Proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción de los los Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Coloma, Durana, Macaya y Van Rysselberghe, que modifica la Carta Fundamental en materia de regulación migratoria. Boletín N° 15.438-06

I. ANTECEDENTES

Chile vive la peor crisis migratoria de su historia, derivada del ingreso masivo, de manera clandestina y por pasos no habilitados, de miles de personas. La mayoría de ellas viene a nuestro país escapando de gobiernos de extrema izquierda que han deteriorado las condiciones democráticas de su nación de origen, hasta el punto de que se ven impulsados a buscar nuevas oportunidades en Chile. Esta verdadera crisis humanitaria, que afecta a extranjeros y a chilenos, especialmente en la zona norte de nuestro país, no ha logrado ser enfrentada adecuadamente por el Gobierno, y se espera que sólo empeore en los próximos meses.

Frente a esta debacle humanitaria, de una urgencia ineludible, hemos propuesto la necesidad de un Acuerdo Nacional por la Migración, en el que todos los sectores políticos se comprometan a una migración ordenada, responsable y regular. Dicho Acuerdo comprende diez medidas, de distinta naturaleza, para lograr una adecuada protección de los derechos de migrantes y chilenos. La mayoría de las medidas propuestas en dicho Acuerdo requieren de modificaciones legales (en concreto, a la ley N° 20.430, que Establece Disposiciones sobre Protección de Refugiados y a la ley N° 21.325, de Migraciones), por lo que hemos ingresado con esta misma fecha a esta corporación un proyecto de ley en ese sentido.

Sin embargo, hay además algunas medidas que requieren de una reforma constitucional, para permitir una adecuada protección de la frontera, con el auxilio de las fuerzas armadas. Este proyecto de reforma constitucional viene a proponer dichas modificaciones.

II. FUNDAMENTOS DEL PROYECTO DE LEY

El Gobierno ya incumplió sus promesas y objetivos relacionados a la crisis migratoria y se encuentra superado por la gravedad de la situación. Tal como hemos expuesto en el proyecto de ley ingresado con esta misma fecha, sólo durante el año 2022, han ingresado de manera clandestina a Chile más de 38 mil personas y se espera que el año termine con la mayor cantidad de ingresos clandestinos en la historia de nuestro país. De las 38 mil personas que ingresaron clandestinamente, la actual administración del Presidente Boric ha materializado la expulsión de solo 9 personas. De los 28.177 ingresos clandestinos de ciudadanos venezolanos producto de la crisis humanitaria generada por su gobierno de extrema izquierda, se ha expulsado administrativamente sólo a 1. De los 2.695 ingresos clandestinos de ciudadanos colombianos, se ha expulsado administrativamente a sólo 2. Esto contrasta con los 26 vuelos de expulsión de la administración pasada.

Dado lo anterior, esta reforma constitucional busca generar nuevas herramientas para, por un lado, controlar el flujo migratorio, a través de la colaboración de las Fuerzas Armadas con recursos personales y materiales orientados al control de ingresos irregulares y la reconducción, y por el otro lado, permitir una adecuada fiscalización ampliando el plazo de expulsión hasta 7 días.

Chile necesita una migración responsable y regular, pero más allá de las promesas de buenas intenciones, las acciones y omisiones del gobierno solo avanzan hacia la impunidad y desidia de la migración clandestina, afectando la relación entre nacionales, extranjeros que vienen a aportar y tienen su situación migratoria regular, y los ingresos clandestinos que no tienen sanción alguna. Dado lo anterior, los fundamentos específicos del proyecto de ley están dados por la necesidad de un gran acuerdo en materia migratoria, para enfrentar la situación y lograr una migración ordenada para el beneficio de los propios migrantes y de todos los chilenos. Para ello, se deben entregar herramientas para que las autoridades puedan tomar medidas en beneficio de todos los involucrados.

III. CONTENIDO DEL PROYECTO

1. Modificaciones al Artículo 19 N° 7 de la Constitución Política de la República para ampliar el plazo de expulsión

Para efectos de lograr un adecuado control de la migración ilegal, se propone ampliar el plazo para expulsar de 48 horas a hasta 7 días, dependiendo de las necesidades operativas de cada caso.

2. Incorporación de una nueva disposición relacionada a la colaboración de las Fuerzas Armadas en el control migratorio

Para efectos de permitir que nuestras Fuerzas Armadas colaboren en la labor de control migratorio, se establece la colaboración de las Fuerzas Armadas y de Orden en control migratorio y colaborar con recursos personales y materiales orientados al control de ingresos irregulares y reconducción cuando los ingresos clandestinos superen los 1.000 extranjeros mensuales según la información de la PDI.

En consecuencia, por estas consideraciones es que venimos en someter a consideración de este Honorable Senado, el siguiente:

Proyecto de Reforma Constitucional

Artículo único: incorpórense las siguientes modificaciones a la Constitución Política de la República:

1.- En el artículo 19 N° 7, letra c), agréguese el siguiente inciso final:

“Este lapso de 48 horas no se considerará para efectos de materialización de expulsiones administrativas. En este último caso corresponderá a la ley fijar el plazo máximo, el que no podrá en todo caso exceder de siete días corridos”.

2.- Incorpórese la siguiente disposición quincuagésima segunda transitoria nueva:

“Cuando de conformidad con la información de la Policía de Investigaciones de Chile exista una tasa de ingresos clandestinos de migrantes que supere los 1.000 extranjeros mensuales, se considerará la existencia de un estado de crisis migratoria. Cuando se encuentre vigente esta situación de crisis migratoria, las Fuerzas Armadas y de Orden se encontrarán facultadas para el ejercicio de actividades de control migratorio, especialmente en lo referido a la puesta a disposición de recursos personales y materiales orientados al control de ingresos irregulares y a la reconducción de extranjeros infractores”.

?INFORME DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO, DESCENTRALIZACIÓN Y REGIONALIZACIÓN, recaído en el proyecto de reforma constitucional, en primer trámite constitucional, que modifica la Carta Fundamental en materia de regulación migratoria. BOLETÍN Nº 15.438-06.

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Objetivo/ Constancias / Normas de Quórum Especial “si tiene” / Consulta Excma. Corte Suprema “no hubo”/ Asistencia / Antecedentes de Hecho / Discusión en General / Discusión en Particular/ Votación en General y en Particular / Texto / Acordado / Resumen Ejecutivo.

HONORABLE SENADO:

La Comisión de Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, tiene el honor de informar el proyecto de reforma constitucional de la referencia, iniciado en moción de los Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Coloma, Durana, Macaya y Van Rysselberghe, respecto del cual, no se ha hecho presente urgencia.

Se hace presente que conforme al acuerdo de la Sala del Senado de fecha 30 de noviembre de 2022, la Comisión discutió en general y en particular, a la vez el proyecto de reforma, y se propone a la Sala considerarlo de la misma forma. Se deja constancia, asimismo, de que la propuesta resultó aprobada por la unanimidad de sus miembros presentes (3x0).

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OBJETIVO DEL PROYECTO

Permitir que la ley amplíe el plazo de detención para realizar la expulsión de un extranjero de 48 horas hasta un máximo de cinco días corridos.

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CONSTANCIAS

- Normas de quórum especial: Sí tiene.

- Consulta a la Excma. Corte Suprema: No hubo.

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NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL

Hacemos presente que el artículo único del proyecto de reforma constitucional, requiere para su aprobación del voto conforme de las cuatro séptimas partes de los senadores en ejercicio, en virtud del artículo 127 de la Constitución Política.

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ASISTENCIA

- Senadores y Diputados no integrantes de la Comisión: no hay.

- Representantes del Ejecutivo e invitados: -Del Servicio Nacional de Migraciones, el Director Nacional, señor Luis Eduardo Thayer; la asesora señora Alena Gutierrez y el Jefe de Gabinete, señor Nicolás Torrealba; - Del Observatorio de la Migración Responsable, señor Álvaro Bellolio (telemático); -Del Servicio Jesuita a Migrantes, señora Gabriela Hilliger y señora Antonia Urrutia. –De la Policía de Investigaciones, el Subdirector de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria, Subprefecto señor Luis Silva. –La Jefa Nacional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), señora Rebeca Cenalmor.

- Otros: El Comisario de la Policía de Investigaciones, señor Leonardo Alegría Gonzales; del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, señor Vicente Rodríguez; la asesora del Senador Juan Luis Castro, señora Teresita Fabres; el asesor parlamentario de la Senadora Ebensperger, señor Héctor Mery; el asesor parlamentario del Senador Edwards, señor Ignacio Pinto; la asesora parlamentaria del Senador Juan Castro, señora Meggy López; el asesor parlamentario del Senador Prohens, señor Eduardo Méndez; Del Comité RN, el asesor legislativo señor Eduardo Méndez; el asesor parlamentario del Senador Elizalde, señor Ignacio Soto.

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ANTECEDENTES DE HECHO

Para el debido estudio de este proyecto de reforma constitucional, se ha tenido en consideración la moción de los Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Coloma, Durana, Macaya y Van Rysselberghe.

La Moción que da origen a este proyecto, indica que Chile vive la peor crisis migratoria de su historia, derivada del ingreso masivo, de manera clandestina y por pasos no habilitados, de miles de personas, la mayoría de los cuales ingresan al país escapando de gobiernos de extrema izquierda que han deteriorado las condiciones democráticas de su nación de origen.

Subraya que esta crisis humanitaria que afecta a tanto a extranjeros como a chilenos, especialmente en la zona norte del país, no ha logrado ser enfrentada adecuadamente por el Gobierno, y se espera que empeore en los próximos meses. Agrega que, frente a lo anterior, existe un estado de urgencia ineludible, que podría enfrentarse por medio de un Acuerdo Nacional por la Migración, en el que todos los sectores políticos se comprometan a una migración ordenada, responsable y regular.

Señala que el mencionado Acuerdo debería comprender medidas de distinta naturaleza, para lograr una adecuada protección de los derechos de

migrantes y chilenos, la mayoría de las cuales requerirían de modificaciones legales a la ley N° 20.430, que establece disposiciones sobre Protección de Refugiados y a la ley N° 21.325, de Migraciones.

Por otro lado, enfatiza que es necesario reformar la Constitución para permitir una adecuada protección de la frontera, con el auxilio de las fuerzas armadas y que en ese sentido se encamina esta iniciativa. En tal sentido, asegura que el Gobierno ya incumplió sus promesas y objetivos relacionados a la crisis migratoria y se encuentra superado por la gravedad de la situación.

Hace presente que sólo durante el año 2022, han ingresado de manera clandestina a Chile más de treinta y ocho mil personas y se espera que el año termine con la mayor cantidad de ingresos clandestinos en la historia del país, por lo que esta reforma constitucional busca generar nuevas herramientas para controlar el flujo migratorio, a través de la colaboración de las Fuerzas Armadas con recursos personales y materiales orientados al control de ingresos irregulares y la reconducción, y también busca permitir una adecuada fiscalización ampliando el plazo de expulsión hasta siete días.

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DISCUSIÓN EN GENERAL[1]

A.- Presentación del proyecto de reforma constitucional por parte de la autora de la Moción, y debate preliminar en la Comisión.

Al iniciar el estudio del proyecto de reforma en informe, la Honorable Senadora señora Ebensperger indicó que la propuesta apunta a modificar el artículo 19 N° 7 de la Constitución Política, en el sentido que en él se establece la posibilidad de retención o privación de libertad hasta por un máximo de 48 horas, pero que ello se refiere a otro tipo de detenciones y no las que se dan en el marco de aquella que efectúa la Policía de Investigaciones en el caso de una orden de expulsión ejecutoriada para poder materializarla.

Indicó que en la tramitación del proyecto de la ley de Migración y Extranjería se llegó al acuerdo que dicha detención podría ampliarse hasta por 72 horas porque podría ocurrir que el mencionado plazo de 48 horas, en ocasiones, dependiendo desde dónde y hacia dónde se deba expulsar, puede contribuir a que el proceso que ya es difícil, no pueda concretarse. Agregó que el Tribunal Constitucional en el requerimiento que se interpuso en su oportunidad, dejó sin efecto lo mencionado con anterioridad, y por esa razón el proyecto intenta reponerla estableciendo sólo para el caso de expulsión que el plazo puede ampliarse hasta por un máximo de siete días, dependiendo, como dijo, del lugar hacia donde deba realizarse la expulsión, teniendo presente que no necesariamente el plazo se va a utilizar en su totalidad.

En cuanto a la disposición transitoria que se propone, subrayó que se trata de establecer la facultad constitucional a las Fuerzas Armadas para el control migratorio en el caso que se presente una crisis migratoria, como la que existe en la actualidad.

Enseguida, la Ministra del Interior y Seguridad Pública, señora Carolina Tohá, dijo que, conforme a la experiencia, el plazo de 48 horas se hace complejo en la práctica y aseguró que existen precedentes que lo complican aún más en el Tribunal Constitucional, por cuanto este se ha pronunciado poniendo este límite de plazo. No obstante, consideró que se trata de un tema importante e interesante de abordar, en especial en materia de control de fronteras.

La asesora del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señora Leslie Olmos, precisó que cuando el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la extensión del plazo de la detención para el traslado para sacar a la persona del territorio de nacional y que se extendía a 72 horas, indicó que había que seguir la regla general que en el ordenamiento jurídico se encuentra en las normas constitucionales que establecen un plazo máximo de 48 horas y así se estableció en la ley de Migración.

Aseguró que lo anterior ocurrió no sólo por la norma expresa del número 7 del artículo 19 de la Constitución sino que, además, por la libertad ambulatoria que se vería vulnerada con la ampliación de plazo y porque estas detenciones al principio están a cargo de la Policía de Investigaciones que, por lo pronto, no ha sido oída en cuanto a si tienen o no la capacidad de hacerlo.

Dijo que todos los argumentos son plausibles pues, los traslados materialmente se demoran mucho más respecto de las personas de la zona norte a la Región Metropolitana para poder materializar ciertas salidas. En la misma línea, consideró que no era necesario modificar el artículo 19 número 7 de la Carta Fundamental y que podría buscarse una alternativa para que la materialidad se ajuste a la realidad.

Respecto del proyecto de ley que busca la colaboración de las Fuerzas Armadas, hizo presente que la Policía de Investigaciones en la zona fronteriza hace el control migratorio y que, en la actualidad, se está debatiendo en el Congreso una modificación normativa respecto de lo que plantea el proyecto, pero que, en todo caso, las labores de las fuerzas de Orden Público en materia migratoria no le competen ni le corresponden a las Fuerzas Armadas.

B.- Exposiciones de los invitados y debate suscitado en la Comisión con ocasión de ellas.

En sesión de 16 de noviembre de 2022, el Director Nacional del Servicio de Nacional de Migraciones, señor Luis Eduardo Thayer, indicó que, sin perjuicio de los proyectos presentados en esta materia, hay espacio para llegar a acuerdos.

Hizo presente que el plazo de 48 horas que se pretende cambiar constituye un problema para la Policía de Investigaciones porque en algunos casos es insuficiente incluso para el traslado interno, porque en temas internos del Servicio como, por ejemplo, la compra de pasajes, ocurre que las agencias sólo atienden hasta las seis de la tarde; o hay escasez de vuelos, o no se pueden realizar las verificaciones de identidad porque en ello participan además, los Consulados y el Servicio de Registro Civil e Identificación, de manera que el plazo es insuficiente.

Sobre cuál sería el plazo más adecuado, sugirió oír a la Policía de Investigaciones que son quienes tienen el conocimiento empírico del procedimiento de expulsión y de la logística del traslado. Dijo que entre las dificultades que podrían ocasionarse a partir de esta reforma es determinar el lugar donde se puede retener a las personas que van a ser expulsadas y por ello insistió en que se debe analizar en conjunto con la Policía de Investigaciones para conocer si tienen o no la capacidad para cumplir.

En cuanto a la participación de las Fuerzas Armadas en el control migratorio, indico que su presencia es un aporte, pero tiene limitaciones porque está restringido sólo al apoyo logístico y así lo ha refrendado la Contraloría General de la República. Se manifestó de acuerdo con que debe fortalecerse el control de las fronteras y destacó que las Fuerzas Armadas tienen la capacidad para aquello, pero no la facultad para participar en forma permanente.

Destacó que en esta materia otro tema relevante es el crimen organizado donde existen protocolos e intervienen las policías, pero que presenta situaciones humanitarias, de víctimas, que dicen relación con la migración, de manera que se necesita una mayor formación de las policías que complemente una función permanente de las Fuerzas Armadas.

Luego, la representante del Servicio Jesuita a Migrantes, señora Gabriela Hilliger, hizo presente que este proyecto propone una reforma al derecho fundamental a la libertad personal y una disposición transitoria que incorpora un nuevo estado de excepción constitucional al ordenamiento constitucional.

Opinó que, si bien busca promover la migración ordenada, segura y regular, las medidas que incorpora a tal efecto no son eficaces para buscar dicho fin y no tendrán impacto en el control fronterizo ni en los trámites de expulsión, porque además de ser ineficaces, adolecen de problemas en cuanto a su adecuación a estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que podrían significar una vulneración por parte de Chile a sus compromisos internacionales.

Sobre la disposición transitoria que pretende modificar, indicó que podría implicar la incorporación de un nuevo estado de excepción constitucional por la vía de una disposición transitoria, específica para las crisis migratorias, de modo que se incorporaría un nuevo supuesto en el cual una tasa fija de ingresos de personas por paso no habilitados podría suspender los derechos fundamentales consagrados en la Constitución.

En tal sentido, dijo que ello no se corresponde con las exigencias en las normativas de Derecho Internacional de los Derechos Humanos en torno a la materia en que los supuestos que habilitan a suspender derechos humanos son “en caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado parte.”

Agregó que la norma no identifica a la autoridad facultada para decretar dicho estado de excepción, por lo que se entiende que se otorga de hecho una atribución a la Policía de Investigaciones, en circunstancias que la única vía permitida por la Constitución para restringir derechos fundamentales es la declaración de estados de excepción constitucional, regulados en el capítulo IV de la Carta Fundamental.

Subrayó que la propuesta no sólo infringe el texto constitucional, sino que también, el mecanismo de restricción de derechos fundamentales contemplado en el ordenamiento jurídico vigente al transformar en deliberante a un órgano que no tiene tal condición, lo que alteraría el equilibrio de poderes contemplado en el Capítulo XI de la Constitución y representaría una contradicción respecto del rol del Congreso en el proceso requerido para restringir derechos fundamentales de la población.

Aseguró que la experiencia demuestra que este tipo de medidas no contribuyen a desincentivar ni controlar los ingresos irregulares, toda vez que el año 2021 se concretaron medidas específicas que buscaban desincentivar este tipo de entradas al país, tal como una presencia reforzada de las Fuerzas Armadas en la frontera, y se ensancharon algunos tramos de la zanja que divide a Chile de Bolivia pero ello no impidió que la cantidad de ingresos irregulares en septiembre y octubre alcanzaran cifras récord sin precedentes en el país.

El señor Álvaro Bellolio, representante del Observatorio de la Migración Responsable, opinó que el proyecto de reforma apunta en la línea correcta y felicitó la nueva postura del Ejecutivo en orden a adoptar mayores medidas para el control migratorio.

Enseguida, indicó que el flujo en los últimos tres años no ha sido tan alto pero que sí ha habido una mayor cantidad de personas que ingresan en forma clandestina al país, lo que constituye una mayor preocupación para las personas que habitan en la zona norte del país.

Destacó que, en materia de expulsiones, es necesario distinguir entre aquellas que se producen por sentencia judicial y que hasta agosto de este año alcanzaban las cuatrocientas sesenta y dos, de las expulsiones administrativas que se producen por ingreso irregular que a la misma fecha eran sólo nueve, pues todas ellas frente a un ingreso de más de treinta cinco mil personas, claramente no constituyen una solución.

Sobre la propuesta del proyecto de reforma en estudio, estuvo de acuerdo con que existe la necesidad de ampliar el plazo para materializar la expulsión dependiendo de las condiciones de operatividad, por ejemplo, si se debe expulsar desde Punta Arenas a Europa, pues el plazo de 48 horas no es suficiente y fue una modificación impulsada por las actuales autoridades, de modo que el proyecto devuelve el plazo a su propuesta original.

Calificó como relevante la participación de las Fuerzas Armadas y consideró que establecer un criterio objetivo de la Policía de Investigaciones genera una colaboración para el control de fronteras, que es hacia donde se debe avanzar en esta materia, es decir, hacia una colaboración transversal pero que debe pasar por una reforma para entregar las facultades que sean necesarias y coordinar el trabajo con las policías.

El Honorable Senador señor Elizalde indicó que, en principio, apoyaba la idea que las Fuerzas Armadas pudieran cumplir un rol en el control fronterizo y que el Gobierno debe presentar pronto el proyecto de resguardo de la infraestructura crítica pues es evidente que las Fuerzas Armadas están subutilizadas en el país, pero que es necesario tener una visión de Estado a ese respecto.

Señaló que debería existir una definición de las tareas que adicionalmente debieran cumplir las Fuerzas Armadas, lo que además del cambio normativo y de visión señalado, requiere de una capacitación para que ellas puedan realizar funciones distintas de las que realizan en la actualidad. Dijo que se debe liberar a las policías de las tareas administrativas para que cumplan otro tipo de funciones buscando utilizar el recurso humano, que es escaso, de la mejor forma posible.

A diferencia de lo que plantea el proyecto, consideró que la participación de las Fuerzas Armadas debe obedecer a una decisión de Estado o a una política pública y no debe ser algo automático, pues podría ser algo permanente o una decisión que toma la autoridad política.

Respecto de la ampliación del plazo, dijo que se debe buscar una solución a nivel constitucional o legal, pero que finalmente el problema que se presenta es de orden práctico en cuanto a dónde están estas personas durante el plazo que se considere, sea este ampliado o no, pues no se sabe si los cuarteles de la Policía de Investigaciones son suficientes o se deben considerar espacios distintos.

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En sesión de 30 de noviembre de 2022, la Honorable Senadora señora Ebensperger señaló que, al momento de aprobarse la nueva ley de Migración, por un requerimiento ante el Tribunal Constitucional, el plazo de siete días para expulsar que en ella se proponía se rebajó a las 48 horas señaladas en la Constitución, pero reitero que el proyecto busca reponer ese plazo para las expulsiones como plazo máximo, de modo que los plazos reales o precisos se consignen en la ley, considerando las distintas situaciones, especialmente de distancia y ubicación geográfica porque mientras más lejos sea el país al cual hay que expulsar, las 48 horas no sirven.

Dijo que todos los temas que se han planteado son importantes, pero que ninguno de ellos se va a resolver en forma definitiva si no se establece un control en la frontera, pues mientras se mantenga el ingreso de migrantes en forma irregular, los problemas se irán acrecentando. A mayor abundamiento, hizo presente que se han presupuestado alrededor de $12.000.000.000 (doce mil millones de pesos) para la recuperación de espacios públicos como plazas y playas en la macro zona norte, pues muchos de ellos fueron ocupados por migrantes que no tenían donde estar, de modo que la pregunta ahora es hasta cuándo se mantendrán desocupados, porque de mantenerse la situación actual, sólo se van cambiando las personas que se encuentran allí.

Hasta ahora, según afirmó, no ha existido una forma de controlar el ingreso ilegal de migrantes al país, y por ello se considera en la disposición transitoria propuesta que se pueda declarar un estado excepcional para que las Fuerzas Armadas puedan tener facultades en esta materia [2] porque se ha entendido que conforme al Decreto N° 265, las Fuerzas Armadas son meros observadores por lo que es necesario dotarlos de facultades para un mayor control del flujo migratorio o para que puedan colaborar en forma efectiva con Carabineros de Chile o con la Policía de Investigaciones. En tal sentido, dijo que la norma considera que sea el Presidente de la República quien declare el estado excepcional co un informe de la Policía de Investigaciones que dé cuenta de la necesidad del mismo, pues en regiones pequeñas como Tarapacá, el ingreso masivo es una crisis.

El Director Nacional del Servicio de Nacional de Migraciones, señor Luis Eduardo Thayer, dijo que se pronunciarían por escrito respecto de las inquietudes que han surgido hasta ahora pero que, no obstante, sobre el plazo de detención era importante considerar que se deben reducir las posibilidades de judicialización en procedimientos de expulsión pues los retrasan. En tal sentido, expresó que es necesario oír a la Policía de Investigaciones que es la institución que tiene el conocimiento logístico y práctico en cuanto a determinar con mayor precisión el plazo ideal para materializar una expulsión, porque si bien reconoció que las 48 horas pueden ser insuficientes, también los siete días pueden ser excesivos y se debe llegar a un óptimo.

En cuanto al rol de las Fuerzas Armadas en materia migratoria, dijo estar de acuerdo con que se deben buscar soluciones permanentes que tengan un efecto real en término de señales de control de fronteras y de ajustar los criterios hacia donde se debe orientar el trabajo porque dijo que las limitaciones del Decreto N° 265 son conocidas.

Reiteró que se está trabajando en un protocolo para desarrollar acciones con Bolivia con el objeto de facilitar los procedimientos de reconducción que calificó como un instrumento eficiente que se debe fortalecer. Agregó que extender el ámbito de reconducción a noventa kilómetros hace que en realidad sea mejor expulsar a la persona a su país de origen porque ello es más eficiente para los efectos de evitar un eventual retorno de la misma.

Enseguida, la Comisión, por la unanimidad de sus miembros, acordó solicitar el acuerdo de la Sala para discutir este proyecto en general y particular a la vez.

El Director Nacional del Servicio Nacional de Migraciones, señor Luis Eduardo Thayer, se comprometió a presentar indicaciones en una próxima sesión.

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En sesión de 4 de enero de 2023, el Subdirector de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria de la Policía de Investigaciones, Subprefecto señor Luis Silva, indicó que para dicho cuerpo policial lo ideal es mantener a una persona el menor tiempo posible privada de su libertad y ponerlas lo antes posible a disposición de los tribunales de justicia, pues todo ello implica un gran gasto en personal y recursos para la Policía de Investigaciones.

Expresó que en el caso de las expulsiones administrativas no es posible analizarlas en un escenario ideal pues se debe tener en consideración la realidad, ya que de ubicarse a una persona que debe ser expulsada se da inicio a una serie de actuaciones, como la compra de pasajes, la elaboración de su documentación de identificación, pues por lo general no cuentan con ella y se debe recurrir a los respectivos consulados que, en algunos casos, atienden hasta las 14:00 horas, resultando imposible preparar con anticipación una expulsión de estas características dentro de las 48 horas de detención. Agregó que también se debe considerar que países como Cuba y Venezuela, no reciben de vuelta a personas expulsadas, lo que torna más complejo el problema pudiendo terminar en que la persona quede finalmente en libertad.

DISCUSIÓN PARTICULAR

En sesión de 18 de enero de 2023, el Director Nacional de de Migraciones, señor Luis Eduardo Thayer, expresó que el Ejecutivo era partidario de incorporar en la Ley de Migración y Extranjería, como inciso final del art. 134 o como nuevo artículo 134 bis, con el siguiente texto:

"Con todo, en casos debidamente justificados en que sea imposible materializar la medida de expulsión en el plazo máximo de 48 horas, la Policía de Investigaciones de Chile deberá presentar una solicitud fundada al juez de garantía competente para que amplíe el plazo de privación de libertad por hasta 5 días. El juez podrá acceder a lo solicitado por resolución fundada."

Sometida a discusión la propuesta, la Honorable Senadora señora Ebensperger manifestó que la misma, si bien no se puede incorporar una modificación legal en una reforma constitucional, contiene un punto en que es posible alcanzar acuerdo, cual es el de extender el plazo de retención hasta cinco días, en reemplazo de los siete días que propone la moción.

En atención a lo expuesto, consultó al Director Nacional si le parecía apropiado que el contenido de la reforma legal sugerida se incorpore en la discusión del proyecto correspondiente al boletín N° 15.439-06, y en la reforma constitucional en estudio reemplazar el, plazo de siete días por el de cinco, eliminando su segundo número, pues la materia ya fue considerada en el proyecto de ley sobre infraestructura crítica, de los boletines Nos 15.219-07 y 13.085-07, refundidos.

Con el acuerdo del representante del Ejecutivo quedó pendiente la votación de la reforma constitucional propuesta para la próxima sesión.

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En sesión de 24 de enero de 2023, se informó del acuerdo alcanzado y, en consecuencia, se sometió a votación la reforma constitucional, con el siguiente texto:

“Artículo único: incorpórase, como inciso final de la letra c), del N° 7 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, el siguiente:

“Este lapso de 48 horas no se considerará para efectos de materialización de expulsiones administrativas. En este último caso corresponderá a la ley fijar el plazo máximo, el que no podrá en todo caso exceder de cinco días corridos.”.”.

Sometido a votación en general y en particular a la vez, el proyecto de reforma constitucional es aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Edwards y Prohens.

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TEXTO DEL PROYECTO

En mérito de los acuerdos precedentemente expuestos, la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, tiene el honor de proponer a la Sala la aprobación, en general y en particular, del siguiente proyecto de reforma constitucional:

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PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL:

“Artículo único: incorpórase, como inciso final de la letra c), del N° 7 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, el siguiente:

“Este lapso de 48 horas no se considerará para efectos de materialización de expulsiones administrativas. En este último caso corresponderá a la ley fijar el plazo máximo, el que no podrá en todo caso exceder de cinco días corridos.”.”.

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ACORDADO

Acordado en sesiones celebradas el día 26 de octubre de 2022, con asistencia de los Honorables Senadores señora Luz Ebensperger Orrego (Presidenta), y señores Rojo Edwards Silva, Álvaro Elizalde Soto; Rafael Prohens Espinosa y Esteban Velásquez Núñez; 16 de noviembre de 2022, con asistencia de Luz Ebensperger Orrego (Presidenta), y señores Rojo Edwards Silva, Álvaro Elizalde Soto; Rafael Prohens Espinosa y Esteban Velásquez Núñez, 30 de noviembre de 2022, con asistencia de Luz Ebensperger Orrego (Presidenta), y señores Rojo Edwards Silva, Álvaro Elizalde Soto; Rafael Prohens Espinosa y Esteban Velásquez Núñez y 4 de enero de 2023, con asistencia de Luz Ebensperger Orrego (Presidenta), y señores Rojo Edwards Silva, Álvaro Elizalde Soto; Rafael Prohens Espinosa, 18 de enero de 2023, con asistencia de Luz Ebensperger Orrego (Presidenta), y señores Rojo Edwards Silva y Álvaro Elizalde Soto, y 24 de enero de 2023, con asistencia de Luz Ebensperger Orrego (Presidenta), y señores Rojo Edwards Silva y Rafael Prohens Espinosa.

Sala de la Comisión, a 1 de marzo de 2023.

JUAN PABLO DURÁN G.

Abogado Secretario de la Comisión

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO, DESCENTRALIZACIÓN Y REGIONALIZACIÓN, RECAÍDO EN EL PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL, EN PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE MODIFICA LA CARTA FUNDAMENTAL EN MATERIA DE REGULACIÓN MIGRATORIA. (BOLETÍN Nº15.438-06).

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I.OBJETIVO DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN: Permitir que la ley amplíe el plazo de detención para realizar la expulsión de un extranjero de 48 horas hasta un máximo de cinco días corridos.

II.ACUERDOS: aprobado en general y particular por unanimidad (3x0).

III.ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: consta de un artículo único.

IV.NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: Hacemos presente que el artículo único del proyecto de reforma constitucional, requiere para su aprobación del voto conforme de las cuatro séptimas partes de los senadores en ejercicio, en virtud del artículo 127 de la Constitución Política.

V.URGENCIA: No tiene.

VI.ORIGEN E INICIATIVA: Senado. Moción de los Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Coloma, Durana, Macaya y Van Rysselberghe.

VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL: primero.

VIII. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 19 de octubre de 2022.

IX. TRÁMITE REGLAMENTARIO: primer informe, en general y en particular.

X. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA: 1. Constitución Política. 2. Ley N° 21.325, ley de Migración y Extranjería. 3. Ley N° 20.430, que Establece Disposiciones sobre Protección de Refugiados. 4. Ley N° 20.050, reforma constitucional que introduce diversas modificaciones a la Constitución Política de la Republica. 5. Ley N° 20.507, tipifica los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas y establece normas para su prevención y más efectiva persecución criminal.

Valparaíso, a 1 de marzo de 2023.

JUAN PABLO DURÁN G.

Abogado Secretario de la Comisión

REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE REGULACIÓN MIGRATORIA

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El señor Presidente pone en discusión el proyecto de reforma constitucional, en primer trámite constitucional, iniciado en moción de los Senadores señora Ebensperger y señores Coloma, Durana, Macaya y Van Rysselberghe, que modifica la Carta Fundamental en materia de regulación migratoria.

--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletín 15.438-06) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Este proyecto de reforma constitucional, conforme a la moción que le da origen, tiene por objeto ampliar el plazo para expulsar a un extranjero, de cuarenta y ocho horas hasta siete días, y facultar a las Fuerzas Armadas y de Orden para el ejercicio de actividades de control migratorio. El texto propuesto por la Comisión, en cambio, encomienda a la ley la determinación del plazo máximo para tales efectos, el que no podrá en todo caso exceder de cinco días corridos.

La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización hace presente que, conforme al acuerdo adoptado en sesión de fecha 30 de noviembre de 2022, procedió a discutir la iniciativa en general y en particular a la vez. Además, propone a la Sala considerarla de igual forma.

La referida Comisión deja constancia de que aprobó la idea de legislar sobre la materia por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Ebensperger y señores Edwards y Prohens; y que aprobó la iniciativa en particular por la misma unanimidad, en los términos consignados en su informe.

Asimismo, consigna que el artículo único del proyecto requiere de 27 votos favorables para su aprobación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 de la Constitución Política de la República.

El texto que se propone aprobar se transcribe en las páginas 11 y 12 del informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.

Es todo, señor Presidente.

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Gracias, señor Secretario.

Tiene la palabra, en primer lugar, la Presidenta de la Comisión de Gobierno, Senadora Luz Ebensperger; posteriormente podrá intervenir el Director del Servicio Nacional de Migraciones, señor Luis Thayer.

La señora EBENSPERGER.-

Gracias, Presidente.

Como ha explicitado el señor Secretario , esta es una reforma constitucional bastante breve, de artículo único, que tiene por objeto modificar el artículo 19, N° 7°, letra c), de la Constitución, a fin de permitir la ampliación del plazo de retención por parte de la PDI cuando debe expulsar administrativamente a alguna persona.

Hay que recordar que, cuando se tramitó la nueva ley migratoria, se había determinado ahí que el plazo que iba a tener la PDI sería de setenta y dos horas. Sin embargo, a raíz de un requerimiento presentado por algunos Diputados, el Tribunal Constitucional señaló que no podía una ley establecer o ampliar ese plazo, toda vez que el artículo 19, N° 7°, letra c), establecía como plazo máximo para todo tipo de retención o detención cuarenta y ocho horas, por lo que se requería modificar dicho artículo.

En la Comisión se discutió esta reforma en general y en particular, como bien se indicó. A todas las sesiones nos acompañó también, en primera instancia, la Ministra del Interior , y a partir de ahí, el Director del Servicio Nacional de Migraciones .

Por consiguiente, se trae para la votación de esta Sala el texto que consta en el informe y que básicamente agrega un inciso final a la letra c) del artículo 19, N° 7, de la Constitución, el cual señala: "Este lapso de 48 horas no se considerará para efectos de materialización de expulsiones administrativas. En este último caso corresponderá a la ley fijar el plazo máximo, el que no podrá en todo caso exceder de cinco días corridos".

Eso quiere decir, Presidente , que, de aprobarse hoy esta reforma a la Constitución, ella tampoco podrá hacerse efectiva mientras no se modifique la actual ley migratoria, que va a establecer la manera en que procederá la ampliación de plazo, respecto de lo cual también existe un preacuerdo con el Ejecutivo , en el sentido de que cada vez que la PDI necesite de esta ampliación de plazo -porque no puede ejecutar la expulsión en las cuarenta y ocho horas- la solicitará al juzgado de garantía pertinente.

Asimismo, cabe hacer presente que el texto que se somete a la aprobación de la Sala no solamente viene aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión de Gobierno, sino también cuenta con el acuerdo del Ejecutivo, particularmente del Director del Servicio Nacional de Migraciones.

Por lo tanto, hacemos un llamado a Sus Señorías a aprobar la reforma constitucional que ahora se encuentra en debate.

Es cuanto puedo informar, señor Presidente.

Gracias.

El señor ELIZALDE ( Presidente ).-

Muchas gracias por su informe, Senadora Ebensperger.

Tiene la palabra el Director del Servicio Nacional de Migraciones , señor Luis Thayer.

El señor THAYER ( Director del Servicio Nacional de Migraciones ).-

Muchas gracias, señor Presidente .

Tal como lo manifestamos en la Comisión de Gobierno del Senado, creemos que este proyecto constituye un avance en términos de la facilitación de los procedimientos sancionatorios establecidos en nuestra normativa.

¿Por qué nos parece necesario? Porque el proceso de materialización de las expulsiones enfrenta una serie de dificultades que son habituales y que normalmente no se conocen.

Hoy día el plazo que tiene la Policía de Investigaciones, establecido por la Constitución y por la Ley de Migración y Extranjería, para materializar una expulsión es de cuarenta y ocho horas. Durante ese tiempo, una vez que la persona está notificada y se halla ejecutoriada la expulsión, la Policía, por ejemplo, tiene que solicitar la compra del pasaje; debe enfrentar una serie de dificultades que en algunos casos tienen que ver con el chequeo de identidad de las personas, por lo cual ha de ponerse en contacto con los consulados de los países de origen. Algunos consulados demoran varios días en responder. En particular, hoy día tenemos dificultad con el de Venezuela, que demora un poquito más en chequear la identidad de los expulsados, lo que es necesario para que puedan ser embarcados en los vuelos, que muchas veces se retrasan. Cuando no se cumplen los plazos y, por consiguiente, no se puede llevar a cabo el procedimiento, las personas deben ser dejadas en libertad.

Entonces, nos parece que esta reforma constitucional a la larga va a facilitar la materialización del procedimiento de expulsiones por parte de la Policía de Investigaciones.

Existen, asimismo, dificultades de tipo sanitario. En época de pandemia era necesaria -y algunos países siguen solicitándola- la toma de muestras para los test PCR.

En consecuencia, la ampliación del plazo va a facilitar que las expulsiones administrativas, una vez que se encuentren firmes, puedan efectivamente ser materializadas.

Tal como señalaba la Senadora Ebensperger, esto lo discutimos, lo acordamos, lo avanzamos bastante también desde el punto de vista de la configuración de ley que debería tener aquello. Y entiendo que así está en el acuerdo de la mesa de seguridad, que establece que un juez de garantía podrá de alguna manera renovar el plazo de detención de la persona, toda vez que -y con esto ya termino, señor Presidente - la expulsión administrativa muchas veces es producto de una falta y no de un delito. De modo que es importante que exista esta garantía y que se resguarden además los derechos de las personas expulsadas.

Eso, señor Presidente.

Muchas gracias.

El señor ELIZALDE ( Presidente ).-

Muchas gracias, señor Thayer.

A continuación, le daremos la palabra a la Ministra Uriarte.

El señor ESPINOZA.-

¡Y la cuestión de fondo, Presidente!

El señor ELIZALDE ( Presidente ).-

Apenas termine de intervenir la Ministra vamos a abrir la votación.

El señor ESPINOZA.-

¡Presidente!

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Ministra, un minuto.

Senador Espinoza.

El señor ESPINOZA.-

Presidente , con el mayor de los respetos, creo que sería superbueno que las autoridades que están representando al Gobierno se refirieran también al fondo del proyecto y a sus fundamentos. Porque si leemos su texto en particular, veremos que está brutalmente ideologizado.

Más allá de que compartamos muchas de las materias de fondo, también es bueno que nuestras autoridades hablen con respecto a la forma en que plantean el proyecto de reforma constitucional, que viene de una manera absolutamente ideologizada y bastante subjetiva en algunas materias.

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Tiene la palabra la Ministra Uriarte.

La señora URIARTE (Ministra Secretaria General de la Presidencia).-

Gracias, señor Presidente.

Después de este receso, me gustaría saludar, desde luego, a todos los Senadores y a todas las Senadoras.

En seguida, quisiera referirme precisamente al orden de materias que indica el Senador Espinoza .

Ratificando todo lo señalado tanto por la Senadora Ebensperger como por el Director del Servicio Nacional de Migraciones , adelanto desde ya que la opinión del Ejecutivo es favorable con relación a este proyecto de modificación constitucional. Desde luego, todo ello en el marco del respeto a los derechos humanos de las personas migrantes.

Y también deseo ratificar que en caso de aprobarse esta reforma constitucional concurriremos con una modificación a la Ley de Migración y Extranjería para poder hacer aplicable esta reforma constitucional.

Ahora bien, queremos dejar establecido, para efectos de la historia de esta ley, que al nacer esta moción de parte de los parlamentarios y las parlamentarias de esta Corporación, los fundamentos en que se basa este proyecto de ley son aquellos que sus promotores han señalado, no el Gobierno. Sin embargo, es del caso hacer presente que no son efectivas las afirmaciones contenidas en la moción como antecedentes de hecho, por cuanto entre los fundamentos de esta iniciativa de ley se sostiene que el Gobierno ha incumplido promesas y objetivos relacionados con la crisis migratoria y que, tal como se ha expuesto en otro proyecto ingresado en esa fecha, ha entrado a Chile una cantidad de personas que implica que nuestro país vive su peor crisis migratoria.

Ello, según la PDI, no sería efectivo, en tanto expresa que el máximo histórico de personas que ingresaron a nuestro país por pasos no habilitados se produjo el año 2021, con la entrada de 56 mil migrantes. Cabe señalar adicionalmente que el promedio de personas que ingresaban a nuestro país entre los años 2015 y 2017 era de 2.449, y entre el 2018 y el 2021 vino un alza absolutamente extraordinaria, llegando a 21.948. Es decir, pasamos de 2.500, para ponerlo en términos redondos, a 22 mil migrantes. Pero aquel máximo histórico que se menciona en los antecedentes de hecho en que se sustenta esta moción no se encuentra en el inicio de este Gobierno.

Además, queremos manifestar que en el año 2022 se realizaron 31 expulsiones administrativas y 1.039 expulsiones judiciales, generándose para ello la cantidad de vuelos necesarios a fin de poder trasladar a todas esas personas a los respectivos países a los cuales fueron expulsadas. Por lo tanto, tampoco es efectivo que no se haya tenido que contratar vuelos para materializar aquellas expulsiones.

Y, por último, es pertinente mencionar que ha sido durante este Gobierno que se han ingresado dos proyectos de ley para efectos de simplificar los procedimientos administrativos de expulsión y, por otro lado, introducir ciertas mejoras y fortalecimientos en los procesos judiciales de expulsión.

Señalamos todo eso para que quede en la historia de la ley que no son efectivos los fundamentos de hecho en que los mocionantes apoyan esta reforma constitucional. No obstante, como Gobierno apoyamos esta reforma, porque efectivamente, tal como ha expresado el Director del Servicio de Extranjería y Migraciones, para llevar a cabo una expulsión es necesario cumplir una serie de trámites, como obtener los documentos de viaje o de identidad del expulsado; reservar pasajes para esa persona y dos escoltas de la PDI; conseguir autorización del viaje de la línea aérea; comprar los pasajes; obtener visa de tránsito al objeto de efectuar su traslado vía aérea en caso de escala; hacer el trámite de comisión de servicio de los escoltas y de pasaporte oficial de estos funcionarios; trasladar al expulsado desde una región a Santiago para tomar el vuelo internacional, y cumplir con las medidas o requisitos sanitarios -en caso de ser necesario- para su ingreso al país de destino.

Todos los trámites que acabo de indicar son prácticamente imposibles de cumplir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas. Por lo tanto, apoyamos firmemente esta reforma constitucional a fin de que dicho plazo se amplíe a un máximo de cinco días, para lo cual -reitero- ingresaremos un proyecto que adecúe la Ley de Migración a efectos de poder dar materialidad y cumplimiento cabal a esta reforma constitucional.

En lo que he mencionado están contenidas tanto las observaciones del Gobierno relacionadas con antecedentes de hecho respecto de esta reforma constitucional como también nuestro apoyo a esta proposición, por las razones que acabo de expresar.

Gracias.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

Gracias, Ministra .

Tiene la palabra el Senador Francisco Chahuán.

El señor CHAHUÁN.-

Presidenta, este cambio normativo es absolutamente necesario para agilizar las expulsiones. Y, ciertamente, fue una de las materias en que nosotros insistimos cuando se discutió justamente la ley que permitió cambiar la legislación que venía desde el año 1975, para tener una migración ordenada, segura y regular.

Uno de los temas que nosotros planteamos fue precisamente facilitar la expulsión de aquellas personas que ingresaran de manera clandestina. Y la verdad es que en las bancadas de enfrente argumentaron en contra de eso. Es más, en esa norma las personas que entraban clandestinamente al país tenían incluso más derechos garantizados que los propios chilenos.

Quisiera contar además que durante todos los Gobiernos democráticos no hubo capacidad para ponerse de acuerdo respecto de una normativa que permitiera una migración ordenada, segura y regular. Y fue durante el primer Gobierno del Presidente Piñera -me tocó participar directamente junto con la Iglesia católica en esas primeras reuniones con Rodrigo Ubilla - en que eso se pudo materializar en el proyecto que dio origen a la ley que finalmente hoy día tenemos sobre la mesa y que presenta dificultades debido fundamentalmente a que hubo incomprensión, incluso de aquellos que hoy día están en La Moneda ejerciendo cargos de responsabilidad.

Entonces, deseo plantear y aclarar que en aquel minuto nosotros teníamos razón en términos de que acá había que establecer procedimientos breves, resguardando los derechos fundamentales de los migrantes, pero entendiendo claramente que el Estado debe tener la capacidad para ordenar su casa y, en definitiva, establecer que cuando se infringen las características de una migración ordenada, segura y regular la expulsión debe darse de manera expedita, ¡de manera expedita!

Así que por supuesto que vamos a aprobar esta normativa.

Creemos que perdimos un valioso tiempo en aquel entonces, porque hubo más bien sesgo ideológico en lugar de entender claramente que los Estados tienen el derecho y también el deber de provocar esas expulsiones lo más rápido posible.

He dicho, Presidenta .

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

Gracias, Senador.

Como se había acordado, se abre la votación.

(Durante la votación).

Tiene la palabra el Senador José Miguel Insulza.

El señor INSULZA.-

Presidenta, no obstante lo señalado por los Senadores que han hablado antes que yo, nosotros no vamos a poner en discusión hoy día los fundamentos de una moción como la que se presentó. Francamente, estamos en completo desacuerdo con la ideología contenida en ella, pero sí estamos de acuerdo y conscientes -y lo dijimos en el momento en que discutimos la ley, como lo recordará la Presidenta - en que el plazo actualmente fijado para la expulsión del país resulta prácticamente imposible de cumplir. Y en eso nos estamos centrando, porque eso es lo que dice finalmente la legislación en proyecto, que está aumentando el plazo de cuarenta y ocho horas hasta posibles cinco días, lo que a mi juicio está bien, es necesario. Ahora, tan necesario es que tenemos, por cierto, la declaración de hoy día del mismo señor Director de Migraciones en La Segunda-no le creo mucho a este diario tampoco, así que comentemos exactamente lo que dice- en el sentido de que se han firmado más de 2 mil expulsiones administrativas y se han realizado 31. Sin embargo, más allá de que a lo mejor puede ser exagerado o poco claro dicho periódico, lo que es muy claro es que estamos teniendo grandes dificultades para cumplir con la normativa que existe en materia de migraciones.

No olvidemos que cuando se dictó la ley -me refiero a la ley más que a la Constitución- los inmigrantes que ingresaban por vías no indicadas al efecto, es decir, por pasos irregulares, eran muy pocos. Y eso fue algo que negociamos en la Comisión de Gobierno en su momento, llegándose a una conclusión que prácticamente fue aceptable para todos, que era tan simple como decir que todos aquellos que habían entrado ilegalmente al país tenían que salir de él para regularizar su situación. Pero luego vino la pandemia y el cierre de fronteras y, por lo tanto, el número potencial de personas que se encontraba en esa situación creció sideralmente. Y, por lo tanto, reconozcámoslo, hoy nos encontramos con el hecho de que si cumpliéramos exactamente con la ley, tendríamos que expulsar administrativamente del país a más de 60 mil personas que ingresaron por algún mecanismo no contemplado en la legislación. Y ante eso se requiere necesariamente una modificación.

Claro, ese es nuestro problema legislativo, por lo que una modificación en nuestra legislación resulta absolutamente indispensable.

Yo no veo que se parezcan mucho, por una parte, una familia que cruza la frontera ilegalmente y va ante la Policía y se autodenuncia y, por otro lado, personas que vienen a cometer delitos, que son parte de grupos criminales organizados que entran y no van a ningún recinto policial a autodenunciarse ni nada por el estilo, sino que permanecen en Chile en la más absoluta clandestinidad.

Entonces, Presidente, debemos reconocer que la ley en proyecto nos resuelve un problema, porque es imposible materializar una expulsión en cuarenta y ocho horas, pero también da cuenta de que estamos teniendo una cantidad muy grande de problemas en la implementación de la ley actual y que debemos revisarla.

Yo espero que tengamos oportunidad de reanudar esta discusión con el señor Director de Migraciones cuando discutamos el documento de Política Nacional de Migraciones, que se encuentra pendiente todavía. Teníamos un plazo para la fijación de la Política Nacional de Migraciones -entiendo que no se ha cumplido todavía-, pero espero que podamos discutirla y realmente hacer todas las transformaciones que esta normativa considera.

Pero, al mismo tiempo, tenemos el problema grave -y con esto termino, Presidenta - de que nuestros vecinos no están colaborando mucho. Si no se trata solo de que nuestros hermanos bolivianos no reciban reconducciones que no sean de bolivianos, sino que nuestros amigos venezolanos simplemente no reciben aviones, no dan curso al paso de aeronaves con la gente que va expulsada. Y eso ocurre con otros países y es lo que hace que sea tan difícil expulsar. No hablo de las expulsiones penales, pues en ellas existen algunas dificultades, aunque es mucho más fácil materializarlas. Pero la expulsión administrativa no está funcionando. Se encuentra bien regulada, pero no la tenemos ajustada respecto del número, no están bien calificadas las condiciones y no tenemos capacidad de cumplimiento.

Estamos en una situación compleja, Presidenta . Vamos a aprobar el proyecto tal como está. Pero ojalá podamos tener alguna sede en la cual discutamos a fondo nuestra Política Nacional de Migraciones y le hagamos cambios a la ley general, no solo a la Constitución. Para mí, realmente, los plazos para expulsar gente no deberían estar en el texto constitucional: allí debería considerarse simplemente la facultad. Pero en la nueva legislación sobre migración y en la Nueva Constitución deberíamos ajustar este punto, porque -repito- el sistema migratorio no está funcionando como debería hacerlo.

Muchas gracias, Presidenta .

Votamos a favor.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

Gracias, Senador.

Tiene la palabra el Senador Francisco Huenchumilla.

El señor HUENCHUMILLA.-

Muchas gracias, Presidenta .

Solo quiero hacer un par de reflexiones sobre este proyecto.

Primero que nada, me llamó la atención esta moción, que solo conocí en la página del Senado, pues todavía no estaba el informe de la Comisión.

Entonces, como señalaba, me llamó la atención el artículo permanente y el transitorio, después de que habíamos tenido un proceso de negociación respecto de la infraestructura crítica y de la zona fronteriza. Pero luego me percaté de que en el informe definitivo se considera solo esta adición en el artículo 19, N° 7º, letra c), de la Constitución, lo que me parece muy pertinente.

Yo únicamente quería hacer una consideración jurídica, y sé que la señora Ministra y el señor Director me van a entender, al igual que la señora Vicepresidenta, que es mocionante junto con otros Senadores.

La reflexión es la siguiente: nosotros estamos en presencia de una norma de reforma constitucional que rige in actu, una vez que se publique en el Diario Oficial, naturalmente. Entonces, en ese minuto, inmediatamente entra en vigencia la primera parte de este inciso, que dice que el lapso de cuarenta y ocho horas no se considerará para los efectos de las expulsiones administrativas.

En consecuencia, la pregunta apunta a cuál es el plazo, porque está queda sin plazo, pues no se consideran las cuarenta y ocho horas. Y acto seguido, en la segunda parte, se señala que la ley fijará un plazo máximo, o sea, se remite a la ley. Pero lo que se remite no es la fijación de un plazo, sino la fijación de un plazo máximo.

Por lo tanto, la ley puede recorrer de uno a cinco días, cuando se dicte. Pero la pregunta es: ¿mientras tanto qué?

Entonces, como la Constitución le permite a la ley recorrer toda la escala, hasta cinco, evidentemente que el plazo máximo son cinco días. En consecuencia, por el hecho de que esta reforma, como norma de derecho público, rige in actu, en el fondo, el plazo que vamos a tener es el de cinco días, a menos que la nueva ley que se dicte establezca un plazo menor. Si no, estaríamos ante una normativa contradictoria en que, por un lado, una disposición suspende y deja sin efecto el plazo de cuarenta y ocho horas, y por otro lado, la norma siguiente dice que se remite a la ley.

Pero aclaremos que la remisión a la ley es para fijar el plazo máximo. Por lo tanto, a mi juicio, la correcta interpretación de esta reforma es que no corren las cuarenta y ocho horas, pero estaría corriendo el plazo máximo de cinco días hasta que la ley pueda oportunamente, si así lo estima el legislador, reducirlo.

Planteo eso, señora Presidenta , porque me parece que no es bueno que hagamos esta reforma y nos quedemos sin ley y sin nada. Yo creo que el sentido correcto es el que señalé, y por eso espero que el Gobierno tome nota de esta interpretación, por tratarse, como digo, de normas de derecho público, que rigen in actu.

Por lo tanto, me parece pertinente el fondo de esta reforma y, en consecuencia, la vamos a votar favorablemente.

Muchas gracias, Presidenta .

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

Gracias, Senador.

Tiene la palabra el Senador José Miguel Durana.

El señor DURANA.-

Gracias, Presidenta .

Este proyecto busca permitir una adecuada fiscalización, ampliando el plazo de cuarenta y ocho horas contenido en la Constitución Política de la República a un plazo máximo que no puede exceder de cinco días corridos, en caso de tratarse de expulsiones administrativas.

La política migratoria es hoy en día una prioridad nacional y, en ese contexto, este proyecto de ley busca generar una herramienta eficaz para su real aplicación.

Si bien la Constitución Política asegura a todas las personas el derecho a la libertad personal y a la seguridad individual, considerando, entre otras cosas, que cualquier persona arrestada o detenida sea puesta a disposición de un juez dentro de un plazo máximo de cuarenta y ocho horas, esta garantía constitucional admite excepciones, en especial cuando se investigan hechos calificados como terroristas o en la complejidad de estos delitos.

Este proyecto de reforma constitucional busca evitar que esta garantía constitucional derive en una burla de la ley migratoria y de la efectiva ejecución de los procesos de expulsión administrativa, que es lo que sucede cuando se detiene a una persona por haber cruzado la frontera en forma irregular, ilegal, y es puesta a disposición del juez, pero se inhibe el proceso de expulsión administrativa, derivándose en la permanencia irregular del migrante en territorio nacional. ¿Y cuáles son las zonas afectadas? Fundamentalmente las regiones del norte, la Región de Arica y Parinacota, la Región de Tarapacá y la Región de Antofagasta.

Con este proyecto de reforma constitucional se establece que este lapso de cuarenta y ocho horas para ser puesto a disposición del juez podrá ser ampliado, como lo confirma el Director Nacional de Migraciones, para que este proceso de expulsión administrativa se consolide y finalmente se pueda establecer una ley que fije un plazo máximo.

De esta forma, podemos generar un espacio de tiempo suficiente para recabar los antecedentes de las personas que sean objeto de una medida de expulsión, cerrando la puerta a quienes transgreden nuestras fronteras, se aprovechan de nuestro sistema judicial y permanecen en nuestro país.

Como legisladores, nos sumamos activa y eficazmente para enfrentar el problema inmigratorio irregular.

En los últimos días hemos observado cómo el Gobierno ha desplegado a las Fuerzas Armadas en la frontera norte, como una medida disuasiva. Es evidente que la máxima facultad de los efectivos es conducir a quien transgrede nuestras fronteras ante los jueces. Pero este enorme esfuerzo solo va a tener un efecto mediático si no legislamos realmente.

Se echa de menos que en las zonas de resguardo no se incorpore la ruta 5 Norte, donde se requiere protección para el transporte de mercancías y personas, y fundamentalmente para nuestros transportistas, los cuales se han movilizado porque ven amenazadas sus fuentes laborales y su integridad física, por temor a ser asaltados en las rutas e incluso en las zonas de descanso y en las posadas de camioneros.

Por otro lado, sigo y seguiré insistiendo en la implementación de una política inmigratoria clara, eficiente. Porque, mientras no exista voluntad política, seguiremos facilitando la inmigración desordenada, irregular, y la creación de organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas inmigrantes.

Esperamos que hoy día, con esta política implementada en torno a la participación de las Fuerzas Armadas, se pueda poner fin al ingreso de decenas de miles de personas.

Pero no es una política permanente. Por lo tanto, tenemos que ir pensando finalmente qué es lo que vamos a hacer para detener el tráfico de inmigrantes irregulares, con el objetivo de que nuestra región no tenga temor e inseguridad.

En ese contexto, con este proyecto de ley esperamos al menos generar las condiciones para allanar los procesos de expulsión administrativa, conforme a derecho.

Voto a favor, Presidenta .

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

Gracias, Senador.

Tiene la palabra el Senador Espinoza.

El señor ESPINOZA.-

Muchas gracias, estimada Presidenta.

Quisiera, en primer lugar, valorar las palabras que ha manifestado en la Sala, entre otros, la Ministra señora Uriarte en el sentido de que no solamente hay que referirse a lo que es el fondo mismo del proyecto, con el cual estamos de acuerdo -por eso lo vamos a votar a favor-, sino también a sus fundamentos, porque algunos de ellos parecen querer jugar con la inteligencia de las personas.

Los procesos inmigratorios no son de hoy día solamente. La migración internacional ha sido un componente esencial en la historia demográfica de América Latina y el Caribe.

La mayoría de los países, Presidente, y eso usted lo sabe, ha recibido importantes flujos migratorios, no solo ahora, sino que en los siglos pasados también, y con mucha fuerza.

Chile ha sido siempre un país que ha acogido a los inmigrantes, que recepciona inmigrantes. Digámoslo de otra manera: es elegido por muchas personas como destino final.

Pero no nos olvidemos también de que nosotros tenemos una historia que está ligada con los derechos humanos, en donde muchos de nuestros compatriotas tuvieron que salir del país, porque fueron expulsados en su momento; y muchas de las naciones que hoy día, entre comillas, condenamos porque su gente llega a nuestro país, les abrieron las puertas a miles de chilenos para que pudieran rehacer sus vidas. Y eso nunca hay que olvidarlo; nunca hay que ser malagradecido de la historia.

Por ese motivo, en los temas de inmigración hago siempre una distinción: cuando una persona sale de su territorio, lo hace para buscar mejores condiciones de vida, muchas veces dejando sus entornos familiares, sus padres, sus hijos. No es porque quieran venir a darse un gusto.

Y ahí hay que hacer una distinción muy fuerte. Por eso, me alegra que esté el Director del Servicio Nacional de Migraciones en la Sala, junto con la Ministra , porque ahí hay una línea muy delgada respecto de la cual hay que tener cuidado. No podemos estigmatizar a todos, como lo hacen algunos sectores políticos. No todos los inmigrantes cometen actos delictuales, hay muchos que son un tremendo aporte en nuestras regiones; que trabajan a veces de manera precaria, porque como están ilegales, también sufren abusos, atropellos. Hay empresarios muy buenos, pero hay otros que abusan de ellos. Todos los vemos de repente atendiendo distintos lugares, ¡y atienden superbién!

Entonces, ahí sí hago una distinción entre la línea muy delgada que hay cuando se habla de inmigración, porque tendemos en este país muchas veces a estigmatizar a todos, a meter a todos en un mismo saco. Y eso es injusto.

Por eso, creo que la nueva ley y la nueva política nacional de migraciones, que el Director del Servicio de Migraciones hoy día ha anunciado en La Segunda que ya viene muy pronto, tiene que contemplar esas cosas. Porque es bastante injusto que los hijos de alguien que entró ilegal sí sean legales, y estén en los colegios públicos, recibiendo subvención del Estado. ¡Y con sus papás ilegales! ¡No me lo explico! Porque cuando siguen en la ilegalidad, comienzan los abusos, la precarización.

Ahora me refiero al fondo del proyecto.

Estoy de acuerdo con esta normativa. Tienen que generarse condiciones para que las expulsiones sean mucho más inmediatas.

Nosotros lo vivimos en Puerto Montt el año pasado: un grupo de colombianos agredió a mansalva a carabineros. Y el Presidente , que se encontraba de gira en Calama, como alguien le dijo que se iban expulsados al otro día, anuncia que sería en poco menos de una semana, y lo aplaudió todo el país.

¡Y no era así! Hasta el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que respeto enormemente, salió a defender a los colombianos agresores de nuestra Policía. Y la corte suspendió los procesos de expulsión. Y se arma un tremendo trámite.

Estoy seguro de que en seis meses más, señor Director, cuando lleguen a notificarlos, ya no van a estar viviendo en los lugares donde arrendaban, y van a estar en otras ciudades, cometiendo otros delitos.

Entonces, quiero terminar mi intervención diciendo eso: tengamos cuidado en este tipo de materias.

Estoy de acuerdo con el proyecto; creo que va en una buena línea. Pero sus fundamentos no los comparto en absoluto, porque son tremendamente ideologizados. No solamente se va de un país alguien que escapa de un gobierno de izquierda, como dice el texto; hay migración a nivel mundial que es todo lo contrario.

Uno no tiene que ideologizar las migraciones. Cuando alguien se va de su país es porque tiene dolor, tiene ganas de mejorar su calidad de vida. ¡Nadie quiere dejar a su familia por dejarla!

Hemos visto los procesos migratorios en Europa, lo que pasa desde Asia y África hacia el continente europeo.

Entonces, no es bueno estigmatizar.

El proyecto tiene un buen sentido de fondo, pero debemos seguir avanzando en ciertas materias, como lo ha reconocido el propio Gobierno. Y no es parte solo de esta Administración: faltan más personal, más tecnología, más instalaciones, más facultades legales, y más recursos para evitar que la migración se siga expandiendo de una manera mucho más brutal.

Termino mis palabras diciendo que el proyecto lo voy a votar a favor, pero hago esas distinciones. Y le pido al Director que, si vamos a tener una nueva política nacional de migraciones, ella debe partir por justicia, no metiendo todo en un mismo saco, y también tratando de regularizar a quienes ya están haciendo una vida en Chile, con sus hijos en los colegios, atendidos en los sistemas de salud. Porque ya son parte de nuestro país, les guste a algunos o no; trabajando en muchos lugares y ocupando puestos que a veces nuestros propios compatriotas ya no quieren, como nos está ocurriendo en el sur en muchas áreas, en donde dicen: "No, yo no estoy para ese trabajo". Y hay un extranjero que sí lo está.

He dicho, Presidenta .

Muchas gracias.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

Gracias, Senador.

Tiene la palabra el Senador Iván Moreira.

El señor MOREIRA.-

Gracias, Presidenta.

La verdad es que, según lo ha dicho el Senador Fidel Espinoza, tenemos muchas diferencias, pero a veces también tenemos puntos de encuentro, y estos dicen relación con que nuestra sociedad va avanzando.

Por eso, algunos se ríen un poco cuando digo hoy día -y es como veo la política- que me siento de una derecha moderada, porque encuentro que hay unos extremos en nuestro sector tremendamente grandes. Y creo que los años, el tiempo te hacen ser más maduro para asumir temas tan relevantes y tan sensibles como la inmigración.

Comparto que en materia de inmigración debemos actuar con justicia, sin ideologización, porque a veces tendemos a ideologizar las cuestiones por las distintas disputas que tenemos entre nosotros.

Pero todos sabemos que esto no da para más.

Muchas veces nosotros criticamos al Gobierno, y con razón, pero no da para más la situación de la inmigración, especialmente en el norte de nuestro país.

Fíjese en lo que decía el Senador Espinoza: efectivamente hubo unos inmigrantes que delinquieron agrediendo a carabineros, y resulta que, como no había norma, el Presidente no pudo expulsarlos, a pesar de que se había comprometido a ello, y la situación se judicializó. Pero, hay una cosa que no dijo el Senador Espinoza -quizá se le olvidó-: estas mismas personas, estando en un proceso judicial, cometieron actos delictivos y fueron nuevamente arrestados, por otra cosa.

Entonces, la verdad es que este es un tema al que tenemos que buscarle soluciones ahora. Sí debemos defender nuestras fronteras, sí debemos contar con una ley de migración justa y no permitir una verdadera invasión.

En ese contexto de cosas, quisiera señalar, a propósito de la macrozona norte, que es donde está relativamente el problema, que yo valoro que este Gobierno, sin complejo alguno, entienda que las Fuerzas Armadas pueden ayudar, pero también es difícil para ellas y necesitan el respaldo del Gobierno y de este Parlamento. Porque, se ha criticado mucho en estos días que no hay suficiente claridad sobre qué es lo que van a hacer los militares, cómo lo van a hacer, cuáles van a ser las reglas del uso de la fuerza, que están indicadas en un protocolo. Pero va a llegar un minuto en que esas Fuerzas Armadas, que de ninguna manera pretenden usar un fusil para detener la inmigración de personas que vienen con guaguas, con hijos, desde varios países del mundo, sí van a tener que enfrentar con balas al crimen organizado, a las bandas que se infiltran en estos grupos, y es ahí donde deberán recibir respaldo.

Ahora bien, ¿qué he dicho yo? Que vayamos con calma; este es un proceso difícil, lo importante es que ya están las Fuerzas Armadas allá. La idea es que esta sea como una marcha blanca. Si hay que hacer modificaciones y cambios, tendremos que hacerlos, pero claramente este es un problema que asfixia cotidianamente a las personas de la macrozona norte.

Día a día la televisión, las redes sociales nos dan cuenta de la magnitud y la seriedad del problema, y para qué hablar del dolor y la sensación de desamparo que sufre la gente del norte, de Arica, Iquique , Alto Hospicio , Antofagasta. Llegan todos los días llamados desesperados de los vecinos que, cansados, asustados, piden y le exigen al Estado que tome medidas para evitar los efectos negativos de una migración que, lamentablemente, de ordenada y regulada tiene poco, porque esta normativa hay que ponerla de alguna manera en ejercicio, y hay que ir de a poco buscando en qué estamos fallando, pero lo importante es que tenemos una ley de migraciones.

Ahora, las causas son multifactoriales, pero la principal es la salida de millones de venezolanos angustiados por la pobreza en que los tiene subyugados el régimen implacable de Nicolás Maduro, lo que ha llevado a que la gente trate de emigrar.

Este es un fenómeno creciente, también en otros países latinoamericanos. Ocurre con los colombianos, con los mismos salvadoreños, los guatemaltecos, en fin, con muchas personas de otros países que van en busca de un mejor futuro. Y eso es humano y hay que entenderlo. El tema es cómo lo asumen los países, cómo lo asume Chile.

Bueno, la búsqueda de nuevos horizontes implica un mercado floreciente para el tráfico de personas, la aparición de "coyotes" y toda suerte de aprovechadores y estafadores. Pero otro factor relevante es que, a pesar de los diagnósticos majaderamente negativos, muchas veces de algunos sectores de Izquierda -porque no son todos-, Chile sigue siendo, con sus luces y sombras, un país muy atractivo para vivir.

También uno se puede preguntar cómo estarán los demás.

Durante el segundo gobierno del Presidente Piñera se buscó actualizar la normativa que regula el proceso migratorio y modernizar el organismo a cargo de gestionar los procedimientos y el otorgamiento de visas. El proyecto también incorporaba procedimientos expeditos para la expulsión administrativa.

Lamentablemente, los mismos que hoy están votando a favor, en ese momento fueron críticos y lo rechazaron. Pero lo importante es el presente. Eso se debía solamente a una verdadera ideologización; todo se ideologizó.

Entonces, tenemos que partir por casa. Cuando hablemos de ideologizar, todos debemos entender que la situación migratoria que hay en el país es preciso superarla de alguna manera.

Los que se opusieron en el pasado hoy día tienen una mirada distinta. Bueno, todos aprendemos, muchas veces a porrazos.

La verdad es que esta es una medida de rapidez, otorgada con plazos más extensos para interponer recursos, pero escasos para que la PDI pueda proceder a la expulsión.

El archivo no muerde, la historia no se olvida de que ciertos sectores de Izquierda, lamentablemente dura -no son todos-, querían establecer el derecho a la inmigración. Me tocó ser parte de la Comisión de Derechos Humanos y ahí nosotros escuchamos argumentos que hoy solo producen amnesia.

Respecto del proyecto de reforma constitucional, quiero felicitar a los colegas de la bancada de la UDI, en especial a la Senadora Luz Ebensperger, porque ella desde hace mucho tiempo está luchando por tomar medidas para controlar la inmigración irregular o ilegal, que vive en carne propia, como todos los parlamentarios de esa región. Es difícil estar ahí.

Y yo quisiera señalar, a propósito de estas medidas para controlar la inmigración irregular o ilegal, que la excepción a la obligación de poner a disposición del juez al detenido dentro del plazo de cuarenta y ocho horas permite salvar una interpretación de algunos, dentro de los sectores más progresistas, que ven que la obligación de proceder dentro de un plazo tan restrictivo simplemente hace muy difícil cumplir con todos los trámites burocráticos que requiere la expulsión administrativa.

Yo también creo conveniente la eliminación de la segunda parte del proyecto, por cuanto era de difícil aplicación, en especial especificar quién, cuándo y cómo se cumplía la condición para la aplicación de la norma.

Yo apruebo en general y particular esta reforma, espero que se apruebe -de eso estoy seguro- y que no solo tenga vigencia en esta Constitución, sino que pueda ser considerada en todo el nuevo proceso constituyente.

Definitivamente este es un avance. Vamos por parte, en marcha blanca, porque esta inmigración nos pilló sin las herramientas necesarias para enfrentarla. Y creo que, por sobre las legítimas diferencias y las miradas políticas que tengamos respecto de esta materia, por lo menos en los temas de seguridad y en esto debemos tener mayor concordancia.

Es lo que Chile necesita.

Voto a favor.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

Gracias, Senador.

Para un punto de reglamento, tiene la palabra el Senador Chahuán.

El señor CHAHUÁN.-

Presidenta, quiero saber si es posible tener en paralelo una reunión de la Comisión de Régimen, debido a que hay que pronunciarse respecto de la suscripción a una unión interparlamentaria en relación con el Parlamento Internacional para la Tolerancia y la Paz, cuyo Presidente mundial viene a Chile el día viernes -el Presidente emiratí, Senador Moreira-, así que sería útil poder pronunciarse sobre el particular.

El señor ELIZALDE ( Presidente ).-

Lo vamos a resolver después de la votación, porque ahí podemos tomar este tipo de acuerdos.

Le damos la palabra al Senador Saavedra.

El señor SAAVEDRA.-

Gracias, Presidente.

Este no es un tema fácil; solo para recordar que también los chilenos sufrimos de la vida por el mundo. Hay aproximadamente 800 mil compatriotas que están dispersos en diferentes países, y tenemos que preguntarnos por qué, cómo viven y cómo los tratan. Y hay algunos rasgos que creo que nos sonrojan en más de algún lugar.

Además, el aumento explosivo de los migrantes provenientes de países próximos a nuestro territorio obedece a ciertas actuaciones internacionales, como ocurrió en Cúcuta con la acción del mandatario chileno el entonces Presidente Piñera .

Esto no puede analizarse en forma aislada.

Debemos entender que las migraciones, como decía mi compañero Fidel Espinoza, son procesos complejos y difíciles para las diferentes naciones, como es el caso de Venezuela en este instante, que provoca estas migraciones.

Por consiguiente, se requieren acuerdos internacionales para resolver esos problemas.

El proyecto de ley, a mi entender, trata de solucionar legalmente el problema de las expulsiones, pero no resuelve la situación de aquellos que ingresaron de forma irregular y se quedan a vivir en Chile.

Al respecto, querida Ministra, quiero reiterar una petición que fue fruto de un acuerdo adoptado por la Sala de este Senado: ratificar el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, o Pacto de Marrakech, que es un acuerdo intergubernamental sobre migraciones, aprobado el 10 de diciembre del 2018 por Naciones Unidas, oportunidad en que 152 países concurrieron con su voto favorable, 2 se abstuvieron y 24 no votaron.

Menciono lo anterior porque se trata de establecer, a mi juicio, un estándar internacional para el entendimiento con aquellos países con los cuales tenemos fronteras. El Director del Servicio Nacional de Migraciones , presente en la Sala, nos señala que el ingreso de ciudadanos extranjeros a nuestro país se realiza, entre un 80 y un 90 por ciento, por la frontera con Bolivia; entonces, se hace necesario contar con un acuerdo con dicha nación, a fin de fijar un estándar respecto de la entrada y salida del país y del no ingreso al territorio. ¡Y eso no lo tenemos!

Debemos llevar adelante una legislación común con los países vinculados. Hablo de acuerdos de carácter bilateral o trilateral, como el que debiéramos tener con Perú y Bolivia en una frontera histórica, en la cual tenemos que resolver lo relativo al ingreso de migrantes.

Además, debemos contar con una política pública que asegure orden en la estadía en el país y, al mismo tiempo, regule las condiciones para ello, entendiéndose que hay una base estandarizada sobre los derechos de las personas que van a vivir en nuestro territorio en igualdad de condiciones con quienes somos parte de la nacionalidad chilena.

He querido agregar este enfoque, que he visto ausente en el debate, porque simplemente nos estamos remitiendo a una situación concreta y específica. Está bien que se aplique y exista este instrumento legal para disponer de un buen procedimiento y buenas prácticas respecto de aquellos que no debieran continuar más en el país y asegurar su salida.

Y reitero la solicitud expresa al Supremo Gobierno, a través de la Ministra Ana Lya Uriarte , para que ratifique el pacto señalado, porque creo que nos abre una posibilidad cierta, más ordenada, más segura, en materia de migraciones. También pido que impulse acuerdos internacionales con los países fronterizos, por cuanto debemos resolver esta situación en conjunto con ellos y en términos holísticos. Ello es parte de los desafíos para las políticas públicas del Gobierno del Presidente Boric.

Votaré a favor de la iniciativa, entendiendo que es un avance, como dijo en su intervención el Senador Moreira; pero evidentemente carece de una visión más integral respecto de las migraciones, que son históricas.

Basta recordar que en algún minuto incluso desterramos del país a nuestro propio Padre de la Patria. Tenemos una historia que también nos sonroja respecto de este tipo de situación.

He dicho, Presidenta .

Muchas gracias.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

Gracias, Senador.

Tiene la palabra el Senador Matías Walker.

El señor WALKER.-

Muchas gracias, Presidenta .

He concurrido con mi voto favorable a este proyecto de reforma constitucional y felicito a su autora y a sus autores.

Saludo a la Ministra Ana Lya Uriarte y al Director del Servicio Nacional de Migraciones .

Me parece que la iniciativa apunta en la dirección correcta. Creo que se trata de una reforma constitucional autoejecutable al establecerse esta excepción al plazo máximo de cuarenta y ocho horas de detención, lo que está contenido en el artículo 19, N° 7º, de la Constitución. Ello debiera ser amparado por los tribunales superiores de justicia, que, al momento de resolver recursos de protección en contra de decretos de expulsión, muchas veces han fallado a favor del migrante irregular.

Sin perjuicio de eso, es muy importante avanzar en el proyecto que hoy está en la Cámara de Diputados y que busca que ese plazo, que de acuerdo a la reforma constitucional que aspiramos a aprobar ahora no debiera exceder los cinco días, esté también establecido en la ley, por todo lo que dice relación con los procedimientos de expulsión.

A mi juicio, estamos avanzando en la dirección correcta, más allá de la discusión sobre los fundamentos del proyecto. Y todo lo relativo al espacio propio del debate político también está avanzando en el sentido correcto.

Además, creo que el acuerdo que se logró en la Comisión Mixta a propósito del proyecto de infraestructura crítica, el cual permite que las Fuerzas Armadas retomen su presencia en las áreas fronterizas, va en la dirección correcta. Actualmente esto es una realidad, y se cumple el rol disuasivo.

Asimismo, celebro la presencia de la Ministra del Interior ayer en Colchane. Creo que el decreto es adecuado, más allá del error puntual de referencia que hubo en su texto, que llevó al Gobierno a retirarlo y a reingresarlo a Contraloría.

Al respecto, con la Senadora Ximena Rincón presentamos un proyecto de reforma constitucional para establecer la presencia de las Fuerzas Armadas de manera permanente en las fronteras. Así no se tendrá que depender de un decreto específico, provisorio, para determinar las áreas fronterizas en las que las Fuerzas Armadas podrán actuar.

En definitiva, es un avance, y hay que reconocerlo.

También lo es el que por primera vez se discuta por ley las reglas de uso de la fuerza para el personal de las Fuerzas Armadas. Es cierto, algunos han estimado que en esta materia es conservador el decreto con fuerza de ley que, por habilitación del Congreso Nacional, emitió el Presidente de la República para establecer provisoriamente las reglas de uso de la fuerza.

Yo considero, Presidenta , que ese es un punto de partida, porque por primera vez tendremos la posibilidad de fijar las reglas de uso de la fuerza por ley. Hemos estado trabajando -no todos lo saben- en el mes de febrero con la Ministra del Interior , con el Subsecretario del Interior , con la Ministra de Defensa y con el Subsecretario de Defensa , Gabriel Gaspar , precisamente para concordar un proyecto que busque establecer por ley las reglas de uso de la fuerza.

Y, para ello, se tomó en consideración la legislación comparada. Hemos visto cómo han regulado esta materia países como Alemania, Estados Unidos, México , Argentina y otras experiencias más cercanas.

Obviamente, no es lo mismo enfrentarse a un migrante irregular común y corriente que enfrentarse a los coyotes, a los que cometen el delito de explotación de tráfico de migrantes. ¡Para qué hablar del combate al crimen organizado!

Con todo, estamos dando un paso muy importante con la aprobación de esta reforma constitucional.

Gracias, Presidenta .

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

Gracias, Senador.

Tiene la palabra el Senador Elizalde.

El señor ELIZALDE.-

Gracias, Presidenta.

En primer lugar, quiero hacer referencia a un comentario que realizó el Senador Espinoza con relación a los fundamentos del proyecto.

Efectivamente nosotros, cuando votamos, nos pronunciamos respecto del texto de la iniciativa. Y obviamente podemos compartir o no los fundamentos del proyecto que plantean los mocionantes, pero votar a favor de una iniciativa no significa que uno necesariamente los comparta.

Creo que ese punto debe quedar claro a la hora de votar este proyecto.

Yo comparto el diagnóstico en cuanto a la necesidad de contar con una legislación en esta materia; de hecho, así lo discutimos en la Comisión de Gobierno.

Los mocionantes hacen referencia, particularmente, a la situación actual con relación a lo que se ha producido en materia migratoria.

Al respecto, considero importante precisar que la crisis migratoria no empezó con el Gobierno del Presidente Boric. Pareciera que la historia comenzó el 11 de marzo del año pasado, y no es así. Obviamente enfrentamos una crisis migratoria que tiene un origen anterior.

Más que estar aquí pasándonos cuenta unos a otros respecto de lo que hizo cada gobierno, lo importante es cómo dar respuestas con altura de miras. Y este proyecto efectivamente entrega una herramienta sobre la base de un dato de realidad, que es que el plazo que establece la actual Constitución no es suficiente para proceder a las expulsiones correspondientes, por lo que se requiere una regulación distinta.

Por eso se propone agregar, como inciso final de la letra c) del N° 7º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, un texto que señala: "Este lapso de 48 horas no se considerará para efectos de materialización de expulsiones administrativas. En este último caso corresponderá a la ley fijar el plazo máximo, el que no podrá en todo caso exceder de cinco días corridos.".

En mi opinión, el Senador Huenchumilla tiene toda la razón en su interpretación, pues para todos los efectos se puede interpretar que, aprobada esta reforma, se aplican los cinco días corridos.

Por eso me parece muy importante el compromiso que ha adquirido el Gobierno de regular a la brevedad esta materia para que las reglas sean claras, entendiendo que lo que se ha conversado en la Comisión de Gobierno es que, en caso de que el plazo de cuarenta y ocho horas no sea suficiente, un juez de garantía podrá autorizar su extensión hasta por cinco días o por el tiempo que establezca la ley, que incluso podría ser inferior.

Es muy relevante regular con celeridad ese plazo, como también lo es el diálogo que se tenga con el Gobierno, a través del Ministerio del Interior y, particularmente, del Servicio Nacional de Migraciones.

Dicho lo anterior, hago presente que esta iniciativa da cuenta de una necesidad, de una realidad, que es que a todas luces el plazo establecido en la Constitución no es suficiente para proceder a las expulsiones administrativas y, además, que no se puede mantener privada de libertad a una persona por más tiempo.

Por tanto, se requiere buscar alguna fórmula.

En la Comisión se escuchó a las distintas instituciones que trabajan en la materia, en especial a la Policía de Investigaciones, y se llegó a la conclusión de que era necesario establecer una norma especial que fijara un plazo adicional, el cual, obviamente, tendrá que ser regulado por ley mediante un proyecto que debiera tramitarse con celeridad una vez que se apruebe esta reforma o mientras esta se discuta en la Cámara de Diputados.

En este sentido, es muy importante asumir que tenemos un problema que enfrentar y que debemos abordar el debate con altura de miras.

Insisto, más allá de ver quién tiene la culpa o de quedarnos en un debate entre sectores políticos, debemos abocarnos a dar una respuesta como Estado ante una realidad compleja que es evidente y que, lamentablemente, contempla otros fenómenos respecto a los cuales tenemos que actuar con celeridad para responder -reitero- cómo corresponde.

Por todo lo anterior, voy a votar a favor de esta reforma constitucional, dejando constancia de que comparto el diagnóstico de los mocionantes respecto de la necesidad de regular esta materia, pero no así la totalidad de los argumentos que fundamentan el proyecto de ley.

Voto a favor, Presidenta .

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

Gracias, Senador.

Tiene la palabra el Senador Felipe Kast.

El señor KAST.-

Gracias, Presidenta.

No voy a repetir lo que ya se ha dicho y valoro que esta materia se pueda ordenar, clarificar, para que las expulsiones administrativas finalmente no sean frenadas con argumentos como los que este proyecto busca solucionar.

Además de felicitar a los mocionantes, quiero decir que voy a votar a favor, Presidenta.

Aprovechando que está presente la Ministra , la máxima autoridad migratoria y los colegas, voy a hacer una pequeña reflexión sobre el tema migratorio desde una perspectiva un poco más global.

Yo sé que este es un tema supersensible, particularmente en el norte, que ha sufrido una sensación tremenda de abandono, de descontrol y de ausencia del Estado en el ámbito migratorio. En este sentido, hay un pecado de omisión muy grande desde hace mucho tiempo...

El señor ESPINOZA .-

¡De todos los gobiernos!

El señor KAST.-

¡Por supuesto! Por eso dije "desde hace mucho tiempo".

Y se buscó dar una solución en parte con la ley migratoria que aprobó este Congreso.

Pero quiero ser muy claro en que creo que tenemos un problema, Presidenta . Y qué bueno que usted esté presidiendo, porque sé que este tema es de su particular sensibilidad. Quiero invitarla a hacer una reflexión en esta materia.

Pienso que debemos ser extremadamente duros con aquellos que tengan antecedentes penales y sobreinvertir en alianzas con otros gobiernos para que efectivamente no entre nadie que venga a delinquir.

Y así como creo que tenemos que ser muy duros en esos casos, considero que tenemos un problema en Chile: una gran cantidad de personas ha ingresado irregularmente y nadie en el mundo político ha planteado una solución razonable para ver qué va a pasar con ellos. Nos va a ocurrir lo mismo que a Estados Unidos y lo que les pasa a muchos países, donde finalmente se generan bolsones de pobreza con personas que quedan al margen de la ley.

Ante ello, una de las cosas que ha funcionado -y me atrevo a plantearlo como una idea futura, pues no es parte de este proyecto de ley, que voy a votar a favor- es la residencia condicional: este concepto de que, en vez de exigir que se vayan del país para que vuelvan a postular a su visa -es lo que hoy día dice la ley, salvo casos muy excepcionales-, hay que distinguir de alguna manera a aquellas personas que tienen antecedentes penales, a aquellos que se comportan mal, para poder expulsar rápidamente a quienes cometen delitos. Hay que diferenciar ambos mundos, y no meterlos a todos en el mismo saco. En mi opinión, eso permitiría, si tuviésemos esta lógica de residencia transicional o condicional, contar de alguna manera con una tarjeta amarilla respecto de los que entran ilegales.

Además, debo decir que hay una deficiencia en nuestros consulados fuera de Chile, porque no entregaron las visas que les correspondían a muchas personas que estaban sufriendo la dictadura de Nicolás Maduro, y que la siguen sufriendo. En efecto, por no entregar a tiempo esas visas, se generó una presión muy fuerte para que muchos ingresaran irregularmente.

¿Este proyecto es positivo? Por supuesto que sí, y lo vamos a apoyar con mucha fuerza.

¡Hay que ser muy duros con aquellos que tienen antecedentes penales y vienen a Chile a delinquir! Esa es una realidad. Hay muchos que han venido a delinquir, y el que no quiera reconocerlo simplemente está faltando a la verdad.

¡Pero también es cierto que hay muchos que no vienen a delinquir!

Entonces, creo que debemos ser capaces de diseñar políticas públicas migratorias que permitan ser muy duros con los primeros, pero que, al mismo tiempo, no fuercen a los segundos a mantenerse en el mundo de la marginalidad, de la delincuencia, pues al final son a los que les ofrecen este mercado negro que les impide tener una situación regular.

Dejo planteada esta inquietud, Presidenta . Es algo que hemos conversado en el pasado.

Yo sé que es un tema muy sensible y espero que todos estemos a la altura de diseñar políticas públicas integrales en una materia en la que claramente estamos al debe.

Las grandes víctimas han sido las familias del norte, que muchas veces se sienten viviendo como extranjeros en su propia patria.

Presidenta , apruebo el proyecto.

Gracias.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

Gracias, Senador.

Tiene la palabra el Senador Jaime Quintana.

El señor QUINTANA.-

Gracias, Presidenta.

Yo también valoro los altos niveles de entendimiento y consenso que hemos tenido en esta discusión. Pero quiero recordar que el año 2020, cuando debatimos esto mismo, también los teníamos, y prueba de ello fue la manera en que se aprobó ese proyecto.

A esta altura nadie puede culpar de la migración a este Gobierno. El episodio de Cúcuta no ocurrió en este Gobierno, solo por poner un ejemplo. Eso fue lo más cercano a invitar a habitantes de países vecinos a venir a residir a Chile por circunstancias políticas. Claramente esa fue una intromisión bastante grosera.

Entonces, queda despejado el hecho de que esto no es responsabilidad del Gobierno.

Yo diría que como Congreso también tenemos que asumir nuestra propia responsabilidad respecto del tenor de la discusión de 2020, porque escuchamos mucho a algunas ONG y poco a los habitantes del norte, ¡escuchamos poco a los habitantes del norte!

El Senador Jorge Soria me dijo recién que él no recuerda un verano como este, en donde hayan sido asesinadas tantas personas en Iquique, en la Región de Tarapacá, como en estas últimas semanas.

Por lo tanto, si realmente queremos ordenar la migración, debemos estar dispuestos a corregir aquello que no hicimos bien el 2020, ¡todos!, transversalmente.

Eso es lo primero que quiero señalar, y parto reconociendo mi error, nuestro error.

Tenemos que entender que aquí hay también un tema de soberanía involucrado. En este afán de cómo regulamos mejor la migración se encuentra el derecho de los habitantes de nuestro país a vivir en condiciones de seguridad. Porque ya no es una suposición. ¡No! Hay una conexión real entre la delincuencia, el ingreso de armas, la trata de personas, el ingreso de drogas, y los migrantes.

Por supuesto que esa no es la regla general, pero la cifra -la corroboré recién con el Director del Servicio Nacional de Migraciones- es muy alta: de un millón y medio de personas que ingresaron a Chile en distintas calidades, 140 mil, en los últimos tres o cuatro años, lo hicieron en condiciones absolutamente irregulares, gran parte de ellos indocumentados.

Es un tema que he escuchado poco en esta discusión, pero que es central, porque cuando uno llega a otro país y no tiene documentos no te dejan entrar bajo ninguna circunstancia.

Por eso hago una autocrítica a la ley que se promulgó el 2021, en que, afortunadamente, el Senado ya hizo una reparación con la modificación propuesta por el Gobierno, que se encuentra en la Cámara de Diputados, que busca corregir la forma de notificar. Porque actualmente se pueden realizar dos y hasta tres notificaciones; o sea, el peso de la prueba siempre recae en el Estado chileno y, en definitiva, el costo lo asume la sociedad en su conjunto.

Entonces, reitero que debemos abordar el tema de la soberanía, el derecho de los chilenos a tener las condiciones de seguridad para vivir con tranquilidad en su país. Y también debemos contemplar el derecho de los migrantes, porque son sujetos de protección: tanto los migrantes como los refugiados tienen un estatuto especial de protección humanitaria. Eso lo sabemos todos.

Si bien voy a votar a favor, porque creo que es un avance, hay algunos considerandos de esta iniciativa que no se hacen cargo de que estamos frente a un problema global, que también está ocurriendo en Europa -lo dijo el colega Espinoza recién- con personas que quieren transitar desde África, Asia o el Medio Oriente a países europeos.

¡Es el mismo fenómeno que tenemos en Chile! Por eso primero hay que poner algunos principios esenciales en esta discusión.

Lo último que quiero decir es que no he escuchado nada hasta ahora en cuanto al concepto de cooperación que se requiere por parte de los países vecinos. Deseo señalarlo con toda claridad, porque hemos oído a la Canciller en muchas ocasiones, y el propio Presidente ha puesto énfasis -está muy bien- en torno a una mirada latinoamericana. Pero sucede que no le estamos pidiendo a Venezuela, a Colombia, a Bolivia ni a Perú que tengan alguna reciprocidad, por ejemplo en la conducción o en la identificación y documentación de las personas. Y eso, en definitiva, es un acto inamistoso. ¡Debemos ser claros!

O sea, está muy bien la política turquesa. ¡Perfecto! Están muy bien todos los temas de derechos humanos, ¡sin lugar a dudas!, y son parte de esta discusión. Pero también debemos preocuparnos de las condiciones de seguridad bajo las cuales tienen que habitar nuestros compatriotas.

Me sumo a quienes han dicho que se ha dado una cuestión muy virtuosa con la migración en la historia de Chile, desde siempre. Y hoy día también existe, porque el aporte que hacen muchos migrantes en los territorios, en las regiones -lo veo en La Araucanía- es extraordinario. Pero precisamente como la ley no es clara, tenemos que corregirla, y por lo mismo esta reforma constitucional es un avance.

Vemos los problemas que se nos están presentando.

Entonces, considero fundamental que se cambie la normativa en orden a modificar la forma como se hacen las notificaciones, para que las personas que no tengan documentos no puedan seguir circulando como si nada. Alguien podrá pensar que esto es muy extremo, pero no. En países muy democráticos, con altos estándares en derechos humanos, existen lugares de transición, refugios que son utilizados mientras se verifica el origen de la persona que llega al país. Porque muchas veces el no viajar con documentación, bueno, es parte de lo que se busca: engañar al Estado receptor.

Por lo tanto, me parece que esta reforma va en un buen sentido y la voy a respaldar.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

Gracias, Senador.

Tiene la palabra la Senadora Pascual.

La señora PASCUAL.-

Presidenta, en primer lugar lamento mucho la discusión que estamos teniendo hoy día.

Comprendo absolutamente la importancia y la necesidad de adecuar una complicación práctica que tiene la Policía de Investigaciones para materializar una expulsión administrativa, entendiendo que esta no puede quedar al margen de los estándares de los derechos humanos ni de la evaluación de antecedentes que realmente ameriten este acto, y entendiendo, además, que efectivamente todos y todas quienes estamos en esta Sala damos por sentado que son personas con antecedentes, que han delinquido, etcétera, y no personas que por otro tipo de necesidades entraron de forma irregular, como a veces sucede, debido a una migración obligada, que se produce por las malas condiciones económicas de su país y por las cuales deben migrar a una nación cercana o en que la gente piensa que tiene un mejor estándar de vida.

Señalo esto porque hay que distinguir los procesos en este ámbito. Y lamento mucho esta discusión, entendiendo la necesidad y compartiendo la solución específica y concreta propuesta en esta votación -un artículo único que modifica la Constitución para dar la facultad de extender el plazo hasta un máximo de cinco días-, porque no se pudo -lo digo con harto respeto-, por ejemplo, ingresar una indicación sustitutiva por parte del Gobierno en este asunto.

Primero, hay que corregir los temas debatidos en el Hemiciclo respecto del diagnóstico y los fundamentos de esta moción. Creo que es indudable que, si uno empieza a separar los gobiernos de los países del mundo entre los que le gustan y los que no, y a aceptar solo las migraciones desde el que le gusta, claramente todo el debate se sobreideologiza o sobrepolitiza. Pero no puede no quedar claro y no ser parte de la historia de la ley, y por tanto de la verdad de lo que estamos discutiendo, lo mencionado por la Ministra Ana Lya Uriarte al principio de la sesión. Me parece que no se puede obviar en la votación de este artículo único que no se están votando los fundamentos ni el diagnóstico, tal como lo ha expresado la Ministra , que no voy a repetir producto de lo avanzada que está la tarde.

Entonces, quiero plantear -me parece bien importante que quede claro- que si este proyecto de artículo único es aprobado lo será porque se comparte la propuesta final, que se da después de un largo debate en la Comisión, y que operacionaliza de mejor manera la situación. Pero ello no necesariamente significa que se comparten los fundamentos más complejos de la moción, que estipulan (comillas) responsabilizar al Gobierno por una migración irregular con cifras que la Ministra aclaró ya que no son el peak, el cual se dio en el Gobierno anterior, y que tampoco dan cuenta de otro tipo de situaciones y debates.

Creo que se debió haber hecho este debate con una riqueza mayor para entender la diversidad y la complejidad del fenómeno migratorio, en el que, por lo demás, cuando aprobamos la política migratoria y la nueva Ley de Migraciones, vimos que las formas para migrar en el mundo son bastante diversas. Además, la migración nos acompaña desde que el mundo es mundo; por algo nuestro continente fue habitado por oleadas migratorias y -quiero decirlo- llegó para quedarse en todo el proceso.

Entonces, uno no puede tener una mirada que considere que toda la migración es mala. Es más, casi todos los que estamos acá somos hijos o nietos de migrantes. Lo digo porque aquí se demonizan ciertas discusiones, y me parece que sacar réditos cortos en este ámbito no corresponde.

Yo voy a apoyar la opinión favorable que tiene el Gobierno en esta moción, pero lamento enormemente que no haya presentado una indicación sustitutiva donde precisamente podría haber dejado plasmado tanto lo que nos comentó el Director de Migraciones como la Ministra Ana Lya Uriarte , lo que me parece muy fundamental para la verdad política y legislativa que se estipula en este proyecto de ley.

Muchas gracias.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

A usted, Senadora.

Tiene la palabra la Senadora Alejandra Sepúlveda.

La señora SEPÚLVEDA .-

Muchas gracias, Presidenta .

Estaba pensando en todas las acciones positivas y eficientes que hemos realizado con relación a los trabajos prelegislativos y a la importancia de hacer el análisis con nuestros asesores para posteriormente llegar a los acuerdos que sean necesarios. Si no tenemos acuerdos, se vota, y la democracia es la que actúa.

Por eso, para nosotros era muy importante reactivar la mesa transversal de seguridad, hacerla mucho más maciza, porque debemos ver la migración holísticamente, de manera mucho más sistémica, distinta de la forma en la que hoy la estamos abordando.

Entonces, primero, quiero relevar esta mesa. Espero que ojalá tengamos la posibilidad de retomarla y buscar la fórmula de fortalecerla, porque lo asumo, o tomo las palabras de la Senadora Pascual: aquí no estamos de acuerdo con el fundamento, ¡no estamos de acuerdo!, pero sí con el proyecto, con la moción parlamentaria.

A pesar de las diferencias, el Gobierno hace suya esta moción. Y la hace suya sin indicaciones, sin ningún complemento derivado de ese diagnóstico, que puede ser errado a los ojos de algunos de nosotros.

A pesar de estas diferencias, hoy día estamos todos votando a favor, y creo que eso es lo que tenemos que construir como Parlamento, como políticos y como Ejecutivo.

Frente a eso, mis preocupaciones son los palos de fósforos -siempre lo he planteado tanto en la Cámara como acá-, porque los Senadores, los parlamentarios vemos una parte del problema, que al parecer incluso es más obvia; sin embargo, el Director de Migraciones y la Ministra que está acá pueden tener una visión mucho más completa de todas las complicaciones que hoy día enfrentamos para la expulsión de migrantes.

Para nosotros, el que viene a construir este país siempre va a ser bienvenido, pero para aquel que viene a destruir, que viene a complicar, tendremos que crear, como Parlamento, las herramientas para que exista una expulsión exitosa, como corresponde, rápida, eficiente, con respeto a los derechos humanos, pero entendiendo que aquí se viene a construir y no a destruir.

Entonces, yo tengo hartas preguntas que hacerles al Director y a la Ministra, porque estamos con una batería de medidas que se están implementando en este minuto.

Están los proyectos de simplificación. Nos gustaría saber en qué van esas iniciativas y qué deberíamos implementar con más detalle para acelerar los procesos.

Porque cuando uno ve solo lo que ha planteado el Director Thayer , los sistemas sanitarios del PCR, los acuerdos que debemos suscribir fundamentalmente con los países que están a nuestro alrededor, con los que compartimos frontera, uno se pregunta: ¿será solo esto, o deberíamos incorporar otras acciones? No en la gran máscara de lo relacionado con una ley de migración, sino en cosas concretas que se necesiten, que ustedes necesiten -por su intermedio, Presidenta , al Director y a la Ministra - para hacer esta medida más eficiente, más rápida, más inmediata, más proactiva, pues nuestro deber es apoyar y entregar las herramientas necesarias.

Este es un tema vital, de tremenda importancia no solo para la zona norte.

¿Qué está pasando con el proceso de simplificación? ¿Es solo eso? ¿Deberíamos estar conversando de otras materias en la mesa transversal y haber sacado el checklist mucho más rápido?

Me gustaría que nos pudieran complementar la información, porque no me hace mucho sentido, o creo que es un poco incompleto lo que escuchamos desde el punto de vista del porqué de este proyecto de ley.

Creo que hay varias otras cosas que nosotros podríamos debatir, complementarias, porque estamos votando en general, ¿no, Presidenta?

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

En general y en particular.

La señora SEPÚLVEDA .-

Aunque solo sea en general y en particular, porque es un solo articulado, con la posibilidad de ir complementando algunos factores que puedan hacer este mecanismo mucho más eficiente.

Muchas gracias, Presidenta .

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

A usted, Senadora.

Tiene la palabra el Senador Iván Flores.

El señor FLORES.-

Muchas gracias, Presidenta.

Quiero saludar a la Ministra Ana Lya Uriarte y también al Director de Migraciones , don Luis Thayer .

La solidaridad y el refugio que caracterizan a los países de bien ante el dolor o la persecución de ciudadanos de otros países la verdad es que es algo que le duele o le debe doler a la humanidad y que debe generar solidaridad en respuesta.

Y así como "el asilo contra la opresión" ha sido un concepto reiteradamente aprendido, dicho y entonado por todos nosotros, debemos tener en consideración que no obstante los efectos positivos que las migraciones reguladas, bien planeadas producen, también se provocan efectos negativos cuando hay movimientos de personas que, separando la condición de refugio, separando la condición de una búsqueda urgente de una mejor calidad de vida, como lo han hecho miles de familias en Chile, se generan en forma no planeada, no pedida, no regulada, que opaca el aporte que miles de trabajadoras y trabajadores y profesionales extranjeros con papeles o sin papeles han estado haciendo a nuestro país.

Ese es un hecho de la causa y lo han señalado distintos componentes de nuestra comunidad, tanto empresariales, productivos, como sociales.

En este contexto, estas personas, que han entregado conocimiento o mano de obra haciendo su aporte, se han visto lamentablemente opacadas por efectos altamente negativos, por ejemplo, las organizaciones criminales de trata de personas.

Hay gente de nuestro país y de otras naciones haciendo un comercio vil, un despreciable negocio con las necesidades de personas que buscan con sus familias, con sus niños, completamente desarraigadas de su origen, de sus bienes, salvar no solamente su dignidad, sino a veces también su vida.

Por otro lado, hay un gran abuso de algunos (comillas) empresarios nuestros. He sabido, he visto que les pagan con tratos miserables y a veces dos por uno, ¡todavía!, con el precio de uno a dos, y llegan a las cosechas y a la actividad de temporería.

Ojo, porque ese es un tema al cual no se le ha hincado el diente. Y cuando llegan varios buses con personas maltratadas de esta manera, trabajando más que de sol a sol para tener un ingreso decente a veces repartido entre varios, la verdad es que eso duele.

Pero principalmente, y este es el problema de origen de este debate -lo refleja muy bien el Director Thayer en una crónica que aparece ahora en un diario de circulación nacional-, la entrada de personas mezcladas dentro de esta necesidad de mejor pasar o de refugio ha permitido el ingreso de nuevas formas de organizaciones criminales.

Parte del crimen organizado, parte del narcotráfico de gran escala se mezcló, se diluyó entre estas personas, y las tenemos presentes en Chile sin haber pasado por ningún control, capturando a barrios de prácticamente todas las comunas de nuestro país.

Esto ha hecho que las nuevas formas delictuales ¡horroricen! a nuestra comunidad, y crímenes que hasta hace muy poco nos escandalizaban, hoy día empiecen a ser parte de la normalidad.

Ya no nos conmueve un portonazo o un abordaje o un asalto; pero sí nos conmovemos cuando alguien es sepultado vivo o es extorsionado o es mandado a asesinar, cuestiones que veíamos en las noticias como formas de delito, de venganza o de negocio en otros países y que ahora tenemos en Chile con más frecuencia y en más cantidad de lo que la mayoría de los ciudadanos sabe, de tal manera que este tipo de conductas perversas, miserables, que están trastocando nuestra convivencia hacen que se cumpla el precepto y se cumpla la norma.

Bienvenida la migración y todo aquel que venga a aportar. Pero el que se porta mal, ¡para fuera!

El problema que señalaba el Director Thayer es que de alrededor de dos mil expulsiones decretadas solamente se han concretado treinta y una: dos mil personas deberían estar fuera de Chile por haber cometido delito y solo fueron expulsadas treinta y una por un problema de plazos, que es el tema que estamos discutiendo hoy día, porque resulta imposible que la PDI pueda en 48 horas encontrar a determinado delincuente, el cual, por lo demás, sabido que lo buscan va a tratar de desaparecer.

Entonces, este proyecto es supersimple. No le demos 48 horas a la Policía, sino cinco días para que ubiquen a la persona y que efectivamente sea expulsada.

Por lo tanto, aquí no hay ni que pensarlo. Voy a votar a favor del proyecto no obstante tener algunos reparos con las fundamentaciones planteadas, porque no las comparto. Hay una cuestión muy compleja de índole humanitaria respecto de una migración muy necesaria para Chile, pero la ordenada, la que viene a aportar.

Entonces, sin compartir todos sus fundamentos, voy a votar a favor, Presidente .

Muchas gracias.

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Tiene la palabra la Senadora Ebensperger.

La señora EBENSPERGER.-

Gracias, Presidente.

Quiero partir señalando que aquí casi se ha discutido más sobre los fundamentos del proyecto que del contenido de la norma. Se dice que aquellos responden a lo que los mocionantes pensamos o creemos y que claramente no representan la visión de todos los señores Senadores o señoras Senadoras. Pero lo que se presenta a discusión a la Sala no son los fundamentos de un proyecto, o de una reforma constitucional en este caso, sino determinada norma que se propone para que quede incorporada en nuestra legislación.

Se preguntaba también por qué el Ejecutivo no formuló una indicación cuando se sabe que aquellas no recaen sobre los fundamentos; o sea, el Gobierno no podría haber presentado fundamentos distintos, y, aunque lo hubiera hecho, no habría podido modificar las razones expuestas por los mocionantes.

Señor Presidente , me alegra escuchar hoy día que todos los señores Senadores y señoras Senadoras reconocen en esta Sala la grave crisis migratoria que vive la macrozona norte, y en particular la Región de Tarapacá. Efectivamente, vengo hablando de este asunto desde junio del 2020; es decir, no es un problema del actual Gobierno. Lo señalé también públicamente durante la Administración pasada, siendo Senadora oficialista, cuando dije que el Gobierno del Presidente Piñera, al menos en mi región, había fracasado en materia migratoria y de seguridad.

No es un problema de ahora. Y si se quieren buscar responsabilidades políticas, ¡bien!, hágalo quien quiera, pero primero busquemos las soluciones de fondo al problema.

Hoy día existe, en mi región al menos, una grave crisis migratoria, que tiene como consecuencia una grave crisis delincuencial, de crimen organizado, de delitos violentos que nunca habíamos vivido. El promedio histórico de asesinatos o de homicidios en la Región de Tarapacá era entre dos y ocho casos al año. El 2022 terminamos con cincuenta y dos. Estamos a 1 de marzo y en los dos primeros meses ya llevamos quince asesinatos, lo que significa una tasa de 8,5 homicidios por cada cien mil habitantes, cuando el promedio a nivel nacional es 2,3 homicidios por cada cien mil habitantes.

Aunque es cierto que no todos los delincuentes son migrantes ni todos los migrantes son delincuentes, nuestra permisividad al ingreso clandestino ha hecho que el crimen organizado, que no desaprovecha oportunidad, se aproveche -valga la redundancia- de la vulnerabilidad de nuestras fronteras, porque aquí encuentra un terreno fecundo donde poder tomar un territorio y cometer sus delitos.

Y esta reforma constitucional lo único que hace es considerar una de las tantas realidades que hay que mejorar, como lo dijo la PDI en la discusión sostenida en la Comisión, referida a aumentar el plazo que tienen sus funcionarios para poder retener a una persona cuando ya la expulsión administrativa se encuentra cien por ciento ejecutoriada, puesto que en dos días casi no alcanzan. Ya lo señalaban la Ministra de la Segprés y el propio Director de Migraciones: una vez ejecutoriada la resolución y verificada la identidad deben comprarse pasajes, debe disponerse de personal de la PDI para poder acompañar al expulsado, etcétera. Y para eso claramente, además dependiendo de la distancia a cubrir, no siempre alcanzan las 48 horas. Si desde Tarapacá se debe enviar a alguien hacia Bolivia o desde Arica hacia Perú, cuarenta y 8 horas tal vez será un tiempo más que suficiente, pero cuando se trata de países más distantes o cuando desde una región la persona primero tiene que llegar a Santiago y luego embarcar en un vuelo internacional, aquello resulta imposible.

Un Senador le hacía un llamado al Gobierno para que el país ratificara el Pacto Mundial para la Migración y yo no estoy de acuerdo con ello ¿Por qué? Porque ese instrumento presenta un gran problema: establece obligaciones a los países sin distinguir entre migración regular e ilegal.

Considero que cuando estamos hablando de que el país requiere una migración regular, no podemos como Estado asumir obligaciones que, de alguna manera, incentivan otro tipo de migración.

Independiente de cuales sean, todas las medidas que se han tomado de alguna manera ayudan. Por cierto, soy partidaria de la declaración de infraestructura crítica, pero creo que el Gobierno se equivocó en la dictación del decreto con fuerza de ley, porque restringió de tal manera las facultades de las Fuerzas Armadas que las hará inoperantes, absolutamente inoperantes. Si bien se mantiene el control preventivo, establece en forma taxativa que dicho procedimiento deberá terminar inmediatamente cuando no se pueda verificar la identidad de la persona.

Leo y vuelvo a leer y no logro entender, porque debiera ser al revés: si se logra confirmar la identidad de la persona que se está controlando, debiera terminar de inmediato el procedimiento, y si no se puede determinar, bueno, ponerlo a disposición de la Policía de Investigaciones, como se señala.

Establece además que durante el control de identidad preventivo queda estrictamente prohibido registrar a la persona, su equipaje o su vehículo, lo que también resulta del todo incoherente, porque donde eventualmente viene lo que queremos impedir: el ingreso de droga, de armas, de dinero, es en el equipaje o escondido entre la vestimenta. Y se impide tal registro.

Pero, vuelvo a decir, aquí falta desincentivar el ingreso clandestino.

Soy partidaria de la migración. Provengo de una familia migrante y reconozco los beneficios que puede traer y que ha traído a distintas partes de nuestro país. Pero una migración ordenada. La persona que quiere venir a aportar ingresa por la puerta y no por la ventana.

La única forma de desincentivar la migración clandestina es expulsando administrativamente. El Gobierno dice que es difícil, y ha expulsado, hasta la fecha, a 31 personas. El Ejecutivo anterior, ya que se están haciendo comparaciones, expulsó administrativamente a más de 1.500 personas -1.556, si no me equivoco-, con una ley peor, más difícil o con la misma ley actual.

¡La PDI tiene que buscar a las personas expulsadas!

Si la Ministra y el Director de Migraciones fueran a la toma La Mula en Alto Hospicio probablemente encontrarían una gran cantidad de migrantes irregulares.

¡La PDI tiene que desarrollar su trabajo!

Le pido el último minuto, Presidente , y termino.

Entonces, debemos desincentivar la migración clandestina o las personas van a seguir viniendo. La única herramienta para detenerla es la expulsión: que sepan que cuando no ingresan por la puerta serán expulsados.

Señalaba otro Senador que no entendía cómo un niño extranjero asistía al colegio o era reconocido o lo habían regularizado y a sus padres no. Quiero explicarle que existe la figura de la reunificación familiar; por esa vía, cuando un niño entra puede otra persona pedir la reunificación familiar y la regularización. Y eso existe en la ley.

Yo le pido al Gobierno que, más allá de los problemas que tiene la ley -y el Director de Migraciones bien sabe que estamos tratando de buscar algunas otras soluciones en un proyecto paralelo-, utilice hoy día las herramientas que otorga la actual legislación.

¿Es perfecta? No, no lo es, pero es mucho mejor que la anterior.

Gracias, Presidente .

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Tiene la palabra la Senadora Allende, y después el Senador Soria.

La señora ALLENDE.-

Gracias, Presidente.

Yo también quisiera expresar un punto, habiendo escuchado atentamente a quien acaba de hablar en la Sala -por su intermedio, Presidente -, me refiero a la Senadora Luz Ebensperger, una de las autoras de esta moción y a quien además le hemos escuchado en reiteradas oportunidades manifestar su preocupación como representante del norte, y es entendible: creo que existe una crisis migratoria importante en la zona norte y que no podemos desconocer; como alguien mencionó por ahí: resulta relevante oír a la gente y preocuparse del tema.

Obviamente que vamos a votar a favor del proyecto; sería muy difícil no estar de acuerdo, particularmente por los datos que se nos han entregado.

Aprovecho de saludar al Director del Servicio Nacional de Migraciones y, por supuesto, a la Ministra Uriarte. Disculpen, debí haber partido con esto.

Con los datos aportados resulta evidente que brindaremos nuestro apoyo, pero el asunto es el siguiente: estamos de acuerdo con las modificaciones propuestas, y vamos a votar a favor, pero los fundamentos no nos gustan. En general, una moción se sustenta en sus fundamentos, que le dan la razón de ser.

Entonces, yo creo que aquí hay cierta contradicción que es imposible no mencionar, porque se tiene una mirada muy parcial, según la cual pareciera que el problema es solo de ahora y radicado exclusivamente con Venezuela, y se olvidan muchas cosas.

Aquí también hemos recibido migraciones muy importantes de otras nacionalidades: de peruanos, de bolivianos, de haitianos, en fin, y todos sabemos que las migraciones se producen y se continuarán produciendo en el mundo, debido a distintas circunstancias y razones, y por la búsqueda de nuevas oportunidades.

Alguien recordaba por ahí que hace muchos años -no sé si se habrá actualizado- el Ministerio de Relaciones Exteriores realizó un estudio donde se señalaba que había más de 840 mil chilenos viviendo afuera, de los cuales solo un 12 por ciento correspondían a migración política, que todos sabemos que se debió a la dictadura cívico militar, y el resto había emigrado buscando oportunidades o por razones de estudios, de trabajo, económicas, en fin, las que sean.

En el mundo hoy día estamos presenciando una crisis muy importante, potente, fuerte y dolorosa. Hace poco los medios informaban de un hecho que acaba de ocurrir: en la costa italiana se hundió un barco y murieron sus sesenta y tantos ocupantes. Y muchas veces hemos visto ese tipo de imágenes desgarradoras.

Entonces, cómo no experimentar una sensación de impotencia al ver que el mundo no es capaz de alcanzar un grado de colaboración, de cooperación y de organización para atender de manera más amplia e integral el proceso migratorio, que abarca a buena parte de la humanidad o afecta a muchos continentes, y es un fenómeno muy importante.

No cabe duda de que vamos a apoyar y a establecer la medida propuesta. Es raro que se haga mediante una reforma constitucional, cuando debió haberse fijado claramente en una ley, pero, bueno, se realizó por esta vía.

Reitero que vamos a aprobar y vamos a votar a favor de la presente reforma constitucional, pero en esta materia hay muchos déficits. Todos estamos diciendo que queremos una migración ordenada y regular. ¡Perfecto! Pero la gran pregunta que debemos formularnos es cómo vamos a cuidar una frontera que solo con Perú y Bolivia abarca más de 1.000 kilómetros. ¿Damos abasto para aquello? ¿Somos capaces de hacerlo?

Sería bueno que también entendiéramos que hablamos de un fenómeno bastante complejo, que tiene muchísimas variables, y no se trata solamente de decir: "Ya, a partir de ahora". Incluso con el paso no menor y trascendente que hemos dado y que significa que pedimos y estamos aplicando la colaboración de las Fuerzas Armadas para el control fronterizo, con la posibilidad de pedir identificación, de hacer un registro material y de poner a las personas a disposición de las Policías si llega a ocurrir una detención.

Entonces, sí estamos dando pasos, y es porque tenemos conciencia de que hoy día se está produciendo, sobre todo en el norte de nuestro país, una situación bien difícil y compleja. Pero según los fundamentos del proyecto y en general cuando uno escucha este tipo de razonamientos -y es bastante doloroso- pareciera que el conjunto de la migración es negativo y que deberíamos cerrar todas las fronteras, como si eso fuese posible, y no se hace distinción de todos los aportes que hemos recibido en distintos estamentos del trabajo, ya sea agrícola, rural, académico o profesional.

Yo no sé por qué no nos gusta reconocer lo positivo que hemos recibido; lo que resulta absurdo, además, en un país como el nuestro. Estoy segura de que casi todas y todos los que estamos en esta Sala sabemos perfectamente que contamos con antecedentes migratorios y que algunos de nuestros familiares proceden de una u otra parte.

Al menos debiéramos decir: démonos cuenta de que aquí debemos tener una mirada un poquito más consistente y amplia.

Nos hace falta una política nacional migratoria. Aquí hay que recordarle al Gobierno que es una deuda que debe cumplir muy pronto porque hace mucha falta una orientación más general, y las veces que sea necesario estaremos en condiciones de revisar la ley para perfeccionarla, como siempre debe ocurrir.

Y no sé si uno de buenas a primeras puede criticar lo que ocurrió en el Gobierno pasado con el Pacto Mundial para la Migración. ¿Saben por qué? Porque sucedió lo mismo con el Acuerdo de Escazú: lo promovieron, trabajaron, enviaron delegados, se comprometieron, y llegado el momento de firmar, se echaron para atrás. Así sucedió en el ámbito medioambiente con Escazú. Y es difícil entender aquello.

Yo pongo en cuestión que no haya una participación internacional, que no cumplamos los estándares del conjunto de la comunidad y que no entendamos que deben ser políticas compartidas, de alguna manera. Y que cuando desde países vecinos vienen personas en un porcentaje tan importante, y de uno en específico -aquí se ha mencionado el caso de Bolivia-, por supuesto que debemos tener mucho diálogo y debemos participar de todas las instancias pertinentes. Ojalá que los acuerdos suscritos permitan al conjunto de países lograr el anhelo de todos y cada uno: que haya migración, pero que sea ordenada y regular, evidentemente.

Entonces, no se pueden llegar y desechar de buenas a primeras algunos acuerdos internacionales o cerrar puertas que nos van a permitir tener una visión más amplia y compartida a nivel global en políticas que son necesarias.

En resumen, Presidente, voy a votar a favor, pero creo que no nos hace bien sustentar fundamentos que distan mucho de ser satisfactorios, porque pienso que debe haber coherencia entre los fundamentos y el articulado de un proyecto. Es extraño que haya esa contradicción con el articulado.

Por supuesto que anuncio mi voto a favor, pero quería dejar constancia de lo señalado, porque no es bueno ni sano que mantengamos esa mirada estrecha, sin la capacidad de darnos cuenta de que la migración es un fenómeno mundial, que evidentemente presenta muchísimas aristas, y que no es llegar y simplificar señalando a un gobierno y a una nación como responsable de todo. Naturalmente, todos los países buscamos que los migrantes se inserten -si es una migración regular- y que aporten al desarrollo. Y por supuesto que rechazamos todos los temas delincuenciales, donde nadie duda qué se debe hacer.

Por último, ante la cifra que se entrega hoy día en un diario vespertino lo menos que podemos hacer es llamar la atención y decir: "Algo está pasando". Y si este proyecto ayuda, ¡enhorabuena!, pero es de una manera muy limitada y parcial. Hablamos de un asunto bastante más complejo y amplio, me imagino, si consideramos que de dos mil solicitudes de expulsión se cumplieron solo treinta y uno.

He dicho.

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador Soria.

El señor SORIA.-

Estimados colegas, Presidente , Ministra Secretaria General de la Presidencia , Director del Servicio Nacional de Migraciones , hemos ido cerrando un anillo que vemos todos. Yo pondré mi gotita en cuanto a señalar lo que pasa en mi región, del modo más sintético posible, porque lo que allí sucede le ocurre a todo Chile.

En cosas concretas, las cifras del crimen en la Región de Tarapacá son dramáticas.

Durante el año pasado fueron asesinadas cincuenta personas en mi región, que es parte de nuestra patria. Este año ya van catorce personas víctimas de homicidios. Es Chile, pero estoy hablando solamente de la Región de Tarapacá.

Muchos de estos crímenes son cometidos por migrantes en situación irregular que forman parte de bandas del crimen organizado, que ingresan al país de manera irregular y sin contar con ninguna identificación.

Apoyo este proyecto, y le solicito a mi Gobierno que implemente un mecanismo que impida que todo extranjero sin identificación pueda circular libremente por nuestra patria, hasta que no se sepa quién es, de dónde viene y qué antecedentes penales posee.

Eso se lleva a cabo estrictamente en todo el mundo. Todos hemos salido al extranjero y en ninguna parte dejan las fronteras libres. Bueno, aquí no solo dejamos la frontera libre, sino que además permitimos que asesinen a nuestros propios compatriotas, a nuestros hermanos chilenos y también a extranjeros que hace años vinieron a vivir acá. Muchos somos hijos de extranjeros; entre ellos, yo.

Entonces, creo que vamos bien, y les pido a todos mis colegas que el anillo quede bien cerradito y actuemos, porque si dejamos pasar dos o tres meses más, las cifras que vendrán al Congreso serán de muchos muertos. Esas personas no tienen derecho a matar a nuestros hermanos chilenos, y nosotros estamos acá sentados para que eso no suceda.

Gracias, Presidente , colegas y miembros de mi Gobierno.

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Tiene la palabra la Senadora Núñez.

La señora NÚÑEZ.-

Muchas gracias, señor Presidente .

En el año 2017 me tocó interpelar al Ministro del Interior y Seguridad Pública del Gobierno de la Presidenta Bachelet , señor Mario Fernández , precisamente por la crisis migratoria que había en esa oportunidad; y no voy más atrás en la historia porque era mi primer período como Diputada en representación de mi región, la Región de Antofagasta.

Ahora aquí, desde el Senado, quiero plantear que lamentablemente la situación ha ido escalando. Hoy incluso no son palabras desde la Oposición, y esto también quiero decirlo con todas sus letras: si tenemos descontrol en la frontera es porque este asunto se ha ido ideologizando; e indiferente de quien haya estado de turno gobernando, el norte ha sido abandonado.

Asimismo, creo que no hemos sido capaces de avanzar en medidas concretas, teniendo hoy día incluso a las Fuerzas Armadas desplegadas, sabiendo todos que la consecuencia o lo único que van a cumplir es una tarea disuasiva, es decir, que no se va a frenar la inmigración irregular, pues evidentemente los recursos y la atribución con que fueron enviadas no permite aquello. Y será excepcional que puedan efectuar controles de identidad, revisar, por ejemplo, vestimentas, vehículos, en fin, con los mismos recursos que eventualmente, en virtud de las reglas del uso de la fuerza, les sea factible ocupar.

Quiero plantear ese tema en la discusión de este proyecto de reforma constitucional, no obstante estar acuerdo con las dos medidas que en él se plantean, esto es, por un lado, el control del flujo migratorio a través de la colaboración de las Fuerzas Armadas cuando se entra a una especie de estado de crisis a propósito de más de mil ingresos mensuales irregulares, y por el otro, una cuestión concreta que ayuda bastante, como es el aumento de plazo para realizar una adecuada fiscalización con respecto a las expulsiones administrativas.

Presidente , pienso que el país tiene una tremenda oportunidad para empezar a controlar su puerta de entrada. Debemos lograr un equilibrio, el cual se consigue a su vez entendiendo que, así como las personas poseen el derecho de migrar, de trasladarse, de transitar, también el Estado receptor tiene el derecho a saber al menos quién está ingresando al país y a exigirles a esas personas que entren por donde corresponde.

Lo que está pasando es que cada persona ingresa por donde quiere, como quiere, y lo que es peor aún, cuando ya ingresó no cumpliendo la norma de entrada existe una impunidad total, con un plazo incluso breve, en relación con lo que estamos discutiendo, para fiscalizar y eventualmente ejecutar esas expulsiones administrativas.

Me parece, Presidente , que en el Congreso -insisto- tenemos la oportunidad de conformar -recién lo hablábamos con la Senadora Sepúlveda; ambas venimos además de la Cámara de Diputadas y Diputados- una bancada transversal, como ya ha ocurrido a propósito de otros temas, para revisar los quince proyectos en materia migratoria que hoy están tanto en la Cámara como en el Senado, donde la mayoría de ellos busca mayor control, cuestión que no sucedió cuando me tocó interpelar a un Ministro del Interior , así como de tener una migración segura, ordenada y regular, y de esa manera también integradora.

No cabe duda de que quien venga a aportar, quien venga a trabajar, quien ingrese por pasos habilitados, quien ingrese cumpliendo la ley y con todos sus documentos, así como se le exige a cualquier chileno o chilena que va a otro país, evidentemente va a ser bien recibido.

Pero -insisto- cuando no sabemos que está ingresando por pasos no habilitados una persona que eventualmente terminará siendo parte del crimen organizado, lo mínimo que podemos hacer es actualizar nuestra legislación, dejando de lado las ideologías, dejando de lado el sesgo que sí existía el 2017, cuando a mí me tocó interpelar al Ministro .

Al respecto -y con esto voy terminando-, pongo un solo ejemplo: hoy el Gobierno -cuestión que valoro, porque nunca es tarde- ingresa proyectos de ley para hacer expulsiones, reconducciones, repatriaciones de forma más expedita. Las indicaciones pertinentes las presentamos en su momento, cuando estábamos discutiendo la nueva Ley de Migración y Extranjería, pero fueron rechazadas. ¿Y quiénes las rechazaron? Quien hoy preside el país, el Ministro Jackson , la Ministra Vallejo , suma y sigue.

Por lo tanto, siempre hay tiempo para recapacitar, tomar la guitarra, a propósito de la famosa frase de que "otra cosa es con guitarra", y también para comprender que tener un país donde la frontera esté controlada, donde haya seguridad, donde haya certeza, donde se exija la documentación correspondiente, no es una cuestión de oficialismo u oposición, sino de Estado.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador Rodrigo Galilea.

El señor GALILEA.-

Gracias, Presidente.

Más allá de este proyecto, cuya aprobación voy a respaldar, que efectivamente -tal como lo dijeron el Director de Extranjería , sus autores, en fin, todos quienes me precedieron en la palabra- va a ayudar y a dar más tiempo para que las expulsiones administrativas realmente logren concretarse, quería plantear algo que me resulta del todo evidente y que debo reconocer no es estrictamente responsabilidad de Extranjería ni tampoco de la Secretaría General de la Presidencia , pues las reconducciones de quienes entran al país sin los papeles legales es un tema que debe resolverse.

Esto funciona bien con Argentina, esto funciona bien con Perú, pero con Bolivia simplemente no funciona, porque se niega a recibir a personas reconducidas desde nuestra frontera cuando no tienen los papeles para entrar a Chile.

Creo que todo lo que estamos discutiendo tenderá a fracasar si ese asunto no se resuelve. Podemos tener cinco días, podemos tener un Consejo de Política Migratoria funcionando perfecto, podemos tener una política nacional de migración y extranjería también brillante, pero la verdad de las cosas es que si un país vecino no quiere colaborar en las cuestiones migratorias y simplemente deja la puerta abierta para que a través de su territorio puedan llegar a Chile todas las personas que quieran y nosotros no reconducimos, todas estas medidas serán solo gotas en el mar.

No vamos a tener cómo controlar la magnitud de lo que hacemos, y las cifras, a propósito del artículo que salió hoy día en el diario, lo reflejan: del orden de 54 mil ingresos ilegales. Se han logrado hacer 1.500 expulsiones administrativas, respecto de las que solo se han concretado 31. Bueno, pero estamos hablando de cincuenta y tantos mil ingresos ilegales; de 1.500 resoluciones administrativas de expulsión, de las cuales se han concretado 31.

¡La diferencia es demasiado demasiado grande!

Por lo tanto, yo quiero señalarles al Senado, al Director del Servicio Nacional de Extranjería y a la Ministra Uriarte que este debiera ser un tema absolutamente prioritario para el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Tenemos que llegar a un acuerdo con Bolivia. Mientras ese acuerdo no exista -vuelvo a reiterar- todas las medidas que estamos adoptando, la política nacional de migraciones, el Consejo de Política Migratoria, nada de ello va a funcionar bien, porque todos toman nota: a través de Bolivia se puede entrar a Chile; nuestro país no reconduce a Bolivia, y, por lo tanto, el tema se escapa de las manos.

¿Mil quinientas resoluciones? Sí, está bien, es un esfuerzo, pero la verdad es que este, mirado en el contexto que menciono, resulta menor.

Por eso quería, Director, Ministra y estimados Senadores, poner el punto ahí: debemos hacer un esfuerzo por lograr que Bolivia colabore y llegar al mismo trato que tenemos con Perú y con Argentina de manera urgente. Si no logramos ese tipo de colaboración con la totalidad de nuestros países vecinos, tendremos uno y otro fracaso en términos del control de la inmigración ilegal, con todo lo que ello acarrea.

Chile es un país que tradicionalmente ha sido abierto a la migración. Además, creo que a través del Consejo de Política Migratoria se pueden establecer buenos criterios, se pueden establecer cuotas, se pueden hacer muchas cosas para ser un país acogedor en tal sentido. Pero con lo que no podemos convivir es con países vecinos que simplemente no quieren colaborar, lo cual permite que Chile reciba inmigración ilegal, por cuanto ellos además después no aceptan reconducción.

Me parece que ahí, hoy por hoy, es donde debe ponerse todo el acento de nuestra acción migratoria, Presidente.

Muchas gracias.

El señor ELIZALDE ( Presidente ).-

No habiendo más inscritos, vamos a proceder a cerrar la votación.

Señor Secretario, tiene la palabra.

El señor CÁMARA ( Secretario General subrogante ).-

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Terminada la votación.

--Se aprueba en general y en particular el proyecto de reforma constitucional (39 votos a favor y 1 abstención), dejándose constancia de que se cumple el quorum constitucional requerido.

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Carvajal, Ebensperger, Gatica, Núñez, Pascual, Provoste y Sepúlveda y los señores Castro González, Chahuán, Coloma, Cruz-Coke, De Urresti, Durana, Edwards, Elizalde, Espinoza, Flores, Gahona, Galilea, García, Huenchumilla, Insulza, Kast, Keitel, Kuschel, Lagos, Latorre, Moreira, Núñez, Ossandón, Prohens, Quintana, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Soria, Van Rysselberghe y Walker.

Se abstuvo la señora Campillai.

El señor ELIZALDE ( Presidente ).-

En consecuencia, se aprueba en general y en particular la reforma constitucional, y se despacha a la Cámara de Diputados para que continúe con su tramitación.

Valparaíso, 1 de marzo de 2023.

Nº 101/SEC/23

A S.E. el Presidente de la Honorable Cámara de Diputados

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que, con motivo de la moción, informe y antecedentes que se adjuntan, el Senado ha dado su aprobación al proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental en materia de regulación migratoria, correspondiente al Boletín N° 15.438-06:

PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL:

“Artículo único.- Introdúcense las siguiente modificaciones en la letra c) del número 7° del artículo 19 de la Constitución Política de la República:

1.- Reemplázase, en el párrafo segundo, el punto y coma por un punto y aparte.

2.- Incorpórase el siguiente párrafo final, nuevo:

“Este lapso de cuarenta y ocho horas no se considerará para efectos de materialización de expulsiones administrativas. En este último caso, corresponderá a la ley fijar el plazo máximo, el que no podrá, en todo caso, exceder de cinco días corridos;”.”.

- - -

Hago presente a Vuestra Excelencia que el artículo único de este proyecto de reforma constitucional fue aprobado en general y en particular por 39 votos a favor, de un total de 47 senadores en ejercicio, dándose así cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 127 de la Constitución Política de la República.

- - -

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

ÁLVARO ELIZALDE SOTO

Presidente del Senado

JULIO CÁMARA OYARZO

Secretario General (S) del Senado

?INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO, RECAÍDO EN EL PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE MODIFICA LA CARTA FUNDAMENTAL EN MATERIA DE REGULACIÓN MIGRATORIA.

________________________________________________________________

BOLETIN N° 15.438-06 (S)

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento viene en informar, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de la referencia, iniciado en moción de la senadora señora Luz Eliana Ebensperger y de los senadores señores Juan Antonio Coloma; José Miguel Durana; Javier Macaya, y Enrique Van Rysselberghe.

CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.

1) La idea matriz o fundamental del proyecto.

La idea matriz es permitir que la ley amplíe el plazo de 48 horas de detención para realizar la expulsión administrativa de un extranjero y corresponderá a la ley fijar el plazo máximo, el que no podrá exceder del plazo que el proyecto indica.

2) Normas de quórum especial.

El artículo único del proyecto de reforma constitucional, requiere para su aprobación del voto conforme de las cuatro séptimas partes de los diputados y senadores en ejercicio, como establece el inciso segundo del artículo 127 de la Constitución Política de la República.

3) Normas que requieren trámite de Hacienda.

El proyecto no requiere trámite de Hacienda.

4) Aprobación en general del proyecto.

Fue aprobado por el voto mayoritario de los (as) diputados (as) señores (as) Raúl Leiva (Presidente de la Comisión); Jorge Alessandri; Miguel Ángel Calisto; Camila Flores; Marcos Ilabaca; Hugo Rey (por el señor Andrés Longton); Catalina Pérez; Luis Sánchez; Leonardo Soto, y Gonzalo Winter. Se abstuvo la señora Pamela Jiles.

5) Se designó Diputado Informante al señor Andrés Longton

I.- FUNDAMENTOS DEL PROYECTO.

Se transcriben los argumentos entregados por los autores de la moción:

ANTECEDENTES

Chile vive la peor crisis migratoria de su historia, derivada del ingreso masivo, de manera clandestina y por pasos no habilitados, de miles de personas. La mayoría de ellas viene a nuestro país escapando de gobiernos de extrema izquierda que han deteriorado las condiciones democráticas de su nación de origen, hasta el punto de que se ven impulsados a buscar nuevas oportunidades en Chile. Esta verdadera crisis humanitaria, que afecta a extranjeros y a chilenos, especialmente en la zona norte de nuestro país, no ha logrado ser enfrentada adecuadamente por el Gobierno, y se espera que sólo empeore en los próximos meses.

Frente a esta debacle humanitaria, de una urgencia ineludible, hemos propuesto la necesidad de un Acuerdo Nacional por la Migración, en el que todos los sectores políticos se comprometan a una migración ordenada, responsable y regular. Dicho Acuerdo comprende diez medidas, de distinta naturaleza, para lograr una adecuada protección de los derechos de migrantes y chilenos. La mayoría de las medidas propuestas en dicho Acuerdo requieren de modificaciones legales (en concreto, a la ley N° 20.430, que Establece Disposiciones sobre Protección de Refugiados y a la ley N° 21.325, de Migraciones), por lo que hemos ingresado con esta misma fecha a esta corporación un proyecto de ley en ese sentido.

Sin embargo, hay además algunas medidas que requieren de una reforma constitucional, para permitir una adecuada protección de la frontera, con el auxilio de las fuerzas armadas. Este proyecto de reforma constitucional viene a proponer dichas modificaciones.

FUNDAMENTOS DEL PROYECTO DE LEY

El Gobierno ya incumplió sus promesas y objetivos relacionados a la crisis migratoria y se encuentra superado por la gravedad de la situación. Tal como hemos expuesto en el proyecto de ley ingresado con esta misma fecha, sólo durante el año 2022, han ingresado de manera clandestina a Chile más de 38 mil personas y se espera que el año termine con la mayor cantidad de ingresos clandestinos en la historia de nuestro país. De las 38 mil personas que ingresaron clandestinamente, la actual administración del Presidente Boric ha materializado la expulsión de solo 9 personas. De los 28.177 ingresos clandestinos de ciudadanos venezolanos producto de la crisis humanitaria generada por su gobierno de extrema izquierda, se ha expulsado administrativamente sólo a 1. De los 2.695 ingresos clandestinos de ciudadanos colombianos, se ha expulsado administrativamente a sólo 2. Esto contrasta con los 26 vuelos de expulsión de la administración pasada.

Dado lo anterior, esta reforma constitucional busca generar nuevas herramientas para, por un lado, controlar el flujo migratorio, a través de la colaboración de las Fuerzas Armadas con recursos personales y materiales orientados al control de ingresos irregulares y la reconducción, y por el otro lado, permitir una adecuada fiscalización ampliando el plazo de expulsión hasta 7 días.

Chile necesita una migración responsable y regular, pero más allá de las promesas de buenas intenciones, las acciones y omisiones del gobierno solo avanzan hacia la impunidad y desidia de la migración clandestina, afectando la relación entre nacionales, extranjeros que vienen a aportar y tienen su situación migratoria regular, y los ingresos clandestinos que no tienen sanción alguna. Dado lo anterior, los fundamentos específicos del proyecto de ley están dados por la necesidad de un gran acuerdo en materia migratoria, para enfrentar la situación y lograr una migración ordenada para el beneficio de los propios migrantes y de todos los chilenos.

Para ello, se deben entregar herramientas para que las autoridades puedan tomar medidas en beneficio de todos los involucrados.

CONTENIDO DEL PROYECTO

1. Modificaciones al Artículo 19 N° 7 de la Constitución Política de la República para ampliar el plazo de expulsión.

Para efectos de lograr un adecuado control de la migración ilegal, se propone ampliar el plazo para expulsar de 48 horas a hasta 7 días, dependiendo de las necesidades operativas de cada caso.

2. Incorporación de una nueva disposición relacionada a la colaboración de las Fuerzas Armadas en el control migratorio.

Para efectos de permitir que nuestras Fuerzas Armadas colaboren en la labor de control migratorio, se establece la colaboración de las Fuerzas Armadas y de Orden en control migratorio y colaborar con recursos personales y materiales orientados al control de ingresos irregulares y reconducción cuando los ingresos clandestinos superen los 1.000 extranjeros mensuales según la información de la PDI.

En consecuencia, por estas consideraciones es que venimos en someter a consideración de este Honorable Senado, el siguiente:

Proyecto de Reforma Constitucional

Artículo único: incorpórense las siguientes modificaciones a la Constitución Política de la República:

1.- En el artículo 19 N° 7, letra c), agréguese el siguiente inciso final:

“Este lapso de 48 horas no se considerará para efectos de materialización de expulsiones administrativas. En este último caso corresponderá a la ley fijar el plazo máximo, el que no podrá en todo caso exceder de siete días corridos”.

2.- Incorpórese la siguiente disposición quincuagésima segunda transitoria nueva:

“Cuando de conformidad con la información de la Policía de Investigaciones de Chile exista una tasa de ingresos clandestinos de migrantes que supere los 1.000 extranjeros mensuales se considerará la existencia de un estado de crisis migratoria. Cuando se encuentre vigente esta situación de crisis migratoria, las Fuerzas Armadas y de Orden se encontrarán facultadas para el ejercicio de actividades de control migratorio, especialmente en lo referido a la puesta a disposición de recursos personales y materiales orientados al control de ingresos irregulares y a la reconducción de extranjeros infractores”.

II. RESUMEN DEL CONTENIDO DEL PROYECTO APROBADO POR EL SENADO.

Consta de un artículo único que modifica la letra c) del número 7° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, de la siguiente forma:

1.- Reemplaza en el párrafo segundo, el punto y coma por un punto y aparte.

2.- Incorpora el siguiente párrafo final, nuevo:

“Este lapso de cuarenta y ocho horas no se considerará para efectos de materialización de expulsiones administrativas. En este último caso, corresponderá a la ley fijar el plazo máximo, el que no podrá, en todo caso, exceder de cinco días corridos;”.

III. SÍNTESIS DE LA DISCUSIÓN EN GENERAL Y PARTICULAR

Sesión N° 90 de 12 de abril de 2023.

Entrando en el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto que “Modifica la Carta Fundamental en materia de regulación migratoria”, en segundo trámite constitucional, con urgencia calificada de “Discusión Inmediata”.

La señora Tohá (Ministra del Interior y Seguridad Pública) señala que se le ha hecho presente la urgencia calificada de “Discusión Inmediata” al proyecto de reforma constitucional porque es requisito para habilitar para la discusión de un proyecto de ley en el que hay amplio acuerdo en ambas Cámaras.

I. Antecedentes. El proyecto de reforma constitucional fue iniciado en moción por los Senadores Juan Antonio Coloma Correa, José Miguel Durana Semir, Luz Eliana Ebensperger Orrego, Javier Macaya Danus, Enrique Van Rysselberghe Herrera, actualmente se encuentra en el segundo trámite constitucional.

II. Fundamentos del Proyecto de Reforma Constitucional. El artículo 19 numeral 7, de la Constitución Política de la República, que consagra el derecho a la libertad personal a la seguridad individual, señala que en su literal c), que nadie puede ser arrestado o detenido por orden de funcionario público expresamente facultado por la ley y después de que dicha orden le sea intimada en forma legal. Luego, señala que la autoridad hiciere arrestar o detener a alguna persona, deberá, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, dar aviso al juez competente, poniendo a su disposición al afectado.

Con esto, la Constitución señala determinadas hipótesis y procedimientos que hacen jurídicamente posible la privación de libertad, a la vez que encomienda a la ley otras. Este último es un caso de reserva legal, constitutivo de un límite a la facultad de afectar derechos fundamentales, y que tal habilitación legal, no confiere a la ley la posibilidad de contravenir lo ya normado constitucionalmente, cosa que deberá tenerse en cuenta sobre todo al examinar los casos en que es posible detener, dispuestos en el artículo 19 N° 7 c), ya que están taxativamente señalados, pero también en materia de plazos.

En sintonía con lo anterior, el artículo 134 de la ley 21.325, señala que una vez firme y ejecutoriada la resolución que ordena la expulsión se podrá someter al afectado a restricciones y privaciones de libertad. La privación de libertad será únicamente para hacer efectiva la medida de expulsión por un plazo máximo de cuarenta y ocho horas en concordancia con el plazo establecido en la Constitución Política de la República.

No obstante, en la práctica este plazo resulta insuficiente para la ejecución de la medida de expulsión, ya que la PDI no logra realizar todas las actuaciones dentro de las cuarenta y ocho horas y, por tanto, se debe dejar en libertad al expulsado.

Dentro de las actuaciones que debe realizar la Policía de Investigaciones para la materialización de la expulsión, a modo de ejemplo:

- Obtención de documento de identificación del país de origen del extranjero expulsado, toda vez que es de común ocurrencia que estas personas no cuenten con pasaporte o documento de identidad para viajar.

- Reservar pasajes para el extranjero expulsado y dos escoltas de la Policía de Investigaciones de Chile.

- Autorización de la línea aérea respectiva.

- Comprar pasajes aéreos.

- Obtención de visa de tránsito para realizar el traslado vía aérea en caso de escala.

- Tramitación de las comisiones de servicio de los escoltas, así como los pasaportes oficiales de éstos.

- Traslado del expulsado desde una región a la ciudad de Santiago para tomar el vuelo internacional.

- Cumplimento de las medidas o requisitos sanitarios para el ingreso al país de destino.

Por lo anterior, la presente reforma constitucional propone modificar el literal c) del numeral 7 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, con el objeto de habilitar a la ley para ampliar el plazo de detención a fin de realizar la expulsión de un extranjero de cuarenta y ocho horas hasta un máximo de cinco días corridos, con el objeto de concluir todos los tramites que permitan a la PDI asegurar la materialización de la expulsión.

III. Contenido del proyecto aprobado en el Senado. La reforma propone que a través de una ley se establezca un plazo que asegure la materialización de la medida de expulsión administrativa de un extranjero, el que no podrá exceder los cinco días corridos.

El diputado señor Alessandri pregunta si el plazo de cinco días corridos será suficiente o si fuera conveniente extenderlo, por ejemplo, a 10 días.

En la misma línea, el diputado señor Sánchez concuerda con la idea de analizar una eventual extensión del plazo, e insta a avanzar con la tramitación de la ley respectiva.

Por su parte, el diputado señor Leonardo Soto expresa que los principales problemas de las expulsiones administrativas, es decir, por infracciones a la ley de migraciones (migrantes ilegales) se producen por la falta de interés de los países de destino de facilitarlas.

Da cuenta que en el Gobierno anterior el plazo de cuarenta y ocho horas no era impedimento para materializar las expulsiones administrativas, por lo que pareciera que el problema fuera otro.

Consulta en qué instrumento normativo se van a fijar las condiciones específicas para materializar las expulsiones administrativas.

Respondiendo los diversos planteamientos, la señora Tohá (Ministra del Interior y Seguridad Pública) precisa se trata de un plazo previo al control de un juez; la propuesta se homologa con otros procedimientos, en coherencia con el resto del ordenamiento jurídico. Enfatiza que existen múltiples problemas relacionados con las expulsiones administrativas, pero este proyecto se encamina a resolver un aspecto relevante.

La diputada señora Jiles expresa su inquietud frente a la posibilidad de que esta propuesta de enmienda constitucional podría atentar contra las garantías constitucionales de determinados individuos.

Junto con ello, advierte que la fórmula no solucionaría el problema que se pretende, pues hasta hace poco tiempo atrás era posible materializar las expulsiones administrativas considerando el plazo de cuarenta y ocho horas, sin perjuicio de que un juez pueda determinar su extensión.

Pregunta sobre legislación comparada, tratados internacionales sobre defensa migrante, y la posibilidad de recibir audiencias para discutir a un eventual incumplimiento de garantías constitucionales.

El señor Torrealba (jefe de gabinete del Director Nacional de Migraciones) hace hincapié en la importancia de ampliar el plazo de cuarenta y ocho horas a hasta cinco días, en razón de la serie de problemas prácticos que se producen en la materialización de las expulsiones administrativas desde el momento en que la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) detiene a una persona con fines de expulsión. Entre ellos, menciona el traslado a Santiago para el embarque en ciertos casos, la tramitación de comisiones de servicio y pasaporte oficial de escoltas, la gestión de la documentación en Consulado respectivo, autorizaciones de las líneas aéreas. Se estima que el plazo de hasta cinco días es un plazo prudente -así lo han manifestado los representantes de la PDI- y es concordante con otros plazos excepcionales de detención que contempla la Constitución Política.

Los problemas extraordinarios, por ejemplo, la falta de voluntad de un país de destino no se solucionaría extendiendo mayormente el plazo.

Existe legislación comparada que permite la detención de personas por largo tiempo con fines de expulsión, y enfatiza que no podría materializarse la expulsión si no ha precedido la detención de la persona. Los acuerdos internacionales no se refieren en general a la detención con fines de expulsión sino a la prohibición de expulsiones masivas, la que se encuentra recogida en la actual ley de migraciones.

Destaca que la actual ley de migraciones está vigente desde el 12 de febrero de 2022. Con anterioridad a esa fecha, el plazo de detención no estaba determinado, y se encontraba regulado por la vía de fallos de las Cortes de Apelaciones y Corte Suprema a través de recursos de amparo. Se materializaban conjuntamente las expulsiones de carácter administrativas (por infracción migratoria) con aquellas de carácter judicial, siendo mayoritariamente las de carácter judicial.

El diputado señor Alessandri pregunta por el plazo de la presentación del proyecto de ley a que hace referencia la reforma constitucional.

Por su parte, el diputado señor Calisto pregunta qué elementos objetivos pueden facilitar la determinación del plazo, y por qué muchos casos no se concretan.

Además, consulta por qué se da esta discusión en forma aislada, tal como ocurre con la discusión del proyecto de ley que le entrega facultades a Carabineros para poner a disposición de la PDI aquellos casos en situación irregular o con orden de expulsión.

El diputado señor Ilabaca hace presente que esta reforma constitucional es habilitante para una discusión más profunda, que se deberá llevar en la tramitación de la ley respectiva, y valora que la iniciativa permitirá facilitar los trámites señalados. Pide dar celeridad a la tramitación.

Seguidamente, el diputado señor Rey insta a que se proceda a la votación en general para que la Ministra se pueda abocar a la situación de enfrentamiento en que hubo Carabineros heridos producida en el día de hoy.

A continuación, el diputado señor Leiva (Presidente de la Comisión) informa que al proyecto de reforma constitucional se le ha hecho presente la urgencia calificada de “Discusión Inmediata”, y que la discusión de la iniciativa en primer trámite constitucional contó con la presencia de organizaciones, entre ellas, del Servicio Jesuita a Migrantes, que estuvieron de acuerdo dado que el proyecto permite operativizar una expulsión administrativa. Junto con ello, el proyecto tiene un correlato con el proyecto de ley de control preventivo migrante.

Considerando todo lo anterior, recaba la anuencia de la Comisión para proceder a la votación general y particular.

- Así se acuerda por la unanimidad de los presentes.

La señora Tohá (Ministra del Interior y Seguridad Pública) hace referencia al estado de salud de los carabineros que fueron heridos en el día de hoy en un enfrentamiento.

Explica que la propuesta no es parte de una legislación más sistemática ya que es una moción parlamentaria, y que el Ejecutivo ha decidido patrocinar puesto que es indispensable para generar el debate de la ley. Apunta que el proyecto de ley está listo para ser presentado, pero no se ha presentado porque sería declarado inconstitucional. Se ha decidido patrocinar y presentar indicaciones en diversas mociones que resuelven aspectos específicos para mayor celeridad.

Enfatiza que el término de hasta cinco días es suficiente para la mayoría de los casos, y en casos excepcionales, el juez ponderará si extiende el plazo de detención.

Finalmente, señala que se está trabajando con la PDI en actualizar el registro, y efectuar una adecuada priorización.

En una nueva intervención, el diputado señor Sánchez hace referencia a si se estaría frente a un caso de retención y pide mayor información de cómo funciona en la práctica.

El diputado señor Alessandri pide proceder a la votación. Observa que ola migratoria va a mantenerse y aumentar. Por último, recomienda que se defina un grupo de oficiales de la PDI que efectúen estas gestiones para evitar tener que obtener la documentación necesaria cada vez.

El señor Torrealba (Jefe de Gabinete del Director Nacional de Migraciones) explica que el proceso comienza con la detención de una persona para fines de expulsión (luego de un procedimiento; de la dictación del acto administrativo; transcurrido el plazo para recurrir ante la Corte). Seguidamente, la persona debe ser -probablemente- trasladada a Santiago para su expulsión; es necesario documentar las personas, comprar los pasajes, contar con la autorización de la línea aérea, gestionar pasaporte oficial de escoltas, y dar cumplimiento a medidas dispuestas por los países de destino, entre ellas, medidas sanitarias.

Sobre la naturaleza de la medida, en el Tribunal Constitucional se determinó, a propósito del requerimiento respecto de la ley de migraciones, que era un plazo de detención, y que no podía exceder de cuarenta y ocho horas conforme a la norma constitucional. Si bien no se ajusta a la definición de una detención (por orden judicial o por flagrancia) es una privación de libertad, con las mismas características de una detención.

La señora Tohá (Ministra del Interior y Seguridad Pública) complementa que en esta etapa la expulsión ya se encuentra totalmente tramitada y en fase de ejecución.

Sobre la persistencia de las migraciones, explica que es un proceso sostenido que lleva décadas y nada hace pensar que decaiga. En todo este tiempo, el país ha enfrentado la temática migratoria sin tomar, prácticamente, ningún tipo de resguardo; con una legislación obsoleta, y sin reforzar las instituciones o la capacidad de control en la frontera.

La ley de migraciones actualizó el marco normativo; se ha avanzado en identificación de pasos irregulares y su contención, y falta reforzar los pasos regulares, pone como ejemplo, el caso de Colchane. Hay mucho que mejorar. Por último, indica que, si bien ha habido un alza de migraciones, el país está lejos de ser de los primeros lugares con mayor migración en la región. Hay que prepararse adecuadamente para enfrentar la situación migratoria.

VOTACIÓN GENERAL Y PARTICULAR

Sometido a votación general y particular el proyecto que modifica la Carta Fundamental en materia de regulación migratoria, boletín N° 15.438-06 (S) es aprobado por mayoría de votos. Votan a favor los (las) diputados (as) señores (as) Raúl Leiva (Presidente de la Comisión); Jorge Alessandri; Miguel Ángel Calisto; Camila Flores; Marcos Ilabaca; Hugo Rey (por el señor Andrés Longton); Catalina Pérez; Luis Sánchez; Leonardo Soto, y Gonzalo Winter. Se abstiene la diputada señora Pamela Jiles. (10-0-1).

Despachado el proyecto de reforma constitucional.

Se designa diputado informante al señor Andrés Longton.

IV. PERSONAS U AUTORIDADES RECIBIDAS POR LA COMISIÓN.

Se escuchó a la Ministra del Interior y Seguridad Pública, señora Carolina Tohá, y al Jefe de Gabinete del Director Nacional del Servicio de Migraciones, señor Nicolás Torrealba.

V. ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADAS O DECLARADAS INADMISIBLES POR LA COMISIÓN.

No hubo.

VI.- ADICIONES Y ENMIENDAS QUE LA COMISIÓN APROBÓ EN LA DISCUSIÓN PARTICULAR.

No hubo

Por las razones señaladas y por las que expondrá oportunamente el señor diputado informante, esta Comisión recomienda aprobar el proyecto en los mismos términos que el H. Senado, de conformidad al siguiente texto:

PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL

“Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la letra c) del número 7° del artículo 19 de la Constitución Política de la República:

1.- Reemplázase, en el párrafo segundo, el punto y coma por un punto y aparte.

2.- Incorpórase el siguiente párrafo final, nuevo:

“Este lapso de cuarenta y ocho horas no se considerará para efectos de materialización de expulsiones administrativas. En este último caso, corresponderá a la ley fijar el plazo máximo, el que no podrá, en todo caso, exceder de cinco días corridos;”.”.

**********

Tratado y acordado en sesión de fecha 12 de abril de 2023, con la asistencia de los (as) diputados (as) señores (as) Raúl Leiva (Presidente de la Comisión); Jorge Alessandri; Gustavo Benavente; Miguel Ángel Calisto; Camila Flores; Marcos Ilabaca; Pamela Jiles; Hugo Rey (por el señor Longton); Catalina Pérez; Luis Sánchez; Leonardo Soto; Gonzalo Winter, y Henry Leal.

Sala de la Comisión, a 12 de abril de 2023.

PATRICIO VELASQUEZ WEISSE

Abogado Secretario de la Comisión

REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE REGULACIÓN MIGRATORIA (SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 15438-06)

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción, que modifica la Carta Fundamental en materia de regulación migratoria.

Por acuerdo de los Comités Parlamentarios, para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos por bancada, más sesenta minutos distribuidos de manera proporcional.

Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento es el señor Andrés Longton .

Antecedentes:

-Proyecto del Senado, sesión 130ª de la legislatura 370ª, en lunes 6 de marzo de 2023. Documentos de la Cuenta N° 35.

-Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, sesión 19ª de la presente legislatura, en lunes 17 de abril de 2023. Documentos de la Cuenta N° 14.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor LONGTON (de pie).-

Señor Presidente, en representación de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento paso a informar sobre el proyecto de reforma constitucional, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, iniciado en moción de la senadora Luz Eliana Ebensperger y de los senadores Juan Antonio Coloma, José Miguel Durana , Javier Macaya y Enrique van Rysselberghe , que modifica la Carta Fundamental en materia de regulación migratoria.

La idea matriz o fundamental del proyecto es permitir que la ley amplíe el plazo de cuarenta y ocho horas de detención para realizar la expulsión administrativa de un extranjero, y corresponderá a la ley fijar el plazo máximo, el que no podrá exceder de cinco días.

Durante el estudio del proyecto la comisión escuchó a la ministra del Interior y Seguridad Pública, señora Carolina Tohá , y al jefe de gabinete del director nacional del Servicio de Migraciones, señor Nicolás Torrealba .

Los autores de la moción señalan que Chile vive la peor crisis migratoria de su historia, derivada del ingreso masivo, de manera clandestina y por pasos no habilitados, de miles de personas. Esta verdadera crisis humanitaria, que afecta especialmente a la zona norte de nuestro país, no ha logrado ser enfrentada adecuadamente, y se espera que solo empeore en los próximos meses.

Es por ello que consideran necesaria esta reforma constitucional, dado que la Constitución establece en el literal c) del numeral 7° de su artículo 19 una norma general para las personas detenidas, que deben ser puestas a disposición de un tribunal dentro de cuarenta y ocho horas. Pero cuando se trata de una expulsión administrativa de un inmigrante, las gestiones necesarias para poder enviar a esa persona a su país de origen normalmente no alcanzan a realizarse dentro de tan breve plazo, razón por la que este proyecto se hace muy necesario.

En relación con la propuesta del Senado, la comisión la aprobó en los mismos términos que el Senado, siendo esta del siguiente tenor:

El proyecto consta de un artículo único, el cual introduce modificaciones en la letra c) del número 7° del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Fundamentalmente, lo que hace es incorporar un párrafo final, nuevo, el cual dispone que el lapso general de cuarenta y ocho horas que se establece en la norma vigente para poner a disposición de un tribunal a un detenido no se considerará para efectos de materialización de expulsiones administrativas. En este último caso, corresponderá a la ley fijar el plazo máximo, el que no podrá, en todo caso, exceder de cinco días corridos.

Esto implica que se presentará un proyecto de ley, para lo cual se ha comprometido el Ejecutivo, que hizo presente que necesitaban esta reforma para poder presentar el proyecto de ley.

Dicho proyecto establecerá legalmente un plazo más extenso para el caso de la expulsión administrativa de un inmigrante que ha ingresado clandestinamente, el cual no podrá exceder de cinco días corridos y que permitirá efectuar todas las gestiones necesarias para concretar tal medida, tales como obtener documentación del migrante, obtener la autorización de la línea aérea para incorporar al expulsado con su escolta, adquirir los pasajes, etcétera.

Tras haber sido aprobado este proyecto en los mismos términos que el Senado por la comisión que represento, igualmente solicito su aprobación a esta honorable Sala.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto.

Tiene la palabra la ministra del Interior y Seguridad Pública, señora Carolina Tohá .

La señora TOHÁ, doña Carolina (ministra del Interior y Seguridad Pública).-

Señor Presidente, el Ejecutivo ha hecho presente la urgencia de “discusión inmediata” a este proyecto de reforma constitucional, y voy a dar a conocer la razón.

Nosotros tenemos un compromiso y un proyecto listo para ser enviado, que tiene por objeto extender el período por el cual se puede hacer efectiva una expulsión, una vez que se ha decretado. Hoy día, el plazo de cuarenta y ocho horas muchas veces no permite hacerlo, porque, por ejemplo, la persona que será expulsada debe ser trasladada desde la región, hay que comprar los pasajes, hay tener toda la documentación de los funcionarios que la acompañarán, a veces hay escalas y se deben sacar autorizaciones, visas de tránsito para los lugares. Entonces, reitero que muchas veces las 48 horas no es un plazo suficiente.

Cuando nos disponíamos a ingresar el referido proyecto, de acuerdo con el itinerario que teníamos, nos dimos cuenta de que no era posible tramitarlo, porque es inconstitucional, ya que la Constitución establece esta limitación de 48 horas.

En consecuencia, se puso discusión inmediata a esta reforma, que se inició en una moción, para que, despejado este tema y establecido que a través de la ley se puede hacer una excepción en estos casos, presentemos nuestro proyecto, se pueda tramitar y extender este plazo para que, una vez que se decreten las expulsiones, tengan un plazo razonable para hacerse efectivas. Así, se está pensando que será un plazo de cinco días.

Gracias, Presidente.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Catalina del Real.

La señora DEL REAL (doña Catalina).-

Señor Presidente, un país es como una casa: con un espacio físico definido, con una cantidad limitada de habitantes que tienen diversas necesidades, como salud, alimentación, educación, entre otras, y, ciertamente, con recursos limitados para satisfacer estas necesidades.

Por supuesto que a esa casa pueden ingresar invitados por la puerta e, incluso, por una decisión familiar puede recibir allegados. Pero lo que no puede suceder es que un grupo de personas desconocidas ingresen por la ventana y decidan acampar en el living. Eso se llama invasión de la propiedad privada. Si además de invadir sin consentimiento, exigen los mismos beneficios que los habitantes de la casa, eso se llama apropiación de la propiedad privada. Pero si más encima algunos de estos desconocidos tienen antecedentes penales y vandalizan la casa, esto ya ni siquiera tiene nombre, es la destrucción definitiva de ese lugar.

Eso es lo que está sucediendo en Chile: 38.000 ingresos clandestinos en seis meses el año pasado; 38.000 personas que ingresaron por la ventana. Son cientos de miles de personas que en estos últimos años están colapsando los servicios públicos, acampan en las plazas y viven en tomas sin agua ni servicios básicos. Pero lo más grave es que en esa clandestinidad se han infiltrado delincuentes, mafias de narcotráfico y terroristas internacionales.

Este proyecto va a en la línea correcta: ayudará en los procesos de expulsión, y por supuesto que lo vamos a aprobar. Sin embargo, no es suficiente. Lo que realmente se necesita es la voluntad del gobierno para enfrentar con fuerza la migración ilegal y que no le tiemble la mano para realizar las expulsiones que correspondan, que en el último tiempo han sido muy pocas.

La migración ilegal no es un derecho. Los millones de migrantes desplazados en el mundo son la consecuencia de gobiernos totalitarios, la mayoría de ellos regímenes comunistas que cometen abusos y obligan a sus habitantes a escapar.

Por eso, migrar no es un derecho. El verdadero derecho es vivir en el propio país en democracia y en paz.

He dicho.

-Aplausos.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Cristián Araya .

El señor ARAYA (don Cristián).-

Señor Presidente, ya que la diputada Catalina del Real mencionó a los comunistas, yo no lo haré en esta oportunidad.

Esta modificación constitucional es de toda lógica. La realidad muestra que el plazo de 48 horas era muy poco.

El que entra por la puerta, bienvenido; el que entra por la ventana, con viento fresco para afuera.

Por eso -lamentablemente, no está la ministra para preguntarle en forma directa-, uno se pregunta: ¿qué pasa con los miles de decretos firmados para expulsiones administrativas que no se han ejecutado? ¿Vamos a sacar a los inmigrantes ilegales o no? Por favor, ¿nos pueden responder eso? No es tanto lo que estamos pidiendo. Aclárenlo . Los migrantes ilegales, ¿los van a sacar o no? ¿Cuál es la decisión del gobierno? ¿Los va a regularizar? ¿Qué hará al respecto?

Esto está perjudicando a chilenos que hoy esperan muchas horas para ser atendidos en los consultorios y en distintos lugares. ¿Por qué? Porque el sistema está colapsado.

Ministra -cuando llegue y escuche-, ¿qué vamos a hacer? ¿Los va a expulsar o los va a dejar acá?

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Ximena Ossandón .

La señora OSSANDÓN (doña Ximena).-

Señor Presidente, a estas alturas debemos tener claro que la migración no es un tema que se pueda terminar. Ni las potencias más grandes lo han podido hacer. Esta es una nueva realidad, a la cual nos debemos acostumbrar y normarla para que se haga de la mejor forma posible. Es por eso que esta serie de proyectos va en esa línea.

Existe la necesidad de un gran acuerdo en materia migratoria para enfrentar esta situación y lograr una migración ordenada para el beneficio de los propios migrantes y de todos los chilenos y chilenas. Esto es algo imperioso. Para ello, debemos entregar las herramientas para que las autoridades puedan tomar las medidas necesarias en beneficio de todos los involucrados.

En este proyecto se propone un cambio constitucional: ampliar el plazo para la expulsión -es decir, cuando ya está determinada la expulsión de la persona- de 48 horas hasta cinco días, porque algo que antes resultaba -en 48 horas se podía hacer, porque eran menos los casos- hoy día, claramente, no se tiene la posibilidad del tiempo, dados todos los trámites que se deben hacer: realizar todas las actuaciones, llevar a la persona hasta Santiago , hacer la identificación, reservar los pasajes -así lo dijo la propia ministra-, conseguir la autorización de la línea aérea. Entonces, si esto no se logra hacer en 48 horas, la expulsión queda en cero, lo cual es y ha sido muy beneficioso para muchas personas que sabían que ese tiempo no alcanza.

Entonces, se trata de un proyecto muy sencillo, pero con un potencial muy grande.

Hay que dejar claro que esto es cuando la expulsión ya está instruida. Y que de ahora en adelante no se diga que el tiempo no alcanza, porque si eso ocurriera, tendríamos que verificar de nuevo este proyecto y ponerle más tiempo, porque este tiene que alcanzar. Eso no puede ser excusa para que tengamos personas ilegales en nuestro país.

En Chile hay que dar la señal de que es bienvenido el bien llegado, el bien portado, pero no así el ilegal y, para qué decir, el criminal.

Creo que este proyecto va en el sentido correcto. Son estos los grandes acuerdos a los que debemos llegar, y espero que sean muchos más.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Juan Fuenzalida .

El señor FUENZALIDA.-

Señor Presidente, un dato de la causa: para entrar a Venezuela se necesita visa. Los chilenos debemos tener visa para ingresar a ese país.

Bienvenidos los migrantes legales, los que vienen a contribuir a Chile; pero los ilegales, los que entran por la ventana, no.

Qué bueno que hoy estemos discutiendo un proyecto de ley respecto de una materia sobre la cual los que hoy son gobierno fueron al Tribunal Constitucional para botar otro: cuando queríamos dar tres días para este proceso. Dijeron: “No. 48 horas”.

Qué bueno que el Presidente se haya dado cuenta de que hoy tenemos un problema migratorio, y el problema con los ilegales, como lo he dicho en innumerables ocasiones, es que no sabemos quién entra al país. Hoy se está haciendo esta modificación constitucional justamente para solucionar el problema que tiene el gobierno en cuanto a las expulsiones.

Por lo tanto, espero que ahora esos 20.000 procesos administrativos se puedan llevar a cabo y se expulse a los que entraron por la ventana.

Un mensaje al señor Maduro : reciba a su gente. Reciba a la gente que tuvo que escapar de su país por las condiciones que usted ha generado en él.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Agustín Romero .

El señor ROMERO (don Agustín).-

Señor Presidente, los chilenos no damos más. Entre tomas de terreno, coleros en ferias, cocinerías inmundas, los vecinos del distrito N° 8 me dicen: “¡Basta ya, diputado!”

La situación migratoria en Chile se encuentra en un momento crítico. Tenemos que decir las cosas como son: los inmigrantes ilegales son una amenaza para la seguridad nacional y para la seguridad pública. Pero aquí los chilenos siguen escuchando cómo ponen peros y disculpas para no hablar las cosas claras.

Esta situación va a terminar muy mal. Nadie da explicaciones a las madres que hoy no tienen matrícula en salas cuna, jardines infantiles o colegios. ¿Y cuál es su pecado? Ser chilenas, porque con las madres extranjeras no hay ningún problema.

Los chilenos exigen de sus representantes una acción decidida para revertir el descontrol actual de la migración ilegal, y esto no se soluciona solo con deseos, con palabras de buena crianza o peloteándose las responsabilidades entre los distintos servicios públicos. ¡El Servicio Nacional de Migraciones es un desastre!

¡Cómo va a ser razonable que los migrantes tengan un número para recibir atenciones de salud y otras prestaciones de seguridad social, pero no estén registrados en ninguna parte para ser expulsados!

Los chilenos esperan que defendamos la patria y a sus habitantes. Desde hace años la izquierda y los globalistas intentan sostener que la migración es un derecho humano, y eso lo usan para limitar al legislador, para restringir la aplicación de las leyes. Se amparan en principios como la igualdad y la no discriminación, con la participación de las ONG y otros grupos financiados tanto desde el extranjero como con platas públicas. Ello no le ha permitido al gobierno poder resolver esta verdadera invasión. En mi opinión, es una verdadera traición.

Por último, debo señalar que es un avance en el Congreso Nacional que por fin le pongamos un tope a esta oleada progresista, instalando el concepto de expulsión administrativa dentro de nuestra Constitución . Espero que, puesta en la mano de un buen gobierno y con decisión, le devuelva la paz y la tranquilidad a Chile.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Longton .

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, cuando uno ve el tablero que muestra a los diputados inscritos para intervenir, sorprendentemente, descubre que no hay nadie de izquierda, y eso tiene una razón. Cuando se aprobó la Ley de Migración y Extranjería, y ampliamos a 72 horas el plazo para expulsar migrantes irregulares -se cambió de 48 a 72 horas y ahora este proyecto establece 5 días-, el Presidente de la República, en ese entonces diputado, y muchos parlamentarios del Frente Amplio, que siguen siendo parlamentarios, y del Partido Socialista -algunos son ministros- acudieron al Tribunal Constitucional para que esta norma no operara; es decir, para que no hubiera mayores facilidades para expulsar a migrantes irregulares que ingresaban por pasos clandestinos. Muchos de esos migrantes venían a delinquir a nuestro país, como lo hemos visto, sobre todo, en el último tiempo.

Esa es la razón por la que no hay ningún parlamentario de izquierda inscrito para intervenir en el debate de este proyecto.

Valoro que en el Senado el proyecto haya sido aprobado de manera transversal, pero el tiempo no se recupera. No se recupera el tiempo en que podríamos haber expulsado a una mayor cantidad de personas que no venían a aportar a nuestro país, que traían delitos importados, delitos muy violentos, como los que hemos visto.

Uno le pide algo muy simple al gobierno y a sus parlamentarios: convicción. Convicción de que la migración irregular le está haciendo un profundo daño a nuestro país, independientemente de la situación humanitaria.

Podríamos haber tenido una legislación mucho más moderna antes y no llegar a 53.000 ingresos irregulares por nuestras fronteras, como ocurrió el año pasado; no llegar a ese triste récord de veinticuatro expulsiones el año 2022. ¡Veinticuatro! De esos veinticuatro, solo dos eran venezolanos. Si en el gobierno hay gente que antes defendía judicialmente a inmigrantes irregulares, incluso condenados por delitos, uno duda de esa convicción.

Me alegro de que este proyecto esté en tabla y ojalá que sea aprobado de manera transversal, para que empiece a cambiar esa lógica de ver con romanticismo el ingreso por la ventana a nuestro país, el no cumplir con las leyes como lo hace cualquier chileno o cualquier migrante que ingresa por la frontera de manera regular.

Esa lógica tiene que cambiar, porque cuando uno ve al director del Servicio de Migraciones de la Región Metropolitana, que antes de asumir ese cargo defendió a condenados por narcotráfico, representando el Servicio Jesuita de Migrantes, obviamente, uno tiene dudas sobre esa convicción.

Es importante que aprobemos este tipo de proyectos de manera transversal, porque la ampliación a cinco días es fundamental. El gobierno anterior, respecto del cual uno podrá decir que no tuvo grandes cifras en materia de expulsión, aunque disponía de solo 48 horas, expulsó administrativamente a 1.350 personas.

¡Ya no hay más excusas! ¡No puede haber más excusas!

Vamos a cambiar la forma de notificación, vamos a ampliar el plazo a cinco días y tenemos un control preventivo migratorio, que hoy va a ser despachado a ley.

Entonces, lo que uno le exige al gobierno y a la ministra es que empecemos a ver resultados y, para eso, hay que mejorar la operatividad, la coordinación entre las autoridades y, sobre todo, dejar atrás esos sesgos respecto de la migración irregular.

Lo que se hizo ante el Tribunal Constitucional fue grave, porque llevaron las reconducciones y el plazo, que lamentablemente fueron acogidos por el Tribunal Constitucional.

Este es un gran proyecto, que va a servir mucho para ejecutar de mejor manera las expulsiones administrativas.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Jouannet .

El señor JOUANNET.-

Señor Presidente, quienes hemos estado en Colchane o en Chacalluta y hemos visto in situ cómo, en tiempo real, cientos de miles de personas ingresan de forma ilegal a nuestro país, sentimos que todos estos proyectos nos van a ayudar.

Debemos tener una voluntad de Estado. Hay temas en los que vamos a tener diferencias, seguramente matices, pero debemos empezar a tener políticas de Estado permanentes en esta materia.

Por eso, esta bancada propuso, hace cerca de un año, lo que denominamos la policía militar de fronteras. En un primer momento pareció que era casi una locura, pero no es así. Hoy, quienes están en el resguardo de la infraestructura crítica son militares que tienen más facultades que las que tenían antaño. Debemos sincerar esto, y eso significa crear una institucionalidad permanente, que evite que la ilegalidad se haga costumbre, porque la ilegalidad se hizo costumbre en nuestro país, y no solo ahora, pues los ilegales no entraron ahora, sino que vienen entrando desde hace muchos años, y eso tenemos que pararlo.

Siempre van a entrar ilegales al país, porque es inevitable, pero la idea es que entren menos y, como se ha dicho acá, que la migración sea regulada, legal, como corresponde.

La verdad es que no sacamos mucho con demandarle al gobierno más leyes, porque lo que necesitamos en realidad es una institucionalidad nueva, y esa institucionalidad nueva es una policía militar de fronteras. ¿Por qué? Porque requerimos a la Fuerza Aérea con su resguardo, con la tecnología de la que dispone; a los militares con su experiencia y despliegue. El problema es que, en general, tenemos pocos militares, hay pocas personas en las Fuerzas Armadas; por lo tanto, hay que estimular a los jóvenes para que ingresen a las Fuerzas Armadas, así como lo estamos haciendo para que ingresen a la institución de Carabineros.

La única posibilidad de terminar con esto o de bajar el número de ilegales que ingresan al país es que tengamos resguardadas nuestras fronteras. Hoy, las tenemos más o menos resguardadas.

Por otra parte, quiero informar a la ministra que presentaremos un proyecto de resolución que sugiere que en la macrozona norte haya un general de Carabineros a cargo, así como existe un general a cargo de la macrozona sur. En el sur tenemos un problema puntual, que es la violencia, la delincuencia rural y el terrorismo, y en la zona norte tenemos un problema objetivo, que es la migración irregular. Hay un general a cargo de las Fuerzas Armadas; por tanto, debiera haber una contraparte, un general de Carabineros a cargo de la zona fronteriza, desde Chacalluta hasta Calama .

Lo hemos propuesto como bancada, y esperamos que el gobierno nos escuche, porque vamos a terminar con un general de Carabineros a cargo, pero lo importante es que lo hagamos antes, para que una autoridad policial de esa categoría se haga cargo y se responsabilice de la seguridad y del resguardo de las fronteras.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Juan Antonio Coloma .

El señor COLOMA.-

Señor Presidente, hoy estamos frente a la voltereta N° 68 del gobierno. ¿Y por qué? Porque este es el mismo proyecto que votaron en contra y lo llevaron al Tribunal Constitucional, para ampliar el plazo para expulsar a los migrantes ilegales. Quizás por eso tienen esa cara. ¡Si se vieran la cara que tienen! Tienen caras largas, mirando hacia abajo, medio deprimidos, porque lo que está ocurriendo, simplemente, es que se han dado cuenta de que lo que defendieron, quizás durante toda su vida, simplemente se desmoronó, se cayó.

Les quiero dar una explicación: estamos frente a un gobierno incapaz de expulsar administrativamente a las personas. Hablan de que hicieron cosas, pero entre abril y diciembre de 2022 expulsaron a veinticuatro personas. ¿Saben a cuántos venezolanos? Dos. Esa es la gestión que tienen para mostrarnos.

Ustedes impugnaron ante el Tribunal Constitucional la parte del proyecto referida al tiempo de demora para expulsar a personas. En el proyecto habíamos solicitado setenta y dos horas, pero ustedes rechazaron ese plazo. Hoy, vamos a aprobar cinco días. La realidad les dio un portazo. Recién están empezando a entender lo que significa gobernar.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Araya .

El señor ARAYA (don Jaime).-

Señor Presidente, desde ya anuncio el total apoyo de la bancada del PPD al proyecto, porque resuelve de una manera bastante sencilla algo que era esencial y que tiene que ver con solucionar problemas prácticos con medidas prácticas, en concreto, ampliar el plazo para que se pueda ejecutar una expulsión administrativa. Me parece que es una medida de sentido común y creo que no habrá problema en que se apruebe.

Sin embargo, una cuestión distinta es la cantidad de cosas que se han aseverado en esta Cámara de Diputados por parte de la derecha, respecto de traer una y otra vez conductas del pasado. Han dicho “miren las caras de enfrente”. Si uno mira, prácticamente no hay nadie en las bancadas de enfrente. Entonces, hay mucha palabra para la televisión y poco sentido de lo práctico.

En esto quiero hacer una reflexión profundamente política.

Chile Vamos -la UDI, Renovación Nacional y Evópoli- se está equivocando profundamente; se está mimetizando con los republicanos, porque tiene miedo de perder la elección del 7 de mayo. Lo que le va a pasar es que después la gente va a mirar, y cuando sus miembros quieran volver a ser sensatos, nadie les va a creer. De hecho, cuando escucho decir a gente que consideraba razonable que no se puede oír al Instituto Nacional de Derechos Humanos, pienso qué es lo próximo que nos va a decir Chile Vamos. ¿Que Chile se salga de la Organización de las Naciones Unidas? El nivel de irracionalidad en el que están cayendo, producto del pánico electoral, es un error político tremendo. Además, es una irresponsabilidad con el país, porque lo que estamos haciendo es meternos en la secuencia de quién es más altisonante, más duro y más rudo. Sin embargo, si uno quisiera poner las cosas en perspectiva, ¿dónde parte esta crisis? Parte cuando el ex-Presidente de ustedes, Sebastián Piñera , fue a Cúcuta.

Entonces, ¿qué ocurre? Que algo que es complejo para la democracia, un problema que no ha podido controlar ningún país en el mundo, respecto del cual estamos tomando medidas que van en el sentido correcto, ustedes lo maximizan -así actuó la Convención Constitucional-, llevándonos a un extremo irracional. El problema que van a tener políticamente -lo digo con mucha fraternidad- es que cuando quieran volver a ser gente sensata, a tratar de marcar los puntos de la derecha democrática, razonable y que conversa, nadie les va a creer. Los van a tratar de amarillos; van a generar muchos epítetos que harán que no tengan credibilidad en la democracia.

Los invito a que utilicemos este espacio para pensar en el futuro de nuestro país. No todo es la elección. Entiendo que a algunos les importa mucho lo del 7 de mayo -por cierto, creo que eso desde ya es un fracaso-, pero no perdamos el sentido de lo que viene. Chile está viviendo bajo mucho miedo y bajo mucha presión.

Valoro mucho la gestión de la ministradel Interior y Seguridad Pública, que ha tenido la prudencia, como pocos, de no caer en maximalismos, ni para un lado ni para otro, y tratado de conducir razonablemente bien su cartera en una situación de crisis que no tiene precedente.

He dicho.

-Aplausos.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Joanna Pérez .

La señora PÉREZ (doña Joanna).-

Señor Presidente, este es un proyecto bien sencillo, pero, como bien decíamos, va acompañado de lo necesario para hacerse cargo de un plazo que se establece en la Constitución.

¿Por qué quise intervenir? Porque, en relación con el proyecto que vimos con antelación, se reclama que, cuando la iniciativa se refiere a plazos, el límite máximo lo marca la Constitución Política en su artículo 19, número 7°, letra c). Por lo tanto, lo que hoy trae el gobierno, en tanto le ha dado el respaldo a esta iniciativa, es la ampliación del plazo de cuarenta y ocho horas a cinco días, en el caso de expulsiones administrativas. Además, nos anuncia que puede ampliarlo hasta diez días. Creo que eso es positivo; se valora, pero pido considerar, respecto del proyecto que vimos con antelación, para que no instalemos falsas verdades en esta Cámara, que el plazo lo establece la Constitución.

Tenemos un ordenamiento jurídico y lo que nos rige es, efectivamente, la Constitución Política. En consecuencia, el plazo en materia de control migratorio también tiene un plazo que ya está fijado. Es más, creo que es mejor que quede hoy establecido el plazo que fuese necesario conforme con nuestro ordenamiento jurídico, porque, si estamos cambiando la Constitución en relación con una expulsión administrativa, que, por cierto, es necesaria, posiblemente pueden venir nuevas mejoras. Eso esperamos.

Considero que emigrar es un derecho humano, pero también es un derecho de los países fijar sus propias reglas. Las personas tienen que obedecer esas reglas. Un país serio establece reglas. Eso es lo que hemos hecho con la ley migratoria. Hay una política migratoria, hay un Servicio Nacional de Migraciones, hay funcionarios disponibles para mejorar los trámites y acelerar los procesos.

En gobiernos pasados demorábamos tres años para entregar una visa; hoy estamos demorando dos años. ¿Es mucho? Sí. ¿Cómo mejoramos esos plazos? Con gestión, con recursos, con materia informática; hay que poner todo a disposición. Por cierto, también se debe dotar a las policías de mayores facultades, como lo hemos hecho con el proyecto de infraestructura crítica, y también, con el de control migratorio, que acompaña a aquel. Si bien vamos parchando, pese a todo, igual podemos ir avanzando.

Me gustaría que hubiera una mirada mucho más integral. Ello hace mucha más falta -lo digo de manera positiva- para que el gobierno avance en su relación con otros países, es decir, en materia de derecho internacional, respetándolo, pero también ejerciendo acciones para generar expulsiones y reconducciones; de lo contrario, todo va a quedar en letra muerta. Todos los poderes del Estado deberían acompañar y apoyar esto.

Vamos a apoyar el proyecto. Valoro esta iniciativa, pero creo que al Servicio Nacional de Migraciones le falta musculatura. No he pedido la renuncia del director, pero creo que, efectivamente, puede mejorar su gestión. Traer a una persona nueva que se meta en el tema va a ser complejo. Por eso, respaldo la acción del gobierno en estas materias, pero también le pido que podamos organizar la casa de manera ordenada, regular y segura, haciendo cumplir nuestro ordenamiento jurídico.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Frank Sauerbaum .

El señor SAUERBAUM.-

Señor Presidente, hoy más que nunca nos damos cuenta de que Chile es víctima de su propio éxito. Muchos vienen a nuestro país a buscar una oportunidad para vivir tranquilos, tener ingresos y vivir en paz, alejándose de regímenes totalitarios que los empobrecieron, les mintieron y los engañaron. Sin duda, Chile tiene que acogerlos, en particular a quienes vienen a trabajar, emprender, formar familia y colaborar.

Sin duda, el drama del pueblo venezolano es de la mayor preocupación, pero no por eso vamos a abrir la puerta indiscriminadamente, sin ningún resguardo de nuestros propios intereses.

Difiero de algunos que han dicho en esta Sala que migrar es un derecho. Claro que es un derecho; la propia Declaración Universal de Derechos Humanos lo establece así. No obstante, el país que recepciona a quienes emigran se guarda el derecho de establecer los procedimientos adecuados para que la migración sea regular y ordenada.

Digamos las cosas como son: ha habido un desorden total. En algo han ayudado las Fuerzas Armadas para que en el norte de Chile podamos mejorar la situación, pero tenemos mucho más que hacer. Lamentablemente, hoy la migración que proviene desde Venezuela tiene lugar sin ningún resguardo, sin ninguna preocupación. Los migrantes vienen arrancando de un régimen totalitario, el cual, lamentablemente, muchos han aplaudido en esta Sala. Cuando quizá las balsas vayan de Miami a La Habana, como dice la canción, muchos de nosotros pensaremos distinto, pero mientras sigan yendo de La Habana a Miami, vamos a seguir defendiendo la libertad de las personas y la democracia.

Esta iniciativa modifica la norma constitucional y aumenta hasta cinco días el plazo en que un extranjero puede ser privado de libertad para ser expulsado, algo de toda lógica si pensamos que en esos pocos días debe ser aprehendido y gestionarse su expulsión, comúnmente en un vuelo. Es una reforma elemental para seguir introduciendo, precisamente, reformas que flexibilicen las exigencias, para así, de una buena vez, practicar las sanciones de expulsión pendientes de ejecución, que hoy acumulan más de 20.000 casos y que impactan en el fenómeno criminal mediante el ingreso y permanencia en Chile de personas con historial criminal, como aquellos que mataron cobardemente al carabinero Palma hace solamente algunos días.

Manifiesto nuestro voto a favor.

He dicho.

La señorita PÉREZ , doña Catalina (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Cristhian Moreira .

El señor MOREIRA.-

Señorita Presidenta, no podemos poner en un mismo saco a las personas que tienen una determinada nacionalidad y a sus compatriotas que han delinquido, porque la gran mayoría de la gente que ha llegado a nuestro país viene a trabajar, escapando de un sistema totalitario, como es el de Venezuela. El día que se vaya Nicolás Maduro y termine su tipo de gobierno, el problema de la migración en Chile se va a solucionar.

El hecho de que se amplíe a cinco días el período de expulsión es muy importante. Hay que tener claro que la inmigración es una situación que afecta a toda la región y a Europa.

El gran problema que muchas veces tiene la expulsión es por los costos que significa expulsar a una persona. Durante el gobierno del Presidente Sebastián Piñera se expulsaron inmigrantes; estos se iban en aviones de la Fuerza Aérea de Chile a Venezuela, y no hubo problemas. Sin embargo, por un lado, el nuevo gobierno que llegó ha dado a entender que el Presidente Nicolás Maduro ha objetado las expulsiones, y, por otro lado, el canciller de Venezuela ha dicho que no es así.

¿Por qué no chartear aviones de una empresa comercial chilena para llevar a esas personas a sus respectivos países de origen, como lo tenía previsto el entonces Presidente Sebastián Piñera ? Creo que hay que ir por ese camino.

En Chile sean bienvenidos todos los que están, pero debemos tener más requisitos y ser más estrictos por un determinado tiempo para que esta ola de inmigrantes pare un poco, porque está estrangulando a la nación.

He dicho.

La señorita PÉREZ , doña Catalina (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Cristián Tapia .

El señor TAPIA.-

Señorita Presidenta, por su intermedio saludo a la ministra Carolina Tohá .

Una vez más estamos frente a un proyecto que, sin lugar a dudas, nos tiene que traer los réditos que necesitamos.

Modificar la Carta Fundamental en materia de regulación migratoria es una responsabilidad que debe tener cada uno de nosotros.

Recién alguien dijo que los de izquierda no hablamos, pero sí hablamos. A veces, queremos hablar de cosas positivas. También queremos hablar de una materia que no ha sido y no es fácil, porque somos bastante responsables y nos hacemos parte en lo que está viviendo nuestro país el día de hoy.

Tal vez, hace tres o cuatro años, esta situación no se daba, pero los escenarios van cambiando. Por eso, aquello que se dijo respecto de la voltereta está para otro evento o para otra situación. Tal vez, está para hablarlo en una comisión de deportes, pero no para hablarlo con la responsabilidad que esto necesita, porque creo que esa es una falta de respeto.

Se criticaba al gobierno porque no presentaba y no apoyaba proyectos, pero aquí el gobierno está apoyando proyectos que son bastante importantes, y se sigue criticando.

La semana pasada hubo un acuerdo respecto de 31 proyectos, fundamentalmente en materia de seguridad, pero resulta que el día de hoy Chile Vamos envió una carta al Presidente Gabriel Boric , poniendo condiciones para trabajar en proyectos en materia de seguridad. Entonces, los discursos son fáciles para la galucha, pero cuando queremos trabajar en proyectos concretos y responsables en materia de seguridad, ponen condiciones. Una de las condiciones es retirar la urgencia al proyecto de royalty; o sea, están condicionando los recursos para el país. Los recursos del royalty van a venir a las regiones y a las comunas. El royalty traerá mucha plata a las comunas mineras. ¿Para qué sirve eso? Entre otras cosas, para inyectar recursos en materia de seguridad.

Entonces, por favor, seamos bastante serios y responsables. No critiquen al gobierno por criticar. Porque si el gobierno no hubiese apoyado estos proyectos y no se hubiese sentado con el Presidente de la Cámara de Diputados y el Presidente del Senado, que es de vuestro sector, ¿qué habrían dicho? Que no avanzamos.

En ese sentido, pongamos la pelota sobre el piso y hagámonos responsables, pero con una responsabilidad seria, porque aquí no basta con criticar todo.

Creo que todos los días la ministra y su equipo están en contacto con todo Chile para saber qué pasa con el tema de la seguridad. Aquí nada se está haciendo al azar.

Ministra, nosotros vamos a apoyar este proyecto y todos los proyectos que vengan en beneficio de la gente.

Reitero: dijimos que la frontera en el norte tenía que estar resguardada por militares, ¡y ahí están los militares! ¿Y quién lo ha reconocido? Nadie lo ha reconocido. Se sigue diciendo que eso fue porque ustedes quisieron y que nosotros no queríamos.

Así que nosotros vamos a apoyar y a considerar todos los proyectos. Vamos a trabajar en los 31 proyectos que se acordaron, para que Chile tenga la certeza de que a este Parlamento y a este gobierno realmente les interesa la seguridad de las personas.

He dicho.

La señorita PÉREZ , doña Catalina (Vicepresidenta).-

Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Mauricio Ojeda .

El señor OJEDA.-

Señorita Presidenta, en virtud del artículo 308 del Reglamento, sobre solicitudes de información a los ministros de Estado, quiero aprovechar que la ministra del Interior y Seguridad Pública está aquí presente para pedirle que recabe información sobre un ataque que se acaba de registrar en la Región de La Araucanía -entiendo que en Victoria o Curacautín- a una camioneta del Departamento de Salud Municipal, donde, lamentablemente, un médico que fue atacado a balazos resultó con heridas en uno de sus brazos y con perdigones en su cabeza.

Ministra, queremos saber de aquello.

Asimismo, pido que los integrantes de la Comisión de Salud puedan tomar cartas en el asunto y manifestar nuestro profundo rechazo.

He dicho.

La señorita PÉREZ , doña Catalina (Vicepresidenta).-

Señor diputado, el artículo del Reglamento al que usted hizo mención no corresponde a información que se pueda solicitar en la Sala. En todo caso, la ministra ya se ha referido al respecto.

Para continuar la discusión, tiene la palabra el diputado Nelson Venegas .

El señor VENEGAS.-

Señorita Presidenta, he escuchado muy atento las intervenciones, las alocuciones y los discursos de mis colegas de derecha y de centroderecha, en los cuales, efectivamente, hay una recriminación por una simpatía muy grande respecto de los inmigrantes.

Yo les quiero contar por qué ocurre eso, por qué tenemos esa simpatía, por qué tenemos ese agrado o por qué no tenemos esa manera tan rígida con que ustedes tratan el tema de los inmigrantes. Es por algo que a lo mejor ustedes no saben, no conocen, no vivieron o no tuvieron cerca, pero que nosotros sí lo tuvimos cerca.

Nosotros tuvimos familiares que, lamentablemente, durante la dictadura, a la cual muchos de ustedes aplaudían, fueron expulsados y fueron inmigrantes en otros países. Tenemos familiares, como tíos, y también primos que no vimos crecer, con los que nos encontramos después de dieciséis o diecisiete años, porque aquí había una dictadura cívico-militar que expulsó a miles de nuestros familiares.

Entonces, vivimos esa situación. Obviamente, tenemos un nivel de empatía con los inmigrantes que puede ser mucho mayor que el que tienen ustedes hacia ellos, porque es una situación que vivimos y conocimos a esos familiares migrantes.

Entonces, quiero que también haya un mayor grado de comprensión de las actitudes de cada cual, porque aquí vivimos esa situación.

Ahora, respecto del tema normativo, creo que estamos votando proyectos de ley de los que algún día podemos arrepentirnos, porque, lamentablemente, somos un país subdesarrollado y siempre vamos a estar sujetos a la posibilidad de tener que buscar mejores horizontes. No vaya a ser que nos estemos atrapando en nuestros propios discursos y en nuestras propias votaciones.

Evidentemente, tenemos que sacar y expulsar a aquellas personas que, como se ha señalado, vienen a delinquir. ¿Quién podría estar en contra de eso? Yo, por lo menos, voy a votar a favor de esa situación. Pero aquí no todo es legal, porque si bien aquí existe una normativa y existen leyes que se están dictando, desde mi modesto punto de vista, la situación surgió a partir de decisiones erradas que se tomaron en el gobierno anterior.

No olvidemos tan rápidamente. Así como tienen memoria para reclamar de un sector, no olvidemos que aquí había un Presidente que quería ser el más importante de Latinoamérica y que fue a Cúcuta a invitar a los venezolanos, porque él quería ser un líder mundial. Esa es la verdad. Ustedes tienen que acordarse de eso. También se tienen que acordar de cuánta implementación, tecnología y regulación había en los pasos fronterizos -eso no necesariamente obedece a leyes-, y de cuánto de eso se hizo en el gobierno anterior.

Entonces, ojalá que haya una mayor ecuanimidad y un amplio sentido de ver las cosas, para que legislemos de una manera mucho mejor para todos los chilenos y chilenas, pero también para todos los habitantes del mundo.

He dicho.

La señorita PÉREZ , doña Catalina (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Roberto Arroyo .

El señor ARROYO.-

Señorita Presidenta, esta honorable Cámara debe estar sagradamente con la gente de Chile, con nuestro país. La gente ya no quiere esta inmigración ilegal. Además, dejemos de mentirle a la ciudadanía.

Nos hicieron venir en nuestra semana distrital para trabajar en leyes de seguridad. Hoy suspendimos algunas sesiones de comisiones para debatir en esta Sala sobre seguridad. Pero digámoslo bien, de frente, de cara a la ciudadanía: estos proyectos de ley son solo parches curita para alguien que padece de una enfermedad terminal; de nada le servirán.

Durante este gobierno se publicaron en el Diario Oficial las nuevas subcategorías migratorias de residencia temporal a todo aquel que ingresa. Léase: permiso de reunificación familiar, permiso para extranjeros que desarrollen actividades lícitas remuneradas, permiso para extranjeros que buscan establecerse en el país con el objetivo de estudiar, permiso para trabajadores de temporada, permiso de oportunidad laboral, permiso para extranjeros sujetos a custodia de Gendarmería de Chile, permiso para extranjeros que se encuentren en Chile por orden de tribunales de justicia nacionales, permiso por razones humanitarias, permiso para víctimas de trata de personas, permiso para personas acogidas a acuerdos internacionales, permiso para religiosos de culto reconocidos oficialmente, permiso para extitulares de residencia definitiva, permiso para inversionistas, permiso de negocio, permiso para refugiados, permisos, permisos y permisos para que todos pasen. Todo esto fue publicado en el Diario Oficial el sábado 14 de mayo 2022, durante este gobierno.

La ley migratoria, también de febrero de 2022, establece que la migración ilegal no es un delito, y eso permite que nuestras fronteras estén muy abiertas y permeables. Además, este país incentiva la migración con programas como el del Sello Migrante, que está en todas las gobernaciones.

Por su intermedio, señorita Presidenta, quiero decir que debe ser importante lo que la ministra está conversando. Lo señalo porque hoy hemos venido a debatir y si nos hemos dado el tiempo para intervenir, lo hemos hecho en la convicción de que seríamos escuchados durante esta discusión.

Voy a esperar que la ministra termine de conversar para continuar.

La señorita PÉREZ , doña Catalina (Vicepresidenta).-

Continúe, diputado, por favor.

El señor ARROYO.-

Señorita Presidenta, estuve en Arica, en el complejo fronterizo Chacalluta , y vi cómo los migrantes pasan con sus bolsos por el costado de los controles y nadie les pide nada. Visité la cárcel de Acha, donde el 45 por ciento de los reos es extranjero, en su mayoría colombianos y venezolanos.

Lo chistoso es que la reconducción no existe. Desde hace dos años que en Venezuela no se recibe aviones con gente que haya sido devuelta; por lo tanto, la famosa reconducción tampoco existe.

Ocurre que Chile no limita -si es que no ha cambiado su geografía- con los países con los cuales tenemos más problemas migratorios, como son Venezuela y Colombia.

Quiero sumar a este debate que en Venezuela, en 2021, se cerraron dos cárceles. A muchos de los delincuentes se les conmutó la pena por la expulsión y con todos sus antecedentes borrados. Por eso, cuando la PDI chequea a esos migrantes y no les encuentra antecedentes, se debe a que estos ya fueron eliminados. Y si se piden esos antecedentes, nos vamos a encontrar con que no tienen, porque no existen.

En Chile tenemos agencias de abogados y organizaciones, como Acnur, que opera desde

Argentina y desde otros países, para ayudar a que todos estos migrantes sean blanqueados -estoy hablando de migrantes ilegales-, para transformarlos en refugiados. ¡Oh, qué sorpresa!

Al ser refugiados, son más susceptibles que cualquiera de los chilenos más vulnerables. Por eso tenemos tantos problemas en el norte para conseguir matrículas para los estudiantes chilenos; por eso tantos problemas para conseguir una hora médica en los consultorios.

Si no me creen, visiten la página de Acnur Chile y verán las etapas de una solicitud de reconocimiento de condición de refugiado; se van a encontrar con un flujograma, que es muy fácil de seguir para solicitar tal condición, condición que determina justamente usted, ministra -por su intermedio, señorita Presidenta-, porque el Ministerio del Interior y Seguridad Pública es el único que determina quién tiene la calidad de refugiado en Chile. Pongamos orden en nuestra casa antes de aceptar visitas.

He dicho.

La señorita PÉREZ , doña Catalina (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra la diputada Lorena Pizarro .

La señora PIZARRO (doña Lorena).-

Señorita Presidenta, lo primero que quiero hacer es recordar las palabras de la ministra Vivanco , vocera de la Corte Suprema, cuando señala que “no nos podemos transformar en un Estado policíaco”. Y agrega algo que para mí y para nuestro sector es fundamental: “Tenemos que ser un Estado donde se aumenten las medidas de seguridad, pero no uno en que los ciudadanos no tengan libertades”.

Señorita Presidenta, a ratos me confunde este debate, y no es de extrañar, porque me confunden aquellos discursos de odio en los que se deja leer que la maldad está instalada en la población migrante. Este proyecto de ley no habla de delincuencia, sino que habla de la migración irregular, porque si habláramos de delincuentes tendrían que estar detenidos. Vamos aclarando las cosas.

Lo segundo que quiero decir, y no puedo dejar de hacerlo, es que me indigna que en el Congreso Nacional exista tanto odio, tanto repudio a la migración pobre que llega a nuestro país, pero no así a los migrantes dueños de grandes empresas, que por décadas nos han arrebatado todo. Allí no nos incomoda la migración, pero sí nos incomoda la migración de las y los pobres que vienen a buscar mejor condición de vida.

Que hay que regular la migración, no cabe duda; pero regulemos teniendo en el centro el respeto, la defensa y la promoción de los derechos humanos.

Permítanme decirles que varios de los relatos que rondan este proyecto de ley me preocupan. Cuando hablamos de centros de detención, me pregunto dónde y cuáles. Conocemos la historia de Chile y sabemos en lo que esos centros de detención pueden transformarse en futuros gobiernos de extrema derecha, y de solo escuchar esos discursos, me aterra que un hermano migrante vaya a parar a uno de esos centros de detención, donde sus derechos no van a estar garantizados, porque la pobreza no tiene derechos para muchas y muchos, y eso no lo puedo compartir.

Regulemos, pero regulemos en función de la población que habita el territorio y que nos permita llevar una sana convivencia con la población migrante, que harto viene a aportar. No solo viene a aportar el empresariado extranjero migrante, sino que también lo hacen los trabajadores y las trabajadoras que se sacan la mugre por levantar este país. Entonces, esos discursos de odio son inaceptables en un país que se dice democrático.

Quiero destacar algo que me parece muy importante: diputadas y diputados, antes de la visita del entonces Presidente Piñera a Colombia, no teníamos esta situación de tanta gravedad. La población migrante ha venido a nuestro país desde hace décadas. El tema es que el Tren de Aragua y todos sus símiles llegaron a Chile producto de la irresponsabilidad del gobierno de derecha, con ese argumento barato de “vengan todos, vengan a Chile e instálense como sea”, sin ningún control. Así, tenemos instalados a grupos como el Tren de Aragua, que han afectado la seguridad de la población, de chilenos y chilenas y también de migrantes que vienen a trabajar y a aportar al país.

No puede legislarse en función de que la seguridad va en desmedro del respeto a los derechos humanos. El discurso de que importa más la seguridad que el respeto a los derechos humanos no puede atravesar este Parlamento. Estamos en la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado cívico-militar, que, aunque a algunos les dé risa, ha significado hasta el día de hoy una herida para el país. Lamento que a los 50 años del golpe aún existan rostros que se mofen y se rían de lo que ocurrió en este país. Todo esto tiene que ver, porque a esas personas no les parece que el golpe fuera inaceptable.

Por eso, con mayor razón expreso mi preocupación por esos discursos de odio y que se instalen proyectos de ley para que el día de mañana la misma derecha, que hace sorna de lo que ocurrió en Chile, gobierne y se ponga en la más absoluta indefensión a la población de nuestro país.

El control y la seguridad son necesarios. Regular la migración es fundamental, pero el respeto, la defensa y la promoción de los derechos humanos son la única garantía de una democracia verdadera. Lo otro es transformar al país en un Estado policiaco. Y no lo digo yo; lo dice la vocera de la Corte Suprema.

He dicho.

La señorita PÉREZ , doña Catalina (Vicepresidenta).-

Para plantear un asunto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Juan Antonio Coloma .

El señor COLOMA.-

Señora Presidenta, invoco el artículo 90 del Reglamento de la Corporación. Quiero pedir que se amoneste o se borren del acta las expresiones de la diputada Lorena Pizarro cuando dice que nosotros queremos expulsar a la gente pobre.

Cuando la diputada Pizarro confunde la pobreza con la delincuencia, está estigmatizando a la gente por su capacidad económica. Esa es una vergüenza y nosotros consideramos que eso no se puede permitir en la Cámara de Diputados. Por eso le pido que borre del acta sus expresiones o que la censure por confundir malintencionadamente la pobreza con la delincuencia. Eso no lo vamos a permitir.

He dicho.

La señorita PÉREZ , doña Catalina (Vicepresidenta).-

Vamos a revisar las palabras de la diputada Lorena Pizarro , señor diputado.

Tiene la palabra la diputada Chiara Barchiesi .

La señorita BARCHIESI (doña Chiara) .-

Señora Presidenta, la votación de esta reforma constitucional sobre migración nos da la razón y confirma lo que como republicanos hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo. En primer lugar, que la principal urgencia de los chilenos es la seguridad, es poder volver a vivir sin miedo, y no una nueva Constitución .

En segundo lugar, esta reforma constitucional confirma que no es necesario escribir la Constitución desde cero para hacerse cargo de los problemas reales que tienen los chilenos. Hay que modernizar nuestra Carta Fundamental, pero en ningún caso era necesario un nuevo proceso, sobre todo cuando los chilenos se manifestaron, fuerte y claro, votando “rechazo” el 4 de septiembre pasado.

De todas maneras, vamos a aprobar el presente proyecto de reforma constitucional que permite ampliar el plazo de 48 horas para realizar la expulsión administrativa de un inmigrante ilegal.

Por ello, para hacernos cargo del desastre migratorio que este gobierno y los anteriores han provocado en nuestro país, como Partido Republicano propusimos al Presidente Boric el plan Cero Ilegales. Proponemos modificar nuestras leyes y nuestra actual Constitución y, además, utilizar las facultades que ya tiene el Presidente para establecer constitucionalmente la obligación del Estado de resguardar las fronteras y el derecho a expulsar a los inmigrantes ilegales, tipificar el delito de ingreso ilegal a nuestro país por pasos no habilitados, disponer el nombramiento temporal de un ministro especial encargado del plan antiinmigración ilegal y aprobar la utilización del 2 por ciento constitucional para allegar recursos extraordinarios para enfrentar la grave crisis migratoria.

La inmigración ilegal está matando chilenos. El ingreso de criminales ha terminado con la vida de inocentes, hombres y mujeres, civiles y carabineros. Esto no puede continuar.

Para terminar con esto, se necesita valentía y decisión. Necesitamos que el Presidente Boric se haga cargo; necesitamos devolver a las familias el derecho a vivir sin miedo.

He dicho.

La señorita PÉREZ , doña Catalina (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Daniel Lilayu .

El señor LILAYU.-

Señorita Presidenta, como se menciona en el proyecto de reforma constitucional, se busca permitir una adecuada fiscalización o control de la inmigración ilegal, considerando que el plazo de 48 horas que dispone la Constitución es muy breve ara efectos de la materialización de expulsiones administrativas. Por lo tanto, se establece que este plazo no se considerará para aquellos casos y que será la ley la que fije un plazo máximo, el que no puede exceder los cinco días corridos.

Claramente, el plazo 48 horas es muy limitado, sobre todo considerando que una vez que la persona está notificada y se halla ejecutoriada la expulsión, según señaló la Segpres, se debe cumplir con una serie de trámites como obtener los documentos de viaje o de identidad del expulsado, reservar pasajes para esa persona y dos escoltas de la PDI, etcétera. Hoy, pasado ese plazo de 48 horas y sin cumplirse estos requisitos, no se puede llevar a cabo el procedimiento y las personas deben ser dejadas en libertad.

Creemos que esta modificación constitucional va a permitir tener una mejor fiscalización, por lo que debe considerarse como un avance en materia migratoria. Pese a ello, es importante hacer presente que un proyecto como este no generará el cambio que en realidad se necesita, y que es urgente que el gobierno dé señales claras.

Es necesario que el Ejecutivo ponga urgencia al resto de los proyectos de ley en materia migratoria, que se den mayores facultades de control y resguardo fronterizo a las Fuerzas Armadas y que se adopte una serie de medidas que permitan hacer frente de manera efectiva y con la urgencia necesaria a la crisis migratoria que hoy complejiza la vida de muchos, sobre todo la de aquellos que viven en el norte del país, que se han visto afectados por una ola creciente de migración irregular, de ingresos clandestinos, y de violencia, delincuencia y narcotráfico.

He dicho.

La señorita PÉREZ , doña Catalina (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Tomás de Rementería .

El señor DE REMENTERÍA.-

Señorita Presidenta, me llama la atención esta memoria selectiva que está desarrollando la derecha, porque no tenemos que olvidar que la mayoría de las personas migrantes que están presas, que son la minoría, entraron en el gobierno de su Presidente Piñera . Son personas que, como el famoso Estrella , el líder del Tren de Aragua, entraron por la frontera, una frontera regulada, en el gobierno del Presidente Piñera. ¿Por qué? Porque el Presidente Piñera fue a decir que él iba a seguir recibiendo venezolanos, porque tenía su fantasía de ser líder sudamericano o líder mundial. Fue a Cúcuta, invitó a todos y desde entonces comenzaron a venir.

Uno lee declaraciones antiguas de que había partidos -que en esa época eran de gobierno y que hoy son de oposición- que pedían facilitar los trámites para la entrada de inmigrantes venezolanos, que pedían que pudieran entrar con pasaportes vencidos y que pudieran abstenerse de presentar certificados de antecedentes. Incluso, hay una carta al director de un diputado de la actual oposición que llamaba a eso.

Me parece que la preocupación tiene que ser constante, porque cuando les sirvieron los venezolanos para hacer proselitismo internacional, y también porque los migrantes venezolanos venían con una posición política determinada que les favorecía, no tuvieron ningún problema con que entraran. Ahora, en que obviamente la situación explotó, porque el Presidente Piñera permitió una entrada masiva de personas como nunca había ocurrido en Chile, se ponen en la posición de que hay que solucionar este tema y de que hay que cerrar las fronteras.

Sobre este asunto hay que tener una posición. Migrar obviamente es un derecho dentro de las posibilidades de un Estado y tiene que haber migraciones reguladas, ordenadas y que se hagan en la forma que establecen las leyes y reglamentos de cada país.

Es decir, en su momento, la actual oposición permitió aquello sabiendo que Chile no tenía las capacidades para recibir a todos esos migrantes venezolanos. Hoy rasgan vestiduras y están en contra de la migración, en circunstancias de que fueron los que la fomentaron.

Creo que tiene que coincidir lo que se dice con lo que se hace y lo que se dice con lo que se hizo. Por ello, tengan mucho cuidado cuando hablan de volteretas, porque la voltereta grande la dieron ustedes con lo que les hicieron a los migrantes venezolanos.

He dicho.

-Aplausos

La señorita PÉREZ , doña Catalina (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Cristóbal Urruticoechea .

El señor URRUTICOECHEA.-

Señorita Presidenta, nosotros tenemos diferencias gigantescas con su gobierno, al que usted representa, pero en esta oportunidad le quiero pedir que siga la línea que está tomando. Es tan necesaria la seguridad para nuestro país, es tan importante la paz para todos los chilenos. Es tan importante la unión para todos los chilenos.

Entonces, ministra, por su intermedio, señorita Presidenta, a pesar de que tenemos esta diferencia, a pesar de que usted está en un gobierno que, en lo personal, encuentro nefasto, que lo que le acabo de decir, quede. Se lo digo muy en serio con el mayor cariño y con la mayor humildad que pueda existir, ministra. Siga en esta línea; que no le importe lo que pueda decir el Partido Comunista, que no le importe lo que pueda decir el Frente Amplio, que no le importe lo que pueda decir el Presidente de la República, usted siga en esta línea y ponga estos proyectos en tabla, los cuales, probablemente, nos van a traer paz, seguridad y, en una de esas, estabilidad.

He dicho.

-Aplausos.

La señorita PÉREZ , doña Catalina (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra la diputada Marta Bravo .

La señorita BRAVO (doña Marta) .-

Presidenta, este proyecto introduce una modificación en nuestra Constitución con el fin de ampliar el plazo de cuarenta y ocho horas de detención para expulsar administrativamente a un extranjero. Si bien esta modificación es simple, es esencial para que pueda llevarse a cabo una fiscalización migratoria eficiente, pues el plazo de cuarenta y ocho horas es un tiempo muy reducido para materializar la expulsión administrativa.

Si queremos que las expulsiones tengan éxito es indispensable que los tiempos establecidos por ley, para retener a los migrantes ilegales, se adecúen a la demora que puedan generar todos los trámites necesarios para el éxito de la operación. Esto dará tiempo para que el Servicio Nacional de Migraciones pueda tramitar las expulsiones de los extranjeros que sean sorprendidos cometiendo un delito y que no sean puestos en libertad tan prontamente para volver a delinquir.

Con esto hago un llamado a que se otorgue urgencia a todos los proyectos en materia de expulsiones, a fin de robustecer las herramientas y equipos de trabajo destinados a enfrentar esta grave crisis migratoria ilegal.

He dicho.

La señorita PÉREZ , doña Catalina (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Gonzalo de la Carrera.

El señor DE LA CARRRERA.-

Señorita Presidenta, ¿dónde están los diputados del Frente Amplio y del Partido Comunista? ¿Emigraron a Venezuela? ¡Ah, están acá, en la Sala! ¿Por qué tanta cara larga? Porque fracasaron. Todo lo que predicaron se esfumó: campeones mundiales de volteretas. La exministra Siches señaló que en el gobierno de Piñera un avión con expulsados volvió a Chile con los mismos pasajeros. Que este gobierno cierre la puerta de ingreso, que deje de mirar para el lado. ¿Qué los detiene? Su nefasta ideología globalista y su apego prodelincuencia.

Hagan una política de inmigración coherente ahora. Ustedes no quieren resolverlo, así de simple, porque ustedes nos prefieren pobres y sumisos que libres e independientes. ¡Chile merece más!

He dicho.

La señorita PÉREZ , doña Catalina (Vicepresidenta).-

Para referirse a un punto de Reglamento, tiene la palabra la diputada Camila Rojas .

La señorita ROJAS (doña Camila) .-

Señorita Presidenta, artículo 33. ¿Con qué tiempo habla el diputado De la Carrera si no tiene Comité?

La señorita PÉREZ , doña Catalina (Vicepresidenta).-

Diputada, el diputado Gonzalo de la Carrera hace uso de la palabra con el tiempo cedido por el Partido Republicano. Tiene la palabra el diputado Renzo Trisotti .

El señor TRISOTTI.-

Señorita Presidenta, esta es una reforma constitucional donde la realidad ha superado a la ideología. Me pregunto: ¿hasta cuándo Chile va a tener que soportar las consecuencias de una migración que no queremos, de esa migración que es importación de delincuencia? Lo planteo, porque no es una migración como se ha pretendido esbozar aquí, de carácter general, ya que con absoluta claridad decimos que los delincuentes extranjeros no son bien recibidos en nuestro país.

He escuchado aquí una serie de argumentaciones: desde la amnesia, con excusas, para jugar al empate, con declaraciones irresponsables y hasta justificándose en la lucha de clases, lo cual es prácticamente de manual, pero nada de eso viene a solucionar el problema que estamos enfrentando, porque nuestro país no tiene las capacidades, ni en materia de salud ni en materia de educación ni en materia de vivienda. Y, obviamente, también nos hacemos cargo de las implicancias que está generando en materia de delincuencia, pese a que a algunos no les acomoda.

Este proyecto de reforma constitucional viene a corregir un plazo, que originalmente era de setenta y dos horas. Aunque a algunos les moleste, ese plazo fue impugnado en el Tribunal Constitucional, desde el Presidente hasta varios ministros, y se rebajó a cuarenta y ocho horas. Pero el cambio de gobierno no ha hecho una modificación en los plazos. Si usted pretende expulsar a alguien que está en regiones y debe traerlo a Santiago, reservar pasajes, sacar documentos de viaje, documentos de identidad, obtener visas de tránsito, coordinar vuelos con las Fuerzas Armadas, si así lo define el gobierno; cumplir con los requisitos sanitarios, derechamente el plazo establecido no alcanza.

Por lo tanto, esta iniciativa pretende entregar certezas, eficiencia, pero por sobre todo viabilidad. Nosotros esperamos que el gobierno cumpla con su compromiso de presentar el proyecto de ley de modificación a la ley de migración, que nos permita poder ampliar este plazo. En definitiva, lo único por lo cual estamos trabajando y que estamos planteando incansablemente es que se pase de los discursos a la acción.

Nuestro país no puede seguir enfrentando todas las consecuencias que está generando esta migración clandestina y que el gobierno no tenga las herramientas de eficiencia, de eficacia para poder expulsar a los delincuentes.

Con mucha fuerza: ¡bienvenida a la migración que viene a aportar, pero puertas cerradas, en términos absolutos, a los migrantes delincuentes!

He dicho.

-Aplausos.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Cerrado el debate.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de reforma constitucional en los siguientes términos:

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Corresponde votar en general el proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental en materia de regulación migratoria.

Para su aprobación se requiere el voto favorable de 89 señoras diputadas y señores diputados en ejercicio, en virtud de lo dispuesto en el artículo 127 de la Constitución Política de la República.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 120 votos; por la negativa, 3 votos. Hubo 13 abstenciones.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa:

Aedo Jeldres , Eric Cornejo Lagos , Eduardo Medina Vásquez , Karen Rojas Valderrama , Camila Ahumada Palma , Yovana De la Carrera Correa , Gonzalo Mellado Pino , Cosme Romero Leiva , Agustín Alessandri Vergara , Jorge De Rementería Venegas , Tomás Mellado Suazo , Miguel Romero Sáez , Leonidas Alinco Bustos , René Del Real Mihovilovic , Catalina Melo Contreras , Daniel Romero Talguia , Natalia Araya Guerrero , Jaime Delgado Riquelme , Viviana Meza Pereira , José Carlos Sáez Quiroz , Jaime Araya Lerdo de Tejada, Cristián Donoso Castro , Felipe Mirosevic Verdugo , Vlado Saffirio Espinoza , Jorge Arroyo Muñoz , Roberto Durán Espinoza , Jorge Molina Milman , Helia Sagardia Cabezas , Clara Astudillo Peiretti , Danisa Durán Salinas , Eduardo Morales Alvarado , Javiera Sánchez Ossa , Luis Barchiesi Chávez , Chiara Fries Monleón , Lorena Morales Maldonado , Carla Santana Castillo , Juan Barría Angulo , Héctor Fuenzalida Cobo , Juan Moreira Barros , Cristhian Sauerbaum Muñoz , Frank Becker Alvear , Miguel Ángel Giordano Salazar , Andrés Moreno Bascur , Benjamín Schalper Sepúlveda , Diego Bello Campos , María Francisca González Olea , Marta Mulet Martínez , Jaime Schneider Videla , Emilia Beltrán Silva, Juan Carlos Guzmán Zepeda , Jorge Muñoz González , Francesca Schubert Rubio , Stephan Benavente Vergara , Gustavo Ibáñez Cotroneo , Diego Naranjo Ortiz , Jaime Sepúlveda Soto , Alexis Berger Fett , Bernardo Ilabaca Cerda , Marcos Nuyado Ancapichún , Emilia Soto Ferrada , Leonardo Bernales Maldonado , Alejandro Irarrázaval Rossel , Juan Ñanco Vásquez , Ericka Soto Mardones , Raúl Bianchi Chelech , Carlos Jouannet Valderrama , Andrés Ojeda Rebolledo , Mauricio Sulantay Olivares, Marco Antonio Bobadilla Muñoz , Sergio Jürgensen Rundshagen , Harry Olivera De La Fuente , Erika Tapia Ramos , Cristián Bórquez Montecinos , Fernando Labbé Martínez , Cristian Ossandón Irarrázabal , Ximena Teao Drago , Hotuiti Bravo Castro , Ana María Lagomarsino Guzmán , Tomás Oyarzo Figueroa , Rubén Darío Trisotti Martínez , Renzo Bravo Salinas , Marta Leal Bizama , Henry Pérez Olea , Joanna Ulloa Aguilera , Héctor Brito Hasbún , Jorge Lee Flores , Enrique Pérez Salinas , Catalina Undurraga Gazitúa , Francisco Bugueño Sotelo , Félix Leiva Carvajal , Raúl Pino Fuentes , Víctor Alejandro Undurraga Vicuña , Alberto Camaño Cárdenas , Felipe Lilayu Vivanco , Daniel Pulgar Castillo , Francisco Urruticoechea Ríos , Cristóbal Carter Fernández , Álvaro Longton Herrera , Andrés Ramírez Diez , Guillermo Veloso Ávila , Consuelo Celis Montt , Andrés Malla Valenzuela , Luis Raphael Mora , Marcia Venegas Salazar , Nelson Cicardini Milla , Daniella Manouchehri Lobos , Daniel Rathgeb Schifferli , Jorge Videla Castillo , Sebastián Cifuentes Lillo , Ricardo Martínez Ramírez , Cristóbal Rey Martínez, Hugo Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Coloma Álamos, Juan Antonio Marzán Pinto , Carolina Riquelme Aliaga , Marcela Weisse Novoa , Flor Cordero Velásquez , María Luisa Matheson Villán , Christian Rivas Sánchez , Gaspar Winter Etcheberry, Gonzalo

-Votaron por la negativa: Arce Castro , Mónica González Gatica , Félix Hirsch Goldschmidt, Tomás

-Se abstuvieron:

Acevedo Sáez , María Candelaria Hertz Cádiz , Carmen Palma Pérez , Hernán Santibáñez Novoa , Marisela Barrera Moreno , Boris Jiles Moreno , Pamela Pizarro Sierra , Lorena Serrano Salazar , Daniela Cariola Oliva , Karol Mix Jiménez , Claudia Placencia Cabello , Alejandra Tello Rojas , Carolina Cuello Peña y Lillo , Luis Alberto

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Por no haber sido objeto de indicaciones, el proyecto queda además aprobado en particular, con la misma votación, dejándose constancia de haberse alcanzado el quorum constitucional requerido.

Se despacha el proyecto al Senado.

Ha concluido el tiempo del Orden del Día.

-o-

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Para referirse a un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado José Carlos Meza .

El señor MEZA.-

Señor Presidente, cito el artículo 21, porque, justamente, quiero pedir observancia del Reglamento, ya que recientemente una diputada ha citado el artículo 33 para hacer una pregunta totalmente fuera de contexto de lo que el artículo 33 señala.

Entonces, le pido, señor Presidente, aunque en ese momento usted no estaba presidiendo la sesión, que se mantenga un mínimo de respeto con la Mesa y que cuando hagamos puntos de Reglamento, por respeto a la Mesa citemos bien los artículos.

Finalmente, para que quede claro: cualquier persona que quiera hablar en contra del comunismo va a tener tiempo de la banca del Partido Republicano. He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Muy bien, diputado. Vamos a ser más estrictos en el uso de la palabra para plantear un punto de Reglamento. Vamos a exigir los artículos. Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.

VALPARAÍSO, 18 de abril de 2023

Oficio N°18.305

A S.E. EL PRESIDENTE DEL H. SENADO

La Cámara de Diputados, en sesión de esta fecha, ha aprobado, en los mismos términos en que lo hiciera ese H. Senado, el proyecto de ley que Modifica la Carta Fundamental en materia de regulación migratoria, correspondiente al boletín No 15.438-06.

Hago presente a V.E. que el artículo único del proyecto de reforma constitucional fue aprobado, en general y en particular, con el voto favorable de 120 diputadas y diputados, respecto de un total de 155 en ejercicio, dándose así cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 127 de la Constitución Política de la República.

Lo que tengo a honra decir a V.E., en respuesta a vuestro oficio Nº101/SEC/23, de 1 de marzo de 2023.

Devuelvo los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V.E.

VLADO MIROSEVIC VERDUGO

Presidente de la Cámara de Diputados

MIGUEL LANDEROS PERKI?

Secretario General de la Cámara de Diputados

? Valparaíso, 19 de abril de 2023.

Nº 205/SEC/23

A Su Excelencia el Presidente de la República

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente

PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL:

“Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la letra c) del número 7° del artículo 19 de la Constitución Política de la República:

1.- Reemplázase, en el párrafo segundo, el punto y coma por un punto y aparte.

2.- Incorpórase el siguiente párrafo final, nuevo:

“Este lapso de cuarenta y ocho horas no se considerará para efectos de materialización de expulsiones administrativas. En este último caso, corresponderá a la ley fijar el plazo máximo, el que no podrá, en todo caso, exceder de cinco días corridos;”.”.

- - -

Hago presente a Su Excelencia que esta iniciativa de reforma constitucional tuvo su origen en Moción de los Honorables senadores señora Luz Ebensperger Orrego, y señores Juan Antonio Coloma Correa, José Miguel Durana Semir, Javier Macaya Danús y Enrique Van Rysselberghe Herrera.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

JUAN ANTONIO COLOMA CORREA

Presidente del Senado

RAÚL GUZMÁN URIBE

Secretario General del Senado