Suspende la aplicación de la Evaluación Docente y de las pruebas del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (Simce), correspondientes al año 2020, debido a la pandemia de Covid-19

Boletín N° 13554-04

ANTECEDENTES

Nuestro país, al igual que el resto de las naciones del orbe, enfrenta una pandemia mundial, sin precedentes en la historia humana. La nueva cepa de coronavirus, del virus denominado coronavirus-2, del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV2), también conocido como la enfermedad COVID-19, se ha expandido por el planeta, infectado a más de 4.097.158 personas, con un saldo de 282.495 muertos. Chile tiene, a la fecha, 28.866 infectados y 312 fallecidos (cifras alll de ma)'o de 2020)

La pandemia ha obligado a la totalidad de los países a suspender la asistencia a clases en todos los niveles del sistema educacional, como medida preventiva para evitar contagios masivos que colapsen sus sistemas de salud. Se estima que 1.600 millones de niños y jóvenes no asisten a la escuela en el mundo por la pandemia del COVID-19, lo que representa cerca del 80 % de los estudiantes en edad escolar en el mundo. La interrupción del año escolar ha alterado por completo la vida de niños, padres y maestros.

Pese a lo anterior, el Ministerio de Educación ha venido dando señales equívocas, pretendiendo el retorno a clases de los estudiantes a fines de abril, pese a que entidades como el Colegio Médico aconsejaban no retornar a las aulas, medida que afortunadamente ha sido pospuesta por ahora. Sin embargo, sigue dando señales erradas, al convocar a miles de profesores para dar inicio al proceso 2020 de la Evaluación Docente. Sin perjuicio de lo anterior, el Ministerio tampoco ha dado señales claras en orden a suspender la realización de las pruebas SIMCE, dado que carece de todo sentido realizarla en el contexto actual de emergencia.

Cabe señalar que el artículo 70 de la Ley N° 19.070, que aprueba el Estatuto de los Profesionales de la Educación y la Ley N° 20.903, que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente y modifica otras normas, establecen que los docentes de aula deben someterse a un programa de evaluación profesional cada cuatro años.

Dicho programa se basa, en gran medida, en la evaluación del trabajo del profesor en el aula, el que, debido a la suspensión de clases decretada por el Ministerio de Educación con ocasión de la pandemia, no se ha podido verificar. Resulta evidente, en consecuencia, que carece de todo sentido iniciar un proceso de evaluación de los profesionales de la educación, que no podrá medir uno de sus principales componentes.

Cabe tener presente que, en todo caso, el Reglamento sobre Evaluación Docente contempla en su artículo 7 letra a) que se podrá, a solicitud del docente suspender la evaluación para el año inmediatamente siguiente, en los casos de fuerza mayor. Sin embargo, no es seguro que todos los sostenedores accedan a suspender la evaluación docente.

Por su parte, el artículo 37 de la Ley N° 20.370, que establece la Ley General de Educación, señala que le corresponderá a la Agencia de Calidad de la Educación diseñar e implementar el sistema nacional de evaluación de logros de aprendizaje, el cual debe verificar el grado de cumplimiento de los objetivos generales a través de la medición de estándares de aprendizaje referidos a las bases curriculares nacionales de educación básica y media. Es en virtud de dicho mandato legal que la Agencia de Calidad de la Educación ha implementado las pruebas SIMCE.

En este contexto, las pruebas SIMCE (Sistema de Medición de la Calidad de la Educación), corresponden a una evaluación de aprendizaje que aborda el logro de los contenidos y habilidades del currículo vigente en diferentes asignaturas y áreas de aprendizaje, y que se aplica a todos los estudiantes del país que cursan los niveles evaluados.

La Ley General de Educación dispone que las evaluaciones nacionales e internacionales se desarrollarán de acuerdo a un plan de, a lo menos, cinco años, elaborado por el Ministerio de Educación, aprobado previo informe favorable del Consejo Nacional de Educación. Este plan deberá contemplar las áreas curriculares que son objeto de evaluación, los grados de educación básica y media que son medidos, la periodicidad de la evaluación y las principales desagregaciones y modos de informar resultados.

Las asignaturas que actualmente se evalúan son: Lenguaje y Comunicación (Comprensión de Lectura y Escritura); Matemática; Ciencias Naturales; Historia, Geografía y Ciencias Sociales e Inglés. Las pruebas se aplican a estudiantes de 2°, 4°, 6°, 8° básico, II Y III medio, y se informa oportunamente a los establecimientos las asignaturas que serán evaluadas en el año en curso, en el nivel que corresponda. A partir del 2013, se aplican pruebas censales para estudiantes de 6° básico con discapacidad sensorial.

Cabe señalar que las pruebas SIMCE además de dar cuenta del desempeño de los alumnos y sus respectivos colegios, permiten que los establecimientos sean clasificados de acuerdo al puntaje obtenido, lo cual influye posteriormente en la entrega de incentivos económicos a sus profesores y asistentes de la educación.

Este sistema de evaluación ha sido objeto de múltiples críticas por parte de diversos actores de la educación, que han propuesto su eliminación. Un estudio del Centro de Investigación de Educación Inclusiva, dependiente de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, denominado "Sobre/contra el SIMCE", emitido por el Dr. Félix Angulo señala que las pruebas SIMCE no miden, en realidad, la calidad de la educación, sino que más bien ayudar a perpetuar la segregación social, convirtiendo al sistema educativo en un modelo de preparación para los test, privando al alumnado de la adquisición de otros habilidades y conocimientos mucho más importantes para su futuro y el de la sociedad en la que viven.

Como puede observarse, la suspensión de las clases presenciales debido a la pandemia del COVIT-19, ha implicado que los programas educativos no se estén entregando normalmente, por lo que resulta absurdo pretender evaluar a los estudiantes en estas circunstancias.

El Colegio de Profesores ya ha manifestado que insistirán ante el Ministerio de Educación, respecto de la necesidad de suspender el proceso de Evaluación Docente y las pruebas SIMCE, durante el año 2020, expresando que, en caso de no tener una respuesta adecuada de parte de las autoridades, el gremio instruirá otras acciones para resistir una imposición que resulta absurda en el contexto actual de absoluta anormalidad.

Por su parte, la Fundación Educación 2020, el 21 de abril pasado, en el marco de la presentación de sus "19 Propuestas de educación en tiempos de pandemia", propuso la suspensión de las pruebas SIMCE, lo que sostiene "en las consecuencias que tiene esta evaluación para las escuelas y la necesidad de evitar estrés adicional a las comunidades educativas".

Por otra parte, la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile y el Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile también realizaron un informe con propuestas educativas para abordar en esta contingencia, el que fue entregado al Ministerio de Educación el 24 de abril, el que igualmente recomienda la suspensión de las pruebas SIMCE.

OBJETO DEL PROYECTO

Se proponen dos artículos que establezcan la suspenslOn de la realización de la Evaluación Docente y de las pruebas SIMCE, por el año 2020, debido a la pandemia mundial COVID-19, posponiendo dichos procesos para el año 2021.

En consecuencia, los diputados firmantes presentan el siguiente:

PROYECTO DE LEY

ESTABLECE SUSPENSIÓN DE LA EVALUACIÓN DOCENTE y LAS PRUEBAS DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (SIMCE) DURANTE AL AÑO 2020, DEBIDO A PANDEMIA MUNDIAL COVID-19.

Artículo primero:

"Suspéndase la realización de la Evaluación Docente que contempla el artículo 70 de la Ley N° 19.070, que aprueba el Estatuto de los Profesionales de la Educación y la Ley N° 20.903, que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente y modifica otras normas, por el año 2020, debido a la pandemia mundial COVID-19. Los profesionales de la educación que les correspondía realizar la evaluación docente el año 2020, podrán evaluarse el año 2021.

Artículo segundo:

"Suspéndase la realización de las pruebas del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación comprendido en el artículo 37 de la Ley N° 20.370, que establece la Ley General de Educación, por el año 2020, debido a la pandemia mundial COVID-19. Las pruebas que debían rendirse en el año 2020 se realizarán el año 2021."

?INFORME DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN ACERCA DEL PROYECTO DE LEY QUE SUSPENDE LA APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DOCENTE Y DE LAS PRUEBAS DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (SIMCE), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DEBIDO A LA PANDEMIA DE COVID 19.

_____________________________________________________________

BOLETÍN No 13.554-04

Honorable Cámara:

La Comisión de Educación pasa a informar acerca del proyecto de ley de la referencia, en primer trámite constitucional y reglamentario, originado en moción de las diputadas y diputados Rodrigo González, Camila Rojas, Juan Santana y Camila Vallejo.

A las sesiones que la Comisión destinó al estudio de esta iniciativa, asistió el Ministerio de Educación, señor Raúl Figueroa Salas, y el Coordinador Legislativo del Ministerio, señor Carlos Oyarzún Concha.

Asimismo, la Comisión recibió en audiencia al Presidente del Colegio de Profesores de Chile A.G., señor Mario Aguilar Arévalo, al Fundador y al Administrador del Movimiento Docente Evaluemos la Evaluación, profesor Rodrigo Venegas Vergara.

I. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.

1) Idea matriz o fundamental del proyecto.

El proyecto propone la suspensión de la realización de la Evaluación Docente y de las pruebas del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (Simce), por el año 2020, debido a la pandemia mundial de Covid 19, posponiendo ambos procesos para el año 2021.

2) Normas de quórum especial.

El artículo 3 del proyecto tiene rango de norma orgánica constitucional, en tanto incide en el artículo 37 de la ley N° 20.370, Ley General de Educación, que tiene ese carácter, según se declaró en sentencia rol N° 1363-09 el Tribunal Constitucional.

El proyecto de ley no contiene normas de quórum calificado.

3) Normas que requieren trámite de Hacienda.

El articulado del proyecto de ley aprobado por la Comisión no requiere ser conocido por la Comisión de Hacienda, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 226 del Reglamento de la Corporación.

4) Aprobación general del proyecto de ley.

El proyecto fue aprobado, en general, por mayoría de votos. Votaron a favor los diputados y diputadas Cristina Girardi, Rodrigo González, Camila Rojas, Juan Santana, Camila Vallejo, Mario Venegas y Gonzalo Winter. Votaron en contra los diputados Jaime Bellolio, María José Hoffmann, Luis Pardo, Hugo Rey y Diego Schalper (7-5-0).

5) Diputado informante.

Se designó diputado informante al señor Rodrigo González Torres.

6) Reserva de constitucionalidad.

Los diputados Pardo y Rey hicieron reserva de constitucionalidad respecto del artículo 65, inciso cuarto, N° 2 de la Constitución Política, toda vez que el proyecto se refiere a materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

II. ANTECEDENTES DEL PROYECTO.

A) Fundamentos.

Según se expresa en la moción, a partir del mes de diciembre de 2019 hasta la fecha, se ha producido un brote mundial del virus denominado coronavirus-2 del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2), que produce la enfermedad del coronavirus 2019 o Covid-19. El país, al igual que el resto de las naciones del orbe, enfrenta una pandemia mundial, sin precedentes en la historia humana. La nueva cepa de coronavirus, del virus denominado coronavirus-2, del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV2), también conocido como la enfermedad Covid-19, se ha expandido por el planeta, infectado a más de 4.097.158 personas, con un saldo de 282.495 muertos. Chile tiene, a la fecha, 28.866 infectados y 312 fallecidos (cifras al 11 de mayo de 2020).

La pandemia ha obligado a la totalidad de los países a suspender la asistencia a clases en todos los niveles del sistema educacional, como medida preventiva para evitar contagios masivos que colapsen sus sistemas de salud. Se estima que 1.600 millones de niños y jóvenes no asisten a la escuela en el mundo por la pandemia del Covid-19, lo que representa cerca del 80% de los estudiantes en edad escolar en el mundo. La interrupción del año escolar ha alterado por completo la vida de niños, padres y maestros.

Agrega la iniciativa que, pese a lo anterior, el Ministerio de Educación ha venido dando señales equívocas, pretendiendo el retorno a clases de los estudiantes a fines de abril, pese a que entidades como el Colegio Médico aconsejaban no retornar a las aulas, medida que afortunadamente ha sido pospuesta por ahora. Sin embargo, sigue dando señales erradas, al convocar a miles de profesores para dar inicio al proceso 2020 de la Evaluación Docente. Sin perjuicio de lo anterior, el Ministerio tampoco ha dado señales claras en orden a suspender la realización de las pruebas Simce, dado que carece de todo sentido realizarla en el contexto actual de emergencia.

Cabe señalar que el artículo 70 de la ley N° 19.070, que aprueba el Estatuto de los Profesionales de la Educación y la ley N° 20.903, que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente y modifica otras normas, establecen que los docentes de aula deben someterse a un programa de evaluación profesional cada cuatro años. Dicho programa se basa, en gran medida, en la evaluación del trabajo del profesor en el aula, el que, debido a la suspensión de clases decretada por el Ministerio de Educación con ocasión de la pandemia, no se ha podido verificar. Resulta evidente, en consecuencia, que carece de todo sentido iniciar un proceso de evaluación de los profesionales de la educación, que no podrá medir uno de sus principales componentes.

El proyecto, a continuación, hace presente que, en todo caso, el Reglamento sobre Evaluación Docente contempla en su artículo 7, letra a), que se podrá, a solicitud del docente suspender la evaluación para el año inmediatamente siguiente, en los casos de fuerza mayor. Sin embargo, no es seguro que todos los sostenedores accedan a suspender la evaluación docente.

Por su parte, el artículo 37 de la ley N° 20.370, Ley General de Educación, señala que le corresponderá a la Agencia de Calidad de la Educación diseñar e implementar el sistema nacional de evaluación de logros de aprendizaje, el cual debe verificar el grado de cumplimiento de los objetivos generales a través de la medición de estándares de aprendizaje referidos a las bases curriculares nacionales de educación básica y media. Es en virtud de dicho mandato legal que la Agencia de Calidad de la Educación ha implementado las pruebas Simce. En este contexto, las pruebas Simce (Sistema de Medición de la Calidad de la Educación), corresponden a una evaluación de aprendizaje que aborda el logro de los contenidos y habilidades del currículo vigente en diferentes asignaturas y áreas de aprendizaje, y que se aplica a todos los estudiantes del país que cursan los niveles evaluados.

La Ley General de Educación dispone que las evaluaciones nacionales e internacionales se desarrollarán de acuerdo a un plan de, a lo menos, cinco años, elaborado por el Ministerio de Educación, aprobado previo informe favorable del Consejo Nacional de Educación. Este plan debe contemplar las áreas curriculares que son objeto de evaluación, los grados de educación básica y media que son medidos, la periodicidad de la evaluación y las principales desagregaciones y modos de informar resultados. Las asignaturas que actualmente se evalúan son: Lenguaje y Comunicación (comprensión de lectura y escritura), Matemáticas, Ciencias Naturales, Historia, Geografía y Ciencias Sociales e Inglés. Las pruebas se aplican a estudiantes de 2°, 4°, 6°, 8° básico, II y III medio, y se informa oportunamente a los establecimientos las asignaturas que serán evaluadas en el año en curso, en el nivel que corresponda. A partir del 2013, se aplican pruebas censales para estudiantes de 6° básico con discapacidad sensorial.

Destaca la moción que las pruebas Simce, además de dar cuenta del desempeño de los alumnos y sus respectivos colegios, permiten que los establecimientos sean clasificados de acuerdo al puntaje obtenido, lo cual influye posteriormente en la entrega de incentivos económicos a sus profesores y asistentes de la educación.

Este sistema de evaluación ha sido objeto de múltiples críticas por parte de diversos actores de la educación, que han propuesto su eliminación. Un estudio del Centro de Investigación de Educación Inclusiva, dependiente de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, denominado “Sobre/contra el Simce”, emitido por el doctor Félix Angulo señala que las pruebas Simce no miden, en realidad, la calidad de la educación, sino que más bien ayudan a perpetuar la segregación social, convirtiendo al sistema educativo en un modelo de preparación para los test, privando al alumnado de la adquisición de otros habilidades y conocimientos mucho más importantes para su futuro y el de la sociedad en la que viven.

Como puede observarse, la suspensión de las clases presenciales debido a la pandemia del Covid 19, ha implicado que los programas educativos no se estén entregando normalmente, por lo que resulta absurdo pretender evaluar a los estudiantes en estas circunstancias.

El Colegio de Profesores ya ha manifestado que insistirá ante el Ministerio de Educación respecto de la necesidad de suspender el proceso de Evaluación Docente y de las pruebas Simce, durante el año 2020, expresando que, en caso de no tener una respuesta adecuada de parte de las autoridades, el gremio instruirá otras acciones para resistir una imposición que resulta absurda en el contexto actual de absoluta anormalidad.

Por su parte, la Fundación Educación 2020, el 21 de abril pasado, en el marco de la presentación de sus “19 Propuestas de educación en tiempos de pandemia”, propuso la suspensión de las pruebas Simce, lo que sostiene “en las consecuencias que tiene esta evaluación para las escuelas y la necesidad de evitar estrés adicional a las comunidades educativas”.

Por otra parte, la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile y el Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile también realizaron un informe con propuestas educativas para abordar en esta contingencia, el que fue entregado al Ministerio de Educación el 24 de abril, el que igualmente recomienda la suspensión de las pruebas Simce.

B) Comentario sobre el articulado del proyecto e incidencia en la legislación vigente.

El proyecto contiene dos artículos:

Por el artículo 1 se propone suspender la realización de la Evaluación docente que contempla el artículo 70 de la ley N° 19.070 -que aprueba el Estatuto de los Profesionales de la Educación- y la ley N° 20.903 -que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente y modifica otras normas- por el año 2020, debido a la pandemia mundial de Covid 19. Los profesionales de la educación a los que les correspondía realizar la evaluación docente el año 2020, podrán evaluarse el año 2021.

Por el artículo 2 se propone suspender la realización de las pruebas del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (Simce) comprendido en el artículo 37 de la ley N° 20.370, que establece la Ley General de Educación, por el año 2020, debido a la pandemia mundial de Covid 19. Las pruebas que debían rendirse en el año 2020 se realizarán el año 2021.

III. DISCUSIÓN Y VOTACIÓN EN GENERAL DEL PROYECTO.

Se dio inicio a la discusión del proyecto de ley escuchando la opinión del Presidente del Colegio de Profesores, del profesor Fundador y Administrador del Movimiento Docente Evaluemos la Evaluación y del Ministro de Educación.

El Presidente del Colegio de Profesores de Chile A.G., señor Mario Aguilar Arévalo asistió acompañado del Vicepresidente, señor Guido Reyes Barra. Manifestó que comparte el sentido del proyecto de ley, por cuanto el Colegio de Profesores tiene cuestionamientos de fondo tanto de la prueba Simce como de la Evaluación Docente. Sostuvo que ambos instrumentos están alineados con una educación con un sesgo economicista, y que han generado gran daño a las comunidades educativas.

Agregó que una educación integral no puede ser estandarizada, ya que para desarrollar en las personas todas sus emocionalidades, la educación no puede centrarse en una línea pobre y reduccionista. Suponer que la buena educación se puede medir con un guarismo a través de resultados de carácter cuantitativo como estas pruebas, mediante cifras y números, que son posteriormente categorizados, constituye per se un reduccionismo que empobrece la educación.

Destacó que ambos instrumentos deben ser revisados en su fondo. En el caso de la Evaluación Docente, ha habido irregularidades gravísimas que han sido constantemente denunciadas. También ha habido fallas, por ejemplo, que un profesor de matemáticas reciba un reporte de lenguaje, lo cual es absolutamente absurdo, porque dicho reporte se supone que retroalimenta al docente, para que conozca sus debilidades y, en base a ello, lograr un mejor desempeño. Es más, se ha llegado a determinar que existen rubricas estándares, es decir un acto mecánico de copiar y pegar.

Por otro parte, la prueba Simce ha sido altamente cuestionada por expertos de la materia, como lo es la académica señora Teresa Florez, quien ha analizado los efectos negativos que deja en el sistema escolar, junto con la presión que existe hacia el adiestramiento en este tipo de pruebas estandarizadas.

Afirmó que está plenamente de acuerdo que este año se suspenda tanto la Evaluación Docente como el Simce. Sostuvo que la suspensión es de sentido común, atendida a la contingencia sanitaria que atraviesa el país, y ni siquiera debieran ser necesarios argumentos técnicos para ello. Agregó que en la situación de estrés que se vive en el país y a nivel internacional, resulta incomprensible que se insista en mantener las pruebas.

En el caso del Simce, el Ministro de Educación ha entregado públicamente explicaciones que reflejan un total desconocimiento, al señalar que si bien el Simce no tendrá consecuencias, igualmente “servirá como diagnóstico”. Manifestó que ello refleja ignorancia, porque los resultados el Simce se entregan al año siguiente de aquel en el que se rinde, sumado a que este instrumento no posee el atributo de contextualizarse en cada escuela o cada niño, sino que se basa en indicadores estandarizados.

A continuación, hizo un análisis de los recursos que podrían utilizarse si se toma la decisión de no realizar las pruebas. Señaló que el Simce tiene un presupuesto para el año 2020 de alrededor de $18.000.000.000, y se gastan otros $13.000.000.000 para la evaluación de estándares y desarrollo de desempeño docente; $1.114.000 para otras evaluaciones; $3.445.000 para el desarrollo de instrumentos; $7.241.000 para la evaluación de desarrollo docente; $2.379.000 para la formación de la calidad docente, y $1.775.000 para el pago de docentes mentores y principiantes.

En consecuencia, sumado lo anterior, entre ambos instrumentos se gastan más de $30.000.000.000, y muchos de esos servicios se licitan con empresas. Por lo tanto, solicitó una explicación sobre cuál es el destino de esos contratos, si acaso ese es el motivo fundamental para no suspender las pruebas, porque habría compromisos económicos involucrados. Con el ahorro de $18.000.000.000 se podrían entregar $200.000 por tres meses a 50.000 mil familias de los estudiantes más vulnerables; 713.000 canastas de alimentos de $30.000 pesos cada una; 707.000 conexiones a internet a un costo de $26.000 cada una para estudiantes que no tienen la posibilidad de continuar sus estudios online, y 57.000 salarios mínimos de $320.500.

Por último, expresó que carece de sentido que se mantenga esta prueba, ya que resulta una aberración generar algún tipo de evaluación en estas circunstancias. En consecuencia, manifestó que la única explicación viable son los grandes intereses económicos que habría detrás. Además, es fundamental que se termine con este instrumento censal, por los daños que produce. También se debe revisar la Evaluación Docente, que también es un instrumento meramente estandarizado.

El Fundador y Administrador del Movimiento Docente Evaluemos la Evaluación, profesor Rodrigo Venegas Vergara. Manifestó que fundó el Movimiento en marzo de 2019, con cerca de 8.000 docentes afectados por la Evaluación Docente, colegiados y no colegiados. Dejó en claro que el sistema de evaluación docente funciona mal, no por la situación sanitaria actual, la cual empezó hace sólo unos meses, sino que funciona mal desde antes del Covid 19.

En primer lugar, en cuanto al ámbito punitivo de la evaluación docente, en desmedro de su ámbito formativo, existen una serie de curiosidades, tales como que no se le asigna valor alguno a que un profesor tome un curso de perfeccionamiento, maestría o un doctorado; un profesor recién titulado, reconocido por sus buenas prácticas pedagógicas ,no puede avanzar en la carrera, sólo por no tener experiencia; los profesores con años de servicio y excelentes evaluaciones antes de los actuales instrumentos de evaluación, han tenido serios problemas para acceder a los tramos superiores en la carrera docente.

No se valora el trabajo del docente fuera del aula, no se valora el trabajo realizado por la comunidad, el rol del profesor jefe, las escuelas de padres, la corrección o planificación fuera de horario, las reuniones de apoderados, los talleres extraescolares, el acompañamiento a personas con necesidades emocionales, el trabajo por departamentos, la capacitaciones entre colegas, entre otros. La Evaluación Docente solo redujo el proceso a dos instrumentos: un portafolio y una evaluación (prueba) de conocimientos específicos y pedagógicos por asignatura. Se acaban las curiosidades cuando se entiende que los profesores que resulten bien evaluados, de acuerdo al diseño de la ley, deben recibir un aumento de sueldo.

En cuanto a las irregularidades en las evaluaciones detectadas por los docentes, mencionó las siguientes:

1) La página para presentar el recurso de reposición no funcionaba correctamente en los cinco días habilitados para el trámite.

2) El recurso de reposición que debía responderse en 30 días, se respondió en la mayoría de los casos con más de 120 días de retraso, e incluso algunos nunca se respondieron.

3) Los argumentos de las respuestas a los recursos de reposición parecía más un copiar y pegar desde algún documento del Ministerio de Educación, lo cual le asignaba características incoherentes a dichas respuestas.

4) Se conoce solamente de un profesor en todo Chile con una reposición favorable.

5) Un grupo grande de docentes quedó a 0,02% o incluso 0,01% de subir de tramo, que es la misma estrategia que el Ministerio de Educación ha usado desde 2013. Una reposición respondida a tiempo habría hecho la diferencia.

6) Los tramos no son actualizados automáticamente. El plazo para actualizar tramos es anterior a la entrega de resultados.

7) Las rúbricas de portafolio con los criterios que describen las acciones de un profesor destacado no aparecen en ningún documento ministerial. Es un proceso a ciegas.

8) Los informes de la retroalimentación de los portafolios contenían severas discrepancias del material enviado, o lisa y llanamente no coincidían con lo enviado.

9) Lo que es incluso peor, estos informes de trabajos altamente personalizados por generarse de acuerdo a un curso del docente y, por ende, irrepetible en otra clase o lugar de Chile, contenían observaciones generalizadas copiadas y pegadas para docentes de diferentes asignaturas y regiones.

10) Hubo en 2018 una denuncia de que las filmaciones de portafolio que fueron extraviadas.

11) Profesores evaluados con portafolios en lenguaje recibían retroalimentación de operaciones lógico matemáticas.

12) Profesores que recibieron la retroalimentación con un nombre que no era el suyo, impensado y vergonzoso.

13) Los análisis de las rúbricas, indicador por indicador de los resultados docentes no son entregados junto con los portafolios. No hay una gráfica histórica. Las variaciones son otro secreto más.

14) Los correctores de portafolio de manera anónima han señalado que no pueden analizar exhaustivamente la clase grabada. Deben corregir 8 portafolios en jornada de 8 horas (45 minutos por portafolio). Señalan además que cuando ellos otorgan un “destacado”, el superior los llama y deben explicar por qué dieron el “destacado” como si fuera negativo hacerlo, lo cual genera más agobio en los correctores, por lo cual finalmente desisten de entregar el destacado.

15) Se genera un círculo vicioso donde el Ministerio de Educación pide evaluarse, organiza la evaluación, oculta las rúbricas y respuestas correctas, supervisa el proceso, responde las reposiciones tardíamente, y luego toma posición de experto y responde a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados por las irregularidades, y también le responde y desobedece al Consejo para la Transparencia.

Expresó que el proceso es subjetivo, oscuro, inequitativo, no da oportunidad al reparo. Se enfoca en la enseñanza separada del aprendizaje, es individual y competitivo. No hay evidencias confiables de que los expertos 1 y 2 sean mejores docentes en sus comunidades, no está orientado a la mejora profesional, y hay intereses económicos en el proceso. Es estresante, hoy mucho más; no están las condiciones mínimas físicas, emocionales ni ambientales, no hay alumnos y los indicadores no podrán cumplirse, todo será hipotético y la pandemia ha agobiado el triple, aun sin evaluación docente. Sin embargo, se debe asegurar que no se perderán oportunidades de avanzar en la carrera, mientras exista.

Como conclusión, señaló que espera que la información revelada cause un impacto en los colegas que quieren evaluarse voluntariamente. La Evaluación Docente genera una carga mayor al agobio que ya viven los docentes por todo Chile. El proyecto debería aprobarse hoy mismo y sentar las bases de la abolición o total rediseño de las leyes de Evaluación Docente en los tiempos que vienen. Se necesita el diseño de un proyecto país de educación a 25 o 30 años, con docentes más participativos, una dirigencia nacional más consciente y coherente en sus acciones, y una Comisión de Educación que sea proactiva en el seguimiento, abolición y rediseño de las leyes sobre evaluación docente que traerán una verdadera calidad de la educación para este Chile equitativo que se terminará de construir cuando pase la pandemia.

El Ministro de Educación, señor Raúl Figueroa Salas, manifestó que es importante distinguir dos cosas en la discusión. En primer lugar, se apunta a críticas de los instrumentos al margen del Covid-19, y es una discusión distinta del proyecto en trámite, porque quienes desean suspender ambos instrumentos son los mismos que desean eliminarlos para siempre.

En relación a la Evaluación Docente, los autores señalan que carecería de todo sentido ya que esta se basaría en gran medida en el trabajo de los profesionales de la educación en el aula. Se hace presente que los autores de la moción reconocen que los sostenedores tienen la facultad de suspender la evaluación a solicitud del docente, en los casos de fuerza mayor, para el año inmediatamente siguiente, pero argumentan que no es posible asegurar que todos los sostenedores accedan a la suspensión. Esta facultad está contemplada en el Reglamento sobre Evaluación Docente.

En relación a las pruebas Simce, argumentan que en atención a que los programas educativos no se están entregando normalmente, resultaría absurdo pretender evaluar a los estudiantes en estas circunstancias. Sin perjuicio de lo anterior, es importante destacar que en los antecedentes de la propia moción se señala que la intención de suspender el Simce también se fundamenta en críticas que no tienen que ver con la pandemia y que apuntan a su eliminación.

En relación a la suspensión de la Evaluación Docente, no corresponde hacer una suspensión general de esta, pues actualmente existe la posibilidad de que cada docente solicite la suspensión al sostenedor. Esto permite que cada docente decida de acuerdo a su realidad e intereses, sin negar la posibilidad de rendirla a aquellos que quieran.

A su vez, desde el Ministerio de Educación se ha tomado una serie de medidas tendientes a flexibilizar el proceso de evaluación debido a la pandemia, dentro de las cuales se pueden mencionar las siguientes: la extensión del proceso de inscripción; la postergación del periodo evaluativo, iniciándolo al menos un mes luego del retorno a clases; se están considerando dos periodos evaluativos a nivel nacional, luego del retorno a clases, y se permitirá el uso de evidencias de años anteriores para ciertos módulos del portafolio.

Llama la atención que en el articulado sobre la suspensión de la evaluación docente se establezca que “los profesionales de la educación que les correspondía realizar la evaluación docente el año 2020, podrán evaluarse el año 2021”; en circunstancias que se trata de una obligación. Esto no es atribuible a un error pues en el artículo referido al Simce se establece que “las pruebas que debían rendirse en el año 2020 se realizarán el año 2021”.

En relación a la suspensión del Simce, se discrepa de esta idea porque este año va a tener características diferentes y su uso será exclusivamente para obtener un diagnóstico sobre el aprendizaje de los escolares. No tendrá ningún tipo de consecuencias negativas ni para los establecimientos educacionales, ni para los alumnos. Este año se requerirá más nunca esta información para poder diseñar políticas públicas que se hagan cargo de los establecimientos y alumnos que tengan más necesidades. Se trata de información única y valiosa para todo el sistema, que podrá ser utilizada para generar nuevas acciones que vayan en directo beneficio de los niños, considerando sus distintas realidades. De esta forma, se estima que su rendición es necesaria para recoger información sobre el impacto educativo y socioemocional de la pandemia.

Finalmente, se hace presente que el objetivo de suspender el Simce es parte de un propósito anterior a la pandemia, que es eliminarlo. Por esto, en los antecedentes de la moción se citan críticas a este instrumento que no se relacionan al Covid 19. También es prioridad del Ministerio de Educación que las brechas de aprendizaje no se profundicen y por esta razón, a fin de año se realizará una prueba adecuada a la priorización curricular y con la única finalidad de obtener información para diseñar una mejor política pública para la comunidad educativa.

La diputada Girardi manifestó que todos los expertos en la materia, en particular la renombrada académica señora Teresa Florez, quien ha investigado de manera profunda en Chile sobre la prueba Simce, incluyendo a la fundación EducaAraucanía, han planteado la necesidad de no realizar el Simce este año, especialmente por los altos niveles de estrés que significa en la comunidad educativa. Además, los expertos y la comunidad han señalado la necesidad de suspender también la evaluación docente. En ese sentido, es importante conocer la cifra de profesores que quiere evaluarse y si el Ministerio realmente quiere seguir aferrándose a estos dos instrumentos.

De esta manera, dado el nivel de cuestionamiento de los instrumentos, preguntó al Ministro de Educación si no le parece interesante la alternativa de, en vez de aplicar la Evaluación Docente y el Simce, que entregarán un diagnóstico, abordar otras problemáticas y utilizar los recursos en alguna de las alternativas que planteó el señor Aguilar, tales como canastas de alimentos o computadores para la comunidad educativa más necesitada, ya que Junaeb ha hecho entrega de canastas miserables, por lo que abordar esos temas sí es útil y se requiere en la pandemia.

Por último, consultó por los vínculos contractuales que existen con empresas para la realización del Simce y de la Evaluación Docente, que aparentemente es lo que hace que no exista posibilidad de suspender la aplicación de ambos instrumentos.

El diputado Bellolio rebatió lo señalado por la diputada Girardi, en el sentido de que no es miserable la entrega de las canastas de Junaeb, que es por cinco días de colegio y para el niño beneficiario, no es para toda la semana y tampoco para toda la familia. Manifestó que es sorprendente que existan personas que deseen quedarse a oscuras en torno a resultados en el período de pandemia, ya que no realizar un Simce que permitiría obtener resultados, para saber con certeza en qué magnitud afectó la crisis, si hubo diferencia en la ruralidad o no, entre otras. Esas respuestas se pueden obtener ejecutando un Simce a fin de año, lo contrario es querer no obtener resultados para tomar decisiones en políticas públicas en el corto, mediano y largo plazo, para no hacer un diagnóstico adecuado.

Distinto es el caso de la Evaluación Docente, porque siempre hay un sesgo en que el evaluador puede cometer errores. Recordó que ellos, como oposición en el Gobierno pasado, fueron partidarios de que existieran mayores factores en la realización de la Evaluación Docente.

El diputado Santana expresó respecto de las consecuencias para los establecimientos educacionales que serán evaluados mediante el Simce, que en Chile la evaluación está ligada a consecuencias negativas que recaen en los colegios, y hoy no existen garantías de que estas consecuencias, como el cierre, no se ejecutarán. Además, preguntó por el detalle de los contratos que existen respecto de ambos instrumentos y a qué montos ascienden, porque es importante tener claridad respecto a ese ítem financiero.

La diputada Rojas (Presidenta) preguntó al Ministro acerca de la mesa social de covid-19 quienes expresan que no tiene sentido la realización de la prueba Simce. Citó el reportaje de Cristian Bellei publicado en Ciper: https://ciperchile.cl/2020/05/16/simce-despues-del-confinamiento-servira-para-algo/

El diputado Venegas manifestó que nadie discute la necesidad de evaluar, sino cuál es el instrumento más apropiado para ello. Por lo tanto, la pregunta es si el Simce y la Evaluación Docente serán los instrumentos adecuados a las actuales circunstancias. Además, en circunstancias de que el mundo está enfrentado a la falta de recursos para combatir la pandemia, resulta razonable darles un uso alternativo a través de las propias comunidades educativas. Finalmente, preguntó cuáles son las empresas y los contratos existentes para realizar ambos instrumentos.

El señor Aguilar expresó que estas pruebas deben ser suspendidas, el Ministerio de Educación debe transparentar los contratos de las empresas que prestan los servicios tanto para la Evaluación Docente como para el Simce. Sostuvo que lo único que puede justificar estos instrumentos son los intereses económicos involucrados. Pero, en las actuales circunstancias es de toda lógica poder destinar esos recursos millonarios a la comunidad educativa más necesitada.

Lo más racional es que se suspenda la Evaluación Docente en su conjunto. Con respecto a que el Simce sea un diagnóstico, manifestó que ello constituye una aberración, y es necesario que el Ministro aclare si los resultados se conocerán al año siguiente.

Afirmó que debe realizarse una evaluación diagnóstica contextualizada, dividida por cada comunidad escolar, porque la prueba estándar no da cuenta de los diferentes contextos. Por último para los defensores de estas evaluaciones recomienda estudiar la ley de Campbell, elaborada por el sociólogo norteamericano Donald T. Campbell, en 1976, que plantea que las decisiones políticas que se toman basándose en indicadores cuantitativos generan severas distorsiones en las políticas sociales.

El señor Venegas expresó que la eficacia del Simce y de la Evaluación Docente ya estaba cuestionada antes de la pandemia, por lo tanto, el sistema no está siendo beneficiado con los resultados de estas pruebas estandarizadas. Hizo referencia a que los números hacen tomar decisiones equivocadas sobre la educación en Chile, pero las consecuencias de saber los números, es tener en claro cuántas escuelas han sido estigmatizadas por este tipo de pruebas. La curiosidad es para qué realizar este tipo de prueba si sus resultados serán entregados al año siguiente, y ello comprueba que hay antecedentes económicos detrás de contratos.

El señor Figueroa expresó que el Simce tendrá un carácter diagnóstico, y diagnosticar es tan simple como recabar datos y tomar determinadas medidas. La prueba de este año se realizará con el único objetivo de recoger información y tomar decisiones de política pública y no tendrá consecuencias. Es evidente que este año será distinto a otros, porque el currículum es de carácter transitorio y priorizado, y como será distinto, las consecuencias no se aplicarán.

En consecuencia, afirmó que el Simce para este año no tendrá consecuencias para ningún establecimiento educacional y, si eventualmente cambian las circunstancias, se suspenderá. Sostuvo que la información es necesaria para poder diseñar políticas públicas correctas, y se recabará un diagnóstico con antecedentes para analizar dicha información.

Agregó que en este caso particular no aplica la ley de Campbell, porque esta apunta a que cuando se utiliza un indicador social para adoptar decisiones el indicador se distorsiona. Aquí lo que ocurre es que se utiliza la prueba para la obtención de información, el indicador no se distorsiona y las decisiones asociadas siguen siendo útiles, por ello no aplica.

Por otro lado, hizo presente que el día de ayer convocaron a un grupo de trabajo para tomar medidas inmediatas para que el Covid-19 no se convierta en un factor de deserción escolar, y para asegurar que las brechas de aprendizaje no se profundicen aún más entre los estudiantes más vulnerables. Por lo tanto, es perfectamente compatible obtener información sobre las consecuencias que trajo aparejado el coronavirus.

En el caso de la entrega de 4.800.000 canastas por parte de la Junaeb, que no calificaría de miserables, sino que es un trabajo relevante. Afirmó que hay que pensar cómo hacerse cargo de las graves consecuencias que puede dejar el Covid, tratando de trabajar en conjunto para ayudar a la comunidad más vulnerable. Manifestó que no comparte las medidas de suspender el Simce y la Evaluación Docente, no obstante, respeta la opinión de los expertos sobre el particular.

Señaló que es importante centrar lo que plantea el proyecto de ley, los docentes pueden suspender la Evaluación Docente, de esta manera, el proyecto pierde importancia y los efectos que busca ya están disponibles, si alguien desea evaluarse no se le puede quitar su derecho. Además, el Simce no tiene consecuencias porque no está anclado al currículum.

Por último, expresó que todos los contratos pueden ser revisados, y no existe ninguna teoría conspirativa de beneficios económicos a determinadas empresas, esa afirmación es incorrecta. Informó que habría un ahorro fiscal de alrededor de $3.000.000.000 si se deja de ejecutar el Simce. Sin embargo, precisamente el objetivo del Simce es poder obtener resultados y la información relevante que trajo aparejada la pandemia al sistema educativo.

Puesta en votación la idea de legislar, se aprobó por mayoría de votos. Votaron a favor los diputados y diputadas Cristina Girardi, Rodrigo González, Camila Rojas, Juan Santana, Camila Vallejo, Mario Venegas y Gonzalo Winter. Votaron en contra los diputados y diputadas Jaime Bellolio, María José Hoffmann, Luis Pardo, Hugo Rey y Diego Schalper (7-5-0).

Los diputados y diputadas fundamentaron su voto de la siguiente forma:

El diputado Bellolio votó en contra del proyecto de ley, porque estimó que suspender el Simce es dejar a ciegas las decisiones de política educativa. Si se puede obtener información relevante del impacto que sufrieron los niveles educacionales, es importante comparar los resultados antes y después de la pandemia. Negarse a efectuar el Simce significaría cegarse a los efectos de la pandemia en educación.

El diputado González votó a favor del proyecto de ley. Sostuvo que la razón de fondo es que se está insistiendo en realizar dos actividades como la Evaluación Docente y el Simce, que por este año, por la situación que vive el país, no se podrá efectuar. Manifestó desconocer si el Ministerio está obligado a realizar ambos instrumentos, porque así lo obligan los compromisos contractuales suscritos. Manifestó que espera que durante la discusión particular el Ministerio de Educación proporcione información sobre los contratos involucrados.

Agregó que está de acuerdo en que para el legislador es evidente la importancia de contar con datos para formular políticas educativas, pero hay formas alternativas de hacerlo, tal como lo expresó el Colegio de Profesores, se puede evaluar cualitativamente en torno a qué ha ocurrido con la pandemia y qué ha pasado con los establecimientos educacionales, pero no es el instrumento Simce el apropiado. Además, todos los expertos solicitan la suspensión de la prueba Simce, por el bienestar de las comunidades escolares.

La diputada Girardi votó a favor del proyecto de ley. Señaló que no se trata de aprovecharse de la pandemia, porque desde antes ya se quería eliminar estos instrumentos, y hoy se están volviendo a plantear estos temas porque en época de crisis es cuando vuelven a abrirse los debates. Agregó que cuando se realiza un diagnóstico, tiene que ver con los instrumentos que se utilizan para observar la realidad, y claramente hoy existe una realidad muy distinta a la de antes de la pandemia. Lo que se plantea no es que no se recabe información, sino que estos instrumentos ya están cuestionados, porque no son los adecuados para evaluar y diagnosticar. Añadió que tampoco sirven para mejorar la educación, porque el Simce se ha aplicado durante años y la en la educación no ha mejorado, según los expertos.

El diputado Pardo votó en contra del proyecto de ley, porque las medidas que ha adoptado el Ministerio de Educación en torno a la flexibilización de la Evaluación Docente han sido suficientes. Sostuvo que es patético afirmar que existen intereses económicos involucrados. Realizó reserva de constitucionalidad, por cuanto se está vulnerando el artículo 65, inciso cuarto, N° 2 de la Constitución Política de la República. Además, cuando no se permite escuchar a los que opinan distinto, el debate se torna estéril.

El diputado Rey compartió lo expresado por el diputado Pardo, porque el proyecto se refiere a materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, toda vez que el diseño del Simce corresponde al Poder Ejecutivo. Recordó que el Simce que se realizará ahora es uno distinto, con carácter diagnóstico solamente. Respecto de la Evaluación Docente, se dará la libertad a los docentes para someterse a ella.

El diputado Santana votó a favor del proyecto de ley. Manifestó que está de acuerdo en que se debe escuchar la mayor cantidad de posiciones diferentes. Por otra parte, el Ministerio, ante la emergencia, debería establecer prioridades y esas no son precisamente insistir en mantener la evaluación ni las pruebas Simce. Además, manifestó que no ve inconveniente en que, desde el punto de vista financiero, se solicite claridad sobre los recursos involucrados en estas pruebas, que podrían utilizarse en apoyar a las comunidades educativas.

El diputado Schalper votó en contra del proyecto de ley. Además, hizo presente que se trata de un abuso, porque lo mínimo es poder invitar distintos expertos que entreguen diversas opiniones respecto de los proyectos de ley y en esta ocasión no hubo esa oportunidad.

La diputada Hoffmann votó en contra del proyecto de ley. Manifestó que no se pueden tomar decisiones de política pública en el área educativa, sin contar con resultados, aun cuando sea producto de la pandemia.

La diputada Vallejo votó a favor del proyecto de ley. Sostuvo que el proyecto recoge la opinión de expertos, por ejemplo de la Mesa Covid 19 de la Universidad de Chile y de la Universidad Católica, y todos han estado de acuerdo en la necesidad de la suspensión tanto de la Evaluación Docente como del Simce. Estimó importante avanzar en discutir en particular el proyecto, que además tiene apoyo tanto a nivel ciudadano como de expertos, que piden suspender ambos instrumentos.

La diputada Rojas (Presidenta) votó a favor del proyecto de ley, habida consideración que el Gobierno aun defiende la aplicación de estos instrumentos para este año. Sostuvo que es inútil aplicar ambos instrumentos durante este año, porque los resultados que arrojará no serán representativos.

IV. DISCUSIÓN Y VOTACIÓN EN PARTICULAR.

A continuación, se dio inicio a la votación en particular, de la siguiente forma:

Artículo 1

Se presentó la siguiente indicación:

1) Del diputado Bellolio para sustituir el artículo 1 del proyecto de ley por uno del siguiente tenor:

“Artículo 1.- La pandemia Covid 19, se entenderá como una razón de fuerza mayor para el año 2020, para efectos de lo dispuesto en el artículo 7° del decreto supremo N° 192, de 2005, del Ministerio de Educación, que aprueba reglamento sobre evaluación docente.”.

El diputado Pardo manifestó que esta indicación tiene por finalidad salvar un problema, que se refiere particularmente al período de aplicación de la ley durante la pandemia.

El diputado Bellolio expresó que la prueba Simce de este año 2020 no tendrá las mismas consecuencias que las pruebas que se efectúan de forma regular, es decir, la pandemia se entenderá como fuerza mayor, y los docentes pueden solicitar la postergación de la evaluación docente, en consecuencia, no existirá una obligación de someterse a ella, sino más bien una facultad de realizarla.

El diputado Rey consideró que la indicación presentada por el diputado Bellolio está en el camino correcto, ya que asegura que los docentes que no quieran realizar la evaluación docente no sean obligados. Además, sostuvo que esta es facultad exclusiva del Presidente de la República, y para que los profesores no tengan consecuencias, la única salida es aprobar esta indicación.

El diputado Venegas expresó que no estima que sea de facultad exclusiva del Presidente de la República suspender la evaluación, como lo señala el diputado Rey, y que es necesario que la norma general sea la suspensión, permitiendo que si algunos profesores quieran rendirla voluntariamente, puedan hacerlo.

El diputado Schalper estimó negativo no evaluar el desempeño docente, porque dicha evaluación entregará resultados sobre cómo está funcionando la nueva realidad y la educación a distancia, la cual, en un futuro, será más común de lo ya se está utilizando como medio de aprendizaje.

La diputada Girardi expresó que el argumento de suspender la evaluación docente tiene sentido, porque las energías deben estar enfocadas en otras necesidades. La razón última tiene ver con suspender todo aquello que genere estrés en el sistema educacional. Ahora bien, si algún profesor desea evaluarse, puede hacerlo y esa situación se verá caso a caso. No obstante, hay que considerar la situación global y asumir que hay un periodo complejo desde el punto de vista de la salud, económico y además emocional, que impide que procesos como éstos que se podían desarrollar de una determinada manera, hoy no se pueden llevar acabo normalmente y, en contexto de la pandemia es sumamente contraindicado continuar con la evaluación.

La diputada Rojas (Presidenta) coincidió con lo planteado por la diputada Girardi. Propuso redactar una indicación que permita a los docentes que así lo estimen, rendir las pruebas este año.

Puesta en votación la indicación 1), fue rechazada por no alcanzar el quórum de aprobación. Votaron a favor los diputados Jaime Bellolio, Sergio Bobadilla, Renzo Trisotti (en reemplazo de la diputada María José Hoffmann), Luis Pardo, Hugo Rey y Diego Schalper. Votaron en contra los diputados Cristina Girardi, Rodrigo González, Camila Vallejo, Mario Venegas, Gonzalo Winter y Camila Rojas (6-6-0).

Puesto en votación el artículo 1, se aprobó por mayoría de votos. Votaron a favor los diputados Sergio Bobadilla, Cristina Girardi, Rodrigo González, Juan Santana, Camila Vallejo, Mario Venegas, Gonzalo Winter y Camila Rojas. Votaron en contra los diputados Jaime Bellolio, María José Hoffmann y Luis Pardo (8-3-0).

Artículo 2

Se presentaron las siguientes indicaciones:

2) Del diputado Bellolio para sustituir el artículo 2 del proyecto de ley por el siguiente:

“Artículo 2.- Suspéndense, por el año 2020, las medidas especiales establecidas en los artículos 17, 18, 19, 30 y 31 de la ley N° 20.529.

Los datos que resulten de mediciones de logro de aprendizaje ocurridas durante el año 2020 podrán utilizarse solo para efectos de lo dispuesto en el Párrafo 4° de la ley N° 20.529, conforme al procedimiento determinado por la Agencia de la Calidad de la Educación.”.

El diputado Bellolio expresó que la indicación pretende que no se suspenda el Simce, si no que se suspendan los efectos de la realización del Simce y, por tal razón, se mencionan las medidas especiales que contemplan dichos artículos, que solamente servirán como información diagnóstica.

Sostuvo que no es posible “quedar a ciegas”, por cuanto es importante obtener información respecto de cuáles fueron los efectos de la pandemia y su magnitud. Suspender de manera completa el Simce es dejar sin ningún tipo de resultados a la institucionalidad. En definitiva, propone la suspensión de las consecuencias de la prueba Simce, porque es necesario mantenerla para adoptar decisiones de política pública en el área de educación.

Afirmó que si se suspende totalmente el Simce, habrá que esperar uno o dos años para recién obtener información, lo cual es absurdo, ya que es imposible poder focalizar en el futuro si no se obtiene información sobre qué sucedió durante la pandemia.

El señor Oyarzún expresó hay que distinguir las consecuencias negativas de las positivas del Simce. Para los establecimientos educacionales que no tengan buenos resultados, las normas relativas a la ordenación y cierre no se aplicarán para este año; pero, sostuvo que es importante resguardar las consecuencias positivas, como el apoyo técnico pedagógico, las visitas que debe realizar la Agencia de la Calidad de la Educación, y la priorización, en consecuencia, la indicación recoge los puntos que habían sido adelantados por el Ministerio de Educación.

El diputado Venegas afirmó que las autoridades del Ministerio de Educación tienen pleno conocimiento de la cantidad de recursos que se destina a la aplicación y ejecución tanto de las pruebas Simce como de la Evaluación Docente. Sostuvo que es necesario redireccionar el uso de dichos recursos en las necesidades más urgentes en esta pandemia, por ejemplo, destinarse a raciones alimenticias de la Junaeb, a estudiantes que actualmente necesitan apoyo para acceder a la educación online, entre otros. Sin embargo, la autoridad insiste en que se apliquen los instrumentos, en consideración que las condiciones actuales no son las adecuadas.

Agregó que el Simce siempre ha sido cuestionado como instrumento estandarizado, además del uso que se le dado, que distorsionó la idea original de ser una retroalimentación para cada establecimiento educacional. Luego, la argumentación del diputado Bellolio parte de un error, porque si existe otro tipo de diagnóstico. El mejor diagnóstico es aquel que se realiza en la escuela a través de los propios profesores, y el Simce es un instrumento estándar, sumado a que su entrega es después de varios meses de desfase del inicio de año escolar. En definitiva, sostuvo que no puede realizarse por la situación de anormalidad que viven las escuelas actualmente, producto de la crisis sanitaria.

El d iputado Rey expresó que el artículo 2 infringe el artículo 65, inciso cuarto, N° 2 de la Constitución Política de la República, porque corresponde su aplicación a través del Ministerio de Educación, por lo que no se trata de una facultad de la Cámara de Diputados. La solución para esta problemática era la indicación del diputado Bellolio. El Simce de este año permitirá recopilar información, pero no tendrá consecuencias negativas. Además, no tiene por qué ser de carácter censal, la muestra puede ser menor, reduciendo los costos y obteniendo resultados positivos para las futuras políticas públicas.

La diputada Girardi hizo presente la ausencia del Ministerio de Educación, entregando a los parlamentarios la tarea de redacción de indicaciones. Ya declararon que el Simce no va a tener consecuencias este año, pero no presentaron ninguna indicación en ese sentido. Sostuvo que el Simce no es la mejor prueba de diagnóstico, por lo tanto, no se trata solo de suspender sus efectos y consecuencias, sino que aunque solo tenga un sentido diagnóstico, no tendrá un significado positivo, tal como lo han afirmado los expertos sobre la materia, su aplicación en estas circunstancias generaría consecuencias negativas. Es de toda lógica entender que niños y niñas que se encuentran en hogares donde no tienen que comer, no podrán rendir bien una prueba de matemáticas, menos aun si tampoco se les ha enseñado la asignatura este año.

El diputado Schalper expresó que lo que hay detrás del proyecto de ley es que algunos parlamentarios, en definitiva, no son partidarios de la prueba Simce. Eso queda demostrado en la indicación N° 5), por cuanto se está pretendiendo aplicar otros mecanismos de diagnóstico, pero tampoco se explicita cuáles serán estos. Afirmó que están aprovechando la coyuntura de la pandemia para eliminar el Simce, se están mezclando dos discusiones distintas.

La diputada Vallejo destacó la necesidad de suspender la prueba Simce, lo que ha sido una solicitud reiterada de las comunidades educativas, ya que es importante diagnosticar en qué estado quedaron los niños y niñas, pero a través de un proceso más integral, con jornadas evaluativas integradas y no de carácter estandarizadas.

Puesta en votación la indicación, fue rechazada por mayoría de votos. Votaron a favor los diputados Jaime Bellolio, Sergio Bobadilla, Renzo Trisotti (en reemplazo de la diputada María José Hoffmann), Luis Pardo, Hugo Rey y Diego Schalper. Votaron en contra los diputados Cristina Girardi, Rodrigo González, Juan Santana, Camila Vallejo, Mario Venegas, Gonzalo Winter y Camila Rojas (6-7-0).

2 bis) De los diputados González y Girardi para agregar al artículo 2, el siguiente inciso segundo:

“La suspensión de las pruebas no afectará el pago de la subvención por desempeño profesional. El Ministerio de Educación podrá establecer un procedimiento alternativo que permita regular el pago de dicha subvención.”.

El señor Oyarzun expresó que la indicación es inadmisible porque contiene materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, por incidir directamente en la administración financiera del Estado.

El diputado Bellolio expresó que la indicación es inadmisible, porque afecta el pago de una subvención, lo cual no es facultad de los diputados, es exclusiva del Presidente de la República.

El diputado González manifestó que la indicación estipula que, si se suspenden las pruebas Simce, que la subvención se continúe pagando normalmente. No significa nuevos recursos, porque lo único que se señala es que el Ministerio de Educación siga ejecutando lo que realiza de manera permanente.

La diputada Girardi expresó que la indicación no altera la subvención, ni la administración financiera del Estado, la que permanece inalterable.

La diputada Rojas (Presidenta) en uso de sus atribuciones declaró inadmisible la indicación, de conformidad con el artículo 65, inciso tercero de la Constitución Política de la República, al incidir en la administración financiera del Estado. Sometida a votación la declaración de inadmisibilidad, se estimó inadmisible por mayoría de votos.

Puesto en votación el artículo 2, se aprobó por mayoría de votos. Votaron a favor los diputados Sergio Bobadilla, Cristina Girardi, Rodrigo González, Juan Santana, Camila Vallejo, Mario Venegas, Gonzalo Winter y Camila Rojas. Votaron en contra los diputados Jaime Bellolio, Renzo Trisotti (en reemplazo de la diputada María José Hoffmann), Luis Pardo, Hugo Rey y Diego Schalper (8-5-0).

Artículos nuevos

Se presentaron las siguientes indicaciones:

3) De las diputadas Girardi y Vallejo y los diputados González y Santana, para agregar un nuevo artículo 3 del siguiente tenor:

“Artículo 3.- Posterior al año 2020, la evaluación a que se refiere el artículo 2 de la presente ley, podrá ser de tipo muestral. Además, se deberá entregar retroalimentación a los establecimientos educacionales que hayan participado de la evaluación, participantes y sus comunidades educativas, con pertinencia territorial y cultural.”.

La diputada Rojas (Presidenta) en uso de sus atribuciones, declaró inadmisible esta indicación, por no decir relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto de ley, de conformidad con lo establecido por el artículo 24 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

3 bis) De los diputados González y Girardi para agregar el siguiente artículo tercero:

“Artículo 3.- Los recursos económicos vinculados a la realización de la Evaluación Docente y las pruebas del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación, que originalmente estaban previstos para ser utilizados el año 2020, serán destinados a la realización de programas que permitan mejorar los procesos de aprendizaje, dar apoyo emocional a los alumnos, generar mejores condiciones materiales para el estudio, implementar procesos de modernización tecnológica y proveer de alimentación a las familias más vulnerables de las comunidades escolares.”.

El diputado González expresó que la indicación tiene por finalidad mejorar la infraestructura de los establecimientos educacionales, las conexiones de internet, otras necesidades como la alimentación escolar, que son necesarias en el marco de la pandemia. Solicitó el patrocinio del Ejecutivo para esta indicación, de manera que los recursos que queden disponibles sean dirigidos a los establecimientos educacionales para estos fines.

El diputado Schalper solicitó a la Presidenta que esta indicación sea declarada inadmisible.

El señor Oyarzún manifestó que la indicación contiene materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la Republica, por tanto corresponde su declaración de inadmisibilidad. No obstante, informó que desde el Ministerio de Educación han informado que existirán recursos destinados al desarrollo integral de los niños y su aprendizaje.

El diputado Venegas expresó que está de acuerdo en que es necesario que los recursos se redireccionen para cubrir las necesidades de la comunidad educativa.

El diputado Bobadilla aclaró que no está dentro de las facultades de los parlamentarios la indicación presentada, por cuanto es una facultad del Presidente de la República. Manifestó, sin embargo, que está de acuerdo con la idea del proyecto de ley de suspender de ambos instrumentos: evaluación docente y pruebas Simce, y también concuerda en que los recursos que queden disponibles sean reorientados a combatir esta pandemia y apoyar a las comunidades educativas.

En tal sentido, sugirió oficiar al Ministerio de Educación, en el escenario que si el proyecto de ley es aprobado, que los recursos dispuestos para estos instrumentos puedan ser redestinados para ir ayuda de las necesidades de la comunidad educativa.

La diputada Girardi y el diputado González retiraron la indicación presentada.

6 bis) De la diputada Rojas para agregar un nuevo artículo 2 al proyecto de ley, pasando el actual artículo 2, a ser artículo 3, del siguiente tenor:

“Artículo 2.- Lo dispuesto en el artículo anterior no impide realizar la evaluación docente que contempla el artículo 70 de la ley N° 19.070 durante el periodo 2020, a los profesionales de la educación que manifestaron expresamente su voluntad de realizarla, por escrito, ya sea físicamente o por medios electrónicos, ante el Jefe del Departamento de Administración Municipal de Educación, el Director de la Corporación de Educación Municipal, el Director Ejecutivo del Servicio Local respectivo o el sostenedor del establecimiento particular subvencionado, quienes informarán al Ministerio de Educación.”.

Puesta en votación, se aprobó por unanimidad. Votaron a favor los diputados Jaime Bellolio, Sergio Bobadilla, Cristina Girardi, Rodrigo González, María José Hoffmann, Luis Pardo, Juan Santana, Diego Schalper, Camila Vallejo, Mario Venegas, Gonzalo Winter y Camila Rojas (12-0-0).

Artículos transitorios nuevos

Se presentaron las siguientes indicaciones:

4) De las diputadas Girardi y Vallejo y los d iputados González y Santana, para agregar un nuevo artículo transitorio del siguiente tenor:

“Artículo transitorio.- La evaluación que se refiere el artículo 2 de la presente ley, cuando se aplique en el año 2021, deberá usarse con fines de diagnóstico nacional, sin que los resultados obtenidos por los establecimientos educacionales sean públicos. Esta evaluación no podrá tener como consecuencia directa un efecto de ordenación para los establecimientos escolares, del artículo 17 de la ley N° 20.529.”.

5) De las diputadas Girardi y Vallejo y los diputados González y Santana, para agregar un nuevo artículo transitorio del siguiente tenor:

“Artículo transitorio.- Por el año 2021, se entregará a los establecimientos educacionales la subvención por desempeño de excelencia, del artículo 16 de la ley N° 19.410, a aquellos establecimientos educacionales que tengan un plan de apoyo y ayuda socioemocional para sus estudiantes matriculados. Dicho plan deberá orientarse a mejorar la condición de salud mental de sus estudiantes afectados por la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19.”.

La diputada Girardi expresó que en Chile el tema de una evaluación muestral es una posibilidad que otorga la ley y constituye una herramienta que no presiona a las comunidades educativas con una prueba censal, considerando esta época de pandemia, y los impactos complejos que tendrá en Chile, por lo que hasta el año 2021 debiera mantenerse un sistema con fines diagnósticos, para volver a adaptarse.

Agregó que se presentó un proyecto de ley para la eliminación del Simce censal y las notas, sobre todo en los primeros ciclos de la educación, en el cual se entregan incentivos perversos a los niños y niñas, atentando contra sus derechos. Sostuvo que es importante aprobar estas indicaciones, porque la situación de la pandemia será a largo plazo.

La diputada Vallejo expresó que los impactos de la crisis sanitaria no se van a vivir solamente este año, sino que repercutirán para el año 2021, y la ley debe entregar certezas de cómo se aplicaría posteriormente la evaluación, que debería ser de carácter muestral y no censal. Ello es coherente con el proyecto de ley, porque la pandemia tendrá impactos para el año 2021, y es necesario dar claridad y certeza a las comunidades educativas.

El diputado Bellolio manifestó que las indicaciones están fuera de las ideas matrices, por lo que solicitó que se declaren inadmisibles. Sostuvo que el impacto que se va a producir por la negativa a medir el año 2020 es dejar a ciegas a la autoridad para adoptar políticas públicas en el área educativa.

El diputado Venegas estimó que el fundamento de suspender ambos instrumentos es el estado de catástrofe por la pandemia, pero coincide en la inadmisibilidad.

El diputado Rey expresó que las indicaciones están más allá de las ideas matrices, por lo que son inadmisibles.

El diputado González expresó que lo más importante es que sea aprobado el proyecto de ley y que la suspensión se haga efectiva para este año. Sostuvo que las pruebas estandarizadas no son un buen sistema de evaluación, además es necesario evitar más estrés a los niños y niñas y así poder generar bienestar en ellos y no una presión innecesaria.

El señor Oyarzún expresó que nadie ha descartado que los efectos de la pandemia sean a largo plazo, el Gobierno y el Ministerio de Educación, no han descartado medidas adicionales, pero no se ha considerado suspender ambos instrumentos por el momento. Existen ciertos reparos en cuanto que sea muestral, porque hay una serie de medidas de apoyo a los establecimientos educacionales, como el apoyo técnico pedagógico, que van de la mano con la ejecución de dicho instrumento. La retroalimentación se puede dar cuando existe un mayor conocimiento, por ello debe seguir siendo censal. Además tal como se indicó, las indicaciones se alejan de las ideas matrices.

La diputada Rojas (Presidenta) en uso de sus atribuciones, declaró inadmisibles las indicaciones 4 y 5, por no decir relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto de ley, de conformidad con lo establecido por el artículo 24 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

6) De las diputadas Girardi , Rojas y Vallejo y los diputados González, Santana y Winter, para agregar un nuevo artículo transitorio del siguiente tenor:

“Artículo transitorio.- La evaluación a que se refiere el artículo 2 de la presente ley, en el año 2021, dispondrá que los establecimientos educacionales que tengan un desempeño insuficiente no perderán el reconocimiento oficial, según lo estipulado en el artículo 31 de la ley N° 20.529.”.

El señor Oyarzún expresó que se incurre en la misma situación de las indicaciones que fueron declaras inadmisibles, por cuanto se aleja de la idea matriz del proyecto de ley, porque el proyecto expresamente se refiere para el año 2020, pero la indicación propone que la evaluación del año 2021 no tendrá efectos para el año 2022. Además, el Ministerio de Educación ha insistido en que no habrá consecuencias negativas del Simce para este año.

La diputada Girardi aclaró que si se suspende la prueba Simce no hay consecuencias y efectivamente está planteado para el año 2021.

El d iputado Winter expresó que la indicación no escapa a la idea matriz del proyecto de ley, porque las escuelas que podrían ser calificadas de insuficientes están viviendo situaciones del todo excepcionales.

El diputado Bellolio expresó que la indicación está mal redactada y debe ser rechazada.

La diputada Rojas (Presidenta) manifestó que si se suspende la prueba Simce y el proyecto se vuelve ley, no habrá consecuencias para las escuelas, por tanto el artículo no sería necesario.

Las diputadas Girardi, Rojas y Vallejo y los diputados González, Santana y Winter retiraron la indicación presentada.

V. ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADAS.

Se encuentran en esta situación las siguientes indicaciones:

1) Del diputado Bellolio para sustituir el artículo 1 del proyecto de ley por uno del siguiente tenor:

“Artículo 1.- La pandemia Covid 19, se entenderá como una razón de fuerza mayor para el año 2020, para efectos de lo dispuesto en el artículo 7° del decreto supremo N° 192, de 2005, del Ministerio de Educación, que aprueba reglamento sobre evaluación docente.”.

2) Del diputado Bellolio para sustituir el artículo 2 del proyecto de ley por el siguiente:

“Artículo 2.- Suspéndense, por el año 2020, las medidas especiales establecidas en los artículos 17, 18, 19, 30 y 31 de la ley N° 20.529.

Los datos que resulten de mediciones de logro de aprendizaje ocurridas durante el año 2020 podrán utilizarse solo para efectos de lo dispuesto en el Párrafo 4° de la ley N° 20.529, conforme al procedimiento determinado por la Agencia de la Calidad de la Educación.”.

Ambas indicaciones fueron rechazadas por mayoría de votos.

VI. INDICACIONES DECLARADAS INADMISIBLES.

Fueron declaradas inadmisibles las siguientes indicaciones:

2 bis) De los diputados González y Girardi para agregar al artículo 2, el siguiente inciso segundo:

“La suspensión de las pruebas no afectará el pago de la subvención por desempeño profesional. El Ministerio de Educación podrá establecer un procedimiento alternativo que permita regular el pago de dicha subvención.”.

Se declaró inadmisible por incidir en la administración financiera del Estado, de conformidad con el artículo 65, inciso tercero, de la Constitución Política de la República.

3) De las diputadas Girardi y Vallejo y los diputados González y Santana, para agregar un nuevo artículo 3 del siguiente tenor:

“Artículo 3.- Posterior al año 2020, la evaluación a que se refiere el artículo 2 de la presente ley, podrá ser de tipo muestral. Además, se deberá entregar retroalimentación a los establecimientos educacionales que hayan participado de la evaluación, participantes y sus comunidades educativas, con pertinencia territorial y cultural.”.

4) De las diputadas Girardi y Vallejo y los diputados González y Santana, para agregar un nuevo artículo transitorio del siguiente tenor:

“Artículo transitorio.- La evaluación que se refiere el artículo 2 de la presente ley, cuando se aplique en el año 2021, deberá usarse con fines de diagnóstico nacional, sin que los resultados obtenidos por los establecimientos educacionales sean públicos. Esta evaluación no podrá tener como consecuencia directa un efecto de ordenación para los establecimientos escolares, del artículo 17 de la ley N° 20.529.”.

5) De las diputadas Girardi y Vallejo y los diputados González y Santana, para agregar un nuevo artículo transitorio del siguiente tenor:

“Artículo transitorio.- Por el año 2021, se entregará a los establecimientos educacionales la subvención por desempeño de excelencia, del artículo 16 de la ley N° 19.410, a aquellos establecimientos educacionales que tengan un plan de apoyo y ayuda socioemocional para sus estudiantes matriculados. Dicho plan deberá orientarse a mejorar la condición de salud mental de sus estudiantes afectados por la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19.”.

Las indicaciones 3, 4 y 5 se declararon inadmisibles por no decir relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto de ley, de conformidad con lo establecido por el artículo 24 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

VII. TEXTO DEL PROYECTO DE LEY APROBADO POR LA COMISIÓN.

En mérito de las consideraciones anteriores y por las que, en su oportunidad, pudiere añadir el diputado informante, la Comisión de Educación recomienda la aprobación del siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1.- Suspéndese la realización de la Evaluación Docente que contempla el artículo 70 de la ley N° 19.070, que aprueba el Estatuto de los Profesionales de la Educación y la ley N° 20.903, que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente y modifica otras normas, por el año 2020, debido a la pandemia mundial de Covid 19. Los profesionales de la educación a quienes les correspondía realizar la evaluación docente el año 2020, podrán evaluarse el año 2021.

Artículo 2.- Lo dispuesto en el artículo anterior no impide realizar la evaluación docente que contempla el artículo 70 de la ley N° 19.070 durante el período 2020, a los profesionales de la educación que manifestaren expresamente su voluntad de realizarla, por escrito, ya sea físicamente o por medios electrónicos, ante el Jefe del Departamento de Administración Municipal de Educación, el Director de la Corporación de Educación Municipal, el Director Ejecutivo del Servicio Local respectivo o el sostenedor del establecimiento particular subvencionado, quienes informarán al Ministerio de Educación.

Artículo 3.- Suspéndese la realización de las pruebas del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación comprendido en el artículo 37 de la ley N° 20.370, que establece la Ley General de Educación, por el año 2020, debido a la pandemia mundial de Covid 19. Las pruebas que debían rendirse en el año 2020 se realizarán el año 2021.

VIII. DIPUTADO INFORMANTE.

Se designó como diputado informante al señor RODRIGO GONZÁLEZ TORRES.

SALA DE LA COMISIÓN, a 11 de junio de 2020.

Acordado en sesiones de fecha 4 y 11 de junio de 2020, con la asistencia de las diputadas Cristina Girardi Lavín, María José Hoffmann Opazo, Camila Rojas Valderrama y Camila Vallejo Dowling, y de los diputados Jaime Bellolio Avaria, Sergio Bobadilla Muñoz, Rodrigo González Torres, Luis Pardo Sáinz, Hugo Rey Martínez, Juan Santana Castillo, Diego Schalper Sepúlveda, Mario Venegas Cárdenas y Gonzalo Winter Etcheberry.

Por la vía del reemplazo asistió el diputado Renzo Trisotti Martínez.

MARÍA SOLEDAD FREDES RUIZ,

Abogada Secretaria de la Comisión.

SUSPENSIÓN DE EVALUACIÓN DOCENTE Y DE PRUEBA SIMCE 2020 DEBIDO A COVID-19 (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 13554-04)

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, originado en moción, que suspende la aplicación de la evaluación docente y de las pruebas del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (Simce), correspondientes al año 2020, debido a la pandemia por covid-19 (boletín N° 13554-04).

Por acuerdo de los Comités Parlamentarios, para el uso de la palabra se otorgarán tres minutos base por bancada, más treinta minutos distribuidos de forma proporcional.

Diputado informante de la Comisión de Educación es el señor Rodrigo González .

Antecedentes:

-Moción, sesión 26ª de la presente legislatura, en martes 2 de junio de 2020. Documentos de la Cuenta N° 29.

-Informe de la Comisión de Educación, sesión 30ª de la presente legislatura, en martes 16 de junio de 2020. Documentos de la Cuenta N° 14.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (de pie).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Educación, me corresponde informar sobre el proyecto de ley cuya idea matriz es la suspensión de la aplicación de la evaluación docente y de las pruebas del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (Simce), correspondientes al año 2020, debido a la pandemia por covid-19.

El proyecto se encuentra en primer trámite constitucional y primero reglamentario, y se inició en moción de la diputadaCamila Rojas, del diputado Juan Santana , de la diputada Camila Vallejo y de quien informa.

En cuanto a los fundamentos del proyecto de ley, la pandemia que actualmente afecta al mundo ha obligado a los países a suspender la asistencia a clases en todos los niveles del sistema educacional, como medida preventiva para proteger a los niños y evitar contagios masivos que colapsen los sistemas de salud y, sobre todo, proteger a las comunidades escolares. Sin duda, la interrupción del año escolar ha alterado por completo la vida de niños, padres y maestros.

Cabe señalar que la ley N° 19.070, que estableció el Estatuto de los Profesionales de la Educación, y la ley N° 20.903, que creó el Sistema de Desarrollo Profesional Docente y modificó otras normas, establecen que los docentes de aula deben someterse a un programa de evaluación profesional cada cuatro años.

La evaluación del trabajo del profesor en el aula no se ha podido verificar, debido a la suspensión de clases decretada por el Ministerio de Educación con ocasión de la pandemia. Por ello, según la moción, resulta evidente que carece de sentido iniciar un proceso de evaluación de los profesionales de la educación, dado que no podrá medir uno de sus objetivos generales, que son los estándares de aprendizaje referidos a las bases curriculares de educación básica y media.

Las pruebas del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (Simce), por su parte, corresponden a una evaluación de aprendizaje que mide el logro alcanzado por los alumnos de los contenidos y habilidades del currículo vigente en diferentes asignaturas y áreas de aprendizaje. Se aplica a todos los estudiantes del país que cursan los niveles evaluados.

Sin embargo, la suspensión de las clases presenciales debido a la pandemia del covid-19 y las dificultades o imposibilidad de la educación por retomar las clases, debido a la falta de conectividad, de computadores, a la estrechez o hacinamiento en los hogares y la situación emocional de estrés, ansiedad y temor de los niños por la vida de sus padres, ha implicado que los programas educativos no se hayan entregado normalmente, por lo que no resulta conveniente, razonable y posible pretender evaluar a los estudiantes en estas circunstancias.

En lo que respecta a los documentos recibidos por la comisión, la Fundación Educación 2020, el 21 de abril pasado, en el marco de la presentación de sus “19 Propuestas de educación en tiempos de pandemia”, planteó la suspensión de las pruebas Simce , lo que fundamenta en “las consecuencias que tiene esta evaluación para las escuelas y la necesidad de evitar estrés adicional a las comunidades educativas”.

Por su parte, el profesor Félix Angulo , del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, señaló que las pruebas Simce no miden de verdad la calidad de la educación, sino que, más bien, convierten al sistema educativo en un modelo de preparación para los test, privando al alumnado de la adquisición de otras habilidades y conocimientos, mucho más importantes para su fututo y el de la sociedad en que viven.

Asimismo, la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile y el Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile realizaron un informe con propuestas educativas para abordar en esta contingencia, en el que también se recomienda la suspensión de las pruebas Simce .

Durante la tramitación del proyecto, la comisión recibió la opinión del ministro de Educación, del Colegio de Profesores y del movimiento docente Evaluemos la Educación.

Entre los diputados hubo visiones contrapuestas respecto de esta iniciativa, y si bien hubo coincidencia en cuanto a la necesidad de que tanto la evaluación docente como las pruebas Simce no produzcan efectos negativos para los docentes y los establecimientos educacionales, atendidas las principales circunstancias sanitarias por las que atraviesa el país, hubo posturas que no permitieron la aprobación de la moción por unanimidad.

Quienes sostuvieron una postura contraria a la moción, la fundamentaron en la necesidad de mantener la evaluación docente y las pruebas Simce a modo de diagnóstico, de manera de tener un cabal conocimiento de los efectos de la pandemia en la educación, que permita adoptar mejores decisiones de política pública en el futuro.

Agregaron que la prueba Simce permitiría contar con información dura sobre la realidad de las diferentes escuelas públicas, municipales, particulares subvencionadas y privadas, sobre sus condiciones y capacidades para sobrellevar la crisis, sobre el desempeño de los docentes en estas circunstancias extraordinarias y sobre la forma como se han comportado tanto los docentes como las comunidades escolares, y otras realidades indispensables de conocer.

En cuanto a los argumentos a favor de la aprobación de la moción, se señaló que llevar a cabo la prueba Simce y la evaluación docente generaría serias distorsiones para las escuelas en un año escolar truncado, con todo el estrés, las ansiedades y las dificultades que se han vivido durante la pandemia.

Según quienes apoyan esta moción, el primer deber del Estado es proteger la integridad física y psíquica, y la salud mental de los niños y de los docentes. El solo anuncio de la prueba y su carácter estandarizado provoca inquietud, inseguridad e incertidumbre en las comunidades escolares y generaría una tremenda dificultad.

Al mismo tiempo, la supuesta normalidad del profesorado en las nuevas circunstancias después de la pandemia no genera las mejores condiciones para una evaluación docente.

El regreso a clases debe asegurar el bienestar emocional de las comunidades. En este sentido, la evaluación docente y la prueba Simce significarían aumentar la tensión, el estrés y la ansiedad de las comunidades.

Algunos diputados estimaron que la moción, tal como está formulada, resultaría ser inadmisible o inconstitucional, porque se refiere a atribuciones propias del Ministerio de Educación.

También manifestaron que el Simce, como instrumento, no es el más adecuado para medir la calidad de la educación en estas condiciones, por lo que solamente se aplicaría a modo de diagnóstico.

Constancias reglamentarias

Normas de quorum especial

El artículo 3 del proyecto tiene rango de norma orgánica constitucional, en tanto incide en el artículo 37 de la ley N° 20.370, Ley General de Educación.

El proyecto de ley no contiene normas de quorum calificado.

Normas que requieren trámite de Hacienda

El articulado del proyecto de ley aprobado por la comisión no requiere ser conocido por la Comisión de Hacienda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 226 del Reglamento de la Corporación.

Aprobación general del proyecto de ley

El proyecto fue aprobado en general por mayoría de votos: 7 votos a favor y 5 en contra. No hubo abstenciones.

Reserva de constitucionalidad

Los diputados Pardo y Rey hicieron reserva de constitucionalidad respecto del artículo 65, inciso cuarto, N° 2, de la Constitución Política, toda vez que el proyecto se referiría a materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto de ley. Tiene la palabra la diputada Cristina Girardi .

La señora GIRARDI (doña Cristina) [vía telemática].-

Señor Presidente, saludo a la Mesa, a mis colegas y a la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, a la que vi en pantalla.

El proyecto no surge de la mera voluntad de los parlamentarios que lo presentamos, sino que ha sido reiteradamente sugerido por los expertos, quienes han planteado la necesidad de suspender ambas evaluaciones. Por lo tanto, este no es un capricho ni una idea que se nos ocurrió sin ninguna base. La Mesa Social Covid-19 -se supone que el gobierno y el Ministerio de Educación la escuchan-, que integran, entre otros, los rectores de las universidades, encargó a un grupo de expertos analizar la situación, quienes plantearon claramente que hay que suspender la prueba Simce y la evaluación docente este año. Por eso, reitero, este proyecto no es un capricho nuestro.

En segundo lugar, vale la pena aclarar que la suspensión de ambos instrumentos no significa que no queramos ver la realidad, que no queramos hacer un diagnóstico para saber qué está ocurriendo, que queramos estar ciegos frente a la realidad, como han dicho algunos diputados en la comisión. Lo que se ha propuesto claramente es encontrar herramientas diagnósticas distintas a las tradicionales frente a una realidad que es distinta.

El ministro de Educación puso énfasis en que necesitaban realizar un diagnóstico, y en ese diagnóstico se enmarca el Simce. Aparentemente para el Ministerio de Educación la única herramienta existente en el mundo para diagnosticar lo que sucede en nuestro sistema escolar es el Simce. ¿Extraño, no? ¡La única! ¡No existen otras!

En la comisión le planteé al ministro -no me respondióque para realizar un buen tratamiento se requiere de un buen diagnóstico. Si nos equivocamos en el diagnóstico, nos vamos a equivocar en el tratamiento y, por lo tanto, en este caso, en las políticas públicas. Así, por ejemplo, para diagnosticar cáncer de colon no se pueden utilizar los instrumentos para detectar un resfrío, porque ellos no permiten lograr un buen diagnóstico.

Ahora bien, tanto los expertos como nosotros le hemos dicho al ministro que frente a una realidad que ha cambiado notoriamente, la herramienta del Simce no es la pertinente, porque condiciona y modela los objetivos y las prioridades de los establecimientos educacionales, los que se ponen a trabajar por el Simce, no por lo que está pasando realmente en las escuelas, para detectar sus necesidades.

También se ha planteado que la información que se obtiene del Simce, aun sin consecuencias, es tardía y no asume el contexto en que se está desarrollando esta pandemia.

Por consiguiente, aunque el Ministerio de Educación insista en que quiere tener un diagnóstico, este será ciego, porque -lo han dicho todos los expertosno va a servir. En esta ocasión, ni el Simce ni la evaluación docente servirán como instrumentos de diagnóstico.

Los padres y apoderados han dicho que no van a mandar a sus niños al colegio a rendir la prueba Simce . ¿Qué va a hacer en ese caso el ministro? La realización de la prueba, aunque se diga que no tendrá consecuencias, significa someter a un estrés adicional a los niños, en un sistema que ya está estresado porque los niños no tienen qué comer y sus padres están sin trabajo. ¿Eso es compatible con la educación?

Ministro, la educación es esencialmente vínculo; si usted no se sabe vincular, no sabe de qué se trata la educación. ¡Vincúlese!

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el ministro de Educación, señor Raúl Figueroa .

El señor FIGUEROA (ministro de Educación).-

Señor Presidente, sobre este proyecto destaco algunas cosas específicas. Si bien varias de ellas ya se señalaron en la comisión, creo importante reiterarlas, y agregar otras que, para los efectos del debate, pueden ser tremendamente útiles.

En primer lugar, reitero algo que ya señalé en la comisión: en opinión del Ejecutivo este proyecto podría ser declarado inadmisible, porque incide en materias que son propias de las facultades del Presidente de la República al intentar determinar funciones y atribuciones de órganos del Estado, como la Agencia de Calidad de la Educación -ello en el caso del Simcey el Ministerio de Educación, específicamente el Cpeip, en el caso de la evaluación docente. Hice presente ese punto en la comisión y lo reitero acá.

Respecto del fondo, hay algunos aspectos que son importantes de dar a conocer a la Sala para los efectos de la adecuada discusión del proyecto.

Primero, en relación con el Simce, en reiteradas oportunidades hemos dicho que una de las consecuencias más complejas de la covid-19 en materia educativa es precisamente que se corre un altísimo riesgo de que las brechas de aprendizaje que existen en Chile se profundicen. Eso, obviamente, nos pone a todos un desafío muy particular en cuanto a cómo somos capaces de anticipar ese riesgo. Hay una serie de medidas que ya se están tomando desde el Ministerio de Educación y también desde la comunidad educativa, en relación a poner todo el esfuerzo y el foco de la política pública en los sectores más vulnerables, los que se podrían ver muy afectados en materia de aprendizaje como consecuencia de la covid-19. Otro drama que deberemos enfrentar es la deserción escolar.

En ese contexto, contar con información del sistema escolar que permita un adecuado diseño de la política pública, de modo de focalizar, centrar y hacernos cargo de esa situación compleja, es un deber que no podemos eludir. Por eso hemos señalado que, en un contexto evidentemente complejo y difícil, como es el desarrollo del año escolar 2020, debemos contar con tal información y utilizar los instrumentos de que disponemos para poder conseguirla.

En esa lógica es que se señaló -lo reiteramos en la comisiónque durante este año la evaluación de aprendizaje no iba a tener ningún tipo de consecuencias para las escuelas y que solo se iba a realizar en el contexto del diagnóstico que el sistema público necesita para diseñar la mejor política pública que nos permita abordar las consecuencias de la covid-19 en el ámbito educativo. También señalé en la comisión que la forma de aplicar esa evaluación iba a estar en permanente revisión y análisis, porque debe ajustarse a la realidad y a la forma en que el sistema escolar ha ido operando en estos meses complejos.

Señor Presidente, quiero aprovechar la oportunidad de reiterar lo importante que resulta para el Estado contar con información del sistema escolar, específicamente de los aprendizajes de los alumnos. La evaluación que se realizará a fin de año tendrá un carácter distinto, pues tendrá carácter muestral y no censal, como tradicionalmente ocurre con el Sistema de Medición de la Calidad de la Educación. La muestra será diseñada y ejecutada por la Agencia de Calidad de la Educación -el órgano que estará a cargo-, que será representativa, pero acotada a un número de establecimientos que, voluntariamente, quieran acogerse a la misma. Esto significa que, por la vía de ese mecanismo, podremos contar con la información que el sistema educativo necesita para un mejor diseño de la política pública.

Frente a las inquietudes que surgen respecto de las eventuales consecuencias de la evaluación, debo repetir que al ser una muestra voluntaria y diseñada por la agencia para contar con información a nivel agregado, ello no tiene ninguna consecuencia para las escuelas, los docentes y los alumnos. No podrá entregarse información a nivel de establecimientos, sino que solo a nivel agregado del sistema.

Por esta vía, lo que hacemos es insistir en lo fundamental de contar con información para el mejor diseño de la política pública y despejar cualquier inquietud respecto de las eventuales consecuencias que hubiese tenido la aplicación del Simce, las que con esta evaluación de carácter muestral claramente no se producirán.

Lo que he señalado es un antecedente relevante a la hora de discutir el proyecto. Por eso pedí hacer uso de la palabra antes que el resto de las señoras diputadas y los señores diputados. La idea es que tengan este elemento como antecedente a la hora de pronunciarse respecto de la iniciativa.

Insisto en que se trata de una evaluación muestral que entregará información de carácter agregado, que no tendrá consecuencias para las escuelas, ni permitirá entregar información a nivel de establecimientos, porque la propia muestra lo impide. Además, reitero que su aplicación es voluntaria, previa coordinación entre la Agencia de Calidad de la Educación y los establecimientos que puedan ser seleccionados.

El segundo punto se relaciona con la evaluación docente, materia a la cual también nos referimos en la comisión, pero que quiero reiterar.

Hoy, la normativa existente permite a los docentes suspender la evaluación, fundado en caso fortuito o de fuerza mayor. Desde el Ministerio de Educación se han dado todas las facilidades para que los docentes se inscriban en el proceso de evaluación y soliciten su suspensión, entendiendo que la covid-19, para los efectos de la evaluación docente, implica la configuración de la causal de caso fortuito o de fuerza mayor.

Por lo tanto, bajo esa lógica, el profesor que lo desee podrá suspender su evaluación. El sostenedor deberá acoger esa suspensión, sobre la base de los antecedentes que son públicos y notorios, que es la realidad que hoy vivimos en torno del coronavirus. Con todo, cualquier docente que quiera ser evaluado -no olvidemos que existen profesores que, por diversas razones, quieren ser evaluados, porque la evaluación les permite acceder a mejores remuneracionesno quedará privado de ese derecho.

Por las razones expuestas, consideramos que el proyecto apunta a cuestiones que ya están resueltas en la normativa vigente, por lo que creemos que no es necesario legislar en la forma en que se está proponiendo.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Gracias, señor ministro.

Tiene la palabra, por vía telemática, el diputado Mario Venegas Cárdenas .

El señor VENEGAS (vía telemática).-

Señor Presidente, saludo a la Mesa y también a los distinguidos colegas que se encuentran trabajando en forma presencial y por vía telemática.

Hemos sostenido largas conversaciones y discusiones con personeros del Ministerio de Educación. Respetando la línea argumental del señor ministro de Educación, discrepamos de su posición, y así se lo hemos hecho saber con respeto en la comisión. Discrepamos porque no tiene mucha lógica, a partir de lo señalado por expertos y académicos, en el marco de anormalidad general que caracteriza este año desde el punto de vista educativo y de tantos otros, aplicar estos instrumentos.

El Simce, por definición, es serial, es decir, se planifica cada cinco años. Evidentemente, en este estado de anormalidad los resultados son bastantes predecibles.

Ya tenemos claro que hay un porcentaje importante de alumnos que, por sus características de vulnerabilidad socioeconómica, no han tenido las mismas oportunidades que otros alumnos para realizar, con cierto grado de normalidad, las actividades que sus profesores les proponen, con mucho esfuerzo, por falta de acceso a internet, a computadores, etcétera. La realidad es muy diversa.

Lo cierto es que la conclusión, sin necesidad de ningún instrumento, es que hay una desigual apropiación de los contenidos curriculares que deberían darse, además de que, en estas circunstancias, no se están dando de la manera normal, como sería en el caso de que hubiera esta interacción presencial entre profesor y alumno en las aulas de clases.

Por eso, nosotros creemos que aplicar el Simce en estas circunstancias -si me permiten un ejemplo propio de un profesores como si yo tomara una prueba a un alumno que está con fiebre y llegara a la conclusión que las repuestas que él me entregó en ese estado anormal, febril, son el reflejo de lo que efectivamente él sabe. Llegar a esa conclusión sería una falta de profesionalismo de mi parte, un error enorme.

Algo similar ocurre con lo que implica aplicar un instrumento que es serial, que se planifica -insistocada cinco años. Esa información solo va a distorsionar la información serial de los años anteriores.

Entonces, no entendemos mucho el argumento del señor ministro respecto de que la realización del Simce solo será con fines diagnósticos y que no tendrá ninguna de las consecuencias que la propia ley contempla, en términos de clasificar a las escuelas y todo lo demás.

Entonces, ¿qué sentido tiene aplicar el Simce? No hay nadie mejor que las propias unidades educativas, que los departamentos de educación, que las corporaciones, que los servicios locales, en su caso, para hacer un diagnóstico desde el ámbito local. Una prueba estandarizada como el Simce no va a tener esa riqueza ni esa capacidad de predictibilidad que permita una planificación que se haga cargo de los efectos negativos que ha tenido esta situación que estamos viviendo actualmente en la educación.

Por otra parte, igual cosa ocurre con el tema de la evaluación docente. Básicamente, la evaluación docente quiere medir las habilidades y competencias de los profesores en su relación e interacción con los alumnos. Eso se da en la sala de clases; hoy no se está dando ni tampoco tenemos certeza de cuándo se va a dar y, aun así, se plantea la idea de que la evaluación se aplique.

El mismo decreto ley contempla, en su artículo 7, letra a), que los profesores pueden solicitar no dar la evaluación docente cuando haya razones de fuerza mayor. ¿Qué más fuerza mayor que esta que estamos viviendo, que es la anormalidad absoluta, en este año?

No obstante lo anterior, en el artículo 2 del proyecto de ley, nosotros establecemos que aquel profesor que manifieste expresamente ante las autoridades competentes que quiere dar la prueba, rendir la evaluación docente, puede hacerlo. Es decir, se abre esa ventana.

Por esas razones, nosotros creemos que no debiera aplicarse ninguno de estos instrumentos.

Todos los instrumentos de evaluación tienen un requisito básico para que la información que entreguen sea confiable y pueda cumplir con su objetivo, que es planificar…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Hugo Rey Martínez .

El señor REY.-

Señor Presidente, lamentablemente, este proyecto de ley es inadmisible, porque trasgrede el artículo 65, inciso cuarto, N° 2°, de la Constitución.

Para referirme a la inconstitucionalidad de este proyecto, voy a citar en forma general los dos puntos por los cuales creo que es inconstitucional, obviamente con la documentación respectiva.

En el caso de la evaluación docente, la aplicación y coordinación técnica corresponden al Ministerio de Educación, a través del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (Cpeip). Además, actualmente los docentes tiene la facultad de solicitar al sostenedor la suspensión de la evaluación docente por razones de fuerza mayor. Por eso, el proyecto es inadmisible.

Por otra parte, es inadmisible la suspensión del Simce, porque la ley establece expresamente que su diseño e implementación corresponden a la Agencia de Calidad de la Educación.

Por lo anterior, la eventual suspensión o adecuación debido a la pandemia es una atribución que corresponde a dichos servicios y, por lo tanto, es materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

Finalmente, quiero hacer presente que un proyecto de similares características, presentado por la senadora Yasna Provoste y el senador Jaime Quintana , fue declarado inadmisible el 14 de abril por la Mesa del Senado, por tratar materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, en virtud de los mismos argumentos señalados.

En cuanto a la suspensión de la evaluación docente, no corresponde hacer suspensión general, pues actualmente, y lo dijo el ministro, existe la posibilidad de que cada docente solicite la suspensión al sostenedor. Esto permite que cada docente decida, de acuerdo con su realidad e intereses, sin negar la posibilidad de rendirla a aquellos que la quieren hacer.

Yo he estado en terreno, en diversas comunas de las provincias de Curicó y de Talca, incluso en comunas con alcaldes y directores de los departamentos de administración de educación municipal (DAEM) de oposición, quienes me han señalado que muchos docentes les han pedido dar la prueba, porque, según ellos, hoy se presentan mejores condiciones para que les vaya bien. Esa es la realidad que hoy, al menos, me ha tocado ver.

Por lo tanto, si hay docentes que quieren dar la evaluación, ¿por qué los vamos a restringir con una norma que, además, es inconstitucional?

Respecto de la suspensión del Simce, ¿quién puede decir que tener información del nivel educativo en que se encuentran nuestros niños y jóvenes producto de esta terrible pandemia no es importante, que saber el nivel en que se encuentran para desarrollar políticas públicas para ir en apoyo de los más descendidos no es importante o que, sencillamente, esto no se debiera hacer, que hay que actuar a ciegas y que las políticas públicas en materia educativa se debieran realizar al voleo, sin información; que da lo mismo saber dónde están los niños descendidos y el nivel en que se encuentran los jóvenes de los sectores rurales o de los sectores más vulnerables, que algunos tanto dicen defender?

Hoy, las condiciones en que se va a dar el Simce y la metodología de su aplicación nos dicen que este no será el Simce de antaño, que no será el instrumento tan vilipendiado que muchos rechazan y del cual yo también soy crítico, y eso lo he dicho en innumerables ocasiones.

Pero esta nueva evaluación diagnóstica muestral solo será eso y, por lo mismo, quiero agradecer al ministro los cambios profundos que ha realizado a esta evaluación, los cuales nos van a permitir tener información para tomar decisiones para mejorar las políticas públicas en educación para quienes más nos necesitan y, lo más importante, no tendrá ningún tipo de consecuencia negativa, ni para los establecimientos educacionales ni para los alumnos.

Por último, quiero referirme a un alcance que hizo el diputado Mario Venegas sobre el termómetro, que sería el Simce. Él señaló que no es importante cuánta temperatura tenga el niño, porque lo que hará el termómetro, en este caso el Simce -un diagnóstico hoy-, es determinar que 36 grados es lo mismo que 41 grados, y no es lo mismo. Algunos dicen que hay que romper el termómetro para no saber esa realidad, pero yo digo que no, que hay que tener ese termómetro y aplicarlo para poder hacer políticas públicas el próximo año, para remediar los problemas que tienen nuestros niños, sobre todo de sectores más…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Camila Vallejo Dowling .

La señorita VALLEJO (doña Camila ) [vía telemática].-

Señor Presidente, este tema ha sido sumamente importante en el debate generado en la Comisión de Educación, el cual hemos desarrollado con un conjunto de representantes de las comunidades educativas, particularmente quienes trabajan en las comunidades educativas, pero también hemos podido escuchar en nuestros distritos a los apoderados y a las apoderadas.

Asimismo, nos ha llamado la atención la voz y la opinión de las y los expertos en la materia -de la Universidad de Chile, de Educación 2020 y de la experta en educación Teresa Flores , por ejemplo-, quienes, en general, son muy coincidentes en la necesidad de suspender estas dos evaluaciones dado este contexto de crisis sanitaria, que impone una situación de completa anormalidad en las comunidades educativas de los colegios y en las familias de niños y niñas que se encuentran en edad escolar.

Además, en muchos casos, la evaluación docente ha sido suspendida por voluntad de los municipios.

Lo que nosotros solicitamos es que la regla general sea la suspensión de la evaluación docente, de manera que no dependa de la buena voluntad y del buen entendimiento de los alcaldes y alcaldesas, salvaguardando, como excepción, a aquellos profesores y profesoras que consideren conveniente dar su evaluación docente. El proyecto de ley permite dar la evaluación docente a los profesores que quieran realizarla.

Necesitamos que las políticas públicas en esta materia comprendan la situación de anormalidad y apliquen como principio general la suspensión de la evaluación docente, dadas las dificultades concretas, reales y materiales que profesoras y profesores están enfrentado en el trabajo de aula, en el contexto de la crisis sanitaria.

Respecto del Simce, comparto lo dicho por el diputado Mario Venegas en cuanto a que la propuesta, a nivel de comunidades, es permitirles a ellas mismos hacer sus procesos de evaluación, en el entendido de que en este momento la prioridad, más que los aspectos simplemente cognitivos -las comunidades educativas están haciendo un gran esfuerzo por entregar contenidos y elementos de aprendizaje-, está centrada en el apoyo y la contención emocional y psicológica durante el proceso y una vez superada la crisis sanitaria. Ahí está el centro de atención de las comunidades educativas: cómo salvaguardar esto primero, y después entregar o reforzar los contenidos pendientes. Eso es lo central.

Entonces, no tiene sentido la realización del Simce. Es una presión indebida que no va a aportar al sistema educacional. El 2021 podremos realizarla, con carácter muestral, no censal, de manera de ver, luego de mediar un año, los impactos provocados en el sistema por la crisis sanitaria. Entretanto, necesitamos que las comunidades educativas, los profesores y las profesoras, y las educadoras de párvulos pongan sus esfuerzos, como colectivo, como comunidad, en un diagnóstico más localizado, más integral, más holístico respecto de lo que está pasando, de modo que en conjunto puedan establecer dónde poner los esfuerzos centrales para atender a las niñas y a los niños en las comunidades educativas.

Por ahora, como ellos han señalado, lo más importante es la educación emocional, la contención emocional, el apoyo psicológico; el cariño, el amor y el afecto que puedan entregar a esos niños y niñas, que están viviendo muchas dificultades, que son las mismas que enfrentan profesores y profesoras con sus familias, debido al hacinamiento, al teletrabajo y el exceso de trabajo.

Por lo tanto, como dijo la diputada Cristina Girardi , la prioridad educativa tiene que ver con eso: con el vínculo, el afecto, la contención emocional, no necesariamente con la imposición de sistemas de evaluación estandarizados, que le agregan una presión indebida al sistema, con resultados que, probablemente, estaremos lamentando el próximo año o el subsiguiente.

Por eso, consideramos que este es un buen proyecto. Lamentamos que se insista en indicaciones que en la comisión fueron rechazadas, porque eso dificulta el avance de algo que tanto las comunidades como los expertos vienen solicitando desde hace meses.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Bellolio Avaria .

El señor BELLOLIO (vía telemática).-

Señor Presidente, voy a comentar varias de las intervenciones que se acaban de hacer.

Por de pronto, una diputada me acaba de decir que lamenta que yo presente indicaciones. Bueno, es parte de las atribuciones que tenemos los parlamentarios: presentar indicaciones y luego renovarlas en la Sala, especialmente cuando estamos ante un proyecto que le produce daño a la educación.

En verdad, no es el intento de que hoy no se mida a consecuencia de la pandemia, sino que se quiere que no se mida nunca. Lo que dijeron los expertos es que hacer un Simce de forma censal, es decir, para todos los estudiantes, podría ser problemático. En ese sentido, hace unos minutos el ministro acaba de decir que el Simce de este año va a ser muestral. Eso implica, entre otras cosas, lo siguiente: uno, no tiene ninguna consecuencia en términos de la ordenación de las escuelas, y dos, no tiene ninguna consecuencia en términos de los eventuales cierres de escuelas. Pero sí tiene una cosa muy importante: hacer un diagnóstico para saber cuál es la magnitud del efecto que ha tenido la pandemia en los aprendizajes.

Aquí, algunos señores diputados han dicho que ellos ya saben. ¡Qué bueno! Ya que ustedes ya saben, cuéntennos qué va a pasar en el futuro. No es necesario hacer las evaluaciones, porque ustedes ya saben todo.

No sabemos cuál es la magnitud del efecto. Por ejemplo, en qué materias va a afectar más la pandemia: ¿En lenguaje?, ¿en matemáticas?, ¿en ciencias?, ¿en historia? ¿En qué cursos va a afectar más: en los iniciales, en los medios o en los superiores? ¿Va a afectar más a aquellos sectores más rurales o a aquellos sectores más urbanos? ¿En los sectores rurales, porque hay problemas de conectividad, o en los sectores urbanos, porque hay más problemas de hacinamiento?

Son preguntas que es clave contestar. Por el contrario, dejarnos a ciegas durante los próximos años significa no querer mejorar la calidad de la educación y no poder hacer un adecuado diagnóstico para aplicar un ejercicio remedial.

Suspender un Simce que se realizará de manera muestral -como acaba de decir el ministro-, no censal, significa dejar a ciegas a la política pública educativa, significa dejar a ciegas a las propias comunidades, significa dejar a ciegas a los propios apoderados.

Por supuesto, algunos intentan esto no en la lógica de que no quieren que se haga por causa de la pandemia: es porque no quieren que haya ningún tipo de evaluación.

Se ha dicho acá que también se pueden hacer evaluaciones a nivel local. Por supuesto, siempre las han hecho. No hay ningún impedimento para que puedan hacer esa evaluación local. ¿Por qué ahora dicen que eso sería un impedimento?

Entonces, hablan de la existencia de una presión indebida. Cómo va a ser una presión indebida hacer un Simce muestral, diagnóstico, para saber cuáles van a ser los efectos más preocupantes en la educación y hacer políticas nacionales en torno a ella. ¡Cómo va a ser indebido! Dejarnos a ciegas es lo indebido; no querer que haya políticas hacia las personas más vulnerables es verdaderamente lo más indebido; que no podamos hacer políticas remediales es lo indebido.

Entonces, este es un mal proyecto de ley.

El ministro acaba de dar la solución que los técnicos que asistieron a la comisión nos dieron. De hecho, varios de los parlamentarios que ahora quieren aprobar la iniciativa argumentaron que si fuera un Simce diagnóstico, solamente muestral, sería distinto. Pues bien, es lo que acaba de decir el ministro: no tiene consecuencias, es muestral y permite hacer un diagnóstico para saber cuál es la magnitud del efecto que tiene la pandemia en los aprendizajes, para que no quedemos a ciegas y a la rastra por los próximos dos o tres años.

Si verdaderamente queremos mejorar la calidad de la educación de los sectores más vulnerables, necesitamos esta información.

Sobre el ámbito de los profesores, varios lo han dicho acá: no es necesario, porque por fuerza mayor, no por la buena voluntad del sostenedor, los profesores pueden solicitarlo. Siempre ha sido así.

Entonces, esta idea de suspender todas las evaluaciones más bien obedece a la lógica de que hay algunos a quienes no les gustan las evaluaciones; pero eso es dejar a ciegas a los apoderados y a las comunidades educativas. Es una muy mala idea hacerlo en mitad de la pandemia.

Repito que podemos hablar sobre las consecuencias de dichas iniciativas: las consecuencias del Simce, las consecuencias de la evaluación, y, por supuesto, esas tienen que ser cambiadas.

Alguien decía acá que un diagnóstico, por ejemplo, de cáncer, tiene que tener un tratamiento específico. Por supuesto. Pero en este caso ni siquiera quieren que se sepa cuál es el tratamiento. Ni siquiera quieren hacer la biopsia ni saber si el paciente se encuentra en estado febril. Cómo se puede hacer un adecuado tratamiento dados los efectos de la pandemia.

Yo llamo a la Cámara de Diputados a votar en contra este proyecto de ley, que pretende dejar a ciegas a las comunidades educativas e impedir hacer políticas educativas basadas en la evidencia en favor de los sectores más vulnerables.

Reitero que es un Simce muestral que no tiene consecuencias. En cuanto a los profesores, ya pueden suspender la evaluación docente, porque la existencia de fuerza mayor así lo permite.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Florcita Alarcón Rojas .

El señor ALARCÓN (vía telemática).-

Señor Presidente, “¡Te lo dije!”. Muchas veces mi mamá me dijo: “¡Te lo dije!”. Es muy pesado escuchar esto y muy pesado repetirlo, pero en muchos casos no queda otra.

Hace poco más de un mes, el Presidente Piñera insistía en que los alumnos deberían volver a clases. ¿Se imaginan el desastre que hubiera ocurrido y la mayor cantidad de contagios que tendríamos? Pero el Presidente insistía en que eso era lo correcto. La presión social lo obligó a echar pié atrás. Junto con toda la gente de la plaza de la Dignidad le habríamos dicho: “¡Te lo dijimos!”.

Y entremedio de todo esto, también me dijeron que podía ir a tomar un cafecito y que se abriría el centro comercial Apumanque . Y les dijimos: “¡Error!”. Hasta que quedó la escoba con los contagios. Les dijimos que no era lo correcto. Sí, la presión social lo obligó a echar pie atrás. Y de nuevo tuvimos que decir: “¡Les dijimos!”. Se lo dijimos a Lavín. ¡Qué pesados somos!

Pero aun así el entonces ministro Mañalich dijo: “No podíamos prever la catástrofe”. ¡Pero cómo! ¡Si la Presidenta del Colegio Médico de Chile, Izkia Siches , se lo dijo bien clarito! Lo dijimos de nuevo y la presión social los obligó nuevamente. ¡Qué pesados somos!

Y recientemente, la excelente periodista Alejandra Matus sencillamente comparó las cifras del Registro Civil con las del Ministerio de Salud, ¡y no calzaban! ¿Y qué dijeron? Que eran noticias falsas o fake news. Pero de nuevo la comunidad científica, alrededor de 1.500 especialistas, indicaron que las cifras estaban mal o que alguien nos estaba tratando de engañar. ¡Se lo dijimos! Somos muy pesados. Pero el ministro Mañalich y el Presidente insistían, hasta que tuvieron que reconocer que algunas cifras eran para el país y otras para la OMS.

Estuvimos un mes diciendo que no se podía hacer el Simce; lo dijo el Colegio de Profesores. El gobierno de nuevo insiste en hacerlo a como dé lugar. No, se lo estamos diciendo. No queremos decirles a ustedes después: “¡Se lo dijimos!”, así como mi mamá durante mucho tiempo me dijo: “Hijo, te lo dije”.

¡Se lo dijimos aquí en el Congreso, señor ministro de Educación!

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, la diputada Camila Rojas .

La señorita ROJAS (doña Camila ) [vía telemática].-

Señor Presidente, el año escolar 2020 es completamente excepcional y anormal. Las comunidades educativas se han visto inmersas en un difícil proceso de adaptación a la contingencia. No reconocer ni valorar ese esfuerzo sería cruel.

Este proyecto de suspensión del Simce y de la evaluación docente se enmarca dentro de una idea muy simple, cual es que en esta situación carece de sentido realizar esas pruebas, en cualquier versión. Es inútil realizar el Simce y la evaluación docente, pues ambas evaluaciones generan un alto nivel de estrés tanto en los estudiantes como en las profesoras y los profesores, en los directivos de establecimientos educacionales y en las familias. En un contexto tan delicado como este, donde abundan las incertezas, no podemos permitirnos sobrecargar todavía más a las comunidades educativas. Esa no es la prioridad.

Además de la inutilidad de tomar esas pruebas en esta situación, y de que el dinero que se utiliza para ello, que son varios miles de millones de pesos, podría destinarse a otros asuntos más prioritarios, hay otro punto que poner sobre la mesa y que me parece más relevante:

El gobierno no quiere suspender el Simce. En contraparte, el Ministerio y la Agencia de Calidad de la Educación han señalado que no habrá consecuencias, y lo repiten sin cesar. Ahora suma el ministro que será muestral.

Las consecuencias del Simce incluyen los bonos a docentes y el financiamiento de la subvención escolar preferencial (SEP), como también la ordenación, la categorización y el posible cierre de escuelas, todas materias de discusión legislativa.

Señor Presidente, por su intermedio quiero manifestar al ministro que las consecuencias del Simce están reguladas por la ley N° 19.410, del Sistema de Evaluación de Desempeño, la ley N° 20.248, sobre Subvención Escolar Preferencial, y la ley N° 20.529, sobre el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación. ¿Cómo les vamos a creer que el Simce no va a tener consecuencias si todavía no se presentan cambios legislativos al respecto? Y, ¡ojo!, la insistencia en que el Simce sea diagnóstico no es nueva, pues también ocurrió durante 2019, a raíz de la revuelta social. En ese momento, la entonces ministra Cubillos y Daniel Rodríguez , secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, señalaron que el Simce iba a ser flexible y que no iba a tener consecuencias. Se cuadraron con el discurso de que el Simce iba a ser distinto durante 2019, pero no plantearon ningún cambio legislativo. Además, cuando se le preguntó a la Agencia de Calidad de la Educación, vía oficio, qué sucedería al respeto, dicha entidad señaló: “Por consiguiente, en principio, la Agencia se encuentra obligada a dar cumplimiento al mandato legal de aplicar las subvenciones previstas en el Plan Nacional de Evaluaciones y a dar continuidad al proceso anual de ordenación de establecimientos”. Es decir, cuando se le preguntó a la Agencia, ella insistió en que tienen que aplicar las consecuencias de todos modos, porque las consecuencias están establecidas en la ley. Y mientras no se presente un cambio legislativo por parte del gobierno, esas consecuencias van a seguir existiendo.

Por lo tanto, no se hicieron los cambios para la promesa de 2019, ni se han presentado los cambios para lo que se está prometiendo actualmente. Las consecuencias del Simce no dependen de la buena voluntad ni de los anuncios.

En consecuencia, hay que aprobar este proyecto y suspender el Simce. Esa es la única garantía para que esa prueba no se realice.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Juan Santana Castillo .

El señor SANTANA (don Juan) [vía telemática].-

Señor Presidente, El Corral es una localidad rural ubicada en el valle de San Félix, comuna de Alto del Carmen. Se trata de una localidad rural como tantas otras a nivel nacional que tienen dificultades con el acceso a internet para todos sus estudiantes y comunidades escolares.

La prueba Simce que se aplica todos los años a alumnos de segundo, cuarto, sexto y octavo básicos, que mide diversas materias, busca dar cuenta de logros en el aprendizaje y, a base de ello, clasificar a los establecimientos según los puntajes obtenidos.

Durante muchos años esta prueba ha sido objeto de crítica, dado que ha mostrado no tener efectos positivos sobre la calidad e igualdad educativa. Muy por el contrario, ha resultado ser una herramienta de segregación y agobio para las comunidades escolares.

Los profesores son sometidos a un programa de evaluación del trabajo en el aula que tiene efectos directos sobre su continuidad laboral, lo que ciertamente genera estrés y sobrecarga en el profesorado, que además debe planificar clases, preparar material pedagógico y elaborar y revisar pruebas de conocimiento. Para ser bien realista, atendidas las circunstancias actuales, muchos de ellos no cuentan con lugares apropiados para trabajar o deben dedicar tiempo al cuidado de su familia e hijos.

Claramente, más allá del avance curricular o de la aplicación de evaluaciones, la responsabilidad de las autoridades está en proteger la integridad física y psicológica de los alumnos y docentes.

Por eso, pensamos que el gobierno no se puede cerrar en la convicción de que el sistema educacional debe permanecer inalterado, porque es algo imposible de cumplir, y, además, porque elude las recomendaciones de la Mesa Social Covid-19 y de otros expertos que también han manifestado una opinión contraria sobre el tema.

Es más, el presupuesto para la aplicación del Simce 2020 podría ser destinado a otros fines, como la compra de insumos médicos para el personal de salud u otras urgencias; lo mismo para el caso de la evaluación docente. Se ha hecho en otras reparticiones públicas: se han ajustado los presupuestos. Entonces, me pregunto por qué en este caso tan evidente no se podría tomar el mismo criterio.

Desde la oposición hemos sido claros en que no nos oponemos a que existan evaluaciones. Incluso, podemos dejar la discusión de fondo sobre cómo evaluamos o medimos los aprendizajes para un proyecto más largo; pero hoy debemos enfocarnos en las comunidades escolares que se han visto sometidas a tremendas dificultades para llevar adelante un año escolar y en descomprimir -insistoel agobio en los docentes y el estrés en los estudiantes.

Por ello, por su intermedio, señor Presidente, quiero pedir claridad absoluta al ministro Figueroa . Me acaba de llegar una información proveniente de la Agencia de Calidad de la Educación, que indica la suspensión del Simce y que en su lugar se aplicará una evaluación muestral, que no es lo mismo que un Simce muestral. Según entiendo, para que el Simce tenga ese carácter se debe presentar un proyecto de ley; no puede ser por decreto. De hecho, esta moción, que hoy defendemos, es la única iniciativa de ley que se hace cargo del problema. ¿Acaso se trata de una estrategia para bajar el proyecto, para dilatarlo o para confundir? Por su intermedio, Presidente, le pido al ministro mayor claridad y menos confusión al respecto.

Actualmente, el Estado de Chile gasta cerca de 30.000 millones de pesos en la realización del Simce y de la evaluación docente, los que son licitados a empresas privadas. Tal como dijo el presidente del Colegio de Profesores en su exposición ante la Comisión de Educación, solo con el ahorro de la prueba Simce podrían entregarse, por tres meses, 200.000 pesos a 50.000 de los estudiantes más vulnerables, 713.000 canastas de alimentos de 30.000 pesos cada una y 57.000 salarios mínimos.

Finalmente, junto con este proyecto de ley, con otros parlamentarios y organizaciones vinculadas con la educación hemos hecho pública una declaración sobre las inoportunas decisiones del ministro Figueroa . Sin perjuicio de eso, continuaremos realizando acciones que tengan por objeto revertir determinaciones que consideramos apresuradas y que responden a criterios económicos, y no pedagógicos.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Gonzalo Winter Etcheberry .

El señor WINTER (vía telemática).-

Señor Presidente, por nuestra condición de detractores históricos de las pruebas estandarizadas y del efecto que generan en nuestro sistema educacional, nos están acusando de que queremos legislar una cosa por otra. Es efectivo que somos detractores históricos de los efectos de estas pruebas, pero lo que no es cierto ni lógico es sostener que aquello sirve como argumento para considerar que es una forma eficiente de utilizar los recursos del Estado y los recursos pedagógicos en las pruebas estandarizadas en este contexto.

¿Por qué? Porque la pandemia vuelve más crudas y más profundas las mismas críticas históricas que se han tenido sobre estas pruebas, pero en un contexto de agudización. A modo de ejemplo, en mi distrito hay docentes que están haciendo guardia en las noches para evitar que entren a robar a las escuelas. Hay docentes que, arriesgando su salud y su vida, están asistiendo a hogares que no tienen acceso a internet para repartir guías o comprobar que los estudiantes se estén alimentando correctamente. ¿Va a medir eso la evaluación docente? No. Por el contrario, la evaluación docente hará que el profesor deje de hacer eso para preparar su evaluación, en vez de lo primordial, que es educar.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Andrés Molina Magofke .

El señor MOLINA (vía telemática).-

Señor Presidente, como usted sabe, soy de la Región de La Araucanía, la cual exhibe el mayor grado de vulnerabilidad. Por su principal característica, la ruralidad, tenemos más de 1.200 escuelas, de las cuales, más de 200 son escuelas unidocentes, principalmente en el campo. En general, estas ofrecen una educación muy deficiente, pero hay excepciones, entre las que destacan algunos profesores unidocentes, quienes con mucho esfuerzo y vocación logran que jóvenes lleguen a la educación superior. Sin embargo, hay comunas en las que ni un solo niño llega a la universidad.

Hay casos de comunas que realmente dan una pena. Por lo tanto, cuando la izquierda dice que las evaluaciones no son buenas, que les hacemos daño a los profesores, que les hacemos daño a los alumnos y que solo hay que considerar las características locales, es decir, las distintas condiciones que no tienen relación con lenguaje, matemáticas o con ninguna de las ciencias básicas necesarias para desarrollarse, al final se le hace un daño enorme.

¿Qué pretenden aquellos que dicen que habrá consecuencias? ¿Quieren que no haya consecuencias? ¿Esperan que se siga educando a los niños para llevarlos a la situación de hoy, en que no tienen ninguna oportunidad de desarrollo? Si el Simce será muestral, probablemente se podrá demostrar que sigue habiendo deficiencias en comparación con la evaluación realizada el año pasado.

Por lo tanto, con mayor razón tendremos que llevar a cabo mayores esfuerzos, sobre todo si, además, se compromete que no habrá consecuencias este año. No obstante, me gustaría que sí las hubiese, porque estamos viendo la realidad de algunos profesores, pero no nos estamos preocupando de los niños, en circunstancias de que eso es justamente lo que hace la diferencia entre sacar o no adelante el tremendo desafío que tenemos.

¡Digámoslo! Este proyecto es una buena manera -en el camino que quieren algunosde cerrar los ojos y de no medir nada porque, según ellos, lo importante es el cariño, las relaciones y evitar afectar psicológicamente a los estudiantes. Todo lo anterior es más importante que medir la calidad, porque, según algunos, los niños serán sometidos a una situación que les puede traer consecuencias el día de mañana.

Lo planteado me parece realmente preocupante, porque lo que se está haciendo es entregar a nuestros niños una educación paupérrima, además de que en muchos casos se les coloca nota 6,5 o 7,0, haciéndoles creer a esos pobres niños que podrán llegar a ser médicos o ingenieros, en circunstancias de que no tienen ninguna posibilidad de llegar a la universidad.

El daño es inmenso; dejemos de escondernos detrás de una situación que es realmente tremenda, y acá, en la Araucanía, es doblemente tremenda.

Por eso, nosotros estamos a favor de que se haga una evaluación muestral, sin consecuencias, este año.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Esteban Velásquez Núñez .

El señor VELÁSQUEZ (don Esteban) [vía telemática].-

Señor Presidente, soy partidario de las evaluaciones, porque creo que todos los procesos sociales tienen que evaluarse. Sin duda que en cada una de nuestras intervenciones cada uno coloca su mirada y sus principios respecto del concepto que tenemos de educación y, a partir de eso, elaboramos nuestros argumentos. No obstante, estamos en una situación distinta, complicada y especial, y en algunas regiones, como la de Antofagasta, particularmente en la comuna de Calama, la situación es tremendamente compleja.

Entonces, cuando escucho decir al ministro que la evaluación tendrá un efecto diagnóstico, parece una excusa, una respuesta. O sea, vamos a fijarnos en el efecto de la pandemia sobre el aprendizaje de los alumnos. Entonces, comencemos a evaluar el efecto de las desigualdades sociales y de la mala nutrición en el aprendizaje.

No busquemos el acomodo ni las excusas para dar respuesta de lo que creemos o no desde la mirada de los gobiernos. La mirada del ministro Figueroa es la mirada de su gobierno, y se respeta, porque fue elegido democráticamente, pero no digamos cuestiones que no van al fondo de la materia que se pretender abordar.

Esta es una oportunidad para pensar sobre cuál es el sentido que tiene hoy la educación en Chile y sobre el tipo de alumno y de estudiante que estamos formando, así como del que esperamos formar pospandemia.

Todos estamos de acuerdo con los llamados que ha hecho el gobierno para quedarse en casa y confinarse, pero es impensable pretender que un ciudadano tenga esa conducta si en treinta años ha sido formado en una cultura individualista, egoísta, en la cual se le ha enseñado a preocuparse solo de él. No obstante, hoy le pedimos que se preocupe de su familia y de su entorno, porque su autocuidado protegerá a los demás. Creo que esta es una buena ocasión para pensar en los principios rectores que acogerá el nuevo Chile, y no para esto, que me parece que es solo una excusa del gobierno para responder a una propuesta seria que se le ha presentado al Presidente.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, por vía telemática, el diputado Luis Pardo .

El señor PARDO (vía telemática).-

Señor Presidente, la discusión relativa al Simce y a la forma de evaluar los procesos de aprendizaje es legítima, pero, evidentemente, no es el momento de abordar ese tema, toda vez que se trata de un proyecto de ley que no tiene ningún sentido, dadas las decisiones que ha adoptado el ministro de Educación y que ha confirmado durante esta sesión.

En primer lugar, los profesores no están obligados a ser evaluados. En la práctica, la evaluación docente está sujeta a la decisión de aquellos que quieran participar en ella.

En segundo término, respecto del Simce, el Ministerio de Educación manifestó desde un principio que se iban a evaluar fundamentalmente las brechas que se pudieran haber acentuado o manifestado producto de la pandemia y que se iba a hacer una evaluación totalmente distinta de la habitual. A mayor abundamiento, hoy el ministro ha confirmado que se hará una evaluación muestral, con lo cual -dicho sea de pasose despeja una inquietud que planteó la diputadaCamila Rojas, porque, al tener ese carácter, no será necesario hacer ningún cambio legislativo para evitar que dicha evaluación tenga consecuencias para los niños y para los establecimientos.

En cambio, en caso de que se prohíba la evaluación, una consecuencia necesaria será que se perderá la posibilidad de que el Ministerio de Educación pueda focalizar sus esfuerzos en aquellos establecimientos en que las evaluaciones demuestren que se han producido mayores brechas o problemas.

¿Cómo no va a ser importante conocer el comportamiento que ha tenido la modalidad de educación a distancia y las brechas que puedan existir en comunas con más o con menos acceso a internet? Obviamente, el Simce mide y evidencia las diferencias sociales y económicas, como manifestó un diputado que me antecedió en el uso de la palabra. ¿Cómo no va a ser importante verificar cómo se comportan esas diferencias y brechas en las circunstancias difíciles que estamos pasando?

Tal como en su momento se anunció el eventual retorno a clases, en que siempre se señaló que iba a ser paulatino y gradual, y no de carácter generalizado, como se ha dicho en algunas intervenciones, el ministro de Educación ha señalado desde un principio que las evaluaciones estarán sujetas a las posibilidades reales, de acuerdo a la situación sanitaria que se esté viviendo.

En consecuencia, no veo el sentido de privar a la autoridad de educación de la posibilidad de efectuar tales mediciones, con todas las limitaciones y garantías que ha ofrecido el ministro, y en especial si esa información sería útil para la toma de decisiones del propio ministerio para ir en ayuda de los establecimientos en que la pandemia haya producido efectos más negativos que aquellos que se pudiesen haber producido a raíz de las diferencias sociales y económicas, que ya se han analizado en el curso de este debate.

Entonces, me parece que este proyecto de ley no tiene sentido, teniendo en cuenta que los profesores pueden abstenerse de concurrir a la evaluación docente o concurrir voluntariamente si quieren hacerlo.

Tampoco tiene sentido si se considera que el Simce no va a ser una prueba estandarizada, con todas las consecuencias negativas que advierten en ella sus detractores, sino que será una evaluación muestral, acotada a medir brechas que se puedan haber agudizado o acentuado como producto de la pandemia, para tener continuidad en las mediciones que hacen posibles las políticas públicas en educación.

En consecuencia, esta iniciativa de ley, además de ser inconstitucional, como ya mencionó el diputado Hugo Rey , es innecesaria, inoportuna y tiene que ver más con la agenda de quienes legítimamente están en contra del Simce y de las evaluaciones que con una solución efectiva para el momento que estamos viviendo producto de la pandemia.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

No hay más inscritos para participar en esta discusión.

Cerrado el debate.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de ley en los siguientes términos:

El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en moción, que suspende la aplicación de la Evaluación Docente y de las pruebas del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (Simce), correspondientes al año 2020, debido a la pandemia de covid-19, con la salvedad del artículo 3, por tratarse de una disposición de carácter orgánica constitucional.

En votación.

-De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento, el señor Secretario tomó de viva voz, por el sistema telemático, las votaciones de los diputados Virginia Troncoso y Jorge Sabag .

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 88 votos; por la negativa, 36 votos. Hubo 22 abstenciones.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas , Florcita Flores García, Iván Meza Moncada , Fernando Saffirio Espinoza , René Álvarez Vera , Jenny García García, René Manuel Mirosevic Verdugo , Vlado Saldívar Auger , Raúl Alvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo Garín González , Renato Mix Jiménez , Claudia Santana Castillo , Juan Ascencio Mansilla , Gabriel Girardi Lavín , Cristina Monsalve Benavides , Manuel Santibáñez Novoa , Marisela Auth Stewart , Pepe González Gatica , Félix Morales Muñoz , Celso Schilling Rodríguez , Marcelo Barrera Moreno , Boris González Torres , Rodrigo Muñoz González , Francesca Sepúlveda Orbenes , Alejandra Bernales Maldonado , Alejandro Gutiérrez Gálvez , Hugo Naranjo Ortiz , Jaime Sepúlveda Soto , Alexis Bianchi Retamales , Karim Hernández Hernández , Javier Noman Garrido , Nicolás Silber Romo , Gabriel Bobadilla Muñoz , Sergio Hernando Pérez , Marcela Norambuena Farías, Iván Soto Ferrada , Leonardo Boric Font , Gabriel Hertz Cádiz , Carmen Núñez Arancibia , Daniel Soto Mardones , Raúl Brito Hasbún , Jorge Hirsch Goldschmidt , Tomás Nuyado Ancapichún , Emilia Teillier Del Valle, Guillermo Calisto Águila , Miguel Ángel Ibáñez Cotroneo , Diego Ortiz Novoa, José Miguel Tohá González , Jaime Cariola Oliva , Karol Ilabaca Cerda , Marcos Parra Sauterel , Andrea Torres Jeldes , Víctor Carvajal Ambiado , Loreto Jackson Drago , Giorgio Pérez Arriagada , José Vallejo Dowling , Camila Castillo Muñoz , Natalia Jarpa Wevar , Carlos Abel Pérez Olea , Joanna Velásquez Núñez , Esteban Castro González, Juan Luis Jiles Moreno , Pamela Pérez Salinas , Catalina Venegas Cárdenas , Mario Celis Araya , Ricardo Jiménez Fuentes , Tucapel Prieto Lorca , Pablo Verdessi Belemmi , Daniel Cicardini Milla , Daniella Labra Sepúlveda , Amaro Rocafull López , Luis Vidal Rojas , Pablo Crispi Serrano , Miguel Leiva Carvajal, Raúl Rojas Valderrama , Camila Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Díaz Díaz , Marcelo Lorenzini Basso , Pablo Rosas Barrientos , Patricio Walker Prieto , Matías Espinoza Sandoval , Fidel Marzán Pinto , Carolina Saavedra Chandía , Gastón Winter Etcheberry , Gonzalo Fernández Allende , Maya Mellado Pino , Cosme Sabag Villalobos , Jorge Yeomans Araya, Gael

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alessandri Vergara , Jorge Fuenzalida Cobo , Juan Leuquén Uribe , Aracely Rey Martínez, Hugo Álvarez Ramírez , Sebastián Gahona Salazar , Sergio Macaya Danús , Javier Romero Sáez , Leonidas Baltolu Rasera , Nino Galleguillos Castillo , Ramón Melero Abaroa , Patricio Sanhueza Dueñas , Gustavo Barros Montero , Ramón Hoffmann Opazo , María José Molina Magofke , Andrés Schalper Sepúlveda , Diego Bellolio Avaria , Jaime Jürgensen Rundshagen , Harry Pardo Sáinz , Luis Torrealba Alvarado , Sebastián Castro Bascuñán , José Miguel Kast Sommerhoff , Pablo Paulsen Kehr , Diego Undurraga Gazitúa , Francisco Coloma Álamos, Juan Antonio Kort Garriga , Issa Pérez Lahsen , Leopoldo Urrutia Bonilla , Ignacio Del Real Mihovilovic , Catalina Kuschel Silva , Carlos Ramírez Diez , Guillermo Urrutia Soto , Osvaldo Flores Oporto , Camila Lavín León , Joaquín Rentería Moller , Rolando Van Rysselberghe Herrera, Enrique

-Se abstuvieron los diputados señores:

Amar Mancilla , Sandra Durán Salinas , Eduardo Moreira Barros , Cristhian Santana Tirachini , Alejandro Berger Fett , Bernardo Fuenzalida Figueroa , Gonzalo Núñez Urrutia , Paulina Sauerbaum Muñoz , Frank Carter Fernández , Álvaro Keitel Bianchi , Sebastián Olivera De La Fuente , Erika Trisotti Martínez , Renzo Celis Montt , Andrés Longton Herrera , Andrés Ossandón Irarrázabal , Ximena Troncoso Hellman , Virginia Cid Versalovic , Sofía Luck Urban , Karin Rathgeb Schifferli , Jorge Urruticoechea Ríos , Cristóbal Durán Espinoza , Jorge Mellado Suazo, Miguel

El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde votar en general el artículo 3 del proyecto de ley, que requiere para su aprobación el voto favorable de 89 diputadas y diputados en ejercicio, por tratarse de una norma propia de ley orgánica constitucional.

En votación.

-De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento, el señor Secretario tomó de viva voz, por el sistema telemático, la votación de la diputada Daniella Cicardini y de los diputados Francisco Eguiguren , Bernardo Berger y Carlos Abel Jarpa .

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 87 votos; por la negativa, 45 votos. Hubo 16 abstenciones.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Rechazado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas , Florcita Flores García, Iván Mirosevic Verdugo , Vlado Saldívar Auger , Raúl Álvarez Vera , Jenny Garín González , Renato Mix Jiménez , Claudia Santana Castillo, Juan Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo Girardi Lavín , Cristina Monsalve Benavides , Manuel Santana Tirachini , Alejandro Ascencio Mansilla , Gabriel González Gatica , Félix Morales Muñoz , Celso Santibáñez Novoa , Marisela Auth Stewart , Pepe González Torres , Rodrigo Muñoz González , Francesca Schilling Rodríguez , Marcelo Barrera Moreno , Boris Gutiérrez Gálvez , Hugo Naranjo Ortiz , Jaime Sepúlveda Orbenes , Alejandra Bernales Maldonado , Alejandro Hernando Pérez , Marcela Norambuena Farías , Iván Sepúlveda Soto , Alexis Bianchi Retamales , Karim Hertz Cádiz , Carmen Núñez Arancibia , Daniel Silber Romo , Gabriel Bobadilla Muñoz , Sergio Hirsch Goldschmidt , Tomás Nuyado Ancapichún , Emilia Soto Ferrada , Leonardo Boric Font , Gabriel Ibáñez Cotroneo , Diego Olivera De La Fuente , Erika Soto Mardones , Raúl Brito Hasbún , Jorge Ilabaca Cerda , Marcos Ortiz Novoa, José Miguel Teillier Del Valle, Guillermo Calisto Águila , Miguel Ángel Jackson Drago , Giorgio Parra Sauterel , Andrea Tohá González , Jaime Cariola Oliva , Karol Jarpa Wevar , Carlos Abel Pérez Arriagada, José Torres Jeldes , Víctor Carvajal Ambiado , Loreto Jiles Moreno , Pamela Pérez Olea , Joanna Vallejo Dowling , Camila Castillo Muñoz , Natalia Jiménez Fuentes , Tucapel Pérez Salinas , Catalina Velásquez Núñez , Esteban Castro González, Juan Luis Labra Sepúlveda , Amaro Prieto Lorca , Pablo Venegas Cárdenas , Mario Celis Araya , Ricardo Leiva Carvajal , Raúl Rocafull López , Luis Verdessi Belemmi , Daniel Cicardini Milla , Daniella Lorenzini Basso , Pablo Rojas Valderrama , Camila Vidal Rojas , Pablo Crispi Serrano , Miguel Marzán Pinto , Carolina Rosas Barrientos , Patricio Walker Prieto , Matías Díaz Díaz , Marcelo Mellado Pino , Cosme Saavedra Chandía , Gastón Winter Etcheberry , Gonzalo Espinoza Sandoval , Fidel Mellado Suazo , Miguel Sabag Villalobos , Jorge Yeomans Araya , Gael Fernández Allende , Maya Meza Moncada , Fernando Saffirio Espinoza, René .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alessandri Vergara , Jorge Flores Oporto , Camila Luck Urban , Karin Rey Martínez, Hugo Álvarez Ramírez , Sebastián Fuenzalida Cobo , Juan Macaya Danús , Javier Romero Sáez , Leonidas Baltolu Rasera , Nino Gahona Salazar , Sergio Melero Abaroa , Patricio Sanhueza Dueñas , Gustavo Barros Montero , Ramón Galleguillos Castillo , Ramón Molina Magofke , Andrés Schalper Sepúlveda , Diego Bellolio Avaria , Jaime Hoffmann Opazo , María José Núñez Urrutia , Paulina Torrealba Alvarado , Sebastián Berger Fett , Bernardo Jürgensen Rundshagen , Harry Ossandón Irarrázabal , Ximena Trisotti Martínez , Renzo Castro Bascuñán , José Miguel Keitel Bianchi , Sebastián Pardo Sáinz , Luis Undurraga Gazitúa , Francisco Cid Versalovic , Sofía Kort Garriga , Issa Paulsen Kehr , Diego Urrutia Bonilla , Ignacio Coloma Álamos, Juan Antonio Kuschel Silva , Carlos Pérez Lahsen , Leopoldo Urrutia Soto , Osvaldo Cruz-Coke Carvallo , Luciano Lavín León , Joaquín Ramírez Diez , Guillermo Van Rysselberghe Herrera , Enrique Del Real Mihovilovic , Catalina Leuquén Uribe , Aracely Rentería Moller , Rolando Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Eguiguren Correa, Francisco

-Se abstuvieron los diputados señores:

Amar Mancilla , Sandra Durán Salinas , Eduardo Kast Sommerhoff , Pablo Rathgeb Schifferli , Jorge Carter Fernández , Álvaro Fuenzalida Figueroa , Gonzalo Longton Herrera , Andrés Sauerbaum Muñoz , Frank Celis Montt , Andrés García García, René Manuel Moreira Barros , Cristhian Troncoso Hellman , Virginia Durán Espinoza , Jorge Hernández Hernández , Javier Noman Garrido , Nicolás Urruticoechea Ríos, Cristóbal

El señor PAULSEN (Presidente).-

Por haber sido objeto de indicaciones, el proyecto vuelve a la Comisión de Educación para su discusión particular.

VALPARAÍSO, 17 de junio de 2020

Oficio N° 15.624

La Cámara de Diputados, en sesión de esta fecha, aprobó en general el proyecto de ley que suspende la aplicación de la Evaluación Docente y de las pruebas del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (Simce), correspondientes al año 2020, debido a la pandemia de Covid-19, boletín N° 13.554-04, con excepción de su artículo 3, que ha rechazado, por no haber alcanzado el quórum constitucional requerido.

Por haber sido objeto de indicaciones, que se adjuntan, me permito remitir a US. la totalidad de los antecedentes para que la comisión que US. preside emita el segundo informe, de conformidad con lo estatuido en el inciso cuarto del artículo 130 del reglamento de la Corporación.

Lo que tengo a honra comunicar a US., por orden del señor Presidente de la Cámara de Diputados.

Dios guarde a US.

JOHN SMOK KAZAZIAN

Abogado Oficial Mayor de Secretaría

A LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.

INDICACIONES AL PROYECTO DE LEY QUE SUSPENDE LA APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DOCENTE Y DE LAS PRUEBAS DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (SIMCE), CORRESPONDIENTES AL AÑO 2020, DEBIDO A LA PANDEMIA DE COVID-19.

Boletín N° 13.554-04

Del diputado Jaime Bellolio Avaria:

AL ARTÍCULO 1

- Para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 1.- La pandemia por Covid-19 se entenderá como una razón de fuerza mayor para el año 2020, para efectos de lo dispuesto en el artículo 7° del decreto supremo N°192, de 2005, del Ministerio de Educación, que aprueba reglamento sobre evaluación docente.”.

AL ARTÍCULO 2

- Para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 2.- Suspéndese, por el año 2020, las medidas especiales establecidas en los artículos 17, 18, 19, 30 y 31 de la ley N°20.529.

Los datos que resulten de mediciones de logro de aprendizaje ocurridas durante el año 2020 podrán utilizarse sólo para efectos de lo dispuesto en el Párrafo 4º de la ley N°20.529, conforme al procedimiento determinado por la Agencia de la Calidad de la Educación.”.

*****

?SEGUNDO INFORME DE LA COMISION DE EDUCACIÓN ACERCA DEL PROYECTO DE LEY QUE SUSPENDE LA APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DOCENTE Y DE LAS PRUEBAS DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (SIMCE), CORRESPONDIENTES AL AÑO 2020, DEBIDO A LA PANDEMIA DE COVID-19.

BOLETIN N° 13.554-04 (2)

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Educación pasa a informar, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, el proyecto de la referencia, iniciado en moción de los diputados señores González, don Rodrigo, y Santana, don Juan, y de las diputadas señoras Rojas y Vallejo.

A la sesión que la Comisión destinó al estudio de esta iniciativa, asistió el Subsecretario de Educación, señor Jorge Poblete Aedo y el Director Ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, señor Daniel Rodríguez Morales.

La Comisión, en su primer trámite reglamentario, aprobó en general y en particular el proyecto de ley de la referencia, y lo remitió a la Sala para su tramitación.

La Sala, en su sesión 32ª, de fecha 17 de junio de 2020, lo aprobó en general por mayoría de votos, con excepción de su artículo 3, y lo remitió a la Comisión para su segundo informe reglamentario.

Durante su tramitación en Sala se presentaron dos indicaciones y durante su tramitación en la Comisión, se presentó otra, a la votación de las cuales se referirá este informe, según lo preceptuado en el artículo 130 del Reglamento.

En conformidad con lo dispuesto en el artículo 303 del Reglamento de la Corporación, en este informe se debe dejar constancia de lo siguiente:

I. CONSTANCIAS PREVIAS.

1) Normas de quórum especial.

El artículo transitorio del proyecto tiene rango de norma orgánica constitucional, en tanto incide en el artículo 37 de la ley N° 20.370, Ley General de Educación, que tiene ese carácter, según se declaró en sentencia rol N° 1363-09 del Tribunal Constitucional.

El proyecto de ley no contiene normas de quórum calificado.

2) Normas que requieren trámite de Hacienda.

El articulado del proyecto de ley aprobado por la Comisión no requiere ser conocido por la Comisión de Hacienda, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 228 del Reglamento de la Corporación.

3) Tramitación en la Comisión.

Se hace presente que hubo una indicación aprobada, una indicación rechazada, y que existe un artículo transitorio nuevo. No existen artículos suprimidos.

4) Diputado informante.

Se designó diputado informante al señor Rodrigo González Torres.

II. ARTÍCULOS QUE NO HAN SIDO OBJETO DE INDICACIONES NI DE MODIFICACIONES DURANTE LA DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL SEGUNDO INFORME EN LA COMISIÓN.

Se encuentra en esta situación el artículo 2, el cual debe entenderse reglamentariamente aprobado de acuerdo a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 131 del Reglamento de la Corporación.

III. ARTÍCULOS SUPRIMIDOS Y ARTÍCULOS NUEVOS INTRODUCIDOS.

Se agregó un artículo transitorio nuevo.

No hubo artículos suprimidos.

IV. DISCUSIÓN Y VOTACIÓN EN PARTICULAR.

A continuación, se dio inició a la votación en particular, votando las siguientes indicaciones presentadas en Sala y durante la tramitación en la Comisión.

La diputada Rojas (Presidenta) preguntó cuál será el mecanismo que se utilizará para la suspensión del Simce, para que no existan consecuencias anexas, tal como lo expresó el Ministro Figueroa en la Sala [1].

La diputada Girardi expresó que en virtud del anuncio planteado por el Ministro de Educación y del Director de la Agencia de Calidad de la Educación, quienes aseguraron que el Simce para este año consistirá en la toma de una evaluación muestral. En su concepto, luego de esta declaración lo lógico sería la presentación de una indicación por parte del Ejecutivo a este proyecto de ley, para hacer formal su anuncio, y que se materialice a través de la ley.

El diputado Bellolio expresó que el Gobierno tiene las competencias para no realizar el Simce de manera censal, pudiendo realizar pruebas de carácter muestral, y la Agencia de la Calidad de la Educación es la que puede determinarlo, por lo tanto, no es necesario legislar sobre la materia.

El diputado Pardo expresó que al ser el Simce muestral, no pude tener consecuencias, por consiguiente, no se requiere modificar la ley. Por ende, tampoco es necesario legislar, ya que el Ministerio de Educación cuenta con las competencias que la ley le otorga para tomar esta decisión.

El diputado Santana solicitó una aclaración respecto de lo que informó el Ministro de Educación, de manera que las comunidades escolares puedan contar con esos elementos, ya que hay mucha preocupación en ellas.

El diputado Schalper expresó que lo importante es que no se empleará una prueba que tenga consecuencias académicas, sino una simplemente muestral, que permitirá contar con información relevante para tomar decisiones correctas en políticas públicas educativas.

El señor Poblete manifestó que como Ministerio de Educación han realizado una campaña en terreno con todas las comunidades educativas, y que con la crisis se requiere ir tomando medidas que van evolucionando en el tiempo, debido al devenir de la pandemia. Las decisiones las adopta el Ministerio, luego de un acercamiento profundo con las comunidades, los alcaldes, los sostenedores de colegios particulares subvencionados, los Servicios Locales de Educación Pública, el Senado y la Cámara de Diputados, y la evolución propia de la pandemia.

De esta manera, se van evaluando las decisiones y ofreciendo distintas alternativas, para otorgarle mayor unidad al sistema educacional. Además, el Ministerio ha dispuesto de todas las medidas para que los niños, niñas y adolescentes tengan garantizado su aprendizaje en sus hogares. Destacó la importancia de ir acogiendo las preocupaciones de las comunidades educativas, con un constante diálogo, en conjunto con la preocupación de la comunidad.

Por último, agregó que Chile atraviesa por un momento distinto e inesperado, por ello se requiere de un Ministerio que esté en terreno. La actual institucionalidad cuenta con los mecanismos necesarios para enfrentar los procesos, y con las facultades y atribuciones para adecuarse a este tipo de situaciones inesperadas, toda vez que el foco final es establecer como prioridad el aprendizaje de los niños y niñas, lo cual se logra con un trabajo conjunto.

El señor Rodríguez destacó la importancia de evaluar y adaptar los instrumentos de política a las circunstancias actuales, lo cual es ampliamente compartido por varios diputados y diputadas. Respecto al mecanismo para la suspensión del Simce, la Agencia cuenta dentro de sus atribuciones con la facultad de interpretar la ley de aseguramiento de la calidad de la educación de manera administrativa, porque en la ley no están contempladas todas las excepcionalidades y contingencias. Particularmente la actual situación, totalmente imprevista e imposible de evitar, como ha sido la pandemia del Covid 19.

Por ello, es necesario que las instituciones revisen sus instrumentos para analizar si pueden cumplir sus propósitos, porque existe un Gobierno que debe adaptarse ante este tipo de casos fortuitos. Lo que ocurre con un estado de emergencia nacional de catástrofe, es que todas las instituciones y servicios públicos deben tomar las medidas que corresponden para adaptar sus políticas y de ahí proviene la decisión de suspender la aplicación de una prueba censal.

Agregó que el concepto de Simce no está definido formalmente en la normativa, sino que existen evaluaciones censales referidas a los estándares de aprendizaje de las bases curriculares, ello es lo que la ley llama Simce. Por lo tanto, más allá de si se realiza o no el Simce, lo importante es identificar cuáles son las características de la evaluación. Lo que están proponiendo es que sea de carácter muestral, es decir, que no se espera que participen todos los establecimientos educacionales que tienen el nivel evaluado.

Las pruebas que son censales tienen consecuencias asociadas a la ley de aseguramiento y las pruebas muestrales son las que no abordan todo el universo de establecimientos educacionales, sino que se seleccionan grupos de establecimientos reducidos, en base a lo representativo que son a nivel nacional. Por ejemplo, se seleccionan colegios de distintos tamaños: grandes, mediantes y pequeños; rurales y urbanos; en base al género: solo de hombres o mujeres y mixtos, y por nivel socioeconómico, para tener gran representatividad a nivel país. Son muestras auditadas externamente, para que la muestra no tenga sesgo.

Una vez que se establece esa lista de establecimientos educacionales, que podría rondar los 200 (de los 7000 que originalmente se aplican), se define también una lista de reemplazos, es decir, se establece el siguiente más cercano en similitud. Se realizan tres listas de reemplazo; se les invita a participar en la muestra; si el establecimiento rechaza, se sigue con el establecimiento reemplazante. Si se respetan los parámetros, la muestra resulta representativa y se pueden obtener conclusiones a nivel nacional y datos de carácter local.

Agregó que la prueba muestral que se aplicará tiene por objeto obtener datos para el año 2021, en términos de logros de aprendizaje. Eso permitirá, en cuanto las condiciones sanitarias lo permitan, contar con una diversidad de respuestas y de adaptaciones que será necesario monitorear en términos de aprendizaje para enfrentar el próximo año. Destacó que la Agencia cuenta con amplia experiencia en evaluaciones muestrales. De hecho, durante el estallido social se llevaron a cabo dos pruebas muestrales. La ventaja es que su intervención en el sistema educacional es bastante más ligera que una de carácter censal, porque se aplican en ventanas, por ejemplo, durante el lapso de un mes y no se fuerza al establecimiento en un solo día, siendo más flexible.

Por último, aclaró que como Agencia están facultados para hacer estas pruebas, porque sus atribuciones son amplias en materia de evaluación hacia los logros de aprendizaje. Se incluirán cuestionarios para docentes y estudiantes, con la intención de indagar sobre el acceso a clases remotas, cuáles fueron las alternativas y dicha información es clave para la toma de decisiones del año 2021 y dotar así al Ministerio de Educación de información relevante para el diseño de políticas públicas.

La diputada Girardi expresó que la ley establece que las pruebas son de carácter censal, aun cuando la Agencia tiene atribuciones para interpretar la ley. También manifestó que sería importante saber si existe coordinación entre el Ministerio de Educación y la Agencia de Calidad de la Educación, porque ni el Ministro de Educación ni el Subsecretario plantearon lo que expresó recién el señor Rodríguez. Preguntó si existirá retroalimentación con las comunidades educativas; si se dictó el acto administrativo para realizar el cambio; desde el punto de vista de la metodología, cuáles son las condiciones en que se van a llevar a cabo las pruebas, porque no todos los niños y niñas se encuentran en condiciones para realizarla, porque ni siquiera tienen acceso a internet.

Por último, agregó que uno de los temas más discutidos en el último tiempo es la importancia del aspecto emocional para el desarrollo cognitivo de niños y niñas, porque determina el aspecto intelectual. En estos momentos hay un estrés complejo en muchas familias, por lo tanto, cómo se va a incorporar este aspecto emocional, cómo se van a estandarizar las emociones o la vulnerabilidad, cómo hacerles pruebas a niños que no tienen qué comer o que se les haya muerto un familiar cercano. Manifestó que si el diagnóstico no logra recoger lo que está pasando, el Ministerio se va a equivocar en las medidas que implemente a futuro.

El diputado Santana preguntó qué pasará con los contratos actualmente vigentes para desarrollar la evaluación docente y la prueba Simce, y si los recursos que se van a ahorrar, se destinarán a otros fines en beneficios de las propias comunidades educativas.

El diputado Venegas consultó respecto a la voluntariedad de los establecimientos educacionales para participar de la muestra, ya que al existir una lista de reemplazos, la participación no sería obligatoria. Por otro parte, preguntó a qué nivel o curso se va a aplicar la evaluación muestral, y el costo estimado de la misma, en relación con el costo de una aplicación censal normal del Simce.

El diputado González manifestó que la comunidad escolar ha vivido cambios profundos, y que será de gran utilidad si una prueba muestral se realiza de manera correcta en la educación. Solicitó diagnosticar qué ha ocurrido desde el punto de vista del estrés, de los miedos, y ansiedades de niños, niñas, adolescentes y también de los docentes. Además, pidió que cuando estén definidos los parámetros, que el Ministerio de Educación asista a informar a la Comisión cómo se va a llevar a cabo esta experiencia. Finalmente, consultó quién va a definir la participación en la prueba muestral, si solo el sostenedor o también se le preguntará a la comunidad escolar.

El diputado Bellolio manifestó que ya se han hecho evaluaciones muestrales en el ámbito tecnológico, y dichas pruebas deben ser lo más representativo a nivel nacional. Manifestó que es necesario aumentar el número de muestras a nivel regional, porque no en todas las regiones se están produciendo las mismas consecuencias de la pandemia.

El señor Poblete expresó que el Ministerio trabaja de manera conjunta y coordinada con la Agencia de Calidad de la Educación.

El señor Rodríguez aclaró que el trabajo que realiza se encuentra coordinado con el Ministerio de Educación. Respecto de los actos administrativos que deben dictarse, señaló que son varios. El primero consiste en modificar el plan de evaluaciones en virtud de la fuerza mayor .con argumentos de carácter jurídico, y que el Ministerio de Educación informe al Consejo Nacional de Educación de la suspensión del plan de evaluaciones.

Posteriormente, como jefe de servicio, debe dictar una serie de actos administrativos, que tienen que ver con la modificación o eventualmente con la resciliación de los contratos vigentes para adaptarse a la nueva situación. Por lo tanto, el volumen de la operación es importante. También es necesario aclarar que los contratos se encuentran publicados en mercado público, por licitación pública, por lo tanto toda la información es transparente.

A continuación, se dio inicio a la votación, de la siguiente forma:

Artículo 1

Se presentó la siguiente indicación:

1) Del diputado Bellolio para sustituir el artículo 1 del proyecto de ley por uno del siguiente tenor:

“Artículo 1.- La pandemia Covid 19, se entenderá como una razón de fuerza mayor para el año 2020, para efectos de lo dispuesto en el artículo 7° del decreto supremo N° 192, de 2005, del Ministerio de Educación, que aprueba reglamento sobre evaluación docente.”.

El diputado Bellolio expresó que la indicación presentada es una mejor fórmula, porque como se considera la fuerza mayor, será facultad del docente someterse o no a la evaluación docente.

Puesta en votación la indicación, se rechazó por mayoría de votos. Votaron a favor los diputados Jaime Bellolio, Luis Pardo, Hugo Rey y Diego Schalper. Votaron en contra los diputados Cristina Girardi, Rodrigo González, Juan Santana, Camila Vallejo, Mario Venegas, Gonzalo Winter y Camila Rojas. Se abstuvo el diputado Bobadilla (4-7-1).

Artículo 2

Se presentó la siguiente indicación:

2) Del diputado Bellolio para sustituir el artículo 2 del proyecto de ley por uno del siguiente tenor:

“Artículo 2.- Suspéndense, por el año 2020, as medidas especiales establecidas en los artículos 17, 18, 19, 30 y 31 de la ley N° 20.529.

Los datos que resulten de mediciones de logro de aprendizaje ocurridas durante el año 2020 podrán utilizarse solo para efectos de lo dispuesto en el Párrafo 4° de la ley N° 20.529, conforme al procedimiento determinado por la Agencia de la Calidad de la Educación.”.

El diputado Bellolio sostuvo que su indicación estaba hecha al artículo que suspendía el Simce, que fue rechazado, por lo que retiró la indicación.

Artículo transitorio nuevo

Se presentó la siguiente indicación:

3) De la diputada Girardi y de los diputados González y Santana para agregar el siguiente artículo transitorio, nuevo:

“Artículo transitorio.- Las evaluaciones que se realicen durante el año 2020 para sustituir aquellas dispuestas en el artículo 37 de la ley N° 20.370, que establece la Ley General de Educación, deberán ser de tipo muestral, y podrán rendirse siempre y cuando los establecimientos educacionales lo soliciten voluntariamente.

Asimismo, se deberá entregar retroalimentación a los establecimientos educacionales que hayan participado de la evaluación, y sus comunidades educativas, con pertinencia territorial y cultural.

Suspéndase, por el año 2020, las medidas especiales establecidas en los artículos 17, 18, 19, 30 y 31 de la ley N° 20.529.

Los datos que resulten de mediciones de logro de aprendizaje ocurridas durante el año 2020 podrán utilizarse solo para efectos de lo dispuesto en el Párrafo 4° de la ley N° 20.529, conforme al procedimiento determinado por la Agencia de la Calidad de la Educación.”.

La diputada Girardi expresó que la indicación debería tener patrocinio del Gobierno dado lo anunciado sobre la realización de una prueba muestral, la cual no tendrá consecuencias. Explicó que la indicación fue modificada para resumir lo que se ha discutido durante la sesión, para que quede plasmado en la ley, ya que todavía no se ha dictado algún acto administrativo. Manifestó que el Gobierno no debería tener inconveniente alguno para que quede establecido en un artículo transitorio.

El diputado Schalper manifestó que el artículo tercero fue rechazado en Sala, y la indicación presentada para agregar un artículo transitorio es igual al artículo rechazado, por lo tanto, constituye una mala práctica legislativa volver a incorporarlo.

El diputado Bellolio expresó que la indicación es de carácter inadmisible porque le entrega obligaciones al Ministerio de Educación, lo cual es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Es más, la indicación establece que “se deberá entregar retroalimentación a los establecimientos educacionales que hayan participado de la evaluación, participantes y sus comunidades educativas, con pertinencia territorial y cultural.”. Sostuvo que se están confundiendo los planos, porque si es muestral no se pueden entregar datos a nivel de establecimiento; es inadmisible e ineficaz y, por lo tanto, innecesaria.

El diputado Rey expresó que el Ministerio de Educación ha hecho una propuesta distinta, de una prueba que puede ser diagnóstica y de carácter muestral, por lo tanto, la indicación no tiene sentido y además transgrede la Constitución Política, artículo 65, N° 2 y, por lo tanto, es inadmisible. Tampoco se debería insistir en este tema, que ya está solucionado.

El diputado Santana expresó que la redacción del artículo transitorio dice relación con el desconocimiento que existe en torno a cualquier acto administrativo que el Ministerio de Educación vaya a realizar, porque no se ha recibido ninguna señal formal sobre la modificación de la prueba Simce.

La diputada Girardi manifestó que la indicación es distinta al artículo 3 que se rechazó en Sala, toda vez que el artículo rechazado lo que hacía era suspender la prueba Simce. Por su parte, el artículo transitorio se refiere a una prueba muestral. Argumentó además que en cualquier proceso de evaluación se requiere de una retroalimentación, de lo contrario, no sería una evaluación, porque es parte intrínseca de dicho proceso.

El señor Poblete expresó que el artículo es innecesario, ya que el Ejecutivo tiene la facultad y la institucionalidad necesaria para adoptar las medidas necesarias para modificar la aplicación del Simce. Además es inadmisible, no aporta a la materia y no resuelve los problemas de fondo con este proyecto de ley. Reitero que el tema ya fue acogido y será trabajado entre el Ministerio de Educación y la Agencia de la Calidad de la Educación.

Los diputados Girardi, González y Santana retiraron los incisos tercero y cuarto de la indicación presentada, para que no tenga consecuencias de ordenación.

Puesta en votación la indicación, sin los incisos tercero y cuarto, se aprobó por mayoría de votos. Votaron a favor los diputados Sergio Bobadilla, Cristina Girardi, Rodrigo González, Juan Santana, Camila Vallejo, Mario Venegas, Gonzalo Winter y Camila Rojas. Votaron en contra los diputados Jaime Bellolio, Luis Pardo, Hugo Rey y Diego Schalper (8-4-0).

V. ARTÍCULOS MODIFICADOS.

La Comisión, en este trámite, aprobó una indicación para agregar un artículo transitorio nuevo.

Los artículos 1 y 2 del proyecto se mantuvieron en los mismos términos en que fueran aprobados en el primer trámite reglamentario.

El artículo 3 aprobado en el primer informe de la Comisión, fue rechazado en la votación general en la Sala, por no alcanzar el quórum constitucional requerido.

VI. INDICACIONES RECHAZADAS.

Se rechazó por mayoría de votos la indicación del diputado Bellolio para reemplazar el artículo 1.

VII. INDICACIONES DECLARADAS INADMISIBLES.

No las hubo.

VIII. DISPOSICIONES LEGALES QUE EL PROYECTO MODIFIQUE O DEROGUE.

La iniciativa no modifica la legislación vigente, pero tiene incidencia en las siguientes normas que a continuación se reseñan:

1) La ley N° 19.070, Estatuto de los Profesionales de la Educación, contenida en el decreto con fuerza de ley N° 1, de 1996, que fija su texto refundido, coordinado y sistematizado.

Su artículo 70 establece un sistema de evaluación de los profesionales de la educación que se desempeñen en funciones de docencia de aula, de carácter formativo.

2) La ley N° 20.903, que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente y modifica otras normas, entre ellas, la ley N° 19.070.

3) La ley N° 20.370, Ley General de Educación, contenida en decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, que fija su texto refundido, coordinado y sistematizado, con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005.

Su artículo 37 establece que corresponde a la Agencia de Calidad de la Educación diseñar e implementar el sistema nacional de evaluación de logros de aprendizaje. Esta medición verificará el grado de cumplimiento de los objetivos generales a través de la medición de estándares de aprendizaje referidos a las bases curriculares nacionales de educación básica y media. La Agencia deberá contar con instrumentos válidos y confiables para dichas evaluaciones, que se apliquen en forma periódica a lo menos en un curso, tanto en el nivel de educación básica como en el de educación media, e informar los resultados obtenidos. Estas mediciones deberán informar sobre la calidad y equidad en el logro de los aprendizajes a nivel nacional.

Este artículo tiene rango de norma orgánica constitucional, según se declaró en sentencia rol N° 1363-09 del Tribunal Constitucional.

4) La ley N° 20.529, que establece el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la educación parvularia, básica y media y su fiscalización. Su artículo 11 establece las atribuciones de la Agencia de Calidad de la Educación. La letra d) la faculta para aplicar e interpretar administrativamente las disposiciones de esta ley y sus reglamentos e impartir instrucciones de general aplicación, en las materias de su competencia.

Por su parte, la letra a) la faculta para diseñar, implementar y aplicar un sistema de medición de los resultados de aprendizaje de los alumnos, en función del grado de cumplimiento de los estándares de aprendizaje, referidos a los objetivos generales señalados en la ley y sus respectivas bases curriculares, de aplicación obligatoria para todos los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado, en forma censal, a lo menos, en algún curso, tanto del nivel de enseñanza básica, como de enseñanza media.

IX. TEXTO ÍNTEGRO DEL PROYECTO TAL COMO HA SIDO APROBADO POR LA COMISIÓN.

En mérito de las consideraciones anteriores y por las que, en su oportunidad, pudiere añadir el diputado informante, la Comisión de Educación recomienda la aprobación del siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1.- Suspéndese la realización de la Evaluación Docente que contempla el artículo 70 de la ley N° 19.070, que aprueba el Estatuto de los Profesionales de la Educación y la ley N° 20.903, que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente y modifica otras normas, por el año 2020, debido a la pandemia mundial de Covid 19. Los profesionales de la educación a quienes les correspondía realizar la evaluación docente el año 2020, podrán evaluarse el año 2021.

Artículo 2.- Lo dispuesto en el artículo anterior no impide realizar la evaluación docente que contempla el artículo 70 de la ley N° 19.070 durante el período 2020, a los profesionales de la educación que manifestaren expresamente su voluntad de realizarla, por escrito, ya sea físicamente o por medios electrónicos, ante el Jefe del Departamento de Administración Municipal de Educación, el Director de la Corporación de Educación Municipal, el Director Ejecutivo del Servicio Local respectivo o el sostenedor del establecimiento particular subvencionado, quienes informarán al Ministerio de Educación.

Artículo transitorio.- Las evaluaciones que se realicen durante el año 2020 para sustituir aquellas dispuestas en el artículo 37 de la ley N° 20.370, que establece la Ley General de Educación, deberán ser de tipo muestral, y podrán rendirse siempre y cuando los establecimientos educacionales lo soliciten voluntariamente.

Asimismo, se deberá entregar retroalimentación a los establecimientos educacionales que hayan participado de la evaluación y sus comunidades educativas, con pertinencia territorial y cultural.

Se designó diputado informante al señor RODRIGO GONZÁLEZ TORRES.

SALA DE LA COMISIÓN, a 18 de junio de 2020.

Tratado y acordado según consta en el acta de la sesión de fecha 18 de junio de 2020, con la asistencia de las diputadas Cristina Girardi Lavín, Camila Rojas Valderrama y Camila Vallejo Dowling, y de los diputados Jaime Bellolio Avaria, Sergio Bobadilla Muñoz, Luis Pardo Sáinz, Hugo Rey Martínez, Juan Santana Castillo, Diego Schalper Sepúlveda, Mario Venegas Cárdenas, y Gonzalo Winter Etcheberry.

MARÍA SOLEDAD FREDES RUIZ,

Abogada Secretaria de la Comisión.

SUSPENSIÓN DE EVALUACIÓN DOCENTE Y DE PRUEBAS DEL SIMCE EN 2020 POR PANDEMIA DE COVID-19 (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 13554-04)

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que suspende la aplicación de la Evaluación Docente y de las pruebas del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (Simce) correspondientes al año 2020, debido a la pandemia de Covid-19.

Diputado informante de la Comisión de Educación es el señor Rodrigo González .

Antecedentes:

-Segundo informe de la Comisión de Educación, sesión 34ª de la presente legislatura, en martes 23 de junio de 2020. Documentos de la Cuenta N° 9.

-El primer informe de la Comisión de Educación se rindió en la sesión 32ª de la presente legislatura, en miércoles 17 de junio de 2020.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Por acuerdo de los Comités Parlamentarios, para el uso de la palabra se otorgarán 3 minutos base por bancada, más 60 minutos, distribuidos proporcionalmente.

Rinde el segundo informe de la Comisión de Educación el diputado Marcos Ilabaca .

El señor ILABACA (de pie).-

Señor Presidente, honorable Cámara, en nombre de la Comisión de Educación, me corresponde informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, que suspende la aplicación de la evaluación docente y las pruebas del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (Simce), correspondiente al año 2020, debido a la pandemia por covid-19.

El proyecto se inició en moción de los siguientes diputados y diputadas: Rodrigo González , Camila Rojas, Juan Santana y Camila Vallejo .

Tramitación en la comisión

La Sala, en su sesión 32ª, de 17 de junio de 2020, aprobó el proyecto en general por mayoría de votos, con excepción de su artículo 3, y lo remitió a la comisión para su segundo informe reglamentario.

La comisión, en ese trámite, aprobó una indicación para agregar un artículo transitorio nuevo, que establece que las evaluaciones que se realicen durante 2020 para sustituir aquellas dispuestas en el artículo 37 de la Ley General de Educación, deberán ser de tipo muestral y podrán rendirse siempre y cuando los establecimientos educacionales lo soliciten voluntariamente.

Asimismo, el artículo transitorio dispone que deberá entregarse retroalimentación a los establecimientos educacionales que hayan participado en la evaluación y a sus comunidades educativas, con pertinencia territorial y cultural.

Los artículos 1 y 2 del proyecto se mantuvieron en los mismos términos en que fueron aprobados en el primer trámite reglamentario. La indicación presentada en Sala para reemplazar el artículo 1 fue rechazada por mayoría de votos. La otra indicación presentada en Sala fue retirada por su autor.

El artículo 3 aprobado en el primer informe de la comisión fue rechazado en la votación general en la Sala, por no alcanzar el quorum constitucional requerido.

Constancias reglamentarias

1) Normas de quorum especial.

El artículo transitorio del proyecto tiene rango de norma orgánica constitucional, en tanto incide en el artículo 37 de la ley N° 20.370, Ley General de Educación, que tiene ese carácter (Rol N° 1363-09 del Tribunal Constitucional).

El proyecto de ley no contiene normas de quorum calificado.

2) Normas que requieren trámite de Hacienda.

El articulado del proyecto de ley aprobado por la comisión no requiere ser conocido por la Comisión de Hacienda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 228 del Reglamento de la Corporación.

Es cuanto puedo informar

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto de ley. Tiene la palabra el diputado Rodrigo González Torres .

El señor GONZÁLEZ (don Rodrigo).-

Señor Presidente, finalmente hemos llegado a una buena solución en relación con este proyecto tan importante para la educación chilena, especialmente para los padres y los niños de los establecimientos educacionales que en época de pandemia habrían estado necesitados de realizar una prueba Simce , que es extraordinariamente estresante y agobiante.

Estas pruebas estandarizadas generan una verdadera competencia al interior de los establecimientos, entre los alumnos y entre establecimientos, porque de esta evaluación depende la calificación de los establecimientos.

Este sistema de entrenamiento permanente de los niños distrae especialmente de la posibilidad de entregar una educación de calidad, que es la que se requiere en aspectos formativos, socioemocionales, y de un trabajo más intensivo en las disciplinas que son fundamentales para los aprendizajes, lo que hace que en muchas oportunidades el aprendizaje de las matemáticas y de las ciencias, o el manejo del lenguaje no sean lo fundamental y lo esencial, sino muchas veces el entrenamiento a que hacen objeto los profesores, obligados por las clasificaciones de los establecimientos y la competencia que se establece entre ellos por estas pruebas estandarizadas.

Este sistema de pruebas, como el Simce, y la PSU respecto de las universidades, ha sido extraordinariamente cuestionado por la academia, por los estudiosos en la materia, porque distrae de los temas más esenciales de formación educativa, de preparación de los alumnos en relación con el contenido de los aprendizajes más significativos que debieran realizar, que dicen relación con su formación humana, con la formación en competencias blandas, con su formación socioemocional y con todas las competencias para la vida, que son lo más importante que los niños debieran aprender en el sistema educacional.

Por ello, en época de pandemia, se planteó especialmente la necesidad de que esta prueba se suspendiera, sin entrar todavía a la discusión más de fondo, que tendrá que darse cuando exista una reforma más profunda del sistema educacional, cosa que, por cierto, también en la inmensa mayoría de los actores educacionales de la academia hoy se siente como una necesidad, al punto de que la mayor parte de los actores educacionales del mundo universitario y del mundo educacional han constituido una mesa amplia por una nueva educación, en la cual se están discutiendo los grandes temas educacionales y que ha planteado la realización de un congreso nacional de educación que se desarrolle con gran participación de la comunidad, desde los territorios, y de todos los actores educacionales a nivel país.

En este contexto, hoy se plantea solo la necesidad de la suspensión de la prueba. Después de un largo debate en la Comisión de Educación, donde participó la mayor parte de los centros especializados -el de la Pontificia Universidad Católica de Santiago, el de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, el de la Universidad de Chile-, y donde tuvieron un rol muy principal el Colegio de Profesores y otros actores educacionales, se promovió que esta prueba no se realizara este año y se continuara desarrollando el debate de fondo sobre la forma de su aplicación en el sistema de educación y en el sistema de aseguramiento de la calidad.

Cuando en esta Sala, no obstante existir una mayoría abrumadora por aprobar esta suspensión, no se alcanzó el quorum necesario, se reenvió el proyecto a la Comisión de Educación, habiéndose aprobado solamente un aspecto del proyecto de ley que presentamos varios diputados y diputadas sobre la suspensión de la evaluación docente.

Aprobada la suspensión de la evaluación docente, quedaba pendiente el Simce. En el proceso de discusión, el Ministerio de Educación intervino y señaló que no quiere realizar la evaluación tal cual, sino una prueba muestral, voluntaria, que se realizaría en los establecimientos educacionales para recabar datos sobre lo que ha ocurrido con la educación durante la pandemia.

Esto significa que, en la práctica, el objetivo que se había planteado de la suspensión del Simce se cumple, y que el Ministerio de Educación va a realizar una prueba muestral, con el objeto de tener todos los antecedentes en el sistema educacional, lo cual permitirá aliviar a las comunidades escolares respecto de la realización de esta prueba; esto gracias, especialmente, a la gran participación de todos los actores educacionales…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Sergio Bobadilla Muñoz .

El señor BOBADILLA.-

Señor Presidente, en la Comisión de Educación he apoyado esta iniciativa, porque apunta en la dirección correcta debido a las circunstancias que estamos viviendo.

Ahora, producto de la pandemia que nos afecta, que nos tiene muy complicados, como país y como gobierno se han tomado distintas medidas, que por cierto comparto, como por ejemplo la suspensión de contratos de trabajo, la postergación del pago de los permisos de circulación, la suspensión de los cortes de los servicios básicos como agua potable y energía eléctrica. Por cierto, también hemos sido testigos de que se han suspendido las clases presenciales para evitar la propagación de los contagios en medio de esta pandemia, por lo que llama la atención que el Ministerio de Educación no haya ido un poco más allá y no haya suspendido la aplicación del Simce y de la evaluación docente.

En tal sentido, este proyecto apunta en la dirección correcta, porque el Simce y la evaluación docente son instrumentos diseñados para ser aplicados en tiempos normales, pero hoy no vivimos tiempos normales. Por eso, más que ser un experto en educación, el sentido común nos indica que no podemos someter a los alumnos y a los profesores a un estrés adicional a la situación que viven hoy con la aplicación de estas pruebas.

El Ministerio de Educación no ha estado a la altura de las circunstancias que estamos viviendo, por lo que concurriré, con mucho entusiasmo, con mi voto favorable a apoyar este proyecto que suspende la aplicación del Simce y la evaluación docente, porque las condiciones sanitarias no permiten aplicar instrumentos de esta naturaleza.

Nuestros esfuerzos deben estar orientados a combatir la pandemia y, en ese sentido, los recursos que están destinados a financiar la aplicación del Simce y la evaluación docente debieran reorientarse a generar las condiciones necesarias que permitan a los establecimientos educacionales recibir en las condiciones que se requiere tanto a profesores como alumnos cuando se retomen las clases presenciales.

El Ministerio de Educación debe revisar su determinación de insistir en la aplicación de estos instrumentos que fueron diseñados para tiempos normales.

Reitero que votaré favorablemente esta iniciativa que busca suspender la aplicación del Simce y la evaluación docente.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Raúl Saldívar .

El señor SALDÍVAR (vía telemática).-

Señor Presidente, la aplicación del Simce y de cualquier otro instrumento de medición estandarizada en nuestro país ha sido duramente cuestionada durante los últimos años.

En buena hora el Simce fue suspendido este año. Se trata de una prueba que mide conocimientos de los estudiantes, y que, en su origen, tenía como finalidad realizar un control interno de la educación y del desempeño de los estudiantes; sin embargo, terminó convirtiéndose en información publicitaria para los colegios, incentivando a los profesores para que los estudiantes tuvieran un buen desempeño en esa prueba, pues esto traía consigo más prestigio para el colegio y, con ello, más clientes. Claramente, esto no es acorde con un proyecto educativo, sino que simplemente es un modelo de negocios.

Si bien el Simce y la evaluación docente son pruebas distintas, comparten una matriz común y que no ha sido subsanada, cual es la importancia de los instrumentos de medición y de mercantilización que aquejan a nuestra educación, pues lamentablemente se pone más atención al resultado de una prueba que al proceso educativo.

Este año no es normal, por lo que las condiciones no pueden ser las mismas para los profesores como para los estudiantes. El escenario del país ha sido descrito ampliamente y hay plena coincidencia en que no están dadas las condiciones y, en consecuencia, hay que establecer cambios, y muchos cambios, algunos de los cuales están aún por hacerse y otros hay que empujarlos. Se precisan cambios que permitan enfrentar de mejor forma las circunstancias y las condiciones del presente año.

En ese sentido, el escenario actual permea las condiciones intelectuales y anímicas de docentes y de estudiantes y, al mismo tiempo, la condición social ha revelado dificultades objetivas y de fondo que dan cuenta de las desigualdades reflejadas en el hacinamiento y en la carencia de elementos que hagan más fácil y practicable los procesos educativos en las casas por parte de los estudiantes. Por eso, es absolutamente inviable realizar una prueba estandarizada este año, dadas las circunstancias que vive nuestra sociedad y las particularidades tan profundas y significativas que existen y que son indesmentibles…

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Ha terminado su tiempo, señor diputado.

Tiene la palabra el diputado Mario Venegas , por cinco minutos.

El señor VENEGAS (vía telemática).-

Señor Presidente, el proyecto que hoy discutimos en su segundo informe reglamentario fue analizado por la Sala hace algunos días y devuelto a nuestra Comisión de Educación a raíz del rechazo de su artículo 3, por no haber alcanzado el quorum constitucional requerido.

Ya se encuentran aprobados el artículo 1, que establece la suspensión de la evaluación de desarrollo profesional docente para los profesores del país dispuesto en la ley, y el artículo 2, que establece la posibilidad de que aquellos profesores que voluntariamente deseen rendir la prueba podrán realizarla ante el jefe del Departamento de Administración Municipal de Educación, el director de de la Corporación de Educación Municipal, el director ejecutivo del servicio local que corresponda o el sostenedor del establecimiento particular subvencionado, quienes informarán al Ministerio de Educación.

Entonces, el problema radica en el artículo 3, que busca suspender el Simce, el sistema de medición de la calidad de la educación, que tiene tantos cuestionamientos y que comparto, pero que, a mi entender -lo señalo con humildad-, no es el objeto de este proyecto. Y es importante señalarlo, sin entrar a la discusión de fondo respecto de la pertinencia y eficacia del sistema de evaluación docente o del Simce hoy, y no porque queramos escabullirnos del tema, sino porque estamos en un año de anormalidad absoluta para el sistema educativo en su conjunto. Desgraciadamente, no encontramos una buena respuesta inicial del gobierno, a través del Ministerio de Educación.

En estas circunstancias de anormalidad es incomprensible y poco criterioso pretender aplicar esas evaluaciones. Me consta que los profesores -tengo contacto con muchos docentesestán extraordinariamente estresados, porque este año se han enfrentado a un desafío nuevo, desafío que también han enfrentado los alumnos y un ejemplo de ello es que he sido invitado a colaborar en una campaña para adquirirle un teléfono celular a un chico que no puede acceder a las clases online porque su aparato telefónico es muy antiguo, y su madre -inválida y de escasos recursos económicosno puede adquirir uno nuevo. Casos como ese se multiplican, pues hay niños que no tienen computadores, etcétera. Entonces, en esas circunstancias, parecía poco razonable aplicar evaluaciones.

¿Cómo se resolvió eso? En el momento en que revisábamos una vez más el proyecto en la Comisión de Educación, el ministerio, a través de la Agencia de Calidad de la Educación, responsable de la aplicación de estos instrumentos, anunció que el Simce se suspendía. ¡Qué bueno que al final primara la cordura!

Junto con dar a conocer ese anuncio, se señaló que el Simce mismo se reemplazaba por una prueba de carácter muestral, con objetivo diagnóstico para las autoridades, representativa de la realidad diversa del país. En palabras del ministro, se estimaba que alrededor de 200 establecimientos podrían participar en la muestra de modo voluntario.

Señalo, para la historia fidedigna de la ley, que la suspensión del Simce durante este año, dada la situación de catástrofe por pandemia, significará que la aplicación de esa prueba en aquellos establecimientos que lo soliciten no tendrá las consecuencias previstas en la ley, esto es, clasificación, ordenación, incentivos económicos, etcétera. Eso es muy importante de tener en cuenta.

¿Cómo resolvimos el punto? Con la inclusión de un artículo transitorio que recoge esas características. La idea era dejarlo establecido en la ley, para que no hubiera dudas, porque hay mucha desconfianza en la comunidad educativa. Por ello, es importante que aprobemos ese artículo transitorio, que declara que la prueba será de tipo muestral, voluntaria, con carácter diagnóstico y con retroalimentación a los establecimientos educacionales que participen en la evaluación.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Para referirse a un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Iván Flores .

El señor FLORES (don Iván).-

Señor Presidente, pido que recabe la unanimidad de la Sala respecto de un asunto que para muchos significa hacer justicia con los pueblos originarios.

El 24 junio -hoy, precisamentees el Día Nacional de los Pueblos Indígenas de Chile. Aquí hay un pueblo que ha sido diezmado y que se suponía exterminado por la colonización en Tierra del Fuego: me refiero al pueblo selknam. Existen descendientes de ese pueblo y hay un proyecto que propone declararlo pueblo originario de Chile.

Por eso es de justicia y absolutamente oportuno que lo incorporemos sobre tabla. Hay cuatro o cinco diputados inscritos para terminar el debate y no hay más tareas durante la mañana. ¿Cuál es el problema para que los cuatro o cinco parlamentarios que quedaron inscritos ayer intervengan y el proyecto pueda ser votado hoy, en el Día Nacional de los Pueblos Originarios de Chile, y así reconocer que tenemos un pueblo originario más que ha estado olvidado?

Solicito que recabe la unanimidad de la Sala para que el proyecto sea votado hoy.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Recabo la unanimidad de la Sala para acceder a la petición formulada por el diputado Iván Flores .

No hay unanimidad.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Si un jefe de Comité lo pide, podría citar a reunión de Comités con suspensión de la sesión.

Se ha pedido reunión de Comités con suspensión de la sesión.

Para debatir el tema, cito a reunión de Comités con suspensión de la sesión.

Una señora DIPUTADA.-

Señor Presidente, ¿por qué suspenderá la sesión?

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Existe un problema con la aplicación Zoom. El sistema no se puede aplicar en forma simultánea en la reunión de Comités y en la Sala.

Se suspende la sesión.

-Transcurrido el tiempo de suspensión:

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Continúa la sesión.

Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Fidel Espinoza .

El señor ESPINOZA (vía telemática).-

Señor Presidente, yo comparto plenamente la petición del diputado Iván Flores respecto de recabar la unanimidad para ver el proyecto sobre el pueblo selknam, pero considero que es inconcebible que, si no se logró la unanimidad de la Sala -no sé quién se habrá negado-, se pretenda dar vuelta esa decisión a través de los Comités. Desde mi punto de vista, eso no corresponde.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

El señor Secretario se referirá al punto.

El señor ROJAS (Secretario accidental).-

No existe ninguna prohibición al respecto.

La decisión de modificar o de dejar sin efecto el Reglamento en determinadas situaciones puede ser acordada por la Sala o por los Comités Parlamentarios por unanimidad. Eso es lo que dice nuestro Reglamento.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Señor Secretario, informe lo que resolvieron los Comités Parlamentarios.

El señor ROJAS (Secretario accidental).-

Honorable Cámara de Diputados, los Comités Parlamentarios accedieron a tramitar, una vez terminada la discusión del segundo proyecto de la tabla, el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 19.253, que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, con el fin de incorporar al pueblo selknam entre las principales etnias indígenas reconocidas por el Estado (boletín N° 12862-17).

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Muchas gracias, señor Secretario. Vamos a continuar el debate del segundo proyecto de la tabla.

Tiene la palabra el diputado Vlado Mirosevic Verdugo .

El señor MIROSEVIC (vía telemática).-

Señor Presidente, en relación con el proyecto de ley en discusión, la semana pasada el diputado Jaime Bellolio dijo que algunos diputados, más allá de la pandemia, tenían un problema más de fondo con respecto a la prueba Simce . Eso es cierto.

Yo soy uno de los que tiene un problema de fondo al respecto y quiero explicar por qué. Mi problema de fondo no es solo con respecto a la prueba del Simce o las pruebas estandarizadas, sino más bien con respecto a la manera en que se entiende actualmente basada la educación. Me quiero referir en específico a la concepción que hoy está detrás de nuestro sistema educativo.

Por una parte, hay una tradición fordista industrial que hace que las escuelas parezcan industrias de la época industrial, y por otra, hay un cartesianismo racionalista que parte de un supuesto que está equivocado: el supuesto es que la educación consiste en traspasar información desde el profesor al estudiante, y que, a propósito de Descartes, tiene una concepción muy limitada de cómo entender la realidad, ya que supone que hay una realidad externa que hay que observar objetivamente.

La verdad es que el cartesianismo y el fordismo están abiertamente contestados en el siglo XXI. Hay algunos chilenos que se han destacado porque han hecho un aporte a esa contestación. Me refiero al profesor Humberto Maturana y al científico Francisco Varela , quienes han aportado a situar la educación en un paradigma completamente distinto de aquel en que hoy la estamos situando.

Entonces, mi problema de fondo no es solo con una prueba estandarizada, sino con la concepción de qué significa educar y de cuál es el propósito de la educación. En ese sentido, sinceramente, izquierdas y derechas están bastante obsoletas en su manera de mirar la educación. Si ustedes se fijan en la aproximación de economistas de izquierda y de derecha sobre la educación -digo “economistas”, porque son quienes han dominado el debate educativo en los últimos gobiernos-, constatarán que ellos tienen una concepción muy limitada. Ellos creen que esto opera como cualquier otro ámbito de la vida económica, y todo su debate educativo es sobre la cantidad de sillas y los sostenedores de la educación; es decir, es una discusión económica, no sobre educación.

Por lo tanto, creo que tenemos que avanzar hacia una mirada mucho más de futuro con respecto a la educación, que entienda la convivencia y la verdadera razón de por qué educar.

Mientras eso no suceda, y a propósito de esta pandemia, por supuesto que soy partidario de suspender la evaluación docente y la prueba Simce , y voy a votar a favor el proyecto, pero espero que logremos entrar -no en este gobierno, porque sinceramente no tengo mucha esperanza, pero sí en el futuroen una discusión más de fondo, porque los supuestos en los cuales está basada la actual educación, esta educación tradicional, están completamente equivocados para el siglo XXI y no van a servir para la nueva convivencia ni para la nueva economía del siglo XXI.

Por lo tanto, anuncio mi voto a favor de este proyecto, y espero que, ojalá, entremos rápido en una discusión educativa sobre el fondo del concepto “educar”, y no solo en la economía de…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Luis Pardo Sáinz .

El señor PARDO (vía telemática).-

Señor Presidente, he estado escuchando y siguiendo el debate. Todos aquellos que apoyan este proyecto de ley esgrimen como argumento razones para eliminar la prueba Simce y la evaluación docente en forma permanente, en circunstancias de que este proyecto de ley está orientado a solucionar la contingencia en que nos sitúa la pandemia, con todas las consecuencias que sabemos que esto tendrá para los niños, los profesores y las familias.

De más está decir que todos estamos conscientes de ello y que en ningún caso vamos a hacer algo que pueda afectar emocionalmente ni en materia de salud a los educandos y a los profesores. Sin embargo, el debate que hemos escuchado es en contra de la prueba Simce , de la evaluación docente y del sistema educativo. Por cierto, es un debate muy interesante, en el que, incluso, puede haber coincidencias en muchos aspectos, pero no es un debate sobre un proyecto de ley que busca solucionar transitoriamente un tema relacionado con la pandemia.

En segundo lugar, la evaluación docente, que efectivamente ha sido materia de debate, ya fue abordada por el Ministerio de Educación a través de la legislación vigente. Hoy día, los profesores que quieran hacer la evaluación docente porque aspiran o postulan a un cambio en su categoría y en sus ingresos económicos, pueden hacerlo, y aquellos que no, pueden eximirse. Hoy, todas las medidas dispuestas por el Ministerio de Educación y contenidas en la legislación vigente hacen totalmente posible que aquellos que no quieran rendir las etapas correspondientes a la evaluación docente, no lo hagan.

Por lo tanto, en ese punto, este proyecto de ley es totalmente innecesario.

A su vez, el Ministerio de Educación ha tomado una serie de medidas tendientes a flexibilizar este proceso, que, reitero, en este caso es voluntario, dentro de las cuales cabe mencionar la extensión del proceso de inscripción, la postergación del período evaluativo, iniciándolo, al menos, un mes luego de un eventual retorno a clases; se están considerando los períodos evaluativos a nivel nacional luego del retorno a clases y se está permitiendo el uso de evidencia de años anteriores para ciertos módulos del portafolio.

De manera tal que, repito, aquellos profesores que quieran rendir su evaluación docente de manera voluntaria, podrán hacerlo, y aquellos que no, simplemente podrán eximirse durante este año.

Respecto del otro aspecto abordado por el proyecto de ley, que tiene que ver con el Simce, el ministro de Educación, en forma oficial y pública, ha manifestado, primero, que la evaluación, cualquiera que sea, se va a efectuar una vez que existan las condiciones sanitarias y generales para hacerla, y segundo, que no va a haber un Simce censal, sino pruebas muestrales, es decir, focalizadas en lugares donde sea posible, de acuerdo con la realidad que se esté viviendo en unos meses más.

Por lo tanto, este año el Simce no se está haciendo en la forma tradicional, pero sí se está tomando una prueba muestral, que los autores del proyecto aprueban. De hecho, incorporaron una indicación para establecer, por ley, lo que el ministro de Educación ya dijo que hará en uso de sus facultades. Se trata de una evaluación necesaria para medir, entre otras cosas, los impactos de la pandemia, cómo se ha comportado la educación a distancia, cuáles son las brechas que habrá que corregir en el futuro y, en definitiva, conocer cómo el Ministerio de Educación y toda la institucionalidad se focalizarán de mejor manera para cerrar esas brechas una vez que volvamos a la normalidad.

En consecuencia, también desde el punto de vista del Simce este proyecto de ley resulta totalmente innecesario.

En relación con lo señalado, me parece, por el diputado Venegas , en cuanto a que, dada la desconfianza que existe, sería bueno plasmar esto en una ley, quiero señalar, primero, que tengo plena confianza en la palabra entregada por el ministro de Educación, expresada tanto en la Comisión de Educación como públicamente. Me parece que lo que sí contribuye a la desconfianza es este clima de conflictividad inducido en forma casi sistemática por quienes quieren instalarlo.

En verdad, el ministro ha sido claro, por lo que no tenemos por qué dudar de que se aplicará una prueba muestral. Se trata de una prueba que no tiene los mismos contenidos de la prueba censal del Simce, porque tiene otro foco, otro objetivo, necesario para aquellos niños más vulnerables, que no han tenido un acceso adecuado a la educación a distancia, que no han tenido acceso a internet, y que por las condiciones de su confinamiento o de la situación o circunstancias sociales y económicas en que se desempeñan, van a requerir más apoyo del Ministerio de Educación en el futuro. Ese mayor apoyo se podrá dar en la medida en que podamos identificar dónde se producen esas brechas.

Por eso, este proyecto de ley me parece no solo innecesario, sino totalmente inconstitucional, como lo señalamos durante su discusión en la comisión, por cuanto genera cambios en obligaciones ya estipuladas a organismos públicos como el Cpeip, en el caso de la evaluación docente, y del Ministerio de Educación respecto del Simce.

Además, es un proyecto que consolida una mala práctica del Poder Legislativo: la pretensión de cogobernar, a pesar de que el Ministerio de Educación ha señalado un camino, plasmado en el ejercicio de sus facultades, y creer necesario hacerlo mediante una ley para, supuestamente, dar certeza y confiabilidad a ese camino demarcado por la autoridad competente, democráticamente elegida, democrática y constitucionalmente designada para cumplir dicho rol.

Creo que esta mala práctica en que incurrimos no destaca ni mejora la imagen del Congreso. Al contrario, nos muestra más irrelevantes al asumir conductas al límite de la constitucionalidad, y en este caso, totalmente al margen de la constitucionalidad, que además son innecesarias y nos distraen de las verdaderas discusiones mediante las cuales podemos contribuir, por ejemplo, con paquetes sociales y de ayudas económicas, que sí requieren pasar por el Parlamento, donde podemos aportar con nuestra mejor colaboración y disposición para legislar. En cambio, gastamos tiempo en muchos proyectos de ley claramente inconstitucionales y, además, claramente innecesarios y perjudiciales.

Por eso, nada mejor que la autoridad descentralizada y desplegada a lo largo del territorio para adoptar las medidas adecuadas.

Cuando se legisla parejo para todo el mundo en materias que no deberían ser parejas -la contingencia de la pandemia es distinta en una región que en otra; la realidad socioeconómica es distinta en un establecimiento que en otro; la realidad de las comunas son distintas-, estamos, además, instalando camisas de fuerza que, lejos de mejorar, en este caso, la calidad de la educación y cerrar las brechas que se van a generar producto de la pandemia, que probablemente se van a agudizar, generamos políticas públicas mal diseñadas, apresuradas. Bajo el pretexto de responder a la contingencia se esconde, como en este caso, tras una discusión legítima, pero que no es el momento para llevar a cabo ni meterla como cuchufleta, un proyecto de ley que viene disfrazado de pandemia, pero que esconde -reiteroun propósito ideológico legítimo, pero totalmente ajeno a la realidad que estamos viviendo.

Vamos a votar en contra este proyecto, que es innecesario, porque los docentes saben que pueden eximirse de la evaluación docente este año -a nadie se le va a imponer-, pero no es legítimo que aquellos que quieran hacerla no puedan llevarla a efecto.

Además, vamos a votar en contra el proyecto, porque nuestros alumnos, especialmente los más vulnerables, requieren que el Ministerio de Educación conozca dónde están las brechas y las circunstancias que habrá que apoyar con programas especiales, para todo lo cual se requiere aplicar pruebas muestrales, oficialmente comprometidas por el ministerio.

Por supuesto, tal como ocurre con todas las partidas presupuestarias que no se ocupan en su totalidad, los recursos serán redireccionados en función de la crítica situación que vivimos, por lo cual no es necesario seguir ganando cámaras a partir de declaraciones obvias.

Si el Simce costaba equis y hoy se va a gastar mucho menos, obviamente la diferencia se va a destinar -tal como pasa con todas las partidas presupuestarias y como se está haciendo en todos los ámbitosal fondo para sobrellevar las consecuencias sanitarias y socioeconómicas de la pandemia.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Camila Vallejo Dowling .

La señorita VALLEJO (doña Camila ) [vía telemática].-

Señor Presidente, por su intermedio quiero decir al diputado que me antecedió en el uso de la palabra que me parece legítimo y respetable que él haya establecido una confianza a ciegas en el Ministerio de Educación; pero somos millones los chilenos a quienes, luego de hacer un análisis y una reflexión más bien crítica de la gestión del gobierno, particularmente del Ministerio de Educación, nos parece correcto dar certeza y seguridad a través de la legislación a muchas familias, apoderados y apoderadas, profesores y profesoras, educadoras, asistentes de la educación y comunidades educativas, respecto de lo que pueda pasar con la educación de sus niños.

El Ministerio de Educación ha venido dando señales erradas. Si el colega no las quiere ver, es su decisión, por cierto legítima; pero, reitero, han existido señales equívocas desde el propio mes siguiente a la declaración de emergencia sanitaria producto de la pandemia. Se pretendió el retorno de los estudiantes a clases, primero, a fines de abril; luego, en mayo. Finalmente, se suspendió dicho retorno, pero bajo la constante intención de que se volviera a las aulas, pese a que las condiciones de seguridad no son en absoluto claras y, de hecho, han ido empeorando. Es lamentable que apuestas políticas como la nueva normalidad, el retorno seguro y otras barbaridades por el estilo impulsadas por el gobierno hayan tenido eco en los diseños del Ministerio de Educación, porque diversas entidades, como el Colegio de Profesores, la Sociedad Chilena de Pediatría, el Colegio Médico, entre otras, aconsejaron y siguen aconsejando no retornar a clases.

Es decir, hemos tenido un Ministerio de Educación que, al alero de las políticas del gobierno en su conjunto, ha tomado decisiones erráticas y hasta ha dicho cosas que, al final, no es capaz de cumplir.

Por lo tanto, este proyecto recoge la opinión de los expertos y la opinión de la comunidad, a fin de evitar sobreestresar a las comunidades educativas y a las familias de nuestro país, en dos cuestiones muy sencillas: no se puede aplicar la evaluación docente en este contexto, excepto a aquellos profesores y profesoras que sí quieran realizarla y lo soliciten por escrito. Es decir, aquí no se está impidiendo, en ningún caso, que los profesores y las profesoras realicen la evaluación docente si así lo quieren, aún en este contexto de crisis sanitaria y de pandemia. Eso es muy claro en este proyecto de ley; así está establecido.

Por otra parte, el Simce. Todos conocen nuestras críticas, y no solo las nuestras, respecto de esta forma de medición estandarizada, dada la nula respuesta del sistema educacional en torno al mejoramiento educativo con este instrumento, porque en verdad no ha servido para ese propósito. Y en el contexto actual, también el Colegio de Profesores, la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile, por medio de estudios y recomendaciones, así como Teresa Flores , experta en educación, y otros han señalado que no es pertinente realizar el Simce.

¿Cuál es la solución intermedia que se está proponiendo por ley? Que sea muestral, así como lo señaló el ministro de Educación; sin embargo, él todavía no lo concreta mediante ningún acto administrativo. Pero eso no impide que por ley podamos, entonces, colaborar con esa mirada y establecerlo, obviamente, como legisladores, como una política coherente con lo que está atravesando nuestro país.

Este poder legislativo tiene las facultades, tiene las atribuciones y la responsabilidad, atendiendo a las demandas ciudadanas, atendiendo a la dura realidad que están atravesando nuestras comunidades educativas, nuestros niños, niñas y adolescentes y sus familias, para legislar en esta materia, más aún cuando hemos recogido, incluso, opiniones de sectores oficialistas que hoy están apoyando esta iniciativa, como lo señaló el diputado Sergio Bobadilla .

Este es un proyecto coherente, que está sustentado en la opinión de expertos y también en las demandas de la comunidad, y que, además, no obliga a nadie a hacer algo que no desea hacer. Si algún establecimiento educacional desea someterse al Simce muestral, lo podrá hacer. Pero lo importante es que la legislación permita cierto grado de flexibilidad, es decir, que no establezca presiones y obligaciones innecesarias en este contexto. Si hay colegios que quieren someterse al Simce, lo pueden solicitar; este será de carácter muestral y no censal. Si hay profesores y profesoras que quieran realizar la evaluación docente, también lo pueden solicitar y se les aplicará la evaluación docente. Pero, como política general, debe establecerse la suspensión de estos instrumentos, porque no hay justificación ni razón pedagógica alguna para someter a la comunidad educativa a una obligación como esta.

Nuestra bancada, obviamente, votará favorablemente este proyecto. Esperamos que, cuanto antes, sea ley de la república.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Jaime Bellolio Avaria .

El señor BELLOLIO (vía telemática).-

Señor Presidente, este es un proyecto que, bajo la excusa de la pandemia, pretende hacer cosas completamente distintas. Eso es algo que se ha evidenciado en los discursos que hemos escuchado en la Sala. Hay quienes han hablado de la educación cartesiana; hay quienes han hablado de que no quieren evaluar absolutamente nada; hay quienes han hablado, incluso, de la nueva normalidad. O sea, este no es un proyecto que realmente tenga como objetivo solo decir que, durante la pandemia, no era apropiado hacer un Simce censal, es decir, que todos los estudiantes tuviesen que hacer dicha prueba. Lo dejan superclaro cuando han manifestado que están en contra de que las comunidades educativas puedan tener una forma de evaluarse y, de esta manera, puedan saber exactamente en qué aspectos -en Matemáticas, Lenguaje, Ciencias u otras asignaturastienen deficiencias.

Entonces, están en contra de que se pueda hacer un análisis profundo y elaborar políticas públicas que realmente vayan a mejorar y a remediar la situación de los estudiantes más vulnerables.

Ahora, en sus discursos han dicho: “Es que hay algunos científicos y algunos académicos que dicen que esta idea es muy buena”. Qué bueno que hayan cambiado de opinión, porque todas las políticas que hicieron durante el gobierno pasado eran completamente contrarias a lo que decía mucha de la evidencia que existía en el mundo e igualmente presentada por los mismos académicos con los que ellos dicen estar de acuerdo ahora.

Vamos a lo concreto. El proyecto original tenía como idea suspender el Simce, una cuestión que, obviamente, es de iniciativa exclusiva; sin embargo, ahora quedó completamente rebasado por la realidad. ¿Cuál es esta? El Ministerio de Educación ya dijo que este año no habrá un Simce censal, sino muestral. ¿Qué significa que sea muestral? Que es solamente un grupo de colegios el que, voluntariamente, accederá a hacer esta prueba. ¿Para qué servirá esto? Para saber cuál es la magnitud del efecto de la pandemia en los aprendizajes. He escuchado aquí a varios señores diputados que son verdaderos genios, extraordinarios, porque ya saben cuál es esa magnitud; ya saben, exactamente, cuántos son y dónde están los problemas de aprendizaje. Me encantaría que nos dijeran entonces exactamente cuáles son las definiciones de los próximos seis años. Es impresionante el nivel de soberbia con el cual algunos actúan y, también, el grado de anticiencia. Por ejemplo, un diputado, hace un rato, echó abajo toda la investigación en economía de la educación de un plumazo, con una soberbia infinita y de una manera completamente irrisoria. Lo invitaría a leer un par de papers, para que realmente se diera cuenta de qué exactamente se trata la economía de la educación, que no es el simplismo que el mencionó.

El Ministerio de Educación ya señaló que el Simce no será censal, sino muestral, lo que permitirá hacer las políticas adecuadas en adelante, salvo que algunos nos digan que lo mejor es dejarnos a ciegas. ¿O acaso nos dirán que ya sabemos que los sectores rurales están más afectados en Matemáticas que en Lenguaje? ¿Están más afectados en Ciencias Naturales que en Historia? ¿Sabemos que son los cursos más pequeños o los más grandes los perjudicados?

¿Sabemos que hay una brecha de género, o no la sabemos? ¿Sabemos que las familias donde hay más niños se han visto más afectadas o menos afectadas? ¿Cuál es la magnitud de ese efecto? De eso se trata hacer un Simce muestral, para poder hacer políticas educativas y no quedarnos a ciegas durante los próximos dos años, lo que perjudicaría solamente a los estudiantes más vulnerables, a los que tienen un menor capital cultural.

Entonces, este es un mal proyecto. En la UDI así lo dijimos varias veces, y por ello lo votaremos en contra.

El diputado Mirosevic dijo que había que cambiar la mirada sobre la educación. Eso es lo único en lo que estoy de acuerdo con él. ¿Por qué? Porque hasta hace un buen tiempo, lo que nos han planteado especialmente los que construyeron el currículum nacional de la Concertación es que la manera de medir este currículum es a través de un Simce que obligara a todas las escuelas a no tener un espacio en el que pudieran desarrollar una verdadera diversidad de proyectos educativos. Tanto fue así que cambiaron la Prueba de Aptitud Académica (PAA) por la Prueba de Selección Universitaria (PSU), como una especie de Simce de cuarto medio, que dejaba de lado todas las otras habilidades que son muy necesarias de poder medir. No porque algo se mida significa que pasa a ser estandarizado. Al respecto, invito al diputado Mirosevic a que lea un paper muy interesante de James Heckman , premio nobel de Economía, que se llama Cómo medir las habilidades blandas, para que vea que no se trata de la liviandad con la cual él destrozó teóricamente a la economía en la educación. Tiene razón en que la educación es para formar hombres y mujeres libres; es para sacar el máximo desarrollo humano en sus aspectos intelectuales, físicos y emocionales, que va mucho más allá de las pruebas estandarizadas.

Ahora, otra cosa completamente distinta es suponer que no debe haber pruebas estandarizadas, porque eso sería pretender dejarnos a ciegas. ¿A quién perjudica eso? A los estudiantes más vulnerables, los que viven en sectores rurales y a aquellos que, lamentablemente, cuentan con un bajo capital cultural en sus hogares.

Si ese es el objetivo que nos plantean algunos señores diputados, entonces voten a favor este proyecto; de lo contrario, lo que hay que hacer es votarlo en contra. Vuelvo a repetir, por tercera vez, que el gobierno ya ha dicho que este año no habrá un Simce censal, sino muestral, con el propósito de hacer una buena política pública en adelante.

Respecto de la evaluación docente, se ha configurado el hecho de fuerza mayor, de modo que ya es posible que los profesores suspendan la aplicación de la prueba. Eso ya se puede hacer por motivo de fuerza mayor, no por buena voluntad de parte del sostenedor. No obstante, los docentes que la quieran realizar, dado que algunos han planteado que estas condiciones les son más favorables para hacerla, lo podrán hacer.

Se invirtió la carga de la prueba en el proyecto, porque quienes han planteado lo anterior no están de acuerdo con que haya evaluaciones. Eso se debe a que no les importa lo que ocurra al interior de los colegios y no les importa lo que piensen los apoderados ni la política que se puede llegar a hacer a partir de esta evaluación.

Lamento que, a raíz de esta pandemia, algunos simplemente deseen pasar por el lado, como de contrabando, algunas ideas que ya han fracasado en otras partes. Si queremos hablar sobre la profundidad de la educación, hagámoslo, pero no dejemos a ciegas a la comunidad educativa, no dejemos a ciegas a los investigadores en educación, no dejemos a ciegas ni perjudiquemos a los estudiantes más vulnerables, porque después de la pandemia serán ellos quienes se verán afectados en su aprendizaje. Nuestro deber es lograr exactamente lo contrario.

En consecuencia, llamo a esta Sala a que nuevamente vote en contra este proyecto de ley.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Fidel Espinoza Sandoval .

El señor ESPINOZA (vía telemática).-

Señor Presidente, por su intermedio, saludo a todos los parlamentarios que están participando de esta sesión.

Este es un proyecto que es atingente a la realidad que estamos viviendo, el cual, tal como lo han dicho algunos colegas, no tiene su origen en una apreciación absolutamente unilateral de un grupo de parlamentarios que presentaron la moción, porque también participaron muchos expertos que coincidieron en que era necesario y fundamental que este año hubiese un proceso distinto, debido a la situación que se está viviendo en nuestro país y en el mundo, de la que la educación no ha estado exenta.

El diputado Bellolio nos acusa de actuar soberbiamente a quienes tenemos una posición distinta, solo por el hecho de manifestar nuestras diferencias en el ámbito educacional, las que, por lo demás, son absolutamente legítimas en democracia.

Por su parte, el diputado Pardo realizó una intervención llena de fanatismo, lo que no me sorprende en absoluto de su persona. Específicamente, dijo que es una mala práctica presentar este tipo de proyectos, que considera inconstitucionales. Por su intermedio, le diría al diputado Pardo que la mala práctica que existe en la política chilena es ir a golpear la espalda a los electores cuando se acerca una elección y después votar en contra de esos mismos electores en el Parlamento.

Con anterior no solo me refiero a este tipo de proyectos, porque esta semana ocurrió que el gobierno también quiere declarar inconstitucionales otro tipo de iniciativas que son tremendamente importantes para el devenir de nuestros compatriotas que están sufriendo, a pesar de que irían en beneficio de esos compatriotas, como el proyecto de ley que prohíbe el corte de suministros básicos, iniciativa que el Ejecutivo no quiere promulgar.

Seamos claros: el Simce es una prueba que lleva realizándose durante aproximadamente treinta años, que ha generado intensos debates en cuanto a su verdadera contribución a mejorar la calidad de la educación. Eso no lo vamos a resolver con la discusión de este proyecto.

Sin embargo, tal como lo señaló la diputada Camila Vallejo , así como otros parlamentarios, debemos entender que esta iniciativa no busca impedir la realización del Simce y de la evaluación docente, de manera que quienes quieran llevarlas a cabo lo podrán hacer. Lo que se debe tener claro es que este ha sido un año distinto, con complejidades enormes, que en el ámbito de la educación se han visto traducidas en clases desiguales para aquellos alumnos que no cuentan con las condiciones de conexión básicas. No es lo mismo vivir en una gran urbe y participar en clases mediante redes sociales o internet, que vivir, por ejemplo, en los sectores rurales como los que representamos en nuestra región.

El Simce es una prueba que ha permitido identificar las deficiencias que existen entre los estudiantes. Frente a ello, el Estado debe tener la obligatoriedad de implementar políticas públicas que tiendan a corregir esas profundas desigualdades.

Consideramos que este proyecto es importante, porque plantea que este año no se realice la prueba Simce , dadas las complejidades que está generando esta grave pandemia. Por eso, es muy extraño que algunos parlamentarios de derecha quieran legislar para defender otras materias, para defender a las grandes empresas, como Latam, pero que no vayan a los temas de fondo que hoy están afectando…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Hugo Rey .

El señor REY (vía telemática).-

Señor Presidente, he escuchado con atención las intervenciones de mis colegas diputados, quienes tienen razón en muchos aspectos que han planteado.

Respecto de la teoría educativa y de cómo esta se desarrolla, hay evidencias casi para todos los gustos. De allí que lo que necesitamos replicar en Chile es algo en lo que hemos estado trabajando y avanzando durante los últimos años, aunque no lo suficiente, porque siguen existiendo áreas muy sensibles en las que no nos hemos podido desarrollar como quisiéramos. Tal vez debido a eso estamos hoy bastante más abajo que de los países de la OCDE con los que nos comparamos, lo que nos debe llevar a reflexionar en cuanto a que hay aspectos en que tenemos que mejorar.

He sido crítico del Simce, como lo he señalado en varias oportunidades, porque considero que la educación frontal que se aplica en Chile no es la mejor, de manera que debiéramos cambiar algunos aspectos. Es un hecho que en materia educativa queda harto por avanzar y que muchos de los temas que hoy se han mencionado son totalmente ciertos.

Entre los países que tienen los mejores resultados en las evaluaciones internacionales está Singapur, que tiene una educación totalmente frontal y formal, muy similar a la educación chilena antigua. Finlandia, que tiene una educación completamente distinta, figura un poco más abajo. Por su parte, Estonia , cuya realidad se parece más a la chilena, es uno de los países con mejores resultados.

Por lo tanto, no nos podemos casar solo con una teoría educativa. Debemos ver qué nos conviene más como país y con qué teoría nos podríamos adaptar mejor.

Dicho esto, junto con aclarar que no me gusta el Simce, quiero señalar que lo que está proponiendo el gobierno es algo completamente distinto, porque no tendría las consecuencias que normalmente conlleva el Simce. Estamos hablando de que en general no habría consecuencias negativas ni positivas para las escuelas ni para los profesores, pero lo que se propone nos permitiría avanzar en políticas públicas, porque obtendríamos información.

Tal como lo señaló el diputado Espinoza , muchas familias vulnerables no tienen acceso a internet, a un notebook, a una tablet o a un celular que les permita a los niños acceder a la información que debieran tener a la mano. Lamentablemente, esas familias viven una situación completamente opuesta a la que todos quisiéramos, porque sabemos que existen otros lugares donde los niños tienen de todo para acceder a la educación. Incluso, hasta las madres o los padres tienen tiempo suficiente para estar con ellos y enseñarles. Esas son diferencias que hoy marcan la realidad del país.

Sabemos dónde ocurre eso, porque, como lo dijo el diputado Jaime Bellolio , existen sectores rurales muy alejados de los radios urbanos, en los que las personas no tienen acceso a internet o a los medios necesarios. Eso habla de que tenemos muchas zonas en las cuales las deficiencias de la educación se notan y se enmarcan más abruptamente.

¿Queremos saber dónde está eso? Bueno, por desgracia, los que están en contra del Simce no quieren saberlo. Lo lamento, porque a pesar de ser un enemigo de esa prueba como se la conoce normalmente, creo que esta es completamente distinta: diagnosticará la realidad del país; no será censal, sino muestral, como lo planteé en un comienzo.

Hay diputados que hablan de los teóricos, los estadísticos, los expertos que trajeron a la comisión. La verdad es que varios de ellos dijeron que tener información para tomar decisiones es importante, y es un poco lo que hará el Simce. Ellos mismos los trajeron, y todos los escuchamos.

Algunos de esos expertos señalaron que el Simce no podía ser muestral, que no podía ser un diagnóstico, pero parece que estaban equivocados. Entonces, hablar de expertos, de gente que sabe, da para mucho. Lo único cierto -ese es el llamado que hagoes que debemos saber dónde tenemos las problemáticas hoy en Chile, dónde están los alumnos, los niños más vulnerables, los que más nos necesitan, para poder ir hacia ellos con políticas públicas especialmente diseñadas. Sin embargo, para hacer eso necesitamos los datos. En ese sentido, este Simce, que es completamente distinto a los anteriores, constituye una herramienta que claramente favorecerá el desarrollo de estas políticas públicas que van encaminadas a quienes realmente queremos ayudar: los niños más vulnerables.

A los jóvenes más privilegiados, que probablemente tienen más recursos de todo tipo, que tienen a sus familias a su lado, que cuentan con computador, con acceso a internet, que pueden estudiar y hasta pagar clases particulares online, les da lo mismo si hay Simce o no, ya que son aventajados. A los no aventajados es precisamente a quienes queremos ayudar, pero para eso debemos identificarlos, saber dónde están.

No creo que ninguno de quienes me están escuchando en este momento no quiera ir en ayuda de esos niños y jóvenes que hoy nos necesitan. Pero ¿cómo sabremos dónde están si no somos capaces de generar un instrumento que nos permita tener esa información?

El Simce actual, que es diagnóstico y muestral, nos puede ayudar fuertemente a identificar cuáles son los lugares críticos, dónde están los grupos vulnerables que necesitan de nuestro apoyo y ayuda. Eso es importante.

Por eso estoy en contra de la iniciativa planteada, además de que es inconstitucional por donde se la mire. La ley es bastante clara al respecto. La presentación de este proyecto es una atribución exclusiva del Presidente de la República, lo que está más que claro…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Ha terminado su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Gonzalo Winter Etcheberry .

El señor WINTER (vía telemática).-

Señor Presidente, intentaré parlamentar sinceramente. Claramente, en esta discusión estamos hablando de tres cosas distintas.

En primer lugar, de las pruebas estandarizadas y el concepto de educación, esto es, qué entendemos por educación y cuál es el objetivo de la sociedad al educar.

En segundo término, y más fácil, ¿es eficiente llevar a cabo el Simce y la evaluación docente hoy, en el contexto de la pandemia?

En tercer lugar, y más sencillo aún, si fuera necesario cambiar el Simce y la evaluación docente, ¿es necesario hacerlo por ley?

Voy a la primera cuestión, porque incluso quienes dicen que no hay que discutir sobre eso hoy también lo han hecho.

Sí, es cierto en parte, no en todo su discurso, lo que dicen los diputados Pardo , Bellolio y Rey respecto a que hemos estado en contra del rol que juegan estas pruebas estandarizadas, y en particular el Simce, porque creemos que lejos de servir para objetivos educativos, modela toda la educación escolar en torno a criterios de rendimiento que, a nuestro juicio, son incapaces de comprender la complejidad de la actividad educativa y apuntan a la clasificación de un mercado y no a la calidad -esa palabra tampoco me gusta muchoni al interés superior de nuestros niños, niñas y adolescentes, ni a un proyecto nacional de desarrollo.

Ahora bien, ¿es pertinente decir lo que acabo de decir en una discusión como esta? Sí, porque eso nos lleva directamente a la segunda discusión: ¿es necesario, es eficiente aplicar el Simce y la evaluación docente en el contexto de la pandemia? Ambas discusiones se relacionan, porque la mayoría de las razones que tenemos para estar en contra de la forma en que se estructuran el Simce y la evaluación docente, como el estrés, el modelar el proceso educativo hacia ella, se aplican con mayor crudeza en el contexto de la pandemia.

No hay que extenderse más en esto, porque pienso que pasará a ser parte de las anécdotas de esta pandemia y de su impredecibilidad el hecho de que, con hospitales colapsados, con el mismo Congreso funcionando telemáticamente, con el Ejército repartiendo comida en las calles, queríamos gastar plata en el Simce. Creo que eso será simplemente una anécdota.

El problema es que no fue fácil, pues con un obstruccionismo enorme de parte del oficialismo tuvimos que hacer avanzar esta idea. Fue tal el obstruccionismo, que pensamos en contratar al diputado Alejandro Santana para que viniera a decir “obstruccionismo”, que es lo que generalmente dice en todas las discusiones. Pero luego de un gallito, en el que el Congreso perdió mucho tiempo, accedieron […]

Eso nos lleva a la tercera discusión: ¿es necesario que la suspensión en cuestión se haga por ley o puede hacerlo el gobierno, en este problema de gestión política en que es incapaz de parlamentar con el Parlamento, mediante un mero acto administrativo?

Déjenme decir una cosa; esta respuesta es muy sencilla. El Simce se encuentra establecido por ley y sus consecuencias también. Tiene consecuencias en los bonos a docentes, en la ley SEP, en el financiamiento de la subvención escolar preferencial; en la ley SAC, en la ordenación, la categorización, etcétera. No me refiero a cualquier ley, sino a las Nos 19.410, 20.248 y 20.529.

Por lo tanto, si no han querido modificar esas leyes, ¿por qué yo tendría que creer que con un mero acto administrativo, que será de un rango normativo inferior, cambiarán las cosas?

Aquí falta una gestión política por parte del gobierno, que parlamente con el Parlamento, que es lo que le posibilitará gobernar, cosa que no está logrando hoy.

He dicho.

-Los puntos suspensivos corresponden a interrupciones en la transmisión telemática.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Juan Santana Castillo .

El señor SANTANA (don Juan) [vía telemática].-

Señor Presidente, una semana atrás, mientras discutíamos el primer informe de este proyecto de ley, muchos parlamentarios recibimos el pantallazo de un e-mail de la Agencia de Calidad de la Educación que anunciaba la suspensión del Simce para el año 2020, criterio que considero absolutamente correcto, pero que lamento que haya nacido de forma tan tardía, provocando incertidumbre y tensión en las comunidades escolares.

Aún quedan preguntas sin respuesta. Por ejemplo, ¿qué pasará con los recursos asignados a la prueba Simce? ¿En qué se utilizará ese presupuesto? ¿Por qué vía legal se harán las modificaciones que propone el ministerio? Ciertamente, esperamos que la plata del negocio del Simce se dirija a las y los estudiantes más vulnerables, que hoy lo están pasando sumamente mal.

Desde hace ya bastantes años ha quedado de manifiesto la poca idoneidad de la prueba Simce para contribuir en el aprendizaje. Muy por el contrario, ha generado enormes brechas entre algunas escuelas y otras, y una competencia y una desigualdad permanentes entre los establecimientos públicos y privados, avaladas por el Estado y por una concepción de la educación como un bien de consumo.

A pesar de los anuncios del gobierno, aún tiene sentido que el proyecto que estamos revisando hoy sea tramitado y aprobado por esta Cámara, porque establece la suspensión de otra prueba bastante cuestionada, que es la evaluación docente. Lo hemos dicho desde un principio: pedimos la suspensión de esa prueba no solo porque nos parezca que constituye una vulneración a la integridad psíquica de las y los profesores, sino también porque en los hechos es impracticable, puesto que se basa principalmente en las labores que realizan los docentes en el aula.

Esta iniciativa deja abierta la posibilidad para que todo profesional que quiera ser sometido a la evaluación docente lo solicite libremente, pero en ningún caso se verá obligado a rendirla, dadas las complejas condiciones en que se llevan adelante las clases online. Ello nos parece de toda justicia, puesto que situaciones de hacinamiento, de mala conexión a internet, de sobrecarga laboral y familiar y muchos otros problemas que nacen de la profunda desigualdad que exhibe nuestro país podrían generar graves consecuencias en la continuidad laboral de un profesional de la educación si el gobierno no tiene especial consideración de las circunstancias que estamos viviendo.

Simplemente no están dadas las condiciones, y la porfía del gobierno de insistir en volver a la normalidad e instaurar a la fuerza un retorno seguro ha costado vidas. La porfía de cometer errores solo por ganar un gallito comunicacional ha costado la vida de casi 7.000 personas en nuestro país.

¡Basta ya de querer llegar hasta las últimas consecuencias solo para demostrar que pueden hacerlo! De una vez por todas, comiencen a tomar el tema con seriedad y a dar lineamientos claros a las comunidades educativas. En el fondo, la razón por la que han salido tantos proyectos de ley en esta materia es que no hay pronunciamientos claros desde las autoridades del gobierno; más bien hay desidia por gobernar e improvisación en la toma de decisiones.

Estaremos atentos a la forma en que se redistribuirán los recursos Simce y los de la evaluación docente, porque esperamos que vayan a quienes más los necesitan.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el ministro de Educación, señor Raúl Figueroa .

El señor FIGUEROA (ministro de Educación) [vía telemática].-

Señor Presidente, voy a repetir algunos conceptos que se señalaron en la comisión y que también abordé en la sesión anterior en relación con este proyecto, cuando se discutió en general. Creo que es importante hacer énfasis en esos aspectos para despejar temas importantes del debate.

Lo primero, y aunque parezca majadero a estas alturas, es insistir en el carácter inadmisible de la moción que se está tramitando. Es inadmisible, toda vez que lo que hace es intervenir en las funciones y atribuciones del Ejecutivo, dado que crea funciones y atribuciones para ciertos servicios públicos, específicamente para el Ministerio de Educación y la para la Agencia de Calidad de la Educación, y eso, como se sabe, forma parte de las atribuciones exclusivas del Presidente de la República.

Esto es importante siempre, por una cuestión de necesario rigor constitucional que todos estamos obligados a mantener y respetar, pero además es particularmente relevante en este proyecto, porque se notan los efectos negativos de legislar al margen de lo que la Constitución nos guía.

Me refiero, en concreto, a lo que se ha señalado respecto de una suspensión de la evaluación docente. Como ustedes ya saben, la normativa actualmente vigente permite que, dadas ciertas condiciones, que hoy se cumplen, los docentes que quieran suspender la evaluación puedan hacerlo y que quienes deseen evaluarse, puedan pasar por ese proceso.

El Ministerio de Educación ha tomado todas las medidas para que eso ocurra, es decir, para que quienes quieran suspender, lo hagan, y quienes quieran evaluarse, también puedan hacerlo. La normativa vigente permite generar un proceso para que eso sea efectivo.

Si se aprobase el proyecto que hoy se está discutiendo en esta materia, solo se generarían distorsiones e incertidumbre respecto del objetivo que, entiendo, todos compartimos, que es que, en un año tan complejo como este, los docentes que no estén en condiciones de evaluarse, puedan suspender la evaluación. Ello se debe a que el proyecto, por tratar sobre una materia que es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, no entra en el detalle de cómo deberá implementarse esa suspensión.

Ese detalle está hoy presente en lo que el ministerio está aplicando, pero, de aprobarse esta norma, eso quedaría sin efecto y, por lo tanto, en vez de colaborar con un razonable proceso de suspensión de la evaluación docente este año, por razones de fuerza mayor, estaríamos generando un mar de incertidumbres para los docentes.

Eso lo pongo como un ejemplo concreto de lo importante que es respetar el rigor de la tramitación de la ley, de acuerdo a lo que señala la Constitución, no solo por una cuestión obviamente fundamental, que es respetar esa norma y seguir ese curso, sino, además, porque no respetarla trae consecuencias complejas.

Creemos que es importante no perder eso de vista.

Respecto del fondo de lo que estamos discutiendo, no voy a entrar en la discusión que aquí se ha planteado, aunque me parece interesante y legítima, de la conveniencia o no de contar con la evaluación docente, en términos generales, o de un sistema de evaluación e información a través del Simce. Por supuesto que valoramos que existan esos instrumentos, valoramos que exista una necesaria información del sistema educativo y valoramos también que exista un mecanismo para medir el desempeño de los profesores, porque creemos que es fundamental y ha sido un tremendo aporte para el desarrollo del sistema educacional chileno.

Es interesante, porque, por ejemplo, quienes son críticos del Simce, fundan sus críticas en la misma información que entrega el Simce. Dicen, por ejemplo, que el Simce no ha servido para mejorar la calidad de la educación y citan los antecedentes del Simce para demostrar las brechas existentes o las dificultades que tiene nuestro sistema.

Por lo tanto, creo que esa discusión es interesante y hay que mantenerla, pero, ciertamente, no es lo que estamos discutiendo acá. Acá estamos discutiendo si es necesario legislar sobre algo respecto de lo cual el Ejecutivo ya tiene atribuciones y las está ejerciendo.

En el caso específico del Simce -lo han reconocido, afortunadamente, todos los diputados que han intervenido-, el Ministerio de Educación ha dejado muy claro que este año la evaluación tendrá un carácter estrictamente muestral, que será voluntario para los establecimientos participar en esa muestra y que, a consecuencia de ello, no habrá efectos para las escuelas y liceos.

Las normas que facultan al ministerio y a la agencia para tomar esas medidas están en la Ley General de Educación y en la ley que establece el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación. Por lo tanto, no cabe duda de que el Ejecutivo tiene esas facultades, no hay dudas de lo que se va a hacer, porque se ha dicho en reiteradas oportunidades, incluso en esta misma Sala, y los actos administrativos para que eso ocurra, obviamente, van a ir generándose en la medida en que los plazos así lo indiquen.

En consecuencia, legislar sobre esta materia genera distorsiones e incertidumbre respecto de las atribuciones que tienen el Ministerio de Educación y la Agencia de Calidad de la Educación y no aporta nada nuevo. Por eso, estamos convencidos de que no es razonable legislar sobre esta materia, porque no se cumple el rigor constitucional y porque se generan disposiciones que, a su vez, generan ambigüedades respecto de cuáles son las atribuciones de los órganos del Estado, cuestión que me imagino no es la intención de los honorables diputados y diputadas.

Lo mismo ocurre respecto de la evaluación docente -ya lo señalaba hace un rato-; esto lo saben los profesores, pues lo hemos conversado con el Colegio de Profesores. El docente que este año quiera suspender su evaluación, podrá hacerlo, y quien quiera evaluarse, podrá hacerlo.

Eso está establecido en la normativa vigente. Los mecanismos para que eso ocurra se han bajado adecuadamente a las comunidades. Aprobar el proyecto generará distorsiones, dado que no señala cómo se procederá en la forma en que se pretende, lo que sí ocurre hoy con la bajada que el Ministerio de Educación está haciendo sobre este punto.

Para terminar, insisto en la inadmisibilidad de esta propuesta. Además, es curioso que, si ya se había rechazado la idea de legislar sobre el tema del Simce, hoy estemos discutiendo lo mismo en particular.

Por lo tanto, el proyecto es inadmisible y, sobre todo, genera distorsiones en la forma en que estamos abordando, adecuadamente, estas inquietudes que hoy nos presenta la covid-19. Creemos que legislar sobre este punto no es conveniente; lo que hay que hacer es apegarse a la normativa que hoy existe, que nos permite tener una evaluación muestral y voluntaria y una evaluación docente enfocada en aquellos profesores que deseen evaluarse.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Cerrado el debate.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de ley en los siguientes términos:

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Corresponde votar en particular el proyecto de ley, iniciado en moción, que suspende la aplicación de la Evaluación Docente y de las pruebas del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (Simce), correspondientes al año 2020, debido a la pandemia de covid-19.

El artículo segundo del proyecto queda aprobado ipso jure, por no haber sido objeto de indicaciones en la discusión del primer informe ni de modificaciones en el segundo informe, en virtud de lo dispuesto en el artículo 131 del Reglamento de la Corporación.

Corresponde votar en particular el artículo 1 del proyecto de ley en los términos propuestos por la Comisión de Educación, tanto en su primer como en su segundo informe.

En votación.

-De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento, el señor Secretario tomó de viva voz, por el sistema telemático, las votaciones de los diputados Jaime Mulet , Tucapel Jiménez , Camila Rojas y Daniella Cicardini .

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 88 votos; por la negativa, 37 votos. Hubo 24 abstenciones.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas , Florcita Garín González , Renato Mix Jiménez , Claudia Saldívar Auger , Raúl Álvarez Vera , Jenny Girardi Lavín , Cristina Monsalve Benavides , Manuel Santana Castillo, Juan Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo González Gatica , Félix Morales Muñoz , Celso Santibáñez Novoa , Marisela Ascencio Mansilla , Gabriel González Torres , Rodrigo Mulet Martínez , Jaime Schilling Rodríguez , Marcelo Auth Stewart , Pepe Gutiérrez Gálvez , Hugo Muñoz González , Francesca Sepúlveda Orbenes , Alejandra Barrera Moreno , Boris Hernando Pérez , Marcela Naranjo Ortiz , Jaime Sepúlveda Soto , Alexis Bernales Maldonado , Alejandro Hertz Cádiz , Carmen Norambuena Farías , Iván Silber Romo , Gabriel Bianchi Retamales , Karim Hirsch Goldschmidt , Tomás Núñez Arancibia , Daniel Soto Ferrada , Leonardo Bobadilla Muñoz , Sergio Ibáñez Cotroneo , Diego Nuyado Ancapichún , Emilia Soto Mardones , Raúl Brito Hasbún , Jorge Ilabaca Cerda , Marcos Olivera De La Fuente , Erika Teillier Del Valle, Guillermo Calisto Águila , Miguel Ángel Jackson Drago , Giorgio Orsini Pascal , Maite Tohá González , Jaime Cariola Oliva , Karol Jarpa Wevar , Carlos Abel Ortiz Novoa, José Miguel Torres Jeldes , Víctor Carvajal Ambiado , Loreto Jiles Moreno , Pamela Parra Sauterel , Andrea Troncoso Hellman , Virginia Castillo Muñoz , Natalia Jiménez Fuentes , Tucapel Pérez Arriagada , José Vallejo Dowling , Camila Castro González, Juan Luis Labra Sepúlveda , Amaro Pérez Olea , Joanna Van Rysselberghe Herrera , Enrique Celis Araya , Ricardo Lavín León , Joaquín Pérez Salinas , Catalina Velásquez Núñez , Esteban Cicardini Milla , Daniella Leiva Carvajal , Raúl Prieto Lorca , Pablo Venegas Cárdenas , Mario Crispi Serrano , Miguel Lorenzini Basso , Pablo Rocafull López , Luis Verdessi Belemmi , Daniel Díaz Díaz , Marcelo Marzán Pinto, Carolina Rojas Valderrama , Camila Vidal Rojas , Pablo Espinoza Sandoval , Fidel Mellado Pino , Cosme Rosas Barrientos , Patricio Walker Prieto , Matías Fernández Allende , Maya Meza Moncada , Fernando Saavedra Chandía , Gastón Winter Etcheberry , Gonzalo Flores García , Iván Mirosevic Verdugo , Vlado Saffirio Espinoza , René Yeomans Araya, Gael

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alessandri Vergara , Jorge García García, René Manuel Macaya Danús , Javier Sanhueza Dueñas , Gustavo Castro Bascuñán, José Miguel Hoffmann Opazo , María José Melero Abaroa , Patricio Santana Tirachini , Alejandro Del Real Mihovilovic , Catalina Jürgensen Rundshagen , Harry Moreira Barros , Cristhian Schalper Sepúlveda , Diego Desbordes Jiménez , Mario Kast Sommerhoff , Pablo Pardo Sáinz , Luis Torrealba Alvarado , Sebastián Durán Salinas , Eduardo Kort Garriga , Issa Paulsen Kehr , Diego Undurraga Gazitúa , Francisco Eguiguren Correa , Francisco Kuschel Silva , Carlos Pérez Lahsen , Leopoldo Urrutia Bonilla , Ignacio Flores Oporto , Camila Leuquén Uribe , Aracely Ramírez Diez , Guillermo Urrutia Soto , Osvaldo Fuenzalida Figueroa , Gonzalo Longton Herrera , Andrés Rey Martínez , Hugo Urruticoechea Ríos , Cristóbal Gahona Salazar , Sergio Luck Urban , Karin Romero Sáez , Leonidas Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Galleguillos Castillo, Ramón

-Se abstuvieron los diputados señores:

Álvarez Ramírez , Sebastián Celis Montt , Andrés Hernández Hernández , Javier Rathgeb Schifferli , Jorge Amar Mancilla , Sandra Cid Versalovic , Sofía Keitel Bianchi , Sebastián Rentería Moller , Rolando Baltolu Rasera , Nino Coloma Álamos, Juan Antonio Mellado Suazo , Miguel Sabag Villalobos , Jorge Barros Montero , Ramón Cruz-Coke Carvallo , Luciano Molina Magofke , Andrés Sabat Fernández , Marcela Berger Fett , Bernardo Durán Espinoza , Jorge Núñez Urrutia , Paulina Sauerbaum Muñoz , Frank Carter Fernández , Álvaro Fuenzalida Cobo , Juan Ossandón Irarrázabal , Ximena Trisotti Martínez, Renzo

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Corresponde votar en particular el nuevo artículo transitorio propuesto por la Comisión de Educación en su segundo informe.

Hago presente a la Sala que requiere para su aprobación el voto favorable de 89 señores diputados y señoras diputadas en ejercicio.

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor ROJAS (Secretario accidental).-

Hago presente a la Sala que, dado que su aprobación requiere quorum de ley orgánica constitucional, quienes estén pareados pueden votar, de acuerdo con la práctica establecida por la Corporación.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

En votación.

-De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento, el señor Secretario tomó de viva voz, por el sistema telemático, las votaciones de los diputados Jaime Mulet , Tucapel Jiménez , Daniella Cicardini , Leonidas Romero y Carlos Kuschel .

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 88 votos; por la negativa, 43 votos. Hubo 19 abstenciones.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Rechazado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas , Florcita Garín González , Renato Mirosevic Verdugo , Vlado Saldívar Auger , Raúl Álvarez Vera , Jenny Girardi Lavín , Cristina Mix Jiménez , Claudia Santana Castillo, Juan Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo González Gatica , Félix Monsalve Benavides , Manuel Santibáñez Novoa , Marisela Ascencio Mansilla , Gabriel González Torres , Rodrigo Morales Muñoz , Celso Schilling Rodríguez , Marcelo Auth Stewart , Pepe Gutiérrez Gálvez , Hugo Mulet Martínez , Jaime Sepúlveda Orbenes , Alejandra Barrera Moreno , Boris Hernando Pérez , Marcela Naranjo Ortiz , Jaime Sepúlveda Soto , Alexis Bernales Maldonado , Alejandro Hertz Cádiz , Carmen Norambuena Farías , Iván Silber Romo , Gabriel Bianchi Retamales , Karim Hirsch Goldschmidt , Tomás Núñez Arancibia , Daniel Soto Ferrada , Leonardo Bobadilla Muñoz , Sergio Ibáñez Cotroneo , Diego Nuyado Ancapichún , Emilia Soto Mardones , Raúl Brito Hasbún , Jorge Ilabaca Cerda , Marcos Olivera De La Fuente , Erika Teillier Del Valle, Guillermo Calisto Águila , Miguel Ángel Jackson Drago , Giorgio Orsini Pascal , Maite Tohá González , Jaime Cariola Oliva , Karol Jarpa Wevar , Carlos Abel Ortiz Novoa, José Miguel Torres Jeldes , Víctor Carvajal Ambiado , Loreto Jiles Moreno , Pamela Parra Sauterel , Andrea Troncoso Hellman , Virginia Castillo Muñoz , Natalia Jiménez Fuentes , Tucapel Pérez Arriagada , José Vallejo Dowling , Camila Castro González, Juan Luis Labra Sepúlveda , Amaro Pérez Olea , Joanna Van Rysselberghe Herrera , Enrique Celis Araya , Ricardo Lavín León , Joaquín Pérez Salinas , Catalina Velásquez Núñez , Esteban Cicardini Milla , Daniella Leiva Carvajal , Raúl Prieto Lorca , Pablo Venegas Cárdenas , Mario Crispi Serrano , Miguel Lorenzini Basso , Pablo Rocafull López , Luis Verdessi Belemmi , Daniel Díaz Díaz , Marcelo Marzán Pinto, Carolina Rojas Valderrama , Camila Vidal Rojas , Pablo Espinoza Sandoval , Fidel Matta Aragay , Manuel Rosas Barrientos , Patricio Walker Prieto , Matías Fernández Allende , Maya Mellado Pino , Cosme Saavedra Chandía , Gastón Winter Etcheberry , Gonzalo Flores García, Iván Meza Moncada , Fernando Saffirio Espinoza , René Yeomans Araya, Gael.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Alessandri Vergara , Jorge Desbordes Jiménez , Mario Kuschel Silva , Carlos Romero Sáez , Leonidas Amar Mancilla , Sandra Durán Salinas , Eduardo Luck Urban , Karin Sanhueza Dueñas , Gustavo Baltolu Rasera , Nino Eguiguren Correa , Francisco Macaya Danús , Javier Santana Tirachini , Alejandro Barros Montero , Ramón Flores Oporto , Camila Melero Abaroa , Patricio Schalper Sepúlveda , Diego Bellolio Avaria , Jaime Fuenzalida Cobo , Juan Moreira Barros , Cristhian Torrealba Alvarado , Sebastián Castro Bascuñán, José Miguel Gahona Salazar , Sergio Núñez Urrutia , Paulina Trisotti Martínez , Renzo Celis Montt , Andrés García García, René Manuel Pardo Sáinz , Luis Undurraga Gazitúa , Francisco Cid Versalovic , Sofía Hoffmann Opazo , María José Paulsen Kehr , Diego Urrutia Bonilla , Ignacio Coloma Álamos, Juan Antonio Jürgensen Rundshagen , Harry Pérez Lahsen , Leopoldo Urrutia Soto , Osvaldo Cruz-Coke Carvallo , Luciano Kast Sommerhoff , Pablo Ramírez Diez , Guillermo Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Del Real Mihovilovic , Catalina Kort Garriga, Issa Rey Martínez, Hugo.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Álvarez Ramírez , Sebastián Hernández Hernández , Javier Molina Magofke , Andrés Sabag Villalobos , Jorge Berger Fett , Bernardo Keitel Bianchi , Sebastián Muñoz González , Francesca Sabat Fernández , Marcela Carter Fernández , Álvaro Leuquén Uribe , Aracely Ossandón Irarrázabal , Ximena Sauerbaum Muñoz , Frank Durán Espinoza , Jorge Longton Herrera , Andrés Rathgeb Schifferli , Jorge Urruticoechea Ríos , Cristóbal Fuenzalida Figueroa , Gonzalo Mellado Suazo , Miguel Rentería Moller, Rolando.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Despachado el proyecto al Senado.

VALPARAÍSO, 24 de junio de 2020

Oficio N° 15.641

A S.E. LA PRESIDENTA DEL H. SENADO

Con motivo de la moción, informes y demás antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V.E., la Cámara de Diputados ha aprobado el proyecto de ley que suspende la aplicación de la Evaluación Docente y de las pruebas del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (Simce), correspondientes al año 2020, debido a la pandemia de Covid-19, correspondiente al boletín N° 13.554-04, del siguiente tenor:

“PROYECTO DE LEY

Artículo 1.- Suspéndese la realización de la Evaluación Docente que contempla el artículo 70 de la ley N° 19.070, que aprueba el Estatuto de los Profesionales de la Educación, y la ley N° 20.903, que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente y modifica otras normas, por el año 2020, debido a la pandemia mundial de Covid-19. Los profesionales de la educación a quienes les correspondía realizar la evaluación docente el año 2020 podrán evaluarse el año 2021.

Artículo 2.- Lo dispuesto en el artículo anterior no impide realizar la evaluación docente que contempla el artículo 70 de la ley N° 19.070, durante el período 2020, a los profesionales de la educación que manifiesten expresamente su voluntad de realizarla, por escrito, ya sea físicamente o por medios electrónicos, ante el Jefe del Departamento de Administración Municipal de Educación, el Director de la Corporación de Educación Municipal, el Director Ejecutivo del Servicio Local respectivo o el sostenedor del establecimiento particular subvencionado, quienes informarán al Ministerio de Educación.”.

*****

Dios guarde a V.E.

FRANCISCO UNDURRAGA GAZITÚA

Presidente (A) de la Cámara de Diputados

LUIS ROJAS GALLARDO

Secretario General (S) de la Cámara de Diputados

?

INFORME DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que suspende la aplicación de la Evaluación Docente y de las pruebas del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE), correspondientes al año 2020, debido a la pandemia de Covid-19.

BOLETÍN Nº 13.554-04.

____________________________________

HONORABLE SENADO:

La Comisión de Educación y Cultura tiene el honor de informar respecto del proyecto de ley de la referencia, iniciado en moción de los Honorables Diputados señoras Camila Rojas y Camila Vallejo y señores Rodrigo González y Juan Santana.

A una o más sesiones en que se discutió este proyecto de ley concurrió, además de sus miembros, el Honorable Senador señor Navarro.

Concurrieron, además, especialmente invitados:

Del Ministerio de Educación: el Subsecretario, señor Jorge Poblete; el Secretario Ejecutivo de la Agencia de la Calidad de la Educación, señor Daniel Rodríguez y la directora del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas del Ministerio de Educación (CPEIP), señora Francisca Díaz.

Del Colegio de Profesores de Chile A.G.: el Presidente Nacional, señor Mario Aguilar y el Primer Vicepresidente, señor Guido Reyes; el Presidente del Colegio de Profesores de la Región del Libertador General Bernardo O´Higgins, señor Roberto Villagra y del Colegio de Profesores de Copiapó, el Dirigente, señor Carlos Rodríguez.

Del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva y PACES de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso: el Investigador Principal de línea "Políticas y Prácticas de Gestión", Profesor Titular de la Escuela de Psicología y director del Doctorado en Psicología de esa casa de estudios, señor Vicente Sisto.

De Acción Educar: la Directora Ejecutiva, señora Magdalena Vergara.

De Aptus Chile: el Gerente General, señor Rodrigo López.

De la Corporación APRENDER, su Directora Ejecutiva y ex Ministra de Educación, señora Mariana Aylwin.

- - -

OBJETIVO DEL PROYECTO

Suspender la realización de la Evaluación Docente, por el año 2020, debido a la pandemia mundial de COVID-19, posponiendo dicho proceso para el año 2021, sin perjuicio de realizarla respecto los profesionales de la educación que manifiesten expresamente su voluntad en ese sentido.

- - -

ANTECEDENTES

Para el debido estudio de este proyecto de ley, se han tenido en consideración, entre otros, los siguientes:

I.- DE DERECHO

1.- Ley N° 19.070, que aprueba el Estatuto de los Profesionales de la Educación.

2.- Ley N° 20.903, que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente y modifica otras normas.

II.- DE HECHO

Moción.

Señalan los autores que el país enfrenta una pandemia mundial sin precedentes en la historia humana. La nueva cepa de coronavirus, denominado “Coronavirus-2”, del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV2), también conocido como la enfermedad “COVID-19”, se ha expandido por el planeta, infectado a más de 4.097.158 personas a la fecha, con un saldo de 282.495 muertos. Chile tiene, al día de hoy [1], 28.866 infectados y 312 fallecidos (cifras a mayo de 2020). La pandemia ha obligado a la totalidad de los países afectados a suspender la asistencia a clases en todos los niveles del sistema educacional, como medida preventiva para evitar contagios masivos que colapsen sus sistemas de salud. Se estima, continúa la moción, que 1.600 millones de niños y jóvenes no asisten a la escuela en el mundo por la pandemia, lo que representa cerca del 80% de los estudiantes en edad escolar a nivel global. La interrupción del año escolar ha alterado por completo la vida de niños, padres y maestros.

Considerando lo anterior, afirman los autores, el Ministerio de Educación ha entregado señales equívocas sugiriendo, por ejemplo, que el retorno a clases de los estudiantes debió ser a fines del mes de abril. Aún más, persiste en la idea al convocar a miles de profesores para dar inicio al “Proceso 2020” de la Evaluación Docente. Sin perjuicio de lo anterior, el Ejecutivo tampoco ha dado señales claras en orden a suspender la realización de las pruebas SIMCE, dado que, de acuerdo a la moción, carece de todo sentido realizarla en el contexto de emergencia.

De acuerdo a los argumentos enunciados, declaran los autores que el artículo 70 de la Ley N° 19.070, que aprueba el Estatuto de los Profesionales de la Educación y la Ley N° 20.903, que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente y modifica otras normas, establece que “los docentes de aula deben someterse a un programa de evaluación profesional cada cuatro años.” Dicho programa considera la evaluación del trabajo del profesor en el aula, el que no es posible verificar. Resulta evidente, luego, que carece de todo sentido iniciar un proceso de evaluación de los profesionales de la educación, que no podrá medir uno de sus principales componentes por las consecuencias de la pandemia. Declaran los autores que cabe tener presente que, en todo caso, el Reglamento sobre Evaluación Docente considera en su artículo 7, letra a), que “se podrá, a solicitud del docente suspender la evaluación para el año inmediatamente siguiente, en los casos de fuerza mayor.” Por su parte, continúa la moción, el artículo 37 de la Ley N° 20.370, que establece la Ley General de Educación, prescribe que le corresponderá a la Agencia de la Calidad diseñar e implementar el sistema nacional de evaluación de logros de aprendizaje, el cual debe verificar el grado de cumplimiento de los objetivos generales por medio de la medición de estándares de aprendizaje referidos a las bases curriculares nacionales de educación básica y media. En virtud de dicho mandato legal, la Agencia de Calidad de la Educación ha implementado las pruebas SIMCE.

En este contexto, las pruebas SIMCE (Sistema de Medición de la Calidad de la Educación), corresponden a una evaluación de aprendizaje que aborda el logro de los contenidos y habilidades del currículo vigente en diferentes asignaturas y áreas de aprendizaje, y que se aplica a todos los estudiantes del país que cursan los niveles evaluados. La Ley General de Educación dispone que las evaluaciones nacionales e internacionales se desarrollarán de acuerdo a un plan de, a lo menos, cinco años, elaborado por el Ministerio de Educación, aprobado previo informe favorable del Consejo Nacional de Educación. Este plan deberá considerar las áreas curriculares que son objeto de evaluación, los grados de educación básica y media que son medidos, la periodicidad de la evaluación y las principales desagregaciones y los modos de informar resultados. Las asignaturas que actualmente se evalúan son: Lenguaje y Comunicación (Comprensión de Lectura y Escritura); Matemática; Ciencias Naturales; Historia, Geografía y Ciencias Sociales e Inglés. Las pruebas se aplican a estudiantes de 2°, 4°, 6°, 8° básico, II Y III medio, y se informa oportunamente a los establecimientos las asignaturas que serán evaluadas en el año en curso, en el nivel que corresponda. A partir del año 2013, se aplican pruebas censales para estudiantes de 6° básico con discapacidad sensorial. Cabe señalar, continúa la moción, que las pruebas SIMCE además de dar cuenta del desempeño de los alumnos y sus respectivos colegios, permiten que los establecimientos sean clasificados de acuerdo al puntaje obtenido, lo cual influye posteriormente en la entrega de incentivos económicos a sus profesores y asistentes de la educación.

El sistema de evaluación descrito ha sido objeto de múltiples críticas por parte de diversos actores de la educación que han propuesto su eliminación. Citan los autores un estudio del Centro de Investigación de Educación Inclusiva, dependiente de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, denominado "Sobre/contra el SIMCE", emitido por el Doctor Félix Angulo que señala que las pruebas SIMCE no miden la calidad de la educación, sino que, más bien, ayudan a perpetuar la segregación social, convirtiendo al sistema educativo en un modelo de preparación para los test, privando al alumnado de la adquisición de otros habilidades y conocimientos mucho más importantes para su futuro y el de la sociedad en la que viven.

Como puede observarse, la suspensión de las clases presenciales debido a la pandemia del COVID-19, ha implicado que los programas educativos no se estén entregando normalmente, por lo que, a juicio de los autores, resulta absurdo pretender evaluar a los estudiantes en estas circunstancias.

Finalmente, señalan que el Colegio de Profesores ya ha manifestado que insistirán ante el Ministerio de Educación respecto de la necesidad de suspender el proceso de Evaluación Docente y las pruebas SIMCE durante el año 2020, expresando que, en caso de no tener una respuesta adecuada de parte de las autoridades, el gremio instruirá otras acciones para resistir una imposición que resulta absurda en el contexto actual de absoluta anormalidad. Por su parte, la Fundación Educación 2020, el 21 de abril de este año, en el marco de la presentación de sus "19 Propuestas de educación en tiempos de pandemia", propuso la suspensión de las pruebas SIMCE, lo que sostiene "en las consecuencias que tiene esta evaluación para las escuelas y la necesidad de evitar estrés adicional a las comunidades educativas". Por otra parte, la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile y el Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile también realizaron un informe con propuestas educativas para abordar en esta contingencia, el que fue entregado al Ministerio de Educación el 24 de abril, el que igualmente recomienda la suspensión de las pruebas SIMCE.

- - -

DISCUSIÓN EN GENERAL

La Comisión escuchó las exposiciones [2] de los siguientes invitados:

Uno) Mario Aguilar, Presidente del Colegio de Profesores.

Señaló que el proyecto de ley en debate hace presente una cuestión que es de suyo es relevante, como es la aplicación de la Prueba SIMCE y la evaluación docente, temas que han estado presentes en la discusión pública en materia de educación desde hace largo tiempo. Ambos sistemas de medición, en su opinión, carecen de sentido.

De acuerdo con lo expresado, señaló, en primer término, que la calidad de la educación no puede ser evaluada por una prueba estandarizada (SIMCE) que en tiempos normales no muestra utilidad alguna, por lo que considerando los efectos de la pandemia del COVID-19, es aún más inconducente. La desigualdad en el país se refleja de forma importante en la educación, considerando los diferentes niveles en los que ésta se entrega y las condiciones en que se hace; esto es, educación pública, subvencionada y particular pagada, que, sumado a las diversas formas del territorio nacional, hacen imposible una entrega equitativa de la misma a los niños y jóvenes.

Luego, recordó que en la discusión de este proyecto en la Honorable Cámara de Diputados el Ejecutivo argumentó que la aplicación del SIMCE este año 2020 serviría como diagnóstico para conocer el estado en que se encuentran los estudiantes luego de casi 5 meses de “distanciamiento social”, en que los contenidos han sido entregados por medio de vías telemáticas. Lo anterior, en su opinión, es un argumento que no debe considerarse para la aplicación de la prueba SIMCE, toda vez que lo importante es medir la entrega de los contenidos de acuerdo con criterios cualitativos y no cuantitativos, asunto que una prueba estándar a nivel nacional no puede evaluar de manera objetiva, puesto que las realidades de cada uno de las regiones presenta realidades diversas que impiden una medición con criterios similares, particularmente en lo que se refiere al acceso a internet.

Fue enfático en señalar que la evaluación docente en este año 2020 carece de sentido.

Por otra parte, afirmó que tal como ocurre con la realización de la prueba SIMCE, la realidad de cada uno de los profesores en las diversas comunas del país presenta condiciones diversas. En su opinión, la opción que ha planteado el Ejecutivo de volver a las salas de clase es inviable, puesto que el brote de contagio está presente y los establecimientos educacionales (al menos los del sector público) no tienen los medios para llevar adelante las medidas que implican un retorno en condiciones que se asemejen a la normalidad. De acuerdo con lo expresado, los criterios de evaluación docente que están vigente no pueden ser aplicados, puesto que los instrumentos de la clase grabada y el portafolio no consideran los contextos de la anormalidad en que se han entregado los contenidos durante los últimos 5 meses. Añadió que las diferencias entre la clase presencial y la que se entrega por vía telemática son notorias y excluyentes, por lo que no se puede aplicar la evaluación tal cual está concebida en la legislación vigente.

Observó que la evaluación docente ha presentado casos extraños, como, por ejemplo, que el resultado de la misma es exactamente igual respecto de profesores que desarrollan sus labores en una comuna del extremo norte y de las que se ejecutan en el sur de Chile. Dijo que ese resultado con idéntico reporte es, por de pronto, poco creíble al momento de asumir criterios objetivos de evaluación.

Por as razones anotadas, fue de opinión que el sistema de evaluación, tanto el SIMCE como el que se aplica al desempeño docente, está obsoleto y es inaplicable en situaciones de normalidad, y, más aún, con los efectos de la pandemia del COVID-19; al mismo tiempo que hay que revisar el funcionamiento de las agencias externas, las licitaciones y el uso de los recursos públicos en esta área, especialmente considerando lo que se aprobó en la Ley de Presupuestos para el año 2020.

Dos) Vicente Sisto, Profesor del Centro de Investigación Inclusiva de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Expresó que las políticas de evaluación y rendición de cuentas basada en estándares no ha favorecido el fortalecimiento de la educación, especialmente para los sectores más vulnerables, presentando alta concentración del trabajo de la escuela en el rendimiento en test y evaluaciones estandarizadas; reducción del proceso educativo a entrenamiento para los test y evaluaciones, centrando gran parte de los esfuerzos de profesores y la administración en estos rendimientos (Polesel et al., 2013; Statistik, 2014; Supovitz, 2009); los modelos de desarrollo de carrera basados en el cumplimiento de estándares de desempeño individuales, desconocen la complejidad del trabajo docente en ámbitos vulnerables, debilitando la colegialidad, el desempeño conjunto y la capacidad de acción y respuesta a entornos de alta complejidad, (Carter, Klenowski y Chalmerset 2016; Little & Bartlett, 2010, entre otros).

De esta forma, añadió, la investigación empírica nacional e internacional ha sido unánime en concluir que las políticas basadas en sistemas de rendición de cuentas de altas consecuencias orientadas al cumplimiento de estándares de desempeño y resultados en pruebas estandarizadas, dañan los procesos educativos, especialmente en los sectores de más alta vulnerabilidad. Esto se realza en los contextos de catástrofe que enfrenta el país.

En relación con la prueba SIMCE, señaló que se trata de una evaluación que no es pertinente, particularmente en este contexto de pandemia y futura post pandemia, ya que no están dadas las condiciones para un trabajo docente en función de la norma promovida por los estándares de evaluación; las necesidades y desafíos educativos actualmente se desplazan de lo instruccional hacia otros objetivos relevantes; la señal que da el proyecto es adecuada; el profesor que quiere evaluarse puede hacer las gestiones y podrá evaluarse; al suspenderse también la carrera docente incluye a profesores del sistema municipalizado- Servicios Locales de Educación (SLE) y del subvencionado; el conjunto de los instrumentos se suspende; y en la ley N° 19.070 se suspende la Autoevaluación, la Evaluación de un par, el Informe de Terceros y Portafolio, y, finalmente, en la Evaluación contenida en la Ley 20.903 de Carrera Docente y el Portafolio a cargo del CPEIP.

En su opinión, es importante acelerar el trámite de esta iniciativa considerando los resultados preliminares del Estudio Docente y COVID-19. En un estudio aplicado a más de 2.212 docentes a lo largo del Chile, actualmente en proceso de análisis, el 97,6% está haciendo docencia a distancia; el 62,7% cree que no es injusto que se exija enseñar de forma no presencial (sólo el 14% dice que sí es injusto); las mayores preocupaciones están enfocadas en el bienestar emocional de sus alumnos, los problemas económicos de sus familias y el aprendizaje de sus alumnos, en que lo que menos importa son la seguridad laboral, los problemas financieros y la salud personal. Además, el 62% señala que en su establecimiento escolar los docentes están respondiendo de manera bastante o muy pertinente; el 66,4% considera que sus colegas (docentes de su establecimiento escolar) tienen bastante o mucha disposición de ayudar a los docentes); el 47,1% considera que sus colegas (docentes de su establecimiento escolar) son bastante o mucha fuente de apoyo emocional, y el 58,8% señala que en su establecimiento escolar el director docente está respondiendo de manera bastante bien o muy pertinente.

Agregó a las cifras enunciadas, que el 46,5% de los profesores enfrenta situaciones de estrés ante la situación de pandemia y la entrega de contenido de manera virtual, cuestión que hace de sumo relevante avanzar en esta iniciativa para suspender la evaluación docente.

Tres) Carlos Rodríguez, del Colegio de Profesores de la Región de Atacama.

Se refirió específicamente a la suspensión de la evaluación docente.

Al respecto, recordó que, en Santiago, el día 8 de julio del año 2019, la ex Ministra de Educación, señora Marcela Cubillos, firmó la propuesta del Ejecutivo en respuesta al petitorio del Colegio de Profesores. El punto 1 del documento gremial señala que “se presentará un proyecto de ley que ponga fin al doble proceso de evaluación docente. Este proyecto establecerá en sus disposiciones que quienes estén en la cerrera docente estarán sujetos únicamente al proceso de evaluación a que se refiere la ley 20.903, sin prejuicio de las atribuciones del Ejecutivo para proponer mejoras a este sistema. Este proyecto se presentará en el curso de este año. Procurando que rija a partir del 2020.” A continuación, el punto 5 declara que “con el objetivo de otorgar mayor transparencia al Sistema de Desarrollo Profesional Docente, el Ministerio convocará al Colegio de Profesores a participar como observadores en el proceso de corrección. Lo anterior, de forma que el gremio pueda observar cómo se realiza este trabajo y puedan plantear sus inquietudes, respetando el carácter técnico de la instancia.” Finalmente, el punto 6 del petitorio expresa que “los resultados de las evaluaciones serán entregados en forma oportuna, transparente y de manera confidencial por el establecimiento educacional, para permitir a quienes lo estimen necesario impugnen sus evaluaciones. Se establecerán nuevos mecanismos de información de resultados de evaluación y de impugnación eficaces, que permitan dar más claridad al proceso.”

Agregó que el Ministerio de Educación se comprometió a formular una iniciativa legislativa que permita a los docentes que hayan rechazado ingresar a la Carrera Docente retractarse de su renuncia. Dicha iniciativa abrirá la posibilidad por un plazo acotado de tiempo para aquellos docentes que se encuentren a 5 o más años de su edad de jubilación al tiempo de publicación de la ley, y se regirá por los criterios de transición originales de la ley N° 20.903, siendo ubicados por tramos dichos docentes el 2019, con efectos a partir del año 2020.

Declaró que los puntos enunciados nunca fueron tramitados, sin cumplir con el esfuerzo del magisterio. Agregó que no se puede avanzar indiferentes ante dicha situación, por ello, no puede haber evaluación docente el año 2020 porque las actualizaciones están pendientes.

En relación con la prueba SIMCE, dijo que en la región de Atacama el 47% de los estudiantes no cuentan con conexión a internet, por lo que no hay condiciones para ejecutar la medición y la evaluación docente. Además, implica un importante gasto (innecesario a su juicio) que conlleva realizar la evaluación docente bajo el azote de una feroz pandemia, en el momento que el país necesita optimizar el uso de sus recursos. Son 18 mil millones de pesos en la ejecución del SIMCE y 7 mil millones de pesos en la Evaluación Docente. Solicitó evitar el gasto y atender con esos recursos las necesidades urgentes de los estudiantes. Luego, promover la evaluación docente y el SIMCE en las actuales condiciones que vive el país, tensa las relaciones en las comunidades educativas, donde los maestros en su gran mayoría aportan con sus recursos para realizar las actividades de vínculo y contención de forma remota y los estudiantes se encuentran en sus hogares sin poder conectarse, afectados por la falta de trabajo de sus padres.

En este contexto no procede la evaluación docente y el SIMCE.

Cuatro) Roberto Villagra, del Colegio de Profesores de la Región de O´Higgins.

Expresó que luego de la exposición del Presidente Nacional del Colegio de Profesores, sólo basta con precisar los siguientes asuntos:

i.- El Estatuto Docente, contenido en la ley N° 19.070, dispone en el inciso primero de su artículo 6° que “la función docente es aquella de carácter profesional de nivel superior, que lleva a cabo directamente los procesos sistemáticos de enseñanza y educación, lo que incluye el diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación de los mismos procesos y de las actividades educativas generales y complementarias que tienen lugar en las unidades educacionales de nivel parvulario, básico y medio.”

ii.- Que la evaluación docente se orienta a mejorar el desarrollo continuo de acuerdo al artículo 70 del mismo cuerpo legal, el que establece un sistema de evaluación de los profesionales de la educación que se desempeñen en funciones de docencia de aula, de carácter formativo. Corresponderá al Ministerio de Educación, a través del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP), la coordinación técnica para la adecuada aplicación de los procesos de evaluación. La evaluación del desempeño profesional se realizará tomando en consideración los dominios, criterios e instrumentos establecidos por el Ministerio de Educación, a través del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP). Además, existirán Comisiones Comunales de Evaluación Docente con la responsabilidad de aplicar localmente el sistema de evaluación.

En razón de que no existen clases en el aula y que los plazos considerados en la ley son inaplicables, fue de opinión que es importante aprobar este proyecto de ley para la suspensión temporal de la evaluación docente, toda vez que no están las condiciones de normalidad que se tuvieron a la vista al momento de establecerla.

Cinco) Mariana Aylwin, de la Corporación APRENDER.

Hizo presente que en el país existe una tendencia poco razonable de solucionar todos los problemas de política pública por ley, mientras que los mismos pueden ser abordados por medio de la potestad reglamentaria del Ejecutivo. Así, la suspensión de la prueba SIMCE y del proceso de evaluación docente puede ser ejecutada de manera inmediata por medio de un decreto supremo.

En razón de lo anterior, señaló que la iniciativa en debate es inútil en cuanto a la forma en que se está implementando.

Respecto del contenido de la iniciativa, afirmó que la propia ley que regula la evaluación docente considera la opción para que los profesores se eximan voluntariamente de la misma, más aún considerando las condiciones de excepcionalidad que hoy enfrenta el país con motivo de la pandemia COVID-19. Añadió que los propios sostenedores apoyarán a los profesores que no quieran ser evaluados, por cuanto los primeros tienen especial consideración por que sus cuerpos docentes sean evaluados en tiempos de normalidad para su perfeccionamiento y la entrega de contenidos a los alumnos.

Finalizó su exposición diciendo que hay que tener confianza en el sistema, particularmente en las personas que lo componen, esto es, profesores y sostenedores. Luego, el proyecto es inútil ya que la medida puede ser implementada, en caso de ser necesaria, por el Ejecutivo por medio de la potestad reglamentaria.

Seis) Magdalena Vergara, de Acción Educar.

Dijo que el profesor es el factor directo que más incide en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. El efecto del docente en el desempeño escolar es de 0,4 desviaciones estándar (Hattie,2008), por lo que el impacto del buen docente alcanza ámbitos como tasas de graduación, acceso y titulación de estudios superiores, ingresos laborales, reducción embarazo adolescente (Jackson, 2018), en que la importancia de contar con profesores de excelencia y alumnos asignados a profesores de alto desempeño dominan el contenido enseñado cerca de un 50% más que uno asignado a un docente de bajo desempeño, lo que equivale a poco más de un año escolar (Hanushek y Rivkin, 2010 en EEUU y Araujo et al. 2016, para Ecuador).

Agregó que las evaluaciones docentes pueden ayudar a identificar las diferencias de desempeño entre los profesores. Además, el uso adecuado de sus resultados puede otorgar la información necesaria para aprovechar al máximo sus fortalezas, buscar superar las falencias, y potenciar la excelencia en la profesión” (BID, 2020). Así, encuentran una correlación positiva y significativa de los resultados que obtienen los docentes en el puntaje del portafolio y medidas de valor agregado de sus estudiantes en Chile. Un estudiante sube su puntaje en pruebas estandarizadas de matemáticas en 0,1 desviaciones estándar más que un estudiante con características socioeconómicas similares y niveles de conocimiento previos similares que fue asignado al mismo profesor, pero antes de que este pasara por el proceso de evaluación. Luego, la mayoría de los países cuentan con mecanismos de evaluación docente (Estonia, Ontario (Canadá), Nueva Zelanda, Reino Unido, República de Corea, Singapur y Estados Unidos) y cuentan con sistemas de evaluación e instrumentos son diversos y comúnmente estás asociados a salarios, retiro, formación, entre otros. Chile ha sido pionero en América Latina y ha tenido un desarrollo relevante. Sistema debe perfeccionarse, pero es clave mantener su aplicación e implementación.

En cuanto al SIMCE, dijo que el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la educación escolar (SAC) impulsa la calidad, identifica las escuelas con dificultades, evaluando sus resultados y apoyándolos de forma personalizada y fomentando el desarrollo de sus capacidades internas. Es el único instrumento, según dijo, que apunta a la calidad de la enseñanza, la gestión y además está centrada en los resultados de aprendizaje de los estudiantes y no en aspectos administrativos, permitiendo obtener información privilegiada de las escuelas a nivel nacional.

Siete) Rodrigo López, de APTUS.

Expresó que la educación a distancia es menos efectiva en promedio que la de carácter presencial, pues se realizan distintas efectividades de enseñanza a distancia con menos tiempo dedicado al aprendizaje pendiendo de capacidad. No hay que dejar de lado el efecto olvido que provoca el aprendizaje a distancia.

Dijo que la pandemia afecta de forma desproporcionada el aprendizaje en sectores vulnerables más expuestos, generando un mayor impacto en el “efecto olvido”.

De acuerdo con los datos enunciados, afirmó que es probable que el próximo año 2021 el país siga, al menos en parte, con aprendizaje virtual a distancia, por lo que es fundamental identificar las mejoras a la enseñanza virtual. Hay que cruzar datos de aprendizaje con información de las prácticas educativas para informar políticas públicas y escalar buenas prácticas.

Ocho) Daniel Rodríguez, de la Agencia Nacional de la Calidad de la Educación.

Declaró que para el Ejecutivo es de suma necesidad contar con datos muestrales para adoptar decisiones a futuro en materia educacional. Luego, la suspensión de la prueba SIMCE aparece, en su opinión, como un obstáculo para conseguir esa información.

En el mismo sentido de lo apuntado por la señora Mariana Aylwin, dijo que no es necesario un proyecto de ley para aplicar las políticas públicas que se contienen en la iniciativa (suspensión de la prueba SIMCE y de la evaluación docente), toda vez que el Ejecutivo puede, por medio del uso de potestad reglamentaria, interpretar la norma y enfocarse en lo que contiene la propuesta en debate.

Afirmó que si bien se perderán datos relevantes al realizar la prueba SIMCE de la forma en que se llevará a cabo, es importante que esta se ejecute, aunque sea de manera muestral, particularmente para observar las falencias y aciertos que ha tenido la entrega de los contenidos curriculares por la vía telemática, en especial en lo que dice relación con el vínculo de la comunidad educativa, profesores y asistentes de la educación. Para lo anterior, finalizó, no es necesaria una ley.

Nueve) Francisca Díaz, del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP).

Señaló que la misión de la institución es fortalecer la formación inicial y apoyar el desarrollo de educadores, profesores y directivos a lo largo de toda su vida profesional, potenciando sus capacidades, incentivando la mejora de su práctica y reconociendo la profesión. Lo anterior, considerando las necesidades de la escuela desde una mirada territorial, generando conocimiento para la docencia, articulándose con los actores de la comunidad educativa y asegurando la calidad y pertinencia de sus acciones formativas, así como de todos los programas que ofrece.

La visión de la misma es construir un futuro con sentido para la docencia, constituyendo al CPEIP en un referente nacional e internacional en cuanto a Desarrollo Profesional Docente. Aportar a la Calidad Docente con foco en cómo se enseña y aprende en la sociedad del conocimiento, teniendo como eje central la mejora de la práctica pedagógica y, por ende, el alza en los resultados de aprendizaje de los estudiantes.

En lo que respecta al contenido de la iniciativa en debate, dijo que es una discusión que no es atingente de acuerdo con los instrumentos que tiene el Ejecutivo para aplicar las medidas que se sugieren, sin necesidad de que sea una ley que obligue a ello.

Dijo que, a la fecha, 5.000 docentes se han acogido a la suspensión de la evaluación. Expresó que es un proceso voluntario Que está en marcha, por lo que, en su opinión, no corresponde alterarlo por medio de una obligación legal.

- - -

Finalizadas las exposiciones, el Subsecretario de Educación, señor Jorge Poblete, señaló que en esta discusión hay dos ejes que hay que tener presente: por una parte, las políticas públicas de largo plazo que se han establecido y, por otro, las circunstancias que hoy asisten al país en medio de una pandemia mundial. Especial atención, agregó, hay que tener en estas últimas, por cuanto han alterado el normal funcionamiento en la entrega de los contenidos curriculares vigentes.

Luego, lo importante es analizar cómo las herramientas vigentes se adecuan a la pandemia.

En lo que dice relación con el SIMCE y la evaluación docente, fue de opinión que, tal como se ha manifestado, no es necesario un proyecto de ley para cumplir con el objeto del proyecto, toda vez que el Ministerio de Educación puede fijar, por medio de un decreto supremo, formas diferentes para la aplicación de la prueba (que este año será muestral) y para la evaluación docente, sin que sea necesario que exista una obligación legal para ello.

Luego, el Honorable Senador señor Navarro expresó que las dificultades que enfrentan los estudiantes y los profesores son manifiestas, por lo que hay que colocar atención no sólo en la cantidad de estudiantes que eventualmente reciben los contenidos de manera virtual, sino que la calidad de los mismos.

- - -

- Cerrado el debate y puesto en votación, el proyecto fue aprobado en general por mayoría de votos. Se pronunciaron por la afirmativa los Honorables Senadores señora Provoste y señores Montes y Quintana. Votaron en contra los Honorables Senadores señora Von Baer y señor García Ruminot.

Al fundamentar su voto, la Honorable Senadora señora Provoste dijo que el proyecto tiene que ser aprobado para que sea una ley de la República, sin que quede así entregada a la interpretación arbitraria del Gobierno de turno. Tal como señaló el profesor Roberto Villagra, del Colegio de Profesores de la Región de O´Higgins, no existen clases en el aula y que los plazos considerados en la ley son inaplicables.

En definitiva, puntualizó, las circunstancias que vive el país hacen imposible llevar adelante los procesos de evaluación.

Por su parte, el Honorable Senador señor Montes señaló que es necesario tener apertura y flexibilidad en el debate y repensar todos los procesos para lo que será el período post pandemia. Los profesores y los alumnos serán diferentes luego de este período. La relación de la comunidad educativa tiene que cambiar, así como también como la de la plana directiva con los apoderados, alumnos y sostenedores. En su opinión, es importante establecer por ley los cambios necesarios para generar un debate más profundo para entender la educación del Siglo XXI.

Finalmente, el Honorable Senador señor Quintana dijo que es importante el debate que se ha generado en esta materia, particularmente para entregar una señal a las comunidades educativas en tiempos de crisis sanitaria. Dijo que hubiera preferido que la aprobación del mismo hubiere sido en general y en particular, pero los senadores estás facultados para sólo discutirla en general, lo que, lamentablemente, retrasará que esta iniciativa sea ley próximamente.

Destacó que el proyecto es necesario y que, es muy probable, que sea objeto de indicaciones, tanto por el Ejecutivo como por los Senadores, que modificarán el texto aprobado por la Honorable Cámara de Diputados, aunque sin cambiar su sentido.

La Honorable Senador señor Von Baer solicitó dejar constancia en este informe que, en su opinión, el proyecto es inadmisible por cuanto se trata de una materia de iniciativa exclusiva del Ejecutivo en cuanto a la suspensión de la Evaluación Docente, y, eventualmente, de la prueba SIMCE, si es que dicha materia es reincorporada al proyecto, toda vez que ambas temáticas implican gasto público, más aún cuando se hace por medio de una ley. La administración de la evaluación docente, además, es también propia de la iniciativa exclusiva del Ejecutivo.

El Honorable Senador señor García Ruminot expresó que la explicación del Ejecutivo respecto a la voluntariedad de los profesores que no deseen someterse a los procesos de evaluación, es suficiente y contundente en cuanto a que no se necesita una ley para ello, toda vez que un decreto supremo es suficiente para interpretar la normativa que regula dicha evaluación. De esta manera, es posible concluir, si la voluntad del profesor será respetada en evaluarse, así también será con quienes no se sometan a los procedimientos de evaluación.

- - -

TEXTO DEL PROYECTO DE LEY

En mérito del acuerdo anterior, vuestra Comisión de Educación y Cultura propone aprobar en general, y en sus mismos términos, el texto despachado por la Honorable Cámara de Diputados, que es del siguiente tenor:

“PROYECTO DE LEY

Artículo 1.- Suspéndese la realización de la Evaluación Docente que contempla el artículo 70 de la ley N° 19.070, que aprueba el Estatuto de los Profesionales de la Educación, y la ley N° 20.903, que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente y modifica otras normas, por el año 2020, debido a la pandemia mundial de Covid-19. Los profesionales de la educación a quienes les correspondía realizar la evaluación docente el año 2020 podrán evaluarse el año 2021.

Artículo 2.- Lo dispuesto en el artículo anterior no impide realizar la evaluación docente que contempla el artículo 70 de la ley N° 19.070, durante el período 2020, a los profesionales de la educación que manifiesten expresamente su voluntad de realizarla, por escrito, ya sea físicamente o por medios electrónicos, ante el Jefe del Departamento de Administración Municipal de Educación, el Director de la Corporación de Educación Municipal, el Director Ejecutivo del Servicio Local respectivo o el sostenedor del establecimiento particular subvencionado, quienes informarán al Ministerio de Educación.”.

- - -

Tratado y acordado en sesiones celebradas los días 13 y 14 de julio de 2020, con asistencia de los Honorables Senadores señor Jaime Quintana Leal (Presidente), señoras Yasna Provoste Campillay y Ena Von Baer Jahn y señores José García Ruminot y Carlos Montes Cisternas.

Sala de la Comisión, a 21 de julio de 2020.

Francisco Javier Vives D.

Secretario de la Comisión

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA, RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY, EN SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE SUSPENDE LA APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DOCENTE Y DE LAS PRUEBAS DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (SIMCE), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DEBIDO A LA PANDEMIA COVID-19.

(BOLETÍN N° 13.554-04)

I. OBJETIVO DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN: suspender la realización de la Evaluación Docente, por el año 2020, debido a la pandemia mundial de COVID-19, posponiendo dicho proceso para el año 2021, sin perjuicio de realizarla respecto los profesionales de la educación que manifiesten expresamente su voluntad en ese sentido.

II. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: no hay.

III. ACUERDO: aprobarlo en general. Mayoría de votos, 3x2.

IV. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: consta de 2 artículos permanentes.

V. URGENCIA: no tiene.

VI. ORIGEN INICIATIVA: Cámara de Diputados.

VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL: segundo.

VIII. APROBACIÓN EN LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE DIPUTADOS: 24 de junio de 2020.

IX. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 24 de junio de 2020.

X. TRÁMITE REGLAMENTARIO: primer informe, en general.

XI. LEYES QUE RELACIONAN CON LA MATERIA: 1.- Ley N° 19.070, que aprueba el Estatuto de los Profesionales de la Educación. 2.- Ley N° 20.903, que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente y modifica otras normas.

Valparaíso, 21 de julio de 2020.

Francisco Javier Vives D.

Secretario de la Comisión

SUSPENSIÓN DE EVALUACIÓN DOCENTE Y DE SISTEMA SIMCE DEBIDO A COVID-19

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que suspende la aplicación de la evaluación docente y del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (Simce) correspondiente al año 2020, debido a la pandemia COVID-19, con informe de la Comisión de Educación y Cultura.

--Los antecedentes sobre el proyecto (13.554-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite: sesión 44ª, en 24 de junio de 2020 (se da cuenta).

Informe de Comisión:

Educación y Cultura: sesión 55ª, en 27 de julio de 2020.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Tiene la palabra el señor Secretario General.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El principal objetivo del proyecto es suspender la realización de la evaluación docente por el año 2020 debido a la pandemia mundial del COVID-19, posponiendo dicho proceso para el año 2021, sin perjuicio de realizarla respecto de los profesionales de la educación que manifiesten expresamente su voluntad en ese sentido.

Esta iniciativa cuenta con un primer informe de la Comisión de Educación y Cultura, en que esta consigna que discutió el proyecto solamente en general y lo aprobó por mayoría de votos. Se pronunciaron afirmativamente los Honorables Senadores señora Provoste y señores Montes y Quintana. Votaron en contra los Honorables Senadores señora Von Baer y señor García Ruminot.

El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 15 y 16 del primer informe de la Comisión y en el comparado que Sus Señorías tienen a su disposición en la Sala, pero que también está disponible en la plataforma de esta sesión, y que fue remitido a los respectivos correos de las señoras y los señores Senadores.

Es todo, señora Presidenta.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Muchas gracias, señor Secretario .

)---------------(

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

La Senadora Goic, en nombre de la Comisión de Salud, ha solicitado que pida la autorización para poder sesionar en paralelo con la Sala en el día de hoy.

¿Habría acuerdo?

Muy bien.

Acordado.

)---------------(

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

En discusión general el proyecto.

Tiene la palabra el Senador García

El señor GARCÍA.-

Muchas gracias, Presidenta .

Primero, un asunto de reglamento.

Quisiera solicitar que se le permita conectarse o ingresar a la Sala -no lo tengo claro- al Subsecretario de Educación, don Jorge Poblete. ¿Sería posible que se recabara el acuerdo en tal sentido, Presidenta?

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

No hay un Ministro conectado. Porque el Reglamento establece que si hay uno...

¡Ah, está el Ministro Figueroa!

Entonces, puede ingresar también el Subsecretario .

Muy bien.

¿Algo más, Senador?

El señor GARCÍA.-

Muchísimas gracias.

Me quería referir al fondo del proyecto. No sé si es el momento.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Voy a entregar la palabra al Presidente de la Comisión de Educación ,...

El señor GARCÍA.-

Muy bien.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

... que dará el informe de la Comisión, y después empezaremos a distribuir la palabra.

El señor GARCÍA.-

Muchas gracias, Presidenta .

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Senador Quintana, tiene la palabra.

El señor QUINTANA.-

Muchas gracias, Presidenta .

La Comisión de Educación discutió en general el proyecto de la referencia, que se inició en una moción de los Diputados señora Camila Rojas y Camila Vallejo y señores Rodrigo González y Juan Santana .

En este trámite reglamentario la Comisión escuchó las exposiciones que efectuaron el Subsecretario de Educación , señor Jorge Poblete ; el Secretario Ejecutivo de la Agencia de la Calidad de la Educación , señor Daniel Rodríguez; la Directora del Centro de Perfeccionamiento , Experimentación e Investigaciones Pedagógicas del Ministerio de Educación, señora Francisca Díaz ; el Presidente Nacional del Colegio de Profesores , don Mario Aguilar ; el señor Vicente Sisto , del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva y Paces, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso; la Directora Ejecutiva de Acción Educar , señora Magdalena Vergara ; el Gerente General de Aptus Chile, señor Rodrigo López ; y la Directora Ejecutiva de la Corporación Aprender y ex Ministra de Educación , Mariana Aylwin .

Objetivo del proyecto: como se señaló en la relación, esta iniciativa tiene por finalidad suspender la realización de la evaluación docente que contempla la ley 19.070, que aprueba el Estatuto de los Profesionales de la Educación, y la ley 20.903, que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente y modifica otras normas, por el año 2020, debido a la pandemia mundial del COVID-19, precisando que los profesionales de la educación, a quienes les correspondía realizar la evaluación docente este año, podrán evaluarse el año 2021.

Asimismo, el proyecto dispone que la referida suspensión no impide realizar la evaluación docente durante el periodo 2020 a los profesionales de la educación que manifiesten expresamente su voluntad de realizarla, de acuerdo a los procedimientos que contempla el artículo 2° de este proyecto de ley.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe hacer presente que el proyecto que conoció la Comisión no considera ya la suspensión del Simce, que sí se contemplaba originalmente en la moción, ya que ello fue eliminado durante la tramitación en la Cámara de Diputados.

Cabe mencionar que durante la discusión en general quedó abierta la posibilidad de incorporar también dicha materia -es decir, la suspensión del Simce- durante la discusión en particular. Por lo tanto, será también parte de la discusión de esta Sala.

Votación del proyecto en la Comisión: Aunque la opinión del Gobierno fue que la iniciativa de ley no era necesaria, toda vez que el Ministerio de Educación puede fijar por medio de un decreto supremo formas diferentes para la aplicación de la prueba -que este año, como se sabe, es muestral- y para la evaluación docente, sin que sea necesario que exista una obligación legal para ello, la mayoría de la Comisión, compuesta por la Senadora Yasna Provoste, los Senadores Carlos Montes y quien habla, estuvo por aprobarlo en general, acogiendo así los planteamientos que efectuaron el Colegio de Profesores y otras entidades que expusieron en la Comisión. Votaron en contra los Senadores señora Von Baer y señor José García Ruminot .

El voto de mayoría estimó necesaria esta propuesta legal y no dejar a la interpretación administrativa la aplicación de la normativa que rige la evaluación docente, dadas las especiales circunstancias críticas que vive el país derivadas de la pandemia del COVID-19, que ha afectado especial y sensiblemente el ámbito educacional y la actividad docente.

Por su parte, el voto de minoría señaló que le parece que este proyecto es inadmisible y encontró suficiente la explicación del Ejecutivo respecto a la voluntariedad de los profesores que no deseen someterse a los procesos de evaluación, toda vez que un decreto supremo es suficiente para interpretar la normativa que regula dicha evaluación.

Es todo lo que puedo informar, señora Presidenta.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senador Quintana.

Tiene la palabra el Ministro de Educación , señor Raúl Figueroa.

El señor FIGUEROA ( Ministro de Educación ).-

Muchas gracias, Presidenta .

Bueno, como lo ha señalado -por su intermedio- el Senador Quintana, efectivamente, este proyecto se está discutiendo en general, y su idea de legislar tuvo un amplio debate en la Comisión. Y, de parte del Ejecutivo, quiero poner cierto marco respecto de los asuntos que a través de este texto se están legislando, para informar adecuadamente sobre eso a la Sala, y que se pueda tomar una decisión en esa misma línea.

El proyecto que hoy día estamos votando efectivamente está circunscrito exclusivamente a una eventual suspensión de la evaluación docente, de la prueba Simce , que quedó fuera del proyecto, cuya tramitación fue rechazada en la Cámara de Diputados (Cámara de origen).

Respecto del Simce, deseo decir lo siguiente para despejar ese punto.

La Agencia de Calidad de la Educación ha dado información clara y precisa respecto de que este año la prueba Simce no se va a llevar a cabo tal cual como se implementa todos los años. En la medida que las condiciones sanitarias lo vayan permitiendo, lo que se hará es tener una medición muestral. Esto significa una muestra de establecimientos que deben voluntariamente estar dispuestos a rendir esa evaluación, con el único y exclusivo propósito de recoger información respecto del sistema escolar para poder extrapolarlo al resto del sistema y, específicamente, tener información sobre el impacto, este año, de la pandemia en los aprendizajes de nuestros alumnos.

Por lo tanto, desde ese punto de vista, lo que planteaba la iniciativa original, que -insisto- fue rechazada en la Cámara de Diputados, pierde sustento, toda vez que el Simce, que es lo que se quería suspender, en la práctica ya está suspendido, y se va a llevar a cabo una prueba de otras características: voluntaria, muestral, sin ninguna consecuencia para las escuelas, como también ya se había anticipado.

Y en ese contexto, si bien no forma parte del articulado que ahora se está sometiendo a votación en general, creo que es bueno despejar, para que los señores Senadores y las señoras Senadoras estén informados, que este año, de acuerdo al trabajo que ha hecho la Agencia de Calidad de la Educación, no habrá un Simce censal, solo una evaluación muestral, que no tiene ningún tipo de consecuencias para las escuelas, ningún tipo de consecuencias para los alumnos, a la cual los establecimientos que quieran sumarse voluntariamente deberán hacerlo, y que tiene por único y principal propósito recoger información respecto del ritmo de aprendizaje en un año tan complejo como este, donde evidentemente esa información va a ser fundamental para poder enfrentar los desafíos que esta pandemia nos va a dejar en el sistema educativo hacia el futuro.

Respecto de la parte del articulado que sigue vigente en esta iniciativa, y que dice relación con la evaluación docente, yo quiero aportar ciertos antecedentes que apuntan a reafirmar lo que en su momento señalamos en la Comisión y que también se hizo ver en la Cámara de Origen: hoy día la normativa vigente permite que, cumpliéndose ciertas condiciones que este año se dan, los docentes puedan suspender la evaluación.

En ese sentido, ya tenemos más de 13 mil docentes -de hecho 13.673- que han suspendido este año la evaluación, de los 30 mil que se han inscrito.

Por lo tanto, en la práctica, lo que busca el proyecto de ley que se está tramitando, y por la vía de la normativa actualmente vigente, ya se está cumpliendo.

Por eso, cuando dijimos que este era un proyecto que en estricto rigor no era necesario para lograr ese objetivo, los datos que hoy día les estoy manifestando lo ratifican.

Los docentes saben que, si quieren suspender la evaluación docente deben solicitarlo a su sostenedor, quien también sabe que hoy día se cumplen las condiciones en cuanto a que específicamente el COVID constituye la causal de fuerza mayor que faculta para esa suspensión. Y el dato concreto es que, de los 30 mil docentes que están inscritos para rendir la evaluación, más de 13 mil ya lo han solicitado, y se les ha suspendido tal aplicación.

Esto es bien relevante, porque, tal como lo propone la iniciativa que se está tramitando, existen probablemente muchos profesores que, atendidas las complejas circunstancias en las que estamos viviendo, no quieren evaluarse este año, y otros también que, por razones justificadas, sí desean hacerlo, entre otras, porque la evaluación les permite avanzar en los tramos de perfeccionamiento del sistema de desarrollo profesional docente y acceder a mejoras en sus remuneraciones.

Por lo tanto, es importante dar la posibilidad de hacerlo tanto a quien desea suspender la evaluación como a quien desea rendirla. Y eso es lo que hoy día, de acuerdo a la normativa vigente, está ocurriendo.

En consecuencia, Presidenta, quiero transmitirles a las Honorables Senadoras y a los Honorables Senadores que una iniciativa como esta no resuelve un problema, porque ese problema ya está resolviéndose.

Es más, sí genera un problema, porque desde el punto vista administrativo la manera en que se está resolviendo la suspensión es conocida por los docentes, es conocida por los sostenedores, está funcionando. En cambio, la forma que se propone en este proyecto genera distorsiones para los efectos de poder implementar adecuadamente ese mismo objetivo.

Y el hecho -con esto termino en un segundo punto- es que tal como lo hicieron ver algunos Senadores en la tramitación en la Comisión, este proyecto interviene en las atribuciones, en este caso, del CPEIP, del Ministerio de Educación, y por lo tanto, es inadmisible. Y lo hace de una manera que genera distorsiones e incertidumbres respecto de cómo tendría que hacerse este proceso de suspensión.

En síntesis, hoy día tenemos un proceso de suspensión de la evaluación docente al alero de la normativa vigente, que está en trámite, que se está implementando, que ha llevado a que más de 13 mil docentes vean a estas alturas su evaluación suspendida.

Creemos que insistir en una iniciativa legislativa como esta genera mayores incertidumbres respecto de la nueva forma en que esto debe hacerse; choca con la realidad que hoy día ya es evidente en cuanto a que no se requiere una ley; y, por último, se hace de una manera que consideramos no adecuada, toda vez que se cruza con iniciativas que son propias del Presidente de la República.

Muchas gracias, Presidenta .

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, señor Ministro .

Tiene la palabra el Senador García.

El señor GARCÍA .-

Muchas gracias, señora Presidenta .

En primer lugar, quisiera solicitar el pronunciamiento de la Mesa respecto de la admisibilidad de esta iniciativa, puesto que en abril del presente año fue presentada una moción del mismo tenor de la Senadora Yasna Provoste y del Senador Jaime Quintana, y fue declarada inadmisible.

Y, como se trata de la misma materia, quisiera conocer la opinión de la Mesa respecto de la admisibilidad de esta iniciativa, puesto que en nuestra opinión se trata de una materia que nuestro ordenamiento institucional entrega a la iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

En el tema de fondo, quiero señalar que, por supuesto, hay situaciones que ameritan que existan profesores que deseen suspender su evaluación docente.

Creo que lo que debemos privilegiar es precisamente que esto sea voluntario. Hay profesores que desean evaluarse porque quieren continuar con su ascenso en su desarrollo profesional. Sabemos que la evaluación docente les va permitiendo acceder a nuevas calificaciones respecto de su carrera docente, y, por lo tanto, también a mejores remuneraciones.

En consecuencia, quienes deseen evaluarse están en su legítimo derecho y, por supuesto, también lo están quienes, fruto de la situación especial que está viviendo nuestro país y el mundo, decidan suspender su evaluación.

En este punto, Presidenta , quiero ser bien claro y pedirle al señor Ministro de Educación que, por la vía administrativa, garantice que la voluntad del profesor que pida la suspensión de su evaluación será respetada. Lo que ocurre hoy día es que el docente solicita a su respectivo sostenedor dicha suspensión, pero no sabe lo que este va a resolver. El sostenedor podría decidir acceder a lo que se pide, pero también podría suceder -a lo mejor, en pocos casos- que diga: "No, yo no le suspendo la evaluación", con lo cual lo obliga a efectuarla.

Yo no quiero que ocurra esa situación.

Creo que este año la evaluación docente tiene que ser fundamentalmente voluntaria: respetar a quienes desean hacerla, porque tienen buenas razones para ello y respetar, con la misma firmeza, a quienes deseen suspenderla, porque también tienen buenas razones.

Señora Presidenta , por su intermedio, quiero hacerle esa consulta al señor Ministro de Educación : ¿cómo el Ministerio garantizará que se respete la voluntad de los profesores y las profesoras en ambos sentidos, tanto para quienes deseen realizar su evaluación docente como para quienes quieran suspenderla?

Gracias.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senador.

Tiene la palabra la Senadora Rincón.

La señora RINCÓN.-

Presidenta, solo quiero solicitar que se abra la votación, manteniendo los tiempos, por cierto.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

¿Habría acuerdo?

Muy bien.

En votación la idea de legislar.

--(Durante la votación).

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vamos a proceder a habilitar el sistema de votación en la Sala.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Senador Montes, tiene la palabra.

El señor MONTES.-

Gracias, Presidenta.

La verdad es que se ha dado una situación bastante poco creativa y productiva, y de poco aporte en el diálogo que ha tenido el Congreso con el Ministerio de Educación.

Aquí estamos discutiendo dos medidas que se plantearon hace bastante tiempo, aunque ahora estamos concentrados en una. Ello fue producto de que el Ministerio no quiso hablar en su momento, lo que llevó a los parlamentarios, en este caso de la Cámara de Diputados, a presentar este proyecto. Y, por otro lado, hemos estado viendo en la Comisión de Educación la iniciativa sobre el kínder obligatorio.

Creo que debemos decirle al Ministerio que tiene la responsabilidad de construir, de sumar, de buscar soluciones, para que todos los sectores participen con una actitud conjunta.

Tengamos claro en el Senado que este Ministerio es responsable de más de tres millones de estudiantes, de más de once mil establecimientos a lo largo del país, de más de ciento cincuenta mil profesores, de más de cien mil asistentes de la educación, además de todo lo que representa la Junji e Integra; y dispone de un presupuesto de alrededor de 17 mil millones de dólares.

El Ministerio debiera ser un baluarte, entre otras cosas, de la prevención, de la salud, para que las personas no estén en riesgo. Debiera ser muy activo, como lo fue siempre en la historia de Chile. Los colegios fueron un factor muy muy importante en preparar el clima, la situación en las comunas.

Bueno, algo ha ocurrido que la relación con el Ministerio ha sido conflicto tras conflicto. De hecho, entiendo que hoy día o mañana empieza un paro de la Junji e Integra. En fin, hay un clima bastante inadecuado.

Presidenta, me atrevo a repetirle en esta Sala al señor Ministro lo que le hemos dicho muchas veces: trate de sumar voluntades en esto de si se vuelve o no a clases. El problema no es si algunos quieren y otros no, sino cómo, cuándo, en qué condiciones, con qué apoyo del Ministerio. Hay que entregarles a las comunidades de los establecimientos la decisión definitiva.

Quiero hacerle un llamado al Ministerio para que sea más constructivo en este sentido y aproveche todo su potencial con el fin de ser un factor en la reapertura, ya que no lo ha sido mucho durante la pandemia. Preparemos la reactivación junto con la reapertura, mediante un Ministerio que aporte en todos lados.

Valoro mucho lo que han hecho los profesores desde los colegios y las comunidades de los establecimientos. En algunos casos han hecho ollas comunes; en otros han establecido una relación bastante creativa con las familias y con los niños. Esto es bien diverso, dependiendo de cada una de las realidades a lo largo de Chile.

Como dice Naciones Unidas, "todos queremos que los niños vuelvan a clases". El problema es que lo hagan en condiciones sanitarias seguras y adecuadas, y para eso hay que construir.

Yo no sé si hoy día se está haciendo mantención a los colegios. He sabido que la plata que se les entrega a los municipios para ese fin no se está ocupando en ello. No están limpiando los establecimientos, no les están poniendo los vidrios que faltan, por ejemplo, a la espera de reiniciar clases en otro momento. A lo mejor en algunas comunas lo han hecho, pero toda la información que yo tengo es que eso no es así.

Respecto de este proyecto, es verdad que existe la posibilidad de definir voluntariamente si se quiere la evaluación docente o no. Pero ha sido claro el Senador García y yo tengo la misma información. El Presidente del Colegio de Profesores , Mario Aguilar , me informó que en Quilicura varios profesores pidieron suspender su evaluación, pero no les aceptaron la solicitud. Por tanto, esto queda condicionado a la voluntad de quien esté a cargo. En el caso de esa comuna, no sé quién es el encargado de educación. Y lo mismo ocurre en otros lados.

Por eso, yo estoy por aprobar la idea de legislar.

Pero, más allá de este proyecto, le digo al Gobierno que la Cartera de Educación debe jugar un rol más proactivo, debe sumar y debe unir. El Ministerio se ha equivocado mucho en distintos momentos. Ministro , sea humilde y abra una mesa de diálogo, de conversación, para ver cómo ir enfrentando el tiempo que queda y salir de los falsos debates.

Todos estamos por el kínder obligatorio. Hoy día ya es obligatorio; los gobiernos anteriores le dieron ese carácter. Usted igual mantiene el tema y no trata de evaluar cómo hacer mejor ese kínder obligatorio, cómo asegurar mejores condiciones. Hoy día el problema es más de calidad que de acceso.

Bueno, en estas condiciones, voto a favor de la iniciativa en general.

Pero, más allá de eso, me gustaría que hubiera una agenda constructiva, positiva, que integrara, que uniera y que fuera un factor que jugara un rol totalmente distinto. Tratemos de superar el síndrome Cubillos , el síndrome del conflicto, el síndrome de que para todo hay una salida conflictual. Ojalá el actual Ministerio lo supere.

Muchas gracias, señora Presidenta .

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senador Montes.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El Senador señor Montes vota a favor.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Senador Alejandro Guillier, tiene la palabra.

El señor GUILLIER.-

Muchas gracias, Presidenta .

Primero, quiero señalar que la suspensión de la evaluación docente y de la prueba Simce significaría un ahorro de 25 mil millones de pesos, los que muy bien podrían reorientarse, como lo está haciendo el Gobierno en otros ítems, para digitalizar la enseñanza, toda vez que ya es evidente y público que este año -lo más probable- en ninguna parte se va a volver a clases.

De hecho, las comunidades educacionales de la Región de Antofagasta decidieron ayer, y fue publicado en la prensa de hoy, que no van a volver a las clases presenciales. Ese es el hecho.

Tampoco tenemos certeza de lo que va a pasar el próximo año en educación con esta pandemia. Los colegios no están preparados y, además, no se ha visto proactividad al respecto. Tengo que reconocer que hay bastante ambigüedad, ausencia, inoportunidad en el actuar del Ministerio, que ha estado totalmente fuera. Y, por último, si está pensando hacer algo, no lo ha conversado con nadie.

La ley genera certezas. Lo que necesitamos en estos tiempos de incertidumbre son certezas. Dejar la decisión de la evaluación docente a criterio del sostenedor va a generar ambigüedad y mantendrá innecesariamente la tensión y el estrés que se está viviendo. Por lo tanto, cuando ya es evidente el cúmulo de circunstancias, obligadamente hay que tomar decisiones. Y esa es una.

En consecuencia, apruebo en general este proyecto.

Segundo, quiero recordar que la Corporación de Educación de Antofagasta, la más grande de Chile, tiene graves problemas económicos. Se le ha planteado esta situación al Ministro en reiteradas oportunidades. Ocurre que le han bajado las subvenciones por menor asistencia a los colegios, pos estallido social de octubre; por consiguiente, los cálculos se han hecho de una manera desajustada. El municipio ha tenido que estar transfiriendo recursos mes a mes para cubrir los sueldos y gastos básicos.

Tercero, hago presente que, si evidentemente la definición de retorno a clases presenciales es indeterminable hoy por la pandemia, es necesario empezar a generar la infraestructura para corregir las desigualdades. Se dice que no más de un tercio de los alumnos ha podido seguir las clases a distancia en forma relativamente regular, y la inmensa mayoría de los profesores no ha recibido capacitación ni ayuda para poder estructurar una enseñanza que se va a hacer más permanente dentro de la nueva era digital.

Por esa razón, creo que este proyecto es oportuno.

Es necesario generar certezas; es necesario tomar decisiones de más largo plazo, y no seguir volviendo una y otra vez a temas intrascendentes, que lo único que hacen es distraer la atención y mantener la incertidumbre en los actores de la educación, en vez de avanzar en lo que ya es evidente, producto de una nueva circunstancia, de una nueva condición, que nos va a obligar a trabajar el tema de la educación a distancia hoy día con la seriedad, la planificación y los recursos que corresponden.

Voto a favor de este proyecto, señora Presidenta.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senador Guillier.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El Senador señor Guillier vota a favor.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Tiene la palabra la Senadora Luz Ebensperger.

La señora EBENSPERGER.-

Gracias, Presidenta .

En primer lugar, quiero reiterar lo señalado por el Senador García: este proyecto, en nuestra opinión, pareciera ser inadmisible, pues vulneraría el artículo 65, inciso cuarto, número 2º, toda vez que aborda una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República .

Cabe recordar que la Mesa del Senado, el día 14 de abril, frente a una moción muy similar, presentada por la Senadora Provoste y el Senador Quintana, declaró el proyecto inadmisible. Debiéramos mantener ese criterio.

Yendo al fondo del asunto, Presidenta -y seré muy breve, porque aquí ya se ha explicitado todo-, este es un proyecto innecesario, que, además, va a enredar mucho más una situación que ya está resuelta.

La ley actual permite a los docentes que no quieran evaluarse postergar ese proceso cuando concurren ciertos requisitos. Estos se traducen en una causa de fuerza mayor, que en este año concurre y es conocida por todos. Por lo tanto, mal podría el Ministerio rechazar alguna solicitud de suspensión o postergación de la evaluación. Si esto ha ocurrido, el Ministerio deberá revisar todos los casos. Espero que el Ministro acá se comprometa a ello, aunque él me ha señalado que dicha situación no ha sucedido, que se han acogido todas las peticiones.

Es más, del total de docentes, que superan los cuarenta y tres mil, la mayoría de los casos ya está resuelto. Bien lo señaló el Ministro : 30.982 están inscritos para ser evaluados y 13.673 han solicitado suspender la evaluación. Es decir, los docentes ya han manifestado su voluntad al respecto para el año 2020, tanto los que quieren evaluarse como los que desean suspender la evaluación.

Por lo tanto, primero, por la inadmisibilidad del proyecto y, segundo, en caso de que no sea declarado así, por considerar que es innecesario, vamos a votar en contra de la idea de legislar, Presidenta.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Señor Secretario , siga tomando la votación.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias, señora Presidenta .

Han solicitado adelantar su voto, sin derecho a fundamentar, los Senadores señores De Urresti e Insulza.

Senador señor De Urresti, ¿cómo vota?

El señor DE URRESTI.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Senador señor Insulza, ¿cómo vota?

El señor INSULZA.-

Voto a favor, Presidenta .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Bianchi, ¿cómo vota?

Senador señor Castro, ¿cómo vota?

El señor CASTRO.-

A favor, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Chahuán, ¿cómo vota?

El señor CHAHUÁN.-

Me abstengo, señor Secretario , por lo relativo a la inadmisibilidad del proyecto. Debiera ser de iniciativa exclusiva del Ejecutivo.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El Senador señor Chahuán se abstiene.

Senador señor Coloma, ¿cómo vota?

Senador señor Durana, ¿cómo vota?

El señor DURANA.-

Voy a votar en contra, primero, porque creo que efectivamente este proyecto es inadmisible y, segundo, porque interfiere en la libertad individual de las personas de decidir si quieren o no someterse a la evaluación docente.

En este caso, quien no desee evaluarse tiene la absoluta libertad de no hacerlo y el que sí quiera, obviamente, puede ejercer su legítimo derecho.

Voto en contra, por la forma en que está redactado este proyecto.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

El Senador señor Durana vota en contra.

Senador señor Elizalde, ¿cómo vota?

El señor ELIZALDE.-

Voto a favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Galilea, ¿cómo vota?

El señor GALILEA.-

Presidenta , antes de votar, quiero señalar que, tal como se dijo en la Comisión, este proyecto es innecesario y, además, inútil.

Para quienes no lo sepan, el Reglamento sobre Evaluación Docente dispone que este proceso se puede suspender por caso fortuito o fuerza mayor. Por su parte, la Contraloría este año, mediante el dictamen Nº 3610, declaró que el COVID-19 es un caso fortuito.

Por esa razón, todos los docentes que han pedido no ser evaluados han tenido una acogida positiva a su solicitud. Más del 70 por ciento lo ha hecho, y el Ministerio, considerando lo que señala el dictamen de la Controlaría y el propio Reglamento, ya tomó una decisión al respecto.

A todos aquellos que quieran pedir la suspensión de la evaluación se les otorgará, porque así ya está resuelto -vuelvo a decir- por el Reglamento sobre Evaluación Docente y por la Contraloría General de la República.

Yo lamento que estemos perdiendo el tiempo esta mañana en algo que está completamente resuelto y que, además, como dijo la Senadora Ebensperger, es del área de la potestad reglamentaria y no materia de ley.

Por esas razones, voto en contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El Senador señor Galilea vota en contra.

Senador señor García-Huidobro, ¿cómo vota?

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-

En contra, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El Senador señor García-Huidobro vota en contra.

Senadora señora Goic, ¿cómo vota?

La señora GOIC.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota a favor.

Senador señor Harboe, ¿cómo vota?

Senador señor Huenchumilla, ¿cómo vota?

Senador señor Lagos, ¿cómo vota?

El señor LAGOS.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Latorre, ¿cómo vota?

El señor LATORRE.-

Quiero muy brevemente fundamentar el voto.

El Gobierno ha dicho que no se requiere esta ley, ya que quienes quieran suspender la evaluación lo pueden solicitar invocando la causal de fuerza mayor y que ello sería aprobado sin mayor trámite. Pero hay municipios con poco criterio que no lo están aceptando Y esas municipalidades citan al Mineduc como fuente para justificar la imposición de la evaluación.

En tal sentido, yo creo que en el contexto de pandemia en el que estamos este proyecto sí es necesario. No es inadmisible; es perfectamente admisible. Y es mejor regular estas cosas por ley, ya que hay municipios y sostenedores que no tienen mucho criterio.

Recordemos que la finalidad de la educación es el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes y velar por el bienestar de la comunidad educativa.

Me parece que este tipo de evaluaciones en nada contribuyen en el contexto en el que nos encontramos, en pandemia.

Voto a favor, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

El Senador señor Latorre vota a favor.

¿Senador señor Moreira?

¿Senador señor Navarro?

Senadora señora Órdenes, ¿cómo vota?

La señora ÓRDENES.-

Señora Presidenta , voy a votar a favor del proyecto que suspende la evaluación docente y la aplicación del Simce para este año.

Se ha argumentado que la iniciativa, en principio, podría ser inadmisible -considero que el argumento no se justifica en este contexto- y que es innecesaria. Pero tenemos ya evidencia de que en algunas comunas, efectivamente, aquellos profesores que han solicitado que se suspenda la evaluación docente han recibido una respuesta negativa. Y por esa razón se requiere que esto quede en una legislación.

Las comunidades educativas han sido muy golpeadas durante la pandemia. Se perdió un espacio no solo educativo, sino también social, de interacción importante. Los profesores han estado sometidos, a la vez, a un estrés significativo, porque tuvieron que cambiar modalidades de trabajo y sin ningún tipo de capacitación, proceso de inducción o apoyo. Ha sucedido con los profesores, con los asistentes de la educación, con quienes se desempeñan en educación parvularia.

Creo que en este ámbito hay que construir una ruta, hay que armar más diálogo. Y es un llamado también al Ministerio de Educación.

Voto a favor de este proyecto, Presidenta .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

La Senadora señora Órdenes vota a favor.

Senador señor Ossandón, ¿cómo vota?

El señor OSSANDÓN.-

A favor, Presidenta .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Prohens, ¿cómo vota?

El señor PROHENS.-

Me abstengo, Presidenta .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El Senador señor Prohens se abstiene.

Senadora señora Provoste, ¿cómo vota?

La señora PROVOSTE.-

Señora Presidenta, yo voy a votar a favor de este proyecto en general.

Lamento que una vez más el Ministerio llegue tarde y que no se entienda el sentido de urgencia que tiene la iniciativa que hoy se está discutiendo, que, por cierto, es distinta a la que planteásemos con el Senador Quintana y el Senador Montes hace ya varios meses, a fines de marzo, comienzos de abril.

La moción que hoy día estamos discutiendo precisamente recoge el carácter de la voluntariedad.

En el artículo 2° de este proyecto de ley -por su intermedio, Presidenta , a quienes han planteado algo distinto- se señala precisamente que aquellos que desean rendir la evaluación docente lo pueden hacer, manifestando esta voluntad por escrito.

Entonces, no sé si usted pudiese volver a consultar, porque escuché por parte del Senador Durana -por su intermedio, Presidenta - un argumento distinto. A lo mejor él quiere reconsiderar su votación.

Quiero señalar, además, que desde la Comisión de Educación, en el mes de mayo, se hizo un esfuerzo a través de una carta que suscribimos unánimemente sus miembros -¡todos!-, en la que se planteaba ya en ese mes este punto al Ministerio de Educación. Además, los especialistas, como la Presidenta del Consejo de Facultades de Educación , plantearon en la propia Comisión de Educación que las señales que se daban eran confusas.

Y precisamente manifestaba la decana en esa intervención que era distinto decirles a los profesores: "Durante este año se suspende la evaluación por las condiciones especiales, salvo para aquellos que quieran darla voluntariamente".

Ese es el mensaje que hoy día se entrega a través del proyecto de ley que estamos discutiendo.

Porque uno se pregunta qué es lo que se va a evaluar.

Y pareciera que aquí hay quienes están más interesados en el negocio que se genera a partir de las evaluaciones que en el proceso mismo del sistema de evaluación.

¿Qué es lo que van a evaluar?

¿Cómo va a hacer una clase?

¿Cómo va a hacer la filmación?

Recordemos que esta moción estaba acompañada también de la postergación de la prueba del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación, que, a pesar de lo que dice el Ministro en su intervención, se ganó ampliamente en la Sala de la Cámara de Diputados, pero le faltaron dos votos para alcanzar el quorum especial. Pero claramente obtuvo más votos por la suspensión, porque es de toda lógica.

¿Qué es lo que va a evaluar en un sistema, por muy muestral que sea la evaluación, si hoy día los estudiantes no se pueden conectar? El propio Ministerio ha señalado cifras dramáticas respecto de falta de conectividad y falta de equipos tecnológicos de miles de estudiantes para acceder al derecho a la educación.

Entonces, nosotros quisiéramos ver a un Ministerio ocupándose de los profesores, de los trabajadores de la educación, de los estudiantes, más que de proteger los negocios asociados a los sistemas de evaluaciones de pruebas estandarizadas.

Presidenta , yo voto a favor de este proyecto de ley.

Y pido también que aquellos sostenedores que hoy día siguen obligando a los profesores a someterse a este proceso de evaluación entiendan que hoy nos encontramos en una situación especial. Y ese es el sentido de esta iniciativa. Porque claramente esto no lo ha resuelto adecuada y oportunamente el Ministerio de Educación, y esta moción parlamentaria viene a suplir este vacío.

Voto a favor, Presidenta .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

La Senadora señora Provoste vota a favor.

Senador señor Pugh, ¿cómo vota?

El señor PUGH.-

Voto en contra, señor Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senador señor Quintana, ¿cómo vota?

El señor QUINTANA.-

Secretario, Presidenta , voy a fundamentar.

Quiero dar una breve lectura a algo que le comunicó en la comuna de Villarrica el nivel municipal, que es el que resuelve estas materias, a una profesora que pidió la suspensión.

El documento que manda el nivel municipal, el nivel local, es extenso, pero voy a leer solo el punto 2:

"2.- El hecho de estar el país en emergencia sanitaria por COVID-19 no es una causal aceptable por sí sola, ya que las autoridades educativas superiores ( Mineduc ) han estimado hasta el momento que, pese a ello, el proceso evaluativo puede seguir su curso como en tiempos de normalidad.".

El Senador Latorre señalaba recién algo que es muy cierto: efectivamente, esto queda a decisión de los sostenedores, en este caso, el municipio. Y no sabemos cuál va a ser el criterio, porque entiendo que no hay ninguna instrucción de parte del Ministro -si no, lo hubiera dicho en su intervención inicial- a los sostenedores respecto de cómo proceder.

Estoy dando a conocer el caso de Villarrica.

Es lamentable, Presidenta , porque aquí se han dicho cosas que, al menos, son inexactas. Yo creo que todos tenemos el deber de informarnos bien ante una discusión como esta, más aún con nuestra función de representación.

Esto está ocurriendo en nuestros territorios. Y no solo la Directiva del Colegio de Profesores , sino todos los profesores del país están siguiendo esta discusión. Todos los capítulos regionales han señalado que la normativa que hoy día se pretende aprobar es importante.

¿Por qué digo que es necesario que todos nos informemos? Porque aquí se ha dicho que estamos perdiendo el tiempo, que basta con la decisión del Ministerio de Educación. Pero ¡por favor!, si la decisión no es del Ministerio de Educación, sino de los sostenedores, sean los DAEM, en el caso de los profesores municipales; sea el jefe de la corporación, respecto de los que están bajo esa jurisdicción; o sea el director ejecutivo de un servicio local de educación. Son ellos los que toman la decisión y se pronuncian acerca de la solicitud de suspensión.

Lo decía recién muy bien la Senadora Yasna Provoste: este proyecto -también el original nuestro, pero este es distinto- deja muy clara la voluntariedad.

Hoy día, si esta iniciativa no se aprueba, la evaluación es obligatoria, salvo para los tramos Experto 1 y Experto 2. Para todos los demás es obligatoria.

Entonces, esto es necesario si vamos a tener situaciones como la de Villarrica.

Ni siquiera quiero entrar en profundidad en lo que está pasando en la Región de La Araucanía. Yo parto de la base de que el Ministerio sabe que estos días ha habido reuniones del Seremi con todos los DAEM -esto nunca se había dado- de los municipios de Chile Vamos para buscar las alianzas a fin de volver a clases antes de tiempo.

Francamente, ¡yo creo que esto ha superado todo el pudor!

Creo que en los hechos en el territorio está ocurriendo algo enteramente distinto a lo que está diciendo el Ministro . Y es preocupante que el Ministro no tenga claridad de lo que está pasando en el país. Porque se sigue insistiendo en la vuelta a clases, sin evidencia al respecto, sin escuchar a las comunidades educativas, que fue simplemente lo que le hemos planteado al Ministerio, lo que le han señalado los especialistas. El Gobierno se ha negado a establecer una mesa de trabajo -una especie de Mesa COVID como la que tiene La Moneda en Interior- en educación con especialistas, con el Colegio de Profesores, con la Sociedad de Pediatría, por ejemplo. Pero ¡no!, aquí ha habido simplemente un intento de imponer.

Y como no le ha ido bien, ahora están buscando en los aliados políticos. Francamente, eso ya es pasar a llevar cualquier norma. Se junta solo a los aliados de Chile Vamos y, según lo que han dicho ellos mismos, se están ofreciendo proyectos, recursos para estimular la vuelta a clases. ¡Esto es muy peligroso! ¡Estamos hablando de la salud de los estudiantes!

En definitiva, señora Presidenta , este es un proyecto absolutamente necesario porque hoy día la evaluación es obligatoria. Y lo que se evalúa finalmente es el trabajo en aula. Bueno, ¿y cuál es el trabajo en aula? Se va a evaluar a esos 13 mil profesores que voluntariamente han solicitado ser evaluados, ¡y está muy bien! Pero uno podría incluso preguntar simplemente qué se va a evaluar. Si este es un año completamente anormal, en que hubo menos de dos semanas presenciales de clases.

Ha habido un trabajo de los profesores en todo el país en el contexto de la pandemia. Han sido fundamentales en todo el proceso de clases a distancia. Y lo mínimo es que su parecer también sea tomado en consideración.

Creo que con este proyecto no estamos perdiendo el tiempo. Pienso que es absolutamente necesario, indispensable, más todavía tratándose de un Ejecutivo que no ha querido un vínculo con las comunidades educativas y ha optado por todo lo contrario, por imponer su criterio, y eso es tremendamente perjudicial.

Voto a favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

El Senador señor Quintana vota a favor.

Senador señor Quinteros, ¿cómo vota?

El señor QUINTEROS.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senadora señora Sabat, ¿cómo vota?

La señora SABAT.-

Abstención, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

La Senadora señora Sabat se abstiene.

Senador señor Sandoval, ¿cómo vota?

El señor SANDOVAL.-

Señora Presidenta, dos o tres cosas antes de mi votación.

Me da la impresión de que aquí, evidentemente, hay una ausencia de un diálogo distinto entre los diferentes actores del mundo municipal.

Efectivamente, en el decreto N° 192, del año 2004, están contenidos los procedimientos de suspensión de la evaluación que pueden solicitar los profesores. Más de 13.700 profesores ya formalizaron la suspensión del proceso. Pero queda entre medio esta vaguedad respecto de algunos sostenedores que terminan tomando decisiones a pesar de toda norma y a pesar de la lógica.

Quizás esta moción habría sido absolutamente innecesaria si hubiese habido un diálogo constructivo, un diálogo previo para apuntar a resolver el problema. Porque tenemos una realidad: hay seis meses sin funcionamiento del sistema educacional en nuestro país, ¡seis meses!

Por lo tanto, ¡cómo uno va a evaluar objetivamente a un profesor si hay una condición ajena, superior, que acontece por otras circunstancias!

Creo que, evidentemente, hay que ponerse en una condición de objetividad respecto del tema.

La Senadora Yasna Provoste hablaba del enorme daño pedagógico que están sufriendo los niños porque no hay un proceso de clases normales. Y aquellos que las están teniendo se encuentran con una situación muy irregular por la precaria calidad de conectividad de los alumnos a lo largo de todo el país, algunos por falta de red y otros lisa y llanamente por ausencia de lo más esencial, que son los equipamientos básicos y el dinero para financiar esto.

Entonces, aquí tenemos que plantearnos lo siguiente: ¿Vuelven a clases o no vuelven a clases? ¿Hacemos esfuerzos de trabajo para tratar de ir normalizando la situación?

Creo que lo que se requiere aquí es, evidentemente, impulsar un diálogo constructivo entre el Ministerio, los sostenedores, las comunidades escolares, el Colegio de Profesores, las comunidades de padres y apoderados, los alumnos, sin duda.

En mi región hay algunas experiencias. Incluso más, tenemos establecimientos de un alumno con un profesor en que está cerrado el funcionamiento de las aulas normales. ¡Un alumno, un profesor! La escuela de Alto Río Cisnes, por ejemplo. Y, sin embargo, hay experiencias de otros colegios, muy pequeñitos, de siete, ocho alumnos, que en este minuto están volviendo a clases, como el caso de Puerto Sánchez, y lo van a hacer otros establecimientos.

Tampoco podemos quedar en esta duda política de que si esto es de Derecha o es de Izquierda. Hay una necesidad de resguardar la salud, la integridad, la vida de los niños, de los profesores, de la comunidad escolar, sin duda.

Y también debemos ver la forma de ir acercando, propiciando, de que nuestro país vaya normalizando cosas.

Pienso que necesitamos aquí urgentemente sentarnos a la mesa, dejar los ideologismos, dejar las cuestiones políticas de lado y centrarnos en el fondo del problema, cuando se pueda hacer, en materia de regularizar el funcionamiento de los establecimientos.

Creo que aquí hay una urgente necesidad, estimados amigos y estimadas amigas, de que el Ministerio asuma un diálogo con todos los actores y construyamos una hoja de ruta definida, clara, precisa. Avanzaremos donde se pueda avanzar; habrá que esperar en otros lugares en que la situación es imposible. Pero no podemos seguir en esta especie de lucha, de puntos administrativos, políticos, en vez de resolver los problemas.

Yo en esta materia me abstengo.

Eso sí, le hago un llamado al Ministerio de Educación para que lleve adelante este diálogo, para que se siente en la mesa con todos los actores.

Hay que tratar de normalizar. Los niños, lo han dicho todos los estudios, no aprenden. Aun cuando tengamos sistemas expeditos de clases de teleeducación, los niños no logran el aprendizaje 100 por ciento, ¡no lo logran!

Y, por lo tanto, estamos enfrentados a una realidad. Debemos buscar una solución, una salida inteligente, una salida desapasionada, en que pensemos en el bienestar de los niños, en la salud de las comunidades escolares que están afectadas eventualmente por esta situación.

Lo que yo hago fundamentalmente es un llamado, por favor, a dialogar.

Me abstengo en este proyecto, Presidenta .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

El Senador señor Sandoval se abstiene.

Senador señor Soria, ¿cómo vota?

El señor SORIA.-

... (falla de audio en transmisión telemática)...

¿No me escuchó?

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

No.

¿Cómo vota, Senador?

El señor SORIA.-

Voto a favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senadora señora Allende, ¿cómo vota?

La señora ALLENDE.-

Señora Presidenta, voy a votar a favor porque creo que es necesario este proyecto y por la situación excepcional que estamos viviendo.

Pero a mí me llama muchísimo la atención, y lo digo de verdad, la ausencia que veo del Ministerio de Educación en este sentido.

No es raro que el Gobierno llegue tarde. Lo ha hecho con las medidas socioeconómicas de la pandemia y lo vemos también reflejado en la educación: la falta de diálogo, la incapacidad de darse cuenta de la situación gravísima, excepcional que estamos viviendo con la pandemia; lo que significa la educación a distancia; la cantidad de niños que no tienen acceso ni buena conexión, ni posibilidades reales de trabajar; el estrés a que están sometidos los profesores.

Realmente, a uno le llama muchísimo la atención la gran gran incapacidad que tiene este Gobierno, particularmente se lo digo al Ministro , de haber encabezado un diálogo con las comunidades educativas. ¡Es lo lógico! No solo hablar con sostenedores, por favor, hablar con el Colegio de Profesores, con los asistentes de la educación, con los apoderados, con los propios alumnos. ¿Qué daño le va a hacer? ¡Qué incapacidad de encabezar medidas claras!

Pero estamos acostumbrados a ello.

Así como estamos viendo en este instante si deben votar o no determinadas personas contagiadas, lo mismo ocurre con este tema.

El Gobierno es incapaz de tomar iniciativas claras.

También hacemos un llamado, por favor, respecto de la vuelta a clases de los alumnos. No nos precipitemos. Veamos bien en qué situación, en qué condiciones ello es factible. No podemos arriesgar a los alumnos. Y resulta que -insisto- veo una gran ausencia del Ministerio.

Me parece que este proyecto es absolutamente necesario.

Asimismo, quiero recalcar la no obligatoriedad establecida en el artículo 2, y, por lo tanto, la voluntariedad para realizar la evaluación docente, no como aquí se ha planteado, cuestión que considero necesaria en estas condiciones excepcionales.

Voto a favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).- Gracias.

La Senadora señora Allende vota a favor.

El Senador señor Moreira ha solicitado adelantar su voto sin fundamentar.

El señor MOREIRA.-

Me abstengo, señora Presidenta .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

El Senador señor Moreira se abstiene.

Senador señor Alvarado, ¿cómo vota?

Senadora señora Aravena, ¿cómo vota?

La señora ARAVENA.-

Señor Secretario , voy a pedir unos minutos para fundamentar mi voto.

Básicamente, me cuesta comprender que en la situación en que estamos y con tanta legislación pendiente, principalmente en ámbitos vinculados con la pandemia -y también tengo que decirlo: soy una representante de la Región de La Araucanía en ámbitos de seguridad-, estemos hoy día trabajando este proyecto. Respeto la opinión de mis pares, que es distinta de la que yo tengo sobre el particular, pero la ley regula la evaluación docente y considera la posibilidad de suspenderla.

De hecho, si no hiciera aquello, sería absurdo pensar en que más de 13 mil personas hoy día hayan optado por suspender efectivamente su evaluación.

La evaluación este año contempla flexibilidad en el proceso, extensión de inscripción, uso de evidencia de años anteriores en caso de que se quiera realizar.

Lo que me preocupa no solo es este proyecto, sino también que estemos utilizando un tiempo valioso en cuestiones de carácter administrativo.

Una iniciativa como esta, agregándole otras cosas, fue presentada por nuestros Senadores y fue declarada inadmisible por esta Mesa. Hoy día estamos votando un proyecto similar y con menos acciones, pero antes lo declaramos inadmisible.

Entonces, en verdad, creo que si nos empezamos a involucrar en la acción de los Ministerios y no nos abocamos a la gran cantidad de proyectos que hoy día estamos discutiendo, vamos a perder un poquito el norte. Discúlpenme, pero realmente no veo el sentido de estar hoy día votando esto.

Reconozco -y también coincido con mi colega David Sandoval - que falta diálogo. Evidentemente, si hay descriterios de algunos DAEM o de algunos encargados comunales de educación, bueno, es labor del Ejecutivo ver cómo resuelve eso.

Sin embargo, si frente a cada situación compleja que se da en la mala interpretación de la norma en cada región o en cada municipio, realmente tendríamos dos ámbitos administrativos: el Senado y el Gobierno.

Hoy día le tendremos que pedir al Ejecutivo que haga su pega y que vea cómo es capaz de destrabar estas cosas, pero creo que no debiéramos estar legislando sobre esta materia, pues ya está normada y tiene un carácter reglamentario.

Por lo tanto, voy a votar en contra, porque es lo que considero correcto, entendiendo la preocupación por que los niños vuelvan a clases en forma segura; que ha faltado diálogo, en fin. Creo que ello es así.

Pero respecto de este punto en particular a mí me parece que hoy no debiéramos estar legislando sobre esta iniciativa puntual.

Así que voto en contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

La Senadora señora Aravena vota en contra.

Senador señor Araya, ¿cómo vota?

El señor ARAYA.-

Voto a favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Bianchi, ¿cómo vota?

El señor BIANCHI.-

Señora Presidenta , efectivamente, como señaló la señora Senadora que me antecedió en el uso de la palabra, no debiéramos estar viendo este proyecto. ¿Pero sabe por qué lo estamos haciendo? Porque el Gobierno y los sostenedores en definitiva no lograron suspender la evaluación docente y el Simce.

Por eso tenemos que discutir esta iniciativa.

Así que a mi juicio en lo más mínimo estamos perdiendo el tiempo, sino al revés: estamos ganando un gran tiempo al tener esta discusión; al hacer ver al Gobierno que debiera abrirse al diálogo -tal cual lo han planteado otras Senadoras y otros Senadores- con los sostenedores.

Asimismo, quiero hacer otra reflexión.

Quedan aproximadamente tres meses en que podría haber clases presenciales.

Entonces, uno se pregunta cuál es el verdadero motivo del Ministerio, del Ministro de Educación para insistir en volver a clases. ¿Cuál es la razón? ¿Aprovechar esos tres meses? ¿Recuperar el tiempo perdido?

Sabe, señora Presidenta , estoy llegando a una reflexión final: volver a clases para el Ministerio o para el Ministro en particular significa además la posibilidad de volver lo más rápido posible al trabajo presencial.

Creo que ese es el factor de fondo.

Que los niños estén en casa con clases no presenciales efectivamente permite que muchas mamás y muchos papás realicen sus labores de manera telemática o mediante el teletrabajo.

En consecuencia, ¿cuál es el verdadero objetivo de que los niños vuelvan a clases presenciales? Me parece que ello es para obligar, por esa vía, a que también se vuelva lo antes posible a la vida laboral, a la productividad, que es lo que ha priorizado este Gobierno.

Quiero felicitar el que hoy estemos discutiendo este proyecto, porque el Ejecutivo no fue capaz de verlo, no logró el diálogo con los sostenedores. Hay diversas demostraciones en numerosas comunas, en muchas regiones donde a las maestras y a los maestros no se les acogió la petición para suspender la evaluación docente.

Así que voy a votar favorablemente este proyecto, señor Secretario y estimada Presidenta .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

El Senador señor Bianchi vota a favor.

El Senador señor Huenchumilla se ha incorporado a la sesión.

¿Cómo vota Su Señoría?

El señor HUENCHUMILLA.-

Voto a favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senadora señora Van Rysselberghe, ¿cómo vota?

Senadora señora Van Rysselberghe, ¿cómo vota?

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

Reitero: ¿alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (22 votos a favor, 7 en contra y 6 abstenciones).

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste y Rincón y los señores Araya, Bianchi, Castro, De Urresti, Elizalde, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Latorre, Montes, Ossandón, Pizarro, Quintana, Quinteros y Soria.

Votaron por la negativa las señoras Aravena y Ebensperger y los señores Coloma, Durana, Galilea, García-Huidobro y Pugh.

Se abstuvieron la señora Sabat y los señores Chahuán, García, Moreira, Prohens y Sandoval.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Queda aprobado en general el proyecto.

Se debe fijar plazo para la presentación de indicaciones.

Senador señor Quintana, como Presidente de la Comisión de Educación , ¿tiene alguna propuesta?

El señor QUINTANA.-

El próximo lunes hasta el mediodía, señora Presidenta .

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

¿Les parece a Sus Señorías?

Acordado.

)------------(

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Solicito autorización de la Sala para que pase a reemplazarme en la testera el Honorable señor Pizarro por unos minutos.

Acordado.

--Pasa a dirigir la sesión el Senador señor Pizarro, en calidad de Presidente accidental.

)------------(

El señor PIZARRO ( Presidente accidental ).-

Entiendo que el señor Subsecretario de Educación está pidiendo la palabra.

¿Está por ahí?

El señor POBLETE ( Subsecretario de Educación ).-

Sí.

El señor PIZARRO ( Presidente accidental ).-

Tiene la palabra, señor Subsecretario .

El señor POBLETE ( Subsecretario de Educación ).-

Señor Presidente , por su intermedio, quiero saludar a todos los Senadores que nos acompañan hoy día.

Hemos escuchado atentamente la votación. Hay ciertos elementos que considero importante dejar en claro para darle contexto a lo que actualmente se ha discutido, y también existen algunos antecedentes que muestran el actuar del Ejecutivo y determinados datos que aportan certezas al debate, tal como se ha señalado acá. Estimo relevante que Sus Señorías conozcan aquello.

A partir de mayo el Ministerio de Educación señaló justamente, dado que se estaba discutiendo a partir de la situación de pandemia, qué iba a ocurrir con la evaluación docente y entregó las orientaciones a todo el sistema educativo con respecto a las adecuaciones tanto en el calendario como en la forma de rendir la prueba pertinente.

Se inició el proceso de inscripción. Y para que tengan los antecedentes claros, hoy día hay más de 30 mil docentes inscritos para dar su evaluación. No solo hubo quienes se inscribieron, sino que algunos la suspendieron. En efecto -tal como se ha dicho acá-, 13.600 docentes han suspendido su evaluación, contando además con una aclaratoria por parte de Contraloría General de la República que ha establecido que la situación COVID plantea un caso fortuito y que, por lo tanto, ello debe ser mandatoriamente acogido por los sostenedores.

Indudablemente, pueden existir diferentes casos que a lo mejor muestren un incumplimiento al respecto, y, claramente, como en toda situación operativa, cada caso que no responde adecuadamente a los criterios emanados desde el Ministerio y la Contraloría General de la República debe ser... ().

falla de audio en transmisión telemática

Pero junto con ello es relevante decir que no tan solo los docentes se inscribieron para dar la prueba. Cabe hacer el paréntesis de que en una segunda instancia, que es la validación para poder decir "Yo sí quiero ratificar esta prueba", también se puede suspender la evaluación en cualquier momento del proceso. No obstante esto, más del 95 por ciento de los docentes que se inscribieron ratificaron su deseo de dar la prueba.

Por tanto, es importante considerar en el análisis que se hace, más que la casuística uno a uno, que el grueso de los profesores nos está diciendo de alguna manera que quieren rendir la prueba.

Ahora, ¿por qué lo hacen? Indudablemente -y esta es materia que ya se acogió en la legislación-, la evaluación docente tiene distintos fines e implicancias. Efectivamente, también les permite a los profesores avanzar en su carrera docente, y, por consiguiente, la normativa actual posibilita que alternativamente uno pueda recoger circunstancias especiales para balancear adecuadamente los distintos ajustes que se deban introducir para resguardar los intereses propios de los profesores que se ven impactados por la evaluación docente.

Claramente, la situación de pandemia que nos afecta lleva consigo ciertas flexibilidades, las cuales -reitero- se entregaron ya en mayo al sistema educativo.

Entonces, querer hacer sentir que esta es una inacción por parte del Ministerio de Educación no nos parece totalmente adecuado a la realidad, dado que -insisto- desde mayo ya se entregaron las orientaciones pertinentes, lo que permitió justamente que algunos docentes se pudieran inscribir y que otros suspendieran la evaluación. Y aquellos que se inscribieron -lo señalo nuevamente- han ratificado su deseo de rendir la prueba, porque se han validado en el sistema para eso.

Ahora, ¿existen adecuaciones? Claramente las hay, y estas fueron entregadas. De hecho, en el transcurso de la discusión se mostraron y se explicaron para los efectos de posibilitar estas adecuaciones tanto en fechas y plazos como también respecto de cómo se van a utilizar los instrumentos que requiere la medición.

Existen canales administrativos claros para recoger las anomalías que puedan existir en la aplicación uno a uno, como en todos los casos de educación. De hecho, acá se mencionó la magnitud del sistema. Efectivamente, hoy día tenemos un sistema que más de 11.500 establecimientos; más 3 millones 600 mil estudiantes en todo el país. Y acoger cada una de sus preocupaciones evidentemente requiere una enorme flexibilidad y un conocimiento del terreno.

Se ha mencionado también que se precisa diálogo. Al respecto, puedo dar absoluta fe de que el Ministerio ha mantenido reuniones no solo con los sostenedores, sino también con equipos directivos, con docentes. Nos hemos juntado con el Colegio de Profesores en reiteradas ocasiones. La Mesa Social COVID-19 es un mecanismo establecido por el Gobierno, y justamente va a incorporar a actores de educación para dialogar a través de esa instancia.

Creo que para poder tomar decisiones adecuadas es importante tener a mano todos los antecedentes.

Reitero: de los docentes que se inscribieron para dar la prueba, en una segunda instancia, que es la validación y que está dentro del proceso administrativo, la mayoría de ellos volvieron a ratificar su deseo de rendir la prueba.

Esos son los números que tenemos hoy día. Lo concreto es que 13.600 docentes han podido suspender la prueba, y en el caso de detectarse alguna anomalía, existen todos los canales formales para hacer ver esa situación.

Así que eso es todo cuanto puedo señalar por mi parte, señor Presidente. Y le agradezco la instancia para haber expresado nuestras ideas.

El señor PIZARRO ( Presidente accidental ).-

Muchas gracias, señor Subsecretario .

Entonces, queda aprobado en general el proyecto, en segundo trámite constitucional, que suspende la aplicación de la Evaluación Docente y de las pruebas del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación.

Recuerdo el acuerdo de que las indicaciones deben ser entregadas hasta el lunes 31 de agosto, a las 12 horas.

El señor NAVARRO.-

Pido la palabra.

El señor PIZARRO (Presidente accidental).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor NAVARRO.-

Señor Presidente , quisiera dejar consignado mi voto a favor de este proyecto de ley, que suspende la aplicación de la Evaluación Docente.

No alcanzamos a llegar porque la Ruta 68 está totalmente bloqueada a la altura de Lo Vásquez. Carabineros ha procedido a hacer un desvío que ralentiza extraordinariamente el tránsito vehicular. Está completamente bloqueada la carretera por el paro de los camioneros, y es decisión del Gobierno actuar como lo ha hecho en contra de muchas manifestaciones civiles cuando se han bloqueado las carreteras.

No hemos podido llegar para votar esta iniciativa. Pero dejo constancia de mi total apoyo al proyecto de ley que suspende la aplicación de la Evaluación Docente, conforme a los fundamentos que plantearon muchos de los colegas que votaron favorablemente.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PIZARRO ( Presidente accidental ).-

Se dejará constancia de la intención de voto favorable del Senador señor Navarro.

BOLETÍN N° 13.554-04

INDICACIONES

31.08.2020

INDICACIONES PRESENTADAS DURANTE LA DISCUSIÓN EN GENERAL DEL PROYECTO DE LEY, EN SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL QUE SUSPENDE LA APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DOCENTE Y DE LAS PRUEBAS DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (SIMCE), CORRESPONDIENTES AL AÑO 2020,

DEBIDO A LA PANDEMIA DE COVID-19

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY

1.- De los Honorables Senadores señores Alvarado y García para reemplazarla por la siguiente:

“Proyecto de ley que establece a la pandemia por Covid-19 como causal de caso fortuito o fuerza mayor para la suspensión de la evaluación docente”.

ARTÍCULOS 1 y 2

2.- De los Honorables Senadores señores Alvarado y García para sustituirlos por el que sigue:

“Artículo único: Los profesionales de la educación a los que le corresponda rendir la Evaluación Docente del artículo 70 durante el año 2020 y a quienes se les deba aplicar el Sistema de Reconocimiento y Promoción del Desarrollo Profesional Docente regulado en el Título III, ambos del Decreto con Fuerza de ley N°1, de 1996, del Ministerio de Educación, podrán ejercer la suspensión del artículo 7 letra a) del decreto N°192 del 2004, que aprueba el reglamento sobre Evaluación Docente, invocando la causal de caso fortuito.

Para estos efectos, se entenderá la pandemia por Covid-19 como caso fortuito o fuerza mayor, no pudiendo los sostenedores rechazar la solicitud. Lo anterior será aplicable hasta la rendición del proceso del año 2021.”.

ARTÍCULO 1

3.- De los Honorables Senadores señora Provoste y señores Montes y Quintana para intercalar la frase “y la aplicación del sistema de desarrollo profesional docente regulado en el artículo 19 y siguientes, Título III del Estatuto Docente, cuyos instrumentos se encuentran regulados en el artículo 19 K del mismo cuerpo legal creados por la” entre las palabras “Educación,” y “ley N° 20.903”.

ARTÍCULO 2

4.- De los Honorables Senadores señora Provoste y señores Montes y Quintana para intercalar la frase “,como del Sistema de Desarrollo Profesional Docente del artículo 19, ambos” entre las palabras “artículo 70 de” y “la ley N° 19.070”.

o o o o o

Artículo nuevo

5.- De los Honorables Senadores señora Provoste y señores Montes y Quintana para agregar un artículo nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo …- Suspéndase la realización de las pruebas del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación comprendidas en el artículo 37 de la Ley N° 20.370, que establece la Ley General de Educación por el año 2020, debido a la suspensión de clases presenciales derivadas de la declaración de estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, en el territorio nacional por el Covid-19.

Lo establecido en el inciso anterior, no obsta la realización durante el presente año de evaluaciones de tipo muestral, que sustituyan aquellas dispuestas en el artículo 37 de la ley N° 20.370, que establece la Ley General de Educación, cuando sean solicitadas voluntariamente por los establecimientos educacionales. En el caso de los establecimientos educacionales subvencionados, dicha decisión deberá ser consultada al Consejo Escolar a que se refieren los artículos 7º, 7º bis, 8º y 9º de la Ley Nº 19.979.

Los resultados de dichas evaluaciones deberán entregarse a los establecimientos educacionales que hayan participado de la evaluación y sus comunidades educativas.”.

o o o o o

- - -

?SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que suspende la aplicación de la Evaluación Docente y de las pruebas del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE), correspondientes al año 2020, debido a la pandemia de Covid-19.

BOLETÍN Nº 13.554-04.

HONORABLE SENADO:

La Comisión de Educación y Cultura tiene el honor de presentar su segundo informe respecto del proyecto de ley de la referencia, iniciado en Moción de de los Honorables Diputados señoras Camila Rojas y Camila Vallejo y señores Rodrigo González y Juan Santana.

Hacemos presente que la Sala, con fecha 1 de septiembre de 2020, amplió el plazo para presentar indicaciones en la Secretaría de la Comisión hasta el día 7 del mismo mes y año, las que, junto a las formuladas originalmente, se describen más adelante.[1]

A las sesiones en que se analizó esta iniciativa de ley asistió, además de sus miembros:

Del Ministerio de Educación: el Ministro, señor Raúl Figueroa, y el asesor legislativo señor José Pablo Núñez.

- - -

Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento del Senado, se deja constancia de lo siguiente:

1.-Artículos que no fueron objeto de indicaciones ni modificaciones: no hay.

2.- Indicación aprobada sin modificaciones: la número 5).

3.- Indicación aprobada con modificaciones: las de los números 2A), 3), 4) y 4 A).

4.- Indicaciones rechazadas: la indicación número 1 A).

5.- Indicaciones retiradas: las de los números 1) y 2).

6.- Indicaciones declaradas inadmisibles: no hay.

- - -

NORMAS DE QUORUM ESPECIAL

Se hace presente que, de conformidad a lo dispuesto en el número 11 del artículo 19 de la Carta Fundamental, el artículo 3° del texto aprobado por la Comisión, al enmendar el artículo 37 de la Ley General de Educación, tiene el carácter de norma orgánica constitucional, por lo que requiere para su aprobación de las cuatro séptimas partes de los Senadores en ejercicio, según lo prevé el inciso segundo del artículo 65 de la Constitución Política de la República.

- - -

Previo a la discusión en particular de las indicaciones, la Comisión escuchó al Ministro de Educación, señor Raúl Figueroa, quien reiteró el interés del Ejecutivo en esta propuesta de ley, por lo que expresó su intención de efectuar una propuesta alternativa a las indicaciones presentadas en el primer plazo, ello con el objeto de llegar a un acuerdo sobre la materia que regula esta iniciativa de ley.

Explicó que el objetivo de este proyecto de ley es disponer la posibilidad de suspender las evaluaciones docentes por motivos de la pandemia COVID-19, el que, como anticipó, es compartido por el Ejecutivo. Hizo presente que el Ministerio ha implementado un sistema para que los docentes que han querido postergar la evaluación por las causas mencionadas, puedan hacerlo por medio de una solicitud a sus respectivos sostenedores.

De esta forma, y de acuerdo con las consecuencias que se persiguen, dijo que existe consenso respecto de la situación de aquellos docentes que, por causas de fuerza mayor, no puedan someterse a evaluación, tengan no sólo la posibilidad de hacerlo, sino que también las facilidades para ello. Al mismo tiempo, señaló que existen docentes que sí desean evaluarse, por lo que también podrán hacerlo.

Sugirió, sin ánimo de dilatar el despacho de esta iniciativa, un breve plazo para formular una indicación que aliviane la puesta en práctica del mismo, en el entendido de que existe un acuerdo entre el Ejecutivo y la oposición de que se debe dar la posibilidad de suspender la evaluación. Explicó que la idea es que el texto que resulte aprobado sea compatible con otras medidas que ya se han adoptado por parte del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP). El objetivo es, subrayó, compatibilizar el proyecto con la implementación administrativa del mismo.

Todo lo anterior considerando que el objetivo del proyecto es que, atendidas las particulares condiciones del sistema educativo este año 2020, los docentes que deseen no rendir la evaluación puedan y los que puedan tengan la libertad para hacerlo.

En razón de lo expuesto, la idea es despacharlo de la Sala la próxima semana con las modificaciones que introduzca la Comisión, considerando la propuesta que presentará el Ejecutivo y que dice relación con la implementación del mismo.

El Honorable Senador Quintana hizo presente que la Comisión de Educación y Cultura siempre ha sido flexible con el Ejecutivo para la presentación de nuevas indicaciones en diversos proyectos de ley que han estado en debate en esta instancia legislativa, logrando acuerdos importantes que han permitido incluso aprobar proyectos por unanimidad. Al mismo tiempo, recordó que el Gobierno no siempre ha tenido disposición para avanzar en acuerdos que van en beneficio de la educación chilena.

Por lo anterior, valoró el tono y la propuesta del Ejecutivo, toda vez que el mismo no las presentó en plazo establecido por la Sala de la Corporación.

La Honorable Senadora Provoste dijo que es importante la actitud que hoy muestra el Ministerio de Educación con un proyecto de ley que, en su opinión, es de suma relevancia en materias de evaluación docente, tema que estaba pendiente desde el mes de mayo de este año, tal como fue planteado por esta Comisión al señor Ministro. Dijo que más allá de la buena disposición que hoy muestra el Gobierno, el tiempo en esta materia (así como todo lo que tiene que ver con Educación) es implacable, por lo que no es posible seguir esperando soluciones mientras una serie de compatriotas se ven afectados por la falta de decisiones en materia de política pública educacional.

Añadió que a la fecha (2 de septiembre de 2020), se presenta la dificultad de que los plazos de entrega de los portafolios vencen en octubre, y existen sostenedores que están presionando a los profesores a rendir las pruebas de evaluación. Entonces, es importante entregar una señal que se hizo ver en el mes de abril cuando la Comisión escuchó a los especialistas en este tema.

Hizo presente que se trata de una moción sencilla, que pretende que, con ocasión del COVID-19, se suspenda la evaluación docente, pero quienes quieran realizar puedan hacerlo.

Finalmente, requirió del señor Ministro mayores certezas en materia educacional.

El Honorable Senador señor Alvarado también valoró la disposición del Ministerio para encontrar una solución consensuada donde, según dijo, hay acuerdo en el objetivo final de la iniciativa. Por ello, si la propuesta del Gobierno llega en tiempo y forma la próxima sesión, la Comisión estaría en condiciones de despachar el proyecto. Así, todos aquellos docentes que no deseen someterse a la evaluación por causa del COVID-19, pueden así hacerlo. Según los números que maneja, cerca de 13.000 docentes no han rendido las pruebas de evaluación.

El tiempo que ha solicitado el Ejecutivo tiene por finalidad lograr una redacción de este proyecto de ley que permita coordinar la iniciativa con las normas reglamentarias internas para, así, lograr su correcta implementación.

El Honorable Senador señor Quintana señaló que es posible recabar el acuerdo en tanto el Ministro se comprometa a enviar una Circular en que entregue instrucciones en el sentido de suspender la Evaluación. Recordó que hace algunos días tuvo conocimiento de un documento oficial del DAEM que no considera a la pandemia como una razón de fuerza mayor, por lo que es de suyo relevante entregar mayores niveles de certeza.

Hizo presente que, en caso de introducir cambios en el Senado, esta iniciativa tiene que volver a la Honorable Cámara, por lo que hay que ser cuidadosos en el manejo de los tiempos.

La Honorable Senadora Provoste precisó que el proyecto no sólo se hace cargo de la evaluación docente, sino que también del SIMCE, asunto que también debe ser abordado en la nueva propuesta del Ejecutivo. Además, solicitó que el Gobierno, en este tiempo en el cual elaborará la nueva propuesta, debe considerar otros casos de fuerza mayor, como es el caso de las catástrofes naturales que sufre el país por diversos motivos.

Finalmente, la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Provoste, y señores Alvarado, García Ruminot, Montes y Quintana, accedió a lo solicitado por el señor Ministro y acordó requerir el acuerdo de la Sala del Senado para abrir un nuevo plazo para presentar indicaciones hasta el lunes 7 de septiembre de 2020, lo cual fue aprobado.

DISCUSIÓN EN PARTICULAR

Vencido el nuevo plazo y presentadas las indicaciones por el Ejecutivo a las que se hizo referencia en un párrafo precedente, el Ministro de Educación, señor Raúl Figueroa, dijo que el Ejecutivo formuló una propuesta de acuerdo con lo que se había debatido previamente. Señaló tener la convicción de es importante entregar ciertas pautas de orden y señales claras a los docentes que no estén en condiciones de evaluarse este año por motivo de la pandemia COVID-19. Explicó que el Ministerio, en su momento, implementó un mecanismo que iba en esa dirección, esto es, que los docentes solicitaran al sostenedor la suspensión de evaluación en caso de que presentara alguna de las hipótesis consideradas. Lo anterior tenía un inconveniente, que es que un profesor presentara su solicitud y el sostenedor se la negara sin causa justificada.

Con el objeto que es compartido y al cual ya se hizo referencia en el debate (la suspensión de la evaluación docente), la indicación que formuló el Ejecutivo apunta en la dirección de considerar una facultad de los docentes suspender o no la evaluación, estableciendo un mecanismo en el sentido de que la suspensión debe solicitarse al sostenedor, y, por el sólo hecho de presentar la solicitud, se entiende acogida de pleno derecho.

El Presidente del Colegio de Profesores de Chile, señor Mario Aguilar, expresó que la postura del gremio ha sido clara desde el mes de marzo, cuando el virus comenzó a expandirse de manera importante con resultados determinantes en la salud ya de los estudiantes como de los profesores que tenían que asistir a clases. Una vez decretada la pandemia, muchos profesores manifestaron su inquietud respecto de los procesos de evaluación y del SIMCE, en razón de que los cambios que hubo que implementar en el sistema de educación escolar fue radical e inesperado, por lo que los resultados tendrían un resultado con altos grados de distorsión.

Al mes de septiembre de 2020, señaló que existen rasgos de incertidumbre en la materia a la cual se refiere esta iniciativa legal, más aún considerando que diversos sostenedores a los cuales se les ha cursado la solicitud, no le han dado su debido curso por razones de fuerza mayor. Afirmó que existen testimonios que dan cuenta de que algunos sostenedores no consideran a la pandemia COVID-19 como uno de los casos comprendidas en esa causal de exclusión del cumplimiento del deber de evaluación [2]. Este asunto, precisó, no puede quedar al arbitrio de los sostenedores.

En este mismo ámbito de ideas, expresó que este problema debe contar con una solución reconocida en la ley, razón por la cual está de acuerdo tanto con el contenido de la iniciativa como con el de las indicaciones formuladas por el Ejecutivo, que por el sólo hecho de solicitar la suspensión esta opera de pleno derecho. Sin perjuicio de lo anterior, lamentó que sea recién en el mes de septiembre de 2020 cuando se acomete este problema, toda vez que, tal cual dijo, los reclamos se formularon en el mes de marzo de este año.

Solicitó dejar constancia en este informe de que está pendiente un compromiso del Ministerio de Educación de colocar término a la “doble evaluación”. Explicó que los profesores chilenos están sometidos a un doble sistema de evaluación que está contenido en dos cuerpos normativos diferentes, asunto que motivó la firma de un compromiso entre del Ejecutivo y el Colegio de Profesores, que data del mes de julio del año 2019, en virtud del cual el Gobierno enviaría un proyecto de ley para terminar con esta situación, lo que no se ha hecho hasta la fecha.

El Honorable Senador señor Quintana dijo que el caso al que hizo mención el Presidente del Colegio de Profesores respecto del profesor de la Comuna de Villarrica no es aislado. Afirmó que él también ha conocido de casos similares en su circunscripción. La situación no es aislada si se consideran también los casos presentados en otras sesiones por los Honorables Senadores señora Provoste y señor Navarro.

Respecto de este tema, el Ministro de Educación, señor Raúl Figueroa, explicó que con la indicación presentada por el Ejecutivo la situación se resuelve, toda vez que una vez presentada la solicitud de suspensión, esta se entenderá aprobada de plano derecho, limitando la discrecionalidad de los sostenedores para otorgar o no esa posibilidad.

La Honorable Senadora señora Provoste valoró también la actitud del Ejecutivo para involucrarse en una iniciativa que comenzó a discutirse desde los inicios de la pandemia COVID-19. Recordó que en el mes de mayo se envió una carta al Ministerio de Educación planteando este tema y otros vinculados a los efectos sanitarios en el desarrollo de la actividad educacional. A este respecto, señaló que la indicación que hace el Ejecutivo al artículo 2 (lo reemplaza por otro nuevo) da cuenta de problemas reales que hay que solucionar en diversos establecimientos educacionales a lo largo de todo Chile, particularmente respecto de aquellos que quieren postergar voluntariamente sus evaluaciones hasta el restablecimiento de ciertos grados de normalidad en la actividad, pues hoy no están las condiciones para llevar adelante ese proceso.

Sin perjuicio de lo anterior, añadió que ni el proyecto ni las indicaciones presentadas por el Ejecutivo se hacen cargo de lo referido a la suspensión de la prueba SIMCE para el año 2020.Sobre el particular, hizo mención que esta materia formaba parte de la moción original y tuvo un apoyo importante en la Cámara de Diputados, pero que, dado que es una norma de quórum supra mayoritario, orgánica constitucional, no fue aprobada por falta de votos. (88 votos a favor versus 40 en contra). Instó, por ello al Ejecutivo a hacerse cargo, además, de la suspensión de la mencionada evaluación para el año 2020.

A propósito de lo que planteó el Presidente del Colegio de Profesores, señor Mario Aguilar, consultó al Ejecutivo por los plazos que se ha fijado para presentar un proyecto de ley que termine con la doble evaluación de los profesores a la que se hizo mención.

Luego, el Honorable Senador señor García Ruminot formuló dos preguntas al señor Ministro de Educación:

Uno) Respecto de la propuesta que se hace sobre el artículo 2, preferiría que la filmación que forma parte del proceso de evaluación se postergue para los meses de abril o mayo del año 2021. Consultó si esa materia en particular puede quedar entregada a un reglamento, con el objeto de flexibilizar su exigencia y no tener que regular todo por una ley y abrir así otra discusión en el Congreso Nacional por el mismo tema.

Dos) En lo que dice relación con el SIMCE y una de las indicaciones de autoría de los Honorables Senadores señora Provoste y señores Montes y Quintana, se sugiere una evaluación muestral que va en línea con lo sugerido por el Ministerio de Educación. Por lo anterior, preguntó al Ejecutivo cómo advierte la sugerencia de los parlamentarios en el sentido indicado.

Concordó con la Honorable Senadora señora Provoste en el sentido de suprimir la doble evaluación, que es una demanda que atraviesa a los profesores de todo el país, la que, además, en su opinión, es de todas formas atendible. Por ello solicitó información del Ministerio de Educación para conocer la fecha en que se presentará una iniciativa de ley en este sentido.

El Honorable Senador señor Alvarado expresó que la indicación del Ejecutivo cumple con el propósito de subsanar la discusión previa que se tuvo sobre el contenido de este proyecto de ley. Luego, en relación con la propuesta del Honorable Senador García en cuanto a trasladar la norma del artículo 2 a un reglamento, expresó que podría adicionarse una frase al mismo articulado en orden a que en casos de fuerza mayor (como es el caso del COVID-19), sea el propio Ministerio de Educación el que fije una nueva fecha para la grabación de las clases.

Además, declaró que, dado el contenido de las indicaciones del Ejecutivo, retirará las indicaciones números 1) y 2), de su autoría y del Senador García.

El Ministro de Educación, señor Raúl Figueroa, respecto de entregar mayor flexibilidad al CPEIP para solucionar los problemas que surjan durante el transcurso de los hechos, sostuvo que una las indicaciones propone una alternativa en el del inciso segundo del nuevo artículo 2 al señalar que “Sin perjuicio de lo anterior, el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP), por resolución fundada, podrá adoptar todas las medidas necesarias para la administración del proceso 2020, incluidos otros mecanismos para hacer efectivo lo dispuesto en el artículo 1° de esta ley.” Por lo tanto, el sentido de la redacción apunta en el sentido indicado, sin perjuicio de que puede buscarse una redacción diferente que vaya en esa dirección.

Sobre los otros aspectos que se han planteado, hizo presente que se ha conversado con el Colegio de Profesores sobre la doble evaluación y están en condiciones de cumplir con ese compromiso. Respecto del SIMCE, señaló que no se realizará este año.

La Honorable Senadora señora Provoste preguntó al Ejecutivo por la indicación 2 A) del Ejecutivo, que, si bien recoge la discusión que se ha dado sobre esta iniciativa, sucede en aquellas comunas en las cuales los sostenedores han optado por no dar curso a las solicitudes de suspensión. Ya que el inciso segundo del nuevo artículo propuesto por el Ejecutivo señala que “para efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, los mencionados profesionales deberán presentar una solicitud al sostenedor respectivo, la que producirá la suspensión de pleno derecho de las evaluaciones señaladas respecto del solicitante. Asimismo, se producirá la suspensión de pleno derecho de las evaluaciones respecto de los solicitantes que hubieren presentado solicitudes de suspensión antes de la publicación de esta ley.”, hay que entender que el Ejecutivo se hace cargo de las personas que solicitaron la suspensión antes de la publicación de esta ley, entendiendo que tales solicitudes han sido aceptadas aun cuando hayan sido negadas en su oportunidad por los solicitantes. Sobre este punto, solicitó si acaso se puede ser más preciso en la redacción.

El Ministro de Educación, señor Raúl Figueroa, explicó que, tal como lo señaló la Honorable Senadora señora Provoste, la intención del Ejecutivo es sanear las situaciones en las que las decisiones sobre las solicitudes pudieron haber dio adoptadas de forma arbitraria. En caso de ser necesario modificar la redacción la indicación para que el mensaje sea todavía más claro, el Gobierno está disponible.

La Honorable Senadora señor Provoste sugirió incorporar un nuevo párrafo del siguiente tenor:

“Para efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, los mencionados profesionales deberán presentar una solicitud al sostenedor respectivo, el que estará obligado a dar curso a la misma, la que producirá la suspensión de pleno derecho del solicitante. Todas las solicitudes presentadas al respecto con anterioridad a la publicación de la presente ley, que, habiendo sido rechazadas o aun no resueltas, por el sólo ministerio de la ley producirán el efecto de suspender la evaluación.”

Lo anterior, según dijo, es sólo una idea que puede ser precisada.

El Ministro de Educación, señor Raúl Figueroa, expresó que está de acuerdo con la idea, y propuso que lo que hay que dejar en claro es que una solicitud que fue rechazada, la suspensión operará de pleno derecho.

- - -

A continuación, se efectúa una relación de las indicaciones formuladas al texto aprobado en general por el Senado, que se describen, y de los acuerdos adoptados a su respecto por la Comisión de Educación y Cultura.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY

La denominación de esta iniciativa es:

“Proyecto de ley que suspende la aplicación de la Evaluación Docente y de las pruebas del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE), correspondientes al año 2020, debido a la pandemia de Covid-19.”

La indicación N° 1), de los Honorables Senadores señores Alvarado y García para reemplazarla por la siguiente:

“Proyecto de ley que establece a la pandemia por Covid-19 como causal de caso fortuito o fuerza mayor para la suspensión de la evaluación docente”.

- Esta indicación fue retirada por sus autores.

La indicación número 1 A), De S.E. el señor presidente de la República, lo reemplaza por el siguiente:

“Proyecto de ley que suspende la aplicación de la evaluación docente correspondiente al año 2020 por la pandemia del COVID-19”.

- Esta indicación fue rechazada por mayoría de votos. Votaron por el rechazo los Honorables Senadores señora Provoste y señores Montes y Quintana. Se pronunciaron a favor los Honorables Senadores señores Alvarado y García Ruminot.

- - -

Artículo 1

El texto aprobado en general prescribe que se suspende la realización de la Evaluación Docente que contempla el artículo 70 de la ley N° 19.070, que aprueba el Estatuto de los Profesionales de la Educación, y la ley N° 20.903, que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente y modifica otras normas, por el año 2020, debido a la pandemia mundial de Covid-19. Los profesionales de la educación a quienes les correspondía realizar la evaluación docente el año 2020 podrán evaluarse el año 2021.

El precepto fue objeto de las indicaciones números 2), 2A) y 3).

La indicación número 2), de los Honorables Senadores señores Alvarado y García los reemplaza (artículo 1 y 2) por el que sigue:

“Artículo único: Los profesionales de la educación a los que le corresponda rendir la Evaluación Docente del artículo 70 durante el año 2020 y a quienes se les deba aplicar el Sistema de Reconocimiento y Promoción del Desarrollo Profesional Docente regulado en el Título III, ambos del Decreto con Fuerza de ley N°1, de 1996, del Ministerio de Educación, podrán ejercer la suspensión del artículo 7 letra a) del decreto N°192 del 2004, que aprueba el reglamento sobre Evaluación Docente, invocando la causal de caso fortuito.

Para estos efectos, se entenderá la pandemia por Covid-19 como caso fortuito o fuerza mayor, no pudiendo los sostenedores rechazar la solicitud. Lo anterior será aplicable hasta la rendición del proceso del año 2021.”.

- Al igual que la indicación número 1, esta indicación fue retirada por sus autores.

S.E. el Presidente de la República formuló la indicación número 2 A), para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 1°.- En consideración a la pandemia del COVID-19, facúltase por el año 2020 a los profesionales de la educación para no rendir los instrumentos de evaluación contemplados en el artículo 19 K del decreto con fuerza de ley N° 1, de 1996, del Ministerio de Educación, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 19.070, que aprobó el estatuto de los profesionales de la educación, y de las leyes que la complementan y modifican, correspondientes al Sistema Nacional de Reconocimiento y Promoción del Desarrollo Profesional Docente; y para no rendir la evaluación de los profesionales de la educación que se desempeñen en funciones de docencia de aula contemplado en el artículo 70 y siguientes del mismo cuerpo legal.

Para efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, los mencionados profesionales deberán presentar una solicitud al sostenedor respectivo, la que producirá la suspensión de pleno derecho de las evaluaciones señaladas respecto del solicitante. Asimismo, se producirá la suspensión de pleno derecho de las evaluaciones respecto de los solicitantes que hubieren presentado solicitudes de suspensión antes de la publicación de esta ley.”.

La Honorable Senadora señora Provoste sugirió la siguiente redacción para el inciso segundo:

“Para efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, los mencionados profesionales deberán presentar una solicitud al sostenedor respectivo, el que estará obligado a dar curso a la misma, la que producirá la suspensión de pleno derecho de las evaluaciones señaladas respecto del solicitante. Asimismo, se producirá la suspensión de pleno derecho de las evaluaciones respecto de los solicitantes que hubieren presentado solicitudes de suspensión antes de la publicación de esta ley, cualquiera sea el estado de tramitación de dicha solicitud o respuesta anterior que se haya dado a la misma.”.

- Con la modificación anotada, esta indicación fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Provoste y señores Alvarado, García Ruminot, Montes y Quintana.

La indicación número 3) de los Honorables Senadores señora Provoste y señores Montes y Quintana intercala la frase “y la aplicación del sistema de desarrollo profesional docente regulado en el artículo 19 y siguientes, Título III del Estatuto Docente, cuyos instrumentos se encuentran regulados en el artículo 19 K del mismo cuerpo legal creados” por la” entre las palabras “Educación,” y “ley N° 20.903”.

- Esta indicación fue aprobada con modificaciones, subsumida en la número 2 A), por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Provoste y señores Alvarado, García Ruminot, Montes y Quintana.

Artículo 2

El texto aprobado en general es del siguiente tenor:

“Artículo 2.- Lo dispuesto en el artículo anterior no impide realizar la evaluación docente que contempla el artículo 70 de la ley N° 19.070, durante el período 2020, a los profesionales de la educación que manifiesten expresamente su voluntad de realizarla, por escrito, ya sea físicamente o por medios electrónicos, ante el Jefe del Departamento de Administración Municipal de Educación, el Director de la Corporación de Educación Municipal, el Director Ejecutivo del Servicio Local respectivo o el sostenedor del establecimiento particular subvencionado, quienes informarán al Ministerio de Educación.”.

El precepto fue objeto de dos indicaciones.

La indicación número 4), de los Honorables Senadores señora Provoste y señores Montes y Quintana intercala la frase “, como del Sistema de Desarrollo Profesional Docente del artículo 19, ambos” entre las palabras “artículo 70 de” y “la ley N° 19.070”.

La indicación número 4 A), de S.E. el señor Presidente de la República, lo reemplaza por el siguiente:

“Artículo 2°.- Para los profesionales de la educación que, a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, estén inscritos en el proceso de evaluación docente 2020, el registro audiovisual contemplado para el instrumento de evaluación señalado en la letra b) del artículo 19 K, del decreto con fuerza de ley N° 1 de 1996, del Ministerio de Educación, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N| 19.070, que aprobó el estatuto de los profesionales de la educación, y de las leyes que as complementen y modifican, será aplicado durante los meses de marzo, abril y mayo de 2021.

Sin perjuicio de lo anterior, el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP), por resolución fundada, podrá adoptar todas las medidas necesarias para la administración del proceso 2020, incluidos otros mecanismos para hacer efectivo lo dispuesto en el artículo 1° de esta ley.”

La Honorable Senadora señora Provoste sugirió que, dado que el artículo 2 establece que los profesionales de la educación que manifiesten expresamente su voluntad de realizar el proceso, ya sea por escrito o por medios electrónicos, esta norma debe quedar redactada en el mismo sentido.

El señor Ministro explicó que los que no hayan presentado la solicitud y que por lo tanto quieren rendir las pruebas de evaluación, puedan hacerlo.

El Honorable Senador señor García Ruminot sugirió que la redacción del inciso primero debe decir “para los profesores que hayan voluntariamente decidido someterse a la evaluación”.

En definitiva, la redacción del inciso segundo del artículo 2 quedó como sigue:

“Sin perjuicio de lo anterior, el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP), por resolución fundada, podrá adoptar todas las medidas necesarias para la administración del proceso 2020, incluidos otros mecanismos para hacer efectivo lo dispuesto en el artículo 1° de esta ley.”.

- La indicación número 4A) fue aprobada, con la enmienda anotada sugerida por el Senador señor García, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Provoste y señores Alvarado, García Ruminot, Montes y Quintana.

Con la misma votación, subsumida en la indicación número 4A), quedó aprobada la indicación número 4), con enmiendas

- - -

Finalmente, la indicación número 5), de los Honorables Senadores señora Provoste y señores Montes y Quintana agrega un artículo nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo …- Suspéndase la realización de las pruebas del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación comprendidas en el artículo 37 de la Ley N° 20.370, que establece la Ley General de Educación por el año 2020, debido a la suspensión de clases presenciales derivadas de la declaración de estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, en el territorio nacional por el Covid-19.

Lo establecido en el inciso anterior, no obsta la realización durante el presente año de evaluaciones de tipo muestral, que sustituyan aquellas dispuestas en el artículo 37 de la ley N° 20.370, que establece la Ley General de Educación, cuando sean solicitadas voluntariamente por los establecimientos educacionales. En el caso de los establecimientos educacionales subvencionados, dicha decisión deberá ser consultada al Consejo Escolar a que se refieren los artículos 7º, 7º bis, 8º y 9º de la Ley Nº 19.979.

Los resultados de dichas evaluaciones deberán entregarse a los establecimientos educacionales que hayan participado de la evaluación y sus comunidades educativas.”.

Respecto de esta indicación, el Ejecutivo sostuvo que es inadmisible por dos razones. La primera de ellas es porque se trata de una materia que fue objeto de una moción que fue rechazada en la Honorable Cámara de Diputados, razón por la cual no puede discutirse el mismo tema sino transcurrido un año; y, además, por tratar materias propias de la iniciativa exclusiva del Ejecutivo de acuerdo con lo dispuesto en el número 2° del inciso cuarto del artículo 65 de la Constitución Política de la República.

La Honorable Senadora señora Provoste señaló que la indicación es admisible. En primer término, señaló que no es aplicable en la especie el artículo 68 precedentemente citado, ya que aquella norma se refiere a la prohibición de presentar, dentro de un año calendario, el mismo proyecto que hubiere sido desechado en general en la cámara de origen, cuestión que no es dable en la especie. En segundo término, argumentó que esta indicación no se refiere a materias propias de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

- Cerrado el debate, y puesta en votación la indicación fue aprobada por mayoría de votos. Se pronunciaron por la afirmativa los Honorables Senadores señora Provoste y señores Montes y Quintana. Se abstuvo el Honorable Senador señor García Ruminot.

Al fundamentar su voto, la Honorable Senadora señora Provoste, expresó que la indicación recoge lo que ha planteado el Ministerio de Educación, en el sentido de contar con mediciones de carácter muestral que reemplazan las que se encuentran vigentes. Agregó que estas evaluaciones deben realizarse con la participación de las comunidades escolares.

Por su parte, el Honorable Senador señor Montes dijo que la indicación es admisible y que, además, su contenido es dirigido a una circunstancia determinada como es la afectación de la normalidad del funcionamiento del sistema escolar.

Finalmente, el Honorable Senador señor García Ruminot fundamentó su abstención en razón de que esperará contar con mayores antecedentes tanto respecto de la admisibilidad de la indicación como en relación con los efectos que produciría la norma planteada.

- - -

MODIFICACIONES

De conformidad con los acuerdos anteriores, la Comisión propone efectuar las siguientes enmiendas al texto aprobado en general:

ARTÍCULO 1°

Reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 1°.- En consideración a la pandemia del COVID-19, facúltase por el año 2020 a los profesionales de la educación para no rendir los instrumentos de evaluación contemplados en el artículo 19 K del decreto con fuerza de ley N° 1, de 1996, del Ministerio de Educación, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 19.070, que aprobó el estatuto de los profesionales de la educación, y de las leyes que la complementan y modifican, correspondientes al Sistema Nacional de Reconocimiento y Promoción del Desarrollo Profesional Docente; y para no rendir la evaluación de los profesionales de la educación que se desempeñen en funciones de docencia de aula contemplado en el artículo 70 y siguientes del mismo cuerpo legal.

Para efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, los mencionados profesionales deberán presentar una solicitud al sostenedor respectivo, el que estará obligado a dar curso a la misma, la que producirá la suspensión de pleno derecho de las evaluaciones señaladas respecto del solicitante. Asimismo, se producirá la suspensión de pleno derecho de las evaluaciones respecto de los solicitantes que hubieren presentado solicitudes de suspensión antes de la publicación de esta ley, cualquiera sea el estado de tramitación de dicha solicitud o respuesta anterior que se haya dado a la misma.”.

(Indicaciones números 2A) y 3), aprobadas con enmiendas, ambas 5x0)

ARTÍCULO 2°

Sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 2°.- Para los profesionales de la educación que, a la fecha de la entrada en vigencia de esta ley, hayan resuelto voluntariamente someterse al proceso de evaluación docente 2020, el registro audiovisual contemplado para el instrumento de evaluación señalado en la letra b) del artículo 19 K, del decreto con fuerza de ley N° 1 de 1996, del Ministerio de Educación, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 19.070, que aprobó el estatuto de los profesionales de la educación, y de las leyes que la complementan y modifican, será aplicado durante los meses de marzo, abril y mayo de 2021.

Sin perjuicio de lo anterior, el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP), por resolución fundada, podrá adoptar todas las medidas necesarias para la administración del proceso 2020, incluidos otros mecanismos para hacer efectivo lo dispuesto en el artículo 1° de esta ley.”.

(Indicaciones números 4) y 4A), aprobadas con enmiendas, ambas 5x0)

- - -

Agregar el siguiente artículo 3°, nuevo:

Artículo 3.- Suspéndase la realización de las pruebas del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación comprendidas en el artículo 37 del decreto con fuerza de ley N°2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 20.370, con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley N°1, de 2005, por el año 2020, debido a la suspensión de clases presenciales derivadas de la declaración de estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, en el territorio nacional por el Covid-19.

Lo establecido en el inciso anterior, no obsta a la realización durante el presente año de evaluaciones de tipo muestral, que sustituyan aquellas dispuestas en el artículo 37 precedentemente citado, cuando sean solicitadas voluntariamente por los establecimientos educacionales. En el caso de los establecimientos educacionales subvencionados, dicha decisión deberá ser consultada al Consejo Escolar a que se refieren los artículos 7º, 7º bis, 8º y 9º de la ley Nº 19.979.

Los resultados de dichas evaluaciones deberán entregarse a los establecimientos educacionales que hayan participado de la evaluación y sus comunidades educativas.”.

(Indicación número 5) aprobada sin enmiendas por mayoría de votos 3x1 abstención)

- - -

TEXTO DEL PROYECTO:

De aprobarse las enmiendas precedentemente transcritas, el texto del proyecto de ley quedaría como sigue:

“PROYECTO DE LEY

“Artículo 1°.- En consideración a la pandemia del COVID-19, facúltase por el año 2020 a los profesionales de la educación para no rendir los instrumentos de evaluación contemplados en el artículo 19 K del decreto con fuerza de ley N° 1, de 1996, del Ministerio de Educación, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 19.070, que aprobó el estatuto de los profesionales de la educación, y de las leyes que la complementan y modifican, correspondientes al Sistema Nacional de Reconocimiento y Promoción del Desarrollo Profesional Docente; y para no rendir la evaluación de los profesionales de la educación que se desempeñen en funciones de docencia de aula contemplado en el artículo 70 y siguientes del mismo cuerpo legal.

Para efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, los mencionados profesionales deberán presentar una solicitud al sostenedor respectivo, el que estará obligado a dar curso a la misma, la que producirá la suspensión de pleno derecho de las evaluaciones señaladas respecto del solicitante. Asimismo, se producirá la suspensión de pleno derecho de las evaluaciones respecto de los solicitantes que hubieren presentado solicitudes de suspensión antes de la publicación de esta ley, cualquiera sea el estado de tramitación de dicha solicitud o respuesta anterior que se haya dado a la misma.

Artículo 2°.- Para los profesionales de la educación que, a la fecha de la entrada en vigencia de esta ley, hayan resuelto voluntariamente someterse al proceso de evaluación docente 2020, el registro audiovisual contemplado para el instrumento de evaluación señalado en la letra b) del artículo 19 K, del decreto con fuerza de ley N° 1 de 1996, del Ministerio de Educación, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 19.070, que aprobó el estatuto de los profesionales de la educación, y de las leyes que la complementan y modifican, será aplicado durante los meses de marzo, abril y mayo de 2021.

Sin perjuicio de lo anterior, el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP), por resolución fundada, podrá adoptar todas las medidas necesarias para la administración del proceso 2020, incluidos otros mecanismos para hacer efectivo lo dispuesto en el artículo 1° de esta ley.

Artículo 3.- Suspéndase la realización de las pruebas del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación comprendidas en el artículo 37 del decreto con fuerza de ley N°2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 20.370, con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley N°1, de 2005, por el año 2020, debido a la suspensión de clases presenciales derivadas de la declaración de estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, en el territorio nacional por el Covid-19.

Lo establecido en el inciso anterior, no obsta a la realización durante el presente año de evaluaciones de tipo muestral, que sustituyan aquellas dispuestas en el artículo 37 precedentemente citado, cuando sean solicitadas voluntariamente por los establecimientos educacionales. En el caso de los establecimientos educacionales subvencionados, dicha decisión deberá ser consultada al Consejo Escolar a que se refieren los artículos 7º, 7º bis, 8º y 9º de la ley Nº 19.979.

Los resultados de dichas evaluaciones deberán entregarse a los establecimientos educacionales que hayan participado de la evaluación y sus comunidades educativas.”

- - -

Tratado y acordado en sesiones celebradas los días 2 y 7 de septiembre de 2020, con asistencia de los Honorables Senadores señor Jaime Quintana Leal (Presidente), señora Yasna Provoste Campillay y señores Claudio Alvarado Andrade, José García Ruminot y Carlos Montes Cisternas.

Valparaíso, 8 de septiembre de 2020.

FRANCISCO JAVIER VIVES DIBARRART

Secretario de la Comisión

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA, RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY, EN SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE SUSPENDE LA APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DOCENTE Y DE LAS PRUEBAS DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (SIMCE), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DEBIDO A LA PANDEMIA COVID-19.

(BOLETÍN N° 13.554-04)

I. OBJETIVO DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN: suspender la realización de la evaluación docente, por el año 2020, debido a la pandemia mundial de covid-19, posponiendo dicho proceso para el año 2021, sin perjuicio de realizarla respecto los profesionales de la educación que manifiesten expresamente su voluntad en ese sentido, y suspender la realización de las pruebas del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación comprendidas en el artículo 37 de la ley N° 20.370, ley general de Educación, lo que no obstará a la realización de evaluaciones de tipo muestral.

II. ACUERDOS:

Indicación N° 1: retirada.

Indicación N° 1 A): rechazada. 3x2.

Indicación N° 2: retirada.

Indicación N° 2 A): aprobada con enmiendas 5x0.

Indicación N° 3: aprobada con modificaciones. 5x0.

Indicación N° 4: aprobada con modificaciones. 5x0.

Indicación N° 4 A): aprobada con modificaciones. 5x0.

Indicación N° 5: aprobada sin enmiendas. 3x1 abstención.

III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: consta de 2 artículos permanentes.

IV.- NORMAS DE QUORUM ESPECIAL

Se hace presente que, de conformidad a lo dispuesto en el número 11 del artículo 19 de la Carta Fundamental, el artículo 3° del texto aprobado por la Comisión, al enmendar el artículo 37 de la Ley General de Educación, tiene el carácter de norma orgánica constitucional, por lo que requiere para su aprobación de las cuatro séptimas partes de los Senadores en ejercicio, según lo prevé el inciso segundo del artículo 65 de la Constitución Política de la República.

V. URGENCIA: no tiene.

VI. ORIGEN INICIATIVA: Cámara de Diputados.

VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL: segundo.

VIII. APROBACIÓN EN LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE DIPUTADOS: 24 de junio de 2020.

IX. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 24 de junio de 2020.

X. TRÁMITE REGLAMENTARIO: segundo informe, en particular.

XI. LEYES QUE RELACIONAN CON LA MATERIA: 1.- Ley N° 19.070, que aprueba el Estatuto de los Profesionales de la Educación. 2.- Ley N° 20.903, que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente y modifica otras normas.3.- Ley número 20.370, general de Educación.

Valparaíso, 8 de septiembre de 2020.

FRANCISCO JAVIER VIVES DIBARRART

Secretario de la Comisión

SUSPENSIÓN DE EVALUACIÓN DOCENTE Y SISTEMA SIMCE DEBIDO A COVID-19

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El señor Presidente pone en discusión en particular el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que suspende la aplicación de la Evaluación Docente y de las pruebas del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (Simce), correspondientes al año 2020, debido a la pandemia del COVID-19, con segundo informe de la Comisión de Educación y Cultura.

--Los antecedentes sobre el proyecto (13.554-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite: sesión 44ª, en 24 de junio de 2020 (se da cuenta).

Informes de Comisión:

Educación y Cultura: sesión 55ª, en 27 de julio de 2020.

Educación y Cultura (segundo): sesión 85ª, en 9 de septiembre de 2020.

Discusión:

Sesión 77ª, en 27 de agosto de 2020 (se aprueba en general).

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Esta iniciativa fue aprobada en general en sesión de 27 de agosto de 2020.

La Comisión de Educación y Cultura deja constancia en su segundo informe, para los efectos reglamentarios, de que no hay artículos que no hayan sido objeto de indicaciones ni de modificaciones.

La Comisión efectuó tres enmiendas al proyecto de ley aprobado en general por la Sala del Senado. Las dos primeras sustituyeron los artículos 1° y 2° del proyecto, respectivamente, en tanto que la tercera agregó un artículo 3°, nuevo.

Las dos primeras modificaciones fueron acordadas por la unanimidad de los miembros integrantes de la Comisión y la última, por mayoría de votos, por lo que será puesta en discusión y votación oportunamente.

Cabe recordar que las enmiendas unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión a su respecto o que existan indicaciones renovadas.

Se hace presente que la enmienda aprobada por mayoría de votos, consistente en agregar un artículo 3°, nuevo, requiere de 25 votos favorables para su aprobación, por tratarse de una norma de rango orgánico constitucional.

Su Señorías tienen a su disposición un boletín comparado en el que se transcriben el proyecto aprobado en general, las enmiendas introducidas por la Comisión de Educación y Cultura y el texto como quedaría de aprobarse dichas modificaciones.

Es todo, señor Presidente.

El señor QUINTEROS ( Vicepresidente ).-

Gracias, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Ha solicitado la palabra en la Sala la Senadora señora Ebensperger.

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).-

Escuchemos primero la relación del Presidente de la Comisión.

Tiene la palabra, señor Senador.

El señor QUINTANA.-

Señor Presidente , en rigor, este no es un informe, porque el texto correspondiente ya fue presentado por la Comisión en la primera discusión en Sala. Pero, como unánimemente en ese momento se acogió una petición que hizo el Ejecutivo para abrir un nuevo plazo muy breve de indicaciones, que venció hace más de una semana, ocho días, quiero señalar que prácticamente la totalidad de este debate se llevó a cabo en un tono muy distinto -debo reconocerlo- al que se dio con anterioridad en este Hemiciclo, donde hubo diferencias. Finalmente, fue fácil concordar, prácticamente en su totalidad, la iniciativa que hoy día presentamos y que paso a relatar.

Se trata del "Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que suspende la aplicación de la Evaluación Docente y de las pruebas del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (Simce), correspondientes al año 2020, debido a la pandemia del COVID-19".

En la discusión en particular se abrió un nuevo plazo de indicaciones a petición del Ministro , quien se comprometió a entregar una propuesta que recogiera las inquietudes planteadas durante el análisis del proyecto en la Comisión de Educación.

Las modificaciones propuestas son las siguientes:

En el artículo 1° se asegura que sea una facultad de los profesores decidir llevar a cabo su proceso de evaluación o postergarlo, obligando al sostenedor a dar curso a cualquier solicitud que se presente, quedando suspendida la evaluación de pleno derecho. Este es un aspecto bien importante.

También se asegura la suspensión de pleno derecho de las evaluaciones cuya solicitud se haya presentado antes de la publicación de la ley en discusión. Esta fue una propuesta concordada entre los distintos miembros de la Comisión de Educación y el Ejecutivo .

En el artículo 2° se agrega la siguiente frase: "para los profesores que hayan voluntariamente decidido someterse a la evaluación", con el fin de asegurar que los profesionales que actualmente se encuentren inscritos en el proceso lo hayan hecho de forma voluntaria, propuesta también concordada entre el Ejecutivo y los Senadores.

En seguida, se agrega un artículo 3°, nuevo, donde se repone la suspensión de la realización de las pruebas del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación para el año 2020 debido a que no se han efectuado clases presenciales por la pandemia COVID-19. Lo anterior no impide que aquellos establecimientos que quisieran realizar evaluaciones de tipo muestral solicitadas voluntariamente las puedan hacer valer.

Esta indicación, como se ha señalado en la relación, fue aprobada por voto de mayoría. No obstante, nos parece fundamental que la medida que propone, al igual que la suspensión de la Evaluación Docente, quede en una ley y no dependa de una señal del Ejecutivo, porque como se ha demostrado, y el Ministro lo corroboró, había sostenedores que estaban aplicando criterios diferenciados respecto de solicitudes de los profesores sobre evaluarse o no evaluarse.

Ello perfectamente podría ocurrir, lo mismo que un sostenedor o un servicio local de educación podría también instaurar un tipo de prueba, no realmente Simce , porque el Ejecutivo ha señalado que ella no se aplicará este año, pero claramente esta es una certeza que necesitan las comunidades educativas. Así lo ha solicitado también el Colegio de Profesores.

En consecuencia, la recomendación que hacemos es aprobar este proyecto tal como lo despachó la Comisión.

Es todo, señor Presidente.

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).-

Gracias, señor Senador.

Ofrezco la palabra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Está solicitada la palabra en la Sala por la Senadora señora Ebensperger, por el Senador señor José García, y también, de manera remota, la han solicitado la Senadora señora Allende y el Senador señor Alvarado.

Ha pedido también la palabra el Ministro Raúl Figueroa, que está participando en la sesión.

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).-

Le vamos a dar la palabra primero al señor Ministro de Educación.

Tiene la palabra, Ministro .

El señor FIGUEROA ( Ministro de Educación ).-

Muchas gracias, Presidente .

Como señalaba el Senador Jaime Quintana , este proyecto fue modificado en la Comisión en virtud de una indicación que presentó el Presidente de la República y que apunta precisamente a consensuar un mecanismo para asegurar el cumplimiento del objetivo de esta iniciativa.

Lo que se busca es lo mismo que, utilizando mecanismos administrativos, el Ministerio de Educación ya estaba impulsando. De hecho, lo hicimos presente en la discusión en general de este proyecto, donde en virtud de la normativa existente se le estaba dando curso a la solicitud de suspensión de la Evaluación Docente que cada profesor o profesora hace llegar a su respectivo sostenedor.

Teniendo en cuenta que el proyecto se había aprobado en general, era necesario compatibilizar lo que ya se estaba haciendo desde el punto de vista administrativo con esta iniciativa legal que está en curso. Por tanto, se optó por sugerirle a la Comisión de Educación -y fue muy bien recibido por todos sus miembros- un mecanismo que asegurara el objetivo tanto del Ejecutivo como de la moción parlamentaria, para que aquellos docentes que por razones evidentes del COVID-19 no estuviesen en condiciones de someterse al proceso de evaluación pudiesen suspender este procedimiento.

En definitiva, consensuamos una modalidad que asegura por el presente año el derecho a suspender la evaluación docente, reconoce las solicitudes de suspensión que ya se han presentado para evitar que se generen distorsiones, y faculta al CPEIP del Ministerio de Educación para resguardar las acciones que permitan, en el caso de aquellos profesores que sí deseen evaluarse, llevar adelante el proceso, ajustado a las características específicas a que obliga la pandemia.

Por lo tanto, esperamos que este proyecto, que en sus dos primeros artículos asegura un mecanismo que permite entregar a los profesores el derecho a suspender la evaluación docente por este año, como consecuencia del COVID-19, y posibilita las adecuaciones necesarias para garantizar el proceso respecto de quienes sí deseen evaluarse, sea respaldado por la Sala en aquello que unánimemente despachó la Comisión de Educación.

En cuanto al tercer artículo, que apunta a la suspensión de la prueba Simce y a la posibilidad de tener pruebas muestrales, con un mecanismo que la misma norma señala, el Ejecutivo tiene una posición diferente.

Primero, quiero señalar que la misma materia fue sometida a votación en la Cámara de Diputados y no contó con los votos necesarios para su aprobación en general. Por lo tanto, aquí se está reponiendo una indicación que, en la práctica, se refiere a un aspecto que ya fue rechazado en general en la otra rama del Parlamento.

En tal sentido, consideramos que no hay espacio, desde el punto de vista constitucional, para que en este mismo proyecto se pueda dar continuidad a la tramitación de ese asunto.

Además, se trata de una materia de iniciativa exclusiva del Ejecutivo , considerando que se le otorgan atribuciones específicas a un órgano del Estado, en este caso la Agencia de Calidad de la Educación.

Por último, y a mi juicio lo más relevante, quiero dejar en claro que, tal como lo señalé en su oportunidad, cuando se discutió el proyecto en general, no existe duda alguna de que el Simce, como prueba censal, no se va a realizar este año. Así lo ha señalado el Ministerio de Educación y, específicamente, la Agencia de Calidad de la Educación, que es la entidad encargada de llevar adelante ese proceso.

La misma Agencia ha indicado que, en la medida en que sea posible, se llevará adelante un proceso muestral, el cual, evidentemente, debido a su misma naturaleza, dependerá de la voluntad de los establecimientos que quieran adherir a él y siempre que las condiciones sanitarias así lo permitan.

Por lo tanto, a diferencia de la suspensión de la evaluación docente, donde fue necesario consensuar una solución legislativa que evitara cualquier tipo de conflicto con lo que ya se estaba implementando, en el caso del Simce no hay ninguna duda de que este año no se llevará adelante como sistema censal.

Considerando, entonces, que esta es una materia que ya se rechazó en general a propósito de este mismo proyecto en el primer trámite constitucional; que se trata, además, de un asunto de iniciativa exclusiva no ratificado por el Ejecutivo , que -insisto- ya ha sido despejado y en el cual no existen dudas por parte del Gobierno, creemos que no corresponde legislar sobre este punto.

Por consiguiente, el Gobierno está plenamente de acuerdo con la postergación de la evaluación docente y, en lo relativo al artículo 3°, manifestamos las aprensiones a las cuales me acabo de referir.

Muchas gracias, Presidente .

El señor QUINTEROS ( Vicepresidente ).-

A usted, señor Ministro .

Tiene la palabra la Senadora Luz Ebensperger.

La señora EBENSPERGER.-

Gracias, Presidente.

Había pedido la palabra porque al Senador Alvarado, que es el encargado de nuestra bancada en estas materias, se le había caído la conexión, pero ya la ha recuperado, motivo por el cual, Presidente , le pido por favor que le conceda la palabra a él.

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).-

Muy bien.

Tiene la palabra el Senador Claudio Alvarado.

El señor ALVARADO.-

Gracias, Presidente.

¿Se escucha bien?

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).-

Perfectamente, Senador.

El señor ALVARADO.-

Muy bien.

Tal como indicó el señor Ministro de Educación , la indicación que ingresó Su Excelencia el Presidente de la República permitió armonizar este proyecto para que cumpla con el objetivo de postergar la evaluación docente durante el año 2020 y, al mismo tiempo, adecuar las normas reglamentarias o de procedimiento interno del Ministerio que hicieran posible que la ley fuera efectivamente aplicable. En caso contrario, podríamos haber quedado con una normativa muy bien intencionada, pero con dificultades para su aplicación y convertida en letra muerta. Esa indicación fue consensuada con todos los integrantes de la Comisión de Educación y se aprobó por unanimidad.

Paralelamente, el artículo 3° establece normas que dicen relación con el Simce. Pero, a nuestro juicio, el Ministerio ya tiene habilitados procedimientos para circunstancias especiales conforme a los cuales perfectamente se puede resolver el tema que allí se plantea.

Adicionalmente, es necesario hacer presente que el artículo original, tal como se expresó, fue rechazado en general, por lo que no podría ser repuesto hasta un año después. Habría que verlo con Secretaría.

Y, finalmente, se estableció que es un precepto de quorum de cuatro séptimos, por lo que habría que votarlo separadamente.

Concluyo, señor Presidente , señalando que nuestra bancada va a votar favorablemente los artículos 1° y 2° del proyecto, concordados de manera unánime en el Senado, y que tiene diferencias indudables con el artículo 3° desde el punto de vista de la forma, pues no debería haberse incorporado y, además, debe ser aprobado con quorum especial. Por tal motivo, si es admitido a votación, lo vamos a rechazar.

He dicho, señor Presidente.

Muchas gracias.

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).-

A usted, Senador.

Ofrezco la palabra a quienes están participando a distancia.

Tiene la palabra la Senadora Provoste.

La señora PROVOSTE.-

Presidente , quiero señalar que nosotros nos alegramos de que el Ejecutivo , después de varios meses, se haya allanado a presentar una indicación que busca entregar certezas y terminar con el agobio que estaba significando para muchos profesores y profesoras a lo largo del país la exigencia de mantener el proceso de evaluación docente. Es obvio que la pandemia, tras la suspensión de las clases en todo el territorio, ha generado también enormes dificultades para todos los docentes.

Ya en el mes de mayo en la Comisión del ramo escuchábamos a la Decana de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Santiago señalar que no daba lo mismo señalar en los mensajes "que este año se podría someter a algunos profesores al proceso de evaluación docente" que expresar que "el proceso de evaluación docente se debía suspender para todos, con excepción de aquellos que voluntariamente quisieran someterse a él".

En una carta que suscribimos transversalmente los parlamentarios de la Comisión de Educación a fines del mes de mayo, comienzos de junio, le propusimos al Ministerio un conjunto de medidas para dar certezas en un tiempo de tanta incertidumbre, entre las cuales estaba la suspensión del proceso de evaluación docente, tanto para los profesores cuya evaluación forma parte de las exigencias de la ley 19.070, de Carrera Profesional Docente, como para aquellos sujetos al Sistema de Desarrollo Profesional Docente, de manera que no quedara ninguna duda de que las condiciones especiales que se están viviendo por la interrupción del año escolar han alterado por completo la vida de los profesores y de los estudiantes.

Esta moción se hace cargo del agobio que hoy día están viviendo miles de docentes cuyos sostenedores o responsables comunales del proceso de evaluación han rechazado las solicitudes para suspender la realización del proceso de evaluación durante este tiempo.

En esto cabe recordar que la evaluación docente propiamente tal se establece en el marco de una planificación en la sala de clases. Y por lo tanto la pregunta era qué se pretendía evaluar a los profesores y profesoras.

Sin embargo, a pesar del atraso y de la demora, valoro que el Ejecutivo se haya hecho parte de esta moción. Nos parece que las modificaciones que ha presentado dejan absolutamente claro lo que ella perseguía desde un comienzo, como era suspender la evaluación para los docentes, salvo para aquellos que voluntariamente quisieran participar del proceso durante este año.

En tal sentido, nos parece que las facultades de flexibilidad que se le entregan al CPEIP son también importantes.

No obstante, Presidente , quiero hacer algunas precisiones, pues se han expresado cosas que no se ajustan a la realidad.

En cuanto al artículo 3°, relacionado con la postergación del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación, nosotros no estamos reponiendo nada. La norma, efectivamente, se cayó en la Cámara de Diputados, pero, en estricto rigor, no fue rechazada, ya que obtuvo 88 votos a favor, 44 en contra y 19 abstenciones. Era de quorum y le faltó un voto. Sin embargo, llamo la atención sobre la magnitud y la contundente votación que concitó la disposición relativa a la suspensión del Simce.

La norma presentada en la Cámara establecía la suspensión total. Y la indicación que hemos presentado, junto con los Senadores Jaime Quintana y Carlos Montes, va en la línea de lo que ha planteado el propio Ministerio. Por eso, nos cuesta entender que no se allanen a sumarse a la iniciativa de realizar durante este año evaluaciones de tipo muestral, pero mientras sean solicitadas voluntariamente por los establecimientos educacionales, lo cual debe constar en los registros del propio consejo escolar de cada establecimiento.

Nos parece que eso refleja claramente la realidad particular que puede estar viviendo cualquier unidad educativa. La pregunta que uno se debe hacer es por qué el Estado va a incurrir en un gasto para realizar una prueba, aunque sea muestral, del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación, cuando lo que debiéramos plantearnos es qué va a medir. ¿Va a medir el patrimonio y la calidad de conectividad de la familia? ¿Va a medir el capital cultural? ¡Qué va a medir, si hoy día estamos en una situación extremadamente compleja, donde el propio Ministerio de Educación ha señalado que un porcentaje...

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).-

Dele otro minuto a la Senadora, Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Sí.

Le vamos a dar la palabra.

La señora PROVOSTE.-

Muchas gracias, Presidente.

El Ministerio ha señalado que un porcentaje altísimo de estudiantes no puede continuar hoy día sus estudios porque no tienen conectividad.

Las preguntas que uno se debe hacer, desde el punto de vista ético de la inversión, es qué se va a medir, por qué el Estado va a realizar este gasto.

Entonces, dado que el Ministerio insiste en aquello, hemos señalado que esto debe ser voluntario y contar con una solicitud de los establecimientos educacionales y con la aprobación del consejo escolar respectivo. Acá no estamos reponiendo la norma de la Cámara de Diputados, que iba en un sentido distinto.

Quiero agradecer al Colegio de Profesores; a su Presidente , Mario Aguilar ; también a Guido Reyes , y a todos quienes han contribuido con esta moción parlamentaria, que busca hacer justicia y entender que no es posible que en la actual situación se mantenga un calendario que lo único que hace es aumentar el agobio de los profesores y profesoras de Chile.

He dicho, señor Presidente.

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).-

Gracias, Senadora.

Tiene la palabra el Senador García Ruminot.

El señor GARCÍA .-

Muchas gracias, Presidente , muy buenas tardes.

En primer lugar, quiero señalar que los artículos 1° y 2° de este proyecto, referidos a la evaluación docente, los vamos a votar favorablemente, porque mediante la indicación que presentó el Ejecutivo en la Comisión de Educación del Senado se refuerza la idea que siempre manifestamos en esta Sala, cual es que, dada la situación de emergencia sanitaria que vive el mundo y que, por supuesto, también vive nuestro país, la evaluación docente debía tener carácter eminentemente voluntario para el presente año.

El profesor que desee llevar adelante su proceso de evaluación docente, que lo haga y se respete su voluntad. Y aquel profesor o aquella profesora que, con buenas razones, resuelva no someterse a dicho proceso este año, que se le suspenda la evaluación si así lo solicita. De manera que, si se presenta una solicitud en tal sentido, sea acogida favorablemente, sin ninguna discusión.

Pues bien, los artículos 1° y 2° del texto que estamos votando esta tarde lo consagran así, tal como lo he señalado: respeto a la voluntad de las profesoras y los profesores. Quienes desean suspender la evaluación, lo hacen; se les respeta su voluntad. Y quienes desean llevarla adelante, también lo pueden hacer, facilitando las normas de cumplimiento existentes sobre la materia en razón de la situación de emergencia sanitaria que vive nuestro país.

En relación con el artículo 3°, relativo a la suspensión de las pruebas del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación para el presente año, hay buenas razones, por supuesto, para aquello. Así lo ha entendido el Ministerio de Educación y lo ha dicho el Ministro , don Raúl Figueroa , quien ha expresado que, en lugar de ser una prueba de carácter obligatorio para el 2020, será una prueba de índole muestral, pues, aun en situación de pandemia, es necesario contar con información respecto de lo que está ocurriendo en el sistema educacional de nuestro país.

Bien sabemos que hay estudiantes que han podido conectarse, porque tienen los medios para ello, y que, por tanto, están recibiendo enseñanza en sus hogares. Pero hay otros estudiantes, en el extremo opuesto, que, por su situación de ruralidad y también, en muchos casos, por su condición de pobreza, no tienen los medios para conectarse. Y salvo algunos ejemplos, realmente heroicos, de profesores que salen a visitar, explicar y entregarles material educativo a sus alumnos, en muchos otros casos simplemente esto no ha sido posible y, en consecuencia, hay niños y jóvenes que se están quedando prácticamente sin ningún acceso a la educación.

Recoger tal información puede ser muy útil. Y por eso el hecho de que el Simce 2020 sea muestral, como lo ha indicado el Ministerio de Educación, me parece que es la forma de abordar la evaluación del año.

Sin embargo, señor Presidente , incorporar la suspensión del Simce vía indicación parlamentaria nos plantea, en mi opinión, un problema de admisibilidad. Quiero recordar que la Agencia de Calidad de la Educación es un servicio público, y que el Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (Simce) es el sistema de evaluación de la Agencia de Calidad de la Educación; es una de sus funciones. Y, de acuerdo con nuestro ordenamiento constitucional, artículo 65...

El señor QUINTEROS ( Vicepresidente ).-

Dele otro minuto, Secretario .

El señor GARCÍA .-

Decía, Presidente , que, de acuerdo con nuestro ordenamiento constitucional, artículo 65, relativo a la formación de la ley, segundo numeral, es facultad exclusiva del Presidente de la República crear nuevos servicios públicos y determinar sus funciones o atribuciones.

La Agencia de Calidad de la Educación, reitero, es un servicio público y el Simce es una de sus principales funciones.

Siento que esta indicación, incorporada por iniciativa parlamentaria, no procede, es inadmisible.

Por lo tanto, yo al menos me abstendré en el artículo 3°.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).-

Muchas gracias, señor Senador.

Tiene la palabra el Senador señor Montes.

Se prepara el Senador señor Elizalde.

El señor MONTES.-

Gracias, Presidente.

La verdad es que considero que las cosas sobre el proyecto ya están dichas. Pero deseo hacer ver que en la educación debemos tener una mirada distinta respecto a lo que estamos viviendo.

La educación es una dimensión demasiado importante de la vida en sociedad, especialmente en la coyuntura actual. Como país tenemos muchos recursos invertidos, ¡muchos recursos! Es harto más que el Fondo COVID. Muchos niños, entre tres y cuatro millones. Muchos profesores, muchos asistentes o personal de apoyo a la educación. Instituciones que tienen un potencial en todos los territorios del país. Distintas experiencias educativas.

No comparto en absoluto el criterio de que la única experiencia educativa valorable es aquella que lleva la escuela a la casa, tal como si fuera presencial.

Hay muchos aprendizajes de otras maneras, de otras dimensiones de la vida, de las complejidades de lo que vive un ser humano.

Yo quisiera un Ministerio de Educación que se preocupara de procesar y potenciar eso.

Ha habido muchos aprendizajes logrados que no son los objetivos curriculares clásicos. Y considero que hay mucho profesor potenciando estas otras formas de educación; hay muchos.

Ojalá pudiéramos tener más apertura para ver de otra manera el desafío que tiene el Estado, el Gobierno en una coyuntura como la actual.

¿Qué ha hecho el Gobierno? Ha hecho muchas cosas y de eso no tengo duda.

Cada vez que citamos al Ministro nos lee una larga lista de cosas que se hacen. Y considero que sí se hacen. El problema es que hay que evaluar si son pertinentes, si son las más productivas y si realmente responden a las posibilidades que tenemos.

Sin duda, el Ministerio nació en este Gobierno muy marcado por la conflictividad. La Ministra Cubillos dejó una huella de confrontaciones estériles que han hecho daño y han marcado mucho a la Cartera.

Por eso mismo, valoro bastante la manera de conversar del proyecto en la Comisión. Porque fue una forma de buscar acuerdos mucho tiempo después, como decía la Senadora Provoste . Si desde el comienzo el Gobierno hubiera asumido la realidad que se le estaba planteando, a lo mejor habríamos dedicado el tiempo a reflexionar sobre otras cosas, de otras maneras.

Creo que esto nos ha ocurrido con el kínder obligatorio. ¡Si es obligatorio y está cumpliéndose eso de distintas maneras! Y seguimos planteándolo. Hasta el Presidente habla en su cuenta a la nación como si fuera un tema que está abierto. Lo mismo en otras cosas en educación parvularia y en educación superior.

Me parece, además, que para aquellos a los que nos preocupa la educación habrá un desafío: la tendencia ahora será disminuir su presupuesto, y debemos tener mucho cuidado, porque llegar a contar con aquello de que disponemos hoy día en educación ha costado mucho.

Pinochet dejó a la educación con un presupuesto de mil millones de dólares al año. ¡Mil millones de dólares al año! En la actualidad estamos, dependiendo del valor que se ponga, en 17 mil.

Si lo empiezan a bajar, producto de la caída en los ingresos públicos, será un tremendo retroceso. Pero quizás lo más importante es cómo potenciamos la educación, principalmente la de los niños.

Discrepo del Senador García cuando señala que el Simce es una función de la Agencia de Calidad de la Educación.

Quiero decirle al Senador García que el Simce no es una función de nadie. El Simce es un instrumento para cumplir una función, la de evaluación, para lo que se necesita tener mecanismos apropiados. Y el Simce es uno de ellos, tanto es así que cuando se creó el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, hicimos ver que era un mecanismo caduco en el mundo entero. Se discutía en todos lados que las pruebas psicométricas, de la manera en que se hacían, había que cambiarlas, ir hacia otras formas de evaluación.

Por eso logramos incorporar que al menos un tercio de la evaluación no fuera con estas pruebas psicométricas, sino con otras variables que permitieran captar otras dimensiones del avance o retroceso de los alumnos, de los niños y de las escuelas.

Así que llegamos al famoso dos tercios, un tercio, que hemos tratado de cambiar todavía. Y no ha habido la voluntad ni del Ministerio, ni de la Derecha, ni el Parlamento, de probar otras maneras.

El mundo entero está, justamente en esta coyuntura, probando otras maneras de evaluar y de trabajar.

Sé que me queda muy poco tiempo. Y solamente voy a terminar diciendo: Ministro Figueroa , en los dieciocho meses que le quedan a este Gobierno -a lo mejor estoy exagerando, de puro susto- sería bastante bueno que se constituyera un equipo para pensar qué hacemos en la educación todos, cómo sumamos, cómo tenemos un entendimiento de aprovechar el tiempo, los recursos, hacer las cosas...

El señor QUINTEROS ( Vicepresidente ).-

Dele un minuto más, Secretario , por favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Sí, Presidente .

Le vamos a activar el micrófono.

El señor MONTES.-

La evaluación docente se aprobó porque ya no tenía sentido seguir gastando tiempo en discutir algo que la vida decía que era obvio.

Y ahora respecto al Simce, existen muchas formas de hacer evaluación. Pregúntenles a los países desarrollados cómo están evaluando en este momento. Ellos consideran que la evaluación principal es la que asume la realidad específica que viven los niños, que es muy diversa.

Como nunca, los instrumentos estandarizados ya no sirven. Pero, en fin. Aquí ha habido dificultad para abrirnos con flexibilidad ante las nuevas realidades.

Yo le diría al Ministro Figueroa : " Ministro , constituya un equipo". Lo que ocurrió con el proyecto demuestra que tenemos la capacidad de conversar.

Estaba el Presidente del Colegio de Profesores presente. Y hay ánimo de hacer lo mejor por los niños, por la educación, más allá de un gobierno o no. La finalidad es lograr los objetivos fundamentales.

Entonces, solo quiero pedirle que en los dieciocho meses que le quedan tratemos de hacer las cosas de otra manera, con otra mirada, pensando en el país y en los niños.

Gracias, Presidente .

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Elizalde, y se prepara el Senador señor Quintana.

El señor ELIZALDE.-

Gracias, Presidente.

Solo quiero comentar que me llama la atención cuánto ha costado que se apruebe esta iniciativa.

Porque si uno hace una revisión de lo que hemos aprobado durante este año en razón de la pandemia, hay una serie de proyectos que fueron aprobados con mucha celeridad a organizaciones sociales y a la prolongación de la vigencia de sus directivas respecto de los consejeros de la Conadi, y en esta misma sesión, sin ir más lejos, vimos un proyecto relacionado con las cooperativas.

Por tanto, es evidente que en condiciones de pandemia la aplicación de la evaluación docente y las pruebas del Simce (Sistema de Medición de Calidad de la Educación) no pueden ser aplicadas conforme a tiempos normales.

Obviamente, votaré a favor de este proyecto.

Eso no obsta a que hay una discusión de fondo, a la cual hizo referencia el Senador Carlos Montes: la necesidad de evaluar los mecanismos, de manera tal de contar con instrumentos adecuados para poder realizar todos los mejoramientos que sean imprescindibles dentro de nuestro sistema educacional.

Y, evidentemente, los instrumentos que se aplican en la actualidad también debieran ser evaluados para realizar las modificaciones correspondientes.

Pero eso ya forma parte de una discusión más de largo plazo y es un tema mucho más sustantivo.

Voto a favor de esta iniciativa.

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).-

Gracias, Senador.

Tiene la palabra el Senador Quintana.

El señor QUINTANA.-

Muchas gracias, Presidente.

Lo primero que quisiera decir es que en las palabras del Ministro Figueroa hay una interpretación errónea del artículo 68 de la Carta Fundamental.

Claramente, esta no es de las normas que no puedan ser presentadas sino hasta después de un año. También lo señalaba la Senadora Yasna Provoste . En la Cámara de Diputados no es que esta norma fuera rechazada técnicamente, sino que no alcanzó el quorum requerido. Pero tuvo una amplia votación mayoritaria. Me refiero a la del nuevo artículo 3°.

Pero más allá de ese aspecto de forma, si se quiere, quiero agregar que en la Comisión de Educación no fue puesta en votación, ni pedida la votación de la inadmisibilidad.

Por eso es que llega en estos términos a la Sala.

Asimismo, deseo sumarme a lo que han planteado varios colegas respecto del tono que debe primar en estos debates educativos. Porque nosotros desde marzo, desde el inicio de la pandemia, convocamos en la Comisión a distintos especialistas y, por supuesto, también al Ejecutivo (el Ministro nunca ha dejado de estar presente en las reuniones); diálogo ha habido. Pero el problema es que muchas veces sentimos que no ha habido posibilidad de consensuar aspectos esenciales.

Creo que en Chile han pasado demasiadas cosas en los últimos diez o doce meses como para seguir atrincherados en determinadas barreras ideológicas.

Y la evaluación es un tema bien de fondo.

Este propio Senado tiene en discusión un proyecto que justamente lo que hace es promover las evaluaciones cualitativas y basadas en la retroalimentación, no en tiempos de pandemia sino que en épocas normales -¡con mayor razón en pandemia!-, para superar los sistemas basados en escalas numéricas al menos durante el primer ciclo básico.

Toda la evidencia mundial apunta en esa dirección. Incluso Senadores de Renovación Nacional -y lo quiero decir- apoyaron con entusiasmo el proyecto en su votación general.

Sin embargo, el Ejecutivo , escuchando a un grupo cada vez más reducido de sostenedores -quiero decirlo claramente-, insiste en no dar lugar a un debate absolutamente conectado con el Chile de hoy.

Este año todos los niños van a tener que ser promovidos, sin notas, sin escalas numéricas, sin ningún tipo de evaluación. Ese es un tema que en marzo varios especialistas en la propia Comisión le plantearon al Ministro .

Entonces, nosotros hubiésemos esperado que a la misma situación, la misma disposición. Las razones que hoy día se han dado para apoyar los artículos 1 y 2, que básicamente lo que hacen es suspender la evaluación docente, apuntan a que esta sea la regla general y no que el profesor ande probando que no puede someterse porque, además, está preocupado de sus clases presenciales en aula.

Eso está bien. Pero claramente me gustaría que el Ministro lo hubiera hecho extensivo también al Simce.

¡Si aquí el Ministro ha señalado que no va a haber Simce censal este año y podría haber pruebas muestrales!

¡Si el propio Gobierno lo ha dicho! ¡Si vemos que el Ejecutivo ha hecho intentos y esfuerzos ingentes por volver a clases en marzo, abril y mayo -todos sabemos- y durante el transcurso del año ha habido varios intentos por retomar las clases presenciales! El Ministro se ha preparado para eso. Lo ha dicho en todos los tonos.

Entonces, siento que hoy día este es el momento de la certeza.

Más aún, el Ejecutivo acaba de prorrogar por 90 días más el estado de catástrofe.

Creo que este es el momento de dar certeza a las comunidades educativas. Los Senadores que están aquí -varios han sido alcaldes- saben perfectamente cuánto estresa el Simce a las comunidades educativas, más allá de los cuestionamientos que tiene esta prueba estandarizada, como se señalaba recién. Con resultados, ¿para qué? Para seguir segregando la educación, para el semáforo que se le ocurrió a un alcalde por ahí alguna vez y para resultados, como terminar cerrando colegios, discusión que este Senado ya hizo hace algunas semanas.

Entonces, francamente nosotros hubiésemos esperado, dado que no ha habido esa posibilidad con el actual Ministro de Educación, quien tiene mucha similitud con su antecesora, lograr consensos mínimos, del todo razonables y pedidos por todas las comunidades educativas, por el Colegio de Profesores, en materias como estas.

Reitero, la señal de que no va a haber Simce y establecerlo por ley nos parecería un tremendo paso.

Creo que aún es tiempo.

Yo espero que transversalmente todos los colegas, que conocen muy bien sus territorios, que visitan escuelas, porque son profesores y porque han sido alcaldes, comprendan que este es un tema muy central y me parece que, en medio de todas las incertidumbres, tenemos que dar mínimas certezas como la que nos ocupa y establecer por ley que el Simce tampoco se aplicará durante el 2020.

Es todo, señor Presidente.

Gracias.

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador Rodrigo Galilea.

El señor GALILEA.-

Gracias, Presidente.

En este tema a mí me gustaría hacer algunas distinciones. Y haré las mismas que hace este proyecto de ley.

En primer lugar, los artículos 1° y 2° hablan de lo que tiene que ver con la evaluación docente.

Cuando discutimos el proyecto en general, yo planteé que a mi juicio no era necesario hacer una ley para establecer lo que propone este proyecto de ley. ¿Por qué? Porque la propia evaluación docente contempla que el proceso no puede llevarse a cabo cuando hay razones de fuerza mayor, y ya la Contraloría General de la República dijo que el COVID era una causal de fuerza mayor para estos efectos.

Por lo tanto, no era estrictamente necesario hacer esto.

Pero, bueno, yo valoro que se haya aprobado en general y, más allá de mi opinión personal, me alegro de que el Ministerio haya buscado los términos, las condiciones, la redacción para que esto sea legal y para que hubiera unanimidad en la Comisión, en el Poder Ejecutivo y, en general, en todos los parlamentarios respecto de este tema.

En consecuencia, doy por buenos los artículos 1 y 2, más allá de las prevenciones que había hecho yo anteriormente respecto de su necesidad, las cuales vuelvo a reiterar.

En cuanto al tema del Simce, que es el que más acapara la atención, se alude mucho a tener la certeza de que no va a haber Simce.

Yo quiero recordarles a todos los estimados Senadores que el año pasado tampoco se hizo Simce. ¡Tampoco se hizo Simce! Se hizo una prueba voluntaria y muestral, y nadie tuvo mayores dramas. Dadas las circunstancias que vivía el país, el Ministerio tomó el acuerdo de no hacer el Simce en los términos normales en que se venía haciendo y eso operó...(falla de audio en transmisión telemática)... sostenedores, en fin, y se hizo una cuestión de orden muestral para saber cómo la crisis del año pasado había impactado en la educación de los niños.

Por lo tanto, dentro de sus facultades y de la facultad de la Agencia de Calidad, este año también se informó exactamente lo mismo, ¡exactamente lo mismo!

Entonces, aquí no hay ninguna subjetividad, ninguna ansiedad de parte de nadie. Esto está completamente informado y asumido por todos los colegios del país. No va a haber Simce . Y tal como se dijo el año pasado -y ocurrió-, este año también está dicho y así va a ocurrir.

Ahora, alguien decía: "Bueno, ¿pero qué vamos a medir aquí? ¿Para qué vamos a medir?". Más allá de las aprensiones en cuanto al tipo de mediciones a que aludía el Senador Montes, que es de lo que quiero hablar, ¿qué vamos a medir? Y a mí me parece importantísimo tener información respecto de lo que ha ocurrido este año.

No quiero que ninguno de nosotros minimice el impacto negativo que este año ha tenido en la educación de los niños, particularmente, por supuesto, en la de los niños más vulnerables.

Entonces, debemos tener información de qué ocurrió en matemáticas en quinto básico, en séptimo, en fin, en todos los cursos; qué pasó en lenguaje, ¿hubo lectura o no hubo lectura? La verdad es que esa es una cosa absolutamente trascendental.

Entonces, ¿cómo vamos a dejar a ciegas o pretender dejar a ciegas al Ministerio de Educación y sin la posibilidad de obtener esa información? El Ministerio debe saber bien cómo puede medir en varios sectores; saber bien cuál fue el impacto en las áreas rurales y en la ciudad; saber cuál fue el impacto en los sectores más marginales, en los sectores medios y en los sectores más acomodados, para adecuar los contenidos del próximo año si, Dios mediante, podemos tener un año educativo normal.

Y más allá de si el Simce es un instrumento válido en parte o no; si es muy métrico o debiéramos optar por uno de otro tipo -y sé que existe una discusión que ha ido produciendo cambios en el Simce, así como también estamos entrando a una PSU de transición-, creo que son cosas que se van adecuando en el tiempo y todos estamos superabiertos a tomar las mejores experiencias internacionales para medir bien y mejor.

Pero lo que no podemos hacer bajo ningún punto de vista es renunciar a lo que es una necesidad imperativa este año: saber cuánto fue el daño y la profundidad que tuvo la crisis en la educación de nuestros niños en un año absolutamente anormal.

Entonces, dejando eso claro, nos enfrentamos...

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).-

Dele un minuto, Secretario, por favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Sí. Le vamos a activar el micrófono.

Ahí está activado, Senador.

El señor GALILEA.-

Decía que tenemos que resolver un tema de legalidad en esto.

Si se vota, efectivamente creo que no hay duda alguna de que esta es ley orgánica y, por tanto, se aplican los cuatro séptimos.

Sin embargo, quiero mencionar que la indicación incorporada por algunos Senadores en el inciso primero apunta a la suspensión del Simce, que es lo mismo que se rechazó en la Cámara, y después agrega el tema de que los colegios o los sostenedores que pidan ser evaluados puedan hacer una evaluación muestral.

Entonces, en la práctica, buena parte del artículo 3° es el corazón de lo que ya se rechazó en general en la Cámara de Diputados no porque hubiera una mayoría, sino porque simplemente no alcanzó el quorum requerido, y le agregó este otro aspecto de decir: "Bueno, si alguien solicita, puede hacerlo".

La verdad es que no me gusta tanto eso de "si alguien solicita", porque creo que el propio Ministerio -es tan importante contar con esa información- debe generar los incentivos para lograr las muestras que desea y obtener la información necesaria para enfrentar el año que viene.

Para terminar, le pido a la Secretaría que indique cómo debemos enfrentar lo relativo al artículo 3. Quiero saber si el inciso primero está completamente rechazado y no se puede reponer, quedando solo votar el inciso segundo. En definitiva, qué vamos a hacer.

Presidente, solicito la opinión de la Secretaría respecto de ese punto.

Muchas gracias.

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).-

Gracias, Senador.

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra a los colegas que se encuentran conectados a distancia.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

En la Sala el Senador señor Navarro ha solicitado la palabra, señor Presidente .

El señor QUINTEROS ( Vicepresidente ).-

Tiene palabra, don Alejandro Navarro.

El señor NAVARRO.-

Gracias, Presidente.

Se ha elegido debatir este importante proyecto, que afecta esencialmente a la primera línea de la defensa de la educación y la formación de nuestros escolares (tres y medio millones de niños y adolescentes), con relación a si se cumple o no el artículo 3, a si tiene admisibilidad.

¡Toda idea es admisible si es por el bien superior de los niños! ¡Los niños primero!

La pregunta para el señor Ministro de Educación es: ¿cuántas muestras se necesitan para saber que estamos en un período excepcional? ¿Qué resultados espera evaluar en esta contingencia?

Señor Ministro , tiene a 445 mil niños abandonados. Usted mismo lo reconoció. El 13 por ciento de los estudiantes no cuenta con conexión, con computador, con tablet o celular; y reciben guías una vez a la semana. Esos niños vulnerables sufren el abandono en que este Gobierno y usted los tienen.

¡Y usted sigue discutiendo cómo gastarse 22 mil millones de pesos en una evaluación que los profesores no quieren!

¡ Ministro , gástese la plata en conectividad!

¡Cómpreles computadores a los niños pobres, que usted tiene abandonados!

Insiste en que haya evaluación. ¡Qué contrato hay detrás! Voy a ir a la Contraloría para saber cuáles son las empresas a cargo de eso. ¡Por qué se insiste tanto en ello!

Considerando que pedagógicamente este año ha sido complicado, la verdad es que los resultados que usted quiere evaluar no van a ser aplicables.

Hagamos el debate, si quiere. Pero no insista en hacer la prueba Simce .

Ahora, los profesores que quieran evaluarse, ¡bueno, que lo hagan! Usted dice que hay algunos que quieren hacerlo por los bienios.

Yo lo emplazo a que actúe y dé dos años en uno, porque igual en el año escolar de 2021 va a tener dos en uno. ¡Y usted no lo quiere aceptar!

Entonces, más allá de la formalidad, yo le pido un criterio de realidad. ¡Realismo, Ministro ! Dese cuenta de lo que está haciendo, del daño que está causando a los niños que tiene abandonados, sin computadores ni conectividad. Y usted insiste en preocuparse de aplicar el Simce.

¡No sea porfiado, Ministro!

¡Hágale caso a la realidad, hágales caso a los profesores!

Ministro, ¿ha estado en una sala de clases?, ¿ha hecho un día de clases?, ¿ha planificado una clase?, ¿ha intentado estudiar con sus hijos en medio del agobio?

Pero sus hijos, al igual que los hijos de quienes estamos aquí, poseen un computador, una tablet, y cuentan con conectividad y padres que han estado en la educación superior. La pregunta es qué está haciendo por los niños cuyo padre o madre no puede brindarles la atención suficiente. Y, además, no tienen nada de conectividad.

Este proyecto, que debiera ser de fácil resolución, nos consume tiempo y preocupación, y no apunta a la esencia. Ministro , la esencia es que no va a haber clases presenciales, aunque usted porfiadamente insista. Las madres ya lo decidieron.

Entonces, preocúpese de invertir en eso y, también, en nuestros profesores.

¡Piñera ha abandonado a los niños! ¡No les compra computadores!

Vamos a terminar el año trabajando para que vuelvan, ¡y usted me pone como ejemplo para el retorno un montón de islas: Isla de Pascua, Puerto Ibáñez! La Región Metropolitana no tiene islas. Coronel tiene una, Isla Santa María , pero posee solo 3 mil residentes; en mi región somos 1,5 millones de habitantes, y en Chile hay 3,5 millones de niños.

Se opta por confrontar, pelear, enfrentarse a los profesores, y no hacerlos sus aliados.

Usted recibió la herencia de Marcela Cubillos y equivocó el camino: ¡ideologizó el Ministerio de Educación! ¡La UDI ideologizó el Ministerio de Educación! Lo volvió confrontacional, y no quiere aplicar la reforma de Bachelet. En definitiva, eligió la tarea para poder boicotear todo el sistema de educación pública gratuita.

Esto es solo una muestra más de tozudez, de porfía y de falta de criterio, que a mí me sorprende.

Una vez la UDI fue popular, y usted, como militante de la UDI, era un militante popular. ¡Hace mucho rato que no le queda nada de eso en lo absoluto! Porque si supiera lo que es popular, estaría preocupado por la conectividad para los niños vulnerables: 445 mil niños que usted tiene abandonados.

¡Deje el Simce! ¡Postérguelo para el próximo año!

Vayamos a los temas que nos unen, para salvar lo que la ONU ha calificado como la tragedia de una generación, porque va a haber un daño tremendo. Y, ante eso, el Gobierno está haciendo poco y nada, casi nada para poder enfrentarlo.

Por ello, voy a votar a favor, señor Presidente.

Creo que el argumento de la inadmisibilidad del artículo 3° no tiene fundamento, y yo espero que los Senadores lo aprueben.

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).-

Gracias, Senador.

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Sometamos a votación el proyecto, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias, señor Presidente .

La primera votación son las enmiendas unánimes, que corresponden a los artículos 1 y 2.

Luego correspondería votar el artículo 3, que fue aprobado por mayoría en la Comisión y es una norma de carácter orgánico constitucional.

El señor QUINTEROS ( Vicepresidente ).-

En votación las modificaciones unánimes.

--(Durante la votación).

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Vamos a iniciar la consulta de votos a quienes se encuentran participando de la sesión a distancia.

La Senadora señora Rincón ha solicitado adelantar su voto, sin fundamentar. ¿Cómo vota, señora Senadora ?

La señora RINCÓN.-

Voto a favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor García-Huidobro, ¿cómo vota?

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-

A favor, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Guillier, ¿cómo vota?

La Senadora señora Allende solicita adelantar su voto, sin fundamentar. ¿Cómo vota?

La señora ALLENDE.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

El Senador señor Alvarado también quiere adelantar su voto. ¿Cómo vota?

El señor ALVARADO.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

La Senadora señora Órdenes solicita adelantar su voto, sin fundamentar. ¿Cómo vota?

La señora ÓRDENES.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

El Senador señor Prohens también desea adelantar su voto. ¿Cómo vota?

El señor PROHENS.-

A favor, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

El Senador señor Araya ha solicitado adelantar su voto, sin fundamentar. ¿Cómo vota?

El señor ARAYA.-

Voto a favor, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

La Senadora señora Sabat también solicita adelantar su voto. ¿Cómo vota?

La señora SABAT.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Senador señor Guillier, ¿cómo vota?

Senador señor Harboe, ¿cómo vota?

Senador señor Huenchumilla, ¿cómo vota?

El señor HUENCHUMILLA.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Insulza, ¿cómo vota?

Perdón, el Senador señor Insulza se encuentra pareado con el Senador señor Kast.

Senador señor Latorre, ¿cómo vota?

El señor LATORRE.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Montes, ¿cómo vota?

El señor MONTES.-

Voto a favor.

Simplemente quiero decir que no podemos comprarnos una idea reduccionista de la educación.

En estos cinco meses, ¿qué ha pasado con los niños? A lo mejor, han tenido un retraso en el currículum, pero han generado un desarrollo en la parte emocional, en la relación con los padres -sea buena o mala-, en la forma de mirarse a sí mismos. Ha habido otros desarrollos.

Necesitamos una educación que entienda que en el centro están los niños, están los alumnos. Por lo tanto, debemos buscar formas de evaluar el proceso que se ha vivido en este tiempo.

Las simplificaciones nos llevan a decir cuánto han retrocedido los niños en estos meses. Veamos qué ha pasado con ellos, porque puede ser bastante más rico y más contradictorio que lo que, por ejemplo, cree el Senador Galilea.

Voto a favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senadora señora Provoste, ¿cómo vota?

La señora PROVOSTE.-

Voto a favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias, Senadora.

El Senador señor Bianchi pide adelantar su voto, sin fundamentar. ¿Cómo vota?

El señor BIANCHI.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias, Senador.

Senador señor Soria, ¿cómo vota?

Ahí tiene activado el micrófono.

¿Cómo vota?

El señor SORIA.-

Voto a favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Senador señor Quintana, ¿cómo vota?

El señor QUINTANA.-

A favor, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Senadora señora Van Rysselberghe, ¿cómo vota?

La Senadora señora Aravena se encuentra pareada con el Senador señor De Urresti.

Senador señor Durana, ¿cómo vota?

El señor DURANA.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Galilea, ¿cómo vota?

El señor GALILEA.-

Presidente, me veo obligado a precisar una afirmación que hizo al pasar el Senador Montes.

Es evidente que también hay que medir los impactos emocionales, familiares, etcétera, que han tenido los niños en este año. Nadie discute eso. Y estoy seguro de que el Ministerio, a través de sus psicopedagogas y todo su equipo, está midiendo esos elementos, como también se halla en la obligación de ver qué pasó en los conocimientos -llamémoslos así- más duros. El desafío de este año es doble -en realidad, siempre es doble e intenso-: saber que ha ocurrido en los contenidos duros y, además, qué ha pasado en el alma, en el corazón, en la educación de carácter emocional de todos los niños de nuestro país.

Aquí nadie ve las cosas como una u otra. Creo que ese es el gran problema que tienen algunos: tienden a pensar que lo uno va en contra de lo otro, o lo otro en contra de lo uno. Eso no es así. Tenemos que ser capaces de diseñar y medir ambos aspectos en la vida escolar de la totalidad de los niños. Todos debemos caminar en ese mismo sentido. Estoy seguro de que es lo que quieren el Senador Montes, el Ministro Raúl Figueroa y todos aquí.

Pero no planteemos las cosas binariamente: que es blanco o negro; que tú quieres lo otro y no quieres lo uno. ¡No! Ese es un mal camino. Aquí tenemos el desafío de medir ambas cosas correctamente.

Voto a favor de los artículos 1 y 2, Presidente.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

El Senador señor Galilea vota a favor.

Senador señor Guillier, ¿cómo vota?

El señor GUILLIER.-

Voto a favor, señor Secretario .

Disculpe. Rato atrás estaba medio dando vueltas.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias, Senador.

Vota a favor.

¿Senador señor Harboe?

Como señalé, se encuentran pareados la Senadora señora Aravena con el Senador señor De Urresti, el Senador señor Letelier con el Senador señor Coloma y el Senador señor Insulza con el Senador señor Kast.

Senadora señora Van Rysselberghe, ¿cómo vota?

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).-

Le falta votar a quien está haciendo de Presidente, señor Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Señor Presidente , ¿cómo vota?

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).-

Voto a favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor QUINTEROS ( Vicepresidente ).-

Terminada la votación.

--Se aprueban las enmiendas unánimes, que corresponden a los artículos 1 y 2 del proyecto (30 votos a favor y 3 pareos).

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Ebensperger, Órdenes, Provoste, Rincón y Sabat y los señores Alvarado, Araya, Bianchi, Chahuán, Durana, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Guillier, Huenchumilla, Lagos, Latorre, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria.

No votaron, por estar pareados, la señora Aravena y los señores Insulza y Letelier.

El señor QUINTEROS ( Vicepresidente ).-

La siguiente votación es el artículo 3, que es una norma de quorum orgánico constitucional. No olvidemos que, en este caso, los pareos no corren.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Señor Presidente , en la Sala, los Senadores señores Lagos y Pugh han solicitado abrir la votación inmediatamente.

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).-

Muy bien.

En votación el artículo 3.

--(Durante la votación).

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Está abierta la votación en la Sala, y procederé a consultar la opción de voto a los señores Senadores que están conectados a través del sistema telemático.

Senador señor García-Huidobro, ¿cómo vota?

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-

En contra, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota en contra.

Senador señor Guillier, ¿cómo vota?

¿Senador señor Guillier?

El señor GUILLIER.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Harboe, ¿cómo vota?

Senador señor Huenchumilla, ¿cómo vota?

El señor HUENCHUMILLA.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Insulza, ¿cómo vota?

Senador, tiene que activar su micrófono desde allá.

El señor INSULZA.-

Voto a favor, Secretario .

Entiendo que no hay pareos cuando se vota una norma de quorum especial.

Gracias.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Efectivamente, en tal caso, no corren los pareos.

Vota a favor.

¿Senador señor Kast?

Senador señor Latorre, ¿cómo vota?

El señor LATORRE.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Montes, ¿cómo vota?

El señor MONTES.-

Yo voto a favor.

Quiero simplemente decir que en su momento llegamos a tener diecisiete pruebas Simce al año, ¡diecisiete! Gracias a que le bajamos el presupuesto al Simce, logramos disminuir esas pruebas. Ahora se ha ido generando un concepto más amplio.

Pero la verdad es que lo único que importaba era el resultado, el ranking. En las comunas se decía: "Este colegio tiene tanto"; "Este otro tanto".

Entonces, el hecho de que se tome al niño como un ser integral, al que se evalúe globalmente, no al que se le mida, es algo respecto de lo cual ha costado mucho abrirse camino. Y falta todavía mucho por andar.

Yo voto a favor de este artículo, señor Presidente.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senadora señora Órdenes, ¿cómo vota?

La señora ÓRDENES.-

Voto a favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Harboe, ¿cómo vota?

El señor HARBOE.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Senador señor Prohens, ¿cómo vota?

El señor PROHENS.-

En contra, Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

En contra.

Senadora señor Provoste, ¿cómo vota?

La señora PROVOSTE.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Quintana, ¿cómo vota?

El señor QUINTANA.-

Voto a favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

A favor.

Senadora señora Rincón, ¿cómo vota?

La señora RINCÓN.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

A favor.

Senadora señora Sabat, ¿cómo vota?

La señora SABAT.-

Abstención.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Se abstiene.

Senador señor Soria, ¿cómo vota?

El señor SORIA.-

Voto a favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senadora señora Van Rysselberghe, ¿cómo vota?

Senadora señora Allende, ¿cómo vota?

La señora ALLENDE.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Alvarado, ¿cómo vota?

El señor ALVARADO.-

Voto en contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

¿Vota en contra?

El señor ALVARADO.-

En contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Ya.

Gracias.

Senadora señora Aravena, ¿cómo vota?

Senador señor Araya, ¿cómo vota?

El señor ARAYA.-

Voto a favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Bianchi, ¿cómo vota?

El señor BIANCHI.-

Voto a favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Castro, ¿cómo vota?

El señor CASTRO.-

A favor, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

A favor.

Senador señor De Urresti, ¿cómo vota?

Senador señor Durana, ¿cómo vota?

El señor DURANA.-

En contra, señor Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota en contra.

Senador señor Galilea, ¿cómo vota?

El señor GALILEA.-

En contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senador señor Quinteros, ¿cómo vota?

El señor QUINTEROS.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota a favor.

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

¿Senador señor De Urresti?

El señor KAST.-

En contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

¿Senador señor Kast?

El señor KAST.-

En contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

En contra.

¿Senador señor De Urresti?

¿Senadora señora Van Rysselberghe?

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

Señor Presidente, si lo estima pertinente, puede dar por terminada la votación.

El señor QUINTEROS ( Vicepresidente ).-

Terminada la votación.

--Se rechaza el artículo 3°, nuevo (21 votos a favor, 9 en contra y 3 abstenciones), por no cumplirse el quorum constitucional requerido.

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Muñoz, Órdenes, Provoste y Rincón y los señores Araya, Bianchi, Castro, Elizalde, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Latorre, Montes, Ossandón, Pizarro, Quintana, Quinteros y Soria.

Votaron por la negativa la señora Ebensperger y los señores Alvarado, Durana, Galilea, García-Huidobro, Kast, Moreira, Prohens y Pugh.

Se abstuvieron la señora Sabat y los señores García y Sandoval.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Consignamos la intención de voto a favor del Senador señor Navarro.

--Queda aprobado en particular el proyecto y despachado en este trámite.

Valparaíso, 15 de septiembre de 2020.

Nº 483/SEC/20

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley, de esa Honorable Cámara, que suspende la aplicación de la Evaluación Docente y de las pruebas del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE), correspondientes al año 2020, debido a la pandemia de Covid-19, correspondiente al Boletín N° 13.554-04, con las siguientes enmiendas:

ARTÍCULO 1

Lo ha reemplazado por el siguiente:

“Artículo 1.- En consideración a la pandemia del Covid-19, facúltase por el año 2020 a los profesionales de la educación para no rendir los instrumentos de evaluación contemplados en el artículo 19 K del decreto con fuerza de ley N° 1, promulgado el año 1996 y publicado el año 1997, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 19.070, que aprobó el Estatuto de los Profesionales de la Educación, y de las leyes que la complementan y modifican, correspondientes al Sistema Nacional de Reconocimiento y Promoción del Desarrollo Profesional Docente; y para no rendir la evaluación de los profesionales de la educación que se desempeñen en funciones de docencia de aula contemplado en el artículo 70 y siguientes del mismo cuerpo legal.

Para efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, los mencionados profesionales deberán presentar una solicitud al sostenedor respectivo, el que estará obligado a dar curso a la misma, la que producirá la suspensión de pleno derecho de las evaluaciones señaladas respecto del solicitante. Asimismo, se producirá la suspensión de pleno derecho de las evaluaciones respecto de los solicitantes que hubieren presentado solicitudes de suspensión antes de la publicación de esta ley, cualquiera sea el estado de tramitación de dicha solicitud o respuesta anterior que se haya dado a la misma.”.

ARTÍCULO 2

Lo ha sustituido por el siguiente:

“Artículo 2.- Para los profesionales de la educación que, a la fecha de la entrada en vigencia de esta ley, hayan resuelto voluntariamente someterse al proceso de evaluación docente 2020, el registro audiovisual contemplado para el instrumento de evaluación señalado en la letra b) del artículo 19 K, del decreto con fuerza de ley N° 1, promulgado el año 1996 y publicado el año 1997, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 19.070, que aprobó el Estatuto de los Profesionales de la Educación, y de las leyes que la complementan y modifican, será aplicado durante los meses de marzo, abril y mayo de 2021.

Sin perjuicio de lo anterior, el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP), por resolución fundada, podrá adoptar todas las medidas necesarias para la administración del proceso 2020, incluidos otros mecanismos para hacer efectivo lo dispuesto en el artículo 1 de esta ley.”.

- - - -

Lo que comunico a Su Excelencia en respuesta a su oficio Nº 15.641, de 24 de junio de 2020.

Acompaño la totalidad de los antecedentes.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

ADRIANA MUÑOZ D´ALBORA

Presidenta del Senado

RAÚL GUZMÁN URIBE

Secretario General del Senado

SUSPENSIÓN DE EVALUACIÓN DOCENTE Y DE PRUEBA SIMCE 2020 DEBIDO A COVID-19 (TERCER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 13554-04)

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Corresponde tratar las modificaciones del Senado al proyecto de ley, iniciado en moción, que suspende la aplicación de la evaluación docente y de las pruebas del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (Simce), correspondientes al año 2020, debido a la pandemia por covid-19 (boletín N° 13554-04).

Por acuerdo de los Comités Parlamentarios, para la discusión de este proyecto se otorgarán siete minutos base a las bancadas que tengan dos o más Comités y cinco minutos al resto de las bancadas, más treinta minutos distribuidos de manera proporcional.

Antecedentes:

-Modificaciones del Senado, sesión 74ª de la presente legislatura, en martes 22 de septiembre de 2020. Documentos de la Cuenta N° 27.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

En discusión las modificaciones del Senado. Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Mario Venegas Cárdenas .

El señor VENEGAS (vía telemática).-

Señor Presidente, por su intermedio, saludo a los colegas que están en el hemiciclo y a quienes participan vía telemática.

Hoy debemos pronunciarnos sobre las modificaciones que introdujo el Senado de la República a un proyecto que ya aprobamos en la Cámara de Diputados.

El proyecto original, que se inició en una moción, buscaba dar certeza jurídica a un problema que nos generó la pandemia, cual es si correspondía o no, considerando las circunstancias extraordinarias que está viviendo el país y el impacto que han provocado en el normal desarrollo de la actividad académica en los distintos niveles del sistema escolar, realizar las pruebas del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (Simce) y la evaluación docente a los profesores y profesoras.

El primer tema quedó despejado porque el propio gobierno, respecto de ese punto, resolvió en algún momento del año, luego de que se emitieran una serie de distintas opiniones por parte de académicos, de expertos, del Colegio de Profesores, etcétera, suspender la aplicación del Simce, de manera que en este minuto la discusión se refiere solo a la suspensión que se propone de la aplicación de la evaluación docente.

Las razones siguen siendo las mismas que señalamos y argumentamos al momento del debate de esta iniciativa en primer trámite constitucional, como las condiciones extraordinarias y el hecho de que no haya clases presenciales. Una parte sustantiva de la evaluación docente es la grabación de una clase presencial que permite establecer los dominios del profesor en ámbitos de contenidos y en ámbitos pedagógicos, entre otros, lo que no se puede realizar ahora.

También señalamos que los recursos, que son bastante cuantiosos y que implican tanto aplicar el Simce como la evaluación docente, podrían tener un mejor destino si se usan para abordar aquellas urgencias del sistema provocadas por la pandemia.

¿Qué hizo el Senado al respecto? En lo sustantivo, diría que introdujo adecuaciones que no cambiaron el sentido original de este proyecto. Digo esto, porque la primera modificación que hizo el Senado fue señalar que los profesores deberán solicitar no rendir la prueba tal como hoy el reglamento lo establece, pues en circunstancias extraordinarias se puede no realizar, pero serán los profesores los que deberán hacer la solicitud respectiva al sostenedor.

Lo que hace esa enmienda es cambiar el peso de la prueba. En el texto del proyecto aprobado por la Cámara señalamos que se suspendía la aplicación de la prueba durante el 2020. En un articulado transitorio se establecía la posibilidad de que aquel profesor o aquella profesora que quisiera o sintiera que deseaba rendir la prueba, por las razones que estimara conveniente, tuviera la posibilidad de hacerlo. Para ello tenía que presentar la solicitud respectiva.

De manera que también operará de pleno derecho, dice la modificación del Senado, para aquellos que antes de la vigencia de esta ley hayan solicitado no rendir la prueba de evaluación docente.

En relación con aquellos profesores que extraordinariamente quisieran rendir la prueba este año, lo que aporta el Senado es que la grabación de esa clase presencial, que es parte integrante de la evaluación docente, junto con el portafolio y otras exigencias, sea aplicada durante los meses de marzo, abril y mayo del 2021, bajo el supuesto de que en ese momento estaremos en condiciones de mayor normalidad y de que se estarán realizando clases presenciales.

Además, la enmienda introducida por el Senado autoriza al Cpeip para que implemente, por resolución fundada, todas las medidas necesarias que permitan desarrollar el proceso 2020 en el caso de aquellos que quisieran realizarla, no obstante se da por suspendido para la generalidad de los profesores por las razones antes mencionadas.

Por todas estas razones, dado que se cambió el peso de la prueba, como dirían los abogados, pero no hay un cambio sustantivo en la idea matriz del proyecto original, con mucho respeto vengo en solicitar a los colegas diputados de mi bancada y a todos los diputados y diputadas que aprobemos las modificaciones del Senado, teniendo en cuenta, además, que urgen los plazos para cumplir el cronograma establecido de manera ordinaria para el proceso de evaluación docente. Dichos plazos están muy próximos a cumplirse, de modo que es necesario tener certeza jurídica, y la manera de conseguirla es aprobando este proyecto de ley que consideramos de toda lógica dadas las circunstancias extraordinarias que se viven en el sistema educativo debido a la pandemia, la que si bien ha disminuido su intensidad, está lejos de estar controlada, y nada o nadie puede asegurar que no suframos un rebrote futuro.

Por las razones expuestas, llamo respetuosamente a aprobar las modificaciones del Senado. He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, la diputada Camila Vallejo Dowling .

La señorita VALLEJO (doña Camila ) [vía telemática].-

Señor Presidente, nosotros, como diputadas y diputados miembros de la Comisión de Educación, junto con quienes empujamos este proyecto, celebramos el avance que ha tenido hasta ahora, incluso considerando las modificaciones introducidas por el Senado. Por cierto, tuvimos un largo debate sobre la materia.

En términos generales, la evaluación docente y el Simce son instrumentos estandarizados, por un lado, de evaluación de los profesores y profesoras de los establecimientos educacionales de nuestro país, y, por otro, el Simce se aplica para “evaluar” el progreso académico de los estudiantes, también evalúa los establecimientos educacionales y, de alguna manera, los coloca en un ranking a nivel nacional en el que se les clasifica en mejores o peores.

Este es un sistema que ha sido objeto de muchas críticas desde el mundo de los expertos en materia educacional. Se cuestiona si realmente son los mejores instrumentos con los que cuenta nuestro país para mejorar la educación o si sirven más bien como elementos de una mayor segmentación socioeducativa y de discriminación de los jóvenes y de los proyectos educativos, entendiendo que cada uno tiene sus propias dificultades de acuerdo con la comuna y con la región donde se asientan.

Sin embargo, más allá de los cuestionamientos de fondo, en el contexto de la pandemia surgió la necesidad y el planteamiento de los profesores y profesoras, de las comunidades educativas y de los establecimientos educacionales, así como también de los expertos en la materia, de que dichos procesos de evaluación tenían que suspenderse, porque no estamos en un año normal, porque es imposible cumplir con las exigencias que establece y los instrumentos que exige la evaluación docente a los profesores y profesoras, entendiendo que la gran mayoría está haciendo clases a distancia, si realmente pueden hacer clases a distancia. El formato es completamente distinto al de las clases presenciales; muchos jóvenes ni siquiera pueden conectarse a las clases, y la dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje no es la misma cuando las clases se imparten por sistemas remotos.

Lo mismo pasa con la aplicación del Simce, de modo que no hay forma de hacer exigible la realización del Simce y de la evaluación docente en este año de pandemia.

Por lo tanto, el llamado fue claro, sistemático y permanente: que se suspendiera la aplicación de la evaluación docente y del Simce.

Finalmente, se entendió que podía haber casos en que a profesores y profesoras les conviniera, de todas maneras e igual, a pesar de la pandemia, rendir su evaluación docente, como también se entendió que algunos establecimientos educacionales solicitasen de todas formas ser evaluados por el Simce, aunque el resultado de este no tuviera carácter de censo, sino más bien carácter de muestra, con el objeto de monitorear el progreso de los establecimientos educacionales que quisieran evaluarse. El proyecto que aprobó la Cámara de Diputados tenía el sentido de establecer como regla general la suspensión, pero también permitir que muchos profesores y profesoras pudieran realizar de todas maneras la evaluación docente.

Creo que las modificaciones introducidas por el Senado mantienen el espíritu de someterse al proceso de manera voluntaria, a solicitud, y eso está establecido por ley, como muy bien lo explicó el colega diputado y miembro de la Comisión de Educación Mario Venegas. Además, da la posibilidad de que todas las clases que se tengan que rendir en materia de evaluación docente y las pruebas de la realización de estas clases y el registro audiovisual respectivo se puedan enviar a partir de los meses de marzo o abril del próximo año.

Entonces, eso también da posibilidades de mayor preparación, en un contexto que esperamos que sea más favorable que el de 2020.

Pienso que las enmiendas del Senado no cambian en lo sustantivo -precisan, detallan quizá un poco máslo que, como Cámara de Diputadas y Diputados, aprobamos en el trámite anterior.

Además, es urgente que este proyecto de ley se apruebe en este trámite, porque se está al límite de los plazos establecidos respecto de las inscripciones para someterse al proceso de evaluación docente y para el envío del portafolio.

Por lo tanto, para el alivio de los profesores y las profesoras es urgente que la Cámara de Diputadas y Diputados apruebe este proyecto en este trámite, de manera que se convierta en ley de la república.

En consecuencia, nuestra bancada llama a votar favorablemente las enmiendas del Senado.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

El ministro de Educación, señor Raúl Figueroa , ha pedido hacer uso de la palabra.

Tiene la palabra, señor ministro.

El señor FIGUEROA (ministro de Educación) [vía telemática].-

Señor Presidente, como se ha señalado en las intervenciones anteriores, este proyecto, que está en su tercer trámite constitucional, busca facilitar la suspensión del proceso de evaluación docente en un año tan complejo como el que nos ha tocado vivir y que ha afectado particularmente al sistema educativo.

Desde el inicio de la pandemia, el Ministerio de Educación fue claro en señalar que, atendidas las particularidades de 2020, los docentes que quisieran suspender su evaluación podían hacerlo, conforme a las normas que para esos efectos la ley ya establece. En paralelo, la Cámara de Diputados comenzó la tramitación de un proyecto, iniciado en moción, que tiene el mismo propósito.

Como sus señorías saben, esta iniciativa se aprobó en la Cámara de Diputados y pasó al Senado. En el Senado, para evitar que las gestiones administrativas del Ministerio de Educación entraran en eventuales contradicciones con un proyecto que podía aprobarse; para dar absoluta certeza respecto de que este año los docentes que quisieran suspender su evaluación podían hacerlo, y, asimismo, para que aquellos que estuviesen en condiciones de someterse a ella y quisieran hacerlo también tuvieran ese instrumento disponible, el Presidente de la República, Sebastián Piñera , ingresó una indicación, que fue aprobada por unanimidad, y es lo que hoy votará la honorable Cámara.

En síntesis, lo que estamos votando hoy es una modificación al proyecto, que se originó en una indicación del Presidente de la República, que apunta precisamente, como se señaló en las dos intervenciones anteriores, a dar certeza total de que respecto de los docentes que hubieran solicitado la suspensión de la evaluación, se entiende de pleno derecho que esa suspensión aplica, y, por lo tanto, que no depende de la voluntad del sostenedor, que fue uno de los aspectos que se pusieron en el debate. Asimismo, que quienes quieran someterse a la evaluación pueden revisarla, facultándose también al Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (Cpeip) del Ministerio de Educación para hacer las adecuaciones necesarias con el fin de asegurar que en esos casos la evaluación pueda llevarse a cabo. Eso significa, eventualmente, prorrogar hasta el próximo año algunos de los procesos de la evaluación, específicamente la filmación de una clase.

En conclusión, por supuesto que creemos que las modificaciones introducidas en el Senado, como consecuencia de la indicación del Presidente Piñera, son convenientes para dar certeza a un derecho que ya tenían los docentes: a solicitar la suspensión de la evaluación; pero ahora queda absolutamente claro que no depende de terceros que esa suspensión se tramite, sino que aplica de pleno derecho.

Respecto del Simce, como se ha dicho, ya no forma parte de este proyecto. También el Ministerio de Educación anunció en su oportunidad que este año la evaluación Simce , que tradicionalmente posee un carácter censal, no se llevará a cabo, sino que se realizará una evaluación muestral en aquellos establecimientos que voluntariamente quieran rendirla, con la exclusiva finalidad de contar con información respecto del impacto de la pandemia en los aprendizajes, sin ninguna otra consecuencia para aquellos.

Por lo tanto, para dar certeza a los docentes, solicito a los diputados respaldar las modificaciones introducidas en el Senado en esta materia.

Muchas gracias. He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Patricio Rosas Barrientos .

El señor ROSAS.-

Señor Presidente, el proyecto en comento, que suspende la aplicación de la evaluación docente, recoge finalmente algo que para todos los chilenos es obvio: que estamos en una pandemia, en una situación diferente, en una situación de catástrofe. Y recién ahora, a última hora, cuando los plazos para presentar los portafolios están por vencer, nos encontramos viendo esta iniciativa en tercer trámite constitucional.

La pandemia empezó, y se agravó hace hartos meses; tuvimos nuestra crisis en junio, y recién hoy estamos cerrando un tema que era obvio. Me llama la atención que el Ministerio de Educación tenga tanta lentitud para tomar decisiones respecto de temas que por obvios no se realizan y que los profesores los han venido manifestando desde hace meses.

Hace bien escuchar. Es importante escuchar; pero también hacer. Esa es una de las cosas respecto de las cuales el Ministerio de Educación, lamentablemente, ha sido lento: trasformar en instrumentos, en decisiones, en leyes lo que se necesita en esta pandemia. Por eso la tramitación de esta iniciativa ha sido tan lenta.

Hoy vemos que, finalmente, lo que desde un principio se planteó en esta Cámara, a través de una moción, vuelve en tercer trámite constitucional. La evaluación docente no se hará, salvo en los casos en que la decisión sea voluntaria.

Este no es un año normal, y llama la atención, no se comprende que en muchas políticas públicas, sobre todo en educación, que van en paralelo con todas las prestaciones sociales del gobierno, que ante una pandemia tan grave como la que estamos viviendo no se haya entendido la dificultad que han tenido los profesores en este período para hacer clases a distancia sin estar preparados para ello; que no se haya comprendido la dificultad que han enfrentado los alumnos para conectarse a un sistema educativo a distancia cuando a veces ni siquiera cuentan con internet en sus regiones, comunas o localidades rurales.

Dichas situaciones se multiplican a través de todo Chile. Por eso, debemos tener un Ministerio de Educación que no solo escuche, sino que también obre en consecuencia y aterrice en la realidad en que estamos. Nos encontramos en un momento muy complejo de nuestra historia sanitaria como país. Por eso, todos los arreglos que deben hacerse dentro de la Administración Pública para que el Estado siga funcionando deben ser realizados con prontitud, y, sobre todo, debe velarse por el bien común, por el bien de los niños y niñas, pero también por el de los profesores, de los paradocentes y de todo el personal que trabaja en las escuelas.

También resulta paradójico que estemos hablando a veces del retorno casi forzado a clases, sabiendo que ni siquiera las instalaciones en las escuelas se han adecuado para ello, que los municipios ni siquiera tienen los recursos para llevar a cabo esas adecuaciones ni tampoco cuentan con las medidas de protección personal tanto para los docentes como para los paradocentes y para el personal que trabaja en la manipulación de alimentos.

Por lo expuesto, pido al ministro de Educación que, además de escuchar, también haga cosas, y junto con las personas afectadas: los apoderados, los docentes, los paradocentes, porque todos queremos que el sistema funcione de la forma en que se pueda durante la pandemia. No será lo ideal, pero queremos transitar sin tener que arriesgar la salud de los docentes, de los niños ni de sus padres.

Vamos a aprobar el proyecto, porque recoge lo que planteamos desde un comienzo: la suspensión de la evaluación docente.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Juan Santana Castillo .

El señor SANTANA (don Juan).-

Señor Presidente, nuevamente estamos discutiendo este proyecto que, dicho sea de paso, ingresamos el 12 de mayo, junto con otros parlamentarios y parlamentarias de oposición.

Desde ese momento, miles de profesores y profesoras han sufrido la incertidumbre que genera la falta de determinación del gobierno en esta materia. Y no me refiero solo a la ambigüedad en cuanto a la aplicación de la prueba Simce y de la evaluación docente, sino también a la obstinación del Ministerio de Educación por instalar, majaderamente, la necesidad de retornar a clases presenciales, aun en contra de la opinión generalizada de las comunidades escolares de nuestro país.

Desde un principio se planteó, en el debate de este proyecto, que este año era excepcional y que, como tal, requería medidas excepcionales. Afortunadamente, gracias a la presión de diversas organizaciones sociales, al Ejecutivo no le quedó otra opción que abandonar la forzada normalidad que pretendía instalar.

No hay que olvidar que, desde mayo, el ministro de Educación y sus asesores han denunciado la supuesta inadmisibilidad de la iniciativa y han empujado una campaña comunicacional del terror en esta materia, así como en muchas otras. Sin embargo, se han visto obligados a conversar, porque no encuentran apoyo ni siquiera en sus propias filas.

El proyecto, tal como fue despachado por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, establecía la suspensión de la evaluación docente para todos los profesores y profesoras. Aun con las modificaciones del Senado, los profesores tendrán que hacer una solicitud de suspensión a los sostenedores, a la que se podrá acceder de pleno derecho.

Creemos que no debe ser una obligación de las y los docentes tener que solicitar la suspensión; sin embargo, entendemos la premura con que estamos legislando, dado que muchos sostenedores no han accedido a la suspensión de la evaluación docente, por no considerar que la pandemia constituya una de las hipótesis contempladas en la ley y porque el plazo para la entrega de los portafolios vence en octubre.

Por tanto, la promulgación del proyecto debe ser realizada por el Presidente de la República en el más breve plazo, sin dilaciones, sin maniobras que impidan llegar a tiempo a las y los docentes del país.

Sin lugar a dudas, esta crisis ha revelado de forma innegable las enormes grietas de nuestro sistema educativo y nos ha conducido a discutir acerca de cómo queremos seguir desarrollando nuestra educación.

Al respecto, hay clara evidencia de que las fórmulas aplicadas hasta el momento han fracasado completamente. Hay que decirlo una y otra vez: las pruebas estandarizadas, como el Simce y la PSU, han profundizado la segregación y en nada han aportado al fortalecimiento de una educación de calidad para todas y todos.

Finalmente, debo señalar que, si bien esta moción se asocia directamente al contexto de la pandemia, abre otros caminos sobre la necesidad de que realicemos cambios estructurales en nuestro país, como que el Estado no se vea obligado a desembolsar más de 15.000 millones de pesos en una prueba que tiene por objeto único clasificar a los establecimientos y, en virtud de ello, castigar a los que no cumplen con ciertos estándares.

Aún quedan dudas acerca de qué va a pasar con aquellos recursos destinados a las suspendidas pruebas Simce y de evaluación docente. El Ministerio de Educación bien podría utilizar esos recursos en acabar con la brecha digital, en contener a las comunidades educativas y en dignificar la labor que con mucho esfuerzo han realizado las y los trabajadores de la educación.

Por lo expuesto, la bancada del Partido Socialista votará a favor del proyecto.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda Orbenes .

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, primero debo decir que es muy bueno recordar que el proyecto ingresó a tramitación en mayo, porque ya en ese momento teníamos conciencia de las complicaciones que tendrían los profesores y profesoras con la evaluación docente.

También conviene recordar lo contradictorio que fue en un comienzo, cuando el ministro decía que el 27 de abril los niños deberían volver a clases. ¿Se imagina, Presidente, lo que hubiese ocurrido si lo que planteó el gobierno en ese minuto se hubiese hecho realidad? Las complicaciones que tendría el país serían aun más graves.

Agradezco que los ministros tengan la capacidad de mirar, analizar, reflexionar y de cambiar de opinión, porque eso es bueno, es sensato.

Además, a pesar del tiempo transcurrido, me alegra que hoy tengamos la posibilidad de votar a favor esta iniciativa y que los profesores y profesoras no se vean obligados a rendir esta evaluación docente, que se suma a las complicaciones que ya enfrentan, y no solo por la pandemia, sino también por la forma en que deben impartir sus clases en las actuales circunstancias.

Agradezco a los docentes del país, así como también a los asistentes de la educación, que están trabajando telemáticamente y que, además, distribuyen cajas de mercadería a la población. Asimismo, aprovecho la oportunidad para felicitar y agradecer a las manipuladoras de alimentos de los establecimientos educacionales.

Para nosotros, resolver este problema es algo muy importante, pues les quita estrés adicional a los profesores y profesoras, lo cual resultaba evidente. Así lo conversamos con múltiples comunidades educativas que nos plantearon esta situación. Entonces, nos alegra aprobar esta iniciativa.

En segundo lugar, aprovecho estos minutos que me quedan y que el ministro esté con nosotros telemáticamente para referirme a la compleja realidad que vivimos en San Fernando.

Los profesores de San Fernando están viviendo una situación escandalosa desde hace mucho tiempo: no les pagan sus sueldos y no se han enterado sus cotizaciones previsionales. Además, están en la incertidumbre, porque ha habido despidos masivos de profesores, situación que hemos informado tanto a la Contraloría como a la Inspección del Trabajo.

Por eso, por San Fernando , la segunda comuna más grande de la Región de O’Higgins, que será traspasada este año -ya está en proceso de traspaso-, pido encarecidamente al ministro que se haga la fiscalización que corresponde.

No es posible que hoy estén despidiendo a profesores que padecen cáncer, y menos que sean despedidos en esa situación, algunos de ellos postrados, porque ello implica deteriorar aún más su salud, y con el auspicio y el visto bueno del ministerio…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, diputada Sepúlveda . Tiene la palabra el diputado Issa Kort .

El señor KORT.-

Señor Presidente, pido que recabe la unanimidad de la Cámara para que pueda ingresar a la Sala el subsecretario general de la Presidencia, señor Juan José Ossa .

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

¿Habría acuerdo para acceder a lo solicitado por el diputado Kort ?

No hay acuerdo.

Tiene la palabra el diputado Gabriel Ascencio Mansilla .

El señor ASCENCIO (vía telemática).-

Señor Presidente, saludo a los autores del proyecto, que fue presentado en mayo, como se acaba de mencionar. Asimismo, saludo a los integrantes de la Comisión de Educación, que realizaron un trabajo arduo, en especial a mi camarada y amigo Mario Venegas , que tanto esfuerzo pone para que estos proyectos puedan ver la luz.

Solo señalaré, como han hecho casi todos los oradores anteriores, que vamos a aprobar las modificaciones a la suspensión de la evaluación docente.

Hay que valorar los cambios del Senado y, a estas alturas, aunque un poco tarde, hay que valorar también que el gobierno haya escuchado a la Cámara de Diputadas y Diputados, y se haya involucrado en la tramitación del proyecto, ingresando las indicaciones que conocemos y que seguramente vamos a aprobar.

Los cambios del Senado permiten que quienes quieran someterse a las evaluaciones lo puedan hacer. Al mismo tiempo, modifican la fecha para la presentación del portafolio y la clase grabada de la carrera profesional docente, que se postergó para marzo de 2021, pero podrá volver a posponerse si se mantienen las condiciones sanitarias actuales.

El elemento central de esta iniciativa es que cualquier evaluación realizada en circunstancias anormales carece de todo valor y no sirve para tomar decisiones o planificar nada, y eso es lo que debemos tener presente en medio de una pandemia.

Considero que era muy importante aclararlo.

Además, debo expresar mi reconocimiento a la labor del Colegio de Profesores, a través de su presidente, Mario Aguilar ; de su vicepresidente, gran impulsor de esta normativa, Guido Reyes , y de todo el resto del directorio nacional.

Sin embargo, también debo hacer un llamado al ministro de Educación. En las circunstancias actuales de la pandemia, no se puede exponer la salud de las niñas y los niños de nuestro país. Hoy nos encontramos aún en un gran peligro en todo Chile, lo que se demuestra, por ejemplo, en los altos niveles de contagio en zonas donde ya se hablaba de cierta recuperación, pero que hoy muestran nuevamente números críticos, como es el caso de Magallanes o de Aysén. Por ello, en lugar de colocar tanto esfuerzo en forzar el retorno a clases, se debieran hacer todas las gestiones necesarias para mejorar la conectividad de las familias, sobre todo en las zonas más postergadas.

Soy diputado por Chiloé , represento a más de diez comunas, como Puerto Montt, Maullín y Calbuco , por lo que sé lo que es el aislamiento. El imperativo debiera ser garantizar el derecho a la educación de los niños y niñas y para eso se requiere una mejor conectividad.

Anunció que votaré a favor de las modificaciones del Senado al proyecto.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Esteban Velásquez .

El señor VELÁSQUEZ (don Esteban) [vía telemática].-

Señor Presidente, el gobierno ha tardado en la aplicación de una serie de medidas y, lamentablemente, en este caso ha ocurrido algo similar, dejando en la incertidumbre a la población, en general, y a la comunidad escolar, en particular.

Hay una cuestión que me preocupa y en ciertos momentos me desespera: ¿Qué inspira a nuestros gobernantes de hoy? Recuerdo que, en algún momento, cuando los alcaldes levantaron banderas pidiendo suspender las clases presenciales, debido a lo que estaban viviendo sus comunas, el entonces ministro de Salud Jaime Mañalich declaró que nunca estuvo de acuerdo con la suspensión de las clases; por eso, debemos aprovechar este tiempo para reflexionar, sobre todo en temas de educación.

Por supuesto, vamos a aprobar este proyecto, pero lo hacemos lastimosamente, casi de rodillas, y eso, en una sociedad democrática, irrita y molesta. Este es el tiempo para pensar qué sentido tendrá la educación para los próximos años en nuestro país, considerando que los principios fundantes de la educación tienen relación con lo que estamos viviendo. La pandemia nos tiene acorralados, nos ha sorprendido y ha desnudado la falta de conectividad, que es una cuestión esencial, que debiera ser considerado un derecho. Y no hablo solamente de las regiones más aisladas, sino de todas, porque quien no tiene conectividad o la velocidad necesaria para acceder a la información y, en este caso, a la educación, se va a quedar atrás.

Me parece que es el tiempo para que el Ministerio de Educación discuta aquí en el Congreso Nacional y en todas las instancias que sean necesarias cómo vamos a enfrentar la jornada escolar completa el próximo año. Es cierto que existe el ánimo de otorgar mayor flexibilidad a las comunas para que tomen su propia decisión y, en la práctica, serán las mismas unidades educativas las que decidirán, pero surge la siguiente duda: ¿se está planificando el retorno a clases con la antelación debida?

No solo basta azuzar y animar a volver a clases presenciales, sino que se debe planificar de qué manera se va a retornar y para eso se requieren recursos y planificación.

La propuesta de la Federación Regionalista Verde Social apunta a la conectividad, lo que puede ser propicio para estos tiempos, ya que pronto comenzaremos a discutir el presupuesto de la nación. Por ejemplo, el próximo año la Junaeb no debiera entregar útiles escolares, sino material tecnológico -notebooks, tablets-, tan necesario para los estudiantes hoy en día. Me imagino que la Junaeb está revisando esa decisión, con la asesoría del Ministerio de Educación. Son elementos cruciales sobre los que uno quisiera escuchar al Ministerio de Educación, pero no esta insistencia desmedida en el retorno a las clases presenciales, sin considerar cómo están hoy las comunas respecto de la pandemia.

Observo que entre los valores que inspiran a nuestros gobernantes no está la empatía que uno quisiera, sobre todo si consideramos que se trata de gobiernos que se declaran humanistas.

Voy a respaldar este proyecto, pero espero otro tipo de propuestas, como, por ejemplo -reitero-, la entrega de material tecnológico, como los notebooks y las tablets, en lugar de útiles escolares, porque ello significa sintonizar con los tiempos actuales y con las necesidades de las distintas escuelas.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el señor Rodrigo González .

El señor GONZÁLEZ (don Rodrigo).-

Señor Presidente, quiero recordar que este proyecto fue presentado y elaborado en conjunto con la diputada Camila Rojas , el diputado Juan Santana y la diputada Camila Vallejo y fue aprobado en la Comisión de Educación, y después fue despachado a la Sala junto con la suspensión de la prueba estandarizada Simce . Luego, en la Sala se aprobó solo la suspensión de la evaluación docente, al alcanzarse el quorum correspondiente, pero la suspensión de la prueba Simce no logró el quorum suficiente, aunque obtuvo la mayoría de los votos.

El proyecto continuó su camino, y en relación con la prueba Simce , afortunadamente la opinión general del mundo educacional -docentes, asistentes de la educación y comunidades escolaresopinó que no podía aplicarse este año de la forma como se había hecho hasta ahora, dadas las circunstancias extraordinarias provocadas por la pandemia. En tanto, la suspensión de la evaluación docente siguió su trámite y fue aprobada con modificaciones en el Senado.

Quiero rendir un homenaje a las profesoras y a los profesores de Chile, a las comunidades escolares, a los asistentes de la educación con la aprobación de las modificaciones del Senado al proyecto. Es un reconocimiento a la labor abnegada y muy difícil que han cumplido los profesores.

El agobio docente es muy fuerte debido a que existe un doble sistema de evaluación para ellos. Tanto la elaboración de los portafolios como el sistema de evaluación que implica el Estatuto Docente, dictado originalmente para el sistema educacional, significa un tremendo agobio, por su carácter burocrático, poco estimulante y formativo para los profesores. Lamentablemente, en las mesas de diálogo con el Ministerio de Educación no se ha logrado un acuerdo para tener un solo sistema de evaluación docente.

Las modificaciones del Senado permiten suspender durante este año la evaluación docente, la que se aplicará a los profesores que voluntariamente la quieran rendir en marzo, abril y mayo de 2021. Y ese es un reconocimiento a la labor de los profesores que han estado haciendo contención en las escuelas, que se han preocupado de mantener una relación con los hogares de sus alumnos, que les han llevado guías para trabajar junto a sus familias y que, sobre todo, han hecho mucha contención emocional en este tiempo.

Por lo tanto, el suspender la evaluación docente para los profesores que así lo quieran es un reconocimiento a la labor que han estado haciendo en los establecimientos educacionales, cuya suspensión de clases -como ya se dijofue una medida que se tomó porque tanto los alcaldes como las comunidades escolares así lo exigieron, no obstante la gran resistencia inicial del Ministerio de Educación.

El hecho de que la prueba Simce sea ahora una prueba solamente muestral, así como el haber logrado un acuerdo en el Senado para que no se realice la evaluación docente en forma normal, sino que sea voluntaria para los profesores, es un reconocimiento al hecho de que la labor docente y el trabajo de las comunidades escolares es, esencialmente, de una tremenda vocación, de mucha voluntad, de empeño y de gran compromiso. Hoy -repitoeso se va a traducir en que los profesores que no quieran someterse a la evaluación docente no la hagan, y aquellos que sí lo desean puedan acogerse a las condiciones que establece el proyecto de ley. Creo que todas las comunidades escolares se van a beneficiar, ya que los profesores podrán tener tranquilidad y no sentirse presionados por esta situación.

Quiero señalar que la conectividad y las condiciones materiales y de infraestructura han hecho que la labor educacional se haya desarrollado en circunstancias extraordinariamente difíciles. Por lo tanto, no correspondía de ningún modo realizar la evaluación docente.

Insisto: este proyecto será de gran beneficio para las comunidades escolares. Por ello, vamos a aprobar las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto. Estamos muy contentos de que esto signifique un reconocimiento a la labor de los profesores y las comunidades escolares.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Marcos Ilabaca .

El señor ILABACA.-

Señor Presidente, hoy, efectivamente, de manera tardía, pero con justicia, estamos reconociendo la labor que miles de profesores desarrollan diariamente.

La pandemia por covid-19 no solamente ha atacado en términos sanitarios a la población, sino que, además, nos ha enseñado a que se pueden desarrollar nuevos procedimientos en los procesos de aprendizaje. En esa tarea son los profesores los que se han llevado la mayor carga, toda vez que han tenido que cambiar el sistema de enseñanza. El paso de ser un alumno presencial a uno telemático ha implicado un cambio en la cultura educacional, lo que se ha traducido en un alto nivel de estrés y en un uso de recursos propios de los profesores. Por lo mismo, no podíamos entender cómo era posible que las medidas de evaluación docente no fueran suspendidas en un período absolutamente extraordinario y anormal.

Tal como señaló el diputado Juan Santana , quien promovió la discusión del proyecto, la bancada del Partido Socialista va a estar al lado de los profesores y votará a favor la iniciativa, la que en definitiva hace un mínimo de justicia a quienes se entregan al proceso educativo.

En los minutos que me quedan quiero aprovechar de pedir al ministro de Educación que por favor revise la orden que se está entregando desde la Junji de reabrir los jardines infantiles en la Región de Los Ríos. Si hoy estamos reconociendo una situación extraordinaria y el ministro está invitando a que de manera voluntaria los niños vuelvan a clases, no es posible que a los trabajadores que laboran en jardines infantiles se les ordene que regresen a sus funciones. No vivimos una fase normal. Por ello, le pido al ministro que atienda lo que sucede hoy en la Junji respecto de sus trabajadores.

Asimismo, en un período complejo como el que estamos viviendo, tampoco es entendible que el Ministerio de Educación aún no traspase a los municipios los recursos destinados al Bono de Reconocimiento Profesional esperado por los profesores y asistentes de la educación que decidieron acogerse a retiro. A pesar de que hace cerca de un año que se dictaron los decretos de retiro, el Ministerio de Educación aún no traspasa los recursos a los municipios. Los profesores de Chile y los asistentes de la educación requieren urgentemente esos recursos para…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Luis Pardo .

El señor PARDO.-

Señor Presidente, antes de referirme al proyecto de ley, me haré cargo de lo que acaba de señalar el diputado Ilabaca .

El Bono de Reconocimiento Profesional está siendo tramitado de acuerdo con lo establecido por la ley que regula la materia, con una burocracia gigantesca y con trámites que

requieren de documentos que no todos los municipios envían a tiempo. De hecho, hay más de treinta municipios que no han entregado los antecedentes que se necesitan para que el ministerio pueda cursar esos bonos de reconocimiento.

Entonces, me parece poco serio acusar al Ministerio de Educación por faltas de procedimiento que están cometiendo los municipios. De esta materia hablo con pleno conocimiento, porque he estado permanentemente preocupado de la tramitación del bono de reconocimiento de muchos profesores de mi distrito. Quien habla, junto con dirigentes del Colegio de Profesores, ha estado monitoreando en forma permanente la entrega de los bonos en todo el país.

Tampoco es cierto que este proyecto de ley haya surgido como consecuencia de que el Ministerio de Educación no haya dado las facilidades para suspender la evaluación docente. El ministerio, efectivamente, estableció la voluntariedad de someterse al instrumento. Lo que busca esta iniciativa, en parte gracias a las indicaciones que se introdujeron en el Senado, es concretar y facilitar esa voluntariedad que ya se había establecido en forma administrativa. De hecho, hoy, de acuerdo con lo que señala el proyecto, basta con que el docente presente una solicitud de suspensión para que no esté obligado a evaluarse. De la misma forma, el proyecto, con las indicaciones introducidas por el Senado, permite evaluar a aquellos profesores que así lo manifiesten, de modo que puedan seguir avanzando en su carrera docente de acuerdo con sus posibilidades y con el principio de voluntariedad establecido en el proyecto de ley.

Vamos a aprobar la iniciativa con las indicaciones introducidas por el Ejecutivo en el Senado, las que perfeccionan el principio de voluntariedad en la suspensión de la evaluación docente como consecuencia de la pandemia.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Naranjo .

El señor NARANJO.-

Señor Presidente, este proyecto, que surgió en la Comisión de

Educación por iniciativa de diputados de oposición, tiene toda lógica y todo sentido. Lo señalo, porque a veces uno no logra entender la tozudez de algunas autoridades de gobierno que quieren hacer aparecer como que todo sigue normal en el país.

El hecho de que el ministro de Educación insista en que se están dando las condiciones para el retorno a clases es una pésima señal. Si llegase a tomar esa decisión en algún momento, lo más probable es que vamos a ser testigos de desobediencia civil por parte de alumnos, apoderados y padres. Estos no querrán mandar a sus hijos a clases, porque, claramente, las condiciones sanitarias -todos somos testigos de ello a lo largo y ancho de nuestro paísno lo permiten en lo absoluto.

Por eso, me parece muy justo, muy legítimo lo que han planteado algunos diputados en la Comisión de Educación, en el sentido de que en una situación anormal debemos hacer las cosas en la dirección correcta. Me imagino que el Ejecutivo se habrá sumado a la decisión de postergar la evaluación docente, porque, claramente, la situación en que se encuentra el país lo amerita.

He escuchado las inquietudes de otros parlamentarios, las que también apuntan a la tozudez del ministro de Educación y de algunas autoridades de gobierno respecto de lo que se pretende hacer en el plano de la educación parvularia, lo que tampoco tiene sentido.

¡Cuál es el afán de querer arriesgar la salud de las personas en un momento tan delicado, más aún cuando ya prácticamente del año escolar, real y efectivo, apenas quedan los meses de octubre y noviembre! Porque todos sabemos que en diciembre son muy pocas las actividades educativas que se desarrollan en los establecimientos educacionales.

Ojalá esta sea una señal clara y potente que el Congreso mande al ministro de Educación para que entienda que la tozudez de su parte en algunas materias no lo va a llevar a ningún puerto, y que lo único que va a hacer es generar un clima de aversión y rechazo a las medidas que él pretende impulsar en el plano educacional.

Hoy no existen la condiciones para el retorno a clases, tampoco mañana. Yo me sumo a lo que han planteado el Colegio de Profesores y diversos parlamentarios -incluso algunos de gobierno-, en el sentido de que no están dadas las condiciones para que aquello ocurra.

Por eso, llamo a los apoderados, a los padres y a los alumnos a estar atentos y a generar el día de mañana una gran desobediencia civil si a alguna autoridad se le ocurre generar condiciones artificiales para un supuesto retorno a clases.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Iván Flores García .

El señor FLORES.-

Señor Presidente, en estos breves segundos solo puedo informar al ministro de Educación que en la Región de Los Ríos se están haciendo las cosas al revés; se está haciendo caso omiso a la regla y recomendación internacional, cual es que el retorno a clases se haga con los estudiantes mayores y con todos los resguardos sanitarios.

En la Región de Los Ríos se ha obligado a varios jardines infantiles a regresar a clases hace más de un mes, a contrapelo de los alcaldes, de los padres y de las trabajadoras, las educadoras de la Junji.

Señor ministro, ponga ojo, porque…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Gustavo Sanhueza Dueñas .

El señor SANHUEZA.-

Señor Presidente, indudablemente, esta pandemia ha traído una serie de cambios en nuestro país, y todas las instituciones han tenido que adecuarse a la realidad que estamos viviendo.

Por eso, es muy importante lo que ha hecho el Ministerio de Educación en el sentido de realizar los procesos de manera voluntaria. La suspensión de la evaluación docente va en ese camino, en el sentido de dar libertad para que aquellos docentes que estaban inscritos para tener su evaluación puedan decidir si siguen o no con ese proceso de evaluación durante este año.

Aparte de ello, en todos sus mensajes el ministerio ha entregado a la comunidad escolar las certezas necesarias, en el sentido de señalar que el retorno a clases, en caso de producirse, será absolutamente voluntario. Esa voluntariedad implica entregar a los padres el derecho preferente a decidir acerca de la educación de sus hijos, a decidir en una época de pandemia si están dadas las condiciones para enviar a sus hijos a cada establecimiento educacional. Por eso es muy importante lo que siempre ha manifestado el ministerio, en el sentido de que este proceso va a ser voluntario.

Hay que destacar las cosas buenas que se han hecho y que, a pesar de que esto ha sido algo que ha remecido todas las estructuras y todos los procedimientos establecidos, se ha tenido la capacidad para ir adecuándose a esas nuevas realidades, donde finalmente cada ciudadano deberá tomar las decisiones, de acuerdo con sus creencias y su pensamiento, en relación con si siente o no que se están dando las condiciones para hacer un retorno seguro a clases.

Por eso, en lo que se refiere a la evaluación docente, es importante que sean los propios profesores los que tomen la decisión respecto de si la harán o no durante este año.

Voy a aprobar las modificaciones propuestas por el Senado, aunque hay algunas cosas que tenemos que ver cómo pasan este tercer trámite constitucional.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Cerrado el debate.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre las modificaciones del Senado en los siguientes términos:

El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde votar las modificaciones introducidas por el Senado respecto del proyecto de ley, iniciado en moción, que suspende la aplicación de la evaluación docente y de las pruebas del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (Simce), correspondientes al año 2020, debido a la pandemia de Covid-19.

En votación.

-De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento, el señor Secretario tomó de viva voz, por el sistema telemático, las votaciones de los diputados Pedro Palo Álvarez-Salamanca , Carlos Abel Jarpa y Karol Cariola .

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 145 votos; por la negativa, 3 votos. No hubo abstenciones.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Aprobadas.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas , Florcita , Flores García, Iván , Melero Abaroa , Patricio , Romero Sáez , Leonidas , Alinco Bustos , René , Flores Oporto , Camila , Mellado Pino , Cosme , Rosas Barrientos , Patricio , Álvarez Ramírez , Sebastián , Fuentes Barros , Tomás Andrés , Mellado Suazo , Miguel , Saavedra Chandía , Gastón , Álvarez Vera , Jenny , Fuenzalida Cobo, Juan , Meza Moncada , Fernando , Sabag Villalobos , Jorge , Alvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo , Gahona Salazar , Sergio , Mix Jiménez , Claudia , Saffirio Espinoza , René , Amar Mancilla , Sandra , Galleguillos Castillo , Ramón , Molina Magofke , Andrés , Saldívar Auger , Raúl , Ascencio Mansilla , Gabriel , García García, René Manuel , Monsalve Benavides , Manuel , Sanhueza Dueñas , Gustavo , Auth Stewart , Pepe , Garín González , Renato , Morales Muñoz , Celso , Santana Castillo, Juan , Baltolu Rasera, Nino , Girardi Lavín , Cristina , Morán Bahamondes , Camilo , Santana Tirachini , Alejandro , Barrera Moreno , Boris , González Gatica , Félix , Moreira Barros , Cristhian , Santibáñez Novoa , Marisela , Barros Montero , Ramón , González Torres , Rodrigo , Mulet Martínez , Jaime , Sauerbaum Muñoz , Frank , Berger Fett , Bernardo , Gutiérrez Gálvez, Hugo , Muñoz González , Francesca , Schalper Sepúlveda , Diego , Bernales Maldonado , Alejandro , Hernández Hernández , Javier , Naranjo Ortiz , Jaime , Schilling Rodríguez , Marcelo , Bobadilla Muñoz , Sergio , Hernando Pérez , Marcela , Noman Garrido , Nicolás , Sepúlveda Orbenes , Alejandra , Boric Font , Gabriel , Hertz Cádiz , Carmen , Norambuena Farías, Iván , Sepúlveda Soto , Alexis , Brito Hasbún , Jorge , Hirsch Goldschmidt , Tomás , Núñez Arancibia , Daniel , Silber Romo , Gabriel , Calisto Águila , Miguel Ángel , Hoffmann Opazo , María José , Núñez Urrutia , Paulina , Soto Ferrada , Leonardo , Cariola Oliva , Karol , Ibáñez Cotroneo , Diego , Nuyado Ancapichún , Emilia , Soto Mardones, Raúl , Carter Fernández , Álvaro , Ilabaca Cerda , Marcos, Olivera De La Fuente , Erika , Teillier Del Valle, Guillermo , Carvajal Ambiado , Loreto , Jackson Drago , Giorgio , Orsini Pascal , Maite , Tohá González , Jaime , Castillo Muñoz , Natalia , Jarpa Wevar , Carlos Abel , Ortiz Novoa, José Miguel , Torrealba Alvarado , Sebastián , Castro Bascuñán , José Miguel , Jiles Moreno , Pamela , Ossandón Irarrázabal , Ximena , Torres Jeldes , Víctor , Castro González, Juan Luis , Jiménez Fuentes , Tucapel , Pardo Sáinz , Luis , Trisotti Martínez , Renzo , Celis Araya , Ricardo , Jürgensen Rundshagen , Harry , Parra Sauterel , Andrea , Troncoso Hellman , Virginia , Celis Montt , Andrés , Keitel Bianchi , Sebastián , Paulsen Kehr , Diego , Urrutia Bonilla , Ignacio , Cicardini Milla , Daniella , Kort Garriga , Issa , Pérez Arriagada , José , Urrutia Soto , Osvaldo , Cid Versalovic , Sofía , Kuschel Silva , Carlos , Pérez Lahsen , Leopoldo , Urruticoechea Ríos , Cristóbal , Coloma Álamos, Juan Antonio , Labra Sepúlveda , Amaro , Pérez Olea , Joanna , Vallejo Dowling , Camila , Cruz-Coke Carvallo , Luciano , Lavín León , Joaquín , Pérez Salinas , Catalina , Van Rysselberghe Herrera , Enrique , Cuevas Contreras, Nora , Leiva Carvajal , Raúl , Prieto Lorca , Pablo , Velásquez Núñez , Esteban , Del Real Mihovilovic , Catalina , Leuquén Uribe , Aracely , Ramírez Diez , Guillermo , Venegas Cárdenas , Mario , Díaz Díaz , Marcelo , Lorenzini Basso , Pablo , Rathgeb Schifferli , Jorge , Vidal Rojas , Pablo , Durán Espinoza , Jorge , Luck Urban , Karin , Rentería Moller , Rolando , Von Mühlenbrock Zamora , Gastón , Durán Salinas , Eduardo , Macaya Danús , Javier , Rey Martínez, Hugo , Walker Prieto , Matías , Eguiguren Correa , Francisco , Marzán Pinto , Carolina , Rocafull López , Luis , Winter Etcheberry , Gonzalo , Espinoza Sandoval , Fidel , Matta Aragay , Manuel , Rojas Valderrama , Camila , Yeomans Araya , Gael , Fernández Allende, Maya ,

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alessandri Vergara , Jorge , Kast Sommerhoff , Pablo , Undurraga Gazitúa, Francisco

El señor PAULSEN (Presidente).-

Despachado el proyecto.

VALPARAÍSO, 23 de septiembre de 2020

Oficio N° 15.895

A S.E. LA PRESIDENTA DEL H. SENADO

La Cámara de Diputados, en sesión de esta fecha, ha aprobado las enmiendas propuestas por ese H. Senado al proyecto de ley que suspende la aplicación de la Evaluación Docente y de las pruebas del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (Simce), correspondientes al año 2020, debido a la pandemia de Covid-19, correspondiente al Boletín Nº 13.554-04.

Lo que tengo a honra decir a V.E., en respuesta a vuestro oficio Nº 483/SEC/20, de 15 de septiembre de 2020.

Devuelvo los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V.E.

DIEGO PAULSEN KEHR

Presidente de la Cámara de Diputados

MIGUEL LANDEROS PERKI?

Secretario General de la Cámara de Diputados

VALPARAÍSO, 23 de septiembre de 2020

Oficio N° 15.896

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Tengo a honra comunicar a V.E. que el Congreso Nacional ha dado su aprobación al proyecto de ley que suspende la realización de la Evaluación Docente, por el año 2020, debido a la pandemia mundial de COVID-19, correspondiente al boletín N° 13.554-04, del siguiente tenor:

PROYECTO DE LEY

“Artículo 1.- En consideración a la pandemia del Covid-19, facúltase por el año 2020 a los profesionales de la educación para no rendir los instrumentos de evaluación contemplados en el artículo 19 K del decreto con fuerza de ley N° 1, promulgado el año 1996 y publicado el año 1997, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 19.070, que aprobó el Estatuto de los Profesionales de la Educación, y de las leyes que la complementan y modifican, correspondientes al Sistema Nacional de Reconocimiento y Promoción del Desarrollo Profesional Docente; y para no rendir la evaluación de los profesionales de la educación que se desempeñen en funciones de docencia de aula contemplado en el artículo 70 y siguientes del mismo cuerpo legal.

Para efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, los mencionados profesionales deberán presentar una solicitud al sostenedor respectivo, el que estará obligado a dar curso a la misma, la que producirá la suspensión de pleno derecho de las evaluaciones señaladas respecto del solicitante. Asimismo, se producirá la suspensión de pleno derecho de las evaluaciones respecto de los solicitantes que hubieren presentado solicitudes de suspensión antes de la publicación de esta ley, cualquiera sea el estado de tramitación de dicha solicitud o respuesta anterior que se haya dado a la misma.

Artículo 2.- Para los profesionales de la educación que, a la fecha de la entrada en vigencia de esta ley, hayan resuelto voluntariamente someterse al proceso de evaluación docente 2020, el registro audiovisual contemplado para el instrumento de evaluación señalado en la letra b) del artículo 19 K, del decreto con fuerza de ley N° 1, promulgado el año 1996 y publicado el año 1997, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 19.070, que aprobó el Estatuto de los Profesionales de la Educación, y de las leyes que la complementan y modifican, será aplicado durante los meses de marzo, abril y mayo de 2021.

Sin perjuicio de lo anterior, el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP), por resolución fundada, podrá adoptar todas las medidas necesarias para la administración del proceso 2020, incluidos otros mecanismos para hacer efectivo lo dispuesto en el artículo 1 de esta ley.”.

*****

Hago presente a V.E. que esta iniciativa de ley tuvo su origen en una moción de los diputados Rodrigo González Torres y Juan Santana Castillo y de las diputadas Camila Rojas Valderrama y Camila Vallejo Dowling.

Dios guarde a V.E.

DIEGO PAULSEN KEHR

Presidente de la Cámara de Diputados

MIGUEL LANDEROS PERKI?

Secretario General de la Cámara de Diputados