros , Cristhian Soto Mardones , Raúl Bernales Maldonado , Alejandro Gutiérrez Gálvez , Hugo Mulet Martínez , Jaime Teillier Del Valle, Guillermo Bianchi Retamales , Karim Hernández Hernández , Javier Naranjo Ortiz , Jaime Tohá González , Jaime Boric Font , Gabriel Hernando Pérez , Marcela Noman Garrido , Nicolás Torres Jeldes , VíctorBrito Hasbún , Jorge Hertz Cádiz , Carmen Núñez Arancibia , Daniel Trisotti Martínez , Renzo Calisto Águila , Miguel Ángel Hirsch Goldschmidt , Tomás Nuyado Ancapichún , Emilia Troncoso Hellman , Virginia Cariola Oliva , Karol Hoffmann Opazo , María José Orsini Pascal , Maite Urrutia Soto , Osvaldo Carter Fernández , Álvaro Ibáñez Cotroneo , Diego Ortiz Novoa, José Miguel Vallejo Dowling , Camila Carvajal Ambiado , Loreto Ilabaca Cerda , Marcos Parra Sauterel , Andrea Velásquez Núñez , Esteban Castillo Muñoz , Natalia Jackson Drago , Giorgio Pérez Arriagada , José Velásquez Seguel , Pedro Castro González, Juan Luis Jarpa Wevar , Carlos Abel Pérez Olea , Joanna Venegas Cárdenas , Mario Celis Araya , Ricardo Jiles Moreno , Pamela Pérez Salinas , Catalina Verdessi Belemmi , Daniel Cicardini Milla , Daniella Jiménez Fuentes , Tucapel Rentería Moller , Rolando Vidal Rojas , Pablo Cid Versalovic , Sofía Kast Sommerhoff , Pablo Rocafull López , Luis Walker Prieto , Matías Crispi Serrano , Miguel Kort Garriga, Issa Rojas Valderrama , Camila Winter Etcheberry , Gonzalo Desbordes Jiménez , Mario Labra Sepúlveda , Amaro Rosas Barrientos , Patricio Yeomans Araya , Gael Díaz Díaz , Marcelo Lavín León, Joaquín

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Kuschel Silva , Carlos Paulsen Kehr , Diego Undurraga Gazitúa, Francisco

-Se abstuvieron los diputados señores:

Berger Fett , Bernardo Keitel Bianchi , Sebastián Ossandón Irarrázabal , Ximena Santana Tirachini , Alejandro Castro Bascuñán, José Miguel Longton Herrera , Andrés Pardo Sáinz , Luis Sauerbaum Muñoz , Frank Celis Montt , Andrés Luck Urban , Karin Pérez Lahsen , Leopoldo Schalper Sepúlveda , Diego Coloma Álamos , Juan Mellado Suazo , Prieto Lorca , Pablo Torrealba Alvarado , SeAntonio Miguel bastián CruzCoke Carvallo , Luciano Molina Magofke , Andrés Ramírez Diez , Guillermo Urrutia Bonilla , Ignacio Del Real Mihovilovic , Catalina Morales Muñoz , Celso Rathgeb Schifferli , Jorge Urruticoechea Ríos , Cristóbal Flores Oporto , Camila Muñoz González , Francesca Rey Martínez, Hugo Van Rysselberghe Herrera , Enrique Fuenzalida Cobo , Juan Núñez Urrutia , Paulina Romero Sáez , Leonidas Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Jürgensen Rundshagen , Harry Olivera De La Fuente , Erika Sabat Fernández, Marcela

El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde votar la observación número 4, supresiva, de su excelencia el Presidente de la República, recaída en el artículo 5 del texto aprobado por el Congreso Nacional.

En votación.

-De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento, el señor Secretario tomó de viva voz, por el sistema telemático, las votaciones de los diputados Sergio Bobadilla , Enrique van Rysselberghe , Pedro Pablo Álvarez-Salamanca , Francisco Eguiguren , Iván Norambuena , Leopoldo Pérez , José Pérez , Cristina Girardi y Carmen Hertz .

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 13 votos; por la negativa, 118 votos. Hubo 22 abstenciones.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Rechazada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alessandri Vergara , Jorge Kort Garriga , Issa Paulsen Kehr , Diego Urrutia Bonilla , Ignacio Auth Stewart , Pepe Kuschel Silva , Carlos Torrealba Alvarado , Sebastián Urrutia Soto , Osvaldo Barros Montero , Ramón Macaya Danús , Javier Undurraga Gazitúa , Francisco Velásquez Seguel , Pedro Hoffmann Opazo , María José

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas , Florcita Eguiguren Correa , Francisco Lorenzini Basso , Pablo Saavedra Chandía , Gastón Alinco Bustos , René Espinoza Sandoval , Fidel Marzán Pinto , Carolina Sabag Villalobos , Jorge Álvarez Ramírez , Sebastián Fernández Allende , Maya Matta Aragay , Manuel Sabat Fernández , Marcela Álvarez Vera , Jenny Flores García, Iván Mellado Pino , Cosme Saffirio Espinoza , René ÁlvarezSalamanca Ramírez , Pedro Pablo Flores Oporto , Camila Meza Moncada , Fernando Saldívar Auger , Raúl Amar Mancilla , Sandra Fuenzalida Figueroa , Gonzalo Mirosevic Verdugo , Vlado Sanhueza Dueñas , Gustavo Ascencio Mansilla , Gabriel Gahona Salazar , Sergio Mix Jiménez , Claudia Santana Castillo, Juan Baltolu Rasera , Nino Galleguillos Castillo , Ramón Monsalve Benavides , Manuel Santibáñez Novoa , Marisela Barrera Moreno , Boris Garín González , Renato Morales Muñoz , Celso Schilling Rodríguez , Marcelo Bernales Maldonado , Alejandro Girardi Lavín , Cristina Moreira Barros , Cristhian Sepúlveda Orbenes , Alejandra Bianchi Retamales , Karim González Gatica , Félix Mulet Martínez , Jaime Sepúlveda Soto , Alexis Bobadilla Muñoz , Sergio González Torres , Rodrigo Naranjo Ortiz , Jaime Silber Romo , Gabriel Boric Font , Gabriel Gutiérrez Gálvez , Hugo Núñez Arancibia , Daniel Soto Ferrada , Leonardo Brito Hasbún , Jorge Hernández Hernández , Javier Nuyado Ancapichún , Emilia Soto Mardones , Raúl Calisto Águila , Miguel Ángel Hernando Pérez , Marcela Orsini Pascal , Maite Teillier Del Valle, Guillermo Cariola Oliva , Karol Hertz Cádiz , Carmen Ortiz Novoa, José Miguel Tohá González , Jaime Carter Fernández , Álvaro Hirsch Goldschmidt , Tomás Ossandón Irarrázabal , Ximena Torres Jeldes , Víctor Carvajal Ambiado , Loreto Ibáñez Cotroneo , Diego Pardo Sáinz , Luis Trisotti Martínez, Renzo Castillo Muñoz , Natalia Ilabaca Cerda , Marcos Parra Sauterel , Andrea Troncoso Hellman , Virginia Castro Bascuñán, José Miguel Jackson Drago , Giorgio Pérez Arriagada , José Urruticoechea Ríos , Cristóbal Castro González, Juan Luis Jarpa Wevar , Carlos Abel Pérez Lahsen , Leopoldo Vallejo Dowling , Camila Celis Araya , Ricardo Jiles Moreno , Pamela Pérez Olea , Joanna Van Rysselberghe Herrera , Enrique Celis Montt , Andrés Jiménez Fuentes , Tucapel Pérez Salinas , Catalina Velásquez Núñez , Esteban Cicardini Milla , Daniella Jürgensen Rundshagen , Harry Rathgeb Schifferli , Jorge Venegas Cárdenas , Mario Cid Versalovic , Sofía Kast Sommerhoff , Pablo Rentería Moller , Rolando Verdessi Belemmi , Daniel Crispi Serrano , Miguel Labra Sepúlveda , Amaro Rey Martínez , Hugo Vidal Rojas , Pablo Desbordes Jiménez , Mario Lavín León , Joaquín Rocafull López , Luis Walker Prieto , Matías Díaz Díaz , Marcelo Leiva Carvajal, Raúl Rojas Valderrama , Camila Winter Etcheberry , Gonzalo Durán Espinoza , Jorge Leuquén Uribe , Aracely Rosas Barrientos , Patricio Yeomans Araya , Gael Durán Salinas , Eduardo Longton Herrera, Andrés

-Se abstuvieron los diputados señores:

Bellolio Avaria , Jaime Keitel Bianchi , Sebastián Noman Garrido , Nicolás Romero Sáez , Leonidas Berger Fett , Bernardo Luck Urban , Karin Núñez Urrutia , Paulina Santana Tirachini , Alejandro Coloma Álamos, Juan Antonio Melero Abaroa , Patricio Olivera De La Fuente , Erika Sauerbaum Muñoz , Frank CruzCoke Carvallo , Mellado Suazo , Prieto Lorca , Pablo Schalper Sepúlveda , DieLuciano Miguel go Del Real Mihovilovic , Catalina Molina Magofke , Andrés Ramírez Diez , Guillermo Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Fuenzalida Cobo , Juan Muñoz González, Francesca

El señor PAULSEN (Presidente).

Corresponde votar el artículo 5 del texto aprobado por el Congreso Nacional, que requiere para su insistencia del voto favorable de los dos tercios de las diputadas y de los diputados participantes en la votación.

En votación.

-De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento, el señor Secretario tomó de viva voz, por el sistema telemático, las votaciones de los diputados Enrique van Rysselberghe , Iván Norambuena , Pedro Pablo Álvarez-Salamanca , Francisco Eguiguren , Bernardo Berger , Leonidas Romero , Miguel Ángel Calisto y René Alinco .

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 112 votos; por la negativa, 3 votos. Hubo 38 abstenciones.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas , Florcita Durán Salinas , Eduardo Leiva Carvajal , Raúl Saavedra Chandía , Gastón Alinco Bustos , René Eguiguren Correa , Francisco Leuquén Uribe , Aracely Sabag Villalobos , Jorge Álvarez Ramírez , Sebastián Espinoza Sandoval , Fidel Lorenzini Basso , Pablo Saffirio Espinoza , René Álvarez Vera , Jenny Fernández Allende , Maya Macaya Danús , Javier Saldívar Auger , Raúl ÁlvarezSalamanca Ramírez , Pedro Pablo Flores García, Iván Marzán Pinto , Carolina Sanhueza Dueñas , Gustavo Amar Mancilla , Sandra Fuenzalida Figueroa , Gonzalo Matta Aragay , Manuel Santana Castillo , Juan Ascencio Mansilla , Gabriel Gahona Salazar , Sergio Mellado Pino , Cosme Santibáñez Novoa , Marisela Auth Stewart , Pepe Galleguillos Castillo , Ramón Meza Moncada , Fernando Schilling Rodríguez , Marcelo Baltolu Rasera , Nino Garín González , Renato Mirosevic Verdugo , Vlado Sepúlveda Orbenes , Alejandra Barrera Moreno , Boris Girardi Lavín , Cristina Mix Jiménez , Claudia Sepúlveda Soto , Alexis Barros Montero , Ramón González Gatica , Félix Monsalve Benavides , Manuel Silber Romo , Gabriel Bellolio Avaria , Jaime González Torres , Rodrigo Moreira Barros , Cristhian Soto Ferrada , Leonardo Bernales Maldonado , Alejandro Gutiérrez Gálvez , Hugo Mulet Martínez , Jaime Soto Mardones , Raúl Bianchi Retamales , Karim Hernández Hernández , Javier Naranjo Ortiz , Jaime Teillier Del Valle, Guillermo Boric Font , Gabriel Hernando Pérez , Marcela Noman Garrido , Nicolás Tohá González , Jaime Brito Hasbún , Jorge Hertz Cádiz , Carmen Núñez Arancibia , Daniel Torres Jeldes , VíctorCalisto Águila , Miguel Ángel Hirsch Goldschmidt , Tomás Nuyado Ancapichún , Emilia Trisotti Martínez , Renzo Cariola Oliva , Karol Hoffmann Opazo , María José Orsini Pascal , Maite Troncoso Hellman , Virginia Carter Fernández , Álvaro Ibáñez Cotroneo , Diego Ortiz Novoa, José Miguel Urrutia Soto , Osvaldo Carvajal Ambiado , Loreto Ilabaca Cerda , Marcos Parra Sauterel , Andrea Vallejo Dowling , Camila Castillo Muñoz , Natalia Jackson Drago , Giorgio Pérez Arriagada , José Velásquez Núñez , Esteban Castro González, Juan Luis Jarpa Wevar , Carlos Abel Pérez Olea , Joanna Velásquez Seguel , Pedro Celis Araya , Ricardo Jiles Moreno , Pamela Pérez Salinas , Catalina Venegas Cárdenas , Mario Cicardini Milla , Daniella Jiménez Fuentes , Tucapel Rentería Moller , Rolando Verdessi Belemmi , Daniel Cid Versalovic , Sofía Kast Sommerhoff , Pablo Rocafull López , Luis Vidal Rojas , Pablo Crispi Serrano , Miguel Kort Garriga, Issa Rojas Valderrama , Camila Walker Prieto , Matías Díaz Díaz , Marcelo Labra Sepúlveda , Amaro Romero Sáez , Leonidas Winter Etcheberry , Gonzalo Durán Espinoza , Jorge Lavín León , Joaquín Rosas Barrientos , Patricio Yeomans Araya, Gael

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Kuschel Silva , Carlos Paulsen Kehr , Diego Undurraga Gazitúa, Francisco

-Se abstuvieron los diputados señores:

Alessandri Vergara , Jorge Jürgensen Rundshagen , Harry Núñez Urrutia , Paulina Sabat Fernández , Marcela Berger Fett , Bernardo Keitel Bianchi , Sebastián Olivera De La Fuente , Erika Santana Tirachini , Alejandro Castro Bascuñán, José Miguel Longton Herrera , Andrés Ossandón Irarrázabal , Ximena Sauerbaum Muñoz , Frank Celis Montt , Andrés Luck Urban , Karin Pardo Sáinz , Luis Schalper Sepúlveda , Diego Coloma Álamos, Juan Antonio Melero Abaroa , Patricio Pérez Lahsen , Leopoldo Torrealba Alvarado , Sebastián CruzCoke Carvallo , Luciano Mellado Suazo , Miguel Prieto Lorca , Pablo Urrutia Bonilla , Ignacio Del Real Mihovilovic , Catalina Molina Magofke , Andrés Ramírez Diez , Guillermo Urruticoechea Ríos , Cristóbal Desbordes Jiménez , Mario Morales Muñoz , Celso Rathgeb Schifferli , Jorge Van Rysselberghe Herrera , Enrique Flores Oporto , Camila Muñoz González , Francesca Rey Martínez, Hugo Von Mühlenbrock Zamora, Gastón

El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde votar la observación número 5, supresiva, de su excelencia el Presidente de la República, recaída en el artículo 8 del texto aprobado por el Congreso Nacional.

En votación.

-De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento, el señor Secretario tomó de viva voz, por el sistema telemático, las votaciones de los diputados Iván Norambuena , Sergio Bobadilla , Enrique van Rysselberghe , Pedro Pablo Álvarez-Salamanca , Nino Baltolu , Francisco Eguiguren y Miguel Ángel Calisto .

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 17 votos; por la negativa, 118 votos. Hubo 19 abstenciones.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Rechazada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alessandri Vergara , Jorge Hoffmann Opazo , María José Macaya Danús , Javier Undurraga Gazitúa , Francisco Baltolu Rasera , Nino Kort Garriga , Issa Melero Abaroa , Patricio Urrutia Bonilla , Ignacio Barros Montero , Ramón Kuschel Silva , Carlos Molina Magofke , Andrés Urrutia Soto , Osvaldo Coloma Álamos, Juan Antonio Leiva Carvajal , Raúl Paulsen Kehr , Diego Van Rysselberghe Herrera , Enrique Eguiguren Correa, Francisco

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas , Florcita Espinoza Sandoval , Fidel Mellado Pino , Cosme Saavedra Chandía , Gastón Alinco Bustos , René Fernández Allende, Maya Mellado Suazo , Miguel Sabag Villalobos , Jorge Álvarez Ramírez , Sebastián Flores García, Iván Meza Moncada , Fernando Sabat Fernández , Marcela Álvarez Vera , Jenny Fuenzalida Figueroa , Gonzalo Mirosevic Verdugo , Vlado Saffirio Espinoza , René ÁlvarezSalamanca Ramírez , Pedro Pablo Gahona Salazar , Sergio Mix Jiménez , Claudia Saldívar Auger , Raúl Amar Mancilla , Sandra Galleguillos Castillo , Ramón Monsalve Benavides , Manuel Sanhueza Dueñas , Gustavo Ascencio Mansilla , GaGarín González , Morales Muñoz , Santana Castillo , briel Renato Celso Juan Auth Stewart , Pepe Girardi Lavín , Cristina Moreira Barros , Cristhian Santibáñez Novoa , Marisela Barrera Moreno , Boris González Gatica , Félix Mulet Martínez , Jaime Schilling Rodríguez , Marcelo Bernales Maldonado , Alejandro González Torres , Rodrigo Muñoz González , Francesca Sepúlveda Orbenes , Alejandra Bianchi Retamales , Karim Gutiérrez Gálvez , Hugo Naranjo Ortiz , Jaime Sepúlveda Soto , Alexis Bobadilla Muñoz , Sergio Hernández Hernández , Javier Noman Garrido , Nicolás Silber Romo , Gabriel Boric Font , Gabriel Hernando Pérez , Marcela Núñez Arancibia , Daniel Soto Ferrada , Leonardo Brito Hasbún , Jorge Hertz Cádiz , Carmen Nuyado Ancapichún , Emilia Soto Mardones , Raúl Calisto Águila , Miguel Ángel Hirsch Goldschmidt , Tomás Olivera De La Fuente , Erika Teillier Del Valle, Guillermo Cariola Oliva , Karol Ibáñez Cotroneo , Diego Orsini Pascal , Maite Tohá González , Jaime Carter Fernández , Álvaro Ilabaca Cerda , Marcos Ortiz Novoa, José Miguel Torres Jeldes , Víctor Carvajal Ambiado , Loreto Jackson Drago , Giorgio Ossandón Irarrázabal , Ximena Trisotti Martínez, Renzo Castillo Muñoz , Natalia Jarpa Wevar , Carlos Abel Parra Sauterel , Andrea Troncoso Hellman , Virginia Castro González, Juan Luis Jiles Moreno , Pamela Pérez Arriagada , José Urruticoechea Ríos , Cristóbal Celis Araya , Ricardo Jiménez Fuentes , Tucapel Pérez Lahsen , Leopoldo Vallejo Dowling , Camila Celis Montt , Andrés Kast Sommerhoff , Pablo Pérez Olea , Joanna Velásquez Núñez , Esteban Cicardini Milla , Daniella Keitel Bianchi , Sebastián Pérez Salinas , Catalina Velásquez Seguel , Pedro Cid Versalovic , Sofía Labra Sepúlveda , Amaro Rathgeb Schifferli , Jorge Venegas Cárdenas , Mario Crispi Serrano , Miguel Lavín León , Joaquín Rentería Moller , Rolando Verdessi Belemmi , Daniel CruzCoke Carvallo , Luciano Leuquén Uribe , Aracely Rey Martínez , Hugo Vidal Rojas , Pablo Desbordes Jiménez , Mario Longton Herrera , Andrés Rocafull López , Luis Walker Prieto , Matías Díaz Díaz , Marcelo Lorenzini Basso , Pablo Rojas Valderrama , Camila Winter Etcheberry , Gonzalo Durán Espinoza , Jorge Marzán Pinto , Carolina Rosas Barrientos , Patricio Yeomans Araya , Gael Durán Salinas , Eduardo Matta Aragay, Manuel

-Se abstuvieron los diputados señores:

Bellolio Avaria , Jaime Fuenzalida Cobo , Juan Pardo Sáinz , Luis Sauerbaum Muñoz , Frank Berger Fett , Bernardo Jürgensen Rundshagen , Harry Prieto Lorca , Pablo Schalper Sepúlveda , Diego Castro Bascuñán , José Miguel Luck Urban , Karin Ramírez Diez , Guillermo Torrealba Alvarado , Sebastián Del Real Mihovilovic , Catalina Norambuena Farías, Iván Romero Sáez , Leo-nidas Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Flores Oporto , Camila Núñez Urrutia , Pauli-na Santana Tirachini, Alejandro

El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde votar el artículo 8 del texto aprobado por el Congreso Nacional, que requiere para su insistencia del voto favorable de los dos tercios de las señoras diputadas y de los señores diputados participantes en la votación. En votación.

-De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento, el señor Secretario tomó de viva voz, por el sistema telemático, las votaciones de los diputados Enrique van Rysselberghe , Pedro Pablo Álvarez-Salamanca , Francisco Eguiguren , Aracely Leuquén , Manuel Matta , Jenny Álvarez y Esteban Velásquez .

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 112 votos; por la negativa, 8 votos. Hubo 32 abstenciones.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas , Florcita Fernández Allende , Maya Matta Aragay , Manuel Rosas Barrientos , Patricio Alinco Bustos, René Flores García, Iván Melero Abaroa , Patricio Saavedra Chandía , Gastón Álvarez Ramírez , Sebastián Gahona Salazar , Sergio Mellado Pino , Cosme Sabag Villalobos , Jorge ÁlvarezSalamanca Ramírez , Pedro Pablo Galleguillos Castillo , Ramón Meza Moncada , Fernando Sabat Fernández , Marcela Amar Mancilla , Sandra Garín González , Renato Mirosevic Verdugo , Vlado Saffirio Espinoza , René Ascencio Mansilla , Gabriel Girardi Lavín , Cristina Mix Jiménez , Claudia Saldívar Auger , Raúl Auth Stewart , Pepe González Gatica , Félix Monsalve Benavides , Manuel Santana Castillo, Juan Barrera Moreno , Boris González Torres , Rodrigo Morales Muñoz , Celso Santibáñez Novoa , Marisela Bernales Maldonado , Alejandro Gutiérrez Gálvez, Hugo Moreira Barros , Cristhian Sauerbaum Muñoz , Frank Bianchi Retamales , Karim Hernández Hernández , Javier Mulet Martínez , Jaime Schilling Rodríguez , Marcelo Boric Font , Gabriel Hernando Pérez , Marcela Muñoz González , Francesca Sepúlveda Orbenes , Alejandra Brito Hasbún , Jorge Hertz Cádiz , Carmen Naranjo Ortiz , Jaime Sepúlveda Soto , Alexis Calisto Águila , Miguel Ángel Hirsch Goldschmidt , Tomás Noman Garrido , Nicolás Silber Romo , Gabriel Cariola Oliva , Karol Ibáñez Cotroneo , Diego Núñez Arancibia , Daniel Soto Ferrada , Leonardo Carter Fernández , Álvaro Ilabaca Cerda , Marcos Nuyado Ancapichún , Emilia Soto Mardones , Raúl Carvajal Ambiado , Loreto Jackson Drago , Giorgio Olivera De La Fuente , Erika Teillier Del Valle, Guillermo Castillo Muñoz , Natalia Jarpa Wevar , Carlos Abel Orsini Pascal , Maite Tohá González , Jaime Castro González, Juan Luis Jiles Moreno , Pamela Ortiz Novoa, José Miguel Torres Jeldes , VíctorCelis Araya , Ricardo Jiménez Fuentes , Tucapel Ossandón Irarrázabal , Ximena Troncoso Hellman , Virginia Celis Montt , Andrés Kast Sommerhoff , Pablo Parra Sauterel , Andrea Vallejo Dowling , Camila Cicardini Milla , Daniella Keitel Bianchi , Sebastián Pérez Arriagada , José Velásquez Núñez , Esteban Cid Versalovic , Sofía Labra Sepúlveda , Amaro Pérez Olea , Joanna Velásquez Seguel , Pedro Crispi Serrano , Miguel Lavín León , Joaquín Pérez Salinas , Catalina Venegas Cárdenas , Mario Desbordes Jiménez , Mario Leiva Carvajal , Raúl Rentería Moller , Rolando Verdessi Belemmi , Daniel Díaz Díaz , Marcelo Leuquén Uribe , Aracely Rey Martínez , Hugo Vidal Rojas , Pablo Durán Espinoza , Jorge Longton Herrera , Andrés Rocafull López , Luis Walker Prieto , Matías Durán Salinas , Eduardo Lorenzini Basso , Pablo Rojas Valderrama , Camila Winter Etcheberry , Gonzalo Espinoza Sandoval , Fidel Marzán Pinto , Carolina Romero Sáez , Leonidas Yeomans Araya, Gael

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Álvarez Vera , Jenny Berger Fett , Bernardo Kuschel Silva , Carlos Undurraga Gazitúa , Francisco Baltolu Rasera , Nino Eguiguren Correa , Francisco Paulsen Kehr , Diego Van Rysselberghe Herrera, Enrique

-Se abstuvieron los diputados señores:

Alessandri Vergara , Jorge Fuenzalida Cobo , Juan Molina Magofke , Andrés Santana Tirachini , Alejandro Barros Montero , Fuenzalida Figueroa , Núñez Urrutia , Schalper Sepúlveda , Ramón Gonzalo Paulina Diego Bellolio Avaria , Jaime Hoffmann Opazo , María José Pardo Sáinz , Luis Torrealba Alvarado , Sebastián Castro Bascuñán, José Miguel Jürgensen Rundshagen , Harry Pérez Lahsen , Leopoldo Trisotti Martínez , Renzo Coloma Álamos, Juan Antonio Kort Garriga , Issa Prieto Lorca , Pablo Urrutia Bonilla , Ignacio CruzCoke Carvallo , Luciano Luck Urban , Karin Ramírez Diez , Guillermo Urrutia Soto , Osvaldo Del Real Mihovilovic , Catalina Macaya Danús , Javier Rathgeb Schifferli , Jorge Urruticoechea Ríos , Cristóbal Flores Oporto , Camila Mellado Suazo , Miguel Sanhueza Dueñas , Gustavo Von Mühlenbrock Zamora, Gastón

El señor PAULSEN (Presidente).-

Despachado el proyecto.

-Aplausos.

-o-

El señor PAULSEN (Presidente).-

Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra, vía telemática, la diputada Karol Cariola .

La señorita CARIOLA (doña Karol ) [vía telemática].-

Señor Presidente, ocurre que se distribuyó a través de los parlamentarios la votación sobre el retiro del 10 por ciento y mi voto aparece como abstención, en circunstancias de que dije, de viva voz, que mi voto era a favor.

Lamento que en este momento los parlamentarios estén difundiendo, a través de las redes sociales, una votación que tiene errores, y errores que en verdad son costosos, porque hemos asumido con la ciudadanía el compromiso de votar a favor la iniciativa para el retiro del 10 por ciento de las AFP. Por lo tanto, que mi voto aparezca como abstención me hace sentir muy perjudicada.

Pido a los parlamentarios que, por favor, no distribuyan una votación que tiene errores, que no refleja la realidad de nuestro voto.

Señor Presidente, por su intermedio, pido al Secretario General que, a la brevedad, se corrija […]

-Los puntos suspensivos corresponden a interrupciones en la transmisión telemática.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Señorita diputada, en todo caso, consta que se tomó su voto de viva voz y fue a favor del proyecto. Sabemos que hubo un problema en el sistema y, por ello, se marcó su voto como abstención.

VALPARAÍSO, 23 de julio de 2020

Oficio N° 15.706

S.E. LA PRESIDENTA DEL H. SENADO

La Cámara de Diputados, en sesión de esta fecha, ha despachado las observaciones formuladas por S.E. el Presidente de la República, mediante el mensaje N°110-368, de 8 de julio de 2020, al proyecto de ley que suspende el corte de servicios básicos por no pago en virtud de la crisis originada por el coronavirus, correspondiente a los boletines N°s13.315-08, 13.417-03 y 13.438-03, refundidos, y al proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para disponer la postergación del cobro de deudas por consumos de servicios básicos domiciliarios, y del corte de tales suministros en caso de deuda, durante la vigencia de alertas sanitarias o epidemiológicas decretadas por la autoridad, correspondientes a los boletines N°s 13.329-03, 13.342-03, 13.347-03, 13.354-03, 13.355-03 y 13.356-03, refundidos, en los términos siguientes:

1) Ha rechazado las observaciones números 1, 2, 3, 4 y 5.

2) Respecto de las observaciones 2, 3, 4 y 5, ha acordado insistir en el texto de los preceptos sobre los que recaen esas observaciones, que han sido aprobados por el Congreso Nacional, con la siguiente votación:

- Artículo 3: 102 votos a favor.

- Artículo 4: 114 votos a favor.

- Artículo 5: 112 votos a favor.

- Artículo 8: 112 votos a favor.

De esta forma se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 73, inciso final, de la Constitución Política de la República.

Acompaño los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V.E.

DIEGO PAULSEN KEHR

Presidente de la Cámara de Diputados

MIGUEL LANDEROS PERKI?

Secretario General de la Cámara de Diputados

?INFORME DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, recaído en las observaciones, en segundo trámite constitucional, formuladas por Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto de ley que suspende el corte de servicios básicos por no pago en virtud de la crisis originada por el coronavirus, y al proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para disponer la postergación del cobro de deudas por consumos de servicios básicos domiciliarios, y del corte de tales suministros en caso de deuda, durante la vigencia de alertas sanitarias o epidemiológicas decretadas por la autoridad.

BOLETINES Nº 13.315-08, 13.417-03 y 13.438-03, refundidos, y N° 13.329-03, 13.342-03, 13.347-03, 13.354-03, 13.355-03 y 13.356-03, refundidos, respectivamente.

____________________________________

HONORABLE SENADO:

La Comisión de Economía tiene el honor de emitir su informe acerca de las observaciones formuladas por Su Excelencia el Presidente de la República a los proyectos de ley de la referencia, en uso de la facultad que le confiere el inciso primero del artículo 73 de la Constitución Política de la República y de conformidad con lo establecido en el Título III de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

A la sesión en que la Comisión conoció de esta iniciativa asistió vía videoconferencia, además de sus miembros, el Honorable Senador señor Alejandro Navarro Brain.

Asimismo, concurrieron, también vía videoconferencia, las siguientes personas:

Del Ministerio de Energía, el Ministro, señor Juan Carlos Jobet, y el Subsecretario, señor Francisco Javier López.

Del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, la Ministra, señora Gloria Hutt; la Subsecretaria, señora Pamela Gidi, y el Jefe de Gabinete de la Subsecretaria, señor José Huerta.

Del Ministerio de Obras Públicas, el Ministro, señor Alfredo Moreno; el Jefe de Gabinete del Ministro, señor Felipe Cuevas, y los asesores legislativos, señores Felipe Hermosilla y Francisco Ribbeck.

Del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, el Subsecretario, señor Juan José Ossa.

Otros asistentes: los asesores parlamentarios, señor Gonzalo Mardones (Senadora señora Rincón) y señora Pamela Cousins (Senador señor Durana).

- - -

Respecto del proyecto de ley que había sido despachado por el Congreso Nacional, Su Excelencia el Presidente de la República hizo uso de la facultad conferida por el inciso primero del artículo 73 de la Constitución Política de la República.

En la comunicación que el Primer Mandatario dirigió al Congreso Nacional, expresa, en primer lugar, que el espíritu de las iniciativas sobre las que recaen las observaciones ha sido compartido por el Gobierno, constituyendo una prioridad desde el comienzo del estado de excepción constitucional de catástrofe, declarado el 18 de marzo del presente año. Por ello, afirma, a fines de marzo se anunció un acuerdo con empresas de servicios sanitarios, electricidad y telecomunicaciones, al que luego se sumaron empresas de gas de red, para contar con planes solidarios para apoyar a las familias del país, que contemplan una serie de medidas en su beneficio. Estos acuerdos han sido ampliados en su cobertura y plazo en la medida que la situación sanitaria del país ha continuado.

Añade que así lo hizo el Gobierno, principalmente por dos razones. Primero, pues por la vía de alcanzar acuerdos con las empresas podían implementarse con prontitud los beneficios señalados y, de esa forma, contribuir a aliviar la situación económica que afecta a muchas familias, con la mayor celeridad posible. Además, al estar establecidos en una ley, las medidas contempladas en los acuerdos implican cargas públicas y limitaciones al derecho de propiedad, con diversas implicancias jurídicas. De esta manera, era menester contar con la colaboración y aceptación de las empresas, para, no vulnerar el Estado de Derecho. Esto último, señala, es de gran relevancia, no sólo porque es esencial su mantención para el debido funcionamiento de nuestra sociedad, sino, además, para evitar eventuales conflictos judiciales con el Estado tanto en sede nacional como internacional, siendo deber del Gobierno cautelar el patrimonio fiscal que, en definitiva, es de todos los chilenos.

Finalmente, consigna que es muy relevante señalar que las observaciones que se hacen al proyecto de ley no significarán que los costos de las medidas sean luego traspasados a los usuarios, pues así lo han señalado las respectivas empresas, tanto al momento de lograr los acuerdos con el Gobierno como posteriormente.

Enseguida, el Primer Mandatario hace referencia a las iniciativas y el proyecto de ley aprobado por el Congreso nacional, los acuerdos alcanzados con las empresas y los fundamentos de las observaciones, propiamente tales.

I. Las iniciativas y el proyecto de ley aprobado por el Congreso Nacional

Señala que el proyecto de ley que se observan tuvo su origen en sendas mociones parlamentarias, presentadas en el mes de marzo, tanto de senadores (boletines refundidos N° 13.315-08, 13.417-03 y 13.438-03) como de diputados (boletines refundidos N° 13.329-03, 13.342-03, 13.347-03, 13.354-03, 13.355-03, 13.356-03), las cuales contenían, en lo esencial, disposiciones que establecían:

1. La prohibición de corte de suministro de electricidad, agua y gas de red por parte de las empresas o cooperativas prestadoras del servicio respectivo, así como de los servicios de telecomunicaciones por periodos diversos;

2. La postergación y prorrateo de la deuda generada en el periodo que se indicaba, en cuotas.

Posteriormente, durante el estudio en primer trámite de las mociones originadas en ambas cámaras, se incorporaron, mediante indicaciones parlamentarias, las siguientes materias:

1. La precisión de que el beneficio de la postergación del cobro y del prorrateo de las deudas debía ser solicitado por el usuario y no podía realizarse de manera general, sin que concurriera de manera explícita su consentimiento;

2. La posibilidad de incorporar las deudas previas con topes de hasta 10 UF para agua, electricidad y gas de red (incorporada en la Cámara de Diputados); y de 10 UF en electricidad y 5 UF para agua y gas de red (incorporada en el Senado);

3. Normas sobre focalización del beneficio según información del Registro Social de Hogares para el 40% más vulnerable y otros criterios, como haberse acogido a la ley N° 21.227, o ser trabajador independiente con disminución de ingresos. Con todo, cabe hacer presente que el boletín N° 13.354-03 contenía una regla de focalización que indicaba que el beneficio que entregaba la ley podía ser invocado por los titulares de los servicios que pertenecieran al 60% de los hogares más vulnerables, según el Registro Social de Hogares;

4. Una diferenciación en el tratamiento al sector de telecomunicaciones, por tener particularidades regulatorias distintas a las de aguas, electricidad y gas de red. En concreto, se reconoció que este sector no presta sus servicios en condiciones monopólicas, por lo que era necesario dar un tratamiento distinto al de la postergación y prorrateo de las deudas, incorporándose en su lugar un plan básico solidario de conectividad, que incluye un conjunto de prestaciones gratuitas de telefonía fija, móvil o de acceso a internet, según sea el servicio contratado o de prestaciones especiales para clientes no suscriptores o de prepago, estableciendo la ley sus características;

5. Diversas normas sobre pagos entre actores del sector eléctrico y de orden tarifario que, en la especie, establecían reglas sobre cómo debían afrontar las empresas del sector eléctrico la menor recaudación, dado que a diferencia del sector sanitario y de gas de red, éste se encuentra desintegrado en generación, transmisión y distribución. Además, se incorporó, en la Cámara de Diputados, la imposibilidad de traspasar los costos, tanto de los beneficios como de la implementación de la ley, a los clientes o usuarios finales;

6. Cabe mencionar que, en el texto aprobado por la Comisión de Economía del Senado, en primer trámite constitucional, se incluyó una norma especial sobre focalización del consumo de agua potable, que fue rechazada en la Sala.

Agrega que tanto el Senado como la Cámara de Diputados tramitaron en paralelo los respectivos proyectos de ley originados en cada una de las cámaras, los que fueron modificados en su totalidad en segundo trámite por la correspondiente Cámara Revisora. Finalmente, en el tercer trámite constitucional, ambas cámaras rechazaron las modificaciones efectuadas, formándose comisiones mixtas para resolver las discrepancias surgidas.

Las comisiones mixtas acordaron, unánimemente, emitir un informe único, por tratar ambas iniciativas legales asuntos de similar naturaleza. Dicho informe, además de los puntos ya señalados previamente, incluyó una norma que impide a los prestadores de los servicios de electricidad, agua, gas de red y telecomunicaciones, contemplados en el proyecto de ley, recuperar los costos que la implementación de las medidas irrogue (artículo 8), y otra norma que permite a las cooperativas eléctricas postergar los pagos a transmisores y generadores por 90 días, prorrateándose dicho saldo en hasta 12 cuotas (artículo 9). Finalmente, las comisiones mixtas acordaron que la discusión del informe se efectuara, en primer lugar, en la Cámara de Diputados.

II. Los acuerdos alcanzados con las empresas

Expresa que, como se señaló previamente, el día 27 de marzo del presente año, el Presidente de la República anunció un acuerdo con empresas de servicios sanitarios, electricidad y telecomunicaciones, para contar con un plan solidario para apoyar a las familias del país, asegurando que no existan cortes de suministro de electricidad y agua potable asociados al no pago de las cuentas, permitiendo postergar el pago de éstas en hasta 12 cuotas, por el periodo de vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe, para el 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares, para quienes perdieran sus empleos y para casos calificados; y estableciendo, además, un plan solidario de conectividad en materia de telecomunicaciones, mediante el cual las empresas extienden un servicio de conectividad gratuito para los usuarios pertenecientes al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares, por un plazo inicial de sesenta días que a su vencimiento se prorrogó por un mes más. Empresas de gas de red se sumaron el 22 de abril al acuerdo en los términos señalados respecto del sector eléctrico y servicios sanitarios.

En concreto, da a conocer, en virtud de dichos acuerdos los usuarios que lo han solicitado están actualmente recibiendo los siguientes beneficios:

1. En materia de electricidad y gas de red:

a. Se suspendió el corte de servicio por mora en el pago de sus boletas;

b. Los saldos impagos que se originen durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe serán prorrateados en hasta 12 cuotas mensuales, a partir de su fin, sin intereses;

c. Adicionalmente, los clientes con deudas menores a 10 UF para electricidad y 5 UF para gas de red, acumuladas antes de la declaración de estado de excepción constitucional de catástrofe, pueden prorratear tales deudas bajo el mismo mecanismo, y en los casos que tengan el servicio cortado, solicitar su reposición;

d. Para acceder a estos beneficios los usuarios deben pertenecer al 40% más vulnerable según el Registro Social de Hogares, tener más de 60 años, haber perdido sus empleos durante el estado de excepción constitucional de catástrofe o acreditar algún caso calificado directamente a la empresa distribuidora respectiva.

2. En materia de servicios sanitarios:

a. Se suspendió el corte de servicio por mora en el pago de sus boletas;

b. Los saldos impagos que se originen durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe serán prorrateados en hasta 12 cuotas mensuales, a partir de su fin, sin intereses;

c. Para acceder a estos beneficios los usuarios deben pertenecer al 40% más vulnerable según el Registro Social de Hogares o acreditar algún caso calificado directamente a la empresa sanitaria respectiva.

3. En materia de telecomunicaciones:

a. Se entrega un plan solidario de conectividad a los usuarios activos de los hogares más vulnerables del país, durante 60 días (lo que se extendió por 30 días más, aumentando el plazo total a 90 días corridos), permitiéndoles navegar por internet, usar redes sociales, contestar correos, no contemplando el uso recreacional (video y/o videojuegos);

b. En virtud de lo anterior, para clientes con contrato, dependiendo de los productos contratados que se tenga, se entrega gratuitamente:

i. Internet fijo con banda ancha con velocidad de 2Mbs;

ii. Para telefonía móvil con contrato, 50 SMS, 300 minutos, y datos con velocidad 256 Kbs;

iii. Acceso gratuito a ciertas redes sociales, dependiendo de la compañía;

iv. Acceso a los sitios gob.cl/coronavirus; registrosocial.gob.cl; ingresosdeemergencia.cl, y aprendoenlinea.mineduc.cl;

c. Para móviles sin contrato, acceso gratuito a ciertas redes sociales, dependiendo de la compañía y acceso a los sitios señalados.

Destaca que los referidos acuerdos con las empresas se han prorrogado, con el objetivo de abarcar el período de estado de excepción constitucional por catástrofe vigente. Incluso, algunas empresas han profundizado en su cobertura, alcance y beneficios.

Así las cosas, reitera que los referidos acuerdos permiten, por un lado, auxiliar con prontitud a los chilenos en estos tiempos de dificultades y, por el otro, hacerlo conforme a las reglas que rigen al Estado de Derecho y protegiendo el patrimonio fiscal de eventuales demandas.

III. Fundamentos de las observaciones

Expresa que las observaciones que se proponen al proyecto de ley buscan conciliar, por una parte, el tan necesario apoyo a las familias que se han visto afectados por la pandemia de COVID-19, con el resguardo de nuestro Estado de Derecho, por otra parte. De este modo, las observaciones no vienen a alterar las normas que aseguran el suministro de servicios sanitarios, de electricidad y de gas de red, así como aquellas que permiten enfrentar las dificultades para pagarlos; por el contrario, las hacen compatibles con el ordenamiento institucional, que es el que permite, en el tiempo, poner en marcha iniciativas sostenibles para proteger a las personas.

En esta línea, durante la tramitación de los proyectos de ley se realizaron diversas reservas de constitucionalidad, toda vez que las mociones, durante su tramitación, incorporaron normas que afectan, principalmente, al derecho a la igual repartición de las cargas públicas y al derecho de propiedad. Lo anterior, debido a que se impone por ley una carga pública a prestadores de servicios públicos sin compensación, en términos tales que afectan nuestra Carta Fundamental.

Indica que cuando esta carga es desigual, desproporcionada y su contenido es de carácter patrimonial, se produce también una afectación al derecho de propiedad en su esencia, pues se afectan los atributos o facultades esenciales del dominio, esto es, el uso, goce o disposición de dichas prestaciones de carácter patrimonial. En concreto, se explaya, los aspectos del proyecto de ley que se observan afectan a la prestación de los servicios públicos sanitarios, de electricidad y de gas de red, por una parte; y por la otra, a los servicios de telecomunicaciones, generando vicios de inconstitucionalidad que deben ser enmendados.

Primeramente, respecto del sector de telecomunicaciones, el proyecto de ley observados iguala a los servicios de telecomunicaciones con aquellos que se les ha considerado “servicios básicos”.

El denominador común presente en los servicios regulados es el carácter monopólico del servicio, que viene, en general, acompañado de un régimen de fijación tarifaria por parte del Estado.

Dichas características no son propias del mercado de telecomunicaciones, en el cual existe libertad para acordar tarifas, tal y como lo recoge el artículo 29º de la ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones.

Asimismo, se trata de un mercado competitivo, en el que el cliente no solo cuenta con bienes sustitutos para reemplazar la prestación del servicio (acceso fijo a internet puede ser reemplazado por el acceso móvil, el teléfono fijo puede ser reemplazado por el teléfono móvil, el teléfono puede ser reemplazado por un servicio de llamadas sobre IP, etc.), sino que además cuenta con una serie de herramientas competitivas que facilitan el cambio de un operador a otro en plazos extremadamente breves, como la portabilidad numérica móvil y fija o, incluso, una modalidad de servicio que no requiere contrato ni pago mensual fijo, es más, no requiere siquiera identificar al usuario del servicio, como lo es la telefonía móvil de prepago.

Esta naturaleza competitiva del mercado de telecomunicaciones genera, para los propósitos buscados por el proyecto de ley en comento, una dificultad inherente a ella: no es posible aplicar la misma solución generada para mercados monopólicos a un mercado competitivo, pues no se comparten los mismos supuestos iniciales.

Lo anterior lleva a la conclusión de que aplicar al mercado de las telecomunicaciones medidas similares a aquellas que se imponen a los servicios sanitarios, de distribución de gas de red y de energía (artículos 1 y 2 del proyecto de ley), resultaría sumamente complejo. El legislador, en efecto, decidió excluir a los servicios de telecomunicaciones de tales medidas, y ello obedece a la gran dificultad de hacer extensiva la solución a un mercado que no comparte los mismos supuestos ya descritos, puesto que requeriría, entre otras cosas, limitar la facultad del usuario para cambiarse de compañía para aplicar un sistema de prorrata; resolver, además, cómo y a quién cobrar una deuda que se generaría frente a un servicio de telefonía de prepago sin contrato ni usuario identificable, entre muchas otras.

Dicho lo anterior, expone que el Congreso Nacional ha optado por una propuesta específica para el sector de telecomunicaciones, creando, para estos efectos, un plan de conectividad gratuito cuya caracterización es desarrollada en el artículo 3 del proyecto de ley, y que, por los motivos expuestos, difiere totalmente de la fórmula alcanzada para el resto de los servicios regulados en el proyecto de ley.

Es así como se propone una serie de condiciones de servicio para los usuarios de telefonía móvil, acceso a internet fijo y móvil; y para los usuarios de telefonía fija. Tales condiciones deben ser otorgadas de forma gratuita por el operador, el que no podrá contar con compensación económica alguna por tal carga, no pudiendo traspasar el costo a los clientes, y estará sujeto a dicha carga por un plazo de tres meses, según desarrolla el propio artículo 3; constituyendo un importante gravamen pecuniario para las empresas prestadoras del servicio.

Desde la perspectiva jurídica del derecho de propiedad, señala que la Constitución Política de la República excepcionalmente autoriza a su privación completa, o bien de alguna de sus facultades esenciales, mediante la expropiación, pero sólo en casos previstos por el legislador y siempre contra pago de la justa indemnización al afectado. La imposición de prestar un servicio de telecomunicaciones en forma gratuita ciertamente no expropia el derecho sobre la concesión, pero sí lo hace respecto de una parte de la facultad de disposición, que es consubstancial al dominio. En otras palabras, no se priva al operador completamente de la facultad de disposición, pero sí se le expropia de un atributo que es parte de dicha prerrogativa.

Reitera que el Ejecutivo reconoce y comparte la necesidad de contar con una solución que mantenga dicha conectividad entre los grupos de mayor vulnerabilidad de la población, puesto que son éstos los más golpeados por las consecuencias económicas que ha generado la pandemia, y las dificultades generadas para las familias al priorizar las decisiones económicas en las que las cuentas de los servicios de telecomunicaciones pueden ser una carga, eventualmente, difícil de soportar en el tiempo.

No obstante, tal reconocimiento debe ser acorde con el cumplimiento de las normas del Estado de Derecho, y por esos motivos es que las normas recogidas por el proyecto de ley observado no son enteramente compatibles con tales finalidades.

En virtud de lo anterior, el Gobierno, conjuntamente con la industria de telecomunicaciones, han llegado al consenso de entregar un plan de conectividad gratuita, orientado al 60% más vulnerable del Registro Social de Hogares.

Dicho plan fue formalizado ante la autoridad por medio de cartas presentadas por la Asociación de Telefonía Móvil A.G. y WOM S.A. con fecha 1 de julio y 23 de junio, respectivamente. Las presentaciones de las compañías de telecomunicaciones constituyen una oferta comercial, si bien gratuita, dirigida a los usuarios, por lo que son fiscalizables por parte de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, debiendo velar por el adecuado otorgamiento de las condiciones expresadas por la industria, quedando los concesionarios sujetos, respecto de esta oferta comercial, a las obligaciones regulatorias y a la potestad sancionatoria de la Subsecretaría.

En tales misivas, las compañías expresaron su voluntad de extender el plazo para solicitar el beneficio correspondiente al plan solidario de telecomunicaciones, a contar del 1 de julio y por 90 días. Asimismo, señalaron su conformidad con proveer un servicio de navegación de internet con velocidades entre 256Kbps y 512Kbps en servicio móvil y entre 2Mbps y 4Mbps en servicio fijo; y acordaron extender el universo de beneficiarios del Plan Solidario, de modo que éste abarque al 60% de los hogares con menores ingresos. Finalmente, la Asociación de Telefonía Móvil A.G. comprometió la prestación de servicios de mensajería SMS y minutos para llamadas de voz, tal y como fue planteado por el Congreso Nacional en el proyecto observado.

Asimismo, las condiciones ofrecidas se orientan al 60% más vulnerable del Registro Social de Hogares, lo que incluye a los estudiantes de dicho segmento, quienes podrán requerir el acceso al plan solidario para obtener soluciones de conectividad para sus estudios; recoge las velocidades establecidas por el legislador y extiende los beneficios durante el plazo determinado en el proyecto observado.

De esta forma, en los hechos, la industria de telecomunicaciones está otorgando los beneficios establecidos en el proyecto de ley, lo que evita las complejidades constitucionales que levanta el proyecto de ley observado y, por tanto, permite a la población acceder inmediatamente a los beneficios que el legislador ha pretendido poner a disposición del público.

Por estas razones, entonces, se propone suprimir el artículo 3 del proyecto de ley, así como las menciones a los servicios de telecomunicaciones en otros artículos, armonizando el proyecto para que esté orientado a la regulación de servicios básicos domiciliarios y, de esta forma, evitando las dificultades y vicios expresados en esta presentación, pues son incompatibles con las soluciones alcanzadas por el legislador para los otros mercados.

Por otro lado, respecto de los servicios sanitarios, de electricidad y de gas de red, el proyecto de ley observado, en cuanto a los beneficios que se establecen en los artículos 1 y 2, no se altera. Sin embargo, la carga pública que impone el proyecto de ley se torna desigual cuando, en el artículo 8, se les prohíbe a las empresas recuperar los costos que irrogue para ellas la implementación de este proyecto de ley por medio del traspaso a precio o en procesos tarifarios, entre otras vías, según corresponda a la actividad económica respectiva.

De esta manera, se propone suprimir el artículo 8, lo que permite subsanar la inconstitucionalidad señalada, así como eliminar la necesidad de que exista una compensación de cargo fiscal, lo cual incidiría en la admisibilidad de las mociones refundidas que se observan, debido a que son las propias normativas sectoriales actualmente vigentes las que permitirían recoger el impacto que las medidas establecen.

La supresión referida, además, armoniza el proyecto de ley con el régimen constitucional vigente, y permite mantener las normas generales que determinan la libertad de precios para gas de red, así como la revisión en los procesos tarifarios para electricidad y servicios sanitarios, siempre que correspondan incluirse, de los costos que irrogue esta ley para las empresas.

Sin embargo, y dado que las propias empresas han señalado, de manera pública y formal, que no traspasarán los costos que emanen de estas nuevas obligaciones que la ley establece en los próximos procesos de fijación tarifaria, se mantiene la premisa buscada tanto por el Gobierno como por los legisladores: que no sean los usuarios de los servicios básicos quienes deban compensar los beneficios buscados, dado que los costos no serán incorporados por las empresas, ni menos por los respectivos reguladores en los futuros procesos tarifarios.

Finalmente, señala que el servicio público de agua potable enfrenta un problema adicional, por cuanto se está viviendo una de las sequías más relevantes del último tiempo, que pone en riesgo el suministro.

En ese contexto, las políticas públicas deben incentivar un uso eficiente y responsable del recurso hídrico para salvaguardar su disponibilidad para toda la población y así evitar agravar los efectos de la pandemia que enfrentamos como país.

Respecto de los servicios públicos sanitarios, el proyecto de ley no considera la sequía y el cambio climático, a pesar de haberse discutido extensamente durante la tramitación de las iniciativas. Esto se observa de forma manifiesta al carecer de un límite de consumo de agua potable para efectos de postergar los pagos de servicios básicos sanitarios, y por ello se propone incorporar un límite a la postergación del pago de consumos de hasta 15 metros cúbicos, con ciertas excepciones, tal como fue discutido durante la tramitación del proyecto de ley observado.

Su Excelencia, el Presidente de la República, le formuló cinco observaciones al proyecto de ley.

La Cámara de Diputados, mediante oficio N° 15.706, de 23 de julio de 2020, informó al Senado el rechazo de todas las observaciones formuladas por Su Excelencia el Presidente de la República y que respecto de las observaciones 2, 3, 4 y 5, ha acordado insistir en el texto de los preceptos sobre los que recaen esas observaciones, que han sido aprobados por el Congreso Nacional.

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La Comisión de Economía del Senado conoció de las observaciones en virtud de lo prescrito en el artículo 21 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

Del mismo modo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 188, N° 1, del Reglamento del Senado, la discusión se efectuó en general y en particular a la vez.

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DISCUSIÓN

Las observaciones formuladas por Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto de ley de la referencia, son del siguiente tenor:

AL ARTÍCULO 2

1) Para adicionar el siguiente inciso final, nuevo:

“Los usuarios finales que se acojan a alguna de las causales de esta ley para postergar el pago de servicios básicos sanitarios, sólo podrán postergar el pago de consumo de agua potable hasta 15 metros cúbicos. Si los consumos mensuales de dichos usuarios superan dicha cantidad, no podrán postergar el pago de los montos que correspondan al exceso del límite señalado. No obstante lo anterior, aquellos usuarios que, mediante la cartola del Registro Social de Hogares definido en el decreto supremo N° 22, de 2015, del Ministerio de Desarrollo Social, o el que lo reemplace, acrediten tener más de 4 integrantes podrán postergar el pago de hasta 4 metros cúbicos adicionales por persona.”.

AL ARTÍCULO 3

2) Para suprimirlo.

AL ARTÍCULO 4

3) Para sustituir, en el inciso primero, la expresión “a lo dispuesto en los artículos 2 y 3” por “a lo dispuesto en el artículo 2”.

AL ARTÍCULO 5

4) Para suprimir, en el inciso primero, la expresión “; o la incorporación al plan básico solidario de conectividad, tratándose de las empresas indicadas en el artículo 3”.

AL ARTÍCULO 8

5) Para suprimirlo.

El Ministro de Energía, señor Juan Carlos Jobet, expresó, en primer lugar, que debe haber claridad sobre que el Gobierno ha estado comprometido, desde el primer día, porque nadie, en el marco de la emergencia sanitaria que vive el país, sufra el corte de los servicios básicos. Objetivo que, por cierto, se ha cumplido a cabalidad. Por lo mismo, resaltó, la discusión que se lleva a cabo con motivo de las observaciones formuladas por el Ejecutivo en el contexto del presente proyecto de ley, no tiene por finalidad, de modo alguno, el corte de dichos servicios. Solo tiene que ver, entonces, con la forma en que se entregan los beneficios contemplados en el proyecto de ley.

Recordó que, en el inicio de la tramitación de esta iniciativa, en la Cámara de Diputados, un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional abordó de qué manera se había acometido esta problemática en otros países. Su conclusión fue que, en la mayoría de aquellos, la vía administrativa había sido la escogida, básicamente por la agilidad con que, en comparación con la opción legislativa, permite atender a las necesidades que se presentan.

La vía administrativa, justamente, fue la alternativa que tomó el Gobierno. Para ello, en el pasado mes de marzo elaboró un plan que, inicialmente, gracias a los acuerdos suscritos con las empresas, aseguró que no habría cortes de los servicios de electricidad y agua potable, y ofreció planes de conectividad en el área de las telecomunicaciones. Posteriormente, en buena parte gracias al debate que tuvo lugar en sede legislativa, amplió sus beneficios al servicio de gas de red y aumentó la cantidad de beneficiarios.

Añadió que, desde el primer día, todos los beneficios han sido fiscalizados por la respectiva superintendencia o por la Subsecretaría de Telecomunicaciones, en su caso.

De esta forma, hasta la fecha es posible constatar que:

- No hay reportes de corte de servicios básicos.

- 110.000 familias vulnerables de clase media han postergado el pago de sus cuentas de electricidad, en doce cuotas y sin interés.

- Más de 35.000 han postergado el pago de sus cuentas de agua.

- Más de 1.200 familias han postergado el pago de sus cuentas de gas de red.

- Se han entregado planes solidarios gratuitos de internet fija y televisión de pago a 12.000 familias

- Se han entregado planes solidarios gratuitos de internet y telefonía móvil, con contrato, a 45.000 familias.

- Se han entregado planes sin costo a más de 10.000.000 de usuarios de telefonía móvil.

- En suma, se han entregado más de 11 millones de beneficios.

Agregó que todos los beneficios precedentemente expuestos no representan ningún costo para los usuarios, ni al recibirlos ni en las futuras fijaciones tarifarias. Esto se explica, fundamentalmente, por dos razones. Primero, por el compromiso expresamente asumido por las empresas en tal sentido. Y segundo, en el caso de los servicios electricidad y agua, cuyas tarificaciones de definen en base a la estructura de costos de una empresa eficiente, porque no se consideran los costos específicos de eventos puntuales en el tiempo.

Hizo ver que sin perjuicio de todo lo anterior, la tramitación legislativa de los diversos proyectos de ley que abordaban esas materias, prosiguió su camino. Con el propósito final, como se sabe, de conferirle rango legal a los beneficios. Y con el mérito, valoró, de servir para ampliar la calidad de los mismos y el universo de beneficiarios.

Y así se llegó a la situación actual. El Gobierno, enfatizó, quiere promulgar la ley, y no está en contra de ella. Simplemente ha propuesto hacerle algunos ajustes que cierren espacios a dos cosas: eventuales recursos de inaplicabilidad que se puedan presentar, que terminen por afectar su ejecución y la entrega de los beneficios, y evitar el riesgo de que el Estado pueda ser objeto de demandas por parte de los privados.

En consonancia con lo expuesto, las observaciones no recaen sobre el artículo 1 del proyecto de ley, que impide el corte de los servicios básicos. Se refirió, enseguida, a las observaciones propiamente tales.

- La número 1) adiciona un inciso final al artículo 2 (que permite el prorrateo de los saldos de las cuentas), con el fin de que la postergación del pago de consumo de agua potable sea hasta 15 metros cúbicos, o incluso más tratándose de familias de más de cuatro integrantes. Esto, subrayó, de ninguna manera implica poner en riesgo la prohibición de corte del servicio.

- La número 2) busca suprimir el artículo 3 (que establece los beneficios en materia de telecomunicaciones).

Destacó que las empresas del sector ya se han comprometido a entregar los beneficios que el artículo 3 contempla, razón por la que su cumplimiento es plenamente fiscalizable.

Al respecto, puso de relieve que, conforme lo consagra nuestro ordenamiento jurídico, así como otros en el derecho comparado, si el Estado dispone de un bien de propiedad de un privado, imponiéndole la carga de entregar un beneficio de manera gratuita, debe, como contrapartida, compensarlo. Principio que, en opinión del Ejecutivo, se estaría pasando a llevar al consagrar la obligación por ley, pero sin una compensación.

A mayor abundamiento, indicó que, de acuerdo a estimaciones realizadas por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, el costo de proveer estos servicios, para las compañías, resulta muy cuantioso. Ello permite proyectar el monto de las demandas de que podría ser sujeto el Estado en el futuro, no solo por parte de las empresas, sino también por parte de sus accionistas.

- Las signadas con los números 3) (al artículo 4) y 4) (al artículo 5), son de carácter formal, para el caso que sea aprobada la supresión del artículo 3.

- La número 5) propone suprimir el artículo 8 (que prohíbe a las empresas el traspaso de costos a los clientes finales).

Sostuvo que tal supresión resulta aconsejable, por la misma argumentación por la que lo es la del artículo 3.

El señor Ministro concluyó su intervención haciendo hincapié en la necesidad de asegurar que los distintos beneficios lleguen a los usuarios finales, procurando, al mismo tiempo, el resguardo del Estado de Derecho, sin lo cual, en el largo plazo, el cuidado de las personas se vería afectado.

La Honorable Senadora señora Rincón manifestó que si, como se ha informado, las compañías están cumpliendo todos los compromisos, no se entiende por qué el Gobierno presenta un veto a un proyecto de ley que busca entregar certeza.

Del mismo modo, observó que se propone suprimir el artículo 3, a cuyo contenido se pudo arribar, en su momento, en buena parte gracias a las gestiones de la señora Ministra de Transportes y Telecomunicaciones.

La Honorable Senadora señora Órdenes expresó que el cumplimiento de un acuerdo, como el alcanzado por el Gobierno con las empresas de servicios básicos, no está suficientemente garantizado. Cuestión que sí es posible, resaltó, mediante una ley.

Agregó que ese acuerdo fue incluso mejorado por el Congreso Nacional, particularmente en materia de telecomunicaciones, gracias al involucramiento de la respectiva Secretaría de Estado.

Finalmente, consignó que los probables recursos de inaplicabilidad, u otros, que se puedan deducir, corresponde que sean anunciados por las empresas interesadas, no por el Ejecutivo.

El Honorable Senador señor Elizalde consultó cuáles son las diferencias sustantivas entre lo contemplado en este proyecto de ley y lo acordado por el Gobierno con las empresas, y si dicho acuerdo puede afectar los procesos tarifarios.

El Ministro, señor Jobet, señaló que, en materia de distribución eléctrica, todas las compañías, salvo CGE, han ofrecido básicamente los mismos beneficios del proyecto de ley. En el caso de la aludida compañía, si bien no ha hecho expreso que va a tener un 60% de cobertura, en la práctica lo está haciendo.

Por otra parte, volvió a hacer hincapié en que los acuerdos adoptados son completamente fiscalizables por parte de la Administración, lo que importa que, de no ser cumplidos, dan lugar a cuantiosas multas.

Respecto de los efectos tarifarios, afirmó que con o sin la aprobación del artículo 8, los costos no se reflejarán en las tarifas de los usuarios.

El Honorable Senador señor Elizalde expuso que, si el acuerdo del Gobierno con las empresas efectivamente coincide con los beneficios del proyecto de ley, y no va a influir en la tarifa, ninguna empresa podría alegar que la ley la afecta. En consecuencia, no se advierte de qué manera podría originarse responsabilidad del Estado. Si eventualmente la hubiera –cosa que, consignó, no comparte-, tendría que ser objetiva, sobre un hecho concreto, no en abstracto.

El Ministro de Obras Públicas, señor Alfredo Moreno, destacó, de modo general, que los beneficios del plan en su momento presentado por el Ejecutivo, y los contemplados en el proyecto de ley, son muy similares.

En la práctica, de hecho, los beneficios que en muchos casos se están entregando son los del proyecto de ley, que son superiores a los del acuerdo del Gobierno. En efecto, las compañías han dado a conocer su voluntad de ceñirse a aquellos y, al mismo tiempo, que no van a aumentar las tarifas, con o sin el artículo 8 del proyecto.

Sin embargo, señaló, también han hecho ver su desacuerdo con que una ley los obligue a asumir que no percibirán compensaciones, toda vez que sentaría un grave precedente para cualquier circunstancia futura que por ley se determine.

Por consiguiente, culminó, con la supresión del artículo 8 no pierde ninguno de los beneficios del proyecto de ley. Pero sí se evita que cualquier compañía, o cualquier accionista de ellas, argumente que el daño en su patrimonio fue causado por una imposición de la ley, y haga responsable al Estado de Chile por eso.

La Ministra de Transporte y Telecomunicaciones, señora Gloria Hutt, señaló que, en materia de telecomunicaciones, se hizo un trabajo que funcionó muy bien y de una manera muy integrada. Fruto de ello se logró un acuerdo con más beneficios para los usuarios. Se avanzó en esa línea porque se podía mejorar lo que estaba proponiendo el proyecto de ley.

Indicó que los Ministerios tienen la obligación de participar en la elaboración de los proyectos de ley para resguardar el buen desarrollo de los sectores, así como, también, el interés de los usuarios. Por lo anterior, la participación de su Cartera en el debate legislativo fue bastante activa.

Además, se advirtió que los planes propuestos inicialmente, que partieron basándose en el acuerdo de marzo de este año, podían mejorarse, lo que efectivamente ocurrió. De hecho, el proyecto de ley definió condiciones mucho mejores que las que tenía el plan solidario inicial, ya que no solo se aumentó la cobertura, sino que, también, las prestaciones. El proyecto fue una gran contribución en eso, al definir un mejor estándar respecto de la entrega de beneficios a las personas. Mencionó que había una reserva de constitucionalidad, lo cual avanza en un canal distinto del contenido mismo de las prestaciones.

Respectó de cómo garantizar que se cumplan los acuerdos a los cuales llegó el Gobierno con las empresas de telecomunicaciones, señaló que todas estas prestaciones son registradas como planes comerciales, y en ese carácter son fiscalizables, tal como lo son los demás planes de las compañías. En tal sentido, no existe el riesgo de no poder controlar la entrega de los beneficios ni la calidad de los mismos, en los términos en que se ha comprometido. Hay una formalidad expresada en una carta de intención tanto de la Asociación de Empresas de Telefonía Móvil como directamente por las empresas que no forman parte de tal asociación. Así, queda bastante resguardado que los beneficios se entregan en los mismos términos del proyecto de ley.

En el caso de las telecomunicaciones, expresó que el veto resguarda el interés del Estado respecto de potenciales demandas. La preocupación en tal sentido no es algo antojadizo, dado que cualquier director de una empresa tiene la obligación de resguardar su patrimonio o de los bienes cuya administración se le encarga. Así, un directorio está obligado a actuar si estima que hay algún elemento de riesgo para la continuidad operacional. Tal riesgo surge objetivamente cuando una ley obliga a disponer de parte de su patrimonio. Sin embargo, no existe cuando la empresa decide voluntariamente destinar parte de ese patrimonio a otorgar un beneficio. Esa es la justificación por la que el veto propone que telecomunicaciones no permanezca en el proyecto, y también es la razón por la que se han mantenido los mismos servicios a los mismos beneficiarios del proyecto, eliminando el riesgo real para el Estado de que sean cursadas demandas en su contra.

Agregó que el acuerdo resguarda el interés de los usuarios, respecto de los cuales todos han trabajado, pero eliminando el referido riesgo potencial. Todos los planes registrados formalmente son completamente fiscalizables, sujetos a mediciones y al control de su cabal cumplimiento.

Indicó que el veto elimina al sector de las telecomunicaciones del proyecto porque es el único sector al que el proyecto le exige gratuidad. En todos los demás hay una reprogramación de deudas; al sector de telecomunicaciones, en cambio, se le exige una prestación sin compensación.

Finalizó señalando que los acuerdos con las empresas se encuentran disponibles y sus beneficios ya están siendo entregados a las personas.

Luego, el Honorable Senador señor Elizalde, a propósito de las eventuales demandas que se podrían presentar en contra del Estado, comentó que ha habido un debate en relación a la constitucionalidad del proyecto, particularmente en cuanto a ser contrario al Capítulo Tercero de la Carta Fundamental. Al respecto, señaló que hay un precedente, dado que, a fines del año pasado, el Congreso Nacional aprobó una iniciativa que congeló las tarifas eléctricas, presentada por el Gobierno. En esa oportunidad se estableció algo similar a lo que propone este proyecto, porque el proyecto estableció que no podría cobrar intereses. El principio fue el mismo que el que consagra esta ley, aunque en este caso es entre los clientes y las empresas, y no entre empresas, como en la situación anterior.

Sobre el mismo punto, el Ministro de Energía, señor Jobet, señaló que las situaciones son distintas, porque el problema constitucional se genera cuando se impone una carga desproporcionada. En una pandemia, en un servicio regulado que presta un servicio básico, hay dudas que impedir el cobro de intereses sea una carga desproporcionada. El Gobierno no sostiene que pagar en el futuro sin intereses sea algo inconstitucional per se. Los monopolios naturales tienen un proceso de fijación tarifaria, que es la instancia institucional en la cual se abordan los costos que se deben incorporar en las tarifas de los clientes. Ese es, precisamente, el problema que presenta el artículo 8, pues impide que ese elemento se pueda discutir en el futuro. Concluyó reiterando que el Gobierno considera que es posible eliminar del proyecto el artículo 8, sin que esto tenga un efecto en las tarifas para los clientes en el futuro, y sin pasar a llevar la institucionalidad.

El Honorable Senador señor Navarro señaló estar en contra del veto, en lo fundamental, por las siguientes dos razones:

- Que los Presidentes de la República acuerden con las empresas monopólicas procesos tarifarios o condiciones respecto de los consumidores, es algo fuera de lugar en toda democracia. La institucionalidad no opera de ese modo.

- Las eventuales futuras demandan en contra del Estado de parte empresas monopólicas, que temen los Ministros, no tendrían razón de ser, porque los mismos Secretarios de Estado han señalado que no hay diferencias entre los beneficios contenidos en el proyecto con los alcanzados en los convenios del Gobierno con las empresas.

VOTACIÓN

La Comisión acordó pronunciarse, en una sola votación, respecto de todas las observaciones formuladas por Su Excelencia el Presidente de la República, así como, también, de la insistencia en el proyecto aprobado por el Congreso Nacional, en lo que corresponda.

Al fundamentar su votación por la aprobación del veto, el Honorable Senador señor Pugh señaló que es necesario tener muy presente lo que señalaron los señores Ministros respecto de los efectos que puede tener el proyecto. A nadie se le cortará los suministros básicos. Hizo presente que estos, que forman parte de la infraestructura el Estado, están en manos de privados, motivo por lo cual es una industria regulada. Sus dueños, entre ellos extranjeros, podrían alegar que se ven afectados por esta ley.

Agregó que corresponde no solo proteger a las personas, sino que también al Estado. Las observaciones buscan evitar que el Estado sea demandado.

Por su parte, el Honorable Senador señor Durana, al justificar su voto con el cual se abstuvo, sostuvo que el veto no afecta en nada los beneficios de esta ley, que apoyó con su voto en su oportunidad. Agregó que, en lo relativo a las telecomunicaciones, concuerda con que se trata de un sector económico de libre competencia, distinto al de los demás servicios básicos. También hizo presente la responsabilidad ante normas inconstitucionales y eventuales demandas por parte de empresas privadas, así como, también, la preservación del Estado de Derecho.

El Honorable Senador señor Elizalde indicó, sin que constituyera fundamentación de su voto, que durante mucho tiempo se esgrimió que los beneficios de esta ley eran los mismos que los contenidos en los acuerdos privados establecidos por el Gobierno con las empresas, y que esa circunstancia no le daba sentido a la ley. Pero eso no es así, porque no hay exactitud entre los beneficios contemplados en unos y otros. Así, durante la sesión se ha reconocido que, al menos respecto de las empresas sanitarias, los beneficios de esta ley son más amplios que los del acuerdo con el Gobierno, independientemente que las empresas tienen voluntad de avanzar en el mismo sentido de la ley.

Respecto de eventuales demandas en contra del Estado en razón de esta ley, por afectar lo consagrado en el artículo 19 número 24 de la Carta Fundamental, señaló que tal argumento, llevado a un extremo, impediría modificar cualquier regulación vigente referida a empresas reguladas, porque podría eventualmente afectar el derecho de propiedad. Al respecto, indicó que es evidente que los marcos regulatorios se actualizan y están permanentemente sujetos a revisión y modificaciones legislativas. Lo importante es que tales modificaciones tengan un marco de racionalidad que le den justificación a los cambios normativos. Una pandemia como la que afecta actualmente a nuestro país, con los efectos sociales que ha provocado y con la dimensión de la crisis generada, es un motivo más que razonable para que se pueda establecer una modificación que tendrá un impacto mínimo, y que tiene, además, un carácter transitorio. Recordó que el proyecto en caso alguno permite el no pago de los servicios, sino dispone que el pago podrá postergarse sin corte de suministro, y que no podrán imponerse multas ni cobrarse intereses u otros gastos asociados.

--Los Honorables Senadores señor Elizalde, presidente, y señoras Rincón y Órdenes, votaron por rechazar las observaciones e insistir en la parte del proyecto despachado por el Congreso Nacional que fue objeto de vetos supresivos. El Honorable Senador señor Pugh votó por aprobar el veto. El Honorable Senador señor Durana se abstuvo.

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Comisión de Economía acordó lo siguiente en relación a las observaciones formuladas por S. E. el Presidente de la República:

1) Rechazó las observaciones números 1, 2, 3, 4 y 5. (Mayoría 3x1x1 abstención).

2) Respecto de las observaciones 2, 3, 4 y 5, acordó insistir en el texto de los preceptos sobre los que recaen esas observaciones, que fueron aprobados por el Congreso Nacional, a saber, los artículos 3, 4, 5 y 8. (Mayoría 3x1x1 abstención).

__________________

En consecuencia, la Comisión de Economía tiene el honor de proponer al Senado que rechace las observaciones formuladas por S.E. el Presidente de la República, y que insista en los preceptos correspondientes del proyecto aprobado por el Congreso Nacional. (Mayoría 3x1x1 abstención).

Acordado en sesión celebrada el día 27 de julio de 2020, con asistencia de los Honorables Senadores señor Álvaro Elizalde Soto (Presidente), señoras Ximena Órdenes Neira y Ximena Rincón González, y señores Jose Miguel Durana Semir y Kenneth Pugh Olavarría.

Sala de la Comisión, a 27 de julio de 2020.

Pedro Fadic Ruiz

Secretario Abogado de la Comisión

*El presente informe se suscribe sólo por la secretaria de la Comisión en virtud del acuerdo de Comités, de 15 de abril de 2020, que autoriza proceder de esta manera.

SUSPENSIÓN DE CORTE POR NO PAGO Y POSTERGACIÓN DE COBRO DE DEUDAS POR CONSUMO DE SERVICIOS BÁSICOS DOMICILIARIOS. VETO

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Corresponde pronunciarse sobre las observaciones formuladas por Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto de ley que suspende el corte de servicios básicos por no pago en virtud de la crisis originada por el coronavirus (boletines números 13.315-08, 13.417-03 y 13.438-03, refundidos), y al proyecto que modifica diversos cuerpos legales para disponer la postergación del cobro de deudas por consumos de servicios básicos domiciliarios, y del corte de tales suministros en caso de deuda, durante la vigencia de alertas sanitarias o epidemiológicas decretadas por la autoridad, con informe de la Comisión de Economía (boletines números 13.329-03, 13.342-03, 13.347-03, 13.354-03, 13.355-03 y 13.356-03, refundidos).

--Los antecedentes sobre el primer proyecto (13.315-08) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley (moción de los Senadores señora Rincón y señores Navarro, Bianchi, Girardi y Quinteros):

En primer trámite: sesión 3ª, en 18 de marzo de 2020 (se da cuenta).

--Los antecedentes sobre el segundo proyecto (13.417-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley (moción de los Senadores señora Provoste y señores Bianchi, Girardi, Guillier y Navarro):

En primer trámite: sesión 12ª, en 8 de abril de 2020 (se da cuenta).

--Los antecedentes sobre el tercer proyecto (13.438-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley (moción de los Senadores Elizalde y Quinteros):

En primer trámite: sesión 15ª, en 15 de abril de 2020 (se da cuenta).

En tercer trámite: sesión 26ª, 25 de mayo de 2020.

Mixta: sesión 30ª en 27 de mayo de 2020.

Veto: sesión 54ª, en 23 de julio de 2020.

Informes de Comisión:

Economía (certificado): sesión 17ª, en 22 de abril de 2020.

Economía: sesión 18ª, en 29 de abril de 2020.

Mixta (certificado): 37ª, en 10 de junio de 2020.

Economía: sesión 56ª, en 28 de julio de 2020.

Discusión:

Sesiones 17ª, en 22 de abril de 2020 (queda pendiente la discusión general); 18ª, en 29 de abril de 2020 (se aprueba en general y en particular); 30ª en 27 de mayo de 2020 (se rechazan las modificaciones de la Cámara de Diputados y el proyecto pasa a Comisión Mixta); 38ª, en 11 de junio de 2020 (se aprueba el certificado de las Comisiones Mixtas).

--Los antecedentes sobre el proyecto (13.329-03, 13.342-03, 13.347-03, 13.354-03, 13.355-03 y 13.356-03, refundidos) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite: sesión 16ª, en 21 de abril de 2020 (se da cuenta).

Mixta: sesión 31ª, en 2 de junio de 2020.

Veto: sesión 54ª, en 23 de julio de 2020.

Informes de Comisión:

Economía: sesión 24ª, en 20 de mayo de 2020.

Mixta (certificado): 37ª, en 10 de junio de 2020

Economía: sesión 56ª, en 28 de julio de 2020.

Discusión:

Sesión 30ª, en 27 de mayo de 2020 (se aprueba en general y en particular con modificaciones); 38ª, en 11 de junio de 2020 (se aprueba el certificado de las Comisiones Mixtas).

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Senador señor Kast, como usted hizo un planteamiento respecto a las observaciones, le doy la palabra.

El señor KAST.-

Gracias, Presidenta.

Esto es muy simple.

Yo pido votación separada de las observaciones, haciendo uso del artículo 164 del Reglamento, que dice: "Cualquier Senador podrá pedir que se divida una proposición antes de empezar su votación.". Yo sé que todavía no empezamos la votación, pero en caso de que lleguemos a ella, lo pido desde ya.

Y, adicionalmente, porque en los últimos incisos del artículo 35 de la LOC, dice que "Si el Presidente separase sus observaciones con letras o números, cada texto así diferenciado será considerado una sola observación". Esto significa que se debe votar por separado.

Por ambos argumentos quiero pedir votación separada, señora Presidenta . Además, no pude estar en la reunión de Comités y como jefe de Comité tengo derecho a solicitarlo.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Acá hubo un acuerdo unánime de todos los Comités que participamos en esa reunión. El Senador Kast no estuvo, por eso tiene derecho a esta apelación.

Lo que hicimos en Comités hoy día fue reproducir lo que hizo la Comisión de Economía al votar en dos bloques: rechazo e insistencia.

Nuevamente tenemos que poner en aplicación el artículo 20 del Reglamento y estar una hora media más discutiendo esta situación, porque claramente lo que la ley dice es que se votan por separado las disposiciones; pero la Comisión de Economía votó en bloque.

Eso se acordó unánimemente. El Senador Kast no estuvo, entonces tiene derecho nuevamente a hacer uso del artículo 20.

Senador Letelier.

El señor LETELIER.-

Presidenta, yo entiendo que los Comités propusieron seguir la idea de la Comisión de Economía. Pero en este caso, el Reglamento prima, porque es un derecho fundamental de cada Senador o Senadora el pedir la votación por separado. Y, por ende, los Comités no pueden negar ese derecho.

Comparto que el Senador Kast tiene esa facultad y basta con que lo haya pedido, no hay que someterlo a votación.

Esto tiene que ver con nuestros procedimientos internos.

Entiendo que son derechos garantizados. Es como fundamentar el voto; es un derecho garantizado a toda Senadora o todo Senador.

Por tanto, propongo que avancemos nomás. Será más rápido.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Muy bien.

Entiendo que la solicitud del Senador Kast es votar en bloque el rechazo; pero la insistencia por separado.

¿Eso es?

El señor COLOMA.-

Sí. Se vota por separado.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Muy bien.

Yo, en realidad, prefiero votar por separado la insistencia, porque repetir nuevamente este peregrinar de votaciones y fundamento de voto...

El señor COLOMA.-

¡Fundamentemos una sola vez, Presidenta!

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Bueno, la insistencia requiere cuatro votaciones.

El Senador Kast pidió votar una por una.

Tiene la palabra el Senador Coloma, y luego la Senadora Rincón.

El señor COLOMA.-

Señora Presidenta , para dar cumplimiento a lo que se plantea, que es razonable y que usted comparte, en cuanto a ir votando separadamente por su naturaleza, yo propongo que el fundamento sea único, para que no se dé lo que usted señaló: la sucesión de fundamentos que impidan el despacho de los proyectos.

Eso es lo que entiendo de su inquietud.

Le propongo eso.

Si están de acuerdo, podríamos fundar una vez, y cada uno podría ir votando después como le parece.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Senadora Rincón.

La señora RINCÓN.-

Presidenta, en la misma línea, sugiero que se intervenga una sola vez y que después se realicen todas las votaciones seguidas; porque, si no, esto va a terminar a las doce de la noche.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Muy bien.

Vamos, entonces, a votar el rechazo en bloque y la insistencia. Son cuatro votaciones separadas, con el fundamento de voto lo más limitado posible.

Solamente vamos a entregar la palabra para fundar el voto, no para un debate previo.

Senador Elizalde, parece que había pedido la palabra. ¿O no?

El señor ELIZALDE.-

Señora Presidenta , lo que pasa es que hay cuatro vetos supresivos, pero en rigor son dos. El resto es de forma, porque si efectivamente se acogen estos dos vetos, que van al corazón del proyecto, el que se refiere al artículo 3 y el que se refiere al artículo 4, los otros dos son para suprimir las menciones que se hacen a esos artículos, que, claro, si se aceptara el veto, efectivamente estarían de más, y por tanto tendría toda lógica aceptar su supresión.

Pero, en rigor, son dos los vetos supresivos de fondo: los que suprimen los artículos 3 y 4, o sea, las observaciones números 2) y 5). Las observaciones números 3) y 4), referidas a los numerales 3 y 4 solo buscan que el texto quede con las referencias normativas correctas en caso de que se apruebe el resto.

Entonces, si se vota cuatro veces por separado, podría correrse el riesgo de que el texto quedara incoherente.

Yo no me voy a oponer a la propuesta del Senador Kast; pero la idea de agrupar las votaciones fue para que quedara un texto coherente.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Muy bien.

Vamos a poner, entonces, en votación el rechazo en un bloque.

Y en seguida las insistencias 2), 3), 4) y después la 5), porque la 3) y la 4) son secuenciales de la 2).

Vamos a votar primero, entonces, el bloque de rechazo.

En votación las cinco observaciones del rechazo.

--(Durante la votación).

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

En eso tenemos un acuerdo, y así lo propuso el Senador Kast: votar en bloque.

En la insistencia tendríamos votación separada.

Señor Secretario, tiene la palabra para explicar el procedimiento de votación de este primer bloque.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias, señora Presidenta .

En esta primera votación se vota el rechazo de las observaciones de Su Excelencia el Presidente de la República.

La opción "sí significa rechazar las observaciones conforme al informe de la Comisión. La opción "no", significa aprobar las observaciones de Su Excelencia el Presidente de la República .

Vamos, en consecuencia, a efectuar la consulta de voto a las señoras y señores Senadores que se encuentran fuera de la Sala.

Senador señor Montes, ¿cómo vota?

El señor MONTES.-

Voto a favor del veto, señor Secretario.

¡Perdón!

¿Aló?

Voto en contra del veto del Ejecutivo.

Es que estaba muy enredado.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

La opción "sí" -reitero- significa pronunciarse por el rechazo de las observaciones formuladas por el Presidente de la República y, en consecuencia, a favor del informe. Es decir, significa rechazar el veto.

¿Cómo vota?

El señor MONTES.-

Rechazo el veto del Ejecutivo.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Ya, muy bien, "sí".

El señor MONTES.-

¿Cómo?

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

"Sí".

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Senadora señora Órdenes, ¿cómo vota?

La señora ÓRDENES.-

Señor Secretario , voy a justificar mi voto.

Voy a votar que sí, que rechazo el veto presidencial, pero quiero hacer algunas precisiones.

Este proyecto de ley, que suspende el corte de servicios básicos y posterga su pago, surge de mociones parlamentarias. Pero acá dentro del contexto, el 27 de marzo de este año, se anunció el término del pago de los servicios básicos, y esto se tradujo en un acuerdo entre el Gobierno y las empresas de servicios básicos: de agua, de luz, de electricidad y de telecomunicaciones.

Se estableció que serían beneficiarias aquellas personas que pertenecieran al 40 por ciento más vulnerable y las personas mayores de 60 años que presentaran dificultades de pago. Y, además, se implementó lo que se denominó "un plan solidario de conectividad".

Pero yo patrociné la idea de un proyecto de ley porque creo que las acciones del Ejecutivo se tienen siempre que operacionalizar en actos administrativos. Y esto no quedó claro en el anuncio de ese acuerdo, más allá de que algunos Ministros señalaron que muchos de los acuerdos son fiscalizables por los entes reguladores.

Repito: siempre se requiere a lo menos un acto administrativo que dé fe de un acuerdo, más si lo adopta el Presidente de la República y las empresas se servicios básicos del país.

En segundo lugar, este proyecto de ley es distinto al acuerdo inicial. Que las empresas lo hayan ido mejorando en el transcurso del tiempo se debió, precisamente, a mi juicio, a que esto estaba en discusión.

Pero yo lamento que, al final del día, el argumento del Ejecutivo para negarse a apoyar esta iniciativa y finalmente recurrir a la figura del veto presidencial haya sido el riesgo de que existan ciertos recursos judiciales por inaplicabilidad de la norma. Pero ese rol lo tienen que cumplir los privados, las empresas, no el Ejecutivo. El Estado tiene otra tarea.

Por eso, yo insisto, creo que el Estado, y particularmente un Poder del Estado, el Ejecutivo , ha cometido dos errores.

Siempre el Estado debe actuar de manera formal a través de un mínimo acto administrativo y no como representante de las empresas que puedan sentirse o no perjudicadas con un proyecto de esta naturaleza.

Además, en el tema de las telecomunicaciones, nosotros habíamos llegado a un acuerdo con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, y hoy día, a través del veto, se borran los artículos que son el corazón del proyecto. Es decir, se elimina la idea matriz.

Probablemente, vamos a tener los votos para rechazar el veto presidencial, no sé si la insistencia. Pero creo que se está abusando de aquella figura, porque no solo ha ocurrido con este proyecto de ley, sino también con otros, como la Ley de Garantía de los Derechos de la Niñez.

Así que yo espero que desde el Oficialismo se sumen los votos y podamos sacar adelante esta normativa, porque, o si no, algunas acciones del Estado, y particularmente del Poder Ejecutivo , aparecerán con una lógica más discrecional que formal, como se esperaría.

Voto que sí.

Gracias, Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

La Senadora señora Órdenes vota "sí".

Senador señor Ossandón, ¿cómo vota?

Senador señor Ossandón, ¿cómo vota?

¿Cómo vota?

El señor OSSANDÓN.-

A favor del veto.

A favor del veto.

Secretario , a favor...

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

La opción "sí" significa rechazar el veto presidencial; la opción "no" significa estar a favor del veto presidencial.

El señor OSSANDÓN.-

Voto que sí.

Voto que sí.

Voto que sí, Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Es decir, usted rechaza el veto.

El señor OSSANDÓN.-

¡Sí!

¡Sí!

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota que sí.

Senador señor Prohens, ¿cómo vota?

Senadora señora Provoste, ¿cómo vota?

El señor PROHENS.-

Voto que no, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

¡Ah! Senador señor Prohens, ¿cómo vota?

El señor PROHENS.-

Que no, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota "no".

Senadora señora Provoste, ¿cómo vota?

La señora PROVOSTE.-

Voy a fundamentar mi voto, Presidenta .

Yo voy a votar "sí" en esta iniciativa. Estoy en contra de lo que ha presentado el Gobierno, que suprime beneficios para la ciudadanía.

El veto presentado por el Gobierno tiene tres elementos principales, de los cuales, si bien es cierto todos son preocupantes, como lo ha señalado la Senadora Ximena Órdenes, lo más preocupante es que elimina de manera completa el artículo 3.

Este artículo contiene todas las disposiciones relativas a telecomunicaciones, internet y telefonía móvil y fija. Esto es particularmente grave y genera un precedente en las relaciones entre el Gobierno y el Congreso, que el Gobierno debe sopesar.

El propio Gobierno ofreció un acuerdo. Y veo acá conectada a la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones.

Presidenta , en esta iniciativa, que planteamos junto con el Senador Pizarro, la Senadora Allende, la Senadora Órdenes, el Senador Chahuán , para otorgar gratuidad y así acceso a internet y de esta forma garantizar el derecho a la educación, que hoy día no se garantiza porque hay millones de estudiantes que no pueden acceder a este derecho y a las plataformas porque no tienen conectividad, fue el propio Gobierno el que tendió los puentes para ofrecer apoyo.

Conversaron nuestros equipos técnicos y los del Ministerio de Transportes con la propia Ministra , con la Subsecretaria, durante varios días, hasta acordar en su totalidad el texto aprobado, ¡y después de treinta días el Gobierno veta lo que ellos mismos concordaron!

Esto es poco serio, es inaceptable. Y, además, deja en entredicho y en un muy mal pie a la propia Ministra Hutt como interlocutora, porque claramente cuando vuelva a establecer una coordinación, uno va a dudar si ella efectivamente...

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Un minuto, Senadora .

La señora PROVOSTE.-

Gracias, Presidenta.

Decía que nos queda la duda de si los Ministros efectivamente son interlocutores habilitados para continuar tratando los proyectos de ley de sus Carteras.

La excusa que se da de que se habría alcanzado un acuerdo similar con las empresas fuera de la ley no resuelve el problema, ¡y no es aceptable!

Por eso voto a favor de la proposición de la Comisión para rechazar la decisión del Gobierno del Presidente Piñera de suprimir beneficios a los ciudadanos y las ciudadanas que hoy enfrentan dificultades en nuestro país.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

La Senadora señora Provoste vota a favor.

Senador señor Quintana, ¿cómo vota?

El señor QUINTANA.-

Secretario, voto a favor del rechazo del veto, que representa un resabio de un presidencialismo exacerbado, absolutamente desconectado del momento que vive el país.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

El Senador Quintana vota a favor.

Senador señor Quinteros, ¿cómo vota?

Senador señor Sandoval, ¿cómo vota?

El señor SANDOVAL.-

Abstención, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El Senador señor Sandoval se abstiene.

Senador señor Quinteros, ¿cómo vota?

El señor QUINTEROS.-

Presidenta.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Tiene la palabra.

El señor QUINTEROS.-

Gracias.

Es simbólico, Presidenta , que el rechazo a las observaciones enviadas por el Presidente de la República se produzca el mismo día del reemplazo completo del gabinete político. Este rechazo vendrá a ser la última paletada que se arroja sobre el gabinete saliente.

Deseo lo mejor a los nuevos Ministros, especialmente a los que han sido nuestros colegas hasta el día de hoy.

Sin duda, creo que su primera tarea será definir un nuevo camino para enfrentar los efectos sanitarios, económicos y sociales de la pandemia; un camino que esté marcado por un diálogo real, en que el Gobierno escuche a la ciudadanía y no se aísle y se amurre, que es la actitud que ha tenido en este proyecto sobre servicios básicos.

Se ha hablado mucho de una crisis institucional o de la instalación de un parlamentarismo de facto. La verdad es que el veto es expresión de todo lo contrario: de un ultrapresidencialismo. El veto en sí mismo, aunque excepcional, corresponde al ejercicio de una facultad presidencial y es parte de un sistema de equilibrio de los Poderes del Estado. Siempre será excepcional, porque afecta un principio democrático fundamental como es el de las mayorías.

Lo preocupante de este caso ha sido el contexto en el que se presentan estas observaciones: sin escuchar a la gente, sin hacerse cargo de los problemas que la afectan.

Así como el veto se enmarca dentro de la institucionalidad, el rechazo a él y la insistencia con el quorum correspondiente también son mecanismos institucionales.

Por eso, voto a favor de lo acordado por la Comisión.

Sí.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El Senador señor Quinteros vota "sí".

Senador señor Soria, ¿cómo vota?

El señor SORIA.-

Voto "sí", señor Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Muchas gracias.

Senadora señora Van Rysselberghe, ¿cómo vota?

Le van a dar el audio.

Senadora, usted lo apaga.

Ahí está activado. Ahora se apagó.

Seguiremos, mientras se resuelve el inconveniente.

Senadora señora Allende, ¿cómo vota?

La señora ALLENDE.-

Presidenta, es difícil para mí comprender este veto del Presidente . Por supuesto voy a votar que sí para rechazarlo.

Comprendo la molestia que esto genera en miles de familias que hoy están en la situación que todos conocemos de gran precariedad, con grandes dificultades para pagar sus cuentas.

Este proyecto fue aprobado el 11 de junio, y el Gobierno esperó el último día de plazo para mandar el veto. Ya llevamos un mes y medio sin que se pueda promulgar. ¡Qué sentido tiene dilatar tanto la promulgación de esta ley! Una vez más se manifiesta la desconexión de este Gobierno con los trabajadores, en especial con los más vulnerables.

Además, ha quedado en evidencia que este veto es rechazado por amplia mayoría. Así lo demostró la Cámara de Diputados al rechazarlo con una mayoría importante, incluidos parlamentarios de Chile Vamos.

El Gobierno parece ignorar la legitimidad del Congreso. Cree que la suspensión del pago de las cuentas se puede realizar con un simple apretón de manos con ciertos empresarios en La Moneda.

Por supuesto, esto no se trata de un favor o de un negocio, sino de entender que estas son empresas de utilidad pública que proveen servicios básicos a los hogares. Por lo tanto, lo correcto era hacer esto por el camino legislativo.

Reflejo de lo anterior -y lo más grave- es que uno de los temas controvertidos de este veto es el relativo a la conectividad gratuita a internet, como dijo la Senadora Provoste, aspecto que nosotros habíamos presentado y aprobado. Este veto busca suprimir el artículo respectivo, con todo lo que ello contenía, lo que garantizaba acceso a internet a los estudiantes y a todos quienes hoy día carecen de conexión, porque el Gobierno teóricamente habría llegado a un acuerdo con las empresas para establecer un plan de conectividad para el 60 por ciento más vulnerable. Con ello, incluso se salta el trabajo realizado por la propia Ministra Hutt .

Otra observación inentendible es la que permite que se traspasen los costos de suspensión de las cuentas que pagan los usuarios. Una vez más, ¡una vez más!, quieren que paguen los usuarios, los trabajadores sus costos...

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Un minuto, Senadora .

La señora ALLENDE.-

Voy a votar que sí.

Pero es incomprensible este veto. Creo que demuestra la desconexión con la ciudadanía.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

La Senadora señora Allende vota que sí.

Senadora señora Aravena, ¿cómo vota?

La señora ARAVENA.-

Voy a fundamentar brevemente mi voto.

Creo que a la ciudadanía no se le ha explicado que se ha llegado a acuerdos con la Superintendencia de Telecomunicaciones y con las compañías. Efectivamente, quizá la manera más adecuada de proceder era formalizar desde un principio este propósito, porque la Superintendencia, desde el momento en que acoge las propuestas de las empresas privadas, tiene que hacerse cargo de supervisarlas.

Pero eso es algo muy engorroso para que la gente lo entienda.

Creo que hay que hacer un mea culpa, porque las cosas debieron haberse hecho con mayor formalidad.

A mí no me gusta -y voy a ser muy franca- que el Senado se inmiscuya en labores que normalmente debieran estar a cargo del Ejecutivo. Por algo hay tres Poderes del Estado, y están separados.

Algunos artículos de esta ley podrían traer efectos secundarios y judicialización para el Estado de Chile, más allá del gobierno de turno. Y esa es una cuestión delicada en los tiempos en los que estamos.

Siendo consecuente con las votaciones anteriores, me abstengo, Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

La Senadora señora Aravena se abstiene.

Senador señor Araya, ¿cómo vota?

El señor ARAYA.-

Voto que sí, señor Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota que sí.

Senador señor Castro, ¿cómo vota?

El señor CASTRO.-

Voto que sí, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota que sí.

Senador señor De Urresti, ¿cómo vota?

El señor DE URRESTI.-

Voy a fundamentar mi voto, señor Secretario.

Voto a favor.

Esto me parece inadmisible y demuestra la desconexión absoluta de este Gobierno con la realidad y con el sufrimiento de la gente. Se pone nuevamente del lado de las empresas, del lado de las distintas compañías, con las cuales pretende llegar a acuerdos, a negociaciones, para conseguir mejores prestaciones, rebajas o la posibilidad de suspender el cobro por los servicios que prestan.

Esto es exponerse absolutamente, al margen del funcionamiento legislativo. Sin embargo, este tipo de situaciones se hace por ley y no a través de acuerdos y llamadas a los amigos.

Quiero recordarle a la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones que hay más de 270 localidades solo en la Región de Los Ríos que no cuentan con conexión, donde hay estudiantes y personas hoy día que no tienen la misma igualdad de condiciones para comunicarse y hacer tareas y trabajos para la universidad.

Entonces, tenemos un Gobierno que, por cuidarles el bolsillo a las empresas de suministro, por cuidarles la rentabilidad y no afectar sus condiciones, recurre al veto -además, este fue contundentemente rechazado por Diputados de Gobierno y Oposición- e insiste, lo que demuestra para quién se gobierna.

Voto a favor absolutamente de lo que resolvió el Parlamento; voto para que se rechace este veto.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

El Senador señor De Urresti vota a favor.

El Senador señor Elizalde va a fundar su voto.

El señor ELIZALDE.-

Tengo un problema con el micrófono de mi puesto. Por favor, actívenme otro.

Gracias, Presidenta y Secretario .

Voy a fundamentar a favor del rechazo al veto. Voto "sí", en este caso, para respaldar el informe de la Comisión. Ello, básicamente porque creo que este veto, lamentablemente, pretende destruir dos artículos que son fundamentales en este proyecto de ley.

En primer lugar, el artículo 3, que se refiere al plan de las telecomunicaciones, gratuito y de carácter solidario, y en segundo lugar, el artículo 8, que prohíbe que en los procesos futuros de definición tarifaria se considere esta ley excepcional como un factor a considerar para elevar las tarifas. Ambas normas dicen relación con la esencia de esta iniciativa.

Lamento que el Gobierno se haya demorado casi un mes en enviar este veto. El proyecto fue presentado el 18 de marzo; se aprobó en junio -creo que el 11 de junio se envió el oficio-, y el Gobierno esperó hasta el 8 de julio para formular el veto, con el fin de dilatar la entrada en vigencia de la ley.

Lo segundo que hay que precisar es que el marco de protección de esta iniciativa no es exactamente igual al establecido por el Gobierno en sus acuerdos voluntarios con las empresas. De hecho, en materia sanitaria, el proyecto dispone un ámbito de focalización más amplio, hasta el 60 por ciento de vulnerabilidad, a diferencia del acuerdo alcanzado en esa área por el Gobierno, que solo comprende al 40 por ciento de las familias más vulnerables.

Y podríamos citar otros ejemplos en que efectivamente este proyecto va más allá de lo establecido por el Gobierno. Por tanto, no es exacto señalar que esto es una repetición mecánica de lo acordado por el Ejecutivo con las empresas.

Por último, creo que es imprescindible dar una señal nítida: el esfuerzo para enfrentar la crisis se realiza entre todos y, en ese marco, las empresas deben contribuir.

Cuando se estableció el congelamiento de tarifas eléctricas en un proyecto presentado por el Gobierno a fines del año pasado, se indicó que ello implicaba un costo para las empresas, porque tal congelamiento significaba llevar a valor presente la rebaja en el costo de la generación eléctrica, lo que permitía mantener los precios nominalmente, con una sola variable que podría cambiar: el precio del dólar, que obviamente no depende solo de lo que ocurre en Chile. En ese contexto, ya hay un precedente en que el Ejecutivo pidió a las empresas hacer un esfuerzo financiero a efectos de llevar a valor presente la rebaja futura, con un costo, en todo caso, que no era relevante respecto de los costos globales para su funcionamiento.

En esta iniciativa ocurre lo mismo. La diferencia radica en que ya no es entre empresas, sino con los clientes. No olvidemos que aquí no hay condonación; no se está pidiendo que los clientes no paguen, sino simplemente que durante un plazo máximo de noventa días, si así lo necesitan y cumplen con los requisitos de la ley, suspendan el pago y repacten hasta un máximo de doce cuotas mensuales del mismo monto, sin multas, intereses ni gastos asociados.

Por tanto, es un esfuerzo mínimo que hacen las empresas con relación al costo global de esta crisis.

Por lo anterior, me pronuncio en contra del veto, es decir, a favor del informe de la Comisión. Voto que sí.

Quiero precisar un punto que me parece relevante. Debería explicitarse si hay Senadores que se van a inhabilitar, porque, de acuerdo a nuestro Reglamento, eso tendría efectos en el cálculo del quorum. Por tanto, solicito formalmente que se pregunte si hay Senadores inhabilitados o que se van a inhabilitar, y que así lo señalen expresamente, para aplicar los artículos reglamentarios respectivos.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Tiene la palabra el Senador Letelier.

El señor LETELIER.-

Señora Presidenta , estimados colegas, más allá de la tardanza, más allá de llegar atrasados, más allá de lo inexplicable de algunos elementos del veto, lo que el Gobierno está planteando aquí, en lo sustantivo, es que la ley no debe servir para ayudar a que la gente se mantenga comunicada a través de internet en medio de una pandemia y una crisis de esta magnitud.

Lo que está diciendo el Presidente de la República con este veto es que las empresas tienen el derecho de seguir ganando plata como siempre durante la pandemia, a pesar de que son empresas de utilidad pública y de que se trata de industrias que, por su naturaleza, tienen ganancias excesivas. Se les debe poner un techo a las utilidades que obtienen, porque muchas de ellas son monopolios naturales.

Por ende, señora Presidenta, lo primero que quiero señalar es que me indigna ver la falta de sensibilidad hacia las y los chilenos en medio de esta emergencia. Los trabajadores están cargando con todo el peso de los costos de esta pandemia.

El proyecto buscaba poner en la ley lo que se había conversado respecto de evitar los cortes de suministros de servicios básicos.

Y en lo relativo a internet, conforme a la referencia que hizo la Senadora Provoste, presentamos una iniciativa sobre esta materia, que al final introdujimos como indicación en este texto, precisamente porque el internet en el siglo XXI debe ser considerado un servicio público. Es fundamental para la convivencia.

Miren el drama que enfrenta la gente para cobrar el 10 por ciento de retiro de las AFP: para no tener que ir a las sucursales, necesitan contar con el acceso a internet y no que se lo corten. Esto se relaciona con la conectividad mínima esencial de un servicio público que necesitamos garantizar. Pero el Gobierno no lo ve así.

Y quiero decir, señora Presidenta , que no ha sido la industria la que ha reclamado o la que ha tenido dificultades; a veces ha sido el Ministerio, argumentando con el supuesto criterio de que alguien se va a cambiar de una empresa a otra en el corto plazo, cosa que no va a hacer la abrumadora mayoría, porque en muchos lugares no hay otras compañías para elegir.

Presidenta, voy a respaldar el informe de la Comisión; por ende, voto que sí para rechazar el veto del Ejecutivo en todas sus partes.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Senadora Rincón, tiene la palabra.

La señora RINCÓN.-

Gracias, Presidenta .

La verdad es que no logro entender el sentido de la acción del Gobierno.

Este proyecto se trabajó tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado gracias a muchas mociones refundidas, y se llegó a un acuerdo incluso en la Comisión Mixta. El apoyo fue transversal en ambas Cámaras.

Ello va en la línea de dar respuestas a lo que ocurre con las familias más vulneradas, pero también con la clase media de nuestro país, que es algo que venimos planteando ya hace tiempo.

Este veto del Gobierno, después de haber demorado un mes completo la promulgación de la ley, no se entiende. Va en el sentido contrario de lo que dice que es su prioridad: las personas.

No se entiende, porque en la parte sustantiva del veto echa por tierra las conversaciones, los esfuerzos y el trabajo no solo de nosotros los parlamentarios, sino también del propio Ejecutivo . Quiero ser tremendamente clara, Presidenta , en este punto. En su minuto yo hablé directamente con la industria en materia de telecomunicaciones y se construyó un acuerdo. Fue conversado, y además participó la Ministra del ramo, con la Comisión y con el equipo de los colegas; en concreto, la Senadora Provoste y mi equipo.

Señora Presidenta, creo que este tipo de cosas son las que desconectan a la política de la ciudadanía.

¡Este tipo de cosas son las que le hacen preguntar a la ciudadanía dónde están, dónde están los compromisos de la política! No se entiende.

Y por eso es tan importante, primero, rechazar el veto, porque no cumple el sentido de quien gobierna, que es representar a las personas, a la ciudadanía. Y segundo, insistir en la ley que se aprobó democráticamente en el Parlamento.

Ambas cosas son relevantes. No solo rechazar el veto, no basta, sino que además insistir en el texto aprobado, que es lo que hizo la Cámara de Diputados la semana pasada, en una fecha que va a quedar en la memoria del país: 22 y 23 de julio es cuando se reconecta la ciudadanía con sus representantes.

Hoy día no podemos equivocarnos, hoy día hay que rechazar el veto e insistir en la ley.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Senador señor Durana, ¿cómo vota?

El señor DURANA.-

Tengo la absoluta certeza de que no se afectan beneficios y que las observaciones en algunos de los artículos buscan corregir la ley en proyecto para poder promulgarla, en especial para que no afecte su implementación y, además, no tengamos ninguna inconstitucionalidad, y sobre la base de la responsabilidad que nosotros tenemos con el Estado.

Por esta razón, me voy a abstener, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El Senador señor Durana se abstiene.

Senador señor García Ruminot, ¿cómo vota?

El señor GARCÍA.-

Abstención, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El Senador señor García Ruminot se abstiene.

Senador señor García-Huidobro, ¿cómo vota?

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-

Abstención, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El Senador señor García-Huidobro se abstiene.

Senadora señora Goic, ¿cómo vota?

La señora GOIC.-

Voto que sí; rechazo el veto.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota que sí.

Senador señor Guillier, ¿cómo vota?

El señor GUILLIER.-

Voto "sí", señor Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota que sí.

Senador señor Harboe, ¿cómo vota?

El señor HARBOE.-

Señor Secretario , quisiera fundamentar el voto.

Primero, quiero señalar lo siguiente.

No participé en la discusión de este proyecto por considerar que en uno de los capítulos respecto de un tipo de industria me aparece una inhabilidad, que no es directa, tampoco indirecta, pero correspondía la inhabilitación.

No obstante, creo que es muy importante mencionar que aquí estamos en presencia de la disposición de un... Y el veto presidencial, que tiene su origen en el sistema norteamericano, y recogido en las Constituciones de 1833 y de 1925, en la de 1980 representa lo que se ha denominado una "exageración" o un reforzamiento del hiperpresidencialismo. La Comisión Ortúzar... ... oportunidad de que las leyes deben ser objeto de acuerdos entre los órganos políticos que consagra la Constitución y no de desacuerdos donde gana el que golpea más fuerte.

... (falla de audio en transmisión telemática)

(falla de audio en transmisión telemática)

Bueno, en este caso, justamente este veto es una potestad presidencial para alterar las facultades del Congreso, cualquiera que sea.

Una razón más para votar "apruebo" en el próximo plebiscito, para establecer un cambio constitucional.

No es posible que en la Constitución el Ejecutivo tenga esta prerrogativa, que a mi juicio es tremendamente abusiva. ¿Y por qué lo digo? Porque a lo largo de la tramitación legislativa el Ejecutivo tiene múltiples ventajas.

Por de pronto, la amplia iniciativa para iniciar proyectos de ley en contrapartida a la excesivamente restringida potestad que tenemos los congresistas para iniciar mociones parlamentarias.

Luego, las urgencias, con que impone un ritmo y una preferencia el Gobierno a los proyectos de ley que se tramitan en el Congreso.

En las indicaciones también tiene iniciativa exclusiva el Presidente de la República, limitando las potestades de los parlamentarios.

Es decir, el Ejecutivo , si hace bien su trabajo legislativo, puede hacer presentes sus argumentos durante la tramitación legislativa. Y si una mayoría democrática no la considera, entonces se trata finalmente de la falta de capacidad de persuasión del Poder Ejecutivo hacia el Legislativo.

Pero cuando ya el Congreso ha despachado un proyecto de ley, aprobado por amplia mayoría y de un amplio impacto en un momento muy excepcional de nuestro país... potestad adicional del Presidente , para torcer...

(falla de audio en transmisión telemática)...

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Un minuto, Senador Harboe.

El señor HARBOE.-

... por dos tercios, una...(falla de audio en transmisión telemática)...

A mí no me gustan los vetos presidenciales.

En el caso particular, este veto ejercido por el Presidente de la República es supresivo y, por tanto, la insistencia exigirá dos tercios, lo cual es un tremendo problema desde el punto de vista de los quorum.

Respecto del fondo, ¿cuál ha sido el argumento del Gobierno? La existencia de un acuerdo entre Gobierno y empresas.

Perdóneme, ¿dónde consta eso? No hay un documento; no hay un acto administrativo.

Las autoridades actúan mediante actos administrativos formales. Bueno, frente a ese vacío es que el Congreso Nacional ejerce su potestad legislativa para establecer en un acto formal -la ley- una solución a un problema real, como es la falta de empleo, la falta de recursos para cancelar ciertos servicios básicos.

Otro punto cuestionable es la oportunidad del ejercicio. Entre el despacho del proyecto de ley y el ejercicio del veto han pasado más de veinte días, privando a los ciudadanos del legítimo derecho de gozar los beneficios de esta ley.

En consecuencia, señor Presidente, yo no estoy de acuerdo con el veto presidencial. Por eso corresponde votar que sí, en el sentido de rechazar...

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Senador Harboe, ¿cómo vota?

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Se quedó sin micrófono.

Tiene que darle el micrófono.

El señor HARBOE.-

Voto que sí, en el rechazo al veto del Presidente de la República.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El Senador señor Harboe vota "sí".

Senador señor Huenchumilla, ¿cómo vota?

El señor HUENCHUMILLA.-

Sí al informe de la Comisión. Rechazo el veto, en consecuencia.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota que sí.

Senador señor Insulza, ¿cómo vota?

El señor INSULZA.-

Pido la palabra, señora Presidenta.

La verdad es que a mí me asombra el veto. Alguien podrá decir que esto se parece a lo que se acordaba con las compañías y otras cosas. Pero una vez que llega al Congreso una propuesta en el sentido de que no le puedan cortar el agua o la luz a la gente cuando no tenga la plata para pagarla durante la pandemia, yo no sé cómo a alguien se le podría ocurrir que uno lo votara en contra. Pero hubo quien lo rechazó en realidad, votó en contra del proyecto de ley. Este salió por amplia mayoría. Y el Ejecutivo tuvo un montón de ocasiones de venir al Congreso a decir lo que le parecía, hablar de esto, discutirlo y plantear alguna objeción. No, esperó casi un mes para vetarlo.

Entonces, realmente, yo espero que esto se rechace. Y no solo que se rechace, sino que se insista, porque, ¿cómo todavía a estas alturas de la pandemia vamos a estar aceptando que a la gente le corten la luz porque no pudo pagarla un día? Y eso que ni siquiera es tanto el tiempo que se le está pidiendo para eso.

En consecuencia, yo apelo un poco a la sensibilidad aquí para que rechacemos este veto, que yo rechazo, por cierto. Creo que es completamente inhumano a estas alturas cortarle los servicios a la gente o, incluso, condicionarla de alguna manera cuando está sufriendo lo que está sufriendo.

Así que yo rechazo el veto. Voto que sí.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

El Senador señor Insulza vota "sí".

Senador señor Kast, ¿cómo vota?

El señor KAST.-

Quiero fundamentar el voto, señora Presidenta , muy brevemente.

De verdad me sorprende. Podemos tener distintas opiniones en muchas materias, pero creo que debemos ser por lo menos objetivos en los datos.

Primero, el motivo por el cual el Gobierno ha querido mejorar esta ley es justamente para evitar que tengamos problemas judiciales el día de mañana.

Y, efectivamente, aquí el Gobierno se la ha jugado por completo para que a nadie se le corte ningún servicio básico. ¡Eso hay que decirlo!

Entonces, podemos tener distintas opiniones, pero no podemos tener distintos datos.

Se dice que aquí no hay nada firmado. ¡Por favor! Existe un acuerdo firmado y que puede ser fiscalizado.

Yo no quiero alargar el debate, pero realmente creo que es importante que entendamos el espíritu de fondo de por qué el Gobierno hace eso.

Para el Ejecutivo es mucho más fácil no hacer esto. Obviamente, se expone a una crítica muchas veces con argumentos bastante falaces. Pero se expone porque debe cumplir un rol de responsabilidad para que finalmente esos mismos ciudadanos no sean perjudicados porque se terminen judicializando sus procesos.

Así que esa es la razón por la cual, obviamente, voto en contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El Senador señor Kast vota en contra.

Senador señor Lagos, ¿cómo vota?

El señor LAGOS.-

Señora Presidenta, bien brevemente voy a dar una opinión al respecto.

Voy a votar que sí, refrendando el informe de la Comisión de Economía y, en consecuencia, rechazando el veto del Ejecutivo.

Ahora, me parece que el Ejecutivo realmente tiene que reflexionar.

Hoy día el Gobierno hizo un giro bien fuerte desde el punto de vista de su ajuste ministerial y, en vez de ver a un Oficialismo exultante, contento, como diciendo "empezamos un proceso nuevo", los veo bien enojados, bien a traspié.

En cuanto a este proyecto en particular, yo recuerdo la primera discusión que tuvimos en la Sala del Senado y en que muchos colegas del Oficialismo plantearon que veían algunas dificultades, tal vez constitucionales, etcétera, pero que confiaban en que el Gobierno iba a hacer lo que tenía que hacer. Y el proyecto se aprobó.

Y hoy día ya llevo contabilizados dos Senadores del Oficialismo que votan con la Oposición, o sea, a favor del informe y en contra del veto, y, además, seis que se han abstenido.

Entonces, si ocho Senadores están votando así es porque algo no está en sintonía en el Gobierno.

Así como yo puedo estar equivocado, siento que el Gobierno en esta materia cometió un error. Comprendo lo que está detrás de que las empresas podrían eventualmente recurrir al tema jurídico. ¿Pero saben? Las empresas también entienden las realidades sobre las cuales trabajan y operan, y eso es algo que un Gobierno podría haber abordado de mejor manera con ellas.

Entonces, quiero creer que este veto que ha enviado el Gobierno, señora Presidenta y colegas, es el último vestigio de lo que venía y que ahora podremos ver un cambio real para entendernos mejor y tomarle el pulso a la realidad en Chile.

¡Si eso es lo que pasa! El Gobierno no le está tomando el pulso a la realidad social chilena. No le estoy pidiendo ningún populismo abyecto. Pero no está tomándole el pulso.

Entonces, cuando veo que las votaciones, que son de dos tercios -como esta o la del retiro del 10 por ciento, de la semana pasada-, se comienzan a ganar o se está cercano a ganarlas...

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Concluyó su tiempo.

Señor Secretario , dele un minuto más al Senador Lagos .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Un minuto más.

El señor LAGOS.-

Gracias, señora Presidenta.

Menos de un minuto.

Decía que cuando se empiezan a repetir las votaciones en el Senado, en la Cámara, en las Comisiones, parece que en el Gobierno hay una mirada que no está haciendo sintonía fina ni siquiera con su sector de parlamentarios, no estoy hablando ya siquiera del electorado.

Entonces, creo que esa es una materia para la reflexión.

Ojalá el nuevo gabinete, más allá de que al parecer tiene una mirada bien compleja acerca de ciertas materias, que no comparto para nada, pueda imprimirle una óptica distinta a estos temas tan apremiantes.

Eso es todo.

Nadie está pidiendo que perjudiquemos a las empresas. Pero lo que pasó aquí es que avanzamos, avanzamos en una dirección y el Gobierno quedó mirando, no le gustó y llega con el veto. ¿Y qué es lo que tiene? Que el mismo Oficialismo, en números no menores tanto en la Cámara como en el Senado, le da la espalda.

Por lo tanto, el problema ya ni siquiera es de la Oposición. A los que nos critican yo les pediría que se dedicaran unos segundos a mirarse para adentro, como dicen los psicólogos.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El Senador señor Lagos vota que sí.

Senador señor Latorre, ¿cómo vota?

El señor LATORRE.-

Quiero fundamentar brevemente mi voto, señor Secretario y señora Presidenta .

Vetar este proyecto de ley que suspende el corte de servicios básicos por no pago es precarizar a las familias trabajadoras de Chile.

Me parece inconcebible que se pretenda vetar este proyecto de ley, que es una iniciativa excepcional para un tiempo excepcional.

Si detrás de este veto están las amenazas y la presión de las empresas en el sentido de que van a recurrir a los tribunales de justicia porque les están afectando sus intereses, sus utilidades, garantizadas por ley por lo demás -luego de los nefastos procesos de privatización que se realizaron-; si la preocupación y la voluntad política del Gobierno es cuidarles los intereses y el bolsillo a los grandes grupos económicos -algunos nacionales, otros extranjeros- que tienen privatizados los servicios básicos en Chile, que deberían ser bienes públicos, con un rol del Estado distinto, no este rol subsidiario, entonces yo me pregunto con qué se van a poner los grandes empresarios para paliar esta crisis.

Las familias trabajadoras se están poniendo para capear esta crisis, primero, con el seguro de desempleo, después, con el retiro de sus fondos de pensiones.

Entonces, ¿con qué se van a poner los superricos? ¿Con qué se van a poner los grandes empresarios?

Creo que esto debiera dar lugar a una profunda reflexión, sobre todo en la Oposición, en torno a qué tipo de acuerdos debemos llegar para enfrentar, por ejemplo, el proceso constituyente: cómo recuperamos estos bienes públicos, bienes comunes en el fondo, y cuál es el rol del Estado con relación a ellos.

No es posible que estas empresas generen un efecto de chantaje -insisto-, con tasas de ganancias brutales aseguradas por ley, con todas las regalías para que ganen muchísima plata en tiempos normales, y que en un tiempo excepcional no sean capaces de proteger a las personas ni ponerse al servicio de ellas evitando los cortes de los servicios básicos en tiempos de pandemia.

Voto a favor del informe de la Comisión de Economía y en contra del veto, señora Presidenta y señor Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

El Senador señor Latorre vota a favor.

Senadora señora Van Rysselberghe, ¿cómo vota?

La señora VAN RYSSELBERGHE.-

Voto en contra, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Tiene la palabra el Senador Bianchi.

El señor BIANCHI.-

Señora Presidenta, trataré de explicar esto en simple para aquellos que nos puedan estar siguiendo.

Vimos en algún momento que el Presidente efectivamente hizo un llamado telefónico a sus amigos para ver si existía o no la posibilidad de entregar alguna facilidad a aquellas personas que no podían pagar la luz, el gas, el agua, la internet.

Y ahí fui invitado por las Senadoras Rincón y Provoste y por el Senador Navarro a presentar un proyecto de ley en que dijimos que esto tenía que abordarse a través de una ley que lo normara, y no con una simple llamada.

La iniciativa se votó en la Cámara, se votó en el Senado, llega a La Moneda y el Presidente de la República la veta, señalando que las empresas podrían judicializar todo esto.

Quiero recordar que el artículo 19, número 24º, inciso segundo, de la Constitución establece que la ley puede establecer límites al derecho de propiedad basándose en su función social. Por lo tanto, la Constitución lo permite y acá no hay nada de inconstitucional.

Y deseo decir, señora Presidenta, que este veto sí afecta a las personas más vulnerables.

El proyecto tiene la intención de apoyar a aquellas personas que no pueden pagar y establece una posibilidad de hacerlo en doce cuotas, sin intereses.

Y aquí también se afecta a los niños.

El Gobierno pide que todos los trámites se realicen por internet y a los niños más vulnerables también les pide que estudien por internet, pero con este veto simplemente se les niega esa posibilidad.

¡Y quiero además reclamar con mucha fuerza, señora Presidenta !

Hoy día en la mañana y ayer me llamaron de Puerto Natales, de Porvenir, de Punta Arenas para plantearnos cómo es posible que las cuentas del gas y la luz hayan subido a más del doble. ¡Un cien por ciento han aumentado las cuentas de los insumos básicos en la Región de Magallanes!

Me imagino que esto se replica en otras regiones y lugares de nuestro país.

Entonces, estamos oficiando, a través de la Mesa que usted encabeza, señora Presidenta , para que se lleve a cabo una investigación acerca de estos cobros abusivos que están afectando a las familias más vulnerables en nuestra Región de Magallanes.

Yo voy a rechazar este veto presidencial, pidiendo algo más de humanidad ante lo que están viviendo las familias de nuestro país, particularmente las de la Región de Magallanes.

Por lo tanto, voto a favor del informe de la Comisión y rechazo el veto presidencial.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Tiene la palabra el Senador Alejandro Navarro.

El señor NAVARRO.-

Señora Presidenta, el 17 de marzo ingresamos el primer proyecto de ley que buscaba prohibir el corte de los servicios básicos -luz, agua, gas e internet- y, al mismo tiempo, prorratear los pagos, no condonar.

Nadie ha planteado la condonación. No les hemos pedido ni clemencia ni caridad a las empresas monopólicas de los servicios básicos. ¡Solo les hemos pedido solidaridad!

Eso es lo que pedimos el 17 de marzo. ¡Diez días antes del 27!

El 27 de marzo el Presidente llama a sus amigos y los invita a tomar un cafecito en La Moneda para ponerse de acuerdo -¡cómo la solidaridad se pacta entre cuatro paredes!-, en un claro y abierto desafío al debate en el Congreso.

Piñera no requiere Oposición a estas alturas. ¡Él es su propia Oposición! ¡Menudo problema y tarea tienen los nuevos Ministros Pérez y Allamand para resolver esta ecuación, que es Piñera, que se marca a sí mismo!

¿Qué es el veto, señora Presidenta ? El veto es cuando el Congreso escribe con su mano y luego el Presidente lo borra con una goma y escribe encima. Eso ha hecho Piñera hoy día con lo que aprobamos en el Senado y en la Cámara de Diputados.

Al respecto, quiero advertir que si este veto se rechaza, como se hizo en la Cámara de Diputados -¡en treinta años nunca se había rechazado un veto presidencial!-, vamos a vivir un momento histórico, porque será el fin, la agonía del presidencialismo, de la monarquía presidencial: ¡se acabó el presidencialismo! Si este Presidente insiste en ser el sepulturero del régimen presidencial, denle la responsabilidad.

¿Qué hace este veto? Primero, limita el consumo a quince metros cúbicos. Le decimos a la gente "Lávese las manos, lávese las manos, lávese las manos; dúchese; lave la ropa" y le ponemos un límite al consumo de agua.

Segundo, suprime los beneficios de las telecomunicaciones, del plan básico solidario de conectividad: ¡lo suprime! Cuando los niños chilenos se suben al techo para tener clases y poder aprender en este difícil año, este veto suprime el plan solidario de conectividad en materia de telecomunicaciones que había puesto este Senado en nuestro proyecto de ley.

Tercero, elimina -esto es increíble- la prohibición de traspasar los costos al usuario, es decir, permite que los costos de prorrateo sean trasladados al cliente.

Este es un sofisma griego, señora Presidenta; es un argumento inválido, irracional que trata de inducir a error a la gente. Ellos dicen que la ley en proyecto es igual al acuerdo en La Moneda; sin embargo, se preocupan por las futuras demandas.

La Ministra Hutt dice que hay formalidad expresada en una carta de intención: ¡una carta de intención! Señora Presidenta , los directores de empresas son del mismo lado del Gobierno...

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Tiene un minuto para concluir, señor Senador.

El señor NAVARRO.-

Gracias.

Entonces, señora Presidenta, el año 2019 y antes ya aprobamos proyectos mediante los cuales paralizamos el alza de las tarifas. Y eso se hizo por una ley, y nadie dijo nada. Al paralizar el alza de las tarifas las empresas momentáneamente dejaron de recibir los recursos provenientes de esa medida.

Por lo tanto, este es un proyecto absolutamente constitucional.

Las empresas se quejan de llenas: ¡han ganado más dinero que nunca!

En tal sentido, llamo a la Ministra Hutt y al Ministro Jobet a que sinceren el tema, porque muchos de ellos cuando dejen de ser Ministros -y va a ser muy pronto-, ¿sabe adónde van a ir, señora Presidenta ? Van a ir a las compañías de teléfonos, van a ir a las compañías de telecomunicaciones, van a ir a las compañías eléctricas y van a ser gerentes generales de esas empresas.

Por eso rechazo el veto presidencial.

Voto que sí.

¡Patagonia sin represas!

¡Nueva Constitución, ahora!

¡No más AFP!

¡Prohibido rendirse!

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Tiene la palabra el Senador señor Girardi.

El señor GIRARDI.-

Señora Presidenta , lo hemos dicho muchas veces: los chilenos y las chilenas están en una situación de excepción, de urgencia, de desesperanza, de angustia, y el control de la pandemia debió haber terminado hace un par de meses. Todos los países que fueron eficientes en ocho o diez semanas controlaron la pandemia: ¡nosotros llevamos veinte semanas!

Como consecuencia de la irresponsabilidad de este Gobierno, de su negligencia, de su impericia; de no comprometerse con las instrucciones y las recomendaciones científicas, se tiene a la ciudadanía en una condición de absoluta catástrofe y de abandono.

Recién ahora se está legislando sobre el Ingreso Familiar de Emergencia, cosa que debió haberse hecho en marzo; recién con la llegada del Ministro Paris se están desarrollando las trazabilidades y los aislamientos que tendrían que haber empezado en marzo, y, evidentemente, la ciudadanía es la que está viviendo las consecuencias de ello.

Millones de chilenos han perdido sus trabajos y cerca de quince millones de compatriotas han visto disminuir sus ingresos, y no hay respuesta. Considero que la indolencia, el darle la espalda a la ciudadanía, el no ponerse en el lugar del otro, el no entender el sufrimiento que está viviendo gran parte de la sociedad chilena constituyen un acto de violencia.

El Gobierno está generando violencia.

Cuando el Congreso establece el impedimento de cortar servicios básicos como el agua, la luz, el gas, el internet para que puedan estudiar los niños y niñas, para que las personas hagan hoy día sus trámites con las AFP, es un acto de violencia, un acto de matonaje el intervenir a través de un veto una decisión democrática: ¡es ya la disociación ideoafectiva extrema!

Aquí hay un problema que debiera llamar la atención, porque el nivel de desconexión del Oficialismo, el nivel de desconexión del Ejecutivo con el sufrimiento de las personas está casi en el ámbito de lo que yo considero patológico, y marca un poco el inicio de este Gobierno, que en vez de entender la situación del país, la oferta que le hace es resolver los problemas de los partidos políticos desatendiendo lo que está viviendo la ciudadanía, desatendiendo la dificultades que enfrenta la gente y las expectativas que tiene sobre el particular.

Los Ministros que el Gobierno nombra hoy día son justamente aquellos que han sido los más proactivos en el rechazo cuando la mayoría del país quiere cambios y los más activos en oponerse al retiro del 10 por ciento, cuando el 80 por ciento de la ciudadanía lo aprueba.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Su Señoría dispone de un minuto adicional para finalizar su intervención.

El señor GIRARDI.-

Gracias.

Me parece, señora Presidenta, muy grave cuando la democracia pierde su sentido, pierde su valor y no es capaz de interpretar los sentimientos y los anhelos profundos de sus conciudadanos.

Nos acusan de populismo. ¿Y sabe qué? Yo creo que aquí hay una crisis de la democracia, y su desvalorización se produce cuando ella está totalmente disociada del interés, de las demandas de la ciudadanía.

Este es un mundo que vive en una verdadera burbuja, porque nunca han entendido ni se han expuesto a vivir las circunstancias que padece la mayoría de los chilenos y las chilenas.

Me parece que se trata de cuestiones evidentemente lamentables.

Lamento que a través de un veto, que en este caso es una acción de extrema violencia, se impida una ley que favorece a la mayoría de los chilenos.

El señor COLOMA.-

¡Pero votaste a favor del veto de la Presidenta Bachelet...!

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Estamos en votación, Senador Coloma.

El señor COLOMA.-

Sí, para fundar el voto.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

¿Pero lo están llamando a votar a usted?

El señor COLOMA.-

¡Ah, perdón! Pensé que me había...

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Vamos a seguir el orden.

Senador Coloma, ¿usted ya votó?

El señor COLOMA.-

Pido la palabra.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Tiene la palabra Su Señoría, para fundar su voto.

El señor COLOMA.-

Señora Presidenta , voy a hacer una brevísima intervención, porque el Senador que me antecedió en el uso de la palabra me provocó.

Yo ya argumenté largamente la razón de mi voto. Pero oí dos comentarios increíbles: que el veto era profundamente antidemocrático y que era "patológico" -esa fue la expresión que usó- presentarlo y aprobarlo.

Yo le quiero recordar "patológicamente" al Senador que él votó a favor del veto que en su momento su Gobierno, el de la Presidenta Bachelet , presentó en este Senado. Entonces, o estamos todos patológicamente impedidos de ejercer el cargo, o le pido a Su Señoría que sea más cuidadoso con el ejercicio de las facultades democráticas.

Yo no voy a decirle nada más; solo quiero recordarle aquello. Si alguien plantea que es antidemocrático o patológico un veto, no puedo creer que esa misma persona haya votado a favor hace poco tiempo.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Terminada la votación.

--Se rechazan las observaciones formuladas por el Presidente de la República (28 votos a favor, 7 en contra y 5 abstenciones), dejándose constancia de que se cumple el constitucional exigido.

quorum

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste y Rincón y los señores Araya, Bianchi, Castro, Chahuán, De Urresti, Elizalde, Girardi, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pizarro, Quintana, Quinteros y Soria.

Votaron por la negativa las señoras Ebensperger, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Coloma, Kast, Prohens y Pugh.

Se abstuvieron la señora Aravena y los señores Durana, García, García-Huidobro y Sandoval.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Quedan rechazadas, entonces, las observaciones de Su Excelencia el Presidente de la República, con el quorum constitucional requerido.

Ahora resta pronunciarse sobre la segunda parte, esto es, lo relativo a la insistencia.

Tiene la palabra el Senador señor Elizalde. Después se la concederé a la Ministra Hutt, quien ha estado pidiendo intervenir.

El señor ELIZALDE.-

Señora Presidenta , quisiera insistir en que si hay algún Senador que se va a inhabilitar que lo haga expresamente; si no, no estará inhabilitado. Digo esto porque tengo entendido que hubo parlamentarios que se inhabilitaron cuando el proyecto se discutió antes del veto. Porque eso sí tiene efectos reglamentarios para el cálculo de los quorum.

Para todos los fines, los Senadores que estén impedidos de votar conforme al artículo 8° del Reglamento, que es el que establece las causales de inhabilidades, se entienden como no presentes en la sesión. Aquí no existen las inhabilidades tácitas, que consisten en el hecho de no votar. Las inhabilidades se tienen que plantear explícitamente.

Entonces, quisiera consultar si algún Senador se va a inhabilitar formalmente en esta votación, para que el Secretario tome constancia de ese hecho y de sus efectos en aquella.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Tiene la palabra el Senador señor Galilea.

El señor GALILEA.-

Señora Presidenta, en las votaciones anteriores respecto de este proyecto me inhabilité; pero me baja la duda de si ello corresponde hacerlo ahora, porque estamos analizando el veto presidencial.

Pero, por las dudas, en la votación de este veto en particular también me voy a inhabilitar. Y en lo que dice relación con las insistencias, hay un sola norma que no hace ninguna mención a la materia por la cual me inhabilito, que es el artículo 3, en cuyo caso analizaré la votación. En todos los demás, esto es, en los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 7 y 8, me declaro inhabilitado. Solo no estoy inhabilitado para cuando se vote particularmente el artículo 3.

No sé si tomó nota el Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

¿Se inhabilita, señor Senador ?

El señor GALILEA.-

Para la votación del veto, sí. Y después, en cuanto a las insistencias, me inhabilito respecto de los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 7 y 8.

El señor ELIZALDE.-

Lo que pasa es que solo hay insistencia para los artículos 3 y 8.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Así es.

El señor GALILEA.-

Entonces, me inhabilito solo para el artículo 8.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Sería importante, señor Secretario , que por favor diera a conocer el artículo 171 del Reglamento.