Historia de la Ley

Historia de la Ley

Nº 21.255

Establece el Estatuto Chileno Antártico.

Téngase presente

Esta Historia de Ley ha sido construida por la Biblioteca del Congreso Nacional a partir de la información disponible en sus archivos.

Se han incluido los distintos documentos de la tramitación legislativa, ordenados conforme su ocurrencia en cada uno de los trámites del proceso de formación de la ley.

Se han omitido documentos de mera o simple tramitación, que no proporcionan información relevante para efectos de la Historia de Ley.

Para efectos de facilitar la revisión de la documentación de este archivo, se incorpora un índice.

Al final del archivo se incorpora el texto de la norma aprobado conforme a la tramitación incluida en esta historia de ley.

1. Primer Trámite Constitucional: Cámara de Diputados

1.1. Mensaje

Fecha 04 de enero, 2014. Mensaje en Sesión 121. Legislatura 361.

MENSAJE DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CON EL QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE EL ESTATUTO CHILENO ANTÁRTICO

SANTIAGO, enero 4 de 2014.-

MENSAJE Nº 377-361/

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS

Honorable Cámara de Diputados:

En uso de mis facultades constitucionales, someto a consideración del H. Congreso Nacional el presente proyecto de ley, que establece el Estatuto Chileno Antártico.

I. ANTECEDENTES

Chile tiene una larga tradición antártica, fundada en razones geográficas, históricas y jurídicas. La Política Antártica de Chile ha sido definida sobre la base de esos elementos y teniendo en consideración que el país es Parte del Tratado Antártico, adoptado en 1959 y vigente desde 1961. Actualmente, el Tratado posee 29 Partes Consultivas, entre ellas, Chile.

Este proyecto de ley tiene dos objetivos esenciales, por una parte, impulsar la activa participación en la gestación, implementación y desarrollo de un régimen antártico efectivo, a partir del Tratado Antártico de 1959, y por otra, adecuar las normas de derecho interno que rigen en el Estado de Chile, las cuales requieren actualizarse según las nuevas exigencias propias del marco internacional que rige en el país, así como que expresen de manera clara y eficaz la forma como Chile ejerce sus competencias y asume sus obligaciones en el marco del Tratado Antártico.

El Tratado Antártico es el principal instrumento regulador de las actividades antárticas y goza de reconocimiento y prestigio internacional. El Tratado, negociado a partir de la experiencia del Año Geofísico Internacional (1957-1958), constituyó una respuesta de la época a desafíos de cooperación política y científica, donde fue importante la participación de todos los países que habían formulado reclamaciones de soberanía (Chile, Argentina, Australia, Nueva Zelandia, Francia, Reino Unido y Noruega) más los Estados Unidos y la Unión Soviética (hoy Federación Rusa), incorporándose a la negociación Bélgica, Japón y Sudáfrica.

El Tratado Antártico consagra los siguientes principios fundamentales:

a. La libertad de investigación científica, tal como se había aplicado durante el Año Geofísico Internacional, previendo el intercambio de información y personal científico, así como de observaciones y resultados científicos; b. La utilización de la Antártica únicamente para fines pacíficos, prohibiéndose toda medida de carácter militar, tal como el establecimiento de bases y fortificaciones militares, entre otras. Se permite el empleo de personal y equipo militar con fines científicos u otros usos pacíficos. c. La prohibición de las explosiones nucleares y la eliminación de desechos radiactivos.

El Tratado se aplica a todas las tierras e islas situadas al sur de los 60º de Latitud Sur incluidas las barreras de hielo, y no afecta los derechos de cualquier Estado conforme al Derecho Internacional en lo relativo a la alta mar dentro de esa región.

Una disposición fundamental del régimen antártico es el artículo IV del Tratado. Según este artículo “1. Ninguna disposición del presente Tratado se interpretará:

(a) Como una renuncia, por cualquiera de las Partes Contratantes, a sus derechos de soberanía territorial o a las reclamaciones territoriales en la Antártica, que hubiere hecho valer precedentemente;

(b) Como una renuncia o menoscabo, por cualquiera de las Partes Contratantes, a cualquier fundamento de reclamación de soberanía territorial en la Antártica que pudiera tener, ya sea como resultado de sus actividades o de las de sus nacionales en la Antártica, o por cualquier otro motivo;

(c) Como perjudicial a la posición de cualquiera de las Partes Contratantes, en lo concerniente a su reconocimiento o no reconocimiento del derecho de soberanía territorial, de una reclamación o de un fundamento de reclamación de soberanía territorial de cualquier otro Estado en la Antártica.

2. Ningún acto o actividad que se lleve a cabo mientras el presente Tratado se halle en vigencia constituirá fundamento para hacer valer, apoyar o negar una reclamación de soberanía territorial en la Antártica, ni para crear derechos de soberanía en esta región. No se harán nuevas reclamaciones de soberanía territorial en la Antártica, ni se ampliarán las reclamaciones anteriores hechas valer, mientras el presente Tratado se halle en vigencia”.

Desde la entrada en vigencia del Tratado Antártico en 1961, una de las preocupaciones que priorizaron los Estados Parte fue el establecimiento de reglas aplicables a la presencia del hombre y el impacto de sus actividades, unido al desarrollo de un marco normativo para el medio ambiente y sus ecosistemas dependientes y asociados. De esta forma, se acuñaron conceptos tales como el enfoque ecosistémico, la conservación de los recursos vivos marinos antárticos, la evaluación obligatoria del impacto ambiental y la preservación del carácter excepcional de la Antártica como laboratorio natural en el planeta.

Desde la celebración del Tratado, se adoptaron Recomendaciones [1], que dieron a su vez origen a tratados o convenciones para regular ámbitos específicos de la acción del hombre y del Estado en la Antártica.

Un primer paso significativo fueron las Medidas Acordadas para la Conservación de la Flora y Fauna de la Antártida (1964), donde se definió esa región como una “Zona Especial de Conservación”. En los años posteriores se adoptaría la Convención para la Conservación de las Focas Antárticas (1972), que dio una primera respuesta ante una actividad económica que había tenido un severo impacto en el recurso.

Posteriormente, las Partes Consultivas adoptaron la “Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos”, de 1980. Esta Convención extiende el ámbito de aplicación a la convergencia antártica, se aplica a islas subantárticas dentro de ese espacio, y define la conservación como comprensiva de una explotación basada en estudios científicos y en medidas de ordenamiento colectivamente adoptadas.

Un instrumento negociado posteriormente fue la “Convención para la Reglamentación de las Actividades sobre Recursos Minerales Antárticos” (CRAMRA), adoptada en 1988. Esta Convención buscó dar respuesta a la pregunta sobre el acceso, el control, la solución de las controversias, y los mecanismos decisionales, en materia de recursos minerales, incluyendo los de la plataforma continental antártica. No entró en vigencia. Posteriormente, la prospección, exploración y explotación mineras han sido prohibidas por 50 años, en virtud del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección al Medio Ambiente, de 1991. No obstante, es interesante remarcar que los elementos del régimen de responsabilidad por daño ambiental, son particularmente notables en la CRAMRA.

En 1991, se adoptó en Madrid el “Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente”, antes mencionado. Este tratado complementa al Tratado Antártico y constituye un pilar fundamental del Sistema de cooperación generado a partir de éste. El Protocolo establece principios altamente exigentes respecto de las actividades a conducir en ese continente y sus espacios marítimos circundantes, y reitera el concepto de la preservación de la Antártica con fines exclusivamente pacíficos y que no se convierta en escenario u objeto de discordia internacional. Mediante el Protocolo, las Partes se comprometen con la protección global del medio ambiente antártico y de sus ecosistemas dependientes y asociados, y se declara la Antártica como reserva natural consagrada a la paz y a la ciencia. Esta frase engloba tanto la actividad científica como todo otro uso pacífico, excepto aquéllos prohibidos.

Este proyecto de ley tiene en cuenta estos antecedentes fundamentales del marco jurídico internacional, del cual Chile no sólo es Parte, sino que también ha contribuido directamente a establecer y aplicar. Por otra parte, la Política Antártica Nacional es un componente de derecho interno esencial para dar eficacia a los principios y normas internacionales, así como para el ejercicio de las competencias del Estado chileno en el continente, y particularmente en el Territorio Antártico Chileno, entre los meridianos 53° y 90° de Longitud Oeste,y los espacios marítimos circundantes. Esta dualidad de la Política Antártica chilena obliga a actuar responsablemente tanto en el seno del Tratado Antártico como en el ámbito interno, buscando siempre ejercer de forma integral los derechos que corresponden al Estado, y al mismo tiempo estando consciente de los deberes del Estado según el Tratado y el derecho internacional.

La Política Antártica Nacional ha afirmado como propósitos fundamentales de la actuación nacional en la materia los de proteger y fortalecer los derechos antárticos de Chile, con claros fundamentos geográficos, históricos y jurídicos; fortalecer y acrecentar la influencia de Chile en el Sistema del Tratado Antártico; participar de un modo efectivo en el Sistema del Tratado Antártico, velando por que se mantenga la regla del consenso en la toma de decisiones e incrementando la capacidad de influencia de Chile en ellas, y fortalecer la institucionalidad antártica nacional.

La puesta en práctica de estos objetivos es una tarea permanente, y en cuyo marco, la actualización y adecuación de la legislación nacional para la Antártica es uno de sus pilares fundamentales. Esto implica tener en consideración que Chile es un país con derechos antárticos, operador o conductor de actividades en el continente y en el mar, y además, cumple un papel en la comunidad científica antártica. Junto a esto, ha definido un interés especial en su calidad de país puente hacia y desde la Antártica.

II. CONTENIDO DEL PROYECTO

Chile, conforme a los antecedentes expuestos, posee una doble misión en materia antártica. Es Parte del Tratado Antártico del año 1959 y participante activo del Sistema derivado de aquél. Ello le garantiza la preservación ante los demás Estados de su estatus original en relación a sus derechos de soberanía territorial o de reclamaciones territoriales y que está comprometido con la preservación de un patrimonio jurídico que ha permitido resguardar el estatuto antártico en términos jurídicos, políticos, ambientales y los usos pacíficos. Por otra parte, Chile debe contar con medios institucionales, presupuestarios, administrativos y sustentados en una sólida comunidad científica, además de una logística de calidad, apoyada en una legislación apropiada. Este proyecto tiene por objeto la puesta al día de la legislación interna antártica, que en sus bases fundamentales data de un período previo a 1959.

Desde esta perspectiva, la ley que se propone debe ser un instrumento regulador eficiente del actuar de Chile en la Antártica, entregando herramientas jurídicas y administrativas para llevar adelante la Política Antártica Nacional con una visión coordinada al interior del Estado, y de largo plazo. Nada de esto, puede debilitar los antecedentes históricos que originaron la normativa nacional. Por otra parte, nuestro país debe dotarse de mecanismos que permitan la aplicación e implementación regular, por los organismos competentes, de los tratados internacionales que integran el Sistema del Tratado Antártico, recordando que nuestro país tiene en éste un estatus especial dada su calidad de Parte Consultiva del Tratado Antártico.

La promulgación de una Ley Antártica cumpliría por tanto, varios objetivos. El más importante y permanente, es el fortalecer la capacidad del Estado chileno para preservar sus derechos e intereses, en un marco de cooperación y responsabilidad. Esto implica desarrollar principios y medios para que las decisiones internas en el plano antártico, estén orientadas por el cumplimiento de las obligaciones que impone el Sistema de Tratado Antártico, al mismo tiempo que se desarrollan mecanismos para asegurar que la planificación, organización y ejecución de las actividades de operadores estatales y no estatales chilenos o que tienen su base en nuestro país, se sujeten al control jurisdiccional chileno correspondiente, así como a las reglas vigentes a nivel internacional.

Como marco normativo interno, cabe señalar que el decreto con fuerza de ley Nº 161 de 1978, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que fijó el Estatuto Orgánico esa Secretaría de Estado, establece en su artículo 1º que le corresponde a éste, entre otras materias, coordinar las actividades de los distintos ministerios y organismos públicos en aquellos asuntos que inciden en la política exterior e intervenir en todo lo relacionado con la determinación y demarcación de las fronteras y límites del país, así como en todas las cuestiones que atañen a sus zonas fronterizas, a sus espacios aéreos y marítimos y a la política antártica, en general.

Respecto del estatuto fundamental antártico desde el punto de vista del derecho interno, deben tenerse en cuenta dos fuentes principales, la Ley N° 11.846, de 1955 y el decreto supremo N° 298 de 1956, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Estas consagraron importantes normas sobre las atribuciones de la Cancillería y la jurisdicción respecto de actividades en la región antártica. Las mismas deben actualizarse a la luz de los desarrollos del Sistema del Tratado Antártico y de la propia legislación e institucionalidad interna chilena.

Para cumplir con dichos objetivos respecto de la Política Antártica, el Ministro de Relaciones Exteriores preside el Consejo de Política Antártica organismo colegiado interministerial en que participan las principales autoridades implicadas en las actividades nacionales en la Antártica. Asimismo, son parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección de Antártica y el Instituto Antártico Chileno (INACH), organismo técnico centralizado, que tiene el estatus de servicio público con el nombre de Instituto Antártico Chileno (INACH).

En el año 2000, el Estado de Chile aprobó la Política Antártica Nacional mediante la dictación del decreto supremo Nº 429, de 28 de marzo de dicho año, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta contempla como uno de los objetivos fundamentales de Chile, la protección y fortalecimiento de los derechos antárticos en el sector entre los meridianos 53º y 90º de Longitud Oeste, la prevención de las controversias internacionales que pudieren afectar la paz y convivencia en el continente, así como la promoción de los principios que establece el Tratado Antártico y la consolidación del “Sistema Antártico” derivado del mismo, el que goza de efectividad entre sus miembros y de legitimidad ante la comunidad internacional, a lo largo de más de 50 años.

Para lograr este objetivo, se concordó en la necesidad de fortalecer la institucionalidad antártica chilena, debiendo el Consejo de Política Antártica recomendar al Presidente de la República “las medidas de carácter legislativo, reglamentario y administrativo” necesarias tanto para fortalecer el rol de Chile dentro del Sistema del Tratado Antártico como para resguardar sus derechos soberanos.

En el año 2007, la XLVII Reunión del Consejo de Política Antártica, encomendó la tarea de actualizar la normativa chilena antártica a fin de adecuarla a los desafíos de los nuevos escenarios mundiales, misión reiterada en el Plan Estratégico Antártico 2011-2014.

El presente proyecto de ley tiene como propósito dar una estructura moderna y más eficiente a la institucionalidad antártica, impulsando, entre otros, una coordinación eficaz entre las entidades públicas con competencias sectoriales atingentes a la Antártica, y la coordinación que corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Este proyecto reafirma la competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores en materia de Política Antártica, y crea las herramientas necesarias para abordar las necesidades de coordinación que generan las actividades antárticas nacionales. La ley que se propone persigue, asimismo, asegurar la capacidad para ejecutar un Programa Antártico Nacional, unificado y eficiente. Para ello se ha estructurado el marco legal en seis grandes pilares:

1) Disposiciones generales;

2) Institucionalidad Antártica Chilena;

3) Financiamiento de la Actividad Antártica Nacional;

4) Regulación de Actividades Antárticas;

5) Protección y conservación del medio ambiente antártico, y

6) Fiscalización y sanciones.

1. Disposiciones generales

Parte importante de esta ley tiene por objeto, entre otros, implementar en el plano interno las obligaciones internacionales asumidas por nuestro país en relación al Sistema del Tratado Antártico, las cuales requieren de implementación sistemática. De allí, el ámbito especial de aplicación que tendrá esta ley, en virtud del capítulo relativo a disposiciones generales.

Tanto esta ley como las demás normas que integran el ordenamiento jurídico nacional en la materia, se aplicarán en el Territorio Chileno Antártico. No obstante, es necesario prever que las actividades antárticas no se limitan a ese territorio y por tanto, también el resto del continente antártico, regido por el Tratado Antártico, requiere de atención de este cuerpo legal. Como se expone, existen casos en que es necesaria una aplicación extraterritorial de la ley nacional, por mandato de normas internacionales, y porque el país ha asumido obligaciones internacionales por tratados que integran el Sistema del Tratado Antártico, así como las resoluciones vinculantes que se han adoptado en su seno, y que requieren también de ejecución por parte de los Estados, sin distinción de su calidad de reclamantes o no reclamantes.

Asimismo, la ley que se presenta incluye un artículo relativo a definiciones de términos utilizados u originados en los instrumentos que componen el Sistema del Tratado Antártico. No se trata de meras precisiones de lenguaje, sino que se busca destacar el sentido y alcance de conceptos que se manejan en el marco del Sistema y a los cuales el derecho interno chileno debe dar atención y eficacia jurídica.

2. Institucionalidad Antártica Chilena

El Título II del presente proyecto de ley establece una estructura que busca aportar eficiencia y coherencia a la institucionalidad antártica, a fin de que se coordinen adecuadamente todas las entidades públicas con competencias sectoriales atingentes a la Antártica.

En este sentido, se reafirma la competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores en materia de Política Antártica, estableciéndose que dicha Secretaría de Estado ejercerá la coordinación de la actividad nacional en la Antártica. Le corresponderá colaborar con el Presidente de la República en la planificación, conducción, coordinación, ejecución, control e información de la política exterior de Chile en relación al Continente Antártico.

Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores tendrá la función de desarrollar los Planes Estratégicos Antárticos, en base a los objetivos que establezca la Política Antártica Nacional, los cuales comprenderán las tareas y acciones concretas que se materializarán mediante el Programa Antártico Nacional de cada año.

Respecto del Consejo de Política Antártica, órgano colegiado y consultivo de naturaleza interministerial, presidido por el Ministro de Relaciones Exteriores, el proyecto no se refiere a su composición ni funciones, ya que ambas fueron consideradas en el anteproyecto de la ley que aprueba el nuevo estatuto orgánico del Ministerio de Relaciones Exteriores. La Política Antártica Nacional será fijada por el Presidente de la República, debiendo ser sometida a evaluación y actualización al menos cada 10 años desde la fecha de su promulgación. La Política Antártica Nacional establecerá los objetivos de Chile en la Antártica.

En el presente proyecto, se identifica como Operadores Antárticos del Estado de Chile al Instituto Antártico Chileno (INACH), dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, y a las Instituciones de las Fuerzas Armadas, dependientes del Ministerio de Defensa Nacional, quienes serán los encargados de organizar y realizar las actividades operativas y/o logísticas que el país desarrollará en la Antártica, debiendo planificarlas y organizarlas en coherencia con el Programa Antártico Nacional y en conformidad a los lineamientos que establezca el Consejo de Política Antártica.

3. Financiamiento de la Actividad Antártica Nacional

En relación con este financiamiento, el Título III del proyecto propone que la Ley de Presupuestos del Sector Público contemple anualmente fondos para financiar las actividades antárticas nacionales de los Operadores Antárticos, los que serán distribuidos según disponga el Consejo de Política Antártica, teniendo en consideración el Programa Antártico Nacional de ese año.

4. Regulación de actividades en la Antártica

Como consecuencia de las obligaciones que incumben a Chile como Parte del Sistema del Tratado Antártico, se hace necesario regular en el Título IV del proyecto de ley, la realización de las actividades antárticas.

Las obligaciones asumidas por nuestro país en el marco del Sistema del Tratado Antártico implican un deber de vigilancia y control sobre las actividades que se planifican en nuestro país para ser realizadas en el Continente Blanco. Además, existe una obligación de velar por el cumplimiento de las obligaciones ambientales de toda persona natural o jurídica, estatal o no estatal, que está realizando una actividad en la Antártica, si la actividad ha sido planificada, organizada o ha partido desde el Estado de Chile, aunque no sea por el Estado mismo. Esta obligación internacional se debe traducir en que la normativa nacional contemple un sistema de autorizaciones con las que debe contar un operador que realizará una actividad en la Antártica.

El uso pacífico de la Antártica incluye las actividades científicas, tecnológicas, deportivas, artísticas y culturales, así como ciertas actividades económicas, tales como la pesca o el turismo, y en general aquéllas que puedan realizarse de un modo racional y sustentable, siempre que sean planificadas y realizadas de forma que se prevenga y limite el impacto perjudicial sobre el medio ambiente antártico y los ecosistemas dependientes y asociados. Como se ha mencionado antes, la prospección, exploración y explotación de recursos minerales, está prohibida.

El desafío para un país como Chile, que por su cercanía geográfica entre el continente Americano y la Antártica, puede verse enfrentado a intervenir con el fin de controlar y mitigar emergencias ambientales en la zona antártica, importa ejercer – antes que nada - un control efectivo respecto de sus operadores tanto privados como estatales, y de allí la necesidad de contar con un régimen de autorizaciones de las actividades antárticas.

Este sistema de autorizaciones se sustenta en la competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores en lo relativo a actividades antárticas no gubernamentales, debiendo exigir su adecuación a las obligaciones internacionales que emanan de los diversos instrumentos que componen el Sistema del Tratado Antártico.

Respecto a las actividades de los operadores estatales, el Programa Antártico Nacional contempla que éstas deben realizarse en cumplimiento de los intereses de Chile en la Antártica, respetando la normativa internacional.

5. Protección y conservación del medio ambiente antártico

La protección del medio ambiente antártico ha merecido un título especial en esta ley. Chile es parte de numerosos instrumentos ambientales internacionales, que ya están rigiendo para nuestro país. En el caso de la Antártica, es necesario además, determinar medidas que se apliquen en caso de que el cumplimiento de normas y obligaciones no sea observado como correspondiere y por tanto, es necesario incorporar sanciones, de orden administrativo y penal, según el caso. A este respecto, la legislación chilena contiene los elementos jurídicos para una efectiva protección del medio ambiente antártico y sus sistemas asociados, al ser Chile país Parte del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente. La implementación integral de este Protocolo, implica la obligación principal para cada Parte, de tomar las medidas adecuadas en el ámbito de su competencia para asegurar el cumplimiento de éste, incluyendo la adopción de leyes, reglamentos, actos administrativos y medidas coercitivas.

Este principio es fundamental, ya que debe hacerse realidad respecto de aquellas cláusulas del Protocolo que establecen prohibiciones específicas, como las que recogen los títulos IV y VI de este proyecto de ley, complementando normas ya existentes en la legislación nacional que se aplican a las operaciones antárticas. Este sería el caso por ejemplo de la evaluación de impacto ambiental de actividades antárticas, realizada por el Comité Operativo para la Evaluación de Impacto Ambiental sobre el Medio Ambiente Antártico, dependiente del Ministerio del Medio Ambiente. Para el funcionamiento de este Comité deberán dictarse los reglamentos que fueren necesarios para ello.

En este proyecto de ley se materializa además, la aplicación de las normas de la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, para que las personas naturales o jurídicas y, en general, los operadores que planifiquen, organicen o partan sus actividades desde el territorio nacional y causen un daño al medio ambiente antártico, sean obligados a repararlo en la forma allí indicada. Esto es sin perjuicio de que en el futuro, Chile apruebe el Anexo VI del Protocolo al Tratado Antártico, sobre Responsabilidad emanada por Emergencias Ambientales.

6. Fiscalización y sanciones

Como un corolario del establecimiento de un régimen de autorizaciones y de prohibiciones, el último título de este proyecto se refiere a la fiscalización y la tipificación de infracciones y delitos.

Atendida la lejanía y particularidad del territorio antártico, se ha previsto que los miembros de las Fuerzas Armadas destinados en las bases antárticas, y los funcionarios del INACH que se encuentren en el Territorio Antártico Chileno, tendrán la potestad de fiscalizar el cumplimiento de la presente ley y denunciar cualquier hecho constitutivo de infracción, actuando para tal efecto como Ministros de Fe.

Por otra parte, la figura de los delitos ambientales que establece la ley, y que pueden ser cometidos tanto dentro como fuera del Territorio Antártico Chileno, serán conocidas por los tribunales penales del país. Esto permite conjugar el carácter territorial de la posición chilena, con su rol en el Tratado Antártico y su Protocolo de 1991. Las infracciones de índole administrativa, se han estructurado en torno a un procedimiento que será de conocimiento de los Juzgados de Policía Local. En cuanto a las sanciones, el proyecto acoge un régimen de altas sanciones pecuniarias a un operador que se aparte del respeto a las normas previstas en la ley y los reglamentos que se establezcan, en concordancia con las legislaciones más recientes adoptadas en nuestro país para la protección del medio ambiente.

En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración el siguiente:

PROYECTO DE LEY

“ESTATUTO CHILENO ANTÁRTICO”

Título I

Disposiciones generales

Artículo. 1.- Objetivos.- La presente ley tiene como objetivos:

1. Preservar y mantener a la Antártica como una zona de paz, donde las actividades garanticen la protección y cuidado del medio ambiente antártico, y su condición de reserva natural, dedicada a la paz y a la ciencia.

2. Establecer los principios conforme a los cuales el Estado de Chile, a través de los órganos competentes, conduce la política antártica y ejerce sus competencias en materia antártica.

3. Potenciar y regular la actividad antártica de Chile con pleno respeto al Sistema del Tratado Antártico, incrementando su calidad de prestador de servicios operativos y logísticos para la actividad antártica, e incentivando el desarrollo regional ligado a las actividades antárticas.

Artículo. 2.- Territorio Chileno Antártico.- Forman la Antártica Chilena o Territorio Chileno Antártico todas las tierras, islas, islotes, arrecifes, glaciares (pack-ice), y demás, conocidos y por conocerse, y el mar territorial respectivo, existentes dentro de los límites del casquete constituido por los meridianos 53º longitud Oeste de Greenwich y 90º longitud Oeste de Greenwich, conforme lo dispuso en el Decreto Supremo N° 1.747 del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 6 de noviembre de 1940, e incluye los espacios marítimos que le corresponden de conformidad con el derecho internacional.

El Territorio Chileno Antártico corresponde a una zona fronteriza para todos los efectos legales.

Artículo. 3.- Ámbito de aplicación.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14 del Código Civil, la presente ley se aplicará en todo el territorio de la República, y en el área del Tratado Antártico que no forme parte del Territorio Chileno Antártico, en el océano austral y el área marítima hasta la convergencia antártica;

a) Respecto de toda actividad que realice o en la que participe un nacional o extranjero residente en Chile.

b) Respecto de toda actividad que realice o en la que participe una persona extranjera cuando dicha actividad se ha organizado o parta en el territorio nacional, y requiera autorización del Estado de Chile.

Artículo. 4.- Definiciones.- Para los fines de esta Ley:

a) Antártica o Continente Antártico, comprende la tierra firme, sus masas y barreras de hielo, y las islas que se encuentran al Sur del paralelo 60° de latitud Sur y el Océano Austral que las circunda; lo anterior, sin perjuicio de los límites que, para sus efectos particulares, fijan el Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente y la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, y los demás acuerdos internacionales aplicables en el área.

b) Océano Austral, comprende todos los mares, cuerpos de aguas, cuencas oceánicas, y áreas marinas al Sur del paralelo 60° y coincide con los límites de aplicación del Tratado Antártico de 1959.

c) Convergencia Antártica, es la línea en el mar hasta la cual, por factores naturales tales como la salinidad del agua, las corrientes marinas y los cambios de temperatura, se extiende el ecosistema antártico, y que ha sido definida por el artículo I.4 de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos como límite Norte de la zona de aplicación de la Convención.

d) Sistema del Tratado Antártico, significa:

- El Tratado Antártico suscrito en Washington el 1 de diciembre de 1959, su Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente, suscrito en Madrid el 4 de octubre de 1991, y las Recomendaciones, Medidas, Decisiones y Resoluciones vigentes aprobadas en las Reuniones Consultivas del Tratado Antártico;

- La Convención para la Conservación de las Focas Antárticas suscrita en Londres el 28 de diciembre de 1972; y la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos suscrita en Canberra el 11 de septiembre de 1980, y las Medidas en vigor acordadas por la Comisión de esta última.

e) Evaluación de Impacto Ambiental de actividades antárticas, es el procedimiento destinado a determinar el impacto sobre el medio ambiente antártico o en los ecosistemas dependientes o asociados de las actividades o proyectos que se planifique desarrollar en la Antártica.

f) Áreas o Zonas Antárticas Especialmente Protegidas o Administradas, son aquellas áreas marinas o terrestres, incluido el suelo o el subsuelo, designadas como tales por las Partes Consultivas de conformidad al Anexo V del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente.

g) Tomar o toma, significa matar, herir, atrapar, manipular o molestar a un mamífero o ave autóctonos o retirar o dañar tales cantidades de plantas nativas que ello afecte significativamente a su distribución local o su abundancia, según ha sido definido por el Artículo 1° letra g) del Anexo II del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente.

h) Intromisión perjudicial, en conformidad al Artículo 1° letra h) del Anexo II del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, significa:

1) el vuelo o el aterrizaje de helicópteros y de otras aeronaves de tal manera que perturben la concentración de aves y focas;

2) la utilización de vehículos o embarcaciones, incluidos los aerodeslizadores y barcos pequeños, de manera que perturben la concentración de aves y focas;

3) la utilización de explosivos y armas de fuego de manera que perturben la concentración de aves y focas;

4) la perturbación intencionada de la cría y la muda del plumaje de las aves o de las concentraciones de aves y focas por cualquier persona a pie;

5) dañar de manera significativa la concentración de plantas terrestres nativas por el aterrizaje de aeronaves, por conducir vehículos o por caminar sobre dichas plantas o por cualquier otro medio; y

6) cualquier actividad que produzca una importante modificación negativa del hábitat de cualquier especie o población de mamíferos, aves, plantas o invertebrados autóctonos.

i) Región de responsabilidad de Búsqueda y Salvamento (SAR), es el área dentro de la cual corresponde a Chile, a través de sus instituciones, prestar servicios de búsqueda y salvamento en conformidad a los tratados internacionales vigentes.

j) Operador es toda persona natural o jurídica, institución u organismo sea estatal o no estatal, que organiza actividades a ser realizadas en la zona del Tratado Antártico. Un operador no incluye una persona natural que sea empleada, contratista, subcontratista o agente o que esté al servicio de una persona natural o jurídica, sea estatal o no estatal, que organiza actividades a ser realizadas en la zona del Tratado Antártico, y no incluye una persona jurídica que sea contratista o subcontratista que trabaje por cuenta y orden de un operador estatal.

k) Operador antártico es toda institución u organismo público, que organiza y desarrolla actividades operativas o logísticas a ser ejecutadas en la Antártica, contando con las autorizaciones prescritas en esta ley. Son operadores antárticos del Estado de Chile, el Instituto Antártico Chileno, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, y las Instituciones de las Fuerzas Armadas, dependientes del Ministerio de Defensa Nacional.

Título II

Institucionalidad Antártica Chilena

Artículo. 5.- Política Antártica Nacional.- La Política Antártica Nacional fijará los objetivos de Chile en la Antártica. Ella será propuesta por el Consejo de Política Antártica y fijada por el Presidente de la República, quien la promulgará mediante decreto supremo expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, y que llevará además las firmas de los Ministros de Defensa Nacional, Hacienda, Economía, Fomento y Turismo, y Medio Ambiente.

La Política Antártica Nacional deberá ser sometida a evaluación y actualizada, al menos, cada 10 años desde la fecha de su promulgación.

Artículo. 6.- Consejo de Política Antártica.- El Consejo de Política Antártica es el órgano colegiado de naturaleza interministerial, presidido por el Ministro de Relaciones Exteriores, que tiene por función proponer al Presidente de la República las bases políticas, jurídicas, científicas, económicas, medioambientales, logísticas, deportivas, culturales, y de difusión de la acción nacional en la Antártica y proponer los grandes lineamientos de la Política Antártica Nacional

El Consejo podrá sesionar en las dependencias del Ministerio de Relaciones Exteriores, el que proporcionará los medios materiales para su funcionamiento

Respecto a sus funciones e integración se regirá por lo dispuesto en el Estatuto Orgánico del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Artículo. 7.- Planes Estratégicos Antárticos.- Los Planes Estratégicos Antárticos tendrán una vigencia de 4 años, sin perjuicio que puedan ser modificados en un plazo menor si se estima necesario, y comprenderán las tareas y acciones concretas que se materializarán mediante el Programa Antártico Nacional de cada año. El Ministerio de Relaciones Exteriores los desarrollará en base a los objetivos que establezca la Política Antártica Nacional, siendo éstos necesarios para orientar la acción de los ministerios y entidades con competencias sectoriales en la materia.

Para su elaboración el Ministerio de Relaciones Exteriores se coordinará con los distintos ministerios y entidades con competencia antártica.

Artículo. 8.- El Programa Antártico Nacional.- El Programa Antártico Nacional es el conjunto de tareas y actividades concretas que se planifican anualmente para las campañas antárticas en cumplimiento del Plan Estratégico Antártico en vigor y de los objetivos de la Política Antártica Nacional, que coordinará el Ministerio de Relaciones Exteriores, y estará constituido por las siguientes actividades:

a) Actividades definidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores para el cumplimiento de los objetivos de la Política Antártica Nacional, en atención a lo dispuesto en los Planes Estratégicos Antárticos.

b) Actividades de los operadores antárticos dependientes del Ministerio de Defensa Nacional en cuanto a la operación de sus bases y la logística propia, lo que informarán por intermedio del Ministerio de Defensa.

c) Actividades científicas y tecnológicas de investigación antártica en todas sus disciplinas, tanto ciencias naturales como ciencias sociales, jurídicas e históricas, coordinadas por el Instituto Antártico Chileno.

d) Cualquier otra actividad antártica nacional a cargo de entidades del Estado de Chile.

El Ministerio de Relaciones Exteriores requerirá el informe de las actividades programadas por cada operador que sea organismo u entidad estatal, los que deberán remitirlo a más tardar el 31 de agosto de cada año, para la confección del Programa Antártico Nacional que se ejecutará en la campaña antártica siguiente.

Artículo. 9.- Conducción de la Política Antártica, coordinación interministerial y representación internacional.- Al Ministerio de Relaciones Exteriores corresponde el conocimiento y coordinación de todos los asuntos relativos al Territorio Chileno Antártico y a la Antártica en general, velando por que las actividades que se desarrollen en dicho continente se ajusten a los lineamientos de la Política Antártica Nacional y sean acordes con las normas internacionales que obligan a Chile.

Asimismo, le corresponde colaborar con el Presidente de la República en la planificación, dirección, coordinación, ejecución, control e información de la política exterior de Chile en relación al Continente Antártico, y asumir la representación nacional ante las instancias del Sistema del Tratado Antártico y las relaciones bilaterales sobre la materia.

Los diversos ministerios y entidades estatales con competencia sectorial en las actividades antárticas coordinarán su labor por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Artículo. 10.- Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores en materia antártica.- Serán competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores:

a) Supervisar y coordinar la ejecución de la Política Antártica Nacional.

b) Coordinar la realización de las actividades nacionales en la Antártica en el marco del Programa Antártico Nacional.

c) Asesorar al Presidente de la República en la conducción de los aspectos políticos y diplomáticos de la Política Antártica.

d) Mantener las relaciones multilaterales y bilaterales con los Estados, entidades internacionales, instancias y regímenes internacionales del Sistema del Tratado Antártico.

e) Velar por el cumplimiento de las normas del Sistema del Tratado Antártico, sin perjuicio de lo dispuesto en la letra d) del artículo 20 de la ley 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

f) Coordinar todos los asuntos referentes a la Antártica en que participen los diversos ministerios, organismos y reparticiones estatales con competencia en materia antártica,

g) Autorizar la realización de actividades no gubernamentales en la Antártica de conformidad a lo previsto en esta ley y su reglamento.

Artículo. 11.- Operadores Antárticos.- Los operadores antárticos del Estado de Chile serán los encargados de organizar y realizar las actividades operativas o logísticas que el país desarrollará en la Antártica, así como la mantención de sus bases y estaciones en el Continente Blanco, debiendo planificar y organizar su labor en coherencia con el Programa Antártico Nacional y en conformidad a los lineamientos que establezca el Consejo de Política Antártica.

Artículo. 12.- El Instituto Antártico Chileno.- El Instituto Antártico Chileno, en adelante “INACH”, tiene por principal misión planificar, coordinar, autorizar y realizar la actividad científica, tecnológica y de difusión en materias antárticas, y se rige por su estatuto orgánico. Para cumplir con su misión realizará y organizará todas las actividades operativas y logísticas que sean necesarias.

El Instituto Antártico Chileno en el cumplimiento de su respectiva misión institucional, podrá coordinarse directamente con los operadores antárticos dependientes del Ministerio de Defensa Nacional para los fines operativos y logísticos

Artículo. 13.- Los operadores antárticos dependientes del Ministerio de Defensa Nacional.- Los operadores antárticos dependientes del Ministerio de Defensa Nacional coordinarán sus actividades a través de dicho Ministerio, las que se regirán por los objetivos de la Política Antártica Nacional y los planes estratégicos que se elaboren para su cumplimiento.

La coordinación operativa y logística entre las Fuerzas Armadas se realizará a través del Estado Mayor Conjunto, y la coordinación de estos Operadores y los demás ministerios con competencias en la materia, se efectuará por medio de la Subsecretaría de Defensa, con excepción de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 12, y sin perjuicio que en este último caso las Fuerzas Armadas deberán informar a la brevedad a dicha subsecretaría al respecto.

Artículo. 14.- Comité Operativo para la Evaluación de Impacto Ambiental sobre el Medio Ambiente Antártico.- El Comité Operativo para la Evaluación de Impacto Ambiental sobre el Medio Ambiente Antártico es el órgano encargado de evaluar el impacto en el medio ambiente y certificar que las actividades y proyectos que se planifiquen para ser desarrollados en la Antártica cumplan con los requisitos ambientales dispuestos por las normas nacionales e internacionales respectivas.

El Comité dependerá administrativamente del Ministerio de Medio Ambiente y su composición y normas de funcionamiento estarán determinadas por el reglamento respectivo, que será dictado por la citada Secretaría de Estado, y que llevará además la firma del Ministro de Relaciones Exteriores.

Título III

Financiamiento de la actividad antártica nacional

Artículo. 15.- Financiamiento para las actividades en la Antártica.- La Ley de Presupuesto del Sector Público deberá consultar anualmente recursos para financiar la actividad antártica nacional de los Operadores Antárticos referidos en el literal k) de artículo 4° de la presente ley.

Título IV

Regulación de actividades antárticas

Artículo. 16.- Uso y explotación de la Antártica y sus recursos.- La Antártica se utilizará exclusivamente para fines pacíficos, y con pleno respeto a los principios de protección ambiental y demás regulaciones impuestas por la presente ley, el Sistema del Tratado Antártico, y otras disposiciones del derecho nacional e internacional que resulten aplicables.

Su uso pacífico incluye las actividades científicas, tecnológicas, comerciales, deportivas, artísticas y culturales, y en general aquellas actividades que puedan realizarse de un modo racional y sustentable, y que sean planificadas y realizadas de forma que se prevenga y limite el impacto perjudicial sobre el medio ambiente antártico y los ecosistemas dependientes y asociados

Artículo. 17.- Actividades prohibidas.- Está prohibido en la Antártica:

1) Efectuar explosiones nucleares y eliminar desechos radioactivos.

2) Realizar cualquier actividad relacionada con los recursos minerales, salvo la investigación científica, a menos que entre en vigor un régimen internacional jurídicamente obligatorio sobre tales actividades.

3) Introducir perros en el área del Tratado Antártico.

4) Descargar en el mar hidrocarburos petrolíferos o mezclas petrolíferas, de conformidad a lo previsto en el artículo 3 del Anexo IV del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente.

5) Descargar en el mar sustancias nocivas líquidas de conformidad a lo previsto en el artículo 4 del Anexo IV del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente.

6) Eliminar en el mar todo tipo de basura, de conformidad a lo previsto en el artículo 5 del Anexo IV del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente.

7) Descargar en el mar aguas residuales de conformidad a lo previsto en el artículo 6 del Anexo IV del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente.

8) Dañar, trasladar o destruir un sitio o monumento nacional o un sitio o monumento histórico designado en conformidad al Sistema del Tratado Antártico.

9) Cazar, capturar o sacrificar focas de conformidad a lo previsto en el punto 4 del Apéndice I de la Convención para la Conservación de las focas antárticas.

10) Realizar una actividad en la Antártica sin contar con las autorizaciones y evaluación del impacto ambiental previstas en esta ley, cuando corresponda.

La ejecución de cualquiera de las acciones prohibidas en este artículo se sancionará conforme dispone el Título VI de esta ley.

Artículo. 18.- Actividades que requieren autorización previa.- Está prohibido en la Antártica, a menos que se cuente con autorización expresa del Instituto Antártico Chileno:

1) Ingresar a una Zona Antártica Especialmente Protegida designada en conformidad a lo previsto en el Anexo V del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente.

2) Efectuar una toma o intromisión perjudicial respecto a la fauna y flora antártica y en particular respecto de las Especies Especialmente Protegidas, según lo previsto en el Anexo II del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente.

3) Introducir en la Antártica especies animales o vegetales no nativas o endémicas.

4) Introducir en la Antártica productos o elementos químicos potencialmente dañinos para el medio ambiente.

Un reglamento expedido por el Ministerio de Medio Ambiente y que llevará además la firma del Ministro de Relaciones Exteriores, establecerá los requisitos para la autorización de las acciones descritas anteriormente, en concordancia a lo previsto en el Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente y sus anexos y fijará el procedimiento administrativo para su otorgamiento.

Artículo. 19.- Autorización para realizar actividades antárticas no estatales.- Toda actividad a desarrollarse en la Antártica por nacionales o extranjeros residentes requerirá la autorización previa del Ministerio de Relaciones Exteriores, excepto las actividades pesqueras o de extracción reguladas en el artículo 25 y las actividades científicas reguladas en el artículo 21 de la presente ley.

De la misma forma, requerirá esta autorización toda actividad en la Antártica que realice o en la que participe una persona extrajera, en los casos indicados en el artículo 3 letra b) de la presente ley.

Un reglamento expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores determinará el procedimiento para solicitar y obtener las autorizaciones a las que se refiere este artículo.

Artículo. 20.- Realización de actividades estatales en la Antártica.- Toda actividad realizada por órganos o entidades estatales, excepto las actividades exclusivamente operativas y logísticas realizadas por los Operadores Antárticos y aquellas señaladas en el Artículo 21 y siguientes, deberán ser informadas al Ministerio de Relaciones Exteriores por la entidad estatal a cargo de su planificación.

Si dicha Secretaría de Estado estima que la actividad pudiere producir algún tipo de contingencia o responsabilidad internacional, deberá emitir un informe indicando las consecuencias jurídicas o políticas adversas a la realización de ésta, proponiendo los cambios en su planificación para el cumplimiento de las normas internacionales que obligan a Chile.

Artículo. 21.- Autorización y coordinación de las actividades científicas y tecnológicas antárticas.- El Estado de Chile, a través de los distintos Ministerios y organismos con competencia en materia antártica, dará prioridad a la investigación científica y tecnológica y a la preservación de la Antártica como una zona para la realización de tales investigaciones.

Corresponderá al INACH planificar, coordinar, orientar y controlar las actividades científicas y tecnológicas que los organismos del Estado o particulares realicen en el Territorio Chileno Antártico o en el resto del Continente Antártico.

Toda actividad científica o tecnológica a realizarse en la Antártica por nacionales o extranjeros residentes, ya sean personas naturales o jurídicas, instituciones, públicas o privadas, además de dar cumplimientos a todas las normas previstas en esta ley, deberá contar con la autorización previa del Instituto Antártico Chileno.

De la misma forma, requerirá esta autorización toda actividad en la Antártica que realice o en la que participe una persona extrajera, en los casos indicados en el artículo 3 letra b) de la presente ley.

Artículo. 22.- Autorización de zarpe y despegue de naves y aeronaves nacionales o que participan en alguna actividad antártica nacional.- Toda nave o aeronave que zarpe o despegue desde puertos o aeropuertos nacionales con destino a la Antártica deberá acreditar ante las autoridades marítimas o aeronáuticas correspondientes, mediante los respectivos certificados:

1) Que participa en una actividad autorizada de conformidad a los artículos 19 o 21 precedentes;

2) Que la actividad cuenta con la evaluación de impacto ambiental a que se refiere el artículo 29.

3) Que la actividad cuenta con planes de emergencia para responder frente a incidentes e imprevistos que puedan tener efectos adversos para el medio ambiente antártico o sus ecosistemas dependientes y asociados, conforme a la normativa de seguridad aérea y marítima internacional y nacional vigente.

4) Que la actividad cuenta con los seguros vigentes exigidos por esta ley.

5) Que la actividad cuenta con la autorización del Instituto Antártico Chileno cuando involucra el transporte hacia la Antártica de especies animales o vegetales no nativas o endémicas, o productos o elementos químicos potencialmente dañinos para el medio ambiente, de conformidad a lo previsto en los números 3 y 4 del artículo 18 precedente.

Las naves que realicen actividades pesqueras o de extracción a que se refiere el artículo 25 de esta ley sólo deberán cumplir con las exigencias de los puntos 3 y 5 anteriores, sin perjuicio de los requisitos especiales que fijen otras normas que le sean aplicables.

Artículo. 23.- Disposiciones especiales para actividades artísticas, culturales y deportivas.- El Estado promoverá y apoyará la realización de actividades artísticas, culturales o deportivas relacionadas con la Antártica o a desarrollarse en ella, con el fin de incentivar el incremento de la identidad antártica chilena y la difusión de las actividades de Chile en dicho continente.

Solo se brindará apoyo a actividades artísticas, culturales o deportivas particulares, en la medida en que ello no afecte a las que se realizan conforme al Programa Antártico Nacional, que cuenten con las autorizaciones y evaluaciones de impacto ambiental dispuestas en esta ley, y que sean efectuadas bajo la responsabilidad de sus organizadores y participantes, respecto de los riesgos y eventuales daños que pudieran provocarse con ocasión de su realización.

Artículo. 24.- Disposiciones especiales para actividades turísticas.- El Estado promoverá y apoyará las actividades de turismo antártico controlando que cumplan con las normas de la presente ley, y que promuevan el incremento de la identidad antártica chilena y la difusión de las actividades de Chile en dicho continente.

Todo operador que administre o ejecute actividades turísticas en la Antártica, ya sea a cuenta propia o a nombre de terceros, nacionales o extranjeros, deberá contar con seguros para responder por los costos de las acciones de contención o reparación que sean necesarias emprender ante eventuales daños ambientales que se causen en la ejecución de la actividad turística.

Las naves o aeronaves empleadas en actividades turísticas estarán sujetas a las normas generales de esta ley.

Un reglamento expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que llevará además la firma del Ministro de Economía, Fomento y Turismo, establecerá las condiciones y requisitos para realizar las actividades de turismo en la Antártica.

Artículo. 25.- Disposiciones especiales para actividades pesqueras y otras actividades de captura de recursos vivos marinos antárticos.- Las actividades pesqueras y otras actividades comerciales lícitas en relación con los recursos vivos marinos antárticos realizadas por personas naturales o jurídicas chilenas o extranjeras residentes en el país, estarán sujetas a las normas pertinentes de la Ley General de Pesca y Acuicultura, a las regulaciones que establezca la Subsecretaría de Pesca del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, y a las medidas dictadas conforme o en cumplimiento de la Convención de Conservación de las Focas Antárticas, la Convención sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, el Acuerdo sobre la Conservación de Albatros y Petreles, y todo otro precepto aplicable del Sistema del Tratado Antártico vigentes, y las disposiciones de esta ley, salvo el caso en que sean expresamente exceptuadas.

Artículo. 26.- Notificación previa sobre la ejecución de expediciones antárticas.- En función de la información contenida en el Programa Antártico Nacional y de las autorizaciones entregadas de conformidad a esta ley respecto a las expediciones gubernamentales y no gubernamentales programadas anualmente, así como de la información que se tenga sobre expediciones a la Antártica de otros países que se organicen, planifiquen o partan desde Chile, el Ministerio de Relaciones Exteriores notificará por adelantado a la Secretaría del Tratado Antártico, a más tardar al día 15 de octubre de cada año, sobre la planificación y ejecución de las mismas, a fin que dicha información sea transmitida a cada uno de los Estados Partes del Sistema del Tratado Antártico.

Las expediciones antárticas que no hayan sido informadas en conformidad al inciso anterior, se comunicarán dentro de diez días hábiles desde que se tenga conocimiento de ellas.

En particular, se informará sobre:

1) Toda expedición a la Antártica y dentro de la Antártica en la que participen naves o aeronaves nacionales, y sobre todas las expediciones a la Antártica que se organicen o partan desde el territorio nacional, y que hayan sido autorizadas por Chile;

2) Todas las estaciones en la Antártica ocupadas por nacionales, y

3) Todo personal o equipo militar que se proyecte introducir en la Antártica en apoyo de la investigación científica o con alguna de las otras finalidades autorizadas por el Tratado Antártico.

Título V

Protección y conservación del medio ambiente antártico

Artículo. 27.- Principio de protección y conservación del medioambiente antártico.- Todas las actividades que se planifiquen o ejecuten en la Antártica deberán tener en cuenta la protección y conservación del medio ambiente antártico y los ecosistemas dependientes y asociados, y deberán efectuarse considerando prevenir y reparar las alteraciones al ecosistema que eventualmente produzcan tales actividades, de conformidad a lo previsto en el Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente.

Con tal finalidad, serán de cumplimiento obligatorio para toda expedición a la Antártica y dentro de ella, como las actividades que allí se realicen, en la que participen chilenos o naves o aeronaves nacionales, y para todas las expediciones a la Antártica que sean autorizadas por el Estado de Chile, tanto las normas que contempla esta ley y los reglamentos dictados conforme a ella como las medidas sobre protección y conservación de flora y fauna antártica y del medio ambiente en general que se acuerden dentro de las instancias del Sistema del Tratado Antártico y que se encuentren vigentes.

Un reglamento expedido por el Ministerio de Medio Ambiente, que llevará además la firma del Ministro de Relaciones Exteriores, fijará los criterios y parámetros que deberán seguirse en la planificación y ejecución de toda actividad a realizarse en la Antártica.

Artículo. 28.- Eliminación y tratamiento de residuos.- Toda actividad realizada en la Antártica se planificará y ejecutará considerando generar o tratar en ella la menor cantidad posible de residuos, con el fin de minimizar su repercusión en el medioambiente antártico y las interferencias con los valores naturales de la Antártica, con la investigación científica o con los otros usos lícitos de la Antártica.

El manejo de residuos se regirá por los principios de prevención, jerarquía y racionalidad ambiental.

Los residuos producidos por toda expedición a la Antártica y dentro de ella, o resultados de las actividades que allí se realicen, en la que participen chilenos o naves o aeronaves nacionales, y que haya sido organizada o autorizada en Chile, y en la medida que ello sea técnicamente posible, serán devueltos al territorio nacional americano. El resto de los residuos serán tratados o eliminados de modo de minimizar el daño o efectos ambientales de los mismos.

El almacenamiento, eliminación, tratamiento y remoción de residuos se efectuará conforme los procedimientos que determine el reglamento respectivo. El reglamento determinará, asimismo, las sustancias y residuos cuya descarga o eliminación se encuentre prohibida en la Antártica, en virtud de los acuerdos internacionales suscritos por Chile y que se encuentren vigentes.

El Ministerio de Medio Ambiente, con el fin de reducir aún más el impacto de los residuos en el medio ambiente antártico, preparará, revisará y actualizará los planes de tratamiento de residuos de las bases antárticas nacionales, así como los de las naves y aeronaves nacionales que se destinen para las actividades antárticas.

Artículo. 29.- Evaluación de Impacto Ambiental de actividades antárticas.- Durante la etapa de planificación de cualquier actividad que se desarrolle en la Antártica, de conformidad con los programas de investigación científica, con el turismo y con las actividades gubernamentales y no gubernamentales, especialmente de aquellas que requieran de notificación previa conforme al inciso 3º del artículo 26 de esta ley, así como las actividades de apoyo logístico correspondientes, estarán sujetas a los procedimientos de evaluación de impacto sobre el medio ambiente antártico o en los ecosistemas dependientes o asociados. Se exceptúan de la evaluación contemplada en este artículo a las actividades pesqueras y de extracción contempladas en el artículo 25 precedente.

De producirse cualquier cambio significativo en alguna de las actividades descritas en el inciso 1º precedente, ellas deberán someterse a una nueva evaluación de impacto ambiental, ya sea que tal cambio se deba a un aumento o a una disminución de la intensidad de una actividad ya existente, a que se añada a ella una nueva actividad, al cierre de una instalación, o a cualquier otra causa.

Cuando alguna de tales actividades sea planificada conjuntamente por Chile y otro u otros Estados Partes del Sistema del Tratado Antártico, el Ministerio de Relaciones Exteriores coordinará la aplicación de los procedimientos de evaluación de impacto sobre el medio ambiente antártico a fin de determinar si se realizará en Chile o en otro Estado.

La evaluación de impacto ambiental será efectuada por el Comité Operativo para la Evaluación de Impacto Ambiental sobre el Medio Ambiente Antártico señalado en el artículo 14 de esta ley y se regirá por un reglamento que fijará los contenidos mínimos de las propuestas de actividades o proyectos que se sometan a evaluación de impacto ambiental según corresponda a cada una de las tres categorías que se señalan en el artículo siguiente; los parámetros e indicadores que permitan determinar sobre una base científica cuándo una actividad puede producir un impacto menos que mínimo o transitorio, mínimo o transitorio o más que mínimo o transitorio; y el procedimiento para la evaluación de impacto ambiental.

Artículo. 30.- Categorías de Evaluación de Impacto Ambiental.- Las evaluaciones de impacto ambiental de las actividades antárticas pueden ser:

1. Evaluación de impacto ambiental preliminar, si la actividad planificada causará menos que un impacto mínimo o transitorio;

2. Evaluación de impacto ambiental inicial, si la actividad antártica planificada causará un impacto mínimo o transitorio; o

3. Evaluación de impacto ambiental global, si la actividad antártica causará más que un impacto mínimo o transitorio.

El operador de la actividad antártica podrá presentar una evaluación de impacto ambiental preliminar, inicial o global según lo estime pertinente, de acuerdo al nivel de impacto que prevé que pueda causar la actividad antártica que pretende desarrollar.

Si el Comité Operativo, tras el estudio de los antecedentes determina que la actividad antártica planificada requiere de una evaluación de impacto ambiental inicial o global, según sea el caso, lo informará al operador para que prepare la evaluación de impacto ambiental respectiva de conformidad a los requisitos establecidos en el reglamento.

Aprobada la evaluación de impacto ambiental global por el Comité Operativo, ésta será presentada por el Ministerio de Relaciones Exteriores conjuntamente con la autorización del artículo 19 de esta ley y los antecedentes en que se fundan ante el organismo competente del Sistema del Tratado Antártico, y se seguirá con el procedimiento internacional previsto en el artículo 3 del Anexo I del Protocolo al Tratado Antártico, antes de iniciar la actividad planificada.

Artículo 31.- Información a los operadores.- Los operadores podrán acceder a información relevante sobre protección al medio ambiente antártico, a través del Sistema Nacional de Información Ambiental establecido en el artículo 31 ter de la Ley N° 19.300. Dicha información comprenderá, entre otros, las actividades prohibidas en la Antártica, la lista de Especies Especialmente Protegidas, las Zonas Especialmente Protegidas o Administradas, los monumentos históricos y las conductas que constituyen infracciones o delitos y sus respectivas sanciones.

Artículo 32.- Obligación de informar sobre daños al medioambiente antártico.- Cualquier persona, que tenga conocimiento de la ocurrencia de un daño al medio ambiente antártico, esté o no implicada en la producción del mismo, tendrá la obligación de comunicarlo a la brevedad a las autoridades nacionales mencionadas en el artículo 39 de la presente ley.

Artículo. 33.- Emergencias ambientales.- Ante casos de emergencias ambientales en la Antártica, las autoridades pertinentes dispondrán una respuesta rápida y efectiva con todos los medios nacionales que estén en el área de la emergencia ambiental y podrán solicitar el apoyo de otros Estados Partes si aquello fuera necesario.

El Ministerio de Medio Ambiente elaborará en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional pautas o medidas para responder a los incidentes que puedan tener efectos adversos para el medio ambiente antártico o sus ecosistemas dependientes y asociados.

Artículo. 34.- Daño al medio ambiente antártico.- Toda persona natural o jurídica, sujetas a la presente ley de conformidad al Artículo 3, que culposa o dolosamente cause un daño ambiental en el Territorio Chileno Antártico, en la Antártica o en el Océano Austral, dará lugar a las acciones de reparación medioambiental previstas en la ley 19.300.

No procederá la acción para obtener la reparación del medio ambiente dañado cuando quien cometió el daño ejecutó satisfactoriamente un plan de reparación aprobado por la Superintendencia del Medio Ambiente.

Artículo. 35.- Presunción.- Se presume legalmente la culpa del autor del daño al medio ambiente antártico, si en la realización de la actividad antártica que causó el daño ambiental existe infracción a las normas previstas en la presente ley, los reglamentos dictados conforme a ella, así como las normas del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente y sus anexos.

Con todo, sólo habrá lugar a la indemnización, en este evento, si se acreditare relación de causa a efecto entre la infracción y el daño producido.

Artículo. 36.- Titularidad de acción ambiental.- El Estado de Chile, por intermedio del Consejo de Defensa del Estado, será el titular de la acción ambiental destinada a obtener la reparación del medio ambiente antártico dañado.

Esta disposición no obsta a la acción indemnizatoria que pueda presentar toda persona natural o jurídica, pública o privada que haya sufrido el daño ambiental.

Artículo. 37.- Competencia.- Será competente para conocer de la acción de reparación derivada del daño al medio ambiente antártico, el Tribunal Ambiental que corresponda de conformidad a lo previsto en el número 2° del artículo 17 de la ley 20.600 y se le aplicarán las normas de procedimiento establecidas en dicha ley.

Artículo. 38.- Norma subsidiaria.- En lo no tratado en esta ley respecto a los temas ambientales, y en cuanto no sea contradictoria con la misma, se aplicarán subsidiariamente la Ley N° 19.300, sobre bases generales del medio ambiente.

Título VI

Fiscalización y sanciones

Párrafo 1 Autoridades competentes, infracciones y sanciones.

Artículo. 39.- Fiscalización.- La fiscalización del cumplimiento de las disposiciones de los títulos IV y V de la presente ley y sus reglamentos será ejercida:

a) En el continente antártico por los funcionarios del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea y del Instituto Antártico Chileno que se encuentren en dicho territorio. En el ejercicio de esta función fiscalizadora los jefes de bases antárticas de cualquiera de estas instituciones tendrán la calidad de Ministros de Fe.

b) En el resto del país los funcionarios de la Armada, de la Dirección de Aeronáutica Civil y Carabineros quienes tendrán la calidad de Ministros de Fe.

Artículo. 40.- Infracciones.- Se castigará a la persona natural o jurídica que realice una actividad en la Antártica o en el Océano Austral e incurra en las siguientes conductas con las siguientes multas:

1. El que realice una actividad en la Antártica sin contar con las autorizaciones y evaluación de impacto ambiental previstas en esta ley será sancionado con multa de 100 a 1.500 UTM

2. El que estando a cargo de una actividad antártica debidamente autorizada y que cuente con la evaluación del impacto ambiental, al momento de realizarla no cumpla estrictamente la planificación que fue establecida en la actividad o proyecto aprobado ambientalmente o la planificación de la actividad autorizada de conformidad a los artículos 19 o 21, será sancionado con multa entre 100 a 1.000 UTM.

3. El que eliminare en el mar de la Antártica todo tipo de basura, en los términos previstos en el artículo 5 del Anexo IV del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente o eliminare cualquier tipo de basura o residuo en la Antártica, sea en el mar o en tierra, en infracción a los procedimientos establecidos en el Reglamento será sancionado con multas entre 100 a 1.000 UTM.

4. El que descargare en el mar de la Antártica aguas residuales en los términos previstos en el artículo 6 del Anexo IV del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente será sancionado con multas de 100 a 1.000 UTM.

5. El que introduzca en tierra, en las plataformas de hielo y en el agua de la Antártica, alguna especie animal o vegetal que no sea autóctona de la Zona del Tratado Antártico, sin contar con la respectiva autorización del Instituto Antártico Chileno será sancionado con multa entre 300 a 1.500 UTM.

6. El que introduzca perros en la Antártica será sancionado con multa entre 300 a 1.500 UTM.

7. El que introduzca en la Antártica alguna substancia o producto prohibido de conformidad a lo previsto en los artículos 16 y 17 de esta ley, o en el reglamento será sancionado con multa entre 300 a 1.500 UTM.

Las multas establecidas en los numerales anteriores serán aplicables sin perjuicio de las acciones establecidas en los Artículos 34 y siguientes de la presente ley.

Artículo 41.- Competencia.- Serán competentes para conocer de las infracciones consagradas en el artículo anterior, así como de las infracciones a los reglamentos señalados en la presente ley, el Juez de Policía Local de Punta Arenas, sin perjuicio de la lugar donde ésta se hubiese verificado. Asimismo, será éste el competente para conocer de los casos en que la infracción hubiese sido cometida en la Antártica o en el Océano Austral, ambos definidos en el Artículo 4º precedente.

Artículo 42.- Procedimiento.- El Juez de Policía Local conocerá de las infracciones en conformidad al procedimiento establecido en la Ley Nº 18.287, con las modificaciones que se señalan a continuación:

1.- Los funcionarios indicados en el artículo 39, que sorprendan infracciones a la presente ley y sus reglamentos, deberán denunciarlo al Juzgado de Policía Local competente y citar personalmente al inculpado si estuviere presente, por escrito, o si estuviere ausente, mediante nota que dejarán en un lugar visible del domicilio del infractor, o en la nave o embarcación utilizada, para que comparezca a la audiencia más próxima, indicando día y hora bajo apercibimiento de proceder en su rebeldía.

2. La citación para que comparezca a la audiencia no podrá hacerse para antes del décimo ni después del vigésimo quinto día hábil siguiente a la fecha de la notificación. En el evento que el denunciado resida en un lugar alejado a aquél en el que se realizó la denuncia, éste podrá concurrir al Juzgado de Policía Local de su residencia para formular sus descargos por escrito y solicitar que, por medio de exhorto, se recabe la resolución del caso. El juez exhortado comunicará al exhortante la sentencia dictada.

3.- La denuncia que se formule al Juzgado de Policía Local deberá contener todos los detalles y antecedentes necesarios para la correcta individualización del denunciado, el número de su cédula de identidad, u otro documento de identificación, y los hechos constitutivos de la infracción y la norma o normas precisas infringidas.

4.- Los funcionarios indicados en el artículo 39, no podrán detener ni ordenar la detención de los que sorprendan in fraganti cometiendo una infracción, a menos de tratarse de una persona que no dé caución suficiente de que comparecerá a la audiencia que se le cite. El juez pondrá en conocimiento del detenido la denuncia respectiva y lo interrogará de acuerdo a su contenido.

Siempre que se prive de libertad a una persona, se dará estricto cumplimiento a las disposiciones del Código de Procesal Penal que obligan a informarle del motivo de la detención, al momento de practicarla, y a comunicar a su familia, a su abogado o a la persona que indique el hecho de haber sido privado de libertad y su motivo.

Los que permanecieren detenidos serán puestos inmediatamente a disposición del Juzgado de Policía Local, si fuere hora de despacho, o a primera hora de la audiencia más próxima, en caso contrario.

5.- En caso que el inculpado reconociera ante el tribunal su participación en los hechos constitutivos de la falta que se le atribuye y se allanare a la sanción que el mismo tribunal le advirtiere que contempla la ley para estos casos, se dictará sentencia definitiva de inmediato, la que no será susceptible de recurso alguno. El juez, en este evento, podrá no aplicar la sanción en su grado máximo, pudiendo considerar la reducción de ésta en no más de un veinte por ciento.

6.- Para la determinación de las multas el juez tendrá en consideración, especialmente, si producto de la infracción se produjera daño ambiental y la entidad de este o la potencialidad de haberlo causada, cuando el infractor sea reincidente o haya incurrido en faltas reiteradas a la presente ley.

7.- El juez no podrá conmutar la multa en todo o en parte, por la realización de trabajos en beneficio de la comunidad.

Artículo 43.- Deber de informar.- Toda sentencia firme condenatoria, recaída en procesos por infracciones a la presente ley, deberá ser comunicada al más breve plazo por los Tribunales competentes al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Artículo 44.- Prescripción.- Las acciones para perseguir las infracciones a esta ley prescribirán en el plazo de tres años contado desde la fecha en que se cometió la infracción.

Las sanciones que se impongan prescribirán en el plazo de tres años, contado desde que quede firme la sentencia condenatoria, según corresponda.

Párrafo 2° De los Delitos Especiales en materia antártica

Artículo 45.- Competencia.- Serán competentes para investigar y perseguir la responsabilidad de los delitos consagrados en este párrafo, cuando estos sean cometidos en el territorio de la Antártica y en el Océano Austral, la fiscalía regional de Punta Arenas, y su conocimiento corresponderá al juzgado de garantía y al tribunal de juicio oral en lo penal de Punta Arenas.

Artículo 46.- Delitos especiales.-

1.- El que realice explosiones nucleares o eliminaré desechos radioactivos en la Antártica o en el Océano Austral será sancionado con pena de presidio mayor en sus grados medio a máximo.

2.- El que realizare cualquier actividad relacionada con los recursos minerales en la Antártica, en el Océano austral o en la plataforma continental de la Antártica, a menos que dicha actividad sea con fines científicos y haya sido autorizada de conformidad a la presente ley, será sancionado con presidio menor en su grado medio a presidio menor en su grado máximo, y multa de 500 a 1500 UTM.

3.- El que realice una toma, en los términos de la letra g) del artículo 4 de la presente ley, en el área del Tratado Antártico sin contar con la autorización del Instituto Antártico Chileno, o que al realizarla se excede de la autorización respectiva será sancionado con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo, y multa de 500 a 1500 UTM.

4.- El que realice una intromisión perjudicial, en los términos establecidos en la letra h) del artículo 4 de la presente ley, sin contar con la autorización del Instituto Antártico Chileno, o que al realizarla se excede de la autorización respectiva será sancionado con presidio menor en su grado máximo y multa de 300 a 1200 UTM.

5.- El que realice cualquier descarga en el mar de hidrocarburos petrolíferos o mezclas petrolíferas, excepto en los casos autorizados por el Anexo I del MARPOL 73/78, será sancionado con pena de presidio menor en su grado medio a máximo y con multa de 500 a 1500 UTM. Sin perjuicio de lo anterior, se considerarán autorizadas:

a) Las descargas en el mar de hidrocarburos petrolíferos o de mezclas petrolíferas resultantes de averías sufridas por un buque o por sus equipos:

i. Siempre que después de producirse la avería o de descubrirse la descarga se hayan tomado todas las precauciones razonables para prevenir o reducir a un mínimo tal descarga; y

ii. Salvo que el propietario o el Capitán haya actuado ya sea con la intención de causar la avería o con imprudencia temeraria y a sabiendas de que era muy probable que se produjera la avería; o

b) Las descargas en el mar de sustancias que contengan hidrocarburos petrolíferos cuando sean empleados para combatir casos concretos de contaminación a fin de reducir los daños resultantes de tal contaminación”.

6.- El que descargare en el mar cualquier sustancia nociva líquidas; asimismo, la de cualquier otra sustancia química o de otras sustancias, en cantidades o concentraciones perjudiciales para el medio marino, será sancionado con presidio menor en su grado medio a máximo y con multa de 500 a 1500 UTM.

7.- El que causaré daño, trasladare o destruyera un sitio o monumento histórico nacional o uno designado en conformidad al Sistema del Tratado Antártico será sancionado con pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de 300 a 1000 unidades tributarias mensuales.

8.- El que cazare, capturare o diere muerte a uno o varios ejemplares de focas en los términos y zonas establecidas en el punto 4 del Apéndice I de la Convención para la Conservación de las focas antárticas será sancionado con la pena de presidio mayor en su grado mínimo y multas de 300 a 1200 UTM.

El que tenga, posea, transporte, desembarque, elabore o efectúe cualquier proceso de transformación, así como comercialice o almacene las especies vivas o muertas o parte de éstas mencionadas en este numeral, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo y multa de 300 a 1200 UTM

Título VII

Disposiciones finales

Artículo. 47.- Gasto Fiscal.- La aplicación de la presente ley no irrogará mayor gasto fiscal.

Artículo. 48.- La presente ley comenzará a regir 90 días después de su publicación en el Diario Oficial.

Dios guarde a V.E.

SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE

Presidente de la República

ANDRES CHADWICK PIÑERA

Ministro del Interior

y Seguridad Pública

ALFREDO MORENO CHARME

Ministro de Relaciones Exteriores

RODRIGO HINZPETER KIRBERG

Ministro de Defensa Nacional

FELIPE LARRAÍN BASCUÑÁN

Ministro de Hacienda

TOMÁS FLORES JAÑA

Ministro de Economía,

Fomento y Turismo (S)

JUAN IGNACIO PIÑA ROCHEFORT

Ministro de Justicia (S)

MARIA IGNACIA BENÍTEZ PEREIRA

Ministra de Medio Ambiente

[1] De acuerdo con el Artículo IX del Tratado Antártico.

1.2. Oficio Indicaciones del Ejecutivo

Indicaciones del Ejecutivo. Fecha 08 de marzo, 2017. Oficio

FORMULA INDICACIONES AL PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE EL ESTATUTO CHILENO ANTÁRTICO (Boletín N° 9256-27).

Santiago, 08 de marzo de 2017.

N°361-364/

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS

Honorable Cámara de Diputados:

En uso de mis facultades constitucionales, vengo en formular las siguientes indicaciones al proyecto de ley del rubro, a fin de que sean consideradas durante su discusión en el seno de esa H. Corporación.

AL ARTÍCULO 6

1) Para agregar, en su inciso tercero, entre la expresión “Ministerio de Relaciones Exteriores” y el punto final que le sigue, las expresiones “, fijado mediante decreto con fuerza de ley N° 161, de 1978, del Ministerio de Relaciones Exteriores”.

AL ARTÍCULO 7

2) Para reemplazar, en su inciso primero, las expresiones “tendrán una vigencia de 4 años, sin perjuicio que puedan ser modificados en un plazo menor si se estima necesario,”, por la frase “tendrán una vigencia de a lo menos 4 años”.

3) Para modificar su inciso segundo en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese la frase “su elaboración” por la expresión “la elaboración de los Planes Estratégicos Antárticos,”.

b) Agrégase, entre la expresión “competencia antártica” y el punto final que le sigue, la oración “y someterá estos planes a la consideración del Consejo de Política Antártica”.

AL ARTÍCULO 8

4) Para modificar su inciso primero en el siguiente sentido:

a) Modifícase la letra a) de la siguiente manera:

i) Suprímese la frase “por el Ministerio de Relaciones Exteriores”.

ii) Agrégase, entre la expresión “Antárticos” y el punto final que le sigue, la oración “y coordinadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores”.

b) Intercálanse en la letra b), a continuación de la palabra “bases”, las expresiones “, estaciones o refugios”.

5) Para reemplazar su inciso segundo por el siguiente:

“A fin de confeccionar el Programa Antártico Nacional que se ejecutará cada año, el Ministerio de Relaciones Exteriores solicitará a los ministerios y entidades públicas, distintas del Ministerio de Defensa Nacional y sus instituciones y organizaciones dependientes, que le informen, a más tardar el 31 de agosto de cada año, sobre sus actividades antárticas programadas para el año siguiente, en cumplimiento del Plan Estratégico correspondiente.”.

6) Para agregar el siguiente inciso final, nuevo:

“Las Fuerzas Armadas y los organismos dependientes del Ministerio de Defensa Nacional, por su parte, deberán proponer a dicho Ministerio su programación antártica para el año siguiente, el que la informará al Ministerio de Relaciones Exteriores en el plazo señalado en el inciso precedente.”.

Al ARTÍCULO 9

7) Para agregar, en su inciso final, entre las expresiones “Ministerio de Relaciones Exteriores” y el punto final, la frase: “, teniendo presente lo dispuesto en el artículo 14 de esta ley, respecto de los operadores antárticos dependientes del Ministerio de Defensa Nacional”.

AL ARTÍCULO 10

8) Para reemplazar, en su letra d), las expresiones “entidades internacionales, instancias” por “organizaciones internacionales, foros”.

ARTÍCULO 11, NUEVO

9) Para intercalar, a continuación del actual artículo 10, el siguiente artículo 11, nuevo, adecuándose la numeración correlativa de los siguientes:

“Artículo 11.- Funciones del Ministerio de Defensa Nacional en materia antártica.- Será competencia específica del Ministerio de Defensa Nacional planificar, coordinar y ejercer la dirección de las actividades antárticas que efectúen las Fuerzas Armadas y entidades dependientes de la Defensa Nacional.

Estas competencias del Ministerio de Defensa Nacional, así como el empleo de su personal o equipo militar, deberán desarrollarse tomando en consideración que la Antártica se utilizará exclusivamente para fines pacíficos, prohibiéndose, entre otras, toda medida de carácter militar, tales como el establecimiento de bases militares, la realización de maniobras militares o los ensayos de toda clase de armas.”.

AL ARTÍCULO 12, QUE PASA A SER 13

10) Para suprimir su inciso segundo.

AL ARTÍCULO 13, QUE PASA A SER 14

11) Para modificar su inciso segundo en el siguiente sentido:

a) Reemplázase la expresión “coordinación de” por la frase “coordinación entre”.

b) Suprímese la siguiente frase: “, con excepción de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 13, y sin perjuicio que en este último caso las Fuerzas Armadas deberán informar a la brevedad a dicha subsecretaría al respecto”.

12) Para agregar el siguiente inciso final, nuevo:

“En la ejecución del Programa Científico Nacional, los operadores antárticos dependientes del Ministerio de Defensa Nacional podrán prestar servicios de apoyo y operacionales al Instituto Antártico Chileno.”.

ARTÍCULO 15, QUE PASA A SER 16

13) Para suprimir la frase “de los Operadores Antárticos referidos en el literal k) de artículo 4° de la presente ley”.

ARTÍCULO 39, QUE PASA A SER 40

14) Para reemplazar su letra b) por la siguiente:

“b) En el resto del país por las autoridades que corresponda según la materia de que se trate.”.

Dios guarde a V.E.,

MICHELLE BACHELET JERIA

Presidenta de la República

HERALDO MUÑOZ VALENZUELA

Ministro de Relaciones Exteriores

JOSÉ ANTONIO GÓMEZ URRUTIA

Ministro de Defensa Nacional

RODRIGO VALDÉS PULIDO

Ministro de Hacienda

Informe Financiero

1.3. Oficio Indicaciones del Ejecutivo

Indicaciones del Ejecutivo. Fecha 22 de octubre, 2018. Oficio

RETIRA Y FORMULA INDICACIONES AL PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE EL ESTATUTO CHILENO ANTÁRTICO (BOLETÍN N° 9256-27).

_________________________________

Santiago, 22 de octubre de 2018.

A S.E. LA PRESIDENTA DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS

N° 158-366 /

Honorable Cámara de Diputados:

En uso de mis facultades constitucionales vengo en retirar las indicaciones contenidas en el mensaje N° 361-364 de fecha 08 de marzo de 2017, y al mismo tiempo en formular las siguientes indicaciones al boletín de la referencia, a fin de que sean consideradas durante la discusión del mismo en el seno de esa H. Corporación

AL ARTÍCULO 1°

1) Para modificar el artículo 1 de la siguiente manera:

a) Para intercalar un numeral 1, nuevo, pasando el actual a ser 2 y así sucesivamente, del siguiente tenor:

“1. Proteger y fortalecer los derechos antárticos de Chile, con claros fundamentos geográficos, históricos, diplomático y jurídicos, a través del reforzamiento y profundización del Sistema del Tratado Antártico;”.

b) Para reemplazar en el numeral 2 nuevo la frase final “y a la ciencia” por la frase “y a la investigación científica”.

c) Para reemplazar en el numeral 4 nuevo la palabra “regional” por la frase “del país”.

d) Para incorporar un nuevo numeral 5 del siguiente tenor: “5. Fomentar la actividad antártica de Chile, promoviendo el desarrollo social y económico de la Región de Magallanes y Antártica Chilena.”

AL ARTÍCULO 2°

2) Para modificar el artículo 2 de la siguiente manera:

a) Para intercalar en el inciso primero, entre las palabras “territorial” y “respectivo” la frase “y Océano Austral”.

b) Intercalar un inciso segundo, nuevo, del siguiente tenor:

“Asimismo, quedan comprendidas las barreras de hielo, la plataforma continental, la plataforma continental extendida, y los espacios marítimos adyacentes conforme al Derecho Internacional.”.

c) Para agregar en el inciso segundo, que ha pasado a ser tercero, inmediatamente a continuación de la frase “efectos legales”, la oración “, sin perjuicio de la aplicación de los principios y normas del Sistema del Tratado Antártico”.

ARTÍCULO 3° NUEVO

3) Para incorporar el siguiente artículo 3, nuevo, pasando el actual a ser 4 y así alterando los demás su orden correlativo:

“Artículo 3.- Derechos soberanos sobre el Territorio Chileno Antártico. - La soberanía chilena se ejercerá con pleno respeto a las normas del Derecho Internacional y a los compromisos internacionales del Estado de Chile que se encuentren vigentes, en el marco del Sistema del Tratado Antártico, y en conformidad a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico chileno.”.

AL ARTÍCULO 4° QUE PASA A SER 5°

4) Para modificar el artículo 4 que ha pasado a ser 5 de la siguiente manera:

a) Intercalar en el literal c) entre la palabra “es” y las frase “la línea en el mar”, la frase “el límite biogeográfico en”.

b) Intercalar en el literal e) entre la palabra “procedimiento” y la palabra “destinado”, la frase “científico, técnico y administrativo”.

c) Eliminar en el literal e) después de la palabra “determinar”, la palabra “el”.

d) Intercalar en el literal e) entre la palabra “determinar” y la palabra “impacto”, la palabra “cualquier”.

e) Agregar en el literal e) al final, después de la palabra “Antártica” la frase “, por la autoridad ambiental competente”.

f) Suprimir en el literal i) después de la palabra “corresponde” la palabra “a”.

g) Intercalar en el literal i) entre la palabra “corresponde” y la palabra “Chile”, la frase “al Estado de”

AL ARTÍCULO 5° QUE PASA A SER 6°

5) Intercálase a continuación de la frase “firmas de los Ministros” la frase “del Interior y Seguridad Pública,”.

AL ARTÍCULO 6° QUE HA PASADO A SER 7°

6) Intercálase, en su inciso primero, a continuación de la frase “El Consejo de Política Antártica”, la frase “, regulado en la ley N° 21.080,”.

AL ARTÍCULO 7° QUE HA PASADO A SER 8°

7) Para modificar el artículo 7 que ha pasado a ser 8 de la siguiente manera:

a) Reemplazar en el inciso primero la expresión “tendrán una vigencia de 4 años, sin perjuicio que puedan ser modificados en un plazo menor si se estima necesario,” por la frase “tendrán una vigencia de a lo menos 4 años”.

b) Para intercalar entre la palabra “Nacional,” y la palabra “siendo” la frase “y deberán ser suscritos por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública”.

c) Para reemplazar el inciso segundo por el siguiente:

“Para la elaboración de los Planes Estratégicos Antárticos, el Ministerio de Relaciones Exteriores se coordinará con los distintos Ministerios y entidades con competencia antártica y someterá estos planes a la consideración del Consejo de Política Antártica.”.

AL ARTÍCULO 8° QUE HA PASADO A SER 9°

8) Para modificar el inciso primero de la siguiente forma:

a) Reemplázase en su inciso primero la frase “en vigor” por la palabra “vigente”.

b) Suprímase en el literal a) la frase “por el Ministerio de Relaciones Exteriores”.

c) Intercálense en la letra b), a continuación de la palabra “bases”, las expresiones “, estaciones o refugios”.

d) Reemplázase en su literal d) la frase “entidades del Estado de Chile” por la frase “órganos de la administración del Estado, sin perjuicio de las atribuciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública para actuar autónomamente.”.

e) Para reemplazar el inciso segundo por el siguiente:

“A fin de confeccionar el Programa Antártico Nacional que se ejecutará cada año, el Ministerio de Relaciones Exteriores solicitará a los ministerios y entidades públicas, distintas del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y del Ministerio de Defensa Nacional y sus instituciones y organizaciones dependientes, que le informen, a más tardar el 31 de agosto de cada año, sobre sus actividades antárticas programadas para el año siguiente, en cumplimiento del Plan Estratégico correspondiente.”.

AL ARTÍCULO 9° QUE HA PASADO A SER 10°

9) Para modificar el artículo 9 que ha pasado a ser 10 de la siguiente manera:

a) En su encabezado, intercálase entre la conjunción “y” y la palabra “representación” la frase “de la”.

b) En su inciso primero, intercálase entre la palabra “Ministerio” y “de” la frase “del Interior y Seguridad Pública y al Ministerio”.

c) En su inciso primero, intercálase a continuación de la palabra “corresponde” la frase “, según sus competencias,”.

d) En su inciso segundo, remplázase la frase “Asimismo, le corresponde” por la frase “Adicionalmente, al Ministerio de Relaciones Exteriores, le corresponde”.

e) Para agregar en el inciso final, entre las expresiones “Ministerio de Relaciones Exteriores” y el punto final (.), la oración “, con excepción del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y de los Operadores Antárticos dependientes del Ministerio de Defensa Nacional señalados en el artículo 15 de esta ley”.

AL ARTÍCULO 10° QUE HA PASADO A SER 11

10) Para modificar el artículo 10 que ha pasado a ser 11 de la siguiente manera:

a) Para reemplazar en la letra d) la expresión “entidades internacionales, instancias” por “organizaciones internacionales, foros”.

b) Para modificar en la letra e) el número “20” por el número “70”.

c) Para incorporar un inciso final del siguiente tenor: “Las funciones señaladas en el inciso anterior, se realizarán sin perjuicio de las competencias que tienen en el territorio antártico el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Ministerio de Defensa Nacional.”.

ARTÍCULO 12 NUEVO

11) Para incorporar el siguiente artículo 12, nuevo, pasando el actual artículo 11 a ser 13, y así sucesivamente:

“Artículo 12.- Funciones del Ministerio de Defensa Nacional en materia antártica. - Será competencia específica del Ministerio de Defensa Nacional planificar, coordinar y ejercer la dirección de las actividades antárticas que efectúen las Fuerzas Armadas y entidades dependientes de la Defensa Nacional.

Estas competencias del Ministerio de Defensa Nacional, así como el empleo de su personal o equipo militar, deberán desarrollarse tomando en consideración que la Antártica se utilizará exclusivamente para fines pacíficos.”.

AL ARTÍCULO 11 QUE HA PASADO A SER 13

12) Para modificar el artículo 11 que ha pasado a ser 13 de la siguiente manera:

a) Para reemplazar la frase “actividades operativas o logísticas” por la expresión “actividades operativas, logísticas y científicas”.

b) Para eliminar la expresión “en el Continente Blanco”.

AL ARTÍCULO 12 QUE HA PASADO A SER 14

13) Eliminase su inciso segundo.

AL ARTÍCULO 13 QUE HA PASADO A SER 15

14) Para modificar el artículo 13 que ha pasado a ser 15 de la siguiente manera:

a) Para reemplazar el inciso segundo por el siguiente:

“La coordinación operativa y logística entre las Fuerzas Armadas se realizará a través del Estado Mayor Conjunto, y la coordinación entre estos Operadores y los demás ministerios con competencias en la materia, se efectuará por medio de la Subsecretaría de Defensa”.

b) Para incorporar el siguiente inciso final, nuevo.

“En la ejecución del Programa Científico Nacional, los operadores antárticos dependientes del Ministerio de Defensa Nacional podrán prestar servicios de apoyo y operacionales al Instituto Antártico Chileno.”.

TÍTULO III NUEVO

15) Incorpórase un título III nuevo, del siguiente tenor: “Título III Gobierno y Administración Interior del Territorio Chileno Antártico”, pasando el actual título III a ser IV y así correlativamente.

ARTÍCULO 17 NUEVO

16) Para incorporar el siguiente artículo 17, nuevo:

“Artículo 17.- Atribuciones del Delegado Presidencial Regional de la Región de Magallanes y Antártica Chilena.- El Delegado Presidencial Regional de la Región de Magallanes y Antártica Chilena coordinará las iniciativas en la Antártica por instrucción del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, informando al Ministerio de Relaciones Exteriores. En particular le corresponderá:

a) Velar por el cumplimiento de la normativa nacional e internacional aplicable en la Antártica;

b) Difundir las disposiciones y medidas de protección al medioambiente antártico;

c) Administrar, según corresponda, los fondos que se destinen a actividades antárticas de gobierno interior;

d) Ejecutar y supervisar aquellas tareas que le disponga el Consejo de Política Antártica;

e) Facilitar la coordinación entre las autoridades de las bases antárticas chilenas;

f) Recibir las denuncias por infracciones a esta ley, a las normas de protección del medioambiente antártico o a la legislación general chilena por hechos acontecidos en la Antártica, sin perjuicio de las atribuciones de las demás autoridades competentes en la materia; y,

g) Toda otra facultad que le encomiende la legislación vigente.”.

ARTÍCULO 18 NUEVO

17) Para incorporar el siguiente artículo 18, nuevo:

“Artículo 18.- Atribuciones del Gobierno Regional de la Región de Magallanes y Antártica Chilena en la Antártica Chilena.- El Gobierno Regional de la Región de Magallanes y Antártica Chilena ejercerá sus atribuciones en conformidad a la ley Nº 19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional. En particular le corresponderá:

a) Promover la identidad antártica.

b) Decidir la destinación de fondos regionales a proyectos específicos a desarrollarse en el territorio antártico.

c) Adoptar las medidas necesarias para enfrentar situaciones de emergencia o catástrofe, dentro de su competencia.

d) Fomentar y velar por la protección, conservación y mejoramiento del medio ambiente en el territorio antártico.

e) Fomentar, respetando el ecosistema y el derecho internacional, el turismo en el territorio antártico.

f) Promover la investigación científica y tecnológica.

g) Fomentar, financiar y difundir actividades culturales en el territorio antártico.

h) Promover actividades deportivas en el territorio antártico.

i) Toda otra facultad que le encomiende la legislación vigente.

Las resoluciones que adopte el Gobierno Regional para ejercer una o más de sus atribuciones en materia antártica, deberán ejecutarlas en forma coherente con las políticas públicas nacionales vigentes, correspondiendo al ministro respectivo velar por aquello. Para estos efectos se entenderá que existe dicha coherencia cuando el ejercicio de funciones por el gobierno regional no contradiga las políticas públicas nacionales y sea compatible con los principios o definiciones establecidas en aquéllas.

Asimismo, en dicho ejercicio, se deberá actuar coordinadamente, propendiendo a la unidad de acción, evitando la duplicación o interferencia de funciones, en cumplimiento del artículo 5° de la ley Nº 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, promulgado el año 2000 y publicado el año 2001.”.

AL ARTÍCULO 15 QUE PASA A SER 19

18) Intercálase a continuación de la palabra “nacional,” y antes de la frase “de los”, la palabra “especialmente”.

AL ARTÍCULO 16 QUE PASA A SER 20

19) Para modificar el artículo 16 que pasa a ser 20 de la siguiente manera:

a) Intercálase en su inciso segundo a continuación de la palabra “comerciales,” la palabra “turísticas,”.

b) Reemplázase en su inciso segundo la palabra “sustentables” por la palabra “sostenible”.

AL ARTÍCULO 17 QUE PASA A SER 21

20) Para modificar el artículo 17 que pasa a ser 21 de la siguiente manera:

a) En su numeral 2), agrégase a continuación del punto aparte, que se elimina, la frase “y condiciones en que ellas podrán ser aceptadas y que salvaguarde los derechos soberanos antárticos chilenos.”.

b) Reemplázase su numeral 3) por el siguiente: “3) Introducir especies animales o vegetales no nativas o exóticas, salvo los casos especialmente contemplados en el artículo 37 y cumpliendo las condiciones que allí se prescribe.”.

c) Reemplázase su numeral 6) por el siguiente: “6) Eliminar todo tipo de basura y residuos en cualquier sector de la Antártica y sus mares circundantes, salvo en los casos especialmente autorizados por el Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, sus Anexos o las normas internacionales sobre navegación marítima.”.

d) Reemplázase su numeral 10) por el siguiente: “10) Toda captura, acción deliberada o interferencia dañina, a los albatros y petreles, sus huevos o sus sitios de nidificación, salvo en los casos expresamente autorizados por el Acuerdo sobre la Conservación de Albatros y Petreles y sus Anexos.”.

e) Agrégase un numeral 11) nuevo, del siguiente tenor: “11) Y, en general, realizar cualquier tipo de actividad sin contar con las autorizaciones y evaluaciones ambientales corres-pondientes.”.

AL ARTÍCULO 18 QUE PASA A SER 22

21) Agrégase en su numeral 2) a continuación de la frase “flora antártica” y antes de la frase “y en particular”, la frase “conforme a las definiciones de la presente ley”.

22) Reemplázase en su numeral 3) la palabra “endémicas” por “exóticas”.

AL ARTÍCULO 19 QUE PASA A SER 23

23) Para modificar el artículo 19 que pasa a ser 23 de la siguiente manera:

a) Reemplázase en su inciso primero la frase “del Ministerio de Relaciones Exteriores” por la frase “de las autoridades competentes.”.

b) En su inciso primero reemplázase el número “25” por el número “30”.

c) En su inciso primero reemplázase el número “21” por el número “25”.

d) En su inciso segundo remplázase la referencia hecha al “artículo 3” por “artículo 4”.

e) En su inciso tercero, a continuación de la frase “Ministerio de Relaciones Exteriores” agrégase la frase “y suscrito por los Ministerios del Interior y Seguridad Pública, Defensa Nacional, Economía, Fomento y Turismo, y de Medio Ambiente,”.

AL ARTÍCULO 20 QUE PASA A SER 24

24) Para modificar el artículo 20 que pasa a ser 24 de la siguiente manera:

a) Reemplázase, en su inciso primero, la palabra “excepto” por la frase “con excepción de las que realice el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y”.

b) En su inciso primero, reemplázase la referencia hecha al artículo “21” por “25”.

c) En su inciso segundo, elimínase la frase final “, proponiendo los cambios en su planificación para el cumplimiento de las normas internacionales que obligan a Chile.”.

AL ARTÍCULO 21 QUE PASA A SER 25

25) Para modificar el artículo 21 que pasa a ser 25 de la siguiente manera:

a) Reemplázase en su inciso segundo la sigla “INACH” por la frase “Instituto Antártico Chileno”.

b) En su inciso final, remplázase la referencia hecha al artículo “3” por “4”.

AL ARTÍCULO 22 QUE PASA A SER 26

26) Para modificar el artículo 22 que pasa a ser 26 de la siguiente manera:

a) Reemplázase en su inciso primero la frase “Toda nave o aeronave” por la frase “Toda nave, aeronave u otras embarcaciones”.

b) En su numeral primero, la referencia hecha a los artículos “19 o 21” debe reemplazarse por “23 o 25”.

c) En su numeral segundo la referencia hecha al artículo “29” debe entenderse hecha al artículo “35”.

d) En su numeral quinto, la referencia hecha al artículo “18” debe reemplazarse por “22”.

e) En su numeral quinto, reemplázase la palabra “endémicas” por “exóticas”.

f) Reemplázase su actual inciso final por el siguiente: “Las naves que realicen actividades pesqueras o de extracción deberán además cumplir con los requisitos especiales que fijen otras normas que le sean aplicables.”.

g) Agreganse los siguientes incisos 3°, 4°, 5° Y 6°:

“Las naves o aeronaves de propiedad del Estado de Chile estarán sujetas a igual procedimiento.

Las naves y aeronaves extranjeras que se encuentren de paso por los puertos o aeropuertos chilenos estarán eximidas de este procedimiento únicamente en cuanto acrediten haberse sometido a un procedimiento equivalente en sus Estados de origen. Al efecto, el responsable de la nave, aeronave o de la expedición que hace uso de ellas, según fuera el caso, deberá presentar certificado de autorización de su Estado de origen o del que sea nacional. La exención de que trata este inciso no libera a las citadas naves o aeronaves del cumplimiento de los demás requisitos generales para la autorización de su zarpe o despegue, según dispongan las autoridades marítimas o aeronáuticas chilenas.

El Estado de Chile suscribirá convenios de homologación con aquellos Estados que operan recurrentemente hacia la Antártica desde puertos o aeropuertos nacionales.

El incumplimiento de cualquiera de los requisitos contemplados en este artículo, así como en otras disposiciones de esta ley o de los reglamentos que se dicten conforme a ella, o de las normas generales chilenas, será motivo suficiente para no autorizar el zarpe o despegue, o para retener a la nave o aeronave que habiendo arribado o aterrizado proveniente de la Antártica pretenda proseguir su viaje. Lo anterior, sin perjuicio de las otras sanciones que pudiera corresponder en conformidad a lo dispuesto en esta ley.”.

ARTÍCULO 27 NUEVO

27) Agregase el siguiente artículo 27 nuevo:

“Artículo 27.- Disposiciones especiales para actividades científicas. - Toda actividad científica a realizarse en la Antártica por chilenos o extranjeros residentes, ya sean personas naturales, personas jurídicas o instituciones, públicas o privadas, además de dar cumplimientos a todas las normas y principios enunciados y tratados en esta ley, deberán contar con la autorización previa del Instituto Antártico Chileno.”.

ARTÍCULO 24 QUE PASA A SER 29

28) Modifícase el artículo 24 que pasa a ser 29 de la siguiente forma:

a) Intercálase en su inciso primero, a continuación de la frase “de la presente ley,” la frase “y del reglamento dictado al efecto,”.

b) Reemplázase su inciso final por el siguiente: “Un reglamento expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, suscrito por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el Ministro de Economía, Fomento y Turismo, y del Ministerio del Medio Ambiente, establecerá las condiciones y requisitos para realizar las actividades de turismo en la Antártica.”.

ARTÍCULO 31 NUEVO

29) Incorpórase el siguiente artículo 31 nuevo, reordenándose los artículos siguientes en orden correlativo:

Artículo 31.- Acciones de búsqueda y rescate. - Los Centros de Coordinación de Búsqueda y Rescate Marítimo y Aéreo de Punta Arenas y los sub-centros que se establezcan en el Territorio Chileno Antártico serán los encargados de coordinar las acciones respectivas.

Para efectos de facilitar el cumplimiento de su función, todas las naves o aeronaves que zarpen o despeguen desde puertos o aeropuertos chilenos con destino a la Antártica, cualquiera sea su nacionalidad, naturaleza o dependencia, estatales o privadas, científicas, turísticas, pesqueras u otras, deberán informar a las autoridades pertinentes su plan de navegación o vuelo y comunicar su posición durante la travesía, a intervalos de tiempo regular y al menos diariamente, a los Centros o Sub-centros de Búsqueda y Rescate chilenos.”.

ARTÍCULO 26 QUE PASA A SER 32

30) Elimínase en su numeral 1) la frase final “, y que hayan sido autorizadas por Chile”.

ARTÍCULO 27 QUE PASA A SER 33

31) Remplázase en su inciso final la frase “que llevará además la firma de” por la frase “suscrito por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el”.

ARTÍCULO 29 QUE PASA A SER 35

32) Para modificar el artículo 29 que pasa a ser 35 de la siguiente manera:

a) En su inciso primero, reemplacese el número “26” por el número “32”.

b) En su inciso primero, reemplázase la frase “estarán sujetas” por la frase “deberán someterse”.

c) En la frase final de su inciso primero, reemplázase la referencia al artículo “25” por “30”.

d) En su inciso final, reemplázase la referencia hecha al artículo “14” por “16”.

e) En su inciso final, reemplázase la frase “un reglamento” por la frase “el reglamento indicado en el artículo 16 de la presente ley,”.

ARTÍCULO 30 QUE PASA A SER 36

33) Para modificar el artículo 30 que pasa a ser 36 de la siguiente manera:

a) Reemplázase su inciso tercero por el siguiente: “Si el Comité Operativo, tras el estudio respectivo, determina que una evaluación de impacto ambiental preliminar cumple con los parámetros requeridos, lo certificará y comunicará al interesado que puede desarrollar la actividad en conformidad a lo informado. Asimismo, si determina que una evaluación de impacto ambiental inicial cumple con las exigencias pertinentes, lo certificará y comunicará al interesado que, una vez que se establezcan los procedimientos apropiados para evaluar y verificar el impacto ambiental de la actividad, puede dar inicio a la misma.”.

b) Reemplázase en su inciso final la referencia hecha al artículo “19” por “23”.

ARTÍCULO 32 QUE PASA A SER 38

34) Reemplázase la referencia hecha al artículo “39” por “45”.

ARTÍCULO 33 QUE PASA A SER 39

35) Reemplázase en su inciso segundo la frase “el Ministerio de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional” por la frase “los Ministerios del Interior y Seguridad Pública, Relaciones Exteriores y Defensa Nacional”.

ARTÍCULO 34 QUE PASA A SER 40

36) Reemplázase en su inciso primero la referencia hecha al artículo “3” por “4”.

ARTÍCULO 35 QUE PASA A SER 41

37) Elimínase su inciso segundo.

ARTÍCULO 36 QUE PASA A SER 42

38) Intercálase en su inciso segundo, a continuación de la palabra “sufrido el” la frase “perjuicios en razón del”.

ARTÍCULO 37 QUE PASA A SER 43

39) Intercálase a continuación de la palabra “Ley” la expresión “N°”.

ARTÍCULO 39 QUE PASA A SER 45

40) Reemplázase en su inciso primero la referencia hecha a los “títulos IV y V” por “título V y VI”.

ARTÍCULO 40 QUE PASA A SER 46

41) Para modificar su artículo 40 que pasa a ser 46 de la siguiente manera:

a) En su numeral 2) remplázase la referencia hecha a los artículos “19 o 21” por “23 o 25”.

b) Elimínase sus numerales 5, 6 y 7.

ARTÍCULO 48

42) Elimínase el artículo 48.

ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO NUEVO

43) Agrégase el siguiente artículo primero transitorio nuevo:

“Artículo Primero Transitorio.- La presente ley comenzará a regir 180 días después de su publicación en el Diario Oficial.”.

ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO NUEVO

44) Agrégase el siguiente artículo segundo transitorio nuevo:

“Artículo Segundo Transitorio. - Dentro del plazo de dos años desde la entrada en vigencia de esta ley, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en conjunto con los demás ministerios que corresponda si así fuera el caso, deberá dictar los reglamentos dispuestos en la presente ley o aquellos que resulten indispensables para el acertado cumplimiento de la misma.”.

ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO NUEVO

45) Agrégase el siguiente artículo tercero transitorio nuevo:

“Artículo Tercero Transitorio.- En el tiempo que medie entre la entrada en vigencia de la presente ley en el Diario Oficial y la fecha en que comiencen sus funciones los Delegados Presidenciales Regionales y los Gobernadores Regionales, todas las menciones efectuadas en esta ley a dichos cargos, deben entenderse efectuadas al Intendente Regional.”.

Dios guarde a V.E.,

SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE

Presidente de la República

ANDRÉS CHADWICK PIÑERA

Ministro del Interior

y Seguridad Pública

ROBERTO AMPUERO ESPINOZA

Ministro de Relaciones Exteriores

ALBERTO ESPINA OTERO

Ministro de Defensa Nacional

FELIPE LARRAÍN BASCUÑÁN

Ministro de Hacienda

IGNACIO GUERRERO TORO

Ministro de Economía,

Fomento y Turismo (S)

CAROLINA SCHMIDT ZALDÍVAR

Ministra del Medio Ambiente

1.4. Oficio Indicaciones del Ejecutivo

Indicaciones del Ejecutivo. Fecha 06 de diciembre, 2018. Oficio

FORMULA INDICACIONES AL PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE EL ESTATUTO CHILENO ANTÁRTICO (BOLETÍN N° 9256-27).

___________________________________

Santiago, 06 de diciembre de 2018.

N° 340-366/

A S.E. LA PRESIDENTA DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS

Honorable Cámara de Diputados:

En uso de mis facultades constitucionales vengo en formular las siguientes indicaciones al boletín de la referencia, a fin de que sean consideradas durante la discusión del mismo en el seno de esa H. Corporación.

AL ARTÍCULO 1°

1) Para intercalar en el numeral 1 a continuación de la expresión “derechos” y antes de la voz “antárticos”, la palabra “soberanos”.

AL ARTÍCULO 7°

2) Para agregar en el inciso segundo después del punto aparte que pasa a ser punto seguido la siguiente frase:

“Asimismo podrá sesionar en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.”.

AL ARTÍCULO 17°

3) Para incorporar un inciso final nuevo en el siguiente tenor:

“En el ejercicio de sus funciones el Delegado Presidencial de la Región de Magallanes y Antártica Chilena deberá cumplir sus cometidos de forma coordinada con los órganos de la Administración del Estado, incluido el Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena, propendiendo a la unidad de acción y evitando la duplicación o interferencia de funciones, conforme al artículo 5 de la ley Nº 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.”.

AL ARTÍCULO 54 NUEVO

4) Para incorporar un artículo 54 nuevo en el siguiente sentido:

“Artículo 54. Intercálese en el inciso segundo del artículo 52 de la ley N° 21.080 que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de modernizar el Ministerio de Relaciones Exteriores, un nuevo numeral 8 del siguiente tenor: “8. El Gobernador Regional de la Región de Magallanes y Antártica Chilena.”, pasando de esta forma el actual numeral 8 a ser el 9 y así sucesivamente”.”.

Dios guarde a V.E.,

SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE

Presidente de la República

ANDRÉS CHADWICK PIÑERA

Ministro del Interior

y Seguridad Pública

ROBERTO AMPUERO ESPINOZA

Ministro de Relaciones Exteriores

ALBERTO ESPINA OTERO

Ministro de Defensa Nacional

1.5. Informe de Comisión de Zonas Extremas

Cámara de Diputados. Fecha 12 de diciembre, 2018. Informe de Comisión de Zonas Extremas en Sesión 122. Legislatura 366.

INFORME DE LA COMISIÓN DE ZONAS EXTREMAS Y ANTÁRTICA CHILENA, RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE EL ESTATUTO CHILENO ANTÁRTICO.

BOLETÍN N° 9256-27

HONORABLE CÁMARA:

Vuestra COMISIÓN DE ZONAS EXTREMAS Y ANTÁRTICA CHILENA pasa a informar el proyecto de ley individualizado en el epígrafe, en primer trámite reglamentario y constitucional, originado en Mensaje de S.E. el Presidente de la República, contenido en el Boletín 9256-06, con urgencia calificada de “SIMPLE”.

Durante la discusión de este proyecto la Comisión contó con la asistencia del señor Ministro de Relaciones Exteriores, don Roberto Ampuero Espinoza; del señor Ministro de Defensa Nacional, don Alberto Espina Otero; del señor Cristián de la Maza Riquelme, Subsecretario de Defensa; del señor Julio Leiva Medina, Comandante en Jefe de la Armada; de la señora María Teresa Castañón Silva, Intendenta de la Región de Magallanes y Antártica Chilena; del señor Pablo Urquízar Muñoz, Jefe de Gabinete del Ministro de Defensa Nacional; del señor Camilo Sanhueza Bezanilla, Director de la Dirección Antártica de la Cancillería; del señor Marcelo Leppe Cartes, Director Nacional del Instituto Antártico Chileno; del señor Jorge Robles Mella, ex Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea; del señor Edgardo Riveros Marín, ex Subsecretario de Relaciones Exteriores; del señor Marcos Robledo Hoecker, ex Subsecretario de Defensa; del señor Jorge Files Añón, ex Intendente de la Región de Magallanes y Antártica Chilena; del señor Jorge Peña Leiva, Contralor del Ejército de Chile; del señor Francisco Berguño Hurtado, ex Director de la Dirección Antártica de la Cancillería; del señor José Retamales Espinoza, ex Director del Instituto Antártico Chileno; del señor Miguel Sierpe Gallardo, Presidente del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena; del señor Jorge Guzmán Gutiérrez, ex funcionario de Cancillería y Doctor en Asuntos Polares; del señor Gino Casassa Rogazinski, Científico y Glaciólogo de la Universidad de Magallanes, y de la señora Andrea Pivcevic Cortese, Fiscal de Aerovías DAP.

I.- CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS.

1) Origen y urgencia

La iniciativa tuvo su origen, como se ha dicho precedentemente, en un Mensaje de S.E. el Presidente de la República, y tiene como objetivos esenciales, por una parte, impulsar la activa participación en la gestación, implementación y desarrollo de un régimen antártico efectivo, a partir del Tratado Antártico de 1959, y por otra, adecuar las normas de derecho interno que rigen en el Estado de Chile, las cuales requieren actualizarse según las nuevas exigencias propias del marco internacional que rige en el país, así como que expresen de manera clara y eficaz la forma como Chile ejerce sus competencias y asume sus obligaciones en el marco del Tratado Antártico. Se encuentra contenido en el Boletín 9256-27, con urgencia calificada de “simple”.

2) Discusión general.

El proyecto fue aprobado, en general, en la sesión de fecha 3 de octubre del año en curso, por 10 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.

(Votaron a favor las diputadas señoras Amar, doña Sandra y Leuquén, doña Aracely; y los diputados señores Alinco, don René; Baltolu, don Nino; Berger, don Bernardo (en reemplazo del señor Kuschel, don Carlos); Bianchi, don Karim; Galleguillos, don Ramón; Kast, don Pablo; Mirosevic, don Vlado; y Von Mühlenbrock, don Gastón).

3) Disposiciones calificadas como normas orgánicas constitucionales o de quórum calificado.

La Comisión estimó que los artículos 43, 47, 48 y 51 permanentes del texto aprobado por ella, revisten la calidad de orgánicos constitucionales, en atención a lo dispuesto por el artículo 77 de la Constitución Política de la República, pues inciden en la organización y atribuciones de los Tribunales de Justicia.

4) Diputado Informante.

En tal calidad fue designada la señora diputada, doña Sandra Amar Mancilla.

II.- ANTECEDENTES GENERALES.

El Mensaje con el cual S.E. el Presidente de la República inicia el proyecto de ley en Informe, de fecha 4 de enero de 2014, expresa que Chile tiene una larga tradición antártica, fundada en razones geográficas, históricas y jurídicas. Agrega que la Política Antártica de Chile ha sido definida sobre la base de esos elementos y teniendo en consideración que el país es Parte del Tratado Antártico, adoptado en 1959 y vigente desde 1961. Actualmente, el Tratado posee 29 Partes Consultivas, entre ellas, Chile.

Precisa, a continuación. que el proyecto tiene dos objetivos esenciales, por una parte, impulsar la activa participación en la gestación, implementación y desarrollo de un régimen antártico efectivo, a partir del Tratado Antártico de 1959, y por otra, adecuar las normas de derecho interno que rigen en el Estado de Chile, las cuales requieren actualizarse según las nuevas exigencias propias del marco internacional que rige en el país, así como que expresen de manera clara y eficaz la forma como Chile ejerce sus competencias y asume sus obligaciones en el marco del Tratado Antártico.

Señala, asimismo, que el Tratado Antártico es el principal instrumento regulador de las actividades antárticas y goza de reconocimiento y prestigio internacional. El Tratado, negociado a partir de la experiencia del Año Geofísico Internacional (1957-1958), constituyó una respuesta de la época a desafíos de cooperación política y científica, donde fue importante la participación de todos los países que habían formulado reclamaciones de soberanía (Chile, Argentina, Australia, Nueva Zelandia, Francia, Reino Unido y Noruega) más los Estados Unidos y la Unión Soviética (hoy Federación Rusa), incorporándose a la negociación Bélgica, Japón y Sudáfrica.

El Tratado Antártico consagra los siguientes principios fundamentales:

a. La libertad de investigación científica, tal como se había aplicado durante el Año Geofísico Internacional, previendo el intercambio de información y personal científico, así como de observaciones y resultados científicos;

b. La utilización de la Antártica únicamente para fines pacíficos, prohibiéndose toda medida de carácter militar, tal como el establecimiento de bases y fortificaciones militares, entre otras. Se permite el empleo de personal y equipo militar con fines científicos u otros usos pacíficos.

c. La prohibición de las explosiones nucleares y la eliminación de desechos radiactivos.

El Tratado se aplica a todas las tierras e islas situadas al sur de los 60º de Latitud Sur incluidas las barreras de hielo, y no afecta los derechos de cualquier Estado conforme al Derecho Internacional en lo relativo a la alta mar dentro de esa región.

Una disposición fundamental del régimen antártico es el artículo IV del Tratado. Según este artículo “1. Ninguna disposición del presente Tratado se interpretará:

(a) Como una renuncia, por cualquiera de las Partes Contratantes, a sus derechos de soberanía territorial o a las reclamaciones territoriales en la Antártica, que hubiere hecho valer precedentemente;

(b) Como una renuncia o menoscabo, por cualquiera de las Partes Contratantes, a cualquier fundamento de reclamación de soberanía territorial en la Antártica que pudiera tener, ya sea como resultado de sus actividades o de las de sus nacionales en la Antártica, o por cualquier otro motivo;

(c) Como perjudicial a la posición de cualquiera de las Partes Contratantes, en lo concerniente a su reconocimiento o no reconocimiento del derecho de soberanía territorial, de una reclamación o de un fundamento de reclamación de soberanía territorial de cualquier otro Estado en la Antártica.

2. Ningún acto o actividad que se lleve a cabo mientras el presente Tratado se halle en vigencia constituirá fundamento para hacer valer, apoyar o negar una reclamación de soberanía territorial en la Antártica, ni para crear derechos de soberanía en esta región. No se harán nuevas reclamaciones de soberanía territorial en la Antártica, ni se ampliarán las reclamaciones anteriores hechas valer, mientras el presente Tratado se halle en vigencia”.

Desde la entrada en vigencia del Tratado Antártico en 1961, una de las preocupaciones que priorizaron los Estados Parte fue el establecimiento de reglas aplicables a la presencia del hombre y el impacto de sus actividades, unido al desarrollo de un marco normativo para el medio ambiente y sus ecosistemas dependientes y asociados. De esta forma, se acuñaron conceptos tales como el enfoque ecosistémico, la conservación de los recursos vivos marinos antárticos, la evaluación obligatoria del impacto ambiental y la preservación del carácter excepcional de la Antártica como laboratorio natural en el planeta.

Desde la celebración del Tratado, se adoptaron Recomendaciones, que dieron a su vez origen a tratados o convenciones para regular ámbitos específicos de la acción del hombre y del Estado en la Antártica.

Un primer paso significativo fueron las Medidas Acordadas para la Conservación de la Flora y Fauna de la Antártida (1964), donde se definió esa región como una “Zona Especial de Conservación”. En los años posteriores se adoptaría la Convención para la Conservación de las Focas Antárticas (1972), que dio una primera respuesta ante una actividad económica que había tenido un severo impacto en el recurso.

Posteriormente, las Partes Consultivas adoptaron la “Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos”, de 1980. Esta Convención extiende el ámbito de aplicación a la convergencia antártica, se aplica a islas subantárticas dentro de ese espacio, y define la conservación como comprensiva de una explotación basada en estudios científicos y en medidas de ordenamiento colectivamente adoptadas.

Un instrumento negociado posteriormente fue la “Convención para la Reglamentación de las Actividades sobre Recursos Minerales Antárticos” (CRAMRA), adoptada en 1988. Esta Convención buscó dar respuesta a la pregunta sobre el acceso, el control, la solución de las controversias, y los mecanismos decisionales, en materia de recursos minerales, incluyendo los de la plataforma continental antártica. No entró en vigencia. Posteriormente, la prospección, exploración y explotación mineras han sido prohibidas por 50 años, en virtud del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección al Medio Ambiente, de 1991. No obstante, es interesante remarcar que los elementos del régimen de responsabilidad por daño ambiental, son particularmente notables en la CRAMRA.

En 1991, se adoptó en Madrid el “Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente”, antes mencionado. Este tratado complementa al Tratado Antártico y constituye un pilar fundamental del Sistema de cooperación generado a partir de éste. El Protocolo establece principios altamente exigentes respecto de las actividades a conducir en ese continente y sus espacios marítimos circundantes, y reitera el concepto de la preservación de la Antártica con fines exclusivamente pacíficos y que no se convierta en escenario u objeto de discordia internacional. Mediante el Protocolo, las Partes se comprometen con la protección global del medio ambiente antártico y de sus ecosistemas dependientes y asociados, y se declara la Antártica como reserva natural consagrada a la paz y a la ciencia. Esta frase engloba tanto la actividad científica como todo otro uso pacífico, excepto aquéllos prohibidos.

Este proyecto de ley tiene en cuenta estos antecedentes fundamentales del marco jurídico internacional, del cual Chile no sólo es Parte, sino que también ha contribuido directamente a establecer y aplicar. Por otra parte, la Política Antártica Nacional es un componente de derecho interno esencial para dar eficacia a los principios y normas internacionales, así como para el ejercicio de las competencias del Estado chileno en el continente, y particularmente en el Territorio Antártico Chileno, entre los meridianos 53° y 90° de Longitud Oeste, y los espacios marítimos circundantes. Esta dualidad de la Política Antártica chilena obliga a actuar responsablemente tanto en el seno del Tratado Antártico como en el ámbito interno, buscando siempre ejercer de forma integral los derechos que corresponden al Estado, y al mismo tiempo estando consciente de los deberes del Estado según el Tratado y el derecho internacional.

La Política Antártica Nacional ha afirmado como propósitos fundamentales de la actuación nacional en la materia los de proteger y fortalecer los derechos antárticos de Chile, con claros fundamentos geográficos, históricos y jurídicos; fortalecer y acrecentar la influencia de Chile en el Sistema del Tratado Antártico; participar de un modo efectivo en el Sistema del Tratado Antártico, velando por que se mantenga la regla del consenso en la toma de decisiones e incrementando la capacidad de influencia de Chile en ellas, y fortalecer la institucionalidad antártica nacional.

La puesta en práctica de estos objetivos es una tarea permanente, y en cuyo marco, la actualización y adecuación de la legislación nacional para la Antártica es uno de sus pilares fundamentales. Esto implica tener en consideración que Chile es un país con derechos antárticos, operador o conductor de actividades en el continente y en el mar, y además, cumple un papel en la comunidad científica antártica. Junto a esto, ha definido un interés especial en su calidad de país puente hacia y desde la Antártica.

III.- CONTENIDO DEL PROYECTO

Chile, conforme a los antecedentes expuestos, posee una doble misión en materia antártica. Es Parte del Tratado Antártico del año 1959 y participante activo del Sistema derivado de aquél. Ello le garantiza la preservación ante los demás Estados de su estatus original en relación a sus derechos de soberanía territorial o de reclamaciones territoriales y que está comprometido con la preservación de un patrimonio jurídico que ha permitido resguardar el estatuto antártico en términos jurídicos, políticos, ambientales y los usos pacíficos. Por otra parte, Chile debe contar con medios institucionales, presupuestarios, administrativos y sustentados en una sólida comunidad científica, además de una logística de calidad, apoyada en una legislación apropiada. Este proyecto tiene por objeto la puesta al día de la legislación interna antártica, que en sus bases fundamentales data de un período previo a 1959.

Desde esta perspectiva, la ley que se propone debe ser un instrumento regulador eficiente del actuar de Chile en la Antártica, entregando herramientas jurídicas y administrativas para llevar adelante la Política Antártica Nacional con una visión coordinada al interior del Estado, y de largo plazo. Nada de esto, puede debilitar los antecedentes históricos que originaron la normativa nacional. Por otra parte, nuestro país debe dotarse de mecanismos que permitan la aplicación e implementación regular, por los organismos competentes, de los tratados internacionales que integran el Sistema del Tratado Antártico, recordando que nuestro país tiene en éste un estatus especial dada su calidad de Parte Consultiva del Tratado Antártico.

La promulgación de una Ley Antártica cumpliría por tanto, varios objetivos. El más importante y permanente, es el fortalecer la capacidad del Estado chileno para preservar sus derechos e intereses, en un marco de cooperación y responsabilidad. Esto implica desarrollar principios y medios para que las decisiones internas en el plano antártico, estén orientadas por el cumplimiento de las obligaciones que impone el Sistema de Tratado Antártico, al mismo tiempo que se desarrollan mecanismos para asegurar que la planificación, organización y ejecución de las actividades de operadores estatales y no estatales chilenos o que tienen su base en nuestro país, se sujeten al control jurisdiccional chileno correspondiente, así como a las reglas vigentes a nivel internacional.

Como marco normativo interno, cabe señalar que el decreto con fuerza de ley Nº 161 de 1978, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que fijó el Estatuto Orgánico esa Secretaría de Estado, establece en su artículo 1º que le corresponde a éste, entre otras materias, coordinar las actividades de los distintos ministerios y organismos públicos en aquellos asuntos que inciden en la política exterior e intervenir en todo lo relacionado con la determinación y demarcación de las fronteras y límites del país, así como en todas las cuestiones que atañen a sus zonas fronterizas, a sus espacios aéreos y marítimos y a la política antártica, en general.

Respecto del estatuto fundamental antártico desde el punto de vista del derecho interno, deben tenerse en cuenta dos fuentes principales, la Ley N° 11.846, de 1955 y el decreto supremo N° 298 de 1956, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Estas consagraron importantes normas sobre las atribuciones de la Cancillería y la jurisdicción respecto de actividades en la región antártica. Las mismas deben actualizarse a la luz de los desarrollos del Sistema del Tratado Antártico y de la propia legislación e institucionalidad interna chilena.

Para cumplir con dichos objetivos respecto de la Política Antártica, el Ministro de Relaciones Exteriores preside el Consejo de Política Antártica organismo colegiado interministerial en que participan las principales autoridades implicadas en las actividades nacionales en la Antártica. Asimismo, son parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección de Antártica y el Instituto Antártico Chileno (INACH), organismo técnico centralizado, que tiene el estatus de servicio público con el nombre de Instituto Antártico Chileno (INACH).

En el año 2000, el Estado de Chile aprobó la Política Antártica Nacional mediante la dictación del decreto supremo Nº 429, de 28 de marzo de dicho año, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta contempla como uno de los objetivos fundamentales de Chile, la protección y fortalecimiento de los derechos antárticos en el sector entre los meridianos 53º y 90º de Longitud Oeste, la prevención de las controversias internacionales que pudieren afectar la paz y convivencia en el continente, así como la promoción de los principios que establece el Tratado Antártico y la consolidación del “Sistema Antártico” derivado del mismo, el que goza de efectividad entre sus miembros y de legitimidad ante la comunidad internacional, a lo largo de más de 50 años.

Para lograr este objetivo, se concordó en la necesidad de fortalecer la institucionalidad antártica chilena, debiendo el Consejo de Política Antártica recomendar al Presidente de la República “las medidas de carácter legislativo, reglamentario y administrativo” necesarias tanto para fortalecer el rol de Chile dentro del Sistema del Tratado Antártico como para resguardar sus derechos soberanos.

En el año 2007, la XLVII Reunión del Consejo de Política Antártica, encomendó la tarea de actualizar la normativa chilena antártica a fin de adecuarla a los desafíos de los nuevos escenarios mundiales, misión reiterada en el Plan Estratégico Antártico 2011-2014.

El presente proyecto de ley tiene como propósito dar una estructura moderna y más eficiente a la institucionalidad antártica, impulsando, entre otros, una coordinación eficaz entre las entidades públicas con competencias sectoriales atingentes a la Antártica, y la coordinación que corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Este proyecto reafirma la competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores en materia de Política Antártica, y crea las herramientas necesarias para abordar las necesidades de coordinación que generan las actividades antárticas nacionales. La ley que se propone persigue, asimismo, asegurar la capacidad para ejecutar un Programa Antártico Nacional, unificado y eficiente. Para ello se ha estructurado el marco legal en seis grandes pilares:

1) Disposiciones generales;

2) Institucionalidad Antártica Chilena;

3) Financiamiento de la Actividad Antártica Nacional;

4) Regulación de Actividades Antárticas;

5) Protección y conservación del medio ambiente antártico, y

6) Fiscalización y sanciones.

1.- Disposiciones generales

Parte importante de esta ley tiene por objeto, entre otros, implementar en el plano interno las obligaciones internacionales asumidas por nuestro país en relación al Sistema del Tratado Antártico, las cuales requieren de implementación sistemática. De allí, el ámbito especial de aplicación que tendrá esta ley, en virtud del capítulo relativo a disposiciones generales.

Tanto esta ley como las demás normas que integran el ordenamiento jurídico nacional en la materia, se aplicarán en el Territorio Chileno Antártico. No obstante, es necesario prever que las actividades antárticas no se limitan a ese territorio y por tanto, también el resto del continente antártico, regido por el Tratado Antártico, requiere de atención de este cuerpo legal. Como se expone, existen casos en que es necesaria una aplicación extraterritorial de la ley nacional, por mandato de normas internacionales, y porque el país ha asumido obligaciones internacionales por tratados que integran el Sistema del Tratado Antártico, así como las resoluciones vinculantes que se han adoptado en su seno, y que requieren también de ejecución por parte de los Estados, sin distinción de su calidad de reclamantes o no reclamantes.

Asimismo, la ley que se presenta incluye un artículo relativo a definiciones de términos utilizados u originados en los instrumentos que componen el Sistema del Tratado Antártico. No se trata de meras precisiones de lenguaje, sino que se busca destacar el sentido y alcance de conceptos que se manejan en el marco del Sistema y a los cuales el derecho interno chileno debe dar atención y eficacia jurídica.

2.- Institucionalidad Antártica Chilena

El Título II del presente proyecto de ley establece una estructura que busca aportar eficiencia y coherencia a la institucionalidad antártica, a fin de que se coordinen adecuadamente todas las entidades públicas con competencias sectoriales atingentes a la Antártica.

En este sentido, se reafirma la competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores en materia de Política Antártica, estableciéndose que dicha Secretaría de Estado ejercerá la coordinación de la actividad nacional en la Antártica. Le corresponderá colaborar con el Presidente de la República en la planificación, conducción, coordinación, ejecución, control e información de la política exterior de Chile en relación al Continente Antártico.

Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores tendrá la función de desarrollar los Planes Estratégicos Antárticos, en base a los objetivos que establezca la Política Antártica Nacional, los cuales comprenderán las tareas y acciones concretas que se materializarán mediante el Programa Antártico Nacional de cada año.

Respecto del Consejo de Política Antártica, órgano colegiado y consultivo de naturaleza interministerial, presidido por el Ministro de Relaciones Exteriores, el proyecto no se refiere a su composición ni funciones, ya que ambas fueron consideradas en el anteproyecto de la ley que aprueba el nuevo estatuto orgánico del Ministerio de Relaciones Exteriores. La Política Antártica Nacional será fijada por el Presidente de la República, debiendo ser sometida a evaluación y actualización al menos cada 10 años desde la fecha de su promulgación. La Política Antártica Nacional establecerá los objetivos de Chile en la Antártica.

En el presente proyecto, se identifica como Operadores Antárticos del Estado de Chile al Instituto Antártico Chileno (INACH), dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, y a las Instituciones de las Fuerzas Armadas, dependientes del Ministerio de Defensa Nacional, quienes serán los encargados de organizar y realizar las actividades operativas y/o logísticas que el país desarrollará en la Antártica, debiendo planificarlas y organizarlas en coherencia con el Programa Antártico Nacional y en conformidad a los lineamientos que establezca el Consejo de Política Antártica.

3.- Financiamiento de la Actividad Antártica Nacional

En relación con este financiamiento, el Título III del proyecto propone que la Ley de Presupuestos del Sector Público contemple anualmente fondos para financiar las actividades antárticas nacionales de los Operadores Antárticos, los que serán distribuidos según disponga el Consejo de Política Antártica, teniendo en consideración el Programa Antártico Nacional de ese año.

4.- Regulación de actividades en la Antártica

Como consecuencia de las obligaciones que incumben a Chile como Parte del Sistema del Tratado Antártico, se hace necesario regular en el Título IV del proyecto de ley, la realización de las actividades antárticas.

Las obligaciones asumidas por nuestro país en el marco del Sistema del Tratado Antártico implican un deber de vigilancia y control sobre las actividades que se planifican en nuestro país para ser realizadas en el Continente Blanco. Además, existe una obligación de velar por el cumplimiento de las obligaciones ambientales de toda persona natural o jurídica, estatal o no estatal, que está realizando una actividad en la Antártica, si la actividad ha sido planificada, organizada o ha partido desde el Estado de Chile, aunque no sea por el Estado mismo. Esta obligación internacional se debe traducir en que la normativa nacional contemple un sistema de autorizaciones con las que debe contar un operador que realizará una actividad en la Antártica.

El uso pacífico de la Antártica incluye las actividades científicas, tecnológicas, deportivas, artísticas y culturales, así como ciertas actividades económicas, tales como la pesca o el turismo, y en general aquéllas que puedan realizarse de un modo racional y sustentable, siempre que sean planificadas y realizadas de forma que se prevenga y limite el impacto perjudicial sobre el medio ambiente antártico y los ecosistemas dependientes y asociados. Como se ha mencionado antes, la prospección, exploración y explotación de recursos minerales, está prohibida.

El desafío para un país como Chile, que por su cercanía geográfica entre el continente Americano y la Antártica, puede verse enfrentado a intervenir con el fin de controlar y mitigar emergencias ambientales en la zona antártica, importa ejercer – antes que nada - un control efectivo respecto de sus operadores tanto privados como estatales, y de allí la necesidad de contar con un régimen de autorizaciones de las actividades antárticas.

Este sistema de autorizaciones se sustenta en la competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores en lo relativo a actividades antárticas no gubernamentales, debiendo exigir su adecuación a las obligaciones internacionales que emanan de los diversos instrumentos que componen el Sistema del Tratado Antártico.

Respecto a las actividades de los operadores estatales, el Programa Antártico Nacional contempla que éstas deben realizarse en cumplimiento de los intereses de Chile en la Antártica, respetando la normativa internacional.

5.- Protección y conservación del medio ambiente antártico

La protección del medio ambiente antártico ha merecido un título especial en esta ley. Chile es parte de numerosos instrumentos ambientales internacionales, que ya están rigiendo para nuestro país. En el caso de la Antártica, es necesario además, determinar medidas que se apliquen en caso de que el cumplimiento de normas y obligaciones no sea observado como correspondiere y por tanto, es necesario incorporar sanciones, de orden administrativo y penal, según el caso. A este respecto, la legislación chilena contiene los elementos jurídicos para una efectiva protección del medio ambiente antártico y sus sistemas asociados, al ser Chile país Parte del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente. La implementación integral de este Protocolo, implica la obligación principal para cada Parte, de tomar las medidas adecuadas en el ámbito de su competencia para asegurar el cumplimiento de éste, incluyendo la adopción de leyes, reglamentos, actos administrativos y medidas coercitivas.

Este principio es fundamental, ya que debe hacerse realidad respecto de aquellas cláusulas del Protocolo que establecen prohibiciones específicas, como las que recogen los títulos IV y VI de este proyecto de ley, complementando normas ya existentes en la legislación nacional que se aplican a las operaciones antárticas. Este sería el caso por ejemplo de la evaluación de impacto ambiental de actividades antárticas, realizada por el Comité Operativo para la Evaluación de Impacto Ambiental sobre el Medio Ambiente Antártico, dependiente del Ministerio del Medio Ambiente. Para el funcionamiento de este Comité deberán dictarse los reglamentos que fueren necesarios para ello.

En este proyecto de ley se materializa además, la aplicación de las normas de la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, para que las personas naturales o jurídicas y, en general, los operadores que planifiquen, organicen o partan sus actividades desde el territorio nacional y causen un daño al medio ambiente antártico, sean obligados a repararlo en la forma allí indicada. Esto es sin perjuicio de que en el futuro, Chile apruebe el Anexo VI del Protocolo al Tratado Antártico, sobre Responsabilidad emanada por Emergencias Ambientales.

6.- Fiscalización y sanciones

Como un corolario del establecimiento de un régimen de autorizaciones y de prohibiciones, el último título de este proyecto se refiere a la fiscalización y la tipificación de infracciones y delitos.

Atendida la lejanía y particularidad del territorio antártico, se ha previsto que los miembros de las Fuerzas Armadas destinados en las bases antárticas, y los funcionarios del INACH que se encuentren en el Territorio Antártico Chileno, tendrán la potestad de fiscalizar el cumplimiento de la presente ley y denunciar cualquier hecho constitutivo de infracción, actuando para tal efecto como Ministros de Fe.

Por otra parte, la figura de los delitos ambientales que establece la ley, y que pueden ser cometidos tanto dentro como fuera del Territorio Antártico Chileno, serán conocidas por los tribunales penales del país. Esto permite conjugar el carácter territorial de la posición chilena, con su rol en el Tratado Antártico y su Protocolo de 1991. Las infracciones de índole administrativa, se han estructurado en torno a un procedimiento que será de conocimiento de los Juzgados de Policía Local. En cuanto a las sanciones, el proyecto acoge un régimen de altas sanciones pecuniarias a un operador que se aparte del respeto a las normas previstas en la ley y los reglamentos que se establezcan, en concordancia con las legislaciones más recientes adoptadas en nuestro país para la protección del medio ambiente.

Dicho contenido original del proyecto de ley fue adicionado con fecha 22 de octubre de 2018, mediante la formulación de indicaciones que, según lo expresara el Ejecutivo durante la discusión particular, tienen por objeto materializar las observaciones de los expositores durante las sesiones de la Comisión, basadas en 3 grandes líneas fundamentales: materializar y reforzar la soberanía de Chile en la Antártica, comprendiendo que la suscripción del Tratado Antártico no implica bajo ningún aspecto una renuncia a las reclamaciones territoriales en el Continente Blanco; Incorporación de un nuevo objetivo del estatuto que dice relación con fomentar la actividad antártica de Chile, promoviendo el desarrollo social y económico de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, incorporando además un Título tercero nuevo sobre los roles y las funciones del Gobierno Regional y del Delegado Presidencial de la Región de Magallanes y Antártica Chilena; y, establecer que la coordinación y la conducción de las Fuerzas Armadas en el Territorio Antártico debe ser coordinado y visado por el Ministerio de Defensa Nacional.

IV.- MINUTA DE LAS IDEAS MATRICES O FUNDAMENTALES DEL PROYECTO

En conformidad con el N° 1 del artículo 287 del Reglamento de la Corporación y para los efectos de los artículos 69 y 73 de la Constitución Política de la República, como, asimismo, de los artículos 24 y 32 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, cabe señalar que la idea matriz o fundamental del proyecto es adecuar las normas de derecho interno que rigen en el Estado de Chile respecto del Tratado Antártico, con el objeto de dotar de una estructura moderna y más eficiente a la institucionalidad antártica.

Tal idea matriz se encuentra desarrollada en el proyecto aprobado por vuestra Comisión en 54 artículos permanentes y tres transitorios.

V.- ARTICULOS CALIFICADOS COMO NORMAS ORGÁNICAS CONSTITUCIONALES O DE QUÓRUM CALIFICADO.

La Comisión estimó que los artículos 43, 47, 48 y 51 permanentes del texto aprobado por ella, revisten la calidad de orgánicos constitucionales, en atención a lo dispuesto por el artículo 77 de la Constitución Política de la República, pues inciden en la organización y atribuciones de los Tribunales de Justicia.

VI.- DOCUMENTOS SOLICITADOS Y PERSONAS RECIBIDAS POR LA COMISIÓN.

Durante la discusión de este proyecto la Comisión contó con la asistencia del señor Ministro de Relaciones Exteriores, don Roberto Ampuero Espinoza; del señor Ministro de Defensa Nacional, don Alberto Espina Otero; del señor Cristián de la Maza Riquelme, Subsecretario de Defensa; del señor Julio Leiva Medina, Comandante en Jefe de la Armada; de la señora María Teresa Castañón Silva, Intendenta de la Región de Magallanes y Antártica Chilena; del señor Pablo Urquízar Muñoz, Jefe de Gabinete del Ministro de Defensa Nacional; del señor Camilo Sanhueza Bezanilla, Director de la Dirección Antártica de la Cancillería; del señor Marcelo Leppe Cartes, Director Nacional del Instituto Antártico Chileno; del señor Jorge Robles Mella, ex Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea; del señor Edgardo Riveros Marín, ex Subsecretario de Relaciones Exteriores; del señor Marcos Robledo Hoecker, ex Subsecretario de Defensa; del señor Jorge Files Añón, ex Intendente de la Región de Magallanes y Antártica Chilena; del señor Jorge Peña Leiva, Contralor del Ejército de Chile; del señor Francisco Berguño Hurtado, ex Director de la Dirección Antártica de la Cancillería; del señor José Retamales Espinoza, ex Director del Instituto Antártico Chileno; del señor Miguel Sierpe Gallardo, Presidente del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena; del señor Jorge Guzmán Gutiérrez, ex funcionario de Cancillería y Doctor en Asuntos Polares; del señor Gino Casassa Rogazinski, Científico y Glaciólogo de la Universidad de Magallanes, y de la señora Andrea Pivcevic Cortese, Fiscal de Aerovías DAP.

Adicionalmente, la Comisión estimó pertinente consultar a la Excelentísima Corte Suprema su opinión respecto de los artículos 43, 47, 48 y 51 permanentes del texto aprobado, por cuanto ella estimó como disposiciones orgánicas constitucionales.

VII.- ARTICULOS DEL PROYECTO DESPACHADO POR LA COMISION QUE DEBEN SER CONOCIDOS POR LA COMISION DE HACIENDA.

La Comisión, al tenor del Informe Financiero acompañado al Mensaje, estimó que el proyecto no requiere del conocimiento de la Comisión de Hacienda por cuanto sus normas no inciden en materias financieras ni presupuestarias del Estado.

VIII.- DISCUSIÓN GENERAL.

La Comisión inició la discusión general del proyecto en Informe el 9 de julio de 2014, oportunidad en que recibió al señor Francisco Berguño Hurtado, en ese entonces Director de la Dirección Antártica Chilena del Ministerio de Relaciones Exteriores, quién expuso que la antártica posee un carácter dual como territorio co-administrado internacionalmente y sujeto a un régimen internacional original y único, y como territorio nacional en lo que respecta al territorio chileno antártico. Añadió que la legislación antártica nacional ha sido adoptada en diversos períodos históricos de Chile, siendo ésta dispersa y carente de sistematización. Por lo tanto, en opinión del expositor, se requiere modernizar nuestro ordenamiento jurídico en materia antártica para promover los intereses de Chile en el territorio chileno antártico con visión de futuro dando cumplimiento a nuestras obligaciones internacionales con el sistema del tratado antártico. Enfatizó en la ocasión, que el proyecto de ley en Informe persigue ordenar y facilitar una mejor coordinación entre las distintas autoridades involucradas en la ejecución de la política antártica nacional.

Señaló, asimismo, que desde el año 2000 se ha planteado la necesidad de dictar una nueva legislación antártica. En la XLVII reunión del consejo de política antártica (2007) se dio el mandamiento de preparar un proyecto de ley antártica, siendo reiterado en 2011 en la XLVIII reunión del consejo de política antártica. Entre 2008 y 2010, se conformó un grupo legal que trabajó sobre un proyecto preparado por el embajador Jorge Berguño hasta su fallecimiento. El trabajo fue retomado en 2011 por la nueva Dirección Antártica de la Cancillería ingresando el proyecto de ley al Congreso Nacional con fecha 04 de marzo de 2014.

En resumen, el señor Berguño manifestó que el presente proyecto de ley tiene por objeto delimitar y precisar las facultades y competencias de las diversas autoridades y entidades que intervienen en el que hacer antártico; coordinar, sistematizar, armonizar, modernizar e implementar las múltiples normas nacionales e internacionales tanto para el cumplimiento de los objetivos de la política antártica nacional como para dar aplicación a las normas internacionales del sistema del tratado antártico; establecer el marco legal que habilite regular, mediante reglamentos, los aspectos de detalle de la actividad antártica; actualizar normas, tales como la ley N° 11.846, de 1955, que aprueba el estatuto del territorio antártico chileno y el decreto supremo N °298, de 1956 a la luz del desarrollo del sistema del tratado antártico y de la propia legislación e institucionalidad nacional.

En dicha sesión, el Diputado señor Boric criticó el proyecto de ley en la medida en que, en su opinión, la política antártica nacional es profundamente deficiente, situación que no cambia con la aplicación de este nuevo estatuto. Asimismo manifestó que se requiere realizar un debate y proponer modificaciones respecto al rol de nuestro país como punto de entrada al continente antártico y la forma como nuestro país ejerce su soberanía.

Por su parte, el ex Diputado señor Morano concordó en la necesidad de fortalecer el rol de la Región de Magallanes en la soberanía que nuestro país ejerce en el territorio antártico. Por otra parte, cuestionó la importancia práctica del nuevo Estatuto en la medida en que el mismo proyecto manifiesta que no genera mayor gasto fiscal.

El señor Berguño, hizo presente, al respecto, que el estatuto antártico que se somete a consideración de la Comisión corresponde a un esfuerzo legislativo de Estado y no de un Gobierno particular, planteándose la necesidad de modernizar y sistematizar la normativa antártica desde el año 2000. Finalizó su exposición señalando que el proyecto de ley no pretende solucionar la mencionada falta de atención nacional respecto de nuestro territorio antártico que, por lo demás, añadió, no depende de la normativa legal que exista al respecto sino de la intención de llevar adelante una determinada política antártica con la correspondiente asignación de recursos.

Continuando con la discusión del proyecto, la Comisión recibió en su sesión de fecha 6 de agosto de 2014, al señor José Retamales Espinoza, en ese tiempo Director del Instituto Antártico Chileno, quien expresó que el Instituto tiene por objeto planificar, coordinar, orientar y controlar las actividades científicas y tecnológicas que los organismos del Estado o particulares realicen en el Continente Antártico; Difundir los trabajos científicos resultantes, como también promover el conocimiento de las materias antárticas en la ciudadanía, mediante publicaciones, conferencias, exposiciones y cualquier otro medio de difusión; e incentivar la formación y el perfeccionamiento de científicos y técnicos especializados en disciplinas antárticas.

Por otra parte, el señor Retamales comentó respecto de los desafíos y prioridades del Instituto Chileno Antártico, destacando la importancia de construir capital social, con redes en cultura, educación y divulgación científica; Desarrollar la conexión antártica de la Región de Magallanes; Construir alianzas estratégicas internacionales; Habilitar laboratorios en bases chilenas y en Punta Arenas; Aumentar calidad de la ciencia antártica nacional; Priorizar temas de interés nacional, como biotecnología y temas de interés internacional, como por ejemplo, cambio climático.

Agregó que el proyecto de ley tiene por objeto, en primer lugar, impulsar la activa participación en la gestación, implementación y desarrollo de un régimen antártico efectivo, a partir del Tratado Antártico de 1959, y, en segundo lugar, adecuar las normas de derecho interno que rigen en el Estado de Chile, las cuales requieren actualizarse según las nuevas exigencias propias del marco internacional, expresando de manera clara y eficaz la forma como Chile ejercerá sus competencias y asumirá sus obligaciones en el marco del Tratado Antártico. Asimismo, indicó que el proyecto de ley requiere de la dictación de 5 reglamentos, en cuya elaboración participará activamente el Instituto Chileno Antártico a favor de sus prioridades.

Frente a una consulta del Diputado señor Mirosevic, manifestó que nuestro país se encuentra atrasado comparativamente hablando de otros países con intereses antárticos, no sólo en cuanto a su acotado presupuesto sino también a su escaso personal. En efecto, indicó que el Instituto que dirige cuenta con 41 funcionarios de planta que se encuentran a cargo de 4 bases y más de 1 millón de kilómetros cuadrados.

La Comisión reanudó la discusión del proyecto en Informe en su sesión de fecha 10 de mayo de 2017, ocasión en la cual recibió a los señores Edgardo Riveros Marín, Ministro (S) de Relaciones Exteriores; Marcos Robledo Hoecker, Subsecretario de Defensa; y al señor Francisco Berguño Hurtado, Director de la Dirección Antártica del Ministerio de Relaciones Exteriores.

En dicha sesión, el señor Ministro (S) de Relaciones Exteriores de la época, manifestó que esta iniciativa responde a una solicitud efectuada hace más de 10 años por el Consejo de Política Antártica, quien determinó la necesidad de dictar una norma que pudiese hacer frente a las nuevas necesidades del territorio blanco, con el fin de conservar el medio ambiente, afianzar los intereses de nuestro país en la Antártica, y adaptarnos a la normativa internacional en la materia.

Como objetivos generales de la propuesta, el señor Riveros destacó que la nueva institucionalidad antártica tendería a la preservación del territorio como una zona científica y pacífica, garantizando la continuidad del medio ambiente. Asimismo, establecería principios conforme a los cuales el Estado de Chile estaría en condiciones de conducir su política antártica en los tiempos modernos, potenciando y regulando las actividades antárticas de nuestro país con pleno respeto a la normativa internacional antártica.

Como objetivos específicos, el señor Riveros destacó que el nuevo estatuto antártico permitirá incorporar las normas internacionales en materia antártica al ordenamiento jurídico nacional; buscará aportar eficiencia y coherencia a la institucionalidad antártica, a fin de fomentar la coordinación de competencias sectoriales; definirá las atribuciones de defensa nacional en el territorio blanco, en particular respecto a las competencias de las 3 ramas de las fuerzas armadas; determinará con exactitud las actividades prohibidas y aquellas que quieren autorización; definirá normas legales relacionadas a delitos medioambientales y sus sanciones.

Por otra parte, el señor Ministro (S) de Relaciones Exteriores destacó los esfuerzos del Ejecutivo por incentivar el desarrollo regional ligado a la actividad antártica, en particular, aquella política destinada a definir a la ciudad de Punta Arenas como puerta de entrada natural al territorio blanco.

Finalmente, el señor Riveros indicó que la iniciativa no implica un costo financiero para el Estado, sin perjuicio de la discusión que año a año debe realizarse a propósito de la Ley de Presupuestos, con el objeto de financiar las actividades antárticas.

Por su parte, el señor Robledo, ex Subsecretario de Defensa, por su parte, señaló que el proyecto de ley recoge un reconocimiento a las labores que cumplen el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de Chile, junto al Instituto Antártico Chileno (INACH), como Operadores Antárticos Nacionales. En efecto, añadió, la larga data de la actividad antártica de nuestras instituciones refleja la posesión de bases, estaciones y refugios antárticos en este continente y que ha convivido en épocas de reclamación territorial desde 1906 hasta la firma del Tratado Antártico por parte de Chile en 1959, donde se comienza a convivir en un ambiente de coadministración Internacional de este continente. Lo anterior, afirmó, como "Operadores Antárticos" resulta relevante para los intereses del Estado de Chile mantener vigente sus derechos al implementar esta normativa internacional a través de la mantención y desarrollo de la presencia y operación efectiva de Chile con medios de estas Instituciones del Estado.

El presente proyecto de ley, agregó el señor Robledo, establece una sucesión de documentos, identificados a través de la Política Antártica, Planes Estratégicos de duración de 4 años y un Programa Antártico Nacional en forma anual, lo que conlleva a la identificación y monitoreo de los objetivos, metas y tareas a cumplir por el Estado de Chile en este continente, trabajando en forma adecuada y coordinada con todos los actores antárticos del Estado y organismos del sector privado. En este mismo sentido, posesiona al Ministerio de Defensa Nacional como órgano de coordinación política y operativa para el desarrollo del sistema antártico nacional e internacional, liderado por la Cancillería, y que involucra a los medios de Defensa, haciéndolo posible a través de este Ministerio y la Subsecretaría de Defensa, como órgano de trabajo y de asesoría en este ámbito. Lo anterior tiene dos potencialidades; una de ellas es la coordinación y aunar esfuerzos de las tres instituciones y el Estado Mayor Conjunto; y la otra, llevar este tema a una concepción netamente conjunta que hasta hoy ha funcionado por la sinergia del trabajo de cada una de las instituciones.

En otros acápites, se definen las funciones específicas a cumplir en materia Antártica del Ministerio de Defensa Nacional, en el uso y operación con el empleo de sus medios con fines netamente pacíficos, dando lugar, a la definición de los roles que ha cumplido y cumplen los medios de la Defensa Nacional en este continente. Adicionalmente se potenciará el desarrollo de la ciencia antártica, generando las condiciones para operar e impulsar la logística antártica con seguridad y altos estándares para la salvaguarda de la vida humana y respeto al medio ambiente.

Las nuevas regulaciones, agregó el expositor, en este continente sobre las actividades antárticas enmarcadas en el uso, explotación de la Antártica y sus recursos, actividades prohibidas, sistema de autorizaciones de actividades y otras, impone e involucran necesariamente otro rol que les corresponderá realizar al Estado de Chile a través de los medios de la Defensa Nacional, instituciones que cuentan con una larga experiencia y conocimiento de esta zona austral en cuanto a los movimientos en el espacio terrestre, marítimo y aéreo. Si bien no se define el marco financiero en montos sobre la actividad antártica, se deja establecido que este será materia de la Ley de Presupuesto del Sector Público y que se deberá consultar anualmente los recursos para financiar esta actividad. Lo anterior genera la condición de contar con un presupuesto anual definido en las instituciones para el tema antártico satisfaciendo el total de las actividades descritas en los Programas Nacionales Anuales, trabajo que ya se encuentra realizando este Ministerio de Defensa a fin de dimensionar cuánto le cuesta a Defensa en su rol de "operador antártico" de sus Instituciones .

En conclusión, el señor Robledo indicó que la aprobación de este proyecto de ley implica que Chile perfecciona los derechos históricos, geográficos, jurídicos, diplomáticos y administrativos dejando al quehacer antártico de acuerdo a los nuevos desafíos que el Estado de Chile ha definido en su Política Antártica para este siglo.

Por su parte, el señor Berguño, Director de la Dirección Antártica del Ministerio de Relaciones Exteriores en su momento, junto con concordar con los antecedentes expuestos anteriormente, destacó que pocos son los países que cuentan con una regulación medio ambiental como aquella que propone el estatuto.

En el transcurso de la sesión, el diputado señor Boric destacó el rol del Instituto Chileno Antártico como un polo de descentralización, ya que se trata de un organismo nacional con sede en Punta Arenas, lo cual calificó como un gran acierto. Asimismo destacó los esfuerzos del INACH para transmitir una cultura antártica a los liceos del país. Por otra parte, el diputado manifestó su preocupación por el creciente turismo antártico y por su eventual afectación al medio ambiente. Asimismo, destacó la riqueza del territorio antártico en relación a su calidad de reserva de agua dulce.

Por su parte, la diputada señora Álvarez y el ex diputado señor Sandoval coincidieron en manifestar su preocupación en relación a que el proyecto de ley no contemplaría mayor gasto fiscal, especialmente considerando que gran parte del financiamiento de las actividades antárticas depende del presupuesto de las fuerzas armadas, ante lo cual el señor Riveros manifestó que el tema presupuestario es siempre complejo. Si bien el proyecto de ley no irroga mayor gasto fiscal, la lucha por tener más recursos para las actividades antárticas se desarrolla cada año en la discusión de la Ley de Presupuestos, por lo que resulta relevante contribuir a crear conciencia de la realidad antártica y de su importancia científica y estratégica. Sin perjuicio de lo anterior, el señor Ministro (S) destacó el inicio de la construcción de un nuevo rompehielos que sin duda constituye una importante inversión y un fuerte impulso al desarrollo de la investigación científica.

Respecto del turismo, manifestó que el proyecto de ley contribuirá a contar con mayor control a los operadores antárticos, estableciendo fuertes sanciones a quienes cometan infracciones medio ambientales.

Continuando con su discusión, en la sesión de fecha 14 de junio de 2017, la Comisión recibió al señor José Retamales Espinoza, ex Director del Instituto Chileno Antártico (INACH); y al señor John Ranson García, Asesor Legal de la Dirección Antártica del Ministerio de Relaciones Exteriores.

En la ocasión, el señor Retamales manifestó que el estatuto tiene su origen legislativo en el año 2014, por lo que sugirió una serie de propuestas entre las cuales enumeró las siguientes que le merecen especial atención:

* En el artículo 1, punto 3, en donde se refiere a “incrementar la calidad de prestador de servicios antárticos e incentivar el desarrollo regional”, el señor Retamales criticó que en la práctica los países “usuarios antárticos” y las empresas internacionales de turismo no tienen referentes de gobierno, especialmente en la capital regional, que les guíen sobre los servicios y prestadores de servicios con quienes cotizar lo que necesiten. Se sugirió que Pro Chile sea la entidad que atienda dicha necesidad. Asimismo, agregó, tampoco existe mayor información respecto de los servicios públicos, por ejemplo, aduana, policía internacional, hospitales, autoridad marítima. Al respecto, se sugirió establecer a la oficina de coordinación regional de relaciones internacionales como ente para cumplir dicha tarea.

* En el artículo 4, sugirió modificar la redacción del significado del Tratado Antártico, en el siguiente tenor: "Marco normativo internacional en relación al uso pacífico de la Antártica; la cooperación para la investigación científica en dicho continente; el intercambio de informaciones; la condición de statu quo de las reclamaciones territoriales; la estructura orgánica, y las normas y convenciones para la conservación de los recursos y del ambiente antárticos, entre otros, establecidos en el Tratado Antártico, suscrito en Washington el 1 de diciembre de 1959, así como en su Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente, suscrito en Madrid el 4 de octubre de 1991, en sus Medidas, Decisiones y Resoluciones, aprobadas en las Reuniones Consultivas del Tratado Antártico."

* En el artículo 4, sugiere incluir además a los organismos expertos que asesoran al Tratado, y que también forman parte del Sistema del Tratado Antártico, tales como: Consejo de Administradores de Programas Antárticos Nacionales, COMNAP; Comité Científico de Investigación Antártica, SCAR; Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, CCRVMA; Acuerdo de Conservación de Albatros y Petreles; Comisión Ballenera Internacional.

* Artículo 4 letras g) y h), la redacción propuesta corresponden a un texto del Anexo II del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección al Medio Ambiente en una versión anterior, que sufrió cambios importantes, aprobados mediante la Medida 16 (2009) de la RCTA. Por ejemplo, el vocablo “autóctonas” reemplazó a “nativas”; se añadieron “invertebrados”, etcétera, por lo que sugiere actualizarlo.

* Artículo 8, b), se sugiere cambiar “dependientes del Ministerio de Defensa Nacional” por “del Estado de Chile” y agregar entre “Ministerio de Defensa” y el punto final la frase “y Ministerio de Relaciones Exteriores”. Esto por cuanto el Instituto Antártico Chileno opera cuatro bases propias: Profesor Julio Escudero, Dr. Guillermo Mann, Risopatrón y Yelcho, construcciones –laboratorios- propios en las bases Arturo Prat y Teniente Luis Carvajal, los refugios Collins, Ripamonti y otros.

* Artículo 12, sugiere eliminar en inciso 1 la frase “operativas y logísticas”. Esto en cuanto el INACH organiza y realiza un sinnúmero de actividades, más allá de las operativas y logísticas, tales como científicas, artísticas, de difusión, académicas, talleres, congresos, con organismos nacionales e internacionales.

* En el artículo 14, de acuerdo a la Resolución 1.396 del MMA, de fecha 18.nov.2011, publicada en el D.O. el 7 de diciembre de 2011, la función del Comité Operativo es diferente a la que se presenta en el documento y corresponde a aquella que cumplía el antiguo CONAEIA (considerando 5 de la Resolución). Al respecto, sugiere incluir dicho texto en este documento, según lo siguiente: "El Comité Operativo para la Evaluación del Impacto Ambiental sobre el Medio Ambiente Antártico es el órgano encargado evaluar ambientalmente toda actividad que se realiza en la Antártica a fin de asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental del Protocolo del Tratado Antártico."

* Artículo 17, punto 3), sugiere cambiar “perros” por “especies no autóctonas”, aunque el Protocolo los indique explícitamente; Artículo 17, punto 9), no sólo las focas están protegidas por un convenio internacional, sino también los cetáceos (CBI) y aves voladoras (ACAP), según lo establece el Anexo II del Protocolo de Madrid. Sugiere modificar el texto según lo siguiente: "9) Cazar, capturar o sacrificar pinnípedos (focas y lobos marinos), cetáceos y aves, de conformidad a lo previsto por la Convención para la Conservación de Focas Antárticas, la Convención Ballenera Internacional y el Acuerdo sobre la Conservación de Albatros y Petreles".

* Artículo 18, sugiere agregar: “5) Efectuar actividades científicas y académicas” y suprimir la frase: “de Medio Ambiente y que llevará además la firma del Ministro”.

* Artículo 21, sugiere reemplazar en el inciso primero la frase “científicas y tecnológicas antárticas” por la frase “científicas, tecnológicas y de difusión de la ciencia antártica”. Asimismo, Se sugiere en el inciso cuarto agregar, entre “actividad” y “en” la frase “científica, tecnológica y de difusión científica”.

* Artículo 26, sugiere eliminar la frase “, a más tardar al día 15 de octubre de cada año,”. Esto en cuanto la Secretaría del Tratado Antártico no establece plazos perentorios para informar de la planificación y ejecución de expediciones.

* Artículo 28, sugiere suprimir la palabra “técnicamente” del texto. De esta forma el párrafo sería concordante con el Anexo 3 del Protocolo de Protección al Medio Ambiente Antártico.

* Artículo 29, sugiere suprimir la frase “o en los ecosistemas dependientes y asociados”. Esto, en cuanto los ecosistemas dependientes y asociados cubren muy extensas áreas, sub-antárticas y de la Patagonia chileno-argentina.

Por su parte, el señor John Ranson, Asesor Legal de la Dirección Antártica del Ministerio de Relaciones Exteriores, manifestó que la antártica posee un carácter dual (territorio co-administrado internacionalmente y territorio nacional), por lo que una nueva ley antártica contribuiría a permitir la convivencia de esta doble realidad jurídica, implementando las normas del sistema internacional en el ordenamiento jurídico nacional, recordando que la legislación antártica nacional ha sido adoptada en diversos períodos históricos de Chile, siendo ésta dispersa y carente de sistematización. Por ello, afirmó, se requiere modernizar nuestro ordenamiento jurídico en esta materia para promover los intereses de Chile en el Territorio Chileno Antártico con visión de futuro dando cumplimiento a nuestras obligaciones internacionales.

En este escenario, agregó, el proyecto de ley que establece el Estatuto Chileno Antártico es la ley marco que moderniza y sistematiza la actual legislación antártica, implementando los tratados internacionales del sistema antártico.

En materia de resultados esperados por el proyecto, el señor Ranson estimó que aprobado el estatuto, este permitirá delimitar y precisar las facultades y competencias de las diversas autoridades y entidades que intervienen en el quehacer antártico, coordinando, sistematizando, armonizando e implementando las múltiples normas nacionales e internacionales tanto para dar cumplimiento a los objetivos de política antártica nacional como para dar aplicación a las normas internacionales del sistema del tratado antártico.

En su sesión de fecha 5 de julio de 2017, la Comisión recibió al señor Jorge Flies Añón, en ese entonces Intendente de la Región de Magallanes y Antártica Chilena; y a la señora Andrea Pivcevic Cortese, Fiscal de Aerovías DAP.

El señor Intendente manifestó que el proyecto de ley que se somete a consideración de la Comisión es una gran oportunidad para consolidar la posición de Chile sobre el territorio Antártico. Al respecto, formuló una serie de observaciones y sugerencias, entre las cuales destacan las siguientes:

En relación al capítulo del Medio Ambiente, el señor Intendente indicó que llama la atención que el presente Estatuto no se remita a la legislación nacional en la materia, toda vez que hoy existe una extensa legislación al respecto y un amplio sistema de evaluación de impacto ambiental que podría ser aprovechado en el contexto antártico. Lo mismo ocurre, en su opinión, respecto a la fiscalización y penalización en materia ambiental, sanitaria, pesquera y tributaria. En otras palabras, el Estatuto Antártico que se propone pareciera sostenerse sobre la base de nuevas instancias medioambientales y de fiscalización, a pesar de que nuestro país tiene una extensa normativa interna que regula adecuadamente todas estas materias.

Por otra parte, el señor Flies criticó que el Estatuto omita la mención de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, más aun considerando que uno de los objetivos del instrumento es posicionar a la ciudad de Punta Arenas como puerta de entrada natural al Territorio Antártico. En la misma lógica, parece extraño que el Estatuto no consagre ni menos potencie al Instituto Chileno Antártico, tanto en reglamento como en funciones, a fin de favorecer la cooperación internacional.

En otro orden de ideas, el señor Flies manifestó que resultaría relevante consagrar expresamente, en el Estatuto, la pretensión chilena sobre el territorio antártico con el fin de contribuir a las acciones y declaraciones soberanas que pesan sobre dicho territorio.

En materia presupuestaria, el señor Intendente criticó que los recursos asignados al territorio antártico deban ser discutidos en la ley de presupuestos anual, considerando que los dineros asociados a dicho territorio, por su complejidad y relevancia, deben responder a una visión de Estado, debiendo ser discutidos y acordados en procesos quinquenales o plurianuales de inversión o en los convenios de programación.

Por otra parte, el señor Intendente manifestó que el Estatuto debiese dejar explicitado el rol que nuestro país juega en materia de desastres y emergencias en el territorio blanco. Asimismo, debiese destacarse los aportes de Chile al territorio en relación a actividades de ciencia, educación y paz.

La señora Pivcevic, por su parte, manifestó que Aerovías Dap es el operador aéreo comercial más grande del mundo que opera una ruta a la Antártica, lo cual calificó como un orgullo tanto personal como nacional. Respecto al proyecto de ley, indicó que queda una sensación de que existe una intención de crear una normativa coherente, favorable principalmente para las fuerzas armadas, pero que lamentablemente omite cualquier regulación en favor de los operadores antárticos privados. Asimismo, coincidió con la exposición del señor Intendente especialmente en relación con su preocupación respecto de la ausencia de representación regional en el proyecto.

En el ámbito del turismo, la señora Pivcevic manifestó que el Estado de Chile se encuentra al debe en materia de desarrollo y fomento de la participación de privados en la antártica, especialmente si pretende consolidar a Punta Arenas como puerta de entrada al territorio blanco. En efecto, añadió, además de la escasa infraestructura turística y aeroportuaria de las ciudades de Punta Arenas y Puerto Williams, la expositora lamentó que la conexión que debiese existir entre el Estado de Chile y los privados, para los efectos de fomentar el territorio chileno antártico, es completamente inexistente, criticando que el estatuto que hoy se somete a discusión no sea un aporte para superar esta situación.

Prosiguiendo con el estudio del proyecto en Informe, la Comisión recibió, en su sesión de fecha 12 de junio de 2017, al señor Jorge Guzmán Gutiérrez, ex funcionario de la Cancillería y doctor en asuntos polares.

El señor Guzmán destacó que la discusión política que tendrá lugar a propósito de esta iniciativa representa una oportunidad para que a la Región de Magallanes y Antártica Chilena se le reconozca su evidente condición polar, y su preeminencia en materia de administración y uso de sus territorios polares y subpolares (considerando sus recursos).

En efecto, el señor Guzmán manifestó que Chile tiene una tradición antártica tan antigua como el descubrimiento del país, de hecho, ya en cartas redactadas por Bernardo O’Higgins se determina que el límite sur de nuestro país es el polo, mismo concepto que ha sido históricamente defendido por Chile en negociaciones limítrofes con otros países. Chile, afirmó, es una continuidad desde el hito tripartito cercano a Visviri hasta el polo sur.

Respecto al Estatuto Antártico, indicó que éste contiene omisiones y pseudo definiciones geográficas que podrían llevar, implícita o explícitamente, a renunciar a la continuidad político administrativa del territorio antártico con la Región de Magallanes. En efecto, agregó, el Estatuto que se ha sometido a consideración de la Comisión omite esta realidad material y jurídica e insiste en perpetuar un concepto racionalista jurídico ajeno a la realidad geográfica e histórica que, como ha demostrado la historia reciente, ha costado cientos de kilómetros cuadrados de territorio de la república.

En dicho escenario, el señor Guzmán manifestó que resulta altamente inconveniente que el Estatuto pretenda perpetuar en la ley un “gobierno a distancia” de nuestros territorios antárticos a través de funcionarios de un Ministerio (Cancillería), cuya lógica jurídica y política no tiene nada que ver con la administración y el gobierno de territorios. Si esto llegara a concretarse, afirmó, se constituiría sin duda en una curiosidad político administrativa. En efecto, agregó, preocupa que el estatuto proponga un marco legal que se abstrae del hecho jurídico fundamental que indica que el Territorio Chileno Antártico no tiene límite norte y es, por lo mismo en y en su totalidad, parte de la Provincia Antártica Chilena cuya dependencia corresponde al Gobierno Regional de Punta Arenas y no a la Dirección Antártica o el gabinete del Ministro de Relaciones Exteriores en Santiago.

Por otra parte, el expositor señaló que la ausencia de un concepto material de territorios polares y subpolares chilenos que afecta a nuestra política exterior es evidente, y ha quedado peligrosamente al desnudo en la falta de respuesta concreta ante el caso del escenario jurídico y geopolítico impuesto por la implementación de la normativa sobre la extensión de la plataforma continental más allá de las 200 millas de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. En efecto, el borrador del estatuto antártico ni siquiera menciona esta circunstancia. Esto resulta particularmente preocupante considerando que nuestro país tiene un plazo fatal el día 9 de mayo de 2019 para realizar su presentación de la plataforma continental.

En este escenario, el señor Guzmán manifestó que aún se está a tiempo para que la Cancillería y el resto del Estado asuman que mucho más allá de cualquier compromiso internacional o coyuntural, Chile y la Región de Magallanes y Antártica Chilena son una continuidad geológica, biogeográfica, geo-histórica y jurídico-administrativa, al norte y al sur del área de aplicación de la normativa del Sistema del Tratado Antártico, y al norte y al sur de la Convergencia Antártica. Nuestros derechos soberanos en la Antártica Sudamericana y el Mar Austral son irrenunciables, toda vez que derivan del descubrimiento, ocupación, y uso de dichos espacios, es decir, son resultado de derechos creados y consolidados mucho antes de que existiera el Tratado Antártico.

En este sentido, el señor Guzmán indicó que el estatuto debiese considerar, entre otros, al menos los siguientes puntos:

* Establecimiento de un considerando que expresamente reconozca la continuidad geológica y jurídico-administrativa del país hasta el polo sur, manifestando que los derechos de Chile sobre el territorio son resultado de derechos creados y consolidados mucho antes de que existiera el Tratado Antártico.

* Determinación de la diferenciación entre el ordenamiento jurídico interno de Chile y el área de aplicación del Tratado Antártico, evitando las pseudo definiciones de espacios geográficos que confunden aspectos centrales de nuestro ordenamiento interno con las normas del régimen del Sistema del Tratado Antártico.

* Consagrar al Instituto Chileno Antártico (INACH) como un instrumento de política exterior, ambiental, defensa y por sobre todo como un polo de desarrollo regional, convirtiéndose en el vehículo del Estado en todo aquello que tenga que ver con nuestro territorios antárticos.

* Determinar que el Consejo de Política Antártica lo co-presida el Ministro de Relaciones Exteriores y el Intendente de la Región de Magallanes, y que ese organismo sesione en Punta Arenas, nunca en Santiago.

* Reconocer la condición de “operador antártico” a la Región de Magallanes y Antártica Chilena, permitiendo desarrollar programas y agendas propias de la región, destinadas a valorar nuestro territorio con la participación de entidades propiamente magallánicas, por ejemplo, la UMAG.

En su sesión de fecha 16 de agosto de 2017, la Comisión recibió en audiencia al señor Miguel Sierpe Gallardo, Presidente del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, acompañado de los Consejeros Regionales señores Marcelino Aguayo Concha y José Soto Passek. Asimismo, asistió el señor Jurko Scepanovic Medur, Asesor Jurídico.

Los expositores, manifestaron que, a proposición del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, la Política Antártica Nacional 2017, fue aprobada el 10 de enero de 2017, expresando que “La Región de Magallanes y la Antártica Chilena tiene una vocación polar que se refuerza a través de la dependencia administrativa del Territorio Antártico Chileno con dicha región. Sin perjuicio de ello, este proyecto de ley en ninguna parte se refiere a la Región de Magallanes, al Gobierno Regional o al Intendente de esta Región para los efectos de otorgarles facultades respecto de los asuntos administrativos del Territorio Chileno Antártico. Por el contrario, agregaron, eleva a un plano superior legal al Ministerio de Relaciones Exteriores, manifestando por ejemplo que: “Al Ministerio de Relaciones Exteriores corresponde el conocimiento y coordinación de todos los asuntos relativos al Territorio Chileno Antártico y a la Antártica en general” (artículo 9°).

En este escenario, el señor Sierpe manifestó que el proyecto de ley que establece el Estatuto Chileno Antártico adolece de un grave fallo consistente en que no define con claridad cuál es el rol del Gobierno Regional respecto de dicho Territorio, el cual depende administrativamente de la Región de Magallanes y Antártica Chilena (la administración superior de la Región se encuentra radicada en el Gobierno Regional – inciso 2º artículo 111 vigente de la Constitución Política de la República e inciso 1º artículo 3º de la Ley Nº 19.175, Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración Regional).

Por otra parte, criticó que el terreno donde se planea construir el anunciado Centro Antártico de la Región de Magallanes, financiado por recursos del Gobierno Regional, sea de propiedad estatal. En efecto, estimó que los terrenos donde se construyen estas grandes infraestructuras deben ser de propiedad de los gobiernos regionales que participan de su construcción y financiamiento, y no de un organismo centralizado, como el Ministerio de Relaciones Exteriores o el INACH, que si bien tiene oficina en Punta Arenas, también es dependiente de la autoridad central.

Por su parte, los Consejeros señores Soto y Aguayo complementaron las opiniones anteriores, indicando que no es conveniente para los intereses de nuestro país ni de la Región, que el Territorio Chileno Antártico quede bajo la exclusiva tutela del Ministerio de Relaciones Exteriores, como si éste fuera exógeno o exclusivo del orden internacional. Por el contrario, este Territorio, afirmaron, siempre debe ser considerado como una continuación natural geográfico-administrativa de la Región de Magallanes hasta el Polo Sur, por cuanto en ello precisamente se fundan buena parte de nuestros derechos antárticos.

Dentro de este orden de ideas, el señor Scepanovic manifestó que inclusive sería conveniente, por ejemplo, considerar la presencia permanente de un Delegado Regional o Provincial en Villa Las Estrellas, autoridad administrativa dependiente del Intendente Regional o del Gobernador Provincial según sea el caso, que serviría de nexo entre la Región o Provincia y el Territorio Chileno Antártico (comuna Antártica). Asimismo, criticó que Protocolarmente nunca se considera la presencia del Gobernador de la Provincia Antártica, en visitas de autoridades al Continente Blanco.

Finalmente, los expositores coincidieron en que hay que observar con mucha atención la presentación de la República Argentina respecto de la Plataforma Continental Antártica Extendida. No obstante el marco jurídico internacional reinante, indicaron, Argentina ha definido tempranamente la extensión de su pretensión, fijando claramente sus intereses y objetivos antes que Chile, aunque por ahora no produzca ningún efecto. En consecuencia, es importante determinar con exactitud en qué estado se encuentra la presentación que debe efectuar nuestro país hasta el año 2019 ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, todo ello dentro del contexto de la CONVEMAR.

Continuando con el estudio del proyecto, en su sesión de fecha 6 de septiembre de 2017, la Comisión recibió al señor Gino Casassa Rogazinski, Científico y Glaciólogo de la Universidad de Magallanes, quien junto con destacar la participación de la Universidad de Magallanes en el fomento de estudios y profesionales ligados al trabajo del Continente Antártico, manifestó que respecto a la iniciativa legal coincide con las críticas ya realizadas por otros expositores referidas a los siguientes puntos:

- Preocupación por la ausencia de la Región de Magallanes y Antártica Chilena en el rol administrativo del Continente Blanco. En efecto, el estatuto propuesto no realiza ninguna mención a la región de la cual depende administrativamente.

- Necesidad de generar, a través de las normas del Estatuto Antártico, una continuidad territorial de la Región de Magallanes y Antártica Chilena hasta el Polo Sur.

- Evitar la duplicidad de leyes y normativas ya existentes.

- Conveniencia de apoyar explícitamente el rol de los privados como operadores antárticos, con el objeto de reconocer y fomentar sus aportes en materia de turismo, ciencia y cultura.

Prosiguiendo con el estudio del proyecto en Informe, la Comisión, en su sesión de fecha 1 de agosto de 2018, recibió en audiencia al señor Roberto Ampuero Espinoza, Ministro de Relaciones Exteriores; al señor Alberto Espina Otero, Ministro de Defensa Nacional; al señor Pablo Urquízar Muñoz, Jefe de Gabinete del señor Ministro de Defensa Nacional; al señor Camilo Sanhueza Bezanilla, Director de la Dirección Antártica de la Cancillería; y a la señora María Luisa Carvallo, Asesora Jurídica de la Dirección Antártica.

En la ocasión, el señor Ampuero, Ministro de Relaciones Exteriores, manifestó que la producción normativa chilena sobre cuestiones antárticas se inicia en 1892, cuando nuestro país estableció un reglamento para la pesca y caza en el territorio blanco, alcanzando un total a la fecha de alrededor de 215 leyes y decretos que regulan actividades en la Antártica (28 de ellos anteriores al Tratado Antártico del año 1959), los cuales se encuentran bastante dispersos y carentes de sistematización. Asimismo, agregó, la mayoría de las normas de carácter internacional requieren ser implementadas en el derecho doméstico chileno, lo que hasta la fecha, lamentablemente, no se ha realizado, limitándose a promulgarlas, siendo en principio no autoejecutables.

En este escenario, el señor Ministro de Relaciones Exteriores recalcó que se requiere de un esfuerzo normativo para dotar a Chile de una regulación antártica coherente, uniforme, aplicable y adecuada a los tiempos actuales.

Por su parte, el señor Sanhueza, Director de la Dirección Antártica de la Cancillería, manifestó que hoy en día existe una legislación antártica dispersa que ha sido adoptada en diversos periodos de la historia de Chile, y por tanto, se requiere su sistematización y modernización para promover los intereses permanentes de nuestro país en el territorio antártico, con visión de futuro y para dar cumplimiento a nuestras obligaciones internacionales con el sistema del Tratado Antártico.

En este escenario, el señor Sanhueza agregó que el estatuto antártico tiene por objeto permitir una mejor coordinación entre las distintas autoridades y entidades involucradas en la ejecución de la política antártica nacional, además de implementar adecuadamente los tratados y acuerdos internacionales del sistema del Tratado Antártico.

El señor Espina, Ministro de Defensa Nacional, destacó la importancia relacionada con aprobar el estatuto antártico, pues resulta casi incomprensible que Chile, siendo la puerta de entrada natural al territorio blanco, no cuente con una normativa actualizada sobre la materia. Al respecto, recordó que dicho territorio tiene una doble condición: por un lado, Chile cuenta con un reclamo legítimo de soberanía, y por otro lado, es una zona donde existe una serie de limitaciones a la soberanía concordada de manera internacional. En este sentido, el señor Ministro recalcó que la firma del Tratado Antártico o el avance de nuestro país en un estatuto antártico, no implica en ningún caso una renuncia a nuestros derechos de soberanía territorial o a las reclamaciones territoriales sobre territorio antártico.

En otro orden de ideas, el señor Espina destacó la construcción de un nuevo buque antártico chileno, con un costo de 220 millones de dólares, lo que contribuirá a potenciar a dicho territorio como polo de desarrollo de la ciencia y la tecnología. Por otra parte, informó la intención del Ejecutivo de desarrollar, de aquí a fin de año, un proyecto para reparar y construir nuevas estructuras en la base Eduardo Frei Montalva y en Villa de las Estrellas.

A su turno, el señor Urquízar, Jefe de Gabinete del Ministro de Defensa Nacional, recordó que Chile tiene una vinculación histórica con la Antártica, pues es uno de los doce países signatarios u originarios del Tratado Antártico, que entró en vigencia en 1961, en el que se considera a la Antártica como una zona desnuclearizada y destinada a la cooperación internacional de carácter científico. Los demás países signatarios fueron: Argentina, Nueva Zelanda, Australia, Noruega, Bélgica, Sudáfrica, Rusia, Francia, Gran Bretaña, Japón y Estados Unidos.

Desde esta perspectiva, el señor Urquízar manifestó que el presente proyecto de ley se enmarca en los compromisos internacionales contraídos por Chile respecto del Sistema de Tratado Antártico, el cual consiste en un conjunto orgánico de normas jurídicas y políticas, con base en el Tratado Antártico y otros acuerdos conexos.

Los objetivos del proyecto de ley se enmarcan en los siguientes: Preservar y mantener a la Antártica como una zona de paz, donde las actividades garanticen la protección y cuidado del medio ambiente antártico, y su condición de reserva natural, dedicada a la paz y a la ciencia; Establecer los principios conforme a los cuales el Estado de Chile, a través de los órganos competentes, conduce la política antártica y ejerce sus competencias en materia antártica; y, potenciar y regular la actividad antártica de Chile con pleno respeto al Sistema del Tratado Antártico, incrementando su calidad de prestador de servicios operativos y logísticos para la actividad antártica, e incentivando el desarrollo regional ligado a las actividades antárticas.´

El presente proyecto de ley, continuó el señor Urquízar, se estructura sobre la base de seis grandes pilares: disposiciones generales; institucionalidad antártica chilena; financiamiento de la actividad antártica nacional; regulación de actividades antárticas; protección y conservación del medio ambiente antártico; y, fiscalización y sanciones.

En efecto, añadió el expositor, el estatuto antártico, en primer lugar, establece disposiciones generales en el ámbito de aplicación del Estatuto Antártico, a fin de implementar en el plano interno las obligaciones internacionales asumidas por Chile en relación al Sistema Antártico. Esta ley no solo tiene aplicación en Territorio Chileno Antártico, puesto que las actividades antárticas no se limitan solo a ese territorio, sino también al resto del continente antártico, por las obligaciones asumidas por el país en el marco de tratados internacionales suscritos que integran el Sistema del Tratado Antártico.

En segundo lugar, el estatuto genera una institucionalidad Antártica Chilena, con el objeto de coordinar a las entidades públicas con competencias sectoriales sobre dicho territorio, estableciendo que los Operadores Antárticos son las Fuerzas Armadas y el Instituto Antártico Chileno.

Respecto al financiamiento de actividades en la Antártica, el señor Urquízar manifestó que el estatuto establece que la Ley de Presupuestos deberá destinar anualmente los recursos necesarios. Éste incluye el presupuesto necesario para la actividad antártica de las instituciones de las Fuerzas Armadas.

En materia de regulación de actividades antárticas, el señor Urquízar indicó que el estatuto establece que las actividades no estatales requerirán autorización previa del Ministerio de Relaciones Exteriores. Respecto de las actividades realizadas por entidades estatales, se consagra la obligación de informar al referido Ministerio. Asimismo, agregó, se regula el desarrollo de determinadas actividades específicas, tales como las científicas y tecnológicas; el zarpe y despegue de naves y aeronaves nacionales con destino antártico; actividades artísticas, culturales y deportivas; turísticas; pesqueras y de captura de recursos vivos marinos.

Respecto a la protección y conservación del medioambiente antártico, se establece un mecanismo de Evaluación de Impacto Ambiental que será efectuada por el referido Comité Operativo para la Evaluación de Impacto Ambiental sobre el Medio Ambiente Antártico. Asimismo, se consagra que, en lo no tratado en el proyecto de ley respecto de los temas ambientales, se aplicará subsidiariamente la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

Finalmente, en materia de infracciones y sanciones, el señor Urquízar manifestó que el proyecto de ley señala que el cumplimiento de sus disposiciones será fiscalizado por los funcionarios de las FFAA y del Instituto Antártico Chileno que se encuentren en dicho territorio. En el ejercicio de esta función, los jefes de bases antárticas tendrán la calidad de Ministros de Fe. El Juez de Policía Local de Punta Arenas será competente para conocer de las infracciones que establece el proyecto de ley. Por último, el proyecto de ley establece un conjunto de delitos especiales en materia antártica, cuya investigación corresponderá a la Fiscalía de Punta Arenas.

La senadora señora Goic, presente en la sesión, reconoció la urgencia y destacó el valor positivo de la intención del Ejecutivo de impulsar la actualización de la política antártica nacional a la altura de los tiempos, manifestando que incluso se requiere ir más allá de lo plasmado hoy en el texto del proyecto. En particular, añadió, se requiere de la existencia de un programa especial de desarrollo antártico en la ley de presupuestos, liberando a las fuerzas armadas del financiamiento de estas actividades. En este sentido, cabe realmente preguntarse si Chile pretende o no dar prioridad nacional al territorio antártico. En caso afirmativo, se requiere de mayores recursos y del apoyo del Ministerio de Hacienda.

Por su parte, el diputado señor Boric manifestó que existe una deficiencia del Estado Chileno en materia de inversión en la Antártica, ligado a la falta de una política nacional de largo plazo. En este sentido, indicó tener dudas respecto a este estatuto, pues si bien cumple su función relacionada con sistematizar la normativa antártica, no incorpora realmente mayores recursos ni contempla planes de inversión, más allá de ser una declaración de buenas intenciones. Por otra parte, el diputado recordó que el territorio antártico es primariamente una zona de ciencia y paz, sin embargo, el estatuto pareciera otorgar mayor relevancia a la presencia militar. Finalmente, el señor Boric solicitó al Ejecutivo poder discutir este proyecto con el tiempo que merece, instando a retirar la urgencia, y sugiriendo invitar al Director del INACH, a representantes de la ciencia y de la actividad comercial en la Antártica.

El diputado señor Calisto valoró el entusiasmo de las autoridades políticas por avanzar en un proyecto de esta naturaleza, calificando esta iniciativa como una oportunidad histórica para crear una visión de estado y elaborar un plan de inversión en el territorio blanco, y no sólo aprobar un proyecto que sistematiza una serie de normas dispersas. Asimismo, recordó la situación de los campos de hielo, que se encuentran en una situación similar, es decir, con poca infraestructura y escaso gasto presupuestario.

El diputado señor Kast discrepo con las opiniones anteriores, señalando que es necesario distinguir entre la urgente aprobación y actualización de un marco normativo técnico como el que se encuentra en discusión, y los eventuales proyectos de inversión que existan sobre el territorio antártico.

El Ministro señor Ampuero calificó este proyecto de ley precisamente como una oportunidad, una invitación al dialogo y a perfeccionar aquello que se ha presentado. Sin perjuicio de ello, insistió en que los tiempos son importantes y que sería inconveniente enfrascarse en una discusión que impida avanzar en una normativa técnica requerida para afianzar nuestra política antártica, comprendiendo que en dicho territorio se va retrocediendo por el avance de otros países.

Asimismo, el señor Ministro de Relaciones Exteriores destacó los esfuerzos que contribuyen al avance científico, necesario para mantener el rol de liderazgo regional. Por otra parte, recalcó que no es posible separar la ciencia y la investigación de la industria vinculada al turismo antártico. En este sentido recordó que para Magallanes, y para el país entero, resulta indispensable posicionar a la ciudad de Punta Arenas como puerta de entrada natural a la Antártica.

El Ministro señor Espina, por su parte, recordó que sólo 1 de las 5 misiones de las Fuerzas Armadas dicen relación con la soberanía y la integridad territorial; las otras dicen relación con atención frente a catástrofes; operaciones de paz y cooperación internacional; apoyo social a territorios aislados; y, protección de intereses territoriales que no tienen que ver con conflictos bélicos. En este sentido, el señor Ministro instó a observar con confianza la posición de las Fuerzas Armadas en la Antártica. Adicionalmente, recordó que el nuevo buque antártico no tiene ningún objetivo bélico, sino científico, y a pesar de ello se encuentra financiado por el presupuesto de las Fuerzas Armadas y está siendo construido en ASMAR.

Del mismo modo, expresó que, comprendiendo las pretensiones planteadas por los señores diputados y la señora senadora, recordó que no contar con un marco regulatorio actualizado respecto del territorio chileno antártico es simplemente inaceptable, coincidiendo con lo señalado por el señor Ministro de Relaciones Exteriores respecto a su preocupación en materia de tiempos. Obviamente, afirmó, se requiere de mayor inversión en la Antártica, pero dicha discusión no debe seguir frenando el avance de un proyecto de ley que se requiere para establecer los principios conforme a los cuales el Estado de Chile conducirá su política antártica y ejercerá sus competencias en materia antártica.

Continuando con el estudio del proyecto, la Comisión en su sesión de fecha 22 de agosto de 2018, recibió al señor al señor Marcelo Leppe Cartes, Director Nacional del Instituto Antártico Chileno (INACH), quien manifestó que la institución fue creada por el Gobierno de Chile en 1964, como un organismo técnico dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores. Se rige por el DFL 82 (1979), que consigna su misión como la única entidad gubernamental encargada de incentivar, regular y ejecutar la investigación científica, tecnológica y de innovación en Antártica, representando a Chile en los diversos foros internacionales, asesorando al Gobierno de Chile en materias antárticas, promoviendo acciones para el empoderamiento de Punta Arenas como ciudad antártica y estimulando la apropiación, el conocimiento y la comprensión de la importancia del continente blanco para la vida de chilenos y chilenas.

El Tratado Antártico, recordó el señor Leppe, fue firmado en 1959 y entró en vigor el año 1961, consagrando los siguientes principios fundamentales: La libertad de investigación científica, tal como se había aplicado durante el Año Geofísico Internacional, previendo el intercambio de información y personal científico, así como de observaciones y resultados científicos; La utilización de la Antártica únicamente para fines pacíficos, prohibiéndose toda medida de carácter militar, tal como el establecimiento de bases y fortificaciones militares, entre otras. Se permite el empleo de personal y equipo militar con fines científicos u otros usos pacíficos; La prohibición de las explosiones nucleares y la eliminación de desechos radiactivos.

A continuación, el señor Leppe se refirió al Programa Nacional de Ciencia Antártica, destacando que desde el año 2006 el número de proyectos y las publicaciones antárticas se han disparado exponencialmente. El gran desafío, afirmó, es mantener una red de servicios y plataformas polares para potenciar la cooperación y la ciencia durante todo el año, pues actualmente, nuestras bases y laboratorios solo cuentan con presupuesto para funcionar el temporada estival, para lo cual se ha planteado un plan de renovación de 3 bases antárticas: Escudero, Yelcho y Carvajal, mediante un presupuesto de 70 millones de dólares, por 6 años.

Lo anterior, afirmó el señor Leppe, se torna crecientemente importante, pues la ciencia antártica se ha transformado en un argumento para ser miembro pleno del Tratado Antártico e influyente en sus foros subsidiarios. Las fortalezas de Chile en ciencia antártica se hallan en proyectos seleccionados con criterios de calidad, una posición privilegiada con un costo significativamente menor y en una red de bases en gradientes latitudinales. De no modernizar nuestra red latitudinal, advirtió el Director del INACH, perderemos el liderazgo y nuestra influencia que crecientemente ostentamos en los foros internacionales.

Asimismo, el expositor estimó que resulta necesaria una coordinación superior y una visión país del rol de península Fildes y sus bases Frei, Escudero, Fildes y Marsh, considerando eficiencia energética, impacto cero (basura, aguas residuales, emisiones gaseosas y material particulado) y una optimización en su funcionalidad para con el Programa Antártico Nacional. En efecto, es necesario desarrollar una visión geoestratégica basada en información científica moderna y actualizada, considerando que la exploración e investigación debe crecientemente tener plataformas dentro del círculo polar.

Finalmente, el señor Leppe recalcó que, junto con un plan estratégico que desarrolle infraestructura en apoyo a la ciencia, se debe fortalecer en la Política Antártica el concepto de Magallanes como hub logístico-turístico y punto de entrada natural al Continente Blanco, expresando, asimismo, en el marco del Estatuto Antártico, la vocación de Chile como país reclamante, garante del Tratado Antártico y su esencia como estado conocedor del contexto telúrico reclamado.

En su sesión de fecha 12 de septiembre de 2018, la Comisión recibió en audiencia al señor Cristián de la Maza Riquelme, Subsecretario de Defensa; al señor Julio Leiva Molina, Comandante en Jefe de la Armada de Chile; al señor Jorge Robles Mella, ex Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile; y al señor Jorge Peña Leiva, Contralor del Ejército de Chile.

El señor Julio Leiva, Comandante en Jefe de la Armada, manifestó que su exposición dice relación con informar a la Comisión respecto de las actividades que dicha repartición efectúa en la Antártica, colaborando así al mejor entendimiento del proyecto de ley. En este contexto, el Comandante manifestó que la presencia naval en la Antártica se remonta al año 1947, con la fundación de la Base Arturo Prat en la Isla Greenwich, contando actualmente con 5 bases, destacando que una de ellas se encuentra sólo a 1000 kilómetros del Polo Sur, la estación Científica Conjunta Glaciar Unión.

En materia de responsabilidades que le competen a la Armada de Chile, el señor Leiva recordó, entre otras: la responsabilidad de búsqueda y rescate a través de la 3era Zona Naval; Contribución a la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos; Mantenimiento de la señalización marítima en la zona antártica a fin de propiciar la navegación segura; Apoyo logístico a los operadores antárticos; Control naval de tráfico marítimo; Salvaguarda de la vida en el mar; Combate a la contaminación, Levantamientos hidrográficos e informes meteorológicos; apoyo y cooperación con otras naciones y a la comunidad científica en general.

Respecto a los desafíos futuros, el señor Leiva manifestó que la Armada debe seguir contribuyendo a que Chile sea un actor destacado e influyente dentro del Sistema del Tratado Antártico, incrementando las capacidades para ejercer un control efectivo sobre la seguridad de la vida humana en el mar, cuidando del medio ambiente y apoyando al trabajo científico. Asimismo, resulta importante la contribución al desarrollo de proyectos que potencien a la Región de Magallanes como puerta de entrada natural a la Antártica, como por ejemplo, el proyecto Dársena de Punta Arenas, la ampliación de muelles el Puerto Williams; y, la construcción de un nuevo rompehielos nacional en Asmar Talcahuano.

Por su parte, el señor Jorge Robles, ex Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, recalcó que la institución lleva 70 años operando en la Antártica cumpliendo un rol importante para el país y para el desarrollo científico-tecnológico de la zona, destacando el hito de la construcción del Aeródromo Teniente Rodolfo Marsh, en la Base Presidente Eduardo Frei Montalva, en el año 1980, que contribuyó a aumentar exponencialmente el desarrollo de dicho territorio. Asimismo, agregó que para la Fuerza Aérea la operación Antártica se extiende todo el año, contando con alrededor de 80 personas de forma permanente, alcanzando un promedio de 582 operaciones aéreas anuales, misma cantidad promedio que tiene la Isla de Pascua.

Respecto del proyecto de ley, el señor Robles destacó su importancia por las siguientes características: Consagra la definición de los operadores antárticos; La instancia del plan estratégico Antártico permite dimensionar y definir costos de las operaciones antárticas; Se coordinan de mejor forma las instituciones de defensa a través del respectivo Ministerio; Definición de un presupuesto separado de las instituciones antárticas; Establece el marco general del turismo antártico; Obliga a la evaluación de impacto ambiental de las operaciones antárticas, entre otras.

A su turno, el señor Jorge Peña Leiva, Contralor del Ejército de Chile, manifestó que la institución que representa se encuentra presente en el continente Antártico desde el año 1948, cuando fue inaugurada su Base Antártica “CGL Bernardo O’Higgins Riquelme” por el presidente Gabriel González Videla, primer Presidente en visitar el continente antártico. Desde ese año a la fecha son más de 1.100 integrantes del Ejército que han hecho soberanía efectiva en la Antártica. Asimismo, es importante tener presente, afirmó, que a pesar que el Ejército es una institución armada sus actividades en el continente blanco, no obedecen a actividades militares clásicas o normales, sino que es la manera en que la Institución, como parte del Estado, coloca sus capacidades en apoyo a la soberanía e interés nacional en apoyo a la ciencia, a la exploración y conocimiento del continente Antártico, todo ello para ratificar las reclamaciones nacionales sobre este continente. El Ejército, sentenció el expositor, cumple, apoya y está comprometido con que la Antártica siga siendo un continente pacífico.

En otro orden de ideas, el señor Peña indicó que el Ejército evalúa positivamente la iniciativa legal, pues consolida en un solo cuerpo normativo las obligaciones suscritas por Chile en convenios internacionales y otras de derecho interno que se relacionan con las actividades antárticas. Asimismo, se estima que el contenido de la iniciativa propone fortalecer la capacidad del Estado para preservar sus derechos e intereses en la zona, junto con ello, conseguir un accionar eficaz de las entidades públicas que tienen injerencia en la Antártica, estableciendo, además, el procedimiento para determinar el financiamiento de las actividades antárticas.

Por su parte, el señor Cristián de la Maza, Subsecretario de Defensa, reiteró que este proyecto de ley cumple con potenciar y consolidar la institucionalidad antártica nacional, mejorando su eficacia y eficiencia, mediante el establecimiento de una ley marco que permite ordenar y potenciar las actividades de Chile sobre el Continente Blanco.

Ante diversas consultas de los señores Diputados presentes en la sesión, el señor Robles, ex Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, manifestó que los desechos chilenos se transportan de vuelta al continente en el mes de marzo, en coordinación con la Armada, siendo cada país responsable del retiro de sus propios desechos. Sin perjuicio de ello, nuestro país ha entregado ayuda en casos excepcionales, estableciéndose los métodos de cobro asociados a dicha tarea.

El señor Leiva, Comandante en Jefe de la Armada, manifestó que la aprobación de un estatuto chileno antártico sería un tremendo avance desde el punto de vista institucional, pues la actual regulación de las actividades antárticas data de 1956, lo que hace necesario actualizarlo para contribuir a una mejor definición de operaciones y presupuestos sobre el Continente Blanco. Por otra parte, sobre las operaciones del INACH, el expositor indicó que efectivamente se cobra por sus consumos, para lo cual sus respectivos presupuestos contemplan recursos para este tipo de actividades. Finalmente, sobre la importancia de Magallanes, el señor Leiva indicó estar de acuerdo con el diputado señor Boric entendiendo que Punta Arenas es la puerta de entrada natural al Continente Blanco, razón por la cual resulta fundamental la participación de las autoridades regionales en el Consejo Antártico y la concreción de las obras relacionadas con la dársena de dicha ciudad, y los muelles de Puerto Williams.

Respecto al estado de las bases antárticas, los Comandantes en Jefe presentes coincidieron en la dificultad económica y material que significa mantenerlas. Al respecto, indicaron que uno de los grandes problemas dice relación con la antigüedad de las instalaciones eléctricas. Por otra parte, coincidieron en manifestar que algunos países, pese a enfrentar graves problemas económicos, han mantenido inalterables sus operaciones antárticas, comprendiendo la importancia de ellas desde el punto de vista global.

Concluyendo con el estudio en general del proyecto en Informe, la Comisión recibió en su sesión de fecha 3 de octubre de 2018, a la señora María Teresa Castañón Silva, Intendenta de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, quien destacó la posición privilegiada y el rol estratégico que cumple la Región de Magallanes y Antártica Chilena en los objetivos de potencial a Chile como la capital mundial para el desarrollo de la ciencia, consolidando la cooperación internacional y el fortalecimiento del turismo antártico.

En este escenario, la señora Castañón indicó que la estrategia regional de desarrollo, al año 2020, radica en lograr que la Región de Magallanes y Antártica Chilena, cuente con un crecimiento y desarrollo económico sostenido y sustentable, un sistema de leyes e incentivos especiales que articulará una visión integrada de desarrollo, lo que permitirá superar la pobreza, respetando la diversidad sociocultural, con empoderamiento ciudadano y una valoración del patrimonio natural y cultural, que otorgará un sello multicultural de la Patagonia Chilena. Ello redundará, agregó, en una alta integración territorial, con una conexión expedita con el territorio nacional, permitiendo que la Región sea una puerta de entrada nacional e internacional a la Antártica, insertando así a Magallanes al ámbito científico y tecnológico mundial.

Con este objetivo, destaco la expositora, la presencia de infraestructura de conectividad adecuada en la Región de Magallanes y Antártica Chilena adquiere relevancia por cuanto presenta condiciones naturales como puerta de entrada a este continente. El acceso a la Antártica se produce por medio marítimo-aéreo y la infraestructura existente debe estar en concordancia con las operaciones que allí se realizan. Asimismo, la Región deberá estar dotada de infraestructura de carácter internacional que den origen y fomento a la investigación, innovación, ciencia y tecnología en materias antárticas.

En materia de conectividad antártica, la señora Intendenta destacó las obras en ejecución del muelle Arturo Prat en Punta Arenas, la construcción de infraestructura portuaria multipropósito en Puerto Williams y en Bahía Fildes. A esto se suman una serie de proyectos de vialidad y mejoramiento de borde costero, principalmente en la Comuna de Cabo de Hornos; conservación mayor en etapa III y licitación del aeropuerto de Punta Arenas; mejoramiento integral del aeródromo Teniente Marsh en Territorio Antártico Chileno; normalización del aeródromo Guardiamarina Zañartu en Puerto Williams; Centro Subantártico Cabo de Hornos; Centro Antártico Internacional.

En particular respecto al proyecto de ley, la señora Intendenta manifestó que resulta importante tener presente que este proyecto de ley se enmarca y debe dar cumplimiento a las obligaciones internacionales contraídas por Chile respecto del Sistema del Tratado Antártico, el cual se conforma por un conjunto orgánico de normas jurídicas y políticas, con base en el Tratado Antártico de 1959 y otros acuerdos conexos.

En relación a las consideraciones particulares a la propuesta del Estatuto Chileno Antártico, la señora Castañón manifestó que, desde la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, se observa con gran anhelo la idea de legislar y las ideas matrices del proyecto promovido e impulsado por el Presidente Piñera durante su primer gobierno. Claro es que el Estatuto Chileno Antártico, agregó, tiene una aplicación especial en el Territorio Chileno Antártico en donde se deben respetar las obligaciones asumidas por Chile en el marco de los tratados internacionales que conforman el Sistema del Tratado Antártico. En tal sentido, es un hecho que la Antártica tiene una dimensión nacional, pero también una dimensión regional que se debe destacar. Asimismo, la Región coincide plenamente con los objetivos del proyecto, especialmente aquel referido en el artículo 1 consistente en “potenciar y regular la actividad antártica de Chile con pleno respeto al Sistema del Tratado Antártico, incrementando su calidad de prestador de servicios operativos y logísticos para la actividad antártica, e incentivando el desarrollo regional ligado a las actividades antárticas”.

Adicionalmente, agregó la señora Intendenta, resulta de suma relevancia que, dado los últimos cambios motivados por la ley Nº 21.074 sobre Fortalecimiento de la Regionalización del país, se haga una actualización de la ley Nº 11.846 “que dispone que corresponderá al Intendente de Magallanes el conocimiento y resolución de los asuntos administrativos referentes a la Antártida Chilena o Territorio Chileno Antártico” del año 1956. También es fundamental que estos cambios, sean introducidos en el proyecto de ley que crea el Estatuto Chileno Antártico de manera de visibilizar la relevancia e importancia de la región en plena armonía con la Política Antártica Nacional fijada por el Presidente de la República y el Sistema del Tratado Antártico.

Este proyecto, afirmó la señora Castañón, aspira a una mejor coordinación entre las distintas autoridades y entidades involucradas en la ejecución de la Política Antártica Nacional, por lo que resulta fundamental considerar un rol más activo de las autoridades políticas de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena. Es más, la Estrategia Regional de Desarrollo 2012-2020 estableció como lineamiento incrementar la calidad de prestador de servicios operativos y logísticos para la actividad antártica, en el que Punta Arenas y Puerto Williams han jugado un rol protagónico.

En todo lo demás, afirmó la señora Intendenta, el proyecto satisface en gran medida la necesidad que existe sobre una regulación especial en la Antártica.

En la ocasión, la Diputada señora Amar y el diputado señor Bianchi coincidieron con la opinión relacionada a que la Región de Magallanes y Antártica Chilena debe cumplir un rol preponderante en las decisiones respecto del Territorio Chileno Antártico, lo cual debería plasmarse con mayor intensidad en el proyecto de ley.

Por su parte, el diputado señor Alinco consideró que para cumplir con el objetivo de que la Antártica sea patrimonio del país resulta plenamente necesario hacer los esfuerzos para unir por tierra a la Región de Aysén y a la Región de Magallanes con el resto de Chile, planteamiento al que adhirió el diputado señor Von Mühlenbrock manifestando que existe una falta de conexión de la Antártica con el resto del territorio nacional, no solo terrestre sino también cultural. Por otra parte, manifestó tener la esperanza de que la aprobación de este proyecto significará la inyección de recursos frescos en favor de la Antártica.

El diputado señor Baltolu consideró que la Antártica debiese entenderse como un patrimonio nacional y no solo de la Región más austral de nuestro país. Por otra parte, y considerando la magnitud de los recursos asociados al desarrollo antártico, el diputado estimó que será complejo que el Ejecutivo deje entregada su administración a la autoridad regional.

A su turno, el diputado señor Kast coincidió con la opinión anterior, manifestando que si bien comprende el anhelo de las autoridades regionales por tener mayores facultades y recursos, la realidad es que las rentas regionales escapan de la administración de la antártica.

-- Sometido a votación el proyecto de ley, se aprobó la idea de legislar por 10 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.

Votaron a favor las diputadas señoras Amar, doña Sandra y Leuquén, doña Aracely; y los diputados señores Alinco, don René; Baltolu, don Nino; Berger, don Bernardo –en reemplazo de Kuschel, don Carlos Ignacio-; Bianchi, don Karim; Galleguillos, don Ramón; Kast, don Pablo; Mirosevic, don Vlado; y, Von Mühlenbrock, don Gastón.

IX.- DISCUSION PARTICULAR.

La Comisión inició la discusión particular del proyecto en Informe en su sesión de fecha 21 de noviembre recién pasado, oportunidad en la cual el señor Urquízar, Jefe de Gabinete del Ministro de Defensa Nacional, manifestó que las 45 indicaciones presentadas por el Ejecutivo tienen por objeto materializar las observaciones de los expositores durante las sesiones de la Comisión, basadas en 3 grandes líneas fundamentales: materializar y reforzar la soberanía de Chile en la Antártica, comprendiendo que la suscripción del Tratado Antártico no implica bajo ningún aspecto una renuncia a las reclamaciones territoriales en el Continente Blanco; Incorporación de un nuevo objetivo del estatuto que dice relación con fomentar la actividad antártica de Chile, promoviendo el desarrollo social y económico de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, incorporando además un Título tercero nuevo sobre los roles y las funciones del Gobierno Regional y del Delegado Presidencial de la Región de Magallanes y Antártica Chilena; y, establecer que la coordinación y la conducción de las Fuerzas Armadas en el Territorio Antártico debe ser coordinado y visado por el Ministerio de Defensa Nacional.

La Comisión acordó, al iniciar la votación particular, dar por aprobados todos los artículos que no fueron objeto de indicación. En dicha situación se encuentran los artículos 3° que paso a ser cuarto; 14 que paso a ser décimo sexto; 23 que paso a ser vigésimo octavo; 25 que paso a ser trigésimo; 28 que paso a ser trigésimo cuarto; 31 que paso a ser trigésimo octavo; 38 que paso a ser cuadragésimo cuarto; 41 que paso a ser cuadragésimo séptimo; 42 que paso a ser cuadragésimo octavo; 43 que paso a ser cuadragésimo noveno; 44 que paso a ser quincuagésimo; 45 que paso a ser quincuagésimo primero; 46 que paso a ser quincuagésimo segundo, y 47 que paso a ser quincuagésimo tercero, en virtud de la agregación de artículos nuevos durante dicha discusión particular.

ARTÍCULO 1.

“Título I

Disposiciones generales

Artículo. 1.- Objetivos.- La presente ley tiene como objetivos:

1. Preservar y mantener a la Antártica como una zona de paz, donde las actividades garanticen la protección y cuidado del medio ambiente antártico, y su condición de reserva natural, dedicada a la paz y a la ciencia.

2. Establecer los principios conforme a los cuales el Estado de Chile, a través de los órganos competentes, conduce la política antártica y ejerce sus competencias en materia antártica.

3. Potenciar y regular la actividad antártica de Chile con pleno respeto al Sistema del Tratado Antártico, incrementando su calidad de prestador de servicios operativos y logísticos para la actividad antártica, e incentivando el desarrollo regional ligado a las actividades antárticas.”.

-- El Ejecutivo presentó una indicación para modificar el artículo 1 de la siguiente manera:

“a) Para intercalar un numeral 1, nuevo, pasando el actual a ser 2 y así sucesivamente, del siguiente tenor:

“1. Proteger y fortalecer los derechos soberanos antárticos de Chile, con claros fundamentos geográficos, históricos, diplomático y jurídicos, a través del reforzamiento y profundización del Sistema del Tratado Antártico;”.

b) Para reemplazar en el numeral 2 nuevo la frase final “y a la ciencia” por la frase “y a la investigación científica”.

c) Para reemplazar en el numeral 4 nuevo la palabra “regional” por la frase “del país”.

d) Para incorporar un nuevo numeral 5 del siguiente tenor:

“5. Fomentar la actividad antártica de Chile, promoviendo el desarrollo social y económico de la Región de Magallanes y Antártica Chilena.”

El señor Urquízar manifestó que esta indicación dice relación con adecuaciones normativas y de nomenclatura similar al utilizado en el Tratado Antártico, así por ejemplo, se cambia el concepto “ciencia” por “investigación científica”. Asimismo, se explicita la necesidad de promover el desarrollo social y económico de la Región de Magallanes y Antártica Chilena a fin de fomentar la actividad antártica, como expresamente sugirieron los diputados de la Región, con el objeto de relevar la misión regional dentro del Estatuto Chileno Antártico.

-- Sometido a votación el artículo 1 del proyecto de ley, considerando la indicación del Ejecutivo, se aprobó por 8 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.

(Votaron a favor las diputadas señoras Amar, doña Sandra y Leuquén, doña Aracely; y los diputados señores Álvarez, don Sebastián (en reemplazo del señor Kast, don Pablo); Baltolu, don Nino; Galleguillos, don Ramón; Kuschel, don Carlos Ignacio; Mirosevic, don Vlado; y Von Mühlenbrock, don Gastón).

ARTÍCULO 2.

Artículo. 2.- Territorio Chileno Antártico.- Forman la Antártica Chilena o Territorio Chileno Antártico todas las tierras, islas, islotes, arrecifes, glaciares (pack-ice), y demás, conocidos y por conocerse, y el mar territorial respectivo, existentes dentro de los límites del casquete constituido por los meridianos 53º longitud Oeste de Greenwich y 90º longitud Oeste de Greenwich, conforme lo dispuso en el Decreto Supremo N° 1.747 del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 6 de noviembre de 1940, e incluye los espacios marítimos que le corresponden de conformidad con el derecho internacional.

-- El Ejecutivo presentó una indicación para modificar el artículo 2 de la siguiente manera:

“a) Para intercalar en el inciso primero, entre las palabras “territorial” y “respectivo” la frase “y Océano Austral”.

b) Intercalar un inciso segundo, nuevo, del siguiente tenor:

“Asimismo, quedan comprendidas las barreras de hielo, la plataforma continental, la plataforma continental extendida, y los espacios marítimos adyacentes conforme al Derecho Internacional.”.

c) Para agregar en el inciso segundo, que ha pasado a ser tercero, inmediatamente a continuación de la frase “efectos legales”, la oración “, sin perjuicio de la aplicación de los principios y normas del Sistema del Tratado Antártico”.”.

El señor Urquízar manifestó que este artículo tiene por objeto fijar el marco de acción del territorio chileno antártico, recogiendo lo que hoy día rige en el Decreto Supremo 1747 de 1940, modernizando y materializando los Tratados suscritos y ratificados por Chile, como la Convención del Derecho del Mar, todo dentro del marco del Sistema Antártico.

-- Sometido a votación el artículo 2 del proyecto de ley, considerando la indicación del Ejecutivo, se aprobó por 9 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.

(Votaron a favor las diputadas señoras Amar, doña Sandra y Leuquén, doña Aracely; y los diputados señores Álvarez, don Sebastián (en reemplazo del señor Kast, don Pablo); Baltolu, don Nino; Boric, don Gabriel; Galleguillos, don Ramón; Kuschel, don Carlos Ignacio; Mirosevic, don Vlado; y Von Mühlenbrock, don Gastón.).

ARTÍCULO 3 (NUEVO)

-- El Ejecutivo presentó una indicación para incorporar el siguiente artículo 3, nuevo, pasando el actual a ser 4 y así alterando los demás en su orden correlativo:

“Artículo 3.- Derechos soberanos sobre el Territorio Chileno Antártico. - La soberanía chilena se ejercerá con pleno respeto a las normas del Derecho Internacional y a los compromisos internacionales del Estado de Chile que se encuentren vigentes, en el marco del Sistema del Tratado Antártico, y en conformidad a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico chileno.”.

El señor Urquízar manifestó que el artículo nuevo tiene por objeto equilibrar el ejercicio de la soberanía sobre el territorio chileno antártico pero también con respeto a lo ya suscrito por nuestro país referido al Sistema del Tratado Antártico.

El diputado señor Boric manifestó que existen dudas en el mundo científico y técnico respecto al uso de la palabra “soberanía” sobre el territorio antártico, pues cuando se habla de derechos soberanos parecería que ello no fuese distinto al tipo de soberanía de la cual se goza sobre el resto del territorio nacional.

El señor Urquízar manifestó que la frase “derechos soberanos” no es una expresión creada por el Ejecutivo, sino que está expresamente señalada dentro del Sistema del Tratado Antártico. En efecto, la letra a) del artículo 4° del propio Tratado Antártico manifiesta que la suscripción del mismo, respecto de los contratantes, no afectará en modo alguno “sus derechos de soberanía territorial”.

-- Sometido a votación el artículo 3, nuevo, propuesto por la indicación precedente, se aprobó por 9 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.

(Votaron a favor las diputadas señoras Amar, doña Sandra y Leuquén, doña Aracely; y los diputados señores Álvarez, don Sebastián (en reemplazo del señor Kast, don Pablo); Baltolu, don Nino; Boric, don Gabriel; Galleguillos, don Ramón; Kuschel, don Carlos Ignacio; Mirosevic, don Vlado; y Von Mühlenbrock, don Gastón.).

ARTÍCULO 4 (que pasa a ser 5)

“Artículo. 4.- Definiciones.- Para los fines de esta Ley:

a) Antártica o Continente Antártico, comprende la tierra firme, sus masas y barreras de hielo, y las islas que se encuentran al Sur del paralelo 60° de latitud Sur y el Océano Austral que las circunda; lo anterior, sin perjuicio de los límites que, para sus efectos particulares, fijan el Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente y la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, y los demás acuerdos internacionales aplicables en el área.

b) Océano Austral, comprende todos los mares, cuerpos de aguas, cuencas oceánicas, y áreas marinas al Sur del paralelo 60° y coincide con los límites de aplicación del Tratado Antártico de 1959.

c) Convergencia Antártica, es la línea en el mar hasta la cual, por factores naturales tales como la salinidad del agua, las corrientes marinas y los cambios de temperatura, se extiende el ecosistema antártico, y que ha sido definida por el artículo I.4 de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos como límite Norte de la zona de aplicación de la Convención.

d) Sistema del Tratado Antártico, significa:

- El Tratado Antártico suscrito en Washington el 1 de diciembre de 1959, su Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente, suscrito en Madrid el 4 de octubre de 1991, y las Recomendaciones, Medidas, Decisiones y Resoluciones vigentes aprobadas en las Reuniones Consultivas del Tratado Antártico;

- La Convención para la Conservación de las Focas Antárticas suscrita en Londres el 28 de diciembre de 1972; y la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos suscrita en Canberra el 11 de septiembre de 1980, y las Medidas en vigor acordadas por la Comisión de esta última.

e) Evaluación de Impacto Ambiental de actividades antárticas, es el procedimiento destinado a determinar el impacto sobre el medio ambiente antártico o en los ecosistemas dependientes o asociados de las actividades o proyectos que se planifique desarrollar en la Antártica.

f) Áreas o Zonas Antárticas Especialmente Protegidas o Administradas, son aquellas áreas marinas o terrestres, incluido el suelo o el subsuelo, designadas como tales por las Partes Consultivas de conformidad al Anexo V del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente.

g) Tomar o toma, significa matar, herir, atrapar, manipular o molestar a un mamífero o ave autóctonos o retirar o dañar tales cantidades de plantas nativas que ello afecte significativamente a su distribución local o su abundancia, según ha sido definido por el Artículo 1° letra g) del Anexo II del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente.

h) Intromisión perjudicial, en conformidad al Artículo 1° letra h) del Anexo II del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, significa:

1) el vuelo o el aterrizaje de helicópteros y de otras aeronaves de tal manera que perturben la concentración de aves y focas;

2) la utilización de vehículos o embarcaciones, incluidos los aerodeslizadores y barcos pequeños, de manera que perturben la concentración de aves y focas;

3) la utilización de explosivos y armas de fuego de manera que perturben la concentración de aves y focas;

4) la perturbación intencionada de la cría y la muda del plumaje de las aves o de las concentraciones de aves y focas por cualquier persona a pie;

5) dañar de manera significativa la concentración de plantas terrestres nativas por el aterrizaje de aeronaves, por conducir vehículos o por caminar sobre dichas plantas o por cualquier otro medio; y

6) cualquier actividad que produzca una importante modificación negativa del hábitat de cualquier especie o población de mamíferos, aves, plantas o invertebrados autóctonos.

i) Región de responsabilidad de Búsqueda y Salvamento (SAR), es el área dentro de la cual corresponde a Chile, a través de sus instituciones, prestar servicios de búsqueda y salvamento en conformidad a los tratados internacionales vigentes.

j) Operador es toda persona natural o jurídica, institución u organismo sea estatal o no estatal, que organiza actividades a ser realizadas en la zona del Tratado Antártico. Un operador no incluye una persona natural que sea empleada, contratista, subcontratista o agente o que esté al servicio de una persona natural o jurídica, sea estatal o no estatal, que organiza actividades a ser realizadas en la zona del Tratado Antártico, y no incluye una persona jurídica que sea contratista o subcontratista que trabaje por cuenta y orden de un operador estatal.

k) Operador antártico es toda institución u organismo público, que organiza y desarrolla actividades operativas o logísticas a ser ejecutadas en la Antártica, contando con las autorizaciones prescritas en esta ley. Son operadores antárticos del Estado de Chile, el Instituto Antártico Chileno, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, y las Instituciones de las Fuerzas Armadas, dependientes del Ministerio de Defensa Nacional.”.

-- El Ejecutivo presentó una indicación para modificar el artículo 4 que ha pasado a ser 5 de la siguiente manera:

“a) Intercalar en el literal c) entre la palabra “es” y las frase “la línea en el mar”, la frase “el límite biogeográfico en”.

b) Intercalar en el literal e) entre la palabra “procedimiento” y la palabra “destinado”, la frase “científico, técnico y administrativo”.

c) Eliminar en el literal e) después de la palabra “determinar”, la palabra “el”.

d) Intercalar en el literal e) entre la palabra “determinar” y la palabra “impacto”, la palabra “cualquier”.

e) Agregar en el literal e) al final, después de la palabra “Antártica” la frase “, por la autoridad ambiental competente”.

f) Suprimir en el literal i) después de la palabra “corresponde” la palabra “a”.

g) Intercalar en el literal i) entre la palabra “corresponde” y la palabra “Chile”, la frase “al Estado de.”.

El señor Urquízar manifestó que las indicaciones dicen relación con precisiones para adecuar estas disposiciones a lo prescrito por el Tratado Antártico y las leyes nacionales.

-- Sometido a votación el artículo 4, que pasa a ser 5, considerando la indicación del Ejecutivo, se aprobó por 7 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.

(Votaron a favor las diputadas señoras Amar, doña Sandra y Leuquén, doña Aracely; y los diputados señores Álvarez, don Sebastián (en reemplazo del señor Kast, don Pablo); Baltolu, don Nino; Galleguillos, don Ramón; Kuschel, don Carlos Ignacio; y Von Mühlenbrock, don Gastón. Se abstuvo el diputado señor Boric, don Gabriel.).

El diputado señor Boric justificó su abstención indicando que si bien el artículo establece normas que son apropiadas, no toma en consideración un aspecto que debiera ser central a toda la iniciativa, a saber, la descentralización.

ARTÍCULO 5 (que pasa a ser 6)

“Título II

Institucionalidad Antártica Chilena

Artículo. 5.- Política Antártica Nacional.- La Política Antártica Nacional fijará los objetivos de Chile en la Antártica. Ella será propuesta por el Consejo de Política Antártica y fijada por el Presidente de la República, quien la promulgará mediante decreto supremo expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, y que llevará además las firmas de los Ministros de Defensa Nacional, Hacienda, Economía, Fomento y Turismo, y Medio Ambiente.

La Política Antártica Nacional deberá ser sometida a evaluación y actualizada, al menos, cada 10 años desde la fecha de su promulgación.

-- El Ejecutivo presentó una indicación para intercalar a continuación de la frase “firmas de los Ministros” la frase: “del Interior y Seguridad Pública,”.

-- Sometido a votación el artículo 5, que pasa a ser 6, considerando la indicación del Ejecutivo, se aprobó por 8 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.

(Votaron a favor las diputadas señoras Amar, doña Sandra y Leuquén, doña Aracely; y los diputados señores Álvarez, don Sebastián (en reemplazo del señor Kast, don Pablo); Baltolu, don Nino; Boric, don Gabriel; Galleguillos, don Ramón; Kuschel, don Carlos Ignacio; y Von Mühlenbrock, don Gastón.).

ARTÍCULO 6 (que pasa a ser 7)

“Artículo. 6.- Consejo de Política Antártica.- El Consejo de Política Antártica es el órgano colegiado de naturaleza interministerial, presidido por el Ministro de Relaciones Exteriores, que tiene por función proponer al Presidente de la República las bases políticas, jurídicas, científicas, económicas, medioambientales, logísticas, deportivas, culturales, y de difusión de la acción nacional en la Antártica y proponer los grandes lineamientos de la Política Antártica Nacional.

El Consejo podrá sesionar en las dependencias del Ministerio de Relaciones Exteriores, el que proporcionará los medios materiales para su funcionamiento.

Respecto a sus funciones e integración se regirá por lo dispuesto en el Estatuto Orgánico del Ministerio de Relaciones Exteriores.”.

-- El Ejecutivo presentó una indicación para intercalar, en su inciso primero, a continuación de la frase “El Consejo de Política Antártica”, la frase “, regulado en la ley N° 21.080 y, en su inciso segundo, después del punto aparte que pasa a ser seguido, la siguiente frase “Asimismo, podrá sesionar en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.”.

-- Sometido a votación el artículo 6, que pasa a ser 7, considerando la indicación del Ejecutivo, se aprobó por 6 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones.

(Votó a favor la diputada señora Leuquén, doña Aracely; y los diputados señores Álvarez, don Sebastián (en reemplazo del señor Kast, don Pablo); Galleguillos, don Ramón; Kuschel, don Carlos Ignacio; Mirosevic, don Vlado; y Von Mühlenbrock, don Gastón. Se abstuvo la diputada señora Amar, doña Sandra y el diputado señor Boric, don Gabriel.).

ARTÍCULO 7 (que pasa a ser 8)

“Artículo. 7.- Planes Estratégicos Antárticos.- Los Planes Estratégicos Antárticos tendrán una vigencia de 4 años, sin perjuicio que puedan ser modificados en un plazo menor si se estima necesario, y comprenderán las tareas y acciones concretas que se materializarán mediante el Programa Antártico Nacional de cada año. El Ministerio de Relaciones Exteriores los desarrollará en base a los objetivos que establezca la Política Antártica Nacional, siendo éstos necesarios para orientar la acción de los ministerios y entidades con competencias sectoriales en la materia.

Para su elaboración el Ministerio de Relaciones Exteriores se coordinará con los distintos ministerios y entidades con competencia antártica.”.

-- El Ejecutivo presentó una indicación para modificar el artículo 7 que ha pasado a ser 8 de la siguiente manera:

“a) Reemplazar en el inciso primero la expresión “tendrán una vigencia de 4 años, sin perjuicio que puedan ser modificados en un plazo menor si se estima necesario,” por la frase “tendrán una vigencia de a lo menos 4 años”.

b) Para intercalar entre la palabra “Nacional,” y la palabra “siendo” la frase “y deberán ser suscritos por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública”.

c) Para reemplazar el inciso segundo por el siguiente:

“Para la elaboración de los Planes Estratégicos Antárticos, el Ministerio de Relaciones Exteriores se coordinará con los distintos Ministerios y entidades con competencia antártica y someterá estos planes a la consideración del Consejo de Política Antártica.”.”.

El señor Urquízar manifestó que 2 de las 3 letras de la indicación precedente coinciden con indicaciones presentadas en el año 2017 por la ex Presidenta de la República, que dicen relación con la vigencia y duración de los planes estratégicos antárticos. Asimismo, la parte final de la indicación se hace cargo de la necesidad de que en los planes estratégicos antárticos el Ministerio de Relaciones Exteriores deba coordinarse con los distintos Ministerios y organismos con competencia antártica.

-- Sometido a votación el artículo 7, que pasa a ser 8, considerando la indicación del Ejecutivo, se aprobó por 8 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.

(Votaron a favor las diputadas señoras Amar, doña Sandra y Leuquén, doña Aracely; y los diputados señores Álvarez, don Sebastián (en reemplazo del señor Kast, don Pablo); Boric, don Gabriel; Galleguillos, don Ramón; Kuschel, don Carlos Ignacio; Mirosevic, don Vlado; y Von Mühlenbrock, don Gastón.).

ARTÍCULO 8 (que pasa a ser 9).

“Artículo. 8.- El Programa Antártico Nacional.- El Programa Antártico Nacional es el conjunto de tareas y actividades concretas que se planifican anualmente para las campañas antárticas en cumplimiento del Plan Estratégico Antártico en vigor y de los objetivos de la Política Antártica Nacional, que coordinará el Ministerio de Relaciones Exteriores, y estará constituido por las siguientes actividades:

a) Actividades definidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores para el cumplimiento de los objetivos de la Política Antártica Nacional, en atención a lo dispuesto en los Planes Estratégicos Antárticos.

b) Actividades de los operadores antárticos dependientes del Ministerio de Defensa Nacional en cuanto a la operación de sus bases y la logística propia, lo que informarán por intermedio del Ministerio de Defensa.

c) Actividades científicas y tecnológicas de investigación antártica en todas sus disciplinas, tanto ciencias naturales como ciencias sociales, jurídicas e históricas, coordinadas por el Instituto Antártico Chileno.

d) Cualquier otra actividad antártica nacional a cargo de entidades del Estado de Chile.

El Ministerio de Relaciones Exteriores requerirá el informe de las actividades programadas por cada operador que sea organismo u entidad estatal, los que deberán remitirlo a más tardar el 31 de agosto de cada año, para la confección del Programa Antártico Nacional que se ejecutará en la campaña antártica siguiente.”.

-- El Ejecutivo presentó una indicación para modificar el artículo 8 de la siguiente forma:

a) Reemplázase en su inciso primero la frase “en vigor” por la palabra “vigente”.

b) Suprímase en el literal a) la frase “por el Ministerio de Relaciones Exteriores”.

c) Intercálense en la letra b), a continuación de la palabra “bases”, las expresiones “, estaciones o refugios”.

d) Reemplázase en su literal d) la frase “entidades del Estado de Chile” por la frase “órganos de la administración del Estado, sin perjuicio de las atribuciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública para actuar autónomamente.”.

e) Para reemplazar el inciso segundo por el siguiente:

“A fin de confeccionar el Programa Antártico Nacional que se ejecutará cada año, el Ministerio de Relaciones Exteriores solicitará a los ministerios y entidades públicas, distintas del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y del Ministerio de Defensa Nacional y sus instituciones y organizaciones dependientes, que le informen, a más tardar el 31 de agosto de cada año, sobre sus actividades antárticas programadas para el año siguiente, en cumplimiento del Plan Estratégico correspondiente.”.”.

El señor Urquízar manifestó nuevamente que gran parte de esta indicación coincide con indicaciones presentadas en el año 2017 por la ex Presidenta de la República. Así por ejemplo, se modifica la palabra “bases” por la expresión “estaciones o refugios”, por cuanto, por ejemplo, el Glaciar Unión es una estación científica temporal y no una base propiamente tal.

-- Sometido a votación el artículo 8, que pasa a ser 9, considerando la indicación del Ejecutivo, se aprobó por 8 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.

(Votaron a favor las diputadas señoras Amar, doña Sandra y Leuquén, doña Aracely; y los diputados señores Álvarez, don Sebastián (en reemplazo del señor Kast, don Pablo); Boric, don Gabriel; Galleguillos, don Ramón; Kuschel, don Carlos Ignacio; Mirosevic, don Vlado; y Von Mühlenbrock, don Gastón.).

ARTÍCULO 9 (que pasa a ser 10)

“Artículo. 9.- Conducción de la Política Antártica, coordinación interministerial y representación internacional.- Al Ministerio de Relaciones Exteriores corresponde el conocimiento y coordinación de todos los asuntos relativos al Territorio Chileno Antártico y a la Antártica en general, velando por que las actividades que se desarrollen en dicho continente se ajusten a los lineamientos de la Política Antártica Nacional y sean acordes con las normas internacionales que obligan a Chile.

Asimismo, le corresponde colaborar con el Presidente de la República en la planificación, dirección, coordinación, ejecución, control e información de la política exterior de Chile en relación al Continente Antártico, y asumir la representación nacional ante las instancias del Sistema del Tratado Antártico y las relaciones bilaterales sobre la materia.

Los diversos ministerios y entidades estatales con competencia sectorial en las actividades antárticas coordinarán su labor por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores.”.

-- El Ejecutivo presentó una indicación para modificar el artículo 9 que ha pasado a ser 10 de la siguiente manera:

a) En su encabezado, intercálase entre la conjunción “y” y la palabra “representación” la frase “de la”.

b) En su inciso primero, intercálase entre la palabra “Ministerio” y “de” la frase “del Interior y Seguridad Pública y al Ministerio”.

c) En su inciso primero, intercálase a continuación de la palabra “corresponde” la frase “, según sus competencias,”.

d) En su inciso segundo, remplázase la frase “Asimismo, le corresponde” por la frase “Adicionalmente, al Ministerio de Relaciones Exteriores, le corresponde”.

e) Para agregar en el inciso final, entre las expresiones “Ministerio de Relaciones Exteriores” y el punto final (.), la oración “, con excepción del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y de los Operadores Antárticos dependientes del Ministerio de Defensa Nacional señalados en el artículo 15 de esta ley”.”.

El señor Urquízar manifestó que las indicaciones incluyen la incorporación de un nuevo título tercero, que reconoce funciones y roles al Gobierno y Delegado Regional. Para ello, en este artículo se requiere agregar al Ministerio del Interior y Seguridad Pública para los efectos de la coordinación de la política antártica. Por otra parte, recordó que el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene competencia específica para asumir la representación nacional ante las instancias del sistema del Tratado Antártico.

-- Sometido a votación el artículo 9, que pasa a ser 10, considerando la indicación del Ejecutivo, se aprobó por 8 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.

(Votaron a favor las diputadas señoras Amar, doña Sandra y Leuquén, doña Aracely; y los diputados señores Álvarez, don Sebastián (en reemplazo del señor Kast, don Pablo); Boric, don Gabriel; Galleguillos, don Ramón; Kuschel, don Carlos Ignacio; Mirosevic, don Vlado; y Von Mühlenbrock, don Gastón).

ARTÍCULO 10 (que pasa a ser 11)

“Artículo. 10.- Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores en materia antártica.- Serán competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores:

a) Supervisar y coordinar la ejecución de la Política Antártica Nacional.

b) Coordinar la realización de las actividades nacionales en la Antártica en el marco del Programa Antártico Nacional.

c) Asesorar al Presidente de la República en la conducción de los aspectos políticos y diplomáticos de la Política Antártica.

d) Mantener las relaciones multilaterales y bilaterales con los Estados, entidades internacionales, instancias y regímenes internacionales del Sistema del Tratado Antártico.

e) Velar por el cumplimiento de las normas del Sistema del Tratado Antártico, sin perjuicio de lo dispuesto en la letra d) del artículo 20 de la ley 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

f) Coordinar todos los asuntos referentes a la Antártica en que participen los diversos ministerios, organismos y reparticiones estatales con competencia en materia antártica,

g) Autorizar la realización de actividades no gubernamentales en la Antártica de conformidad a lo previsto en esta ley y su reglamento.”.

-- El Ejecutivo presentó una indicación para modificar el artículo 10 que ha pasado a ser 11 de la siguiente manera:

a) Para reemplazar en la letra d) la expresión “entidades internacionales, instancias” por “organizaciones internacionales, foros”.

b) Para modificar en la letra e) el número “20” por el número “70”.

c) Para incorporar un inciso final del siguiente tenor:

“Las funciones señaladas en el inciso anterior, se realizarán sin perjuicio de las competencias que tienen en el territorio antártico el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Ministerio de Defensa Nacional.”.”.

El señor Urquízar manifestó que este artículo regula específicamente las funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores en materia antártica, excepcionando aquellas que le son propias al Ministerio de Defensa Nacional o del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Además la indicación precisa, a solicitud del propio Ministerio de Relaciones Exteriores, que las relaciones bilaterales y multilaterales con los Estados puedan realizarse, eventualmente, a través de organismos internacionales, foros y regímenes internacionales del tratado antártico.

-- Sometido a votación el artículo 10, que pasa a ser 11, considerando la indicación del Ejecutivo, se aprobó por 8 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.

(Votaron a favor las diputadas señoras Amar, doña Sandra y Leuquén, doña Aracely; y los diputados señores Álvarez, don Sebastián (en reemplazo del señor Kast, don Pablo); Boric, don Gabriel; Galleguillos, don Ramón; Kuschel, don Carlos Ignacio; Mirosevic, don Vlado; y Von Mühlenbrock, don Gastón)

ARTÍCULO 12 NUEVO.

-- El Ejecutivo presentó una indicación para incorporar el siguiente artículo 12, nuevo, pasando el actual artículo 11 a ser 13, y así sucesivamente:

“Artículo 12.- Funciones del Ministerio de Defensa Nacional en materia antártica. - Será competencia específica del Ministerio de Defensa Nacional planificar, coordinar y ejercer la dirección de las actividades antárticas que efectúen las Fuerzas Armadas y entidades dependientes de la Defensa Nacional.

Estas competencias del Ministerio de Defensa Nacional, así como el empleo de su personal o equipo militar, deberán desarrollarse tomando en consideración que la Antártica se utilizará exclusivamente para fines pacíficos.”.

El señor Urquízar manifestó que esta indicación también coincide con las propuestas del año 2017 de la ex Presidenta de la República, y que tiene por objeto definir expresamente que la actuación de las Fuerzas Armadas en la Antártica debe obedecer las directrices del Ministerio de Defensa Nacional. Por otra parte, agregó, que la indicación tiende a establecer explícitamente que las competencias del Ministerio de Defensa Nacional deben desarrollarse tomando en consideración que la Antártica se utilizará exclusivamente para fines pacíficos.

-- El diputado señor Boric, presentó una indicación, que contó con la autorización unánime de la Comisión, para agregar la frase “y científicos.”, después del punto final.

-- Sometido a votación el artículo 12, nuevo, considerando la indicación del diputado señor Boric, se aprobó por 8 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.

(Votaron a favor las diputadas señoras Amar, doña Sandra y Leuquén, doña Aracely; y los diputados señores Álvarez, don Sebastián (en reemplazo del señor Kast, don Pablo); Boric, don Gabriel; Galleguillos, don Ramón; Kuschel, don Carlos Ignacio; Mirosevic, don Vlado; y Von Mühlenbrock, don Gastón).

ARTÍCULO 11 (que pasa a ser 13)

“Artículo. 11.- Operadores Antárticos.- Los operadores antárticos del Estado de Chile serán los encargados de organizar y realizar las actividades operativas o logísticas que el país desarrollará en la Antártica, así como la mantención de sus bases y estaciones en el Continente Blanco, debiendo planificar y organizar su labor en coherencia con el Programa Antártico Nacional y en conformidad a los lineamientos que establezca el Consejo de Política Antártica.”

-- El Ejecutivo presentó una indicación para modificar el artículo 11 que ha pasado a ser 13 de la siguiente manera:

“a) Para reemplazar la frase “actividades operativas o logísticas” por la expresión “actividades operativas, logísticas y científicas”.

b) Para eliminar la expresión “en el Continente Blanco”.”

El señor Urquízar manifestó que este artículo consagra el rol de los operadores antárticos y que la indicación agrega específicamente que ellos son los encargados de las actividades científicas que se desarrollan en el territorio. Consultado por la eliminación del concepto “Continente Blanco”, el señor Urquízar manifestó que sólo se trata de una adecuación de texto.

-- Sometido a votación el artículo 11, que pasa a ser 13, considerando la indicación del Ejecutivo, se aprobó por 8 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.

(Votaron a favor las diputadas señoras Amar, doña Sandra y Leuquén, doña Aracely; y los diputados señores Álvarez, don Sebastián (en reemplazo del señor Kast, don Pablo); Boric, don Gabriel; Galleguillos, don Ramón; Kuschel, don Carlos Ignacio; Mirosevic, don Vlado; y Von Mühlenbrock, don Gastón).

ARTÍCULO 12 (que pasa a ser 14)

“Artículo. 12.- El Instituto Antártico Chileno.- El Instituto Antártico Chileno, en adelante “INACH”, tiene por principal misión planificar, coordinar, autorizar y realizar la actividad científica, tecnológica y de difusión en materias antárticas, y se rige por su estatuto orgánico. Para cumplir con su misión realizará y organizará todas las actividades operativas y logísticas que sean necesarias.

El Instituto Antártico Chileno en el cumplimiento de su respectiva misión institucional, podrá coordinarse directamente con los operadores antárticos dependientes del Ministerio de Defensa Nacional para los fines operativos y logísticos.”.

-- El Ejecutivo presentó una indicación para eliminar su inciso segundo.

El señor Urquízar manifestó que dicha eliminación se propone a fin de propiciar la coordinación interministerial directa, para que el INACH pueda desarrollar su función con mayor exclusividad.

El diputado señor Boric sugirió rechazar la indicación propuesta, en la medida en que siendo el INACH uno de los pocos organismos descentralizados del país, resulta positivo que en el proyecto quede explicita la iniciativa del Instituto de poder coordinarse directamente con los operadores antárticos.

-- Sometida a votación la indicación precedente, para eliminar el inciso segundo del artículo 12, que pasa a ser 14, se rechazó por 0 votos a favor, 8 en contra y ninguna abstención.

(Votaron en contra las diputadas señoras Amar, doña Sandra y Leuquén, doña Aracely; y los diputados señores Álvarez, don Sebastián (en reemplazo del señor Kast, don Pablo); Boric, don Gabriel; Galleguillos, don Ramón; Kuschel, don Carlos Ignacio; Mirosevic, don Vlado; y Von Mühlenbrock, don Gastón).

ARTÍCULO 13 (que pasa a ser 15)

“Artículo. 13.- Los operadores antárticos dependientes del Ministerio de Defensa Nacional.- Los operadores antárticos dependientes del Ministerio de Defensa Nacional coordinarán sus actividades a través de dicho Ministerio, las que se regirán por los objetivos de la Política Antártica Nacional y los planes estratégicos que se elaboren para su cumplimiento.

La coordinación operativa y logística entre las Fuerzas Armadas se realizará a través del Estado Mayor Conjunto, y la coordinación de estos Operadores y los demás ministerios con competencias en la materia, se efectuará por medio de la Subsecretaría de Defensa, con excepción de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 12, y sin perjuicio que en este último caso las Fuerzas Armadas deberán informar a la brevedad a dicha subsecretaría al respecto.”.

-- El Ejecutivo presentó una indicación para modificar el artículo 13 que ha pasado a ser 15 de la siguiente manera:

a) Para reemplazar el inciso segundo por el siguiente:

“La coordinación operativa y logística entre las Fuerzas Armadas se realizará a través del Estado Mayor Conjunto, y la coordinación entre estos Operadores y los demás ministerios con competencias en la materia, se efectuará por medio de la Subsecretaría de Defensa”.

b) Para incorporar el siguiente inciso final, nuevo.

“En la ejecución del Programa Científico Nacional, los operadores antárticos dependientes del Ministerio de Defensa Nacional podrán prestar servicios de apoyo y operacionales al Instituto Antártico Chileno.”.”.

-- Sometida a votación el artículo 13, que ha pasado a ser 15, considerando la letra a) de la indicación del Ejecutivo, se aprobó por 8 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.

(Votaron en contra las diputadas señoras Amar, doña Sandra y Leuquén, doña Aracely; y los diputados señores Álvarez, don Sebastián (en reemplazo del señor Kast, don Pablo); Boric, don Gabriel; Galleguillos, don Ramón; Kuschel, don Carlos Ignacio; Mirosevic, don Vlado; y Von Mühlenbrock, don Gastón).

Respecto a la letra b) de la indicación precedente, el señor Urquízar explicó que rechazada la indicación que eliminaba el inciso segundo del artículo anterior, se produce una duplicidad de disposiciones respecto a la relación del INACH con los operadores antárticos.

Los diputados señores Boric y Kuschel coincidieron en dejar vigentes ambas disposiciones.

El señor Urquízar manifestó que es factible aprobar ambas disposiciones, en la medida en que se comprenda que se trata de normas complementarias. En efecto, una dice relación con la iniciativa de coordinación desde el INACH hacia los operadores antárticos; y la otra, la facultad de las Fuerzas Armadas para coordinarse con el Instituto Chileno Antártico.

-- Sometida a votación el artículo 13, que ha pasado a ser 15, considerando la letra b) de la indicación del Ejecutivo, se aprobó por 8 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.

(Votaron en contra las diputadas señoras Amar, doña Sandra y Leuquén, doña Aracely; y los diputados señores Álvarez, don Sebastián (en reemplazo del señor Kast, don Pablo); Boric, don Gabriel; Galleguillos, don Ramón; Kuschel, don Carlos Ignacio; Mirosevic, don Vlado; y Von Mühlenbrock, don Gastón).

Título III Nuevo

-- El Ejecutivo presentó una indicación para incorporar un título III nuevo, del siguiente tenor: “Título III Gobierno y Administración Interior del Territorio Chileno Antártico”, pasando el actual título III a ser IV y así correlativamente.

El señor Urquízar, Jefe de Gabinete del Ministro de Defensa Nacional, manifestó que la incorporación de este título es coherente con la decisión de desconcentrar las actividades antárticas, otorgando una mayor participación e injerencia al Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena, dando cumplimiento a lo propuesto por las señoras y señores Parlamentarios en el sentido de dar mayor relevancia a la referida mención en desarrollo de las actividades antárticas.

-- Sometida a votación la indicación del Ejecutivo, que incorpora un nuevo título III, se aprobó por 8 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.

(Votaron a favor la diputada señora Amar, doña Sandra; y los diputados señores Bianchi, don Karim; Boric, don Gabriel; Calisto, don Miguel Ángel; Galleguillos, don Ramón; Kast, don Pablo; Kuschel, don Carlos Ignacio; y Von Mühlenbrock, don Gastón.).

Artículo 17, nuevo

-- El Ejecutivo presentó una indicación para incorporar el siguiente artículo 17, nuevo:

“Artículo 17.- Atribuciones del Delegado Presidencial Regional de la Región de Magallanes y Antártica Chilena.- El Delegado Presidencial Regional de la Región de Magallanes y Antártica Chilena coordinará las iniciativas en la Antártica por instrucción del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, informando al Ministerio de Relaciones Exteriores. En particular le corresponderá:

a) Velar por el cumplimiento de la normativa nacional e internacional aplicable en la Antártica;

b) Difundir las disposiciones y medidas de protección al medioambiente antártico;

c) Administrar, según corresponda, los fondos que se destinen a actividades antárticas de gobierno interior;

d) Ejecutar y supervisar aquellas tareas que le disponga el Consejo de Política Antártica;

e) Facilitar la coordinación entre las autoridades de las bases antárticas chilenas;

f) Recibir las denuncias por infracciones a esta ley, a las normas de protección del medioambiente antártico o a la legislación general chilena por hechos acontecidos en la Antártica, sin perjuicio de las atribuciones de las demás autoridades competentes en la materia; y,

g) Toda otra facultad que le encomiende la legislación vigente.

En el ejercicio de sus funciones el Delegado Presidencial de la Región de Magallanes y Antártica Chilena deberá cumplir sus cometidos de forma coordinada con los órganos de la Administración del Estado, incluido el Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena, propendiendo a la unidad de acción y evitando la duplicación o interferencia de funciones, conforme al artículo 5 de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

El señor Urquízar manifestó que este artículo consagra las atribuciones del Delegado Presidencial Regional de Magallanes y Antártica Chilena, a fin de reafirmar la plena vigencia en el territorio antártico de sus facultades en materia de gobierno interior, resultando relevante establecer expresamente un principio general de actuación coordinada entre el Delegado Presidencial y el Gobernador Regional de Magallanes y Antártica Chilena, tal y como se consagra en la ley de Bases Generales de la Administración del Estado, especialmente cuando el Gobernador será elegido y el Delegado será designado, pudiendo, en consecuencia, no ser de la misma línea política.

-- Sometida a votación la indicación precedente del Ejecutivo, se aprobó por 10 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.

(Votaron a favor las diputadas señoras Amar, doña Sandra y Leuquén, doña Aracely; y los diputados señores Alinco, don René; Baltolu, don Nino; Boric, don Gabriel; Calisto, don Miguel Ángel; Galleguillos, don Ramón; Kuschel, don Carlos Ignacio; Mirosevic, don Vlado; y Von Mühlenbrock, don Gastón.).

Artículo 18, nuevo

-- El Ejecutivo presentó una indicación para incorporar el siguiente artículo 18, nuevo:

“Artículo 18.- Atribuciones del Gobierno Regional de la Región de Magallanes y Antártica Chilena en la Antártica Chilena.- El Gobierno Regional de la Región de Magallanes y Antártica Chilena ejercerá sus atribuciones en conformidad a la ley Nº 19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional. En particular le corresponderá:

a) Promover la identidad antártica.

b) Decidir la destinación de fondos regionales a proyectos específicos a desarrollarse en el territorio antártico.

c) Adoptar las medidas necesarias para enfrentar situaciones de emergencia o catástrofe, dentro de su competencia.

d) Fomentar y velar por la protección, conservación y mejoramiento del medio ambiente en el territorio antártico.

e) Fomentar, respetando el ecosistema y el derecho internacional, el turismo en el territorio antártico.

f) Promover la investigación científica y tecnológica.

g) Fomentar, financiar y difundir actividades culturales en el territorio antártico.

h) Promover actividades deportivas en el territorio antártico.

i) Toda otra facultad que le encomiende la legislación vigente.

Las resoluciones que adopte el Gobierno Regional para ejercer una o más de sus atribuciones en materia antártica, deberán ejecutarlas en forma coherente con las políticas públicas nacionales vigentes, correspondiendo al ministro respectivo velar por aquello. Para estos efectos se entenderá que existe dicha coherencia cuando el ejercicio de funciones por el gobierno regional no contradiga las políticas públicas nacionales y sea compatible con los principios o definiciones establecidas en aquéllas.

Asimismo, en dicho ejercicio, se deberá actuar coordinadamente, propendiendo a la unidad de acción, evitando la duplicación o interferencia de funciones, en cumplimiento del artículo 5° de la ley Nº 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, promulgado el año 2000 y publicado el año 2001.”.”

El señor Urquízar manifestó que este artículo nuevo consagra las atribuciones del Gobernador Regional de Magallanes y Antártica Chilena, respondiendo a la necesidad de otorgar una mayor participación al gobierno regional en materia antártica.

-- Sometida a votación la indicación del Ejecutivo, que incorpora un artículo 18 nuevo, se aprobó por 8 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.

(Votaron a favor la diputada señora Amar, doña Sandra; y los diputados señores Bianchi, don Karim; Boric, don Gabriel; Calisto, don Miguel Ángel; Galleguillos, don Ramón; Kast, don Pablo; Kuschel, don Carlos Ignacio; y Von Mühlenbrock, don Gastón.).

Artículo 15 que pasa a ser 19

“Título III (que ha pasado a ser IV)

Financiamiento de la actividad antártica nacional

Artículo. 15.- Financiamiento para las actividades en la Antártica.- La Ley de Presupuesto del Sector Público deberá consultar anualmente recursos para financiar la actividad antártica nacional de los Operadores Antárticos referidos en el literal k) de artículo 4° de la presente ley.”.

-- El Ejecutivo presentó una indicación para Intercalar, a continuación de la palabra “nacional,” y antes de la frase “de los”, la palabra “especialmente”.

El señor Urquízar manifestó que, en consideración de la periodicidad de la planificación de las actividades antárticas, es la ley de presupuestos el mecanismo de financiamiento más adecuado.

-- Sometido a votación el artículo 15 que ha pasado a ser 19, con la indicación del Ejecutivo, se aprobó por 8 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.

(Votaron a favor la diputada señora Amar, doña Sandra; y los diputados señores Bianchi, don Karim; Boric, don Gabriel; Calisto, don Miguel Ángel; Galleguillos, don Ramón; Kast, don Pablo; Kuschel, don Carlos Ignacio; y Von Mühlenbrock, don Gastón.).

Artículo 16 que pasa a ser 20

“Título IV (que pasa a ser V)

Regulación de actividades antárticas

Artículo. 16.- Uso y explotación de la Antártica y sus recursos.- La Antártica se utilizará exclusivamente para fines pacíficos, y con pleno respeto a los principios de protección ambiental y demás regulaciones impuestas por la presente ley, el Sistema del Tratado Antártico, y otras disposiciones del derecho nacional e internacional que resulten aplicables.

Su uso pacífico incluye las actividades científicas, tecnológicas, comerciales, deportivas, artísticas y culturales, y en general aquellas actividades que puedan realizarse de un modo racional y sustentable, y que sean planificadas y realizadas de forma que se prevenga y limite el impacto perjudicial sobre el medio ambiente antártico y los ecosistemas dependientes y asociados.”

-- El Ejecutivo presentó una indicación para modificar el artículo 16 que pasa a ser 20 de la siguiente manera:

a) Intercálase en su inciso segundo a continuación de la palabra “comerciales,” la palabra “turísticas,”.

b) Reemplázase en su inciso segundo la palabra “sustentables” por la palabra “sostenible”.

El señor Urquízar manifestó que el objetivo de este artículo es adecuar las prescripciones de la ley conforme al lenguaje que utiliza el Tratado Antártico y el Sistema Antártico en su conjunto.

El diputado señor Boric sugirió agregar, después de la palabra “pacíficos”, la frase: “y científicos”.

El diputado señor Kast consideró redundante dicha adición, considerando que en el segundo inciso del mismo artículo define a las actividades científicas dentro de las pacíficas.

-- Sometido a votación el artículo 16 que ha pasado a ser 20, con la indicación del Ejecutivo, se aprobó por 8 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.

(Votó a favor la diputada señora Amar, doña Sandra; y los diputados señores Bianchi, don Karim; Boric, don Gabriel; Calisto, don Miguel Ángel; Galleguillos, don Ramón; Kast, don Pablo; Kuschel, don Carlos Ignacio; y Von Mühlenbrock, don Gastón).

Artículo 17 que pasa a ser 21

“Artículo. 17.- Actividades prohibidas.- Está prohibido en la Antártica:

1) Efectuar explosiones nucleares y eliminar desechos radioactivos.

2) Realizar cualquier actividad relacionada con los recursos minerales, salvo la investigación científica, a menos que entre en vigor un régimen internacional jurídicamente obligatorio sobre tales actividades.

3) Introducir perros en el área del Tratado Antártico.

4) Descargar en el mar hidrocarburos petrolíferos o mezclas petrolíferas, de conformidad a lo previsto en el artículo 3 del Anexo IV del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente.

5) Descargar en el mar sustancias nocivas líquidas de conformidad a lo previsto en el artículo 4 del Anexo IV del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente.

6) Eliminar en el mar todo tipo de basura, de conformidad a lo previsto en el artículo 5 del Anexo IV del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente.

7) Descargar en el mar aguas residuales de conformidad a lo previsto en el artículo 6 del Anexo IV del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente.

8) Dañar, trasladar o destruir un sitio o monumento nacional o un sitio o monumento histórico designado en conformidad al Sistema del Tratado Antártico.

9) Cazar, capturar o sacrificar focas de conformidad a lo previsto en el punto 4 del Apéndice I de la Convención para la Conservación de las focas antárticas.

10) Realizar una actividad en la Antártica sin contar con las autorizaciones y evaluación del impacto ambiental previstas en esta ley, cuando corresponda.

La ejecución de cualquiera de las acciones prohibidas en este artículo se sancionará conforme dispone el Título VI de esta ley.”.

-- El Ejecutivo presentó una indicación para Para modificar el artículo 17 que pasa a ser 21 de la siguiente manera:

a) En su numeral 2), agrégase a continuación del punto aparte, que se elimina, la frase “y condiciones en que ellas podrán ser aceptadas y que salvaguarde los derechos soberanos antárticos chilenos.”.

b) Reemplázase su numeral 3) por el siguiente:

“3) Introducir especies animales o vegetales no nativas o exóticas, salvo los casos especialmente contemplados en el artículo 37 y cumpliendo las condiciones que allí se prescribe.”.

c) Reemplázase su numeral 6) por el siguiente:

“6) Eliminar todo tipo de basura y residuos en cualquier sector de la Antártica y sus mares circundantes, salvo en los casos especialmente autorizados por el Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, sus Anexos o las normas internacionales sobre navegación marítima.”.

d) Reemplázase su numeral 10) por el siguiente:

“10) Toda captura, acción deliberada o interferencia dañina, a los albatros y petreles, sus huevos o sus sitios de nidificación, salvo en los casos expresamente autorizados por el Acuerdo sobre la Conservación de Albatros y Petreles y sus Anexos.”.

e) Agrégase un numeral 11) nuevo, del siguiente tenor:

“11) Y, en general, realizar cualquier tipo de actividad sin contar con las autorizaciones y evaluaciones ambientales correspondientes.”.”.

El señor Urquízar manifestó que este artículo sistematiza diversas prohibiciones contempladas en el Tratado Antártico, Protocolo y Anexos. Principalmente, responde al artículo 7° del protocolo al Tratado Antártico sobre Protección al Medio Ambiente.

El diputado señor Kast preguntó respecto a que ocurre con los perros u otros animales de asistencia, por ejemplo, el caso de un perro lazarillo, ¿estaría inhabilitado para ingresar a la Antártica?

El señor Urquízar manifestó que existe la posibilidad de autorizar el ingreso de animales no nativos o exóticos al territorio, en la medida en que ello sea autorizado por el Instituto Chileno Antártico.

-- Sometido a votación el artículo 17 que ha pasado a ser 21, con la indicación del Ejecutivo, se aprobó por 8 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.

(Votaron a favor la diputada señora Amar, doña Sandra; y los diputados señores Bianchi, don Karim; Boric, don Gabriel; Calisto, don Miguel Ángel; Galleguillos, don Ramón; Kast, don Pablo; Kuschel, don Carlos Ignacio; y Von Mühlenbrock, don Gastón).

Artículo 18 que pasa a ser 22

“Artículo. 18.- Actividades que requieren autorización previa.- Está prohibido en la Antártica, a menos que se cuente con autorización expresa del Instituto Antártico Chileno:

1) Ingresar a una Zona Antártica Especialmente Protegida designada en conformidad a lo previsto en el Anexo V del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente.

2) Efectuar una toma o intromisión perjudicial respecto a la fauna y flora antártica y en particular respecto de las Especies Especialmente Protegidas, según lo previsto en el Anexo II del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente.

3) Introducir en la Antártica especies animales o vegetales no nativas o endémicas.

4) Introducir en la Antártica productos o elementos químicos potencialmente dañinos para el medio ambiente.

Un reglamento expedido por el Ministerio de Medio Ambiente y que llevará además la firma del Ministro de Relaciones Exteriores, establecerá los requisitos para la autorización de las acciones descritas anteriormente, en concordancia a lo previsto en el Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente y sus anexos y fijará el procedimiento administrativo para su otorgamiento.”.

-- El Ejecutivo presentó una indicación para modificarlo en el siguiente sentido:

a) Agrégase en su numeral 2) a continuación de la frase “flora antártica” y antes de la frase “y en particular”, la frase “conforme a las definiciones de la presente ley”.

b) Reemplázase en su numeral 3) la palabra “endémicas” por “exóticas”.

-- Sometido a votación el artículo 18 que ha pasado a ser 22, con la indicación del Ejecutivo, se aprobó por 8 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.

(Votaron a favor la diputada señora Amar, doña Sandra; y los diputados señores Bianchi, don Karim; Boric, don Gabriel; Calisto, don Miguel Ángel; Galleguillos, don Ramón; Kast, don Pablo; Kuschel, don Carlos Ignacio; y Von Mühlenbrock, don Gastón).

Artículo 19 que pasa a ser 23

“Artículo. 19.- Autorización para realizar actividades antárticas no estatales.- Toda actividad a desarrollarse en la Antártica por nacionales o extranjeros residentes requerirá la autorización previa del Ministerio de Relaciones Exteriores, excepto las actividades pesqueras o de extracción reguladas en el artículo 25 y las actividades científicas reguladas en el artículo 21 de la presente ley.

De la misma forma, requerirá esta autorización toda actividad en la Antártica que realice o en la que participe una persona extrajera, en los casos indicados en el artículo 3 letra b) de la presente ley.

Un reglamento expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores determinará el procedimiento para solicitar y obtener las autorizaciones a las que se refiere este artículo.”.

-- El Ejecutivo presentó indicación para modificar el artículo 19 que pasa a ser 23 de la siguiente manera:

a) Reemplázase en su inciso primero la frase “del Ministerio de Relaciones Exteriores” por la frase “de las autoridades competentes.”.

b) En su inciso primero reemplázase el número “25” por el número “30”.

c) En su inciso primero reemplázase el número “21” por el número “25”.

d) En su inciso segundo reemplázase la referencia hecha al “artículo 3” por “artículo 4”.

e) En su inciso tercero, a continuación de la frase “Ministerio de Relaciones Exteriores” agrégase la frase “y suscrito por los Ministerios del Interior y Seguridad Pública, Defensa Nacional, Economía, Fomento y Turismo, y de Medio Ambiente,”.

El señor Urquízar manifestó que el artículo consagra la obligación de las personas u organismos que quieran desarrollar una actividad antártica no estatal de contar con las autorizaciones respectivas, debiendo solicitar dicha autorización a la autoridad competente según la actividad que se trate.

-- Sometido a votación el artículo 19 que ha pasado a ser 23, con la indicación del Ejecutivo, se aprobó por 8 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.

(Votaron a favor la diputada señora Amar, doña Sandra; y los diputados señores Bianchi, don Karim; Boric, don Gabriel; Calisto, don Miguel Ángel; Galleguillos, don Ramón; Kast, don Pablo; Kuschel, don Carlos Ignacio; y Von Mühlenbrock, don Gastón).

Artículo 20 que pasa a ser 24

“Artículo. 20.- Realización de actividades estatales en la Antártica.- Toda actividad realizada por órganos o entidades estatales, excepto las actividades exclusivamente operativas y logísticas realizadas por los Operadores Antárticos y aquellas señaladas en el Artículo 21 y siguientes, deberán ser informadas al Ministerio de Relaciones Exteriores por la entidad estatal a cargo de su planificación.

Si dicha Secretaría de Estado estima que la actividad pudiere producir algún tipo de contingencia o responsabilidad internacional, deberá emitir un informe indicando las consecuencias jurídicas o políticas adversas a la realización de ésta, proponiendo los cambios en su planificación para el cumplimiento de las normas internacionales que obligan a Chile.”

-- El Ejecutivo presentó indicación para modificar el artículo 20 que pasa a ser 24 de la siguiente manera:

a) Reemplázase, en su inciso primero, la palabra “excepto” por la frase “con excepción de las que realice el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y”.

b) En su inciso primero, reemplázase la referencia hecha al artículo “21” por “25”.

c) En su inciso segundo, elimínase la frase final “, proponiendo los cambios en su planificación para el cumplimiento de las normas internacionales que obligan a Chile.”.”.

Este artículo, afirmó el señor Urquízar, consagra la obligación de informar toda actividad desarrollada por órganos o entidades estatales al Ministerio de Relaciones Exteriores. Se exceptúan las efectuadas por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y las de carácter operativa o logística.

-- Sometido a votación el artículo 20 que ha pasado a ser 24, con la indicación del Ejecutivo, se aprobó por 8 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.

(Votaron a favor la diputada señora Amar, doña Sandra; y los diputados señores Bianchi, don Karim; Boric, don Gabriel; Calisto, don Miguel Ángel; Galleguillos, don Ramón; Kast, don Pablo; Kuschel, don Carlos Ignacio; y Von Mühlenbrock, don Gastón).

Artículo 21 que pasa a ser 25

“Artículo. 21.- Autorización y coordinación de las actividades científicas y tecnológicas antárticas.- El Estado de Chile, a través de los distintos Ministerios y organismos con competencia en materia antártica, dará prioridad a la investigación científica y tecnológica y a la preservación de la Antártica como una zona para la realización de tales investigaciones.

Corresponderá al INACH planificar, coordinar, orientar y controlar las actividades científicas y tecnológicas que los organismos del Estado o particulares realicen en el Territorio Chileno Antártico o en el resto del Continente Antártico.

Toda actividad científica o tecnológica a realizarse en la Antártica por nacionales o extranjeros residentes, ya sean personas naturales o jurídicas, instituciones, públicas o privadas, además de dar cumplimientos a todas las normas previstas en esta ley, deberá contar con la autorización previa del Instituto Antártico Chileno.

De la misma forma, requerirá esta autorización toda actividad en la Antártica que realice o en la que participe una persona extrajera, en los casos indicados en el artículo 3 letra b) de la presente ley.”.

-- El Ejecutivo presentó una indicación para modificar el artículo 21 que pasa a ser 25 de la siguiente manera:

a) Reemplázase en su inciso segundo la sigla “INACH” por la frase “Instituto Antártico Chileno”.

b) En su inciso final, reemplázase la referencia hecha al artículo “3” por “4”.”.

Este artículo, afirmó el señor Urquízar, responde a la necesidad de precisar el rol y funciones del Instituto Chileno Antártico como operador antártico en relación a las actividades científicas y tecnológicas a desarrollarse en dicho continente.

-- Sometido a votación el artículo 21 que ha pasado a ser 25, con la indicación del Ejecutivo, se aprobó por 8 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.

(Votaron a favor la diputada señora Amar, doña Sandra; y los diputados señores Bianchi, don Karim; Boric, don Gabriel; Calisto, don Miguel Ángel; Galleguillos, don Ramón; Kast, don Pablo; Kuschel, don Carlos Ignacio; y Von Mühlenbrock, don Gastón).

Artículo 22 que pasa a ser 26

“Artículo. 22.- Autorización de zarpe y despegue de naves y aeronaves nacionales o que participan en alguna actividad antártica nacional.- Toda nave o aeronave que zarpe o despegue desde puertos o aeropuertos nacionales con destino a la Antártica deberá acreditar ante las autoridades marítimas o aeronáuticas correspondientes, mediante los respectivos certificados:

1) Que participa en una actividad autorizada de conformidad a los artículos 19 o 21 precedentes;

2) Que la actividad cuenta con la evaluación de impacto ambiental a que se refiere el artículo 29.

3) Que la actividad cuenta con planes de emergencia para responder frente a incidentes e imprevistos que puedan tener efectos adversos para el medio ambiente antártico o sus ecosistemas dependientes y asociados, conforme a la normativa de seguridad aérea y marítima internacional y nacional vigente.

4) Que la actividad cuenta con los seguros vigentes exigidos por esta ley.

5) Que la actividad cuenta con la autorización del Instituto Antártico Chileno cuando involucra el transporte hacia la Antártica de especies animales o vegetales no nativas o endémicas, o productos o elementos químicos potencialmente dañinos para el medio ambiente, de conformidad a lo previsto en los números 3 y 4 del artículo 18 precedente.

Las naves que realicen actividades pesqueras o de extracción a que se refiere el artículo 25 de esta ley sólo deberán cumplir con las exigencias de los puntos 3 y 5 anteriores, sin perjuicio de los requisitos especiales que fijen otras normas que le sean aplicables.”

-- El Ejecutivo presentó una indicación para modificar el artículo 22 que pasa a ser 26 de la siguiente manera:

a) Reemplázase en su inciso primero la frase “Toda nave o aeronave” por la frase “Toda nave, aeronave u otras embarcaciones”.

b) En su numeral primero, la referencia hecha a los artículos “19 o 21” debe reemplazarse por “23 o 25”.

c) En su numeral segundo la referencia hecha al artículo “29” debe entenderse hecha al artículo “35”.

d) En su numeral quinto, la referencia hecha al artículo “18” debe reemplazarse por “22”.

e) En su numeral quinto, reemplázase la palabra “endémicas” por “exóticas”.

f) Reemplázase su actual inciso final por el siguiente:

“Las naves que realicen actividades pesqueras o de extracción deberán además cumplir con los requisitos especiales que fijen otras normas que le sean aplicables.”.

g) Agréganse los siguientes incisos 3°, 4°, 5° Y 6°:

“Las naves o aeronaves de propiedad del Estado de Chile estarán sujetas a igual procedimiento.

Las naves y aeronaves extranjeras que se encuentren de paso por los puertos o aeropuertos chilenos estarán eximidas de este procedimiento únicamente en cuanto acrediten haberse sometido a un procedimiento equivalente en sus Estados de origen. Al efecto, el responsable de la nave, aeronave o de la expedición que hace uso de ellas, según fuera el caso, deberá presentar certificado de autorización de su Estado de origen o del que sea nacional. La exención de que trata este inciso no libera a las citadas naves o aeronaves del cumplimiento de los demás requisitos generales para la autorización de su zarpe o despegue, según dispongan las autoridades marítimas o aeronáuticas chilenas.

El Estado de Chile suscribirá convenios de homologación con aquellos Estados que operan recurrentemente hacia la Antártica desde puertos o aeropuertos nacionales.

El incumplimiento de cualquiera de los requisitos contemplados en este artículo, así como en otras disposiciones de esta ley o de los reglamentos que se dicten conforme a ella, o de las normas generales chilenas, será motivo suficiente para no autorizar el zarpe o despegue, o para retener a la nave o aeronave que habiendo arribado o aterrizado proveniente de la Antártica pretenda proseguir su viaje. Lo anterior, sin perjuicio de las otras sanciones que pudiera corresponder en conformidad a lo dispuesto en esta ley.”.

La introducción de los nuevos numerales, indicó el señor Urquízar, tiene por finalidad no restringir las facultades del Estado del Puerto a las autoridades chilenas, sino también abarcar naves y aeronaves extranjeras.

-- Sometido a votación el artículo 22 que ha pasado a ser 26, con la indicación del Ejecutivo, se aprobó por 8 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.

(Votaron a favor la diputada señora Amar, doña Sandra; y los diputados señores Bianchi, don Karim; Boric, don Gabriel; Calisto, don Miguel Ángel; Galleguillos, don Ramón; Kast, don Pablo; Kuschel, don Carlos Ignacio; y Von Mühlenbrock, don Gastón).

Artículo 27 nuevo

-- El Ejecutivo presentó una indicación para agregar un artículo 27 nuevo del siguiente tenor:

“Artículo 27.- Disposiciones especiales para actividades científicas. Toda actividad científica a realizarse en la Antártica por chilenos o extranjeros residentes, ya sean personas naturales, personas jurídicas o instituciones, públicas o privadas, además de dar cumplimientos a todas las normas y principios enunciados y tratados en esta ley, deberán contar con la autorización previa del Instituto Antártico Chileno.”.

El señor Urquízar manifestó que esta disposición consagra que, sin perjuicio de las demás autorizaciones, todas las actividades de carácter científica deben contar con autorización del INACH.

-- Sometida a votación la indicación del Ejecutivo, que incorpora un nuevo artículo 27, se aprobó por 8 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.

(Votaron a favor la diputada señora Amar, doña Sandra; y los diputados señores Bianchi, don Karim; Boric, don Gabriel; Calisto, don Miguel Ángel; Galleguillos, don Ramón; Kast, don Pablo; Kuschel, don Carlos Ignacio; y Von Mühlenbrock, don Gastón).

Artículo 24 que pasa a ser 29

“Artículo. 24.- Disposiciones especiales para actividades turísticas.- El Estado promoverá y apoyará las actividades de turismo antártico controlando que cumplan con las normas de la presente ley, y que promuevan el incremento de la identidad antártica chilena y la difusión de las actividades de Chile en dicho continente.

Todo operador que administre o ejecute actividades turísticas en la Antártica, ya sea a cuenta propia o a nombre de terceros, nacionales o extranjeros, deberá contar con seguros para responder por los costos de las acciones de contención o reparación que sean necesarias emprender ante eventuales daños ambientales que se causen en la ejecución de la actividad turística.

Las naves o aeronaves empleadas en actividades turísticas estarán sujetas a las normas generales de esta ley.

Un reglamento expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que llevará además la firma del Ministro de Economía, Fomento y Turismo, establecerá las condiciones y requisitos para realizar las actividades de turismo en la Antártica.”.

-- El Ejecutivo presentó una indicación para Modifícase el artículo 24 que pasa a ser 29 de la siguiente forma:

a) Intercálase en su inciso primero, a continuación de la frase “de la presente ley,” la frase “y del reglamento dictado al efecto,”.

b) Reemplázase su inciso final por el siguiente:

“Un reglamento expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, suscrito por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el Ministro de Economía, Fomento y Turismo, y del Ministerio del Medio Ambiente, establecerá las condiciones y requisitos para realizar las actividades de turismo en la Antártica.”.

El señor Urquízar manifestó que este artículo tiene por objeto la regulación de la actividad turística de la Antártica, lo que se complementa con la dictación de un Reglamento.

El diputado señor Kuschel preguntó cuántos reglamentos contempla esta ley y si existe plazo para su dictación.

La ley contempla 4 reglamentos, afirmó el señor Urquízar, que deben ser elaborados en un plazo de 2 años desde la entrada en vigencia de la ley, según lo dispone el artículo segundo transitorio propuesto.

-- Sometido a votación el artículo 24 que pasa a ser 29, considerando la indicación del Ejecutivo, se aprobó por 8 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.

(Votaron a favor la diputada señora Amar, doña Sandra; y los diputados señores Bianchi, don Karim; Boric, don Gabriel; Calisto, don Miguel Ángel; Galleguillos, don Ramón; Kast, don Pablo; Kuschel, don Carlos Ignacio; y Von Mühlenbrock, don Gastón).

Artículo 31 nuevo

-- El Ejecutivo presentó una indicación para incorporar el siguiente artículo 31 nuevo, reordenándose los artículos siguientes en orden correlativo:

“Artículo 31.- Acciones de búsqueda y rescate. - Los Centros de Coordinación de Búsqueda y Rescate Marítimo y Aéreo de Punta Arenas y los sub-centros que se establezcan en el Territorio Chileno Antártico serán los encargados de coordinar las acciones respectivas.

Para efectos de facilitar el cumplimiento de su función, todas las naves o aeronaves que zarpen o despeguen desde puertos o aeropuertos chilenos con destino a la Antártica, cualquiera sea su nacionalidad, naturaleza o dependencia, estatales o privadas, científicas, turísticas, pesqueras u otras, deberán informar a las autoridades pertinentes su plan de navegación o vuelo y comunicar su posición durante la travesía, a intervalos de tiempo regular y al menos diariamente, a los Centros o Sub-centros de Búsqueda y Rescate chilenos.”.

El señor Urquízar manifestó que la incorporación de este artículo atiende a una necesidad existente en el continente antártico consistente en la ausencia de procedimientos y protocolos preventivos que permitan coordinar de manera eficaz las acciones de rescate. Por ello, se establece la obligación de todas las naves o aeronaves de informar a las autoridades pertinentes sus itinerarios durante su travesía en la antártica.

-- Sometida a votación la indicación del Ejecutivo, que incorpora un nuevo artículo 31, se aprobó por 9 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.

(Votaron a favor la diputada señora Amar, doña Sandra; y los diputados señores Bianchi, don Karim; Boric, don Gabriel; Calisto, don Miguel Ángel; Galleguillos, don Ramón; Kast, don Pablo; Kuschel, don Carlos Ignacio; Mirosevic, don Vlado; y Von Mühlenbrock, don Gastón).

Artículo 26 que pasa a ser 32

“Artículo. 26.- Notificación previa sobre la ejecución de expediciones antárticas.- En función de la información contenida en el Programa Antártico Nacional y de las autorizaciones entregadas de conformidad a esta ley respecto a las expediciones gubernamentales y no gubernamentales programadas anualmente, así como de la información que se tenga sobre expediciones a la Antártica de otros países que se organicen, planifiquen o partan desde Chile, el Ministerio de Relaciones Exteriores notificará por adelantado a la Secretaría del Tratado Antártico, a más tardar al día 15 de octubre de cada año, sobre la planificación y ejecución de las mismas, a fin que dicha información sea transmitida a cada uno de los Estados Partes del Sistema del Tratado Antártico.

Las expediciones antárticas que no hayan sido informadas en conformidad al inciso anterior, se comunicarán dentro de diez días hábiles desde que se tenga conocimiento de ellas.

En particular, se informará sobre:

1) Toda expedición a la Antártica y dentro de la Antártica en la que participen naves o aeronaves nacionales, y sobre todas las expediciones a la Antártica que se organicen o partan desde el territorio nacional, y que hayan sido autorizadas por Chile;

2) Todas las estaciones en la Antártica ocupadas por nacionales, y

3) Todo personal o equipo militar que se proyecte introducir en la Antártica en apoyo de la investigación científica o con alguna de las otras finalidades autorizadas por el Tratado Antártico.”.

-- El Ejecutivo presentó una indicación para eliminar en su numeral 1) la frase final “, y que hayan sido autorizadas por Chile”.

El señor Urquízar manifestó que la obligación de notificación previa de expediciones antárticas responde al cumplimiento del artículo 4° del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección al Medio Ambiente.

-- Sometido a votación el artículo 26 que pasa a ser 32, considerando la indicación del Ejecutivo, se aprobó por 9 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.

(Votaron a favor la diputada señora Amar, doña Sandra; y los diputados señores Bianchi, don Karim; Boric, don Gabriel; Calisto, don Miguel Ángel; Galleguillos, don Ramón; Kast, don Pablo; Kuschel, don Carlos Ignacio; Mirosevic, don Vlado; y Von Mühlenbrock, don Gastón).

Artículo 27 que pasa a ser 33

“Título V (que pasa a ser VI)

Protección y conservación del medio ambiente antártico

Artículo. 27.- Principio de protección y conservación del medioambiente antártico.- Todas las actividades que se planifiquen o ejecuten en la Antártica deberán tener en cuenta la protección y conservación del medio ambiente antártico y los ecosistemas dependientes y asociados, y deberán efectuarse considerando prevenir y reparar las alteraciones al ecosistema que eventualmente produzcan tales actividades, de conformidad a lo previsto en el Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente.

Con tal finalidad, serán de cumplimiento obligatorio para toda expedición a la Antártica y dentro de ella, como las actividades que allí se realicen, en la que participen chilenos o naves o aeronaves nacionales, y para todas las expediciones a la Antártica que sean autorizadas por el Estado de Chile, tanto las normas que contempla esta ley y los reglamentos dictados conforme a ella como las medidas sobre protección y conservación de flora y fauna antártica y del medio ambiente en general que se acuerden dentro de las instancias del Sistema del Tratado Antártico y que se encuentren vigentes.

Un reglamento expedido por el Ministerio de Medio Ambiente, que llevará además la firma del Ministro de Relaciones Exteriores, fijará los criterios y parámetros que deberán seguirse en la planificación y ejecución de toda actividad a realizarse en la Antártica.”

-- El Ejecutivo presentó una indicación para reemplazar en su inciso final la frase “que llevará además la firma de” por la frase “suscrito por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el”.

El señor Urquízar manifestó que este título se enmarca dentro de los objetivos y principios dispuestos por el Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección Ambiental.

-- Sometido a votación el artículo 27 que pasa a ser 33, considerando la indicación del Ejecutivo, se aprobó por 9 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.

(Votaron a favor la diputada señora Amar, doña Sandra; y los diputados señores Bianchi, don Karim; Boric, don Gabriel; Calisto, don Miguel Ángel; Galleguillos, don Ramón; Kast, don Pablo; Kuschel, don Carlos Ignacio; Mirosevic, don Vlado; y Von Mühlenbrock, don Gastón).

Artículo 29 que pasa a ser 35

“Artículo. 29.- Evaluación de Impacto Ambiental de actividades antárticas.- Durante la etapa de planificación de cualquier actividad que se desarrolle en la Antártica, de conformidad con los programas de investigación científica, con el turismo y con las actividades gubernamentales y no gubernamentales, especialmente de aquellas que requieran de notificación previa conforme al inciso 3º del artículo 26 de esta ley, así como las actividades de apoyo logístico correspondientes, estarán sujetas a los procedimientos de evaluación de impacto sobre el medio ambiente antártico o en los ecosistemas dependientes o asociados. Se exceptúan de la evaluación contemplada en este artículo a las actividades pesqueras y de extracción contempladas en el artículo 25 precedente.

De producirse cualquier cambio significativo en alguna de las actividades descritas en el inciso 1º precedente, ellas deberán someterse a una nueva evaluación de impacto ambiental, ya sea que tal cambio se deba a un aumento o a una disminución de la intensidad de una actividad ya existente, a que se añada a ella una nueva actividad, al cierre de una instalación, o a cualquier otra causa.

Cuando alguna de tales actividades sea planificada conjuntamente por Chile y otro u otros Estados Partes del Sistema del Tratado Antártico, el Ministerio de Relaciones Exteriores coordinará la aplicación de los procedimientos de evaluación de impacto sobre el medio ambiente antártico a fin de determinar si se realizará en Chile o en otro Estado.

La evaluación de impacto ambiental será efectuada por el Comité Operativo para la Evaluación de Impacto Ambiental sobre el Medio Ambiente Antártico señalado en el artículo 14 de esta ley y se regirá por un reglamento que fijará los contenidos mínimos de las propuestas de actividades o proyectos que se sometan a evaluación de impacto ambiental según corresponda a cada una de las tres categorías que se señalan en el artículo siguiente; los parámetros e indicadores que permitan determinar sobre una base científica cuándo una actividad puede producir un impacto menos que mínimo o transitorio, mínimo o transitorio o más que mínimo o transitorio; y el procedimiento para la evaluación de impacto ambiental.”.

-- El Ejecutivo presentó una indicación para modificarlo en el siguiente sentido:

a) En su inciso primero, reemplacese el número “26” por el número “32”.

b) En su inciso primero, reemplázase la frase “estarán sujetas” por la frase “deberán someterse”.

c) En la frase final de su inciso primero, reemplázase la referencia al artículo “25” por “30”.

d) En su inciso final, reemplázase la referencia hecha al artículo “14” por “16”.

e) En su inciso final, reemplázase la frase “un reglamento” por la frase “el reglamento indicado en el artículo 16 de la presente ley,”.

El diputado señor Boric consultó respecto a la fundamentación de que se establezca un sistema de evaluación de impacto ambiental distinto al aplicable al resto del territorio nacional.

El señor Urquízar manifestó que se fundamenta en la ley 19.300 que rige la evaluación de impacto ambiental debe ser reforzada a través de requisitos adicionales que exige el artículo 8 del protocolo del Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, determinando una protección más exigente en el Continente Blanco.

-- Sometido a votación el artículo 29 que pasa a ser 35, considerando la indicación del Ejecutivo, se aprobó por 10 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.

(Votaron a favor la diputada señora Amar, doña Sandra; y los diputados señores Baltolu, don Nino; Bianchi, don Karim; Boric, don Gabriel; Calisto, don Miguel Ángel; Galleguillos, don Ramón; Kast, don Pablo; Kuschel, don Carlos Ignacio; Mirosevic, don Vlado; y Von Mühlenbrock, don Gastón).

Artículo 30 que pasa a ser 36

“Artículo. 30.- Categorías de Evaluación de Impacto Ambiental.- Las evaluaciones de impacto ambiental de las actividades antárticas pueden ser:

1. Evaluación de impacto ambiental preliminar, si la actividad planificada causará menos que un impacto mínimo o transitorio;

2. Evaluación de impacto ambiental inicial, si la actividad antártica planificada causará un impacto mínimo o transitorio; o

3. Evaluación de impacto ambiental global, si la actividad antártica causará más que un impacto mínimo o transitorio.

El operador de la actividad antártica podrá presentar una evaluación de impacto ambiental preliminar, inicial o global según lo estime pertinente, de acuerdo al nivel de impacto que prevé que pueda causar la actividad antártica que pretende desarrollar.

Si el Comité Operativo, tras el estudio de los antecedentes determina que la actividad antártica planificada requiere de una evaluación de impacto ambiental inicial o global, según sea el caso, lo informará al operador para que prepare la evaluación de impacto ambiental respectiva de conformidad a los requisitos establecidos en el reglamento.

Aprobada la evaluación de impacto ambiental global por el Comité Operativo, ésta será presentada por el Ministerio de Relaciones Exteriores conjuntamente con la autorización del artículo 19 de esta ley y los antecedentes en que se fundan ante el organismo competente del Sistema del Tratado Antártico, y se seguirá con el procedimiento internacional previsto en el artículo 3 del Anexo I del Protocolo al Tratado Antártico, antes de iniciar la actividad planificada.”

-- El Ejecutivo presentó indicación para modificar el artículo 30 que pasa a ser 36 de la siguiente manera:

“a) Reemplázase su inciso tercero por el siguiente:

“Si el Comité Operativo, tras el estudio respectivo, determina que una evaluación de impacto ambiental preliminar cumple con los parámetros requeridos, lo certificará y comunicará al interesado que puede desarrollar la actividad en conformidad a lo informado. Asimismo, si determina que una evaluación de impacto ambiental inicial cumple con las exigencias pertinentes, lo certificará y comunicará al interesado que, una vez que se establezcan los procedimientos apropiados para evaluar y verificar el impacto ambiental de la actividad, puede dar inicio a la misma.”.

b) Reemplázase en su inciso final la referencia hecha al artículo “19” por “23”.”.

-- Sometido a votación el artículo 30 que pasa a ser 36, considerando la indicación del Ejecutivo, se aprobó por 10 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.

(Votaron a favor la diputada señora Amar, doña Sandra; y los diputados señores Baltolu, don Nino; Bianchi, don Karim; Boric, don Gabriel; Calisto, don Miguel Ángel; Galleguillos, don Ramón; Kast, don Pablo; Kuschel, don Carlos Ignacio; Mirosevic, don Vlado; y Von Mühlenbrock, don Gastón).

Artículo 32 que pasa a ser 38

Artículo 32.- Obligación de informar sobre daños al medioambiente antártico.- Cualquier persona, que tenga conocimiento de la ocurrencia de un daño al medio ambiente antártico, esté o no implicada en la producción del mismo, tendrá la obligación de comunicarlo a la brevedad a las autoridades nacionales mencionadas en el artículo 39 de la presente ley.

-- El Ejecutivo presentó una indicación para reemplazar la referencia hecha al artículo “39” por “45”.

-- Sometido a votación el artículo 32 que pasa a ser 38, considerando la indicación del Ejecutivo, se aprobó por 10 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.

(Votaron a favor la diputada señora Amar, doña Sandra; y los diputados señores Baltolu, don Nino; Bianchi, don Karim; Boric, don Gabriel; Calisto, don Miguel Ángel; Galleguillos, don Ramón; Kast, don Pablo; Kuschel, don Carlos Ignacio; Mirosevic, don Vlado; y Von Mühlenbrock, don Gastón).

Artículo 33 que pasa a ser 39

“Artículo. 33.- Emergencias ambientales.- Ante casos de emergencias ambientales en la Antártica, las autoridades pertinentes dispondrán una respuesta rápida y efectiva con todos los medios nacionales que estén en el área de la emergencia ambiental y podrán solicitar el apoyo de otros Estados Partes si aquello fuera necesario.

El Ministerio de Medio Ambiente elaborará en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional pautas o medidas para responder a los incidentes que puedan tener efectos adversos para el medio ambiente antártico o sus ecosistemas dependientes y asociados.”.

-- El Ejecutivo presentó una indicación para reemplazar en su inciso segundo la frase “el Ministerio de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional” por la frase “los Ministerios del Interior y Seguridad Pública, Relaciones Exteriores y Defensa Nacional”.

El señor Urquízar indicó que este artículo se refiere a los casos de emergencia ambiental en la antártica, disponiendo una respuesta rápida y efectiva, con la participación de todos los medios nacionales que se requieran en el interés del Medio Ambiente.

-- Sometido a votación el artículo 33 que pasa a ser 39, considerando la indicación del Ejecutivo, se aprobó por 10 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.

(Votaron a favor la diputada señora Amar, doña Sandra; y los diputados señores Baltolu, don Nino; Bianchi, don Karim; Boric, don Gabriel; Calisto, don Miguel Ángel; Galleguillos, don Ramón; Kast, don Pablo; Kuschel, don Carlos Ignacio; Mirosevic, don Vlado; y Von Mühlenbrock, don Gastón).

Artículo 34 que pasa a ser 40

“Artículo. 34.- Daño al medio ambiente antártico.- Toda persona natural o jurídica, sujetas a la presente ley de conformidad al Artículo 3, que culposa o dolosamente cause un daño ambiental en el Territorio Chileno Antártico, en la Antártica o en el Océano Austral, dará lugar a las acciones de reparación medioambiental previstas en la ley 19.300.

No procederá la acción para obtener la reparación del medio ambiente dañado cuando quien cometió el daño ejecutó satisfactoriamente un plan de reparación aprobado por la Superintendencia del Medio Ambiente.”.

-- El Ejecutivo presentó una indicación para reemplazar en su inciso primero la referencia hecha al artículo “3” por “4”.

-- Sometido a votación el artículo 34 que pasa a ser 40, considerando la indicación del Ejecutivo, se aprobó por 10 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.

(Votaron a favor la diputada señora Amar, doña Sandra; y los diputados señores Baltolu, don Nino; Bianchi, don Karim; Boric, don Gabriel; Calisto, don Miguel Ángel; Galleguillos, don Ramón; Kast, don Pablo; Kuschel, don Carlos Ignacio; Mirosevic, don Vlado; y Von Mühlenbrock, don Gastón)

.

Artículo 35 que pasa a ser 41 “Artículo. 35.- Presunción.- Se presume legalmente la culpa del autor del daño al medio ambiente antártico, si en la realización de la actividad antártica que causó el daño ambiental existe infracción a las normas previstas en la presente ley, los reglamentos dictados conforme a ella, así como las normas del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente y sus anexos.

Con todo, sólo habrá lugar a la indemnización, en este evento, si se acreditare relación de causa a efecto entre la infracción y el daño producido.”.

-- El Ejecutivo presentó una indicación para eliminar su inciso segundo.

El señor Urquízar indicó que se presumirá la culpabilidad de quien cause daño ambiental mediante infracción a la normativa vigente.

-- Sometido a votación el artículo 35 que pasa a ser 41, considerando la indicación del Ejecutivo, se aprobó por 10 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.

(Votaron a favor la diputada señora Amar, doña Sandra; y los diputados señores Baltolu, don Nino; Bianchi, don Karim; Boric, don Gabriel; Calisto, don Miguel Ángel; Galleguillos, don Ramón; Kast, don Pablo; Kuschel, don Carlos Ignacio; Mirosevic, don Vlado; y Von Mühlenbrock, don Gastón).

Artículo 36 que pasa a ser 42

“Artículo. 36.- Titularidad de acción ambiental.- El Estado de Chile, por intermedio del Consejo de Defensa del Estado, será el titular de la acción ambiental destinada a obtener la reparación del medio ambiente antártico dañado.

Esta disposición no obsta a la acción indemnizatoria que pueda presentar toda persona natural o jurídica, pública o privada que haya sufrido el daño ambiental.”.

-- El Ejecutivo presentó una indicación para intercalar en su inciso segundo, a continuación de la palabra “sufrido el” la frase “perjuicio en razón del”.

El señor Urquízar señaló que se trata de un artículo de carácter procedimental que determina que el Estado de Chile, a través del Consejo de Defensa del Estado, será el titular de la acción ambiental para obtener reparación del daño causado.

-- Sometido a votación el artículo 36 que pasa a ser 42, considerando la indicación del Ejecutivo, se aprobó por 10 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.

(Votaron a favor la diputada señora Amar, doña Sandra; y los diputados señores Baltolu, don Nino; Bianchi, don Karim; Boric, don Gabriel; Calisto, don Miguel Ángel; Galleguillos, don Ramón; Kast, don Pablo; Kuschel, don Carlos Ignacio; Mirosevic, don Vlado; y Von Mühlenbrock, don Gastón).

Artículo 37 que pasa a ser 43

“Artículo. 37.- Competencia.- Será competente para conocer de la acción de reparación derivada del daño al medio ambiente antártico, el Tribunal Ambiental que corresponda de conformidad a lo previsto en el número 2° del artículo 17 de la ley 20.600 y se le aplicarán las normas de procedimiento establecidas en dicha ley.”.

-- El Ejecutivo presentó una indicación para intercalar a continuación de la palabra “Ley” la expresión “N°”.

-- Sometido a votación el artículo 37 que pasa a ser 43, considerando la indicación del Ejecutivo, se aprobó por 10 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.

(Votaron a favor la diputada señora Amar, doña Sandra; y los diputados señores Baltolu, don Nino; Bianchi, don Karim; Boric, don Gabriel; Calisto, don Miguel Ángel; Galleguillos, don Ramón; Kast, don Pablo; Kuschel, don Carlos Ignacio; Mirosevic, don Vlado; y Von Mühlenbrock, don Gastón).

Artículo 39 que pasa a ser 45

“Título VI (que pasa a ser VII)

Fiscalización y sanciones

Párrafo 1 Autoridades competentes, infracciones y sanciones.

“Artículo. 39.- Fiscalización.- La fiscalización del cumplimiento de las disposiciones de los títulos IV y V de la presente ley y sus reglamentos será ejercida:

a) En el continente antártico por los funcionarios del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea y del Instituto Antártico Chileno que se encuentren en dicho territorio. En el ejercicio de esta función fiscalizadora los jefes de bases antárticas de cualquiera de estas instituciones tendrán la calidad de Ministros de Fe.

b) En el resto del país los funcionarios de la Armada, de la Dirección de Aeronáutica Civil y Carabineros quienes tendrán la calidad de Ministros de Fe.”.

-- El Ejecutivo presentó una indicación para reemplazar en su inciso primero la referencia hecha a los “títulos IV y V” por “título V y VI”.

-- Sometido a votación el artículo 39 que pasa a ser 45, considerando la indicación del Ejecutivo, se aprobó por 10 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.

(Votaron a favor la diputada señora Amar, doña Sandra; y los diputados señores Baltolu, don Nino; Bianchi, don Karim; Boric, don Gabriel; Calisto, don Miguel Ángel; Galleguillos, don Ramón; Kast, don Pablo; Kuschel, don Carlos Ignacio; Mirosevic, don Vlado; y Von Mühlenbrock, don Gastón).

Artículo 40 que pasa a ser 46

Artículo. 40.- Infracciones.- Se castigará a la persona natural o jurídica que realice una actividad en la Antártica o en el Océano Austral e incurra en las siguientes conductas con las siguientes multas:

1. El que realice una actividad en la Antártica sin contar con las autorizaciones y evaluación de impacto ambiental previstas en esta ley será sancionado con multa de 100 a 1.500 UTM.

2. El que estando a cargo de una actividad antártica debidamente autorizada y que cuente con la evaluación del impacto ambiental, al momento de realizarla no cumpla estrictamente la planificación que fue establecida en la actividad o proyecto aprobado ambientalmente o la planificación de la actividad autorizada de conformidad a los artículos 19 o 21, será sancionado con multa entre 100 a 1.000 UTM.

3. El que eliminare en el mar de la Antártica todo tipo de basura, en los términos previstos en el artículo 5 del Anexo IV del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente o eliminare cualquier tipo de basura o residuo en la Antártica, sea en el mar o en tierra, en infracción a los procedimientos establecidos en el Reglamento será sancionado con multas entre 100 a 1.000 UTM.

4. El que descargare en el mar de la Antártica aguas residuales en los términos previstos en el artículo 6 del Anexo IV del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente será sancionado con multas de 100 a 1.000 UTM.

5. El que introduzca en tierra, en las plataformas de hielo y en el agua de la Antártica, alguna especie animal o vegetal que no sea autóctona de la Zona del Tratado Antártico, sin contar con la respectiva autorización del Instituto Antártico Chileno será sancionado con multa entre 300 a 1.500 UTM.

6. El que introduzca perros en la Antártica será sancionado con multa entre 300 a 1.500 UTM.

7. El que introduzca en la Antártica alguna substancia o producto prohibido de conformidad a lo previsto en los artículos 16 y 17 de esta ley, o en el reglamento será sancionado con multa entre 300 a 1.500 UTM.

Las multas establecidas en los numerales anteriores serán aplicables sin perjuicio de las acciones establecidas en los Artículos 34 y siguientes de la presente ley.”.

-- El Ejecutivo presentó una indicación para modificar su artículo 40 que pasa a ser 46 de la siguiente manera:

a) En su numeral 2) reemplázase la referencia hecha a los artículos “19 o 21” por “23 o 25”.

b) Elimínase sus numerales 5, 6 y 7.”.

El señor Urquízar manifestó que la eliminación de los numerales 5, 6 y 7, dice relación con que el Tratado Antártico considera que las infracciones allí contenidas son más graves que una simple falta administrativa, y por tanto, dichas conductas se traspasan a un tipo penal específico.

-- Sometido a votación el artículo 40 que pasa a ser 46, considerando la indicación del Ejecutivo, se aprobó por 10 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.

(Votaron a favor la diputada señora Amar, doña Sandra; y los diputados señores Baltolu, don Nino; Bianchi, don Karim; Boric, don Gabriel; Calisto, don Miguel Ángel; Galleguillos, don Ramón; Kast, don Pablo; Kuschel, don Carlos Ignacio; Mirosevic, don Vlado; y Von Mühlenbrock, don Gastón).

Artículo 44 que pasa a ser 50

“Artículo 44.- Prescripción.- Las acciones para perseguir las infracciones a esta ley prescribirán en el plazo de tres años contado desde la fecha en que se cometió la infracción.

Las sanciones que se impongan prescribirán en el plazo de tres años, contado desde que quede firme la sentencia condenatoria, según corresponda.”.

El diputado señor Boric presentó una indicación para reemplazar en el primer y segundo inciso la expresión “tres años” por la siguiente: “5 años”, manifestando que ella tiene por objeto alargar los plazos de prescripción de los delitos ambientales.

-- Sometido a votación el artículo 44 que pasa a ser 50, considerando la indicación del señor Boric, se aprobó por 10 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.

(Votaron a favor la diputada señora Amar, doña Sandra; y los diputados señores Baltolu, don Nino; Bianchi, don Karim; Boric, don Gabriel; Calisto, don Miguel Ángel; Galleguillos, don Ramón; Kast, don Pablo; Kuschel, don Carlos Ignacio; Mirosevic, don Vlado; y Von Mühlenbrock, don Gastón).

Artículo 47 que pasa a ser 53

“Título VII (que pasa a ser VIII)

Disposiciones finales

Artículo. 47.- Gasto Fiscal.- La aplicación de la presente ley no irrogará mayor gasto fiscal.”.

El diputado señor Boric manifestó que la expresión “no irrogará mayor gasto fiscal” es ambigua, considerando que en cada Ley de Presupuestos de la Nación se establecerán cuáles van a ser los recursos que se destinarán a la aplicación de este Estatuto.

El señor Urquízar indicó que el sentido de esta disposición es determinar que el Estatuto no irrogará gastos fiscales adicionales a los autorizados por la ley de presupuestos respectiva.

-- Sometido a votación el artículo 47 que pasa a ser 53, considerando la adecuación del título, se aprobó por 9 votos a favor, 1 en contra y ninguna abstención.

(Votaron a favor la diputada señora Amar, doña Sandra; y los diputados señores Baltolu, don Nino; Bianchi, don Karim; Calisto, don Miguel Ángel; Galleguillos, don Ramón; Kast, don Pablo; Kuschel, don Carlos Ignacio; Mirosevic, don Vlado; y Von Mühlenbrock, don Gastón. Votó en contra el diputado señor Boric, don Gabriel).

Artículo 48 que pasaría a ser 54

“Artículo. 48.- La presente ley comenzará a regir 90 días después de su publicación en el Diario Oficial.”.

-- El Ejecutivo presentó indicación para eliminar el artículo 48.

-- Sometido a votación el artículo 48 que pasaría a ser 54, considerando la indicación del Ejecutivo para eliminarlo, se aprobó por 10 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.

(Votaron a favor la diputada señora Amar, doña Sandra; y los diputados señores Baltolu, don Nino; Bianchi, don Karim; Boric, don Gabriel; Calisto, don Miguel Ángel; Galleguillos, don Ramón; Kast, don Pablo; Kuschel, don Carlos Ignacio; Mirosevic, don Vlado; y Von Mühlenbrock, don Gastón).

Artículo 54 nuevo

-- El Ejecutivo presentó una indicación para incorporar un artículo 54 nuevo en el siguiente sentido:

“Artículo 54.- Intercálese en el inciso segundo del artículo 52 de la ley N° 21.080 que modifica cuerpos legales con el objeto de modernizar el Ministerio de Relaciones Exteriores, un nuevo numeral 8 del siguiente tenor: 8. El Gobernador Regional de la Región de Magallanes y Antártica Chilena.”, pasando de esta forma el actual numeral 8 a ser el 9 y así sucesivamente.”.

El señor Urquízar manifestó que esta indicación incorpora al Gobernador Regional como miembro del Consejo de Política Antártica.

-- Sometida a votación la indicación precedente, que agrega un nuevo artículo 54 nuevo, se aprobó por 10 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.

(Votaron a favor las diputadas señoras Amar, doña Sandra y Leuquén, doña Aracely; y los diputados señores Alinco, don René; Baltolu, don Nino; Boric, don Gabriel; Calisto, don Miguel Ángel; Galleguillos, don Ramón; Kuschel, don Carlos Ignacio; Mirosevic, don Vlado; y Von Mühlenbrock, don Gastón.).

Disposiciones Transitorias

-- El Ejecutivo presentó indicación para agregar el siguiente artículo primero transitorio nuevo:

“Artículo Primero Transitorio.- La presente ley comenzará a regir 180 días después de su publicación en el Diario Oficial.”. .

-- Sometida a votación la indicación del Ejecutivo, que agrega el artículo primero transitorio, se aprobó por 9 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.

(Votaron a favor las diputadas señoras Amar, doña Sandra y Leuquén, doña Aracely; y los diputados señores Alinco, don René; Baltolu, don Nino; Boric, don Gabriel; Calisto, don Miguel Ángel; Galleguillos, don Ramón; Kuschel, don Carlos Ignacio; y Von Mühlenbrock, don Gastón.).

-- El Ejecutivo presentó indicación para agregar el siguiente artículo segundo transitorio nuevo:

“Artículo Segundo Transitorio. - Dentro del plazo de dos años desde la entrada en vigencia de esta ley, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en conjunto con los demás ministerios que corresponda si así fuera el caso, deberá dictar los reglamentos dispuestos en la presente ley o aquellos que resulten indispensables para el acertado cumplimiento de la misma.”.

El señor Urquízar manifestó que este artículo transitorio otorga un plazo que el Ejecutivo considera suficiente para la elaboración, tramitación y aprobación de los reglamentos dispuestos en la presente ley.

-- Sometida a votación la indicación del Ejecutivo, que agrega el artículo segundo transitorio, se aprobó por 9 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.

(Votaron a favor las diputadas señoras Amar, doña Sandra y Leuquén, doña Aracely; y los diputados señores Alinco, don René; Baltolu, don Nino; Boric, don Gabriel; Calisto, don Miguel Ángel; Galleguillos, don Ramón; Kuschel, don Carlos Ignacio; y Von Mühlenbrock, don Gastón.).

-- El Ejecutivo presentó indicación para agregar el siguiente artículo tercero transitorio nuevo:

“Artículo Tercero Transitorio.- En el tiempo que medie entre la entrada en vigencia de la presente ley en el Diario Oficial y la fecha en que comiencen sus funciones los Delegados Presidenciales Regionales y los Gobernadores Regionales, todas las menciones efectuadas en esta ley a dichos cargos, deben entenderse efectuadas al Intendente Regional.”.

-- Sometida a votación la indicación del Ejecutivo, que agrega el artículo tercero transitorio, se aprobó por 9 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.

(Votaron a favor las diputadas señoras Amar, doña Sandra y Leuquén, doña Aracely; y los diputados señores Alinco, don René; Baltolu, don Nino; Boric, don Gabriel; Calisto, don Miguel Ángel; Galleguillos, don Ramón; Kuschel, don Carlos Ignacio; y Von Mühlenbrock, don Gastón.).

X.- SINTESIS DE LAS OPINIONES DISIDENTES VERTIDAS POR LOS INTEGRANTES DE LA COMISION EN LA DISCUSION GENERAL.

En el transcurso de la discusión general del proyecto en Informe las señoras Diputadas y señores Diputados aprobaron sin votos en contra ni abstenciones su contenido, expresando su total concordancia con los fundamentos del Mensaje que le da origen, no habiéndose producido disenso alguno entre sus integrantes al respecto.

XI.- ARTICULOS E INDICACIONES RECHAZADAS O DECLARADAS INADMISIBLES POR LA COMISION.

-- La indicación del Ejecutivo para eliminar el inciso segundo del artículo 12, que ha pasado a ser 14, fue rechazada por 0 votos a favor, 8 en contra y ninguna abstención.

(Votaron en contra las diputadas señoras Amar, doña Sandra y Leuquén, doña Aracely; y los diputados señores Álvarez, don Sebastián (en reemplazo del señor Kast, don Pablo); Boric, don Gabriel; Galleguillos, don Ramón; Kuschel, don Carlos Ignacio; Mirosevic, don Vlado; y Von Mühlenbrock, don Gastón).

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Como consecuencia de lo expuesto, y por las consideraciones que dará a conocer la Diputada Informante, la Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena recomienda a la Sala la aprobación del siguiente

PROYECTO DE LEY:

“ESTATUTO CHILENO ANTÁRTICO”

Título I

Disposiciones generales

Artículo. 1.- Objetivos.- La presente ley tiene como objetivos:

1. Proteger y fortalecer los derechos soberanos antárticos de Chile, con claros fundamentos geográficos, históricos, diplomático y jurídicos, a través del reforzamiento y profundización del Sistema del Tratado Antártico;

2. Preservar y mantener a la Antártica como una zona de paz, donde las actividades garanticen la protección y cuidado del medio ambiente antártico, y su condición de reserva natural, dedicada a la paz y a la investigación científica.

3. Establecer los principios conforme a los cuales el Estado de Chile, a través de los órganos competentes, conduce la política antártica y ejerce sus competencias en materia antártica.

4. Potenciar y regular la actividad antártica de Chile con pleno respeto al Sistema del Tratado Antártico, incrementando su calidad de prestador de servicios operativos y logísticos para la actividad antártica, e incentivando el desarrollo del país ligado a las actividades antárticas. 5. Fomentar la actividad antártica de Chile, promoviendo el desarrollo social y económico de la Región de Magallanes y Antártica Chilena.

Artículo. 2.- Territorio Chileno Antártico.- Forman la Antártica Chilena o Territorio Chileno Antártico todas las tierras, islas, islotes, arrecifes, glaciares (pack-ice), y demás, conocidos y por conocerse, y el mar territorial y Océano Austral respectivo, existentes dentro de los límites del casquete constituido por los meridianos 53º longitud Oeste de Greenwich y 90º longitud Oeste de Greenwich, conforme lo dispuso en el Decreto Supremo N° 1.747 del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 6 de noviembre de 1940, e incluye los espacios marítimos que le corresponden de conformidad con el derecho internacional. Asimismo, quedan comprendidas las barreras de hielo, la plataforma continental, la plataforma continental extendida, y los espacios marítimos adyacentes conforme al Derecho Internacional. El Territorio Chileno Antártico corresponde a una zona fronteriza para todos los efectos legales, sin perjuicio de la aplicación de los principios y normas del Sistema del Tratado Antártico.

Artículo 3.- Derechos soberanos sobre el Territorio Chileno Antártico. - La soberanía chilena se ejercerá con pleno respeto a las normas del Derecho Internacional y a los compromisos internacionales del Estado de Chile que se encuentren vigentes, en el marco del Sistema del Tratado Antártico, y en conformidad a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico chileno.

Artículo. 4.- Ámbito de aplicación. - Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14 del Código Civil, la presente ley se aplicará en todo el territorio de la República, y en el área del Tratado Antártico que no forme parte del Territorio Chileno Antártico, en el océano austral y el área marítima hasta la convergencia antártica; a) Respecto de toda actividad que realice o en la que participe un nacional o extranjero residente en Chile. b) Respecto de toda actividad que realice o en la que participe una persona extranjera cuando dicha actividad se ha organizado o parta en el territorio nacional, y requiera autorización del Estado de Chile. Artículo. 5.- Definiciones.- Para los fines de esta Ley:

a) Antártica o Continente Antártico, comprende la tierra firme, sus masas y barreras de hielo, y las islas que se encuentran al Sur del paralelo 60° de latitud Sur y el Océano Austral que las circunda; lo anterior, sin perjuicio de los límites que, para sus efectos particulares, fijan el Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente y la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, y los demás acuerdos internacionales aplicables en el área.

b) Océano Austral, comprende todos los mares, cuerpos de aguas, cuencas oceánicas, y áreas marinas al Sur del paralelo 60° y coincide con los límites de aplicación del Tratado Antártico de 1959.

c) Convergencia Antártica, es el límite biogeográfico en la línea en el mar hasta la cual, por factores naturales tales como la salinidad del agua, las corrientes marinas y los cambios de temperatura, se extiende el ecosistema antártico, y que ha sido definida por el artículo I.4 de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos como límite Norte de la zona de aplicación de la Convención.

d) Sistema del Tratado Antártico, significa: - El Tratado Antártico suscrito en Washington el 1 de diciembre de 1959, su Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente, suscrito en Madrid el 4 de octubre de 1991, y las Recomendaciones, Medidas, Decisiones y Resoluciones vigentes aprobadas en las Reuniones Consultivas del Tratado Antártico;

- La Convención para la Conservación de las Focas Antárticas suscrita en Londres el 28 de diciembre de 1972; y la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos suscrita en Canberra el 11 de septiembre de 1980, y las Medidas en vigor acordadas por la Comisión de esta última.

e) Evaluación de Impacto Ambiental de actividades antárticas, es el procedimiento científico, técnico y administrativo destinado a determinar cualquier impacto sobre el medio ambiente antártico o en los ecosistemas dependientes o asociados de las actividades o proyectos que se planifique desarrollar en la Antártica por la autoridad ambiental competente.

f) Áreas o Zonas Antárticas Especialmente Protegidas o Administradas, son aquellas áreas marinas o terrestres, incluido el suelo o el subsuelo, designadas como tales por las Partes Consultivas de conformidad al Anexo V del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente. g) Tomar o toma, significa matar, herir, atrapar, manipular o molestar a un mamífero o ave autóctonos o retirar o dañar tales cantidades de plantas nativas que ello afecte significativamente a su distribución local o su abundancia, según ha sido definido por el Artículo 1° letra g) del Anexo II del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente.

h) Intromisión perjudicial, en conformidad al Artículo 1° letra h) del Anexo II del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, significa:

1) el vuelo o el aterrizaje de helicópteros y de otras aeronaves de tal manera que perturben la concentración de aves y focas;

2) la utilización de vehículos o embarcaciones, incluidos los aerodeslizadores y barcos pequeños, de manera que perturben la concentración de aves y focas;

3) la utilización de explosivos y armas de fuego de manera que perturben la concentración de aves y focas;

4) la perturbación intencionada de la cría y la muda del plumaje de las aves o de las concentraciones de aves y focas por cualquier persona a pie; 5) dañar de manera significativa la concentración de plantas terrestres nativas por el aterrizaje de aeronaves, por conducir vehículos o por caminar sobre dichas plantas o por cualquier otro medio; y

6) cualquier actividad que produzca una importante modificación negativa del hábitat de cualquier especie o población de mamíferos, aves, plantas o invertebrados autóctonos.

i) Región de responsabilidad de Búsqueda y Salvamento (SAR), es el área dentro de la cual corresponde al Estado de Chile, a través de sus instituciones, prestar servicios de búsqueda y salvamento en conformidad a los tratados internacionales vigentes.

j) Operador es toda persona natural o jurídica, institución u organismo sea estatal o no estatal, que organiza actividades a ser realizadas en la zona del Tratado Antártico. Un operador no incluye una persona natural que sea empleada, contratista, subcontratista o agente o que esté al servicio de una persona natural o jurídica, sea estatal o no estatal, que organiza actividades a ser realizadas en la zona del Tratado Antártico, y no incluye una persona jurídica que sea contratista o subcontratista que trabaje por cuenta y orden de un operador estatal.

k) Operador antártico es toda institución u organismo público, que organiza y desarrolla actividades operativas o logísticas a ser ejecutadas en la Antártica, contando con las autorizaciones prescritas en esta ley. Son operadores antárticos del Estado de Chile, el Instituto Antártico Chileno, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, y las Instituciones de las Fuerzas Armadas, dependientes del Ministerio de Defensa Nacional.

Título II

Institucionalidad Antártica Chilena

Artículo. 6.- Política Antártica Nacional.- La Política Antártica Nacional fijará los objetivos de Chile en la Antártica. Ella será propuesta por el Consejo de Política Antártica y fijada por el Presidente de la República, quien la promulgará mediante decreto supremo expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, y que llevará además las firmas de los Ministros del Interior y Seguridad Pública, de Defensa Nacional, Hacienda, Economía, Fomento y Turismo, y Medio Ambiente.

La Política Antártica Nacional deberá ser sometida a evaluación y actualizada, al menos, cada 10 años desde la fecha de su promulgación.

Artículo. 7.- Consejo de Política Antártica.- El Consejo de Política Antártica, regulado en la ley Nº 21.080, es el órgano colegiado de naturaleza interministerial, presidido por el Ministro de Relaciones Exteriores, que tiene por función proponer al Presidente de la República las bases políticas, jurídicas, científicas, económicas, medioambientales, logísticas, deportivas, culturales, y de difusión de la acción nacional en la Antártica y proponer los grandes lineamientos de la Política Antártica Nacional.

El Consejo podrá sesionar en las dependencias del Ministerio de Relaciones Exteriores, el que proporcionará los medios materiales para su funcionamiento. Asimismo, podrá sesionar en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.

Respecto a sus funciones e integración se regirá por lo dispuesto en el Estatuto Orgánico del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Artículo. 8.- Planes Estratégicos Antárticos.- Los Planes Estratégicos Antárticos tendrán una vigencia de a lo menos 4 años, y comprenderán las tareas y acciones concretas que se materializarán mediante el Programa Antártico Nacional de cada año. El Ministerio de Relaciones Exteriores los desarrollará en base a los objetivos que establezca la Política Antártica Nacional y deberán ser suscritos por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, siendo éstos necesarios para orientar la acción de los ministerios y entidades con competencias sectoriales en la materia.

Para la elaboración de los Planes Estratégicos Antárticos, el Ministerio de Relaciones Exteriores se coordinará con los distintos Ministerios y entidades con competencia antártica y someterá estos planes a la consideración del Consejo de Política Antártica.

Artículo. 9.- El Programa Antártico Nacional.- El Programa Antártico Nacional es el conjunto de tareas y actividades concretas que se planifican anualmente para las campañas antárticas en cumplimiento del Plan Estratégico Antártico vigente y de los objetivos de la Política Antártica Nacional, que coordinará el Ministerio de Relaciones Exteriores, y estará constituido por las siguientes actividades:

a) Actividades definidas para el cumplimiento de los objetivos de la Política Antártica Nacional, en atención a lo dispuesto en los Planes Estratégicos Antárticos.

b) Actividades de los operadores antárticos dependientes del Ministerio de Defensa Nacional en cuanto a la operación de sus bases, estaciones o refugios y la logística propia, lo que informarán por intermedio del Ministerio de Defensa.

c) Actividades científicas y tecnológicas de investigación antártica en todas sus disciplinas, tanto ciencias naturales como ciencias sociales, jurídicas e históricas, coordinadas por el Instituto Antártico Chileno.

d) Cualquier otra actividad antártica nacional a cargo de órganos de la administración del Estado, sin perjuicio de las atribuciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública para actuar autónomamente.

A fin de confeccionar el Programa Antártico Nacional que se ejecutará cada año, el Ministerio de Relaciones Exteriores solicitará a los ministerios y entidades públicas, distintas del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y del Ministerio de Defensa Nacional y sus instituciones y organizaciones dependientes, que le informen, a más tardar el 31 de agosto de cada año, sobre sus actividades antárticas programadas para el año siguiente, en cumplimiento del Plan Estratégico correspondiente.

Artículo. 10.- Conducción de la Política Antártica, coordinación interministerial y de la representación internacional.- Al Ministerio del Interior y Seguridad Pública y al Ministerio de Relaciones Exteriores corresponde, según sus competencias, el conocimiento y coordinación de todos los asuntos relativos al Territorio Chileno Antártico y a la Antártica en general, velando por que las actividades que se desarrollen en dicho continente se ajusten a los lineamientos de la Política Antártica Nacional y sean acordes con las normas internacionales que obligan a Chile.

Adicionalmente, al Ministerio de Relaciones Exteriores, le corresponde colaborar con el Presidente de la República en la planificación, dirección, coordinación, ejecución, control e información de la política exterior de Chile en relación al Continente Antártico, y asumir la representación nacional ante las instancias del Sistema del Tratado Antártico y las relaciones bilaterales sobre la materia.

Los diversos ministerios y entidades estatales con competencia sectorial en las actividades antárticas coordinarán su labor por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, con excepción del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y de los Operadores Antárticos dependientes del Ministerio de Defensa Nacional señalados en el artículo 15 de esta ley.

Artículo. 11.- Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores en materia antártica.- Serán competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores:

a) Supervisar y coordinar la ejecución de la Política Antártica Nacional.

b) Coordinar la realización de las actividades nacionales en la Antártica en el marco del Programa Antártico Nacional.

c) Asesorar al Presidente de la República en la conducción de los aspectos políticos y diplomáticos de la Política Antártica.

d) Mantener las relaciones multilaterales y bilaterales con los Estados, organizaciones internacionales, foros y regímenes internacionales del Sistema del Tratado Antártico. e) Velar por el cumplimiento de las normas del Sistema del Tratado Antártico, sin perjuicio de lo dispuesto en la letra d) del artículo 70 de la ley 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

f) Coordinar todos los asuntos referentes a la Antártica en que participen los diversos ministerios, organismos y reparticiones estatales con competencia en materia antártica,

g) Autorizar la realización de actividades no gubernamentales en la Antártica de conformidad a lo previsto en esta ley y su reglamento. Las funciones señaladas en el inciso anterior, se realizarán sin perjuicio de las competencias que tienen en el territorio antártico el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Ministerio de Defensa Nacional.

Artículo 12.- Funciones del Ministerio de Defensa Nacional en materia antártica. - Será competencia específica del Ministerio de Defensa Nacional planificar, coordinar y ejercer la dirección de las actividades antárticas que efectúen las Fuerzas Armadas y entidades dependientes de la Defensa Nacional.

Estas competencias del Ministerio de Defensa Nacional, así como el empleo de su personal o equipo militar, deberán desarrollarse tomando en consideración que la Antártica se utilizará exclusivamente para fines pacíficos y científicos.

Artículo. 13.- Operadores Antárticos.- Los operadores antárticos del Estado de Chile serán los encargados de organizar y realizar las actividades operativas, logísticas y científicas que el país desarrollará en la Antártica, así como la mantención de sus bases y estaciones, debiendo planificar y organizar su labor en coherencia con el Programa Antártico Nacional y en conformidad a los lineamientos que establezca el Consejo de Política Antártica.

Artículo. 14.- El Instituto Antártico Chileno.- El Instituto Antártico Chileno, en adelante “INACH”, tiene por principal misión planificar, coordinar, autorizar y realizar la actividad científica, tecnológica y de difusión en materias antárticas, y se rige por su estatuto orgánico. Para cumplir con su misión realizará y organizará todas las actividades operativas y logísticas que sean necesarias. El Instituto Antártico Chileno en el cumplimiento de su respectiva misión institucional, podrá coordinarse directamente con los operadores antárticos dependientes del Ministerio de Defensa Nacional para los fines operativos y logísticos.

Artículo. 15.- Los operadores antárticos dependientes del Ministerio de Defensa Nacional.- Los operadores antárticos dependientes del Ministerio de Defensa Nacional coordinarán sus actividades a través de dicho Ministerio, las que se regirán por los objetivos de la Política Antártica Nacional y los planes estratégicos que se elaboren para su cumplimiento.

La coordinación operativa y logística entre las Fuerzas Armadas se realizará a través del Estado Mayor Conjunto, y la coordinación entre estos Operadores y los demás ministerios con competencias en la materia, se efectuará por medio de la Subsecretaría de Defensa.

En la ejecución del Programa Científico Nacional, los operadores antárticos dependientes del Ministerio de Defensa Nacional podrán prestar servicios de apoyo y operacionales al Instituto Antártico Chileno.

Artículo. 16.- Comité Operativo para la Evaluación de Impacto Ambiental sobre el Medio Ambiente Antártico. - El Comité Operativo para la Evaluación de Impacto Ambiental sobre el Medio Ambiente Antártico es el órgano encargado de evaluar el impacto en el medio ambiente y certificar que las actividades y proyectos que se planifiquen para ser desarrollados en la Antártica cumplan con los requisitos ambientales dispuestos por las normas nacionales e internacionales respectivas.

El Comité dependerá administrativamente del Ministerio de Medio Ambiente y su composición y normas de funcionamiento estarán determinadas por el reglamento respectivo, que será dictado por la citada Secretaría de Estado, y que llevará además la firma del Ministro de Relaciones Exteriores.

Título III

Gobierno y Administración Interior del Territorio Chileno Antártico

Artículo 17.- Atribuciones del Delegado Presidencial Regional de la Región de Magallanes y Antártica Chilena.- El Delegado Presidencial Regional de la Región de Magallanes y Antártica Chilena coordinará las iniciativas en la Antártica por instrucción del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, informando al Ministerio de Relaciones Exteriores. En particular le corresponderá:

a) Velar por el cumplimiento de la normativa nacional e internacional aplicable en la Antártica;

b) Difundir las disposiciones y medidas de protección al medioambiente antártico;

c) Administrar, según corresponda, los fondos que se destinen a actividades antárticas de gobierno interior;

d) Ejecutar y supervisar aquellas tareas que le disponga el Consejo de Política Antártica;

e) Facilitar la coordinación entre las autoridades de las bases antárticas chilenas;

f) Recibir las denuncias por infracciones a esta ley, a las normas de protección del medioambiente antártico o a la legislación general chilena por hechos acontecidos en la Antártica, sin perjuicio de las atribuciones de las demás autoridades competentes en la materia; y,

g) Toda otra facultad que le encomiende la legislación vigente.

En el ejercicio de sus funciones el Delegado Presidencial de la Región de Magallanes y Antártica Chilena deberá cumplir sus cometidos de forma coordinada con los órganos de la Administración del Estado, incluido el Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena, propendiendo a la unidad de acción y evitando la duplicación o interferencia de funciones, conforme al artículo 5 de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Artículo 18.- Atribuciones del Gobierno Regional de la Región de Magallanes y Antártica Chilena en la Antártica Chilena.- El Gobierno Regional de la Región de Magallanes y Antártica Chilena ejercerá sus atribuciones en conformidad a la ley Nº 19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional. En particular le corresponderá:

a) Promover la identidad antártica.

b) Decidir la destinación de fondos regionales a proyectos específicos a desarrollarse en el territorio antártico.

c) Adoptar las medidas necesarias para enfrentar situaciones de emergencia o catástrofe, dentro de su competencia.

d) Fomentar y velar por la protección, conservación y mejoramiento del medio ambiente en el territorio antártico.

e) Fomentar, respetando el ecosistema y el derecho internacional, el turismo en el territorio antártico.

f) Promover la investigación científica y tecnológica.

g) Fomentar, financiar y difundir actividades culturales en el territorio antártico.

h) Promover actividades deportivas en el territorio antártico.

i) Toda otra facultad que le encomiende la legislación vigente.

Las resoluciones que adopte el Gobierno Regional para ejercer una o más de sus atribuciones en materia antártica, deberán ejecutarlas en forma coherente con las políticas públicas nacionales vigentes, correspondiendo al ministro respectivo velar por aquello. Para estos efectos se entenderá que existe dicha coherencia cuando el ejercicio de funciones por el gobierno regional no contradiga las políticas públicas nacionales y sea compatible con los principios o definiciones establecidas en aquéllas.

Asimismo, en dicho ejercicio, se deberá actuar coordinadamente, propendiendo a la unidad de acción, evitando la duplicación o interferencia de funciones, en cumplimiento del artículo 5° de la ley Nº 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, promulgado el año 2000 y publicado el año 2001.

Título IV

Financiamiento de la actividad antártica nacional

Artículo. 19.- Financiamiento para las actividades en la Antártica.- La Ley de Presupuesto del Sector Público deberá consultar anualmente recursos para financiar la actividad antártica nacional especialmente de los Operadores Antárticos referidos en el literal k) de artículo 4° de la presente ley. Título V Regulación de actividades antárticas

Artículo. 20.- Uso y explotación de la Antártica y sus recursos.- La Antártica se utilizará exclusivamente para fines pacíficos, y con pleno respeto a los principios de protección ambiental y demás regulaciones impuestas por la presente ley, el Sistema del Tratado Antártico, y otras disposiciones del derecho nacional e internacional que resulten aplicables.

Su uso pacífico incluye las actividades científicas, tecnológicas, comerciales, turísticas, deportivas, artísticas y culturales, y en general aquellas actividades que puedan realizarse de un modo racional y sostenible, y que sean planificadas y realizadas de forma que se prevenga y limite el impacto perjudicial sobre el medio ambiente antártico y los ecosistemas dependientes y asociados.

Artículo. 21.- Actividades prohibidas. - Está prohibido en la Antártica: 1) Efectuar explosiones nucleares y eliminar desechos radioactivos.

2) Realizar cualquier actividad relacionada con los recursos minerales, salvo la investigación científica, a menos que entre en vigor un régimen internacional jurídicamente obligatorio sobre tales actividades y condiciones en que ellas podrán ser aceptadas y que salvaguarde los derechos soberanos antárticos chilenos.

3) Introducir especies animales o vegetales no nativas o exóticas, salvo los casos especialmente contemplados en el artículo 37 y cumpliendo las condiciones que allí se prescribe.

4) Descargar en el mar hidrocarburos petrolíferos o mezclas petrolíferas, de conformidad a lo previsto en el artículo 3 del Anexo IV del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente.

5) Descargar en el mar sustancias nocivas líquidas de conformidad a lo previsto en el artículo 4 del Anexo IV del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente.

6) Eliminar todo tipo de basura y residuos en cualquier sector de la Antártica y sus mares circundantes, salvo en los casos especialmente autorizados por el Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, sus Anexos o las normas internacionales sobre navegación marítima.

7) Descargar en el mar aguas residuales de conformidad a lo previsto en el artículo 6 del Anexo IV del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente.

8) Dañar, trasladar o destruir un sitio o monumento nacional o un sitio o monumento histórico designado en conformidad al Sistema del Tratado Antártico.

9) Cazar, capturar o sacrificar focas de conformidad a lo previsto en el punto 4 del Apéndice I de la Convención para la Conservación de las focas antárticas.

10) Toda captura, acción deliberada o interferencia dañina, a los albatros y petreles, sus huevos o sus sitios de nidificación, salvo en los casos expresamente autorizados por el Acuerdo sobre la Conservación de Albatros y Petreles y sus Anexos.

11) Y, en general, realizar cualquier tipo de actividad sin contar con las autorizaciones y evaluaciones ambientales correspondientes.

La ejecución de cualquiera de las acciones prohibidas en este artículo se sancionará conforme dispone el Título VI de esta ley.

Artículo. 22.- Actividades que requieren autorización previa.- Está prohibido en la Antártica, a menos que se cuente con autorización expresa del Instituto Antártico Chileno:

1) Ingresar a una Zona Antártica Especialmente Protegida designada en conformidad a lo previsto en el Anexo V del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente.

2) Efectuar una toma o intromisión perjudicial respecto a la fauna y flora antártica conforme a las definiciones de la presente ley y en particular respecto de las Especies Especialmente Protegidas, según lo previsto en el Anexo II del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente.

3) Introducir en la Antártica especies animales o vegetales no nativas o exóticas.

4) Introducir en la Antártica productos o elementos químicos potencialmente dañinos para el medio ambiente. Un reglamento expedido por el Ministerio de Medio Ambiente y que llevará además la firma del Ministro de Relaciones Exteriores, establecerá los requisitos para la autorización de las acciones descritas anteriormente, en concordancia a lo previsto en el Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente y sus anexos y fijará el procedimiento administrativo para su otorgamiento.

Artículo. 23.- Autorización para realizar actividades antárticas no estatales.- Toda actividad a desarrollarse en la Antártica por nacionales o extranjeros residentes requerirá la autorización previa de las autoridades competentes, excepto las actividades pesqueras o de extracción reguladas en el artículo 30 y las actividades científicas reguladas en el artículo 25 de la presente ley. De la misma forma, requerirá esta autorización toda actividad en la Antártica que realice o en la que participe una persona extrajera, en los casos indicados en el artículo 4 letra b) de la presente ley.

Un reglamento expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y suscrito por los Ministerios del Interior y Seguridad Pública, Defensa Nacional, Economía, Fomento y Turismo, y de Medio Ambiente, determinará el procedimiento para solicitar y obtener las autorizaciones a las que se refiere este artículo.

Artículo. 24.- Realización de actividades estatales en la Antártica.- Toda actividad realizada por órganos o entidades estatales, con excepción de las que realice el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y las actividades exclusivamente operativas y logísticas realizadas por los Operadores Antárticos y aquellas señaladas en el Artículo 25 y siguientes, deberán ser informadas al Ministerio de Relaciones Exteriores por la entidad estatal a cargo de su planificación.

Si dicha Secretaría de Estado estima que la actividad pudiere producir algún tipo de contingencia o responsabilidad internacional, deberá emitir un informe indicando las consecuencias jurídicas o políticas adversas a la realización de ésta.

Artículo. 25.- Autorización y coordinación de las actividades científicas y tecnológicas antárticas.- El Estado de Chile, a través de los distintos Ministerios y organismos con competencia en materia antártica, dará prioridad a la investigación científica y tecnológica y a la preservación de la Antártica como una zona para la realización de tales investigaciones.

Corresponderá al Instituto Antártico Chileno planificar, coordinar, orientar y controlar las actividades científicas y tecnológicas que los organismos del Estado o particulares realicen en el Territorio Chileno Antártico o en el resto del Continente Antártico.

Toda actividad científica o tecnológica a realizarse en la Antártica por nacionales o extranjeros residentes, ya sean personas naturales o jurídicas, instituciones, públicas o privadas, además de dar cumplimientos a todas las normas previstas en esta ley, deberá contar con la autorización previa del Instituto Antártico Chileno. De la misma forma, requerirá esta autorización toda actividad en la Antártica que realice o en la que participe una persona extrajera, en los casos indicados en el artículo 4 letra b) de la presente ley.

Artículo. 26.- Autorización de zarpe y despegue de naves y aeronaves nacionales o que participan en alguna actividad antártica nacional.- Toda nave, aeronave u otras embarcaciones que zarpe o despegue desde puertos o aeropuertos nacionales con destino a la Antártica deberá acreditar ante las autoridades marítimas o aeronáuticas correspondientes, mediante los respectivos certificados:

1) Que participa en una actividad autorizada de conformidad a los artículos 23 o 25 precedentes;

2) Que la actividad cuenta con la evaluación de impacto ambiental a que se refiere el artículo 35.

3) Que la actividad cuenta con planes de emergencia para responder frente a incidentes e imprevistos que puedan tener efectos adversos para el medio ambiente antártico o sus ecosistemas dependientes y asociados, conforme a la normativa de seguridad aérea y marítima internacional y nacional vigente.

4) Que la actividad cuenta con los seguros vigentes exigidos por esta ley.

5) Que la actividad cuenta con la autorización del Instituto Antártico Chileno cuando involucra el transporte hacia la Antártica de especies animales o vegetales no nativas o exóticas, o productos o elementos químicos potencialmente dañinos para el medio ambiente, de conformidad a lo previsto en los números 3 y 4 del artículo 22 precedente.

Las naves que realicen actividades pesqueras o de extracción deberán además cumplir con los requisitos especiales que fijen otras normas que le sean aplicables.

Las naves o aeronaves de propiedad del Estado de Chile estarán sujetas a igual procedimiento.

Las naves y aeronaves extranjeras que se encuentren de paso por los puertos o aeropuertos chilenos estarán eximidas de este procedimiento únicamente en cuanto acrediten haberse sometido a un procedimiento equivalente en sus Estados de origen. Al efecto, el responsable de la nave, aeronave o de la expedición que hace uso de ellas, según fuera el caso, deberá presentar certificado de autorización de su Estado de origen o del que sea nacional. La exención de que trata este inciso no libera a las citadas naves o aeronaves del cumplimiento de los demás requisitos generales para la autorización de su zarpe o despegue, según dispongan las autoridades marítimas o aeronáuticas chilenas.

El Estado de Chile suscribirá convenios de homologación con aquellos Estados que operan recurrentemente hacia la Antártica desde puertos o aeropuertos nacionales.

El incumplimiento de cualquiera de los requisitos contemplados en este artículo, así como en otras disposiciones de esta ley o de los reglamentos que se dicten conforme a ella, o de las normas generales chilenas, será motivo suficiente para no autorizar el zarpe o despegue, o para retener a la nave o aeronave que habiendo arribado o aterrizado proveniente de la Antártica pretenda proseguir su viaje. Lo anterior, sin perjuicio de las otras sanciones que pudiera corresponder en conformidad a lo dispuesto en esta ley.

Artículo 27.- Disposiciones especiales para actividades científicas. Toda actividad científica a realizarse en la Antártica por chilenos o extranjeros residentes, ya sean personas naturales, personas jurídicas o instituciones, públicas o privadas, además de dar cumplimientos a todas las normas y principios enunciados y tratados en esta ley, deberán contar con la autorización previa del Instituto Antártico Chileno. Artículo. 28.- Disposiciones especiales para actividades artísticas, culturales y deportivas.- El Estado promoverá y apoyará la realización de actividades artísticas, culturales o deportivas relacionadas con la Antártica o a desarrollarse en ella, con el fin de incentivar el incremento de la identidad antártica chilena y la difusión de las actividades de Chile en dicho continente.

Solo se brindará apoyo a actividades artísticas, culturales o deportivas particulares, en la medida en que ello no afecte a las que se realizan conforme al Programa Antártico Nacional, que cuenten con las autorizaciones y evaluaciones de impacto ambiental dispuestas en esta ley, y que sean efectuadas bajo la responsabilidad de sus organizadores y participantes, respecto de los riesgos y eventuales daños que pudieran provocarse con ocasión de su realización.

Artículo. 29.- Disposiciones especiales para actividades turísticas.- El Estado promoverá y apoyará las actividades de turismo antártico controlando que cumplan con las normas de la presente ley y del reglamento dictado al efecto, y que promuevan el incremento de la identidad antártica chilena y la difusión de las actividades de Chile en dicho continente.

Todo operador que administre o ejecute actividades turísticas en la Antártica, ya sea a cuenta propia o a nombre de terceros, nacionales o extranjeros, deberá contar con seguros para responder por los costos de las acciones de contención o reparación que sean necesarias emprender ante eventuales daños ambientales que se causen en la ejecución de la actividad turística.

Las naves o aeronaves empleadas en actividades turísticas estarán sujetas a las normas generales de esta ley. Un reglamento expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, suscrito por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el Ministro de Economía, Fomento y Turismo, y del Ministerio del Medio Ambiente, establecerá las condiciones y requisitos para realizar las actividades de turismo en la Antártica.

Artículo. 30.- Disposiciones especiales para actividades pesqueras y otras actividades de captura de recursos vivos marinos antárticos.- Las actividades pesqueras y otras actividades comerciales lícitas en relación con los recursos vivos marinos antárticos realizadas por personas naturales o jurídicas chilenas o extranjeras residentes en el país, estarán sujetas a las normas pertinentes de la Ley General de Pesca y Acuicultura, a las regulaciones que establezca la Subsecretaría de Pesca del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, y a las medidas dictadas conforme o en cumplimiento de la Convención de Conservación de las Focas Antárticas, la Convención sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, el Acuerdo sobre la Conservación de Albatros y Petreles, y todo otro precepto aplicable del Sistema del Tratado Antártico vigentes, y las disposiciones de esta ley, salvo el caso en que sean expresamente exceptuadas.

Artículo 31.- Acciones de búsqueda y rescate.- Los Centros de Coordinación de Búsqueda y Rescate Marítimo y Aéreo de Punta Arenas y los sub-centros que se establezcan en el Territorio Chileno Antártico serán los encargados de coordinar las acciones respectivas.

Para efectos de facilitar el cumplimiento de su función, todas las naves o aeronaves que zarpen o despeguen desde puertos o aeropuertos chilenos con destino a la Antártica, cualquiera sea su nacionalidad, naturaleza o dependencia, estatales o privadas, científicas, turísticas, pesqueras u otras, deberán informar a las autoridades pertinentes su plan de navegación o vuelo y comunicar su posición durante la travesía, a intervalos de tiempo regular y al menos diariamente, a los Centros o Sub-centros de Búsqueda y Rescate chilenos.

Artículo. 32.- Notificación previa sobre la ejecución de expediciones antárticas.- En función de la información contenida en el Programa Antártico Nacional y de las autorizaciones entregadas de conformidad a esta ley respecto a las expediciones gubernamentales y no gubernamentales programadas anualmente, así como de la información que se tenga sobre expediciones a la Antártica de otros países que se organicen, planifiquen o partan desde Chile, el Ministerio de Relaciones Exteriores notificará por adelantado a la Secretaría del Tratado Antártico, a más tardar al día 15 de octubre de cada año, sobre la planificación y ejecución de las mismas, a fin que dicha información sea transmitida a cada uno de los Estados Partes del Sistema del Tratado Antártico.

Las expediciones antárticas que no hayan sido informadas en conformidad al inciso anterior, se comunicarán dentro de diez días hábiles desde que se tenga conocimiento de ellas. En particular, se informará sobre:

1) Toda expedición a la Antártica y dentro de la Antártica en la que participen naves o aeronaves nacionales, y sobre todas las expediciones a la Antártica que se organicen o partan desde el territorio nacional.

2) Todas las estaciones en la Antártica ocupadas por nacionales, y

3) Todo personal o equipo militar que se proyecte introducir en la Antártica en apoyo de la investigación científica o con alguna de las otras finalidades autorizadas por el Tratado Antártico.

Título VI

Protección y conservación del medio ambiente antártico

Artículo. 33.- Principio de protección y conservación del medioambiente antártico.- Todas las actividades que se planifiquen o ejecuten en la Antártica deberán tener en cuenta la protección y conservación del medio ambiente antártico y los ecosistemas dependientes y asociados, y deberán efectuarse considerando prevenir y reparar las alteraciones al ecosistema que eventualmente produzcan tales actividades, de conformidad a lo previsto en el Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente.

Con tal finalidad, serán de cumplimiento obligatorio para toda expedición a la Antártica y dentro de ella, como las actividades que allí se realicen, en la que participen chilenos o naves o aeronaves nacionales, y para todas las expediciones a la Antártica que sean autorizadas por el Estado de Chile, tanto las normas que contempla esta ley y los reglamentos dictados conforme a ella como las medidas sobre protección y conservación de flora y fauna antártica y del medio ambiente en general que se acuerden dentro de las instancias del Sistema del Tratado Antártico y que se encuentren vigentes. Un reglamento expedido por el Ministerio de Medio Ambiente, suscrito por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Ministro de Relaciones Exteriores, fijará los criterios y parámetros que deberán seguirse en la planificación y ejecución de toda actividad a realizarse en la Antártica.

Artículo. 34.- Eliminación y tratamiento de residuos.- Toda actividad realizada en la Antártica se planificará y ejecutará considerando generar o tratar en ella la menor cantidad posible de residuos, con el fin de minimizar su repercusión en el medioambiente antártico y las interferencias con los valores naturales de la Antártica, con la investigación científica o con los otros usos lícitos de la Antártica.

El manejo de residuos se regirá por los principios de prevención, jerarquía y racionalidad ambiental.

Los residuos producidos por toda expedición a la Antártica y dentro de ella, o resultados de las actividades que allí se realicen, en la que participen chilenos o naves o aeronaves nacionales, y que haya sido organizada o autorizada en Chile, y en la medida que ello sea técnicamente posible, serán devueltos al territorio nacional americano. El resto de los residuos serán tratados o eliminados de modo de minimizar el daño o efectos ambientales de los mismos.

El almacenamiento, eliminación, tratamiento y remoción de residuos se efectuará conforme los procedimientos que determine el reglamento respectivo. El reglamento determinará, asimismo, las sustancias y residuos cuya descarga o eliminación se encuentre prohibida en la Antártica, en virtud de los acuerdos internacionales suscritos por Chile y que se encuentren vigentes.

El Ministerio de Medio Ambiente, con el fin de reducir aún más el impacto de los residuos en el medio ambiente antártico, preparará, revisará y actualizará los planes de tratamiento de residuos de las bases antárticas nacionales, así como los de las naves y aeronaves nacionales que se destinen para las actividades antárticas.

Artículo. 35.- Evaluación de Impacto Ambiental de actividades antárticas.- Durante la etapa de planificación de cualquier actividad que se desarrolle en la Antártica, de conformidad con los programas de investigación científica, con el turismo y con las actividades gubernamentales y no gubernamentales, especialmente de aquellas que requieran de notificación previa conforme al inciso 3º del artículo 32 de esta ley, así como las actividades de apoyo logístico correspondientes, deberán someterse a los procedimientos de evaluación de impacto sobre el medio ambiente antártico o en los ecosistemas dependientes o asociados. Se exceptúan de la evaluación contemplada en este artículo a las actividades pesqueras y de extracción contempladas en el artículo 30 precedente.

De producirse cualquier cambio significativo en alguna de las actividades descritas en el inciso 1º precedente, ellas deberán someterse a una nueva evaluación de impacto ambiental, ya sea que tal cambio se deba a un aumento o a una disminución de la intensidad de una actividad ya existente, a que se añada a ella una nueva actividad, al cierre de una instalación, o a cualquier otra causa.

Cuando alguna de tales actividades sea planificada conjuntamente por Chile y otro u otros Estados Partes del Sistema del Tratado Antártico, el Ministerio de Relaciones Exteriores coordinará la aplicación de los procedimientos de evaluación de impacto sobre el medio ambiente antártico a fin de determinar si se realizará en Chile o en otro Estado.

La evaluación de impacto ambiental será efectuada por el Comité Operativo para la Evaluación de Impacto Ambiental sobre el Medio Ambiente Antártico señalado en el artículo 16 de esta ley y se regirá por el reglamento indicado en el artículo 16 de la presente ley que fijará los contenidos mínimos de las propuestas de actividades o proyectos que se sometan a evaluación de impacto ambiental según corresponda a cada una de las tres categorías que se señalan en el artículo siguiente; los parámetros e indicadores que permitan determinar sobre una base científica cuándo una actividad puede producir un impacto menos que mínimo o transitorio, mínimo o transitorio o más que mínimo o transitorio; y el procedimiento para la evaluación de impacto ambiental.

Artículo. 36.- Categorías de Evaluación de Impacto Ambiental.- Las evaluaciones de impacto ambiental de las actividades antárticas pueden ser:

1. Evaluación de impacto ambiental preliminar, si la actividad planificada causará menos que un impacto mínimo o transitorio;

2. Evaluación de impacto ambiental inicial, si la actividad antártica planificada causará un impacto mínimo o transitorio; o

3. Evaluación de impacto ambiental global, si la actividad antártica causará más que un impacto mínimo o transitorio.

El operador de la actividad antártica podrá presentar una evaluación de impacto ambiental preliminar, inicial o global según lo estime pertinente, de acuerdo al nivel de impacto que prevé que pueda causar la actividad antártica que pretende desarrollar.

Si el Comité Operativo, tras el estudio respectivo, determina que una evaluación de impacto ambiental preliminar cumple con los parámetros requeridos, lo certificará y comunicará al interesado que puede desarrollar la actividad en conformidad a lo informado. Asimismo, si determina que una evaluación de impacto ambiental inicial cumple con las exigencias pertinentes, lo certificará y comunicará al interesado que, una vez que se establezcan los procedimientos apropiados para evaluar y verificar el impacto ambiental de la actividad, puede dar inicio a la misma.

Aprobada la evaluación de impacto ambiental global por el Comité Operativo, ésta será presentada por el Ministerio de Relaciones Exteriores conjuntamente con la autorización del artículo 23 de esta ley y los antecedentes en que se fundan ante el organismo competente del Sistema del Tratado Antártico, y se seguirá con el procedimiento internacional previsto en el artículo 3 del Anexo I del Protocolo al Tratado Antártico, antes de iniciar la actividad planificada.

Artículo 37.- Información a los operadores.- Los operadores podrán acceder a información relevante sobre protección al medio ambiente antártico, a través del Sistema Nacional de Información Ambiental establecido en el artículo 31 ter de la Ley N° 19.300. Dicha información comprenderá, entre otros, las actividades prohibidas en la Antártica, la lista de Especies Especialmente Protegidas, las Zonas Especialmente Protegidas o Administradas, los monumentos históricos y las conductas que constituyen infracciones o delitos y sus respectivas sanciones.

Artículo 38.- Obligación de informar sobre daños al medioambiente antártico.- Cualquier persona, que tenga conocimiento de la ocurrencia de un daño al medio ambiente antártico, esté o no implicada en la producción del mismo, tendrá la obligación de comunicarlo a la brevedad a las autoridades nacionales mencionadas en el artículo 45 de la presente ley.

Artículo. 39.- Emergencias ambientales.- Ante casos de emergencias ambientales en la Antártica, las autoridades pertinentes dispondrán una respuesta rápida y efectiva con todos los medios nacionales que estén en el área de la emergencia ambiental y podrán solicitar el apoyo de otros Estados Partes si aquello fuera necesario.

El Ministerio de Medio Ambiente elaborará en coordinación con los Ministerios del Interior y Seguridad Pública, Relaciones Exteriores y Defensa Nacional pautas o medidas para responder a los incidentes que puedan tener efectos adversos para el medio ambiente antártico o sus ecosistemas dependientes y asociados.

Artículo. 40.- Daño al medio ambiente antártico.- Toda persona natural o jurídica, sujetas a la presente ley de conformidad al Artículo 4, que culposa o dolosamente cause un daño ambiental en el Territorio Chileno Antártico, en la Antártica o en el Océano Austral, dará lugar a las acciones de reparación medioambiental previstas en la ley 19.300.

No procederá la acción para obtener la reparación del medio ambiente dañado cuando quien cometió el daño ejecutó satisfactoriamente un plan de reparación aprobado por la Superintendencia del Medio Ambiente.

Artículo. 41.- Presunción.- Se presume legalmente la culpa del autor del daño al medio ambiente antártico, si en la realización de la actividad antártica que causó el daño ambiental existe infracción a las normas previstas en la presente ley, los reglamentos dictados conforme a ella, así como las normas del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente y sus anexos.

Artículo. 42.- Titularidad de acción ambiental.- El Estado de Chile, por intermedio del Consejo de Defensa del Estado, será el titular de la acción ambiental destinada a obtener la reparación del medio ambiente antártico dañado. Esta disposición no obsta a la acción indemnizatoria que pueda presentar toda persona natural o jurídica, pública o privada que haya sufrido el perjuicio en razón del daño ambiental.

Artículo. 43.- Competencia.- Será competente para conocer de la acción de reparación derivada del daño al medio ambiente antártico, el Tribunal Ambiental que corresponda de conformidad a lo previsto en el número 2° del artículo 17 de la ley Nº 20.600 y se le aplicarán las normas de procedimiento establecidas en dicha ley.

Artículo. 44.- Norma subsidiaria.- En lo no tratado en esta ley respecto a los temas ambientales, y en cuanto no sea contradictoria con la misma, se aplicarán subsidiariamente la Ley N° 19.300, sobre bases generales del medio ambiente.

Título VII

Fiscalización y sanciones

Párrafo 1

Autoridades competentes, infracciones y sanciones.

Artículo. 45.- Fiscalización.- La fiscalización del cumplimiento de las disposiciones de los títulos V y VI de la presente ley y sus reglamentos será ejercida:

a) En el continente antártico por los funcionarios del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea y del Instituto Antártico Chileno que se encuentren en dicho territorio. En el ejercicio de esta función fiscalizadora los jefes de bases antárticas de cualquiera de estas instituciones tendrán la calidad de Ministros de Fe.

b) En el resto del país los funcionarios de la Armada, de la Dirección de Aeronáutica Civil y Carabineros quienes tendrán la calidad de Ministros de Fe.

Artículo. 46.- Infracciones.- Se castigará a la persona natural o jurídica que realice una actividad en la Antártica o en el Océano Austral e incurra en las siguientes conductas con las siguientes multas:

1. El que realice una actividad en la Antártica sin contar con las autorizaciones y evaluación de impacto ambiental previstas en esta ley será sancionado con multa de 100 a 1.500 UTM.

2. El que estando a cargo de una actividad antártica debidamente autorizada y que cuente con la evaluación del impacto ambiental, al momento de realizarla no cumpla estrictamente la planificación que fue establecida en la actividad o proyecto aprobado ambientalmente o la planificación de la actividad autorizada de conformidad a los artículos 23 o 25, será sancionado con multa entre 100 a 1.000 UTM.

3. El que eliminare en el mar de la Antártica todo tipo de basura, en los términos previstos en el artículo 5 del Anexo IV del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente o eliminare cualquier tipo de basura o residuo en la Antártica, sea en el mar o en tierra, en infracción a los procedimientos establecidos en el Reglamento será sancionado con multas entre 100 a 1.000 UTM.

4. El que descargare en el mar de la Antártica aguas residuales en los términos previstos en el artículo 6 del Anexo IV del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente será sancionado con multas de 100 a 1.000 UTM. Las multas establecidas en los numerales anteriores serán aplicables sin perjuicio de las acciones establecidas en los Artículos 34 y siguientes de la presente ley.

Artículo 47.- Competencia.- Serán competentes para conocer de las infracciones consagradas en el artículo anterior, así como de las infracciones a los reglamentos señalados en la presente ley, el Juez de Policía Local de Punta Arenas, sin perjuicio de la lugar donde ésta se hubiese verificado. Asimismo, será éste el competente para conocer de los casos en que la infracción hubiese sido cometida en la Antártica o en el Océano Austral, ambos definidos en el Artículo 4º precedente.

Artículo 48.- Procedimiento.- El Juez de Policía Local conocerá de las infracciones en conformidad al procedimiento establecido en la Ley Nº 18.287, con las modificaciones que se señalan a continuación:

1.- Los funcionarios indicados en el artículo 39, que sorprendan infracciones a la presente ley y sus reglamentos, deberán denunciarlo al Juzgado de Policía Local competente y citar personalmente al inculpado si estuviere presente, por escrito, o si estuviere ausente, mediante nota que dejarán en un lugar visible del domicilio del infractor, o en la nave o embarcación utilizada, para que comparezca a la audiencia más próxima, indicando día y hora bajo apercibimiento de proceder en su rebeldía.

2. La citación para que comparezca a la audiencia no podrá hacerse para antes del décimo ni después del vigésimo quinto día hábil siguiente a la fecha de la notificación. En el evento que el denunciado resida en un lugar alejado a aquél en el que se realizó la denuncia, éste podrá concurrir al Juzgado de Policía Local de su residencia para formular sus descargos por escrito y solicitar que, por medio de exhorto, se recabe la resolución del caso. El juez exhortado comunicará al exhortante la sentencia dictada.

3.- La denuncia que se formule al Juzgado de Policía Local deberá contener todos los detalles y antecedentes necesarios para la correcta individualización del denunciado, el número de su cédula de identidad, u otro documento de identificación, y los hechos constitutivos de la infracción y la norma o normas precisas infringidas.

4.- Los funcionarios indicados en el artículo 39, no podrán detener ni ordenar la detención de los que sorprendan in fraganti cometiendo una infracción, a menos de tratarse de una persona que no dé caución suficiente de que comparecerá a la audiencia que se le cite. El juez pondrá en conocimiento del detenido la denuncia respectiva y lo interrogará de acuerdo a su contenido.

Siempre que se prive de libertad a una persona, se dará estricto cumplimiento a las disposiciones del Código de Procesal Penal que obligan a informarle del motivo de la detención, al momento de practicarla, y a comunicar a su familia, a su abogado o a la persona que indique el hecho de haber sido privado de libertad y su motivo.

Los que permanecieren detenidos serán puestos inmediatamente a disposición del Juzgado de Policía Local, si fuere hora de despacho, o a primera hora de la audiencia más próxima, en caso contrario.

5.- En caso que el inculpado reconociera ante el tribunal su participación en los hechos constitutivos de la falta que se le atribuye y se allanare a la sanción que el mismo tribunal le advirtiere que contempla la ley para estos casos, se dictará sentencia definitiva de inmediato, la que no será susceptible de recurso alguno. El juez, en este evento, podrá no aplicar la sanción en su grado máximo, pudiendo considerar la reducción de ésta en no más de un veinte por ciento.

6.- Para la determinación de las multas el juez tendrá en consideración, especialmente, si producto de la infracción se produjera daño ambiental y la entidad de este o la potencialidad de haberlo causada, cuando el infractor sea reincidente o haya incurrido en faltas reiteradas a la presente ley.

7.- El juez no podrá conmutar la multa en todo o en parte, por la realización de trabajos en beneficio de la comunidad. Artículo 49.- Deber de informar.- Toda sentencia firme condenatoria, recaída en procesos por infracciones a la presente ley, deberá ser comunicada al más breve plazo por los Tribunales competentes al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Artículo 50.- Prescripción.- Las acciones para perseguir las infracciones a esta ley prescribirán en el plazo de cinco años contado desde la fecha en que se cometió la infracción. Las sanciones que se impongan prescribirán en el plazo de cinco años, contado desde que quede firme la sentencia condenatoria, según corresponda. Párrafo 2°De los Delitos Especiales en materia antártica

Artículo 51.- Competencia.- Serán competentes para investigar y perseguir la responsabilidad de los delitos consagrados en este párrafo, cuando estos sean cometidos en el territorio de la Antártica y en el Océano Austral, la fiscalía regional de Punta Arenas, y su conocimiento corresponderá al juzgado de garantía y al tribunal de juicio oral en lo penal de Punta Arenas.

Artículo 52.- Delitos especiales.-

1.- El que realice explosiones nucleares o eliminaré desechos radioactivos en la Antártica o en el Océano Austral será sancionado con pena de presidio mayor en sus grados medio a máximo.

2.- El que realizare cualquier actividad relacionada con los recursos minerales en la Antártica, en el Océano austral o en la plataforma continental de la Antártica, a menos que dicha actividad sea con fines científicos y haya sido autorizada de conformidad a la presente ley, será sancionado con presidio menor en su grado medio a presidio menor en su grado máximo, y multa de 500 a 1500 UTM.

3.- El que realice una toma, en los términos de la letra g) del artículo 4 de la presente ley, en el área del Tratado Antártico sin contar con la autorización del Instituto Antártico Chileno, o que al realizarla se excede de la autorización respectiva será sancionado con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo, y multa de 500 a 1500 UTM.

4.- El que realice una intromisión perjudicial, en los términos establecidos en la letra h) del artículo 4 de la presente ley, sin contar con la autorización del Instituto Antártico Chileno, o que al realizarla se excede de la autorización respectiva será sancionado con presidio menor en su grado máximo y multa de 300 a 1200 UTM.

5.- El que realice cualquier descarga en el mar de hidrocarburos petrolíferos o mezclas petrolíferas, excepto en los casos autorizados por el Anexo I del MARPOL 73/78, será sancionado con pena de presidio menor en su grado medio a máximo y con multa de 500 a 1500 UTM. Sin perjuicio de lo anterior, se considerarán autorizadas:

a) Las descargas en el mar de hidrocarburos petrolíferos o de mezclas petrolíferas resultantes de averías sufridas por un buque o por sus equipos:

i. Siempre que después de producirse la avería o de descubrirse la descarga se hayan tomado todas las precauciones razonables para prevenir o reducir a un mínimo tal descarga; y

ii. Salvo que el propietario o el Capitán haya actuado ya sea con la intención de causar la avería o con imprudencia temeraria y a sabiendas de que era muy probable que se produjera la avería; o

b) Las descargas en el mar de sustancias que contengan hidrocarburos petrolíferos cuando sean empleados para combatir casos concretos de contaminación a fin de reducir los daños resultantes de tal contaminación”.

6.- El que descargare en el mar cualquier sustancia nociva líquidas; asimismo, la de cualquier otra sustancia química o de otras sustancias, en cantidades o concentraciones perjudiciales para el medio marino, será sancionado con presidio menor en su grado medio a máximo y con multa de 500 a 1500 UTM.

7.- El que causaré daño, trasladare o destruyera un sitio o monumento histórico nacional o uno designado en conformidad al Sistema del Tratado Antártico será sancionado con pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de 300 a 1000 unidades tributarias mensuales.

8.- El que cazare, capturare o diere muerte a uno o varios ejemplares de focas en los términos y zonas establecidas en el punto 4 del Apéndice I de la Convención para la Conservación de las focas antárticas será sancionado con la pena de presidio mayor en su grado mínimo y multas de 300 a 1200 UTM. El que tenga, posea, transporte, desembarque, elabore o efectúe cualquier proceso de transformación, así como comercialice o almacene las especies vivas o muertas o parte de éstas mencionadas en este numeral, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo y multa de 300 a 1200 UTM.

TÍTULO VIII

Disposiciones finales

Artículo. 53.- Gasto Fiscal.- La aplicación de la presente ley no irrogará mayor gasto fiscal.

Artículo 54.- Intercálese en el inciso segundo del artículo 52 de la ley N° 21.080 que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de modernizar el Ministerio de Relaciones Exteriores, un nuevo numeral 8 del siguiente tenor: “8. El Gobernador Regional de la Región de Magallanes y Antártica Chilena.”, pasando de esta forma el actual numeral 8 a ser el 9 y así sucesivamente.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo Primero Transitorio.- La presente ley comenzará a regir 180 días después de su publicación en el Diario Oficial.

Artículo Segundo Transitorio. - Dentro del plazo de dos años desde la entrada en vigencia de esta ley, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en conjunto con los demás ministerios que corresponda si así fuera el caso, deberá dictar los reglamentos dispuestos en la presente ley o aquellos que resulten indispensables para el acertado cumplimiento de la misma.

Artículo Tercero Transitorio.- En el tiempo que medie entre la entrada en vigencia de la presente ley en el Diario Oficial y la fecha en que comiencen sus funciones los Delegados Presidenciales Regionales y los Gobernadores Regionales, todas las menciones efectuadas en esta ley a dichos cargos, deben entenderse efectuadas al Intendente Regional.

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El texto en negrilla corresponde a indicaciones aprobadas.

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SE DESIGNÓ DIPUTADA INFORMANTE A DOÑA SANDRA AMAR MANCILLA.

SALA DE LA COMISION, a 12 de diciembre de 2018.

Acordado en sesiones de fechas 9 de julio y 6 de agosto de 2014, 10 de mayo, 14 de junio, 5 y 12 de julio, 16 de agosto y 6 de septiembre de 2017, 1° y 22 de agosto, 12 de septiembre, 3 de octubre, 21 y 28 de noviembre y 12 de diciembre de 2018, con asistencia de las señoras Diputadas Amar, doña Sandra, y Leuquén, doña Aracely (Presidenta) y de los señores Diputados Alinco, don René; Baltolu, don Nino; Bianchi, don Karim; Boric, don Gabriel; Calisto, don Miguel Ángel; Galleguillos, don Ramón; Kast, don Pablo; Kuschel, don Carlos Ignacio; Mirosevic, don Vlado; y Von Mühlenbrock, don Gastón.

PEDRO N. MUGA RAMIREZ

Abogado Secretario de la Comisión

1.6. Discusión en Sala

Fecha 23 de enero, 2019. Diario de Sesión en Sesión 131. Legislatura 366. Discusión General. Se aprueba en general y particular.

ESTABLECIMIENTO DE ESTATUTO CHILENO ANTÁRTICO (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9256-27)

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que establece el Estatuto Chileno Antártico.

Diputada informante de la Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena es la señora Sandra Amar .

Antecedentes:

-Mensaje, sesión 121ª de la legislatura 361ª, en 4 de marzo de 2014. Documentos de la Cuenta N° 2.

-Informe de la Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena, sesión 122ª de la presente legislatura, en 8 de enero de 2019. Documentos de la Cuenta N° 15.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Si le parece a los señores diputados, se accederá a la petición del ministro de Defensa Nacional para autorizar el ingreso a la Sala de su asesor jefe, dado que fue quién hizo el seguimiento al proyecto que establece el Estatuto Chileno Antártico.

¿Habría acuerdo?

Acordado.

Tiene la palabra la diputada informante.

La señora AMAR, doña Sandra (de pie).-

Señor Presidente, en representación de la Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena, paso a informar, en primer trámite constitucional y reglamentario, el proyecto de ley, originado en mensaje de su excelencia el Presidente de la República, que establece el Estatuto Chileno Antártico, contenido en el boletín N° 9256-27, con urgencia calificada de simple.

Este proyecto tiene como objetivos esenciales, por una parte, impulsar la activa participación en la gestación, implementación y desarrollo de un régimen antártico efectivo, a partir del Tratado Antártico de 1959, y, por otra, adecuar las normas de derecho interno que rigen en el Estado de Chile, las cuales requieren actualizarse, según las nuevas exigencias propias del marco internacional que rige en el país, así como que expresen, de manera clara y eficaz, la forma en que Chile ejerce sus competencias y asume sus obligaciones en el marco del Tratado Antártico, considerando en especial que nuestro país tiene una larga tradición antártica, fundada en razones geográficas, históricas y jurídicas.

Durante la discusión de este proyecto, la comisión contó con la asistencia del ministro de Relaciones Exteriores, señor Roberto Ampuero Espinoza ; del ministro de Defensa Nacional, señor Alberto Espina Otero ; del subsecretario de Defensa, señor Cristián de la Maza Riquelme , y del asesor del ministro de Defensa Nacional, señor Pablo Urquízar Muñoz , además de numerosos otros invitados, cuya lista se acompaña en el informe que tienen en su poder.

El proyecto fue aprobado en general, en sesión de fecha 3 de octubre del año recién pasado, por 10 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.

Votaron a favor las diputadas señoras Amar , doña Sandra , y Leuquén , doña Aracely , y los diputados señores Alinco, don René ; Baltolu, don Nino ; Berger, don Bernardo (en reemplazo del señor Kuschel, don Carlos) ; Bianchi, don Karim ; Galleguillos, don Ramón ; Kast, don Pablo ; Mirosevic, don Vlado , y Von Mühlenbrock, don Gastón .

Respecto del contenido del proyecto, este tiene como propósito dar una estructura moderna y más eficiente de la institucionalidad antártica, impulsando, entre otros, una coordinación eficaz entre las entidades públicas con competencias sectoriales atingentes a la Antártica y la coordinación que corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Asimismo, el proyecto de ley reafirma la competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores en materia de política antártica y crea las herramientas necesarias para abordar las necesidades de coordinación que generan las actividades antárticas nacionales.

La ley que se propone persigue, asimismo, asegurar la capacidad para ejecutar un programa antártico nacional, unificado y eficiente. Para ello, el proyecto de ley cuenta con 54 artículos y 3 disposiciones transitorias, los que se han estructurado en los siguientes títulos:

Disposiciones generales

Refuerza el reconocimiento, protección y fortalecimiento de derechos soberanos antárticos con pleno respeto a las normas del derecho internacional; contempla como objetivo fomentar la actividad antártica de Chile, promoviendo el desarrollo social y económico de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena; consagra la aplicación excepcional de la extraterritorialidad de la ley nacional en materia antártica.

Institucionalidad antártica chilena

Se actualiza la institucionalidad antártica, con el objeto de coordinar las entidades públicas con competencias sectoriales sobre dicho territorio.

1.Consejo de Política Antártica: órgano interministerial que tiene la función de proponer los grandes lineamientos de la política antártica nacional (este órgano actualmente existe, regulado en el Estatuto Orgánico del Ministerio de Relaciones Exteriores).

2.Política antártica nacional: promulgada mediante decreto supremo. Debe ser actualizada, al menos, cada diez años.

3.Planes estratégicos antárticos: vigencia de cuatro años, modificables en un plazo menor si se estima necesario. Serán desarrollados por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

4.Programa antártico nacional: es un programa anual de cumplimiento del plan estratégico y será elaborado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

5.Ministerio de Relaciones Exteriores. Coordinará los diversos ministerios y entidades estatales con competencia sectorial en las actividades antárticas. La coordinación operativa y logística entre las Fuerzas Armadas se realizará a través del Estado Mayor Conjunto, y la coordinación entre estos operadores y los demás ministerios con competencia en la materia se efectuará a través de la Subsecretaría de Defensa; se establece un comité operativo para la evaluación de impacto ambiental sobre el medio ambiente antártico, que dependerá administrativamente del Ministerio del Medio Ambiente.

Gobierno y administración interior del territorio chileno antártico

Otorga mayores atribuciones y competencia a la región en el curso de políticas antárticas, reconociendo las atribuciones del delegado presidencial regional de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, y las correspondientes al gobierno regional de la Región de Magallanes y Antártica Chilena.

Financiamiento de la actividad antártica nacional

Establece que la ley de presupuestos deberá consultar anualmente los recursos para financiar la actividad antártica nacional.

Regulación de las actividades antárticas

Se regulan las actividades científicas y tecnológicas; el zarpe y despegue de naves y aeronaves nacionales con destino antártico; actividades artísticas, culturales y deportivas; turísticas, pesqueras y de captura de recursos vivos marinos, y de búsqueda y rescate.

Protección y conservación del medio ambiente antártico

Se consagra el principio de protección y conservación del medio ambiente antártico en la planificación y ejecución de actividades en el continente antártico.

Fiscalización y sanciones

Se incorporan infracciones y delitos por la comisión y omisión de determinadas conductas, estableciéndose la competencia y procedimiento a seguir, según sea el caso. Los operadores antárticos serán los encargados de fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de este proyecto.

Disposiciones finales

Contempla la disposición que modifica el artículo 52, de la ley Nº 21.080, que modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de modernizar el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el sentido de incorporar al gobierno regional de Magallanes y Antártica Chilena en el Consejo de Política Antártica. Esta futura ley no irrogará mayor gasto fiscal.

Disposiciones transitorias

Establecen los plazos de entrada en vigencia de la ley, y de dictación de reglamentos dispuestos en esta futura ley. Asimismo, establece que en el tiempo que medie entre la entrada en vigencia de la ley y el inicio de funciones de los delegados presidenciales regionales y de los gobernadores regionales todas las menciones efectuadas en esta futura ley a dichos cargos deben entenderse efectuadas al intendente regional.

Durante su discusión particular, el Ejecutivo presentó 45 indicaciones que tuvieron por objeto materializar las observaciones de los expositores durante las sesiones de la comisión, basadas en tres grandes líneas fundamentales: materializar y reforzar la soberanía de Chile en la Antártica, comprendiendo que la suscripción del Tratado Antártico no implica, bajo ningún aspecto, una renuncia a las reclamaciones territoriales en el continente blanco; incorporación de un nuevo objetivo del estatuto, que dice relación con fomentar la actividad antártica de Chile, promoviendo el desarrollo social y económico de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, incorporando, además, un título tercero, nuevo, sobre los roles y las funciones del gobierno regional y del delegado presidencial de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, y establecer que la coordinación y la conducción de las Fuerzas Armadas en el territorio antártico debe ser coordinada y visada por el Ministerio de Defensa Nacional, lo cual fue discutido y aprobado por la comisión en la forma que consta en el informe del proyecto.

Siguiendo en el mismo orden de ideas, me permito señalar a esta honorable Cámara que la comisión estimó que los artículos 43, 47, 48 y 51 del texto aprobado por ella revisten la calidad de orgánicos constitucionales, en atención a lo dispuesto por el artículo 77 de la Constitución Política de la República, pues inciden en la organización y atribuciones de los tribunales de justicia. Asimismo, la comisión, al tenor del informe financiero acompañado al mensaje, estimó que el proyecto no requiere del conocimiento de la Comisión de Hacienda, por cuanto sus normas no inciden en materias financieras ni presupuestarias del Estado.

Por último, es importante destacar que las indicaciones realizadas por el Ejecutivo asumen las inquietudes planteadas por los diputados integrantes de la comisión, acentuando de esta forma un enfoque regionalizador.

Lo anterior se expresa en la incorporación de un nuevo título al proyecto de ley que establece el Estatuto Chileno Antártico, denominado Gobierno y Administración Interior del Territorio Chileno Antártico, y en las indicaciones desagregadas que tienen por finalidad incrementar la presencia del Gobierno Regional en materia antártica.

El Título III, Gobierno y Administración Interior del Territorio Chileno Antártico, distingue entre las atribuciones del delegado presidencial regional y del Gobierno Regional de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

En cuanto a las atribuciones del delegado presidencial regional, principalmente “coordinará las iniciativas en la Antártica por instrucción del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, informando al Ministerio de Relaciones Exteriores. En particular, le corresponderá:

a)Velar por el cumplimiento de la normativa nacional e internacional aplicable en la Antártica;

b)Difundir las disposiciones y medidas de protección al medioambiente antártico;

c)Administrar, según corresponda, los fondos que se destinen a actividades de gobierno interior;

d)Ejecutar y supervisar aquellas tareas que le disponga el Consejo de Política Antártica;

e)Facilitar la coordinación entre las autoridades de las bases antárticas chilenas;

f)Recibir las denuncias por infracciones a esta ley, a las normas de protección del medio-ambiente antártico o a la legislación general chilena por hechos acontecidos en la Antártica, sin perjuicio de las atribuciones de las demás autoridades competentes en la materia, y

g)Toda otra facultad que le encomiende la legislación vigente.

En cuanto al Gobierno Regional de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, “ejercerá sus atribuciones, en conformidad a la ley Nº 19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional. En particular, le corresponderá:

a)Promover la identidad antártica.

b)Decidir la destinación de fondos regionales a proyectos específicos a desarrollarse en el territorio antártico.

c)Adoptar las medidas necesarias para enfrentar situaciones de emergencia o catástrofe, dentro de su competencia.

d)Fomentar y velar por la protección, conservación y mejoramiento del medio ambiente en el territorio antártico.

e)Fomentar, respetando el ecosistema y el derecho internacional, el turismo en el territorio antártico.

f)Promover la investigación científica y tecnológica.

g)Fomentar, financiar y difundir actividades culturales en el territorio antártico.

H) Promover actividades deportivas en el territorio antártico.

i) Toda otra facultad que le encomiende la legislación vigente.

Las resoluciones que adopte el Gobierno Regional para ejercer una o más de sus atribuciones en materia antártica, deberán ejecutarlas en forma coherente con las políticas públicas nacionales vigentes, correspondiendo al ministro respectivo velar por aquello.”.

Adicionalmente, se han incorporado las siguientes indicaciones que refuerzan la participación del gobierno regional en materia antártica y reconocen la importancia del potenciamiento de la región.

Dentro del artículo 1, que establece los objetivos de la presente ley, se ha incorporado el siguiente número 5: “Fomentar la actividad antártica de Chile, promoviendo el desarrollo social y económico de la Región de Magallanes y Antártica Chilena”.

En el artículo 6, a través de una nueva indicación, de diciembre 2018, se consagra la posibilidad del Consejo de Política Antártica de sesionar también en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

En el artículo 17, en lo relativo al delegado presidencial y al deber de coordinación con el gobernador regional, a través de una nueva indicación, de diciembre de 2018, se establece que en el ejercicio de sus funciones el delegado presidencial de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena deberá cumplir sus cometidos conforme al artículo 5° de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, promulgado en 2000 y publicado en 2001.

A través de una indicación de diciembre de 2018, se incorporó un nuevo artículo 54, para intercalar en el inciso segundo del artículo 52 de la ley N° 21.080, que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de modernizar el Ministerio de Relaciones Exteriores, un nuevo número 8, para introducir al gobernador regional de Magallanes y de la Antártica Chilena dentro del Consejo de Política Antártica.

Es todo cuanto puedo informar a esta honorable Cámara de Diputados.

He dicho.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado Gastón von Mühlenbrock .

El señor VON MÜHLENBROCK.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo al ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina ; a su jefe de gabinete, Pablo Urquízar , y a los demás asesores, que hicieron una tremenda labor en el proyecto de ley que hoy discutimos en la Sala.

Nos encontramos en presencia de un proyecto histórico, pero, a la vez, sumamente necesario, toda vez que se inspira en la protección de nuestros derechos soberanos antárticos, a través del reforzamiento y profundización del sistema del Tratado Antártico.

Además, promueve preservar y mantener a la Antártica como zona de paz y, por lo mismo, promueve la investigación científica y el resguardo del medio ambiente, en consonancia con los principios y orientaciones generales de nuestro país en lo que respecta a los compromisos asumidos por el Estado de Chile en la Agenda Verde a nivel global, pero también asumiendo el compromiso del Presidente Piñera en torno a la promoción de la ciencia y la tecnología como un vehículo eficaz que garantiza el progreso de la patria en los más variados aspectos de nuestra vida social.

Para garantizar todo lo dicho, el proyecto propone una actualización de los protocolos administrativos, principalmente en lo que respecta a la preeminencia del principio de coordinación consagrado en la ley N° 18.575, que establece la coordinación de las autoridades sectoriales en torno al tema antártico, concediendo competencias a la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. En esa misma línea, nos encontramos ante un proyecto que promueve la descentralización en la toma de decisiones, hecho que, para los parlamentarios de regiones, constituye un aspecto apasionante, desde el punto de vista social, jurídico, económico e, incluso, cultural.

De acuerdo con lo indicado, nos parece que nos encontramos ante un proyecto que debe ser tomado como una apuesta valiente, decidida y coherente ante el expectante momento que vive nuestra patria en el siglo XXI: una nación respetada en todo el mundo por su seriedad, por su sistema democrático y la libertad de sus ciudadanos. En ese plano debemos llevar adelante este proyecto monumental, que claramente representa un homenaje a todos aquellos chilenos que hicieron patria en el continente helado, desde las más altas autoridades, como el Presidente Gabriel González Videla , hasta el operario más modesto.

Claramente, también representa un reconocimiento extensivo a nuestras Fuerzas Armadas, que han formado comunidades en esas inhóspitas zonas de nuestra patria y que han sabido plasmar las costumbres del pueblo chileno en ese continente.

Este es un día histórico para nuestro país. Espero que este proyecto tenga la aprobación total y unánime de la Cámara de Diputados.

He dicho.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Gabriel Boric .

El señor BORIC.-

Señor Presidente, siempre hemos reiterado que nuestra geografía, tan remota como accidentada, nos aísla de los grandes centros de intercambio comercial. Sumado a esto existe un diseño de orientación centralista que es del todo ineficaz, y una regionalización que todavía es incipiente y deficiente.

Es hora de que los magallánicos y magallánicas nos pongamos a pensar cómo torcer la nariz a este paradigma verticalista y hegemónico, para constituirnos, no en el fin del mundo, sino en su principio.

Los tehuelches hablaban de un dios llamado Kóoch , el cual unió los dos océanos más grandes del planeta, que vivió durante siglos sumido en la oscuridad y que lloró de soledad en medio de la confusa geografía del desamparo. Sus lágrimas hicieron brotar el mar primordial. Luego, separó los océanos, alegorizando con ello la existencia del estrecho. Es posible que las mitologías sean sugerencias del pasado para entender los derroteros del presente.

Quienes somos magallánicos vivimos a orillas de un estrecho que une los dos océanos más grandes del planeta.

La mirada centralista nos ha obligado a observar el mapa siempre con la mirada hacia arriba, hacia Santiago , como centro político, cultural y económico. Si tomamos el globo en nuestras manos y colocamos por unos instantes a Magallanes en el eje medular, nos daríamos cuenta de que estamos conectados desde varios abordajes con lugares tan distintos como Nueva Zelanda y Australia. ¿Cómo es posible que haya puntos de convergencia con dichas latitudes y no los percibamos como algo cercano? La existencia del continente antártico debiera ser la respuesta. Punta Arenas es la ciudad antártica más cercana al continente blanco, a un poco más de 900 kilómetros de la isla Rey Jorge.

Las ciudades de Christchurch, en Nueva Zelanda, y Hobart , en Australia, poseen una amplia infraestructura y varios organismos trabajando en torno al tema, no únicamente en sus políticas antárticas oficiales. A manera de ejemplo, Australia ha incentivado el traslado de más de un centenar de científicos a Hobart, con todo el movimiento económico y la implementación de servicios que ello involucra. En Magallanes está en duda la construcción del Centro Antártico Internacional.

Pocos países podrían exhibir siquiera la idea de tener dos puertos antárticos: Punta Arenas y Puerto Williams. Imaginemos por un instante que el mundo los asocia a ese sello, al sello antártico, empleando recursos de promoción e investigación. ¿Podríamos avizorar acaso la idea de convertirnos en una región de avanzada, que no solo sería eje de las preocupaciones nacionales, sino también de las de todo el mundo?

Urge potenciar e implementar a todos los organismos y voluntades que participen de la iniciativa de asumirnos como puerta de entrada definitiva al continente blanco, y contar, como ha sido anunciado hace poco, con un buque rompehielos que nos permita mayor autonomía operativa.

En el ámbito del turismo, sería primordial implementar rutas que rememoren la travesía de los grandes navegantes antárticos, y sería importante potenciar en el currículo escolar el conocimiento de este continente que nos otorga ciencia, paz, cooperación y multilateralismo, algo que desgraciadamente parece estar a veces ausente en este gobierno.

De igual manera, me parece fundamental la incorporación del tema antártico desde una óptica también mítica. El gran Pablo Neruda advertía tempranamente algo de este paradigma, refiriéndose a la Antártica. Decía Neruda:

“Allí termina todo y no termina:

allí comienza todo:

se despiden los ríos en el hielo,

el aire se ha casado con la nieve, no hay calles ni caballos y el único edificio lo construyó la piedra.”

Quizá una de las grandes carencias, nuestro alejamiento, nos entregue la llave de la apertura hacia un mundo maravilloso e inabarcable. Ese sería un abordaje en el cual Magallanes podría ser el epicentro de inquietudes continentales. De esa manera, el dios Kóoch no habrá llorado en vano.

Por ello, en la Cámara asistimos a un hito de suma importancia para nuestro país: por fin se votará en primer trámite constitucional el proyecto que crea el Estatuto Chileno Antártico, luego de cuatro años de discusión.

El Estado chileno tiene una gran tarea por delante, y en la Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena hemos realizado un trabajo extenso a este respecto. En el proyecto se define parte importante de las orientaciones que aportan a ello, en particular el desarrollo de la ciencia y la paz. La Antártica es un territorio destinado a la ciencia y a la paz.

Quiero destacar, entre otras modificaciones que se hicieron en la comisión, la incorporación del Gobierno Regional de Magallanes y la Antártica Chilena en el Consejo de Política Antártica, con lo que se modifica la ley del Ministerio de Relaciones Exteriores; se incorpora como sede de trabajo del Consejo de Política Antártica a nuestra Región de Magallanes, pues, como es obvio, se tienen que tomar las decisiones desde el mismo territorio; se restablece el deber de coordinación y de unidad de acción entre el gobierno regional y el delegado presidencial para la ejecución de los asuntos antárticos.

Es imperativo tener una visión geopolítica como país. Saludo la decisión del gobierno de construir el ansiado puerto en Bahía Fildes, de recuperar los restos quemados de la Base Profesor Julio Escudero, y de remodelar la pista de aterrizaje de la Base Presidente Eduardo Frei Montalva . Pero todavía falta. La construcción del Centro Antártico Internacional está en duda; desde Magallanes seguiremos peleando por su concreción, para que definitivamente seamos una puerta a todo el mundo...

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Osvaldo Urrutia .

El señor URRUTIA (don Osvaldo).-

Señor Presidente, por su intermedio saludo al ministro de Defensa, señor Alberto Espina , quien nos acompaña en la Sala en la discusión de este importante proyecto, que establece el Estatuto Chileno Antártico.

La condición tricontinental de Chile, dada por su presencia en América, en Oceanía y en la Antártica, da cuenta de la importancia estratégica de la materia que estamos abordando en la Sala.

En el año 1940 fue promulgado el decreto Nº 1747, del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado posteriormente en 1955. En él se fijaron los límites de nuestro Territorio Antártico y se precisó al respecto lo siguiente: “(...) forman la Antártica Chilena, o Territorio Chileno Antártico, todas las tierras, islas, islotes, arrecifes glaciares, y demás, conocidos y por conocerse, y el mar territorial respectivo existentes dentro de los límites del casquete constituido por los meridianos 53° longitud Oeste de Greenwich y 90° longitud Oeste de Greenwich”.

Junto con la promulgación de este decreto, Chile comenzará a ejercer sus primeros actos de soberanía, entre los que se cuenta la primera expedición antártica chilena y la instalación de la Estación Meteorológica y Radiotelegráfica Soberanía, actual Base Naval Capitán Arturo Prat , bajo la administración de la Armada de Chile.

Asimismo, por primera vez, un Jefe de Estado visitaría el continente blanco con motivo de la fundación de la Base General Bernardo O'Higgins. Desde entonces el Estado chileno ha desarrollado diversas actividades para asentar su soberanía sobre dicho territorio.

Posteriormente, el 1 de diciembre de 1959, doce países, entre los cuales, por nombrar algunos, se encontraban Argentina, Australia , Noruega , Bélgica , Estados Unidos de América y Chile, firmaron en Washington el Tratado Antártico, cuya finalidad era reconocer explícitamente el uso exclusivo de la Antártica para fines pacíficos, específicamente en el ámbito de la ciencia. Dicho tratado entró en vigor el 23 de junio de 1961.

Luego, en el ámbito nacional, en 1978 se creó el Consejo de Política Antártica, cuya principal función es proponer los lineamientos de la presencia nacional en esa vasta zona.

Por su parte, el Instituto Antártico Chileno (Inach), creado en septiembre de 1963, dependiente de la cancillería, se encarga de incentivar el desarrollo de la investigación científicotecnológica y de innovación en el territorio, incitando y fortaleciendo, además, la participación efectiva de nuestro país en el Sistema del Tratado Antártico y la promoción del posicionamiento de la ciudad de Punta Arenas y de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena como puerta de entrada principal al Continente Blanco, fines que son reafirmados en la Política Antártica Nacional, de diciembre de 2017.

Pese a la existencia de la institucionalidad legal ya descrita, en marzo de 2014, hace cuatro años, el Ejecutivo, liderado por el Presidente Sebastián Piñera , envió a tramitación un proyecto de ley que busca crear el Estatuto Chileno Antártico, a través del cual se pretende consagrar un instrumento regulador de la actividad nacional en la Antártica, a partir de herramientas jurídicas y administrativas que permitan llevar adelante la Política Antártica Nacional, desde una perspectiva interinstitucional y con una mirada de largo alcance.

Lamentablemente, esta iniciativa permaneció dormida por varios años en el Congreso Nacional, y fue objeto de un conjunto de indicaciones por parte de la antigua administración recién en marzo de 2017.

No obstante lo anterior, el gobierno introdujo un paquete de nuevas enmiendas, con el ánimo de mejorar el proyecto en comento, dada la importancia que esta materia reviste para nuestro país, entre las que se contemplan: la incorporación como parte integral del territorio antártico chileno, la plataforma continental, las barreras de hielo y los espacios marítimos adyacentes, de conformidad con el derecho internacional. Se establece que la soberanía sobre la región se ejercerá con pleno respeto a las normas del derecho internacional y a los compromisos del Estado de Chile que se encuentren vigentes, de conformidad con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico chileno. Además, se exige a la Cancillería someter a consideración del Consejo de Política Antártica la elaboración de los planes estratégicos antárticos.

Para terminar, quiero señalar que los objetivos que plantea este proyecto de ley, que fue estudiado en el seno de la Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena de la Cámara de Diputados, entre los cuales se encuentra el de preservar y mantener a la Antártica en su condición de reserva natural como una zona de paz y resguardo del medio ambiente, el establecimiento de las directrices y los principios que conduzcan la política antártica del Estado por medio de órganos competentes, en conjunto con la actual Política Antártica Nacional, estoy seguro de que, sin duda alguna, representarán un tremendo y significativo avance en aras de proteger los derechos soberanos de Chile sobre el territorio antártico chileno, además de que permitirá potenciar y aumentar las capacidades operacionales y logísticas antárticas del país.

Por las razones indicadas, anuncio que votaré a favor esta iniciativa.

He dicho.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Ramón Galleguillos .

El señor GALLEGUILLOS.-

Señor Presidente, en mi calidad de integrante de la Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena, es un orgullo que estemos en la discusión de este proyecto de ley, pues se trata de una iniciativa que representa el trabajo de muchos meses y, en el caso de algunos diputados, años.

En efecto, el primer estatuto aprobado por nuestro país data de 1956, incluso antes de la firma del Tratado Antártico en 1959, del cual Chile tuvo una activa participación diplomática. Para poner en contexto el estatuto que discutimos hoy, lo que conocemos como territorio chileno antártico, ubicado entre los meridianos 53 grados longitud oeste y 90 grados longitud oeste de Greenwich, fue y sigue siendo un territorio en disputa por otros países como Argentina y el Reino Unido. Si bien no es mi intención ahondar en qué país tiene mejor título para alegar soberanía, es importante señalar que el Tratado Antártico suspendió todo reclamo soberano, declarando a la Antártica como un continente destinado a la paz y, sobre todo, a la ciencia.

Sin perjuicio de lo anterior, los reclamos de soberanía, si bien suspendidos, siguen vigentes, y por ello es importante mantener una política antártica actualizada y, además, por el importante tema de la flora y fauna de los mares antárticos, pues nuestras fuerzas armadas, con su presencia, no solo hacen acto permanente de soberanía, sino, también, cuidan, preservan y hacen respetar el Sistema del Tratado Antártico, que incluye muchos otros tratados para prohibir la contaminación y la caza de especies protegidas.

Sin estos guardianes antárticos -nuestras Fuerzas Armadas-, la Antártica sería una zona de caza, por ejemplo, de ballenas, como lo era antiguamente, aunque lamentablemente aún esto existe.

De lo dicho podemos inferir la importancia del proyecto de nuevo Estatuto Antártico que tenemos frente a nosotros, el que no solo resguarda nuestros intereses soberanos para que, si alguna vez llega el momento, hagamos una férrea defensa ante intereses de otros países, sino, también, contempla una serie de faltas y delitos especiales y específicos para aquellos que contaminen en el territorio antártico, llegando a multas de 1.500 UTM y penas de cárcel para los autores.

Por si fuera poco, el Estatuto es plenamente respetuoso de todos y cada uno de los tratados que componen el Sistema de Tratado Antártico; es decir, Chile respeta, una vez más, el derecho internacional.

Finalmente, este estatuto protege y promueve la coordinación entre organismos, como la Dirección de Antártica y el Instituto Antártico Chileno, quienes se encargan de desarrollar la actividad científica en la Antártica, del cual nuestro país es pionero, desde que tenemos bases no solo científicas, sino que también vive gente de manera semipermanente en Villa Las Estrellas, el asentamiento más grande de la Antártica, al cual llegan personas de todas las nacionalidades para explorar los increíbles misterios que se esconden bajo kilómetros de capas de nieve y hielo.

En consecuencia, llamo a mis colegas a aprobar este proyecto, para que nuestro país siga siendo pionero en la cooperación y protección científica del Continente Blanco.

He dicho.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Sandra Amar .

La señora AMAR (doña Sandra).-

Señor Presidente, saludo a los ministros que nos acompañan en esta sesión.

Producto de la geografía tan especial de nuestro país, es cierto que los magallánicos muchas veces nos sentimos aislados, pero es también ese aislamiento el que nos acerca cada vez más al territorio antártico y que despierta en nosotros un inevitable sentimiento de orgullo y pertenencia.

En esa línea, la perspectiva geopolítica que tenga Chile sobre el Continente Blanco es muy importante, ya que a través de este prisma se ejercerá o no mayor control, por ejemplo, en lugares tan estratégicos como lo son los pasos naturales que unen el Océano Atlántico con el Pacífico; más control sobre la regulación migratoria y turística, sobre la ciencia investigativa que se desarrolle en este territorio o sobre materias estrictamente jurídicas y territoriales.

Habiendo entendido esto es que hoy discutimos el proyecto del Estatuto Antártico, porque luego de mucho tiempo se tomó consciencia sobre la importancia de este estatuto.

Lo que busca este proyecto es tener un nuevo referente jurídico-territorial que asegure, por una parte, la activa participación en la gestación, implementación y desarrollo de un régimen antártico efectivo y, por otra, la adecuación de normas de derecho interno que rigen en el Estado de Chile, las cuales requerían actualizarse, según las nuevas exigencias propias del marco internacional que rigen en Chile.

Nuestro país tiene una larga tradición antártica, fundada en razones geográficas, históricas y jurídicas y así lo refleja el contenido de este proyecto, que tiene como propósito dar una estructura moderna y más eficiente a la institucionalidad antártica, impulsando, entre otros, una coordinación eficaz entre las entidades públicas con competencias sectoriales atingentes a la Antártica, pero, también, otorgando la coordinación que corresponde a los ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional.

En cuanto a lo que a mi región concierne, este estatuto busca potenciar de manera clara la actividad antártica, lo cual, sin duda alguna, ayudará a la promoción del desarrollo científico, social y económico de toda la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

La trascendencia de este proyecto de ley para nuestro país es amplia, ya que busca preservar y mantener a la Antártica como una zona de paz, donde las actividades garanticen la protección y cuidado del medio ambiente antártico y su condición de reserva natural, dedicada a la paz y a la investigación científica, respondiendo así a los compromisos internacionales contraídos por Chile respecto al sistema de tratado antártico.

Por otro lado, este proyecto de ley plasma un enfoque importantísimo para todos los magallánicos en materia de políticas públicas: el enfoque descentralizador. Sí, en este nuevo tratado se contempla el título Gobierno y Administración Interior del Territorio Chileno Antártico y pero, además, se incorpora al gobierno regional de Magallanes y de la Antártica Chilena en la integración del Consejo de Política Antártica, contribuyendo, de esta manera, a una mayor participación de mi región en la política antártica nacional.

Insto a mis colegas diputados a pensar en Chile, especialmente en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Por lo tanto, les pido su apoyo, ya que este proyecto de ley busca dotar a nuestro país de una nueva institucionalidad antártica, con una perspectiva de Estado, algo que tanta falta nos ha hecho, y no solo para que los magallánicos tengamos un sentimiento de orgullo y de pertenencia más grande del que ya tenemos, sino también para que ese sentimiento se contagie a todos los chilenos.

He dicho.

-Aplausos.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Sebastián Álvarez .

El señor ÁLVAREZ (don Sebastián).-

Señor Presidente, por su intermedio, saludo al ministro Alberto Espina y a la ministra Cecilia Pérez , quienes nos acompañan en la discusión de este proyecto tan relevante, que valoro y celebro, porque, en términos generales, establece mecanismos que ayudarán a impulsar la posición y la influencia de Chile en la gestación, implementación y desarrollo del régimen antártico. Además, se ocupa de adecuar las normas de derecho interno a las actuales exigencias del marco internacional, expresando de manera clara y eficaz la forma en que nuestro país ejerce sus competencias y cumple sus obligaciones para asumir correctamente la dualidad de competencias que existen en dicho territorio protegido.

En todo caso, lo que más me interesa destacar se relaciona con la posición de Chile respecto del territorio antártico, considerando lo que está pasando hoy en el contexto mundial en materia de cambio climático.

Sabemos lo significativo que es la Antártica para el futuro de la humanidad. El Polo Norte y el Polo Sur deben ser resguardados, cuidados y protegidos, para la sustentabilidad de nuestro planeta. Por eso, quiero destacar especialmente el contenido de los títulos V y VI de este proyecto de ley, que apuntan a cuidar el futuro de nuestro territorio antártico.

Así, el Título V se encarga de regular la actividad antártica, velando por el uso y protección de sus recursos, consagrando que toda actividad debe ejecutarse en forma racional y sostenible, moderando cualquier impacto perjudicial sobre el medioambiente.

Con tal finalidad, se prohíben actos como explosiones nucleares o la eliminación de desechos radioactivos en ese territorio, las actividades relacionadas con la explotación de recursos minerales, a menos que entre en vigor un régimen internacional consensuado; se prohíbe la descarga en el mar de hidrocarburos y de sustancias nocivas líquidas, así como la eliminación de todo tipo de basura y residuos. También se prohíbe cazar o capturar focas; dañar, trasladar o destruir un monumento natural; cazar albatros y petreles, y realizar cualquier otra actividad sin contar con las autorizaciones y adecuaciones correspondientes. En sentido contrario, se promueve la protección de la flora y fauna.

En cuanto al turismo, que todos sabemos que es muy relevante e importante, presenta el problema de que produce impacto y sobrecarga los lugares que no han implementado políticas de sustentabilidad que eviten que los turistas contaminen. Todos valoramos el turismo, pero también sabemos que produce contaminación.

El Título VI, por su parte, consagra de manera especial la protección del medioambiente, para lo cual establece mecanismos de evaluación de impacto ambiental obligatorio, además de los resguardos que se deben tomar en cualquiera acción que se lleve a cabo en el territorio antártico y el trato que deberá darse a todo residuo que se produzca.

Se indica también la obligación de informar de todo daño ambiental que ocurra y los mecanismos de acción ante emergencias ambientales. Eso debemos valorarlo porque, finalmente, el daño ambiental produce un desmedro del mayor potencial para la sustentabilidad de nuestro planeta, como es la Antártica.

Celebro que el gobierno del Presidente Sebastián Piñera haya dado, el lunes, una señal concreta y real respecto de la protección del medioambiente, dado que en el último informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), de la ONU, nos hacen un gran llamado de atención. No tenemos tiempo, de manera que si en once años los países no toman medidas más drásticas y disruptivas para favorecer la protección del medioambiente, no habrá otra oportunidad.

Entonces, lo que vimos el lunes fue una señal concreta de cómo nuestro país se compromete, y hoy, a través de este Estatuto Chileno Antártico, en especial de sus títulos V y VI, estamos dando otra señal, clara y concreta, de cuidado de nuestra naturaleza, de nuestro medioambiente, para el futuro de toda la humanidad.

He dicho.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Calisto .

El señor CALISTO.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a los ministros y a los colegas diputados presentes en la Sala.

Este proyecto, largamente discutido al interior de la Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena, tiene su origen en un mensaje ingresado por el Ejecutivo en marzo de 2014, que permaneció sin avances por poco más de tres años.

Como se explicó en el informe, la iniciativa contiene normas de ley orgánica constitucional y fue aprobado por la unanimidad de la comisión. Su objetivo es perfeccionar la participación de Chile como integrante activo del Tratado Antártico de 1959, además de impulsar la participación chilena en la gestación e implementación de un régimen antártico acorde con los convenios internacionales suscritos por nuestro país y algunas otras naciones interesadas en la protección de este importante continente y en su preservación con fines pacíficos y científicos.

Desde el punto de vista institucional, se actualizan la ley Nº 11.846, de 1955, y el decreto supremo Nº 298, de 1956, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que fijan las atribuciones de la Cancillería y la jurisdicción nacional en la región antártica para cumplir sus deberes de vigilancia y control en la zona.

Se debe tener presente que, no obstante que la Antártica es coadministrada por los países firmantes del tratado mencionado, Chile y Argentina tienen un rol especial derivado de su cercanía geográfica.

También es importante destacar cómo ha cambiado el mundo en los 60 años de vigencia del Tratado Antártico. Los equilibrios mundiales han cambiado, al igual que los actores internacionales. En el caso de la Antártica, hay una creciente afluencia de personas, militares, científicos y turistas, lo que obliga a actualizar permanentemente los acuerdos para su preservación.

Lo que no ha cambiado en estas seis décadas es el apetito de algunas potencias y de inversionistas por explotar los recursos naturales que posiblemente estén guardados bajo una gruesa capa de hielo, que tiene entre dos y cuatro kilómetros de grosor. Nuestro país tiene, por su cercanía, un importante papel que desempeñar en la protección de los equilibrios planetarios.

El proyecto de ley tiene como propósito dar una estructura moderna y más eficiente a la institucionalidad antártica, impulsando, entre otros, una coordinación eficaz entre las entidades públicas con competencias sectoriales atingentes a la Antártica y la coordinación que corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Este proyecto reafirma la competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores en materia de política antártica y crea las herramientas necesarias para abordar las necesidades de coordinación que generan las actividades antárticas nacionales.

Asimismo, el proyecto persigue asegurar la capacidad para ejecutar un programa antártico nacional unificado y eficiente. Para ello, se ha estructurado un marco legal que tiene seis grandes pilares, que es importante que los colegas tengan claro en esta discusión: primero, disposiciones generales; segundo, institucionalidad antártica chilena; tercero, financiamiento de la actividad antártica nacional; cuarto, regulación de actividades antárticas; quinto, protección y conservación del medioambiente antártico, y sexto, fiscalización y sanciones, como ya señalaron algunos colegas que me antecedieron en el uso de la palabra.

Tanto este proyecto de ley como las demás disposiciones que integran el ordenamiento jurídico nacional que regula la materia se aplicarán en el territorio; no obstante, es necesario prever que las actividades antárticas no se limitan a ese territorio y, por lo tanto, también el resto del continente regido por el Tratado Antártico requiere la atención de este cuerpo legal.

Por eso, creo que es fundamental aprobar esta iniciativa que fue discutida en el seno de la Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena; sin embargo, no quiero dejar pasar esta oportunidad para recordar a los ministros presentes la necesidad de avanzar hacia una regulación en materia de Campos de Hielo Norte y Campos de Hielo Sur, de modo que ojalá en el futuro podamos generar un estatuto que también regule su uso, debido a todas las problemáticas que se suscitan, particularmente en nuestra región, la de Aysén, donde tenemos la gracia y la bendición de contar con los glaciares Campo de Hielo Norte y Campo de Hielo Sur.

Así como a través de este proyecto se avanza en el establecimiento del Estatuto Chileno Antártico -aprovecho la ocasión para felicitar al Ejecutivo y a los diputados de la Comisión Zonas Extremas y Antártica Chilena, que analizaron en profundidad el proyecto-, considero que también es muy importante dar un paso en la protección y el cuidado de nuestros glaciares Campo de Hielo Norte y Campo de Hielo Sur.

He dicho.

El señor MULET (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado Pedro Velásquez .

El señor VELÁSQUEZ (don Pedro).-

Señor Presidente, por su intermedio, quiero saludar con mucho afecto al ministro de Defensa Nacional y, especialmente, a la ministra Cecilia Pérez .

El Tratado Antártico, suscrito en 1959, tuvo como objetivo general brindar un marco normativo para el uso pacífico de la Antártica; la cooperación para la investigación científica; el intercambio de informaciones; el establecimiento de un régimen de inspección de las actividades realizadas en la Antártica; la condición de statu quo de las reclamaciones territoriales de siete de los países signatarios, entre los que se encontraba Chile; la estructura orgánica; las actividades de terceros Estados en la Antártica, y las normas y convenciones para la conservación de los recursos y del ambiente.

El decreto N° 1747, conocido como el decreto antártico, fue firmado por el Presidente Pedro Aguirre Cerda y su canciller Marcial Mora el 6 de noviembre de 1940, y señalaba: “Forman la Antártica Chilena o Territorio Chileno Antártico, todas las tierras, islas, islotes, arrecifes, glaciares (pack-ice), y demás, conocidos y por conocerse, y el mar territorial respectivo, existentes dentro de los límites del casquete constituido por los meridianos 53º longitud Oeste de Greenwich y 90º longitud Oeste de Greenwich.”.

Posteriormente, el Presidente Eduardo Frei Montalva remarcó la importancia del decreto antártico al establecer el Día de la Antártica Chilena.

Por su parte, el 4 de marzo del 2014, su excelencia el Presidente de la República Sebastián Piñera ingresó a tramitación el proyecto de ley que establece el Estatuto Chileno Antártico, a fin de modernizar y actualizar la política antártica.

Para ser justos, a la Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena asistieron en su momento los entonces canciller y subsecretario de Relaciones Exteriores, señores Heraldo Muñoz Edgardo Riveros , respectivamente, a presentar una serie de indicaciones al proyecto.

Finalmente, el pasado 15 de enero su excelencia el Presidente de la República calificó el proyecto de suma urgencia. Por ello, es necesario y urgente que se apruebe.

El Sistema del Tratado Antártico está integrado por la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, la Convención para la Conservación de las Focas Antárticas y el Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente.

El proyecto de ley que hoy nos convoca se enmarca en los compromisos internacionales contraídos por Chile respecto del Sistema de Tratado Antártico, el cual consiste en un conjunto orgánico de normas jurídicas y de políticas basadas en el Tratado Antártico y en otros acuerdos conexos.

Chile tiene una vinculación histórica con la Antártica, pues es uno de los doce países signatarios originales de dicho acuerdo, que entró en vigencia en 1961 y que declaró a la Antártica como zona desnuclearizada y destinada a la cooperación internacional de carácter científico.

Los demás países signatarios originales fueron Argentina, Nueva Zelanda, Australia , Noruega , Bélgica , Sudáfrica , Unión Soviética , Francia, Reino Unido, Japón y Estados Unidos de América.

Hoy, una cantidad importante de países posee bases antárticas, como Corea del Sur, China y Polonia, entre otros.

Chile es el país más cercano a la Antártica. Por eso, la importancia de una política de Estado sobre el particular.

Por ello, celebro que podamos aprobar en forma unánime la modernización del Estatuto Chileno Antártico.

Quiero felicitar a su excelencia el Presidente de la República y al ministro de Defensa, porque hace poco estuvieron en la Antártica y anunciaron un plan de inversiones para modernizar la base Presidente Eduardo Frei Montalva , a fin de que se convierta en una las bases más importantes de la zona y así lograr que Chile, gracias a que contará con toda la fuerza jurídica y con el despliegue, tenga una presencia significativa en ese territorio, lo cual nos permite ser pioneros a nivel mundial.

Por eso, no queda más que llamar a aprobar este proyecto, y felicitar al gobierno actual y a los anteriores, desde el gobierno del Presidente Pedro Aguirre Cerda , quien, en su época, visionariamente, al igual que Gabriel González Videla , Eduardo Frei Montalva y hoy el Presidente Sebastián Piñera , llevó a cabo…

El señor MULET (Presidente en ejercicio).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Marcelo Schilling .

El señor SCHILLING.-

Señor Presidente, los socialistas vamos a apoyar este proyecto, porque se basa en la reafirmación de propósitos e intenciones que son generalmente compartidos y a los cuales muy difícilmente alguien se puede negar. Por ejemplo, que en concordancia con lo suscrito por los países parte del Tratado Antártico, se establece el compromiso con la protección global del medio ambiente antártico y sus ecosistemas dependientes o asociados, y se declara a la Antártica como reserva natural consagrada a la paz y a la ciencia. Esta última frase engloba tanto la actividad científica como todo otro tipo de uso pacífico, excepto aquellos prohibidos.

Los principios fundamentales del Tratado Antártico que se enuncian son la libertad de investigación científica, la utilización territorial para fines pacíficos y la prohibición de explosiones nucleares o eliminación de desechos radiactivos.

Difícilmente alguien se puede negar a estas cuestiones tan evidentes; pero -este “pero” no es una objeción a la aprobación del proyecto- después de estas pequeñas frases grandilocuentes y generalmente compartidas, hay que mirar debajo del agua.

Chile, a lo largo de su historia, muestra una inequívoca vocación expansionista. Cuando fuimos hacia el norte, El Mercurio nos dijo que lo hacíamos en defensa de los trabajadores chilenos que eran maltratados por los capitalistas bolivianos y peruanos. Cuando fuimos hacia el sur, fue porque había que civilizar a la Araucanía, y hasta hoy estamos pagando las consecuencias de la civilización de la Araucanía. Cuando fuimos al oeste, a la Isla de Pascua, se escuchó menos la queja de los lugareños y, simplemente, se ocupó la Isla de Pascua.

Ahora vamos a la Antártica. Por lo menos, tiene la virtud de que buscamos expandirnos a un territorio en el que prácticamente no hay seres humanos, y los pingüinos no se van a resistir a nuestros encantos.

No me niego a la aprobación del proyecto, pero creo que las cosas hay que decirlas por su nombre: cuando me dicen que estamos abogando por la utilización territorial de la Antártica para fines pacíficos, yo pregunto al señor ministro si la actividad minera tiene esas características. ¡Claro que es una actividad con fines pacíficos! Y van a venir los grandes dueños de los capitales internos y externos a decirnos que no nos preocupemos, pues esta vez la exploración minera será inocua, pues se tomarán medidas y se presentarán estudios de impacto ambiental, etcétera.

Nada de eso está garantizado en el proyecto. ¿Qué sacamos con garantizarlo si los que forman parte del tratado antártico son los Estados Unidos de América, Rusia y los países europeos? ¿Usted cree que nos vamos a poder resistir cuando ellos digan “ya pues, niños, aquí se acabó la broma, pues esto no es para mirarlo, sino para utilizarlo”?

Discúlpeme, señor ministro, pero creo que esto hay que complementarlo. No me cabe duda de que con este tipo de cosas usted pasará a formar parte de la historia de Chile; pero, para que ello sea de una manera más relevante, usted debe suscribir un acuerdo con Argentina, Nueva Zelanda y Australia para que juntos declaremos que podemos resistir. Lo digo porque los primeros que vamos a pagar las consecuencias del mal uso del estatuto seremos nosotros.

Si de verdad usted quiere proteger la Antártica, más allá de las hermosas palabras que se vierten en el estatuto, que vamos a apoyar, el mismo debe acompañarse de una acción política internacional concreta y eficaz que obligue a tener, a lo menos, unos amigos que nos ayuden a disuadir a los que vengan con malas intenciones a meterse al territorio antártico.

He dicho.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada señora Carmen Hertz .

La señora HERTZ (doña Carmen).-

Señor Presidente, por su intermedio saludo al ministro de Defensa y a su asesor.

Por cierto, vamos a aprobar el proyecto en estudio, que establece el Estatuto Chileno Antártico.

Cabe recordar que el Tratado Antártico, negociado a partir de la experiencia del Año Geofísico Internacional, entre 1957 y 1958, constituyó en su momento una respuesta a los desafíos de cooperación política y científica, donde fue importante la participación de todos los países que habían realizado actividades científicas y reclamado soberanía en la Antártica, es decir, Chile, Argentina, Australia , Nueva Zelanda, Francia, Reino Unido, Estados Unidos de América, la entonces Unión Soviética, hoy Federación Rusa ; Bélgica , Japón y Sudáfrica .

El proyecto de ley que estamos discutiendo se enmarca en el cumplimiento de los compromisos internacionales contraídos por Chile en el marco del Sistema del Tratado Antártico. Dicho sistema debe ser comprendido en integridad junto con otros instrumentos normativos, tales como el Protocolo del Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, de 1991; la Convención para la Conservación de las Focas Antárticas, de 1988, y la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, de 1980.

Debemos destacar y promover en este estatuto lo contenido en los tres últimos títulos, fundamentalmente relacionados con la regulación de actividades en la Antártica, la conservación del medio ambiente y las infracciones y sanciones.

En el actual contexto mundial de cambio climático, de sobreexplotación de recursos naturales y de agotamiento de materias primas, como los hidrocarburos, el continente antártico puede ser y será objetivo de políticas depredadoras como la que hoy sufre la Amazonía.

Por ello, para que este proyecto pueda cumplir con los objetivos planteados en los títulos mencionados, debe concretizarse en sanciones muy claras y de un nivel tal que inhiba realmente cualquier intento de mal uso de los recursos o de destrucción de la fauna y/o medio ambiente.

Este proyecto de ley debe ser la herramienta que proteja y preserve el continente antártico como zona de paz y reserva natural para las futuras generaciones no solo de chilenas y chilenos, sino también para toda la humanidad.

Por lo tanto, el título sobre regulación de actividades no puede ser un instrumento que deje espacio alguno para interpretaciones que abran camino a algún tipo de explotación económica que vulnere los tratados suscritos por nuestro país, independientemente de que a futuro alguna potencia se retire o busque morigerar los tratados ya existentes.

He dicho.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Florcita Alarcón .

El señor ALARCÓN.-

Señor Presidente, primero que todo, quiero saludar al señor ministro de Defensa Nacional.

En realidad, no iba a intervenir en este proyecto; pero, después de escuchar al colega Schilling, señalo fervorosamente que esos territorios deben ser protegidos de la depredación de las empresas mineras o de cualquier otro agente.

Encuentro razón a mi amigo y colega Schilling en cuanto a que es necesario estudiar ese aspecto, porque es un punto de vista interesante. Lo aprecio mucho, porque, además, tengo un amigo ecologista en la Sala.

He dicho.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Hado que no hay más diputados inscritos, ofrezco la palabra al ministro de Defensa Nacional, señor Alberto Espina .

El señor ESPINA (ministro de Defensa Nacional).-

Señor Presidente, en nombre del gobierno del Presidente Piñera quiero agradecer muy sinceramente la forma en que ha sido abordado este proyecto en la Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena.

En esta materia, los distintos gobiernos de nuestro país han abordado la Antártica como una política de Estado, que es lo que corresponde. Solo para que dimensionemos de qué estamos hablando, la mitad de nuestro país, si lo midiéramos desde Arica hasta el Polo Sur, estaría ubicada en el Fuerte Bulnes, al lado de Punta Arenas. Ese sería el punto medio de Chile. Lo digo para que dimensionemos la enorme importancia, trascendencia y proyección que tiene la Antártica no solo para Chile, sino también para la humanidad.

Para que asumamos nuestras responsabilidades, Chile tiene 5,8 millones de kilómetros cuadrados de zona SAR, que es la zona de búsqueda y rescate en el mar, actividades que cumple la Armada de Chile, y 1.250.000 kilómetros de zona terrestre. Nosotros tenemos el deber de preservar, cuidar y mantener ese territorio como zona de paz y de desarrollo científico.

Me voy a hacer cargo de algo que señalaron los diputados Schilling y Alarcón en cuanto a algo que tienen toda la razón de expresar y que dice relación con lo que ocurre con las actividades relacionadas con los recursos minerales en la Antártica.

El Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, en su artículo 7°, sobre prohibición de las actividades relacionadas con los recursos minerales, señala que cualquiera actividad relacionada con los recursos minerales, salvo la investigación científica, está estrictamente prohibida. Eso no quita que los diputados no tengan razón en términos de avanzar siempre en estar atentos a una mayor protección de lo que nos va quedando como un continente.

La Antártica es un patrimonio de la humanidad. Debe ser uno de los pocos territorios absolutamente desmilitarizados y donde deben preservarse todos sus recursos naturales. Es una zona de paz.

La semana pasada concurrí a la Base Presidente Eduardo Frei Montalva . Las bases de los distintos países se ubican una al lado de otra y trabajan en conjunto. Debido a las condiciones climáticas y la realidad que se vive en dicha base, emplazada en la isla San Jorge, al inicio de la Antártica, se puede apreciar -repito- un trabajo absolutamente integrado entre las bases.

Eso revela el sentido que tiene la Antártica para la humanidad.

Quiero felicitar muy especialmente a los parlamentarios de la Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena: Aracely Leuquén (Presidenta), Sandra Amar , que hizo una estupenda presentación al rendir el informe del proyecto; Gabriel Boric , Karim Bianchi , Carlos Kuschel , Gastón von Mühlenbrock , Nino Baltolu , René Alinco , Ramón Galleguillos , Pablo Kast , Vlado Mirosevic , Leonardo Soto y Miguel Ángel Calisto .

También quiero agradecer a todos los parlamentarios que hoy intervinieron. A pesar de que tenía mi pauta preparada, me di cuenta de que era repetir gran parte de lo que ustedes ya habían dicho. Por lo tanto, la información, el conocimiento y la forma en que abordaron el debate demuestran estudio, acuciosidad y preocupación por un tema que tiene tanta importancia y es un factor de unidad, que son los derechos soberanos de Chile en la Antártica, por lo que significa ese continente para la humanidad. Por eso quiero darles mis sinceras felicitaciones.

Para la historia fidedigna de la ley, quiero señalar cómo ha sido la historia de Chile en la Antártica con algunos hitos, porque pasarán los años, estas actas serán leídas por estudiantes en los colegios y, probablemente, este debate se recuerde como un punto relevante dentro del avance y de la modernización de la regulación que debe tener la Antártica para que siga siendo un continente de paz, de investigación científica y de prosperidad para el resto de la humanidad.

Como se ha dicho, Chile suscribió el Tratado Antártico en 1961. Permítanme recordar algunos hitos importantes. Hace 102 años se efectuó el primer rescate marítimo en el continente antártico por medio de la escampavía Yelcho , al mando del piloto Luis Pardo . Deben recordar que fue una gran proeza el rescate de la expedición inglesa de sir Ernest Shackleton . Realmente, fue una acción heroica que se realizó y que se sigue realizando hasta el día de hoy.

Como ministro de Defensa Nacional, puedo asegurar que en forma habitual y permanente me llaman los comandantes en jefe o las autoridades para decirme que hay alguna persona, hombre o mujer, que no es de nuestra nacionalidad y cuya vida se encuentra en peligro por alguna enfermedad o accidente, y nosotros -lo digo para que se sientan orgullosos- vamos de inmediato a su rescate, porque nuestra base es la única que cuenta con una pista de aterrizaje. Por lo tanto, la evacuación se debe hacer desde la base que administra la Fuerza Aérea de Chile.

En ese sentido, cabe recordar que, en 1947, se construyó la primera base chilena en ese continente. En ese entonces se llamó base Antártica Soberanía y, actualmente, se llama base Naval Capitán Arturo Prat . Posteriormente, se inauguró la base General Bernardo O’Higgins y luego la base Presidente Gabriel González Videla . Todos esos avances se realizaron antes de la entrada en vigencia del Tratado Antártico.

En 1969, se inauguró la base Presidente Eduardo Frei Montalva y, en 1980, inició las operaciones el aeródromo Teniente Rodolfo Marsh , constituyéndose desde entonces en la puerta de entrada de muchos programas extranjeros que operan en el sector de la península antártica.

Cabe señalar que cuando uno está en Punta Arenas y conversa con los ciudadanos que viven en esa región, constata que ellos sienten orgullo por ser la puerta de entrada a la Antártica, y nosotros tenemos que fortalecer eso, porque esa es la forma de afianzar nuestra soberanía y participación en la Antártica.

De las once bases permanentes que tenemos en la Antártica, quiero destacar especialmente una que se hizo durante el anterior gobierno del Presidente Piñera, que es la Estación Polar Científica Conjunta Glaciar Unión, que está ubicada en el glaciar Unión, a 1.200 kilómetros del Polo Sur. Eso nos pone en la distancia necesaria para ingresar al Polo Sur, lo que, obviamente, es un acto de presencia muy relevante de Chile, como lo hacen también otros países.

Haciéndome cargo de lo que expresó un señor diputado respecto de las inversiones que se están realizando en la base Presidente Eduardo Frei Montalva , cabe señalar que dicha base, a través de los años, se deterioró considerablemente. Nosotros hemos impulsado un acuerdo transversal, con los recursos del propio Ministerio de Defensa Nacional y, por cierto, del gobierno, para su integra remodelación, lo que implica mejorar su hangar, su pista de aterrizaje y la habitabilidad de la bahía Fildes , que es fundamental. En definitiva, queremos transformarla en una base moderna que apunte esencialmente a todo lo que signifique investigación y desarrollo científico de nuestro país.

Esa es una inversión que probablemente agradecerán las futuras generaciones, porque se darán cuenta de que haberla hecho con una proyección de tres, cuatro, cinco, seis o siete décadas permitirá que se desarrolle como corresponde y la Antártica se use para los fines nobles que señala el Tratado Antártico, que hemos recogido hoy en el Estatuto Chileno Antártico.

En ese sentido, quiero hacer una reflexión respecto del Tratado Antártico. Es importante tener en cuenta que el Tratado Antártico buscaba y busca establecer un sistema de regulación internacional de la Antártica. Ese tratado siempre hay que analizarlo junto con otros instrumentos, como el Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, firmado en Madrid en 1991; la Convención para la Conservación de las Focas Antárticas, firmado en Londres en 1988; la Convención para la Conservación de Recursos Vivos Marinos Antárticos, celebrado en Camberra en 1980, y el sistema de Tratado Antártico, que el proyecto de ley que hoy se somete a discusión expresa a través del Estatuto Chileno Antártico.

Cabe recordar que el Tratado Antártico tiene por finalidad la protección de la Antártica, para lo cual la transformó en el primer continente desmilitarizado y en una zona de paz desnuclearizada, libre de conflictos y destinada a la cooperación internacional de carácter científico. En la actualidad, la protección de este territorio abarca desde la prohibición de los usos bélicos hasta la protección medioambiental plasmada en los instrumentos que integran el sistema del Tratado Antártico.

A continuación quiero señalar las cinco grandes finalidades que tiene este estatuto:

La primera es proteger y fortalecer los derechos soberanos antárticos de Chile, con claros fundamentos geográficos, históricos, diplomáticos y jurídicos, a través del reforzamiento y profundización del sistema de tratados.

La segunda es preservar y mantener a la Antártica como una zona de paz donde las actividades garanticen la protección y cuidado del medio ambiente antártico y su condición de reserva natural dedicada a la paz y a la investigación científica.

La tercera es establecer los principios conforme con los cuales el Estado de Chile, a través de los órganos competentes, conduce la política antártica y ejerce sus competencias en materia antártica.

La cuarta es potenciar y regularizar la actividad antártica de Chile con pleno respeto al sistema de Tratado Antártico, incrementando su calidad de prestador de servicios operativos y logísticos para la actividad antártica e incentivando el desarrollo del país ligado a las actividades antárticas.

Por último -esto lo expresó un señor diputado-, fomentar la actividad antártica de Chile, promoviendo el desarrollo social y económico de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Señor Presidente, fui diputado durante doce años y tengo aquí amigos desde 1990. Esta es la primera vez que me corresponde hablar en esta Sala, después de que dejé de ser diputado. En ese sentido, en primer lugar, quiero agradecer la deferencia y el respeto con que siempre me han tratado, más allá de las diferencias que podemos tener.

En segundo lugar, me alegra mucho que, frente a un clima tan polarizado y en un tema tan trascendente, haya visto en todos los sectores políticos la mejor disposición, voluntad y generosidad para sacar adelante el Estatuto Chileno Antártico. Siento que han tenido plena conciencia de que en el voto de cada uno de ustedes hay un factor de unidad que Chile necesita y requiere.

En tercer lugar, quiero decirles que cuando nos concentramos en aquello que nos une, a pesar de nuestras legítimas diferencias, y lo tratamos con generosidad, defendiendo nuestros puntos de vista, se logra, como en el caso de este proyecto, una serie de mejorías. Agradezco a mi jefe de gabinete, Pablo Urquízar , quien cumplió un rol muy relevante en este sentido. Pero también pude ver cómo cada uno de ustedes colaboraba permanentemente para que el proyecto mejorara. Nunca vimos una actitud de obstrucción o de egoísmo. Todo lo contrario; siempre vimos ánimo de colaboración para sacar adelante unánimemente este proyecto.

Finalmente, les reitero mi reconocimiento a todos ustedes y les expreso mi sincero agradecimiento en nombre del gobierno del Presidente Sebastián Piñera . Estaba aquí presente nuestra ministra Cecilia Pérez , con quien conversamos sobre la importancia de esta iniciativa.

Les doy las gracias, porque proyectos como este nos deben unir. Estoy convencido de que tratar a la Antártica con la altura de miras con que se ha hecho es lo que nuestros compatriotas quieren.

He dicho.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Cerrado el debate.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de ley en los siguientes términos:

El señor MULET (Presidente en ejercicio).-

Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que establece el Estatuto Chileno Antártico, con la salvedad de los artículos 43, 47 y 51, por tratar materias propias del ley orgánica constitucional. En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 139 votos; por la negativa, 0 votos. Hubo 1 abstención.

El señor MULET (Presidente en ejercicio).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas, Florcita ; Alessandri Vergara, Jorge ; Alinco Bustos, René ; Álvarez Ramírez, Sebastián ; Álvarez Vera, Jenny ; Alvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Amar Mancilla, Sandra ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Bernales Maldonado, Alejandro ; Bianchi Retamales, Karim ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Boric Font, Gabriel ; Brito Hasbún, Jorge ; Calisto Águila , Miguel Ángel ; Cariola Oliva, Karol ; Carter Fernández, Álvaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castillo Muñoz, Natalia ; Castro Bascuñán, José Miguel ; Castro González, Juan Luis ; Celis Araya, Ricardo ; Cicardini Milla, Daniella ; Cid Versalovic, Sofía ; Coloma Álamos, Juan Antonio ; Crispi Serrano, Miguel ; Cruz-Coke Carvallo, Luciano ; Del Real Mihovilovic, Catalina ; Desbordes Jiménez, Mario ; Díaz Díaz, Marcelo ; Durán Espinoza, Jorge ; Durán Salinas, Eduardo ; Eguiguren Correa, Francisco ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Flores García, Iván ; Fuenzalida Cobo, Juan ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Galleguillos Castillo, Ramón ; García García, René Manuel ; Garín González, Renato ; González Gatica, Félix ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hertz Cádiz, Carmen ; Hirsch Goldschmidt, Tomás ; Hoffmann Opazo , María José ; Ibáñez Cotroneo, Diego ; Ilabaca Cerda, Marcos ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiles Moreno, Pamela ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Jürgensen Rundshagen, Harry ; Kast Sommerhoff, Pablo ; Keitel Bianchi, Sebastián ; Kuschel Silva, Carlos ; Labra Sepúlveda , Amaro ; Lavín León, Joaquín ; Leiva Carvajal, Raúl ; Leuquén Uribe, Aracely ; Longton Herrera, Andrés ; Lorenzini Basso, Pablo ; Luck Urban, Karin ; Macaya Danús, Javier ; Marzán Pinto, Carolina ; Matta Aragay, Manuel ; Melero Abaroa, Patricio ; Mellado Suazo, Miguel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Mix Jiménez, Claudia ; Molina Magofke, Andrés ; Morales Muñoz, Celso ; Moreira Barros, Cristhian ; Mulet Martínez, Jaime ; Muñoz González, Francesca ; Naranjo Ortiz, Jaime ; Noman Garrido, Nicolás ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Urrutia , Paulina ; Olivera De La Fuente, Erika ; Orsini Pascal, Maite ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Ossandón Irarrázabal, Ximena ; Pardo Sáinz, Luis ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pérez Olea, Joanna ; Pérez Salinas, Catalina ; Prieto Lorca, Pablo ; Ramírez Diez, Guillermo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rentería Moller, Rolando ; Rey Martínez, Hugo ; Rocafull López, Luis ; Rojas Valderrama, Camila ; Romero Sáez, Leonidas ; Rosas Barrientos, Patricio ; Saavedra Chandía, Gastón ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sanhueza Dueñas, Gustavo ; Santana Castillo, Juan ; Santana Tirachini, Alejandro ; Sauerbaum Muñoz, Frank ; Schalper Sepúlveda, Diego ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Soto Ferrada, Leonardo ; Soto Mardones, Raúl ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Tohá González, Jaime ; Torrealba Alvarado, Sebastián ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Troncoso Hellman, Virginia ; Undurraga Gazitúa, Francisco ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Urruticoechea Ríos , Cristóbal ; Vallejo Dowling, Camila ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Velásquez Núñez, Esteban ; Velásquez Seguel, Pedro ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdessi Belemmi, Daniel ; Vidal Rojas, Pablo ; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Walker Prieto, Matías ; Winter Etcheberry, Gonzalo ; Yeomans Araya, Gael.

-Se abstuvo la diputada señora Nuyado Ancapichún, Emilia .

El señor MULET (Presidente en ejercicio).-

Si le parece a la Sala, se darán por aprobados, con la misma votación, los artículos 43, 47 y 51, que requieren para su aprobación el voto favorable de 89 señores diputados y señoras diputadas en ejercicio.

Aprobados.

Por no haber sido objeto de indicaciones, queda aprobado también en particular, con la misma votación, dejándose constancia de haberse alcanzado el quorum constitucional requerido. Despachado el proyecto al Senado.

1.7. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

Oficio de Ley a Cámara Revisora. Fecha 23 de enero, 2019. Oficio en Sesión 93. Legislatura 366.

VALPARAÍSO, 23 de enero de 2019

Oficio Nº 14.501

A S.E. EL PRESIDENTE DEL H. SENADO

Con motivo del mensaje, informe y demás antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V.E., la Cámara de Diputados ha aprobado el proyecto de ley que establece el Estatuto Chileno Antártico, correspondiente al boletín N° 9.256-27, del siguiente tenor:

PROYECTO DE LEY

“ESTATUTO CHILENO ANTÁRTICO

Título I

Disposiciones generales

Artículo 1.- Objetivos. La presente ley tiene como objetivos:

1. Proteger y fortalecer los derechos soberanos antárticos de Chile, con claros fundamentos geográficos, históricos, diplomático y jurídicos, a través del reforzamiento y profundización del Sistema del Tratado Antártico.

2. Preservar y mantener a la Antártica como una zona de paz, donde las actividades garanticen la protección y cuidado del medio ambiente antártico y su condición de reserva natural, dedicada a la paz y a la investigación científica.

3. Establecer los principios conforme a los cuales el Estado de Chile, a través de los órganos competentes, conduce la política antártica y ejerce sus competencias en materia antártica.

4. Potenciar y regular la actividad antártica de Chile con pleno respeto al Sistema del Tratado Antártico, incrementando su calidad de prestador de servicios operativos y logísticos para la actividad antártica e incentivando el desarrollo del país ligado a las actividades antárticas.

5. Fomentar la actividad antártica de Chile, promoviendo el desarrollo social y económico de la Región de Magallanes y Antártica Chilena.

Artículo 2.- Territorio Chileno Antártico. Forman la Antártica Chilena o Territorio Chileno Antártico todas las tierras, islas, islotes, arrecifes, glaciares (pack-ice), y demás, conocidos y por conocer, y el mar territorial y Océano Austral respectivo, existentes dentro de los límites del casquete constituido por los meridianos 53º longitud Oeste de Greenwich y 90º longitud Oeste de Greenwich, conforme lo dispuso el decreto supremo N° 1.747, e incluye los espacios marítimos que le corresponden de conformidad con el Derecho Internacional.

Asimismo, forman la Antártica Chilena o Territorio Chileno Antártico las barreras de hielo, la plataforma continental, la plataforma continental extendida y los espacios marítimos adyacentes conforme al Derecho Internacional.

El Territorio Chileno Antártico corresponde a una zona fronteriza para todos los efectos legales, sin perjuicio de la aplicación de los principios y normas del Sistema del Tratado Antártico.

Artículo 3.- Derechos soberanos sobre el Territorio Chileno Antártico. La soberanía chilena se ejercerá con pleno respeto a las normas del Derecho Internacional y a los compromisos internacionales del Estado de Chile que se encuentren vigentes, en el marco del Sistema del Tratado Antártico, y en conformidad con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico chileno.

Artículo 4.- Ámbito de aplicación. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14 del Código Civil, la presente ley se aplicará en todo el territorio de la República, y en el área del Tratado Antártico que no forme parte del Territorio Chileno Antártico, en el Océano Austral y el área marítima hasta la convergencia antártica:

1. Respecto de toda actividad que realice o en la que participe un nacional o extranjero residente en Chile.

2. Respecto de toda actividad que realice o en la que participe una persona extranjera cuando dicha actividad se ha organizado o comience en el territorio nacional, y requiera autorización del Estado de Chile.

Artículo 5.- Definiciones. Para los fines de esta ley:

1. Antártica o continente Antártico comprende la tierra firme, sus masas y barreras de hielo, y las islas que se encuentran al sur del paralelo 60° de latitud sur y el Océano Austral que las circunda, sin perjuicio de los límites que para sus efectos particulares fijan el Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente y la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, y los demás acuerdos internacionales aplicables en el área.

2. Océano Austral comprende todos los mares, cuerpos de aguas, cuencas oceánicas y áreas marinas al sur del paralelo 60°, y coincide con los límites de aplicación del Tratado Antártico de 1959.

3. Convergencia antártica, es el límite biogeográfico en la línea en el mar hasta la cual, por factores naturales tales como la salinidad del agua, las corrientes marinas y los cambios de temperatura, se extiende el ecosistema antártico, y que ha sido definida por el artículo I.4 de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos como límite norte de la zona de aplicación de la Convención.

4. Sistema del Tratado Antártico comprende:

a) El Tratado Antártico suscrito en Washington el 1 de diciembre de 1959, su Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente suscrito en Madrid el 4 de octubre de 1991, y las Recomendaciones, Medidas, Decisiones y Resoluciones vigentes aprobadas en las Reuniones Consultivas del Tratado Antártico;

b) La Convención para la Conservación de las Focas Antárticas suscrita en Londres el 28 de diciembre de 1972; y la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos suscrita en Canberra el 11 de septiembre de 1980, y las Medidas en vigor acordadas por la Comisión de esta última.

5. Evaluación de impacto ambiental de actividades antárticas es el procedimiento científico, técnico y administrativo destinado a determinar cualquier impacto sobre el medio ambiente antártico o en los ecosistemas dependientes o asociados de las actividades o proyectos que se planifique desarrollar en la Antártica por la autoridad ambiental competente.

6. Áreas o zonas antárticas especialmente protegidas o administradas son aquellas áreas marinas o terrestres, incluido el suelo o el subsuelo, designadas como tales por las Partes Consultivas de conformidad al Anexo V del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente.

7. Tomar o toma significa matar, herir, atrapar, manipular o molestar a un mamífero o ave autóctonos o retirar o dañar cantidades tales de plantas nativas que ello afecte significativamente a su distribución local o su abundancia, según ha sido definido por la letra g) del artículo 1° del Anexo II del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente.

8. Intromisión perjudicial, de conformidad con la letra h) del artículo 1° del Anexo II del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, significa:

a) el vuelo o el aterrizaje de helicópteros y de otras aeronaves de tal manera que perturben la concentración de aves y focas.

b) la utilización de vehículos o embarcaciones, incluidos los aerodeslizadores y barcos pequeños, de manera que perturben la concentración de aves y focas.

c) la utilización de explosivos y armas de fuego de manera que perturben la concentración de aves y focas.

d) la perturbación intencionada de la cría y la muda del plumaje de las aves o de las concentraciones de aves y focas por cualquier persona a pie.

e) dañar de manera significativa la concentración de plantas terrestres nativas por el aterrizaje de aeronaves, por conducir vehículos o por caminar sobre dichas plantas o por cualquier otro medio.

f) cualquier actividad que produzca una importante modificación negativa del hábitat de cualquier especie o población de mamíferos, aves, plantas o invertebrados autóctonos.

9. Región de responsabilidad de búsqueda y salvamento (SAR) es el área dentro de la cual corresponde al Estado de Chile, a través de sus instituciones, prestar servicios de búsqueda y salvamento en conformidad a los tratados internacionales vigentes.

10. Operador, es toda persona natural o jurídica, institución u organismo, estatal o no estatal, que organiza actividades a ser realizadas en la zona del Tratado Antártico. Un operador no incluye a una persona natural que sea empleada, contratista, subcontratista o agente o que esté al servicio de una persona natural o jurídica, sea estatal o no estatal, que organiza actividades a ser realizadas en la zona del Tratado Antártico, y no incluye a una persona jurídica que sea contratista o subcontratista que trabaje por cuenta y orden de un operador estatal.

11. Operador antártico es toda institución u organismo público, que organiza y desarrolla actividades operativas o logísticas a ser ejecutadas en la Antártica, contando con las autorizaciones prescritas en esta ley. Son operadores antárticos del Estado de Chile el Instituto Antártico Chileno, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, y las instituciones de las Fuerzas Armadas, dependientes del Ministerio de Defensa Nacional.

Título II

Institucionalidad antártica chilena

Artículo 6.- Política Antártica Nacional. La Política Antártica Nacional fijará los objetivos de Chile en la Antártica. Ella será propuesta por el Consejo de Política Antártica y fijada por el Presidente de la República, quien la promulgará mediante decreto supremo expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que llevará, además, las firmas de los ministros del Interior y Seguridad Pública, de Defensa Nacional, de Hacienda, de Economía, de Fomento y Turismo, y de Medio Ambiente.

La Política Antártica Nacional deberá ser sometida a evaluación y actualizada al menos cada diez años, desde la fecha de su promulgación.

Artículo 7.- Consejo de Política Antártica. El Consejo de Política Antártica, regulado en la ley Nº 21.080, es el órgano colegiado de naturaleza interministerial, presidido por el Ministro de Relaciones Exteriores, que tiene por función proponer al Presidente de la República las bases políticas, jurídicas, científicas, económicas, medioambientales, logísticas, deportivas, culturales y de difusión de la acción nacional en la Antártica, y proponer los grandes lineamientos de la Política Antártica Nacional.

El Consejo de Política Antártica podrá sesionar en las dependencias del Ministerio de Relaciones Exteriores, el que proporcionará los medios materiales para su funcionamiento. También podrá sesionar en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.

Respecto a sus funciones e integración se regirá por lo dispuesto en el Estatuto Orgánico del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Artículo 8.- Planes Estratégicos Antárticos. Los Planes Estratégicos Antárticos tendrán una vigencia de a lo menos cuatro años, y comprenderán las tareas y acciones concretas que se materializarán mediante el Programa Antártico Nacional de cada año. El Ministerio de Relaciones Exteriores los desarrollará en base a los objetivos que establezca la Política Antártica Nacional y deberán ser suscritos por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, siendo éstos necesarios para orientar la acción de los ministerios y entidades con competencias sectoriales en la materia.

Para la elaboración de los Planes Estratégicos Antárticos, el Ministerio de Relaciones Exteriores se coordinará con los distintos ministerios y entidades con competencia antártica y someterá estos planes a la consideración del Consejo de Política Antártica.

Artículo 9.- El Programa Antártico Nacional. El Programa Antártico Nacional es el conjunto de tareas y actividades concretas que se planifican anualmente para las campañas antárticas en cumplimiento del Plan Estratégico Antártico vigente y de los objetivos de la Política Antártica Nacional, que coordinará el Ministerio de Relaciones Exteriores, y estará constituido por las siguientes actividades:

1. Actividades definidas para el cumplimiento de los objetivos de la Política Antártica Nacional, en atención a lo dispuesto en los Planes Estratégicos Antárticos.

2. Actividades de los operadores antárticos dependientes del Ministerio de Defensa Nacional en cuanto a la operación de sus bases, estaciones o refugios y la logística propia, lo que informarán por intermedio del Ministerio de Defensa Nacional.

3. Actividades científicas y tecnológicas de investigación antártica en todas sus disciplinas, tanto ciencias naturales como ciencias sociales, jurídicas e históricas, coordinadas por el Instituto Antártico Chileno.

4. Cualquier otra actividad antártica nacional a cargo de órganos de la administración del Estado, sin perjuicio de las atribuciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública para actuar autónomamente.

A fin de confeccionar el Programa Antártico Nacional que se ejecutará cada año, el Ministerio de Relaciones Exteriores solicitará a los ministerios y entidades públicas, distintas del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y del Ministerio de Defensa Nacional y sus instituciones y organizaciones dependientes, que le informen, a más tardar el 31 de agosto de cada año, sobre sus actividades antárticas programadas para el año siguiente, en cumplimiento del Plan Estratégico correspondiente.

Artículo 10.- Conducción de la Política Antártica Nacional, coordinación interministerial y de la representación internacional. Al Ministerio del Interior y Seguridad Pública y al Ministerio de Relaciones Exteriores corresponde, según sus competencias, el conocimiento y coordinación de todos los asuntos relativos al Territorio Chileno Antártico y a la Antártica en general, velando por que las actividades que se desarrollen en dicho continente se ajusten a los lineamientos de la Política Antártica Nacional y sean acordes con las normas internacionales que obligan a Chile.

Adicionalmente, al Ministerio de Relaciones Exteriores le corresponde colaborar con el Presidente de la República en la planificación, dirección, coordinación, ejecución, control e información de la política exterior de Chile en relación al continente Antártico, y asumir la representación nacional ante las instancias del Sistema del Tratado Antártico y las relaciones bilaterales sobre la materia.

Los diversos ministerios y entidades estatales con competencia sectorial en las actividades antárticas coordinarán su labor por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, con excepción del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y de los operadores antárticos dependientes del Ministerio de Defensa Nacional señalados en el artículo 15.

Artículo 11.- Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores en materia antártica. Será competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores:

1. Supervisar y coordinar la ejecución de la Política Antártica Nacional.

2. Coordinar la realización de las actividades nacionales en la Antártica en el marco del Programa Antártico Nacional.

3. Asesorar al Presidente de la República en la conducción de los aspectos políticos y diplomáticos de la Política Antártica Nacional.

4. Mantener las relaciones multilaterales y bilaterales con los Estados, organizaciones internacionales, foros y regímenes internacionales del Sistema del Tratado Antártico.

5. Velar por el cumplimiento de las normas del Sistema del Tratado Antártico, sin perjuicio de lo dispuesto en la letra d) del artículo 70 de la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

6. Coordinar todos los asuntos referentes a la Antártica en que participen los ministerios, organismos y reparticiones estatales con competencia en materia antártica.

7. Autorizar la realización de actividades no gubernamentales en la Antártica, de conformidad con lo previsto en esta ley y su reglamento.

Las funciones señaladas en el inciso anterior se ejercerán sin perjuicio de las competencias que tienen en el territorio antártico el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Ministerio de Defensa Nacional.

Artículo 12.- Funciones del Ministerio de Defensa Nacional en materia antártica. Será competencia específica del Ministerio de Defensa Nacional planificar, coordinar y ejercer la dirección de las actividades antárticas que efectúen las Fuerzas Armadas y entidades dependientes de la defensa nacional.

El ejercicio de las competencias del Ministerio de Defensa Nacional señaladas en el inciso anterior, y el empleo de su personal o equipo militar, deberán tomar en consideración que la Antártica se utilizará exclusivamente para fines pacíficos y científicos.

Artículo 13.- Operadores antárticos. Los operadores antárticos del Estado de Chile serán los encargados de organizar y realizar las actividades operativas, logísticas y científicas del país en la Antártica, y de la mantención de sus bases y estaciones, debiendo planificar y organizar su labor en coherencia con el Programa Antártico Nacional y en conformidad a los lineamientos que establezca el Consejo de Política Antártica.

Artículo 14.- Instituto Antártico Chileno. El Instituto Antártico Chileno, en adelante también “INACH”, tiene por principal misión planificar, coordinar, autorizar y realizar la actividad científica, tecnológica y de difusión en materias antárticas, y se rige por su estatuto orgánico. Para cumplir con su misión realizará y organizará todas las actividades operativas y logísticas que sean necesarias.

El Instituto Antártico Chileno en el cumplimiento de su respectiva misión institucional, podrá coordinarse directamente con los operadores antárticos dependientes del Ministerio de Defensa Nacional para los fines operativos y logísticos.

Artículo 15.- Operadores antárticos dependientes del Ministerio de Defensa Nacional. Los operadores antárticos dependientes del Ministerio de Defensa Nacional coordinarán sus actividades a través de ese ministerio, las que se regirán por los objetivos de la Política Antártica Nacional y los planes estratégicos que se elaboren para su cumplimiento.

La coordinación operativa y logística entre las Fuerzas Armadas se realizará a través del Estado Mayor Conjunto, y la coordinación entre estos Operadores y los demás ministerios con competencias en la materia se efectuará por medio de la Subsecretaría de Defensa.

En la ejecución del Programa Científico Nacional, los operadores antárticos dependientes del Ministerio de Defensa Nacional podrán prestar servicios de apoyo y operacionales al INACH.

Artículo 16.- Comité Operativo para la Evaluación de Impacto Ambiental sobre el Medio Ambiente Antártico. El Comité Operativo para la Evaluación de Impacto Ambiental sobre el Medio Ambiente Antártico es el órgano encargado de evaluar el impacto en el medio ambiente y certificar que las actividades y proyectos que se planifiquen para ser desarrollados en la Antártica cumplan con los requisitos ambientales dispuestos por las normas nacionales e internacionales respectivas.

El Comité Operativo para la Evaluación de Impacto Ambiental sobre el Medio Ambiente Antártico dependerá administrativamente del Ministerio de Medio Ambiente, y su composición y normas de funcionamiento estarán determinadas por el reglamento respectivo, que será dictado por ese ministerio y llevará, además, la firma del Ministro de Relaciones Exteriores.

Título III

Gobierno y Administración Interior del Territorio Chileno Antártico

Artículo 17.- Atribuciones del Delegado Presidencial Regional de la Región de Magallanes y Antártica Chilena. El Delegado Presidencial Regional de la Región de Magallanes y Antártica Chilena coordinará las iniciativas en la Antártica por instrucción del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, informando al Ministerio de Relaciones Exteriores. En particular le corresponderá:

1. Velar por el cumplimiento de la normativa nacional e internacional aplicable en la Antártica.

2. Difundir las disposiciones y medidas de protección al medioambiente antártico.

3. Administrar, según corresponda, los fondos que se destinen a actividades antárticas de gobierno interior.

4. Ejecutar y supervisar aquellas tareas que le disponga el Consejo de Política Antártica.

5. Facilitar la coordinación entre las autoridades de las bases antárticas chilenas.

6. Recibir las denuncias por infracciones a esta ley, a las normas de protección del medioambiente antártico y a la legislación general chilena por hechos acontecidos en la Antártica, sin perjuicio de las atribuciones de las demás autoridades competentes en la materia.

7. Toda otra facultad que le encomiende la legislación vigente.

En el ejercicio de sus funciones el Delegado Presidencial de la Región de Magallanes y Antártica Chilena deberá cumplir sus cometidos de forma coordinada con los órganos de la Administración del Estado, incluido el Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena, propendiendo a la unidad de acción y evitando la duplicación o interferencia de funciones, conforme al artículo 5 de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Artículo 18.- Atribuciones del Gobierno Regional de la Región de Magallanes y Antártica Chilena en la Antártica Chilena. El Gobierno Regional de la Región de Magallanes y Antártica Chilena ejercerá sus atribuciones en conformidad a la ley Nº 19.175, orgánica constitucional sobre Gobierno y Administración Regional. En particular le corresponderá:

1. Promover la identidad antártica.

2. Decidir la destinación de fondos regionales a proyectos específicos a desarrollarse en el territorio antártico.

3. Adoptar las medidas necesarias para enfrentar situaciones de emergencia o catástrofe, dentro de su competencia.

4. Fomentar y velar por la protección, conservación y mejoramiento del medio ambiente en el territorio antártico.

5. Fomentar el turismo en el territorio antártico, respetando el ecosistema y el derecho internacional.

6. Promover la investigación científica y tecnológica.

7. Fomentar, financiar y difundir actividades culturales en el territorio antártico.

8. Promover actividades deportivas en el territorio antártico.

9. Toda otra facultad que le encomiende la legislación vigente.

Las resoluciones que adopte el Gobierno Regional para ejercer una o más de sus atribuciones en materia antártica deberán ser ejecutadas en forma coherente con las políticas públicas nacionales vigentes, correspondiendo al ministro respectivo velar por aquello. Para estos efectos, se entenderá que existe dicha coherencia cuando el ejercicio de funciones por el Gobierno Regional no contradiga las políticas públicas nacionales y sea compatible con los principios o definiciones establecidas en aquéllas.

Asimismo, en dicho ejercicio se deberá actuar coordinadamente, propendiendo a la unidad de acción, evitando la duplicación o interferencia de funciones, en cumplimiento del artículo 5 de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Título IV

Financiamiento de la actividad antártica nacional

Artículo 19.- Financiamiento para las actividades en la Antártica. La Ley de Presupuestos del Sector Público deberá consultar anualmente recursos para financiar la actividad antártica nacional, especialmente de los operadores antárticos referidos en el número 11 del artículo 5.

Título V

Regulación de actividades antárticas

Artículo 20.- Uso y explotación de la Antártica y sus recursos. La Antártica se utilizará exclusivamente para fines pacíficos y con pleno respeto a los principios de protección ambiental y demás regulaciones impuestas por la presente ley, el Sistema del Tratado Antártico y otras disposiciones del derecho nacional e internacional que resulten aplicables.

El uso pacífico de la Antártica incluye las actividades científicas, tecnológicas, comerciales, turísticas, deportivas, artísticas y culturales y, en general, aquellas actividades que puedan realizarse de un modo racional y sostenible, y que sean planificadas y realizadas de forma que se prevenga y limite el impacto perjudicial sobre el medio ambiente antártico y los ecosistemas dependientes y asociados.

Artículo 21.- Actividades prohibidas. Está prohibido en la Antártica:

1. Efectuar explosiones nucleares y eliminar desechos radioactivos.

2. Realizar cualquier actividad relacionada con los recursos minerales, salvo la investigación científica, a menos que entre en vigor un régimen internacional jurídicamente obligatorio sobre tales actividades y condiciones en que ellas podrán ser aceptadas y que salvaguarde los derechos soberanos antárticos chilenos.

3. Introducir especies animales o vegetales no nativas o exóticas, salvo los casos especialmente contemplados en el artículo 37 y cumpliendo las condiciones que en él prescritas.

4. Descargar en el mar hidrocarburos petrolíferos o mezclas petrolíferas, de conformidad a lo previsto en el artículo 3 del Anexo IV del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente.

5. Descargar en el mar sustancias nocivas líquidas, de conformidad a lo previsto en el artículo 4 del Anexo IV del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente.

6. Eliminar todo tipo de basura y residuos en cualquier sector de la Antártica y sus mares circundantes, salvo en los casos especialmente autorizados por el Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente y sus Anexos o las normas internacionales sobre navegación marítima.

7. Descargar en el mar aguas residuales de conformidad a lo previsto en el artículo 6 del Anexo IV del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente.

8. Dañar, trasladar o destruir un sitio o monumento nacional o un sitio o monumento histórico designado en conformidad al Sistema del Tratado Antártico.

9. Cazar, capturar o sacrificar focas de conformidad a lo previsto en el punto 4 del Apéndice I de la Convención para la Conservación de las Focas Antárticas.

10. Toda captura, acción deliberada o interferencia dañina a los albatros y petreles, sus huevos o sus sitios de nidificación, salvo en los casos expresamente autorizados por el Acuerdo sobre la Conservación de Albatros y Petreles y sus Anexos.

11. En general, realizar cualquier tipo de actividad sin contar con las autorizaciones y evaluaciones ambientales correspondientes.

La ejecución de cualquiera de las acciones prohibidas en este artículo se sancionará conforme a lo que dispone el Título VI.

Artículo 22.- Actividades que requieren autorización previa. Está prohibido en la Antártica, a menos que se cuente con autorización expresa del Instituto Antártico Chileno:

1. Ingresar a una Zona Antártica Especialmente Protegida, designada de conformidad con lo previsto en el Anexo V del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente.

2. Efectuar una toma o intromisión perjudicial respecto a la fauna y flora antártica, conforme a las definiciones de la presente ley, y en particular respecto de las Especies Especialmente Protegidas, según lo previsto en el Anexo II del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente.

3. Introducir en la Antártica especies animales o vegetales no nativas o exóticas.

4. Introducir en la Antártica productos o elementos químicos potencialmente dañinos para el medio ambiente.

Un reglamento expedido por el Ministerio de Medio Ambiente, que llevará además la firma del Ministro de Relaciones Exteriores, establecerá los requisitos para la autorización de las acciones descritas anteriormente, en concordancia a lo previsto en el Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente y sus anexos, y fijará el procedimiento administrativo para su otorgamiento.

Artículo 23.- Autorización para realizar actividades antárticas no estatales. Toda actividad a desarrollarse en la Antártica por nacionales o extranjeros residentes requerirá la autorización previa de las autoridades competentes, excepto las actividades pesqueras o de extracción reguladas en el artículo 30 y las actividades científicas reguladas en el artículo 25.

Asimismo, requerirá esta autorización toda actividad en la Antártica que realice o en la que participe una persona extrajera, en los casos indicados en el número 2 del artículo 4.

Un reglamento expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y suscrito por los Ministerios del Interior y Seguridad Pública; Defensa Nacional; Economía, Fomento y Turismo, y Medio Ambiente, determinará el procedimiento para solicitar y obtener las autorizaciones a las que se refiere este artículo.

Artículo 24.- Realización de actividades estatales en la Antártica. Toda actividad realizada por órganos o entidades estatales, con excepción de las que realice el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y las actividades exclusivamente operativas y logísticas realizadas por los operadores antárticos, y aquellas señaladas en los artículos 25 y siguientes, deberán ser informadas al Ministerio de Relaciones Exteriores por la entidad estatal a cargo de su planificación.

Si el Ministerio de Relaciones Exteriores estima que la actividad pudiere producir algún tipo de contingencia o responsabilidad internacional deberá emitir un informe indicando las consecuencias jurídicas o políticas adversas debido a su realización.

Artículo 25.- Autorización y coordinación de las actividades científicas y tecnológicas antárticas. El Estado de Chile, a través de los distintos Ministerios y organismos con competencia en materia antártica, dará prioridad a la investigación científica y tecnológica y a la preservación de la Antártica como una zona para la realización de tales investigaciones.

Corresponderá al INACH planificar, coordinar, orientar y controlar las actividades científicas y tecnológicas que los organismos del Estado o particulares realicen en el Territorio Chileno Antártico o en el resto del continente Antártico.

Toda actividad científica o tecnológica a realizarse en la Antártica por chilenos o extranjeros residentes, ya sean personas naturales, personas jurídicas o instituciones, públicas o privadas, además de dar cumplimientos a todas las normas previstas en esta ley, deberá contar con la autorización previa del Instituto Antártico Chileno.

Asimismo, requerirá esta autorización toda actividad en la Antártica que realice o en la que participe una persona extrajera, en los casos indicados en el número 2 del artículo 4.

Artículo 26.- Autorización de zarpe y despegue de naves y aeronaves nacionales o que participan en alguna actividad antártica nacional. Toda nave, aeronave u otra embarcación que zarpe o despegue desde puertos o aeropuertos nacionales con destino a la Antártica deberá acreditar ante las autoridades marítimas o aeronáuticas correspondientes, mediante los respectivos certificados:

1. Que participa en una actividad autorizada de conformidad con los artículos 23 o 25.

2. Que la actividad cuenta con la evaluación de impacto ambiental a que se refiere el artículo 35.

3. Que la actividad cuenta con planes de emergencia para responder frente a incidentes e imprevistos que puedan tener efectos adversos para el medio ambiente antártico o sus ecosistemas dependientes y asociados, conforme a la normativa de seguridad aérea y marítima internacional y nacional vigente.

4. Que la actividad cuenta con los seguros vigentes exigidos por esta ley.

5. Que la actividad cuenta con la autorización del Instituto Antártico Chileno, cuando involucra el transporte hacia la Antártica de especies animales o vegetales no nativas o exóticas, o productos o elementos químicos potencialmente dañinos para el medio ambiente, de conformidad a lo previsto en los números 3 y 4 del artículo 22 precedente.

Las naves que realicen actividades pesqueras o de extracción deberán, además, cumplir con los requisitos especiales que fijen otras normas que les sean aplicables.

Las naves o aeronaves de propiedad del Estado de Chile estarán sujetas a igual procedimiento.

Las naves y aeronaves extranjeras que se encuentren de paso por los puertos o aeropuertos chilenos estarán eximidas de este procedimiento únicamente en cuanto acrediten haberse sometido a un procedimiento equivalente en sus Estados de origen. Al efecto, el responsable de la nave o aeronave o de la expedición que hace uso de ellas, según fuere el caso, deberá presentar certificado de autorización de su Estado de origen o del que sea nacional. La exención de que trata este inciso no libera a las citadas naves o aeronaves del cumplimiento de los demás requisitos generales para la autorización de su zarpe o despegue, según dispongan las autoridades marítimas o aeronáuticas chilenas.

El Estado de Chile suscribirá convenios de homologación con aquellos Estados que operan recurrentemente hacia la Antártica desde puertos o aeropuertos nacionales.

El incumplimiento de cualquiera de los requisitos contemplados en este artículo, así como en otras disposiciones de esta ley o de los reglamentos que se dicten conforme a ella, o de las normas generales chilenas, será motivo suficiente para no autorizar el zarpe o despegue, o para retener a la nave o aeronave que habiendo arribado o aterrizado proveniente de la Antártica pretenda proseguir su viaje. Lo anterior, sin perjuicio de las otras sanciones que pudiera corresponder en conformidad a lo dispuesto en esta ley.

Artículo 27.- Disposiciones especiales para actividades científicas. Toda actividad científica a realizarse en la Antártica por chilenos o extranjeros residentes, ya sean personas naturales, personas jurídicas o instituciones, públicas o privadas, además de dar cumplimientos a todas las normas y principios enunciados y tratados en esta ley, deberán contar con la autorización previa del Instituto Antártico Chileno.

Artículo 28.- Disposiciones especiales para actividades artísticas, culturales y deportivas. El Estado promoverá y apoyará la realización de actividades artísticas, culturales o deportivas relacionadas con la Antártica o a desarrollarse en ella, con el fin de incentivar el incremento de la identidad antártica chilena y la difusión de las actividades de Chile en dicho continente.

Sólo se brindará apoyo a actividades artísticas, culturales o deportivas particulares en la medida en que ello no afecte a las que se realizan conforme al Programa Antártico Nacional, que cuenten con las autorizaciones y evaluaciones de impacto ambiental dispuestas en esta ley, y que sean efectuadas bajo la responsabilidad de sus organizadores y participantes, respecto de los riesgos y eventuales daños que pudieran provocarse con ocasión de su realización.

Artículo 29.- Disposiciones especiales para actividades turísticas. El Estado promoverá y apoyará las actividades de turismo antártico, y controlará que cumplan con las normas de la presente ley y del reglamento dictado al efecto, y que promuevan el incremento de la identidad antártica chilena y la difusión de las actividades de Chile en dicho continente.

Todo operador que administre o ejecute actividades turísticas en la Antártica, ya sea a cuenta propia o a nombre de terceros, nacionales o extranjeros, deberá contar con seguros para responder por los costos de las acciones de contención o reparación que sean necesarias emprender ante eventuales daños ambientales que se causen con su ejecución.

Las naves o aeronaves empleadas en actividades turísticas estarán sujetas a las normas generales de esta ley.

Un reglamento expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, suscrito por el Ministro del Interior y Seguridad Pública, el Ministro de Economía, Fomento y Turismo, y el Ministro del Medio Ambiente, establecerá las condiciones y requisitos para realizar las actividades de turismo en la Antártica.

Artículo 30.- Disposiciones especiales para actividades pesqueras y otras actividades de captura de recursos vivos marinos antárticos. Las actividades pesqueras y otras actividades comerciales lícitas en relación con los recursos vivos marinos antárticos realizadas por personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras residentes en el país, estarán sujetas a las normas pertinentes de la Ley General de Pesca y Acuicultura, a las regulaciones que establezca la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, y a las medidas dictadas conforme o en cumplimiento de la Convención de Conservación de las Focas Antárticas, la Convención sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, el Acuerdo sobre la Conservación de Albatros y Petreles, y todo otro precepto aplicable del Sistema del Tratado Antártico vigentes, y las disposiciones de esta ley, salvo que sean expresamente exceptuadas.

Artículo 31.- Acciones de búsqueda y rescate. Los centros de coordinación de búsqueda y rescate marítimo y aéreo de Punta Arenas y los sub-centros que se establezcan en el Territorio Chileno Antártico serán los encargados de coordinar las acciones respectivas.

Para efectos de facilitar el cumplimiento de su función, todas las naves o aeronaves que zarpen o despeguen desde puertos o aeropuertos chilenos con destino a la Antártica, cualquiera sea su nacionalidad, naturaleza o dependencia, estatales o privadas, científicas, turísticas, pesqueras u otras, deberán informar a las autoridades pertinentes su plan de navegación o vuelo y comunicar su posición durante la travesía, a intervalos de tiempo regular y al menos diariamente, a los centros o sub-centros de búsqueda y rescate chilenos.

Artículo 32.- Notificación previa sobre la ejecución de expediciones antárticas. En función de la información contenida en el Programa Antártico Nacional y de las autorizaciones entregadas de conformidad con esta ley respecto a las expediciones gubernamentales y no gubernamentales programadas anualmente, y de la información que se tenga sobre expediciones a la Antártica de otros países que se organicen, planifiquen o partan desde Chile, el Ministerio de Relaciones Exteriores notificará por adelantado a la Secretaría del Tratado Antártico, a más tardar al día 15 de octubre de cada año, sobre la planificación y ejecución de las mismas, a fin de que dicha información sea transmitida a cada uno de los Estados Partes del Sistema del Tratado Antártico.

Las expediciones antárticas que no hayan sido informadas de conformidad con inciso anterior, se comunicarán dentro de diez días hábiles desde que se tenga conocimiento de ellas.

En particular, se informará sobre:

1. Toda expedición a la Antártica y dentro de la Antártica en la que participen naves o aeronaves nacionales, y sobre todas las expediciones a la Antártica que se organicen o partan desde el territorio nacional.

2. Todas las estaciones en la Antártica ocupadas por nacionales.

3. Todo personal o equipo militar que se proyecte introducir en la Antártica en apoyo de la investigación científica o con alguna de las otras finalidades autorizadas por el Tratado Antártico.

Título VI

Protección y conservación del medio ambiente antártico

Artículo 33.- Principio de protección y conservación del medioambiente antártico. Todas las actividades que se planifiquen o ejecuten en la Antártica deberán tener en cuenta la protección y conservación del medio ambiente antártico y los ecosistemas dependientes y asociados, y deberán efectuarse considerando prevenir y reparar las alteraciones al ecosistema que eventualmente produzcan tales actividades, de conformidad con lo previsto en el Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente.

Con tal finalidad, serán de cumplimiento obligatorio para toda expedición a la Antártica y dentro de ella, como las actividades que allí se realicen, en la que participen chilenos o naves o aeronaves nacionales, y para todas las expediciones a la Antártica que sean autorizadas por el Estado de Chile, tanto las normas que contempla esta ley y los reglamentos dictados conforme a ella como las medidas sobre protección y conservación de la flora y fauna antártica y del medio ambiente en general que se acuerden dentro de las instancias del Sistema del Tratado Antártico y que se encuentren vigentes.

Un reglamento expedido por el Ministerio de Medio Ambiente, suscrito por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Ministro de Relaciones Exteriores, fijará los criterios y parámetros que deberán seguirse en la planificación y ejecución de toda actividad a realizarse en la Antártica.

Artículo 34.- Eliminación y tratamiento de residuos. Toda actividad realizada en la Antártica se planificará y ejecutará considerando generar o tratar en ella la menor cantidad posible de residuos, con el fin de minimizar su repercusión en el medioambiente antártico y las interferencias con los valores naturales de la Antártica, con la investigación científica o con los otros usos lícitos de la Antártica.

El manejo de residuos se regirá por los principios de prevención, jerarquía y racionalidad ambiental.

Los residuos producidos por toda expedición a la Antártica y dentro de ella, o resultados de las actividades que allí se realicen, en la que participen chilenos o naves o aeronaves nacionales, y que haya sido organizada o autorizada en Chile, y en la medida que ello sea técnicamente posible, serán devueltos al territorio nacional americano. El resto de los residuos serán tratados o eliminados de modo de minimizar el daño o efectos ambientales de los mismos.

El almacenamiento, eliminación, tratamiento y remoción de residuos se efectuará conforme a los procedimientos que determine el reglamento respectivo. Asimismo, el reglamento determinará las sustancias y residuos cuya descarga o eliminación se encuentre prohibida en la Antártica en virtud de los acuerdos internacionales suscritos por Chile y que se encuentren vigentes.

Con el fin de reducir aún más el impacto de los residuos en el medio ambiente antártico, el Ministerio de Medio Ambiente preparará, revisará y actualizará los planes de tratamiento de residuos de las bases antárticas nacionales, así como los de las naves y aeronaves nacionales que se destinen para las actividades antárticas.

Artículo 35.- Evaluación de impacto ambiental de actividades antárticas. Durante la etapa de planificación de cualquier actividad que se desarrolle en la Antártica, de conformidad con los programas de investigación científica, con el turismo y con las actividades gubernamentales y no gubernamentales, especialmente de aquellas que requieran de notificación previa conforme al inciso tercero del artículo 32, así como las actividades de apoyo logístico correspondientes, deberán someterse a los procedimientos de evaluación de impacto sobre el medio ambiente antártico o en los ecosistemas dependientes o asociados. Se exceptúan de la evaluación contemplada en este artículo las actividades pesqueras y de extracción contempladas en el artículo 30.

Deberán someterse a una nueva evaluación de impacto ambiental las actividades descritas en el inciso primero cuando las afecte cualquier cambio significativo, sea que tal cambio se deba a un aumento o a una disminución de la intensidad de una actividad ya existente, a que se añada a ella una nueva actividad, al cierre de una instalación, o a cualquier otra causa.

Cuando alguna de tales actividades sea planificada conjuntamente por Chile y otro u otros Estados Partes del Sistema del Tratado Antártico, el Ministerio de Relaciones Exteriores coordinará la aplicación de los procedimientos de evaluación de impacto sobre el medio ambiente antártico a fin de determinar si se realizará en Chile o en otro Estado.

La evaluación de impacto ambiental será efectuada por el Comité Operativo para la Evaluación de Impacto Ambiental sobre el Medio Ambiente Antártico señalado en el artículo 16 y se regirá por el reglamento indicado en ese artículo, que fijará los contenidos mínimos de las propuestas de actividades o proyectos que se sometan a evaluación de impacto ambiental, según corresponda a cada una de las tres categorías que se señalan en el artículo siguiente; los parámetros e indicadores que permitan determinar sobre una base científica cuándo una actividad puede producir un impacto menos que mínimo o transitorio, mínimo o transitorio o más que mínimo o transitorio; y el procedimiento para la evaluación de impacto ambiental.

Artículo 36.- Categorías de Evaluación de Impacto Ambiental. Las evaluaciones de impacto ambiental de las actividades antárticas pueden ser:

1. Evaluación de impacto ambiental preliminar, si la actividad planificada causará menos que un impacto mínimo o transitorio.

2. Evaluación de impacto ambiental inicial, si la actividad antártica planificada causará un impacto mínimo o transitorio.

3. Evaluación de impacto ambiental global, si la actividad antártica causará más que un impacto mínimo o transitorio.

El operador de la actividad antártica podrá presentar una evaluación de impacto ambiental preliminar, inicial o global según lo estime pertinente, de acuerdo al nivel de impacto que prevé que pueda causar la actividad antártica que pretende desarrollar.

Si tras el estudio respectivo el Comité Operativo para la Evaluación de Impacto Ambiental sobre el Medio Ambiente Antártico determina que una evaluación de impacto ambiental preliminar cumple con los parámetros requeridos, lo certificará y comunicará al interesado que puede desarrollar la actividad en conformidad a lo informado. Asimismo, si determina que una evaluación de impacto ambiental inicial cumple con las exigencias pertinentes, lo certificará y comunicará al interesado que, una vez que se establezcan los procedimientos apropiados para evaluar y verificar el impacto ambiental de la actividad, puede dar inicio a la misma.

Aprobada la evaluación de impacto ambiental global por el Comité Operativo para la Evaluación de Impacto Ambiental sobre el Medio Ambiente Antártico, será presentada por el Ministerio de Relaciones Exteriores ante el organismo competente del Sistema del Tratado Antártico, conjuntamente con la autorización del artículo 23 y los antecedentes en que se funda, y se seguirá con el procedimiento internacional previsto en el artículo 3 del Anexo I del Protocolo al Tratado Antártico, antes de iniciar la actividad planificada.

Artículo 37.- Información a los operadores. Los operadores podrán acceder a información relevante sobre protección al medio ambiente antártico a través del Sistema Nacional de Información Ambiental establecido en el artículo 31 ter de la ley N° 19.300. Dicha información comprenderá, entre otros, las actividades prohibidas en la Antártica, la lista de Especies Especialmente Protegidas, las Zonas Especialmente Protegidas o Administradas, los monumentos históricos y las conductas que constituyen infracciones o delitos y sus respectivas sanciones.

Artículo 38.- Obligación de informar sobre daños al medioambiente antártico. Cualquier persona que tenga conocimiento de la ocurrencia de un daño al medio ambiente antártico, esté o no implicada en la producción del mismo, tendrá la obligación de comunicarlo a la brevedad a las autoridades nacionales mencionadas en el artículo 45.

Artículo 39.- Emergencias ambientales. En casos de emergencias ambientales en la Antártica, las autoridades pertinentes dispondrán una respuesta rápida y efectiva con todos los medios nacionales que estén en el área de la emergencia ambiental y podrán solicitar el apoyo de otros Estados Partes si fuere necesario.

El Ministerio de Medio Ambiente, en coordinación con los Ministerios del Interior y Seguridad Pública, de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, elaborará pautas o medidas para responder a los incidentes que puedan tener efectos adversos para el medio ambiente antártico o sus ecosistemas dependientes y asociados.

Artículo 40.- Daño al medio ambiente antártico. Todo daño ambiental en el Territorio Chileno Antártico, en la Antártica o en el Océano Austral, causado culposa o dolosamente por una persona natural o jurídica sujeta a la presente ley en virtud de lo dispuesto en el artículo 4, dará lugar a las acciones de reparación medioambiental previstas en la ley 19.300.

No procederá la acción para obtener la reparación del medio ambiente dañado cuando quien cometió el daño ejecutó satisfactoriamente un plan de reparación aprobado por la Superintendencia del Medio Ambiente.

Artículo 41.- Presunción. Se presume legalmente la culpa del autor del daño al medio ambiente antártico si en la realización de la actividad antártica que causó el daño ambiental existe infracción a las normas previstas en la presente ley, a los reglamentos dictados conforme a ella, o a las normas del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente y sus anexos.

Artículo 42.- Titularidad de la acción ambiental. El Estado de Chile, representado por el Consejo de Defensa del Estado, será el titular de la acción ambiental destinada a obtener la reparación del medio ambiente antártico dañado.

Esta disposición no obsta a la acción indemnizatoria que pueda presentar toda persona natural o jurídica, pública o privada, que haya sufrido el perjuicio en razón del daño ambiental.

Artículo 43.- Competencia. Será competente para conocer de la acción de reparación derivada del daño al medio ambiente antártico el tribunal ambiental que corresponda, de conformidad a lo previsto en el número 2° del artículo 17 de la ley Nº 20.600, y se le aplicarán las normas de procedimiento establecidas en dicha ley.

Artículo 44.- Norma subsidiaria. En lo no tratado en esta ley respecto a los temas ambientales, y en cuanto no sea contradictoria con la misma, se aplicará subsidiariamente la ley N° 19.300.

Título VII

Fiscalización y sanciones

Párrafo 1°

Autoridades competentes, infracciones y sanciones

Artículo 45.- Fiscalización. La fiscalización del cumplimiento de las disposiciones de los títulos V y VI de la presente ley y sus reglamentos será ejercida:

a) En el continente Antártico por los funcionarios del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea y del Instituto Antártico Chileno que se encuentren en dicho territorio. En el ejercicio de esta función fiscalizadora, los jefes de bases antárticas de cualquiera de estas instituciones tendrán la calidad de ministros de fe.

b) En el resto del país los funcionarios de la Armada, de la Dirección de Aeronáutica Civil y Carabineros quienes tendrán la calidad de ministros de fe.

Artículo 46.- Infracciones. Se castigará a la persona natural o jurídica que realice una actividad en la Antártica o en el Océano Austral e incurra en las siguientes conductas con las siguientes multas:

1. Al que realice una actividad en la Antártica sin contar con las autorizaciones y evaluación de impacto ambiental previstas en esta ley, con multa de 100 a 1.500 unidades tributarias mensuales.

2. Al que estando a cargo de una actividad antártica debidamente autorizada y que cuente con la evaluación del impacto ambiental, al momento de realizarla no cumpla estrictamente la planificación que fue establecida en la actividad o proyecto aprobado ambientalmente o la planificación de la actividad autorizada de conformidad a los artículos 23 o 25, con multa entre 100 y 1.000 unidades tributarias mensuales.

3. Al que eliminare cualquier tipo de basura en el mar de la Antártica en los términos previstos en el artículo 5 del Anexo IV del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente o eliminare cualquier tipo de basura o residuo en la Antártica, sea en el mar o en tierra, en infracción a los procedimientos establecidos en el reglamento, con multa entre 100 y 1.000 unidades tributarias mensuales.

4. Al que descargare en el mar de la Antártica aguas residuales en los términos previstos en el artículo 6 del Anexo IV del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, con multa de 100 a 1.000 unidades tributarias mensuales.

Las multas establecidas en los numerales anteriores serán aplicables sin perjuicio de las acciones establecidas en los artículos 34 y siguientes.

Artículo 47.- Competencia. Serán competentes para conocer de las infracciones consagradas en el artículo anterior y de las infracciones a los reglamentos señalados en la presente ley, el Juez de Policía Local de Punta Arenas, sin perjuicio del lugar donde ésta se hubiese verificado. Asimismo, será éste el competente para conocer de los casos en que la infracción hubiese sido cometida en la Antártica o en el Océano Austral, ambos definidos en el artículo 5.

Artículo 48.- Procedimiento. El Juez de Policía Local conocerá de las infracciones en conformidad al procedimiento establecido en la ley Nº 18.287, con las modificaciones que se señalan a continuación:

1. Los funcionarios indicados en el artículo 39 que sorprendan infracciones a la presente ley y sus reglamentos deberán denunciarlo al juzgado de policía local competente y citar personalmente al inculpado, si estuviere presente por escrito, o si estuviere ausente mediante nota que dejarán en un lugar visible del domicilio del infractor o en la nave o embarcación utilizada, para que comparezca a la audiencia más próxima, indicando día y hora bajo apercibimiento de proceder en su rebeldía.

2. La citación para que comparezca a la audiencia no podrá hacerse para antes del décimo ni después del vigésimo quinto día hábil siguiente a la fecha de la notificación. En el evento que el denunciado resida en un lugar alejado a aquél en el que se realizó la denuncia, éste podrá concurrir al juzgado de policía local de su residencia para formular sus descargos por escrito y solicitar que, por medio de exhorto, se recabe la resolución del caso. El juez exhortado comunicará al exhortante la sentencia dictada.

3. La denuncia que se formule al juzgado de policía local deberá contener todos los detalles y antecedentes necesarios para la correcta individualización del denunciado, el número de su cédula de identidad u otro documento de identificación, y los hechos constitutivos de la infracción y la norma o normas precisas infringidas.

4. Los funcionarios indicados en el artículo 39 no podrán detener ni ordenar la detención de los que sorprendan in fraganti cometiendo una infracción, a menos de tratarse de una persona que no dé caución suficiente de que comparecerá a la audiencia que se le cite. El juez pondrá en conocimiento del detenido la denuncia respectiva y lo interrogará de acuerdo a su contenido.

Siempre que se prive de libertad a una persona se dará estricto cumplimiento a las disposiciones del Código Procesal Penal que obligan a informarle del motivo de la detención al momento de practicarla, y a comunicar a su familia, a su abogado o a la persona que indique el hecho de haber sido privado de libertad y su motivo.

Los que permanecieren detenidos serán puestos inmediatamente a disposición del juzgado de policía local, si fuere hora de despacho, o a primera hora de la audiencia más próxima, en caso contrario.

5. En caso de que el inculpado reconociera ante el tribunal su participación en los hechos constitutivos de la falta que se le atribuye y se allanare a la sanción que el mismo tribunal le advirtiere que contempla la ley para estos casos, se dictará sentencia definitiva de inmediato, la que no será susceptible de recurso alguno. El juez, en este evento, podrá no aplicar la sanción en su grado máximo, pudiendo considerar la reducción de ésta en no más de un veinte por ciento.

6. Para la determinación de las multas el juez tendrá en consideración, especialmente, si producto de la infracción se produjera daño ambiental y la entidad de éste o la potencialidad de haberlo causado, cuando el infractor sea reincidente o haya incurrido en faltas reiteradas a la presente ley.

7. El juez no podrá conmutar la multa, en todo o en parte, por la realización de trabajos en beneficio de la comunidad.

Artículo 49.- Deber de informar. Toda sentencia firme condenatoria recaída en procesos por infracciones de la presente ley deberá ser comunicada al más breve plazo por los tribunales competentes al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Artículo 50.- Prescripción. Las acciones para perseguir las infracciones de esta ley prescribirán en el plazo de cinco años, contado desde la fecha en que se cometió la infracción.

Las sanciones que se impongan prescribirán en el plazo de cinco años, contado desde que quede firme la sentencia condenatoria, según corresponda.

Párrafo 2°

De los delitos especiales en materia antártica

Artículo 51.- Competencia. Serán competentes para investigar y perseguir la responsabilidad de los delitos consagrados en este párrafo, cuando éstos sean cometidos en el territorio de la Antártica y en el Océano Austral, la fiscalía regional de Punta Arenas, y su conocimiento corresponderá al juzgado de garantía y al tribunal de juicio oral en lo penal de Punta Arenas.

Artículo 52.- Delitos especiales.

1. El que realice explosiones nucleares o elimine desechos radioactivos en la Antártica o en el Océano Austral será sancionado con pena de presidio mayor en sus grados medio a máximo.

2. El que realice cualquier actividad relacionada con los recursos minerales en la Antártica, en el Océano Austral o en la plataforma continental de la Antártica, a menos que dicha actividad sea con fines científicos y haya sido autorizada de conformidad con la presente ley, será sancionado con presidio menor en su grado medio a presidio menor en su grado máximo, y multa de 500 a 1500 unidades tributarias mensuales.

3. El que realice una toma, en los términos establecidos en el número 7 del artículo 5, en el área del Tratado Antártico sin contar con la autorización del Instituto Antártico Chileno o que al realizarla se exceda de la autorización respectiva será sancionado con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo, y multa de 500 a 1500 unidades tributarias mensuales.

4. El que realice una intromisión perjudicial, en los términos establecidos en el número 8 del artículo 5, sin contar con la autorización del Instituto Antártico Chileno o que al realizarla se exceda de la autorización respectiva será sancionado con presidio menor en su grado máximo y multa de 300 a 1200 unidades tributarias mensuales.

5. El que realice cualquier descarga en el mar de hidrocarburos petrolíferos o mezclas petrolíferas, excepto en los casos autorizados por el Anexo I del MARPOL 73/78, será sancionado con pena de presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de 500 a 1500 unidades tributarias mensuales. Sin perjuicio de lo anterior, se considerarán autorizadas:

a) Las descargas en el mar de hidrocarburos petrolíferos o de mezclas petrolíferas resultantes de averías sufridas por un buque o por sus equipos:

i. Siempre que después de producirse la avería o de descubrirse la descarga se hayan tomado todas las precauciones razonables para prevenir o reducir a un mínimo tal descarga; y

ii. Salvo que el propietario o el capitán haya actuado ya sea con la intención de causar la avería o con imprudencia temeraria y a sabiendas de que era muy probable que se produjera la avería.

b) Las descargas en el mar de sustancias que contengan hidrocarburos petrolíferos cuando sean empleados para combatir casos concretos de contaminación a fin de reducir los daños resultantes de tal contaminación.

6. El que descargue en el mar cualquier sustancia nociva líquida o cualquier otra sustancia química, en cantidades o concentraciones perjudiciales para el medio marino, será sancionado con presidio menor en sus grados medio a máximo y con multa de 500 a 1500 unidades tributarias mensuales.

7. El que cause daño, traslade o destruya un sitio o monumento histórico nacional o uno designado en conformidad al Sistema del Tratado Antártico será sancionado con pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de 300 a 1000 unidades tributarias mensuales.

8. El que cace, capture o dé muerte a uno o varios ejemplares de focas en los términos y zonas establecidas en el punto 4 del Apéndice I de la Convención para la Conservación de las Focas Antárticas será sancionado con la pena de presidio mayor en su grado mínimo y multa de 300 a 1200 unidades tributarias mensuales.

El que tenga, posea, transporte, desembarque, elabore o efectúe cualquier proceso de transformación, así como comercialice o almacene las especies vivas o muertas o parte de éstas mencionadas en este numeral, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo y multa de 300 a 1200 unidades tributarias mensuales.

Título VIII

Disposiciones finales

Artículo. 53.- Gasto Fiscal.- La aplicación de la presente ley no irrogará mayor gasto fiscal.

Artículo 54.- Intercálase en el inciso segundo del artículo 52 de la ley N° 21.080, que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de modernizar el Ministerio de Relaciones Exteriores, el siguiente numeral 8, nuevo, pasando el actual 8 a ser número 9, y así sucesivamente:

“8. El Gobernador Regional de la Región de Magallanes y Antártica Chilena.”.

Disposiciones transitorias

Artículo primero.- La presente ley comenzará a regir ciento ochenta días después de su publicación en el Diario Oficial.

Artículo segundo.- Dentro del plazo de dos años, contado desde la entrada en vigencia de esta ley, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en conjunto con los demás ministerios que corresponda si así fuera el caso, deberá dictar los reglamentos dispuestos en la presente ley o aquellos que resulten indispensables para su acertado cumplimiento.

Artículo tercero.- En el tiempo que medie entre la entrada en vigencia de la presente ley y la fecha en que comiencen sus funciones los delegados presidenciales regionales y los gobernadores regionales, todas las menciones efectuadas en esta ley a dichos cargos, deben entenderse efectuadas al intendente regional.”.

*****

Hago presente a V.E. que los artículos 43, 47 y 51 permanentes del proyecto de ley fueron aprobados en general y en particular con el voto favorable de 139 diputados, de un total de 155 en ejercicio, dándose así cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República.

Dios guarde a V.E.

JAIME MULET MARTÍNEZ

Presidente en ejercicio de la Cámara de Diputados

MIGUEL LANDEROS PERKI?

Secretario General de la Cámara de Diputados

2. Segundo Trámite Constitucional: Senado

2.1. Informe de Comisión de Zonas Extremas

Senado. Fecha 07 de junio, 2019. Informe de Comisión de Zonas Extremas en Sesión 34. Legislatura 367.

?INFORME DE LA COMISIÓN DE ZONAS EXTREMAS Y TERRITORIOS ESPECIALES recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que Establece el Estatuto Chileno Antártico.

BOLETÍN N° 9.256-27.

____________________________________

HONORABLE SENADO:

Vuestra Comisión de Zonas Extremas y Territorios Especiales del Senado tiene el honor de informar respecto del proyecto de ley de la referencia, en segundo trámite constitucional, iniciado en Mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, señor Sebastián Piñera Echeñique, con urgencia calificada de “suma”.

La iniciativa fue discutida sólo en general, en virtud de lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento del Senado.

A las sesiones en que la Comisión se ocupó de esta iniciativa, acudieron especialmente invitados:

1.- El Director del Instituto Antártico Chileno, señor Marcelo Leppe Cartes.

2.- El Ministro de Defensa Nacional, señor Alberto Espina Otero.

3.- El Ministro de Relaciones Exteriores, señor Roberto Ampuero Espinoza.

4.- El Intendente de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena, señor José Adolfo Fernández Dübrock.

A la sesión celebrada el 5 de junio de 2019 asistió el Honorable Diputado señor Karim Bianchi Retamales.

Concurrieron, asimismo, en representación de las entidades que se indican, las siguientes personas:

- Del Ministerio de Relaciones Exteriores: el Director de la División Antártica, señor Camilo Sanhueza; el Abogado de la División Antártica, señor Luis Valentín Ferrada; el Abogado, señor Gonzalo Muñoz; el Segundo Secretario, señor Diego Bunster; el Asesor de Asuntos Parlamentarios, señor Fernando Salinas, y el Periodista, señor José Pedro Rossel.

- Del Ministerio de Defensa Nacional: el Jefe de Gabinete del Ministro, señor Pablo Urquizar; la Asesora Legislativa, señora Fernanda Nitsche; la Asesora Jurídica, señora Bárbara Cortés; y el Asesor Antártico, señor Rafael Castillo.

- Del Ministerio Secretaría General de la Presidencia: los Asesores, señores Cristian Barrera y Víctor Inostroza.

- De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo: El Abogado de la División Política y Desarrollo, señor Francisco Romero, y el Asesor, señor Juan Luis Córdova.

- De la Biblioteca del Congreso Nacional: El Asesor, señor Juan Pablo Jarufe.

- De la oficina de la Honorable Senadora señora Ebensperger: los Asesores, señora Paola Bobadilla y señor Patricio Cuevas.

- De la oficina de la Honorable Senadora señora Órdenes: la Asesora, señora Paulina Ruz.

- De la oficina del Honorable Senador señor Bianchi: la Asesora, señora Constanza Sanhueza.

- De la oficina del Honorable Senador señor Chahuán: el Asesor, señor Marcelo Sanhueza.

- De la oficina del Honorable Senador señor Durana: el Asesor, señor César Quiroga.

- De la oficina del Honorable Senador señor Insulza: los Asesores, señoras Ginette Joignant y señora Lorena Escalona y señor Nicolás Godoy.

- De la oficina del Honorable Senador señor Lagos: el Periodista, señor Claudio Luna.

- De la oficina del Honorable Senador señor Moreira: el Asesor, señor Raúl Araneda.

- De la oficina del Honorable Senador señor Ossandón: el Asesor, señor José Tomás Hughes.

- De la oficina del Honorable Senador señor Pugh: los Asesores, señora Claudia Farías y señores Ignacio Arévalo y Pascal de Smet.

- De la oficina del Honorable Senador señor Sandoval: los Asesores, señores Sebastián Puebla y Mauricio Anacona.

- De la oficina del Honorable Diputado señor Karim Bianchi Retamales: los asesores, señora María Ignacia Meyer y señor Nicolás Muena.

- Del Comité Partido Socialista: el Asesor, señor Alexandre Sánchez.

- Del Comité Partido Demócrata Cristiano: los Asesores, señora Valentina Muñoz y señor Gerardo Bascuñán.

- Del Comité Partido Unión Demócrata Independiente: la Asesora, señora Ivette Avaria.

- - -

Se hace presente que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 16 de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, el proyecto de ley fue puesto en conocimiento de la Corte Suprema durante su tramitación en la Cámara de Origen.

Mediante oficio de fecha 8 de enero de 2019, la Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena de la Honorable Cámara de Diputados, conforme a lo dispuesto por los incisos segundo y tercero del artículo 77 de la Constitución Política de la República y el artículo 16 de la ley N° 18.918, solicitó el parecer de la Excma. Corte Suprema respecto a las normas contenidas en los artículos 43, 47, 48 y 51 del proyecto aprobado por esa instancia legislativa, normas que posteriormente fueron aprobadas en los mismos términos por la H. Cámara de Diputados.

La Excma. Corte respondió mediante oficio N° 20-2019, de fecha 30 de enero de 2019, emitiendo su parecer sobre las normas consultadas, como también de otras disposiciones del proyecto que fueron analizadas por el máximo tribunal. Cabe destacar que la Corte ya había informado el proyecto mediante su oficio N°116-2014, de 10 de diciembre de 2014.

A continuación, se efectúa una breve reseña del parecer de la Excma. Corte Suprema sobre las normas que le fueron consultadas, como también de las observaciones que hizo a otras disposiciones del proyecto, con el propósito que, si lo tienen a bien, sean consideradas por Sus Señorías en el segundo trámite reglamentario.

Artículos consultados

1.- Artículo 43

Este precepto otorga competencia para conocer de la acción reparatoria por daño al medio ambiente antártico al Tribunal Ambiental que corresponda, conforme a lo previsto en el numeral 2 del artículo 17 de la ley N° 20.600, que crea los Tribunales Ambientales.

El máximo Tribunal estimó que la competencia establecida no presenta dificultades, expresando que aun cuando la disposición no establezca el tribunal competente para conocer de la acción indemnizatoria, la aplicación de las normas supletorias de la ley N° 20.600, permitirían determinar que éste debiera ser el Juzgado de Letras en lo Civil del lugar donde se produjo el daño.

Igual parecer había emitido en su oficio 116-2014, de fecha 10 de diciembre de 2014.

2.- Artículo 47

La disposición señalada dispone que será competente para conocer de las infracciones consagradas en el artículo anterior, así como de las infracciones a los reglamentos señalados en la presente ley, el Juez de Policía Local de Punta Arenas, sin perjuicio del lugar donde ésta se hubiese verificado. Asimismo, será competente para conocer de los casos en que la infracción hubiese sido cometida en la Antártida o en el Océano Austral.

En opinión de la Excma. Corte, la competencia otorgada a los Juzgados de Policía Local es contraria a la normativa establecida para las infracciones en materias medioambientales, puesto que la fiscalización y potestad sancionadora es ejercida por la Superintendencia del Medio Ambiente, según lo prescribe el artículo 64 de la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, y el artículo 35 de la ley N° 20.417, en tanto que la competencia para conocer de las reclamaciones en contra de las resoluciones de dicha Superintendencia recae en el Tribunal Ambiental respectivo.

Asimismo, sentencia que tanto la naturaleza como la gravedad de las conductas descritas en el artículo 46 del proyecto, se condicen con aquellas respecto de las cuales la Superintendencia tiene competencia para sancionar, según lo dispone el artículo 36 de la ley N°20.417.

Por tales consideraciones, la Corte se pregunta si no es más conveniente aplicar el régimen sancionatorio contemplado en la legislación general, puesto que se otorgaría a órganos que ya cuentan con dicha competencia, y que tienen la debida especialidad, evitando, además, la superposición de competencias.

Además, la Excma. Corte apunta, que es necesario observar la posibilidad que sean los reglamentos que se dicten, aquellos que regulen nuevas infracciones y las sanciones asociadas a ellas, cuestión que permanentemente ha relevado el máximo tribunal para resguardar el principio de reserva legal, que exige que la potestad de la administración, la conducta prohibida y las sanciones aplicables se encuentren contenidas en una ley.

En este aspecto, la Corte concluye que la indeterminación que el artículo 47 presenta es clara, ya que en él se realiza una remisión completa a las infracciones que los reglamentos consagren, sin proponer siquiera un marco al que deberían sujetarse.

3.- Artículo 48

Regula el procedimiento según el cual el Juzgado de Policía Local respectivo conocerá las infracciones determinadas en los artículos anteriores, disponiendo que se seguirá aquel establecido en la ley N° 18.287, con las modificaciones que se indicarán.

a) El numeral 1 de la disposición prescribe que los funcionarios señalados en el artículo 39, que sorprendan infracciones a la presente ley y sus reglamentos, deberán denunciarlos al Juzgado de Policía Local competente y citar al inculpado con las formalidades que en cada caso señala.

La referencia al artículo 39 del numeral 1, apunta la Corte, pareciera ser errada puesto que en él no se mencionan funcionarios en particular, sino que se refiere a las “emergencias ambientales”; y respecto a quienes deberán responder por ellas menciona a las “autoridades pertinentes” y a los ministerios que intervendrán en dicha respuesta.

Por ello, la Corte sentencia que tal vez lo correcto es que el numeral 1 efectúe la referencia al artículo 45, que trata de la fiscalización del cumplimiento de los títulos V y VI de la presente ley y su Reglamento, tanto en el continente antártico como en el resto del país.

b) El numeral 4 prescribe que los funcionarios señalados en el artículo 39, no podrán detener a quienes sorprendan infraganti cometiendo una infracción, a menos de tratarse de una persona que no dé caución suficiente de que comparecerá a la audiencia que se le cite. El juez pondrá en conocimiento del detenido la denuncia respectiva y lo interrogará de acuerdo a su contenido.

Agrega que siempre que se prive de libertad a una persona, se dará estricto cumplimiento a las disposiciones del Código de Procedimiento Penal, que obligan a informarle del motivo de la detención y a comunicarle a su familia, a su abogado o a la persona que indique el hecho de haber sido privado de libertad y su motivo.

En su informe anterior, la Excma. Corte al referirse al entonces numeral 4 del artículo 42 (actual artículo 48, con idéntica redacción), consideró que aquel tenía dudosa legalidad. En primer término, por permitir que los funcionarios señalados en el artículo 39 practiquen la detención de una persona, puesto que algunos de ellos no cuentan con tal facultad en el resto del ordenamiento jurídico, mientras que otros, sólo la tienen en determinados casos. Por ello, reiteró la observación de reemplazar la competencia que se otorga a los Juzgados de Policía Local por los Juzgados de Garantía, permitiendo así la intervención del Ministerio Público y la aplicación íntegra de la normativa relativa a la detención.

Adicionalmente, calificó de desproporcionada la exigencia de establecer una caución para asegurar la comparecencia del infractor, apuntando, especialmente, a que el Código Procesal Penal sólo considera la caución con el fin de sustituir la prisión preventiva, y, en este caso, se establece un deber de caución genérico para asegurar la comparecencia del infractor ante el juez, en circunstancias que los ilícitos de que trata son tanto de carácter delictual como infraccional. Se agrega a lo señalado, que la caución queda entregada a la discrecionalidad de la autoridad, incumpliendo un presupuesto básico de las medidas cautelares.

Hace notar que el artículo 124 del Código Procesal Penal establece como regla general en la materia que no procede la detención tratándose de faltas o delitos que no estén asociados a una pena privativa de libertad, de manera que tratándose de conductas meramente infraccionales la desproporcionalidad con el resto de la normativa resulta evidente.

c) El numeral 6 dispone que “Para la determinación de las multas, el juez tendrá en consideración, especialmente, si producto de la infracción se produjera daño ambiental y la entidad de éste o la potencialidad de haberlo causado (sic), cuando el infractor sea reincidente o haya incurrido en faltas reiteradas a la presente ley.”.

En opinión de la Corte, la norma está redactada de una manera que dificulta su cabal entendimiento, ya que no se comprende si el juez ha de tener en consideración la producción del daño ambiental o la posibilidad de causarlo sólo en el caso de la reincidencia o reiteración de faltas, o si tal criterio ha de tenerse para la determinación de la multa en cualquiera de los casos referidos en la norma.

Artículo 51

Dispone que será competente para investigar y perseguir los delitos consagrados en la ley que se cometan en el territorio de la Antártica y en el Océano Austral, la Fiscalía Regional de Punta Arenas, y su conocimiento corresponderá al Juzgado de Garantía y al Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas.

Sobre esta disposición, la Corte Suprema no efectuó reparo alguno.

No obstante, reiteró sus reparos en relación a la deficiente descripción de los ilícitos contemplados en el N° 2 del artículo 52 de la iniciativa, al no describir en sus contornos mínimos la conducta típica que le incumbe al legislador, pues de otra manera se atenta contra la garantía constitucional establecida en el numeral 3° del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Otras disposiciones (No consultadas)

Artículo 35

El inciso cuarto del artículo citado dispone que la evaluación ambiental será efectuada por el Comité Operativo para la Evaluación de Impacto Ambiental sobre el Medio Ambiente Antártico contemplado en el artículo 16, y se regirá por el reglamento referido en dicha norma, el que fijará los contenidos mínimos de las actividades o proyectos que deban someterse a evaluación ambiental.

Al respecto, la Corte trajo a colación su informe del año 2014, en el que recomendó que la propia ley regulara cuestiones mínimas relativas a las exigencias ambientales, definiendo parámetros e indicadores generales de impacto al medio ambiente local, así como normas mínimas de procedimiento, sin perjuicio de regular el detalle a nivel reglamentario. Junto a lo anterior, agregó que la normativa debe considerar la ley N° 20.417, que establece el sistema de evaluación ambiental para otorgar mayor coherencia y armonía en la regulación aplicable en la materia.

Artículo 42

Otorga la titularidad de la acción ambiental destinada a obtener la reparación del medio ambiente antártico dañado al Estado de Chile, representado por el Consejo de Defensa del Estado, sin perjuicio de la acción por indemnización de perjuicios que pueda presentar cualquier persona que haya sufrido el perjuicio en razón del daño ambiental.

La Corte reitera lo observado en su oficio 116-2014, de 10 de diciembre de 2014, en orden a que la titularidad de la acción no debiese recaer exclusivamente en el Estado, atendido el interés que este territorio suscita para toda la humanidad. En tal sentido, destacó que es dable reflexionar sobre la consideración, como titulares de la acción, a todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que hayan sufrido el daño o el perjuicio.

Artículo 49

Establece la obligación para los tribunales competentes de informar al Ministerio de Relaciones Exteriores toda sentencia firme condenatoria recaída en procesos por infracciones de la presente ley.

Al respecto, la Corte reitera lo señalado en el oficio N°116-2014, de 10 de diciembre de 2014, en el sentido que la iniciativa no establece reglas que determinen la finalidad, uso y plazo que deberá mantenerse la información, ni los sujetos habilitados para obtener la información, datos que, a su juicio, tienen el carácter de sensibles, razón por la que de prosperar la norma los antecedentes del infractor, permanecerán indefinidamente en un repositorio de sentencias a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores.

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I.- OBJETIVO DEL PROYECTO

La iniciativa de ley persigue los siguientes objetivos: por una parte, impulsar la activa participación en la gestación, implementación y desarrollo de un régimen antártico efectivo, a partir del Tratado Antártico de 1959, y, por otra, adecuar las normas de derecho interno que rigen en el Estado de Chile.

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II.- ANTECEDENTES

Para el estudio de esta iniciativa de ley, se han tenido en consideración, entre otros, los siguientes antecedentes:

ANTECEDENTES JURÍDICOS

1.- Tratado Antártico, suscrito en Washington el día 1 de diciembre de 1959.

2.- Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, suscrita en Canberra el día 11 de septiembre de 1980.

3.- Convención para la Conservación de las Focas Antárticas, suscrita en Londres el día 28 de diciembre de 1972.

4.- Protocolo del Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, suscrito en Madrid el día 4 de octubre de 1991.

5.- Artículo 14 del Código Civil.

6.- Ley N° 21.080, que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de Modernizar el Ministerio de Relaciones Exteriores.

7.- Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

8.- Decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 2001, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

9.- Decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio del Interior, de 2005, que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la ley N° 19.175, orgánica constitucional sobre Gobierno y Administración Regional.

10.-Decreto N° 430, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de 1992, Ley General de Pesca y Acuicultura.

11.-Ley N° 20.600, que crea los Tribunales Ambientales.

12.- Ley N° 18.287, que establece procedimiento ante los Juzgados de Policía Local.

13.- Código Procesal Penal.

14.- Código Penal.

15.- Ley N° 11.846, que dispone que corresponderá al Intendente de Magallanes el conocimiento y resolución de los asuntos administrativos referentes a la Antártida Chilena o Territorio Antártico Chileno.

16.- Decreto supremo N° 298, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 1956, que aprueba el Estatuto del Territorio Antártico Chileno.

17.- Decreto N° 429, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 2000, que aprueba la Política Antártica Nacional.

ANTECEDENTES DE HECHO

Mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, señor Sebastián Piñera Echeñique.

El Mensaje que da inicio al proyecto de ley en estudio hace presente que Chile tiene una larga tradición antártica, fundada en razones geográficas, históricas y jurídicas. Asegura que la Política Antártica de Chile ha sido definida sobre la base de esos elementos y teniendo en consideración que el país es Parte del Tratado Antártico, adoptado en 1959 y vigente desde 1961.

Precisado lo anterior, pone de relieve que el proyecto tiene dos objetivos esenciales: por una parte, impulsar la activa participación en la gestación, implementación y desarrollo de un régimen antártico efectivo, a partir del Tratado Antártico de 1959, y por otra, adecuar las normas de derecho interno que rigen, las que requieren actualizarse, según las nuevas exigencias propias del marco internacional que rige en el país, así como para que expresen, de manera clara y eficaz, la forma en que Chile ejerce sus competencias y asume sus obligaciones en el marco del Tratado Antártico.

Pone de relieve que el Tratado Antártico es el principal instrumento regulador de las actividades antárticas y goza de reconocimiento y prestigio internacional. El Tratado, continúa, constituyó una respuesta de la época a desafíos de cooperación política y científica, y contó con la participación de todos los países que habían formulado reclamaciones de soberanía sobre el territorio antártico (Chile, Argentina, Australia, Nueva Zelandia, Francia, Reino Unido y Noruega) más los Estados Unidos de América y la Unión Soviética, incorporándose a la negociación Bélgica, Japón y Sudáfrica.

Adentrándose en el contenido del Tratado Antártico, destacó que éste consagra los siguientes principios fundamentales:

a. La libertad de investigación científica.

b. La utilización de la Antártica únicamente para fines pacíficos.

c. La prohibición de las explosiones nucleares y la eliminación de desechos radiactivos.

Agrega que el mencionado Tratado se aplica a todas las tierras e islas situadas al sur de los 60º de Latitud Sur, incluidas las barreras de hielo, y no afecta los derechos de cualquier Estado conforme al Derecho Internacional en lo relativo a la alta mar dentro de esa región.

Siguiendo con la presentación de la iniciativa de ley, Su Excelencia el Presidente de la República sostiene que desde la entrada en vigencia del Tratado Antártico, en 1961, una de las materias que han priorizado los Estados Parte ha sido el establecimiento de reglas aplicables a la presencia del hombre y el impacto de sus actividades, unido al desarrollo de un marco normativo para el medio ambiente y sus ecosistemas dependientes y asociados. De esta forma, prosigue, se acuñaron conceptos tales como el enfoque ecosistémico, la conservación de los recursos vivos marinos antárticos, la evaluación obligatoria del impacto ambiental y la preservación del carácter excepcional de la Antártica como laboratorio natural en el planeta.

Adicionalmente, subraya, desde la celebración del Tratado, se adoptaron recomendaciones, que dieron, a su vez, origen a tratados o convenciones para regular ámbitos específicos de la acción del hombre y del Estado en la Antártica.

En línea con lo anterior, puntualiza que un primer paso significativo fueron las Medidas Acordadas para la Conservación de la Flora y Fauna de la Antártida (1964), donde se definió esa región como una “Zona Especial de Conservación”. En los años posteriores, añade, se adoptó la Convención para la Conservación de las Focas Antárticas (1972), que dio una primera respuesta ante una actividad económica que había tenido un severo impacto en el recurso. Posteriormente, agrega, las Partes adoptaron la “Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos”, de 1980. Indica que un instrumento negociado posteriormente fue la “Convención para la Reglamentación de las Actividades sobre Recursos Minerales Antárticos”, adoptada en 1988. Sin embargo, acota, esta Convención no entró en vigencia. Manifiesta que la prospección, exploración y explotación minera ha sido prohibida por 50 años, en virtud del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección al Medio Ambiente, de 1991.

Ahondando en el último instrumento citado, resalta que el tratado de 1991 constituye un pilar fundamental del Sistema de Cooperación generado a partir de éste. En efecto, detalla, el Protocolo establece principios altamente exigentes respecto de las actividades a conducir en ese continente y sus espacios marítimos circundantes y reitera el concepto de la preservación de la Antártica con fines exclusivamente pacíficos. Además, añade, mediante el Protocolo, las Partes se comprometen con la protección global del medio ambiente antártico y de sus ecosistemas dependientes y asociados, y se declara la Antártica como reserva natural consagrada a la paz y a la ciencia.

Tras nombrar los instrumentos internacionales que rigen en el territorio antártico, afirma que el proyecto propuesto tiene en cuenta estos antecedentes fundamentales del marco jurídico internacional. Por otra parte, destaca, la Política Antártica Nacional es un componente de derecho interno esencial para dar eficacia a los principios y normas internacionales, así como para el ejercicio de las competencias del Estado chileno en el continente, y particularmente, en el Territorio Antártico Chileno, entre los meridianos 53° y 90° de Longitud Oeste, y los espacios marítimos circundantes. Esta dualidad de la Política Antártica chilena obliga a actuar responsablemente tanto en el seno del Tratado Antártico como en el ámbito interno, buscando siempre ejercer de forma integral los derechos que corresponden al Estado, pero, al mismo tiempo, consciente de los deberes emanados del derecho internacional.

Sostiene que la Política Antártica Nacional, por su parte, ha afirmado como propósitos fundamentales de la actuación nacional en la materia los de proteger y fortalecer los derechos antárticos de Chile, con claros fundamentos geográficos, históricos y jurídicos; fortalecer y acrecentar la influencia de Chile en el Sistema del Tratado Antártico; participar de un modo efectivo en el Sistema del Tratado Antártico y fortalecer la institucionalidad antártica nacional.

Su Excelencia el Presidente de la República hace presente que la puesta en práctica de estos objetivos es una tarea permanente, y enfatiza que la actualización y adecuación de la legislación nacional para la Antártica es uno de sus pilares fundamentales. Agrega que esto implica tener en consideración que Chile es un país con derechos antárticos y operador de actividades en el continente y en el mar, además de cumplir un papel en la comunidad científica antártica. Junto a esto, destaca, se suma el hecho que ha definido un interés especial en su calidad de país puente hacia y desde la Antártica.

Por otro lado, el Mensaje en que se origina la iniciativa de ley hace presente que Chile posee una doble misión en materia antártica: es Parte del Tratado Antártico del año 1959 y participante activo del Sistema derivado de aquél. En consecuencia, debe contar con medios institucionales, presupuestarios y administrativos, sustentados en una sólida comunidad científica, además de una logística de calidad, apoyada en una legislación apropiada.

En sintonía con el punto anterior, resalta que este proyecto tiene por objeto la puesta al día de la legislación interna antártica, que en sus bases fundamentales data de un período previo a 1959.

Desde esta perspectiva, precisa, la ley que se propone debe ser un instrumento regulador eficiente del actuar de Chile en la Antártica, entregando herramientas jurídicas y administrativas para llevar adelante la Política Antártica Nacional, con una visión coordinada al interior del Estado y de largo plazo. Sostiene que por otra parte, nuestro país debe dotarse de mecanismos que permitan la aplicación e implementación regular, por los organismos competentes, de los tratados internacionales que integran el Sistema del Tratado Antártico.

Siguiendo con el desarrollo del punto anterior, pone de relieve que la promulgación de una Ley Antártica cumplirá por tanto, varios objetivos. Asegura que el más importante y permanente es el fortalecimiento de la capacidad del Estado chileno para preservar sus derechos e intereses, en un marco de cooperación y responsabilidad. Precisa que esto implica desarrollar principios y medios para que las decisiones internas en el plano antártico estén orientadas por el cumplimiento de las obligaciones que impone el Sistema del Tratado Antártico, al mismo tiempo que se desarrollan mecanismos para asegurar que la planificación, organización y ejecución de las actividades de operadores estatales y no estatales chilenos o que tienen su base en nuestro país, se sujeten al control jurisdiccional chileno correspondiente, así como a las reglas vigentes a nivel internacional.

Subraya que como marco normativo interno rige el decreto con fuerza de ley Nº 161, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 1978, que fija el Estatuto Orgánico de esa Secretaría de Estado. Destaca que dicho texto normativo establece, en su artículo 1º, que le corresponde a éste, entre otras materias, coordinar las actividades de los distintos ministerios y organismos públicos en aquellos asuntos que inciden en la política exterior e intervenir en todo lo relacionado con la determinación y demarcación de las fronteras y límites del país, así como en todas las cuestiones que atañen a sus zonas fronterizas, a sus espacios aéreos y marítimos y a la política antártica, en general.

Hace presente que desde el punto de vista del derecho interno, deben tenerse en cuenta también dos fuentes principales: la ley N° 11.846, de 1955, y el decreto supremo N° 298, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 1956. Puntualiza que los aludidos textos legales consagran importantes normas sobre las atribuciones de la Cancillería y la jurisdicción respecto de actividades en la región antártica. Asevera que las citadas disposiciones deben actualizarse, a la luz de los desarrollos del Sistema del Tratado Antártico y de la propia legislación e institucionalidad interna chilena.

Relata que para cumplir dichos objetivos respecto de la Política Antártica, el Ministro de Relaciones Exteriores preside el Consejo de Política Antártica, organismo colegiado interministerial en que participan las principales autoridades implicadas en las actividades nacionales en la Antártica. Informa que al organismo mencionado se suma la Dirección de Antártica y el Instituto Antártico Chileno (INACH), instancias alojadas en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Recuerda que el año 2000, el Estado de Chile aprobó la Política Antártica Nacional, mediante la dictación del decreto supremo Nº 429, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Acota que dicha norma contempla como uno de los objetivos fundamentales de Chile, la protección y fortalecimiento de los derechos antárticos en el sector, la prevención de controversias internacionales que pudieren afectar la paz y convivencia en el continente, la promoción de los principios que establece el Tratado Antártico y la consolidación del Sistema Antártico.

Expresa que para lograr este objetivo, se concordó la necesidad de fortalecer la institucionalidad antártica chilena, debiendo el Consejo de Política Antártica recomendar al Presidente de la República “las medidas de carácter legislativo, reglamentario y administrativo” necesarias tanto para fortalecer el rol de Chile dentro del Sistema del Tratado Antártico como para resguardar sus derechos soberanos. Destaca que el año 2007, la XLVII Reunión del Consejo de Política Antártica encomendó la tarea de actualizar la normativa chilena antártica, a fin de adecuarla a los desafíos de los nuevos escenarios mundiales, misión reiterada en el Plan Estratégico Antártico 2011-2014.

Enfatiza que el presente proyecto de ley tiene como propósito dar una estructura moderna y eficiente a la institucionalidad antártica, impulsando, entre otros, una coordinación eficaz entre las entidades públicas con competencias sectoriales atingentes a la Antártica y la coordinación que corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Asegura que este proyecto reafirma la competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores en materia de Política Antártica y crea las herramientas necesarias para abordar las necesidades de coordinación que generan las actividades antárticas nacionales. Agrega que la ley que se propone persigue, asimismo, asegurar la capacidad para ejecutar un Programa Antártico Nacional, unificado y eficiente. Para ello, sentencia, considera seis grandes pilares:

1) Disposiciones generales;

2) Institucionalidad Antártica Chilena;

3)Financiamiento de la Actividad Antártica Nacional;

4) Regulación de Actividades Antárticas;

5) Protección y conservación del medio ambiente antártico, y

6) Fiscalización y sanciones.

En lo que al título referido a las disposiciones generales respecta, manifiesta que parte importante de esta ley tiene por objeto implementar, en el plano interno, las obligaciones internacionales asumidas en el Sistema del Tratado Antártico, las que requieren de implementación sistemática.

Continuando con la descripción del título mencionado, sostiene que tanto esta ley como las demás normas que integran el ordenamiento jurídico nacional en la materia, se aplicarán en el Territorio Chileno Antártico. No obstante, resalta, es necesario prever que las actividades antárticas no se limitan a ese territorio y por tanto, también el resto del continente antártico requiere de atención de este cuerpo legal. En el mismo sentido, añade que existen casos en que es necesaria una aplicación extraterritorial de la ley nacional, por mandato de normas internacionales.

Por otro lado, agrega que el título citado considera un artículo relativo a definiciones de términos utilizados u originados en los instrumentos que componen el Sistema del Tratado Antártico.

En relación con el segundo pilar (la institucionalidad Antártica Chilena), señala que el Título II del proyecto de ley establece una estructura que aporta eficiencia y coherencia a la institucionalidad antártica, a fin de que se coordinen adecuadamente todas las entidades públicas con competencias sectoriales atingentes a la Antártica.

En este sentido, asegura, se reafirma la competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores en materia de Política Antártica, estableciéndose que dicha Secretaría de Estado ejercerá la coordinación de la actividad nacional en la Antártica. Adicionalmente, hace presente que le corresponderá colaborar con el Presidente de la República en la planificación, conducción, coordinación, ejecución, control e información de la política exterior de Chile en relación al Continente Antártico.

Asimismo, prosigue, el Ministerio de Relaciones Exteriores tendrá la función de desarrollar los Planes Estratégicos Antárticos, en base a los objetivos que establezca la Política Antártica Nacional, los cuales comprenderán las tareas y acciones concretas que se materializarán mediante el Programa Antártico Nacional de cada año.

Indica que la Política Antártica Nacional, instrumento que establecerá los objetivos de Chile en la Antártica, será fijada por el Presidente de la República, debiendo ser sometida a evaluación y actualización al menos cada 10 años, desde la fecha de su promulgación.

Por otra parte, destaca que la iniciativa de ley identifica como Operadores Antárticos del Estado de Chile al Instituto Antártico Chileno y a las Instituciones de las Fuerzas Armadas, quienes serán los encargados de organizar y realizar las actividades operativas o logísticas que el país desarrollará en la Antártica, debiendo planificarlas y organizarlas en coherencia con el Programa Antártico Nacional y en conformidad a los lineamientos que establezca el Consejo de Política Antártica.

Deteniéndose en el título relativo al Financiamiento de la Actividad Antártica Nacional, pone de relieve que el proyecto propone que la Ley de Presupuestos del Sector Público contemple anualmente fondos para financiar las actividades antárticas nacionales de los Operadores Antárticos, los que serán distribuidos según disponga el Consejo de Política Antártica, teniendo en consideración el Programa Antártico Nacional de ese año.

Adentrándose en el título referido a la regulación de actividades en la Antártica, consigna que las obligaciones asumidas por nuestro país en el marco del Sistema del Tratado Antártico implican un deber de vigilancia y control sobre las actividades que se planifican en nuestro país para ser realizadas en el Continente Blanco. Además, resalta, existe una obligación de velar por el cumplimiento de las obligaciones ambientales de toda persona natural o jurídica, estatal o no estatal, que esté realizando una actividad en la Antártica, si la actividad ha sido planificada, organizada o ha partido desde el Estado de Chile, aunque no sea por el Estado mismo. Afirma que esta obligación internacional se debe traducir en que la normativa nacional contemple un sistema de autorizaciones con las que debe contar un operador que realizará una actividad en la Antártica.

En el mismo orden de consideraciones, pone de relieve que el uso pacífico de la Antártica incluye las actividades científicas, tecnológicas, deportivas, artísticas y culturales, así como ciertas actividades económicas, tales como la pesca o el turismo, y en general aquéllas que puedan realizarse de un modo racional y sustentable, siempre que sean planificadas y realizadas de forma que se prevenga y limite el impacto perjudicial sobre el medio ambiente antártico y los ecosistemas dependientes y asociados. La prospección, exploración y explotación de recursos minerales, por su parte, remarca, está prohibida.

Enfatiza que el desafío para un país como Chile, que por su cercanía geográfica entre el continente americano y la Antártica, puede verse enfrentado a intervenir con el fin de controlar y mitigar emergencias ambientales en la zona antártica, importa ejercer un control efectivo respecto de sus operadores tanto privados como estatales. De allí, la necesidad de contar con un régimen de autorizaciones de las actividades antárticas.

Comunica que este sistema de autorizaciones se sustenta en la competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores en lo relativo a actividades antárticas no gubernamentales, debiendo exigir su adecuación a las obligaciones internacionales que emanan de los diversos instrumentos que componen el Sistema del Tratado Antártico.

Respecto a las actividades de los operadores estatales, el Programa Antártico Nacional contempla que éstas deben realizarse en cumplimiento de los intereses de Chile en la Antártica, respetando la normativa internacional.

Explicando el título relativo a la protección y conservación del medio ambiente antártico, subraya que la protección del medio ambiente antártico ha merecido un título especial en esta ley. Al respecto, recuerda que Chile es parte de numerosos instrumentos ambientales internacionales. Añade que en el caso de la Antártica, es necesario, además, determinar medidas que se apliquen en caso de que el cumplimiento de normas y obligaciones no sea observado como correspondiere y por tanto, es necesario incorporar sanciones de orden administrativo y penal, según el caso. A este respecto, nota que la legislación chilena contiene los elementos jurídicos para una efectiva protección del medio ambiente antártico y sus sistemas asociados, al ser Chile país Parte del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente. La implementación integral de este Protocolo, implica la obligación principal para cada Parte, de tomar las medidas adecuadas en el ámbito de su competencia para asegurar el cumplimiento de éste, incluyendo la adopción de leyes, reglamentos, actos administrativos y medidas coercitivas.

Apunta que este principio es fundamental, ya que debe hacerse realidad respecto de aquellas cláusulas del Protocolo que establecen prohibiciones específicas, como las que recogen los títulos IV y VI de este proyecto de ley, complementando normas ya existentes en la legislación nacional que se aplican a las operaciones antárticas. Este sería el caso, por ejemplo, de la evaluación de impacto ambiental de actividades antárticas, realizada por el Comité Operativo para la Evaluación de Impacto Ambiental sobre el Medio Ambiente Antártico, dependiente del Ministerio del Medio Ambiente.

Relata que este proyecto materializa, además, la aplicación de las normas de la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, para que las personas naturales o jurídicas y, en general, los operadores que planifiquen, organicen o partan sus actividades desde el territorio nacional y causen un daño al medio ambiente antártico, sean obligados a repararlo en la forma allí indicada. Esto, acota, sin perjuicio de que en el futuro, Chile apruebe el Anexo VI del Protocolo al Tratado Antártico, sobre Responsabilidad emanada por Emergencias Ambientales.

Proporcionando información sobre el título referido a las infracciones y sanciones, expresa que como corolario del establecimiento de un régimen de autorizaciones y de prohibiciones, el último título de la propuesta legal se refiere a la fiscalización y tipificación de infracciones y delitos.

En línea con lo anterior, manifiesta que atendida la lejanía y particularidad del territorio antártico, se ha previsto que los miembros de las Fuerzas Armadas destinados en las bases antárticas y los funcionarios del Instituto Antártico Chileno que se encuentren en el Territorio Antártico Chileno, sean quienes tengan la potestad de fiscalizar el cumplimiento de la presente ley y denunciar cualquier hecho constitutivo de infracción, actuando para tal efecto como Ministros de Fe.

Adelanta que los delitos ambientales que establece la ley, y que pueden ser cometidos tanto dentro como fuera del Territorio Antártico Chileno, serán conocidas por los tribunales penales del país. Estima que esto permite conjugar el carácter territorial de la posición chilena con su rol en el Tratado Antártico y su Protocolo de 1991. Las infracciones de índole administrativa, en tanto, explica, se han estructurado en torno a un procedimiento que será de conocimiento de los Juzgados de Policía Local. En cuanto a las sanciones, consigna, el proyecto acoge un régimen de altas sanciones pecuniarias a un operador que se aparte del respeto a las normas previstas en la ley y los reglamentos que se establezcan, en concordancia con las legislaciones más recientes adoptadas en nuestro país para la protección del medio ambiente.

III. DISCUSIÓN EN GENERAL

Dando inicio al estudio del proyecto de ley, la Comisión recibió en audiencia al Director del Instituto Antártico Chileno, señor Marcelo Leppe, quien señaló que la institución que preside fue creada el año 1964, como un organismo técnico dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores. Precisó que dicho organismo se rige por el decreto con fuerza de ley N° 82, de 1979, el que consigna en su artículo 1° que “el Instituto Antártico es un organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores, dependiente del Ministro, que goza de plena autonomía en todo lo relacionado con asuntos antárticos de carácter científico, tecnológico y de difusión, y será el único organismo al cual le corresponda resolver sobre estas materias”.

Remarcó que desde el año 2003, el Instituto que encabeza tiene su sede en Punta Arenas, hecho que lo transformó en el servicio público más alejado del centro del país. Agregó que dicho año, además, se produjo un cambio en él en materia de ciencia y tecnología. En efecto, puntualizó, se cambió desde proyectos institucionales a un sistema de concurso de proyectos, lo que, aseguró ha significado aumentar el número de proyectos científicos a 107. Añadió que en el 80% de ellos el Instituto cuenta con colaboración internacional. Subrayó que lo anterior se ha traducido, a su vez, en el incremento de las publicaciones.

Siguiendo con el desarrollo de su exposición, sostuvo que el artículo 2° del decreto con fuerza de ley N° 2, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 1979, encomienda al Instituto Antártico Chileno la labor de planificar, coordinar, orientar y controlar las actividades científicas y tecnológicas que los organismos del Estado o particulares debidamente autorizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores realicen en el Territorio Antártico o resto del Continente Antártico. Manifestó que la aludida disposición añade que el Instituto podrá, por su cuenta, planificar, organizar y dirigir expediciones, emprender directamente trabajos de investigación científica y mantener bases científicas propias en el Territorio Chileno Antártico. Destacó que lo anterior justifica la celebración, durante el año en curso, de la expedición científica antártica (EK) N° 55. Indicó que al territorio antártico llegaron 243 científicos chilenos, 20% de ellos investigadores con filiación internacional.

Además, continuó, el Instituto Antártico Chileno tiene como misión publicar y difundir los trabajos científicos resultantes de las investigaciones científicas antárticas, como también promover el conocimiento de las materias antárticas en la ciudadanía, mediante publicaciones, conferencias, exposiciones y cualquier otro medio de difusión. Asimismo, le corresponde incentivar la formación y el perfeccionamiento de científicos y técnicos especializados en disciplinas antárticas. En este punto, remarcó que uno de los hitos más importantes fue el lanzamiento, a fines del año 2018, de la Enciclopedia Visual de la Antártica. Notó que a ello se suman publicaciones bianuales, en donde se da a conocer la labor de Chile en la Antártica y el turismo de intereses especiales, a fin de relevar la historia de la exploración antártica.

Por otra parte, agregó que el Instituto tiene también la misión de asesorar al Ministerio de Relaciones Exteriores, en el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Gobierno de Chile en el artículo 3º del Tratado Antártico, en materia de cooperación internacional en la investigación científica.

Adicionalmente, señaló, asesora y presta servicios dentro del ámbito de sus competencias a los organismos del Estado, del sector privado, universidades e instituciones científicas, nacionales y extranjeras. En este punto, resaltó que el Instituto Antártico Chileno se ha vinculado a los cuatro foros principales antárticos internacionales. El primero de ellos, puntualizó, el Sistema del Tratado Antártico.

Añadió que participan del Consejo de Protección Ambiental, de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, del Comité Internacional sobre Ciencia Antártica y del Consejo de Administradores de Programas Antárticos Nacionales, foro, este último, esencialmente logístico y en donde se pueden extremar los esfuerzos por potenciar la logística antártica chilena.

Continuando con la descripción de las funciones del Instituto que preside, manifestó que a él le corresponde asistir a reuniones científicas antárticas y proponer la concurrencia de otros miembros del Instituto o personas que lo representen en dichas funciones. Además, notó, integra el Consejo de Política Antártica y ejerce toda otra atribución relacionada con las funciones propias del Servicio que no esté encomendada por la ley a otras autoridades.

Indicó que junto con el incremento de la productividad científica y el número de proyectos desde el año 2003, vale también la pena destacar que este año se celebran 16 años de la feria antártica escolar, iniciativa que alcanzó a casi todo el país y que reúne a los mejores grupos de trabajo con preguntas respecto a la Antártica. Precisó que los ganadores de ese concurso viajan a la Antártica.

Tras dar a conocer las principales funciones realizadas por el organismo que encabeza, puso de relieve que actualmente son 29 los países que pueden hacer investigación científica en el área de la península Antártica, de ellos, 23 pasan por la ciudad de Punta Arenas. Por ello, subrayó, la presencia en aquella ciudad del Instituto Antártico Chileno cobra especial importancia.

En sintonía con el punto anterior, informó que hace cuatro años, la logística antártica dejaba US MM 4,5 en la región, cifra que ha aumentado a US MM 70. Destacó que dicha cifra es más alta que los ingresos que deja la ganadería en la misma región. Además, agregó, la logística antártica es una actividad sustentable, que tiene un horizonte de crecimiento que se proyecta llegará a los US MM 120, en los próximos cinco años, lo que la transformará en una de las principales actividades económicas de la región.

En el mismo orden de ideas, remarcó que la presencia del Instituto Antártico Chileno en la ciudad de Punta Arenas permite generar lazos de colaboración científica y el apalancamiento de recursos, haciendo de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena uno de los polos de desarrollo científico y tecnológico a nivel nacional.

Centrando su atención en el texto despachado por la Cámara de Diputados, se detuvo, en primer lugar, en el artículo 1° de la iniciativa de ley. Al respecto, advirtió que entre los fundamentos de la pretensión chilena sobre la Antártica no figura el fundamento científico. Recordó que han sido los científicos quienes han advertido que la historia natural contiene las claves para afirmar que el territorio austral de Sudamérica fue el último en desconectarse físicamente de la Antártica. Hoy, agregó, los paisajes que nuestro país tiene desde la región Metropolitana hasta Cabo de Hornos están dominados por especies que provienen de ella. En consecuencia, resaltó, existe una estrecha dependencia histórica y actual entre Chile y el continente Antártico.

Abocándose al análisis del artículo 5° del proyecto, norma que proporciona algunas definiciones, subrayó que al definirse operador antártico se dejan de lado, una vez más, las actividades científicas. Añadió que la omisión señalada no está en sintonía con lo dispuesto en el artículo 13, en donde sí se incluye la aludida expresión.

Adentrándose en los problemas de fondo que presenta el proyecto, estimó que la iniciativa de ley tiene problemas relacionados con la divulgación del tema antártico a nivel nacional y recordó que por ley esa responsabilidad está depositada en el Instituto Antártico Chileno.

Agregó que a las actividades científicas desarrolladas por él, se suman las de planificar, coordinar, orientar y controlar las actividades científicas y tecnológicas que realizan los organismos del Estado o los particulares debidamente autorizados.

Destacó que el artículo 10 dispone que al Ministerio de Relaciones Exteriores le corresponderá la labor de asumir la representación nacional ante instancias del Sistema del Tratado Antártico y las relaciones bilaterales sobre la materia. Destacó que el Instituto Antártico Chileno es el organismo encargado de representar a Chile en foros en donde la ciencia y la logística son los temas principales. Además, añadió, apoya a la delegación del Ministerio de Relaciones Exteriores en los foros en donde el tema es el cuidado del medio ambiente y el Sistema del Tratado Antártico.

En cuanto al artículo 15, criticó que dicha disposición señalara que en la ejecución del Programa Científico Nacional, los operadores antárticos dependientes del Ministerio de Defensa Nacional “puedan” y “no deban” prestar servicios de apoyo y operacionales al Instituto Antártico Chileno. Sobre el particular, fue enfático en señalar que este organismo depende de los apoyos brindados por los operadores del Ministerio de Defensa Nacional. Aseguró que el presupuesto del instituto y el monto que Chile invierte en la Antártica no permite cambiar dicha realidad de dependencia.

Sostuvo que a las observaciones se suman otras que se consignan en el documento con el que acompaña su presentación. Precisó que entre ellas se encuentra la referencia inadecuada a la región de Magallanes y de la Antártica Chilena, como la prevista en el artículo 18.

Por otro lado, subrayó que el Instituto Antártico Chileno goza de autonomía en materia científica, tecnológica y de difusión, labor esta última a la que los artículos 18, 25 y 27 no hacen referencia. Agregó que el proyecto otorga facultades a los gobiernos regionales en la materia de promoción científica y tecnológica. Consideró que el mecanismo existente en el Instituto Antártico Chileno es un modelo que reconoce nuestra legislación desde el año 1979.

Asimismo, llamó a tener en cuenta que el artículo 28 no menciona a la entidad responsable de las actividades en él señaladas.

Adicionalmente, en relación con el artículo 45, precepto que entrega funciones fiscalizadoras al Instituto Antártico Chileno, llamó a tener en consideración que el organismo que encabeza sólo está integrado por 43 funcionarios y que, en consecuencia, su composición no es suficiente para tener una planta fiscalizadora.

El Honorable Senador señor Sandoval criticó la posibilidad de fortalecer la Política Antártica sin destinar recursos para ello.

Por otro lado, a la luz de las observaciones realizadas por el Director del Instituto Antártico Chileno, consultó si este organismo había tenido posibilidad de dar su opinión, como organismo del Estado involucrado, respecto del proyecto de ley.

A su turno, el Honorable Senador señor Insulza alabó el traslado del Instituto Antártico Chileno desde Santiago a Punta Arenas. Además, celebró el aporte científico de la institución aludida. Con todo, sentenció que la política chilena antártica se fija en Santiago, por el Consejo de Política Antártica.

En otro orden de ideas, solicitó conocer el presupuesto asignado al Instituto Antártico Chileno en la última Ley de Presupuestos para el Sector Público.

A su turno, el Honorable Senador señor Bianchi manifestó su preocupación en relación con el cambio en el modelo de gobernanza regional. Al respecto, estimó que una de las funciones que debieran traspasarse son aquellas referidas a los asuntos antárticos, permitiendo mayor participación de la región respectiva en las decisiones relativas al continente blanco.

Respondiendo la interrogante formulada por el Honorable Senador señor Insulza, el Director del Instituto Antártico Chileno señaló que el presupuesto del organismo que preside asciende a $ 5.600.000.000. Sobre el particular, puso de relieve que las inversiones de los demás países reclamantes han aumentado en los últimos años.

Volviendo al análisis de la propuesta legal, enfatizó que el Estatuto Chileno Antártico debe ser el mejor reflejo de una nación que expresa su vocación de reclamante de territorio, que se compromete a la preservación del medio ambiente antártico, que comprende el rol de la ciencia en el contexto de un continente que modula el clima de la Tierra y que sirve de modelo para la paz.

Estimó que junto a lo anterior, el Estatuto Antártico Chileno debe ser capaz de asegurar el mantenimiento del crecimiento sostenido del Programa Nacional de Ciencia Antártica, de facilitar la conversión de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena en un nudo científico - logístico -turístico antártico, en concordancia con su larga historia ligada a la exploración antártica y a su rica historia natural, herencia de una conexión ancestral con dicho continente.

Por último, hizo presente que desde 2003, el número de proyectos administrados anualmente ha crecido 664,29% (de 14 a 107), el número de proyectos postulados al concurso de proyectos, 213,64% (22 a 69), el número de países que parten desde Punta Arenas, 91,67% (de 12 a 23), el número de científicos atendidos por el programa de ciencia antártica,161,63% (de 86 a 225), el número de publicaciones científicas de corriente principal, 442,86% (de 14 a 76) y el presupuesto del Instituto Antártico Chileno, 130,86% (de $ 2.407.660 CLP a $ 5.558.422 CLP).

Se deja constancia de que el señor Director del Instituto Antártico Chileno acompañó su presentación con un documento en formato PowerPoint, el que fue debidamente considerado por los miembros de la Comisión, y se contiene en un Anexo único que se adjunta al original de este informe, copia del cual queda a disposición de los señores Senadores en la Secretaría de la Comisión.

En sesión posterior, la Comisión recibió en audiencia al Ministro de Defensa Nacional, señor Alberto Espina, quien sentenció que Chile tiene una vinculación histórica con la Antártica; sin más, acotó, es uno de los doce países signatarios del Tratado Antártico de 1959.

Resaltó que, al igual que otros seis países, Chile tiene reclamaciones territoriales sobre ese continente, hecho que, sin duda, lo hace ser un actor muy relevante en el Sistema del Tratado Antártico.

Manifestó que este escenario, y considerando, además, que Chile es el país más cercano a la Antártica, nos impone muchas obligaciones que se deben enfrentar con una visión y gestión multisectorial, para hacer, como señala la Política Antártica Chilena, que seamos un país puente y puerta de entrada a la Antártica.

Tras consignar lo anterior, puso de relieve que el Ministerio de Defensa Nacional tiene y ha tenido históricamente una participación muy activa en materia Antártica. Sobre el particular, recordó que hace 102 años se efectuó el primer rescate marítimo en ese continente por medio de la Escampavía Yelcho, al mando del piloto Luis Pardo, la que rescató la expedición inglesa de Sir Ernest Schackleton. Agregó que más tarde, el año 1947, se construyó la primera Base chilena en ese continente, en ese entonces, Base Soberanía (actualmente Base Prat), donde participó personal de las distintas ramas de la Defensa Nacional y del Ministerio de Relaciones Exteriores. Añadió que al año siguiente se inauguró la Base O´Higgins y en 1951, la Base Gabriel González Videla. Precisó que todos estos avances fueron anteriores al Tratado Antártico. Sostuvo que el año 1969, en tanto, se inauguró la Base Frei y que en 1980 entró en operación el Aeródromo Teniente Marsh, constituyéndose, desde entonces, en la puerta de entrada de muchos programas extranjeros que operan en el sector de la Península Antártica.

Notó que en la actualidad, Chile cuenta con la presencia de 11 bases permanentes y estivales, destacando, dentro de estas últimas, la Estación Polar Conjunta Glaciar Unión, ubicada a 1.200 kilómetros del Polo Sur. Sentenció que el escenario descrito permite mantener la presencia efectiva de Chile en la Antártica y en las cercanías del Polo Sur, posibilitando la investigación científica, la ciencia, la colaboración internacional y la soberanía en el territorio Chileno Antártico.

Hizo hincapié en que para el Gobierno del Presidente Piñera, la Antártica es una prioridad. Remarcó que este compromiso se manifestó durante su primera Administración, con la creación de la Base Conjunta Glaciar Unión, dentro del Círculo Polar, con la creación de la Dirección Antártica en el Ministerio de Relaciones Exteriores y con el ingreso, el año 2014, de esta iniciativa de ley. Aseguró que en su segunda Administración, dicho compromiso sigue más vigente que nunca.

Ahondando en la aseveración anterior, relató que recientemente fue lanzado el Plan de Inversiones Complejo Base Frei, confeccionado por el Ministerio que preside, con el apoyo de múltiples carteras de Estado, actuando cada una de ellas en su respectivo marco de competencia. Precisó que el propósito de dicho plan consiste en llevar a cabo estas modernizaciones, con una visión de largo aliento, que nos permita contar con un complejo antártico de primer nivel para apoyar la investigación científica, la protección del medio ambiente y para reforzar nuestra presencia soberana hacia el interior de la Península Antártica, con proyección hacia el Polo Sur.

Asimismo, relató, se ha incrementado el financiamiento de las actividades antárticas desarrolladas por operadores antárticos. Así, subrayó, el presupuesto destinado a las actividades de estos operadores contemplado en la Ley de Presupuestos para el Sector Público del año en curso aumentó en un 59.38% en relación con el del año 2018.

Siguiendo con el desarrollo de su exposición, hizo presente que durante el año 2018 se retomó, con gran compromiso y decisión, la tramitación legislativa de la iniciativa de ley objeto de análisis, propuesta legal que llevaba cinco años en la Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena de la Cámara de Diputados y que gracias al aporte y apoyo transversal de los parlamentarios de dicha comisión, y especialmente de los Honorables Diputados señoras Leuquén y Amar y señores Boric y Bianchi, logró avanzar a su segundo trámite constitucional.

Destacó que la propuesta legal objeto de análisis fue aprobada en forma unánime, en general y en particular, por los miembros de la Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena de la Cámara de Diputados. Indicó que en su votación en Sala, en tanto, fue respaldada por 139 votos a favor. Acotó que el apoyo a la iniciativa legal permitió avanzar en su tramitación, de manera que el anhelo de contar con un Estatuto Chileno Antártico sea pronto una realidad en nuestro país.

Expresó que la mirada y compromiso de nuestro Gobierno por consolidar la condición de Chile como país puente y como puerta de entrada a la Antártica, tiene como antesala el intenso trabajo efectuado gracias a su privilegiada posición geográfica, a tan solo 974 kilómetros del continente blanco, a su vinculación histórica con dicho territorio y a las obligaciones que ha asumido en el contexto nacional e internacional.

Dando a conocer la legislación antártica existente, puso de relieve que la piedra angular del sistema de regulación internacional de la Antártica es el Tratado Antártico. Éste, junto a otros instrumentos internacionales, como el Protocolo del Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente (Madrid, 1991), la Convención para la Conservación de las Focas Antárticas (Londres,1988) y la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (Canberra, 1980), conforman el Sistema del Tratado Antártico. Aseguró que el proyecto de ley sometido a consideración pretende implementarlos a cabalidad.

Destacó que la incorporación de nuestro país al Sistema del Tratado Antártico es de relevancia internacional, por cuanto dicho Tratado tiene por finalidad la protección de la Antártica, para lo cual la transformó en el primer continente desmilitarizado y en una zona de paz, desnuclearizada, libre de conflictos y destinada a la cooperación internacional de carácter científico. En la actualidad, agregó, la protección de este territorio abarca desde la prohibición de los usos bélico hasta la protección medioambiental, plasmada en los instrumentos que integran el Sistema del Tratado Antártico y que nuestro país ha suscrito.

Sentenció que bajo estas consideraciones, el Gobierno del Presidente Piñera ha retomado la tramitación del proyecto de ley, iniciativa que tiene por finalidad constituir un instrumento regulador eficiente del actuar de Chile en la Antártica, propendiendo al resguardo de nuestra soberanía en el continente blanco y proveyendo una institucionalidad moderna en la materia, a fin de llevar adelante la Política Antártica Nacional con perspectiva de Estado y visión de futuro.

Concluyendo su exposición, solicitó a los miembros de la Comisión despachar prontamente la propuesta legal, a fin de llenar los vacíos regulatorios existentes al respecto. Además, resaltó, esta iniciativa de ley permitirá llevar adelante diversos proyectos de innovación para la Antártica, los que no se pueden realizar debido al vacío regulatorio existente.

Tras escuchar la presentación del proyecto de ley por parte del señor Ministro de Defensa Nacional, el Honorable Senador señor Bianchi puso de relieve que el Gobierno Regional de Magallanes probablemente solicitará el traspaso de funciones que digan relación con la Antártica. Sobre el particular, consultó al Secretario de Estado su opinión.

Respondiendo la pregunta formulada, el Ministro de Defensa Nacional, señor Alberto Espina, destacó que el artículo 17 de la iniciativa de ley en estudio regula las atribuciones del Delegado Presidencial Regional de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Precisó que la referida disposición prescribe que el Delegado Presidencial Regional de dicha región será el encargado de coordinar las iniciativas en la Antártica por instrucción del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, informando al Ministerio de Relaciones Exteriores. Agregó que la mencionada norma dispone que en particular le corresponderá al Delegado Presidencial Regional de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena las funciones que siguen:

1. Velar por el cumplimiento de la normativa nacional e internacional aplicable en la Antártica.

2. Difundir las disposiciones y medidas de protección al medioambiente antártico.

3. Administrar, según corresponda, los fondos que se destinen a actividades antárticas de gobierno interior.

4. Ejecutar y supervisar aquellas tareas que disponga el Consejo de Política Antártica.

5. Facilitar la coordinación entre las autoridades de las bases antárticas chilenas.

6. Recibir las denuncias por infracciones a esta ley, a las normas de protección del medioambiente antártico y a la legislación general chilena por hechos acontecidos en la Antártica, sin perjuicio de las atribuciones de las demás autoridades competentes en la materia.

7. Toda otra facultad que le encomiende la legislación vigente.

Consignado lo anterior, aseguró que la fijación de las funciones del Gobernador será una materia sensible. Con todo, enfatizó que lo que debe evitarse es que existan dos autoridades en la región que no tengan claramente demarcadas sus funciones, realidad que sólo demorará la tramitación de los proyectos y las decisiones en la Antártica.

El Honorable Senador señor Pugh enfatizó que los primeros operadores antárticos llegaron el año 1823. Puntualizó que se trató de una nave perteneciente a la marina chilena, denominada “Dragon of Valparaíso”, la que se trasladó hasta el continente blanco a cazar focas.

Complementado la exposición del señor Ministro de Defensa Nacional, el Jefe de Gabinete del Secretario de Estado, señor Pablo Urquizar, recapituló la tramitación del proyecto de ley desde su ingreso hasta su aprobación en la Sala de la Cámara de Diputados. Al respecto, señaló que la iniciativa de ley objeto de análisis ingresó a tramitación durante la primera Administración de Su Excelencia el Presidente de la República señor Sebastián Piñera Echeñique, específicamente en el mes de marzo del año 2014. Relató que en dicha rama del Congreso Nacional fue analizada por la Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena, instancia que la perfeccionó. Precisó que las enmiendas introducidas dicen relación con el rol de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena y con las competencias que tendrán los Delegados Presidenciales y los Gobernadores. Notó que la instancia técnica la respaldó unánimemente, mientras que en la Cámara de Diputados no hubo votos en contra y sólo se registró una abstención.

Precisado lo anterior, enfatizó que Chile tiene una vinculación histórica con la Antártica, pues es uno de los doce países signatarios del Tratado Antártico, que entró en vigencia en 1961. Precisó que dicha convención considera a la Antártica como una zona desnuclearizada y destinada a la cooperación internacional de carácter científico.

Siguiendo con el desarrollo del punto anterior, apuntó que los demás países signatarios son Argentina, Nueva Zelanda, Australia, Noruega, Bélgica, Sudáfrica, Rusia, Francia, Gran Bretaña, Japón y Estados Unidos de América.

Notó que en la actualidad, el Tratado Antártico cuenta con 53 Partes, de los cuales 29 tienen carácter consultivo y 24 no consultivos (adherentes).

Afirmó que el presente proyecto de ley se enmarca en los compromisos internacionales contraídos por Chile respecto del Sistema de Tratado Antártico, consistente en un conjunto orgánico de normas jurídicas y políticas, con base en el Tratado Antártico y otros acuerdos conexos. Detalló que dichas normas son las que siguen:

1) Tratado Antártico Chileno.

2) Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antártico.

3) Convención para la Conservación de la Focas Antárticas.

4) Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente.

Manifestó que el Tratado Antártico, suscrito en 1959, entrega un marco normativo en relación con el uso pacífico de la Antártica; la cooperación para la investigación científica; el intercambio de informaciones; el régimen de inspecciones de las actividades que se realizan en la Antártica; la condición de statu quo de las reclamaciones territoriales de siete de los países signatarios, entre los cuales se encuentra Chile; la estructura orgánica; las actividades de terceros Estados en la Antártica y las normas y convenciones para la conservación de los recursos y del medio ambiente.

Recordó que Chile es parte del Tratado Antártico desde el año 1959. Además, resaltó, junto con Argentina y Reino Unido, reclama soberanía en dicho territorio.

Seguidamente, dio a conocer los objetivos perseguidos por la iniciativa de ley. Sobre el particular, expresó que ellos son los que siguen:

1.- Proteger y fortalecer los derechos soberanos antárticos de Chile, con claros fundamentos geográficos, históricos, diplomáticos y jurídicos, a través del reforzamiento y profundización del Sistema del Tratado Antártico.

2.- Preservar y mantener la Antártica como una zona de paz, donde las actividades garanticen la protección y cuidado del medio ambiente antártico y su condición de reserva natural, dedicada a la paz y a la investigación científica.

3.- Establecer los principios conforme a los cuales el Estado de Chile, a través de los órganos competentes, conduce la política antártica y ejerce sus competencias en materia antártica.

4.- Potenciar y regular la actividad antártica de Chile, con pleno respeto al Sistema del Tratado Antártico, incrementando su calidad de prestador de servicios operativos y logísticos para la actividad antártica e incentivando el desarrollo regional ligado a las actividades antárticas.

5.- Preservar y mantener a la Antártica como una zona de paz, donde las actividades garanticen la protección y cuidado del medio ambiente antártico y su condición de reserva natural, dedicada a la paz y a la ciencia.

Refiriéndose al contenido de la iniciativa de ley, indicó que el proyecto se estructura en base a seis grandes pilares:

1.- Disposiciones generales,

2.- Institucionalidad Antártica Chilena,

3.- Gobierno y Administración Interior del territorio Chileno Antártico,

4.- Financiamiento de la Actividad Antártica Nacional,

5.- Regulación de Actividades Antárticas,

6.- Protección y conservación del medio ambiente antártico,

7.- Fiscalización y sanciones,

8.- Disposiciones finales y

9.- Disposiciones transitorias

En cuanto a las disposiciones generales, señaló que el título I del proyecto establece normas sobre el particular, a fin de implementar, en el plano interno, las obligaciones internacionales asumidas por Chile en relación al Sistema Antártico.

Advirtió que la futura ley no solo tendrá aplicación en Territorio Chileno Antártico, puesto que las actividades antárticas no se limitan sólo a ese espacio, sino también al resto del continente antártico, por las obligaciones asumidas por el país en el marco de tratados internacionales suscritos que integran el Sistema del Tratado Antártico.

Agregó que el título aludido se refiere, además, al Programa Antártico Nacional, programa anual de cumplimiento del Plan Estratégico, a la coordinación de los operadores antárticos dependientes del Ministerio de Defensa Nacional (ramas de las FFAA), a la coordinación entre estos operadores y los demás ministerios y al establecimiento de un Comité Operativo para la Evaluación de Impacto Ambiental sobre el Medio Ambiente Antártico, que dependerá administrativamente del Ministerio del Medio Ambiente.

En relación con el segundo pilar del proyecto, expresó que el título II de la iniciativa de ley genera una institucionalidad Antártica Chilena, con el objeto de coordinar a las entidades públicas con competencias sectoriales sobre dicho territorio. Al respecto, puntualizó, se establece:

a) Un Consejo de Política Antártica, órgano interministerial que tiene la función de proponer los grandes lineamientos de la Política Antártica Nacional.

b) Una Política Antártica Nacional, promulgada mediante decreto supremo, la que deberá ser actualizada, al menos, cada 10 años.

c) Planes Estratégicos Antárticos, instrumentos que tendrán una vigencia de 4 años, modificables en un plazo menor si se estima necesario, y que serán desarrollados por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Indicó que adicionalmente en este título se prescribe que los Operadores Antárticos son las Fuerzas Armadas y el Instituto Antártico Chileno.

Abocándose al pilar referido al Gobierno y Administración Interior del territorio Chileno Antártico, sentenció que estos importantes aspectos se recogen en el título III de la propuesta legal. Agregó que en él se otorgan atribuciones y competencia a la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena en el curso de políticas antárticas, reconociendo las atribuciones del Delegado Presidencial Regional y del Gobierno Regional de la región.

Deteniéndose en el financiamiento de actividades en la Antártica, resaltó que el proyecto de ley establece que la Ley de Presupuestos para el Sector Público deberá destinar anualmente los recursos necesarios. Agregó que éste incluye el presupuesto necesario para la actividad antártica de las instituciones de las Fuerzas Armadas.

Centrándose en la regulación de actividades Antárticas, expresó que la iniciativa de ley establece que las actividades no estatales requerirán autorización previa del Ministerio de Relaciones Exteriores. Agregó que respecto de las actividades realizadas por entidades estatales, en tanto, se consagra la obligación de informar al referido Ministerio.

Relató que en el título referido a la materia mencionada se regula, además, el desarrollo de determinadas actividades específicas. Entre ellas, precisó, las científicas y tecnológicas; el zarpe y despegue de naves y aeronaves nacionales con destino antártico; las actividades artísticas, culturales y deportivas; las turísticas; las pesqueras y las de captura de recursos vivos marinos.

En lo que a la protección y conservación del medioambiente Antártico respecta, comentó que el título existente al respecto establece un mecanismo de Evaluación de Impacto Ambiental que será efectuado por el referido Comité Operativo para la Evaluación de Impacto Ambiental sobre el Medio Ambiente Antártico. Asimismo, agregó, se consagra que, en lo no tratado en el proyecto de ley respecto de los temas ambientales, se aplicará subsidiariamente la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

Con relación al pilar relativo a las infracciones y sanciones, sostuvo que el proyecto de ley señala que el cumplimiento de sus disposiciones será fiscalizado por los funcionarios de las Fuerzas Armadas y del Instituto Antártico Chileno que se encuentren en dicho territorio. Acotó que en ejercicio de esta función, los jefes de bases antárticas tendrán la calidad de ministros de fe.

Continuando con el desarrollo del título aludido, apuntó que el Juez de Policía Local de Punta Arenas será competente para conocer de las infracciones que establece el proyecto de ley.

Por último, adelantó que en este título el proyecto establece un conjunto de delitos especiales en materia antártica, cuya investigación corresponderá a la Fiscalía de Punta Arenas y su conocimiento a los tribunales con competencia en lo penal.

Finalmente, deteniéndose en el título relativo a las disposiciones finales, informó que en él se incorpora una disposición que modifica la ley Nº 21.080, a fin de incorporar al Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena en el Consejo de Política Antártica.

Se deja constancia de que el Ministerio de Defensa Nacional acompañó su presentación con un documento en formato PowerPoint, el que fue debidamente considerado por los miembros de la Comisión, y se contiene en un Anexo único que se adjunta al original de este informe, copia del cual queda a disposición de los señores Senadores en la Secretaría de la Comisión.

Concluida la exposición del representante del Ministerio de Defensa Nacional, la Honorable Senadora señora Goic valoró que el Ejecutivo reactivara la tramitación del proyecto de ley sobre Estatuto Chileno Antártico. Celebró también el plan de inversión impulsado por el Ejecutivo y la gestión realizada por el Ministro de Defensa.

Aseguró que la iniciativa de ley objeto de análisis permitirá establecer reglas claras en materia de institucionalidad, aclarando aspectos fundamentales como el rol del Gobierno Regional y de los Delegados Presidenciales. A mayor abundamiento, expresó que todo lo que permita dar mayor validez y solidez a la institucionalidad debe ser prioridad.

Siguiendo con el desarrollo de su intervención, alabó que el proyecto estableciera con claridad las actividades que pueden realizarse, las que requerirán autorización previa y las que estarán prohibidas en la zona. Asimismo, valoró que en él se garantiza el resguardo del territorio antártico.

No obstante, hizo presente que los recursos para la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena resultan insuficientes para cumplir adecuadamente las funciones relacionadas con este último territorio, que son fundamentales. En este punto, advirtió que Chile debe cuidar este espacio tan importante para el planeta.

Por otro lado, consideró que la propuesta legal debía perfeccionarse en algunos aspectos. Uno de ellos, puntualizó, radica en asegurar que las Fuerzas Armadas, en su calidad de operadores antárticos, deban proporcionar el aporte para el desarrollo científico, tal como ocurre en la actualidad.

Agregó que otro aspecto en el cual los legisladores deberán detenerse será en las competencias que se otorgarán al Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena para potenciarlo. Al respecto, sugirió abrirse a la posibilidad de considerarlo como operador antártico.

En línea con lo anterior, manifestó que tal medida permitirá tener una mirada más amplia y extender la articulación, la que actualmente sólo se entrega al Consejo de Política Antártica.

Por su parte, el Honorable Senador señor Pugh estimó que los miembros de esta Comisión, especialmente aquellos representantes de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena, podían dar un sello distintivo a la iniciativa de ley. Precisó que dicha visión podía plasmarse, por ejemplo, en la institucionalidad propuesta.

A reglón seguido, puso de relieve que el artículo 16 de la propuesta legal dispone, a propósito del Comité Operativo para la Evaluación de Impacto Ambiental sobre el Medio Ambiente Antártico, que el reglamento que determine su composición y normas de funcionamiento será dictado por el Ministerio del Medio Ambiente y sólo llevará la firma del Ministerio de Relaciones Exteriores, dejando a un lado al Ministerio de Defensa Nacional.

Consideró que en territorio antártico, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio de Defensa Nacional debían actuar coordinadamente para avanzar.

En otro orden de consideraciones, aseguró que el sentido de pertenencia del aludido territorio debía manifestarse en instrumentos tales como el Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

Por último, coincidió con la Honorable Senadora señora Goic respecto a la necesidad de enmendar el texto despachado por la Cámara de Diputados, recogiendo las observaciones realizadas por el Instituto Antártico Chileno y aquellas formuladas por la Corte Suprema.

En sesión posterior, la Comisión recibió en audiencia al Ministro de Relaciones Exteriores, señor Roberto Ampuero Espinoza, quien aseguró que Chile tiene una visión de la antártica desde sus orígenes. En efecto, detalló, uno de los padres de la patria, el Libertador Bernardo O´Higgins tuvo dentro de sus preocupaciones el continente blanco, descubierto el año 1820. Desde entonces, sentenció, los primeros líderes de nuestro país tuvieron presente la existencia de esta tierra, advirtiendo su importancia geopolítica.

Señaló que a fines del XIX, se dictaron las primeras normas jurídicas chilenas destinadas a aplicarse en el continente antártico. Fue así, continuó, como su presencia aterrizó en el mapa de nuestro país.

Indicó que la historia consignada da cuenta de que nuestras relaciones exteriores en materia antártica se iniciaron formalmente en el año 1906, al plantearse la posibilidad de establecer un Protocolo al Tratado de Límites con Argentina, de 1891. Acotó que ese mismo año, el Ministerio de Relaciones Exteriores asumió un nuevo rol antártico, al encargársele la misión de organizar la primera expedición nacional al continente, la que debió suspenderse a causa del terremoto que afectó a Valparaíso el año 1906. Sin embargo, remarcó, desde esa oportunidad estuvo claro el interés por llegar, investigar y mostrar soberanía en dicho territorio.

Puso de relieve que la Cancillería se ha desempeñado como la entidad conductora, coordinadora y facilitadora de la acción de diversos órganos estatales con competencias antárticas. Agregó que durante estos casi dos siglos de vinculación, el Estado de Chile siempre ha tenido ideas respecto a sus intereses, objetivos y propósitos políticos en el sexto continente. Precisó que ellos se formalizaron en cuatro momentos de nuestra historia. Sostuvo que la primera vez fue el año 1956, fecha en la que se dispuso el reforzamiento de los derechos antárticos nacionales y se decidió tener una activa participación en el año geofísico internacional 1957-1958. Informó que la segunda ocasión, en tanto, se presentó en1983, año en el cual se aprobó la Política Antártica Chilena, la que dispuso la consolidación de la soberanía nacional como reacción al interés por la explotación de minerales antárticos. Manifestó que la tercera oportunidad, por su parte, obedeció a la evolución del Sistema del Tratado Antártico hacia una mayor preocupación por la protección del medio ambiente, lo que se reflejó en la Política Antártica Nacional del año 2000. Puntualizó que el año 2016 dicha política fue revisada, promulgándose su versión actualizada el año 2017.

Subrayó que un elemento común a todas las políticas que el país ha tenido al respecto es la preocupación por contar con una normativa que regule el espacio antártico y que permita, al mismo tiempo, a nuestro país alcanzar los objetivos que se proponía. Acotó que ellos se resumen en un solo concepto: Chile busca defender sus derechos soberanos en el marco del Tratado Antártico. Hizo presente que lo anterior da cuenta de una primera complejidad que debe superar la futura ley Antártica y que es común a toda la acción chilena en este ámbito: la doble naturaleza de su vinculación con el sexto continente. Ahondando en su aseveración, explicó que el territorio chileno antártico y sus espacios marítimos adyacentes son un territorio plenamente sujeto a la soberanía nacional, pero al mismo tiempo, el continente como un todo y el océano austral, al sur de los 60° de latitud, constituyen un área sujeta a una coadministración internacional con la que Chile cumple y en la cual se le reserva a nuestro país un rol protagónico.

Notó que a esta doble naturaleza se suma otra complejidad, derivada del enfoque que el país da a los temas antárticos y los énfasis que les pone en determinados momentos. En un sentido, explicó, es un asunto que forma parte de la política exterior chilena, motivo por el cual debe ser manejada en forma centralizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Al mismo tiempo, continuó, es una materia en la que intervienen diversos órganos y entidades del Estado de Chile, con las más diversas competencias. En ellas, precisó, las autoridades de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena poseen un interés muy especial. Aseguró que el proyecto de ley intenta coordinar y acoger estas cuatro perspectivas, la nacional, la internacional, la centralizada y la descentralizada o desconcentrada, según sea el caso.

En línea con lo anterior, resaltó que los fines de la nueva ley son potenciar los esfuerzos por conservar y afianzar nuestros derechos soberanos y dar cumplimiento a los compromisos internacionales que Chile ha ido adquiriendo en este ámbito.

Advirtió que debe considerarse que desde fines del siglo XIX a la fecha se han dictado cerca de 300 normas legales y reglamentarias sobre materias antárticas, pero las únicas con carácter general son la ley N° 11.846, de 1955, y el decreto supremo N° 298, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 1956. Puntualizó que ambos textos normativos son anteriores al Tratado Antártico. Por lo tanto, resaltó, no resulta extraño que desde hace varios años existiera la necesidad de contar con una ley marco que sea capaz de coordinar, sistematizar y actualizar las regulaciones existentes, lo que resulta esencial tanto para optimizar nuestra acción nacional antártica como para cumplir nuestros compromisos internacionales.

Siguiendo con el desarrollo del punto anterior, recordó que la primera instrucción sobre el particular surgió en la 47 reunión del Consejo de Política Antártica, el año 2007, oportunidad en la que se dispuso actualizar la normativa chilena antártica. Informó que si bien hubo avances menores al respecto entre los años 2007 y 2010, la elaboración de un anteproyecto completo sólo fue posible tras la creación de la Dirección Antártica, el año 2011. Agregó que la presente iniciativa de ley fue presentada al Ministro de Relaciones Exteriores y distribuida a otras Secretarías de Estado involucradas, en el mes de abril del año 2013. Comentó que tras una serie de modificaciones, la propuesta legal ingresó a tramitación al Congreso Nacional en el mes de marzo del año 2014. Subrayó que desde ese año, el avance de la iniciativa de ley fue muy lento. Sin embargo, en la reunión del Consejo de Política Antártica, extraordinaria, del 25 de julio del año 2018 se dispuso reactivar la tramitación del proyecto y analizar sus actualizaciones y mejoras necesarias. En definitiva, sentenció, la iniciativa legal y un conjunto de indicaciones presentadas a fines del año 2018 fueron aprobada en general y en particular por la Cámara de Diputados, remitiéndose el proyecto al Senado en el mes de enero del año en curso.

Apuntó que posteriores reflexiones al respecto han llevado a considerar que tal vez resulte pertinente introducir nuevas indicaciones durante la tramitación del proyecto de ley, y aseveró que ello es objeto de estudio por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y de otras Secretarías de Estado implicadas, bajo la coordinación del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Complementando la exposición del señor Canciller, el Director de la División Antártica del Ministerio de Relaciones Exteriores, señor Camilo Sanhueza, hizo presente que los fundamentos de la nueva ley antártica descansan, en primer lugar, en el carácter dual que ella posee.

Manifestó que dentro de los fundamentos, resulta también necesario tener en consideración la segunda doble perspectiva que opera en dicho territorio. Ello, puntualizó, porque es una materia propia de la política exterior, centralizada en el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero al mismo tiempo también, múltiples órganos, incluido el gobierno regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, tienen competencias sobre el particular. Remarcó que la nueva ley antártica permitirá la convivencia de estas realidades jurídicas y visiones, adoptando una visión de Estado que garantice la defensa de los derechos soberanos de Chile e implemente adecuadamente el Sistema del Tratado Antártico.

Siguiendo con la descripción de los fundamentos de la iniciativa de ley, recordó que la legislación antártica nacional ha sido adoptada en diversos períodos históricos, siendo dispersa y carente de sistematización. En consecuencia, consignó, resulta indispensable modernizar nuestro ordenamiento jurídico para promover los intereses de Chile en la Antártica, con visión de futuro y dar cumplimiento a nuestras obligaciones internacionales en el marco del Sistema del Tratado Antártico. Aseguró que la Ley Antártica propuesta persigue ordenar y facilitar una mejor coordinación entre las distintas autoridades involucradas en la ejecución de la política antártica nacional.

Adentrándose en los antecedentes que motivan la propuesta legal en estudio, hizo presente que desde el año 2000, se ha planteado la necesidad de dictar una nueva legislación antártica. Acotó que en la XLVII reunión del Consejo de Política Antártica, del año 2007, se dio el mandato de preparar un proyecto de ley sobre el particular, siendo reiterada dicha solicitud en la XLVIII reunión del citado consejo. Relató que entre los años 2008 y 2010, se trabajó sobre un proyecto elaborado por el embajador señor Jorge Berguño Barnes, sin avances sustantivos, y aseguró que esta labor fue retomada el año 2011, por la Dirección de Antártica de la Cancillería, a través de un grupo de trabajo integrado por su Director, MC Camilo Sanhueza, la Subdirectora, señora Maria Luisa Carvallo, y el profesor de la Universidad de Chile, doctor Luis Valentín Ferrada. Remarcó que el proyecto de ley fue ingresando al Congreso Nacional con fecha 4 de marzo de 2014, tomando mayor impulso la tramitación legislativa sólo a partir del segundo semestre del 2018.

Explicó que la nueva normativa antártica considerará una Ley Antártica, ley marco que moderniza y sistematiza la actual legislación antártica e implementa los tratados internacionales del Sistema del Tratado Antártico, y reglamentos que permitan desarrollar diversos aspectos de la ley, Puntualizó que entre estos últimos se encuentran: 1) el reglamento sobre evaluación de impacto ambiental, 2) el reglamento sobre protección y conservación del medioambiente antártico, 3) el reglamento sobre almacenamiento, eliminación, tratamiento y remoción de residuos, 4) el reglamento para actividades que requieran autorización previa, 5) el reglamento sobre autorizaciones de actividades turísticas y no gubernamentales y 6) el reglamento del Consejo de Política Antártica.

Siguiendo con el desarrollo de su exposición, puso de relieve que la elaboración del proyecto de ley analizado ha supuesto la recopilación de normativa nacional e internacional existente al respecto. Indicó que a nivel nacional se han identificado numerosas normas jurídicas, leyes, decretos con fuerza de ley y decretos supremos relacionados con distintos aspectos de la Antártica. Expresó que a nivel internacional, en tanto, los tratados vigentes en Chile son: 1.- los tratados multilaterales que conforman el Sistema del Tratado Antártico. 2.- la normativa vinculante adoptada en las reuniones consultivas del Tratado Antártico y en las reuniones de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (recomendaciones, medidas y medidas de conservación). 3.- los tratados, acuerdos, memoranda de entendimiento sobre cooperación antártica suscritos por Chile con diversos países miembros del Tratado Antártico y entidades internacionales.

Deteniéndose en el rol del Ministerio de Relaciones Exteriores en materia antártica, reiteró que para Chile las materias antárticas poseen una doble faz, nacional e internacional, pero con primacía de lo internacional.

En línea con lo anterior, señaló que esa doble faz se refleja en lo siguiente:

1) la Antártica está coadministrada mediante un régimen internacional.

2) los temas antárticos son parte de la política exterior, aún desde la perspectiva interna el territorio chileno antártico es zona fronteriza.

3) la legislación nacional siempre ha asignado un rol preponderante en la conducción, coordinación y facilitación de la actividad antártica al Ministerio de Relaciones Exteriores.

4) los principales órganos del Estado con competencias antárticas dependen del Ministerio de Relaciones Exteriores: Consejo de Política Antártica, Dirección Antártica, Instituto Antártico Chileno, Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado, Dirección de Planificación Estratégica.

5) La Dirección Antártica o el Instituto Antártico Chileno asumen la representación internacional de Chile en materia antártica en los más diversos foros, tanto políticos como técnicos.

6) La Dirección Antártica es la encargada de coordinar la elaboración y de controlar el cumplimiento de la política antártica nacional, de los planes estratégicos antárticos y de los programas antárticos anuales.

7) En el derecho comparado, los respectivos Ministerio de Relaciones Exteriores asumen un rol preponderante en la conducción de sus políticas antárticas.

Dando a conocer la propuesta legal, adelantó que ella se estructura en base a ocho títulos, que son los que siguen:

Título I. Disposiciones Generales.

Título II. Institucionalidad Antártica.

Título III. Gobierno y Administración Interior del Territorio Chileno Antártico.

Título IV. Financiamiento de la Actividad Antártica Nacional.

Título V. Regulación de Actividades Antárticas.

Título VI. Protección y Conservación del Medioambiente Antártico.

Título VII. Fiscalización y Sanciones.

Título VIII. Disposiciones Finales.

Indicó que la propuesta legal tiene como objetivos proteger y fortalecer los derechos soberanos antárticos de Chile, con claros fundamentos geográficos, históricos, diplomático y jurídicos, a través del reforzamiento y profundización del Sistema del Tratado Antártico; preservar y mantener a la Antártica como una zona de paz, donde las actividades garanticen la protección y cuidado del medio ambiente antártico y su condición de reserva natural, dedicada a la paz y a la investigación científica; establecer los principios conforme a los cuales el Estado de Chile, a través de los órganos competentes, conduce la política antártica y ejerce sus competencias en materia antártica; potenciar y regular la actividad antártica de Chile con pleno respeto al Sistema del Tratado Antártico, incrementando su calidad de prestador de servicios operativos y logísticos para la actividad antártica e incentivando el desarrollo del país ligado a las actividades antárticas y. fomentar la actividad antártica de Chile, promoviendo el desarrollo social y económico de la región de Magallanes y Antártica Chilena.

Ahondando en el Título I de la iniciativa de ley, manifestó que éste es el encargado de definir el ámbito de aplicación de la ley, el territorio chileno antártico y la forma de compatibilizar la soberanía antártica de Chile con el régimen de administración dual, nacional e internacional. Además, añadió, este título resalta y reafirma los principios, objetivos y valores inspiradores de la acción de Chile en la Antártica.

En sintonía con lo anterior, precisó que la ley que se presenta incluye definiciones que establecen el significado jurídico de los conceptos empleados en ella.

En relación con el Título II, sentenció que éste consigna los documentos directivos y principales entidades de la institucionalidad antártica, delimitando la función de cada institución.

En cuanto al Título III, sostuvo que es el encargado de establecer las competencias de las autoridades de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena en materia antártica.

Indicó que el Título IV, por su parte, establece que la Ley de Presupuesto del Sector Público deberá consultar anualmente recursos para financiar la actividad antártica nacional de los operadores antárticos.

Explicó que el Título V, a su turno, establece las actividades permitidas y prohibidas y crea un mecanismo de autorización para ellas.

Consignó que el Título VI, a su vez, fija los principios y criterios para la protección y conservación del medioambiente antártico y la competencia de los tribunales para conocer de las acciones por infracción a estas normas.

Relató que el Título VII, por su lado, establece los mecanismos de fiscalización de la normativa antártica, así como las sanciones penales, civiles y administrativas que procedan en caso de incumplimiento de las mismas.

Expresó que el Título VIII, por su parte, contiene las disposiciones finales, normas referidas al gasto fiscal y las enmiendas a la Ley del Ministerio de Relaciones Exteriores, incorporando al Gobernador Regional de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena al Consejo de Política Antártica.

Apuntó que, finalmente, las disposiciones transitorias se refieren a la vigencia de la ley, al plazo para dictar los reglamentos y al rol del Intendente Regional en tanto no entre en vigor la Ley de Gobiernos Regionales.

Tras describir a grandes rasgos el proyecto, puso de relieve que análisis posteriores al texto aprobado por la Cámara de Diputados, incluyendo un conjunto de observaciones recibidas de la Corte Suprema y otros antecedentes tenidos a la vista, han llevado al convencimiento que, en busca de contar con una mejor Ley Antártica para Chile, será necesario que el Poder Ejecutivo presente, durante la tramitación en el Senado, un conjunto de indicaciones que perfeccionen el texto en tramitación. Aseguró que el contenido de tales indicaciones es un tema que se está trabajando actualmente entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y otras Secretarías de Estado implicadas y bajo la coordinación del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Con todo, enfatizó que los resultados esperados de la futura Ley Antártica son: 1) delimitar y precisar las facultades y competencias de las diversas autoridades y entidades que intervienen en el que hacer antártico; 2) coordinar, sistematizar, armonizar, modernizar e implementar las múltiples normas nacionales e internacionales, tanto para el cumplimiento de los objetivos de la política antártica nacional como para dar aplicación a las normas internacionales del Sistema del Tratado Antártico y 3) establecer el marco legal que habilite regular, mediante reglamentos, los aspectos de detalle de la actividad antártica.

Destacó que los desafíos en la elaboración del proyecto de ley serán compatibilizar la doble dimensión de la antártica como territorio coadministrado internacionalmente y como parte del territorio nacional; así como su naturaleza de ser parte importante de la política exterior de Chile, pero, al mismo tiempo, coexistir a su respecto diversos órganos del Estados competentes, incluido el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena. Señaló que al desafío anterior se suma el de crear normas que sean efectivamente aplicables, teniendo en cuenta las características especiales que tiene el territorio chileno antártico y que reflejen la realidad que se vive en él. El último desafío, continuó, será asegurar una acción nacional coherente y efectiva, en que el Ministerio de Relaciones Exteriores se desempeñe como entidad conductora, coordinadora y facilitadora de las diversas entidades con competencias antárticas. Agregó que por su naturaleza transversal, esta ley deberá recoger una visión política y técnica, así como incorporar una dimensión regional.

Se deja constancia de que el señor Sanhueza acompañó su presentación con un documento en formato PowerPoint, el que fue debidamente considerado por los miembros de la Comisión, y se contiene en un Anexo único que se adjunta al original de este informe, copia del cual queda a disposición de los señores Senadores en la Secretaría de la Comisión.

Tras escuchar atentamente las intervenciones de los representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Honorable Senador señor Bianchi puso de relieve que la región de Magallanes y de la Antártica Chilena tiene una identidad antártica. Estimó que, pese a los avances en materia de investigación, el país requiere una identidad en donde el tema antártico tenga aún más presencia.

En línea con la advertencia anterior, consultó a los representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores qué están haciendo los demás países reclamantes en tal dirección.

Por otro lado, consultó a los representantes de la Cancillería si dicha Secretaría de Estado estaba dispuesta, en el marco de la nueva Administración regional, a traspasar competencias a esta última y hasta qué punto. Al respecto, sentenció que si bien no es posible traspasar toda la administración antártica a la región, al menos una parte de ella debe traspasarse.

En relación con la administración de los Campos de Hielo Sur, y a fin de superar los conflictos con Argentina, propuso la creación de un Parque Binacional de la Paz, manteniendo cada país la administración de su territorio.

Respecto a la sugerencia realizada por el Honorable Senador señor Bianchi, relativa a la administración de Campos de Hielo Sur, el Ministro de Relaciones Exteriores, señor Roberto Ampuero, solicitó abordar el tema en otra sesión de la Comisión.

Por su parte, la Honorable Senadora señora Goic valoró que el Ejecutivo reactivara la tramitación de la iniciativa de ley.

A reglón seguido, consideró indispensable hacer converger la zona antártica con la zona subantártica. Indicó que lo anterior adquiere especial importancia en un contexto en donde se han aprobado concesiones de salmonicultura en la zona del canal Beagle, las que impactarán en el territorio Antártico. Sobre el particular, solicitó conocer la opinión del Canciller en esta materia.

Por otro lado, estimó necesario fortalecer la actividad científica, nueva forma de ejercer soberanía, y subrayó que el proyecto de ley es débil al respecto. En efecto, remarcó que el texto despachado por la Cámara de Diputados dispone en su artículo 15 que en la ejecución del Programa Científico Nacional, los operadores antárticos dependientes del Ministerio de Defensa Nacional “podrán” y no “deberán” servicios de apoyo y operacionales al Instituto Antártico Chileno.

Finalmente, celebró que la propuesta legal asignara un rol a la región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

El Honorable Senador señor Pugh, a su vez, consultó qué ocurre respecto de las áreas de vigilancia y de rescate. Recordó que ellas obedecen a tratados internacionales, e hizo hincapié en que en ellas el Estado debe tener presencia, lo que supone, necesariamente, recursos.

En línea con lo anterior, estimó que las áreas citadas debían reconocerse en el artículo 2° del proyecto de ley, de manera de consignar que Chile debe estar atento y vigilante en esas zonas y contar con las capacidades de rescate que sean necesarias.

Abocándose a las preguntas y comentarios vertidos por los integrantes de la Comisión, el Director de la División Antártica, señor Camilo Sanhueza, se detuvo, en primer lugar, en la primera consulta formulada por el Honorable Senador señor Bianchi. Sobre el particular, aseguró que el Ministerio de Relaciones Exteriores observa la actuación de los otros seis países reclamantes, particularmente, la de Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Argentina, países conocidos también como puerta de entrada a la Antártida. Con todo, subrayó que la calidad de países puerta del continente blanco sólo la detentan realmente Chile y Argentina. En efecto, consignó, los demás países aseguran que Argentina y Chile con sólo dar un paso llegan a dicho territorio. Sin embargo, resaltó que Chile se encuentra a más de 3.000 km de distancia.

Aseguró que el país se ha esforzado en los últimos años en marcar mayor presencia. Reflejo de ello, notó, fue el traslado, el año 2003, del Instituto Antártico Chileno a la ciudad de Punta Arenas.

Compartió la necesidad de crear en los chilenos una identidad con el territorio antártico, y afirmó que el Gobierno se esfuerza en tal sentido.

Con relación al traspaso de competencias a la región de Magallanes y de la Antártica Chilena, sostuvo que la Cancillería siempre ha tenido en cuenta a la citada región. Hizo hincapié en que en su calidad de Secretario del Consejo de Política Antártica envía invitación a los principales representantes de la región- Intendente, Gobernador y Alcaldes- a cada una de las sesiones de dicha instancia, habida consideración de la importancia que posee el continente antártico para el desarrollo de la región.

Añadió que el nuevo modelo de administración regional se recoge en la iniciativa de ley. En efecto, resaltó que será el Gobernador integrante del Consejo de Política Antártica. Adicionalmente, se manifestó llano a recoge la nueva realidad en la dimensión antártica. Sin embargo, advirtió que la elección popular del Gobernador genera complejidades en la visión estratégica, toda vez que la materia en cuestión es un asunto de importancia no sólo regional sino también nacional.

Insistiendo en sus planteamientos, el Honorable Senador señor Bianchi resaltó que junto a la figura del Gobernador estará la del Delegado Presidencial, quien establecerá las políticas públicas en cada una de las regiones, en distintas materias. En este orden de ideas, consultó si el Delegado Presidencial tendrá atribuciones en materia antártica.

El señor Director de la División Antártica aseveró que el Ejecutivo ha hecho esfuerzos para identificar las competencias para las figuras aludidas y equilibrar las funciones asignadas.

El Ministro de Relaciones Exteriores puso de relieve que el tema de las atribuciones del Delegado Presidencial y del Gobernador está muy relacionado con lo identitario. Aseguró que esta última materia determinará, a su vez, el poder de influencia del Delegado Presidencial.

Finalmente, sentenció que la inquietud planteada por el Honorable Senador señor Bianchi es un tema que se encuentra abierto y que es posible de perfeccionarse con este tipo de discusiones.

El Honorable Senador señor Bianchi, en línea con la consulta formulada, sugirió que todas las materias de índole logístico quedaran en manos de administración regional, reservando al nivel central la administración propiamente tal de la Antártica.

Abocándose a las observaciones e interrogantes planteadas por la Honorable Senadora señora Goic, el Director de la División Antártica, señor Camilo Sanhueza, concordó en la necesidad de hacer converger la zona antártica con la subantártica. Subrayó que ello tiene, además, un respaldo normativo internacional. En efecto, precisó que el Tratado Antártico y la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos disponen normas respecto de los espacios dependientes y asociados al continente blanco, dando cuenta que dicho espacio se prolonga más allá de sus límites, realidad que, en muchas ocasiones, no se tiene a la vista. Agregó que los países reclamantes que se presentan como puertas de entrada al continente blanco lo conciben de la misma manera.

En línea con lo anterior, afirmó que en Chile, en tanto, el trabajo realizado en el Centro Subantártico, en la ciudad de Puerto Williams, apunta en esa dirección.

Complementando la respuesta dada por el señor Director de la División Antártica, el Ministro de Relaciones Exteriores, señor Roberto Ampuero, remarcó la necesidad de potenciar el desarrollo de la ciencia y la investigación en el territorio subantártico, de manera que esa zona se transforme en el laboratorio del planeta. Destacó que nuestro país es el único que posee un centro de esas características, e hizo presente que éste adquiere especial importancia en un texto de cambio climático, toda vez que los fenómenos que han afectado a la antártica en el último tiempo son la clara evidencia de la catástrofe que deberemos enfrentar.

En cuanto a la necesidad de fortalecer el trabajo científico, el Director de la División Antártica, señor Camilo Sanhueza, aseguró que la división que encabeza se esfuerza en ello. Explicó que la importancia de robustecer dicho quehacer obedece a que ésta es la vía para validar la soberanía de Chile en la Antártica.

En sintonía con lo anterior, subrayó que el Instituto Antártico Chileno ha tenido un progreso extraordinario en los últimos años, transformando a Chile en un referente en la materia.

Puso de relieve que el prestigio del país en esta materia posibilitó la presentación de una propuesta conjunta Chileno-Argentina, relativa a la creación de un área marina protegida en el denominado Dominio 1 (oeste de la península Antártica y sur del Arco de Scotia).

Aseguró que el Ministerio de Relaciones Exteriores continuará fortalecimiento la labor científica en el citado continente.

Centrando su atención en la pregunta formulada por el Honorable Senador señor Pugh, relativa a las áreas de vigilancia y de rescate, sostuvo que la frontera marítima en el meridiano 130 es enorme. Advirtió que Chile tiene una gran responsabilidad en ese espacio, lo que demanda medios económicos con los que no contamos. Sin embargo, fue tajante en señalar que nuestro país ha asumido tal responsabilidad de manera comprometida. Relató que la semana pasada se recibieron tres solicitudes de rescate en dicha área, todas las cuales lograron responderse adecuadamente.

Finalmente, aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a no perder de vista el Anexo VI del Protocolo del Tratado Antártico, sobre protección del medio ambiente, el que considera normas relativas a la responsabilidad emanada de emergencias ambientales. Al respecto, sentenció que el turismo ha crecido exponencialmente en los últimos años, recibiéndose éste 25.000 turistas, realidad que, sin duda, entraña un riesgo para el medio ambiente y una gran responsabilidad para nuestro país.

En sesión posterior, la Comisión recibió en audiencia al Intendente de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena, señor José Adolfo Fernández Dübrock, quien dio inicio a su intervención poniendo de relieve que más allá de la denominación que recibe, la región que representa tiene una histórica cercanía con los hechos antárticos. En efecto, resaltó, en la ciudad de Punta Arenas se conocen y se perciben las campañas antárticas, tanto por su logística como por el arribo de científicos de todos los confines del mundo, lo que hace sentir como propias dichas actividades.

Establecido lo anterior, sentenció que Punta Arenas es la puerta de entrada más cercana al continente antártico, ofreciendo importantes servicios como aeropuerto, puerto, bodegaje, logística, alojamientos, restaurantes, bancos y museos, entre otros.

Sostuvo que la imagen que sigue da cuenta de la cercanía que posee Punta Arenas respecto de otros países con la Antártida:

Adentrándose en el análisis de la propuesta legal, valoró el trabajo legislativo para la creación del Estatuto Chileno Antártico, cuyos objetivos, recordó, son los que siguen:

1) Proteger y fortalecer los derechos soberanos antárticos de Chile, con claros fundamentos geográficos, históricos, diplomáticos y jurídicos.

2) Preservar y mantener la Antártica como una zona de paz, donde las actividades garanticen la protección y cuidado del medio ambiente antártico y su condición de reserva natural, dedicada a la paz y a la investigación científica.

3) Establecer los principios conforme a los cuales el Estado de Chile, a través de los órganos competentes, conduce la política antártica y ejerce sus competencias en materia antártica.

4) Potenciar y regular la actividad antártica de Chile con pleno respeto al Sistema de Tratado Antártico, incrementando su calidad de prestador de servicios operativos y logísticos para la actividad antártica e incentivando el desarrollo del país ligado a actividades antárticas.

5) Fomentar la actividad Antártica de Chile, promoviendo el desarrollo social y económico de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Deteniéndose en el último objetivo anunciado, sentenció que la duda que surge al respecto es cómo alcanzarlo. Precisó que para ello, el proyecto de ley otorga ciertas atribuciones al Delegado Presidencial regional. Resaltó que dicha autoridad deberá coordinar las iniciativas antárticas, por instrucción del Ministerio de Relaciones Exteriores. Acotó que, en particular, le corresponderá:

a) Velar por el cumplimiento de la normativa nacional e internacional aplicable a la antártica,

b) Difundir disposiciones y medidas de protección al medioambiente antártico,

c) Administrar, según corresponda, los fondos que se destinen a actividades antárticas de gobierno interior,

d) Ejecutar y supervisar aquellas tareas del consejo de política antártica,

e) Facilitar la coordinación entre las autoridades de las bases antárticas chilenas,

f) Recibir denuncias de infracciones a esta ley, a las normas de protección del medio ambiente antártico o a la legislación general chilena por hechos acontecidos en la antártica, sin perjuicio de las atribuciones de las demás autoridades competentes en la materia y

g) Desarrollar otra facultad que le encomiende la legislación vigente.

Destacó que a las funciones conferidas al Delegados Presidencial se suman las atribuciones otorgadas al Gobierno Regional de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Puntualizó que ellas son:

1) Promover la identidad antártica,

2) Decidir la destinación de fondos regionales a proyectos específicos a desarrollarse en el territorio antártico,

3) Adoptar las medidas necesarias para enfrentar situaciones de emergencia o catástrofe dentro de su competencia,

4) Fomentar y velar por la protección, conservación y mejoramiento del medio ambiente en el territorio antártico

5) Fomentar, respetando el ecosistema y el derecho internacional, el turismo en el territorio antártico,

6) Promover la investigación científica y tecnológica,

7) Fomentar, financiar y difundir actividades culturales en el territorio antártico,

8) Promover actividades deportivas en el territorio antártico y

9) Toda otra facultad que le encomiende la legislación,

Tras enunciar las funciones asignadas al Delegado Presidencial y al Gobierno Regional, solicitó tener en cuenta algunas consideraciones:

- Los operadores antárticos, el Instituto Antártico Chileno y las Fuerzas Armadas, tienen sus bases en Punta Arenas.

- Las inversiones de infraestructura necesarias en la antártica son de gran envergadura.

- Todas las actividades que se desarrollan en la Antártica ocupan a la región de Magallanes y de la Antártica Chilena como polo logístico.

- Los mayores operadores de turismo antártico tienen base en Punta Arenas.

- Importantes flotas de pesca operan en la Antártica sobre las cuales hay que mantener supervigilancia, actuar en caso de emergencias y velar por el cumplimiento de la normativa aplicable en la Antártica.

- Especial mención requiere el Centro Sub Antártico de Puerto Williams, el que se establece como un hito de nivel mundial en el estudio de este ecosistema.

- El crecimiento del turismo antártico ha sido sostenido y no hay indicios de que disminuya, en la medida que se respeten las normas internacionales.

En relación con la última consideración anunciada, notó que en el periodo enero-diciembre 2018, se realizaron 473 operaciones, siendo trasladados 3.432 pasajeros y 379.543 kg de carga.

Precisando las operaciones aéreas realizadas, acompañó el cuadro que sigue:

Asimismo, destacó que el turismo dejó en la región US$ MM 78, cifra cercana a la aportada por la ganadería, principal actividad de la región, que ascendió a US$ MM 80. Resaltó que lo anterior, lleva a concluir que la Antártica es un potencial para el desarrollo regional.

Aseguró que otro hecho que marca la presencia y la soberanía de Chile en el territorio antártico es la presencia de buques. Hizo presente que en el periodo estival 2012-2018, se registraron 280 buques, los que consideraron el traslado de 32.500 personas.

Dando cuenta del considerable aumento de turistas en la zona, acompañó el gráfico que sigue. En él se registra en rojo el periodo comprendido entre noviembre de 2018 y abril de 2019.

Resaltó que la Armada, por su parte, movió 1.342 toneladas de carga, 345 toneladas de basura, 1.209 metros cúbicos de combustible y 687 pasajeros.

En otro orden de ideas, puso de relieve que el traslado del Instituto Antártico Chileno desde Santiago a la ciudad de Punta Arenas motivó el incremento de proyectos de investigación. Dando cuenta de ello, presentó el siguiente gráfico:

En otro orden de ideas, aseguró que el desafío de la Intendencia de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena es cumplir con lo mandatado en esta ley y su espíritu, además de seguir trabajando en el concepto de “puerta de entrada a la Antártica”, ayudando a materializar todo el trabajo administrativo y logístico “pre” y “post” viaje a la Antártica.

Por último, sentenció que el proyecto de ley contiene dos consideraciones que fortalecen el rol de la región en la gestión antártica nacional. La primera de ellas radica en que la iniciativa de ley reconoce la posibilidad que el Consejo de Política Antártica pueda sesionar en la región de Magallanes y de la Antártica Chilena, lo que va en la línea con el proceso de descentralización que está llevando a cabo el gobierno de Su Excelencia el Presidente de la República, señor Sebastián Piñera, entregando una sólida señal al país y al mundo. La segunda, agregó, radica en la incorporación del Gobernador Regional, junto al Delegado Presidencial de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena, dentro del Consejo de Política Antártica, contribuyendo con la mirada regional a la formulación de la Política Antártica Nacional y en las demás funciones del Consejo.

Se deja constancia de que el señor Intendente acompañó su presentación con un documento en formato PowerPoint, el que fue debidamente considerado por los miembros de la Comisión, y se contiene en un Anexo único que se adjunta al original de este informe, copia del cual queda a disposición de los señores Senadores en la Secretaría de la Comisión.

Tras escuchar los planteamientos del señor Intendente de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena, el Honorable Senador señor Pugh, deteniéndose en la afirmación respecto a que sobre las flotas de pesca que operan en la Antártica hay que mantener supervigilancia, puso de relieve que en este día se conmemoraba el día de la lucha contra la pesca ilegal.

Hizo un llamado a proteger la actividad económica chilena en el océano Antártico así como la investigación científica pesquera, a cargo del Instituto de Fomento Pesquero. Advirtió que esto último adquiere especial relevancia en un contexto en donde Chile proyecta capacidad estratégica con un barco de investigación científica antártico.

Por otro lado, destacó que el 27 de enero del año 2020 se celebrará el bicentenario del descubrimiento de la Antártida. Precisó que el primer hombre en avistar la Antártida fue Fabián Gottlieb von Bellingshausen, quien estuvo al servicio de la marina imperial rusa. A fin de sumarse a los actos de conmemoración del bicentenario del descubrimiento de la Antártida, propuso que la Comisión Especial de Zonas Extremas y Territorios Especiales sesionara en la Antártica el próximo 27 de enero.

Siguiendo con el desarrollo de su intervención, señaló que el mundo está globalizado. Acotó que la globalización supone la presencia de cables de fibra óptica. Anheló contar con un cable que conecte el Centro Sub Antártico de Puerto Williams con la Antártida, contribuyendo así a la observación del cambio climático.

Indicó que el país más desarrollado en el mundo en materia de conectividad digital es Estonia y resaltó que Bellingshausen nació en una isla de dicho país. Por ello, anunció que solicitaría a Su Excelencia el Presidente de la República invitar a una visita oficial a Chile, en el mes de enero del año 2020, época en la que se conmemorará el bicentenario del descubrimiento de la Antártida, a la Presidenta de Estonia.

Concluyendo su intervención, enfatizó la importancia que tiene la presencia de Chile en la Antártida y sentenció que ello debe destacarse no sólo a través de este proyecto de ley sino también por medio de acciones concretas y que tengan visibilidad en todo el mundo.

Por su parte, la Honorable Senadora señora Goic valoró la presencia del Intendente en la sesión en curso, oportunidad en la cual se sometería a votación, en general, la propuesta legal en estudio. Estimó que ello es reflejo de la relevancia que se espera dar a la región de Magallanes y de la Antártica Chilena en materia antártica.

Consultó al señor Intendente de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena cómo se podría potenciar en este proyecto de ley la idea que la región sea puerta de entrada a la Antártida. Consideró que una mera declaración al respecto no era suficiente y solicitó considerar las herramientas necesarias para dar un salto en esa dirección.

Subrayó que los temas antárticos se relacionan fuertemente con la zona subantártica, es decir, con Puerto Williams y Punta Arenas. Precisando su afirmación, sentenció que una herramienta esencial para ello sería la ampliación de la capacidad portuaria, lo que permitiría proveer los servicios logísticos requeridos en la Antártica. Asimismo, consideró indispensable acelerar las definiciones respecto del Centro Antártico Internacional. En este punto, solicitó conocer la opinión del señor Intendente al respecto.

En otro orden de consideraciones, calificó como esencial también lograr que la comunidad de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena, al igual que todo el resto de la población chilena, sienta que la Antártica es algo cercano y no quede reservada a los turistas que pueden pagar por ello. A mayor abundamiento, pidió adoptar las medidas necesarias en esta propuesta legal para vincular el continente blanco al país.

Deteniéndose en la intervención de la Honorable Senadora señora Goic, el señor Intendente de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena afirmó que el Gobierno regional de Magallanes coincide en que la aseveración que Punta Arenas es puerta de entrada a la Antártica no puede ser sólo un titular. Con todo, sentenció que ello debe ser una política de Estado.

En línea con lo anterior, apuntó que se ha estudiado en la región cuál es la capacidad portuaria que se necesitará en Punta Arenas para proveer de los servicios necesarios para la Antártica. Indicó que si bien hoy es posible operar, no hay un puerto determinado, lo que conlleva que en muchas ocasiones los barcos queden a la gira, realidad que podría motivar la búsqueda de puertos más baratos. Informó que la región encargará un estudio sobre el particular.

Agregó que las definiciones relativas al Centro Antártico Internacional, por su lado, también son materias relevantes.

Propuso al igual como se hizo en el caso de las zonas extremas del país, durante el gobierno de la ex Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet Jeria, la creación de un plan antártico para la región de Magallanes y de la Antártica Chilena que considere fondos extras y proyectos que potencien la actividad antártica.

Seguidamente, la Honorable Senadora señora Goic consultó en qué etapa se encuentra el proyecto del Centro Antártico Internacional.

El señor Intendente de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena señaló que actualmente se está a la espera de que la consultora a cargo del desarrollo del modelo entregue el diseño y el modelo de gestión, lo que ocurrirá a mediados del mes de junio del año en curso. Agregó que una vez proporcionada dicha información, habrá que abocarse a conseguir los recursos para el Centro Antártico Internacional, proyecto que, recordó, tendrá un costo de más de $ MM 50.000.

El Honorable Senador señor Bianchi, por su parte, enfatizó que la exposición realizada por el señor Intendente de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena da cuenta del compromiso que existe de parte de la actual Administración así como de las anteriores en esta materia.

Centrando su atención en las competencias otorgadas al Delegado Presidencial, advirtió que ellas dan cuenta de que el estatus otorgado a la citada autoridad es superior al conferido al Gobernador. En consecuencia, estimó indispensable empoderar más a esta última figura.

Siguiendo con el desarrollo de su exposición, sostuvo que si bien la administración del territorio antártico es materia de una política de Estado y va más allá de la administración regional, nada obsta a que haya, al menos, un trabajo coordinado entre quien detente la autoridad política electa y quien tenga la representación del Estado unitario.

A reglón seguido, consultó cuáles son las competencias que debieran tener los futuros Gobernadores, más allá de lo propuesto en la iniciativa de ley en estudio.

Sobre el particular, el señor Intendente de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena, explicó que la diferencia de atribuciones entre las autoridades citadas obedece a que el Delegado Presidencial será el encargado de aterrizar las políticas públicas dictadas por Su Excelencia el Presidente de la República, entre las que se encuentra la política antártica y la política internacional del país. Con todo, aseveró que lo anterior no obsta a que más adelante se traspasen algunas competencias al Gobernador Regional.

El Honorable Senador señor Sandoval adelantó que respaldaría la idea de legislar. No obstante, reiteró que la creación del Estatuto Chileno Antártico no considera recursos. Señaló que lo anterior supone que el desarrollo de la política antártica se llevará a cabo sin mayores dineros, realidad que dificultará el quehacer antártico.

En sintonía con el punto anterior, subrayó que las Fuerzas Armadas, operadores antárticos, debe desarrollar su quehacer con su presupuesto y no con recursos asignados especialmente para la Nación.

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Cerrado el debate y puesto en votación en general el proyecto de ley por parte del Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Pugh, éste fue respaldado por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señoras Luz Ebensperger Orrego, Carolina Goic Boroevic y Ximena Órdenes Neira y señores Carlos Bianchi Chelech, Francisco Chahuán Chahuán, José Miguel Durana Semir, José Miguel Insulza Salinas, Juan Ignacio Latorre Riveros, Iván Moreira Barros, Manuel José Ossandón Irarrázabal, Kenneth Pugh Olavarría y David Sandoval Plaza.

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IV.- TEXTO DEL PROYECTO

En conformidad con el acuerdo adoptado, la Comisión de Zonas Extremas y Territorios Especiales tiene el honor de proponer la aprobación en general del proyecto de ley en informe, cuyo texto es del siguiente tenor:

PROYECTO DE LEY:

“ESTATUTO CHILENO ANTÁRTICO

Título I

Disposiciones generales

Artículo 1.- Objetivos. La presente ley tiene como objetivos:

1. Proteger y fortalecer los derechos soberanos antárticos de Chile, con claros fundamentos geográficos, históricos, diplomático y jurídicos, a través del reforzamiento y profundización del Sistema del Tratado Antártico.

2. Preservar y mantener a la Antártica como una zona de paz, donde las actividades garanticen la protección y cuidado del medio ambiente antártico y su condición de reserva natural, dedicada a la paz y a la investigación científica.

3. Establecer los principios conforme a los cuales el Estado de Chile, a través de los órganos competentes, conduce la política antártica y ejerce sus competencias en materia antártica.

4. Potenciar y regular la actividad antártica de Chile con pleno respeto al Sistema del Tratado Antártico, incrementando su calidad de prestador de servicios operativos y logísticos para la actividad antártica e incentivando el desarrollo del país ligado a las actividades antárticas.

5. Fomentar la actividad antártica de Chile, promoviendo el desarrollo social y económico de la Región de Magallanes y Antártica Chilena.

Artículo 2.- Territorio Chileno Antártico. Forman la Antártica Chilena o Territorio Chileno Antártico todas las tierras, islas, islotes, arrecifes, glaciares (pack-ice), y demás, conocidos y por conocer, y el mar territorial y Océano Austral respectivo, existentes dentro de los límites del casquete constituido por los meridianos 53º longitud Oeste de Greenwich y 90º longitud Oeste de Greenwich, conforme lo dispuso el decreto supremo N° 1.747, e incluye los espacios marítimos que le corresponden de conformidad con el Derecho Internacional.

Asimismo, forman la Antártica Chilena o Territorio Chileno Antártico las barreras de hielo, la plataforma continental, la plataforma continental extendida y los espacios marítimos adyacentes conforme al Derecho Internacional.

El Territorio Chileno Antártico corresponde a una zona fronteriza para todos los efectos legales, sin perjuicio de la aplicación de los principios y normas del Sistema del Tratado Antártico.

Artículo 3.- Derechos soberanos sobre el Territorio Chileno Antártico. La soberanía chilena se ejercerá con pleno respeto a las normas del Derecho Internacional y a los compromisos internacionales del Estado de Chile que se encuentren vigentes, en el marco del Sistema del Tratado Antártico, y en conformidad con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico chileno.

Artículo 4.- Ámbito de aplicación. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14 del Código Civil, la presente ley se aplicará en todo el territorio de la República, y en el área del Tratado Antártico que no forme parte del Territorio Chileno Antártico, en el Océano Austral y el área marítima hasta la convergencia antártica:

1. Respecto de toda actividad que realice o en la que participe un nacional o extranjero residente en Chile.

2. Respecto de toda actividad que realice o en la que participe una persona extranjera cuando dicha actividad se ha organizado o comience en el territorio nacional, y requiera autorización del Estado de Chile.

Artículo 5.- Definiciones. Para los fines de esta ley:

1. Antártica o continente Antártico comprende la tierra firme, sus masas y barreras de hielo, y las islas que se encuentran al sur del paralelo 60° de latitud sur y el Océano Austral que las circunda, sin perjuicio de los límites que para sus efectos particulares fijan el Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente y la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, y los demás acuerdos internacionales aplicables en el área.

2. Océano Austral comprende todos los mares, cuerpos de aguas, cuencas oceánicas y áreas marinas al sur del paralelo 60°, y coincide con los límites de aplicación del Tratado Antártico de 1959.

3. Convergencia antártica, es el límite biogeográfico en la línea en el mar hasta la cual, por factores naturales tales como la salinidad del agua, las corrientes marinas y los cambios de temperatura, se extiende el ecosistema antártico, y que ha sido definida por el artículo I.4 de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos como límite norte de la zona de aplicación de la Convención.

4. Sistema del Tratado Antártico comprende:

a) El Tratado Antártico suscrito en Washington el 1 de diciembre de 1959, su Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente suscrito en Madrid el 4 de octubre de 1991, y las Recomendaciones, Medidas, Decisiones y Resoluciones vigentes aprobadas en las Reuniones Consultivas del Tratado Antártico;

b) La Convención para la Conservación de las Focas Antárticas suscrita en Londres el 28 de diciembre de 1972; y la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos suscrita en Canberra el 11 de septiembre de 1980, y las Medidas en vigor acordadas por la Comisión de esta última.

5. Evaluación de impacto ambiental de actividades antárticas es el procedimiento científico, técnico y administrativo destinado a determinar cualquier impacto sobre el medio ambiente antártico o en los ecosistemas dependientes o asociados de las actividades o proyectos que se planifique desarrollar en la Antártica por la autoridad ambiental competente.

6. Áreas o zonas antárticas especialmente protegidas o administradas son aquellas áreas marinas o terrestres, incluido el suelo o el subsuelo, designadas como tales por las Partes Consultivas de conformidad al Anexo V del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente.

7. Tomar o toma significa matar, herir, atrapar, manipular o molestar a un mamífero o ave autóctonos o retirar o dañar cantidades tales de plantas nativas que ello afecte significativamente a su distribución local o su abundancia, según ha sido definido por la letra g) del artículo 1° del Anexo II del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente.

8. Intromisión perjudicial, de conformidad con la letra h) del artículo 1° del Anexo II del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, significa:

a) el vuelo o el aterrizaje de helicópteros y de otras aeronaves de tal manera que perturben la concentración de aves y focas.

b) la utilización de vehículos o embarcaciones, incluidos los aerodeslizadores y barcos pequeños, de manera que perturben la concentración de aves y focas.

c) la utilización de explosivos y armas de fuego de manera que perturben la concentración de aves y focas.

d) la perturbación intencionada de la cría y la muda del plumaje de las aves o de las concentraciones de aves y focas por cualquier persona a pie.

e) dañar de manera significativa la concentración de plantas terrestres nativas por el aterrizaje de aeronaves, por conducir vehículos o por caminar sobre dichas plantas o por cualquier otro medio.

f) cualquier actividad que produzca una importante modificación negativa del hábitat de cualquier especie o población de mamíferos, aves, plantas o invertebrados autóctonos.

9. Región de responsabilidad de búsqueda y salvamento (SAR) es el área dentro de la cual corresponde al Estado de Chile, a través de sus instituciones, prestar servicios de búsqueda y salvamento en conformidad a los tratados internacionales vigentes.

10. Operador, es toda persona natural o jurídica, institución u organismo, estatal o no estatal, que organiza actividades a ser realizadas en la zona del Tratado Antártico. Un operador no incluye a una persona natural que sea empleada, contratista, subcontratista o agente o que esté al servicio de una persona natural o jurídica, sea estatal o no estatal, que organiza actividades a ser realizadas en la zona del Tratado Antártico, y no incluye a una persona jurídica que sea contratista o subcontratista que trabaje por cuenta y orden de un operador estatal.

11. Operador antártico es toda institución u organismo público, que organiza y desarrolla actividades operativas o logísticas a ser ejecutadas en la Antártica, contando con las autorizaciones prescritas en esta ley. Son operadores antárticos del Estado de Chile el Instituto Antártico Chileno, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, y las instituciones de las Fuerzas Armadas, dependientes del Ministerio de Defensa Nacional.

Título II

Institucionalidad antártica chilena

Artículo 6.- Política Antártica Nacional. La Política Antártica Nacional fijará los objetivos de Chile en la Antártica. Ella será propuesta por el Consejo de Política Antártica y fijada por el Presidente de la República, quien la promulgará mediante decreto supremo expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que llevará, además, las firmas de los ministros del Interior y Seguridad Pública, de Defensa Nacional, de Hacienda, de Economía, de Fomento y Turismo, y de Medio Ambiente.

La Política Antártica Nacional deberá ser sometida a evaluación y actualizada al menos cada diez años, desde la fecha de su promulgación.

Artículo 7.- Consejo de Política Antártica. El Consejo de Política Antártica, regulado en la ley Nº 21.080, es el órgano colegiado de naturaleza interministerial, presidido por el Ministro de Relaciones Exteriores, que tiene por función proponer al Presidente de la República las bases políticas, jurídicas, científicas, económicas, medioambientales, logísticas, deportivas, culturales y de difusión de la acción nacional en la Antártica, y proponer los grandes lineamientos de la Política Antártica Nacional.

El Consejo de Política Antártica podrá sesionar en las dependencias del Ministerio de Relaciones Exteriores, el que proporcionará los medios materiales para su funcionamiento. También podrá sesionar en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.

Respecto a sus funciones e integración se regirá por lo dispuesto en el Estatuto Orgánico del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Artículo 8.- Planes Estratégicos Antárticos. Los Planes Estratégicos Antárticos tendrán una vigencia de a lo menos cuatro años, y comprenderán las tareas y acciones concretas que se materializarán mediante el Programa Antártico Nacional de cada año. El Ministerio de Relaciones Exteriores los desarrollará en base a los objetivos que establezca la Política Antártica Nacional y deberán ser suscritos por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, siendo éstos necesarios para orientar la acción de los ministerios y entidades con competencias sectoriales en la materia.

Para la elaboración de los Planes Estratégicos Antárticos, el Ministerio de Relaciones Exteriores se coordinará con los distintos ministerios y entidades con competencia antártica y someterá estos planes a la consideración del Consejo de Política Antártica.

Artículo 9.- El Programa Antártico Nacional. El Programa Antártico Nacional es el conjunto de tareas y actividades concretas que se planifican anualmente para las campañas antárticas en cumplimiento del Plan Estratégico Antártico vigente y de los objetivos de la Política Antártica Nacional, que coordinará el Ministerio de Relaciones Exteriores, y estará constituido por las siguientes actividades:

1. Actividades definidas para el cumplimiento de los objetivos de la Política Antártica Nacional, en atención a lo dispuesto en los Planes Estratégicos Antárticos.

2. Actividades de los operadores antárticos dependientes del Ministerio de Defensa Nacional en cuanto a la operación de sus bases, estaciones o refugios y la logística propia, lo que informarán por intermedio del Ministerio de Defensa Nacional.

3. Actividades científicas y tecnológicas de investigación antártica en todas sus disciplinas, tanto ciencias naturales como ciencias sociales, jurídicas e históricas, coordinadas por el Instituto Antártico Chileno.

4. Cualquier otra actividad antártica nacional a cargo de órganos de la administración del Estado, sin perjuicio de las atribuciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública para actuar autónomamente.

A fin de confeccionar el Programa Antártico Nacional que se ejecutará cada año, el Ministerio de Relaciones Exteriores solicitará a los ministerios y entidades públicas, distintas del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y del Ministerio de Defensa Nacional y sus instituciones y organizaciones dependientes, que le informen, a más tardar el 31 de agosto de cada año, sobre sus actividades antárticas programadas para el año siguiente, en cumplimiento del Plan Estratégico correspondiente.

Artículo 10.- Conducción de la Política Antártica Nacional, coordinación interministerial y de la representación internacional. Al Ministerio del Interior y Seguridad Pública y al Ministerio de Relaciones Exteriores corresponde, según sus competencias, el conocimiento y coordinación de todos los asuntos relativos al Territorio Chileno Antártico y a la Antártica en general, velando por que las actividades que se desarrollen en dicho continente se ajusten a los lineamientos de la Política Antártica Nacional y sean acordes con las normas internacionales que obligan a Chile.

Adicionalmente, al Ministerio de Relaciones Exteriores le corresponde colaborar con el Presidente de la República en la planificación, dirección, coordinación, ejecución, control e información de la política exterior de Chile en relación al continente Antártico, y asumir la representación nacional ante las instancias del Sistema del Tratado Antártico y las relaciones bilaterales sobre la materia.

Los diversos ministerios y entidades estatales con competencia sectorial en las actividades antárticas coordinarán su labor por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, con excepción del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y de los operadores antárticos dependientes del Ministerio de Defensa Nacional señalados en el artículo 15.

Artículo 11.- Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores en materia antártica. Será competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores:

1. Supervisar y coordinar la ejecución de la Política Antártica Nacional.

2. Coordinar la realización de las actividades nacionales en la Antártica en el marco del Programa Antártico Nacional.

3. Asesorar al Presidente de la República en la conducción de los aspectos políticos y diplomáticos de la Política Antártica Nacional.

4. Mantener las relaciones multilaterales y bilaterales con los Estados, organizaciones internacionales, foros y regímenes internacionales del Sistema del Tratado Antártico.

5. Velar por el cumplimiento de las normas del Sistema del Tratado Antártico, sin perjuicio de lo dispuesto en la letra d) del artículo 70 de la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

6. Coordinar todos los asuntos referentes a la Antártica en que participen los ministerios, organismos y reparticiones estatales con competencia en materia antártica.

7. Autorizar la realización de actividades no gubernamentales en la Antártica, de conformidad con lo previsto en esta ley y su reglamento.

Las funciones señaladas en el inciso anterior se ejercerán sin perjuicio de las competencias que tienen en el territorio antártico el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Ministerio de Defensa Nacional.

Artículo 12.- Funciones del Ministerio de Defensa Nacional en materia antártica. Será competencia específica del Ministerio de Defensa Nacional planificar, coordinar y ejercer la dirección de las actividades antárticas que efectúen las Fuerzas Armadas y entidades dependientes de la defensa nacional.

El ejercicio de las competencias del Ministerio de Defensa Nacional señaladas en el inciso anterior, y el empleo de su personal o equipo militar, deberán tomar en consideración que la Antártica se utilizará exclusivamente para fines pacíficos y científicos.

Artículo 13.- Operadores antárticos. Los operadores antárticos del Estado de Chile serán los encargados de organizar y realizar las actividades operativas, logísticas y científicas del país en la Antártica, y de la mantención de sus bases y estaciones, debiendo planificar y organizar su labor en coherencia con el Programa Antártico Nacional y en conformidad a los lineamientos que establezca el Consejo de Política Antártica.

Artículo 14.- Instituto Antártico Chileno. El Instituto Antártico Chileno, en adelante también “INACH”, tiene por principal misión planificar, coordinar, autorizar y realizar la actividad científica, tecnológica y de difusión en materias antárticas, y se rige por su estatuto orgánico. Para cumplir con su misión realizará y organizará todas las actividades operativas y logísticas que sean necesarias.

El Instituto Antártico Chileno en el cumplimiento de su respectiva misión institucional, podrá coordinarse directamente con los operadores antárticos dependientes del Ministerio de Defensa Nacional para los fines operativos y logísticos.

Artículo 15.- Operadores antárticos dependientes del Ministerio de Defensa Nacional. Los operadores antárticos dependientes del Ministerio de Defensa Nacional coordinarán sus actividades a través de ese ministerio, las que se regirán por los objetivos de la Política Antártica Nacional y los planes estratégicos que se elaboren para su cumplimiento.

La coordinación operativa y logística entre las Fuerzas Armadas se realizará a través del Estado Mayor Conjunto, y la coordinación entre estos Operadores y los demás ministerios con competencias en la materia se efectuará por medio de la Subsecretaría de Defensa.

En la ejecución del Programa Científico Nacional, los operadores antárticos dependientes del Ministerio de Defensa Nacional podrán prestar servicios de apoyo y operacionales al INACH.

Artículo 16.- Comité Operativo para la Evaluación de Impacto Ambiental sobre el Medio Ambiente Antártico. El Comité Operativo para la Evaluación de Impacto Ambiental sobre el Medio Ambiente Antártico es el órgano encargado de evaluar el impacto en el medio ambiente y certificar que las actividades y proyectos que se planifiquen para ser desarrollados en la Antártica cumplan con los requisitos ambientales dispuestos por las normas nacionales e internacionales respectivas.

El Comité Operativo para la Evaluación de Impacto Ambiental sobre el Medio Ambiente Antártico dependerá administrativamente del Ministerio de Medio Ambiente, y su composición y normas de funcionamiento estarán determinadas por el reglamento respectivo, que será dictado por ese ministerio y llevará, además, la firma del Ministro de Relaciones Exteriores.

Título III

Gobierno y Administración Interior del Territorio Chileno Antártico

Artículo 17.- Atribuciones del Delegado Presidencial Regional de la Región de Magallanes y Antártica Chilena. El Delegado Presidencial Regional de la Región de Magallanes y Antártica Chilena coordinará las iniciativas en la Antártica por instrucción del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, informando al Ministerio de Relaciones Exteriores. En particular le corresponderá:

1. Velar por el cumplimiento de la normativa nacional e internacional aplicable en la Antártica.

2. Difundir las disposiciones y medidas de protección al medioambiente antártico.

3. Administrar, según corresponda, los fondos que se destinen a actividades antárticas de gobierno interior.

4. Ejecutar y supervisar aquellas tareas que le disponga el Consejo de Política Antártica.

5. Facilitar la coordinación entre las autoridades de las bases antárticas chilenas.

6. Recibir las denuncias por infracciones a esta ley, a las normas de protección del medioambiente antártico y a la legislación general chilena por hechos acontecidos en la Antártica, sin perjuicio de las atribuciones de las demás autoridades competentes en la materia.

7. Toda otra facultad que le encomiende la legislación vigente.

En el ejercicio de sus funciones el Delegado Presidencial de la Región de Magallanes y Antártica Chilena deberá cumplir sus cometidos de forma coordinada con los órganos de la Administración del Estado, incluido el Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena, propendiendo a la unidad de acción y evitando la duplicación o interferencia de funciones, conforme al artículo 5 de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Artículo 18.- Atribuciones del Gobierno Regional de la Región de Magallanes y Antártica Chilena en la Antártica Chilena. El Gobierno Regional de la Región de Magallanes y Antártica Chilena ejercerá sus atribuciones en conformidad a la ley Nº 19.175, orgánica constitucional sobre Gobierno y Administración Regional. En particular le corresponderá:

1. Promover la identidad antártica.

2. Decidir la destinación de fondos regionales a proyectos específicos a desarrollarse en el territorio antártico.

3. Adoptar las medidas necesarias para enfrentar situaciones de emergencia o catástrofe, dentro de su competencia.

4. Fomentar y velar por la protección, conservación y mejoramiento del medio ambiente en el territorio antártico.

5. Fomentar el turismo en el territorio antártico, respetando el ecosistema y el derecho internacional.

6. Promover la investigación científica y tecnológica.

7. Fomentar, financiar y difundir actividades culturales en el territorio antártico.

8. Promover actividades deportivas en el territorio antártico.

9. Toda otra facultad que le encomiende la legislación vigente.

Las resoluciones que adopte el Gobierno Regional para ejercer una o más de sus atribuciones en materia antártica deberán ser ejecutadas en forma coherente con las políticas públicas nacionales vigentes, correspondiendo al ministro respectivo velar por aquello. Para estos efectos, se entenderá que existe dicha coherencia cuando el ejercicio de funciones por el Gobierno Regional no contradiga las políticas públicas nacionales y sea compatible con los principios o definiciones establecidas en aquéllas.

Asimismo, en dicho ejercicio se deberá actuar coordinadamente, propendiendo a la unidad de acción, evitando la duplicación o interferencia de funciones, en cumplimiento del artículo 5 de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Título IV

Financiamiento de la actividad antártica nacional

Artículo 19.- Financiamiento para las actividades en la Antártica. La Ley de Presupuestos del Sector Público deberá consultar anualmente recursos para financiar la actividad antártica nacional, especialmente de los operadores antárticos referidos en el número 11 del artículo 5.

Título V

Regulación de actividades antárticas

Artículo 20.- Uso y explotación de la Antártica y sus recursos. La Antártica se utilizará exclusivamente para fines pacíficos y con pleno respeto a los principios de protección ambiental y demás regulaciones impuestas por la presente ley, el Sistema del Tratado Antártico y otras disposiciones del derecho nacional e internacional que resulten aplicables.

El uso pacífico de la Antártica incluye las actividades científicas, tecnológicas, comerciales, turísticas, deportivas, artísticas y culturales y, en general, aquellas actividades que puedan realizarse de un modo racional y sostenible, y que sean planificadas y realizadas de forma que se prevenga y limite el impacto perjudicial sobre el medio ambiente antártico y los ecosistemas dependientes y asociados.

Artículo 21.- Actividades prohibidas. Está prohibido en la Antártica:

1. Efectuar explosiones nucleares y eliminar desechos radioactivos.

2. Realizar cualquier actividad relacionada con los recursos minerales, salvo la investigación científica, a menos que entre en vigor un régimen internacional jurídicamente obligatorio sobre tales actividades y condiciones en que ellas podrán ser aceptadas y que salvaguarde los derechos soberanos antárticos chilenos.

3. Introducir especies animales o vegetales no nativas o exóticas, salvo los casos especialmente contemplados en el artículo 37 y cumpliendo las condiciones que en él prescritas.

4. Descargar en el mar hidrocarburos petrolíferos o mezclas petrolíferas, de conformidad a lo previsto en el artículo 3 del Anexo IV del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente.

5. Descargar en el mar sustancias nocivas líquidas, de conformidad a lo previsto en el artículo 4 del Anexo IV del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente.

6. Eliminar todo tipo de basura y residuos en cualquier sector de la Antártica y sus mares circundantes, salvo en los casos especialmente autorizados por el Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente y sus Anexos o las normas internacionales sobre navegación marítima.

7. Descargar en el mar aguas residuales de conformidad a lo previsto en el artículo 6 del Anexo IV del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente.

8. Dañar, trasladar o destruir un sitio o monumento nacional o un sitio o monumento histórico designado en conformidad al Sistema del Tratado Antártico.

9. Cazar, capturar o sacrificar focas de conformidad a lo previsto en el punto 4 del Apéndice I de la Convención para la Conservación de las Focas Antárticas.

10. Toda captura, acción deliberada o interferencia dañina a los albatros y petreles, sus huevos o sus sitios de nidificación, salvo en los casos expresamente autorizados por el Acuerdo sobre la Conservación de Albatros y Petreles y sus Anexos.

11. En general, realizar cualquier tipo de actividad sin contar con las autorizaciones y evaluaciones ambientales correspondientes.

La ejecución de cualquiera de las acciones prohibidas en este artículo se sancionará conforme a lo que dispone el Título VI.

Artículo 22.- Actividades que requieren autorización previa. Está prohibido en la Antártica, a menos que se cuente con autorización expresa del Instituto Antártico Chileno:

1. Ingresar a una Zona Antártica Especialmente Protegida, designada de conformidad con lo previsto en el Anexo V del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente.

2. Efectuar una toma o intromisión perjudicial respecto a la fauna y flora antártica, conforme a las definiciones de la presente ley, y en particular respecto de las Especies Especialmente Protegidas, según lo previsto en el Anexo II del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente.

3. Introducir en la Antártica especies animales o vegetales no nativas o exóticas.

4. Introducir en la Antártica productos o elementos químicos potencialmente dañinos para el medio ambiente.

Un reglamento expedido por el Ministerio de Medio Ambiente, que llevará además la firma del Ministro de Relaciones Exteriores, establecerá los requisitos para la autorización de las acciones descritas anteriormente, en concordancia a lo previsto en el Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente y sus anexos, y fijará el procedimiento administrativo para su otorgamiento.

Artículo 23.- Autorización para realizar actividades antárticas no estatales. Toda actividad a desarrollarse en la Antártica por nacionales o extranjeros residentes requerirá la autorización previa de las autoridades competentes, excepto las actividades pesqueras o de extracción reguladas en el artículo 30 y las actividades científicas reguladas en el artículo 25.

Asimismo, requerirá esta autorización toda actividad en la Antártica que realice o en la que participe una persona extrajera, en los casos indicados en el número 2 del artículo 4.

Un reglamento expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y suscrito por los Ministerios del Interior y Seguridad Pública; Defensa Nacional; Economía, Fomento y Turismo, y Medio Ambiente, determinará el procedimiento para solicitar y obtener las autorizaciones a las que se refiere este artículo.

Artículo 24.- Realización de actividades estatales en la Antártica. Toda actividad realizada por órganos o entidades estatales, con excepción de las que realice el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y las actividades exclusivamente operativas y logísticas realizadas por los operadores antárticos, y aquellas señaladas en los artículos 25 y siguientes, deberán ser informadas al Ministerio de Relaciones Exteriores por la entidad estatal a cargo de su planificación.

Si el Ministerio de Relaciones Exteriores estima que la actividad pudiere producir algún tipo de contingencia o responsabilidad internacional deberá emitir un informe indicando las consecuencias jurídicas o políticas adversas debido a su realización.

Artículo 25.- Autorización y coordinación de las actividades científicas y tecnológicas antárticas. El Estado de Chile, a través de los distintos Ministerios y organismos con competencia en materia antártica, dará prioridad a la investigación científica y tecnológica y a la preservación de la Antártica como una zona para la realización de tales investigaciones.

Corresponderá al INACH planificar, coordinar, orientar y controlar las actividades científicas y tecnológicas que los organismos del Estado o particulares realicen en el Territorio Chileno Antártico o en el resto del continente Antártico.

Toda actividad científica o tecnológica a realizarse en la Antártica por chilenos o extranjeros residentes, ya sean personas naturales, personas jurídicas o instituciones, públicas o privadas, además de dar cumplimientos a todas las normas previstas en esta ley, deberá contar con la autorización previa del Instituto Antártico Chileno.

Asimismo, requerirá esta autorización toda actividad en la Antártica que realice o en la que participe una persona extrajera, en los casos indicados en el número 2 del artículo 4.

Artículo 26.- Autorización de zarpe y despegue de naves y aeronaves nacionales o que participan en alguna actividad antártica nacional. Toda nave, aeronave u otra embarcación que zarpe o despegue desde puertos o aeropuertos nacionales con destino a la Antártica deberá acreditar ante las autoridades marítimas o aeronáuticas correspondientes, mediante los respectivos certificados:

1. Que participa en una actividad autorizada de conformidad con los artículos 23 o 25.

2. Que la actividad cuenta con la evaluación de impacto ambiental a que se refiere el artículo 35.

3. Que la actividad cuenta con planes de emergencia para responder frente a incidentes e imprevistos que puedan tener efectos adversos para el medio ambiente antártico o sus ecosistemas dependientes y asociados, conforme a la normativa de seguridad aérea y marítima internacional y nacional vigente.

4. Que la actividad cuenta con los seguros vigentes exigidos por esta ley.

5. Que la actividad cuenta con la autorización del Instituto Antártico Chileno, cuando involucra el transporte hacia la Antártica de especies animales o vegetales no nativas o exóticas, o productos o elementos químicos potencialmente dañinos para el medio ambiente, de conformidad a lo previsto en los números 3 y 4 del artículo 22 precedente.

Las naves que realicen actividades pesqueras o de extracción deberán, además, cumplir con los requisitos especiales que fijen otras normas que les sean aplicables.

Las naves o aeronaves de propiedad del Estado de Chile estarán sujetas a igual procedimiento.

Las naves y aeronaves extranjeras que se encuentren de paso por los puertos o aeropuertos chilenos estarán eximidas de este procedimiento únicamente en cuanto acrediten haberse sometido a un procedimiento equivalente en sus Estados de origen. Al efecto, el responsable de la nave o aeronave o de la expedición que hace uso de ellas, según fuere el caso, deberá presentar certificado de autorización de su Estado de origen o del que sea nacional. La exención de que trata este inciso no libera a las citadas naves o aeronaves del cumplimiento de los demás requisitos generales para la autorización de su zarpe o despegue, según dispongan las autoridades marítimas o aeronáuticas chilenas.

El Estado de Chile suscribirá convenios de homologación con aquellos Estados que operan recurrentemente hacia la Antártica desde puertos o aeropuertos nacionales.

El incumplimiento de cualquiera de los requisitos contemplados en este artículo, así como en otras disposiciones de esta ley o de los reglamentos que se dicten conforme a ella, o de las normas generales chilenas, será motivo suficiente para no autorizar el zarpe o despegue, o para retener a la nave o aeronave que habiendo arribado o aterrizado proveniente de la Antártica pretenda proseguir su viaje. Lo anterior, sin perjuicio de las otras sanciones que pudiera corresponder en conformidad a lo dispuesto en esta ley.

Artículo 27.- Disposiciones especiales para actividades científicas. Toda actividad científica a realizarse en la Antártica por chilenos o extranjeros residentes, ya sean personas naturales, personas jurídicas o instituciones, públicas o privadas, además de dar cumplimientos a todas las normas y principios enunciados y tratados en esta ley, deberán contar con la autorización previa del Instituto Antártico Chileno.

Artículo 28.- Disposiciones especiales para actividades artísticas, culturales y deportivas. El Estado promoverá y apoyará la realización de actividades artísticas, culturales o deportivas relacionadas con la Antártica o a desarrollarse en ella, con el fin de incentivar el incremento de la identidad antártica chilena y la difusión de las actividades de Chile en dicho continente.

Sólo se brindará apoyo a actividades artísticas, culturales o deportivas particulares en la medida en que ello no afecte a las que se realizan conforme al Programa Antártico Nacional, que cuenten con las autorizaciones y evaluaciones de impacto ambiental dispuestas en esta ley, y que sean efectuadas bajo la responsabilidad de sus organizadores y participantes, respecto de los riesgos y eventuales daños que pudieran provocarse con ocasión de su realización.

Artículo 29.- Disposiciones especiales para actividades turísticas. El Estado promoverá y apoyará las actividades de turismo antártico, y controlará que cumplan con las normas de la presente ley y del reglamento dictado al efecto, y que promuevan el incremento de la identidad antártica chilena y la difusión de las actividades de Chile en dicho continente.

Todo operador que administre o ejecute actividades turísticas en la Antártica, ya sea a cuenta propia o a nombre de terceros, nacionales o extranjeros, deberá contar con seguros para responder por los costos de las acciones de contención o reparación que sean necesarias emprender ante eventuales daños ambientales que se causen con su ejecución.

Las naves o aeronaves empleadas en actividades turísticas estarán sujetas a las normas generales de esta ley.

Un reglamento expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, suscrito por el Ministro del Interior y Seguridad Pública, el Ministro de Economía, Fomento y Turismo, y el Ministro del Medio Ambiente, establecerá las condiciones y requisitos para realizar las actividades de turismo en la Antártica.

Artículo 30.- Disposiciones especiales para actividades pesqueras y otras actividades de captura de recursos vivos marinos antárticos. Las actividades pesqueras y otras actividades comerciales lícitas en relación con los recursos vivos marinos antárticos realizadas por personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras residentes en el país, estarán sujetas a las normas pertinentes de la Ley General de Pesca y Acuicultura, a las regulaciones que establezca la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, y a las medidas dictadas conforme o en cumplimiento de la Convención de Conservación de las Focas Antárticas, la Convención sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, el Acuerdo sobre la Conservación de Albatros y Petreles, y todo otro precepto aplicable del Sistema del Tratado Antártico vigentes, y las disposiciones de esta ley, salvo que sean expresamente exceptuadas.

Artículo 31.- Acciones de búsqueda y rescate. Los centros de coordinación de búsqueda y rescate marítimo y aéreo de Punta Arenas y los sub-centros que se establezcan en el Territorio Chileno Antártico serán los encargados de coordinar las acciones respectivas.

Para efectos de facilitar el cumplimiento de su función, todas las naves o aeronaves que zarpen o despeguen desde puertos o aeropuertos chilenos con destino a la Antártica, cualquiera sea su nacionalidad, naturaleza o dependencia, estatales o privadas, científicas, turísticas, pesqueras u otras, deberán informar a las autoridades pertinentes su plan de navegación o vuelo y comunicar su posición durante la travesía, a intervalos de tiempo regular y al menos diariamente, a los centros o sub-centros de búsqueda y rescate chilenos.

Artículo 32.- Notificación previa sobre la ejecución de expediciones antárticas. En función de la información contenida en el Programa Antártico Nacional y de las autorizaciones entregadas de conformidad con esta ley respecto a las expediciones gubernamentales y no gubernamentales programadas anualmente, y de la información que se tenga sobre expediciones a la Antártica de otros países que se organicen, planifiquen o partan desde Chile, el Ministerio de Relaciones Exteriores notificará por adelantado a la Secretaría del Tratado Antártico, a más tardar al día 15 de octubre de cada año, sobre la planificación y ejecución de las mismas, a fin de que dicha información sea transmitida a cada uno de los Estados Partes del Sistema del Tratado Antártico.

Las expediciones antárticas que no hayan sido informadas de conformidad con inciso anterior, se comunicarán dentro de diez días hábiles desde que se tenga conocimiento de ellas.

En particular, se informará sobre:

1. Toda expedición a la Antártica y dentro de la Antártica en la que participen naves o aeronaves nacionales, y sobre todas las expediciones a la Antártica que se organicen o partan desde el territorio nacional.

2. Todas las estaciones en la Antártica ocupadas por nacionales.

3. Todo personal o equipo militar que se proyecte introducir en la Antártica en apoyo de la investigación científica o con alguna de las otras finalidades autorizadas por el Tratado Antártico.

Título VI

Protección y conservación del medio ambiente antártico

Artículo 33.- Principio de protección y conservación del medioambiente antártico. Todas las actividades que se planifiquen o ejecuten en la Antártica deberán tener en cuenta la protección y conservación del medio ambiente antártico y los ecosistemas dependientes y asociados, y deberán efectuarse considerando prevenir y reparar las alteraciones al ecosistema que eventualmente produzcan tales actividades, de conformidad con lo previsto en el Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente.

Con tal finalidad, serán de cumplimiento obligatorio para toda expedición a la Antártica y dentro de ella, como las actividades que allí se realicen, en la que participen chilenos o naves o aeronaves nacionales, y para todas las expediciones a la Antártica que sean autorizadas por el Estado de Chile, tanto las normas que contempla esta ley y los reglamentos dictados conforme a ella como las medidas sobre protección y conservación de la flora y fauna antártica y del medio ambiente en general que se acuerden dentro de las instancias del Sistema del Tratado Antártico y que se encuentren vigentes.

Un reglamento expedido por el Ministerio de Medio Ambiente, suscrito por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Ministro de Relaciones Exteriores, fijará los criterios y parámetros que deberán seguirse en la planificación y ejecución de toda actividad a realizarse en la Antártica.

Artículo 34.- Eliminación y tratamiento de residuos. Toda actividad realizada en la Antártica se planificará y ejecutará considerando generar o tratar en ella la menor cantidad posible de residuos, con el fin de minimizar su repercusión en el medioambiente antártico y las interferencias con los valores naturales de la Antártica, con la investigación científica o con los otros usos lícitos de la Antártica.

El manejo de residuos se regirá por los principios de prevención, jerarquía y racionalidad ambiental.

Los residuos producidos por toda expedición a la Antártica y dentro de ella, o resultados de las actividades que allí se realicen, en la que participen chilenos o naves o aeronaves nacionales, y que haya sido organizada o autorizada en Chile, y en la medida que ello sea técnicamente posible, serán devueltos al territorio nacional americano. El resto de los residuos serán tratados o eliminados de modo de minimizar el daño o efectos ambientales de los mismos.

El almacenamiento, eliminación, tratamiento y remoción de residuos se efectuará conforme a los procedimientos que determine el reglamento respectivo. Asimismo, el reglamento determinará las sustancias y residuos cuya descarga o eliminación se encuentre prohibida en la Antártica en virtud de los acuerdos internacionales suscritos por Chile y que se encuentren vigentes.

Con el fin de reducir aún más el impacto de los residuos en el medio ambiente antártico, el Ministerio de Medio Ambiente preparará, revisará y actualizará los planes de tratamiento de residuos de las bases antárticas nacionales, así como los de las naves y aeronaves nacionales que se destinen para las actividades antárticas.

Artículo 35.- Evaluación de impacto ambiental de actividades antárticas. Durante la etapa de planificación de cualquier actividad que se desarrolle en la Antártica, de conformidad con los programas de investigación científica, con el turismo y con las actividades gubernamentales y no gubernamentales, especialmente de aquellas que requieran de notificación previa conforme al inciso tercero del artículo 32, así como las actividades de apoyo logístico correspondientes, deberán someterse a los procedimientos de evaluación de impacto sobre el medio ambiente antártico o en los ecosistemas dependientes o asociados. Se exceptúan de la evaluación contemplada en este artículo las actividades pesqueras y de extracción contempladas en el artículo 30.

Deberán someterse a una nueva evaluación de impacto ambiental las actividades descritas en el inciso primero cuando las afecte cualquier cambio significativo, sea que tal cambio se deba a un aumento o a una disminución de la intensidad de una actividad ya existente, a que se añada a ella una nueva actividad, al cierre de una instalación, o a cualquier otra causa.

Cuando alguna de tales actividades sea planificada conjuntamente por Chile y otro u otros Estados Partes del Sistema del Tratado Antártico, el Ministerio de Relaciones Exteriores coordinará la aplicación de los procedimientos de evaluación de impacto sobre el medio ambiente antártico a fin de determinar si se realizará en Chile o en otro Estado.

La evaluación de impacto ambiental será efectuada por el Comité Operativo para la Evaluación de Impacto Ambiental sobre el Medio Ambiente Antártico señalado en el artículo 16 y se regirá por el reglamento indicado en ese artículo, que fijará los contenidos mínimos de las propuestas de actividades o proyectos que se sometan a evaluación de impacto ambiental, según corresponda a cada una de las tres categorías que se señalan en el artículo siguiente; los parámetros e indicadores que permitan determinar sobre una base científica cuándo una actividad puede producir un impacto menos que mínimo o transitorio, mínimo o transitorio o más que mínimo o transitorio; y el procedimiento para la evaluación de impacto ambiental.

Artículo 36.- Categorías de Evaluación de Impacto Ambiental. Las evaluaciones de impacto ambiental de las actividades antárticas pueden ser:

1. Evaluación de impacto ambiental preliminar, si la actividad planificada causará menos que un impacto mínimo o transitorio.

2. Evaluación de impacto ambiental inicial, si la actividad antártica planificada causará un impacto mínimo o transitorio.

3. Evaluación de impacto ambiental global, si la actividad antártica causará más que un impacto mínimo o transitorio.

El operador de la actividad antártica podrá presentar una evaluación de impacto ambiental preliminar, inicial o global según lo estime pertinente, de acuerdo al nivel de impacto que prevé que pueda causar la actividad antártica que pretende desarrollar.

Si tras el estudio respectivo el Comité Operativo para la Evaluación de Impacto Ambiental sobre el Medio Ambiente Antártico determina que una evaluación de impacto ambiental preliminar cumple con los parámetros requeridos, lo certificará y comunicará al interesado que puede desarrollar la actividad en conformidad a lo informado. Asimismo, si determina que una evaluación de impacto ambiental inicial cumple con las exigencias pertinentes, lo certificará y comunicará al interesado que, una vez que se establezcan los procedimientos apropiados para evaluar y verificar el impacto ambiental de la actividad, puede dar inicio a la misma.

Aprobada la evaluación de impacto ambiental global por el Comité Operativo para la Evaluación de Impacto Ambiental sobre el Medio Ambiente Antártico, será presentada por el Ministerio de Relaciones Exteriores ante el organismo competente del Sistema del Tratado Antártico, conjuntamente con la autorización del artículo 23 y los antecedentes en que se funda, y se seguirá con el procedimiento internacional previsto en el artículo 3 del Anexo I del Protocolo al Tratado Antártico, antes de iniciar la actividad planificada.

Artículo 37.- Información a los operadores. Los operadores podrán acceder a información relevante sobre protección al medio ambiente antártico a través del Sistema Nacional de Información Ambiental establecido en el artículo 31 ter de la ley N° 19.300. Dicha información comprenderá, entre otros, las actividades prohibidas en la Antártica, la lista de Especies Especialmente Protegidas, las Zonas Especialmente Protegidas o Administradas, los monumentos históricos y las conductas que constituyen infracciones o delitos y sus respectivas sanciones.

Artículo 38.- Obligación de informar sobre daños al medioambiente antártico. Cualquier persona que tenga conocimiento de la ocurrencia de un daño al medio ambiente antártico, esté o no implicada en la producción del mismo, tendrá la obligación de comunicarlo a la brevedad a las autoridades nacionales mencionadas en el artículo 45.

Artículo 39.- Emergencias ambientales. En casos de emergencias ambientales en la Antártica, las autoridades pertinentes dispondrán una respuesta rápida y efectiva con todos los medios nacionales que estén en el área de la emergencia ambiental y podrán solicitar el apoyo de otros Estados Partes si fuere necesario.

El Ministerio de Medio Ambiente, en coordinación con los Ministerios del Interior y Seguridad Pública, de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, elaborará pautas o medidas para responder a los incidentes que puedan tener efectos adversos para el medio ambiente antártico o sus ecosistemas dependientes y asociados.

Artículo 40.- Daño al medio ambiente antártico. Todo daño ambiental en el Territorio Chileno Antártico, en la Antártica o en el Océano Austral, causado culposa o dolosamente por una persona natural o jurídica sujeta a la presente ley en virtud de lo dispuesto en el artículo 4, dará lugar a las acciones de reparación medioambiental previstas en la ley 19.300.

No procederá la acción para obtener la reparación del medio ambiente dañado cuando quien cometió el daño ejecutó satisfactoriamente un plan de reparación aprobado por la Superintendencia del Medio Ambiente.

Artículo 41.- Presunción. Se presume legalmente la culpa del autor del daño al medio ambiente antártico si en la realización de la actividad antártica que causó el daño ambiental existe infracción a las normas previstas en la presente ley, a los reglamentos dictados conforme a ella, o a las normas del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente y sus anexos.

Artículo 42.- Titularidad de la acción ambiental. El Estado de Chile, representado por el Consejo de Defensa del Estado, será el titular de la acción ambiental destinada a obtener la reparación del medio ambiente antártico dañado.

Esta disposición no obsta a la acción indemnizatoria que pueda presentar toda persona natural o jurídica, pública o privada, que haya sufrido el perjuicio en razón del daño ambiental.

Artículo 43.- Competencia. Será competente para conocer de la acción de reparación derivada del daño al medio ambiente antártico el tribunal ambiental que corresponda, de conformidad a lo previsto en el número 2° del artículo 17 de la ley Nº 20.600, y se le aplicarán las normas de procedimiento establecidas en dicha ley.

Artículo 44.- Norma subsidiaria. En lo no tratado en esta ley respecto a los temas ambientales, y en cuanto no sea contradictoria con la misma, se aplicará subsidiariamente la ley N° 19.300.

Título VII

Fiscalización y sanciones

Párrafo 1°

Autoridades competentes, infracciones y sanciones

Artículo 45.- Fiscalización. La fiscalización del cumplimiento de las disposiciones de los títulos V y VI de la presente ley y sus reglamentos será ejercida:

a) En el continente Antártico por los funcionarios del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea y del Instituto Antártico Chileno que se encuentren en dicho territorio. En el ejercicio de esta función fiscalizadora, los jefes de bases antárticas de cualquiera de estas instituciones tendrán la calidad de ministros de fe.

b) En el resto del país los funcionarios de la Armada, de la Dirección de Aeronáutica Civil y Carabineros quienes tendrán la calidad de ministros de fe.

Artículo 46.- Infracciones. Se castigará a la persona natural o jurídica que realice una actividad en la Antártica o en el Océano Austral e incurra en las siguientes conductas con las siguientes multas:

1. Al que realice una actividad en la Antártica sin contar con las autorizaciones y evaluación de impacto ambiental previstas en esta ley, con multa de 100 a 1.500 unidades tributarias mensuales.

2. Al que estando a cargo de una actividad antártica debidamente autorizada y que cuente con la evaluación del impacto ambiental, al momento de realizarla no cumpla estrictamente la planificación que fue establecida en la actividad o proyecto aprobado ambientalmente o la planificación de la actividad autorizada de conformidad a los artículos 23 o 25, con multa entre 100 y 1.000 unidades tributarias mensuales.

3. Al que eliminare cualquier tipo de basura en el mar de la Antártica en los términos previstos en el artículo 5 del Anexo IV del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente o eliminare cualquier tipo de basura o residuo en la Antártica, sea en el mar o en tierra, en infracción a los procedimientos establecidos en el reglamento, con multa entre 100 y 1.000 unidades tributarias mensuales.

4. Al que descargare en el mar de la Antártica aguas residuales en los términos previstos en el artículo 6 del Anexo IV del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, con multa de 100 a 1.000 unidades tributarias mensuales.

Las multas establecidas en los numerales anteriores serán aplicables sin perjuicio de las acciones establecidas en los artículos 34 y siguientes.

Artículo 47.- Competencia. Serán competentes para conocer de las infracciones consagradas en el artículo anterior y de las infracciones a los reglamentos señalados en la presente ley, el Juez de Policía Local de Punta Arenas, sin perjuicio del lugar donde ésta se hubiese verificado. Asimismo, será éste el competente para conocer de los casos en que la infracción hubiese sido cometida en la Antártica o en el Océano Austral, ambos definidos en el artículo 5.

Artículo 48.- Procedimiento. El Juez de Policía Local conocerá de las infracciones en conformidad al procedimiento establecido en la ley Nº 18.287, con las modificaciones que se señalan a continuación:

1. Los funcionarios indicados en el artículo 39 que sorprendan infracciones a la presente ley y sus reglamentos deberán denunciarlo al juzgado de policía local competente y citar personalmente al inculpado, si estuviere presente por escrito, o si estuviere ausente mediante nota que dejarán en un lugar visible del domicilio del infractor o en la nave o embarcación utilizada, para que comparezca a la audiencia más próxima, indicando día y hora bajo apercibimiento de proceder en su rebeldía.

2. La citación para que comparezca a la audiencia no podrá hacerse para antes del décimo ni después del vigésimo quinto día hábil siguiente a la fecha de la notificación. En el evento que el denunciado resida en un lugar alejado a aquél en el que se realizó la denuncia, éste podrá concurrir al juzgado de policía local de su residencia para formular sus descargos por escrito y solicitar que, por medio de exhorto, se recabe la resolución del caso. El juez exhortado comunicará al exhortante la sentencia dictada.

3. La denuncia que se formule al juzgado de policía local deberá contener todos los detalles y antecedentes necesarios para la correcta individualización del denunciado, el número de su cédula de identidad u otro documento de identificación, y los hechos constitutivos de la infracción y la norma o normas precisas infringidas.

4. Los funcionarios indicados en el artículo 39 no podrán detener ni ordenar la detención de los que sorprendan in fraganti cometiendo una infracción, a menos de tratarse de una persona que no dé caución suficiente de que comparecerá a la audiencia que se le cite. El juez pondrá en conocimiento del detenido la denuncia respectiva y lo interrogará de acuerdo a su contenido.

Siempre que se prive de libertad a una persona se dará estricto cumplimiento a las disposiciones del Código Procesal Penal que obligan a informarle del motivo de la detención al momento de practicarla, y a comunicar a su familia, a su abogado o a la persona que indique el hecho de haber sido privado de libertad y su motivo.

Los que permanecieren detenidos serán puestos inmediatamente a disposición del juzgado de policía local, si fuere hora de despacho, o a primera hora de la audiencia más próxima, en caso contrario.

5. En caso de que el inculpado reconociera ante el tribunal su participación en los hechos constitutivos de la falta que se le atribuye y se allanare a la sanción que el mismo tribunal le advirtiere que contempla la ley para estos casos, se dictará sentencia definitiva de inmediato, la que no será susceptible de recurso alguno. El juez, en este evento, podrá no aplicar la sanción en su grado máximo, pudiendo considerar la reducción de ésta en no más de un veinte por ciento.

6. Para la determinación de las multas el juez tendrá en consideración, especialmente, si producto de la infracción se produjera daño ambiental y la entidad de éste o la potencialidad de haberlo causado, cuando el infractor sea reincidente o haya incurrido en faltas reiteradas a la presente ley.

7. El juez no podrá conmutar la multa, en todo o en parte, por la realización de trabajos en beneficio de la comunidad.

Artículo 49.- Deber de informar. Toda sentencia firme condenatoria recaída en procesos por infracciones de la presente ley deberá ser comunicada al más breve plazo por los tribunales competentes al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Artículo 50.- Prescripción. Las acciones para perseguir las infracciones de esta ley prescribirán en el plazo de cinco años, contado desde la fecha en que se cometió la infracción.

Las sanciones que se impongan prescribirán en el plazo de cinco años, contado desde que quede firme la sentencia condenatoria, según corresponda.

Párrafo 2°

De los delitos especiales en materia antártica

Artículo 51.- Competencia. Serán competentes para investigar y perseguir la responsabilidad de los delitos consagrados en este párrafo, cuando éstos sean cometidos en el territorio de la Antártica y en el Océano Austral, la fiscalía regional de Punta Arenas, y su conocimiento corresponderá al juzgado de garantía y al tribunal de juicio oral en lo penal de Punta Arenas.

Artículo 52.- Delitos especiales.

1. El que realice explosiones nucleares o elimine desechos radioactivos en la Antártica o en el Océano Austral será sancionado con pena de presidio mayor en sus grados medio a máximo.

2. El que realice cualquier actividad relacionada con los recursos minerales en la Antártica, en el Océano Austral o en la plataforma continental de la Antártica, a menos que dicha actividad sea con fines científicos y haya sido autorizada de conformidad con la presente ley, será sancionado con presidio menor en su grado medio a presidio menor en su grado máximo, y multa de 500 a 1500 unidades tributarias mensuales.

3. El que realice una toma, en los términos establecidos en el número 7 del artículo 5, en el área del Tratado Antártico sin contar con la autorización del Instituto Antártico Chileno o que al realizarla se exceda de la autorización respectiva será sancionado con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo, y multa de 500 a 1500 unidades tributarias mensuales.

4. El que realice una intromisión perjudicial, en los términos establecidos en el número 8 del artículo 5, sin contar con la autorización del Instituto Antártico Chileno o que al realizarla se exceda de la autorización respectiva será sancionado con presidio menor en su grado máximo y multa de 300 a 1200 unidades tributarias mensuales.

5. El que realice cualquier descarga en el mar de hidrocarburos petrolíferos o mezclas petrolíferas, excepto en los casos autorizados por el Anexo I del MARPOL 73/78, será sancionado con pena de presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de 500 a 1500 unidades tributarias mensuales. Sin perjuicio de lo anterior, se considerarán autorizadas:

a) Las descargas en el mar de hidrocarburos petrolíferos o de mezclas petrolíferas resultantes de averías sufridas por un buque o por sus equipos:

i. Siempre que después de producirse la avería o de descubrirse la descarga se hayan tomado todas las precauciones razonables para prevenir o reducir a un mínimo tal descarga; y

ii. Salvo que el propietario o el capitán haya actuado ya sea con la intención de causar la avería o con imprudencia temeraria y a sabiendas de que era muy probable que se produjera la avería.

b) Las descargas en el mar de sustancias que contengan hidrocarburos petrolíferos cuando sean empleados para combatir casos concretos de contaminación a fin de reducir los daños resultantes de tal contaminación.

6. El que descargue en el mar cualquier sustancia nociva líquida o cualquier otra sustancia química, en cantidades o concentraciones perjudiciales para el medio marino, será sancionado con presidio menor en sus grados medio a máximo y con multa de 500 a 1500 unidades tributarias mensuales.

7. El que cause daño, traslade o destruya un sitio o monumento histórico nacional o uno designado en conformidad al Sistema del Tratado Antártico será sancionado con pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de 300 a 1000 unidades tributarias mensuales.

8. El que cace, capture o dé muerte a uno o varios ejemplares de focas en los términos y zonas establecidas en el punto 4 del Apéndice I de la Convención para la Conservación de las Focas Antárticas será sancionado con la pena de presidio mayor en su grado mínimo y multa de 300 a 1200 unidades tributarias mensuales.

El que tenga, posea, transporte, desembarque, elabore o efectúe cualquier proceso de transformación, así como comercialice o almacene las especies vivas o muertas o parte de éstas mencionadas en este numeral, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo y multa de 300 a 1200 unidades tributarias mensuales.

Título VIII

Disposiciones finales

Artículo. 53.- Gasto Fiscal.- La aplicación de la presente ley no irrogará mayor gasto fiscal.

Artículo 54.- Intercálase en el inciso segundo del artículo 52 de la ley N° 21.080, que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de modernizar el Ministerio de Relaciones Exteriores, el siguiente numeral 8, nuevo, pasando el actual 8 a ser número 9, y así sucesivamente:

“8. El Gobernador Regional de la Región de Magallanes y Antártica Chilena.”.

Disposiciones transitorias

Artículo primero.- La presente ley comenzará a regir ciento ochenta días después de su publicación en el Diario Oficial.

Artículo segundo.- Dentro del plazo de dos años, contado desde la entrada en vigencia de esta ley, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en conjunto con los demás ministerios que corresponda si así fuera el caso, deberá dictar los reglamentos dispuestos en la presente ley o aquellos que resulten indispensables para su acertado cumplimiento.

Artículo tercero.- En el tiempo que medie entre la entrada en vigencia de la presente ley y la fecha en que comiencen sus funciones los delegados presidenciales regionales y los gobernadores regionales, todas las menciones efectuadas en esta ley a dichos cargos, deben entenderse efectuadas al intendente regional.”.

- - -

Acordado en sesiones celebradas los días 10 de abril de 2019, con asistencia de los Honorables Senadores señor Kenneth Pugh Olavarría (Presidente), señoras Luz Ebensperger Orrego, Carolina Goic Boroevic y Ximena Órdenes Neira y señores Carlos Bianchi Chelech, José Miguel Durana Semir, José Miguel Insulza Salinas, Iván Moreira Barros, David Sandoval Plaza y Jorge Soria Quiroga, 24 de abril de 2019, con asistencia de los Honorables Senadores señor Kenneth Pugh Olavarría (Presidente), señoras Luz Ebensperger Orrego, Carolina Goic Boroevic y Ximena Órdenes Neira y señores Carlos Bianchi Chelech, Francisco Chahuán Chahuán, José Miguel Durana Semir, Ricardo Lagos Weber, Iván Moreira Barros y Jorge Soria Quiroga, 8 de mayo de 2019, con asistencia de los Honorables Senadores señor Kenneth Pugh Olavarría (Presidente), señoras Luz Ebensperger Orrego, Carolina Goic Boroevic y Ximena Órdenes Neira y señores Carlos Bianchi Chelech, José Miguel Durana Semir, Ricardo Lagos Weber y David Sandoval Plaza, y 5 de junio de 2019, con asistencia de los Honorables Senadores señor Kenneth Pugh Olavarría (Presidente), señoras Luz Ebensperger Orrego, Carolina Goic Boroevic y Ximena Órdenes Neira y señores Carlos Bianchi Chelech, Francisco Chahuán Chahuán, José Miguel Durana Semir, José Miguel Insulza Salinas, Juan Ignacio Latorre Riveros, Iván Moreira Barros, Manuel José Ossandón Irarrázabal y David Sandoval Plaza.

Sala de la Comisión, a 7 de junio de 2019.

Magdalena Palumbo Ossa

Secretaria Abogada

RESUMEN EJECUTIVO

PRIMER INFORME DE LA COMISIÓN DE ZONAS EXTREMAS Y TERRITORIOS ESPECIALES RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY, EN SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE ESTABLECE EL ESTATUTO CHILENO ANTÁRTICO.

(BOLETIN Nº 9.256-27-27)

I.-OBJETIVO DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN: la iniciativa de ley persigue los siguientes objetivos: por una parte, impulsar la activa participación en la gestación, implementación y desarrollo de un régimen antártico efectivo, a partir del Tratado Antártico de 1959, y, por otra, adecuar las normas de derecho interno que rigen en el Estado de Chile.

II.-ACUERDOS: aprobado en general por la unanimidad de sus miembros presentes (12x0).

III.-ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: la iniciativa de ley se estructura en base a 54 artículos permanentes y tres disposiciones transitorias.

IV.-NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: los artículos 43, 47 y 51 permanentes del texto propuesto tienen el rango de normas orgánicas constitucionales, por lo que requerirán para su aprobación, modificación o derogación en la Sala, de las cuatro séptimas partes de los senadores en ejercicio.

V.-URGENCIA: suma.

VI.-ORIGEN INICIATIVA: Cámara de Diputados. Mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, señor Sebastián Piñera Echeñique.

VII.-TRÁMITE CONSTITUCIONAL: segundo.

VIII.APROBACIÓN POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS: aprobado por la mayoría de los miembros presentes (139 x 0 x 1 abstención).

IX.- INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 23 de enero de 2019.

X.-TRÁMITE REGLAMENTARIO: primer informe, en general.

XI.-NORMAS CONSTITUCIONALES O LEGALES QUE MODIFICA O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA:

1.- Tratado Antártico, suscrito en Washington el día 1 de diciembre de 1959.

2.- Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, suscrita en Canberra el día 11 de septiembre de 1980.

3.- Convención para la Conservación de las Focas Antárticas, suscrita en Londres el día 28 de diciembre de 1972.

4.- Protocolo del Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, suscrito en Madrid el día 4 de octubre de 1991.

5.- Artículo 14 del Código Civil.

6.- Ley N° 21.080, que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de Modernizar el Ministerio de Relaciones Exteriores.

7.- Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

8.- Decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 2001, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

9.- Decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio del Interior, de 2005, que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la ley N° 19.175, orgánica constitucional sobre Gobierno y Administración Regional.

10.-Decreto N° 430, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de 1992, Ley General de Pesca y Acuicultura.

11.-Ley N° 20.600, que crea los Tribunales Ambientales.

12.- Ley N° 18.287, que establece procedimiento ante los Juzgados de Policía Local.

13.- Código Procesal Penal.

14.- Código Penal.

15.- Ley N° 11.846, que dispone que corresponderá al Intendente de Magallanes el conocimiento y resolución de los asuntos administrativos referentes a la Antártida Chilena o Territorio Antártico Chileno.

16.- Decreto supremo N° 298, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 1956, que aprueba el Estatuto del Territorio Antártico Chileno.

17.- Decreto N° 429, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 2000, que aprueba la Política Antártica Nacional.

Valparaíso, a 7 de junio de 2019.

Magdalena Palumbo Ossa

Secretaria Abogada

2.2. Primer Informe de Comisión de Relaciones Exteriores

Senado. Fecha 11 de julio, 2019. Informe de Comisión de Relaciones Exteriores en Sesión 34. Legislatura 367.

?INFORME DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que Establece el Estatuto Chileno Antártico.

BOLETÍN N° 9.256-27.

__________________________________

HONORABLE SENADO:

La Comisión de Relaciones Exteriores tiene el honor de emitir su informe acerca del proyecto de ley individualizado en el epígrafe, iniciado en Mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, señor Sebastián Piñera Echeñique, con urgencia calificada de “suma”.

A una o más de las sesiones en que la Comisión consideró esta iniciativa de ley asistieron, además de sus miembros, la Honorable Senadora señora Goic y los Honorables Senadores señores Guillier y Pizarro.

Asimismo, a una o más de las sesiones en que se analizó el proyecto de ley en informe, asistieron, especialmente invitados, del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministro, señor Teodoro Ribera; la Directora General de Asuntos Jurídicos, señora Mariana Durney; el Primer Secretario de la Dirección Antártica, señor Carlos Gajardo; el asesor de la Dirección Antártica, señor John Ranson; el abogado de la Dirección de Asuntos Jurídicos, señor Gonzalo Muñoz; el jefe de gabinete del Ministro, señor Carlos Bonomo; el asesor del Ministro, señor Diego Bunster, y la Directora de Prensa, señora Verónica Arqueros.

Del Ministerio de Defensa Nacional, el Ministro, señor Alberto Espina; el Jefe de Gabinete, señor Pablo Urquízar; el ayudante naval, señor Santiago Díaz, y la asesora jurídica del Gabinete, señora Bárbara Cortés.

De la Intendencia de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, el Intendente, señor José Adolfo Fernández, y el asesor, señor José Fernández.

De la Universidad de Magallanes, el Vicerrector de Investigación y Postgrado, Doctor Andrés Mansilla, y el asesor de la Universidad de Magallanes y del Instituto de Ecología y Biodiversidad, señor Eduardo Barros.

Además, estuvieron presentes en una o más sesiones, el Director de Asuntos Parlamentarios de la Cancillería, señor Eduardo Salinas.

De la Secretaría General de la Presidencia, la procuradora legislativa, señora Mikaela Romero, y el asesor, señor Cristián Eyzaguirre.

De la Biblioteca del Congreso Nacional, los asesores legislativos, señora Andrea Vargas y señor Juan Pablo Jarufe.

De la oficina del Senador Bianchi, la asesora, señora Constanza Sanhueza.

De la oficina de la Senadora Goic, el asesor, señor Jorge Pereira.

De la oficina del Senador Guillier, el jefe de gabinete, señor Enrique Soler, y la asesora legislativa, señora Natalia Alviña.

De la oficina del Senador Insulza, las asesoras, señoras Lorena Escalona y Ginette Joignant.

De la oficina del Senador Lagos, los asesores, señor Abdón Oyarzún y señora Loretto Rojas.

De la oficina del Senador Moreira, el asesor legislativo, señor Raúl Araneda.

De la oficina del Senador Ossandón, la jefa de gabinete, señora María Angélica Villadangos, y el asesor legislativo, señor José Tomás Hughes.

De la oficina del Senador Pizarro, la periodista, señora Andrea Gómez.

De la oficina del Senador Pugh, el asesor, señor Pascal de Vidts.

Del Comité del Partido Socialista, la asesora legislativa, señora Evelyn Pino.

Del Comité Unión Demócrata Independiente, la periodista, señora Karelyn Lüttecke.

Del diario El Mercurio, el reportero, señor Franco Rienzi.

Cabe señalar que, conforme a lo dispuesto por el artículo 36 del Reglamento del Senado, la iniciativa de ley fue discutida solamente en general.

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Asimismo, se hace presente que, el 20 de marzo de 2019, la Sala del Senado remitió el proyecto a la Comisión Especial de Zonas Extremas y Territorios Especiales, para que fuera estudiado por dicha instancia. No obstante, por acuerdo de 10 de abril del mismo año, la Sala acordó que la iniciativa fuera informada también por la Comisión de Relaciones Exteriores.

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NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL

La Comisión de Relaciones Exteriores se remite, al efecto, a lo expresado sobre el particular por la Comisión Especial de Zonas Extremas y Territorios Especiales, en su primer informe. Por tanto, los artículos 43, 47 y 51 permanentes del texto propuesto tienen el rango de normas orgánicas constitucionales.

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Igualmente, se deja constancia que, mediante oficio de fecha 8 de enero de 2019, la Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena de la Honorable Cámara de Diputados, conforme a lo dispuesto por los incisos segundo y tercero del artículo 77 de la Constitución Política de la República y el artículo 16 de la ley N° 18.918, solicitó el parecer de la Excma. Corte Suprema respecto a las normas contenidas en los artículos 43, 47, 48 y 51 del proyecto aprobado por esa instancia legislativa, normas que posteriormente fueron aprobadas en los mismos términos por la Sala de la Honorable Cámara de Diputados.

La Excma. Corte respondió mediante oficio N° 20-2019, de fecha 30 de enero de 2019, emitiendo su parecer sobre las normas consultadas, como también de otras disposiciones del proyecto que fueron analizadas por el máximo tribunal. Cabe destacar que la Corte ya había informado el proyecto mediante oficio N°116-2014, de 10 de diciembre de 2014.

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OBJETIVO DEL PROYECTO DE LEY

La iniciativa de ley persigue, por una parte, impulsar la activa participación en la gestación, implementación y desarrollo de un régimen antártico efectivo, a partir del Tratado Antártico de 1959, y, por otra, adecuar las normas de derecho interno que rigen en el Estado de Chile sobre la materia.

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ANTECEDENTES

Para el estudio de esta iniciativa de ley, se han tenido en consideración, entre otros, los siguientes antecedentes:

ANTECEDENTES JURÍDICOS

1.- Tratado Antártico, suscrito en Washington el día 1 de diciembre de 1959.

2.- Convención para la Conservación de las Focas Antárticas, suscrita en Londres el día 28 de diciembre de 1972.

3.- Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, suscrita en Canberra el día 11 de septiembre de 1980.

4.- Protocolo del Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, suscrito en Madrid el día 4 de octubre de 1991.

5.- Artículo 14 del Código Civil.

6.- Código Penal.

7.- Código Procesal Penal.

8.- Ley N° 11.846, que dispone que corresponderá al Intendente de Magallanes el conocimiento y resolución de los asuntos administrativos referentes a la Antártida Chilena o Territorio Antártico Chileno.

9.- Ley N° 18.287, que establece procedimiento ante los Juzgados de Policía Local.

10.- Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

11.- Ley N° 19.726, que establece la agrupación de comunas Cabo de Hornos y Antártica.

12.- Ley N° 20.600, que crea los Tribunales Ambientales.

13.- Ley N° 21.080, que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de modernizar el Ministerio de Relaciones Exteriores.

14.- Decreto supremo N° 298, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 1956, que aprueba el Estatuto del Territorio Antártico Chileno.

15.-Decreto supremo N° 430, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de 1992, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.892, de 1989 y sus modificaciones, Ley General de Pesca y Acuicultura.

16.- Decreto supremo N° 429, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 2000, que aprueba la Política Antártica Nacional.

17.- Decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 2001, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

18.- Decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio del Interior, de 2005, que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la ley N° 19.175, orgánica constitucional sobre Gobierno y Administración Regional.

ANTECEDENTES DE HECHO

El Mensaje que da inicio al proyecto de ley en estudio hace presente que Chile tiene una larga tradición antártica, fundada en razones geográficas, históricas y jurídicas. Asegura que la Política Antártica de Chile ha sido definida sobre la base de tales elementos y, teniendo en consideración que el país es Parte del Tratado Antártico, adoptado en 1959, vigente desde 1961.

Precisado lo anterior, pone de relieve que el proyecto tiene dos objetivos esenciales: por una parte, impulsar la activa participación en la gestación, implementación y desarrollo de un régimen antártico efectivo, a partir del Tratado Antártico de 1959, y por otra, adecuar las normas de derecho interno que rigen, las que requieren actualizarse, según las nuevas exigencias propias del marco internacional que rige en el país, así como para que expresen, de manera clara y eficaz, la forma en que Chile ejerce sus competencias y asume sus obligaciones en el marco del Tratado Antártico.

Destaca, también, que el Tratado Antártico es el principal instrumento regulador de las actividades antárticas y goza de reconocimiento y prestigio internacional. El Tratado, continúa, constituyó una respuesta de la época a desafíos de cooperación política y científica, y contó con la participación de todos los países que habían formulado reclamaciones de soberanía sobre el territorio antártico: Chile, Argentina, Australia, Nueva Zelanda, Francia, Reino Unido y Noruega, más los Estados Unidos de América y la Unión Soviética, incorporándose a la negociación Bélgica, Japón y Sudáfrica.

Adentrándose en el contenido del Tratado Antártico, el Mensaje señala que este consagra los siguientes principios fundamentales:

a. La libertad de investigación científica.

b. La utilización de la Antártica únicamente para fines pacíficos.

c. La prohibición de las explosiones nucleares y la eliminación de desechos radiactivos.

Agrega que el mencionado Tratado se aplica a todas las tierras e islas situadas al sur de los 60º de Latitud Sur, incluidas las barreras de hielo, y no afecta los derechos de cualquier Estado conforme al Derecho Internacional en lo relativo a la alta mar dentro de esa región.

Siguiendo con la presentación de la iniciativa de ley, el Mensaje sostiene que, desde la entrada en vigencia del Tratado Antártico, en 1961, una de las materias que han priorizado los Estados Parte ha sido el establecimiento de reglas aplicables a la presencia del hombre y el impacto de sus actividades, unido al desarrollo de un marco normativo para el medio ambiente y sus ecosistemas dependientes y asociados. De esta forma, prosigue, se acuñaron conceptos, tales como, el enfoque ecosistémico, la conservación de los recursos vivos marinos antárticos, la evaluación obligatoria del impacto ambiental y la preservación del carácter excepcional de la Antártica como laboratorio natural en el planeta.

Adicionalmente, subraya, desde la celebración del Tratado, se adoptaron recomendaciones, que dieron, a su vez, origen a tratados o convenciones para regular ámbitos específicos de la acción del hombre y del Estado en la Antártica.

En línea con lo anterior, puntualiza que un primer paso significativo fueron las Medidas Acordadas para la Conservación de la Flora y Fauna de la Antártida (1964), donde se definió esa región como una “Zona Especial de Conservación”. En los años posteriores, añade, se adoptó la Convención para la Conservación de las Focas Antárticas (1972), que dio una primera respuesta ante una actividad económica que había tenido un severo impacto en el recurso. Posteriormente, agrega, las Partes adoptaron la “Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos”, de 1980. Indica que un instrumento negociado posteriormente fue la “Convención para la Reglamentación de las Actividades sobre Recursos Minerales Antárticos”, adoptada en 1988. Sin embargo, acota, esta Convención no entró en vigencia. Manifiesta que la prospección, exploración y explotación minera ha sido prohibida por 50 años, en virtud del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección al Medio Ambiente, de 1991.

Ahondando en el último instrumento citado, resalta que el tratado de 1991 constituye un pilar fundamental del sistema de cooperación generado a partir de este. En efecto, detalla, el Protocolo establece principios altamente exigentes respecto de las actividades a conducir en ese continente y sus espacios marítimos circundantes y reitera el concepto de la preservación de la Antártica con fines exclusivamente pacíficos. Además, añade, mediante el Protocolo, las Partes se comprometen con la protección global del medio ambiente antártico y de sus ecosistemas dependientes y asociados, y se declara la Antártica como reserva natural consagrada a la paz y a la ciencia.

Tras nombrar los instrumentos internacionales que rigen en el territorio antártico, afirma que el proyecto propuesto tiene en cuenta estos antecedentes fundamentales del marco jurídico internacional. Por otra parte, destaca, la Política Antártica Nacional es un componente de derecho interno esencial para dar eficacia a los principios y normas internacionales, así como para el ejercicio de las competencias del Estado chileno en el continente, y particularmente, en el territorio antártico chileno, entre los meridianos 53° y 90° de Longitud Oeste, y los espacios marítimos circundantes. Esta dualidad de la Política Antártica chilena obliga a actuar responsablemente tanto en el seno del Tratado Antártico como en el ámbito interno, buscando siempre ejercer de forma integral los derechos que corresponden al Estado, pero, al mismo tiempo, consciente de los deberes emanados del derecho internacional.

Sostiene que la Política Antártica Nacional, por su parte, ha afirmado como propósitos fundamentales de la actuación nacional en la materia los de proteger y fortalecer los derechos antárticos de Chile, con claros fundamentos geográficos, históricos y jurídicos; fortalecer y acrecentar la influencia de Chile en el Sistema del Tratado Antártico; participar de un modo efectivo en el Sistema del Tratado Antártico y fortalecer la institucionalidad antártica nacional.

El Mensaje hace presente, además, que la puesta en práctica de estos objetivos es una tarea permanente, y enfatiza que la actualización y adecuación de la legislación nacional para la Antártica es uno de sus pilares fundamentales. Agrega que esto implica tener en consideración que Chile es un país con derechos antárticos y operador de actividades en el continente y en el mar, además de cumplir un papel en la comunidad científica antártica. Junto a esto, destaca, se suma el hecho que ha definido un interés especial en su calidad de país puente hacia y desde la Antártica.

Por otro lado, el Mensaje en que se origina la iniciativa de ley resalta que Chile posee una doble misión en materia antártica: es Parte del Tratado Antártico del año 1959 y participante activo del sistema derivado de aquel. En consecuencia, debe contar con medios institucionales, presupuestarios y administrativos, sustentados en una sólida comunidad científica, además de una logística de calidad, apoyada en una legislación apropiada.

En sintonía con el punto anterior, destaca que este proyecto tiene por objeto la puesta al día de la legislación interna antártica, que en sus bases fundamentales data de un período previo a 1959.

Desde esta perspectiva, precisa, la ley que se propone debe ser un instrumento regulador eficiente del actuar de Chile en la Antártica, entregando herramientas jurídicas y administrativas para llevar adelante la Política Antártica Nacional, con una visión coordinada al interior del Estado y de largo plazo. Sostiene que, por otra parte, el país debe dotarse de mecanismos que permitan la aplicación e implementación regular, por los organismos competentes de los tratados internacionales que integran el Sistema del Tratado Antártico.

Siguiendo con el desarrollo del punto anterior, pone de relieve que la promulgación de una Ley Antártica cumplirá, por tanto, varios objetivos. Asegura que el más importante y permanente es el fortalecimiento de la capacidad del Estado chileno para preservar sus derechos e intereses, en un marco de cooperación y responsabilidad. Precisa que esto implica desarrollar principios y medios para que las decisiones internas en el plano antártico estén orientadas por el cumplimiento de las obligaciones que impone el Sistema del Tratado Antártico, al mismo tiempo que se desarrollan mecanismos para asegurar que la planificación, organización y ejecución de las actividades de operadores estatales y no estatales chilenos o que tienen su base en el país, se sujeten al control jurisdiccional chileno correspondiente, así como a las reglas vigentes a nivel internacional.

Subraya que como marco normativo interno rige el decreto con fuerza de ley Nº 161, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 1978, que fija el Estatuto Orgánico de esa Secretaría de Estado. Destaca que dicho texto normativo establece, en su artículo 1º, que le corresponde a este, entre otras materias, coordinar las actividades de los distintos ministerios y organismos públicos en aquellos asuntos que inciden en la política exterior e intervenir en todo lo relacionado con la determinación y demarcación de las fronteras y límites del país, así como en todas las cuestiones que atañen a sus zonas fronterizas, a sus espacios aéreos y marítimos y a la política antártica, en general.

Hace presente que, desde el punto de vista del derecho interno, deben tenerse en cuenta también dos fuentes principales: la ley N° 11.846, de 1955, y el decreto supremo N° 298, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 1956. Puntualiza que los aludidos textos legales consagran importantes normas sobre las atribuciones de la Cancillería y la jurisdicción respecto de actividades en la región antártica. Asevera que las citadas disposiciones deben actualizarse, a la luz de los desarrollos del Sistema del Tratado Antártico y de la propia legislación e institucionalidad interna chilena.

Relata que, para cumplir dichos objetivos respecto de la Política Antártica Nacional, el Ministro de Relaciones Exteriores preside el Consejo de Política Antártica, organismo colegiado interministerial en que participan las principales autoridades implicadas en las actividades nacionales en la Antártica. Informa que al organismo mencionado se suma la Dirección de Antártica y el Instituto Antártico Chileno (INACH), instancias alojadas en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Recuerda que el año 2000, el Estado de Chile aprobó la Política Antártica Nacional, mediante la dictación del decreto supremo Nº 429, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Acota que dicha norma contempla como uno de los objetivos fundamentales de Chile, la protección y fortalecimiento de los derechos antárticos en el sector, la prevención de controversias internacionales que pudieren afectar la paz y convivencia en el continente, la promoción de los principios que establece el Tratado Antártico y la consolidación del Sistema Antártico.

Expresa que, para lograr este objetivo, se concordó la necesidad de fortalecer la institucionalidad antártica chilena, debiendo el Consejo de Política Antártica recomendar al Presidente de la República “las medidas de carácter legislativo, reglamentario y administrativo” necesarias tanto para fortalecer el rol de Chile dentro del Sistema del Tratado Antártico como para resguardar sus derechos soberanos. Destaca que el año 2007, la XLVII Reunión del Consejo de Política Antártica encomendó la tarea de actualizar la normativa chilena antártica, a fin de adecuarla a los desafíos de los nuevos escenarios mundiales, misión reiterada en el Plan Estratégico Antártico 2011-2014.

Enfatiza que el presente proyecto de ley tiene como propósito dar una estructura moderna y eficiente a la institucionalidad antártica, impulsando, entre otros, una coordinación eficaz entre las entidades públicas con competencias sectoriales atingentes a la Antártica y la coordinación que corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Asegura que este proyecto reafirma la competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores en materia de Política Antártica y crea las herramientas necesarias para abordar las necesidades de coordinación que generan las actividades antárticas nacionales. Agrega que la ley que se propone persigue, asimismo, asegurar la capacidad para ejecutar un Programa Antártico Nacional unificado y eficiente. Para ello, sentencia, considera seis grandes pilares:

1) Disposiciones generales;

2) Institucionalidad Antártica Chilena;

3) Financiamiento de la Actividad Antártica Nacional;

4) Regulación de Actividades Antárticas;

5) Protección y conservación del medio ambiente antártico, y

6) Fiscalización y sanciones.

En lo que al título referido a las disposiciones generales respecta, manifiesta que parte importante de esta ley tiene por objeto implementar, en el plano interno, las obligaciones internacionales asumidas en el Sistema del Tratado Antártico, las que requieren de implementación sistemática.

Continuando con la descripción del título mencionado, sostiene que tanto esta ley como las demás normas que integran el ordenamiento jurídico nacional en la materia, se aplicarán en el territorio chileno antártico. No obstante, resalta, es necesario prever que las actividades antárticas no se limitan a ese territorio y, por tanto, también el resto del continente antártico requiere de atención de este cuerpo legal.

Por otro lado, agrega que el título citado considera un artículo relativo a definiciones de términos utilizados u originados en los instrumentos que componen el Sistema del Tratado Antártico.

En relación con el segundo pilar (la institucionalidad Antártica Chilena), señala que el Título II del proyecto de ley establece una estructura que aporta eficiencia y coherencia a la institucionalidad antártica, a fin de que se coordinen adecuadamente todas las entidades públicas con competencias sectoriales atingentes a la Antártica.

En este sentido, asegura, se reafirma la competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores en materia de Política Antártica, estableciéndose que dicha Secretaría de Estado ejercerá la coordinación de la actividad nacional en la Antártica. Adicionalmente, hace presente que le corresponderá colaborar con el Presidente de la República en la planificación, conducción, coordinación, ejecución, control e información de la política exterior de Chile en relación al Continente Antártico.

Asimismo, prosigue, el Ministerio de Relaciones Exteriores tendrá la función de desarrollar los Planes Estratégicos Antárticos, en base a los objetivos que establezca la Política Antártica Nacional, los cuales comprenderán las tareas y acciones concretas que se materializarán mediante el Programa Antártico Nacional de cada año.

Indica que la Política Antártica Nacional, instrumento que establecerá los objetivos de Chile en la Antártica, será fijada por el Presidente de la República, debiendo ser sometida a evaluación y actualización al menos cada 10 años, desde la fecha de su promulgación.

Por otra parte, destaca que la iniciativa de ley identifica como operadores antárticos del Estado de Chile al Instituto Antártico Chileno y a las instituciones de las Fuerzas Armadas, quienes serán los encargados de organizar y realizar las actividades operativas o logísticas que el país desarrollará en la Antártica, debiendo planificarlas y organizarlas en coherencia con el Programa Antártico Nacional y en conformidad a los lineamientos que establezca el Consejo de Política Antártica.

Deteniéndose en el título relativo al Financiamiento de la Actividad Antártica Nacional, pone de relieve que el proyecto propone que la Ley de Presupuestos del Sector Público contemple anualmente fondos para financiar las actividades antárticas nacionales de los Operadores Antárticos, los que serán distribuidos según disponga el Consejo de Política Antártica, teniendo en consideración el Programa Antártico Nacional de ese año.

Adentrándose en el título referido a la regulación de actividades en la Antártica, consigna que las obligaciones asumidas por nuestro país en el marco del Sistema del Tratado Antártico implican un deber de vigilancia y control sobre las actividades que se planifican en el país para ser realizadas en el continente blanco. Además, resalta, existe una obligación de velar por el cumplimiento de las obligaciones ambientales de toda persona natural o jurídica, estatal o no estatal, que esté realizando una actividad en la Antártica, si la actividad ha sido planificada, organizada o ha partido desde el Estado de Chile, aunque no sea por el Estado mismo. Afirma que esta obligación internacional se debe traducir en que la normativa nacional contemple un sistema de autorizaciones con las que debe contar un operador que realizará una actividad en la Antártica.

En el mismo orden de consideraciones, pone de relieve que el uso pacífico de la Antártica incluye las actividades científicas, tecnológicas, deportivas, artísticas y culturales, así como ciertas actividades económicas, tales como la pesca o el turismo, y en general aquellas que puedan realizarse de un modo racional y sustentable, siempre que sean planificadas y realizadas de forma que se prevenga y limite el impacto perjudicial sobre el medio ambiente antártico y los ecosistemas dependientes y asociados. La prospección, exploración y explotación de recursos minerales, por su parte está prohibida.

Enfatiza que el desafío para un país como Chile, que por su cercanía geográfica entre el continente americano y la Antártica, puede verse enfrentado a intervenir con el fin de controlar y mitigar emergencias ambientales en la zona antártica, importa ejercer un control efectivo respecto de sus operadores tanto privados como estatales. De allí, la necesidad de contar con un régimen de autorizaciones de las actividades antárticas.

Comunica que este sistema de autorizaciones se sustenta en la competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores en lo relativo a actividades antárticas no gubernamentales, debiendo exigir su adecuación a las obligaciones internacionales que emanan de los diversos instrumentos que componen el Sistema del Tratado Antártico.

Respecto a las actividades de los operadores estatales, el Programa Antártico Nacional contempla que estas deben realizarse en cumplimiento de los intereses de Chile en la Antártica, respetando la normativa internacional.

Explicando el título relativo a la protección y conservación del medio ambiente antártico, subraya que la protección del medio ambiente antártico ha merecido un título especial en esta ley. Al respecto, recuerda que Chile es parte de numerosos instrumentos ambientales internacionales. Añade que, en el caso de la Antártica, es necesario, además, determinar medidas que se apliquen en caso de que el cumplimiento de normas y obligaciones no sea observado como correspondiere y, por tanto, es necesario incorporar sanciones de orden administrativo y penal, según el caso. A este respecto, nota que la legislación chilena contiene los elementos jurídicos para una efectiva protección del medio ambiente antártico y sus sistemas asociados, al ser Chile país Parte del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente. La implementación integral de este Protocolo, implica la obligación principal para cada Parte, de tomar las medidas adecuadas en el ámbito de su competencia para asegurar el cumplimiento de este, incluyendo la adopción de leyes, reglamentos, actos administrativos y medidas coercitivas.

Apunta que este principio es fundamental, ya que debe hacerse realidad respecto de aquellas cláusulas del Protocolo que establecen prohibiciones específicas, como las que recogen los títulos IV y VI de este proyecto de ley, complementando normas ya existentes en la legislación nacional que se aplican a las operaciones antárticas. Este sería el caso, por ejemplo, de la evaluación de impacto ambiental de actividades antárticas, realizada por el Comité Operativo para la Evaluación de Impacto Ambiental sobre el Medio Ambiente Antártico, dependiente del Ministerio del Medio Ambiente.

Relata que este proyecto materializa, además, la aplicación de las normas de la ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, para que las personas naturales o jurídicas y, en general, los operadores que planifiquen, organicen o partan sus actividades desde el territorio nacional y causen un daño al medio ambiente antártico, sean obligados a repararlo en la forma allí indicada. Esto, acota, sin perjuicio de que en el futuro Chile apruebe el Anexo VI del Protocolo al Tratado Antártico sobre Responsabilidad emanada por Emergencias Ambientales.

Proporcionando información sobre el título referido a las infracciones y sanciones, expresa que como corolario del establecimiento de un régimen de autorizaciones y de prohibiciones, el último título de la propuesta legal se refiere a la fiscalización y tipificación de infracciones y delitos.

En línea con lo anterior, manifiesta que, atendida la lejanía y particularidad del territorio antártico, se ha previsto que los miembros de las Fuerzas Armadas destinados en las bases antárticas y los funcionarios del Instituto Antártico Chileno que se encuentren en el territorio antártico chileno, sean quienes tengan la potestad de fiscalizar el cumplimiento de la presente ley y denunciar cualquier hecho constitutivo de infracción, actuando para tal efecto como ministros de fe.

Adelanta que los delitos ambientales que establece la ley, y que pueden ser cometidos tanto dentro como fuera del territorio antártico chileno, serán conocidos por los tribunales penales del país. Estima que esto permite conjugar el carácter territorial de la posición chilena con su rol en el Tratado Antártico y su Protocolo de 1991. Las infracciones de índole administrativa, en tanto, explica, se han estructurado en torno a un procedimiento que será de conocimiento de los juzgados de policía local. En cuanto a las sanciones, consigna, el proyecto acoge un régimen de altas sanciones pecuniarias a un operador que se aparte del respeto a las normas previstas en la ley y los reglamentos que se establezcan, en concordancia con las legislaciones más recientes adoptadas en nuestro país para la protección del medio ambiente.

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DISCUSIÓN GENERAL

Al inicio de la discusión, el Ministro de Defensa Nacional, señor Alberto Espina, reseñó que la iniciativa legal fue ingresada a tramitación en el Congreso Nacional el 4 de marzo de 2014, por el Presidente Sebastián Piñera, en su primer gobierno. Luego, el 3 de octubre de 2018, fue aprobada en general, por la unanimidad de los miembros de la Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena de la Cámara de Diputados. Posteriormente, el 23 de enero de 2019, fue aprobada en general y en particular por la Sala de la Honorable Cámara, por 139 votos a favor. Finalmente, el 5 de junio de 2019, fue aprobada en general, por la unanimidad de los miembros de la Comisión Especial de Zonas Extremas y Territorios Especiales del Senado.

Enseguida, expuso que Chile tiene una vinculación histórica con la Antártica, pues es uno de los doce países signatarios del Tratado Antártico del año 1959 y que entró en vigencia en 1961. Asimismo, apuntó, Chile junto a otros seis países presentaron reclamaciones territoriales sobre dicho continente, convirtiendo al país en un actor relevante del Sistema del Tratado Antártico. Consideró que tal escenario y la cercanía geográfica imponen al país numerosas obligaciones que deben ser asumidas con una visión y gestión multisectorial, para erigir a Chile, como señala la Política Antártica Nacional, como el “país puente” y “puerta de entrada” a la Antártica.

Agregó que el Ministerio de Defensa Nacional ha tenido históricamente una participación activa en la zona, recordando el primer rescate marítimo realizado por el Escampavía Yelcho, al mando del Piloto Luis Pardo, a la expedición inglesa de Sir Ernest Schackleton hace 102 años. Posteriormente, destacó, se construyó en 1947 la primera base nacional en el continente, en ese entonces Base Soberanía, actualmente Base Prat, donde participó personal de las distintas ramas castrenses y del Ministerio de Relaciones Exteriores. El año siguiente, continuó, se inauguró la Base O'Higgins y en 1951 la Base Gabriel González Videla, avances anteriores a la entrada en vigencia del Tratado Antártico. Añadió que en 1969 se inauguró la Base Frei y en 1980 entró en operación el Aeródromo Teniente Marsh, puerta de entrada de muchos programas extranjeros que operan en la Antártica.

En la actualidad, declaró, Chile cuenta con 11 bases permanentes y estivales, destacando la Estación Polar Conjunta Glaciar Unión, ubicada a 1.200 km. del Polo Sur, actividad que posibilita mantener la presencia efectiva de Chile en la Antártica y en las cercanías del Polo Sur, posibilitando la investigación científica, la ciencia, la colaboración internacional y la soberanía en el territorio chileno antártico.

Señaló, además, que para el Presidente Piñera, la Antártica es una prioridad. Recalcó que dicho compromiso había sido manifestado durante la primera administración al crearse la Base Conjunta Glaciar Unión dentro del Círculo Polar, la Dirección Antártica al interior del Ministerio de Relaciones Exteriores y el ingreso el 2014 del presente proyecto de ley que establece el Estatuto Chileno Antártico.

Recientemente, acotó, fue lanzado el Plan de Inversiones Complejo Base Frei, elaborado por el Ministerio de Defensa Nacional, con el apoyo de múltiples carteras de Estado, actuando cada cual en su respectiva área de competencia. El propósito del Plan, detalló, es modernizar la estructura con una visión de largo plazo que permita levantar un complejo antártico de primer nivel, con el objeto de continuar el apoyo a la investigación científica, la protección del medio ambiente y reforzar la presencia soberana al interior de la Antártica.

Del mismo modo, apuntó, se ha incrementado el financiamiento de las actividades desarrolladas por operadores antárticos, compuestos por el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y el Instituto Antártico Chileno. Así, el presupuesto destinado a las actividades de los operadores, contemplado en la Ley de Presupuestos del Sector Público año 2019, aumentó en un 59,38% respecto del año inmediatamente anterior.

Luego, explicó que la presente iniciativa legal considera tres líneas fundamentales: materializar y reforzar la soberanía de Chile en la Antártica; incorporar como nuevo objetivo del estatuto el fomento de la actividad antártica nacional, promoviendo el desarrollo social y económico de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, introduciendo, además, un título sobre los roles y funciones del gobierno regional y el delegado presidencial de la región; y establecer que la labor de las Fuerzas Armadas en el territorio antártico será coordinada por el Ministerio de Defensa Nacional.

El Tratado Antártico, precisó, es la piedra angular del sistema de regulación internacional de la Antártica. El tratado en conjunto con otros instrumentos internacionales, como el Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, suscrito en Madrid en 1991; la Convención para la Conservación de las Focas Antárticas, suscrita en Londres en 1988; y la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, suscrita en Canberra en 1980; conforman el Sistema del Tratado Antártico, que la iniciativa legal pretende implementar.

Hizo presente que la incorporación de Chile al Sistema del Tratado Antártico es de suma relevancia internacional, por cuanto el tratado tiene por finalidad la protección de la Antártica, para cuyo objeto transformó la zona en el primer continente desmilitarizado, desnuclearizado, libre de conflictos y destinado a la cooperación internacional científica.

El proyecto de ley contempla los siguientes cinco principios generales: proteger y fortalecer los derechos soberanos antárticos de Chile; preservar y mantener a la Antártica como una zona de paz, garantizando la protección y cuidado del medio ambiente antártico, y su condición de reserva natural, dedicada a la paz y a la investigación científica; establecer los principios conforme a los cuales se conducirá la política antártica nacional y ejercerá sus competencias en materia antártica; potenciar y regular la actividad antártica de Chile con pleno respeto al Sistema del Tratado Antártico, incentivando el desarrollo del país ligado a las actividades antárticas; y fomentar la actividad antártica de Chile, promoviendo el desarrollo social y económico de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

A continuación, el Ministro de Relaciones Exteriores, señor Teodoro Ribera, manifestó que la Antártica es un territorio sujeto a un régimen especial, sin embargo, la pretensión territorial de Chile sobre dicho continente es manifiesta y se fundamenta en hechos históricos, jurídicos y geográficos. En la actualidad, precisó, las reclamaciones están suspendidas, coexistiendo una administración internacional derivada del Tratado Antártico de 1959. La reclamación nacional, rememoró, se retrotrae al año 1906 y la delimitación al año 1940; el surgimiento de la idea de un tratado antártico se relacionó directamente con la guerra fría. En el año 1946, recordó, Estados Unidos realizó una gran operación en la Antártica, con 4.700 soldados y 13 buques, como una demostración de fuerzas. Chile, por su parte, fundó las bases Prat y O’Higgins, en 1947-1948, y el Reino Unido demandó al país y a Argentina ante la Corte Internacional de Justicia en 1955, petición que no prosperó. Mencionó, además, que el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, también suscrito en el contexto de la guerra fría, incluyó dentro de la zona de seguridad a la Antártica.

En la lógica antes señalada, explicó que el Tratado Antártico de 1959 congeló las pretensiones territoriales de los Estados para distender las relaciones internacionales de la época, utilizándose la celebración de una conmemoración científica para promover la ciencia y tranquilizar los espíritus, en consecuencia, el origen del instrumento internacional no fue meramente altruista, sino que tuvo presente el conflicto latente entre las potencias mundiales. Por lo anterior, estimó que, de revisarse el tratado, se buscará la armonía internacional, en pos de mantener los intereses que se tuvieron a la vista al momento de su aprobación.

Señaló, también, que el artículo 4 del tratado suspende los derechos y reclamos soberanos, y todo lo que a futuro se realice como fundamento de las reclamaciones no podrá ser invocado. Aun así, puntualizó, los Estados adoptan medidas para testimoniar y profundizar los argumentos sostenidos para el momento en que pudieren descongelarse las pretensiones territoriales.

En la Antártica hay un espacio de soberanía concurrente, añadió, pues el artículo 8 reserva a cada Estado la función jurisdiccional por acciones u omisiones de sus funcionarios en misiones antárticas, como se concretó en el reciente caso de homicidio de un ciudadano ruso, que será juzgado por un tribunal de dicha nación, en aplicación de dicha disposición.

El artículo 9, narró, establece una reunión consultiva como instancia de coadministración, que Chile integra. La Antártida al principio del siglo XX fue una preocupación por las exploraciones geográficas, los grandes descubrimientos, la explotación de recursos vivos (ballenas y focas) y las reclamaciones soberanas. Luego vino el congelamiento de las pretensiones, el desarrollo de la ciencia, la explotación sustentable de los recursos y, actualmente, la preocupación ecológica. Reafirmó la idea de que no se trata solo de un tratado antártico, sino un sistema antártico, régimen que incluye el Tratado de 1959 y los demás instrumentos internacionales antes mencionados por el señor Ministro de Defensa Nacional.

Sobre el proyecto de ley, consideró importante y conveniente la consideración de un estatuto antártico nacional, por la dispersión actual de normas legales y reglamentarias, y porque a pesar de que las pretensiones soberanas hayan sido congeladas, finalmente cualquier actividad nacional incidirá en dicho resultado. En tal sentido, alegó, se debe consolidar un texto jurídico interno conciliable con las obligaciones internacionales del sistema antártico; mejorar la coordinación entre las autoridades sectoriales, nacionales y regionales, teniendo siempre presente que se realiza para el resguardo y fortalecimiento de la soberanía. También instó a introducir ciertas mejoras en el objetivo del proyecto, como por ejemplo, establecer con claridad la pretensión soberana de Chile, independiente de otros instrumentos y acciones. El proyecto es un avance, subrayó, y podría considerarse a la Antártica un territorio especial en los términos establecidos en la Constitución Política de la República.

Enseguida, el abogado del Ministerio de Defensa Nacional, señor Pablo Urquízar, complementó la presentación del señor Ministro del ramo, señalando que la justificación del presente proyecto de ley, por una parte, se funda en la necesidad de impulsar la activa participación en la gestación, implementación y desarrollo de un régimen antártico efectivo, a partir del Tratado Antártico de 1959, y por otra, adecuar las normas de derecho interno que rigen en el Estado de Chile, las cuales requieren actualizarse según las nuevas exigencias propias del marco internacional, así como para expresar de manera clara y eficaz la forma como Chile ejerce sus competencias y asume sus obligaciones en el marco del Tratado Antártico.

Insistió en que los objetivos específicos de la iniciativa son proteger y fortalecer los derechos soberanos antárticos de Chile, con claros fundamentos geográficos, históricos, diplomáticos y jurídicos, a través del reforzamiento y profundización del Sistema del Tratado Antártico; potenciar y regular la actividad antártica de Chile con pleno respeto al Sistema del Tratado Antártico, incrementando su calidad de prestador de servicios operativos y logísticos para la actividad antártica, e incentivando el desarrollo regional ligado a las actividades antárticas; y, por último, fomentar la actividad antártica de Chile, promoviendo el desarrollo social y económico de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Sobre el contenido del proyecto de ley, manifestó que consta de nueve títulos referidos a disposiciones generales; institucionalidad antártica chilena; gobierno y administración interior del territorio chileno antártico; financiamiento de la actividad antártica nacional; regulación de actividades antárticas; protección y conservación del medio ambiente antártico; fiscalización y sanciones: y disposiciones finales y transitorias.

Respecto al primer título, indicó que establece disposiciones generales en el ámbito de aplicación del Estatuto Chileno Antártico, a fin de implementar en el plano interno las obligaciones internacionales asumidas por Chile en relación al Sistema Antártico. La iniciativa, especificó, no solo tiene aplicación en territorio chileno antártico, puesto que las actividades antárticas no se limitan solo a dicha zona, sino también al resto del continente antártico, por las obligaciones asumidas por el país en el marco de tratados internacionales que integran el Sistema del Tratado Antártico. Expresó, además, que se incorporan definiciones de términos utilizados u originados en los instrumentos que componen tal sistema.

Mencionó, luego, que el título que establece la institucionalidad antártica chilena busca aportar eficiencia y coherencia a tal institucionalidad. Al respecto, se establece un Consejo de Política Antártica, órgano interministerial que tiene por función proponer los grandes lineamientos de la Política Antártica Nacional, que debe ser actualizada, al menos, cada 10 años; los Planes Estratégicos Antárticos, cuya vigencia será de 4 años, modificables en un plazo menor si se estima necesario; el Programa Antártico Nacional, que corresponde a un programa anual de cumplimiento del Plan Estratégico; y la coordinación de los operadores antárticos dependientes del Ministerio de Defensa Nacional, que se realizará a través del Estado Mayor Conjunto. La coordinación entre estos operadores y los demás ministerios se efectuará por medio de la Subsecretaría de Defensa. También destacó la creación de un Comité Operativo para la Evaluación de Impacto Ambiental sobre el Medio Ambiente Antártico, que dependerá administrativamente del Ministerio del Medio Ambiente. Hizo presente que los operadores antárticos serán las Fuerzas Armadas y el Instituto Antártico Chileno, presentando a continuación el siguiente cuadro sobre la futura institucionalidad:

Sobre el gobierno y administración interior del territorio chileno antártico, expuso que el proyecto otorga competencia a la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena en políticas antárticas, reconociendo las atribuciones del delegado presidencial regional y del gobierno regional.

Respecto al financiamiento de actividades en la Antártica, señaló que la iniciativa establece que la Ley de Presupuestos del Sector Público deberá destinar anualmente los recursos necesarios, que incluirá el presupuesto necesario para la actividad antártica de las instituciones de las Fuerzas Armadas.

Por otro lado, declaró, el proyecto establece que las actividades no estatales requerirán autorización previa del Ministerio de Relaciones Exteriores, y las actividades realizadas por entidades estatales deberán ser informadas al referido ministerio. Añadió que, asimismo, regula el desarrollo de determinadas actividades específicas, tales como, las científicas y tecnológicas; el zarpe y despegue de naves y aeronaves nacionales con destino antártico; actividades artísticas, culturales y deportivas; turísticas; pesqueras y de captura de recursos vivos marinos.

En materia de protección y conservación del medioambiente antártico, continuó, se establece un mecanismo de Evaluación de Impacto Ambiental que será efectuada por el referido Comité Operativo para la Evaluación de Impacto Ambiental sobre el Medio Ambiente Antártico, consagrándose que, en lo no tratado en el proyecto de ley respecto de los temas ambientales, se aplicará supletoriamente la ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

Por último, acotó, respecto a infracciones y sanciones, la iniciativa señala que el cumplimiento de sus disposiciones será fiscalizado por los funcionarios de las Fuerzas Armadas y del Instituto Antártico Chileno que se encuentren en dicho territorio, estableciendo un conjunto de delitos especiales en materia antártica e incorporando infracciones de índole administrativa que se han estructurado en torno a un procedimiento que será de conocimiento de los juzgados de policía local. Hizo presente que la Corte Suprema, en virtud de la potestad otorgada por la Constitución, informó ciertos aspectos del proyecto de ley que requerían ser perfeccionados, como la tipificación de los delitos ambientales, trabajo que actualmente realiza de manera mancomunada el Ejecutivo por medio de los Ministerios de Secretaría General de la Presidencia, de Relaciones Exteriores y del Medio Ambiente.

A continuación, el Intendente de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, señor José Adolfo Fernández¸ explicó que la región tiene una cercanía territorial e histórica con la Antártida, incluso antes del salvataje comandado por el Piloto Pardo, pues travesías nacionales ya se habían dirigido a dicho territorio a cazar lobos y ballenas. Estimó que la relación se ha desarrollado en el tiempo, con un incremento del turismo antártico y el interés científico. Destacó que la ciudad de Punta Arenas es la puerta de entrada y centro logístico de las campañas antárticas, como también Puerto Williams, que compiten con el puerto argentino de Ushuaia, pues el recorrido desde Chile es menor hasta la base antártica nacional y son mayores las facilidades portuarias y aeroportuarias.

Seguidamente, valoró el trabajo legislativo para la creación de un estatuto chileno antártico, que entre sus objetivos plantea promover el desarrollo social y económico de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Destacó, también, las atribuciones otorgadas al delegado presidencial regional, puesto que consideró fundamental que dicha autoridad, como el gobernador regional, estén contemplados en el estatuto. Recordó que durante el primer gobierno del Presidente Piñera se planteó la posibilidad de contar con un Centro Antártico Internacional en Punta Arenas, resaltando que actualmente el turismo antártico y las actividades de logística inciden más que la ganadería, actividad tradicional de la zona, en el producto interno bruto regional.

Agregó que los operadores antárticos, INACH y Fuerzas Armadas, tienen sede y bases en Punta Arenas. Indicó que las inversiones de infraestructura necesarias en la Antártica son de gran envergadura, motivo por el cual son consideradas en el presupuesto de cada institución con competencia antártica, y de conformidad a los roles, actividades y proyectos que desarrolla. Al respecto, solicitó que no sea imputado al presupuesto regional.

Luego, resaltó que todas las actividades desarrolladas en la Antártica utilizan la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena como polo logístico. También refirió que importantes flotas de pesca operan en la zona, sobre las que se debe mantener supervigilancia, actuar en caso de emergencia y velar por el cumplimiento de la normativa aplicable, funciones que ejercen la Armada de Chile y el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura. Asimismo, hizo hincapié en el Centro Sub Antártico de Puerto Williams, por el hito mundial que representa para el estudio del ecosistema de la zona. Destacó que la investigación antártica desarrollada por el INACH es de relevancia mundial, resaltando también la labor del Instituto de Fomento Pesquero, ente destinado a llevar adelante la investigación pesquera, y que integra la Comisión Binacional de Investigación Marina Austral.

La presencia del Estado en la Antártica, subrayó, se refleja en la actividad del aeródromo Teniente Marsh. De acuerdo a datos proporcionados por la INACH, el 2018 se realizaron 473 operaciones, 42% efectuadas por la Fuerza Aérea de Chile, se trasladaron 3.432 pasajeros y 380 toneladas de carga. Añadió que, según fuentes de la Armada de Chile, el promedio anual de buques que recala durante el período estival en Bahía Fildes es de 280 y el número de pasajeros de 32.500. De este modo, detalló, el abastecimiento logístico a los operadores antárticos es de 1.342 toneladas de carga, 345 toneladas de basura retirada y 1.209 m3 de combustible. Igualmente, destacó que desde que se instaló el INACH en Punta Arenas, el número de proyectos se incrementó de 20 a más de 100 el año 2018.

El desafío, sostuvo, es cumplir con lo mandatado en el presente proyecto de ley y, además, seguir trabajando en el concepto de “Puerta de Entrada” a la Antártica, ayudando a materializar todo el trabajo administrativo y logístico previo y posterior de un viaje a dicho continente.

Sobre la iniciativa legal en particular, señaló que esta reconoce la posibilidad de que el Consejo de Política Antártica pueda también sesionar en la región de Magallanes y de la Antártica Chilena, en línea con el proceso de descentralización impulsado por el Presidente Piñera, entregando una sólida señal al país y al mundo. Valoró nuevamente la incorporación del gobernador regional y el delegado presidencial de la región en dicho Consejo, contribuyendo con la mirada regional a la formulación de la Política Antártica Nacional.

Posteriormente, el Honorable Senador señor Bianchi recordó que el próximo año se celebrarán los 500 años del descubrimiento de Chile, con la llegada de Hernando de Magallanes al estrecho que lleva su nombre. Observó, también, que hace 40 años, Argentina pobló las ciudades de Río Grande y Ushuaia, cuya población actual de 120 mil habitantes es muy superior a los 8 mil chilenos que habitan Tierra del Fuego. Como consecuencia de dicha política, resaltó, Ushuaia tuvo un extraordinario desarrollo en materia turística y representa la principal competencia en relación con la Antártica.

En su opinión, Chile no tiene el sentido de pertenencia que tiene la Región de Magallanes respecto de la Antártica Chilena, razón por la que pidió al Ejecutivo asumir el carácter de país antártico. Por otro lado, enfatizó que la región cumple todos los servicios logísticos de quienes, por motivos de investigación científica o turismo, se dirigen a dicho continente, motivo por el que destacó el anuncio del Ministerio de Defensa Nacional en cuanto a que, con fondos de la propia Secretaría de Estado, se invertirá en la infraestructura de las bases nacionales en la Antártica.

En cuanto a la figura del delegado presidencial regional, concordó con el señor Canciller en que se deben precisar las funciones porque se cruzarán con los intereses legítimos del gobierno regional, dado que, además, ambas autoridades integrarán el Consejo de Política Antártica. La materia antártica, apuntó, es un asunto de Estado que trasciende la administración regional. En último término, consultó al señor Ministro de Relaciones Exteriores por el estado actual de la política antártica de los demás países reclamantes.

El Honorable Senador señor Moreira, por su parte, hizo presente que la creación de un estatuto antártico debió materializarse hace mucho tiempo, por ello valoró el avance que significa la presente iniciativa de ley.

Compartió, también, las consideraciones manifestadas por el Honorable Senador Bianchi relativas a las funciones del delegado presidencial regional y el gobernador regional, consultando, a su vez, por los países firmantes que actualmente cuentan con un estatuto antártico o alguna legislación similar y por las principales preocupaciones para Chile relacionadas con el territorio antártico.

A su vez, el Honorable Senador señor Lagos, preguntó si otros países contaban con estatutos antárticos y, de haber, si eran de naturaleza similar al propuesto por la iniciativa legal. Por otra parte, si bien reconoció la relación de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena con el continente blanco, llamó a delimitar con precisión tal vinculación respecto a la que el Estado tiene con el territorio antártico. Del mismo modo, relevó la mirada distinta de las potencias con intereses pesqueros en la zona y la relación con la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCAMLR), y consultó, además, por la estructura del comité de evaluación ambiental mencionado, y si se considera la creación de un área marina protegida, recordando la propuesta de contemplar una binacional entre Chile y Argentina.

Luego, el Honorable Senador señor Insulza insistió en el carácter de régimen especial del territorio antártico, regulado por un conjunto de normas destinadas a un objetivo y formadas por más de un tratado internacional. En este caso, precisó, participan todos como si fueran titulares, pero en realidad sus derechos están consensuados entre ellos, y la forma de incorporarse al régimen también está reglada: el país que realice investigación sustantiva sobre la Antártida puede ingresar como Parte.

Recordó que los países que reclaman territorio son: Nueva Zelanda, Australia, Inglaterra, Francia, Chile, Argentina y Noruega. Ninguna potencia, ni China ni Rusia ni Estados Unidos, son reclamantes, razón a la que atribuyó la estabilidad del tratado. La actividad realizada en el continente antártico, sobre todo en isla San Jorge, es determinante, ya que solo se puede aterrizar en la base chilena, función que se asimila a un ejercicio de soberanía.

Señaló que comparte la premisa fundamental del estatuto y los objetivos que persigue el régimen, y, aunque dispersas, son normas en aplicación desde hace mucho tiempo, poniendo como ejemplo, el Consejo de Política Antártica, que funciona desde el año 1978. De todos modos, se mostró de acuerdo con el proyecto de ley, aun cuando planteó algunas dudas sobre la magnitud de la presencia de las Fuerzas Armadas en la estructura institucional relacionada con la Antártica, hecho que puede causar la impresión de que la operación nacional en dicho continente es más de carácter militar que científica.

Hizo presente que Chile ha presentado dicho problema en otros regímenes especiales, como con la Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersonales, labor desarrollada en el país por las Fuerzas Armadas, que aunque de buen desempeño, ha levantado dudas en otros Estados Parte, razón por la que solicitó mayor claridad al respecto. Por último, se sumó a los reparos expresados por diferentes Honorables Senadores sobre las atribuciones del delegado presidencial regional y el gobernador regional.

El Ministro de Relaciones Exteriores, señor Teodoro Ribera, respondió que, de los países reclamantes, Gran Bretaña cuenta con un estatuto, el que consideró conveniente tener a la vista.

Por otro lado, explicó que los países que solicitan soberanía presentan una perspectiva distinta de aquellos sin reclamos territoriales, puesto que estos últimos bregarán por mantener el tratado, incluso, extendiendo o profundizando sus efectos. Por tal motivo, consideró necesario relevar los títulos de soberanía antártica que exhibe Chile, porque los intereses de los 50 países pertenecientes al Tratado como de los 28 que participan en la reunión consultiva del órgano de coadministración son distintos. Sostuvo que la experiencia demuestra que se debe ser partícipe del acuerdo, pero teniendo claro el objetivo soberano que siempre ha pretendido Chile, en especial, porque los intereses diversos existentes muestran un futuro abierto de la Antártida.

Por otra parte, recalcó que la política sobre la Antártica es de carácter nacional, aunque la administración e implementación, por razones geográficas, pueden ser ejecutadas a nivel regional. De todas formas, estimó conveniente precisar las funciones de ambas autoridades.

A continuación, el asesor de la Dirección Antártica, señor John Ranson, aclaró que, en caso de acogerse la solicitud de precisar las funciones del delegado presidencial regional y el gobernador regional, se requiere modificar la ley N° 21.080, que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de modernizar el Ministerio de Relaciones Exteriores, pues es dicho cuerpo normativo el que define los integrantes del Consejo de Política Antártica.

El Ministro de Defensa Nacional, señor Alberto Espina, a su turno, señaló que, de los países reclamantes, Argentina cuenta con un estatuto que data del año 1969, que define su relación con la Antártida, como la parte del territorio nacional argentino comprendido entre los meridianos 25° y 74° de Longitud Oeste, al sur del paralelo 60°. La actividad que la República realiza en la antártica argentina y el ejercicio de su soberanía, tiene como objetivo superior la plena satisfacción de sus intereses en esta región.

Asimismo, agregó que dicho estatuto asigna a las Fuerzas Armadas las responsabilidades para las actividades antárticas argentinas de planeamiento, programación, dirección y control de las actividades científicas, técnicas y logísticas.

Trajo a colación lo anterior, por la observación planteada por el Honorable Senador Insulza sobre la participación de las Fuerzas Armadas en las funciones relacionadas con la Antártica, las que podrían dar la impresión de una operación nacional de carácter más militar que de otra índole. Sobre el particular, se mostró partidario de la presencia de otros operadores antárticos y de una menor presencia de las Fuerzas Armadas, aunque recordó que la dirección de la política antártica le compete a los ministerios de Relaciones Exteriores, de Defensa Nacional, de Hacienda, de Economía, Fomento y Turismo, y del Medio Ambiente. Reparó, además, en que las Fuerzas Armadas cumplen el rol de operadores antárticos porque, de acuerdo a la legislación nacional, son los órganos que cuentan con los medios para realizar dicha función, pero con la conducción de las Secretarías de Estado ya mencionadas, y entre sus misiones, está la búsqueda de la integridad territorial. Además, aclaró que ninguna operación que realizan en la Antártica es de carácter militar.

En la siguiente sesión en que la Comisión trató el asunto, el Vicerrector de la Universidad de Magallanes, señor Andrés Mancilla¸ destacó la posición geográfica privilegiada de Chile, pues es una localización latitudinal sin réplica en el planeta. Precisó que Nueva Zelanda se encuentra 1000 kilómetros al norte y, si se considera el Cabo de Hornos, Chile está a 800 km de islas Shetland del Sur. También se refirió a las diferencias entre los hemisferios norte y sur, el primero principalmente terrestre y con una enorme cantidad de sitios de estudio, el segundo mayoritariamente oceánico con escasa participación científica.

Pese a lo anterior, expuso que la Universidad de Magallanes ha relevado sus esfuerzos por incrementar su desarrollo científico y, actualmente, cuenta con 241 académicos, 85 con doctorado, 77 con magíster, 4.321 estudiantes de pregrado, 94 de postgrado, 8 programas de postgrado impartidos y 4 acreditados, triplicando el número de proyectos y publicaciones entre 2014 y 2018. Agregó que la Universidad es una institución compleja, con facultades en las distintas áreas del conocimiento y centros universitarios en todas las provincias de la región.

Entre las líneas de investigación estratégicas de la casa de estudios, precisó, se encuentra la de ciencia antártica, dada la ubicación geográfica de la institución que la sitúa en uno de los lugares más prístinos del planeta y el más próximo al continente Antártico, y que gran parte de la extensión de la región se encuentra protegida por parques nacionales (Reservas de Biosfera Torres del Paine y Cabo de Hornos, Parques Nacionales Bernardo O'Higgins, de Agostini, Yendegaia y Cabo de Hornos, y el recientemente creado Parque Islas Diego Ramírez Paso Drake), más del 60% de la superficie de la región corresponde a áreas protegidas.

De los programas de postgrados relacionados con la Antártica, resaltó el Magíster en Ciencias mención en Manejo y Conservación de Recursos Naturales en Ambientes Subantárticos, el Magíster en Ciencias mención en Química de Productos Naturales, el Magíster en Ciencias Antárticas mención Glaciología y el Doctorado en Ciencias Antárticas y Subantárticas.

Destacó también, la implementación de un equipo de investigadores con más de 20 doctores en ciencia antártica y subantártica reunidos en el Centro de Investigación GAIA Antártica (CIGA), con proyectos financiados principalmente con fondos del Ministerio de Educación, publicaciones antárticas indexadas y reconocidas a nivel internacional, con el foco puesto en “antartizar” el país, entregando sello antártico a escuelas y con programas como el de Conservación Biocultural Subantártica, que involucra a pueblos yaganes.

De las actividades realizadas desde el 2000 a la fecha, relevó la investigación científica y humanista en la ecorregión subantártica de Magallanes; la conservación biocultural; la educación preescolar, escolar y superior en programas formales y no formales; la Red Chilena de Estudios Socio Ecológicos de Largo Plazo (LTER-Chile y LTER-Cape Horn), conectada con la red internacional de sitios de estudios a largo plazo; y el Programa de Anillamiento de Aves más largo del Cono Sur.

Entre sus logros relevantes en el mismo período, aludió a la creación del Parque Omora (2000), el Centro Universitario Puerto Williams – UMAG (2002), la creación de la Reserva de la Biosfera Cabo de Hornos (2005), el diseño del Centro Subantártico Cabo de Hornos (2014), la creación del Parque Marino Islas Diego Ramírez-Paso Drake (2018) y la construcción del Centro Subantártico Cabo de Hornos (2020).

Sobre el proyecto de ley, señaló que representa un avance institucional en la política antártica de Chile, que refuerza los hitos y decisiones históricas de 1884, 1892, 1906, 1940, 1955, 1956 y 1983. Añadió que, desde el año 1947, Chile tiene presencia en la Antártica y que el año 2000 se renovó la Política Antártica Nacional por medio del decreto supremo N° 429, del Ministerio de Relaciones Exteriores, el que fue actualizado el año 2017.

Recalcó, igualmente, como hitos descentralizadores, la ley N° 19.726, que establece la agrupación de comunas Cabo de Hornos y Antártica; el traslado de INACH a Punta Arenas el 2003; y la creación del Programa de Doctorado en Ciencias Subantárticas y Antárticas de la Universidad el año 2006.

Asimismo, se refirió a los objetivos de la Política Antártica 2017-Visión Estratégica 2035: con vinculación territorial, que apunta a proteger y promover el cuidado del medio ambiente antártico, incluyendo el medio ambiente marino y sus ecosistemas dependientes y asociados; desarrollar la investigación en ciencias naturales y sociales sobre bases de excelencia, orientándose a temas globales de interés político y aquellos de interés económico nacional, a través de un Instituto Antártico Chileno robusto, eje de la colaboración científica internacional de Chile en la Antártica; desarrollar y promover a la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena como un centro de actividad antártica nacional e internacional, incluyendo su consolidación como un polo de desarrollo científico y logístico para la Antártica, y reforzar la conectividad entre esta región y el continente antártico; facilitar el desarrollo de actividades económicas permitidas por el Sistema del Tratado Antártico, incluyendo la pesca sostenible y responsable, así como el turismo controlado y sustentable; y fortalecer la conciencia e identidad antártica nacional, proteger y difundir el patrimonio histórico y cultural antártico de Chile.

Por otra parte, con el objeto de perfeccionar el presente proyecto de ley, propuso fortalecer el sentido de integridad territorial, biogeográfica y administrativa de Chile (Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, Provincia Antártica, Comuna Antártica), es decir, promover a Chile como país antártico. Del mismo modo, sugirió relacionar los objetivos contenidos en la iniciativa legal y los establecidos en la Política Antártica Nacional, por ejemplo, esta última plantea que se debe incorporar en el ámbito de aplicación del Estatuto Antártico, los ecosistemas dependientes y asociados, objetivo consistente con lo establecido en el Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente o Protocolo de Madrid.

También propuso impulsar una primera expresión de una Política Subantártica que deba convocar a los países que comparten la misma condición de proximidad biogeográfica y establecer criterios que fundamentan la protección de los ecosistemas relacionados y dependientes, dado que el límite 60°, que establece el Sistema Antártico, corresponde a un límite político-administrativo, y los límites biogeográficos y las conexiones de los ecosistemas, especialmente marino, son más complejos, en particular, en el hemisferio sur que tiene una marcada influencia oceánica.

Asimismo, llamó a tener presente el rol de la corriente circumpolar antártica, fundamental para la modelación del clima, distribución de especies, entre otros factores, a nivel planetario. Aclaró que en el territorio antártico y subantártico se comparten especies en biodiversidad poco percibida y estudiada. La Universidad, recalcó, por más de 20 años ha desarrollado estudios asociados a líquenes, musgos, hepáticas, invertebrado y macroalgas. Añadió que Chile dispone de muchas especies antárticas en la zona subantártica con un laboratorio único, preservado por medio de áreas protegidas y áreas marinas protegidas. Por tanto, es un territorio donde se ejerce soberanía perfecta e indiscutida.

Además, explicó que las últimas masas de hielo del continente americano se encuentran en la Reserva de Biosfera de Cabo de Hornos. Los ecosistemas marinos y terrestres subantárticos son de gran relevancia para conservación del mar antártico, considerando la interacción que la corriente circumpolar antártica ejerce en el área, la distribución de especies protegidas y la influencia que tiene en la regulación climática mundial.

Enfatizó que si el 80% de la observación astronómica mundial se realiza en Chile, la cercanía del país con la Antártica es una oportunidad única para desarrollar un polo científico antártico y subantártico.

En concreto, sugirió integrar tanto en los objetivos del proyecto de ley, como en las definiciones del estatuto, el concepto de ecosistemas relacionados y dependientes, de la manera como lo establece el artículo 2° del Protocolo de Madrid y los objetivos de la Política Antártica Nacional, que señala que “Las Partes se comprometen a la protección global del medio ambiente antártico y los ecosistemas dependientes y asociados y, mediante el presente Protocolo, designan a la Antártida como reserva natural, consagrada a la paz y a la ciencia.”.

Por otra parte, indicó que Chile puede asumir una posición de liderazgo en el ámbito de fortalecer la infraestructura, capital humano y conectividad para la ciencia antártica y subantártica. En este sentido, apuntó, el Programa de Conservación Subantártico se ha posicionado como un actor fundamental en el desarrollo científico nacional, regional y local, como demuestran las 377 publicaciones científicas antárticas nacionales en el período 2013-2017, que superan ampliamente a la de países más desarrollados.

Por tal motivo, estimó que el Estatuto Antártico debe establecer definiciones claras respecto al rol de la ciencia en la Política Antártica Nacional y en el Programa Antártico, donde se requiere establecer como prioridad en la operación y coordinación de los operadores antárticos la implementación del programa nacional de investigación antártica, como sucede en Argentina, Francia o Estados Unidos. Lo anterior, manifestó, implica modificar el artículo 8 del proyecto de ley, que establece los planes estratégicos, incorporando el componente de ciencia y tecnología y el cumplimiento de los compromisos internacionales suscritos por Chile en materia de investigación, monitoreo y vigilancia del medio ambiente antártico. Asimismo, sugirió incorporar en el artículo 10 al Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, como un actor de coordinación y colaboración en la definición del Programa Científico Antártico.

También propuso modificar el actual artículo 15, el que señala los siguiente: “En la ejecución del Programa Científico Nacional, los operadores antárticos dependientes del Ministerio de Defensa Nacional podrán prestar servicios de apoyo y operacionales al INACH.”. Del mismo modo, solicitó explicitar el rol protagónico que debe asumir el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, debiendo incorporar al Ministro en el Consejo de Política Antártica y a la Universidad de Magallanes, o a quien designe el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, como integrante en el comité asesor del organismo. Igualmente, consideró que para la eficacia del Programa Científico Antártico se requiere reemplazar la expresión podrán por “se priorizará”, se “considerará preferentemente” o cualquiera otra que permita establecer una clara prioridad de la actividad científica.

Por otro lado, propuso establecer un sistema de financiamiento, coordinación y operación de los medios dispuestos para la logística antártica, tal como opera el buque oceanográfico Cabo de Hornos. Además, indicó que el financiamiento del programa antártico debe estar contemplado en glosas específicas desagregadas en el presupuesto de la Nación, que garanticen la operación de apoyo logístico para las campañas científicas antárticas y las acciones de veedor, entre otras, contempladas en convenios internacionales.

También, señaló que se deben fortalecer los programas de investigación y monitoreo de largo plazo a través de las universidades que disponen presencia e infraestructura en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, promoviendo la ciencia colaborativa, desincentivando la duplicación de esfuerzos y fortaleciendo la asociatividad internacional de mediano y largo plazo.

Sobre el presupuesto, advirtió que la iniciativa no innova en el sistema de financiamiento para el programa antártico y tampoco enuncia algún instrumento de planificación que permita implementar políticas de incentivo para las actividades de ciencia y tecnología antárticas. Al respecto, sugirió identificar una instancia institucional para articular el financiamiento del programa antártico, mejorar su seguimiento y establecer los indicadores de evaluación asociados a objetivos claros, como la investigación antártica. Precisó que el prepuesto antártico de cada operador debe identificarse en glosas presupuestarias especiales que faciliten el seguimiento, evolución y evaluación.

Asimismo, declaró que se deben focalizar y perfeccionar los instrumentos de incentivo tributario que dispone la región de Magallanes y de la Antártica Chilena para promover la investigación, la ciencia y tecnología en la Antártica. Igualmente, añadió, se debe evaluar la aplicación de incentivos para atraer la inversión de I+D antártica y subantártica en un horizonte de 30 años en la región, tal como se aplica para el desarrollo de otras actividades productivas y extractivas.

Por último, aunque reconoció que no es una materia propia del estatuto, estimó necesario considerar en los énfasis estratégicos la identificación de la infraestructura de conectividad digital como una prioridad de la política antártica de Chile.

Luego, el Honorable Senador señor Bianchi destacó la enorme trascendencia mundial del laboratorio que constituye el área antártica y subantártica, que posiciona a Chile como un lugar privilegiado para su uso científico.

Por otra parte, solicitó incorporar las sugerencias de la Universidad de Magallanes y llamó la atención sobre la necesidad de debatir el significado de la pesca en la antártica, tema aún pendiente.

A su vez, la Honorable Senadora señora Goic hizo presente que los planteamientos del representante de la Universidad de Magallanes son coincidentes con los que fueron expuestos ante la Comisión Especial de Zonas Extremas y Territorios Especiales del Senado. El debate, consideró, se debe enfocar en un marco institucional que extienda la comprensión del territorio antártico a los ecosistemas asociados y al área subantártica, para que sea contemplado de esa forma en el estatuto.

Además, estimó necesario elaborar un plan de desarrollo antártico que contemple inversiones en infraestructura para asumir el liderazgo en ciencia antártica y vincular a la ciudadanía con el continente, para cuyo objeto se requiere presupuesto.

Finalmente, consultó al representante de la Universidad de Magallanes por las dificultades que se presentan para desarrollar ciencia antártica.

Por su parte, el Vicerrector de la Universidad de Magallanes, señor Andrés Mancilla, reconoció el aporte del gobierno regional en el financiamiento de ciertos proyectos de infraestructura antártica, sin embargo, declaró que para la Universidad es esencial el aporte basal institucional, que permita fortalecer este observatorio nacional de carácter mundial. También señaló importante retomar la instalación del Centro Antártico Internacional, pues se requiere equipamiento y laboratorio de primer nivel para que países líderes, como Japón, Inglaterra o Estados Unidos, desarrollen ciencia en suelo nacional y no se constituyan solo en expediciones de paso.

A continuación, el Honorable Senador señor Insulza valoró la presentación, considerando sugerente la comparación con la astronomía. Al respecto, recordó que hacia el año 1995 Chile contaba con un desarrollo astronómico incipiente hasta que una institución se interesó en construir el Observatorio Paranal, tema que captó el interés de Chile solo por el litigio que se originó por el territorio cedido a la Organización Europea para la Investigación Astronómica (ESO) para erigir dicho observatorio. Fue tanto el interés que motivó, que surgió la política de Estado que permitió al país contar con tres o cuatro de los mayores observatorios astronómicos mundiales. De este modo, puntualizó, si se ha aprovechado la astronomía, también debiera aprovecharse el territorio antártico para el desarrollo de la ciencia e investigación.

Por otro lado, recordó que el Tratado Antártico versa sobre investigación científica y para ser miembro se debe desarrollar investigación relevante. De este modo, manifestó no comprender la razón para que la Universidad de Magallanes no sea operador antártico, tema que, estimó, debe ser analizado con mayor detalle.

El asesor de la Universidad de Magallanes y del Instituto de Ecología y Biodiversidad, señor Eduardo Barros, complementó, señalando que la mayoría de los países integrantes del tratado han migrado de una concepción geopolítica a una visión más científica, evolución que, a su juicio, no se observa en el proyecto de ley.

Las Fuerzas Armadas siguen siendo los operadores antárticos porque cuentan con las capacidades institucionales. Sin embargo, añadió que en países como Estados Unidos, están subordinadas a la institución nacional de ciencia, arquitectura que no tiene la iniciativa de ley. Agregó que tampoco el estatuto establece en forma explícita los presupuestos para las actividades antárticas, ni las glosas específicas para que haya un seguimiento del cumplimiento. En este sentido, consideró que la ley debiera incorporar otros operadores antárticos, desde luego el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, con el objeto de que Chile asuma el liderazgo en ciencia antártica y subantártica que se ha señalado.

El Honorable Senador señor Guillier también destacó que los tratados internacionales en materia antártica han evolucionado hacia objetivos relacionados con ciencia y tecnología. Por otro lado, valoró el esfuerzo regionalizador, que potencia la región de Magallanes y de la Antártica Chilena y la Universidad de Magallanes.

El Honorable Senador señor Moreira recordó a Guillermo Schiess, pionero del turismo antártico en la década del ’80. Han pasado 40 años, apuntó, y aún no se crea un estatuto antártico. Indicó que la región de Magallanes y de la Antártica Chilena siempre fue consciente de su carácter antártico, no obstante, llamó a ser cautos en centralizar todo el esfuerzo en la región, pues se necesita el apoyo nacional para emprender esta tarea.

Por lo anterior, sugirió convocar a una mesa de trabajo que integre a asesores parlamentarios, del Ejecutivo y académicos, con el fin de elaborar las propuestas para perfeccionar el estatuto, entre ellas, ampliar la relación de las Fuerzas Armadas en la labor que realizan en la Antártica a otros estamentos de la sociedad civil.

El Vicerrector de la Universidad de Magallanes, señor Andrés Mancilla, insistió en la oportunidad que significa para el desarrollo nacional y para la evolución de la ciencia mundial en asuntos antárticos y subantárticos.

A continuación, el Presidente de la Comisión puso en votación general el proyecto de ley, el que resultó aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Bianchi, Insulza, Moreira y Ossandón.

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TEXTO DEL PROYECTO

En mérito del acuerdo precedentemente expuesto, la Comisión de Relaciones Exteriores tiene el honor de proponer la aprobación en general del proyecto de ley en informe, en los mismos términos en que fue despachado por la Comisión Especial de Zonas Extremas y Territorios Especiales, en su primer informe, cuyo texto es el que sigue:

PROYECTO DE LEY:

“ESTATUTO CHILENO ANTÁRTICO

Título I

Disposiciones generales

Artículo 1.- Objetivos. La presente ley tiene como objetivos:

1. Proteger y fortalecer los derechos soberanos antárticos de Chile, con claros fundamentos geográficos, históricos, diplomático y jurídicos, a través del reforzamiento y profundización del Sistema del Tratado Antártico.

2. Preservar y mantener a la Antártica como una zona de paz, donde las actividades garanticen la protección y cuidado del medio ambiente antártico y su condición de reserva natural, dedicada a la paz y a la investigación científica.

3. Establecer los principios conforme a los cuales el Estado de Chile, a través de los órganos competentes, conduce la política antártica y ejerce sus competencias en materia antártica.

4. Potenciar y regular la actividad antártica de Chile con pleno respeto al Sistema del Tratado Antártico, incrementando su calidad de prestador de servicios operativos y logísticos para la actividad antártica e incentivando el desarrollo del país ligado a las actividades antárticas.

5. Fomentar la actividad antártica de Chile, promoviendo el desarrollo social y económico de la Región de Magallanes y Antártica Chilena.

Artículo 2.- Territorio Chileno Antártico. Forman la Antártica Chilena o Territorio Chileno Antártico todas las tierras, islas, islotes, arrecifes, glaciares (pack-ice), y demás, conocidos y por conocer, y el mar territorial y Océano Austral respectivo, existentes dentro de los límites del casquete constituido por los meridianos 53º longitud Oeste de Greenwich y 90º longitud Oeste de Greenwich, conforme lo dispuso el decreto supremo N° 1.747, e incluye los espacios marítimos que le corresponden de conformidad con el Derecho Internacional.

Asimismo, forman la Antártica Chilena o Territorio Chileno Antártico las barreras de hielo, la plataforma continental, la plataforma continental extendida y los espacios marítimos adyacentes conforme al Derecho Internacional.

El Territorio Chileno Antártico corresponde a una zona fronteriza para todos los efectos legales, sin perjuicio de la aplicación de los principios y normas del Sistema del Tratado Antártico.

Artículo 3.- Derechos soberanos sobre el Territorio Chileno Antártico. La soberanía chilena se ejercerá con pleno respeto a las normas del Derecho Internacional y a los compromisos internacionales del Estado de Chile que se encuentren vigentes, en el marco del Sistema del Tratado Antártico, y en conformidad con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico chileno.

Artículo 4.- Ámbito de aplicación. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14 del Código Civil, la presente ley se aplicará en todo el territorio de la República, y en el área del Tratado Antártico que no forme parte del Territorio Chileno Antártico, en el Océano Austral y el área marítima hasta la convergencia antártica:

1. Respecto de toda actividad que realice o en la que participe un nacional o extranjero residente en Chile.

2. Respecto de toda actividad que realice o en la que participe una persona extranjera cuando dicha actividad se ha organizado o comience en el territorio nacional, y requiera autorización del Estado de Chile.

Artículo 5.- Definiciones. Para los fines de esta ley:

1. Antártica o continente Antártico comprende la tierra firme, sus masas y barreras de hielo, y las islas que se encuentran al sur del paralelo 60° de latitud sur y el Océano Austral que las circunda, sin perjuicio de los límites que para sus efectos particulares fijan el Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente y la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, y los demás acuerdos internacionales aplicables en el área.

2. Océano Austral comprende todos los mares, cuerpos de aguas, cuencas oceánicas y áreas marinas al sur del paralelo 60°, y coincide con los límites de aplicación del Tratado Antártico de 1959.

3. Convergencia antártica, es el límite biogeográfico en la línea en el mar hasta la cual, por factores naturales tales como la salinidad del agua, las corrientes marinas y los cambios de temperatura, se extiende el ecosistema antártico, y que ha sido definida por el artículo I.4 de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos como límite norte de la zona de aplicación de la Convención.

4. Sistema del Tratado Antártico comprende:

a) El Tratado Antártico suscrito en Washington el 1 de diciembre de 1959, su Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente suscrito en Madrid el 4 de octubre de 1991, y las Recomendaciones, Medidas, Decisiones y Resoluciones vigentes aprobadas en las Reuniones Consultivas del Tratado Antártico;

b) La Convención para la Conservación de las Focas Antárticas suscrita en Londres el 28 de diciembre de 1972; y la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos suscrita en Canberra el 11 de septiembre de 1980, y las Medidas en vigor acordadas por la Comisión de esta última.

5. Evaluación de impacto ambiental de actividades antárticas es el procedimiento científico, técnico y administrativo destinado a determinar cualquier impacto sobre el medio ambiente antártico o en los ecosistemas dependientes o asociados de las actividades o proyectos que se planifique desarrollar en la Antártica por la autoridad ambiental competente.

6. Áreas o zonas antárticas especialmente protegidas o administradas son aquellas áreas marinas o terrestres, incluido el suelo o el subsuelo, designadas como tales por las Partes Consultivas de conformidad al Anexo V del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente.

7. Tomar o toma significa matar, herir, atrapar, manipular o molestar a un mamífero o ave autóctonos o retirar o dañar cantidades tales de plantas nativas que ello afecte significativamente a su distribución local o su abundancia, según ha sido definido por la letra g) del artículo 1° del Anexo II del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente.

8. Intromisión perjudicial, de conformidad con la letra h) del artículo 1° del Anexo II del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, significa:

a) el vuelo o el aterrizaje de helicópteros y de otras aeronaves de tal manera que perturben la concentración de aves y focas.

b) la utilización de vehículos o embarcaciones, incluidos los aerodeslizadores y barcos pequeños, de manera que perturben la concentración de aves y focas.

c) la utilización de explosivos y armas de fuego de manera que perturben la concentración de aves y focas.

d) la perturbación intencionada de la cría y la muda del plumaje de las aves o de las concentraciones de aves y focas por cualquier persona a pie.

e) dañar de manera significativa la concentración de plantas terrestres nativas por el aterrizaje de aeronaves, por conducir vehículos o por caminar sobre dichas plantas o por cualquier otro medio.

f) cualquier actividad que produzca una importante modificación negativa del hábitat de cualquier especie o población de mamíferos, aves, plantas o invertebrados autóctonos.

9. Región de responsabilidad de búsqueda y salvamento (SAR) es el área dentro de la cual corresponde al Estado de Chile, a través de sus instituciones, prestar servicios de búsqueda y salvamento en conformidad a los tratados internacionales vigentes.

10. Operador, es toda persona natural o jurídica, institución u organismo, estatal o no estatal, que organiza actividades a ser realizadas en la zona del Tratado Antártico. Un operador no incluye a una persona natural que sea empleada, contratista, subcontratista o agente o que esté al servicio de una persona natural o jurídica, sea estatal o no estatal, que organiza actividades a ser realizadas en la zona del Tratado Antártico, y no incluye a una persona jurídica que sea contratista o subcontratista que trabaje por cuenta y orden de un operador estatal.

11. Operador antártico es toda institución u organismo público, que organiza y desarrolla actividades operativas o logísticas a ser ejecutadas en la Antártica, contando con las autorizaciones prescritas en esta ley. Son operadores antárticos del Estado de Chile el Instituto Antártico Chileno, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, y las instituciones de las Fuerzas Armadas, dependientes del Ministerio de Defensa Nacional.

Título II

Institucionalidad antártica chilena

Artículo 6.- Política Antártica Nacional. La Política Antártica Nacional fijará los objetivos de Chile en la Antártica. Ella será propuesta por el Consejo de Política Antártica y fijada por el Presidente de la República, quien la promulgará mediante decreto supremo expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que llevará, además, las firmas de los ministros del Interior y Seguridad Pública, de Defensa Nacional, de Hacienda, de Economía, de Fomento y Turismo, y de Medio Ambiente.

La Política Antártica Nacional deberá ser sometida a evaluación y actualizada al menos cada diez años, desde la fecha de su promulgación.

Artículo 7.- Consejo de Política Antártica. El Consejo de Política Antártica, regulado en la ley Nº 21.080, es el órgano colegiado de naturaleza interministerial, presidido por el Ministro de Relaciones Exteriores, que tiene por función proponer al Presidente de la República las bases políticas, jurídicas, científicas, económicas, medioambientales, logísticas, deportivas, culturales y de difusión de la acción nacional en la Antártica, y proponer los grandes lineamientos de la Política Antártica Nacional.

El Consejo de Política Antártica podrá sesionar en las dependencias del Ministerio de Relaciones Exteriores, el que proporcionará los medios materiales para su funcionamiento. También podrá sesionar en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.

Respecto a sus funciones e integración se regirá por lo dispuesto en el Estatuto Orgánico del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Artículo 8.- Planes Estratégicos Antárticos. Los Planes Estratégicos Antárticos tendrán una vigencia de a lo menos cuatro años, y comprenderán las tareas y acciones concretas que se materializarán mediante el Programa Antártico Nacional de cada año. El Ministerio de Relaciones Exteriores los desarrollará en base a los objetivos que establezca la Política Antártica Nacional y deberán ser suscritos por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, siendo éstos necesarios para orientar la acción de los ministerios y entidades con competencias sectoriales en la materia.

Para la elaboración de los Planes Estratégicos Antárticos, el Ministerio de Relaciones Exteriores se coordinará con los distintos ministerios y entidades con competencia antártica y someterá estos planes a la consideración del Consejo de Política Antártica.

Artículo 9.- El Programa Antártico Nacional. El Programa Antártico Nacional es el conjunto de tareas y actividades concretas que se planifican anualmente para las campañas antárticas en cumplimiento del Plan Estratégico Antártico vigente y de los objetivos de la Política Antártica Nacional, que coordinará el Ministerio de Relaciones Exteriores, y estará constituido por las siguientes actividades:

1. Actividades definidas para el cumplimiento de los objetivos de la Política Antártica Nacional, en atención a lo dispuesto en los Planes Estratégicos Antárticos.

2. Actividades de los operadores antárticos dependientes del Ministerio de Defensa Nacional en cuanto a la operación de sus bases, estaciones o refugios y la logística propia, lo que informarán por intermedio del Ministerio de Defensa Nacional.

3. Actividades científicas y tecnológicas de investigación antártica en todas sus disciplinas, tanto ciencias naturales como ciencias sociales, jurídicas e históricas, coordinadas por el Instituto Antártico Chileno.

4. Cualquier otra actividad antártica nacional a cargo de órganos de la administración del Estado, sin perjuicio de las atribuciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública para actuar autónomamente.

A fin de confeccionar el Programa Antártico Nacional que se ejecutará cada año, el Ministerio de Relaciones Exteriores solicitará a los ministerios y entidades públicas, distintas del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y del Ministerio de Defensa Nacional y sus instituciones y organizaciones dependientes, que le informen, a más tardar el 31 de agosto de cada año, sobre sus actividades antárticas programadas para el año siguiente, en cumplimiento del Plan Estratégico correspondiente.

Artículo 10.- Conducción de la Política Antártica Nacional, coordinación interministerial y de la representación internacional. Al Ministerio del Interior y Seguridad Pública y al Ministerio de Relaciones Exteriores corresponde, según sus competencias, el conocimiento y coordinación de todos los asuntos relativos al Territorio Chileno Antártico y a la Antártica en general, velando por que las actividades que se desarrollen en dicho continente se ajusten a los lineamientos de la Política Antártica Nacional y sean acordes con las normas internacionales que obligan a Chile.

Adicionalmente, al Ministerio de Relaciones Exteriores le corresponde colaborar con el Presidente de la República en la planificación, dirección, coordinación, ejecución, control e información de la política exterior de Chile en relación al continente Antártico, y asumir la representación nacional ante las instancias del Sistema del Tratado Antártico y las relaciones bilaterales sobre la materia.

Los diversos ministerios y entidades estatales con competencia sectorial en las actividades antárticas coordinarán su labor por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, con excepción del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y de los operadores antárticos dependientes del Ministerio de Defensa Nacional señalados en el artículo 15.

Artículo 11.- Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores en materia antártica. Será competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores:

1. Supervisar y coordinar la ejecución de la Política Antártica Nacional.

2. Coordinar la realización de las actividades nacionales en la Antártica en el marco del Programa Antártico Nacional.

3. Asesorar al Presidente de la República en la conducción de los aspectos políticos y diplomáticos de la Política Antártica Nacional.

4. Mantener las relaciones multilaterales y bilaterales con los Estados, organizaciones internacionales, foros y regímenes internacionales del Sistema del Tratado Antártico.

5. Velar por el cumplimiento de las normas del Sistema del Tratado Antártico, sin perjuicio de lo dispuesto en la letra d) del artículo 70 de la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

6. Coordinar todos los asuntos referentes a la Antártica en que participen los ministerios, organismos y reparticiones estatales con competencia en materia antártica.

7. Autorizar la realización de actividades no gubernamentales en la Antártica, de conformidad con lo previsto en esta ley y su reglamento.

Las funciones señaladas en el inciso anterior se ejercerán sin perjuicio de las competencias que tienen en el territorio antártico el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Ministerio de Defensa Nacional.

Artículo 12.- Funciones del Ministerio de Defensa Nacional en materia antártica. Será competencia específica del Ministerio de Defensa Nacional planificar, coordinar y ejercer la dirección de las actividades antárticas que efectúen las Fuerzas Armadas y entidades dependientes de la defensa nacional.

El ejercicio de las competencias del Ministerio de Defensa Nacional señaladas en el inciso anterior, y el empleo de su personal o equipo militar, deberán tomar en consideración que la Antártica se utilizará exclusivamente para fines pacíficos y científicos.

Artículo 13.- Operadores antárticos. Los operadores antárticos del Estado de Chile serán los encargados de organizar y realizar las actividades operativas, logísticas y científicas del país en la Antártica, y de la mantención de sus bases y estaciones, debiendo planificar y organizar su labor en coherencia con el Programa Antártico Nacional y en conformidad a los lineamientos que establezca el Consejo de Política Antártica.

Artículo 14.- Instituto Antártico Chileno. El Instituto Antártico Chileno, en adelante también “INACH”, tiene por principal misión planificar, coordinar, autorizar y realizar la actividad científica, tecnológica y de difusión en materias antárticas, y se rige por su estatuto orgánico. Para cumplir con su misión realizará y organizará todas las actividades operativas y logísticas que sean necesarias.

El Instituto Antártico Chileno en el cumplimiento de su respectiva misión institucional, podrá coordinarse directamente con los operadores antárticos dependientes del Ministerio de Defensa Nacional para los fines operativos y logísticos.

Artículo 15.- Operadores antárticos dependientes del Ministerio de Defensa Nacional. Los operadores antárticos dependientes del Ministerio de Defensa Nacional coordinarán sus actividades a través de ese ministerio, las que se regirán por los objetivos de la Política Antártica Nacional y los planes estratégicos que se elaboren para su cumplimiento.

La coordinación operativa y logística entre las Fuerzas Armadas se realizará a través del Estado Mayor Conjunto, y la coordinación entre estos Operadores y los demás ministerios con competencias en la materia se efectuará por medio de la Subsecretaría de Defensa.

En la ejecución del Programa Científico Nacional, los operadores antárticos dependientes del Ministerio de Defensa Nacional podrán prestar servicios de apoyo y operacionales al INACH.

Artículo 16.- Comité Operativo para la Evaluación de Impacto Ambiental sobre el Medio Ambiente Antártico. El Comité Operativo para la Evaluación de Impacto Ambiental sobre el Medio Ambiente Antártico es el órgano encargado de evaluar el impacto en el medio ambiente y certificar que las actividades y proyectos que se planifiquen para ser desarrollados en la Antártica cumplan con los requisitos ambientales dispuestos por las normas nacionales e internacionales respectivas.

El Comité Operativo para la Evaluación de Impacto Ambiental sobre el Medio Ambiente Antártico dependerá administrativamente del Ministerio de Medio Ambiente, y su composición y normas de funcionamiento estarán determinadas por el reglamento respectivo, que será dictado por ese ministerio y llevará, además, la firma del Ministro de Relaciones Exteriores.

Título III

Gobierno y Administración Interior del Territorio Chileno Antártico

Artículo 17.- Atribuciones del Delegado Presidencial Regional de la Región de Magallanes y Antártica Chilena. El Delegado Presidencial Regional de la Región de Magallanes y Antártica Chilena coordinará las iniciativas en la Antártica por instrucción del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, informando al Ministerio de Relaciones Exteriores. En particular le corresponderá:

1. Velar por el cumplimiento de la normativa nacional e internacional aplicable en la Antártica.

2. Difundir las disposiciones y medidas de protección al medioambiente antártico.

3. Administrar, según corresponda, los fondos que se destinen a actividades antárticas de gobierno interior.

4. Ejecutar y supervisar aquellas tareas que le disponga el Consejo de Política Antártica.

5. Facilitar la coordinación entre las autoridades de las bases antárticas chilenas.

6. Recibir las denuncias por infracciones a esta ley, a las normas de protección del medioambiente antártico y a la legislación general chilena por hechos acontecidos en la Antártica, sin perjuicio de las atribuciones de las demás autoridades competentes en la materia.

7. Toda otra facultad que le encomiende la legislación vigente.

En el ejercicio de sus funciones el Delegado Presidencial de la Región de Magallanes y Antártica Chilena deberá cumplir sus cometidos de forma coordinada con los órganos de la Administración del Estado, incluido el Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena, propendiendo a la unidad de acción y evitando la duplicación o interferencia de funciones, conforme al artículo 5 de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Artículo 18.- Atribuciones del Gobierno Regional de la Región de Magallanes y Antártica Chilena en la Antártica Chilena. El Gobierno Regional de la Región de Magallanes y Antártica Chilena ejercerá sus atribuciones en conformidad a la ley Nº 19.175, orgánica constitucional sobre Gobierno y Administración Regional. En particular le corresponderá:

1. Promover la identidad antártica.

2. Decidir la destinación de fondos regionales a proyectos específicos a desarrollarse en el territorio antártico.

3. Adoptar las medidas necesarias para enfrentar situaciones de emergencia o catástrofe, dentro de su competencia.

4. Fomentar y velar por la protección, conservación y mejoramiento del medio ambiente en el territorio antártico.

5. Fomentar el turismo en el territorio antártico, respetando el ecosistema y el derecho internacional.

6. Promover la investigación científica y tecnológica.

7. Fomentar, financiar y difundir actividades culturales en el territorio antártico.

8. Promover actividades deportivas en el territorio antártico.

9. Toda otra facultad que le encomiende la legislación vigente.

Las resoluciones que adopte el Gobierno Regional para ejercer una o más de sus atribuciones en materia antártica deberán ser ejecutadas en forma coherente con las políticas públicas nacionales vigentes, correspondiendo al ministro respectivo velar por aquello. Para estos efectos, se entenderá que existe dicha coherencia cuando el ejercicio de funciones por el Gobierno Regional no contradiga las políticas públicas nacionales y sea compatible con los principios o definiciones establecidas en aquéllas.

Asimismo, en dicho ejercicio se deberá actuar coordinadamente, propendiendo a la unidad de acción, evitando la duplicación o interferencia de funciones, en cumplimiento del artículo 5 de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Título IV

Financiamiento de la actividad antártica nacional

Artículo 19.- Financiamiento para las actividades en la Antártica. La Ley de Presupuestos del Sector Público deberá consultar anualmente recursos para financiar la actividad antártica nacional, especialmente de los operadores antárticos referidos en el número 11 del artículo 5.

Título V

Regulación de actividades antárticas

Artículo 20.- Uso y explotación de la Antártica y sus recursos. La Antártica se utilizará exclusivamente para fines pacíficos y con pleno respeto a los principios de protección ambiental y demás regulaciones impuestas por la presente ley, el Sistema del Tratado Antártico y otras disposiciones del derecho nacional e internacional que resulten aplicables.

El uso pacífico de la Antártica incluye las actividades científicas, tecnológicas, comerciales, turísticas, deportivas, artísticas y culturales y, en general, aquellas actividades que puedan realizarse de un modo racional y sostenible, y que sean planificadas y realizadas de forma que se prevenga y limite el impacto perjudicial sobre el medio ambiente antártico y los ecosistemas dependientes y asociados.

Artículo 21.- Actividades prohibidas. Está prohibido en la Antártica:

1. Efectuar explosiones nucleares y eliminar desechos radioactivos.

2. Realizar cualquier actividad relacionada con los recursos minerales, salvo la investigación científica, a menos que entre en vigor un régimen internacional jurídicamente obligatorio sobre tales actividades y condiciones en que ellas podrán ser aceptadas y que salvaguarde los derechos soberanos antárticos chilenos.

3. Introducir especies animales o vegetales no nativas o exóticas, salvo los casos especialmente contemplados en el artículo 37 y cumpliendo las condiciones que en él prescritas.

4. Descargar en el mar hidrocarburos petrolíferos o mezclas petrolíferas, de conformidad a lo previsto en el artículo 3 del Anexo IV del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente.

5. Descargar en el mar sustancias nocivas líquidas, de conformidad a lo previsto en el artículo 4 del Anexo IV del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente.

6. Eliminar todo tipo de basura y residuos en cualquier sector de la Antártica y sus mares circundantes, salvo en los casos especialmente autorizados por el Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente y sus Anexos o las normas internacionales sobre navegación marítima.

7. Descargar en el mar aguas residuales de conformidad a lo previsto en el artículo 6 del Anexo IV del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente.

8. Dañar, trasladar o destruir un sitio o monumento nacional o un sitio o monumento histórico designado en conformidad al Sistema del Tratado Antártico.

9. Cazar, capturar o sacrificar focas de conformidad a lo previsto en el punto 4 del Apéndice I de la Convención para la Conservación de las Focas Antárticas.

10. Toda captura, acción deliberada o interferencia dañina a los albatros y petreles, sus huevos o sus sitios de nidificación, salvo en los casos expresamente autorizados por el Acuerdo sobre la Conservación de Albatros y Petreles y sus Anexos.

11. En general, realizar cualquier tipo de actividad sin contar con las autorizaciones y evaluaciones ambientales correspondientes.

La ejecución de cualquiera de las acciones prohibidas en este artículo se sancionará conforme a lo que dispone el Título VI.

Artículo 22.- Actividades que requieren autorización previa. Está prohibido en la Antártica, a menos que se cuente con autorización expresa del Instituto Antártico Chileno:

1. Ingresar a una Zona Antártica Especialmente Protegida, designada de conformidad con lo previsto en el Anexo V del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente.

2. Efectuar una toma o intromisión perjudicial respecto a la fauna y flora antártica, conforme a las definiciones de la presente ley, y en particular respecto de las Especies Especialmente Protegidas, según lo previsto en el Anexo II del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente.

3. Introducir en la Antártica especies animales o vegetales no nativas o exóticas.

4. Introducir en la Antártica productos o elementos químicos potencialmente dañinos para el medio ambiente.

Un reglamento expedido por el Ministerio de Medio Ambiente, que llevará además la firma del Ministro de Relaciones Exteriores, establecerá los requisitos para la autorización de las acciones descritas anteriormente, en concordancia a lo previsto en el Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente y sus anexos, y fijará el procedimiento administrativo para su otorgamiento.

Artículo 23.- Autorización para realizar actividades antárticas no estatales. Toda actividad a desarrollarse en la Antártica por nacionales o extranjeros residentes requerirá la autorización previa de las autoridades competentes, excepto las actividades pesqueras o de extracción reguladas en el artículo 30 y las actividades científicas reguladas en el artículo 25.

Asimismo, requerirá esta autorización toda actividad en la Antártica que realice o en la que participe una persona extrajera, en los casos indicados en el número 2 del artículo 4.

Un reglamento expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y suscrito por los Ministerios del Interior y Seguridad Pública; Defensa Nacional; Economía, Fomento y Turismo, y Medio Ambiente, determinará el procedimiento para solicitar y obtener las autorizaciones a las que se refiere este artículo.

Artículo 24.- Realización de actividades estatales en la Antártica. Toda actividad realizada por órganos o entidades estatales, con excepción de las que realice el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y las actividades exclusivamente operativas y logísticas realizadas por los operadores antárticos, y aquellas señaladas en los artículos 25 y siguientes, deberán ser informadas al Ministerio de Relaciones Exteriores por la entidad estatal a cargo de su planificación.

Si el Ministerio de Relaciones Exteriores estima que la actividad pudiere producir algún tipo de contingencia o responsabilidad internacional deberá emitir un informe indicando las consecuencias jurídicas o políticas adversas debido a su realización.

Artículo 25.- Autorización y coordinación de las actividades científicas y tecnológicas antárticas. El Estado de Chile, a través de los distintos Ministerios y organismos con competencia en materia antártica, dará prioridad a la investigación científica y tecnológica y a la preservación de la Antártica como una zona para la realización de tales investigaciones.

Corresponderá al INACH planificar, coordinar, orientar y controlar las actividades científicas y tecnológicas que los organismos del Estado o particulares realicen en el Territorio Chileno Antártico o en el resto del continente Antártico.

Toda actividad científica o tecnológica a realizarse en la Antártica por chilenos o extranjeros residentes, ya sean personas naturales, personas jurídicas o instituciones, públicas o privadas, además de dar cumplimientos a todas las normas previstas en esta ley, deberá contar con la autorización previa del Instituto Antártico Chileno.

Asimismo, requerirá esta autorización toda actividad en la Antártica que realice o en la que participe una persona extrajera, en los casos indicados en el número 2 del artículo 4.

Artículo 26.- Autorización de zarpe y despegue de naves y aeronaves nacionales o que participan en alguna actividad antártica nacional. Toda nave, aeronave u otra embarcación que zarpe o despegue desde puertos o aeropuertos nacionales con destino a la Antártica deberá acreditar ante las autoridades marítimas o aeronáuticas correspondientes, mediante los respectivos certificados:

1. Que participa en una actividad autorizada de conformidad con los artículos 23 o 25.

2. Que la actividad cuenta con la evaluación de impacto ambiental a que se refiere el artículo 35.

3. Que la actividad cuenta con planes de emergencia para responder frente a incidentes e imprevistos que puedan tener efectos adversos para el medio ambiente antártico o sus ecosistemas dependientes y asociados, conforme a la normativa de seguridad aérea y marítima internacional y nacional vigente.

4. Que la actividad cuenta con los seguros vigentes exigidos por esta ley.

5. Que la actividad cuenta con la autorización del Instituto Antártico Chileno, cuando involucra el transporte hacia la Antártica de especies animales o vegetales no nativas o exóticas, o productos o elementos químicos potencialmente dañinos para el medio ambiente, de conformidad a lo previsto en los números 3 y 4 del artículo 22 precedente.

Las naves que realicen actividades pesqueras o de extracción deberán, además, cumplir con los requisitos especiales que fijen otras normas que les sean aplicables.

Las naves o aeronaves de propiedad del Estado de Chile estarán sujetas a igual procedimiento.

Las naves y aeronaves extranjeras que se encuentren de paso por los puertos o aeropuertos chilenos estarán eximidas de este procedimiento únicamente en cuanto acrediten haberse sometido a un procedimiento equivalente en sus Estados de origen. Al efecto, el responsable de la nave o aeronave o de la expedición que hace uso de ellas, según fuere el caso, deberá presentar certificado de autorización de su Estado de origen o del que sea nacional. La exención de que trata este inciso no libera a las citadas naves o aeronaves del cumplimiento de los demás requisitos generales para la autorización de su zarpe o despegue, según dispongan las autoridades marítimas o aeronáuticas chilenas.

El Estado de Chile suscribirá convenios de homologación con aquellos Estados que operan recurrentemente hacia la Antártica desde puertos o aeropuertos nacionales.

El incumplimiento de cualquiera de los requisitos contemplados en este artículo, así como en otras disposiciones de esta ley o de los reglamentos que se dicten conforme a ella, o de las normas generales chilenas, será motivo suficiente para no autorizar el zarpe o despegue, o para retener a la nave o aeronave que habiendo arribado o aterrizado proveniente de la Antártica pretenda proseguir su viaje. Lo anterior, sin perjuicio de las otras sanciones que pudiera corresponder en conformidad a lo dispuesto en esta ley.

Artículo 27.- Disposiciones especiales para actividades científicas. Toda actividad científica a realizarse en la Antártica por chilenos o extranjeros residentes, ya sean personas naturales, personas jurídicas o instituciones, públicas o privadas, además de dar cumplimientos a todas las normas y principios enunciados y tratados en esta ley, deberán contar con la autorización previa del Instituto Antártico Chileno.

Artículo 28.- Disposiciones especiales para actividades artísticas, culturales y deportivas. El Estado promoverá y apoyará la realización de actividades artísticas, culturales o deportivas relacionadas con la Antártica o a desarrollarse en ella, con el fin de incentivar el incremento de la identidad antártica chilena y la difusión de las actividades de Chile en dicho continente.

Sólo se brindará apoyo a actividades artísticas, culturales o deportivas particulares en la medida en que ello no afecte a las que se realizan conforme al Programa Antártico Nacional, que cuenten con las autorizaciones y evaluaciones de impacto ambiental dispuestas en esta ley, y que sean efectuadas bajo la responsabilidad de sus organizadores y participantes, respecto de los riesgos y eventuales daños que pudieran provocarse con ocasión de su realización.

Artículo 29.- Disposiciones especiales para actividades turísticas. El Estado promoverá y apoyará las actividades de turismo antártico, y controlará que cumplan con las normas de la presente ley y del reglamento dictado al efecto, y que promuevan el incremento de la identidad antártica chilena y la difusión de las actividades de Chile en dicho continente.

Todo operador que administre o ejecute actividades turísticas en la Antártica, ya sea a cuenta propia o a nombre de terceros, nacionales o extranjeros, deberá contar con seguros para responder por los costos de las acciones de contención o reparación que sean necesarias emprender ante eventuales daños ambientales que se causen con su ejecución.

Las naves o aeronaves empleadas en actividades turísticas estarán sujetas a las normas generales de esta ley.

Un reglamento expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, suscrito por el Ministro del Interior y Seguridad Pública, el Ministro de Economía, Fomento y Turismo, y el Ministro del Medio Ambiente, establecerá las condiciones y requisitos para realizar las actividades de turismo en la Antártica.

Artículo 30.- Disposiciones especiales para actividades pesqueras y otras actividades de captura de recursos vivos marinos antárticos. Las actividades pesqueras y otras actividades comerciales lícitas en relación con los recursos vivos marinos antárticos realizadas por personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras residentes en el país, estarán sujetas a las normas pertinentes de la Ley General de Pesca y Acuicultura, a las regulaciones que establezca la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, y a las medidas dictadas conforme o en cumplimiento de la Convención de Conservación de las Focas Antárticas, la Convención sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, el Acuerdo sobre la Conservación de Albatros y Petreles, y todo otro precepto aplicable del Sistema del Tratado Antártico vigentes, y las disposiciones de esta ley, salvo que sean expresamente exceptuadas.

Artículo 31.- Acciones de búsqueda y rescate. Los centros de coordinación de búsqueda y rescate marítimo y aéreo de Punta Arenas y los sub-centros que se establezcan en el Territorio Chileno Antártico serán los encargados de coordinar las acciones respectivas.

Para efectos de facilitar el cumplimiento de su función, todas las naves o aeronaves que zarpen o despeguen desde puertos o aeropuertos chilenos con destino a la Antártica, cualquiera sea su nacionalidad, naturaleza o dependencia, estatales o privadas, científicas, turísticas, pesqueras u otras, deberán informar a las autoridades pertinentes su plan de navegación o vuelo y comunicar su posición durante la travesía, a intervalos de tiempo regular y al menos diariamente, a los centros o sub-centros de búsqueda y rescate chilenos.

Artículo 32.- Notificación previa sobre la ejecución de expediciones antárticas. En función de la información contenida en el Programa Antártico Nacional y de las autorizaciones entregadas de conformidad con esta ley respecto a las expediciones gubernamentales y no gubernamentales programadas anualmente, y de la información que se tenga sobre expediciones a la Antártica de otros países que se organicen, planifiquen o partan desde Chile, el Ministerio de Relaciones Exteriores notificará por adelantado a la Secretaría del Tratado Antártico, a más tardar al día 15 de octubre de cada año, sobre la planificación y ejecución de las mismas, a fin de que dicha información sea transmitida a cada uno de los Estados Partes del Sistema del Tratado Antártico.

Las expediciones antárticas que no hayan sido informadas de conformidad con inciso anterior, se comunicarán dentro de diez días hábiles desde que se tenga conocimiento de ellas.

En particular, se informará sobre:

1. Toda expedición a la Antártica y dentro de la Antártica en la que participen naves o aeronaves nacionales, y sobre todas las expediciones a la Antártica que se organicen o partan desde el territorio nacional.

2. Todas las estaciones en la Antártica ocupadas por nacionales.

3. Todo personal o equipo militar que se proyecte introducir en la Antártica en apoyo de la investigación científica o con alguna de las otras finalidades autorizadas por el Tratado Antártico.

Título VI

Protección y conservación

del medio ambiente antártico

Artículo 33.- Principio de protección y conservación del medioambiente antártico. Todas las actividades que se planifiquen o ejecuten en la Antártica deberán tener en cuenta la protección y conservación del medio ambiente antártico y los ecosistemas dependientes y asociados, y deberán efectuarse considerando prevenir y reparar las alteraciones al ecosistema que eventualmente produzcan tales actividades, de conformidad con lo previsto en el Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente.

Con tal finalidad, serán de cumplimiento obligatorio para toda expedición a la Antártica y dentro de ella, como las actividades que allí se realicen, en la que participen chilenos o naves o aeronaves nacionales, y para todas las expediciones a la Antártica que sean autorizadas por el Estado de Chile, tanto las normas que contempla esta ley y los reglamentos dictados conforme a ella como las medidas sobre protección y conservación de la flora y fauna antártica y del medio ambiente en general que se acuerden dentro de las instancias del Sistema del Tratado Antártico y que se encuentren vigentes.

Un reglamento expedido por el Ministerio de Medio Ambiente, suscrito por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Ministro de Relaciones Exteriores, fijará los criterios y parámetros que deberán seguirse en la planificación y ejecución de toda actividad a realizarse en la Antártica.

Artículo 34.- Eliminación y tratamiento de residuos. Toda actividad realizada en la Antártica se planificará y ejecutará considerando generar o tratar en ella la menor cantidad posible de residuos, con el fin de minimizar su repercusión en el medioambiente antártico y las interferencias con los valores naturales de la Antártica, con la investigación científica o con los otros usos lícitos de la Antártica.

El manejo de residuos se regirá por los principios de prevención, jerarquía y racionalidad ambiental.

Los residuos producidos por toda expedición a la Antártica y dentro de ella, o resultados de las actividades que allí se realicen, en la que participen chilenos o naves o aeronaves nacionales, y que haya sido organizada o autorizada en Chile, y en la medida que ello sea técnicamente posible, serán devueltos al territorio nacional americano. El resto de los residuos serán tratados o eliminados de modo de minimizar el daño o efectos ambientales de los mismos.

El almacenamiento, eliminación, tratamiento y remoción de residuos se efectuará conforme a los procedimientos que determine el reglamento respectivo. Asimismo, el reglamento determinará las sustancias y residuos cuya descarga o eliminación se encuentre prohibida en la Antártica en virtud de los acuerdos internacionales suscritos por Chile y que se encuentren vigentes.

Con el fin de reducir aún más el impacto de los residuos en el medio ambiente antártico, el Ministerio de Medio Ambiente preparará, revisará y actualizará los planes de tratamiento de residuos de las bases antárticas nacionales, así como los de las naves y aeronaves nacionales que se destinen para las actividades antárticas.

Artículo 35.- Evaluación de impacto ambiental de actividades antárticas. Durante la etapa de planificación de cualquier actividad que se desarrolle en la Antártica, de conformidad con los programas de investigación científica, con el turismo y con las actividades gubernamentales y no gubernamentales, especialmente de aquellas que requieran de notificación previa conforme al inciso tercero del artículo 32, así como las actividades de apoyo logístico correspondientes, deberán someterse a los procedimientos de evaluación de impacto sobre el medio ambiente antártico o en los ecosistemas dependientes o asociados. Se exceptúan de la evaluación contemplada en este artículo las actividades pesqueras y de extracción contempladas en el artículo 30.

Deberán someterse a una nueva evaluación de impacto ambiental las actividades descritas en el inciso primero cuando las afecte cualquier cambio significativo, sea que tal cambio se deba a un aumento o a una disminución de la intensidad de una actividad ya existente, a que se añada a ella una nueva actividad, al cierre de una instalación, o a cualquier otra causa.

Cuando alguna de tales actividades sea planificada conjuntamente por Chile y otro u otros Estados Partes del Sistema del Tratado Antártico, el Ministerio de Relaciones Exteriores coordinará la aplicación de los procedimientos de evaluación de impacto sobre el medio ambiente antártico a fin de determinar si se realizará en Chile o en otro Estado.

La evaluación de impacto ambiental será efectuada por el Comité Operativo para la Evaluación de Impacto Ambiental sobre el Medio Ambiente Antártico señalado en el artículo 16 y se regirá por el reglamento indicado en ese artículo, que fijará los contenidos mínimos de las propuestas de actividades o proyectos que se sometan a evaluación de impacto ambiental, según corresponda a cada una de las tres categorías que se señalan en el artículo siguiente; los parámetros e indicadores que permitan determinar sobre una base científica cuándo una actividad puede producir un impacto menos que mínimo o transitorio, mínimo o transitorio o más que mínimo o transitorio; y el procedimiento para la evaluación de impacto ambiental.

Artículo 36.- Categorías de Evaluación de Impacto Ambiental. Las evaluaciones de impacto ambiental de las actividades antárticas pueden ser:

1. Evaluación de impacto ambiental preliminar, si la actividad planificada causará menos que un impacto mínimo o transitorio.

2. Evaluación de impacto ambiental inicial, si la actividad antártica planificada causará un impacto mínimo o transitorio.

3. Evaluación de impacto ambiental global, si la actividad antártica causará más que un impacto mínimo o transitorio.

El operador de la actividad antártica podrá presentar una evaluación de impacto ambiental preliminar, inicial o global según lo estime pertinente, de acuerdo al nivel de impacto que prevé que pueda causar la actividad antártica que pretende desarrollar.

Si tras el estudio respectivo el Comité Operativo para la Evaluación de Impacto Ambiental sobre el Medio Ambiente Antártico determina que una evaluación de impacto ambiental preliminar cumple con los parámetros requeridos, lo certificará y comunicará al interesado que puede desarrollar la actividad en conformidad a lo informado. Asimismo, si determina que una evaluación de impacto ambiental inicial cumple con las exigencias pertinentes, lo certificará y comunicará al interesado que, una vez que se establezcan los procedimientos apropiados para evaluar y verificar el impacto ambiental de la actividad, puede dar inicio a la misma.

Aprobada la evaluación de impacto ambiental global por el Comité Operativo para la Evaluación de Impacto Ambiental sobre el Medio Ambiente Antártico, será presentada por el Ministerio de Relaciones Exteriores ante el organismo competente del Sistema del Tratado Antártico, conjuntamente con la autorización del artículo 23 y los antecedentes en que se funda, y se seguirá con el procedimiento internacional previsto en el artículo 3 del Anexo I del Protocolo al Tratado Antártico, antes de iniciar la actividad planificada.

Artículo 37.- Información a los operadores. Los operadores podrán acceder a información relevante sobre protección al medio ambiente antártico a través del Sistema Nacional de Información Ambiental establecido en el artículo 31 ter de la ley N° 19.300. Dicha información comprenderá, entre otros, las actividades prohibidas en la Antártica, la lista de Especies Especialmente Protegidas, las Zonas Especialmente Protegidas o Administradas, los monumentos históricos y las conductas que constituyen infracciones o delitos y sus respectivas sanciones.

Artículo 38.- Obligación de informar sobre daños al medioambiente antártico. Cualquier persona que tenga conocimiento de la ocurrencia de un daño al medio ambiente antártico, esté o no implicada en la producción del mismo, tendrá la obligación de comunicarlo a la brevedad a las autoridades nacionales mencionadas en el artículo 45.

Artículo 39.- Emergencias ambientales. En casos de emergencias ambientales en la Antártica, las autoridades pertinentes dispondrán una respuesta rápida y efectiva con todos los medios nacionales que estén en el área de la emergencia ambiental y podrán solicitar el apoyo de otros Estados Partes si fuere necesario.

El Ministerio de Medio Ambiente, en coordinación con los Ministerios del Interior y Seguridad Pública, de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, elaborará pautas o medidas para responder a los incidentes que puedan tener efectos adversos para el medio ambiente antártico o sus ecosistemas dependientes y asociados.

Artículo 40.- Daño al medio ambiente antártico. Todo daño ambiental en el Territorio Chileno Antártico, en la Antártica o en el Océano Austral, causado culposa o dolosamente por una persona natural o jurídica sujeta a la presente ley en virtud de lo dispuesto en el artículo 4, dará lugar a las acciones de reparación medioambiental previstas en la ley 19.300.

No procederá la acción para obtener la reparación del medio ambiente dañado cuando quien cometió el daño ejecutó satisfactoriamente un plan de reparación aprobado por la Superintendencia del Medio Ambiente.

Artículo 41.- Presunción. Se presume legalmente la culpa del autor del daño al medio ambiente antártico si en la realización de la actividad antártica que causó el daño ambiental existe infracción a las normas previstas en la presente ley, a los reglamentos dictados conforme a ella, o a las normas del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente y sus anexos.

Artículo 42.- Titularidad de la acción ambiental. El Estado de Chile, representado por el Consejo de Defensa del Estado, será el titular de la acción ambiental destinada a obtener la reparación del medio ambiente antártico dañado.

Esta disposición no obsta a la acción indemnizatoria que pueda presentar toda persona natural o jurídica, pública o privada, que haya sufrido el perjuicio en razón del daño ambiental.

Artículo 43.- Competencia. Será competente para conocer de la acción de reparación derivada del daño al medio ambiente antártico el tribunal ambiental que corresponda, de conformidad a lo previsto en el número 2° del artículo 17 de la ley Nº 20.600, y se le aplicarán las normas de procedimiento establecidas en dicha ley.

Artículo 44.- Norma subsidiaria. En lo no tratado en esta ley respecto a los temas ambientales, y en cuanto no sea contradictoria con la misma, se aplicará subsidiariamente la ley N° 19.300.

Título VII

Fiscalización y sanciones

Párrafo 1°

Autoridades competentes, infracciones y sanciones

Artículo 45.- Fiscalización. La fiscalización del cumplimiento de las disposiciones de los títulos V y VI de la presente ley y sus reglamentos será ejercida:

a) En el continente Antártico por los funcionarios del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea y del Instituto Antártico Chileno que se encuentren en dicho territorio. En el ejercicio de esta función fiscalizadora, los jefes de bases antárticas de cualquiera de estas instituciones tendrán la calidad de ministros de fe.

b) En el resto del país los funcionarios de la Armada, de la Dirección de Aeronáutica Civil y Carabineros quienes tendrán la calidad de ministros de fe.

Artículo 46.- Infracciones. Se castigará a la persona natural o jurídica que realice una actividad en la Antártica o en el Océano Austral e incurra en las siguientes conductas con las siguientes multas:

1. Al que realice una actividad en la Antártica sin contar con las autorizaciones y evaluación de impacto ambiental previstas en esta ley, con multa de 100 a 1.500 unidades tributarias mensuales.

2. Al que estando a cargo de una actividad antártica debidamente autorizada y que cuente con la evaluación del impacto ambiental, al momento de realizarla no cumpla estrictamente la planificación que fue establecida en la actividad o proyecto aprobado ambientalmente o la planificación de la actividad autorizada de conformidad a los artículos 23 o 25, con multa entre 100 y 1.000 unidades tributarias mensuales.

3. Al que eliminare cualquier tipo de basura en el mar de la Antártica en los términos previstos en el artículo 5 del Anexo IV del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente o eliminare cualquier tipo de basura o residuo en la Antártica, sea en el mar o en tierra, en infracción a los procedimientos establecidos en el reglamento, con multa entre 100 y 1.000 unidades tributarias mensuales.

4. Al que descargare en el mar de la Antártica aguas residuales en los términos previstos en el artículo 6 del Anexo IV del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, con multa de 100 a 1.000 unidades tributarias mensuales.

Las multas establecidas en los numerales anteriores serán aplicables sin perjuicio de las acciones establecidas en los artículos 34 y siguientes.

Artículo 47.- Competencia. Serán competentes para conocer de las infracciones consagradas en el artículo anterior y de las infracciones a los reglamentos señalados en la presente ley, el Juez de Policía Local de Punta Arenas, sin perjuicio del lugar donde ésta se hubiese verificado. Asimismo, será éste el competente para conocer de los casos en que la infracción hubiese sido cometida en la Antártica o en el Océano Austral, ambos definidos en el artículo 5.

Artículo 48.- Procedimiento. El Juez de Policía Local conocerá de las infracciones en conformidad al procedimiento establecido en la ley Nº 18.287, con las modificaciones que se señalan a continuación:

1. Los funcionarios indicados en el artículo 39 que sorprendan infracciones a la presente ley y sus reglamentos deberán denunciarlo al juzgado de policía local competente y citar personalmente al inculpado, si estuviere presente por escrito, o si estuviere ausente mediante nota que dejarán en un lugar visible del domicilio del infractor o en la nave o embarcación utilizada, para que comparezca a la audiencia más próxima, indicando día y hora bajo apercibimiento de proceder en su rebeldía.

2. La citación para que comparezca a la audiencia no podrá hacerse para antes del décimo ni después del vigésimo quinto día hábil siguiente a la fecha de la notificación. En el evento que el denunciado resida en un lugar alejado a aquél en el que se realizó la denuncia, éste podrá concurrir al juzgado de policía local de su residencia para formular sus descargos por escrito y solicitar que, por medio de exhorto, se recabe la resolución del caso. El juez exhortado comunicará al exhortante la sentencia dictada.

3. La denuncia que se formule al juzgado de policía local deberá contener todos los detalles y antecedentes necesarios para la correcta individualización del denunciado, el número de su cédula de identidad u otro documento de identificación, y los hechos constitutivos de la infracción y la norma o normas precisas infringidas.

4. Los funcionarios indicados en el artículo 39 no podrán detener ni ordenar la detención de los que sorprendan in fraganti cometiendo una infracción, a menos de tratarse de una persona que no dé caución suficiente de que comparecerá a la audiencia que se le cite. El juez pondrá en conocimiento del detenido la denuncia respectiva y lo interrogará de acuerdo a su contenido.

Siempre que se prive de libertad a una persona se dará estricto cumplimiento a las disposiciones del Código Procesal Penal que obligan a informarle del motivo de la detención al momento de practicarla, y a comunicar a su familia, a su abogado o a la persona que indique el hecho de haber sido privado de libertad y su motivo.

Los que permanecieren detenidos serán puestos inmediatamente a disposición del juzgado de policía local, si fuere hora de despacho, o a primera hora de la audiencia más próxima, en caso contrario.

5. En caso de que el inculpado reconociera ante el tribunal su participación en los hechos constitutivos de la falta que se le atribuye y se allanare a la sanción que el mismo tribunal le advirtiere que contempla la ley para estos casos, se dictará sentencia definitiva de inmediato, la que no será susceptible de recurso alguno. El juez, en este evento, podrá no aplicar la sanción en su grado máximo, pudiendo considerar la reducción de ésta en no más de un veinte por ciento.

6. Para la determinación de las multas el juez tendrá en consideración, especialmente, si producto de la infracción se produjera daño ambiental y la entidad de éste o la potencialidad de haberlo causado, cuando el infractor sea reincidente o haya incurrido en faltas reiteradas a la presente ley.

7. El juez no podrá conmutar la multa, en todo o en parte, por la realización de trabajos en beneficio de la comunidad.

Artículo 49.- Deber de informar. Toda sentencia firme condenatoria recaída en procesos por infracciones de la presente ley deberá ser comunicada al más breve plazo por los tribunales competentes al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Artículo 50.- Prescripción. Las acciones para perseguir las infracciones de esta ley prescribirán en el plazo de cinco años, contado desde la fecha en que se cometió la infracción.

Las sanciones que se impongan prescribirán en el plazo de cinco años, contado desde que quede firme la sentencia condenatoria, según corresponda.

Párrafo 2°

De los delitos especiales en materia antártica

Artículo 51.- Competencia. Serán competentes para investigar y perseguir la responsabilidad de los delitos consagrados en este párrafo, cuando éstos sean cometidos en el territorio de la Antártica y en el Océano Austral, la fiscalía regional de Punta Arenas, y su conocimiento corresponderá al juzgado de garantía y al tribunal de juicio oral en lo penal de Punta Arenas.

Artículo 52.- Delitos especiales.

1. El que realice explosiones nucleares o elimine desechos radioactivos en la Antártica o en el Océano Austral será sancionado con pena de presidio mayor en sus grados medio a máximo.

2. El que realice cualquier actividad relacionada con los recursos minerales en la Antártica, en el Océano Austral o en la plataforma continental de la Antártica, a menos que dicha actividad sea con fines científicos y haya sido autorizada de conformidad con la presente ley, será sancionado con presidio menor en su grado medio a presidio menor en su grado máximo, y multa de 500 a 1500 unidades tributarias mensuales.

3. El que realice una toma, en los términos establecidos en el número 7 del artículo 5, en el área del Tratado Antártico sin contar con la autorización del Instituto Antártico Chileno o que al realizarla se exceda de la autorización respectiva será sancionado con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo, y multa de 500 a 1500 unidades tributarias mensuales.

4. El que realice una intromisión perjudicial, en los términos establecidos en el número 8 del artículo 5, sin contar con la autorización del Instituto Antártico Chileno o que al realizarla se exceda de la autorización respectiva será sancionado con presidio menor en su grado máximo y multa de 300 a 1200 unidades tributarias mensuales.

5. El que realice cualquier descarga en el mar de hidrocarburos petrolíferos o mezclas petrolíferas, excepto en los casos autorizados por el Anexo I del MARPOL 73/78, será sancionado con pena de presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de 500 a 1500 unidades tributarias mensuales. Sin perjuicio de lo anterior, se considerarán autorizadas:

a) Las descargas en el mar de hidrocarburos petrolíferos o de mezclas petrolíferas resultantes de averías sufridas por un buque o por sus equipos:

i. Siempre que después de producirse la avería o de descubrirse la descarga se hayan tomado todas las precauciones razonables para prevenir o reducir a un mínimo tal descarga; y

ii. Salvo que el propietario o el capitán haya actuado ya sea con la intención de causar la avería o con imprudencia temeraria y a sabiendas de que era muy probable que se produjera la avería.

b) Las descargas en el mar de sustancias que contengan hidrocarburos petrolíferos cuando sean empleados para combatir casos concretos de contaminación a fin de reducir los daños resultantes de tal contaminación.

6. El que descargue en el mar cualquier sustancia nociva líquida o cualquier otra sustancia química, en cantidades o concentraciones perjudiciales para el medio marino, será sancionado con presidio menor en sus grados medio a máximo y con multa de 500 a 1500 unidades tributarias mensuales.

7. El que cause daño, traslade o destruya un sitio o monumento histórico nacional o uno designado en conformidad al Sistema del Tratado Antártico será sancionado con pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de 300 a 1000 unidades tributarias mensuales.

8. El que cace, capture o dé muerte a uno o varios ejemplares de focas en los términos y zonas establecidas en el punto 4 del Apéndice I de la Convención para la Conservación de las Focas Antárticas será sancionado con la pena de presidio mayor en su grado mínimo y multa de 300 a 1200 unidades tributarias mensuales.

El que tenga, posea, transporte, desembarque, elabore o efectúe cualquier proceso de transformación, así como comercialice o almacene las especies vivas o muertas o parte de éstas mencionadas en este numeral, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo y multa de 300 a 1200 unidades tributarias mensuales.

Título VIII

Disposiciones finales

Artículo. 53.- Gasto Fiscal.- La aplicación de la presente ley no irrogará mayor gasto fiscal.

Artículo 54.- Intercálase en el inciso segundo del artículo 52 de la ley N° 21.080, que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de modernizar el Ministerio de Relaciones Exteriores, el siguiente numeral 8, nuevo, pasando el actual 8 a ser número 9, y así sucesivamente:

“8. El Gobernador Regional de la Región de Magallanes y Antártica Chilena.”.

Disposiciones transitorias

Artículo primero.- La presente ley comenzará a regir ciento ochenta días después de su publicación en el Diario Oficial.

Artículo segundo.- Dentro del plazo de dos años, contado desde la entrada en vigencia de esta ley, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en conjunto con los demás ministerios que corresponda si así fuera el caso, deberá dictar los reglamentos dispuestos en la presente ley o aquellos que resulten indispensables para su acertado cumplimiento.

Artículo tercero.- En el tiempo que medie entre la entrada en vigencia de la presente ley y la fecha en que comiencen sus funciones los delegados presidenciales regionales y los gobernadores regionales, todas las menciones efectuadas en esta ley a dichos cargos, deben entenderse efectuadas al intendente regional.”.

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Acordado en sesiones celebradas los días 2 y 9 de julio de 2019, con asistencia de los Honorables Senadores señores José Miguel Insulza Salinas (Presidente), Carlos Bianchi Chelech, Ricardo Lagos Weber, Iván Moreira Barros y Manuel José Ossandón Irarrázabal.

Sala de la Comisión, a 11 de julio de 2019.

JULIO CÁMARA OYARZO

Secretario

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY, EN SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE ESTABLECE EL ESTATUTO CHILENO ANTÁRTICO

(Boletín Nº 9.256-27)

I. OBJETIVO DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN: la iniciativa de ley persigue, por una parte, impulsar la activa participación en la gestación, implementación y desarrollo de un régimen antártico efectivo, a partir del Tratado Antártico de 1959, y, por otra, adecuar las normas de derecho interno que rigen en el Estado de Chile.

II. ACUERDOS: aprobado en general. Unanimidad 4x0.

III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: consta de 54 artículos permanentes y tres disposiciones transitorias.

IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: de acuerdo al primer informe de la Comisión Especial de Zonas Extremas y Territorios Especiales, los artículos 43, 47 y 51 permanentes del texto propuesto tienen el rango de normas orgánicas constitucionales.

V. URGENCIA: suma.

VI. ORIGEN INICIATIVA: Cámara de Diputados. Mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, señor Sebastián Piñera Echeñique.

VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL: segundo.

VIII. APROBACIÓN POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS: aprobado por la mayoría de los miembros presentes (139 x 0 x 1 abstención).

IX. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 23 de enero de 2019.

X. TRÁMITE REGLAMENTARIO: primer informe, en general.

XI. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA:

1.- Tratado Antártico, suscrito en Washington el día 1 de diciembre de 1959.

2.- Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, suscrita en Canberra el día 11 de septiembre de 1980.

3.- Convención para la Conservación de las Focas Antárticas, suscrita en Londres el día 28 de diciembre de 1972.

4.- Protocolo del Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, suscrito en Madrid el día 4 de octubre de 1991.

5.- Artículo 14 del Código Civil.

6.- Código Procesal Penal.

7.- Código Penal.

8.- Ley N° 11.846, que dispone que corresponderá al Intendente de Magallanes el conocimiento y resolución de los asuntos administrativos referentes a la Antártida Chilena o Territorio Antártico Chileno.

9.- Ley N° 18.287, que establece procedimiento ante los Juzgados de Policía Local.

10.- Ley N° 19.726, que establece la agrupación de comunas Cabo de Hornos y Antártica.

11.- Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

12.- Ley N° 20.600, que crea los Tribunales Ambientales.

13.- Ley N° 21.080, que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de modernizar el Ministerio de Relaciones Exteriores.

14.- Decreto supremo N° 298, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 1956, que aprueba el Estatuto del Territorio Antártico Chileno.

15.-Decreto supremo N° 430, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de 1992, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.892, de 1989 y sus modificaciones, Ley General de Pesca y Acuicultura.

16.- Decreto supremo N° 429, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 2000, que aprueba la Política Antártica Nacional.

17.- Decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 2001, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

18.- Decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio del Interior, de 2005, que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la ley N 19.175, orgánica constitucional sobre Gobierno y Administración Regional.

Valparaíso, 11 de julio de 2019.

JULIO CÁMARA OYARZO

Secretario

2.3. Discusión en Sala

Fecha 23 de julio, 2019. Diario de Sesión en Sesión 35. Legislatura 367. Discusión General. Se aprueba en general.

ESTABLECIMIENTO DE ESTATUTO CHILENO ANTÁRTICO

El señor QUINTANA ( Presidente ).-

Conforme a lo resuelto por los Comités, corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece el Estatuto Chileno Antártico, con informes de la Comisión Especial de Zonas Extremas y Territorios Especiales y de la Comisión de Relaciones Exteriores y urgencia calificada de "suma".

--Los antecedentes sobre el proyecto (9.256-27) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite: sesión 93ª, en 23 de enero de 2019 (se da cuenta).

Informes de Comisión:

Especial de Zonas Extremas y Territorios Especiales: sesión 34ª, en 17 de julio de 2019.

Relaciones Exteriores: sesión 34ª, en 17 de julio de 2019.

El señor QUINTANA (Presidente).-

Tiene la palaba el Senador señor Insulza.

El señor INSULZA.-

Señor Presidente , este proyecto ha sido visto de manera bastante detenida, detallada en la Comisión de Zonas Extremas y en la Comisión de Relaciones Exteriores.

Han asistido varios Ministros a las sesiones de las Comisiones -por cierto, el de Relaciones Exteriores, el de Defensa Nacional y el del Medio Ambiente-, y contamos también con la presencia del Director del Instituto Antártico, del Intendente de Magallanes...

Perdón, señor Presidente , ¿les puede pedir a los colegas que conversen en otro lado? A mí no me importa que lo hagan en otro lugar de la Sala; pero si lo hacen detrás de mí, es bien difícil que yo pueda intervenir.

El señor QUINTANA (Presidente).-

Solicito silencio a los señores Senadores.

El señor INSULZA.-

Gracias, señor Presidente.

Este es un proyecto que en realidad tiene un objetivo muy central, pero, curiosamente, no está expresado exactamente así en el mensaje. Lo que hace en verdad es fusionar, codificar en un solo instrumento -el Estatuto Antártico- una cantidad muy importante de normas nacionales y de tratados suscritos por el país. Esto, por cierto, considera la reforma de una buena cantidad de leyes, que voy a detallar después, y se relaciona mucho con el hecho de que Chile sea parte de un sistema antártico muy complejo, que está configurado por el Tratado Antártico de 1959, que nuestro país ratificó en 1961; la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, suscrita en Canberra, en 1980; la Convención para la Conservación de las Focas Antárticas, firmada en Londres, en 1972; el Protocolo del Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente , de 1991. Y también está compuesto por normas internas, a las cuales me voy a referir más adelante.

Pero lo importante en esto es que nosotros tratemos de adecuar una legislación que el país tiene en distintas áreas a los requerimientos del sistema internacional al cual pertenecemos, un sistema que se configuró en el año 1959, con la participación de todos los países -creo que eran siete-que reclamaban soberanía en la Antártica. Algunos de ellos tenían cercanía geográfica con la Antártica, como Chile, Argentina, Australia, Nueva Zelandia, y otros, como Francia o Noruega, reclamaban territorio a pesar de estar en otras latitudes. Rusia también se encontraba entre ellos.

Pero lo interesante es que la principal potencia, Estados Unidos, no solicitaba soberanía, sino un tratamiento distinto, y naturalmente promovió este Tratado Antártico, que ha llegado a tener varias decenas de miembros. Porque lo que se requiere para incorporarse a él es realizar actividad significativa, desde el punto de vista científico, en la Antártica.

Ahora bien, nuestro país eso se lo ha tomado muy serio: nosotros tenemos no solamente actividad científica en la Antártica, sino que hemos producido una cantidad importante de investigación científica en nuestras universidades, en nuestros centros de investigación sobre un territorio que es absolutamente fundamental.

A fines de año vamos a tener la COP25, en donde una parte muy sustantiva del esfuerzo que la humanidad haga por la preservación de su ambiente va a estar muy ligada a cómo gestionamos ese gran territorio, en el que somos partícipes muy fundamentales. Como bien sabemos, Chile tiene tres bases en la Antártica, pero cuenta además con el único aeropuerto en la isla de San Jorge, por donde pasan todos los aviones que van a esa zona de la Antártica.

Nuestro país posee en la Antártica una población de algunos centenares de personas; también ha desarrollado actividad turística ahí; pero, sobre todo, moviliza hacia allá expediciones científicas.

Entonces, regular todo ese sistema, a nuestro juicio, es absolutamente fundamental.

Por esa razón, este proyecto persigue impulsar la activa participación en la gestación, implementación y desarrollo de un régimen antártico efectivo, a partir del Tratado Antártico, y adecuar las normas de derecho interno que rigen en el Estado de Chile.

Ante ello, es importante tener en cuenta que la iniciativa introduce reformas -figuran en el informe- al Código Procesal Penal y al Código Penal para proteger algunas especies en la Antártica y crear algunos delitos específicos relacionados con dicha protección.

También establece la obligatoriedad de la ley chilena en esa parte de la república, con condiciones especiales.

Modifica la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

Enmienda las competencias de los tribunales ambientales, para que se hagan cargo de los temas antárticos.

Incorpora al Gobernador regional de Magallanes y la Antártica Chilena en el Consejo de Política Antártica. Dicho sea de paso, lo mismo se hizo respecto del Ministro o la Ministra del Medio Ambiente, que originalmente no estaba considerado.

En realidad, señor Presidente , si no fuera porque lo que indicaré es de discutible constitucionalidad, dado el Tratado Antártico, se podría decir que, con la cantidad de cambios introducidos, se está creando aquí una especie de región especial, que se regirá por una normativa y que nos permitirá desarrollar mejor la actividad antártica.

Ahora, no quiero entrar en el detalle sobre este proyecto, que es extenso, porque creo que en la discusión en particular surgirá una serie de temas.

Por ejemplo, muchos Senadores plantearon, especialmente después de la intervención del Vicerrector de la Universidad de Magallanes , la necesidad de que participaran más actores científicos en esto, ya que...

¿Me da más tiempo, señor Presidente?

El señor QUINTANA ( Presidente ).-

Cuenta con un minuto más para concluir, Su Señoría.

El señor INSULZA.-

Gracias, señor Presidente.

El sistema antártico chileno está constituido fundamentalmente por la actividad que desarrollan allí las Fuerzas Armadas y el Instituto Antártico. Y muchos pensamos que esto debe abrirse a más instituciones que cumplan específicamente con la norma del Tratado Antártico de generar investigación científica en la Antártica. Por lo menos existen dos: la Universidad de Chile y la Universidad de Magallanes. Creemos que deben participar más instituciones.

Otras normas buscan garantizar, sobre todo, una presencia civil más numerosa en la Antártica; regular mejor el turismo, cosa que no hacemos adecuadamente, y promover otra cantidad de asuntos de ese tipo.

Por eso, hemos pedido, de común acuerdo con el Presidente de la Comisión de Zonas Extremas, que la Sala apruebe en general este proyecto. Luego de ello, sugiero fijar un plazo bastante prudente, un mes, si se puede, para presentar las indicaciones en particular.

El señor QUINTANA ( Presidente ).-

Le voy a ofrecer la palabra al señor Secretario para que haga la relación de esta iniciativa, y después la pondré en discusión.

Tengo varios Senadores inscritos: el señor Moreira , miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores; la señora Goic , y los señores Pugh , Sandoval y Girardi .

Considero que debiéramos dejar el debate hasta ahí, porque la idea es tratar este proyecto como si fuera de Fácil Despacho.

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Los principales objetivos del proyecto son los siguientes:

-Impulsar la activa participación en la gestación, implementación y desarrollo de un régimen antártico efectivo, a partir del Tratado Antártico de 1959.

-Adecuar las normas de derecho interno que rigen en el Estado de Chile.

La Comisión Especial de Zonas Extremas y de Territorios Especiales discutió este proyecto solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señoras Ebensperger , Goic y Órdenes y señores Bianchi , Chahuán , Durana , Insulza , Latorre , Moreira , Ossandón , Pugh y Sandoval .

La Comisión de Relaciones Exteriores, por su parte, también discutió la iniciativa solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Bianchi , Insulza , Moreira y Ossandón .

Cabe tener presente que los artículos 43, 47 y 51 del proyecto tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren para su aprobación 25 votos favorables.

El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 32 a 58 del informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.

Es todo, señor Presidente.

El señor QUINTANA (Presidente).-

En discusión general el proyecto.

En primer lugar, tiene la palabra el Senador Iván Moreira.

El señor MOREIRA.-

Señor Presidente, solamente queremos respaldar los dichos de nuestro Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, el Senador Insulza.

Efectivamente, este es un proyecto que se ha visto en dos Comisiones. Hemos sido muy acuciosos.

Yo sé que el Senador Pizarro ha puesto algunos temas sobre el tapete con respecto a las estrategias. Todas esas cosas las vamos a ver cuando discutamos en particular: qué va a pasar con el futuro de la Antártica; cuál es nuestra situación con relación a Campos de Hielo; en fin. Existe una serie de materias que incluso pueden considerarse de carácter secreto, porque se relacionan con la soberanía nacional.

Pero todo eso se va a abordar obviamente cuando se generen las indicaciones necesarias.

Me parece que, más que hablar del detalle del proyecto, pues estamos en el tratamiento en general, debiéramos votarlo y fijar un plazo para presentar indicaciones de un mes, como lo ha señalado el Presidente de la Comisión , Senador José Miguel Insulza .

El señor QUINTANA ( Presidente ).-

Senador Moreira, usted también había pedido abrir la votación, ¿cierto?

El señor MOREIRA.-

Sí, exactamente.

El señor QUINTANA ( Presidente ).-

¿Habría acuerdo para acceder a lo solicitado?

Acordado.

En votación la idea de legislar.

--(Durante la votación).

El señor QUINTANA (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador Kenneth Pugh.

El señor PUGH.-

Señor Presidente , en mi calidad de Presidente de la Comisión de Zonas Extremas y Territorios Especiales, pedimos tramitar el proyecto que establece el Estatuto Antártico Chileno en el órgano técnico que posee la mayor cantidad de Senadoras y Senadores -y fue un acuerdo de la Sala-, pese a ser una Comisión Especial, precisamente por lo que se ha señalado aquí: la importancia estratégica que tiene la Antártica.

Ese territorio que equivale casi a dos veces la superficie continental chilena en el continente helado es importante, por lo que significa no solo para la humanidad, sino para su futuro.

En tal sentido, el Estado busca tener un instrumento único que regule a todos los actores estatales en la Antártica. Básicamente, le otorga a la Cancillería la posibilidad de relacionar a los diferentes Ministerios, entendiendo que la Cartera que más contribuye es la de Defensa.

El estatuto indica que existen cuatro operadores antárticos: uno es la Cancillería, representada por el Inach, nuestro Instituto Antártico Chileno, y los otros tres son el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

Hoy sin la ayuda que brindan las Fuerzas Armadas es imposible sostener la capacidad de soberanía y, más importante aún, la capacidad de investigación.

A la Comisión fueron invitados los representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, entre ellos, don Camilo Sanhueza Bezanilla , Director de la División Antártica , quien representa a Chile en los foros internacionales. Él expuso la visión de la Cancillería respecto de la necesidad de contar con este estatuto, largamente esperado.

Posteriormente, el Ministro de Defensa hizo ver la contribución significativa que realizan las Fuerzas Armadas en el día a día, al establecer las bases. También explicó la precariedad en que se encuentran dichas bases, que con el tiempo se han ido deteriorando, y se refirió a la necesidad de contar con más recursos. Y eso gatilla precisamente un proyecto nacional de apoyo en esta materia; incluso, la fabricación de un rompehielos con capacidad científica, el primer laboratorio flotante que está en construcción en Asmar, Talcahuano, y que la Comisión de Defensa visitará esta semana.

Finalmente, el Instituto Antártico Chileno hizo ver la necesidad de impulsar la investigación científica y el Intendente de Magallanes y la Antártida Chilena, la necesidad de que el Gobierno regional se involucre más en ello, porque para dicha Región la Antártica es esencial y Punta Arenas es su puerta de entrada.

En tal sentido, por unanimidad, las Senadoras y los Senadores de la Comisión Especial aprobaron en general el proyecto.

Obviamente, concuerdo con quienes expresaron anteriormente que es necesario hacer las indicaciones pertinentes, puesto que, por ejemplo, no está debidamente identificada la necesidad de investigación. Es más, algunos organismos del Estado no se encuentran considerados, como el IFOP, y se debe contar con investigación científica en ese territorio.

Sabemos que la centolla de Magallanes está colonizando la Antártica, y eso tenemos que analizarlo.

Y también están nuestros intereses soberanos.

Chile no solo recibe de la corona española, en la herencia, ese legado, sino que también es de los primeros países en operar en la Antártida.

El próximo año, el 27 de enero, se va a recordar el bicentenario del descubrimiento del continente helado -hecho confirmado- por el marino y cartógrafo ruso Fabián Gottlieb von Bellingshausen .

Bellingshausen descubre la Antártida y le da posibilidad al mundo de acercarse a ese territorio. Lo curioso es que él nace en la isla de Saaremaa, que hoy día es de Estonia. Por eso le hemos pedido al Presidente Piñera que invite a la Presidenta de este país a participar de esa ceremonia. Rusia e Inglaterra también quieren conmemorar la fecha.

Los primeros barcos chilenos llegan en 1823 a cazar la foca. Hoy la protegemos, hoy investigamos. Pero también necesitamos que en la Antártica se aplique la legislación nacional.

Por ejemplo, se requiere proteger la biodiversidad, dar apoyo al turismo, regular la seguridad y el salvataje, reforzar la capitanía de puerto y la Dirección General de Aeronáutica Civil, que opera un aeropuerto que marca presencia, y -por qué no decirlo- se necesita una colonización digital. Para esto debemos ser capaces de llegar con nuestra fibra óptica, que es parte de la matriz digital, desde Puerto Williams hasta la Antártica.

Eso es lo que busca este estatuto: la presencia de Chile en un territorio estratégico donde tenemos nuestros derechos soberanos, pero también la responsabilidad que conlleva protegerlo e investigarlo.

En tal sentido, creo que es importante aprobar en general este proyecto y dar un plazo suficiente para formular las indicaciones que nos permitan corregir el articulado a partir de las observaciones que los diferentes actores nos hicieron presentes.

Por lo anterior, señor Presidente , pienso que todos debiéramos respaldar este estatuto antártico tan anhelado por el país.

He dicho.

El señor QUINTANA (Presidente).-

Agradecemos las palabras del Presidente de la Comisión de Zonas Extremas y Territorios Especiales, Senador Kenneth Pugh.

A continuación, puede hacer uso de la palabra la Senadora Carolina Goic.

La señora GOIC.-

Señor Presidente , parto coincidiendo con la necesidad de avanzar, con celeridad, en el presente estatuto, que, tal como se ha señalado, establece cierta coordinación y sistematicidad en cuanto a las normas que hoy día existen con relación al continente blanco.

Pero también debe ser una oportunidad para hacer más. ¡Para hacer más!

Me da la impresión de que hoy día, en comparación a cuando se inició la discusión de este proyecto, tenemos una mirada distinta de las ventajas que este diamante en bruto brinda a nuestro país, dada nuestra cercanía con el continente del futuro, el continente blanco, y con todo lo que significa en materia de conservación de ecosistemas, de reservas de agua, de monitoreo del cambio climático y de respuestas para el futuro de la humanidad.

Debemos saber cómo aprovechamos eso hoy día.

Se ha señalado que eso se vincula con el rol que juega la institucionalidad pública. Pero también tenemos que ser capaces de ver en el detalle, durante la discusión particular, cómo se puede interactuar con los privados cuando se habla, por ejemplo, del turismo antártico en condiciones de sostenibilidad.

En definitiva, dentro de un territorio especial, cómo aplicamos normativas que favorezcan un área de desarrollo que hoy día es perfectamente compatible con la esencia de lo que establece en materia antártica el Protocolo de Madrid. Esa es la prioridad en un territorio de paz, de investigación científica, de búsqueda de respuestas para los desafíos globales que tenemos como humanidad.

Solo quiero mencionar algunos aspectos que han sido parte del debate -algunos ya se han hecho presentes en los discursos que me antecedieron-, como el relativo a analizar de qué manera fortalecemos no solo el rol de la investigación científica en el continente blanco propiamente tal, sino también lo que pasa con las zonas subantárticas.

Esto tiene que ver no solo con lo que sucede en el paralelo 60 al sur, sino también con toda la zona entre Puerto Williams y la Antártica, pues de alguna forma ella representa la continuidad desde el punto de vista administrativo y ecosistémico, tal como lo plantea el Protocolo de Madrid.

Me parece que ahí tenemos que hacer una mención específica.

Además, se trata de un área que ha ido tomando valor desde el punto de vista científico, por lo que me parece que toda la zona subantártica debiera quedar contemplada.

Nosotros hemos logrado un avance importante en la protección de los océanos. El parque marino Diego Ramírez y otros descubrimientos, como el del monte Sars, significan además un aporte invaluable en términos del ejercicio de nuestra soberanía en esa zona.

El fortalecimiento del rol de la Región de Magallanes ya se ha señalado, no solo desde el punto de vista administrativo y de lo que ella implica, sino también por tratarse del territorio poblado más austral. Y me refiero a la comuna de Cabo de Hornos y al papel que esta juega.

¿Qué pasa con el fortalecimiento del rol de la Universidad de Magallanes en materia de desarrollo antártico y con lo que ella pueda hacer dentro de una red de centros de investigación, más allá de lo que ya realiza el Inach, y cómo se potencia a partir de las funciones del IFOP?

Me parece que en todo ese ámbito se abre una tremenda oportunidad que debemos saber aprovechar en este estatuto.

A la par, no puedo dejar de mencionar la necesidad de avanzar en un plan de desarrollo antártico. No sacamos nada con tener una buena institucionalidad si no hacemos inversiones que hoy día son imprescindibles para garantizar la logística antártica.

No vamos a establecer en este estatuto cuáles son los recursos para, por ejemplo, aumentar la capacidad portuaria en Magallanes. Pero si no lo hacemos -y lo digo con toda claridad, señor Presidente-, le estaremos entregando toda la ventaja a nuestro vecino, a Argentina.

Hace unos días vimos notas de prensa en las que se señalaba cómo han aumentado los servicios que se entregan en materia de logística y turismo antárticos desde Ushuaia.

¿Qué estamos haciendo nosotros como país para invertir ahí y aprovechar las ventajas que tenemos?

¿Qué hemos hecho respecto de la construcción del Centro Antártico, un proyecto que estaba dentro del plan de zonas extremas y que ya se había decidido en términos de inversión? Podemos discutir el metraje, el diseño del edificio, las características, el emplazamiento, pero no la decisión ni la voluntad política de levantar un ícono en la Región de Magallanes, que le permita a la gente vivir la experiencia antártica, que asegure contar con un centro de servicio logístico, que posibilite satisfacer las necesidades de las personas que lo visiten y garantizar los espacios en laboratorios e infraestructura necesaria para la investigación científica.

Hoy día nada sabemos de la voluntad política de avanzar en esa iniciativa.

Respecto del proyecto de fibra óptica, ya se ha señalado que hoy día es clave, vital...

El señor QUINTANA ( Presidente ).-

Concluyó su tiempo, señora Senadora .

Dispone de un minuto más.

La señora GOIC.-

Termino, señor Presidente , reiterando la necesidad de avanzar en una política antártica en serio. ¡En serio!

Se requiere establecer dicho estatuto, pero también garantizar recursos más allá de lo que ya ha hecho -y lo valoro- el Presidente de la República en términos de infraestructura en el continente blanco propiamente tal.

Si no miramos toda la zona de respaldo y lo que sucede en Magallanes, estamos desaprovechando una tremenda oportunidad de desarrollo.

He dicho.

El señor QUINTANA (Presidente).-

Senador David Sandoval, tiene la palabra.

El señor SANDOVAL.-

Señor Presidente , como miembro de la Comisión de Zonas Extremas, me correspondió en dos ocasiones tramitar este proyecto tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.

Quiero recordar que, como dice la iniciativa, "Forman la Antártica Chilena o Territorio Chileno Antártico todas las tierras, islas, islotes, arrecifes, glaciares (...), y demás, conocidos y por conocer, y el mar territorial y Océano Austral respectivo" existentes entre los meridianos 53º y 90º longitud oeste.

Ello fue ratificado por el decreto supremo Nº 1.747, del Ministerio de Relaciones Exteriores, del 6 de noviembre de 1940.

¿Qué significa eso, en definitiva? Básica y esencialmente, ponernos a tono frente a una realidad, frente a un territorio, frente a un entorno tanto continental como marítimo y todo lo que ello implica en cuanto a una significación y relevancia nueva, distinta.

Es el último territorio, es el continente de la paz, como ha señalado Naciones Unidas.

En ese contexto, creemos que avanzar en esa tarea constituye no solo un deber de país, sino una obligación para resguardar lo que ha significado la dilatada presencia de nuestro país en dicho continente.

Tuvimos la oportunidad hace algunos años de estar en la Antártica y conocer el esfuerzo, la experiencia y el trabajo que realizan las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas y más de una universidad en ese territorio.

También vimos la precariedad en la que se desarrollan muchas actividades en el continente blanco. Es una situación lamentable que el esfuerzo que realizan las Fuerzas Armadas esté contenido esencialmente en los presupuestos de cada una de las ramas castrenses.

Por ello, señor Presidente , no sorprende lo que establece el artículo 53 de la iniciativa: "Gasto Fiscal.- La aplicación de la presente ley no irrogará mayor gasto fiscal.".

Gestionar la Antártica chilena, el territorio antártico, que son más de un millón 250 mil kilómetros cuadrados, según este proyecto, que en su artículo 53 se refiere al informe financiero, "no irrogará mayor gasto fiscal". ¡No irrogará mayor gasto fiscal! ¡Un millón 250 mil kilómetros cuadrados de superficie, más grande que el territorio continental de nuestro país, levemente superior a los 741 mil kilómetros cuadrados!

Planteamos este tema.

Las ramas de las Fuerzas Armadas, a través de sus presupuestos, han debido sostener y mantener su presencia y sus bases. E incluso se ha señalado en algunos medios la factibilidad de que algunas de ellas eventualmente deban cerrar.

Sin duda que, de esa manera, no haremos política antártica y, enfrentados a los grandes desafíos que tenemos hacia el futuro, no seremos debidamente eficientes para gestionar un territorio tan relevante para la humanidad y tan significativo para el desarrollo de nuestro país.

Por eso, con gusto aprobaremos en general el proyecto, que constituye una señal potente que da el Senado ante un espacio que requiere una nueva mirada. Y esperamos que en la discusión particular nos hagamos cargo no solo de crear esta institucionalidad, sino también de cómo, eficiente y efectivamente, tenemos una presencia aún mayor, a través de las universidades, de los centros de investigación y además en el contexto de lo que hoy significa la Antártica en los fenómenos del cambio climático, en los cuales adquiere cada vez mayor significación.

Reitero que votaremos a favor, confiando en que en la discusión particular perfeccionaremos y corregiremos aquellos aspectos que, como el financiero, hay que revisar.

He dicho.

El señor QUINTANA (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Girardi.

El señor GIRARDI.-

Señor Presidente, evidentemente que todos los que estamos acá concurriremos a aprobar la idea de legislar en esta materia, en la que se dan ciertas paradojas.

Se habla mucho de la Antártica; se la señala permanentemente; viene la COP25 y este territorio es como la vedette chilena, aunque, desde mi punto de vista -he tenido el privilegio de estar varias veces allá con científicos y científicas de todo el planeta-, me da la sensación de que es un territorio abandonado. Esa es la realidad. Hablamos de la Antártica, pero lo que invertimos, lo que desarrollamos en ella, es casi nulo.

Yo diría que existe un esfuerzo heroico por parte de las Fuerzas Armadas, que con muy pocos recursos sostienen bases que están absolutamente obsoletas y anacrónicas. También tenemos la acción heroica del Inach, compuesto por un grupo de científicas y científicos chilenos que realizan una investigación de tal vez altísimo nivel, con recursos casi escasos. Y tenemos bases como la Escudero, la Estación Polar Científica Conjunta Glaciar Unión, la Base Yelcho o la Base Carvajal , las cuales, desde mi punto de vista, se hallan totalmente abandonadas.

De hecho, cuando hemos visitado la zona con premios nobeles, con científicos, estos quedan totalmente sorprendidos por la calidad de la investigación que efectúan los chilenos y por la infraestructura y los medios con los que la llevan a cabo, que hacen casi risible que puedan desarrollar tantos tipos de actividad en ese territorio.

Creo que Chile no entiende cuál es el rol de la soberanía en el siglo XXI. La Antártica es, tal vez, el principal espacio de desarrollo de la humanidad. De hecho, algún día, en un tiempo no tan lejano, quizás a fines de este siglo, será una de las áreas habitables que cuenten con los recursos naturales más importantes que queden en la Tierra, incluida el agua. Quiero recordar que hace 40 millones de años la Antártica era un trópico, y que actualmente posee quizás una de las riquezas paleontológicas más relevantes del planeta.

¿Cómo hace soberanía Chile? Manteniendo las bases y manteniendo los recursos para que las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea, la Marina fundamentalmente, y el Ejército puedan desarrollar sus actividades.

Díganme qué otro país tiene el privilegio de desarrollar ciencia de punta. Estamos al lado de la Antártica, a 800 kilómetros. ¿No sería interesante hacer soberanía a través de la fibra óptica? Podríamos hacer lo mismo que en el norte: tal como ahí somos como una ventana al universo, la Antártica es una ventana al futuro. Chile podría hacer soberanía prestándoles fibra óptica a todas las bases que están allí, pues la única posibilidad que tienen de llegar a esos lugares es a través de nuestro país.

Hay estudios que demuestran algo maravilloso: que, cuando se monitorean las corrientes que pasan por la Antártica y suben a través del Atlántico, si se modelan bien, se puede saber el día en que florecerán los cerezos en Japón. La Antártica podría ser un observatorio para visibilizar situaciones relativas al cambio climático, de desastre incluso, en latitudes lejanas a nuestro territorio. Y así podríamos colaborar al cuidado del planeta.

Hoy se está hablando de ir a Marte. Pues bien, les quiero señalar que las especies que sobrevivirán en dicho planeta son los extremófilos provenientes del desierto de Atacama y de la Antártica. Son las únicas especies que podrían sobrevivir en un proceso de terraformación, consistente en reconstruir una atmósfera parecida a la Tierra para producir plantas o bacterias metanógenas que reproduzcan ecosistemas como los que posee nuestro planeta. ¿Y de dónde vienen? Exclusivamente de la Antártica y del desierto de Atacama y, probablemente, de muy pocos otros rincones del mundo.

Chile tiene un privilegio muy importante que debe aprovechar, pues, de lo contrario, sería como si en el desierto de Atacama, teniendo los cielos más transparentes del orbe, no hubiera colaborado en poner ningún telescopio. Y en realidad no hemos hecho nada ahí. Por la calidad de nuestros cielos, hemos recibido inversiones de otros países o de entes internacionales, porque la inversión nacional en materia de astronomía ha sido casi nula o paupérrima.

Y en la Antártica no tenemos la misma posibilidad, pues este territorio está demandado por muchos países y no contaremos con colaboración para que allí se desarrollen proyectos apostando a Chile. Nosotros tendremos que hacerlo por cuenta propia o, de lo contrario, abandonaremos y claudicaremos, en cierta manera,...

¿Me da un minuto, señor Presidente ?

El señor QUINTANA (Presidente).-

Continúe, señor Senador.

El señor GIRARDI.-

... una de las principales oportunidades con que el país cuenta en el siglo XXI.

Chile tiene una responsabilidad geopolítica en la Antártica. Esta será el espacio geopolítico del siglo XXI, junto con los datos, la inteligencia artificial y el agua. Nosotros tenemos el principal lugar del planeta para ejercer soberanía, una soberanía inteligente, una soberanía para la humanidad, para la paz, una soberanía para la ciencia, para el cambio climático.

Sin embargo, nuestra miopía hace que ello sea imposible. Chile, teniendo diversos laboratorios naturales, únicos en el planeta, destina apenas el 0,38 por ciento de su producto interno bruto a la ciencia.

Con la Antártica ocurre exactamente lo mismo. Se siguen políticas simbólicas, se habla mucho y no se hace nada. Y dejamos así una oportunidad inmensa y un territorio abandonados.

Así que espero que este proyecto, señor Presidente, sirva para compensar aquello y contar con una verdadera política en la materia.

He dicho.

El señor QUINTANA (Presidente).-

Se ha cumplido el tiempo que se destina al Fácil Despacho.

Por lo tanto, les pido a los Senadores inscritos...

EL señor MONTES.-

Yo voy a ser muy breve, señor Presidente .

El señor QUINTANA (Presidente).-

Tiene la palabra.

El señor MONTES.-

Este es un tema muy central.

Quiero decirle a la señora Ministra -por su intermedio, señor Presidente - que la COP25 será una buena oportunidad para definir de qué manera aportamos a la humanidad desde Chile, qué aportes vamos a hacer. Me parece que hay pocas cosas tan potentes e importantes como lo que hagamos en la Antártica. Lo que hemos hecho hasta ahora, en general, no ha estado bien. Lo que se ha creado, desde Allende hasta ahora, ha ido a un ritmo lento y sin mucha proyección.

Es fundamental que de acá surja un proyecto de envergadura, algo serio.

Cuando discutimos el Ministerio de Ciencia y Tecnología, esto no quedó vinculado directa y potentemente con esa Cartera. Está por el lado. Y la verdad es que me parece que, cuando se discuta en particular el proyecto, tendremos la oportunidad de asegurar que esta institucionalidad adquiera potencia y reciba además recursos.

Lo que señaló el Senador David Sandoval es fundamental. Y en este debate debiera estar al menos la Dirección de Presupuestos. ¡Si esta es una cuestión que tiene que ver con una proyección global, con una ambición de país distinta, con una ambición de aportar al mundo distinta! Y creo que la COP25 nos da una oportunidad. En este período debemos elaborar y desarrollar un plan en lo turístico, pero especialmente en investigación científica, para ver todas las potencialidades para el agua y para otros aspectos que posee la Antártica.

Esta es una materia de primera importancia. Y me parece muy bien que se dé el tiempo necesario para discutirla.

Quería hacer una intervención muy breve, señor Presidente .

Gracias.

El señor QUINTANA (Presidente).-

Senador Bianchi, tiene la palabra.

El señor BIANCHI.-

Señor Presidente , efectivamente este proyecto, en segundo trámite constitucional, que establece el Estatuto Chileno Antártico, fue tratado profundamente en la Comisión de Zonas Extremas. Se hizo un informe para llevarlo posteriormente a la Comisión de Relaciones Exteriores, a la cual pedimos que asistieran el Instituto Antártico Chileno (Inach), la Universidad de Magallanes, las instituciones de las Fuerzas Armadas, el Gobierno, para requerirles la visión que tienen como Estado de lo que significa el territorio antártico para el mundo, para el país y para la Región de Magallanes, que tiene un sentido de pertenencia en esta materia, y de lo que se quiere proyectar en ella de aquí en adelante.

Sin embargo, lo primero que tenemos que reclamar con fuerza -lo hizo mi colega y vecino de la Región de Aysén, el Senador Sandoval, y me sumo absolutamente a ese requerimiento- es que sería inaceptable que esto fuera letra muerta, que estuviéramos creando este Estatuto Antártico sin adicionar lo más importante: el dinero necesario, la inversión necesaria del Estado, para llevar adelante todo lo que tenga que ver con investigación, ciencia, turismo, y todo lo que se desarrolla en esa zona tan particular: el territorio antártico.

El Senador Girardi hizo ver en su discurso todo lo que él significa para el mundo, para la humanidad, para el futuro. Nosotros, en Magallanes, tenemos un sentido de pertenencia en materia antártica. Desgraciadamente, el país no lo tiene. Por eso, hoy día podemos aprobar en general este estatuto, pero se requiere llevar adelante acciones que apunten al significado que posee este espacio en materia de agua dulce, de hidrocarburos, de la investigación que se realiza.

Ahora incluso hemos sumado, señor Presidente , la opinión de otros entes públicos que habían quedado fuera de la discusión, con respecto a lo que significa la pesca industrial y a todo el tratamiento que debe dársele a ese territorio.

Por lo tanto, tratando de ser breve en esta intervención, solo quiero anunciar que vamos a votar favorablemente lo que tenga que ver con la creación de este Estatuto Antártico, que celebramos, pero desde Magallanes queremos además alzar la voz para decirle al Estado: "Mire, Chile tiene un enorme privilegio, ¡un enorme privilegio!, y, no obstante eso, carecemos de inversiones en materia de puertos, de mejores aeropuertos, para ser de verdad la entrada al continente antártico para todo el mundo".

Chile recibe anualmente a muchísimos países para hacer investigación. La Fuerza Aérea, en esta área, realiza una tremenda labor, como también la Armada, la Universidad de Magallanes, el Instituto Antártico Chileno.

Por lo tanto, hoy día yo celebro esta votación; celebro el que podamos tener este proyecto que establece el Estatuto Chileno Antártico, pero vamos a exigir, en lo particular, que se adicionen los recursos económicos para tener, como Estado, como país, una visión de futuro de este continente.

He dicho.

El señor QUINTANA ( Presidente ).-

Agradecemos al Senador Carlos Bianchi por no haber ocupado todo su tiempo.

Vamos a escuchar a continuación al Senador señor Navarro, quien no está obligado a usar todo el que le corresponde.

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor NAVARRO.-

Señor Presidente , la Antártica es un patrimonio de esta isla que se llama "Chile": al sur, la Antártida; al oeste, el océano Pacífico; al norte, el desierto de Atacama, y al este, la cordillera de los Andes.

Sin embargo, quiero preguntarles, a quienes han estado a cargo de este proyecto de ley, si consideran que las sanciones que este estatuto establece son suficientes o no.

Quiero leer algunas, porque me han sorprendido.

Se dice que se exceptúan de evaluación de impacto ambiental las actividades pesqueras y de extracción contempladas en el artículo 30. O sea, ¡cualquiera ahora puede ir a pescar a la Antártida lo que se le dé la gana, porque esas actividades no quedan sometidas a evaluación de impacto ambiental! El ecosistema de la Antártida lo conforman sus hielos milenarios, pero también su fauna íctica. Por lo tanto, no considerar una evaluación de impacto ambiental es ya una concesión gratuita para mí inexplicable. Es decir, aquí estamos permitiendo que se pesque en la Antártida sin evaluación de impacto ambiental.

Con respecto al artículo 36, "Categorías de Evaluación de Impacto Ambiental", discúlpenme, pero no recuerdo que hayamos introducido modificaciones a la Ley de Bases del Medio Ambiente en materia de categorías.

Entonces, la pregunta es, al Senador Girardi: ¿se establecen categorías distintas a las que contempla la ley de impacto ambiental, la 19.300? Porque se establece que habrá una evaluación de impacto ambiental preliminar; luego, una evaluación de impacto ambiental inicial; enseguida, una evaluación de impacto ambiental global, si la actividad causare más que un impacto mínimo o transitorio.

Además, se establece un Comité Operativo para la Evaluación de Impacto Ambiental sobre el Medio Ambiente Antártico. ¿Es distinto del Comité que tenemos en materia de protección para el resto del país?

El artículo 39, "Emergencias ambientales", por su parte, habla de que las autoridades pertinentes dispondrán una respuesta rápida y efectiva con todos los medios nacionales. ¿Cuáles son las "autoridades pertinentes", señor Presidente ? Una ley debiera determinar qué autoridades van a actuar en caso de una crisis en la Antártida.

El mismo precepto señala que el Ministerio del Medio Ambiente, en coordinación con el del Interior y Seguridad Pública, con el de Defensa Nacional, "elaborará pautas o medidas".

Pero lo más grave, señor Presidente , es lo que dispone el artículo relativo al "Daño al medio ambiente antártico", que, después de establecer que en virtud de lo dispuesto en el artículo 4 se "dará lugar a las acciones de reparación medioambiental previstas en la ley 19.300", señala: "No procederá la acción para obtener la reparación del medio ambiente dañado cuando quien cometió el daño ejecutó satisfactoriamente un plan de reparación aprobado por la Superintendencia del Medio Ambiente". O sea, si alguien "ejecuta correctamente", aunque ocurra un incidente y haya daño, no habrá posibilidad de ejercer acciones.

El artículo 46, "Infracciones", dispone que "Se castigará a la persona natural o jurídica", pero no hace ninguna distinción, como si fuera lo mismo una gran empresa internacional petrolera o de otro ámbito que una persona individual. Y establece que quien incurra en las siguientes conductas será condenado a pagar las multas que se indican: al que realice una actividad en la Antártica sin contar con las autorizaciones, multa de 100 a 1.500 unidades tributarias mensuales; al que eliminare algún tipo de basura en el mar, multa entre 100 y 1.000 unidades tributarias mensuales; al que descargare en el mar antártico aguas residuales en los términos previstos, multa entre 100 y 1.000 unidades tributarias mensuales.

Y lo más sorprendente, señor Presidente -por favor, pongan atención aquí el Senador Girardi y los medioambientalistas-, es que se expresa que todo esto procederá ante el juez de policía local de Punta Arenas, sin perjuicio del lugar donde las infracciones se hubieren verificado. Se agrega que el juez tendrá que "citar personalmente al inculpado, si estuviere presente por escrito, o si estuviere ausente mediante nota que dejarán en un lugar visible del domicilio del infractor". En el evento de que el denunciado resida en un lugar alejado, este podrá concurrir al juzgado de policía local de su residencia.

Además, los funcionarios indicados en el artículo 39 no podrán -escúchenme bien- "detener ni ordenar la detención de los que sorprendan in fraganti cometiendo una infracción". Ante un delito flagrante, señor Presidente , ¡los funcionarios no podrán detener al infractor! A menos -prosigue la norma- "de tratarse de una persona que no dé caución suficiente de que comparecerá a la audiencia que se le cite. El juez pondrá en conocimiento del detenido la denuncia respectiva".

Me parece raro, señor Presidente , que a alguien sorprendido in fraganti derramando petróleo,...

El señor QUINTANA (Presidente).-

Estamos en Fácil Despacho, Senador Navarro.

No hay más tiempo.

El señor NAVARRO.-

Voy a redondear, señor Presidente .

Necesito un minuto.

El señor QUINTANA (Presidente).-

¡Un minuto, señor Senador!

El señor NAVARRO.-

Señor Presidente , me parece que la figura del juez de policía local y, en particular, que todo daño en la Antártida pueda ser pagado con multa es una invitación a la contaminación. O sea, si me dicen que van a poner una multa de 100 a 1.500 UTM, me parece absolutamente insuficiente.

Quienes trabajaron el proyecto de ley consideraron que el juez de policía local y las multas eran suficientes. ¡Yo considero que son absolutamente insuficientes! ¡Disuasivas no son, señor Presidente!

Por lo tanto, vamos a votar a favor, aunque espero endurecer las multas y las facultades de fiscalización. No quiero un estatuto especial para la Antártida que sea menor al que tenemos para el resto del país en relación con aspectos sobre el cuidado ambiental.

He dicho.

El señor QUINTANA (Presidente).-

Hago presente que viene un proyecto bastante extenso y que el actualmente en debate es de Fácil Despacho.

Tiene la palabra la Senadora Ximena Rincón.

La señora RINCÓN.-

Seré muy breve, señor Presidente , porque entiendo que hay acuerdo respecto de la iniciativa en discusión.

Han pasado 50 años desde que firmáramos el Tratado Antártico en 1969. Ahora se realizó un encuentro, se firmaron acuerdos y se revisó la situación. Claramente, hoy día no estamos en la posguerra, ni en la Guerra Fría, ni en la bipolaridad mundial, pero ha habido avances tecnológicos, y el cambio climático y el calentamiento global son una realidad.

Creo que debemos hacernos cargo del tema. Somos parte de este acuerdo. Me parece que estamos absolutamente al debe. Y me sumo a lo ya dicho por mis colegas: aquí debemos poner presupuesto, y en la discusión en particular tenemos que hacernos cargo de esto.

Este es un proyecto importante, que hoy día enfrenta el hecho de que no tenemos recursos o que estos son escasos, y, sin lugar a dudas, la Antártica y ese territorio debieran revestir características especiales para nosotros.

Así que, como país puente en el tema de la ciencia y el turismo, del tráfico marítimo y aéreo tenemos algo que decir. Y, obviamente aprobaremos esta iniciativa, pero indudablemente hay que discutirla en particular.

Gracias, señor Presidente.

El señor QUINTANA (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor QUINTANA (Presidente).-

Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (39 votos a favor y un pareo), y se deja constancia de que se reunió el quorum constitucional requerido.

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria.

No votó, por estar pareado, el señor Pugh.

El señor QUINTANA (Presidente).-

Si le parece a la Sala, se fijará como plazo para presentar indicaciones un mes, es decir, hasta el 23 de agosto de 2019.

La señora RINCÓN.-

Sí.

El señor INSULZA.-

Conforme.

El señor QUINTANA (Presidente).-

Así se acuerda.

2.4. Boletín de Indicaciones

Fecha 09 de septiembre, 2019. Indicaciones del Ejecutivo y de Parlamentarios.

BOLETÍN Nº 9.256-27

INDICACIONES

09.09.19

INDICACIONES FORMULADAS DURANTE LA DISCUSIÓN EN GENERAL DEL PROYECTO DE LEY, EN SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE ESTABLECE EL ESTATUTO ANTÁRTICO.

ARTÍCULO 1

Número 1

1.- De la Honorable Senadora señora Goic, para agregar después de la expresión “geográficos,” la locución “biogeográficos,”.

2.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para eliminar la frase “, a través del reforzamiento y profundización del Sistema del Tratado Antártico”.

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3.- De la Honorable Senadora señora Goic, para consultar a continuación del número 1 el siguiente numeral, nuevo:

“… Fortalecer la integridad y continuidad biogeográfica de Chile presenta respecto a los sistema antárticos y subantárticos.”.

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Número 2

4.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para suprimirlo.

5.- De los Honorables Senadores señora Goic y señores Bianchi y Pugh, para reemplazarlo por el siguiente:

“2. Preservar y mantener a la Antártica y al territorio subantártico como una zona de paz y de cooperación científica, donde las actividades que en ella se realicen garanticen la protección y cuidado del medioambiente antártico y su condición de reserva natural dedicada a la paz y al desarrollo científico sustentable.”.

6.- De la Honorable Senadora señora Goic, para sustituirlo por el que sigue:

“2. Preservar y mantener la Antártica como reserva natural, consagrada a la paz y a la ciencia. Cuyas actividades permitan la protección del medio ambiente antártico y los ecosistemas dependientes y asociados, así como del valor intrínseco de la Antártica, incluyendo sus valores de vida silvestre y estéticos y su valor como área para la realización de investigaciones científicas, en especial las esenciales para la comprensión del medio ambiente global y los procesos de cambio climático.”.

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7.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para consultar a continuación del número 3 el siguiente numeral, nuevo:

“… Promover la protección y el cuidado del medioambiente antártico y su condición de reserva natural, dedicada a la paz y a la investigación científica, a través del reforzamiento y profundización del Sistema del Tratado Antártico.”.

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Número 4

8.- De los Honorables Senadores señora Goic y señores Bianchi y Pugh, para sustituirlo por el que sigue:

“4. Potenciar y regular la actividad antártica de Chile con pleno respeto al Sistema del Tratado Antártico, estimulando su calidad de prestador de servicios operativos, logísticos, científicos y tecnológicos para la actividad antártica e incentivando el desarrollo del país ligado a las actividades antárticas y ecosistemas adyacente o Ecosistemas Subantárticos.”.

9.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazarlo por el siguiente:

“... Potenciar y regular las actividades antárticas de Chile, incrementando su calidad de prestador de servicios operativos y logísticos antárticos, e incentivando el desarrollo del país ligado a las actividades antárticas.”.

10.- De la Honorable Senadora señora Goic, para para reemplazar el texto que señala “incrementando su calidad de prestador de servicios operativos y logísticos para la actividad antártica e incentivando el desarrollo del país ligado a las actividades antárticas”, por el siguiente: “incrementando la actividad asociada a la investigación científica y tecnológica antártica y su calidad de prestador de servicios operativos y logísticos para la actividad antártica e incentivando el desarrollo del país ligado a las actividades antárticas”.

Número 5

11.- De la Honorable Senadora señora Goic, para agregar a continuación de la expresión “Antártica Chilena”, lo siguiente: “fortaleciendo las conexiones de los ecosistemas magallánicos y antárticos”.

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12.- De la Honorable Senadora señora Goic, para agregar el siguiente numeral, nuevo:

“…- Promover la investigación científica y tecnológica como base de la actividad antártica de Chile que permita disponer de la mayor información científica del medio ambiente antártico y sus sistemas dependientes y asociados, contribuir al desarrollo de la ciencia colaborativa antártica, disponer de la logística e infraestructura para investigación científica antártica y subantártica, con una amplia difusión del conocimiento.”.

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ARTÍCULO 2

Inciso primero

13.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para eliminar la expresión “y el mar territorial y Océano Austral respectivo,”.

14.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazar el texto “decreto supremo N° 1.747, e incluye los espacios marítimos que le corresponden de conformidad con el Derecho Internacional” por “Decreto Supremo N° 1.747, de 1940, del Ministerio de Relaciones Exteriores”.

Inciso segundo

15.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para agregar después de la expresión “hielo,” la frase “el mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva,”.

16.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para agregar después de la expresión “plataforma continental extendida y” la palabra “todos”.

17.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para sustituir la locución “adyacentes conforme al” por “que le correspondan de conformidad con el”.

18.- De los Honorables Senadores señora Goic y señores Bianchi y Pugh, para agregar la siguiente oración final: “De igual manera, y con el objeto de promover la conservación del ecosistema antártico en su conjunto, se entenderá al Territorio Subantártico como parte integrante de la Antártica Chilena o Territorio chileno Antártico, y cuyos límites serán fijados vía decreto, los que, en todo caso, comprenderán el territorio nacional ubicado en el Paralelo 55 sur.”.

ARTÍCULO 4

19.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 4.- Ámbito de aplicación. La presente ley se aplicará en todo el territorio de la República, especialmente en el Territorio Chileno Antártico.

Para el solo efecto de dar cumplimiento a las obligaciones asumidas por Chile en el marco del Sistema del Tratado Antártico, y en ejercicio de las facultades que allí se le consagran, la presente ley se aplicará asimismo en el resto de la Antártica y sus ecosistemas dependientes y asociados, incluyendo sus espacios marítimos y aéreos circundantes.”.

Encabezamiento

20.- De la Honorable Senadora señora Goic, para agregar a continuación de la expresión “Territorio Chileno Antártico” lo siguiente: “y las zonas que correspondan a los ecosistemas relacionados y dependientes, localizadas en el área subantártica”.

ARTÍCULO 5

Número 8

Letra a)

21.- De los Honorables Senadores señora Goic y señores Bianchi y Pugh, para reemplazarla por la siguiente:

“a) el vuelo o el aterrizaje de helicópteros y de otras aeronaves de tal manera que perturben la pacífica existencia y hábitat de la fauna existente en el territorio antártico.”.

Letra b)

22.- De los Honorables Senadores señora Goic y señores Bianchi y Pugh, para sustituirla por la que sigue:

“b) la utilización de vehículos o embarcaciones, incluidos los aerodeslizadores y barcos pequeños, de manera que perturben la pacífica existencia y hábitat de la fauna existente en el territorio antártico.”.

Letra c)

23.- De los Honorables Senadores señora Goic y señores Bianchi y Pugh, para reemplazarla por la siguiente:

“c) la utilización de explosivos y armas de fuego de manera que perturben la pacífica existencia y hábitat de la fauna existente en el territorio antártico.”.

Letra f)

24.- De los Honorables Senadores señora Goic y señores Bianchi y Pugh, para agregar la siguiente oración final: “Con todo, no se entenderá como intromisión perjudicial el vuelo o aterrizaje de helicópteros y aeronaves, o la utilización de vehículos o embarcaciones, cuando estas se encuentren en una situación de emergencia en donde deba priorizarse la seguridad de pasajeros o tripulantes.”.

Número 11

25.- De la Honorable Senadora señora Goic, para reemplazarlo por el siguiente:

“11. Operador antártico es toda institución u organismo público, que organiza y desarrolla actividades operativas o logísticas a ser ejecutadas en la Antártica, contando con las autorizaciones prescritas en esta ley. Son operadores antárticos del Estado de Chile el Instituto Antártico Chileno, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, y las instituciones de las Fuerzas Armadas, dependientes del Ministerio de Defensa Nacional y aquellas instituciones que el Estado de Chile defina a través del Consejo de Política Antártica a que refiere el artículo N°52 de la Ley N° 20.080.”.

26.- De los Honorables Senadores señora Goic y señores Bianchi y Pugh, para reemplazar la expresión “operativas o logísticas” por la siguiente: “operativas, logísticas, científicas y tecnológicas”.

27.- Del Honorable Senador señor Guillier, para sustituir la expresión “operativas o logísticas” por la siguiente: “operativas, logísticas y científicas”.

28.- De los Honorables Senadores señora Goic y señores Bianchi y Pugh, para agregar la siguiente oración final: “Asimismo, será operador antártico el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, con el objeto de promover la creación de un Operador Digital Antártico, a su cargo, el cual elaborará y coordinará los planes y programas que permitan conectar por medio de fibra óptica el Territorio chileno Antártico, desde Chile, a fin de facilitar el desarrollo y cooperación científica que se realice en este territorio bajo criterios Open Science.”.

ARTÍCULO 6

Inciso primero

29.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para sustituir el vocablo “fijada” por “aprobada”.

30.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazar la expresión “y de Medio Ambiente” por “, de Medio Ambiente, y de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación”.

Inciso segundo

31.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para sustituir el vocablo “promulgación” por “dictación”.

ARTÍCULO 8

Inciso primero

32.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para sustituir la palabra “cuatro” por “cinco”.

33.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para eliminar la frase “y deberán ser suscritos por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública”.

Inciso segundo

34.- Del Honorable Senador señor Bianchi, para reemplazarlo por el siguiente:

“Para la elaboración de los Planes Estratégicos Antárticos, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en conjunto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, se coordinará con las entidades con competencia antártica, y con los demás ministerios que correspondan, y someterá estos planes a la consideración del Consejo de Política Antártica.”.

35.- De los Honorables Senadores señora Goic y señores Bianchi y Pugh, para agregar la siguiente oración final: “Asimismo, en la elaboración de dichos Planes Estratégicos deberá incorporarse criterios orientadores que prioricen la actividad científica y tecnológica, a fin de promover el desarrollo del país en dichas áreas, vinculando tales planes con aquellos impulsados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, junto con dar cumplimiento a los instrumentos internacionales suscritos por Chile en materia de investigación y monitoreo del medio ambiente antártico.”.

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36.- Del Honorable Senador señor Bianchi, para agregar el siguiente inciso:

“Los Planes Estratégicos Antárticos deberán considerar especialmente aquellos lineamientos vinculados con la ciencia y tecnología, y deberán cumplir con los compromisos internacionales suscritos por Chile, en materia de investigación, monitoreo y vigilancia del medio ambiente antártico.”.

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37.- Del Honorable Senador señor Guillier, para agregar un inciso nuevo, del tenor que sigue:

“Con todo, en la elaboración de los Planes Estratégicos Antárticos siempre se consideran aspectos científicos y tecnológicos, así como estar en plena observancia a los compromisos internacionales suscritos por Chile en materia de investigación, monitoreo y vigilancia del medio ambiente antártico.”.

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38.- De la Honorable Senadora señora Goic, para agregar el siguiente inciso:

“Un decreto expedido por el Ministro del Interior y Seguridad Pública y firmado por los Ministros de Hacienda, Relaciones Exteriores, Ciencia y Tecnología, contendrá el Plan especial para el Desarrollo de la Provincia Antártica Chilena con el objetivo de promover la investigación científica, la conservación, educación, conectividad y actividades sustentables en el marco de las responsabilidades internacionales que Chile ha suscrito para la conservación del medio ambiente antártico y de los ecosistemas dependientes y asociados.”.

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ARTÍCULO 9

Inciso primero

Encabezamiento

39.- De los Honorables Senadores señora Goic y señores Bianchi y Pugh, para agregar después de la expresión “Ministerio de Relaciones Exteriores” la siguiente frase: “junto con el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación,”.

40.- De la Honorable Senadora señora Goic, para agregar después de la expresión “Ministerio de Relaciones Exteriores” la siguiente frase: “y el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación”.

Número 3

41.- De la Honorable Senadora señora Goic, para agregar a continuación de la expresión “Instituto Antártico Chileno”, lo siguiente “y el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación”.

Número 4

42.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para eliminar la frase “, sin perjuicio de las atribuciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública para actuar autónomamente”.

Inciso segundo

43.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para suprimir la frase “del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y”.

44.- De la Honorable Senadora señora Goic, para suprimir expresión “y del Ministerio de Defensa Nacional y sus instituciones y organizaciones dependientes”.

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45.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para agregar un inciso nuevo, del tenor que sigue:

“Por su parte, las instituciones y organizaciones dependientes del Ministerio de Defensa Nacional, deberán proponer a dicho Ministerio sus actividades antárticas programadas para el año siguiente, el que las informará al Ministerio de Relaciones Exteriores antes del 30 de septiembre de cada año.”.

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ARTÍCULO 10

Inciso primero

46.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para suprimir la locución “Ministerio del Interior y Seguridad Pública y al”.

47.- De la Honorable Senadora señora Goic, para agregar la siguiente oración final: “No obstante lo anterior, respecto a las actividades científicas corresponderá al Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación coordinar junto al Instituto Antártico los programas, acciones, proyectos o iniciativas a fin de promover la ciencia antártica y subantártica, evitar la duplicidad y promover la eficiencia y transparencia en el uso de l