MENSAJE DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA CON EL QUE INICIA UN PROYECTO DE ACUERDO QUE APRUEBA EL “PROTOCOLO DE 2014 RELATIVO AL CONVENIO SOBRE EL TRABAJO FORZOSO, 1930”, ADOPTADO POR LA CONFERENCIA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, EL 11 DE JUNIO DE 2014.

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Santiago, 30 de julio de 2020.

MENSAJE Nº 107-368/

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS

Honorable Cámara de Diputados:

Tengo el honor de someter a vuestra consideración el “Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el Trabajo Forzoso, 1930”, adoptado por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, el 11 de junio de 2014.

I. ANTECEDENTES

En junio de 2014, gobiernos, empleadores y trabajadores reunidos en la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) decidieron dar un nuevo impulso a la lucha mundial contra el trabajo forzoso, incluidas la trata de personas y las prácticas análogas a la esclavitud.

En dicha Conferencia se decidió adoptar un Protocolo y una Recomendación que complementan el Convenio sobre el Trabajo Forzoso, 1930 (Convenio N°29), así como los instrumentos internacionales existentes, proporcionando una orientación específica sobre las medidas que han de adoptarse para eliminar todas las formas de trabajo forzoso.

Chile ratificó el Convenio N°29 el 31 de mayo de 1933 y el Convenio sobre la Abolición del Trabajo Forzoso, 1957 (Convenio N°105), el 1 de febrero de 1999.

El Protocolo al Convenio N°29, que de conformidad con su artículo 8, párrafo 2, entró en vigencia internacional el 9 de noviembre de 2016, está directamente relacionado con los objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS 2030) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en especial su objetivo N°8 que busca promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Dentro de las 12 metas específicas del referido objetivo N°8 destacan dos, con clara vinculación al Protocolo al Convenio N°29, aquella que busca “adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas modernas de esclavitud y la trata de seres humanos y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, a más tardar en 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas”; y, aquella que persigue “proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y protegido para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios”.

En este contexto, la legislación chilena ha ido incorporando paulatinamente una serie de modificaciones normativas tendientes a dar cumplimiento a los estándares internacionales que se han asumido como compromisos en la materia. Por ejemplo, en la ley N°20.507, se tipificaron los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas y se establecieron normas para su prevención y más efectiva persecución criminal.

Desde una perspectiva laboral, la Constitución Política de la República garantiza que: "Toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa retribución" (artículo 19 N°16). Por su parte, el Código del Trabajo, en su artículo 2, reconoce la función social que cumple el trabajo y la libertad de las personas para contratar y dedicar su esfuerzo a la labor legítima que eligieron, estableciendo además que las relaciones laborales deberán siempre fundarse en un trato compatible con la dignidad de la persona. Por lo anterior, la actual normativa vigente en nuestro país se encuentra en pleno cumplimiento de los preceptos internacionales que regulan la materia.

Por otra parte, teniendo presente el rol que Chile juega en el contexto de las relaciones internacionales, como una economía abierta al mundo y respetuosa de los derechos humanos, en especial los laborales, se requiere perseverar en los esfuerzos y compromisos internacionales representados en instrumentos como el Protocolo al Convenio N°29. Para ello, y en cumplimiento de lo establecido en el Convenio N°144, de la OIT, sobre Consultas Tripartitas para Promover la Aplicación de las Normas Internacionales del Trabajo, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social formuló las consultas correspondientes a las organizaciones de trabajadores y empleadores más representativas del país.

En relación a lo anterior, cabe resaltar que el Director General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) invitó a Chile a ser país pionero de la Alianza 8.7, asociación mundial comprometida con el logro de la Meta 8.7 de los ODS, la cual exige a los países “Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y trata de personas para el 2030 y asegurar la prohibición y eliminación de niños, niñas y adolescentes soldados, y, de aquí al 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas”.

En consecuencia, la ratificación por parte de Chile del Protocolo al Convenio N°29, resulta fundamental para asegurar mejores condiciones para las y los trabajadores de nuestro país.

II. ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL PROTOCOLO

El Protocolo consta de un Preámbulo, el cual consigna los motivos por los cuales los Miembros decidieron adoptarlo, y 12 artículos, donde se despliegan las normas que conforman su cuerpo principal y dispositivo.

En primer término, en el Preámbulo se indica que la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo reconoció que la prohibición de la utilización del trabajo forzoso u obligatorio forma parte de los derechos fundamentales, y que el trabajo forzoso u obligatorio constituye una violación de los derechos humanos, que atenta contra la dignidad de millones de mujeres, hombres, niñas y niños, que contribuye a perpetuar la pobreza y que es un obstáculo para la consecución del trabajo decente para todos.

Además, se reconoce en el Preámbulo, el papel fundamental que desempeñan el Convenio N°29 y el Convenio N°105 para luchar contra todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, dando cuenta al mismo tiempo, que las lagunas en su aplicación requieren la adopción de medidas adicionales.

Es por ello que en la 103° reunión de la Conferencia se adoptaron diversas proposiciones para subsanar las lagunas en la aplicación del Convenio N°29 y se reafirmó que las medidas de prevención y de protección, junto con las acciones jurídicas y de reparación, son necesarias para lograr la supresión efectiva y sostenida del trabajo forzoso u obligatorio, y en consecuencia, se decidió que dichas proposiciones revistieran la forma de un Protocolo relativo al Convenio N°29.

Seguidamente, el artículo 1 establece que todo Miembro, al dar cumplimiento a las obligaciones del Convenio N°29 para suprimir el trabajo forzoso u obligatorio, deberá adoptar medidas para prevenir y eliminar su utilización, proporcionar a las víctimas protección y acceso a acciones jurídicas y de reparación apropiadas y eficaces. Asimismo, cada Miembro deberá formular, en consulta con las organizaciones de empleadores y trabajadores, una política y un plan de acción nacionales a fin de lograr la supresión efectiva y sostenida del trabajo forzoso u obligatorio que prevea la adopción de medidas sistemáticas por parte de las autoridades competentes. Finalmente, esta disposición reafirma la definición del trabajo forzoso u obligatorio contenida en el Convenio N°29, por lo cual, las medidas que se adopten deberán incluir actividades específicas para luchar contra la trata de personas con fines de trabajo forzoso u obligatorio.

Asimismo, el artículo 2 dispone que las medidas que se adopten para prevenir el trabajo forzoso u obligatorio deberán incluir:

1. Educación e información, especialmente para las personas vulnerables, así como para los empleadores.

2. Esfuerzos para garantizar que la legislación relativa a la prevención del trabajo forzoso u obligatorio y el control de su cumplimiento abarquen a todos los trabajadores y a todos los sectores de la economía y que se fortalezcan los servicios de inspección del trabajo y otros responsables de esta legislación.

3. Protección de las personas contra posibles prácticas abusivas en el proceso de contratación.4. Apoyo a los sectores público y privado para que actúen con la debida diligencia.5. Acciones para abordar las causas generadoras y los factores que aumentan el riesgo de trabajo forzoso.

En el mismo orden de ideas, el artículo 3 estatuye que cada Estado Miembro se compromete a adoptar medidas eficaces para identificar, liberar y proteger a las víctimas para permitir su recuperación y readaptación, así como proporcionarles otras formas de asistencia y apoyo.

Luego, en el artículo 4, los Estados Miembros se comprometen a velar porque todas las victimas de trabajo forzoso u obligatorio, tengan acceso a las acciones jurídicas y de reparación apropiadas y eficaces, tales como una indemnización, independientemente de su situación jurídica o de que se encuentren o no en el territorio del país.

A continuación, el artículo 5 contempla la obligación de cooperación entre las Partes, a objeto de garantizar la prevención y la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio.

A su turno, el artículo 6 prescribe que todas las medidas adoptadas para aplicar las disposiciones, tanto del Protocolo como del Convenio, deberán ser determinadas por la legislación nacional o por la autoridad competente, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas.

Por último, desde el artículo 7 al artículo 12, se contienen las cláusulas finales, usuales en este tipo de instrumentos internacionales, tales como: Ratificación, Registro ante el Director General de OIT y la entrada en vigor del Protocolo, Denuncia, Obligación de notificar del Director General de la Oficina Internacional del Trabajo las ratificaciones, declaraciones y denuncias, Registro en Naciones Unidas y textos auténticos.

En mérito de lo expuesto, tengo el honor de someter a vuestra consideración el siguiente

PROYECTO DE ACUERDO

“ARTÍCULO ÚNICO.– Apruébase el “Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el Trabajo Forzoso, 1930”, adoptado por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, el 11 de junio de 2014.”.

Dios guarde a V.E.,

SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE

Presidente de la República

ANDRÉS ALLAMAND ZAVALA

Ministro de Relaciones Exteriores

MARÍA JOSÉ ZALDÍVAR LARRAÍN

Ministra del Trabajo

y Previsión Social

Protocolo Relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930

?

INFORME DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ASUNTOS INTERPARLAMENTARIOS E INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA, SOBRE EL PROYECTO DE ACUERDO QUE APRUEBA EL “PROTOCOLO DE 2014 RELATIVO AL CONVENIO SOBRE TRABAJO FORZOSO, 1930”, ADOPTADO POR LA CONFERENCIA GENERAL DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO, EL 11 DE JUNIO DE 2014.

BOLETÍN N° 13.681-10-1

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HONORABLE CÁMARA:

Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana pasa a informar sobre el proyecto de acuerdo del epígrafe, que se encuentra sometido a la consideración de la H. Cámara, en primer trámite constitucional, con urgencia calificada de “Suma”, y de conformidad con lo establecido en los artículos 32, N° 15 y 54, N° 1, de la Constitución Política de la República.

I.- CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.

Para los efectos constitucionales, legales y reglamentarios correspondientes, y previamente al análisis de fondo de este instrumento, se hace constar lo siguiente:

1°) Que la idea matriz o fundamental de este Proyecto de Acuerdo, como su nombre lo indica, es aprobar el ““PROTOCOLO DE 2014 RELATIVO AL CONVENIO SOBRE TRABAJO FORZOSO, 1930”, ADOPTADO POR LA CONFERENCIA GENERAL DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO, EL 11 DE JUNIO DE 2014.

2°) Que este Proyecto de Acuerdo no contiene normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado. Por otra parte, se determinó que sus preceptos no deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda por no tener incidencia en materia presupuestaria o financiera del Estado.

3°) Que la Comisión aprobó el Proyecto de Acuerdo por 9 votos a favor, cero en contra y ninguna abstención. Votaron a favor las diputadas señoras Del Real, doña Catalina; Hertz, doña Carmen, y Muñoz, doña Francesca, y los diputados señores Jarpa, don Carlos Abel; Kort, don Issa; Mirosevic, don Vlado; Naranjo, don Jaime; Undurraga, don Francisco, y Vidal, don Pablo.

4°) Que Diputado Informante fue designado el señor Mirosevic, don Vlado.

II.- ANTECEDENTES.

Según lo señala el Mensaje, en junio de 2014, gobiernos, empleadores y trabajadores reunidos en la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) decidieron dar un nuevo impulso a la lucha mundial contra el trabajo forzoso, incluidas la trata de personas y las prácticas análogas a la esclavitud.

En dicha Conferencia se decidió adoptar un Protocolo y una Recomendación que complementan el Convenio sobre el Trabajo Forzoso, 1930 (Convenio N°29), así como los instrumentos internacionales existentes, proporcionando una orientación específica sobre las medidas que han de adoptarse para eliminar todas las formas de trabajo forzoso.

Chile ratificó el Convenio N°29 el 31 de mayo de 1933 y el Convenio sobre la Abolición del Trabajo Forzoso, 1957 (Convenio N°105), el 1 de febrero de 1999.

El Protocolo al Convenio N°29, que de conformidad con su artículo 8, párrafo 2, entró en vigencia internacional el 9 de noviembre de 2016, está directamente relacionado con los objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS 2030) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en especial su objetivo N°8 que busca promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Dentro de las 12 metas específicas del referido objetivo N°8 destacan dos, con clara vinculación al Protocolo al Convenio N°29, aquella que busca “adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas modernas de esclavitud y la trata de seres humanos y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, a más tardar en 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas”; y, aquella que persigue “proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y protegido para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios”.

En este contexto, la legislación chilena ha ido incorporando paulatinamente una serie de modificaciones normativas tendientes a dar cumplimiento a los estándares internacionales que se han asumido como compromisos en la materia. Por ejemplo, en la ley N°20.507, se tipificaron los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas y se establecieron normas para su prevención y más efectiva persecución criminal.

Desde una perspectiva laboral, la Constitución Política de la República garantiza que: "Toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa retribución" (artículo 19 N°16). Por su parte, el Código del Trabajo, en su artículo 2, reconoce la función social que cumple el trabajo y la libertad de las personas para contratar y dedicar su esfuerzo a la labor legítima que eligieron, estableciendo además que las relaciones laborales deberán siempre fundarse en un trato compatible con la dignidad de la persona. Por lo anterior, la actual normativa vigente en nuestro país se encuentra en pleno cumplimiento de los preceptos internacionales que regulan la materia.

Por otra parte, teniendo presente el rol que Chile juega en el contexto de las relaciones internacionales, como una economía abierta al mundo y respetuosa de los derechos humanos, en especial los laborales, se requiere perseverar en los esfuerzos y compromisos internacionales representados en instrumentos como el Protocolo al Convenio N°29. Para ello, y en cumplimiento de lo establecido en el Convenio N°144, de la OIT, sobre Consultas Tripartitas para Promover la Aplicación de las Normas Internacionales del Trabajo, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social formuló las consultas correspondientes a las organizaciones de trabajadores y empleadores más representativas del país.

En relación a lo anterior, cabe resaltar que el Director General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) invitó a Chile a ser país pionero de la Alianza 8.7, asociación mundial comprometida con el logro de la Meta 8.7 de los ODS, la cual exige a los países “Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y trata de personas para el 2030 y asegurar la prohibición y eliminación de niños, niñas y adolescentes soldados, y, de aquí al 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas”.

En consecuencia, la ratificación por parte de Chile del Protocolo al Convenio N°29, resulta fundamental para asegurar mejores condiciones para las y los trabajadores de nuestro país.

III.- ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL PROTOCOLO.

El Protocolo consta de un Preámbulo, el cual consigna los motivos por los cuales los Miembros decidieron adoptarlo, y 12 artículos, donde se despliegan las normas que conforman su cuerpo principal y dispositivo.

En primer término, en el Preámbulo se indica que la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo reconoció que la prohibición de la utilización del trabajo forzoso u obligatorio forma parte de los derechos fundamentales, y que el trabajo forzoso u obligatorio constituye una violación de los derechos humanos, que atenta contra la dignidad de millones de mujeres, hombres, niñas y niños, que contribuye a perpetuar la pobreza y que es un obstáculo para la consecución del trabajo decente para todos.

Además, se reconoce en el Preámbulo, el papel fundamental que desempeñan el Convenio N°29 y el Convenio N°105 para luchar contra todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, dando cuenta al mismo tiempo, que las lagunas en su aplicación requieren la adopción de medidas adicionales.

Es por ello que en la 103° reunión de la Conferencia se adoptaron diversas proposiciones para subsanar las lagunas en la aplicación del Convenio N°29 y se reafirmó que las medidas de prevención y de protección, junto con las acciones jurídicas y de reparación, son necesarias para lograr la supresión efectiva y sostenida del trabajo forzoso u obligatorio, y en consecuencia, se decidió que dichas proposiciones revistieran la forma de un Protocolo relativo al Convenio N°29.

Seguidamente, el artículo 1 establece que todo Miembro, al dar cumplimiento a las obligaciones del Convenio N°29 para suprimir el trabajo forzoso u obligatorio, deberá adoptar medidas para prevenir y eliminar su utilización, proporcionar a las víctimas protección y acceso a acciones jurídicas y de reparación apropiadas y eficaces. Asimismo, cada Miembro deberá formular, en consulta con las organizaciones de empleadores y trabajadores, una política y un plan de acción nacionales a fin de lograr la supresión efectiva y sostenida del trabajo forzoso u obligatorio que prevea la adopción de medidas sistemáticas por parte de las autoridades competentes. Finalmente, esta disposición reafirma la definición del trabajo forzoso u obligatorio contenida en el Convenio N°29, por lo cual, las medidas que se adopten deberán incluir actividades específicas para luchar contra la trata de personas con fines de trabajo forzoso u obligatorio.

Asimismo, el artículo 2 dispone que las medidas que se adopten para prevenir el trabajo forzoso u obligatorio deberán incluir:

1. Educación e información, especialmente para las personas vulnerables, así como para los empleadores.

2. Esfuerzos para garantizar que la legislación relativa a la prevención del trabajo forzoso u obligatorio y el control de su cumplimiento abarquen a todos los trabajadores y a todos los sectores de la economía y que se fortalezcan los servicios de inspección del trabajo y otros responsables de esta legislación.

3. Protección de las personas contra posibles prácticas abusivas en el proceso de contratación.

4. Apoyo a los sectores público y privado para que actúen con la debida diligencia.

5. Acciones para abordar las causas generadoras y los factores que aumentan el riesgo de trabajo forzoso.

En el mismo orden de ideas, el artículo 3 estatuye que cada Estado Miembro se compromete a adoptar medidas eficaces para identificar, liberar y proteger a las víctimas para permitir su recuperación y readaptación, así como proporcionarles otras formas de asistencia y apoyo.

Luego, en el artículo 4, los Estados Miembros se comprometen a velar porque todas las victimas de trabajo forzoso u obligatorio, tengan acceso a las acciones jurídicas y de reparación apropiadas y eficaces, tales como una indemnización, independientemente de su situación jurídica o de que se encuentren o no en el territorio del país.

A continuación, el artículo 5 contempla la obligación de cooperación entre las Partes, a objeto de garantizar la prevención y la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio.

A su turno, el artículo 6 prescribe que todas las medidas adoptadas para aplicar las disposiciones, tanto del Protocolo como del Convenio, deberán ser determinadas por la legislación nacional o por la autoridad competente, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas.

Por último, desde el artículo 7 al artículo 12, se contienen las cláusulas finales, usuales en este tipo de instrumentos internacionales, tales como: Ratificación, Registro ante el Director General de OIT y la entrada en vigor del Protocolo, Denuncia, Obligación de notificar del Director General de la Oficina Internacional del Trabajo las ratificaciones, declaraciones y denuncias, Registro en Naciones Unidas y textos auténticos.

IV.- DISCUSIÓN EN LA COMISIÓN Y DECISIÓN ADOPTADA.

En el estudio de este Proyecto de Acuerdo la Comisión contó con la asistencia de manera telemática, del señor Raúl Fernández Daza, Subsecretario de Relaciones Exteriores (s), y de don Franco Devillaine Gómez, Director General de Asuntos Jurídicos de la Cancillería.

En primer lugar, el señor Fernández informó que el principal objetivo de este instrumento es actualizar normas y compromisos destinados a eliminar todo tipo de trabajo forzoso, incluidas la trata de personas y las prácticas análogas a la esclavitud.

En este contexto, señaló que la prohibición de la utilización del trabajo forzoso u obligatorio forma parte de los derechos fundamentales, y que este tipo de trabajo constituye una violación de los derechos humanos, atenta contra la dignidad de millones de mujeres, hombres, niñas y niños y contribuye a perpetuar la pobreza.

Asimismo, agregó, el Protocolo en cuestión está en línea con los objetivos de desarrollo sostenible, en particular el objetivo N°8, que persigue un crecimiento inclusivo y trabajo decente para todos, temas que fueron impulsados por el señor Embajador don Juan Somavía, cuando se desempeñaba como Director General de la Organización Internacional del Trabajo.

Continuó el señor Fernández, informando que este Protocolo se enmarca dentro de las 12 metas específicas del referido objetivo N°8, en el cual destacan dos, con clara vinculación al Protocolo al Convenio N°29, aquella que busca “adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas modernas de esclavitud y la trata de seres humanos y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, a más tardar en 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas”; y, aquella que persigue “proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y protegido para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios”.

En esta línea, el señor Subsecretario comentó que en el marco nacional, se ha ido avanzando con una serie de modificaciones normativas tendientes a dar cumplimiento a los estándares internacionales que se han asumido como compromisos en la materia. Por ejemplo, en la ley N°20.507, se tipificaron los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas y se establecieron normas para su prevención y más efectiva persecución criminal.

Sobre las medidas contempladas en el Protocolo, el señor Fernández mencionó que una serie de ellas son para prevenir, proteger y también con el objeto reparar a las victimas de los delitos recientemente señalados.

A su vez, añadió, este instrumento otorga una interpretación homogénea del derecho laboral, permitiendo que los tribunales de justicia, en su rol tutelar de las garantías constitucionales, puedan tener una norma y legislación coherente.

Hizo presente, el expositor, que todos los acuerdos de libre comercio que actualmente se están negociando, incorporan y consideran los convenios de la OIT, entre ellos, este Protocolo en cuestión.

Por último, el señor Fernández sostuvo que la aprobación del proyecto constituirá una nueva señal de compromiso del país a fin de perseguir estos delitos, pues, el Protocolo es un instrumento particularmente importante, como herramienta de política exterior de Chile.

A continuación, el señor Devillaine, profundizando los aspectos mencionados por el Subsecretario (S) de Relaciones Exteriores, señaló que este protocolo es un instrumento que se circunscribe en el ámbito de otros instrumentos suscritos por Chile, planteados sobre las mismas materias, como por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece la libre elección de su trabajo, en el artículo 23; el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 1966, que dispone la proscripción a la ejecución de trabajos forzosos obligatorios; el Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales de 1996, que establece normas destinadas a la abolición, prohibición y combate del trabajo forzoso.

Este instrumento, continuó el señor Devillaine, es un proyecto que pretende incorporar acciones concretas en el ámbito de las medidas que se deben adoptar para lograr el objetivo establecido en el protocolo original del año 1930.

Sobre las medidas específicas que se incorporan, el expositor señaló que en el artículo 2 se incluyen medidas de prevención; en su artículo 3 y 4.2, se incorporan las denominadas medidas de protección; y, en el artículo 4.1, las medidas de reparación.

En el ámbito de las medidas de prevención, se establecen obligaciones para los Estados firmantes, de promover acciones vinculadas a la educación e información para las personas vulnerables, así como para los empleadores; esfuerzos para garantizar que la legislación relativa a la prevención del trabajo forzoso u obligatorio y el control de su cumplimiento que abarquen a todos los trabajadores y a todos los sectores de la economía y que se fortalezcan los servicios de inspección del trabajo y otros responsables de esta legislación; protección de las personas contra posibles prácticas abusivas en el proceso de contratación; apoyo a los sectores público y privado para que actúen con la debida diligencia; y, acciones para abordar las causas generadoras y los factores que aumentan el riesgo de trabajo forzoso.

A su vez, el señor Devillaine manifestó que el Protocolo también instruye que cada Estado Miembro se compromete a adoptar medidas eficaces para identificar, liberar y proteger a las víctimas para permitir su recuperación y readaptación, así como proporcionarles otras formas de asistencia y apoyo.

Asimismo, velar para que todas las victimas de trabajo forzoso u obligatorio, tengan acceso a las acciones jurídicas y la reparación, tales como una indemnización, independientemente de su situación jurídica o de que se encuentren o no en el territorio del país.

A continuación, señaló que el Instrumento prescribe que todas las medidas adoptadas para aplicar las disposiciones, tanto del Protocolo como del Convenio, deberán ser determinadas por la legislación nacional o por la autoridad competente, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas.

En relación a lo anterior, y desde una perspectiva laboral, el señor Devillaine destacó que la Constitución Política de la República garantiza que: "Toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa retribución" (artículo 19 N°16). Por su parte, el Código del Trabajo, en su artículo 2, reconoce la función social que cumple el trabajo y la libertad de las personas para contratar y dedicar su esfuerzo a la labor legítima que eligieron, estableciendo además que las relaciones laborales deberán siempre fundarse en un trato compatible con la dignidad de la persona. Por lo anterior, la actual normativa vigente en nuestro país se encuentra en pleno cumplimiento de los preceptos internacionales que regulan la materia.

La diputada señora Hertz, doña Carmen, junto con agradecer la entrega de los antecedentes sobre este proyecto, manifestó que, en relación a las medidas que los Estados firmantes deben adoptar con el objeto de reparar a las victimas del trabajo forzoso, es menester que el Gobierno tome acciones o elabore algún plan para que las personas vulnerables, sobre todo los migrantes o quienes se desempeñen en el rubro de la agricultura, estén considerados en la legislación laboral y penal, en el sentido de cumplir con las obligaciones que dispone el Protocolo.

El diputado señor Kort, en relación a la situación de un grupo de inmigrantes paraguayos quienes de manera ilegal trabajaron en un predio de la comuna de Marchigue donde sufrieron vulneración de sus derechos, acaecido en el año 2011, preguntó si la legislación actual contempla este tipo de circunstancias o si habría que hacer modificaciones en el marco del Protocolo que se encuentra en estudio.

El señor Devillaine expresó que dicha causa culminó estableciéndose indemnizaciones, por daño moral, por más de 125 millones de pesos, y, en ese contexto, la acción de tutela laboral del Código del Trabajo tiene una característica muy particular, pues el juez dispone de una facultad bastante amplia para establecer, no solamente indemnizaciones monetarias, sino que otra clase de sanciones que, por aplicación de las normas jurídicas constitucionales y laborales, los jueces pueden dictar para reestablecer el imperio del derecho.

Por su parte, las señoras Diputadas y señores Diputados presentes en la sesión concordaron con los objetivos del Proyecto de Acuerdo y compartieron los fundamentos del Protocolo relativo al trabajo forzoso, por lo cual prestaron su aprobación al mismo.

-- Sometido a votación, en general y en particular el proyecto en estudio, se aprobó por 9 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.

(Votaron a favor las diputadas señoras Del Real, doña Catalina; Hertz, doña Carmen, y Muñoz, doña Francesca; y, los diputados señores Jarpa, don Carlos Abel; Kort, don Issa; Mirosevic, don Vlado; Naranjo, don Jaime; Undurraga, don Francisco, y Vidal, don Pablo)

V.- MENCIONES REGLAMENTARIAS.

En conformidad con lo preceptuado por el artículo 302 del Reglamento de la Corporación, se hace presente que la Comisión no calificó como normas de carácter orgánico o de quórum calificado ningún precepto contenido en el Proyecto de Acuerdo en informe. Asimismo, ella determinó que sus preceptos no deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda por no tener incidencia en materia presupuestaria o financiera del Estado.

Como consecuencia de los antecedentes expuestos y visto el contenido formativo del Acuerdo en trámite, la Comisión decidió recomendar a la H. Cámara aprobar dicho instrumento, para lo cual propone adoptar el artículo único del Proyecto de Acuerdo, cuyo texto es el siguiente:

PROYECTO DE ACUERDO

“ARTÍCULO ÚNICO.– Apruébase el “Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el Trabajo Forzoso, 1930”, adoptado por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, el 11 de junio de 2014.”.

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Discutido y despachado en la sesión de fecha 18 de agosto de 2020, celebrada bajo la presidencia del H. Diputado don Jaime Naranjo Ortiz, y con la asistencia de las diputadas señoras Del Real, doña Catalina; Hertz, doña Carmen, y Muñoz, doña Francesca, y de los diputados señores Fuentes, don Tomás; Jarpa, don Carlos Abel; Kort, don Issa; Mirosevic, don Vlado; Undurraga, don Francisco, y Vidal, don Pablo.

Se designó como Diputado Informante al señor MIROSEVIC, don Vlado.

SALA DE LA COMISIÓN, a 18 de agosto de 2020.

Pedro N. Muga Ramírez,

Abogado, Secretario de la Comisión.

PROTOCOLO DE 2014 RELATIVO AL CONVENIO SOBRE EL TRABAJO FORZOSO, 1930 (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 13681-10)

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el proyecto de acuerdo que aprueba el Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el Trabajo Forzoso, 1930, adoptado por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, el 11 de junio de 2014.

Por acuerdo de los Comités parlamentarios, para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos base a las bancadas que tengan dos o más comités y tres minutos al resto de las bancadas.

Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana es el señor Vlado Mirosevic .

Antecedentes:

-Mensaje, sesión 50ª de la presente legislatura, en martes 4 de agosto de 2020.

Documentos de la Cuenta N° 1.

-Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, sesión 64ª de la presente legislatura, en martes 25 de agosto de 2020. Documentos de la Cuenta N° 21.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

En reemplazo del diputado Vlado Mirosevic , rinde el informe el diputado Pablo Vidal .

El señor VIDAL (de pie).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, paso a informar el proyecto de acuerdo que aprueba el Protocolo de 2014, relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930, adoptado por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, el 11 de junio de 2014, que se encuentra sometido a la consideración de esta Cámara, en primer trámite constitucional, con urgencia calificada de suma, y de conformidad con lo establecido en los artículos 32, número 15º, y 54, número 1), de la Constitución Política de la República.

Según lo señala el mensaje, en junio de 2014, gobiernos, empleadores y trabajadores reunidos en la Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) decidieron dar un nuevo impulso a la lucha mundial contra el trabajo forzoso, incluidas la trata de personas y las prácticas análogas a la esclavitud.

En dicha conferencia se decidió adoptar un protocolo y una recomendación que complementan el Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (N° 29), así como los instrumentos internacionales existentes, proporcionando una orientación específica sobre las medidas que han de adoptarse para eliminar todas las formas de trabajo forzoso.

Chile ratificó el Convenio N° 29 el 31 de mayo de 1933 y el Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (N° 105), el 1 de febrero de 1999.

El protocolo consta de un Preámbulo, el cual consigna los motivos por los cuales los miembros decidieron adoptarlo, y 12 artículos, en los que se despliegan las normas que conforman su cuerpo principal y dispositivo.

En primer término, en el Preámbulo, se indica que la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo reconoció que la prohibición de la utilización del trabajo forzoso u obligatorio forma parte de los derechos fundamentales y que el trabajo forzoso u obligatorio constituye una violación de los derechos humanos, que atenta contra la dignidad de millones de mujeres, hombres, niñas y niños, que contribuye a perpetuar la pobreza y que es un obstáculo para la consecución del trabajo decente para todos.

Además, en el Preámbulo se reconoce el papel fundamental que desempeñan el Convenio N° 29 y el Convenio N° 105 para luchar contra todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, dando cuenta al mismo tiempo de que las lagunas en su aplicación requieren la adopción de medidas adicionales.

Es por ello que, en la 103ª Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, se adoptaron diversas proposiciones para subsanar las lagunas en la aplicación del Convenio N° 29 y se reafirmó que las medidas de prevención y de protección, junto con las acciones jurídicas y de reparación, son necesarias para lograr la supresión efectiva y sostenida del trabajo forzoso u obligatorio. En consecuencia, se decidió que dichas proposiciones revistieran la forma de un protocolo relativo al Convenio N° 29.

Seguidamente, el artículo 1 establece que todo miembro, al dar cumplimiento a las obligaciones del Convenio N° 29 para suprimir el trabajo forzoso u obligatorio, deberá adoptar medidas para prevenir y eliminar su utilización, proporcionar a las víctimas protección y acceso a acciones jurídicas y de reparación, apropiadas y eficaces.

Asimismo, cada miembro deberá formular, en consulta con las organizaciones de empleadores y trabajadores, una política y un plan de acción nacionales a fin de lograr la supresión efectiva y sostenida del trabajo forzoso u obligatorio que prevea la adopción de medidas sistemáticas por parte de las autoridades competentes. Finalmente, esta disposición reafirma la definición del trabajo forzoso u obligatorio contenida en el Convenio N° 29, por lo cual las medidas que se adopten deberán incluir actividades específicas para luchar contra la trata de personas con fines de trabajo forzoso u obligatorio.

El artículo 2 dispone que las medidas que se adopten para prevenir el trabajo forzoso u obligatorio deberán incluir:

1. Educación e información, especialmente para las personas vulnerables, así como para los empleadores.

2. Esfuerzos para garantizar que la legislación relativa a la prevención del trabajo forzoso u obligatorio y el control de su cumplimiento abarquen a todos los trabajadores y a todos los sectores de la economía y que se fortalezcan los servicios de inspección del trabajo y otros responsables de esta legislación.

3. Protección de las personas contra posibles prácticas abusivas en el proceso de contratación.

4. Apoyo a los sectores público y privado para que actúen con la debida diligencia.

5. Acciones para abordar las causas generadoras y los factores que aumentan el riesgo de trabajo forzoso.

En el mismo orden de ideas, el artículo 3 estatuye que cada estado miembro se compromete a adoptar medidas eficaces para identificar, liberar y proteger a las víctimas para permitir su recuperación y readaptación, así como proporcionarles otras formas de asistencia y apoyo.

Luego, en el artículo 4, los Estados miembros se comprometen a velar por que todas las víctimas de trabajo forzoso u obligatorio tengan acceso a las acciones jurídicas y de reparación apropiadas y eficaces, tales como una indemnización, independientemente de su situación jurídica o de que se encuentren o no en el territorio del país.

A continuación, el artículo 5 contempla la obligación de cooperación entre las Partes, a objeto de garantizar la prevención y la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio.

A su turno, el artículo 6 prescribe que todas las medidas adoptadas para aplicar las disposiciones, tanto del protocolo como del convenio, deberán ser determinadas por la legislación nacional o por la autoridad competente, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas.

Por último, desde el artículo 7 al artículo 12, se contienen las cláusulas finales, usuales en este tipo de instrumentos internacionales, tales como: ratificación, registro ante el Director General de la OIT y la entrada en vigor del protocolo, denuncia, obligación de notificar del Director General de la Oficina Internacional del Trabajo las ratificaciones, declaraciones y denuncias, registro en Naciones Unidas y textos auténticos.

En el estudio de este proyecto de acuerdo, la comisión contó con la asistencia, de manera telemática, del señor Raúl Fernández Daza , subsecretario subrogante de Relaciones Exteriores, y del señor Franco Devillaine Gómez , director general de asuntos jurídicos de la Cancillería, quienes ratificaron los principales contenidos expuestos en el mensaje y precisaron que el principal objetivo de este instrumento es actualizar normas y compromisos destinados a eliminar todo tipo de trabajo forzoso, incluidas la trata de personas y las prácticas análogas a la esclavitud.

En ese contexto, señalaron que la prohibición de la utilización del trabajo forzoso u obligatorio forma parte de los derechos fundamentales y que este tipo de trabajo constituye una violación de los derechos humanos, atenta contra la dignidad de millones de mujeres, hombres, niñas y niños y contribuye a perpetuar la pobreza.

Por su parte, las señoras diputadas y los señores diputados presentes en la sesión concordaron con los objetivos del protocolo en informe y prestaron su aprobación al mismo.

Sometido a votación, en general y en particular, el proyecto en estudio se aprobó por unanimidad: 9 votos a favor. No hubo votos en contra ni abstenciones.

Votaron a favor las diputadas Catalina del Real, Carmen Hertz y Francesca Muñoz , y los diputados Carlos Abel Jarpa , Issa Kort , Vlado Mirosevic , Jaime Naranjo , Francisco Undurraga y quien habla, Pablo Vidal .

Por último, la comisión no calificó como normas de carácter orgánico o de quorum calificado ningún precepto contenido en el proyecto de acuerdo en informe. Asimismo, determinó que sus preceptos no deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda, por no tener incidencia en materia presupuestaria o financiera del Estado.

Como consecuencia de los antecedentes expuestos y visto el contenido formativo del acuerdo en trámite, la comisión decidió recomendar a esta Cámara aprobar dicho instrumento, para lo cual propone adoptar el artículo único del proyecto de acuerdo, cuyo texto los colegas tienen en su poder.

Es cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto de acuerdo. Tiene la palabra la diputada Catalina del Real Mihovilovic .

La señora DEL REAL (doña Catalina).-

Señor Presidente, la OIT y la Naciones Unidas han tomado una serie de decisiones para hacer frente al problema del trabajo forzoso. Así, la OIT adoptó el convenio sobre el tema en 1930. Luego, en los años 50, manifestó su interés renovado por otras formas de trabajo forzoso que eran aplicadas ya sea como castigo por la expresión de determinadas opiniones políticas o como vestigio de un feudalismo agrario todavía extendido en esa época.

En 1956, la Organización de las Naciones Unidas se movilizó para adoptar una convención encaminada a abolir la esclavitud. Por su parte, la OIT, en 1957, adoptó el convenio sobre la abolición del trabajo forzoso.

Ahora bien, no obstante que el trabajo forzoso ha sido condenado universalmente, no ha desaparecido y en muchos países de América Latina y zonas del Caribe y en otras regiones, esa práctica abusiva afecta en particular a las poblaciones indígenas.

Un informe de la OIT señala que los trabajadores de servicio doméstico suelen encontrarse atrapados en situaciones de trabajo forzoso, por ejemplo, cuando se les impide física o jurídicamente abandonar el domicilio del empleador, haciendo uso de amenazas o de actos de violencia física o incluso de artimañas, como la retención de sus documentos o de su remuneración.

Lamentablemente, nuestro país no ha estado ajeno a esa práctica, pues a través de distintos medios de comunicación hemos conocido de situaciones que dan cuenta de ello, de abusos que han afectado principalmente a personas provenientes de países asiáticos.

Los más afectados por este tipo de prácticas, que se utilizan en varios países, son mayoritariamente mujeres y niños, en la medida en que se vincula estrechamente con el tráfico de personas y con las migraciones, cuestión sobre la cual hay que poner especial atención.

El trabajo forzoso, aquel que se exige realizar bajo amenaza de pena y se lleva a cabo de forma involuntaria, no es otra cosa que una restricción de la libertad personal. Es, además, la verdadera antítesis del trabajo decente.

La pobreza, el desempleo y la discriminación no son las únicas fuentes de esta problemática; lo son también la carencia de educación y la violencia, condiciones generalizadas en el mundo de hoy que hacen que más de doce millones de personas sean víctimas de trabajos forzosos. Las causas van desde las complejas situaciones socioeconómicas hasta la falta de decisión política de los diferentes Estados.

Señor Presidente, Chile sería el tercer país de la región en ratificar este protocolo, luego de Panamá y Argentina, conforme al Convenio 29 de la OIT, relativo a personas que son forzadas a trabajar, ya sea mediante el uso de violencia, intimidación u otros medios, como la servidumbre por deudas o la retención de documentos de identidad.

El trabajo forzoso está presente en diversas actividades económicas, y constituye una violación grave a los derechos humanos, por lo que debe ser sancionado penalmente.

En materia de erradicación del trabajo forzoso, en 2019 las subsecretarías del Trabajo y del Interior firmaron un compromiso, en representación del gobierno de Chile, para poner en funcionamiento la hoja de ruta 2019-2021, Chile país pionero de esta alianza.

Lo que hoy debatimos y que espero sea aprobado por amplia mayoría, ojalá por unanimidad, concuerda con los compromisos y esfuerzos del gobierno de Chile por adoptar una medida urgente para terminar y asegurar la erradicación de todas las formas de trabajo forzoso y, por cierto, de trabajo infantil, de aquí al 2025.

Por lo expuesto, anuncio mi voto a favor del proyecto.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Francisco Undurraga .

El señor UNDURRAGA.-

Señor Presidente, a raíz de una comisión investigadora de la que formé parte, pude conocer antecedentes y datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito sobre el tráfico de personas y trabajo forzoso a nivel país y mundial.

Me impactó que en pleno siglo XXI, con el desarrollo civilizatorio que ha significado la democracia y la universalización del cuidado de los derechos humanos, sigan existiendo, y en tamaña proporción, esta clase de atrocidades y atentados contra la libertad individual y la dignidad de las personas.

Aun más, me resulta increíble que haya sujetos que estén dispuestos a disponer así de la vida de otros, que sean capaces de abusar de sus precarias condiciones de vida y se sirvan de ellos para realizar trabajos totalmente vejatorios.

Por eso, aplaudo el historial y el compromiso del Estado de Chile para detectar, contener, perseguir y sancionar a estas verdaderas mafias del abuso.

Nuestra legislación se encuentra profundamente modernizada en ese sentido, y hoy, con la ratificación de este convenio, le aseguraremos a todo el mundo que ese compromiso no retrocederá ni un centímetro, porque no estamos dispuestos a que ese tipo de atrocidades siga existiendo.

Así, Chile se compromete a tener un rol activo en la protección contra el trabajo forzoso, a proteger a las víctimas y a aplicar todo el rigor de la ley a quienes, inhumanamente, se aprovechen de otros en tal sentido.

La adopción de compromisos como este es lo que ha destacado a nuestro país a nivel internacional. Restarnos o retroceder en nuestro compromiso con la libertad y con la dignidad no está en nuestro ADN.

Por lo expuesto, llamo a la Sala a ratificar en forma unánime este convenio, para que a nadie le queden dudas de que en Chile no se tolerará el trabajo forzoso.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Issa Kort Garriga .

El señor KORT.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a los diputados y diputadas que participan en la sesión de manera telemática y a los presentes en la Sala.

Sin duda, este es un proyecto de acuerdo necesario, por lo que espero que sea aprobado por unanimidad, tal como ocurrió en la Comisión de Relaciones Exteriores.

Esta iniciativa busca actualizar un convenio internacional que fue suscrito hace noventa años, en 1930, para combatir el trabajo forzoso. Es necesaria su actualización, porque, lamentablemente, no obstante todos los convenios internacionales que se han suscrito al respecto, se siguen practicando la persecución en contra de personas, la trata de personas y ciertos grados de esclavitud, lo que resulta inaceptable.

Me sumo a las palabras de la diputada Del Real y del diputado Undurraga . También quiero recordar parte del debate que desarrollamos en la Comisión de Relaciones Exteriores. Particularmente, quiero reconocer la participación del subsecretario subrogante de Relaciones Exteriores, señor Raúl Fernández Daza , como también la del director general de asuntos jurídicos de la Cancillería, señor Franco Devillaine , quienes nos dieron a conocer en detalle lo que significaría la entrada en vigencia de este acuerdo internacional.

En particular, quiero recordar un caso que impactó a la Región de O’Higgins, que represento junto con otros diputados y diputadas. Al terminar el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera se descubrieron guetos de explotación laboral humana en la comuna de Marchigüe. En ese contexto, destaco la valentía y la decisión que tuvieron la entonces ministra del Trabajo, Evelyn Matthei , y el entonces intendente de la región, Patricio Rey , para perseguir, con todas las herramientas que la ley les otorgaba, ese maltrato, ese trabajo forzoso, que afectó a un grupo importante de personas que, lamentablemente, eran tratadas como esclavas.

Eso ocurrió en pleno siglo XXI. Por ello, la actualización de este tratado internacional busca sumarse a lo que está planteando el mundo entero, en especial las organizaciones multilaterales y el derecho internacional

Por todo lo expuesto, hago un llamado a la Sala para que apruebe este proyecto por unanimidad, de manera que se envíe al Senado, y este, ojalá, lo despache pronto.

Señor Presidente, antes de terminar mi discurso me permito hacer una pequeña reflexión en dos ámbitos. En primer lugar, respecto de la importancia que tiene para Chile mantener un liderazgo en materia de integración global, no solo desde el punto de vista comercial, a través de tratados de libre comercio, sino también, a través del derecho internacional, del respeto a los derechos humanos. En este ámbito, lo que hace este proyecto es reafirmar la voluntad del Estado de Chile, más allá de los gobiernos de turno, por integrar un sistema de respeto al derecho internacional cuyo foco esté puesto en las personas.

A partir de ese respeto, quiero plantear mi segunda reflexión. Me refiero a un proyecto de ley sobre migración y extranjería que se encuentra en el Senado. Lamentablemente, hemos visto cómo algunos legisladores quieren camuflar la necesaria ley de migración laboral. La migración de turismo tiene que ver con un aspecto distinto al laboral. No podemos camuflar una situación que no es tal; debemos tener una ley de migración actualizada, clara, transparente.

En ese sentido, respaldo y agradezco a este gobierno del Presidente Sebastián Piñera por haber enviado un proyecto de ley para actualizar la legislación sobre migración. Sin embargo, hay que decir las cosas como son: queremos una migración como corresponde. No puede ser que permitamos que se siga utilizando la migración de turismo para que ingresen al país personas que vienen a trabajar. ¿Sabe por qué, señor Presidente? Porque de esa forma lo único que sucede es que se consagran las mafias que se dedican a la trata de blancas.

El diputado Undurraga recién recordó su participación en la comisión investigadora que analizó el tráfico de migrantes en nuestro país, en especial de ciudadanos chinos, comisión de la que también formé parte. Considero inaceptable que hoy en Chile tengamos víctimas de este delito.

Por lo anterior, llamo a los diputados a votar en forma unánime este proyecto de acuerdo que reafirma nuestro compromiso como país con el respeto a los derechos humanos y laborales de todas las personas, tanto en Chile como en el resto del mundo.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Amaro Labra Sepúlveda .

El señor LABRA.-

Señor Presidente, el protocolo al Convenio N° 29 consta de un preámbulo, que indica que la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo reconoció que la prohibición de la utilización del trabajo forzoso u obligatorio forma parte de los derechos fundamentales, y que el trabajo forzoso u obligatorio constituye una violación de los derechos humanos, que atenta contra la dignidad de millones de mujeres, hombres, niñas y niños; que contribuye a perpetuar la pobreza y que es un obstáculo para la consecución del trabajo decente para todos.

Además, se consigna el papel fundamental que desempeñan el Convenio N° 29 y el Convenio N° 105 para luchar contra todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, dando cuenta, al mismo tiempo, que las lagunas en su aplicación requieren la adopción de medidas adicionales.

El protocolo establece que los Estados miembros deberán adoptar medidas para prevenir y eliminar la utilización del trabajo forzoso u obligatorio, proporcionar a las víctimas protección y acceso a acciones jurídicas y de reparación apropiadas y eficaces. Asimismo, cada miembro deberá formular, en consulta con las organizaciones de empleadores y trabajadores, una política y un plan de acción nacionales, a fin de lograr la supresión efectiva y sostenida del trabajo forzoso u obligatorio, que prevea la adopción de medidas específicas.

Las medidas que se adopten para prevenir el trabajo forzoso u obligatorio deberán incluir:

1.- Educación e información, especialmente para las personas vulnerables, así como para los empleadores.

2.- Esfuerzos para garantizar que la legislación relativa a la prevención del trabajo forzoso u obligatorio y el control de su cumplimiento abarquen a todos los trabajadores y a todos los sectores de la economía.

3.- Protección de las personas contra posibles prácticas abusivas en el proceso de contratación.

4.- Apoyo a los sectores público y privado para que actúen con la debida diligencia.

5.- Acciones para abordar las causas generadoras y los factores que aumentan el riesgo de trabajo forzoso.

El artículo 3 establece que cada Estado miembro debe adoptar medidas eficaces para identificar, liberar y proteger a las víctimas.

La diputada Carmen Hertz enfatizó en la comisión que es menester que el gobierno tome acciones o elabore algún plan para que las personas vulnerables, sobre todo los migrantes o quienes se desempeñen en el rubro de la agricultura, estén considerados en la legislación laboral y se pueda cumplir con las obligaciones que dispone el protocolo, que significa un avance beneficioso para la dignidad y la protección de las y de los trabajadores de este hermoso país.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Naranjo .

El señor NARANJO.-

Señor Presidente, es curioso que un convenio que data de 1930,

como es el relativo al trabajo forzoso, a petición de la Organización Internacional del Trabajo lo estemos ratificando en los inicios del siglo XXI, lo cual demuestra que, lamentablemente, dicha práctica se ha mantenido.

Muchas veces se asocia el trabajo forzoso a la trata de personas, a la esclavitud, al trabajo infantil o al trato indigno e inhumano que reciben los migrantes. Sin embargo, cuando uno habla del trabajo forzoso, inmediatamente lo asocia con su contraparte, con las características de un trabajo decente, que tiene dos componentes: respeto a la dignidad del ser humano y un salario digno para el trabajador y su familia.

Las condiciones precarias de empleo que hoy se desarrollan en muchos países no son ajenas a nuestra realidad. Pareciera ser que nos gusta mirar las cosas como si en nuestro país no ocurrieran, pero, lamentablemente, ocurren. Así lo hemos visto a raíz del alto número de migrantes que hemos recibido en estos años, quienes, en muchos casos, han sufrido un trato indigno e inhumano.

Tal como lo señalé, el trabajo forzoso dice relación también con el salario. Al respecto, resulta que el gobierno acaba de comunicar al país que no va a reajustar el salario mínimo, lo que significa para muchos trabajadores, tanto del campo como de la ciudad, que laboran en condiciones precarias, se verán obligados a trabajar por un salario mínimo, que, como sucede en la Región del Maule, es el salario máximo que ellos pueden recibir.

Vamos a ratificar el protocolo en estudio, relativo al Convenio N° 29, contra el trabajo forzoso, pero, en la práctica, es una norma que en nuestro país hoy no se está respetando. Por un lado, porque carecemos de una fiscalización adecuada, y, por otro lado, porque establecemos en nuestra norma legal un salario miserable, que es el que reciben los trabajadores que laboran en condiciones precarias.

Por consiguiente, aprovecho esta ocasión para hacer un llamado al gobierno a mejorar el monto del salario mínimo, porque lo que está ofreciendo es una expresión de trabajo forzoso, pues obliga a muchos trabajadores del campo y de la ciudad a laborar en esas condiciones, porque no tienen otra alternativa.

¡Basta ya de transferir recursos y subsidios a los grandes empresarios! ¡Ha llegado la hora de que los trabajadores y trabajadoras no sigan pagando la crisis económica y sanitaria del país!

Por eso, invito al gobierno a subsidiar el salario mínimo, así como pretende subsidiar la contratación de trabajadores por parte de los empresarios. No puede ser que en nuestro país se sigan dando situaciones de injusticia, de trato inhumano. Nuestras trabajadoras y nuestros trabajadores deben laborar en condiciones dignas y decentes.

Hagamos que las palabras sean coherentes con los hechos, con la realidad injusta e inhumana de explotación y de desigualdad que viven muchos trabajadores y trabajadoras de Chile.

¡Ha llegado la hora de que este gobierno, de una vez por todas, se ponga del lado de los trabajadores, no tanto del lado de los empresarios!

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Florcita Alarcón Rojas .

El señor ALARCÓN (vía telemática).-

Señor Presidente, es totalmente loable el rechazo al trabajo forzado, más todavía viendo que es un atentado contra los derechos humanos. También está en juego el rechazo al abuso del medio ambiente.

Tenemos plazo hasta el 26 de septiembre para suscribir el Acuerdo de Escazú, lo cual el Presidente no ha hecho ¡Por favor, tenemos hasta el 26 de septiembre para proteger el medio ambiente suscribiendo el Acuerdo de Escazú! No dejen pasar estos días sin que hagamos algo, para que el Presidente adopte y suscriba el Acuerdo de Escazú con todos los chilenos.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Cerrado el debate.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de acuerdo en los siguientes términos:

El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde votar el proyecto de acuerdo que aprueba el Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre trabajo forzoso, 1930, adoptado por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo el 11 de junio de 2014.

En votación.

-De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento, el señor Secretario tomó de viva voz, por el sistema telemático, las votaciones de los diputados Pedro Álvarez-Salamanca , Diego Schalper , Ignacio Urrutia , Maite Orsini y Gastón Saavedra .

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 149 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas , Florcita , Fernández Allende , Maya , Melero Abaroa , Patricio , Rosas Barrientos , Patricio , Alessandri Vergara , Jorge , Flores García, Iván , Mellado Pino , Cosme , Saavedra Chandía , Gastón , Alinco Bustos , René , Flores Oporto , Camila , Mellado Suazo , Miguel , Sabag Villalobos , Jorge , Álvarez Ramírez , Sebastián , Fuenzalida Cobo, Juan , Meza Moncada , Fernando , Saffirio Espinoza , René , Álvarez Vera , Jenny , Fuenzalida Figueroa , Gonzalo , Mirosevic Verdugo , Vlado , Saldívar Auger, Raúl , Alvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo , Gahona Salazar , Sergio , Mix Jiménez , Claudia , Sanhueza Dueñas , Gustavo , Amar Mancilla , Sandra , Galleguillos Castillo , Ramón , Molina Magofke , Andrés , Santana Castillo, Juan , Ascencio Mansilla , Gabriel , García García, René Manuel , Monsalve Benavides , Manuel , Santana Tirachini , Alejandro , Auth Stewart , Pepe , Garín González , Renato , Morán Bahamondes , Camilo , Santibáñez Novoa , Marisela , Baltolu Rasera, Nino , Girardi Lavín , Cristina , Moreira Barros , Cristhian , Sauerbaum Muñoz , Frank , Barrera Moreno , Boris , González Gatica , Félix , Mulet Martínez , Jaime , Schalper Sepúlveda , Diego , Barros Montero , Ramón , González Torres , Rodrigo , Muñoz González , Francesca , Schilling Rodríguez , Marcelo , Berger Fett , Bernardo , Gutiérrez Gálvez, Hugo , Naranjo Ortiz , Jaime , Sepúlveda Orbenes , Alejandra , Bernales Maldonado , Alejandro , Hernández Hernández , Javier , Noman Garrido , Nicolás , Sepúlveda Soto , Alexis , Bianchi Retamales , Karim , Hernando Pérez , Marcela , Norambuena Farías, Iván , Silber Romo , Gabriel , Bobadilla Muñoz , Sergio , Hirsch Goldschmidt , Tomás , Núñez Arancibia , Daniel , Soto Ferrada , Leonardo , Boric Font , Gabriel , Hoffmann Opazo , María José , Núñez Urrutia , Paulina , Soto Mardones, Raúl , Brito Hasbún , Jorge , Ibáñez Cotroneo , Diego , Nuyado Ancapichún , Emilia , Teillier Del Valle, Guillermo , Calisto Águila , Miguel Ángel , Ilabaca Cerda , Marcos, Olivera De La Fuente , Erika , Tohá González , Jaime , Cariola Oliva , Karol , Jackson Drago , Giorgio , Orsini Pascal , Maite , Torrealba Alvarado , Sebastián , Carter Fernández , Álvaro , Jarpa Wevar , Carlos Abel , Ortiz Novoa, José Miguel, Torres Jeldes , Víctor , Carvajal Ambiado , Loreto , Jiles Moreno , Pamela , Ossandón Irarrázabal , Ximena , Trisotti Martínez , Renzo , Castillo Muñoz , Natalia , Jiménez Fuentes , Tucapel , Pardo Sáinz , Luis , Troncoso Hellman , Virginia , Castro Bascuñán , José Miguel , Jürgensen Rundshagen , Harry , Parra Sauterel , Andrea , Undurraga Gazitúa , Francisco , Celis Araya , Ricardo , Kast Sommerhoff , Pablo , Paulsen Kehr , Diego , Urrutia Bonilla , Ignacio , Celis Montt , Andrés , Keitel Bianchi , Sebastián , Pérez Arriagada , José , Urrutia Soto , Osvaldo , Cicardini Milla , Daniella , Kort Garriga , Issa , Pérez Lahsen , Leopoldo , Urruticoechea Ríos , Cristóbal , Cid Versalovic , Sofía , Kuschel Silva , Carlos , Pérez Olea , Joanna , Vallejo Dowling , Camila , Coloma Álamos, Juan Antonio , Labra Sepúlveda , Amaro , Pérez Salinas , Catalina , Van Rysselberghe Herrera , Enrique , Crispi Serrano , Miguel , Lavín León , Joaquín , Prieto Lorca , Pablo , Velásquez Núñez , Esteban , Cruz-Coke Carvallo , Luciano , Leiva Carvajal, Raúl , Ramírez Diez , Guillermo , Venegas Cárdenas , Mario , Cuevas Contreras, Nora , Leuquén Uribe , Aracely , Rathgeb Schifferli , Jorge , Verdessi Belemmi , Daniel , Del Real Mihovilovic , Catalina , Longton Herrera , Andrés , Rentería Moller , Rolando , Vidal Rojas , Pablo , Díaz Díaz , Marcelo , Luck Urban , Karin , Rey Martínez, Hugo , Von Mühlenbrock Zamora , Gastón , Durán Espinoza , Jorge , Macaya Danús , Javier , Rocafull López , Luis , Walker Prieto , Matías , Durán Salinas , Eduardo , Marzán Pinto , Carolina , Rojas Valderrama , Camila , Winter Etcheberry , Gonzalo , Eguiguren Correa , Francisco , Matta Aragay , Manuel , Romero Sáez , Leonidas , Yeomans Araya , Gael , Espinoza Sandoval, Fidel

El señor PAULSEN (Presidente).-

Despachado el proyecto al Senado.

-o-

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda .

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, debemos votar el reajuste del ingreso mínimo. ¿Cómo será el proceso? Sería bueno que nos pudiera aclarar ese punto.

Conversamos en reunión de Comités sobre si el domingo o el sábado tendremos sesión para revisar el proyecto, porque viene con discusión inmediata.

Aclaremos eso para que nos podamos preparar tanto los que asistimos presencialmente a la Sala como aquellos que lo realizan por vía telemática.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Diputada, estamos esperando que la Comisión de Trabajo y Seguridad Social despache el proyecto. Luego hablaremos con el Presidente de la Comisión de Hacienda para estudiar el itinerario.

Lo más probable es que la Comisión de Hacienda y la Comisión de Trabajo y Seguridad Social quieran sesionar un par de veces. Ahora bien, podemos acortar aquello y regularlo en reunión de Comités. De ese modo, la Comisión de Hacienda podría trabajar hoy en la tarde y mañana en la mañana, lo cual nos permitiría votar el jueves.

En cualquier caso, es una materia que debemos examinar en reunión de Comités. Se suspende la sesión.

-Transcurrido el tiempo de suspensión:

El señor PAULSEN (Presidente).-

Continúa la sesión.

Pido a los diputados y diputadas activar sus cámaras para proceder a la votación.

Por otra parte, propongo que primero votemos los proyectos ubicados en los puntos 2 y 3 de la tabla, y que luego votemos las observaciones del Presidente de la República, puesto que será la votación más complicada.

¿Habría acuerdo?

Acordado.

Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado José Miguel Castro .

El diputado CASTRO (don José Miguel) [vía telemática].- Señor Presidente, en este momento tengo serios problemas con la conexión a internet, pero tengo señal de internet en el teléfono.

Por consiguiente, si se llega a caer mi imagen de la pantalla, pido que se tenga en consideración que estoy presente en la sesión para efectos de la votación.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Señor diputado, así se procederá.

VALPARAÍSO, 2 de septiembre de 2020

Oficio N° 15.851

A S.E. LA PRESIDENTA DEL H. SENADO

Con motivo del mensaje, informe y demás antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V.E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien dar su aprobación al siguiente proyecto de acuerdo, correspondiente al boletín N° 13.681-10:

PROYECTO DE ACUERDO:

“Artículo único.– Apruébase el “Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el Trabajo Forzoso, 1930”, adoptado por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, el 11 de junio de 2014.”.

*****

Dios guarde a V.E.

DIEGO PAULSEN KEHR

Presidente de la Cámara de Diputados

LUIS ROJAS GALLARDO

Secretario General (S) de la Cámara de Diputados

?INFORME DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, recaído en el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el ‘Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el Trabajo Forzoso, 1930’, adoptado por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, el 11 de junio de 2014.

BOLETÍN Nº 13.681-10

__________________________________

HONORABLE SENADO:

Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores, tiene el honor de informaros el proyecto de acuerdo de la referencia, en segundo trámite constitucional, iniciado en Mensaje de S.E. el Presidente de la República, de fecha 30 de julio de 2020, con urgencia calificada de “suma”.

Se dio cuenta de esta iniciativa ante la Sala del Honorable Senado en sesión celebrada el 3 de septiembre de 2020, donde se dispuso su estudio por la Comisión de Relaciones Exteriores.

A la sesión en que se analizó el proyecto de acuerdo en informe, asistieron, especialmente invitados, del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministro, señor Andrés Allamand, y el Director General de Asuntos Jurídicos, señor Franco Devillaine.

Asimismo, concurrieron, del Ministerio del Trabajoy Previsión Social, el Subsecretario, señor Fernando Arab, y el Asesor Legislativo, señor Francisco del Río.

De la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo para el Cono Sur de América Latina, el Especialista en Normas Internacionales del Trabajo y Relaciones Laborales, señor Humberto Villasmil.

- - -

Asimismo, cabe señalar que, por tratarse de un proyecto de artículo único, en conformidad con lo prescrito en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación, vuestra Comisión os propone discutirlo en general y en particular a la vez.

- - -

ANTECEDENTES GENERALES

1.- Antecedentes Jurídicos.- Para un adecuado estudio de esta iniciativa, se tuvieron presentes las siguientes disposiciones constitucionales y legales:

a) Constitución Política de la República. En su artículo 54, Nº 1), entre las atribuciones exclusivas del Congreso Nacional, el constituyente establece la de "Aprobar o desechar los tratados internacionales que le presentare el Presidente de la República antes de su ratificación.".

b) Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, promulgada por decreto supremo Nº 381, de 5 de mayo de 1981, del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial del 22 de junio de 1981.

c) Convenio N° 29, de la Organización Internacional del Trabajo, de 1930, sobre el trabajo forzoso.

d) Convenio N° 105, de la Organización Internacional del Trabajo, de 1957, sobre la abolición del trabajo forzoso, promulgado por decreto supremo Nº 227, de 17 de febrero de 1999, del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial del 12 de mayo de 1999.

2.- Mensaje de S.E. el Presidente de la República.- El Ejecutivo señala que el “Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el Trabajo Forzoso, 1930”, fue adoptado por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, el 11 de junio de 2014.

Agrega que en junio de 2014 gobiernos, empleadores y trabajadores reunidos en la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), decidieron dar un nuevo impulso a la lucha mundial contra el trabajo forzoso, incluidas la trata de personas y las prácticas análogas a la esclavitud.

Expresa el Ejecutivo que en dicha Conferencia se decidió adoptar un Protocolo y una Recomendación que complementan el Convenio sobre el Trabajo Forzoso, 1930 (Convenio N° 29), así como los instrumentos internacionales existentes, de manera de proporcionar una orientación específica sobre las medidas que han de adoptarse para eliminar todas las formas de trabajo forzoso.

El Mensaje recuerda que Chile ratificó el Convenio N° 29 el 31 de mayo de 1933 y el Convenio sobre la Abolición del Trabajo Forzoso, 1957 (Convenio N°105), el 1 de febrero de 1999.

Explica que el Protocolo al Convenio N° 29, que de conformidad con su artículo 8, párrafo 2, entró en vigencia internacional el 9 de noviembre de 2016, está directamente relacionado con los objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS 2030) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en especial su objetivo N° 8, que busca promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Añade que dentro de las 12 metas específicas del referido objetivo N° 8 destacan dos, con clara vinculación al Protocolo al Convenio N° 29, aquella que busca “adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas modernas de esclavitud y la trata de seres humanos y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, a más tardar en 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas”; y, aquella que persigue “proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y protegido para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios”.

En este contexto, prosigue el Ejecutivo, la legislación chilena ha ido incorporando paulatinamente una serie de modificaciones normativas tendientes a dar cumplimiento a los estándares internacionales que se han asumido como compromisos en la materia. Por ejemplo, en la ley N° 20.507, se tipificaron los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas y se establecieron normas para su prevención y más efectiva persecución criminal.

El Mensaje indica que, desde una perspectiva laboral, la Constitución Política de la República garantiza que: "Toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa retribución" (artículo 19, N°16). Añade que, por su parte, el Código del Trabajo, en su artículo 2, reconoce la función social que cumple el trabajo y la libertad de las personas para contratar y dedicar su esfuerzo a la labor legítima que eligieron, estableciendo además que las relaciones laborales deberán siempre fundarse en un trato compatible con la dignidad de la persona. Por lo anterior, señala que la actual normativa vigente en nuestro país se encuentra en pleno cumplimiento de los preceptos internacionales que regulan la materia.

Por otra parte, expresa que teniendo presente el rol que Chile juega en el contexto de las relaciones internacionales, como una economía abierta al mundo y respetuosa de los derechos humanos, en especial los laborales, se requiere perseverar en los esfuerzos y compromisos internacionales representados en instrumentos como el Protocolo al Convenio N° 29. Para ello, y en cumplimiento de lo establecido en el Convenio N° 144, de la OIT, sobre Consultas Tripartitas para Promover la Aplicación de las Normas Internacionales del Trabajo, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social formuló las consultas correspondientes a las organizaciones de trabajadores y empleadores más representativas del país.

En relación a lo anterior, resalta el Ejecutivo que el Director General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) invitó a Chile a ser país pionero de la Alianza 8.7, asociación mundial comprometida con el logro de la Meta 8.7 de los ODS, la cual exige a los países “Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y trata de personas para el 2030 y asegurar la prohibición y eliminación de niños, niñas y adolescentes soldados, y, de aquí al 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas”.

En consecuencia, indica que la ratificación por parte de nuestro país del Protocolo al Convenio N° 29, resulta fundamental para asegurar mejores condiciones para las y los trabajadores de nuestro país.

3.- Tramitación ante la Honorable Cámara de Diputados.- Se dio cuenta del Mensaje Presidencial, en sesión de la Honorable Cámara de Diputados, del 4 de agosto de 2020, donde se dispuso su análisis por parte de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana.

La Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana estudió la materia en sesión efectuada el día 18 de agosto de 2020 y aprobó, por la unanimidad de sus miembros presentes el proyecto en informe.

Finalmente, la Sala de la Honorable Cámara de Diputados, en sesión realizada el día 2 de septiembre de 2020, aprobó el proyecto, en general y en particular, por la unanimidad de sus integrantes presentes (149 votos a favor).

4. Instrumento Internacional.- El Protocolo consta de un Preámbulo y 12 artículos, que se reseñan a continuación.

En el Preámbulo se indica que la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo reconoció que la prohibición de la utilización del trabajo forzoso u obligatorio forma parte de los derechos fundamentales, y que constituye una violación de los derechos humanos, que atenta contra la dignidad de millones de mujeres, hombres, niñas y niños, que contribuye a perpetuar la pobreza y que es un obstáculo para la consecución del trabajo decente para todos.

Además, reconoce el papel fundamental que desempeñan el Convenio N° 29 y el Convenio N° 105 para luchar contra todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, dando cuenta al mismo tiempo, que las lagunas en su aplicación requieren la adopción de medidas adicionales.

El artículo 1 establece que todo miembro, al dar cumplimiento a las obligaciones del Convenio N° 29 para suprimir el trabajo forzoso u obligatorio, deberá adoptar medidas para prevenir y eliminar su utilización, proporcionar a las víctimas protección y acceso a acciones jurídicas y de reparación apropiadas y eficaces. Asimismo, cada miembro deberá formular, en consulta con las organizaciones de empleadores y trabajadores, una política y un plan de acción nacionales a fin de lograr la supresión efectiva y sostenida del trabajo forzoso u obligatorio que prevea la adopción de medidas sistemáticas por parte de las autoridades competentes. Finalmente, esta disposición reafirma la definición del trabajo forzoso u obligatorio contenida en el Convenio N° 29, por lo cual, las medidas que se adopten deberán incluir actividades específicas para luchar contra la trata de personas con fines de trabajo forzoso u obligatorio.

Asimismo, el artículo 2 dispone que las medidas que se adopten para prevenir el trabajo forzoso u obligatorio deberán incluir: educación e información, especialmente para las personas vulnerables, así como para los empleadores; esfuerzos para garantizar que la legislación relativa a la prevención del trabajo forzoso u obligatorio y el control de su cumplimiento abarquen a todos los trabajadores y a todos los sectores de la economía y que se fortalezcan los servicios de inspección del trabajo y otros responsables de esta legislación; protección de las personas contra posibles prácticas abusivas en el proceso de contratación; apoyo a los sectores público y privado para que actúen con la debida diligencia, y acciones para abordar las causas generadoras y los factores que aumentan el riesgo de trabajo forzoso.

El artículo 3 estatuye que cada Estado miembro se compromete a adoptar medidas eficaces para identificar, liberar y proteger a las víctimas para permitir su recuperación y readaptación, así como proporcionarles otras formas de asistencia y apoyo.

Luego, el artículo 4 establece que los Estados miembros se comprometen a velar porque todas las víctimas de trabajo forzoso u obligatorio, tengan acceso a las acciones jurídicas y de reparación apropiadas y eficaces, tales como una indemnización, independientemente de su situación jurídica o de que se encuentren o no en el territorio del país.

El artículo 5 contempla la obligación de cooperación entre las Partes, a objeto de garantizar la prevención y la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio.

Por su parte, el artículo 6 prescribe que todas las medidas adoptadas para aplicar las disposiciones, tanto del Protocolo como del Convenio, deberán ser determinadas por la legislación nacional o por la autoridad competente, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas.

El artículo 7 suprime las disposiciones transitorias del artículo 1, párrafos 2 y 3, y de los artículos 3 a 24 del Convenio N° 29.

A su vez, el artículo 8 dispone que un miembro podrá ratificar el presente Protocolo al mismo tiempo que ratifica el Convenio, o en cualquier momento después de la ratificación del mismo, comunicando la ratificación formal, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. Añade que el Protocolo entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos miembros hayan sido registradas por el Director General. Precisa que, desde dicho momento, el presente Protocolo entrará en vigor, para cada miembro, doce meses después de la fecha de registro de su ratificación. A partir de ese instante, el Convenio será obligatorio para el miembro interesado, con la adición de los artículos 1 a 7 del presente Protocolo.

El artículo 9 señala que todo miembro que haya ratificado el Protocolo podrá denunciarlo en todo momento en que el Convenio esté abierto a la denuncia de conformidad con su artículo 30, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. Añade que la denuncia del Convenio de conformidad con sus artículos 30 ó 32 implicará, ipso jure, la denuncia del Protocolo.

Agrega que la denuncia del Protocolo efectuada de conformidad con los párrafos 1 ó 2 de este artículo no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que se haya registrado.

Enseguida, el artículo 10 dispone que el Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los miembros de la Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le comuniquen. Añade que, al notificar a los miembros de la Organización el registro de la segunda ratificación, el Director General señalará a los miembros de la Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el Protocolo.

El artículo 11 norma que el Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas, para su registro de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y denuncias registradas por el Director General.

Finalmente, el artículo 12 establece que las versiones inglesa y francesa del texto del Protocolo son igualmente auténticas.

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DISCUSIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Letelier colocó en discusión el proyecto.

El Ministro de Relaciones Exteriores, señor Andrés Allamand, explicó que el proyecto en estudio es importante, pues es un reconocimiento internacional al derecho a la libre elección del trabajo. Añadió que lo anterior tiene sus antecedentes en diversos Tratados, entre ellos: la Declaración Universal de los Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

En cuanto a la evolución de los tratados en esta materia, explicó que el Convenio N° 29 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de 1930, sobre el trabajo forzado, tenía como objetivo principal suprimir el trabajo forzoso “lo más pronto posible”. Añadió que dicho instrumento fue ratificado por Chile en 1933.

Luego, prosiguió, se ratificó por nuestro país, en 1999, el Convenio N° 105 de la OIT, de 1957, sobre la abolición del trabajo forzoso, el cual tenía como objetivo suprimir el trabajo forzoso “en forma inmediata”.

En ese contexto, agregó, se presenta este Protocolo al Convenio N° 29, del año 2014, que tiene como objetivo actualizar la regulación existente a las nuevas formas de esclavitud moderna. Al respecto, informó que el instrumento pretende lograr la supresión efectiva y sostenida del trabajo forzoso u obligatorio, para lo cual los Estados deben adoptar medidas de prevención y de protección, además de proporcionar a las víctimas acciones jurídicas y de reparación.

Asimismo, agregó que las Partes deben formular una política y un plan de acción nacional con los trabajadores y empleadores que prevea la adopción de medidas por parte de la autoridad para lograr los objetivos planteados. Añadió que también actualiza el Convenio Nº 29 de la OIT a las nuevas formas de esclavitud.

Hizo presente que se encuentra en vigor internacional desde el 9 de noviembre de 2016, y a septiembre de 2020, ha sido ratificado por 45 países, entre los que se cuentan: Argentina, Jamaica, Panamá y Surinam en la región.

Finalmente, destacó que el Protocolo contempla obligaciones, tales como: medidas de prevención, medidas de protección y medidas de reparación.

Posteriormente, el Especialista en Normas Internacionales del Trabajo y Relaciones Laborales de la Oficina para el Cono Sur de América Latina de la OIT, señor Humberto Villasmil, reconoció, en primer lugar, tanto el mérito del Presidente de la República por someter a consideración del Congreso Nacional el presente proyecto de acuerdo como del Senado por otorgarle prioridad a su tramitación.

En segundo término, expuso que el protocolo en discusión complementa el Convenio N° 29 sobre Trabajo Forzoso de la OIT, de 1930, derogando ciertas normas e integrando otras, tal como se acordó en la Conferencia General de la Organización celebrada el año 2014. Agregó que dicho protocolo se vincula con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 2030) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), especialmente con el número 8, que estableció como objetivo promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo, sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

Continuó señalando que ha habido una evolución histórica de los instrumentos internacionales sobre trabajo forzoso. Primero, indicó, el año 1926 bajo el alero de la Liga de las Naciones se suscribió el Convenio sobre la Esclavitud, luego en 1930 la OIT adopta su primer instrumento sobre la materia, el Convenio N° 29 sobre Trabajo Forzoso; posteriormente, el año 1957 el organismo adopta el Convenio N° 105 sobre la Abolición del Trabajo Forzoso, cuyo principal objetivo fue terminar con la progresividad establecida en el Convenio N° 29 para la eliminación del trabajo forzoso; y en 1998 la misma organización adopta la Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y su Seguimiento.

Explicó, además, que el Convenio sobre la Esclavitud se ocupó de un asunto que hoy es concebido como un derecho humano. Así, apuntó, el preámbulo manifestaba claramente la concepción de aquella época sobre el trabajo forzoso y su represión, pues decía el texto que los signatarios de la Conferencia de Bruselas de 1899-1890 se declararon animados por igual de la intención firme de poner término a la trata de esclavos en África.

Reseñó también, que el Convenio N° 29, en su artículo 1, definió esclavitud como el estado o condición de un individuo sobre el cual se ejercitan los atributos del derecho de propiedad o alguno de ellos y, en su artículo 5, señaló que será necesario establecer la obligación de las partes de tomar medidas pertinentes para evitar que el trabajo forzoso obligatorio lleve consigo condiciones análogas a la esclavitud. Añadió que Chile ratificó el anterior convenio el año 1933 y, de conformidad a este instrumento, el Estado se obligó a suprimir lo más pronto posible el empleo del trabajo forzoso u obligatorio en todas sus formas.

Comentó, asimismo, que el artículo 2 del referido convenio definió trabajo forzoso u obligatorio como todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente; concepto que se mantendrá vigente si se ratifica el presente protocolo. El Convenio N° 29, acotó, admitía un período de transitoriedad, durante el cual se podía aceptar el trabajo forzoso en condiciones específicas. Incluso, precisó, mucho tiempo después, en 1999 cuando se adopta el Convenio N° 182 sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil, se reconoce e incluye la noción de prácticas análogas a la esclavitud referidas al trabajo infantil.

Por otro lado, expresó, en 1957 la OIT adopta el Convenio N° 105, que Chile ratificó en 1999, instrumento que suprimió la progresividad, sancionando que el trabajo forzoso debía ser abolido inmediatamente. Declaró que, en el período transcurrido entre la suscripción de ambos convenios, 29 y 105, se adoptaron en 1945 la Carta de las Naciones Unidas y en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo artículo 4 señala que nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos estará prohibida en todas sus formas; ambos instrumentos son mencionados en el Preámbulo del Convenio N° 105. Recordó, igualmente, que la razón para adoptar este instrumento fue la necesidad de indicar que el trabajo forzoso se había difundido como medio de coerción política con fines económicos y como una medida retaliativa por el ejercicio del derecho a huelga.

Posteriormente, apuntó, el año 2012 la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones dedicó un estudio general a todos los convenios fundamentales de la OIT, entre ellos, al Convenio N° 29. Dicho estudio concluyó que se observaban en varios países secuelas de la esclavitud y de otras prácticas similares a ella, algunas vinculadas con secuestro en el contexto de conflictos armados en diversas partes del mundo. Añadió que el mismo estudio señalaba que el trabajo forzoso se asocia muy frecuentemente a la pobreza y a la discriminación y, particularmente, si se imponen la economía privada y, aún más a menudo, la economía informal. El estudio representó también la existencia de casos de personas que se encuentran atrapadas a causa de diversas formas de servidumbre por deudas y trata de personas para su explotación sexual y laboral. Afirmó que tales nuevas formas de esclavitud fueron recogidas por el Convenio N° 182, que reconoce que, a los efectos de dicho convenio, las peores formas de trabajo infantil abarcan también todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a ella. De suerte tal que esta noción de prácticas similares a la esclavitud tiene una tradición antigua en el sistema normativo de la OIT.

Asimismo, mencionó que la reunión de expertos de la OIT de 2013 y el informe que la oficina presentó a la Conferencia General el 2014 detectaron lagunas normativas que exigían proponer la adopción del Protocolo 2014. Declaró que aquel informe se detuvo en cinco aspectos: contexto jurídico y de política internacional, marco institucional y políticas nacionales, prevención, protección e indemnización y acceso a la justicia.

Respecto al contexto jurídico y de política internacional, indicó que el informe reconoció, por un lado, que la definición de trabajo forzoso del Convenio N° 29 seguiría siendo apropiada y, por otro, que el derecho internacional prohíbe el trabajo forzoso y las prácticas conexas. Comentó que en las reuniones de expertos celebradas un año antes en la OIT se habían identificado lagunas graves en materia de aplicación práctica y un nuevo instrumento podría incluir normas y orientaciones específicas sobre la mejora de la coordinación internacional, la cooperación y la asistencia técnica para la erradicación efectiva del trabajo forzoso.

En cuanto al marco institucional y políticas nacionales, expresó que el Protocolo viene a justificar un nuevo instrumento que apuntala la coherencia y coordinación de las políticas públicas nacionales contra el trabajo forzoso y las prácticas conexas, ello porque la oficina de expertos estimó que en la mayoría de los países estas iniciativas se centraban en la trata de personas, de modo tal que otras cuestiones relacionadas con el trabajo forzoso se abordaban por separado o simplemente no se abordaban. Además, aclaró, el informe señalaba que en muy pocos países los actores sociales participaban en los organismos de coordinación o en la realización de actividades concretas y un nuevo instrumento debería subrayar la importancia de la coherencia y coordinación de esas políticas nacionales.

Sobre la prevención, aludió, el informe estableció que se debería ofrecer a los Estados miembros y a los interlocutores sociales apoyo para una estrategia integral de prevención contra el trabajo forzoso, de modo tal, que los interlocutores sociales puedan plantear medidas para una política pública y una estrategia integral de prevención contra el trabajo forzoso.

En relación con la protección, señaló que el informe manifestaba que el eje del Protocolo no podía ser otro que la protección de las víctimas, fijando como objetivo la erradicación de las mismas de una situación de explotación, permitiéndoles recuperarse de los efectos materiales y psicológicos del sometimiento al trabajo forzoso, así como prevenir nuevos riesgos de victimización y alentar su cooperación con las autoridades. Añadió que el informe mencionaba también que las medidas adecuadas de seguridad y privacidad para las víctimas resultan cruciales para alentarlas a participar en procedimientos legales contra sus explotadores y, por consiguiente, para incrementar el número de juicios efectivos se requiere una aplicación más coherente del enfoque basado en los derechos humanos y centrado en las víctimas. Así, concluía el informe, era necesario asegurar el derecho de todas las víctimas a la protección y a la asistencia y un nuevo instrumento podría reforzar la protección de esas víctimas del trabajo forzoso mediante normas y orientaciones referidas en concreto a ellas.

Por último, respecto a la indemnización y acceso a la justicia, indicó que la OIT entendió en ese momento que la sola existencia de mecanismos judiciales o de otra índole no bastaban para garantizar que las víctimas reciban reparaciones apropiadas y las nuevas normas podrían contener medidas para garantizar a todas las víctimas del trabajo forzoso el acceso a la justicia y a mecanismos de indemnización satisfactorios.

Refirió también, que la idea de adoptar un protocolo complementario y no revisar el Convenio N° 29 surgió porque el 2014 la reunión de expertos concluyó que las lagunas en la aplicación del convenio deberían abordarse a través de la actividad normativa sobre el trabajo forzoso y al examinar distintas opciones para plasmar esta actividad normativa en un protocolo, incluso en una recomendación, no hubo consenso en elaborar un nuevo convenio.

Finalmente, señaló que el artículo 25 del Protocolo 2014 mantiene la vigencia del Convenio N° 29, establece que el hecho de exigir ilegalmente un trabajo forzoso u obligatorio será objeto de sanciones penales y todo miembro que lo ratifique tendrá la obligación de cerciorarse de que las sanciones impuestas sean realmente eficaces. Lo anterior, puntualizó, se refleja en legislación penal chilena, que en su artículo 411 quáter tipificó el delito de trata de personas. A su vez, explicó que el Protocolo deja claro en su Preámbulo que el escenario donde debe adelantarse la lucha contra el trabajo forzoso cambió radicalmente respecto del contexto que se tuvo en 1930. Así, el Protocolo amplía y actualiza el ámbito sustantivo del Convenio N° 29, al considerar de particular manera las medidas preventivas del trabajo forzoso, la protección y sobre todo la reparación de las víctimas. Detalló que el contenido del mismo es muy sencillo, en su artículo 1 ratifica la definición de trabajo forzoso; el artículo 2 contiene medidas de prevención específicas, como educación e información; los artículos 3 y 4 establecen la identificación, protección y apoyo a la recuperación de las víctimas, incluyendo el acceso a las acciones judiciales; el artículo 5 refiere a la cooperación internacional; y el artículo 6 a los modos de aplicar el Protocolo en caso que Chile decidiera su ratificación.

Enseguida, el Subsecretario del Trabajo y Previsión Social, señor Fernando Arab, expuso que la evolución de la erradicación del trabajo forzoso tiene larga historia en la OIT. Agregó que el Convenio N° 29 fue ratificado por Chile y perseguía eliminar el trabajo forzoso lo antes posible, en tanto el Convenio N° 105, también ratificado por el país, perseguía suprimirlo de forma inmediata.

Explicó que el Protocolo 2014 tiene por objeto actualizar el Convenio N° 29 sobre formas de esclavitud moderna, y mantiene la definición de trabajo forzoso contenida en el artículo 2 del Convenio, agregando el deber de suprimirlo, obligación que debe incluir la adopción de medidas para luchar contra la trata de personas con fines de trabajo forzoso u obligatorio.

Señaló, igualmente, que en el ámbito nacional el trabajo forzoso no está regulado expresamente. Sin embargo, añadió que la prohibición legal de tales prácticas se desprende de distintos cuerpos normativos y su jurisprudencia. Así, sostuvo, el artículo 19, N° 16, de la Constitución Política de la República, reconoce el derecho fundamental a la libre elección del trabajo, que implica la libertad para elegir y contratar libremente bajo una compensación justa, y el derecho a renunciar y a la libertad de cambiar de trabajo. En tal sentido, destacó, el trabajo forzoso constituye una violación o al menos una grave limitación al goce de estas prerrogativas. Manifestó, también, que otro tanto ocurre en materia penal, donde el artículo 411 quáter sanciona la trata de personas con fines de trabajo forzoso.

Por otra parte, comentó que existe una mesa intersectorial sobre trata de personas creada el 2008, liderada por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, encargada de coordinar el Plan Nacional contra la Trata de Personas y que aborda, entre otras materias, la erradicación del trabajo infantil. A modo de ejemplo, expresó que, en materia jurisprudencial, el año 2011 se acogió una tutela de derechos fundamentales en materia laboral en favor de un grupo de inmigrantes paraguayos ingresados de manera irregular.

Agregó que los Estados partes del Protocolo deben adoptar medidas eficaces de prevención, protección y reparación. Resaltó que Chile fue invitado el 2018 por la OIT como país pionero de la eliminación del trabajo forzoso, de la trata de personas y del trabajo infantil, reconocimiento y desafío que llevó a, entre otras medidas, a los Ministerios del Interior y Seguridad Pública y de Trabajo y Previsión Social a suscribir en marzo del año pasado una hoja de ruta 2019-2021, con un plan de acción común que permita avanzar en el cumplimiento del objetivo establecido.

Declaró que la aprobación del presente Protocolo ratificaría el compromiso de Chile en la eliminación del trabajo forzoso y erradicación del trabajo infantil, más ahora que el país forma parte del Consejo de Administración de la OIT.

A continuación, el Honorable Senador señor Letelier valoró el paso histórico en el perfeccionamiento de una norma fundamental de la OIT, asociado al concepto de trabajo decente impulsado por el ex Director del organismo, señor Juan Somavía, como también a mecanismos de sanción y procedimiento indemnizatorio. Hizo presente, además, los esfuerzos nacionales por adecuar el Código del Trabajo a normas vinculadas a la OIT en materia de trabajo infantil y peligroso, y la señal de compromiso de Chile con los instrumentos multilaterales y con el organismo internacional.

Puesto en votación, el proyecto de acuerdo fue aprobado, en general y en particular, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Letelier, Ossandón y Pizarro.

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En consecuencia, vuestra Comisión de Relaciones Exteriores tiene el honor de proponeros que aprobéis el proyecto de acuerdo en informe, en los mismos términos en que lo hizo la Honorable Cámara de Diputados, cuyo texto es el siguiente:

PROYECTO DE ACUERDO

“Artículo único.- Apruébase el “Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el Trabajo Forzoso, 1930”, adoptado por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, el 11 de junio de 2014.”.

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Acordado en sesión celebrada el día 29 de septiembre de 2020, con asistencia de los Honorables Senadores señores Juan Pablo Letelier Morel (Presidente), Ricardo Lagos Weber, Iván Moreira Barros, Manuel José Ossandón Irarrázabal y Jorge Pizarro Soto.

Sala de la Comisión, a 29 de septiembre de 2020.

RESUMEN EJECUTIVO

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INFORME DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, RECAÍDO EN EL PROYECTO DE ACUERDO, EN SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE APRUEBA EL ‘PROTOCOLO DE 2014 RELATIVO AL CONVENIO SOBRE EL TRABAJO FORZOSO, 1930’, ADOPTADO POR LA CONFERENCIA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, EL 11 DE JUNIO DE 2014.

(Boletín Nº 13.681-10)

I. PRINCIPAL OBJETIVO DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN: actualizar la regulación existente a las nuevas formas de esclavitud moderna.

II. ACUERDO: aprobado en general y en particular, por la unanimidad de sus miembros presentes (3x0).

III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: artículo único que aprueba el Protocolo que consta de un Preámbulo y 12 artículos.

IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: no tiene.

V. URGENCIA: suma.

VI. ORIGEN E INICIATIVA: Mensaje de S.E. el Presidente de la República, enviado a la Cámara de Diputados.

VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL: segundo.

VIII. APROBACIÓN POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS: en general y en particular, por la unanimidad de sus integrantes presentes (149 votos a favor).

IX. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 3 de septiembre de 2020.

X. TRÁMITE REGLAMENTARIO: primer informe. Pasa a la Sala.

XI. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA: Convenio N° 29, de la Organización Internacional del Trabajo, de 1930, sobre el trabajo forzoso.

Valparaíso, 29 de septiembre de 2020.

JULIO CÁMARA OYARZO

Secretario

APROBACIÓN DE PROTOCOLO DE CONVENIO SOBRE TRABAJO FORZOSO. PROYECTO DE ACUERDO

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

En discusión el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el Trabajo Forzoso, 1930", adoptado por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo el 11 de junio de 2014.

Cuenta con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores y urgencia calificada de "suma".

--Los antecedentes sobre el proyecto (13.681-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de acuerdo:

En segundo trámite: sesión 82ª, en 3 de septiembre de 2020 (se da cuenta).

Informe de Comisión:

Relaciones Exteriores: sesión 102ª, en 8 de octubre de 2020.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Tiene la palabra la señora Secretaria.

La señora SILVA (Secretaria General subrogante).-

El objetivo principal de este proyecto de acuerdo, además de aprobar el Protocolo, es actualizar la regulación existente contra las nuevas formas de esclavitud moderna.

La Comisión de Relaciones Exteriores propone discutir en general y en particular a la vez este proyecto de acuerdo, por tratarse de un artículo único, y deja constancia de que lo aprobó en general y en particular por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Letelier, Ossandón y Pizarro, en los mismos términos en que fue despachado por la Cámara de Diputados.

Nada más, Presidenta .

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Entrego la palabra al Senador Letelier, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores.

El señor LETELIER.-

Señora Presidenta , estimados colegas, quiero proporcionar algunos antecedentes generales.

Chile es signatario del Convenio N° 29 de la OIT, de 1930, sobre el Trabajo Forzoso, y del Convenio N° 105 de la OIT, de 1957, sobre la Abolición del Trabajo Forzoso, promulgado por el decreto supremo N° 227, de febrero de 1999, y publicado en mayo del 1999.

El "Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el Trabajo Forzoso, 1930" fue adoptado por la Conferencia General de la OIT en junio de 2014.

En junio de ese año, gobiernos, empleadores y trabajadores reunidos en la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT decidieron dar un nuevo impulso a la lucha mundial contra el trabajo forzoso, incluidas la trata de personas y las prácticas análogas a la esclavitud.

En dicha Conferencia se decidió adoptar un Protocolo y una Recomendación que complementan el Convenio sobre el Trabajo Forzoso, 1930 (Convenio N° 29), así como los instrumentos internacionales existentes, de manera de proporcionar una orientación específica sobre las medidas que han de adoptarse para eliminar todas las formas de trabajo forzoso.

Cabe recordar que Chile ratificó el Convenio N° 29 en mayo de 1933 y el Convenio sobre la Abolición del Trabajo Forzoso, de 1957, en febrero de 1999.

El Protocolo del Convenio N° 29, que, de conformidad con su artículo 8, párrafo 2, entró en vigencia internacional en noviembre de 2016, está directamente relacionado con los objetivos para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, en especial con su objetivo N° 8, que busca promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

Dentro de las doce metas específicas del referido objetivo N° 8, destacan dos con clara vinculación al Protocolo del Convenio N° 29: aquella que busca "adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas modernas de esclavitud y la trata de seres humanos y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, a más tardar en 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas"; y aquella que persigue "proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y protegido para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios".

Señora Presidenta , este Protocolo no tiene otra finalidad que precisar definiciones e impulsar acciones con el objeto de que aquello que se adoptó en el Convenio N° 29 esté actualizado para cerrar rendijas y situaciones que ocurren aún en el planeta.

Este instrumento internacional consta de un Preámbulo y doce artículos permanentes.

En el Preámbulo se indica que la Conferencia General de la OIT reconoció que la prohibición de la utilización del trabajo forzoso u obligatorio forma parte de los derechos fundamentales y que esa modalidad de trabajo constituye una violación de los derechos humanos, que atenta contra la dignidad de millones de mujeres, hombres, niñas y niños, lo que contribuye a perpetuar la pobreza y es un obstáculo para la consecución del trabajo decente para todos.

Por ello, señora Presidenta , la Comisión aprobó este proyecto de acuerdo por unanimidad, y lo mismo hizo la Cámara de Diputados.

Invito a la Sala a aprobar igualmente el "Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el Trabajo Forzoso, 1930", adoptado por la Conferencia General de la OIT en junio de 2014.

He dicho, Presidenta .

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senador Letelier.

¿Habría acuerdo para aprobar por unanimidad este proyecto?

--Se aprueba en general y en particular el proyecto de acuerdo, por unanimidad.

Valparaíso, 1 de diciembre de 2020.

Nº 580/SEC/20

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa Honorable Cámara, el proyecto de acuerdo que aprueba el “Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el Trabajo Forzoso, 1930”, adoptado por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, el 11 de junio de 2014, correspondiente al Boletín Nº 13.681-10.

Lo que comunico a Su Excelencia en respuesta a su oficio Nº 15.851, de 2 de septiembre de 2020.

Devuelvo los antecedentes respectivos.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

ADRIANA MUÑOZ D´ALBORA

Presidenta del Senado

PILAR SILVA GARCÍA DE CORTÁZAR

Secretaria General (S) del Senado

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

VALPARAÍSO, 2 de diciembre de 2020

Oficio N° 16.062

Tengo a honra comunicar a V.E. que el Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente proyecto de acuerdo, correspondiente al boletín N° 13.681-10:

PROYECTO DE ACUERDO:

“Artículo único.– Apruébase el “Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el Trabajo Forzoso, 1930”, adoptado por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, el 11 de junio de 2014.”.

*****

Dios guarde a V.E.

DIEGO PAULSEN KEHR

Presidente de la Cámara de Diputados

MIGUEL LANDEROS PERKI?

Secretario General de la Cámara de Diputados