MENSAJE DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CON EL QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE EL SISTEMA CLASE MEDIA PROTEGIDA.

SANTIAGO, 22 de mayo de 2019.-

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS

MENSAJE Nº 067-367/

Honorable Cámara de Diputados:

Tengo el honor de someter a vuestra consideración un proyecto de ley que regula el Sistema Clase Media Protegida.

I. ANTECEDENTES

1. Evolución y situación actual de la clase media en Chile.

Chile ha experimentado un cambio importante en su composición socioeconómica en las últimas décadas. De la mano de un crecimiento económico sostenido y también de buenas políticas públicas, se ha logrado reducir sistemáticamente la pobreza a lo largo de los años. En efecto, según la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (CASEN) 2017, la pobreza ha disminuido de 68% [1] en 1990 a 8,6% en el año 2017.

Esta importante transformación social ha permitido a los chilenos prosperar y optar a una mejor calidad de vida, cuyo progreso se ve reflejado en el rápido crecimiento de familias de ingresos medios. Esta tendencia está en línea con la transformación de las sociedades modernas, en las cuales el crecimiento del ingreso per cápita se alinea con un descenso importante de la pobreza y consecuentemente el crecimiento de este segmento. Esta transformación implica desafíos para los Estados y las políticas públicas, las cuales deben adaptarse a esta nueva realidad.

Si bien tanto el tamaño de la clase media como su caracterización varían dependiendo de la medición que se utilice, existe un consenso que ésta ha ido en aumento en Chile. Utilizando los criterios del Banco Mundial, por ejemplo, se observa que el porcentaje de personas de clase media prácticamente se triplicó entre 1990 y 2017. Esto equivale a decir que, en 2017, cerca del 70% de la población pertenecía a este grupo de la población [2].

La amplitud de este segmento tiene como consecuencia una alta heterogeneidad en la composición de este grupo y en las realidades que coexisten. En este sentido, no se puede hablar de una clase media global y homogénea, sino más bien de ciertas características que representan a distintos grupos que componen a esta clase media. No obstante esto, son un grupo que se identifica mayoritariamente con sus propios logros y cree profundamente en la meritocracia como un mecanismo de distinción individual cuyo soporte es el esfuerzo personal (Torche, 2004) [3]. Las familias pertenecientes a clase media tienen una percepción de estar desprotegidos respecto de la acción del Estado y es justamente este aislamiento lo que los empodera como un grupo centrado en sus propios méritos (Azun Candina, 2013) [4].

Una parte importante de las personas de clase media en nuestro país, dice haber crecido en un hogar pobre [5], y se autopercibe en una situación presente ventajosa que ha surgido de su esfuerzo, alcanzando una mejor calidad de vida en comparación a la que tenían sus padres en término de educación, ingresos, trabajo y vivienda [6]. Generalmente, son hogares cuyos valores están arraigados fuertemente al trabajo riguroso y esforzado, observandose que ingresan al mundo laboral con un nivel educacional más alto [7]. Es un segmento que quiere seguir avanzando, para lo cual demanda apoyo para ampliar sus oportunidades y proteger sus avances.

A pesar del importante progreso que han experimentado, una parte considerable de la clase media se sitúa por sobre, pero cerca, de los parámetros internacionales de vulnerabilidad [8], lo que significa que tienen un elevado riesgo potencial de ver retroceder su situación ante contingencias o eventos adversos. En un informe de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) (2018) [9] se muestra que la clase media a nivel mundial presenta una alta movilidad en sus ingresos, pero esta situación no sólo se traduce en oportunidades en diversos ámbitos, sino también en grandes riesgos de caer en pobreza ante situaciones inesperadas de la vida, como puede ser el desempleo o el padecimiento de una enfermedad grave. Según este mismo estudio, Chile es el segundo país de la OCDE con mayor probabilidad de que una persona del quintil 3 retroceda al quintil 1 en un periodo de 4 años (16,3% de probabilidades Chile v/s 8,61% del promedio OCDE), y el con mayor probabilidad de que una persona del quintil 4 retroceda al quintil 1 en un periodo de 4 años (11,3% de probabilidades Chile v/s 4,62% del promedio OCDE).

Esto se condice con diferentes estudios de percepción [10] que muestran que una parte importante de las familias del país tienen una sensación de fragilidad alta ante la ocurrencia de eventos adversos que ponen en jaque la situación económica familiar [11]. En relación a estos eventos se observa que los principales temores de los chilenos se relacionan con no ser capaz de pagar la educación universitaria de sus hijos, ser víctima de la delincuencia, no poder costear una enfermedad, perder el trabajo, presentar inseguridad financiera en la vejez y dificultades para pagar las deudas.

En síntesis, este creciente grupo de la población representa a todos aquellos que con esfuerzo han logrado progresar, pero que sin embargo, tienen temor de enfrentarse a contingencias que ponen en riesgo sus avances y que podrían llevarlos a perder lo que con esfuerzo han conseguido.

Por esta razón, el compromiso de nuestro Gobierno con la clase media tiene un foco claro: que todas las personas puedan aprovechar con tranquilidad el fruto de su esfuerzo para expandir sus horizontes, pero además entregarles la seguridad necesaria para enfrentar eventos adversos en el ciclo de vida, sin que vuelvan a estar solas, pues una red de seguridad los va a ayudar a ponerse de pie y volver a caminar.

2. Necesidad de avanzar en políticas públicas con foco en la clase media.

A pesar del aumento exponencial de la clase media, en los últimos 30 años la relación entre el Estado y este grupo ha sido casual, más que institucional y comprometida, evidenciando un Estado sin foco en este importante grupo de la población. Esto ha llevado a que, a pesar de que se ha avanzado en la generación de instrumentos para responder a las necesidades de la clase media, como por ejemplo la ampliación del postnatal, aún se observen brechas para brindar un adecuado nivel de seguridad a este segmento de la población evitando las caídas abruptas en los ingresos que los pudieran llevar a una situación de vulnerabilidad. Ya en el 2008, un estudio de Neilson et al. [12] muestra que existe un grupo importante de personas que logran salir de la pobreza, pero vuelven a caer en ella. Su conclusión hace énfasis en diseñar estrategias para mitigar la volatilidad en los ingresos, con foco en los hogares no pobres que podrían estar en riesgo de volver a caer en la pobreza, elemento que sería una condición necesaria para solventar una estrategia sustentable de movilidad social y mayor equidad (OCDE 2018).

Las recomendaciones de política de la OCDE (2018) [12] en materia de desarrollo y movilidad social, han señalado que una estrategia óptima debiera incluir elementos que garanticen un buen acceso de la población a iniciativas que busquen atenuar las consecuencias de los shocks negativos personales, políticas que faciliten a las personas incorporarse al trabajo ante la pérdida del empleo, políticas para fortalecer el aprendizaje continuo de las personas, la instalación de sistemas de seguros, así como fortalecer las políticas asociadas a los niñas, niños y adolescentes.

En línea con estas recomendaciones, el diseño de políticas públicas en la materia debe, además, considerar la transformación de las economías como resultado del progreso tecnológico, el envejecimiento de la población y la globalización. Un segmento tan masivo como la clase media, y con fragilidades en diversos ámbitos, requiere de una respuesta moderna y capaz de ajustarse a los estilos y nuevos modos de vida.

De este último punto subyace una segunda dimensión a cubrir, que es la relacionada con los problemas en el acceso y pertinencia que tiene el sistema de seguridad social. Respecto a éste aspecto, el informe de la OCDE (2019) [13] recalca que existe una sensación de dificultad en el acceso a los beneficios ya existentes, en donde sólo un 11,6% de los chilenos encuestados están de acuerdo o muy de acuerdo con que es fácil acceder a beneficios públicos cuando se necesitan, muy por bajo el promedio de países de la muestra. En esta misma línea, del total de la muestra, un 61,4% está en desacuerdo o muy en desacuerdo con que el Gobierno proporcione un apoyo económico adecuado en caso de pérdida de ingresos debido a la vejez, lo que se repite para enfermedad o discapacidad (56,8%) y desempleo (55,7%).

Teniendo estos antecedentes en cuenta, durante el año 2018, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en conjunto con el Laboratorio de Gobierno, desarrollaron un importante trabajo para levantar información sobre las necesidades de las familias frente a la ocurrencia de eventos que podrían poner en riesgo su progreso y bienestar. Los resultados, basados en una metodología de diseño de servicio centrado en el usuario, evidenciaron que además de las soluciones para mitigar los riesgos, que incluyen el perfeccionamiento y el establecimiento de beneficios para este segmento, también surge con fuerza la necesidad de mitigar las asimetrías de información que existen entre la ciudadanía y los respectivos servicios públicos, así como mejorar sustancialmente la calidad de atención y orientación que reciben las familias ante estas situaciones. Esto implica eliminar la excesiva burocracia a la que se enfrenta el ciudadano para encontrar soluciones, y pone en relevancia la atención ciudadana como uno de los elementos que debe sustentar esta política pública.

De esta manera, para fortalecer y brindar seguridad a la clase media se requiere de una respuesta ajustada a un ciudadano que demanda una oferta pública de servicios de mayor calidad, de información más adecuada y que combine herramientas tecnológicas que se adapten a las particularidades y estilos de vida de este grupo.

3. Clase Media Protegida: nuevo trato con la clase media.

Uno de los principales compromisos de este Gobierno es proteger y fortalecer a la clase media, entregándole un apoyo claro en momentos difíciles de la vida fortaleciendo la red de seguridades a las cuales pueden acceder ante la ocurrencia de eventos adversos, como enfrentar una enfermedad de alto costo, una pesada mochila de deudas después de estudiar o acceder a una vivienda propia, por la pérdida del trabajo, por ser víctimas de un delito o por estar en situación de dependencia.

Para cumplir con este compromiso hemos definido dos grandes tareas principales. La primera consiste en institucionalizar una política enfocada en la clase media, con el objetivo de establecer a ésta como grupo prioritario y sobre el cual el Estado tendrá un rol claro y permanente para su atención, promoción y protección. En miras a lo anterior, este Gobierno impulsó la aprobación de la ley N° 21.150, que modifica la ley N° 20.530 y crea el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. En virtud de dicha ley, y sin descuidar el trabajo del Ministerio en los más pobres y vulnerables del país, se amplía la población objetivo del Ministerio, incorporando a aquellas personas o grupos y familias que, sin ser vulnerables, pueden verse enfrentados a contingencias o eventos adversos, que podrían conducirlos a una situación de vulnerabilidad.

Para profundizar este objetivo, a través de este proyecto de ley se crea el Sistema Clase Media Protegida que consiste en un modelo de gestión intersectorial cuyo objetivo es coordinar intersectorialmente la oferta programática existente relacionada a eventos adversos que podrían conducir a personas, grupos o familias a una situación de vulnerabilidad, entregar información clara, oportuna y personalizada sobre la misma, y simplificar el acceso a ésta. Lo anterior permite generar una base sólida para fortalecer y brindar protección a este segmento. Este esfuerzo de nuestro Gobierno, inédito en la historia de desarrollo social en Chile, apunta a abordar de manera integral las fragilidades y temores de la clase media.

Este Sistema Clase Media Protegida incluye una red de atención a usuarios que permitirá informar y orientar de manera clara, oportuna y personalizada las soluciones que entreguen apoyo y protección a las familias. Este objetivo se logrará mediante la creación de una innovadora plataforma digital que agrupará los beneficios y servicios disponibles según el perfil de cada persona y familia. Además, la plataforma permitirá simplificar el acceso a estos beneficios a través de la integración de trámites y el seguimiento de casos.

El diseño de este Sistema considera además la lógica de la experiencia del usuario, lo que representa beneficios directos en términos de ahorrar tiempo, traslados y reducir burocracia. Hoy, una persona destina en promedio 2,2 horas a la realización de un trámite [14], por lo que uno de los objetivos del presente proyecto, es que las familias puedan realizar trámites críticos de manera más simple y en cualquier lugar, ahorrando tiempo y costo de traslado. El Sistema Clase Media Protegida está alineado con la visión de un Estado moderno y cercano, el cual estará disponible en una modalidad “24/7”, dada la posibilidad de recibir orientación y de gestionar trámites desde un smartphone o cualquier dispositivo conectado a internet.

Ahora bien, aun cuando se constata una tendencia creciente y sostenida de las tasas de acceso y uso de internet, todavía existe un porcentaje relevante de la población que no tiene acceso a éste (12,6%) [15]. Es por eso que el Sistema Clase Media Protegida también utilizará canales de atención tradicionales, tanto presenciales, como remotos, que funcionen como medios de comunicación entre las personas y el Sistema.

El objetivo es asegurar una orientación eficaz, una derivación oportuna hacia otros servicios especializados del Estado y un seguimiento de casos complejos, cuando sea necesario. De esta manera el servicio se vuelve accesible para todos, simplificando procesos y permitiendo que la información se encuentre de manera oportuna.

De manera adicional a lo anterior, se busca colaborar con las iniciativas con foco en la clase media que apoyen a las familias pertenecientes a este grupo, y que busquen atenuar el riesgo de retroceder por la ocurrencia de eventos adversos.

Para esto, el Gobierno está trabajando en agendas sectoriales de reformas y fortalecimiento de políticas públicas, tales como:

Salud: Se ingresó un proyecto de ley que fortalece las facultades del Fondo Nacional de Salud (boletín N° 12.588-11) y se presentó una indicación sustitutiva en el proyecto de ley que modifica el sistema privado de salud, incorporando un plan garantizado (boletín N° 8.105-11), los cuales implican una reforma integral al sistema de salud chileno. Dicha reforma incluye (i) la modernización de Fonasa que crea nuevas herramientas para mejorar la atención de sus beneficiarios a fin de asumir un rol activo en el acceso y oportunidad a los servicios de salud, (ii) la Reforma de Isapres, que busca sentar las bases de un sistema de salud privado con transparencia y solidaridad, abordando el problema de las discriminaciones por género y estado de salud de las personas a través de un esquema de compensación solidario y un Plan de Salud Universal, único e igual para todos los afiliados. La reforma también busca proteger a las familias beneficiarias de Isapres de los gastos excesivos en salud, estableciendo un seguro catastrófico en la forma de un monto máximo de gastos anual por beneficiario. Adicionalmente, y en conjunto con la presente iniciativa, este Gobierno está presentando un proyecto de ley que crea el “Seguro de Salud Clase Media”, para los beneficiarios de Fonasa, el cual entrega una cobertura financiera especial para tratamientos e intervenciones quirúrgicas, que no están incluidas en Ges u otras leyes especiales, y que hoy tienen alternativa de tratarse con largos tiempos de espera o un costo que deja a una familia de clase media vulnerable o muy endeudada. Este seguro entregará una opción más en la atención del afiliado, al sumar una opción en una red de prestadores, públicos y privados en convenio.

Empleo: Consiste en la creación de nuevos programas de capacitación y reconversión laboral con foco en la actualización de nuevas competencias laborales acordes con las nuevas demandas del mercado. Además, la agenda considera el fortalecimiento de la política de intermediación laboral, que mejora los servicios de orientación y búsqueda de trabajo a través de la creación de oficinas especializadas, oficinas móviles de empleo y la nueva Bolsa Nacional de Empleo. Adicionalmente, a través del proyecto de ley que reforma el sistema de pensiones (boletín N° 12.212-13), se establece una mejora al seguro de cesantía cuyo objetivo es asegurar el pago de cotizaciones previsionales durante los periodos de cesantía.

Pensiones y dependencia: Se ingresó un proyecto de ley para mejorar las pensiones del sistema de pensiones solidarias y del sistema de pensiones de capitalización individual (boletín N° 12.212-13), con el cual se pretende mejorar las pensiones para la clase media a través de la creación de un aporte adicional a las pensiones de vejez de clase media y un complemento adicional para mujeres de este grupo. Adicionalmente, este proyecto también incluye un aporte adicional al esfuerzo de la clase media para aquellos que postergan la edad de jubilación. Finalmente, el proyecto de ley crea un seguro y subsidio de dependencia, que consiste en un pago monetario para personas mayores con dependencia severa. El monto dependerá del nivel de vulnerabilidad socioeconómica (en el caso del subsidio) y de la cantidad de cotizaciones (en el caso del seguro).

Educación superior: Se ingresó un proyecto de ley que crea un nuevo sistema de financiamiento solidario para estudiantes de la educación superior (boletín N° 11.822-04). Dicho proyecto busca corregir las deficiencias del actual sistema de créditos, creando un nuevo sistema único de créditos para la educación superior, que serán otorgados por el Estado, con mejores condiciones y mayor protección para los beneficiarios. Además, se incorpora la extensión de la gratuidad a la educación técnico profesional para los estudiantes que se encuentren entre el 70% más vulnerable del país.

Seguridad: Fortalecimiento del “Programa de Apoyo a Víctimas” que entrega un servicio de orientación y contención a las personas víctimas de delitos violentos con el objetivo que reciban orientación y apoyo sicológico, social y/o jurídico de manera oportuna.

Vivienda: Fortalecimiento de los subsidios de vivienda para los sectores medios, aumentando los montos de subsidio, para que el mayor número posible de familias seleccionadas concreten la compra de su vivienda. El objetivo es que el monto del subsidio sumado al ahorro de las familias, permita acceder al monto del pie exigido por las entidades financieras para otorgar el crédito hipotecario complementario.

4. La necesidad de avanzar en la institucionalización de Clase Media Protegida.

Nuestro Gobierno estima necesario avanzar en la institucionalización de este Sistema con el objetivo de proyectarlo y asegurar un adecuado trabajo intersectorial que permita apoyar a las familias con una mirada integral que involucre a todos los sectores que hoy entregan prestaciones y beneficios de manera articulada y con foco en los ciudadanos.

En el marco de la tradicional función del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, destinada a erradicar la pobreza y brindar protección social a las personas o grupos vulnerables, así como también la coordinación de las políticas, planes y programas sociales, se han llevado a cabo iniciativas y creado sistemas y subsistemas, entre los que destacan el Sistema Elige Vivir Sano y el Sistema Intersectorial de Protección Social. Así también, de cara al nuevo desafío que asumirá el Ministerio de Desarrollo Social y Familia con la clase media, es necesario crear un sistema para cumplir con dicho objetivo, que sustente un modelo de gestión intersectorial para apoyar a las familias de clase media que se vean enfrentadas a eventos adversos que podrían poner en riesgo su progreso o bienestar.

II. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY

1. Objetivos del Sistema Clase Media Protegida.

Como señalamos anteriormente, el presente proyecto crea el Sistema Clase Media Protegida, que consiste en un modelo de gestión intersectorial cuyo propósito es (i) coordinar intersectorialmente la oferta programática existente, relacionada a eventos adversos que podrían conducir a personas, grupos o familias a una situación de vulnerabilidad; (ii) entregar información y orientación clara, oportuna y personalizada de ésta, y (iii) simplificar el acceso a la misma mediante la integración de trámites asociados a los diversos beneficios y el seguimiento de casos.

2. Determinación de eventos adversos y oferta programática.

Los eventos adversos se han definido como hechos o contingencias que podrían conducir a una persona, grupo o familia a una situación de vulnerabilidad, en los términos establecidos en el numeral 5) del artículo 2° de la ley N° 20.530 [16], por motivos de salud, vejez, desempleo, vivienda, educación superior o delincuencia, entre otros.

La oferta programática, a su vez, se ha definido como un conjunto de políticas, planes, programas, iniciativas, beneficios, prestaciones sociales y/o servicios que administran los organismos participantes, incorporados al Sistema Clase Media Protegida. Es importante destacar que en ningún caso se podrán incorporar a este sistema eventos adversos que no cuenten con oferta programática existente.

La oferta programática existente que formará parte del Sistema Clase Media Protegida y los eventos adversos asociados a la misma, deberán ser determinados y aprobados por el Comité Interministerial de Desarrollo Social y Familia. Para estos efectos, la Secretaría Ejecutiva, en coordinación con la Subsecretaría de Evaluación Social, y tomando en consideración los insumos que para estos efectos le proporcione el Comité Técnico Intersectorial, entregará al Comité Interministerial de Desarrollo Social y Familia una propuesta, previamente visada por la Dirección de Presupuestos. Los acuerdos de este último Comité, se materializarán mediante resolución expedida por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, conforme lo dispone el artículo 16 de la ley N° 20.530.

3. Institucionalidad intersectorial.

El proyecto de ley contempla la creación de una Secretaría Ejecutiva del Sistema Clase Media Protegida, dependiente de la Subsecretaría de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que será la encargada, de coordinar intersectorialmente, administrar, supervisar, implementar y hacer seguimiento del Sistema. Un reglamento expedido a través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, determinará el funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva y establecerá toda otra norma necesaria para el ejercicio de su función.

Asimismo, el proyecto contempla un Comité Técnico Intersectorial, compuesto por una contraparte técnica de cada uno de los organismos participantes, que colaborará en la implementación y operación del Sistema Clase Media Protegida, proveyendo de información al mismo. Un reglamento expedido a través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, determinará la forma de designación de sus integrantes y toda otra norma necesaria para su funcionamiento.

4. De la solicitud de datos, su uso y tratamiento.

Para el funcionamiento del Sistema Clase Media Protegida, la Subsecretaría de Servicios Sociales podrá realizar solicitudes de información en línea referente a datos contenidos en el Registro de Información Social (RIS) [17], así como de aquella información contenida en el Registro Social de Hogares (RSH) [18], en conformidad a la normativa vigente. Asimismo, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia estará facultado para solicitar y tratar los datos y la información estrictamente necesaria para el cumplimiento de los fines del Sistema Clase Media Protegida.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia deberá actuar con la debida diligencia y adoptar todas las medidas de seguridad, técnicas y organizativas que garanticen la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información contenida en el Sistema Clase Media Protegida. Asimismo, deberá establecer resguardos contractuales con terceros que, para los fines del referido sistema, procesen o traten la información.

5. Red de Atención a Usuarios.

El Sistema Clase Media Protegida pondrá a disposición de los usuarios una Red de Atención a Usuarios, a través de la cual se entregará orientación e información a los mismos sobre la oferta programática que forma parte del referido Sistema. Adicionalmente, la Plataforma que forma parte de esta Red, permitirá hacer seguimiento de casos.

En mérito de lo expuesto, someto a vuestra consideración, el siguiente

PROYECTO DE LEY:

“TÍTULO I

DE LA NATURALEZA Y OBJETO

Artículo 1.- Naturaleza. Créase un sistema denominado “Clase Media Protegida”, en adelante e indistintamente el “Sistema”, el que consiste en un modelo de gestión intersectorial, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Subsecretaría de Servicios Sociales, cuyo propósito es coordinar intersectorialmente la oferta programática existente relacionada a eventos adversos que podrían conducir a personas, grupos o familias a una situación de vulnerabilidad, en los términos regulados en la ley N° 20.530, entregar información clara, oportuna y personalizada sobre la misma, y simplificar el acceso a ésta.

Artículo 2.- Objetivos. Los objetivos del Sistema son los siguientes:

a) Coordinar intersectorialmente la oferta programática existente asociada a los eventos adversos;

b) Entregar información y orientación clara, oportuna y personalizada de la oferta programática existente, mediante la Red de Atención a Usuarios a que se refiere el Título V siguiente; y,

c) Simplificar el acceso a la oferta programática del Estado mediante la integración de trámites asociados a los respectivos beneficios y el seguimiento de casos. Para estos efectos el Sistema contará con su propio registro de casos.

Artículo 3.- Definiciones. Para los fines de la presente ley, se entenderá por:

a) Eventos adversos: Hechos o contingencias que podrían conducir a una persona, grupo o familia a una situación de vulnerabilidad, en los términos establecidos en el numeral 5) del artículo 2° de la ley N° 20.530, por motivos de salud, vejez, desempleo, vivienda, educación superior o delincuencia, entre otros.

b) Oferta programática: Conjunto de políticas, planes, programas, iniciativas, beneficios, prestaciones sociales y/o servicios que administran los organismos participantes y que hayan sido incorporados al Sistema de acuerdo al artículo 4 siguiente.

c) Organismo participante: Organismos que administran parte de la oferta programática incorporada al Sistema.

d) Plataforma: Sitio web parte de la Red de Atención a Usuarios, que contendrá la información y difusión de la oferta programática y trámites incluidos en el Sistema, y que permitirá hacer seguimiento de casos. Los organismos participantes dispondrán de ésta para orientar a los usuarios; éstos últimos también podrán acceder directamente a ella, mediante una sesión privada.

e) Red de Atención a Usuarios: Vía de acceso de los usuarios a los servicios de información, orientación y atención que ofrece el Sistema. Pueden ser canales virtuales, remotos y/o presenciales que funcionan como medios de comunicación entre los usuarios y el Sistema.

f) Secretaría Ejecutiva: Secretaría Ejecutiva Clase Media Protegida, a que alude el artículo 5 de esta ley.

TÍTULO II

DE LA COORDINACIÓN INTERSECTORIAL Y LA ARTICULACION DE OFERTA PROGRAMÁTICA

Artículo 4.- Determinación de la oferta programática existente y los eventos adversos asociados a la misma. La oferta programática existente que formará parte del Sistema y los eventos adversos asociados a la misma, deberán ser determinados y aprobados por el Comité Interministerial de Desarrollo Social y Familia regulado en la ley N° 20.530, previa propuesta evacuada mediante un informe elaborado por la Secretaría Ejecutiva a la que alude el artículo 5 de esta ley, en coordinación con la Subsecretaría de Evaluación Social y visada por la Dirección de Presupuestos. Para la elaboración de dicho informe, la Secretaría Ejecutiva considerará los insumos pertinentes que, para estos efectos, le proporcione el Comité Técnico Intersectorial a que refiere el artículo 6 de esta ley. En ningún caso se podrán considerar eventos adversos que no cuenten con oferta programática existente.

Los acuerdos del Comité Interministerial de Desarrollo Social y Familia en relación a la determinación de la oferta programática existente que formará parte del Sistema y los eventos asociados a la misma, deberán materializarse mediante resolución expedida por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, de conformidad a lo señalado en el artículo 16 inciso segundo de la ley N° 20.530, la que deberá ser suscrita además por el Ministro de Hacienda.

TÍTULO III

DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA, DEL COMITÉ TÉCNICO INTERSECTORIAL Y DE LOS CONVENIOS

Artículo 5.- De la Secretaría Ejecutiva. La Secretaría Ejecutiva del Sistema estará radicada en la Subsecretaría de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y le corresponderá coordinar intersectorialmente, administrar, supervisar, implementar y hacer seguimiento del Sistema y de los indicadores de gestión de la Red de Atención a Usuarios, sin perjuicio de lo establecido en el literal d) del artículo 3° de la ley N° 20.530.

Adicionalmente, le corresponderá convocar y coordinar las labores del Comité Técnico Intersectorial a que alude el artículo siguiente.

A más tardar el 31 de marzo de cada año, la Secretaría Ejecutiva deberá entregar un Informe Anual de Resultado al Ministro de Desarrollo Social y Familia, en donde deberá señalar qué acciones fueron desarrolladas durante el año anterior, cuáles fueron las dificultades enfrentadas en la implementación o funcionamiento intersectorial del Sistema, y qué medidas propone para la mejora de la coordinación del mismo.

Un reglamento expedido por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, determinará el funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva y establecerá toda otra norma necesaria para el ejercicio de su función.

Artículo 6.- Del Comité Técnico Intersectorial. Existirá un Comité Técnico Intersectorial que colaborará en la implementación y operación del Sistema proveyendo de información al mismo.

El referido Comité estará compuesto por una contraparte técnica de cada uno de los organismos participantes y será coordinado por la Secretaría Ejecutiva.

Un reglamento expedido por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, determinará la forma de designación de los integrantes del Comité Técnico Intersectorial y toda otra norma necesaria para su funcionamiento.

Artículo 7.- De los convenios. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia podrá celebrar convenios para el funcionamiento del Sistema y para efectuar solicitudes de información y/o tratamiento datos para los fines del mismo.

TÍTULO IV

DE LA SOLICITUD DE DATOS, SU USO Y TRATAMIENTO

Artículo 8.- De la solicitud de información y tratamiento de datos. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Subsecretaría de Evaluación Social, estará facultada para solicitar y tratar los datos y la información estrictamente necesaria para el cumplimiento de los fines del Sistema establecidos en el artículo 2 de esta ley, de conformidad a lo establecido en el literal s) del artículo 3° de la ley N° 20.530.

Artículo 9.- Del acceso a la información contenida en registros del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Para el funcionamiento del Sistema, la Subsecretaría de Servicios Sociales podrá realizar solicitudes de información en línea, respecto de datos contenidos en el Registro de Información Social a que hace referencia el artículo 6 de la ley N° 19.949, así como de la información contenida en el instrumento de caracterización socioeconómica a que hace referencia el artículo 5 de la ley N° 20.379, en conformidad a la normativa vigente.

Estas solitudes de información, deberán acotarse a aquella estrictamente necesaria para el cumplimiento de los objetivos del Sistema establecidos en el artículo 2 de esta ley.

Artículo 10.- De la seguridad y confidencialidad en el tratamiento de datos personales. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia deberá actuar con la debida diligencia y adoptar todas las medidas de seguridad, técnicas y organizativas que garanticen la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información contenida en el Sistema.

Las personas que accedan a bases o registros de datos personales en virtud de esta ley, deberán respetar la confidencialidad de los mismos, debiendo tratarlos exclusivamente para los fines previstos en esta ley y abstenerse de usar dicha información en beneficio propio o de terceros.

En caso que el procesamiento y tratamiento de la información, para los fines de la presente ley, fuese efectuado por terceros, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia deberá establecer contractualmente los resguardos necesarios para proteger la información y su confidencialidad.

Artículo 11.- De las Sanciones. Las infracciones a las disposiciones del presente Título serán sancionadas en conformidad a la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y demás normas aplicables. Adicionalmente, respecto de los funcionarios públicos y para efectos de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 125 de la ley N° 18.834, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda, se estimará que los hechos que configuren infracciones a este Título vulneran gravemente el principio de probidad administrativa, sin perjuicio de las demás sanciones y responsabilidades que procedan, en conformidad a la ley.

TÍTULO V

RED DE ATENCION A USUARIOS

Artículo 12.- Red de Atención a Usuarios. El Sistema contará con una Red de Atención a Usuarios, a través de la cual se entregará orientación e información a los mismos, sobre la oferta programática que forma parte del Sistema.

Adicionalmente, la Plataforma que forma parte de esta Red, permitirá a los usuarios hacer seguimiento de casos.

TITULO VI

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo primero transitorio.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria Tesoro Público, podrá suplementar el presupuesto de dicho Ministerio en la parte del gasto que no pudiera financiar con sus recursos.

En los años siguientes, el gasto que irrogue el adecuado funcionamiento del Sistema se hará con cargo a los recursos que anualmente contemple la Ley de Presupuestos vigente, sin perjuicio de los recursos que se otorguen por leyes especiales.

Artículo segundo transitorio.– Dentro del plazo de 6 meses contado desde la fecha de publicación de la presente ley en el Diario Oficial, se dictarán los reglamentos a que hacen referencia los artículos 5 y 6 de ésta, así como cualquier otro reglamento necesario para el funcionamiento del Sistema.”.

Dios guarde a V.E.,

SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE

Presidente de la República

FRANCISCO MORENO GUZMÁN

Ministro de Hacienda (S)

ALFREDO MORENO CHARME

Ministro de Desarrollo Social y Familia

Ver Informe Financiero

?INFORME DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y PLANIFICACIÓN, RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE EL SISTEMA CLASE MEDIA PROTEGIDA

BOLETÍN Nº12.661-31-1

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación pasa a informar el proyecto de ley del epígrafe, de origen en mensaje, que cumple su primer trámite constitucional, y para cuyo despacho el Ejecutivo hizo presente la urgencia, calificándola de “suma”, con fecha 12 de septiembre de 2019.

Durante la discusión del proyecto, la Comisión contó con la participación de las siguientes autoridades, funcionarios y dirigentes de organizaciones: 1) Ministro de Desarrollo Social y Familia, seños Sebastián Sichel; 2) Exministro de Desarrollo Social y Familia, señor Alfredo Moreno; 3) Subsecretario de Servicios Sociales y Subsecretaria de Evaluación Social de la aludida Cartera, señor Sebastián Villarreal y señora Alejandra Candia, respectivamente; 4) Secretario Ejecutivo de Clase Media Protegida, también del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, señor Francisco Carrillo; 5) Secretario Ejecutivo del Centro de Estudios ICAL, señor Claudio Rodríguez; 6) Director del Área de Investigación de la Fundación Chile Movilizado, señor Francisco Medina; 7) Coordinadora del Programa Social de Libertad y Desarrollo, señora María Paz Arzola; 8) Director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, señor Ignacio Irarrázaval; 9) Investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP), señor Slaven Razmilic; 10) Representante en Chile del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), señora Yolanda Martínez; y 11) Representante Residente a.i. del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), señora Marcela Ríos.

I.- CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS

1) Idea matriz

La idea matriz del proyecto es crear el Sistema “Clase Media Protegida”, que consiste en un modelo de gestión intersectorial, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Subsecretaría de Servicios Sociales, cuyo propósito es coordinar intersectorialmente la oferta programática existente relacionada a eventos adversos que podrían conducir a personas, grupos o familias a una situación de vulnerabilidad; como asimismo entregar información sobre la misma y simplificar el acceso a esta.

2) Normas de quórum especial.

Los artículos 4 y 5 permanentes son de rango orgánico constitucional, según el artículo 38 de la Carta Fundamental, y al tenor de lo resuelto por el Tribunal Constitucional en la causa rol N°2061-11, de 2011, específicamente en su considerando 7; sentencia recaída en el proyecto que creó el Ministerio de Desarrollo Social, oportunidad en la cual el Tribunal declaró que son materias propias de la LOC sobre Organización Básica de la Administración Pública a que se refiere el inciso primero del citado artículo de la Carta Fundamental, las que rebasan el campo específico de actuación de cada ministerio, como también aquellas que establecen una facultad resolutiva del Comité Interministerial de Desarrollo Social, como sucede en este proyecto de ley.

3) Normas que requieran trámite de Hacienda

Los artículos 1, 5 y 12 permanentes; y el artículo primero transitorio, deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda.

4) Aprobación en General

La Comisión aprobó por simple mayoría la idea de legislar. Votaron a favor las diputadas señoras Sandra Amar, Erika Olivera y Joanna Pérez; y los diputados señores Boris Barrera (Presidente), Andrés Celis (en reemplazo de la diputada señora Catalina del Real), Juan Manuel Fuenzalida (en reemplazo de la diputada señora Virginia Troncoso), Joaquín Lavín, Andrés Longton, Cosme Mellado, Jorge Sabag y Esteban Velásquez; mientras que lo hizo en contra la diputada señora Claudia Mix.

5) Diputado informante

Se designó Diputada informante a la señora SANDRA AMAR.

II.- ANTECEDENTES

El mensaje

1. Evolución y situación actual de la clase media en Chile.

Chile ha experimentado un cambio importante en su composición socioeconómica en las últimas décadas. Gracias al crecimiento económico sostenido y a las buenas políticas públicas, se ha logrado reducir sistemáticamente la pobreza a lo largo de los años. En efecto, según la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (CASEN) 2017, la pobreza ha disminuido de un 68%, en 1990, a un 8,6% en el año 2017.

Esta importante transformación social ha permitido a los chilenos prosperar y optar a una mejor calidad de vida, cuyo progreso se ve reflejado en el rápido crecimiento de familias de ingresos medios. Dicha tendencia está en línea con la transformación de las sociedades modernas, donde se aprecia que el crecimiento del ingreso per cápita está relacionado con un descenso importante de la pobreza y, consecuentemente, con el crecimiento de segmento medio. Tal transformación implica desafíos para los Estados y las políticas públicas, que deben adaptarse a esta nueva realidad.

Si bien tanto el tamaño de la clase media como su caracterización varían dependiendo de la medición que se utilice, existe consenso que ha ido en aumento en Chile. Utilizando los criterios del Banco Mundial, por ejemplo, se observa que el porcentaje de personas de clase media prácticamente se triplicó entre 1990 y 2017. Este último año cerca del 70% de la población pertenecía a este grupo.

La amplitud del segmento de la clase media tiene como consecuencia una alta heterogeneidad en su composición y en las distintas realidades que coexisten en ella. Por lo tanto, no se puede hablar de una clase media global y homogénea, sino más bien de ciertas características que representan a distintos grupos que componen la clase media. Puede afirmarse que es un segmento que se identifica mayoritariamente con sus propios logros y que cree profundamente en la meritocracia como un mecanismo de distinción individual, cuyo soporte es el esfuerzo personal. Por otro lado, las familias pertenecientes a la clase media tienen la percepción de estar desprotegidos respecto de la acción del Estado y es justamente este aislamiento lo que la empodera como un grupo centrado en sus propios méritos.

Es importante señalar también que una parte significativa de las personas de clase media en nuestro país dice haber crecido en un hogar pobre, a la vez que se autopercibe en una situación presente ventajosa producto de su esfuerzo, lo que les ha permitido alcanzar una mejor calidad de vida en comparación a la que tenían sus padres en términos de educación, ingresos, trabajo y vivienda. Generalmente, se trata de hogares cimentados en valores como el trabajo abnegado y riguroso. Como se trata de un segmento que quiere seguir avanzando, demanda apoyo para ampliar sus oportunidades y proteger los logros alcanzados.

Sin perjuicio de los importantes progresos que ha experimentado, una parte considerable de la clase media se sitúa por sobre, pero cerca, de los parámetros internacionales de vulnerabilidad, lo que significa que tienen un elevado riesgo potencial de ver retroceder su situación ante contingencias o eventos adversos. Al respecto, un informe de 2018 de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (en adelante, OCDE) muestra que la clase media a nivel mundial exhibe una alta movilidad en sus ingresos. Esta situación no sólo se traduce en oportunidades en diversos ámbitos, sino también en grandes riesgos de caer en pobreza ante eventos inesperados, como el desempleo o el padecimiento de una enfermedad grave. Según este mismo estudio, Chile es por una parte el segundo país de la OCDE con mayor probabilidad de que una persona del quintil 3 retroceda al quintil 1 en un periodo de 4 años (16,3% de probabilidades en Chile, contra el 8,61% del promedio de los países de la OCDE); y, por otro lado, el con mayor probabilidad de que una persona del quintil 4 retroceda al quintil 1 en un periodo de 4 años (11,3% de probabilidades en Chile, contra el 4,62% del promedio en la OCDE).

Lo anterior se condice con diferentes estudios de percepción, que muestran que una parte considerable de las familias del país tienen una sensación de fragilidad alta ante la ocurrencia de eventos adversos que ponen en jaque la situación económica familiar. En cuanto a estos eventos, se aprecia que los principales temores de los chilenos se relacionan con la imposibilidad de pagar la educación universitaria de sus hijos; ser víctima de la delincuencia; no poder costear una enfermedad; perder el trabajo; tener inseguridad financiera en la vejez y dificultades para pagar las deudas.

En síntesis, este creciente grupo de la población representa a todos aquellos que con esfuerzo han logrado progresar, pero que tienen temor de enfrentarse a contingencias que ponen en riesgo sus avances y que podrían llevarlos a perder lo que con esfuerzo han conseguido.

Por esta razón, el compromiso del Gobierno con la clase media tiene un foco claro: que todas las personas puedan aprovechar con tranquilidad el fruto de su esfuerzo para expandir sus horizontes; y, además, entregarles la ayuda necesaria para enfrentar eventos adversos en el ciclo de vida, gracias a una red de seguridad que les va a auxiliar cuando requieran salir adelante.

2. Necesidad de avanzar en políticas públicas con foco en la clase media.

A pesar del aumento exponencial de la clase media, en los últimos 30 años la relación entre el Estado y este grupo ha sido casual, más que institucional y comprometida. Por ende, el Estado no ha enfocado su atención en este importante grupo de la población. Este cuadro ha llevado a que, a pesar de los avances en la generación de instrumentos para responder a las necesidades de la clase media, como por ejemplo la ampliación del postnatal, aún se observan brechas para brindarle un adecuado nivel de seguridad, evitando las caídas abruptas en los ingresos que pudieran provocar una situación de vulnerabilidad de estas familias. Un estudio de 2008 demuestra que existe un grupo importante de personas que logran salir de la pobreza, pero vuelven a caer en ella. Su conclusión pone el énfasis en diseñar estrategias que permitan mitigar la volatilidad en los ingresos, focalizándose en los hogares no pobres que podrían estar en riesgo de volver a la pobreza. Esta es la condición necesaria para solventar una estrategia sustentable de movilidad social y mayor equidad.

Las recomendaciones de la OCDE (2018) en materia de políticas de desarrollo y movilidad social apuntan a que una estrategia óptima debiera incluir elementos que garanticen un buen acceso de la población a iniciativas que busquen atenuar las consecuencias de los shocks negativos personales, como también políticas que faciliten a las personas incorporarse al trabajo ante la pérdida del empleo; a robustecer el aprendizaje continuo; la implementación de sistemas de seguros; y el fortalecimiento de las políticas asociadas a los niñas, niños y adolescentes.

En línea con estas recomendaciones, el diseño de las políticas públicas en la materia debe, además, considerar la transformación de las economías como resultado del progreso tecnológico, el envejecimiento de la población y la globalización. Un segmento tan masivo como la clase media, y con fragilidades en diversos ámbitos, requiere de una respuesta moderna y capaz de ajustarse a los estilos y nuevos modos de vida.

Subyace una segunda dimensión a cubrir, que es la relacionada con los problemas en el acceso y pertinencia que tiene el sistema de seguridad social. Sobre el particular, un informe de la OCDE de 2019 recalca que existe una sensación de dificultad en el acceso a los beneficios ya existentes, pues sólo un 11,6% de los chilenos encuestados están de acuerdo o muy de acuerdo en que es fácil acceder a los beneficios públicos cuando se necesitan, cifra que está muy por debajo del promedio de países donde se hizo la muestra. Según la misma muestra, un 61,4% está en desacuerdo o muy en desacuerdo con que el Gobierno proporcione un apoyo económico adecuado en caso de pérdida de ingresos debido a la vejez, lo que se repite para enfermedad o discapacidad (56,8%) y desempleo (55,7%).

Teniendo estos antecedentes en cuenta, durante el año 2018 el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en conjunto con el Laboratorio de Gobierno, desarrollaron un importante trabajo para levantar información sobre las necesidades de las familias frente a la ocurrencia de eventos que podrían poner en riesgo su progreso y bienestar. Los resultados de ese estudio evidenciaron que, además de las soluciones para mitigar los riesgos, que incluyen el perfeccionamiento y el establecimiento de beneficios para este segmento, también surge con fuerza la necesidad de mitigar las asimetrías de información que existen entre la ciudadanía y los respectivos servicios públicos, así como mejorar sustancialmente la calidad de atención y orientación que reciben las familias ante estas situaciones. Esto implica eliminar la excesiva burocracia a la que se enfrenta el ciudadano para encontrar soluciones, y releva la atención ciudadana como uno de los elementos que debe sustentar esta política pública.

De esta manera, para fortalecer y brindar seguridad a la clase media se requiere de una respuesta ajustada a un ciudadano que demanda una oferta pública de servicios de mayor calidad, información más adecuada y que combine herramientas tecnológicas que se adapten a las particularidades y estilos de vida de este grupo.

3. Clase Media Protegida: nuevo trato con la clase media.

Uno de los principales compromisos del Gobierno del Presidente Piñera es proteger y fortalecer a la clase media, entregándole un apoyo claro en momentos difíciles, lo que se traduce en fortalecer la red de seguridades a las cuales pueden acceder ante la ocurrencia de eventos adversos, tales como enfrentar una enfermedad de alto costo; abultadas deudas contraídas para solventar estudios o el pago de una vivienda; pérdida del trabajo; ser víctima de un delito o estar en situación de dependencia.

Para cumplir con este compromiso se han definido dos grandes tareas principales. La primera consiste en institucionalizar una política enfocada en la clase media, con el objetivo de establecer a esta como grupo prioritario y sobre el cual el Estado tendrá un rol claro y permanente para su atención, promoción y protección. En miras a lo anterior, el Gobierno impulsó la ley N° 21.150, que modifica la ley N° 20.530 y crea el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. En virtud de dicha ley, y sin descuidar el trabajo del Ministerio en los más pobres y vulnerables del país, se amplía la población objetivo del Ministerio, incorporando a aquellas personas o grupos y familias que, sin ser vulnerables, pueden verse enfrentados a contingencias o eventos adversos, que podrían conducirlos a una situación de vulnerabilidad.

Para profundizar la consecución de dicho objetivo, a través de este proyecto de ley se crea el Sistema Clase Media Protegida, que consiste en un modelo de gestión intersectorial cuyo objetivo es coordinar intersectorialmente la oferta programática existente relacionada a eventos adversos, y que podrían conducir a personas, grupos o familias a una situación de vulnerabilidad. También se busca entregar información clara, oportuna y personalizada sobre la materia y simplificar el acceso a los beneficios. Lo anterior permite generar una base sólida para robustecer y brindar protección a este segmento de la población. Este esfuerzo gubernamental, inédito en la historia del desarrollo social en Chile, apunta a abordar de manera integral las fragilidades y temores de la clase media.

El Sistema Clase Media Protegida incluye una red de atención a usuarios que permitirá informar y orientar de manera clara, oportuna y personalizada las soluciones que entreguen apoyo y protección a las familias. Este objetivo se logrará mediante la creación de una innovadora plataforma digital, que agrupará los beneficios y servicios disponibles según el perfil de cada persona y familia. Además, la plataforma permitirá simplificar el acceso a estos beneficios a través de la integración de trámites y el seguimiento de casos.

El diseño de este Sistema considera además la lógica de la experiencia del usuario, lo que representa beneficios directos en términos de ahorro en tiempo y traslados, además de reducir la burocracia. Hoy, una persona destina en promedio 2,2 horas a la realización de un trámite, lo que se espera subsanar a través del proyecto, en términos de que las familias puedan realizar trámites críticos de manera más simple y en cualquier lugar, ahorrando tiempo y costo de traslado. En este orden de ideas, el Sistema Clase Media Protegida está alineado con la visión de un Estado moderno y cercano, que estará disponible en una modalidad “24/7”, dada la posibilidad de recibir orientación y de gestionar trámites desde un smartphone o cualquier dispositivo conectado a internet.

Ahora bien, aun cuando se constata una tendencia creciente y sostenida de las tasas de acceso y uso de internet, todavía existe un porcentaje relevante de la población que no tiene acceso a éste, que se estima en un 12,6%. Es por eso que el Sistema Clase Media Protegida también utilizará canales de atención tradicionales, tanto presenciales como remotos, que funcionen como medios de comunicación entre las personas y el Sistema.

El objetivo es asegurar una orientación eficaz y una derivación oportuna hacia otros servicios especializados del Estado y un seguimiento de casos complejos, cuando sea necesario. De esta manera, el servicio se vuelve accesible para todos, simplificando procesos y permitiendo que la información se encuentre de manera oportuna.

Junto con lo anterior, se persigue colaborar con las iniciativas con foco en la clase media que apoyen a las familias pertenecientes a este grupo, y que busquen atenuar el riesgo de retroceder por la ocurrencia de eventos adversos.

Para la consecución de lo anterior, el Gobierno está trabajando en agendas sectoriales de reformas y fortalecimiento de políticas públicas, tales como:

Salud: Se ingresó un proyecto de ley que fortalece las facultades del Fondo Nacional de Salud (boletín N° 12.588-11) y se presentó una indicación sustitutiva en el proyecto de ley que modifica el sistema privado de salud, incorporando un plan garantizado (boletín N° 8.105-11), que implican una reforma integral al sistema de salud. Dicha reforma incluye: (i) la modernización de Fonasa, que crea nuevas herramientas para mejorar la atención de sus beneficiarios, a fin de asumir un rol activo en el acceso y oportunidad a los servicios de salud, (ii) la Reforma de Isapres, que busca sentar las bases de un sistema de salud privado con transparencia y solidaridad, abordando el problema de las discriminaciones por género y estado de salud de las personas, a través de un esquema de compensación solidario y un Plan de Salud Universal, único e igual para todos los afiliados. La reforma también busca proteger a las familias beneficiarias de Isapres de los gastos excesivos en salud, estableciendo un seguro catastrófico en la forma de un monto máximo de gastos anual por beneficiario. Adicionalmente, y en conjunto con la presente iniciativa, el Gobierno impulsará el proyecto de ley que crea el “Seguro de Salud Clase Media”, para los beneficiarios de Fonasa, el cual entrega una cobertura financiera especial para tratamientos e intervenciones quirúrgicas, que no están incluidas en GES u otras leyes especiales, y que hoy tienen alternativa de tratarse con largos tiempos de espera, o a un costo que deja a una familia de clase media vulnerable o muy endeudada. Este seguro entregará una alternativa más en la atención del afiliado, al sumar una opción en una red de prestadores -públicos y privados- en convenio.

Empleo: Consiste en la creación de nuevos programas de capacitación y reconversión laboral con foco en la actualización de nuevas competencias laborales, acordes con las demandas del mercado. Además, la agenda considera el fortalecimiento de la política de intermediación laboral, que mejora los servicios de orientación y búsqueda de trabajo a través de la creación de oficinas especializadas, oficinas móviles de empleo y la nueva Bolsa Nacional de Empleo. Asimismo, a través del proyecto de ley que reforma el sistema de pensiones (boletín N° 12.212-13), se establece una mejora al seguro de cesantía, cuyo objetivo es asegurar el pago de cotizaciones previsionales durante los periodos de cesantía.

Pensiones y dependencia: Se ingresó un proyecto de ley para mejorar las pensiones del sistema de pensiones solidarias y del sistema de pensiones de capitalización individual (boletín N° 12.212-13), con el cual se pretende mejorar las pensiones para la clase media a través de la creación de un aporte adicional a las pensiones de vejez de clase media y un complemento adicional para mujeres de este grupo. Este proyecto incluye un aporte adicional al esfuerzo de la clase media para aquellos que postergan la edad de jubilación. Finalmente, el proyecto en referencia crea un seguro y subsidio de dependencia, que consiste en un pago monetario para personas mayores con dependencia severa. El monto dependerá del nivel de vulnerabilidad socioeconómica (en el caso del subsidio) y de la cantidad de cotizaciones (en el caso del seguro).

Educación superior: Se ingresó un proyecto de ley que crea un nuevo sistema de financiamiento solidario para estudiantes de la educación superior (boletín N° 11.822-04). Dicho proyecto busca corregir las deficiencias del actual sistema de créditos, creando un nuevo sistema único de créditos para la educación superior, que serán otorgados por el Estado, con mejores condiciones y mayor protección para los beneficiarios. Además, se incorpora la extensión de la gratuidad a la educación técnico profesional para los estudiantes que se encuentren entre el 70% más vulnerable del país.

Seguridad: Fortalecimiento del “Programa de Apoyo a Víctimas” que entrega un servicio de orientación y contención a las personas víctimas de delitos violentos, con el objetivo que reciban orientación y apoyo sicológico, social y/o jurídico de manera oportuna.

Vivienda: Fortalecimiento de los subsidios de vivienda para los sectores medios, aumentando los montos de subsidio, para que el mayor número posible de familias seleccionadas concreten la compra de su vivienda. El objetivo es que el monto del subsidio sumado al ahorro de las familias, permita acceder al monto del pie exigido por las entidades financieras para otorgar el crédito hipotecario complementario.

4. La necesidad de avanzar en la institucionalización de Clase Media Protegida.

El Gobierno estima necesario avanzar en la institucionalización de este Sistema, con el objetivo de proyectarlo y asegurar un adecuado trabajo intersectorial que permita apoyar a las familias con una mirada integral que involucre a todos los sectores que hoy entregan prestaciones y beneficios de manera articulada y con foco en los ciudadanos.

Por último, el mensaje destaca que en el marco de la tradicional función del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, destinada a erradicar la pobreza y brindar protección social a las personas o grupos vulnerables, así como también la coordinación de las políticas, planes y programas sociales, se han llevado a cabo iniciativas y creado sistemas y subsistemas, entre los que destacan el Sistema Elige Vivir Sano y el Sistema Intersectorial de Protección Social. Ahora, de cara al nuevo desafío que asumirá el Ministerio de Desarrollo Social y Familia con la clase media, es necesario crear un sistema para cumplir con dicho objetivo, que sustente un modelo de gestión intersectorial que permita apoyar a las familias de clase media que se vean enfrentadas a eventos adversos que podrían poner en riesgo su progreso o bienestar.

III.- DISCUSIÓN DEL PROYECTO

a) Discusión general

Durante el estudio de la iniciativa, se recibió la opinión de las siguientes personas:

1) Exministro de Desarrollo Social, señor Alfredo Moreno

El exministro efectuó una presentación apoyado en power point, focalizando su análisis en el contexto del proyecto, destacando la información contenida en el mensaje sobre la drástica disminución de la pobreza en las últimas tres décadas, de un 68,5% a un 8,6%. Ello ha significado un notable aumento de la clase media en el mismo lapso, pero que se ve expuesta a eventos que pueden poner en riesgo los avances conseguidos.

Gracias a la ley N°20.530, que creó el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, se habilitó al Ministerio para, precisamente, reconocer a aquellas personas y familias que han progresado notoriamente por su propio mérito, pero que también pueden verse enfrentadas a situaciones que las hagan nuevamente vulnerables. Al respecto, hay un estudio que señala cuáles son los principales temores frente a eventos adversos.

En un trabajo conjunto realizado por el Ministerio y representantes de la sociedad civil se detectaron los principales ejes que debería abordar el proyecto sobre Clase Media Protegida.

Según se explica en el mensaje, hay varios eventos que pueden conducir a una persona, grupo o familia a una situación de vulnerabilidad, en los términos establecidos en la ley N°20.530. Lo anterior puede graficarse de la siguiente manera.

Oferta vigente de prestaciones ante diversos eventos

La nueva oferta de beneficios vinculada a tales eventos es la siguiente.

La nueva oferta de beneficios apunta a brindar seguridades a la clase media en las situaciones antes enunciadas, mediante los programas y acciones que se especifican a continuación:

1) Enfrentar un evento de salud de alto costo

Reforma integral al sistema de salud pública y privada y el Nuevo Seguro de Salud de Clase Media, el cual entrega una cobertura financiera especial para tratamientos e intervenciones quirúrgicas, que no están incluidas en Ges u otras leyes especiales, y que hoy tienen alternativa de tratarse con largos tiempos de espera o un costo que deja a una familia de clase media vulnerable o muy endeudada. Este seguro entregará una opción más en la atención del afiliado, al sumar una opción en una red de prestadores, públicos y privados en convenio, nuevas soluciones de atención oportuna.

2) Estar cesante y dificultad para encontrar trabajo

Modernización del SENCE. Incluye la creación de nuevos programas de capacitación y reconversión laboral con foco en la actualización de nuevas competencias laborales, así como el Fortalecimiento del Sistema de Intermediación Laboral, que consiste en la entrega de un servicio de intermediación laboral (orientación y ofertas de empleo) a través de una red de oficinas y móviles (Sence Móvil). También está el seguro de lagunas previsionales, incluido en la Reforma de Pensiones

3) Ser persona mayor con dependencia

Reforma de Pensiones, 3 nuevos pilares: (1) pilar clase media; (2) aporte adicional a mujeres clase media y (3) adultos mayores con dependencia Seguro y Subsidio de dependencia. Este último consiste en un pago monetario a personas mayores con dependencia severa. El monto depende del nivel de vulnerabilidad socioeconómica en el caso de subsidio, y de la densidad de cotizaciones en el caso del seguro.

4) Ser víctima de un delito violento

Programa de Apoyo a víctimas (Fortalecimiento): Atención a víctimas, que incluye intervenciones en una Primera Respuesta (atención contingente para brindar orientación, información y primeros auxilios psicológicos) y en una Segunda Respuesta (apoyo psico-social-jurídico).

5) Acceder a soluciones habitacionales

Mejoras al Subsidio para Sectores Medios (Fortalecimiento): modificación al programa de Subsidio para Sectores Medios, aumentando significativamente los montos del subsidio, para que el mayor número posible de familias seleccionadas concreten la compra de su vivienda.

6) Dificultad para pagar la educación superior

Sistema de financiamiento solidario de acceso a la educación superior. Crédito con una duración de hasta 180 cuotas (15 años), entregado a los estudiantes por una entidad estatal sin intervención de la banca. Permite además dar una solución a problemas de deudores del actual CAE. Ampliación de la Gratuidad para alumnos de educación técnico profesional al 70%.

Se propone una definición de Eventos Adversos, entendiéndolos como hechos o contingencias que podrían conducir a una persona, grupo o familia a una situación de vulnerabilidad, en los términos establecidos en el numeral 5) del artículo 2 de la ley N° 20.530, por motivos de salud, vejez, desempleo, vivienda, educación superior o delincuencia, entre otros.

En cuanto a la red de atención a los usuarios, que es otro pilar del proyecto, puede graficarse como sigue.

En lo que concierne al articulado del proyecto de ley, el Ministro indicó que es breve y puede sintetizarse en que crea el Sistema Clase Media Protegida (CMP), dotándolo de una institucionalidad, a través de la cual se busca asegurar la coordinación intersectorial necesaria para proteger y fortalecer a la clase media, permitiendo a las familias acceder a un conjunto de beneficios que les permita enfrentar aquellos eventos adversos o contingencias que pongan en riesgo su progreso y/o bienestar. Al efecto, la institucionalidad que se crea contempla una Secretaría Ejecutiva de Clase Media Protegida, dependiente de la Subsecretaría de Servicios Sociales del Ministerio, que será la encargada, entre otras cosas, de coordinar intersectorialmente, administrar, supervisar e implementar el sistema Clase Media Protegida. El Comité de Desarrollo Social, que asesora al Presidente de la República en la determinación de los lineamientos de la política social del Gobierno, constituirá una instancia de coordinación, orientación, información y acuerdo para los ministerios y servicios que lo integran y será clave para aprobar el evento adverso y la oferta programática vinculada a este. Finalmente, el proyecto contempla un Comité Técnico Intersectorial, compuesto por una contraparte técnica de cada uno de los organismos participantes, que colaborará en la implementación y operación del sistema Clase Media Protegida, proveyendo de información al mismo.

Con el proyecto de ley -concluyó el señor Moreno- los eventos adversos y la oferta programática que esté asociada a los mismos, pasarán a formar parte del Sistema Clase Media Protegida mediante la determinación y aprobación del Comité Interministerial de Desarrollo Social y Familia. Para estos efectos, la Secretaría Ejecutiva, en coordinación con la Subsecretaría de Evaluación Social, y tomando en consideración los insumos que para estos efectos le proporcione el Comité Técnico Intersectorial, entregará al Comité Interministerial de Desarrollo Social y Familia una propuesta previamente visada por la Dirección de Presupuesto. Los acuerdos de este último Comité se materializarán mediante resolución expedida por el Ministerio, conforme lo dispone el artículo 16 de la ley N° 20.530.

Luego de la presentación del exministro señor Moreno, se abrió un espacio de consultas y comentarios para los integrantes de la Comisión, que fueron abordados por el titular de Desarrollo Social y Familia como se indica a continuación.

En primer término, compartió la preocupación manifestada por el diputado señor Naranjo, en el sentido que no hay certeza de que las personas, grupos o familias a las que se apoya para salir de la situación de vulnerabilidad no recaigan en la misma. Más aun, hay muchos casos en que efectivamente se reincide en la vulnerabilidad, lo que demuestra la necesidad de impulsar este proyecto.

Por otra parte, respondió a la diputada señora Mix que el proyecto no está orientado exclusivamente a la clase media, cuestión que surgió a propósito de la cobertura en caso de ser víctima de un delito violento. La idea es que todas las familias puedan recibir asistencia si se encuentran en una situación de dependencia severa, pero hay que tener claro, al mismo tiempo, que por restricciones presupuestarias se va a ir en ayuda principalmente del segmento más pobre. En una mirada más amplia, el proyecto se hace cargo de la nueva realidad que vive el país, donde en 30 años ha habido una drástica disminución de la pobreza y un correlativo crecimiento de la clase media, como se explica en el mensaje.

A su vez, la diputada señora Olivera respaldó la iniciativa legal del gobierno, ya que brinda protección a la clase media, un sector que estaba postergado y que tiene que afrontar gastos en múltiples rubros, como educación y salud, pues no tiene acceso a beneficios, según el Registro Social de Hogares.

En un sentido similar, el diputado señor Longton dijo que el proyecto es valioso, porque llena un vacío. En efecto, la clase media se queja de falta de apoyo del Estado. Además, el proyecto transparenta los beneficios que ya son otorgados por el Estado, pero que la población desconoce por carencia de información.

A su vez, la diputada señora Del Real opinó que el proyecto va en la dirección correcta. Actualmente -agregó- la clase media está desprotegida, no así los sectores más pobres. Y ocurre que a veces en la clase media la pobreza está “disfrazada”. Un aspecto destacable de la iniciativa es que se centraliza la información en una sola plataforma.

Por su parte, el diputado señor Barrera (Presidente) expresó que es importante determinar el universo de beneficiarios con este proyecto y, también, ojalá definir el término “clase media”. Quizás el aspecto más positivo del proyecto es la plataforma que crea. Respecto a los beneficios, hizo ver que hoy día cuando una persona, un grupo o una familia “sale” de la pobreza deja de percibir aquellos, los que se concentran en el 60% más vulnerable. A la luz de lo anterior, cabe la reflexión de si el Ejecutivo tiene la voluntad de extender la cobertura del proyecto, de modo que beneficie a la clase media.

La diputada señora Pérez (Joanna) dijo que el proyecto en discusión constituye un aporte pero, a la vez, surgen interrogantes. La principal es que el éxito de esta iniciativa depende de otros proyectos de ley, que todavía están tramitándose en el Parlamento y que contemplan programas y beneficios.

En su segunda intervención en la ronda de comentarios y preguntas, el exministro de Desarrollo Social y Familia respondió a dos preguntas del diputado señor Longton, relativas al uso de datos sensibles. El ministerio -dijo- tiene bastante experiencia en la materia, pues acumula mucha información y datos de otros ministerios, cautelando siempre que no se utilicen los datos de carácter personal. Manejan únicamente datos socio-económicos de las personas, pero no, por citar un ejemplo, de su salud. La segunda consulta dice relación con la institucionalidad que se crea, y sobre el punto explicó que la Secretaría Ejecutiva plasmada en el articulado es muy similar a la que existe en el programa Chile Crece Contigo. En cuanto al Comité Técnico, está conformado por representantes de todos los organismos concernidos.

Seguidamente, y absolviendo una duda de la diputada señora Del Real, el Ministro precisó que los eventos adversos cubiertos por Clase Media Protegida no son un número cerrado y, por ende, a futuro pueden agregarse otros, según las necesidades y la disponibilidad presupuestaria.

Acerca del concepto de “clase media”, asunto abordado por el diputado señor Barrera (Presidente), manifestó que el sistema que se crea incluye a todas las personas. Es decir, todos pueden acudir y consultar en la plataforma si tienen acceso a determinados beneficios. La información está disponible para toda la ciudadanía. Aunque no hay una definición de ese término, en la práctica ha quedado delimitado cuando el gobierno, en conjunto con el Parlamento, ha establecido límites y requisitos para acceder a los beneficios estatales. Si bien hay que reconocer que faltan beneficios para este segmento de la población, hay otros que existen pero no se ocupan, porque la población los desconoce.

La diputada señora Mix opinó que el proyecto es positivo especialmente en cuanto a establecer la coordinación intersectorial. En cambio, falta acotar la población destinataria de los beneficios, lo que plantea la necesidad de definir la clase media. Otra arista que hay que analizar con atención son los actores externos, de los cuales depende el proyecto. Un ejemplo es la banca, que proporciona el crédito CAE a las familias de los estudiantes de clase media que no pueden costear sus estudios, y el crédito hipotecario para las viviendas de clase media. En otro plano, hay necesidades transversales para los distintos quintiles, como la forma de abordar el endeudamiento. Por último, insistió que definir la clase media facilitaría saber a qué beneficios se puede acceder.

El diputado señor Mellado (Cosme) sostuvo que es complejo dar un concepto de clase media. Acotó que actualmente hay gente que no califica para ningún beneficio, por lo que se hace necesario revisar el Registro Social de Hogares.

2) Subsecretario de Servicios Sociales y Subsecretaria de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, señor Sebastián Villarreal y señora Alejandra Candia, respectivamente; y el secretario ejecutivo de Clase Media Protegida, señor Francisco Carrillo

La participación de ambos subsecretarios del Ministerio de Desarrollo Social consistió en despejar algunas dudas y responder las consultas que formularon varios miembros de la Comisión, como pasa a exponerse.

En primer término hizo uso de la palabra la diputada señora Mix, quien solicitó a los representantes del Ejecutivo profundizar algunos temas tratados en la sesión en que expuso el proyecto de ley el exministro señor Moreno, principalmente sobre la plataforma que forma parte de la red de atención a usuarios; el registro social de hogares; el concepto de clase media, a efectos de saber a quiénes va dirigido el proyecto; el estado de avance de las negociaciones en relación a los seguros comprometidos en este proyecto; etc.

Sobre el particular, el Subsecretario de Servicios Sociales, señor Sebastián Villarreal, dijo que actualmente existen diversas maneras de medir o determinar la clase media, no solo en Chile, sino que en el mundo en general, considerándose para tal efecto los ingresos, determinadas características sociales, la auto-percepción, etc. Si bien no existe una única metodología, sí existe un consenso, que está dado por el hecho de que la clase media constituye el grupo mayoritario de nuestro país, especialmente teniendo presente la evolución que ha habido en materia de pobreza en los últimos 30 años, que ha disminuido considerablemente.

Ahora bien, para efectos de este proyecto es importante enfatizar que, a diferencia de los beneficios que se enmarcan en un sistema de protección social, que están focalizados por la caracterización socio-económica de las personas, el sistema Clase Media Protegida (SCMP) está estructurado sobre una lógica distinta, que dice relación con la ocurrencia de hechos adversos, que son los que van a determinar la activación o no de sus beneficios, los que por primera vez estarán enfocados a este segmento de la población.

Actualmente son 6 las dimensiones que aborda el proyecto de ley, y necesariamente se deberá observar cada una de ellas en específico para conocer quiénes podrán acceder a sus beneficios. En materia de financiamiento de la educación, por ejemplo, nuestro país ya decidió avanzar en su gratuidad, y actualmente accede a ella el 60% más vulnerable de la población. Por lo tanto, las soluciones que se plantean en el marco del SCMP están por sobre ese 60%, pudiendo llegar hasta el 90% más vulnerable. Sin embargo, este criterio no va a ser el mismo que va a operar tratándose de otro hecho adverso, como lo es el de las personas mayores en situación de dependencia, caso en el cual no solo se aplicará un criterio de focalización distinto, sino que la persona adulta mayor debe encontrarse en situación de dependencia severa, pensando en el seguro o el subsidio que contempla la reforma previsional.

Considerando estos ejemplos, no existe una única definición o criterio para determinar los beneficiarios tanto de la oferta existente como de la oferta nueva que se pretende implementar en el marco de este sistema.

En definitiva, lo que busca el proyecto de ley es crear la institucionalidad para la coordinación intersectorial que permita administrar los referidos beneficios. Agregó que en virtud de otro proyecto, ya aprobado por el Congreso, el Ministerio de Desarrollo Social pasó a llamarse Ministerio de Desarrollo Social y Familia, con lo cual esta Cartera también debe abogar por las personas, grupos o familias que, sin ser vulnerables, pueden verse enfrentados a contingencias o eventos adversos que podrían conducirlos a una situación de vulnerabilidad. De esta manera, es la primera vez que se está relevando en la agenda pública a la clase media.

La Subsecretaria de Evaluación Social, señora Alejandra Candia, complementó la intervención anterior indicando que efectivamente no existe un consenso sobre qué es la clase media. Existen medidas inspiradas en la metodología del Banco Mundial, por ejemplo, relativas a índices absolutos que no necesariamente representan la realidad de nuestro país. Agregó que los países van adoptando distintas maneras de conceptualizar la clase media, dependiendo de su realidad.

Este proyecto de ley no busca asociar una clasificación socio-económica a un segmento de la población, sino más bien pretende hacerse cargo del mandato del Ministerio de atender las necesidades de aquellos que, sin ser vulnerables, están en riesgo de caer en vulnerabilidad por el acaecimiento de un determinado evento adverso. Por eso, la lógica de esta iniciativa es contar con una Secretaría Ejecutiva que esté pendiente de esas situaciones complejas, que procure que la oferta programática vigente atienda el riesgo de caer en vulnerabilidad y que genere las coordinaciones necesarias, pudiendo incluso levantar brechas de atención respecto de ciertos eventos específicos.

En cuanto a la plataforma que forma parte de la red de atención a usuarios, comentó que es la forma en que actualmente se está coordinando la oferta existente, permitiendo no solo conocer el listado de los beneficios vigentes, sino cómo acceder a ellos. Sobre el punto, hizo presente que disponer de una determinada oferta es tan importante como darla a conocer e informar sobre cómo usarla.

Agregó que para efectos de esta plataforma la Secretaría Ejecutiva trabajó durante un año y medio con usuarios o potenciales usuarios y con sus experiencias ante eventos complejos, identificándose como parte de los problemas el desconocimiento de la oferta y la complejidad de los trámites, por lo que la plataforma pretende plasmar en lenguaje simple a qué beneficios, dónde y cómo pueden acceder las personas que se vean enfrentadas a un evento adverso. La otra función de la Secretaría Ejecutiva será -en caso que se identifiquen brechas de atención- generar las coordinaciones necesarias para promover nueva oferta.

En razón de las exposiciones anteriores, se generó el siguiente debate en el seno de la Comisión:

La diputada señora Olivera consultó quiénes conformarán la Secretaría Ejecutiva que contempla el proyecto; cuál es el plazo fijado para la elaboración de los reglamentos a que alude la iniciativa; y si las personas podrán, ante la ocurrencia de un hecho adverso, actualizar o modificar por sí mismos los datos o información que previamente hayan ingresado a la plataforma.

La diputada señora Mix valoró la coordinación intersectorial que se plantea como el núcleo del proyecto. Sin embargo, insistió en su preocupación respecto de la falta de identificación de la población objetiva beneficiaria de este proyecto, ya que a su juicio ello podría determinarse fácilmente considerando las mismas variables que hoy permiten identificar a quienes pertenecen a la población vulnerable del país, a la clase media o a la población con mayores recursos. Sin dilucidar esa interrogante, ¿cómo es posible saber a cuánta población estimada está destinado el proyecto? Y si ello no es posible de dilucidar, ¿cómo es que el Ejecutivo sostiene que la clase media es el “grupo mayoritario de la población”?. A su juicio, tener claridad sobre este punto es clave a la hora de planificar, y también permitirá no generar expectativas a personas o familias que se autoperciben como de clase media, pero que en verdad no lo son.

Por otra parte, consultó por los beneficios que actualmente contempla la plataforma de atención a usuarios.

El subsecretario Villarreal señaló, refiriéndose a la institucionalidad del proyecto, que a la Secretaría Ejecutiva -que dependerá de la Subsecretaría de Servicios Sociales- le corresponderá la coordinación intersectorial de todo lo relacionado con el SCMP, incluyendo su implementación y el seguimiento de indicadores de atención a usuarios. Agregó que para su funcionamiento el proyecto contempla la contratación de un secretario ejecutivo y de 11 profesionales adicionales, individualizándose en el respectivo informe financiero los grados que tendrá cada uno de ellos. Esta estructura es bastante similar a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Elige Vivir Sano, con una alta eficiencia en términos de los recursos que están asociados a la administración de la red (7 mil millones de dólares) y del equipo técnico responsable (alrededor de 700 millones de pesos).

Por su parte, el Comité Técnico Intersectorial, coordinado por la Secretaría Ejecutiva, tendrá por función asegurar una adecuada coordinación intersectorial con los distintos servicios y ministerios que formarán parte de la red; y, a su vez deberá relacionarse con el Comité de Desarrollo Social de Ministros, que ya existe, cuya función será aprobar la creación de posible nueva oferta.

Respecto de los reglamentos a que alude el proyecto, el plazo establecido es de 6 meses para su dictación. Sin perjuicio de ello, actualmente se encuentra en la CGR el reglamento que aprueba la actual Secretaría Ejecutiva, para su toma de razón.

En cuanto a la plataforma de atención a usuarios, aclaró que estará disponible para cualquier persona que quiera acceder a la información contenida en ella, independientemente de su caracterización socio-económica. Agregó que habiendo sido lanzada el pasado 22 de mayo, a la fecha más de 320 mil chilenos han ingresado a la plataforma (117 mil con su clave única); y más de 13.800 trámites se han iniciado, muchos de ellos asociados al Registro Social de Hogares.

Actualmente la plataforma recoge lo que se ha venido haciendo en nuestro país en políticas sociales los últimos 30 años. En ella se han incluido 70 programas sociales asociados a las 6 dimensiones de empleo, salud, dependencia, vivienda, prevención del delito y educación. Por lo tanto, hoy una persona no solo puede acceder a la información relevante para cada evento adverso en los que se sustenta el SCMP en un solo lugar, con el valor que ello implica; sino que además puede realizar diversos trámites e identificar a qué beneficios de la oferta existente puede acceder.

Continuando con el debate, la Subsecretaria Candia subrayó que, respecto de los beneficiarios, el objetivo es la atención de eventos adversos, identificando en primer término toda la oferta programática destinada a cubrir aquellos 6 definidos en el proyecto y, en su defecto, identificar las brechas que puedan existir a fin de abordarlos adecuadamente. Por eso, es necesario revisar cada uno de ellos a la hora de determinar sus eventuales beneficiarios.

Asimismo, insistió que la lógica de la Secretaría Ejecutiva es hacerse cargo de la nueva función del Ministerio, abordando los desafíos que presenten aquellos individuos y familias que, sin ser vulnerables, están en riesgo de caer en vulnerabilidad. Por eso, el primer esfuerzo fue determinar la manera en que la oferta vigente estaba atendiendo cada problema en particular; y luego, de ser necesario, ampliar la cobertura de los beneficios existentes (algunos relacionados a FONASA, por ejemplo), o bien crear nuevos beneficios (como el caso del seguro o subsidio de dependencia).

El Secretario Ejecutivo de Clase Media Protegida, señor Francisco Carrillo, explicó que la plataforma reúne una serie de beneficios relacionados con cada evento adverso definido en el proyecto, y cada uno de esos beneficios cuenta con sus propios requisitos y criterios de focalización. Agregó que hablar de protección para la clase media no solo dice relación con la existencia de nuevos instrumentos, sino también con el hecho de facilitar su interacción con el Estado y el conocimiento respecto de sus derechos y beneficios.

Por otra parte, se refirió a las 7 informaciones básicas que contiene la plataforma y que permiten a una persona orientarse acerca de las prestaciones del Estado a que se puede acceder: seguro de salud; cotizaciones de AFP pagadas en los últimos 24 meses; cotizaciones del seguro de accidentes; caja de compensación; seguro de cesantía; registro social de hogares; e información personal.

Aclaró que para poder acceder a los datos personales, es necesaria la clave única. Ante un evento adverso, las personas podrán modificar o actualizar toda aquella información que no pueda capturar el sistema por sí solo.

El diputado señor Mellado (don Cosme) valoró que la información esté disponible para los ciudadanos en un solo lugar, permitiéndoles identificar de mejor manera los beneficios a los que pueden acceder. Sin embargo, manifestó su disconformidad con el hecho que el proyecto no contemple recursos adicionales para, por ejemplo, brindar a los adultos mayores no solo asesoría jurídica, sino también representación judicial, lo cual demanda contratar más profesionales. Si lo que esta plataforma va a permitir es derivar a las personas a las Corporaciones de Asistencia Judicial, que están colapsadas, el proyecto viene a ser solo “más de lo mismo”.

La diputada señora Mix consultó la razón por la que sería necesaria esta ley, si la mayoría de la oferta programática en la que se basa el proyecto ya existe, o bien es materia de otros proyectos que se están tramitando en el Parlamento. Además, la plataforma ya está funcionando, al igual que la Secretaría Ejecutiva dedicada a esta materia.

Sobre el punto, el señor Subsecretario de Servicios Sociales señaló que con este proyecto se replica un camino que nuestro país ya ha adoptado en casos anteriores. En efecto, bajo el argumento planteado por la señora diputada cabría preguntarse por qué se creó el Subsistema Chile Solidario, el Subsistema Chile Crece Contigo, el Sistema Intersectorial de Protección Social, etc. El principio que subyace es la consagración legal de un modelo de gestión intersectorial que está presente en muchas políticas públicas de nuestro país. La creación de este modelo es necesaria, a fin de que la preocupación por la clase media no se traduzca solamente en la manifestación de voluntad de una administración determinada, sino en la consolidación de una política de Estado a favor de un grupo históricamente desprotegido.

El diputado señor Sabag consultó si las personas que no pertenecen a la clase media, es decir, aquellas que se encuentran bajo la línea de la pobreza, también van a poder acceder a estos beneficios; y, por otro lado, respecto a los quintiles de la población a que va dirigido este proyecto.

Al respecto, el Subsecretario señor Villarreal precisó que cualquier persona podrá acceder a la red de atención que plantea el proyecto, sea de manera presencial o digitalmente, a través de la plataforma. Sin embargo, tratándose de la oferta, se debe analizar caso a caso. Por ejemplo, respecto del evento adverso consistente en el alto nivel de endeudamiento producto del ingreso a la educación superior, nuestro país ya avanzó en el beneficio de la gratuidad, que hoy recibe el 60% más vulnerable, de acuerdo al Registro Social de Hogares. Por lo tanto, la gratuidad es un beneficio que hoy forma parte de clase media protegida, pero sin duda también está establecida en favor de la población más vulnerable. Y, además, se pretende avanzar hacia el 90% de cobertura, mediante la aprobación de un nuevo sistema solidario de financiamiento de la educación superior. El mismo ejemplo se puede replicar con los beneficios ligados a otros eventos adversos, como el caso de personas mayores en situación de dependencia. A este último respecto, es importante señalar que en la reforma previsional que se encuentra en tramitación legislativa, se contempla la creación de un seguro de dependencia, pero también de un subsidio, de cargo fiscal, propuesto para el 60% más vulnerable.

En suma, si bien se trata de prestaciones establecidas dentro de la red clase media protegida, sin duda también beneficiarán a los grupos más vulnerables de la población. Por eso, la red “conversa” con el Sistema Intersectorial de Protección Social, pero se encuentra estructurada sobre la lógica de la ocurrencia de los denominados “eventos adversos”, ya que superado cierto nivel de vulnerabilidad, por el solo hecho que ellos tengan lugar, lo que las personas han avanzado es susceptible de perderse.

La diputada señora Amar recabó más información acerca de la forma en que se materializará el seguimiento de casos que, de acuerdo al proyecto, permitirá la plataforma. En segundo lugar, y sin perjuicio de valorar el aporte de esta plataforma en cuanto a uniformar el acceso a la información y agilizar la tramitación de los procesos, consideró que para que el proyecto cumpla sus objetivos debe ir asociado a mayor presupuesto y mayor cobertura, que permitan asegurar un efectivo acceso de la clase media a los beneficios establecidos.

Cerrando las intervenciones, el señor Carrillo, Secretario Ejecutivo de Clase Media Protegida, relevó el rol que en el seguimiento de casos cumplen los “asesores ciudadanos” (principalmente asistentes sociales), que son las personas que trabajan día a día con casos sociales en hospitales, municipios, gobernaciones, etc., recogiendo las experiencias de los usuarios y derivándolos hacia distintas soluciones. Sin embargo, el problema es que los asesores, por lo general, trabajan con información limitada sobre el historial de las personas, razón por la cual la plataforma no solo contemplará una versión para el ciudadano, sino que también una para el asesor ciudadano, generándose mejores herramientas para la orientación y derivación que la persona requiera.

3) Secretario Ejecutivo del Centro de Estudios ICAL, señor Claudio Rodríguez

El invitado efectuó una exposición en power point, de la cual se ofrece una síntesis a continuación.

En primer lugar, y refiriéndose a qué debe entenderse por “clase media”, indicó que existe consenso en que no se trata de un concepto homogéneo sino que, por el contrario, hay distintas visiones. Sin perjuicio de ello, para efectos de graficar el impacto de una propuesta legislativa como ésta, es necesario dar alguna definición sobre el particular.

El Banco Mundial plantea un rango entre los US$ 2 y los US$ 13 en términos de gasto diario, en atención a los ingresos de los respectivos países. Una medida común consiste en considerar como sectores medios a los grupos que se encuentran localizados alrededor del +/- 25% de la mediana de ingresos. No obstante, la definición usada por la OECD amplía ese margen al +/- 50% alrededor del ingreso mediano.

Un reciente estudio de Libertad y Desarrollo, en función de la definición del Banco Mundial, hizo una estimación sobre qué se entendería, en términos numéricos, como clase media, llegando a la conclusión que son los hogares cuyos ingresos totales se ubican entre 1,5 y 6 veces la línea de la pobreza. Bajo ese parámetro, en 2017 la clase media alcanzó al 65,4% de la población del país.

Ahora bien, si el INE estima que hay 18.751.405 personas en Chile, y para 2050 esa cifra ascendería a 21,6 millones, actualmente la población potencial de una red para la clase media equivaldría a aproximadamente 12 millones 263 mil personas. Esa sería la magnitud de la potencial población objetiva a la que se pretende llegar con el proyecto.

En Chile, el ingreso mediano de ocupados según la Encuesta Suplementaria de Ingresos de 2017 era de $379.673. Sin embargo, el ingreso medio (promedio) proveniente del trabajo principal de la población ocupada en el país se ubicó en $554.493 neto mensual (monto bruto menos los descuentos legales). Estas cifras son características de países en vías de desarrollo como el nuestro, que presentan altos grados de desigualdad, y donde la mediana está muy por debajo del ingreso promedio nacional.

Además, también quedan en evidencia las brechas de género, ya que según el INE los resultados del 2017 de la Encuesta Suplementaria de Ingresos arrojan que los ingresos medio y mediano de los hombres se ubicaron en 636 mil 981 pesos y 402 mil 355 pesos, respectivamente; mientras que en las mujeres alcanzaron 450 mil 287 pesos y 319 mil 725 pesos, en cada caso. 

Lo anterior da cuenta de que por clase media se entiende una población bastante heterogénea, que abarcaría una cantidad por sobre los 12 millones 300 mil personas.

Respecto del mensaje presidencial, relevó que da cuenta de que aproximadamente el 70% de la población sería de clase media, lo que constituye una estimación levemente superior a la que entrega Libertad y Desarrollo.

El mensaje destaca la valoración que los chilenos tendrían de la meritocracia, en cuanto a que el esfuerzo individual es lo que los habría llevado a mejorar sus condiciones de vida, al menos desde la perspectiva de los ingresos; como también la conciencia sobre el marco de desprotección que existe hacia este grupo específico de la población, que se traduce en ausencia de programas o políticas específicas orientados hacia ella, privilegiándose una política social focalizada a la pobreza “dura”, donde el mercado no puede garantizar ciertos derechos; y la vulnerabilidad o fragilidad a la que estaría la población de clase media, en virtud de la ocurrencia de algún evento que les marque una nueva condición de vida, como la pérdida del empleo, por ejemplo.

En este contexto, el compromiso del gobierno es que “Todas las personas puedan aprovechar con tranquilidad el fruto de su esfuerzo para expandir sus horizontes, pero además entregarles la seguridad necesaria para enfrentar eventos adversos en el ciclo de vida, sin que vuelvan a estar solas, pues una red de seguridad los va a ayudar a ponerse de pie y volver a caminar.”.

Sobre el punto, la pregunta que cabe hacerse es si el proyecto de ley contribuye al cumplimiento de ese objetivo o compromiso; o, por el contrario, se está generando una sobreexpectativa respecto del alcance del mismo.

En cuanto al eje de lo que el proyecto propone, es relevante destacar que no está dado por la mitigación de los riesgos (lo que incluiría el perfeccionar programas sociales o establecer nuevos beneficios para este segmento de la población); sino que más bien está dado por la necesidad de mitigar las asimetrías de información que existen entre la ciudadanía y los respectivos servicios públicos, así como por mejorar sustancialmente la calidad de la atención y orientación que reciben las familias ante estas situaciones.

De esta forma, el proyecto parte del supuesto que, mejorándose los canales de información, buena parte de la clase media podría acceder a más beneficios, lo que es cuestionable o, al menos, deja una deuda pendiente en cuanto a lo que el proyecto pretende establecer.

Acerca del contenido del proyecto de ley, se refirió a la plataforma informática que propone y a los 6 eventos adversos que cualquier persona puede sufrir en su vida, a saber: salud de alto costo, pago de educación superior, víctima de robo violento, personas mayores en situación de dependencia, soluciones habitacionales y búsqueda de trabajo. Supuestamente, se seguirán incorporando más pilares y beneficios de manera gradual.

Respecto a los objetivos del Sistema Clase Media Protegida (Título I del proyecto), destacó los siguientes:

1.- Coordinar intersectorialmente la oferta programática existente relacionada a eventos adversos que podrían conducir a personas, grupos o familias a una situación de vulnerabilidad.

2.- Entregar información clara, oportuna y personalizada sobre la misma, y

3.- Simplificar el acceso a esta mediante la integración de trámites asociados.

El supuesto declarado en el proyecto de ley es que lo anterior permitirá generar una base sólida para fortalecer y brindar protección a este segmento, más que dar cuenta de la ausencia de programas o la necesidad de fortalecer los ya existentes.

Si bien los objetivos señalados son razonables, ellos no responden a la interrogante respecto de si esta cantidad tan importante de chilenos, denominada “clase media”, se verá más protegida.

En cuanto a la determinación de eventos adversos y oferta programática (Título II del proyecto), sostuvo que el eje está puesto en la oferta programática y no en los eventos adversos. En efecto, se destaca expresamente que “No se pueden incorporar al sistema eventos adversos que no cuenten con oferta programática existente.”.

Sobre el punto, indicó que la idea sería generar una institucionalidad dinámica en relación con la definición de los eventos adversos que pueden afectar a una persona en su trayectoria de vida. La Secretaría Ejecutiva del SCMP (artículo 5), con el trabajo del Comité Técnico Intersectorial, debiera tener como misión no solo coordinar, administrar, supervisar, implementar y hacer seguimiento, sino también visualizar y proponer al Comité Interministerial, anualmente, la determinación de eventos adversos y la pertinencia de los programas y las coberturas existentes, con miras a generar nueva oferta programática si así se requiere. Eso le daría “más musculatura” a un sistema como este, transformándose la progresividad en cuanto a los servicios, programas sociales y beneficios para la clase media en una realidad, y no en una mera declaración de buenas intenciones.

Respecto de la Red de Atención de Usuarios, manifestó que en el Título V (artículo 12) se establece que “el Sistema contará con una Red de Atención a Usuarios, a través de la cual se entregará orientación e información a los mismos, sobre la oferta programática que forma parte del Sistema. Adicionalmente, la Plataforma que forma parte de esta Red, permitirá a los usuarios hacer seguimiento de casos.”.

Al respecto, desde el punto de vista del acceso a la información y la agilidad en la tramitación, el proyecto de ley cumple con los objetivos. Sin embargo, el mismo proyecto reconoce que no todas las personas usarán esta plataforma, por variados motivos, sin hacerse cargo de este diagnóstico en su articulado. Por lo tanto, sería importante generar mayores esfuerzos para asegurar el acceso a la información en los territorios, en las distintas regiones y sus respectivos municipios.

En cuanto a los objetivos específicos del proyecto, subrayó lo siguiente:

1.- Crear o mejorar programas ya existentes. Se plantea como uno de los objetivos del proyecto. Sin embargo, este no compromete la creación de nuevos programas o mejora de cobertura. Lo que sí propone es información sobre los programas (a través de la plataforma virtual) y mejorar la gestión de las prestaciones sociales.

2.- Programas Nuevos. No hay programas nuevos asociados. El seguro de salud, el seguro de dependencia, el nuevo crédito para estudios superiores, etc., son iniciativas en desarrollo, las cuales, por lo demás, deben aprobarse en el Parlamento.

Agregó que el proyecto compromete recursos en tramitación y proyectados gradualmente. Se proyectan alrededor de 2.338 millones en nuevos recursos, de los cuales cerca del 90% corresponde a la tramitación de la reforma previsional (1.926 millones). Se trata, por lo tanto, de prestaciones comprometidas pero asociadas a un proyecto que presenta gradualidad y que se expresarán en régimen en un lapso de 8 años desde su aprobación. Al 2020 el gasto proyectado es de 126 millones; 494 millones al 2022; 1.335 millones al 2025 y 1.878 millones al 2028 (cifras expresadas en dólares). Esto, finalmente, se traduce en que el impacto o aporte a la clase media, tal como viene definido en el proyecto de pensiones, es solo de un 27% de los nuevos recursos.

Haciendo un análisis del informe financiero tanto de este proyecto como del de reforma previsional, es dable afirmar que falta precisión por parte del Ejecutivo en cuanto a los recursos tanto comprometidos como proyectados, y también cuántos de ellos están efectivamente destinado a la clase media, que alcanza al 70% de la población.

El desafío es pensar no solo en facilitar el acceso a la información, la agilización de los trámites y coordinar lo existente, sino en que lo existente es del todo insuficiente en términos de la dimensión de los problemas que pueden afectar a la clase media.

A título de reflexiones finales, reafirmó lo siguiente:

1.- La Red Clase Media Protegida, tal como está hoy, es solo una plataforma informática que no da cuenta de programas nuevos, mejoras, ni aumento de coberturas. Para ello se requieren avances concretos, que permitan afirmar que es una iniciativa real. Lo que debiera incluir es un aumento progresivo al 80% del tramo del Registro Social de Hogares de las coberturas sociales, si se quiere impactar realmente en la clase media.

2.- La realidad social del Chile actual da cuenta de la limitación de la política social focalizada, que genera desprotección a gran parte de la población.

3.- Se debe avanzar hacia políticas semi universales, desde el marco de los derechos de las personas, como es el caso de la Gratuidad y su extensión al 70%.

4.- La plataforma informativa propuesta en el proyecto Red Clase Media Protegida es insuficiente para los propósitos de este y debe ser complementada con, a lo menos, los siguientes aspectos:

a) La institucionalización que genere los marcos para un rol más activo del Ministerio de Desarrollo Social en la coordinación intersectorial.

b) Los mecanismos institucionales que aseguren el análisis, definición y progresión de las coberturas (Rol de la Secretaría Ejecutiva, a partir del trabajo del Comité Técnico intersectorial).

4) Director del Área de Investigación de la Fundación Chile Movilizado, señor Francisco Medina

El proyecto plantea implementar un sistema de protección social para la clase media. En ese contexto general, cabe preguntarse qué son los sistemas de protección social. Estos pueden definirse como “instrumentos normativos que reconocen los derechos a la seguridad social, el trabajo y la protección de niveles de vida adecuados para las personas y las familias, así como al disfrute del mayor bienestar físico y mental y a la educación” (Instrumentos de protección social, CEPAL 2015).

Para Fundación Chile Movilizado, el sistema de protección “Clase Media Protegida” no sería tal, ya que dentro de los objetivos del proyecto se encuentra establecer una coordinación intersectorial entre los actores, y en ninguna parte del articulado se hace una mención a la necesidad de asegurar o garantizar derechos. En contraste, el sistema de protección social Chile Crece Contigo tiene como misión acompañar, proteger y apoyar. A su vez, el sistema de pensiones tiene por objetivo proveer ingresos de manera de proteger al afiliado. Este proyecto de ley, en cambio, no protege ni asegura, sino más bien coordina. Y si bien ello es valorable desde el punto de vista de la gestión institucional, ello está lejos de ser un sistema de protección social. Ahondando en este punto, enfatizó que nadie podría afirmar que el Sistema de Admisión Escolar, por ejemplo, que se basa en una plataforma a la que los apoderados y los distintos actores de la educación recurren para acceder a la información relacionada a la prestación de este servicio, es un sistema de protección social.

En otro orden, señaló que al elaborar un programa o una política pública es fundamental definir cuál es el problema, a fin de determinar también las causas y los objetivos que guiarán los recursos y los esfuerzos. De otra manera, lo más probable es que nos enfrentemos a problemáticas erróneas, con el despilfarro de recursos que ello conlleva y las falsas expectativas que pueden generarse a los usuarios. Aquí se presenta otra deficiencia del proyecto, y es que no se hace cargo ni de la caracterización ni del diagnóstico del problema que pretende abordar. Tangencialmente, sí se refiere a lo que podría entenderse por clase media, adscribiendo al criterio utilizado por el Banco Mundial, que básicamente es un criterio por ingresos (grupo cuyos ingresos diarios por persona se encuentran entre los US$ 10 y US$ 50 PPP 2005; lo que en Chile corresponde a hogares cuyos ingresos per cápita mensuales se encuentran entre $151.776 y $758.882).

Los siguientes gráficos, elaborados a partir de la CASEN 2017, dan cuenta que el 70% de la población, o incluso un poco más, de acuerdo al criterio del Banco Mundial, pertenece a la clase media:

Del proyecto se desprende que él trata de hacerse cargo de una clase media vulnerable, que corresponde a aquella población que, siendo clase media, frente a la ocurrencia de eventos adversos pasa a situación de pobreza. El proyecto cita recurrentemente un informe de la OCDE, que sostiene que el 28% de la clase media en Chile tiene altas probabilidades de volver a situación de pobreza; y señala que los temas que más preocupan a este segmento de la población son los siguientes: pensiones, empleo y salud. Además, la Encuesta CEP efectuada recientemente mencionó además el endeudamiento de las familias.

Por otro lado, el proyecto no asegura ni garantiza derechos sociales. Lo que hace es agrupar 59 políticas públicas de protección social, 50 de las cuales ya existen y las 9 restantes pretenden ser incorporadas en proyectos que aún no se encuentran aprobados por el Parlamento.

A su juicio, los grandes temas ignorados a la hora de trabajar un sistema de protección social para la clase media, son los siguientes:

1.- Política de regulación a la banca y al sistema financiero. El Estado no está protegiendo a la clase media, la que frente a la ocurrencia de un evento adverso recurre a la banca y, dentro de ella, generalmente a las casas comerciales, que cobran tasas de interés más altas que los bancos. Entonces, el Estado no solo no garantiza derechos a la clase media, sino que además la deja a la suerte del mercado, que recurre a los créditos para solucionar sus problemas de financiamiento.

Según una encuesta del Banco Central de 2017, el 66% de los hogares tiene algún tipo de deuda, tal como lo grafican las siguientes láminas:

En razón de lo anterior, el proyecto de ley podría hacerse cargo del acceso de los sectores de clase media a la Banca.

2.- Pobreza multidimensional. Sobre el punto, planteó la necesidad de dejar de trabajar en políticas públicas con la medición tradicional de pobreza. En la medida que las sociedades van mejorando, los estándares de bienestar a que aspiramos cubrir también van mejorando. Desde 2015 se empezó a trabajar con una medición multidimensional de pobreza, ya no solo desde la perspectiva del ingreso, sino una más amplia, que involucra educación, salud, trabajo y seguridad social, vivienda y entorno, y redes y cohesión social.

Acerca de este punto, enfatizó la importancia de hacer un correcto diagnóstico del problema, ya que el ámbito donde hay más proyectos presentados es la red clase media protegida en salud. Sin embargo, el siguiente gráfico muestra que las brechas más importantes en pobreza están dadas en otras áreas, como trabajo y seguridad social, vivienda y entorno. En definitiva, por ignorar la información el gobierno no se hace cargo del problema.

Por otra parte, en los deciles con ingresos más bajos la pobreza multidimensional es más drástica:

En otro orden, destacó que la hipótesis central del proyecto de ley es que la vulnerabilidad de la clase media se resuelve principalmente mejorando el acceso a la información. Es decir, los problemas están dados no por un débil sistema de protección social, sino porque la gente no accede a la información y, en definitiva, a los programas.

Dada esa hipótesis -bastante discutible-, el mecanismo para abordar la problemática es a través de una plataforma digital. Sin embargo, tal como muestra el siguiente gráfico, el 30-40% de la población ni siquiera tiene acceso a internet. Y, por otra parte, el tener conectividad tampoco se traduce en tener la habilidad o capacidad para llevar a cabo determinados trámites en el sistema.

Finalmente, a título de conclusiones indicó lo siguiente:

1.- El proyecto no es un sistema de protección, sino una propuesta de coordinación intersectorial de diferentes políticas públicas que ya se encuentran en ejecución (84%), y de algunas que están en tramitación legislativa (16%).

2.- No considera entre sus ejes el sobreendeudamiento de la población a la que intenta referirse, ni el control o regulación de la banca y del sistema financiero. Tampoco considera los elementos de la pobreza multidimensional.

3.- El proyecto no establece definiciones elementales para su ejecución, entre ellas “Clase Media”; es decir, no dice a qué segmento de la población está focalizada la política pública.

4.- Finalmente, contempla una plataforma que es confusa y sin certezas hacia la población, ya que no define sus categorías y la ciudadanía no sabe si es población beneficiara o no, ya que no se cuenta con la definición de la población objetivo.

Las exposiciones de los analistas del Centro de Estudios ICAL y de la Fundación Chile Movilizado motivaron el siguiente debate en el seno de la Comisión:

La diputada señora Olivera compartió plenamente los planteamientos de ambos expositores. Agregó que, no obstante valorar la creación de una plataforma para mejorar el acceso a la información de los ciudadanos, el contenido del proyecto no se ve reflejado en su título: “Clase Media Protegida”, ya que en efecto no entrega protección y garantía a este segmento de la población tan olvidado.

En un sentido distinto, el diputado señor Longton sostuvo que el proyecto de ley siempre fue concebido como una plataforma al servicio de los ciudadanos, y no con el objeto de ampliar beneficios o cobertura, ya que eso es materia de otros proyectos de ley que se encuentran en discusión. Sin perjuicio de ello, reconoció que el título del proyecto puede conducir a confusión. Respecto de la presentación del representante de ICAL, rescató la idea de fortalecer el rol de la Secretaría Ejecutiva, en cuanto a incidir en la generación de nuevos beneficios, programas o coberturas. Finalmente, hizo un llamado a no generar más expectativas de las que el propio proyecto se fija.

La diputada señora Mix coincidió con los puntos de visto vertidos por los expositores, haciendo presente que en otras sesiones donde se abordó esta iniciativa legal también hizo cuestión de los aspectos mencionados por los expertos, empezando por la ausencia de una definición de “Clase Media”. Por otra parte, afirmó que el título del proyecto y el discurso político que se ha instalado en torno a él han generado las mayores expectativas en la gente, agregando que lo mejor hubiese sido reconocer desde un principio que se trata de una plataforma para facilitar el acceso de los ciudadanos a la información. En otro orden, criticó que el proyecto impida incorporar nuevos eventos adversos que no cuenten con oferta programática existente. Finalmente, hizo un llamado a avanzar hacia mayores desafíos en materia de protección a la clase media.

El diputado señor Sabag valoró que, en relación a la protección a la salud, este proyecto vaya ligado a otro que crea el beneficio de un seguro contra enfermedades catastróficas, lo que será un aporte fundamental para las personas que sufren un evento adverso de esa naturaleza.

El diputado señor Barrera (Presidente) coincidió con la diputada señora Mix en el sentido que las mayores expectativas fueron generadas por las propias autoridades de gobierno, principalmente por el Presidente de la República en su cuenta pública. Sobre la plataforma, aunque implica un aporte en términos de acceso a la información, reparó en las dificultades de conectividad que existen para muchas personas, como también en la falta de capacidad de otras tantas para enfrentar una plataforma digital como la que el proyecto plantea.

El Secretario Ejecutivo del Centro de Estudios ICAL, señor Claudio Rodríguez, reiteró que a su juicio el proyecto de ley debe ser mejorado y fortalecido, ya que no tiene mucho sentido crear por ley una plataforma que igualmente podría implementarse por una vía distinta a la legislativa.

Por otra parte, subrayó que en términos de recursos en el propio informe financiero se afirma que 1.700 millones de los 4.800 corresponden a la gratuidad en educación, y cerca de 1.000 millones al AUGE. Tratándose de los recursos proyectados, casi el 90% corresponde a la reforma de pensiones. En definitiva, los esfuerzos que se necesitan para desfocalizar las políticas públicas y apoyar realmente a los sectores medios requieren no de una plataforma que concentre el acceso a la información, sino de un contrato social a nivel país y de voluntad política para ampliar las coberturas y los recursos, aspectos de los que este proyecto carece. He ahí un desafío importante para avanzar en una red clase media protegida.

Finalmente, el Director del Área de Investigación de la Fundación Chile Movilizado, señor Francisco Medina, reforzó la importancia de implementar un proyecto de real protección para la clase media. Agregó que, según la Superintendencia de Pensiones, la pensión promedio en Chile al 2017 era de $220.000 aproximadamente. Esto demuestra que la vulnerabilidad de la clase media está dada por cuestiones mucho más frágiles que los eventos adversos que plantea el proyecto. Por lo tanto, hay que avanzar hacia un sistema de protección social, ya que si bien desde el punto de vista de gestión institucional el proyecto de ley “da en el clavo”, no cumple con el objetivo de proteger o asegurar a este segmento de la población.

5) Coordinadora del Programa Social de Libertad y Desarrollo, señora María Paz Arzola

Durante las últimas décadas Chile exhibe una sostenida reducción de la pobreza y una importante movilidad social, que han posibilitado una mejora en las condiciones de vida de la población. Estos logros son consecuencia del buen desempeño económico del país, así como de la responsabilidad del Estado en mantener las condiciones propicias para ello, e impulsar políticas sociales focalizadas para apoyar a quienes se encuentran en situación de pobreza.

El siguiente gráfico muestra como se ha reducido la pobreza, tanto la total como la extrema, considerando la nueva metodología de medición, calculada hacia atrás por el PNUD:

Asimismo, mostró los resultados de un estudio del Banco Mundial referido a la movilidad social experimentada tanto en América Latina como en Chile, a saber:

La sostenida reducción de la pobreza en nuestro país y la elevada movilidad ascendente, sostuvo, han propiciado el crecimiento de la clase media en nuestro país, pasando a ser el grupo mayoritario de la población:

En cuanto a lo que debe entenderse por clase media, expresó que en Chile no tenemos una definición oficial para identificar de manera precisa a quienes pertenecen a este segmento de la población.

Basándose en la metodología de umbrales absolutos utilizada por el Banco Mundial, y considerando la medida de pobreza oficial del país, más la de vulnerabilidad propuesta por la Comisión para la Medición de la Pobreza (2014), Libertad y Desarrollo realizó una propuesta para definir a la clase media y al resto de los niveles socioeconómicos en Chile. A partir de esta, se definió a los hogares de clase media como aquéllos cuyos ingresos totales se ubican entre 1,5 y 6 veces la línea de la pobreza. Para un hogar de 4 personas, esto equivale a un ingreso total mensual de entre $ 625 mil y $ 2,5 millones aprox. (CASEN 2017). A partir de dicha definición, se calcula que la clase media corresponde al 65,4% de la población del país, siendo así el grupo más numeroso.

Por otra parte, dado que la clase media representa a un porcentaje tan importante de la población, puede ser útil estudiar también la heterogeneidad que podría existir al interior de este grupo. En efecto, Libertad y Desarrollo distingue tres subgrupos de acuerdo a sus ingresos:

1.- Clase media baja: quienes se encuentran entre 1,5 y 3 LP (ingreso familiar de $ 625 mil a $ 1,25 millones aprox. para un hogar de 4 personas, en $ 2017).

2.- Clase media: desde 3 a 4,5 LP (de $ 1,25 a $ 1,88 millones).

3.- Clase media alta: desde 4,5 a 6 LP (de $ 1,88 a $ 2,5 millones).

Como muestra el siguiente gráfico, la clase media baja es la más extensa, llegando al 63,1% de los hogares totales de clase media en 2017 (6,2 puntos porcentuales menos que en 2006). Llevándolo al total país, representa el 42,5% del total de los hogares, correspondiendo así al grupo más numeroso de la población.

Si bien la reducción de la pobreza y la elevada movilidad social son buenas noticias para nuestro país, ello también presenta desafíos. Así lo demuestra la siguiente información, extraída de un informe de la OECD de 2018:

Tomando en consideración el último gráfico, que muestra cuál es la probabilidad de que una persona perteneciente a los quintiles intermedios de ingreso pueda retroceder, parece razonable que desde la política pública se pretenda abordar ciertas situaciones de riesgo.

Desde esa perspectiva, resulta importante preguntarse cómo se encuentra la clase media en lo relativo a la pobreza multidimensional:

Analizando las carencias de la clase media en cada una de las dimensiones de pobreza multidimensional señaladas en el gráfico anterior, los resultados alcanzados concluyen lo siguiente:

1.- Educación: El 35,7% de adultos de clase media baja tiene escolaridad menor a la esperada.

En educación, la mayoría de los niños y jóvenes de familias de clase media se encuentran asistiendo a un establecimiento educacional, de manera que no se detectan problemas en ese sentido.

En cambio, un 29% de los hogares pertenecientes a este grupo tiene al menos un integrante mayor de 18 años que no ha alcanzado los años de escolaridad que la ley establece para su generación. Si bien este porcentaje es inferior al que exhiben las familias en situación de pobreza (45,6%) y vulnerabilidad (45,2%), al comparar con las familias de ingresos altos (3,4%), éste es sustancialmente mayor.

Asimismo, esta carencia en escolaridad afecta de manera más pronunciada a los hogares pertenecientes a la denominada clase media baja, donde alcanza un 35,7%.

Tener adultos con una escolaridad insuficiente puede representar una amenaza para estas familias ante una situación económica menos propicia, en tanto se relacione con empleos menos estables y fuentes de ingresos más frágiles.

2.- Trabajo: El 31,5% de los hogares de la clase media presentan carencia en cotización previsional.

En el indicador relativo a la ocupación, un 8,7% de las familias de clase media posee algún integrante mayor de 18 años desocupado (10% la clase media baja), por debajo de los hogares pobres (20,3%) y vulnerables (14,3%), aunque por encima de los hogares de altos ingresos (4%).

Sin embargo, la ocupación no necesariamente asegura protección ante el futuro, pues en el ámbito de la seguridad social, que evalúa si los mayores de 15 años que se encuentran ocupados están cotizando en el sistema previsional, la clase media registra un porcentaje de carencia que sobrepasa al promedio de la población del país: 31,5%, muy cerca del 34,9% de los hogares vulnerables y del 36,3% de los en situación de pobreza. Entre los hogares de altos ingresos, en tanto, el porcentaje de carencia es de 18,2%, cifra considerable también.

Esto indica un riesgo ineludible de ver una caída en el ingreso futuro. Más aún si consideramos que al interior de la clase media la proporción de los no cotizantes que además están en edad próxima a jubilar es comparativamente alta: 44,4% de quienes no cotizan son mujeres mayores de 55 y hombres mayores de 60.

3.- Salud: No se encuentra una carencia en atención, pero sí un posible riesgo de endeudamiento.

En materia de salud, son pocos los hogares que enfrentan carencias de acuerdo a lo reportado por el índice de pobreza multidimensional. En adscripción al sistema de salud, entre las familias de clase media hay tan sólo un 5,8% de hogares carentes, versus 6% en el caso de las familias pobres y 5,5% entre las vulnerables.

Lo que no mide esta dimensión, sin embargo, pero que sí podría representar una amenaza para la clase media, es el costo asociado a hospitalizaciones y tratamiento oportuno de enfermedades de mayor gravedad, que podrían constituir un gasto inesperadamente alto.

Según la misma CASEN 2017, un 50,5% de las personas pertenecientes a la clase media que estuvieron hospitalizadas o se realizaron una intervención quirúrgica, realizaron algún pago por ello.

Entre quienes se atendieron en un hospital o clínica privada (26,5% del total), la proporción que realizó algún pago es más alta (85,9%), así como también la de quienes debieron pagar la totalidad de éste (16,5%).

El tener que pagar no es en sí un problema, pero podría inducir a un endeudamiento excesivo que desestabilice el presupuesto familiar. Es un área que requiere mayor análisis.

4.- Vivienda: El 13% de los hogares de clase media posee vivienda en mal estado.

En este ámbito, la clase media se encuentra mejor que el promedio del país. No obstante, en el indicador de habitabilidad de la vivienda, exhibe una carencia considerablemente superior a la de las familias de altos ingresos, que se explica por lo relativo al estado de la vivienda, que mide precariedad o la presencia de muros, techos o suelos en mal estado de conservación.

En este indicador, la clase media presenta un 13% de carencia (15,7% la clase media baja), por debajo de los hogares pobres (25%) y vulnerables (21,2), pero muy por sobre los de altos ingresos (2,5%).

En este contexto, también se visualiza un posible riesgo para la clase media, pues el mal estado de la vivienda puede llevar a gastos elevados ineludibles que desestabilicen el presupuesto normal de un hogar perteneciente a este grupo.

5.- Redes: El 12,6% de la clase media enfrenta inseguridad en su barrio.

En esta dimensión, que incluye indicadores relativos al trato igualitario, apoyo y participación social y de seguridad en el entorno próximo a la vivienda, es en este último donde los hogares de clase media exhiben una carencia más significativa.

Así, un 12,6% de los hogares de este nivel socioeconómico señala vivir o presenciar con normalidad situaciones de tráfico de drogas y/o balaceras o disparos en su barrio (13,6% la clase media baja versus 7,9% la alta), lo que la ubica muy cerca de los hogares pobres (13,8%) y vulnerables (13,6%), y bastante por encima de los hogares de altos ingresos (5,1%).

Si bien este indicador no da cuenta de un problema que aqueje exclusivamente a las familias de clase media, entrega información sobre el grado de intranquilidad con que vive la población, y que puede afectar su nivel de bienestar.

En otro orden de ideas, se refirió a un Informe de la OECD que analiza los riesgos a que está expuesta la población, por país, y que en el caso de Chile concluyó que en el corto plazo los principales riesgos percibidos por los chilenos son no poder cubrir los gastos diarios (53,2%) -especialmente en hogares más pobres- y enfermarse (51,9%). Asimismo, existe preocupación por perder el empleo (43,6%) -47,6% entre personas de ingresos medios- y por la inseguridad ante el crimen (40,8%). El acceso a la educación o al cuidado de los niños es la preocupación menos mencionada (11,2%).

Por otra parte, en el largo plazo, y en línea con lo que ocurre en el resto de los países, los principales riesgos percibidos por los chilenos tienen que ver con las pensiones para su vejez (75,4%). Asimismo, existe preocupación por la vivienda (53%) -especialmente entre los más jóvenes- y la situación económica futura de los hijos (52,2%).

Las conclusiones de los datos analizados, a la luz del proyecto en discusión, son las siguientes:

1.- La reducción de la pobreza y movilidad social han llevado a que hoy la clase media sea el grupo mayoritario en el país. Considerando que dentro de esta el grupo predominante es la clase media baja y que existe el riesgo de volver a retroceder, parece adecuado buscar fortalecer una oferta programática dirigida a este grupo.

Es importante que dicha oferta se aboque a mitigar los riesgos que enfrenta la clase media y extienda sus posibilidades de elección, fortaleciendo su capacidad generadora de ingresos y, con ello, su autonomía.

2.- Según los indicadores de pobreza multidimensional, los riesgos que enfrenta la clase media provienen, por un lado, de la inestabilidad en sus ingresos producto de baja escolaridad, shocks laborales e informalidad; y, por el otro, de la ocurrencia de gastos imprevistos en ámbitos como la salud y la vivienda.

Ello da cuenta de la necesidad de promover un escenario económico favorable que permita sostener y mejorar las oportunidades laborales para la clase media, así como las posibilidades de capacitación y reconversión laboral para adultos de baja escolaridad.

En el caso de la falta de ahorros para la jubilación, además de lo anterior, urge avanzar hoy mismo en los cambios al sistema de pensiones.

3.- En cuanto al Plan Clase Media Protegida, parece ser un buen complemento a lo anterior, fortaleciendo la oferta pública para apoyar a este grupo y facilitando el acceso a ella.

El Plan podría ayudar a mejorar la respuesta ante la ocurrencia de eventos desafortunados y gastos imprevistos, minimizando sus daños y evitando que se transformen en crisis para las familias.

Es clave mejorar la entrega de información y orientación a la población, así como reducir la burocracia.

6) Director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, señor Ignacio Irarrázabal

El invitado se refirió a los siguientes temas:

1.- Sobre el concepto de clase media.

Al respecto, realzó un estudio del Banco Mundial que da cuenta del incremento en los últimos años de la clase media en Chile, así como en el resto de América Latina, entendiendo por tal a personas que cuentan con un ingreso entre 10 y 50 dólares al día:

De acuerdo al mismo estudio, Chile aparece como uno de los países con una mayor clase media y donde existe mayor movilidad, como muestran los siguientes gráficos:

Hay un sinnúmero de aproximaciones para definir a la clase media (en términos de probabilidades, tramos de ingreso, etc.), no existiendo una definición única:

En cuanto a la naturaleza y objetivo del Mensaje, aseveró que los proyectos (futuras leyes) que instauran Sistemas cuentan con definiciones más amplias del espectro de beneficiarios, en contraposición a los proyectos (futuras leyes) que definen prestaciones o beneficios. Por ejemplo, las leyes N°18.788 (Subsidio de Agua Potable), N°19.873 (Subsidio Pro Retención) y N°20.743 (Aporte Familiar permanente de marzo), que establecen beneficios o prestaciones concretas, señalan muy precisamente al grupo de beneficiarios, versus las leyes N°19.949 (Sistema de Protección Social Chile Solidario), N°20.379 (Subsistema Protección Integral a la infancia, Chile Crece Contigo) y N°20.595 (Ingreso Ético Familiar y Subsistema Seguridades y Oportunidades), que están destinadas en general a la población en “extrema pobreza”, “más vulnerable económicamente”, etc.

Desde ese punto de vista, este proyecto de ley estaría apuntado a crear un Sistema con el objeto de proteger a la clase media, encuadrándose más bien en aquellos tipos de proyectos o leyes que instauran sistemas, que en aquellos que establecen prestaciones concretas o una transferencia en particular.

Cerrando este punto, dijo que elaborar una definición de clase media es complejo, porque hay una aproximación objetiva y subjetiva; y otra relativa y absoluta. Por otra parte, los estratos medios son estructuralmente heterogéneos, y el ciclo económico impacta el tamaño de la clase media. Por lo tanto, establecer parámetros fijos para un Sistema como el que se está discutiendo, inevitablemente puede dejar gente fuera.

2.- Gestión intersectorial y programas sociales.

Acerca de este punto, hizo referencia a un estudio de la OECD, del año 2015, denominado “Integrando Servicios Sociales”, que destaca que es muy relevante hacer frente a los múltiples problemas al mismo tiempo; reducir los costos de duplicación y atención; la cooperación y colaboración entre agentes e instituciones intersectoriales (traspaso de información y data); que la integración esté pensada desde la administración; que se entre al servicio social mediante un asistente social o un “Servicio de Manejo del Caso”; y que exista un sistema integrado de intercambio de información y capacidad de compra.

Sin embargo, esto tiene complejidades y beneficios: los resultados a largo plazo; un mal diagnostico afectará a todo el sistema; la importancia de tener un sistema de información adecuado; resultados favorables en los beneficiarios; cultura colaborativa y mejor comprensión de las diversas áreas; mejor comunicación con la comunidad; inversión es preventiva, no correctiva.

El expositor comentó también otro estudio referido a la experiencia canadiense (Gestión integrada en la entrega de servicios. Lecciones de Canadá), y uno del Banco Interamericano del Desarrollo (Simplificando vidas), donde se enfatiza que lo relevante es tener un foco en el ciudadano; una sola “ventanilla” de relacionamiento; coordinación y cooperación (Colaboración: Misión común); integrar la información del ciudadano; calidad de atención; resolutividad; y centrarse en resultados.

En otro orden de ideas, se refirió al esquema del Sistema Chile Solidario (ley N°19.949, de 2004), el que, al igual que este proyecto de ley, consideró prestaciones pre-existentes (como el subsidio único familiar, el subsidio agua potable y la subvención pro-retención); convenios con otros órganos del Estado; acceso preferente; una Secretaría Ejecutiva (Coordinación, articulación y mecanismos a nivel reglamentario); y un registro de información social.

En efecto, el proyecto de ley Clase Media Protegida considera una naturaleza; objetivos: coordinación, información, simplificación de acceso; una Secretaría Ejecutiva; un Comité Técnico Intersectorial; acceso a información y confidencialidad; una red de atención a usuarios; y prestaciones pre-existentes (y otras en proyectos de ley en trámite legislativo).

3.- Desafíos.

a) Apelando nuevamente al estudio “Integrando Servicios Sociales”, de la OECD, señaló que si bien el proyecto de ley habla de una mirada intersectorial, falta a su juicio la integración vertical. Los gobiernos regionales o municipales deben tener un rol en esta materia.

b) Por otra parte, también es importante resguardar a la clase media, caracterizada por su movilidad social y económica. Dentro de los programas que se encuentran paralelamente en tramitación, hay varios aspectos que apuntan en este sentido, como por ejemplo capacitación y mejora SENCE; mejora al seguro de cesantía; subsidio de vivienda a la clase media; y financiamiento solidario para estudiantes de educación superior. Sin embargo, falta potenciar otras iniciativas relacionadas con los siguientes aspectos:

- Fomento Productivo: Escritorio empresas, Pesca Artesanal, CORFO: Programa fomento asociativo microempresa, Programa de desarrollo de proveedores, INDAP, CONAF. En este punto, afirmó que la microempresa, el emprendimiento y el sistema crediticio son un vehículo de movilidad social, y por lo tanto son dimensiones que debieran considerarse en la red clase media.

- SERNAC y superintendencias. Se trata de instituciones muy importantes para la clase media, por los abusos a que ha estado expuesta.

- Satisfacción de usuarios en los servicios públicos.

7) Investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP), señor Slaven Razmilic

Coincidió con los expositores anteriores en que no hay un consenso sobre qué debe entenderse por clase media, ya que hay múltiples definiciones.

Lo que caracteriza a la clase media, más que ser un grupo que se ubique entre dos percentiles de ingreso, son los siguientes rasgos:

1.- Se trata de un segmento amplio, de alta heterogeneidad, con realidades que coexisten. No se puede hablar de una clase media global y homogénea, sino más bien de ciertas características que la representan (mensaje del proyecto de ley).

2.- “Son un grupo que se identifica mayoritariamente con sus propios logros y cree profundamente en la meritocracia como un mecanismo de distinción individual cuyo soporte es el esfuerzo personal” (mensaje del proyecto de ley, citando a Torche, 2004).

3.- “Las familias pertenecientes a clase media tienen una percepción de estar desprotegidos respecto de la acción del Estado y es justamente este aislamiento lo que los empodera como un grupo centrado en sus propios méritos” (Azun Candina, 2013).

En otro orden de ideas, se refirió al alto riesgo de retroceso de la clase media de que da cuenta un estudio de la OECD, concluyéndose que existe un grado relativamente alto de vulnerabilidad frente a shocks adversos; y que si bien el hecho de que exista variabilidad en los ingresos no necesariamente es negativo (pues los cambios ocurren en las dos direcciones), el problema se presenta cuando los eventos adversos se traducen en desprotección. De ahí la importancia de generar una red de protección para aquellos que sufren las consecuencias de estos eventos:

Según un estudio elaborado por el CEP el año pasado, denominado “Modernización: sus otras caras”, que indagó sobre las principales preocupaciones de los chilenos, destacando la lógica de desprotección y vulnerabilidad frente a eventos adversos, marcado por el desconocimiento, la desinformación y la incertidumbre, pueden extraerse las siguientes conclusiones:

El mismo estudio mostró las preocupaciones de los chilenos, divididas por grupo socio-económico, concluyendo que las preocupaciones no difieren mayormente por nivel socioeconómico. El grado de preocupación en cada ámbito tampoco difiere, y si bien el riesgo efectivo podría variar entre grupos, la percepción de riesgo es similar:

Hecho este diagnóstico, cabe preguntarse de qué manera el Estado es capaz de hacerse cargo de la sensación de incertidumbre que tienen las familias, teniendo en cuenta que la confianza en las instituciones está en permanente declinación, y que las instituciones políticas se hallan entre las más afectadas:

La satisfacción con los servicios del Estado y con las empresas reguladas tiende a ser más baja, según lo revela el siguiente cuadro

La experiencia personal está directamente mediada por la relación con los funcionarios y las plataformas de información. La atención al usuario es clave siempre, pero en particular frente a escenarios adversos (angustia, incertidumbre). La coordinación y el ágil flujo de información entre entidades y hacia las personas son indispensables.

Por otra parte, un estudio del PNUD de 2017 concluyó que los servicios y funcionarios públicos están entre quienes más se identifican malos tratos, y que el mal trato (o la percepción de mal trato) muchas veces responde a falta de coordinación y desinformación:

En 2017 el CEP elaboró un informe con una serie de recomendaciones en materia de modernización del Estado, en paralelo con estudios encargados a expertos chilenos y de Nueva Zelanda y Australia. Tratándose de los dos países mencionados, el mérito es que han sido capaces de coordinarse y funcionar con objetivos y miradas integrales, en atención a que se está frente a problemas multidimensionales.

Sobre el punto, afirmó que el flujo de información en nuestra actual organización estatal (24 ministerios, cada uno con sus subsecretarías, divisiones y departamentos), ciertamente no es fácil. Si no se generan inercias de coordinación, los esfuerzos que puedan hacerse en ese sentido terminan no resultando, más aún en un sistema donde los ministerios y servicios públicos sólo ejecutan lo que la ley les mandata hacer. Por lo tanto, es necesario generar estas instancias de coordinación por ley.

En ese sentido, una de las grandes críticas al proyecto de ley “Clase Media Protegida” es que no crea nuevos beneficios ni define población objetiva. Sin embargo, a su juicio, no necesariamente debiera hacerlo. Esta es una reforma administrativa, de modernización del Estado, y no tanto de política social, pero no por ello menos significativa.

En ese entendido, los objetivos del proyecto de ley parecen modestos, pero no lo son tanto, considerando que el mensaje del proyecto es coherente con su articulado. Estos objetivos, dada la forma que tiene el Estado de funcionar, son muy pertinentes y necesarios:

1.- Coordinar intersectorialmente la oferta programática existente asociada a los eventos adversos.

2.- Entregar información y orientación clara, oportuna y personalizada de la oferta programática existente, mediante la Red de Atención a Usuarios.

3.- Simplificar el acceso a la oferta programática del Estado, mediante la integración de trámites asociados a los respectivos beneficios y el seguimiento de casos.

Por otra parte, el proyecto de ley también genera nuevas instancias de coordinación (artículos 5, 6 y 7), las que deben establecerse por esta vía, para efectos de integrar la información y en razón de los criterios de confidencialidad de las sanciones. Las referidas instancias son:

1.- Secretaría Ejecutiva del Sistema, radicada en la Subsecretaría de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

2.- Comité Técnico Intersectorial compuesto por una contraparte técnica de cada uno de los organismos participantes, y que será coordinado por la Secretaría Ejecutiva.

3.- El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que podrá celebrar convenios para el funcionamiento del Sistema y para efectuar solicitudes de información y/o tratamiento datos.

Finalmente, y a modo de conclusión, enfatizó lo siguiente:

1.- Los objetivos del proyecto de ley son coordinar, informar y simplificar. No es más (ni menos) que eso.

2.- El proyecto de ley no resuelve todos los problemas, pero avanza en la dirección correcta.

3.- No es garantía de éxito ni contempla nuevas coberturas, pero apunta a hacer un uso mucho más eficiente y efectivo tanto de la oferta ya disponible como de la que actualmente se discute.

Las presentaciones de los analistas del Instituto Libertad y Desarrollo, de la Universidad Católica y del Centro de Estudios Públicos motivaron el siguiente intercambio de opiniones y consultas.

La diputada señora Troncoso consultó al representante del CEP su opinión respecto del proceso de modernización del Estado.

La diputada señora Olivera admitió que es complejo definir a la clase media y manifestó su preocupación por la gran cantidad de personas que todavía se mantienen en situación de vulnerabilidad. Por otra parte, dijo comprender las razones por las cuales se requiere de una ley para avanzar en materia de coordinación institucional.

El diputado señor Longton expresó que si bien la discusión sobre qué se entiende por clase media puede ser importante para efectos de visibilizar a quienes beneficia esta iniciativa, la viabilidad de la plataforma, etc., no necesariamente nutre el contenido del proyecto. Recordó que cuando se aprobó la reforma al Ministerio de Desarrollo Social y Familia se estableció el concepto de riesgo de vulnerabilidad, lo que resulta clave a la hora de determinar bajo qué criterios o qué márgenes debe ser comprendida la clase media.

Agregó que sería positivo que la Secretaría Ejecutiva que crea el proyecto tuviese mayores atribuciones que las que actualmente se consideran, entregándole mayor injerencia, por ejemplo, en la determinación de los nuevos beneficios que podrían incorporarse para la clase media y las políticas públicas a implementar en esta materia; consultando a los expositores sobre el punto, y también acerca de otras funciones que podrían encomendársele al Comité Técnico Intersectorial.

Finalmente, indicó que en el Senado se encuentra en discusión una reforma a la ley de protección de datos personales (ley N°19.628), preguntándose si este proyecto se hará cargo de las modificaciones que en ese contexto se aprueben.

El diputado señor Velásquez (Esteban) solicitó una precisión a la analista de Libertad y Desarrollo sobre la idea de que “en el ejercicio de la libertad, así como está la posibilidad de mejorar, está también el riesgo de retroceder”. Además, recabó una explicación más detallada de los representantes del CEP y del Centro de Políticas Públicas de la UC en cuanto a regionalizar la propuesta que plantea el proyecto de ley y dotar de un sello regional a ciertas medidas que este contempla, en el contexto de un Estado centralista como el nuestro. A su juicio, de no materializarse cambios en este sentido, el sentimiento de frustración en la población va a ser aún más grande, pues ya existe esa sensación de abandono por parte del Estado y de que todo lo logrado por la clase media obedece a su propio mérito, generándose una actitud de desapego hacia la institucionalidad.

La diputada señora Amar hizo presente que la coordinación intersectorial es un objetivo complejo. En otro ámbito, consultó al representante del Centro de Políticas Públicas de la UC por su propuesta para materializar en este proyecto de ley la integración vertical (injerencia de gobiernos regionales y locales en materia de coordinación intersectorial).

El diputado señor Barrera (Presidente) consultó a la representante de Libertad y Desarrollo si con la plataforma informática que plantea el proyecto se fortalece realmente la oferta programática a la clase media o si, por el contrario, no sería mejor ampliar la cobertura de los beneficios asignados a este segmento de la población. Por otro lado, consultó a los otros expositores en la misma línea planteada por el diputado señor Longton, en cuanto a si la Secretaría Ejecutiva debiese contar con atribuciones más robustas.

Finalmente, la diputada señora Pérez (Joanna) afirmó que sería interesante saber cómo “conversa” este proyecto de ley con el tramitado recientemente en la Comision de Gobierno Interior, que modifica la ley que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos en materia de documentos electrónicos (Boletín N°11.882-06), y que promueve la transformación digital del Estado. Agregó que cabe la preocupación por que no se dupliquen recursos y esfuerzos institucionales en materia de coordinación y acceso a la información.

Respondiendo a las interrogantes anteriores, el Director del Centro de Políticas Públicas UC, señor Ignacio Irarrázabal, opinó que posicionar la preocupación por la clase media es un tema político. Si bien es necesaria la plataforma y la Secretaría Ejecutiva que propone el proyecto, así como la modernización en materia de gestión institucional que ello implica, lo más relevante es la señal política que se entrega a una clase media emergente en el país. Agregó que, al igual que Chile Solidario y otros Sistemas, con el tiempo se van a ir agregando prestaciones sociales, pero más allá de eso lo que subyace es la preocupación de trabajar por la clase media, para que este segmento adhiera al Estado y a la sociedad, junto con reducirse su sensación de desprotección y la consecuente desafectación hacia el Estado que ello conlleva.

Respecto de la Secretaría Ejecutiva, se manifestó conforme con sus atribuciones, sin perjuicio de que sería positiva la facultad de proponer iniciativas. Con todo, ello siempre ocurre al ejecutarse los programas correspondientes. Es decir, esté o no contemplado en la ley, siempre se genera el espacio para hacer presentes las falencias del sistema y sugerir propuestas de mejora.

Sobre la “bajada territorial” que podría tener este proyecto, admitió no contar con una respuesta estructurada al respecto. Afirmó que si bien los avances tecnológicos son importantes, se requiere de “una cara”, ya que es muy probable que la expresión “clase media” tenga diferenciaciones regionales y los problemas que afecten a este segmento de la población sean distintos según la región de que se trate, o se presenten en una distinta magnitud. Agregó que en el contexto de la experiencia del Chile Crece Contigo se crearon plataformas de conversación a nivel municipal, que obligó a la sociedad civil, al Estado y a las municipalidades a reunirse a nivel local en torno a la infancia. Entonces, se puede intentar una bajada territorial para el Comité Técnico Intersectorial o para la Secretaría Ejecutiva que plantea el proyecto, de manera que tengan una representación regional y puedan dar cuenta de las principales preocupaciones de la clase media en cada territorio.

En cuanto a los beneficios que plantea el proyecto, indicó que el informe financiero recoge programas que ya existen, pero también 9 iniciativas nuevas. Hay restricciones presupuestarias, pero evidentemente se irán sumando más beneficios en el tiempo.

Finalmente, sobre la consulta de la diputada señora Pérez, estimó que no se produciría una duplicidad de gasto en virtud de la aplicación de este proyecto y de la iniciativa por ella mencionada.

El investigador del Centro de Estudios Públicos, CEP, señor Slaven Razmilic, opinó respecto de la eventual bajada territorial que podría tener este proyecto que la coordinación en los gobiernos regionales es mucho mayor que en Santiago. Incluso muchas veces las seremías funcionan dentro del edificio del gobierno regional. Esto hace muy probable que tanto la Secretaría Ejecutiva como el Comité Intersectorial a que se refiere el proyecto terminen replicándose a nivel de gobiernos regionales.

Agregó, respondiendo a una pregunta del diputado señor Longton, que la discusión en el Senado respecto de la ley de datos personales formaliza, clarifica y resguarda una serie de aspectos que hoy se encuentran en una nebulosa, y pasará a ser más restrictiva de lo que es hoy en día. Por lo tanto, con mayor razón se requiere de una vía legal para efectos de la interacción de la información. En razón de lo anterior, a su juicio ambos proyectos se encuentran bien alineados.

Respecto del proyecto de ley de transformación digital y su relación con este, su impresión es que ambos conversan de buena manera, generando un gran salto en materia de modernización del Estado.

Concluyó señalando que en el ámbito de la modernización del Estado siempre se piensa que el avance es lento. Sin embargo, se ha avanzado bastante en los temas digitales. Las mayores dificultades que se plantean dicen relación con la poca flexibilidad que tiene la administración pública para hacerse cargo de los problemas, ya que se trata de ministerios y de una estructura administrativa diseñada para resolver problemáticas de hace 100 años. De ahí la importancia de materializar estos cambios por ley.

Por último, la Coordinadora del Programa Social de Libertad y Desarrollo, señora María Paz Arzola, respondió la consulta del diputado señor Barrera señalando que, para que un programa social tenga éxito, la estructura que subyace a él debe estar bien diseñada y ejecutada. Es decir, deben funcionar bien todos los eslabones de la cadena. Desde esa perspectiva, este proyecto de ley sería la base de una coordinación inicial que no asegura el éxito de la prestación final, pero es un requisito mínimo sobre el cual es necesario construir la oferta programática dirigida a la clase media.

Respecto de la consulta del diputado señor Velásquez, afirmó que desde la política pública no es posible eliminar los riesgos a que están expuestos las personas, porque ello implicaría limitar su capacidad de progresar de forma autónoma. Por ende, lo que busca la iniciativa legal es generar una cobertura para el caso de que sea la probabilidad del evento negativo la que prevalezca. En su opinión, este tipo de seguros o apoyos son los que entregan a las personas una mayor tranquilidad para seguir progresando.

8) Representante en Chile del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), señora Yolanda Martínez

Explicó, en primer lugar, que el BID forma parte del Sistema Interamericano, erigiéndose como el sistema de financiamiento multilateral más importante en la región, cuya misión es mejorar la vida de las personas.

Chile está entre los países mejor evaluados de América Latina y el Caribe (en adelante, ALC) en términos de ingreso. Sin embargo, el mayor reto que subsiste, es en materia de Productividad:

Agregó que, según estadísticas del año 2000 al 2017, Chile ha sido bastante exitoso en cuanto a la reducción de la pobreza y la consolidación de la clase media:

En 2016, del 24% de los hogares considerados pobres (según el sistema de medición del BID) a nivel de ALC, en Chile la estadística era solo del 8%. Tratándose de la clase media, a nivel de ALC este grupo alcanzaba el 37%, mientras que en Chile el 48%:

La tendencia para 2020 en ALC, es que aspira a ser una sociedad de clase media:

Sin embargo, hay riesgos importantes que amenazan la consolidación de estos avances:

1.- Se anticipa una dinámica de crecimiento económico global menos favorable (variable externa, condicionada por los comportamientos de Estados Unidos y China).

2.- La mayor parte de la población de ingresos medios está en situación de emergente (vulnerabilidad de caer en algún tipo de riesgo).

Respecto de este factor, destacó que del 87% de chilenos que pertenecen a la clase media, 38 puntos pertenece a la clase media emergente, la que se caracteriza por:

- 82% de la población económicamente activa tiene como máximo un grado de secundaria.

- 10% está desempleada.

- 43% de los ocupados tiene un empleo temporal o trabaja sin contrato.

- 40% está en la informalidad y, por lo tanto, no cotiza para seguridad social.

Para estos efectos, precisó que la clase media emergente incluye a los individuos cuyos hogares tienen ingresos entre US$5 y US$12,4 por día; y la clase media consolidada incluye a aquellos que cuentan con ingresos de entre US$12,4 y US$62 por día (Fuente: Elaboración propia con base en encuesta CASEN de 2015).

En relación con los rasgos predominantes en los hogares de clase media de ALC en comparación con otros grupos de ingresos, destacó lo siguiente:

En otro orden de ideas, se refirió a las oportunidades para las políticas pro clase media, destacando los siguientes retos, soluciones y eventos políticos en la materia:

1.- Retos:

-Responder a expectativas y necesidades de una creciente clase media emergente.

-Brindar protección social en un contexto macroeconómico de desaceleración.

2.- Soluciones:

- Fortalecer la inversión en capital humano.

- Ampliar la red de protección social.

- Avanzar en aseguramiento frente a riesgos.

- Mejorar la calidad de los servicios públicos.

- Hacer accesibles los servicios con mejor uso de la tecnología.

3.- Eventos políticos:

- Clase media con mayor protagonismo en la demanda ciudadana con reformas sociales.

- Prioridad en la agenda del Ejecutivo por impulsar políticas pro clase media.

El BID distingue 4 grupos de política pública orientados a consolidar la clase media:

1.- Afianzamiento de las políticas redistributivas y de equidad.

2.- Políticas para la creación de empleos de calidad.

3.- Políticas de protección en la vejez, incluyendo los cuidados de larga duración.

4.- Políticas de accesibilidad a los servicios con mejor uso de la tecnología.

En relación con el primer grupo de políticas, graficó cómo el factor “desigualdad” afecta en el ingreso y tamaño de la clase media (considerando a Uruguay como el país más igualitario de la región):

Respecto de las políticas para la creación de empleos de calidad (segundo grupo), señaló lo siguiente:

En materia de protección a la vejez (tercer grupo de políticas), enfatizó que debe tomarse en consideración las bajas tasas de reemplazo, las enfermedades crónicas que se producen en esta etapa de la vida y el aprovechamiento de las tecnologías:

En cuanto al cuarto grupo de políticas, esto es, accesibilidad a los servicios con mejor uso de la tecnología, destacó que Chile es uno de los países de la región que tiene una mayor cobertura en materia de acceso a internet, una posición bastante sólida en el índice de gobierno electrónico y una población que, en general, hoy ya usa internet para adquirir información de los organismos del Estado, buscar empleos o cursos, o para comercio electrónico (45,3%). De ahí la relevancia de la plataforma que se discute en este proyecto.

Añadió que el BID lanzó el año pasado una publicación muy importante, titulada “El fin del trámite eterno”, con datos que pueden aportar a esta discusión. Dicho estudio constató que los trámites presenciales en ALC son lentos, muy vulnerables a la corrupción y caros. La tramitación digital, en cambio, es más rápida (74% en promedio); más barata de prestar (cuesta entre el 1,5% y el 5% de los trámites presenciales); menos vulnerables a la corrupción; y, lo más importante, democratiza el acceso.

Finalmente, indicó que a nivel internacional los principios generales del diseño de un servicio digital son los siguientes: fácil uso para el usuario; predictivo; seguridad y privacidad por diseño; estándares abiertos; métodos ágiles; gobierno como plataforma; accesibilidad; diseño consistente y receptivo; actualización participativa del proceso; mediciones de uso y rendimiento; y fomento del uso.

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Concluida la presentación de la representante del BID, se generó el siguiente intercambio de preguntas y respuestas en el seno de la Comisión:

El diputado señor Naranjo consultó a la invitada si conoce experiencia comparada de países que hayan impulsado proyectos de ley similares al que se encuentra en tramitación.

La representante en Chile del BID señaló que en la publicación aludida en su presentación (“El fin del trámite eterno”) se individualizan varias iniciativas de la región, principalmente del proceso de diseño de servicios digitales. Agregó que la manera en que funcionan las diversas instancias en los países de la región es muy variada. Sin embargo, lo más importante es la definición de estándares y la flexibilidad del diseño de la plataforma en razón de los nuevos requerimientos que se vayan generando. La plataforma debe ser lo suficientemente flexible, en la medida que se vayan identificando los nuevos servicios que deben ponerse a disposición de este segmento de la población. Hoy todos los Estados tienen mucha información del ciudadano, por lo que los servicios debieran ser predictivos, pasando de ser una vitrina a tener un rol más proactivo, identificando en el ciclo de vida de las personas cuándo éstas pueden encontrarse en un estado de vulnerabilidad y ofrecerles alternativas para afrontarla.

La diputada señora Mix consultó si los ejemplos que conoce de sistemas parecidos implementados en los países de la región están centrados sólo en la clase media o en la población en general.

La señora Martínez sostuvo que ello varía de país en país. Respecto del caso chileno, calificó “de vanguardia” e innovador que el proyecto identifique qué tipo de servicios puede formar parte de un conjunto de prestaciones para el segmento de la clase media.

En una segunda intervención, el diputado señor Naranjo reflexionó que este proyecto, tal como su nombre lo indica, debiese orientarse a proteger a la clase media. Sin embargo, más allá de la plataforma que se consagra, no se vislumbran instrumentos que incidan en los principales riesgos de vulnerabilidad comentados en su presentación, tendientes a eliminarlos o aminorarlos (por ejemplo, la mala distribución del ingreso).

La diputada señora Olivera consultó a la invitada su opinión respecto del proyecto de ley, y particularmente, de la plataforma que éste crea.

La representante del BID sostuvo que el proceso deliberativo de la política pública es muy distinto en cada país, y el alcance de lo que se quiere legislar es una decisión interna, ya que una cosa es la plataforma o vitrina, y otra distinta son los programas, servicios o trámites a que se accede. El BID proporciona para ese proceso deliberativo información, insumo técnico y evidencia sobre las mejores prácticas en materia de diseño de servicios digitales; y sobre las características del segmento de la población que se pretende beneficiar a través de los trámites o servicios que formen parte de la plataforma. Pero la decisión de cada país es interna y autónoma, y el BID no puede emitir una opinión específica al respecto.

Sin embargo, lo importante en el proceso de creación de política pública es comprender que el contexto varía, que lo que hoy puede ser una característica de la población objetivo del programa, mañana puede ser otra. Por eso, lo fundamental es que haya una buena gobernanza y buenos estándares, ya que siempre habrá nuevos servicios, y eso la política pública debe preverlo.

El diputado señor Naranjo solicitó precisar qué entiende el BID por clase media.

La diputada señora Del Real opinó que, si bien se ha discutido mucho sobre el título del proyecto, para muchos ambicioso, es positivo que exista una plataforma que acerque a la clase media a la información sobre los beneficios a que puede acceder, ya que este segmento de la población, a diferencia de los más vulnerables, raramente recurre al municipio para la solución de sus problemas y la mayoría de las veces piensa que no tiene derecho a acceder a prestaciones sociales.

Por otra parte, consultó a la invitada por las medidas de difusión que se han implementado en otros países para que las personas conozcan esta plataforma y; en segundo lugar, para avanzar en educación tecnológica o alfabetización digital.

La diputada señora Mix opinó que el proyecto de ley no significa una verdadera protección a la clase media y sólo mejora el acceso a la información. Tampoco queda claro qué se entiende por clase media, enfatizando la delgada línea que existe entre este segmento de la población y el sector más vulnerable. Desde esa perspectiva, se trata a su juicio de un mal proyecto, que no cumple con la expectativa que genera.

La representante del BID apuntó que existen varias definiciones de clase media en la literatura, pero de acuerdo a la metodología del BID se distingue entre dos grupos poblacionales de clase media, en base al ingreso como indicador. La clase media emergente incluye a los individuos cuyos hogares tienen ingresos entre US$5 y US$12,4 por día; y la clase media consolidada incluye a aquellos que cuentan con ingresos de entre US$12,4 y US$62 por día.

Reiteró que las definiciones de clase media son variadas, pero lo importante es que la definición por la que se opte en el proceso deliberativo y de creación de política pública de un determinado país sea consistente.

Respecto de la consulta de la diputada Del Real, destacó la importancia de la estandarización, esto es, que la información pueda estar siempre disponible, no importa el canal. También relevó, además del diseño para el usuario, la capacitación a todos los facilitadores encargados de brindar orientación sobre el servicio; y las campañas de comunicación tanto en medios digitales como no digitales.

Finalmente, respecto de la reflexión de la diputada señora Mix, reiteró que el alcance que se quiera dar al proyecto obedece a una deliberación interna. Una cosa es la plataforma digital como medio de acceso a un catálogo de servicios; y otra es estar conscientes que las dinámicas cambian, y siempre habrá nuevos servicios. Por ende, lo más relevante es que exista un buen modelo de gobernanza, que es lo que permitirá crear o sumar un servicio, dar de baja otro, etc., a fin de brindar una adecuación y una actualización constante del catálogo de servicios disponibles a la población a la que se quiera atender, de acuerdo a la prioridades existentes en un momento determinado.

9) Representante Residente a.i. del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), señora Marcela Ríos

El PNUD constituye una agencia del sistema de Naciones Unidas con presencia en más de 180 países. De acuerdo a su mandato, les corresponde trabajar permanentemente no solo en el diagnóstico, sino que también en el acompañamiento a los distintos países en el diseño e implementación de sus políticas públicas para avanzar hacia el desarrollo.

Desde una perspectiva más global, a partir de lo que la Asamblea General aprobó en 2015, Naciones Unidas se ha impuesto el desafío de empujar la agenda de desarrollo sostenible y los objetivos que ésta comprende. Chile acaba de presentar su segundo informe voluntario ante Naciones Unidas, el que da cuenta de cómo va avanzando el país en un conjunto de indicadores, tales como la erradicación de la pobreza, la desigualdad, el acceso a la salud, la educación, la igualdad de género, etc.

El marco de la agenda 2030 implica: a) Abordarla desde un enfoque multidimensional; b) Basarse en el lema de “no dejar a nadie atrás”, con el consecuente desafío de que los promedios que se manejan en cuanto al desarrollo no oculten desigualdades profundas, por lo que es relevante poner acento en la heterogeneidad de los ciudadanos y abordar los problemas específicos, en particular de poblaciones que han sido históricamente rezagadas por el progreso, como algo prioritario; y c) Considerar que la agenda del desarrollo plantea los desafíos sociales, económicos y también de sostenibilidad ambiental.

A modo de ejemplo, graficó cómo al pensar en la reducción de la pobreza al mismo tiempo debe pensarse en los mercados de trabajo; en los sistemas de protección social y de cuidado; en la desigualdad de género; en la educación; en las exclusiones sociales, etc. En definitiva, reducir la pobreza no se soluciona solo con programas de subsidio a los ingresos, sino que requiere de un conjunto de actuaciones, lo que tiene una implicancia y un correlato cuando se pretende abordar las problemáticas de los sectores medios.

En cuanto a los desafíos para un progreso multidimensional, sostuvo que el PNUD ha tratado de avanzar más allá de las mediciones de ingreso, relevando -por ejemplo- el índice de desarrollo humano, para mostrar que hay otras dimensiones de la vida de las personas que deben ser consideradas a la hora de pensar cómo promovemos el bienestar.

Destacó un informe regional para América Latina lanzado por el PNUD hace algunos años, titulado “Progreso Multidimensional: bienestar más allá del ingreso”, que entre otras cosas dio cuenta de lo siguiente:

1.- Transformación de la pirámide de ingresos de la región: reducción significativa de la pobreza y aumento de hogares con ingresos medios.

2.- Si se considera la definición de clase media como una clase con seguridad económica -es decir, con baja probabilidad de caer en pobreza-, sabemos que en América Latina y el Caribe todavía no se ha alcanzado esta meta.

3.- Población vulnerable (clase media baja) es la que no logra una seguridad necesaria para mantener un cierto nivel de vida.

4.- Los países de renta media no se gradúan: los retos se tornan más complejos.

Respecto al panorama en América Latina, sostuvo que ésta es una región donde disminuye la pobreza y aumenta la clase media, pero la cantidad de personas que se encuentra en una situación vulnerable se mantiene. Es decir, ALC es una región de “ingresos medios”, pero no una sociedad de “clase media”:

Refiriéndose a las desigualdades de género en términos de ingreso, mostró las dramáticas diferencias a través del siguiente gráfico:

Esto demuestra la importancia de entender la heterogeneidad de los sectores medios y pobres, tal como se indicó más arriba. Se trata de hombres y mujeres distintos, que requieren por tanto soluciones de política pública distintas.

En esa línea, planteó que las políticas que han resultado exitosas para sacar a las personas de la pobreza no son necesariamente las mismas que se requieren para que las personas se mantengan fuera de ella o construyan resiliencia, entendida como la capacidad de sostener los riesgos de caer en la pobreza.

Entre las recomendaciones que entrega el PNUD para ayudar a construir resiliencia, destacan las siguientes:

Finalmente, en cuanto al proyecto de ley, relevó lo siguiente:

1.- Respecto de los avances en materia de modernización del Estado:

a) Es un avance en la entrega expedita de información y orientación a la población respecto de la oferta programática existente.

b) Base para mayor coordinación intersectorial (articula oferta de programas existentes).

c) Ejemplo significativo de cómo usar innovación y nuevas tecnologías para mejorar la gestión pública.

2.- Respecto de la oferta programática dirigida a la clase media:

a) Sobre la definición de eventos adversos que plantea el proyecto, cabe preguntarse: ¿Qué ocurre con la oferta pública actual que no es pertinente a los riesgos que enfrentan las familias y/o personas en la actualidad? ¿Qué ocurre con los riesgos que no tienen actualmente una oferta asociada? Son aspectos sobre los cuales es importante debatir.

b) Políticas de inclusión requieren identificación actualizada de riesgos múltiples y su interacción: ¿Cómo se irán identificando riesgos en el futuro? En definitiva, más que un listado de riesgos o eventos adversos, lo relevante es el mecanismo para determinarlos, ya que estos irán variando con el tiempo.

c) Propuesta: complementar encuestas de opinión con análisis de encuestas de hogares y registros administrativos.

3.- Respecto de la intersectorialidad:

a) La ley 20.379 (MIDEPLAN, 2009) entiende por intersectorialidad un modelo de gestión de la oferta entregada por distintos organismos del Estado y dirigida a un grupo de la población.

b) Sin embargo, la coordinación intersectorial de la oferta basada en eventos adversos -tal como plantea el proyecto- hace difícil articular distintas prestaciones a un mismo grupo de personas o familias de manera concertada.

c) Por lo tanto, al no establecerse un mecanismo de identificación directa de familias y/o personas de clases medias, realizar una coordinación intersectorial puede ser complejo.

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Una vez concluida la discusión general, se procedió a votar la idea de legislar, siendo aprobada por simple mayoría (11 votos a favor y 1 en contra), según se consigna en las constancias reglamentarias.

La diputada señora Mix fundamentó su voto en contra argumentando que se trata de un mal proyecto, pues genera más expectativas de lo que ofrece. En razón de ello, sugirió evaluar un cambio de nombre al proyecto.

b) Discusión y votación particular

El proyecto consta de 12 artículos permanentes y 2 transitorios, que merecieron a la Comisión el tratamiento que pasa a detallarse:

En forma previa a la votación del articulado, se generó un amplio debate sobre el epígrafe del proyecto (“Establece el Sistema Clase Media Protegida”). Al respecto, se presentaron dos indicaciones que proponían otra denominación, las que fueron rechazadas y se consignan en el capítulo correspondiente del informe. Por simple mayoría se aprobó el nombre del proyecto propuesto por el Ejecutivo. Votaron a favor de este último las diputadas señoras Del Real y Olivera; y los diputados señores Baltolu, Lavín, Longton, Sabag y Van Rysselberghe; en contra lo hicieron la diputada señora Mix y los diputados señores Barrera, Mellado, Naranjo y Velásquez (Esteban); y se abstuvo la diputada señora Pérez (Joanna).

Los puntos de vista planteados sobre la materia son, en resumen, los siguientes:

El diputado señor Naranjo recordó que en la discusión general del proyecto la mayoría de los invitados opinaron que, más que un programa o una política dirigida a la clase media, lo que hace esta iniciativa es establecer una plataforma digital de información. Desde esa perspectiva, consideró que el título de un proyecto de ley no puede generar confusión en las personas y, mucho menos, mayores expectativas que lo que ofrece; y por eso apoyó la propuesta de la diputada señora Mix, en orden a asignar a la iniciativa legal el siguiente nombre: “Proyecto de ley que establece una red digital de ofertas programáticas sociales”. Esta denominación, a su juicio, apunta realmente al objetivo del proyecto. Con todo, consideró un avance el establecimiento de esta plataforma desde el punto de vista de la gestión intersectorial.

El diputado señor Longton se manifestó en contra de tal sugerencia. Opinó que la idea es facilitar la vida de las personas, partiendo por la simpleza de los títulos de los proyectos, en aras de su mayor comprensión. El nombre “Red Clase Media Protegida” no tiene una finalidad propagandística, sino que de utilidad social, afirmó. Por otra parte, hay indicaciones presentadas por diversos parlamentarios que dotan al proyecto de mayor contenido, razón por la cual estaría lejos de ser solo una red digital.

El diputado señor Lavín sostuvo que no se trata solo de una plataforma o una red digital, sino que de un sistema de gestión que coordina intersectorialmente los distintos beneficios a que puede optar la clase media. Existirá una secretaría ejecutiva y un comité técnico, que evaluarán las distintas políticas públicas y propondrán algunas nuevas, y la plataforma pasa a ser solo un complemento de la Red de Atención a Usuarios, como se señala en el artículo 3 del proyecto.

Agregó que el título propuesto por el Ejecutivo para el proyecto es el adecuado, porque lo que se busca es generar una oferta programática a la que pueda optar la clase media y los sectores en riesgo de caer en situación de vulnerabilidad. Asimismo, hizo presente que este proyecto de ley está complementado por una serie de otros proyectos que se encuentran en tramitación en otras comisiones, y que dicen relación con la oferta que estará a disposición de la clase media en diversos ámbitos (salud, trabajo, etc.).

La diputada señora Del Real opinó en el mismo sentido que sus colegas anteriores, señalando que el nombre “Red digital de ofertas programáticas sociales” es bastante lejano e incomprensible para la ciudadanía, además de no reflejar el verdadero espíritu del proyecto. En cambio, “Clase Media Protegida” es un nombre simple y que realmente apunta a las necesidades de la gente. Agregó que si se tratara solo de una red digital no se requeriría ley, pero evidentemente no es el caso.

En otra línea argumentativa, el diputado señor Naranjo reparó en que no es adecuado que el título del proyecto haga referencia solo a la clase media, porque se supone que a los beneficios establecidos también podrán acceder personas que no formen parte de ese segmento de la población.

En el mismo sentido, la diputada señora Mix sostuvo que en la Comisión de Salud se está tramitando un proyecto de ley que establece un seguro catastrófico para la clase media, donde se está analizando la posibilidad de incorporar como beneficiarios a las personas pertenecientes a FONASA A. Esa es una muestra de las contradicciones que pueden generarse con este proyecto, porque dichas personas claramente no son clase media; sin embargo, igualmente podrán acceder a este y otros beneficios.

Por otra parte, este proyecto de ley es una plataforma que facilita el acceso a la información para que las personas puedan acceder a beneficios que ya existen y otros que se están creando, pero que no asegura protección, haciendo un llamado a no generar expectativas que no podrán cumplirse. Acotó que, con el ánimo de transparentar el sentido de esta iniciativa, propone un nombre del proyecto que permita que nadie se sienta marginado.

La diputada señora Olivera apuntó que si bien todas las personas van a tener acceso a la información, el proyecto de ley está enfocado en la clase media. Por otra parte, aseguró que “Clase Media Protegida” es un nombre que la gente ya asimila, y sería un error instalar un nombre distinto.

El diputado señor Longton precisó que el artículo 1 del proyecto se refiere específicamente a “eventos adversos que podrían conducir a personas, grupos o familias a una situación de vulnerabilidad, en los términos regulados en la ley N° 20.530”. El foco, por tanto, es la clase media, independiente del acceso al Sistema que puedan tener otras personas.

En razón de lo anterior, el diputado señor Barrera (Presidente) consultó al señor Ministro si a este Sistema podrán acceder las personas ya vulneradas o que se encuentran en situación de pobreza o de extrema pobreza.

El Ministro de Desarrollo Social y Familia, señor Sebastián Sichel, planteó en primer lugar mantener el nombre “Sistema Clase Media Protegida” por diversas razones. Desde la arista política, no es baladí que por primera vez el Estado regule a la clase media en un proyecto de ley, reconociéndola institucionalmente. Sería, en efecto, la primera vez que el sistema jurídico chileno se refiera a la clase media como un segmento especial de la población, que requiere un foco estratégico. Sin embargo, no solo es importante el reconocimiento jurídico-político de la existencia de este segmento, sino que además ello se materializa en un mandato de largo plazo para focalizar la estrategia de desarrollo, lo que es relevante a la hora de legislar, considerando el sentido de permanencia de las leyes.

En definitiva, este proyecto de ley constituye el primer paso para el reconocimiento jurídico-político de la existencia de la clase media, segmento hasta ahora invisibilizado de las políticas públicas. Y, probablemente, sea la puerta de entrada a muchos proyectos hacia el futuro.

Pronunciándose específicamente respecto al título del proyecto, sostuvo que teniendo en consideración el argumento del sentido de permanencia de las leyes, no es posible titular el proyecto como “Red digital”, pues no es posible conocer si las redes digitales van a existir o a qué van a mutar en el futuro y, en definitiva, cuál va a ser la manera en que va a operar la transferencia de información entre el sector privado y el sector público. Lo importante es la existencia de un sistema que coordine y gestione eventos adversos, y los enfrente con políticas públicas a mediano plazo.

En otros términos, lo que hace este proyecto es establecer un marco jurídico para que el Estado pueda actuar frente a situaciones de adversidad que afecten a un segmento de la población, a través de un sistema que permita alertarlas. Advirtió que es posible conocer la oferta programática que el Estado tiene hoy, pero no la que existirá en el futuro. Por ello es importante pensar este proyecto como la puerta de entrada para que en un futuro los próximos gobiernos puedan dotar de más contenido las políticas públicas ligadas a los eventos adversos que esta Comisión determine.

Respondiendo la consulta del diputado señor Barrera, el Ministro puso énfasis en la delgada línea que existe entre el 8,6% de la población en situación de vulnerabilidad y el 76% de la población perteneciente a la clase media, fragilidad que está dada precisamente por la ocurrencia de eventos adversos. Desde esa perspectiva, la pregunta que cabe hacerse no es si una persona vulnerable puede o no acceder al sistema, porque el Estado ya cuenta con políticas públicas para este segmento de la población; sino si existe o no oferta para personas que están por sobre el nivel de vulnerabilidad, y a eso es a lo que apunta este proyecto, siempre considerando que la oferta programática podrá variar en el futuro por vía legal o reglamentaria.

Ante lo señalado, el diputado señor Barrera (Presidente) hizo presente que con este proyecto de ley no se crea oferta nueva, sino que la oferta disponible es la que ya existe. Por otra parte, los beneficiarios que podrán acceder a ella serán los mismos, independientemente del nombre que lleve el proyecto.

A modo aclaratorio ante dicha interrogante, el Ministro Sichel indicó que el mandato de la ley es establecer un marco regulatorio específico y poner el acento en un foco estratégico de la población, y luego es la potestad reglamentaria la que crea la oferta. Así se hizo cuando en el gobierno de la ex Presidenta Bachelet se aprobó el Sistema Intersectorial de Protección Social, y otros que han sido creados en el tiempo. La idea, por lo tanto, no es establecer en la ley un listado de oferta disponible, pues si así fuera habría que legislar cada vez que se modifique tal oferta.

El diputado señor Sabag sostuvo que, históricamente, la gran olvidada de la política pública chilena ha sido la clase media, que no obstante trabaja, paga impuestos y cubre todas sus necesidades (vivienda, salud, educación, etc.), sin recibir prácticamente ningún beneficio por parte del Estado. Por eso hizo un llamado a no invisibilizar a ese segmento de la población, defendiendo la idea de que este proyecto de ley sea un punto de partida.

En otro orden, y haciendo una analogía con este proyecto, recordó que en sus inicios el Plan Auge incorporaba muy pocas patologías, pero cada vez se han ido sumando más. Seguramente lo mismo ocurrirá con las políticas públicas asociadas a la clase media.

El diputado señor Mellado (Cosme) apuntó que uno de los grandes problemas es que no existe una definición de clase media, apoyando la idea de que este proyecto se trata de una plataforma de información que implica una modernización del Estado, más que una protección real a ese segmento de la población.

El diputado señor Velásquez (Esteban) afirmó que no se trata de un proyecto contundente en cuanto a protección para la clase media.

En otra intervención, el Ministro Sichel reafirmó que al Ejecutivo le asiste la convicción de que el título adecuado para el proyecto es el de “Sistema Clase Media Protegida”. Relevó, además, la señal política y jurídica que se da al resto de las instituciones con la creación de este sistema, y el hecho de que las asimetrías de información sí constituyen una medida de desprotección para los ciudadanos. Desde esa perspectiva, la circunstancia de crear un sistema de ingreso único para las personas ya constituye un avance significativo.

Finalmente, defendió la creación de un sistema que coordine la oferta pública y con un enfoque de riesgo cuya definición esté dada por las adversidades que una persona pueda enfrentar, más que su caracterización socioeconómica.

TÍTULO I

DE LA NATURALEZA Y OBJETO

Artículo 1

Este crea un sistema denominado “Clase Media Protegida” (el “Sistema”), que consiste en un modelo de gestión intersectorial, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Subsecretaría de Servicios Sociales, cuyo propósito es coordinar intersectorialmente la oferta programática existente relacionada a eventos adversos que podrían conducir a personas, grupos o familias a una situación de vulnerabilidad, como asimismo entregar información clara, oportuna y personalizada sobre la misma, y simplificar el acceso a ésta.

La Comisión aprobó por simple mayoría el artículo 1 y el epígrafe del Título I.

Votaron a favor las diputadas señoras Del Real, Olivera y Pérez (Joanna), y los diputados señores Baltolu, Lavín, Longton, Sabag y Van Rysselberghe; mientras que votaron en contra la diputada señora Mix y los diputados señores Barrera, Mellado, Naranjo y Velásquez ((Esteban).

Artículo 2

El artículo 2 enuncia los objetivos del Sistema, que son los siguientes:

a) Coordinar intersectorialmente la oferta programática existente asociada a los eventos adversos;

b) Entregar información y orientación clara, oportuna y personalizada de la oferta programática existente, mediante la Red de Atención a Usuarios a que se refiere el Título V de esta ley; y,

c) Simplificar el acceso a la oferta programática del Estado, mediante la integración de trámites asociados a los respectivos beneficios y el seguimiento de casos. Para estos efectos el Sistema contará con su propio registro de casos.

La Comisión aprobó por unanimidad el encabezamiento y las letras a) y b), con los votos de las diputadas señoras Del Real, Mix, Olivera y Pérez (Joanna), y los diputados señores Baltolu, Barrera, Lavín, Longton, Mellado, Naranjo, Sabag, Velásquez (Esteban) y Van Rysselberghe.

La letra c) fue aprobada también por unanimidad; conjuntamente, y por idéntica votación, con una indicación de las diputadas señoras Del Real y Olivera, y del diputado señor Longton, que intercala después de la expresión “y el seguimiento de casos”, la siguiente: “, y garantizar el acceso al Sistema”. Participaron en la votación las diputadas señoras Amar, Del Real, Mix, Olivera y Pérez (Joanna), y los diputados señores Barrera, Lavín, Longton, Mellado, Naranjo, Sabag, Velásquez (Esteban) y Van Rysselberghe.

La diputada señora Mix fundamentó su respaldo a la indicación en comento en que el sistema o plataforma suscita expectativas, y por ende es necesario garantizar el acceso a los beneficios o a la oferta programática del Estado, con lo cual se genera un impacto real en la ciudadanía. Agregó que es contradictorio afirmar a una persona que tiene derechos, pero que el Estado no se los puede resguardar. La idea es que las personas se motiven a ingresar a la plataforma, sabiendo que obtendrán una respuesta a sus demandas y necesidades.

El diputado señor Naranjo apoyó el planteamiento anterior.

Sobre el punto, el diputado señor Longton manifestó entender que no se pretende garantizar el acceso al beneficio propiamente tal.

A su vez, la diputada señora Olivera afirmó que lo que se busca es garantizar el acceso al Sistema.

El Ministro Sichel respaldó la indicación, pues precisa que lo que se está garantizando no es el acceso a la oferta programática, sino al Sistema propiamente tal.

Artículo 3

El artículo 3 contiene una serie de definiciones, a saber:

a) Eventos adversos: Hechos o contingencias que podrían conducir a una persona, grupo o familia a una situación de vulnerabilidad, en los términos establecidos en el numeral 5) del artículo 2° de la ley N° 20.530, por motivos de salud, vejez, desempleo, vivienda, educación superior o delincuencia, entre otros.

b) Oferta programática: Conjunto de políticas, planes, programas, iniciativas, beneficios, prestaciones sociales y/o servicios que administran los organismos participantes y que hayan sido incorporados al Sistema.

c) Organismo participante: Organismos que administran parte de la oferta programática incorporada al Sistema.

d) Plataforma: Sitio web parte de la Red de Atención a Usuarios, que contendrá la información y difusión de la oferta programática y trámites incluidos en el Sistema, y que permitirá hacer seguimiento de casos.

e) Red de Atención a Usuarios: Vía de acceso de los usuarios a los servicios de información, orientación y atención que ofrece el Sistema. Pueden ser canales virtuales, remotos y/o presenciales que funcionan como medios de comunicación entre los usuarios y el Sistema.

f) Secretaría Ejecutiva: Secretaría Ejecutiva Clase Media Protegida, a que alude el artículo 5 de esta ley.

La Comisión dio el siguiente tratamiento al artículo en referencia:

La letra a) fue aprobada por unanimidad, con los votos de las diputadas señoras Amar, Del Real, Mix y Troncoso, y los diputados señores Barrera, Calisto, Küschel, Lavín, Longton, Mellado, Naranjo, Sabag y Velásquez (Esteban); conjuntamente, y con la votación que se detalla, con las siguientes indicaciones:

i) De la diputada señora Mix y de los diputados señores Barrera, Cosme Mellado y Esteban Velásquez, aprobada por simple mayoría, que suprime el vocablo “superior”.

Votaron a favor de la indicación las diputadas señoras Mix y Troncoso, y los diputados señores Barrera, Calisto, Küschel, Longton, Mellado, Naranjo, Sabag y Velásquez (Esteban); mientras que lo hicieron en contra la diputada señora Amar y el diputado señor Lavín.

ii) De la diputada señora Mix y de los diputados señores Barrera y Naranjo, por unanimidad, que agrega después de la expresión “delincuencia,” la siguiente: “, y/o violencia de género”.

Participaron en la votación las diputadas señoras Amar, Del Real, Mix y Troncoso, y los diputados señores Barrera, Calisto, Küschel, Lavín, Longton, Mellado, Naranjo, Sabag y Velásquez (Esteban).

Las letras b), c), d), e) y f) fueron aprobadas también por unanimidad (13), sin cambios.

A propósito de la letra a) del artículo 3, la diputada señora Mix explicó su indicación que incluye dentro de los motivos que pueden conducir a la vulnerabilidad la violencia de género. Al respecto, recordó que el diputado Schalper presentó hace algún tiempo un proyecto de resolución solicitando al Ejecutivo considerar la creación de un seguro para los hijos de las mujeres que pierden la vida a causa del femicidio, toda vez que la mayoría de las veces el asesino termina suicidándose, quedando esos hijos desprovistos de protección. Agregó que, aun contando con una buena situación económica, es muy probable que a raíz de un episodio de violencia de género se caiga en una situación de vulnerabilidad, por lo que es relevante incorporar la mirada de género en esta discusión.

En lugar de dicha propuesta, la diputada señora Pérez (Joanna) sugirió incorporar una referencia a la violencia intrafamiliar.

Sobre el punto, la diputada señora Mix sostuvo que se trata de dos cosas distintas, ya que muchas veces la violencia de género no se da en el ámbito de la convivencia familiar o conyugal, añadiendo que constituye una situación y una mirada que, lejos de ser naturalizada o invisibilizada, debe incluirse en todos los proyectos de ley.

El Ministro Sichel consideró de toda relevancia lo planteado por la diputada señora Mix, afirmando que sería una señal política importante su incorporación. Sin embargo, a su juicio la violencia de género ya se encontraría incluida en el vocablo “delincuencia”.

La diputada señora Del Real apoyó la propuesta del Ejecutivo.

Por su parte, el diputado señor Longton, no obstante apoyar la indicación, opinó que la expresión “entre otros”, al final del literal a), permite entender incorporadas diversas situaciones anexas a las especificadas en el artículo. Con todo, en relación a la propuesta de la diputada señora Mix, sugirió referirse a “situaciones de género” en vez de “violencia de género”, debido a que existen muchas situaciones, como la discriminación por género, que no implican violencia. Por otra parte, discrepó de la opinión de Ejecutivo en el sentido que “violencia de género” se entendería considerado dentro del vocablo “delincuencia”, ya que no todas las situaciones que se encausan en la violencia de género constituyen actos delictuales.

En otra intervención, el Ministro Sichel recordó que el literal a) del artículo 3 define los “eventos adversos” como contingencias que puede sufrir una persona y que la conducen a una situación de vulnerabilidad. Por lo tanto, una referencia tan genérica como “situaciones de género” no necesariamente se condice con esa lógica.

Continuando con el debate, la diputada señora Mix insistió en su argumentación, enfatizando que la violencia de género es lo que constituye el hecho adverso, no solo “el género” en sí.

El diputado señor Lavín dio cuenta del consenso que existe en incorporar la expresión “violencia de género” a la definición de hecho adverso, reparando sí en la necesidad de consensuar su ubicación dentro del texto.

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Respecto de la otra indicación aprobada, que también recae en la letra a) del artículo 3, y que elimina luego de la palabra “educación” el vocablo "superior”, hubo el siguiente intercambio de opiniones.

El diputado señor Barrera (Presidente) consultó al Ejecutivo la razón para circunscribir el hecho adverso a la educación superior, y no contemplarlo respecto de la educación en todos sus niveles.

El Ministro Sichel explicó que la Constitución Política garantiza la gratuidad de la educación hasta 4° medio. Por lo tanto, lo que constituye un evento adverso es el ingreso a la educación superior en aquellos casos en que no se esté amparado por la gratuidad, caso en el cual se requiere un acompañamiento del Estado. Desde esa perspectiva, al ampliar el evento adverso a toda la educación se pierde el foco estratégico que se está buscando relevar en cuanto a la protección específica que requiere la educación superior, no amparada por la gratuidad universal.

A juicio del diputado señor Lavín, se trataría de una indicación inadmisible, ya que ampliar el evento adverso a toda la educación evidentemente implica mayor gasto.

El diputado señor Longton se manifestó a favor de la indicación, opinando que los eventos adversos no necesariamente tienen lugar solo en la educación superior, sino que también en los ciclos de pre básica, básica y media, lo que daría pie para que pueda existir en el futuro oferta programática específica para esos niveles.

Sobre el punto, el señor Ministro consideró importante relevar el foco en la educación superior, dando una señal de hacia dónde debe avanzar la política pública.

La diputada señora Mix argumentó en favor de su indicación, subrayando que el mayor porcentaje de endeudados por el CAE pertenece a la clase media.

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A continuación se produjo una discusión en torno a la conveniencia de incorporar o no, como otro evento adverso, el concepto de aislamiento territorial, zona segregada u otra denominación afín. Lo anterior se tradujo en una indicación que en definitiva fue rechazada; no obstante, dado que hubo un extenso debate sobre el punto, se reproduce una síntesis de aquel.

El diputado señor Calisto consultó al Ejecutivo por qué no se consideró entre los eventos adversos a las zonas segregadas como un elemento que conduce a la vulnerabilidad.

Al respecto, el diputado señor Longton opinó que la expresión “entre otros”, al final del literal a), posibilita la inclusión de motivos distintos a los señalados explícitamente en la norma.

El Ministro Sichel indicó que existen leyes especiales referidas a las zonas rezagadas, que tratan específicamente la eventualidad o el riesgo en materia de rezago territorial. Además de ello, concordó con la opinión del diputado señor Longton, agregando que la idea de esta ley es prevenir riesgos que no tienen oferta programática en el futuro.

El diputado señor Calisto insistió en el punto, reafirmando la necesidad de incorporar el elemento de rezago o aislamiento, y aduciendo que el vivir en una zona aislada constituye una desventaja y se traduce en una vulnerabilidad, por lo que sí constituye un evento adverso. En otro orden, consideró demasiado amplia la interpretación que entiende incorporado este factor puntual en la expresión “entre otros”. Finalmente, manifestó su disposición a incorporar el vocablo que mejor refleje el riesgo de vulnerabilidad que se trata de cubrir: zona aislada, extrema, rezagada, etc.

La diputada señora Amar señaló que en la región que representa (Magallanes y la Antártica Chilena), que es extrema, hay zonas que no están consideradas como rezagadas, pero que igualmente tienen todas las problemáticas de los territorios aislados. Por otra parte, precisó que la ley que crea el Ministerio de Desarrollo Social incorpora la mirada territorial a la hora de hablar de políticas y programas sociales. Por último, consideró complejo vincular el hecho de vivir en una zona extrema o aislada con la noción de un “evento adverso”, que claramente tiene una connotación negativa.

El diputado señor Naranjo coincidió con lo señalado por su antecesora, sugiriendo referirse a “zonas vulnerables” en vez de “zonas rezagadas” o “zonas extremas”, como ocurre en materia educacional.

El diputado señor Longton sugirió contemplar también las zonas de sacrificio, sin perjuicio de sostener que, en su opinión, este elemento que se busca incorporar perfectamente puede entenderse incluido en la expresión “entre otros” con que culmina la norma.

El diputado señor Velásquez (Esteban) opinó que la idea es relevar el rol de las regiones y visibilizarlas, ya que generalmente en nuestra legislación están consideradas dentro del “entre otros”, sin que haya una referencia expresa a las mismas. Por eso, lo importante es entender el espíritu de la propuesta, buscando una redacción que se acomode lo más posible a ella.

TÍTULO II

DE LA COORDINACIÓN INTERSECTORIAL Y LA ARTICULACION DE OFERTA PROGRAMÁTICA

Artículo 4

El inciso primero del artículo en referencia estipula, en síntesis, que la oferta programática existente que formará parte del Sistema y los eventos adversos asociados a la misma, deberán ser determinados y aprobados por el Comité Interministerial de Desarrollo Social y Familia, regulado en la ley N° 20.530, previa propuesta evacuada mediante un informe elaborado por la Secretaría Ejecutiva a la que alude el artículo 5 de esta ley, en coordinación con la Subsecretaría de Evaluación Social y visada por la Dirección de Presupuestos; y agrega que en ningún caso se podrán considerar eventos adversos que no cuenten con oferta programática existente.

El inciso segundo señala que los acuerdos del Comité Interministerial de Desarrollo Social y Familia en relación a la determinación de la oferta programática existente que formará parte del Sistema y los eventos asociados a la misma, deberán materializarse mediante resolución expedida por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la que deberá ser suscrita además por el Ministro de Hacienda.

La Comisión dio el siguiente trato a este artículo.

El epígrafe del título II y el inciso primero del artículo en mención fueron aprobados por asentimiento unánime, con los votos de las diputadas señoras Amar, Del Real, Mix y Troncoso, y los diputados señores Barrera, Calisto, Küschel, Lavín, Longton, Mellado, Naranjo, Sabag y Velásquez (Esteban); conjuntamente, y con la votación que se detalla, con las siguientes indicaciones:

i) Del diputado señor Longton, aprobada también por unanimidad (13), que sustituye la frase “que formará parte del Sistema”, por la siguiente: “de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 3”.

ii) De la diputada señora Mix y del diputado señor Naranjo, por simple mayoría, que agrega a continuación del punto seguido que sigue a la expresión “de esta ley”, la siguiente oración: “En caso que un evento adverso no cuente con oferta programática, deberá indicarse en dicho informe, evaluándose su potencial cobertura”.

Votaron a favor de esta indicación las diputadas señoras Amar, Del Real, Mix y Troncoso, y los diputados señores Calisto, Küschel, Lavín, Longton, Mellado, Naranjo, Sabag y Velásquez (Esteban); mientras que se abstuvo el diputado señor Barrera

iii) De la diputada señora Mix, aprobada por asentimiento unánime (13), que elimina la oración “En ningún caso se podrán considerar eventos adversos que no cuenten con oferta programática existente.”.

El inciso segundo fue aprobado, asimismo, por unanimidad (13).

A propósito de la última indicación recaída en el inciso primero, su autora la diputada señora Mix recordó que la definición de evento adverso fue aprobada en términos amplios, en el sentido que la expresión final “entre otros” permitiría incorporar en el futuro otro motivo que hoy no esté señalado explícitamente. En concordancia con ello, opinó que mantener la frase que se propone eliminar por medio de la indicación es cerrar la posibilidad de adecuar la ley a nuevos eventos e incorporar aquella oferta que existe en el aparato público.

El diputado señor Barrera (Presidente) apoyó tal argumento.

TÍTULO III

DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA, DEL COMITÉ TÉCNICO INTERSECTORIAL Y DE LOS CONVENIOS

Artículo 5

Su inciso primero establece que la Secretaría Ejecutiva del Sistema estará radicada en la Subsecretaría de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y le corresponderá coordinar intersectorialmente, administrar, supervisar, implementar y hacer seguimiento del Sistema y de los indicadores de gestión de la Red de Atención a Usuarios, sin perjuicio de lo establecido en el literal d) del artículo 3° de la ley N° 20.530, esto es, de la función de dicho ministerio consistente en colaborar con el seguimiento de la gestión e implementación de los programas sociales que estén siendo ejecutados por los servicios públicos relacionados o dependientes de éste y de otros ministerios.

El inciso segundo señala que también le competerá a la Secretaría Ejecutiva del Sistema convocar y coordinar las labores del Comité Técnico Intersectorial a que alude el artículo siguiente.

De acuerdo al inciso tercero, a más tardar el 31 de marzo de cada año la Secretaría Ejecutiva deberá entregar un Informe Anual de Resultado al Ministro de Desarrollo Social y Familia, donde deberá señalar qué acciones fueron desarrolladas durante el año anterior, cuáles fueron las dificultades enfrentadas en la implementación o funcionamiento intersectorial del Sistema, y qué medidas propone para la mejora de la coordinación del mismo.

El inciso final establece que un reglamento expedido por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia determinará el funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva y establecerá toda otra norma necesaria para el ejercicio de su función.

La Comisión dio el siguiente tratamiento al artículo 5.

El epígrafe del título III y el inciso primero fueron aprobados por unanimidad, con los votos de las diputadas señoras Amar, Mix y Troncoso, y los diputados señores Barrera, Calisto, Küschel, Lavín, Longton, Naranjo, Sabag y Velásquez (Esteban).

El inciso segundo fue aprobado por simple mayoría. Votaron a favor las diputadas señoras Amar, Del Real, Mix y Troncoso, y los diputados señores Calisto, Küschel, Lavín, Longton, Mellado, Naranjo, Sabag y Velásquez (Esteban). Se abstuvo el diputado señor Barrera.

El inciso tercero fue aprobado por unanimidad (13); conjuntamente, y por la misma votación, con las siguientes indicaciones:

i) De la diputada señora Mix, que agrega antes del punto aparte lo siguiente: “, y la información estadística en relación con las personas que acceden a las políticas, planes, programas, iniciativas, beneficios, prestaciones sociales y/o servicios que administran los organismos participantes relacionados al registro de casos, establecido en el literal c) del artículo 3”.

ii) Del diputado señor Barrera, que incorpora después del punto aparte la siguiente oración: “Este informe deberá ser remitido a la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación de la Cámara de Diputados y deberá estar disponible, a más tardar, el 30 de abril de cada año, en el sitio web del Ministerio de Desarrollo Social.”.

El inciso final recibió una indicación de las diputadas señoras Amar y Troncoso, y de los diputados señores Lavín y Sabag, aprobada por unanimidad, que lo reemplaza por el siguiente texto:

“Un reglamento suscrito por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia determinará el funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva y establecerá toda otra medida necesaria para ese fin.”.

Participaron en la votación las diputadas señoras Amar, Del Real, Mix, Joanna Pérez y Troncoso, y los diputados señores Barrera, Lavín, Longton, Sabag, Sauerbaum y Velásquez (Esteban).

A propósito de la indicación al inciso final, el diputado señor Longton sostuvo que la potestad reglamentaria, de acuerdo al artículo 32 N°6 de la Constitución Política, es del Presidente de la República. Por su parte, el artículo 35 de la Carta Fundamental regula cómo deben firmarse los decretos, estableciéndose que deberán ser siempre firmados por el Ministro respectivo; y que pueden expedirse con su sola firma, por orden del Presidente de la República.

Artículo 6

El inciso primero crea un Comité Técnico Intersectorial, que colaborará en la implementación y operación del Sistema, proveyendo de información al mismo.

Su inciso segundo prescribe que el referido Comité estará compuesto por una contraparte técnica de cada uno de los organismos participantes y será coordinado por la Secretaría Ejecutiva.

De conformidad con el inciso final, un reglamento expedido por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia determinará la forma de designación de los integrantes del Comité Técnico Intersectorial y toda otra norma necesaria para su funcionamiento.

La Comisión dio el siguiente trato a este artículo.

El inciso primero fue aprobado por unanimidad, con los votos de las diputadas señoras Amar, Del Real, Mix, Olivera, Joanna Pérez y Troncoso, y los diputados señores Barrera, Lavín, Longton, Mellado, Sabag y Velásquez (Esteban).

El inciso segundo fue aprobado por la misma votación (12); conjuntamente con una indicación de la diputada señora Mix y de los diputados señores Barrera, Cosme Mellado y Esteban Velásquez, que agrega a continuación del punto final, que pasa a ser seguido, la siguiente oración: “Asimismo, el Comité deberá considerar la participación de las municipalidades y de la ciudadanía en la forma que disponga el reglamento.”.

El inciso tercero fue objeto de una indicación de la diputada señora Joanna Pérez y de los diputados señores Longton y Sabag, aprobada por unanimidad, que lo sustituye por el siguiente:

“Un reglamento suscrito por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia determinará la forma de designación de los integrantes del Comité Técnico Intersectorial y toda otra medida necesaria para su funcionamiento.”.

Participaron en la votación las diputadas señoras Amar, Mix, Olivera, Joanna Pérez y Troncoso, y los diputados señores Barrera, Lavín, Longton, Naranjo, Sabag y Velásquez (Esteban).

Sobre el alcance de la indicación presentada al inciso segundo del artículo 6, el diputado señor Barrera (Presidente) opinó que es mejor consagrar la participación ciudadana en términos amplios, ya que de esa manera cada vez que se discuta una medida que tendrá efectos en un ámbito determinado (salud, educación, trabajo, etc.), podrán tener injerencia aquellas organizaciones cuyo quehacer está más vinculado a esa área respectiva. En cambio, considerar solo al Consejo Consultivo de la Sociedad Civil del Ministerio de Desarrollo Social pareciera ser más restrictivo.

El diputado señor Velásquez (Esteban) enfatizó que el propio gobierno ha relevado la importancia de la participación ciudadana, por lo que esta indicación fortalece el proyecto.

El diputado señor Lavín también se mostró partidario de considerar la participación de la sociedad civil en este Comité.

El diputado señor Longton opinó que es difícil operativizar la participación ciudadana en términos tan amplios y conciliarla con la calidad de organismo técnico de este Comité. Por otra parte, afirmó que la opinión del Consejo Consultivo ya es tomada en consideración en la toma de decisiones, formen o no parte del Comité Técnico.

El diputado señor Sauerbaum se pronunció en la misma línea. Agregó que las organizaciones civiles tienen que estar organizadas para poder participar, cuestión que no se desprende de la indicación.

Respecto de las intervenciones anteriores, la diputada señora Mix hizo un llamado a no suponer el desconocimiento o la falta de expertise técnica de los ciudadanos, considerando discriminatorias las opiniones sobre el particular.

El diputado señor Barrera (Presidente) precisó que, de acuerdo a lo que postula su indicación, será el reglamento el encargado de disponer la forma en que se materializará la participación de la ciudadanía.

En la misma línea se pronunció el diputado señor Velásquez (Esteban), haciendo también un llamado a considerar la participación de la ciudadanía en los más altos niveles.

El Ministro Sichel manifestó su total disposición a incorporar la participación de la ciudadanía en esta instancia. Sostuvo que la democracia no es simplemente un acto electoral, sino que tiene que ver con una conversación continua para el diseño de las políticas públicas. Agregó que está de acuerdo en que sea el reglamento el que determine cómo debe considerarse la participación ciudadana en este proceso.

Por otra parte, el diputado señor Barrera (Presidente) sostuvo que constituye una demanda histórica del mundo municipal tener una mayor injerencia en la toma de decisiones respecto de aquellas políticas públicas que en el futuro les tocará ejecutar.

Sobre el punto, el Ministro Sichel dijo estar de acuerdo en que se considere la participación de las municipalidades en el proceso de toma de decisiones, pero que tal como en el caso de la ciudadanía, sea el reglamento el que disponga la manera en que se materializará esa participación.

Artículo 7

Este artículo otorga al Ministerio de Desarrollo Social y Familia la facultad de celebrar convenios para el funcionamiento del Sistema y para efectuar solicitudes de información y/o tratamiento de datos para los fines del mismo.

La Comisión aprobó por unanimidad el artículo en referencia, con los votos de las diputadas señoras Amar, Del Real, Mix, Olivera, Joanna Pérez y Troncoso, y de los diputados señores Barrera, Lavín, Longton, Mellado, Naranjo, Sabag y Velásquez (Esteban).

TÍTULO IV

DE LA SOLICITUD DE DATOS, SU USO Y TRATAMIENTO

Artículo 8

El artículo en referencia señala que el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Subsecretaría de Evaluación Social, estará facultado para solicitar y tratar los datos y la información estrictamente necesaria para el cumplimiento de los fines del Sistema establecidos en el artículo 2 de esta ley, de conformidad a lo establecido en el literal s) del artículo 3° de la ley N° 20.530; norma esta última que otorga al Ministerio la atribución de solicitar a los demás ministerios, servicios o entidades públicas la entrega de la información disponible y que aquel requiera para el cumplimiento de sus funciones, estando obligados los ministerios, servicios o entidades públicas a proporcionar oportunamente la información recabada.

La Comisión aprobó también por unanimidad (13) el artículo 8; junto con el epígrafe del Título IV.

Artículo 9

El inciso primero del artículo 9 establece que, para el funcionamiento del Sistema, la Subsecretaría de Servicios Sociales podrá realizar solicitudes de información en línea, respecto de datos contenidos en el Registro de Información Social a que hace referencia el artículo 6 de la ley N° 19.949, así como de la información contenida en el instrumento de caracterización socioeconómica a que hace referencia el artículo 5 de la ley N° 20.379.

Estas solitudes de información deberán acotarse a lo estrictamente necesario para el cumplimiento de los objetivos del Sistema establecidos en el artículo 2 de esta ley.

Este artículo fue aprobado por la misma votación que el precedente (13).

Artículo 10

El inciso primero expresa que el Ministerio de Desarrollo Social y Familia deberá actuar con la debida diligencia y adoptar todas las medidas de seguridad, técnicas y organizativas que garanticen la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información contenida en el Sistema.

Agrega el inciso segundo que las personas que accedan a bases o registros de datos personales en virtud de esta ley, deberán respetar la confidencialidad de los mismos, debiendo tratarlos exclusivamente para los fines previstos en esta ley y abstenerse de usar dicha información en beneficio propio o de terceros.

De acuerdo al inciso final, en caso que el procesamiento y tratamiento de la información, para los fines de la presente ley, fuese efectuado por terceros, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia deberá establecer contractualmente los resguardos necesarios para proteger la información y su confidencialidad.

La Comisión dio el siguiente tratamiento al artículo 10

El inciso primero fue aprobado por unanimidad, con los votos de las diputadas señoras Amar, Del Real, Mix, Olivera, Joanna Pérez y Troncoso, y de los diputados señores Barrera, Lavín, Longton, Mellado, Naranjo y Sabag.

El inciso segundo fue aprobado por simple mayoría. Votaron a favor las diputadas señoras Amar, Del Real, Olivera, Joanna Pérez y Troncoso, y los diputados señores Lavín, Longton, Mellado, Naranjo y Sabag; mientras que lo hicieron en contra la diputada señrora Mix y el diputado señor Barrera.

El inciso tercero fue aprobado por unanimidad; conjuntamente, y por la misma votación, con una indicación de la diputada señora Joanna Pérez y del diputado señor Sabag, que sustituye la expresión “deberá establecer” por “establecerá”. Participaron en la votación las diputadas señoras Amar, Del Real, Mix, Olivera, Joanna Pérez y Troncoso, y los diputados señores Barrera, Lavín, Longton, Mellado, Naranjo y Sabag.

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Se presentó una indicación al inciso segundo del artículo 10, que proponía reemplazar la expresión “Las personas” por “Los funcionarios públicos o municipales”. Pese a haber sido rechazada por simple mayoría, se produjo a su respecto un debate que se reproduce a continuación.

El diputado señor Barrera (Presidente) sostuvo que los datos personales no debiesen ser manejados por particulares, sino que solo por funcionarios públicos o municipales. Agregó que cuando instituciones privadas manejan los datos es alto el riesgo de manipulación o mal utilización de los mismos.

El diputado señor Lavín indicó que el propósito de este artículo (el 10) es el resguardo de los datos personales, advirtiendo que si se sustituye el vocablo “personas” se genera el efecto totalmente contrario al que pretende la indicación, toda vez que las medidas de resguardo de que trata el artículo serían aplicables solo respecto de los “funcionarios públicos o municipales”, y no de particulares que tengan acceso a las bases o registros de datos. Asimismo, enfatizó que la Comisión ya aprobó en el artículo 7 la posibilidad de celebrar convenios con particulares.

En la misma línea se pronunció la diputada señora Del Real, agregando que el vocablo “personas” es amplio, e incluye tanto a los privados como a los funcionarios públicos. Por otra parte, precisó que no todas las personas que trabajan en los municipios y en las entidades públicas son funcionarios públicos. Los trabajadores a honorarios, por ejemplo, no tienen la calidad de funcionario público, y sí tienen acceso a las bases y registros de datos.

El Ministro Sichel afirmó que según la indicación solo tendrían que cumplir con el deber de resguardo los funcionarios públicos o municipales, y no así toda persona que tenga acceso a los datos. En definitiva, con la indicación se estaría desprotegiendo los datos de las personas, ya que los terceros quedarían fuera de ese mandato. Por otra parte, hizo presente que el Estado muchas veces licita a terceros, en general universidades, el procesamiento de datos. Finalmente, defendió la redacción original del proyecto, por considerarla la más restrictiva posible para la protección de los datos.

El diputado señor Barrera (Presidente) insistió en que los datos personales no debiesen ser manejados por particulares. A su juicio, una cosa es la celebración de convenios con privados para efectos de la oferta programática, y otra cosa distinta es la administración del Sistema, la que debiese quedar enteramente en manos de la Secretaría Ejecutiva.

El diputado señor Longton dijo que la ley de protección de datos personales (ley N°19.628) resguarda esta materia. Por otra parte, hizo presente que hoy día los privados hacen uso de datos personales, y en virtud de esta ley, a través de la celebración de convenios aprobada, seguirán haciéndolo. Por eso, lo importante es la adopción de los debidos resguardos al respecto, tal como lo contempla la propuesta del Ejecutivo.

En cambio, la indicación restringe el deber de resguardo solo a los funcionarios públicos o municipales, dispensando del deber de resguardo a aquellos que no lo sean.

El Ministro Sichel reafirmó su convicción de que la redacción del Ejecutivo es la fórmula más amplia y segura para la protección de los datos. Además de existir una ley especial que regula esta materia, se quiso reforzar la protección por la vía de dos mandatos: primero, uno general para cualquier persona que tenga acceso a datos personales (deber de resguardo universal); y, luego, uno más específico para el caso en que el procesamiento y tratamiento de la información, que en principio corresponde a la Secretaría Ejecutiva, llegase a ser efectuado por terceros, caso en el cual deberán establecerse contractualmente los resguardos necesarios para la protección y confidencialidad de la información, como consagra el inciso tercero de la norma.

La diputada señora Amar apoyó la fundamentación del Ejecutivo.

Artículo 11

Este artículo señala que las infracciones a las disposiciones del presente Título serán sancionadas en conformidad a la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y demás normas aplicables. Agrega que, respecto de los funcionarios públicos, y para efectos de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 125 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, se estimará que los hechos que configuren infracciones a este Título vulneran gravemente el principio de probidad administrativa, sin perjuicio de las demás sanciones y responsabilidades que procedan.

El referido inciso del artículo 125 de la ley N°18834 señala, en síntesis, que la medida disciplinaria de destitución procederá solo cuando los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad administrativa, y en los demás casos que enuncia.

La Comisión aprobó por asentimiento unánime el artículo 11, con los votos de las diputadas señoras Amar, Del Real, Mix, Olivera, Joanna Pérez y Troncoso, y de los diputados señores Barrera, Lavín, Longton, Mellado, Naranjo y Sabag.

TÍTULO V

RED DE ATENCION A USUARIOS

Artículo 12

Estipula, en su inciso primero, que el Sistema contará con una Red de Atención a Usuarios, a través de la cual se entregará orientación e información a los mismos sobre la oferta programática que forma parte del Sistema.

El inciso segundo señala que, adicionalmente, la Plataforma que forma parte de esta Red permitirá a los usuarios hacer seguimiento de casos.

Este artículo y el epígrafe del título IV, fueron aprobados por unanimidad; conjuntamente, y por la misma votación, con una indicación de la diputada señora Mix y de los diputados señores Barrera, Cosme Mellado y Esteban Velásquez, que intercala en el inciso primero, entre las expresiones “Red de Atención a Usuarios” y “, a través de la cual”, la siguiente frase: “en cada región del país”.

Participaron en la votación las diputadas señoras Amar, Del Real, Mix, Olivera, Joanna Pérez y Troncoso, y los diputados señores Barrera, Lavín, Longton, Mellado, Naranjo y Sabag.

TITULO VI

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo Primero

De acuerdo al inciso primero, el mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante su primer año presupuestario de vigencia, se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria Tesoro Público, podrá suplementar el presupuesto de dicho Ministerio en la parte del gasto que no pudiera financiar con sus recursos.

El inciso segundo precisa que, en los años siguientes, el gasto que irrogue el adecuado funcionamiento del Sistema se hará con cargo a los recursos que anualmente contemple la Ley de Presupuestos vigente, sin perjuicio de los recursos que se otorguen por leyes especiales.

Fue aprobado por unanimidad, con los votos de las diputadas señoras Amar, Del Real, Mix, Olivera, Joanna Pérez y Troncoso, y de los diputados señores Barrera, Lavín, Longton, Mellado, Naranjo y Sabag.

Artículo Segundo

Este expresa que dentro del plazo de 6 meses, contado desde la fecha de publicación de esta ley en el Diario Oficial, se dictarán los reglamentos a que hacen referencia los artículos 5 y 6, así como cualquier otro reglamento necesario para el funcionamiento del Sistema.

Fue aprobado por la misma votación que el anterior (12).

IV.- ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADOS.

A) Artículos

No hay artículos rechazados.

B) Indicaciones

Las siguientes indicaciones fueron rechazadas:

1) Del diputado señor Barrera, por simple mayoría (7 votos en contra, 5 a favor y 1 abstención), que proponía reemplazar el nombre del proyecto por el siguiente: “Proyecto de ley que crea una Plataforma Informativa de Beneficios Sociales”.

2) De la diputada señora Mix, por simple mayoría (7 votos en contra, 5 a favor y 1 abstención), cuyo objeto era sustituir el nombre del proyecto por el siguiente: “Proyecto de ley que establece una red digital de ofertas programáticas sociales”.

3) De la diputada señora Mix, por simple mayoría (7 votos en contra, 5 a favor y 1 abstención), que proponía sustituir en el artículo 1 la expresión “Clase Media Protegida” por la siguiente: “Red digital de ofertas programáticas sociales”.

4) De la diputada señora Mix y de los diputados señores Barrera, Cosme Mellado y Esteban Velásquez, por simple mayoría (7 votos en contra y 6 a favor), cuya finalidad era reemplazar en el artículo 1 la expresión “el Sistema” por “la Plataforma”.

5) De la diputada señora Mix y de los diputados señores Barrera, Cosme Mellado y Esteban Velásquez, por simple mayoría (7 votos en contra, 5 a favor y 1 abstención), que proponía sustituir en el artículo 1 la expresión “Clase Media Protegida” por la siguiente: “Plataforma de Información de Beneficios Sociales para la Clase Media”.

6) De la diputada señora Mix y de los diputados señores Barrera, Cosme Mellado y Esteban Velásquez, por simple mayoría (7 votos en contra, 5 a favor y 1 abstención), cuyo objeto era reemplazar en el artículo 1 la expresión “Clase Media Protegida” por la siguiente: “Plataforma de Información de Beneficios Sociales”.

7) De los diputados señores Lavín y Longton, por simple mayoría (7 votos en contra y 6 a favor), que proponía intercalar en el encabezado del artículo 2, a continuación de la palabra “Sistema”, la siguiente oración: “para la protección de las personas o grupos y familias en riesgo de vulnerabilidad”.

8) De los diputados señores Calisto, Sabag y Esteban Velásquez, por simple mayoría (6 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención), cuya finalidad era intercalar en la letra a) del artículo 3, a continuación de la palabra “delincuencia”, la expresión “de aislamiento territorial”.

9) De la diputada señora Mix y de los diputados señores Barrera, Cosme Mellado y Esteban Velásquez, por simple mayoría (5 votos a favor y 7 en contra), cuyo objeto era reemplazar en el literal b) del artículo 3 el vocablo “Oferta” por “Prestación”.

10) De la diputada señora Mix y de los diputados señores Barrera, Cosme Mellado y Esteban Velásquez, por simple mayoría (1 voto a favor y 12 en contra), que proponía sustituir en el inciso primero del artículo 4 la expresión: “En ningún caso se podrán considerar eventos adversos que no cuenten con oferta programática existente.”, por la siguiente oración: “En caso que un evento adverso no cuente con prestación programática, deberá indicarse en dicho informe evaluándose su cobertura, y las vías de acción y/o planes de contingencia para su atención. Asimismo, también deberá indicarse todos los eventos adversos sin prestación programática reiterados consecutivamente en dichos informes.”.

11) De la diputada señora Mix y de los diputados señores Barrera, Cosme Mellado y Esteban Velásquez, por unanimidad (11), que proponía suprimir en el inciso cuarto del artículo 5 la expresión “y establecerá toda otra norma necesaria para el ejercicio de su función”.

12) De la diputada Mix, por simple mayoría (3 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones), cuya finalidad era agregar a continuación del punto final del inciso segundo del artículo 6 el siguiente párrafo: “El Comité deberá estar compuesto por un representante del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.”.

13) De la diputada señora Mix y de los diputados señores Barrera, Cosme Mellado y Esteban Velásquez, por unanimidad (12), que proponía intercalar en el artículo 6 un inciso tercero, nuevo, del siguiente tenor:

“En todo caso dicho Comité deberá estar integrado por al menos un representante de las municipalidades del país. Para estos efectos, las distintas asociaciones de municipios podrán designar una contraparte técnica.”.

14) De la diputada señora Mix y de los diputados señores Barrera, Cosme Mellado y Esteban Velásquez, por unanimidad (11), cuyo objeto era sustituir el inciso final del artículo 6 por el siguiente:

“El Reglamento indicado en el artículo anterior determinará asimismo la forma de designación de los integrantes del Comité Técnico Intersectorial.”.

15) De la diputada señora Mix, por simple mayoría (3 votos a favor y 10 en contra), que proponía intercalar en el artículo 7, a continuación de la palabra “convenios”, la frase “con órganos de la Administración del Estado”.

16) De la diputada señora Mix y de los diputados señores Barrera, Cosme Mellado y Esteban Velásquez, por simple mayoría (4 votos a favor, 7 en contra y 1 abstención), que proponía reemplazar en el inciso segundo del artículo 10 la expresión “Las personas” por la siguiente: “Los funcionarios públicos o municipales”.

17) De la diputada señora Mix y de los diputados señores Barrera, Cosme Mellado y Esteban Velásquez, por simple mayoría (3 votos a favor y 9 en contra), cuyo propósito era reemplazar en el inciso tercero del artículo 10 el vocablo “terceros” por la siguiente expresión: “servicios e instituciones públicas”.

18) De la diputada señora Mix y de los diputados señores Barrera, Cosme Mellado y Esteban Velásquez, por unanimidad (12), cuyo objeto era agregar al artículo 10 un inciso cuarto del siguiente tenor:

“La recopilación y procesamiento de información, podrá realizarse por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia en conjunto con las distintas municipalidades del país, mediante convenios de colaboración u otros instrumentos que impliquen transferencia de fondos.”.

V.- INDICACIONES DECLARADAS INADMISIBLES

Las siguientes indicaciones fueron declaradas inadmisibles:

1) De la diputada señora Mix, en virtud del numeral 2 del inciso cuarto del artículo 65 de la Carta Fundamental, que proponía intercalar en el inciso primero del artículo 5, a continuación de la palabra “administrar”, la expresión: “garantizar,”.

2) De la diputada señora Mix y de los diputados señores Barrera, Cosme Mellado y Esteban Velásquez, de conformidad también con el numeral 2 del inciso cuarto de las Carta Fundamental, y cuyo propósito era reemplazar el inciso segundo del artículo 5 por el siguiente:

“Le corresponderá a esta Secretaría Ejecutiva:

a) Elaborar el Informe Anual de Resultado.

b) Convocar y coordinar las labores del Comité Técnico Intersectorial a que alude el artículo siguiente.

c) Analizar continuamente las fortalezas y debilidades del sistema en relación al acceso para las personas que hayan requerido de la ayuda del Estado.

d) Recibir y procesar los reclamos de los ciudadanos nacionales y extranjeros en relación al no otorgamiento o insuficiencias de las prestaciones, beneficios y demás ayudas del Estado.

e) Coordinar con las Municipalidades, la colaboración necesaria para capacitar y perfeccionar sus propios equipos de atención de usuarios de la Plataforma.

f) Promover, incentivar y coordinar intercambios con la sociedad civil tendiente a enriquecer las propuestas y sensibilidades temáticas con el propósito de fortalecer continuamente el acceso a las prestaciones de la Plataforma.”.

3) De la diputada señora Mix y de los diputados señores Barrera, Cosme Mellado y Esteban Velásquez, por apartarse de las ideas matrices del proyecto (artículo 69 de la Constitución Política), y que proponía incorporar un artículo 13 del siguiente tenor:

“El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, conjuntamente con el Ministerio de Educación, deberá establecer un plan nacional de regularización de estudios básicos y medios con la finalidad de superar la situación de vulnerabilidad por motivos de educación de aquellas personas a las que se refiere el numeral 5) del artículo 2° de la Ley N° 20.530.”.

VI.- TEXTO DEL PROYECTO DE LEY

Por las consideraciones expuestas, y las que dará a conocer el diputado informante, la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación recomienda a la Sala aprobar el siguiente

PROYECTO DE LEY

“TÍTULO I

DE LA NATURALEZA Y OBJETO

Artículo 1.- Naturaleza. Créase un sistema denominado “Clase Media Protegida”, en adelante e indistintamente el “Sistema”, el que consiste en un modelo de gestión intersectorial, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Subsecretaría de Servicios Sociales, cuyo propósito es coordinar intersectorialmente la oferta programática existente relacionada a eventos adversos que podrían conducir a personas, grupos o familias a una situación de vulnerabilidad, en los términos regulados en la ley N° 20.530, entregar información clara, oportuna y personalizada sobre la misma, y simplificar el acceso a ésta.

Artículo 2.- Objetivos. Los objetivos del Sistema son los siguientes:

a) Coordinar intersectorialmente la oferta programática existente asociada a los eventos adversos;

b) Entregar información y orientación clara, oportuna y personalizada de la oferta programática existente, mediante la Red de Atención a Usuarios a que se refiere el Título V siguiente; y,

c) Simplificar el acceso a la oferta programática del Estado mediante la integración de trámites asociados a los respectivos beneficios y el seguimiento de casos, y garantizar el acceso al Sistema. Para estos efectos el Sistema contará con su propio registro de casos.

Artículo 3.- Definiciones. Para los fines de la presente ley, se entenderá por:

a) Eventos adversos: Hechos o contingencias que podrían conducir a una persona, grupo o familia a una situación de vulnerabilidad, en los términos establecidos en el numeral 5) del artículo 2° de la ley N° 20.530, por motivos de salud, vejez, desempleo, vivienda, educación, delincuencia, y/o violencia de género, entre otros.

b) Oferta programática: Conjunto de políticas, planes, programas, iniciativas, beneficios, prestaciones sociales y/o servicios que administran los organismos participantes y que hayan sido incorporados al Sistema de acuerdo al artículo 4 siguiente.

c) Organismo participante: Organismos que administran parte de la oferta programática incorporada al Sistema.

d) Plataforma: Sitio web parte de la Red de Atención a Usuarios, que contendrá la información y difusión de la oferta programática y trámites incluidos en el Sistema, y que permitirá hacer seguimiento de casos. Los organismos participantes dispondrán de ésta para orientar a los usuarios; éstos últimos también podrán acceder directamente a ella, mediante una sesión privada.

e) Red de Atención a Usuarios: Vía de acceso de los usuarios a los servicios de información, orientación y atención que ofrece el Sistema. Pueden ser canales virtuales, remotos y/o presenciales que funcionan como medios de comunicación entre los usuarios y el Sistema.

f) Secretaría Ejecutiva: Secretaría Ejecutiva Clase Media Protegida, a que alude el artículo 5 de esta ley.

TÍTULO II

DE LA COORDINACIÓN INTERSECTORIAL Y LA ARTICULACION DE OFERTA PROGRAMÁTICA

Artículo 4.- Determinación de la oferta programática existente y los eventos adversos asociados a la misma. La oferta programática existente de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 3 y los eventos adversos asociados a la misma, deberán ser determinados y aprobados por el Comité Interministerial de Desarrollo Social y Familia regulado en la ley N° 20.530, previa propuesta evacuada mediante un informe elaborado por la Secretaría Ejecutiva a la que alude el artículo 5 de esta ley, en coordinación con la Subsecretaría de Evaluación Social y visada por la Dirección de Presupuestos. Para la elaboración de dicho informe, la Secretaría Ejecutiva considerará los insumos pertinentes que, para estos efectos, le proporcione el Comité Técnico Intersectorial a que refiere el artículo 6 de esta ley. En caso que un evento adverso no cuente con oferta programática, deberá indicarse en dicho informe, evaluándose su potencial cobertura.

Los acuerdos del Comité Interministerial de Desarrollo Social y Familia en relación a la determinación de la oferta programática existente que formará parte del Sistema y los eventos asociados a la misma, deberán materializarse mediante resolución expedida por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, de conformidad a lo señalado en el artículo 16 inciso segundo de la ley N° 20.530, la que deberá ser suscrita además por el Ministro de Hacienda.

TÍTULO III

DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA, DEL COMITÉ TÉCNICO INTERSECTORIAL Y DE LOS CONVENIOS

Artículo 5.- De la Secretaría Ejecutiva. La Secretaría Ejecutiva del Sistema estará radicada en la Subsecretaría de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y le corresponderá coordinar intersectorialmente, administrar, supervisar, implementar y hacer seguimiento del Sistema y de los indicadores de gestión de la Red de Atención a Usuarios, sin perjuicio de lo establecido en el literal d) del artículo 3° de la ley N° 20.530.

Adicionalmente, le corresponderá convocar y coordinar las labores del Comité Técnico Intersectorial a que alude el artículo siguiente.

A más tardar el 31 de marzo de cada año, la Secretaría Ejecutiva deberá entregar un Informe Anual de Resultado al Ministro de Desarrollo Social y Familia, en donde deberá señalar qué acciones fueron desarrolladas durante el año anterior, cuáles fueron las dificultades enfrentadas en la implementación o funcionamiento intersectorial del Sistema, qué medidas propone para la mejora de la coordinación del mismo, y la información estadística en relación con las personas que acceden a las políticas, planes, programas, iniciativas, beneficios, prestaciones sociales y/o servicios que administran los organismos participantes, relacionados al registro de casos establecido en el literal c) del artículo 2. Este informe deberá ser remitido a la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación de la Cámara de Diputados y deberá estar disponible a más tardar el 30 de abril de cada año en el sitio web del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Un reglamento suscrito por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia determinará el funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva y establecerá toda otra medida necesaria para ese fin.

Artículo 6.- Del Comité Técnico Intersectorial. Existirá un Comité Técnico Intersectorial que colaborará en la implementación y operación del Sistema proveyendo de información al mismo.

El referido Comité estará compuesto por una contraparte técnica de cada uno de los organismos participantes y será coordinado por la Secretaría Ejecutiva. Asimismo, el Comité deberá considerar la participación de las municipalidades y de la ciudadanía en la forma que disponga el reglamento.

Un reglamento suscrito por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia determinará la forma de designación de los integrantes del Comité Técnico Intersectorial y toda otra medida necesaria para su funcionamiento.

Artículo 7.- De los convenios. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia podrá celebrar convenios para el funcionamiento del Sistema y para efectuar solicitudes de información y/o tratamiento datos para los fines del mismo.

TÍTULO IV

DE LA SOLICITUD DE DATOS, SU USO Y TRATAMIENTO

Artículo 8.- De la solicitud de información y tratamiento de datos. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Subsecretaría de Evaluación Social, estará facultada para solicitar y tratar los datos y la información estrictamente necesaria para el cumplimiento de los fines del Sistema establecidos en el artículo 2 de esta ley, de conformidad a lo establecido en el literal s) del artículo 3° de la ley N° 20.530.

Artículo 9.- Del acceso a la información contenida en registros del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Para el funcionamiento del Sistema, la Subsecretaría de Servicios Sociales podrá realizar solicitudes de información en línea, respecto de datos contenidos en el Registro de Información Social a que hace referencia el artículo 6 de la ley N° 19.949, así como de la información contenida en el instrumento de caracterización socioeconómica a que hace referencia el artículo 5 de la ley N° 20.379, en conformidad a la normativa vigente.

Estas solitudes de información, deberán acotarse a aquella estrictamente necesaria para el cumplimiento de los objetivos del Sistema establecidos en el artículo 2 de esta ley.

Artículo 10.- De la seguridad y confidencialidad en el tratamiento de datos personales. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia deberá actuar con la debida diligencia y adoptar todas las medidas de seguridad, técnicas y organizativas que garanticen la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información contenida en el Sistema.

Las personas que accedan a bases o registros de datos personales en virtud de esta ley, deberán respetar la confidencialidad de los mismos, debiendo tratarlos exclusivamente para los fines previstos en esta ley y abstenerse de usar dicha información en beneficio propio o de terceros.

En caso que el procesamiento y tratamiento de la información, para los fines de la presente ley, fuese efectuado por terceros, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia establecerá contractualmente los resguardos necesarios para proteger la información y su confidencialidad.

Artículo 11.- De las Sanciones. Las infracciones a las disposiciones del presente Título serán sancionadas en conformidad a la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y demás normas aplicables. Adicionalmente, respecto de los funcionarios públicos y para efectos de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 125 de la ley N° 18.834, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda, se estimará que los hechos que configuren infracciones a este Título vulneran gravemente el principio de probidad administrativa, sin perjuicio de las demás sanciones y responsabilidades que procedan, en conformidad a la ley.

TÍTULO V

RED DE ATENCION A USUARIOS

Artículo 12.- Red de Atención a Usuarios. El Sistema contará con una Red de Atención a Usuarios en cada región del país, a través de la cual se entregará orientación e información a los mismos, sobre la oferta programática que forma parte del Sistema.

Adicionalmente, la Plataforma que forma parte de esta Red, permitirá a los usuarios hacer seguimiento de casos.

TITULO VI

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo primero transitorio.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria Tesoro Público, podrá suplementar el presupuesto de dicho Ministerio en la parte del gasto que no pudiera financiar con sus recursos.

En los años siguientes, el gasto que irrogue el adecuado funcionamiento del Sistema se hará con cargo a los recursos que anualmente contemple la Ley de Presupuestos vigente, sin perjuicio de los recursos que se otorguen por leyes especiales.

Artículo segundo transitorio.– Dentro del plazo de 6 meses contado desde la fecha de publicación de la presente ley en el Diario Oficial, se dictarán los reglamentos a que hacen referencia los artículos 5 y 6 de ésta, así como cualquier otro reglamento necesario para el funcionamiento del Sistema.”.

*****************

Tratado y acordado, según consta en las actas correspondientes a las sesiones celebradas los días 5, 12 y 19 de junio; 17 de julio; 7 y 14 de agosto, 4, 10 y 11 de septiembre de 2019; con la asistencia de las diputadas señoras Sandra Amar, Catalina Del Real, Claudia Mix, Erika Olivera, Joanna Pérez y Virginia Troncoso; y de los diputados señores Boris Barrera (Presidente), Joaquín Lavín, Andrés Longton, Cosme Mellado, Jaime Naranjo, Jorge Sabag y Esteban Velásquez.

También concurrieron los diputados señores Nino Baltolu, en reemplazo de la diputada señora Sandra Amar; Miguel Ángel Calisto, en reemplazo de la diputada señora Joanna Pérez; Andrés Celis, en reemplazo de la diputada señora Catalina del Real; Juan Manuel Fuenzalida, en reemplazo de la diputada señora Virginia Troncoso; Carlos Küschel, en reemplazo de la diputada señora Erika Olivera; Frank Sauerbaum, en reemplazo de la diputada señora Erika Olivera; y Enrique Van Rysselberghe, en reemplazo de la diputada señora Virginia Troncoso.

Sala de la Comisión, a 16 de septiembre de 2019

JUAN CARLOS HERRERA INFANTE

Abogado Secretario de la Comisión

?INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE CREA SISTEMA CLASE MEDIA PROTEGIDA

Boletín N° 12661-31

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Hacienda pasa a informar, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y conforme a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 226 del Reglamento de la Corporación, el proyecto de ley mencionado en el epígrafe, originado en Mensaje de S.E. el Presidente de la República don Sebastián Piñera Echenique, e informado en su primer trámite reglamentario por la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación.

Concurrió a presentar el proyecto el Ministro de Desarrollo Social y Familia, señor Sebastián Sichel Ramírez, acompañado de la Subsecretaria de Evaluación Social, señora Alejandra Candia Diaz; del Subsecretario de Servicios Sociales, señor Sebastián Villarreal Bardet y del Secretario Ejecutivo de Clase Media Protegida, señor Francisco Carrillo Magna.

I.-CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS

1.-Comisión técnica:

Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación.

2.-Artículos que la Comisión Técnica dispuso que fueran conocidas por esta Comisión de Hacienda.

La Comisión Técnica dispuso que los artículos 1, 5 y 12 permanentes, y el artículo primero transitorio, deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda.

3.-Normas de quórum especial:

No se introdujeron nuevas normas con tales características, en este trámite.

4.- Disposiciones o indicaciones rechazadas.

El artículo 5 se encuentra en esa condición.

5- Artículos modificados

El artículo 1 fue modificado, en cuanto fue reemplazado el nombre del Sistema “Clase Media Protegida” por “Red Integral de Protección Social”.

6.-Los artículos 12 permanente y primero transitorio, fueron aprobados en iguales términos.

7.-Diputado Informante: El señor Gastón Von Mühlenbrock Zamora.

II.-SÍNTESIS DE LAS IDEAS MATRICES O FUNDAMENTALES:

Hacerse cargo del mandato del Ministerio de Desarrollo Social de atender las necesidades de personas, que sin ser vulnerables, estén en riesgo de caer en vulnerabilidad por el acaecimiento de un determinado evento adverso, a través de una Secretaría Ejecutiva que se ocupe de esas situaciones complejas por medio del Sistema Clase Media Protegida que procura que la oferta programática vigente atienda el riesgo y genere las coordinaciones necesarias de atención respecto de ciertos eventos específicos.

III.- COMPETENCIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA

Las normas sometidas a consideración son las siguientes:

“Artículo 1.- Naturaleza. Créase un sistema denominado “Clase Media Protegida”, en adelante e indistintamente el “Sistema”, el que consiste en un modelo de gestión intersectorial, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Subsecretaría de Servicios Sociales, cuyo propósito es coordinar intersectorialmente la oferta programática existente relacionada a eventos adversos que podrían conducir a personas, grupos o familias a una situación de vulnerabilidad, en los términos regulados en la ley N° 20.530, entregar información clara, oportuna y personalizada sobre la misma, y simplificar el acceso a ésta.”

“Artículo 5.- De la Secretaría Ejecutiva. La Secretaría Ejecutiva del Sistema estará radicada en la Subsecretaría de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y le corresponderá coordinar intersectorialmente, administrar, supervisar, implementar y hacer seguimiento del Sistema y de los indicadores de gestión de la Red de Atención a Usuarios, sin perjuicio de lo establecido en el literal d) del artículo 3° de la ley N° 20.530.

Adicionalmente, le corresponderá convocar y coordinar las labores del Comité Técnico Intersectorial a que alude el artículo siguiente.

A más tardar el 31 de marzo de cada año, la Secretaría Ejecutiva deberá entregar un Informe Anual de Resultado al Ministro de Desarrollo Social y Familia, en donde deberá señalar qué acciones fueron desarrolladas durante el año anterior, cuáles fueron las dificultades enfrentadas en la implementación o funcionamiento intersectorial del Sistema, qué medidas propone para la mejora de la coordinación del mismo, y la información estadística en relación con las personas que acceden a las políticas, planes, programas, iniciativas, beneficios, prestaciones sociales y/o servicios que administran los organismos participantes, relacionados al registro de casos establecido en el literal c) del artículo 2. Este informe deberá ser remitido a la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación de la Cámara de Diputados y deberá estar disponible a más tardar el 30 de abril de cada año en el sitio web del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Un reglamento suscrito por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia determinará el funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva y establecerá toda otra medida necesaria para ese fin. “

“Artículo 12.- Red de Atención a Usuarios. El Sistema contará con una Red de Atención a Usuarios en cada región del país, a través de la cual se entregará orientación e información a los mismos, sobre la oferta programática que forma parte del Sistema.

Adicionalmente, la Plataforma que forma parte de esta Red, permitirá a los usuarios hacer seguimiento de casos”.

“Artículo primero transitorio.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria Tesoro Público, podrá suplementar el presupuesto de dicho Ministerio en la parte del gasto que no pudiera financiar con sus recursos.

En los años siguientes, el gasto que irrogue el adecuado funcionamiento del Sistema se hará con cargo a los recursos que anualmente contemple la Ley de Presupuestos vigente, sin perjuicio de los recursos que se otorguen por leyes especiales.”

IV.-CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY

Mediante doce artículos permanentes y dos transitorios, se establece la nueva oferta de beneficios que apunta a brindar seguridades a la clase media en las situaciones antes enunciadas, mediante los programas y acciones que se especifican a continuación:

1) Enfrentar un evento de salud de alto costo

Reforma integral al sistema de salud pública y privada y el Nuevo Seguro de Salud de Clase Media, el cual entrega una cobertura financiera especial para tratamientos e intervenciones quirúrgicas, que no están incluidas en Ges u otras leyes especiales, y que hoy tienen alternativa de tratarse con largos tiempos de espera o un costo que deja a una familia de clase media vulnerable o muy endeudada. Este seguro entregará una opción más en la atención del afiliado, al sumar una opción en una red de prestadores, públicos y privados en convenio, nuevas soluciones de atención oportuna.

2) Estar cesante y dificultad para encontrar trabajo

Modernización del SENCE. Incluye la creación de nuevos programas de capacitación y reconversión laboral con foco en la actualización de nuevas competencias laborales, así como el Fortalecimiento del Sistema de Intermediación Laboral, que consiste en la entrega de un servicio de intermediación laboral (orientación y ofertas de empleo) a través de una red de oficinas y móviles (Sence Móvil). También está el seguro de lagunas previsionales, incluido en la Reforma de Pensiones.

3) Ser persona mayor con dependencia

Reforma de Pensiones, 3 nuevos pilares: (1) pilar clase media; (2) aporte adicional a mujeres clase media y (3) adultos mayores con dependencia Seguro y Subsidio de dependencia. Este último consiste en un pago monetario a personas mayores con dependencia severa. El monto depende del nivel de vulnerabilidad socioeconómica en el caso de subsidio, y de la densidad de cotizaciones en el caso del seguro.

4) Ser víctima de un delito violento

Programa de Apoyo a víctimas (Fortalecimiento): Atención a víctimas, que incluye intervenciones en una Primera Respuesta (atención contingente para brindar orientación, información y primeros auxilios psicológicos) y en una Segunda Respuesta (apoyo psico-social-jurídico).

5) Acceder a soluciones habitacionales

Mejoras al Subsidio para Sectores Medios (Fortalecimiento): modificación al programa de Subsidio para Sectores Medios, aumentando significativamente los montos del subsidio, para que el mayor número posible de familias seleccionadas concreten la compra de su vivienda.

6) Dificultad para pagar la educación superior

Sistema de financiamiento solidario de acceso a la educación superior. Crédito con una duración de hasta 180 cuotas (15 años), entregado a los estudiantes por una entidad estatal sin intervención de la banca. Permite además dar una solución a problemas de deudores del actual CAE. Ampliación de la Gratuidad para alumnos de educación técnico profesional al 70%.

Se propone una definición de Eventos Adversos, entendiéndolos como hechos o contingencias que podrían conducir a una persona, grupo o familia a una situación de vulnerabilidad, en los términos establecidos en el numeral 5) del artículo 2 de la ley N° 20.530, por motivos de salud, vejez, desempleo, vivienda, educación superior o delincuencia, entre otros.

V.- INCIDENCIA EN MATERIA FINANCIERA O PRESUPUESTARIA DEL ESTADO

El informe financiero N°81, de 28 de mayo de 2019 acompañado en el proyecto a su ingreso, explicita los siguientes antecedentes:

Efecto del proyecto de ley sobre el Presupuesto Fiscal:

a. Costo asociado a la Oferta Programática

El costo asociado a toda la oferta programática de los ministerios respectivos y que coordinará este Sistema asciende a MUS$ 7.235.884, de los cuales MUS$4.897.464 corresponde a programas existentes y MUS$2.338.419 a la nueva oferta que se incorpora con los proyectos de ley que se encuentran en trámite legislativo.

b. Costo asociado a la Administración del Sistema

Por otro lado, el siguiente cuadro presenta los costos asociados a la administración de este sistema:

El mayor gasto fiscal asociado a la administración del sistema que irrogue la aplicación de esta ley, durante su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público, podrá suplementar el presupuesto de dicho Ministerio en la parte del gasto que no pudiera financiar con sus recursos.

En los años siguientes, el gasto que irrogue el adecuado funcionamiento del Sistema se hará con cargo a los recursos que anualmente contemple la Ley de Presupuestos vigente.

VI.-ACUERDOS ADOPTADOS

Previo a la votación la Comisión recibió al Ministro de Desarrollo Social y Familia, señor Sebastián Sichel Ramírez quien comenzó refiriéndose a la transformación socioeconómica y al crecimiento de la clase media en Chile. La pobreza ha disminuido de 68,5%* en 1990 a 8,6% en el año 2017. Las familias que enfrentan contingencias o eventos adversos que pueden poner en riesgo sus avances, los cuales muchos de ellos han sido logrados a partir de su propio esfuerzo.

Con la modificación a la ley N° 20.530, que crea el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, se habilitó al ministerio para reconocer a aquellas personas y familias que han progresado significativamente gracias a sus propios méritos y esfuerzo, pero que pueden verse enfrentados a situaciones que los podrían hacer volver o llevar o a una situación de vulnerabilidad.

La nueva ley dotó al Ministerio de la facultad para atender a la clase media, definida como «aquellas personas o grupos y familias que, sin ser vulnerables, pueden verse enfrentados a contingencias o eventos adversos, que podrían conducirlos a una situación de vulnerabilidad», de manera de trabajar en políticas públicas que les brinden la tranquilidad de contar con un piso de seguridades para hacer frente a diversas contingencias, como por ejemplo la pérdida del empleo, una enfermedad catastrófica, el financiamiento de la educación superior de los hijos, un grave acto de delincuencia o una prolongada tercera edad.

Chile es el país de la OECD con mayor probabilidad de que una persona del quintil 4 retroceda al quintil 1 en un periodo de 4 años:

En el proceso de exploración de la situación actual participaron ciudadanos y funcionarios. Este permitió descubrir los siguientes problemas que debían ser abordados por Clase Media Protegida:

Las políticas públicas deben tener foco en acercar el estado a las personas para (i) mitigar las consecuencias de una amplia variedad de contingencias que las familias podrían enfrentar y, al mismo tiempo, (ii) apoyar que el acceso a la vivienda y educación no se traduzca en una fuente de vulnerabilidad para las familias.

Clase Media Protegida es un sistema de apoyo para proteger y fortalecer a la clase media, que permitirá a las familias acceder a un conjunto de beneficios para enfrentar aquellos eventos adversos o contingencias que pongan en riesgo su progreso y/o bienestar.

Busca vincular la oferta de beneficios para la clase media asociada a los eventos adversos, a través de la coordinación intersectorial de la oferta asociada a los eventos adversos y vinculación con nuevos proyectos de ley ya ingresados al congreso. Asimismo, se propone informar y orientar de manera clara y oportuna los beneficios existentes mediante una Red de Atención a usuarios (plataforma digital y servicio presencial a través de ChileAtiende y otras instituciones). Finalmente, apunta a Simplificar el acceso a los beneficios a través de la integración de trámites asociados, estableciendo la Interoperabilidad de trámites y seguimiento de casos.

La nueva ley dotó al Ministerio de la facultad para atender a la clase media, definida como «aquellas personas o grupos y familias que, sin ser vulnerables, pueden verse enfrentados a contingencias o eventos adversos, que podrían conducirlos a una situación de vulnerabilidad», de manera de trabajar en políticas públicas que les brinden la tranquilidad de contar con un piso de seguridades para hacer frente a diversas contingencias, como por ejemplo la pérdida del empleo, una enfermedad catastrófica, el financiamiento de la educación superior de los hijos, un grave acto de delincuencia o una prolongada tercera edad.

El objetivo del proyecto de ley es crear el sistema CMP y dotarlo de una institucionalidad mediante la cual este nuevo sistema de apoyo asegure la coordinación intersectorial necesaria para proteger y fortalecer a la clase media, permitiendo a las familias acceder a un conjunto de beneficios para enfrentar aquellos eventos adversos o contingencias que pongan en riesgo su progreso y/o bienestar. 

Con el proyecto de ley, los eventos adversos y la oferta programática que esté asociada a los mismos, pasarán a formar parte del sistema CMP mediante la determinación y aprobación del Comité Interministerial de Desarrollo Social y Familia. Para estos efectos, la Secretaría Ejecutiva, en coordinación con la Subsecretaría de Evaluación Social, y tomando en consideración los insumos que para estos efectos le proporcione el Comité Técnico Intersectorial, entregará al Comité Interministerial de Desarrollo Social y Familia una propuesta previamente visada por la Dirección de Presupuesto. Los acuerdos de este último Comité, se materializarán mediante resolución expedida por el MDSF conforme lo dispone el artículo 16 de la ley N° 20.530.

Conforme a lo dispuesto en el Informe de la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación de la Cámara, la Comisión de Hacienda deberá conocer los siguientes artículos:

• Artículo 1: Crea el Sistema Clase Media Protegida

La coordinación intersectorial incluye:

1. Generación de contenidos y simplificación de burocracia respecto a beneficios que tiene el Estado. Hoy en la plataforma se encuentran más de 75 beneficios (identificados como críticos en los viajes de ciudadano), ordenados según los viajes que enfrenta el ciudadano ante una situación crítica.

2. Acercar el Estado a las personas. Hoy un ciudadano debe tocar varias puertas antes de encontrar una solución. Con las atribuciones de coordinación intersectorial la idea es reducir los costos de búsqueda de un ciudadano y darle mayor urgencia a la gestión de su caso. Para eso se trabajó en coordinación con 9 Ministerios (Trabajo y Previsión Social, Salud, Vivienda, Educación, Justicia, Interior, Mujer y EG, Hacienda, Desarrollo Social y Familia) además de los servicios públicos y superintendencias relacionadas (18).

• Artículo 5: De la Secretaría Ejecutiva

Hoy existe un Reglamento que determina las funciones de la Secretaría Ejecutiva en detalle. Las Funciones que señala el reglamento son:

1. Coordinar a los organismos participantes, en la implementación del Sistema y en el cumplimiento de los objetivos de la misma.

2. Estudiar la implementación del Sistema y el cumplimiento de sus objetivos.

3. Proponer al Subsecretario de Servicios Sociales:

- la oferta programática vigente que se someterá a la aprobación del Comité Interministerial de Desarrollo Social para ser incluida en la Red.

- los trámites y procesos asociados a la oferta programática incluida en el Sistema, para su aprobación, para ser debidamente integrados en la plataforma, velando por su correcta implementación.

- la estrategia de capacitación y la generación del material educativo que se utilizará para capacitar a los organismos participantes, para su aprobación.

4. Proponer, coordinar e implementar una estrategia de atención multicanal del Sistema.

5. Administrar una plataforma que permita orientar de manera oportuna y de acuerdo a las necesidades de los usuarios, la oferta programática disponible para hacer frente a los eventos adversos incluidos en la Red.

6. Entregar orientaciones técnicas a los organismos participantes u otros funcionarios del Sistema, respecto a la forma en que se informará la oferta programática incluida en el Sistema.

7. Proponer al Comité Interministerial de Desarrollo Social para su aprobación, los lineamientos generales de la estrategia de difusión de la Red.

8. Cualquier otra función que sea necesaria para asegurar la correcta implementación intersectorial y administración de la Red.

• Artículo 12: De la Red de Atención a Usuarios

La red de atención la compondrán los actuales canales de atención que existen en el Estado. Actualmente son más de 192 sucursales de ChileAtiende a lo largo del País. La idea es extender el modelo a las 56 provincias que abarcarían las 345 municipios del país.

Se ha habilitado un canal virtual de atención a partir del 22 de mayo que ha recibido más de 400 mil visitas. El canal incluye información básica de seguridad social de una persona la que está asociada a los beneficios del Estado para enfrentar los eventos adversos. Además se está probando 9 trámites virtuales para el ciudadano, lo que implica trabajar en interoperabilidad y rediseño de servicios.

La red de atención incluye el desarrollo de un sistema que de soporte al funcionario público en sus labores de información, orientación y seguimiento de casos para el ciudadano. Para ello además recibirá capacitación y soporte de parte del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Esto en coordinación con los servicios público vinculados

• Artículo 1° transitorio: referente al gasto fiscal

El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria Tesoro Público, podrá suplementar el presupuesto de dicho Ministerio en la parte del gasto que no pudiera financiar con sus recursos.

En los años siguientes, el gasto que irrogue el adecuado funcionamiento del Sistema se hará con cargo a los recursos que anualmente contemple la Ley de Presupuestos vigente, sin perjuicio de los recursos que se otorguen por leyes especiales.

Terminada la presentación del Ministro señor Sichel, el diputado Lorenzini observó que la coordinación intersectorial desprovista de la debida autoridad, no será capaz de orientar la acción de los distintos ministerios a los fines previstos en el proyecto de ley, y observa, que los cargos a contratar serán en calidad de honorarios, lo que además, supera lo autorizado en la propia Ley de Presupuestos para el sector público. Por otra parte, manifestó sus aprensiones respecto de la real entrega de prestaciones.

El diputado Monsalve manifestó sus dudas respecto a la forma en que operará el proceso de concesión de los distintos beneficios que quedarán comprendidos en el sistema propuesto por el proyecto de ley. Solicitó explicar la base considerada para el diagnóstico que justifique el proceso, como asimismo los antecedentes para entender si se recurre al Sistema después de estar incumplidas las prestaciones.

El diputado Auth consideró que el proyecto parece muy atractivo en lo visual y conceptual, pero cuesta identificar el aporte concreto que brindará respecto a la oferta actualmente existente. Estimó que no resulta procedente considerar los fondos asociados al proyecto de ley como destinados a la clase media, en la medida en que el universo de beneficiarios de ellos incluye también, y en algunos casos mayoritariamente, a población más vulnerable.

El diputado Moreira consultó qué rol cumplirán las municipalidades en este sistema y si se consideran recursos para ellas.

El diputado Pérez preguntó cómo el sistema propuesto será capaz de detectar las situaciones que gatillan la entrega de los beneficios que agrupa.

La diputada Cid indicó que de acuerdo al número de personal que se considera contratar, no todas las regiones contarán con personas disponibles para atender los requerimientos de sus habitantes. Preguntó cómo se abordará esta dimensión regional.

El diputado Lorenzini consultó cómo se incorporará a las regiones, particularmente desde la perspectiva de los nuevos gobiernos regionales.

El Ministro indicó que una vez que exista un mandato legal que ordene la coordinación intersectorial, a cargo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, será posible aglutinar la acción de los distintos ministerios. Aclaró que este proyecto no crea una nueva oferta de beneficios, sino que coordina y sistematiza la actualmente existente, así como la que se introducirá mediante nuevos proyectos de ley.

El Director de Clase Media Protegida, destacó que el Ministerio de Desarrollo Social y Familia identificó cuál es el viaje del usuario que busca beneficios ante distintas situaciones adversas. El sistema apunta a leer las características y el perfil de la persona, para orientarla al beneficio que le corresponde. Agregó que no será obligatorio utilizar el sistema propuesto, sino que Clase Media Protegida constituirá un complemento, a través de una estrategia de multicanalidad.

El Subsecretario indicó que para lanzar este sistema se ha desarrollado un programa intenso de capacitación a nivel local para permitir que quienes requieran una atención presencial puedan contar con la adecuada orientación.

El diputado Auth estimó inapropiado crear una nueva institucionalidad que estará integrada sin funcionarios de planta, 4 a contrata y 8 a honorarios.

La Subsecretaria expresó que el proyecto de ley crea una Secretaría Ejecutiva que coordinará los beneficios sociales, basándose en un enfoque de riesgo, que va más allá de los ingresos de las personas, siguiendo lo recomendado por el Banco Mundial y el PNUD.

Votación

Artículo 1

Indicación de los diputados Auth, Jackson, Lorenzini, Monsalve, Núñez (Presidente), Ortiz y Schilling:

Para reemplazar la frase “Clase Media Protegida” por “Red Integral de Protección Social”.

Los autores de la indicación fundamentaron su voto favorable en la medida que la oferta agrupada por el sistema abarca beneficios destinados a la clase media y también a otros segmentos socioeconómicos.

Quienes votaron en contra estimaron que la indicación responde a la mezquindad política, que impide reconocer que un gobierno haya tenido una especial sensibilidad por la clase media.

Puesta en votación la indicación, resultó aprobada por siete votos a favor y seis en contra. Votaron a favor los diputados Auth, Jackson, Lorenzini, Monsalve, Núñez (Presidente), Ortiz y Schilling. Votaron en contra los diputados Cid, Melero, Moreira, Pérez, Santana y Von Mühlenbrock.

El artículo 1, con la modificación señalada, fue aprobado por la unanimidad de los trece diputados presentes señores Auth, Jackson, Lorenzini, Melero, Moreira, Núñez (Presidente), Ortiz, Pérez, Santana, Schilling y Von Mühlenbrock.

Artículo 5

La mayoría de los diputados integrantes manifestaron que no pueden aprobar, sino hasta que el Ejecutivo se comprometa a garantizar que se cumpla con la ley, en el sentido de que los funcionarios formen parte de la planta o la contrata, respetando la proporción que exige la ley.

Otros diputados se manifestaron por aprobar el artículo confiando en que el Ejecutivo corregirá esta situación mediante una indicación que se presentará durante el resto del trámite legislativo.

El artículo 5 fue rechazado por seis votos a favor, uno en contra y seis abstenciones. Votaron a favor los diputados Cid, Melero, Moreira, Pérez, Santana y Von Mühlenbrock. Votó en contra el diputado Lorenzini. Se abstuvieron los diputados Auth, Jackson, Monsalve, Núñez (Presidente), Ortiz y Schilling.

El artículo 12 fue aprobado por la unanimidad de los trece diputados presentes señores Auth, Jackson, Lorenzini, Melero, Moreira, Núñez (Presidente), Ortiz, Pérez, Santana, Schilling y Von Mühlenbrock.

Respecto al artículo primero transitorio, el diputado Lorenzini expresó que responde a la misma lógica de la disposición votada anteriormente, por lo que no puede concurrir con su voto favorable.

Puesto en votación, resultó aprobado por doce votos a favor y uno en contra. Votaron a favor los diputados Auth, Jackson, Melero, Moreira, Núñez (Presidente), Ortiz, Pérez, Santana, Schilling y Von Mühlenbrock. Votó en contra el diputado Lorenzini.

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Por las razones señaladas y consideraciones que expondrá el Diputado Informante, la Comisión de Hacienda recomienda aprobar los artículos señalados en la forma descrita.

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Tratado y acordado en la sesión celebrada el día 24 de septiembre del año en curso, con la asistencia de los diputados (a) señores (a) Pepe Auth Stewart, Sofía Cid Versalovic, Giorgio Jackson Drago, Pablo Lorenzini Basso, Patricio Melero Abaroa, Manuel Monsalve Benavides, Cristhian Moreira Barros, Daniel Núñez Arancibia (Presidente) José Miguel Ortiz Novoa, Leopoldo Pérez Lahsen, Alejandro Santana Tirachini, Marcelo Schilling Rodríguez y Gastón Von Mühlenbrock Zamora.

El Diputado Guillermo Ramírez Diez, fue reemplazado por el Diputado Cristhian Moreira Barros.

Sala de la Comisión, a 24 de septiembre de 2019

MARÍA EUGENIA SILVA FERRER

Abogado Secretaria de la Comisión

Informe Financiero Sustitutivo

Proyecto de Ley que Establece el Sistema Clase Media Protegida Mensaje Nº067-367

El Proyecto de Ley crea el sistema "Clase Media Protegida". Este consiste en un modelo de gestión intersectorial, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Subsecretaría de Servicios Sociales, cuyo propósito es coordinar intersectorialmente la oferta programática existente relacionada a eventos adversos que podrían conducir a personas, grupos o familias a una situación de vulnerabilidad, en los términos regulados en la ley Nº 20.530, entregar información clara, oportuna y personalizada sobre la misma, y simplificar el acceso a esta.

Se establecen los siguientes objetivos del sistema Clase Media Protegida: coordinar intersectorialmente la oferta programática existente asociada a los eventos adversos; entregar información y orientación clara, oportuna y personalizada de la oferta programática existente, mediante la Red de Atención a Usuarios a que se refiere el título V del proyecto de ley; y, simplificar el acceso a la oferta programática del Estado mediante la integración de trámites asociados a los respectivos beneficios y el seguimiento de casos. Para estos efectos el Sistema contará con su propio registro de casos.

La oferta programática existente que formará parte del Sistema y los eventos adversos asociados a la misma, serán determinados y aprobados por el Comité Interministerial de Desarrollo Social y Familia, previa propuesta evacuada mediante un informe elaborado por la Secretaría Ejecutiva, a la que se alude en el artículo 5 de la ley, en coordinación con la Subsecretaría de Evaluación Social y visada por la Dirección de Presupuestos.

En concordancia con lo anterior, el Proyecto de Ley le otorga rango legal y le da continuidad a la Secretaría Ejecutiva de la Red de Clase Media Protegida, la que será la encargada de coordinar intersectorialmente, administrar, supervisar, implementar y hacer seguimiento del Sistema, y de los indicadores de gestión de la Red de Atención a Usuarios.

Asimismo, la Secretaría Ejecutiva deberá convocar y coordinar las labores del Comité Técnico Intersectorial.

Adicionalmente, la Secretaria Ejecutiva deberá elaborar un Informe Anual de Resultado al Ministro de Desarrollo Social y Familia, en donde deberá señalar qué acciones fueron desarrolladas durante el año anterior, cuáles fueron las dificultades enfrentadas en la implementación o funcionamiento intersectorial del Sistema, y qué medidas propone para la mejora de la coordinación del mismo.

El funcionamiento de la Secretaria Ejecutiva y las normas necesarias para el ejercicio de su función será determinado por un reglamento expedido por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Al mismo tiempo, el proyecto de ley otorga rango legal y le da continuidad al Comité Técnico Intersectorial, que colaborará en la implementación y operación del Sistema proveyendo de información al mismo. El Comité Técnico Intersectorial estará integrado por una contraparte técnica de cada uno de los órganos de la Administración del Estado que formen parte del Sistema. La forma de designación de sus integrantes, atribuciones y funcionamiento se regularán a través de un reglamento del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

El Proyecto de Ley faculta al Ministerio de Desarrollo Social y Familia para suscribir convenios para el funcionamiento del Sistema y para efectuar solicitudes de información y/o tratamiento de datos para los fines del mismo.

Además, se establecen normas para el uso de la información y su tratamiento. Se faculta al Ministerio de Desarrollo Social y Familia para solicitar y tratar los datos personales y la información necesaria para el cumplimiento de los fines del Sistema; se faculta a la Subsecretaría de Servicios Sociales para acceder a la información contenida en el Registro de Información Social; se establecen normas de seguridad y confidencialidad en el tratamiento de datos personales.

Se crea una Red de Atención a Usuarios, a través de la cual se entregará orientación e información a los mismos, sobre la oferta programática que forma parte del Sistema. Adicionalmente, la Plataforma que forma parte de esta Red, permitirá a los usuarios hacer seguimiento de casos.

Por último, en sus disposiciones transitorias establece la norma de imputación de mayor gasto fiscal y el plazo desde la publicación de la ley para la dictación de los reglamentos.

II. Efecto del proyecto de ley sobre el Presupuesto Fiscal

a. Costo asociado a la Oferta Programática

El costo asociado a toda la oferta programática de los ministerios respectivos y que coordinará este Sistema asciende a MUS$ 7.235.884, de los cuales MUS$4.897.4 64 corresponde a programas existentes y MUS$2.338.419 a la nueva oferta que se incorpora con los proyectos de ley que se encuentran en trámite legislativo.

b. Costo asociado a la Administración del Sistema

Por otro lado, el siguiente cuadro presenta los costos asociados a la administración de este sistema:

El mayor gasto fiscal asociado a la administración del sistema que irrogue la aplicación de esta ley, durante su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público, podrá suplementar el presupuesto de dicho Ministerio en la parte del gasto que no pudiera financiar con sus recursos.

En los años siguientes, el gasto que irrogue el adecuado funcionamiento del Sistema se hará con cargo a los recursos que anualmente contemple la Ley de Presupuestos vigente.

III. Fuentes de información

• Ley de Presupuestos del Sector Público 2019, Dirección de Presupuestos.

• Subsecretaría de Servicios Sociales, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

ESTABLECIMIENTO DE SISTEMA RED INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 12661-31)

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que establece el Sistema Clase Media Protegida.

Diputados informantes de las comisiones de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación, y de Hacienda son la señora Sandra Amar Mancilla y el señor Gastón von Mühlenbrock , respectivamente.

Antecedentes:

-Mensaje, sesión 30ª de la presente legislatura, en martes 28 de mayo 2019. Documentos de la Cuenta N° 2.

-Informe de la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación, sesión 76ª de la presente legislatura, en martes 24 de septiembre de 2019. Documentos de la Cuenta N° 10.

-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 77ª de la presente legislatura, en miércoles 25 de septiembre 2019. Documentos de la Cuenta N° 12.

-Informe financiero sustitutivo del proyecto de ley que "Establece el Sistema Clase Media Protegida". Boletín N° 12661-31 (I.F.N°179) Documentos de la Cuenta N° 5 de este boletín de sesiones.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada informante de la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación.

La señora AMAR, doña Sandra (de pie).-

Señor Presidente, de conformidad con el mandato que me confirió la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación, paso a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que establece el Sistema Clase Media Protegida.

La idea matriz del proyecto de ley es crear el Sistema “Clase Media Protegida”, que consiste en un modelo de gestión intersectorial, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Subsecretaría de Servicios Sociales, cuyo propósito es coordinar intersectorialmente la oferta programática existente relacionada con eventos adversos que podrían conducir a personas, grupos o familias a una situación de vulnerabilidad, como asimismo entregar información sobre la misma y simplificar el acceso a esta.

Por otro lado, se deja constancia de que el proyecto contiene normas de rango orgánico constitucional que se especifican en el informe respectivo.

La comisión aprobó por simple mayoría la idea de legislar. Votaron a favor las diputadas señoras Sandra Amar , Érika Olivera y Joanna Pérez , y los diputados señores Boris Barrera (Presidente), Andrés Celis (en reemplazo de la diputada señora Catalina del Real), Juan Manuel Fuenzalida (en reemplazo de la diputada señora Virginia Troncoso) , Joaquín Lavín , Andrés Longton , Cosme Mellado , Jorge Sabag y Esteban Velásquez , mientras que lo hizo en contra la diputada señora Claudia Mix .

Antecedentes y fundamentos

Chile ha experimentado un cambio importante en su composición socioeconómica en las últimas décadas. Gracias al crecimiento económico sostenido y a las buenas políticas públicas, se ha logrado reducir sistemáticamente la pobreza a lo largo de los años.

Según la encuesta de caracterización socioeconómica, Casen 2017, la pobreza ha disminuido de 68 por ciento, en 1990, a 8,6 por ciento, en 2017. Esta importante transformación social ha permitido a los chilenos prosperar y optar a una mejor calidad de vida, cuyo progreso se ve reflejado en el rápido crecimiento de familias de ingresos medios.

Según el Banco Mundial, se observa que el porcentaje de personas de clase media prácticamente se triplicó entre 1990 y 2017, llegando en este último año a casi el 70 por ciento de la población, muchas de las cuales se encuentran en una situación de fragilidad y que ante una situación negativa inesperada podrían retroceder a una situación de pobreza.

Tal transformación implica el desafío de adaptar nuestras políticas públicas a esta nueva realidad. Sin perjuicio de los importantes progresos que ha experimentado la población, una parte considerable de la clase media se sitúa por sobre pero cerca de los parámetros internacionales de vulnerabilidad.

De hecho, el análisis que muestra María Paz Arzola , del Instituto Libertad y Desarrollo, clasifica al 63,1 por ciento de la población de clase media como de clase media baja, lo que significa que es una población con un elevado riesgo potencial de ver retroceder su situación ante contingencias o eventos adversos.

En efecto, un informe de la OCDE, de 2018, muestra que Chile, dentro de sus integrantes, es el país cuyo cuarto quintil presenta la mayor probabilidad de caer al primer quintil en un periodo de cuatro años (11,3 por ciento), y en el que el tercer quintil presenta la segunda mayor probabilidad de caer al primero en cuatro años (16,3 por ciento).

Lo anterior se condice con diferentes estudios de percepción que muestran que una parte considerable de las familias del país tienen una sensación de fragilidad alta ante la ocurrencia de eventos adversos que ponen en jaque la situación económica familiar.

En cuanto a estos eventos, se aprecia que los principales temores de los chilenos se relacionan con la imposibilidad de pagar la educación universitaria de sus hijos; ser víctima de la delincuencia; no poder costear una enfermedad; perder el trabajo; tener inseguridad financiera en la vejez y dificultades para pagar las deudas.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia menciona dentro de su presentación que las situaciones que pueden volver vulnerables a la población tienen tres causas principales: la falta de beneficios pertinentes y de información, y la excesiva burocracia, las que pueden atentar contra una correcta protección de este segmento.

Este contexto muestra que es necesario crear políticas que apunten a mitigar estos riesgos que hacen que los hogares de clase media presenten fragilidades en su situación socioeconómica. Neilson pone énfasis en que es necesario diseñar estrategias para mitigar la volatilidad en los ingresos, especialmente en los hogares que presentan alto riesgo de caer en pobreza.

En esta misma línea, la OCDE 2018 ha señalado que una estrategia óptima debiera incluir elementos que garanticen un buen acceso de la población a iniciativas que busquen atenuar las consecuencias de los shocks negativos personales. Respecto a este aspecto, un informe también de la OCDE 2019 recalca que existe una sensación de dificultad en el acceso a los beneficios ya existentes, en donde solo el 11,6 por ciento de los chilenos encuestados están de acuerdo con que es fácil acceder a beneficios públicos cuando se necesitan, como también el 61,4 por ciento está en desacuerdo o muy en desacuerdo con que el gobierno proporcione un apoyo económico adecuado en caso de pérdida de ingresos debido a la vejez, lo que se repite para enfermedad o discapacidad y desempleo.

De acá surge la necesidad de institucionalizar una política enfocada en la clase media que contenga ambos elementos, con el objetivo de establecer a esta como grupo prioritario y sobre el cual el Estado tendrá un rol claro y permanente para su atención, promoción y protección, lo que se da en el contexto de la modificación de la ley Nº 20.530, en la cual se amplía la población objetivo del nuevo Ministerio de Desarrollo Social y Familia, incorporando a aquellas personas o grupos y familias que, sin ser vulnerables, pueden verse enfrentados a contingencias o eventos adversos que podrían conducirlos a una situación de vulnerabilidad.

Este ordenamiento es comentado en la presentación de Marcela Ríos, representante residente asistente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Chile, quien destaca la apelación a grupos que no están tradicionalmente recogidos por la política social y además el enfoque de riesgos que se propone como base de la política para este mismo segmento.

A través de este proyecto de ley se crea el Sistema Clase Media Protegida, que consiste en un modelo de gestión intersectorial cuyo objetivo es coordinar intersectorialmente la oferta programática existente relacionada con eventos adversos que podrían conducir a personas, grupos o familias a una situación de vulnerabilidad, entregar información clara, oportuna y personalizada sobre la misma y simplificar el acceso a esta.

Lo anterior permite generar una base sólida para fortalecer y brindar protección a este segmento. De esta forma es la primera vez que se constituye un sistema de protección social con foco en este segmento de la población.

En esta línea, Ignacio Irarrázaval , director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, coincidió en cuanto a la naturaleza y el objetivo del mensaje. Aseveró que las leyes que instauran sistemas cuentan con definiciones más amplias del espectro de beneficiarios en contraposición a las leyes que definen prestaciones o beneficios.

Desde ese punto de vista, este proyecto de ley estaría apuntando a crear un sistema con el objeto de proteger a la clase media, así como a aquellos grupos excluidos tradicionalmente de la política social convencional, encuadrándose como un proyecto que habilita un sistema con foco en la coordinación intersectorial de ministerios y servicios más que en el establecimiento de prestaciones específicas o de alguna transferencia en particular.

Durante las exposiciones de Ignacio lrarrázaval, Yolanda Martínez , representante del BID, y Marcela Ríos , se refirieron a que definir “clase media” es complejo, pues no existen referencias internacionales únicas y puede ser subjetivo. Los estratos medios son estructuralmente heterogéneos y el ciclo económico impacta el tamaño de la clase media. Por lo tanto, establecer parámetros fijos para el sistema CMP inevitablemente podría dejar gente fuera. Acá recae la importancia de crear un sistema. Además, tal como recalcó Yolanda Martínez , las vulnerabilidades de hoy no son necesariamente las vulnerabilidades de mañana.

Contenido general del proyecto

A continuación, se detallan cada uno de los principales elementos contenidos en el proyecto de ley:

Objetivos del sistema CMP:

Según lo expresado, el propósito esencial del proyecto, plasmado en su articulado, es crear el sistema Clase Media Protegida, que consiste en un modelo de gestión intersectorial cuyo propósito es coordinar intersectorialmente la oferta programática existente relacionada con eventos adversos que podrían conducir a personas, grupos o familias a una situación de vulnerabilidad; entregar información y orientación clara, oportuna y personalizada de esta, y simplificar el acceso a la misma mediante la integración de trámites asociados a los diversos beneficios, el seguimiento de casos y garantizar el acceso al sistema.

Determinación de eventos adversos y oferta programática.

Los eventos adversos se han definido como hechos o contingencias que podrían conducir a una persona, grupo o familia a una situación de vulnerabilidad, en los términos establecidos en el número 5) del artículo 2º de la ley Nº 20.530, por motivos de salud, vejez, desempleo, vivienda, educación, delincuencia y/o violencia de género, entre otros.

La oferta programática, a su vez, se ha definido como un conjunto de políticas, planes, programas, iniciativas, beneficios, prestaciones sociales y/o servicios que administran los organismos participantes, y que hayan sido incorporados al sistema CMP.

Los eventos adversos y la oferta programática asociada a los mismos pasarán a formar parte del sistema CMP mediante la determinación y aprobación del Comité Interministerial de Desarrollo Social y Familia. Para estos efectos, la secretaría ejecutiva, en coordinación con la Subsecretaría de Evaluación Social, y tomando en consideración los insumos que para estos efectos le proporcione el Comité Técnico Intersectorial, entregará al Comité Interministerial de Desarrollo Social y Familia una propuesta previamente visada por la Dirección de Presupuestos. Los acuerdos de este último comité se materializarán mediante resolución expedida por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, conforme lo dispone el artículo 16, inciso segundo, de la ley Nº 20.530.

c. Institucionalidad intersectorial

El proyecto de ley crea una institucionalidad que contempla la creación de la Secretaría Ejecutiva del sistema Clase Media Protegida, dependiente de la Subsecretaría de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que será la encargada, entre otras cosas, de coordinar intersectorialmente, administrar, supervisar, implementar y hacer seguimiento del sistema Clase Media Protegida. Un reglamento expedido a través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia determinará el funcionamiento de la secretaría ejecutiva y establecerá toda otra medida necesaria para este fin.

Asimismo, la iniciativa contempla un Comité Técnico Intersectorial, compuesto por una contraparte técnica de cada uno de los organismos participantes, que colaborará en la implementación y operación del sistema Clase Media Protegida, proveyéndolo de información. La secretaría ejecutiva será la encargada de coordinar al referido comité. Un reglamento expedido a través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia determinará la forma de designación de sus integrantes y toda otra medida necesaria para su funcionamiento.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia podrá celebrar convenios para el funcionamiento del sistema Clase Media Protegida y para efectuar solicitudes de información y/o tratamiento de datos para los fines de aquel, de conformidad con lo señalado en la letra d. siguiente.

d. De la solicitud de datos, su uso y tratamiento

Para el funcionamiento del sistema Clase Media Protegida, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia podrá realizar solicitudes de información en línea referente a datos contenidos en el Registro de Información Social, así como de aquella información contenida en el Registro Social de Hogares, conforme a la normativa vigente.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia deberá actuar con la debida diligencia y adoptar todas las medidas de seguridad, técnicas y organizativas que garanticen la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información contenida en el sistema Clase Media Protegida. Asimismo, deberá establecer resguardos contractuales con terceros que, para los fines del sistema, procesen o traten la información.

e. Red de Atención a Usuarios

El sistema Clase Media Protegida contará con una Red de Atención a Usuarios en cada región, a través de la cual se entregará orientación e información a los usuarios sobre la oferta programática que forma parte del sistema.

Discusión del proyecto

Durante la discusión general del proyecto de ley se escucharon diversas exposiciones, tanto del Ejecutivo como también de organizaciones, como Fundación Chile Movilizado, centro de estudios ICAL, Libertad y Desarrollo, Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, Centro de Estudios Públicos, Banco Interamericano de Desarrollo, y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Dentro de las principales conclusiones, pudimos observar que no existe un consenso a nivel global acerca de cómo medir a la clase media, dado que cada nación cuenta con particularidades diferentes. Sin embargo, considerando la evolución de los índices de pobreza en Chile, se hace necesaria la implementación de políticas sociales orientadas a entregar mayor seguridad a aquellas personas que, si bien no son vulnerables, ante algún evento adverso pueden caer en riesgo de vulnerabilidad.

Durante la discusión particular, se incorporaron varias modificaciones al texto original del proyecto, de las cuales la gran mayoría fue aprobada por unanimidad, logrando consenso al interior de la comisión. Las indicaciones aprobadas son las siguientes:

1) En el artículo 2, letra c), que consigna uno de los objetivos del sistema, a saber, simplificar el acceso a la oferta programática del Estado, se agrega el de garantizar el acceso al sistema. Esta indicación de las diputadas Catalina del Real y Érika Olivera y del diputado Longton fue aprobada por unanimidad.

2) En el artículo 3, que contiene una serie de definiciones, específicamente en su letra a), que señala qué debe entenderse por eventos adversos, se incorporan dos enmiendas:

i) Se amplía a toda la educación, y no solo a la superior, como estipula el mensaje, como uno de los motivos que pueden conducir a una persona, grupo o familia a una situación de vulnerabilidad. Esta indicación de la diputada Claudia Mix y de los diputados Barrera, Cosme Mellado y Esteban Velásquez fue aprobada por simple mayoría, con 1O votos a favor y 2 en contra, y

ii) Se incorpora la violencia de género como uno de los factores que también pueden provocar tal vulnerabilidad. Esta indicación de la diputada Claudia Mix y de los diputados Barrera y Naranjo fue aprobada por unanimidad.

3) En el artículo 4, que establece que la oferta programática existente que formará parte del sistema y los eventos adversos asociados a ella deberán ser determinados y aprobados por el Comité Interministerial de Desarrollo Social y Familia, se agrega una frase que señala que, en caso de que un evento adverso no cuente con oferta programática, deberá indicarse en un informe, evaluándose su potencial cobertura. Esta indicación de la diputada Claudia Mix y del diputado Naranjo fue aprobada por simple mayoría, con 12 votos a favor y una abstención.

4) También en el artículo 4 se eliminó la siguiente oración: “En ningún caso se podrán considerar eventos adversos que no cuenten con oferta programática existente.”. Esta indicación de la diputada Claudia Mix fue aprobada por unanimidad.

5) En el inciso segundo del artículo 6, que crea el comité técnico interministerial, se agregó una frase que prescribe que dicho comité deberá considerar la participación de las municipalidades y de la ciudadanía en la forma que disponga el reglamento. Esta indicación de la diputada Claudia Mix y de los diputados Barrera, Cosme Mellado y Esteban Velásquez fue aprobada por unanimidad.

Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación votó a favor el proyecto de ley en informe.

Es cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Recuerdo a la Sala que, por acuerdo, la rendición de los informes debe ceñirse a diez minutos, a fin de no dilatar la tramitación legislativa.

Pido al señor Secretario General que informe a los secretarios de comisiones que la rendición de informes tiene una duración de diez minutos.

Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Hacienda.

Solicito a su señoría que se ajuste al tiempo asignado para la rendición del informe, porque, según lo acordado por los Comités, el Orden del Día se prorrogará hasta que se rindan todos los informes sobre este proyecto.

El señor VON MÜHLENBROCK (de pie).-

Señor Presidente, en representación de la Comisión de Hacienda, paso a informar, en lo que respecta a su incidencia en materia financiera o presupuestaria del Estado, sobre el proyecto de ley que establece el Sistema Clase Media Protegida.

La iniciativa tuvo su origen en mensaje de su excelencia el Presidente de la República señor Sebastián Piñera Echenique , y fue informada en su primer trámite reglamentario por la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación, Concurrió a presentar el proyecto a la comisión el ministro de Desarrollo Social y Familia, señor Sebastián Sichel Ramírez .

La idea central de la iniciativa es que el Ministerio de Desarrollo Social y Familia se haga cargo de su mandato en cuanto a atender las necesidades de las personas que, sin ser vulnerables, están en riesgo de caer en vulnerabilidad por el acaecimiento de un determinado evento adverso, a través de una secretaría ejecutiva que se ocupe de estas situaciones complejas por medio de lo que la iniciativa presidencial denominó como “Sistema Clase Media Protegida”, que procura que la oferta programática vigente atienda el riesgo y genere las coordinaciones necesarias de atención respecto de ciertos eventos específicos.

-Hablan varios diputados a la vez.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Ruego a la Sala guardar silencio.

El diputado von Mühlenbrock está rindiendo el informe de la Comisión de Hacienda. Puede continuar, su señoría.

El señor VON MÜHLENBROCK (de pie).-

Mediante doce artículos permanentes y dos transitorios, se establece la nueva oferta de beneficios, que apunta a brindar seguridades a la clase media en las situaciones antes enunciadas, a través de los programas y acciones que se especifican a continuación:

1. Enfrentar un evento de salud de alto costo.

2. Estar cesante y en dificultades para encontrar trabajo.

3. Ser persona mayor con dependencia.

4. Ser víctima de un delito violento.

5. Acceder a soluciones habitacionales.

6. Dificultad para pagar la educación superior. En este caso, el sistema de financiamiento solidario de acceso a la educación superior dará un crédito con duración de hasta 180 cuotas, 15 años, que será entregado a los estudiantes por una entidad estatal, sin intervención de la banca.

Se propone una definición de eventos adversos, entendidos como hechos o contingencias que podrían conducir a una persona, grupo o familia a una situación de vulnerabilidad, en los términos establecidos en el número 5) del artículo 2 de la ley Nº 20.530, por motivos de salud, vejez, desempleo, vivienda, educación superior o delincuencia, entre otros.

Efecto del proyecto de ley sobre el presupuesto fiscal a) Costo asociado a la oferta programática

El costo asociado a toda la oferta programática de los ministerios respectivos que coordinarán este sistema asciende a 7.235.884.000 dólares, de los cuales 4.897.464.000 dólares corresponden a programas existentes y 2.238.419.000 dólares a la nueva oferta que se incorpora con los proyectos de ley que se encuentran en trámite legislativo.

b. Costo asociado a la administración del sistema

La estructura presupuestaria considera:

1. Gastos en personal: 326.766.000 pesos.

2. Bienes y servicios de consumo: 340.852.000 pesos.

3. Adquisición de activos no financieros: 19.873.000 pesos. El total asciende a 687.491.000 pesos.

Los gastos en personal incluyen la contratación del secretario ejecutivo, grado 4, con asignación crítica, y otros 11 profesionales.

Los gastos en bienes y consumo incluyen conexión móvil, pasajes y fletes, mantenimiento de la plataforma informática, difusión y gastos en capacitación.

Los gastos en adquisición de activos no financieros consideran mobiliario, equipos y programas computacionales para el nuevo personal que se incorpora.

El mayor gasto fiscal asociado a la administración del sistema que irrogue la aplicación de esta ley durante su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público, podrá suplementar el presupuesto de dicho ministerio en la parte del gasto que no pudiera financiar con sus recursos.

En los años siguientes, el gasto que irrogue el adecuado funcionamiento del sistema se financiará con cargo a los recursos que anualmente contemple la ley de presupuestos vigente.

Acuerdos adoptados

En el debate, y en lo que respecta a la incidencia presupuestaria, los integrantes de la comisión coincidieron en que es un buen proyecto; sin embargo, manifestaron aprensiones respecto de la contratación del personal a honorarios por sobre lo que autoriza la ley de presupuestos del sector público, como asimismo porque la necesaria coordinación intersectorial estará desprovista de la debida autoridad y no será capaz de orientar la acción de los distintos ministerios a los fines previstos en el proyecto de ley.

Por tales razones, la comisión rechazó el artículo respectivo, con el voto de la mayoría de los integrantes presentes, en el entendido de que el Ejecutivo subsanará, mediante indicación, el problema de las contrataciones, que deben contemplar la debida proporcionalidad.

Esta mañana fui informado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia de que presentará una indicación para que la contratación del personal no se haga a través del sistema de honorarios, sino a contrata.

En relación con el nombre del sistema Clase Media Protegida, la mayoría coincidió en que el proyecto parece muy atractivo en lo visual y conceptual, pero cuesta identificar el aporte concreto que brindará respecto de la oferta actual y estimaron que no resulta procedente considerar los fondos asociados al proyecto de ley como destinados a la clase media, en la medida en que el universo de beneficiarios incluye también, y en algunos casos mayoritariamente, a población más vulnerable.

Por lo expuesto, los diputados Auth , Jackson , Lorenzini , Monsalve , Daniel Núñez (Presidente), Ortiz y Schilling presentaron una indicación para reemplazar la frase "Clase Media Protegida" por "Red Integral de Protección Social", la que fue aprobada por la mayoría de los integrantes presentes.

Los otros artículos fueron aprobados en los mismos términos propuestos por la comisión técnica.

Concurrieron con su voto la diputada señora Sofía Cid y los diputados señores Pepe Auth , Giorgio Jackson , Pablo Lorenzini , Patricio Melero , Manuel Monsalve , Cristhian Moreira , en reemplazo del diputado Ramírez ; Daniel Núñez (Presidente), José Miguel Ortiz , Leopoldo Pérez , Alejandro Santana , Marcelo Schilling y quien habla, Gastón von Mühlenbrock .

Es cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Conforme al acuerdo adoptado por los Comités Parlamentarios, se han entregado los informes de las dos comisiones que trataron este proyecto. El debate queda pendiente para la sesión del martes 8 de octubre, durante toda la mañana.

Se hace presente -les pido que lo tomen en consideración que se fijó como plazo para renovar indicaciones y solicitar votación separada hasta las 11.00 horas de ese día.

Ha concluido el tiempo destinado al Orden del Día.

ESTABLECIMIENTO DE SISTEMA RED INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 12661-31) [CONTINUACIÓN]

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Corresponde iniciar la discusión del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que establece el Sistema Clase Media Protegida.

Se hace presente a la Sala que los informes ya fueron rendidos en la sesión 81ª, del 2 de octubre recién pasado.

Antecedentes:

-El debate del proyecto se inició en la sesión 81ª de la presente legislatura, en miércoles 2 de octubre de 2019, oportunidad en que se rindieron los informes de las comisiones de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación; y de Hacienda. También se dio cuenta del informe financiero sustitutivo de este proyecto de ley.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado Pepe Auth Stewart .

El señor AUTH.-

Señor Presidente, sin duda, esta es una buena iniciativa, que fue acogida favorablemente en la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación, y también en la Comisión de Hacienda. Sin embargo, quiero relevar dos problemas existentes en el proyecto original.

El primero dice relación con los profesionales que el proyecto establece que constituirán la unidad coordinadora y la plataforma a través de la cual se va a facilitar el acceso y la información al conjunto de los programas de apoyo y de subsidios sociales, puesto que se establece explícitamente que serán a honorarios. Es decir, desde el nacimiento, estamos violando la ley que establece un mínimo de trabajadores a honorarios. Insisto en que estamos estableciendo que la totalidad de los funcionarios que contrataremos será a honorarios. Es decir, desde el inicio, con este proyecto, estamos violando la ley, en circunstancias de que existe un programa de traspaso, definido entre el gobierno y el Congreso, respecto de que los trabajadores a honorarios han de pasar a una situación de contratos estables.

Por lo tanto, nosotros rechazamos la creación de dicha unidad. La condición para su aprobación es que el gobierno, que hoy está ausente en la Sala, señale que no habrá ningún funcionario a honorarios. Al respecto, si bien nos lo ha comunicado, y, por lo tanto, habría cedido, espero la confirmación, porque -insistoaquí no hay nadie que represente al Ejecutivo. Eso es lamentable después de la importancia publicitaria que se le ha dado a este proyecto.

El segundo gran problema es la denominación del proyecto, pues se llama “clase media protegida”. Una costumbre inveterada del gobierno del Presidente Piñera es resolver publicitariamente un problema real de grandes proporciones, que en este caso es la desprotección de la clase media; pero digamos las cosas como son: la clase media no pasará a estar protegida porque bauticemos este pequeño programa de coordinación y de información como “clase media protegida”, cuando la verdad es que hace alusión a la totalidad de los programas, desde el Plan de Acceso Universal de Garantías Explícitas (AUGE) a la gratuidad de la enseñanza superior, programa focalizado en el 60 por ciento más vulnerable, y, por supuesto, también a los pocos programas que tiene el Estado específicamente orientados a la clase media.

Ese es el típico problema del gobierno de Piñera: crear expectativas desmesuradas.

Por lo tanto, todos los miembros de la oposición que integramos la Comisión de Hacienda redactamos una indicación para nombrar este proyecto como corresponde: red integral de protección social, no clase media protegida. No vamos a ser cómplices de las sobreexpectativas; las cosas no se deben llamar por lo que quieren parecer, sino por lo que efectivamente son.

Por eso propusimos esa indicación en la Comisión de Hacienda, que fue aprobada. Espero que la Sala ratifique lo obrado por la Comisión de Hacienda, tanto en materia de asegurar que no habrá contratos de relaciones laborales precarias en una nueva institución estatal como también en que el proyecto se va a denominar por lo que efectivamente es y no por lo que el gobierno publicitariamente quiere que aparezca siendo.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Antes de ofrecer la palabra, doy la bienvenida al ministro de Desarrollo Social y Familia, Sebastián Sichel ; a la subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia , y al subsecretario de Servicios Sociales, Sebastián Villarreal .

Tiene la palabra la diputada Érika Olivera de la Fuente .

La señora OLIVERA (doña Érika).-

Señor Presidente, el objetivo del proyecto de ley es crear el Sistema Clase Media Protegida y dotarlo de una institucionalidad, mediante la cual este nuevo sistema de apoyo permita la coordinación intersectorial necesaria para acercar a las familias de clase media a un conjunto de beneficios del Estado.

Este sistema busca entregarles la adecuada protección y fortalecimiento para enfrentar aquellos eventos adversos o contingencias que pongan en riesgo su progreso o bienestar.

En el marco de la tradicional función del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, destinada a velar por la coordinación, consistencia y coherencia de las políticas, los planes y los programas en materia de equidad y desarrollo social, se han creado modelos de gestión intersectorial conocidos como sistemas y subsistemas, entre los que destacan el Sistema Elige Vivir Sano y el Sistema Intersectorial de Protección Social.

Así también, de cara al nuevo desafío que asume el Ministerio de Desarrollo Social y Familia con la clase media, es necesario crear un sistema para cumplir con dicho objetivo, que sustente un modelo de gestión intersectorial para apoyar a las familias de clase media que se vean enfrentadas a eventos adversos que podrían poner en riesgo su progreso o bienestar.

El Sistema Clase Media Protegida es un modelo de gestión intersectorial cuyo propósito es coordinar intersectorialmente la oferta programática existente relacionada con eventos adversos que podrían conducir a personas, grupos o familias a una situación de vulnerabilidad; entregar información y orientación clara, oportuna y personalizada de esta, y simplificar el acceso a la misma mediante la integración de trámites asociados a los diversos beneficios, el seguimiento de casos y la garantía del acceso al sistema.

En la actualidad no existe un consenso sobre cómo medir y caracterizar a la clase media. Este punto se discutió bastante en la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación.

En la literatura coexisten diferentes medidas: medidas subjetivas, medidas multidimensionales, rango simétrico alrededor del ingreso medio, medidas absolutas de ingreso a través de la fijación de umbrales, entre otras.

En este sentido, se observa que, en general, los países velan por su clase media; no hay ejemplos de países en los que se tenga una medida oficial de este grupo.

Nuestro país ha experimentado un cambio importante en su composición socioeconómica, y la clase media se ha constituido como el grupo principal del país. Pese a ser el principal grupo del país, la clase media lleva años invisibilizada y excluida, tanto de los beneficios sociales del Estado como de mayores oportunidades.

Por eso, hoy se busca seguir avanzando en una política pública con foco en acercar el Estado a las personas de clase media y entregarles acceso a instrumentos de protección del Estado, lo que va sumado al enorme esfuerzo que también realizan los 1,5 y 3,5 millones de personas que aún viven en situación de pobreza por ingresos o pobreza multidimensional, respectivamente.

Por eso, el gobierno del Presidente Sebastián Piñera se ha propuesto reconocer, priorizar y fortalecer a la clase media, valorando su enorme esfuerzo, mérito y trabajo, que por años no ha sido visibilizado.

El 22 de mayo de 2019 se anunció una ambiciosa agenda que perfecciona los mecanismos de protección y apoyo ante un conjunto de eventualidades inesperadas que podría enfrentar la clase media y que podría llevarla a que se materialice su mayor temor: perder lo que con tanto esfuerzo ha alcanzado. Pero, además, se presenta una nueva forma en que el Estado se acerca a las personas, modernizando y haciendo más fácil el acceso a estos beneficios mediante la instalación de un sistema de apoyo a las familias. Este primer esfuerzo de nuestro gobierno, inédito en la historia del desarrollo social en Chile, apunta a atacar de manera integral las fragilidades y temores de la clase media.

Este temor a retroceder no es infundado. Según la OCDE, Chile es el país con mayor probabilidad de que una persona del quintil 4 retroceda al 1 en un período de cuatro años. Por lo tanto, la clase media es un sector que aún se encuentra frágil y que ha luchado muchísimo por mejorar su calidad de vida, en muchas ocasiones sin recurrir al apoyo directo del Estado, ya sea por desconocimiento o por falta de herramientas que se ajusten a su realidad.

Por ello, para impulsar esta agenda para la clase media se está trabajando desde tres ejes:

1. Creación de nuevos beneficios.

2. Simplificación y facilitación del acceso a la información y beneficios del Estado.

3. Coordinación de las instituciones del Estado para otorgar una atención más efectiva ante los eventos adversos que enfrentan las personas y que podrían llevarlas a caer en pobreza.

Por lo tanto, este sistema está dirigido a una clase media heterogénea y con diversas necesidades.

De esta forma, el Sistema Clase Media Protegida se activará cuando una familia enfrente alguna de las situaciones adversas incluidas en el sistema, entendidas como hechos o contingencias que ponen en riesgo el bienestar y/o progreso de la familia y que pueden implicar un retroceso en su calidad de vida.

Inicialmente, los eventos adversos incluidos en la red son los siguientes:

1. Enfrentar un problema de salud de alto costo.

2. Perder el trabajo y dificultad para acceder a uno.

3. Ser una persona mayor con dependencia.

4. Ser víctima de un delito violento.

5. Tener dificultad para acceder a una solución habitacional.

6. Tener dificultad para pagar la educación superior.

Señor Presidente, hago un llamado a votar a favor el proyecto que crea el Sistema Clase Media Protegida.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Claudia Mix Jiménez .

La señorita MIX (doña Claudia) .-

Señor Presidente, por su intermedio saludo al ministro y a los subsecretarios que nos acompañan.

Hoy en Chile -hay un dato estadístico que lo compruebala mayoría de las personas se considera parte de la llamada “clase media”. Sin embargo, esta clase media en nuestro país es profundamente frágil: un accidente, una enfermedad catastrófica o el solo hecho de jubilar puede provocar la pérdida de la estabilidad con la que vivía.

En Chile tenemos una clase media que no ve subir sus sueldos, pero en cambio ve aumentar sus deudas. Según el Informe de Cuentas Nacionales del Banco Central, publicado en abril de este año, los hogares registran una deuda equivalente al 73,3 por ciento del ingreso disponible. En Chile tenemos una clase media sometida a una constante incertidumbre y tensionada siempre por su poder adquisitivo. En ese sentido, es fundamental generar un sistema de protección para todas y todos.

Desde el Frente Amplio siempre hemos defendido la existencia de un sistema de seguridad social contundente por parte del Estado, que pueda dar cobijo a quienes pasan por malos momentos y no pueden levantar la cabeza. En esa línea, apostamos por fortalecer la educación pública, mejorar nuestro sistema de salud, levantar el derecho a la vivienda digna y acabar con el sistema de AFP, todo para defender tanto a los sectores más empobrecidos de nuestro Chile como también a esa clase media que siempre se las arregla por sí sola.

Al leer el título de este proyecto cuando fue anunciado por el Presidente, pensamos que el gobierno se comprometía a la creación de una red de seguridad que ayudaría a quienes tuvieran que enfrentar eventos adversos en el ciclo de la vida a “ponerse de pie y volver a caminar”. Sin embargo, al discutirlo en la Comisión de Desarrollo Social nos dimos cuenta de que el proyecto solo pretende facilitar el acceso a la información, para que las personas puedan acceder a la postulación a beneficios que ya existen y a otros que se pretende crear, pero no asegura una protección real a la clase media.

Además, no se ha definido concretamente qué significa ser de clase media. El Ejecutivo nunca pudo explicar a quién específicamente pretende ofrecer este sistema, entendiendo la delgada línea que separa a la clase media de los grupos más vulnerables. ¿Cuál es la diferencia? ¿Será por el registro de ingreso? ¿Será por el nivel educativo? ¿Será por el acceso a bienes o créditos? ¿Será por el número de integrantes del hogar? ¿Será por su sistema de salud?

¿Cuáles son los límites de este sistema?

Todas esas definiciones y certezas son fundamentales a la hora de diseñar lo que se pretende que sea una política pública efectiva y que solucione las problemáticas reales de nuestra gente. Hasta ahora no sabemos con claridad para cuánta población estimada está destinado el proyecto.

Tras su paso por las comisiones de Desarrollo Social y de Hacienda, logramos que el proyecto fuese un poco más sincero y que no generara la expectativa de que se iba crear un gran sistema de protección, sino más bien una plataforma informativa.

Por lo tanto, aprobaremos las indicaciones de Hacienda y el cambio de nombre del proyecto a “Red Integral de Protección Social”.

Les hago un llamado, colegas: seamos responsables. No generemos expectativas que luego no podrán cumplirse; no ilusionemos a personas o familias que se autoperciben como de clase media, pero que en verdad no lo son.

Este proyecto no significa, bajo ningún término, una verdadera protección a la clase media. Solo consiste en mejorar el acceso a la información.

Avancemos en serio hacia una protección de la clase media, pero fortaleciendo la educación pública, mejorando la salud y acabando con las pensiones de miseria de los futuros pensionados. Avancemos por una patria para todos, que se haga cargo de quienes más necesitan apoyo.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Joanna Pérez Olea .

La señora PÉREZ (doña Joanna).-

Señor Presidente, por su intermedio saludo al ministro y a los subsecretarios.

Cuando se presentó este proyecto, su campaña comunicacional daba a entender que sería la solución a todos los problemas que enfrentaba más del 60 por ciento de la población de nuestro país. Se anunció como una iniciativa nunca antes impulsada por el Ejecutivo hacia los siempre excluidos de los programas de gobierno: la clase media.

Pero ¿qué es hablar de la clase media? Hablar de clase media es hablar de la gran mayoría de los chilenos y chilenas que día a día salen de sus casas para optar por una calidad de vida mejor; de cada una de las mujeres emprendedoras de Lota, Los Ángeles, Lebú , Quilleco y de todo mi distrito y de los distritos de todos mis colegas; de cada una de esas mujeres jefas de hogar a las que les cuesta más que a otros mantener la familia; de todos los hogares que luchan diariamente por una mejor educación para sus hijos, y por vivir, en lo posible, sin deudas. ¡Y cuidado con que algún integrante de la familia se enferme! En ese caso, el ajustado presupuesto familiar se sobrecarga, y tienen que comenzar los bingos y las rifas para sobrevivir a la situación. Eso es indigno, es inaceptable.

Lamentablemente, el proyecto no soluciona esos problemas, pero, tal como señalé en la comisión, es un aporte. Pero lo es siempre y cuando no sea un proyecto aislado, sino que sea acompañado de la presentación y aprobación de otros proyectos de ley que den sustento y permitan cumplir el objetivo.

Por ello, se discutió latamente que el proyecto debería ser nombrado de otra manera. Se debía hablar de “plataforma” en vez de “sistema”, pues sus beneficios para la clase media se circunscribirían solo a una recopilación de beneficios ya existentes para las personas, bajo la coordinación del Ministerio de Desarrollo Social y Familia; es decir, no ofrece nada nuevo para la clase media.

Afortunadamente, fruto del trabajo y de las indicaciones presentadas al proyecto, llegamos a amplios acuerdos en el seno de la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación, pudiendo obtener el compromiso del ministro, aquí presente, para incluir a los adultos mayores bajo el alero de un nuevo proyecto.

Entonces, me pregunto: ¿Los problemas de la clase media se resolverán con este proyecto de ley? Por supuesto que no, pero habrá espacio para que todas las personas puedan acceder de manera más expedita y clara a los distintos beneficios sociales que están a su disposición, en una plataforma única que facilitará el sistema. Esa plataforma servirá para concentrar, y esa es la palabra que mejor lo definiría, todos los beneficios sociales existentes y hará que su acceso sea de manera más cómoda y ordenada.

Quedan muchas cosas pendientes que se deben resolver: acceso a la salud, subsidio al transporte para las personas de la tercera edad, accesibilidad para personas de zonas extremas, protección para nuestros adultos mayores y para las pymes, apoyo a la discapacidad y tantas otras que en conjunto debemos ir resolviendo.

Es necesario implementar, promocionar e impulsar cualquier sistema que facilite el acceso a las personas a beneficios sociales, porque serán las personas más vulnerables y sacrificadas los beneficiarios finales de dichas políticas sociales; serán ellos a quienes ayudaremos.

Por último, dado el compromiso del ministro de Desarrollo Social y Familia de ingresar prontamente a tramitación el proyecto de reforma integral de los adultos mayores, aspecto que también conversamos con otros miembros de la comisión, el cual tiene por objeto complementar los beneficios de la clase media y de los adultos mayores del país, junto con el diputado Jorge Sabag y el resto de nuestra bancada planteamos que lo que se requiere relevar son los beneficios en favor de los adultos mayores. Aquello quizás se encuentra un tanto desmejorado en este proyecto, pero tengo la esperanza de que se puedan sumar grandes propuestas, como las que ya hemos hecho como bancada.

Tal como lo dijimos, más allá del gobierno de turno, es necesario sumar más recursos y programas, pues en esta materia no se debe actuar con mezquindad. Hemos avanzado en el programa Puente, en el Pilar Solidario, en las pensiones para mujeres, en los programas de empleo de mi zona, y creo que todo suma.

En consecuencia, porque confío en que se envíe esa propuesta de reforma integral para el adulto mayor, votaré a favor esta iniciativa.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Sandra Amar .

La señora AMAR (doña Sandra).-

Señor Presidente, saludo al ministro de Desarrollo Social y Familia y al subsecretario que lo acompaña en esta sesión.

Los programas sociales en Chile están dirigidos hacia las personas más vulnerables, situación que, sin duda, debe mantenerse.

Nuestro país ha experimentado un cambio importante en su composición socioeconómica, y la clase media se ha constituido como el grupo preponderante; es decir, son aquellos chilenos que muchas veces reclaman, y con justa razón, que el Estado no los considera para el otorgamiento de beneficios sociales, debido a que no son lo suficientemente vulnerables. No obstante, tampoco son lo suficientemente solventes en el ámbito económico para que no necesiten apoyo. O sea, pasan los años y la clase media subsiste gracias a créditos bancarios y al trabajo esforzado de cada día.

Pese a ser el principal grupo del país, la clase media lleva años invisibilizada y excluida, tanto de los beneficios sociales del Estado como de mayores oportunidades. Sus familias son el motor de nuestro país, y representan el fiel testimonio del valor del trabajo, del mérito y del esfuerzo. Nadie les ha regalado nada y todo lo que tienen es el resultado de esos valores.

Sin embargo, a diario enfrentan angustias, temores, incertidumbres y enormes dificultades, todo bajo la convicción y único propósito de dar a sus familias y a sus seres queridos una mejor calidad de vida que a la que ellos pudieron acceder, a través de brindarles las oportunidades que quizás sus padres jamás imaginaron, pero que hoy representan el presente y el futuro por el que luchan diariamente las familias de clase media de nuestro país.

Dicho lo anterior, el proyecto de ley que estamos discutiendo en este hemiciclo es un avance, pues permite acercar las políticas públicas a las personas de clase media y entregarles un acceso más informado, expedito y eficiente a los instrumentos de protección creados por el Estado.

Por eso, si bien el sistema que se propone a través de esta iniciativa no solucionará todos y cada uno de los problemas de nuestra esforzada clase media, es un gran paso en esa dirección.

Creemos que modernizar el sistema de protección social a través de un procedimiento de fácil acceso al usuario contribuirá a disminuir riesgos y preocupaciones tan comunes en nuestro país, tales como enfrentar un problema de salud de alto costo, perder el trabajo, ser una persona mayor con dependencia, ser víctima de un delito violento, tener dificultades para acceder a una solución habitacional o bien tener inconvenientes para pagar la educación superior.

El proyecto en discusión convoca a diversas instituciones del sector público a resolver problemas particulares definidos por el ministerio como eventos adversos. A partir de la definición de un evento adverso, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia articula una oferta de servicios, dispuestos en diversos organismos públicos, para conectar al ciudadano con variadas herramientas de seguridad social.

Siguiendo el mismo orden de ideas, cabe señalar que en la Comisión de Hacienda se propuso reemplazar la frase "Clase Media Protegida" por "Red Integral de Protección Social", modificación con la que discrepamos, puesto que el programa que hoy debatimos es el primero en la historia del país que es capaz de poner a las familias en el eje central de las políticas del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, con la finalidad de evitar situaciones de vulnerabilidad para la clase media o de ayudar a salir de la vulnerabilidad a todo aquel o aquellos que se encuentren en esa situación.

Esto no se trata de una red ni de una simple plataforma, sino de un sistema, de una forma distinta de hacer las cosas. Estamos dotando al Ministerio de Desarrollo Social y Familia de las facultades necesarias para guiar la política social en el camino de la inclusión y cohesión social. Debemos reconocer, priorizar y fortalecer a la clase media, y valorar su enorme esfuerzo, mérito y trabajo, que por años no ha sido visibilizado. La idea es permitir que su esfuerzo hoy tenga eco en un sistema de apoyo para que la ocurrencia de un evento inesperado no ponga en riesgos sus avances.

Votaré a favor este proyecto, porque es un paso importante para que el sistema contemple las atribuciones necesarias para trabajar hacia una correcta coordinación intersectorial, mediante el otorgamiento de un apoyo integral a las personas y familias ante eventos adversos, cuestión fundamental, ya que generalmente las soluciones o servicios son prestados por distintas instituciones de la administración del Estado, por lo que un sistema coordinado favorecerá la articulación de la oferta, brindando un apoyo oportuno e integral a las personas y familias ante eventos adversos o contingencias que podrían poner en riesgo su progreso, lo que finalmente acerca el Estado a las personas.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Ricardo Celis Araya .

El señor CELIS (don Ricardo).-

Señor Presidente, por su intermedio, saludo al señor ministro de Desarrollo Social y Familia, quien se encuentra en la Sala, a quien además quiero felicitar por haber incluido finalmente los consejos de pueblos indígenas para la Araucanía en el correspondiente proyecto, un compromiso asumido en forma transversal con mi bancada. Así, me parece que hay una buena noticia en ese sentido.

Ahora bien, en cuanto a la materia que nos ocupa, debo decir que todo el tiempo, ya sea en períodos de campaña, en las semanas distritales, en el día a día, uno escucha a la gente decir: “Yo soy de clase media y el Estado se olvidó de mí. No recibo beneficios del Estado. Todos los instrumentos que hay son para otros, para los que tienen mucho dinero o para las personas muy vulnerables, pero para la clase media no hay nada”.

En ese sentido se puede entender que este proyecto mira bien, toma buena temperatura y apunta en el sentido correcto.

Eso sí, me gusta más lo que decidió la Comisión de Hacienda respecto del cambio de nombre del proyecto, que ahora es “Red Integral de Protección Social”, porque entiendo que el objetivo de la iniciativa es justamente ese: ver cómo el Estado es capaz de integrar socialmente y dar instrumentos en forma focalizada a un grupo de nuestra sociedad. El punto es -se ha dicho aquí ya varias veces que la clase media es muy heterogénea, pues existe una gran cantidad de grupos socioeconómicos.

Al respecto, cuando se discutió el proyecto de reforma tributaria, el Ministerio de Hacienda hizo llegar en su minuto a la comisión información sobre los niveles socioeconómicos en Chile. Así, cabe señalar que se entiende por clase media acomodada aquella que tiene un ingreso promedio por hogar de 2.739.000 pesos, y representa el 6 por ciento de la población; clase media emergente es aquella que tiene un ingreso promedio por hogar de 1.986.000 pesos, y representa el 6 por ciento de la población; clase media típica es aquella que tiene un ingreso promedio por hogar de 1.360.000 pesos, y representa el 12 por ciento de la población, y clase media baja o C3 es aquella que tiene un ingreso por hogar de entre 692.000 y 1.106.000 pesos. O sea, en nuestro país hay gran heterogeneidad en esta materia.

Por eso, obviamente, los instrumentos del Estado en muchas ocasiones no son asequibles, y focalizar instrumentos en personas que tienen un ingreso de 680.000 pesos es muy distinto que hacerlo respecto de aquellas que perciben un ingreso que puede ir de 2.190.000 hasta 5.500.000 pesos, que pertenecen al nivel denominado como clase media alta. Es decir, estamos hablando de un grupo con una heterogeneidad enorme en cuanto a ingresos familiares.

Por lo tanto, es necesario precisar bien qué instrumentos se utilizarán para responder a las necesidades de la clase media.

Ahora bien, en el informe se mencionan algunos instrumentos. Por ejemplo, está la creación de un seguro de salud para los beneficiarios de Fonasa, proyecto que hemos analizado en la Comisión de Salud, que presido, pero respecto del cual todavía no hemos resuelto nada porque el piso para la prestación de dicho seguro es de 1.440.000 pesos en promedio, que equivale al 40 por ciento de 12 veces el ingreso mínimo mensual, en circunstancias de que por el PAD hoy se paga menos. Entonces, es necesario reenfocar muchos instrumentos de apoyo para la clase media.

Lo mismo ocurre en cuanto a vivienda, ámbito que hoy tiene una gran cantidad de instrumentos en tal sentido.

Para qué hablar de los ingresos y de lo que corresponde en materia de aportes para nuestros adultos mayores y las mujeres, como elementos compensatorios socialmente, lo que, como es obvio, la reforma tributaria debiera abordar.

Así, pienso que hay hartas buenas intenciones que falta refocalizar.

Por su parte, la plataforma digital, cuya creación se propone mediante este proyecto, es un buen instrumento, porque permitirá que los chilenos tengan información oportuna acerca de la diversidad de beneficios y servicios del Estado que existen, que les podrán ser útiles para cuando se encuentren en momentos críticos, pues no tendrán que asumir un gran costo para terminar cayendo en una situación de mayor vulnerabilidad. Desde esa lógica, esto parece una cuestión valorable.

Valoro que exista un instrumento digital, pero necesitamos algo con más fuerza, más importante, que, por decirlo de alguna manera, vaya más a la vena de los reclamos de la gente que se reconoce como clase media, en que el denominador común es que ella siente que con su esfuerzo, sus ganas y su garra se ha ganado el nivel socioeconómico en el que hoy están.

Muchas personas reconocen que pertenecen a la clase media y que algún momento estuvieron en el segmento de pobreza. Pero ellas lograron subir el escalón y no quieren retroceder, lo que es muy comprensible. Su aspiración es seguir subiendo más escalones en esta escalera socioeconómica, algo lógico en los seres humanos y en las familias. Pero para eso el Estado debe dar más potencia a sus instrumentos de apoyo. En este sentido, reitero que me parece bien la creación de la plataforma digital, pero los instrumentos en sí necesitan un poco más de precisión.

Por lo expuesto, hay que votar a favor en general este proyecto; sin embargo, también pienso que le falta mucha más precisión. Además, me gusta más el nombre “Red Integral de Protección Social”.

He dicho.

El señor VENEGAS (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Boris Barrera Moreno .

El señor BARRERA.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo al ministro de Desarrollo Social y Familia, al señor subsecretario y a la señora subsecretaria presentes en la Sala.

Primero que nada, quiero decir que apoyo la idea de ayudar a las personas que viven en la pobreza para que tengan una vida digna. Adscribo también a la protección para quienes salen de la pobreza, para que el Estado no les falle.

Asimismo, quiero señalar que en nuestro país los niveles de pobreza no se condicen con la concentración de la riqueza y opulencia. La existencia de una reducida proporción de chilenos que se apropian de una gran cantidad del producto es un hecho que nos impone un desafío. Al respecto, es necesario reconocer que todos contribuimos a generar riqueza y que todos y todas tenemos el derecho a disfrutar del producto de nuestro trabajo.

Para eso, la educación, la casa, el trabajo y la salud son temas esenciales de la vida misma y constituyen elementos fundamentales de nuestro ser. ¿Quién no quiere tener un trabajo que garantice una vivienda digna, alimentarse, educarse, cuidarse de las enfermedades? Todos queremos eso, y es un anhelo al que estamos convocados a satisfacer desde el Congreso Nacional en lo que dice relación con nuestra parte del contrato social.

Sin embargo, lamentablemente tenemos un Estado centrado en el individuo, en garantizar que la libertad económica prime sobre los derechos en vez de avanzar en la búsqueda de una combinación virtuosa. Se sacrifican los derechos por asegurar las libertades de algunos, y debemos cambiar eso. Tenemos que mirar al país como un todo que incluya a todos y todas, y no solo a algunos, como también libertades y derechos.

Apoyo el cambio de nombre del proyecto hecho por la Comisión de Hacienda, porque en realidad, a mi juicio, acá no se está creando un sistema que proteja a la clase media, sino solo una plataforma de información y una institucionalidad asociada, pero -digámoslo claramente de escaso peso.

La iniciativa no incluye verdaderas atribuciones a los municipios, a esa primera entrada del ciudadano al Estado, y debemos corregir eso. Espero que el señor ministro tenga una mejor disposición que la que mostró en la Comisión de Desarrollo Social en relación con el tema de las atribuciones y la participación de las municipalidades en el proceso de toma de decisiones.

Asimismo, hace falta analizar bien lo relativo al tratamiento de los datos. No se trata solo de permitir a los privados el acceso a ellos, sino también de que el Estado debe hacerse cargo de lo que crea y construir una alianza complementaria con el sector privado.

¿Pero qué sentido tiene hacer todo este esfuerzo para que en definitiva los pobres sean números y estadísticas estudiadas por los privados? Ese es un horizonte muy bajo para lo que se necesita.

Por lo expuesto, anuncio que votaré a favor la idea de legislar esta iniciativa y que aprobaremos los cambios propuestos por la Comisión de Hacienda. Asimismo, invito al ministro y a su cartera a sumarse a un proyecto más ambicioso.

He dicho.

El señor VENEGAS (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Pedro Velásquez .

El señor VELÁSQUEZ (don Pedro).-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a los integrantes de la Mesa, al señor ministro y a las y los colegas presentes.

Asimismo, por su intermedio, le comento al señor ministro que me parece que existe una especie de orgullo o de pretensión a veces mal entendida, que consiste en que la mayoría de los chilenos se dice de clase media. Por ejemplo, contar con un título técnico o profesional hace que una persona, solo por esa circunstancia, se considere de clase media y, por lo tanto, esa condición sea parte de su discurso.

No obstante, según un informe elaborado recientemente por el Banco Mundial, Chile es el país de América Latina que presenta una mayor movilidad social. El hecho es que hemos tenido una evolución favorable en este aspecto desde mediados de la década de los 90.

En todo caso, la pobreza ha disminuido y la clase media ha crecido en la mayoría de las naciones. En el caso de nuestro país, la perspectiva de este fenómeno es aún más favorable, en directa relación con el mérito de los logros alcanzados.

No obstante esta situación, existe un malestar social que han diagnosticado algunos analistas, especialmente a partir de las movilizaciones estudiantiles de hace algunos años, ante las cuales el gobierno de turno tuvo que tomar acciones concretas, porque esos estudiantes se estaban endeudando, dado que recibían aportes como los que se otorgan hoy al menos al 60 por ciento más vulnerable. Eso evidencia que la propia sociedad, a través de la movilización por hacer realidad sus demandas, va generando movilidad, como resultado de lo cual se van generando nuevas exigencias a las autoridades.

En cuanto a este proyecto en particular, en especial sobre la decisión de cambiarle el nombre, me habría gustado que en alguna parte se hubiese mantenido la referencia a la clase media. ¿Por qué digo esto? Porque, tal como está, nunca habrá políticas de largo plazo en esta materia, sino solo medidas para el corto y el mediano plazos, por razones netamente electorales.

En suma, me parece bien que se haya cambiado el título del proyecto, porque el anterior abría muchas expectativas que la iniciativa no podría satisfacer, lo que no me parece pertinente ni adecuado. Por eso, fue sabia la decisión de la comisión de cambiarle nombre. Sin embargo, me parece que debió haberse mantenido la referencia a la clase media. Por lo tanto, pido que se considere esa posibilidad, tal como se hizo con la referencia a los sectores más vulnerables.

¿Por qué lo digo? Porque a la clase media de Chile hay que darle cosas concretas, especialmente en el ámbito de la educación, dado que hay padres de clase media que tienen dos o tres hijos estudiando en la educación superior, y como no alcanzan a quedar incluidos en el 60 por ciento más vulnerable de la población, deben pagar la totalidad de los estudios de todos ellos. Por lo tanto, hay que buscar la forma de ayudar a esa clase media.

En el ámbito de la salud, si ellos están afiliados a una isapre, suele ocurrir que los hospitales los discriminan por ese solo hecho.

También está el problema de las contribuciones. Hay familias que tienen sus casas de antaño, que han adquirido y mantenido con sacrificio, pero ahora son adultos mayores y no les alcanza para pagar las contribuciones. Me refiero a gente que vive en comunas como Ñuñoa u otras similares, lo que determina, de alguna forma, su condición de integrante de la clase media.

Así podríamos nombrar una serie de ámbitos concretos en los que se podría beneficiar a esa gente para mejorar sus condiciones de vida. Debemos entender y aceptar que el profesor que hoy gana 1.800.000 pesos no puede financiar simultáneamente los estudios de tres hijos, por lo cual debe endeudarse.

Si no se plantean beneficios como esos, en la práctica esto no será más que una declaración de muy buenas intenciones. Se requieren acciones concretas, así es que espero que en el reglamento ocurra aquello.

Dado que es un proyecto que al menos pone el acento en la clase media, lo vamos a aprobar, con la esperanza de que todo salga bien.

He dicho.

El señor VENEGAS (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Longton .

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo al ministro y a los subsecretarios presentes en este debate.

Todo esto se inició el año pasado, al modificarse la ley orgánica del ministerio e incorporar a un grupo que no estaba contemplado en dicha ley: las personas en riesgo de vulnerabilidad, esto es, la mayor parte de la población de nuestro país, la clase media, que representa más del 70 por ciento de nuestros habitantes.

Ahí partió un camino que prosiguió con la ley presupuestos, ya que por primera vez en la historia se incorporó una glosa presupuestaria dedicada a este grupo, que, como bien dijo la diputada Érika Olivera , se siente absolutamente invisibilizado en las actuales circunstancias.

Mientras están en situación de vulnerabilidad, reciben una serie de beneficios del Estado, una mano amiga; pero resulta que cuando salen de esa situación, se sienten absolutamente desprotegidos y, en un primer momento, consideran que quizás no fue muy bueno salir de la situación de vulnerabilidad, que quizás era mejor mantenerse en ella.

La verdad es que se sienten absolutamente abandonados cuando salen de la condición de vulnerables, lo cual tiene mucho que ver con los beneficios sociales que otorga el Estado, a los cuales no pueden acceder después, aunque fundamentalmente ello se debe a la falta de información necesaria para poder postular a las distintas ayudas estatales.

En este sentido, el sistema de clase media protegida da esa posibilidad a las personas en riesgo de vulnerabilidad, es decir, que hayan tenido algún evento adverso en su vida y corran el riesgo de volver a una situación de la que salieron gracias al esfuerzo familiar, como es el caso de muchas familias que lograron llevar a sus hijos por primera vez, la primera generación, a la universidad, pero tienen problemas de salud, problemas de trabajo, etcétera.

Como bien dijo la OCDE, la gente de clase media corre un riesgo importante de volver a caer en situación de vulnerabilidad, por lo cual el Estado debe darles una protección especial.

Se crea una secretaría ejecutiva que tiene como objetivo velar por el funcionamiento de esta plataforma y, además, visibilizar todos aquellos eventos adversos que se puedan presentar y que no están protegidos por nuestra legislación.

Existen más de 71 beneficios sociales que otorga el Estado, pero muchas veces la gente de clase media no tiene la información suficiente para acceder a ellos.

Se podrá acceder a través de la clave única, con la que se podrán ingresar todos los datos para ver si efectivamente se puede postular a algún beneficio social.

Señor Presidente, esta secretaría ejecutiva tendrá una labor importante, porque le corresponderá coordinar con el comité técnico interministerial, en el que participarán todos los ministerios y organismos vinculados al sistema, la entrega de los beneficios sociales, que se otorgarán por vía administrativa, por decretos o bien por leyes. Todos esos beneficios quedarán integrados en esta plataforma de clase media protegida. Además, la secretaría ejecutiva podrá hacer propuestas para mejorar la coordinación del sistema.

Es importante que esta secretaría ejecutiva visibilice aquello que hoy no está en nuestra legislación y que es necesario que sí esté incorporado en ella.

Gran parte de esa responsabilidad es de nosotros, porque en el Congreso Nacional tenemos muchos proyectos de ley que van en directo beneficio de la clase media y que aún no son aprobados, como el de la gratuidad de la educación superior para el 70 por ciento de los estudiantes y el seguro de salud para la clase media, destinado a apoyar a las familias en caso de enfermedades catastróficas, dado que el hacerse cargo de estas suelen quedar en la insolvencia absoluta, precisamente porque no tienen cómo financiar su tratamiento.

Entre las medidas administrativas figura el aumento en los subsidios de vivienda para la clase media.

Escuché atentamente al diputado Auth . Al respecto, deseo destacar que la denominación “Sistema Clase Media Protegida” es importante porque se enfoca directamente a ese grupo social. De hecho, así lo define el artículo 1 al establecer: “…cuyo propósito es coordinar intersectorialmente la oferta programática existente relacionada a eventos adversos que podrían conducir a personas, grupos o familias a una situación de vulnerabilidad,…”. Es decir, el sistema está destinado precisamente a proteger a la clase media.

Existen otros sistemas o subsistemas orientados a las personas vulnerables. Este programa tiene como objetivo proteger a más del 70 por ciento de la población de nuestro país, a través de distintos beneficios sociales.

El nombre no tiene como finalidad hacer una propaganda de utilidad social, sino facilitar la entrada a la plataforma a todos aquellos que se sienten desprotegidos y que conforman la clase media. Por eso es tan importante mantener el nombre “Clase Media Protegida”.

Señor Presidente, por su intermedio quiero decirles a los diputados de la Comisión de Hacienda, quienes muchas veces alegan cuando no se cumple el Reglamento, que la modificación del nombre del sistema excede ampliamente sus atribuciones. El artículo 226 del Reglamento de la Cámara de Diputados establece que “La Comisión de Hacienda conocerá de los proyectos que se le envíen en informe por ser de su competencia exclusiva.

Conocerá también en forma exclusiva de los artículos de los proyectos informados por las comisiones técnicas que tengan incidencia en materias presupuestarias y financieras del Estado, y de sus organismos y empresas. Las indicaciones que excedan ese ámbito se tendrán por no formuladas.”.

Lamentablemente, no se ha respetado el Reglamento, tal como sucede también muchas veces con la Constitución.

La Comisión de Hacienda generalmente excede sus atribuciones en materia de presentación de indicaciones, con lo cual pasa a llevar a las comisiones técnicas, en este caso, a la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación, que determinó mantener el nombre “Sistema Clase Media Protegida”.

Si la Comisión de Hacienda continúa excediendo sus atribuciones, mejor cerramos las demás comisiones y dejamos funcionando solo dicha comisión, que, lamentablemente, pasa a llevar las atribuciones y las facultades de las comisiones técnicas.

He dicho.

El señor VENEGAS (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Florcita Alarcón .

El señor ALARCÓN.-

Señor Presidente, hay una frase que se repetía constantemente en este país, pronunciada en voz baja: “que no se note pobreza”. Esa frase típica de la clase media reflejaba un gran temor a la pobreza, pero también una cierta discriminación hacia los pobres, evitando parecerse a ellos.

El carácter reclamador de los pobres, de salir a la calle a reclamar, daba vergüenza. “Que no se note pobreza” fue una frase maldita, que perjudicó fuertemente. Además, fue una idea fuerza que condicionó a la clase media porque dificultó sus posibilidades de acercarse a la política. Los pobres podían hacer política, porque eran desvergonzados, pero a la clase media le daba vergüenza ser pobre.

Ojalá nuestra clase media se dé cuenta de que ahora todo Chile es pobre: los jóvenes son pobres, las mujeres son pobres. Chile no tiene agua, los ancianos no tienen pensiones, los glaciares y los humedales están muriendo.

¡Clase media, somos todos pobres! No tengamos vergüenza de decirlo.

He dicho.

El señor VENEGAS (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Marcelo Schilling .

El señor SCHILLING.-

Señor Presidente, sin duda, el proyecto está animado en muy buenas intenciones, que parten de su nombre de fantasía: “Clase Media Protegida”. Dicha denominación fue modificada por la Comisión de Hacienda, que decidió aterrizarla y cambiarla por “Red Integral de Protección Social”, porque el proyecto ordena -a mi juicio, de manera satisfactoria la oferta programática de carácter social que tiene el Estado de Chile para todos sus ciudadanos, independiente de su condición social. Entre ellos hay algunos que podrían ser tipificados como de clase media, pero abarca más que a ellos.

Desde ese punto de vista, es un acierto del gobierno ordenar la oferta programática para que sea más fácil acceder a ella. Así, la gente la puede conocer, los divulgadores la pueden informar y, de ese modo, lograr que efectivamente haya una demanda sobre ofertas que son desconocidas para la ciudadanía.

Asimismo, considero un acierto que la Comisión de Hacienda le ponga a este proyecto el nombre que corresponde y deje de lado la denominación de propaganda “Clase Medía Protegida”, que estaría bien si se tratara de promover los productos de Falabella, Paris , Ripley o los que se ofrecen en el cyber monday, pero no le dice nada sustantivo a la gente que recurre a las redes del Estado a solicitar auxilio cuando lo necesita.

El proyecto se refiere en forma específica a las familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad, que, según la iniciativa, son aquellas que sin ser vulnerables, por razones sociales, económicas o de salud, entre otras, puedan verse enfrentadas a la pérdida de su estabilidad, requiriendo un esfuerzo público especial para evitar el desmejoramiento de sus condiciones de vida y bienestar social.

Por lo tanto, se trata de instalar un artefacto que vaya en auxilio de aquel que sufre un accidente de cualquier naturaleza en el curso de su vida y no tiene cómo superarlo por sí mismo, por lo cual es necesario tenderle la mano. Es una cuestión loable, razón por la cual apoyaré el proyecto.

No obstante, me parece que a la iniciativa le falta algo, y así se lo comenté al ministro Sichel en la discusión en la Comisión de Hacienda. Me refiero a qué poder tendrá el ministro Sichel para obligar a todos los ministerios y servicios públicos a ponerse en línea para cumplir sus compromisos programáticos con la ciudadanía. Ocurre que el proyecto Clase Media Protegida, ahora Red Integral de Protección Social, va a llegar lleno de buenas intenciones solo hasta Teatinos 120, donde aloja un ministerio, llamado “de Hacienda”, que se mete en todo y determina la naturaleza de las políticas sociales del Estado de Chile.

Hay un conflicto en la Araucanía -lo traigo a colación porque el ministro Sichel va a tener mucho que ver con la Araucanía-, y el Ministerio de Hacienda le mete tijeras a la Conadi y le recorta recursos para adquirir tierras, lo cual sabemos que es el fondo, el corazón del problema con el pueblo mapuche.

¿Usted cree que alguien en el Ministerio de Hacienda se preocupó de leer historia de Chile, de tratar de entender por qué nos enfrentamos a la situación que se vive en la Araucanía y con el pueblo mapuche? ¿Usted cree que han ido a hablar con las comunidades mapuches o que conocen su cosmovisión? No, el problema es otro: estamos gastando más de lo que se necesita, y por eso dicen: “¡Corta, métele tijera no más!”. Eso es lo que le va a pasar, ministro Sichel , si usted no instituye aquí lo que está en la Constitución, cual es un comité interministerial de coordinación de políticas, públicas donde usted sea el jefe y el que determine el presupuesto y las solicitudes de presupuesto de otros sectores. Si no, esto será una burla. Seguirá siendo el sectorialista de Hacienda…

El señor VENEGAS (Presidente accidental).-

Señor diputado, ha finalizado su tiempo. Tiene la palabra el diputado Frank Sauerbaum .

El señor SAUERBAUM.-

Señor Presidente, me llaman la atención las palabras del diputado Alarcón , considerando que, cuando él cantaba en el Festival de Viña del Mar, efectivamente había pobreza. En esos años, cuando se tomaron decisiones duras para el país, Chile vivió el tránsito hacia un país de clase media. Y hoy, orgullosamente, somos un país de clase media.

Los países vecinos, por los que a veces aquí se muestra demasiada admiración, son los que están viviendo pobreza. Los países que no tienen agua en Latinoamérica son aquellos que la tienen estatizada. En Chile el agua es privada gracias al Presidente Frei , y el 95 por ciento de los chilenos tenemos agua potable.

En Latinoamérica, cuando el Estado maneja el agua, con suerte tiene agua bebestible. Los invito a estudiar cómo se ha manejado el agua en Latinoamérica. El que maneja mejor el agua es Chile.

Un dato más: del total del agua disponible en Chile, el 73 por ciento es ocupada en las zonas agrícolas, el 5 por ciento representa el consumo humano y el 11 por ciento es utilizada en la actividad minera e industrial. Entonces, hay que informarse para hablar. No sigamos haciendo legislación con consignas.

Por último, hago ver que este proyecto de ley que crea el Sistema Clase Media Protegida da cuenta de una realidad evidente: Chile es hoy un país de clase media. Debemos estar renovando constantemente el compromiso con nuestra clase media, a la cual pertenece el mayor porcentaje de los chilenos. Según cifras recientes, entre 2007 y 2017, la clase media logró crecer desde un 43 por ciento a un 65 por ciento.

Es cierto que hablar hoy de clase media resulta complejo. Dicho concepto abarca a los hogares que reciben un ingreso de entre 600.000 pesos y 2.500.000 pesos, pero esa amplitud tiene la virtud de reflejar el gran porcentaje de hogares con características propias y similares, que dan cuenta del Chile cotidiano.

Sé -y todos sabemos que así como la clase media ha logrado más bienestar gracias a su esfuerzo y trabajo, también enfrenta grandes desafíos y -por qué no decirlo distintos miedos y problemas.

La clase media ha logrado su vivienda propia y la educación de sus hijos. En consecuencia, ha conseguido no solo vivir mejor, sino también contribuir al crecimiento de Chile, encarnando la aspiración meritocrática propia de la república. Nadie les ha regalado nada, pero es importante que protejamos ese esfuerzo.

Reconociendo esos logros y desafíos, este proyecto, que crea el Sistema Clase Media Protegida, impulsado por el Presidente Piñera , establece un mecanismo de protección y de ayudas que van en la línea de dar mayor seguridad a los logros que ha conquistado la clase media.

En primer lugar, el proyecto coordina de manera intersectorial los múltiples beneficios que el Estado ha dispuesto para las familias. Miles y miles de chilenos podrán acceder a subsidios, ayudas e información que permitan mejorar su calidad de vida.

Asimismo, la institucionalidad y la coordinación darán continuidad a ese mecanismo. En ese sentido, se ha hecho un esfuerzo adicional por invertir 687 millones de dólares adicionales por año para implementar y coordinar las ayudas sociales.

En segundo término, el proyecto se hace cargo de brindar dichas ayudas en áreas del todo sensibles y esenciales para nuestro camino al desarrollo: empleo, vivienda, seguridad, salud y educación. Son también los desafíos que tiene la sociedad a todo nivel.

Finalmente, el proyecto será un gran aporte en nuestras regiones, como la que represento. En Ñuble, región que tiene por delante múltiples desafíos y preocupaciones, sus más de 480.000 habitantes cumplen en gran medida con las características de clase media, por lo que los beneficios de la institucionalidad que se busca crear serán cruciales para el desarrollo de nuestra nueva región.

La iniciativa, tal como se presentó luego de su trámite legislativo, se hace cargo de una realidad imposible de ocultar: miles de chilenos y chilenas tienen miedos que merman su calidad de vida. Debe acabarse el miedo por las deudas, a sufrir un accidente, a una enfermedad catastrófica, a perder el trabajo o a verse expuestos a una contingencia grave, de la cual ninguno de nosotros está a salvo. Es por eso que la nueva institucionalidad que propone el proyecto busca justamente asistir a las personas en esos momentos difíciles, colocando a las familias en el centro y disponiendo una plataforma de ayuda que estará presente en cada una de las regiones del país.

Anuncio y solicito el voto favorable para este proyecto. Señalo una última conclusión: es un gran avance que estemos legislando en materias que van en beneficio de la clase media. Debemos reconocer que la focalización de la inversión social permitió superar la pobreza a muchos chilenos durante muchas décadas, pero no por eso podemos dejar de ver hoy nuestra realidad y composición social, la que nos habla de una clase media mayoritaria, determinante en los procesos políticos y vital para el crecimiento de nuestro país.

He dicho.

El señor SABAG (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Gustavo Sanhueza .

El señor SANHUEZA.-

Señor Presidente, es indudable que Chile ha experimentado un cambio gigantesco en los últimos años, sobre todo porque es uno de los países con mayor movilidad social que existen en el mundo, lo que se ve reflejado en el cambio que viene instaurado desde los años 80 y 90 del siglo pasado, con un gran crecimiento económico que ha permitido una movilidad social en ese sentido.

Definir qué es clase media -algunas definiciones tienen que ver con cultura; otras, con ingresos económicos obviamente que es una tarea compleja y no es el fin que tiene este proyecto.

Según la definición popular más que técnica, sabemos que existen una clase media alta, una clase media media y una clase media baja. Obviamente, este proyecto, impulsado por un gobierno de Chile Vamos y que coloca el tema de nuestra clase media por primera vez sobre la mesa, genera grandes expectativas. Algunos se han fijado solo en el nombre y creen que cambiándolo cambiará también la esencia de lo realmente importante, que es hacia dónde apunta este proyecto y qué busca el gobierno del Presidente Sebastián Piñera al colocar este tema sobre la mesa.

Sabemos que en nuestra clase media -lo hemos escuchado en reiteradas ocasiones las personas siempre se sentían en mitad del sándwich; sentían que la clase alta tiene los recursos necesarios para defenderse y que las clases más desposeídas tienen herramientas y el apoyo del Estado para subsistir. Quienes creemos en la clase media sabemos que es una clase trabajadora, emprendedora, que busca satisfacer sus necesidades a través de su propio esfuerzo, pero está en una situación de desventaja respecto del resto. De eso se hace cargo nuestro gobierno, el de Chile Vamos, al presentar un proyecto para disminuir las inseguridades que provoca cambiar de estado social. Ese cambio también conlleva el temor de perder lo que se ha logrado a través del esfuerzo, del trabajo y del emprendimiento, muchas veces trabajando más que el resto para poder salir de las condiciones de vida que se tienen en un momento determinado.

¿Cómo nosotros, como país, podemos hacemos cargo de la gran clase media que existe en nuestro país? Ordenando, sistematizando y entregando las herramientas para aquellos momentos de zozobra que pasan, a veces, por una grave enfermedad en la familia, por una situación delictual -un robo o cualquier otro delito puede llevar a una situación de desmedro o porque alguno de los que aportan a la familia en algún momento queda sin trabajo.

Entonces, ¿cómo nosotros, como país, podemos acoger y apoyar a esas familias para que logren mantener las mismas condiciones de vida o, por lo menos, que puedan retomarlas en un corto plazo? Ese es uno de los desafíos; no la colocación del nombre al proyecto. Si centramos la discusión en el nombre del proyecto, quiere decir que hay muy pocos argumentos para rechazar una iniciativa de esta naturaleza. Eso solo va a lo más básico, a la careta, al título de la canción.

Hoy estamos frente a un proyecto potente; obviamente, falta mucho más. Por eso nuestro gobierno, el gobierno de Chile Vamos, ha presentado varias iniciativas que van en pos de ayudar a que nuestra clase media tenga más y mejores oportunidades en el futuro.

Chile cambió desde los años 80 y 90. Con una gran revolución, asumimos un liderazgo importante en Sudamérica, y ese cambio se ve reflejado en el Chile actual, en cómo la gente cambió sus condiciones de vida y tiene aspiraciones y sueños de salir adelante con su esfuerzo, su trabajo y el apoyo de su familia. Ese es el compromiso que debemos tener desde la Cámara de Diputados, para apoyar iniciativas que van a permitir paliar, de alguna manera, las inseguridades que actualmente tiene nuestra clase media.

La invitación es a aprobar este proyecto que establece el Sistema Clase Media Protegida, porque ese es el concepto fundamental que queremos introducir, eso es lo que queremos transformar hacia el futuro, y porque este es el inicio de un proceso para dar protección a nuestra clase media.

He dicho.

El señor SABAG (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Mario Venegas Cárdenas .

El señor VENEGAS.-

Señor Presidente, para que no se me vaya a acusar de irrespetuoso, saludo al ministro, a los subsecretarios y también a los colegas.

Lo primero que quiero señalar, por honestidad, es que no pertenezco a la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación ni tampoco a la Comisión de Hacienda. Así que conocía poco de este proyecto. No obstante, cuando leí el título del mismo, me generó sinceramente una gran expectativa, porque todos ustedes deben haber tenido una experiencia similar a la mía. ¿Qué tema sale con frecuencia cuando conversamos con la gente en nuestros distritos? La abandonada y olvidada gran clase media, y, para ser justos, eso ha ocurrido en todos los gobiernos que han pasado, desde el advenimiento de la democracia en adelante.

Hay una gran cantidad de medidas -¡bendito sea! para los más pobres. Por eso, como dijeron los diputados que me han antecedido en el uso de la palabra, hemos superado considerablemente los problemas de pobreza e indigencia -¡gran logro! que teníamos. Frecuentemente, también hay grandes beneficios para los más ricos, pero queda este grupo intermedio, que dice: “Nosotros somos lo que tenemos que pagar por todo; nosotros somos quienes no tenemos beneficios directos del Estado”. ¡Así lo ve la gente!

Entonces, por esa razón dije: “Perfecto; este es el proyecto que hacía falta”, y me dediqué a revisar el proyecto con atención -por eso me inscribí para participar en su discusión-, así que no me acusen de no haberlo estudiado. Pero a medida que lo leía la decepción fue en aumento, porque no vi nada concreto para la clase media, excepto lo que tiene que ver con un objetivo, que aplaudo, porque si hay algo que está mal en el Estado -no ahora, sino desde siempre es la falta de coordinación entre los distintos servicios y ministerios para alcanzar los objetivos de las políticas públicas. ¿Quién podría estar en desacuerdo con un proyecto que busca que se relacionen y coordinen mejor las distintas instancias que ofrecen beneficios a nuestros esforzados conciudadanos?

De manera que me quedé con la sensación de que me habían dado un título bonito, pero no había nada, y, como señala el aforismo jurídico -perdónenme los abogados por apropiarme de uno de sus aforismos-, las cosas son lo que son y no lo que parecen. Entonces, podrán hablar de un proyecto sobre clase media protegida, pero este proyecto no es eso, porque no hay medidas concretas en favor de la clase media.

Para mayor abundamiento, a quienes hicieron alusión a que nos olvidamos del tremendo salto que ha dado el país, quiero señalar que los sociólogos tienen una discusión muy interesante acerca de si existe y a quiénes incluye la llamada clase media. Porque, al final, ¿qué son estas categorías que dicen que es el grupo que recibe entre seiscientos mil y poco más de dos millones de pesos? Categorizaciones que hacen los economistas; pero, ¿a qué parámetro responden? ¿Dónde está la clase media? Incluso, todos los políticos en la actualidad van detrás de la clase media. ¿Qué es la clase media? Los políticos serios dicen que es una cosa líquida difícil de identificar, de una heterogeneidad tal que es complejo categorizar. Por eso todos apuntan al centro. Pero, ¿qué es el centro? ¿Qué es la clase media? ¿En qué lugar nos ubicamos nosotros, los diputados?

Entonces, lo único que realmente me pareció que hace justicia es que una comisión hubiera resuelto -a mi modo de ver, inteligentemente cambiar el nombre del proyecto, porque el nombre tiene que decir relación con los objetivos y las cosas concretas del proyecto, más allá de las ganas que uno pueda tener. Insisto, en principio, me gustó el título, porque pensé que aquí estaba la solución para tener respuestas para esas personas que siempre me emplazan y me dicen: “¿Y nosotros, la clase media, cuándo?”.

De clase media se siente el muchacho que trabaja en la municipalidad y gana seiscientos o setecientos mil pesos, pero también se cree de clase media el médico especialista que gana veinte millones de pesos. Y nosotros, con la dieta, ¿qué somos? Para algunos somos millonarios, pero, respecto de los verdaderamente millonarios, somos casi indigentes.

Voy a apoyar el proyecto, pero estimo que el cambio de nombre me parece adecuado y aceptable. Felicito su objetivo real, que no es más que la coordinación, que es un bien deseable, pero ojalá podamos ocuparnos efectivamente de la clase media.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado René Alinco .

El señor ALINCO.-

Señora Presidenta, este proyecto es fundamentalmente ideológico. No es un proyecto que solamente tiene un titular; no nos dejemos engañar por eso.

Esto me recuerda cuando en los tiempos de dictadura, en la década de los 80, el dictador sacó un decreto que terminaba con los obreros en Chile. Bajo ese decreto existían solamente trabajadores. Muchos compañeros, incluso algunos de la construcción, estaban contentos y decían: “Ya no somos más obreros”. Pero la realidad demostraba todo lo contrario. Los obreros seguimos funcionando y seguimos existiendo hasta el día de hoy.

Esto me recuerda también cómo han ido cambiando la historia y los significados; por ejemplo, el verdadero significado de lo que es para nosotros, los trabajadores, el 1 de Mayo. El 1 de Mayo, históricamente, era un día de lucha y de compromiso, en el que reforzábamos y revisábamos nuestro accionar a través del instrumento de los trabajadores, que es el sindicato. Pero con el tiempo esa fecha se ha ido transformando, lamentablemente, en un día de fiesta y de jolgorio. Esa es la realidad.

Desde mi punto de vista, desde mi visión de izquierda -hoy no militante, pero mi visión es de izquierda-, creo que este es un proyecto muy peligroso. Desde mi punto de vista, no existen más clases que los explotados y los explotadores. Hoy nadie habla de explotadores y de explotados, porque se considera que es una frase retrógrada, añeja y pasada de moda. Esa división nació en la época de la Revolución Industrial, cuando nació el proletariado, y los trabajadores manuales iniciaron y crearon las primeras organizaciones: las mancomunales, los sindicatos, con el anarquismo a la cabeza.

Hoy, esa clase explotada también se ha ampliado; debemos darnos cuenta de ello. Hoy, no solamente la clase obrera es explotada; también son explotados los técnicos, los profesionales, los intelectuales y los científicos.

Con un nombre como el que se dio a este proyecto, Sistema Clase Media Protegida, no solucionaremos la pobreza en Chile ni vamos a terminar con la discriminación. La solución es cambiar, dentro de otras cosas, la distribución de la riqueza. El Estado tiene que jugar un rol regulador. Nuestras riquezas básicas, como el cobre y el litio -también el agua, que hoy no es de los chilenos, sino de algunas empresas transnacionales y extranjeras-, deben pertenecer al Estado. Se debe anular la ley de pesca, entre otras cosas.

Más que títulos, como “Sistema Clase Media Protegida”, este proyecto debería organizarse. Así lo dejó traslucir un diputado anteriormente. Este es un proyecto meramente coordinador; no establece nada nuevo. Se van a ampliar, tal vez, y se van a coordinar de mejor manera las políticas asistencialistas. Pero los trabajadores y trabajadoras en Chile -incluyo desde los obreros hasta los intelectuales y profesionales no queremos más políticas asistencialistas; queremos tener trabajos dignos, permanentes y bien remunerados, y tener oportunidades igual que todas y todos los chilenos. Eso es solución.

Por su intermedio, señora Presidenta, le digo al ministro: queremos salud gratuita, educación gratuita y que los que tienen más paguen más impuestos. Así tiene que ser la cosa. Queremos viviendas dignas, para terminar con el hacinamiento que tiene nuestro pueblo.

Por lo tanto, hago un llamado a que no nos dejemos engañar por este proyecto que tiene un título muy bonito y que llega mucho a la gente. Yo conozco a viejos de la construcción -clase a la cual pertenezco que, cuando decimos “nosotros, los obreros”, nos responden: “¡No, compañero! ¡Yo soy un trabajador!”. Y si se les dice “eres de la clase obrera”, responden: “No, yo soy clase media”. Recordemos que años atrás la clase media no existía. ¿Quién la inventó? El sistema, y se clasificó en clase media, luego en clase media alta y clase media baja. Son títulos honoríficos que nos llevan al engaño.

Hago un llamado a las compañeras y a los compañeros de izquierda a que revisemos este proyecto, porque es engañoso. Con este título de “Sistema Clase Media Protegida” vamos a seguir promoviendo las políticas asistencialistas, lo que significa que nuestro pueblo y nuestros trabajadores sigan esclavizados.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.ª Loreto (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Molina .

El señor MOLINA.-

Señora Presidenta, esta iniciativa es una buena y muy importante noticia. Sin duda, la clase media de nuestro país no es una clase homogénea. Nos cuesta poder definirla. No obstante, si tuviéramos que entregar ciertos indicadores que ayudaran a describirla, podríamos decir que está conformada por personas que valoran el mérito; por personas que, en muchos casos, han venido de hogares vulnerables y de vida difícil, pero que han podido salir adelante, que tienen dentro de su éxito personal el trabajo y la voluntad, y que tienen una desconexión total con los servicios públicos y con lo que significa el Estado.

Por ello, hace mucho sentido que un gobierno trate de enfocarse precisamente en esa deficiencia, como es la desconexión con el Estado, pero también en esa incapacidad que tiene el Estado de enfocarse en un grupo de la población.

Según estudios de la OCDE, el 47 por ciento de nuestra sociedad está dentro de ese grupo de hogares chilenos denominado “clase media”. Hoy todos ellos se quejan y dicen: “A mí el Estado no me da nada”. Cuando vamos a pedirle el voto a esa clase media, nos dice: “Para qué voy a ir a votar si me da lo mismo. Nunca les he pedido nada a los gobiernos. Por lo tanto, me da igual quién sea el presidente, me da igual quién sea el gobernador o el alcalde, porque no tengo ninguna ventaja y nunca les he pedido nada.”.

Esta iniciativa no significa establecer una política con un enfoque de asistencialismo, como se dijo recién. Por el contrario, significa decir a la clase media: “Siga adelante con lo que está haciendo, porque la vamos a apoyar en los momentos difíciles, como la pérdida del empleo, la muerte de un familiar, etcétera, que la pudieran llevar a una situación de vulnerabilidad”.

Si bien existen programas estatales de ayuda, hay un desconocimiento tremendo de ellos, porque, como dije, la clase media no accede al Estado.

Por lo tanto, el hecho de que podamos, con lo que tenemos, organizar un trabajo coordinado, me parece que es lo mínimo y es la responsabilidad que tenemos como gobierno.

En esto he sido muy claro: si tenemos un gobierno que cuida los recursos, que tiene funcionarios que no roban y que además trabaja coordinadamente, con eso basta. Vamos a ser un excelente gobierno. Pero muchas veces ocurre que una de esas acciones no se cumple. O somos un país donde tenemos gobiernos que son verdaderas islas, donde cada uno funciona a su gusto y de acuerdo muchas veces con un partido político, o también tenemos situaciones como las de los gobiernos que hemos visto en nuestro vecindario, que claramente no cuidan los recursos, sino que, por el contrario, los cuidan para ellos y no para la gente.

Felicito al gobierno y felicito a los parlamentarios que estuvieron detrás de esta iniciativa. No me importa el cambio de nombre del proyecto. Para nuestra clase media, esta iniciativa significará un paso muy importante y una tranquilidad en los momentos de dificultad.

Qué bueno que estemos dando un paso en la dirección correcta. Qué bueno sentir que el Estado también está al servicio de esa clase que trabaja, que se levanta muy temprano y cuyo esfuerzo es lo que la ha llevado a ser clase media. La mayoría de las veces -vuelvo a decirlo se trata de personas que provienen de hogares vulnerables y que con mucha dificultad tienen lo que tienen, todo lo cual no se lo deben ni a nosotros ni al gobierno.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.ª Loreto (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Mellado Suazo .

El señor MELLADO (don Miguel).-

Señora Presidenta, he escuchado, por parte de la oposición, pronunciar discursos ideológicos más que de agradecimientos al gobierno del Presidente Piñera por pensar en la gente que día a día trabaja por nuestro país y que no recibe absolutamente nada del Estado.

Me parece bien que los diputados de la oposición tengan su ideología propia, la cual puede ser discutible, y personalmente no la comparto; pero los números son los mismos para un lado u otro. ¿Qué dicen los números? En nuestro país, la pobreza ha disminuido de 68,5 por ciento, en 1990, a 8,6 por ciento, en 2017. En otras palabras, en las últimas décadas Chile ha experimentado un cambio importante en su composición socioeconómica, en línea con la transformación de las sociedades modernas.

Gracias al crecimiento económico, la generación de empleos y la existencia de una red efectiva de protección social, nuestro país ha logrado reducir sus índices de pobreza y, consecuentemente, la clase media se ha constituido como el principal grupo poblacional del país.

A quienes la integran nadie les ha regalado nada. Con esfuerzo han logrado lo que tienen, y cada día siguen dando la pelea para mejorar e, incluso, para mantenerse donde están.

Sin embargo, las familias de clase media, pese a todo su esfuerzo, trabajo y determinación, viven en condiciones de fragilidad, y están conscientes de que sin los adecuados mecanismos de protección la ocurrencia de determinadas eventualidades puede poner en riesgo todos sus avances y logros, situación que les genera el gran temor de arrastrar a su familia a elevados niveles de endeudamiento y de caer nuevamente en la pobreza.

Las cifras revelan y fundamentan sus temores. Según la OCDE, en 2018 Chile fue el país con mayores probabilidades de que una persona del quintil 4 retrocediera al quintil 1 en un período de cuatro años. En términos porcentuales, en el caso de Chile, la probabilidad de que eso ocurriera ascendía al 11,3 por ciento, en circunstancias de que el promedio de los países de la OCDE era de 4,6 por ciento. Eso es decidor.

Por eso, el gobierno del Presidente Piñera -aprovecho de felicitar al ministro de Desarrollo Social y Familia por liderar esta iniciativase ha propuesto reconocer, priorizar y fortalecer a la clase media. Este proyecto tiene por objeto valorar su enorme esfuerzo, mérito y trabajo, el cual por años no ha sido visibilizado. Y, ¡ojo!, que este no es un regalo, pues la finalidad es otorgar mecanismos de protección y apoyo ante un conjunto de eventualidades inesperadas que puedan enfrentar las personas de clase media, que pueden llevar a que se materialice su mayor temor: perder lo que con tanto esfuerzo han alcanzado para ellas y sus familias.

¿Cómo se puede lograr lo anterior? Mediante la creación de un sistema de apoyo integral para proteger y fortalecer a la clase media frente a un conjunto de situaciones que, como dije, podrían hacerla retroceder en sus logros y progresos.

Estamos hablando del primer esfuerzo del gobierno del Presidente Piñera, inédito en la historia del desarrollo de Chile, que apunta a atacar de manera integral las fragilidades y temores de la clase media, pero sin dejar de lado lo principal: el compromiso con los millones de personas que aún viven en situación de pobreza extrema o de pobreza multidimensional.

Lo que propone la iniciativa se basa en tres ejes de trabajo que algunos ya han mencionado en esta Sala. El primero tiene que ver con la creación de nuevos beneficios para proteger a las familias de clase media frente a sus principales temores.

Por lo tanto, lo que dispone el proyecto no es algo que ya se haya hecho. Su objetivo es el establecimiento de nuevos beneficios para las familias de clase media. Se busca informar y proteger de manera clara y oportuna y mejorar la calidad de los servicios, simplificando el acceso a estos beneficios a través de la instalación de una moderna red de protección. Por lo tanto, eso será gradual.

Felicito al gobierno del Presidente Piñera por dar estos pasos, por insinuar estos caminos. Creo que por allí va la vía para mantener a la clase media como el motor de desarrollo de Chile y de las familias chilenas, para que aquello no decaiga. Lo que se propone evitará que para solventar los costos de alguna enfermedad que aqueje a un familiar enfermo se tenga que vender la casa, el vehículo o los bienes que se adquirieron con tanto esfuerzo.

Esos son los nuevos beneficios que el gobierno del Presidente Piñera quiere establecer. Agradezco a los que voten a favor este proyecto, pero lamento que determinadas ideologías no dejen ver el bosque a quienes realmente no quieren reconocer que esta iniciativa constituye un avance sustantivo para las familias de clase media, las cuales tanto bien le han hecho a Chile, y que con tanto esfuerzo han salido de la pobreza y han podido dar a sus familias el desarrollo económico que se merecen.

En consecuencia, junto con hacer un llamado, con muchas ganas y mucha emoción, a aprobar este proyecto, felicito al ministro Sichel y al gobierno del Presidente Piñera por la presentación de esta iniciativa.

He dicho.

-Aplausos.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Restan cinco minutos para que concluya el Orden del Día.

Se encuentra inscrito el diputado Jorge Sabag , quien ha hecho saber a la Mesa que intervendrá en la sesión de mañana.

Ha concluido el tiempo destinado al Orden del Día.

En consecuencia, la discusión de este proyecto continuará en la sesión ordinaria de mañana.

ESTABLECIMIENTO DE SISTEMA CLASE MEDIA PROTEGIDA (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 12661-31) [CONTINUACIÓN]

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Iniciando el Orden del Día, corresponde continuar y, de acuerdo con la resolución de los Comités, finalizar hoy la discusión del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que establece el Sistema Clase Media Protegida.

De conformidad con los acuerdos adoptados por los Comités Parlamentarios ayer, este proyecto se votará hoy.

Antecedentes:

-El debate del proyecto se inició en la sesión 81ª de la presente legislatura, en martes 2 de octubre de 2019, oportunidad en que se rindieron los informes de la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación; y de la Comisión de Hacienda. El debate continuó en la sesión 83ª de la misma legislatura, en jueves 8 de octubre de 2019.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Osvaldo Urrutia .

El señor URRUTIA (don Osvaldo).-

Señor Presidente, me imagino que nadie quiere que la clase media de nuestro país, segmento más grande de nuestra sociedad, siga siendo invisible para el Estado. Por esta razón, es imprescindible que hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para dar reconocimiento y valorar el enorme sacrificio, mérito y trabajo que, día a día, miles de chilenos realizan para llegar a donde han logrado con su propio esfuerzo y alcanzar ciertas condiciones de bienestar, de las cuales, por supuesto, somos merecedores todos.

Si bien es cierto el Banco Mundial nos muestra cifras muy positivas relativas a esta materia, como por ejemplo que Chile y Uruguay son de los países con el estrato medio de mayor tamaño relativo en la región, y según el instituto Libertad y Desarrollo, en su reciente informe, nos indica que, para el año 2017, el 68 por ciento de la población chilena era clasificada como perteneciente a la clase media y que ha crecido 50 por ciento en los últimos años, no todo es tan optimista para este segmento, ya que, en la práctica, muchas familias pueden verse expuestas a perder sus condiciones de bienestar en un período breve. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha indicado que Chile es el país miembro más propenso a que una persona que se encuentra en el quintil cuatro retroceda rápidamente al quintil uno, en un corto período cercano a cuatro años.

Lo anterior puede ocurrir por una situación de enfermedad crónica o discapacidad, por desempleo, por vejez, por ser víctima de un robo u otras que escapan de su control, como las brechas existentes de acceso a ciertas prestaciones, información poco clara y, por supuesto, la tremenda burocracia presente en los beneficios o servicios públicos que se prestan en nuestro país.

En este sentido, el gobierno tiene mucha razón en el diseño empleado en el presente proyecto de ley, que tiene por objeto proteger a la clase media, ya que considera la lógica de la experiencia del usuario, que se traduce básicamente en ahorro de tiempo, traslado y reducción del ya conocido papeleo. Adicionalmente, esta iniciativa se estructura sobre una estrategia de red de atención a usuarios que apunta a organizar programas sociales preexistentes, con el objetivo de que confluyan y apoyen a un segmento de personas que justamente son quienes enfrentan restricciones en su capacidad de generación de ingresos.

También se crean nuevos beneficios asociados a los eventos adversos o contingencias que puedan poner en riesgo el progreso o bienestar de las personas, los que se vinculan con nuevos programas, como el Programa de Apoyo a las Víctimas, con el que se busca otorgar orientación y ayuda psicosocial y jurídica a estas últimas, o proyectos de ley que actualmente se encuentran en trámite legislativo, como, por ejemplo, aquel que tiene por objeto la mejora en las pensiones, incluido el pilar solidario; el que fortalece las facultades del Fondo Nacional de Salud, el que busca modernizar el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) con la creación de nuevos programas de capacitación y reconversión laboral, o el proyecto de ley de fármacos, entre otras tantas iniciativas.

Con las medidas mencionadas anteriormente, la presente iniciativa ayudará a construir y conservar una clase media con menos temores, más confiada y más consolidada, mediante un nuevo sistema que asegurará la coordinación intersectorial necesaria para protegerla y fortalecerla, lo que consecuentemente permitirá a las familias acceder a un conjunto de beneficios que mitigarán las contingencias que pongan en riesgo su progreso o bienestar, que es el pilar fundamental de este proyecto.

Recordemos que la clase media es el corazón de Chile y, por tanto, debemos cuidarla y hacer todo lo necesario para promover su desarrollo seguro. No queremos nunca más que pase desapercibida y siga siendo invisible para el Estado de Chile.

Por eso, debemos reconocer, priorizar y fortalecer a la clase media, valorando su enorme esfuerzo, mérito y trabajo, que muchos no son capaces de visibilizar, y proporcionándoles un sistema de apoyo ante la ocurrencia de un evento inesperado que ponga en riesgo sus avances.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra el diputado Bernardo Berger .

El señor BERGER.-

Señora Presidenta, por su intermedio saludo al ministro y al subsecretario presentes.

La clase media de nuestro país representa a aquellos que con mucho esfuerzo han logrado progresar y que, sin embargo, son el grupo más vulnerable ante contingencias que ponen en riesgo sus logros y lo que han conseguido. Representan a la clase trabajadora y al grupo socioeconómico de emprendimiento que es motor de nuestra economía.

Por ello, vengo en apoyar este mensaje del Presidente de la República, don Sebastián Piñera , quien ha asumido un gran compromiso de apoyo con este grupo de personas, la gran mayoría nacional.

También es un gran compromiso nuestro, como legisladores, el aprobar los mecanismos y disposiciones para que todas las personas puedan aprovechar con tranquilidad aquellos logros producto de su esfuerzo y trabajo. En esto no puede haber ni colores políticos ni intereses partidistas.

Sabemos que en las tres últimas décadas el Estado ha entregado un apoyo casual, sin políticas públicas estables que comprometan un apoyo real y seguro frente a los cambios económicos abruptos que suelen afectar a este grupo de personas.

Creo que se hace necesaria la creación y el diseño de estrategias por parte del Estado para mitigar la volatilidad de los ingresos en este grupo socioeconómico, cuando se ve enfrentado a momentos difíciles de la vida, como una enfermedad de alto costo o catastrófica, las pesadas deudas por estudios de los hijos, la dificultad para acceder a una vivienda propia, la pérdida del trabajo o el ser víctima de delitos, como los que estamos viviendo hoy en día.

El proyecto establece los mecanismos y las coordinaciones necesarias a través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y de la Subsecretaría de Evaluación Social, que estarán debidamente facultados para solicitar y tratar los datos y la información necesaria para el cumplimiento de esta iniciativa.

Apoyo el proyecto en todas sus partes.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra la diputada Francesca Muñoz .

La señora MUÑOZ (doña Francesca).-

Señora Presidenta, este es un proyecto anhelado y esperado por una gran población en nuestro país.

Por muchos años, las políticas públicas, sobre todo de índole social, han tenido como grupo objetivo los sectores más vulnerables de nuestro país. Esto, sin duda, ha sido de provecho, ya que ha permitido que muchas familias salgan de la pobreza y que jóvenes puedan estudiar, por ejemplo, en la educación superior, accediendo a mejores oportunidades de vida.

Sin embargo, una vez que las familias logran salir de la pobreza, entran al grupo mayoritario de la población chilena que está compuesto por la denominada clase media.

En este sentido, por mucho tiempo las familias, que con mucho esfuerzo lograban mejorar un poco su calidad de vida, se veían privadas de muchos de los beneficios estatales.

Por ello, este proyecto, que establece el Sistema Clase Media Protegida, es un avance claro del gobierno y un compromiso reafirmado de atender con medidas a este importante grupo de la población.

El trabajo intersectorial que establece este proyecto es vital para dar cobertura y protección a las familias en los diferentes ámbitos: laboral, salud, etcétera.

Asimismo, con el cambio de enfoque que promovió el gobierno del Presidente Piñera para la creación del Ministerio de Desarrollo Social, que pasó a ser Ministerio de Desarrollo Social y Familia, sin duda que el gobierno sigue una línea en orden a otorgar una oferta programática que sea integral para la familia, y no individual.

Con todo, creo que es importante hacer énfasis no solo en los ámbitos materiales, como el económico, de salud y laboral; también debemos recordar que una familia requiere apoyo en otros ámbitos, como, por ejemplo, capacitación en habilidades parentales, resolución pacífica de conflictos, conciliación familiar, entre otros.

Cuando un integrante de la familia es diagnosticado con una enfermedad grave, esa familia no solo necesita apoyo económico para solventar los gastos de dicha enfermedad, sino, además, un apoyo psicológico para poder llevar esta crisis de la mejor manera posible, evitando, en la medida de lo razonable, que se produzcan problemas internos derivados de ella.

Lo mismo sucede cuando un integrante de la familia padece alguna adicción, depresión o cuando se dictan medidas de protección en favor de los niños, niñas y adolecentes. Esa familia también requiere de la intervención de especialistas.

Es decir, hay situaciones anexas que también debemos atender y no agotarnos solo en un área.

La salud mental preventiva en Chile también debe ser atendida de forma intersectorial y en los diferentes ámbitos en que se manifiesta.

Por lo anterior, anuncio desde ya mi voto a favor de este proyecto, junto con hacer un llamado a incorporar dentro de este trabajo intersectorial una oferta programática que dé un apoyo a la familia de forma integral para lograr su máxima realización material y espiritual, como mandata nuestra Constitución.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra el diputado René Manuel García .

El señor GARCÍA (don René Manuel).-

Señora Presidenta, cuando hay varios diputados de nuestros Comités inscritos para intervenir, nos dan la palabra en forma consecutiva hasta agotar la lista, de manera que nunca podemos hacerlo al final.

Lo señalo porque se encuentra presente en la Sala la diputada Vallejo , quien podría hacer uso de la palabra ahora, ya que aparece inscrita.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta accidental).-

Señor diputado, su orden de inscripción es el número 21, y el de la diputada Vallejo es el 26.

A veces exigen el orden, y otras veces no.

El señor GARCÍA (don René Manuel).-

Está bien, señora Presidenta; hay que respetar el orden.

Quiero señalar que el proyecto que establece el Sistema Clase Media Protegida es una gran iniciativa del Presidente Piñera , pero me preocupa un solo aspecto: el margen en que se mueve la clase media, comprendido entre los 600.000 pesos y los 2.400.000 pesos. Ese es el problema que me complica, porque, por ejemplo, para una persona que gana 600.000 pesos, que tiene que pagar estudios universitarios y que no tiene derecho a acogerse a la gratuidad, dicho pago resultará ser mucho más oneroso que para el que gana 2.400.000 pesos.

Por lo tanto, dentro del espectro de los ingresos que se consideran para la tipificación de la clase media protegida hay un margen muy desigual, porque 2.400.000 pesos es un sueldo cuatro veces mayor a 600.000 pesos. O sea, podemos tener la mejor de las intenciones, pero la ayuda no será suficiente.

La intención del Presidente es extraordinariamente buena, porque la gente que nunca ha tenido protección de parte del Estado, que ha debido rascarse con sus propias uñas, ha sido nuestra clase media, la cual nunca ha sido objeto de alguna garantía de parte de los gobiernos que ha habido en Chile. Por eso, creemos que es deber del Parlamento y del gobierno protegerla.

Me parece increíble que cuando se habla de la clase media protegida una de las principales preocupaciones de algunos diputados sea ese nombre, el cual quieren cambiar por Red Integral de Protección Social. ¿Por qué lo desean hacer? No lo entiendo. ¿”Clase Media Protegida” es demasiado potente? ¿No les gusta porque no fueron los inventores del nombre?

Dejémonos de chimuchina y de pequeñeces; hagamos leyes que favorezcan a las personas. Este proyecto se denomina justamente así porque apunta al corazón de la clase media chilena, y no a una red integral protegida. ¿Protegida de qué? Las redes protegidas ya las tenemos en los quintiles más bajos.

Entonces, cuando nos encontramos frente a un proyecto de ley que favorece realmente a la clase media, que lo está esperando con ansias, solo queda aprobarlo y darle el vamos, para que el gobierno pueda actuar lo antes posible. Muchas veces personas de clase media nos han señalado que no reciben ningún beneficio.

En estos momentos, a una persona le conviene ganar 599.000 pesos en lugar de 600.000 pesos, pues eso le permitirá obtener más beneficios, ya que si percibe 600.000 pesos no recibirá ninguno. No debemos nivelar hacia abajo, sino hacia arriba, con el objeto de tratar de cubrir la mayor cantidad de necesidades. ¿Cómo vamos a estar en desacuerdo con un proyecto que todo el mundo ha aprobado favorablemente? Sin embargo, parece que más que el proyecto, lo importante es el nombre.

Renovación Nacional votará a favor este proyecto, porque es de justicia social. A partir de su denominación queda claro, con nombre y apellido, hacia dónde se quiere apuntar. La clase media ha dado una lucha silenciosa, y cuántas veces hemos escuchado a los propios parlamentarios hablar de la miseria con corbata. Muchas personas de clase media, que trabajan por ese monto, tienen que ir a laborar con corbata, como si no tuvieran ningún problema, y deben hacerlo con una sonrisa en la cara mientras atienden al público y piensan cómo pagar la luz, el agua, los colegios, etcétera. Me refiero a una persona que gana 600.000 pesos. A eso el gobierno le ha dicho ¡basta!, porque es una tremenda injusticia social, y queremos que realmente se solucione.

Por eso, feliz votaré a favor esta iniciativa. Saludo a los integrantes de la Comisión de Desarrollo Social, pero no por el cambio de nombre que se ha propuesto, sino porque aprobaron el proyecto.

Antes de concluir, quiero señalar al ministro Sichel , por su intermedio, señor Presidente, que sé que tiene las mejores intensiones, puesto que conoce el mundo del que estamos hablando, ya que lo ha vivido y ha trabajado en relación con él antes de llegar a ser secretario de Estado. La única preocupación que tengo, y quiero reiterarla, es que considero muy amplio el margen con el cual se circunscribe a la clase media, el cual abarca desde los 600.000 hasta los 2.400.000 pesos.

Finalmente, deseo insistir en mis felicitaciones al Presidente y a todos quienes trabajaron en esta iniciativa, la que apoyaremos y votaremos a favor, porque tiene por objeto favorecer a la clase media. ¡Bien por nuestra clase media, bien por nuestro Presidente y bien por el ministro!

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra la diputada Camila Vallejo .

La señorita VALLEJO (doña Camila) .-

Señora Presidenta, es importante valorar que se discuta en el Congreso Nacional una política pública que dé cuenta de las necesidades de la clase trabajadora de ingresos medios. Un gran porcentaje de los trabajadores de nuestro país tiene un nivel de ingresos que no les permite entrar en aquellas políticas de focalización del gasto social, que van hacia los sectores más vulnerables o vulnerados.

Por lo tanto, en ese ámbito, la única posibilidad que tienen para desarrollarse, debido al nivel de ingreso, que tampoco es mucho, es el endeudamiento, para cubrir los gastos en educación, vivienda e, incluso, la adquisición de necesidades básicas fundamentales, como la alimentación, así como un largo etcétera. Lamentablemente, el endeudamiento a veces los hace caer en situaciones que los pone en un nivel de riesgo mayor, ya que con tanta deuda, si se enferma alguien, porque la salud nadie la tiene asegurada, entran en una etapa económica crítica.

Efectivamente, este es un debate muy interesante y necesario, pero siento que por ponerle un título, que obviamente tiene que ser atractivo, se pueden generar expectativas muy altas respecto del contenido del proyecto.

Para atender las necesidades que tienen los trabajadores y trabajadoras de ingresos medios de nuestro país necesitamos que las políticas públicas, en general, tengan una mirada más universal de la manera de atender a la población. Por ejemplo, al hablar de gratuidad en educación, se cuestionó que le diésemos gratuidad a la gente de ingresos medios, porque, supuestamente, era dársela a los que tienen ingresos mayores, a los más ricos. En su momento, se cuestionó que avanzásemos al 60 por ciento más vulnerable, así como al 70, al 80 o al 90 por ciento más vulnerable, a pesar de que en este último porcentaje están incluidos los trabajadores que señaló el diputado René Manuel García : personas con ingresos de 600.000 o 700.000 pesos. Si bien no son los más ricos de nuestro país, se les catalogaba como personas ricas, sin derecho a la gratuidad en la educación. Entonces, ellos tenían que endeudarse.

La cuestión no se trata simplemente de, por un lado, presentar un proyecto de ley que diga “Clase Media Protegida” y, por otro, de negarse a la universalización de derechos fundamentales como la educación, la salud, la vivienda, etcétera.

Si no avanzamos en esa línea, entonces, estaremos protegiendo a la clase media con proyectos como este, en circunstancias de que, en la práctica, no lo hacemos. Por más que uno repita algo, no quiere decir que sea verdad. Ayer el diputado Miguel Mellado repitió que la iniciativa establecía programas nuevos, pero es cuestión de leer el proyecto de ley para darse cuenta de que este dice que la red o comisión tiene la misión de coordinar intersectorialmente la oferta programática existente relacionada a eventos adversos, así como entregar información y orientación clara, oportuna y personalizada de la oferta programática existente. ¡En ninguna parte del proyecto se habla de oferta programática nueva!

Si bien me parece una buena iniciativa, simplemente hace una coordinación intersectorial para mostrarles a los trabajadores de ingresos medios que existen ciertos programas que los pueden ayudar. No crea nuevos programas; no crea ningún nuevo programa para proteger a los trabajadores y trabajadoras de ingresos medios, sino que coordina, sistematiza y entrega información de programas existentes. Podrán crearse nuevos programas a futuro, pero el proyecto de ley no propone la creación de ningún programa nuevo para proteger a los trabajadores de clase media. Entonces, hablemos con la verdad, porque por más que repitamos ideas, no quiere decir que estas sean verdad.

Por ende, si bien es saludable que exista una red intersectorial que coordine y diseñe una plataforma web para que los trabajadores accedan a información de programas existentes, eso no tiene nada que ver con hacerse cargo de la totalidad de las necesidades que tienen los trabajadores relacionadas con la falta de garantías de derechos sociales fundamentales. Sin duda, la clase media en este país no tiene esa garantía, porque la política social sigue estando focalizada en su gran mayoría, a pesar de los avances que hemos tenido, por ejemplo, en educación. Eso es lo que tenemos que cambiar, por lo que invito al gobierno a discutir en torno a eso.

En vivienda se ha avanzado un poco, pero ahí también sigue mucho la lógica de un endeudamiento más feroz que al que tienen que someterse aquellos de ingresos más bajos, que ponen una parte del subsidio.

Lamentablemente, la clase media continúa en la lógica del endeudamiento. Por lo tanto, a partir de este debate se abre la necesidad de discutir a fondo las necesidades de los trabajadores y trabajadoras de ingresos medios.

Por último, si bien es valorable la creación de una plataforma web que coordine los programas existentes, no estamos realmente ofreciendo algo nuevo ni sustantivo para los trabajadores y las trabajadoras de ingresos medios en nuestro país.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra el diputado Leonidas Romero .

El señor ROMERO.-

Señora Presidenta, creo que quienes nos están viendo a través del canal de televisión de la Cámara de Diputados están cansados de la discusión estéril acerca de si el nombre de este proyecto es adecuado o no, de si es nuevo o viejo, de si son indigentes o no. En verdad, pienso que ellos están molestos.

Seré breve en mi intervención, porque creo que los chilenos en general están esperando que aprobemos este proyecto y les demos una solución real.

Quiero contar que provengo de una familia humilde -mi padre fue obrero de Enacar-, y nunca me he sentido un indigente. ¡Jamás! Con esfuerzo y trabajo hemos salido adelante, y nunca le hemos pedido nada al Estado. Sin embargo, hay un gran número de chilenos que necesitan una protección. Por eso me alegra que hoy día le estemos hincando el diente a un tema que no es menor, independiente de que este sea un proyecto nuevo o viejo o del nombre que tenga.

Clase Media Protegida es un sistema de apoyo para proteger y fortalecer la clase media, que permitirá a las familias acceder a un conjunto de beneficios para enfrentar aquellos eventos adversos o contingencias que pongan en riesgo su progreso y bienestar, tales como eventos de salud de alto costo, estar cesante y tener dificultad para encontrar trabajo -en este minuto hay miles de chilenos en esas condiciones-, ser una persona mayor con dependencia -también hay mucha gente en dicha condición-, ser víctima de un delito violento, tener dificultad para acceder a soluciones habitacionales, tener dificultad para pagar la educación superior.

Comparto la idea de que quien gana 600.000, 800.000 y hasta 1.000.000 de pesos no puede sentirse de clase media, porque tiene serias dificultades para pagar la educación, pagar la salud y mantener a su familia. Por esa razón muchos nos ven con “sana” envidia -la envidia sana no existe- a los 155 diputados y a los senadores, que recibimos sueldos millonarios y gozamos de una serie de garantías sin tener a veces ni las competencias ni los requisitos ni el compromiso para estar acá. Pero, así y todo, la vida, la fortuna -para mí, Dios- nos permitieron llegar aquí. Nuestro trabajo y compromiso es velar por que aquellos que lo necesitan tengan un apoyo real, independiente del color político, independiente de quién esté hoy a cargo del gobierno o de quiénes sean los ministros. Lo que ellos necesitan es que nos comprometamos y demos solución a sus problemas reales.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta accidental).-

Informo a la Sala que quedan tres inscritos para intervenir en este proyecto, pero en estos momentos se encuentran en reunión de Comités.

Dada esa situación, quizás sería bueno consultar a los Comités si se suspende la sesión o se pasa al segundo proyecto de la tabla.

-Hablan varios diputados a la vez.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta accidental).-

Cerrado el debate.

-En conformidad con el artículo 85 del Reglamento, se incluye la siguiente intervención no pronunciada en la Sala y que cumple con lo dispuesto en el artículo 10 del mismo cuerpo reglamentario:

La señora DEL REAL ( doña Catalina).-

Señor Presidente, cuando el Presidente Sebastián Piñera presentó el proyecto Clase Media Protegida, señalando que sería “un sistema de apoyo para las familias en salud, educación, trabajo, vivienda, seguridad y adultos mayores”, poniendo a los sectores medios en el corazón de la agenda de desarrollo del gobierno, pudimos comprobar, una vez más, la importancia que nuestro gobierno le está dando a un sector del país postergado en las distintas iniciativas que se han propuesto a consideración del Congreso Nacional.

Uno de los principales compromisos de nuestro gobierno es proteger y fortalecer a la clase media, entregándole un apoyo claro en momentos difíciles de la vida, fortaleciendo la red de seguridades a las cuales puede acceder ante la ocurrencia de eventos adversos, como enfrentar una enfermedad de alto costo, una pesada mochila de deudas después de estudiar o acceder a una vivienda propia; por la pérdida del trabajo, por ser víctimas de un delito o por estar en situación de dependencia.

Ahora bien, sin descuidar el trabajo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, enfocado en los más pobres y vulnerables del país, el proyecto en discusión amplía la población objetivo de la citada secretaría de Estado, incorporando a aquellas personas o grupos y familias que, sin ser vulnerables, pueden verse enfrentados a contingencias o eventos adversos, que podrían conducirlos a una situación de vulnerabilidad.

Para profundizar este objetivo, a través de este proyecto de ley se crea el Sistema Clase Media Protegida, que consiste en un modelo de gestión intersectorial cuyo propósito es coordinar intersectorialmente la oferta programática existente, ello en relación con eventos adversos que podrían conducir a personas, grupos o familias a una situación de vulnerabilidad. Para ello se busca entregar información clara, oportuna y personalizada sobre la misma, y simplificar el acceso a esta.

Lo anterior permite generar una base sólida para fortalecer y brindar protección a este segmento. Este esfuerzo de nuestro gobierno, inédito en la historia del desarrollo social en Chile, apunta a abordar de manera integral las fragilidades y temores de la clase media.

Es más, el Sistema Clase Media Protegida incluye una red de atención a usuarios que permitirá informar y orientar de manera clara, oportuna y personalizada las soluciones que entreguen apoyo y protección a las familias.

¿Cómo se logrará este objetivo? Mediante la creación de una innovadora plataforma digital que agrupará los beneficios y servicios disponibles según el perfil de cada persona y familia. Además, la plataforma permitirá simplificar el acceso a estos beneficios a través de la integración de trámites y el seguimiento de casos.

¿Cuál es la idea? La propuesta legislativa les dice a las familias de clase media que no van a estar solas, que una mano solidaria, oportuna y eficaz las va a ayudar a enfrentar sus dificultades y salir adelante.

Señor Presidente, todos sabemos que la clase media en las últimas décadas ha progresado, y mucho, pero siempre a base de su propio esfuerzo. Ellos lo saben y se sienten muy orgullosos de sus logros y, por supuesto, quieren seguir progresando. Por ello, como parlamentarios de Chile Vamos reafirmamos nuestro compromiso y preocupación por nuestra clase media.

El sistema denominado “Clase Media Protegida”, que se crea con este proyecto de ley, se hace cargo de atender las necesidades de personas que, sin ser vulnerables, están en riesgo de caer en vulnerabilidad, y para ello incluye una red de atención a usuarios que permitirá informar y orientar de manera clara, oportuna y personalizada las soluciones que entreguen apoyo y protección a las familias.

No puedo concluir esta intervención sin señalar que no me parece adecuada la modificación propuesta por la Comisión de Hacienda, en orden a modificar el nombre de la iniciativa que discutimos. Clase Media Protegida es un concepto que ya está en el colectivo y las personas entienden de qué se trata.

El cambio propuesto es bastante lejano e incomprensible para la ciudadanía, además de no reflejar el verdadero espíritu del proyecto. En cambio, “Clase Media Protegida” es un nombre simple y que realmente apunta a las necesidades de la gente. Si se tratara solo de una red digital, no se requeriría ley, pero evidentemente no es el caso.

Actualmente la clase media está desprotegida, no así los sectores más pobres. Y ocurre que a veces en la clase media la pobreza está “disfrazada”.

Votaré a favor el proyecto de ley, pero rechazo la propuesta de cambio de nombre de la Comisión de Hacienda.

¿Que busca el proyecto que debatimos?

En salud, crear un plan de salud universal y eliminar las preexistencias y declaraciones previas de salud, para terminar con los pacientes cautivos; además, crear un seguro de salud para limitar el gasto máximo de las familias o usuarios frente a enfermedades catastróficas y generar convenios con prestadores de salud para que el pago sea asociado a solución definitiva y no ir acumulando servicios con cuentas sin límite. Para lograr lo anterior, se busca modernizar Fonasa y las isapres.

En materia de seguridad pública, junto con reforzar los planes de servicio legal, psicológico y social, se busca fortalecer el programa de apoyo a víctimas, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que para el efecto se coordina con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el de Mujer y Equidad de Género.

Un paréntesis: es absolutamente necesario agilizar los proyectos de ley en trámite en el Congreso Nacional, como la ley antiportonazos, el aumento de la responsabilidad civil adolescente para aquellos que cometen delitos violentos; asimismo, la sanción a adultos que utilizan a menores para cometer delitos violentos, y el proyecto que establece un control preventivo de identidad, entre otros.

En el área del trabajo, se mejorará el Sence para abrir opciones de capacitación a personas desempleadas, implementando ferias laborales comunales para facilitar la búsqueda de empleo.

Para un sector tan sensible como la educación, se busca extender la gratuidad en la educación técnico-profesional a todos los estudiantes pertenecientes al 70 por ciento de los hogares vulnerables y reemplazar el crédito con aval del Estado (CAE) por un nuevo sistema de financiamiento solidario de la educación superior, que tendrá una tasa de interés subsidiada al 2 por ciento. Además, los estudiantes del 60 por ciento más vulnerable no pagarán mientras están estudiando y nadie pagará más del 10 por ciento de sus ingresos, y mientras no tenga ingresos, no pagará.

Adicionalmente, al enfrentar la cuota 180, cualquier saldo de deuda de extinguirá de forma automática.

Otra de las áreas es vivienda. Aquí, por una parte, se extenderá de 2.000 a 3.000 unidades de fomento la exención del pago de IVA de viviendas para la clase media, lo que significará una rebaja considerable en el precio final, y, por otra, se aumentarán los subsidios para compra y arriendo de viviendas para clase media.

¿Qué pasa con la tercera edad vulnerable?

El gobierno se ha comprometido en presentar un proyecto con un seguro y un subsidio para ayudar a las personas de tercera edad que dependen de otros para poder desarrollar su vida; en la práctica, será una nueva pensión adicional.

En esta misma línea, también se encuentra el proyecto para mejorar las pensiones. Un millón seiscientas mil personas que hoy son favorecidas por el pilar solidario, incrementarán de forma inmediata sus pensiones al aprobarse la ley. Así, esa pensión básica o el aporte previsional aumentará hasta 50 por ciento o 60 por ciento.

Asimismo, se complementará el ahorro previsional de aquellas personas que extiendan de forma voluntaria su participación en el mundo del trabajo más allá de la edad legal.

Se fortalecerán los centros diurnos del Senama para acoger a adultos mayores con dependencia; lo mismo con el programa de visitadores a hogares para aliviar el trabajo de cuidadoras y cuidadores.

No puedo concluir esta intervención sin señalar que no me parece adecuada la modificación propuesta por la Comisión de Hacienda, en orden a modificar el nombre de la iniciativa que discutimos. “Clase Media Protegida” es un concepto que ya está en el colectivo; las personas entienden de qué se trata.

El cambio propuesto por la Comisión de Hacienda es bastante lejano e incomprensible para la ciudadanía, además de no reflejar el verdadero espíritu del proyecto. En cambio, “Clase Media Protegida” es un nombre simple y que realmente apunta a las necesidades de la gente. Si se tratara solo de una red digital, no se requeriría ley, pero evidentemente no es el caso.

La ley que da origen al Ministerio de Desarrollo Social y Familia ya define a la clase media como aquellos grupos en riesgos de vulnerabilidad. Las familias de clase media, pese a todo su esfuerzo, trabajo y determinación, viven en condiciones de fragilidad y reconocen que, sin los adecuados mecanismos de protección, la ocurrencia de ciertas eventualidades puede poner en riesgo todos sus avances y logros, generando importantes temores de llevar a sus familias a elevados niveles de endeudamiento y de caer en pobreza.

Votaré a favor el proyecto de ley porque la propuesta de nuestro gobierno va en la línea de visibilizar, de permitir un acceso adecuado a los beneficios del Estado a la tan olvidada clase media, pero rechazaré el cambio propuesto por la Comisión de Hacienda en lo que al nombre se refiere.

He dicho.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de ley los siguientes términos:

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que establece el Sistema Clase Media Protegida, con la salvedad de los artículos 4 y 5, por tratar materias propias de ley orgánica constitucional.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 121 votos; por la negativa, 10 votos. Hubo 4 abstenciones.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alessandri Vergara , Jorge Durán Salinas , Eduardo Matta Aragay , Manuel Sabat Fernández , Marcela Álvarez Ramírez , Sebastián Espinoza Sandoval , Fidel Mellado Pino , Cosme Saffirio Espinoza , René Álvarez Vera , Jenny Fernández Allende , Maya Mellado Suazo , Miguel Saldívar Auger , Raúl Alvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo Flores García, Iván Meza Moncada , Fernando Sanhueza Dueñas , Gustavo Amar Mancilla , Sandra Flores Oporto , Camila Mirosevic Verdugo , Vlado Santana Castillo , Juan Ascencio Mansilla , Gabriel Fuenzalida Cobo , Juan Molina Magofke , Andrés Santana Tirachini , Alejandro Auth Stewart , Pepe Fuenzalida Figueroa , Gonzalo Monsalve Benavides , Manuel Santibáñez Novoa , Marisela Baltolu Rasera , Nino Gahona Salazar , Sergio Morales Muñoz , Celso Sauerbaum Muñoz , Frank Barrera Moreno , Boris García García, René Manuel Moreira Barros , Cristhian Schalper Sepúlveda , Diego Barros Montero , Ramón Gutiérrez Gálvez , Hugo Mulet Martínez , Jaime Schilling Rodríguez , Marcelo Bellolio Avaria , Jaime Hernández Hernán-dez , Javier Muñoz González , Francesca Sepúlveda Orbenes , Alejandra Berger Fett , Bernardo Hernando Pérez , Marcela Noman Garrido , Nicolás Sepúlveda Soto , Alexis Bernales Maldonado , Alejandro Hertz Cádiz , Carmen Norambuena Farías, Iván Soto Mardones , Raúl Bianchi Retamales , Karim Hoffmann Opazo , María José Núñez Arancibia , Daniel Teillier Del Valle , Guillermo Bobadilla Muñoz , Sergio Ilabaca Cerda , Marcos Núñez Urrutia , Paulina Tohá González , Jaime Brito Hasbún , Jorge Jackson Drago , Giorgio Olivera De La Fuente , Erika Torrealba Alvarado , Sebastián Calisto Águila , Miguel Ángel Jarpa Wevar , Carlos Abel Ortiz Novoa, José Miguel Torres Jeldes , Víctor Carter Fernández , Álvaro Jürgensen Rundshagen , Harry Ossandón Irarrázabal , Ximena Troncoso Hellman , Virginia Carvajal Ambiado , Loreto Kast Sommerhoff , Pablo Pardo Sáinz , Luis Undurraga Gazitúa , Francisco Castillo Muñoz , Natalia Keitel Bianchi , Sebastián Pérez Arriagada , José Urrutia Bonilla , Ignacio Castro Bascuñán, José Miguel Kort Garriga , Issa Pérez Lahsen , Leopoldo Urrutia Soto , Osvaldo Castro González, Juan Luis Kuschel Silva , Carlos Pérez Olea , Joanna Urruticoechea Ríos , Cristóbal Celis Araya , Ricardo Labra Sepúlveda , Amaro Pérez Salinas , Cata-lina Vallejo Dowling , Ca-mila Celis Montt , Andrés Lavín León , Joaquín Prieto Lorca , Pablo Van Rysselberghe Herrera , Enrique Cicardini Milla , Daniella Leiva Carvajal , Raúl Ramírez Diez , Guillermo Velásquez Núñez , Esteban Cid Versalovic , Sofía Leuquén Uribe , Aracely Rey Martínez , Hugo Venegas Cárdenas , Mario Coloma Álamos, Juan Antonio Longton Herrera , Andrés Rocafull López , Luis Verdessi Belemmi , Daniel Cruz-Coke Carvallo , Luciano Luck Urban , Karin Romero Sáez , Leonidas Vidal Rojas , Pablo Del Real Mihovilovic , Catalina Macaya Danús , Javier Rosas Barrientos , Patricio Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Díaz Díaz , Marcelo Marzán Pinto , Carolina Saavedra Chandía , Gastón Walker Prieto , Matías Durán Espinoza, Jorge

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas , Florcita González Gatica , Félix Jiles Moreno , Pamela Rojas Valderrama , Camila Boric Font , Gabriel Hirsch Goldschmidt , Tomás Mix Jiménez , Claudia Yeomans Araya , Gael Garín González , Renato Ibáñez Cotroneo, Diego

-Se abstuvieron los diputados señores: Girardi Lavín , Cristina Nuyado Ancapichún , Emilia Parra Sauterel , Andrea Winter Etcheberry, Gonzalo

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Corresponde votar en general los artículos 4 y 5, que requieren para su aprobación el voto favorable de 89 diputadas y diputados en ejercicio.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 116 votos; por la negativa, 13 votos. Hubo 6 abstenciones.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Aprobados.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alessandri Vergara , Jorge Durán Espinoza , Jorge Marzán Pinto , Carolina Saavedra Chandía , Gastón Álvarez Ramírez , Sebastián Durán Salinas , Eduardo Matta Aragay , Manuel Sabat Fernández , Marcela Álvarez Vera , Jenny Espinoza Sandoval , Fidel Mellado Pino , Cosme Saldívar Auger , Raúl Alvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo Fernández Allende, Maya Mellado Suazo , Miguel Sanhueza Dueñas , Gustavo Amar Mancilla , Sandra Flores García, Iván Meza Moncada , Fernando Santana Castillo , Juan Ascencio Mansilla , Gabriel Flores Oporto , Camila Mirosevic Verdugo , Vlado Santana Tirachini , Alejandro Baltolu Rasera , Nino Fuenzalida Cobo , Juan Molina Magofke , Andrés Santibáñez Novoa , Marisela Barrera Moreno , Boris Fuenzalida Figueroa , Gonzalo Monsalve Benavides , Manuel Sauerbaum Muñoz , Frank Barros Montero , Ramón Gahona Salazar , Sergio Morales Muñoz , Celso Schalper Sepúlveda , Diego Bellolio Avaria , Jaime García García, René Manuel Moreira Barros , Cristhian Schilling Rodríguez , Marcelo Berger Fett , Bernardo Gutiérrez Gálvez , Hugo Muñoz González , Francesca Sepúlveda Orbenes , Alejandra Bernales Maldonado , Alejandro Hernández Hernán-dez , Javier Noman Garrido , Nicolás Sepúlveda Soto , Alexis Bianchi Retamales , Karim Hernando Pérez , Marcela Norambuena Farías, Iván Soto Mardones , Raúl Bobadilla Muñoz , Sergio Hertz Cádiz , Carmen Núñez Arancibia , Daniel Teillier Del Valle , Guillermo Brito Hasbún , Jorge Hoffmann Opazo , María José Núñez Urrutia , Paulina Tohá González , Jaime Calisto Águila , Miguel Ángel Jackson Drago , Giorgio Olivera De La Fuente , Erika Torrealba Alvarado , Sebastián Carter Fernández , Álvaro Jarpa Wevar , Carlos Abel Ortiz Novoa, José Miguel Torres Jeldes , Víctor Carvajal Ambiado , Loreto Jürgensen Rundshagen , Harry Ossandón Irarrázabal , Ximena Troncoso Hellman , Virginia Castillo Muñoz , Natalia Kast Sommerhoff , Pablo Pardo Sáinz , Luis Undurraga Gazitúa , Francisco Castro Bascuñán, José Miguel Keitel Bianchi , Sebastián Pérez Arriagada , José Urrutia Bonilla , Ignacio Castro González, Juan Luis Kort Garriga , Issa Pérez Lahsen , Leopoldo Urrutia Soto , Osvaldo Celis Araya , Ricardo Kuschel Silva , Carlos Pérez Olea , Joanna Urruticoechea Ríos , Cristóbal Celis Montt , Andrés Labra Sepúlveda , Amaro Pérez Salinas , Catalina Vallejo Dowling , Camila Cicardini Milla , Daniella Lavín León , Joaquín Prieto Lorca , Pablo Van Rysselberghe Herrera , Enrique Cid Versalovic , Sofía Leiva Carvajal , Raúl Ramírez Diez , Guillermo Venegas Cárdenas , Mario Coloma Álamos, Juan Antonio Leuquén Uribe , Aracely Rey Martínez , Hugo Verdessi Belemmi , Daniel Cruz-Coke Carvallo , Luciano Longton Herrera , Andrés Rocafull López , Luis Vidal Rojas , Pablo Del Real Mihovilovic , Catalina Luck Urban , Karin Romero Sáez , Leonidas Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Díaz Díaz , Marcelo Macaya Danús , Javier Rosas Barrientos , Patricio Walker Prieto, Matías

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas , Florcita González Gatica , Félix Jiles Moreno , Pamela Rojas Valderrama , Camila Auth Stewart , Pepe Hirsch Goldschmidt , Tomás Mix Jiménez , Claudia Winter Etcheberry , Gonzalo Boric Font , Gabriel Ibáñez Cotroneo , Diego Parra Sauterel , Andrea Yeomans Araya , Gael Garín González, Renato

-Se abstuvieron los diputados señores:

Girardi Lavín , Cristina Mulet Martínez , Jaime Saffirio Espinoza , René Velásquez Núñez , Esteban Ilabaca Cerda , Marcos Nuyado Ancapichún, Emilia

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Por no haber sido objeto de indicaciones, el proyecto queda aprobado también en particular, con la misma votación, dejándose constancia de haberse alcanzado el quorum constitucional requerido, con la salvedad de los artículos 1 y 5, por haber sido objeto de enmiendas en la Comisión de Hacienda.

Corresponde votar en particular el artículo 1 con la modificación propuesta por la Comisión de Hacienda.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 68 votos; por la negativa, 67 votos. No hubo abstenciones.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas , Florcita Flores García, Iván Mellado Pino , Cosme Saldívar Auger , Raúl Álvarez Vera , Jenny Garín González , Renato Meza Moncada , Fernando Santana Castillo , Juan Ascencio Mansilla , Gabriel Girardi Lavín , Cristina Mirosevic Verdugo , Vlado Santibáñez Novoa , Marisela Auth Stewart , Pepe González Gatica , Félix Mix Jiménez , Claudia Schilling Rodríguez , Marcelo Barrera Moreno , Boris Gutiérrez Gálvez , Hugo Monsalve Benavides , Manuel Sepúlveda Orbenes , Alejandra Bernales Maldonado , Alejandro Hernando Pérez , Marcela Mulet Martínez , Jaime Sepúlveda Soto , Alexis Bianchi Retamales , Karim Hertz Cádiz , Carmen Núñez Arancibia , Daniel Soto Mardones , Raúl Boric Font , Gabriel Hirsch Goldschmidt , Tomás Nuyado Ancapichún , Emilia Teillier Del Valle , Guillermo Brito Hasbún , Jorge Ibáñez Cotroneo , Diego Ortiz Novoa, José Miguel Tohá González , Jaime Carvajal Ambiado , Loreto Ilabaca Cerda , Marcos Parra Sauterel , Andrea Torres Jeldes , Víctor Castillo Muñoz , Natalia Jackson Drago , Giorgio Pérez Arriagada , José Vallejo Dowling , Camila Castro González, Juan Luis Jarpa Wevar , Carlos Abel Pérez Salinas , Catalina Velásquez Núñez , Esteban Celis Araya , Ricardo Jiles Moreno , Pamela Rocafull López , Luis Venegas Cárdenas , Mario Cicardini Milla , Daniella Labra Sepúlveda , Amaro Rojas Valderrama , Camila Vidal Rojas , Pablo Díaz Díaz , Marcelo Leiva Carvajal , Raúl Rosas Barrientos , Patricio Walker Prieto , Matías Espinoza Sandoval , Fidel Marzán Pinto , Carolina Saavedra Chandía , Gastón Winter Etcheberry , Gonzalo Fernández Allende , Maya Matta Aragay , Manuel Saffirio Espinoza , René Yeomans Araya, Gael

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alessandri Vergara , Jorge Durán Espinoza , Jorge Luck Urban , Karin Rey Martínez, Hugo Álvarez Ramírez , Sebastián Durán Salinas , Eduardo Macaya Danús , Javier Romero Sáez , Leonidas Alvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo Flores Oporto , Camila Mellado Suazo , Miguel Sabat Fernández , Marcela Amar Mancilla , Sandra Fuenzalida Cobo , Juan Molina Magofke , Andrés Sanhueza Dueñas , Gustavo Baltolu Rasera , Nino Fuenzalida Figueroa , Gonzalo Morales Muñoz , Celso Santana Tirachini , Alejandro Barros Montero , Ramón Gahona Salazar , Sergio Moreira Barros , Cristhian Sauerbaum Muñoz , Frank Bellolio Avaria , Jaime García García, René Manuel Muñoz González , Francesca Schalper Sepúlveda , Diego Berger Fett , Bernardo Hernández Hernán-dez , Javier Noman Garrido , Nicolás Torrealba Alvarado , Sebastián Bobadilla Muñoz , Sergio Hoffmann Opazo , María José Norambuena Farías, Iván Troncoso Hellman , Virginia Calisto Águila , Miguel Ángel Jürgensen Rundshagen , Harry Núñez Urrutia , Paulina Undurraga Gazitúa , Francisco Carter Fernández , Álvaro Kast Sommerhoff , Pablo Olivera De La Fuente , Erika Urrutia Bonilla , Ignacio Castro Bascuñán, José Miguel Keitel Bianchi , Sebastián Ossandón Irarrázabal , Ximena Urrutia Soto , Osvaldo Celis Montt , Andrés Kort Garriga , Issa Pardo Sáinz , Luis Urruticoechea Ríos , Cristóbal Cid Versalovic , Sofía Kuschel Silva , Carlos Pérez Lahsen , Leopoldo Van Rysselberghe Herrera , Enrique Coloma Álamos, Juan Antonio Lavín León , Joaquín Pérez Olea , Joanna Verdessi Belemmi , Daniel Cruz-Coke Carvallo , Luciano Leuquén Uribe , Aracely Prieto Lorca , Pablo Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Del Real Mihovilovic , Longton Herrera , Ramírez Diez , Catalina Andrés Guillermo

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Corresponde votar en particular el artículo 5 en los términos propuestos por la Comisión de Desarrollo Social, que la Comisión de Hacienda propone rechazar, cuya aprobación requiere el voto favorable de 89 diputadas y diputados en ejercicio.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 131 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 3 abstenciones.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas , Florcita Durán Salinas , Eduardo Luck Urban , Karin Rosas Barrientos , Patricio Alessandri Vergara , Jorge Espinoza Sandoval , Fidel Macaya Danús , Javier Saavedra Chandía , Gastón Álvarez Ramírez , Sebastián Fernández Allende, Maya Marzán Pinto , Carolina Sabat Fernández , Marcela Álvarez Vera , Jenny Flores García, Iván Matta Aragay , Manuel Saffirio Espinoza , René Alvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo Flores Oporto , Camila Mellado Pino , Cosme Saldívar Auger , Raúl Amar Mancilla , Sandra Fuenzalida Cobo , Juan Mellado Suazo , Miguel Sanhueza Dueñas , Gustavo Ascencio Mansilla , Gabriel Fuenzalida Figueroa , Gonzalo Meza Moncada , Fernando Santana Castillo , Juan Auth Stewart, Pepe Gahona Salazar , Sergio Mirosevic Verdugo , Vlado Santana Tirachini , Alejandro Baltolu Rasera, Nino García García, René Manuel Mix Jiménez , Claudia Santibáñez Novoa , Marisela Barrera Moreno , Boris Garín González , Renato Molina Magofke , Andrés Sauerbaum Muñoz , Frank Barros Montero , Ramón Girardi Lavín , Cristina Monsalve Benavides , Manuel Schalper Sepúlveda , Diego Bellolio Avaria , Jaime González Gatica , Félix Morales Muñoz , Celso Schilling Rodríguez , Marcelo Berger Fett , Bernardo Gutiérrez Gálvez , Hugo Moreira Barros , Cristhian Sepúlveda Soto , Alexis Bernales Maldonado , Alejandro Hernández Hernán-dez , Javier Muñoz González , Francesca Soto Mardones , Raúl Bianchi Retamales , Karim Hernando Pérez , Marcela Noman Garrido , Nicolás Teillier Del Valle , Guillermo Bobadilla Muñoz , Sergio Hertz Cádiz , Carmen Norambuena Farías , Iván Tohá González , Jaime Boric Font , Gabriel Hirsch Goldschmidt , Tomás Núñez Arancibia , Daniel Torrealba Alvarado , Sebastián Brito Hasbún , Jorge Hoffmann Opazo , María José Núñez Urrutia , Paulina Torres Jeldes , Víctor Calisto Águila , Miguel Ángel Ibáñez Cotroneo , Diego Nuyado Anca-pichún , Emilia Troncoso Hellman , Virginia Carter Fernández , Álvaro Ilabaca Cerda , Marcos Olivera De La Fuente , Erika Undurraga Gazitúa , Francisco Carvajal Ambiado , Loreto Jackson Drago , Giorgio Ossandón Irarrázabal , Ximena Urrutia Bonilla , Ignacio Castillo Muñoz , Natalia Jarpa Wevar , Carlos Abel Pardo Sáinz , Luis Urrutia Soto , Osvaldo Castro Bascuñán, José Miguel Jiles Moreno , Pamela Parra Sauterel , Andrea Urruticoechea Ríos , Cristóbal Castro González, Juan Luis Jürgensen Rundshagen , Harry Pérez Arriagada , José Vallejo Dowling , Camila Celis Araya , Ricardo Kast Sommerhoff , Pablo Pérez Lahsen , Leopoldo Van Rysselberghe Herrera , Enrique Celis Montt , Andrés Keitel Bianchi , Sebastián Pérez Olea , Joanna Venegas Cárdenas , Mario Cicardini Milla , Daniella Kort Garriga , Issa Pérez Salinas , Catalina Verdessi Belemmi , Daniel Cid Versalovic , Sofía Kuschel Silva , Carlos Prieto Lorca , Pablo Vidal Rojas , Pablo Coloma Álamos, Juan Antonio Labra Sepúlveda , Amaro Ramírez Diez , Guillermo Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Cruz-Coke Carvallo , Luciano Lavín León , Joaquín Rey Martínez, Hugo Walker Prieto , Matías Del Real Mihovilovic , Catalina Leiva Carvajal , Raúl Rocafull López , Luis Winter Etcheberry , Gonzalo Díaz Díaz , Marcelo Leuquén Uribe , Aracely Rojas Valderrama , Camila Yeomans Araya , Gael Durán Espinoza , Jorge Longton Herrera , Andrés Romero Sáez, Leonidas

-Votó por la negativa el diputado señor:

Ortiz Novoa, José Miguel

-Se abstuvieron los diputados señores:

Mulet Martínez , Jaime Sepúlveda Orbenes , Alejandra Velásquez Núñez, Esteban

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Despachado el proyecto al Senado.

VALPARAÍSO, 9 de octubre de 2019

Oficio Nº 15.063

A S.E. EL PRESIDENTE DEL H. SENADO

Con motivo del mensaje, informes y demás antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V.E., la Cámara de Diputados ha aprobado el proyecto de ley que establece el Sistema Red Integral de Protección Social, correspondiente al boletín N° 12.661-31, del siguiente tenor:

PROYECTO DE LEY

“TÍTULO I

DE LA NATURALEZA Y OBJETO

Artículo 1.- Naturaleza. Créase un sistema denominado “Red Integral de Protección Social”, en adelante e indistintamente el “Sistema”, que consiste en un modelo de gestión intersectorial, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Subsecretaría de Servicios Sociales, cuyo propósito es coordinar intersectorialmente la oferta programática existente relacionada a eventos adversos que podrían conducir a personas, grupos o familias a una situación de vulnerabilidad, en los términos regulados en la ley N° 20.530, entregar información clara, oportuna y personalizada sobre la misma, y simplificar el acceso a ésta.

Artículo 2.- Objetivos. Los objetivos del Sistema son los siguientes:

a) Coordinar intersectorialmente la oferta programática existente asociada a los eventos adversos.

b) Entregar información y orientación clara, oportuna y personalizada de la oferta programática existente, mediante la Red de Atención a Usuarios a que se refiere el Título V.

c) Simplificar el acceso a la oferta programática del Estado mediante la integración de trámites asociados a los respectivos beneficios y el seguimiento de casos, y garantizar el acceso al Sistema. Para estos efectos el Sistema contará con su propio registro de casos.

Artículo 3.- Definiciones. Para los fines de la presente ley, se entenderá por:

a) Eventos adversos: Hechos o contingencias que podrían conducir a una persona, grupo o familia a una situación de vulnerabilidad, en los términos establecidos en el numeral 5) del artículo 2 de la ley N° 20.530, por motivos de salud, vejez, desempleo, vivienda, educación, delincuencia, y/o violencia de género, entre otros.

b) Oferta programática: Conjunto de políticas, planes, programas, iniciativas, beneficios, prestaciones sociales y/o servicios que administran los organismos participantes y que hayan sido incorporados al Sistema de acuerdo al artículo 4.

c) Organismo participante: Organismos que administran parte de la oferta programática incorporada al Sistema.

d) Plataforma: Sitio web parte de la Red de Atención a Usuarios, que contendrá la información y difusión de la oferta programática y trámites incluidos en el Sistema, y que permitirá hacer seguimiento de casos. Los organismos participantes dispondrán de ésta para orientar a los usuarios. Los usuarios también podrán acceder directamente a ella, mediante una sesión privada.

e) Red de Atención a Usuarios: Vía de acceso de los usuarios a los servicios de información, orientación y atención que ofrece el Sistema. Pueden ser canales virtuales, remotos y/o presenciales que funcionan como medios de comunicación entre los usuarios y el Sistema.

f) Secretaría Ejecutiva: Secretaría Ejecutiva Clase Media Protegida, a que alude el artículo 5.

TÍTULO II

DE LA COORDINACIÓN INTERSECTORIAL Y LA ARTICULACION DE OFERTA PROGRAMÁTICA

Artículo 4.- Determinación de la oferta programática existente y los eventos adversos asociados a ella. La oferta programática existente de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 3 y los eventos adversos asociados a la misma deberán ser determinados y aprobados por el Comité Interministerial de Desarrollo Social y Familia regulado en la ley N° 20.530, previa propuesta evacuada mediante un informe elaborado por la Secretaría Ejecutiva a que alude el artículo 5, en coordinación con la Subsecretaría de Evaluación Social y visada por la Dirección de Presupuestos. Para la elaboración de dicho informe, la Secretaría Ejecutiva considerará los insumos pertinentes que, para estos efectos, le proporcione el Comité Técnico Intersectorial a que se refiere el artículo 6 de esta ley. En caso de que un evento adverso no cuente con oferta programática, deberá indicarse en dicho informe y evaluarse su potencial cobertura.

Los acuerdos del Comité Interministerial de Desarrollo Social y Familia, en relación con la determinación de la oferta programática existente que formará parte del Sistema y los eventos asociados a ella, deberán materializarse mediante resolución expedida por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, de conformidad a lo señalado en el inciso segundo del artículo 16 de la ley N° 20.530, la que además deberá ser suscrita por el Ministro de Hacienda.

TÍTULO III

DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA, DEL COMITÉ TÉCNICO INTERSECTORIAL Y DE LOS CONVENIOS

Artículo 5.- De la Secretaría Ejecutiva. La Secretaría Ejecutiva del Sistema estará radicada en la Subsecretaría de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y le corresponderá coordinar intersectorialmente, administrar, supervisar, implementar y hacer seguimiento del Sistema y de los indicadores de gestión de la Red de Atención a Usuarios, sin perjuicio de lo establecido en el literal d) del artículo 3 de la ley N° 20.530.

Adicionalmente, le corresponderá convocar y coordinar las labores del Comité Técnico Intersectorial a que alude el artículo siguiente.

A más tardar el 31 de marzo de cada año, la Secretaría Ejecutiva deberá entregar al Ministro de Desarrollo Social y Familia un Informe Anual de Resultado, en el que deberá señalar las acciones que fueron desarrolladas durante el año anterior, las dificultades enfrentadas en la implementación o funcionamiento intersectorial del Sistema, las medidas que propone para la mejora de la coordinación del mismo, y la información estadística en relación con las personas que acceden a las políticas, planes, programas, iniciativas, beneficios, prestaciones sociales y/o servicios que administran los organismos participantes, relacionados al registro de casos establecido en el literal c) del artículo 2. Este informe deberá ser remitido a la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación de la Cámara de Diputados y deberá estar disponible a más tardar el 30 de abril de cada año en el sitio web del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Un reglamento suscrito por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia determinará el funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva y establecerá toda otra medida necesaria para ese fin.

Artículo 6.- Del Comité Técnico Intersectorial. Existirá un Comité Técnico Intersectorial que colaborará en la implementación y operación del Sistema mediante la provisión de información al mismo.

El referido Comité estará compuesto por una contraparte técnica de cada uno de los organismos participantes y será coordinado por la Secretaría Ejecutiva. Asimismo, el Comité deberá considerar la participación de las municipalidades y de la ciudadanía en la forma que disponga el reglamento.

Un reglamento suscrito por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia determinará la forma de designación de los integrantes del Comité Técnico Intersectorial y toda otra medida necesaria para su funcionamiento.

Artículo 7.- De los convenios. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia podrá celebrar convenios para el funcionamiento del Sistema y para efectuar solicitudes de información y/o tratamiento de datos para los fines del mismo.

TÍTULO IV

DE LA SOLICITUD DE DATOS, SU USO Y TRATAMIENTO

Artículo 8.- De la solicitud de información y tratamiento de datos. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Subsecretaría de Evaluación Social, estará facultada para solicitar y tratar los datos y la información estrictamente necesaria para el cumplimiento de los fines del Sistema establecidos en el artículo 2 de esta ley, de conformidad con lo establecido en la letra s) del artículo 3 de la ley N° 20.530.

Artículo 9.- Del acceso a la información contenida en registros del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Para el funcionamiento del Sistema, la Subsecretaría de Servicios Sociales podrá realizar solicitudes de información en línea, respecto de datos contenidos en el Registro de Información Social a que hace referencia el artículo 6 de la ley N° 19.949, así como de la información contenida en el instrumento de caracterización socioeconómica a que hace referencia el artículo 5 de la ley N° 20.379, en conformidad a la normativa vigente.

Estas solitudes de información deberán acotarse a aquella estrictamente necesaria para el cumplimiento de los objetivos del Sistema establecidos en el artículo 2 de esta ley.

Artículo 10.- De la seguridad y confidencialidad en el tratamiento de datos personales. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia deberá actuar con la debida diligencia y adoptar todas las medidas de seguridad, técnicas y organizativas que garanticen la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información contenida en el Sistema.

Las personas que accedan a bases o registros de datos personales en virtud de esta ley deberán respetar la confidencialidad de los mismos, debiendo tratarlos exclusivamente para los fines previstos en esta ley y abstenerse de usar dicha información en beneficio propio o de terceros.

En caso de que el procesamiento y tratamiento de la información, para los fines de la presente ley, fuese efectuado por terceros, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia establecerá contractualmente los resguardos necesarios para proteger la información y su confidencialidad.

Artículo 11.- De las sanciones. Las infracciones de las disposiciones del presente Título serán sancionadas en conformidad a la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y demás normas aplicables. Adicionalmente, respecto de los funcionarios públicos y para efectos de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 125 de la ley N° 18.834, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda, se estimará que los hechos que configuren infracciones a este Título vulneran gravemente el principio de probidad administrativa, sin perjuicio de las demás sanciones y responsabilidades que procedan, en conformidad a la ley.

TÍTULO V

RED DE ATENCION A USUARIOS

Artículo 12.- Red de Atención a Usuarios. El Sistema contará con una Red de Atención a Usuarios en cada región del país, a través de la cual se les entregará orientación e información sobre la oferta programática que forma parte del Sistema.

Adicionalmente, la plataforma que forma parte de esta red permitirá a los usuarios hacer seguimiento de casos.

TITULO VI

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo primero.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria Tesoro Público, podrá suplementar el presupuesto de dicho ministerio en la parte del gasto que no pueda financiar con sus recursos.

En los años siguientes, el gasto que irrogue el adecuado funcionamiento del Sistema se hará con cargo a los recursos que anualmente contemple la Ley de Presupuestos del Sector Público vigente, sin perjuicio de los recursos que se otorguen por leyes especiales.

Artículo segundo.– Dentro del plazo de seis meses, contado desde la fecha de publicación de la presente ley en el Diario Oficial, se dictarán los reglamentos a que hacen referencia los artículos 5 y 6, así como cualquier otro reglamento necesario para el funcionamiento del Sistema.”.

*****

Hago presente a V.E. que los artículos 4 y 5 del proyecto de ley fueron aprobados en general con el voto favorable de 116 diputados.

En particular, el artículo 4 fue aprobado con el voto favorable de 116 diputados, mientras que el artículo 5 lo fue por 131 votos afirmativos.

En todos los casos la votación se produjo respecto de un total de 155 diputados en ejercicio, dándose así cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República.

Dios guarde a V.E.

IVÁN FLORES GARCÍA

Presidente de la Cámara de Diputados

MIGUEL LANDEROS PERKI?

Secretario General de la Cámara de Diputados

?INFORME DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO, DESCENTRALIZACIÓN Y REGIONALIZACIÓN recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece el Sistema Red Integral de Protección Social.

BOLETÍN Nº 12.661-31

HONORABLE SENADO:

La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización tiene el honor de informar respecto del proyecto de ley individualizado en el rubro, iniciado en Mensaje de Su Excelencia el señor Presidente de la República, con urgencia calificada de “suma”.

Cabe destacar que esta iniciativa de ley fue discutida sólo en general, en virtud de lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento del Senado.

A una o más de las sesiones en que la Comisión analizó este proyecto de ley asistieron, además de sus miembros, las siguientes personas:

-Del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, la asesora, señora Trinidad Sáinz.

-De la Biblioteca del Congreso Nacional, la asesora técnico-parlamentaria, señora Gabriela Dazzarola.

-El asesor de la Senadora Ebensperger, señor Patricio Cuevas.

-El asesor parlamentario del Senador Galilea, señor Benjamín Lagos.

OBJETIVO DEL PROYECTO

Crear el sistema Red Integral de Protección Social.

NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL

Os hacemos presente que los artículos 4 y 5 el proyecto de ley, deben ser aprobados como normas de rango orgánico constitucional, por cuanto inciden en materias propias de la ley orgánica sobre Bases Generales de la Administración del Estado. Lo anterior, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 38 de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 66, inciso segundo, de la Carta Fundamental.

- - -

ANTECEDENTES

Para el debido estudio de esta iniciativa de ley, se han tenido en consideración, entre otros, los siguientes:

I.- ANTECEDENTES JURÍDICOS

1.- Constitución Política de la República, artículo 38.-

2.- Ley N° 20.530, que crea el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y modifica cuerpos legales que indica.

3.- Ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

II.- ANTECEDENTES DE HECHO

El Mensaje que da origen al presente proyecto de ley señala que en las últimas décadas Chile ha experimentado un cambio importante en su composición socioeconómica, con lo que se ha logrado reducir sistemáticamente la pobreza, tanto por el crecimiento económico sostenido como también por las buenas políticas públicas. Agrega que, según la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (CASEN) 2017, la pobreza ha disminuido de 68% en 1990 a 8,6% en el año 2017.

Destaca que la transformación social antes señalada ha permitido a los chilenos prosperar y optar a una mejor calidad de vida, lo que se ve reflejado en el rápido crecimiento de familias de ingresos medios, tendencia que está en línea con la modificación de las sociedades modernas, en las cuales el crecimiento del ingreso per cápita se alinea con un descenso importante de la pobreza y con el crecimiento de este segmento.

Indica que dicha transformación implica desafíos para los Estados y sus políticas públicas, que deben adaptarse a la nueva realidad.

Enseguida, hace presente que tanto el tamaño de la clase media como su caracterización varían dependiendo de la medición que se utilice, no obstante que existe un consenso en que ésta ha ido en aumento, subrayando que, utilizando los criterios del Banco Mundial, por ejemplo, se observa que el porcentaje de personas de clase media prácticamente se triplicó entre 1990 y 2017, lo que equivale a decir que, en 2017, cerca del 70% de la población pertenecía a este grupo.

Recalca que la amplitud de este segmento tiene como consecuencia una alta heterogeneidad en su composición y las realidades que coexisten, de manera que no se puede hablar de una clase media global y homogénea sino más bien de ciertas características, que representan a distintos grupos, que componen a esta clase media.

Agrega que, no obstante lo anterior, son un grupo que se identifica mayoritariamente con sus propios logros y que cree profundamente en la meritocracia como un mecanismo de distinción individual, cuyo soporte es el esfuerzo personal (Torche, 2004), y que las familias pertenecientes a clase media tienen una percepción de estar desprotegidos respecto de la acción del Estado, y que es justamente este aislamiento lo que los empodera como un grupo centrado en sus propios méritos (Azun Candina, 2013).

Hace presente que una parte importante de las personas de clase media del país dice haber crecido en un hogar pobre, y se autopercibe en una situación presente ventajosa que ha surgido de su esfuerzo, alcanzando una mejor calidad de vida en comparación a la que tenían sus padres, en términos de educación, ingresos, trabajo y vivienda. En la misma línea, sostiene que son hogares cuyos valores están arraigados fuertemente al trabajo riguroso y esforzado, que se observa que ingresan al mundo laboral con un nivel educacional más alto por lo que, destaca, es un segmento que quiere seguir avanzando, para lo cual demanda apoyo para ampliar sus oportunidades y proteger sus avances.

Enfatiza que una parte considerable de la clase media se sitúa por sobre, pero cerca, de los parámetros internacionales de vulnerabilidad, lo cual significa que tienen un elevado riesgo potencial de ver retroceder su situación ante contingencias o eventos adversos. Asimismo, añade que en un informe de 2018 de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), muestra que la clase media a nivel mundial presenta una alta movilidad en sus ingresos, situación que se traduce no sólo en oportunidades en diversos ámbitos sino que también en grandes riesgos de caer en pobreza ante situaciones inesperadas de la vida, como puede ser el desempleo o el padecimiento de una enfermedad grave, donde Chile es el segundo país de la OCDE con mayor probabilidad de que una persona del quintil 3 retroceda al quintil 1 en un periodo de cuatro años (16,3% de probabilidades Chile v/s 8,61% del promedio OCDE), y el con mayor probabilidad de que una persona del quintil 4 retroceda al quintil 1 en un periodo de 4 años (11,3% de probabilidades Chile v/s 4,62% del promedio OCDE).

Plantea que lo anterior es concordante con diferentes estudios de percepción, que muestran que una parte importante de las familias del país tienen una sensación de alta fragilidad ante la ocurrencia de eventos adversos, que ponen en jaque la situación económica familiar, donde los principales temores se relacionan con no ser capaz de pagar la educación universitaria de los hijos, ser víctima de la delincuencia, no poder costear una enfermedad, perder el trabajo, presentar inseguridad financiera en la vejez y dificultades para pagar las deudas.

Pone de relieve la necesidad de avanzar en políticas públicas que se enfoquen en la clase media pues, a pesar de su aumento exponencial en los últimos 30 años, la relación entre el Estado y este grupo ha sido casual más que institucional y comprometida, evidenciando un Estado sin foco en este importante grupo de la población.

Afirma que, pese a la generación de instrumentos para responder a las necesidades de la clase media como, por ejemplo, la ampliación del postnatal, aún se observan brechas para brindar un adecuado nivel de seguridad a este segmento de la población, evitando las caídas abruptas en los ingresos que los pudieran llevar a una situación de vulnerabilidad.

Hace presente que las recomendaciones de política de la OCDE (2018) en materia de desarrollo y movilidad social, han señalado que una estrategia óptima debiera incluir elementos que garanticen un buen acceso de la población a iniciativas que busquen atenuar las consecuencias de los impactos negativos personales, políticas que faciliten a las personas incorporarse al trabajo ante la pérdida del empleo, políticas para fortalecer el aprendizaje continuo de las personas, la instalación de sistemas de seguros, así como el fortalecimiento de las políticas asociadas a los niñas, niños y adolescentes.

Sostiene que el diseño de políticas públicas en la materia debe, además, considerar la transformación de las economías como resultado del progreso tecnológico, el envejecimiento de la población y la globalización, y que un segmento tan masivo como la clase media, con fragilidades en diversos ámbitos, requiere de una respuesta moderna y capaz de ajustarse a los estilos y nuevos modos de vida.

En cuanto al acceso y pertinencia que tiene el sistema de seguridad social, el informe de la OCDE (2019) recalca que existe una sensación de dificultad en el acceso a los beneficios ya existentes, donde sólo un 11,6% de los chilenos encuestados están de acuerdo o muy de acuerdo con que es fácil acceder a beneficios públicos cuando se necesitan, muy por bajo el promedio de otros países. En esta misma línea, destaca que, del total de la muestra, un 61,4% está en desacuerdo o muy en desacuerdo con que el Gobierno proporciona un apoyo económico adecuado en caso de pérdida de ingresos debido a la vejez, lo que se repite para enfermedad o discapacidad (56,8%) y desempleo (55,7%).

Precisa que para el segmento de clase media se deben buscar soluciones para mitigar los riesgos, que incluyan el establecimiento y perfeccionamiento de beneficios, y también moderarse las asimetrías de información que existen entre la ciudadanía y los respectivos servicios públicos, mejorar sustancialmente la calidad de atención y orientación que reciben las familias, todo lo cual implica eliminar la excesiva burocracia a la que se enfrenta el ciudadano para encontrar soluciones, y pone en relevancia la atención ciudadana como uno de los elementos que debe sustentar la política pública.

Asegura que para fortalecer y brindar seguridad a la clase media se requiere de una respuesta ajustada a un ciudadano que demanda una oferta pública de servicios de mayor calidad, con información más adecuada, que combine herramientas tecnológicas que se adapten a las particularidades y estilos de vida de este grupo.

Luego, indica que el Gobierno está comprometido en entregar a la clase media, un apoyo claro, en momentos difíciles de la vida, fortaleciendo la red de seguridades a las cuales puede acceder ante la ocurrencia de eventos adversos, para lo cual se definieron como tareas el Institucionalizar una política enfocada en la clase media con el objetivo de establecer a ésta como grupo prioritario, y sobre el cual el Estado tendrá un rol claro y permanente para su atención, promoción y protección.

Señala que para profundizar este objetivo se crea el Sistema Clase Media Protegida, que consiste en un modelo de gestión cuyo objetivo es coordinar intersectorialmente la oferta programática existente, relacionada a eventos adversos que podrían conducir a personas, grupos o familias a una situación de vulnerabilidad, entregar información clara, oportuna y personalizada sobre la misma, y simplificar el acceso a ésta.

Recalca que lo anterior permite generar una base sólida para fortalecer y brindar protección a este segmento, pues el sistema incluye una red de atención a usuarios que permitirá informar y orientar de manera clara, oportuna y personalizada las soluciones que entreguen apoyo y protección a las familias, lo cual se logrará con la creación de una innovadora plataforma digital que agrupará los beneficios y servicios disponibles, según el perfil de cada persona y familia. No obstante, indica, dado que un porcentaje relevante de la población no tiene acceso a internet también se utilizarán canales de atención tradicionales, tanto presenciales, como remotos, que funcionen como medios de comunicación entre las personas y el Sistema.

Hace presente que el objetivo es asegurar una orientación eficaz, una derivación oportuna hacia otros servicios especializados del Estado. y un seguimiento de casos complejos cuando sea necesario, para que el servicio se vuelva accesible para todos, simplificando procesos y permitiendo que la información se encuentre de manera oportuna.

Señala que otro objetivo es colaborar con las iniciativas orientadas a la clase media que busquen atenuar el riesgo de retroceder por la ocurrencia de eventos adversos, para lo cual estima necesario avanzar en la institucionalización del Sistema con el objetivo de proyectarlo y asegurar un adecuado trabajo intersectorial, que permita apoyar a las familias con una mirada integral que involucre a todos los sectores que hoy entregan prestaciones y beneficios, de manera articulada y con foco en los ciudadanos.

Finalmente, destaca que el Ministerio de Desarrollo Social y Familia tiene como función esencial erradicar la pobreza y brindar protección social a las personas o grupos vulnerables, así como también la coordinación de las políticas, planes y programas sociales, para lo cual ha llevado a cabo iniciativas y creado sistemas y subsistemas, entre los que destacan el Sistema Elige Vivir Sano y el Sistema Intersectorial de Protección Social, y que para afrontar el nuevo desafío que asumirá con la clase media es necesario crear un sistema para cumplir con dicho objetivo.

DISCUSIÓN EN GENERAL

Al iniciarse el estudio de esta iniciativa se hizo presente que, en el primer trámite constitucional, la Sala de la Honorable Cámara de Diputados reemplazó el nombre del proyecto de la referencia que originalmente era “Establece el Sistema Clase Media Protegida” por el siguiente: "Establece el Sistema Red Integral de Protección Social".

Aclarado el punto, los integrantes presentes de la Comisión coincidieron plenamente con las finalidades expresadas en el Mensaje, de crear el mencionado sistema para que, a través de la Subsecretaría de Servicios Sociales, se coordine intersectorialmente la oferta programática existente relacionada a eventos adversos que podrían conducir a personas, grupos o familias, a una situación de vulnerabilidad, en los términos regulados en la ley N° 20.530, entregando información clara, oportuna y personalizada sobre la misma, y simplificando el acceso a ésta, concordando en someter a votación general el proyecto para avanzar en su tramitación.

- Sometido a votación en general, el proyecto de ley fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya, Galilea y Letelier.

TEXTO DEL PROYECTO

A continuación, se transcribe literalmente el texto del proyecto de ley despachado por la Honorable Cámara de Diputados, y que vuestra Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización os propone aprobar en general:

PROYECTO DE LEY:

“TÍTULO I

DE LA NATURALEZA Y OBJETO

Artículo 1.- Naturaleza. Créase un sistema denominado “Red Integral de Protección Social”, en adelante e indistintamente el “Sistema”, que consiste en un modelo de gestión intersectorial, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Subsecretaría de Servicios Sociales, cuyo propósito es coordinar intersectorialmente la oferta programática existente relacionada a eventos adversos que podrían conducir a personas, grupos o familias a una situación de vulnerabilidad, en los términos regulados en la ley N° 20.530, entregar información clara, oportuna y personalizada sobre la misma, y simplificar el acceso a ésta.

Artículo 2.- Objetivos. Los objetivos del Sistema son los siguientes:

a) Coordinar intersectorialmente la oferta programática existente asociada a los eventos adversos.

b) Entregar información y orientación clara, oportuna y personalizada de la oferta programática existente, mediante la Red de Atención a Usuarios a que se refiere el Título V.

c) Simplificar el acceso a la oferta programática del Estado mediante la integración de trámites asociados a los respectivos beneficios y el seguimiento de casos, y garantizar el acceso al Sistema. Para estos efectos el Sistema contará con su propio registro de casos.

Artículo 3.- Definiciones. Para los fines de la presente ley, se entenderá por:

a) Eventos adversos: Hechos o contingencias que podrían conducir a una persona, grupo o familia a una situación de vulnerabilidad, en los términos establecidos en el numeral 5) del artículo 2 de la ley N° 20.530, por motivos de salud, vejez, desempleo, vivienda, educación, delincuencia, y/o violencia de género, entre otros.

b) Oferta programática: Conjunto de políticas, planes, programas, iniciativas, beneficios, prestaciones sociales y/o servicios que administran los organismos participantes y que hayan sido incorporados al Sistema de acuerdo al artículo 4.

c) Organismo participante: Organismos que administran parte de la oferta programática incorporada al Sistema.

d) Plataforma: Sitio web parte de la Red de Atención a Usuarios, que contendrá la información y difusión de la oferta programática y trámites incluidos en el Sistema, y que permitirá hacer seguimiento de casos. Los organismos participantes dispondrán de ésta para orientar a los usuarios. Los usuarios también podrán acceder directamente a ella, mediante una sesión privada.

e) Red de Atención a Usuarios: Vía de acceso de los usuarios a los servicios de información, orientación y atención que ofrece el Sistema. Pueden ser canales virtuales, remotos y/o presenciales que funcionan como medios de comunicación entre los usuarios y el Sistema.

f) Secretaría Ejecutiva: Secretaría Ejecutiva Clase Media Protegida, a que alude el artículo 5.

TÍTULO II

DE LA COORDINACIÓN INTERSECTORIAL Y LA ARTICULACION DE OFERTA PROGRAMÁTICA

Artículo 4.- Determinación de la oferta programática existente y los eventos adversos asociados a ella. La oferta programática existente de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 3 y los eventos adversos asociados a la misma deberán ser determinados y aprobados por el Comité Interministerial de Desarrollo Social y Familia regulado en la ley N° 20.530, previa propuesta evacuada mediante un informe elaborado por la Secretaría Ejecutiva a que alude el artículo 5, en coordinación con la Subsecretaría de Evaluación Social y visada por la Dirección de Presupuestos. Para la elaboración de dicho informe, la Secretaría Ejecutiva considerará los insumos pertinentes que, para estos efectos, le proporcione el Comité Técnico Intersectorial a que se refiere el artículo 6 de esta ley. En caso de que un evento adverso no cuente con oferta programática, deberá indicarse en dicho informe y evaluarse su potencial cobertura.

Los acuerdos del Comité Interministerial de Desarrollo Social y Familia, en relación con la determinación de la oferta programática existente que formará parte del Sistema y los eventos asociados a ella, deberán materializarse mediante resolución expedida por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, de conformidad a lo señalado en el inciso segundo del artículo 16 de la ley N° 20.530, la que además deberá ser suscrita por el Ministro de Hacienda.

TÍTULO III

DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA, DEL COMITÉ TÉCNICO INTERSECTORIAL Y DE LOS CONVENIOS

Artículo 5.- De la Secretaría Ejecutiva. La Secretaría Ejecutiva del Sistema estará radicada en la Subsecretaría de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y le corresponderá coordinar intersectorialmente, administrar, supervisar, implementar y hacer seguimiento del Sistema y de los indicadores de gestión de la Red de Atención a Usuarios, sin perjuicio de lo establecido en el literal d) del artículo 3 de la ley N° 20.530.

Adicionalmente, le corresponderá convocar y coordinar las labores del Comité Técnico Intersectorial a que alude el artículo siguiente.

A más tardar el 31 de marzo de cada año, la Secretaría Ejecutiva deberá entregar al Ministro de Desarrollo Social y Familia un Informe Anual de Resultado, en el que deberá señalar las acciones que fueron desarrolladas durante el año anterior, las dificultades enfrentadas en la implementación o funcionamiento intersectorial del Sistema, las medidas que propone para la mejora de la coordinación del mismo, y la información estadística en relación con las personas que acceden a las políticas, planes, programas, iniciativas, beneficios, prestaciones sociales y/o servicios que administran los organismos participantes, relacionados al registro de casos establecido en el literal c) del artículo 2. Este informe deberá ser remitido a la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación de la Cámara de Diputados y deberá estar disponible a más tardar el 30 de abril de cada año en el sitio web del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Un reglamento suscrito por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia determinará el funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva y establecerá toda otra medida necesaria para ese fin.

Artículo 6.- Del Comité Técnico Intersectorial. Existirá un Comité Técnico Intersectorial que colaborará en la implementación y operación del Sistema mediante la provisión de información al mismo.

El referido Comité estará compuesto por una contraparte técnica de cada uno de los organismos participantes y será coordinado por la Secretaría Ejecutiva. Asimismo, el Comité deberá considerar la participación de las municipalidades y de la ciudadanía en la forma que disponga el reglamento.

Un reglamento suscrito por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia determinará la forma de designación de los integrantes del Comité Técnico Intersectorial y toda otra medida necesaria para su funcionamiento.

Artículo 7.- De los convenios. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia podrá celebrar convenios para el funcionamiento del Sistema y para efectuar solicitudes de información y/o tratamiento de datos para los fines del mismo.

TÍTULO IV

DE LA SOLICITUD DE DATOS, SU USO Y TRATAMIENTO

Artículo 8.- De la solicitud de información y tratamiento de datos. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Subsecretaría de Evaluación Social, estará facultada para solicitar y tratar los datos y la información estrictamente necesaria para el cumplimiento de los fines del Sistema establecidos en el artículo 2 de esta ley, de conformidad con lo establecido en la letra s) del artículo 3 de la ley N° 20.530.

Artículo 9.- Del acceso a la información contenida en registros del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Para el funcionamiento del Sistema, la Subsecretaría de Servicios Sociales podrá realizar solicitudes de información en línea, respecto de datos contenidos en el Registro de Información Social a que hace referencia el artículo 6 de la ley N° 19.949, así como de la información contenida en el instrumento de caracterización socioeconómica a que hace referencia el artículo 5 de la ley N° 20.379, en conformidad a la normativa vigente.

Estas solitudes de información deberán acotarse a aquella estrictamente necesaria para el cumplimiento de los objetivos del Sistema establecidos en el artículo 2 de esta ley.

Artículo 10.- De la seguridad y confidencialidad en el tratamiento de datos personales. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia deberá actuar con la debida diligencia y adoptar todas las medidas de seguridad, técnicas y organizativas que garanticen la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información contenida en el Sistema.

Las personas que accedan a bases o registros de datos personales en virtud de esta ley deberán respetar la confidencialidad de los mismos, debiendo tratarlos exclusivamente para los fines previstos en esta ley y abstenerse de usar dicha información en beneficio propio o de terceros.

En caso de que el procesamiento y tratamiento de la información, para los fines de la presente ley, fuese efectuado por terceros, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia establecerá contractualmente los resguardos necesarios para proteger la información y su confidencialidad.

Artículo 11.- De las sanciones. Las infracciones de las disposiciones del presente Título serán sancionadas en conformidad a la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y demás normas aplicables. Adicionalmente, respecto de los funcionarios públicos y para efectos de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 125 de la ley N° 18.834, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda, se estimará que los hechos que configuren infracciones a este Título vulneran gravemente el principio de probidad administrativa, sin perjuicio de las demás sanciones y responsabilidades que procedan, en conformidad a la ley.

TÍTULO V

RED DE ATENCION A USUARIOS

Artículo 12.- Red de Atención a Usuarios. El Sistema contará con una Red de Atención a Usuarios en cada región del país, a través de la cual se les entregará orientación e información sobre la oferta programática que forma parte del Sistema.

Adicionalmente, la plataforma que forma parte de esta red permitirá a los usuarios hacer seguimiento de casos.

TITULO VI

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo primero. - El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria Tesoro Público, podrá suplementar el presupuesto de dicho ministerio en la parte del gasto que no pueda financiar con sus recursos.

En los años siguientes, el gasto que irrogue el adecuado funcionamiento del Sistema se hará con cargo a los recursos que anualmente contemple la Ley de Presupuestos del Sector Público vigente, sin perjuicio de los recursos que se otorguen por leyes especiales.

Artículo segundo. – Dentro del plazo de seis meses, contado desde la fecha de publicación de la presente ley en el Diario Oficial, se dictarán los reglamentos a que hacen referencia los artículos 5 y 6, así como cualquier otro reglamento necesario para el funcionamiento del Sistema.”.

Acordado en sesión celebrada el día 10 de marzo de 2020, con la asistencia de los Honorables Senadores señora Luz Ebensperger Orrego y señores Pedro Araya Guerrero, Rodrigo Galilea Vial y Juan Pablo Letelier Morel (Presidente).

Sala de la Comisión, a 6 de abril de 2020.

JUAN PABLO DURÁN G.

Secretario de la Comisión

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO, DESCENTRALIZACIÓN Y REGIONALIZACIÓN RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE EL SISTEMA DE “RED INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL.”

(BOLETÍN Nº 12.661-31)

I. OBJETIVO (S) DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN: crear el sistema Red Integral de Protección Social.

II. ACUERDOS: aprobado en general (3x0).

III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: consta de doce artículos permanentes y dos artículos transitorios.

IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: los artículos 4 y 5 del proyecto de ley deben ser aprobados como normas de rango orgánico constitucional, por incidir en materias propias de la ley orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 38 de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 66, inciso segundo, de la Carta Fundamental.

V. URGENCIA: “suma”.

VI. ORIGEN INICIATIVA: Cámara de Diputados. Mensaje de Su Excelencia el señor Presidente de la República.

VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL: segundo.

VIII. APROBACIÓN POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS: mayoría de votos (121x10 y 4 abstenciones).

IX. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 9 de octubre de 2019.

X. TRÁMITE REGLAMENTARIO: primer informe, en general.

XI. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA: 1.- Constitución Política de la República, artículo 38.- 2.- Ley N° 20.530, Crea el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y modifica cuerpos legales que indica. 3.- Ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Valparaíso, a 6 de abril de 2020.

JUAN PABLO DURÁN G.

Secretario de la Comisión

- - -

CREACIÓN DE SISTEMA DE RED INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Corresponde poner en discusión general el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece el Sistema de Red Integral de Protección Social, con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, y urgencia calificada de "suma".

--Los antecedentes sobre el proyecto (12.661-31) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite: sesión 54ª, en 9 de octubre de 2019 (se da cuenta).

Informe de Comisión:

Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 19ª, en 30 de abril de 2020.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El principal objetivo del proyecto es crear el Sistema de Red Integral de Protección Social.

La Comisión discutió esta iniciativa solamente en general, y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Ebensperger y señores Galilea y Letelier.

Cabe hacer presente que los artículos 4 y 5 del proyecto tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren para su aprobación 25 votos favorables.

El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 7 y siguientes del primer informe de la Comisión, y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición tanto en la Sala como en la plataforma informática de la sesión remota o telemática, y que fuera despachado al correo de todas las señoras y los señores Senadores.

Es todo, señora Presidenta.

La señor MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, señor Secretario .

En discusión general el proyecto.

Le ofrezco la palabra a la Presidenta de la Comisión de Gobierno, Senadora Luz Ebensperger.

La señora EBENSPERGER.-

Gracias, Presidenta .

Este proyecto, correspondiente al boletín Nº 12.661-31, tiene por objeto crear el Sistema de Red Integral de Protección Social y se encuentra en su segundo trámite constitucional.

Cabe señalar que la Comisión de Gobierno, presidida en ese entonces por el Senador Letelier, coincidió plenamente con las finalidades expresadas en el mensaje en cuanto a crear el mencionado sistema para que, a través de la Subsecretaría de Servicios Sociales, se coordine intersectorialmente la oferta programática relacionada a eventos adversos que podrían conducir a personas, grupos o familias a una situación de vulnerabilidad, en los términos regulados en la ley N° 20.530, entregando información clara, oportuna y personalizada sobre la misma, simplificando el acceso a ella y concordando en someter a votación en general el proyecto para que avance en su tramitación.

La Comisión, luego de discutir la idea de legislar y escuchar al Ministro de Desarrollo Social y Familia, aprobó el proyecto por la unanimidad de sus miembros.

El texto del proyecto consta de 6 títulos: 12 artículos permanentes y uno transitorio.

El Título I "De la naturaleza y objeto", que crea este sistema de Red de Protección Social, establece sus objetivos y algunas definiciones.

El Título II "De la coordinación intersectorial y la articulación de oferta programática".

El Título III "De la Secretaría Ejecutiva, del Comité Técnico Intersectorial y de los convenios". Dicha Secretaría Ejecutiva estará radicada en la Subsecretaría de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y le corresponderá coordinar intersectorialmente, administrar, supervisar, implementar y hacer seguimiento del Sistema y de los indicadores de gestión de la Red de Atención a Usuarios. Se crea también un Comité Técnico Intersectorial.

El Título IV, "De la solicitud de datos, su uso y tratamiento", se refiere a los datos que el Comité puede solicitar y a las sanciones que se establecen en caso de que no se respete la confidencialidad de dichos datos.

El Título V establece la Red de Atención a Usuarios y dispone que existirá una red de atención de usuarios en cada región del país, a través de la cual se les entregará orientación e información sobre la oferta programática que forme parte del sistema. Y, adicionalmente, la plataforma que integre esta red permitirá a los usuarios hacer seguimientos de todos y cada uno de los casos.

Finalmente, el artículo primero transitorio, contenido en el Título VI, se refiere al mayor gasto fiscal que pudiere irrogar la presente iniciativa. Cuando esta se vio en la Comisión, se estableció que aquel será de cargo del presupuesto ya existente en el propio Ministerio.

Presidenta , como se señaló, el proyecto fue aprobado en forma unánime, pero solamente en general, por la Comisión.

Es cuanto puedo informar.

Muchas gracias.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Ofrezco la palabra.

Senadora Goic, puede hacer uso de ella.

La señora GOIC.-

Presidenta, es más bien un punto de reglamento.

Pensando en lo difícil que está siendo avanzar, por las tablas recargadas que tenemos, quizás sería bueno que en la próxima reunión de Comités se viera la posibilidad de priorizar que los proyectos se discutieran en general y en particular a la vez cuando así lo permitieran. Me parece que en buena parte de los casos eso haría posible agilizar su tratamiento -desconozco si el que estamos analizando ahora se encuentra en tal situación-, pues traerlos dos veces a la Sala hace que su avance sea mucho más lento.

Por las condiciones en que estamos, creo que podría ser una buena idea.

Solamente quería plantear aquello.

Gracias.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

A usted, Senadora.

Tiene la palabra la Senadora Rincón.

La señora RINCÓN.-

Presidenta, el mensaje de este proyecto de ley señala que en las últimas décadas Chile ha experimentado un cambio importante en su composición socioeconómica, con lo que se ha logrado reducir sistemáticamente la pobreza, tanto por el crecimiento económico sostenido como por las buenas políticas públicas. Agrega que, según la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (Casen) 2017, la pobreza ha disminuido de 68 por ciento en 1990 a 8,6 por ciento en el año 2017. Sin lugar a dudas, todas estas cifras tendrán que ser revisadas después de la pandemia.

Se destaca que la transformación social antes señalada ha permitido a los chilenos prosperar y optar a una mejor calidad de vida, lo que se ve reflejado en el rápido crecimiento de familias de ingresos medios, tendencia que está en línea con la modificación de las sociedades modernas, en las cuales el crecimiento del ingreso per cápita se alínea con un descenso importante de la pobreza y con el crecimiento de este segmento.

Recalca el mensaje que la amplitud de este segmento tiene como consecuencia una alta heterogeneidad en su composición y realidades que coexisten, de manera que no se puede hablar de una clase media global y homogénea, sino más bien de ciertas características que representan a distintos grupos que componen este sector.

Enfatiza que una parte considerable de la clase media se sitúa por sobre pero cerca de los parámetros internacionales de vulnerabilidad, lo cual significa que tiene un elevado riesgo potencial de ver retroceder su situación ante contingencias o eventos adversos. Sin lugar a dudas, lo que estamos viviendo es parte de aquello.

Precisa que para este segmento se deben buscar soluciones tendientes a mitigar los riesgos, que incluyan el establecimiento y perfeccionamiento de beneficios, y también moderarse las asimetrías de información que existen entre la ciudadanía y los respectivos servicios públicos, mejorar sustancialmente la calidad de atención y orientación que reciben las familias, todo lo cual implica eliminar la excesiva burocracia a la que se enfrenta el ciudadano para encontrar soluciones. Y pone en relevancia la atención ciudadana como uno de los elementos que debe sustentar la política pública.

Señala que para profundizar este objetivo se crea el Sistema Clase Media Protegida, que consiste en un modelo de gestión cuyo objetivo es coordinar intersectorialmente la oferta programática existente, relacionada con eventos adversos que podrían conducir a personas, grupos o familias a una situación de vulnerabilidad; entregar información clara, oportuna y personalizada sobre la misma, y simplificar el acceso a ella.

Hace presente que el objetivo es asegurar una orientación eficaz, una derivación oportuna hacia otros servicios especializados del Estado y un seguimiento de casos complejos cuando sea necesario, para que el servicio se vuelva accesible a todos, simplificando procesos y permitiendo que la información se encuentre de manera oportuna.

Señala que otro objetivo es colaborar con las iniciativas orientadas a la clase media que busquen atenuar el riesgo de retroceder por la ocurrencia de eventos adversos.

La verdad, Presidenta , es que esta iniciativa parece relevante y creo que debiera ser aprobada en general. Me gustaría que entendiéramos -no voy a entrar en el detalle del texto, que será parte del debate- que muchas de las cosas que hoy día pasan se deben a la desintegración o no conexión entre los distintos servicios, por lo que la ciudadanía no puede acceder a los beneficios a los cuales el sistema les da derecho.

Un solo ejemplo: hay muchas familias que hoy, en medio de la pandemia, son -por decirlo de una manera gráfica- expulsadas de los distintos sistemas de protección -por ejemplo, el subsidio único familiar-, y cuando tienen que concurrir a los servicios para que les revaliden sus datos, pueden pasar hasta tres meses sin que reciban el subsidio correspondiente.

Por lo tanto, para una familia cuya jefatura de hogar está a cargo de una mujer, o en que no hay un padre, o al revés, en que solo existe un padre y no existe una madre; y tiene dos, tres o cuatro cargas, y en donde se sufre la cesantía, esta normativa pasa a ser un apoyo vital.

El sistema no está operando rápidamente. Lo conversábamos el otro día con el Ministro del ramo e incluso con el Ministro de Hacienda , quienes están conscientes de que los servicios no alcanzan a reaccionar de manera rápida y ágil. Y ahí es cuando las municipalidades se vuelven un elemento clave.

¿Cómo dotar a los municipios de conectividad y relación directa con los organismos públicos para que tales situaciones no ocurran? ¿Y qué hacer para que, cuando ocurran, se rectifique rápidamente el problema y los recursos lleguen a los ciudadanos?

Presidenta , hay familias a las que hoy día no se les está pagando el SUF. Tienen que validar sus datos y llevar ellas esa información, con todo el riesgo que eso significa en medio de una pandemia, para recibir el beneficio en tres meses más.

¡Eso es dramático!

El Gobierno impulsa, con justa razón, una Red Integral de Protección Social, pero ello no servirá de nada si los sistemas no están operativos. Es ahí -y lo sabe la Senadora Luz Ebensperger, que está liderando este tema en la Comisión- donde tenemos que poner mucha energía, mucho recurso, porque, si no, esto solo será una buena intención, pero no resolverá el drama de las familias.

Yo voy a aprobar en general este proyecto. Y me sumo a las palabras de la Senadora Goic: creo que debiéramos revisar y hacer un barrido de todas las iniciativas que pueden discutirse en general y en particular a la vez, permitiendo así que las ya aprobadas en esta última forma puedan correr en la tabla y ser tratadas por la Sala del Senado.

Gracias, Presidenta .

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

A usted, Senadora Rincón .

Se ofrece la palabra.

La tiene la Senadora Ebensperger.

La señora EBENSPERGER.-

Presidenta , muy breve.

Concuerdo con la Senadora Rincón. Pienso que este proyecto tiene una muy buena intención, y si logra cumplir con los objetivos propuestos, puede ser de gran ayuda; pero, de la misma manera, estimo que en su estudio pormenorizado deben especificarse, aclararse o mejorarse, por parte del Gobierno, varios puntos que quedan un poco en el aire.

En general, me parece que estamos ante un muy buen proyecto, muy bien inspirado, pero -insisto- creo que hay que desarrollarlo un poco más, y espero que así ocurra en la discusión particular.

Nosotros vamos a aprobarlo en general, Presidenta .

Gracias.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Por haber llegado la hora de término del Orden del Día, vamos a dejar hasta aquí el debate de la iniciativa.

--Queda pendiente la discusión general del proyecto.

CREACIÓN DE SISTEMA DE RED INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Conforme a lo resuelto recién por la Sala, corresponde continuar la discusión general del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece el sistema Red Integral de Protección Social, con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y urgencia calificada de "suma".

--Los antecedentes sobre el proyecto (12.661-31) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite: sesión 54ª, en 9 de octubre de 2019 (se da cuenta).

Informe de Comisión:

Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 19ª, en 30 de abril de 2020.

Discusión:

Sesión 128ª, 9 de diciembre de 2020 (queda pendiente la discusión en general).

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Cabe recordar que en sesión de 9 de diciembre de 2020 se dio inicio al estudio de este proyecto de ley, quedando pendiente su discusión y votación.

Conforme lo acordó la Sala, se procederá inmediatamente a la apertura de la votación una vez efectuada esta relación.

Asimismo, es dable reiterar que el principal objetivo de este proyecto es crear un sistema denominado "Red Integral de Protección Social", y a su respecto, la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Ebensperger y señores Galilea y Letelier.

Por último, cabe señalar nuevamente que los artículos 4 y 5 del proyecto tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren 25 votos favorables para su aprobación.

El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 7 y siguientes del informe de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.

Es todo en cuanto a la relación.

Entonces, tal como fue acordado, se procederá a la apertura de la votación.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

En votación general el proyecto.

--(Durante la votación).

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Se encuentra abierta la votación en la Sala, y vamos a consultar por la opción de voto a las señoras Senadoras y a los señores Senadores que se encuentran participando de esta sesión de manera remota.

En esta oportunidad, corresponde iniciar la votación con la Senadora señora Provoste.

Senadora señora Provoste, ¿cómo vota?

La señora PROVOSTE.-

Voto a favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senadora señora Sabat, ¿cómo vota?

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Excúseme, señor Secretario .

¿Habría acuerdo para que ingrese el Subsecretario de Servicios Sociales?

Está la Ministra en la Sala.

Acordado.

Puede continuar con la votación, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Senadora señora Sabat, ¿cómo vota?

Senador señor Soria, ¿cómo vota?

El señor SORIA.-

Voto a favor, señor Presidente.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senadora señora Van Rysselberghe, ¿cómo vota?

La señora VAN RYSSELBERGHE.-

A favor, Presidente .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senadora señora Von Baer, ¿cómo vota?

La señora VON BAER.-

A favor, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Araya, ¿cómo vota?

El señor ARAYA.-

Voto a favor, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senadora señora Aravena, ¿cómo vota?

La señora ARAVENA.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Bianchi, ¿cómo vota?

El señor BIANCHI.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

A favor.

Senador señor De Urresti, ¿cómo vota?

El señor DE URRESTI.-

Secretario, voy a votar a favor, pero quiero dejar constancia de que en la sesión anterior yo estaba pareado.

No sé si eso influye. Señalo el punto para no aparecer votando solo en esta oportunidad.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Ese pareo solamente estaba vigente para la sesión anterior.

El señor DE URRESTI.-

Perfecto.

Entonces, que se consigne mi voto a favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Durana, ¿cómo vota?

El señor DURANA.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor García-Huidobro, ¿cómo vota?

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-

A favor, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senadora señora Goic, ¿cómo vota?

La señora GOIC.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

A favor.

Senador señor Guillier, ¿cómo vota?

El señor GUILLIER.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Huenchumilla, ¿cómo vota?

El señor HUENCHUMILLA.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

A favor.

Senador señor Insulza, ¿cómo vota?

El señor INSULZA.-

A favor, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

A favor.

Senador señor Lagos, ¿cómo vota?

Senador señor Montes, ¿cómo vota?

El señor MONTES.-

Voto a favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senadora señora Órdenes, ¿cómo vota?

La señora ÓRDENES.-

Voto a favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Pizarro, ¿cómo vota?

El señor PIZARRO.-

A favor, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senadora señora Sabat, ¿cómo vota?

La señora SABAT.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

A favor.

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

La señora SABAT.-

Secretario, ¿se escuchó mi voto?

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Sí.

Votó a favor, Senadora Sabat.

Gracias.

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (35 votos a favor), dejándose constancia de que se cumple el quorum constitucional exigido.

Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón, Sabat, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Alvarado, Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Galilea, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Latorre, Letelier, Montes, Moreira, Ossandón, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana, Sandoval y Soria.

El señor ELIZALDE.-

Agregue mi voto a favor, Presidenta .

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Se deja constancia de la intención de voto favorable de los Senadores Elizalde y Kast.

Entonces, queda aprobado en general el proyecto.

Se debe fijar plazo para la presentación de indicaciones.

La Mesa propone como fecha el 15 de enero, a las doce horas.

¿Les parece a Sus Señorías?

Acordado.

Señora Ministra , ¿quiere hacer uso de la palabra?

La señora RUBILAR ( Ministra de Desarrollo Social y Familia).-

Sí, Presidenta .

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Tiene la palabra la Ministra de Desarrollo Social y Familia.

La señora RUBILAR ( Ministra de Desarrollo Social y Familia).-

Presidenta, primero, quiero agradecerle al Honorable Senado por aceptar poner sobre tabla el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto sobre escaños reservados, el cual muy relevante. Vamos a tener esa discusión a la brevedad, pero quería dar las gracias por ello.

Y, segundo, obviamente, también deseo agradecerle al Senado por la aprobación de este proyecto, que finalmente está robusteciendo, por cuanto queremos hacerlo mucho más sólido, el sistema de protección social, pensando sobre todo en la clase media que definimos en el Ministerio de Desarrollo Social como una "clase media de cristal", porque es frágil y se rompe, y la hemos visto con mucha fuerza durante esta pandemia.

Incluso, quiero contar que tenemos más de un millón de nuevos inscritos en el Registro Social de Hogares , personas que no habían ingresado jamás para utilizar este instrumento, lo cual significa que había mucha gente que no había solicitado nunca el apoyo del Estado y que en este momento requirieron hacerlo. Y esas personas conforman la clase media que queremos proteger entre todos.

Por eso, con el Subsecretario de Servicios Sociales, Sebastián Villarreal, deseo agradecerle al Honorable Senado, a los Senadores y a las Senadoras, que estemos avanzando en la tramitación de este proyecto. Y, por supuesto, vamos a acompañar el proceso de indicaciones para convertirlo en una realidad.

Así que muchísimas gracias en nombre del Gobierno del Presidente Piñera.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, señora Ministra .

Pasamos al siguiente asunto.

BOLETÍN N° 12.661-31

INDICACIONES

15.01.2021

INDICACIONES PRESENTADAS DURANTE LA DISCUSIÓN EN GENERAL DEL PROYECTO DE LEY, EN SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE ESTABLECE EL SISTEMA RED INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL

ARTÍCULO 4

Inciso segundo

1.- Del Honorable senador señor Ossandón para agregar, luego de la frase “asociados a ella,”, lo siguiente: “serán vinculantes para los órganos que componen el comité y”.

ARTÍCULO 5

Inciso tercero

2.- De Su Excelencia el Presidente de la República para reemplazar la frase “y la información estadística en relación con las personas que acceden a las políticas, planes, programas, iniciativas, beneficios, prestaciones sociales y/o servicios que administran los organismos participantes, relacionados al registro de casos establecido en el literal c) del artículo 2”, por la siguiente: “y la información estadística en relación con las personas que acceden a la oferta programática de acuerdo al literal b) del artículo 3”.

o o o

Inciso nuevo

3.- De Su Excelencia el Presidente de la República para agregar un nuevo inciso cuarto, pasando el actual a ser inciso quinto y final, del siguiente tenor:

“La información necesaria para el informe establecido en el inciso anterior deberá ser entregada por los integrantes del Comité Técnico Intersectorial en los términos establecidos por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, según lo que disponga el reglamento al que se refiere el artículo siguiente.”.

o o o

ARTÍCULO 8

4.- Del Honorable senador señor Ossandón para agregar, luego de la palabra “solicitar”, lo que sigue: “a organismos privados y públicos”.

- - - - -

?SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO, DESCENTRALIZACIÓN Y REGIONALIZACIÓN, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece el Sistema Red Integral de Protección Social. BOLETÍN Nº 12.661-31

__________________________________

HONORABLE SENADO:

Vuestra Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, tiene el honor de presentaros su segundo informe respecto del proyecto de ley de la referencia, iniciado en Mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, con urgencia calificada de “suma”.

A una o más de las sesiones en que la Comisión consideró esta iniciativa de ley asistieron por videoconferencia, además de sus miembros, las siguientes personas:

-Del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la Ministra (S), señora Alejandra Candia; el Subsecretario de Servicios Sociales, señor Sebastián Villarreal; el Secretario Ejecutivo de la Red de Protección Social, señor Elias Tefarikis, y los Asesores, señora Rocío Jeria y señor Javier Valdés.

-Del Comité PPD, el asesor, señor Robert Angelbeck.

-Los asesores parlamentarios de la Senadora Ebensperger, señora Paola Bobadilla y señor Patricio Cuevas.

-La asesora parlamentaria del Senador Insulza, señora Lorena Escalona.

-El asesor parlamentario del Senador Ossandón, señor José Tomás Hughes.

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NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL

Os hacemos presente que los artículos 4 y 5 el proyecto de ley, deben ser aprobados como normas de rango orgánico constitucional, por cuanto inciden en materias propias de la ley orgánica sobre Bases Generales de la Administración del Estado. Lo anterior, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 38 de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 66, inciso segundo, de la Carta Fundamental.

- - -

Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento del Senado, se deja constancia de lo siguiente:

1.-Artículos que no fueron objeto de indicaciones ni modificaciones: 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12 permanentes y primero y segundo transitorios.

2.-Indicaciones aprobadas sin modificaciones: números 2, 3 y 4

3.-Indicaciones aprobadas con modificaciones: número 1.

4.-Indicaciones rechazadas: ninguna.

5.-Indicaciones retiradas: ninguna.

6.-Indicaciones declaradas inadmisibles: ninguna.

- - -

Previo al estudio pormenorizado de las indicaciones, la Comisión recibió a la Ministra (S) del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, señora Alejandra Candia y al Subsecretario de Servicios Sociales, señor Sebastián Villarreal, quienes, en conjunto, explicaron que la Red de Protección Social es un sistema de apoyo que le permite a las familias acceder a un conjunto de beneficios para enfrentar aquellos eventos adversos o contingencias que pongan en riesgo su progreso y bienestar, entregándoles información de forma sencilla y clara y facilitando el acceso a los beneficios incluidos en dicha red.

Enseguida destacaron que se creó una plataforma única en el Estado con información clara, oportuna y personalizada de los beneficios a los que las persona podrían acceder al enfrentar alguno de los eventos adversos seleccionados, en la cual existen ciento sesenta y una fichas de información, ocho trámites integrados, seis eventos adversos y treinta instituciones aliadas.

Recalcaron que desde el lanzamiento de la plataforma y en el contexto de la actual pandemia, han registrado más de tres millones de usuarios o personas que ingresan a la web, más de ocho millones de sesiones, es decir, interacciones con el sitio, que existe alrededor de un 61% satisfacción de los usuarios y cuatrocientos treinta y dos asesores ciudadanos incorporados.

Luego, subrayaron que el propósito del presente proyecto de ley es coordinar intersectorialmente la oferta programática relacionada a eventos adversos que podrían conducir a personas, grupos o familias a una situación de vulnerabilidad, entregar información clara, oportuna y personalizada sobre la misma y simplificar el acceso a ésta.

Sobre los objetivos, reiteraron que busca coordinar intersectorialmente la oferta programática existente asociada a los eventos adversos; entregar información y orientación clara oportuna y personalizada de la oferta programática existente mediante la Red de Atención a Usuarios y simplificar el acceso a la oferta programática del Estado mediante la integración de trámites asociados a los respectivos beneficios y el seguimiento de casos y garantizar el acceso al sistema.

En cuanto a la determinación de la oferta programática y los eventos adversos asociados, señalaron que estos últimos deberán ser determinados y aprobados por el Comité Interministerial de Desarrollo Social y Familia. Asimismo, expresaron que la Secretaría Ejecutiva considerará los insumos pertinentes que proporcione el Comité Técnico Intersectorial y que la oferta programática existente, que formará parte del Sistema y los eventos asociados a ella, deberán materializarse mediante resolución expedida por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

En relación a la Secretaría Ejecutiva y Comité Técnico Intersectorial, hicieron presente que a la Secretaría Ejecutiva del Sistema le corresponderá coordinar intersectorialmente, administrar, supervisar, implementar y hacer seguimiento del Sistema y de los indicadores de gestión de la Red de Atención a Usuarios, en tanto que el Comité Técnico Intersectorial, estará compuesto por una contraparte técnica de cada uno de los organismos participantes y será coordinado por la Secretaría Ejecutiva. Asimismo, subrayaron que el Comité deberá considerar la participación de las municipalidades y la ciudadanía en la forma que disponga el reglamento.

Hicieron hincapié en que el Sistema contará con una red de atención a usuarios en cada región del país, a través de la cual se les entregará orientación e información sobre la oferta programática que forma parte del Sistema. Agregaron que la plataforma que forma parte de esta red permitirá a los usuarios hacer seguimiento de sus casos.

Respecto de las indicaciones formuladas al proyecto de ley por el Ejecutivo, el Subsecretario de Servicios Sociales, señor Sebastián Villarreal precisó que la primera de ellas apunta a que la información estadística que compartirá la Secretaría Ejecutiva sólo se refiere a la oferta programática que lleva el sistema, y no a otras políticas o planes, de modo que se acota la norma a la oferta que éste tiene, para evitar que se dé información de otros planes o programas inconexos.

Sobre la segunda indicación, explicó que la idea es que la información que se debe entregar a la Secretaría para elaborar el informe debe ser entregada por los organismos que corresponda y en las formas en que se determine en el respectivo reglamento.

El Honorable Senador señor Bianchi dijo entender que la Secretaría tendría una coordinación nacional donde se han incorporado, como una primera instancia, los municipios. No obstante, estimó que no se ha considerado la nueva realidad que existirá desde el mes de abril en adelante con los nuevos Gobernadores y Gobernadoras regionales, que van a jugar un rol preponderante especialmente en lo social, toda vez que para ser electa o electo, requieren de un 40% de la votación en una primera vuelta, de manera que no responder a esa necesidad de los habitantes del territorio y dejar esta red en el Ministerio, en las Seremis y Municipios, le parece un entramado incompleto, porque falta vincular estos temas con la nueva autoridad regional.

El Subsecretario de Servicios Sociales, señor Sebastián Villarreal, señaló que en el marco de una etapa de pilotaje se ha iniciado un trabajo de distintas puertas de entrada a esta red de protección social, donde unos actores son los municipios, otros las Seremi y también se ha hecho un piloto con las gobernaciones teniendo presente que habrá un traspaso de competencias y una nueva institucionalidad, de manera que son una via de ingreso no sólo para acceder a la información sino que también para la atención ciudadana, pero que la idea es que confluyan todos en un mismo sistema.

El Honorable Senador señor Insulza consultó al señor Subsecretario si se refería a las gobernaciones que se van a crear o se refería a las actuales gobernaciones, que son completamente distintas ya que son provinciales y en este esquema sería natural que jugaran un rol, sin embargo, dijo entender que la pregunta formulada por el Senador Bianchi se refería a la nueva institucionalidad que existirá a partir de abril del presente año.

El Honorable Senador señor Bianchi agregó que se trata de un tema central por cuanto resulta entendible la propuesta en el esquema de las actuales gobernaciones, pero el asunto es que habrá una figura distinta a las gobernaciones provinciales, que no tendrán que rendir cuenta al Gobernador o Gobernadora Regional, de manera que en determinadas circunstancias dichas gobernaciones tendrán autonomía, en tanto que la autoridad electa no tendrá ninguna, porque la tendrá el delegado presidencial.

En este contexto, consultó nuevamente por el rol que tendría la nueva autoridad o si esto sólo quedaría radicado en las Seremis, en las otras gobernaciones y municipios.

El personero de Gobierno dijo que la primera etapa de pilotaje se ha desarrollado en el contexto de la gobernación provincial actual, bajo el entendido que este sistema administra la oferta pública que se genera desde el nivel central a través de los distintos ministerios y los distintos servicios. Señaló que una vez que entren en vigencia la figura de los nuevos delegados surgirá el desafío de generar las coordinaciones con los otros actores, especialmente en aquello que dice relación con entregar un sistema de información simple y unificado, donde cualquier ciudadano pueda acceder a ella.

Asimismo, indicó que se debe tener presente la forma en que se hará operativo el acceso a los trámites que sean necesarios para optar a los beneficios. Añadió que desde el punto de vista de la oferta lo que hace este sistema es coordinar, en el mismo marco de las atribuciones que tiene el Ministerio, la oferta pública a nivel central, lo que no obsta a que en el futuro se pueda evaluar incluir la oferta local, o aquella que podría generarse a través de las propias gobernaciones.

Así, sostuvo que, en la actualidad, sólo desde una lógica de coordinación de oferta ella es la que existe a nivel central, pero que en materia de acceso a la información y a trámites simplificados ello estará disponible para todos los actores territoriales que cumplan algún rol o tengan algún vínculo con la ciudadanía.

Enseguida, la Honorable Senadora señora Ebensperger estuvo de acuerdo con la forma en que se presenta esta materia, porque una de las críticas al proceso de descentralización es que dejó fuera a los municipios, toda vez que la centralización no es sólo del gobierno central a las regiones sino que también hay una centralización de los gobiernos regionales a los municipios, en circunstancias que en la actualidad las personas, frente a cualquier problema, recurren en primer término a estos últimos.

En tal sentido, dijo que al hablar de la oferta de la red social es correcto que ella esté ligada a los distintos municipios, porque es la primera instancia a la que recurre la gente, e independientemente que el día de mañana exista el gobierno regional, con un gobernador electo, eso no va a cambiar pues las personas seguirán recurriendo a su municipalidad.

Agregó que estaba de acuerdo con que se traspasen al gobernador regional otras competencias pero que, en materia de ayuda social, ella tiene que estar más cercana a las personas y por ello se debe descentralizar hacia los municipios.

El Honorable Senador señor Insulza consideró que la creación de una red de este tipo es correcta, porque considera mucha información respecto de los servicios que están disponibles para los usuarios a lo largo de todo el país, y nadie podría hacerlo mejor que los municipios.

Opinó que fortalece la labor municipal el hecho que exista una red donde las personas pueden obtener información importante, no obstante que recalcó que sigue quedando la ambigüedad entre los delegados presidenciales y los gobiernos regionales.

Enseguida la Comisión se abocó al estudio en particular del proyecto de ley en informe.

DISCUSIÓN EN PARTICULAR

A continuación, se efectúa una relación de las indicaciones presentadas al texto aprobado en general por el Honorable Senado, que se transcriben, y de los acuerdos adoptados a su respecto por vuestra Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.

Artículo 4

Esta norma se refiere a la determinación de la oferta programática existente y los eventos adversos asociados a ella.

Inciso segundo

Dispone lo siguiente:

“Los acuerdos del Comité Interministerial de Desarrollo Social y Familia, en relación con la determinación de la oferta programática existente que formará parte del Sistema y los eventos asociados a ella, deberán materializarse mediante resolución expedida por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, de conformidad a lo señalado en el inciso segundo del artículo 16 de la ley N° 20.530, la que además deberá ser suscrita por el Ministro de Hacienda.

La indicación número 1, del Honorable Senador señor Ossandón, propone agregar, luego de la frase “asociados a ella,”, lo siguiente: “serán vinculantes para los órganos que componen el comité y”.

En el seno de la Comisión se hizo presente que los órganos que componen el comité son los organismos participantes que administran parte de la oferta programática incorporada al sistema y no existe claridad respecto de si la indicación hace obligatoria para entes privados la mencionada oferta programática.

El Subsecretario de Servicios Sociales, señor Sebastián Villarreal, señaló que el Ejecutivo entendía que el espíritu de la indicación es que prevalezca el acuerdo que pueda adoptar el Comité Interministerial de Desarrollo Social y Familia en relación con la oferta programática que va a ser parte de la red. Sin perjuicio de ello, estimó importante hacer una referencia al artículo 11 de la ley N° 20.530, que considera que la misión principal de dicho comité es asesorar al Presidente de la República en la determinación de los lineamientos de la política social del Gobierno, por lo que dada su naturaleza, sugirió que se mejore la redacción para conciliar el rol del comité y que sus acuerdos no obliguen al Primer Mandatario.

El Honorable Senador señor Ossandón se manifestó de acuerdo con lo señalado por el Ejecutivo y propuso que sea el mismo quien busque la redacción más adecuada para que los acuerdos del comité se cumplan.

Enseguida, el Honorable Senador señor Insulza expresó su acuerdo con la indicación tal como se formula. señalando que el Ministerio de Desarrollo Social debería ser una pieza clave en cualquier Gobierno, en la medida que tenga la capacidad para coordinar la gestión de los servicios sociales.

Hizo notar que este comité estará integrado por varios ministerios que tienen un presupuesto varias veces superior al que tiene el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, de manera que la única forma que las decisiones del comité que afecten a esos ministerios se cumplan, es confiriendo obligatoriedad a sus acuerdos. En tal sentido, dijo que la indicación tiene un texto radical pero, a pesar de ello, se debe afrontar este problema.

El Honorable Senador señor Ossandón propuso que se modifique la indicación de modo que señale que “serán vinculantes para los órganos que componen el comité de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 11 de la ley N° 20.530”.

El señor Subsecretario se manifestó de acuerdo con los propuesto por el Senador Ossandón porque ello respeta el espíritu de la indicación y el marco regulatorio del Ministerio.

- Conforme a lo anterior, la Comisión, por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señores Bianchi, Insulza y Ossandón, aprobó la indicación número 1, con la modificación propuesta, para agregar, luego de la frase “asociados a ella” lo siguiente: “serán vinculantes para los órganos que componen el comité de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 11 de la ley N° 20.530 y”.

Artículo 5

Establece que la Secretaría Ejecutiva del Sistema estará radicada en la Subsecretaría de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Inciso tercero

Dispone textualmente lo siguiente:

“A más tardar el 31 de marzo de cada año, la Secretaría Ejecutiva deberá entregar al Ministro de Desarrollo Social y Familia un Informe Anual de Resultado, en el que deberá señalar las acciones que fueron desarrolladas durante el año anterior, las dificultades enfrentadas en la implementación o funcionamiento intersectorial del Sistema, las medidas que propone para la mejora de la coordinación del mismo, y la información estadística en relación con las personas que acceden a las políticas, planes, programas, iniciativas, beneficios, prestaciones sociales y/o servicios que administran los organismos participantes, relacionados al registro de casos establecido en el literal c) del artículo 2. Este informe deberá ser remitido a la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación de la Cámara de Diputados y deberá estar disponible a más tardar el 30 de abril de cada año en el sitio web del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.”.

La indicación número 2, de Su Excelencia el Presidente de la República, plantea reemplazar la frase “y la información estadística en relación con las personas que acceden a las políticas, planes, programas, iniciativas, beneficios, prestaciones sociales y/o servicios que administran los organismos participantes, relacionados al registro de casos establecido en el literal c) del artículo 2”, por la siguiente: “y la información estadística en relación con las personas que acceden a la oferta programática de acuerdo al literal b) del artículo 3”.

o o o o

La indicación número 3, del Ejecutivo, es para agregar un nuevo inciso cuarto, pasando el actual a ser inciso quinto y final, del siguiente tenor:

“La información necesaria para el informe establecido en el inciso anterior deberá ser entregada por los integrantes del Comité Técnico Intersectorial en los términos establecidos por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, según lo que disponga el reglamento al que se refiere el artículo siguiente.”.

- Vuestra Comisión aprobó las indicaciones número 2 y 3, sin enmiendas, por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señores Bianchi, Insulza y Ossandón.

Artículo 8

Señala lo siguiente:

“De la solicitud de información y tratamiento de datos. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Subsecretaría de Evaluación Social, estará facultada para solicitar y tratar los datos y la información estrictamente necesaria para el cumplimiento de los fines del Sistema establecidos en el artículo 2 de esta ley, de conformidad con lo establecido en la letra s) del artículo 3 de la ley N° 20.530.”.

La indicación número 4, del Honorable Senador señor Ossandón, para agregar, luego de la palabra “solicitar”, lo que sigue: “a organismos privados y públicos”.

En el seno de la Comisión se hizo presente que la ley de tratamiento de datos personales[1] establece ciertas restricciones para la entrega de esta información, ya que el tratamiento de esta información por parte de organismos públicos sólo podrá efectuarse respecto de las materias de su competencia y con sujeción a determinadas reglas.

El Honorable Senador señor Ossandón recalcó que la intención es no dejar fuera a instituciones que en Chile llevan muchos años trabajando en el tema social.

La Ministra (S) señora Alejandra Candia, señaló que la indicación precisa un tema que ya está planteado por el Ejecutivo en el marco de las atribuciones de la Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia que ampara la ley de protección de datos ya que considera información estrictamente necesaria para los fines, lo que es una restricción y por ello no habría problemas con acoger la indicación.

- Puesta en votación la indicación número 4, fue aprobada, sin enmiendas, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Bianchi, Insulza y Ossandón.

- - -

MODIFICACIONES

En conformidad a los acuerdos adoptados, vuestra Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización tiene el honor de proponeros las siguientes modificaciones al proyecto de ley aprobado en general por el Honorable Senado:

Artículo 4

Inciso segundo

--Reemplazar las expresiones “asociados a ella, deberán materializarse”, por la siguiente:

“asociados a ella serán vinculantes para los órganos que componen el comité de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 11 de la ley N° 20.530 y deberán materializarse”.

(Unanimidad 3x0. Indicación número 1 con modificaciones)

Artículo 5

Inciso tercero

--Reemplazar la frase “y la información estadística en relación con las personas que acceden a las políticas, planes, programas, iniciativas, beneficios, prestaciones sociales y/o servicios que administran los organismos participantes, relacionados al registro de casos establecido en el literal c) del artículo 2”, por la siguiente:

“y la información estadística en relación con las personas que acceden a la oferta programática de acuerdo al literal b) del artículo 3”.

(Unanimidad 3x0. Indicación número 2)

o o o o

--Incorporar como inciso cuarto, nuevo, pasando el actual inciso cuarto a ser inciso quinto, el siguiente:

“La información necesaria para el informe establecido en el inciso anterior deberá ser entregada por los integrantes del Comité Técnico Intersectorial en los términos establecidos por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, según lo que disponga el reglamento al que se refiere el artículo siguiente.”.

(Unanimidad 3x0. Indicación número 3)

Artículo octavo

--Intercalar, entre las expresiones “solicitar” y “y tratar”, las palabras “a organismos privados y públicos”.

(Unanimidad 3x0. Indicación número 4)

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TEXTO DEL PROYECTO:

En virtud de las modificaciones anteriores, el proyecto de ley queda como sigue:

PROYECTO DE LEY

"TÍTULO I

DE LA NATURALEZA Y OBJETO

Artículo 1.- Naturaleza. Créase un sistema denominado “Red Integral de Protección Social”, en adelante e indistintamente el “Sistema”, que consiste en un modelo de gestión intersectorial, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Subsecretaría de Servicios Sociales, cuyo propósito es coordinar intersectorialmente la oferta programática existente relacionada a eventos adversos que podrían conducir a personas, grupos o familias a una situación de vulnerabilidad, en los términos regulados en la ley N° 20.530, entregar información clara, oportuna y personalizada sobre la misma, y simplificar el acceso a ésta.

Artículo 2.- Objetivos. Los objetivos del Sistema son los siguientes:

a) Coordinar intersectorialmente la oferta programática existente asociada a los eventos adversos.

b) Entregar información y orientación clara, oportuna y personalizada de la oferta programática existente, mediante la Red de Atención a Usuarios a que se refiere el Título V.

c) Simplificar el acceso a la oferta programática del Estado mediante la integración de trámites asociados a los respectivos beneficios y el seguimiento de casos, y garantizar el acceso al Sistema. Para estos efectos el Sistema contará con su propio registro de casos.

Artículo 3.- Definiciones. Para los fines de la presente ley, se entenderá por:

a) Eventos adversos: Hechos o contingencias que podrían conducir a una persona, grupo o familia a una situación de vulnerabilidad, en los términos establecidos en el numeral 5) del artículo 2 de la ley N° 20.530, por motivos de salud, vejez, desempleo, vivienda, educación, delincuencia, y/o violencia de género, entre otros.

b) Oferta programática: Conjunto de políticas, planes, programas, iniciativas, beneficios, prestaciones sociales y/o servicios que administran los organismos participantes y que hayan sido incorporados al Sistema de acuerdo al artículo 4.

c) Organismo participante: Organismos que administran parte de la oferta programática incorporada al Sistema.

d) Plataforma: Sitio web parte de la Red de Atención a Usuarios, que contendrá la información y difusión de la oferta programática y trámites incluidos en el Sistema, y que permitirá hacer seguimiento de casos. Los organismos participantes dispondrán de ésta para orientar a los usuarios. Los usuarios también podrán acceder directamente a ella, mediante una sesión privada.

e) Red de Atención a Usuarios: Vía de acceso de los usuarios a los servicios de información, orientación y atención que ofrece el Sistema. Pueden ser canales virtuales, remotos y/o presenciales que funcionan como medios de comunicación entre los usuarios y el Sistema.

f) Secretaría Ejecutiva: Secretaría Ejecutiva Clase Media Protegida, a que alude el artículo 5.

TÍTULO II

DE LA COORDINACIÓN INTERSECTORIAL Y LA ARTICULACION DE OFERTA PROGRAMÁTICA

Artículo 4.- Determinación de la oferta programática existente y los eventos adversos asociados a ella. La oferta programática existente de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 3 y los eventos adversos asociados a la misma deberán ser determinados y aprobados por el Comité Interministerial de Desarrollo Social y Familia regulado en la ley N° 20.530, previa propuesta evacuada mediante un informe elaborado por la Secretaría Ejecutiva a que alude el artículo 5, en coordinación con la Subsecretaría de Evaluación Social y visada por la Dirección de Presupuestos. Para la elaboración de dicho informe, la Secretaría Ejecutiva considerará los insumos pertinentes que, para estos efectos, le proporcione el Comité Técnico Intersectorial a que se refiere el artículo 6 de esta ley. En caso de que un evento adverso no cuente con oferta programática, deberá indicarse en dicho informe y evaluarse su potencial cobertura.

Los acuerdos del Comité Interministerial de Desarrollo Social y Familia, en relación con la determinación de la oferta programática existente que formará parte del Sistema y los eventos asociados a ella serán vinculantes para los órganos que componen el comité de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 11 de la ley N° 20.530 y deberán materializarse mediante resolución expedida por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, de conformidad a lo señalado en el inciso segundo del artículo 16 de la ley N° 20.530, la que además deberá ser suscrita por el Ministro de Hacienda.

TÍTULO III

DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA, DEL COMITÉ TÉCNICO INTERSECTORIAL Y DE LOS CONVENIOS

Artículo 5.- De la Secretaría Ejecutiva. La Secretaría Ejecutiva del Sistema estará radicada en la Subsecretaría de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y le corresponderá coordinar intersectorialmente, administrar, supervisar, implementar y hacer seguimiento del Sistema y de los indicadores de gestión de la Red de Atención a Usuarios, sin perjuicio de lo establecido en el literal d) del artículo 3 de la ley N° 20.530.

Adicionalmente, le corresponderá convocar y coordinar las labores del Comité Técnico Intersectorial a que alude el artículo siguiente.

A más tardar el 31 de marzo de cada año, la Secretaría Ejecutiva deberá entregar al Ministro de Desarrollo Social y Familia un Informe Anual de Resultado, en el que deberá señalar las acciones que fueron desarrolladas durante el año anterior, las dificultades enfrentadas en la implementación o funcionamiento intersectorial del Sistema, las medidas que propone para la mejora de la coordinación del mismo, y la información estadística en relación con las personas que acceden a la oferta programática de acuerdo al literal b) del artículo 3. Este informe deberá ser remitido a la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación de la Cámara de Diputados y deberá estar disponible a más tardar el 30 de abril de cada año en el sitio web del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

La información necesaria para el informe establecido en el inciso anterior deberá ser entregada por los integrantes del Comité Técnico Intersectorial en los términos establecidos por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, según lo que disponga el reglamento al que se refiere el artículo siguiente.

Un reglamento suscrito por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia determinará el funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva y establecerá toda otra medida necesaria para ese fin.

Artículo 6.- Del Comité Técnico Intersectorial. Existirá un Comité Técnico Intersectorial que colaborará en la implementación y operación del Sistema mediante la provisión de información al mismo.

El referido Comité estará compuesto por una contraparte técnica de cada uno de los organismos participantes y será coordinado por la Secretaría Ejecutiva. Asimismo, el Comité deberá considerar la participación de las municipalidades y de la ciudadanía en la forma que disponga el reglamento.

Un reglamento suscrito por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia determinará la forma de designación de los integrantes del Comité Técnico Intersectorial y toda otra medida necesaria para su funcionamiento.

Artículo 7.- De los convenios. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia podrá celebrar convenios para el funcionamiento del Sistema y para efectuar solicitudes de información y/o tratamiento de datos para los fines del mismo.

TÍTULO IV

DE LA SOLICITUD DE DATOS, SU USO Y TRATAMIENTO

Artículo 8.- De la solicitud de información y tratamiento de datos. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Subsecretaría de Evaluación Social, estará facultada para solicitar a organismos privados y públicos y tratar los datos y la información estrictamente necesaria para el cumplimiento de los fines del Sistema establecidos en el artículo 2 de esta ley, de conformidad con lo establecido en la letra s) del artículo 3 de la ley N° 20.530.

Artículo 9.- Del acceso a la información contenida en registros del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Para el funcionamiento del Sistema, la Subsecretaría de Servicios Sociales podrá realizar solicitudes de información en línea, respecto de datos contenidos en el Registro de Información Social a que hace referencia el artículo 6 de la ley N° 19.949, así como de la información contenida en el instrumento de caracterización socioeconómica a que hace referencia el artículo 5 de la ley N° 20.379, en conformidad a la normativa vigente.

Estas solitudes de información deberán acotarse a aquella estrictamente necesaria para el cumplimiento de los objetivos del Sistema establecidos en el artículo 2 de esta ley.

Artículo 10.- De la seguridad y confidencialidad en el tratamiento de datos personales. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia deberá actuar con la debida diligencia y adoptar todas las medidas de seguridad, técnicas y organizativas que garanticen la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información contenida en el Sistema.

Las personas que accedan a bases o registros de datos personales en virtud de esta ley deberán respetar la confidencialidad de los mismos, debiendo tratarlos exclusivamente para los fines previstos en esta ley y abstenerse de usar dicha información en beneficio propio o de terceros.

En caso de que el procesamiento y tratamiento de la información, para los fines de la presente ley, fuese efectuado por terceros, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia establecerá contractualmente los resguardos necesarios para proteger la información y su confidencialidad.

Artículo 11.- De las sanciones. Las infracciones de las disposiciones del presente Título serán sancionadas en conformidad a la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y demás normas aplicables. Adicionalmente, respecto de los funcionarios públicos y para efectos de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 125 de la ley N° 18.834, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda, se estimará que los hechos que configuren infracciones a este Título vulneran gravemente el principio de probidad administrativa, sin perjuicio de las demás sanciones y responsabilidades que procedan, en conformidad a la ley.

TÍTULO V

RED DE ATENCION A USUARIOS

Artículo 12.- Red de Atención a Usuarios. El Sistema contará con una Red de Atención a Usuarios en cada región del país, a través de la cual se les entregará orientación e información sobre la oferta programática que forma parte del Sistema.

Adicionalmente, la plataforma que forma parte de esta red permitirá a los usuarios hacer seguimiento de casos.

TITULO VI

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo primero. - El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria Tesoro Público, podrá suplementar el presupuesto de dicho ministerio en la parte del gasto que no pueda financiar con sus recursos.

En los años siguientes, el gasto que irrogue el adecuado funcionamiento del Sistema se hará con cargo a los recursos que anualmente contemple la Ley de Presupuestos del Sector Público vigente, sin perjuicio de los recursos que se otorguen por leyes especiales.

Artículo segundo. – Dentro del plazo de seis meses, contado desde la fecha de publicación de la presente ley en el Diario Oficial, se dictarán los reglamentos a que hacen referencia los artículos 5 y 6, así como cualquier otro reglamento necesario para el funcionamiento del Sistema.”.

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Acordado en sesiones celebrada el día 25 de enero de 2021, con asistencia de los Honorables Senadores señoras Luz Ebensperger Orrego (Presidenta) y señores Carlos Bianchi Chelech, José Miguel Insulza Salinas y Manuel José Ossandón.

Sala de la Comisión, a 29 de enero de 2021.

JUAN PABLO DURÁN G.

SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO, DESCENTRALIZACIÓN Y REGIONALIZACIÓN RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE EL SISTEMA DE “RED INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL.” (BOLETÍN Nº 12.661-31)

Secretario de la Comisión

RESUMEN EJECUTIVO

I.OBJETIVO DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN: Crear el sistema Red Integral de Protección Social.

II.ACUERDOS: Indicaciones:

Números

1.- Aprobada con modificaciones unanimidad 3x0.

2.- Aprobada unanimidad 3x0.

3. - Aprobada unanimidad 3x0.

4.- Aprobada unanimidad 3x0.

III.ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: consta de doce artículos permanentes y dos normas transitorias.

IV.NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: Os hacemos presente que los artículos 4 y 5 el proyecto de ley, deben ser aprobados como normas de rango orgánico constitucional, por cuanto inciden en materias propias de la ley orgánica sobre Bases Generales de la Administración del Estado. Lo anterior, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 38 de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 66, inciso segundo, de la Carta Fundamental.

V.URGENCIA: “Suma”.

VI.ORIGEN INICIATIVA: Cámara de Diputados. Mensaje de Su Excelencia el señor Presidente de la República.

VII.TRÁMITE CONSTITUCIONAL: segundo.

VIII.APROBACIÓN POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS: mayoría de votos (121 x 10 y 4 abstenciones).

IX.INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 9 de octubre de 2019.

X.TRÁMITE REGLAMENTARIO: segundo informe.

XI.LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA: 1.- Constitución Política de la República, artículo 38.- 2.- Ley N° 20.530, Crea el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y modifica cuerpos legales que indica. 3.- Ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Valparaíso, a 29 de enero de 2021.

JUAN PABLO DURÁN G.

Secretario de la Comisión

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?INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece el Sistema Red Integral de Protección Social.

BOLETÍN N° 12.661-31

HONORABLE SENADO:

La Comisión de Hacienda tiene el honor de emitir su informe acerca del proyecto de ley de la referencia, iniciado en Mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que ha sido calificado con “suma” urgencia.

A la sesión en que la Comisión analizó este asunto concurrieron:

Del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el Subsecretario de Servicios Sociales, señor Sebastián Villarreal; el Secretario Ejecutivo de Red de Protección Social, señor Elías Tefarikis, y los asesores legislativos, señores Felipe Aliaga y Javier Valdés.

De la Dirección de Presupuestos, la Subdirectora de Racionalización y Función Pública, señora Cristina Torres.

Del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, el asesor legislativo, señor Marcelo Estrella.

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Cabe señalar que el proyecto de ley fue aprobado previamente, en segundo informe, por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.

A la Comisión de Hacienda, en tanto, le correspondió pronunciarse sobre los asuntos de su competencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional.

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NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL

La Comisión de Hacienda se remite, al efecto, a lo consignado por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización en su segundo informe.

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Para efectos de lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento del Senado, se deja constancia de que la Comisión de Hacienda no introdujo enmiendas al texto despachado por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.

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Previo a la discusión de los asuntos de competencia de la Comisión, el Subsecretario de Servicios Sociales, señor Sebastián Villarreal, efectuó una presentación, en formato ppt, del siguiente tenor:

Proyecto de ley

Red Integral de Protección Social

I. Red Integral de Protección Social

II. Contenido del proyecto de ley

III. Informe financiero

I. ¿Qué es la Red de Protección Social?

La Red de Protección Social es un sistema de apoyo que le permite a las familias acceder a un conjunto de beneficios para enfrentar aquellos eventos adversos o contingencias que pongan en riesgo su progreso y bienestar, entregándoles información de forma sencilla y clara y facilitando el acceso a los beneficios incluidos en la red.

I. Plataforma de la Red de Protección Social

Creamos una plataforma única en el Estado con información clara, oportuna y personalizada de los beneficios a los que las persona podrían acceder al enfrentar alguno de los eventos adversos seleccionados

I. Evolución de consultas en el contexto de la pandemia

II. Proyecto de ley

II. Estructura del proyecto de ley

II. Objetivos del Sistema

Red Integral de Protección Social

1. Coordinar intersectorialmente la oferta programática existente asociada a los eventos adversos.

2. Entregar información y orientación clara oportuna y personalizada de la oferta programática existente mediante la Red de Atención a Usuarios.

3. Simplificar el acceso a la oferta programática del Estado mediante la integración de trámites asociados a los respectivos beneficios y el seguimiento de casos y garantizar el acceso al sistema.

II. Determinación de la oferta programática y los eventos adversos asociados

1. Los eventos adversos asociados a la misma deberán ser determinados y aprobados por el Comité Interministerial de Desarrollo Social y Familia.

2. La Secretaría Ejecutiva considerará los insumos pertinentes que proporcione el Comité Técnico Intersectorial.

3. La oferta programática existente que formará parte del Sistema y los eventos asociados a ella, deberán materializarse mediante resolución expedida por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

II. Secretaría ejecutiva y Comité Técnico Intersectorial

1. A la Secretaría Ejecutiva del Sistema le corresponderá coordinar intersectorialmente, administrar, supervisar, implementar y hacer seguimiento del Sistema y de los indicadores de gestión de la Red de Atención a Usuarios.

2. El Comité Técnico Intersectorial estará compuesto por una contraparte técnica de cada uno de los organismos participantes y será coordinado por la Secretaría Ejecutiva. Asimismo, el Comité deberá considerar la participación de las municipalidades y la ciudadanía en la forma que disponga el reglamento.

II. Red de Atención a Usuarios

1. El Sistema contará con una Red de Atención a Usuarios en cada región del país, a través de la cual se les entregará orientación e información sobre la oferta programática que forma parte del Sistema.

2. Adicionalmente, la plataforma que forma parte de esta red permitirá a los usuarios hacer seguimiento de casos.

Continuó con la presentación la Subdirectora de Racionalización y Función Pública, señora Cristina Torres:

III. Informe financiero

Efectos del proyecto de ley sobre el presupuesto fiscal

1. Costo asociado a la oferta programática:

Se presenta la oferta programática asociada a la red en sus distintas líneas de apoyo en los respectivos ministerios y servicios, la que será coordinada por este Sistema.

Anualmente a través de la Ley de Presupuestos del Sector Público se fijarán los recursos en cada una de ellas, sin embargo, a modo referencial las prestaciones existentes en el diseño de la iniciativa en Salud, Trabajo, Educación, Adulto Mayor, Vivienda Programas de Apoyo, entre otros, consideran recursos por Miles de US$4.785.173.

Adicionalmente, se consideran potenciales nuevas prestaciones que se encuentran actualmente en trámite legislativo en el Congreso Nacional, y que podrían adicionar miles de US$2.384.802 a la oferta existente, además de aquella que se ha desarrollado desde el ingreso de la iniciativa como distintas medidas de apoyo social.

Se estima un costo asociado a la oferta programática que asciende a miles de US$7.069.976* (Nota: Monto actualizado a $ 2021 / Tipo de cambio IF 2019: $669 Tipo de cambio vigente: $726,74)

Efectos del proyecto de ley sobre el presupuesto fiscal

Costo asociado a la implementación del sistema:

El costo asociado a la administración del sistema asciende a $ 727.859 miles de pesos, de acuerdo al siguiente detalle:

Fuente de financiamiento: Partida Presupuestaria del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y, en lo que faltare con cargo al Tesoro Público

El Honorable Senador señor Pizarro consultó qué ocurre con las comunas con mayores necesidades y más aisladas.

El señor Subsecretario explicó que se tomó en cuenta esa situación y se trabajó en una lógica también de atención presencial y con celebración de convenios.

El Honorable Senador señor García preguntó porqué se requiere ley en esta materia, por cuanto todos los cambios podrían haberse implementado por medio de medidas administrativas.

El Honorable Senador señor Pizarro señaló que hay problemas de conectividad. La información es que hay problemas en comunas muy populares, de gran vulnerabilidad y que están en centros urbanos, donde se supone que existe conectividad.

Eso explicaría que en la postulación al IFE hubo un millón de hogares que no pudieron postular a través de las plataformas o internet.

El señor Subsecretario respondió que precisamente porque hay grupos de población, como los adultos mayores, que así lo requieren, en la red de atención de usuarios también habría un modelo de atención de forma presencial.

Se ha tenido que gestionar que la página sea de libre navegación y todo el diseño de la plataforma está disponible para que sea fácil acceder al mismo desde celulares.

Se ha contemplado también una red de atención presencial para acceder a zonas más aisladas, que requieren un modelo de gestión con pertinencia territorial.

El Honorable Senador señor Montes pidió al señor Tefarikis que describa cómo funciona el sistema.

Señaló que el proyecto es anterior a la pandemia y pregunta si esa experiencia se incorporó al diseño.

Observó que falta información y evaluación respecto de las personas y familias que no cuentan con oferta programática.

Pidió que se indique lo que ha ocurrido con la experiencia del último año en pandemia, en el sentido de si se ha tomado en cuenta e incorporado como parte de la iniciativa.

El Secretario Ejecutivo de la Red de Protección Social, señor Elías Tefarikis, graficó con un ejemplo sencillo que tiene que ver con no tener que tocar tantas puertas para acceder a la información que se busca, lo que se lograría con la plataforma implementada y de esa forma derivar a quien corresponde.

Señaló que otro objetivo de la plataforma y del sistema es traducir la oferta programática en un lenguaje sencillo y ciudadano. Pero si la persona se encuentra en un lugar sin conexión o sin la capacidad de encontrar la información, se contemplan los asesores ciudadanos que le permitan acceder a la información sin tener que derivar a otra institución.

El Honorable Senador señor Montes expresó que se quiere establecer un sistema de interconexión y de facilitación de acceso a la información, y ello parece positivo, pero no se observa nada de la relevante experiencia adquirida el año 2020 ni de los problemas que deben solucionarse de otro modo para los adultos mayores o en materias como la crisis por falta de viviendas. Tampoco se contempla un sistema de evaluación que permita perfeccionar lo existente.

Agregó que falta información sobre las familias y hogares que no fueron atendidos ni recibieron las respuestas que necesitaban durante el último período.

Concluyó que faltan datos para conocer el alcance que tiene la presente iniciativa.

El Honorable Senador señor García concordó en que los proyectos de ley también crean expectativas y efectivamente existe un problema cada vez mayor respecto de adultos mayores y en materia de vivienda, y si no existe un aumento de oferta las expectativas no serán satisfechas.

El Honorable Senador señor Coloma entendió las objeciones planteadas, pero apuntó que en cuanto a información e interconexión existe un verdadero aporte, el cual valoró.

El Honorable Senador señor Pizarro pidió dejar constancia de que la información referida en el artículo 5 debiera enviarse no sólo a la Cámara de Diputados sino también al Senado.

El Honorable Senador señor Montes señaló que el nombre de red integral de protección lo mueve a abstenerse porque el nombre no calza con lo que es el proyecto, porque no se trata efectivamente de protección integral como sistema.

El Honorable Senador señor Coloma dijo que deben considerarse las dificultades surgidas y proponerse las mejoras que aparezcan necesarias, lo que colaborará a mejorar la red de protección, lo que se expresa en el artículo 4.

El Honorable Senador señor Montes acotó que el MDSyF es el único ministerio que hace un balance anual, pero todavía es demasiado general y debería profundizarse en cada programa. Insistió en que la denominación no calza con lo que realmente es, porque no se trata de una red integral de protección.

El señor Subsecretario expuso que el artículo 4 contempla un informe que debe identificar brechas. Agregó que el nombre original era “clase media protegida”.

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DISCUSIÓN

De conformidad con su competencia, la Comisión de Hacienda se pronunció respecto de las siguientes disposiciones del proyecto de ley: artículos 1, 5 y 12 permanentes, y primero transitorio. Lo hizo en los términos en que fueron aprobados por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, como corresponde de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41 del Reglamento de la Corporación.

A continuación, se da cuenta de las precitadas disposiciones del proyecto de ley, así como de los acuerdos adoptados por la Comisión.

Artículo 1

Crea un sistema denominado “Red Integral de Protección Social”. Dispone textualmente lo siguiente:

“Artículo 1.- Naturaleza. Créase un sistema denominado “Red Integral de Protección Social”, en adelante e indistintamente el “Sistema”, que consiste en un modelo de gestión intersectorial, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Subsecretaría de Servicios Sociales, cuyo propósito es coordinar intersectorialmente la oferta programática existente relacionada a eventos adversos que podrían conducir a personas, grupos o familias a una situación de vulnerabilidad, en los términos regulados en la ley N° 20.530, entregar información clara, oportuna y personalizada sobre la misma, y simplificar el acceso a ésta.”.

Artículo 5

Relativo a la Secretaría Ejecutiva, es del siguiente tenor:

“Artículo 5.- De la Secretaría Ejecutiva. La Secretaría Ejecutiva del Sistema estará radicada en la Subsecretaría de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y le corresponderá coordinar intersectorialmente, administrar, supervisar, implementar y hacer seguimiento del Sistema y de los indicadores de gestión de la Red de Atención a Usuarios, sin perjuicio de lo establecido en el literal d) del artículo 3 de la ley N° 20.530.

Adicionalmente, le corresponderá convocar y coordinar las labores del Comité Técnico Intersectorial a que alude el artículo siguiente.

A más tardar el 31 de marzo de cada año, la Secretaría Ejecutiva deberá entregar al Ministro de Desarrollo Social y Familia un Informe Anual de Resultado, en el que deberá señalar las acciones que fueron desarrolladas durante el año anterior, las dificultades enfrentadas en la implementación o funcionamiento intersectorial del Sistema, las medidas que propone para la mejora de la coordinación del mismo, y la información estadística en relación con las personas que acceden a la oferta programática de acuerdo al literal b) del artículo 3. Este informe deberá ser remitido a la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación de la Cámara de Diputados y deberá estar disponible a más tardar el 30 de abril de cada año en el sitio web del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

La información necesaria para el informe establecido en el inciso anterior deberá ser entregada por los integrantes del Comité Técnico Intersectorial en los términos establecidos por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, según lo que disponga el reglamento al que se refiere el artículo siguiente.

Un reglamento suscrito por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia determinará el funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva y establecerá toda otra medida necesaria para ese fin.”.

Artículo 12

Sobre la Red de Atención a Usuarios, establece que el Sistema contará con una Red de Atención a Usuarios en cada región del país, a través de la cual se les entregará orientación e información sobre la oferta programática que forma parte del Sistema.

Dispone que, adicionalmente, la plataforma que forma parte de esta red permitirá a los usuarios hacer seguimiento de casos.

Disposiciones transitorias

Artículo primero

Referente al gasto fiscal, prescribe en su inciso primero que el mayor gasto fiscal represente la aplicación de la ley durante su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Agrega que no obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria Tesoro Público, podrá suplementar el presupuesto de dicho ministerio en la parte del gasto que no pueda financiar con sus recursos.

En su inciso segundo establece que, en los años siguientes, el gasto que irrogue el adecuado funcionamiento del Sistema se hará con cargo a los recursos que anualmente contemple la Ley de Presupuestos del Sector Público vigente, sin perjuicio de los recursos que se otorguen por leyes especiales.

--Puesto en votación, el artículo 1 fue aprobado con cuatro votos a favor de los Honorables Senadores señores Coloma, García, Lagos y Pizarro, y con la abstención del Honorable Senador señor Montes.

--Los artículos 5, 12 y primero transitorio fueron aprobados por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y Pizarro.

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FINANCIAMIENTO

- El informe financiero N° 81 elaborado por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, de 28 de mayo de 2019, señala lo siguiente:

“I. Antecedentes

El Proyecto de Ley crea el sistema “Clase Media Protegida”. Este consiste en un modelo de gestión ¡intersectorial, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Subsecretaría de Servicios Sociales, cuyo propósito es coordinar intersectorialmente la oferta programática existente relacionada a eventos adversos que podrían conducir a personas, grupos o familias a una situación de vulnerabilidad, en los términos regulados en la ley N° 20.530, entregar información clara, oportuna y personalizada sobre la misma, y simplificar el acceso a esta.

Se establecen los siguientes objetivos del sistema Clase Media Protegida: coordinar intersectorialmente la oferta programática existente asociada a los eventos adversos; entregar información y orientación clara, oportuna y personalizada de la oferta programática existente, mediante la Red de Atención a Usuarios a que se refiere el título V del proyecto de ley; y, simplificar el acceso a la oferta programática del Estado mediante la integración de trámites asociados a los respectivos beneficios y el seguimiento de casos. Para estos efectos el Sistema contará con su propio registro de casos.

La oferta programática existente que formará parte del Sistema y los eventos adversos asociados a la misma, serán determinados y aprobados por el Comité Interministerial de Desarrollo Social y Familia, previa propuesta evacuada mediante un informe elaborado por la Secretaría Ejecutiva, a la que se alude en el artículo 5 de la ley, en coordinación con la Subsecretaría de Evaluación Social y visada por la Dirección de Presupuestos.

En concordancia con lo anterior, el Proyecto de Ley le otorga rango legal y le da continuidad a la Secretaría Ejecutiva de la Red de Clase Media Protegida, la que será la encargada de coordinar intersectorialmente, administrar, supervisar, implementar y hacer seguimiento del Sistema, y de los indicadores de gestión de la Red de Atención a Usuarios.

Asimismo, la Secretaría Ejecutiva deberá convocar y coordinar las labores del Comité Técnico Intersectorial.

Adicionalmente, la Secretaria Ejecutiva deberá elaborar un Informe Anual de Resultado al Ministro de Desarrollo Social y Familia, en donde deberá señalar qué acciones fueron desarrolladas durante el año anterior, cuáles fueron las dificultades enfrentadas en la implementación o funcionamiento intersectorial del Sistema, y qué medidas propone para la mejora de la coordinación del mismo.

El funcionamiento de la Secretaria Ejecutiva y las normas necesarias para el ejercicio de su función será determinado por un reglamento expedido por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Al mismo tiempo, el proyecto de ley otorga rango legal y le da continuidad al Comité Técnico Intersectorial, que colaborará en la implementación y operación del Sistema proveyendo de información al mismo. El Comité Técnico Intersectorial estará integrado por una contraparte técnica de cada uno de los órganos de la Administración del Estado que formen parte del Sistema. La forma de designación de sus integrantes, atribuciones y funcionamiento se regularán a través de un reglamento del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

El Proyecto de Ley faculta al Ministerio de Desarrollo Social y Familia para suscribir convenios para el funcionamiento del Sistema y para efectuar solicitudes de información y/o tratamiento de datos para los fines del mismo.

Además, se establecen normas para el uso de la información y su tratamiento. Se faculta al Ministerio de Desarrollo Social y Familia para solicitar y tratar los datos personales y la información necesaria para el cumplimiento de los fines del Sistema; se faculta a la Subsecretaría de Servicios Sociales para acceder a la información contenida en el Registro de Información Social; se establecen normas de seguridad y confidencialidad en el tratamiento de datos personales.

Se crea una Red de Atención a Usuarios, a través de la cual se entregará orientación e información a los mismos, sobre la oferta programática que forma parte del Sistema. Adicionalmente, la Plataforma que forma parte de esta Red, permitirá a los usuarios hacer seguimiento de casos.

Por último, en sus disposiciones transitorias establece la norma de imputación de mayor gasto fiscal y el plazo desde la publicación de la ley para la dictación de los reglamentos.

II. Efecto del proyecto de ley sobre el Presupuesto Fiscal

a. Costo asociado a la Oferta Programática

El costo asociado a toda la oferta programática de los ministerios respectivos y que coordinará este Sistema asciende a MUS$ 7.235.884, de los cuales MUS$4.897.464 corresponde a programas existentes y MUS$2.338.419 a la nueva oferta que se incorpora con los proyectos de ley que se encuentran en trámite legislativo.

b. Costo asociado a la Administración del Sistema

Por otro lado, el siguiente cuadro presenta los costos asociados a la administración de este sistema:

(1) Los gastos en personal incluyen la contratación del Secretario Ejecutivo (grado 4 con asignación crítica) y otros 11 profesionales2 (Un profesional grado 4, un profesional grado 5, un profesional grado 13, 8 profesionales a honorarios).

(2) Los gastos en bienes y consumo incluyen conexión móvil, pasajes y fletes, mantenimiento plataforma informática, difusión y gastos de capacitación.

(3) Los gastos en adquisición de activos no financieros consideran mobiliario, equipos y programas computacionales, para el nuevo personal que se incorpora.

El mayor gasto fiscal asociado a la administración del sistema que irrogue la aplicación de esta ley, durante su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público, podrá suplementar el presupuesto de dicho Ministerio en la parte del gasto que no pudiera financiar con sus recursos.

En los años siguientes, el gasto que irrogue el adecuado funcionamiento del Sistema se hará con cargo a los recursos que anualmente contemple la Ley de Presupuestos vigente.

III. Fuentes de información

- Ley de Presupuestos del Sector Público 2019, Dirección de Presupuestos.

- Subsecretaría de Servicios Sociales, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.”.

- Posteriormente, la Dirección de Presupuestos emitió un nuevo informe financiero, sustitutivo, N° 179, de 1 de octubre de 2019. Su contenido literal es el siguiente:

“I. Antecedentes

El Proyecto de Ley crea el sistema “Clase Media Protegida”. Este consiste en un modelo de gestión intersectorial, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Subsecretaría de Servicios Sociales, cuyo propósito es coordinar intersectorialmente la oferta programática existente relacionada a eventos adversos que podrían conducir a personas, grupos o familias a una situación de vulnerabilidad, en los términos regulados en la ley N° 20.530, entregar información clara, oportuna y personalizada sobre la misma, y simplificar el acceso a esta.

Se establecen los siguientes objetivos del sistema Clase Media Protegida: coordinar intersectorialmente la oferta programática existente asociada a los eventos adversos; entregar información y orientación clara, oportuna y personalizada de la oferta programática existente, mediante la Red de Atención a Usuarios a que se refiere el título V del proyecto de ley; y, simplificar el acceso a la oferta programática del Estado mediante la integración de trámites asociados a los respectivos beneficios y el seguimiento de casos. Para estos efectos el Sistema contará con su propio registro de casos.

La oferta programática existente que formará parte del Sistema y los eventos adversos asociados a la misma, serán determinados y aprobados por el Comité Interministerial de Desarrollo Social y Familia, previa propuesta evacuada mediante un informe elaborado por la Secretaría Ejecutiva, a la que se alude en el artículo 5 de la ley, en coordinación con la Subsecretaría de Evaluación Social y visada por la Dirección de Presupuestos.

En concordancia con lo anterior, el Proyecto de Ley le otorga rango legal y le da continuidad a la Secretaría Ejecutiva de la Red de Clase Media Protegida, la que será la encargada de coordinar intersectorialmente, administrar, supervisar, implementar y hacer seguimiento del Sistema, y de los indicadores de gestión de la Red de Atención a Usuarios.

Asimismo, la Secretaría Ejecutiva deberá convocar y coordinar las labores del Comité Técnico Intersectorial.

Adicionalmente, la Secretaria Ejecutiva deberá elaborar un Informe Anual de Resultado al Ministro de Desarrollo Social y Familia, en donde deberá señalar qué acciones fueron desarrolladas durante el año anterior, cuáles fueron las dificultades enfrentadas en la implementación o funcionamiento intersectorial del Sistema, y qué medidas propone para la mejora de la coordinación del mismo.

El funcionamiento de la Secretaria Ejecutiva y las normas necesarias para el ejercicio de su función será determinado por un reglamento expedido por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Al mismo tiempo, el proyecto de ley otorga rango legal y le da continuidad al Comité Técnico Intersectorial, que colaborará en la implementación y operación del Sistema proveyendo de información al mismo. El Comité Técnico Intersectorial estará integrado por una contraparte técnica de cada uno de los órganos de la Administración del Estado que formen parte del Sistema. La forma de designación de sus integrantes, atribuciones y funcionamiento se regularán a través de un reglamento del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

El Proyecto de Ley faculta al Ministerio de Desarrollo Social y Familia para suscribir convenios para el funcionamiento del Sistema y para efectuar solicitudes de información y/o tratamiento de datos para los fines del mismo.

Además, se establecen normas para el uso de la información y su tratamiento. Se faculta al Ministerio de Desarrollo Social y Familia para solicitar y tratar los datos personales y la información necesaria para el cumplimiento de los fines del Sistema; se faculta a la Subsecretaría de Servicios Sociales para acceder a la información contenida en el Registro de Información Social; se establecen normas de seguridad y confidencialidad en el tratamiento de datos personales.

Se crea una Red de Atención a Usuarios, a través de la cual se entregará orientación e información a los mismos, sobre la oferta programática que forma parte del Sistema. Adicionalmente, la Plataforma que forma parte de esta Red, permitirá a los usuarios hacer seguimiento de casos.

Por último, en sus disposiciones transitorias establece la norma de imputación de mayor gasto fiscal y el plazo desde la publicación de la ley para la dictación de los reglamentos.

II. Efecto del proyecto de ley sobre el Presupuesto Fiscal

a. Costo asociado a la Oferta Programática

El costo asociado a toda la oferta programática de los ministerios respectivos y que coordinará este Sistema asciende a MUS$ 7.235.884, de los cuales MUS$4.897.464 corresponde a programas existentes y MUS$2.338.419 a la nueva oferta que se incorpora con los proyectos de ley que se encuentran en trámite legislativo.

b. Costo asociado a la Administración del Sistema

Por otro lado, el siguiente cuadro presenta los costos asociados a la administración de este sistema:

(1) Los gastos en personal incluyen la contratación del Secretario Ejecutivo y otros 11 profesionales (contrata).

(2) Los gastos en bienes y consumo incluyen conexión móvil, pasajes y fletes, mantenimiento plataforma informática, difusión y gastos de capacitación.

(3) Los gastos en adquisición de activos no financieros consideran mobiliario, equipos y programas computacionales, para el nuevo personal que se incorpora.

El mayor gasto fiscal asociado a la administración del sistema que irrogue la aplicación de esta ley, durante su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público, podrá suplementar el presupuesto de dicho Ministerio en la parte del gasto que no pudiera financiar con sus recursos.

En los años siguientes, el gasto que irrogue el adecuado funcionamiento del Sistema se hará con cargo a los recursos que anualmente contemple la Ley de Presupuestos vigente.

III. Fuentes de información

- Ley de Presupuestos del Sector Público 2019, Dirección de Presupuestos.

- Subsecretaría de Servicios Sociales, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.”.

- Finalmente, la Dirección de Presupuestos elaboró el informe financiero complementario N° 9, de 14 de enero de 2021, cuyo tenor literal es el que sigue:

“I. Antecedentes

Las siguientes indicaciones modifican el boletín 12.661-31, que establece el Sistema Red Integral de Protección Social, perfeccionando la redacción del artículo 5, de la Secretaría Ejecutiva. En particular, se regula el Informe Anual de Resultado que deberá entregar la Secretaría al Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

II. Efecto del proyecto de ley sobre el Presupuesto Fiscal

Las indicaciones propuestas no irrogan un mayor gasto fiscal respecto del contenido en el Informe Financiero N° 179 de 2019.

III. Fuentes de información

- Mensaje 508-368, que formula indicaciones al Proyecto de Ley que Establece el Sistema Red Integral de Protección (Boletín 12.661-31).

- Subsecretaría de Servicios Sociales (2021), Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

- Informe Financiero Complementario. IF Nº 179 de 2019. Proyecto de Ley que Establece el Sistema de Red Clase Media Protegida.”.

Se deja constancia de los precedentes informes financieros en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17, inciso segundo, de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

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TEXTO DEL PROYECTO

En mérito de los acuerdos anteriormente expuestos, la Comisión de Hacienda tiene el honor de proponeros la aprobación del proyecto de ley en los mismos términos en que fue despachado por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, cuyo texto es el siguiente:

PROYECTO DE LEY

“TÍTULO I

DE LA NATURALEZA Y OBJETO

Artículo 1.- Naturaleza. Créase un sistema denominado “Red Integral de Protección Social”, en adelante e indistintamente el “Sistema”, que consiste en un modelo de gestión intersectorial, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Subsecretaría de Servicios Sociales, cuyo propósito es coordinar intersectorialmente la oferta programática existente relacionada a eventos adversos que podrían conducir a personas, grupos o familias a una situación de vulnerabilidad, en los términos regulados en la ley N° 20.530, entregar información clara, oportuna y personalizada sobre la misma, y simplificar el acceso a ésta.

Artículo 2.- Objetivos. Los objetivos del Sistema son los siguientes:

a) Coordinar intersectorialmente la oferta programática existente asociada a los eventos adversos.

b) Entregar información y orientación clara, oportuna y personalizada de la oferta programática existente, mediante la Red de Atención a Usuarios a que se refiere el Título V.

c) Simplificar el acceso a la oferta programática del Estado mediante la integración de trámites asociados a los respectivos beneficios y el seguimiento de casos, y garantizar el acceso al Sistema. Para estos efectos el Sistema contará con su propio registro de casos.

Artículo 3.- Definiciones. Para los fines de la presente ley, se entenderá por:

a) Eventos adversos: Hechos o contingencias que podrían conducir a una persona, grupo o familia a una situación de vulnerabilidad, en los términos establecidos en el numeral 5) del artículo 2 de la ley N° 20.530, por motivos de salud, vejez, desempleo, vivienda, educación, delincuencia, y/o violencia de género, entre otros.

b) Oferta programática: Conjunto de políticas, planes, programas, iniciativas, beneficios, prestaciones sociales y/o servicios que administran los organismos participantes y que hayan sido incorporados al Sistema de acuerdo al artículo 4.

c) Organismo participante: Organismos que administran parte de la oferta programática incorporada al Sistema.

d) Plataforma: Sitio web parte de la Red de Atención a Usuarios, que contendrá la información y difusión de la oferta programática y trámites incluidos en el Sistema, y que permitirá hacer seguimiento de casos. Los organismos participantes dispondrán de ésta para orientar a los usuarios. Los usuarios también podrán acceder directamente a ella, mediante una sesión privada.

e) Red de Atención a Usuarios: Vía de acceso de los usuarios a los servicios de información, orientación y atención que ofrece el Sistema. Pueden ser canales virtuales, remotos y/o presenciales que funcionan como medios de comunicación entre los usuarios y el Sistema.

f) Secretaría Ejecutiva: Secretaría Ejecutiva Clase Media Protegida, a que alude el artículo 5.

TÍTULO II

DE LA COORDINACIÓN INTERSECTORIAL Y LA ARTICULACION DE OFERTA PROGRAMÁTICA

Artículo 4.- Determinación de la oferta programática existente y los eventos adversos asociados a ella. La oferta programática existente de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 3 y los eventos adversos asociados a la misma deberán ser determinados y aprobados por el Comité Interministerial de Desarrollo Social y Familia regulado en la ley N° 20.530, previa propuesta evacuada mediante un informe elaborado por la Secretaría Ejecutiva a que alude el artículo 5, en coordinación con la Subsecretaría de Evaluación Social y visada por la Dirección de Presupuestos. Para la elaboración de dicho informe, la Secretaría Ejecutiva considerará los insumos pertinentes que, para estos efectos, le proporcione el Comité Técnico Intersectorial a que se refiere el artículo 6 de esta ley. En caso de que un evento adverso no cuente con oferta programática, deberá indicarse en dicho informe y evaluarse su potencial cobertura.

Los acuerdos del Comité Interministerial de Desarrollo Social y Familia, en relación con la determinación de la oferta programática existente que formará parte del Sistema y los eventos asociados a ella serán vinculantes para los órganos que componen el comité de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 11 de la ley N° 20.530 y deberán materializarse mediante resolución expedida por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, de conformidad a lo señalado en el inciso segundo del artículo 16 de la ley N° 20.530, la que además deberá ser suscrita por el Ministro de Hacienda.

TÍTULO III

DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA, DEL COMITÉ TÉCNICO INTERSECTORIAL Y DE LOS CONVENIOS

Artículo 5.- De la Secretaría Ejecutiva. La Secretaría Ejecutiva del Sistema estará radicada en la Subsecretaría de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y le corresponderá coordinar intersectorialmente, administrar, supervisar, implementar y hacer seguimiento del Sistema y de los indicadores de gestión de la Red de Atención a Usuarios, sin perjuicio de lo establecido en el literal d) del artículo 3 de la ley N° 20.530.

Adicionalmente, le corresponderá convocar y coordinar las labores del Comité Técnico Intersectorial a que alude el artículo siguiente.

A más tardar el 31 de marzo de cada año, la Secretaría Ejecutiva deberá entregar al Ministro de Desarrollo Social y Familia un Informe Anual de Resultado, en el que deberá señalar las acciones que fueron desarrolladas durante el año anterior, las dificultades enfrentadas en la implementación o funcionamiento intersectorial del Sistema, las medidas que propone para la mejora de la coordinación del mismo, y la información estadística en relación con las personas que acceden a la oferta programática de acuerdo al literal b) del artículo 3. Este informe deberá ser remitido a la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación de la Cámara de Diputados y deberá estar disponible a más tardar el 30 de abril de cada año en el sitio web del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

La información necesaria para el informe establecido en el inciso anterior deberá ser entregada por los integrantes del Comité Técnico Intersectorial en los términos establecidos por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, según lo que disponga el reglamento al que se refiere el artículo siguiente.

Un reglamento suscrito por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia determinará el funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva y establecerá toda otra medida necesaria para ese fin.

Artículo 6.- Del Comité Técnico Intersectorial. Existirá un Comité Técnico Intersectorial que colaborará en la implementación y operación del Sistema mediante la provisión de información al mismo.

El referido Comité estará compuesto por una contraparte técnica de cada uno de los organismos participantes y será coordinado por la Secretaría Ejecutiva. Asimismo, el Comité deberá considerar la participación de las municipalidades y de la ciudadanía en la forma que disponga el reglamento.

Un reglamento suscrito por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia determinará la forma de designación de los integrantes del Comité Técnico Intersectorial y toda otra medida necesaria para su funcionamiento.

Artículo 7.- De los convenios. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia podrá celebrar convenios para el funcionamiento del Sistema y para efectuar solicitudes de información y/o tratamiento de datos para los fines del mismo.

TÍTULO IV

DE LA SOLICITUD DE DATOS, SU USO Y TRATAMIENTO

Artículo 8.- De la solicitud de información y tratamiento de datos. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Subsecretaría de Evaluación Social, estará facultada para solicitar a organismos privados y públicos y tratar los datos y la información estrictamente necesaria para el cumplimiento de los fines del Sistema establecidos en el artículo 2 de esta ley, de conformidad con lo establecido en la letra s) del artículo 3 de la ley N° 20.530.

Artículo 9.- Del acceso a la información contenida en registros del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Para el funcionamiento del Sistema, la Subsecretaría de Servicios Sociales podrá realizar solicitudes de información en línea, respecto de datos contenidos en el Registro de Información Social a que hace referencia el artículo 6 de la ley N° 19.949, así como de la información contenida en el instrumento de caracterización socioeconómica a que hace referencia el artículo 5 de la ley N° 20.379, en conformidad a la normativa vigente.

Estas solitudes de información deberán acotarse a aquella estrictamente necesaria para el cumplimiento de los objetivos del Sistema establecidos en el artículo 2 de esta ley.

Artículo 10.- De la seguridad y confidencialidad en el tratamiento de datos personales. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia deberá actuar con la debida diligencia y adoptar todas las medidas de seguridad, técnicas y organizativas que garanticen la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información contenida en el Sistema.

Las personas que accedan a bases o registros de datos personales en virtud de esta ley deberán respetar la confidencialidad de los mismos, debiendo tratarlos exclusivamente para los fines previstos en esta ley y abstenerse de usar dicha información en beneficio propio o de terceros.

En caso de que el procesamiento y tratamiento de la información, para los fines de la presente ley, fuese efectuado por terceros, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia establecerá contractualmente los resguardos necesarios para proteger la información y su confidencialidad.

Artículo 11.- De las sanciones. Las infracciones de las disposiciones del presente Título serán sancionadas en conformidad a la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y demás normas aplicables. Adicionalmente, respecto de los funcionarios públicos y para efectos de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 125 de la ley N° 18.834, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda, se estimará que los hechos que configuren infracciones a este Título vulneran gravemente el principio de probidad administrativa, sin perjuicio de las demás sanciones y responsabilidades que procedan, en conformidad a la ley.

TÍTULO V

RED DE ATENCION A USUARIOS

Artículo 12.- Red de Atención a Usuarios. El Sistema contará con una Red de Atención a Usuarios en cada región del país, a través de la cual se les entregará orientación e información sobre la oferta programática que forma parte del Sistema.

Adicionalmente, la plataforma que forma parte de esta red permitirá a los usuarios hacer seguimiento de casos.

TITULO VI

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo primero.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria Tesoro Público, podrá suplementar el presupuesto de dicho ministerio en la parte del gasto que no pueda financiar con sus recursos.

En los años siguientes, el gasto que irrogue el adecuado funcionamiento del Sistema se hará con cargo a los recursos que anualmente contemple la Ley de Presupuestos del Sector Público vigente, sin perjuicio de los recursos que se otorguen por leyes especiales.

Artículo segundo.- Dentro del plazo de seis meses, contado desde la fecha de publicación de la presente ley en el Diario Oficial, se dictarán los reglamentos a que hacen referencia los artículos 5 y 6, así como cualquier otro reglamento necesario para el funcionamiento del Sistema.”.

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Acordado en sesión celebrada el día 3 de marzo de 2021, con asistencia de los Honorables Senadores señores Jorge Pizarro Soto (Presidente), Juan Antonio Coloma Correa, José García Ruminot, Ricardo Lagos Weber y Carlos Montes Cisternas.

A 3 de marzo de 2021.

*El presente informe se suscribe sólo por la secretaria de la Comisión en virtud del acuerdo de Comités de 15 de abril de 2020, que autoriza proceder de esta manera.

MARÍA SOLEDAD ARAVENA

Secretaria de la Comisión

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY, EN SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE ESTABLECE EL SISTEMA DE “RED INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL”

(BOLETÍN Nº 12.661-31).

I. OBJETIVOS DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN: crear el sistema Red Integral de Protección Social.

II ACUERDOS:

Artículo 1 aprobado por mayoría de votos 4x1 abstención.

Artículos 5 y 12 permanentes y artículo primero transitorio aprobados unanimidad 5X0.

III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: consta de doce artículos permanentes y de dos disposiciones transitorias.

IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: los artículos 4 y 5 el proyecto de ley, deben ser aprobados como normas de rango orgánico constitucional, por cuanto inciden en materias propias de la ley orgánica sobre Bases Generales de la Administración del Estado. Lo anterior, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 38 de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 66, inciso segundo, de la Carta Fundamental.

V. URGENCIA: “suma”.

VI. ORIGEN e INICIATIVA: Cámara de Diputados. Mensaje de S.E. el Presidente de la República.

VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL: segundo trámite.

VIII. APROBACIÓN EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS: mayoría de votos (121 x 10 y 4 abstenciones).

IX. INICIO DE LA TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 9 de octubre de 2019.

X. TRÁMITE REGLAMENTARIO: informe de la Comisión de Hacienda.

XI. NORMAS QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA: 1.- Constitución Política de la República, artículo 38.- 2.- Ley N° 20.530, Crea el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y modifica cuerpos legales que indica. 3.- Ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

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Valparaíso, 3 de marzo de 2021.

MARÍA SOLEDAD ARAVENA

Secretaria de la Comisión

CREACIÓN DE SISTEMA DE RED INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Corresponde poner en discusión en particular el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece el sistema Red Integral de Protección Social, iniciativa correspondiente al boletín N° 12.661-31.

El Ejecutivo hizo presente la urgencia para su despacho, calificándola de "suma".

--Los antecedentes sobre el proyecto (12.661-31) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite: sesión 54ª, en 9 de octubre de 2019 (se da cuenta).

Informes de Comisión:

Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 19ª, en 30 de abril de 2020.

Gobierno, Descentralización y Regionalización (segundo): sesión 153ª, en 2 de marzo de 2021.

Hacienda: sesión 155ª, en 3 de marzo de 2021.

Discusión:

Sesiones 128ª, 9 de diciembre de 2020 (queda pendiente la discusión en general); 131ª, en 15 de diciembre de 2020 (se aprueba en general).

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Esta iniciativa fue aprobada en general en sesión de 15 de diciembre de 2020 y cuenta con un segundo informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización e informe de la Comisión de Hacienda.

La Comisión de Gobierno deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que los artículos 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11 y 12 permanentes y los artículos primero y segundo transitorios no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones. Estas disposiciones deben darse por aprobadas, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador , con acuerdo unánime de los presentes, solicite su discusión y votación.

Informo a Su Señoría que se ha presentado a la Mesa una indicación nueva, de los Senadores señora Rincón, señor Pizarro y señora Provoste, para sustituir en el artículo 1 la denominación "Red Integral de Protección Social" por "Información Integrada de Programas Sociales". Se trata de una indicación nueva, la cual, para ser acogida a tramitación, requiere el acuerdo unánime de la Sala, lo que se resolverá en su oportunidad.

Las disposiciones que señalé (artículos 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11 y 12 permanentes y primero y segundo transitorios) debieran darse por aprobadas teniendo en cuenta la presentación de la indicación nueva solicitada, que requiere la unanimidad de la Sala para ser acogida a tramitación.

La mencionada Comisión efectuó cuatro enmiendas al texto aprobado en general, las cuales fueron aprobadas por unanimidad.

La Comisión de Hacienda, por su parte, se pronunció acerca de las normas de su competencia, como reglamentariamente corresponde, y no introdujo modificaciones respecto del texto despachado por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización en el segundo informe, aprobando sus disposiciones con las votaciones que en cada caso se consignan.

Además, deja constancia de los informes financieros considerados, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17, inciso segundo, de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

Cabe recordar que las enmiendas unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión respecto de alguna de ellas o existieren indicaciones renovadas.

De las modificaciones unánimes, las referidas a los artículos 4 y 5 del proyecto de ley requieren, para su aprobación, 25 votos favorables, por tratarse de normas de rango orgánico constitucional.

Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado que transcribe el texto aprobado en general, las enmiendas realizadas por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y el texto como quedaría de aprobarse tales modificaciones.

Es todo, señora Presidenta.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, señor Secretario .

Ofrezco la palabra a la Presidenta de la Comisión de Gobierno, Senadora Luz Ebensperger.

La señora EBENSPERGER.-

Gracias, Presidenta .

Efectivamente, la Comisión de Gobierno analizó en particular este proyecto, que corresponde al boletín N° 12.661-31.

Previo al estudio pormenorizado, escuchó a la Ministra de Desarrollo Social y Familia subrogante, señora Alejandra Candia , y al Subsecretario de Servicios Sociales , señor Sebastián Villarreal , quienes explicaron que la Red de Protección Social es un sistema de apoyo que les permite a las familias acceder a un conjunto de beneficios para enfrentar aquellos eventos adversos o contingencias que pongan en riesgo su progreso y bienestar, entregándoles información de forma sencilla y clara y facilitando el acceso a los beneficios incluidos en dicha red.

Enseguida, destacaron que se creó una plataforma única en el Estado con información clara, oportuna y personalizada de los beneficios a los que las personas podrán acceder al enfrentar algunos de estos eventos adversos seleccionados, en la cual existen 161 fichas de información, 8 trámites integrados, 6 eventos adversos y 30 instituciones aliadas.

Desde el lanzamiento de la plataforma y en el contexto de la actual pandemia, se han registrado más de tres millones de usuarios o personas que ingresaron a la web y más de ocho millones de sesiones, es decir, interacciones con el sitio. Además, existe alrededor de 61 por ciento de satisfacción de los usuarios y 432 asesores ciudadanos incorporados.

Subrayaron que el propósito del presente proyecto de ley es coordinar intersectorialmente la oferta programática relacionada a eventos adversos que podrían conducir a personas, grupos o familias a una situación de vulnerabilidad; entregar información clara, oportuna y personalizada sobre la misma, y simplificar el acceso a esta.

En cuanto a la determinación de la oferta programática y los eventos adversos asociados, señalaron que estos últimos deben ser determinados y aprobados por el Comité Interministerial de Desarrollo Social y Familia.

Asimismo, expresaron que la Secretaría Ejecutiva considerará los insumos pertinentes que proporcione el Comité Técnico Intersectorial y que la oferta programática existente que formará parte del sistema y los eventos asociados a ella deberán materializarse mediante resolución expedida por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

En relación con la Secretaría Ejecutiva y el Comité Técnico Intersectorial, hicieron presente que a la Secretaría Ejecutiva le corresponderá coordinar intersectorialmente, administrar, supervisar, implementar y hacer seguimiento del sistema y de los indicadores de gestión de la Red de Atención a Usuarios, en tanto que el Comité Técnico Intersectorial estará compuesto por una contraparte técnica de cada uno de los organismos participantes y será coordinado por la Secretaría Ejecutiva.

Asimismo, subrayaron que el Comité deberá considerar la participación de las municipalidades y de la ciudadanía en la forma que disponga el reglamento.

También señalaron que el sistema contará con una red de atención a usuarios en cada región del país, a través de la cual se les entregará orientación e información sobre la oferta programática que forma parte del sistema, plataforma que también permitirá a los usuarios hacer seguimiento de sus casos.

Respecto de las indicaciones formuladas al proyecto de ley por el Ejecutivo , el Subsecretario de Servicios Sociales , señor Sebastián Villarreal , precisó que la primera de ellas apunta a que la información estadística que compartirá la Secretaría Ejecutiva solo se refiere a la oferta programática que lleva el sistema y no a otras políticas o planes, de modo que se acota la norma a la oferta que este tiene, para evitar que dé información de otros planes o programas inconexos.

Sobre la segunda indicación, explicó que la idea es que la información que se deba entregar a la Secretaría para elaborar el informe tiene que ser proporcionada por los organismos que correspondan y en la forma que determine el respectivo reglamento.

Luego se entró a analizar cada una de las cuatro indicaciones presentadas, respecto de las cuales los señores Senadores hicieron sus observaciones.

Una de las más importantes fue realizada por el Senador Bianchi, quien consultó por qué se incluía solo a los municipios en este proyecto y no a la nueva institucionalidad de los gobernadores regionales, quienes iban a tener una amplia representación, ya que requerían un 40 por ciento de votos para ser elegidos. Sobre ello, el Subsecretario respondió que, en el marco de la etapa de pilotaje, se ha iniciado un trabajo con distintas puertas de entrada, donde los actores principales son los municipios con las seremías en las regiones. Agregó que también se está haciendo un piloto con las gobernaciones.

Ante ello, el Senador Insulza consultó si la referencia es a las gobernaciones actuales o a las futuras, a lo que el Subsecretario respondió que se refiere a las gobernaciones actuales y que en un futuro esperan incluir a las nuevas gobernaciones regionales.

Luego de ello, se procedió a votar las indicaciones, todas las cuales fueron aprobadas de forma unánime. Vuelvo a señalar: se presentaron cuatro indicaciones y ellas fueron acogidas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión.

Es cuanto puedo informar, señora Presidenta.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senadora Ebensperger.

Solicito el acuerdo de la Sala para que se conecte el Subsecretario de Servicios Sociales, señor Villarreal. Hago presente que está conectada la Ministra Rubilar.

¿Habría acuerdo?

Acordado.

Puede participar el señor Subsecretario .

Solicito también el acuerdo de la Sala para que ingrese el Subsecretario de la Presidencia , señor Máximo Pavez. Está el Ministro también presente.

¿Habría acuerdo?

Acordado.

Puede ingresar el Subsecretario .

Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Hacienda para que entregue el informe.

Senador Jorge Pizarro, tiene la palabra.

El señor PIZARRO.-

Señora Presidenta , quiero hacer una breve relación de por qué la Comisión de Hacienda vio este proyecto, cuando en principio fue despachado por la Comisión de Gobierno, que lo analizó en su mérito.

A la Comisión de Hacienda le correspondió ver los artículos 1, 5 y 12 permanentes y el artículo primero transitorio.

Este es un proyecto de ley del Ministerio de Desarrollo Social que, junto a iniciativas anteriores, busca la creación de una plataforma que coordina en la web la oferta programática para familias vulnerables.

Parte de la discusión y del diálogo que tuvimos en la Comisión dejó claro que no estábamos debatiendo en este proyecto propiamente cómo se construye un sistema de protección social, sobre todo a propósito de la crisis de la pandemia, que ha mostrado las debilidades, como reveló el proceso de construcción del Ingreso Familiar de Emergencia.

Básicamente, lo que el Gobierno establece y lo que planteó el Ministerio de Desarrollo Social es que la Red Integral de Protección Social es un sistema de apoyo que les permite a las familias acceder a un conjunto de beneficios para enfrentar aquellos eventos adversos o contingencias que pongan en riesgo su progreso y bienestar, entregándoles información de forma sencilla, de manera clara y facilitando el acceso a los beneficios incluidos en dicha red.

Se destacó, además, que se creó una plataforma única en el Estado, con información clara, oportuna y personalizada de los beneficios a que las personas podían acceder al enfrentar algunos de los eventos adversos seleccionados.

En este momento existen 161 fichas de información, 8 trámites integrados, 6 eventos adversos y 30 instituciones aliadas.

También se entregó información en cuanto a que desde el lanzamiento de la plataforma, en el contexto de la actual pandemia, se han registrado más de 3 millones de usuarios o personas que ingresan a la web, más de 8 millones de sesiones, es decir, interacciones con un porcentaje alto de satisfacción de los usuarios, y también 432 asesores ciudadanos incorporados.

El propósito del presente proyecto de ley es coordinar intersectorialmente la oferta programática relacionada con eventos adversos que podrían conducir a personas, grupos o familias a una situación de vulnerabilidad, para entregar información clara y oportuna, como se ha dicho anteriormente.

Presidenta, junto con pronunciarnos nosotros con la Comisión de Hacienda, podemos señalar que el artículo 1 establece la definición de qué es la plataforma y la información que se entrega en la oferta programática; el artículo 5, que nos tocó conocer también, establece el rol de la Secretaría Ejecutiva y de la información que se debe enviar al Congreso; el artículo 12 crea una red de usuarios, disponiendo: "El Sistema contará con una Red de Atención a Usuarios en cada región del país". Esto es insuficiente, porque el foco debiera estar en la comuna y en cada municipio con mayor vulnerabilidad.

Algunos colegas Senadores plantearon el problema que existe con la brecha digital en las comunas donde hay mayor vulnerabilidad.

Se deja constancia de que la información entregada por la Subsecretaría de Telecomunicaciones establece el caso de áreas altamente pobladas, que tienen una brecha, y eso condiciona en gran medida el acceso por parte de las familias más vulnerables.

También se discutió respecto de acotar de manera más precisa el nombre del proyecto. Porque, en la práctica, lo que se podría entender, al señalar que crea un sistema de Red Integral de Protección Social, es que a través de esta iniciativa se establecen políticas públicas permanentes, y la verdad es que solo está limitada a la creación de una plataforma, de una aplicación en la cual los usuarios pueden obtener la información que les permita acceder a cualquiera de los programas de apoyo permanente. No es que aquí se esté estableciendo una Red Integral de Protección Social.

Esto fue discutido también en la Cámara de Diputados. Este proyecto tenía otro nombre, donde se señalaba que se establecía una red de protección social a la clase media. De acuerdo con lo informado por la oposición de Diputados en la Cámara, se le cambió el nombre. Nosotros, en el debate que tuvimos al interior de la Comisión de Hacienda, vimos la posibilidad de presentar una indicación, que tiene la Mesa, que requiere la unanimidad para que pueda ser tratada.

Yo he conversado con algunos de los colegas de la Comisión que estaban presentes en el diálogo, pero lo que busca el Ejecutivo es, por lo menos, tratar de mantener el acuerdo -porque fue también un debate importante en la Cámara- que se alcanzó en la Cámara de Diputados, por lo cual no vamos a poder ver esta indicación, pues no contaremos con la unanimidad.

Quiero dejar constancia de esto, porque fue parte del debate.

Esa es la información que puedo entregar, Presidenta.

El proyecto fue aprobado de manera unánime por los cinco miembros de la Comisión en el artículo 5, en el artículo 12 y en el artículo primero transitorio. Y en el artículo 1, que es donde se encuentra la definición de lo que hemos conversado, hubo 4 votos a favor y 1 abstención.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senador Pizarro.

Corresponde poner en discusión en particular el proyecto.

Y ya que usted ha hecho mención a la presentación de una indicación que ha recibido la Mesa, que requiere unanimidad de la Sala para considerarla en esta sesión, le voy a ofrecer la palabra al señor Secretario para que la dé a conocer.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Gracias, señora Presidenta .

Se presentó en la Mesa una indicación para sustituir, en el artículo 1, la frase "Red Integral de Protección Social" por "Información Integrada de Programas Sociales", que corresponde a la denominación del proyecto, que está en la página 1 del comparado, en la última columna, que corresponde al texto propuesto por la Comisión.

Como se trata de una indicación nueva, requiere el acuerdo unánime de la Sala para ser tramitada.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Como señala el señor Secretario , requerimos la unanimidad de la Sala.

Recabo la unanimidad.

¿No hay unanimidad?

Muy bien.

Se muere la indicación.

Entonces, vamos a entrar a la discusión en particular.

De acuerdo con los criterios de la Comisión de Gobierno, se deja constancia de que los artículos 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11 y 12 permanentes y los artículos primero y segundo transitorios no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones.

Se darían por aprobados.

--Se aprueban.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Corresponde ahora considerar las enmiendas, todas las cuales son unánimes, en una sola votación.

Se abre, entonces, la votación.

Si existe unanimidad, recabaríamos la unanimidad.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Hay que votarlas, porque hay dos normas de rango orgánico constitucional.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Entonces, se debe tomar la votación.

Son enmiendas unánimes, pero hay dos normas de ley orgánica constitucional.

En votación.

--(Durante la votación).

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Gracias, señora Presidenta .

Se encuentra abierta la votación para las señoras y los señores Senadores que están presentes en la Sala.

Vamos a efectuar la consulta de voto a las señoras y los señores Senadores que están fuera de la Sala, correspondiendo en esta oportunidad iniciar la consulta con el Senador señor Moreira.

Senador señor Moreira, ¿cómo vota?

Senador señor Moreira, ¿cómo vota?

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

¿Senador Insulza?

El señor INSULZA.-

La enmienda presentada por algunos Senadores era muy razonable, porque este es un proyecto de información. Ahora, muchas veces nosotros hemos querido plantear, como un tema programático en este país, con mucha fuerza, la necesidad de crear una red integral de protección social.

Yo voy a votar a favor las enmiendas propuestas.

Creo que el sistema propuesto ni siquiera debería ser establecido mediante un proyecto de ley. Tal vez una glosa en el Presupuesto habría sido suficiente. Es un proyecto de información. Y quiero que eso quede muy claro para que no nos hagamos después la ilusión de que se creó una red integral de protección social, cosa que es completamente inexacta.

Así que, lamentando mucho la oposición de algunos a cambiarle el nombre para que represente lo que realmente es, vamos a votar a favor porque no hace daño, pero no es un gran proyecto.

Muchas gracias.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senador Insulza.

Continuamos...

El señor MOREIRA.-

Presidenta, Presidenta.

Me llamaron a votar.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Sí, Senador señor Moreira.

¿Cómo vota?

El señor MOREIRA.-

Voto a favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senadora señora Sabat, ¿cómo vota?

La señora SABAT.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

En la Sala ha solicitado la palabra la Senadora señora Rincón.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Tiene la palabra.

La señora RINCÓN.-

Señora Presidenta , justo había preguntado si podíamos intervenir.

La verdad es que el país está sufriendo una profunda crisis social. Miles de familias están afectadas por el desempleo, la caída de ingresos. Y este 2021, como lo revelan los datos económicos del primer trimestre, sigue siendo un año que presenta cifras absolutamente negativas.

Las familias de nuestro país necesitan ayuda, especialmente las de clase media y las vulnerables, y la única respuesta del Gobierno hasta ahora es un IFE 2021 en que se recortó la cobertura, como lo muestran los datos del mes de enero.

Según el INE, hoy día hay más de un millón de empleos menos en doce meses. Y tal como lo escucháramos en la mañana, más de 800 mil mujeres han perdido sus ingresos laborales remunerados.

Hoy el Gobierno nos trae un proyecto de ley denominado "red de protección social integral" que no tiene nada de protección y solo es un sistema de información de programas sociales.

En momentos de crisis social, no corresponde, ¡no corresponde! generar expectativas a la ciudadanía sobre algo que no existe. Ya lo vivimos en la sesión de la mañana: se requiere reformar el subsidio al empleo del Sence para que se focalice en mujeres, para que estas puedan recuperar los empleos perdidos. El IFE debe transformarse en una renta familiar básica, especialmente para las familias vulnerables y de clase media que hoy día están desempleadas, que han perdido sus ingresos o los han bajado notablemente, o que han caído en la informalidad.

Los problemas sociales, Presidenta , se enfrentan con nuevas políticas públicas, con mayor gasto fiscal y no anunciando una red de protección social que, tal como lo han dicho el colega que me antecedió en el uso de la palabra, el Senador Insulza, y el Presidente de la Comisión de Hacienda , Jorge Pizarro , no existe. No puede seguir un IFE en que se postula mensualmente vía internet cuando no tenemos conectividad digital en todas partes o cuando hay analfabetismo digital. Necesitamos que la Subtel también asuma ahí un liderazgo.

Hay familias que no pueden postular vía internet. Y aquí se insiste en construir plataformas informativas para familias vulnerables y lo que se necesita es que se inyecten recursos en ellas.

No nos quejemos de que se insista en medidas que no van a resolver los problemas, cuando el Gobierno, que es el que tiene que brindar las soluciones, nos presenta hoy día un sistema solo de información y no de protección.

Yo voy a respaldar lo que se ha hecho, pero creo que tenemos que partir por transparentar el nombre de esta iniciativa, que no es una red de protección, sino solo un sistema de información.

Gracias, Presidenta .

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senadora Rincón .

Señor Secretario , continuamos con la votación.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias, señora Presidenta .

Senador señor Soria, ¿cómo vota?

El señor SORIA.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senadora señora Allende, ¿cómo vota?

La señora ALLENDE.-

Señora Presidenta , voy a votar a favor, pero coincido en que el título del proyecto llama a equívoco. Es lamentable, porque la gente puede pensar que efectivamente estamos generando una nueva red o una red más real, porque la verdadera protección social en nuestro país no existe y se ha demostrado a plenitud, por desgracia, con ocasión de esta pandemia.

Por lo tanto, considero muy lamentable que se preste para este error, porque claramente se trata de una coordinación de información, que ojalá sea más clara y precisa.

Con todo, quiero señalar que no basta con tener una mayor coordinación de lo que pueden ser los diferentes programas o con facilitar el acceso a ellos si no nos hacemos cargo de la brecha digital que impide a muchas familias vulnerables acceder a los beneficios. Y eso es lo más lamentable.

Votaré a favor, porque, como decía muy bien el Senador Insulza, no hace daño, pero sí llama a equívoco. Y nos parece lamentable que no se haya querido cambiarle al menos el título al proyecto.

Voto a favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senadora señora Aravena, ¿cómo vota?

La señora ARAVENA.-

Señor Secretario , voy a votar a favor del proyecto.

En efecto, estamos estableciendo una plataforma intersectorial que va a permitir a las familias acceder de manera virtual, con mayor efectividad, y a través de los municipios también, porque no hay que pretender que todas las familias hacen los trámites solas, sino que muchas buscan redes de apoyo, y eso lo sabemos.

Por supuesto que existe una brecha digital y también una brecha de conectividad, que no tiene que ver solo con conocimiento, sino con que la tecnología no llega a los sectores rurales.

Pero, más allá de eso, esta es una buena iniciativa. No es negativa, todo lo contrario: va avanzando en la línea correcta, en lo que todos queremos, que es hacer más eficiente al Estado.

Por otro lado, me preocupa que aquí se diga que no hay una red de protección. Yo creo que siempre estamos al debe, sin duda. Pero señalar que no hay una red de protección es un poco extremo. Efectivamente, tenemos mucho que avanzar, pero Chile, en el contexto de Latinoamérica, y también como país en desarrollo y no una nación desarrollada, posee una red de protección que ha mejorado mucho en estos últimos treinta años. Y si no somos capaces de ver lo que hemos avanzado, es difícil seguir avanzando constructivamente.

Voto a favor del proyecto, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

La Senadora señora Aravena vota a favor.

Senador señor Bianchi, ¿cómo vota?

El señor BIANCHI.-

Gracias, señor Secretario , señora Presidenta .

Cuando nosotros vimos este proyecto en la Comisión de Gobierno yo hice algunos alcances, porque no hace otra cosa que establecer un sistema de información. Es eso.

Entonces, al momento de votar, uno tiene que transparentar lo que estamos haciendo. Aquí no hay una red de protección social. No, no es eso. Es simplemente un mecanismo de información para poder acceder a algunos beneficios. Y tampoco permite que muchos lugares de nuestro país puedan acceder, producto de lo que ya muchas Senadoras y muchos Senadores han señalado con respecto al problema de conectividad.

A mí me preocupa muchísimo lo que vamos a enfrentar en las próximas semanas o el próximo mes. Yo creo que todos tenemos clara conciencia de que por el incremento de las personas contagiadas, más allá de que tengamos las vacunas -cosa que, por cierto, nos deja en una posición algo menos preocupante-, va a haber muchas regiones que deberán entrar en cuarentena. Y se me ocurre que muchas comunas de Santiago y de otras regiones del país tendrán obligadamente que entrar de nuevo a este proceso. Ya lo han hecho también otros lugares en el mundo.

Entonces, ¿estamos frente a una red de protección social que podría permitir que una familia que entre en cuarenta, a la cual se le complique la situación de ingreso o que esté cesante, como sucede con miles de familias hoy día en nuestro país, pueda estar con algún grado de tranquilidad? No, no.

Y por eso es que incluso se está dando la discusión con respecto al tercer retiro, el cual, claro, puede parecer una locura, pero ¿qué estamos haciendo ante esta enorme necesidad de las personas de poder subsistir en lo que aún queda por enfrentar con respecto a la pandemia?

Yo le voy a volver a reiterar -Presidenta, por su intermedio- al Presidente Piñera que vaya más allá de grandilocuentes titulares. Yo voy a dejar a un lado a la Ministra . Yo la conozco y, por lo tanto, doy fe de su energía, de su entusiasmo, de su vocación, de su entrega, pero, claro, aquí el Presidente y el Gobierno establecen estos titulares grandilocuentes sin que esta iniciativa sea algo que efectivamente vaya en ayuda directa de miles de hogares que hoy día están pasando una situación extraordinariamente compleja.

Pero tenemos que votar a favor, porque por último permite acceso a información.

Pero no va a estar, ni tiene nada que ver con una red de protección social, como aquí se quiere presentar o hacer ver.

Así que lo voto favorablemente.

Ojalá el Presidente cuanto antes haga llegar a este Congreso medidas que con seguridad van a ser tremendamente necesarias para poder enfrentar la crisis que tendremos los próximos meses.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Gracias.

El Senador señor Bianchi vota a favor.

El Senador señor Kast solicitó adelantar su voto sin fundamentar.

Senador señor Kast, ¿cómo vota?

El señor KAST.-

A favor, Secretario .

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Araya, ¿cómo vota?

El señor ARAYA.-

A favor, Secretario .

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Coloma, ¿cómo vota?

Ahí tiene activado el micrófono.

El señor COLOMA.-

Pido fundamentar, Presidenta .

Muy brevemente quiero hacer tres comentarios.

Primero, a mí me llama la atención, sobre todo de las primeras intervenciones de algunos Senadores, cómo hay un ánimo de encontrar todo malo.

Creo que en todo hay un límite. Chile y el resto de las naciones del mundo están viviendo un momento muy complejo, difícil, que nadie lo esperaba, que nadie lo sabía. Y, en tal sentido, pienso que nuestro país ha hecho un esfuerzo gigantesco. Es curioso cómo en todos los rankings internacionales aparece Chile como una de las naciones que más esfuerzo ha realizado; incluso -y lo hemos planteado en otra ocasión-, con más de cincuenta medidas de distinta naturaleza y con el mayor porcentaje de gasto del PIB para justamente tratar, además, de salir de la situación con ayuda directa a las personas y con capacidad de reactivar el país.

Entonces, de repente oigo frases que a mi juicio buscan mucho más generar una sensación que tratar de traducir una realidad, ver qué hemos hecho entre todos. El Congreso ha efectuado un esfuerzo muy grande. Y en el Senado y en la Comisión de Hacienda, por más que nos critiquen, hemos realizado un esfuerzo muy significativo por tratar de canalizar los mayores recursos y las políticas públicas para salir adelante de esto, que nadie lo pidió, nadie lo imaginó, nadie lo buscó y que debemos asumir.

Pero de pronto uno oye frases descalificadoras de todo el proceso que francamente me parecen superinjustas.

Segundo, dentro de esa injusticia, una Senadora dice que "el Gobierno nos pone ahora este proyecto".

Les quiero informar que esto fue presentado el 2019, hace más de dos años. Entonces, no es que al Gobierno de repente se le ocurra incorporar una medida de distinta naturaleza: este era un proyecto que tenía por objeto justamente generar un esfuerzo que el mismo Parlamento ha planteado muchas veces. Y quiero revisar un informe anual de resultados, en que se señalan las acciones desarrolladas durante el año anterior; las dificultades enfrentadas en la implementación y el funcionamiento del sistema; las medidas para proponer el mejoramiento del mismo; la información estadística adicional, el cuarto objetivo.

Aquí, por un lado, cuando vimos el funcionamiento del IFE u otros sistemas que han ido a la vena de los problemas -siempre uno necesita más- se reclamaba la necesidad de tener una sistematización de la información, y se echaba de menos justamente que hubiera medidas que propusieran una mejor coordinación.

En eso estamos con este proyecto. Es exactamente lo que contiene.

Por lo tanto, si reclamábamos durante todo el año que necesitábamos esto, bueno, me parece que una vez que está uno tiene que de alguna manera valorarlo y no criticar.

Por último, Presidenta , con todo respeto, el nombre de este proyecto no lo propuso el Gobierno -se llamaba de otra forma-, sino la Oposición con el Gobierno en la Cámara de Diputados. Fue un acuerdo de la Cámara Baja en que hubo una gran influencia de los partidos de Oposición.

Ahí sí que uno queda como ¡plop!

Si la Oposición propone un cambio de nombre en la Cámara de Diputados y se acepta, y después en el Senado la Oposición reclama por el nombre propuesto en la otra Cámara y se dice que es una maniobra del Gobierno, ¡que alguien me explique!

Voto a favor.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Gracias.

El Senador señor Coloma vota a favor.

Senador señor Castro, ¿cómo vota?

El señor CASTRO.-

A favor, Secretario .

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor De Urresti, ¿cómo vota?

El señor DE URRESTI.-

Señor Secretario , voy a fundamentar mi voto, porque igual el Senador que me antecedió señaló algunos elementos que pueden llamar a equívocos.

El lenguaje va generando realidad, una sensación de lo que ocurre en este país: cuando se hace un proyecto de red de protección social.

Creo que en Chile hay beneficios, hay una serie de instituciones que colaboran, pero protección social no hay. Es precisamente lo que estamos viviendo con una situación desoladora de la ciudadanía puesta en esta pandemia que efectivamente no es responsabilidad del Gobierno de turno y que, sin embargo, ha sido de un manejo y una precariedad brutal: la posibilidad de perder el trabajo y no acceder a ningún tipo de cobertura; tener que sacar con fórceps prácticamente iniciativas de ayuda; la falta de focalización cuando es imposible el acceso a redes efectivas, al pago de arriendo o de colegiaturas, a la actividad económica, en fin.

Seamos claros.

Espero que este país en el debate constitucional que se dé entienda que una de las formas de salir de la inequidad, de la injusticia, de las desigualdades es establecer una red de protección social que permita construir un nervio, una estructura que posibilite al menos en salud, en previsión, en educación tener mínimos asegurados para todos los ciudadanos.

Entonces, también seamos claros en esto, y dejemos de compararnos y de decir: "Mira, internacionalmente estamos en no sé en qué ranking". Recorran su circunscripción, sus ciudades, conversen con la gente y entiendan que esas estadísticas de poco sirven a nivel local cuando ven el dolor que están sufriendo miles, millones de personas.

Dejemos la autocomplacencia. Yo no ataco ni al Gobierno de turno ni a nadie; sin embargo, esta sociedad, este país ha de avanzar a tener efectivamente una red de protección social. Pero esta es una plataforma de comunicación.

Además, quiero aprovechar, ya que vamos a establecer esta red, esta integración, de decir que hagamos el esfuerzo en materia de conectividad. Este es un país que tiene los pies de barro. Hablamos de...(falla de audio en transmisión telemática)... localidades en Chile en que no hay conexión de internet. Solo en la Región de Los Ríos, que me toca representar, hay 275 localidades que no tienen internet, que carecen de conectividad, dicho por la propia Subsecretaría de Telecomunicaciones.

Por consiguiente, queda mucho por hacer.

Yo me voy a pronunciar a favor. No voy a generar una polémica. Pero también dejémonos de autocomplacencia; hagamos el esfuerzo de contar con una red de protección social, con contenido y que garantice los derechos, o poder capear de mejor manera estas situaciones, como la pandemia u otros golpes de la naturaleza que igualmente se provocan en nuestro país, y avancemos al menos en conectividad digital, que es algo importante para que este tipo de iniciativas tengan correlato a lo largo de todo Chile.

Voto a favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

El Senador señor De Urresti vota a favor.

En la Sala solicitó la palabra el Senador señor García.

El señor GARCÍA .-

Señora Presidenta , en primer lugar, quisiera darle una explicación a la Sala en relación con la indicación que presentó el Senador Pizarro sobre el cambio de nombre del proyecto.

No hemos accedido a ella -se lo expliqué personalmente-, porque el nombre que trae el proyecto fue acordado en la Cámara Baja con los Diputados de Oposición.

Entonces, con el propósito de respetar ese acuerdo le hemos pedido al Senador Pizarro su comprensión. ¿Y por qué no hemos accedido a dar la unanimidad para que se vote la indicación de cambio de nombre? Este proyecto venía con otro nombre originalmente: era "Red de Protección a la Clase Media", y por un acuerdo en la Cámara de Diputados se convino que fuera "Sistema de Red Integral de Protección Social".

Dicho eso, señora Presidenta, anuncio mi voto a favor de estas normas.

Por supuesto que esta red de protección social la hemos venido construyendo a través de muchos años distintos gobiernos; distintas iniciativas que se han ido incorporando para ir en protección de nuestras familias.

Durante el primer Gobierno del Presidente Piñera se hizo lo propio. Ahora se ha realizado exactamente lo mismo, dentro de lo que permiten las disponibilidades fiscales, evitando que el país entre en un endeudamiento exacerbado.

Ciertamente se ha hecho mucho a lo largo de los años. Y también hay que decirlo: ¡falta mucho! Y tenemos que ir construyendo aquello día a día, ir avanzando, ir entregando mayor seguridad y mayor protección a nuestras familias.

De eso se trata este proyecto, de que la información de esa red social esté en línea; que esa información la conozcan todas las familias, y que se facilite el acceso a los distintos beneficios y subsidios del Estado.

Por las razones que he señalado, señora Presidenta, voto a favor de estas normas.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Senador señor García-Huidobro, ¿cómo vota?

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-

Voto a favor, señor Secretario .

Solamente quiero reiterar un poco lo que manifestó el Senador Coloma.

Creo que este país ha sido uno de los que más ha apoyado a la gente que más ha sufrido. Sin duda, todo no ha sido perfecto; nadie planificó la pandemia; esta es una situación que nos está afectando día tras día, y, por lo tanto, pienso que en ello hay que ser más positivo que negativo.

Porque se toman instrumentos como el apoyo que vamos a establecer hoy día mediante este proyecto, que en el fondo es algo que todos los sectores políticos estaban planteando. Esta iniciativa surge justamente de la necesidad de tener mayor información y de contar con un sistema para que el Ministerio pueda trabajar de mejor forma en la focalización.

Por lo tanto, aquí quiero valorar el esfuerzo que también han hecho el Congreso y el Gobierno para ir en apoyo de quienes más lo necesitan y que lo van a seguir requiriendo.

Sin embargo, me parece que el ambiente de crítica permanente no le hace bien al país. Tenemos que entender que acá nos hallamos ante una situación grave, de emergencia y que lo que debemos hacer es sacarla entre todos para delante.

Tengo claro que la crítica barata acercándose a elecciones tan importantes como las de los constituyentes, de alcaldes, y el día de mañana de parlamentarios y de Presidente de la República , es un incentivo para tratar de golpear el esfuerzo que hacen todo el país y el Gobierno especialmente con el fin de ir solucionando en la medida de lo posible, la situación que hoy vivimos.

Por eso voto a favor, y lamentando lo que está pasando, porque con un ambiente así al país no le va bien.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

El Senador señor García vota a favor.

En la Sala solicitó la palabra la Senadora señora Provoste.

La señora PROVOSTE.-

Señora Presidenta , junto con el Senador Jorge Pizarro presentamos una indicación a este proyecto, porque, más allá de haber escuchado las explicaciones del colega José García Ruminot , nos parece que cuando se intenta desvirtuar la credibilidad de las instituciones colocando encabezados que no se condicen con lo que efectivamente busca hacer esta iniciativa de ley es una situación compleja.

Aquí el Estado dice que está creando una cosa que no es, y eso les genera expectativas a las personas. Cuando van a pedir los beneficios de esas promesas se dan cuenta de que es un engaño. Eso deslegitima a las instituciones y a la democracia, y el Congreso debe pensar si se hace cómplice o deja pasar por alto cuestiones como esta.

Presidenta, la situación sanitaria que enfrenta el país como consecuencia de la pandemia derivada del COVID ha sido de suma complejidad desde sus inicios, lo que se expresa en una alta proporción de población que hoy día está contagiada; de gente que ha perdido la vida, en que se vive la presión casi permanente sobre los servicios de salud.

Ello ha implicado la necesidad de adoptar un conjunto de medidas que no han demostrado ser suficientes para controlar la pandemia, pero que sí se han traducido en restricciones al desarrollo de las actividades económicas, con consecuencias en pérdida del empleo y en la baja de los ingresos de las familias.

Entonces, Presidenta , luego de haber dejado atrás momentos bien críticos de la pandemia, que se observaron entre los meses de mayo y julio del año pasado, lo que se conoce como "la primera ola de contagios", a partir de diciembre del 2020, y ya en esta época, se aprecia nuevamente un aumento bastante sostenido e importante en el número de contagios, dando así inicio a una segunda ola de contagios que amenaza con ser de una magnitud similar o superior a la registrada en la primera ola.

Todo parece indicar que esta crisis sanitaria, con sus consecuencias económicas y sociales, no va a dar respiro a los chilenos y chilenas hasta que se logre la vacunación de una proporción significativa de la población, lo que en el mejor de los casos va a ocurrir, como lo ha señalado el propio Ministro de Salud , Enrique Paris , a fines del primer semestre de este año.

Desde la perspectiva económica, la pandemia ha implicado que la economía de nuestro país haya entrado en una recesión técnica, un crecimiento económico negativo por dos trimestres consecutivos. Durante el trimestre de abril, mayo, junio conocimos recientemente el Imacec, que incluso da cuenta de aquello.

En materia de empleo y de desempleo, que es lo que impacta más directamente en los ingresos de la mayor parte de los hogares de los chilenos, el deterioro ha sido significativo: los últimos 12 meses, dato que ya está disponible en los resultados del INE, dan cuenta de la pérdida de más de 1 millón 700 mil empleos. Y eso se ha ratificado también, como lo vimos esta mañana en la sesión especial, por instrumentos como el que realiza la propia Universidad Católica.

Entonces, las perspectivas sanitarias, económicas de empleo son complejas; y los apoyos anunciados por el Gobierno, engorrosos: un sistema de apoyo económico a las familias que da cuenta de un interés principal más bien en ahorrar recursos públicos y no en apoyar a las familias que lo requieren en las actuales circunstancias.

Lo que hoy se pretende presentar como una red de protección social no es otra cosa que una plataforma que sigue en un modelo que en nuestra opinión es errado. Porque si esta pandemia ha desnudado las desigualdades, claramente las desigualdades en el acceso a la conectividad son una realidad. Sin embargo, este Gobierno insiste en que las postulaciones a los beneficios sociales se hagan a través de internet, desconociendo esta realidad.

Solo en el Ingreso Familiar de Emergencia durante el mes de enero tuvimos una caída de 33 por ciento respecto de las familias que habían postulado en el mes anterior. Y esto porque el Gobierno insiste en que esas iniciativas se deben pagar a través de internet.

Le pido un minuto adicional, Presidenta .

Considero necesario que valoremos que se establezcan nuevas ayudas económicas a las familias, lo que se requiere debido a la situación actual y a las perspectivas que son altamente necesarias; pero aquí se hace urgente que realmente se reconozca que la extensión de los beneficios no se condice con las perspectivas de extensión de la crisis; que la calidad de la información de las comunas de residencia de las personas y familias tampoco es la óptima para tomar buenas decisiones; que hay un desfase de la información de la realidad de las comunas y las dinámicas de cambio y perspectiva, y que además en nuestra opinión es un error establecer una diferenciación por situación de las comunas según etapas del Plan Paso a Paso, lo que significa no entender el funcionamiento de los territorios.

Por lo tanto, creemos que hoy día establecer un nuevo Ingreso Familiar de Emergencia en similares condiciones a lo planteado el año 2020 es más adecuado que en una lógica equivocada de no reconocer las brechas digitales de acceso a la conectividad.

Presidenta, esta es una mala iniciativa que no responde a las demandas de la ciudadanía y que, a través de un título engañoso, pretende ser algo que no es.

Por lo tanto, ¡prefiero abstenerme que ser parte de...!

Dejémoslo hasta ahí.

Me abstengo, Presidenta .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Senador señor Huenchumilla, ¿cómo vota?

El señor HUENCHUMILLA.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Montes, ¿cómo vota?

El señor MONTES.-

Presidenta, hace rato le pedí la palabra.

Pero quiero hacer algunos comentarios sobre esto.

Yo me abstuve en el primer artículo y voté a favor del resto. ¿Por qué a favor de lo procedimental? Porque nos planteó una plataforma para facilitar el acceso a la información y la vinculación con los datos problemáticos.

¿Es primera vez que se hace esto? No es primera vez. Antes se sacaba un manual y guías que se entregan a todos los dirigentes a lo largo del país; después vino ChileAtiende, y ahora, una ventana más especializada, que me parece algo puede significar.

Yo me abstuve en el artículo 1 por lo que acá se ha dicho: aquí hay un título que está en el referido artículo que no refleja lo que es el proyecto. No hay ningún programa nuevo de protección social. ¡Nada nuevo! O sea, esto no es una red integral de protección social.

La iniciativa no me parece un aporte muy significativo a las facultades ni a las responsabilidades del Ministerio. Hay un avance al crear este instrumento para cumplir una función de vincularse con la sociedad; pero podría no haber sido hecho por ley y, por último, podría haberse puesto en marcha.

El Ministerio tiene a cargo por ley, ¡por la ley que cambiamos!, la administración, la coordinación, la supervisión y la evaluación de la implementación de todo el sistema interministerial de protección social.

¿En qué consiste ese sistema intersectorial de protección social? Tiene tres subsistemas: uno, el de seguridad y oportunidades; otro, el de Chile Crece Contigo, que es el más potente y fuerte; y otro que consiste en un subsidio nacional del cuidado. Ese es el conjunto y de esto debe preocuparse.

Aquí se plantea dar ese paso, que en algo puede aportar. No es un paso copernicano, como le gusta decir a un Senador de esta Sala. La verdad es que no es eso.

Creo que la parte que corresponde a la evaluación es muy pobre, porque con todos estos datos va a surgir la necesidad de una evaluación.

Yo reivindico lo que hizo Felipe Kast cuando fue Ministro de Desarrollo Social , porque generó la obligación de elaborar un informe anual para evaluar los programas. Yo normalmente leo esos textos, y considero que han ido mejorando en algunos aspectos y empobreciéndose en otros; pero dichos informes también hay que vincularlos a todo esto.

Quiero hacer tres comentarios, a partir de esta opinión.

El proyecto inicial era distinto: se llamaba "de Clase Media Protegida". Primero, el Ministerio agregó a lo que ya tenía, los conceptos de equidad y vulnerabilidad, el desafío de las familias en las últimas reformas, y ahora busca ampliarse a la clase media, porque se dice que, si bien no son un grupo vulnerable, una parte se encuentra en riesgo caer en la vulnerabilidad.

Por lo tanto, el proyecto original decía que se trataba de disminuir la inseguridad que enfrenta la clase media, sin entregar nuevos beneficios.

En fin, no había oferta.

¿Cómo abordar la protección a la clase media, además del conjunto destinado a los sectores populares? Esto no lo resuelve ni el proyecto inicial ni este informe, porque acuérdense de todo lo que se dijo, que esto iba a proteger a la clase media; acuérdense de los discursos del Presidente , del Ministerio. Estoy hablando de hace varios años para atrás.

Lo concreto es que falta una estrategia clara para mitigar la volatilidad de los ingresos para ciertos hogares.

Y lo que hemos dicho, una y otra vez, hoy día lo reiteramos: la necesidad de una renta básica universal es una propuesta más seria y con mayores potencialidades. Hoy día es una propuesta de las Naciones Unidas, que en distintos países se está estudiando. Avancemos en eso.

Un segundo comentario.

El 2020, como aquí se ha dicho, fue un año muy exigente. Hubo vacilación y confusión en la protección social. Aún no tenemos un balance de lo que ocurrió el 2020. Le quiero decir a la Ministra que, cuando discutimos en otra iniciativa la necesidad de que el Ministerio tuviera a corto plazo un balance rápido y después un balance global, está pendiente que se nos entregue al menos -a lo mejor existe en alguna parte- ese balance global respecto del 2020, no solo de los IFES, sino de todo.

Es fundamental que el Ministerio de Desarrollo Social lo haga.

Y queremos saber a cuántas familias se atendió y a cuántas no; cuánto fue el aporte por familia en cada uno de estos casos y cuántos meses se les protegió; cuál fue el costo total y cuántas familias quedaron sin apoyo. Eso es fundamental y no lo sabemos.

Puedo decirles, según los datos que he logrado recabar, que el IFE que significó un mayor aporte fue el sexto, que correspondió a 106 mil pesos por familia, para no exagerar.

Entonces, yo le diría al Senador que siempre dice que esto es copernicano que solo fueron 106 mil pesos por familia para 3 millones 419 mil familias Y el IFE con mayores recursos fue el IFE 4, que correspondió 185 mil pesos por familia. Si no hubiera sido por los dos retiros del 10 por ciento de las AFP, la verdad es que probablemente esto habría sido mucho mucho más profundo. El retiro de esos fondos amortiguó bastante la situación.

Presidenta, le pido un minuto adicional para terminar.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Se le otorgan los minutos, Senador Montes.

El señor MONTES.-

Gracias, Presidenta.

Entonces, creo que es bien importante tener claro que este Gobierno heredó un sistema de Registro Social de Hogares que buscaba enfrentar mejor esta situación. El año 2020, al comienzo de la pandemia, había 5 millones 400 mil familias en el Registro Social de Hogares ; ahora en febrero terminamos con 6 millones 500 mil, o sea, aumentó en forma importante el número de familias: ochocientas y tantas mil para acceder.

Por lo tanto, yo pediría rigor.

Ahora necesitamos, más que nunca, saber más y, además de todo, quiero pedirle al Gobierno que nos dé claridad. ¿Qué está pasando hoy día con las familias? Se nos está pidiendo un nuevo retiro del 10 por ciento, porque responde a ciertas necesidades. Y la verdad es que no queremos llegar a un nuevo 10 por ciento, pero sí queremos responder a las necesidades de las familias, y ese diagnóstico no lo tenemos.

El tercer comentario que quiero hacer dice relación con los vacíos en la oferta programática del Estado, porque hay vacíos.

El año pasado nos gastamos 4.200 millones de dólares, de los cuales más de la mitad fue recorte presupuestario. Pero necesitamos ver qué hacemos, porque hay una parte de la oferta programática en que no existe respuesta. En todo lo relacionado con los adultos mayores, valentes y no valentes, no tenemos respuesta, más allá del Hogar de Cristo, de cierta fundación y de algunos programas muy aislados. En discapacidad no tenemos respuestas. En salud mental hoy día, que es un problema importante, se acaban de aumentar 300 millones para todo Chile en todas las dimensiones, pero no tenemos respuesta. En materia de drogas y sus efectos no tenemos respuesta.

En cuanto a vivienda, hace mucho tiempo que no teníamos tantas tomas a lo largo de todas las ciudades del país, sobre todo las más grandes, porque hoy día no está funcionando el programa de vivienda para los sectores de más bajos ingresos.

Por último, una cosa que es bien importante: los funerales. En Chile no existe un sistema de protección social en esa línea. Eso también se mercantilizó y hoy es carísimo morirse. Por lo tanto, tenemos que rediseñar ese sistema.

Yo no comparto lo que algunos han planteado acerca de que no hay protección social. Existe un sistema de protección social con grandes falencias, con grandes vacíos, que debiera ser corregido, perfeccionado y proyectado hacia adelante.

Esta es una iniciativa moderada, que tiene un aporte bien parcial.

Ojalá que funcione, pero la discusión real es otra y esa tenemos que hacerla en su momento, porque no la pudimos realizar a propósito del debate presupuestario, puesto que este año, estimados señoras y señores Senadores, el Gobierno se encuentra en una política de austeridad cuando tenemos plata. Tenemos una capacidad de endeudamiento alta; estamos llegando recién al 34 por ciento y tenemos fondos soberanos. ¡8 mil 555 millones de dólares en fondos soberanos!

Tenemos capacidad en protección familiar, en protección a la pyme. En inversión podemos dar pasos mucho más fuertes en adelante, y sería bueno que eso también lo discutiéramos, porque la verdad es que estamos siendo tremendamente conservadores en la manera como estamos enfocando estos temas.

Gracias, señora Presidenta.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

¿Cómo vota, Senador?

El señor MONTES.-

Voto a favor de estos artículos.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

En la Sala ha solicitado la palabra el Senador señor Sandoval.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Tiene la palabra el Senador David Sandoval.

El señor SANDOVAL.-

Muchas gracias, señora Presidenta .

Creo que si hay algo que no puede desconocerse en nuestro país es que en la diversidad de programas, acciones y políticas existe una profunda, ¡profunda!, descoordinación entre los diferentes actores. Muchas veces, incluso, se duplican funciones similares en distintos servicios públicos de diferentes Ministerios con programas abocados para el mismo objeto. Sin duda, la descoordinación ha sido un factor importante en la pérdida de recursos, en la duplicidad y en otras tantas cosas más.

Por eso, resulta extraño que durante la discusión algunos de los presentes reparen en un tema semántico, de nomenclatura, de títulos. El título refleja sintéticamente lo que es el proyecto, el contenido. Y esto es un sistema, una red integral de protección. ¿Qué es lo que hace? Sistematizar la información. ¿Y para qué? Para que los usuarios de nuestras comunidades, nuestros vecinos y nuestras vecinas a lo largo del país, puedan tener una plataforma de acceso expedita, clara, precisa, como bien dice el texto.

¡Miren los objetivos de este sistema! Pareciera ser que algunos no los han leído y se han quedado con la discusión respecto de si el título es o no pertinente. ¡El título señala de lo que realmente trata el proyecto!

¿Y qué es lo que busca? El texto dice: coordinar intersectorialmente la oferta programática vigente; entregar información y orientación clara, oportuna y personalizada de esta; simplificar su acceso mediante la integración de trámites asociados a los diversos beneficios y el seguimiento de casos.

¿Ustedes creen que nuestra comunidad no estará un poco mareada con la Ley de Protección al Empleo, con el bono COVID-19, con el Ingreso Familiar de Emergencia, con la Ley de Crianza Protegida, con el subsidio al empleo, con el subsidio Protege, con el programa Mujer Digital, con el proyecto de empleabilidad para mujeres jóvenes?

¡Cuántos vecinos y vecinas de nuestras comunidades no pueden acceder a una información expedita, de calidad, porque precisamente tenemos esa falencia!

Y este proyecto persigue ese absoluto y claro objetivo.

Por eso, esto no es engañoso, como han expresado aquí algunos Senadores. ¡Está bueno ya que los Senadores empecemos a poner el diálogo en la dimensión que corresponde! Estamos creando leyes para el país, para perfeccionar, para mejorar.

Aquí se ha dicho "Hay que salir a la calle y ver qué está pasando". Efectivamente, la gente lo está pasando mal. ¡Quién no lo puede saber!

Por eso, además de llamar a un diálogo distinto, que necesitamos con urgencia, debemos ser capaces de ponernos de acuerdo. Por un lado estamos convocando a la sociedad chilena a construir una nueva Constitución, que genera necesariamente un espacio, pero nosotros no somos capaces de hacerlo en tramitaciones de leyes que evidentemente resuelven los problemas que tenemos en nuestra estructura de organización.

Y respecto de los conceptos "engañosa" y "maliciosa", creo que estamos lejos de algo de esa naturaleza. Aquí no hay más que un proyecto cuyo propósito es permitir el acceso a las redes de beneficios del Estado a través de una forma y una modalidad precisa y clara, de una presentación sencilla para la gente.

Pienso que eso es lo más esencial de este tema. Todas las falencias que adicionalmente tiene el país uno no las va a resolver con esta ley, como los problemas de acceso a las redes de internet.

Nosotros mismos estamos en este minuto con lo de la fibra óptica austral en pleno proceso de implementación. Evidentemente que esta propuesta no se hace cargo de esa realidad, pero sí de una parte que es mucho más sustantiva e importante: permitir que a través de un sistema nuestra comunidad pueda acceder, pese a todas las dificultades que existan, con expedición, con claridad, con sencillez, a la red de protección que tenemos en nuestro país.

Como aquí bien se ha señalado, hay mucho camino todavía que recorrer.

Pero no nos podemos poner en esta disyuntiva, porque a veces las palabras, los conceptos no son el fondo del tema. Aquí tenemos una norma, una ley que se hace cargo de una realidad, cual es que en nuestro país ciertamente -y hemos sido todos testigos- existe una diversidad de servicios que a veces, con diferentes programas, apuntan al mismo objetivo.

En consecuencia, opino que este proyecto da una respuesta clara. Es un sistema de red integral de protección, tal como lo señala su título, que se hace cargo absolutamente de su contenido. No pretende otra cosa, ni mucho menos, ¡ni mucho menos!, como alguien dijo acá, engañar a la comunidad. ¡No! Se hace cargo de una realidad.

Voto a favor, Presidente .

Muchas gracias.

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador Jaime Quintana.

El señor QUINTANA.-

Señor Presidente , he escuchado atentamente toda esta discusión, y la verdad es que me hace mucho sentido un planteamiento que señaló hace un rato la Senadora Yasna Provoste , porque me parece que en medio de la pandemia, donde hay tantas carencias, tantas dificultades en los programas de asistencia a los sectores medios y también a los sectores más necesitados, el que se nos traiga un proyecto que tiene un título tan grandilocuente como este de "Sistema Red Integral de Protección Social", como si esto no existiera -reitero: como si no existiera-, a mí francamente me violenta un poco.

Por cierto, estamos votando y ya no hay mucho que hacer desde este punto de vista. Había una propuesta del Senador Pizarro en orden a efectuar un cambio de nombre al proyecto.

Entonces, cuando se ve una propuesta tan grandilocuente como esta, uno incluso se proyecta y dice: "Cómo va a ser la promulgación de esta ley por parte del Presidente Piñera".

Por lo tanto, yo sería cuidadoso en estos temas porque hay muchos chilenos que lo están pasando mal en esta pandemia, la que, como se ha dicho aquí, tiene que ver con una crisis social y sanitaria; pero primero es social antes que sanitaria. Está muy bien lo que se ha hecho en materia de ayuda hospitalaria -la vacunación, desde luego-, pero la primera respuesta es social.

Ahora bien, el problema es que todo esto que se nos plantea ya existe.

Reitero: he escuchado atentamente a todos los colegas, y creo que estaría faltando a la verdad si dijera que he visto a alguien de las bancas de enfrente, incluso a quienes integran la Comisión de Gobierno, de la que uno de sus miembros ha defendido con mucho ímpetu este proyecto -uno, ni siquiera los cinco; con los dedos de la mano-, señalar una sola línea de acción, de protección concreta nueva que esté creando este proyecto. ¡No hay ninguna, Presidente ! ¡No hay ninguna línea de acción! Yo no veo ningún programa nuevo, ¡ninguno!, ninguna prestación social para la clase media. ¡Cero! ¡Ninguna! ¡Ninguna medida específica para la clase media!

Entonces, cuidado.

Me pregunto si alguien a lo mejor en el segundo piso de La Moneda -porque debe haber gente muy creativa ahí- ha debido convencer al Presidente de que apostando, como todo es comunicacional -y eso tiene cosas buenas y cosas malas-, se logra quizá recuperar puntos perdidos en la adhesión al Presidente, a La Moneda. No tengo idea.

Pero, francamente, traer este proyecto acá me parece una falta de empatía con el país, con la gente más necesitada.

En verdad, me hacía mucho sentido el planteamiento del Senador Pizarro de haber cambiado el nombre del proyecto, pero votarlo así como está, porque es inocuo, no me parece.

Insisto: tenemos que pensar en esa gente que lo ha pasado mal, a la cual no le estamos dando ninguna respuesta.

Uno mira, escucha, relee este proyecto y la única conclusión a que llega es que lo nuevo puede ser tal vez lo del rango legal. Probablemente, la Ministra , que nos está acompañando en la sesión también y que ha hecho un gran esfuerzo en el aspecto social, como también en materia indígena -hay que reconocerlo; ayer estábamos viendo precisamente lo del feriado indígena-, tiene dificultades para coordinar desde el Ministerio de Desarrollo Social con los distintos Ministerios.

Seguramente, este Sistema Red Integral de Protección Social, que ya existe, después de despachado este proyecto -con fuegos artificiales, me imagino-, lo que va a conseguir tal vez será darle una facilidad al Ministerio de Desarrollo Social para que los otros Ministerios se puedan articular y coordinar de mejor manera.

Reitero: aquí no estamos haciendo nada con la igualdad de oportunidades, nada nuevo con el Chile Crece Contigo. Ni siquiera esto es burocracia, porque alguien podría decir: "No, este es un proyecto que trae más burocracia". ¡No! Es "plataforma", como describió la Senadora Provoste hace un rato. ¡Plataforma! ¡Pero si ya vimos que la plataforma falló en educación, ha fallado en los IFE y en un montón de cosas! No todo el país tiene la conectividad de Vitacura. ¡No! Yo no me canso de decirlo: Chile, país digital, muestra que hay comunas -por ejemplo en mi Región, La Araucanía-, cuya conectividad es cinco o seis veces inferior a la de cualquier comuna de la Región Metropolitana.

Y se han ofrecido todo tipo de proyectos para revertir eso a través del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones. ¿Pero qué se hace? Sería bueno que entráramos a discutir en serio esto, porque en la Ley de Presupuestos fue motivo de un tremendo debate, sobre todo a nivel de educación.

A veces hacemos que lleguen más tablets, más computadores. ¿Pero para qué si no hay posibilidades de iluminar los sectores porque no se han tomado decisiones adecuadas?

Aquí se entrega esa situación a grandes empresas de telecomunicaciones que dejan los puntos troncales en cada comuna y hasta ahí llegan. Pero posibilidad de abrir espacios de internet en los sectores rurales, en La Araucanía, en las comunidades, en Los Ríos, en Los Lagos, ¡ninguna! Y por eso la brecha no se reduce.

Yo, francamente, creo que si hubiera una idea concreta positiva para poder decirles a los chilenos: "¿Saben qué? Por lo menos, con este proyecto rimbombante, grandilocuente, ganamos esto. ¡Bien!". Y yo correría con mi voto. Pero no me puedo prestar para algo que no trae ningún beneficio adicional en tiempo de pandemia.

Me abstengo, Presidente .

Gracias.

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador Durana.

El señor DURANA.-

Señor Presidente , este proyecto de ley va a permitir que exista una adecuada coordinación de la oferta programática entre los diversos sectores dependientes del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, con el objetivo de proteger a las personas y familias frente a eventos adversos. Muchos, los de sectores vulnerables, tienen la información a la mano, saben cómo pueden acceder; pero también hay un sector importante al que esto está dirigido y que puede llegar a una situación de vulnerabilidad. No me cabe la menor duda de que así ha ocurrido producto de esta pandemia. Son personas que han salido de ahí y que están en la clase media, pero en una clase media en función de su trabajo, de sus oportunidades laborales, y que muchas veces, debido a la pérdida de su fuente laboral, caen obviamente en una condición de vulnerabilidad.

Y, por lo tanto, este proyecto tiene la voluntad de que los esfuerzos que realiza el Estado se vean reflejados en la recepción de las ayudas necesarias por parte de las personas, grupos o familias que se hallan en situación de vulnerabilidad o de quienes en algún minuto, a raíz de cualquier situación, pueden llegar a estar en esa condición.

El objetivo finalmente es garantizar una información clara y oportuna de los beneficios que les asisten y, por cierto, simplificar el acceso a ellos.

Es por eso que este proyecto de ley está orientado a la implementación de un adecuado sistema de gestión, para que la ayuda social llegue pronta y oportunamente a quienes más lo necesitan.

Se trata de un proyecto que permite identificar las ayudas sociales a través de una coordinación interministerial, con un especial objetivo orientado también a la clase media, donde hay personas que, lamentablemente, muchas veces no saben acceder a un conjunto de beneficios para enfrentar aquellos eventos adversos o contingencias que ponen en riesgo su progreso y/o bienestar. Obviamente, apunta a simplificar el acceso a los beneficios.

Este proyecto de ley se enmarca en una serie de iniciativas que permiten enfrentar un evento de salud de alto costo; un problema de cesantía; situaciones de personas mayores con dependencia; de la víctima o familiares de víctimas de un delito violento; soluciones habitacionales, buscando fortalecer el subsidio para sectores medios aumentando sus montos, o incluso algo permanente que se da, como es la dificultad para pagar la educación superior.

Estamos claros de que hoy día no se reconoce todo el esfuerzo que el Gobierno hace en materia social, y desde esa mirada, creo que tenemos que buscar una fórmula que permita efectivamente, a través de la visión de un Estado moderno y cercano, con una modalidad 24/7, dada la posibilidad de recibir orientación y de gestionar trámites mediante algo que cada vez será mucho más normal, como es el acceso a conexión de internet. Uno de los principales compromisos que ha asumido este Gobierno es, en la medida de lo posible, proteger y fortalecer a la clase media, porque me parece que este es, de verdad, el sector en el cual debemos fijar nuestros reales y verdaderos objetivos.

Voto a favor.

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).-

Gracias, Senador.

Tiene la palabra el Senador Alvarado.

El señor ALVARADO.-

Muchas gracias, señor Presidente.

Quisiera, por su intermedio, tratar de responder la pregunta que nos realizaba el Senador Quintana: explicar en qué consiste este proyecto y qué beneficios nos trae.

Indudablemente, una red de protección social es amplia, y corresponde a todo Gobierno profundizarla e ir en ayuda de la población más vulnerable. Tenemos diversos programas que han ido surgiendo aisladamente en diferentes Administraciones, y que muchas veces los tenemos con presupuesto, los informamos, pero aún muchas personas no acceden a ellos, fundamentalmente porque no saben cómo hacerlo.

En consecuencia, lo que hace este proyecto es integrar esa red de protección social; es hacer que los diversos programas conversen entre sí; es colaborar, ayudar, coordinar, para que efectivamente aquello que se resuelve a través de diferentes leyes o programas presupuestarios pueda ser efectivo para la población de grupos más vulnerables.

Por lo tanto, qué beneficios nos trae un proyecto de ley como este. Primero, hacer que las personas no vayan de oficina en oficina buscando respuesta a sus problemas; concentrar esto en una unidad técnica especializada que les permita encontrar ahí una respuesta única, independientemente de la aflicción que tengan. Eso, indudablemente, hace que la ayuda pueda llegar más rápido, permite que las personas dispongan de tiempo adicional para realizar otras cosas, encontrando solución rápida en esta secretaría técnica coordinadora, y posibilitar, de una forma u otra, que los proyectos sociales aprobados en diferentes Gobiernos sean efectivos, eficaces, lleguen a las personas más vulnerables, y no queden en el vacío, producto, o de falta de información, o de no saber cómo operar.

Por consiguiente, considero que estamos ante una iniciativa acertada, oportuna, y que apunta especialmente a proteger a aquellas familias que sufren situaciones de vulnerabilidad.

He dicho, señor Presidente.

Voto a favor.

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).-

Gracias, Senador.

Señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

El señor QUINTEROS ( Vicepresidente ).-

Cerrada la votación.

El señor GUILLIER.-

Perdón, señor Presidente , parece que me saltaron, porque yo no voté.

El señor QUINTEROS ( Vicepresidente ).-

Perdón, Senador. Tiene toda la razón.

Vote, entonces.

El señor GUILLIER.-

Sé que no fue una omisión intencionada.

Permítame hacer una pequeña observación.

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).-

Por supuesto.

Tiene la palabra, Senador.

El señor GUILLIER.-

Muchas gracias, Presidente.

Creo que el debate no es menor porque, en un país que tiene una crisis de confianza y credibilidad, es bueno que los proyectos de ley que se aprueben tengan un título para que la gente identifique fácilmente de qué tratan y no se presten a confusión.

Pienso que el proyecto es bueno. Resuelve o ayuda a resolver un problema práctico. En mi oficina parlamentaria lo que más recibimos son consultas de gente que pide ayuda porque tiene problemas en distintos ámbitos sociales y no sabe qué hacer. Y muchas veces tienen derechos y hay programas que los atienden y a los cuales pueden acceder, pero no saben cómo hacerlo. No es un tema menor. Necesitamos crear un sistema computarizado, digitalizado, aun cuando muchos chilenos todavía no accedan a estas plataformas. Pero, en un Estado moderno, resulta indispensable concentrar toda la información para que la gente pueda saber exactamente, en forma personalizada, a qué puede acceder y a qué no.

A todos se nos facilita la pega si existe este sistema. Así que creo que el programa cubre una necesidad y es parte de una ayuda efectiva a la familia. Es importante que existan soluciones, pero también que la gente tenga una manera más amistosa de acceder a una información que le diga qué debe hacer y dónde efectuar su solicitud. Y si lo puede realizar a través de internet, tanto mejor. Y aunque algunos todavía no saben manejarse en esos sistemas -situación que se irá resolviendo gradualmente-, aquello por lo menos descomprime la atención en las oficinas públicas.

Me parece que estamos ante un buen proyecto que hay que aprobar. Lo otro quedará para la historia. Habríamos podido proponer algo así como una red integral de información social; hubiera estado más apegado a lo que pretende el proyecto, pero bueno: así está saliendo no más y creo que hay que aprobarlo.

Muchas gracias, Presidente .

El señor QUINTEROS ( Vicepresidente ).-

A usted, Senador Guillier.

Resultado de la votación.

--Se aprueba en particular el proyecto (39 votos a favor y 2 abstenciones), y queda despachado en este trámite.

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Rincón, Sabat, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Alvarado, Araya, Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Kast, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Moreira, Ossandón, Pizarro, Prohens, Pugh, Quinteros, Sandoval y Soria.

Se abstuvieron la señora Provoste y el señor Quintana.

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).-

Despachado el proyecto. Pasa a tercer trámite en la Cámara de Diputados.

La Ministra Karla Rubilar tiene la palabra.

La señora RUBILAR ( Ministra de Desarrollo Social y Familia).-

Muchas gracias, Presidente .

Por su intermedio, saludo a los Honorables Senadores y Senadoras.

Quiero partir agradeciendo, a nombre del Gobierno del Presidente Piñera; de quien me acompaña, el Subsecretario de Servicios Sociales , Sebastián Villarreal , y de nuestro Ministerio de Desarrollo Social, una votación que nos permite avanzar en este proyecto de ley, el cual, tal como aclararon el Senador García Ruminot y el Senador Coloma, se inicia en mayo del 2019, ha pasado por la Cámara, donde su nombre fue consensuado con los Diputados, incluidos los de Oposición, y hemos traído al Honorable Senado para su revisión.

Parto, entonces, agradeciendo obviamente esta votación, y decir que hemos escuchado atentamente el debate, para transmitir algunos puntos de lo que buscamos con este proyecto de ley, así como para acoger algunos planteamientos que se han formulado.

Primero, quiero hacer presente que este proyecto de ley, iniciado, como dije, en el 2019, busca, tal como han indicado los Senadores Alvarado , Coloma y Guillier , establecer una red integral, con un sistema coordinador, obviamente de información y de la oferta de la política pública que existe en materia de protección social y que hemos construido entre todos durante muchos años.

Quiero subrayar que nuestro sistema cuenta con más de 4.700 millones de dólares, en una oferta pública en salud, en trabajo, para personas mayores, en vivienda, en programas de apoyo y en tantas otras acciones de protección social que han ido a ayudar y empujar a quienes más lo requieren.

Es un sistema que hemos construido entre todos a lo largo del tiempo y que debemos perfeccionar, no solamente en las áreas grises, como expresaban el Senador Bianchi y el Senador Montes, sino también en la entrega y conexión a la ciudadanía para utilizar de buena manera la red que hemos construido.

En ese contexto, una de las cosas que hemos materializado en aprendizaje durante este tiempo es que la ciudadanía no tiene, efectivamente, un sistema coordinador robusto, que no solamente cuente con una plataforma que unifique la red de protección social que vamos a crear hoy día y en la cual nos hacemos cargo de las diferencias de conectividad existentes en los diferentes territorios. Tenemos que avanzar en eso. Incluso, estamos trabajando y conversando con la Cepal para ver cómo, a través de una labor que también involucra a la Subsecretaría de Telecomunicaciones, podemos llegar de mejor manera a los territorios que se sienten rezagados en estas materias.

No tengo la menor duda de que la Región de Magallanes, del Senador Bianchi, tal como él lo planteaba, y sin lugar a dudas La Araucanía, una de las regiones con menos conectividad de nuestro país, si no la región con peor conectividad, requieren finalmente cambios sustanciales. Pero también es cierto que quienes tienen acceso a una mejor conectividad muchas veces tampoco cuentan con un enfoque integral, no solo en un único lugar, sino también por problemáticas y por concepto de hogar.

Ese es el esfuerzo que queremos hacer a través de este sistema coordinador de la política social y de la red de protección social que el Presidente presentó hace ya muchos meses e incluso años.

En ese sentido, deseo transmitir que esta red de protección social en la pandemia ha sido todo un desafío; un desafío desde el Registro Social de Hogares -que venía desde el Gobierno de la Presidenta Bachelet -, que tiene rezagos, que no es universal, que sin lugar a dudas tenemos que perfeccionar y al cual hemos incorporado cerca de 1 millón de nuevos registros de hogares, a los que hemos podido llegar con la red de protección, que contempla una red de protección del empleo; los IFE del año pasado; nuestro "bono COVID" de Navidad; obviamente, el "bono COVID" de abril; el ya mencionado IFE, que hasta abril de este año llegará con más de 1.500 millones de dólares, y quizás más si es necesario; también la protección del bono, préstamos solidarios y tantas otras acciones que construimos entre todos, con votos de ustedes -por su intermedio, Presidente -, de los Honorables Senadores y Senadoras, y que ha llevado al Fondo Monetario Internacional a decir que Chile es el octavo país, de sesenta y dos que son medidos, que más invirtió -no digo gastó- en proteger a su gente.

Esto lo afirma el Fondo Monetario Internacional en un informe de octubre de 2020, que nos pone como una de las economías emergentes que más invirtieron, y como la primera en Latinoamérica. Lo dice también el Banco Mundial. No es para compararnos ni para creer que estamos mejor, sino para saber que tenemos muchas deficiencias, que nos queda mucho por avanzar, que nos quedan familias a las que no hemos podido llegar, que debemos perfeccionar esta red, pero que también, con este trabajo y con un esfuerzo entre todos, ha sido posible llegar a muchas otras familias que de lo contrario no habríamos podido proteger.

Hay temas pendientes. Sin lugar a dudas, esta red de protección social tiene que avanzar; lo mismo el proyecto de modernización del Fonasa; la reforma de las isapres; como planteaba la Senadora Rincón , toda la reconversión en materia de Sence y temas de enfoque laboral con actualización en nuevas competencias; las pensiones, ámbito en el que ojalá podamos llegar a un acuerdo, tal como planteaban el Senador Letelier y la Senadora Goic -nosotros queremos llegar a un entendimiento en esa materia para mejorar las pensiones de la clase media-; agrego el seguro de dependencia para personas mayores, como expresaba el Senador Montes; las personas con discapacidad, que también deberíamos incluir ahí y no solamente a los mayores; para la educación superior, el nuevo sistema de financiamiento solidario; gratuidad para la educación técnico-profesional; en vivienda, otro tanto: efectivamente estamos avanzando en el subsidio de arriendo para la clase media, pero también en cómo las personas de este segmento hacen un aporte para enfrentar el desafío de la vivienda en mejores condiciones para el crédito hipotecario complementario.

¡Nos faltan tantas cosas, Presidente! Pero hemos construido muchas otras con los Senadores y Senadoras aquí presentes y con los que los antecedieron que hay que seguir profundizando.

Así que recogemos los planteamientos efectuados, pero este es un avance fundamental para pensar en familias, para pensar en integración, para que todas las políticas públicas sociales de los diferentes Ministerios tengan en su mente y en sus definiciones a la clase media. Eso es lo que estamos buscando, y es lo que permite el voto favorable de todos los Senadores el día de hoy.

Muchísimas gracias, Presidente.

El señor QUINTEROS ( Vicepresidente ).-

A usted, señora Ministra .

Valparaíso, 3 de marzo de 2021.

Nº 113/SEC/21

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado el proyecto de ley, de esa Honorable Cámara, que establece el Sistema Red Integral de Protección Social, correspondiente al Boletín N° 12.661-31, con las siguientes enmiendas:

Artículo 4

Inciso segundo

Ha reemplazado la frase “asociados a ella, deberán materializarse”, por la siguiente: “asociados a ella serán vinculantes para los órganos que componen el comité de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 11 de la ley N° 20.530 y deberán materializarse”.

Artículo 5

Inciso tercero

Ha reemplazado la frase “y la información estadística en relación con las personas que acceden a las políticas, planes, programas, iniciativas, beneficios, prestaciones sociales y/o servicios que administran los organismos participantes, relacionados al registro de casos establecido en el literal c) del artículo 2”, por la siguiente: “y la información estadística en relación con las personas que acceden a la oferta programática de acuerdo al literal b) del artículo 3”.

o o o o

Ha incorporado el siguiente inciso cuarto, nuevo, pasando el actual inciso cuarto a ser inciso quinto:

“La información necesaria para el informe establecido en el inciso anterior deberá ser entregada por los integrantes del Comité Técnico Intersectorial en los términos establecidos por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, según lo que disponga el reglamento al que se refiere el artículo siguiente.”.

o o o o

Artículo 8

Ha intercalado, entre las expresiones “solicitar” y “y tratar”, las palabras “a organismos privados y públicos”.

- - -

Hago presente a Vuestra Excelencia que este proyecto de ley fue aprobado en general con el voto favorable de 35 senadores, de un total de 43 en ejercicio.

En particular, los artículos 4 y 5 del texto despachado por el Senado fueron aprobados por 39 votos a favor, de un total de 43 senadores en ejercicio, dándose así cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República.

Lo que comunico a Su Excelencia en respuesta a su oficio Nº 15.063, de 9 de octubre de 2019.

Acompaño la totalidad de los antecedentes.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

RABINDRANATH QUINTEROS LARA

Vicepresidente del Senado

PILAR SILVA GARCÍA DE CORTÁZAR

Secretaria General (S) del Senado

ESTABLECIMIENTO DE SISTEMA RED INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL (TERCER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 12661-31).

El señor PAULSEN (Presidente).-

En segundo lugar, corresponde tratar las modificaciones del Senado recaídas en el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que establece el sistema Red Integral de Protección Social.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos base a las bancadas que agrupen dos o más Comités y tres minutos a aquellas que conforman un Comité, más treinta minutos distribuidos en forma proporcional.

Antecedentes:

-Modificaciones del Senado, sesión 140ª de la presente legislatura, en jueves 4 de marzo de 2021. Documentos de la Cuenta N° 3.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Érika Olivera .

La señora OLIVERA (doña Érika).-

Señor Presidente, la pandemia, que lamentablemente seguimos viviendo y ha golpeado tan duramente a millones de familias en nuestro país, ha demostrado la fragilidad de la vida en todo ámbito. Hablamos de la fragilidad de nuestra salud; de la fragilidad de las fuentes de ingreso y de trabajo; la fragilidad del bienestar de nuestras familias, sobre todo de aquellas personas que carecen de lo mínimo e indispensable para sobrevivir.

La pandemia ha demostrado la solidaridad de nuestro país, aquella que nace de la acción desinteresada de familiares, amigos o vecinos, pero también ha demostrado que el Estado debe ser un actor protagonista en el conjunto de medidas de ayuda social.

El Estado de Chile ha desarrollado progresivamente un conjunto de ayudas sociales en las últimas décadas, las cuales han permitido que nuestro país sea líder en Latinoamérica en la disminución de la pobreza.

El mundo se complejiza y surgen nuevos desafíos, tales como contar con una vivienda digna, acortar las brechas digitales y promover la inserción de mujeres y jóvenes en el mundo del trabajo. Este conjunto de ayudas o beneficios dispersos requieren de una institucionalidad que permita un uso eficiente y eficaz de los recursos, que propicie su entrega y proteja a los grupos vulnerables.

Desde una mirada intersectorial, un sistema de esa naturaleza permitiría que el Estado focalizara sus políticas sociales, llegando a tiempo a quienes más lo necesitan, contribuyendo, además, a la superación de la situación de vulnerabilidad específica en que se encuentren las personas.

A propósito de la serie de beneficios estatales que discutimos en este Congreso y que se implementaron durante la pandemia, resulta importante recalcar el enfoque que este gobierno ha puesto en esos beneficios, apuntando a la gradualidad de las ayudas y a la cobertura de una clase media olvidada, particularmente cuando las familias de clase media se ven enfrentadas a eventos inesperados que ponen en riesgo sus ingresos permanentes.

Por ello, la creación de un sistema como el que hoy votaremos permitirá mantener actualizados, coordinados y referenciados los datos que sean relevantes para concretar la entrega de esos beneficios, acortando los tiempos para ello, y respondiendo a la urgencia de todo estado de necesidad de quienes lo requieran.

Es importante considerar la creación de una red de atención a usuarios que oriente e informe a quienes soliciten esos beneficios estatales a lo largo de todo el país, y que cuente con un sistema de seguimiento de cada uno de los casos.

Contar con un sistema, como el que estamos discutiendo, sin duda nos pondrá frente a un Estado mucho más preparado para entregar beneficios sociales a aquellas personas que más los necesiten, especialmente cuando el contexto socioeconómico del país demande esfuerzos adicionales, tal como ha sucedido durante esta pandemia.

Crear un sistema de estas características representa una política de Estado que va más allá de la tendencia política del gobierno de turno; es una garantía sostenida en el tiempo de que los recursos públicos que se destinen a los más vulnerables efectivamente llegarán a esas familias, como una ayuda para subsistir o superar el mal que las aqueja. Solo así podremos consolidar un Estado protector que ayude y acompañe, pero sobre todo que impulse el pleno desarrollo y la buena calidad de vida de cada uno de sus habitantes.

Anuncio mi voto a favor del proyecto.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Sandra Amar .

La señora AMAR (doña Sandra).-

Señor Presidente, desde el comienzo de nuestro periodo parlamentario hemos orientado el trabajo legislativo hacia pilares fundamentales, como el combate contra la pobreza, la modernización de la legislación y la protección de la clase media.

Respecto de las ofertas programáticas, es complejo para la ciudadanía acceder a todos los mecanismos que se ofrecen ante la ocurrencia de eventos adversos o contingencias que pongan en riesgo su progreso y bienestar. Esto es consecuencia de varios factores, entre ellos, la falta de información sobre los requisitos del programa, la falta de una orientación clara y personalizada para ver, efectivamente, la viabilidad para acceder a ellos, o simplemente el desconocimiento de su existencia. Lamentablemente, este problema se ha acarreado por años, razón por la cual, en muchos casos, las políticas públicas no alcanzan el número esperado, generando un impacto menor en la población que el proyectado.

Es así como muchas familias pertenecientes a la clase media tienden a esbozar ideas tales como que la clase media siempre ha sido la menos beneficiada o la más postergada. En cierto punto, tienen razón, pues no hay claridad en los mecanismos de protección y fortalecimiento de la clase media y se tiende a invisibilizar sus problemáticas.

Esta iniciativa, que crea el Sistema Red Integral de Protección Social, viene a combatir con fuerza esta problemática, creando por primera vez un modelo de gestión intersectorial, dedicado especialmente a la clase media y a grupos vulnerables, asegurando tres puntos fundamentales.

En primer lugar, adecuado trabajo intersectorial para apoyar a las familias, es decir, tendremos a todos los ministerios comulgados con un fin común: la protección y el apoyo integral de nuestra población.

En segundo lugar, acceso de la ciudadanía a información y a una orientación clara, oportuna y personalizada. De toda la oferta programática existente, sin duda, es lo más importante en este proyecto. Eso abrirá un horizonte de oportunidades para aquellas familias que vivan o estén ad portas de sufrir eventos adversos.

En tercer lugar, simplificará el acceso ciudadano a la oferta del Estado. En otras palabras, será un proceso más amigable para los usuarios, quienes podrán realizar seguimiento de casos, garantizando acceso al sistema.

Este es un proyecto consecuencia de un trabajo transversal, que busca proteger y fortalecer el acceso a beneficios a todo grupo vulnerable. En razón de ello, no puedo sino invitar a mis colegas a apoyar esta iniciativa, manifestando mi voto a favor.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Sabag .

El señor SABAG.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a la subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia , y al subsecretario de Servicios Sociales, Sebastián Villareal , quienes se encuentran presentes en esta sesión tan relevante, en la que se busca aprobar este proyecto, iniciado en mensaje, que la Comisión de Desarrollo Social aprobó en general por 11 votos a favor y 1 en contra. En el transcurso del debate hubo mayorías claras, e, incluso, apoyos unánimes.

El Senado introdujo algunas modificaciones menores al proyecto originalmente aprobado por la Cámara de Diputados, sin afectar los objetivos principales del mismo.

Especial relevancia tiene el cambio del título del proyecto, resuelto por la Comisión de Hacienda en una estrecha votación de 7 votos a favor y 6 en contra, pasando a llamarse Red Integral de Protección Social, en lugar de Sistema de Clase Media Protegida, en atención a que el título era equívoco y generaba expectativas que el texto no satisfaría. Asimismo, la Comisión de Hacienda rechazó el artículo relativo a la secretaría ejecutiva por 6 votos a favor, 1 en contra y 6 abstenciones.

En estricto rigor, esta propuesta apunta a establecer un modelo de gestión intersectorial, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Subsecretaría de Servicios Sociales, con el objeto de coordinar intersectorialmente la oferta programática existente en relación con las situaciones que puedan definir el empobrecimiento de la clase media. Ese propósito es loable, pero no se traduce en una red de medidas de protección a ese sector tan postergado en nuestro país, lo cual ha quedado en evidencia durante esta pandemia.

Del mismo modo, se busca facilitar la entrega de información sobre los distintos programas y planes estatales que puedan favorecer a la clase media y simplificar el acceso de esta a las medidas de apoyo.

De acuerdo con el informe financiero, el costo de toda la oferta programática de los servicios que coordinará este sistema asciende a poco más de 7.200 millones de pesos, aunque en estricto rigor los recursos nuevos suman alrededor de 2.400 millones de pesos. Se trata de institucionalizar las políticas enfocadas a la clase media, dando a ese grupo mayor relevancia dentro de la labor del Estado, aunque resulta preocupante la posibilidad de que una excesiva burocratización pueda afectar ese propósito, sin contar con la habitual dificultad para definir con exactitud qué es la clase media.

Anuncio mi voto favorable a la iniciativa.

Si bien es cierto que este proyecto no contempla nuevas políticas públicas para la clase media, permite una institucionalización y una coordinación en el aparataje estatal para apoyarlo y entregarle información. En ese sentido, no olvidemos que muchas personas se quedan fuera de las políticas públicas por falta de información.

El cambio de nombre del proyecto me parece pertinente, puesto que la denominación Clase Media Protegida generaba muchas expectativas. La nueva denominación apunta a una red integral de protección social, que es el objetivo de esta política pública.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Catalina del Real.

La señora DEL REAL (doña Catalina).-

Señor Presidente, este proyecto, que está en tercer trámite constitucional, fue discutido en la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación. En ella, como una de sus integrantes, señalé que va en la dirección correcta. Es más, fui clara en precisar que la clase media hoy está desprotegida. Eso lo pudimos ver, con fuerza, especialmente en esta pandemia, en la que nos encontramos con situaciones muy complejas de pobreza encubierta y también de la pobreza comúnmente llamada de cuello y corbata, en que las personas viven con un sueldo o algún ingreso, pero no tienen cómo enfrentar algún imprevisto, como una enfermedad catastrófica, un accidente, la pérdida del trabajo o, en este caso, una pandemia, y tampoco tienen a quién recurrir. Por lo tanto, enfrentan situaciones muy difíciles y muchas veces caen bajo la línea de la pobreza.

En este Congreso Nacional, así como también en los diferentes gobiernos, nos hemos preocupado de ayudar y mejorar la situación de las personas más vulnerables, con políticas públicas y ayudas sociales; pero es el momento de ampliar esta focalización y también preocuparnos de un sector de la población que especialmente hoy lo está pasando muy mal.

El proyecto centraliza la información en una sola plataforma, lo que facilita el acceso a los beneficios y hace que los trámites sean mucho más certeros y expeditos. A diferencia de los sectores más vulnerables, la clase media raramente acude a los municipios para solucionar sus problemas. La mayoría de las veces piensa que no tiene derecho a acceder a prestaciones sociales.

El desconocimiento se ha transformado en una puerta cerrada para la gente. Por eso, junto con aprobar este proyecto, solicito al Ministerio de Desarrollo Social y Familia poner mucho énfasis en la difusión de los beneficios a los que las personas pueden acceder.

El Sistema Red Integral de Protección Social involucra a todos los sectores, ministerios y servicios que hoy entregan prestaciones. Mantener esta red de manera articulada es vital, especialmente en la situación de pandemia que hemos debido enfrentar, la cual ha demostrado la necesidad de contar con una institucionalidad que organice la información en relación con esta oferta.

En definitiva, este proyecto se transformará en un paso real y efectivo para llegar con ayuda e información a un sector de la población que hoy lo necesita.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Iván Flores .

El señor FLORES (don Iván).-

Señor Presidente, este proyecto establece el Sistema Red Integral de Protección Social, que hacía falta, porque, en la condición sanitaria y económica por la que hoy atraviesa el país, los niveles socioeconómicos medios no están exentos de caer bajo la línea de la pobreza y de perder la condición de relativa comodidad que pueden tener para vivir su vida en familia, educar a los hijos, etcétera. No entraré en esos detalles, porque ya hemos visto demasiados testimonios tristes de lo que ha estado ocurriendo con la clase media y de cómo el gobierno ha sido lento en reaccionar con ayudas económicas para ese segmento, lo que, al final, obligó a insistir en el retiro del 10 por ciento de los ahorros de las cuentas de capitalización individual.

En este contexto, reconozco que la ministra Karla Rubilar , excolega diputada, está en la línea correcta, porque con este proyecto la gente de clase media podrá enfrentar un evento de salud y enfrentar la condición de cesante, de ser una persona mayor con dependencia, de ser víctima de un delito violento o acceder a soluciones habitacionales.

Voy a votar a favor el proyecto. He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Pepe Auth .

El señor AUTH.-

Señor Presidente, con este proyecto ocurre aquello que sucede demasiadas veces: es tanto el tiempo que tardan en el Senado los proyectos que fueron tramitados con cierta urgencia en la Cámara de Diputados que uno olvida muchas cosas que discutió.

Cabe recordar que este proyecto fue lanzado, con una espectacularidad completamente desproporcionada, bajo el título rimbombante de Clase Media Protegida. ¿Señor Presidente, usted sabe cuántas iniciativas de protección real para la clase media contempla este proyecto? ¡Ninguna! Simplemente, se trata de un mecanismo razonable, moderno y deseable de información acerca de todos los beneficios y mecanismos previamente existentes.

Por ello, en la Comisión de Hacienda modificamos el nombre del proyecto y le sacamos esa promesa completamente frustrada. Al respecto, el Presidente Piñera nos tiene acostumbrados a levantar expectativas a partir de iniciativas que no las satisfacen.

Por eso, es bueno haber cambiado el nombre del proyecto, aunque se debería llamar Sistema de Información de la Red Integral de Protección Social, porque de eso se trata. El problema que hemos tenido con muchos proyectos es que el título -la promesa que se hace a la ciudadanía es completamente desproporcionado respecto de lo que efectivamente hacen.

Este es un buen proyecto, pero digámoslo derechamente: simplemente, se trata de un proyecto que establece un sistema de información sobre los beneficios existentes, y no crea beneficio adicional alguno para la clase media.

Por lo tanto, está bien modificado el nombre del proyecto, -por supuesto, el gobierno se resistió, porque ya se había comprometido publicitariamente-, pero no digamos que estamos montando una red de protección de la clase media, cuando lo que estamos haciendo simplemente es generar un mecanismo de información moderno, razonable y centralizado.

Invito a que los títulos de los proyectos y los mensajes publicitarios digan relación con lo que efectivamente estos son, porque este gobierno en particular ha nombrado sus iniciativas de manera completamente desfasada con respecto a lo que ellas contienen.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Boris Barrera .

El señor BARRERA.-

Señor Presidente, la Red Clase Media Protegida, como se llamaba originalmente este proyecto, es la iniciativa central que tiene este gobierno en materia de protección social, y responde a la idea de ampliar la seguridad y las oportunidades para la clase media, la cual, supuestamente, no recibe beneficios del Estado y ha quedado más desprotegida, dada la vulnerabilidad social que tiene ante cualquier imprevisto, como puede ser un accidente o la pérdida del empleo.

La vulnerabilidad social es un concepto relativamente nuevo. Los organismos internacionales, como, por ejemplo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), hablan de que la protección social debe lograr tener pisos mínimos que aseguren, como indican diversos estudios, que toda la nueva gente que ha salido técnicamente de la pobreza, pero que tiene la amenaza de recaer en ella ante cualquier cambio de condiciones, constituye un desafío para los Estados en materia de protección, para lo cual deben reorientar sus políticas sociales para poder dar respuesta a la fragilidad laboral y social, con pisos mínimos de protección social.

Ello implica complementar las políticas focalizadas que actúan sobre la pobreza, como, por ejemplo, puede ser el sistema de protección social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y en particular el Subsistema Seguridades y Oportunidades.

Por lo tanto, implica una ampliación de coberturas. Esa es la tesis de un mini-Estado de compromiso benefactor en el contexto neoliberal como este.

Lo que realmente hace este proyecto es crear una plataforma digital para informar a las personas sobre los beneficios a los cuales pueden acceder. No es propiamente una red, salvo que se entienda por red algo estrictamente relacionado con internet, porque eso es.

Entonces, no se crean nuevos programas, sino que solo se informa sobre ellos; no hay programas nuevos asociados. El seguro de salud, el seguro de dependencia, el nuevo crédito para estudios superiores, en general, son iniciativas en desarrollo sobre las cuales todavía hay que legislar y avanzar mucho.

En el primer trámite presentamos varias indicaciones, en particular al artículo 5 -no las voy a detallar ahora-, que iban en línea con el proyecto, que no compartimos, pero el gobierno nunca quiso abrir este proyecto a una iniciativa mucho más ambiciosa.

También propusimos cambiar el nombre de “Clase Media Protegida” por “Plataforma Digital para Titulares de Beneficios Sociales”, lo que realmente es este proyecto.

En octubre de 2019, antes del inicio del estallido social, llegó este proyecto al Senado. Estuvo quince meses en segundo trámite, pese a lo cual las modificaciones propuestas por el Senado son realmente mínimas y de escaso impacto, y comparten la orientación original de la iniciativa, que es solo de información.

En cambio, en el primer trámite, el proyecto estuvo cinco meses y provocó gran impacto comunicacional debido a la pretensión mediática de buscar proteger a la clase media, aunque en realidad no fuera así, como se ha dicho aquí en varias intervenciones.

Por lo tanto, el proyecto no es un sistema de protección; es una plataforma digital informativa y, por ende, engaña a la ciudadanía en relación con lo que se está haciendo.

Si bien nosotros votamos a favor en el primer trámite, el proyecto no es lo que el país ha demandado desde el estallido social en adelante, y queda muy corto en relación con todo eso.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Gustavo Sanhueza .

El señor SANHUEZA (vía telemática).-

Señor Presidente, sin duda, nuestro país ha avanzado en los últimos treinta años de manera muy significativa en la disminución de los niveles de extrema pobreza, desde el 68 por ciento con que contábamos en los años 90 al 8,6 por ciento en 2017. Esto se ve reflejado en el aumento de la cantidad de familias con ingresos medios, de acuerdo con la información que nos entrega el Banco Mundial. Las personas de clase media prácticamente se triplicaron entre el año 90 y el 2017. Esto equivale a decir que cerca del 70 por ciento de la población pertenecía a aquel grupo y hoy avanza a ser parte de la clase media.

Pero también hay un elemento que es fundamental y que la propia OCDE nos marca muy bien: la probabilidad de que una persona del quintil 4 retroceda al quintil 1 se da en un período de cuatro años. Entre las razones está que existe un alto riesgo de movilidad social negativa. Se dieron como razones, en primer lugar, las brechas de acceso a las prestaciones; en segundo lugar, la información poco clara y, en tercer lugar, la excesiva burocracia y los procesos complejos.

El segundo punto, la información poco clara, se debe a que efectivamente hay una parte importante de la población que no está familiarizada con los diferentes programas y las diferentes posibilidades de postular a subsidios u otro tipo de beneficios. Hay un desconocimiento de ello. Por eso es tan importante tener un sistema que permita enfocar la movilidad negativa que pueda existir. Para eso se deben incluir elementos que garanticen un buen acceso de la población a iniciativas que busquen atenuar las consecuencias de los shocks negativos personales, como también políticas que faciliten a las personas incorporarse al trabajo ante la pérdida del empleo, políticas para fortalecer el aprendizaje continuo de las personas, la instalación de sistemas de seguros y el fortalecimiento de las políticas asociadas a los niños, niñas y adolescentes.

Otro informe de la OCDE de 2019 recalca que existe una sensación de dificultad en el acceso a los beneficios ya existentes, pues solo el 11,6 por ciento de los chilenos encuestados están de acuerdo o muy de acuerdo con que es fácil acceder a los beneficios públicos cuando se necesitan, cifra muy por debajo del promedio de los países donde se hizo la muestra. En esta línea, del total de la muestra, el 61,4 por ciento está en desacuerdo o muy en desacuerdo con que el gobierno proporcione un apoyo económico adecuado en caso de pérdida de ingresos debido a la vejez, lo que se repite ante una enfermedad, discapacidad o desempleo.

El diseño del sistema del proyecto de ley considera la lógica de la experiencia del usuario. Creo que esto es muy relevante, porque normalmente los proyectos de ley se hacen en las oficinas, y este sistema, en cambio, considera la lógica del usuario, o sea, cómo le gustaría al usuario ir encontrando los diferentes caminos a las soluciones. Esto permite ahorrar tiempo y reducir la burocracia en forma muy fuerte.

Hoy, una persona destina, en promedio, dos horas para la realización de un trámite. Así, los objetivos del presente proyecto son que las familias puedan realizar trámites críticos de manera más simple y en cualquier lugar, ahorrando tiempo y costo de traslado.

Este proyecto de ley está más enfocado hacia el futuro, con el Estado que nosotros debemos ir construyendo hacia adelante, donde exista disponibilidad y acceso a todas las plataformas 24/7, de modo que no estemos restringidos a horarios. Poder hacer los trámites en línea nos permite tener accesibilidad durante los siete días de la semana y las 24 horas; la idea es facilitarles finalmente el acceso a las personas.

Este proyecto es un avance importante. Uno puede minimizarlo diciendo que solo es una plataforma, pero lo que se está haciendo con él es integrar a todo el Estado, de manera que cada ministerio no vaya por caminos diferentes y no sean las personas las que tengan que andar tocando las puertas.

Este proyecto de ley permitirá que en una plataforma única la persona pueda ver las diferentes alternativas que tiene, de acuerdo con su realidad y con los cambios que pueda haber sufrido su situación socioeconómica por diferentes motivos. Es hacernos cargo del Chile del siglo XXI, es hacernos cargo de algo que nos mostró esta pandemia: la excesiva movilidad negativa que puede haber por diferentes circunstancias.

La invitación es a avanzar y a ir construyendo el Chile del futuro que necesitamos. El gobierno del Presidente Sebastián Piñera ha tenido una visión que nos permite avanzar. Lo que propone el proyecto no es el sistema ideal, pero sí creo que va a contribuir a que muchas personas puedan conocer cuáles son las alternativas que tiene el Estado para ir en su apoyo de acuerdo con sus necesidades.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Naranjo .

El señor NARANJO.-

Señor Presidente, como muy bien han señalado algunos diputados, lo que estamos viendo hoy es una cosa meramente formal; de fondo, nada.

Bien se ha señalado aquí que hace algún tiempo se nos habló de una red de protección de la clase media; pero resulta que esta red en sí no contiene ninguna iniciativa en favor de la clase media. Lo único que hace este proyecto -como bien ha señalado el diputado Boris Barreraes crear una plataforma digital para informar -escúchese bien: para informar de los beneficios que están disponibles en el país para las personas que tienen algún grado de vulnerabilidad.

Si uno quisiera entrar con la idea original de que esto era una red de protección de clase media, debería tener presente lo siguiente. He venido solicitando desde hace mucho tiempo, cuando el ministro Moreno estaba a cargo de esta cartera, después con el ministro Sichel , luego con el ministro Monckeberg y ahora con la ministra Rubilar -felizmente los subsecretarios están de forma permanente y se han mantenido; han cambiado los ministros, pero ellos siguen al pie del cañón y pueden ser testigos de lo que digo-, dos cosas que me parecen fundamentales si queremos ir en ayuda de los sectores más vulnerables o bien, incluso, de los propios sectores de clase media. En nuestro país debe haber una ficha de registro social de hogar universal, pero no la hay. Es más, los propios sectores de clase media, que pudieran acceder a algún beneficio, quedan fuera de la obtención de beneficios porque no cuentan con la ficha del Registro Social de Hogares.

Así como el carné de identidad y otros documentos e instrumentos son de carácter universal, debiera ocurrir lo propio con la ficha del Registro Social de Hogares, porque esta pandemia dejó al descubierto que muchas familias, aun cuando pudieran tener una situación económica muy buena, en algún momento podrían pasar a vivir los peores momentos de su vida y quedar sin protección alguna, debido a que no figura en la ficha del Registro Social de Hogares.

Por lo tanto, como no está escrito el futuro de ninguna familia en Chile, ¿por qué no establecemos, de una vez por todas, una ficha de Registro Social de Hogares universal? Sería muy importante la implementación de esa medida, porque hay muchas personas que podrían entrar a esta plataforma y acceder a los beneficios que se están otorgando para ir en ayuda de la gente durante esta pandemia, pero como no están inscritas en esa ficha, de modo que su nivel de vulnerabilidad no se encuentra clasificado, no pueden acceder a ningún beneficio.

Desde el 2018 hemos planteado una propuesta relacionada con esta materia, a la que se sumó la diputada Sofía Cid , la cual se la hicimos saber en su momento a los ministros Moreno , Sichel y Monckeberg . Dicha propuesta, que se la hemos reiterado a la ministra Rubilar , consiste en que se lleve a cabo una campaña nacional de alfabetización digital, porque muchas personas que podrían ingresar a la plataforma digital respectiva no saben cómo hacerlo, a las que podríamos denominar como analfabetas desde el punto de vista digital.

¿Por qué no leemos el Chile en que vivimos? ¿Por qué somos renuentes a darnos cuenta de realidades que están a la vista? Lo señalo porque más de cinco millones de chilenas y chilenos son analfabetos digitales. El gran problema de aquello es que hoy, debido a la pandemia, son cada día más los ministerios que están utilizando plataformas digitales para la realización de diversos trámites. Como son muchas las personas que no saben de qué forma acceder a los sitios respectivos, se ven en la obligación de tener que solicitar a un hijo, a un nieto, a un amigo, a un vecino o a tener que recurrir a la oficina parlamentaria de su distrito para que les ayuden a ingresar a la plataforma digital respectiva.

Al respecto, quiero insistir en que desde 2018 hemos señalado algo que es muy simple, pero no hemos sido escuchados: que mientras no contemos con una ficha de Registro Social de Hogares de carácter universal y mientras no se impulse una campaña de alfabetización digital, todos los esfuerzos que se hagan serán insuficientes, puesto que los beneficios sociales que se busca entregar no llegarán a los que realmente los necesitan.

En la década del 60, durante el gobierno del Presidente Eduardo Frei Montalva , se llevó a cabo una campaña de alfabetización para que la gente aprendiera a leer y a escribir. ¡Caramba que sirvió aquello, porque permitió que gente que estaba absolutamente invisibilizada, que no tenía acceso a nada en este país, pudiera insertarse en la sociedad chilena gracias a que aprendió a leer y a escribir!

Hoy estamos ante un problema similar, ya que cientos de miles de familias chilenas son analfabetas digitales, y mientras permanezcan en esa condición, les será muy difícil acceder a los beneficios que otorga el Estado e integrarse a la sociedad en que vivimos. Estamos viviendo una nueva era, de manera que reitero, pido, exijo y reclamo que se elabore una ficha de Registro Social de Hogares universal y que se inicie una campaña de alfabetización digital.

Eso es lo que necesita hoy el país para construir una sociedad más justa e igualitaria, en la que la gente tenga acceso efectivo a estos beneficios.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Claudia Mix .

La señorita MIX (doña Claudia) .-

Señor Presidente, junto con saludar a los dos subsecretarios presentes en la Sala, con quienes hemos compartido muchas instancias de discusión, quiero señalar que no me había percatado, pese a que soy jefa de Comité, de que se encontraba en tabla este proyecto, el cual, cuando fue tramitado por la Comisión de Desarrollo Social, me di cuenta de que había sido objeto de un debate muy intenso.

Es más, fui la única parlamentaria que votó en contra de la idea de legislar respecto de esta iniciativa; el tiempo me dio la razón. En ese momento dije que lo que se proponía establecer a través de este proyecto no era una red de protección social, sino que era una plataforma digital de información, la cual no agregaba ningún beneficio adicional.

Esta iniciativa fue presentada a tramitación legislativa porque en la Cuenta Pública a la Nación el Presidente de la República, que dirigió su discurso a la clase media, se comprometió a levantar esta plataforma, perdón, este sistema de protección social, el cual, en verdad, no es un sistema de protección social.

Este proyecto no agrega beneficios, sino que es una plataforma digital de información, que si bien es valiosa, podría haber partido con una discusión transparente y sincera desde el comienzo de su discusión. Tanto es así que el Senado tuvo que cambiarle el nombre, porque claramente no estaba identificada la población objetivo.

En la comisión nunca supimos a qué se refería la iniciativa cuando hacía alusión a la clase media. Nunca nos entregaron el detalle y la definición de qué era para el ministerio, así como respecto del tramo de ingresos correspondiente a la población que supuestamente se buscaba beneficiar con esta plataforma.

¡Seamos sinceros: lo que finalmente busca este proyecto es la creación de un comité técnico intersectorial!

Todos tenemos el sueño de la creación de una red integral de protección social. De hecho, en gobiernos anteriores se han hecho intentos para crear una red de protección social real, que permita a los distintos ministerios dialogar entre sí, llevar a cabo un trabajo multisectorial y que la gente pueda acceder a los beneficios que se otorgan a través del acceso a esa plataforma.

Sin embargo, este proyecto no cumplirá con esos objetivos. El problema no es solo que la información no llegará a la clase media, a la que con tanta bulla y con tanto anuncio se nos dijo que este sistema de protección social iba a beneficiar, sino que además estará sometido a algunos eventos que dependerán de la banca. Por ejemplo, si alguien está endeudado y no pueda pagar los estudios de sus hijos, será finalmente la banca la que decidirá si le presta apoyo, pero no el Estado de Chile.

Entonces, sin desmerecer la intención de proponer la creación de una red integral de protección social, este proyecto no cumple con ese objetivo. Lo que hace la iniciativa es establecer la creación de un comité técnico intersectorial, que estará encargado de administrar la información, lo que ya se hace a través de ChileAtiende, y de informar lo que ya está contenido en las bases de los distintos ministerios, de manera que lo que hará será juntarlas en una plataforma enfocada solo a la clase media, tal como se plantea en la idea matriz del proyecto.

Sin embargo, quiero insistir en que la iniciativa cambió de nombre durante su tramitación, pues se sacó su referencia a la clase media y se incorporó a una población beneficiaria vulnerable, que solo tiene que inscribirse y esperar una respuesta.

Insisto en que el proyecto no establece el otorgamiento de beneficios adicionales, sino que consiste solo en el establecimiento de una plataforma de información, no de una red de protección social. Lamentablemente, una de las falencias que hemos visto, no solo en el período de la pandemia, sino también durante el 2019, es que los beneficios están hiperfocalizados, ya que, como lo planteó el diputado Naranjo , el Registro Social de Hogares no logra ser universal.

En estos tiempos de pandemia, muchos de los parlamentarios presentes hemos tenido que salir con nuestros equipos a la calle para actualizar el Registro Social de Hogares de muchas personas, ya que es una herramienta básica para identificar las necesidades de la población. En ese sentido, se trata de una herramienta que por cierto requiere ser mejorada, porque todavía no logra cumplir con los estándares esperados.

Este proyecto ha sufrido bastantes mutaciones durante su discusión. De hecho, desde un principio nos opusimos a la idea de legislar, porque señalamos que no daba protección adicional, no creaba beneficios, no le hablaba a la clase media y solo era una plataforma de información, para cuya implementación se iba a requerir la contratación de un equipo de profesionales, el cual conformaría el comité técnico intersectorial, con la finalidad de entregar esa información. Desde el principio señalamos que la iniciativa, en la práctica, no proponía la entrega de beneficios adicionales para las personas más vulnerables.

En tal sentido, sería superbueno que se sincerara cuál es el objetivo real que hay detrás de la proposición de la creación de esta red. Todos quisiéramos contar con una red que funcione y dé protección, pero eso, en la práctica, no es lo que se hace a través de este proyecto.

En consecuencia, voy a mantener mi votación tal como lo he hecho desde el día uno, de manera que votaré en contra.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Solicito la unanimidad de la Sala para que autorizar el ingreso del subsecretario general de la Presidencia, señor Máximo Pavez .

¿Habría acuerdo?.

Acordado. Cerrado el debate.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre las modificaciones del Senado en los siguientes términos:

El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde votar las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje, que establece el Sistema Red Integral de Protección Pocial, con la salvedad de las enmiendas a los artículos 4 y 5, por tratarse de disposiciones de carácter orgánico constitucional.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 102 votos; por la negativa, 40 votos. Hubo 4 abstenciones.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Aprobadas.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alessandri Vergara , Jorge , Espinoza Sandoval , Fidel , Matta Aragay , Manuel , Rey Martínez , Hugo., Álvarez Ramírez , Sebastián , Flores García, Iván , Melero Abaroa , Patricio , Romero Sáez , Leonidas., Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo, Flores Oporto , Camila , Mellado Pino , Cosme , Rosas Barrientos , Patricio., Amar Mancilla , Sandra , Fuentes Barros , Tomás Andrés , Mellado Suazo , Miguel , Sabag Villalobos , Jorge. , Ascencio Mansilla , Gabriel , Fuenzalida Cobo, Juan , Molina Magofke , Andrés , Saffirio Espinoza , René., Auth Stewart , Pepe , Fuenzalida Figueroa , Gonzalo , Morales Muñoz , Celso , Sanhueza Dueñas , Gustavo., Baltolu Rasera, Nino , Gahona Salazar , Sergio , Morán Bahamondes , Camilo , Santana Castillo , Juan. , Barros Montero , Ramón , Galleguillos Castillo , Ramón , Moreira Barros , Cristhian , Santana Tirachini , Alejandro., Berger Fett , Bernardo , García García, René Manuel , Mulet Martínez , Jaime , Sauerbaum Muñoz , Frank., Bernales Maldonado , Alejandro , González Torres , Rodrigo , Muñoz González , Francesca , Schalper Sepúlveda , Diego., Bobadilla Muñoz , Sergio , Hernández Hernández , Javier , Norambuena Farías, Iván , Silber Romo , Gabriel. , Calisto Águila , Miguel Ángel , Hernando Pérez , Marcela , Núñez Urrutia , Paulina , Soto Mardones , Raúl., Carter Fernández , Álvaro , Hoffmann Opazo , María José , Nuyado Ancapichún , Emilia , Tohá González , Jaime. , Castro Bascuñán , José Miguel , Jarpa Wevar , Carlos Abel , Olivera De La Fuente , Erika , Torrealba Alvarado , Sebastián., Castro González, Juan Luis , Jiménez Fuentes , Tucapel , Ortiz Novoa , José Miguel , Trisotti Martínez , Renzo., Celis Araya , Ricardo , Jürgensen Rundshagen , Harry , Ossandón Irarrázabal , Ximena , Undurraga Gazitúa , Francisco., Celis Montt , Andrés , Kast Sommerhoff , Pablo , Pardo Sáinz , Luis , Urrutia Bonilla , Ignacio., Cicardini Milla , Daniella , Keitel Bianchi , Sebastián , Parra Sauterel , Andrea , Urrutia Soto , Osvaldo., Cid Versalovic , Sofía , Kort Garriga , Issa , Paulsen Kehr , Diego , Urruticoechea Ríos , Cristóbal., Coloma Álamos, Juan Antonio , Kuschel Silva , Carlos , Pérez Arriagada , José , Van Rysselberghe Herrera , Enrique., Cruz-Coke Carvallo , Luciano , Lavín León , Joaquín , Pérez Lahsen , Leopoldo , Velásquez Seguel , Pedro., Cuevas Contreras, Nora , Longton Herrera , Andrés , Prieto Lorca , Pablo , Venegas Cárdenas , Mario., Del Real Mihovilovic , Catalina , Lorenzini Basso , Pablo , Ramírez Diez , Guillermo , Verdessi Belemmi , Daniel., Durán Espinoza , Jorge , Luck Urban , Karin , Rathgeb Schifferli , Jorge , Von Mühlenbrock Zamora , Gastón., Durán Salinas , Eduardo , Macaya Danús , Javier , Rentería Moller , Rolando , Walker Prieto , Matías., Eguiguren Correa , Francisco , Marzán Pinto, Carolina

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas , Florcita , Fernández Allende, Maya , Mix Jiménez , Claudia , Saavedra Chandía , Gastón., Alinco Bustos , René , González Gatica , Félix , Monsalve Benavides , Manuel , Sandoval Osorio , Marcela. , Álvarez Vera , Jenny , Hirsch Goldschmidt , Tomás , Moraga Mamani , Rubén , Santibáñez Novoa , Marisela., Barrera Moreno , Boris , Ibáñez Cotroneo , Diego , Naranjo Ortiz , Jaime , Soto Ferrada , Leonardo., Boric Font , Gabriel , Ilabaca Cerda , Marcos , Núñez Arancibia , Daniel , Teillier Del Valle, Guillermo., Brito Hasbún , Jorge , Jackson Drago , Giorgio , Orsini Pascal , Maite , Vallejo Dowling , Camila., Cariola Oliva , Karol , Jiles Moreno , Pamela , Pérez Salinas , Catalina , Velásquez Núñez , Esteban., Castillo Muñoz , Natalia , Labra Sepúlveda , Amaro , Rocafull López , Luis , Vidal Rojas , Pablo., Crispi Serrano , Miguel , Leiva Carvajal, Raúl , Rojas Valderrama , Camila , Winter Etcheberry , Gonzalo., Díaz Díaz , Marcelo , Mirosevic Verdugo , Vlado , Rubio Escobar , Patricia , Yeomans Araya, Gael .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Saldívar Auger, Raúl , Sepúlveda Orbenes , Alejandra , Sepúlveda Soto , Alexis , Torres Jeldes, Víctor .

El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde votar las modificaciones incorporadas por el Senado a los artículos 4 y 5, para cuya aprobación se requiere el voto favorable de 88 señoras diputadas y señores diputados en ejercicio, por tratarse de disposiciones de carácter orgánico constitucional.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 97 votos; por la negativa, 39 votos. Hubo 6 abstenciones.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Aprobadas.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alessandri Vergara , Jorge , Durán Salinas , Eduardo , Macaya Danús , Javier , Romero Sáez , Leonidas., Álvarez Ramírez , Sebastián , Eguiguren Correa , Francisco , Marzán Pinto , Carolina , Rosas Barrientos , Patricio., Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo, Flores García, Iván , Melero Abaroa , Patricio , Sabag Villalobos , Jorge., Amar Mancilla , Sandra , Flores Oporto , Camila , Mellado Suazo , Miguel , Saffirio Espinoza , René., Ascencio Mansilla , Gabriel , Fuentes Barros , Tomás Andrés , Meza Moncada , Fernando , Sandoval Osorio , Marcela., Auth Stewart , Pepe , Fuenzalida Cobo, Juan , Molina Magofke , Andrés , Sanhueza Dueñas , Gustavo., Baltolu Rasera, Nino , Fuenzalida Figueroa , Gonzalo , Morales Muñoz , Celso , Santana Tirachini , Alejandro., Barros Montero , Ramón , Gahona Salazar , Sergio , Morán Bahamondes , Camilo , Sauerbaum Muñoz , Frank., Berger Fett , Bernardo , Galleguillos Castillo , Ramón , Moreira Barros , Cristhian , Schalper Sepúlveda , Diego., Bernales Maldonado , Alejandro , García García, René Manuel , Mulet Martínez , Jaime , Silber Romo , Gabriel., Bianchi Retamales , Karim , Hernández Hernández , Javier , Muñoz González , Francesca , Soto Mardones , Raúl., Bobadilla Muñoz , Sergio , Hernando Pérez , Marcela , Norambuena Farías, Iván , Tohá González , Jaime. , Calisto Águila , Miguel Ángel , Hoffmann Opazo , María José , Olivera De La Fuente , Erika , Torrealba Alvarado , Sebastián., Carter Fernández , Álvaro , Jarpa Wevar , Carlos Abel , Ortiz Novoa, José Miguel , Torres Jeldes , Víctor., Castro Bascuñán , José Miguel , Jiménez Fuentes , Tucapel , Ossandón Irarrázabal , Ximena , Trisotti Martínez , Renzo., Castro González, Juan Luis , Jürgensen Rundshagen , Harry , Pardo Sáinz , Luis , Undurraga Gazitúa , Francisco., Celis Araya , Ricardo , Kast Sommerhoff , Pablo , Parra Sauterel , Andrea , Urrutia Bonilla , Ignacio., Celis Montt , Andrés , Keitel Bianchi , Sebastián , Paulsen Kehr , Diego , Urrutia Soto , Osvaldo., Cicardini Milla , Daniella , Kort Garriga , Issa , Pérez Arriagada , José , Urruticoechea Ríos , Cristóbal., Cid Versalovic , Sofía , Kuschel Silva , Carlos , Pérez Lahsen , Leopoldo , Van Rysselberghe Herrera , Enrique., Coloma Álamos, Juan Antonio , Lavín León , Joaquín , Prieto Lorca , Pablo , Velásquez Seguel , Pedro., Cruz-Coke Carvallo , Luciano , Longton Herrera , Andrés , Ramírez Diez , Guillermo , Verdessi Belemmi , Daniel., Cuevas Contreras , Nora , Lorenzini Basso , Pablo , Rentería Moller , Rolando , Von Mühlenbrock Zamora , Gastón., Del Real Mihovilovic , Catalina , Luck Urban , Karin , Rey Martínez, Hugo , Walker Prieto , Matías., Durán Espinoza, Jorge

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas , Florcita , Hirsch Goldschmidt , Tomás , Moraga Mamani , Rubén , Santibáñez Novoa , Marisela. , Alinco Bustos , René , Ibáñez Cotroneo , Diego , Naranjo Ortiz , Jaime , Schilling Rodríguez , Marcelo. , Álvarez Vera , Jenny , Ilabaca Cerda , Marcos , Núñez Arancibia , Daniel , Soto Ferrada , Leonardo., Barrera Moreno , Boris , Jackson Drago , Giorgio , Nuyado Ancapichún , Emilia , Teillier Del Valle, Guillermo., Brito Hasbún , Jorge , Jiles Moreno , Pamela , Orsini Pascal , Maite , Vallejo Dowling , Camila., Cariola Oliva , Karol , Labra Sepúlveda , Amaro , Pérez Salinas , Catalina , Velásquez Núñez , Esteban., Castillo Muñoz , Natalia , Leiva Carvajal, Raúl , Rocafull López , Luis , Vidal Rojas , Pablo., Crispi Serrano , Miguel , Mirosevic Verdugo , Vlado , Rojas Valderrama , Camila , Winter Etcheberry , Gonzalo., Díaz Díaz , Marcelo , Mix Jiménez , Claudia , Rubio Escobar , Patricia , Yeomans Araya , Gael., Fernández Allende, Maya , Monsalve Benavides , Manuel , Saavedra Chandía , Gastón .

-Se abstuvieron los diputados señores:

González Gatica , Félix , Saldívar Auger , Raúl , Sepúlveda Orbenes , Alejandra , Sepúlveda Soto , Alexis., Mellado Pino , Cosme , Santana Castillo, Juan

El señor PAULSEN (Presidente).-

Despachado el proyecto.

VALPARAÍSO, 10 de marzo de 2021

Oficio Nº 16.337

A S.E. LA PRESIDENTA DEL H. SENADO

La Cámara de Diputados, en sesión de esta fecha, ha aprobado las enmiendas propuestas por ese H. Senado al proyecto de ley que establece el Sistema Red Integral de Protección Social, correspondiente al boletín N° 12.661-31.

Hago presente a Vuestra Excelencia que las modificaciones incorporadas por el Senado en los 4 y 5 del proyecto de ley fueron aprobadas con el voto a favor de 97 diputados, respecto de un total de 154 diputados en ejercicio. Se dio así cumplimiento así a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República.

Lo que tengo a honra decir a V.E., en respuesta a vuestro oficio Nº 113/SEC/21, de 3 de marzo de 2021.

Devuelvo los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V.E.

DIEGO PAULSEN KEHR

Presidente de la Cámara de Diputados

MIGUEL LANDEROS PERKI?

Secretario General de la Cámara de Diputados

VALPARAÍSO, 10 de marzo de 2021

Oficio Nº 16.338

A S.E.EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Tengo a honra comunicar a V.E. que el Congreso Nacional ha prestado su aprobación al proyecto de ley que establece el Sistema Red Integral de Protección Social, correspondiente al boletín N° 12.661-31.

Sin embargo, teniendo presente que el proyecto contiene normas propias de ley orgánica constitucional, ha de ser enviado al Tribunal Constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 93 de la Carta Fundamental, en relación con el número 1º de ese mismo precepto.

En razón de lo anterior, la Cámara de Diputados, por ser cámara de origen, precisa saber previamente si V.E. hará uso de la facultad que le confiere el artículo 73 de la Constitución Política de la República.

En el evento de que V.E. aprobare sin observaciones el texto que más adelante se transcribe, le solicito comunicarlo a esta Corporación, devolviendo el presente oficio.

PROYECTO DE LEY

“TÍTULO I

DE LA NATURALEZA Y OBJETO

Artículo 1.- Naturaleza. Créase un sistema denominado “Red Integral de Protección Social”, en adelante e indistintamente el “Sistema”, que consiste en un modelo de gestión intersectorial, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Subsecretaría de Servicios Sociales, cuyo propósito es coordinar intersectorialmente la oferta programática existente relacionada a eventos adversos que podrían conducir a personas, grupos o familias a una situación de vulnerabilidad, en los términos regulados en la ley N° 20.530, entregar información clara, oportuna y personalizada sobre la misma, y simplificar el acceso a ésta.

Artículo 2.- Objetivos. Los objetivos del Sistema son los siguientes:

a) Coordinar intersectorialmente la oferta programática existente asociada a los eventos adversos.

b) Entregar información y orientación clara, oportuna y personalizada de la oferta programática existente, mediante la Red de Atención a Usuarios a que se refiere el Título V.

c) Simplificar el acceso a la oferta programática del Estado mediante la integración de trámites asociados a los respectivos beneficios y el seguimiento de casos, y garantizar el acceso al Sistema. Para estos efectos el Sistema contará con su propio registro de casos.

Artículo 3.- Definiciones. Para los fines de la presente ley, se entenderá por:

a) Eventos adversos: Hechos o contingencias que podrían conducir a una persona, grupo o familia a una situación de vulnerabilidad, en los términos establecidos en el numeral 5) del artículo 2 de la ley N° 20.530, por motivos de salud, vejez, desempleo, vivienda, educación, delincuencia, y/o violencia de género, entre otros.

b) Oferta programática: Conjunto de políticas, planes, programas, iniciativas, beneficios, prestaciones sociales y/o servicios que administran los organismos participantes y que hayan sido incorporados al Sistema de acuerdo al artículo 4.

c) Organismo participante: Organismos que administran parte de la oferta programática incorporada al Sistema.

d) Plataforma: Sitio web parte de la Red de Atención a Usuarios, que contendrá la información y difusión de la oferta programática y trámites incluidos en el Sistema, y que permitirá hacer seguimiento de casos. Los organismos participantes dispondrán de ésta para orientar a los usuarios. Los usuarios también podrán acceder directamente a ella, mediante una sesión privada.

e) Red de Atención a Usuarios: Vía de acceso de los usuarios a los servicios de información, orientación y atención que ofrece el Sistema. Pueden ser canales virtuales, remotos y/o presenciales que funcionan como medios de comunicación entre los usuarios y el Sistema.

f) Secretaría Ejecutiva: Secretaría Ejecutiva Red Integral de Protección Social, a que alude el artículo 5.

TÍTULO II

DE LA COORDINACIÓN INTERSECTORIAL Y LA ARTICULACION DE OFERTA PROGRAMÁTICA

Artículo 4.- Determinación de la oferta programática existente y los eventos adversos asociados a ella. La oferta programática existente de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 3 y los eventos adversos asociados a ella deberán ser determinados y aprobados por el Comité Interministerial de Desarrollo Social y Familia regulado en la ley N° 20.530, previa propuesta evacuada mediante un informe elaborado por la Secretaría Ejecutiva a que alude el artículo 5, en coordinación con la Subsecretaría de Evaluación Social y visada por la Dirección de Presupuestos. Para la elaboración de dicho informe, la Secretaría Ejecutiva considerará los insumos pertinentes que, para estos efectos, le proporcione el Comité Técnico Intersectorial a que se refiere el artículo 6 de esta ley. En caso de que un evento adverso no cuente con oferta programática, deberá indicarse en dicho informe y evaluarse su potencial cobertura.

Los acuerdos del Comité Interministerial de Desarrollo Social y Familia, en relación con la determinación de la oferta programática existente que formará parte del Sistema y los eventos asociados a ella serán vinculantes para los órganos que componen el comité de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 11 de la ley N° 20.530 y deberán materializarse mediante resolución expedida por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, de conformidad a lo señalado en el inciso segundo del artículo 16 de la ley N° 20.530, la que además deberá ser suscrita por el Ministro de Hacienda.

TÍTULO III

DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA, DEL COMITÉ TÉCNICO INTERSECTORIAL Y DE LOS CONVENIOS

Artículo 5.- De la Secretaría Ejecutiva. La Secretaría Ejecutiva del Sistema estará radicada en la Subsecretaría de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y le corresponderá coordinar intersectorialmente, administrar, supervisar, implementar y hacer seguimiento del Sistema y de los indicadores de gestión de la Red de Atención a Usuarios, sin perjuicio de lo establecido en el literal d) del artículo 3 de la ley N° 20.530.

Adicionalmente, le corresponderá convocar y coordinar las labores del Comité Técnico Intersectorial a que alude el artículo siguiente.

A más tardar el 31 de marzo de cada año, la Secretaría Ejecutiva deberá entregar al Ministro de Desarrollo Social y Familia un Informe Anual de Resultado, en el que deberá señalar las acciones que fueron desarrolladas durante el año anterior, las dificultades enfrentadas en la implementación o funcionamiento intersectorial del Sistema, las medidas que propone para la mejora de la coordinación del mismo, y la información estadística en relación con las personas que acceden a la oferta programática de acuerdo al literal b) del artículo 3. Este informe deberá ser remitido a la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación de la Cámara de Diputados y deberá estar disponible a más tardar el 30 de abril de cada año en el sitio web del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

La información necesaria para el informe establecido en el inciso anterior deberá ser entregada por los integrantes del Comité Técnico Intersectorial en los términos establecidos por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, según lo que disponga el reglamento al que se refiere el artículo siguiente.

Un reglamento suscrito por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia determinará el funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva y establecerá toda otra medida necesaria para ese fin.

Artículo 6.- Del Comité Técnico Intersectorial. Existirá un Comité Técnico Intersectorial que colaborará en la implementación y operación del Sistema mediante la provisión de información al mismo.

El referido Comité estará compuesto por una contraparte técnica de cada uno de los organismos participantes y será coordinado por la Secretaría Ejecutiva. Asimismo, el Comité deberá considerar la participación de las municipalidades y de la ciudadanía en la forma que disponga el reglamento.

Un reglamento suscrito por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia determinará la forma de designación de los integrantes del Comité Técnico Intersectorial y toda otra medida necesaria para su funcionamiento.

Artículo 7.- De los convenios. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia podrá celebrar convenios para el funcionamiento del Sistema y para efectuar solicitudes de información y/o tratamiento de datos para los fines del mismo.

TÍTULO IV

DE LA SOLICITUD DE DATOS, SU USO Y TRATAMIENTO

Artículo 8.- De la solicitud de información y tratamiento de datos. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Subsecretaría de Evaluación Social, estará facultada para solicitar a organismos privados y públicos y tratar los datos y la información estrictamente necesaria para el cumplimiento de los fines del Sistema establecidos en el artículo 2 de esta ley, de conformidad con lo establecido en la letra s) del artículo 3 de la ley N° 20.530.

Artículo 9.- Del acceso a la información contenida en registros del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Para el funcionamiento del Sistema, la Subsecretaría de Servicios Sociales podrá realizar solicitudes de información en línea, respecto de datos contenidos en el Registro de Información Social a que hace referencia el artículo 6 de la ley N° 19.949, así como de la información contenida en el instrumento de caracterización socioeconómica a que hace referencia el artículo 5 de la ley N° 20.379, en conformidad a la normativa vigente.

Estas solitudes de información deberán acotarse a aquella estrictamente necesaria para el cumplimiento de los objetivos del Sistema establecidos en el artículo 2 de esta ley.

Artículo 10.- De la seguridad y confidencialidad en el tratamiento de datos personales. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia deberá actuar con la debida diligencia y adoptar todas las medidas de seguridad, técnicas y organizativas que garanticen la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información contenida en el Sistema.

Las personas que accedan a bases o registros de datos personales en virtud de esta ley deberán respetar la confidencialidad de ellos, debiendo tratarlos exclusivamente para los fines previstos en esta ley y abstenerse de usar dicha información en beneficio propio o de terceros.

En caso de que el procesamiento y tratamiento de la información, para los fines de la presente ley, fuere efectuado por terceros, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia establecerá contractualmente los resguardos necesarios para proteger la información y su confidencialidad.

Artículo 11.- De las sanciones. Las infracciones de las disposiciones del presente Título serán sancionadas en conformidad a la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y demás normas aplicables. Adicionalmente, respecto de los funcionarios públicos y para efectos de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 125 de la ley N° 18.834, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda, se estimará que los hechos que configuren infracciones a este Título vulneran gravemente el principio de probidad administrativa, sin perjuicio de las demás sanciones y responsabilidades que procedan, en conformidad a la ley.

TÍTULO V

RED DE ATENCION A USUARIOS

Artículo 12.- Red de Atención a Usuarios. El Sistema contará con una Red de Atención a Usuarios en cada región del país, a través de la cual se les entregará orientación e información sobre la oferta programática que forma parte del Sistema.

Adicionalmente, la plataforma que forma parte de esta red permitirá a los usuarios hacer seguimiento de casos.

TITULO VI

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo primero.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria Tesoro Público, podrá suplementar el presupuesto de dicho ministerio en la parte del gasto que no pueda financiar con sus recursos.

En los años siguientes, el gasto que irrogue el adecuado funcionamiento del Sistema se hará con cargo a los recursos que anualmente contemple la Ley de Presupuestos del Sector Público vigente, sin perjuicio de los recursos que se otorguen por leyes especiales.

Artículo segundo.– Dentro del plazo de seis meses, contado desde la fecha de publicación de la presente ley en el Diario Oficial, se dictarán los reglamentos a que hacen referencia los artículos 5 y 6, así como cualquier otro reglamento necesario para el funcionamiento del Sistema.”.

*****

Dios guarde a V.E.

DIEGO PAULSEN KEHR

Presidente de la Cámara de Diputados

MIGUEL LANDEROS PERKI?

Secretario General de la Cámara de Diputados

VALPARAÍSO, 11 de marzo de 2021

Oficio Nº 16.345

A S.E. LA PRESIDENTA DEL EXCMO. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Tengo a honra transcribir a V.E. el proyecto de ley que establece el Sistema Red Integral de Protección Social, correspondiente al boletín N° 12.661-31.

La Cámara de Diputados consultó a S.E. el Presidente de la República, mediante oficio N° 16.338, 10 de marzo de 2021, si haría uso de la facultad que le confiere el artículo 73 de la Constitución Política de la República.

De conformidad con lo estatuido en el inciso segundo del artículo 93 de la Constitución Política de la República, informo a V.E. que el proyecto quedó totalmente tramitado por el Congreso Nacional el día de hoy, al darse cuenta del oficio N° 007-369, de 11 de marzo de 2021, cuya copia se adjunta, mediante el cual S.E. el Presidente de la República manifiesta a esta Corporación que ha resuelto no hacer uso de la facultad que le confiere el inciso primero del artículo 73 de la Carta Fundamental.

En virtud de lo dispuesto en el N° 1° del inciso primero del artículo 93 de la Constitución Política de la República, corresponde a ese Excmo. Tribunal ejercer el control de constitucionalidad respecto de los artículos 4 y 5 del proyecto de ley.

PROYECTO DE LEY

“TÍTULO I

DE LA NATURALEZA Y OBJETO

Artículo 1.- Naturaleza. Créase un sistema denominado “Red Integral de Protección Social”, en adelante e indistintamente el “Sistema”, que consiste en un modelo de gestión intersectorial, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Subsecretaría de Servicios Sociales, cuyo propósito es coordinar intersectorialmente la oferta programática existente relacionada a eventos adversos que podrían conducir a personas, grupos o familias a una situación de vulnerabilidad, en los términos regulados en la ley N° 20.530, entregar información clara, oportuna y personalizada sobre la misma, y simplificar el acceso a ésta.

Artículo 2.- Objetivos. Los objetivos del Sistema son los siguientes:

a) Coordinar intersectorialmente la oferta programática existente asociada a los eventos adversos.

b) Entregar información y orientación clara, oportuna y personalizada de la oferta programática existente, mediante la Red de Atención a Usuarios a que se refiere el Título V.

c) Simplificar el acceso a la oferta programática del Estado mediante la integración de trámites asociados a los respectivos beneficios y el seguimiento de casos, y garantizar el acceso al Sistema. Para estos efectos el Sistema contará con su propio registro de casos.

Artículo 3.- Definiciones. Para los fines de la presente ley, se entenderá por:

a) Eventos adversos: Hechos o contingencias que podrían conducir a una persona, grupo o familia a una situación de vulnerabilidad, en los términos establecidos en el numeral 5) del artículo 2 de la ley N° 20.530, por motivos de salud, vejez, desempleo, vivienda, educación, delincuencia, y/o violencia de género, entre otros.

b) Oferta programática: Conjunto de políticas, planes, programas, iniciativas, beneficios, prestaciones sociales y/o servicios que administran los organismos participantes y que hayan sido incorporados al Sistema de acuerdo al artículo 4.

c) Organismo participante: Organismos que administran parte de la oferta programática incorporada al Sistema.

d) Plataforma: Sitio web parte de la Red de Atención a Usuarios, que contendrá la información y difusión de la oferta programática y trámites incluidos en el Sistema, y que permitirá hacer seguimiento de casos. Los organismos participantes dispondrán de ésta para orientar a los usuarios. Los usuarios también podrán acceder directamente a ella, mediante una sesión privada.

e) Red de Atención a Usuarios: Vía de acceso de los usuarios a los servicios de información, orientación y atención que ofrece el Sistema. Pueden ser canales virtuales, remotos y/o presenciales que funcionan como medios de comunicación entre los usuarios y el Sistema.

f) Secretaría Ejecutiva: Secretaría Ejecutiva Red Integral de Protección Social, a que alude el artículo 5.

TÍTULO II

DE LA COORDINACIÓN INTERSECTORIAL Y LA ARTICULACION DE OFERTA PROGRAMÁTICA

Artículo 4.- Determinación de la oferta programática existente y los eventos adversos asociados a ella. La oferta programática existente de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 3 y los eventos adversos asociados a ella deberán ser determinados y aprobados por el Comité Interministerial de Desarrollo Social y Familia regulado en la ley N° 20.530, previa propuesta evacuada mediante un informe elaborado por la Secretaría Ejecutiva a que alude el artículo 5, en coordinación con la Subsecretaría de Evaluación Social y visada por la Dirección de Presupuestos. Para la elaboración de dicho informe, la Secretaría Ejecutiva considerará los insumos pertinentes que, para estos efectos, le proporcione el Comité Técnico Intersectorial a que se refiere el artículo 6 de esta ley. En caso de que un evento adverso no cuente con oferta programática, deberá indicarse en dicho informe y evaluarse su potencial cobertura.

Los acuerdos del Comité Interministerial de Desarrollo Social y Familia, en relación con la determinación de la oferta programática existente que formará parte del Sistema y los eventos asociados a ella serán vinculantes para los órganos que componen el comité de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 11 de la ley N° 20.530 y deberán materializarse mediante resolución expedida por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, de conformidad a lo señalado en el inciso segundo del artículo 16 de la ley N° 20.530, la que además deberá ser suscrita por el Ministro de Hacienda.

TÍTULO III

DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA, DEL COMITÉ TÉCNICO INTERSECTORIAL Y DE LOS CONVENIOS

Artículo 5.- De la Secretaría Ejecutiva. La Secretaría Ejecutiva del Sistema estará radicada en la Subsecretaría de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y le corresponderá coordinar intersectorialmente, administrar, supervisar, implementar y hacer seguimiento del Sistema y de los indicadores de gestión de la Red de Atención a Usuarios, sin perjuicio de lo establecido en el literal d) del artículo 3 de la ley N° 20.530.

Adicionalmente, le corresponderá convocar y coordinar las labores del Comité Técnico Intersectorial a que alude el artículo siguiente.

A más tardar el 31 de marzo de cada año, la Secretaría Ejecutiva deberá entregar al Ministro de Desarrollo Social y Familia un Informe Anual de Resultado, en el que deberá señalar las acciones que fueron desarrolladas durante el año anterior, las dificultades enfrentadas en la implementación o funcionamiento intersectorial del Sistema, las medidas que propone para la mejora de la coordinación del mismo, y la información estadística en relación con las personas que acceden a la oferta programática de acuerdo al literal b) del artículo 3. Este informe deberá ser remitido a la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación de la Cámara de Diputados y deberá estar disponible a más tardar el 30 de abril de cada año en el sitio web del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

La información necesaria para el informe establecido en el inciso anterior deberá ser entregada por los integrantes del Comité Técnico Intersectorial en los términos establecidos por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, según lo que disponga el reglamento al que se refiere el artículo siguiente.

Un reglamento suscrito por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia determinará el funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva y establecerá toda otra medida necesaria para ese fin.

Artículo 6.- Del Comité Técnico Intersectorial. Existirá un Comité Técnico Intersectorial que colaborará en la implementación y operación del Sistema mediante la provisión de información al mismo.

El referido Comité estará compuesto por una contraparte técnica de cada uno de los organismos participantes y será coordinado por la Secretaría Ejecutiva. Asimismo, el Comité deberá considerar la participación de las municipalidades y de la ciudadanía en la forma que disponga el reglamento.

Un reglamento suscrito por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia determinará la forma de designación de los integrantes del Comité Técnico Intersectorial y toda otra medida necesaria para su funcionamiento.

Artículo 7.- De los convenios. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia podrá celebrar convenios para el funcionamiento del Sistema y para efectuar solicitudes de información y/o tratamiento de datos para los fines del mismo.

TÍTULO IV

DE LA SOLICITUD DE DATOS, SU USO Y TRATAMIENTO

Artículo 8.- De la solicitud de información y tratamiento de datos. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Subsecretaría de Evaluación Social, estará facultada para solicitar a organismos privados y públicos y tratar los datos y la información estrictamente necesaria para el cumplimiento de los fines del Sistema establecidos en el artículo 2 de esta ley, de conformidad con lo establecido en la letra s) del artículo 3 de la ley N° 20.530.

Artículo 9.- Del acceso a la información contenida en registros del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Para el funcionamiento del Sistema, la Subsecretaría de Servicios Sociales podrá realizar solicitudes de información en línea, respecto de datos contenidos en el Registro de Información Social a que hace referencia el artículo 6 de la ley N° 19.949, así como de la información contenida en el instrumento de caracterización socioeconómica a que hace referencia el artículo 5 de la ley N° 20.379, en conformidad a la normativa vigente.

Estas solitudes de información deberán acotarse a aquella estrictamente necesaria para el cumplimiento de los objetivos del Sistema establecidos en el artículo 2 de esta ley.

Artículo 10.- De la seguridad y confidencialidad en el tratamiento de datos personales. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia deberá actuar con la debida diligencia y adoptar todas las medidas de seguridad, técnicas y organizativas que garanticen la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información contenida en el Sistema.

Las personas que accedan a bases o registros de datos personales en virtud de esta ley deberán respetar la confidencialidad de ellos, debiendo tratarlos exclusivamente para los fines previstos en esta ley y abstenerse de usar dicha información en beneficio propio o de terceros.

En caso de que el procesamiento y tratamiento de la información, para los fines de la presente ley, fuere efectuado por terceros, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia establecerá contractualmente los resguardos necesarios para proteger la información y su confidencialidad.

Artículo 11.- De las sanciones. Las infracciones de las disposiciones del presente Título serán sancionadas en conformidad a la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y demás normas aplicables. Adicionalmente, respecto de los funcionarios públicos y para efectos de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 125 de la ley N° 18.834, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda, se estimará que los hechos que configuren infracciones a este Título vulneran gravemente el principio de probidad administrativa, sin perjuicio de las demás sanciones y responsabilidades que procedan, en conformidad a la ley.

TÍTULO V

RED DE ATENCION A USUARIOS

Artículo 12.- Red de Atención a Usuarios. El Sistema contará con una Red de Atención a Usuarios en cada región del país, a través de la cual se les entregará orientación e información sobre la oferta programática que forma parte del Sistema.

Adicionalmente, la plataforma que forma parte de esta red permitirá a los usuarios hacer seguimiento de casos.

TITULO VI

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo primero.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria Tesoro Público, podrá suplementar el presupuesto de dicho ministerio en la parte del gasto que no pueda financiar con sus recursos.

En los años siguientes, el gasto que irrogue el adecuado funcionamiento del Sistema se hará con cargo a los recursos que anualmente contemple la Ley de Presupuestos del Sector Público vigente, sin perjuicio de los recursos que se otorguen por leyes especiales.

Artículo segundo.– Dentro del plazo de seis meses, contado desde la fecha de publicación de la presente ley en el Diario Oficial, se dictarán los reglamentos a que hacen referencia los artículos 5 y 6, así como cualquier otro reglamento necesario para el funcionamiento del Sistema.”.

*****

Para los fines a que haya lugar, me permito poner en conocimiento de V.E. lo siguiente:

En la Cámara de Diputados, en primer trámite constitucional, los artículos 4 y 5 del proyecto de ley fueron aprobados en general con el voto favorable de 116 diputados.

En particular, el artículo 4 fue aprobado con el voto favorable de 116 diputados, mientras que el artículo 5 lo fue por 131 votos afirmativos.

En todos los casos la votación se produjo respecto de un total de 155 diputados en ejercicio.

En el Senado, en segundo trámite constitucional, el proyecto de ley fue aprobado en general con el voto favorable de 35 senadores, de un total de 43 en ejercicio.

En particular, los artículos 4 y 5 del proyecto de ley fueron aprobados por 39 votos a favor, de un total de 43 senadores en ejercicio.

En la Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional, las modificaciones incorporadas por el Senado en los 4 y 5 del proyecto de ley fueron aprobadas con el voto a favor de 97 diputados, respecto de un total de 154 diputados en ejercicio.

Se dio cumplimiento de esta forma, en todos los casos anteriores, a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República.

*****

Por último, me permito informar a V.E. que no se acompañan actas, por no haberse suscitado cuestión de constitucionalidad.

*****

Dios guarde a V.E.

DIEGO PAULSEN KEHR

Presidente de la Cámara de Diputados

MIGUEL LANDEROS PERKI?

Secretario General de la Cámara de Diputados

2021

REPÚBLICA DE CHILE

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Sentencia

Rol 10.455-21 CPR

[1 de abril de 2021]

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DEL PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE EL SISTEMA RED INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL BOLETÍN N° 12.661-31

VISTOS Y CONSIDERANDO:

I. PROYECTO DE LEY REMITIDO PARA SU CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

PRIMERO: Que, por oficio Nº 16.345, de 11 de marzo de 2021, ingresado a esta Magistratura con igual fecha, la H. Cámara de Diputadas y Diputados ha remitido copia autenticada del proyecto de ley, aprobado por el Congreso Nacional, que establece el Sistema Red Integral de Protección Social, correspondiente al Boletín N° 12.661- 31, con el objeto de que este Tribunal Constitucional, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 93, inciso primero, Nº 1º, de la Constitución Política de la República, ejerza el control de constitucionalidad de sus artículos 4 y 5;

SEGUNDO: Que, el Nº 1º del inciso primero del artículo 93 de la Carta Fundamental establece que es atribución de este Tribunal Constitucional “[e]jercer el control de constitucionalidad de las leyes que interpreten algún precepto de la Constitución, de las leyes orgánicas constitucionales y de las normas de un tratado que versen sobre materias propias de estas últimas, antes de su promulgación;”.

TERCERO: Que, de acuerdo al precepto invocado en el considerando anterior, corresponde a esta Magistratura pronunciarse sobre las normas del proyecto de ley remitido que estén comprendidas dentro de las materias que el Constituyente ha reservado a una ley orgánica constitucional.

II. NORMAS DEL PROYECTO DE LEY SOMETIDAS A CONTROL PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDAD

CUARTO: Que, las disposiciones del proyecto de ley remitido que han sido sometidas a control de constitucionalidad, son las que se indican a continuación:

“Artículo 4.- Determinación de la oferta programática existente y los eventos adversos asociados a ella. La oferta programática existente de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 3 y los eventos adversos asociados a ella deberán ser determinados y aprobados por el Comité Interministerial de Desarrollo Social y Familia regulado en la ley N° 20.530, previa propuesta evacuada mediante un informe elaborado por la Secretaría Ejecutiva a que alude el artículo 5, e n coordinación con la Subsecretaría de Evaluación Social y visada por la Dirección de Presupuestos. Para la elaboración de dicho informe, la Secretaría Ejecutiva considerará los insumas pertinentes que, para estos efectos, le proporcione el Comité Técnico Intersectorial a que se refiere el artículo 6 de esta ley. En caso de que un evento adverso no cuente con oferta programática, deberá indicarse en dicho informe y evaluarse su potencial cobertura.

Los acuerdos del Comité Interministerial de Desarrollo Social y Familia, en relación con la determinación de la oferta programática existente que formará parte del Sistema y los e ventos asociados a ella serán vinculantes para los órganos que componen el comité de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 11 de la ley N° 20.530 y deberán materializarse mediante resolución expedida por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, de conformidad a lo señalado en e l inciso segundo del artículo 16 de la ley N° 20 .530, la que además deberá ser suscrita por el Ministro de Hacienda.

TÍTULO III

DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA, DEL COMITÉ TÉCNICO INTERSECTORIAL Y DE LOS CONVENIOS

Artículo 5.-

De la Secretaría Ejecutiva. La Secretaría Ejecutiva del Sistema estará radicada en la Subsecretaría de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y le corresponderá coordinar intersectorialmente, administrar, supervisar, implementar y hacer seguimiento del Sistema y de los indicadores de gestión de la Red de Atención a Usuarios, sin perjuicio de lo establecido en el literal d) del artículo 3 de la ley N° 20.530.

Adicionalmente, le corresponderá convocar y coordinar las labores del Comité Técnico Intersectorial a que alude el artículo siguiente.

A más tardar el 31 de marzo de cada año, la Secretaría Ejecutiva deberá entregar al Ministro de Desarrollo Social y Familia un Informe Anual de Resultado, en el que deberá señalar las acciones que fueron desarrolladas durante el año anterior, las dificultades enfrentadas en la implementación o funcionamiento intersectorial del Sistema, las medidas que propone para la mejora de la coordinación del mismo, y la información estadística en relación con las personas que acceden a la oferta programática de acuerdo al literal b) del artículo 3. Este informe deberá ser remitido a la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación de la Cámara de Diputados y deberá estar disponible a más tardar e l 30 de abril de cada año en el sitio web del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

La información necesaria para el informe establecido en el inciso anterior deberá ser entregada por los integrantes del Comité Técnico Intersectorial en los términos establecidos por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, según lo que disponga el reglamento al que se refiere el artículo siguiente.

Un reglamento suscrito por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia determinará el funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva y establecerá toda otra medida necesaria para ese fin.”.

III. OTRAS DISPOSICIONES DEL PROYECTO DE LEY SOBRE LAS CUALES SE EMITIRÁ PRONUNCIAMIENTO EN CONTROL PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDAD

QUINTO: Que, no obstante que la H. Cámara de Diputadas y Diputados ha sometido a control de constitucionalidad ante esta Magistratura, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 93, inciso primero, Nº 1º, de la Constitución Política, únicamente las disposiciones señaladas en el considerando primero de esta sentencia, este Tribunal -como lo ha hecho en oportunidades anteriores- no puede dejar de pronunciarse sobre otras disposiciones contenidas en el mismo proyecto de ley remitido que, al igual que las normas a las que se viene aludiendo en el considerando precedente, puedan revestir la naturaleza de leyes orgánicas constitucionales. Atendido lo anterior, se discutió y votó la naturaleza de los preceptos que se reproducen a continuación, en su parte ennegrecida:

“Artículo 11. - De las sanciones. Las infracciones de las disposiciones del presente Título serán sancionadas en conformidad a la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y demás normas aplicables. Adicionalmente, respecto de los funcionarios públicos y para efectos de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 125 de la ley N° 18.834, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda, se estimará que los hechos que configuren infracciones a este Título vulneran gravemente el principio de probidad administrativa, sin perjuicio de las demás sanciones y responsabilidades que procedan, en conformidad a la ley.”.

IV. NORMAS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA QUE ESTABLECEN EL ÁMBITO DE LAS LEYES ORGÁNICAS CONSTITUCIONALES RELACIONADAS CON EL CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY REMITIDO

SEXTO: Que, el artículo 8°, inciso tercero, de la Constitución Política, establece “El Presidente de la República, los Ministros de Estado, los diputados y senadores, y las demás autoridades y funcionarios que una ley orgánica constitucional señale, deberán declarar sus intereses y patrimonio en forma pública.”;

SÉPTIMO: Que el artículo 38, inciso primero, de la Carta Fundamental, prescribe que:

“Una ley orgánica constitucional determinará la organización básica de la Administración Pública, garantizará la carrera funcionaria y los principios de carácter técnico y profesional en que deba fundarse, y asegurará tanto la igualdad de oportunidades de ingreso a ella como la capacitación y el perfeccionamiento de sus integrantes.”;

V. NORMAS DEL PROYECTO DE LEY REMITIDO QUE REVISTEN NATURALEZA DE LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL

OCTAVO: Que, de acuerdo con lo expuesto en los considerandos precedentes, corresponde a este Tribunal pronunciarse sobre las normas consultadas del proyecto de ley remitido y que están comprendidas dentro de las materias que la Constitución ha reservado a una ley orgánica constitucional. En dicha naturaleza jurídica se encuentran los artículos 4; 5, incisos primero y segundo; y 11, en una frase.

1. Artículo 4 del proyecto de ley

NOVENO: Que, la norma remitida a examen de control preventivo establece que la oferta programática existente y los eventos adversos asociados a ésta, deberán ser determinados y aprobados por el Comité Interministerial de Desarrollo Social y Familia que se encuentra regulado en la Ley N° 20.530, previa propuesta evacuada por informe de la Secretaría Técnica que se prevé en su artículo 5;

DÉCIMO: Que, conforme fuera razonado en la STC Rol N° 2061, c. 7, analizando la actual Ley N° 20.530, que Crea el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la regulación del Comité Interministerial de Desarrollo Social como instancia de acuerdo de diversos Ministerios señalados en su artículo 11, para “asesorar al Presidente de la República en la determinación de los lineamientos de la política social del Gobierno”, incide en la ley orgánica constitucional prevista en el artículo 38, inciso primero, de la Constitución, al normar cuestiones relativas a la Ley Orgánica Constitucional sobre Organización Básica de la Administración Pública.

Lo anterior por cuanto la acción del anotado Comité Interministerial, según se tiene del inciso primero del examinado artículo 4, tiene labores de determinación y aprobación de la oferta programática que se indica en el artículo 3 letra b) del proyecto de ley, por lo que se altera el régimen de organización básica previsto en el artículo 22 de la Ley N° 18.575, de Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado fue fijado por el D.F.L. N° 1, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, en que se define a los Ministerios como “órganos superiores de colaboración del Presidente de la República en las funciones de gobierno y administración de sus respectivos sectores, los cuales corresponden a los campos específicos de actividades en que deben ejercer dichas funciones”. Con la normativa en análisis, las nuevas funciones entregadas al Comité Interministerial de Desarrollo Social y Familia creado por el artículo 11 de la Ley N° 20.530, al expandir el ámbito de acción de cada Ministerio en funciones resolutivas en esta instancia colegiada, incide en regulación reservada a la ley orgánica constitucional.

2. Artículo 5, incisos primero y segundo, del proyecto de ley

DÉCIMO PRIMERO: Que, los incisos primero y segundo del artículo 5 de la iniciativa legal, contemplan la creación de una Secretaría Ejecutiva radicada en la Subsecretaría de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que tendrá la finalidad de coordinar intersectorialmente, así como administrar, supervisar, implementar y hacer seguimiento al Sistema que es regulado en el proyecto de ley y los indicadores de gestión normados en el artículo 3 de la Ley N° 20.530. Unido a ello, se tiene del inciso segundo examinado, que le corresponde convocar y coordinar las labores del Comité Técnico Interministerial aludido en el artículo 6;

DÉCIMO SEGUNDO: Que, dada la regulación con que se innova en el proyecto, los anotados incisos primero y segundo del artículo 5 alcanzan la ley orgánica constitucional prevista en el artículo 38, inciso primero, de la Constitución. La incorporación de una Secretaría Ejecutiva en la estructura de una Subsecretaría, altera la estructura que de manera continua y regular se encuentra prevista en los artículos 31 y 32 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, ya citada, alcanzando así la ley orgánica constitucional recién indicada, criterio asentado en la jurisprudencia de este Tribunal como se razonó en STC Rol N° 1031, c. 6, examinando la Ley N° 20.267, que Crea el Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales y Perfecciona el Estatuto de Capacitación y Empleo, y en STC Rol N° 7183, cc. 35 y 36, analizando la Ley N° 21.174, que Establece Nuevo Mecanismo de Financiamiento de las Capacidades Estratégicas de la Defensa Nacional, proyectos de ley que también contemplaban secretarías ejecutivas o técnicas radicadas en las Subsecretarías respectivas;

DÉCIMO TERCERO: Que, por el contrario, los incisos tercero, cuarto y quinto, del artículo 5, no alcanzan la ley orgánica constitucional prevista en el artículo 38, inciso primero, de la Constitución, puesto que sólo desarrollan aspectos operativos de la Secretaría Ejecutiva con que innova el proyecto, normando cuestiones como la entrega de información al Comité Técnico Intersectorial y el mandato que se realiza al Ministerio de Desarrollo Social y Familia para determinar su funcionamiento.

3. Artículo 11, en la frase “se estimará que los hechos que configuren infracciones a este Título vulneran gravemente el principio de probidad administrativa”, del proyecto de ley

DÉCIMO CUARTO: Que, la recién anotada disposición se encuentra comprendida dentro del Título V del proyecto de Ley, denominado “De la Solicitud de Datos, su Uso y Tratamiento”, regulándose en los artículos 8, 9 y 10, las solicitudes de información y tratamiento de datos, así como la seguridad y confidencialidad en el tratamiento de datos personales. Se norma en el artículo 11 en examen que los funcionarios públicos que infrinjan estos deberes configuran con su actuar vulneración al principio de probidad administrativa;

DÉCIMO QUINTO: Que, con lo anterior se regulan cuestiones que inciden en las materias que el Constituyente ha reservado a la ley orgánica constitucional en el artículo 8°, inciso tercero, de la Carta Fundamental. Siguiendo lo razonado, entre otras, en la STC Rol N° 4201, c. 15°, examinando la Ley N° 21.067, de Defensoría de los Derechos de la Niñez, se norman cuestiones previstas en el Título III de la Ley N° 18.575, de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado fue fijado por el D.F.L. N° 1, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que consagra el principio de probidad administrativa, consistente en el deber de observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular, materia de ley orgánica constitucional conforme criterio sostenido en la STC Rol N° 5965, c. 10, al examinar la Ley N° 21.154, de 2017, y la STC Rol N° 6988, c. 14, analizando la Ley N° 21.175, de 2017.

Lo expresado se vincula con lo dispuesto en el artículo 2°, inciso primero, de la Ley N° 20.880, al normar que “[t]odo aquel que desempeñe funciones públicas, cualquiera sea la calidad jurídica en que lo haga, deberá ejercerlas en conformidad con lo dispuesto en la Constitución y las leyes, con estricto apego al principio de probidad”, precepto que fuera declarado en la STC Rol N° 2905, c. 7°, como materia de ley orgánica constitucional bajo el ámbito del artículo 8°, inciso tercero, de la Constitución, criterio que será reafirmado en la sentencia de autos.

VI. NORMAS ORGÁNICAS CONSTITUCIONALES DEL PROYECTO DE LEY REMITIDO, QUE EL TRIBUNAL DECLARARÁ CONFORMES CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

DÉCIMO SEXTO: Que, las disposiciones contenidas en los artículos 4; 5, incisos primero y segundo; y 11, en la frase “se estimará que los hechos que configuren infracciones a este Título vulneran gravemente el principio de probidad administrativa”, del proyecto de ley, con conformes con la Constitución Política.

VII. CUMPLIMIENTO DE LOS QUÓRUM DE APROBACIÓN DE LAS NORMAS DEL PROYECTO DE LEY EN EXAMEN

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, de los antecedentes tenidos a la vista, consta que la norma sobre la cual este Tribunal emite pronunciamiento, fue aprobada, en ambas Cámaras del Congreso Nacional, con las mayorías requeridas por el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política.

Y TENIENDO PRESENTE, además, lo dispuesto en los artículos 8°, inciso tercero; 38, inciso primero; y 93, inciso primero, de la Constitución Política de la República y lo prescrito en los artículos 48 a 51 de la Ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional de esta Magistratura,

SE DECLARA:

I. QUE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 4; 5, INCISOS PRIMERO Y SEGUNDO; Y 11, EN LA FRASE “SE ESTIMARÁ QUE LOS HECHOS QUE CONFIGUREN INFRACCIONES A ESTE TÍTULO VULNERAN GRAVEMENTE EL PRINCIPIO DE PROBIDAD ADMINISTRATIVA”, DEL PROYECTO DE LEY, SON CONFORMES CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA.

II. QUE NO SE EMITE PRONUNCIAMIENTO, EN EXAMEN PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDAD, DE LAS RESTANTES DISPOSICIONES DEL PROYECTO DE LEY, POR NO REGULAR MATERIAS RESERVADAS A LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL.

DISIDENCIAS

Acordada con el voto en contra de los Ministros señores GONZALO GARCIA PINO y NELSON POZO SILVA, y de la Ministra señora MARÍA PÍA SILVA GALLINATO, quienes estimaron que no alcanza la ley orgánica constitucional prevista en el artículo 38, inciso primero, de la Constitución, el artículo 4, inciso primero, segunda parte, y el inciso segundo, disposiciones que regulan sólo aspectos operativos de la Secretaría Ejecutiva normada en el artículo 5, y que, por tanto, no alteran las normas básicas de la Administración del Estado, cuyo ámbito sí está reservado a la ley orgánica constitucional, a tiempo en que no innova en las facultades ya entregadas en la Ley N° 20.530, en su artículo 11, al Comité Interministerial de Desarrollo Social y Familia.

Acordada con el voto en contra de los Ministros señores GONZALO GARCIA PINO y NELSON POZO SILVA, y de la Ministra señora MARÍA PÍA SILVA GALLINATO, quienes disienten de la calificación orgánica constitucional efectuada por la mayoría al artículo 5, incisos primero y segundo, del proyecto de ley, estimando que la normativa que regula una nueva Secretaría Ejecutiva dependiente de la Subsecretaría de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, no innova en la estructura general de la Administración del Estado capaz de abarcar el ámbito orgánico constitucional reservado en la Constitución en su artículo 38, inciso primero. Se entregan a la nueva Secretaría Ejecutiva funciones de coordinación ya previstas de forma general en el artículo 3, inciso segundo, de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, en que se consagra el principio orientador de coordinación para propender a la unidad de acción y evitar la duplicidad o interferencia de funciones.

Acordada con el voto en contra de los Ministros señor NELSON POZO SILVA, de la Ministra señora MARÍA PÍA SILVA GALLINATO, y del Ministro señor RODRIGO PICA FLORES, quienes estimaron que no alcanza la ley orgánica constitucional del artículo 8°, inciso tercero, de la Constitución, la frase declarada por la mayoría con dicha naturaleza jurídica, contenida en el artículo 11 del proyecto de ley, toda vez que el ámbito reservado en la Carta Fundamental alude sólo al deber de determinados funcionarios de declarar sus intereses y patrimonio en forma pública, cuestión no normada en la disposición en examen.

El Ministro señor GONZALO GARCÍA PINO estuvo por declarar bajo la esfera orgánica constitucional el artículo 11 del proyecto de ley, en la frase “se estimará que los hechos que configuren infracciones a este Título vulneran gravemente el principio de probidad administrativa”, de conformidad con la reserva que efectúa la Constitución en el artículo 38, inciso primero, en tanto la remisión al deber de probidad funcionaria se encuentra recogido, tal como razona la mayoría, en el Título III de la Ley N° 18.575, de Bases Generales de la Administración del Estado, incorporado por la Ley N° 19.653, sobre Probidad Administrativa Aplicable de los Órganos de la Administración del Estado, compartiendo el voto disidente anterior, en el sentido de que el ámbito orgánico constitucional del artículo 8°, inciso tercero, de la Constitución únicamente está reservado al deber de prestar declaración de patrimonio e intereses por los funcionarios públicos a que alude el precepto constitucional.

Redactaron la sentencia las señoras y los señores Ministros que la suscriben.

Comuníquese a la H. Cámara de Diputadas y Diputados, regístrese y archívese.

Rol N° 10.455-21-CPR.

Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrado por su Presidenta, Ministra señora MARÍA LUISA BRAHM BARRIL, por sus Ministros señores IVÁN ARÓSTICA MALDONADO, GONZALO GARCÍA PINO, JUAN JOSÉ ROMERO GUZMÁN, CRISTIÁN LETELIER AGUILAR, NELSON POZO SILVA, JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ MÁRQUEZ, señora MARÍA PÍA SILVA GALLINATO, y señores MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ y RODRIGO PICA FLORES.

Se certifica que el Ministro señor Nelson Pozo Silva concurre al acuerdo y fallo, pero no firma por encontrarse con permiso.

Firma la señora Presidenta del Tribunal, y se certifica que los demás señora y señores Ministros concurren al acuerdo y fallo, pero no firman por no encontrarse en dependencias físicas de esta Magistratura, en cumplimiento de las medidas dispuestas ante la emergencia sanitaria existente en el país.

Autoriza la Secretaria del Tribunal Constitucional, señora María Angélica Barriga Meza.

VALPARAÍSO, 5 de abril de 2021

Oficio Nº 16.436

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Tengo a honra poner en conocimiento de V.E. que la Cámara de Diputados, por oficio Nº 16.345, de 11 de marzo de 2021, remitió al Excmo. Tribunal Constitucional el proyecto de ley que establece el Sistema Red Integral de Protección Social, correspondiente al boletín N° 12.661-31, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93, N° 1, de la Constitución Política de la República, con el fin de someter a control preventivo de constitucionalidad los artículos 4 y 5 del proyecto de ley.

En virtud de lo anterior, el Excmo. Tribunal Constitucional, mediante correo electrónico, ha remitido el oficio N° 59-2021, de 1 de abril de 2021, con la sentencia recaída en la materia, y ha resuelto:

I. Que las disposiciones contenidas en los artículos 4; 5, incisos primero y segundo; y 11, en la frase “se estimará que los hechos que configuren infracciones a este título vulneran gravemente el principio de probidad administrativa”, del proyecto de ley, son conformes con la Constitución Política.

II. Que no se emite pronunciamiento, en examen preventivo de constitucionalidad, de las restantes disposiciones del proyecto de ley, por no regular materias reservadas a la ley orgánica constitucional.

Por tanto, y habiéndose dado cumplimiento al control de constitucionalidad establecido en el artículo 93, Nº 1, de la Constitución Política de la República, corresponde a V.E. promulgar el siguiente:

PROYECTO DE LEY

“TÍTULO I

DE LA NATURALEZA Y OBJETO

Artículo 1.- Naturaleza. Créase un sistema denominado “Red Integral de Protección Social”, en adelante e indistintamente el “Sistema”, que consiste en un modelo de gestión intersectorial, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Subsecretaría de Servicios Sociales, cuyo propósito es coordinar intersectorialmente la oferta programática existente relacionada a eventos adversos que podrían conducir a personas, grupos o familias a una situación de vulnerabilidad, en los términos regulados en la ley N° 20.530, entregar información clara, oportuna y personalizada sobre la misma, y simplificar el acceso a ésta.

Artículo 2.- Objetivos. Los objetivos del Sistema son los siguientes:

a) Coordinar intersectorialmente la oferta programática existente asociada a los eventos adversos.

b) Entregar información y orientación clara, oportuna y personalizada de la oferta programática existente, mediante la Red de Atención a Usuarios a que se refiere el Título V.

c) Simplificar el acceso a la oferta programática del Estado mediante la integración de trámites asociados a los respectivos beneficios y el seguimiento de casos, y garantizar el acceso al Sistema. Para estos efectos el Sistema contará con su propio registro de casos.

Artículo 3.- Definiciones. Para los fines de la presente ley, se entenderá por:

a) Eventos adversos: Hechos o contingencias que podrían conducir a una persona, grupo o familia a una situación de vulnerabilidad, en los términos establecidos en el numeral 5) del artículo 2 de la ley N° 20.530, por motivos de salud, vejez, desempleo, vivienda, educación, delincuencia, y/o violencia de género, entre otros.

b) Oferta programática: Conjunto de políticas, planes, programas, iniciativas, beneficios, prestaciones sociales y/o servicios que administran los organismos participantes y que hayan sido incorporados al Sistema de acuerdo al artículo 4.

c) Organismo participante: Organismos que administran parte de la oferta programática incorporada al Sistema.

d) Plataforma: Sitio web parte de la Red de Atención a Usuarios, que contendrá la información y difusión de la oferta programática y trámites incluidos en el Sistema, y que permitirá hacer seguimiento de casos. Los organismos participantes dispondrán de ésta para orientar a los usuarios. Los usuarios también podrán acceder directamente a ella, mediante una sesión privada.

e) Red de Atención a Usuarios: Vía de acceso de los usuarios a los servicios de información, orientación y atención que ofrece el Sistema. Pueden ser canales virtuales, remotos y/o presenciales que funcionan como medios de comunicación entre los usuarios y el Sistema.

f) Secretaría Ejecutiva: Secretaría Ejecutiva Red Integral de Protección Social, a que alude el artículo 5.

TÍTULO II

DE LA COORDINACIÓN INTERSECTORIAL Y LA ARTICULACION DE OFERTA PROGRAMÁTICA

Artículo 4.- Determinación de la oferta programática existente y los eventos adversos asociados a ella. La oferta programática existente de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 3 y los eventos adversos asociados a ella deberán ser determinados y aprobados por el Comité Interministerial de Desarrollo Social y Familia regulado en la ley N° 20.530, previa propuesta evacuada mediante un informe elaborado por la Secretaría Ejecutiva a que alude el artículo 5, en coordinación con la Subsecretaría de Evaluación Social y visada por la Dirección de Presupuestos. Para la elaboración de dicho informe, la Secretaría Ejecutiva considerará los insumos pertinentes que, para estos efectos, le proporcione el Comité Técnico Intersectorial a que se refiere el artículo 6 de esta ley. En caso de que un evento adverso no cuente con oferta programática, deberá indicarse en dicho informe y evaluarse su potencial cobertura.

Los acuerdos del Comité Interministerial de Desarrollo Social y Familia, en relación con la determinación de la oferta programática existente que formará parte del Sistema y los eventos asociados a ella serán vinculantes para los órganos que componen el comité de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 11 de la ley N° 20.530 y deberán materializarse mediante resolución expedida por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, de conformidad a lo señalado en el inciso segundo del artículo 16 de la ley N° 20.530, la que además deberá ser suscrita por el Ministro de Hacienda.

TÍTULO III

DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA, DEL COMITÉ TÉCNICO INTERSECTORIAL Y DE LOS CONVENIOS

Artículo 5.- De la Secretaría Ejecutiva. La Secretaría Ejecutiva del Sistema estará radicada en la Subsecretaría de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y le corresponderá coordinar intersectorialmente, administrar, supervisar, implementar y hacer seguimiento del Sistema y de los indicadores de gestión de la Red de Atención a Usuarios, sin perjuicio de lo establecido en el literal d) del artículo 3 de la ley N° 20.530.

Adicionalmente, le corresponderá convocar y coordinar las labores del Comité Técnico Intersectorial a que alude el artículo siguiente.

A más tardar el 31 de marzo de cada año, la Secretaría Ejecutiva deberá entregar al Ministro de Desarrollo Social y Familia un Informe Anual de Resultado, en el que deberá señalar las acciones que fueron desarrolladas durante el año anterior, las dificultades enfrentadas en la implementación o funcionamiento intersectorial del Sistema, las medidas que propone para la mejora de la coordinación del mismo, y la información estadística en relación con las personas que acceden a la oferta programática de acuerdo al literal b) del artículo 3. Este informe deberá ser remitido a la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación de la Cámara de Diputados y deberá estar disponible a más tardar el 30 de abril de cada año en el sitio web del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

La información necesaria para el informe establecido en el inciso anterior deberá ser entregada por los integrantes del Comité Técnico Intersectorial en los términos establecidos por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, según lo que disponga el reglamento al que se refiere el artículo siguiente.

Un reglamento suscrito por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia determinará el funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva y establecerá toda otra medida necesaria para ese fin.

Artículo 6.- Del Comité Técnico Intersectorial. Existirá un Comité Técnico Intersectorial que colaborará en la implementación y operación del Sistema mediante la provisión de información al mismo.

El referido Comité estará compuesto por una contraparte técnica de cada uno de los organismos participantes y será coordinado por la Secretaría Ejecutiva. Asimismo, el Comité deberá considerar la participación de las municipalidades y de la ciudadanía en la forma que disponga el reglamento.

Un reglamento suscrito por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia determinará la forma de designación de los integrantes del Comité Técnico Intersectorial y toda otra medida necesaria para su funcionamiento.

Artículo 7.- De los convenios. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia podrá celebrar convenios para el funcionamiento del Sistema y para efectuar solicitudes de información y/o tratamiento de datos para los fines del mismo.

TÍTULO IV

DE LA SOLICITUD DE DATOS, SU USO Y TRATAMIENTO

Artículo 8.- De la solicitud de información y tratamiento de datos. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Subsecretaría de Evaluación Social, estará facultada para solicitar a organismos privados y públicos y tratar los datos y la información estrictamente necesaria para el cumplimiento de los fines del Sistema establecidos en el artículo 2 de esta ley, de conformidad con lo establecido en la letra s) del artículo 3 de la ley N° 20.530.

Artículo 9.- Del acceso a la información contenida en registros del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Para el funcionamiento del Sistema, la Subsecretaría de Servicios Sociales podrá realizar solicitudes de información en línea, respecto de datos contenidos en el Registro de Información Social a que hace referencia el artículo 6 de la ley N° 19.949, así como de la información contenida en el instrumento de caracterización socioeconómica a que hace referencia el artículo 5 de la ley N° 20.379, en conformidad a la normativa vigente.

Estas solitudes de información deberán acotarse a aquella estrictamente necesaria para el cumplimiento de los objetivos del Sistema establecidos en el artículo 2 de esta ley.

Artículo 10.- De la seguridad y confidencialidad en el tratamiento de datos personales. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia deberá actuar con la debida diligencia y adoptar todas las medidas de seguridad, técnicas y organizativas que garanticen la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información contenida en el Sistema.

Las personas que accedan a bases o registros de datos personales en virtud de esta ley deberán respetar la confidencialidad de ellos, debiendo tratarlos exclusivamente para los fines previstos en esta ley y abstenerse de usar dicha información en beneficio propio o de terceros.

En caso de que el procesamiento y tratamiento de la información, para los fines de la presente ley, fuere efectuado por terceros, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia establecerá contractualmente los resguardos necesarios para proteger la información y su confidencialidad.

Artículo 11.- De las sanciones. Las infracciones de las disposiciones del presente Título serán sancionadas en conformidad a la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y demás normas aplicables. Adicionalmente, respecto de los funcionarios públicos y para efectos de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 125 de la ley N° 18.834, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda, se estimará que los hechos que configuren infracciones a este Título vulneran gravemente el principio de probidad administrativa, sin perjuicio de las demás sanciones y responsabilidades que procedan, en conformidad a la ley.

TÍTULO V

RED DE ATENCION A USUARIOS

Artículo 12.- Red de Atención a Usuarios. El Sistema contará con una Red de Atención a Usuarios en cada región del país, a través de la cual se les entregará orientación e información sobre la oferta programática que forma parte del Sistema.

Adicionalmente, la plataforma que forma parte de esta red permitirá a los usuarios hacer seguimiento de casos.

TITULO VI

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo primero.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria Tesoro Público, podrá suplementar el presupuesto de dicho ministerio en la parte del gasto que no pueda financiar con sus recursos.

En los años siguientes, el gasto que irrogue el adecuado funcionamiento del Sistema se hará con cargo a los recursos que anualmente contemple la Ley de Presupuestos del Sector Público vigente, sin perjuicio de los recursos que se otorguen por leyes especiales.

Artículo segundo.– Dentro del plazo de seis meses, contado desde la fecha de publicación de la presente ley en el Diario Oficial, se dictarán los reglamentos a que hacen referencia los artículos 5 y 6, así como cualquier otro reglamento necesario para el funcionamiento del Sistema.”.

*****

Adjunto a V.E. copia de la sentencia respectiva.

Dios guarde a V.E.

FRANCISCO UNDURRAGA GAZITÚA

Presidente (A) de la Cámara de Diputados

MIGUEL LANDEROS PERKI?

Secretario General de la Cámara de Diputados