Modifica diversos cuerpos legales para ampliar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y regular el ejercicio de la acción penal, respecto de los delitos contra el orden socioeconómico que indica Boletín N° 13204-07

1. Fundamentos. La ley núm. 20.393 estableció por vez primera, un sistema de imputación para las personas jurídicas, asumiendo principalmente el modelo de organización defectuosa como presupuesto de la responsabilidad penal del ente. Conforma a sus preceptos, los únicos delitos por los que se puede imputar penalmente a las personas jurídicas están señalados en el art. 1º, en un escueto catalogo que ha sido ampliado en forma acotada por diversas leyes:

Artículo 1°.- Contenido de la ley. La presente ley regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas respecto de los delitos previstos en los artículos 136, 139, 139 bis y 139 ter de la Ley General de Pesca y Acuicultura, en el artículo 27 de la ley Nº 19.913, en el artículo 8° de la ley Nº18.314 y en los artículos 240, 250, 251 bis, 287 bis, 287 ter, 456 bis A y 470, numerales 1° y 11, del Código Penal; el procedimiento para la investigación y establecimiento de dicha responsabilidad penal, la determinación de las sanciones procedentes y la ejecución de éstas.

En lo no previsto por esta ley serán aplicables, supletoriamente, las disposiciones contenidas en el Libro I del Código Penal y el Código Procesal Penal y en las leyes especiales señaladas en el inciso anterior, en lo que resultare pertinente.

Para los efectos de esta ley, no será aplicable lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 58 del Código Procesal Penal.

Un primer aspecto que se desprende de la primera norma que regula esta ley es el restringido alcance de los delitos que pueden dar lugar a responsabilidad penal de la persona jurídica. En efecto, la ley nacional sólo establece que pueden responder por los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y soborno y soborno de un funcionario público internacional en su versión original, empero la controvertida legislación introducida por la ley Nº20.631 ordinariamente llamada “agenda corta”, ha incorporado al catálogo el delito de receptación, más robusta es la regulación de noviembre de 2018 mediante la ley Nº21.121 que incorporó, la negociación incompatible, la corrupción entre particulares, la apropiación indebida y la administración desleal. Más recientemente, en el contexto de la modernización del servicio nacional de pesca, mediante ley Nº21.132 los delitos previstos en la ley de pesca y acuicultura. Lo anterior, es claramente una nota distintiva de las regulaciones de aquellos sistemas en que se contempla la posibilidad de responsabilidad penal, pues esta se aplica sin una limitación tan intensa como esta.

Pese a lo anterior, se ha intentado en sede legislativa ampliar el catálogo en materia de delitos de colusión (Boletín N° 9.950-03) durante su primer trámite en la Cámara de Diputados, respecto del delito de usurpación de aguas (Boletín 8.149-15), sin que tales propuestas hayan prosperado, lo que pone en tela de juicio el enfoque político criminal del legislador chileno. Esto último es relevante, pues, como ha expresado BUSTOS, política criminal es poder de definición, y su primer principio orientador es el de igualdad, es decir, redistribución de la cuestión penal [1], de esta manera no se puede prescindir del catálogo de los delitos socioeconómicos, en especial contra la propiedad intelectual e industrial, prácticas abusivas en materia de libre competencia y otras conductas que afectan el funcionamiento del mercado de valores etc. Lo anterior, se corrobora en lo expresado por el profesor MATUS quien sostiene que los hechos delictivos que son fundamento de la punibilidad del ente, en esta ley deberían extenderse a: “todos los del Tit. IV, L. II Código penal (falsificaciones). Estos son quizás los delitos más comunes en el ámbito empresarial y que se utilizan para cometer diversas infracciones; además los del Tit. VI, L. II Código penal […] todos estos delitos regulan la actividad económica que hoy se realiza empresarialmente y el párrafo 10 una forma especial de organización que, cuando se manifiesta bajo la fachada de una personas jurídica, debe ser severamente reprimida; los del Tit. IX, L. II Código penal, los comprendidos en los párrafos 5bis (receptación), 6 (usurpación de tierras y aguas) y 10 (daños): Se trata de delitos comunes, pero cuyos resultados -apropiación de tierras, aguas y destrucción de bienes de la competencia- favorecen determinadas actividades económicas frente a otras; Los cuasidelitos del Tit. X, L. II Código Penal y los delitos comprendidos en la Ley de Tránsito: Ésta es la fuente de responsabilidad empresarial más habitual hoy en día, a través del Derecho Civil, pero al mismo tiempo ineficiente para asegurar la vida y salud de los trabajadores y de la población en general, como sucede en los casos de construcciones o productos defectuosos y de responsabilidad en el transporte, donde la organización empresarial puede ayudar a prevenirlos o, por el contrario, a fomentarlos indirectamente mediante turnos extenuantes, falta de control en contrataciones y prestación de servicios, etc.” [2], asimismo señala una serie de conductas descritas en leyes especiales, tales como “Los delitos ecológicos y de contaminación de aguas se encuentran comprendidos en diversos tratados internacionales que, al igual que las convenciones de la OCDE, exigen el establecimiento de sanciones “eficaces, disuasivas y proporcionales” a las personas jurídicas y Los comprendidos en la Ley Antimonopolios (y su reforma en proyecto), y en las leyes de Bancos, AFP, Valores y Seguros: Se trata de ámbitos en los cuales la experiencia reciente ha demostrado la insuficiencia de los mecanismos administrativos para la sanción efectiva, disuasiva y proporcional de los hechos que pueden cometerse (caso farmacias); o en los cuales sólo es posible la participación en el mercado (AFP, Bancos, Seguros, Sociedades de Valores) de personas jurídicas. Los comprendidos en el Código Tributario: Sobra señalar no sólo la necesidad de prevenir la comisión de esta clase de delitos para el adecuado funcionamiento del Estado, sino también la de establecer expresamente la responsabilidad penal de las personas jurídicas en este ámbito, de manera que la sanción de las infracciones tributarias punibles no recaigan únicamente en personas naturales, que no se aprovechan de la comisión de tales hechos. Las infracciones punibles relativas a los derechos de los trabajadores y la seguridad social, especialmente las referidas al no pago de cotizaciones previsionales: La necesidad de prevenir la creación de “lagunas previsionales” es indiscutible y del interés de la sociedad toda y, por lo mismo, no puede esperarse a la quiebra de las empresas o a los finiquitos masivos de trabajadores para su descubrimiento” [3].

En la discusión de la ley [4], el alcance restringido de su catálogo fue observado por los señores profesores que asistieron a formular observaciones, así el profesor SOTO dijo “estar de acuerdo con que no podía establecerse responsabilidad penal de las personas jurídicas por todos los delitos, pero creía que había otras conductas tanto o más reprobables que las tres que mencionaba el proyecto, en que normalmente participaban empresas como las comprendidas en la llamada criminalidad de empresas, la delincuencia medioambiental o el derecho penal de los carteles” [5]. Por su parte, el profesor MEDINA señalo “que los alcances del proyecto eran insuficientes, por cuanto a pesar de ser relevantes los delitos que sancionaba en relación a la criminalidad empresarial, resultaban marginales y, en el caso de las personas naturales, ni siquiera estaban bien regulados”[6]. En el mismo sentido, el profesor LONDOÑO “Este proyecto no se justifica si se va aplicar a tan pocos delitos. Además, los que se establecen rara vez son cometidos por las empresas. Se omiten delitos de orden económico, como uso de información privilegiada, falsificaciones, fraudes al Fisco, y otros. Por ello, sugiere ampliar el catálogo de éstos, de modo de incluir delitos del ámbito económico, y aquellos que afecten el patrimonio del Estado” [7]. Por su parte, los representantes del Ministerio Público señalaron que “Hay áreas como los delitos que afectan a la salud pública, medio ambiente, delitos económicos y otros delitos de corrupción (a lo menos fraude al fisco, negociación incompatible y violación de secretos) que debiesen implicar la existencia de responsabilidad penal de las personas jurídicas. En general se debiese analizar aquellos ámbitos de criminalidad en los cuales por regla general intervienen personas jurídicas y cuya participación importa un plus en la lesión del bien jurídico protegido en cuestión, que amerita su sanción” [8].

En este contexto, la ampliación del catálogo de delitos tiene amplio respaldo dogmático, y en esa perspectiva obedece a criterios de política criminal en una ponderación sobre los alcances reales de estas conductas ilícitas, empero, no se debe olvidar que la estructura de la presente ley es decisiva, atendido que el presupuesto de la punibilidad es el “defecto de organización” de modo que si cumple con las exigencias previstas no será sancionada o tendrá una pena atenuada.

Empero, desde el punto de vista del catálogo de sanciones se debe tener en cuenta que se extraña entre las distintas clases de penas a que se refiere el artículo 8º de la ley, la introducción de una pena que puede resultar relevante en este ámbito, referida al interventor judicial, -que a diferencia del precedente en nuestro sistema procesal civil- que consagra “una especie de veedor que carece de facultades de dirección o de gobierno respecto de los bienes intervenidos”[9], en este ámbito por el contrario se traduce en un verdadero administrador provisional mientras dura la condena, pues se trata de una pena destinada a “proteger los intereses de los trabajadores o los acreedores” [10]. En perspectiva comparada, el Código penal Español “cuenta con un amplio abanico de penas que pueden imponerse a las personas jurídicas (art.33.7): a) multa, b) disolución, c) suspensión de actividades, d) clausura, e) prohibición de realizar actividades en el futuro, f) inhabilitación para obtener subvenciones y g) intervención judicial. Las penas c) y g) pueden acordarse además como medidas cautelares” [11], pues, como se advierte “a través de las penas aplicables a apersonas jurídicas se procede a reforzar la tendencia hacia una autorregulación o auto organización mediante una medida coactiva” [12].

Otro aspecto a considerar, es la omisión relativa al eventual conflicto de interés que puede suscitarse entre el representante de la persona jurídica y el ente en aquellos casos en que “la persona jurídica y su representante sean co imputados en el mismo proceso penal” [13]. En este sentido, lo más razonable es exigir el cambio del representante o aplicar en su defecto la norma que designa un curador ad litem. Aquí radica precisamente las razones por las que resulta necesario modificar diversas materias relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

2. Ideas matrices.- En general se trata de una ampliación de los delitos base que habilitan la responsabilidad penal del ente, siendo coherente –en lo pertinente- con el catálogo de delitos base contenidos en el art. 27 de la ley de lavado de activos. La fórmula “a la chilena”, se caracteriza por ser extremadamente escueta, no abarcando aquellos delitos que por su naturaleza están en fuerte vinculación con los delitos de la presente reforma (ejemplo: delitos de la ley de mercado de valores). Se trata de delitos precisos, en los cuales los bienes jurídicos protegidos, de los tipos que se busca ampliar están en estricta coherencia con la idea matriz del proyecto que cita como fuente de obligatoriedad internacional la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, ratificada por Chile y que se encuentra vigente. En efecto, entre las finalidades de integridad a que alude el instrumento, los delitos objeto del tratado, no pueden perder de vista la comisión de otros cuando se cometan intencionalmente en el curso de actividades económicas, financieras o comerciales, precisamente por infracción a los deberes de abstención o actos que lesionan integridad de la información en el mercado de valores, los deberes de veracidad en operaciones tributarias aduaneras u otras modalidades fraudulentas.

Conforme a los fundamentos el presente proyecto se orienta a modificar dos grandes aspectos del proyecto por una parte la ampliación del catálogo de delitos que pueden servir de base a la imputación al ente, especialmente a los que la criminología denomina delitos de cuello blanco (white collar crime en la denominación propuesta por Sutherland) más susceptibles de ser cometidos por corporaciones. No se debe perder de vista que muchos beneficios económicos son obtenidos en interés directo de la empresa o personas jurídicas. En segundo lugar, si bien las penas vigentes son propias a la naturaleza de la empresa, desde la pena por excelencia como la multa hasta la cancelación de la personalidad jurídica, en este ámbito se propone incorporar la norma utilizada en el derecho comparado referido al nombramiento de un interventor judicial. En tercer lugar se incorpora una nueva circunstancia agravante, cuando la organización es un mero instrumento para fines delictivos, el alcance de esta agravante, no es novedosa en la órbita comparada, el art. 13 de la ley núm. 30.424, la utiliza para imputar responsabilidad administrativa (penal administrativa) a las personas jurídicas en el Perú. Se trata de contextualizar estas circunstancias como un elemento que justifica la agravante por el plus de injusto que supone. Es decir, si se trata de sistema de injusto simple, es decir, “relaciones entre individuos organizadas hacia fines injustos”, como podría ser el acuerdo de dos o mas funcionarios para incurrir en conductas antijurídicas, se trata pura y simplemente de un grupo de sujetos que se proponen la realización de un delito conjuntamente al margen de factores institucionales (co autoría). Por el contrario, se trata entender los hechos objetos de las practicas de la organización, son expresivos de un sistema de injusto constituido, que a diferencia del caso anterior, se explica en tanto su organización adquiere una “configuración institucional duradera mediante una constitución o unos estatutos” [14]. Así cuando nos referimos a la organización como contexto, a nivel de la estructura de imputación es relevante frente a la pregunta de la configuración y distribución de la responsabilidad. Para el injusto constituido de una institución (o empresa con tendencia criminal), por su parte, los factores determinantes serían los siguientes: el peligro potencial de la organización, mecánica o lógicamente dispuesta para la respectiva prestación; el déficit de la respectiva estructura organizacional; una filosofía institucional criminógena y una erosión de la noción de responsabilidad por la acción individual.

Luego se incorpora como nueva pena el nombramiento de un interventor judicial, de larga tradición civilista en materia de medidas precautorias, empero con una existencia concreta en leyes recientes, en el derecho comparado, como las enmiendas introducidas en el Código Penal Español de 1995 específicamente, en materia de penas aplicables a las personas jurídicas dispone expresamente, en su literal g) del ordinal 7 del art. 33 como pena para delitos graves, la intervención judicial, a fin de salvaguardar el interés de los trabajadores y acreedores por un lapso máximo de 5 años.

En materia de acción penal, el alcance de la norma vigente, puede llevar a interpretaciones equívocas, el art. 20 de la ley 20.393, supone que sólo en el contexto de una investigación el Ministerio Público se inicie la investigación en contra del ente. Los casos de la realidad de la vida, -no exento de problemas-, desmienten la referida situación como ha quedado de manifiesto en diversas investigaciones de casos de interés público. Sintomáticamente, los instructivos del MP señalan que deben oponerse a otras intervenciones. En general se ha sostenido que la regla establecida en el art. 162 del Código Tributario, es “acción pública de ejercicio discrecional” [15], pues se trata de una excepción a las reglas del art. 53 y 173 del Código Procesal Penal, siendo una “facultad inaudita” [16]. Consecuencia de este esquema es la relación esencial entre el procedimiento administrativo y el proceso criminal tributario, reconocido jurisprudencialmente, y que en el derecho y doctrina comparada se caracteriza como “distintos ámbitos de ilicitud tributaria”, pues, se sostiene a propósito de la autonomía en la materia, que “el derecho tributario (local o nacional) corre por un carril y se ocupa de la relación Estado-contribuyente, mientras que el derecho penal tributario se limita a hacer referencia a esa relación, en circunstancias excepcionales en las que el contribuyente la rompe mediante conductas que no permiten una solución racional dentro del esquema regulado normalmente por esa rama jurídica. Expresado en términos constitucionales: el derecho penal tributario no es necesario cuando el derecho tributario local o nacional puede cumplir su función recaudatorio sin mayores inconvenientes, con sujeción a las reglas de cada ordenamiento” [17]. Se ha discutido la pertinencia -en sede de admisibilidad- de la norma propuesta por el proyecto original por tratarse de “materia de iniciativa exclusiva”, de ahí que para este análisis es irrelevante las prescripciones del art. 162, siendo la propuesta una nueva regla que bajo los presupuestos que indica ratifica la regla general en las facultades del Ministerio Público.

La justificación de la propuesta es una contra excepción, pues pretende facultar el ejercicio de la acción penal del Ministerio Público –no en términos amplios- sino que conforme a dos criterios objetivos, que permitan ser expresivos de la gravedad de las conductas sujetas al sistema penal “tributario”. Lo anterior, se configura como una limitación al ejercicio de acción penal a casos en que no exista la lesividad relevante desde el punto de vista del perjuicio fiscal comprometido, en cuyo caso, se aplica la regla vigente del art. 162, quedando sujeta a la discrecionalidad del Servicio. Coherente con lo anterior se elimina la discutible regla monopólica en materia del delito de colusión, así como también en los delitos contra la hacienda pública en materia aduanera. La naturaleza macrosocial del bien jurídico protegido en esta clase de maleficios, justifican la eliminación de esta regla procesal anacrónica.

El legislador no puede estar de espaldas a la realidad, aquí radica la misión del legislador crítico y democrático, esto es, la constante revisión de porqué se ha seleccionado tal relación social y se la ha fijado desvalorativamente de una forma determinada, es por estas razones que venimos en proponer el siguiente:

Proyecto de ley

Art. Primero.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley Nº 20.393 que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas:

1) Para modificar el inciso primero del artículo 1º en el siguiente sentido:

a) Para intercalar a continuación del pronombre “los” la segunda vez que aparece:

“en el Título XI de la ley Nº18.045 ley de Mercado de Valores, en el art. 134 de la le Ley Nº 18.046 sobre sociedades anónimas, en el Título XVII del decreto con fuerza de ley Nº 3, del Ministerio de Hacienda, de 1997, ley general de bancos, en el artículo 168 en relación con el artículo 178, Nº 1, ambos del decreto con fuerza de ley Nº 30, del Ministerio de Hacienda, de 2005, que aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley Nº 213, del Ministerio de Hacienda, de 1953, sobre Ordenanza de Aduanas, en el art. 80 y art. 81 de la Ley Nº 17.366 sobre propiedad intelectual, en el art. 138 y 138 bis del D.F.L 458, que fija el texto de la ley General de Urbanismo y construcciones, en el número 4º del artículo 97 del Código Tributario, en el art. 62 del título V del decreto ley Nº211, de 1973, que fija normas para la defensa de la libre competencia.”.

b) Para intercalar a continuación de la expresión “artículos” la segunda vez que aparece:

“en los artículos 193, 194, y 196 del párrafo 4 de la falsificación de instrumentos públicos o auténticos, y los artículo 197 y 198 del párrafo 5 de la falsificación de instrumentos privados, del título IV”,

c) Para intercalar a continuación de la expresión “ter” la siguiente frase:

“en los artículo 313 d, 314, 315, 316, 317 y 318 del párrafo 14 sobre crímenes y simples delitos contra la salud pública del título VI”,

d) Para intercalar a continuación de la expresión “A”, sustituyendo la conjunción “y” por una coma, el guarismo “468”;

e) Para sustituir la expresión “del Código Penal” por la siguiente frase:

“y los previstos en el Título IX del Código Penal;”

2) En el artículo 6º, para sustituir el numeral 3) por el siguiente:

“3) La adopción por parte de la persona jurídica, antes de la formalización de la investigación, de medidas eficaces para prevenir la reiteración de la misma clase de delitos objeto de la investigación. Se entenderá por medidas eficaces la autonomía debidamente acreditada del encargado de prevención de delitos, así como también, de las medidas de prevención y supervisión implementadas que sean idóneas en relación a la situación, tamaño, giro, nivel de ingresos y complejidad de la estructura organizacional de la persona jurídica.”.

3) Modifíquese el artículo 7º en el siguiente sentido:

a)Para sustituir en el inciso primero la frase “Circunstancia agravante” por “Circunstancias agravantes”

b)Para incorporar el siguiente inciso segundo:

“Es también, circunstancia agravante la utilización instrumental de la persona jurídica para la comisión de los delitos previstos en el artículo 1º de la presente ley. Se entenderá que se cumple este supuesto si la actividad legal es irrelevante frente a las conductas ilícitas de la organización.”.

4) Incorporase el siguiente numeral 6) en el inciso primero del artículo 8º:

“6) Nombramiento de un Interventor judicial por el tiempo que se estime necesario, que no podrá exceder de cinco años.

La intervención podrá afectar a la totalidad de la organización o limitarse a alguna de sus instalaciones, secciones o unidades de negocio. El Juez o Tribunal, en la sentencia o, posteriormente, mediante resolución fundada, determinará exactamente el contenido de la intervención y determinará quién se hará cargo de aquella y en qué plazos deberá realizar informes de seguimiento y las rendiciones que correspondan para el Tribunal”.

5) Intercalase en el numeral 1 del inciso primero del artículo 14º el siguiente literal e), nuevo:

“e) Nombramiento de un Interventor judicial”.

6) Incorpórese el siguiente artículo 12 bis nuevo:

“Art. 12 bis.- Interventor judicial. La intervención procederá en casos de delitos que produzcan grave daño social y económico y podrá afectar a la totalidad de la organización o limitarse a alguna de sus instalaciones, secciones o unidades de negocio. El interventor tendrá derecho a acceder a todas las instalaciones y locales de la empresa o persona jurídica y a recibir toda la información que estime necesaria para el ejercicio de sus funciones. El Juez o Tribunal, según sea el caso, mediante resolución fundada, determinará exactamente el contenido de la intervención y determinará quién se hará cargo de la misma y en qué plazos deberá realizar informes de seguimiento para el Juez o Tribunal.”.

7) Intercalase en el numeral 1. del inciso primero del artículo 14 el siguiente literal e), nuevo:

“e) Nombramiento de un Interventor judicial.”.

8) Para incorporar el siguiente inciso segundo en el art. 20:

“La investigación también podrá iniciarse por denuncia o por querella. En este último caso, podrá ser deducida por la víctima de conformidad con el Código Procesal Penal, así como cualquier persona capaz de parecer en juicio domiciliada en la provincia, respecto de hechos punibles que afectaren el ejercicio de la función pública o la probidad administrativa, o respecto de aquellos delitos que puedan causar graves consecuencias sociales y económicas.”.

9) Intercalase el siguiente artículo 22 bis nuevo.

“Art. 22 Bis. Sin perjuicio de las medidas cautelares reales de conformidad con las reglas generales del Código Procesal Penal, durante la investigación, el ministerio público o los intervinientes, podrán solicitar como medida cautelar el nombramiento de un Interventor judicial.”.

Art. Segundo.- Deróguese el artículo 64 del Título V del Decreto ley Nº211, de 1973, que fija normas para la defensa de la libre competencia.”

Art. Tercero.- Para incorporar en el Código Tributario el siguiente artículo 162 bis.

“Art. 162 bis.- El ejercicio de la acción penal mediante denuncia o querella a que se refiere el inciso primero del artículo anterior, no será necesaria, en aquellos casos en que el Ministerio Público investigando delitos comunes tome conocimiento de hechos que puedan ser constitutivos de delitos tributarios en que la cuantía del impuesto exceda de 30 Unidades Tributarias Anuales y afecten gravemente el patrimonio fiscal.

Se entenderá que existe una grave afectación al patrimonio si se tratare de hechos que sean reiterados en más de un ejercicio comercial o que exista una notoria desproporción entre los impuestos pagados y los evadidos o se hubiere utilizado asesoría contable o profesional.

La misma regla se aplicará a los hechos de los que tome conocimiento cuando sean cometidos por personas jurídicas perpetrados directa e inmediatamente en su interés o para su provecho, por sus dueños, controladores, responsables, ejecutivos principales, representantes o quienes realicen actividades de administración y supervisión, siempre que la comisión del delito fuere consecuencia del incumplimiento, por parte de ésta, de los deberes de dirección y supervisión a que se refiere la ley 20.393.”.

Artículo Cuarto. Para intercalar en el Decreto con Fuerza de Ley de Hacienda Nº213 sobre ordenanza de aduanas el siguiente artículo 189 bis:

“Art. 189 bis.- El ejercicio de la acción penal mediante denuncia o querella a que se refiere el inciso primero del artículo anterior, no será necesaria, en aquellos casos en que el Ministerio Público investigando delitos comunes tome conocimiento de hechos que puedan ser constitutivos de delitos aduaneros cuya cuantía del impuesto exceda de 30 Unidades Tributarias Anuales y afecten gravemente el patrimonio fiscal.”.

MARCELO SCHILLING

Diputado de la República

SISTEMATIZA LOS DELITOS ECONÓMICOS Y ATENTADOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE, MODIFICA DIVERSOS CUERPOS LEGALES QUE TIPIFICAN DELITOS CONTRA EL ORDEN SOCIOECONÓMICO, Y ADECUA LAS PENAS APLICABLES A TODOS ELLOS BOLETÍN N° 13205-07

I. ANTECEDENTES

Este proyecto es el resultado de un trabajo conjunto entre los diputados y diputadas firmantes y destacados penalistas, que trabajando sobre otros anteproyectos, se busca abordar la conmoción y rechazo social que generan los delitos de naturaleza económica y de su impacto en el orden público económico, proponemos la sistematización y adecuación de normas penales que permitan dar respuesta y enfrentar la débil regulación que actualmente contiene nuestro ordenamiento jurídico, que impide sancionar de forma efectiva a quienes cometen o participan en ilícitos penales de naturaleza. Tal como afirmaba ya el año 2011 el entonces presidente de la Excelentísima Corte Suprema, señor Miton Juica, “la penalidad de “los delitos de cuellos y corbata” en Chile “es realmente modesta comparada con otros países, especialmente con Estados Unidos…”.

Así, se busca una justicia legislativa en cuanto a los delitos que nuestro ordenamiento jurídico condena, empleando criterios que se adecúen a su vez al sujeto activo que comete estos ilícitos, quienes en su mayoría cuentan con mejor preparación y posición social que quienes cometen delitos comunes.

De esta manera se presenta esta iniciativa que contiene los siguientes y principales propósitos:

a. Adecuación del sistema de determinación y sustitución de penas al ámbito de la criminalidad económica.

El proyecto establece, en primer lugar, un sistema propio de determinación y sustitución de penas privativas de libertad. La necesidad de su formulación se explica por la inadecuación de las categorías generales para esta clase de criminalidad, sobre todo a la luz del modo en que funciona la práctica de determinación de la pena por los tribunales.

Tres son las razones por las que el sistema general es inadecuado para la criminalidad económica.

En primer lugar, las atenuantes y agravantes previstas en el Código Penal son en su gran mayoría ajenas al tipo de actividad en cuestión. Con ello, gran parte de la labor de precisión de la pena que puede tener lugar respecto de otros delitos, simplemente no tiene aplicación aquí. Por lo demás, el sistema del Código Penal no permite, en general, hacer distinciones entre grandes casos económicos y otros en que se realiza el mismo delito pero que tienen una entidad mucho menor. Tampoco permite hacer graduaciones relevantes atendiendo al modo en que intervino el condenado, ni a la posición o esfera desde la que intervino en el seno de la empresa.

En segundo lugar, la práctica judicial asume dos criterios centrales para determinar cuándo debe ejecutarse una pena efectiva de privación de libertad: que la pena aplicable al delito no exceda de 3 o (de ser aplicable la libertad vigilada) 5 años, o que el condenado no sea reincidente. Como sistema de control de criminalidad común, la práctica chilena hace así de la reincidencia el factor central de distribución de penas de cárcel y solo en casos extremadamente graves, generalmente no vinculados a la criminalidad económica, prescinde de este criterio. Por cierto, se entienden las razones por las que el uso de la cárcel respecto de la delincuencia común debe ser controlado (aunque pueda criticarse el carácter mecánico con el que opera la práctica); pero, en cambio, en un ámbito generalmente exento de reincidencia como sucede con los delitos económicos, ello conduce a la ausencia de penas efectivas, así como a una percepción generalizada de impunidad o al menos de excesiva benignidad.

En tercer lugar, las penas sustitutivas previstas en la Ley 18.216 no se adecúan completamente a este tipo de criminalidad. La criminalidad económica se realiza en general en el contexto de actividades formales reconocidas, desarrolladas por sujetos que son capaces de desempeñarse en la economía ordinaria. A causa de lo anterior, buena parte de los mecanismos de reacción establecidos a propósito de la criminalidad común no resulten adecuados. El caso más obvio es el de la libertad vigilada. En su mejor versión, este sistema de intervención pretende orientar y contribuir a la inserción social del condenado en la comunidad y en la economía ordinaria. Objetivos de esta clase no resultan, en cambio, adecuados a la criminalidad económica. En el caso de la remisión condicional sucede algo similar. Respecto de la criminalidad común puede tener sentido mantener vigilancia sobre una persona, con el objeto de solo reaccionar más intensamente en caso de que siga cometiendo delitos. Ello explica su aplicación masiva. Pero no sucede lo mismo cuando el objetivo del sistema es derechamente sancionatorio y no de control social.

A la luz de lo anterior, se establece un sistema diferenciado de determinación de la pena. Las agravantes y atenuantes incluidas están especialmente pensadas para este tipo de criminalidad. Asimismo, ellas están graduadas de forma tal que su incidencia varíe dependiendo de su intensidad. Las atenuantes y agravantes simples solo constituyen argumentos para individualizar la pena dentro de un marco establecido. En cambio, las atenuantes y agravantes muy calificadas inciden tanto sobre el marco penal como sobre las penas sustitutivas procedentes. Con ello, tratándose de casos en que el perjuicio ocasionado sea muy elevado o que la conducta desplegada sea especialmente reprochable, las penas serán siempre considerables – incluso tratándose de delitos en abstracto menos graves. Además, se gradúa los casos menos graves, de modo tal de que también allí las penas aplicadas tengan mayor sensibilidad a variaciones de gravedad.

Finalmente, adecúa las penas sustitutivas a la criminalidad económica. Como se trata de un sistema con orientación abiertamente sancionatoria, también las penas sustitutivas tienen un componente de esta clase. Con ello, la libertad vigilada ha sido excluida del catálogo aplicable a estos delitos y la remisión condicional restringida a casos en que se aplique al menos una circunstancia atenuante muy calificada (muy baja culpabilidad o entidad bagatelaria). En los demás casos, las penas centrales del sistema pasan a ser, en orden creciente de gravedad, la reclusión parcial domiciliaria, la reclusión parcial en establecimiento especial y la cárcel efectiva.

b. Reforma general al sistema de consecuencias pecuniarias e inhabilitaciones

Un segundo ámbito dice relación con las otras sanciones y consecuencias –distintas de las penas privativas de libertad– que operan respecto de delitos económicos.

El diagnóstico con el que operó la comisión a este respecto es sencillo: la cuantía de las multas penales, y el modo de graduarlas, es enteramente disfuncional en el derecho chileno; el sistema jurídico chileno adolece de un defecto grave al no contar con un comiso de ganancias efectivo; y las inhabilitaciones aplicables respecto de delitos económicos son insuficientes.

Respecto de las multas, se introduce el sistema de días-multa. Conforme con este, siempre que se impone una pena de multa ella se gradúa considerando los ingresos (promedio) que produce una persona en un día. De este modo, el sistema es sensible a las diferencias económicas entre condenados, lo que evita que multas establecidas en unidades fijas tengan un peso excesivo respecto de condenados de bajos ingresos o insignificantes respecto de condenados con ingresos altos. El sistema atiende a las diferencias en el valor marginal del dinero, permitiendo imponer así en todos los casos multas que tengan un peso punitivo pero sin ser excesivas. Tratándose de individuos con ingresos medios o elevados, el sistema conduce, además, a un aumento considerable en la cuantía de las multas. Adicionalmente, el sistema prevé ajustes en razón del patrimonio del condenado.

En segundo lugar, se incorpora una regulación sustantiva y procedimental del comiso de ganancias. El comiso de ganancias le permite al Estado privar a una persona de todas las ganancias obtenidas directamente a consecuencia de la realización del hecho constitutivo de un delito económico. Aunque se ha discutido históricamente si ello se encuentra incorporado en el artículo 31 del Código Penal, y algunas leyes especiales lo reconocen expresamente, en la práctica la falta de claridad sobre su status y la completa falta de regulación procedimental hacen que tenga una muy escasa aplicación. El proyecto elimina estos problemas. Además, partiendo de la premisa general de que el comiso de ganancias no es una pena, para el ámbito de los delitos económicos la iniciativa regula la posibilidad del comiso de ganancias sin condena previa en ciertos casos.

Finalmente, el proyecto incorpora un sistema diferenciado de inhabilitaciones adecuadas al tipo de criminalidad de que se trata.

c. Reforma a la responsabilidad penal de las personas jurídicas

Se modifica considerablemente el estatuto de responsabilidad penal de personas jurídicas contenido en la Ley 20.393, aunque mantiene sus lineamientos generales. Esa modificación incluye una ampliación muy relevante del catálogo de delitos por los que responde la persona jurídica, al incorporar todos los delitos susceptibles de ser calificados como económicos de acuerdo con el proyecto.

Junto a ello, se amplía el alcance de la ley en cuanto a la clase de personas jurídicas penalmente responsables y se introduce la figura de la supervisión de la persona jurídica, que puede ser aplicada tanto a título de medida cautelar como de condición de una suspensión condicional del procedimiento o de pena.

Más allá de lo anterior, se perfecciona la regulación contenida en la Ley 20.393 en distintos ámbitos, adecuando además su regulación a las penas pecuniarias, inhabilitaciones, a la regulación del comiso de ganancias, y a otras modificaciones incorporadas en él.

d. Reformas parciales al derecho penal

A nivel de la regulación penal, se introduce modificaciones en distintos cuerpos legales que establecen delitos económicos. Entre ellas se encuentran la introducción del estatuto de delitos ambientales del Anteproyecto de Código Penal de 2018 al Código Penal vigente; la regulación de la protección penal del secreto empresarial; una modificación relevante a los delitos concursales y contra el mercado de valores, que busca eliminar errores regulativos y vacíos de punibilidad. Asimismo, se modifican diversos delitos actualmente vigentes, a fin de perfeccionar su redacción y solucionar las dificultades de interpretación y aplicación que han presentado en la práctica. Finalmente, se introduce un delito de publicidad engañosa en la Ley del Consumidor y se incluye la protección penal frente a supuestos de explotación laboral.

II. IDEA MATRIZ

De acuerdo a lo expuesto, el propósito de esta moción consiste en adecuar y sistematizar los diversos delitos de naturaleza económica mediante: (a) la generación de un sistema de determinación de penas privativas de libertad adecuado al tipo de criminalidad de que se trata; (b) reforma general al sistema de consecuencias pecuniarias y de inhabilitación vinculadas a la criminalidad económica; (c) perfeccionamiento del régimen de responsabilidad penal de personas jurídicas; (d) perfeccionamiento y complementación del derecho penal económico sustantivo.

En virtud de estas consideraciones es que proponemos el siguiente,

PROYECTO DE LEY

TÍTULO I

DELITOS ECONÓMICOS

Art. 1.° Primera categoría. Para efectos de esta ley serán considerados como delitos económicos, en toda circunstancia, los hechos previstos en las siguientes disposiciones legales:

1.° los artículos 59, 60, 61 y 62 de la Ley 18.045, de mercado de valores;

2.° los artículos 35, 43 y 58 del Decreto Ley 3.538, que crea la Comisión para el Mercado Financiero;

3.° el artículo 59 de la Ley 18.840, Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile;

4.° los artículos 39-h, 39 bis inciso sexto y 62 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 del Ministerio de Economía de 2004, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley 211;

5.° el inciso final del artículo 2° y los artículos 39, 141 y 142, 154, 157, 158,159 y 161 del Decreto con Fuerza de Ley N° 3 del Ministerio de Hacienda de 1997, que fija el texto refundido, sistematizado y concordado de la a Ley General de Bancos, Decreto con Fuerza de Ley Nº 252, de 1960, y de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras contenida en el Decreto Ley 1.097, y de los demás textos legales que se refieren a bancos y sociedades financieras u otras empresas fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras;

6.° el artículo y el inciso sexto del artículo 24 de la Ley 20.416, que fija normas especiales para las empresas de menor tamaño;

7.° los artículos 4 y 13 de la Ley 20.345, sobre sistemas de compensación y liquidación de instrumentos financieros;

8.° el artículo 49 del Decreto con Fuerza de Ley 251 del Ministerio de Hacienda de 1931, sobre compañías de seguro, sociedades anónimas y bolsas de comercio;

9.° los artículos 134 y 134 bis de la Ley 18.046, sobre sociedades anónimas; y,

10. los números 2, 3, 4 y 7 del artículo 240, y los artículos 251 bis, 285, 286, 287 bis, 287 ter y 464 del Código Penal.

Art. 2.°Segunda categoría. Serán asimismo considerados como delitos económicos los hechos previstos en las disposiciones legales que a continuación se indican, siempre que el hecho fuere perpetrado en ejercicio de un cargo, función o posición en una empresa, o cuando lo fuere en beneficio económico o de otra naturaleza para una empresa:

1.° el artículo 30 del Decreto con Fuerza de Ley N° 3 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia del 2017, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 19.884 orgánica constitucional sobre transparencia, límite y control del gasto electoral;

2.° el inciso tercero del artículo 8 quáter y los artículos 97 y 100 del Decreto Ley 830, Código Tributario;

3.° el inciso quinto del artículo 134 y los artículos 168, 169 y 182 del Decreto con Fuerza de Ley N° 30 del Ministerio de Hacienda de 2004, que aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N° 213 del Ministerio de Hacienda de 1953, sobre Ordenanza de Aduanas;

4.° el inciso segundo del artículo 14 y los artículos 110 y 160 del Decreto con Fuerza de Ley 3 del Ministerio de Hacienda de 1997, que fija el texto refundido, sistematizado y concordado de la a Ley General de Bancos, Decreto con Fuerza de Ley Nº 252, de 1960, y de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras contenida en el Decreto Ley 1.097, y de los demás textos legales que se refieren a bancos y sociedades financieras u otras empresas fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras;

5.° los artículos 22 y 43 del Decreto con Fuerza de Ley N° 707 del Ministerio de Justicia de 1982, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley sobre cuentas corrientes bancarias y de cheques,

6.° el artículo 110 de la Ley 18.092 que dicta nuevas normas sobre letras de cambio y pagaré;

7.° el artículo 5° de la Ley 20.009, que limita la responsabilidad de los usuarios de tarjetas de crédito por operaciones realizadas con tarjetas extraviadas, hurtadas o robadas;

8.° los artículos 18, 21, 22, 22 bis y 22 ter del Decreto N° 4.363 del Ministerio de Tierras y Colonización, que aprueba texto definitivo de la Ley de bosques;

9.° los artículos 49 y 50 de la Ley 20.283, sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal;

10. los artículos 64-D, 64-F, 120-B, 135, 135 bis, 136, 136 bis, 137, 137 bis, 138 bis, 139, 139 bis, 139 ter y 140 del Decreto N° 430 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción de la Ley general de pesca de 1991, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.892, general de pesca y acuicultura, y sus modificaciones;

11. los artículos 29, 30 y 31 de la Ley 19.473 que sustituye el texto de la Ley 4.601 sobre caza;

12. los artículos 11 y 12 inciso primero de la Ley 20.962, que aplica convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de flora y fauna silvestre;

13. los artículos 38 y 38 bis de la Ley 17.288, que legisla sobre monumentos nacionales;

14. los artículos 73, 118 y 119 de la Ley 18.248, Código de Minería;

15. el artículo 280 del Decreto con Fuerza de Ley 1122 del Ministerio de Justicia del año 1981 que fija el texto del Código de Aguas;

16. los artículos 36 B y 37 de la Ley 18.168 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones que aprueba la Ley general de telecomunicaciones;

17. los artículos 138 y 140 del Decreto 458 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que aprueba nueva Ley General de Urbanismo y Construcción;

18. los artículos 35, 36, 37 y 38 de la Ley 18.690, sobre almacenes generales de depósito;

19. el artículo 44 de la Ley 19.342 que regula derechos de obtentores de nuevas variedades vegetales;

20. los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley 19.223, que tipifica figuras penales relativas a la informática;

21. los artículos 13 y 13 bis de la Ley 17.322, sobre normas para la cobranza judicial de cotizaciones, aportes y multas de las instituciones de seguridad social;

22. los artículos 19, 23 y 25, la letra c) del inciso octavo del artículo 61 bis y el artículo 159 del Decreto Ley 3.500, que establece un sistema de pensiones de vejez, de invalidez y sobrevivencia derivado de la capitalización individual obligatoria en una administradora de fondos de pensiones;

23. el número 17 del artículo 110, el inciso tercero del artículo 174 y el artículo 228 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 del Ministerio de Salud de 2005, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley 2.763 y de las Leyes 19.933 y 18.469;

24. el artículo 36 de las Normas sobre prenda sin desplazamiento dictadas por el artículo 14 de la Ley 20.190, que introduce adecuaciones tributarias e institucionales para el fomento de la industria de capital de riesgo y continúa el proceso de modernización del mercado de capitales;

25. los artículos 41, 46, 48 y 51 del Decreto con Fuerza de Ley 251 del Ministerio de Hacienda de 1931, sobre compañías de seguro, sociedades anónimas y bolsas de comercio;

26. el artículo 44 de la Ley 20.920, que establece marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor y el fomento al reciclaje;

27. los artículos 194, 196, 197 y 198, el número 6 del artículo 240, el inciso segundo del artículo 247 bis, los artículos 250, 250 bis, 273, 274, 276, 277, 280, 281, 282, 283, 284, 284 bis, 285, 286, 287, 287 bis, 287 ter, 289, 290, 291, 291 bis y 291 ter, los números 1 y 2 del artículo 296, los artículos 297, 297 bis, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 313 d, 314, 315, 316, 317, 318, 438, 459, 460, 460 bis, 461, 463, 463 bis, 463 ter, 463 quáter, 464 ter, 467, 468, 469 y 470, el número 2 del artículo 471, los artículos 472, 472 bis y 473, los números 2, 3, 5, 6 y 7 del artículo 485 y el artículo 486 en tanto se refiera a los mismos números, todos del Código Penal; y

28. el número 2 del artículo 391 y los artículos 395, 396, 397, 398 y 399, en relación con los artículos 490 y 492, todos del Código Penal, cuando el hecho se realizare con infracción a los deberes de cuidado relativos a la seguridad en el trabajo o en la fabricación o distribución de productos destinados al consumo o uso masivo del público;

Art. 3. Tercera categoría. Serán asimismo considerados como delitos económicos los hechos perpetrados por quien tuviere la condición de empleado público u otra calidad personal especial previstos en las disposiciones legales que a continuación se indican, siempre que hubiere intervenido en alguna de las formas previstas en los artículos 15 o 16 del Código Penal alguien en ejercicio de un cargo, función o posición en una empresa, o cuando el hecho fuere perpetrado en beneficio económico o de otra naturaleza para una empresa:

1.° el artículo 31 del Decreto con Fuerza de Ley N° 3 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia del 2017, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 19.884 orgánica constitucional sobre transparencia, límite y control del gasto electoral; y

2.° el artículo 40 de la Ley 20.283, sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal;

3.° el inciso primero del artículo 64-J del Decreto N° 430 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción de la Ley general de pesca de 1991, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.892, general de pesca y acuicultura, y sus modificaciones;

4.° el artículo 48 ter de la Ley 19.300, Ley 19.300, que aprueba Ley sobre bases generales del medio ambiente;

5.° los artículos 193, 233, 234, 235, 236, 237 y 239, el número 1 del artículo 240, los artículos 241, 241 bis, 242, 243, 244, 246 y 247, el inciso primero del artículo 247 bis, y los artículos 248, 248 bis y 249, todos ellos del Código Penal;

Art. 4.° Receptación y lavado y blanqueo de activos. Serán también considerados delitos económicos los hechos previstos en el artículo 456 bis A del Código Penal y en los artículos 27 y 28 de la Ley 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, cuando las especies o bienes a que se refieren esos delitos provengan de la perpetración de hechos:

1.° constitutivos de alguno de los delitos señalados en los números 1 al 10 del artículo 1;

2.° constitutivos de alguno de los delitos señalados en los números 1 al 28 del artículo 2 y siempre que concurra alguna de las circunstancias expresadas en este artículo;

3.° considerados como delitos económicos conforme a los artículos 2 y 3.

Art. 5.° Doble consideración de circunstancias. La concurrencia de cualquiera de las circunstancias señaladas en los artículos 2°, 3° y 4° producirá el efecto de que se considere el hecho respectivo como delito económico, aunque la ley que lo prevé la haya expresado al describirlo y penarlo, o aunque sea de tal manera inherente al delito que sin su concurrencia no pueda cometerse.

Art. 6. Inaplicabilidad a micro y pequeñas empresas. Las disposiciones de los Títulos II y III de esta ley no serán aplicables a los delitos considerados como económicos conforme a los artículos 2° y 3° y los números 2° y 3° de su artículo 4° que se perpetraren en el contexto o en beneficio de una empresa que tenga el carácter de micro o pequeña empresa conforme al artículo 2° de la Ley 20.416.

En caso de que la empresa involucrada forme parte de un grupo empresarial, deberán sumarse los ingresos del grupo para determinar si califica como micro o pequeña empresa conforme al artículo 2° de la Ley 20.416.

Art. 7. Concursos. En caso de ser aplicable el artículo 75 del Código Penal o el artículo 351 del Código Procesal Penal por la concurrencia de un delito económico y de uno o más delitos de otra clase, las disposiciones del Título II de esta ley serán aplicables a todos ellos.

TÍTULO II

PENAS Y CONSECUENCIAS ADICIONALES A LA PENA APLICABLES A LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LOS DELITOS ECONÓMICOS

§ 1. Reglas generales

Art. 8.° Ámbito de aplicación personal. Las disposiciones del presente Título serán aplicables a las personas responsables de los delitos económicos.

Son responsables de delitos económicos:

1.° todas las personas penalmente responsables conforme a las reglas generales por un hecho considerado como delito económico conforme al artículo 1° y al número 1° del artículo 4°;

2.° las personas penalmente responsables conforme a las reglas generales por un hecho considerado como delito económico según los artículos 2° y 3° y los números 2° y 3° del artículo 4°, que al momento de su intervención hubieren tenido conocimiento de la concurrencia de las circunstancias a que esos artículos se refieren.

Art. 9.° Penas privativas o restrictivas de libertad o de otros derechos. Las penas privativas o restrictivas de libertad o de otros derechos que corresponda imponer al responsable de un delito económico son las señaladas por la ley que lo sanciona, sin perjuicio de las consecuencias adicionales establecidas en el párrafo 5 del presente Título.

No obstante, la determinación de la pena de presidio o reclusión que deba ser impuesta, así como de su sustitución, se harán conforme con la presente ley. En subsidio serán aplicables las reglas generales de determinación y ejecución de las penas, en tanto no sean incompatibles con la presente ley.

Art. 10. Multa. Todo delito económico conlleva además una pena de multa, cuya cuantía y determinación se establecerá únicamente conforme a la presente ley, así como la imposición de las inhabilitaciones y prohibiciones previstas en el párrafo 5. Ni la multa ni las prohibiciones e inhabilitaciones podrán ser sustituidas.

La multa a imponer se fijará en un número de días-multa que corresponda a la extensión de las penas privativas o restrictivas de libertad, conforme a lo dispuesto en el artículo 27.

La cuantía de la multa a aplicar será la que corresponda al valor que el tribunal fije para cada día-multa, de conformidad con el artículo 27, multiplicado por el número de días-multa que corresponda. El producto se expresará en una suma de dinero fijada en moneda de curso legal.

Art. 11. Sanciones o medidas administrativas y penas. La circunstancia de que un hecho constitutivo de delito pueda, asimismo, dar lugar a una o más sanciones o medidas administrativas no obsta a la imposición de las penas, consecuencias adicionales a la pena o medidas de seguridad que procedan conforme a esta ley.

Con todo, el monto de la pena de multa pagada de conformidad con esta ley será abonado a la multa no constitutiva de pena que se imponga al condenado por el mismo hecho. Si el condenado hubiere pagado una multa no constitutiva de pena como consecuencia del mismo hecho, el monto pagado será abonado a la pena de multa impuesta de conformidad con esta ley.

La extensión de la inhabilitación impuesta al condenado como consecuencia adicional a la pena de conformidad con esta ley será deducida de la extensión de la inhabilitación de la misma naturaleza que fuere impuesta como sanción administrativa o disciplinaria. Si el condenado hubiere sido sometido a una inhabilitación como sanción administrativa o disciplinaria, la extensión de esta será deducida de la inhabilitación de la misma naturaleza que se le impusiere de conformidad con esta ley.

§ 2. Determinación de las penas privativas de libertad

Art. 12. Régimen especial. En la determinación de la pena aplicable a un delito económico no se considerará lo dispuesto por los artículos 65 a 69 del Código Penal, ni serán aplicables las atenuantes y agravantes previstas en los artículos 11 a 13 del Código Penal. En su lugar, se aplicarán las reglas dispuestas en los artículos siguientes.

Art. 13. Atenuantes. Son circunstancias atenuantes de un delito económico las siguientes:

1ª. La culpabilidad disminuida del condenado, establecida siempre que concurra cualquiera de los siguientes supuestos:

a. el condenado contaba con irreprochable conducta anterior;

b. el condenado no buscó obtener provecho económico de la perpetración del hecho para sí o para un tercero; o,

c. el condenado, estando en una posición intermedia o superior, omitió realizar alguna acción que habría impedido la perpetración del delito, sin favorecerla directamente.

2ª. Que el hecho haya ocasionado un perjuicio limitado. Se entenderá que ello tiene lugar cuando el perjuicio total supere las 40 Unidades Tributarias Mensuales y no pase de 400, sin que se aplique alguna de las circunstancias del artículo 16 b).

Art. 14. Atenuantes muy calificadas. Son circunstancias atenuantes muy calificadas de un delito económico las siguientes:

1ª. La culpabilidad muy disminuida del condenado, establecida siempre que concurra cualquiera de los siguientes supuestos:

a. el condenado actuó en interés de personas necesitadas o por necesidad personal apremiante;

b. el condenado tomó oportuna y voluntariamente medidas orientadas a prevenir o mitigar la generación de daños;

c. el condenado actuó bajo presión y en una situación de subordinación;

d. el condenado actuó en una situación de subordinación y con conocimiento limitado de la ilicitud de su actuar.

2ª. Que el hecho haya tenido una entidad de bagatela. Se entenderá que en todo caso ello es así cuando el perjuicio total irrogado no supere 40 Unidades Tributarias Mensuales.

Art. 15. Agravantes. Son circunstancias agravantes de un delito económico las siguientes:

1ª. La culpabilidad elevada del condenado, establecida siempre que concurra cualquiera de los siguientes supuestos:

a. el condenado participó activamente en una posición intermedia en la organización en la que se perpetró el delito; se entenderá que el condenado se encuentra en una posición intermedia cuando ejerce un poder relevante de mando sobre otros en la misma organización, sin estar en una posición jerárquica superior; este supuesto no será aplicable tratándose de medianas empresas conforme al artículo 2° de la Ley 20.416;

b. el condenado ejerció abusivamente autoridad o poder al perpetrar el hecho;

c. el condenado había sido sancionado anteriormente por perpetrar un delito económico;

2ª. Que el hecho haya ocasionado un perjuicio o reportado un beneficio relevante. Se entenderá que ello tiene lugar cuando el perjuicio o beneficio agregado total supere las 400 Unidades Tributarias Mensuales y no supere las 40.000, sin que se aplique alguno de los casos de la circunstancia 2ª del artículo 16.

Art. 16. Agravantes muy calificadas. Son circunstancias agravantes muy calificadas de un delito económico las siguientes:

1ª. La culpabilidad muy elevada del condenado, establecida siempre que concurra cualquiera de los siguientes supuestos:

a. el condenado participó activamente en una posición jerárquica superior en la organización en la que se perpetró el delito; se entenderá que el condenado se encuentra en una posición jerárquica superior en la organización cuando ejerza como gerente general o miembro del órgano superior de administración, o como jefe de una unidad o división, solo subordinado al órgano superior de administración, así como cuando ejerza como director, socio administrador o accionista o socio con poder de influir en la administración; este supuesto no será aplicable tratándose de medianas empresas conforme al artículo 2° de la Ley 20.416.

b. el condenado ejerció presión sobre sus subordinados en la organización para que colaboraran en la perpetración del delito;

2ª. Que el hecho haya ocasionado un perjuicio muy elevado. Se entenderá que ello tiene lugar en las siguientes circunstancias:

a. el hecho ocasionó perjuicio a personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que en total supere las 40.000 Unidades Tributarias Mensuales, o reportó un beneficio de esta cuantía;

b. el hecho afectó el suministro de bienes de primera necesidad o de consumo masivo;

c. el hecho afectó abusivamente a individuos que pertenecen a un grupo vulnerable.

Art. 17. Efectos de las atenuantes y agravantes. En caso de concurrir una atenuante muy calificada respecto de un marco penal que incluya una pena de presidio o reclusión de un solo grado, este se aplicará en su mínimum. De estar compuesto de dos o más grados, no se aplicará el grado superior.

De concurrir dos o más atenuantes muy calificadas respecto de un delito cuyo marco esté compuesto por un solo grado, este se rebajará en un grado. De estar compuesto de dos o más grados, el marco se fijará en el grado inmediatamente inferior al grado más bajo del marco legal.

En caso de concurrir una agravante muy calificada respecto de un marco penal que incluya una pena de presidio o reclusión de un solo grado, este se aplicará en su máximum. De estar compuesto de dos o más grados, no se aplicará el grado inferior.

De concurrir dos o más agravantes muy calificadas respecto de un delito cuyo marco esté compuesto por un solo grado, este se incrementará en un grado. De estar compuesto de dos o más grados, el marco se fijará en el inmediatamente superior al grado más alto del marco legal.

De concurrir atenuantes muy calificadas y agravantes muy calificadas, el juez deberá compensarlas racionalmente.

Art. 18. Determinación judicial de la pena. Dentro de los límites de cada grado el tribunal determinará la cuantía de la pena en atención a la concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes previstas en los artículos 13 y 15, a la mayor o menor intensidad de la culpabilidad del responsable y a la mayor o menor extensión del mal que importe el delito.

§ 3. Penas sustitutivas de los delitos económicos

Art. 19. Régimen especial. La procedencia de penas sustitutivas a las de presidio o reclusión se determinará de conformidad con lo dispuesto en los artículos siguientes. Las disposiciones de la ley 18.216 solo serán aplicables supletoriamente respecto de los aspectos no regulados en esta ley y en la medida en que no se opongan a ella.

Art. 20. Penas sustitutivas. La ejecución de las penas privativas o restrictivas de libertad de los delitos económicos podrá sustituirse por el tribunal que las imponga, por alguna de las siguientes:

1.° remisión condicional;

2.° reclusión parcial en domicilio;

3.° reclusión parcial en establecimiento especial.

Art. 21. Remisión condicional. La remisión condicional consiste en la sustitución del cumplimiento de la pena privativa de libertad por la discreta observación y asistencia del condenado ante la autoridad administrativa durante cierto tiempo.

La remisión condicional solo podrá decretarse si:

1.° la pena privativa o restrictiva de libertad que impusiere la sentencia no excediere de tres años y el condenado se viere beneficiado por una atenuante muy calificada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14; y,

2.° el penado no hubiese sido condenado anteriormente por crimen o simple delito. En todo caso, no se considerarán para estos efectos las condenas cumplidas diez o cinco años antes, respectivamente, de la comisión del nuevo ilícito.

Para los efectos de determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el número 1 se considerará que concurre, en su caso, la atenuante muy calificada de la circunstacia 2ª del artículo 14, aun cuando ella no tuviere incidencia en la determinación de la pena por tratarse de una circunstancia inherente al delito.

Art. 22. Condiciones impuestas por la remisión condicional. Al aplicar la remisión condicional, el tribunal establecerá un plazo de observación que no será inferior al de la duración de la pena, con un mínimo de un año y un máximo de tres, e impondrá al condenado las siguientes condiciones:

1ª. residencia en un lugar determinado, que podrá ser propuesto por el condenado; este podrá ser cambiado, en casos especiales, según la calificación efectuada por Gendarmería de Chile;

2ª. sujeción al control administrativo y a la asistencia de Gendarmería de Chile, en la forma que precisará el reglamento; dicho servicio recabará anualmente, al efecto, un certificado de antecedentes prontuariales, y

3ª. ejercicio de una profesión, oficio, empleo, arte, industria o comercio, si el condenado careciere de medios conocidos y honestos de subsistencia y no poseyere la calidad de estudiante.

Art. 23. Reclusión parcial en el domicilio. La pena de reclusión parcial en domicilio consiste en el encierro en el domicilio del condenado durante cincuenta y seis horas semanales. La reclusión parcial podrá ser diurna o de fin de semana, conforme a los siguientes criterios:

1.° la reclusión diurna consistirá en el encierro en el domicilio del condenado, durante un lapso de ocho horas diarias y continuas, las que se fijarán entre las ocho y las veintidós horas;

2.° la reclusión de fin de semana consistirá en el encierro en el domicilio del condenado entre las veintidós horas del día viernes y las seis horas del día lunes siguiente.

El juez impondrá la reclusión parcial en domicilio en modalidad de arresto diurno, a menos que ella pusiera en riesgo la subsistencia económica del condenado, su familia o por otro motivo grave que así lo amerite.

Para el cumplimiento de la reclusión parcial en domicilio, el juez establecerá como mecanismo de control de la misma el sistema de monitoreo telemático, salvo que Gendarmería de Chile informe desfavorablemente la factibilidad técnica de su imposición, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 23 bis y siguientes de la Ley 18.216. En tal caso, entendido como excepcional, se podrán decretar otros mecanismos de control similares, en la forma que determine el tribunal.

Para los efectos de esta ley, se entenderá por domicilio la residencia regular que el condenado utilice para fines habitacionales.

Art. 24. Requisitos para disponer la pena de reclusión parcial en el domicilio. La reclusión parcial en domicilio solo podrá disponerse si:

1.° la pena privativa o restrictiva de libertad que impusiere la sentencia no excediere de tres años y no fuere aplicable una agravante muy calificada;

2.° el penado no hubiese sido condenado anteriormente por crimen o simple delito, o lo hubiese sido a una pena privativa o restrictiva de libertad que no excediere de dos años, o a más de una, siempre que en total no superaren dicho límite; en todo caso, no se considerarán para estos efectos las condenas cumplidas diez o cinco años antes, respectivamente, de la comisión del nuevo ilícito; no obstante lo anterior, si dentro de los diez o cinco años anteriores, según corresponda, a la comisión del nuevo crimen o simple delito, le hubieren sido impuestas dos reclusiones parciales, no será procedente la aplicación de esta pena sustitutiva; y

3.° existieren antecedentes laborales, educacionales o de otra naturaleza que justificaren esta sustitución, así como si los antecedentes personales del condenado, su conducta anterior y posterior al hecho punible y la naturaleza, modalidades y móviles determinantes del delito, permitieren presumir que la pena de reclusión parcial lo disuadirá de cometer nuevos ilícitos.

Para los efectos de determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el número 1° se considerará que concurre, en su caso, la agravante muy calificada de la circunstancia 2ª del artículo 16, aun cuando ella no tuviere incidencia en la determinación de la pena en virtud de lo dispuesto en el artículo 63 del Código Penal.

Art. 25. Reclusión parcial en establecimiento especial. La pena de reclusión parcial en establecimiento especial consiste en el encierro en un lugar especialmente dispuesto para ello durante cincuenta y seis horas semanales. Un reglamento determinará los establecimientos que pueden ser utilizados para estos efectos y las condiciones de su instalación y funcionamiento.

La reclusión parcial podrá ser diurna, o de fin de semana, o nocturna. La reclusión nocturna consistirá en el encierro del condenado en el establecimiento especial entre las veintidós horas de cada día hasta las seis horas del día siguiente.

El juez impondrá la reclusión en establecimiento especial en modalidad diurna, a menos que ella pusiera en riesgo la subsistencia económica del condenado, su familia o por otro motivo grave que así lo amerite. En ese caso, el juez podrá imponerla en modalidad nocturna o de fin de semana.

Art. 26. Requisitos para disponer la pena de reclusión parcial en establecimiento especial. La pena de reclusión parcial en establecimiento especial solo podrá decretarse si:

1.° la pena privativa o restrictiva de libertad que impusiere la sentencia fuere superior a dos años y no excediere de cinco, y siempre que no fuere aplicable una agravante muy calificada de conformidad con el artículo 16;

2.° el penado no hubiere sido condenado anteriormente por crimen o simple delito; en todo caso, no se considerarán para estos efectos las condenas cumplidas diez o cinco años antes, respectivamente, del ilícito sobre el que recayere la nueva condena; no obstante lo anterior, si dentro de los diez o cinco años anteriores, según corresponda, a la comisión del nuevo crimen o simple delito, le hubieren sido impuestas dos reclusiones parciales, no será procedente la aplicación de esta pena sustitutiva; y

3.° existieren antecedentes laborales, educacionales o de otra naturaleza similar que justificaren la pena, así como si los antecedentes personales del condenado, su conducta anterior y posterior al hecho punible y la naturaleza, modalidades y móviles determinantes del delito, permitieren presumir que la pena de reclusión parcial lo disuadirá de cometer nuevos ilícitos.

Para los efectos de determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el número 1°, se considerará que concurre, en su caso, la agravante muy calificada de la circunstancia 2ª del artículo 16, aun cuando ella no tuviere incidencia en la determinación de la pena en virtud de lo dispuesto en el artículo 63 del Código Penal.

§ 4. Determinación de la pena de multa

Art. 27. Determinación del número de días-multa. El número de días-multa aplicable a un delito económico será determinado a partir del grado de la pena privativa de libertad prevista por la ley para el delito respectivo, del grado máximo de ella si constara de más de un grado o, de concurrir atenuantes o agravantes muy calificadas, del grado que resulte de aplicarle lo dispuesto en el artículo 17, de acuerdo con la siguiente tabla de conversión:

Prisión: 1 a 10 días-multa.

Presidio o reclusión menor en su grado mínimo: 11 a 50 días multa.

Presidio o reclusión menor en su grado medio: 51 a 100 días-multa.

Presidio o reclusión menor en su grado máximo: 101 a 150 días-multa.

Presidio o reclusión mayor en su grado mínimo: 151 a 200 días-multa.

Presidio o reclusión mayor en su grado medio: 201 a 250 días-multa.

Presidio o reclusión mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado: 251 a 300 días-multa.

Si la ley solo prevé para el delito respectivo la aplicación de multa o de una pena no privativa de libertad, el número de días-multa será establecido en el marco aplicable a delitos castigados con prisión.

Al interior de ese marco, el tribunal individualizará la pena de multa en un número de días-multas de conformidad a lo dispuesto en artículo 18.

En caso de ser aplicable el artículo 74 del Código Penal, la multa total no podrá exceder de 300 días-multa.

Art. 28. Determinación del valor del día-multa. El valor del día-multa corresponderá al ingreso diario promedio líquido que el condenado haya tenido en el período de un año antes de que la investigación se dirija en su contra, considerando sus remuneraciones, rentas, réditos del capital o ingresos de cualquier otra clase. El tribunal podrá reducir el valor del día-multa en consideración a los gastos necesarios para la manutención del condenado y de su familia o por otro motivo grave que lo justifique.

El valor del día-multa no podrá ser inferior a media Unidad Tributaria Mensual ni superior a mil. La pena mínima de multa es de un día-multa.

Art. 29. Aumento del valor en consideración al patrimonio. Si el ingreso diario promedio líquido determinado en los términos señalados en el artículo anterior resultare desproporcionadamente bajo en relación con el patrimonio del condenado, el tribunal podrá aumentar hasta en dos veces el valor del día-multa.

Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, los ingresos, las obligaciones, las cargas y el patrimonio del condenado serán estimados por el tribunal sobre la base de los antecedentes aportados al procedimiento respecto de sus rentas, gastos, modo de vida u otros factores relevantes.

§ 5. Inhabilitaciones

Art. 30. Aplicación copulativa. Junto con la imposición de las penas principales que corresponda, el juez deberá imponer todas las inhabilitaciones que siguen respecto de todo condenado por un delito económico.

Art. 31. Inhabilitación para el ejercicio de una función o cargo público. La inhabilitación para el ejercicio de una función o cargo público pone término a todo aquel que el condenado estuviere ejerciendo al momento de la sentencia, sea o no de elección popular, y lo incapacita para obtener cualquier otro por el tiempo correspondiente a su extensión.

Art. 32. Inhabilitación para el ejercicio de cargos gerenciales. La inhabilitación para el ejercicio de cargos gerenciales afecta del mismo modo la capacidad del condenado para desempeñarse como administrador, gerente o director en cualquier sociedad anónima abierta o en una empresa del Estado.

Art. 33. Inhabilitación para contratar con el Estado. La inhabilitación para contratar con el Estado impide al condenado contratar con cualquiera de los órganos o servicios del Estado reconocidos por la Constitución Política de la República o creados por ley, con cualquiera de los órganos o empresas públicas que conforme a la ley constituyen al Estado y con las empresas o sociedades en las que el Estado participe con al menos la mitad de las acciones que comprenden su capital, de los derechos sociales o de los derechos de administración.

La inhabilitación para contratar con el Estado produce también la extinción de pleno derecho de los efectos de los actos y contratos que el Estado haya celebrado con el condenado y que se encuentren vigentes al momento de la condena.

La inhabilitación no comprende los actos y contratos relativos a las prestaciones personales de salud previsional o seguridad social, ni los servicios básicos que el Estado ofrece indiscriminadamente a la población.

Si se impusiere la inhabilitación para contratar con el Estado a una persona natural, ninguna sociedad, fundación o corporación en la que el condenado fuere directa o indirectamente socio, accionista, miembro o partícipe con poder de influir en la administración podrá contratar con el Estado mientras el condenado mantenga su participación en la misma.

Art. 34. Extensión. Las inhabilitaciones previstas en este párrafo tendrán una extensión equivalente a la de los grados de las inhabilitaciones temporales conforme a la tabla demostrativa del artículo 56 del Código penal. La inhabilitación para contratar con el Estado podrá, además, imponerse a perpetuidad.

Art. 35. Determinación judicial de la extensión de la inhabilitación. Para la determinación de su extensión el tribunal estará a lo dispuesto en el párrafo 2 de esta ley. La que se impusiere a cada interviniente en el delito será determinada independientemente.

Si la pena impuesta no incluyere la ejecución efectiva de una pena privativa de libertad, las inhabilitaciones no podrán durar más de cinco años tratándose de la inhabilitación para el ejercicio de un cargo o función pública o para el ejercicio de cargos gerenciales. La prohibición para contratar con el Estado podrá imponerse siempre en toda su extensión.

Si la inhabilitación se impusiere juntamente con una pena efectiva de presidio o reclusión, la extensión determinada por el tribunal se aumentará de pleno derecho en todo el tiempo de ejecución efectiva de esa pena, si fuere mayor.

Art. 36. Duración. Toda inhabilitación comenzará a producir sus efectos desde la fecha en que quedare ejecutoriada la sentencia que la impusiere, y su duración se computará desde ese momento.

Art. 37. Rehabilitación. Todo sentenciado a inhabilitación para el ejercicio de una función o cargo público o para el ejercicio de cargos gerenciales tendrá derecho a solicitar al tribunal su rehabilitación una vez cumplida la mitad de la condena.

El tribunal accederá a la solicitud si se acompañaren antecedentes que permitieren presumir que el condenado no volverá a delinquir y que ejercerá en el futuro en forma responsable la actividad a la que se refiera la inhabilitación.

Art. 38. Reincidencia. En los casos en que se hubiere concedido la rehabilitación conforme al artículo precedente y el beneficiado perpetrare un nuevo delito por el cual correspondiere imponer una inhabilitación de la misma clase, el tribunal la determinará dentro de la mitad superior de su extensión. El sentenciado a tal inhabilitación no tendrá derecho a obtener una nueva rehabilitación.

Art. 39. Abono. El tiempo por el cual el condenado hubiere sufrido una privación de derechos distinta de la privación de libertad impuesta como medida cautelar en el mismo proceso será íntegramente abonado a la inhabilitación que se le impusiere conforme a este párrafo, siempre que tal privación de derechos hubiere impedido al condenado realizar las actividades a que se refiriere la inhabilitación.

TÍTULO III

COMISO DE GANANCIAS

Art. 40. Comiso con condena previa. Toda condena por delito económico conlleva el comiso de las ganancias.

Art. 41. Comiso sin condena previa. Se impondrá asimismo el comiso de las ganancias obtenidas a través de un hecho ilícito que corresponde a un delito económico aunque:

1.° se dictare sobreseimiento temporal conforme a las letras b) y c) del inciso primero, y el inciso segundo del artículo 252 del Código Procesal Penal;

2.° se dictare sentencia absolutoria fundada en la falta de convicción a que se refiere el artículo 340 del Código Procesal Penal o sobreseimiento definitivo fundado en la letra b) del artículo 250 del mismo Código;

3.° se dictare sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria fundados en la concurrencia de circunstancias eximentes de responsabilidad que no excluyen la ilicitud del hecho;

4.° se dictare sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria fundados en haberse extinguido la responsabilidad penal o en haber sobrevenido un hecho que, con arreglo a la ley, pusiere fin a esa responsabilidad.

El comiso de ganancias sin condena previa será impuesto de conformidad al procedimiento especial previsto en el Título III bis del Libro Cuarto del Código Procesal Penal.

Art. 42. Medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público. El Ministerio Público podrá solicitar al Juez de Garantía competente las medidas que sean necesarias para asegurar activos patrimoniales con el fin de hacer el comiso de ganancias conforme a este Título.

Art. 43. Medidas cautelares solicitadas por otras autoridades. El Consejo de Defensa del Estado y las autoridades del Estado facultadas por ley para denunciar la perpetración de un delito económico o querellarse contra sus responsables podrán también solicitar al Juez de Garantía las medidas señaladas en el artículo 42.

Art. 44. Proporcionalidad. En caso de recaer sobre bienes de una empresa, el comiso y las medidas a que se refiere el artículo 42 se harán efectivos de preferencia sobre aquellos cuya afectación no obstaculice sus actividades económicas.

Art. 45. Prescripción. La acción para obtener el comiso de ganancias conforme a este Título prescribirá en el plazo de cuatro años contados desde que hubiere transcurrido el plazo de prescripción de la acción penal respectiva.

Art. 46. Acción civil. La acción para obtener indemnización de perjuicios de la víctima de un delito económico, o de un hecho ilícito que corresponde a un delito económico, podrá ejercerse sobre los bienes decomisados conforme a este Título o el producto de su realización, siempre que existiere una relación directa entre el perjuicio irrogado y las ganancias obtenidas.

La acción antedicha prescribirá en cuatro años contados a partir de la fecha en que la resolución que impone el comiso quede ejecutoriada.

Art. 47. Excepciones al ejercicio de la acción civil. Cualquiera sea el procedimiento en que se ejerza la acción en cuestión, se dará traslado al Consejo de Defensa del Estado, por un plazo de 30 días, prorrogable a su solicitud por otros 30 días hasta por dos veces.

El Consejo de Defensa del Estado podrá oponer la excepción de falta de relación directa entre perjuicio y ganancias, la excepción de ejecución negligente y la excepción de ejecución inadecuada.

Las excepciones de falta de relación directa entre perjuicio y ganancias y de ejecución negligente serán tramitadas como incidente de previo y especial pronunciamiento. Acogida la excepción no procederá lo dispuesto en el artículo precedente.

La oposición de la excepción de ejecución inadecuada se hará indicando otros bienes del demandado. Para este efecto, el Consejo de Defensa del Estado podrá solicitar las medidas precautorias conducentes a su aseguramiento, incluso antes de interponer la excepción, anunciándola. En este último caso las medidas quedarán sin efecto si el plazo venciere sin oposición de la excepción. Opuesta la excepción serán pagadas las indemnizaciones con los bienes identificados. De haber saldo insoluto, procederá lo dispuesto en el artículo precedente.

Para la identificación de los bienes del responsable el Ministerio Público, a solicitud del Consejo de Defensa del Estado, estará facultado para requerir la información pertinente del Servicio de Impuestos Internos y de la Comisión para el Mercado Financiero, así como de bancos, instituciones financieras, compañías de seguro y personas jurídicas sujetas a su fiscalización.

TÍTULO IV

MODIFICACIONES A OTROS CUERPOS LEGALES

Art. 48. Modificaciones al Código Penal. Introdúcese las siguientes modificaciones al Código Penal:

1. Introdúcese el siguiente inciso segundo en su artículo 20:

“Tampoco se reputa pena el comiso de las ganancias provenientes del delito”.

2. Introdúcese el siguiente artículo 24 bis:

“24 bis. Toda sentencia condenatoria en materia criminal lleva consigo el comiso de las ganancias provenientes del delito. Por el comiso de ganancias se priva a una persona de activos patrimoniales cuyo valor corresponda a la cuantía de las ganancias obtenidas a través del delito, o bien para o por perpetrarlo, y se los transfiere al fisco.

Las ganancias obtenidas comprenden los frutos y las utilidades que se hubieren originado, cualquiera sea su naturaleza jurídica. Las ganancias comprenden también el equivalente a los costos evitados mediante el hecho ilícito.

En la determinación del valor de las ganancias no se descontarán los gastos que hubieren sido necesarios para perpetrar el delito y obtenerlas.

La acción para obtener el comiso de ganancias se sujetará a las reglas de la prescripción de la acción penal respectiva.

Si un mismo bien pudiere ser objeto de comiso conforme a este artículo y conforme al artículo 31, solo se aplicará lo dispuesto en este artículo.”

3. Introdúcese el siguiente artículo 24 ter:

“24 ter. El comiso de ganancias será impuesto también respecto de una persona que no hubiere intervenido en la perpetración del hecho, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

1ª. si esa persona hubiere adquirido la ganancia como heredero o asignatario testamentario, a cualquier título gratuito o sin título válido, a menos que la hubiere adquirido del mismo modo de un tercero que no se encontrare en la misma circunstancia ni en las circunstancias que siguen;

2ª. si esa persona hubiere obtenido la ganancia mediante el hecho ilícito y los intervinientes en la perpetración del hecho hubieren actuado en su interés;

3ª. si esa persona hubiere adquirido la ganancia sabiendo o debiendo saber de su procedencia ilícita al momento de la adquisición; y

4ª. si se tratare de una persona jurídica que hubiere recibido la ganancia como aporte a su patrimonio.”

4. Sustitúyese su artículo 40 por el siguiente:

“40. Si los bienes del condenado no fueren bastantes para cubrir las responsabilidades pecuniarias, se satisfarán éstas en el orden siguiente:

1.° el comiso de las ganancias provenientes del delito;

2.° las multas;

3.° las costas procesales y el resarcimiento de los gastos ocasionados por el juicio;

4.° la reparación del daño causado e indemnización de perjuicios;

5.° las costas personales.

En caso de iniciarse un procedimiento concursal, estos créditos se graduarán considerándose la obligación de cumplir con el comiso como un crédito de la primera clase comprendido en el número 1 del artículo 2472 del Código Civil y los restantes como uno solo entre los que no gozan de preferencia. En este caso no se aplicará lo dispuesto en el inciso anterior.”

5. En su artículo 60:

a. Sustitúyese el inciso cuarto por el siguiente:

“La misma regla señalada en el inciso anterior, se aplicará respecto a las cauciones que se hagan efectivas y del dinero o el producto de la enajenación en subasta pública de las especies decomisados conforme al artículo 31, la cual se deberá efectuar por la Dirección de Compras y Contratación Pública.”

b. Intercálase en su inciso sexto, entre las expresiones “comisos” y “derivados”, las expresiones “de instrumentos o efectos”.

c. Introdúcese el siguiente nuevo inciso séptimo y final:

“Tratándose del comiso de ganancias provenientes del delito, serán transferidos al fisco tanto las sumas de dinero o derechos a sumas de dinero decomisados como los fondos obtenidos mediante la realización de los bienes decomisados.”

6. En su artículo 240;

a. Intercálase en su número 7°, entre las palabras “anónima” y “que”, la expresión “abierta o especial”

b. Sustitúyese en su inciso segundo la expresión “personas enumeradas en el inciso precedente” por la frase “personas mencionadas en los números 1 a 6 del inciso precedente”

c. Sustitúyese en su inciso tercero la expresión “alguna de las personas enumeradas en el inciso primero” por la frase “alguna de las personas mencionadas en los números 1 a 6 del inciso primero”.

d. Introdúcese el siguiente inciso cuarto nuevo:

“Tratándose de una sociedad anónima abierta o especial, las mismas penas referidas en el inciso primero se aplicarán al director o gerente que diere o dejare tomar interés a personas consideradas por la ley como partes relacionadas.

7. Introdúcese el siguiente nuevo inciso segundo en su artículo 247 bis:

“Con las mismas penas serán castigados los que, ejerciendo alguna de las profesiones que requieren título, obtuvieren un beneficio económico para sí o para un tercero haciendo uso de los secretos que por razón de su profesión se les hubiere confiado. Tratándose de un abogado, si el hecho perjudicare además a su cliente, se impondrán también las penas privativas de derechos señaladas en el artículo 231.”

8. Sustitúyese el actual artículo 284 por los siguientes nuevo artículos 284 y 284 bis:

“Art. 284. Será castigado con presidio o reclusión menor en su grado medio el que sin el consentimiento de su legítimo poseedor revelare o consintiere que otra persona accediere a un secreto comercial que hubiere conocido:

1.° bajo un deber de confidencialidad con ocasión del ejercicio de un cargo o una función pública o de una profesión cuyo título se encontrare legalmente reconocido y siempre que el deber de confidencialidad profesional estuviere fundado en la ley o un reglamento, o en las reglas que definen su correcto ejercicio;

2.° en razón o a consecuencia de una relación contractual o laboral con la empresa afectada o con otra que le haya prestado servicios;

3.° por medio de una intromisión indebida.

El que sin el consentimiento de su legítimo poseedor se aprovechare económicamente de un secreto comercial que hubiere conocido en alguna de las circunstancias previstas en el inciso anterior o sabiendo que su conocimiento del secreto proviene de un hecho de los señalados en el inciso anterior será sancionado con presidio o reclusión menor en su grado máximo.

No incurre en el delito previsto en este artículo el que habiendo conocido legítimamente un secreto comercial durante su relación contractual o laboral con una empresa con posterioridad al cese de dicha relación se aprovechare en el ejercicio de su profesión u oficio o en el desarrollo de una actividad económica de un secreto empresarial que hubiere pasado a ser parte inescindible de su bagaje profesional o laboral.

Para los efectos de este artículo y del artículo siguiente se entenderá por secreto comercial todo conocimiento de acceso restringido concerniente a la elaboración o comercialización de productos o a la prestación de servicios, así como a la organización o funcionamiento de la empresa, cuya revelación fuere idónea para perjudicar la posición de ésta en la competencia.

284 bis. El que sin el consentimiento de su legítimo poseedor accediere a un secreto comercial mediante intromisión indebida con el propósito de revelarlo o aprovecharse económicamente de él será castigado con presidio o reclusión menor en su grado medio.

Igual pena se impondrá al que sin el consentimiento de su legítimo poseedor reprodujere la fijación en cualquier formato de información constitutiva de un secreto empresarial con el propósito de revelarlo o aprovecharse económicamente de él.

Por intromisión en los términos de este artículo se entenderá:

1.° el ingreso a dependencias de la empresa o la captación visual o sonora mediante dispositivos técnicos de lo que tuviere lugar al interior de dependencias de la empresa, siempre que ello no fuere perceptible desde su exterior sin la utilización de dispositivos técnicos como los empleados en la captación o sin recurrir a escalamiento o a algún otro modo de vencimiento de un obstáculo a la percepción;

2.° la captación visual o sonora mediante dispositivos técnicos del contenido de la comunicación que dos o más personas mantuvieren, de la ejecución de una acción o del desarrollo de una situación por parte de una persona cuando los involucrados tuvieren una expectativa legítima de no estar siendo vistos, escuchados, filmados o grabados, manifestada en las circunstancias de la comunicación, la acción o la situación y que ésta concerniere a la empresa;

3.° el acceso a la información que se tuviere en cualquier soporte o medio de la empresa vulnerando mecanismos de resguardo que impidieren el libre acceso a ella.”

9. Sustitúyense los actuales artículos 285 y 286 por los siguientes:

“Art. 285. El que por medios fraudulentos alterare el precio de bienes o servicios sufrirá las penas de presidio o reclusión menor en sus grados medio a máximo.”

Art. 286. Se impondrá la pena de presidio o reclusión menor en su grado máximo a presidio o reclusión mayor en su grado mínimo cuando el fraude expresado en el artículo anterior recayere sobre el precio de bienes o servicios de primera necesidad o de consumo masivo.”

10. En sus artículos 287 bis y 287 ter sustitúyese las expresiones “empleado o mandatario” por las expresiones “director, administrador, mandatario o empleado de una empresa”.

11. Introdúcese en el Título Sexto de su Libro Segundo el siguiente nuevo Párrafo 13:

Ҥ 13. Atentados contra el medio ambiente

Art. 305. Será sancionado con presidio o reclusión menor en sus grados mínimo a medio el que contraviniendo una norma de emisión o de calidad ambiental incumpliendo las medidas establecidas en un plan de prevención, de descontaminación o de manejo ambiental, incumpliendo una resolución de calificación ambiental, las condiciones asociadas al otorgamiento de alguna autorización de carácter ambiental o sin haber sometido su actividad a una evaluación de impacto ambiental o sin haber obtenido una autorización de carácter ambiental estando obligado a ello:

1º vertiere sustancias contaminantes en aguas marítimas o continentales;

2º extrajere aguas continentales, sean superficiales o subterráneas;

3º vertiere o depositare sustancias contaminantes en el suelo o subsuelo, continental o marítimo;

4º extrajere tierras del suelo o subsuelo;

5º liberare sustancias contaminantes al aire.

Lo dispuesto en el número 5º no será aplicable respecto de las emisiones provenientes de vehículos sujetos a inscripción en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados y de sistemas de calefacción o refrigeración domésticos.

Art. 306. Tratándose de los hechos previstos en el artículo anterior la pena será solo la multa de 30 a 3000 unidades tributarias mensuales, cuando el hechor contare con autorización para verter, liberar o extraer la sustancia correspondiente y además:

1.° la cantidad vertida, liberada o extraída en exceso no superare en forma significativa el límite permitido, atendidas las características de la sustancia y la condición del medio ambiente que pudieren verse afectados por el exceso;

2.° la infracción se hubiere prolongado solo por un breve lapso, atendidas las características de la sustancia y la condición del medio ambiente que pudieren verse afectados por el exceso; y,

3.° el infractor hubiere obrado con diligencia para restablecer las emisiones o extracciones al valor permitido y para evitar las consecuencias dañinas del exceso.

Art. 307. El que por imprudencia temeraria o por mera imprudencia o negligencia con infracción de los reglamentos incurriere en los hechos previstos en el artículo 305 será sancionado con la pena de multa de 30 a 3000 unidades tributarias mensuales.

Art. 308. El que afectare gravemente las aguas marítimas o continentales, superficiales o subterráneas, el suelo o el subsuelo, fuere continental o marítimo, o el aire, o bien la salud animal o vegetal, la existencia de recursos hídricos o el abastecimiento de agua potable, será sancionado con la pena de presidio o reclusión menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo.

El que por imprudencia temeraria o por mera imprudencia o negligencia con infracción de los reglamentos incurriere en los hechos señalados en inciso anterior será sancionado con la pena con la pena de presidio o reclusión menor en sus grados medio a máximo.

Art. 309. Cuando la afectación grave prevista en el inciso primero del artículo anterior resultare de la perpetración de un hecho comprendido en el artículo 305 la pena será:

1.° presidio o reclusión mayor en su grado mínimo, si el resultado fuere atribuible a dolo;

2.° presidio o reclusión menor en su grado máximo, si el resultado fuere atribuible a imprudencia temeraria o mera imprudencia o negligencia con infracción de los reglamentos.

Las mismas penas se impondrán, según el caso, cuando la afectación grave de la existencia de recursos hídricos resultare de la infracción de las reglas de su distribución y aprovechamiento.

Art. 310. El que afectare gravemente uno o más de los componentes ambientales de una reserva de región virgen, un parque nacional, un parque nacional de turismo, un monumento natural, una reserva nacional, una reserva de bosque, una reserva forestal, un parque marino, una reserva marina, un área marina costera protegida para efectos ambientales o un santuario de la naturaleza o un humedal de importancia internacional será sancionado con presidio o reclusión mayor en su grado mínimo.

La misma pena se impondrá al que infringiendo una resolución de calificación ambiental o sin haber sometido su actividad a una evaluación de impacto ambiental estando obligado a ello afectare gravemente un glaciar.

Si cualquiera de los hechos señalados en los dos incisos anteriores fuere perpetrado por imprudencia temeraria o por mera imprudencia o negligencia con infracción de los reglamentos la pena será de presidio o reclusión menor en su grado máximo.

Art. 311. Para los efectos de los tres artículos precedentes se entenderá por afectación grave de uno o más componentes ambientales el cambio adverso y mensurable producido en alguno de ellos siempre que ese cambio adverso consistiere en alguna de las siguientes circunstancias:

1º. tener una extensión espacial de relevancia, según las características ecológicas o geográficas de la zona afectada;

2º. tener efectos prolongados en el tiempo;

3º ser irreparable o difícilmente reparable;

4º. alcanzar a un conjunto significativo de especies según las características de la zona afectada;

5º. incidir en especies categorizadas como extintas, extintas en grado silvestre, en peligro crítico o en peligro o vulnerable;

6º. poner en peligro la salud de una o más personas.”

12. Sustitúyese su actual artículo 438 por el siguiente:

“Art. 438. El que para obtener un provecho patrimonial para sí o para un tercero constriñere a otro con violencia o intimidación a suscribir, otorgar o entregar un instrumento público o privado que importe una obligación estimable en dinero, o a ejecutar, omitir o tolerar cualquier otra acción que importare una disposición patrimonial en perjuicio suyo o de un tercero, será castigado con las penas respectivamente señaladas en este párrafo para el culpable de robo.”

13. En el encabezamiento de su artículo 459 sustitúyese las expresiones “presidio menor en sus grados mínimo a medio” por las expresiones “presidio menor en su grado medio a máximo”.

14. Sustitúyese su actual artículo 463 por el siguiente:

“Art. 463. El que dentro de los dos años anteriores a la resolución de liquidación a que se refiere el Capítulo IV de la Ley de Reorganización y Liquidación de Activos de Empresas y Personas, conociendo el mal estado de sus negocios, ejecutare actos o contratos que disminuyan su activo o aumenten su pasivo de un modo manifiestamente contrario a las exigencias de una administración racional del patrimonio, será castigado con la pena de presidio menor en cualquiera de sus grados.”

15. Sustitúyese su actual artículo 463 bis por el siguiente:

“Art. 463 bis. Será castigado con la pena de presidio menor en su grado medio a presidio mayor en su grado mínimo, el deudor que realizare alguna de las siguientes conductas:

1.° Si dentro de los dos años anteriores a la resolución de reorganización o liquidación favoreciere a uno o más acreedores en desmedro de otro pagando deudas que no fueren actualmente exigibles u otorgando garantías para deudas contraídas previamente sin garantía;

2º. Si después de la resolución de liquidación percibiere, se apropiare o distrajere bienes que deban ser objeto del procedimiento concursal de liquidación;

3º. Si después de la resolución de liquidación, realizare actos de disposición de bienes de su patrimonio, reales o simulados, o si constituyere prenda, hipoteca u otro gravamen sobre los mismos; o

4º. Si dentro de los dos años anteriores a la resolución de liquidación o reorganización, o con posterioridad a esa resolución, ocultare total o parcialmente sus bienes o sus haberes.”

16. Sustitúyese su actual artículo 464 por el siguiente:

“Art. 464. Será castigado con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y con la sanción accesoria de inhabilidad especial perpetua para ejercer el cargo, el veedor o liquidador designado en un procedimiento concursal de reorganización o liquidación, que perpetrare cualquiera de los hechos previstos en los números 1 u 11 del artículo 470.”

17. Derógase su artículo 464 bis.

18. Sustitúyese el actual inciso segundo de su artículo 464 ter por el siguiente:

“Del mismo modo será castigado el que sin tener la calidad antedicha perpetrare alguno de los hechos señalados en el inciso anterior actuando con el consentimiento de quien tiene esa calidad o en su beneficio.”

19. Sustitúyese su actual artículo 467 por el siguiente:

“Art. 467. El que para obtener un provecho patrimonial para sí o para un tercero mediante engaño provocare en otro un error, o lo mantuviere en un error, que lo indujere a ejecutar, omitir o tolerar una acción que importare una disposición patrimonial en perjuicio suyo o de un tercero será sancionado:

1.° Con presidio menor en su grado máximo y multa de veintiuna a trescientas unidades tributarias mensuales, si el perjuicio excediere de cuatrocientas unidades tributarias mensuales y no pasare de cuarenta mil;

2.° Con presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de once a quince unidades tributarias mensuales, si excediere de cuarenta unidades tributarias mensuales y no pasare de cuatrocientas;

3.º. Con presidio menor en su grado medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales, si excediere de cuatro unidades tributarias mensuales y no pasare de cuarenta;

4.º. Con presidio menor en su grado mínimo y multa de cinco unidades tributarias mensuales, si excediere de una unidad tributaria mensual y no pasare de cuatro.

Si el perjuicio excediere de cuarenta mil unidades tributarias mensuales, se aplicará la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y multa de trescientas a quinientas unidades tributarias mensuales.

20. En su artículo 468:

a. Sustitúyese la expresión “en las penas del” por la expresión “en el”.

b. Introdúcese como nuevo inciso segundo el siguiente:

“Las penas del artículo anterior serán aplicadas también al que para obtener un provecho para sí o para un tercero irrogare perjuicio patrimonial a otra persona:

1º. manipulando los datos contenidos en un sistema informático o el resultado del procesamiento informático de datos a través de una intromisión indebida en la operación de éste;

2º. utilizando sin la autorización del titular una o más claves confidenciales que habilitaren el acceso u operación de un sistema informático; o

3º. haciendo uso no autorizado de una tarjeta de pago ajena o de los datos codificados en una tarjeta de pago que la identificaren y habilitaren como medio de pago.”

21. Intercálase en el inciso tercero del número 11 de su artículo 470, entre la coma (“,”) que sigue a la expresión “especial” y la expresión “el administrador”, la frase “u otro patrimonio administrado por esa sociedad,”.

22. Introdúcese el siguiente inciso segundo nuevo en su artículo 472, pasando a ser los actuales incisos segundo, tercero y cuarto, sus nuevos incisos tercero, cuarto y quinto:

“Se impondrá el grado máximo de la pena establecida en el inciso anterior, cuando la conducta que allí se sanciona se realice simulando, de cualquier forma, que se suministran los valores a un interés permitido por la ley.”

23. Introdúcese a continuación del artículo 472, en el Párrafo 8 del Título IX de su Libro Segundo, los siguientes nuevos artículos 472 bis y 473 ter:

“Art. 472 bis. El que con abuso grave de una situación de necesidad, de la inexperiencia o de la incapacidad de discernimiento de otra persona, le pagare un salario manifiestamente desproporcionado e inferior al mínimo previsto por la ley o le diere en arrendamiento un inmueble como morada recibiendo una contraprestación manifiestamente desproporcionada, será castigado con la pena de presidio o reclusión menor en cualquiera de sus grados.

472 ter. En los casos en que alguno de los hechos previstos en este párrafo irrogare un perjuicio que excediere de ciento sesenta mil unidades tributarias mensuales o arruinare a un número considerable de personas, se podrá imponer la pena superior en un grado a la señalada por la ley.”

Art. 49. Modificaciones al Código Procesal Penal. Introdúcese las siguientes modificaciones en el Código Procesal Penal:

1. Introdúcese en su artículo 157 el siguiente nuevo inciso tercero:

“El Ministerio Público deberá solicitar las medidas cautelares que correspondan para asegurar bienes suficientes a fin de hacer efectivo el comiso de las ganancias provenientes del delito. Para estos efectos, el Juez de Garantía podrá ordenar mantener congeladas las cuentas en bancos o los fondos generales administrados por terceros.”

2. Introdúcese el siguiente nuevo artículo 157 bis:

“Art. 157 bis. Concesión de medidas sin audiencia del afectado. Las medidas solicitadas para asegurar bienes sobre los cuales hacer efectivo el comiso de ganancias podrán ser decretadas sin audiencia del afectado.

Si se procediere de este modo, el Juez de Garantía deberá fijar un plazo no inferior a 30 días ni superior a 120 días para que el Ministerio Público formalice la investigación respectiva. Transcurrido este plazo sin que se produzca la formalización, o sin que el Ministerio Público solicite la mantención de la medida con ocasión de la formalización, la medida quedará sin efecto.”

3. Introdúcese en su artículo 259 el siguiente inciso tercero:

“Si el fiscal solicitare la aplicación del comiso de ganancias deberá indicar su monto y expresar con claridad y precisión los fundamentos de su solicitud, señalando de los medios de prueba de que pensare valerse y dando, en su caso, cumplimiento a lo dispuesto en el inciso precedente.”

4. Introdúcese en el inciso tercero de su artículo 348, a continuación de su punto final, que pasa a ser punto seguido, la siguiente oración: “En cuanto al comiso de las ganancias del delito, si éstas ascendieran a un monto superior a 400 Unidades Tributarias Mensuales, se estará a lo dispuesto en el artículo siguiente. De lo contrario, el tribunal lo impondrá en la misma sentencia condenatoria si fuere procedente.”

5. Introdúcese el siguiente nuevo artículo 348 bis:

“Art. 348 bis.- Comiso de ganancias. En caso de haberse solicitado la aplicación del comiso de ganancias por un monto superior a 400 Unidades Tributarias Mensuales, o si la aplicación del comiso afectare a terceros, en la sentencia condenatoria se citará a una audiencia especial.

Si el comiso sólo afectare personas que hubieren sido condenadas, la audiencia tendrá lugar dentro de décimo día a contar de la fecha de la sentencia. Si el comiso afectare a terceros, la audiencia no podrá tener lugar antes de treinta ni después de sesenta días contados desde la fecha de la notificación de la sentencia a los afectados.

La resolución y la audiencia respectiva se sujetarán a lo dispuesto en los artículos 415 quáter, quinquies y sexies.

El tribunal pronunciará su decisión de imposición del comiso o rechazo de la solicitud, y en el primer caso determinará el monto por el cual se lo impone. De haber bienes asegurados para hacerlo efectivo, los identificará y el tribunal pronunciará su decisión.”

6. Introdúcese en su artículo 391 el siguiente nuevo inciso segundo:

“Si el fiscal solicitare la aplicación del comiso de ganancias deberá indicar su monto y expresar con claridad y precisión los fundamentos de su solicitud, exponiendo de los antecedentes o elementos en los que ella se basa.”

7. Introdúcese en su artículo 396 el siguiente nuevo inciso final:

“Si se hubiere solicitado el comiso de ganancias en el requerimiento por un monto igual o inferior a 400 Unidades Tributarias Mensuales, el juez se pronunciará acerca de su procedencia en la sentencia. Si el monto fuere superior o si el comiso afectare a terceros, se estará a lo dispuesto en el artículo 348 bis.”

8. Introdúcese en su artículo 411 el siguiente inciso segundo:

“Si el fiscal solicitare la aplicación del comiso de ganancias deberá indicar su monto y expresar con claridad y precisión los fundamentos de su solicitud.”

9. Introdúcese en su artículo 413 el siguiente inciso final:

“Si el fiscal hubiere solicitado el comiso de ganancias por un monto igual o inferior a 400 Unidades Tributarias Mensuales, el juez se pronunciará acerca de su procedencia en la sentencia. Si el monto fuere superior o si el comiso afectare a terceros, se estará a lo dispuesto en el artículo 348 bis.”

10. Introdúcese en el Libro Cuarto del Código Procesal Penal el siguiente Título III bis

“Título III bis. Procedimiento relativo a la imposición de comiso sin condena previa

Art. 415 bis. Ámbito de aplicación. Las reglas del presente título son aplicables en los casos en que la ley dispone el comiso de bienes o activos obtenidos a través de un hecho ilícito que corresponde a un delito sin sujetar su procedencia a la dictación de una sentencia condenatoria relativa al hecho.

En esos casos, la resolución que ponga término a la investigación o juicio respectivos no obstará a la competencia del tribunal para conocer de este procedimiento.

Art. 415 ter. Citación. Habiéndose incautado bienes o asegurado conforme al artículo 157 para hacer efectivo el comiso, en la última resolución que recaiga sobre la respectiva investigación o el juicio, poniéndole término temporal o definitivo, el tribunal, a petición del Ministerio Público, citará a audiencia especial de comiso, que no podrá tener lugar antes de treinta ni después de sesenta días contados desde la fecha de la resolución.

Art. 415 quáter. Preparación. La resolución ordenará que las partes comparezcan a la audiencia, con todos sus medios de prueba. Si alguna de ellas requiriere de la citación de testigos o peritos por medio del tribunal deberá formular la respectiva solicitud con una anticipación no inferior a cinco días a la fecha de la audiencia.

La resolución será notificada a todas las personas que conforme a la ley podrían ser afectadas en su propiedad o patrimonio por la imposición del comiso, con a lo menos quince días de anticipación a la fecha de la audiencia.

Art. 415 quinquies. Audiencia y prueba. La audiencia comenzará dándose lectura a la solicitud de aplicación del comiso formulada por el Ministerio Público. En seguida se oirá a los comparecientes y se recibirá la prueba.

La prueba de los hechos de los que depende la procedencia del comiso, incluido su monto, será producida conforme a lo dispuesto en el artículo 295 y apreciada conforme a lo dispuesto en el artículo 297. El tribunal formará su convicción sobre la base de la prueba preponderante producida durante la audiencia.

Art. 415 sexies. Suspensión de la audiencia. La audiencia no podrá suspenderse, ni aun por falta de comparecencia de alguna de las partes o por no haberse rendido prueba en la misma. Sin embargo, si faltare una prueba anunciada por las partes que el tribunal considerare indispensable para la adecuada resolución de la causa, dispondrá lo necesario para asegurar su producción. La suspensión no podrá en caso alguno exceder de cinco días.

Art 415 septies. Contenido de la sentencia. La sentencia en el procedimiento de comiso sin condena previa contendrá:

a) La mención del tribunal, la fecha de su dictación y la identificación de los intervinientes;

b) La enunciación de la solicitud del Ministerio Público y de las defensas de los afectados, y sus fundamentos respectivos;

c) El análisis somero de la prueba producida;

d) Las razones de hecho y de derecho, que sirven de fundamento al fallo, en particular las que se refieren a la existencia del hecho ilícito del que proceden las ganancias; y

e) La decisión del asunto, imponiendo el comiso o denegándolo, y en el primer caso determinando el monto por el cual se lo impone.

Art. 415 octies. Recursos. Si la sentencia que impone o deniega el comiso de ganancias fuere dictada por un tribunal oral en lo penal, procederá en su contra el recurso de nulidad y el recurso de apelación del monto del comiso. En caso de interponerse ambos, el requirente deberá apelar en subsidio del recurso de nulidad.

El recurso de nulidad procederá por cualquiera de las causales previstas en los artículos 373 y 374 y deberá interponerse dentro de los diez días siguientes a la notificación de la sentencia que impone o deniega el comiso de ganancias. Su interposición y tramitación tendrá lugar de acuerdo con lo previsto en el Título Cuarto del Libro Tercero. El tribunal que conozca del recurso podrá decretar la nulidad de la audiencia prevista en el artículo 348 bis o, de tratarse exclusivamente de un error de derecho, anulará la sentencia y dictará sentencia de reemplazo.

Tratándose de una sentencia dictada por un juez de garantía, el recurso de apelación deberá interponerse dentro de los diez días siguientes a la notificación de la sentencia que impone o deniega el comiso de ganancias. El tribunal que conozca del recurso podrá, en ese caso, revocar la decisión que concede o deniega el comiso de ganancias y dictar sentencia de reemplazo, o podrá modificar el monto fijado por el tribunal a quo.”

Art. 415 nonies. Ejecución. Una vez ejecutoriada la sentencia que impone el comiso ella será ejecutada conforme a lo dispuesto en el artículo 469 bis.”

11. Introdúcese el siguiente artículo 469 bis.

“Art. 469 bis. Ejecución del comiso de ganancias. Toda sentencia que imponga el comiso de las ganancias provenientes del delito será ejecutada como decisión civil dictada por un tribunal con competencia en lo penal.

En caso de que los bienes decomisados sean dinero o derechos a sumas de dinero, se los transferirá al fisco. Los fondos obtenidos mediante la realización de los bienes decomisados también serán transferidos al fisco.

El comiso de inmuebles o de bienes de propiedad registral conlleva la facultad de realizar aquellas inscripciones necesarias para ejecutar eficazmente el bien decomisado.”

Art. 50. Modificaciones al Código Orgánico de Tribunales. Introdúcese las siguientes modificaciones al artículo 171 del Código Orgánico de Tribunales:

1. Sustitúyese el inciso primero por el siguiente:

“La acción civil que tuviere por objeto la restitución de la cosa y la que tuviere por objeto la imposición del comiso de las ganancias provenientes del delito o, en los casos en que la ley lo disponga aun sin sentencia condenatoria, del hecho ilícito que corresponde al delito, deberán interponerse siempre ante el tribunal que conozca las gestiones relacionadas con el respectivo procedimiento penal.”

2. Sustitúyese el inciso cuarto y final por el siguiente:

“El tribunal civil mencionado en el inciso anterior será competente para conocer de la ejecución de la decisión civil de las sentencias definitivas dictadas por los jueces con competencia penal, así como de la sentencia que imponga el comiso de las ganancias provenientes del hecho ilícito que corresponde al delito.”

Art. 51. Modificaciones a la Ley 20.393. Introdúcese las siguientes modificaciones en la Ley 20.393, sobre responsabilidad penal de la persona jurídica:

1. Sustitúyese su artículo 1° por el siguiente:

“Artículo 1.° Contenido de la ley. La presente ley regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas por los delitos señalados en el inciso siguiente, el procedimiento para la investigación y establecimiento de dicha responsabilidad penal, la determinación de las sanciones procedentes y la ejecución de éstas.

Los delitos por los cuales la persona jurídica responde penalmente conforme a la presente ley son los siguientes:

1.° los delitos a que se refieren los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley de Delitos Económicos, sean o no considerados como delitos económicos por esa ley;

2.° el previsto en el artículo 8 de la Ley 18.314 que tipifica conductas terroristas;

En lo no previsto por esta ley serán aplicables, supletoriamente, las disposiciones contenidas en el Libro I del Código Penal y en el Código Procesal Penal, en lo que resultare pertinente.

Para los efectos de esta ley, no será aplicable lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 58 del Código Procesal Penal.”

2. Sustitúyese su artículo 2° por el siguiente:

“Artículo 2.° Ámbito de aplicación personal. Serán penalmente responsables en los términos de esta ley las personas jurídicas de derecho privado, las empresas públicas creadas por ley, las empresas, sociedades y universidades del Estado, los partidos políticos y las personas jurídicas religiosas de derecho público.”

3. Sustitúyese su artículo 3° por el siguiente:

“Artículo 3.° Presupuestos de la responsabilidad penal. Una persona jurídica será penalmente responsable por cualquiera de los delitos señalados en el artículo 1° perpetrado por o con la intervención de alguna persona natural que ocupare un cargo, función o posición en ella, o le prestare servicios gestionando asuntos suyos ante terceros, con o sin su representación, siempre que la perpetración del hecho se hubiere visto favorecida o facilitada por la falta de implementación efectiva, por parte de la persona jurídica, de un modelo adecuado de prevención de tales delitos.

Dados los demás requisitos previstos en el inciso anterior, una persona jurídica también será responsable por el hecho perpetrado por o con la intervención de una persona natural relacionada en los términos previstos por dicho inciso con una persona jurídica distinta, siempre que ésta le prestare servicios gestionando asuntos suyos ante terceros, con o sin su representación, o careciere de autonomía operativa a su respecto, cuando entre ellas existieren relaciones de propiedad o participación.

Lo dispuesto en este artículo no tendrá aplicación cuando el hecho punible se perpetrare exclusivamente en contra de la propia persona jurídica.”

4. Sustitúyese su artículo 4° por el siguiente:

“Artículo 4.° Modelo de prevención de delitos. Se entenderá que un modelo de prevención de delitos efectivamente implementado por la persona jurídica es adecuado para los efectos de eximirla de responsabilidad penal cuando, en la medida exigible a su tamaño, complejidad, recursos y a las actividades que desarrolle, considere seria y razonablemente los siguientes aspectos:

1º. identificación de las actividades de la persona jurídica que impliquen riesgo de conducta delictiva;

2º. establecimiento de protocolos y procedimientos para prevenir y detectar conductas delictivas en el contexto de las actividades a que se refiere el número anterior, los que deben considerar necesariamente canales seguros de denuncia;

3º. asignación de sujetos responsables por la aplicación de dichos protocolos, dotados de facultades efectivas de dirección y supervisión;

4.° previsión de evaluaciones periódicas y mecanismos de perfeccionamiento o actualización a partir de tales evaluaciones.”

5. Sustitúyese su artículo 5° por el siguiente:

“Artículo 5.° Autonomía de la responsabilidad penal de la persona jurídica. No obstará a la responsabilidad penal de una persona jurídica la falta de declaración de responsabilidad penal de la persona natural que hubiere perpetrado el hecho o intervenido en su perpetración, sea porque ésta no hubiere sido penalmente responsable, sea porque tal responsabilidad se hubiere extinguido, sea porque no se hubiere podido continuar el procedimiento en su contra no obstante la punibilidad del hecho.

Asimismo, no obstará a la responsabilidad penal de la persona jurídica la falta de identificación de la o las personas naturales que hubieren perpetrado el hecho o intervenido en su perpetración, siempre que constare que el hecho no pudo sino haber sido perpetrado por o con la intervención de alguna de las personas y en las circunstancias señaladas en el artículo 3.°”

6. Reemplázase en su artículo 6° el numeral 3) por el siguiente:

“3) La adopción de medidas eficaces para prevenir la reiteración de la misma clase de delitos, antes del cierre de la investigación.”

7. Sustitúyese su artículo 7° por el siguiente:

“Artículo 7.° Circunstancias agravantes. Constituyen circunstancias agravantes de la responsabilidad penal de la persona jurídica:

1.° la de haber sido condenada dentro de los diez años anteriores contados desde la perpetración del hecho;

2.° las que afectaren a la persona natural que hubiere perpetrado o intervenido en el hecho, cuando la perpetración del hecho o su intervención en él bajo esas circunstancias también se hubiere visto favorecida o facilitada por la falta de implementación efectiva de un modelo adecuado de prevención de delitos.”

8. Sustitúyese su artículo 8° por el siguiente:

“Artículo 8.° Penas. Serán aplicables a la persona jurídica una o más de las siguientes penas:

1.° la extinción de la persona jurídica;

2.° la inhabilitación para contratar con el Estado;

3.° la pérdida de beneficios fiscales y prohibición de recibirlos;

4.° la supervisión de la persona jurídica;

5°. la multa;

6º. la publicación de un extracto de la sentencia condenatoria.”

9. Sustitúyese su artículo 9° por el siguiente:

“Artículo 9.° Extinción de la persona jurídica. Por la pena de extinción de la persona jurídica se dispone la pérdida definitiva de la personalidad jurídica. Para su imposición el tribunal tendrá especialmente en cuenta el peligro de reiteración delictiva que representare el funcionamiento de la persona jurídica.

Esta pena sólo se podrá imponer tratándose de crímenes, si concurriere la circunstancia agravante establecida en el número 1º del artículo 7° o en caso de reiteración delictiva.

La pena de extinción de la persona jurídica no se aplicará a las empresas públicas creadas por ley ni a las personas jurídicas que prestaren un servicio de utilidad pública cuya interrupción pudiere causar graves consecuencias sociales y económicas o daños serios a la comunidad o fuere perjudicial para el Estado.”

10. Sustitúyese su artículo 10 por el siguiente:

“Art, 10. Inhabilitación para contratar con el Estado. El tribunal podrá imponer a la persona jurídica la inhabilitación para contratar con el Estado, conforme a las reglas del párrafo 5 del Título II de la Ley de delitos económicos.

La inhabilitación perpetua para contratar con el Estado solo podrá ser impuesta respecto de crímenes, si concurriere la circunstancia agravante prevista en el número 1º del artículo 7° o en caso de reiteración delictiva.”

11. Sustitúyese su artículo 11 por el siguiente:

“Artículo 11. Pérdida de beneficios fiscales y prohibición de recibirlos. Por la pena de pérdida de beneficios fiscales se impone la pérdida de todos los subsidios, créditos fiscales u otros beneficios otorgados por el Estado sin prestación recíproca de bienes o servicios y, en especial, los subsidios para financiamiento de actividades específicas o programas especiales y gastos inherentes o asociados a la realización de éstos, sea que tales recursos se asignen a través de fondos concursables o en virtud de leyes permanentes o subsidios, subvenciones en áreas especiales o contraprestaciones establecidas en estatutos especiales y otras de similar naturaleza, así como la prohibición de recibir tales beneficios por un período de 1 a 5 años.

Si la persona jurídica no recibiere tales beneficios fiscales al tiempo de la condena, se le impondrá la prohibición de recibirlos, por el mismo período.”

12. Introdúcese el siguiente nuevo artículo 11 bis:

“Artículo 11 bis. Supervisión de la persona jurídica. El tribunal podrá imponer a la persona jurídica la supervisión si debido a la inexistencia o grave insuficiencia de un sistema efectivo de prevención de delitos ello resultare necesario para prevenir la perpetración de nuevos delitos en su seno.

La supervisión de la persona jurídica consiste en su sujeción a un supervisor nombrado por el tribunal, encargado de colaborar con la dirección de la persona jurídica en la elaboración, implementación o mejoramiento de un sistema adecuado de prevención de delitos y de controlar dicha elaboración, implementación o mejoramiento por un plazo mínimo de seis meses y máximo de dos años.

La persona jurídica estará obligada a poner a disposición del supervisor toda la información necesaria para su desempeño.

El supervisor tendrá facultades para impartir instrucciones obligatorias e imponer condiciones de funcionamiento exclusivamente en lo que concierna al sistema de prevención de delitos, sin que pueda inmiscuirse en otras dimensiones de la organización o actividad de la persona jurídica. Para los efectos de sus deberes y responsabilidad se considerará que el supervisor tiene la calidad de empleado público. Su remuneración será fijada por el tribunal de acuerdo con criterios de mercado y será de cargo de la persona jurídica.”

13. Sustitúyese su artículo 12 por el siguiente:

“Artículo 12. Multa. A menos que la ley disponga otra cosa, la multa se determinará mediante la multiplicación de un número de días-multa por el valor que el tribunal fijare para cada día-multa en la forma prevista en el párrafo 4 de la Ley de delitos económicos, cuyo producto se expresará en una suma de dinero fijada en moneda de curso legal.

El valor del día-multa no podrá ser inferior a 5 ni superior a 5.000 Unidades Tributarias Mensuales.

La pena mínima de multa es de 2 días-multa; la máxima, de 400 días-multa.

Cada pena de multa que impusiere el tribunal será determinada por éste en el número de días-multa que comprenda y su valor. Ni aun en caso de ser aplicables los artículos 74 del Código penal o 351 del Código procesal penal podrán imponerse una o más penas de multa que en conjunto excedan de 600 días-multa.

Con todo, en los casos en que la ley así lo disponga, cuando el comiso de ganancias no pudiere imponerse a la persona jurídica porque fueron sido distribuidas entre sus socios, accionistas o beneficiarios que no tuvieron conocimiento de su procedencia ilícita al momento de su adquisición, el tribunal determinará el valor total de la multa a imponer hasta por una suma equivalente al treinta por ciento de las ventas de la persona jurídica correspondientes a la línea de productos o servicios asociada al hecho durante el período en el cual éste se hubiere perpetrado o hasta el doble de las ganancias obtenidas a través del hecho, siempre que dicho valor total fuere superior al monto máximo de la multa que correspondiere imponer conforme a los incisos precedentes.

No obstará a la imposición de la pena de multa la circunstancia de que el hecho diere lugar a una o más multas no constitutivas de pena conforme a otras leyes. Con todo, el monto de la pena de multa pagada será abonado a la multa no constitutiva de pena que se imponga a la persona jurídica por el mismo hecho. Si la persona jurídica hubiere pagado una multa no constitutiva de pena como consecuencia del mismo hecho, el monto pagado será abonado a la pena de multa impuesta de conformidad con esta ley.”

14. Sustitúyese su artículo 13 por el siguiente:

“Artículo 13. Publicación de un extracto de la sentencia condenatoria. Siempre que se condene a una persona jurídica se impondrá la pena consistente en la publicación de un extracto que contenga una síntesis de la sentencia, que reproduzca sus fundamentos principales y la decisión de condena en el Diario Oficial y en otro diario de circulación nacional, a costa de la persona jurídica condenada.”

15. Sustitúyese su artículo 14 por el siguiente:

“Artículo 14. Penas de crimen y de simple delito. Tratándose de un crimen se podrá imponer a la persona jurídica responsable una o más de las siguientes penas:

1.° la extinción de la persona jurídica en los casos previstos en el inciso segundo del artículo 9°;

2.° la pérdida de beneficios fiscales y la prohibición de recibirlos por un período no inferior a 3 años;

3.° la multa por un mínimo de 200 días-multa.

Tratándose de un simple delito se podrá imponer a la persona jurídica responsable una o más de las siguientes penas:

1º. la pérdida de beneficios fiscales y la prohibición de recibirlos por un período de hasta 3 años;

2.° la multa por un máximo de 200 días-multa.

Tanto respecto de crímenes como de simples delitos se podrá imponer, además, las penas de supervisión de la persona jurídica y de inhabilitación para contratar con el Estado.

En todo caso se impondrá la publicación de un extracto de la sentencia condenatoria.”

16. Sustitúyese su artículo 15 por el siguiente:

“Artículo 15. Determinación del número y naturaleza de las penas. El tribunal impondrá siempre la pena de multa.

Adicionalmente podrá imponer cualquier otra pena que fuere procedente conforme al artículo precedente, para lo cual el tribunal atenderá a los siguientes factores:

1º. la existencia o inexistencia de un modelo de prevención de delitos que no fuere suficiente para eximir de responsabilidad a la persona jurídica y su mayor o menor grado de implementación;

2º. el grado de sujeción y cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria y de las reglas técnicas de obligatoria observancia en el ejercicio de su giro o actividad habitual;

3º. los montos de dinero involucrados en la perpetración del delito;

4º. el tamaño, la naturaleza y el giro de la persona jurídica;

5º. la extensión del mal causado por el delito;

6º. la gravedad de las consecuencias sociales y económicas que pudiere causar a la comunidad la imposición de la pena cuando se tratare de empresas que presten un servicio de utilidad pública;

7.° las circunstancias atenuantes o agravantes aplicables a la persona jurídica previstas en esta ley que concurrieren en el delito.”

17. Sustitúyese su artículo 16 por el siguiente:

“Artículo 16. Determinación de la extensión de las penas concretas. La extensión de las penas distintas de la extinción de la persona jurídica será determinada en el punto medio de su extensión, a menos que, sobre la base de los factores mencionados en el inciso segundo del artículo anterior, correspondiere imponer dentro de ese marco una pena de otra extensión.

Para la determinación de la pena de multa se estará, además, a lo dispuesto en el artículo 12 de esta ley.”

18. Introdúcese en el Título II, a continuación del 16, el siguiente nuevo apartado: “2 bis.- Ejecución de las penas”

19. Sustitúyese su artículo 17 por el siguiente:

“Artículo 17. Ejecución de la extinción de la persona jurídica. La sentencia que declare la extinción de la personalidad jurídica designará a una persona encargada de su liquidación, quien deberá realizar los actos o contratos necesarios para:

1º. concluir toda actividad de la persona jurídica, salvo aquellas que sean indispensables para el éxito de la liquidación;

2º. pagar los pasivos de la persona jurídica, incluidos los derivados de la perpetración del hecho. Los plazos de todas esas deudas se entenderán caducados de pleno derecho, haciéndolas inmediatamente exigibles y su pago se realizará con estricto respeto de las preferencias y de la prelación de créditos establecida por la ley;

3º. repartir los bienes remanentes entre los accionistas, socios, dueños o propietarios a prorrata de sus respectivas participaciones, sin perjuicio de su derecho para perseguir de los responsables del delito el resarcimiento de los perjuicios sufridos por la persona jurídica a consecuencia de este, en conformidad con las leyes aplicables en cada caso.

Excepcionalmente, cuando así lo aconseje el interés social el tribunal podrá, mediante resolución fundada, ordenar la enajenación de todo o parte del activo de la persona jurídica disuelta como un conjunto o unidad económica, en subasta pública y al mejor postor, la que deberá efectuarse ante el propio tribunal.”

20. Introdúcese el siguiente nuevo artículo 17 bis:

“Artículo 17 bis. Ejecución de la pérdida de beneficios fiscales y de la prohibición de recibirlos. Una vez ejecutoriada la sentencia que impusiere la pena de pérdida de beneficios fiscales y la prohibición de recibirlos, el tribunal lo comunicará a la Secretaría y Administración General del Ministerio de Hacienda y a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior, con el fin de que sea consignada en los registros centrales de colaboradores del Estado y Municipalidades que la ley les encomienda administrar.”

21. Introdúcese el siguiente nuevo artículo 17 ter:

“Artículo 17 ter. Ejecución de la supervisión de la persona jurídica. Ejecutoriada la sentencia condenatoria que impusiere la supervisión de la persona jurídica por un período determinado, el tribunal competente para la supervisión de la ejecución de la pena designará a un supervisor y le dará instrucciones sobre el objeto preciso de su cometido, sus facultades y los límites de ellos, de lo cual será notificada la persona jurídica.

Las instrucciones obligatorias y las condiciones impuestas por el supervisor podrán ser reclamadas judicialmente.

En caso de incumplimiento injustificado de las instrucciones obligatorias o de las condiciones impuestas por el supervisor el tribunal podrá imponer, a solicitud del supervisor y oyendo a la persona jurídica, la retención y prohibición de celebrar actos y contratos sobre bienes o activos de ésta hasta que cese el incumplimiento, a título de apremio.

En casos de incumplimiento grave o reiterado el tribunal podrá, a solicitud del supervisor y oyendo a la persona jurídica, ordenar el reemplazo de sus órganos directivos y, en caso de no realizarse el reemplazo o de persistir el incumplimiento, la designación de un administrador provisional hasta que se verifique un cambio de circunstancias o hasta el cumplimiento íntegro de la supervisión.

Un reglamento establecerá los requisitos que habiliten para ejercer como supervisor, el procedimiento para su designación y reemplazo y para la determinación de su remuneración. Los requisitos para ejercer como supervisor deberán garantizar calificación y experiencia profesional pertinente y ausencia de factores que pudieran dar lugar a conflictos de interés en el ejercicio del cargo.”

22. Introdúcese el siguiente nuevo artículo 17 quáter nuevo:

“Artículo 17 quáter. Ejecución de la multa. La multa será ejecutada conforme a las reglas generales previstas por el Código penal.

Excepcionalmente, cuando su pago inmediato pudiere poner en riesgo la continuidad del giro de la persona jurídica condenada o cuando así lo aconsejare el interés social, el tribunal podrá autorizar que el pago de la multa se efectúe por parcialidades, dentro de un límite que no exceda de veinticuatro meses.”

23. Sustitúyese su artículo 18 por el siguiente:

“Artículo 18. Ejecución de la pena y las consecuencias adicionales en caso de disolución o transformación de la persona jurídica. En caso de transformación, fusión, absorción, división o disolución voluntaria de la persona jurídica responsable, sea antes o después de la condena, las penas y consecuencias adicionales se harán efectivas de acuerdo con las reglas siguientes:

1º. si se impusiere comiso y éste recayere en una especie se ejecutará contra la persona jurídica resultante que la tuviere o, en caso de disolución de común acuerdo, contra el socio o partícipe en el capital que la tuviere tratándose de la disolución de una persona jurídica con fines de lucro, o contra la persona que conforme a los estatutos de la persona jurídica o a la ley la hubiere recibido tratándose de la disolución de una persona jurídica sin fines de lucro. Si el comiso recayere en cantidades de dinero se ejecutará del modo previsto para la ejecución de la multa, de acuerdo con el número siguiente;

2º. si se impusiere la pena de multa, la persona jurídica resultante responderá de su pago. Si hubiere dos o más personas jurídicas resultantes todas ellas serán solidariamente responsables. En los casos de disolución de común acuerdo de una persona jurídica con fines de lucro, la multa se hará efectiva sobre los socios y partícipes en el capital, quienes responderán solidariamente. Tratándose de personas jurídicas sin fines de lucro, la multa se hará efectiva sobre las personas que hayan recibido las propiedades de aquéllas conforme a sus estatutos o a la ley, quienes responderán solidariamente;

3º. si se tratare de cualquier otra pena, el tribunal decidirá si ella habrá o no de hacerse efectiva sobre las personas naturales o jurídicas a que se refieren los dos números anteriores, atendiendo a las finalidades que en cada caso se persiguieren, así como a la mayor o menor continuidad sustancial de los medios materiales y humanos de la persona jurídica inicial en la o las personas jurídicas resultantes y a la actividad desarrollada. Si por aplicación de esta regla dejare de imponerse o ejecutarse una pena, el tribunal aplicará en vez de ella una pena de multa, aun cuando ya se hubiere impuesto otra multa. En tal caso, se podrán superar hasta en un quinto los respectivos límites máximos previstos en el artículo 12.

Solo se podrá limitar el efecto de la imposición de la solidaridad reduciendo el valor a pagar respecto de la persona natural que demostrare que el pago en ese régimen le ocasionará un perjuicio desproporcionado. Con todo, el valor a pagar no podrá ser nunca inferior al valor de la cuota de liquidación que se le hubiere asignado o de los bienes que hubiere recibido en virtud de la disolución.

Todo lo anterior será sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.

Las reglas de este artículo serán también aplicables en caso de transferencia de bienes o activos de la persona jurídica responsable, antes o después de la condena, siempre que la transferencia abarque la mayor parte de los bienes o activos de ésta y que exista continuidad sustancial de los medios materiales y humanos y de la actividad de la persona jurídica responsable en el o los adquirentes, de modo que pueda presumirse una fusión, absorción o división encubiertas.”

24. Introdúcese el siguiente nuevo artículo 18 bis:

“Artículo 18 bis. Ejecución de la pena en caso de transferencia de bienes o activos de la persona jurídica. En caso de transferencia de bienes o activos de la persona jurídica responsable, sea antes o después de la condena, el comiso de cantidades y la multa podrán hacerse efectivos contra el adquirente si los bienes de aquélla no fueren suficientes, hasta el límite del valor de lo adquirido y siempre que el adquirente hubiere podido prever la condena de la persona jurídica responsable al momento de la adquisición.”

25. Introdúcese el siguiente nuevo inciso segundo en su artículo 19:

“No obstará al pronunciamiento de una condena contra una persona jurídica la circunstancia de que ésta hubiere sido objeto de disolución, transformación, absorción, fusión o división.”

26. Introdúcese, a continuación del artículo 19 el siguiente nuevo apartado: “4.- Comiso”

27. Introdúcese el siguiente nuevo artículo 19 bis:

“Artículo 19 bis. Comiso. El producto del delito de que es responsable la persona jurídica y los demás bienes, efectos, objetos, documentos, instrumentos, dineros o valores provenientes de él serán decomisados. Cuando por cualquier circunstancia no sea posible decomisar estas especies, se podrá aplicar el comiso a una suma de dinero equivalente a su valor.

También caerán en comiso las ganancias obtenidas por la persona jurídica a través del delito de que es responsable o, cuando se den los requisitos del artículo 41 de la Ley de delitos económicos, a través de un hecho ilícito que corresponde a un delito, en este último caso sin necesidad de condena, de acuerdo con las disposiciones del Título III bis del Libro IV del Código Procesal Penal.

El comiso de ganancias será impuesto también respecto de la persona jurídica que hubiere recibido la ganancia como aporte a su patrimonio.

No podrá imponerse el comiso respecto de las ganancias obtenidas por una persona jurídica y que hubieren sido distribuidas entre sus socios, accionistas o beneficiarios que no hubieren tenido conocimiento de su procedencia ilícita al momento de su adquisición. En tal caso la ganancia distribuida podrá considerarse para la determinación de la pena de multa que correspondiere imponer a la persona jurídica de acuerdo con el artículo 12.”

28. Sustitúyese su artículo 20 por el siguiente:

“Artículo 20. Investigación de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Si durante la investigación de un delito el Ministerio Público tomare conocimiento de circunstancias que fundaren la responsabilidad penal de una persona jurídica en los términos de esta ley, ampliará dicha investigación con el fin de determinar tal responsabilidad.”

29. Introdúcese el siguiente nuevo artículo 20 bis:

“Artículo 20 bis. Supervisión de la persona jurídica como medida cautelar. Una vez formalizada la investigación contra una persona jurídica, el fiscal del Ministerio Público podrá solicitar que se imponga como medida cautelar durante el procedimiento la supervisión de la persona jurídica conforme a lo previsto en los artículos 11 bis y 17 ter.

El tribunal acogerá la solicitud cuando se den los requisitos de las letras a) y b) del artículo 140 del Código procesal penal respecto de una persona natural cuyo hecho pueda dar lugar a la responsabilidad penal de la persona jurídica y se acreditare que la medida, atendida la inexistencia o grave insuficiencia de un sistema efectivo de prevención de delitos, es estrictamente necesaria para prevenir la perpetración de nuevos delitos en su seno. La solicitud y la ejecución de la medida cautelar se regirán, en todo lo no previsto por esta ley, por lo dispuesto en el párrafo 4 del Título V del Libro I del Código procesal penal.”

30. Intercálase en el inciso segundo del artículo 25, entre el número 4) y el actual número 5), que pasa a ser nuevo número 6), el siguiente nuevo número 5) :

“5) Someterse a supervisión en los términos de los artículos 11 bis y 17 ter.”

Art. 52. Modificaciones a la Ley 18.046. Introdúcese las siguientes modificaciones a la Ley 18.046, de sociedades anónimas:

1. Sustitúyese su actual artículo 134 por el siguiente:

“Art. 134. Los directores, gerentes, administradores o ejecutivos principales de una sociedad anónima que en la memoria, balances u otros documentos destinados a los socios, a terceros o a la Administración, exigidos por ley o por la reglamentación aplicable, que deban reflejar la situación legal, económica y financiera de la sociedad, omitan informar, o informen o aprueben informar en forma incorrecta o incompleta, aspectos relevantes para conocer el patrimonio y la situación financiera o jurídica de la sociedad, serán sancionados con la pena de presidio o reclusión menores en sus grados medio a máximo, salvo que la conducta constituya otro delito sancionado con mayor pena.

Con la misma pena serán sancionados los contadores o auditores de la sociedad, o los peritos, auditores externos o inspectores de cuenta ajenos a la sociedad, que colaboren al hecho descrito en el inciso anterior.

Si el hecho se refiere a una sociedad anónima abierta, la pena podrá ser aumentada en un grado.

2. Introdúcese en su Título XIV el siguiente nuevo 134 bis:

“Art. 134 bis. Los que, prevaliéndose de su situación mayoritaria en la junta de accionistas o el órgano de administración de una sociedad anónima, impusieren acuerdos para obtener un beneficio económico para sí o un tercero, en perjuicio de los demás socios o de algún socio en particular, y sin que esos acuerdos reporten beneficios a la sociedad, serán sancionados con la pena de presidio o reclusión en cualquiera de sus grados.”

Art. 53. Modificaciones a la Ley 18.045. Introdúcese las siguientes modificaciones a la Ley 18.045, de mercado de valores:

1. Sustitúyense sus artículos 59 a 62 por los siguientes:

“Art. 59. Con pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo será sancionado:

a) El que actuando por cuenta de un emisor de valores de oferta pública proporcionare información falsa al mercado sobre la situación financiera, patrimonial o de negocios del respectivo emisor.

b) El que actuando por cuenta de una sociedad clasificadora otorgare una clasificación que no correspondiere al riesgo de los valores que clasifique.

c) El contador o auditor que dictaminare falsamente sobre la situación financiera o patrimonial de un emisor de valores de oferta pública.

d) El administrador o apoderado de una bolsa de valores que diere certificación falsa sobre las operaciones que se realicen en ella y el corredor de bolsa o agente de valores que diere certificación falsa sobre las operaciones en que hubiere intervenido.

e) El que efectuare transacciones en valores con el objeto de alterar o mantener artificialmente el precio de mercado de uno o varios valores, así como el que efectuare transacciones ficticias, divulgare información falsa o se valiere de cualquier otra conducta engañosa semejante, de un modo que sea idóneo para alterar o mantener el precio de mercado de uno o varios valores.

f) El que fuera de los casos previstos en las letras anteriores proporcionare información falsa al mercado por cuenta de una sociedad sujeta a la fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero, en registros, prospectos, declaraciones o informes exigidos por ley o por la referida autoridad con carácter general, de un modo idóneo para afectar la confianza de los inversionistas.

Art. 60. El que realizare una operación usando información privilegiada, ya sea adquiriendo, transmitiendo o cediendo, por cuenta propia o de otro, directa o indirectamente, los valores a los que esa información se refiere, o bien cancelando o modificando una orden relativa a esos valores, será sancionado:

1° con pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo, en caso de poseer la información privilegiada en alguna de las circunstancias señaladas en el artículo 166;

2° con pena de presidio menor en su grado medio a máximo en los demás casos.

Con las mismas penas será sancionado, respectivamente, el que revelare indebidamente información privilegiada.

El que poseyendo información privilegiada en alguna de las circunstancias señaladas en el artículo 166 recomendare a otro la realización de las operaciones a que se refiere el inciso primero de este artículo, será sancionado con pena de presidio menor en su grado medio a máximo.

Art. 61. Con pena de presidio menor en su grado medio a máximo será sancionado:

a) El que defraudare a otro adquiriendo acciones de una sociedad anónima abierta, sin efectuar una oferta pública de adquisición de acciones en los casos que ordena la ley.

b) El que indebidamente utilizare en beneficio propio o de otros valores entregados en custodia o su producto.

c) El que, conociendo o debiendo conocer el estado de insolvencia en que se encuentra la sociedad que administra, acordare, decidiere o permitiere que ésta hiciere oferta pública de valores o continuare intermediando valores en los términos del 24 de la presente ley.

Art. 62. Con pena de presidio menor en cualquier de sus grados será sancionado:

a) El que sin la correspondiente autorización o registro realizare oferta pública de valores o actuare como corredor de bolsa, agente de valores o calificadora de riesgos.

b) El que sin la correspondiente autorización o registro usare las denominaciones de corredor de bolsa, agentes de valores o calificadora de riesgos, o que de cualquier otro modo se atribuya la calidad de aquellas entidades.

c) El que eliminare, alterare, modificare, ocultare o destruyere registros, documentos, soportes tecnológicos o antecedentes de cualquier naturaleza, impidiendo o dificultando con ello las posibilidades de fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero.

d) El que fuera de los casos previstos en el artículo 59 proporcionare información falsa a la Comisión para el Mercado Financiero, por cuenta de una sociedad sujeta a su fiscalización.”

2. Derógase los incisos segundo y tercero del artículo 63.

3. En su artículo 165:

a. Elíminase en su inciso primero la siguiente frase: “en razón de su cargo, posición, actividad o relación con el respectivo emisor de valores o con las personas señaladas en el artículo siguiente”.

b. Sustitúyese su inciso segundo por el siguiente:

“Asimismo, se le prohíbe realizar una operación usando información privilegiada, ya sea adquiriendo, transmitiendo o cediendo, por cuenta propia o de otro, directa o indirectamente, los valores a los que esa información se refiere, o bien cancelando o modificando una orden relativa al valor al que se refiere la información. Igualmente, se abstendrá de comunicar indebidamente dicha información terceros o de recomendar la realización de operaciones con esos valores. Del mismo modo, velará para que los hechos previstos en este inciso no ocurran a través de subordinados o terceros de su confianza.”

c. Introdúcese el siguiente nuevo inciso cuarto:

“También podrá realizar las operaciones a que se refieren el inciso primero y segundo de este artículo el que opere en cumplimiento de una obligación, ya vencida, de adquirir o ceder valores, cuando dicha obligación haya estado contemplada en un acuerdo celebrado antes de que la persona de que se trate hubiere poseído la información privilegiada.”

Art. 54. Modificaciones al Decreto Ley 3.500. Introdúcese las siguientes modificaciones al Decreto Ley 3.500, que establece un sistema de pensiones de vejez, de invalidez y sobrevivencia derivado de la capitalización individual obligatoria en una administradora de fondos de pensiones:

1. Sustitúyese los actuales incisos primero y segundo de su artículo 103 por los siguientes:

“Art. 103. El que posea información privilegiada en el sentido del artículo 164 de la Ley 18.045 relativa a los documentos y antecedentes de los emisores e instrumentos sometidos a clasificación, así como a su clasificación, se sujetará a los deberes y prohibiciones establecidos en el Título XXI de la Ley 18.045, así como en las normas penales respectivas.”

2. Sustitúyese su actual artículo 151 por el siguiente:

“Art. 151. El que posea información privilegiada en el sentido del artículo 164 de la Ley 18.045 relativa a las inversiones de los recursos de un Fondo se sujetará a los deberes y prohibiciones establecidos en el Título XXI de la Ley 18.045, así como en las normas penales respectivas.”

3. En el inciso primero de su artículo 152:

a. Sustitúyese la frase “y a las personas que, en razón de su cargo o posición, están informadas respecto de las transacciones de los Fondos” por la frase “y a las personas que poseen información relativa a las operaciones de los Fondos”.

b. Sustitúyese la frase “162 de la ley N° 18.045” por la frase “22 de la ley N° 20.712”.

4. Introdúcese las siguientes modificaciones en el artículo 154:

a. Sustitúyese su actual letra c) por la siguiente:

“c) infringir los deberes y prohibiciones establecidos en el Título XXI de la Ley 18.045;”

b. Derógase su letra d).

5. Introdúcese el siguiente inciso segundo en su artículo 158:

“La Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones aplicará a los infractores de los deberes y prohibiciones establecidos en el Título XXI de la Ley 18.045 las sanciones que corresponda conforme a lo dispuesto en el inciso precedente. Lo anterior se entiende sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales de los infractores, que serán determinadas conforme a la Ley 18.045.”

6. Sustitúyese su actual artículo 159 por el siguiente:

“Artículo 159. Sufrirán las penas de presidio menor en su grado medio a máximo, los trabajadores de una Administradora de Fondos de Pensiones que, estando encargados de la administración de la cartera y, en especial, de las decisiones de adquisición, mantención o enajenación de instrumentos para cualquiera de los Fondos y la Administradora respectiva, ejerzan por sí o a través de otras personas, simultáneamente la función de administración de otra cartera de inversiones, o infrinjan cualquiera de las prohibiciones consignadas en las letras a) y h) del artículo 154.”

7. Sustitúyese los actuales incisos octavo y noveno de su artículo 168 por el siguiente nuevo inciso octavo y penúltimo:

“Las personas indicadas en el inciso precedente se sujetarán a los deberes y prohibiciones establecidos en el Título XXI de la Ley 18.045, así como en las normas penales respectivas.”

Art. 55. Modificaciones a la Ley 20.712. Introdúcese las siguientes modificaciones en la Ley 20.712, sobre administración de fondos de terceros y carteras individuales:

1. Sustitúyese la actual letra d) de su artículo 22 por la siguiente:

“d) la infracción a lo dispuesto en el Título XXI de la Ley 18.045”.

2. Introdúcese en su artículo 22 el siguiente nuevo inciso final:

“En todo caso, la infracción señalada en la letra d) de este artículo originará las responsabilidades previstas en la Ley 18.045”.

Art. 56. Modificaciones a la Ley 17.322. Introdúcese el siguiente nuevo artículo 13 bis en la Ley 17.322, sobre normas para la cobranza judicial de cotizaciones, aportes y multas de las instituciones de seguridad social:

“Art. 13 bis. Con la misma pena establecida en el artículo anterior se sancionará al empleador que, sin el consentimiento del trabajador, declare ante las instituciones de seguridad social, pagarle una renta imponible o bruta menor a la real, disminuyendo el monto de las cotizaciones que debe descontar y enterar. La conducta será sancionada igualmente, si el consentimiento del trabajador ha sido obtenido por el empleador con abuso grave de su situación de necesidad, inexperiencia o incapacidad de discernimiento.

En caso que el empleador omita retener o enterar las cotizaciones previsionales de uno o más trabajadores que prestan servicios remunerados para él, la conducta se castigará con la pena de presidio o reclusión menores en su grado medio.”

Art. 57. Modificaciones a la Ley 19.496. Introdúcese las siguientes modificaciones a la Ley 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores:

1. Derógase el artículo 17 L.

2. Sustitúyese el inciso segundo de su artículo 24 por el siguiente:

“La publicidad falsa o engañosa difundida por medios de comunicación social, en relación a cualquiera de los elementos indicados en el artículo 28, hará incurrir al infractor en una multa de hasta 1500 unidades tributarias mensuales. En caso de que incida en las cualidades de productos o servicios financieros, o que afecten la salud o la seguridad de la población o el medio ambiente, la conducta se sancionará además con la pena de presidio o reclusión menores en su grado mínimo a medio, sin perjuicio de las indemnizaciones que pueda determinar el juez competente de acuerdo a la presente ley.”

TÍTULO FINAL

Art. 58. Aplicación temporal. Los hechos perpetrados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, las penas y las demás consecuencias que correspondiere imponer por ellos, serán determinados conforme a la ley vigente al momento de su perpetración.

Si la presente ley entrare en vigor durante la perpetración del hecho se estará a lo dispuesto en ella, siempre que en la fase de perpetración posterior se realizare íntegramente la nueva descripción legal del hecho.

Si la aplicación de la presente ley resultare más favorable al imputado o acusado por un hecho perpetrado con anterioridad a su entrada en vigor, se estará a lo dispuesto en ella.

Art. 59. Estricta alternatividad. Para determinar si la aplicación de la presente ley resulta más favorable se deberá tomar en consideración todas las normas en ella previstas que fueren pertinentes al juzgamiento del hecho.

Art. 60. Tiempo del hecho. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 58, el delito se entiende perpetrado en el momento o durante el lapso en el cual se ejecuta la acción punible o se incurre en la omisión punible.

VALPARAÍSO, 21 de enero de 2020

Oficio Nº 15.309

A S. E. EL PRESIDENTE DE LA EXCMA. CORTE SUPREMA

En conformidad con lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 77 de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 16 de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, tengo a honra remitir a esa Excma. Corte Suprema copia del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica diversos cuerpos legales para ampliar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y regular el ejercicio de la acción penal, respecto de los delitos contra el orden socioeconómico que indica, correspondiente al boletín N° 13.204-07, con el objeto de que se pronuncie sobre lo dispuesto en el número 6) de su artículo primero.

Dios guarde a V.E.

IVÁN FLORES GARCÍA

Presidente de la Cámara de Diputados

MIGUEL LANDEROS PERKI?

Secretario General de la Cámara de Diputados

VALPARAÍSO, 21 de enero de 2020

Oficio Nº 15.310

A S. E. EL PRESIDENTE DE LA EXCMA. CORTE SUPREMA

En conformidad con lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 77 de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 16 de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, tengo a honra remitir a esa Excma. Corte Suprema copia del proyecto de ley, iniciado en moción, que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico, y adecua las penas aplicables a todos ellos, correspondiente al boletín N° 13.205-07, con el objeto de que se pronuncie sobre lo dispuesto en el número 21 de su artículo 51.

Dios guarde a V.E.

IVÁN FLORES GARCÍA

Presidente de la Cámara de Diputados

MIGUEL LANDEROS PERKI?

Secretario General de la Cámara de Diputados

OFICIO Nº69- 2020

INFORME PROYECTO DE LEY Nº 7-2020

ANTECEDENTE: BOLETÍN Nº 13.204 -07.

Santiago, dos de abril de 2020

Por Oficio 15.309, de 21 de enero de 2020, el Presidente de la Cámara de Diputados, Diputado don lván Flores García, puso en conocimiento de la Excma. Corte Suprema, en conformidad con lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 77 de la Constitución Política de la República y el artículo 16 de la Ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, el proyecto de ley que "Modifica diversos cuerpos legales para ampliar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y regular el ejercicio de la acción penal, respecto de los delitos contra el orden socioeconómico que indica", (Boletín Nº13.204-07).

lmpuesto el Tribunal Pleno del proyecto en sesión de 24 de febrero en curso, presidida por su titular señor Guillermo Silva Gundelach y con la asistencia de los Ministros señores Muñoz G., Künsemüller y Brito, señora Egnem, señor Blanco, señoras Chevesich y Muñoz S., señores Dham y Prado, señora Vivanco, señor Silva C. y señora Repetto y suplentes señores Biel, Muñoz Pardo y Mera, acordó informarlo al tenor de la resolución que se transcribe a continuación:

AL PRESIDENTE

DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, SEÑOR IVÁN FLORES GARCÍA VALPARAÍSO

"Santiago, dos de abril de dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente:

Primero. Que por oficio Nº 15.309; de 21 de enero de 2020, el Presidente de la Cámara de Diputados, Sr. lván Flores García, solicita la opinión de esta Corte Suprema sobre el proyecto de ley que "Modifica diversos cuerpos legales para ampliar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y regular el ejercicio de la acción penal, respecto de los delitos contra el orden socioeconómico que indica", (Boletín Nº13.204-07).

Segundo. Motivación y objetivo del proyecto.

El proyecto modifica la Ley Nº 20.393, incorporando nuevos delitos respecto de los cuales se puede imputar responsabilidad penal a las personas jurídicas, además, crea una nueva atenuante de adopción de medidas eficaces pare prevenir la reiteración del mismo tipo de delito objeto de investigación, incorpora una nueva agravante de uso instrumental de la persona jurídica para la comisión de delitos, regula expresamente la posibilidad de iniciar la investigación de los delitos de dicha ley por denuncia o querella, y finalmente establece la sanción de nombramiento de interventor judicial, siendo este último punto el objeto del presente informe.

El mencionado proyecto modifica también otros cuerpos legales, que no son parte de lo consultado; entre otros, deroga el artículo 64º del Título V del Decreto Ley Nº 211, de 1973, que actualmente indica que las investigaciones de los hechos señalados en el inciso primero del artículo 62 sólo se podrán iniciar por querella formulada por la Fiscalía Nacional Económica, sin que sea admisible denuncia o querella. lncluso, la disposición señala que no se aplicará lo dispuesto en el artículo 166 del Código Procesal Penal, que regula el ejercicio de la acción penal.

Además, se pretende agregar un nuevo artículo 162 bis al Código Tributario para incorporar una nueva forma de iniciar una investigación por hechos que puedan constituir delitos tributarios, además de las señaladas en el artículo 162 del mismo cuerpo normativo, que señala que sólo se permite iniciar investigaciones de hechos constitutivos de delitos tributarios sancionados con pena privativa de libertad por denuncia o querella del Servicio de lmpuestos lnternos. Con el nuevo texto, se faculta al Ministerio Público a accionar penalmente en aquellos casos en que se encuentre investigando delitos comunes y, producto de ello, tome conocimiento de hechos que puedan ser constitutivos de delitos tributarios en que la cuantía del impuesto exceda de 30 UTA y afecten gravemente el patrimonio fiscal.

Tercero. Contenido del proyecto.

Como se señala en el texto de la moción enviada, el proyecto está orientado en dos grandes sentidos, uno es la ampliación del catálogo de delitos que pueden servir de base a la imputación, especialmente en los denominados delitos de cuello blanco, cuyos beneficios económicos generalmente son de interés directo de la empresa o persona jurídica involucrada, y el otro la sanción, si bien las penas son de aquellas típicas para las empresas, multas y cancelación de la personalidad jurídica, se incorpora el nombramiento de un interventor judicial, además de agregar una circunstancia agravante cuando la organización ha sido creada como un mero instrumento para fines delictivos.

Cuarto. Normas modificadas.

De la lectura de la moción se advierte que el proyecto incorpora a la Ley Nº 20.393 el nombramiento de interventor judicial hasta por cinco años como una pena aplicable a las personas jurídicas. Dicho interventor será un verdadero administrador provisional, que velará por los intereses de los acreedores y trabajadores, y contará con las facultades que disponga el tribunal, para tales efectos, además de la regulación de esta pena en un nuevo artículo 12 bis en la Ley sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas(norma consultada), se agrega un nuevo numeral 6) al actual artículo 8º de dicha ley - que establece las penas que se pueden aplicar en contra de personas jurídicas-, con el fin de otorgar competencia a la judicatura para que en el momento de dictar sentencia, o incluso después de ella, mediante resolución fundada, nombre un interventor judicial por el tiempo que se considere necesario, no pudiendo exceder de cinco años. La intervención, podrá afectar a la totalidad de la organización o limitarse a alguna de sus instalaciones, secciones o unidades de negocio. También, modifica el artículo 14 de la Ley Nº 20.393 - que consagra la escala general de penas para personas jurídicas- con el fin de establecer el nombramiento de un interventor judicial como una pena de crimen en el literal e) del numeral 1 del inciso 1º de dicho artículo.

Asimismo, se pretende agregar un nuevo artículo 22 bis a la Ley Nº 20.393 para permitir, sin perjuicio de las reglas generales contenidas en el Código Procesal Penal, que dentro de las medidas cautelares reales se contemple, como una de ellas, el nombramiento de un interventor judicial, el cual se podrá solicitar por el Ministerio Público o por los intervinientes.

Quinto. Norma consultada.

Como se señala en la moción, el texto consultado corresponde a la propuesta del nuevo artículo 12 bis sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, contenido en el número 6) del artículo primero del proyecto en consulta, que es del siguiente tenor:

"Art. 12 bis.- Interventor judicial. La intervención procederá en casos de delitos que produzcan grave daño social y económico y podrá afectar a la totalidad de la organización o limitarse a alguna de sus instalaciones, secciones o unidades de negocio. El interventor tendrá derecho a acceder a todas las instalaciones y locales de la empresa o persona jurídica y a recibir toda la información que estime necesaria para el ejercicio de sus funciones. El Juez o Tribunal, según sea el caso, mediante resolución fundada, determinará exactamente el contenido de la intervención y determinará quién se hará cargo de la misma y en qué plazos deberá realizar informes de seguimiento para el Juez o Tribunal".

Sexto. Análisis.

Que en el proyecto se señala como supuesto de hecho para la procedencia del nombramiento de interventor judicial, el que haya "grave daño social y económico", sin especificar qué se considera como tal, sí se trata de vulneración de derechos fundamentales o daños asociados a los montos involucrados o al efecto en la economía que afecte directamente a los particulares.

Tampoco se señala si habrá una lista de interventores, qué criterios específicos deberán cumplir aquellos para ser nombrados, si tendrán alguna inhabilidad y si algún organismo fiscalizará su función, como por ejemplo sucede en el caso de los Veedores, quienes son regulados por ley, son incorporados a un registro público y son supervisados por la Superintendencia de lnsolvencia y Reemprendimiento.

También se observa que el proyecto equipara los conceptos de persona jurídica y empresa, siendo el concepto "empresa", ligado directamente con la actividad económica, señalando que "el interventor tendrá derecho a acceder a todas las instalaciones y locales de la empresa o persona jurídica y a recibir toda la información que estime necesaria para el ejercicio de sus funciones". En este sentido cabe mencionar que en el derecho nacional no toda empresa está constituida como persona jurídica. A modo ejemplar, podemos mencionar la asociación o cuentas en participación, regulada en los artículos 507 y siguientes del Código de Comercio. Para su cometido, la asociación se considera esencialmente privada, y se indica expresamente que no constituye una persona jurídica. Además, se puede mencionar el concepto de empresa contenido en el literal a) del artículo 3º del Código del Trabajo, que expresamente señala que se puede tratar de una persona natural o una persona jurídica.

Séptimo. Conclusiones.

La referida iniciativa legal, en síntesis, tiene como finalidad modificar ciertos aspectos que regulan la responsabilidad de las personas jurídicas, ampliando el catálogo de delitos que les pudieren ser imputables e incorporando como sanción y medida cautelar el nombramiento de un "interventor judicial", único aspecto consultado a este tribunal, además de crear la circunstancia de una nueva agravante, cuando la creación de la persona jurídica se haya hecho con el fin de delinquir.

Por otra parte, es dable advertir, que en la moción en análisis no está legalmente determinada la función del interventor, refiriendo de manera difusa su participación en ciertos casos, lo que para esta Corte se traduce en una transgresión al principio de legalidad, toda vez que se ha obviado determinar con claridad sus atribuciones.

En cuanto a su impacto para el Poder Judicial, podría aumentar el número de ingresos de causas, en los distintos tribunales con competencia penal, por otro lado no habría un impacto en lo orgánico ya que esta nueva figura del "interventor judicial", sería un personaje externo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 18 de la Ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, se acuerda informar en los términos precedentemente expuestos el proyecto de ley que "Modifica diversos cuerpos legales para ampliar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y regular el ejercicio de la acción penal, respecto de los delitos contra el orden socioeconómico que indica", (Boletín Nº13.204-07).

Se previene que la ministra señora Muñoz S., no comparte lo expresado en el párrafo tercero del motivo séptimo, del presente informe.

Asimismo, la ministra señora Vivanco previene que tal como se concibe en el proyecto de ley en estudio, el nombramiento de un interventor es una pena, de tal suerte que sus funciones deben estar legalmente determinadas y no pueden quedar entregadas, en cuanto a su contenido, al juez que conozca del caso en particular, pues ello importaría una transgresión al principio de legalidad.

El ministro señor Künsemüller fue del parecer de informar desfavorablemente el proyecto de ley en análisis por las siguientes razones:

1.- Que, aún cuando la política criminal chilena ha acogido la tesis de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, a partir de la Ley Nº 20.393, -dictada para cumplir con las exigencias legales del OCDE-, el ministro que suscribe debe dejar constancia de su oposición a esa tendencia legislativa, reiterada en el proyecto que se informa, fundada, esencialmente, en los principios del Derecho Penal Liberal, conforme a los cuales el delito es acción humana y acción humana culpable, caracteres imposibles de reconocer en los hechos de las personas jurídicas, "hechos" y no "acciones", porque estos entes son incapaces de ellas y deben ser realizados por personas naturales, sus agentes o representantes. Esto, sin perjuicio de la responsabilidad civil y administrativa de las personas colectivas.

2.- Que en la Revista de Derecho Penal Económico, 2019-1, publicada por el lnstituto de Ciencias Penales de Argentina, se incluye el artículo "El principio societas delinquere non potest en la doctrina y legislación chilenas", de autoría del Ministro Künsemüller (pp. 129 y ss.), texto en el cual se explaya acerca de los argumentos fundantes de su tesis, que es compartida por varios otros penalistas chilenos.

Se deja constancia que el Ministro señor Arturo Prado Puga , previene que no obstante que la responsabilidad penal de las personas morales o jurídicas ha sido objeto de intenso debate, como se acredita en la doctrina que se cita más abajo, ella debe ser materia de una incriminación muy precisa dentro del marco de los tratados internacionales ratificados por nuestro país para sancionar la intervención de estas personas colectivas de derecho privado en la comisión de delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho de funcionarios públicos, conductas que son punibles por sus consecuencias desviadas en la organización social.

Lo anterior como una tendencia que se expande en algunas legislaciones, que dejan de lado el derecho penal más tradicional, cuyo principal reparo se vincula a los atributos del sujeto y a la culpabilidad, transfiriendo responsabilidad penal a la entidad ficta.

Ello sin perjuicio de la propuesta en contra para restringir la comunicación penal y penalización de las conductas irregulares limitada únicamente al sustrato físico de los administradores de las personas jurídicas bajo sus distintas variedades o tipos. (Véase a don Eduardo Novoa Aldunate, "Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Un nuevo rumbo de la política criminal", Revista Colegio de Abogados Nº 48, abril 2010; y en la tesis opuesta, don Alex van Weezel "Contra la responsabilidad penal de las personas jurídicas", Revista Política Criminal., Vol. 5, Nº 9 (julio 2010), pp.114-142

En cuanto a los párrafos segundo y tercero del motivo sexto, del presente informe del proyecto de ley, estima que la terminología empleada en el proyecto referida a "interventores" y "veedores" tomada de los procedimientos concursales establecidos Ley Nº 20.720 de 2013 sobre "Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas", no resulta clara considerando que no se explicitan sus facultades, deberes atribuciones y responsabilidades, no obstante que, en su caso, se le da el carácter de "administrador provisional" que gobierna la persona jurídica que queda sujeta al régimen de intervención. Se debe tener además presente la ausencia de una regulación más acabada en la hipótesis en que la persona jurídica sujeta a intervención sea a su vez administrada por otra u otras personas jurídicas o que sean parte o formen parte de un grupo empresarial, en cuyo caso difícilmente se podrá imputar penalmente conductas que hagan viable dicha medida.

En cuanto al párrafo tercero, expresa que el termino empresa y su analogía con la expresión persona jurídica es equivoca, atento a que en el actual estado de nuestra legislación, el termino empresa es polivalente (Ver. Art 69 Código Tributario) y se emplea para designar entidades individuales o colectivas que en el campo jurídico se expanden en las áreas laboral, comercial, tributaria y administrativa, con lo cual cualquier intento de delimitación tropieza con esta dificultad que no ha podido ser resuelta por la doctrina ni por la jurisprudencia, entregando un concepto uniforme de ella, salvo en cuanto se refieren a un modo de ejercer una actividad bajo la forma de una unidad económica.

Ofíciese. PL 7-2020."

Saluda atentamente a V.S.

GUILLERMO SILVA GUNDELACH

Ministro(P)

Fecha: 02/04/2020 13:01:32

JORGE EDUARDO SAEZ MARTIN

Secretario

Fecha: 02/04/2020 13:34:23

Santiago, dos de abril de dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente:

Primero. Que por oficio Nº 15.309; de 21 de enero de 2020, el Presidente de la Cámara de Diputados, Sr. Iván Flores García, solicita la opinión de esta Corte Suprema sobre el proyecto de ley que "Modifica diversos cuerpos legales para ampliar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y regular el ejercicio de la acción penal, respecto de los delitos contra el orden socioeconómico que indica", (Boletín Nº13.204-07).

Segundo. Motivación y objetivo del proyecto.

El proyecto modifica la Ley Nº 20.393, incorporando nuevos delitos respecto de los cuales se puede imputar responsabilidad penal a las personas jurídicas, además, crea una nueva atenuante de adopción de medidas eficaces pare prevenir la reiteración del mismo tipo de delito objeto de investigación, incorpora una nueva agravante de uso instrumental de la persona jurídica para la comisión de delitos, regula expresamente la posibilidad de iniciar la investigación de los delitos de dicha ley por denuncia o querella, y finalmente establece la sanción de nombramiento de interventor judicial, siendo este último punto el objeto del presente informe.

El mencionado proyecto modifica también otros cuerpos legales, que no son parte de lo consultado; entre otros, deroga el artículo 64º del Título V del Decreto Ley Nº 211, de 1973, que actualmente indica que las investigaciones de los hechos señalados en el inciso primero del artículo 62 sólo se podrán iniciar por querella formulada por la Fiscalía Nacional Económica, sin que sea admisible denuncia o querella. Incluso, la disposición señala que no se aplicará lo dispuesto en el artículo 166 del Código Procesal Penal, que regula el ejercicio de la acción penal.

Además, se pretende agregar un nuevo artículo 162 bis al Código Tributario para incorporar una nueva forma de iniciar una investigación por hechos que puedan constituir delitos tributarios, además de las señaladas en el artículo 162 del mismo cuerpo normativo, que señala que sólo se permite iniciar investigaciones de hechos constitutivos de delitos tributarios sancionados con pena privativa de libertad por denuncia o querella del Servicio de Impuestos Internos. Con el nuevo texto, se faculta al Ministerio Público a accionar penalmente en aquellos casos en que se encuentre investigando delitos comunes y, producto de ello, tome conocimiento de hechos que puedan ser constitutivos de delitos tributarios en que la cuantía del impuesto exceda de 30 UTA y afecten gravemente el patrimonio fiscal.

Tercero. Contenido del proyecto.

Como se señala en el texto de la moción enviada, el proyecto está orientado en dos grandes sentidos, uno es la ampliación del catálogo de delitos que pueden servir de base a la imputación, especialmente en los denominados delitos de cuello blanco, cuyos beneficios económicos generalmente son de interés directo de la empresa o persona jurídica involucrada, y el otro la sanción, si bien las penas son de aquellas típicas para las empresas, multas y cancelación de la personalidad jurídica, se incorpora el nombramiento de un interventor judicial, además de agregar una circunstancia agravante cuando la organización ha sido creada como un mero instrumento para fines delictivos.

Cuarto. Normas modificadas.

De la lectura de la moción se advierte que el proyecto incorpora a la Ley Nº 20.393 el nombramiento de interventor judicial hasta por cinco años como una pena aplicable a las personas jurídicas. Dicho interventor será un verdadero administrador provisional, que velará por los intereses de los acreedores y trabajadores, y contará con las facultades que disponga el tribunal, para tales efectos, además de la regulación de esta pena en un nuevo artículo 12 bis en la Ley sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas(norma consultada), se agrega un nuevo numeral 6) al actual artículo 8º de dicha ley - que establece las penas que se pueden aplicar en contra de personas jurídicas-, con el fin de otorgar competencia a la judicatura para que en el momento de dictar sentencia, o incluso después de ella, mediante resolución fundada, nombre un interventor judicial por el tiempo que se considere necesario, no pudiendo exceder de cinco años. La intervención, podrá afectar a la totalidad de la organización o limitarse a alguna de sus instalaciones, secciones o unidades de negocio. También, modifica el artículo 14 de la Ley Nº 20.393 - que consagra la escala general de penas para personas jurídicas- con el fin de establecer el nombramiento de un interventor judicial como una pena de crimen en el literal e) del numeral 1 del inciso 1º de dicho artículo.

Asimismo, se pretende agregar un nuevo artículo 22 bis a la Ley Nº 20.393 para permitir, sin perjuicio de las reglas generales contenidas en el Código Procesal Penal, que dentro de las medidas cautelares reales se contemple, como una de ellas, el nombramiento de un interventor judicial, el cual se podrá solicitar por el Ministerio Público o por los intervinientes.

Quinto. Norma consultada.

Como se señala en la moción, el texto consultado corresponde a la propuesta del nuevo artículo 12 bis sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, contenido en el número 6) del artículo primero del proyecto en consulta, que es del siguiente tenor:

"Art. 12 bis.- Interventor judicial. La intervención procederá en casos de delitos que produzcan grave daño social y económico y podrá afectar a la totalidad de la organización o limitarse a alguna de sus instalaciones, secciones o unidades de negocio. El interventor tendrá derecho a acceder a todas las instalaciones y locales de la empresa o persona jurídica y a recibir toda la información que estime necesaria para el ejercicio de sus funciones. El Juez o Tribunal, según sea el caso, mediante resolución fundada, determinará exactamente el contenido de la intervención y determinará quién se hará cargo de la misma y en qué plazos deberá realizar informes de seguimiento para el Juez o Tribunal".

Sexto. Análisis.

Que en el proyecto se señala como supuesto de hecho para la procedencia del nombramiento de interventor judicial, el que haya "grave daño social y económico", sin especificar qué se considera como tal, sí se trata de vulneración de derechos fundamentales o daños asociados a los montos involucrados o al efecto en la economía que afecte directamente a los particulares.

Tampoco se señala si habrá una lista de interventores, qué criterios específicos deberán cumplir aquellos para ser nombrados, si tendrán alguna inhabilidad y si algún organismo fiscalizará su función, como por ejemplo sucede en el caso de los Veedores, quienes son regulados por ley, son incorporados a un registro público y son supervisados por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento.

También se observa que el proyecto equipara los conceptos de persona jurídica y empresa, siendo el concepto "empresa", ligado directamente con la actividad económica, señalando que "el interventor tendrá derecho a acceder a todas las instalaciones y locales de la empresa o persona jurídica y a recibir toda la información que estime necesaria para el ejercicio de sus funciones". En este sentido cabe mencionar que en el derecho nacional no toda empresa está constituida como persona jurídica. A modo ejemplar, podemos mencionar la asociación o cuentas en participación, regulada en los artículos 507 y siguientes del Código de Comercio. Para su cometido, la asociación se considera esencialmente privada, y se indica expresamente que no constituye una persona jurídica. Además, se puede mencionar el concepto de empresa contenido en el literal a) del artículo 3º del Código del Trabajo, que expresamente señala que se puede tratar de una persona natural o una persona jurídica.

Séptimo. Conclusiones.

La referida iniciativa legal, en síntesis, tiene como finalidad modificar ciertos aspectos que regulan la responsabilidad de las personas jurídicas, ampliando el catálogo de delitos que les pudieren ser imputables e incorporando como sanción y medida cautelar el nombramiento de un "interventor judicial", único aspecto consultado a este tribunal, además de crear la circunstancia de una nueva agravante, cuando la creación de la persona jurídica se haya hecho con el fin de delinquir.

Por otra parte, es dable advertir, que en la moción en análisis no está legalmente determinada la función del interventor, refiriendo de manera difusa su participación en ciertos casos, lo que para esta Corte se traduce en una transgresión al principio de legalidad, toda vez que se ha obviado determinar con claridad sus atribuciones.

En cuanto a su impacto para el Poder Judicial, podría aumentar el número de ingresos de causas, en los distintos tribunales con competencia penal, por otro lado no habría un impacto en lo orgánico ya que esta nueva figura del "interventor judicial", sería un personaje externo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 18 de la Ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, se acuerda informar en los términos precedentemente expuestos el proyecto de ley que "Modifica diversos cuerpos legales para ampliar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y regular el ejercicio de la acción penal, respecto de los delitos contra el orden socioeconómico que indica", (Boletín Nº13.204-07).

Se previene que la ministra señora Muñoz S., no comparte lo expresado en el párrafo tercero del motivo séptimo, del presente informe.

Asimismo, la ministra señora Vivanco previene que tal como se concibe en el proyecto de ley en estudio, el nombramiento de un interventor es una pena, de tal suerte que sus funciones deben estar legalmente determinadas y no pueden quedar entregadas, en cuanto a su contenido, al juez que conozca del caso en particular, pues ello importaría una transgresión al principio de legalidad.

El ministro señor Künsemüller fue del parecer de informar desfavorablemente el proyecto de ley en análisis por las siguientes razones:

1.- Que, aún cuando la política criminal chilena ha acogido la tesis de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, a partir de la Ley Nº 20.393, -dictada para cumplir con las exigencias legales del OCDE-, el ministro que suscribe debe dejar constancia de su oposición a esa tendencia legislativa, reiterada en el proyecto que se informa, fundada, esencialmente, en los principios del Derecho Penal Liberal, conforme a los cuales el delito es acción humana y acción humana culpable, caracteres imposibles de reconocer en los hechos de las personas jurídicas, "hechos" y no "acciones", porque estos entes son incapaces de ellas y deben ser realizados por personas naturales, sus agentes o representantes. Esto, sin perjuicio de la responsabilidad civil y administrativa de las personas colectivas.

2.- Que en la Revista de Derecho Penal Económico, 2019-1, publicada por el Instituto de Ciencias Penales de Argentina, se incluye el artículo "El principio societas delinquere non potest en la doctrina y legislación chilenas", de autoría del Ministro Künsemüller (pp. 129 y ss.), texto en el cual se explaya acerca de los argumentos fundantes de su tesis, que es compartida por varios otros penalistas chilenos.

Se deja constancia que el Ministro señor Arturo Prado Puga , previene que no obstante que la responsabilidad penal de las personas morales o jurídicas ha sido objeto de intenso debate, como se acredita en la doctrina que se cita más abajo, ella debe ser materia de una incriminación muy precisa dentro del marco de los tratados internacionales ratificados por nuestro país para sancionar la intervención de estas personas colectivas de derecho privado en la comisión de delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho de funcionarios públicos, conductas que son punibles por sus consecuencias desviadas en la organización social.

Lo anterior como una tendencia que se expande en algunas legislaciones, que dejan de lado el derecho penal más tradicional, cuyo principal reparo se vincula a los atributos del sujeto y a la culpabilidad, transfiriendo responsabilidad penal a la entidad ficta.

Ello sin perjuicio de la propuesta en contra para restringir la comunicación penal y penalización de las conductas irregulares limitada únicamente al sustrato físico de los administradores de las personas jurídicas bajo sus distintas variedades o tipos. (Véase a don Eduardo Novoa Aldunate, "Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Un nuevo rumbo de la política criminal", Revista Colegio de Abogados Nº 48, abril 2010; y en la tesis opuesta, don Alex van Weezel "Contra la responsabilidad penal de las personas jurídicas", Revista Política Criminal., Vol. 5, Nº 9 (julio 2010), pp.114-142

En cuanto a los párrafos segundo y tercero del motivo sexto, del presente informe del proyecto de ley, estima que la terminología empleada en el proyecto referida a "interventores" y "veedores" tomada de los procedimientos concursales establecidos Ley Nº 20.720 de 2013 sobre "Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas", no resulta clara considerando que no se explicitan sus facultades, deberes atribuciones y responsabilidades, no obstante que, en su caso, se le da el carácter de "administrador provisional" que gobierna la persona jurídica que queda sujeta al régimen de intervención. Se debe tener además presente la ausencia de una regulación más acabada en la hipótesis en que la persona jurídica sujeta a intervención sea a su vez administrada por otra u otras personas jurídicas o que sean parte o formen parte de un grupo empresarial, en cuyo caso difícilmente se podrá imputar penalmente conductas que hagan viable dicha medida.

En cuanto al párrafo tercero, expresa que el termino empresa y su analogía con la expresión persona jurídica es equivoca, atento a que en el actual estado de nuestra legislación, el termino empresa es polivalente (Ver. Art 69 Código Tributario) y se emplea para designar entidades individuales o colectivas que en el campo jurídico se expanden en las áreas laboral, comercial, tributaria y administrativa, con lo cual cualquier intento de delimitación tropieza con esta dificultad que no ha podido ser resuelta por la doctrina ni por la jurisprudencia, entregando un concepto uniforme de ella, salvo en cuanto se refieren a un modo de ejercer una actividad bajo la forma de una unidad económica.

Ofíciese. PL 7-2020.-

GUILLERMO SILVA GUNDELACH

Ministro(P)

Fecha: 02/04/2020 14:06:43

SERGIO MANUEL MUÑOZ GAJARDO

Ministro

Fecha: 02/04/2020 14:01:38

CARLOS KÜNSEMÜLLER LOEBENFELDER

Ministro

Fecha: 02/04/2020 14:06:43

HAROLDO OSVALDO BRITO CRUZ

Ministro

Fecha: 02/04/2020 14:06:43

ROSA DEL CARMEN EGNEM SALDÍAS

Ministra

Fecha: 02/04/2020 14:06:43

RICARDO LUIS HERNÁN BLANCO HERRERA

Ministro

Fecha: 02/04/2020 14:06:43

ANDREA MARÍA MERCEDES MUÑOZ SÁNCHEZ

Ministra

Fecha: 02/04/2020 14:06:43

JORGE GONZALO DAHM OYARZÚN

Ministro

Fecha: 02/04/2020 14:06:43

ARTURO JOSÉ PRADO PUGA

Ministro

Fecha: 02/04/2020 14:06:43

ANGELA FRANCISCA VIVANCO MARTÍNEZ

Ministra

Fecha: 02/04/2020 14:06:43

MAURICIO ALONSO SILVA CANCINO

Ministro

Fecha: 02/04/2020 14:06:43

JUAN MANUEL MUÑOZ PARDO

Ministro(S)

Fecha: 02/04/2020 14:06:43

Pronunciada por esta Corte Suprema, presidida por su titular señor Guillermo Silva Gundelach y con la asistencia de los Ministros señores Muñoz G., Künsemüller y Brito, señora Egnem, señor Blanco, señoras Chevesich y Muñoz S., señores Dham y Prado, señora Vivanco, señor Silva C. y señora Repetto y suplentes señores Biel, Muñoz Pardo y Mera. No firman las ministras señoras Chevesich y Repetto y los ministros suplentes Biel y Mera.

JORGE EDUARDO SAEZ MARTIN

Secretario

Fecha: 02/04/2020 15:01:49

OFICIO N° 124 - 2020

INFORME PROYECTO DE LEY N° 6-2020

Antecedente: Boletín N° 13.205-07

Santiago, veintiséis de junio de 2020

Por oficio N° 15.310, recibido el 21 de enero de 2020, el Presidente de la Cámara de Diputados, Sr. Iván Flores García, solicitó la opinión de la Corte Suprema al tenor de lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, sobre el proyecto de ley que “Sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico, y adecua las penas aplicables a todos ellos”(Boletín 13.205- 07).

Impuesto el Tribunal Pleno del proyecto en sesión de 15 de junio en curso, presidida por su titular señor Guillermo Silva Gundelach, e integrada por los ministros señores Muñoz G., Künsemüller y Brito, señoras Maggi y Sandoval, señor Blanco, señora Chevesich, señores Valderrama, Dahm y Prado, señora Vivanco, señores Silva C. y Llanos y suplentes señores Muñoz Pardo y Zepeda, acordó informarlo al tenor de la resolución que se transcribe a continuación:

AL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS SEÑOR IVÁN FLORES GARCÍA

VALPARAÍSO

“Santiago, veintiséis de junio de dos mil veinte.

Vistos:

Primero. Que por oficio N° 15.310, recibido el 21 de enero de 2020, el Presidente de la Cámara de Diputados, Sr. Iván Flores García, solicitó la opinión de la Corte Suprema al tenor de lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, sobre el proyecto de ley que “Sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico, y adecua las penas aplicables a todos ellos”(Boletín 13.205- 07).

Segundo. Que la autoridad antes mencionada ha pedido el pronunciamiento de esta Corte en relación a lo dispuesto en el número 21 de su artículo 51, mediante el cual se introduce un nuevo artículo 17 ter a la Ley N° 20.393 que “Establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos que indica”. En concreto, este artículo sobre el que se ha solicitado opinión se refiere únicamente a la manera de ejecutarse la nueva pena de “supervisión de la persona jurídica”, en el contexto de la Ley N° 20.393.

Tercero. Descripción general del proyecto. Fundamentos. Según lo indicado en la moción del proyecto de ley, “la conmoción y rechazo social que generan los delitos de naturaleza económica y de su impacto en el orden público económico” fundamentan la necesidad de sistematizar las normas penales del ámbito económico, de manera tal de poder entregar una respuesta más robusta que permita enfrentar la “débil regulación” existente en esta materia lo que en definitiva, señala el proyecto, “impide sancionar de forma efectiva a quienes cometen o participan en ilícitos de esta naturaleza” [1].

Para lo anterior, el proyecto establece atenuantes y agravantes especiales respecto del juzgamiento de los delitos económicos; reglas propias de determinación de penas; una nueva forma de determinación de penas pecuniarias basada en el sistema de días-multa (se calcula el monto de la multa acorde a los ingresos del imputado); el comiso de las ganancias; inhabilitaciones especiales; un régimen propio de penas sustitutivas de las penas privativas de libertad; amplía el catálogo de delitos en el ámbito económico por los cuales pueden ser responsables penalmente tanto las personas naturales como las personas jurídicas;

Cuarto. El propósito declarado del proyecto es “[…] adecuar y sistematizar los diversos delitos de naturaleza económica mediante: (a) la generación de un sistema de determinación de penas privativas de libertad adecuado al tipo de criminalidad de que se trata; (b) reforma general al sistema de consecuencias pecuniarias y de inhabilitación vinculadas a la criminalidad económica; (c) perfeccionamiento del régimen de responsabilidad penal de personas jurídicas; (d) perfeccionamiento y complementación del derecho penal económico sustantivo.”

Considerando lo reseñado, el proyecto propone –temáticamente- las siguientes modificaciones: (a) una completa reforma al sistema de determinación de las penas indicadas en los artículos 59 y siguientes del Código Penal, en relación a los delitos identificados por el proyecto como delitos contra el orden socioeconómico [2]; (b) una reforma general al sistema de consecuencias pecuniarias e inhabilitaciones anexas a estos delitos; (c) una reforma general al sistema de penas sustitutivas que establece la Ley N° 18.216 que “Establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad”, también en relación a esta clase de delitos; (d) reformas generales al sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas contenido en la Ley N° 20.393; (e) incorpora el estatuto de delitos ambientales al Código Penal vigente; y (f) introduce un nuevo delito de publicidad engañosa en el contexto del derecho del consumidor, y una serie de modificaciones a la tipificación de diversos delitos con el propósito de ampliar su ámbito de aplicabilidad e intensificar su penalidad.

Quinto. Análisis de la disposición consultada: N° 21 del artículo 51. Contenido del artículo 51. Este artículo establece una serie de modificaciones en la Ley N° 20.393, que establece el sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas, entre las que se cuentan: (a) una ampliación radical de los delitos en los que puede perseguirse la responsabilidad penal de las personas jurídicas; (b) una modificación del modelo de imputación previsto en la misma norma, a partir de la modificación de sus artículos 3°, 4° y 5°; (c) una modificación de su sistema de determinación y cumplimiento de penas; en el que -entre otras- se incorpora una nueva pena de “supervisión de persona jurídica”.[3]

Sexto. La nueva pena de “supervisión de persona jurídica”. Esta nueva sanción aparece incorporada en los números 8 y 11 bis del citado artículo 51 de la propuesta, del modo que sigue:

“Artículo 8.° Penas. Serán aplicables a la persona jurídica una o más de las siguientes penas:

1.° la extinción de la persona jurídica;

2.° la inhabilitación para contratar con el Estado;

3.° la pérdida de beneficios fiscales y prohibición de recibirlos;

4.° la supervisión de la persona jurídica; 5.° la multa;

6.º la publicación de un extracto de la sentencia condenatoria”

Artículo 11 bis. Supervisión de la persona jurídica. […] La supervisión de la persona jurídica consiste en su sujeción a un supervisor nombrado por el tribunal, encargado de colaborar con la dirección de la persona jurídica en la elaboración, implementación o mejoramiento de un sistema adecuado de prevención de delitos y de controlar dicha elaboración, implementación o mejoramiento por un plazo mínimo de seis meses y máximo de dos años.

La persona jurídica estará obligada a poner a disposición del supervisor toda la información necesaria para su desempeño.

El supervisor tendrá facultades para impartir instrucciones obligatorias e imponer condiciones de funcionamiento exclusivamente en lo que concierna al sistema de prevención de delitos, sin que pueda inmiscuirse en otras dimensiones de la organización o actividad de la persona jurídica. Para los efectos de sus deberes y responsabilidad se considerará que el supervisor tiene la calidad de empleado público. Su remuneración será fijada por el tribunal de acuerdo con criterios de mercado y será de cargo de la persona jurídica.”

Séptimo. Detalles de la nueva sanción penal. El sentido de la pena es incorporar, dentro de la administración de la persona jurídica en cuestión, un profesional dedicado exclusivamente a implementar modelos de prevención de riesgos delictivos en la empresa. En este sentido, no corresponde a la figura del derecho comparado del interventor -que reemplaza a la administración normal de la persona jurídica- sino a una figura paralela, que cumple un rol distinto y específico: propiciar un modelo organizacional que no sea funcional a la generación de riesgos delictivos.[4]

Establecida que sea la nueva sanción penal de supervisión de la persona jurídica por sentencia condenatoria ejecutoriada, el proyecto de ley propone que la determinación del objeto preciso del cometido del supervisor de la persona jurídica, así como de la extensión y límites de sus facultades, quede entregada al juez competente para conocer de la ejecución de la pena.

Esta es la materia regulada por el número 21 del artículo 51 de la propuesta sobre el que se ha pedido la opinión de esta Corte, y que incorpora en la ley N° 20.393 el siguiente artículo 17 ter:

“Artículo 17 ter. Ejecución de la supervisión de la persona jurídica. Ejecutoriada la sentencia condenatoria que impusiere la supervisión de la persona jurídica por un período determinado, el tribunal competente para la supervisión de la ejecución de la pena designará a un supervisor y le dará instrucciones sobre el objeto preciso de su cometido, sus facultades y los límites de ellos, de lo cual será notificada la persona jurídica.

Las instrucciones obligatorias y las condiciones impuestas por el supervisor podrán ser reclamadas judicialmente.

En caso de incumplimiento injustificado de las instrucciones obligatorias o de las condiciones impuestas por el supervisor el tribunal podrá imponer, a solicitud del supervisor y oyendo a la persona jurídica, la retención y prohibición de celebrar actos y contratos sobre bienes o activos de ésta hasta que cese el incumplimiento, a título de apremio.

En casos de incumplimiento grave o reiterado el tribunal podrá, a solicitud del supervisor y oyendo a la persona jurídica, ordenar el reemplazo de sus órganos directivos y, en caso de no realizarse el reemplazo o de persistir el incumplimiento, la designación de un administrador provisional hasta que se verifique un cambio de circunstancias o hasta el cumplimiento íntegro de la supervisión.

Un reglamento establecerá los requisitos que habiliten para ejercer como supervisor, el procedimiento para su designación y reemplazo y para la determinación de su remuneración. Los requisitos para ejercer como supervisor deberán garantizar calificación y experiencia profesional pertinente y ausencia de factores que pudieran dar lugar a conflictos de interés en el ejercicio del cargo” (énfasis agregado).

Octavo. Descripción de la disposición consultada. Como puede apreciarse del artículo transcrito, para supervisar la ejecución de la nueva pena, la propuesta otorga al tribunal competente cuatro nuevas atribuciones especiales: (a) otorga al tribunal el poder de designar al supervisor (inciso primero), según las reglas y definiciones generales que exprese el reglamento al que se refiere el inciso final de la disposición; (b) establece que será el tribunal quien definirá las facultades del supervisor y los límites de las mismas; (c) otorga al tribunal la potestad de establecer la retención y prohibición de celebrar actos y contratos sobre bienes o activos de ésta, que actualmente corresponden a penas autónomas, como medidas de apremio ante el incumplimiento de las determinaciones del supervisor; y (d) en casos de incumplimiento grave o reiterado, permite que el tribunal disponga el reemplazo de sus órganos directivos y su administrador.

Noveno. Observaciones sobre la disposición consultada. La iniciativa legal, en síntesis, tiene como finalidad modificar ciertos aspectos que regulan la responsabilidad de las personas jurídicas, incorporando, en lo consultado, como sanción “la supervisión de la persona jurídica”, único aspecto sobre el cual se pide la opinión a este tribunal, y que tiene asignada los fines que indican las normas ya transcritas.

En esos términos, esta Corte no puede dejar de observar que tanto la institución que se crea, como la propuesta de regulación de sus atribuciones, se apartan de un principio básico en la imposición de las penas, como es la correspondencia de ésta con un delito preciso y determinado, que le sirve de presupuesto necesario y cuya entidad permite – entre otras circunstancias- regular su quantum, al establecerla como un régimen de consecuencias que adquiere independencia del ilícito establecido, carece de asignación de límites mínimos y máximos y contempla hipótesis de intervención sin precisión ni marco temporal de extensión, elementos todos que permiten reprochar que sus elementos no aparecen previamente determinados, lo que no solo transgrede el principio de legalidad, sino que además configura un régimen de consecuencias que se aparta de aquel previsto para el castigo de hechos pasados, únicos susceptibles de ser reprochados, de acuerdo a la estructura del sistema de imputación penal que nos rige.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 18 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, se acuerda informar en los términos precedentemente expuestos el proyecto de ley que “Sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico, y adecua las penas aplicables a todos ellos” (Boletín 13.205- 07).

Se deja constancia que el ministro señor Muñoz fue de opinión de informar favorablemente el proyecto que se analiza, por estimar que sus disposiciones dan cuenta de opciones de política criminal del legislador, que se advierten como coherentes con el propósito de la legislación general que se intenta perfeccionar.

Asimismo, se deja constancia que el ministro señor Künsemüller fue del parecer de informar desfavorablemente el proyecto de ley en análisis, considerando para ello su opinión ya expresada en disidencias consignadas en los informes de proyectos de iniciativas legales vinculadas a la materia por la que se consulta, por las siguientes razones:

1.- Que, aún cuando la política criminal chilena ha acogido la tesis de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, a partir de la Ley N° 20.393, -dictada para cumplir con las exigencias legales del OCDE-, el ministro que suscribe debe dejar constancia de su oposición a esa tendencia legislativa, reiterada en el proyecto que se informa, fundada, esencialmente, en los principios del Derecho Penal Liberal, conforme a los cuales el delito es acción humana y acción humana culpable, caracteres imposibles de reconocer en los hechos de las personas jurídicas, “hechos” y no “acciones”, porque estos entes son incapaces de ellas y deben ser realizados por personas naturales, sus agentes o representantes. Esto, sin perjuicio de la responsabilidad civil y administrativa de las personas colectivas.

2.- Que en la Revista de Derecho Penal Económico, 2019-1, publicada por el Instituto de Ciencias Penales de Argentina, se incluye el artículo “El principio societas delinquere non potest en la doctrina y legislación chilenas”, de autoría del Ministro Künsemüller (pp. 129 y ss.), texto en el cual se explaya acerca de los argumentos fundantes de su tesis, que es compartida por varios otros penalistas chilenos tales como Novoa, Cousiño, Etcheberry, Cury, Garrido, Bustos y van Weezel.

A su turno, los ministros señores Brito y Blanco, señora Chevesich, señor Valderrama, señora Vivanco y señor Silva Cancino, estuvieron por expresar que la primera atribución prevista en la norma que se consulta y que dice relación con la potestad del tribunal de designar aquella persona que hará las veces de supervisor, y la tercera, que permite imponer determinados apremios, no parecen problemáticas. Se encuentran razonablemente expresadas y parecen funcionales a la gravedad de la situación a la que pretenden hacer frente y al sentido de la propuesta legislativa.

Por el contrario, estiman que la segunda atribución, aquella que dice relación con el establecimiento de las condiciones, límites y atribuciones del supervisor, parece algo más problemática. Si bien es cierto que los límites conceptuales de la sanción se encuentran establecidos por el sentido que le otorga el nuevo artículo 11 bis – que establece que el rol del supervisor no reemplaza a los órganos directivos o administradores de la empresa– también es cierto que dicha definición, por su vaguedad, no alcanza a superar el estándar que impone el mandato constitucional de legalidad de las penas (art. 19. N°3 de la Constitución Política de la República).

En este sentido, se echa de menos una definición legal explícita de cuáles son los derechos que puede restringir o limitar esta nueva pena, así como los límites mínimos y máximos de la misma.

Por último, consignan que la restante atribución descrita, esto es, aquella que dice relación con la posibilidad del tribunal de remover directores y establecer administradores, si bien resulta coherente con un enfoque piramidal de la materia – esto es, un enfoque muy popular en derecho comparado, que ordena escalonadamente las reacciones estatales en esta materia según el peligro de reiteración delictiva y la conducta progresiva que va exhibiendo la persona jurídica [5]– su aplicación podría provocar determinadas suspicacias, atendida la enorme injerencia que involucra y la relativa indeterminación temporal que trasunta el empleo de la expresión “cambio de circunstancias”.

En este sentido, no obstante la plausibilidad de reaccionar escalonadamente al comportamiento peligroso de una persona jurídica criminal, debería establecerse algún margen temporal más preciso para restringir la expropiación de la administración o dirección de la misma, además de mecanismos recursivos y causales taxativas que permitan a la empresa en cuestión oponerse a esta determinación tan intensa y perfilar su aplicación exclusiva tan sólo para los casos de empresas más problemáticas. Estas correcciones resultan imprescindibles para generar una propuesta respetuosa de los principios de proporcionalidad y razonabilidad penal que son exigibles en esta materia por mandato constitucional.

Los ministros señores Valderrama, Prado, Llanos y suplentes señores Muñoz Pardo y Zepeda, fueron de opinión de expresar, asimismo, que el proyecto una vez más pone de relieve la necesidad de crear los tribunales de ejecución penal, ya que la iniciativa que se revisa entrega una serie de responsabilidades y cargas cuyo cumplimiento será competencia de los jueces de garantía, impactando negativamente en su función, atendida la entidad del encargo que se pretende entregar.

Ofíciese.

PL N° 6- 2020”

Saluda atentamente a V.S.

GUILLERMO SILVA GUNDELACH

Ministro(P)

Fecha: 26/06/2020 12:10:41

JORGE EDUARDO SAEZ MARTIN

Secretario

Fecha: 26/06/2020 13:13:21

?INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY REFUNDIDO QUE SISTEMATIZA LOS DELITOS ECONÓMICOS Y ATENTADOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE, MODIFICA DIVERSOS CUERPOS LEGALES QUE TIPIFICAN DELITOS CONTRA EL ORDEN SOCIOECONÓMICO, Y ADECUA LAS PENAS APLICABLES A TODOS ELLOS BOLETÍN N° 13.205-07 Y 13.204-07.

_____________________________________________________________

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento viene en informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de la referencia, originado en moción de los (as) diputados (as) señores (as) Matías Walker; Natalia Castillo; Luciano Cruz-Coke; Marcelo Díaz; Gonzalo Fuenzalida; Paulina Núñez; Marcelo Schilling; Gabriel Silber; Leonardo Soto; Pablo Vidal (boletín N° 13.205-07). Marcelo Schilling;Gabriel Ascencio; Boris Barrera; Natalia Castillo; Ricardo Celis; Mario Desbordes; Marcela Hernando; Alejandra Sepúlveda; Leonardo Soto; Matías Walker (boletín N° 13.204-05).

I.- CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.

1) La idea matriz o fundamental del proyecto consiste en sistematizar los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, modificar diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico, y adecuar las penas aplicables a todos ellos.

2) Normas de quórum especial .

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 66, inciso segundo, de la Constitución Política de la República, tienen el carácter de orgánicas constitucionales:

a) Las normas de los artículos 42; 47, inciso quinto; 49 N° 1) y N° 10) en lo que se refiere al artículo 415 ter, y artículo 51, numeral 29), todas en concordancia con el artículo 83 de la Constitución, en cuanto dicen relación con nuevas facultades para el Ministerio Público.

b) Las normas de los artículos 49 N° 10) en relación con artículo 415 octies; 50 N°s 1) y 2); 51 N° 21) (artículo 17 ter). Todas en concordancia con el artículo 77 de la Carta Fundamental.

c) Las normas de los artículos 61 y 62, en concordancia con los artículos 77 y 83 de la Constitución.

4) Trámite de Hacienda.

De conformidad a lo establecido en el Nº 4 artículo 302 del Reglamento de la Corporación, la Comisión deja constancia que el proyecto no requiere ser conocido por la Comisión de Hacienda.

5) Aprobación en general.

Puesto en votación general los proyectos de ley refundidos, fueron aprobados por la unanimidad de los diputados presentes vía remota de la comisión señores Walker (Presidente), Alessandri, Boric, Coloma, Flores, Fuenzalida, Gutiérrez, Hirsch, Ilabaca, Núñez, Saffirio y Soto.

6) Se designó Diputado Informante al señor Leonardo Soto

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II.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE LEY

Los autores de los proyectos entregan los siguientes antecedentes:

A.- Proyecto de ley que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico, y adecua las penas aplicables a todos ello (boletín N° 13.205-07).

ANTECEDENTES

Este proyecto es el resultado de un trabajo conjunto entre los diputados y diputadas firmantes y destacados penalistas, que trabajando sobre otros anteproyectos, se busca abordar la conmoción y rechazo social que generan los delitos de naturaleza económica y de su impacto en el orden público económico, proponemos la sistematización y adecuación de normas penales que permitan dar respuesta y enfrentar la débil regulación que actualmente contiene nuestro ordenamiento jurídico, que impide sancionar de forma efectiva a quienes cometen o participan en ilícitos penales de naturaleza. Tal como afirmaba ya el año 2011 el entonces presidente de la Excelentísima Corte Suprema, señor Miton Juica, “la penalidad de “los delitos de cuellos y corbata” en Chile “es realmente modesta comparada con otros países, especialmente con Estados Unidos…”.

Así, se busca una justicia legislativa en cuanto a los delitos que nuestro ordenamiento jurídico condena, empleando criterios que se adecúen a su vez al sujeto activo que comete estos ilícitos, quienes en su mayoría cuentan con mejor preparación y posición social que quienes cometen delitos comunes.

De esta manera se presenta esta iniciativa que contiene los siguientes y principales propósitos:

a. Adecuación del sistema de determinación y sustitución de penas al ámbito de la criminalidad económica.

El proyecto establece, en primer lugar, un sistema propio de determinación y sustitución de penas privativas de libertad. La necesidad de su formulación se explica por la inadecuación de las categorías generales para esta clase de criminalidad, sobre todo a la luz del modo en que funciona la práctica de determinación de la pena por los tribunales.

Tres son las razones por las que el sistema general es inadecuado para la criminalidad económica.

En primer lugar, las atenuantes y agravantes previstas en el Código Penal son en su gran mayoría ajenas al tipo de actividad en cuestión. Con ello, gran parte de la labor de precisión de la pena que puede tener lugar respecto de otros delitos, simplemente no tiene aplicación aquí. Por lo demás, el sistema del Código Penal no permite, en general, hacer distinciones entre grandes casos económicos y otros en que se realiza el mismo delito pero que tienen una entidad mucho menor. Tampoco permite hacer graduaciones relevantes atendiendo al modo en que intervino el condenado, ni a la posición o esfera desde la que intervino en el seno de la empresa.

En segundo lugar, la práctica judicial asume dos criterios centrales para determinar cuándo debe ejecutarse una pena efectiva de privación de libertad: que la pena aplicable al delito no exceda de 3 o (de ser aplicable la libertad vigilada) 5 años, o que el condenado no sea reincidente. Como sistema de control de criminalidad común, la práctica chilena hace así de la reincidencia el factor central de distribución de penas de cárcel y solo en casos extremadamente graves, generalmente no vinculados a la criminalidad económica, prescinde de este criterio. Por cierto, se entienden las razones por las que el uso de la cárcel respecto de la delincuencia común debe ser controlado (aunque pueda criticarse el carácter mecánico con el que opera la práctica); pero, en cambio, en un ámbito generalmente exento de reincidencia como sucede con los delitos económicos, ello conduce a la ausencia de penas efectivas, así como a una percepción generalizada de impunidad o al menos de excesiva benignidad.

En tercer lugar, las penas sustitutivas previstas en la Ley 18.216 no se adecúan completamente a este tipo de criminalidad. La criminalidad económica se realiza en general en el contexto de actividades formales reconocidas, desarrolladas por sujetos que son capaces de desempeñarse en la economía ordinaria. A causa de lo anterior, buena parte de los mecanismos de reacción establecidos a propósito de la criminalidad común no resulten adecuados. El caso más obvio es el de la libertad vigilada. En su mejor versión, este sistema de intervención pretende orientar y contribuir a la inserción social del condenado en la comunidad y en la economía ordinaria. Objetivos de esta clase no resultan, en cambio, adecuados a la criminalidad económica. En el caso de la remisión condicional sucede algo similar. Respecto de la criminalidad común puede tener sentido mantener vigilancia sobre una persona, con el objeto de solo reaccionar más intensamente en caso de que siga cometiendo delitos. Ello explica su aplicación masiva. Pero no sucede lo mismo cuando el objetivo del sistema es derechamente sancionatorio y no de control social.

A la luz de lo anterior, se establece un sistema diferenciado de determinación de la pena. Las agravantes y atenuantes incluidas están especialmente pensadas para este tipo de criminalidad. Asimismo, ellas están graduadas de forma tal que su incidencia varíe dependiendo de su intensidad. Las atenuantes y agravantes simples solo constituyen argumentos para individualizar la pena dentro de un marco establecido. En cambio, las atenuantes y agravantes muy calificadas inciden tanto sobre el marco penal como sobre las penas sustitutivas procedentes. Con ello, tratándose de casos en que el perjuicio ocasionado sea muy elevado o que la conducta desplegada sea especialmente reprochable, las penas serán siempre considerables – incluso tratándose de delitos en abstracto menos graves. Además, se gradúa los casos menos graves, de modo tal de que también allí las penas aplicadas tengan mayor sensibilidad a variaciones de gravedad.

Finalmente, adecúa las penas sustitutivas a la criminalidad económica. Como se trata de un sistema con orientación abiertamente sancionatoria, también las penas sustitutivas tienen un componente de esta clase. Con ello, la libertad vigilada ha sido excluida del catálogo aplicable a estos delitos y la remisión condicional restringida a casos en que se aplique al menos una circunstancia atenuante muy calificada (muy baja culpabilidad o entidad bagatelaria). En los demás casos, las penas centrales del sistema pasan a ser, en orden creciente de gravedad, la reclusión parcial domiciliaria, la reclusión parcial en establecimiento especial y la cárcel efectiva.

b. Reforma general al sistema de consecuencias pecuniarias e inhabilitaciones

Un segundo ámbito dice relación con las otras sanciones y consecuencias –distintas de las penas privativas de libertad– que operan respecto de delitos económicos.

El diagnóstico con el que operó la comisión a este respecto es sencillo: la cuantía de las multas penales, y el modo de graduarlas, es enteramente disfuncional en el derecho chileno; el sistema jurídico chileno adolece de un defecto grave al no contar con un comiso de ganancias efectivo; y las inhabilitaciones aplicables respecto de delitos económicos son insuficientes.

Respecto de las multas, se introduce el sistema de días-multa. Conforme con este, siempre que se impone una pena de multa ella se gradúa considerando los ingresos (promedio) que produce una persona en un día. De este modo, el sistema es sensible a las diferencias económicas entre condenados, lo que evita que multas establecidas en unidades fijas tengan un peso excesivo respecto de condenados de bajos ingresos o insignificantes respecto de condenados con ingresos altos. El sistema atiende a las diferencias en el valor marginal del dinero, permitiendo imponer así en todos los casos multas que tengan un peso punitivo pero sin ser excesivas. Tratándose de individuos con ingresos medios o elevados, el sistema conduce, además, a un aumento considerable en la cuantía de las multas. Adicionalmente, el sistema prevé ajustes en razón del patrimonio del condenado.

En segundo lugar, se incorpora una regulación sustantiva y procedimental del comiso de ganancias. El comiso de ganancias le permite al Estado privar a una persona de todas las ganancias obtenidas directamente a consecuencia de la realización del hecho constitutivo de un delito económico. Aunque se ha discutido históricamente si ello se encuentra incorporado en el artículo 31 del Código Penal, y algunas leyes especiales lo reconocen expresamente, en la práctica la falta de claridad sobre su status y la completa falta de regulación procedimental hacen que tenga una muy escasa aplicación. El proyecto elimina estos problemas. Además, partiendo de la premisa general de que el comiso de ganancias no es una pena, para el ámbito de los delitos económicos la iniciativa regula la posibilidad del comiso de ganancias sin condena previa en ciertos casos.

Finalmente, el proyecto incorpora un sistema diferenciado de inhabilitaciones adecuadas al tipo de criminalidad de que se trata.

c. Reforma a la responsabilidad penal de las personas jurídicas

Se modifica considerablemente el estatuto de responsabilidad penal de personas jurídicas contenido en la Ley 20.393, aunque mantiene sus lineamientos generales. Esa modificación incluye una ampliación muy relevante del catálogo de delitos por los que responde la persona jurídica, al incorporar todos los delitos susceptibles de ser calificados como económicos de acuerdo con el proyecto.

Junto a ello, se amplía el alcance de la ley en cuanto a la clase de personas jurídicas penalmente responsables y se introduce la figura de la supervisión de la persona jurídica, que puede ser aplicada tanto a título de medida cautelar como de condición de una suspensión condicional del procedimiento o de pena.

Más allá de lo anterior, se perfecciona la regulación contenida en la Ley 20.393 en distintos ámbitos, adecuando además su regulación a las penas pecuniarias, inhabilitaciones, a la regulación del comiso de ganancias, y a otras modificaciones incorporadas en él.

d. Reformas parciales al derecho penal

A nivel de la regulación penal, se introduce modificaciones en distintos cuerpos legales que establecen delitos económicos. Entre ellas se encuentran la introducción del estatuto de delitos ambientales del Anteproyecto de Código Penal de 2018 al Código Penal vigente; la regulación de la protección penal del secreto empresarial; una modificación relevante a los delitos concursales y contra el mercado de valores, que busca eliminar errores regulativos y vacíos de punibilidad. Asimismo, se modifican diversos delitos actualmente vigentes, a fin de perfeccionar su redacción y solucionar las dificultades de interpretación y aplicación que han presentado en la práctica. Finalmente, se introduce un delito de publicidad engañosa en la Ley del Consumidor y se incluye la protección penal frente a supuestos de explotación laboral.

IDEA MATRIZ

De acuerdo a lo expuesto, el propósito de esta moción consiste en adecuar y sistematizar los diversos delitos de naturaleza económica mediante: (a) la generación de un sistema de determinación de penas privativas de libertad adecuado al tipo de criminalidad de que se trata; (b) reforma general al sistema de consecuencias pecuniarias y de inhabilitación vinculadas a la criminalidad económica; (c) perfeccionamiento del régimen de responsabilidad penal de personas jurídicas; (d) perfeccionamiento y complementación del derecho penal económico sustantivo.

B.- Modifica diversos cuerpos legales para ampliar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y regular el ejercicio de la acción penal, respecto de los delitos contra el orden socioeconómico que indica (boletín N° 13.204-07).

1. Fundamentos. La ley núm. 20.393 estableció por vez primera, un sistema de imputación para las personas jurídicas, asumiendo principalmente el modelo de organización defectuosa como presupuesto de la responsabilidad penal del ente. Conforma a sus preceptos, los únicos delitos por los que se puede imputar penalmente a las personas jurídicas están señalados en el art. 1º, en un escueto catalogo que ha sido ampliado en forma acotada por diversas leyes:

Artículo 1°.- Contenido de la ley. La presente ley regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas respecto de los delitos previstos en los artículos 136, 139, 139 bis y 139 ter de la Ley General de Pesca y Acuicultura, en el artículo 27 de la ley Nº 19.913, en el artículo 8° de la ley Nº18.314 y en los artículos 240, 250, 251 bis, 287 bis, 287 ter, 456 bis A y 470, numerales 1° y 11, del Código Penal; el procedimiento para la investigación y establecimiento de dicha responsabilidad penal, la determinación de las sanciones procedentes y la ejecución de éstas.

En lo no previsto por esta ley serán aplicables, supletoriamente, las disposiciones contenidas en el Libro I del Código Penal y el Código Procesal Penal y en las leyes especiales señaladas en el inciso anterior, en lo que resultare pertinente.

Para los efectos de esta ley, no será aplicable lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 58 del Código Procesal Penal.

Un primer aspecto que se desprende de la primera norma que regula esta ley es el restringido alcance de los delitos que pueden dar lugar a responsabilidad penal de la persona jurídica. En efecto, la ley nacional sólo establece que pueden responder por los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y soborno y soborno de un funcionario público internacional en su versión original, empero la controvertida legislación introducida por la ley Nº20.631 ordinariamente llamada “agenda corta”, ha incorporado al catálogo el delito de receptación, más robusta es la regulación de noviembre de 2018 mediante la ley Nº21.121 que incorporó, la negociación incompatible, la corrupción entre particulares, la apropiación indebida y la administración desleal. Más recientemente, en el contexto de la modernización del servicio nacional de pesca, mediante ley Nº21.132 los delitos previstos en la ley de pesca y acuicultura. Lo anterior, es claramente una nota distintiva de las regulaciones de aquellos sistemas en que se contempla la posibilidad de responsabilidad penal, pues esta se aplica sin una limitación tan intensa como esta.

Pese a lo anterior, se ha intentado en sede legislativa ampliar el catálogo en materia de delitos de colusión (Boletín N° 9.950-03) durante su primer trámite en la Cámara de Diputados, respecto del delito de usurpación de aguas (Boletín 8.149-15), sin que tales propuestas hayan prosperado, lo que pone en tela de juicio el enfoque político criminal del legislador chileno. Esto último es relevante, pues, como ha expresado BUSTOS, política criminal es poder de definición, y su primer principio orientador es el de igualdad, es decir, redistribución de la cuestión penal[1], de esta manera no se puede prescindir del catálogo de los delitos socioeconómicos, en especial contra la propiedad intelectual e industrial, prácticas abusivas en materia de libre competencia y otras conductas que afectan el funcionamiento del mercado de valores etc. Lo anterior, se corrobora en lo expresado por el profesor MATUS quien sostiene que los hechos delictivos que son fundamento de la punibilidad del ente, en esta ley deberían extenderse a: “todos los del Tit. IV, L. II Código penal (falsificaciones). Estos son quizás los delitos más comunes en el ámbito empresarial y que se utilizan para cometer diversas infracciones; además los del Tit. VI, L. II Código penal […] todos estos delitos regulan la actividad económica que hoy se realiza empresarialmente y el párrafo 10 una forma especial de organización que, cuando se manifiesta bajo la fachada de una personas jurídica, debe ser severamente reprimida; los del Tit. IX, L. II Código penal, los comprendidos en los párrafos 5bis (receptación), 6 (usurpación de tierras y aguas) y 10 (daños): Se trata de delitos comunes, pero cuyos resultados -apropiación de tierras, aguas y destrucción de bienes de la competencia- favorecen determinadas actividades económicas frente a otras; Los cuasidelitos del Tit. X, L. II Código Penal y los delitos comprendidos en la Ley de Tránsito: Ésta es la fuente de responsabilidad empresarial más habitual hoy en día, a través del Derecho Civil, pero al mismo tiempo ineficiente para asegurar la vida y salud de los trabajadores y de la población en general, como sucede en los casos de construcciones o productos defectuosos y de responsabilidad en el transporte, donde la organización empresarial puede ayudar a prevenirlos o, por el contrario, a fomentarlos indirectamente mediante turnos extenuantes, falta de control en contrataciones y prestación de servicios, etc.”[2], asimismo señala una serie de conductas descritas en leyes especiales, tales como “Los delitos ecológicos y de contaminación de aguas se encuentran comprendidos en diversos tratados internacionales que, al igual que las convenciones de la OCDE, exigen el establecimiento de sanciones “eficaces, disuasivas y proporcionales” a las personas jurídicas y Los comprendidos en la Ley Antimonopolios (y su reforma en proyecto), y en las leyes de Bancos, AFP, Valores y Seguros: Se trata de ámbitos en los cuales la experiencia reciente ha demostrado la insuficiencia de los mecanismos administrativos para la sanción efectiva, disuasiva y proporcional de los hechos que pueden cometerse (caso farmacias); o en los cuales sólo es posible la participación en el mercado (AFP, Bancos, Seguros, Sociedades de Valores) de personas jurídicas. Los comprendidos en el Código Tributario: Sobra señalar no sólo la necesidad de prevenir la comisión de esta clase de delitos para el adecuado funcionamiento del Estado, sino también la de establecer expresamente la responsabilidad penal de las personas jurídicas en este ámbito, de manera que la sanción de las infracciones tributarias punibles no recaigan únicamente en personas naturales, que no se aprovechan de la comisión de tales hechos. Las infracciones punibles relativas a los derechos de los trabajadores y la seguridad social, especialmente las referidas al no pago de cotizaciones previsionales: La necesidad de prevenir la creación de “lagunas previsionales” es indiscutible y del interés de la sociedad toda y, por lo mismo, no puede esperarse a la quiebra de las empresas o a los finiquitos masivos de trabajadores para su descubrimiento”[3].

En la discusión de la ley[4], el alcance restringido de su catálogo fue observado por los señores profesores que asistieron a formular observaciones, así el profesor SOTO dijo “estar de acuerdo con que no podía establecerse responsabilidad penal de las personas jurídicas por todos los delitos, pero creía que había otras conductas tanto o más reprobables que las tres que mencionaba el proyecto, en que normalmente participaban empresas como las comprendidas en la llamada criminalidad de empresas, la delincuencia medioambiental o el derecho penal de los carteles”[5]. Por su parte, el profesor MEDINA señalo “que los alcances del proyecto eran insuficientes, por cuanto a pesar de ser relevantes los delitos que sancionaba en relación a la criminalidad empresarial, resultaban marginales y, en el caso de las personas naturales, ni siquiera estaban bien regulados”[6]. En el mismo sentido, el profesor LONDOÑO “Este proyecto no se justifica si se va aplicar a tan pocos delitos. Además, los que se establecen rara vez son cometidos por las empresas. Se omiten delitos de orden económico, como uso de información privilegiada, falsificaciones, fraudes al Fisco, y otros. Por ello, sugiere ampliar el catálogo de éstos, de modo de incluir delitos del ámbito económico, y aquellos que afecten el patrimonio del Estado”[7]. Por su parte, los representantes del Ministerio Público señalaron que “Hay áreas como los delitos que afectan a la salud pública, medio ambiente, delitos económicos y otros delitos de corrupción (a lo menos fraude al fisco, negociación incompatible y violación de secretos) que debiesen implicar la existencia de responsabilidad penal de las personas jurídicas. En general se debiese analizar aquellos ámbitos de criminalidad en los cuales por regla general intervienen personas jurídicas y cuya participación importa un plus en la lesión del bien jurídico protegido en cuestión, que amerita su sanción”[8].

En este contexto, la ampliación del catálogo de delitos tiene amplio respaldo dogmático, y en esa perspectiva obedece a criterios de política criminal en una ponderación sobre los alcances reales de estas conductas ilícitas, empero, no se debe olvidar que la estructura de la presente ley es decisiva, atendido que el presupuesto de la punibilidad es el “defecto de organización” de modo que si cumple con las exigencias previstas no será sancionada o tendrá una pena atenuada.

Empero, desde el punto de vista del catálogo de sanciones se debe tener en cuenta que se extraña entre las distintas clases de penas a que se refiere el artículo 8º de la ley, la introducción de una pena que puede resultar relevante en este ámbito, referida al interventor judicial, -que a diferencia del precedente en nuestro sistema procesal civil- que consagra “una especie de veedor que carece de facultades de dirección o de gobierno respecto de los bienes intervenidos”[9], en este ámbito por el contrario se traduce en un verdadero administrador provisional mientras dura la condena, pues se trata de una pena destinada a “proteger los intereses de los trabajadores o los acreedores”[10]. En perspectiva comparada, el Código penal Español “cuenta con un amplio abanico de penas que pueden imponerse a las personas jurídicas (art.33.7): a) multa, b) disolución, c) suspensión de actividades, d) clausura, e) prohibición de realizar actividades en el futuro, f) inhabilitación para obtener subvenciones y g) intervención judicial. Las penas c) y g) pueden acordarse además como medidas cautelares”[11], pues, como se advierte “a través de las penas aplicables a apersonas jurídicas se procede a reforzar la tendencia hacia una autorregulación o auto organización mediante una medida coactiva”[12].

Otro aspecto a considerar, es la omisión relativa al eventual conflicto de interés que puede suscitarse entre el representante de la persona jurídica y el ente en aquellos casos en que “la persona jurídica y su representante sean co imputados en el mismo proceso penal”[13]. En este sentido, lo más razonable es exigir el cambio del representante o aplicar en su defecto la norma que designa un curador ad litem. Aquí radica precisamente las razones por las que resulta necesario modificar diversas materias relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

2. Ideas matrices.- En general se trata de una ampliación de los delitos base que habilitan la responsabilidad penal del ente, siendo coherente –en lo pertinente- con el catálogo de delitos base contenidos en el art. 27 de la ley de lavado de activos. La fórmula “a la chilena”, se caracteriza por ser extremadamente escueta, no abarcando aquellos delitos que por su naturaleza están en fuerte vinculación con los delitos de la presente reforma (ejemplo: delitos de la ley de mercado de valores). Se trata de delitos precisos, en los cuales los bienes jurídicos protegidos, de los tipos que se busca ampliar están en estricta coherencia con la idea matriz del proyecto que cita como fuente de obligatoriedad internacional la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, ratificada por Chile y que se encuentra vigente. En efecto, entre las finalidades de integridad a que alude el instrumento, los delitos objeto del tratado, no pueden perder de vista la comisión de otros cuando se cometan intencionalmente en el curso de actividades económicas, financieras o comerciales, precisamente por infracción a los deberes de abstención o actos que lesionan integridad de la información en el mercado de valores, los deberes de veracidad en operaciones tributarias aduaneras u otras modalidades fraudulentas.

Conforme a los fundamentos el presente proyecto se orienta a modificar dos grandes aspectos del proyecto por una parte la ampliación del catálogo de delitos que pueden servir de base a la imputación al ente, especialmente a los que la criminología denomina delitos de cuello blanco (white collar crime en la denominación propuesta por Sutherland) más susceptibles de ser cometidos por corporaciones. No se debe perder de vista que muchos beneficios económicos son obtenidos en interés directo de la empresa o personas jurídicas. En segundo lugar, si bien las penas vigentes son propias a la naturaleza de la empresa, desde la pena por excelencia como la multa hasta la cancelación de la personalidad jurídica, en este ámbito se propone incorporar la norma utilizada en el derecho comparado referido al nombramiento de un interventor judicial. En tercer lugar se incorpora una nueva circunstancia agravante, cuando la organización es un mero instrumento para fines delictivos, el alcance de esta agravante, no es novedosa en la órbita comparada, el art. 13 de la ley núm. 30.424, la utiliza para imputar responsabilidad administrativa (penal administrativa) a las personas jurídicas en el Perú. Se trata de contextualizar estas circunstancias como un elemento que justifica la agravante por el plus de injusto que supone. Es decir, si se trata de sistema de injusto simple, es decir, “relaciones entre individuos organizadas hacia fines injustos”, como podría ser el acuerdo de dos o mas funcionarios para incurrir en conductas antijurídicas, se trata pura y simplemente de un grupo de sujetos que se proponen la realización de un delito conjuntamente al margen de factores institucionales (co autoría). Por el contrario, se trata entender los hechos objetos de las practicas de la organización, son expresivos de un sistema de injusto constituido, que a diferencia del caso anterior, se explica en tanto su organización adquiere una “configuración institucional duradera mediante una constitución o unos estatutos”[14]. Así cuando nos referimos a la organización como contexto, a nivel de la estructura de imputación es relevante frente a la pregunta de la configuración y distribución de la responsabilidad. Para el injusto constituido de una institución (o empresa con tendencia criminal), por su parte, los factores determinantes serían los siguientes: el peligro potencial de la organización, mecánica o lógicamente dispuesta para la respectiva prestación; el déficit de la respectiva estructura organizacional; una filosofía institucional criminógena y una erosión de la noción de responsabilidad por la acción individual.

Luego se incorpora como nueva pena el nombramiento de un interventor judicial, de larga tradición civilista en materia de medidas precautorias, empero con una existencia concreta en leyes recientes, en el derecho comparado, como las enmiendas introducidas en el Código Penal Español de 1995 específicamente, en materia de penas aplicables a las personas jurídicas dispone expresamente, en su literal g) del ordinal 7 del art. 33 como pena para delitos graves, la intervención judicial, a fin de salvaguardar el interés de los trabajadores y acreedores por un lapso máximo de 5 años.

En materia de acción penal, el alcance de la norma vigente, puede llevar a interpretaciones equívocas, el art. 20 de la ley 20.393, supone que sólo en el contexto de una investigación el Ministerio Público se inicie la investigación en contra del ente. Los casos de la realidad de la vida, -no exento de problemas-, desmienten la referida situación como ha quedado de manifiesto en diversas investigaciones de casos de interés público. Sintomáticamente, los instructivos del MP señalan que deben oponerse a otras intervenciones. En general se ha sostenido que la regla establecida en el art. 162 del Código Tributario, es “acción pública de ejercicio discrecional”[15], pues se trata de una excepción a las reglas del art. 53 y 173 del Código Procesal Penal, siendo una “facultad inaudita”[16]. Consecuencia de este esquema es la relación esencial entre el procedimiento administrativo y el proceso criminal tributario, reconocido jurisprudencialmente, y que en el derecho y doctrina comparada se caracteriza como “distintos ámbitos de ilicitud tributaria”, pues, se sostiene a propósito de la autonomía en la materia, que “el derecho tributario (local o nacional) corre por un carril y se ocupa de la relación Estado-contribuyente, mientras que el derecho penal tributario se limita a hacer referencia a esa relación, en circunstancias excepcionales en las que el contribuyente la rompe mediante conductas que no permiten una solución racional dentro del esquema regulado normalmente por esa rama jurídica. Expresado en términos constitucionales: el derecho penal tributario no es necesario cuando el derecho tributario local o nacional puede cumplir su función recaudatorio sin mayores inconvenientes, con sujeción a las reglas de cada ordenamiento”[17]. Se ha discutido la pertinencia -en sede de admisibilidad- de la norma propuesta por el proyecto original por tratarse de “materia de iniciativa exclusiva”, de ahí que para este análisis es irrelevante las prescripciones del art. 162, siendo la propuesta una nueva regla que bajo los presupuestos que indica ratifica la regla general en las facultades del Ministerio Público.

La justificación de la propuesta es una contra excepción, pues pretende facultar el ejercicio de la acción penal del Ministerio Público –no en términos amplios- sino que conforme a dos criterios objetivos, que permitan ser expresivos de la gravedad de las conductas sujetas al sistema penal “tributario”. Lo anterior, se configura como una limitación al ejercicio de acción penal a casos en que no exista la lesividad relevante desde el punto de vista del perjuicio fiscal comprometido, en cuyo caso, se aplica la regla vigente del art. 162, quedando sujeta a la discrecionalidad del Servicio. Coherente con lo anterior se elimina la discutible regla monopólica en materia del delito de colusión, así como también en los delitos contra la hacienda pública en materia aduanera. La naturaleza macrosocial del bien jurídico protegido en esta clase de maleficios, justifican la eliminación de esta regla procesal anacrónica.

El legislador no puede estar de espaldas a la realidad, aquí radica la misión del legislador crítico y democrático, esto es, la constante revisión de porqué se ha seleccionado tal relación social y se la ha fijado desvalorativamente de una forma determinada, es por estas razones que venimos en proponer el siguiente:

Proyecto de ley

Art. Primero.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley Nº 20.393 que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas:

1) Para modificar el inciso primero del artículo 1º en el siguiente sentido:

a) Para intercalar a continuación del pronombre “los” la segunda vez que aparece:

“en el Título XI de la ley Nº18.045 ley de Mercado de Valores, en el art. 134 de la le Ley Nº 18.046 sobre sociedades anónimas, en el Título XVII del decreto con fuerza de ley Nº 3, del Ministerio de Hacienda, de 1997, ley general de bancos, en el artículo 168 en relación con el artículo 178, Nº 1, ambos del decreto con fuerza de ley Nº 30, del Ministerio de Hacienda, de 2005, que aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley Nº 213, del Ministerio de Hacienda, de 1953, sobre Ordenanza de Aduanas, en el art. 80 y art. 81 de la Ley Nº 17.366 sobre propiedad intelectual, en el art. 138 y 138 bis del D.F.L 458, que fija el texto de la ley General de Urbanismo y construcciones, en el número 4º del artículo 97 del Código Tributario, en el art. 62 del título V del decreto ley Nº211, de 1973, que fija normas para la defensa de la libre competencia.”.

b) Para intercalar a continuación de la expresión “artículos” la segunda vez que aparece:

“en los artículos 193, 194, y 196 del párrafo 4 de la falsificación de instrumentos públicos o auténticos, y los artículo 197 y 198 del párrafo 5 de la falsificación de instrumentos privados, del título IV”,

c) Para intercalar a continuación de la expresión “ter” la siguiente frase:

“en los artículo 313 d, 314, 315, 316, 317 y 318 del párrafo 14 sobre crímenes y simples delitos contra la salud pública del título VI”,

d) Para intercalar a continuación de la expresión “A”, sustituyendo la conjunción “y” por una coma, el guarismo “468”;

e) Para sustituir la expresión “del Código Penal” por la siguiente frase:

“y los previstos en el Título IX del Código Penal;”

2) En el artículo 6º, para sustituir el numeral 3) por el siguiente:

“3) La adopción por parte de la persona jurídica, antes de la formalización de la investigación, de medidas eficaces para prevenir la reiteración de la misma clase de delitos objeto de la investigación. Se entenderá por medidas eficaces la autonomía debidamente acreditada del encargado de prevención de delitos, así como también, de las medidas de prevención y supervisión implementadas que sean idóneas en relación a la situación, tamaño, giro, nivel de ingresos y complejidad de la estructura organizacional de la persona jurídica.”.

3) Modifíquese el artículo 7º en el siguiente sentido:

a)Para sustituir en el inciso primero la frase “Circunstancia agravante” por “Circunstancias agravantes”

b)Para incorporar el siguiente inciso segundo:

“Es también, circunstancia agravante la utilización instrumental de la persona jurídica para la comisión de los delitos previstos en el artículo 1º de la presente ley. Se entenderá que se cumple este supuesto si la actividad legal es irrelevante frente a las conductas ilícitas de la organización.”.

4) Incorporase el siguiente numeral 6) en el inciso primero del artículo 8º:

“6) Nombramiento de un Interventor judicial por el tiempo que se estime necesario, que no podrá exceder de cinco años.

La intervención podrá afectar a la totalidad de la organización o limitarse a alguna de sus instalaciones, secciones o unidades de negocio. El Juez o Tribunal, en la sentencia o, posteriormente, mediante resolución fundada, determinará exactamente el contenido de la intervención y determinará quién se hará cargo de aquella y en qué plazos deberá realizar informes de seguimiento y las rendiciones que correspondan para el Tribunal”.

5) Intercalase en el numeral 1 del inciso primero del artículo 14º el siguiente literal e), nuevo:

“e) Nombramiento de un Interventor judicial”.

6) Incorpórese el siguiente artículo 12 bis nuevo:

“Art. 12 bis.- Interventor judicial. La intervención procederá en casos de delitos que produzcan grave daño social y económico y podrá afectar a la totalidad de la organización o limitarse a alguna de sus instalaciones, secciones o unidades de negocio. El interventor tendrá derecho a acceder a todas las instalaciones y locales de la empresa o persona jurídica y a recibir toda la información que estime necesaria para el ejercicio de sus funciones. El Juez o Tribunal, según sea el caso, mediante resolución fundada, determinará exactamente el contenido de la intervención y determinará quién se hará cargo de la misma y en qué plazos deberá realizar informes de seguimiento para el Juez o Tribunal.”.

7) Intercalase en el numeral 1. del inciso primero del artículo 14 el siguiente literal e), nuevo:

“e) Nombramiento de un Interventor judicial.”.

8) Para incorporar el siguiente inciso segundo en el art. 20:

“La investigación también podrá iniciarse por denuncia o por querella. En este último caso, podrá ser deducida por la víctima de conformidad con el Código Procesal Penal, así como cualquier persona capaz de parecer en juicio domiciliada en la provincia, respecto de hechos punibles que afectaren el ejercicio de la función pública o la probidad administrativa, o respecto de aquellos delitos que puedan causar graves consecuencias sociales y económicas.”.

9) Intercalase el siguiente artículo 22 bis nuevo.

“Art. 22 Bis. Sin perjuicio de las medidas cautelares reales de conformidad con las reglas generales del Código Procesal Penal, durante la investigación, el ministerio público o los intervinientes, podrán solicitar como medida cautelar el nombramiento de un Interventor judicial.”.

Art. Segundo.- Deróguese el artículo 64 del Título V del Decreto ley Nº211, de 1973, que fija normas para la defensa de la libre competencia.”

Art. Tercero.- Para incorporar en el Código Tributario el siguiente artículo 162 bis.

“Art. 162 bis.- El ejercicio de la acción penal mediante denuncia o querella a que se refiere el inciso primero del artículo anterior, no será necesaria, en aquellos casos en que el Ministerio Público investigando delitos comunes tome conocimiento de hechos que puedan ser constitutivos de delitos tributarios en que la cuantía del impuesto exceda de 30 Unidades Tributarias Anuales y afecten gravemente el patrimonio fiscal.

Se entenderá que existe una grave afectación al patrimonio si se tratare de hechos que sean reiterados en más de un ejercicio comercial o que exista una notoria desproporción entre los impuestos pagados y los evadidos o se hubiere utilizado asesoría contable o profesional.

La misma regla se aplicará a los hechos de los que tome conocimiento cuando sean cometidos por personas jurídicas perpetrados directa e inmediatamente en su interés o para su provecho, por sus dueños, controladores, responsables, ejecutivos principales, representantes o quienes realicen actividades de administración y supervisión, siempre que la comisión del delito fuere consecuencia del incumplimiento, por parte de ésta, de los deberes de dirección y supervisión a que se refiere la ley 20.393.”.

Artículo Cuarto. Para intercalar en el Decreto con Fuerza de Ley de Hacienda Nº213 sobre ordenanza de aduanas el siguiente artículo 189 bis:

“Art. 189 bis.- El ejercicio de la acción penal mediante denuncia o querella a que se refiere el inciso primero del artículo anterior, no será necesaria, en aquellos casos en que el Ministerio Público investigando delitos comunes tome conocimiento de hechos que puedan ser constitutivos de delitos aduaneros cuya cuantía del impuesto exceda de 30 Unidades Tributarias Anuales y afecten gravemente el patrimonio fiscal.”.

III.- DISCUSIÓN GENERAL Y PARTICULAR DEL PROYECTO.

Sesión N° 178 de 20 de enero de 2020.

El señor José Pedro Silva, secretario ejecutivo de la Comisión redactora de la propuesta.

Explica que ellos trabajaron un mes en esta propuesta y que ocuparon en buena medida el anteproyecto de Código Penal del año 2018, con el propósito de regular en forma sistemática los delitos económicos, determinar sus penas, perfeccionar la normativa relativa a estos delitos e incorporar nuevos delitos.

El señor Javier Wilenmann, profesor de Derecho Penal, integrante de la Comisión redactora de la propuesta.

Sostiene que no basta, en lo que se refiere a estos delitos, con aumentar las penas o modificar los tipos, porque hay problemas estructurales.

1.- En cuanto a la determinación de la pena hay que distinguir entre la pena nominal y si la persona es reincidente o no, por cuanto si la pena es inferior a 5 años y no hay reincidencia, la persona no va ir a la cárcel.

2.- En general, los autores de este tipo de delitos son primerizos, con mayor estatus y sin mayores antecedentes, de manera que no reciben penas especialmente altas, lo cual genera una sensación de impunidad.

3.- En cuanto a las atenuantes y agravantes de los artículos 11 y 12 del Código Penal, estas están basadas en la interacción física, salvo la irreprochable conducta anterior.

Todo lo anterior hace evidente la necesidad de contar con un estatuto especial para los delitos económicos por cuanto ciertos delitos, con ciertas condiciones, se deben tratar en forma diferente.

Señala que ciertos delitos son siempre económicos, tales como la colusión, abuso de mercado, uso de información privilegiada. Se trata de delitos conectados con una empresa en la medida que no sea una pequeña o micro empresa. Además de delitos blancos, que se cometen en la economía ordinaria. Es decir, no se trata de negocios netamente delictuales, como es el tráfico de drogas.

Continúa señalando que en este tipo de delitos económicos, el nuevo Estatuto contempla cambiar las reglas de aplicación de las penas privativas de libertad; se establece un nuevo sistema de multas; se contempla un nuevo sistema de prohibiciones, y un sistema más integral de comiso de ganancias, las cuales vuelven al Estado.

En cuanto a la aplicación de las penas, sostiene que cuando la pena es inferior a tres años procede la remisión de la pena, cuando la pena es superior a tres años procede la libertad vigilada. En el caso de estos delitos se limita la remisión de la pena, se elimina la libertad vigilada y se utilizan más penas de reclusión parcial y se tiende a penas de cárcel efectiva.

En cuanto a las atenuantes y agravantes específicas, éstas se aplican según de donde se interviene y cuál es el perjuicio del producto del delito.

En cuanto al sistema de multas, indica que todos los delitos económicos, recibirán días multa en base al promedio de ingresos diarios del infractor de manera que este ingreso se divide por 365 y se multiplica por la multa. Se establecen además, prohibiciones entre el ejercicio de cargos públicos con cargos en empresas privadas.

En cuanto al comiso de las ganancias la idea es que el Estado recupere lo mal ganado mediante la multa y sobre eso además el comiso de las ganancias.

Agrega que además la propuesta contempla cambios respecto de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y cambios sustanciales en algunos tipos penales.

El señor Gonzalo Medina profesor de Derecho Penal, integrante de la Comisión redactora de la propuesta.

Precisa que la propuesta pone al día el estatus de las normas penales económicas, en base a un estándar mínimo. A modo de ejemplo señala que se incorporan delitos medioambientales.

En cuanto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la normativa respectiva no tiene una aplicación muy intensa, solo se conocen 15 casos por cohecho funcionario. Esta ley contempla un catálogo de delitos ampliado a los delitos que la misma ley define como delitos económicos. Agrega que esto responde a una tendencia global, así la ley italiana del año 2001 partió solo con 2 delitos sobre malversación de caudales públicos y cohecho funcionarios, agregándose con el tiempo más delitos al catálogo. Hace ver que en esta propuesta por lo menos están los delitos económicos y se contempla una medida en boga en el derecho comparado, cual es, incorporar al supervisor de la persona jurídica, el cual no es un interventor.

Refiere que se modifican distintos cuerpos legales tales como el Código Penal, la ley de Mercado de Valores, la Ley de Sociedades Anónimas, Ley de Protección al Consumidor y Ley de Cobranza de Cotizaciones previsionales.

Añade que se contemplan tipos penales nuevos, tales como la vulneración del secreto empresarial y delitos medioambientales, más la actualización de tipos penales ya existentes.

El señor Héctor Hernández, profesor de Derecho Penal.

Señala que en España se ha llevado a cabo un trabajo de identificación de los delitos que deben tener un Código o normativa especial. Esta necesidad surge del hecho que el Código Penal no es suficiente para la regulación de éstos, puesto que el contexto delictivo de los delitos de cuello blanco es muy distinto al ámbito delictivo común. Explica que en la tipificación de conductas en el Código Penal están representadas aquellas que, en su mayoría incurren los sectores más desfavorecidos de la población. Son sujetos que han sufrido una desocialización o carencia en donde el sistema social y económico ha truncado su vida y se asume que es algo que es un signo o síntoma de algo que ha sido educacional. En la criminalidad de cuello blanco en cambio, el sujeto no ha tenido problemas de socialización y por tal motivo, puede acceder a la comisión de este tipo de conductas. Es por tal motivo que es necesario crear una reacción penal distinta diseñada en consideración al delito y a los potenciales infractores.

Explica que la reacción que contempla la propuesta no es aumentar las penas, porque aun cuando sus efectos son nocivos no tiene el mismo grado de reprochabilidad que una conducta que afecte la vida o la integridad física. De allí que sería difícil de entender que éstos delitos económicos tengan igual o mayor pena que un homicidio calificado. Agrega que la propuesta está orientada a la restricción de beneficios que sí existen para la criminalidad común y que actualmente son extensivas a los delitos económicos. Así, se restringe la remisión condicional de la pena, que solo será procedente en caso de concurrir una atenuante muy calificada y la pena sustitutiva de libertad vigilada. Del mismo modo, para las penas privativas de libertad, quedará excluida la reclusión nocturna domiciliaria.

Explica que desde una perspectiva general se requiere una modificación del sistema de multas, para todos los delitos y especialmente para los económicos. Para éstos últimos es importante que el método sea sensible al sujeto del delito y es por ello que las multas que contiene la propuesta serán determinadas en razón del ingreso del condenado. Este mecanismo, previsto en casi todos los sistemas europeos permite que la multa funcione en justicia, porque se adapta a las condiciones económicas del imputado.

Por otra parte, remarca que el artículo 31 del Código Penal es una verdadera reliquia anacrónica, puesto que el comiso hoy se prevé en determinadas leyes especiales. La propuesta propone un comiso con características peculiares. Así, será determinado en razón de las ganancias del delito y que procede sin condena a condición de que sea determinada judicialmente. Agregó que la tendencia comparada en la materia es el comiso ampliado contemplado para la criminalidad organizada.

La diputada señora Flores pregunta cuál habría sido la condena de haber sido aplicable esta propuesta al caso de la colusión del papel higiénico. Consulta qué era lo que frenaba al sistema penal chileno para estar a la vanguardia de lo que el derecho comparado nos pudiese aportar.

El diputado señor Hirsch señala que le parece interesante que se avance en proyectos de este tipo. Respecto de la sanción por patrimonio, observó que de todos modos se podrían eludir las sanciones a través de la creación de fundaciones u otras figuras semejantes. Agrega que quienes cometen este tipo de delitos son quienes tienen mayor resguardo de su patrimonio. Sobre la figura de esta suerte de “interventor” de la empresa condenada, consulta quién pagaría el sueldo de esa persona, pues a su juicio se forma una relación rara.

Respecto de los delitos medioambientales, pregunta si habría una responsabilidad de la persona jurídica o solo de las personas naturales responsables por éstas o si habrá una suerte de responsabilidad compartida. En cuanto a los beneficios que mencionaba respecto de estos infractores de delitos económicos señala que le parecen más ventajosas que aquellos que cometen delitos comunes. Finalmente hizo presente que hay tres categorías de delitos en la propuesta.

El señor Soto (Presidente Accidental) valora el trabajo hecho por los invitados ya que después del estallido social hay una sensación de impunidad respecto de un cierto grupo de personas. Consultó sobre la definición de los delitos económicos y principalmente las conductas que quedarán comprendidas bajo estas figuras y citó como ejemplo los fraudes bancarios. En cuanto a la titularidad de la acción penal respecto de estos delitos recuerda que el Ministerio Público no puede ejercer la acción sin que medie denuncia como o del Servicio de Impuestos Internos o del Tribunal de Libre Competencia y pregunta al respecto si la propuesta contenía una conciliación de estos aspectos procesales. Del mismo modo preguntó si existirían instrumentos especiales para la investigación de esta clase de delitos.

El diputado señor Boric señala que tradicionalmente él ha votado en contra de los delitos que aumentan penas ya que colaboran mucho a la idea de populismo penal. Por tal motivo, le parece interesante la propuesta en la determinación de penas que se propone, todo ello en consideración a los bienes jurídicos que se tratan de resguardar y particularmente responder frente a la sensación de impunidad que existe en torno a este tipo de criminalidad. No obstante lo anterior, manifiesta sus aprehensiones respecto de la remisión condicional de la pena, puesto que según entiende, sería parecida a la situación de la denominada Ley Emilia (Ley N°20.770 que modifica la ley del tránsito, en lo que se refiere al delito de manejo en estado de ebriedad, causando lesiones graves, gravísimas, o con resultado de muerte). Recordó que la ley Emilia ha sido cuestionada constitucionalmente[18] y teme que la presente propuesta sea objeto de requerimientos por inconstitucionalidad. Finalmente, compartió lo planteado por el señor Hirsch respecto del mecanismo para determinar el patrimonio de los infractores.

El señor Saffirio manifiesta que según lo expuesto la normativa especial respecto de delitos económicos se justifica en razón de las características del delincuente y los bienes jurídicos que se encuentran comprometidos, proponiéndose un régimen de determinación de penas y limitación de los mecanismos de sustitución de penas diferentes a los delitos comunes. Agrega que quien comete un delito económico cuenta con una capacidad económica que le permite construir redes de apoyo en lo social y en lo político que le permiten valer de cierto valer de impunidad. En razón de esta idea declara sentirse sorprendido por lo explicado por el profesor Hernández en el sentido de que sería poco comprensible la existencia de una pena de 10 años a una persona que comete un delito económico. Señala que si bien no son conductas comparables, pero se manifiesta preocupado de consolidar un sistema penal sancionatorio para los ricos y otros para los pobres, en el fondo que se reproche en razón del proyecto la creación de un sistema especial para aquellos de mayores recursos.

Ante las inquietudes de los parlamentarios, el señor Wilenmann se hizo cargo de lo que él denomina una caracterización respecto de la percepción que se tiene de la normativa propuesta, descartando de plano que se trata de una justicia especial para ricos. Explica que precisamente es lo contrario ya que se quitan beneficios respecto de los delitos económicos. Así, precisa que dentro de las penas alternativas la más solicitada es la reclusión nocturna domiciliaria y es entre todas ellas la que genera mayor sensación de impunidad. La propuesta limita o tiene por objeto quitar ese tipo de beneficios para los sujetos de los delitos económicos. Señaló que lo importante es entender que la propuesta cambia el modo en que el juez se enfrenta a este tipo de delitos.

Sobre la pregunta de la señora Flores, señala que la colusión es presidio mayor en grado medio y que de haber sido aplicado este estatuto, habrían concurrido dos agravantes muy calificadas por lo que resultaría una pena que irían de los 10 a los 15 años. Adicionalmente, respecto de la persona jurídica, podría incluso proceder la extinción de la personalidad jurídica o bien el nombramiento de un interventor.

En cuanto a la determinación del patrimonio para la aplicación de la multa, aclaró que no solo se utilizará la declaración del impuesto a la renta. Para la investigación de los hechos, el Ministerio Público cuenta con todos los instrumentos para establecer la comisión de un delito y los responsables por éste.

Respecto de la pregunta del señor Soto referida a la titularidad de la acción penal, señala que existen casos de delitos electorales, tributarios y de competencia (protección delación compensada) lo que les atraviesa o tienen en común es la desconfianza, lo central para un sistema sancionatorio con diversas agencias, es la colaboración, no está tratada en el proyecto, pero sin duda es un tema importante a reforzar.

Luego, el señor Medina aclara a los integrantes de la Comisión que el proyecto es todo lo ambicioso que pudo ser en el dado el contexto en que éste tuvo su origen. Luego respecto del supervisor que estará en la empresa infractora, la propuesta prevé que habrá un Reglamento que será dictado por el Ejecutivo que determinará la actuación de éstos. Enfatiza que el sueldo de este supervisor es un costo que se cobra a la Persona Jurídica pero que ésta no paga directamente al supervisor. Del mismo modo, la remuneración será determinada por el Tribunal. La empresa solo debe limitarse a facilitar las condiciones físicas para que el supervisor cumpla su rol de control, esto oficinas, acceso a los archivos y registros contables, etc.

Sobre la responsabilidad frente a los delitos medioambientales, expresa que existirá responsabilidad tanto de la persona jurídica como de las personas naturales, cuestión que hoy por hoy no existe.

Acota que existirán normas procesales nuevas y que se tuvo en cuenta la propuesta del señor Schilling salvo en lo relativo a la titularidad de la acción penal e hizo presente que el diseño del proceso penal actual es para la delincuencia común, de allí que la tramitación de los delitos económicos no pueden extenderse por meses, porque ello no es bueno ni para los jueces, ni para los imputados ni tampoco para el afán de justicia.

El profesor Hernández reitera que el sistema que contiene la propuesta fue elaborado en un mes y si bien hay aportes desde la perspectiva comparada, destacó que no conoce normativas de otros países donde se sancione la colusión dentro de un grupo de empresas. Señala que la propuesta crea mecanismos para evitar la elusión de la responsabilidad penal mediante la transformación de la persona jurídica o el traspaso de su patrimonio.

Sobre el principio de igualdad aclara que los delitos comunes son cometidos no solo por los sectores más vulnerables sino que por todos y normalmente, salvo por algunos sesgos que podría tener la persecución delictual, el sistema de justicia suele actuar de manera igualitaria. La propuesta que hoy se presenta tiene una preocupación específica puesto que se trata de delitos que se cometen en un determinado contexto social y profesional porque por ejemplo, una persona común no podría cometer el delito de administración indebida de un Banco porque no cuenta con acceso a esos espacios. Descartó tajantemente que se trate de un proyecto que busque establecer penas más bajas y acotó que no conoce ningún país donde los delitos económicos tengan una pena superior que un homicidio u otros delitos violentos.

Señala que el proyecto, salvo en casos muy precisos, no modifica las penas sino que establece reglas de valoración distintas.

El señor Hirsch señala que tiene la idea que en derecho comparado las multas son altas.

El profesor señor Hernández le explicó que el sistema de multas penales que se establece dará lugar a una discusión constitucional que es válida y explicó que las multas penas se sumarán a las penas administrativas, especialmente en mercados regulados. Agregó que los máximos absolutos se mantienen dentro de un cierto margen.

El señor Wilenmann acotó que la idea del proyecto es quitarle al infractor parte de lo ganado y además aplicarle una multa.

El señor Hernández precisó que las objeciones de la Ley Emilia no son respecto de las penas que ella establece sino de la aplicación de la misma. En tal sentido espera que el Tribunal Constitucional vea menos razones de reparo a esta nueva normativa.

El señor Boric propuso invitar a un ex miembro del Tribunal Constitucional para discutir sobre los eventuales vicios de constitucionalidad de la propuesta.

El señor Soto (Presidente Accidental) le responde que dicha propuesta se evaluará en su momento.

El señor Ilabaca expresa que hoy es un día importante para la justicia social y felicitó a los profesores por su trabajo. Propuso solicitar al Ejecutivo que coloque urgencia a este proyecto y fusionar esta propuesta con el proyecto del señor Schilling. Finalmente estimó que este proyecto es importante para el desarrollo de la política criminal del país.

El señor Soto (Presidente Accidental) recuerda que ninguno de los dos proyectos está formalmente presentado por lo señala que una vez que se dé cuenta de su ingreso, se tomen las medidas administrativas pertinentes, comenzando con la solicitud de fusión de ambos proyectos de ley.

Propuso que para la próxima sesión en que estas mociones sean tratadas se reciba la exposición de la propuesta del señor Schilling.

-Así se acuerda.

Sesión N° 182 de 2 de marzo de 2020.

El señor Rodrigo Medina, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Chile.

Mediante su intervención destaca en primer lugar las ideas generales sobres las cuales se estructura el proyecto de ley (boletín N°13.204). Así, señala que la idea fundamental de la iniciativa es establecer delitos económicos sea que éstos ya estén considerados como tal por la legislación vigente y otros delitos que bajo ciertas circunstancias, como por ejemplo, que se realice en contexto empresarial de medianas o grandes empresas, sean considerados como delitos económicos.

Explica que el estatuto más severo de aplicación del régimen penal que propone el proyecto, se debe a que la respuesta que hoy por hoy da el derecho penal no es una respuesta adecuada al fenómeno de la criminalidad económica ya que dicha respuesta está pensada para la criminalidad de la marginalidad.

Agrega que este tratamiento penal más severo se expresa en una valoración jurídica penal distinta en materia de atenuantes y agravantes que se proponen asociar al perjuicio ocasionado como asimismo, en una graduación de la punición dependiendo del grado de responsabilidad de los intervinientes en el delito económico dentro de la empresa. Señala que se mantendrán ciertas figuras vigentes y se prescindirá de otras como la reclusión nocturna domiciliaria, estableciéndose de este modo un sistema que reduce la posibilidad de cumplimiento de pena mediante otras figuras que no sean la pena privativa de libertad.

Del mismo modo, explica que el proyecto establece un régimen nuevo de inhabilitaciones y prohibiciones de ciertas actividades para adecuarla al contexto de la criminalidad económica.

Por otra parte, se recoge una figura esencial en la criminalidad económica comparada cual es, el comiso de los efectos del delito. Para su determinación se considerarán las ganancias que la infracción le ha reportado a la empresa aun cuando la responsabilidad penal no pueda hacerse efectiva para las personas naturales infractoras que cometieron el hecho.

Explica que el proyecto aborda dos áreas. En primer lugar, la modificación de la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas (ley N°20.393) ampliando las figuras que esta contempla y enfatiza que de este modo, se complementa la respuesta del derecho penal económico desde una perspectiva individual hacia una perspectiva organizacional. Coherente con esta idea, se introduce la medida de nombramiento de interventor en caso de sospecha de infracción o delito económico por parte de una empresa.

Agrega que en segundo lugar, el proyecto contempla modificaciones al Código Penal inspirándose para tales efectos en el anteproyecto de Código Penal e incorporando la criminalidad organizacional medioambiental.

Finalmente destaca que el proyecto permitirá así comprender la criminalidad económica brindando un estatuto completo de sanción.

El señor José Pedro Silva abogado penalista

Destaca que tal como lo señaló el profesor Medina, el proyecto de ley boletín N°13.205-07 realiza una reforma integral a los delitos económicos. Destaca que la iniciativa contempla una regulación de la sanción por día multa contingente al ingreso líquido de la persona condenada y que además es reajustado a su patrimonio, pudiendo llegar al doble del día multa que se consideró como tal. Se entrega una alternativa al adjudicador para aplicar sanciones efectivamente drásticas en delitos económicos.

El señor Jaime Winter

Aclara que a diferencia de los expositores anteriores, no fue parte del grupo de penalistas que preparó la iniciativa y destaca que el proyecto de ley en análisis (siempre respecto del boletín N°13.205-07) es una propuesta de alta calidad dogmática que da la posibilidad de modernizar el Derecho Penal y particularmente el Derecho Penal Económico en mucho tiempo.

Hace presente que hace un tiempo escribió un artículo denominado “Derecho Penal e Impunidad Empresarial en Chile” que siguiendo la línea de otros artículos como el del profesor Hernández del año 2005, sostenía que a pesar de que el Derecho Penal no tiene por objeto crear igualdad, debía resguardar no ser una fuente de desigualdad social más.

Señala que en materia de criminalidad económica se ha avanzado bastante desde la ley N°21.121 (que modifica el Código Penal y otras normas legales para la prevención, detección y persecución de la corrupción) –razón por la cual su artículo está desactualizado- y dicho avance se verá modernizado si el presente proyecto es aprobado.

Explica que el Código Penal de 1874 está pensado para la criminalidad individual, en solitario, sin considerar que las empresas o las organizaciones en general han tomado una relevancia tal en nuestras vidas que afectan las relaciones en la sociedad toda y por cierto, en la forma en que se cometen los delitos hoy en día.

Señala que el proyecto de ley da cuenta de la importancia de la existencia de estructuras jerárquicas dentro de una empresa u organización, en el sentido de considerar como atenuante la eventual presión que pudo ejercer aquel que toma las decisiones dentro de aquella por sobre el que ejecuta finalmente el hecho, de manera tal que quien se encuentra más alejado de la infracción misma, puede terminar siendo sancionado de manera más severa.

Destaca asimismo la forma de hacer efectiva la responsabilidad penal de las personas jurídicas planteada por el proyecto. Señala que la ley N°20.393, sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, tenía un objeto acotado a la criminalidad económica transnacional y que luego, a partir de sendas reformas en los años 2016 y 2018 (ley N°21.121) se han ido agregando figuras como fue el caso del denominado “cohecho sin contraprestación” y la corrupción entre particulares. Agrega que la inclusión de este tipo de figuras ha ido modificando la forma en que actúan las empresas y ha hecho revisar sus procedimientos en la forma de hacer negocios. No obstante, el estatuto actual no deja de ser limitado.

La propuesta que contiene el proyecto de ley amplía considerablemente el catálogo de conductas que serán constitutivas de delitos, lo que redundará en un compromiso pleno en la prevención de delitos por parte de las empresas, entregándoles como contrapartida la posibilidad de contar con un programa de cumplimiento (compliance program) del que podrá valerse para no hacer efectiva su responsabilidad, siempre y cuando se demuestre que hicieron todo lo posible para evitar el delito. Explica que la idea no es demonizar a las empresas, sino reconocerlas como actores sanos en nuestra sociedad y reconocer a aquellas empresas que actúan bien y que no tomar ventaja o provecho indebido dentro del sistema.

Expresa que tal como amplían los delitos se amplía también las personas jurídicas eventualmente responsables por éstos, agregándose por ejemplo los partidos políticos, iglesias y universidades del Estado.

Manifiesta que el proyecto contempla que no serán delitos económicos cometidos por empresas cuando éstas sean micro y pequeñas empresas. Agrega que le causa extrañeza que dicha excepción no sea aplicable a las personas jurídicas ya que a su juicio y por una cuestión dogmática, la sanción penal se justifica respecto de las personas jurídicas u organizaciones cuando éstas pueden hacer algo distinto a las personas naturales que la componen. Por tal motivo, sea persona natural o jurídica, las micro y pequeñas empresas no debieran estar sancionadas.

Destaca finalmente la posibilidad de nombramiento de una persona que vele dentro de la empresa por el programa de cumplimiento y califica dicha propuesta como un cambio fundamental en la normativa. Agrega que esta medida podrá decretarse como medida cautelar o bien en el supuesto de suspensión condicional del procedimiento, teniendo la persona del interventor la calidad de funcionario público.

El señor Boric pregunta los estándares en derecho comparado respecto del comiso en los delitos económicos y si éste cubrirá la reparación de los afectados.

El señor Soto señala que el punto de partida del proyecto de ley es que se propone un estatuto más severo a los autores de delitos económicos. No obstante lo anterior, insta a que el proyecto sea estudiado minuciosamente durante la discusión particular para evitar que sea aplicado por los jueces de manera distinta, como fue el caso de la Ley Corta. Agrega que el proyecto de ley contiene un engranaje de sanciones penales conectadas cuyo efecto es que este estatuto penal más severo sea efectivamente aplicado.

Señala respecto de los responsables del delito, que difícilmente los dueños de la empresa infractora sean responsables por los actos cometidos por ésta. Agrega que normalmente son los mandos medios y superiores quienes responden pues el dueño no necesariamente tiene el control de la organización.

Manifiesta sus reproches frente al hecho de exclusión de responsabilidad penal en caso de contar con plan preventivo.

Finalmente respecto del comentario del profesor Winter, sobre la responsabilidad penal de las micro y pequeñas empresas, expresa que al tenor de la ley, este tipo de empresas son aquellas que alcanzan un total de ventas mensual por sesenta millones de pesos. Por tal motivo, no esté del todo convencido que deban ser excluidas de sanción puesto que a pesar de su tamaño, podrían ser utilizadas por otras empresas para la comisión de delitos y eludir finalmente este estatuto.

El señor Hirsch destaca la importancia del proyecto en estudio y consulta si los días multa les parece a los invitados una sanción efectiva habida cuenta de la posibilidad de que el responsable pueda camuflar sus ingresos o bienes.

El señor Alessandri solicita que se le aclare lo relativo a la responsabilidad penal de las microempresas que hizo presente el señor Winter.

El profesor Medina explica al señor Boric, que él considera conservadora la normativa que propone el proyecto porque si bien el comiso se amplía a los delitos económicos no alcanza los supuestos de criminalidad organizada y delitos administrativos.

Respecto de las dudas del señor Soto, aclara que el proyecto de ley es más severo en lo que dice relación a la pena sustitutiva que actualmente está vigente para estos delitos. Agrega que la libertad vigilada no está pensada para el gerente de una empresa sino para una persona desocializada. Respecto de las eventuales conductas para eludir la aplicación de la normativa, expresa que es muy difícil anticiparse en la ley a la creatividad.

Aclara que hay dos mundos separados, el de la persona jurídica y el de la persona natural. El estatuto más severo se aplica a las personas naturales en la medida que los delitos hayan sido cometidos en el contexto de una organización o empresa de mayor tamaño. Agrega que el sistema de prevención chileno exige lo mismo a la gran minería que a una PYME pero la diferenciación estará en el cumplimiento del programa de prevención. Del mismo modo, no sólo se aplican las reglas generales de sanción a los delitos sino que también se aplica el comiso de la ganancia.

Respecto de las dudas de Hirsch sobre las multas, expresa compartir la inquietud. Agrega que el sistema de multas intenta hacer la mayor justicia posible. Si hay ocultación de patrimonio, habrá delito y será cuestión de la Fiscalía a través de su Unidad de Análisis Financiero y en colaboración con el SII determinar si hubo este tipo de infracciones, sin perjuicio de las agravantes a las que los infractores puedan verse expuestos por recurrir a estos artilugios.

El abogado señor José Pedro Silva explica que los dueños siguen afectos a agravantes y no habrá impunidad respecto de ellos. En relación con el nombramiento del interventor, su sueldo será con cargo a la empresa, pero conservando siempre su calidad de funcionario público.

El profesor señor Winter se hizo cargo de la inquietud del señor Boric respecto del comiso, en el sentido que toda ganancia efecto del delito podrá pasar a ser indemnización para el afectado.

Sobre las interpretaciones creativas en sede judicial se dará en la medida que no se cuaje la razonabilidad del régimen propuesto. Mientras las normas sean más claras y concretas, habrá menos incentivos para que el tribunal innove. Sobre los modelos de cumplimiento explica que si éste está bien hecho, el dueño no podrá hacer lo que quiera puesto que luego no podrá valerse del plan para efectos procesales. Sobre la eventual exclusión de las PYMES del estatuto de sanción que establece el proyecto, aclara que se trata más de una cuestión de política criminal más que de dogmática.

La diputada señora Núñez señala que tan grave como la comisión de estos delitos es la impunidad. En tal sentido, manifiesta sus dudas respecto del programa de cumplimiento y solicita que le sea aclarado cómo éste operaría en la práctica.

El profesor señor Medina explica el objetivo ideal sería que toda empresa tenga o cuente con este monitor/interventor. Señala que las suspensiones condicionales del procedimiento bien hechas constituyen la mejor manera de controlar las empresas pero dado que constituye una carga significativa para éstas y que no hay capacidad estatal para velar por cada programa de prevención en todas las empresas del país, se propone por el proyecto que este sea nombrado en la medida que exista una sospecha de infracción por parte de una empresa u organización determinada.

La Comisión acuerda refundir los proyectos en tabla de conformidad con el artículo 17 A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

Sesión N° 200 de 22 de abril de 2020.

El señor Antonio Bascuñán, abogado y académico de la Universidad de Chile y de la Universidad Adolfo Ibáñez.

Expresa que el proyecto de ley tiene por objetivo por una parte generar un definición de delito económico por la vía tipificar distintos hechos constitutivos de delitos que ya se encuentran previstas por leyes especiales y que son también objeto de modificación por los proyectos en estudio.

Respecto del contenido del proyecto de ley, explica que este formula un listado de delitos, creando tres categorías de delitos económicos, luego establece una regulación particular de penas y medidas de seguridad y su determinación. Asimismo, se genera una regulación especial del comiso finalmente, se introducen las distintas reformas al ordenamiento jurídico ya citadas a otros cuerpos legales.

El diputado Boric señala que parte de lo que ha expuesto el señor Bascuñán ya se había expuesto durante las sesiones anteriores y pregunta por el estado de tramitación del proyecto.

El señor Walker (Presidente) expresa que el proyecto no ha sido aprobado en general y se había escuchado a algunos de los profesores que participaron en la formulación de la propuesta en estudio. Expresa que si hay unanimidad la comisión puede aprobarlo hoy en general, para luego abordar el debate particular.

Ante las dudas del señor Gutiérrez, el señor Walker le explica que el proyecto no tiene urgencia a pesar de las solicitudes de la Comisión en dicho sentido. Le explica además que si está de acuerdo con la aprobación general puede dejar constancia de su voto, en caso de tener que partir durante la sesión.

Luego, el diputado Gutiérrez pregunta al invitado cuál es la razón e importancia para aprobar este proyecto el día de hoy.

El señor Bascuñán responde que actualmente hay un conocido déficit en de regulación de los modos ilícitos de enriquecimiento. Agrega que hay ciertos delitos como el hurto y el robo que tienen una regulación muy severa. Otros modos ilícitos como relativos al Mercado de Valores, Medioambiente o libre competencia que han tenido una regulación de lenidad. Lo anterior ha provocado una disparidad en la regulación de los medios ilícitos de enriquecimiento, que redunda en una mayor sanción respecto de quienes cometen delitos comunes y una menor, en el caso de los delitos de cuello y corbata.

Explica que esta asimetría se ha venido corrigiendo con el tiempo, a través de distintas iniciativas siendo la último y más importante la ley Nº20.121 (que modifica el Código Penal y otras normas legales para la detección, prevención y persecución de la corrupción, del 20 de noviembre de 2018) y que hizo cargo en parte de estos delitos que no afectan a una persona en particular, sino que provocan la disfuncionalidad del sistema económico.

En el mismo sentido, agrega que los proyectos en estudio recogen las propuestas contenidas en los diversos anteproyectos de Código Penal, por lo que los proyectos en tabla viene a adelantar esa regulación previo a la presentación del proyecto de nuevo Código Penal.

El señor Gutiérrez señala que sigue sin ver la importancia del proyecto de ley y pregunta al invitado cuáles serían los criterios que hagan necesario legislar ya sobre este proyecto.

El señor Bascuñán responde que esta nueva normativa responde a un reclamo extendido en la ciudadanía sobre la lenidad con que se trata el delito económico. Explica que esa disparidad en la sanción se resuelve de dos maneras, primero, actualizando la regulación de los delitos con significación económica y adecuando la normativa actual para hacer operativa la reforma. Del mismo modo, se generan dos grandes instituciones, un régimen de pena efectiva y de penas sustitutivas que tengan sentido respecto del delincuente económico y en segundo lugar, una nueva regulación del comiso.

Explica respecto de esta última figura que actualmente es una pena accesoria de escasa aplicación. Señala que en el proyecto de ley esta institución recobra importancia práctica, por cuanto genera la posibilidad de aplicarlo en atención a la realidad económica del infractor y sin necesidad de condena penal. De esto modo, explica, se genera un desincentivo económico a través de la pena para anular así el incentivo económico que ha tenido el infractor para cometer la infracción. Finalmente expresa que el presente proyecto de ley no es una invención de la academia chilena, sino más bien la adaptación de las propuestas contenidas en los anteproyectos de Código Penal, que a su vez tuvieron como referente las regulaciones existentes en derecho comparado. De este modo, concluye, la legislación chilena se pondría al día moderadamente con la legislación comparada sobre la materia.

El señor Boric sobre la última expresión del profesor Bascuñán (poner al día moderadamente”) recuerda que en efecto, el proyecto no incide en la sanción prevista para estos delitos en sí, sino más bien en la determinación de la pena. Pregunta al invitado si esta nueva regulación propuesta es un desincentivo suficiente para la comisión de delitos económicos y si servirá como señal general a la sociedad.

El señor Walker (Presidente) se suma a la inquietud del señor Boric y señala que por lo que entiende del proyecto, habrá una determinación de penas más ajustada a la realidad, especialmente en lo que dice relación a la limitación de la procedencia de medidas alternativas y las multas y comiso.

El señor Bascuñán expresa que en términos generales la expresión “moderadamente” responde al hecho que un proyecto de ley como éste no puede responder en su cabalidad la realidad de los delitos económicos, puesto que hay instituciones usadas tanto en derecho comparado como en la administración no son adaptadas en su totalidad. Por tal motivo es que el proyecto establece penas sustitutivas específicas que tengan sentido criminológico para el delincuente económico y un sistema de determinación de penas alternativas de cumplimiento de condena más estricto. Agrega que todos puntos podrán ser abordados durante la discusión particular del proyecto.

Por otra parte señala que la señal que puede dar el proyecto no es simple, sino lo que podría ser simple es el discurso político que se construye en torno al proyecto porque es una propuesta compleja ya que se formula insertarla en un sistema penal distinto de aquel en que surgió para ser incorporado, esto es los anteproyectos del año 2015 y del año 2018.

El señor Soto señala que ha apoyado el proyecto de ley desde sus inicios ya que éste propone los cambios necesarios para que los simples delitos económicos tengan cárcel efectiva si se dan las condiciones establecidas en la ley. Agrega que esto es una innovación ya que incluye la mayor parte de los delitos económicos e introduce las modificaciones necesarias para una sanción más severa y efectiva. De este modo, explica el proyecto se hace cargo de la sensación impunidad que el actual sistema penal genera.

Manifiesta su inquietud, no obstante, respecto de los delitos económicos que tienen asignada hoy una pena de crimen y que sí pueden terminar, dependiendo de las circunstancias, en condena efectiva de cárcel. Pregunta al señor Bascuñán si la propuesta atenúa dicha sanción.

Por otra parte, señala que hay una parte importante de los delitos económicos que cuentan con requisitos de procesabilidad y de ejercicio de la acción penal. Explica que hay autoridades administrativas que son por ley los únicos que pueden accionar penalmente respecto de éstos. Señala que se refiere a los delitos tributarios, a los delitos relativos a la libre competencia y los delitos electorales. Pregunta al señor Bascuñán si sería recomendable, dado el sesgo de impunidad que este requisito de procesabilidad provoca, cambiar la titularidad de la acción penal directamente en el Ministerio Público

El señor Walker (Presidente) aclara que en la propuesta del señor Schilling, boletín Nº13.204-07 sí se contempla el aspecto mencionado por el señor Soto.

El señor Bascuñán señala que el proyecto no cambia la titularidad del ejercicio de la acción penal respecto de los delitos mencionados por el señor Soto, ello debido en primer lugar, a la disparidad de opiniones sobre el particular y en segundo lugar porque no tiene sentido ver como único problema el ejercicio de la acción penal, puesto que hay razones estructurales distintas que hacen necesario analizar en su mérito cada una de esas situaciones con los agentes de la Administración que tienen la titularidad de la acción penal. como lo son las circunstancias internas de la investigación en ese tipo de delitos.

Agrega que el proyecto en estudio tiene por objetivo establecer una estrategia de determinación judicial de la pena distinta a la determinación general de penas. Expresa que el proyecto toma esa vía en lugar de establecer una penalidad específica, como ocurre con la Ley Emilia, se fijan normas especiales respecto de una clase completa de delitos, en este caso, los delitos económicos que regula el proyecto de ley.

Manifiesta que en dicho contexto una pena de crimen resulta manifiestamente desproporcionada (de 5 a 20 años) y una de las maneras que se tuvo en vista fue que los delitos económicos que hoy reciben pena de crimen, vuelvan a tener una pena razonable. Esta propuesta, no obstante sería considerada como una despenalización o disminución de penas, que está lejos de ser el objetivo del proyecto de ley en estudio. Por tal motivo es que en lugar de alterar dicha penalidad, el proyecto establece una serie de atenuantes, específicas para el infractor económico que pueden ser consideradas al momento de determinar la pena.

El diputado Alessandri consulta cuál fue la opinión del profesor Bascuñán sobre la posibilidad de establecer vías de legitimación activa efectiva y fácil frente a las infracciones del sistema económico. Señala que muchas veces el ejercicio de ésta puede depender del bien jurídico afectado por el delito, sea el patrimonio fiscal, sea el interés de los consumidores. Así por ejemplo, consulta si sería recomendable otorgar legitimación a una ONG por ejemplo o bien los mismos consumidores que se vieran afectados por el delito y no esperar el accionar del SII u otra institución. Concluye que a su juicio y más allá del interés concreto, con estos delitos se afecta el funcionamiento del sistema económico.

El señor Bascuñán explica que hay posibilidades de acciones que son civiles o de participación conjunta en acciones sancionatorias administrativas y esa es una cuestión del Derecho Privado o del Derecho Administrativo, hasta dónde admite acciones de masa en contra de los causante de estos hechos. Agrega que en la nueva regulación de la libre competencia existe la posibilidad de usar la acción indemnizatoria de carácter colectivo, ante el propio Tribunal de la Libre Competencia.

Señala que en lo que respecta a las acciones penales, siguiendo las reglas del Código Procesal Penal, la habilitación exige tener el carácter de afectado u ofendido para querellarse y ser parte del proceso. Si no es así, quien ejerce la acción será el ente que tenga la titularidad del ejercicio de la acción penal y si no es así la tiene el ente que ejerce la acción pública. Explica que consideraron que cada régimen que tiene acción penal reservada para una agencia de la administración, tiene sus propias razones para que dicha acción sea de tal carácter.

El señor Soto expresa que este proyecto de ley innova correctamente al establecer sanciones efectivas y por tal motivo lo aprobará. No obstante, remarca que la presente iniciativa adolece del vacío relativo a la regulación de la acción penal en donde la decisión de empezar una investigación depende de una agencia administrativa cuyos criterios para proceder no siempre son claros. Agrega que esta decisión de accionar penalmente depende de un funcionario que es elegido o designado por el Poder Ejecutivo, es decir hay razones políticas que están incluidas en las razones para accionar o no. Cita el ejemplo del Director del Servicio de Impuestos Internos.

Recalca que por ello estima que la Comisión debiese cubrir este punto y permitir que sea el Ministerio Público quien ejerza la acción penal. Señala que si bien no del mismo modo, que el caso del cargo del Fiscal Nacional Económico también tiene una cierta lealtad institucional respecto del Ejecutivo, aún cuando este Servicio cuenta con reglas más claras para accionar penalmente.

Agrega que en el caso del SERVEL aún cuando se trata de un organismo autónomo puede darse una suerte de lealtad mal entendida en orden a no ejercer las acciones para no incomodar a la elite económica o a la elite política.

Por lo anterior concluye, que es de la opinión de incorporar la titularidad del Ministerio Público en esos delitos.

El señor Walker (Presidente) señala que si bien el proyecto principal y que fue explicado por los profesores invitados a las sesiones que se ha tratado este proyecto (boletín 13.205-07) no contiene el aspecto señalado por el señor Soto, pero recuerda que se trata de un proyecto refundido con la moción boletín Nº13.204 de autoría del señor Schilling que sí contiene propuestas respecto del ejercicio de la acción penal. (número 8 del artículo primero, artículo segundo, artículo tercero y artículo cuarto)

El señor Héctor Hernández, abogado y académico de la Universidad Diego Portales.

Señala que el propósito principal de esta proyecto de ley es procurar establecer un régimen diferenciado y especial que haga posible la responsabilidad en materia de delitos económicos. Señala que actualmente existe un único sistema penal que por razones históricas y sociológicas que son atendibles, está muy centrado en un cierto tipo de delincuencia, principalmente aquella que se puede llamar violenta, esto es, que recae sobre el cuerpo de una persona, como asimismo, aquel tipo de delincuencia que afecta la propiedad sobre bienes corporales muebles. Agrega que este es el objeto central de nuestro sistema penal y ello redunda en la consideración de circunstancias modificatorias de responsabilidad penal y una cierta forma de administración del flujo de personas privadas de libertad por estos delitos que llevaron a implementar mecanismos para mantener un cierto número razonable de personas privadas de libertad y de evitar fundamentalmente así, ciertos efectos perniciosos que el paso por los centros de privación de libertad tenía para las personas pertenecientes a grupos socioeconómicos de privados.

Explica que si uno junta estas circunstancias que han moldeado nuestro sistema penal han hecho difícil o casi imposible que nuestro sistema penal no pueda dar una respuesta efectiva y adecuada a las circunstancias y gravedad de los delitos económicos.

Señala que existe una serie de circunstancias atenuantes que impiden que el delincuente económico cumpla una pena efectiva. Por las mismas razones, el sistema penal contempla una serie de mecanismos e incentivos que impiden que los procesos por delitos económicos lleguen a una condena efectiva. Lo anterior produce que la delincuencia económica no sea perseguida.

Ante eso, el proyecto se hace cargo de esas particularidades identificando aquellas figuras de la delincuencia económica para propender a contar con un sistema que haga que tenga sentido la persecución de estos delitos en sede procesal y en caso de condena, que hayan penas que tengan sentido a este tipo de delincuencia.

Explica que no es que se proponga cárcel efectiva y sin vuelta en todos los casos, sino más bien restricciones para la aplicación de la ley Nº18.216 sobre cumplimiento alternativo de condena y a la aplicación de atenuantes del sistema general. Del mismo modo, se contemplan agravantes especiales que hagan sentido con la delincuencia económica. Señala que esto produce que la delincuencia económica tenga penas predecibles, más seguras y tratándose de los casos en que se alcance un cierto umbral de gravedad que haya penas privativas de libertad efectivas.

Adicionalmente, explica se pone énfasis en penas que no tienen sentido respecto de la delincuencia común o de privados, esto es, penas pecuniarias. En el ámbito de la delincuencia económica las penas pecuniarias cobran todo sentido, así el régimen de multas que se ajustan con el infractor del caso concreto, en relación con sus ingresos y patrimonio. Destaca que lo más importante de estas innovaciones, es que aún cuando no haya condena penal, existirá el comiso de ganancias.

Asimismo, se amplía un régimen de responsabilidad penal de personas jurídicas a través de la modificación de leyes especiales.

En síntesis, concluye que aún cuando esta propuesta del proyecto tendría mucho más sentido en una reforma integral al derecho penal chileno, se ha logrado fórmula que permite integrarlo armónicamente con el código penal actualmente vigente.

El señor Walker (Presidente) expresa que este proyecto siempre tuvo un interés ciudadano muy importante desde las manifestaciones sociales del mes de octubre, considerando que faltaba una agenda anti abusos. Fue por eso que se unieron a la propuesta del grupo de profesores redactores de la propuesta y que hoy cobra mas importancia en medio de la pandemia en relación con la colusión y la especulación de precios que se ha producido respecto de bienes de primera necesidad.

Preguntó al profesor Hernández cómo podría abordarse desde un punto de vista ciudadano para adaptarse a la realidad actual especulativa sobre instrumentos de salud frente a la pandemia.

El señor Hernández manifiesta que el proyecto de ley en estudio no pretende ser una ley temporal o de emergencia, esto es, sino más bien a ser aplicado en circunstancias normales y no están pensadas para este tiempo excepcional. Cita como ejemplo de este tipo de normas de aplicación excepcional el artículo 318 del Código Penal.

Señala que la bajada ciudadana es recalcar que esta normativa es para tiempos normales en el sentido que las reglas rigen para todos, también para quienes tienen mayores recursos económicos que en caso de infringir éstos las normas, tendrán una sanción efectiva o al menos retribuyan la ganancia ilícita que les significó la comisión del delito.

Puesto en votación general los proyectos de ley refundidos, fueron aprobados por la unanimidad de los diputados presentes vía remota de la comisión señores Walker (Presidente), Alessandri, Boric, Coloma, Flores, Fuenzalida, Gutiérrez, Hirsch, Ilabaca, Núñez, Saffirio y Soto.

Sesión N° 206 de 5 de mayo de 2020.

El señor Soto señala que la idea era ver miradas distintas a las de los integrantes de la Comisión de manera que se puedan resolver las dudas previo a comenzar la votación particular del proyecto. Explica que no está preparado para ésta pues venía a escuchar a los expertos medioambientales.

El señor Walker (Presidente) explica que es necesario pronunciarse sobre este proyecto, porque es una moción importante para la Comisión, a pesar de que no tiene urgencia del Ejecutivo.

Votación particular del proyecto.-

“Art. 1.° Primera categoría. Para efectos de esta ley serán considerados como delitos económicos, en toda circunstancia, los hechos previstos en las siguientes disposiciones legales:

1.°los artículos 59, 60, 61 y 62 de la Ley 18.045, de mercado de valores;

2.°los artículos 35, 43 y 58 del Decreto Ley 3.538, que crea la Comisión para el Mercado Financiero;

3.° el artículo 59 de la Ley 18.840, Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile;

4.°los artículos 39-h, 39 bis inciso sexto y 62 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 del Ministerio de Economía de 2004, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley 211;

5.° el inciso final del artículo 2° y los artículos 39, 141 y 142, 154, 157, 158,159 y 161 del Decreto con Fuerza de Ley N° 3 del Ministerio de Hacienda de 1997, que fija el texto refundido, sistematizado y concordado de la a Ley General de Bancos, Decreto con Fuerza de Ley Nº 252, de 1960, y de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras contenida en el Decreto Ley 1.097, y de los demás textos legales que se refieren a bancos y sociedades financieras u otras empresas fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras;

6.°el artículo 12 y el inciso sexto del artículo 24 del artículo undécimo de la Ley 20.416, que fija normas especiales para las empresas de menor tamaño; *

7.°los artículos 4 y 13 de la Ley 20.345, sobre sistemas de compensación y liquidación de instrumentos financieros;

8.°el artículo 49 del Decreto con Fuerza de Ley 251 del Ministerio de Hacienda de 1931, sobre compañías de seguro, sociedades anónimas y bolsas de comercio;

9.°los artículos 134 y 134 bis de la Ley 18.046, sobre sociedades anónimas; y,

10.los números 2, 3, 4 y 7 del artículo 240, y los artículos 251 bis, 285, 286, 287 bis, 287 ter y 464 del Código Penal.”

Puesto en votación el artículo primero del proyecto de ley fue aprobado por la unanimidad de los integrantes de la Comisión (10-0-0) señoras y señores Walker (Presidente), la señora Mix por el señor Boric, Coloma, Fuenzalida, Gutiérrez, Hirsch, Ilabaca, el señor Torrealba por la señora Núñez, Saffirio y Soto.

* Se deja constancia que la Secretaría se encuentra autorizada por la Comisión para realizar la corrección del numeral 6º del artículo 1º en el sentido de incorporar como primera frase la expresión “El artículo 12 y”. Del mismo modo, se encuentra autorizada para agregar después de la cifra 24 la frase “ambos del artículo undécimo”.

*****

Art. 2.°Segunda categoría. Serán asimismo considerados como delitos económicos los hechos previstos en las disposiciones legales que a continuación se indican, siempre que el hecho fuere perpetrado en ejercicio de un cargo, función o posición en una empresa, o cuando lo fuere en beneficio económico o de otra naturaleza para una empresa:

1.° el artículo 30 del Decreto con Fuerza de Ley N° 3 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia del 2017, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 19.884 orgánica constitucional sobre transparencia, límite y control del gasto electoral;

2.°el inciso tercero del artículo 8 quáter y los artículos 97 y 100 del Decreto Ley 830, Código Tributario;

3.° el inciso quinto del artículo 134 y los artículos 168, 169 y 182 del Decreto con Fuerza de Ley N° 30 del Ministerio de Hacienda de 2004, que aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N° 213 del Ministerio de Hacienda de 1953, sobre Ordenanza de Aduanas;

4.°el inciso segundo del artículo 14 y los artículos 110 y 160 del Decreto con Fuerza de Ley 3 del Ministerio de Hacienda de 1997, que fija el texto refundido, sistematizado y concordado de la a Ley General de Bancos, Decreto con Fuerza de Ley Nº 252, de 1960, y de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras contenida en el Decreto Ley 1.097, y de los demás textos legales que se refieren a bancos y sociedades financieras u otras empresas fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras;

5.°los artículos 22 y 43 del Decreto con Fuerza de Ley N° 707 del Ministerio de Justicia de 1982, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley sobre cuentas corrientes bancarias y de cheques,

6.° el artículo 110 de la Ley 18.092 que dicta nuevas normas sobre letras de cambio y pagaré;

7.° el artículo 5° de la Ley 20.009, que limita la responsabilidad de los usuarios de tarjetas de crédito por operaciones realizadas con tarjetas extraviadas, hurtadas o robadas;

8.°los artículos 18, 21, 22, 22 bis y 22 ter del Decreto N° 4.363 del Ministerio de Tierras y Colonización, que aprueba texto definitivo de la Ley de bosques;

9.°los artículos 49 y 50 de la Ley 20.283, sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal;

10.los artículos 64-D, 64-F, 120-B, 135, 135 bis, 136, 136 bis, 137, 137 bis, 138 bis, 139, 139 bis, 139 ter y 140 del Decreto N° 430 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción de la Ley general de pesca de 1991, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.892, general de pesca y acuicultura, y sus modificaciones;

11.los artículos 29, 30 y 31 de la Ley 19.473 que sustituye el texto de la Ley 4.601 sobre caza;

12.los artículos 11 y 12 inciso primero de la Ley 20.962, que aplica convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de flora y fauna silvestre;

13. los artículos 38 y 38 bis de la Ley 17.288, que legisla sobre monumentos nacionales;

14. los artículos 73, 118 y 119 de la Ley 18.248, Código de Minería;

15.el artículo 280 del Decreto con Fuerza de Ley 1122 del Ministerio de Justicia del año 1981 que fija el texto del Código de Aguas;

16. los artículos 36 B y 37 de la Ley 18.168 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones que aprueba la Ley general de telecomunicaciones;

17.los artículos 138 y 140 del Decreto 458 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que aprueba nueva Ley General de Urbanismo y Construcción;

18.los artículos 35, 36, 37 y 38 de la Ley 18.690, sobre almacenes generales de depósito;

19.el artículo 44 de la Ley 19.342 que regula derechos de obtentores de nuevas variedades vegetales;

20.los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley 19.223, que tipifica figuras penales relativas a la informática;

21.los artículos 13 y 13 bis de la Ley 17.322, sobre normas para la cobranza judicial de cotizaciones, aportes y multas de las instituciones de seguridad social;

22.los artículos 19, 23 y 25, la letra c) del inciso octavo del artículo 61 bis y el artículo 159 del Decreto Ley 3.500, que establece un sistema de pensiones de vejez, de invalidez y sobrevivencia derivado de la capitalización individual obligatoria en una administradora de fondos de pensiones;

23.el número 17 del artículo 110, el inciso tercero del artículo 174 y el artículo 228 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 del Ministerio de Salud de 2005, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley 2.763 y de las Leyes 19.933 y 18.469;

24. el artículo 36 de las Normas sobre prenda sin desplazamiento dictadas por el artículo 14 de la Ley 20.190, que introduce adecuaciones tributarias e institucionales para el fomento de la industria de capital de riesgo y continúa el proceso de modernización del mercado de capitales;

25.los artículos 41, 46, 48 y 51 del Decreto con Fuerza de Ley 251 del Ministerio de Hacienda de 1931, sobre compañías de seguro, sociedades anónimas y bolsas de comercio;

26.el artículo 44 de la Ley 20.920, que establece marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor y el fomento al reciclaje;

27.los artículos 194, 196, 197 y 198, el número 6 del artículo 240, el inciso segundo del artículo 247 bis, los artículos 250, 250 bis, 273, 274, 276, 277, 280, 281, 282, 283, 284, 284 bis, 285, 286, 287, 287 bis, 287 ter, 289, 290, 291, 291 bis y 291 ter, los números 1 y 2 del artículo 296, los artículos 297, 297 bis, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 313 d, 314, 315, 316, 317, 318, 438, 459, 460, 460 bis, 461, 463, 463 bis, 463 ter, 463 quáter, 464 ter, 467, 468, 469 y 470, el número 2 del artículo 471, los artículos 472, 472 bis y 473, los números 2, 3, 5, 6 y 7 del artículo 485 y el artículo 486 en tanto se refiera a los mismos números, todos del Código Penal; y

28. el número 2 del artículo 391 y los artículos 395, 396, 397, 398 y 399, en relación con los artículos 490 y 492, todos del Código Penal, cuando el hecho se realizare con infracción a los deberes de cuidado relativos a la seguridad en el trabajo o en la fabricación o distribución de productos destinados al consumo o uso masivo del público;

Ezio Costa Cordella, Profesor de Derecho y Regulación Ambiental en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y de Derecho Internacional Económico en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Deja también disponible minuta con el detalle de su opinión general del proyecto.

Expresa que no comparte la incorporación de figuras penales medioambientales previstas en leyes especiales a esta especie codificación de delitos económicos. Explica que éstos delitos tienen una funcionalidad del objeto protegido y lógica interna distinta de los delitos medioambientales.

Señala que si bien es cierto la mayoría de los delitos medioambientales se producen en los procesos productivos de la actividad económica, hay otros delitos contra el medioambiente que son cometidos por otras personas y en un contexto distinto a la ganancia económica. Cita como ejemplos la cacería o alteración del cauce de un río.

Agrega que a pesar de esa matriz común que pudiese existir entre los delitos económicos y delitos medioambientales en el sentido que hay una situación de abuso de quienes tienen un posición económica mejorada, no comparte que éstos sean agregados como delitos económicos.

Hace presente que hay un proyecto de ley actualmente en tramitación en el Senado sobre el cual han estado trabajando y sobre el cual hay acuerdo (boletín 12.398-07). Explica que es un proyecto especial sobre delitos económicos cuyas normas podrían verse alteradas por las decisiones que se tomen en este proyecto en estudio.

Menciona que incorporar los delitos medioambientales a los delitos económicos le quita el valor intrínseco del medioambiente como asimismo a otros bienes jurídicos que se son afectados por los delitos medioambientales, más allá de lo meramente económico, como es la vida y la salud de las personas. Agrega que en algunos casos se dañan también elementos patrimoniales y culturales, todos los cuales no son considerados por el presente proyecto.

El profesor Bascuñán expresa que comparte por entero la premisa del profesor Costa pero discrepa por completo con su conclusión. Expresa que en efecto, no puede reducirse a una consideración económica a los delitos medioambientales y ello enfatiza, está lejos de ser el objetivo y la consecuencia del proyecto de ley en tabla. Aclara que el presente proyecto toma como modelo los anteproyectos de Código Penal en donde no hay una economización en la protección del medioambiente puesto que todas las figuras que se contemplan en el proyecto de ley conservan su naturaleza y son interpretados a la luz de sus propias normas punitivas de manera independiente al delito económico. Finalmente menciona que las figuras medioambientales que se incorporan lo son solo en la medida que se cometen por una empresa o en beneficio de una empresa.

El profesor Medina comparte la lógica del señor Bascuñan y agrega que es evidente que hay delitos que siempre son económicos frente a una gran mayoría de otros delitos que no siempre son lo serán.

La diputada Mix pregunta sobre cómo se determinará la naturaleza del delito, en el sentido de calificarlo como económico o medioambiental. Asimismo, pregunta sobre la titularidad de la acción penal en estos delitos.

El profesor Bascuñán respondiendo a la diputada Mix, señala que la duda se puede plantear respecto de cualquiera de los delitos incluidos en los catálogos de los artículos 2º y 3º del proyecto de ley. Para determinar cuál es el bien jurídico que es la prohibición del comportamiento que se quiere proteger, será determinado en función de cada norma. Para que un delito medioambiental u otro especial se encuentre contemplado por el proyecto, debe existir un vínculo con la actividad empresarial. Agrega que cuande se menciona a empresa en el proyecto se hace referencia a las medianas y grandes empresas. El proyecto no innova respecto de las normas funcionamiento de los delitos especiales que se incoporan.

El diputado Torrealba consulta al profesor Bascuñán la razón para no incorporar los delitos cometidos por pequeñas empresas. Señala que éstas también pueden incurrir en infracciones por lo que le llama la atención que queden exentos de responsabilidad penal.

El profesor Bascuñán aclara que el proyecto en caso alguno determina si quedan exentos o no responsabilidad penal. Reitera que no se están creando tipos penales nuevos, sino que simplemente se está sistematizando en un solo texto los delitos contemplados en el ordenamiento jurídico. Señala que si se quiere incorporar a las pequeñas empresas es una decisión de política legislativa, pero en tal caso el artículo 7º del proyecto no tendría sentido. Finalmente explica que el hecho de no estar incluidos en el proyecto no significa que queden excluídos sino simplemente sujetos a las reglas generales.

El profesor Londoño explica que el estatuto que se discute ahora es un estatuto de agravación de la responsabilidad penal y que no está pensado ni para mutar o alterar la naturaleza jurídica de los delitos que comprende ni tampoco el bien jurídico protegido. Lo que cambia en los tres primeros artículos es la forma en que serán identificadas las conductas pero en todos ellos el requisito ineludible es la presencia de una empresa. Solo se cambia las reglas para la determinación de la pena.

El señor Walker (Presidente) señala que es importante incorporar estos tipos penales que no se están modificando sino sistematizando para que los operadores jurídicos puedan recurrir a un solo cuerpo legal y que obedece a la misma lógica de los ante proyectos de Código Penal.

La señora Flores expresa que tratándose de delitos medioambientales las empresas que más daño causan, son paradójicamente las empresas del Estado. Pregunta si el proyecto contempla normas sobre la legitimación activa para iniciar el procedimiento ante este tipo de atentados al medioambiente, que permitan fiscalizar y sancionar mejor a estas empresas.

El señor Walker (Presidente) señala a la señora Flores que cuando se llegue a esa parte del proyecto se discutirá este punto y también todo lo relativo a los delitos medioambientales.

El señor José Pedro Silva aclara que el proyecto no aborda el aspecto procesal relativo a la legitimación para el ejercicio de la acción penal.

El señor Walker (Presidente) recuerda que el proyecto en estudio (boletín 13.205-07) se refiere a la parte sustantiva de la regulación de los delitos económicos y la parte procesal será abordada cuando se llegue al análisis del proyecto del señor Schilling (boletín Nº13.204-07).

El señor Soto señala que el objetivo del proyecto en estudio es establecer un estatuto especial de determinación de responsabilidad de personas jurídicas de mejor manera que la situación actual. Se declara a favor de aprobar la inclusión de todos estos delitos que figuran en los artículos en estudio, pero recalca que la Comisión no ha estudiado las figuras que pudieron haber escapado a esta sistematización y propone dejar la puerta abierta para incluirlas más adelante.

El señor Walker (Presidente) señala que no tiene ningún problema en proceder de esa forma.

Puesto en votación el artículo segundo del proyecto es aprobado por la unanimidad de los integrantes presentes de la Comisión (10-0-0) señores y señoras Walker (Presidente), señora Mix por el señor Boric, Flores, Fuenzalida, Gutiérrez, Hirsch, Ilabaca, señor Torrealba por la señora Núñez, Saffirio y Soto.

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Art. 3.Tercera categoría. Serán asimismo considerados como delitos económicos los hechos perpetrados por quien tuviere la condición de empleado público u otra calidad personal especial previstos en las disposiciones legales que a continuación se indican, siempre que hubiere intervenido en alguna de las formas previstas en los artículos 15 o 16 del Código Penal alguien en ejercicio de un cargo, función o posición en una empresa, o cuando el hecho fuere perpetrado en beneficio económico o de otra naturaleza para una empresa:

1.°el artículo 31 del Decreto con Fuerza de Ley N° 3 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia del 2017, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 19.884 orgánica constitucional sobre transparencia, límite y control del gasto electoral; y

2.°el artículo 40 de la Ley 20.283, sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal;

3.°el inciso primero del artículo 64-J del Decreto N° 430 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción de la Ley general de pesca de 1991, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.892, general de pesca y acuicultura, y sus modificaciones;

4.°el artículo 48 ter de la Ley 19.300, Ley 19.300, que aprueba Ley sobre bases generales del medio ambiente;

5.°los artículos 193, 233, 234, 235, 236, 237 y 239, el número 1 del artículo 240, los artículos 241, 241 bis, 242, 243, 244, 246 y 247, el inciso primero del artículo 247 bis, y los artículos 248, 248 bis y 249, todos ellos del Código Penal;

Luego de un breve debate sobre la redacción del encabezado de la norma se acuerda encomendar a la Secretaría para que formule una propuesta de redacción, con la ayuda de los profesores invitados.

Puesto en votación el artículo 3º del proyecto es aprobado por la unanimidad de los integrantes presentes de la Comisión (09-0-0) señores y señoras Walker (Presidente), señora Mix por el señor Boric, Flores, Fuenzalida, Gutiérrez, Hirsch, Ilabaca, señor Torrealba por la señora Núñez, y Soto.

Sesión N° 208 de 12 de mayo de 2020.

Entrando en el orden del día, continúa la discusión y votación en particular del proyecto de ley que "Sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico, y adecua las penas aplicables a todos ellos", en primer trámite constitucional.

Art. 3. Tercera categoría. Serán asimismo considerados como delitos económicos los hechos perpetrados por quien tuviere la condición de empleado público u otra calidad personal especial previstos en las disposiciones legales que a continuación se indican, siempre que hubiere intervenido en alguna de las formas previstas en los artículos 15 o 16 del Código Penal alguien en ejercicio de un cargo, función o posición en una empresa, o cuando el hecho fuere perpetrado en beneficio económico o de otra naturaleza para una empresa:

1.° el artículo 31 del Decreto con Fuerza de Ley N° 3 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia del 2017, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 19.884 orgánica constitucional sobre transparencia, límite y control del gasto electoral; y

2.° el artículo 40 de la Ley 20.283, sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal;

3.° el inciso primero del artículo 64-J del Decreto N° 430 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción de la Ley general de pesca de 1991, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.892, general de pesca y acuicultura, y sus modificaciones;

4.° el artículo 48 ter de la Ley 19.300, que aprueba Ley sobre bases generales del medio ambiente;

5.° los artículos 193, 233, 234, 235, 236, 237 y 239, el número 1 del artículo 240, los artículos 241, 241 bis, 242, 243, 244, 246 y 247, el inciso primero del artículo 247 bis, y los artículos 248, 248 bis y 249, todos ellos del Código Penal;

El diputado Walker (Presidente) da cuenta de una propuesta de redacción del encabezamiento del artículo 3, presentada por los académicos, del siguiente tenor:

“Art. 3. Tercera categoría. Serán asimismo considerados como delitos económicos los hechos previstos en las disposiciones legales que a continuación se indican, siempre que en la perpetración del hecho hubiere intervenido, en alguna de las formas previstas en los artículos 15 o 16 del Código Penal, alguien en ejercicio de un cargo, función o posición en una empresa, o cuando el hecho fuere perpetrado en beneficio económico o de otra naturaleza para una empresa:”.

El académico señor Antonio Bascuñán precisa que la idea regulativa es la misma y que las variaciones de estilo se relacionan con mantener una equivalencia gramatical más estrecha con el encabezamiento del artículo 2.

La tercera categoría de delitos económicos se caracteriza porque el factor de conexión con la empresa -por intervención de una persona que pertenezca a ella- es en alguna de las formas previstas en los artículos 15 o 16 del Código Penal, es decir, participación sin autoría. Se diferencia con la segunda categoría, porque en la segunda categoría, el factor de conexión con la empresa -por intervención del interno de la empresa- es de autoría.

Al señalar en “alguna de las formas previstas en los artículos 15 o 16 del Código Penal” no se prejuzga conceptualmente si es participación, coautoría, complicidad, inducción, se deja sencillamente entregado a las reglas de punibilidad de la intervención.

Para mayor claridad de la disposición, se da lectura a los artículos 15 y 16 del Código Penal:

“ART. 15. Se consideran autores:

1.° Los que toman parte en la ejecución del hecho, sea de una manera inmediata y directa; sea impidiendo o procurando impedir que se evite.

2.° Los que fuerzan o inducen directamente a otro a ejecutarlo.

3.° Los que, concertados para su ejecución, facilitan los medios con que se lleva a efecto el hecho o lo presencian sin tomar parte inmediata en él.

ART. 16.

Son cómplices los que, no hallándose comprendidos en el artículo anterior, cooperan a la ejecución del hecho por actos anteriores o simultáneos.”

El diputado Fuenzalida consulta los motivos por los cuales en la nueva propuesta de redacción se elimina la condición de funcionario público o si esta quedaría cubierta.

Sobre el punto, el señor Bascuñán aclara que se suprime la referencia a la condición de funcionario público del encabezamiento por ser una mención redundante, ya que cada una de las disposiciones mencionadas en los numerales 1 al 5 del artículo 3 exige que el autor sea un funcionario público o que posea una calidad especial. Es una exigencia del tipo de estos delitos, por ello, estos delitos están en un catálogo distinto al de la segunda categoría del artículo 2; mencionarlo como una exigencia distinta de la tipificación de los delitos sería un error que se busca corregir a través de la redacción propuesta.

Por su parte, la diputada Orsini pregunta por qué la redacción excluye a la figura del “encubridor”, al referirse únicamente a las figuras de “autor” y “cómplice”, o si está figura estaría contemplada en otro artículo.

En este sentido, el profesor Bascuñán explica que en este caso, la suposición sería que el sujeto que pertenece a la empresa fuera encubridor (la mención a los artículos 15 y 16 del Código Penal se refieren al factor de conexión con la empresa) -el funcionario público siempre es el autor del delito, tal como lo exigen las normas que tipifican los delitos de este catálogo-. La pregunta es cómo interviene el insider de la empresa como factor de conexión. La respuesta es que tiene que intervenir en la comisión del hecho, por lo tanto, en la forma de los artículos 15 o 16.

Para el equivalente al encubrimiento se debe estar al artículo 4, donde se regula la receptación y lavado y blanqueo de activos en relación con estos delitos, que es la forma de aprovechamiento no político-criminalmente relevante desde el punto de vista de la actividad empresarial.

Sometido a votación, el artículo 3 (con la nueva redacción de su encabezado) fue aprobado por la unanimidad de los presentes (10) diputados (as) señores (as): Alessandri, Coloma, Fuenzalida, Gutiérrez, Hirsch, Ilabaca, Orsini (en reemplazo del diputado Boric), Saffirio; Soto, don Leonardo y Walker (Presidente).

Art. 4.° Receptación y lavado y blanqueo de activos. Serán también considerados delitos económicos los hechos previstos en el artículo 456 bis A del Código Penal y en los artículos 27 y 28 de la Ley 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, cuando las especies o bienes a que se refieren esos delitos provengan de la perpetración de hechos:

1.°constitutivos de alguno de los delitos señalados en los números 1 al 10 del artículo 1;

2.° constitutivos de alguno de los delitos señalados en los números 1 al 28 del artículo 2 y siempre que concurra alguna de las circunstancias expresadas en este artículo;

3.° considerados como delitos económicos conforme a los artículos 2 y 3.

El diputado Walker (Presidente) da cuenta de una propuesta de redacción del artículo 4, presentada por los académicos, del siguiente tenor:

“Art. 4.° Receptación y lavado y blanqueo de activos. Serán también considerados delitos económicos los hechos previstos en el artículo 456 bis A del Código Penal y en los artículos 27 y 28 de la Ley 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, cuando las especies o bienes a que se refieren esos delitos provengan de la perpetración de hechos:

1.° considerados como delitos económicos conforme al artículos 1;

2° considerados como delitos económicos conforme a los artículos 2 o 3;

3.° constitutivos de alguno de los delitos señalados en los números 1 a 28 del artículo 2, o en los números 1 a 5 del artículo 3, siempre que la receptación de bienes o el lavado o blanqueo activos fueren perpetrados en ejercicio de un cargo, función o posición en una empresa, o cuando lo fueren en beneficio económico o de otra naturaleza para una empresa.”.

El profesor Bascuñán observa que la propuesta cambia el orden entre los números 2 y 3, y aclara en el antiguo N° 2 (actual N° 3) qué se entiende por la concurrencia de algunas circunstancias, además de incluir el catálogo de delitos del artículo 3.

Tratándose de los delitos de la primera categoría (que son delitos económicos per se), conforme al numeral 1, serán también delitos económicos per se, la receptación y lavado y blanqueo de activos cuando las especies o bienes provienen de esos delitos. Funciona la misma consideración incondicional o absoluta en el delito de origen y en el delito de receptación o lavado.

Tratándose a la segunda y tercera categoría, hay que distinguir 2 situaciones:

Primera situación, los bienes proceden de un delito de origen económico (signados en el numeral 2), es decir, provienen de hechos considerados como delitos económicos conforme a los artículos 2 o 3. En este caso, en el delito de origen hubo un factor de conexión con la empresa, luego, no hay por qué requerir que en la receptación o lavado de activos se vuelva a dar el factor de conexión con la empresa.

Segunda situación (contemplada en el numeral 3) es el caso inverso. En el origen, no hay delito económico, lo que lo hace delito económico es que en la receptación de bienes o el lavado o blanqueo activos hay un factor de conexión con la empresa, es decir, fueren perpetrados en ejercicio de un cargo, función o posición en una empresa, o cuando lo fueren en beneficio económico o de otra naturaleza para una empresa.

Hace la precisión de que se distingue entre los numerales 1 y 2 (pese a su semejanza de redacción) en función del artículo 8, que en materia de responsabilidad penal, distingue según si los delitos son per se económicos o si lo son dependiendo de la concurrencia de una circunstancia. Apunta que esta distinción formal permite facilitar las referencias internas en el proyecto de ley.

El diputado Gutiérrez propone el siguiente epígrafe: “Art. 4.° Cuarta categoría. Receptación y lavado y blanqueo de activos.”, en consideración a que los hechos que describe la disposición también son considerados delitos económicos.

El profesor Bascuñán concuerda con la propuesta. Puntualiza que los delitos de receptación y lavado y blanqueo de activos presuponen un delito de origen en primera, segunda o tercera categoría.

En la misma línea, el diputado Walker (Presidente) valora la proposición bajo un argumento sistemático.

Puesta en votación, la nueva redacción del artículo 4 (con el epígrafe propuesto por el diputado Gutiérrez) fue aprobada por la unanimidad de los presentes (10) diputados (as) señores (as): Alessandri, Coloma, Fuenzalida, Gutiérrez, Hirsch; Núñez, doña Paulina, Orsini (en reemplazo del diputado Boric), Saffirio; Soto, don Leonardo y Walker (Presidente).

Art. 5.° Doble consideración de circunstancias. La concurrencia de cualquiera de las circunstancias señaladas en los artículos 2°, 3° y 4° producirá el efecto de que se considere el hecho respectivo como delito económico, aunque la ley que lo prevé la haya expresado al describirlo y penarlo, o aunque sea de tal manera inherente al delito que sin su concurrencia no pueda cometerse.

El profesor Bascuñán explica que esta disposición es un “anti-artículo 63 del Código Penal” (originalmente, alude –por error- al artículo 64 del mismo cuerpo legal), ya que el legislador penal prohíbe al aplicador del Código considerar dos veces una misma circunstancia.

Puntualiza que, eventualmente, en caso de que algún tipo penal exigiera comisión por parte de un representante o agente de la empresa o comisión en beneficio de una empresa, el artículo 5 señala que eso no obsta a que sea considerado delito económico en virtud de ese factor de conexión.

Aclara que hubo dos opiniones distintas en la Comisión (que redactó el articulado). Los “teóricos” consideraron que era una regla innecesaria, ya que expresaba una obviedad. Por su parte, los “prácticos” advirtieron que lo primero que haría un defensor sería invocar el artículo 63, con la finalidad de que no fuera considerado delito económico por doble consideración de la circunstancia. Manifiesta concordar con ambos. La regla expresa una norma obvia, que no puede ser contradicha, pero es conveniente explicitarla para evitar cualquier controversia interpretativa por parte de los Tribunales.

El profesor Medina coincide con lo dicho anteriormente, en el sentido que la regla pareciera absurda por lo obvia, y apunta que solo se explicitó por una suerte de “paranoia” ante la creatividad de la praxis y el afán, en algunos casos, de aplicar penas menos severas que las que el estatuto dispone. Así se evita una posible “trampa” que hiciera impracticable la normativa.

Para mayor claridad se da lectura al artículo 63 del Código Penal:

“ART. 63. No producen el efecto de aumentar la pena las circunstancias agravantes que por sí mismas constituyen un delito especialmente penado por la ley, o que ésta haya expresado al describirlo y penarlo.

Tampoco lo producen aquellas circunstancias agravantes de tal manera inherentes al delito que sin la concurrencia de ellas no puede cometerse.”

En votación, el artículo 5 fue aprobado por la unanimidad de los presentes (10) diputados (as) señores (as): Alessandri, Coloma, Fuenzalida, Gutiérrez, Hirsch; Núñez, doña Paulina, Orsini (en reemplazo del diputado Boric), Saffirio; Soto, don Leonardo y Walker (Presidente).

Cabe hacer presente que en una primera instancia los diputados Gutiérrez y Soto, don Leonardo se abstuvieron de votar ya que en la explicación del artículo 5, se había señalado que la disposición sería una especie de “anti-artículo 64 del Código Penal”, sin embargo, una vez clarificado que la referencia correcta es al artículo 63 del mismo Código, proceden a modificar su votación, otorgando su voto favorable.

Art. 6. Inaplicabilidad a micro y pequeñas empresas. Las disposiciones de los Títulos II y III de esta ley no serán aplicables a los delitos considerados como económicos conforme a los artículos 2° y 3° y los números 2° y 3° de su artículo 4° que se perpetraren en el contexto o en beneficio de una empresa que tenga el carácter de micro o pequeña empresa conforme al artículo 2° de la Ley 20.416.

En caso de que la empresa involucrada forme parte de un grupo empresarial, deberán sumarse los ingresos del grupo para determinar si califica como micro o pequeña empresa conforme al artículo 2° de la Ley 20.416.

La profesora Rosenblut indica que la disposición trata la denominada “regla Pyme”, para los efectos de establecer el ámbito de aplicación del estatuto que se propone. El criterio que se utiliza es uno de orden sistemático para evitar discrecionalidad, utilizando un parámetro presente en la legislación.

Se sigue el parámetro de la ley N° 20.416, que fija normas especiales para las Empresas de Menor Tamaño. Por ello, se excluye de aplicación de aquellos delitos en que el factor de conexión es la empresa a las micro y pequeñas empresas, es decir, aquellas cuyos ingresos anuales no superan las 2.400 o 25.000 unidades de fomento (UF), respectivamente.

Esta restricción no se aplica cuando se está hablando de los delitos del catálogo del artículo 1, porque en tal caso el factor de conexión no es la empresa sino son los propios delitos.

Se incorpora una norma de corrección con la finalidad de impedir que empresas multirut puedan burlar la aplicación de este estatuto. Por ello, se dispone que en caso de que la empresa involucrada forme parte de un grupo empresarial, se deben sumar los ingresos de cada una de las unidades de negocio por separado.

El diputado Fuenzalida manifiesta que, desde una perspectiva práctica, alguien que quiera cometer un delito económico –delitos sofisticados- va a buscar herramientas (y cualquier resquicio de la ley) que le permitan facilitar la comisión del delito, por ejemplo, crear distintas empresas (con ventas hasta 25.000 UF) con efecto “cascadas”, para que no les sea aplicable esta legislación cuando sea detectado. Enfatiza que no le gusta este artículo porque sería dejar una ventana abierta para la impunidad, y expresa preferir no hacer la diferenciación que se propone.

Desde una perspectiva de contexto del proyecto de ley, el profesor Medina hace hincapié que para los casos de micro y pequeñas empresas, las personas naturales que cometen los delitos siguen siendo penalmente responsables por todos los delitos mencionados en esta ley, solo tienen un estatuto levemente menos gravoso en cuanto a la pena aplicable y pena sustituta, en comparación a aquellas personas naturales en el contexto de medianas y grandes empresas.

En cuanto a la responsabilidad penal a las empresas mismas, bajo el estatuto de la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, esta es aplicable por igual a micro, pequeña, mediana o grandes empresas.

En síntesis, no hay un tratamiento considerablemente diferenciado entre unas y otras, sino que un tratamiento levemente más estricto en el caso de medianas y grandes empresas.

El diputado Soto, don Leonardo sostiene que, respecto de “aquellas empresas involucradas que formen parte de un grupo empresarial”, el artículo a que remite la disposición no sería del todo clarificadora sobre “grupo empresarial” (sí se establecen las definiciones de micro y pequeña empresa), lo que sí se puede encontrar en la Ley de Comisión para el Mercado Financiero, que define grupo empresarial, empresa relacionada, filiales, coligadas, matrices, o empresas vinculadas por participación en la administración o capital, unas de otras (cascadas). Pregunta cuáles son los parámetros utilizados para definir “grupo empresarial”, a qué ley se debe remitir o si el juez será quién lo determine.

El diputado Saffirio pregunta a qué se refiere en el inciso primero con la expresión “que se perpetraren en el contexto o en beneficio de una empresa”.

Por último, el diputado Gutiérrez solicita mayor precisión ya que no se está estableciendo una arbitrariedad, ni una impunidad; no se está dejando a un grupo de empresas fuera de la persecución penal, por cuanto la responsabilidad penal individual de quienes dirigen estas empresas será perseguida conforme al artículo 1 y sigue plenamente vigente la responsabilidad penal de las personas jurídicas. El campo de acción de esta disposición es acotado.

Respondiendo las diversas consultas, la profesora Rosenblut manifiesta que por “grupo empresarial” la Comisión redactora entendió empresas vinculadas en razón de patrimonio, administración o control, perfectamente coincidente con el concepto que maneja la Comisión para el Mercado Financiero. Cuando la norma remite al artículo 2 de la ley N° 20.416, tiene como objetivo las definiciones de micro y pequeña empresa.

Sobre la pregunta del diputado Saffirio, la expresión “en el contexto” alude al factor de conexión que establece el artículo 2, es decir, que se van a considerar como delitos económicos los contemplados en ese catálogo cuando sean cometidos por una persona, en el ejercicio de una función, cargo o posición en una empresa, hipótesis alternativa a que la conducta sea realizada en beneficio de la empresa.

En relación con la duda de fondo, establecer esta limitación de ingreso a las empresas para hacer aplicable el estatuto en ningún caso deja exenta de responsabilidad a la persona natural ni a la persona jurídica a través de la ley N° 20.393.

El razonamiento de fondo sería cuál es la peligrosidad que subyace en las empresas como una fuente de peligro para el sistema socioeconómico. Cuál es el potencial lesivo que puede generar una conducta, es la base del criterio diferenciador.

El diputado Walker (presidente) pide una nueva redacción que refleje las aclaraciones que se han hecho presente.

La discusión del artículo queda pendiente.

Cabe consignar que, con posterioridad al término de la sesión, los académicos, a través del señor Silva, presentan una nueva propuesta de redacción del artículo 6 -la que será debatida en una próxima sesión- del siguiente tenor:

“Art. 6. Inaplicabilidad a micro y pequeñas empresas. Las disposiciones de los Títulos II y III de esta ley no serán aplicables a los delitos considerados como económicos conforme a los artículos 2° y 3° y los números 2° y 3° de su artículo 4° que se perpetraren en el contexto o en beneficio de una empresa que tenga el carácter de micro o pequeña empresa conforme al artículo 2° de la Ley 20.416.

En caso de que la empresa involucrada forme parte de un grupo empresarial, deberán sumarse los ingresos del grupo para determinar si califica como micro o pequeña empresa conforme al artículo 2° de la Ley 20.416. Por grupo empresarial se entenderá lo dispuesto en el artículo 96 de la ley 18.045.”.

Sesión N° 210 de 18 de mayo de 2021.

Se retoma la votación a partir del artículo 6 del proyecto de ley.

“Art. 6. Inaplicabilidad a micro y pequeñas empresas. Las disposiciones de los Títulos II y III de esta ley no serán aplicables a los delitos considerados como económicos conforme a los artículos 2° y 3° y los números 2° y 3° de su artículo 4° que se perpetraren en el contexto o en beneficio de una empresa que tenga el carácter de micro o pequeña empresa conforme al artículo 2° de la Ley 20.416.

En caso de que la empresa involucrada forme parte de un grupo empresarial, deberán sumarse los ingresos del grupo para determinar si califica como micro o pequeña empresa conforme al artículo 2° de la Ley 20.416.”

En base a las observaciones surgidas del debate de la sesión pasada los profesores proponen incorporar una frase final al inciso segundo que señale lo siguiente:

“Por grupo empresarial se entenderá lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley 18.045.”

El profesor Bascuñán explica que durante la sesión pasada surgieron dos consideraciones distintas sobre este artículo. La primera de ellas dice relación con las dudas sobre los efectos de esta normativa en el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Sobre este punto aclara que no se producirán alteraciones a dicho estatuto, dado que el objetivo de la norma es limitar la aplicación de los títulos II y III del proyecto de ley que se refieren a las personas naturales que cometen delitos económicos.

Luego recuerda que la segunda consideración planteada durante la sesión pasada dice relación con la falta de claridad en torno al concepto de micro o pequeña empresa, cuestión que se superaría con la frase final que se propone incorporar.

Finalmente recomienda que el inciso segundo en lugar de referirse al “artículo 2º de la ley Nº20.416” se señale “artículo segundo de la ley Nº20.416”. Explica que dicha recomendación se explica por la peculiar redacción y numeración de la citada ley.”.

Puesto en votación el artículo 6º del proyecto de ley incorporando las observaciones y propuestas de los profesores, es aprobado por la unanimidad de las y los integrantes de la Comisión (6-0-0) señoras y señores Walker (Presidente), Alessandri, Coloma, Flores, Ilabaca y Soto.

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Artículo 7 del proyecto de ley.

“Art. 7. Concursos. En caso de ser aplicable el artículo 75 del Código Penal o el artículo 351 del Código Procesal Penal por la concurrencia de un delito económico y de uno o más delitos de otra clase, las disposiciones del Título II de esta ley serán aplicables a todos ellos.”

El profesor Bascuñán explica que la norma regula el caso en que exista una conexión interna con algún delito económico, sea la unidad del hecho o conexión medio a fin (artículo 75 del Código Penal) o sean delitos de la misma especie (artículo 351 del Código Procesal Penal) el delito económico arrastra a los demás y se aplicarán las disposiciones de introduce el proyecto de ley.

Puesto en votación el artículo 7 del proyecto de ley fue aprobado por la unanimidad de las y los integrantes presentes de la Comisión (9-0-0) señoras y señores Walker (Presidente), Alessandri, Boric, Coloma, Flores, Ilabaca, Núñez, Saffirio y Soto.

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“TÍTULO II

PENAS Y CONSECUENCIAS ADICIONALES A LA PENA APLICABLES A LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LOS DELITOS ECONÓMICOS

§ 1. Reglas generales

Art. 8.° Ámbito de aplicación personal. Las disposiciones del presente Título serán aplicables a las personas responsables de los delitos económicos.

Son responsables de delitos económicos:

1.° todas las personas penalmente responsables conforme a las reglas generales por un hecho considerado como delito económico conforme al artículo 1° y al número 1° del artículo 4°;

2.° las personas penalmente responsables conforme a las reglas generales por un hecho considerado como delito económico según los artículos 2° y 3° y los números 2° y 3° del artículo 4°, que al momento de su intervención hubieren tenido conocimiento de la concurrencia de las circunstancias a que esos artículos se refieren.”.

El profesor Bascuñán explica que esta norma explicita que las normas del título II serán aplicables a las personas naturales, aún cuando la redacción del artículo haga referencia solo a “personas” sin diferencias.

Agrega que la norma hace una distinción entre los delitos incondicionalmente económicos (de primera categoría, al tenor del proyecto) y los condicionalmente económicos, esto es, aquellos que solo serán calificados como tales, en la medida que tengan un factor de conexión con una empresa (cometidos por alguien de la empresa o en beneficio de ésta).

Respecto de los primeros, señala que serán sancionados de acuerdo a las reglas generales de imputación, según se ha analizado. Los segundos, en cambio, al introducir un factor adicional en el tipo, se exige que además el responsable del delito haya intervenido conociendo éstas.

El señor Coloma propone como metodología de trabajo que respecto de cada propuesta que se haga se explicite si ésta es consensuada por todos los profesores y así avanzar de manera expedita en la discusión del proyecto.

El señor Walker (Presidente) le explica al señor Coloma que por dicha razón cada profesor que fue parte de la comisión que preparó la propuesta, como asimismo, los demás que han propuesto los diputados han sido invitados a la Comisión para que expongan sus planteamientos frente al articulado del proyecto.

El señor Silva aclara que entre los profesores invitados han dividido sus intervenciones respecto del articulado del proyecto y la parte en comento es la que está a cargo del profesor Bascuñán. Agrega cada una de las propuestas es el producto del consenso transversal entre los académicos que trabajaron en el equipo que preparó el proyecto.

Continuando con el debate sobre el fondo del proyecto de ley, el señor Soto, don Leonardo manifiesta sus dudas frente al número 2º de la norma que exige que las personas naturales que sean responsables por un delito económico tenga conocimiento de dichas circunstancias, esto que es que fue cometido por alguien que forma parte de la empresa o bien que sepa que el hecho se realizó en beneficio de aquella. Pregunta qué ocurriría en el caso que concurran como intervinientes quienes tengan conocimiento de dichas circunstancias y quienes no lo tengan y si ello daría lugar a una dualidad de estatutos para la determinación de la responsabilidad penal de cada uno de los partícipes en el delito económico.

El profesor Bascuñán señala al señor Coloma que harán presente cada vez que entre los académicos exista o haya existido discrepancia frente a una norma en particular.

Sobre la pregunta del señor Soto señala que esa duda podría resolverse con el inciso segundo del artículo 64 en el sentido que solo quienes tengan conocimiento de las circunstancias señaladas estarán sometidos a un estatuto agravado de responsabilidad penal y los otros, al estatuto general de responsabilidad penal por su participación punible en el hecho.

Expresa que podría explicitarse ello, pero no lo considera necesario puesto que sería claro para los operadores cómo opera el sistema.

El señor Wilenmann agrega que aún cuando este estatuto de responsabilidad penal agravada para los delitos económicos no opere respecto de una persona en particular, pero ello no excluye la responsabilidad penal de esa persona ni las reglas procesales a su respecto.

El señor Soto, don Leonardo expresa que cuando se establece un estatuto en base a circunstancias subjetivas se debe ser cuidadoso porque podría generar dudas sobre si se comunican o no dichas circunstancias respecto de los demás intervinientes. Si ello queda anotado con claridad, estaría de acuerdo con la norma.

Puesto en votación el artículo 8º del proyecto de ley fue aprobado por la unanimidad de los integrantes presentes de la Comisión (9-0-0) señoras y señores Walker (Presidente) Alessandri, Boric, Coloma, Flores, Ilabaca, Núñez, Saffirio y Soto.

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- Artículo 9º del proyecto de ley:

“Art. 9.° Penas privativas o restrictivas de libertad o de otros derechos. Las penas privativas o restrictivas de libertad o de otros derechos que corresponda imponer al responsable de un delito económico son las señaladas por la ley que lo sanciona, sin perjuicio de las consecuencias adicionales establecidas en el párrafo 5 del presente Título.

No obstante, la determinación de la pena de presidio o reclusión que deba ser impuesta, así como de su sustitución, se harán conforme con la presente ley. En subsidio serán aplicables las reglas generales de determinación y ejecución de las penas, en tanto no sean incompatibles con la presente ley.”.

El profesor Gonzalo Medina, explica que en este artículo es aun más evidente que la normativa propuesta no tienen como objeto fijar penas ya que se remite a las respectivas leyes especiales que contemplan los tipos penales. De manera tal que si en algún momento dichas leyes cambian su penalidad, no afectará el estatuto especial que fija el presente proyecto de ley. Dichos en términos simples, la regla general es que en ciertos delitos que actualmente son sancionados con penas altas no cumplen pena privativa de libertad efectiva por las circunstancias atenuantes del caso. Lo que hace esta ley es fijar circunstancias distintas para atenuar la pena que es más severo que el régimen normal.

El diputado señor Soto, don Leonardo expresa que esta norma es el corazón del proyecto de ley ya que el juez deberá aplicar la pena asignada al delito observando el estatuto de circunstancias y régimen sustitutivo de penas que fija la presente normativa. Agrega que el juez estará obligado a garantizar la pena privativa de libertad y en subsidio serán aplicables el régimen general en cuanto no sea incompatible con la presente ley. Respecto de este último punto, manifiesta que podría darse una suerte de fisura ya que los jueces suelen aplicar el principio de la regla más favorable el imputado y finalmente optar por aplicarle el estatuto general y no esta normativa. En tal sentido señala que podría verse desvirtuado

El profesor Gonzalo Medina explica que no ve fisura puesto que no hay alternativa para el juez de optar por el estatuto general y éste. Agrega que si se cumplen las condiciones que el proyecto fija el juez deberá aplicar este estatuto. Explica que la remisión a las normas generales se debe a que existe una serie de normas en la ley Nº18.216 relativas a mecanismos de impugnación u otras que no es necesario reproducir en el presente proyecto de ley.

Puesto en votación el artículo 9º es aprobado por la unanimidad de los integrantes presentes de la Comisión (8-0-0) señoras y señores Walker (Presidente), Boric, Coloma, Flores, Ilabaca, Núñez, Saffirio y Soto.

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Artículo 10º del proyecto de ley.

Art. 10. Multa. Todo delito económico conlleva además una pena de multa, cuya cuantía y determinación se establecerá únicamente conforme a la presente ley, así como la imposición de las inhabilitaciones y prohibiciones previstas en el párrafo 5. Ni la multa ni las prohibiciones e inhabilitaciones podrán ser sustituidas.

La multa a imponer se fijará en un número de días-multa que corresponda a la extensión de las penas privativas o restrictivas de libertad, conforme a lo dispuesto en el artículo 27.

La cuantía de la multa a aplicar será la que corresponda al valor que el tribunal fije para cada día-multa, de conformidad con el artículo 27, multiplicado por el número de días-multa que corresponda. El producto se expresará en una suma de dinero fijada en moneda de curso legal.

El profesor Gonzalo Medina señala que este artículo regula uno de los aspectos esenciales del proyecto de ley ya que las multas no serán fijadas por el juez en base a las reglas generales sino en atención a las normas del presente proyecto. Ello permitirá que las circunstancias patrimoniales (ingresos y capacidad patrimonial) de cada condenado sean consideradas para determinar la cuantía de la multa. Agrega que la modalidad día multa, no es una invención del proyecto sino que ésta ya venía incorporada en los anteproyectos de Código Penal y es el sistema más o menos estandarizado en la regulación de pena de multa en derecho comparado puesto que se considera un sistema más justo e igualitario en cuanto se hace cargo de las diferencias naturales de las circunstancias patrimoniales entre los imputados.

El señor Soto, don Leonardo expresa que la noción de día multa es bien evaluada en doctrina y espera que sea una herramienta justa para la aplicación de sanciones pecuniarias en todo nivel, no solo en materia penal. Expresa sus dudas sobre la frase del artículo que señala que las multas no pueden ser sustituidas. Recuerda que hay una regla general en el Código Penal que permite la sustitución de éstas por trabajos en beneficio de la comunidad y pregunta cómo el proyecto se hacer cargo de la eventual insolvencia del condenado para el pago de la multa y luego cómo opera ésta cuando es la única pena aplicada al caso concreto.

El profesor señor José Pedro Silva hace presente que han enviado una nueva redacción del artículo 10 que se hace cargo del límite superior de la multa en el sentido que no se vean afectadas los montos que se fijan en leyes especiales como tributarias u otras.

Se deja constancia de la nueva redacción del artículo 10:

“Art. 10. Multa. Todo delito económico conlleva además una pena de multa, cuya cuantía y determinación se establecerá conforme a la presente ley, así como la imposición de las inhabilitaciones y prohibiciones previstas en el párrafo 5. Ni la multa ni las prohibiciones e inhabilitaciones podrán ser sustituidas.

La multa a imponer se fijará en un número de días-multa que corresponda a la extensión de las penas privativas o restrictivas de libertad, conforme a lo dispuesto en el artículo 27.

La cuantía de la multa a aplicar será la que corresponda al valor que el tribunal fije para cada día-multa, de conformidad con el artículo 27, multiplicado por el número de días-multa que corresponda. El producto se expresará en una suma de dinero fijada en moneda de curso legal.

Con todo, si la ley que describe el hecho punible le señalare una pena de multa superior al máximo a imponer conforme a la presente ley, el Tribunal se estará a lo que disponga dicha ley respecto a esa multa, en el margen que excediere al máximo antedicho.”.

El diputado señor Soto, don Leonardo señala que hoy existen tratados internacionales que impiden que un país aplique prisión por deudas y en el caso que esta no pueda sustituirse por trabajos comunitarios se produce una situación compleja. Por tal motivo pregunta cómo se resuelve esta situación en el proyecto de ley.

Luego, explica que al tenor del texto del proyecto la determinación de la multa se realiza tomando como parámetro la pena privativa de libertad. De lo anterior surge la inquietud de qué ocurre si la multa es la única pena aplicada al delito.

El profesor Gonzalo Medina explica que la posibilidad de sustituir la pena privativa de libertad se elimina ya que consideraron que no era pena sustitutiva idónea para otros contextos de criminalidad pero no para la criminalidad económica. Expresa que hay una regla específica para el caso que el señor Soto plantea y que será estudiada más adelante. En el caso de insolvencia, el juez tiene la facultad de rebajar en la determinación del día multa en consideración a los gastos para la mantención de la persona condenada o bien cualquier otra causa grave que requiera de mayores gastos, como sería el caso de una enfermedad. Manifiesta que la idea es darle mayor flexibilidad al aplicador del derecho para determinar el día multa.

El señor Soto, don Leonardo expresa que siempre existe el riesgo que el juez aplique como sanción las clases de ética y es lo que precisamente se quiere resolver este proyecto de ley. Observa que en algunos casos, la imposibilidad de pago de multa se puede convertir en día cárcel.

El señor Saffirio hace presente que más adelante en el proyecto viene una norma que se hace cargo de lo que se está planteando. En tal sentido, el juez podrá reducir los gastos de manutención del condenado y su familia para determinar el monto de la multa. Señala que sería posible entonces que el costo de vida de un condenado sea alto y por ende podrá reducir el monto de la multa. En tales términos, la riqueza del condenado sería un elemento utilizado a favor del propio condenado.

El profesor Gonzalo Medina responde que en efecto, no hay una pena de sustitución del día multa por pena privativa de libertad, como es el caso de las medidas de apremio en materia de alimentos. A lo planteado por el señor Saffirio, explica que es atendible la inquietud, pero en principio la gran virtud del día multa es permite determinar su monto en base no solo al patrimonio del imputado sino también el de sus ingresos, por lo que sería muy difícil encontrar la situación en que un condenado con un alto nivel de vida no tenga patrimonios o ingresos como para pagar la multa u obtener que el juez la reduzca a un nivel irrisorio. Ahora bien, en el caso extremo que el condenado de alto nivel de vida oculte su patrimonio para eludir o reducir el pago de la multa, será materia del Ministerio Público investigar las acciones realizadas por este por ocultación de patrimonio u figura.

El señor Soto, don Leonardo insiste que se debería establecer una alternativa al no pago de la multa porque una de las características de la criminalidad económica es el alto grado de especialización y sofisticación en el ocultamiento de ingresos, por lo que está de acuerdo en avanzar pero dejando abierta la posibilidad de volver a esta norma para reforzarla y evitar dicho efecto.

El diputado señor Boric expresa que se podría incurrir en un riesgo de desnaturalizar el objetivo del proyecto si se llegan a fijar alternativas de cumplimiento a la multa por lo que es de la idea de mantener la norma tal como está.

El señor Soto, don Leonardo explica que su inquietud viene del caso en que no haya penas corporales y la única pena sea la pecuniaria cuya determinación dependerá del patrimonio e ingresos del condenado que eventualmente puede ser ocultado por éste.

Puesto en votación el artículo 10 del proyecto de ley con las correcciones efectuadas por la nueva propuesta de redacción presentada y la corrección de referencia en el inciso final, es aprobada por la mayoría de los integrantes presentes de la comisión (5-1-0) votos señoras y señores Walker (Presidente) Boric, Coloma, Ilabaca y Soto. Voto en contra el señor Saffirio.

Sesión N° 218 de 8 de junio de 2020.

Artículo 11.

Proyecto de ley

“Art. 11. Sanciones o medidas administrativas y penas. La circunstancia de que un hecho constitutivo de delito pueda, asimismo, dar lugar a una o más sanciones o medidas administrativas no obsta a la imposición de las penas, consecuencias adicionales a la pena o medidas de seguridad que procedan conforme a esta ley.

Con todo, el monto de la pena de multa pagada de conformidad con esta ley será abonado a la multa no constitutiva de pena que se imponga al condenado por el mismo hecho. Si el condenado hubiere pagado una multa no constitutiva de pena como consecuencia del mismo hecho, el monto pagado será abonado a la pena de multa impuesta de conformidad con esta ley.

La extensión de la inhabilitación impuesta al condenado como consecuencia adicional a la pena de conformidad con esta ley será deducida de la extensión de la inhabilitación de la misma naturaleza que fuere impuesta como sanción administrativa o disciplinaria. Si el condenado hubiere sido sometido a una inhabilitación como sanción administrativa o disciplinaria, la extensión de esta será deducida de la inhabilitación de la misma naturaleza que se le impusiere de conformidad con esta ley.”

El señor Wilenmann explica a los integrantes de la Comisión que este artículo tiene por objeto sistematizar el problema de la doble imposición de sanciones (penales y administrativas) que ha presentado problemas de interpretación en sede judicial. Señala que las sancione penales y administrativas, persiguen fines distintos por lo se justificaría su aplicación conjunta. Hace presente que esta norma es producto de una propuesta del profesor Hernández y que fue rescatada de los anteproyectos de Código Penal y que es una respuesta intermedia a este problema interpretativo, en el sentido de aplicar ambas penas conjuntamente pero abonando aquello que se aplicado en la sede.

Puesto en votación el artículo 11 del proyecto de ley es aprobado por la mayoría de votos (9-1-0). Votaron a favor las señoras y señores Walker (Presidente), Alessandri, Boric, Coloma, Flores, Fuenzalida, Ilabaca, Saffirio y Soto. Votó en contra la señora Pamela Jiles.

******

Por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, se procedió a analizar el párrafo 2 del proyecto de ley (artículos 12 a 18).

“§ 2. Determinación de las penas privativas de libertad

Art. 12. Régimen especial. En la determinación de la pena aplicable a un delito económico no se considerará lo dispuesto por los artículos 65 a 69 del Código Penal, ni serán aplicables las atenuantes y agravantes previstas en los artículos 11 a 13 del Código Penal. En su lugar, se aplicarán las reglas dispuestas en los artículos siguientes.”

El señor Wilenmann recuerda las ideas centrales del proyecto de ley y señala que las normas del Código Penal no son aptas para los delitos económicos ya que responde a la lógica de lo que se denomina delincuencia común. Por tal motivo, se propone un catálogo de circunstancias modificatorias de responsabilidad propia que considere las particularidades propias de la criminalidad económica.

Agrega que el sistema penal vigente es insuficiente para la sanción de los delitos económicos ya que si el delito no tiene asignada una pena superior a 5 años y un día, el juez aplica una pena sustitutiva.

“Art. 13. Atenuantes. Son circunstancias atenuantes de un delito económico las siguientes:?1a. La culpabilidad disminuida del condenado, establecida siempre que concurra cualquiera de los siguientes supuestos:

a. el condenado contaba con irreprochable conducta anterior;

b. el condenado no buscó obtener provecho económico de la perpetración del hecho para sí o para un tercero; o,

c. el condenado, estando en una posición intermedia o superior, omitió realizar alguna acción que habría impedido la perpetración del delito, sin favorecerla directamente.

2a. Que el hecho haya ocasionado un perjuicio limitado. Se entenderá que ello tiene lugar cuando el perjuicio total supere las 40 Unidades Tributarias Mensuales y no pase de 400, sin que se aplique alguna de las circunstancias del artículo 16 b).”

El señor Wilenmann destaca que el proyecto distingue entre atenuantes simples y atenuantes calificadas. A través de las primeras solo se individualiza la pena, esto es, ubicarla dentro del grado respectivo.

El señor Soto repara que no se contempla la colaboración del imputado con la justicia, cuestión que le parece debiera estar considerada en el proyecto de ley.

El señor Fuenzalida comparte lo señalado por el señor Soto y considera que este aspecto debe estar contemplado en el proyecto.

Por su parte, la señora Jiles declara que a pesar de lo buena redacción de la norma le resulta difícil votar a favor de ésta por la circunstancia señalada en la letra a). Explica que dicha atenuante estaría siempre presente, dado que el autor de delitos económicos no tiene el perfil de un delincuente habitual, se trata de delitos de cuello y corbata, de manera que el delincuente será siempre beneficiado con esta atenuante.

El señor Walker (Presidente) se suma a los dichos de los señores Soto y Fuenzalida y pregunta a los profesores la razón por la cual no está incorporada.

El señor Soto observa que una norma similar fue la incorporada en el artículo 160 quáter del Código Penal, respecto de los delitos funcionarios. Destaca que la cooperación eficaz es una herramienta importante para el desbaratamiento de este tipo de delitos.

Por su parte, el señor Boric repara en la letra b) del artículo en análisis puesto que la expresión “que el condenado no buscó tener provecho” introduce elementos subjetivos que dificultarán la prueba de esta atenuante. Por otra parte, respecto de la letra c) el hecho de haber omitido alguna acción para él no es motivo de atenuante.

Haciéndose cargo de las inquietudes de los integrantes de la comisión, el señor Wilenmann expresa que el no haber incluido en esta parte la colaboración en la investigación es porque se dejó esta circunstancia para cuestiones procesales. En efecto, explica que tal es la importancia de esta colaboración para la investigación de estos delitos, que estiman que debe estar contenida en un estatuto especial donde la Fiscalía tenga mayor libertad para negociación. Del mismo modo, agrega que si se busca mayor denuncia y colaboración, debe tener un procedimiento procesal diferenciado más que considerarlo una atenuante particular.

Respecto de la irreprochable conducta anterior manifiesta que se ha considerado como atenuante simple (y no como calificada) ya que la práctica tiende a funcionar como argumento central para disminuir la pena. Agrega que el no considerar esta circunstancia es resistido por cuanto es para la defensa es un punto estratégico y por lo demás su omisión podría generar reparos de constitucionalidad en relación con el estatuto penal común.

Respecto del proyecto del señor Schilling manifiesta que esta parte del proyecto contiene el tratamiento de personas naturales y no de las personas jurídicas, como lo hace el señor Schilling. Explica que el sistema de determinación de la pena está pensado de combinar dos variables: el grado e involucramiento y la magnitud del perjuicio.

Sobre las preguntas del señor Boric, explica que tratar la omisión como atenuante tiene como objeto pasar “de contrabando” una herramienta para hacer efectivamente responsables a quienes están más arriba de la organización empresarial que comete el delito. Explica que este punto tanto en Chile como el derecho comparado es resistido y señala que es un modo de atribución de responsabilidad que podrá ser utilizada por los jueces. Sobre la subjetividad de la atenuante, expresa que podría redactada en términos objetivos.

La señora Jiles expresa que mantiene sus observaciones y agrega que una forma de mejorar este artículo es sacarle la letra a) y hacer modificaciones en las letras b) y c).

“Art. 14. Atenuantes muy calificadas. Son circunstancias atenuantes muy calificadas de un delito económico las siguientes:

1a. La culpabilidad muy disminuida del condenado, establecida siempre que concurra cualquiera de los siguientes supuestos:

a. el condenado actuó en interés de personas necesitadas o por necesidad personal apremiante;

b. el condenado tomó oportuna y voluntariamente medidas orientadas a prevenir o mitigar la generación de daños;

c. el condenado actuó bajo presión y en una situación de subordinación;

d. el condenado actuó en una situación de subordinación y con conocimiento limitado de la ilicitud de su actuar.

2a. Que el hecho haya tenido una entidad de bagatela. Se entenderá que en todo caso ello es así cuando el perjuicio total irrogado no supere 40 Unidades Tributarias Mensuales.”

El señor Wilenmann destaca que a diferencia del artículo anterior el efecto en el caso de concurrir una agravante muy calificada es que la pena subirá en un grado, impidiendo además la aplicación de penas sustitutivas.

“Art. 15. Agravantes. Son circunstancias agravantes de un delito económico las siguientes:

1a. La culpabilidad elevada del condenado, establecida siempre que concurra cualquiera de los siguientes supuestos:

a. el condenado participó activamente en una posición intermedia en la organización en la que se perpetró el delito; se entenderá que el condenado se encuentra en una posición intermedia cuando ejerce un poder relevante de mando sobre otros en la misma organización, sin estar en una posición jerárquica superior; este supuesto no será aplicable tratándose de medianas empresas conforme al artículo 2° de la Ley 20.416;

b. el condenado ejerció abusivamente autoridad o poder al perpetrar el hecho;

c. el condenado había sido sancionado anteriormente por perpetrar un delito económico;

2a. Que el hecho haya ocasionado un perjuicio o reportado un beneficio relevante. Se entenderá que ello tiene lugar cuando el perjuicio o beneficio agregado total supere las 400 Unidades Tributarias Mensuales y no supere las 40.000, sin que se aplique alguno de los casos de la circunstancia 2a del artículo 16.”

El señor Wilenmann expresa que las agravantes siguen la misma lógica que las atenuantes distinguiéndose entre simples y calificadas. Observa que en el caso de sacar la irreprochable conducta anterior como atenuante no tendría mucho sentido en el caso de reincidencia que cuenta como agravante (letra c) del número 1).

El señor Soto expresa que la distinción entre las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal y la descripción del tipo en los delitos económicos se hace difícil lo que podría redundar en que las primeras no sean efectivamente aplicadas.

Por su parte el señor Fuenzalida duda de redacción habla de condenado y en el 12 del Código Penal no se especifica así. Pide se aclare este punto.

La señora Jiles vuelve al artículo 14 para observar que en la letra b) (“el condenado tomó oportuna y voluntariamente medidas orientadas a prevenir o mitigar la generación de daños” debiese exigirse un requisito de entidad mayor para que efectivamente esas medidas hayan tenido el efecto de mitigación de daño, tal como la disminución del perjuicio causado.

Haciéndose cargo de las inquietudes de los parlamentarios el señor Wilenmann explica respecto de las observaciones del señor Soto que no se trata de considerar otra vez el mismo hecho para sancionar la conducta, ya que dicha sanción depende del daño causado. Agrega que en este caso se trata más de valorar la conducta dentro de la participación que tuvo la persona en el delito económico.

Respecto de la pregunta del señor Fuenzalida aclara que se trata reglas específicas para la determinación de la pena por lo tanto, supone un condenado aún cuando el Código Penal habla de un sujeto sin determinar si es condenado o no pero ello

Sobre la observación de la señora Jiles al artículo 14 concuerda con que se podría calificar aún más la norma y propone agregar la palabra “sustancialmente”. Agrega que tampoco se podrían determinar las medidas que se entenderán como aquellas que tienen como efecto mitigar el daño, ya que ello originará la realización de esas conductas señaladas por la ley para beneficiarse de la atenuante.

“Art. 16. Agravantes muy calificadas. Son circunstancias agravantes muy calificadas de un delito económico las siguientes:?

1a. La culpabilidad muy elevada del condenado, establecida siempre que concurra cualquiera de los siguientes supuestos:?

a. el condenado participó activamente en una posición jerárquica superior en la organización en la que se perpetró el delito; se entenderá que el condenado se encuentra en una posición jerárquica superior en la organización cuando ejerza como gerente general o miembro del órgano superior de administración, o como jefe de una unidad o división, solo subordinado al órgano superior de administración, así como cuando ejerza como director, socio administrador o accionista o socio con poder de influir en la administración; este supuesto no será aplicable tratándose de medianas empresas conforme al artículo 2° de la Ley 20.416.

b. el condenado ejerció presión sobre sus subordinados en la organización para que colaboraran en la perpetración del delito;?

2a. Que el hecho haya ocasionado un perjuicio muy elevado. Se entenderá que ello tiene lugar en las siguientes circunstancias:?

a. el hecho ocasionó perjuicio a personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que en total supere las 40.000 Unidades Tributarias Mensuales, o reportó un beneficio de esta cuantía;?

b. el hecho afectó el suministro de bienes de primera necesidad o de consumo masivo;

c. el hecho afectó abusivamente a individuos que pertenecen a un grupo vulnerable.”

El profesor Wilenmann explica que siguiendo la lógica de las atenuantes, las agravantes calificadas tienen por efecto subir un grado la pena y además excluye la posibilidad de aplicar sanciones alternativas. Destaca la importancia de esta norma en la sanción de los delitos económicos y el objetivo del proyecto de ley. Explica que en general cuenta que el delito que tenga un perjuicio muy elevado y ello se mide no solo la cuantía bruta de éste (40 UTM), sino también para agravar la pena en el caso de afectarse a personas que están en posición vulnerable o bienes de primera necesidad. Respecto de este último aspecto, hace hincapié en la relevancia de la norma frente a las colusiones de empresas en bienes de primera necesidad.

“Art. 17. Efectos de las atenuantes y agravantes. En caso de concurrir una atenuante muy calificada respecto de un marco penal que incluya una pena de presidio o reclusión de un solo grado, este se aplicará en su mínimum. De estar compuesto de dos o más grados, no se aplicará el grado superior.

De concurrir dos o más atenuantes muy calificadas respecto de un delito cuyo marco esté compuesto por un solo grado, este se rebajará en un grado. De estar compuesto de dos o más grados, el marco se fijará en el grado inmediatamente inferior al grado más bajo del marco legal.

En caso de concurrir una agravante muy calificada respecto de un marco penal que incluya una pena de presidio o reclusión de un solo grado, este se aplicará en su máximum. De estar compuesto de dos o más grados, no se aplicará el grado inferior.

De concurrir dos o más agravantes muy calificadas respecto de un delito cuyo marco esté compuesto por un solo grado, este se incrementará en un grado. De estar compuesto de dos o más grados, el marco se fijará en el inmediatamente superior al grado más alto del marco legal.

De concurrir atenuantes muy calificadas y agravantes muy calificadas, el juez deberá compensarlas racionalmente.

Art. 18. Determinación judicial de la pena. Dentro de los límites de cada grado el tribunal determinará la cuantía de la pena en atención a la concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes previstas en los artículos 13 y 15, a la mayor o menor intensidad de la culpabilidad del responsable y a la mayor o menor extensión del mal que importe el delito.”

Explicando el alcance de estos dos artículos, el señor Wilenmann señala que si bien es un artículo difícil de entender, se utiliza esta técnica porque es la misma técnica que utiliza el Código Penal actual. Así, cualquier operador jurídico que ejerza en el ámbito penal, entenderá la norma y la podrán aplicar sin dificultades.

A continuación, explica cómo funciona: para efectos de saber cuanto sube y cuánto baja la pena primero hay que analizar cuáles son las atenuantes y agravantes muy calificadas. Si concurre una sola de ellas, se aplica la regla general del Código Penal, esto es que la pena se aplica en el mínimum o en el máximum (según sea atenuante o agravante, respectivamente). Es decir, se divide la pena en dos y el juez estará obligado a situación la pena en el rango inferior o superior, según sea el caso. Luego, si proceden dos circunstancias muy calificadas, se rompe el marco y hacer pasar al grado superior o inferior según sea el caso.

Advierte que estas reglas tienen un efecto adicional que es a su vez, el efecto central del proyecto: se excluye la aplicación de las penas sustitutivas de libertad. Aún cuando el efecto concreto de la agravante sea subir poco la pena, excluirá de todos modos la aplicación de penas sustitutivas de libertad.

El señor Silva, José Pedro expone a la Comisión los puntos que anotaron para traer propuestas para la próxima sesión, en coordinación con la Secretaría de la Comisión:

- Artículo 13 eliminar la irreprochable conducta anterior del número 1) letra a);

- Artículo 13 numeral segundo clarificar que el sujeto solo se limitó a omitir;

- Artículo 14 b) agregar la palabra “sustancial”.

Sesión N° 222 de 15 de junio de 2020.

En el segundo punto de la tabla, continúa la discusión y votación en particular del proyecto de ley que "Sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico, y adecua las penas aplicables a todos ellos.", en primer trámite constitucional.

§ 2. Determinación de las penas privativas de libertad

Art. 12. Régimen especial. En la determinación de la pena aplicable a un delito económico no se considerará lo dispuesto por los artículos 65 a 69 del Código Penal, ni serán aplicables las atenuantes y agravantes previstas en los artículos 11 a 13 del Código Penal. En su lugar, se aplicarán las reglas dispuestas en los artículos siguientes.

Art. 13. Atenuantes. Son circunstancias atenuantes de un delito económico las siguientes:

1ª. La culpabilidad disminuida del condenado, establecida siempre que concurra cualquiera de los siguientes supuestos:

a. el condenado contaba con irreprochable conducta anterior;

b. el condenado no buscó obtener provecho económico de la perpetración del hecho para sí o para un tercero; o,

c. el condenado, estando en una posición intermedia o superior, omitió realizar alguna acción que habría impedido la perpetración del delito, sin favorecerla directamente.

2ª. Que el hecho haya ocasionado un perjuicio limitado. Se entenderá que ello tiene lugar cuando el perjuicio total supere las 40 Unidades Tributarias Mensuales y no pase de 400, sin que se aplique alguna de las circunstancias del artículo 16 b).

Art. 14. Atenuantes muy calificadas. Son circunstancias atenuantes muy calificadas de un delito económico las siguientes:

1ª. La culpabilidad muy disminuida del condenado, establecida siempre que concurra cualquiera de los siguientes supuestos:

a. el condenado actuó en interés de personas necesitadas o por necesidad personal apremiante;

b. el condenado tomó oportuna y voluntariamente medidas orientadas a prevenir o mitigar la generación de daños;

c. el condenado actuó bajo presión y en una situación de subordinación;

d. el condenado actuó en una situación de subordinación y con conocimiento limitado de la ilicitud de su actuar.

2ª. Que el hecho haya tenido una entidad de bagatela. Se entenderá que en todo caso ello es así cuando el perjuicio total irrogado no supere 40 Unidades Tributarias Mensuales.

El diputado Walker (Presidente) informa que los académicos han presentado una nueva redacción de los artículos 13 y 14, recogiendo las inquietudes planteadas por los parlamentarios en la sesión anterior:

Art. 13. Atenuantes. Son circunstancias atenuantes de un delito económico las siguientes:

1ª. La culpabilidad disminuida del condenado, establecida siempre que concurra cualquiera de los siguientes supuestos:

a. el condenado contaba con irreprochable conducta anterior;

b. el condenado no buscó obtener provecho económico de la perpetración del hecho para sí o para un tercero; o,

c. el condenado, estando en una posición intermedia o superior, se limitó a omitir realizar alguna acción que habría impedido la perpetración del delito, sin favorecerla directamente.

2ª. Que el hecho haya ocasionado un perjuicio limitado. Se entenderá que ello tiene lugar cuando el perjuicio total supere las 40 Unidades Tributarias Mensuales y no pase de 400, sin que se aplique alguna de las circunstancias del artículo 16 b).

Art. 14. Atenuantes muy calificadas. Son circunstancias atenuantes muy calificadas de un delito económico las siguientes:

1ª. La culpabilidad muy disminuida del condenado, establecida siempre que concurra cualquiera de los siguientes supuestos:

a. el condenado actuó en interés de personas necesitadas o por necesidad personal apremiante;

b. el condenado tomó oportuna y voluntariamente medidas orientadas a prevenir o mitigar sustancialmente la generación de daños;

c. el condenado actuó bajo presión y en una situación de subordinación;

d. el condenado actuó en una situación de subordinación y con conocimiento limitado de la ilicitud de su actuar.

El académico señor José Pedro Silva explica que las modificaciones propuestas responden a puntos específicos planteados en la sesión anterior.

Primero, se elimina como circunstancia atenuante la irreprochable conducta anterior, a requerimiento de la diputada Jiles.

Segundo, en la redacción de la letra c), se precisa que el condenado, estando en una posición intermedia o superior, se limitó a omitir realizar alguna acción que habría impedido la perpetración del delito, sin favorecerla directamente, a solicitud del diputado Boric.

Tercero, sobre las atenuantes muy calificadas, se incorpora la expresión “sustancialmente” en relación con las medidas orientadas a prevenir o mitigar la generación de daños.

Hace presente que mandato por la Comisión, se ha creado un equipo de procesalistas, liderado por Carlos Correa y Ricardo Lillo que le van a proponer a la Comisión un estatuto sobre delación compensada.

El diputado Soto, don Leonardo expresa que la propuesta legislativa constituye una innovación respecto al régimen común sobre circunstancias atenuantes y agravantes dispuestas en el Código Penal. Pregunta la conveniencia de crear nuevas figuras respecto a los delitos económicos, particularmente, por qué crear nuevas atenuantes si el objetivo es aumentar la severidad de las sanciones, considerando, además, que algunas de ellas se encuentran contenidas en los tipos penales o se refieren a elementos que el juez debe ponderar para la condena.

Valora que se elimine como circunstancia atenuante la “irreprochable conducta anterior”, pues los actores económicos, por lo general, no tienen delitos previos ya que ningún banco o empresa contrataría o delegaría responsabilidad en quienes hubieran tenido condenas previas por delitos económicos.

Enfatiza que el sistema general de atenuantes y agravantes del Código Civil tiene casi cien años, con un desarrollo jurisprudencial extenso, y no ve la conveniencia de cambiarlo a propósito de esta normativa; si no se adaptan al caso concreto, no se aplican. Observa que la incorporación de nuevas atenuantes podría estar fuera de las ideas matrices.

La diputada Jiles valora positivamente la propuesta de los académicos que recoge con precisión lo discutido la sesión pasada, por lo que anuncia su voto favorable de ambas disposiciones.

El diputado Walker (Presidente) hace presente lo expuesto con anterioridad por los académicos sobre la necesidad de disponer de circunstancias atenuantes específicas para este tipo de delitos y sus características.

El profesor Gonzalo Medina explica que la idea del proyecto de ley es, en el sistema completo de valoración de circunstancias modificatorias, contar con un régimen especial para los delitos económicos.

Si se revisan las circunstancias genéricas del catálogo del Código Penal, de ellas, -que son muchas- muy pocas se podrían aplicar a los delitos económicos. Se busca reconocer la especialidad en el contexto de la criminalidad económica.

Atenuantes y agravantes son espejo una de otra. Por ejemplo, la posición que el sujeto ocupa al interior de la empresa se debiera considerar para evitar un problema recurrente que se produce en las condenas por delitos económicos, a saber, generalmente, las personas que ejecutan materialmente las conductas están más abajo en la escala jerárquica, pero las que tienen más responsabilidad se encuentran en la parte superior, sin embargo, estas terminan siendo consideradas menos responsables, habiendo un menor reproche penal hacia ellas.

El proyecto de ley busca recoger –bajo el régimen de atenuantes y agravantes- ambas situaciones, es decir, que quien está en una posición superior debe recibir una sanción de mayor entidad que el que se encuentra en una posición jerárquica inferior en la realización del delito.

La atenuante relativa a que “condenado tomó oportuna y voluntariamente medidas orientadas a prevenir o mitigar sustancialmente la generación de daños” es similar a la actual sobre “si ha procurado con celo reparar el mal causado…”, pero la “mitigación de daños” pareciera ser una formulación lingüística más acorde con la naturaleza de los delitos económicos.

Observa que existe un tratamiento jurisprudencial escaso de las circunstancias de error en los casos en que el sujeto actúa en situación de subordinación, con un conocimiento limitado de su actuar, sin embargo, esta situación es particularmente sensible en los delitos económicos.

En los delitos de hurto, violación, captación ilegal de imágenes, secuestro es difícil pensar que alguien no se represente que está cometiendo un ilícito, pero en el ámbito de la criminalidad económica, en el uso de información privilegiada, delitos aduaneros, medioambientales, es muy posible que haya personas que participen de un delito no conociendo del todo el alcance de la ilicitud porque han sido instruidas de manera inadecuada o han recibido un mal consejo legal.

Es razonable que el sistema penal sancione más severamente a quien tiene plena conciencia de la ilicitud que a quien no la tenga, por ello, se debe complementar el sistema de consecuencias penales, esto es, el régimen de pena sustitutiva, con el de determinación que se haga cargo de las particularidades del delito económico.

El diputado Saffirio cree que sobre la eliminación de la “irreprochable conducta anterior” habría un consenso transversal, por lo que no debiera ser materia de mayor discusión. Plantea dudas sobre los supuestos de las letras b) y c) de la atenuante primera del artículo 13.

Sobre la letra b), consulta sobre su aplicabilidad, ya que en los casos en que el provecho económico sea parte del tipo no se podría aplicar esta atenuante.

Sobre la letra c), pregunta si no existiera cierta contradicción en la redacción, pues se señala que la acción (que el condenado, estando en una posición intermedia o superior, se limitó a omitir) “habría impedido la perpetración del delito”, pero luego se agrega “sin favorecerla directamente”.

Sobre la letra b), el profesor Wilenmann precisa que, efectivamente, es una atenuante de poca aplicación porque en la mayoría de los casos el provecho económico es parte del tipo, sin embargo, existen varios delitos económicos en los que no es necesario que se busque provecho económico, entre otros, en el delito de administración desleal no es componente del tipo el provecho económico pero sí que ocasione perjuicio para el afectado, la empresa en que trabaja, por ejemplo.

Sobre la letra c), expresa que esta atenuante tiene relevancia porque constituye un reconocimiento explícito de que quien tiene una posición intermedia o superior responde cuando omite, situación que se discute en la doctrina chilena y, por tanto, es importante clarificar.

Respecto a la redacción misma, explica que al señalar “que se limitó a omitir realizar alguna acción que habría impedido la perpetración del delito” pone de manifiesto un típico requisito de la responsabilidad por omisión, relativo a que es necesario que de haber intervenido se hubiese producido algún efecto –esa es la explicación técnica de los penalistas.

La segunda parte, que dispone “sin favorecerla directamente” –expresión que pareciera contradictoria, pero no lo es- da cuenta de que, en ciertas ocasiones, la intervención de quien tiene una posición intermedia o superior (que se limita a omitir) puede ser equivalente a una intervención grave o activa. Reconoce que la redacción es un poco compleja.

Clarifica que el efecto de estas atenuantes simples es más bien limitado, no incide sobre los marcos penales, no hacen bajar o disminuir la pena en relación con el máximo o el mínimo que pueden aplicar los jueces sino que es un argumento para que ellos vayan a individualizarlo, eso mitiga los efectos negativos que se puedan seguir de esto.

Sobre la falta de provecho económico de la perpetración del hecho para sí o para un tercero, el académico Medina agrega que es relevante –aunque muchos delitos lo incorporen en el tipo- y merece hacer una distinción en el reproche penal, por ejemplo, en el tratamiento como delito económico de los cuasidelitos contra las personas cometidos en el ámbito de la seguridad en el trabajo o de la distribución de productos de uso o consumo masivo (responsabilidad penal por accidentes del trabajo o responsabilidad penal por el producto). En estos casos, es muy posible que el sujeto no haya estado buscando un provecho económico, sino que responden a negligencia en el manejo de condiciones laborales. Esta atenuante puede tener un sentido práctico muy útil, en casos significativos.

El diputado Soto, don Leonardo expresa que este régimen de atenuantes responde a una creación original de esta iniciativa legislativa; no existen en el Código Penal circunstancias, que sean definidas con anticipación, para que dentro del rango de la pena, el juez las aplique. Son matices, circunstancias inherentes a la conducta del delincuente, pero que en el proyecto se definen como circunstancias atenuantes. Estima que es el juez quien debería apreciarlas a su arbitrio, entre el “piso” y “techo” de la pena; es parte de la valoración que hace el juez de la conducta delictiva conforme a la disposición moral del delincuente, a la intensidad delictiva de participación (autor, cómplice, encubridor) habiendo una correspondencia entre ellas.

Reitera que es innecesaria la creación de atenuantes nuevas para favorecer la rebaja de pena en delitos económicos ni se debiera limitar la posibilidad de que el juez aplique penas más altas. Estas nuevas atenuantes de baja intensidad–que no cambian la pena dentro del marco- parecer ser un exceso, a diferencia de las atenuantes muy calificadas del artículo 14 que designan condiciones objetivas del delito, y tienen un “espejo” en la teoría penal.

El diputado Saffirio cuestiona la utilización del término “circunstancias atenuantes”, y por ello anuncia su voto en contrario. Plantea que se debieran mantener las circunstancias atenuantes del Código Penal, y en el texto del proyecto de ley estipular que “el juez, al determinar la pena aplicable al delito, deberá considerar las circunstancias siguientes: si el condenado no buscó obtener provecho económico de la perpetración del hecho para sí o para un tercero; si el condenado, estando en una posición intermedia o superior, se limitó a omitir realizar alguna acción que habría impedido la perpetración del delito, sin favorecerla directamente; si el condenado actuó en interés de personas necesitadas o por necesidad personal apremiante”, y así sucesivamente. No designarlas como circunstancias atenuantes ni distinguir entre circunstancias atenuantes leves y muy calificadas.

El juez siempre se deberá mover dentro del rango entre la pena mínima y máxima atribuida al delito, considerando todos estos elementos.

En relación con lo expuesto por el diputado Soto, el profesor Wilenmann clarifica que el régimen de atenuantes dentro del sistema que se está creando tiene por objetivo disponer criterios -que en principio los jueces estén obligados a considerar- a efectos de graduar dentro del marco, con la finalidad de “romper” la inercia judicial por la cual, en la gran mayoría de los casos y por distintas razones, los jueces imponen la pena mínima en los delitos que les corresponde fallar.

Expresa que no le parece inadecuada la propuesta del diputado Saffirio, en torno a modificar el lenguaje; habría que evaluar su disposición en forma sistemática.

Advierte que si el catálogo solo incorpora circunstancias agravantes el riesgo constitucional –que ya existe, por jurisprudencia del Tribunal Constitucional- es alto. Hay que ser precisos y dar cuenta que se está graduando de modo adecuado el tipo de criminalidad de que se trata, debiendo ser este simétrico.

Por último, enfatiza que las atenuantes y las atenuantes muy calificadas buscan favorecer la posición de quienes se encuentran en un nivel inferior en la escala jerárquica de la organización. Es decir, se busca cambiar la práctica judicial por la cual quienes están más “lejos” (grandes administradores y empresarios) se vean favorecidos, y quienes actúan directamente (funcionario en posición inferior) se vean más perjudicados. Puntualiza que el objetivo no es favorecer a grandes delincuentes económicos, al contrario, favorecer la posición de quienes se encuentran en un nivel inferior en la escala jerárquica de la organización.

El diputado Walker (Presidente) sostiene que, dada la especificidad de estos delitos, de los bienes jurídicos que se protegen, es importante hacer estas distinciones.

Si bien se podría evaluar un cambio de lenguaje, precisa que el juez del fondo está acostumbrado a hablar de atenuantes y agravantes al momento de determinar la pena. Por ello, le parece adecuado mantener la terminología habitual y distinguir entre atenuantes y atenuantes muy calificadas, así como se distingue entre agravantes y agravantes muy calificadas.

Concuerda con la eliminación de la “irreprochable conducta anterior”, y valora las circunstancias que se consignan en los artículos 13 y 14, las que deberán ser consideradas por el juez del fondo y se relacionan con los incentivos que el proyecto persigue establecer. No sería partidario de modificar esta estructura que forma parte de la base del proyecto.

El diputado Soto, don Leonardo en su misma línea argumental, señala que con la finalidad de evitar la impunidad y las bajas penas, pensó que en esta materia se seguiría un esquema similar al que se utilizó para los delitos de la ley corta antidelincuencia, donde las atenuantes y agravantes generales operan dentro del marco, sin salirse de éste.

Cuestiona, por ejemplo, la atenuante muy calificada relativa a que “el condenado tomó oportuna y voluntariamente medidas orientadas a prevenir o mitigar sustancialmente la generación de daños”, enfatiza que abre la posibilidad de que el delincuente económico (quizás el que se encuentra en mediana o inferior posición en la organización) tengan penas más favorables. Subraya que está de acuerdo con favorecer la auto denuncia o la delación compensada, pero no con favorecer a aquellos que no colaboran sustancialmente.

El académico Wilenmann hace hincapié en que, de todas formas, el régimen propuesto es mucho más severo en comparación a todo el régimen penal chileno, sea el régimen común o el de la ley N° 21.121, sobre anticorrupción.

Por ejemplo, la remisión condicional de la pena, pena sustitutiva más concedida en el sistema chileno, tiene en este proyecto de ley un espacio muy acotado, que exigiría la concurrencia de dos atenuantes muy calificadas, ser un delito de bagatela cometido por un funcionario en posición inferior en la escala jerárquica.

Explica que la ley N° 21.121, sobre anticorrupción, opera sobre la base del sistema general del Código Penal que, para estos efectos, no se aplica, salvo por algunas atenuantes, que terminan generando que las penas bajen ostensiblemente (irreprochable conducta anterior y reparación celosa del mal causado). Por el tipo de actividades que se trata, la mayoría son casi inaplicables. Si los jueces aplican bien el régimen propuesto, las penas van a subir por agravantes muy calificadas respecto del delincuente en posición superior.

Acota que se está trabajando en un régimen de delación compensada general, pero insiste en que no le convence que una persona en posición inferior en la escala jerárquica de una organización, presionada por su superior, tenga la misma pena que quien tomó las decisiones.

El diputado Saffirio manifiesta que se resiste a distinguir según la posición de una persona en una determinada empresa, porque el bien jurídico protegido es la “sanidad” de las relaciones económicas en la empresa, pudiendo entrar en juego las normas de la libre competencia.

Expresa que considerando el régimen general de atenuantes y agravantes, junto con excluir “la irreprochable conducta anterior” también excluiría la de “repara con celo el mal causado”, porque el volumen del daño no se mide en términos económicos, puede que su impacto sea demasiado grande para el país por lo que no baste una suma económica para repararlo.

Observa que, conforme a su experiencia por 4 años como abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Temuco, si se aplicaran las normas comunes del Código Penal y además el catálogo de circunstancias atenuantes y atenuantes muy calificadas de los artículos 13 y 14, a su juicio, se va llegar siempre al mínimo de la pena. Acota que la remisión condicional se evalúa después de que la pena está aplicada.

Si se quiere dar una señal de severidad para el tratamiento de los delitos “de cuello y corbata”, estas señales son equívocas.

El académico Medina expresa que, compartiendo la misma intención que anima al diputado Saffirio, discrepa con él. Apunta que la clave está en el artículo 17 del proyecto de ley, que determina el efecto de las circunstancias modificatorias.

Por ejemplo, solo en caso de concurrir dos o más atenuantes muy calificadas respecto de un delito -sin existir circunstancias agravantes que lo compensen- se podrá rebajar en un grado únicamente, sin que se pueda rebajar en uno, dos o tres grados como ocurre con el régimen general. Esto lo hace sustancialmente más severo que el régimen general.

Sobre el punto, el diputado Soto, don Leonardo expresa su inquietud frente a que por la combinación de circunstancias modificatorias se puede bajar del marco de la pena, eso es lo “peligroso”. Dice entender que dentro del marco de la pena fijada, el juez la recorra en su extensión dependiendo del daño causado, a quiénes se afectó, el grado de organización, etc., pero bajar del marco de la pena es un límite que no se debe franquear, porque garantiza que habrá pena efectiva conforme al texto de la ley. Lo que dice la ley es lo que se va a cumplir. Existe como precedente la ley corta anti delincuencia.

El diputado Walker (Presidente) manifiesta que tiene claridad de que el proyecto de ley aumenta las penas y dispone un régimen más severo que el vigente.

El profesor Wilenmann expresa que el diputado Soto está planteando una alternativa, disponer marcos penales congelados, tal como en la ley corta anti delincuencia, lo que implica que no se puede mover para arriba ni para abajo.

Lo que se propone en este proyecto de ley es un régimen controlado, en que solo se permite subir o bajar en un grado únicamente y en casos muy calificados. Para ello, se requiere una combinación particular: para bajar un grado, tendría que haber un perjuicio bajo (menor a 40 unidades tributarias mensuales) y la participación de una persona en posición inferior en la escala jerárquica de la organización–solo bajaría un grado para esa persona; por el contrario, para aumentar en un grado, se tendría que combinar un perjuicio muy alto y la participación de una persona en posición superior, lo que permitiría la aplicación de penas muy altas.

Asegura que entre la alternativa propuesta por el proyecto de ley y la de disponer marcos penales congelados es mucho más severa la contenida en el proyecto.

Por último, expresa que la iniciativa legislativa combina consideraciones de determinación de la pena con consideraciones de pena sustitutiva, esto es crucial, es el núcleo de la propuesta, con ello se busca que la pena sustitutiva no tenga lugar en aquellos casos en que no deben tenerlo, para eso es necesario mantener el sistema diferenciado.

Sometido a votación, el artículo 12 fue aprobado por mayoría de votos (10-0-1).

Votaron a favor: señores (as) Alessandri, Coloma, Cruz-Coke, Flores, Fuenzalida, Ilabaca, Jiles, Paulina Núñez, Saffirio y Walker (Presidente).

No hubo votos en contra.

Abstención del señor Leonardo Soto.

Puesto en votación, el artículo 13, con la modificación más arriba señalada, fue aprobado por mayoría de votos (9-2-0).

Votaron a favor: señores (as) Alessandri, Coloma, Cruz-Coke, Flores, Fuenzalida, Ilabaca, Jiles, Paulina Núñez y Walker (Presidente).

Votaron en contra: los señores Saffirio y Leonardo Soto.

No hubo abstenciones.

En votación, el artículo 14, con la modificación más arriba señalada, fue aprobado por mayoría de votos (9-2-0).

Votaron a favor: señores (as) Alessandri, Coloma, Cruz-Coke, Flores, Fuenzalida, Ilabaca, Jiles, Paulina Núñez y Walker (Presidente).

Votaron en contra: los señores Saffirio y Leonardo Soto.

No hubo abstenciones.

Sesión N° 226 de 22 de junio de 2020.

Se continúa con el debate y votación en particular.

Artículo 15.-

Proyecto de ley.

“Art. 15. Agravantes. Son circunstancias agravantes de un delito económico las siguientes:

1ª. La culpabilidad elevada del condenado, establecida siempre que concurra cualquiera de los siguientes supuestos:

a. el condenado participó activamente en una posición intermedia en la organización en la que se perpetró el delito; se entenderá que el condenado se encuentra en una posición intermedia cuando ejerce un poder relevante de mando sobre otros en la misma organización, sin estar en una posición jerárquica superior; este supuesto no será aplicable tratándose de medianas empresas conforme al artículo 2° de la Ley 20.416;

b. el condenado ejerció abusivamente autoridad o poder al perpetrar el hecho;

c. el condenado había sido sancionado anteriormente por perpetrar un delito económico;

2ª. Que el hecho haya ocasionado un perjuicio o reportado un beneficio relevante. Se entenderá que ello tiene lugar cuando el perjuicio o beneficio agregado total supere las 400 Unidades Tributarias Mensuales y no supere las 40.000, sin que se aplique alguno de los casos de la circunstancia 2ª del artículo 16.”

El señor Wilennman señala que en materias de agravantes se sigue la misma lógica que en las atenuantes, esto es, inciden en el criterio de determinación de la pena considerando la forma o posición en que se encontraba el imputado al momento de la comisión del delito dentro de la estructura de la empresa. Del mismo modo, se considera el perjuicio a partir de un criterio de relevancia en la cuantía de dicho daño como también si éste afectó a bienes de primera necesidad.

El señor Soto expresa que a su parecer las normas en estudios están plagadas de detalles que facilitarán la disminución de las penas y la impunidad de los delitos económicos, tanto respecto en las atenuantes que ya fueron aprobadas, como asimismo, por la redacción de las agravantes que hoy se están estudiando.

El señor Saffirio señala que si bien se trata de un proyecto de gran interés no comparte la forma en que se está legislando. Repara en la redacción del proyecto en lo relativo a la remisión condicional y reclusión domiciliaria. Insta a la comisión a tomar una decisión política para frente a la votación de normas que a su juicio son favorables y crean privilegios para quienes cometen delitos económicos.

El señor Walker (Presidente) recuerda que se trata de un proyecto presentado de manera transversal, firmado por integrantes de la Comisión y que es el producto del trabajo conjunto de profesores y profesoras de Derecho Penal. Hace presente que el acuerdo fue realizar el debate sobre la propuesta para enriquecerlo con las observaciones de otros profesores, como asimismo, de los propios parlamentarios. Observa que esta ha sido la forma de proceder de la Comisión y que ha dado resultados positivos. Insta a proponer invitados y presentar indicaciones para seguir construyendo el debate.

El señor Soto señala que es autor del proyecto y lo suscribió porque la idea fue desde siempre contar con un tratamiento penal diferenciado para los delitos económicos con penas más altas. Repara que dicho objetivo no es tan claro a esta altura del proyecto ya que no está acuerdo con que se contemplen atenuantes para este tipo de delitos ni tampoco que haya cumplimiento de condena en recintos especiales. Concluye que se está adoptando un marco de aplicación no muy distinto a la impunidad que ha existido hasta ahora. Sugiere invitar a profesores distintos a los que hasta han concurrido a las sesiones y se declara en estado de reflexión como patrocinante del proyecto.

El señor Walker (Presidente) se declara sorprendido por los dichos del señor Soto y reitera que el modo en que se está procediendo ahora es la forma de trabajo de la Comisión. Finalmente insta a centrar el debate en el artículo en estudio.

La señora Jiles en cambio, expresa que se trata de un proyecto sumamente importante y que si se requiere de la unanimidad para suspender la tramitación del proyecto ella no la dará. Incluso expresa su interés en patrocinar el proyecto de ley.

El señor Saffirio plantea que en las actuales condiciones no es posible seguir resolviendo artículo por artículo y solicita que se recabe el acuerdo de la comisión para suspender la votación, para darse un espacio para estudiar las alternativas correspondientes. Expresa que si se continúa con el despacho en particular, el no estará disponible para aprobar ninguna norma más. Finalmente insta a realizar un debate político.

El señor Ilabaca se declara sorprendido por el debate que se está llevando a cabo dado el extenso trabajo que la Comisión ha dedicado al proyecto y el valor que se le ha reconocido por los integrantes de la Comisión en sesiones anteriores. Señala como la señora Jiles, que no dará la unanimidad para suspender la tramitación del proyecto ya que la propuesta es un avance a lo que existe actualmente. Propone invitar al profesor Enrique Aldunate.

El profesor Wilennman explica que la norma en estudio amplía el marco punitivo actual. Respecto de las dudas del señor Saffirio, señala que las medidas alternativas de cumplimiento de condena estará limitadas a casos muy específicos y ello constituye en sí un avance a lo que existe actualmente. Del mismo modo, el proyecto propone una determinación de la pena distinta que considera las especiales circunstancias de los delitos económicos para que se aplique una sanción más severa. Explica que cuando el proyecto de ley habla de “establecimiento especial” no se está haciendo referencia a centros penales como el anexo especial Capuchinos, ni tampoco que los condenados por delitos económicos vayan a cumplir condena en un mejor recinto. Apunta que la expresión “establecimiento especial” porque sigue al efecto a la ley Nº18.216 que supone la existencia de recintos penales para quienes están sujetos a reclusión parcial de aquellos que están sujetos a un régimen total de privación de libertad.

Sobre las agravantes en estudio, explica que la expresión “activamente” fue puesta para que la participación meramente omisiva sea también punible en este tipo de delitos, cuestión que no queda del todo claro en la legislación actual.

El profesor Bascuñan recuerda que tal como lo explicó en su oportunidad este proyecto no es una “Ley Emilia” para delitos económicos puesto que no tiene por objeto concentrarse en el aumento de la pena sino más bien ofrecer un sistema completo de tratamiento para que la reacción penal tenga sentido frente a este tipo de criminalidad y delincuencia.

Explica que en el presente párrafo hay una sustitución del régimen general de la pena en el cual la responsabilidad penal se vincula a la participación y el perjuicio. Señala que no se trata de una redefinición de la pena, sino de redefiniciones frente al remisión condicional de la pena que es mucho más eficiente respecto de la criminalidad económica. Insta a leer el texto de la propuesta en su integridad para reafirmar la confianza en la sincera vocación del proyecto de ley.

Respecto de las aprehensiones sobre los artículos que están en comento, la profesora Rosenblut, insta a que sean también analizados a la luz del artículo 17 que establece los efectos de circunstancias modificatorias de responsabilidad penal. Destaca que la propuesta del proyecto sobre la aplicación de estas circunstancias y cómo influirán en la determinación precisa de la pena constituye una diferencia importante en relación con la regulación de los artículos 64 a 69 del Código Penal.

El profesor Hernández se suma a las palabras de sus colegas, en el sentido que se propone un sistema que cambia radicalmente el tratamiento de los delitos económicos. Agrega que la regulación del párrafo en estudio hará inoperante una serie de mecanismos que están previstos para todos los delitos en general y que llevan a la reducción de la pena. Explica que el solo hecho de excluir a los delitos económicos de ese tratamiento y darle rigidez a los marcos penales dados históricamente por el legislador para la criminalidad común permitirá un acercamiento certero y una relevante restricción de las potestades jurisdiccional. Observa la idea es buscar una pena justa entregando a través de la ley los presupuestos para aplicar las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal. Reitera que es un sistema infinitamente superior a lo que existe hoy en día y más dura a lo que actualmente se aplica.

El señor Fuenzalida manifiesta que el proyecto parte con un peso punitivo de privación de libertad que se agravará si concurren las circunstancias modificatorias en estudio. Señala que no comparte la idea de que el proyecto sea peor a lo que existe, porque precisamente la normativa actual y su aplicación es lo peor. Finalmente insta a continuar con el debate y la votación.

El señor Soto señala que es complejo definir qué es un proceso racional y justo para los delitos económicos y declara que lo que él quiere es que haya un endurecimiento de las penas y no un solo proceso meramente racional y justo. Recalca que debe existir una normativa que se haga cargo de conductas como la colusión de precios principalmente, en lo que dice relación con las acciones para buscar y hacer efectiva la responsabilidad penal. Reitera que de la lectura del proyecto, éste no tiene la severidad que él esperaba.

El señor Walker (Presidente) enfatiza que el procedimiento racional y justo es una exigencia constitucional y por ende la ley debe respetarla. Hace presente que actualmente el proyecto se hace cargo de la parte penal sustantiva y que una vez abordada esta parte se iniciará el estudio de la parte procesal, donde se incluye en ejercicio de acciones penales respecto de las conductas descritas por el señor Soto.

Puesto en votación el artículo 15º del proyecto de ley es aprobado por la mayoría de votos (7-2-0). Votaron a favor las señoras y los señores Walker (Presidente), Cruz-Coke, Flores, Fuenzalida, Ilabaca, Jiles y Núñez. Votaron en contra los señores Saffirio y Soto.

El señor Saffirio expresa que ha solicitado la suspensión del debate y dicha propuesta no fue sometida a votación. Luego, lamenta la forma en que se está legislando vía telemática y observa que este tipo de proceder no sería posible si se tratase de una sesión presencial.

El señor Walker (Presidente) explica que hizo presente la cuestión planteada por el señor Saffirio y varios integrantes manifestaron varios su intención de perseverar con el debate y votación del proyecto. Agrega que en tanto Presidente de esta instancia legislativa, debe ponderar las opiniones de la mayoría de la comisión. Vota a favor.

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Artículo 16.-

Proyecto de ley

“Art. 16. Agravantes muy calificadas. Son circunstancias agravantes muy calificadas de un delito económico las siguientes:

1ª. La culpabilidad muy elevada del condenado, establecida siempre que concurra cualquiera de los siguientes supuestos:

a. el condenado participó activamente en una posición jerárquica superior en la organización en la que se perpetró el delito; se entenderá que el condenado se encuentra en una posición jerárquica superior en la organización cuando ejerza como gerente general o miembro del órgano superior de administración, o como jefe de una unidad o división, solo subordinado al órgano superior de administración, así como cuando ejerza como director, socio administrador o accionista o socio con poder de influir en la administración; este supuesto no será aplicable tratándose de medianas empresas conforme al artículo 2° de la Ley 20.416.

b. el condenado ejerció presión sobre sus subordinados en la organización para que colaboraran en la perpetración del delito;

2ª. Que el hecho haya ocasionado un perjuicio muy elevado. Se entenderá que ello tiene lugar en las siguientes circunstancias:

a. el hecho ocasionó perjuicio a personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que en total supere las 40.000 Unidades Tributarias Mensuales, o reportó un beneficio de esta cuantía;

b. el hecho afectó el suministro de bienes de primera necesidad o de consumo masivo;

c. el hecho afectó abusivamente a individuos que pertenecen a un grupo vulnerable.”

El señor Walker (Presidente) pregunta por qué no están la empresas medianas.

El profesor Wilennman recordó que el proyecto excluye a las micro y pequeñas empresas, quedando éstas sujetas al estatuto general. Sobre la exclusión de las medianas empresas explica que es por una cuestión de aplicabilidad de las normas porque este tipo de empresas cuenta con estructuras simples de organización y por ende, menor ámbito de jerarquía superior dentro de la misma que hace difícil aplicar los supuestos que aquí se contemplan.

El señor Ilabaca pregunta por qué se utiliza el criterio de la UF para distinguir entre empresas de distinto tamaño y no la UTM que es el criterio que ha seguido el proyecto de ley.

El profesor Wilenmann explica que una cuestión es medir el perjuicio causado por el delito económico y para esos efectos se utiliza la UTM. No obstante la UF es en referencia a la ley Nº20.416 que utiliza dicho parámetro calificar a las Pymes.

La señora Jiles consulta si en esta parte del proyecto se debería incluir el daño medio ambiental para agravar la pena.

El profesor Bascuñán le aclara que el proyecto ya contiene una propuesta en materia de delitos medio ambientales a partir del artículo 50. Explica que el daño en sí ya es parte del delito medioambiental y no podría considerarse a su vez como agravante.

La señora Flores por su parte, expresa no entender la exclusión de las medianas empresas y solicita que sean incorporadas.

El señor Walker (Presidente) propone eliminar la referencia a las medianas empresas del texto del artículo.

El profesor Hernández destaca que la aplicación o la mantención de la agravante para las empresas medianas tiene un problema que no dice relación con la importancia o ganancia de la empresa, que es el criterio para colocarla en una categoría o en otra. La agravante por definición es susceptible de ser aplicada en una estructura que permita niveles de jerarquía aún cuando tenga un volumen de ingresos o ganancias importantes.

El señor Soto respecto de la circunstancia muy calificada 2ª letra a), pregunta por qué se optó por ese monto (40 mil UTM). Del mismo modo, repara en el modo de determinación de ese daño, habida cuenta la forma de funcionamiento de las empresas que ocasionará dificultades probatorias. Finalmente pregunta si se considera el perjuicio al Fisco para determinar el daño del delito.

El señor Wilenmann explica que se intentó hacer lo más amplio posible en el sentido de señalar que fuese por la vía del beneficio o del perjuicio para darle mayor aplicabilidad a la agravante. Agrega que en la determinación del perjuicio podría considerarse el daño fiscal.

Respondiendo a la duda del señor Soto, la profesora Roosenblut señala que el artículo 16 se refiere a las personas públicas y privadas, por lo que claramente está incluido el fisco como eventual perjudicado.

Puesto en votación el artículo 16 del proyecto de ley sin la frase del precedida por un punto y coma (;) que pasa a ser punto (.) de la letra a) de la circunstancia primera: “; este supuesto no será aplicable tratándose de medianas empresas conforme al artículo 2º de la ley Nº20.416”, son aprobadas por la mayoría de los integrantes de la comisión (6-2-0).

Votaron a favor las señoras y los señores Walker (Presidente), Flores, Fuenzalida, Ilabaca, Jiles y Núñez.

Votaron en contra los señores Saffirio y Soto.

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Artículo 17.-

Proyecto de ley

“Art. 17. Efectos de las atenuantes y agravantes. En caso de concurrir una atenuante muy calificada respecto de un marco penal que incluya una pena de presidio o reclusión de un solo grado, este se aplicará en su mínimum. De estar compuesto de dos o más grados, no se aplicará el grado superior.

De concurrir dos o más atenuantes muy calificadas respecto de un delito cuyo marco esté compuesto por un solo grado, este se rebajará en un grado. De estar compuesto de dos o más grados, el marco se fijará en el grado inmediatamente inferior al grado más bajo del marco legal.

En caso de concurrir una agravante muy calificada respecto de un marco penal que incluya una pena de presidio o reclusión de un solo grado, este se aplicará en su máximum. De estar compuesto de dos o más grados, no se aplicará el grado inferior.

De concurrir dos o más agravantes muy calificadas respecto de un delito cuyo marco esté compuesto por un solo grado, este se incrementará en un grado. De estar compuesto de dos o más grados, el marco se fijará en el inmediatamente superior al grado más alto del marco legal.

De concurrir atenuantes muy calificadas y agravantes muy calificadas, el juez deberá compensarlas racionalmente.”

La señora Jiles manifiesta sus aprehensiones sobre la discrecionalidad del juez que podría deducirse de la frase “el juez deberá compensarlas racionalmente.” Aclara que entiende y sabe que se trata de la nomenclatura propia de la legislación penal pero pide a los profesores aclarar cómo opera finalmente en la práctica y si finalmente sería posible limitar esa discrecionalidad.

El profesor Hernández hace presente que se está frente a un contexto en donde hay muy pocas agravantes y atenuantes las cuales debe cumplir con ciertas exigencias para ser finalmente aplicadas por el juez. El juez deberá corroborar aquello y si por algún motivo se llega a considerar que en el caso concreto no se han respetados dichas exigencias, hay una revisión judicial o control judicial.

En cuanto a la aplicación práctica de la compensación racional, la Doctrina dice una cosa y la práctica otra. Así, en sede judicial si concurre una atenuante y una agravante el juez simplemente las anula. La Doctrina en cambio, repara en que dicha compensación no puede reducirse a una cuestión aritmética. Agrega que en la forma que ha operado hasta hoy dicha fórmula cree que no habrá problemas porque insiste, son muy pocas circunstancias modificatorias de responsabilidad penal sujetas a exigencias que el juez deberá previamente verificar si concurren o no.

Complementando lo anteriormente expuesto, el profesor Wilennman reitera que se trata de un sistema de determinación de la pena que sólo cuenta con 4 atenuantes y agravantes, diseñadas aritméticamente para que opere de dicho modo. En tal sentido, señala que personalmente no tendría problemas en que agregara dicha precisión en el texto del artículo, aunque, reitera, es poco probable que se de un supuesto en que la redacción actual del artículo pueda producir un problema.

La señora Jiles manifiesta su parecer con la idea de precisar en la norma que se trata de una compensación matemática o aritmética.

El señor Soto solicita le aclaren cómo operaría finalmente el supuesto de atenuante simple y agravante calificada.

El profesor Hernández explica que el sistema que hoy se ocupa se ha ocupado hace más de 100 años y normalmente los jueces son muy llanos tratándose de delitos económicos a encontrar atenuantes. Actualmente el delincuente económico tiene tres atenuantes la irreprochable conducta anterior, el reparar con celo el mal causado y la colaboración con la investigación. Recalca que en este punto (se refiere a la determinación de la pena) es donde se constata la superioridad del proyecto de ley respecto de la situación actual, porque efectivamente se trata de un régimen considerablemente más severo. Señala que el único caso en donde podría ocurrir una compensación que beneficie al imputado es el caso de laboratorio en que la responsabilidad personal del sujeto imputado sea baja y la gravedad del hecho sea muy alta. Insiste en todo caso, que esas circunstancias no proceden sino una vez constatados por el juez los supuestos para aplicarlas y luego, dentro del contexto de la revisión judicial de dicha decisión.

El señor Soto recuerda que en la ley anti delincuencia se fijó un marco de en donde había un piso que el juez no podía disminuir. Observa que hoy en cambio se le permite al juez bajar aún más la pena. Luego, respecto de los reincidentes comenta que también se trata de un tipo de delincuencia profesional y en ese caso, debiera excluirse la aplicación de la mitad inferior de la pena.

El profesor Wilenmann respecto de cómo operan las atenuantes y agravantes simples expresa que aunque teóricamente las agravantes debieran provocar la exclusión de la aplicación de la pena en su parte más baja, la práctica judicial invariable es que normalmente se parte del punto más bajo de la pena. Explica que el objetivo del proyecto de ley es romper esa inercia y provocar que al menos partan del punto medio del marco de aplicación de la pena. Agrega que lo anterior junto a excluir la aplicación de medidas alternativas constituyen el objetivo central del proyecto de ley.

El profesor Hernández salvo el caso excepcional que permite bajar el grado de la pena en el artículo 17, el proyecto de ley hace lo que el señor Soto sugiere, ya que en esa parte es obligatorio para el juez excluirlo.

Producto del debate el señor José Pedro Silva propone la siguiente redacción para el inciso final del artículo en estudio: “el juez deberá compensarlas en consideración a su número. En caso de que concurran en igual número, no producirán efecto de atenuar o agravar la pena”.

Puesto en votación el artículo 17 con la redacción del inciso final antes anotada, son aprobadas por la mayoría de votos (6-2-0). Votaron a favor las señoras y los señores Walker (Presidente), Flores, Fuenzalida, Ilabaca, Jiles y Núñez. Votaron en contra los señores Saffirio y Soto.

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Artículo 18

Proyecto de ley

“Art. 18. Determinación judicial de la pena. Dentro de los límites de cada grado el tribunal determinará la cuantía de la pena en atención a la concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes previstas en los artículos 13 y 15, a la mayor o menor intensidad de la culpabilidad del responsable y a la mayor o menor extensión del mal que importe el delito.”

Puesto en votación el artículo 18 del proyecto de ley es aprobado por la mayoría de votos (6-2-0). Votaron a favor las señoras y los señores Walker (Presidente), Flores, Fuenzalida, Ilabaca, Jiles y Núñez. Votaron en contra los señores Saffirio y Soto.

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“§ 3. Penas sustitutivas de los delitos económicos

Art. 19. Régimen especial. La procedencia de penas sustitutivas a las de presidio o reclusión se determinará de conformidad con lo dispuesto en los artículos siguientes. Las disposiciones de la ley 18.216 solo serán aplicables supletoriamente respecto de los aspectos no regulados en esta ley y en la medida en que no se opongan a ella.”.

El profesor Wilenmann explica que en Chile es infrecuente que se apliquen penas efectivas de cárcel en el sistema general. Agrega que se consideran dos variables si la pena es inferior a tres años y no hay reincidencia el sistema otorgará una pena alternativa, sea la remisión condicional con firma mensual o semanal. Si la pena va entre los 3 años un día y 5 años, y no hay reincidencia se dispondrá la libertad vigilada. En el fondo, se aplicarán penas de presidio efectivo en el caso que exista reincidencia. Esta forma de funcionamiento del sistema, más la particularidad propia de los delitos económicos, donde no hay reincidencia es lo que produce los malos resultados que se han observado respecto de la sanción de este tipo de criminalidad ya que terminan con firma mensual o semanal o bien con libertad vigilada.

Explica que en la propuesta en estudio, la libertad vigilada queda restringida a un caso muy excepcional: que el delito tenga asignada un apena inferior a tres años y además de eso, concurra una atenuante muy calificada.

El señor Soto pregunta cuáles serían las reglas generales del nuevo régimen de penas sustitutivas para los delitos económicos.

Para explicar el punto, el profesor Wilenmann comparte la siguiente tabla:

Luego, explica que la tabla muestra como la cuantía de la pena de la pena se combina con las atenuantes y agravantes muy calificadas. Señala que la remisión condicional se aplica solamente en la medida en que se combine que la pena sea inferior a tres años y un día y solamente proceda una atenuante muy calificada o dos.

El señor Soto solicita el envío de la tabla compartida y agradece la explicación ya que de este modo se puede observar cómo operará el sistema.

El señor Walker (Presidente) insta a presentar indicaciones y propuestas de invitados a los integrantes de la Comisión.

Sesión N° 269 de 30 de septiembre de 2020.

§ 3. Penas sustitutivas de los delitos económicos

Art. 19. Régimen especial. La procedencia de penas sustitutivas a las de presidio o reclusión se determinará de conformidad con lo dispuesto en los artículos siguientes. Las disposiciones de la ley 18.216 solo serán aplicables supletoriamente respecto de los aspectos no regulados en esta ley y en la medida en que no se opongan a ella.

El académico señor Javier Wilenmann explica, primeramente, el objetivo de los artículos que siguen. Hay que tener en cuenta que el sistema propuesto modifica de manera más o menos integral el modo en el que se sustituyen las penas en el derecho penal común (ley N° 18.216, que “Establece medidas que indica como alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad y deroga disposiciones que señala” la más importante desde la perspectiva de las penas que se aplican, cómo se determinan, cómo se distribuyen).

La convención, más o menos sencilla, que asume la ley N° 18.216 -que tiene algunas variaciones- implica, básicamente, que cuando una persona es condenada, sin haber reincidencia, por una pena que sea inferior a 5 años y, en todo caso, inferior a 3 años, la pena se cumple en libertad (como remisión condicional); entre 5 y 3 años (sujeta al régimen libertad vigilada, un poco más intenso, con delegado que lo acompaña, teóricamente). Es decir, sin presidio efectivo.

Subraya que el estándar de comparación es el sistema general. Los artículos que siguen asumen que el sistema general no es adecuado, que no tiene sentido en los delitos económicos, por varias razones. Una de ellas recae sobre el tipo de función que tiene la pena. En los delitos comunes cumple una función de control (para mal, acota) y más masiva. Los delitos económicos son menos masivos y se aplican a personas que en general no han cometido delitos con anterioridad, y por tanto, es completamente improbable que tengan peso real (a menos que sean extremadamente altas), ello genera una sensación general de impunidad.

Se busca racionalmente cambiar esta situación. Se propone un sistema que persigue graduar cuando se deben aplicar penas efectivas, con efectos reales.

Como se ha dicho, en el sistema común -ley N° 18.216- el criterio central para aplicar pena efectiva es la reincidencia, lo que no se produce en este ámbito.

En síntesis, se propone un sistema más restrictivo (la remisión condicional se aplica muchas menos veces) y es más adecuado respecto a estas conductas delictivas.

Sometido a votación, el artículo 19 fue aprobado por la unanimidad de los presentes, señores (as) diputados (as) Matías Walker (Presidente), Jorge Alessandri, Tomás Hirsch (en reemplazo de Gabriel Boric), Juan Antonio Coloma, Camila Flores, Gonzalo Fuenzalida, Hugo Gutiérrez, Pamela Jiles, Miguel Mellado (en reemplazo de Paulina Núñez) y René Saffirio. (10-0-0)

Art. 20. Penas sustitutivas. La ejecución de las penas privativas o restrictivas de libertad de los delitos económicos podrá sustituirse por el tribunal que las imponga, por alguna de las siguientes:

1.° remisión condicional;

2.° reclusión parcial en domicilio;

3.° reclusión parcial en establecimiento especial.

El académico señor Javier Wilenmann señala que el artículo enuncia cuáles son las penas sustitutivas que se consideran en este estatuto especial de delitos económicos. Hay dos estándares de comparación: el régimen de la ley N° 18.216 y lo que se pueda elaborar en este sentido.

De acuerdo con la ley N° 18.216, hay 3 penas sustitutivas que se aplican en general, pero que, por diversas razones que explicará, no sería adecuado aplicarlas en este estatuto y, por tanto, no se incluyen:

- Regímenes de libertad vigilada (persona está en libertad, pero está sujeta al control en el modo en el cual se inserta o reinserta en la sociedad, o sujeta a determinados programas de acompañamiento, por parte de un delegado); control comunitario con delegado.

La razón por la que no sería conveniente en este ámbito radica en el tipo de delincuencia que se trata, ya que en los delitos económicos quedar bajo el control de un delegado, aumentaría la sensación de impunidad y cuál sería el sentido del acompañamiento del delegado, a diferencia de lo que pudiera ocurrir en materia de drogas o violencia.

En este caso hubo acuerdo unánime de la comisión que redactó esta iniciativa.

- Formas de trabajos en beneficio de la comunidad. Podría pensarse algo así, pero, desde una perspectiva política, podría dar la sensación de que se está “comprando la libertad”; en este punto hubo votación dividida en la comisión redactora.

- Expulsión en el territorio de la República.

A cambio de las libertades vigiladas, se incorpora un estatuto más diferenciado en torno a las reclusiones parciales.

En estos casos, la pena cumple función de castigo, por lo tanto, las reclusiones parciales pueden tener un rol más relevante. Se distingue entre reclusión parcial en recinto público (penitenciario) o impedido de salir de su domicilio por cierto tiempo.

En síntesis, la propuesta limita la remisión condicional, se elimina la libertad vigilada, se sustituye por reclusiones parciales (contenido más punitivo), y se discute lo relativo a los trabajos o reparaciones en beneficio de la comunidad.

El académico señor Enrique Aldunate reafirma la idea que, estructuralmente, la propuesta tiene un marco más restringido que la ley N° 18.216. Desde una perspectiva político-criminal se podría dejar estos delitos sin posibilidad de acceder a estas penas sustitutivas, pero hay que tener cuenta que, en el contexto de otras legislaciones que han buscado limitar estas reglas, en la práctica, y por la vía de la inaplicabilidad el tribunal Constitucional las ha dejado sin efecto en el caso concreto.

En el catálogo de delitos económicos aprobados existen delitos en los que el quantum objetivo de la sanción es bastante reducido en comparación con otros que presentan mayor impacto o lesividad en relación con el bien jurídico. En ese contexto, valora mantener cierto grado de flexibilidad y proporcionalidad, bajo la ponderación de cada caso.

Puesto en votación, el artículo 20 fue aprobado por la mayoría de los presentes. Votaron a favor los diputados (as) señores (as) Matías Walker (Presidente), Juan Antonio Coloma, Camila Flores, Marcos Ilabaca, Pamela Jiles y Miguel Mellado (en reemplazo de Paulina Núñez); votó en contra el diputado señor René Saffirio, y se abstuvieron los diputados señores Jorge Alessandri, Tomás Hirsch (en reemplazo de Gabriel Boric) y Hugo Gutiérrez. (6-1-3)

Art. 21. Remisión condicional. La remisión condicional consiste en la sustitución del cumplimiento de la pena privativa de libertad por la discreta observación y asistencia del condenado ante la autoridad administrativa durante cierto tiempo.

La remisión condicional solo podrá decretarse si:

1.° la pena privativa o restrictiva de libertad que impusiere la sentencia no excediere de tres años y el condenado se viere beneficiado por una atenuante muy calificada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14; y,

2.° el penado no hubiese sido condenado anteriormente por crimen o simple delito. En todo caso, no se considerarán para estos efectos las condenas cumplidas diez o cinco años antes, respectivamente, de la comisión del nuevo ilícito.

Para los efectos de determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el número 1 se considerará que concurre, en su caso, la atenuante muy calificada de la circunstancia 2ª del artículo 14, aun cuando ella no tuviere incidencia en la determinación de la pena por tratarse de una circunstancia inherente al delito.

El académico señor Gonzalo Medina remarca que ya hubo un pronunciamiento de la Comisión en cuanto a las reglas de determinación de las penas en la aplicación de atenuantes y agravantes.

Los casos que van a quedar cubiertos por la remisión condicional son aquellos en que la pena pueda ser, luego de las agravantes y atenuantes, de menor significación.

El sistema está pensado para que si en una empresa, por ejemplo, se elaboran estados financieros falsos, que generan daños a los inversionistas, al mercado, a las AFP, etc, los contadores involucrados puedan acceder a remisión condicional; en cambio, aquellos con mayores responsabilidades pasen de obtener libertad vigilada (en el régimen actual) a alguna forma de privación efectiva de libertad (de acuerdo con el proyecto de ley).

El académico señor José Pedro Silva, reforzando lo expuesto por los profesores que lo anteceden, expone las siguientes tablas (de autoría del profesor Wilenmann) que dan cuenta de la situación actual versus el proyecto de ley.

Explica que el sistema propuesto es más gravoso: las penas en color “verde” pueden ser sustituidas; las que están en color “rojo” se deben cumplir de manera efectiva. La segunda tabla (proyecto de ley) demuestra el aumento de penas marcadas en color “rojo”.

En general, las tablas asumen dos escenarios: que los jueces mantengan la individualización de la pena en el punto mínimo en casi todos los casos; o que los jueces refinen sus criterios, tendiendo a que la pena probable se ubique hacia el medio.

El diputado Gutiérrez pregunta cuál sería la pena más alta que se propone.

El académico señor Gonzalo Medina aclara que el proyecto de ley no fija nuevas penas para los delitos, sino reglas de determinación de las penas que ya existen. Actualmente, la legislación ya contempla algunos delitos económicos con penas relativamente altas, sobre 5 años y un día; sin embargo, lo que cambia es que, en muchos de esos casos, por el juego de atenuantes y agravantes, la pena se cumple como libertad vigilada. El proyecto de ley permitirá la aplicación de penas y su cumplimiento a través de la privación de libertad efectiva o en un régimen de pena sustantiva más severa, como la reclusión diurna o de fin de semana (también desaparece la posibilidad de reclusión nocturna).

El diputado Gutiérrez manifiesta que, para aplicar estas penas sustitutivas, la pena debe tener cierta cuantía. Pregunta hasta cuándo se puede llegar en abstracto con el juego de las agravantes.

El académico señor Javier Wilenmann expresa que la filosofía de este proyecto de ley es apuntar a resolver el problema que existe en la falta de castigo efectivo, lo que se relaciona con el régimen de determinación de la pena, frente al cual, actualmente, es casi imposible obtener una condena efectiva, la probabilidad, rallando en la certeza, es que la persona obtenga remisión condicional o libertad vigilada.

El proyecto de ley ofrece un nuevo esquema de determinación de la pena y un nuevo esquema de sustitución, en conjunto.

Respondiendo la consulta del diputado Gutiérrez, aclara que, las atenuantes y agravantes, pueden subir o bajar máximo un grado; si se acumulan dos agravantes muy calificadas (cuantía muy alta e interviene persona que está muy arriba en la organización jerárquica), se aplica con un grado agravado sin sustitución posible.

En la mayor parte de los casos, se aplican las penas establecidas en el derecho vigente.

Continuando con el análisis, el diputado Gutiérrez señala que el proyecto de ley parte de la constatación de que las personas condenadas por delitos económicos no cumplen penas aflictivas, en consecuencia, se propone limitar las medidas sustitutivas para que ello sea posible.

El académico señor Aldunate complementa la argumentación señalando que, en el delito de certificaciones falsas en el mercado, sancionado en la ley de Mercado de Valores, el quantum de la pena parte del presidio menor en su grado máximo hasta presidio mayor en su grado mínimo, pudiendo llegar la pena a 10 años.

Asimismo, en delitos tributarios, artículo 97 N° 4 del Código Tributario, una de las hipótesis más grave (devolución indebida de IVA) la pena puede llegar a 15 años. Ese es el marco objetivo de la punición, sin perjuicio de algunos problemas procesales en esos casos.

El académico señor Javier Wilenmann agrega que es necesario tener en cuenta que, en este ámbito de penas personales, la principal modificación radica en cómo se aplican las penas sustitutivas, a diferencia del caso de las multas y el comiso que presentan cambios aún más sustanciales.

En la práctica, lo que ha afectado principalmente es el juego de las atenuantes, ya que es completamente improbable que no se aplique en un caso de delitos económicos la irreprochable conducta anterior u otras.

En votación, el artículo 21 fue aprobado por la unanimidad de los presentes, diputados (as) señores (as) Matías Walker (Presidente), Tomás Hirsch (en reemplazo de Gabriel Boric), Juan Antonio Coloma, Camila Flores, Hugo Gutiérrez, Pamela Jiles, Miguel Mellado (en reemplazo de Paulina Núñez) y René Saffirio. (8-0-0)

Art. 22. Condiciones impuestas por la remisión condicional. Al aplicar la remisión condicional, el tribunal establecerá un plazo de observación que no será inferior al de la duración de la pena, con un mínimo de un año y un máximo de tres, e impondrá al condenado las siguientes condiciones:

1ª. residencia en un lugar determinado, que podrá ser propuesto por el condenado; este podrá ser cambiado, en casos especiales, según la calificación efectuada por Gendarmería de Chile;

2ª. sujeción al control administrativo y a la asistencia de Gendarmería de Chile, en la forma que precisará el reglamento; dicho servicio recabará anualmente, al efecto, un certificado de antecedentes prontuariales, y

3ª. ejercicio de una profesión, oficio, empleo, arte, industria o comercio, si el condenado careciere de medios conocidos y honestos de subsistencia y no poseyere la calidad de estudiante.

El académico señor Wilenmann apunta que se utilizó la misma redacción de la ley N° 18.216, para mantener concordancia, es un “copy-paste” de la norma vigente. Se trata de la misma pena sustitutiva.

Ante la consulta de la diputada Jiles sobre la expresión “en la forma que precisará el reglamento”, aclara que se refiere al reglamento de la ley N° 18.216, hoy ley N° 20.603.

El diputado Saffirio presentó las siguientes indicaciones:

1. Para reemplazar en el numeral 1, la expresión por el condenado; este” por la siguiente “por el tribunal”, seguido por un punto seguido.

Precisa que la indicación busca evitar la sensación de un trato con “guante blanco”.

2. Para reemplazar en el numeral 2, la expresión “en la forma que precisará el reglamento” por la que sigue “en la forma que establece el reglamento de la ley N° 18.216”.

Sometido a votación, el artículo 22, con las indicaciones números 1 y 2 del diputado Saffirio, fue aprobado por la unanimidad de los presentes, diputados (as) señores (as) Matías Walker (Presidente), Tomás Hirsch (en reemplazo de Gabriel Boric), Juan Antonio Coloma, Camila Flores, Hugo Gutiérrez, Marcos Ilabaca, Pamela Jiles, Miguel Mellado (en reemplazo de Paulina Núñez) y René Saffirio. (9-0-0)

Art. 23. Reclusión parcial en el domicilio. La pena de reclusión parcial en domicilio consiste en el encierro en el domicilio del condenado durante cincuenta y seis horas semanales. La reclusión parcial podrá ser diurna o de fin de semana, conforme a los siguientes criterios:

1.° la reclusión diurna consistirá en el encierro en el domicilio del condenado, durante un lapso de ocho horas diarias y continuas, las que se fijarán entre las ocho y las veintidós horas;

2.° la reclusión de fin de semana consistirá en el encierro en el domicilio del condenado entre las veintidós horas del día viernes y las seis horas del día lunes siguiente.

El juez impondrá la reclusión parcial en domicilio en modalidad de arresto diurno, a menos que ella pusiera en riesgo la subsistencia económica del condenado, su familia o por otro motivo grave que así lo amerite.

Para el cumplimiento de la reclusión parcial en domicilio, el juez establecerá como mecanismo de control de la misma el sistema de monitoreo telemático, salvo que Gendarmería de Chile informe desfavorablemente la factibilidad técnica de su imposición, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 23 bis y siguientes de la Ley 18.216. En tal caso, entendido como excepcional, se podrán decretar otros mecanismos de control similares, en la forma que determine el tribunal.

Para los efectos de esta ley, se entenderá por domicilio la residencia regular que el condenado utilice para fines habitacionales.

Se presentan las siguientes indicaciones:

1. Del diputado Saffirio, al inciso primero, para eliminar la expresión “durante cincuenta y seis horas semanales”.

Su autor señala que la referencia a 56 horas semanales hace parecer poca cantidad de horas; bastaría con la redacción de los numerales que sería más clara.

No hay que repetir la norma vigente porque percibe que se está tratando de construir un régimen más severo.

El académico señor Aldunate expresa que en esta regla se da una similitud con la ley vigente, se sigue el tenor del artículo 7 de la ley N° 18.216. Duda en la conveniencia de modificar la redacción a fin de asegurar la coherencia en el ordenamiento. De todas formas, hace presente que la norma vigente habla de domicilio y “establecimientos especiales”.

El académico señor Wilenmann señala que el trasfondo con el que se debe entender este artículo es comparándolo con los artículos 7 y 16 de la ley N° 18.216.

En este caso, la redacción está construida en parte, no completamente, en relación con la norma vigente, con la finalidad de que los tribunales y los operadores del sistema entiendan de que se trata de aplicar más o menos lo mismo, con modificaciones.

Las modificaciones centrales de este artículo frente al régimen vigente, de la ley N° 18.216, son básicamente:

- En esta propuesta, no hay libertad vigilada. En el umbral entre 3 y 5 años de privación de libertad, no existe la posibilidad de que la persona quede sujeta a una pena en libertad, sino que se debe aplicar pena efectiva o reclusión parcial.

- En esta propuesta se gradúan los casos. En el régimen vigente, la ley dispone la facultad para que el juez elija entre imponer la reclusión parcial en un establecimiento, en el domicilio; y elegir las modalidades, fines de semana, diurno o nocturno. Además, la ley indica que, en principio, sea diurno y en el domicilio.

Pero en delitos económicos, ello genera una mayor sensación de impunidad, por ejemplo, personas que cumplen la sanción en la comodidad de su hogar.

- Se elimina la reclusión nocturna, precisamente, para evitar ese efecto.

- Dependiendo de la gravedad del delito, se gradúa en su obligatoriedad. No habría discrecionalidad del juez, quien estaría obligado a enviar a la persona a un establecimiento especial público o al domicilio según la gravedad del delito (cuantía del delito).

Expresa que eliminar le referencia a las 56 horas propuesta por el diputado Saffirio no cambia técnicamente nada; el régimen está contenido en el resto de la norma. No puede dar un consejo a ese respecto, y apunta que se optó por la prudencia de copiar la norma vigente pensando en los operadores que está acostumbrados a estas reglas. Modificar la redacción, en teoría, podría producir que “se pierdan” en la idea de que es lo mismo y podría generar espacios para que abogados construyan nuevas defensas, no conoce las implicancias prácticas al respecto.

Sobre el inciso segundo, explica que el juez impondrá la reclusión parcial en domicilio en modalidad de arresto diurno, a menos que ella pusiera en riesgo la subsistencia económica del condenado, su familia o por otro motivo grave que así lo amerite.

La abogada de Abofem, Rebeca Zamora, manifiesta que -a propósito de esa disposición y otras legislaciones, por ejemplo, en materia de alimentos- se permite sugerir reformular aquella parte que se refiere a la subsistencia económica del condenado, “su familia”, y agregar también una mención al conviviente y a personas que dependan de él, y no quedarse únicamente en el concepto legal de familia. También propone disponer el seguimiento de esta situación, por ejemplo, a través de informes sociales periódicos.

El diputado Walker (Presidente) concuerda con la argumentación. Hace presente que el decreto ley 3.500 que reconoce la figura del conviviente, la ley de uniones civiles, en el reconocimiento de distintos tipos de familias.

2. Del diputado Walker (Presidente) al inciso segundo, para incorporar, a continuación de la expresión “su familia”, el siguiente texto: “, personas que dependan económicamente de él”.

3. Del diputado Saffirio para eliminar el inciso segundo, del siguiente tenor: “El juez impondrá la reclusión parcial en domicilio en modalidad de arresto diurno, a menos que ella pusiera en riesgo la subsistencia económica del condenado, su familia o por otro motivo grave que así lo amerite.”.

El diputado Saffirio señala que esta norma le trajo a la memoria la muerte de una persona detenida por compraventa de CDs pirata que cumplía pena efectiva en la cárcel de San Miguel. En ningún delito común se considera el impacto económico que tiene la privación de libertad ¿Por qué razón el juez tendría que mitigar el impacto económico de la sanción que se aplica a las personas que cometen delitos económicos considerando su estatus social, económico, político? Propone excluir el inciso.

La abogada de Abofem, Rebeca Zamora, coincide con lo señalado en cuanto a que, con base a su experiencia, una de las razones que explica que mujeres se desistan de denuncias o continuar procedimientos en materia de violencia intrafamiliar es la aplicación de medidas cautelares a sus agresores, las que, muchas veces, traen aparejadas una limitación de sus medios de subsistencia. Es un asunto que requiere una mayor revisión y no solo respecto de este procedimiento.

El académico señor Wilenmann concuerda por lo expuesto. Este mismo problema es mucho más grave en delitos comunes que son más masivos y puede llegar a tener consecuencias devastadoras. Existe amplia literatura sobre los efectos colaterales que se producen en las familias por el tipo de ejecución de penas.

De todas formas hay que tener en cuenta que el régimen general es más benigno en cuanto a que el juez tiene discrecionalidad para imponer estas penas.

En síntesis, esta norma busca mitigar ese efecto colateral, evitar que se tenga que dejar de trabajar por su efecto criminógeno, destacando que es cierto que sería mucho más importante abordar este punto en el régimen general.

El académico señor Aldunate explica que esta materia hay que analizarla en clave criminológica: el efecto de traslación de la pena. Si se está hablando de la aplicación de penas sustitutivas, se está apuntando al escalafón más bajo (en la estructura organizacional) del que se vio involucrado en el contexto por la imputación de un delito económico, con una aportación al hecho delictivo de menor intensidad. En ese contexto, si la aplicación de la pena puede llevar un efecto colateral (a su entorno), desde el punto de vista político-criminal, sería razonable mitigarlo. Lo que no es razonable es que no se aplique esta regla en el régimen general.

Es un debate de lege ferenda para su aplicación en el régimen general. Se requiere una regla análoga que se haga cargo del efecto nocivo que tiene la pena en relación con el entorno de los penados. Desde la perspectiva de los principios, debe acotarse el impacto del sistema penal.

Concuerda con el diputado Saffirio en cuanto a que una persona esté cumpliendo pena efectiva por un delito de bagatela evidencia de cómo el sistema penal es selectivo, al incriminar a personas en situación social vulnerable y las victimiza.

Más que la supresión de la regla, aboga por la incorporación de la regla en el resto del ordenamiento jurídico.

De todas formas, el controlador de un grupo económico no tendría cómo justificar riesgos de solvencia económica por alguna de estas medidas, si no le ha correspondido pena efectiva.

El diputado Gutiérrez refuerza la idea de que la norma debiera estar en el régimen general, y en esta iniciativa.

El diputado Walker (Presidente) pide una propuesta a los académicos en ese sentido.

El diputado Saffirio dice que en este caso el “orden de los factores sí altera el producto”, se opone a resolver esta situación primeramente en los delitos de cuello y corbata para luego abordarlo en el régimen general, particularmente, por la redacción amplia del texto “o por otro motivo grave que así lo amerite”.

El académico señor Medina compromete traer a la Comisión una propuesta genérica. Hace hincapié en que el régimen propuesto es mucho más severo que el de la ley N° 18.216. Reitera que el alto directivo responsable de un fraude patrimonial no va a estar ni cerca de caer dentro del ámbito de discusión de estas reglas.

Puesto en votación, el artículo 23, con las indicaciones números 1 y 2, fue aprobado por la mayoría de los presentes. Votaron a favor los diputados (as) señores (as) Matías Walker (Presidente), Tomás Hirsch (en reemplazo de Gabriel Boric), Camila Flores, Hugo Gutiérrez, Marcos Ilabaca, Pamela Jiles y Miguel Mellado (en reemplazo de Paulina Núñez); votó en contra el diputado señor René Saffirio. (7-1-0)

En consecuencia, la indicación N° 3, del diputado Saffirio, se dio por rechazada reglamentariamente.

Por último, el diputado Miguel Mellado se refiere a las inhabilidades para dueños y directivos, y propone evaluar nuevas sanciones, por ejemplo, que las empresas involucradas no puedan recibir dineros de las AFP, no puedan repartir dividendos, crear un DICOM de comportamiento ético u otras.

Sesión N° 273 de 7 de octubre de 2020.

Artículo 23, continuación.

Conforme a lo solicitado por la Comisión en la sesión anterior, los profesores invitados presentan una propuesta de redacción de una norma genérica que agrega un inciso final al artículo 7 de la ley N° 18.216, y una nueva redacción del inciso segundo del artículo 23; ambas son suscritas como indicaciones parlamentarias, del siguiente tenor:

- Del diputado Walker (Presidente) para agregar un inciso final al artículo 7 de la ley N° 18.216:

“En aquellos casos en que la pena de reclusión parcial diurna o nocturna pusiera en riesgo la subsistencia económica del condenado, de su cónyuge o conviviente civil, hijos o hijas o cualquier otra persona que dependa económicamente del condenado o por otro motivo grave que así lo amerite, se deberá imponer la pena de reclusión de fin de semana.”

Se deja constancia que esta indicación se discutirá en el Título IV del proyecto de ley, sobre “Modificaciones a otros cuerpos legales”, artículo 58 nuevo.

- De la diputada Jiles y el diputado Walker (Presidente) para sustituir el inciso segundo del artículo 23 del proyecto de ley por el siguiente:

“En aquellos casos en que la pena de reclusión parcial diurna pusiera en riesgo la subsistencia económica del condenado, de su cónyuge o conviviente civil, hijos o hijas o cualquier otra persona que dependa económicamente del condenado o por otro motivo grave que así lo amerite, se deberá imponer la pena de reclusión de fin de semana.”

El diputado Coloma expresa su preocupación ya que al eliminar la reclusión nocturna se pueda afectar la persecución efectiva de las pensiones alimenticias morosas.

El diputado Saffirio aclara que la reclusión nocturna en el caso de los deudores de pensiones alimenticias no es una pena privativa de libertad o sustitutiva, sino que constituye un apremio que queda sin efecto en cuanto se paga la pensión.

En el mismo sentido, la abogada de Abofem, señora Rebeca Zamora, señala que, efectivamente, en materia de familia se establece un apremio que queda sin efecto tan pronto se paga la pensión de alimentos, aunque reconoce que no es una medida muy efectiva o de gran aplicación.

En el caso en discusión, la norma tendría aplicación para aquellas personas condenadas que tuvieran acceso a pena sustitutiva (penas bastante bajas), y solamente en caso de poner en riesgo su subsistencia económica y de otras personas que dependen de él.

Hace notar que la redacción habla de “conviviente civil”, y sugiere utilizar únicamente la expresión “conviviente” para incorporar al “conviviente de hecho”.

El diputado Walker (Presidente) expresa que según entiende el decreto N° 3.500 habla del “conviviente” a secas.

“En votación, la indicación de la diputada Jiles y del diputado Walker (Presidente) para sustituir el inciso segundo del artículo 23 se da por aprobada por los (as) diputados (as) señores (as) Matías Walker (Presidente); Juan Antonio Coloma; Camila Flores; Hugo Gutiérrez; Marcos Ilabaca; Pamela Jiles y Paulina Núñez. (7-0-0).

Cabe hacer presente que esta indicación reemplaza la redacción suscrita por diputado Walker (Presidente), al inciso segundo, durante la sesión anterior. (Sesión N° 269, del 30 de septiembre).

Art. 24. Requisitos para disponer la pena de reclusión parcial en el domicilio. La reclusión parcial en domicilio solo podrá disponerse si:

1.° la pena privativa o restrictiva de libertad que impusiere la sentencia no excediere de tres años y no fuere aplicable una agravante muy calificada;

2.° el penado no hubiese sido condenado anteriormente por crimen o simple delito, o lo hubiese sido a una pena privativa o restrictiva de libertad que no excediere de dos años, o a más de una, siempre que en total no superaren dicho límite; en todo caso, no se considerarán para estos efectos las condenas cumplidas diez o cinco años antes, respectivamente, de la comisión del nuevo ilícito; no obstante lo anterior, si dentro de los diez o cinco años anteriores, según corresponda, a la comisión del nuevo crimen o simple delito, le hubieren sido impuestas dos reclusiones parciales, no será procedente la aplicación de esta pena sustitutiva; y

3.° existieren antecedentes laborales, educacionales o de otra naturaleza que justificaren esta sustitución, así como si los antecedentes personales del condenado, su conducta anterior y posterior al hecho punible y la naturaleza, modalidades y móviles determinantes del delito, permitieren presumir que la pena de reclusión parcial lo disuadirá de cometer nuevos ilícitos.

Para los efectos de determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el número 1° se considerará que concurre, en su caso, la agravante muy calificada de la circunstancia 2ª del artículo 16, aun cuando ella no tuviere incidencia en la determinación de la pena en virtud de lo dispuesto en el artículo 63 del Código Penal.

El académico señor Javier Wilenmann destaca que el proyecto de ley, a diferencia del derecho vigente, efectúa una graduación: reclusión parcial en domicilio y reclusión parcial en establecimiento especial, conforme a la mayor gravedad.

Se aplica en aquellos delitos cuya pena sea inferior a 3 años de presidio. Aclara que la remisión condicional exige contar con una atenuante muy calificada, específicamente, por muy baja cuantía o porque el interviniente en el delito tenga una baja posición jerárquica en la organización en que se comete el delito.

En este caso, es aplicable reclusión parcial en domicilio ya que no es tan menor el delito en términos de cuantía monetaria, tampoco se aplica la atenuante de una posición jerárquica muy baja, pero, pese a eso, la pena es baja, y no hay reincidencia.

En caso de existir una agravante muy calificada no se podría aplicar (numeral 1).

Señala que la norma se dispone del mismo modo de la regla contenida en la ley N° 18.216, es un “copy-paste”, y se efectúa de esa manera porque es aquello que mantiene el funcionamiento del sistema, con la finalidad de que el tribunal entienda que es lo mismo, que se exigen los mismos requisitos, y que el requisito central es que la pena sea inferior a 3 años de presidio.

Ante la propuesta de la diputada Jiles de agregar en el numeral 1 la expresión que se destaca “y solo si no fuere aplicable una agravante muy calificada”, para hacer unívoco el concepto.

El diputado Saffirio prefiere evitar esta modificación para restringir espacio para la interpretación.

El diputado Walker (Presidente) deja constancia, de todos modos, que son requisitos copulativos y que solo se puede disponer en caso de que no fuera aplicable una agravante muy calificada.

Puesto en votación, el artículo 24 es aprobado por la unanimidad de los (as) diputados (as) señores (as) Matías Walker (Presidente); Gabriel Boric; Juan Antonio Coloma; Camila Flores; Hugo Gutiérrez; Marcos Ilabaca; Pamela Jiles; Paulina Núñez, y René Saffirio. (9-0-0).

Art. 25. Reclusión parcial en establecimiento especial. La pena de reclusión parcial en establecimiento especial consiste en el encierro en un lugar especialmente dispuesto para ello durante cincuenta y seis horas semanales. Un reglamento determinará los establecimientos que pueden ser utilizados para estos efectos y las condiciones de su instalación y funcionamiento.

La reclusión parcial podrá ser diurna, o de fin de semana, o nocturna. La reclusión nocturna consistirá en el encierro del condenado en el establecimiento especial entre las veintidós horas de cada día hasta las seis horas del día siguiente.

El juez impondrá la reclusión en establecimiento especial en modalidad diurna, a menos que ella pusiera en riesgo la subsistencia económica del condenado, su familia o por otro motivo grave que así lo amerite. En ese caso, el juez podrá imponerla en modalidad nocturna o de fin de semana.

Art. 26. Requisitos para disponer la pena de reclusión parcial en establecimiento especial. La pena de reclusión parcial en establecimiento especial solo podrá decretarse si:

1.° la pena privativa o restrictiva de libertad que impusiere la sentencia fuere superior a dos años y no excediere de cinco, y siempre que no fuere aplicable una agravante muy calificada de conformidad con el artículo 16;

2.° el penado no hubiere sido condenado anteriormente por crimen o simple delito; en todo caso, no se considerarán para estos efectos las condenas cumplidas diez o cinco años antes, respectivamente, del ilícito sobre el que recayere la nueva condena; no obstante lo anterior, si dentro de los diez o cinco años anteriores, según corresponda, a la comisión del nuevo crimen o simple delito, le hubieren sido impuestas dos reclusiones parciales, no será procedente la aplicación de esta pena sustitutiva; y

3.° existieren antecedentes laborales, educacionales o de otra naturaleza similar que justificaren la pena, así como si los antecedentes personales del condenado, su conducta anterior y posterior al hecho punible y la naturaleza, modalidades y móviles determinantes del delito, permitieren presumir que la pena de reclusión parcial lo disuadirá de cometer nuevos ilícitos.

Para los efectos de determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el número 1°, se considerará que concurre, en su caso, la agravante muy calificada de la circunstancia 2ª del artículo 16, aun cuando ella no tuviere incidencia en la determinación de la pena en virtud de lo dispuesto en el artículo 63 del Código Penal.

El diputado Saffirio pregunta ¿Qué es un establecimiento especial? No se define en la norma.

Expresa su inquietud frente a que no existe un equilibrio en las penas ni en la forma de cumplirlas entre un delincuente que comete un delito económico y uno que no lo es; a su juicio, la norma no se orienta a generar condiciones de igualdad, consulta por qué se hace esta diferencia.

En la misma línea, la diputada Jiles cuestiona que esta regla pudiera significar un “Punta Peuco” de delitos económicos. Propone reemplazar el concepto “establecimiento especial” por “recinto penitenciario”.

En ese sentido, el diputado Ilabaca consulta a qué se refiere con “establecimiento especial”, si se piensa utilizar dependencias de Gendarmería o se va a crear uno, si se considera lo relativo a recursos.

Observa que sería necesario aclarar el punto con Gendarmería de Chile para abordar adecuadamente esta norma y que tenga aplicación práctica.

Desde una perspectiva semejante, el diputado Boric pregunta cuál es el sentido de proponer este artículo.

El académico señor Javier Wilenmann observa que el concepto “establecimiento especial”, aunque pudiera ser desconcertante (especie de “Capuchinos”), es el concepto utilizado en la ley N° 18.216. Al igual que en todos los otros casos, hay que tener en cuenta que es el lenguaje utilizado para mantener las condiciones de aplicación que existen respecto del régimen general.

Puntualiza que no se ha buscado favorecer al delincuente económico, al contrario, es más estricto, ya que, actualmente, en casos semejantes, opera la remisión condicional.

Destaca que el sentido de la norma no es crear establecimientos especiales que sean “mejores” al común del sistema penal. La idea es que en estos casos no se puede acceder a reclusión parcial en domicilio, sino que deberá ser enviado a establecimiento especial. ¿Cuáles dispone Gendarmería para estos efectos? Existe aspecto burocrático importante relativo a cuáles son los establecimientos que son dispuestos para efectos de cumplir las penas sustitutivas de reclusión parcial. No tiene respuesta para ello, se deja más o menos abierta y se remite al reglamento. En todo caso, será el mismo establecimiento que se utiliza actualmente para estos efectos, conforme al régimen vigente, lo que debiera evitar la cuestión presupuestaria.

El académico señor Enrique Aldunate hace referencia, históricamente, a la Ley Orgánica Constitucional de Gendarmería de Chile y sus las atribuciones competenciales a este respecto.

Sobre el “establecimiento especial” establecido en la ley N° 18.216, apunta que tiene una explicación histórica, criminológica, porque dependiendo de la naturaleza de los delitos, existen recintos penitenciarios que tienen menor complejidad. Por eso subsiste esta nomenclatura.

En caso alguno se debe mirar con un afán de sustraerse del principio de igualdad. Es un contrasentido perseguir que la pena sustitutiva se cumpla en un recinto que tiene otra finalidad.

El académico señor José Pedro Silva enfatiza que una posible solución es efectuar una remisión en la norma a los establecimientos especiales a que se refiere la ley N° 18.216.

Se acuerda oficiar Director Nacional de Gendarmería de Chile, con el propósito de que informe acerca de qué se entiende y cuáles son los establecimientos especiales para el cumplimiento de la pena de reclusión parcial, conforme con la ley N° 18.216, precisando cómo se cumple en la práctica la pena de reclusión parcial en establecimiento especial.

El académico señor Antonio Bascuñán señala que en el Reglamento de la ley N° 18.216 (decreto N° 1120 del año 1983) en su artículo 8, se encuentra detallado el concepto de “establecimiento especial” presupuesto por la propia ley. El inciso tercero reza “Cuando la pena de reclusión parcial se deba cumplir en establecimientos especiales, se entenderá que se alude a los centros o anexos abiertos y a las dependencias destinadas a penados beneficiados con salidas diarias o dominicales.”

Concuerda que es conveniente aclarar con Gendarmería de Chile a cuáles establecimientos específicos se refiere la norma, y su vigencia.

El diputado Boric hace referencia al artículo 7 de la ley N° 18.216 (relativo a reclusión parcial) y al artículo 13, letra b) relativo a que “si alguna de las penas establecidas en este Título se impusiere al personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile mientras esté en servicio, se observarán las normas siguientes: b) En el caso de aplicarse la pena de reclusión parcial en establecimientos especiales, ésta se cumplirá en la unidad militar o policial a que perteneciere el condenado.” Manifiesta que utilizar esta tipología en delitos económicos se podría prestar para lo mismo.

Se podría resolver el punto disponiendo que tendrán que cumplir la pena en el lugar que corresponda a cualquier delito o en términos semejantes.

El diputado Saffirio apunta que la norma debiera remitir específicamente a los numerales 2 y 3 del artículo 7 de la ley N° 18.216.

El académico señor Aldunate hace referencia a los artículos 11, 12 y 13 del decreto N° 518, de 1998, Reglamento de Establecimientos Penitenciarios.

“Artículo 11.- Se denominan genéricamente establecimientos penitenciarios, los recintos donde deban permanecer custodiadas las personas privadas de libertad en razón de detención y mientras están puestas a disposición del Tribunal pertinente; las personas sometidas a prisión preventiva y las personas condenadas al cumplimiento de penas privativas de libertad, todas las cuales estarán sujetas a la atención, vigilancia y custodia de la Administración, según corresponda.

Corresponden también a esta denominación los establecimientos destinados al cumplimiento de las penas sustitutivas, los destinados al control de los beneficios legales y reglamentarios que se ejecuten en el sistema abierto, como, asimismo, las dependencias que brindan apoyo postpenitenciario a las personas que hubiesen dado cumplimiento a su condena y las que supervisan y controlan la libertad condicional.

Los establecimientos penitenciarios serán administrados por Gendarmería de Chile.

Artículo 12.- Los establecimientos penitenciarios se crearán, modificarán o suprimirán mediante decreto supremo del Ministerio de Justicia, previo informe o a proposición del Director Nacional de Gendarmería de Chile, y su administración interna será materia de una Resolución de dicho Jefe de Servicio.

Artículo 13.- En la creación de los establecimientos penitenciarios, intervendrán los siguientes criterios orientadores…”

El académico señor Bascuñán señala que, sin perjuicio de requerirse información más detallada, la diferencia está en el uso, en el proyecto de ley, de “establecimiento especial” versus el domicilio, como una situación de pena sustitutiva más severa. De todos modos, el término es el de la ley N° 18.216.

La normativa de Gendarmería, en general, distingue entre centros de prisión preventiva y los centros de penas privativas de libertad conforme al derecho internacional de derechos humanos que exige mantener ambos regímenes en forma separada.

El “establecimiento especial” de la reclusión parcial está vinculado a la ley N° 18.216 y a su reglamento.

Aclara que el reglamento tenía, en su versión antigua (artículo 3) la norma que fue citada relativa a garantizar a miembros de Fuerzas Armadas y de Orden, que por establecimiento especial se entendiera su respectivo establecimiento militar o cuartel, norma que se encontraría derogada por el decreto N° 629 de 2013. Por lo que el término “establecimiento especial” ya no contiene esa ambigüedad en el reglamento de la ley N° 18.216, cuerpo normativo donde se debiera concentrar la respuesta sobre establecimiento especial en este contexto.

En una nueva intervención, el académico señor Wilenmann insiste en la importancia de conocer, a través de Gendarmería de Chile, cuáles son los establecimientos especiales a que alude la ley vigente.

Señala que es importante eliminar la referencia al reglamento que viene en el proyecto, porque es innecesaria y, eventualmente, porque abre la puerta para cambiarlo por vía del Ejecutivo.

Enfatiza que en toda pena sustitutiva la idea es mantener a los condenados separados de la población penal común -existen fundamentos de derechos humanos- y que no habría cabría distinguir de acuerdo con la regla general, y subraya que tampoco se busca dar un trato privilegiado.

La abogada de Abofem, señora Zamora, señala que en el inciso final se debe ajustar a la redacción recientemente aprobada sobre la misma materia, siguiendo el aforismo “donde existe la misma razón, debe existir la misma disposición”.

El diputado Walker (Presidente) propone dejar pendiente la discusión de los artículos 25 y 26. Una vez recabada la información de parte de Gendarmería, los académicos podrán sugerir una redacción adecuada para ambos artículos, y que también considere lo expuesto por la abogada de Abofem.

El diputado Saffirio presenta indicación para eliminar el inciso final.

La discusión de los artículos 25 y 26 queda pendiente.

§ 4. Determinación de la pena de multa

Art. 27. Determinación del número de días-multa. El número de días-multa aplicable a un delito económico será determinado a partir del grado de la pena privativa de libertad prevista por la ley para el delito respectivo, del grado máximo de ella si constara de más de un grado o, de concurrir atenuantes o agravantes muy calificadas, del grado que resulte de aplicarle lo dispuesto en el artículo 17, de acuerdo con la siguiente tabla de conversión:

Prisión: 1 a 10 días-multa.

Presidio o reclusión menor en su grado mínimo: 11 a 50 días multa.

Presidio o reclusión menor en su grado medio: 51 a 100 días-multa.

Presidio o reclusión menor en su grado máximo: 101 a 150 días-multa.

Presidio o reclusión mayor en su grado mínimo: 151 a 200 días-multa.

Presidio o reclusión mayor en su grado medio: 201 a 250 días-multa.

Presidio o reclusión mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado: 251 a 300 días-multa.

Si la ley solo prevé para el delito respectivo la aplicación de multa o de una pena no privativa de libertad, el número de días-multa será establecido en el marco aplicable a delitos castigados con prisión.

Al interior de ese marco, el tribunal individualizará la pena de multa en un número de días-multas de conformidad a lo dispuesto en artículo 18.

En caso de ser aplicable el artículo 74 del Código Penal, la multa total no podrá exceder de 300 días-multa.

Art. 28. Determinación del valor del día-multa. El valor del día-multa corresponderá al ingreso diario promedio líquido que el condenado haya tenido en el período de un año antes de que la investigación se dirija en su contra, considerando sus remuneraciones, rentas, réditos del capital o ingresos de cualquier otra clase. El tribunal podrá reducir el valor del día-multa en consideración a los gastos necesarios para la manutención del condenado y de su familia o por otro motivo grave que lo justifique.

El valor del día-multa no podrá ser inferior a media Unidad Tributaria Mensual ni superior a mil. La pena mínima de multa es de un día-multa.

Art. 29. Aumento del valor en consideración al patrimonio. Si el ingreso diario promedio líquido determinado en los términos señalados en el artículo anterior resultare desproporcionadamente bajo en relación con el patrimonio del condenado, el tribunal podrá aumentar hasta en dos veces el valor del día-multa.

Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, los ingresos, las obligaciones, las cargas y el patrimonio del condenado serán estimados por el tribunal sobre la base de los antecedentes aportados al procedimiento respecto de sus rentas, gastos, modo de vida u otros factores relevantes.

El diputado Walker (Presidente) señala que estos 3 artículos constituyen una de innovaciones más importantes en relación con el régimen actual.

El académico señor Javier Wilenmann coincide en que esta es una de las modificaciones centrales del proyecto de ley, y que puede tener un impacto significativo respecto del régimen vigente. Actualmente, la lógica es que las multas son de “suma alzada”, es decir, son de monto fijo, por ejemplo, de 1 a 4 unidades tributarias mensuales que, aunque se reajusta, es una cantidad fija. Respecto de toda persona que comete el mismo delito debiera ser más o menos equivalente.

El sistema de días-multa es sensible a los ingresos, al poder económico de la persona. Si tengo mayor capacidad económica, por utilidad marginal del dinero (cada unidad de dinero “duele” menos), tengo que pagar más con independencia que cometa el mismo delito que otra persona. Lo que hace este sistema es graduar cuál es la cuantía de la multa en relación con los ingresos y, excepcionalmente, con el patrimonio.

El diputado Alessandri coincide con la idea de que “pague más el que tiene más”, sin embargo, hace presente las dificultades existentes para determinar el “ingreso diario promedio líquido” o el patrimonio de ciertas personas, especialmente, de aquellas que viven de rentas de capital más que del trabajo, o poseen diversas sociedades de inversión en el país y en el extranjero. Junto con ello, alude al extenso periodo de tiempo que podría requerir dicha determinación.

Por la estructura tributaria del país, una persona con un gran patrimonio societario podría presentar un patrimonio personal irrisorio.

Propone una fórmula diferente, que la multa sea un número de veces (por ejemplo, el doble) de la ganancia obtenida en el acto ilícito o tres veces lo que pagó en su última declaración de renta.

El diputado Walker (Presidente) señala que el concepto de día-multa está formulado en términos bastante amplios al considerar el ingreso diario promedio y las “remuneraciones, rentas, réditos del capital o ingresos de cualquier otra clase”, incorporando, por ejemplo, el reparto de dividendos en una sociedad anónima o retiros en sociedad de responsabilidad limitada.

El diputado Saffirio concuerda que se podría indicar un número de veces de lo defraudado, del perjuicio, para evitar las dificultades en la determinación del “ingreso diario promedio líquido”. Analiza que la idea es buena pero el acceso a la información puede ser deficiente. Sus reparos son de carácter procedimental.

Hay que buscar la forma para determinar la cifra más certera en cuanto al patrimonio.

El académico señor Wilenmann coincide con las dificultades planteadas, la determinación de los factores que afectan sustancialmente el monto de la multa es una cuestión de litigación, para eso es necesario que exista acceso a todas las fuentes de información que sean necesarias.

Debe quedar claro que se suman todos los ingresos de todas las sociedades en que tenga participación.

Sostiene que determinar el valor del perjuicio puede ser igualmente complejo; y también será una cuestión de litigación.

Hace hincapié que la iniciativa también incorpora otra institución, el comiso de las ganancias.

Frente a la propuesta de indicar un número de veces de lo defraudado, la abogada de Abofem hace presente que es necesario mantener criterios de proporcionalidad para evitar, por vía judicial, la declaración de inaplicabilidad.

Como posibles soluciones, se refiere al levantamiento patrimonial por ejemplo con información de la Unidad de Análisis Financiero y sancionar la entrega de información falsa o privarla de algún beneficio futuro.

El académico señor Bascuñán concuerda que la consideración del “ingreso diario” genera un problema, pero no se debe perder de vista que primero se decomisa la ganancia y luego, se impone la multa. Va a ver un comiso de ganancias de carácter individual, para personas naturales.

En caso de existir inconsistencia entre el ingreso diario promedio y el patrimonio, se utiliza la regla de corrección contenida en el artículo 29. Atendiendo la inquietud del diputado Alessandri, observa que se podría revisar la regla de corrección.

En ese mismo sentido, el diputado Walker (Presidente) manifiesta que estas normas se deben complementar con las relativas al comiso de ganancias y la regla de corrección por inconsistencia entre el ingreso diario promedio líquido y el patrimonio del condenado.

Señala que existe una cierta similitud con la idea del Impuesto Global Complementario.

Insta a avanzar en el entendido que “lo perfecto es enemigo de lo bueno”.

El diputado Leonardo Soto expresa que la definición de la sanción de multa es fundamental al momento de tratar los delitos económicos. A su juicio, establecer sanciones de multa con base en el ingreso que tenga el infractor no consigue el objetivo de que sean disuasivas y proporcionales al daño causado o al beneficio obtenido.

Ante ello, le parecería razonable seguir la regla que existe en materia de libre competencia. Al efecto, la multas que puede aplicar la Fiscalía Nacional Económica, varias de ellas, dicen relación con el movimiento financiero del infractor, cantidad de ventas en un año, ingresos o el beneficio obtenido multiplicado por algunas magnitudes, para evitar que le salga más barato cometer el delito de abuso que pagar la multa. Al adaptar la sanción de multa a la realidad económica de la persona, con todas las dificultades que tiene determinar las rentas del capital, se baja el estándar de la mayor punibilidad que se busca en delitos económicos.

Podría ser días-multas o proporcionales al beneficio obtenido, que el juez decida caso a caso.

El académico señor Bascuñán precisa que el modelo -reciente- de la ley de libre competencia (decreto ley 211) tiene un aspecto que lo hace diferente. Ese sistema de multas está pensado para personas jurídicas, en cambio, este está pensado en personas naturales. En caso de estimar relevante incorporar esos elementos se puede efectuar en la reforma a la ley de responsabilidad penal de la persona jurídica.

Tratándose de la persona jurídica, la institución del comiso de ganancia no tiene mucho sentido ya que las ganancias se distribuyen año a año en utilidades entre terceros de buena fe. Es mucho más practicable en personas naturales.

El diputado Walker (Presidente) propone que, para resolver las inquietudes planteadas, se evalúe eliminar el “techo” de la multa.

El diputado Ilabaca señala que no hay que olvidar que opera el comiso de ganancias. Se podría analizar aumentar la norma corrección del artículo 29.

El diputado Alessandri advierte que al no poner “techo” a las multas genera el riesgo de inaplicabilidad por criterios de proporcionalidad, como se ha mencionado.

El académico señor Aldunate explica que la discusión del día-multa supone previamente una decisión de condena bajo los términos del Código Procesal Penal. Producida la decisión de condena se debate acerca de las circunstancias y todos aquellos elementos que sirven para la determinación de la pena. Específicamente, en el marco acotado del artículo 343 del Código Procesal Penal, los intervinientes plantearán las condiciones y el juez recabará los antecedentes y tomará la decisión.

No ve que la aplicación de estas reglas pueda llevar a una dilación.

El diputado Saffirio presenta indicación para suprimir el párrafo final del inciso primero del artículo 28, del siguiente tenor: “El tribunal podrá reducir el valor del día-multa en consideración a los gastos necesarios para la manutención del condenado y de su familia o por otro motivo grave que lo justifique.”

En votación, la indicación es aprobada por mayoría de votos. Votan a favor los (as) diputados (as) señores (as) Matías Walker (Presidente); Gabriel Boric; Hugo Gutiérrez; Marcos Ilabaca; Pamela Jiles; Paulina Núñez; René Saffirio, y Leonardo Soto. Vota en contra el señor Jorge Alessandri y la señora Camila Flores. (8-2-0).

Puesto en votación, los artículos 27, 28 (salvo párrafo final del inciso primero) y 29 son aprobados por mayoría de votos. Votan a favor los (as) diputados (as) señores (as) Matías Walker (Presidente); Jorge Alessandri; Gabriel Boric; Camila Flores; Hugo Gutiérrez; Marcos Ilabaca; Pamela Jiles; Paulina Núñez, y René Saffirio. Vota en contra el diputado señor Leonardo Soto (9-1-0).

§ 5. Inhabilitaciones

Art. 30. Aplicación copulativa. Junto con la imposición de las penas principales que corresponda, el juez deberá imponer todas las inhabilitaciones que siguen respecto de todo condenado por un delito económico.

Art. 31. Inhabilitación para el ejercicio de una función o cargo público. La inhabilitación para el ejercicio de una función o cargo público pone término a todo aquel que el condenado estuviere ejerciendo al momento de la sentencia, sea o no de elección popular, y lo incapacita para obtener cualquier otro por el tiempo correspondiente a su extensión.

Art. 32. Inhabilitación para el ejercicio de cargos gerenciales. La inhabilitación para el ejercicio de cargos gerenciales afecta del mismo modo la capacidad del condenado para desempeñarse como administrador, gerente o director en cualquier sociedad anónima abierta o en una empresa del Estado.

Art. 33. Inhabilitación para contratar con el Estado. La inhabilitación para contratar con el Estado impide al condenado contratar con cualquiera de los órganos o servicios del Estado reconocidos por la Constitución Política de la República o creados por ley, con cualquiera de los órganos o empresas públicas que conforme a la ley constituyen al Estado y con las empresas o sociedades en las que el Estado participe con al menos la mitad de las acciones que comprenden su capital, de los derechos sociales o de los derechos de administración.

La inhabilitación para contratar con el Estado produce también la extinción de pleno derecho de los efectos de los actos y contratos que el Estado haya celebrado con el condenado y que se encuentren vigentes al momento de la condena.

La inhabilitación no comprende los actos y contratos relativos a las prestaciones personales de salud previsional o seguridad social, ni los servicios básicos que el Estado ofrece indiscriminadamente a la población.

Si se impusiere la inhabilitación para contratar con el Estado a una persona natural, ninguna sociedad, fundación o corporación en la que el condenado fuere directa o indirectamente socio, accionista, miembro o partícipe con poder de influir en la administración podrá contratar con el Estado mientras el condenado mantenga su participación en la misma.

Art. 34. Extensión. Las inhabilitaciones previstas en este párrafo tendrán una extensión equivalente a la de los grados de las inhabilitaciones temporales conforme a la tabla demostrativa del artículo 56 del Código penal. La inhabilitación para contratar con el Estado podrá, además, imponerse a perpetuidad.

Art. 35. Determinación judicial de la extensión de la inhabilitación. Para la determinación de su extensión el tribunal estará a lo dispuesto en el párrafo 2 de esta ley. La que se impusiere a cada interviniente en el delito será determinada independientemente.

Si la pena impuesta no incluyere la ejecución efectiva de una pena privativa de libertad, las inhabilitaciones no podrán durar más de cinco años tratándose de la inhabilitación para el ejercicio de un cargo o función pública o para el ejercicio de cargos gerenciales. La prohibición para contratar con el Estado podrá imponerse siempre en toda su extensión.

Si la inhabilitación se impusiere juntamente con una pena efectiva de presidio o reclusión, la extensión determinada por el tribunal se aumentará de pleno derecho en todo el tiempo de ejecución efectiva de esa pena, si fuere mayor.

Art. 36. Duración. Toda inhabilitación comenzará a producir sus efectos desde la fecha en que quedare ejecutoriada la sentencia que la impusiere, y su duración se computará desde ese momento.

Art. 39. Abono. El tiempo por el cual el condenado hubiere sufrido una privación de derechos distinta de la privación de libertad impuesta como medida cautelar en el mismo proceso será íntegramente abonado a la inhabilitación que se le impusiere conforme a este párrafo, siempre que tal privación de derechos hubiere impedido al condenado realizar las actividades a que se refiriere la inhabilitación.

Sobre el artículo 32, el diputado Walker (Presidente) pregunta por qué la norma se refiere únicamente a la sociedad anónima abierta y no se incorpora a las sociedades anónimas cerradas. Hace referencia a las inhabilidades parlamentarias.

En relación con el artículo 33, el diputado Saffirio pregunta sobre la extinción de pleno derecho de los efectos de los actos y contratos que el Estado haya celebrado con el condenado y consulta si se refiere a efectos futuros del contrato, pues retrotraer al estado anterior puede resultar más complejo.

Sobre la misma disposición, el diputado Leonardo Soto pregunta qué pasa si el fraude es previsional, si se mantiene, por ejemplo, una pensión ilegalmente obtenida.

El académico señor Bascuñán sostiene que las inhabilitaciones han sido las grandes protagonistas de la política penal del legislador chileno del siglo XXI, en múltiples ámbitos. Sin embargo, observa que el Derecho chileno no tiene bien desarrollado el sentido que tienen estas consecuencias, pues todas aparecen vinculadas a penas privativas de libertad cuyo sentido primario es de disuasión o de retribución. Pero, estas medidas atienden a la idea de prevención general/especial negativa, es decir, consideran al condenado como una fuente de peligro en relación con ciertos comportamientos y respecto de víctimas vulnerables, prohibiendo un posible acercamiento y la comisión de nuevos delitos.

La regla de prohibición para parlamentarios es preventiva (profiláctica) de conflictos de interés. En este caso, se trata de una prevención respecto de la posible comisión de delitos, siendo particularmente peligroso en las sociedades anónimas abiertas, respecto de todas esas víctimas potenciales que no forman parte del control de la sociedad. Lo que se protege es la inversión de accionistas, al mercado de capitales.

Sobre las otras inquietudes, plantea que hay que tener presente que son inhabilidades aplicadas a personas naturales que han intervenido en la comisión de hechos, que tiene un factor de conexión, y de medianas o grandes empresas. La prohibición de contratar con el Estado no se extiende a las prestaciones que se obtienen del Estado desde una perspectiva individual, existe una asimetría entre la razón por la cual el individuo es peligroso y el vínculo con el Estado en relación con esas prestaciones.

Puestos en votación, los artículos 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 39 son aprobados por la unanimidad de los (as) diputados (as) señores (as) Matías Walker (Presidente); Marcos Ilabaca; Pamela Jiles; René Saffirio, y Leonardo Soto. (5-0-0).

Art. 37. Rehabilitación. Todo sentenciado a inhabilitación para el ejercicio de una función o cargo público o para el ejercicio de cargos gerenciales tendrá derecho a solicitar al tribunal su rehabilitación una vez cumplida la mitad de la condena.

El tribunal accederá a la solicitud si se acompañaren antecedentes que permitieren presumir que el condenado no volverá a delinquir y que ejercerá en el futuro en forma responsable la actividad a la que se refiera la inhabilitación.

Art. 38. Reincidencia. En los casos en que se hubiere concedido la rehabilitación conforme al artículo precedente y el beneficiado perpetrare un nuevo delito por el cual correspondiere imponer una inhabilitación de la misma clase, el tribunal la determinará dentro de la mitad superior de su extensión. El sentenciado a tal inhabilitación no tendrá derecho a obtener una nueva rehabilitación.

La diputada Jiles cuestiona la rebaja de tiempo de las inhabilitaciones por presunciones y se manifiesta contraria a la posibilidad de rehabilitación para los delincuentes de estos tipos de delitos.

El académico señor Bascuñán manifiesta que, existiendo libertad para definir una determinada política criminal, la idea general es que la ejecución de las sanciones que son privativas de libertad, de derechos, ha de tender a la resocialización, como principio de política criminal, que se asume como principio elemental de justicia del sistema punitivo.

Conforme a dicho principio, considerar en abstracto la irresociabilidad de una persona no es posible, pues sería es una afrenta a la dignidad humana.

En votación, los artículos 37 y 38 son aprobados por mayoría de votos. Votan a favor los (as) diputados (as) señores (as) Matías Walker Presidente); Marcos Ilabaca; René Saffirio, y Leonardo Soto. Vota en contra la diputada señora Pamela Jiles. (4-1-0).

Título III

Comiso de ganancias

Art. 40. Comiso con condena previa. Toda condena por delito económico conlleva el comiso de las ganancias.

Art. 41. Comiso sin condena previa. Se impondrá asimismo el comiso de las ganancias obtenidas a través de un hecho ilícito que corresponde a un delito económico aunque:

1.° se dictare sobreseimiento temporal conforme a las letras b) y c) del inciso primero, y el inciso segundo del artículo 252 del Código Procesal Penal;

2.° se dictare sentencia absolutoria fundada en la falta de convicción a que se refiere el artículo 340 del Código Procesal Penal o sobreseimiento definitivo fundado en la letra b) del artículo 250 del mismo Código;

3.° se dictare sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria fundados en la concurrencia de circunstancias eximentes de responsabilidad que no excluyen la ilicitud del hecho;

4.° se dictare sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria fundados en haberse extinguido la responsabilidad penal o en haber sobrevenido un hecho que, con arreglo a la ley, pusiere fin a esa responsabilidad.

El comiso de ganancias sin condena previa será impuesto de conformidad al procedimiento especial previsto en el Título III bis del Libro Cuarto del Código Procesal Penal.

Art. 42. Medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público. El Ministerio Público podrá solicitar al Juez de Garantía competente las medidas que sean necesarias para asegurar activos patrimoniales con el fin de hacer el comiso de ganancias conforme a este Título.

Art. 43. Medidas cautelares solicitadas por otras autoridades. El Consejo de Defensa del Estado y las autoridades del Estado facultadas por ley para denunciar la perpetración de un delito económico o querellarse contra sus responsables podrán también solicitar al Juez de Garantía las medidas señaladas en el artículo 42.

Art. 44. Proporcionalidad. En caso de recaer sobre bienes de una empresa, el comiso y las medidas a que se refiere el artículo 42 se harán efectivos de preferencia sobre aquellos cuya afectación no obstaculice sus actividades económicas.

Art. 45. Prescripción. La acción para obtener el comiso de ganancias conforme a este Título prescribirá en el plazo de cuatro años contados desde que hubiere transcurrido el plazo de prescripción de la acción penal respectiva.

Art. 46. Acción civil. La acción para obtener indemnización de perjuicios de la víctima de un delito económico, o de un hecho ilícito que corresponde a un delito económico, podrá ejercerse sobre los bienes decomisados conforme a este Título o el producto de su realización, siempre que existiere una relación directa entre el perjuicio irrogado y las ganancias obtenidas.

La acción antedicha prescribirá en cuatro años contados a partir de la fecha en que la resolución que impone el comiso quede ejecutoriada.

Art. 47. Excepciones al ejercicio de la acción civil. Cualquiera sea el procedimiento en que se ejerza la acción en cuestión, se dará traslado al Consejo de Defensa del Estado, por un plazo de 30 días, prorrogable a su solicitud por otros 30 días hasta por dos veces.

El Consejo de Defensa del Estado podrá oponer la excepción de falta de relación directa entre perjuicio y ganancias, la excepción de ejecución negligente y la excepción de ejecución inadecuada.

Las excepciones de falta de relación directa entre perjuicio y ganancias y de ejecución negligente serán tramitadas como incidente de previo y especial pronunciamiento. Acogida la excepción no procederá lo dispuesto en el artículo precedente.

La oposición de la excepción de ejecución inadecuada se hará indicando otros bienes del demandado. Para este efecto, el Consejo de Defensa del Estado podrá solicitar las medidas precautorias conducentes a su aseguramiento, incluso antes de interponer la excepción, anunciándola. En este último caso las medidas quedarán sin efecto si el plazo venciere sin oposición de la excepción. Opuesta la excepción serán pagadas las indemnizaciones con los bienes identificados. De haber saldo insoluto, procederá lo dispuesto en el artículo precedente.

Para la identificación de los bienes del responsable el Ministerio Público, a solicitud del Consejo de Defensa del Estado, estará facultado para requerir la información pertinente del Servicio de Impuestos Internos y de la Comisión para el Mercado Financiero, así como de bancos, instituciones financieras, compañías de seguro y personas jurídicas sujetas a su fiscalización.

TÍTULO IV

MODIFICACIONES A OTROS CUERPOS LEGALES

Art. 48. Modificaciones al Código Penal. Introdúcese las siguientes modificaciones al Código Penal:

1. Introdúcese el siguiente inciso segundo en su artículo 20:

“Tampoco se reputa pena el comiso de las ganancias provenientes del delito”.

2. Introdúcese el siguiente artículo 24 bis:

“24 bis. Toda sentencia condenatoria en materia criminal lleva consigo el comiso de las ganancias provenientes del delito. Por el comiso de ganancias se priva a una persona de activos patrimoniales cuyo valor corresponda a la cuantía de las ganancias obtenidas a través del delito, o bien para o por perpetrarlo, y se los transfiere al fisco.

Las ganancias obtenidas comprenden los frutos y las utilidades que se hubieren originado, cualquiera sea su naturaleza jurídica. Las ganancias comprenden también el equivalente a los costos evitados mediante el hecho ilícito.

En la determinación del valor de las ganancias no se descontarán los gastos que hubieren sido necesarios para perpetrar el delito y obtenerlas.

La acción para obtener el comiso de ganancias se sujetará a las reglas de la prescripción de la acción penal respectiva.

Si un mismo bien pudiere ser objeto de comiso conforme a este artículo y conforme al artículo 31, solo se aplicará lo dispuesto en este artículo.”

3. Introdúcese el siguiente artículo 24 ter:

“24 ter. El comiso de ganancias será impuesto también respecto de una persona que no hubiere intervenido en la perpetración del hecho, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

1ª. si esa persona hubiere adquirido la ganancia como heredero o asignatario testamentario, a cualquier título gratuito o sin título válido, a menos que la hubiere adquirido del mismo modo de un tercero que no se encontrare en la misma circunstancia ni en las circunstancias que siguen;

2ª. si esa persona hubiere obtenido la ganancia mediante el hecho ilícito y los intervinientes en la perpetración del hecho hubieren actuado en su interés;

3ª. si esa persona hubiere adquirido la ganancia sabiendo o debiendo saber de su procedencia ilícita al momento de la adquisición; y

4ª. si se tratare de una persona jurídica que hubiere recibido la ganancia como aporte a su patrimonio.”

4. Sustitúyese su artículo 40 por el siguiente:

“40. Si los bienes del condenado no fueren bastantes para cubrir las responsabilidades pecuniarias, se satisfarán éstas en el orden siguiente:

1.° el comiso de las ganancias provenientes del delito;

2.° las multas;

3.° las costas procesales y el resarcimiento de los gastos ocasionados por el juicio;

4.° la reparación del daño causado e indemnización de perjuicios;

5.° las costas personales.

En caso de iniciarse un procedimiento concursal, estos créditos se graduarán considerándose la obligación de cumplir con el comiso como un crédito de la primera clase comprendido en el número 1 del artículo 2472* del Código Civil y los restantes como uno solo entre los que no gozan de preferencia. En este caso no se aplicará lo dispuesto en el inciso anterior.”

5. En su artículo 60:

a. Sustitúyese el inciso cuarto por el siguiente:

“La misma regla señalada en el inciso anterior, se aplicará respecto a las cauciones que se hagan efectivas y del dinero o el producto de la enajenación en subasta pública de las especies decomisados conforme al artículo 31, la cual se deberá efectuar por la Dirección de Compras y Contratación Pública.”

b. Intercálase en su inciso sexto, entre las expresiones “comisos” y “derivados”, las expresiones “de instrumentos o efectos”.

c. Introdúcese el siguiente nuevo inciso séptimo y final:

“Tratándose del comiso de ganancias provenientes del delito, serán transferidos al fisco tanto las sumas de dinero o derechos a sumas de dinero decomisados como los fondos obtenidos mediante la realización de los bienes decomisados.”

La diputada Jiles pregunta qué pasaría en el caso de que la ganancia pudiera no estar disponible, según el artículo 46 y si fuera conveniente eliminar en el inciso primero la expresión “siempre que existiere una relación directa entre el perjuicio irrogado y las ganancias obtenidas”.

El académico señor Bascuñán da cuenta que el comiso de ganancias es una de las cuestiones más importantes para la práctica punitiva del Estado como reacción contra hechos ilícitos que producen ganancias para los intervinientes y terceros que están de mala fe o que las reciben a título gratuito.

Esta regulación es compleja en la estructura del proyecto de ley porque el orden del articulado obliga a tratar primero una situación especial, el comiso sin condena previa pensado exclusivamente para personas individuales que responden por la comisión de delitos económicos. Luego, viene la regulación del comiso de ganancias en modificaciones al Código Penal, al Código Procesal Penal, a la ley de Responsabilidad Penal de Persona Jurídica.

La comprensión de la institución exige partir por la regla general, que se encuentra en los primeros 5 numerales del artículo 48 de esta iniciativa, que reforman el Código Penal.

Propone analizar primeramente los numerales 1 a 5 del artículo 48 y luego, el Título Tercero, Comiso de Ganancias, artículos 40 a 47.

La propuesta legal consiste en disociar, en el Código Penal, el comiso de ganancias de la pena de comiso.

En el Derecho Penal chileno, actualmente, el comiso aparece como una pena común a todas las clases de delitos (crímenes, simples delitos y faltas) y accesoria, conforme al artículo 31. Como pena accesoria, el comiso puede ser de instrumentos y de efectos (productos).

El concepto de “producto” o efectos requiere clarificación interpretativa. Se ha discutido mucho si se extiende o no a las ganancias provenientes del delito.

En sentencia de la Corte Suprema (caso Riggs) se afirmó que la interpretación correcta del artículo 31 era entender que las ganancias formaban parte de los efectos o productos del delito y, por tanto, procedía le decomiso de esas ganancias como pena.

Como es una pena, el comiso siempre supone responsabilidad penal (una condena) y una pena principal, con la que se ejecuta conjuntamente.

Esto significa que el comiso no puede aplicarse más allá del ámbito de los condenados (artículo 31 en la lógica de la pena).

Esa restricción contrasta con el derecho comparado, donde el comiso puede operar con presupuestos puramente administrativos, de derecho público, incluso en el ámbito penal sin condena previa.

Asimismo, en todo caso el comiso- incluso el comiso de ganancia- puede afectar a terceros que no sean personalmente responsables, ya sea que lo han adquirido a título gratuito, con mala fe o la ganancia que producida es para ellos aunque no hayan intervenido. Es decir, el decomiso de las ganancias puede afectar a terceros que tengan esta relación con el origen del delito. Existe comiso sin condena previa.

El proyecto de ley separa en el Código Penal el comiso de ganancias con la pena de comiso, y lo define como una consecuencia que no es constitutiva de pena (artículo 20), y lo trata como una de las consecuencias civiles que trae consigo toda sentencia condenatoria, tal como, la obligación de pagar costas, la obligación de pagar indemnización de perjuicios y el decomiso de las ganancias provenientes del delito. Esa es la gran reforma. Es la “puerta que abre el camino” para introducir las otras reglas al Código Procesal Penal y Código Orgánico de Tribunales.

Se trata la institución del comiso de ganancias bajo la idea del enriquecimiento injusto (idea del Derecho Privado General y Derecho Público General) y se la disocia de la responsabilidad penal del afectado.

En el Código Penal se mantiene la vinculación entre comiso y condena previa, como una consecuencia civil de la sentencia condenatoria, capaz de afectar a terceros.

A propósito de los delitos económicos, se reitera la regla, pero se incorpora la posibilidad que sea sin condena previa.

Puede resultar contraintuitivo que afecte a terceros que no tuvieron responsabilidad, pero basta con recordar que el comiso de ganancias en el proyecto se considera como la concreción de la idea del enriquecimiento injusto (es una consecuencia de la privación del aprovechamiento del ilícito) y no como una sanción.

Dadas esas características, se puede aplicar en casos en que no haya condena previa (sobreseimiento temporal o definitivo) e incluso en condena absolutoria. La absolución puede basarse en la falta de responsabilidad penal que nada incida en que se ha cometido un hecho ilícito que ha producido la ganancia. El comiso de ganancias reacciona contra el hecho ilícito y no contra la responsabilidad penal por la realización del hecho ilícito.

En la sentencia de la Corte Suprema mencionada -si bien reconoció que las ganancias formaban parte de la pena de comiso, artículo 31- no pudo decomisar bienes heredados porque los terceros no eran afectados y el causante murió antes de la condena y, por tanto, hubo sobreseimiento por muerte (93 N° 2 del Código Penal).

En síntesis, en el Código Penal, el comiso de ganancias puede alcanzar a terceros, que se han enriquecido a título gratuito o de mala fe, y en el ámbito de los delitos económicos, se puede imponer el comiso de ganancia incluso sin condena.

Asimismo, se encuentran las reglas del comiso de ganancias respecto de las personas jurídicas, a través de modificaciones a la ley N° 20.393. Precisa que se refiere a cualquier persona jurídica, grandes, medianas y pequeñas empresas.

El diputado Saffirio presenta indicación al artículo 41 número 1, para remplazar la referencia a “las letras b y c” por “la letra b)”.

Sesión N° 289 de 24 de noviembre de 2020.

Se hace presente que para facilitar la comprensión del “comiso de ganancias” se analizarán, primeramente, los numerales 1 al 5 del artículo 48 del proyecto de ley, para luego, retomar la discusión y votación de los artículos 40 a 47 de la iniciativa legal.

TÍTULO IV

MODIFICACIONES A OTROS CUERPOS LEGALES

Art. 48. Modificaciones al Código Penal. Introdúcese las siguientes modificaciones al Código Penal:

Numeral 1 del artículo 48

1. Introdúcese el siguiente inciso segundo en su artículo 20:

“Tampoco se reputa pena el comiso de las ganancias provenientes del delito”.

El académico señor Bascuñán explica que la propuesta es central como definición de la modificación que el proyecto propone introducir en el Código Penal que busca separar al comiso de ganancias del régimen de la responsabilidad penal. En el Código Penal no se disocia el comiso de ganancias de la existencia de una sentencia condenatoria, pero sí se distingue entre las consecuencias jurídicas del delito que tienen como presupuesto la responsabilidad penal y otras consecuencias jurídicas como la indemnización de perjuicios o costas.

En concreto, en el ámbito de los delitos económicos se introduce al comiso como una consecuencia civil por enriquecimiento injusto derivado del delito y no como pena, la que presupone responsabilidad penal.

Ello permite la posibilidad de confiscar las ganancias de terceros que no sean responsables penalmente, pero que han aprovechado del dolo ajeno, y además que, en los delitos económicos, en ciertos casos, podría haber absolución, y aun así proceder el comiso.

Puesto en votación, el numeral 1 del artículo 48 fue aprobado por la unanimidad de los presentes diputados (as) señores (as) Matías Walker (Presidente de la Comisión); Gabriel Boric; Camila Flores; Hugo Gutiérrez; Marcos Ilabaca; Pamela Jiles; Miguel Mellado (por la señora Núñez); René Saffirio, y Leonardo Soto. (9-0-0).

Numeral 2 del artículo 48

2. Introdúcese el siguiente artículo 24 bis:

“24 bis. Toda sentencia condenatoria en materia criminal lleva consigo el comiso de las ganancias provenientes del delito. Por el comiso de ganancias se priva a una persona de activos patrimoniales cuyo valor corresponda a la cuantía de las ganancias obtenidas a través del delito, o bien para o por perpetrarlo, y se los transfiere al fisco.

Las ganancias obtenidas comprenden los frutos y las utilidades que se hubieren originado, cualquiera sea su naturaleza jurídica. Las ganancias comprenden también el equivalente a los costos evitados mediante el hecho ilícito.

En la determinación del valor de las ganancias no se descontarán los gastos que hubieren sido necesarios para perpetrar el delito y obtenerlas.

La acción para obtener el comiso de ganancias se sujetará a las reglas de la prescripción de la acción penal respectiva.

Si un mismo bien pudiere ser objeto de comiso conforme a este artículo y conforme al artículo 31, solo se aplicará lo dispuesto en este artículo.”

El académico señor Bascuñán señala que el artículo 24 bis establece en qué consiste el comiso de ganancias, cómo se contabiliza y computa la ganancia y lo vincula a la prescripción de las acciones penales.

Como debe jugar siempre con la existencia de un comiso que es pena, el comiso de los instrumentos o de los efectos tiene una regla que hace primar la calificación como ganancia para el caso en que pudiera ser eventualmente procedente la calificación como efecto. Todo efecto que sea ganancia se sujetará a la regla de la ganancia y no a la regla de los efectos, que se mantiene vinculada a la noción de la pena y la responsabilidad penal, conforme al artículo 31.

Puesto en votación, el numeral 2 del artículo 48 fue aprobado por la unanimidad de los presentes diputados (as) señores (as) Matías Walker (Presidente de la Comisión); Gabriel Boric; Hugo Gutiérrez; Marcos Ilabaca; Pamela Jiles; Miguel Mellado (por la señora Núñez); René Saffirio, y Leonardo Soto. (8-0-0).

Numeral 3 del artículo 48

3. Introdúcese el siguiente artículo 24 ter:

“24 ter. El comiso de ganancias será impuesto también respecto de una persona que no hubiere intervenido en la perpetración del hecho, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

1ª. si esa persona hubiere adquirido la ganancia como heredero o asignatario testamentario, a cualquier título gratuito o sin título válido, a menos que la hubiere adquirido del mismo modo de un tercero que no se encontrare en la misma circunstancia ni en las circunstancias que siguen;

2ª. si esa persona hubiere obtenido la ganancia mediante el hecho ilícito y los intervinientes en la perpetración del hecho hubieren actuado en su interés;

3ª. si esa persona hubiere adquirido la ganancia sabiendo o debiendo saber de su procedencia ilícita al momento de la adquisición; y

4ª. si se tratare de una persona jurídica que hubiere recibido la ganancia como aporte a su patrimonio.”

El señor Bascuñán manifiesta que es una regla que establece, de un modo diferenciado, para la aplicación del comiso de ganancias lo que el Código Civil denomina como “provecho del dolo ajeno” en sus artículos 1.458 y 2.316. La regla podría seguir la regulación general del Código Civil pero para dar más seguridad y certeza jurídica se sigue la definición del Código Penal Alemán (Parágrafo 73 B) enumerando ciertos casos de provecho del dolo ajeno en que procedería la confiscación de las ganancias.

Puesto en votación, el numeral 3 del artículo 48 fue aprobado por la unanimidad de los presentes diputados (as) señores (as) Matías Walker (Presidente de la Comisión); Jorge Alessandri; Gabriel Boric; Camila Flores; Hugo Gutiérrez; Marcos Ilabaca; Pamela Jiles; Miguel Mellado (por la señora Núñez); René Saffirio, y Leonardo Soto. (10-0-0).

Numeral 4 del artículo 48

4. Sustitúyese su artículo 48 por el siguiente:

“48. Si los bienes del condenado no fueren bastantes para cubrir las responsabilidades pecuniarias, se satisfarán éstas en el orden siguiente:

1.° el comiso de las ganancias provenientes del delito;

2.° las multas;

3.° las costas procesales y el resarcimiento de los gastos ocasionados por el juicio;

4.° la reparación del daño causado e indemnización de perjuicios;

5.° las costas personales.

En caso de iniciarse un procedimiento concursal, estos créditos se graduarán considerándose la obligación de cumplir con el comiso como un crédito de la primera clase comprendido en el número 1 del artículo 2472* del Código Civil y los restantes como uno solo entre los que no gozan de preferencia. En este caso no se aplicará lo dispuesto en el inciso anterior.”

La diputada Jiles y los diputados Gutiérrez, Ilabaca, Miguel Mellado y Walker presentan indicación para sustituir el numeral 4° del artículo 48 del proyecto, por el siguiente nuevo texto:

“4. Sustitúyese su artículo 48 por el siguiente:

“48. Si los bienes del condenado no fueren bastantes para cubrir las responsabilidades pecuniarias, se satisfarán éstas en el orden siguiente:

1.° el comiso de las ganancias provenientes del delito;

2.° las multas;

3.° las costas procesales y el resarcimiento de los gastos ocasionados por el juicio;

4.° la reparación del daño causado e indemnización de perjuicios;

5.° las costas personales.

Cuando por aplicación de lo dispuesto en el inciso anterior no fuere posible satisfacer la indemnización de perjuicios derivada del delito por falta de bienes realizables, el perjudicado podrá ejercer la acción civil sobre los bienes decomisados para efectos del número 1°, o el producto de su realización, siempre que existiere una relación directa entre el perjuicio irrogado y las ganancias obtenidas. El Estado podrá excepcionarse del pago demostrando la existencia de bienes realizables sobre los cuales pudiere hacerse efectiva la indemnización, o que ella no hubiere podido ser satisfecha por negligencia del perjudicado.

En caso de iniciarse un procedimiento concursal, estos créditos se graduarán considerándose la obligación de cumplir con el comiso como un crédito de la primera clase comprendido en el número 1 del artículo 2472 del Código Civil y los restantes como uno solo entre los que no gozan de preferencia. En este caso no se aplicará lo dispuesto en el inciso anterior.”.”.

El señor Bascuñán señala que la reforma que se propone introducir a través de la indicación consiste en tres ítems:

Uno, disponer un orden de prelación que identifique la preferencia de los destinos públicos (comiso de ganancias, multas y costas procesales y resarcimiento de los gastos ocasionados por el juicio, en ese orden) por sobre los destinos particulares (reparación del daño y las costas personales, en ese orden).

Dos, dar al comiso de ganancia prioridad de crédito en caso de insolvencia en una solución concursal.

Tres, para ciertos casos de indemnizaciones de perjuicios establece la posibilidad de aplicar al pago de esas indemnizaciones bienes decomisados por comiso de ganancia. Esto se da en el caso que las ganancias es el producto de un desplazamiento de bienes de un tercero perjudicado, la víctima (el perjuicio es el elemento constitutivo de la ganancia), relación directa a la que se refiere el artículo. Señala que es excepcional y tiene una regulación más precisa que las reglas generales del Código Penal.

Puesta en votación, el numeral 4 con la indicación fue aprobada por la unanimidad de los presentes diputados (as) señores (as) Matías Walker (Presidente de la Comisión); Jorge Alessandri; Camila Flores; Hugo Gutiérrez; Marcos Ilabaca; Pamela Jiles; Miguel Mellado (por la señora Núñez), y René Saffirio. (8-0-0).

Numeral 5 del artículo 48

5. En su artículo 60:

a. Sustitúyese el inciso cuarto por el siguiente:

“La misma regla señalada en el inciso anterior, se aplicará respecto a las cauciones que se hagan efectivas y del dinero o el producto de la enajenación en subasta pública de las especies decomisados conforme al artículo 31, la cual se deberá efectuar por la Dirección de Compras y Contratación Pública.”

b. Intercálase en su inciso sexto, entre las expresiones “comisos” y “derivados”, las expresiones “de instrumentos o efectos”.

c. Introdúcese el siguiente nuevo inciso séptimo y final:

“Tratándose del comiso de ganancias provenientes del delito, serán transferidos al fisco tanto las sumas de dinero o derechos a sumas de dinero decomisados como los fondos obtenidos mediante la realización de los bienes decomisados.”

El señor Bascuñán explica que la propuesta consiste en mantener la regulación vigente (actualizando la mención a la Dirección de Compras y -Contratación Pública) en lo referido a comiso pena, comiso de instrumentos, comiso de efectos (bajo el artículo 31 como pena accesoria), y tratándose del comiso de ganancia, establece que vaya a las rentas generales de la Nación, y que no quede afecto a una destinación específica, ni a disposición de un órgano del Estado, para que no haya incentivos perversos para una práctica abusiva del comiso de ganancia. Esta propuesta se basa en la experiencia comparada.

Puesto en votación, el numeral 5 fue aprobado por la unanimidad de los presentes diputados (as) señores (as) Matías Walker (Presidente de la Comisión); Jorge Alessandri; Camila Flores; Hugo Gutiérrez; Marcos Ilabaca; Pamela Jiles; Miguel Mellado (por la señora Núñez), y René Saffirio. (8-0-0).

Título III

Comiso de ganancias

Art. 40. Comiso con condena previa. Toda condena por delito económico conlleva el comiso de las ganancias.

Art. 41. Comiso sin condena previa. Se impondrá asimismo el comiso de las ganancias obtenidas a través de un hecho ilícito que corresponde a un delito económico aunque:

1.° se dictare sobreseimiento temporal conforme a las letras b) y c) del inciso primero, y el inciso segundo del artículo 252 del Código Procesal Penal;

2.° se dictare sentencia absolutoria fundada en la falta de convicción a que se refiere el artículo 340 del Código Procesal Penal o sobreseimiento definitivo fundado en la letra b) del artículo 250 del mismo Código;

3.° se dictare sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria fundados en la concurrencia de circunstancias eximentes de responsabilidad que no excluyen la ilicitud del hecho;

4.° se dictare sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria fundados en haberse extinguido la responsabilidad penal o en haber sobrevenido un hecho que, con arreglo a la ley, pusiere fin a esa responsabilidad.

El comiso de ganancias sin condena previa será impuesto de conformidad al procedimiento especial previsto en el Título III bis del Libro Cuarto del Código Procesal Penal.

Art. 42. Medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público. El Ministerio Público podrá solicitar al Juez de Garantía competente las medidas que sean necesarias para asegurar activos patrimoniales con el fin de hacer el comiso de ganancias conforme a este Título.

Art. 43. Medidas cautelares solicitadas por otras autoridades. El Consejo de Defensa del Estado y las autoridades del Estado facultadas por ley para denunciar la perpetración de un delito económico o querellarse contra sus responsables podrán también solicitar al Juez de Garantía las medidas señaladas en el artículo 42.

Art. 44. Proporcionalidad. En caso de recaer sobre bienes de una empresa, el comiso y las medidas a que se refiere el artículo 42 se harán efectivos de preferencia sobre aquellos cuya afectación no obstaculice sus actividades económicas.

Art. 45. Prescripción. La acción para obtener el comiso de ganancias conforme a este Título prescribirá en el plazo de cuatro años contados desde que hubiere transcurrido el plazo de prescripción de la acción penal respectiva.

Art. 46. Acción civil. La acción para obtener indemnización de perjuicios de la víctima de un delito económico, o de un hecho ilícito que corresponde a un delito económico, podrá ejercerse sobre los bienes decomisados conforme a este Título o el producto de su realización, siempre que existiere una relación directa entre el perjuicio irrogado y las ganancias obtenidas.

La acción antedicha prescribirá en cuatro años contados a partir de la fecha en que la resolución que impone el comiso quede ejecutoriada.

Art. 47. Excepciones al ejercicio de la acción civil. Cualquiera sea el procedimiento en que se ejerza la acción en cuestión, se dará traslado al Consejo de Defensa del Estado, por un plazo de 30 días, prorrogable a su solicitud por otros 30 días hasta por dos veces.

El Consejo de Defensa del Estado podrá oponer la excepción de falta de relación directa entre perjuicio y ganancias, la excepción de ejecución negligente y la excepción de ejecución inadecuada.

Las excepciones de falta de relación directa entre perjuicio y ganancias y de ejecución negligente serán tramitadas como incidente de previo y especial pronunciamiento. Acogida la excepción no procederá lo dispuesto en el artículo precedente.

La oposición de la excepción de ejecución inadecuada se hará indicando otros bienes del demandado. Para este efecto, el Consejo de Defensa del Estado podrá solicitar las medidas precautorias conducentes a su aseguramiento, incluso antes de interponer la excepción, anunciándola. En este último caso las medidas quedarán sin efecto si el plazo venciere sin oposición de la excepción. Opuesta la excepción serán pagadas las indemnizaciones con los bienes identificados. De haber saldo insoluto, procederá lo dispuesto en el artículo precedente.

Para la identificación de los bienes del responsable el Ministerio Público, a solicitud del Consejo de Defensa del Estado, estará facultado para requerir la información pertinente del Servicio de Impuestos Internos y de la Comisión para el Mercado Financiero, así como de bancos, instituciones financieras, compañías de seguro y personas jurídicas sujetas a su fiscalización.

El señor Bascuñán explica que el Título III “Comiso de ganancias” contempla dos clases de reglas:

Las que hacen aplicable al delito económico el régimen de comiso de ganancia que ya ha aprobado como reforma al Código Penal, haciendo más expedito el régimen de comiso de ganancia en el caso de los delitos económicos, particularmente, respecto de la posibilidad de acción civil de indemnización de perjuicios a la víctima con cargo a bienes decomisados, como ya se ha explicado.

Luego, está el artículo 41 que introduce -para los delitos económicos- el comiso sin condena previa, que para ciertos casos de sobreseimiento temporal o definitivo o sentencia absolutoria se establece la posibilidad de comiso de ganancia, el que será discutido en una audiencia especial (introducida en el proyecto de ley como modificación del Código Procesal Penal). Si existe un comportamiento típico y antijurídico, una ilicitud jurídica penalmente relevante, se da el fundamento (enriquecimiento injusto) para la procedencia del comiso de ganancia.

En la sesión anterior, el diputado Saffirio había presentado indicación al artículo 41 número 1, para remplazar la referencia a “las letras b y c” por a “la letra b)”.

El señor Saffirio señala que ha comprendido mucho mejor la explicación del profesor y, por lo tanto, retira su indicación.

El señor Ilabaca manifiesta que tiene una gran duda respecto del número 2) del artículo 41 en el sentido de por qué si el imputado es declarado inocente procedería el comiso ganancia.

El profesor Hernández observa que se trata de cuestiones distintas. Hay negación de responsabilidad penal de una persona porque no hay convicción sobre su participación. No obstante, el encabezado de la norma señala que debe ser un hecho ilícito. El cuerpo de delito debe estar claramente establecido pero no hay convicción en la participación del imputado acusado. Es un hecho ilícito del cual proviene una ganancia y por ello es procedente el comiso.

El señor Ilabaca insiste en sus reparos.

El profesor Bascuñán le explica que no es necesario que haya un condenado penalmente pero sí hay un hecho ilícito del cual se ha beneficiado la persona declarada inocente, de allí que se fije el comiso ganancia por el aprovechamiento del dolo ajeno.

El profesor Hernández enfatiza que esto es lo que explica que en muchos países haya procedimientos contra los objetos, porque puede suceder que quien tenga el objeto sea completamente inocente, ella está fuera de reproche penal, pero está en posesión de un objeto ilícito del cual se ha beneficiado. Son puntos independientes y no hay contradicción en ello.

El señor Leonardo Soto señala que le llama la atención desde la perspectiva del tercero de buena fe que no tuvo cómo saber que ese dinero u objeto tiene origen ilícito. Señala que esos terceros debieran estar resguardados frente a esta nueva institución.

El profesor Bascuñán señala que la defensa del tercero de buena fe está en que el Código Penal enumera las situaciones en que el tercero puede ser objeto de decomiso, no es una regla general sino una enumeración taxativa. Respecto de la defensa del sobreseimiento o absolución, el comiso no se determinará en ese momento por el mismo juez, sino que esa decisión generará una audiencia especial de comiso con estructura propia para la prueba del origen ilícito del objeto.

En votación, el Título III “Comiso de ganancias” (artículos 40 a 47, ambos inclusive) es aprobado por la unanimidad de los presentes diputados (as) señores (as) Matías Walker (Presidente de la Comisión); Camila Flores; Hugo Gutiérrez; Marcos Ilabaca; Pamela Jiles; Miguel Mellado (por la señora Núñez); Leonardo Soto y René Saffirio. (8-0-0).

Sesión N° 294 de 2 de diciembre de 2020.

El señor Walker (presidente) hace presente que dado que surgieron inquietudes acerca de las normas procesales y orgánicas de la nueva institución del comiso de ganancias, es que la votación del proyecto se retoma a partir de los artículos 49 y 50.

Posteriormente, se iniciará el análisis de los delitos en particular retomando la discusión desde el artículo 48 N° 12 sobre el delito de extorsión en adelante.

Se dejan pendientes los artículos 48 N° 6, 7, 8, 9 y 10 que estuvieron a cargo del profesor Héctor Hernández quien se tuvo que ausentar hoy por razones de fuerza mayor. Asimismo, dejaremos para el final el artículo 48 N° 11 sobre delitos medioambientales porque los profesores están trabajando en algunas mejoras.

- Así se procede.

Artículo 49

Art. 49. Modificaciones al Código Procesal Penal. Introdúcese las siguientes modificaciones en el Código Procesal Penal:

Numeral 1)

1. Introdúcese en su artículo 157 el siguiente nuevo inciso tercero:

“El Ministerio Público deberá solicitar las medidas cautelares que correspondan para asegurar bienes suficientes a fin de hacer efectivo el comiso de las ganancias provenientes del delito. Para estos efectos, el Juez de Garantía podrá ordenar mantener congeladas las cuentas en bancos o los fondos generales administrados por terceros.”

El profesor Bascuñán explica que las reformas procesales que consulta el proyecto se dividen en tres grandes grupos: modificaciones procesales comunes a las dos clases de comiso, modificaciones procesales propias del comiso con condena y modificaciones procesales comiso sin condena. Las dos primeras disposiciones del artículo 49, números 1 y 2 son relativas a las comunes y se refieren al aseguramiento de bienes para hacer efectivo el comiso. La idea es establecer la obligación del Ministerio Público de solicitar el comiso dado el interés público comprometido y el procedimiento por el cual se tramitará la solicitud de esta medida cautelar.

El señor Walker (presidente) pregunta cómo se determinará la cuantía de las especies decomisadas, de qué manera puede el Ministerio Público hacer una valoración de la suficiencia de los bienes en una etapa preliminar.

El profesor Bascuñán señala que solo puede ser una medida prudencial, al momento de la audiencia de formalización se podrá discutir el monto de la medida.

El objetivo es asegurar que la medida no sea tardía y haya bienes que incautar.

La abogada Zamora de ABOFEM sugiere precisar la norma ya que, por la remisión a las reglas de las medidas prejudiciales precautorias, el Ministerio Público tendría que rendir fianza u otorgar otra garantía para solicitar las medidas cautelares reales que se indican. En definitiva, manifiesta que se debe excluir al Ministerio Público del deber de rendir fianza u otorgar otra garantía de conformidad a las normas del Código de Procedimiento Civil.

El profesor Bascuñán señala que es totalmente pertinente la observación de la señora Zamora.

En el mismo sentido se pronuncia el académico Aldunate.

- Indicación del señor Walker para incorporar al inciso tercero propuesto, luego del punto final que pasa a ser punto y seguido, la siguiente frase:

“Para estos efectos, no se requerirá que concurra la circunstancia segunda del artículo 279 del Código de Procedimiento Civil.”

Puesto en votación, el numeral 1) del artículo 49, con la indicación transcrita, es aprobado por la unanimidad de los presentes, diputados (as) señores (as) Matías Walker (Presidente de la Comisión); Jorge Alessandri; Juan Antonio Coloma; Hugo Gutiérrez; Diego Ibáñez; Marcos Ilabaca; Pamela Jiles; Paulina Núñez, y René Saffirio. (9-0-0).

Numeral 2)

2. Introdúcese el siguiente nuevo artículo 157 bis:

“Art. 157 bis. Concesión de medidas sin audiencia del afectado. Las medidas solicitadas para asegurar bienes sobre los cuales hacer efectivo el comiso de ganancias podrán ser decretadas sin audiencia del afectado.

Si se procediere de este modo, el Juez de Garantía deberá fijar un plazo no inferior a 30 días ni superior a 120 días para que el Ministerio Público formalice la investigación respectiva. Transcurrido este plazo sin que se produzca la formalización, o sin que el Ministerio Público solicite la mantención de la medida con ocasión de la formalización, la medida quedará sin efecto.”.

El profesor Bascuñán señala que también es una regla común a las dos clases de comiso de ganancias y la idea es hacer oportuna y efectiva la medida cautelar previo al conocimiento del afectado para que no tenga tiempo para eludirla.

La abogada Zamora sugiere que ese inciso segundo declare que es respecto de la “solicitud” de formalización de la investigación.

El señor Ilabaca expresa que no está de acuerdo con la profesora porque en la audiencia de formalización se informa al imputado de las medidas, por lo tanto, está de acuerdo con la redacción original.

El profesor Bascuñán señala que el inciso primero el que hace procedente la medida cautelar sin audiencia y el inciso segundo hace necesaria la audiencia para su mantención.

Concuerda con la observación de la señora Zamora porque podría suceder que por razones imprevisibles se produzca una perturbación de la capacidad del Tribunal para la realización de la audiencia. En tal caso debería recortarse el plazo señalado.

El profesor Aldunate sugiere seguir la técnica del Código Procesal Penal: el juez de garantía deberá fijar un plazo no inferior a 30 ni superior a 60 días para que el Ministerio Público solicite la audiencia.

El señor Ilabaca no está de acuerdo con mantener la medida respecto de alguien que no está formalizado, por falta de bilateralidad de la audiencia. Solicita que se vote la propuesta original.

El señor Ibáñez propone que la medida quede sin efecto si no se realiza dentro del plazo.

El diputado Walker concuerda que es una medida excepcional, en un plazo acotado y perentorio, y que transcurrido este plazo sin que se solicite la audiencia de formalización o la mantención de la medida, ésta quedará sin efecto la medida.

El señor Gutiérrez señala sus aprensiones respecto de limitar al Ministerio Público en el sentido de obligarlo a formalizar en menos tiempo. Agrega que no se está afectando la libertad personal sino que la libre disposición de bienes.

El profesor Aldunate recuerda que esta medida es susceptible de recurso de apelación.

El señor Ilabaca insiste en que se deje el artículo tal y como está porque es una medida excepcional que dependerá de la agenda del Tribunal, por ello, se va a obligar a acotar los plazos.

La abogada Zamora enfatiza que esta regla ya existe en el procedimiento civil.

En este caso, si se fija un plazo perentorio para el Ministerio Público todas las circunstancias que no le son imputables le van a afectar igualmente. Enfatiza que si bien es una medida excepcional supone que para garantizarla se debe otorgar sin audiencia.

En votación, el numeral 2) del artículo 49 es aprobado por la unanimidad de los presentes, diputados (a) señores (a) Matías Walker (Presidente de la Comisión); Hugo Gutiérrez; Diego Ibáñez; Marcos Ilabaca; Pamela Jiles, y René Saffirio. (6-0-0).

Numeral 3)

3. Introdúcese en su artículo 259 el siguiente inciso tercero, pasando el actual a ser cuarto:

“Si el fiscal solicitare la aplicación del comiso de ganancias deberá indicar su monto y expresar con claridad y precisión los fundamentos de su solicitud, señalando los medios de prueba de que pensare valerse y dando, en su caso, cumplimiento a lo dispuesto en el inciso precedente.”.

El profesor Bascuñán señala que es la primera de las modificaciones referidas al comiso con condena previa, hay acusación y, por ende, comiso con ocasión de la condena solicitada. Se introduce la mención del comiso de ganancias dentro del escrito de acusación.

Sugiere que respecto del inciso final se incorpore una frase del siguiente tenor: “Con todo, en la acusación podrá solicitarse la aplicación del comiso de ganancias respecto de terceros en los casos previstos por la ley.” Lo anterior porque de acuerdo a las normas ya aprobadas puede existir comiso de ganancias dirigido a terceros.

El señor Walker (presidente) hace suya la propuesta del señor Bascuñán y presenta la respectiva indicación.

- Indicación del señor Walker para agregar una letra b) al número 3 del artículo 49 del siguiente tenor:

“b) Introdúcese en el inciso final a continuación del punto aparte que pasaría a ser punto y seguido la siguiente frase:

“Con todo, en la acusación podrá solicitarse el comiso de ganancias respecto de terceros en los casos previstos por la ley.”.

Puesto en votación, el numeral 3) del artículo 49, con la indicación, es aprobado por la unanimidad de los presentes, diputados (a) señores (a) Matías Walker (Presidente de la Comisión); Hugo Gutiérrez; Marcos Ilabaca; Pamela Jiles, y René Saffirio. (5-0-0).

La redacción del N° 3 del artículo 49 queda de la siguiente manera:

“3. Introdúcese en su artículo 259 las siguientes modificaciones:

a) Introdúcese el siguiente inciso tercero, pasando el actual tercero a ser cuarto y final:

“Si el fiscal solicitare la aplicación del comiso de ganancias deberá indicar su monto y expresar con claridad y precisión los fundamentos de su solicitud, señalando los medios de prueba de que pensare valerse y dando, en su caso, cumplimiento a lo dispuesto en el inciso precedente.”.

b) Introdúcese en el inciso final a continuación del punto aparte que pasa a ser punto y seguido la siguiente frase:

“Con todo, en la acusación podrá solicitarse el comiso de ganancias respecto de terceros en los casos previstos por la ley.”.”

Numeral 4)

4. Introdúcese en el inciso tercero de su artículo 348, a continuación de su punto final, que pasa a ser punto seguido, la siguiente oración:

“En cuanto al comiso de las ganancias del delito, si éstas ascendieran a un monto superior a 400 Unidades Tributarias Mensuales, se estará a lo dispuesto en el artículo siguiente. De lo contrario, el tribunal lo impondrá en la misma sentencia condenatoria si fuere procedente.”.

El señor Bascuñán explica que es el régimen de decisión de la sentencia condenatoria en relación con el comiso de ganancias.

Cuando el comiso de ganancias es de gran magnitud (superior a 400 unidades tributarias mensuales) o afecte a terceros: se va a audiencia especial de comiso, haciendo aplicables las normas relativas al comiso sin condena, que disponen reglas mínimas de debido proceso y bilateralidad.

Si el comiso de ganancias es de menor magnitud que afecta a quienes han sido condenados, hay una decisión en la misma sentencia condenatoria.

Sometido a votación, el numeral 4) del artículo 49 es aprobado por la unanimidad de los presentes, diputados (as) señores (as) Matías Walker (Presidente de la Comisión); Jorge Alessandri; Hugo Gutiérrez; Marcos Ilabaca; Pamela Jiles; Paulina Núñez, y René Saffirio. (7-0-0).

Numeral 5)

5. Introdúcese el siguiente nuevo artículo 348 bis:

“Art. 348 bis.- Comiso de ganancias. En caso de haberse solicitado la aplicación del comiso de ganancias por un monto superior a 400 Unidades Tributarias Mensuales, o si la aplicación del comiso afectare a terceros, en la sentencia condenatoria se citará a una audiencia especial.

Si el comiso sólo afectare personas que hubieren sido condenadas, la audiencia tendrá lugar dentro de décimo día a contar de la fecha de la sentencia. Si el comiso afectare a terceros, la audiencia no podrá tener lugar antes de treinta ni después de sesenta días contados desde la fecha de la notificación de la sentencia a los afectados.

La resolución y la audiencia respectiva se sujetarán a lo dispuesto en los artículos 415 quáter, quinquies y sexies.

El tribunal pronunciará su decisión de imposición del comiso o rechazo de la solicitud, y en el primer caso determinará el monto por el cual se lo impone. De haber bienes asegurados para hacerlo efectivo, los identificará y el tribunal pronunciará su decisión.”.

Puesto en votación, el numeral 5) del artículo 49 es aprobado por la unanimidad de los presentes, diputados (as) señores (as) Matías Walker (Presidente de la Comisión); Jorge Alessandri; Hugo Gutiérrez; Marcos Ilabaca; Pamela Jiles; Paulina Núñez, y René Saffirio. (7-0-0).

Numeral 6)

6. Introdúcese en su artículo 391 el siguiente nuevo inciso segundo:

“Si el fiscal solicitare la aplicación del comiso de ganancias deberá indicar su monto y expresar con claridad y precisión los fundamentos de su solicitud, exponiendo los antecedentes o elementos en los que ella se basa.”.

El señor Bascuñán señala que las cuatro propuestas de modificación que vienen son, básicamente, la aplicación de lo ya aprobado al juicio simplificado (números 6 y 7) y procedimiento abreviado (8 y 9, todos del artículo 49). El Fiscal solicita el comiso y se aplican las reglas previamente revisadas y aprobadas.

En atención a lo dicho se procede al análisis de los siguientes numerales para someterlos a votación conjunta.

Numeral 7)

7. Introdúcese en su artículo 396 el siguiente nuevo inciso final:

“Si se hubiere solicitado el comiso de ganancias en el requerimiento por un monto igual o inferior a 400 Unidades Tributarias Mensuales, el juez se pronunciará acerca de su procedencia en la sentencia. Si el monto fuere superior o si el comiso afectare a terceros, se estará a lo dispuesto en el artículo 348 bis.”.

Numeral 8)

8. Introdúcese en su artículo 411 el siguiente inciso segundo:

“Si el fiscal solicitare la aplicación del comiso de ganancias deberá indicar su monto y expresar con claridad y precisión los fundamentos de su solicitud.”.

Numeral 9)

9. Introdúcese en su artículo 413 el siguiente inciso final:

“Si el fiscal hubiere solicitado el comiso de ganancias por un monto igual o inferior a 400 Unidades Tributarias Mensuales, el juez se pronunciará acerca de su procedencia en la sentencia. Si el monto fuere superior o si el comiso afectare a terceros, se estará a lo dispuesto en el artículo 348 bis.”.

En votación, los numerales 6, 7, 8, y 9 del artículo 49 son aprobados por la unanimidad de los presentes, diputados (as) señores (as) Matías Walker (Presidente de la Comisión); Jorge Alessandri; Hugo Gutiérrez; Marcos Ilabaca; Pamela Jiles; Paulina Núñez, y René Saffirio. (7-0-0).

Numeral 10)

10. Introdúcese en el Libro Cuarto del Código Procesal Penal el siguiente Título III bis

“Título III bis. Procedimiento relativo a la imposición de comiso sin condena previa”

Art. 415 bis. Ámbito de aplicación. Las reglas del presente título son aplicables en los casos en que la ley dispone el comiso de bienes o activos obtenidos a través de un hecho ilícito que corresponde a un delito sin sujetar su procedencia a la dictación de una sentencia condenatoria relativa al hecho.

En esos casos, la resolución que ponga término a la investigación o juicio respectivos no obstará a la competencia del tribunal para conocer de este procedimiento.

Art. 415 ter. Citación. Habiéndose incautado bienes o asegurado conforme al artículo 157 para hacer efectivo el comiso, en la última resolución que recaiga sobre la respectiva investigación o el juicio, poniéndole término temporal o definitivo, el tribunal, a petición del Ministerio Público, citará a audiencia especial de comiso, que no podrá tener lugar antes de treinta ni después de sesenta días contados desde la fecha de la resolución.

Art. 415 quáter. Preparación. La resolución ordenará que las partes comparezcan a la audiencia, con todos sus medios de prueba. Si alguna de ellas requiriere de la citación de testigos o peritos por medio del tribunal deberá formular la respectiva solicitud con una anticipación no inferior a cinco días a la fecha de la audiencia.

La resolución será notificada a todas las personas que conforme a la ley podrían ser afectadas en su propiedad o patrimonio por la imposición del comiso, con a lo menos quince días de anticipación a la fecha de la audiencia.

Art. 415 quinquies. Audiencia y prueba. La audiencia comenzará dándose lectura a la solicitud de aplicación del comiso formulada por el Ministerio Público. En seguida se oirá a los comparecientes y se recibirá la prueba.

La prueba de los hechos de los que depende la procedencia del comiso, incluido su monto, será producida conforme a lo dispuesto en el artículo 295 y apreciada conforme a lo dispuesto en el artículo 297. El tribunal formará su convicción sobre la base de la prueba preponderante producida durante la audiencia.

Art. 415 sexies. Suspensión de la audiencia. La audiencia no podrá suspenderse, ni aun por falta de comparecencia de alguna de las partes o por no haberse rendido prueba en la misma. Sin embargo, si faltare una prueba anunciada por las partes que el tribunal considerare indispensable para la adecuada resolución de la causa, dispondrá lo necesario para asegurar su producción. La suspensión no podrá en caso alguno exceder de cinco días.

Art 415 septies. Contenido de la sentencia. La sentencia en el procedimiento de comiso sin condena previa contendrá:

a) La mención del tribunal, la fecha de su dictación y la identificación de los intervinientes;

b) La enunciación de la solicitud del Ministerio Público y de las defensas de los afectados, y sus fundamentos respectivos;

c) El análisis somero de la prueba producida;

d) Las razones de hecho y de derecho, que sirven de fundamento al fallo, en particular las que se refieren a la existencia del hecho ilícito del que proceden las ganancias; y

e) La decisión del asunto, imponiendo el comiso o denegándolo, y en el primer caso determinando el monto por el cual se lo impone.

Art. 415 octies. Recursos. Si la sentencia que impone o deniega el comiso de ganancias fuere dictada por un tribunal oral en lo penal, procederá en su contra el recurso de nulidad y el recurso de apelación del monto del comiso. En caso de interponerse ambos, el requirente deberá apelar en subsidio del recurso de nulidad.

El recurso de nulidad procederá por cualquiera de las causales previstas en los artículos 373 y 374 y deberá interponerse dentro de los diez días siguientes a la notificación de la sentencia que impone o deniega el comiso de ganancias. Su interposición y tramitación tendrá lugar de acuerdo con lo previsto en el Título Cuarto del Libro Tercero. El tribunal que conozca del recurso podrá decretar la nulidad de la audiencia prevista en el artículo 348 bis o, de tratarse exclusivamente de un error de derecho, anulará la sentencia y dictará sentencia de reemplazo.

Tratándose de una sentencia dictada por un juez de garantía, el recurso de apelación deberá interponerse dentro de los diez días siguientes a la notificación de la sentencia que impone o deniega el comiso de ganancias. El tribunal que conozca del recurso podrá, en ese caso, revocar la decisión que concede o deniega el comiso de ganancias y dictar sentencia de reemplazo, o podrá modificar el monto fijado por el tribunal a quo.

Art. 415 nonies. Ejecución. Una vez ejecutoriada la sentencia que impone el comiso ella será ejecutada conforme a lo dispuesto en el artículo 469 bis.”.

Puesto en votación, el numeral 10) del artículo 49 es aprobado por la unanimidad de los presentes, diputados (a) señores (a) Matías Walker (Presidente de la Comisión); Jorge Alessandri; Hugo Gutiérrez; Diego Ibáñez; Marcos Ilabaca; Paulina Núñez, y René Saffirio. (7-0-0).

Numeral 11)

11. Introdúcese el siguiente artículo 469 bis.

“Art. 469 bis. Ejecución del comiso de ganancias. Toda sentencia que imponga el comiso de las ganancias provenientes del delito será ejecutada como decisión civil dictada por un tribunal con competencia en lo penal.

En caso de que los bienes decomisados sean dinero o derechos a sumas de dinero, se los transferirá al fisco. Los fondos obtenidos mediante la realización de los bienes decomisados también serán transferidos al fisco.

El comiso de inmuebles o de bienes de propiedad registral conlleva la facultad de realizar aquellas inscripciones necesarias para ejecutar eficazmente el bien decomisado.”.

El señor Walker (presidente) pregunta por el significado de la frase “que sea ejecutada como decisión civil”.

El profesor Bascuñán explica que la norma tiene un alcance sustantivo al establecer en el Código Procesal Penal la misma regla que ya se estableció en el Código Penal consistente en que el comiso de ganancias no es parte de la responsabilidad penal sino una consecuencia civil que lleva envuelta una sentencia condenatoria.

Luego, en el artículo 50 se establece el vínculo entre el Código Procesal Penal y el Código Orgánico de Tribunales, que define los efectos de las sentencias civiles dictadas por los tribunales con competencia en lo penal.

En votación, el numeral 11) del artículo 49 es aprobado por la unanimidad de los presentes, diputados (a) señores (a) Matías Walker (Presidente de la Comisión); Jorge Alessandri; Hugo Gutiérrez; Diego Ibáñez; Marcos Ilabaca; Paulina Núñez, y René Saffirio. (7-0-0).

Artículo 50

Art. 50. Modificaciones al Código Orgánico de Tribunales. Introdúcese las siguientes modificaciones al artículo 171 del Código Orgánico de Tribunales:

1. Sustitúyese el inciso primero por el siguiente:

“La acción civil que tuviere por objeto la restitución de la cosa y la que tuviere por objeto la imposición del comiso de las ganancias provenientes del delito o, en los casos en que la ley lo disponga aun sin sentencia condenatoria, del hecho ilícito que corresponde al delito, deberán interponerse siempre ante el tribunal que conozca las gestiones relacionadas con el respectivo procedimiento penal.”.

2. Sustitúyese el inciso cuarto y final por el siguiente:

“El tribunal civil mencionado en el inciso anterior será competente para conocer de la ejecución de la decisión civil de las sentencias definitivas dictadas por los jueces con competencia penal, así como de la sentencia que imponga el comiso de las ganancias provenientes del hecho ilícito que corresponde al delito.”.

Sometidos a votación, los numerales 1 y 2 del artículo 50 son aprobados por la unanimidad de los presentes, diputados (a) señores (a) Matías Walker (Presidente de la Comisión); Jorge Alessandri; Hugo Gutiérrez; Diego Ibáñez; Marcos Ilabaca; Paulina Núñez, y René Saffirio. (7-0-0).

Artículo 48, continuación

Art. 48. Modificaciones al Código Penal. Introdúcese las siguientes modificaciones al Código Penal:

Numeral 12

12. Sustitúyese su actual artículo 438 por el siguiente:

“Art. 438. El que para obtener un provecho patrimonial para sí o para un tercero constriñere a otro con violencia o intimidación a suscribir, otorgar o entregar un instrumento público o privado que importe una obligación estimable en dinero, o a ejecutar, omitir o tolerar cualquier otra acción que importare una disposición patrimonial en perjuicio suyo o de un tercero, será castigado con las penas respectivamente señaladas en este párrafo para el culpable de robo.”.

El señor Aldunate comparte la propuesta porque supera en redacción y contenido a la norma actual, ya que el énfasis está en el provecho patrimonial. La propuesta es mucho más comprensiva.

Puesto en votación, el numeral 12 del artículo 48 es aprobado por la unanimidad de los presentes, diputados señores Matías Walker (Presidente de la Comisión); Jorge Alessandri; Hugo Gutiérrez; Diego Ibáñez; Marcos Ilabaca, y René Saffirio. (6-0-0).

Numeral 13

13. En el encabezamiento de su artículo 459 sustitúyese las expresiones “presidio menor en sus grados mínimo a medio” por las expresiones “presidio menor en su grado medio a máximo”.

El profesor Bascuñán señala que es una consideración de merecimiento y necesidad de aumentar la pena que tiene la usurpación de aguas que es creciente en nuestra sociedad actual.

Se mantiene en las penas menores pero es pena aflictiva.

El señor Ibáñez pregunta sobre la motivación de quien cometiere el delito de usurpación de aguas, señala consultar en relación con quienes lo hacen para consumo humano.

El profesor Bascuñán señala que la completa actualización de la regulación penal de las ilicitudes más grave del manejo del recurso hídrico no es algo que el proyecto se aventura a realizar. Sin perjuicio de lo anterior, en los delitos medioambientales se contempla esta figura.

El señor Walker (presidente) señala que la exigencia del tipo actual dispone que la usurpación sea sin título.

El señor Alessandri señala que le parece que la norma está referida a agua de regadío, por tal motivo, votará a favor de la norma.

El señor Ibáñez señala que aún tiene dudas sobre la configuración del tipo ya que, en abstracto, puede resultar atentatorio para quienes no tengan derechos constituidos, particularmente, en el sistema de agua potable rural.

El señor Walker (presidente) señala que para quienes representan distritos con escasez hídrica la norma es fundamental ya que aumenta la pena para este delito en el marco de la discusión de la sistematización de delitos económicos y medioambientales. Lo que se busca es terminar con la sensación que quien comete este tipo de delitos quede sin sanción o sin sanción efectiva. Ello explica el aumento de la pena; se busca proteger a los pequeños agricultores y no perjudicarlos. Invita al diputado Ibáñez a reevaluar su postura.

El señor Gutiérrez expresa comprender las inquietudes del diputado Ibáñez, pero coincide que la iniciativa legislativa en discusión apunta perseguir los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente.

El señor Aldunate señala la protección del consumo humano del agua en el Código de Aguas, por ello, el artículo 173 bis de dicho cuerpo, eleva la sanción cuando una infracción al Código afecta al consumo humano. Sugiere dejar en claro que la intención del legislador no es sancionar el estado necesidad, por ejemplo, el consumo humano.

El señor Saffirio señala que también tiene dudas sobre la norma. Sugiere un inciso final en donde se excluya del delito de la usurpación de aguas a quienes hagan uso con fines de consumo humano personal o familiar.

El profesor José Pedro Silva aclara que en el ejercicio de la profesión se les han hecho encargos para estudiar esta norma. En la experiencia, se ve que se afectan los canales que son usados por los pequeños agricultores, lo que se utilizan son bombas eléctricas y cañerías ocultas en los canales con los cuales se produce la extracción ilícita de agua. Los pequeños agricultores son víctimas de este tipo de delito.

El profesor Aldunate da lectura al inciso artículo 56 del Código de Aguas, “Cualquiera puede cavar en suelo propio pozos para las bebidas y usos domésticos, aunque de ello resulte menoscabarse el agua de que se alimente algún otro pozo; pero si de ello no reportare utilidad alguna, o no tanta que pueda compararse con el perjuicio ajeno, será obligado a cegarlo.”

El señor Ibáñez observa que, en cada numeral de la norma pudiera ver reflejada una realidad de su distrito, en un contexto de desigualdad de origen de los títulos sobre los derechos de agua y, por lo tanto, no podría estar por aprobar esta norma.

- Indicación del señor Saffirio, para agregar un nuevo inciso final:

“Las sanciones establecidas en este artículo no se aplicarán a quienes hagan uso del agua para consumo personal o familiar en los términos del artículo 56 del Código de Aguas.”.

Sobre la terminología, el profesor Aldunate aclara que el artículo 173 del Código de Aguas habla de “consumo humano” y el artículo 56 habla de “consumo para uso doméstico”; reglamentariamente se ha interpretado qué se entiende por uso doméstico. La indicación sería una especie de excusa legal absolutoria.

Reemplazo del señor Gonzalo Fuenzalida por el señor Francisco Eguiguren a partir de este momento de la sesión.

En votación, el numeral 13 del artículo 48, con la indicación, es aprobado por los votos mayoritarios de los (a) diputados (a) señores (a) Matías Walker (Presidente de la Comisión); Jorge Alessandri; Francisco Eguiguren (por el señor Fuenzalida); Hugo Gutiérrez; Marcos Ilabaca; Paulina Núñez, y René Saffirio. Se abstiene el señor Diego Ibáñez. (7-0-1).

Numeral 14

14. Sustitúyese su actual artículo 463 por el siguiente:

“Art. 463. El que dentro de los dos años anteriores a la resolución de liquidación a que se refiere el Capítulo IV de la Ley de Reorganización y Liquidación de Activos de Empresas y Personas, conociendo el mal estado de sus negocios, ejecutare actos o contratos que disminuyan su activo o aumenten su pasivo de un modo manifiestamente contrario a las exigencias de una administración racional del patrimonio, será castigado con la pena de presidio menor en cualquiera de sus grados.”.

El profesor Bascuñán señala que este numeral y los cinco que le siguen, se refieren a rectificaciones de la regulación que hizo la ley Nº 20.720 en relación con los delitos concursales. El proyecto no discrepa de la idea regulatoria general sino que sobre los términos precisos en los cuales se llevó a cabo.

Hace presente que el proyecto contempla una regulación transitoria para evitar interpretaciones sobre la entrada en vigencia de estas modificaciones y dificultades en la praxis judicial.

El número 14 del artículo 48 se refiere al artículo 463 del Código Procesal Penal, que trata el tipo genérico de insolvencia punible. Cabe preguntarse si tiene una cobertura solo respecto de lo que antiguamente era quiebra dolosa o si también recoge algunas hipótesis de lo que era antes la quiebra culpable con sus respectivas presunciones.

El legislador de la ley Nº 20.720 tomó una opción “curiosa” porque construye un tipo genérico, constituida por una insolvencia asociada a una imprudencia grave del acreedor, pero se utilizó una formula (una redacción) extraña a los delitos concursales, tomada del artículo 3 la ley Nº 19.913 sobre operaciones sospechosas. En definitiva, el tipo es redundante porque el resto de los artículos se hacen cargo de las otras hipótesis. El proyecto busca mejorar dicho aspecto (ofrece una genuina hipótesis genérica) con la redacción original de la reforma concursal.

Esa es la razón de la extensión hacia abajo de la penalidad, pues puede haber casos de extrema gravedad y otros no tan graves, ampliándose el margen para la pena.

Dado lo expuesto por el profesor Bascuñán se procede a la lectura y análisis de los numerales 14, 15, 16, 17 y 18.

Numeral 15

15. Sustitúyese su actual artículo 463 bis por el siguiente:

“Art. 463 bis. Será castigado con la pena de presidio menor en su grado medio a presidio mayor en su grado mínimo, el deudor que realizare alguna de las siguientes conductas:

1°. Si dentro de los dos años anteriores a la resolución de reorganización o liquidación favoreciere a uno o más acreedores en desmedro de otro pagando deudas que no fueren actualmente exigibles u otorgando garantías para deudas contraídas previamente sin garantía;

2º. Si después de la resolución de liquidación percibiere, se apropiare o distrajere bienes que deban ser objeto del procedimiento concursal de liquidación;

3º. Si después de la resolución de liquidación, realizare actos de disposición de bienes de su patrimonio, reales o simulados, o si constituyere prenda, hipoteca u otro gravamen sobre los mismos; o

4º. Si dentro de los dos años anteriores a la resolución de liquidación o reorganización, o con posterioridad a esa resolución, ocultare total o parcialmente sus bienes o sus haberes.”.

Numeral 16

16. Sustitúyese su actual artículo 464 por el siguiente:

“Art. 464. Será castigado con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y con la sanción accesoria de inhabilidad especial perpetua para ejercer el cargo, el veedor o liquidador designado en un procedimiento concursal de reorganización o liquidación, que perpetrare cualquiera de los hechos previstos en los números 1 u 11 del artículo 470.”.

Numeral 17

17. Derógase su artículo 464 bis.

Numeral 18

18. Sustitúyese el actual inciso segundo de su artículo 464 ter por el siguiente:

“Del mismo modo será castigado el que sin tener la calidad antedicha perpetrare alguno de los hechos señalados en el inciso anterior actuando con el consentimiento de quien tiene esa calidad o en su beneficio.”.

En votación, los numerales 14, 15, 16, 17 y 18 del artículo 48 son aprobados por la unanimidad de los presentes, diputados señores Matías Walker (Presidente de la Comisión); Jorge Alessandri; Hugo Gutiérrez; Diego Ibáñez; Marcos Ilabaca; Leonardo Soto, y René Saffirio. (7-0-0).

Sesión N°297 de 15 de diciembre de 2020.

Se hace presente el siguiente orden de votación:

1. Retomar la discusión del artículo 48, numerales 6 a 10, ambos inclusive. El articulo 48 Nº 11 sobre delitos medioambientales se dejará para el final porque los profesores están trabajando en una mejora en su redacción.

2. A continuación, se revisará desde el artículo 48, numerales 19 a 23.

3. Luego, continuar con el artículo 52 y dejar el artículo 51 sobre modificaciones a la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas para el final.

Artículo 48, continuación.

Art. 48. Modificaciones al Código Penal. Introdúcese las siguientes modificaciones al Código Penal:

Numeral 6

6. En su artículo 240;

a. Intercálase en su número 7°, entre las palabras “anónima” y “que”, la expresión “abierta o especial”.

b. Sustitúyese en su inciso segundo la expresión “personas enumeradas en el inciso precedente” por la frase “personas mencionadas en los números 1 a 6 del inciso precedente”.

c. Sustitúyese en su inciso tercero la expresión “alguna de las personas enumeradas en el inciso primero” por la frase “alguna de las personas mencionadas en los números 1 a 6 del inciso primero”.

d. Introdúcese el siguiente inciso cuarto nuevo:

“Tratándose de una sociedad anónima abierta o especial, las mismas penas referidas en el inciso primero se aplicarán al director o gerente que diere o dejare tomar interés a personas consideradas por la ley como partes relacionadas.”.

El señor Walker (presidente) señala que norma tendría como objetivo ampliar el ámbito de aplicación del tipo penal, razón por la que pregunta el sentido de no incluir a las sociedades anónimas cerradas.

El académico señor Héctor Hernández expresa que el delito de negociación incompatible se amplió considerablemente a través de la ley N° 21.121.

Respecto del N° 7, manifiesta que se busca resolver la desarmonía existente entre el Código Penal –norma accesoria en este aspecto- a la normativa comercial primaria, particularmente, la ley N° 18.046, sobre Sociedad Anónimas.

En primer lugar, el proyecto de ley restringe el ámbito de aplicación a aquellas sociedades anónimas en que existe una especial preocupación en la legislación mercantil: las sociedades anónimas abiertas (regulación de operaciones con personas relacionadas, artículo 146 de la ley de Sociedades Anónimas) y, por extensión, a las sociedades anónimas especiales (compañías de seguro, administradoras de fondos de pensiones, entre otras), por la importancia social que presentan, disponiendo que se castigue con total independencia de la existencia de perjuicio.

De todas formas, para todas las sociedades, en términos generales, si hay perjuicio, el patrimonio está protegido a través del delito de administración desleal (artículo 470 N° 11 de la ley 21.121).

En segundo lugar, se busca resolver la discrepancia respecto de los criterios de valoración entre el Código Penal y la normativa comercial. El artículo 240 del Código Penal señala que el grado de parentesco relevante al efecto es hasta el tercer grado, sin embargo, en la ley de Sociedades Anónimas que regula estos conflictos lo fija solo hasta el segundo grado.

En este sentido, se efectúa una “remisión dinámica” a la ley de Sociedades Anónimas, al decir, las mismas penas se aplicarán “a personas consideradas por la ley como partes relacionadas”. En tal sentido, si cambia la legislación comercial el Código Penal queda ajustada automáticamente. Reitera que el Código Penal no puede ir en contra de la valoración propia de la legislación comercial.

Sobre la no inclusión de las sociedades anónimas cerradas, expone que la consideración de relevancia responde a la valoración de la normativa comercial en materia de sociedades.

El académico señor Enrique Aldunate coincide con lo expuesto, particularmente, con la remisión a la regulación comercial sobre operaciones con partes relacionadas (artículo 146 de la ley de Sociedades Anónimas) y otras normas.

Sometido a votación, el numeral 6 del artículo 48 es aprobado por los votos mayoritarios de los (as) diputados (as) señores (as) Matías Walker (Presidente de la Comisión); Jorge Alessandri; Diego Ibáñez; Marcos Ilabaca; Pamela Jiles, y Paulina Núñez. Se abstiene el diputado señor René Saffirio. (6-0-1).

Numeral 7

7. Introdúcese el siguiente nuevo inciso segundo en su artículo 247 bis:

“Con las mismas penas serán castigados los que, ejerciendo alguna de las profesiones que requieren título, obtuvieren un beneficio económico para sí o para un tercero haciendo uso de los secretos que por razón de su profesión se les hubiere confiado. Tratándose de un abogado, si el hecho perjudicare además a su cliente, se impondrán también las penas privativas de derechos señaladas en el artículo 231.”

El diputado Walker (presidente) pregunta si este tipo penal es distinto al uso de información privilegiada de la ley de Mercado de Valores.

El académico señor Héctor Hernández expresa que el proyecto de ley persigue ampliar la disposición que se hace cargo del aprovechamiento de secretos de particulares por parte de funcionarios públicos a aquellos profesionales que tienen deber de confidencialidad.

Actualmente, el artículo 247 sanciona la revelación de secretos por parte de empleado público o por aquellos que ejercen alguna de las profesiones que requieren título. Sin embargo, el artículo 247 bis aumenta la sanción únicamente al empleado público que, haciendo uso de un secreto o información concreta reservada, de que tenga conocimiento en razón de su cargo, obtuviere un beneficio económico para sí o para un tercero.

En ese sentido, se dispone la misma sanción a los que, ejerciendo alguna de las profesiones que requieren título, obtuvieren un beneficio económico para sí o para un tercero haciendo uso de los secretos que por razón de su profesión se les hubiere confiado. Tratándose de un abogado, si el hecho perjudicare además a su cliente, se impondrán también las penas privativas de derechos señaladas en el artículo 231.

Apunta que el foco está en el ejercicio de determinadas profesiones que imponen el deber de confidencialidad.

Sobre el uso de información privilegiada, aclara que son situaciones diferentes, si en un caso concreto se producen ambas hipótesis, habrá concurso de delitos.

El diputado Saffirio pregunta cuál es el sentido de disponer un trato notablemente diferente respecto de la profesión de abogado.

Ante la consulta, el profesor Hernández explicita que la pena privativa de libertad y la pena pecuniaria son idénticas para los diversos profesionales; se agrega una pena privativa de derechos (ejercicio de la profesión) para la profesión de abogado, siendo una situación más gravosa por una razón práctica y una de convicción.

La razón práctica es la existencia en el ordenamiento jurídico de una preocupación especial respecto de la revelación de secreto de profesiones titulares, específicamente, de la del título abogado. Al efecto, el artículo 231 del Código Penal dispone el delito de prevaricación de abogado, lo que no existe respecto de otras profesiones.

La convicción es que les parece más delicado, desde un punto de vista económico y patrimonial, el secreto propio de los abogados, lo que amerita un tratamiento, particularmente, severo respecto de esta profesión, exigiendo estándares éticos que se deben preservar.

Concluye que no había modelo a la vista para extenderlo a otras profesiones.

El diputado Ilabaca también expresa sus inquietudes frente a las sanciones adicionales impuestas a la profesión de abogado y pregunta a qué tipo de “perjuicio” hace referencia el último párrafo del inciso propuesto.

Por su parte, la diputada Núñez pregunta la razón de castigar con la misma pena la revelación de secreto por parte de un empleado público que la de un profesional en relación con su cliente, considerando de mayor gravedad la primera de estas.

Se refiere también a la situación de personas que hacen uso de información (obtenida en su calidad de empleados públicos) en el ámbito privado, luego de haber dejado sus cargos públicos.

El profesor Hernández manifiesta que existe una preocupación especial respecto a los estándares éticos exigidos en la profesión de abogado.

Señala que en abstracto estaría de acuerdo con no hacer distinciones, pero precisa que no existe para nada claridad respecto de cuál es el círculo de profesionales a los que se extiende la norma. Hay claridad respecto a quienes se encuentran obligados a una especie de “secreto profesional”, abogados, médicos, sicólogos, contadores; pero, por ejemplo, no hay claridad si se extendería a ingenieros comerciales, agrónomos. Por ello, se hace una propuesta específica con base en la regulación del artículo 231.

Frente al alcance del concepto “perjuicio”, dice que, en relación con el artículo 231, se acepta un concepto amplio pero que no incluye el daño moral. Se entiende como la afectación de la posición o estatus jurídico del cliente en un litigio o gestión para la que se requiere asesoría de un letrado, con o sin valor económico, por ejemplo, en el ámbito del derecho de familia. Se verá caso a caso.

Seguidamente, precisa que el tipo penal del 247 bis supone que el sujeto al momento de actuar sea empleado público. Otras hipótesis, por ejemplo, si la información la aprovechara después de ser empleado público, o en el caos del cohecho, si se recibiera una coima antes de ser empleado público, no serían punibles conforme a la norma vigente, sancionarlo sería objeto de una discusión más amplia.

En la misma línea, el académico señor Bascuñán enfatiza que el proyecto de ley no hace distinciones respecto de la profesión de abogado; esa distinción ya la hace el Código Penal desde el año 1875.

Las profesiones titulares (entre ellas, las de abogado) cometen delito, conforme el artículo 247, si revelan la información confidencial del cliente. El abogado comete delito tanto si revela información como si, con abuso malicioso de su cargo, perjudica al cliente.

La regla del 247 bis dispone que en ese caso calificado, por concurso, aplica ambas penas: la pena privativa de libertad del “nuevo” delito (de uso de información confidencial) y la pena privativa de derechos del delito “tradicional” de perjuicio del cliente. Las demás profesiones titulares no tienen una pena por perjuicio del cliente con abuso malicioso de la profesión, solo la del abogado.

En síntesis, el proyecto de ley se pone en el caso de que el uso de información en beneficio propio o de terceros no redunde en beneficio del abogado que perjudica el cliente y que, entonces, no se pueda aplicar la pena del artículo 231 porque sería aplicable la de este nuevo artículo 247 bis. Sencillamente, se resuelve un problema concursal de modo de mantener la plena aplicación de las penas que están dirigidas a los delitos que comete el abogado contra los intereses de su cliente.

El diputado Saffirio expresa que existe una multiplicidad de profesiones que pueden tener impacto en este ámbito, por ejemplo, todos aquellos vinculados a los procesos de licitación de obras de infraestructura, en materia de calificación ambiental, o en el área de la minería. Analiza si sería el momento de incorporar otras profesiones a esta regulación.

El diputado Walker (presidente) concuerda con la necesidad de abordar en su momento la situación de quienes aprovechan información (que obtienen como empleados públicos) en el ámbito privado una vez que dejan el sector público. Establecer una suerte de “ultraactividad” del tipo penal durante un período de tiempo.

El diputado Ilabaca pide votación separada del último párrafo del nuevo inciso segundo que se incorpora en el artículo 247 bis del Código Penal, del siguiente tenor: “Tratándose de un abogado, si el hecho perjudicare además a su cliente, se impondrán también las penas privativas de derechos señaladas en el artículo 231.”

- Indicación del diputado Saffirio al numeral 7, para eliminar en el último párrafo, la expresión “además” y sustituir el término “también” por “además”.

Puesto en votación, el numeral 7 del artículo 48 (salvo el último párrafo del nuevo inciso segundo) es aprobado por la unanimidad de los presentes, diputados (as) señores (as) Matías Walker (Presidente de la Comisión); Hugo Gutiérrez; Diego Ibáñez; Marcos Ilabaca; Pamela Jiles; Paulina Núñez, y René Saffirio. (7-0-0).

En votación, el último párrafo del nuevo inciso segundo, con la indicación del diputado Saffirio, es aprobado por los votos mayoritarios de los (as) diputados (as) señores (as) Matías Walker (Presidente de la Comisión); Hugo Gutiérrez; Diego Ibáñez; Pamela Jiles; Paulina Núñez, y René Saffirio. Vota en contra el diputado señor Marcos Ilabaca. (6-1-0).

En consecuencia, el numeral 7 queda aprobado de la siguiente manera:

7. Introdúcese el siguiente nuevo inciso segundo en su artículo 247 bis:

“Con las mismas penas serán castigados los que, ejerciendo alguna de las profesiones que requieren título, obtuvieren un beneficio económico para sí o para un tercero haciendo uso de los secretos que por razón de su profesión se les hubiere confiado. Tratándose de un abogado, si el hecho perjudicare a su cliente, se impondrán además las penas privativas de derechos señaladas en el artículo 231.”

Numeral 8

8. Sustitúyese el actual artículo 284 por los siguientes nuevos artículos 284 y 284 bis:

“Art. 284. Será castigado con presidio o reclusión menor en su grado medio el que sin el consentimiento de su legítimo poseedor revelare o consintiere que otra persona accediere a un secreto comercial que hubiere conocido:

1.° bajo un deber de confidencialidad con ocasión del ejercicio de un cargo o una función pública o de una profesión cuyo título se encontrare legalmente reconocido y siempre que el deber de confidencialidad profesional estuviere fundado en la ley o un reglamento, o en las reglas que definen su correcto ejercicio;

2.° en razón o a consecuencia de una relación contractual o laboral con la empresa afectada o con otra que le haya prestado servicios;

3.° por medio de una intromisión indebida.

El que sin el consentimiento de su legítimo poseedor se aprovechare económicamente de un secreto comercial que hubiere conocido en alguna de las circunstancias previstas en el inciso anterior o sabiendo que su conocimiento del secreto proviene de un hecho de los señalados en el inciso anterior será sancionado con presidio o reclusión menor en su grado máximo.

No incurre en el delito previsto en este artículo el que habiendo conocido legítimamente un secreto comercial durante su relación contractual o laboral con una empresa con posterioridad al cese de dicha relación se aprovechare en el ejercicio de su profesión u oficio o en el desarrollo de una actividad económica de un secreto empresarial que hubiere pasado a ser parte inescindible de su bagaje profesional o laboral.

Para los efectos de este artículo y del artículo siguiente se entenderá por secreto comercial todo conocimiento de acceso restringido concerniente a la elaboración o comercialización de productos o a la prestación de servicios, así como a la organización o funcionamiento de la empresa, cuya revelación fuere idónea para perjudicar la posición de ésta en la competencia.

284 bis. El que sin el consentimiento de su legítimo poseedor accediere a un secreto comercial mediante intromisión indebida con el propósito de revelarlo o aprovecharse económicamente de él será castigado con presidio o reclusión menor en su grado medio.

Igual pena se impondrá al que sin el consentimiento de su legítimo poseedor reprodujere la fijación en cualquier formato de información constitutiva de un secreto empresarial con el propósito de revelarlo o aprovecharse económicamente de él.

Por intromisión en los términos de este artículo se entenderá:

1.° el ingreso a dependencias de la empresa o la captación visual o sonora mediante dispositivos técnicos de lo que tuviere lugar al interior de dependencias de la empresa, siempre que ello no fuere perceptible desde su exterior sin la utilización de dispositivos técnicos como los empleados en la captación o sin recurrir a escalamiento o a algún otro modo de vencimiento de un obstáculo a la percepción;

2.° la captación visual o sonora mediante dispositivos técnicos del contenido de la comunicación que dos o más personas mantuvieren, de la ejecución de una acción o del desarrollo de una situación por parte de una persona cuando los involucrados tuvieren una expectativa legítima de no estar siendo vistos, escuchados, filmados o grabados, manifestada en las circunstancias de la comunicación, la acción o la situación y que ésta concerniere a la empresa;

3.° el acceso a la información que se tuviere en cualquier soporte o medio de la empresa vulnerando mecanismos de resguardo que impidieren el libre acceso a ella.”

El profesor Hernández expresa que esta es una de las innovaciones más significativa del proyecto de ley que busca colmar un vacío respecto del “secreto de empresa” o “secreto comercial”.

El artículo 284 es una norma anacrónica que no satisface la necesidad de la vida económica moderna.

En el artículo 284 propuesto se define el “secreto comercial”, y se tipifican conjuntamente las conductas de revelación de secreto (por quienes tienen un deber de conservarlo) y el aprovechamiento económico de ese secreto.

Se refiere a tres círculos de personas: uno, empleados públicos (que en razón de su cargo tienen conocimiento de estos secretos), y profesionales titulares con deber de confidencialidad; dos, quienes desempeñan servicios a la empresa (no necesariamente tienen deberes originarios de confidencialidad) y tres, aquellos que acceden a secretos por una intromisión indebida.

Apunta que existe una limitación de responsabilidad para el caso previsto en el número 2, aquellos que se desempeñan en la empresa afectada o con otra que le haya prestado servicios. El inciso tercero dispone que no incurre en el delito previsto en este artículo el que habiendo conocido legítimamente un secreto comercial durante su relación contractual o laboral con una empresa con posterioridad al cese de dicha relación se aprovechare en el ejercicio de su profesión u oficio o en el desarrollo de una actividad económica de un secreto empresarial que hubiere pasado a ser parte inescindible de su bagaje profesional o laboral.

El artículo 284 bis regula la intromisión indebida o “espionaje comercial o empresarial”. Alguno de estos supuestos pueden llegar a coincidir con disposiciones de otras leyes, como los de la ley de delitos informáticos, lo que se resolverá de acuerdo con el régimen concursal.

- Indicación del diputado Saffirio, al numeral 1 del artículo 284 propuesto, para reemplazar el punto y coma por un punto y seguido y agregar la siguiente frase: “Además se aplicará a estos la pena de suspensión en su grado mínimo a inhabilitación perpetua para dicho cargo o profesión si la tuviere;”.

El autor de la indicación explica que efectúa un enlace con la norma anterior aprobada. El sentido es lograr que todo aquel que detente una profesión y que incurra en este tipo tenga también, como los abogados, la inhabilitación perpetua para el cargo o profesión, sanción que estima de la máxima gravedad.

El profesor Hernández aclara que aquellos que no tengan profesiones que les imponga el deber de confidencialidad pueden también incurrir en el delito, sea a través del número 1 (empleados públicos, y profesionales con deber especial de reserva sea por ley, reglamento o por criterios de buen funcionamiento de la actividad); en el número 2 de este artículo, en razón o a consecuencia de una relación contractual o laboral con la empresa afectada o con otra que le haya prestado servicios; o por medio de una intromisión indebida. Señala que se encuentran comprendidos todos aquellos que debieran estarlo (tienen vínculos con la empresa o espían).

Apunta que en la definición de los secretos relevantes va implícita la idea de que se trata de información cuya revelación es idónea para perjudicar la posición de esta en la competencia.

Por último, reitera que como no están identificadas con claridad a cuáles profesiones se refiere, plantea sus reparos de establecer esa sanción adicional.

De todas formas, señala que -en caso de incorporar la indicación- se debiera disponer como un nuevo inciso tercero y respecto de las profesiones del número 1 del inciso primero.

Acogiendo la nueva ubicación sistemática reseñada, el diputado señor Saffirio retira su indicación y presenta la siguiente indicación:

- Indicación del diputado Saffirio para incorporar un nuevo inciso tercero al artículo 284 propuesto, pasando el inciso tercero a ser cuarto, y así sucesivamente, del siguiente tenor:

“Sin perjuicio de las penas previstas en los dos incisos precedentes, cuando el delito se cometa con ocasión del ejercicio de una de las profesiones a que se refiere el N° 1 del inciso primero, se impondrá, además la suspensión en su grado mínimo a inhabilitación especial perpetua para el cargo o profesión.”

Sometido a votación, el artículo 284 contenido en el numeral 8 del artículo 48, es aprobado por la unanimidad de los presentes, diputados señores Matías Walker (Presidente de la Comisión); Jorge Alessandri; Juan Antonio Coloma; Hugo Gutiérrez; Diego Ibáñez; Marcos Ilabaca, y René Saffirio. (7-0-0).

Puesta en votación, la indicación del señor Saffirio (con la nueva redacción) es aprobada por los votos mayoritarios de los diputados señores Matías Walker (Presidente de la Comisión); Jorge Alessandri; Hugo Gutiérrez; Marcos Ilabaca, y René Saffirio. Se abstienen los diputados señores Juan Antonio Coloma y Diego Ibáñez. (5-0-2).

En votación, el artículo 284 bis contenido en el numeral 8 del artículo 48 es aprobado por la unanimidad de los presentes, diputados señores Matías Walker (Presidente de la Comisión); Jorge Alessandri; Juan Antonio Coloma; Hugo Gutiérrez; Diego Ibáñez; Marcos Ilabaca, y René Saffirio. (7-0-0).

Numeral 9

9. Sustitúyense los actuales artículos 285 y 286 por los siguientes:

“Art. 285. El que por medios fraudulentos alterare el precio de bienes o servicios sufrirá las penas de presidio o reclusión menor en sus grados medio a máximo.”

Art. 286. Se impondrá la pena de presidio o reclusión menor en su grado máximo a presidio o reclusión mayor en su grado mínimo cuando el fraude expresado en el artículo anterior recayere sobre el precio de bienes o servicios de primera necesidad o de consumo masivo.”

La académica señora Verónica Rosenblut señala que el proyecto de ley busca mejorar la redacción de ambas disposiciones, aumentar las penas y perfeccionar la regulación que data desde el siglo XIX.

El artículo 285 se refiere a la alteración de precio extrabursátil. Primeramente, el proyecto se refiere, en términos genéricos, a la “alteración de precio de bienes o servicios”; elevar un grado la pena, y reemplazar la expresión “Los que…” por “El que…” para descartar que se considere como figura de participación necesaria, dos o más personas concertadas.

En el artículo 286 se considera como una figura agravada, se aumenta la pena en un grado cuando el fraude expresado en el artículo anterior recayere sobre el precio de bienes o servicios de primera necesidad o de consumo masivo.

El diputado Alessandri pregunta cuáles serían ejemplos de alteración fraudulenta y cómo se distinguiría de actividades que respondan a la legítima competencia del mercado. Expresa sus inquietudes respecto a la amplia redacción de la disposición dando cuenta de su experiencia de la dificultad de distinguir entre ambos.

Por su parte, el diputado Walker (presidente) consulta qué ocurre en caso de las ofertas de “ciber monday”, “black friday” y eventuales alteraciones de precios. Hace presente que el tipo penal exige fraude, dolo, ánimo de defraudar.

El diputado Ilabaca observa que debe existir el elemento fraude, por ejemplo, cabrían en esta hipótesis la colusión de farmacias, pollos, papel confort. Se busca modernizar el lenguaje.

La académica señora Verónica Rosenblut explica que la figura requiere que la alteración de precios se realice por medios fraudulentos. Aclara que al aludir al concepto de fraude, más que el dolo, se refiere a actos o prácticas que se alejen de la legítima competencia.

Respecto de los ejemplos, la ley de Mercado de Valores dispone diversas figuras de manipulación de precios, se podría pensar en difusión de información falsa, conductas de acaparamiento o conductas para producir una distorsión en las reglas del juego de la oferta y demanda.

Respecto a los “ciber day” las alteraciones de precios se resuelven a través de la normativa de protección al consumidor.

Por último, indica que la alteración fraudulenta es un concepto más amplio que la colusión que redunda en el acuerdo de fijación de precios.

Sometidos a votación, los artículos 285 y 286 contenidos en el numeral 9 del artículo 48 son aprobados por la unanimidad de los presentes, diputados señores Matías Walker (Presidente de la Comisión); Jorge Alessandri; Juan Antonio Coloma; Hugo Gutiérrez; Diego Ibáñez; Marcos Ilabaca, y René Saffirio. (7-0-0).

Numeral 10

10. En sus artículos 287 bis y 287 ter sustitúyese las expresiones “empleado o mandatario” por las expresiones “director, administrador, mandatario o empleado de una empresa”.

La académica señora Verónica Rosenblut expresa que la modificación afecta a las normas del delito de corrupción privado, cohecho a particulares, y resuelve las dudas interpretativas en relación con los destinatarios de la norma, precisando que es aplicable tanto a los mandos medios como a los cargos más altos de la administración, comprendiendo al director, administrador, mandatario o empleado de una empresa.

El diputado Walker (presidente) valora que se amplíe el ámbito de aplicación.

En votación, el numeral 10 del artículo 48 es aprobado por la unanimidad de los presentes, diputados señores Matías Walker (Presidente de la Comisión); Jorge Alessandri; Juan Antonio Coloma; Hugo Gutiérrez; Diego Ibáñez; Marcos Ilabaca, y René Saffirio. (7-0-0).

Se deja constancia de la presentación por parte de los académicos de las siguientes propuestas de indicaciones:

1) Para sustituir el artículo 48 Nº 20 del proyecto de ley por el siguiente:

“Artículo 468. Las penas del artículo anterior serán aplicadas también al que para obtener un provecho para sí o para un tercero irrogare perjuicio patrimonial a otra persona:

1º.manipulando los datos contenidos en un sistema informático o el resultado del procesamiento informático de datos a través de una intromisión indebida en la operación de éste;

2º.utilizando sin la autorización del titular una o más claves confidenciales que habilitaren el acceso u operación de un sistema informático; o

3º.haciendo uso no autorizado de una tarjeta de pago ajena o de los datos codificados en una tarjeta de pago que la identificaren y habilitaren como medio de pago.

Sin perjuicio de las penas que correspondan conforme al artículo anterior, sufrirá la pena de presidio menor en su grado medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales el que obtenga indebidamente los datos codificados en una tarjeta de pago que la identificaren y habilitaren como medio de pago. La misma pena sufrirá el que los adquiera o ponga a disposición de otro a cualquier título.

Para la investigación de los delitos previstos en este artículo será aplicable lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley N° 20.009.”

2) Suprímense las letras a), b), c) d), e) y g) del inciso primero y el inciso segundo del art. 7° de la Ley N° 20.009.”

Sesión N° 301 de 23 de diciembre de 2020.

Artículo 48, continuación.

Art. 48. Modificaciones al Código Penal. Introdúcese las siguientes modificaciones al Código Penal:

Numeral 19

19. Sustitúyese su actual artículo 467 por el siguiente:

“Art. 467. El que para obtener un provecho patrimonial para sí o para un tercero mediante engaño provocare en otro un error, o lo mantuviere en un error, que lo indujere a ejecutar, omitir o tolerar una acción que importare una disposición patrimonial en perjuicio suyo o de un tercero será sancionado:

1.° Con presidio menor en su grado máximo y multa de veintiuna a trescientas unidades tributarias mensuales, si el perjuicio excediere de cuatrocientas unidades tributarias mensuales y no pasare de cuarenta mil;

2.° Con presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de once a quince unidades tributarias mensuales, si excediere de cuarenta unidades tributarias mensuales y no pasare de cuatrocientas;

3.º Con presidio menor en su grado medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales, si excediere de cuatro unidades tributarias mensuales y no pasare de cuarenta;

4.º Con presidio menor en su grado mínimo y multa de cinco unidades tributarias mensuales, si excediere de una unidad tributaria mensual y no pasare de cuatro.

Si el perjuicio excediere de cuarenta mil unidades tributarias mensuales, se aplicará la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y multa de trescientas a quinientas unidades tributarias mensuales.

El diputado Cruz-Coke solicita conocer, con mayor simplificación, las innovaciones que se proponen en este artículo.

El académico señor Héctor Hernández expresa que en este artículo se mantienen las mismas penalidades que en la legislación vigente salvo en un caso especial que explicará a continuación.

Precisa que el artículo 467 propuesto incorpora por primera vez en el derecho chileno una genuina tipificación del delito de estafa. El Código Penal ha contenido, tradicionalmente, una colección de supuestos de engaño o de contextos donde se producen engaños más que una efectiva tipificación del delito de estafa, delito central en el delito penal patrimonial, que se ha elaborado fruto de una interpretación sistemática desde la década del ´60 por parte de la doctrina y jurisprudencia.

Realza la importancia de esta tipificación en forma clara del delito de estafa, que recoge el profundo consenso doctrinario, con precisión de sus aspectos relevantes y sus alcances. Básicamente, la estafa es un engaño que produce en otro un error, y que lo induce a ejecutar, omitir o tolerar una acción que importa una disposición patrimonial en perjuicio suyo o de un tercero, todo esto con el objetivo de obtener una ventaja o beneficio.

Seguidamente, da cuenta también de la importancia del artículo 467 del Código Penal ya que contiene las penas en general de la estafa, razón por la que otras disposiciones remiten a este, y aclara que el artículo 469 del mismo cuerpo legal se refiere al delito de entrega fraudulenta, que es una figura específica de estafa.

Sobre las penas, reitera que son las mismas del derecho vigente, las que se disponen en forma descendente y procede a explicarlas cada una. Precisa que si no alcanza el tramo inferior se aplica la pena de falta (multa) conforme al artículo 494 N° 19 del Código Penal, situación que no se altera.

La innovación en materia penológica es la apertura de un nuevo tramo, para estafas realmente graves o importantes: si el perjuicio excediere de cuarenta mil unidades tributarias mensuales (más de 2.000 millones de pesos) la estafa (que es un simple delito) pasa a ser un crimen, lo que permite aplicar penas por sobre los 5 años y un día de privación de libertad.

El diputado Walker pregunta si en tal caso habría pena privativa de libertad efectiva.

El profesor Hernández responde que si en el caso concreto la pena efectivamente fuera de más de 5 años y un día, con independencia del resto de las reglas especiales, sería pena privativa de libertad efectiva.

Sometido a votación, el numeral 19 del artículo 48 es aprobado por la unanimidad de los presentes, diputados (as) señores (as) Matías Walker (Presidente de la Comisión); Jorge Alessandri; Camila Flores; Gonzalo Fuenzalida; Marcos Ilabaca, y Paulina Núñez. (6-0-0).

Numeral 20

20. En su artículo 468:

a. Sustitúyese la expresión “en las penas del” por la expresión “en el”.

b. Introdúcese como nuevo inciso segundo el siguiente:

“Las penas del artículo anterior serán aplicadas también al que para obtener un provecho para sí o para un tercero irrogare perjuicio patrimonial a otra persona:

1º. manipulando los datos contenidos en un sistema informático o el resultado del procesamiento informático de datos a través de una intromisión indebida en la operación de éste;

2º. utilizando sin la autorización del titular una o más claves confidenciales que habilitaren el acceso u operación de un sistema informático; o

3º. haciendo uso no autorizado de una tarjeta de pago ajena o de los datos codificados en una tarjeta de pago que la identificaren y habilitaren como medio de pago.”.

- El diputado Walker, recogiendo la propuesta de los académicos, presenta indicación del siguiente tenor:

20.En su artículo 468:

a.Sustitúyese la expresión “en las penas del” por la expresión “en el”.

b.Introdúcense los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto nuevos:

“Las penas del artículo anterior serán aplicadas también al que para obtener un provecho para sí o para un tercero irrogare perjuicio patrimonial a otra persona:

1º.manipulando los datos contenidos en un sistema informático o el resultado del procesamiento informático de datos a través de una intromisión indebida en la operación de éste;

2º.utilizando sin la autorización del titular una o más claves confidenciales que habilitaren el acceso u operación de un sistema informático; o

3º.haciendo uso no autorizado de una tarjeta de pago ajena o de los datos codificados en una tarjeta de pago que la identificaren y habilitaren como medio de pago.

Sin perjuicio de las penas que correspondan conforme al inciso anterior, sufrirá la pena de presidio menor en su grado medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales el que obtenga indebidamente los datos codificados en una tarjeta de pago que la identificaren y habilitaren como medio de pago. La misma pena sufrirá el que los adquiera o ponga a disposición de otro a cualquier título.

En la investigación de los delitos previstos en este artículo será aplicable lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley N° 20.009.”

c) Suprímense las letras a), b), c) d), e) y g) del inciso primero y el inciso segundo del art. 7° de la Ley N° 20.009, que “Establece un régimen de limitación de responsabilidad para titulares o usuarios de tarjetas de pago y transacciones electrónicas en caso de extravío, hurto, robo o fraude”.”.

El académico señor Héctor Hernández señala que este artículo complementa la tipificación de la estafa, superando un sensible vacío respecto del delito de estafa o fraude informático.

El delito de estafa -artículo 467 aprobado- se construye sobre la base de interacciones entre personas (hay un engaño, una persona debe estar equivocada, engañada), pero ello no ocurre cuando se interfiere en el funcionamiento de sistemas informáticos. En muchos países, se ha dictado esta norma complementaria.

Básicamente, con la misma estructura del delito de estafa (ánimo de lucro y se irrogue un perjuicio patrimonial) se incorporan los elementos típicos de alteración de funcionamiento de sistemas informáticos que tiene como resultado la irrogación de un perjuicio patrimonial para otra persona. Esto se encuentra en los tres primeros números del inciso segundo que se propone, tal como están previstas en el derecho comparado y en la práctica chilena: manipulación de datos a través de intromisión indebida a los sistemas informáticos, utilización de claves sin autorización, uso de datos de tarjetas de pago, casos de clonación de tarjetas, por ejemplo.

En el número 3 se agrega la normativa contenida en la ley N° 20.009 que “Establece un régimen de limitación de responsabilidad para titulares o usuarios de tarjetas de pago y transacciones electrónicas en caso de extravío, hurto, robo o fraude”.

Sostiene la conveniencia de consagrar el delito de estafa informático en el Código Penal desde una perspectiva sistemática y para la aplicación de penas de este cuerpo normativo, conforme a la entidad del perjuicio.

En los incisos finales se agregan otros elementos que están en la ley N° 20.009 pero que tienen mejor cabida en este cuerpo legal.

El inciso tercero se refiere a situaciones conocidas como “clonación”, transacciones con claves, y todo el comercio de ellas, por ejemplo, quienes las obtienen para venderlas, se busca recoge todos los casos, aclarando que esta situación se produce antes de que se irrogue perjuicio, es un paso previo a la genuina estafa. Si en el caso concreto hay estafa informática se aplicarán las reglas de concurso.

Por último, en el inciso final se incorpora la norma del artículo 8 de la ley N° 20.009, relativa a ciertas disposiciones procesales que facilitan la investigación de estos delitos.

¿Por qué no reemplazar el artículo 468 vigente -que hubiera sido lo razonable-? Responde que solo por prudencia. Con ello se busca evitar cualquier interpretación posible respecto de las sucesiones de leyes en el tiempo, y salvar cualquier discusión que tendiera a pensar en la despenalización el delito de estafa.

Aclara que si se aprueba la propuesta habría que modificar la ley N° 20.009, para evitar duplicidad normativa.

Puesto en votación, el numeral 20 del artículo 48, con la indicación presentada, es aprobado por la unanimidad de los presentes, diputados (as) señores (as) Matías Walker (Presidente de la Comisión); Jorge Alessandri; Luciano Cruz-Coke; Camila Flores; Gonzalo Fuenzalida; Hugo Gutiérrez; Marcos Ilabaca, y Paulina Núñez. (8-0-0).

Se deja constancia que el literal c) pasa a ser nuevo artículo del proyecto de ley al modificar otro cuerpo legal.

Numeral 21

21. Intercálase en el párrafo tercero del número 11 de su artículo 470, entre la coma (“,”) que sigue a la expresión “especial” y la expresión “el administrador”, la frase “u otro patrimonio administrado por esa sociedad,”.

El académico señor Héctor Hernández manifiesta que se encuentran en el ámbito del delito de administración desleal, que fue incorporado por la ley N° 21.121. El delito consiste en el aprovechamiento de la calidad de administrador de un patrimonio, sea total o parcial, en la realización de actos u omisión de actos de administración indebidos (contravenir los deberes del administrador) y que irrogan un perjuicio al patrimonio administrado.

El párrafo tercero del numeral 11 del artículo 470 del Código Penal supone una calificación, una agravación de pena, en relación con las sociedades anónimas abiertas o especiales, porque se considera que estas sociedades son particularmente relevantes.

El problema técnico que se salva con el proyecto de ley es extender el régimen penológico no solo de la administración desleal respecto del patrimonio de una sociedad anónima abierta o especial, sino también respecto a otro patrimonio administrado por esa sociedad.

El diputado Walker (presidente) pregunta si la norma se aplica a las administradoras de fondos de pensiones.

El profesor Hernández responde afirmativamente, señalando que precisamente se refiere a las administradoras de fondos de pensiones, a las compañías de seguros, y aquellas que requieren regulación especial.

En votación, el numeral 21 del artículo 48 es aprobado por la unanimidad de los presentes, diputados (as) señores (as) Matías Walker (Presidente de la Comisión); Jorge Alessandri; Luciano Cruz-Coke; Camila Flores; Gonzalo Fuenzalida; Hugo Gutiérrez; Paulina Núñez, y Leonardo Soto. (8-0-0).

Numeral 22

22. Introdúcese el siguiente inciso segundo nuevo en su artículo 472, pasando a ser los actuales incisos segundo, tercero y cuarto, sus nuevos incisos tercero, cuarto y quinto:

“Se impondrá el grado máximo de la pena establecida en el inciso anterior, cuando la conducta que allí se sanciona se realice simulando, de cualquier forma, que se suministran los valores a un interés permitido por la ley.”

La académica señora Verónica Rosenblut explica que este numeral es el primero de una serie de modificaciones que buscan hacerse cargo de acciones abusivas de contenido socio-económico.

El artículo se refiere al delito de usura, y el proyecto de ley propone agravar la sanción de la conducta en caso de simulación o encubrimiento, por ejemplo, casos de compra con pacto de retroventa o cargos en tarjetas de casas comerciales que, a través de la simulación o encubrimiento, cobran intereses desproporcionados y delictivos. Hace referencia al caso de Eurolatina.

Enfatiza que son delitos contra el orden socioeconómico por lo que se configuran sin necesidad de atender el eventual perjuicio que puedan provocar.

Puesto en votación, el numeral 22 del artículo 48 es aprobado por la unanimidad de los presentes, diputados (as) señores (as) Matías Walker (Presidente de la Comisión); Jorge Alessandri; Luciano Cruz-Coke; Camila Flores; Gonzalo Fuenzalida; Hugo Gutiérrez; Paulina Núñez, y Leonardo Soto. (8-0-0).

Numeral 23

23. Introdúcese a continuación del artículo 472, en el Párrafo VIII del Título NOVENO de su Libro Segundo, los siguientes nuevos artículos 472 bis y 472 ter:

“Art. 472 bis. El que con abuso grave de una situación de necesidad, de la inexperiencia o de la incapacidad de discernimiento de otra persona, le pagare un salario manifiestamente desproporcionado e inferior al mínimo previsto por la ley o le diere en arrendamiento un inmueble como morada recibiendo una contraprestación manifiestamente desproporcionada, será castigado con la pena de presidio o reclusión menor en cualquiera de sus grados.

Art. 472 ter. En los casos en que alguno de los hechos previstos en este párrafo irrogare un perjuicio que excediere de ciento sesenta mil unidades tributarias mensuales o arruinare a un número considerable de personas, se podrá imponer la pena superior en un grado a la señalada por la ley.”.

El diputado Walker (presidente) manifiesta que esta es una innovación del proyecto de ley orientada a proteger a los trabajadores.

La académica señora Verónica Rosenblut expresa que el artículo 472 bis pretende introducir el delito de explotación laboral y habitacional, sancionando el abuso de una situación de necesidad, de la inexperiencia o de la incapacidad de discernimiento de otra persona, al pagar un salario manifiestamente desproporcionado e inferior al mínimo previsto por la ley o le diere en arrendamiento un inmueble como morada recibiendo una contraprestación manifiestamente desproporcionada, ejemplifica con los casos de abusos a personas migrantes.

Esta norma complementa el delito contenido en el artículo 411 quater sobre el delito de trata de personas, en el que se sanciona al sujeto que capta, traslada, acoge o recibe a personas con fines de explotación laboral, pero como contrasentido, no se sanciona a quien explota laboralmente a ese sujeto.

El artículo 472 ter está propuesto desde una óptica distinta. Es una norma de cierre del Párrafo VIII, Estafa y Otros Engaños, como agravante especial dependiendo de la entidad del perjuicio, que excediere de ciento sesenta mil unidades tributarias mensuales (8.000 millones de pesos) o afectare a un número considerable de personas, por ejemplo, en el caso de estafas piramidales o delitos masa.

Pide sustituir en el 472 ter nuevo la expresión “arruinare” por “afectare”.

El profesor señor Aldunate hace referencia a la ley N° 16.464 como antecedente histórico.

El diputado Leonardo Soto expresa su inquietud sobre la aplicación real de la agravante final propuesta por los altos montos a los que asciende, y pregunta cómo se combina esta norma (que se refiere al valor del perjuicio que se irrogare) con la del artículo 467 (referida al valor de la cosa defraudada) considerando además que los montos son muy distintos.

El diputado Cruz-Coke consulta cómo se demuestra la incapacidad de discernimiento.

Respondiendo a las consultas, la profesora Rosenblut aclara que no existe contradicción entre ambos artículos ya que en ambos casos se refiere, conceptualmente, al monto del perjuicio.

Respecto de los tramos de la cuantía, sostiene que en este caso la hipótesis de esta agravante especial se configura cuando el monto del perjuicio cuadruplica el monto al que hace referencia el artículo 467 (160.000 unidades tributarias mensuales en relación con el tope de 40.000 unidades tributarias mensuales). Es una regla de 4 a 1.

Sobre la incapacidad de discernimiento, explica que es un elemento que se deberá acreditar en el proceso penal ante el juez de la instancia.

En complemento, el diputado Walker (presidente) señala que la incapacidad deberá ser apreciada por el juez del fondo, en base a la sana crítica. Concuerda que un ejemplo sería el abuso de personas inmigrantes que no domina el idioma.

El profesor Aldunate expresa su duda sobre en qué margen va a ser aplicable la agravante, y pregunta la posibilidad de rebajar el quantum (160 mil unidades tributarias mensuales) para una mayor aplicación práctica.

La profesora Rosenblut manifiesta que cualquier elección de monto es arbitrario, por lo que se puede analizar. De todas formas, aclara que el artículo 472 ter se aplica a todo el Párrafo VIII, Estafa y Otros Engaños, como agravante especial.

- El diputado Leonardo Soto presenta indicación al artículo 472 ter nuevo, para sustituir la expresión “ciento sesenta mil” por “ochenta mil”.

- El diputado Walker presenta indicación al artículo 472 ter nuevo, para reemplazar la expresión “arruinare” por “afectare”.

Puesto en votación, el numeral 23 del artículo 48, con ambas indicaciones, es aprobado por la unanimidad de los presentes, diputados (a) señores (a) Matías Walker (Presidente de la Comisión); Jorge Alessandri; Luciano Cruz-Coke; Gonzalo Fuenzalida; Hugo Gutiérrez; Paulina Núñez y Leonardo Soto. (7-0-0).

Artículo 52

Art. 52. Modificaciones a la Ley 18.046. Introdúcese las siguientes modificaciones a la Ley 18.046, de sociedades anónimas:

Numeral 1

1. Sustitúyese su actual artículo 134 por el siguiente:

“Art. 134. Los directores, gerentes, administradores o ejecutivos principales de una sociedad anónima que en la memoria, balances u otros documentos destinados a los socios, a terceros o a la Administración, exigidos por ley o por la reglamentación aplicable, que deban reflejar la situación legal, económica y financiera de la sociedad, omitan informar, o informen o aprueben informar en forma incorrecta o incompleta, aspectos relevantes para conocer el patrimonio y la situación financiera o jurídica de la sociedad, serán sancionados con la pena de presidio o reclusión menores en sus grados medio a máximo, salvo que la conducta constituya otro delito sancionado con mayor pena.

Con la misma pena serán sancionados los contadores o auditores de la sociedad, o los peritos, auditores externos o inspectores de cuenta ajenos a la sociedad, que colaboren al hecho descrito en el inciso anterior.

Si el hecho se refiere a una sociedad anónima abierta, la pena podrá ser aumentada en un grado.”

- Los diputados Leonardo Soto y Walker presentan indicación para reemplazar el numeral 1 del artículo 52 por el siguiente:

“1. Sustitúyese su actual artículo 134 por el siguiente:

“Art. 134. Los directores, gerentes, administradores o ejecutivos principales de una sociedad anónima que en la memoria, balances u otros documentos destinados a los socios, a terceros o a la Administración, exigidos por ley o por la reglamentación aplicable, que deban reflejar la situación legal, económica y financiera de la sociedad, dieren o aprobaren dar información falsa o incompleta sobre aspectos relevantes para conocer el patrimonio y la situación financiera o jurídica de la sociedad, serán sancionados con la pena de presidio o reclusión menores en sus grados medio a máximo, salvo que la conducta constituya otro delito sancionado con mayor pena.

Con la misma pena serán sancionados los contadores o auditores de la sociedad, o los peritos, auditores externos o inspectores de cuenta ajenos a la sociedad, que colaboren al hecho descrito en el inciso anterior.

Si el hecho se refiere a una sociedad anónima abierta, la pena podrá ser aumentada en un grado.”.”.

El académico señor Fernando Londoño expresa que las modificaciones a la Ley N° 18.046, de Sociedades Anónimas, buscan modernizar la legislación conteste con el derecho comparado, particularmente, el modelo español y alemán, en materia de protección de socios minoritarios y de transparencia societaria.

La propuesta busca ampliar el círculo de sujetos activos, a los directores, gerentes, administradores o ejecutivos principales de una sociedad anónima y no se limita a los contadores o auditores de la sociedad, los peritos, auditores externos o inspectores de cuenta ajenos a la sociedad, que colaboren en los hechos, según la norma actual. Da cuenta del caso Enron por auditoría falsa.

Además, se persigue simplificar la redacción del tipo: se evita la referencia innecesaria a una suerte de engaño o estafa que genere un error, y la equívoca referencia al dolo; se limita la conducta a quienes dieren o aprobaren dar información falsa o incompleta sobre aspectos relevantes para conocer el patrimonio y la situación financiera o jurídica de la sociedad.

La pena se mantiene respecto de la situación vigente salvo en caso de que si el hecho se refiere a una sociedad anónima abierta, en el que la pena podrá ser aumentada en un grado.

Tratándose de sujetos activos de la sociedad (directores, gerentes, administradores o ejecutivos principales) hay una cláusula que aclara que si se verifica un delito con mayor pena se aplicará ese, resolviéndose un problema de concurso. Expresa que se está pensando en supuestos de manipulación bursátil, de sociedades que cotizan en Bolsa y mienten al mercado, donde más que un problema societario se produce una incidencia en el mercado. Hace referencia al caso La Polar.

El diputado Leonardo Soto coincide con la propuesta pero expresa que haría falta evaluar alguna calificación en relación con el perjuicio que se pudiera causar producto de la falsificación o simulación de antecedentes.

El profesor Fernando Londoño observa que la virtud de este tipo penal es anticipar la punibilidad, es decir, la conducta es punible por la sola mendacidad, por la sola entrega de información falsa, independiente del perjuicio. En concreto, si el perjuicio se produce, entonces, se verificaría un concurso ideal donde la pena queda agravada por el resultado.

Sometido a votación, el numeral 1 del artículo 52, con la indicación presentada, es aprobado por la unanimidad de los presentes, diputados señores Matías Walker (Presidente de la Comisión); Luciano Cruz-Coke; Gonzalo Fuenzalida; Hugo Gutiérrez, y Leonardo Soto. (5-0-0).

Numeral 2

2. Introdúcese en su Título XIV el siguiente nuevo 134 bis:

“Art. 134 bis. Los que, prevaliéndose de su situación mayoritaria en la junta de accionistas o el órgano de administración de una sociedad anónima, impusieren acuerdos para obtener un beneficio económico para sí o un tercero, en perjuicio de los demás socios o de algún socio en particular, y sin que esos acuerdos reporten beneficios a la sociedad, serán sancionados con la pena de presidio o reclusión en cualquiera de sus grados.”

El profesor Fernando Londoño expresa que esta norma también busca modernizar la legislación penal en materia societaria. Se crea un tipo penal nuevo, su cuño es el artículo 291 del Código Penal español, que busca proteger a las minorías societarias que se ven abusadas por el poder que tienen los controladores, de la imposición de acuerdos que no reportan utilidad a la sociedad sino a los controladores y perjudican a la minoría societaria.

En votación, el numeral 2 del artículo 52, es aprobado por la unanimidad de los presentes, diputados (a) señores (a) Matías Walker (Presidente de la Comisión); Luciano Cruz-Coke; Hugo Gutiérrez, Paulina Núñez y Leonardo Soto. (5-0-0).

Artículo 53

Art. 53. Modificaciones a la Ley 18.045. Introdúcese las siguientes modificaciones a la Ley 18.045, de mercado de valores:

Numeral 1

1. Sustitúyense sus artículos 59 a 62 por los siguientes:

“Art. 59. Con pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo será sancionado:

a) El que actuando por cuenta de un emisor de valores de oferta pública proporcionare información falsa al mercado sobre la situación financiera, patrimonial o de negocios del respectivo emisor.

b) El que actuando por cuenta de una sociedad clasificadora otorgare una clasificación que no correspondiere al riesgo de los valores que clasifique.

c) El contador o auditor que dictaminare falsamente sobre la situación financiera o patrimonial de un emisor de valores de oferta pública.

d) El administrador o apoderado de una bolsa de valores que diere certificación falsa sobre las operaciones que se realicen en ella y el corredor de bolsa o agente de valores que diere certificación falsa sobre las operaciones en que hubiere intervenido.

e) El que efectuare transacciones en valores con el objeto de alterar o mantener artificialmente el precio de mercado de uno o varios valores, así como el que efectuare transacciones ficticias, divulgare información falsa o se valiere de cualquier otra conducta engañosa semejante, de un modo que sea idóneo para alterar o mantener el precio de mercado de uno o varios valores.

f) El que fuera de los casos previstos en las letras anteriores proporcionare información falsa al mercado por cuenta de una sociedad sujeta a la fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero, en registros, prospectos, declaraciones o informes exigidos por ley o por la referida autoridad con carácter general, de un modo idóneo para afectar la confianza de los inversionistas.

El profesor Fernando Londoño expresa que existe una unidad entre los artículos 59 y 60, ambas tipologías, las falsedades y manipulaciones bursátiles y los usos de información privilegiada se conocen como “formas de abuso de mercado de valores”.

El artículo 59 trata la cuestión de las falsedades y manipulaciones en el mercado de valores. Explica que en el mercado de valores la confianza del público inversionista es fundamental, que se funda, entre otros, en el flujo de información oportuna, correcta y veraz, de modo que no se generen “asimetrías informativas” en las que ganan solo los que están en los círculos más cercanos a las sociedades emisoras. Se busca asegurar la confianza del inversionista por la vía de estabilizar las expectativas de que la información fluya de manera oportuna y veraz.

Para ello, esta disposición (artículo 59) se hace cargo de cada uno de los mecanismos o instituciones que facilitan ese flujo correcto de información, comenzando por la información que entregan los propios emisores hasta la información que se traduce en los precios de mercado.

El proyecto de ley efectúa una reordenación general del articulado; simplifica la redacción –artículos 59 letras a) y g)-, y prescinde de dos grados inferiores en la pena.

La letra a) del artículo 59 sanciona hipótesis de entrega de información falsa por los emisores, ya que afecta el corazón de la confianza en los mercados de valores, “golden rules”.

Las letras b) y c) del artículo 59 contemplan formas de falsedad por “intermediarios informativos”, en la función de mediación de clasificadoras de riesgo, contadores auditores, prestadores de reputación (caso Enron).

La letra d) del artículo 59 se refiere a la falsedad por parte de corredores de valores, funcional a la manipulación, la que podría quedar subsumida por la letra e).

La letra e) del artículo 59 es una síntesis de aquello que regula sustantivamente el artículo 52 y 53 de la ley de Mercado de Valores: formas de manipulación de los precios de mercado (precios que transmiten “hablan” de la situación de las empresas).

En otras palabras, la letra e) del artículo 59 reproduce, recrea los artículos 52 y 53 de la ley de Mercado de Valores siguiendo en la primera parte la fórmula del artículo 52 (manipulación operativa, transaccional –con compraventa de valores-) y la segunda parte toma el lenguaje de la regulación europea (del año 2014, sobre abuso de mercado de valores). El artículo 53 no se deroga por su relevancia para efectos administrativos.

La letra f) del artículo 59 contempla una hipótesis residual de falsedad informativa, referida a cualquier otro tipo de información falsa, con la exigencia de que la información sea relevante, capaz de afectar la confianza de los inversionistas. Este aspecto lo diferencia de la hipótesis residual del artículo 52 letra d).

En concusión, se ordena, simplifica la regulación, eleva la pena, y despeja dudas interpretativas.

El diputado Leonardo Soto expresa su inquietud sobre que se está modificando el núcleo de algunas conductas delictivas y se corre el riesgo de terminar eximiendo de responsabilidad, particularmente, en los casos que se encuentran en proceso. Existe un riesgo implícito de que al modificar la conducta castigada, se pida la revisión de las sentencias en virtud del artículo 18 del Código Penal.

Expone que en la ley corta anti delincuencia en los procesos se produjo una rebaja de penas en circunstancias que la modificación buscaba agravarlas. El Ministerio Público pidió ser escuchado porque podría existir un retroceso o una atenuación de las penas vigentes. Pide un pronunciamiento de parte de los académicos y del Ministerio Público sobre este punto particular.

El profesor Fernando Londoño expresa que la preocupación expuesta es de la mayor relevancia, precisa que en todas las hipótesis el núcleo sigue vigente (las redacciones son comprensivas de los contenidos de los injustos actuales) y la pena se incrementa, por lo que difícilmente podría invocarse el estatuto de retroactividad in bonam parte. Además, existe normativa transitoria al respecto.

Hay uno problemático –porque expresa conocer la posición del Ministerio Público-, el artículo 53 de la ley de Mercado de Valores, regulación que queda alcanzado por el artículo 59 letra e).

El artículo 53 ha dado lugar a una discusión doctrinaria y jurisprudencial, hay disparidad de criterios. Todo indica (esa es la propuesta de la comisión que colaboró en la redacción del proyecto de ley) que el artículo 53 sanciona hipótesis de manipulación de mercado. La ley N° 18.045 de origen en el Gobierno Militar se sirvió en este punto, específicamente, de la regulación de los Estados Unidos (Regla 10b- 5) existiendo correspondencia inmediata.

Lo que se quiso prohibir en el artículo 53 y queda tipificado en el artículo 59 letra e) vigente son conductas manipulativas.

Cree que es la preocupación del Ministerio Público. Otro argumento que se ha mencionado es que los precios se mueven por las pasiones y no responden a pura racionalidad, argumentación que desestima.

Aclara que queda todo cubierto en la segunda parte de la letra e) del artículo 59. Hay un reforzamiento y simplificación de la regulación. En la letra g) del artículo 59 vigente se exige una forma de colusión con la clasificadora –lo que no tiene ningún sentido-, y en la letra b) no se exige.

La letra f) del artículo 59 exige una cláusula de relevancia, conforme la cual la falsedad de la información debe ser relevante para el mercado de valores. Un inversionista juicioso solo le da relevancia a aquella información que pueda impactar en los precios.

Por último, la letra d) del artículo 62 de la ley contiene norma residual. No ve vacío de punibilidad.

El diputado Leonardo Soto observa que estas modificaciones pudieran significar un retroceso, que se pudieran ver beneficiadas personas que actualmente condenadas o en proceso, como en el caso de “La Polar”. Pide escuchar la opinión del Ministerio Público.

El diputado Walker (presidente) hace presente que los profesores se reunieron con el Ministerio Público, existiendo diferencias de apreciación.

El profesor Londoño enfatiza que no hay riesgo de despenalización, ni forma que afectar en el caso “La Polar”. Señala que así como fue franco en reconocer que pudiera haber algún ángulo descubierto pudiera ser respecto del artículo 53, pero bajo una interpretación que no ha sido acogida en general por los tribunales sino una interpretación del Ministerio Público, y que no impacta en el sistema administrativo (la Comisión de Mercado Financiero no se ve afectada de ninguna manera). Reitera que en el caso “La Polar” no hay forma de que una hipótesis como esa no quede cubierta por el artículo 59 letra a) que se propone; ni por la letra f). Es más, en ese caso, la pena fue insuficiente, lo que no ocurriría con la legislación propuesta.

En la misma línea, el profesor Bascuñán explica que hay dos niveles de referencia.

Por una parte, se encuentra la discusión sobre la conveniencia de modificar una norma vigente y advertir las consecuencias de aplicar los cambios.

Por otra parte, existe el aprovechamiento oportunista de las defensas en procesos judiciales, o la confusión judicial en la aplicación de un determinado cambio legal. Es cierto, en la práctica existe un aprovechamiento oportunista de las defensas pero no debiera ocurrir confusión jurisprudencial aceptando una aplicación incorrecta del cambio legal.

El proyecto de ley lo toma en consideración y lo aborda a través de disposiciones transitorias, reglas que ofrecen anticipar y contener esos problemas.

El diputado Leonardo Soto sugiere que se vote el artículo en discusión pero que se invite, a la próxima sesión, al Ministerio Público, y se faculte para la presentación de indicaciones en caso de ser necesario para evitar efectos adversos como, por ejemplo, que las modificaciones legales pudieran beneficiar a personas condenadas.

- Así se hará.

En votación, el artículo 59 contenido en el numeral 1 del artículo 53 del proyecto de ley, es aprobado por la unanimidad de los presentes, diputados señores Matías Walker (Presidente de la Comisión); Luciano Cruz-Coke; Gonzalo Fuenzalida; Hugo Gutiérrez, y Leonardo Soto. (5-0-0).

Los demás artículos contenidos en el numeral 1 del artículo 53 del proyecto de ley se encuentran pendientes.

Sesión N° 303 de 5 de enero de 2021.

Se informa la siguiente minuta de votación, para ordenar la tramitación:

1.Retomar el proyecto en los artículos sobre aplicación temporal de las normas del presente proyecto de ley a solicitud de los diputados en la sesión pasada. Comenzar con el artículo 58, el nuevo artículo 59 propuesto por los profesores y, finalmente, revisar el artículo 60.

2.Retomar el artículo 53 Nº 2 hasta el final del artículo 53.

3.Continuar con los artículos 54, 55, 56 y 57.

4.Retomar el articulado pendiente sobre delitos medioambientales en el artículo 48 Nº 11 del proyecto de ley, con la nueva propuesta enviada por los profesores a la Secretaría de la Comisión.

El diputado Walker (presidente) repara en la ausencia del Ejecutivo durante la tramitación del presente proyecto de ley de autoría de parlamentarios de Gobierno y oposición, de carácter transversal, que ha contado con el apoyo de académicos especialistas, cuyo antecedente es el anteproyecto de reforma al Código Penal. Señala que se ha estado “remando contra la corriente” y que la Comisión ha hecho un trabajo silencioso. Hace un público llamado al Ejecutivo para hacerse parte del debate. Finalmente, agradece la presencia del Ministerio Público.

El abogado de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos medioambientales y Crimen Organizado del Ministerio Público, señor Mauricio Fernández.

Agradece la invitación y estima relevante el trabajo realizado por la Comisión en materia de criminalidad de delitos de cuello blanco, materia olvidada en términos generales. Añade que es una materia importante atendido el contexto del país.

Expresa que se trata de un tipo de delincuencia que cuenta con altas posibilidades de delinquir y de contar con defensa de alto nivel. Por tal motivo, plantea que es un proyecto que moderniza el derecho penal económico de forma concreta. Además de los delitos económicos propiamente tal que contempla el proyecto, destaca el abordaje de la delincuencia medioambiental, área en que el país está muy atrasado, especialmente, en materia de la contaminación. Concluye que es una iniciativa que aborda con seriedad la agenda antiabuso.

No obstante, la positiva valoración del proyecto sugiere ser cuidadosos en la reglamentación transitoria del proyecto para evitar interpretaciones por parte de las defensas de los imputados por estos delitos.

El abogado de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, señor Hernán Fernández. Se adjunta minuta que contempla íntegramente su exposición y la opinión del Ministerio Público sobre otros aspectos del proyecto del proyecto de ley.

Resalta el objetivo de la moción parlamentaria en el sentido de hacer frente a la conmoción y rechazo social provocado por este tipo de criminalidad e impacto en el orden público económico, agravado por la regulación actual sobre la materia.

Expresa la preocupación respecto a que la aplicación de este estatuto de delitos económicos se haga extensiva a los delitos de corrupción, delitos que se incorporan al tenor del proyecto de ley en la primera, segunda y tercera categoría de delitos económicos.

Aduce que la reforma que sería útil y eficiente para el fenómeno delictivo de los delitos económicos no tendría relevancia ni pertinencia en relación con los delitos de corrupción, dado los distintos bienes jurídicos que se ven comprometidos: probidad pública, correcta administración del Estado, el patrimonio del fisco, fe pública, entre otros. En definitiva, se trata de delitos pluriofensivos que afectan a bienes jurídicos superiores que no están considerados respecto de los delitos económicos.

Añade que normalmente la corrupción no es sinónimo de ilegalidad sino más bien una falta a la ética y al comportamiento colectivo que tiene un impacto en el funcionamiento de la economía y de la sociedad.

Destaca que Chile ha firmado y ratificado convenios internacionales agrupados todos ellos bajo la denominación “lucha contra la corrupción” en las que se advierte que en estas figuras de corrupción hay una infracción a deberes funcionariales para la obtención de ventajas indebidas para sí o para un tercero, que normalmente está coludido con el funcionario.

Acota que este planteamiento también se recoge por la doctrina cuando los funcionarios públicos transgreden las funciones propias de su cargo y que afectan a la probidad administrativa o que son derechamente una falta de probidad. Hay, en síntesis, una infracción a los deberes de fidelidad en el sector público, cuestión que marca una diferencia con los delitos económicos.

Luego, hace presente que también hay diferencias en las consecuencias que produce uno y otro tipo de criminalidad (corrupción versus delitos económicos) tal como lo destacan las convenciones internacionales sobre prevención de la corrupción: socavan la ética, la justicia, la legitimidad de las instituciones públicas, el desarrollo integral de los pueblos, distorsiones en la economía, deterioro de la moral social y complicaciones de carácter moral y político. Todas estas consecuencias hacen evidente la necesidad de prevenir detectar y combatir la corrupción, considerando todas sus dimensiones.

A continuación, observa que en el proyecto de ley no se han considerado las últimas modificaciones en materia de corrupción efectuadas mediante la ley Nº 21.121, que generó un mejor estándar en materia de persecución penal de los delitos de corrupción y mejora las herramientas para combatir este fenómeno, contemplando nuevos delitos, nuevas hipótesis delictivas y un sustancial aumento de las penas privativas de libertad y multas. Si se incorpora los delitos de corrupción en este proyecto de ley, podría ser constituir retroceso en la lucha contra la corrupción.

Respecto del contenido del proyecto de ley, destaca que se persigue a personas de ingentes ingresos económicos estableciendo sanciones pecuniarias, no obstante, en materia de corrupción, los funcionarios públicos no tienen el nivel de ingreso sobre el cual discurre el proyecto de ley, es más, se podrían ver beneficiados por la normativa que propone la iniciativa legal.

En materia de multas, hace presente que la determinación del día multa (artículo 28 del proyecto de ley) pareciera ser un sistema adecuado para personas que tienen altos ingresos y que participan de la delincuencia económica, pero no les parece que será más gravoso respecto de funcionarios públicos, ya que aquellos que han sido investigados por la fiscalía, cuentan con rentas promedio. Del mismo modo, señala que la pena de multa de los delitos de corrupción está fijada en relación con los montos implicados en el delito y no depende de la capacidad económica del imputado.

En materia de atenuantes, destaca la que introduce el proyecto de ley referida a que el imputado no buscaba un beneficio para sí. Señala que ello constituiría más bien una excusa en los delitos de corrupción en los que se argumenta que los recursos son destinados a otros fines como campañas políticas. Respecto de la atenuante prevista para “mandos medios” repara en que se olvidan las normas del Derecho Administrativo referidas a la obligación de denuncia y la representación de órdenes ilegales. A juicio de la Fiscalía el funcionario debiera ser sancionado precisamente porque no cumplió con las obligaciones que le correspondía. Acota que normalmente los funcionarios actúan coludidos.

Luego observa algunos aspectos del proyecto en los que un mismo hecho se considerará dos veces para su sanción: tanto como hecho típico y como atenuante (respecto de delitos de bagatela). Respecto de las agravantes que contempla el proyecto respecto de los delitos de corrupción observa que éstas no se condicen con la naturaleza propia de los delitos de corrupción que de por sí constituyen un abuso de funciones. Se daría otra vez la situación anteriormente observada: un mismo hecho estaría considerado dos veces, tanto como hecho típico como agravante.

En el caso de penas sustitutivas que contempla el proyecto de ley señala que podría ser considerado como falta de igualdad ante la ley respecto de los funcionarios públicos, quienes difícilmente pueden estar sujetos a vigilancia de la autoridad o ser ingresados a un centro especial. Contradictorio con los objetivos del proyecto.

Respecto de las inhabilidades, repara que no queda claro que pasaría con las penas privativas de derechos, penas principales previstas en el Código Penal. Al parecer de la Fiscalía se generaría una duplicidad que llevará al juez a optar por el sistema más favorable al reo y que sería el propuesto por el proyecto de ley. Del mismo modo, repara en que no es lo mismo sancionar con una inhabilidad a quienes cometen un delito económico que a quienes cometen un delito funcionario porque los funcionarios públicos no ejercen cargos gerenciales, la propuesta legal no se condice con el perfil del funcionario público.

Valora la propuesta del proyecto en lo relativo al comiso por ganancia que parece compatible con la normativa internacional en materia de corrupción. A su juicio, debería ser una regla de general aplicación, no importando el delito de que se trate. Valora, asimismo, la clarificación de la norma en materia de sujeto activo y sugiere la incorporación de los “controladores” de la empresa.

En resumen, desde la perspectiva de la lucha contra la corrupción la Fiscalía ve con preocupación que se aplique el estatuto de los delitos económicos a los delitos de corrupción en relación con los bienes jurídicos comprometidos, la normativa internacional y los avances de introducidos por la ley N° 21.121.

El abogado de la Unidad de delitos de Mercado de Valores, señor Andrés Salazar expone y acompaña presentación.

Expresa que la opinión general del Ministerio Público sobre la iniciativa legislativa en discusión es que se trata de una actualización necesaria, de una verdadera agenda anti-abusos; se efectúan mejoras en cuanto al régimen de penas (restrictivas de libertad y pecuniarias), comprensión del comiso, medidas cautelares; mejoras en la redacción de tipos penales relevantes (estafa y extorsión), y constituye oportunidades de mejora (en cuestiones sustantivas y procesales, no obstante, aclara que las observaciones que se realizan son críticas precisas que pueden constituir, a juicio de la fiscalía, brechas de impunidad.

Realiza la presentación denominada “Delitos contra el Mercado de Valores” que se reproduce íntegramente a continuación.

1. El delito de manipulación de mercado (artículo 53 y 59 letra e de la Ley N° 18.045).

En la actualidad la Ley N° 18.045 establece (entre otros) dos importantes reglas de comportamiento, reforzadas penalmente, que tienen por objeto a proscribir y sancionar las conductas de instrumentalización del mercado de valores: nos referimos a los delitos de a) manipulación de precios y b) el delito de manipulación de mercado.

Mientras el primero castiga las operaciones que tienden a alterar de manera artificial los precios de los valores que se transan en una bolsa de comercio (manipulación operativa) el segundo establece una cláusula general antifraudes, que pretende garantizar (de la forma más amplia posible) la integridad del mercado financiero y, por esta vía, mantener la confianza (no subjetiva, sino impersonal e institucionalizada) de los inversionistas en aquel contexto negocial.

El binomio conformado por los delitos de manipulación de precios y manipulación de mercado, complementado por la regla de sanción (i.e. aquella que establece el castigo que merece el infractor de los respectivos estándares de conducta) queda establecido de la siguiente forma, bajo la actual regulación contenida en la Ley de Mercado de Valores:

Para facilitar el posterior ejercicio de comparación, hemos destacado (en “negrillas”) algunos elementos gramaticales contenidos en el texto del artículo 53, que cobrarán especial relevancia a la hora de elaborar el juicio crítico que se anuncia.

Bajo las reglas especificadas por el Boletín 13.205-07, el esquema descrito más arriba varía radicalmente. En la propuesta legislativa un único tipo penal que pretende “captar” (sin éxito) los injustos contenidos en los delitos de manipulación de precios y manipulación de mercado, actualmente vigentes. El proyecto de ley (PL) consigna en la disposición pertinente, lo siguiente:

Como se puede apreciar, el nuevo delito de manipulación (ahora, meramente bursátil) exhibe las siguientes diferencias con respecto a la legislación actual:

- Elimina a las “cotizaciones” como uno de los medios idóneos para cometer un delito manipulativo.

- Introduce al “precio de mercado” como condición necesaria para la aplicabilidad de la pena dispuesta por el encabezado del nuevo artículo 59, siendo éste un elemento que deberá constatarse judicialmente para determinar la consumación del nuevo delito (bajo todas y cada una de sus múltiples hipótesis comisivas).

- Restringe fuertemente el ámbito de aplicación del delito, al eliminar de su texto, aquellas expresiones que, bajo su actual configuración, permiten sancionar la manipulación de valores no regulados por la Ley N° 18.045 (por ejemplo, ciertos instrumentos de intermediación financiera; instrumentos derivados o futuros) o aquellos que permiten sancionar aquellos comportamientos manipulativos (transacciones ficticias o contratos simulados, por ejemplo) que tienen lugar fuera del ámbito bursátil (negociaciones privadas).

En definitiva, el efecto que posee la propuesta legislativa es el de hacer colapsar al delito de manipulación de mercado (en tanto cláusula general antifraudes) bajo el delito de manipulación de precios (de valores transados en bolsa).

La anterior constatación es importante porque implica una mayor desprotección para los intereses públicos y privados que confluyen en la institución facilitadora del flujo ahorro-inversión que denominamos mercado de valores, especialmente en el contexto chileno donde existe una necesidad enfatizada (en relación con los ordenamientos jurídicos comparados) de garantizar la integridad de este sistema mercantil, pues, como sabemos, aquel no sólo cumple la importantísima función financiera que le ha sido (trivialmente) delegada en otras latitudes, sino que además, en nuestro país, desempeña una trascendental función previsional.

Así las cosas, resulta criticable la reforma que se promueve a través del nuevo tipo penal de manipulación de mercado.

Al introducir el “precio de mercado” como condición de aplicación de la pena (sea que este elemento se interprete como resultado, sea que se interprete como un elemento de intención trascedente que transforme al delito en uno de resultado cortado en dos actos) el delito se transforma en uno imperseguible (tal y como lo constata la doctrina norteamericana en especial Jerry Markham; Wendy Collins Perdue; Steven Thel, etc).

Un precio de mercado no se puede manipular pues, simplemente, el precio de mercado es el resultado de una transacción comercial sobre un bien determinado (en este caso, un valor).

En términos teóricos, la regla asume como correcta la Teoría de los Mercados Eficientes (EMH bajo sus siglas en inglés) propuesta en los años 70´s del siglo pasado por el economista Eugene Fama, teoría que se encuentra consistentemente refutada por múltiples e importantes estudios contemporáneos (destacando los trabajos de los premio nobel de economía George Akerlof; Joseph Stigliz; Richard Thaler y, especialmente, los trabajos de Robert Shiller). De manera aún más importante, debemos agregar que la mencionada tesis ha sido empíricamente refutada luego de la crisis subprime desatada el año 2008.

En términos pragmáticos, con la norma reformulada se dejan en la desprotección a los mercados de derivados y de futuros, donde las transacciones o no se realizan (necesariamente) en una bolsa de valores (y por lo tanto, no se encuentran reguladas por la Ley N° 18.045) o sus efectos nocivos no pueden ser reconducidos (necesariamente) a una alteración del precio-de-mercado de los respectivos activos. Así, por ejemplo, instrumentos como forwards, aquellos que recaen sobre índices financieros (hoy en día el IPSA) o tasas de interés no tendrían protección penal; este artículo tampoco sería capaz de proteger operaciones de financiamiento muy utilizadas en el mercado de valores, que, por sus propias características no son capaces de marcar precios: “operaciones simultáneas” (i.e., repos o pactos de venta con retrocompra) y “ventas cortas” (algo así como contratos de “arriendo” de acciones u otros valores), simplemente no marcan precio (como indica el Manual de Precios de Cierre de la Bolsa de Comercio de Santiago), pues se trata, como dijimos, de operaciones de financiamiento.

Tampoco se comprende la exclusión de las cotizaciones como mecanismo idóneo para manipular el mercado de valores. Hoy en día, los principales ataques al mercado se dan, precisamente, por medio de órdenes de compra o de venta de valores, que son retiradas en instantes previos al “calce” o conclusión de la operación, generando distorsiones en la denominada “horquilla de precios” (bid-ask spread).

Finalmente, casos tan graves como Cascadas o Corfo-Inverlink (i.e. los delitos más graves que han afectado al mercado de valores local) serían completamente atípicos. Estimamos que el legislador penal no quiere asumir o tolerar ese nivel de riesgo para el mercado, teniendo en consideración, más aún, que los mayores inversionistas son los fondos de pensiones y que los casos de Tunneling, inciden en el valor y monto de los ahorros previsionales de los cotizantes chilenos. La administración desleal no se encuentra en condiciones de hacerse cargo de este tipo de injusto.

Recordemos que las Administradoras de Fondos de Pensiones son los principales inversionistas de nuestro mercado de capitales y cualquier manipulación con potencial defraudatorio o explotativo, lesiona los intereses (o derechamente las rentabilidades) de los inversionistas, entre los cuales ellas se encuentran, precisamente los cotizantes del sistema de seguridad social chileno.

En un mercado financiero como el chileno, las negociaciones ficticias, los contratos simulados o las operaciones engañosas o fraudulentas constituyen en sí mismas una grave alteración a las condiciones de integridad que son requeridas por las características estructurales y finalidades que posee el sistema local.

Manteniendo los fines que inspiran a la reforma en curso y con miras a la generación de reglas que cumplan adecuadamente la importante función que se encuentra llamado a desempeñar el derecho penal en la protección de estos ámbitos, proponemos la siguiente redacción de un nuevo art. 59 letra e):

Regla Propuesta

Art. 59. Con pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo será sancionado:

e) El que efectuare cotizaciones o transacciones ficticias en valores, regidos o no por esta ley, o se valiere de cualquier otra conducta engañosa semejante, sea en el contexto de un mercado bursátil, sea a través de negociaciones privadas, de un modo que sea idóneo para afectar indebidamente las condiciones de oferta o de demanda de aquel valor; para ocultar o alterar artificialmente registros o información sometida a deberes de transparencia; para alterar el precios de aquéllos o las condiciones de negociación o ejecución de los instrumentos derivados a los cuales éstos se encuentran vinculados.

2. En cuanto al delito de entrega de información falsa al mercado.

El mercado de valores constituye un contexto especialmente sensible a las perturbaciones provenientes del comportamiento ilícito de sus participantes. La información veraz y oportuna constituye un bien público y de su flujo adecuado e ininterrumpido, depende en buena medida la eficiencia del mercado. Por tal razón, la entrega de información falsa constituye una conducta especialmente deplorable.

En términos pragmáticos, el delito de entrega de información falsa al mercado ha constituido el delito más utilizado y sancionado durante la historia de la reforma procesal penal. A través de él se resguarda tanto la transparencia e veracidad informativa que debe imperar en el mercado de capitales como el respeto a los deberes de integridad que pesan sobre los hombros de sus participantes, especialmente de aquellos que administran dineros de terceros.

No obstante, la redacción propuesta por la norma pertinente de PL parece dificultar la aplicabilidad futura del delito de entrega de información falsa. Los factores que determinan la reducción del potencial aplicativo del delito en comento salta a la vista cuando se contrastan los enunciados pertinentes: el actual artículo 59 letra a) de la Ley N° 18.045 versus el delito propuesto en el nuevo artículo 59 letra f) del PL:

No se entiende cuál es el sentido de agregar una cláusula que exige de este comportamiento una “aptitud para afectar la confianza de los inversionistas en el mercado”, pues el simple hecho de emitir y hacer circular información falsa implica una contradicción grave con los principios (y una infracción de los deberes que asisten a ciertos participantes el mercado, sea como emisores de valores, sea como intermediarios).

A mayor abundamiento, la descripción del comportamiento típico impone serias dificultades a nivel probatorio, pues la confianza de un número indeterminado de personas (entendida desde una perspectiva subjetiva) constituye un sentimiento colectivo imposible de acreditar en juicio (tal y como ocurre con el “terror de la población” en el delito terrorista).

Si se quiere especificar el contenido de injusto una mejor fórmula es la de reconducir la afectación a condiciones de operación objetivas y mensurables del mercado de valores, como, por ejemplo, mencionar a aquellos comportamientos que afectan: 1) la liquidez de una compañía o del mercado en general; 2) la transparencia de información relevante para los accionistas o inversionistas en general; 3) aquellas que afectan a la libre competencia; etc.

Finalmente, el círculo de destinatarios se reduce considerablemente en PL al establecer que sólo los comportamientos de ciertas sociedades podrían ser relevantes. Esto parece olvidar el hecho de que incluso personas naturales pueden operar como intermediarios de valores de conformidad con la Ley (art. 24), personas que también poseen importantes obligaciones de transparencia con el mercado.

Por tal motivo, proponemos reemplazar la redacción contenida en PL por la siguiente:

Propuesta de redacción

Art. 59. Con pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo será sancionado:

f) El que fuera de los casos previstos en las letras anteriores proporcionare directa o indirectamente información falsa al mercado por cuenta de una persona natural o jurídica sujeta a la fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero, en registros, prospectos, declaraciones o informes exigidos por ley o por la referida autoridad con carácter general, de un modo tal que se alteren los indicadores de liquidez o solvencia patrimonial del emisor o de la persona que los proporciona; oculten negociaciones entre partes relacionadas; posean aptitud suficiente para afectar o distorsionar decisiones de inversión o desinversión del público en general o sean capaces de restringir gravemente los derechos de los accionistas.

El diputado Walker (presidente) valora el reconocimiento de la Fiscalía al trabajo de la Comisión y las propuestas específicas realizadas. La opinión del Ministerio Público acerca de las modificaciones a la Ley 20.393, se analizarán en su oportunidad.

La abogada penalista señora Verónica Rosenblut se hace cargo de las observaciones formuladas por el señor Fernández.

Expresa que como profesores penalistas entienden la óptica del Ministerio Público sobre el proyecto, pero repara que sus observaciones parten de una premisa que no es tal: un abismo entre delitos económicos y los delitos de corrupción o delitos funcionarios. Explica que en la práctica ambos tipos de criminalidad están conectadas porque en ellas hay un “poder o agente corruptor” que es, precisamente, el poder económico.

Agrega que la diferencia que repara el señor Fernández entre ambos tipos de criminalidad responde más bien a la división interna del trabajo de la Fiscalía. Cita como ejemplo la reforma de la ley N° 21.121, en donde una de las motivaciones que consta en la historia de dicha ley es la incorporación del delito de corrupción pública en razón del cargo, esto es, funcionarios públicos cooptados por el poder económico y que se trataba de una materia que a la época no se encontraba regulada.

En el mismo orden de ideas, señala que dentro del amplio catálogo citado por el señor Fernández se contempla la corrupción entre particulares, donde no hay afectación de los bienes jurídicos mencionados por la Fiscalía (por su naturaleza es un delito económico, cuyo bien jurídico protegido es el patrimonio o la libre competencia), no obstante, la Fiscalía adscribe la persecución de esos delitos a la Unidad de Anticorrupción.

Señala que esta vinculación entre ambos (que el agente corruptor es el poder económico) se refleja en la forma que los artículos segundo y tercero del proyecto de ley hacen aplicable el estatuto de delitos económicos a los delitos funcionarios. Así, en el artículo segundo, por ejemplo, en el delito de cohecho de funcionario público se sanciona al particular que interviene cuando esta persona opera o realiza el delito desde una posición de relevancia o estratégica de una empresa, o conforme al artículo tercero, hace aplicable el estatuto cuando el funcionario público comete el delito contando con la colaboración de quien tiene poder o relevancia en una empresa, siendo también sancionado ese tercero.

Sobre las eventuales consecuencias indeseables mencionadas por la Fiscalía, señala que no creen haya efecto pernicioso en materia de circunstancias modificatorias de responsabilidad penal porque éstas no están centradas exclusivamente en el poder económico del involucrado.

En definitiva, más allá de las normas especiales en materia de circunstancias modificatorias de responsabilidad penal el beneficio del proyecto es inigualable, ya que éste propone que con la sola concurrencia de una agravante muy calificada la pena no podrá nunca disminuir en un grado.

Finalmente, frente a la aprensión del señor Fernández referida a la sanción del día-multa considera que no sería relevante ya que el artículo 29 permite que en los casos en que la multa sea exigua, el juez pueda adaptar la pena.

A continuación, y complementando la intervención de la profesora Rosenblut, el profesor señor Bascuñán insiste que el proyecto de ley en tabla no hace ninguna afirmación metafísica sobre la naturaleza de los objetos de protección de los delitos señalados en la primera, segunda y tercera categoría. No hay una desnaturalización de los bienes jurídicos de las figuras penales. Particularmente, en los delitos de segunda y tercera categoría se pueden encontrar figuras que afectan distintos bienes jurídicos pero que tienen una conexión con medianas y grandes empresas.

Destaca que lo importante son las objeciones en cuanto a las consecuencias jurídicas de calificación como delito económico. Tratándose del cohecho pasivo, considera las objeciones planteadas como una invitación a analizar dónde se producirían las distorsiones. Reitera que para el cohechado el proyecto no representa beneficios.

Finalmente, en relación con la multa coincide que la regulación requiere de una norma de clausura en caso que la aplicación de las normas del proyecto sea inferiores a aquellas contempladas en el derecho común.

El profesor Fernando Londoño se refiere a la presentación del Ministerio Público sobre las normas referidas al Mercado de Valores.

Expresa que, si no ha interpretado mal la presentación de la Fiscalía, deduce que ésta prefiere que se deje la ley tal cual porque se podría modificar el escenario de cobertura de ciertos hechos punibles. Lo anterior, le parece equivocado porque se le asigna un valor fetichista a las palabras -que no tienen- y observa que la dificultad actual del Ministerio Público es la total ambigüedad del artículo 53, norma a la cual defiende en todas sus palabras.

El proyecto busca colocar el artículo 53 en un contexto moderno, siguiendo la técnica de tipificación europea (regulación de los años 2003 y 2014 sobre abuso de mercado de valores).

Junto con lo anterior, expresa que el Ministerio Público yerra también en atribuir al proyecto un alcance restrictivo, no obstante, hay un ámbito donde se puede conceder que es la referencia del proyecto a la palabra “precio de mercado”. Al hablar de “valores” todo valor queda incluido, no hay formas de restricción.

Añade que el proyecto exige que “pueda afectarse un precio de mercado”, esto es, se exige idoneidad de afectarlo; no son delitos de resultado. Se trata de conductas engañosas que sean idóneas para inducir al mercado a comprar o vender, alterar o mantener el precio de mercado de uno o varios valores, eso es lo propuesto por el proyecto. Concuerda que la expresión a utilizar es “precio de mercado”, esa es la realidad de la regulación europea inobjetablemente; estos tipos penales protegen la confianza de los inversionistas en los mercados ya que la alteración de los precios de mercado puede tener efectos monstruosos y brutales.

Respecto a la alusión de los premios nobeles, señala que en el mismo año se le dio el premio a los que defienden ambas dimensiones: al modelo racionalista de los precios de mercado y al modelo de la finanza del comportamiento, signo de complementariedad.

Le parece interesante la propuesta realizada por la Fiscalía al artículo 59, letra f), del proyecto. La idea de idoneidad es el criterio de relevancia en el flujo informativo desde las sociedades reguladas al mercado, cuestión que a su juicio ya recoge el texto al emplear la frase “para los efectos de esta ley”. En todo caso se muestra disponible para buscar otra redacción.

El artículo 62, letra d), constituye una cláusula residual, que permite capturar todo aquello que no queda comprendido en la letra f) del artículo 59; se propone una regulación escalonada: artículo 59 letra a) se refiere a los emisores (las falsedades que emanan de los emisores -corazón de las expectativas de confianza de los inversores- son siempre relevantes). Hay otras falsedades que emanan de otras entidades reguladas (corredores, auditores, entre otros) que no siempre postulan a la pena más alta, y es allí donde se introduce la cláusula de relevancia.

Finalmente, expresa que el proyecto eleva las penas y ofrece un espacio mayor de cobertura, así se plasma, particularmente, en materia de uso de información privilegiada.

El diputado Walker (presidente) solicita a todos los invitados que envíen una minuta que resuma sus intervenciones como sus propuestas.

El diputado Leonardo Soto destaca el nivel de debate. Sobre los delitos de corrupción, expresa que esta Comisión trabajó en el estatuto de la ley N° 21.121 y no tiene claridad sobre la severidad del proyecto en relación con dicho estatuto. Hay varios aspectos de la ley N° 21.121 que no se contemplan en este proyecto, por ejemplo, normas relativas a la cooperación eficaz y agravante en relación con altas autoridades de cargo de elección popular.

Cree necesario la opinión de la Comisión para el Mercado Financiero por lo que considera que dado que mañana se verá un proyecto de reforma constitucional relativo a pensionados con rentas vitalicias, oportunidad en que está presente la referida Comisión, se le podría pedir una minuta con sus opiniones respecto de las modificaciones a la ley de Mercado de Valores.

El señor Walker (presidente) insta a generar un espacio de trabajo entre los profesores que han colaborado con la Comisión en este proyecto y el Ministerio Público.

Sesión N° 307 de 12 de enero de 2021.

Reapertura del debate respecto del artículo 59 de la ley de Mercado de Valores, modificado numeral 1 del artículo 53 Nº1 en razón de una nueva propuesta presentada por los profesores comisionados. Luego, se continuará con los numerales siguientes del artículo.

Numeral 1) artículo 53

En consideración de la votación precedente de este numeral (sesión Nº301 del 23 de diciembre de 2020), se recaba el acuerdo para la reapertura del debate, en consideración de la nueva propuesta de redacción presentada al artículo 59 de la ley 18.045, de Mercado de Valores por parte de los profesores comisionados.

- Así se acuerda

Art. 53. Modificaciones a la Ley 18.045. Introdúcese las siguientes modificaciones a la Ley 18.045, de mercado de valores:

1.Sustitúyense sus artículos 59 a 62 por los siguientes:

“Art. 59. Con pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo será sancionado:

a)El que actuando por cuenta de un emisor de valores de oferta pública proporcionare información falsa al mercado sobre la situación financiera, patrimonial o de negocios del respectivo emisor.

b)El que actuando por cuenta de una sociedad clasificadora otorgare una clasificación que no correspondiere al riesgo de los valores que clasifique.

c)El contador o auditor que dictaminare falsamente sobre la situación financiera o patrimonial de un emisor de valores de oferta pública.

d)El administrador o apoderado de una bolsa de valores que diere certificación falsa sobre las operaciones que se realicen en ella y el corredor de bolsa o agente de valores que diere certificación falsa sobre las operaciones en que hubiere intervenido.

e)El que efectuare transacciones en valores con el objeto de alterar o mantener artificialmente el precio de mercado de uno o varios valores, así como el que efectuare transacciones ficticias, divulgare información falsa o se valiere de cualquier otra conducta engañosa semejante, de un modo que sea idóneo para alterar o mantener el precio de mercado de uno o varios valores.

f)El que fuera de los casos previstos en las letras anteriores proporcionare información falsa al mercado por cuenta de una sociedad sujeta a la fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero, en registros, prospectos, declaraciones o informes exigidos por ley o por la referida autoridad con carácter general, de un modo idóneo para afectar la confianza de los inversionistas.

Art. 60. El que realizare una operación usando información privilegiada, ya sea adquiriendo, transmitiendo o cediendo, por cuenta propia o de otro, directa o indirectamente, los valores a los que esa información se refiere, o bien cancelando o modificando una orden relativa a esos valores, será sancionado:

1°con pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo, en caso de poseer la información privilegiada en alguna de las circunstancias señaladas en el artículo 166;

2°con pena de presidio menor en su grado medio a máximo en los demás casos.

Con las mismas penas será sancionado, respectivamente, el que revelare indebidamente información privilegiada.

El que poseyendo información privilegiada en alguna de las circunstancias señaladas en el artículo 166 recomendare a otro la realización de las operaciones a que se refiere el inciso primero de este artículo, será sancionado con pena de presidio menor en su grado medio a máximo.

Art. 61. Con pena de presidio menor en su grado medio a máximo será sancionado:

a)El que defraudare a otro adquiriendo acciones de una sociedad anónima abierta, sin efectuar una oferta pública de adquisición de acciones en los casos que ordena la ley.

b)El que indebidamente utilizare en beneficio propio o de otros valores entregados en custodia o su producto.

c)El que, conociendo o debiendo conocer el estado de insolvencia en que se encuentra la sociedad que administra, acordare, decidiere o permitiere que ésta hiciere oferta pública de valores o continuare intermediando valores en los términos del 24 de la presente ley.

Art. 62. Con pena de presidio menor en cualquier de sus grados será sancionado:

a)El que sin la correspondiente autorización o registro realizare oferta pública de valores o actuare como corredor de bolsa, agente de valores o calificadora de riesgos.

b)El que sin la correspondiente autorización o registro usare las denominaciones de corredor de bolsa, agentes de valores o calificadora de riesgos, o que de cualquier otro modo se atribuya la calidad de aquellas entidades.

c)El que eliminare, alterare, modificare, ocultare o destruyere registros, documentos, soportes tecnológicos o antecedentes de cualquier naturaleza, impidiendo o dificultando con ello las posibilidades de fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero.

d)El que fuera de los casos previstos en el artículo 59 proporcionare información falsa a la Comisión para el Mercado Financiero, por cuenta de una sociedad sujeta a su fiscalización.”

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En consideración a la nueva propuesta de redacción sobre el artículo 59 se procede al análisis de éste de forma separada.

- Artículo 59

Se consigna el texto presentado por los profesores comisionados que incluyen notas al pie explicativas de las modificaciones al texto aprobado por la Comisión.

“Art. 59. Con pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo será sancionado:

a)El que actuando por cuenta de un emisor de valores de oferta pública proporcionare información falsa al mercado sobre la situación financiera, patrimonial o de negocios del respectivo emisor.

b)El que actuando por cuenta de una sociedad clasificadora otorgare una clasificación que no correspondiere al riesgo de los valores que clasifique.

c)El contador o auditor que dictaminare falsamente sobre la situación financiera o patrimonial de una persona sujeta a obligación de registro de conformidad a esta ley[19].

d)El administrador o apoderado de una bolsa de valores que diere certificación falsa sobre las operaciones que se realicen en ella y el corredor de bolsa o agente de valores que diere certificación falsa sobre las operaciones en que hubiere intervenido.

e)El que efectuare transacciones en valores con el objeto de alterar o mantener artificialmente el precio de mercado de uno o varios valores[20], así como el que efectuare cotizaciones o transacciones ficticias[21], divulgare información falsa o se valiere de cualquier otra conducta engañosa semejante, de un modo apto para transmitir señales falsas en cuanto a la oferta, la demanda o el precio de mercado de uno o varios valores[22].

f)El que fuera de los casos previstos en las letras anteriores proporcionare información falsa al mercado por cuenta de una persona[23] sujeta a la fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero, en registros, prospectos, declaraciones o informes exigidos por ley o por la referida autoridad con carácter general, de un modo apto para incidir en las decisiones del público inversor[24] u ocultar aspectos relevantes para conocer el patrimonio o la situación financiera o jurídica de la persona[25].

El profesor Londoño señala que las modificaciones propuestas responden a las observaciones formuladas por los representantes del Ministerio Público (desde ahora MP) y por la Comisión para el Mercado Financiero (desde ahora CMF).

Explica que la propuesta original del proyecto se inspira en la regulación de abusos de Mercado del sistema europeo que contempla, por una parte, las formas de falsedad y manipulación; y por otra, el uso de información privilegiada. Añade que en los Estados Unidos la connotación bursátil es importante por razones jurisdiccionales ya que sólo aquellas conductas con dicha connotación son de competencia federal. El resto de las conductas en cambio, son de competencia de los estados federados, en base a sus propias regulaciones.

Sobre los cambios que contiene la nueva propuesta, explica que en la letra c) se acogió la observación de la CMF en el sentido que las falsedades pueden ser cometidas por un emisor, pero también por otras entidades reguladas de intermediación bursátil, como contadores y auditores. Aclara que esta modificación no innova en relación con texto legal vigente.

Luego respecto de los cambios que se introducen en la letra e) del artículo 59 señala que en el espíritu original de la norma se incluían a las cotizaciones ficticias, pero se introducen éstas expresamente por el valor de las palabras y para evitar interpretaciones sobre el alcance de la norma al tenor de las observaciones del MP. Siguiendo en la letra e) se amplía la figura a la oferta y a la demanda que pueden ser idóneas para alterar el Mercado. Destaca que una formulación similar se contempla en el Reglamento sobre Abuso de Mercado (RAM Nº596 de 2014) de la Unión Europea, siendo la propuesta en análisis más amplia que aquella ya que, por una parte, cubre la regulación penal y administrativa y sólo se exige aptitud de la conducta para alterar el Mercado y no un resultado, como ocurre con la regulación europea ya citada. Se toma de este modo la observación del Ministerio Público, aunque no sólo respecto de las alteraciones de precios, sino respecto de alteraciones al Mercado en general.

Sobre la propuesta concerniente en la letra f) expresa que se acogió la observación del Ministerio Público en orden a describir de forma más objetiva la aptitud de la conducta para alterar el Mercado: incidir en el inversor y el ocultamiento de antecedentes importantes. Añade que se acoge la formulación actual del artículo 134 de la ley de Sociedades Anónimas. Finalmente, se reemplaza la expresión “sociedades” por “personas” para ampliar el sujeto activo.

Puesto en votación el artículo 53 N° 1 en lo que respecta al Art. 59 con la propuesta de los profesores, es aprobado por la unanimidad de los integrantes presentes de la Comisión señoras y señores Matías Walker (presidente), Hugo Gutiérrez, Diego Ibáñez, Marcos Ilabaca, Pamela Jiles, Miguel Mellado por la señora Núñez y Leonardo Soto. (7-0-0).

- Artículos 60, 61 y 62.

El profesor Londoño explica que estas propuestas regulan por una parte el uso de información privilegiada (artículo 60) y otras figuras de la ley de Mercado de Valores que son reorganizadas y se adapta la regulación administrativa para que guarde simetría con la nueva normativa (artículos 61 y 62).

Sobre la propuesta del artículo 60 destaca que lo central es que se amplía el marco de cobertura de la figura de uso de información privilegiada desde un punto de vista objetivo: incluyendo las figuras de cancelación y falsificación de órdenes y de recomendaciones (que hoy no están cubiertas) y desde un punto de vista subjetivo, se amplía la figura respecto de quienes posean información privilegiada e incurra en estas conductas, serán sancionados penalmente. Tanto el insider como el outsider responderán penalmente. Tratándose del insider con una pena de crimen, mientras que el outsider con pena de simple delito. Aclara que en ningún caso las penas propuestas son inferiores a las que actualmente contempla la ley de Mercado de Valores. Se innova sólo en el alza.

Luego, respecto del artículo 61 propuesto, explica que cada una de sus letras guarda correspondencia con letras de los artículos 60 y 63 actuales de la ley. Así, la letra a) del artículo 61 del proyecto contiene las denominadas “infracciones a la ley de OPA” incorporadas por el caso chispas y que actualmente se prevé en la letra f) del artículo 60 actual de la ley.

Luego la letra b) del artículo 61 del proyecto es la actual letra i) del artículo 60 que contempla la figura del uso indebido de valores en custodia, que ha tenido aplicación práctica en Chile en los casos de las corredoras “Alfa” y “Serrano”.

Por su parte, la letra c) del artículo 61 del proyecto es el equivalente al artículo 63 que trata los casos en que los emisores, sabiéndose en caso insolvencia siguen funcionando.

Sobre el artículo 62, explica que esta norma recoge todas las otras conductas previstas en el artículo 60 de la ley actual y que son figuras de intrusismo, como la obstrucción o impedimento a la fiscalización. Destaca que la novedad se encuentra en la letra d) del texto propuesto que contempla una figura residual, que no alcanza a tener impacto bursátil queda previsto por esta figura con pena de simple delito.

Finalmente, solicita que la Comisión tenga a bien eliminar el verbo “transmitiendo” de los artículos 60 y el del artículo 165 (Art. 53 N° 1 y 3).

- Se tendrá presente al momento de las votaciones de dichos artículos, facultándose a la Secretaría para proceder en los términos explicados por el profesor Londoño.

El señor Mellado pregunta la regulación relativa a las empresas porque le llama la atención que solo se utilice la expresión “el que”. Le preocupa que finalmente las empresas queden sin ningún tipo de sanción.

El señor Fernández, en representación del Ministerio Público hace presente que no han tenido acceso a las propuestas de consenso que expuso el profesor Londoño y aclara que por el hecho de no intervenir en el debate no significa que las aceptan.

El señor Aldunate observa que el inciso final del artículo 60 hace remisión al artículo 166 cuya letra f) actual contempla las presunciones de uso de información privilegiada. Repara que en dicha norma no se hace referencia a los convivientes civiles.

Los integrantes presentes en la sala de sesiones, hacen suya la observación del señor Aldunate y proceden a presentar la indicación respectiva. (ver numeral 4) en la presente acta).

Sobre la consulta de Mellado, el profesor Londoño expresa que en esta parte del proyecto se regulan las figuras base que tienen de referencia a las personas naturales, pero no obsta la responsabilidad de las personas jurídicas. Luego, concuerda con la observación del señor Aldunate.

El señor Fernández en representación del Ministerio Público, pregunta a los profesores comisionados si el proyecto contempla la responsabilidad de la CMF respecto de la información patrimonial que entrega el postulante a emisor (artículo 59 letra f).

El profesor Londoño señala que la hipótesis está cubierta por el artículo 59 letra f) que se propone y que está aprobado por la Comisión. Destaca que en todo caso hay una figura que podría tener aplicación sobre el punto: artículo 62 letra d). Finalmente, aclara que no hizo llegar la propuesta presentada a la Comisión al Ministerio Público. Reitera que sí se reunieron, pero dada la carga de trabajo no tuvo tiempo de enviárselas previo a la sesión.

Puesto en votación los artículos 60 (sin el verbo “transmitiendo” según lo ya expuesto) incorporado por el número 1) del proyecto de ley, es aprobado por la unanimidad de los integrantes presentes de la Comisión señoras y señores Matías Walker (presidente), Juan Antonio Coloma, Hugo Gutiérrez, Diego Ibáñez, Marcos Ilabaca, Pamela Jiles, Miguel Mellado por la señora Núñez y Leonardo Soto. (8-0-0).

Puestos en votación los artículos 61 y 62 incorporados por el número 1) del proyecto de ley, son aprobados por la unanimidad de los integrantes presentes de la Comisión señoras y señores Matías Walker (presidente), Juan Antonio Coloma, Hugo Gutiérrez, Diego Ibáñez, Marcos Ilabaca, Pamela Jiles, Miguel Mellado por la señora Núñez y Leonardo Soto. (8-0-0).

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Numero 2)

2. Derógase los incisos segundo y tercero del artículo 63

El profesor Londoño explica que esa modificación no es una derogación propiamente tal sino que el texto que se estas normas contemplaban han sido trasladados a la letra c) del artículo 61. Debe decir artículo 24 de la presente ley.

Puesto en votación el numeral 2) del artículo 53 es aprobado por la unanimidad de los integrantes presentes de la Comisión señoras y señores Matías Walker (presidente), Juan Antonio Coloma, Hugo Gutiérrez, Diego Ibáñez, Marcos Ilabaca, Pamela Jiles, Miguel Mellado por la señora Núñez y Leonardo Soto. (8-0-0).

Número 3)

3. En su artículo 165:

a. Elíminase en su inciso primero la siguiente frase: “en razón de su cargo, posición, actividad o relación con el respectivo emisor de valores o con las personas señaladas en el artículo siguiente”.

b. Sustitúyese su inciso segundo por el siguiente: “Asimismo, se le prohíbe realizar una operación usando información privilegiada, ya sea adquiriendo, transmitiendo o cediendo, por cuenta propia o de otro, directa o indirectamente, los valores a los que esa información se refiere, o bien cancelando o modificando una orden relativa al valor al que se refiere la información. Igualmente, se abstendrá de comunicar indebidamente dicha información terceros o de recomendar la realización de operaciones con esos valores. Del mismo modo, velará para que los hechos previstos en este inciso no ocurran a través de subordinados o terceros de su confianza.”

c. Introdúcese el siguiente nuevo inciso cuarto: “También podrá realizar las operaciones a que se refieren el inciso primero y segundo de este artículo el que opere en cumplimiento de una obligación, ya vencida, de adquirir o ceder valores, cuando dicha obligación haya estado contemplada en un acuerdo celebrado antes de que la persona de que se trate hubiere poseído la información privilegiada.”

El profesor Londoño explica que el objeto de estas modificaciones es realizar ajustes en la regulación administrativa. Así, en la letra a) se aclara que basta con poseer la información privilegiada para ser investigado; en la letra b) se regulan las conductas central del uso indebido de información privilegiada y que guardan concordancia con la regulación actual; y, finalmente, la letra c) establece una exención de responsabilidad cuando el uso de información privilegiada no es “un uso” propiamente tal, sino que obedece al cumplimiento de una obligación anterior.

El señor Soto, don Leonardo observa que en la letra c) se contempla una exención de responsabilidad. Pide votación separada de esa letra.

Frente a dicha petición, profesor Londoño explica que se tipifica el uso de información privilegiada cuando el conocimiento de esa información sea la causa de la operación que se realiza en el Mercado. En el caso de la exención la información se utiliza para el cumplimiento de una obligación previa. Añade que esta solución es la misma que se ha adoptado en derecho comparado.

Puestas en votación las letras a) y b) (sin el verbo “transmitiendo”) del numeral 3) del artículo 53 son aprobadas por la unanimidad de los integrantes presentes de la Comisión, señoras y señores Matías Walker (presidente), Juan Antonio Coloma, Hugo Gutiérrez, Diego Ibáñez, Marcos Ilabaca, Pamela Jiles, Miguel Mellado por la señora Núñez y Leonardo Soto. (8-0-0).

Puesta en votación la letra c) del numeral 3 del artículo 53 es aprobado por mayoría de votos (7-0-1). Votaron favor las señoras y los señores Matías Walker (presidente), Juan Antonio Coloma, Hugo Gutiérrez, Diego Ibáñez, Marcos Ilabaca, Pamela Jiles y Miguel Mellado por la señora Núñez. No hubo votos en contra. Se abstuvo el señor Leonardo Soto.

Numeral 4) (nuevo)

- Indicación de la diputada señora Jiles y los señores Matías Walker, Hugo Gutiérrez, Marcos Ilbaca y Miguel Mellado

Para incorporar un nuevo ordinal 4) en el art. 53 del proyecto:

4. Para incorporar en el literal f) del art. 166 a continuación de la expresión “cónyuge” la frase “conviviente civil”.

Puesto en votación el nuevo numeral 4) transcrito es aprobado por la unanimidad de los integrantes presentes de la Comisión señoras y señores Matías Walker (presidente), Juan Antonio Coloma, Hugo Gutiérrez, Diego Ibáñez, Marcos Ilabaca, Pamela Jiles, Miguel Mellado por la señora Núñez y Leonardo Soto. (8-0-0).

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Artículo 54

Art. 54. Modificaciones al Decreto Ley 3.500. Introdúcese las siguientes modificaciones al Decreto Ley 3.500, que establece un sistema de pensiones de vejez, de invalidez y sobrevivencia derivado de la capitalización individual obligatoria en una administradora de fondos de pensiones:

1. Sustitúyese los actuales incisos primero y segundo de su artículo 103 por los siguientes (por el siguiente): “Art. 103. El que posea información privilegiada en el sentido del artículo 164 de la Ley 18.045 relativa a los documentos y antecedentes de los emisores e instrumentos sometidos a clasificación, así como a su clasificación, se sujetará a los deberes y prohibiciones establecidos en el Título XXI de la Ley 18.045, así como en las normas penales respectivas.

2. Sustitúyese su actual artículo 151 por el siguiente:

“Art. 151. El que posea información privilegiada en el sentido del artículo 164 de la Ley 18.045 relativa a las inversiones de los recursos de un Fondo se sujetará a los deberes y prohibiciones establecidos en el Título XXI de la Ley 18.045, así como en las normas penales respectivas.”

3. En el inciso primero de su artículo 152:

a.Sustitúyese la frase “y a las personas que, en razón de su cargo o posición, están informadas respecto de las transacciones de los Fondos” por la frase “y a las personas que poseen información relativa a las operaciones de los Fondos”.

b.Sustitúyese la frase “162 de la ley N° 18.045” por la frase “22 de la ley N° 20.712”.

4. Introdúcese las siguientes modificaciones en el artículo 154:

a.Sustitúyese su actual letra c) por la siguiente:

“c)infringir los deberes y prohibiciones establecidos en el Título XXI de la Ley 18.045;”

b.Derógase su letra d).

5. Introdúcese el siguiente inciso segundo en su artículo 158:

“La Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones aplicará a los infractores de los deberes y prohibiciones establecidos en el Título XXI de la Ley 18.045 las sanciones que corresponda conforme a lo dispuesto en el inciso precedente. Lo anterior se entiende sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales de los infractores, que serán determinadas conforme a la Ley 18.045.”

6. Sustitúyese su actual artículo 159 por el siguiente:

“Artículo 159. Sufrirán las penas de presidio menor en su grado medio a máximo, los trabajadores de una Administradora de Fondos de Pensiones que, estando encargados de la administración de la cartera y, en especial, de las decisiones de adquisición, mantención o enajenación de instrumentos para cualquiera de los Fondos y la Administradora respectiva, ejerzan por sí o a través de otras personas, simultáneamente la función de administración de otra cartera de inversiones, o infrinjan cualquiera de las prohibiciones consignadas en las letras a) y h) del artículo 154.”

7. Sustitúyese los actuales incisos octavo y noveno de su artículo 168 por el siguiente nuevo inciso octavo y penúltimo:

“Las personas indicadas en el inciso precedente se sujetarán a los deberes y prohibiciones establecidos en el Título XXI de la Ley 18.045, así como en las normas penales respectivas.”

Artículo 55

Art. 55. Modificaciones a la Ley 20.712. Introdúcese las siguientes modificaciones en la Ley 20.712, sobre administración de fondos de terceros y carteras individuales:

1. Sustitúyese la actual letra d) de su artículo 22 por la siguiente:

“d) la infracción a lo dispuesto en el Título XXI de la Ley 18.045”.

2. Introdúcese en su artículo 22 el siguiente inciso final nuevo:

“En todo caso, la infracción señalada en la letra d) de este artículo originará las responsabilidades previstas en la Ley 18.045”.

El señor Coloma pregunta a los profesores comisionados si es posible incorporar el caso de Felices y Forrados de los asesores previsionales en general, en esta regulación. Señala que estas entidades influyen en el Mercado Financiero. Cita como ejemplo las recomendaciones de cambios de fondos de pensiones.

El profesor Bascuñán responde que dependiendo del modo en cómo intervenga ese asesor podría hacerse responsable por manipulación del mercado o uso de información privilegiada.

Luego, sobre los artículos 54 y 55 en estudio explica que responden a una sola y mismo objetivo: unificar y simplificar la regulación sobre manejo indebido de información privilegiada, lo anterior para reducir complejidad y dar uniformidad a la aplicación de las normas, dar uniformidad.

Explica que el artículo 55 es de fácil comprensión y tiene por objeto recobrar la coordinación que contemplaba el artículo 162 de la ley de Mercado de Valores y que había sido derogado por la ley Nº19.712.

Respecto del artículo 54 enfatiza que dada su densidad normativa, su aprobación genera un riesgo de incomprensión e interpretación tendenciosa de la propuesta en el sentido que se está despenalizando a las AFP, cuando la intención es todo lo contrario.

Sobre dicha aclaración, el señor Walker (presidente) observa que se baja el tramo más alto de la pena y pregunta la razón de aquello.

El señor Bascuñán responde que ello responde simplemente al objetivo de mantener la homogeneidad con el resto del proyecto. En tal sentido recuerda lo ya explicado por el profesor Londoño: los insiders son poseedores presuntos, por lo tanto, deben tener pena de crimen, en cambio los outsiders no tienen dicha calidad por lo tanto tienen asignada una pena de simple delito.

El señor Soto, don Leonardo repara en que hay un tratamiento más benévolo para las AFP en este punto y enfatiza que hay 11 millones de chilenos obligados en participar en el mercado por sus cotizaciones obligatorias, por lo tanto, el reproche debiera ser mayor.

El señor Aldunate señala que la penalidad propuesta mantiene la coherencia con la ley de Mercado de Valores ya aprobada por la Comisión.

El profesor Bascuñán responde al señor Soto comparte que en términos generales no es lo mismo la situación de un especulador voluntario que la de un cotizante previsional obligatorio. No obstante, plantea que la cuestión a decidir es si el manejo de información privilegiada por parte de un gerente o alto cargo dentro de la AFP merece el mismo reproche que el uso indebido que haga un trabajador subordinado de la misma AFP. Luego, aclara que la penalidad sino que se amplía el tramo de la pena respecto del insider que debe tener un trato diferenciado.

La señora Jiles pregunta si esta propuesta redunda en una baja en la penalidad para el uso indebido de información privilegiada por parte de las AFP.

El profesor Bascuñán responde que, al contrario, la pena se incrementa en el mínimo. Agrega que el tramo se de penalidad comienza en tres años y un día y no en 541 días para el insider primario (o poseedores incumbentes o presuntos) mientras que, para el resto poseedores no presuntos, la penalidad se mantiene en el mínimo y no sube al máximo, porque de lo contrario ya sería pena de crímen, reservada para el insider primario.

Puestos en votación los artículos 54 y 55 son aprobados por la mayoría de votos de los integrantes de la Comisión (6-0-2). Votaron a favor los señores Matías Walker (presidente), Juan Antonio Coloma, Hugo Gutiérrez, Diego Ibáñez, Marcos Ilabaca y Miguel Mellado por la señora Núñez. No hubo votos en contra. Se abstuvieron la señora Pamela Jiles y el señor Leonardo Soto.

Fundamento del voto:

El señor Coloma señala que esta normativa podrá ser utilizada respecto de asesores previsionales o empresas de asesoría financiera como “Felices y forrados” que hagan uso de información privilegiada en el Mercado Financiero. Vota a favor.

El señor Gutiérrez señala que estas sanciones son adecuadas respecto de quienes hagan mal uso de información privilegiada. Vota a favor.

El señor Ilabaca por el aumento de la penalidad respecto de los poseedores presuntos de información privilegiada, vota a favor.

La señora Jiles señala que hay un defecto en la formulación del artículo ya que no llega a la convicción absoluta sobre cuál artículo sería aplicable respecto de los altos cargos de las AFP. Considera que debió regularse de manera separada la penalidad para cada clase de poseedor de información privilegiada entre altos cargos y trabajadores. Se abstiene.

El señor Soto, don Leonardo entendiendo la disminución de pena que plantea el proyecto respecto de los trabajadores de las AFP, considera que se abre un forado que aumento el riesgo de abusos por parte de este tipo de empresas. Lo anterior, sería contrario al objetivo del proyecto: fortalecer la persecución y sanción de los delitos económicos. Ello se ve agravado porque los perjudicados (los pensionados) no participan ni conocen de la regulación y control de la intermediación financiera. Se abstiene.

Sesión N° 311 de 19 de enero de 2021.

Entrando en el orden del día, corresponde continuar con la discusión y votación en particular del proyecto de ley que "Sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico, y adecua las penas aplicables a todos ellos", en primer trámite constitucional.

El Comisionado de la Comisión para el Mercado Financiero, señor Mauricio Larraín expone sus observaciones a la iniciativa en discusión. Acompaña minuta.

Respecto de la ley de Sociedades Anónimas (LSA) propone reemplazar el infractor de “accionistas” a “administradores”.

El nuevo artículo 134 bis LSA busca penalizar al accionista mayoritario que impone acuerdos en S.A. para obtener beneficio en perjuicio de los demás y de la S.A. Se comparte el objetivo, pero debe ajustarse el infractor a uno compatible con la estructura y funcionamiento de las S.A.

La responsabilidad de la administración en las sociedades anónimas recae en su directorio, gerentes y altos ejecutivos, cuyos actos deben ir en pos del interés social. (art. 39 inc. 1 LSA) y no respecto de quienes los eligen. Las OPA y OPR ya suponen un mecanismo para proteger al accionista minoritario y problemas de agencia.

Por lo tanto, se sugiere reenfocar la responsabilidad penal desde los accionistas hacia quienes administran la empresa, es decir, a “los directores, gerentes y altos ejecutivos de una sociedad anónima que adoptaren acuerdos”.

Sobre la Ley Mercado de Valores efectúa múltiples observaciones:

1. En los delitos de envío de información falsa al mercado, valora la eliminación del calificativo “malicioso” porque facilita la acreditación de la infracción administrativa.

Dicho lo anterior, el proyecto introduce la expresión “El que actuando por cuenta de” en todos delitos de remisión de información falsa, alterando el sujeto autor que materialmente entrega el antecedente faso.

Al respecto, debe considerarse que la información se remite a la CMF a través de un sistema electrónico (SEIL) de modo que puede ser proporcionada por usuarios administradores o usuarios SEIL, quienes no necesariamente son los autores materiales de la información que se envía.

La propuesta altera el autor de este delito, desde el efectivo autor material de la información falsa (por ejemplo, directorio, ejecutivo) a la persona que solo materialmente (por mandato, relación laboral, prestación de servicios) cumple con una instrucción sin que le corresponda saber que la información que remite es falsa. Caso extremo sería el de una secretaria, castigando al mensajero de la información.

Se sugiere utilizar la expresión “El que proporcionare, o instruyere proporcionar”, bajo el supuesto que dicho sujeto se representa que el antecedente es falso.

2. Se deben efectuar precisiones respecto del uso de información privilegiada.

La redacción vigente tiene por finalidad que no se aproveche de una determinada posición o de la relación que se tenga con alguien que la detente para efectuar operaciones en el mercado de valores con información privilegiada.

El proyecto de ley elimina las exigencias relativas a las circunstancias en virtud de las cuales se obtuvo acceso a la información privilegiada: se extiende a cualquier persona y/o circunstancia.

Se informa favorablemente en ampliar los sujetos destinatarios de la norma como, por ejemplo, al amigo o familiar a quienes un socio de una empresa de auditoría externa o un analista financiero les revela información privilegiada.

Se sugiere ampliar taxativamente el catálogo de sujetos, de modo de no extender a aquellos no insiders que no tienen acceso privilegiado a la información. Caso extremo que se quiere evitar, castigar a un taxista que escucha información.

3. Otras observaciones:

- No se debe eliminar el delito de divulgación de información falsa o tendenciosa al mercado.

Observa que el proyecto elimina -sin recoger adecuadamente en otra norma- el delito de difusión de información falsa o tendenciosa al mercado, lo que dejaría en impunidad casos como “Schwager”.

- Se requiere precisar la redacción del delito de alteración artificial del precio de mercado de un valor, por dos razones:

- La ley actual contempla “transacciones y cotizaciones”, mientras que el proyecto de ley solo contempla “transacciones”.

- El proyecto no considera casos de estabilización de precios autorizada por CMF (subasta de apertura, subasta de volatilidad, o market makers).

Por último, hace presente discordancias con el proyecto de Agentes de Mercado próximo a ser ley: cambios en delitos económicos con el proyecto de Agentes de Mercado (tercer trámite constitucional, Comisión Mixta)

- Manipulación de precios (LMV art. 52 modifica la prohibición de manipular el precio de valores y su sanción penal se remite a éste.

- Delitos Auditores Externos (LMV arts. 59 y 60 en cuanto contemplan las empresas de auditoría externa y sus socios para tales efectos.

- Agravante general LMV art. 61 en cuanto aumenta la pena en un grado cuando la infracción sea realizada por quien ejerza un cargo, tenga una posición o preste servicios, remunerados o no, en CMF o en una entidad fiscalizada

Sugiere armonizar cambios sustantivos en determinados delitos económicos con el proyecto boletín N° 10.162-05.

El diputado Walker (presidente) agradece las observaciones y explica que varios de los aspectos ya fueron profusamente discutidos. Por ejemplo, aclara el delito de divulgación de información falsa no queda sin sanción sino que se traslada a otro artículo.

Pide a los profesores una minuta escrita que se haga cargo de cada uno de los puntos expuestos.

El profesor señor Fernando Londoño enviará una minuta por escrito. Aprovecha la instancia para referirse a supuestos de posible “infra cobertura”. Primeramente, celebra que no se haya hecho cuestionamiento a la referencia a “precios de mercado” que condiciona esta normativa en Estados Unidos y Europa.

Señala que, efectivamente, se propone la derogación del artículo 61, pero, en su lugar –bajo el objetivo de sistematización- el artículo 59 letra e) debería estar en condiciones de cubrir todas aquellas hipótesis de manipulación de mercado. Un caso como el de “Schwager” estaría perfectamente cubierta en sede penal por el artículo 59 letra e).

Respecto a la responsabilidad administrativa, manifiesta que el proyecto no toca el artículo 52 y 53. En sede penal, en el caso “Schwager” se respondió por infracción al artículo 53 en relación con el artículo 59. Únicamente, se está simplificando y modernizando la legislación y, en ningún caso se está proponiendo despenalizar en ese contexto.

Sobre las estabilizaciones, aclara que al artículo 52 inciso segundo no ha sido modificado. En una interpretación sistemática de la norma, se concluye que si ha mediado una autorización administrativa para la conducta manipulativa estabilizadora, entonces, es lícita. No existiría el riesgo de criminalizar estabilizaciones autorizadas por la CMF. Observa que esta una normativa opaca en cuanto a que no hay mayor claridad respecto a cuándo y cómo se permiten estas estabilizaciones.

En relación con las exigencias de incluir las “cotizaciones” explica que se incorporaron en relación con las transacciones ficticias. El artículo 52 no comprende las cotizaciones porque se trata de transacciones reales (manipulación operativa, cuando se concreta la operación.) En cambio, en el artículo 53 sanciona manipulaciones mediante transacciones ficticias, y en ese contexto se incorporan las cotizaciones, según daría cuenta la última redacción aprobada.

Por último, sobre los sujetos activos proporcionará una minuta y revisará que de acuerdo con los mecanismos de imputación penal, queden fuera aquellas conductas irrelevantes, no dolosas, como pudiera ser la situación de un mensajero que desconoce el contenido de la información, por ejemplo, caso de una secretaria.

Artículo 54, se discute nueva redacción

Por asentimiento unánime de la Comisión se da curso a la discusión de la nueva propuesta de redacción del artículo 54.

El académico señor Antonio Bascuñán manifiesta que, cumpliendo el mandato de la Comisión, trae nueva redacción del artículo 54 que reduce al máximo los problemas de incertidumbre que generaba la propuesta de sistematización simplificada del tratamiento de la infracción al deber de reserva y a la prohibición del uso de información privilegiada por parte de quieres participan de las organizaciones de personas mencionadas para estos efectos por el decreto ley N° 3.500, a saber, las Comisiones Clasificadoras, las Administradoras de Fondos de Pensiones y el Consejo Técnico de Inversiones, reguladas en los artículos 103, 159 y 168, respectivamente.

La propuesta original sometía todo el régimen del decreto ley N° 3.500 al régimen de la ley N° 18.045 sobre Mercado de Valores, con las modificaciones que se habían introducido en el artículo 53. En la discusión, se generaron ciertas aprensiones o incertidumbre, por lo que se propone modificaciones mínimas necesarias para ajustar las penalidades.

Las prohibiciones del decreto ley N° 3500 operan dos sentidos distintos: operación a nivel micro, como protección de los intereses fiduciarios de los fondos y de las administradores de los fondos, pero, operan también a nivel macro, como protectoras del mercado, de la integridad y confianza del inversionista.

Entonces, hay que comparar la sanción del decreto ley N° 3500 con la sanción a nivel macro (artículo 60 de la ley N° 18.045) y a nivel micro (artículo 284 del Código Penal).

Acompaña el siguiente cuadro para clarificar las penas respecto a la revelación y al uso de información:

Se actualiza la referencia en el inciso primero de su artículo 152 del decreto ley N° 3.500, sustituyendo la frase “162 de la ley N° 18.045” por la frase “22 de la ley N° 20.712”.

Sobre el artículo 159, letra a), número i), se armoniza la pena con el artículo 60 N° 1 de la ley de Mercado de Valores.

Los demás números ii, iii, y iv de la letra a) introducen un tratamiento diferenciado para los trabajadores, los que ya no quedarían sujetos a la regla del decreto ley N° 3.500 sino a la regla de trato común de la Ley de Mercado de Valores o del artículo 284 del Código Penal.

Si son trabajadores dependientes de los ejecutivos principales van a tener la pena máxima conforme al artículo 60 N° 1, si no, se aplica la pena genérica, que es menor.

El artículo 159 bis agrega en el decreto ley N° 3.500 la figura de la recomendación, que el proyecto introduce como nuevo delito de la ley de Mercado de Valores, la recomendación de operaciones por parte de un poseedor conspicuo de información privilegiada.

Por último, en el artículo 168 se introduce la misma regla.

Los diputados suscriben la propuesta presentada.

- Indicación de la diputada Jiles y los diputados Ilabaca, Gutiérrez, Leonardo Soto y Walker, para sustituir el artículo 54 por el siguiente:

“Art. 54. Modificaciones al Decreto Ley N° 3.500. Introdúcese las siguientes modificaciones al Decreto Ley N° 3.500, que establece un sistema de pensiones de vejez, de invalidez y sobrevivencia derivado de la capitalización individual obligatoria en una administradora de fondos de pensiones:

1.Introdúcese el siguiente nuevo inciso tercero en su artículo 103:

“Si el hecho constitutivo de la infracción o contravención a que se refieren los incisos precedentes constituyere también delito conforme al artículo 60 de la Ley N° 18.045, o al artículo 284 del Código Penal, se estará a la pena señalada en esas disposiciones.”

2. Sustitúyese en el inciso primero de su artículo 152 la frase “162 de la ley N° 18.045” por la frase “22 de la ley N° 20.712”.

3.Introdúcese las siguientes modificaciones en su artículo 159:

a) En su inciso primero,

i. sustitúyese la expresión “medio” por la expresión “máximo”;

ii. sustitúyese la coma que sigue a la palabra “liquidadores” por la conjunción “y”;

iii. elimínase la coma que sigue a la palabra “dinero”, y,

iv. elimínase la frase “y los trabajadores”.

b.Introdúcese el siguiente nuevo inciso segundo:

“Si el hecho constitutivo de la infracción o contravención a que se refieren las letras a) o b) del inciso precedente constituyere también delito conforme a los incisos primero o segundo del artículo 60 de la Ley N° 18.045, o al artículo 284 del Código Penal, las demás personas que lo perpetren responderán penalmente según lo dispuesto en dichos preceptos.”

4.Introdúcese en su Título XIV el siguiente nuevo artículo 159 bis.

“Art. 159 bis. Sufrirán la pena de presidio menor en su grado medio a máximo los directores, gerentes, apoderados, liquidadores u operadores de mesa de dinero de una Administradora de Fondos de Pensiones que, poseyendo información privilegiada de aquélla que trata el Título XXI de la ley N° 18.045 en razón de su cargo o posición, recomendaren a otro la realización de las operaciones a que se refiere la letra a) del inciso primero del artículo 159.

Las demás personas que perpetren el hecho previsto en el inciso precedente responderán penalmente según lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 60 de la Ley N° 18.045.”

5.Introdúcese el siguiente nuevo inciso décimo en su artículo 168:

“Si el hecho constitutivo de la infracción o contravención a que se refieren los incisos precedentes constituyere también delito conforme al artículo 60 de la Ley N° 18.045 o al artículo 284 del Código Penal, se estará a la pena señalada en esas disposiciones.”.

En votación, la indicación que sustituye el artículo 54 es aprobada por la unanimidad de los presentes, diputados (as) señores (as) Matías Walker (Presidente de la Comisión); Juan Antonio Coloma; Camila Flores; Gonzalo Fuenzalida; Hugo Gutiérrez; Marcos Ilabaca; Pamela Jiles; René Saffirio, y Leonardo Soto. (9-0-0).

Artículo 56.

Art. 56. Modificaciones a la Ley N° 17.322. Introdúcese el siguiente nuevo artículo 13 bis en la Ley N° 17.322, sobre normas para la cobranza judicial de cotizaciones, aportes y multas de las instituciones de seguridad social:

“Art. 13 bis. Con la misma pena establecida en el artículo anterior se sancionará al empleador que, sin el consentimiento del trabajador, declare ante las instituciones de seguridad social, pagarle una renta imponible o bruta menor a la real, disminuyendo el monto de las cotizaciones que debe descontar y enterar. La conducta será sancionada igualmente, si el consentimiento del trabajador ha sido obtenido por el empleador con abuso grave de su situación de necesidad, inexperiencia o incapacidad de discernimiento.

En caso que el empleador omita retener o enterar las cotizaciones previsionales de uno o más trabajadores que prestan servicios remunerados para él, la conducta se castigará con la pena de presidio o reclusión menores en su grado medio.”

La profesora señora Verónica Rosenblut manifiesta que, al igual que otras normas del proyecto de ley, la disposición busca hacer punible algunas conductas que pueden prestarse para abuso respecto de los trabajadores.

Es necesario tener presente el artículo 13 de la ley N° 17.322 contempla un tipo penal conocido como apropiación indebida de cotizaciones previsionales (una vez descontadas las cotizaciones, se apropia de ellas o las distrae –les da un uso distinto).

El artículo 13 bis propone evitar una práctica habitual que consiste completar el sueldo del trabajador con cargo a sus cotizaciones previsionales (omite retener o enterar la cotizaciones, o subvalorar a renta imponible con el objeto de destinar ese delta a completar el sueldo promedio.

Es importante destacar que no es el espíritu de los profesores ingresar a la discusión sobre la propiedad de los fondos ni sobre el sistema previsional, sino que bajo la situación actual, resolver este punto.

La norma actual (artículo 13) supone que el empleador haya descontado las cotizaciones, en este caso (artículo 13 bis), se amplía a aquellas hipótesis en que el empleador no descuenta las cotizaciones, no cotiza.

Los diputados suscriben la propuesta presentada.

- La diputada Jiles y los diputados Ilabaca, Gutiérrez, Leonardo Soto y Walker, presentan indicación que sustituye el artículo 56 por el siguiente:

“Art. 56. Modificaciones a la Ley N° 17.322. Introdúcese el siguiente nuevo artículo 13 bis en la Ley N° 17.322, sobre normas para la cobranza judicial de cotizaciones, aportes y multas de las instituciones de seguridad social:

“Art. 13 bis. Con la misma pena establecida en el artículo anterior se sancionará al empleador que, sin el consentimiento del trabajador, omita retener o enterar las cotizaciones previsionales de un trabajador o declare ante las instituciones de seguridad social, pagarle una renta imponible o bruta menor a la real, disminuyendo el monto de las cotizaciones que debe descontar y enterar. La conducta será sancionada igualmente, si el consentimiento del trabajador ha sido obtenido por el empleador con abuso grave de su situación de necesidad, inexperiencia o incapacidad de discernimiento.”.”.

El profesor señor Enrique Aldunate señala que, a propósito de este delito, en el artículo 19 inciso del decreto ley N° 3.500 hay una norma idéntica, coexistiendo dos normas espejo.

La profesora Rosenblut explica que en este segundo no ha alcanzado a revisar el artículo mencionado, pero recuerda que esa norma es una remisión, para los efectos de sanción, al artículo 13 de la ley N° 17.322, por lo que se podría complementar la remisión al artículo 13 bis.

Se dispone votar la norma y estudiar su posible ampliación.

En votación, el artículo 56 con la indicación que lo sustituye es aprobado por la unanimidad de los presentes, diputados (a) señores (a) Matías Walker (Presidente de la Comisión); Juan Antonio Coloma; Hugo Gutiérrez; Marcos Ilabaca; Pamela Jiles; René Saffirio, y Leonardo Soto. (7-0-0).

Se deja constancia de la presentación de una indicación que no se alcanza a analizar:

- Indicación de la diputada Jiles y los diputados Ilabaca, Gutiérrez, Leonardo Soto y Walker, para incorporar un nuevo ordinal en el art. 54 del proyecto:

Para modificar en el artículo 19 en el siguiente sentido:

a)Para intercalar en el inciso diecinueve a continuación del guarismo “12”, los guarismos “13, 13 bis”, seguido de una (,);

b)Para intercalar el siguiente inciso vigésimo cuarto nuevo, pasando el actual a ser vigesimoquinto y así correlativamente:

“Con la misma pena establecida en el inciso anterior, se sancionará al empleador que, sin el consentimiento del trabajador, omita retener o enterar las cotizaciones previsionales de un trabajador o declare ante las instituciones de seguridad social, pagarle una renta imponible o bruta menor a la real, disminuyendo el monto de las cotizaciones que debe descontar y enterar. La conducta será sancionada igualmente, si el consentimiento del trabajador ha sido obtenido por el empleador con abuso grave de su situación de necesidad, inexperiencia o incapacidad de discernimiento.”.

Fundamento. El delito de apropiación indebida de cotizaciones previsionales aparece en el Derecho chileno con el decreto ley Nº 3.500, del 13 de noviembre de 1980, que establece un nuevo sistema de pensiones, en el inciso veintitrés de su largo artículo 19, referido a las cotizaciones deducidas de las remuneraciones y rentas imponibles para integrar la correspondiente cuenta de capitalización individual y ahorro de cada trabajador, y luego con la ley Nº 19.260, cuyo artículo 1º, número 2, substituyó en la ley Nº 17.322, de normas para cobranza judicial de imposiciones, aportes y multas de los institutos de previsión, su antiguo artículo 13 por el texto actual. Dicho inciso del artículo 19 del decreto ley Nº 3.500 y el asimismo mencionado artículo 13, nuevo, de la ley Nº 17.322 son idénticos y coinciden cabalmente, de ahí que se propone una regla que mantenga la simetría en ambos cuerpos legales, incorporando la nueva propuesta del art. 13 bis.

Artículo 57

Art. 57. Modificaciones a la Ley 19.496. Introdúcese las siguientes modificaciones a la Ley 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores:

1. Derógase el artículo 17 L.

2. Sustitúyese el inciso segundo de su artículo 24 por el siguiente:

“La publicidad falsa o engañosa difundida por medios de comunicación social, en relación a cualquiera de los elementos indicados en el artículo 28, hará incurrir al infractor en una multa de hasta 1500 unidades tributarias mensuales. En caso de que incida en las cualidades de productos o servicios financieros, o que afecten la salud o la seguridad de la población o el medio ambiente, la conducta se sancionará además con la pena de presidio o reclusión menores en su grado mínimo a medio, sin perjuicio de las indemnizaciones que pueda determinar el juez competente de acuerdo a la presente ley.”.

La profesora señora Rosenblut explica que la disposición pretende potenciar la protección de los consumidores frente a la entrega de información falsa de los productos que se ofrecen en el mercado.

Por una parte, se elimina el artículo 17 L, eliminando como hipótesis de infracción civil (con sanción de multa) la entrega de información falsa o publicidad engañosa que induce a error en relación con productos financieros.

Por otra, se mantiene la primera parte del inciso segundo de su artículo 24, y se modifica la segunda parte, elevándose a la categoría de delito la publicidad falsa o engañosa difundida por medios de comunicación social, que incida en las cualidades de productos o servicios financieros, o que afecten la salud o la seguridad de la población o el medio ambiente, ámbitos donde existe una gran asimetría de información.

Cebe hacer presente que quedaría sin sanción infraccional la publicidad falsa o engañosa que no sea difundida por medio de comunicación social, hipótesis que quedaría cubierta por la figura base de estafa en la medida que se ha engañado a un consumidor haciéndolo incurrir en un gasto de un bien o servicio que de otro modo no hubiera incurrido, sufriendo un perjuicio patrimonial, situación que permite resolver un problema de la práctica jurisprudencial.

El abogado de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Delitos Medioambientales y Crimen Organizado (ULDDECO), señor Andrés Salazar consulta el alcance de la norma cuando se la vincula al artículo 28 de la ley del Consumidor, y si no se produciría una restricción del ámbito que se pretende alcanzar.

El diputado Ilabaca señala que la estafa es uno de los delitos más difíciles de probar, por lo que pregunta si no se disminuirá su persecución penal. A su juicio, mantendría la sanción de multa.

Respecto a las inquietudes del diputados Ilabaca, la profesora señora Rosenblut efectúa una corrección a su intervención, la conducta que sanciona el artículo 17 L, esto es, entregar publicidad falsa o engañosa en la contratación de productos o servicios financieros, podría, si es por medio de publicidad, sancionarse por la primera parte del inciso segundo.

Pone ejemplo, en la contratar un crédito hipotecario se le entrega información falsa, no debiera resultar particularmente difícil la configuración de un delito de estafa. El efecto pudiera ser más disuasivo.

Sobre la consulta del señor Salazar, la profesora Rosenblut señala que, efectivamente, el artículo 28 no se refiere a productos o servicios financieros porque la misión de ese artículo es genérica, se refiere a qué aspectos de las calidades o condiciones son relevantes para considerar que sean objeto de un reproche. Como en el inciso propuesto sí se hace alusión a las cualidades de productos o servicios financieros, la misión del artículo 28 en esta hipótesis es llenar de contenido el concepto de “cualidades” de productos o servicios financieros, precio o tarifa, carácter relevante del bien, componentes del producto. No ve un problema interpretativo.

Puesto en votación, el artículo 57 es aprobado por la unanimidad de los presentes, diputados (a) señores (a) Matías Walker (Presidente de la Comisión); Jorge Alessandri; Juan Antonio Coloma; Hugo Gutiérrez; Marcos Ilabaca; René Saffirio, y Leonardo Soto. (7-0-0).

Artículo 48, numeral 11

Art. 48. Modificaciones al Código Penal. Introdúcese las siguientes modificaciones al Código Penal:

11. Introdúcese en el Título Sexto de su Libro Segundo el siguiente nuevo Párrafo 13:

Ҥ 13. Atentados contra el medio ambiente

Art. 305. Será sancionado con presidio o reclusión menor en sus grados mínimo a medio el que contraviniendo una norma de emisión o de calidad ambiental incumpliendo las medidas establecidas en un plan de prevención, de descontaminación o de manejo ambiental, incumpliendo una resolución de calificación ambiental, las condiciones asociadas al otorgamiento de alguna autorización de carácter ambiental o sin haber sometido su actividad a una evaluación de impacto ambiental o sin haber obtenido una autorización de carácter ambiental estando obligado a ello:

1º vertiere sustancias contaminantes en aguas marítimas o continentales;

2º extrajere aguas continentales, sean superficiales o subterráneas;

3º vertiere o depositare sustancias contaminantes en el suelo o subsuelo, continental o marítimo;

4º extrajere tierras del suelo o subsuelo;

5º liberare sustancias contaminantes al aire.

Lo dispuesto en el número 5º no será aplicable respecto de las emisiones provenientes de vehículos sujetos a inscripción en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados y de sistemas de calefacción o refrigeración domésticos.

Art. 306. Tratándose de los hechos previstos en el artículo anterior la pena será solo la multa de 30 a 3000 unidades tributarias mensuales, cuando el hechor contare con autorización para verter, liberar o extraer la sustancia correspondiente y además:

1.° la cantidad vertida, liberada o extraída en exceso no superare en forma significativa el límite permitido, atendidas las características de la sustancia y la condición del medio ambiente que pudieren verse afectados por el exceso;

2.° la infracción se hubiere prolongado solo por un breve lapso, atendidas las características de la sustancia y la condición del medio ambiente que pudieren verse afectados por el exceso; y,

3.° el infractor hubiere obrado con diligencia para restablecer las emisiones o extracciones al valor permitido y para evitar las consecuencias dañinas del exceso.

Art. 307. El que por imprudencia temeraria o por mera imprudencia o negligencia con infracción de los reglamentos incurriere en los hechos previstos en el artículo 305 será sancionado con la pena de multa de 30 a 3000 unidades tributarias mensuales.

Art. 308. El que afectare gravemente las aguas marítimas o continentales, superficiales o subterráneas, el suelo o el subsuelo, fuere continental o marítimo, o el aire, o bien la salud animal o vegetal, la existencia de recursos hídricos o el abastecimiento de agua potable, será sancionado con la pena de presidio o reclusión menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo.

El que por imprudencia temeraria o por mera imprudencia o negligencia con infracción de los reglamentos incurriere en los hechos señalados en inciso anterior será sancionado con la pena con la pena de presidio o reclusión menor en sus grados medio a máximo.

Art. 309. Cuando la afectación grave prevista en el inciso primero del artículo anterior resultare de la perpetración de un hecho comprendido en el artículo 305 la pena será:

1.° presidio o reclusión mayor en su grado mínimo, si el resultado fuere atribuible a dolo;

2.° presidio o reclusión menor en su grado máximo, si el resultado fuere atribuible a imprudencia temeraria o mera imprudencia o negligencia con infracción de los reglamentos.

Las mismas penas se impondrán, según el caso, cuando la afectación grave de la existencia de recursos hídricos resultare de la infracción de las reglas de su distribución y aprovechamiento.

Art. 310. El que afectare gravemente uno o más de los componentes ambientales de una reserva de región virgen, un parque nacional, un parque nacional de turismo, un monumento natural, una reserva nacional, una reserva de bosque, una reserva forestal, un parque marino, una reserva marina, un área marina costera protegida para efectos ambientales o un santuario de la naturaleza o un humedal de importancia internacional será sancionado con presidio o reclusión mayor en su grado mínimo.

La misma pena se impondrá al que infringiendo una resolución de calificación ambiental o sin haber sometido su actividad a una evaluación de impacto ambiental estando obligado a ello afectare gravemente un glaciar.

Si cualquiera de los hechos señalados en los dos incisos anteriores fuere perpetrado por imprudencia temeraria o por mera imprudencia o negligencia con infracción de los reglamentos la pena será de presidio o reclusión menor en su grado máximo.

Art. 311. Para los efectos de los tres artículos precedentes se entenderá por afectación grave de uno o más componentes ambientales el cambio adverso y mensurable producido en alguno de ellos siempre que ese cambio adverso consistiere en alguna de las siguientes circunstancias:

1º. tener una extensión espacial de relevancia, según las características ecológicas o geográficas de la zona afectada;

2º. tener efectos prolongados en el tiempo;

3º ser irreparable o difícilmente reparable;

4º. alcanzar a un conjunto significativo de especies según las características de la zona afectada;

5º. incidir en especies categorizadas como extintas, extintas en grado silvestre, en peligro crítico o en peligro o vulnerable;

6º. poner en peligro la salud de una o más personas.”.

Los profesores traen nueva propuesta que es recogida por los parlamentarios.

- La diputada Jiles y los diputados Ilabaca, Gutiérrez, Leonardo Soto y Walker, presentan indicación para reemplazar el numeral 11 del artículo 48, por el siguiente:

“Art. 48. Modificaciones al Código Penal. Introdúcese las siguientes modificaciones al Código Penal:

11.Introdúcese en el Título Sexto de su Libro Segundo el siguiente nuevo Párrafo 13:

Ҥ 13. Atentados contra el medio ambiente

Art. 305. Será sancionado con presidio o reclusión menor en sus grados mínimo a medio el que sin haber sometido su actividad a una evaluación de impacto ambiental estando obligado a ello, o sin haber obtenido la debida autorización:

1º vertiere sustancias contaminantes en aguas marítimas o continentales;

2º extrajere aguas continentales, sean superficiales o subterráneas, o aguas marítimas;

3ºvertiere o depositare sustancias contaminantes en el suelo o subsuelo, continental o marítimo;

4º extrajere tierras del suelo o subsuelo;

5º liberare sustancias contaminantes al aire.

La pena será de presidio o reclusión menor en sus grados medio a máximo si el infractor perpetrare el hecho estando obligado a someter su actividad a un estudio de impacto ambiental.

Lo dispuesto en el número 5º no será aplicable respecto de las emisiones provenientes de vehículos sujetos a inscripción en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados y de sistemas de calefacción o refrigeración domésticos.

Art. 306. Las penas señaladas en el inciso primero del artículo anterior serán aplicables al que, contando con autorización para verter, liberar o extraer cualquiera de las sustancias o elementos mencionados en los números 1° a 5° del artículo 305, incurriere en cualquiera de los hechos allí previstos, contraviniendo una norma de emisión o de calidad ambiental, incumpliendo las medidas establecidas en un plan de prevención, de descontaminación o de manejo ambiental, incumpliendo una resolución de calificación ambiental, o las condiciones asociadas al otorgamiento de la autorización, y siempre que el infractor:

1°estuviere impedido de presentar un programa de cumplimiento de la normativa ambiental en procedimiento sancionatorio administrativo relativo al hecho por haber sido sancionado anteriormente o por haber presentado anteriormente un programa de cumplimiento de la normativa ambiental en otro procedimiento; o bien,

2°hubiere sido sancionado administrativamente por más de una infracción grave a la normativa ambiental cometidas dentro de los tres años anteriores al hecho.

Art. 307. Las penas señaladas en el inciso primero del artículo 305 serán también aplicables al que, contando con autorización para extraer aguas continentales, superficiales o subterráneas, las extrajere infringiendo las reglas de su distribución y aprovechamiento en cualquiera de las siguientes circunstancias:

1°habiéndose establecido la reducción temporal del ejercicio de esos derechos de aprovechamiento;

2°en una zona que hubiere sido declarada zona de prohibición para nuevas explotaciones acuíferas, hubiere sido decretada área de restricción del sector hidrogeológico, se hubiere declarado a su respecto el agotamiento de las fuentes naturales de aguas o se la hubiere declarado zona de escasez.

Art. 308. El que, vertiendo, depositando o liberando sustancias contaminantes, o extrayendo aguas o tierras, afectare gravemente las aguas marítimas o continentales, superficiales o subterráneas, el suelo o el subsuelo, fuere continental o marítimo, o el aire, o bien la salud animal o vegetal, la existencia de recursos hídricos o el abastecimiento de agua potable, será sancionado:

1°con la pena de presidio o reclusión mayor en su grado mínimo, si la afectación grave fuere perpetrada vertiendo, liberando o extrayendo sustancias de la manera prevista en el artículo 305 o, en su caso, concurriendo las circunstancias previstas en los artículos 306 o 307.

2°con la pena de presidio o reclusión menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo en los demás casos.

Art. 309. El que por imprudencia temeraria o por mera imprudencia o negligencia con infracción de los reglamentos incurriere en los hechos señalados en el artículo anterior será sancionado:

1°con la pena de presidio o reclusión menor en su grado máximo, si la afectación grave fuere perpetrada vertiendo, liberando o extrayendo sustancias de la manera prevista en el artículo 305 o, en su caso, concurriendo las circunstancias previstas en los artículos 306 o 307.

2°con la pena con la pena de presidio o reclusión menor en cualquiera de sus grados en los demás casos.

Art. 310. El que afectare gravemente uno o más de los componentes ambientales de una reserva de región virgen, un parque nacional, un parque nacional de turismo, un monumento natural, una reserva nacional, una reserva de bosque, una reserva forestal, un parque marino, una reserva marina, un área marina costera protegida para efectos ambientales o un santuario de la naturaleza o un humedal de importancia internacional será sancionado con presidio o reclusión mayor en su grado mínimo.

La misma pena se impondrá al que infringiendo una resolución de calificación ambiental o sin haber sometido su actividad a una evaluación de impacto ambiental estando obligado a ello afectare gravemente un glaciar.

Si cualquiera de los hechos señalados en los dos incisos anteriores fuere perpetrado por imprudencia temeraria o por mera imprudencia o negligencia con infracción de los reglamentos la pena será de presidio o reclusión menor en su grado máximo.

Art. 310 bis. Para los efectos de los tres artículos precedentes se entenderá por afectación grave de uno o más componentes ambientales el cambio adverso y mensurable producido en alguno de ellos siempre que consistiere en alguna de las siguientes circunstancias:

1º. tener una extensión espacial de relevancia, según las características ecológicas o geográficas de la zona afectada;

2º. tener efectos prolongados en el tiempo;

3º ser irreparable o difícilmente reparable;

4º. alcanzar a un conjunto significativo de especies según las características de la zona afectada;

5º. incidir en especies categorizadas como extintas, extintas en grado silvestre, en peligro crítico o en peligro o vulnerable;

6º. poner en peligro la salud de una o más personas.

Art. 310 ter. Además de las penas señaladas en las disposiciones de este párrafo, el tribunal impondrá la pena de multa:

1°de ciento veinte a sesenta mil unidades tributarias mensuales, si la pena señalada fuere inferior a la de presidio o reclusión menor en su grado máximo;

2°de veinticuatro mil a ciento veinte mil unidades tributarias mensuales, si la pena señalada fuere igual o superior a la de presidio o reclusión menor en su grado máximo.

El monto de la pena de multa pagada será abonado a la sanción multa no constitutiva de pena que le fuere impuesta por el mismo hecho. Si el condenado hubiere pagado una multa no constitutiva de pena por el mismo hecho, el monto pagado será abonado a la pena de multa impuesta.

Art. 311. Tratándose de los hechos previstos en los artículos 305, 306 o 307 la pena solo será la multa de ciento veinte a doce mil unidades tributarias mensuales cuando:

1° la cantidad vertida, liberada o extraída en exceso no superare en forma significativa el límite permitido o autorizado, atendidas las características de la sustancia y la condición del medio ambiente que pudieren verse afectados por el exceso;

2°la infracción se hubiere prolongado solo por un breve lapso, atendidas las características de la sustancia y la condición del medio ambiente que pudieren verse afectados por su vertimiento, liberación o extracción; y,

3° el infractor hubiere obrado con diligencia para restablecer las emisiones o extracciones al valor permitido o autorizado y para evitar las consecuencias dañinas del hecho.

El tribunal podrá imponer una multa inferior a la señalada, desde una unidad tributaria mensual, cuando el hecho fuere perpetrado extrayendo aguas continentales, superficiales o subterráneas, se cumpliere la condición señalada en el número 1° precedente y la extracción hubiere estado destinada a las bebidas y usos domésticos.

Art. 311 bis. Tratándose de los hechos previstos en el artículo 310, el tribunal impondrá al condenado como pena accesoria la prohibición perpetua de ingresar a áreas protegidas por el Estado. Esta prohibición impide al condenado ingresar a cualquiera de las áreas naturales que se encuentran bajo protección estatal, mencionadas en dicho artículo.

También le impide acercarse a menos de dos kilómetros del límite de tales áreas. El tribunal podrá reducir esa distancia en consideración a las condiciones de habitación y trabajo del condenado.

La prohibición será impuesta por igual a todas las personas responsables del delito consumado o frustrado, o de su tentativa.

Art. 311 ter. Fuera de los casos señalados en el artículo 310 el tribunal podrá apreciar la concurrencia de una atenuante muy calificada conforme al artículo 68 bis cuando el hechor reparare el daño ambiental causado por el hecho.

Art. 311 quáter. Las penas previstas en las disposiciones de este párrafo para los atentados contra el medio ambiente perpetrados extrayendo aguas continentales, superficiales o subterráneas, serán impuestas sin perjuicio de la aplicación de las penas que correspondan por el delito de usurpación.

Art. 311 quinquies. Cuando la persona obligada por las normas ambientales, o el infractor a que se refieren las disposiciones de este párrafo, fuere una persona jurídica, se entenderá que esa calidad concurre respecto de quienes hubieren intervenido por ella en el hecho punible.

Art. 311 sexies. Si con ocasión de la investigación o el juicio por los hechos previstos en las disposiciones del presente párrafo el tribunal impusiere al imputado o condenado condiciones destinadas a evitar o reparar el daño ambiental, oficiará a la autoridad reguladora pertinente para la fiscalización de su cumplimiento. La autoridad estará facultada para ejercer todas sus competencias fiscalizadoras y quedará obligada a informar al tribunal.”.”.

Al efecto, el profesor señor Antonio Bascuñán, explica que la propuesta se divide en tres grupos claramente diferenciados:

- Delitos de contaminación: artículos 305, 306, 307, y un tipo privilegiado para la contaminación menos grave contenida en el artículo 311.

- Delitos de afectación grave del medioambiente: artículos 308, 309, 310 y 310 bis.

- Reglas accesorias.

Estas normas constituyen la principal modificación en esta segunda propuesta. Se refiere a los delitos de contaminación, y su regulación divide a los modelos regulativos que se encuentran en discusión en el Congreso.

Por una parte, está el modelo regulativo del Gobierno, que se expresa en el proyecto de Código Penal del año 2014 como en el boletín 12398-12, conforme a la cual no debe haber delito de contaminación. Es decir, el límite o la demarcación entre lo administrativo- infraccional y lo penal es, por un lado, la contaminación (administrativo) por otro lado, el grave daño medioambiental, que sí es constitutivo de delito y genera responsabilidad penal.

Por otra parte, está el modelo seguido por la Comisión de Medio Ambiente del Senado, y se ha terminado plasmando en el boletín 12398-12, bajo la idea de una contaminación grave medida por un criterio penal autónomo de gravedad. En otras palabras, no es una gravedad administrativa ni de resultado (porque si no sería un delito de daño grave, donde no hay mayor controversia), la pregunta es ¿En qué consiste la gravedad de la contaminación? La Comisión de Medio Ambiente del Senado ha empleado dos criterios: uno, utilizar un factor de multiplicación sobre el nivel de emisión, y dos, la posibilidad de constatar que la contaminación -si bien no produjo daño grave- podría haberlo producido, incluyendo una matriz de consideraciones fácticas para la apreciación de ese peligro (en jerga penal, peligro hipotético, peligro abstracto concreto).

El otro modelo es el que siguen los anteproyectos de Código Penal años 2013, 2015 y 2018, y que hizo suyo –en su primera versión- el proyecto de delitos económicos. Estos proyectos tienen por objetivo fijar como gravedad para el delito de contaminación una gravedad con base administrativa, de modo que la regla penal juegue siempre apoyando el derecho administrativo en lo que resulta lo más grave de la infracción. Por lo tanto, estos los delitos de contaminación son delitos contra el medioambiente y, al mismo tiempo, atentados contra el funcionamiento del sistema institucional de control medioambiental.

El anteproyecto de Código Penal tenía sus propios modos de establecer que estos delitos no entraran en conflicto con las infracciones administrativas. Se tomó el anteproyecto del año 2018 y se introdujo en este proyecto de ley, pero, rápidamente, se les hizo ver que fuera del anteproyecto, estas reglas requerían una mejor redacción para insertarse en el Código Penal actualmente vigente, porque no cuentan con toda la parte general las reglas de determinación de la pena, y las reglas de ejecución de la pena que provee el anteproyecto.

Entonces, la propuesta recoge la misma idea regulativa de que la gravedad del delito de contaminación es una gravedad con base administrativa y una regulación que pretende jugar, del modo más coordinado posible, con el sistema de sanción administrativa de modo de proteger el control administrativo general.

De esa manera, el proyecto distingue dos grandes clases de delito de contaminación:

La contaminación con elusión del control ambiental, que va a ser siempre constitutiva de delito. El artículo 305 se caracteriza porque las acciones que se especifican en los numerandos 1 a 5, son realizadas por quien “elude” el sistema de control medioambiental, está fuera del sistema de control. Este delito también flanquea el sistema de control administrativo de las emisiones y extracciones.

Quien ya está dentro del sistema de control -ya se ha sometido al sistema de control- no va a cometer este delito, sino que podrá caberle responsabilidad penal bajo las condiciones más estrictas de los artículos 306 y 307.

El artículo 305 enumera las acciones materiales que van a generar responsabilidad penal o atentados al medioambiente tanto para los delitos de contaminación como para los delitos de grave ambiental. Además, valora que la propuesta contiene conductas de emisión y de extracción (de aguas –continentales y marítimas-, y de áridos); delitos de manipulación indebida de los componentes medioambientales, sin ser delitos de grave medioambiental, porque cuando se tiene un grave daño se pasa a la esfera de los delitos de los artículos 308 y siguientes.

Observa que hay un caso de elusión medioambiental que les ha parecido particularmente grave, quien realiza estas acciones de alteración dañina de los componentes del medio ambiente (numerales 1 a 5) eludiendo la obligación de someterse al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) debiendo hacerlo conforme a la normativa. Explica que la regla general en las actividades productivas chilenas es someterse a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), pero en los casos más relevantes, la obligación administrativa es de someterse al EIA.

El abogado del Ministerio Público, señor Salazar, comenta que este es uno de los cambios más esperados por el sistema penal chileno.

Aprovecha de preguntar si el artículo 311 supone una participación copulativa de cada uno de los numerales para llegar a esta sanción rebajada, y si el numeral 1 incluiría una superación cualitativa y cuantitativa de contaminantes.

Asimismo, pregunta si se propone sanción por eludir per se el sistema de evaluación de impacto ambiental (SEIA), independiente de la existencia de daño, en referencia al fraccionamiento de proyectos.

El diputado Leonardo Soto valora el tratamiento sistemático de integral de los delitos económicos. Consulta cómo se sanciona a quién, sometiéndose al SEIA, miente o engaña de las exactas consecuencias de su proyecto. Se debiera incluir como delito la presentación de antecedentes falsos para obtener una resolución de calificación ambiental, por ejemplo, por fraccionamiento del proyecto para evitar una mayor regulación o por falta de veracidad en la presentación de antecedentes. Anuncia la presentación de una indicación en este sentido.

Además, pregunta sobre la titularidad de la acción penal, a quién le corresponde, si es acción pública.

Respecto de las consultas planteadas, el profesor señor Bascuñán aclara que las declaraciones falsas ante la autoridad reguladora constituyen un atentado contra la administración del Estado; no hay un delito de falsedad dentro de este grupo, ya que se contempla atentados al medio ambiente. Si la Comisión decide se puede incorporar un delito de falsedad a la autoridad ambiental o a la que controle.

Sobre la titularidad de la acción, no hay regla especial alguna. Son delitos de acción pública y, por lo tanto, en manos del Ministerio Público.

Sobre el artículo 311, señala que aún no se analiza pero advierte que, en ningún caso, es una regla que tenga por objetivo atenuar la pena de las afectaciones graves del medio ambiente. La gravedad de la afectación excluye su aplicación, solo procede de delitos de contaminación (de emisión y de extracción).

Seguidamente, explica los artículos 306 y 307. Apunta que contemplan delitos que tiene lugar dentro del sistema de control, sea ante la autoridad medioambiental o de la autoridad administrativa encargada de la actividad (artículo 307, la Dirección General de Aguas). La idea es identificar las situaciones en que haya extrema gravedad administrativa, entonces, se responde penalmente coincidiendo con esa gravedad.

El artículo 306 se vincula conceptualmente al artículo 42 del artículo segundo de la ley N° 20.417, Orgánica Constitucional de la Superintendencia del Medio Ambiente. Primero, presupone que se realicen las acciones signadas en los numerales del 1 al 5 (emisiones o extracciones); segundo, que exista una autorización general para extraer o liberar esas sustancias o elementos; tercero, que se infrinjan las reglas de extracción o de emisión, encontrándose el infractor en las siguientes circunstancias:

1°estuviere impedido de presentar un programa de cumplimiento de la normativa ambiental en procedimiento sancionatorio administrativo relativo al hecho por haber sido sancionado anteriormente o por haber presentado anteriormente un programa de cumplimiento de la normativa ambiental en otro procedimiento; o bien,

2°hubiere sido sancionado administrativamente por más de una infracción grave a la normativa ambiental cometidas dentro de los tres años anteriores al hecho. Resuelve un vacío en la regulación.

Ambas hipótesis establecen gravedad administrativa por pertinacia o reincidencia.

Explica, el artículo 307 es una regla especial para el agua. Se trata de sujetos que, contando con autorización para extraer aguas continentales, superficiales o subterráneas, las extrajere infringiendo las reglas de su distribución y aprovechamiento en circunstancias de escasez crítica de agua.

1°habiéndose establecido la reducción temporal del ejercicio de esos derechos de aprovechamiento; responde a la situación de escasez del artículo 62 del Código de Aguas (restricción de ejercicio de derechos).

2°en una zona que hubiere sido declarada zona de prohibición para nuevas explotaciones acuíferas, hubiere sido decretada área de restricción del sector hidrogeológico, se hubiere declarado a su respecto el agotamiento de las fuentes naturales de aguas o se la hubiere declarado zona de escasez; responde a la situación de escasez de los artículos 63, 65, 282 y 214 del Código de Aguas (vinculadas a declaraciones zonales).

En este caso, la agravación de la infracción no responde a la pertinacia o reincidencia, sino a las infracciones a las restricciones especiales, en situaciones particulares de escasez hídrica.

Por último, explica que el artículo 311 es un tipo privilegiado, es un supuesto de hecho al cual se le encuentra asociada una pena menor. En el sistema siempre hay pena de multa junto con pena privativa de libertad, pero tratándose de estas situaciones (que son menos graves) solo será multa. De todos modos, este es un caso constitutivo de delito por lo que la multa debe ser significativa a la luz de la ley N° 20.417. Solo opera frente a delito de contaminación (no de grave daño ambiental), cuando: el exceso no sea relevante, la duración no sea relevante y que el infractor haya obrado con diligencia de restablecimiento o reparación.

En el inciso segundo hay una norma muy privilegiada, pensada para el caso de las aguas – a raíz de la discusión al seno de la Comisión- en la que el tribunal podrá imponer una multa inferior (incluso a 1 UTM) cuando el hecho perpetrado hubiere estado destinado a la bebida y consumo doméstico.

El diputado Coloma pregunta si la hipótesis que recoge el numeral 4 del artículo 305 (referida a la extracción de tierras del suelo o subsuelo) comprende la extracción de áridos.

Respecto del artículo 307, en situaciones de sequía grave, observa la necesidad de incluir también a aquellas actividades de quienes no se encuentran obligados a presentar una DIA o EIA.

El profesor señor Bascuñán aclara que “tierras” son sólidos, minerales o vegetales, y que los “áridos” son sólidos minerales, y por lo tanto, el concepto “tierras” cubriría a los “áridos”. Cree que introducir más términos pudiera ser perjudicial, por cuanto el intérprete podría inferir que la inclusión de algunos términos implica la exclusión de otros; el término “tierra” es amplio, pero se puede buscar algún otro genérico que describa “lo que está depositado en el suelo y subsuelo, y lo forma”.

Respecto de la segunda observación planteada, señala que el que no cuenta con autorización administrativa (el que elude el sistema pertinente) siempre está incluido en el artículo 305, aunque para ese caso no hay supuesto agravado en caso de escasez hídrica del artículo 307.

Los diputados Ilabaca y Leonardo Soto concuerdan con la necesidad de que la redacción recoja un concepto amplio.

El diputado Walker (presidente) expresa entender que existe una relación de género a especie entre “tierra” y “áridos”.

Agrega que, por la vía de indicaciones, se puede incorporar un nuevo supuesto agravado en caso de escasez hídrica, que comparte.

Puesto en votación, los artículos 305 (salvo su numeral 4°), 306, 307 y 311, contenidos en el numeral 11 del artículo 48, son aprobados por la unanimidad de los presentes, diputados (a) señores (a) Matías Walker (Presidente de la Comisión); Jorge Alessandri; Juan Antonio Coloma; Hugo Gutiérrez; Marcos Ilabaca; René Saffirio, y Leonardo Soto. (7-0-0).

El numeral 4° del artículo 305 (4º “extrajere tierras del suelo o subsuelo”) queda pendiente.

La discusión del numeral 11 del artículo 48 queda pendiente.

Sesión N° 315 de 2 de marzo de 2021.

En la sesión pasada fueron sometidos a votación las normas que, al tenor de la nomenclatura presentada por el profesor Bascuñán, corresponden a los delitos de contaminación: artículos 305 (a excepción de su numeral 4º que quedó pendiente de votación); 306, 307 y 311.

Artículo 48, numeral 11, continuación

- Nuevas propuestas de redacción por parte de los profesores comisionados:

Al artículo 305 Nº4 (pendiente de votación)

- Para reemplazar el numeral 4º del artículo 305 incorporado por el artículo 43 Nº11 del proyecto de ley, el vocablo “tierras” por “componentes.

Al artículo 306 (ya aprobado)

- Para reemplazar en su inciso primero la frase “las condiciones asociadas” por la expresión “cualquier condición asociada”.

- Para agregar en su número 2º la frase final “en relación con una misma unidad fiscalizable”

El profesor Bascuñán señala que el párrafo en discusión comienza con tres artículos que contemplan delitos de contaminación que suponen daño ambiental o peligro concreto ambiental, técnica distinta a la seguida por el Senado en los proyectos de ley que sancionan delitos contra el medio ambiente y el daño ambiental (Boletines 5.654-12; 8.920-07; 9.367-12; 11.482-07; 12.121-12 y 12.398-12, refundidos). Agrega que en dicho proyecto se opta por delitos de peligro con autonomía de la regulación administrativa ambiental. Observa que dicha opción legislativa genera la dificultad probatoria del peligro medioambiental.

El proyecto en estudio, en cambio, tiene por objeto proteger el medioambiente mediante la protección, valga la redundancia, del sistema administrativo de control medioambiental como asimismo, la reacción de dicha rama del derecho frente a la infracción de sus disposiciones. De este modo, se contempla en primer lugar el delito de elusión del sistema administrativo (artículo 305), sancionando el delito de contaminación cometido por el infractor.

El segundo delito, contemplado en el artículo 306, es un delito de infracción grave al sistema administrativo de control, reforzándose el sistema sancionador con la intervención del derecho penal, cuando el primero está fallando en su objetivo con el infractor, porque es reincidente.

El artículo 307 tiene la misma lógica que el 306, pero referido a la infracción siguiendo el criterio de escasez del recurso hídrico, tomando en cuenta los criterios que establece el Código de Aguas. En definitiva, es una figura de contaminación grave por extracción y no solo por emisión, como son las otras figuras.

Señala que entre estas reglas están aprobadas, pero se efectúan algunas nuevas propuestas de redacción. Así, en el artículo 305 Nº4 se propone reemplazar la palabra “tierras” por “componentes”, pensando especialmente en los áridos y componente orgánico o mineral (norma pendiente de votación).

Luego, en el artículo 306 se emplea la frase “cualquier condición asociada” de modo que cualquier infracción para la autorización de extracción quede comprendida en este delito. Finalmente, y siempre en el mismo 306, se agrega en su número la restricción de la hipótesis originalmente aprobada, que asociaba la reiteración en las infracciones graves a infracciones de un mismo infractor, pero en relación con una misma unidad fiscalizable. Agrega que este es un término técnico utilizada por la Superintendencia del Medioambiente.

El señor Ibáñez observa que hay una excepción relativa al delito de robo de aguas, en caso de consumo humano y que fue aprobado por la Comisión. Pregunta cómo se concilian ambas normativas.

El señor Bascuñán expresa que ese punto está considerado en el artículo 311 aprobado en la sesión pasada. Agrega que los tres artículos expuestos tienen una norma para casos menos graves y hay un tratamiento benigno si hay consumo humano del recurso hídrico.

Añade que el artículo 310 ter establece adicionalmente una pena de multa copulativas a las penas privativas de libertad.

El artículo 311 establece un trato de tipo privilegiado ante un daño medioambiental no grave y contempla tres condiciones copulativas aplicables para los artículos 305 y 306. Para el artículo 307 la multa posible cae hasta una UTM mensual por la extracción de agua destinada al consumo humano. En definitiva, la distinción respecto del delito de usurpación no es mirada desde el punto de vista de los derechos de los propietarios de agua, sino desde conservación del recurso hídrico, interés colectivo y no particular.

El profesor Costa aclara que la modificación al 306 “cualquier condición asociada al otorgamiento de la concesión” se está refiriendo a cualquier condición de cualquier tipo de autorización, de allí observa que el uso del artículo “la” podría dar origen a insterpretación. Sugiere a la Comisión utilizar la palabra “su” en el texto o bien se deje constancia de esta observación en la historia fidedigna de la ley.

El profesor Bascuñán observa que el inicio del precepto no hace referencia a una autorización en particular.

El señor Costa se declara conforme con dicha explicación.

A continuación, el señor Salazar abogado fiscal del Ministerio Público, señala que “unidad fiscalizable” es un concepto utilizado por la autoridad administrativa que no tiene una consagración legislativa. Anticipa que dicha noción podría quedar sin contenido normativa si la autoridad administrativa cambia de criterio.

Ante dicha inquietud el profesor Bascuñán señala que ello es el riesgo del uso de una terminología administrativa. La pregunta es si se utiliza una terminología diferente. Señala que es indispensable cuando se trata infracciones graves limitar las personas sujeto. Propone utilizar la expresión “unidad sometida a control de la autoridad”

El señor Costa señala que una empresa puede tener distintos proyectos y en virtud de las diversas autorizaciones puede tener varias autorizaciones ambientales, por lo tanto, está de acuerdo con la vía intermedia propuesta por el profesor Bascuñán.

- Así se consigna la propuesta de redacción (se reemplaza “unidad fiscalizable” por “unidad sometida a control de la autoridad”).

Los integrantes de la Comisión señoras y señores Matías Walker (presidente de la Comisión), Camila Vallejo, Diego Ibáñez, Marcos Ilabaca, Miguel Mellado por la señora Núñez, René Saffirio y Leonardo Soto, hacen suya las propuestas, presentando las siguientes indicaciones:

1.- Al artículo 305 Nº4 (pendiente de votación)

- Para reemplazar en el numeral 4º del artículo 305 incorporado por el artículo 43 Nº11 del proyecto de ley, el vocablo “tierras” por “componentes.

Puesta en votación la indicación señalada es aprobada por la unanimidad de los integrantes presentes señoras y señores Matías Walker (presidente de la Comisión), Camila Vallejo, Diego Ibáñez, Marcos Ilabaca, Miguel Mellado por la señora Núñez, René Saffirio y Leonardo Soto. (7-0-0).

2.- Al artículo 306 (ya aprobado)

- Para reemplazar en su inciso primero la frase “las condiciones asociadas” por la expresión “cualquier condición asociada”.

- Para agregar en su número 2º la frase final “en relación con una misma unidad sometida a control de la autoridad”

Por la unanimidad de los integrantes de la Comisión señoras y señores Matías Walker (presidente de la Comisión), Camila Vallejo, Diego Ibáñez, Marcos Ilabaca, Miguel Mellado por la señora Núñez, René Saffirio y Leonardo Soto, se procede a la reapertura del debate y se aprueba la indicación señalada. (7-0-0).

Artículo 305 bis, nuevo

Indicación del señor Soto, don Leonardo:

- Para incorporar un nuevo artículo 305 bis del siguiente tenor:

“Art. 305 bis. El que en una solicitud de calificación presentare información falsa que oculte, morigere, altere o disminuya los efectos, impactos o características de relevancia ambiental para el emplazamiento, construcción u operación de un determinado proyecto, de un modo tal que pueda conducir a una incorrecta determinación del instrumento de evaluación al que éste debe someterse o que permita a su titular eludir el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio y multa de 100 a 1000 UTM.

La misma pena recaerá sobre quién fraccione sus proyectos o actividades, con el objeto de hacer variar el instrumento de evaluación de impacto ambiental al que debe someterse y sobre aquél que presentare información falsa para acreditar el cumplimiento de obligaciones impuestas en una resolución de calificación ambiental, normas de emisión, planes de reparación, programas de cumplimiento, planes de prevención o de descontaminación”

El autor de la indicación, el señor Leonardo Soto explica que ésta tiene por objeto recoger un debate jurídico ambiental respecto del sistema de evaluación ambiental que es vulnerado por distintas vías. Destaca que la sanción es la misma anterior, incluyendo la multa. Se recoge una práctica utilizada por los actores del sistema que tienen grandes proyectos y que dividen en distintas etapas para hacer variar el instrumento de evaluación ambiental.

El señor Saffirio observa que el artículo 311 contiene una regulación que estable una multa alta para infracciones graves. Sin embargo, al ser una falsificación podría tener un efecto peor que las las infracciones graves. Propone aumentar la multa a 1.000 UTM.

El profesor Costa valora la propuesta del señor Soto ya que es una situación que efectivamente ocurre y expresa que hay un artículo similar que fue aprobado por el Senado y cuyo texto sugiere tener a la vista. Luego, señala que en conversaciones con el profesor Bascuñán, se determinó por los profesores comisionados que este tipo de regulaciones es preferible contemplarla en la ley Nº20.417, que Crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente.

El señor Salazar, del Ministerio Pública destaca que esta propuesta viene del artículo 11 bis de la ley de Bases Generales del Medio Ambiente que la califica como una infracción gravísima por parte de los sujetos regulados ya que si no mediara la falsedad la evaluación al proyecto debió ser más severa, a través de un estudio de impacto ambiental.

Respondiendo la inquietud del señor Aldunate sobre el deber de veracidad de los sujetos regulados, el profesor Bascuñán explica que en términos generales la idea que subyace a la indicación del señor Soto es totalmente atendible, porque la información ha de ser oportuna y veraz para la efectividad del sistema de protección ambiental. No obstante, observa que no se trata de ubicación sistemática de la norma, sino de presupuestos del sistema, porque el Código Penal no conoce un delito general de entrega de información falsa a la autoridad, como sí lo hacen los anteproyectos de Código Penal (años 2013, 2015 y 2018). Resultaría extraño, por tanto, saltarse el umbral que el actual Código Penal establece para la declaración falsa. Ello no resulta extraño, en cambio contemplarlo en la legislación sectorial, que es cómo ha procedido el legislador penal.

Por lo tanto, la norma propuesta por el señor Soto no es un delito de falsedad sino de entrega de información falsa para obtener autorización ambiental. Básicamente es un complemento a la idea de elusión, por omisión de autorización u obtención de autorización mediante engaño. Es un acto preparatorio de delito de contaminación. Señala que no se requiere de un delito de falsedad, sino, como ya lo mencionó una norma general de falsedad.

Puesta en votación la indicación del señor Soto, don Leonardo es aprobada por la unanimidad de los integrantes presentes de la Comisión señoras y señores: Matías Walker (presidente), Marcos Ilabaca, Diego Ibáñez, René Saffirio, Leonardo Soto y Camila Vallejos (7-0-0). (Tener presente que el artículo 305 bis aprobado, será sustituido en sesión de 9 de marzo de 2021).

El señor Bascuñán señala que la mención a la multa no es necesaria en la medida que el artículo 310 ter contempla para todas las figuras de este párrafo la pena de multa.

Se autoriza a la Secretaría de la Comisión para hacer las concordancias.

- Siguiendo dicha instrucción, se deja constancia del texto en definitiva aprobado:

“Art. 305 bis. El que en una solicitud de calificación presentare información falsa que oculte, morigere, altere o disminuya los efectos, impactos o características de relevancia ambiental para el emplazamiento, construcción u operación de un determinado proyecto, de un modo tal que pueda conducir a una incorrecta determinación del instrumento de evaluación al que éste debe someterse o que permita a su titular eludir el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio.

La misma pena recaerá sobre quién fraccione sus proyectos o actividades, con el objeto de hacer variar el instrumento de evaluación de impacto ambiental al que debe someterse y sobre aquél que presentare información falsa para acreditar el cumplimiento de obligaciones impuestas en una resolución de calificación ambiental, normas de emisión, planes de reparación, programas de cumplimiento, planes de prevención o de descontaminación”.

Sesión N° 320 de 9 de marzo de 2021.

Artículo 48 N° 11, continuación

Artículo 305 bis, reapertura del debate

Se deja constancia que los profesores hicieron llegar una nueva propuesta de redacción del numeral 11 del artículo 48, que fue suscrita por los mismos diputados que firmaron la anterior propuesta, del siguiente tenor:

11. Introdúcese en el Título Sexto de su Libro Segundo el siguiente nuevo Párrafo 13:

Ҥ 13. Atentados contra el medio ambiente

Art. 305. Será sancionado con presidio o reclusión menor en sus grados mínimo a medio el que sin haber sometido su actividad a una evaluación de impacto ambiental estando obligado a ello, o sin haber obtenido la debida autorización:

1º vertiere sustancias contaminantes en aguas marítimas o continentales;

2º extrajere aguas continentales, sean superficiales o subterráneas, o aguas marítimas;

3ºvertiere o depositare sustancias contaminantes en el suelo o subsuelo, continental o marítimo;

4º extrajere componentes del suelo o subsuelo;

5º liberare sustancias contaminantes al aire.

La pena será de presidio o reclusión menor en sus grados medio a máximo si el infractor perpetrare el hecho estando obligado a someter su actividad a un estudio de impacto ambiental.

Lo dispuesto en el número 5º no será aplicable respecto de las emisiones provenientes de vehículos sujetos a inscripción en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados y de sistemas de calefacción o refrigeración domésticos.

Art. 306. Las penas señaladas en el inciso primero del artículo anterior serán aplicables al que, contando con autorización para verter, liberar o extraer cualquiera de las sustancias o elementos mencionados en los números 1° a 5° del artículo 305, incurriere en cualquiera de los hechos allí previstos, contraviniendo una norma de emisión o de calidad ambiental, incumpliendo las medidas establecidas en un plan de prevención, de descontaminación o de manejo ambiental, incumpliendo una resolución de calificación ambiental, o cualquier condición asociada al otorgamiento de la autorización, y siempre que el infractor:

1°estuviere impedido de presentar un programa de cumplimiento de la normativa ambiental en procedimiento sancionatorio administrativo relativo al hecho por haber sido sancionado anteriormente o por haber presentado anteriormente un programa de cumplimiento de la normativa ambiental en otro procedimiento; o bien,

2°hubiere sido sancionado administrativamente por más de una infracción grave a la normativa ambiental cometidas dentro de los tres años anteriores al hecho en relación con una misma unidad fiscalizable.

Art. 307. Las penas señaladas en el inciso primero del artículo 305 serán también aplicables al que, contando con autorización para extraer aguas continentales, superficiales o subterráneas, las extrajere infringiendo las reglas de su distribución y aprovechamiento en cualquiera de las siguientes circunstancias:

1°habiéndose establecido la reducción temporal del ejercicio de esos derechos de aprovechamiento;

2°en una zona que hubiere sido declarada zona de prohibición para nuevas explotaciones acuíferas, hubiere sido decretada área de restricción del sector hidrogeológico, se hubiere declarado a su respecto el agotamiento de las fuentes naturales de aguas o se la hubiere declarado zona de escasez.

Art. 308. El que, vertiendo, depositando o liberando sustancias contaminantes, o extrayendo aguas o componentes del suelo o subsuelo, afectare gravemente las aguas marítimas o continentales, superficiales o subterráneas, el suelo o el subsuelo, fuere continental o marítimo, o el aire, o bien la salud animal o vegetal, la existencia de recursos hídricos o el abastecimiento de agua potable, será sancionado:

1°con la pena de presidio o reclusión mayor en su grado mínimo, si la afectación grave fuere perpetrada vertiendo, liberando o extrayendo sustancias de la manera prevista en el artículo 305 o, en su caso, concurriendo las circunstancias previstas en los artículos 306 o 307.

2°con la pena de presidio o reclusión menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo en los demás casos.

Art. 309. El que por imprudencia temeraria o por mera imprudencia o negligencia con infracción de los reglamentos incurriere en los hechos señalados en el artículo anterior será sancionado:

1°con la pena de presidio o reclusión menor en su grado máximo, si la afectación grave fuere perpetrada vertiendo, liberando o extrayendo sustancias de la manera prevista en el artículo 305 o, en su caso, concurriendo las circunstancias previstas en los artículos 306 o 307.

2°con la pena con la pena de presidio o reclusión menor en cualquiera de sus grados en los demás casos.

Art. 310. El que afectare gravemente uno o más de los componentes ambientales de un parques nacional, una reserva nacional, un monumentos natural, una reserva de zona virgen, un santuario de la naturaleza, un parques marino, una reserva marina, un humedales urbano o de cualquiera otra área colocada bajo protección oficial, será sancionado con presidio o reclusión mayor en su grado mínimo.

La misma pena se impondrá al que infringiendo una resolución de calificación ambiental o sin haber sometido su actividad a una evaluación de impacto ambiental estando obligado a ello afectare gravemente un glaciar.

Si cualquiera de los hechos señalados en los dos incisos anteriores fuere perpetrado por imprudencia temeraria o por mera imprudencia o negligencia con infracción de los reglamentos la pena será de presidio o reclusión menor en su grado máximo.

Art. 310 bis. Para los efectos de los tres artículos precedentes se entenderá por afectación grave de uno o más componentes ambientales el cambio adverso y mensurable producido en alguno de ellos siempre que consistiere en alguna de las siguientes circunstancias:

1º. tener una extensión espacial de relevancia, según las características ecológicas o geográficas de la zona afectada;

2º. tener efectos prolongados en el tiempo;

3º ser irreparable o difícilmente reparable;

4º. alcanzar a un conjunto significativo de especies según las características de la zona afectada;

5º. incidir en especies categorizadas como extintas, extintas en grado silvestre, en peligro crítico o en peligro o vulnerable;

6º. poner en peligro la salud de una o más personas.

Tratándose de los hechos previstos en el inciso primero del artículo 308 y en los incisos primero y segundo del artículo 310, si la afectación grave causare un daño irreversible a un ecosistema, se impondrá el máximum de las penas a ellos señaladas.

Art. 310 ter. Además de las penas señaladas en las disposiciones de este párrafo, el tribunal impondrá la pena de multa:

1°de ciento veinte a sesenta mil unidades tributarias mensuales, si la pena señalada fuere inferior a la de presidio o reclusión menor en su grado máximo;

2°de veinticuatro mil a ciento veinte mil unidades tributarias mensuales, si la pena señalada fuere igual o superior a la de presidio o reclusión menor en su grado máximo.

El monto de la pena de multa pagada será abonado a la sanción multa no constitutiva de pena que le fuere impuesta por el mismo hecho. Si el condenado hubiere pagado una multa no constitutiva de pena por el mismo hecho, el monto pagado será abonado a la pena de multa impuesta.

Art. 311. Tratándose de los hechos previstos en los artículos 305, 306 o 307 la pena solo será la multa de ciento veinte a doce mil unidades tributarias mensuales cuando:

1° la cantidad vertida, liberada o extraída en exceso no superare en forma significativa el límite permitido o autorizado, atendidas las características de la sustancia y la condición del medio ambiente que pudieren verse afectados por el exceso;

2°la infracción se hubiere prolongado solo por un breve lapso, atendidas las características de la sustancia y la condición del medio ambiente que pudieren verse afectados por su vertimiento, liberación o extracción; y,

3° el infractor hubiere obrado con diligencia para restablecer las emisiones o extracciones al valor permitido o autorizado y para evitar las consecuencias dañinas del hecho.

El tribunal podrá imponer una multa inferior a la señalada, desde una unidad tributaria mensual, cuando el hecho fuere perpetrado extrayendo aguas continentales, superficiales o subterráneas, se cumpliere la condición señalada en el número 1° precedente y la extracción hubiere estado destinada a las bebidas y usos domésticos.

Art. 311 bis. Tratándose de los hechos previstos en el artículo 310, el tribunal impondrá al condenado como pena accesoria la prohibición perpetua de ingresar a áreas protegidas por el Estado. Esta prohibición impide al condenado ingresar a cualquiera de las áreas naturales que se encuentran bajo protección estatal, mencionadas en dicho artículo.

También le impide acercarse a menos de dos kilómetros del límite de tales áreas. El tribunal podrá reducir esa distancia en consideración a las condiciones de habitación y trabajo del condenado.

La prohibición será impuesta por igual a todas las personas responsables del delito consumado o frustrado, o de su tentativa.

Art. 311 ter. Fuera de los casos señalados en el artículo 310 el tribunal podrá apreciar la concurrencia de una atenuante muy calificada conforme al artículo 68 bis cuando el hechor reparare el daño ambiental causado por el hecho.

Art. 311 quáter. Las penas previstas en las disposiciones de este párrafo para los atentados contra el medio ambiente perpetrados extrayendo aguas continentales, superficiales o subterráneas, serán impuestas sin perjuicio de la aplicación de las penas que correspondan por el delito de usurpación.

Art. 311 quinquies. Cuando la persona obligada por las normas ambientales, o el infractor a que se refieren las disposiciones de este párrafo, fuere una persona jurídica, se entenderá que esa calidad concurre respecto de quienes hubieren intervenido por ella en el hecho punible.

Art. 311 sexies. Si con ocasión de la investigación o el juicio por los hechos previstos en las disposiciones del presente párrafo el tribunal impusiere al imputado o condenado condiciones destinadas a evitar o reparar el daño ambiental, oficiará a la autoridad reguladora pertinente para la fiscalización de su cumplimiento. La autoridad estará facultada para ejercer todas sus competencias fiscalizadoras y quedará obligada a informar al tribunal.”

Por la unanimidad de los presentes, se acuerda la reapertura del debate del artículo 305 bis, ya aprobado.

El diputado Ibáñez expresa que en la sesión pasada se aprobó un artículo 305 bis que sanciona el proporcionar información falsa. Señala que se debe hacer referencia también a obtener una autorización y a cualquier otro instrumento de gestión ambiental.

Presenta las siguientes indicaciones:

1. Intercálese, en el artículo 305 bis, a continuación de “información falsa para” la alocución “obtener una autorización o”.

2. Sustitúyase, en el artículo 305 bis, el punto final, por la siguiente oración: “, o cualquier otro instrumento de gestión ambiental.”.

El profesor señor Ezio Costa expresa estar de acuerdo con la observación del señor Ibáñez ya que en el inciso segundo se refiere a “información falsa para acreditar el cumplimiento de obligaciones impuestas en una resolución de calificación ambiental”. En esa frase se debería incorporar también la “información falsa presentada con el objeto de obtener una autorización de estos instrumentos de gestión”, y en el listado de instrumentos de gestión que se menciona se debiera agregar “o cualquier otro instrumento de gestión ambiental” para que queden cubiertos los actuales instrumentos y los que la legislación ambiental cree en el futuro.

El profesor señor Antonio Bascuñán reitera la opinión ofrecida en la sesión anterior, en el sentido que lo que se requiere es un delito de falsedad general, no un delito de obtención de autorizaciones mediante información falsa, sino que un delito de falsedad en la legislación especial. Lo que se requiere en el Código Penal es una regla que declare que la autorización obtenida mediante cohecho, coacción o engaño no cuenta; de ese modo, no contando la autorización -obtenida mediante engaño- opera derechamente el artículo 305, no es necesario un delito distinto al del artículo 305. El problema que identifica la propuesta se ve resuelto por el mismo delito de contaminación mediante elusión del sistema de control medioambiental.

Por su parte, el profesor señor Enrique Aldunate manifiesta que el presupuesto para que opere esta disposición sea la obtención de la autorización a través de la proporción de información falsa. Sugiere incorporar la falsedad en los cuerpos normativos: Código Penal y ley N° 20.417.

El profesor señor Bascuñán concuerda con la sugerencia de invalidar la autorización tanto en el Código Penal como en la normativa medio ambiental ley N° 20.417.

Recogiendo la discusión, el profesor Aldunate presenta nueva indicación, que suscribe el diputado Ibáñez:

“i. Para incorporar en el nuevo párrafo 13 del título sexto del Código Penal propuesto, el siguiente artículo:

“Art. 305 bis.- Para efectos de lo dispuesto en el artículo anterior cuenta con la autorización correspondiente quien la tiene al momento del hecho, aun cuando ella sea posteriormente declarada inválida.

No vale como autorización, ni aun al momento del hecho, la que hubiere sido obtenida mediante engaño, coacción o cohecho.”.

ii. Para incorporar un art. 37 bis en la Ley N° 20.417 que crea el Ministerio del Medioambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente.

“Art. 37 bis.- Sin perjuicio de la sanciones que corresponda aplicar conforme a las normas del presente título, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio y multa de 100 a 1.000 unidades tributarias mensuales, el que en una solicitud de calificación presentare información falsa que oculte, morigere, altere o disminuya los efectos, impactos o características de relevancia ambiental para el emplazamiento, construcción u operación de un determinado proyecto, de un modo tal que pueda conducir a una incorrecta determinación del instrumento de evaluación al que éste debe someterse o que permita a su titular eludir el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

La misma pena del inciso anterior, recaerá sobre quién fraccione sus proyectos o actividades, con el objeto de hacer variar el instrumento de evaluación de impacto ambiental al que debe someterse. Asimismo, respecto del que presentare información falsa para acreditar el cumplimiento de obligaciones impuestas en una resolución de calificación ambiental, normas de emisión, planes de reparación, programas de cumplimiento, planes de prevención o de descontaminación, o cualquier otro instrumento de gestión ambiental.”.”

Sometidas a votación, las indicaciones son aprobadas por la unanimidad de los integrantes presentes de la Comisión diputados (as) señores (as) Matías Walker (Presidente (E) de la Comisión); Camila Flores; Miguel Mellado (por el señor Gonzalo Fuenzalida); Diego Ibáñez; Marcos Ilabaca; Paulina Núñez; Leonardo Soto, y Camila Vallejo. (8-0-0).

Por la unanimidad de los presentes, se somete a discusión y votación la propuesta de redacción de los siguientes artículos del artículo 48 N° 11 presentada por los académicos:

Art. 308. El que, vertiendo, depositando o liberando sustancias contaminantes, o extrayendo aguas o componentes del suelo o subsuelo, afectare gravemente las aguas marítimas o continentales, superficiales o subterráneas, el suelo o el subsuelo, fuere continental o marítimo, o el aire, o bien la salud animal o vegetal, la existencia de recursos hídricos o el abastecimiento de agua potable, será sancionado:

1°con la pena de presidio o reclusión mayor en su grado mínimo, si la afectación grave fuere perpetrada vertiendo, liberando o extrayendo sustancias de la manera prevista en el artículo 305 o, en su caso, concurriendo las circunstancias previstas en los artículos 306 o 307.

2°con la pena de presidio o reclusión menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo en los demás casos.

El diputado Miguel Mellado pregunta el sentido y alcance de la expresión “afectare gravemente”.

Sobre el artículo 308, el profesor señor Bascuñán observa que la redacción propuesta es coherente con la modificación introducida al artículo 305 N° 4, que sustituyó la expresión “tierras” por “componentes del suelo o subsuelo”.

En relación con la duda del señor Mellado, sugiere que se dé lectura al artículo 310 bis que contiene la definición legal de “afectación grave” al medioambiente, precisamente para evitar la configuración de una norma penal indeterminada.

- Se procede a la lectura del artículo 310 bis.

El diputado Saffirio observa que en los números 1 y 2 del artículo 310 bis hay expresiones poco precisas como “extensión espacial de relevancia” y “efectos prolongados en el tiempo”.

Sobre el punto, el profesor Bascuñán observa que para satisfacer la inquietud planteada sería necesario incorporar un adjetivo más exigente o una medida convencional de tiempo de extensión. Ésta última le parece más arbitraria, pero declara su disponibilidad para buscar un adjetivo más incisivo.

El diputado Ibáñez apunta que la normativa ambiental tiende a hablar de la articulación de los diversos elementos más que mencionarlos por separados, en función de proteger los ecosistemas. Sugiere incorporar la afectación de los servicios ecosistémicos.

El profesor Bascuñán señala que la lógica del artículo 308 responde a la del artículo 305, es decir, vincula los modos de la intervención en el medioambiente que son contaminantes (emisión o extracción) a la producción del resultado.

Desde el punto de vista de la relación interna entre los elementos, ambos tipos están configurados doctrinariamente de modo “mixto alternativo”, o sea, basta con que se dé una de sus hipótesis para que se consume, y si se producen más de una, no se produce concurso sino que se entiende una sola realización.

Sobre la inclusión de la afectación del ecosistema planteada por el señor Ibáñez, recuerda que el artículo 310 bis, en su inciso segundo, se establece como delito calificado la destrucción del ecosistema, el Ecocidio; cuando esa correlación entre los componentes produce daño irreversible se da la máxima sanción.

Puesto en votación el artículo 308 (incorporado por el número 11 del artículo 48 del proyecto de ley) es aprobado por la unanimidad de los presentes, diputados (as) señores (as) Matías Walker (Presidente (E) de la Comisión); Jorge Alessandri; Camila Flores; Miguel Mellado (por el señor Gonzalo Fuenzalida); Diego Ibáñez; Marcos Ilabaca; Pamela Jiles; Paulina Núñez; René Saffirio, y Camila Vallejo. (10-0-0).

Art. 309. El que por imprudencia temeraria o por mera imprudencia o negligencia con infracción de los reglamentos incurriere en los hechos señalados en el artículo anterior será sancionado:

1°con la pena de presidio o reclusión menor en su grado máximo, si la afectación grave fuere perpetrada vertiendo, liberando o extrayendo sustancias de la manera prevista en el artículo 305 o, en su caso, concurriendo las circunstancias previstas en los artículos 306 o 307.

2°con la pena con la pena de presidio o reclusión menor en cualquiera de sus grados en los demás casos.

El profesor señor Bascuñán explica que esta norma contempla la penalidad del delito imprudente de afectación grave del medioambiente mediante acciones contaminantes, es una reproducción simétrica del delito doloso pero de comisión imprudente.

Puesto en votación el artículo 309 (incorporado por el numeral 11 del artículo 48 del proyecto de ley) es aprobado por la unanimidad de los presentes, diputados (as) señores (as) Matías Walker (Presidente de la Comisión); Jorge Alessandri; Luciano Cruz-Coke; Camila Flores; Miguel Mellado (por el señor Gonzalo Fuenzalida); Diego Ibáñez; Marcos Ilabaca; Pamela Jiles; Paulina Núñez; René Saffirio, y Camila Vallejo. (11-0-0).

Art. 310. El que afectare gravemente uno o más de los componentes ambientales de un parque nacional, una reserva nacional, un monumento natural, una reserva de zona virgen, un santuario de la naturaleza, un parque marino, una reserva marina, un humedal urbano o de cualquiera otra área colocada bajo protección oficial, será sancionado con presidio o reclusión mayor en su grado mínimo.

La misma pena se impondrá al que infringiendo una resolución de calificación ambiental o sin haber sometido su actividad a una evaluación de impacto ambiental estando obligado a ello afectare gravemente un glaciar.

Si cualquiera de los hechos señalados en los dos incisos anteriores fuere perpetrado por imprudencia temeraria o por mera imprudencia o negligencia con infracción de los reglamentos la pena será de presidio o reclusión menor en su grado máximo.

El diputado Walker (presidente) pregunta la diferencia entre las hipótesis contempladas en el inciso primero y segundo, en el sentido de que si siempre se requiere la vulneración de la autorización ambiental otorgada.

El profesor señor Bascuñán expresa que el inciso primero sanciona la afectación de algún área colocada bajo protección oficial (se adecua el Código Penal a los términos utilizados en el artículo 10, letra p), de la ley N° 19.300, Bases del Medio Ambiente), y en el segundo, a la de un glaciar, sea por elusión del sistema medioambiental o infracción de la Evaluación de Impacto Ambiental. El inciso final se consagra la penalidad en la comisión imprudente de las hipótesis ya expuestas.

Respecto a los santuarios de la naturaleza, que están contenidos en la ley de Monumentos Nacionales, el diputado Cruz-Coke consulta si no valdría la pena incorporar los monumentos nacionales en esta legislación o si hay consonancia entre las penas propuestas y las de la ley de Monumentos Nacionales.

Por su parte, el diputado Ibáñez consulta sobre el alcance del concepto de “glaciar”, si comprende el área periglacial; cuál es objeto de protección cuando se alude a este concepto.

El diputado Ilabaca celebra que se reconozca una alta penalidad a los daños al medioambiente y la inclusión de los humedales urbanos. Recuerda que en la Región de los Ríos, los daños al Santuario Carlos Andwanter fueron sancionados únicamente con penas económicas. Anuncia su voto a favor porque la normativa propuesta representa un gran avance.

El profesor señor Bascuñán precisa que hay accesoriedad conceptual al derecho administrativo, por tal razón el derecho penal no establece conceptos propios para estos efectos sino que espera que la regulación medioambiental o la regulación de los inventarios geológicos los defina. Junto a esto es posible que se desarrolle en doctrina y tribunales alguna consideración restrictiva si es que el concepto administrativo es expansivo.

Sobre el punto, el profesor señor Costa expresa que no hay una definición legal de “glaciar”, por lo tanto, se ha de considerar la definición científica. Respecto de esta, incluiría en cualquier caso, los glaciares blancos y los de roca, quedando la discusión en el área periglaciar.

En relación con la inquietud del señor Cruz-Coke, la alocución “cualquiera otra área colocada bajo protección oficial” hace referencia a la ley N° 19.300 y en el dictamen N° 4.000, del año 2016, de la Contraloría General de la República están contenidas las áreas que quedarían comprendidas dentro de este concepto. No están contemplados los monumentos nacionales, porque son áreas, pero sí hay áreas que tienen que ver con el valor patrimonial, cultural e histórico, por ejemplo, una zona de valor histórico podría verse dañada en uno de sus elementos o componentes de manera grave y podría dar pie a este delito.

El señor Walker (presidente) señala que en la provincia de Choapa se abastece de un glaciar subterráneo. Por ello, se discurre sobre el concepto científico de glaciar para que sea lo más amplio posible para proteger el medioambiente.

Sobre el concepto de glaciar, la diputada Vallejo observa que aún no se ha resuelto del todo su alcance; la iniciativa legal que busca ampliarlo aún no se resuelve, y también que existe discusión respecto a si una determinada actividad afectaría de forma grave o leve a un glaciar.

En ese sentido, el señor Walker (presidente) enfatiza que conforme se ha explicado, se remite el contenido de los conceptos al derecho administrativo. Aclara que al hablar de “glaciares” sin distinción, se están protegiendo todo tipo de glaciares y que se discurre sobre la afectación grave.

Contextualizando, el profesor señor Bascuñán precisa que el criterio central del proyecto en este punto es que la sanción por la causación del daño ambiental procede si el daño es constitutivo de afectación grave (artículos 308, 309, y 310. La definición de la afectación grave está dada en el artículo 310 bis. Fuera de los casos de afectación grave, el proyecto sanciona por contaminación (por emisión o extracción) pero bajo las reglas de la gravedad de la contaminación desde un punto de vista administrativo: gravedad por elusión del sistema de control ambiental, reiteración de infracciones o gravedad en caso de escasez del recurso hídrico. Un daño medioambiental que no constituya afectación grave no sería delito de daño medioambiental al tenor del proyecto, sino que estaría comprendido dentro una de las hipótesis de contaminación sea por extracción o por emisión.

En votación el artículo 310 (incorporado por el numeral 11 del artículo 48 del proyecto de ley) es aprobado por la unanimidad de los presentes, diputados señores (as) Matías Walker (Presidente (E) de la Comisión); Jorge Alessandri; Luciano Cruz-Coke; Camila Flores; Miguel Mellado (por el señor Gonzalo Fuenzalida); Diego Ibáñez; Marcos Ilabaca; Paulina Núñez; René Saffirio; Leonardo Soto, y Camila Vallejo. (11-0-0).

Art. 310 bis. Para los efectos de los tres artículos precedentes se entenderá por afectación grave de uno o más componentes ambientales el cambio adverso y mensurable producido en alguno de ellos siempre que consistiere en alguna de las siguientes circunstancias:

1º. tener una extensión espacial de relevancia, según las características ecológicas o geográficas de la zona afectada;

2º. tener efectos prolongados en el tiempo;

3º ser irreparable o difícilmente reparable;

4º. alcanzar a un conjunto significativo de especies según las características de la zona afectada;

5º. incidir en especies categorizadas como extintas, extintas en grado silvestre, en peligro crítico o en peligro o vulnerable;

6º. poner en peligro la salud de una o más personas.

Tratándose de los hechos previstos en el inciso primero del artículo 308 y en los incisos primero y segundo del artículo 310, si la afectación grave causare un daño irreversible a un ecosistema, se impondrá el máximum de las penas a ellos señaladas.

- Indicación del señor Diego Ibáñez:

Para incorporar un número 7º del siguiente tenor:

“7° afectar significativamente los servicios o funciones ecosistémicos del elemento o componente ambiental.”.

El autor de la indicación explica que, conforme a la complejidad del debate de conceptos medioambientales y la delegación conceptual que se efectúa, cabe destacar que correspondería evaluarlos en función de la interacción entre ellos, bajo un principio de servicios o funciones ecosistémicos, y no interpretada en forma individual.

El señor Miguel Mellado solicita al autor especificar a qué se refiere con esta nueva figura y solicita ejemplos.

Al respecto, el señor Ibáñez cita como ejemplo los servicios ecosistémicos que cumple una quebrada en la Zona Central para la fauna y flora, particularmente, en consideración de la sequía de esta zona. Expresa que se debe asociar los diversos elementos del ecosistema para el debido resguardo del medioambiente en forma amplia.

El señor Saffirio recuerda sus dudas sobre los puntos 1 y 2 del artículo 310 bis y da cuenta que cualquier adjetivo que se incorpore podría rigidizar la norma. En todo caso, se declara conforme porque el inciso primero habla de cambios adversos en los componentes medio ambientales, por lo que no habría indefinición. Luego, recalca el carácter alternativo del tipo penal de afectación grave del medioambiente.

El profesor señor Bascuñán interpreta la propuesta como una alternativa al requisito de que el cambio se produzca en alguno de los elementos, y establece como alternativa la afectación del conjunto ecosistémico. Por ello, sistemáticamente, la indicación del señor Ibáñez debiera incorporarse en el encabezado del artículo y no como un numeral nuevo.

El diputado Ibáñez destaca que la indicación se refiere a uno o más de los elementos, apuntando al servicio o función ecosistémico que presta.

Por su parte, el profesor señor Costa señala que la indicación del señor Ibáñez produce una figura intermedia entre las afectaciones graves a los elementos y el delito de ecocidio. Permitiría medir la gravedad de la afectación en razón de la interacción del elemento o componente por lo que le parece una indicación adecuada.

Precisa que los servicios ecosistémicos se miden solamente respecto del provecho humano que se tiene de ellos, mientras que las funciones ecosistémicas incluyen la interacción del ecosistema sin mediación humana.

Sometido a votación el artículo 310 bis, con la indicación del señor Ibáñez, es aprobado por la unanimidad de los integrantes de la Comisión presentes, diputados (as) señores (as) Matías Walker (Presidente (E) de la Comisión); Jorge Alessandri; Luciano Cruz-Coke; Camila Flores; Miguel Mellado (por el señor Gonzalo Fuenzalida); Diego Ibáñez; Marcos Ilabaca; Paulina Núñez; René Saffirio; Leonardo Soto, y Camila Vallejo. (11-0-0).

Art. 310 ter. Además de las penas señaladas en las disposiciones de este párrafo, el tribunal impondrá la pena de multa:

1°de ciento veinte a sesenta mil unidades tributarias mensuales, si la pena señalada fuere inferior a la de presidio o reclusión menor en su grado máximo;

2°de veinticuatro mil a ciento veinte mil unidades tributarias mensuales, si la pena señalada fuere igual o superior a la de presidio o reclusión menor en su grado máximo.

El monto de la pena de multa pagada será abonado a la sanción multa no constitutiva de pena que le fuere impuesta por el mismo hecho. Si el condenado hubiere pagado una multa no constitutiva de pena por el mismo hecho, el monto pagado será abonado a la pena de multa impuesta.

El profesor señor Bascuñán establece para todos los delitos de atentados contra el medioambiente la pena de multa copulativa a la pena privativa de libertad. Aclara que el artículo 39 de la ley N° 20.417 fija las multas en unidades tributarias anuales, y el Código Penal habla de unidades tributarias mensuales, por lo que se debe multiplicar por 12 para mantener la simetría.

No se consideran las multas a infracciones leves porque los delitos se entienden, como mínimo, vinculados a la reiteración de infracciones graves. Finalmente, se contempla el abono de multa penal a la multa administrativa y viceversa.

Puesto en votación el artículo 310 ter es aprobado por la unanimidad de los integrantes de la Comisión presentes, diputados (as) señores (as) Matías Walker (Presidente (E) de la Comisión); Jorge Alessandri; Luciano Cruz-Coke; Camila Flores; Miguel Mellado (por el señor Gonzalo Fuenzalida); Diego Ibáñez; Marcos Ilabaca; Paulina Núñez; René Saffirio; Leonardo Soto, y Camila Vallejo. (11-0-0).

Art. 311 bis. Tratándose de los hechos previstos en el artículo 310, el tribunal impondrá al condenado como pena accesoria la prohibición perpetua de ingresar a áreas protegidas por el Estado. Esta prohibición impide al condenado ingresar a cualquiera de las áreas naturales que se encuentran bajo protección estatal, mencionadas en dicho artículo.

También le impide acercarse a menos de dos kilómetros del límite de tales áreas. El tribunal podrá reducir esa distancia en consideración a las condiciones de habitación y trabajo del condenado.

La prohibición será impuesta por igual a todas las personas responsables del delito consumado o frustrado, o de su tentativa.

El profesor Bascuñán señala que la norma proviene del anteproyecto de Código Penal del año 2018, tiene el carácter de medida adicional a la pena que no existe actualmente en el Código Penal introduciéndose como medida accesoria, que opera como medida de protección de las áreas protegidas.

Sugiere que en el inciso primero se reemplace la palabra “estatal” por “oficial” y eliminar la expresión “mencionadas en dicho artículo”, ya que esa es la expresión que utiliza el artículo 310 inciso primero; se sabe que “las que se encuentran bajo protección oficial” son las contenidas en el artículo 10 letra p) de la ley N° 19.300.

El señor Saffirio sugiere precisar que son áreas “silvestres” protegidas.

El profesor Bascuñán explica que esta medida de seguridad opera para todos los casos del artículo 310 por lo que no se puede indicar que se refiere únicamente a las áreas “silvestres” porque, por ejemplo, procede respecto de los humedales urbanos.

Sometido a votación el artículo 311 bis (con el reemplazo del término “estatal” por “oficial”) es aprobado por la unanimidad de los integrantes de la Comisión presentes, diputados (as) señores (as) Matías Walker (Presidente (E) de la Comisión); Jorge Alessandri; Luciano Cruz-Coke; Camila Flores; Miguel Mellado (por el señor Gonzalo Fuenzalida); Diego Ibáñez; Marcos Ilabaca; Paulina Núñez; René Saffirio; Leonardo Soto, y Camila Vallejo. (11-0-0).

Art. 311 ter. Fuera de los casos señalados en el artículo 310 el tribunal podrá apreciar la concurrencia de una atenuante muy calificada conforme al artículo 68 bis cuando el hechor reparare el daño ambiental causado por el hecho.

El profesor Bascuñán señala que la norma se explica por sí misma y tiene por objeto alinear la reacción penal con la administrativa cuando se busca la reparación del daño ambiental, es decir, que la imposición de la pena no sea un obstáculo al interés de la reacción administrativa en la búsqueda de la reparación, salvo cuando se trata de las áreas sometidas a protección oficial y glaciares.

El señor Leonardo Soto señala que en caso de delitos, la atenuación de penas mediante la reparación del mal causado podría dar lugar a la reparación económica con la que no estaría de acuerdo.

El profesor Bascuñán aclara que se refiere a la reparación daño ambiental y es facultativa del tribunal.

En votación el artículo 311 ter es aprobado por los votos mayoritarios de los (as) diputados (as) señores (as) Matías Walker (Presidente (E) de la Comisión); Jorge Alessandri; Luciano Cruz-Coke; Camila Flores; Miguel Mellado (por el señor Gonzalo Fuenzalida); Diego Ibáñez; Marcos Ilabaca; Paulina Núñez; René Saffirio, y Camila Vallejo. Vota en contra el señor Leonardo Soto (10-1-0).

Art. 311 quáter. Las penas previstas en las disposiciones de este párrafo para los atentados contra el medio ambiente perpetrados extrayendo aguas continentales, superficiales o subterráneas, serán impuestas sin perjuicio de la aplicación de las penas que correspondan por el delito de usurpación.

El profesor Bascuñán señala que esta norma da respuesta a la pregunta sobre si el atentado contra el medioambiente que recae sobre recursos hídricos constituiría o no un delito de usurpación de aguas. La solución es que se trata de bienes jurídicos distintos, un bien jurídico individual en el delito de usurpación y un bien jurídico colectivo en el delito medioambiental, por ello, la pluralidad de bienes jurídicos fundamenta el concurso.

Puesto en votación el artículo 311 quáter es aprobado por la unanimidad de los integrantes de la Comisión presentes, diputados (as) señores (as) Matías Walker (Presidente (E) de la Comisión); Jorge Alessandri; Luciano Cruz-Coke; Camila Flores; Miguel Mellado (por el señor Gonzalo Fuenzalida); Diego Ibáñez; Marcos Ilabaca; Paulina Núñez; René Saffirio; Leonardo Soto, y Camila Vallejo. (11-0-0).

Art. 311 quinquies. Cuando la persona obligada por las normas ambientales, o el infractor a que se refieren las disposiciones de este párrafo, fuere una persona jurídica, se entenderá que esa calidad concurre respecto de quienes hubieren intervenido por ella en el hecho punible.

El profesor Bascuñán explica que esta norma resuelve una cuestión que pudiera resultar problemática en la aplicación de sanciones penales a personas naturales en la medida que el obligado por la normativa medioambiental sea una persona jurídica. Ante ello, se contempla el “actuar por otro o en lugar de otro”, respondiendo pese a que el obligado sea otro.

Precisa que en estricto rigor pudiera ser considerada como una regla superflua porque la doctrina entiende que la institución de “actual por otro” se encuentra establecida en el inciso segundo del artículo 58 del Código Procesal Penal, pero, dado que la reforma de los delitos concursales introdujo una regla de esta naturaleza en el artículo 466 quáter (para cubrir la responsabilidad de las personas naturales en las circunstancias dadas), para que no se planteara – a contrario sensu- una eximente de responsabilidad basada que no está una regla como la de los delitos concursales, es que se establece esta regla.

Sometido a votación el artículo 311 quinquies es aprobado por la unanimidad de los integrantes de la Comisión presentes, diputados (as) señores (as) Matías Walker (Presidente (E) de la Comisión); Jorge Alessandri; Luciano Cruz-Coke; Camila Flores; Miguel Mellado (por el señor Gonzalo Fuenzalida); Diego Ibáñez; Marcos Ilabaca; Paulina Núñez; René Saffirio; Leonardo Soto, y Camila Vallejo. (11-0-0).

Art. 311 sexies. Si con ocasión de la investigación o el juicio por los hechos previstos en las disposiciones del presente párrafo el tribunal impusiere al imputado o condenado condiciones destinadas a evitar o reparar el daño ambiental, oficiará a la autoridad reguladora pertinente para la fiscalización de su cumplimiento. La autoridad estará facultada para ejercer todas sus competencias fiscalizadoras y quedará obligada a informar al tribunal.

El profesor Bascuñán proporciona una tabla de penalidades de los distintos delitos que muestra la graduación de las penas de estos delitos según sea el daño.

Respondiendo la consulta del diputado Walker, el profesor señor Bascuñán señala que dado que, en el contexto del proceso penal, los tribunales puedan establecer condiciones orientadas a la reparación del daño ambiental, el cumplimiento de éstas y su fiscalización queda entregada a la autoridad administrativa.

Puesto en votación el artículo 311 sexies es aprobado por la unanimidad de los integrantes de la Comisión presentes, diputados (as) señores (as) Matías Walker (Presidente (E) de la Comisión); Jorge Alessandri; Luciano Cruz-Coke; Camila Flores; Miguel Mellado (por el señor Gonzalo Fuenzalida); Diego Ibáñez; Marcos Ilabaca; Paulina Núñez; René Saffirio; Leonardo Soto, y Camila Vallejo. (11-0-0).

Concluye la votación del artículo 48 N° 11.

A continuación, se procede a discutir y votar artículos pendientes:

Artículo 25

Art. 25. Reclusión parcial en establecimiento especial. La pena de reclusión parcial en establecimiento especial consiste en el encierro en un lugar especialmente dispuesto para ello durante cincuenta y seis horas semanales. Un reglamento determinará los establecimientos que pueden ser utilizados para estos efectos y las condiciones de su instalación y funcionamiento.

La reclusión parcial podrá ser diurna, o de fin de semana, o nocturna. La reclusión nocturna consistirá en el encierro del condenado en el establecimiento especial entre las veintidós horas de cada día hasta las seis horas del día siguiente.

El juez impondrá la reclusión en establecimiento especial en modalidad diurna, a menos que ella pusiera en riesgo la subsistencia económica del condenado, su familia o por otro motivo grave que así lo amerite. En ese caso, el juez podrá imponerla en modalidad nocturna o de fin de semana.

- Indicación del diputado Saffirio para eliminar el inciso final.

Artículo 26

Art. 26. Requisitos para disponer la pena de reclusión parcial en establecimiento especial. La pena de reclusión parcial en establecimiento especial solo podrá decretarse si:

1.° la pena privativa o restrictiva de libertad que impusiere la sentencia fuere superior a dos años y no excediere de cinco, y siempre que no fuere aplicable una agravante muy calificada de conformidad con el artículo 16;

2.° el penado no hubiere sido condenado anteriormente por crimen o simple delito; en todo caso, no se considerarán para estos efectos las condenas cumplidas diez o cinco años antes, respectivamente, del ilícito sobre el que recayere la nueva condena; no obstante lo anterior, si dentro de los diez o cinco años anteriores, según corresponda, a la comisión del nuevo crimen o simple delito, le hubieren sido impuestas dos reclusiones parciales, no será procedente la aplicación de esta pena sustitutiva; y

3.° existieren antecedentes laborales, educacionales o de otra naturaleza similar que justificaren la pena, así como si los antecedentes personales del condenado, su conducta anterior y posterior al hecho punible y la naturaleza, modalidades y móviles determinantes del delito, permitieren presumir que la pena de reclusión parcial lo disuadirá de cometer nuevos ilícitos.

Para los efectos de determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el número 1°, se considerará que concurre, en su caso, la agravante muy calificada de la circunstancia 2ª del artículo 16, aun cuando ella no tuviere incidencia en la determinación de la pena en virtud de lo dispuesto en el artículo 63 del Código Penal.

El diputado Walker (presidente) aclara que la expresión “establecimientos especiales” no se refiere a ningún tipo de privilegio, tal como da cuenta el oficio de respuesta de Gendarmería de Chile.

El profesor señor José Pedro Silva observa que la referencia que hace el proyecto a establecimientos especiales es a la ley N° 18216, guardando concordancia con la respuesta proporcionada por Gendarmería de Chile.

El señor Leonardo Soto observa que este tipo de establecimientos especiales se aplica a cualquier tipo de delitos, sin distinguirlos de los delitos económicos que prevé esta ley por lo que no habría un privilegio para quienes cometan este tipo de injusto. En definitiva, los reparos de la Comisión sobre establecer un privilegio especial para quienes cometan delitos económicos quedan totalmente descartadas.

Sobre el inciso final del artículo 25 cabe tener presente la redacción aprobada para el artículo 23, que debiera ser ajustada en los términos del artículo 25.

“En aquellos casos en que la pena de reclusión parcial diurna pusiera en riesgo la subsistencia económica del condenado, de su cónyuge o conviviente civil, hijos o hijas o cualquier otra persona que dependa económicamente del condenado o por otro motivo grave que así lo amerite, se deberá imponer la pena de reclusión de fin de semana.”.

Sometidos a votación los artículos 25 (con la redacción especificada) y 26 son aprobados por la unanimidad de los integrantes de la Comisión presentes, diputados (as) señores (as) Matías Walker (Presidente (E) de la Comisión); Miguel Mellado (por el señor Gonzalo Fuenzalida); Diego Ibáñez; Marcos Ilabaca; Paulina Núñez, y Leonardo Soto. (6-0-0).

En consecuencia, la indicación del señor Saffirio al artículo 25 se da por rechazada reglamentariamente.

Queda pendiente ajustar la redacción aprobada para el inciso final del artículo 25 a fin de que sea consistente con su inciso segundo.

Al término de la sesión, se recibió redacción de los profesores en ese sentido, la que deberá ser aprobada la próxima sesión:

“Art. 25. Reclusión parcial en establecimiento especial. La pena de reclusión parcial en establecimiento especial consiste en el encierro en un lugar especialmente dispuesto para ello durante cincuenta y seis horas semanales. Un reglamento determinará los establecimientos que pueden ser utilizados para estos efectos y las condiciones de su instalación y funcionamiento.

La reclusión parcial podrá ser diurna, o de fin de semana, o nocturna. La reclusión nocturna consistirá en el encierro del condenado en el establecimiento especial entre las veintidós horas de cada día hasta las seis horas del día siguiente.

En aquellos casos en que la pena de reclusión parcial diurna pusiera en riesgo la subsistencia económica del condenado, de su cónyuge o conviviente civil, hijos o hijas o cualquier otra persona que dependa económicamente del condenado o por otro motivo grave que así lo amerite, se deberá imponer la pena de reclusión parcial nocturna o de fin de semana.”

Sesión N° 324 de 16 de marzo de 2021.

Artículo 25, reapertura del debate

- Texto aprobado por la Comisión en sesión de 9 de marzo:

Art. 25. Reclusión parcial en establecimiento especial. La pena de reclusión parcial en establecimiento especial consiste en el encierro en un lugar especialmente dispuesto para ello durante cincuenta y seis horas semanales. Un reglamento determinará los establecimientos que pueden ser utilizados para estos efectos y las condiciones de su instalación y funcionamiento.

La reclusión parcial podrá ser diurna, o de fin de semana, o nocturna. La reclusión nocturna consistirá en el encierro del condenado en el establecimiento especial entre las veintidós horas de cada día hasta las seis horas del día siguiente.

En aquellos casos en que la pena de reclusión parcial diurna pusiera en riesgo la subsistencia económica del condenado, de su cónyuge o conviviente civil, hijos o hijas o cualquier otra persona que dependa económicamente del condenado o por otro motivo grave que así lo amerite, se deberá imponer la pena de reclusión de fin de semana.

Propuesta de los profesores:

- Para incluir en la frase final del inciso segundo, entre las palabras “reclusión” y “o” la frase “parcial nocturna”.

Por la unanimidad de los integrantes presentes señoras Camila Flores, Pamela Jiles, Paulina Núñez y Camila Vallejo y los señores Marcos Ilabaca (presidente), Juan Antonio Coloma, Luciano Cruz-Coke, Gonzalo Fuenzalida, René Saffirio, Leonardo Soto y Matías Walker se adopta dicha propuesta como indicación y se aprueba por la unanimidad de votos.

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Artículo 51

Se da inicio al debate y votación del artículo 51 del proyecto de ley Boletín Nº13. 205 que propone modificaciones a la ley Nº20.393 sobre responsabilidad de personas jurídicas. Sobre los artículos objeto de modificación, hay también propuestas del boletín Nº13.204, refundido y que serán indicadas en cada caso.

El señor Schilling, autor del boletín Nº13.204, felicita al presidente electo y agradece a la Comisión el considerar su proyecto de ley cuyo estudio comienza en la presente sesión. Explica que la figura de la responsabilidad penal de las personas jurídicas es reciente en nuestra legislación y se estableció por la necesidad de implementar normas de orden económico para que Chile ingresara a la OCDE. En su momento, la tipificación de los delitos estuvo reducida a pocas figuras. Hace presente que él propuso ampliarlas a las los delitos de daño al Medioambiente y no hubo acuerdo para ello. Por el contrario, destaca que sí hubo acuerdo para que en la determinación de penas se considerara la medidas para la reparación del daño que efectuare la empresa.

Expresa que dado los casos SOQUIMICH y Corpesca el efecto disuasivo de la normativa no tuvo efecto. Por tal motivo, en el proyecto de su autoría se amplía el catálogo de delitos susceptibles de ser cometidos por personas jurídicas. Del mismo modo, se aumentan las penas para estos delitos considerándose la medidas preventivas sólo como una atenuante y no como una eximente de responsabilidad penal.

Por otra parte,introduce la figura del interventor que es distinta a la figura del supervisor, figura que califica como etérea para esta clase de delitos. Expresa que como representantes del interés general los parlamentarios deben velar por una normativa disuasiva y que castigue esta clase de conductas que constituyen abusos denunciados por la sociedad chilena. Hace un llamado a fortalecer la institucionalidad que controla el actuar de las empresas ya que las superintendencias son débiles. Finaliza señalando que la verdadera modernización del Estado es la conexión de éste con la ciudadanía, debiendo el primero velar porque no existan más abusos por parte de un grupo de privilegiados.

Art. 51. Modificaciones a la Ley 20.393. Introdúcese las siguientes modificaciones en la Ley 20.393, sobre responsabilidad penal de la persona jurídica

Número 1

- Boletín Nº13.205-07

1. Sustitúyese su artículo 1° por el siguiente:

“Artículo 1.° Contenido de la ley. La presente ley regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas por los delitos señalados en el inciso siguiente, el procedimiento para la investigación y establecimiento de dicha responsabilidad penal, la determinación de las sanciones procedentes y la ejecución de éstas.

Los delitos por los cuales la persona jurídica responde penalmente conforme a la presente ley son los siguientes:

1.° los delitos a que se refieren los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley de Delitos Económicos, sean o no considerados como delitos económicos por esa ley;

2.° el previsto en el artículo 8 de la Ley 18.314 que tipifica conductas terroristas;

En lo no previsto por esta ley serán aplicables, supletoriamente, las disposiciones contenidas en el Libro I del Código Penal y en el Código Procesal Penal, en lo que resultare pertinente.

Para los efectos de esta ley, no será aplicable lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 58 del Código Procesal Penal.”

- Boletín Nº13.204-07

Art. Primero.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley Nº 20.393 que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas:

1) Para modificar el inciso primero del artículo 1° en el siguiente sentido:

a) Para intercalar a continuación del pronombre “los” la segunda vez que aparece:

“en el Título XI de la ley Nº 18.045 ley de Mercado de Valores, en el art. 134 de la le Ley Nº 18.046 sobre sociedades anónimas, en el Título XVII del decreto con fuerza de ley Nº 3, del Ministerio de Hacienda, de 1997, ley general de bancos, en el artículo 168 en relación con el artículo 178, Nº 1, ambos del decreto con fuerza de ley Nº 30, del Ministerio de Hacienda, de 2005, que aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley Nº 213, del Ministerio de Hacienda, de 1953, sobre Ordenanza de Aduanas, en el art. 80 y art. 81 de la Ley Nº 17.366 (el N° correcto de la norma es 17.336) sobre propiedad intelectual, en el art. 138 y 138 bis del D.F.L 458, que fija el texto de la ley General de Urbanismo y construcciones, en el número 4º del artículo 97 del Código Tributario, en el art. 62 del título V del decreto ley Nº211, de 1973, que fija normas para la defensa de la libre competencia.”.

b) Para intercalar a continuación de la expresión “artículos” la segunda vez que aparece:

“en los artículos 193, 194, y 196 del párrafo 4 de la falsificación de instrumentos públicos o auténticos, y los artículo 197 y 198 del párrafo 5 de la falsificación de instrumentos privados, del título IV”,

c) Para intercalar a continuación de la expresión “ter” la siguiente frase:

“en los artículos 313 d, 314, 315, 316, 317 y 318 del párrafo 14 sobre crímenes y simples delitos contra la salud pública del título VI”,

d) Para intercalar a continuación de la expresión “A”, sustituyendo la conjunción “y” por una coma, el guarismo “468”;

e) Para sustituir la expresión “del Código Penal” por la siguiente frase:

“y los previstos en el Título IX del Código Penal;”

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El señor José Pedro Silva propone que dado el carácter sistemático del proyecto que ha trabajado la Comisión durante estos últimos meses (boletín Nº13.205) se considere como texto de base para analizar las propuestas del boletín refundido. Luego solicita se dé la palabra al profesor Hernández.

El profesor Hernández explica que este artículo 51 es una propuesta de modificación general en materia de responsabilidad penal de personas jurídicas, manteniendo la estructura básica de la ley actual. El criterio fundamental para fundar la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile, es el defecto de organización, criterio también vigente en derecho comparado.

Los perfeccionamientos del proyecto tienen por objeto hacer efectiva la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ampliando el catálogo de delitos -entre los que se incluyen las figuras del señor Schilling; la ampliación de los sujetos, esto es, las personas jurídicas que pueden ser objeto de sanción penal y; finalmente, los presupuestos de la responsabilidad penal. Aduce que estas modificaciones nucleares son las que explican la extensión de la propuesta del artículo 51 del proyecto y que corresponden a adecuaciones formales de la ley vigente, para guardar coherencia con los objetivos que acada de mencionar.

El señor Aldunate observa que la propuesta de la columna central es concordante con la propuesta de sistematización que ya ha sido aprobada por la Comisión. Añade que efectivamente, este catálogo incluye la mayor parte de las figuras que son propuestas por el señor Schilling.

El profesor Hernández expresa que, en efecto, el alcance de la propuesta del proyecto central es más amplio y más intenso que el contemplado en la propuesta refundida. Destaca que se ha incluido en el catálogo de sistematización el delito de financiamiento del terrorismo para no correr el riesgo de quedar por debajo de los parámetros internacionales sobre la materia.

Por su parte, el profesor Medina recuerda que al tratar el estatuto de responsabilidad de personas naturales, la Comisión presentó sus inquietudes respecto de la distinción y exclusión de responsabilidad pena dependiendo del tamaño de la empresa que se viera involucrada. Destaca que en esta parte del proyecto, referido a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, no existe la distinción por tamaño de la empresa. Con ello, se conserva entonces el espíritu del proyecto, esto es, consagrar un estatuto de responsabilidad penal más severo cuando participa en la comisión del delito las personas jurídicas.

El señor Mauricio Fernández fiscal del Ministerio Público reitera que como Fiscalía han hecho presente la necesidad de ampliar el catálogo de figuras que sancionen el actuar ilícito de las organizaciones empresariales, por lo que en definitiva no tienen reparo sobre estas propuestas.

Puesto en votación el número 1 del artículo 51 del boletín Nº13.205, es aprobado por la unanimidad de los integrantes presentes de la Comisión, señoras y señores Marcos Ilabaca (presidente) Juan Antonio Coloma, Gonzalo Fuenzalida, Diego Ibáñez, Pamela Jiles, Paulina Núñez, René Saffirio, Leonardo Soto y Matías Walker (9-0-0).

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Número 2

- Boletín Nº13.205-07

2. Sustitúyese su artículo 2° por el siguiente:

“Artículo 2.° Ámbito de aplicación personal. Serán penalmente responsables en los términos de esta ley las personas jurídicas de derecho privado, las empresas públicas creadas por ley, las empresas, sociedades y universidades del Estado, los partidos políticos y las personas jurídicas religiosas de derecho público.”

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El señor Fuenzalida observa que el Estado participa en empresas creadas por ley y otras son sociedades anónimas abiertas, como COTRISA. Pregunta si la formulación “empresas y sociedades” comprendería todas las formas de participación empresarial del Estado.

El señor Saffirio observa que si la frase se descompone puede leerse que comprende las empresas del Estado, cualquiera sea la forma de participación económica de éste.

El profesor Hernández señala que el sentido de la norma es ampliar el estatuto actual que contempla las personas jurídicas de derecho privado y de derecho público. La idea es incluir a personas jurídicas de derecho público que no estaban comprendidos: partidos políticos, iglesias y universidades del Estado.

Sobre el ámbito empresarial estatal, expresa que toda sociedad o empresa en la que éste participa quedaría cubierta, tanto por la redacción de la norma, personas jurídicas de derecho público o por el resto del proyecto, como personas jurídicas de derecho privado. En definitiva, toda empresa en la que el Estado tiene participación queda inequívocamente comprendida por la ley.

Puesto en votación el número 2 del artículo 51 es aprobado por la unanimidad de los (as) integrantes presentes de la Comisión, señores (as) Marcos Ilabaca (presidente), Gonzalo Fuenzalida, Diego Ibáñez, Pamela Jiles, René Saffirio, Leonardo Soto y Matías Walker. (7-0-0).

Número 3.

3. Sustitúyese su artículo 3° por el siguiente:

Artículo 3.° Presupuestos de la responsabilidad penal. Una persona jurídica será penalmente responsable por cualquiera de los delitos señalados en el artículo 1° perpetrado por o con la intervención de alguna persona natural que ocupare un cargo, función o posición en ella, o le prestare servicios gestionando asuntos suyos ante terceros, con o sin su representación, siempre que la perpetración del hecho se hubiere visto favorecida o facilitada por la falta de implementación efectiva, por parte de la persona jurídica, de un modelo adecuado de prevención de tales delitos.

Dados los demás requisitos previstos en el inciso anterior, una persona jurídica también será responsable por el hecho perpetrado por o con la intervención de una persona natural relacionada en los términos previstos por dicho inciso con una persona jurídica distinta, siempre que ésta le prestare servicios gestionando asuntos suyos ante terceros, con o sin su representación, o careciere de autonomía operativa a su respecto, cuando entre ellas existieren relaciones de propiedad o participación.

Lo dispuesto en este artículo no tendrá aplicación cuando el hecho punible se perpetrare exclusivamente en contra de la propia persona jurídica.”

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Puesto en votación el número 3 del artículo 51 es aprobado por la unanimidad de los (as) integrantes presentes de la Comisión, señores (as) Marcos Ilabaca, Gonzalo Fuenzalida, Diego Ibáñez, Paulina Núñez, René Saffirio, Camilla Vallejo y Matías Walker (7-0-0).

Número 4

Sustitúyese su artículo 4° por el siguiente:

“Artículo 4.° Modelo de prevención de delitos. Se entenderá que un modelo de prevención de delitos efectivamente implementado por la persona jurídica es adecuado para los efectos de eximirla de responsabilidad penal cuando, en la medida exigible a su tamaño, complejidad, recursos y a las actividades que desarrolle, considere seria y razonablemente los siguientes aspectos:

1º. identificación de las actividades de la persona jurídica que impliquen riesgo de conducta delictiva;

2º. establecimiento de protocolos y procedimientos para prevenir y detectar conductas delictivas en el contexto de las actividades a que se refiere el número anterior, los que deben considerar necesariamente canales seguros de denuncia;

3º. asignación de sujetos responsables por la aplicación de dichos protocolos, dotados de facultades efectivas de dirección y supervisión;

4.° previsión de evaluaciones periódicas y mecanismos de perfeccionamiento o actualización a partir de tales evaluaciones.”

- Se hace presente la nueva propuesta de los profesores comisionados:

4.Sustitúyese su artículo 4° por el siguiente:

“Artículo 4.° Modelo de prevención de delitos. Se entenderá que un modelo de prevención de delitos efectivamente implementado por la persona jurídica es adecuado para los efectos de eximirla de responsabilidad penal cuando, en la medida exigible a su giro, tamaño, complejidad, recursos y a las actividades que desarrolle, considere seria y razonablemente los siguientes aspectos:

1º.identificación de las actividades o procesos de la persona jurídica que impliquen riesgo de conducta delictiva;

2º.establecimiento de protocolos y procedimientos para prevenir y detectar conductas delictivas en el contexto de las actividades a que se refiere el número anterior, los que deben considerar necesariamente canales seguros de denuncia;

3º. asignación de uno o más sujetos responsables por la aplicación de dichos protocolos, dotados de facultades efectivas de dirección y supervisión y acceso directo a la administración de la persona jurídica para informarla oportunamente de las medidas y planes implementados en el cumplimiento de su cometido, para rendir cuenta de su gestión y para requerir la adopción de medidas necesarias para su cometido que pudieran ir más allá de su competencia. La persona jurídica deberá proveer al o a los responsables de los recursos y medios materiales e inmateriales necesarios para realizar adecuadamente sus labores, en consideración al tamaño y capacidad económica de la persona jurídica;

4.° previsión de evaluaciones periódicas y mecanismos de perfeccionamiento o actualización a partir de tales evaluaciones, lo cual podrá ser certificado por terceros independientes, para efectos de mejora y actualización del modelo.”

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El señor Saffirio observa que en la propuesta establece una eximente de responsabilidad penal, borrando con el codo lo que se escribió con la mano. Repara que los verbos para la configuración de la eximente no dan cuenta de la disposición de la persona jurídica para prevenir delitos por lo que no parece lógica considerarlas como eximentes de responsabilidad penal.

La señora Vallejo comparte la inquietud del señor Saffirio y agrega que el hecho de eximir de responsabilidad penal que es una figura nueva en la ley. Califica que este aspecto es un retroceso a la legislación actual y consulta sobre los alcances de esta propuesta.

El señor Fuenzalida comparte los reparos en torno al modelo de prevención y su rol como eximente de responsabilidad penal. Entiende que se consideraría serio y responsable dicho modelo siguiendo los criterios que señala la norma en estudio. Expresa que es un incentivo para que las empresas contemplen un programa de prevención. No está de acuerdo con eliminar la norma vigente.

El señor Ilabaca (presidente) comparte los reparos de sus predecesores.

La señora Vallejo pregunta por qué no se considera el modelo de prevención como atenuante y no como eximente de responsabilidad.

Haciéndose cargo de las inquietudes el profesor Medina señala que el proyecto de ley relaja los presupuestos de imputación. Explica que la comisión del delito no es producto del incumplimiento de los programas de prevención, sino más bien por la falta de aplicación de un modelo de prevención.

En definitiva, la empresa debe hacer mayores esfuerzos para contar con el modelo de prevención. La idea es que deje de ser un simple “check list” formal como lo es actualmente, y las condiciones exigidas para el plan sean acorde con el tamaño y giro de la empresa.

El profesor Hernández señala que en nuestra legislación desde el 2008, el contar con un modelo de prevención adecuado, constituye una eximente de responsabilidad penal. La pregunta que hay que hacerse es si una empresa que comete un delito, contando con un plan de prevención adecuado, es responsable por ese delito. Nadie en Chile afirmaría que la tiene. Si fracasa el modelo hecho de manera seria, la persona jurídica no responde. Por lo tanto, no es una innovación del proyecto, es la norma actual y la corriente internacional que procede de la misma manera. El artículo 4º no crea una eximente y aunque se borre que es una eximente, se seguirá aplicando como tal porque ese es el modelo de imputación de responsabilidad de personas jurídicas en Chile.

Añade que hay una industria de modelos de prevención formato check list que no contribuye a la persecución penal efectiva de las personas jurídicas. En la propuesta se opta por un camino minimalista. No basta con tener formalmente cualquier modelo, sino que sea serio y efectivo y ello deberá ser evaluado por el juez.

La señora Vallejo expresa que la propuesta no incorpora el carácter autónomo del interventor y pregunta por qué no se contempla. Sobre la eximente de responsabilidad penal le queda más clara la idea, no obstante, insiste en saber las razones por las cuales no se podría considerar como atenuante en lugar de eximente.

El señor Saffirio considera que esta norma genera soterradamente en la ley la impunidad de las personas jurídicas.

El señor Hernán Fernández, director de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, señala que esta norma del artículo 4º genera para la Fiscalía los mismos reparos expuestos por los parlamentarios. Señala que en 10 años de aplicación de ley solo 33 empresas han tenido investigación formalizada y muy pocas han sido condenadas. Cita el ejemplo de Corpesca como uno de los pocos casos que ha llegado a juicio oral.

Valora la iniciativa y la califica como un avance. Pero observa que en esta parte del proyecto se está relevando el modelo de prevención como eximente dando una señal de impunidad a las empresas. Destaca que la propuesta de la tercera columna del comparado se ajusta de mejor manera a los efectos pedagógicos de la ley. En definitiva, para la Fiscalía la consagración expresa del modelo de prevención con eximente de responsabilidad penal es un error.

Por otra parte, acota que la OCDE ha criticado la falta de un ente regulador que verifique la idoneidad de los modelos de prevención en Chile.

El señor Aldunate destaca que la cuestión a determinar es si el juez ha de evaluar la efectividad del modelo. Señala que el tema Corpesca aún no está cerrado del todo, dado la posibilidad de recurrir a instancias superiores del fallo. No obstante, el fallo pone énfasis en la efectividad del modelo y la incorporación de las cláusulas de prevención en los contratos de trabajo individuales. Considera problemática la referencia a la exención de responsabilidad penal porque no es un tema del todo resuelto en doctrina y en derecho comparado y propone suprimir dicha referencia.

El señor Fuenzalida comparte que no se debe amarrar al juez a aplicar el modelo como eximente de responsabilidad penal. Considera que los certificadores deben tener algún tipo de sanción, del mismo modo que la tienen los contadores. Sobre el oficial de cumplimiento, pregunta a quién rinde cuenta en la práctica. Si el oficial ha de ser autónomo, debe rendir cuenta de su gestión a un ente regulador.

El señor Walker expresa que era importante analizar el artículo 3º con el artículo 4º y valora la calidad del debate. Observa que ambos proyectos plantearon la eximente de responsabilidad penal y le parece bueno avanzar hacia requisitos sustantivos más que formales. Pregunta cuál sería el efecto de tener o no tener un modelo de cumplimiento. Se ha propuesto eliminar la referencia a la eximente o bien consagrarla como atenuante. Se abre a la posibilidad de no hablar de eximente y partir de la norma actual hacia el reconocimiento de condiciones sustantivas.

El señor Ilabaca (presidente) destaca la importancia del debate en torno al valor del modelo de cumplimiento en la configuración de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Del mismo modo, comparte con el señor Fuenzalida la idea de reconocer la responsabilidad de la empresa certificadora.

El profesor Hernández expresa que los profesores comisionados estarían disponibles a excluir la referencia al modelo como eximente de responsabilidad, porque al tenor del artículo 3º ya aprobado, el delito debió verse facilitado por la falta de un modelo adecuado de prevención.

Respecto de la sanción a los certificadores, llama a la atención sobre el inciso final del artículo 4º. En la medida que se eleva la función del certificador, más importancia se le da a su labor, cuestión que a su juicio no debería ocurrir porque más valor tendrían los certificados y el formalismo existente. Reitera y enfatiza que las certificaciones no han sido un aporte para el sistema de responsabilidad de las personas jurídicas en Chile.

Sobre la existencia de algún órgano que se haga cargo de los modelos de prevención de todas las empresas de Chile, señala que es una idea importante, pero lleva a la cuestión de qué organismo en nuestro país estaría capacitado para ello.

Respecto a los pocos casos de empresas sancionadas explica que se debe a los pocos delitos que la normativa contempla.

Sugiere eliminar la referencia a la eximente de responsabilidad penal.

La señora Jiles pregunta si sería mejor opción considerar la falta de modelo de prevención como una agravante de responsabilidad. Señala que ello sería más lógico con el objetivo de promover que las empresas cuenten con un plan de intervención.

El señor Hernández señala que no se considera como agravante porque la falta de plan es el presupuesto de responsabilidad penal de la persona jurídica porque ese es precisamente el modelo adoptado por nuestro país. En Derecho Comparado, en tanto, se va también en esa línea. Si la empresa no tiene incentivos para contar con modelo de prevención, se daría un efecto perverso en que a ésta no le convendría denunciar los hechos delictivos cometidos en su seno porque se estaría acusando a sí misma. Aclara que no se trata de identificar protocolos, sino más bien de contar con modelos efectivos de prevención de delitos por parte de las empresas.

El señor Fuenzalida propone dejar vigente los incisos finales de la norma actual, en el sentido de complementar la propuesta de los profesores con estos incisos.

El señor Fernández, de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público señala que el modelo de prevención del delito podría ser atenuante y también una condición para suspensión condicional. Podría ser una atenuante o una presunción simple o legal o bien un aspecto de negociación con la empresa. En definitiva, el modelo de prevención juega varios roles en el sistema actual y en el proyecto.

El señor Coloma señala que excluir el carácter de eximente deja a la empresa sin incentivos para denunciar los delitos que han ocurrido en sus operaciones. No estaría de acuerdo con votar hoy.

- Se deja constancia de la indicación de la señora Camila Vallejo:

Para incorporar en el art. 4 de la ley Nº20.393, del art. 51 del proyecto:

1)Para sustituir el inciso primero por el siguiente:

“Modelo de prevención de delitos. Se entenderá que un modelo de prevención de delitos efectivamente implementado por la persona jurídica es adecuado cuando, en la medida exigible a su tamaño, complejidad, recursos y a las actividades que desarrolle, considere seria y razonablemente los siguientes aspectos:”

2)Para agregar en el numeral segundo un nuevo inciso segundo y tercero:

“La existencia de sanciones administrativas internas, en contra de las personas que incumplan el sistema de prevención de delitos.

Estas obligaciones, prohibiciones y sanciones internas deberán señalarse en los reglamentos que la persona jurídica dicte al efecto y deberán comunicarse a todos los trabajadores. Esta normativa interna deberá ser incorporada expresamente en los respectivos contratos de trabajo y de prestación de servicios de todos los trabajadores, empleados y prestadores de servicios de la persona jurídica, incluidos los máximos ejecutivos de la misma.”.

- Queda pendiente la votación de este numeral para la próxima sesión.

Se deja constancia de nueva indicación del señor Soto, don Leonardo al artículo segundo del boletín Nº13.204-07 refundido (del señor Schilling):

1)Para reemplazar el artículo 64 del Decreto Ley 211 de 1973, que fija normas para la defensa de la libre competencia, de la siguiente manera:

“Artículo 64: Las investigaciones de los hechos señalados en el inciso primero del artículo 62 sólo se podrán iniciar por querella formulada por la Fiscalía Nacional Económica. Para estos efectos, no se aplicará lo dispuesto en el artículo 166 del Código Procesal Penal.

No obstante, la querella será obligatoria para dicha institución, cuando el acuerdo colusorio haya recaído sobre bienes de primera necesidad.

Para los efectos del presente artículo se entiende que la colusión recae sobre bienes de primera necesidad cuando ésta ha producido alguno de los efectos consignados en el artículo 62 en el contexto de los mercados que inciden en la provisión de servicios educacionales, de prestaciones de salud, de artículos médicos o farmacológicos; de la provisión de bebidas o alimentos; del transporte de personas; de la provisión de servicios básicos como agua, electricidad, servicios de telecomunicaciones o combustibles.

En estos casos, la Fiscalía Nacional Económica deberá presentar la querella, a más tardar en el plazo de 90 días contados desde la presentación del requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Presentada que sea la querella, la competencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia se restringirá a evaluar la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas involucradas en acuerdo anticompetitivo, quedando en la esfera penal la determinación de la responsabilidad de las personas naturales que lo hubieren celebrado, ordenado celebrar o participado en su implementación o ejecución, en los términos definidos por el art. 62.

En su querella, la Fiscalía Nacional Económica informará la circunstancia de haber obtenido autorización judicial para realizar una o más de las medidas a que se refieren los numerales n.1 a n.4 de la letra n) del artículo 39, así como el hecho de haber realizado o no dichas diligencias. El Ministerio Público podrá solicitar al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia el alzamiento de la confidencialidad o reserva de determinadas piezas de su expediente para su utilización en el proceso penal. Para los efectos de su incorporación al proceso penal, se entenderá que las copias de los registros, evidencias y demás antecedentes que hayan sido recabados por la Fiscalía Nacional Económica, a partir de diligencias realizadas con autorización judicial de un ministro de Corte de Apelaciones, cumplen con lo dispuesto por el artículo 9º del Código Procesal Penal.”

2)Para sustituir en su totalidad el artículo 3°, relativo al Código Tributario, de acuerdo con el siguiente tenor:

“Artículo 162 bis: El Servicio tendrá 90 días corridos desde la notificación a que hace referencia el inciso 6° del artículo anterior para interponer querella o denuncia, cuando de los antecedentes que le han sido proporcionados aparezcan indicios que den cuenta de la eventual configuración de un hecho punible de carácter tributario. El Servicio podrá, por medio de resolución fundada, debidamente comunicada al Fiscal del caso, ampliar el plazo para adoptar la decisión de que se trata, por una vez y hasta por 45 días.

Transcurrido el plazo descrito en el inciso anterior, sin que el Servicio hubiere emitido su decisión o siendo ésta una decisión negativa en torno al ejercicio de la acción penal, el Fiscal que instruye la causa respectiva podrá solicitar a la Corte de Apelaciones competente el forzamiento del proceso criminal, siempre y cuando los hechos que se indagan puedan guardar relación con alguno de los delitos contemplados en el artículo 97 N°4.

Para estos efectos, el Fiscal acompañará a su solicitud los antecedentes que fundan y justifican su pretensión de dar inicio al proceso penal.

La Corte requerirá informe al Servicio y, en lo sucesivo, el procedimiento se tramita de conformidad con lo dispuesto en el art. 19 del Código Procesal Penal.

Revisados los antecedentes y habiendo constatado que existen motivos para sospechar que los hechos que han sido puestos en conocimiento del Servicio podrían importar la eventual comisión de alguno de los delitos que motivaron la presentación, la Corte autorizará la apertura del procedimiento penal, el que se tramitará en lo sucesivo conforme a las reglas del delito de acción penal pública.

En caso contrario, la Corte confirmará la decisión del Servicio y el Ministerio Público no podrá iniciar la investigación por delitos tributarios, sin perjuicio de proseguir con la indagación de otros delitos que se encuentren vinculados a las circunstancias que motivaron la iniciación del procedimiento reglado en los inicios anteriores.”

3)Para sustituir en su totalidad el artículo 4°, relativo al DFL de Hacienda N°213, sobre Ordenanza de Aduanas, de la siguiente manera:

“Artículo 189 bis: El Ministerio Público informará al Servicio Nacional de Aduanas, a la brevedad posible, los antecedentes de que tomare conocimiento con ocasión de las investigaciones de delitos comunes y que pudieren relacionarse con los delitos a que se refiere el artículo anterior.

El Servicio tendrá 90 días corridos desde la notificación a que hace referencia el inciso anterior para interponer querella o denuncia, cuando de los antecedentes que le han sido proporcionados aparezcan indicios que den cuenta de la eventual configuración de un delito de contrabando. El Servicio podrá, por medio de resolución fundada, debidamente comunicada al Fiscal requirente, ampliar el plazo para adoptar la decisión de que se trata, por una vez, y hasta por 45 días.

Transcurrido el plazo descrito en el inciso anterior, sin que el Servicio hubiere emitido su decisión o siendo ésta una decisión negativa en torno al ejercicio de la acción penal, el Fiscal que instruye la causa respectiva podrá solicitar a la Corte de Apelaciones competente el forzamiento del proceso criminal. Para estos efectos, el Fiscal acompañará a su solicitud los antecedentes que fundan y justifican su pretensión de dar inicio al proceso penal.

La Corte requerirá informe al Servicio y, en lo sucesivo, el procedimiento se tramita de conformidad con lo dispuesto en el art. 19 del Código Procesal Penal.

Revisados los antecedentes y habiendo constatado que existen motivos para sospechar que los hechos que han sido puestos en conocimiento del Servicio podrían importar la eventual comisión de alguno de los delitos que motivaron la presentación, la Corte autorizará la apertura del procedimiento penal, el que se tramitará en lo sucesivo conforme a las reglas del delito de acción penal pública.

En caso contrario, la Corte confirmará la decisión del Servicio y el Ministerio Público no podrá iniciar la investigación por delitos contrabando, sin perjuicio de proseguir con la indagación de los delitos comunes que se encuentren vinculados a las circunstancias que motivaron la iniciación del procedimiento reglado en los inicios anteriores.”

4)Para sustituir en su totalidad el artículo 178 relativo al DFL de Hacienda N°213, sobre Ordenanza de Aduanas, de la siguiente manera:

“Artículo 178: Las personas que resulten responsables de los delitos de contrabando serán castigadas con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo. Por su parte, quienes sean considerados como autores de fraude aduanero, serán sancionados con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio.”

Sesión N° 327 de 23 de marzo de 2021.

Artículo 51, continuación.

Art. 51. Modificaciones a la Ley 20.393. Introdúcese las siguientes modificaciones en la Ley 20.393, sobre responsabilidad penal de la persona jurídica:

Texto del proyecto de ley:

Numeral 4. Sustitúyese su artículo 4° por el siguiente:

“Artículo 4.° Modelo de prevención de delitos. Se entenderá que un modelo de prevención de delitos efectivamente implementado por la persona jurídica es adecuado para los efectos de eximirla de responsabilidad penal cuando, en la medida exigible a su tamaño, complejidad, recursos y a las actividades que desarrolle, considere seria y razonablemente los siguientes aspectos:

1º. identificación de las actividades de la persona jurídica que impliquen riesgo de conducta delictiva;

2º. establecimiento de protocolos y procedimientos para prevenir y detectar conductas delictivas en el contexto de las actividades a que se refiere el número anterior, los que deben considerar necesariamente canales seguros de denuncia;

3º. asignación de sujetos responsables por la aplicación de dichos protocolos, dotados de facultades efectivas de dirección y supervisión;

4.° previsión de evaluaciones periódicas y mecanismos de perfeccionamiento o actualización a partir de tales evaluaciones.”

- Indicación de la diputada Vallejo (presentada en la sesión anterior) del siguiente tenor:

Para incorporar en el art. 4 de la ley Nº 20.393, del art. 51 del proyecto:

1) Para sustituir el inciso primero por el siguiente:

“Artículo 4.° Modelo de prevención de delitos. Se entenderá que un modelo de prevención de delitos efectivamente implementado por la persona jurídica es adecuado cuando, en la medida exigible a su tamaño, complejidad, recursos y a las actividades que desarrolle, considere seria y razonablemente los siguientes aspectos:”

2) Para agregar en el numeral segundo un nuevo inciso segundo y tercero:

“La existencia de sanciones administrativas internas, en contra de las personas que incumplan el sistema de prevención de delitos.

Estas obligaciones, prohibiciones y sanciones internas deberán señalarse en los reglamentos que la persona jurídica dicte al efecto y deberán comunicarse a todos los trabajadores. Esta normativa interna deberá ser incorporada expresamente en los respectivos contratos de trabajo y de prestación de servicios de todos los trabajadores, empleados y prestadores de servicios de la persona jurídica, incluidos los máximos ejecutivos de la misma.”.

- Redacción presentada por los profesores (previo al comienzo de la sesión):

“4. Sustitúyese su artículo 4° por el siguiente:

“Artículo 4.° Modelo de prevención de delitos.

Se entenderá que un modelo de prevención de delitos efectivamente implementado por la persona jurídica es adecuado cuando, en la medida exigible a su giro, tamaño, complejidad, recursos y a las actividades que desarrolle, considere seria y razonablemente los siguientes aspectos:

1º.identificación de las actividades o procesos de la persona jurídica que impliquen riesgo de conducta delictiva;

2º.establecimiento de protocolos y procedimientos para prevenir y detectar conductas delictivas en el contexto de las actividades a que se refiere el número anterior, los que deben considerar necesariamente canales seguros de denuncia;

3º. asignación de uno o más sujetos responsables, con la adecuada independencia, por la aplicación de dichos protocolos, dotados de facultades efectivas de dirección y supervisión y acceso directo a la administración de la persona jurídica para informarla oportunamente de las medidas y planes implementados en el cumplimiento de su cometido, para rendir cuenta de su gestión y para requerir la adopción de medidas necesarias para su cometido que pudieran ir más allá de su competencia. La persona jurídica deberá proveer al o a los responsables de los recursos y medios materiales e inmateriales necesarios para realizar adecuadamente sus labores, en consideración al tamaño y capacidad económica de la persona jurídica;

4.° previsión de evaluaciones periódicas y mecanismos de perfeccionamiento o actualización a partir de tales evaluaciones, lo cual podrá ser certificado por terceros independientes, para efectos de mejora y actualización del modelo.

Los certificados podrán ser expedidos por empresas de auditoría externa, sociedades clasificadoras de riesgo u otras entidades registradas ante la Superintendencia de Valores y Seguros que puedan cumplir esta labor, de conformidad a la normativa que, para estos efectos, establezca el mencionado organismo fiscalizador.

Se entenderá que las personas naturales que participan en las actividades de certificación realizadas por las entidades señaladas en la letra anterior cumplen una función pública en los términos del artículo 260 del Código Penal.”.

El profesor Hernández explica la nueva propuesta de redacción. Al efecto, señala que luego de la discusión de la sesión pasada, los profesores comisionados entendieron que el parecer de la Comisión era omitir la referencia explícita del plan de prevención como “eximente de responsabilidad penal para las personas jurídicas”, lo que acogen sin inconvenientes.

Asimismo, se modificó el texto original del proyecto al tenor de la propuesta de la señora Vallejo en el sentido de incorporar en el numeral 3°, respecto de la asignación de uno o más sujetos responsables, la expresión “con la adecuada independencia”.

Junto con lo anterior, se agregaron dos incisos finales respondiendo a la importancia dada por algunos miembros de la Comisión a la posibilidad de certificar los modelos de cumplimiento. Precisa, de todas formas, que el parecer de los profesores es que la certificación debe ser un elemento más, sin darle mayor relevancia a su rol; en ese sentido, no concuerdan con disponer mayores exigencias a la certificación ya que ello le otorga una mayor valoración.

Asimismo, se equiparó la responsabilidad de quien interviene en esta certificación a la de los funcionarios públicos, según artículo 260 Código Penal.

Por último, efectúa una propuesta de redacción que armoniza la indicación de la diputada Vallejo con el texto por ellos propuesto.

La diputada Vallejo está de acuerdo con la sugerencia del profesor Hernández, texto que será recogido en una indicación sustitutiva, la que se consigna más adelante.

El diputado Fuenzalida destaca la propuesta de la indicación en el sentido de incorporar la obligación de denuncia sobre las certificadoras. Señala conocer el negocio de las certificadoras, y por tal motivo teme que la empresa que haga el plan de prevención sea la misma que realice la certificación. Por tal motivo sugiere que la empresa certificadora sea de “giro único”. Se deben separar ambas funciones para cumplir con el objetivo que busca la indicación.

Sobre el punto, el profesor señor Hernández insiste que para los profesores comisionados es importante destacar que el mercado de las certificaciones no ha sido un aporte y es de su parecer que ojalá este mercado desapareciera. El certificado genera una idea formal de prevención que no es defectuosa, sino más bien perniciosa para los efectos del proyecto en discusión. Recuerda que en la propuesta original ni siquiera se mencionaba la certificación porque dicho mercado produce una identidad de intereses entre la empresa que paga el plan con la que certifica dicho plan. En términos simples, no se le debe hacer caso a los certificados, sino ir más al fondo del plan. Si se exigen más requisitos dotará al certificado de mayor valor. Para ellos, solo debe ser un elemento del litigio a valorar por el juez. Declara su desacuerdo con que la empresa tenga una suerte de “as” formal que sería el certificado frente a la persecución penal.

El señor Leonardo Soto se inscribe en la mirada del profesor Hernández en el sentido que se está estableciendo una carta de impunidad para las empresas que cometen los delitos que se están regulando a través del proyecto. Agrega que esta solución por la que está optando la Comisión sería contraria a la corriente internacional sobre la materia y también a la experiencia nacional que ha mostrado hasta ahora baja condena respecto de las personas jurídicas. Cita el caso SOQUIMICH que participó en esquemas de defraudación para el financiamiento de campañas políticas. Sería el punto débil del proyecto tanto el contemplar la certificación del plan de prevención, como asimismo, se generaría una suerte de mercado de certificaciones que no ayudaría en nada a buscar la sanción de las empresas que cometen delitos.

El señor Fernández del Ministerio Público concuerda con el profesor Hernández y el señor Soto. Cita el caso Corpesca, en cuyo veredicto se ha anunciado que aun cuando la empresa contaba con plan de prevención, éste no eximió de responsabilidad penal a la empresa por los cohechos cometidos por el imputado principal. Sin perjuicio de lo anterior, sugiere los siguientes ajustes formales a la propuesta de los profesores: mención a “Superintendencia de Valores y Seguros” debiera ser a la “Comisión para el Mercado Financiero” (CMF) como asimismo, agregar no sólo la palabra “giro” que es una noción tributaria, sino también “objeto social”. Del mismo modo, comparte las observaciones del profesor sobre la indicación de la señora Vallejo.

El señor Hernández fiscal de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, declara su parecer con la nueva propuesta de los profesores y respecto de las certificaciones, menciona los informes de la OCDE que evalúan la normativa chilena a la luz de la Convención para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en donde se critica el rol de las certificaciones en nuestro ordenamiento y la falta de control que existe respecto de éstas. Se podría concluir al tenor de estos informes que la solución sería otorgar más control a la CMF sobre las certificaciones o bien eliminarlas derechamente para determinar la responsabilidad penal de personas jurídicas. Precisa que en el caso SQM efectivamente la empresa contaba con un plan de prevención, pero allí la opción de persecución penal de la Fiscalía no fue llegar a juicio oral, sino una suspensión condicional del procedimiento que califica como onerosa, ya que la empresa debió pagar en donaciones cuatro veces el valor de las multas fijadas en la ley de esa época. En definitiva, la certificación del modelo no fue relevante al momento de llegar a esa decisión (de no ir a juicio, sino llegar a suspensión condicional).

Añade que no existe un estándar único ni en la ley ni en la autoridad reguladora para los certificadores de plan de prevención, por lo tanto, su rol no es equiparable al de los contadores auditores que cuentan con normas generales de contabilidad para ejercer su función.

El señor Ilabaca pregunta al profesor Medina si los profesores estarían de acuerdo con acoger las observaciones del Ministerio Público, relativas a incorporar “objeto social” y la referencia a la “Comisión para el Mercado Financiero”.

El profesor Medina señala que la certificación es una cosa rara que no existe en derecho comparado en materia de responsabilidad penal de personas jurídicas y tampoco han tenido relevancia práctica en nuestro país. En tal sentido, regular estándares de valoración de las certificaciones es complejo. Recuerda que la propia Superintendencia se opuso en su momento a asumir el control de las certificaciones.

Desde su perspectiva, señala que debiera ser el Ministerio Público quien fije los estándares de evaluación de las certificaciones, tal como lo hacen instituciones análogas en derecho comparado.

Señala que la propuesta reduce el alcance de la certificación, aun cuando son partidarios de eliminarla ya que ello no afectaría en nada al modelo de imputación de personas jurídicas en nuestro país. Sobre las propuestas del Ministerio Público, están de acuerdo.

El señor Walker ratifica lo señalado por el señor Medina en el sentido que la propuesta nueva de los profesores no establece una eximente de responsabilidad penal. Manifiesta su acuerdo con eliminar las certificaciones tanto por una cuestión práctica como porque se estaría entregando atribuciones a un ente público, cuestión que no es materia de iniciativa parlamentaria.

Fruto del consenso, se presenta indicación sustitutiva de los (as) señores (as) Ilabaca, Jiles, Vallejo y Walker:

“Artículo 4.° Modelo de prevención de delitos. Se entenderá que un modelo de prevención de delitos efectivamente implementado por la persona jurídica es adecuado cuando, en la medida exigible a su objeto social, giro, tamaño, complejidad, recursos y a las actividades que desarrolle, considere seria y razonablemente los siguientes aspectos:

1º.identificación de las actividades o procesos de la persona jurídica que impliquen riesgo de conducta delictiva;

2º.establecimiento de protocolos y procedimientos para prevenir y detectar conductas delictivas en el contexto de las actividades a que se refiere el número anterior, los que deben considerar necesariamente canales seguros de denuncia; deben considerar también sanciones internas para el caso de incumplimiento.

Estos protocolos y procedimientos, incluyendo las sanciones internas deberán comunicarse a todos los trabajadores. Esta normativa interna deberá ser incorporada expresamente en los respectivos contratos de trabajo y de prestación de servicios de todos los trabajadores, empleados y prestadores de servicios de la persona jurídica, incluidos los máximos ejecutivos de la misma.

3º. asignación de uno o más sujetos responsables, con la adecuada independencia, por la aplicación de dichos protocolos, dotados de facultades efectivas de dirección y supervisión y acceso directo a la administración de la persona jurídica para informarla oportunamente de las medidas y planes implementados en el cumplimiento de su cometido, para rendir cuenta de su gestión y para requerir la adopción de medidas necesarias para su cometido que pudieran ir más allá de su competencia. La persona jurídica deberá proveer al o a los responsables de los recursos y medios materiales e inmateriales necesarios para realizar adecuadamente sus labores, en consideración al tamaño y capacidad económica de la persona jurídica;

4.° previsión de evaluaciones periódicas y mecanismos de perfeccionamiento o actualización a partir de tales evaluaciones para efectos de mejora y actualización del modelo.”.

Se acuerda someter a votación la indicación sustitutiva presentada (3 primeros numerales) y votar en forma separada el número 4°.

En votación la indicación sustitutiva presentada (3 primeros numerales) fue aprobada por mayoría de votos de los (las) diputados (as) señores (as) Marcos Ilabaca (Presidente de la Comisión); Gonzalo Fuenzalida; Pamela Jiles; Paulina Núñez; Camila Vallejo, y Matías Walker. Vota en contra el diputado señor Leonardo Soto. (6-1-0).

El señor Fuenzalida y señora Jiles presentan indicación para incorporar un nuevo número 4° del siguiente tenor:

“4.° previsión de evaluaciones periódicas y mecanismos de perfeccionamiento o actualización a partir de tales evaluaciones, lo cual podrá ser certificado por terceros independientes que tengan por objeto exclusivo la certificación de modelos de prevención, para efectos de mejora y actualización del modelo.”.

En votación el número 4°, contenido en la indicación sustitutiva, es rechazada por no reunir la mayoría para su aprobación. Votan a favor los diputados señores Marcos Ilabaca (Presidente de la Comisión); Leonardo Soto, y Matías Walker. Votan en contra los (as) diputados (as) señores (as) Gonzalo Fuenzalida, Pamela Jiles y Paulina Núñez. Se abstiene la señora Camila Vallejo. (3-3-1).

Puesta en votación la indicación del señor Fuenzalida y señora Jiles que agrega un número 4° es rechazada por no reunir la mayoría para su aprobación. Votan a favor los (as) diputados (as) señores (as) Gonzalo Fuenzalida, Pamela Jiles y Paulina Núñez. Votan en contra los señores Marcos Ilabaca (Presidente de la Comisión); Leonardo Soto, y Matías Walker. (3-3-0).

En consecuencia, se elimina el número 4° contenido en el Numeral 4 del artículo 51.

El señor Walker observa que lo que acaba de ocurrir no es bueno para los objetivos del proyecto ya que no se podría quedar sin norma en esta materia. Solicita que se someta nuevamente a votación la segunda propuesta.

El señor Ilabaca señala que existe norma en la materia y se opone a la reapertura del debate.

Artículo 51, Numeral 5

5. Sustitúyese su artículo 5° por el siguiente:

“Artículo 5° Autonomía de la responsabilidad penal de la persona jurídica. No obstará a la responsabilidad penal de una persona jurídica la falta de declaración de responsabilidad penal de la persona natural que hubiere perpetrado el hecho o intervenido en su perpetración, sea porque ésta no hubiere sido penalmente responsable*, sea porque tal responsabilidad se hubiere extinguido, sea porque no se hubiere podido continuar el procedimiento en su contra no obstante la punibilidad del hecho.

Asimismo, no obstará a la responsabilidad penal de la persona jurídica la falta de identificación de la o las personas naturales que hubieren perpetrado el hecho o intervenido en su perpetración, siempre que constare que el hecho no pudo sino haber sido perpetrado por o con la intervención de alguna de las personas y en las circunstancias señaladas en el artículo 3°.”

* se agregó más adelante “a pesar de la ilicitud del hecho,” en el inciso primero, a continuación de “sea porque ésta”.

El profesor señor Hernández expresa que esta norma emancipa la responsabilidad de la propia persona jurídica respecto de la responsabilidad penal de las personas naturales que intervinieron en el hecho. Se propone agregar la frase “a pesar de la ilicitud del hecho” ya que la norma fue recogida de los anteproyectos de Código Penal donde se diferencia con claridad entre la ilicitud del hecho y la responsabilidad de la persona que lo comete. De no agregar esa frase, advierte que seríamos el hazmerreír de la comunidad jurídica que en un caso donde no haya un hecho ilícito la persona jurídica sea responsable. Califica dicha acotación (“que el hecho sea ilícito”) para configurar la responsabilidad de la persona jurídica.

Recogiendo la propuesta de los profesores, el diputado Ilabaca (presidente) presenta indicación para incorporar entre las frases “sea porque esta,” y “no hubiere sido penalmente responsable” la frase “a pesar de la ilicitud del hecho,”.

El señor Leonardo Soto pregunta sobre el caso SQM la razón por la cual el Ministerio Público no persiguió la responsabilidad penal de la empresa a pesar de estar establecida la ilicitud del hecho.

El profesor Hernández señala que según lo explicado más arriba por el Ministerio Público se llegó a una salida alternativa por una cuestión estratégica el obtener el pago de cuatro veces de lo que la ley permitía en esa época. Explica que aun cuando se den todas las condiciones para la responsabilidad penal, el ente persecutor puede tomar otra vía.

El señor Hernández del Ministerio Público aclara que dicha alternativa estaba contemplada en la ley Nº 20.393 previo a la ley Nº 21.121 cuyo objetivo era más preventivo. Por lo anterior, dada una cuestión estratégica se optó porque la empresa responsable fue de más de cuatro millones de dólares en comparación con las multas que se podían establecer en esa época, considerablemente inferior a esa suma.

Puesto en votación el numeral 5 con la indicación del señor Ilabaca (“a pesar de la ilicitud del hecho”) es aprobado por la unanimidad de los integrantes presentes de la Comisión, diputados (as) señores (as) Marcos Ilabaca (Presidente de la Comisión); Gonzalo Fuenzalida; Pamela Jiles; Paulina Núñez; Leonardo Soto, y Matías Walker. (6-0-0).

Artículo 51, Numeral 6

Texto del proyecto de ley (boletín N° 13.205-07), que Sistematiza Delitos Económicos:

6. Reemplázase en su artículo 6° el numeral 3) por el siguiente:

“3) La adopción de medidas eficaces para prevenir la reiteración de la misma clase de delitos, antes del cierre de la investigación.”

Texto del proyecto de ley 13.204-07, del diputado Schilling y otros, refundido:

- En el artículo 6º, para sustituir el numeral 3) por el siguiente:

“3) La adopción por parte de la persona jurídica, antes de la formalización de la investigación, de medidas eficaces para prevenir la reiteración de la misma clase de delitos objeto de la investigación. Se entenderá por medidas eficaces la autonomía debidamente acreditada del encargado de prevención de delitos, así como también, de las medidas de prevención y supervisión implementadas que sean idóneas en relación a la situación, tamaño, giro, nivel de ingresos y complejidad de la estructura organizacional de la persona jurídica.”.

El señor Aldunate señala que las distintas propuestas varían en los parámetros temporales para hacer valer la atenuante, antes del cierre de la investigación o de la formalización, respectivamente. Concuerda con la segunda hipótesis.

El profesor Hernández explica que efectivamente hay una diferencia entre ambas propuestas, pero ambas tienen por objeto terminar con la generosidad que la legislación actual da a la atenuante, limitándola temporalmente. Para los profesores el momento sería el cierre de la investigación ya que éste podría ser muy intempestivo para tomar medidas. Cita el caso en que se descubre una actividad delictiva oculta también para los directivos de la empresa y habiendo personas naturales respecto de los cuales sea oportuno solicitar medidas cautelares el Ministerio Público deberá formalizar. En dicha instancia también podría formalizar a la persona jurídica. Por lo tanto, la propuesta del señor Schilling dejaría a la empresa sin la opción de adoptar las modificaciones conductuales que llevaron a la comisión del delito y evitar que éstas se repitan. En definitiva, en muchos casos, por la naturaleza del hecho, no habría incentivo para morigerar el impacto del hecho o establecer caminos de mejoría interna. Sobre la exigencia de que éstas medidas sean eficaces es suficiente sin tener que enumerar requisitos para considerarlas como tal lo que complicaría la aplicación de la norma.

El señor Hernán Fernández del Ministerio Público, expresa su parecer con la propuesta de los profesores.

Puesto en votación el numeral 6 del artículo 51 (boletín Nº 13.205-07) es rechazado por no alcanzar la mayoría para su aprobación. Votan a favor los diputados señores Gonzalo Fuenzalida y Matías Walker. Votan en contra los diputados señores Marcos Ilabaca (Presidente de la Comisión) y Leonardo Soto. (2-2-0).

El señor Soto sugiere dejar pendiente esta norma para traer una propuesta conjunta que recoja elementos de ambas indicaciones.

- Así se acuerda.

El numeral 6 del artículo 51 queda pendiente.

Sesión N° 344 de 27 de abril de 2021.

Artículo 51, continuación.

Art. 51. Modificaciones a la Ley 20.393. Introdúcese las siguientes modificaciones en la Ley 20.393, sobre responsabilidad penal de la persona jurídica:

Artículo 51, numeral 6, continuación.

Se deja constancia que el texto del proyecto de ley 13.205-07 se había rechazado en la sesión anterior.

Se somete a votación el texto del proyecto de ley 13.204-07, del diputado Schilling y otros, refundido:

- 2) En el artículo 6º, para sustituir el numeral 3) por el siguiente:

“3) La adopción por parte de la persona jurídica, antes de la formalización de la investigación, de medidas eficaces para prevenir la reiteración de la misma clase de delitos objeto de la investigación. Se entenderá por medidas eficaces la autonomía debidamente acreditada del encargado de prevención de delitos, así como también, de las medidas de prevención y supervisión implementadas que sean idóneas en relación a la situación, tamaño, giro, nivel de ingresos y complejidad de la estructura organizacional de la persona jurídica.”.

El profesor José Pedro Silva apunta que la diferencia entre ambas propuestas radica en el momento que se considera para la adopción de medidas eficaces destinadas prevenir la reiteración de la misma clase de delitos: la propuesta de los profesores señalaba que debía ser “antes del cierre de la investigación” y la de la moción 13.204-07 es “antes de la formalización”, secundada por el profesor Aldunate. De todas formas, expresa su conformidad con la propuesta del boletín 13.204-07.

En votación el número 2) del artículo primero del proyecto de ley 13.204-07 (relativo a sustituir en el artículo 6º de la ley 20.393 su numeral 3), es aprobado por mayoría de los presentes. Votan a favor los (as) señores (as) Marcos Ilabaca (Presidente de la Comisión); Camila Flores; Pamela Jiles; Camila Vallejo, y Matías Walker. Vota en contra el señor René Saffirio. (5-1-0).

Artículo 51, numeral 7

Texto del proyecto de ley 13.205-07:

7. Sustitúyese su artículo 7° por el siguiente:

“Artículo 7.° Circunstancias agravantes. Constituyen circunstancias agravantes de la responsabilidad penal de la persona jurídica:

1.° la de haber sido condenada dentro de los diez años anteriores contados desde la perpetración del hecho;

2.° las que afectaren a la persona natural que hubiere perpetrado o intervenido en el hecho, cuando la perpetración del hecho o su intervención en él bajo esas circunstancias también se hubiere visto favorecida o facilitada por la falta de implementación efectiva de un modelo adecuado de prevención de delitos.”

Texto del proyecto de ley 13.204-07, refundido:

“3) Modifíquese el artículo 7º en el siguiente sentido:

a) Para sustituir en el inciso primero la frase “Circunstancia agravante” por “Circunstancias agravantes”

b) Para incorporar el siguiente inciso segundo:

“Es también, circunstancia agravante la utilización instrumental de la persona jurídica para la comisión de los delitos previstos en el artículo 1º de la presente ley. Se entenderá que se cumple este supuesto si la actividad legal es irrelevante frente a las conductas ilícitas de la organización.”.”.

El profesor Gonzalo Medina expresa que la idea del catálogo de circunstancias agravantes es extender la reincidencia de persona jurídica de 5 años a 10 años, agravando el estatuto de responsabilidad.

Respecto de la segunda hipótesis, recuerda que se aprobó un nuevo catálogo de circunstancias agravantes en el contexto de los delitos económicos (sujeto ejerciera posición de poder, hubiera coacción a los subordinados, entre otras), por ello, si quien interviene en el delito tiene una posición jerárquica superior en la empresa (directores, gerentes generales, gerentes de finanzas otro alto cargo en la empresa), mayor es la responsabilidad de la persona jurídica misma.

Discrepa de la propuesta del boletín 13.204-07 porque la normativa vigente contempla que en el caso de que la empresa sea una mera “fachada” se aplica el estatuto de las organizaciones y asociaciones ilícitas.

Incorporar este aspecto como una agravante confundiría. En otras palabras, hay que distinguir entre la agravante para empresas que cometen delito de las asociaciones ilícitas o criminales que tienen su propio estatuto.

El profesor Enrique Aldunate expresa su inquietud frente a la figura de la reincidencia en relación con el ne bis in ídem, y con el déficit estructural de la asociación ilícita; sin embargo, coincide con la importancia de evitar problemas de interpretación, y estima razonable la propuesta de los profesores.

Sometido a votación el numeral 7 del artículo 51 es aprobado por la unanimidad de los presentes, señores (as) Marcos Ilabaca (Presidente de la Comisión); Pamela Jiles; Paulina Núñez; René Saffirio; Camila Vallejo, y Matías Walker. (6-0-0).

En votación el numeral 3) del artículo primero del proyecto de ley 13.204-07 es rechazado por la unanimidad de los presentes, señores (as) Marcos Ilabaca (Presidente de la Comisión); Pamela Jiles; Paulina Núñez; René Saffirio; Camila Vallejo, y Matías Walker. (0-6-0).

Artículo 51, numeral 8

Texto del proyecto de ley 13.205-07:

8. Sustitúyese su artículo 8° por el siguiente:

“Artículo 8.° Penas. Serán aplicables a la persona jurídica una o más de las siguientes penas:

1.° la extinción de la persona jurídica;

2.° la inhabilitación para contratar con el Estado;

3.° la pérdida de beneficios fiscales y prohibición de recibirlos;

4.° la supervisión de la persona jurídica;

5°. la multa;

6º. la publicación de un extracto de la sentencia condenatoria.”

Texto del proyecto de ley 13.204-07, refundido:

4) Incorporase el siguiente numeral 6) en el inciso primero del artículo 8º:

“6) Nombramiento de un Interventor judicial por el tiempo que se estime necesario, que no podrá exceder de cinco años.

La intervención podrá afectar a la totalidad de la organización o limitarse a alguna de sus instalaciones, secciones o unidades de negocio. El Juez o Tribunal, en la sentencia o, posteriormente, mediante resolución fundada, determinará exactamente el contenido de la intervención y determinará quién se hará cargo de aquella y en qué plazos deberá realizar informes de seguimiento y las rendiciones que correspondan para el Tribunal.”.

El profesor Héctor Hernández manifiesta que la diferencia principal con el texto vigente es la incorporación de la pena o medida adoptada durante el procedimiento de “supervisión de la persona jurídica”; en lo demás, son ajustes de detalles.

Conforme al artículo 11 bis que propone la iniciativa, la supervisión de la persona jurídica consiste en su sujeción a un supervisor nombrado por el tribunal, encargado de colaborar con la dirección de la persona jurídica en la elaboración, implementación o mejoramiento de un sistema adecuado de prevención de delitos y de controlar dicha elaboración, implementación o mejoramiento por un plazo mínimo de seis meses y máximo de dos años.

El supervisor tendrá facultades para impartir instrucciones obligatorias e imponer condiciones de funcionamiento exclusivamente en lo que concierna al sistema de prevención de delitos, sin que pueda inmiscuirse en otras dimensiones de la organización o actividad de la persona jurídica. Destaca que la supervisión no es excesivamente intrusiva: no sustituye a la dirección de la empresa u órganos societarios ni afecta el derecho de organización de la empresa.

Sobre el nombre, expresa que está tomado deliberadamente para llamar la atención de que no es una figura que venga a reemplazar la administración, no es una “intervención” o podría considerarse una “intervención muy precisa”.

El diputado Saffirio expresa que existe una diferencia sustantiva entre el “interventor” y el “supervisor”. Cuestiona el rol y función específica de la figura del “supervisor”, dirigida únicamente a la “elaboración, implementación o mejoramiento de un sistema adecuado de prevención de delitos y su control”; sin embargo, la figura del “interventor”, quien siendo designado por el tribunal, sustituye la gestión de la empresa reemplazando órganos de administración por un período de tiempo.

Asimismo, expresa sus aprensiones respecto de la coexistencia entre supervisor y los órganos administradores.

Se inclina por la intervención.

El profesor Enrique Aldunate manifiesta que la propuesta del boletín 13.204-07, del diputado Schilling y otros, tiene una referencia que, por razones históricas, se entendía que era la más adecuada conforme al Derecho chileno. El interventor judicial existe en la legislación procesal civil a propósito de las medidas precautorias.

En derecho comparado, la legislación española también contempla esta pena en el artículo 33, bajo el título de “intervención judicial”.

La figura del interventor, a diferencia del supervisor propuesto, tiene una capacidad un poco más intensa, con mayores herramientas, pudiendo tener acceso a mayor información.

El profesor Héctor Hernández distingue entre la denominación y el contenido de la figura que se propone.

Aclara que se ha propuesto utilizar una expresión distinta, particularmente, porque “intervención” tiene otras connotaciones que van más allá del ámbito de la regulación procesal, una cierta connotación política que se ha buscado evitar. Se puede evaluar otros nombres.

En la cuestión de fondo, sobre el contenido de la supervisión es necesario remitir al artículo 11 bis que se propone en el proyecto de ley, particularmente, sus dos últimos incisos, a los que da lectura:

“La persona jurídica estará obligada a poner a disposición del supervisor toda la información necesaria para su desempeño.

El supervisor tendrá facultades para impartir instrucciones obligatorias e imponer condiciones de funcionamiento exclusivamente en lo que concierna al sistema de prevención de delitos, sin que pueda inmiscuirse en otras dimensiones de la organización o actividad de la persona jurídica. Para los efectos de sus deberes y responsabilidad se considerará que el supervisor tiene la calidad de empleado público. Su remuneración será fijada por el tribunal de acuerdo con criterios de mercado y será de cargo de la persona jurídica.”

Complementa que hay disposiciones posteriores que remiten a un reglamento en cuanto a criterios de nombramiento y designación.

Precisa que no es una figura exclusivamente decorativa; el objetivo es que la empresa deje de ser foco de potencial actividad delictiva, asegurar y garantizar que se van a tomar todas las medidas para que, efectivamente, se prevenga la comisión de delitos, y no se pretende (ni se justifica) que tome el control ni la administración de la misma. Expresa su disposición para analizar otras facultades que se quiera incorporar.

El diputado Ilabaca coincide con la importancia de establecer alguna medida que permita la intervención o supervisión -más allá de la denominación- respecto a personas jurídicas delictuales. Propone avanzar en el catálogo de penas y, posteriormente, analizar su contenido (facultades), el que podría complementarse entre ambas figuras.

Sometido a votación el numeral 8 del artículo 51 es aprobado por la unanimidad de los presentes, señores (as) Marcos Ilabaca (Presidente de la Comisión); Pamela Jiles; Paulina Núñez; René Saffirio; Leonardo Soto; Camila Vallejo, y Matías Walker. (7-0-0).

En consecuencia, el diputado Ilabaca (presidente) propone declarar incompatible con lo ya aprobado la figura de la “intervención judicial” (texto del boletín 13.204-07), sin perjuicio de discutir más adelante las facultades de la supervisión y complementarlas con las del interventor, tal como se ha desprendido de lo manifestado por los profesores.

El diputado Saffirio reclama del procedimiento, manifestando que tiene la intención de votar favorablemente lo relativo a la intervención judicial; expresa no compartir la explicación ofrecida por el presidente.

Ante lo cual, el diputado Ilabaca (presidente) decide poner en votación el texto de la propuesta del boletín 13.204-07, que incorpora un numeral 6) en el inciso primero del artículo 8º, relativo al nombramiento de un Interventor judicial.

Sometido a votación el numeral 4) del artículo primero del proyecto de ley 13.204-07 es aprobado por mayoría de votos. Votan a favor los (as) señores (as) Paulina Núñez; René Saffirio, y Leonardo Soto. Votan en contra el señor Marcos Ilabaca (Presidente de la Comisión) y la señora Pamela Jiles. (3-2-0).

Artículo 51, numeral 9

9. Sustitúyese su artículo 9° por el siguiente:

“Artículo 9.° Extinción de la persona jurídica. Por la pena de extinción de la persona jurídica se dispone la pérdida definitiva de la personalidad jurídica. Para su imposición el tribunal tendrá especialmente en cuenta el peligro de reiteración delictiva que representare el funcionamiento de la persona jurídica.

Esta pena sólo se podrá imponer tratándose de crímenes, si concurriere la circunstancia agravante establecida en el número 1º del artículo 7° o en caso de reiteración delictiva.

La pena de extinción de la persona jurídica no se aplicará a las empresas públicas creadas por ley ni a las personas jurídicas que prestaren un servicio de utilidad pública cuya interrupción pudiere causar graves consecuencias sociales y económicas o daños serios a la comunidad o fuere perjudicial para el Estado.”

El profesor Héctor Hernández expresa que esta disposición es, básicamente, una reproducción del Derecho vigente, con la modificación de las agravantes se produce un pequeño ajuste técnico.

Hace presente las limitaciones existentes en materia de empresas públicas creadas por ley o de las personas jurídicas que prestaren un servicio de utilidad pública cuya interrupción pudiere causar graves consecuencias sociales y económicas o daños serios a la comunidad o fuere perjudicial para el Estado.

El diputado Saffirio pregunta si entre las empresas mencionadas en el inciso tercero se encuentran las empresas sanitarias, de distribución eléctrica, a modo de ejemplo.

Respondiendo la consulta, el profesor Hernández manifiesta que sí y precisa que lo que la norma prevé es asegurar, caso a caso, la continuidad del suministro de bienes esenciales.

Sometido a votación el numeral 9 del artículo 51 es aprobado por la unanimidad de los presentes, señores (as) Marcos Ilabaca (Presidente de la Comisión); Gonzalo Fuenzalida; Pamela Jiles; Paulina Núñez; René Saffirio, y Leonardo Soto. (6-0-0).

Artículo 51, numeral 10

10. Sustitúyese su artículo 10 por el siguiente:

“Art. 10. Inhabilitación para contratar con el Estado. El tribunal podrá imponer a la persona jurídica la inhabilitación para contratar con el Estado, conforme a las reglas del párrafo 5 del Título II de la Ley de delitos económicos.

La inhabilitación perpetua para contratar con el Estado solo podrá ser impuesta respecto de crímenes, si concurriere la circunstancia agravante prevista en el número 1º del artículo 7° o en caso de reiteración delictiva.”

El profesor Héctor Hernández expresa esta norma reproduce, en lo fundamental, la idea regulativa del artículo 10 vigente.

Precisa que se habla de “inhabilitación” porque esta misma iniciativa legal (que sistematiza los delitos económicos) contempla en los artículos 30 y siguientes una regulación exhaustiva en materia de inhabilitación, por ello, se efectúa una remisión directa para todos los aspectos de detalle al párrafo 5 del Título II de la ley de delitos económicos.

La inhabilitación perpetua está prevista para las hipótesis más graves crímenes, reincidencia o reiteración delictiva.

El diputado Saffirio pregunta si el proyecto de ley contemplaría una pena para la inhabilitación “más atenuada” que la de la normativa vigente, al no incorporar el inciso final del actual artículo 10.

El profesor Héctor Hernández aclara que estas normas deben leerse conjuntamente con las del párrafo 5 del Título II de la ley de delitos económicos, artículos 33 y 34. Junto con ello, la norma precisa la hipótesis de inhabilitación perpetua y sus requisitos. A su juicio, no sería una norma menos severa que la del Derecho vigente.

Luego de una revisión, señala no encontrar en el proyecto de ley la norma que replicaba y actualizaba lo relativo a la ejecución de la inhabilitación para contratar con el Estado, inciso final del actual artículo 10.

El diputado Ilabaca coincide con la inquietud planteada, por ello, propone la siguiente indicación complementaria:

- Indicación complementaria del diputado Ilabaca para incorporar el siguiente art. 17 bis propuesto en el art. 51 que modifica la ley Nº 20.393, pasando el actual 17 bis a ser art. 17 ter y así sucesivamente:

“Art. 17 bis.- Ejecución de la inhabilitación para contratar con el Estado. La inhabilitación para contratar con el Estado regirá a contar de la fecha en que la resolución se encuentre ejecutoriada. El tribunal comunicará tal circunstancia a la Dirección de Compras y Contratación Pública. Dicha Dirección mantendrá un registro actualizado de las personas jurídicas a las que se les haya impuesto esta pena.”.

El numeral 10 del artículo 51, y la indicación complementaria del diputado Ilabaca para incorporar nuevo art. 17 bis al art. 51, quedan pendientes.

Artículo 51, numeral 11

11. Sustitúyese su artículo 11 por el siguiente:

“Artículo 11. Pérdida de beneficios fiscales y prohibición de recibirlos. Por la pena de pérdida de beneficios fiscales se impone la pérdida de todos los subsidios, créditos fiscales u otros beneficios otorgados por el Estado sin prestación recíproca de bienes o servicios y, en especial, los subsidios para financiamiento de actividades específicas o programas especiales y gastos inherentes o asociados a la realización de éstos, sea que tales recursos se asignen a través de fondos concursables o en virtud de leyes permanentes o subsidios, subvenciones en áreas especiales o contraprestaciones establecidas en estatutos especiales y otras de similar naturaleza, así como la prohibición de recibir tales beneficios por un período de 1 a 5 años.

Si la persona jurídica no recibiere tales beneficios fiscales al tiempo de la condena, se le impondrá la prohibición de recibirlos, por el mismo período.”

El profesor Héctor Hernández expresa que la norma trata -en los términos del Derecho vigente- lo relativo a la pérdida de beneficios fiscales y prohibición de recibirlos. La norma de ejecución de esta disposición se encuentra en el artículo 17 bis, numeral 20 del artículo 51, en la que se reproduce el mecanismo que actualmente existe para controlar este tipo de medidas.

El diputado Saffirio consulta si hubiera habido una intención de morigerar la pena al disponer que se impone la pérdida de todos los subsidios, créditos fiscales u otros beneficios otorgados por el Estado así como la prohibición de recibir tales beneficios por un período de 1 a 5 años.

Sobre el punto, el profesor Hernández observa que no hay tal intención -al contrario, con un efecto agravatorio indudable- primó un propósito de simplificar la norma, y darle al tribunal la posibilidad de resolver con mayor libertad.

Se acuerda discutir y votar conjuntamente esta norma con el numeral 20 del artículo 51.

Artículo 51, numeral 20

20. Introdúcese el siguiente nuevo artículo 17 bis:

“Artículo 17 bis. Ejecución de la pérdida de beneficios fiscales y de la prohibición de recibirlos. Una vez ejecutoriada la sentencia que impusiere la pena de pérdida de beneficios fiscales y la prohibición de recibirlos, el tribunal lo comunicará a la Secretaría y Administración General del Ministerio de Hacienda y a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior, con el fin de que sea consignada en los registros centrales de colaboradores del Estado y Municipalidades que la ley les encomienda administrar.”.

Sometido a votación el numeral 11 del artículo 51, conjuntamente con el numeral 20 del mismo, es aprobado por la unanimidad de los presentes, señores (as) Marcos Ilabaca (Presidente de la Comisión); Gonzalo Fuenzalida; Pamela Jiles; René Saffirio; Leonardo Soto; Camila Vallejo, y Matías Walker. (7-0-0).

Artículo 51, numeral 12

Texto del proyecto de ley 13.205-07:

12. Introdúcese el siguiente nuevo artículo 11 bis:

“Artículo 11 bis. Supervisión de la persona jurídica. El tribunal podrá imponer a la persona jurídica la supervisión si debido a la inexistencia o grave insuficiencia de un sistema efectivo de prevención de delitos ello resultare necesario para prevenir la perpetración de nuevos delitos en su seno.

La supervisión de la persona jurídica consiste en su sujeción a un supervisor nombrado por el tribunal, encargado de colaborar con la dirección de la persona jurídica en la elaboración, implementación o mejoramiento de un sistema adecuado de prevención de delitos y de controlar dicha elaboración, implementación o mejoramiento por un plazo mínimo de seis meses y máximo de dos años.

La persona jurídica estará obligada a poner a disposición del supervisor toda la información necesaria para su desempeño.

El supervisor tendrá facultades para impartir instrucciones obligatorias e imponer condiciones de funcionamiento exclusivamente en lo que concierna al sistema de prevención de delitos, sin que pueda inmiscuirse en otras dimensiones de la organización o actividad de la persona jurídica. Para los efectos de sus deberes y responsabilidad se considerará que el supervisor tiene la calidad de empleado público. Su remuneración será fijada por el tribunal de acuerdo con criterios de mercado y será de cargo de la persona jurídica.”.

Los profesores presentan propuesta sustitutiva del numeral 12) original del proyecto, cual es la siguiente:

12. Introdúcese el siguiente nuevo artículo 11 bis:

“Artículo 11 bis. Supervisión de la persona jurídica. El tribunal podrá imponer a la persona jurídica la supervisión si debido a la inexistencia o grave insuficiencia de un sistema efectivo de prevención de delitos ello resultare necesario para prevenir la perpetración de nuevos delitos en su seno.

La supervisión de la persona jurídica consiste en su sujeción a un supervisor nombrado por el tribunal, encargado de colaborar con la dirección de la persona jurídica en la elaboración, implementación o mejoramiento de un sistema adecuado de prevención de delitos y de controlar dicha elaboración, implementación o mejoramiento por un plazo mínimo de seis meses y máximo de dos años. Para la designación del supervisor el tribunal oirá a los intervinientes.

La persona jurídica estará obligada a poner a disposición del supervisor toda la información necesaria para su desempeño.

El supervisor tendrá facultades para impartir instrucciones obligatorias e imponer condiciones de funcionamiento exclusivamente en lo que concierna al sistema de prevención de delitos, sin que pueda inmiscuirse en otras dimensiones de la organización o actividad de la persona jurídica. Para los efectos de sus deberes y responsabilidad se considerará que el supervisor tiene la calidad de empleado público. Su remuneración será fijada por el tribunal de acuerdo con criterios de mercado y será de cargo de la persona jurídica.”.

Se dispone analizarla conjuntamente con el texto del proyecto de ley 13.204-07, refundido:

6) Incorpórese el siguiente artículo 12 bis nuevo:

“Art. 12 bis.- Interventor judicial. La intervención procederá en casos de delitos que produzcan grave daño social y económico y podrá afectar a la totalidad de la organización o limitarse a alguna de sus instalaciones, secciones o unidades de negocio. El interventor tendrá derecho a acceder a todas las instalaciones y locales de la empresa o persona jurídica y a recibir toda la información que estime necesaria para el ejercicio de sus funciones. El Juez o Tribunal, según sea el caso, mediante resolución fundada, determinará exactamente el contenido de la intervención y determinará quién se hará cargo de la misma y en qué plazos deberá realizar informes de seguimiento para el Juez o Tribunal.”.

El diputado Ilabaca (presidente) señala que corresponde analizar ambas medidas incorporadas en las penas: la regulación de la supervisión de la persona jurídica y lo relativo al interventor judicial.

El profesor Medina manifiesta que la regulación de la medida de “supervisión de la persona jurídica”, en el caso de la propuesta de los profesores, es una supervisión amplia, no para ciertos delitos particularmente graves, sino para el catálogo general de los delitos contemplados en la ley de Delitos Económicos.

Apunta que se impone el deber de la persona jurídica de colaborar con la persona designada, y una duración de la supervisión entre 6 meses a 2 años. El trabajo está enmarcado esencialmente en un modelo de prevención de delito adecuado y eficaz, conforme al artículo 4 nuevo aprobado, para lo cual tiene facultades de dictar instrucciones, ordenar los cambios operacionales necesarios en lo que concierna al sistema de prevención de delitos, entre otros.

La designación es de carácter judicial, y en la que el tribunal oirá a los intervinientes (tanto el Ministerio Público como las víctimas o querellantes).

Para los efectos de sus deberes y responsabilidad se considerará que el supervisor tiene la calidad de empleado público, por lo que estará bajo el estatuto de probidad al cual están sometidos los funcionarios públicos, garantizando un estándar bastante alto exigible en el desempeño del supervisor.

Aclarando posibles confusiones de terminología, señala que el término más estandarizado en la legislación comparada es el de “monitor corporativo”.

El profesor Hernández complementa que es valioso para esta discusión tener presente el artículo 17 ter propuesto en este proyecto de ley, que da cuenta de que es una sanción bastante drástica, no es meramente decorativa ni una “visita de cortesía” a la persona jurídica. Ambas disposiciones se deben analizar conjuntamente.

Enfatiza que no hay nada de lo propuesto en el texto del boletín 13204-07 en esta materia que no esté contenido en el proyecto de ley, con una diferencia fundamental: la propuesta profesoral es muy clara en decir para qué está la supervisión (para asegurarse que la empresa no sea un foco de delitos); en cambio, la propuesta del diputado Schilling y otros (boletín 13.204-07) dice que se va a intervenir la empresa, pero no se dice para qué; el juez fijará las funciones pero sin un criterio orientador desde la ley. Esto genera un problema porque la pena y sus alcances deben estar suficientemente establecidos en la ley.

El subdirector de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, señor Hernán Fernández, valora la importancia de que los intervinientes sean oídos en la designación del supervisor de la persona jurídica. De todas formas, cree que –por técnica legislativa- correspondería hacer esa mención en el artículo 17 ter.

El diputado Saffirio pregunta cómo conversa la figura del interventor aprobada con la de la supervisión del artículo 11 bis.

El diputado Ilabaca (presidente) comparte la inquietud pues ambas figuras han sido aprobadas como penas; cómo compatibilizar las funciones de cada uno.

El profesor Aldunate expresa que la propuesta de los profesores en el artículo 11 bis se hace cargo de dos cuestiones que fueron observadas inicialmente: el acceso del supervisor a información relevante y la facultad de impartir instrucciones obligatorias en el seno de la organización.

Asimismo, destaca la regla de ejecución propuesta en el artículo 17 ter que dispone, con precisión, la orientación que debe tener el juez en caso de aplicar esta sanción. De este modo, se despeja el aparente cuestionamiento existente en las funciones del supervisor.

El diputado Saffirio discrepa de lo señalado, por cuanto la regla de ejecución está concebida para un supervisor que tiene facultades limitadas a “la elaboración, implementación o mejoramiento de un sistema adecuado de prevención de delitos y de controlar dicha elaboración, implementación o mejoramiento”, pero cuando se habla de un interventor, este tiene facultades amplísimas (de dirección, de conducción ejecutiva, actuar en nombre de…). Las medidas de ejecución no pueden ser las mismas.

El profesor Hernández expresa que no tiene ningún sentido establecer dos instituciones que cumplen similar función; una ley en esos términos sería ininteligible. La Comisión debiera decantarse por una de las dos regulaciones. Al efecto, insiste en que si el sentido de esta ley gira, en forma tan marcada, en que las empresas no sean foco delictivo, parece que la medida de supervisión (más allá del nombre) sería la adecuada, porque señala para qué está; es decir, se va a introducir un agente externo a la empresa que va a tomar decisiones, va tener poder pero para algo, para algo que tenga sentido para el conjunto de la ley, una correcta y efectiva prevención de delitos. No le parece que sea justificable que ingrese un ente externo a la empresa para dirigirla sin orientación legal.

El diputado Ilabaca coincide con lo señalado y sostiene que no se puede seguir adelante con ambas figuras.

El diputado Saffirio comparte que no se pueden establecer ambas figuras en forma simultánea. Manifiesta que como se aprobó la figura del interventor se debiera trabajar en las normas relacionadas a la ejecución para que sean coherentes con lo ya aprobado.

El diputado Ilabaca aclara que está aprobada la pena del nombramiento del interventor judicial, pero no el contenido de la figura. Explora la posibilidad de que sea aplicable las normas de los artículos 11 bis y 17 ter al interventor.

El profesor Hernández manifiesta que el problema se suscita porque también está aprobada la medida de la supervisión de la persona jurídica. El estropicio ya se produjo, habría que buscar el mecanismo de resolver reglamentariamente esa situación. De todas formas, observa que en caso de subsistir ambas medidas habría que darle sustento normativo solo a una de ellas, para una adecuada aplicación práctica.

El diputado Saffirio concuerda que se debe definir una institución. Está disponible para dar la unanimidad para reabrir el debate en la medida en que el supervisor mantenga las facultades señaladas en el proyecto y que, además, se deje abierta la posibilidad de que el juez pueda determinarle otras funciones más allá de los mecanismos de prevención, entre ellas, facultades de dirección, las típicas de un interventor.

El diputado Ilabaca (presidente) propone que los profesores puedan redactar una norma más amplia, que reúna las facultades del interventor con las del supervisor, y se reabre la discusión de las penas para eliminar la figura del interventor, en la próxima sesión.

El profesor Hernández expresa que el encargo tiene un problema práctico ya que el interventor no tiene asignadas atribuciones, no tiene un contenido dado. Pregunta qué otras funciones, aparte de la prevención delictiva, se quiere incorporar.

El profesor Medina insiste en los términos del artículo 17 ter que podrían resolver las inquietudes planteadas, pues el supervisor puede dar instrucciones obligatorias, las que pueden ser reclamadas judicialmente. En caso de incumplimiento injustificado de las instrucciones obligatorias o de las condiciones impuestas por el supervisor el tribunal podrá imponer, a solicitud del supervisor y oyendo a la persona jurídica, la retención y prohibición de celebrar actos y contratos sobre bienes o activos de ésta hasta que cese el incumplimiento, a título de apremio.

En casos de incumplimiento grave o reiterado el tribunal podrá, a solicitud del supervisor y oyendo a la persona jurídica, ordenar el reemplazo de sus órganos directivos y, en caso de no realizarse el reemplazo o de persistir el incumplimiento, la designación de un administrador provisional hasta que se verifique un cambio de circunstancias o hasta el cumplimiento íntegro de la supervisión.

En complemento a lo señalado, el profesor José Pedro Silva expresa que la principal referencia que se puede encontrar en la legislación respecto al interventor judicial es el artículo 294 del Código de Procedimiento Civil. Da lectura al inciso primero: “Las facultades del interventor judicial se limitarán a llevar cuenta de las entradas y gastos de los bienes sujetos a intervención, pudiendo para el desempeño de este cargo imponerse de los libros, papeles y operaciones del demandado.”. Es decir, tiene menos facultades que las que se atribuyen al supervisor en este proyecto.

El diputado Ilabaca dispone dejar pendiente la discusión para buscar una solución intermedia, que permita de forma orgánica y sistemática, resolver el punto en discusión (en relación con la vinculación del artículo 11 bis y 17 ter).

El numeral 12 del artículo 51, y el texto del boletín 13.204-07 (que incorpora un artículo 12 bis nuevo) quedan pendientes.

Sesión N° 348 de 4 de mayo de 2021.

Artículo 51, continuación.

Art. 51. Modificaciones a la Ley 20.393. Introdúcese las siguientes modificaciones en la Ley 20.393, sobre responsabilidad penal de la persona jurídica,

Numeral 12, pendiente

Texto del proyecto de ley 13.205-07:

12. Introdúcese el siguiente nuevo artículo 11 bis:

“Artículo 11 bis. Supervisión de la persona jurídica. El tribunal podrá imponer a la persona jurídica la supervisión si debido a la inexistencia o grave insuficiencia de un sistema efectivo de prevención de delitos ello resultare necesario para prevenir la perpetración de nuevos delitos en su seno.

La supervisión de la persona jurídica consiste en su sujeción a un supervisor nombrado por el tribunal, encargado de colaborar con la dirección de la persona jurídica en la elaboración, implementación o mejoramiento de un sistema adecuado de prevención de delitos y de controlar dicha elaboración, implementación o mejoramiento por un plazo mínimo de seis meses y máximo de dos años. Para la designación del supervisor el tribunal oirá a los intervinientes.

La persona jurídica estará obligada a poner a disposición del supervisor toda la información necesaria para su desempeño.

El supervisor tendrá facultades para impartir instrucciones obligatorias e imponer condiciones de funcionamiento exclusivamente en lo que concierna al sistema de prevención de delitos, sin que pueda inmiscuirse en otras dimensiones de la organización o actividad de la persona jurídica. Para los efectos de sus deberes y responsabilidad se considerará que el supervisor tiene la calidad de empleado público. Su remuneración será fijada por el tribunal de acuerdo con criterios de mercado y será de cargo de la persona jurídica.”

Proyecto de ley 13.204-07, refundido:

6) Incorpórese el siguiente artículo 12 bis nuevo:

“Art. 12 bis.- Interventor judicial. La intervención procederá en casos de delitos que produzcan grave daño social y económico y podrá afectar a la totalidad de la organización o limitarse a alguna de sus instalaciones, secciones o unidades de negocio. El interventor tendrá derecho a acceder a todas las instalaciones y locales de la empresa o persona jurídica y a recibir toda la información que estime necesaria para el ejercicio de sus funciones. El Juez o Tribunal, según sea el caso, mediante resolución fundada, determinará exactamente el contenido de la intervención y determinará quién se hará cargo de la misma y en qué plazos deberá realizar informes de seguimiento para el Juez o Tribunal.”.

El profesor Medina recuerda que en la última sesión se solicitó una nueva propuesta a los profesores comisionados que recogiera las inquietudes surgidas durante el debate en relación con la supervisión de la persona jurídica que fuese compatible con la propuesta contenida en el boletín N°13.204 del señor Schilling. La propuesta consiste en proponer dos nuevos artículos, como a continuación se indica:

- Respecto del artículo 51 N° 12 del boletín N°13.205-07 (artículo 11 bis) los profesores han presentado la siguiente propuesta sustitutiva, que es suscrita como indicación por el diputado Matías Walker y por la diputada Pamela Jiles.

“Artículo 11 bis. Supervisión de la persona jurídica. El tribunal podrá imponer a la persona jurídica la supervisión si debido a la inexistencia o grave insuficiencia de un sistema efectivo de prevención de delitos ello resultare necesario para prevenir la perpetración de nuevos delitos en su seno.

La supervisión de la persona jurídica consiste en su sujeción a un supervisor nombrado por el tribunal, encargado de asegurar que la persona jurídica elabore, implemente o mejore efectivamente un sistema adecuado de prevención de delitos y de controlar dicha elaboración, implementación o mejoramiento por un plazo mínimo de seis meses y máximo de dos años.

La persona jurídica estará obligada a poner a disposición del supervisor toda la información necesaria para su desempeño.

El supervisor tendrá facultades para impartir instrucciones obligatorias e imponer condiciones de funcionamiento exclusivamente en lo que concierna al sistema de prevención de delitos, sin que pueda inmiscuirse en otras dimensiones de la organización o actividad de la persona jurídica, además tendrá derecho a acceder a todas las instalaciones y locales pertenecientes a la persona jurídica.

Para los efectos de sus deberes y responsabilidad se considerará que el supervisor tiene la calidad de empleado público. Su remuneración será fijada por el tribunal de acuerdo con criterios de mercado y será de cargo de la persona jurídica.”

(Tener presente respecto al último inciso que la Comisión aprobó propuesta del diputado Saffirio más adelante, redacta el último párrafo de la siguiente manera: “Su remuneración será fijada por el tribunal de acuerdo con criterios de mercado, será de cargo de la persona jurídica y sólo rendirá cuentas a éste de su cometido.”.)

Artículo 51 N° 21

Respecto del artículo 51 N° 21 (art. 17 ter) que complemente al numeral 12 propuesto por el boletín 13.205 -7 proponen sustituirla por el siguiente texto que es suscrita como indicación por el diputado Matías Walker y por la diputada Pamela Jiles:

“Artículo 17 ter. Ejecución de la supervisión de la persona jurídica. Ejecutoriada la sentencia condenatoria que impusiere la supervisión de la persona jurídica por un período determinado, el tribunal competente para la supervisión de la ejecución de la pena designará a un supervisor y le dará instrucciones sobre el objeto preciso de su cometido, sus facultades y los límites de ellos, de lo cual será notificada la persona jurídica. Con este fin se citará a audiencia especial al efecto, en que deberán ser oídos todos los intervinientes.

Las instrucciones obligatorias y las condiciones impuestas por el supervisor podrán ser reclamadas judicialmente.

En caso de incumplimiento injustificado de las instrucciones obligatorias o de las condiciones impuestas por el supervisor el tribunal podrá imponer, a solicitud del supervisor y oyendo a la persona jurídica, la retención y prohibición de celebrar actos y contratos sobre bienes o activos de ésta hasta que cese el incumplimiento, a título de apremio.

En casos de incumplimiento grave o reiterado el tribunal podrá, a solicitud del supervisor y oyendo a la persona jurídica, ordenar el reemplazo de sus órganos directivos y, en caso de no realizarse el reemplazo o de persistir el incumplimiento, la designación de un administrador provisional hasta que se verifique un cambio de circunstancias o hasta el cumplimiento íntegro de la supervisión.

Un reglamento establecerá los requisitos que habiliten para ejercer como supervisor, el procedimiento para su designación y reemplazo y para la determinación de su remuneración. Los requisitos para ejercer como supervisor deberán garantizar calificación y experiencia profesional pertinente y ausencia de factores que pudieran dar lugar a conflictos de interés en el ejercicio del cargo.”

El profesor Medina explica que estas nuevas propuestas tienen por objeto reconocer dentro de sus facultades el objetivo de su misión al interior de la empresa, esto es, velar porque la empresa elabore, implemente y mejore su plan de prevención de delitos (nuevo artículo 11 bis propuesto). De este modo, se deja en claro que éste supervisor no tiene facultades generales de administración sino que sólo facultades orientadas a evitar que la empresa objeto de supervisión no sea una fuente probable de delitos. Concordante con lo anterior, se reconoce a este supervisor la facultad de acceder a todas las instalaciones de la persona jurídica.

Respecto del nuevo texto del artículo 17 ter (al boletín 13.204-07) se incorpora una audiencia especial una vez ejecutoriada la sentencia condenatoria que impone la supervisión de la empresa.

El señor Saffirio se declara satisfecho con la propuesta de los profesores pero sólo responderá de su cometido ante el juez. Propone la siguiente indicación:

Para sustituir la frase final del artículo 11 bis propuesto por la siguiente:

“Su remuneración será fijada por el tribunal de acuerdo con criterios de mercado, será de cargo de la persona jurídica y sólo rendirá cuentas a éste de su cometido.”

El señor Soto pregunta cuál es la calidad jurídica del supervisor de la empresa.

El señor Medina explica que la calidad de funcionario público que se le reconoce en el texto propuesto público es para reforzar el estatuto de responsabilidad penal de las personas jurídicas, reconociendo un estatuto más severo de responsabilidad respecto de la persona del supervisor.

Dada la conformidad de los integrantes de la Comisión con las propuestas más arriba expuesta, respecto al artículo 11 bis y artículo 17 ter, son reglamentariamente presentadas como Indicación del señor Walker y de la señora Jiles, con la observación propuesta por el señor Saffirio y se procede a su votación.

Puesta en votación la indicación de los señores (as) Walker y Jiles, con la observación del señor Saffirio al artículo 11 bis, conjuntamente con el numeral 21 del artículo 51 (artículo 17 ter) se aprueba por unanimidad de los (as) integrantes presentes señores (as) Matías Walker (presidente accidental), Juan Antonio Coloma, Gonzalo Fuenzalida, Pamela Jiles, Miguel Mellado por la señora Núñez y René Saffirio. (6-0-0)

Reapertura del debate

Dado que previamente la Comisión había aprobado las penas aplicables a las personas jurídicas (Artículo 51 N° 8) y que incorporó la propuesta del boletín N°13.204-07, del señor Schilling, referida del nombramiento de interventor judicial y que no es concordante con la indicación al numeral 10 descrita anteriormente, se procede, por la unanimidad de los integrantes presentes, a la reapertura del debate.

El texto que se somete a votación es el siguiente:

- Boletín N°13.204-07

4) Incorporase el siguiente numeral 6) en el inciso primero del artículo 8º:

“6) Nombramiento de un Interventor judicial por el tiempo que se estime necesario, que no podrá exceder de cinco años.

La intervención podrá afectar a la totalidad de la organización o limitarse a alguna de sus instalaciones, secciones o unidades de negocio. El Juez o Tribunal, en la sentencia o, posteriormente, mediante resolución fundada, determinará exactamente el contenido de la intervención y determinará quién se hará cargo de aquella y en qué plazos deberá realizar informes de seguimiento y las rendiciones que correspondan para el Tribunal.”.

Puesta en votación el numeral señalado, es rechazado por unanimidad de los (as) integrantes presentes de la Comisión señores (as) Matías Walker (presidente accidental), Juan Antonio Coloma, Luciano Cruz-Coke, Gonzalo Fuenzalida, Pamela Jiles, Miguel Mellado por la señora Paulina Núñez y René Saffirio.

Numeral 10, pendiente

10. Sustitúyese su artículo 10 por el siguiente:

“Art. 10. Inhabilitación para contratar con el Estado. El tribunal podrá imponer a la persona jurídica la inhabilitación para contratar con el Estado, conforme a las reglas del párrafo 5 del Título II de la Ley de delitos económicos.

La inhabilitación perpetua para contratar con el Estado solo podrá ser impuesta respecto de crímenes, si concurriere la circunstancia agravante prevista en el número 1º del artículo 7° o en caso de reiteración delictiva.”

- Indicación complementaria del artículo 51 N° 10 (artículo 10) del diputado Ilabaca para incorporar el siguiente art. 17 quinquies, nuevo:

“Art. 17 quinquies.- Ejecución de la inhabilitación para contratar con el Estado. La inhabilitación para contratar con el Estado regirá a contar de la fecha en que la resolución se encuentre ejecutoriada. El tribunal comunicará tal circunstancia a la Dirección de Compras y Contratación Pública. Dicha Dirección mantendrá un registro actualizado de las personas jurídicas a las que se les haya impuesto esta pena.”.

El señor Saffirio presenta la siguiente indicación complementaria, al numeral 10 del artículo 51 que sustituye el artículo 10 de la ley:

Para incorporar en el artículo 10 entre las palabras “Estado” y “conforme” la frase “por sí o por interpósita persona”

El señor Aldunate repara que la inhabilitación es una pena aplicable a la persona jurídica condenada en virtud de dicha normativa. En tal sentido, la propuesta del señor Saffirio sería difícil de aplicar.

El señor Cruz-Coke comparte dicha observación.

Puesta en votación la indicación del señor Saffirio es rechazada por no reunir la mayoría reglamentaria. Votaron a favor los señores René Saffirio y Matías Walker. Votaron en contra Miguel Mellado por la señora Núñez y se abstuvieron los señores Luciano Cruz-Coke y Gonzalo Fuenzalida.

Puesto en votación el numeral 10 del artículo 51 del proyecto de ley es aprobada por la unanimidad de los (as) integrantes de la Comisión señores (as) Matías Walker (presidente accidental), Luciano Cruz-Coke, Gonzalo Fuenzalida, Miguel Mellado por la señora Núñez, René Saffirio y Leonardo Soto. (6-0-0).

Puesta en votación la indicación del señor Ilabaca que incorpora un nuevo artículo 17 quinquies es aprobado por la unanimidad de los (as) integrantes presentes de la Comisión, señores (as) Matías Walker (presidente accidental), Juan Antonio Coloma, Luciano Cruz-Coke, Gonzalo Fuenzalida, Miguel Mellado por la señora Núñez, René Saffirio y Leonardo Soto.(7-0-0)

Numeral 13

Boletín N°12.305-07

13. Sustitúyese el artículo 12 por el siguiente:

“Artículo 12. Multa. A menos que la ley disponga otra cosa, la multa se determinará mediante la multiplicación de un número de días-multa por el valor que el tribunal fijare para cada día-multa en la forma prevista en el párrafo 4 de la Ley de delitos económicos, cuyo producto se expresará en una suma de dinero fijada en moneda de curso legal.

El valor del día-multa no podrá ser inferior a 5 ni superior a 5.000 Unidades Tributarias Mensuales.

La pena mínima de multa es de 2 días-multa; la máxima, de 400 días-multa.

Cada pena de multa que impusiere el tribunal será determinada por éste en el número de días-multa que comprenda y su valor. Ni aun en caso de ser aplicables los artículos 74 del Código penal o 351 del Código procesal penal podrán imponerse una o más penas de multa que en conjunto excedan de 600 días-multa.

Con todo, en los casos en que la ley así lo disponga, cuando el comiso de ganancias no pudiere imponerse a la persona jurídica porque fueron sido distribuidas entre sus socios, accionistas o beneficiarios que no tuvieron conocimiento de su procedencia ilícita al momento de su adquisición, el tribunal determinará el valor total de la multa a imponer hasta por una suma equivalente al treinta por ciento de las ventas de la persona jurídica correspondientes a la línea de productos o servicios asociada al hecho durante el período en el cual éste se hubiere perpetrado o hasta el doble de las ganancias obtenidas a través del hecho, siempre que dicho valor total fuere superior al monto máximo de la multa que correspondiere imponer conforme a los incisos precedentes.

No obstará a la imposición de la pena de multa la circunstancia de que el hecho diere lugar a una o más multas no constitutivas de pena conforme a otras leyes. Con todo, el monto de la pena de multa pagada será abonado a la multa no constitutiva de pena que se imponga a la persona jurídica por el mismo hecho. Si la persona jurídica hubiere pagado una multa no constitutiva de pena como consecuencia del mismo hecho, el monto pagado será abonado a la pena de multa impuesta de conformidad con esta ley.”

El profesor Medina señala que la nueva norma del artículo 12 de la ley vigente regula el sistema de multa en la misma forma que para las personas naturales, con la diferencia que, en caso de las personas jurídicas las multas son más altas.

La señora Lusic abogada de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, sugiere que la norma en estudio contemple una solución en caso de ser aplicables las penas de multas de la ley de la ley N° 21.121 (“sobre corrupción y otros delitos, crea nuevos tipos penales y amplía la responsabilidad penal de las personas jurídicas”). Explica que normativa citada aumentó considerablemente las penas de multas para las personas jurídicas, por lo que eventualmente, si concurren las penas que se proponen en este proyecto y las de la precitada ley, se apliquen las de éstas últimas en el evento que sean más gravosas.

El señor Medina señala que hubo reuniones con el Ministerio Público sobre este punto y se les solicitó una redacción para incluirla en la propuesta profesoral, pero esta nunca llegó. No obstante lo anterior, renueva la disposición de los profesores para recibir una propuesta al respecto.

El señor Walker pregunta al señor Medina si visualiza un concurso en la aplicación de penas multas, en los términos señalados por la señora Lusic.

El señor Medina señala que las normas que propone el presente proyecto privativas de libertad y en base a las cuales se calcula la multa (día multa) tiene un máximo superior a la ley N°21.121 por lo que el supuesto que repara la Fiscalía es de difícil procedencia práctica.

Puesto en votación el numeral 13 del artículo 51 es aprobado por la unanimidad de los integrantes de la Comisión señores (as) Marcos Ilabaca (presidente) Luciano Cruz-Coke, Miguel Mellado por la señora Núñez, René Saffirio, Leonardo Soto y Matías Walker. (6-0-0).

Numeral 14

14. Sustitúyese su artículo 13 por el siguiente:

“Artículo 13. Publicación de un extracto de la sentencia condenatoria. Siempre que se condene a una persona jurídica se impondrá la pena consistente en la publicación de un extracto que contenga una síntesis de la sentencia, que reproduzca sus fundamentos principales y la decisión de condena en el Diario Oficial y en otro diario de circulación nacional, a costa de la persona jurídica condenada.”

Puesta en votación el numeral 14 es aprobado por la unanimidad de los integrantes presentes de la Comisión señores Marcos Ilabaca (presidente) Luciano Cruz-Coke, Miguel Mellado por la señora Núñez, René Saffirio, Leonardo Soto y Matías Walker. (6-0-0)

Numeral 15

15. Sustitúyese su artículo 14 por el siguiente:

“Artículo 14. Penas de crimen y de simple delito. Tratándose de un crimen se podrá imponer a la persona jurídica responsable una o más de las siguientes penas:

1.° la extinción de la persona jurídica en los casos previstos en el inciso segundo del artículo 9°;

2.° la pérdida de beneficios fiscales y la prohibición de recibirlos por un período no inferior a 3 años;

3.° la multa por un mínimo de 200 días-multa.

Tratándose de un simple delito se podrá imponer a la persona jurídica responsable una o más de las siguientes penas:

1º. la pérdida de beneficios fiscales y la prohibición de recibirlos por un período de hasta 3 años;

2.° la multa por un máximo de 200 días-multa.

Tanto respecto de crímenes como de simples delitos se podrá imponer, además, las penas de supervisión de la persona jurídica y de inhabilitación para contratar con el Estado.

En todo caso se impondrá la publicación de un extracto de la sentencia condenatoria.”

El señor Medina explica que tiene por objeto sistematizar el catálogo de penas ya aprobado, manteniendo el esquema que contempla la ley actual, esto es, distinguir entre crímenes y simple delitos. En uno y otro caso, se puede aplicar la multa y la inhabilitación de la persona jurídica para contratar con el Estado, ambos puntos ya aprobados por la Comisión.

El señor Soto presenta la siguiente indicación:

Para agregar al inciso segundo del artículo 14 propuesto, después del punto seguido (.) que pasa a ser una coma (,) la siguiente frase final: “en los términos señalados en el artículo 10 precedente.”

Puesto en votación el numeral 15 en conjunto con la indicación del señor Soto ya transcrita, son aprobados por la unanimidad de los integrantes presentes, señores Marcos Ilabaca (presidente), Luciano Cruz-Coke, Miguel Mellado por la señora Núñez, René Saffirio, Leonardo Soto y Matías Walker. (6-0-0)

Numeral 16

16. Sustitúyese su artículo 15 por el siguiente:

“Artículo 15. Determinación del número y naturaleza de las penas. El tribunal impondrá siempre la pena de multa.

Adicionalmente podrá imponer cualquier otra pena que fuere procedente conforme al artículo precedente, para lo cual el tribunal atenderá a los siguientes factores:

1º. la existencia o inexistencia de un modelo de prevención de delitos que no fuere suficiente para eximir de responsabilidad a la persona jurídica y su mayor o menor grado de implementación;

2º. el grado de sujeción y cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria y de las reglas técnicas de obligatoria observancia en el ejercicio de su giro o actividad habitual;

3º. los montos de dinero involucrados en la perpetración del delito;

4º. el tamaño, la naturaleza y el giro de la persona jurídica;

5º. la extensión del mal causado por el delito;

6º. la gravedad de las consecuencias sociales y económicas que pudiere causar a la comunidad la imposición de la pena cuando se tratare de empresas que presten un servicio de utilidad pública;

7.° las circunstancias atenuantes o agravantes aplicables a la persona jurídica previstas en esta ley que concurrieren en el delito.”

El señor Medina expresa que se debe hacer un cambio, “que no fuere suficiente para eximir de responsabilidad a la persona jurídica” en el número 1° de la norma, eliminándose la frase “que no fuere suficiente para eximir de responsabilidad a la persona jurídica” ya que no es coherente con lo ya aprobado. Agrega que fue precisamente a solicitud de la Comisión, eliminar la posibilidad de exención de responsabilidad penal en razón del plan de prevención.

Por otra parte, aclara que la numeración de las circunstancias no constituye una jerarquización entre éstas al momento de ser consideradas por el juez.

Puesto en votación el numeral 16 con excepción de la frase “que no fuere suficiente para eximir de responsabilidad a la persona jurídica” es aprobada por la unanimidad de los integrantes de la Comisión señores, Marcos Ilabaca (presidente) Luciano Cruz-Coke, Miguel Mellado por la señora Núñez, René Saffirio y Matías Walker. (5-0-0)

Numeral 17

17. Sustitúyese su artículo 16 por el siguiente:

“Artículo 16. Determinación de la extensión de las penas concretas. La extensión de las penas distintas de la extinción de la persona jurídica será determinada en el punto medio de su extensión, a menos que, sobre la base de los factores mencionados en el inciso segundo del artículo anterior, correspondiere imponer dentro de ese marco una pena de otra extensión.

Para la determinación de la pena de multa se estará, además, a lo dispuesto en el artículo 12 de esta ley.”

El señor Medina señala que esta norma responde a una praxis judicial arraigada en orden a aplicar los grados mínimos de las penas asignadas al delito. Por lo anterior, proponen que en la determinación de la extensión de penas, se parta de su punto medio.

Puesto en votación el numeral 17 es aprobado por la unanimidad de los integrantes presentes señores Marcos Ilabaca (presidente) Luciano Cruz-Coke, Miguel Mellado por la señora Núñez, René Saffirio y Matías Walker. (5-0-0)

Numerales 18 y 19

18. Introdúcese en el Título II, a continuación del 16, el siguiente nuevo apartado:

“2 bis.- Ejecución de las penas”

19. Sustitúyese su artículo 17 por el siguiente:

“Artículo 17. Ejecución de la extinción de la persona jurídica. La sentencia que declare la extinción de la personalidad jurídica designará a una persona encargada de su liquidación, quien deberá realizar los actos o contratos necesarios para:

1º. concluir toda actividad de la persona jurídica, salvo aquellas que sean indispensables para el éxito de la liquidación;

2º. pagar los pasivos de la persona jurídica, incluidos los derivados de la perpetración del hecho. Los plazos de todas esas deudas se entenderán caducados de pleno derecho, haciéndolas inmediatamente exigibles y su pago se realizará con estricto respeto de las preferencias y de la prelación de créditos establecida por la ley;

3º. repartir los bienes remanentes entre los accionistas, socios, dueños o propietarios a prorrata de sus respectivas participaciones, sin perjuicio de su derecho para perseguir de los responsables del delito el resarcimiento de los perjuicios sufridos por la persona jurídica a consecuencia de este, en conformidad con las leyes aplicables en cada caso.

Excepcionalmente, cuando así lo aconseje el interés social el tribunal podrá, mediante resolución fundada, ordenar la enajenación de todo o parte del activo de la persona jurídica disuelta como un conjunto o unidad económica, en subasta pública y al mejor postor, la que deberá efectuarse ante el propio tribunal.”

Puestos en votación los numerales 18 y 19 del artículo 51 son aprobados por la unanimidad de los integrantes presentes de la Comisión, señores Marcos Ilabaca (presidente), Luciano Cruz-Coke, Gonzalo Fuenzalida, Miguel Mellado, René Saffirio, y Matías Walker. (6-0-0).

Sesión N° 353 de 25 de mayo de 2021.

Artículo 51, continuación.

Art. 51. Modificaciones a la Ley 20.393. Introdúcese las siguientes modificaciones en la Ley 20.393, sobre responsabilidad penal de la persona jurídica

Primeramente, se aclara que el numeral 21 del artículo 51 (que introduce un artículo 17 ter, relativo a la supervisión de la supervisión de la persona jurídica), fue sustituido por una nueva redacción, la cual fue aprobada, conjuntamente, con la nueva redacción del numeral 12 del artículo 51, durante la sesión anterior.

Numeral 22

22. Introdúcese el siguiente nuevo artículo 17 quáter nuevo:

“Artículo 17 quáter. Ejecución de la multa. La multa será ejecutada conforme a las reglas generales previstas por el Código penal.

Excepcionalmente, cuando su pago inmediato pudiere poner en riesgo la continuidad del giro de la persona jurídica condenada o cuando así lo aconsejare el interés social, el tribunal podrá autorizar que el pago de la multa se efectúe por parcialidades, dentro de un límite que no exceda de veinticuatro meses.”

El profesor señor Héctor Hernández expresa toda la regulación sustantiva en materia de multas para las personas jurídicas se encuentra en el nuevo artículo 12, que ya fue aprobado. Este numeral contiene una norma residual por cuanto se aplicarán los artículos 60 y 70 del Código Penal en todo lo no regulado en esta ley.

Hace presente que -a diferencia del artículo 70 del Código Penal- el pago por parcialidades tiene carácter excepcional, cuando lo aconseja el interés social o cuando su pago inmediato pudiere poner en riesgo la continuidad del giro de la persona jurídica condenada.

El diputado Saffirio pide si se pudiera ejemplificar las hipótesis mencionadas.

El profesor señor Hernández manifiesta que son situaciones en las que hubiera falta de liquidez o que por el pago de la multa de una sola vez se afecte el funcionamiento empresarial desproporcionalmente, se impida su funcionamiento o genere el incumplimiento de sus obligaciones, todos elementos que deberán ser expuestos ante el tribunal y serán autorizados por el juez, en forma excepcional, y en situaciones fundadas. La multa tiene que implicar una sanción “dolorosa” para la persona jurídica, pero no es un propósito que colapsen o vean afectadas su continuidad por el pago de estas.

La diputada Cariola expresa su inquietud respecto a que el tribunal podrá autorizar el pago de la multa dentro de un límite que no exceda de veinticuatro meses, en circunstancias que el plazo dispuesto en régimen general no supera los doce meses.

El diputado Ilabaca (Presidente) precisa que se ha cambiado el sistema de multas, con una sanción mucho más gravosa, a través de días-multa, comiso de ganancias, entre otras figuras.

Sometido a votación el numeral 22 del artículo 51 es aprobado por la unanimidad de los (as) diputados (as) señores (as) Marcos Ilabaca (Presidente de la Comisión); Luciano Cruz-Coke; Gonzalo Fuenzalida; Diego Ibáñez; Pamela Jiles; René Saffirio; Leonardo Soto; Karol Cariola (por la señora Camila Vallejo), y Miguel Ángel Calisto (por el señor Matías Walker). (9-0-0).

La diputada Cariola vota a favor reiterando su inquietud respecto del plazo dispuesto para el pago de la multa.

Numeral 23

23. Sustitúyese su artículo 18 por el siguiente:

“Artículo 18. Ejecución de la pena y las consecuencias adicionales en caso de disolución o transformación de la persona jurídica. En caso de transformación, fusión, absorción, división o disolución voluntaria de la persona jurídica responsable, sea antes o después de la condena, las penas y consecuencias adicionales se harán efectivas de acuerdo con las reglas siguientes:

1º. si se impusiere comiso y éste recayere en una especie se ejecutará contra la persona jurídica resultante que la tuviere o, en caso de disolución de común acuerdo, contra el socio o partícipe en el capital que la tuviere tratándose de la disolución de una persona jurídica con fines de lucro, o contra la persona que conforme a los estatutos de la persona jurídica o a la ley la hubiere recibido tratándose de la disolución de una persona jurídica sin fines de lucro. Si el comiso recayere en cantidades de dinero se ejecutará del modo previsto para la ejecución de la multa, de acuerdo con el número siguiente;

2º. si se impusiere la pena de multa, la persona jurídica resultante responderá de su pago. Si hubiere dos o más personas jurídicas resultantes todas ellas serán solidariamente responsables. En los casos de disolución de común acuerdo de una persona jurídica con fines de lucro, la multa se hará efectiva sobre los socios y partícipes en el capital, quienes responderán solidariamente. Tratándose de personas jurídicas sin fines de lucro, la multa se hará efectiva sobre las personas que hayan recibido las propiedades de aquéllas conforme a sus estatutos o a la ley, quienes responderán solidariamente;

3º. si se tratare de cualquier otra pena, el tribunal decidirá si ella habrá o no de hacerse efectiva sobre las personas naturales o jurídicas a que se refieren los dos números anteriores, atendiendo a las finalidades que en cada caso se persiguieren, así como a la mayor o menor continuidad sustancial de los medios materiales y humanos de la persona jurídica inicial en la o las personas jurídicas resultantes y a la actividad desarrollada. Si por aplicación de esta regla dejare de imponerse o ejecutarse una pena, el tribunal aplicará en vez de ella una pena de multa, aun cuando ya se hubiere impuesto otra multa. En tal caso, se podrán superar hasta en un quinto los respectivos límites máximos previstos en el artículo 12.

Solo se podrá limitar el efecto de la imposición de la solidaridad reduciendo el valor a pagar respecto de la persona natural que demostrare que el pago en ese régimen le ocasionará un perjuicio desproporcionado. Con todo, el valor a pagar no podrá ser nunca inferior al valor de la cuota de liquidación que se le hubiere asignado o de los bienes que hubiere recibido en virtud de la disolución.

Todo lo anterior será sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.

Las reglas de este artículo serán también aplicables en caso de transferencia de bienes o activos de la persona jurídica responsable, antes o después de la condena, siempre que la transferencia abarque la mayor parte de los bienes o activos de ésta y que exista continuidad sustancial de los medios materiales y humanos y de la actividad de la persona jurídica responsable en el o los adquirentes, de modo que pueda presumirse una fusión, absorción o división encubiertas.”

El profesor señor Héctor Hernández expresa que la propuesta amplía el ámbito de aplicación de la norma vigente para evitar lagunas o vacíos.

Se busca evitar que se eluda la responsabilidad de la persona jurídica a través de la transformación, fusión, absorción, división o disolución voluntaria de la persona jurídica responsable. En términos sencillos, la responsabilidad penal “se mantiene”, “se transmite” a aquello que sigue a la persona jurídica, con independencia de que estos cambios se produzcan antes o después de la dictación de la sentencia.

Regula el caso de que se impusiere comiso, y éste recayere en una especie, se perseguirá en manos de quién esté; si el comiso recayere en cantidades de dinero, se ejecutará del modo previsto para las multas.

En caso de imposición de la pena de multa, serán solidariamente responsables las personas jurídicas resultantes o los socios y partícipes en el capital (en caso de disolución).

Enfatiza que solo se podrá limitar el efecto de la solidaridad reduciendo el valor a pagar respecto de la persona natural que demostrare que el pago en ese régimen le ocasionará un perjuicio desproporcionado en consideración a las altas multas que se disponen, las que podrán ascender hasta 15.500 millones de pesos, multas sin parangón en el derecho vigente.

Destaca dos innovaciones respecto de la normativa vigente:

Por una parte, el inciso final evita el “vaciamiento” de la persona jurídica por medio de la transferencia de bienes o activos de la persona jurídica responsable, una “fusión encubierta”.

Por otra, el artículo 18 bis (que se incorpora en el numeral siguiente) dispone que en caso de transferencia de bienes o activos de la persona jurídica responsable, podrá responder el adquirente, hasta el límite del valor de lo adquirido, y siempre que hubiere podido prever la condena de la persona jurídica responsable al momento de la adquisición.

En síntesis, se mantiene la norma vigente, pero con algunos detalles que permiten “blindarla”, cerrando las posibles lagunas, ha quedado en buena medida “anti elusión”.

Sometido a votación el numeral 23 del artículo 51 es aprobado por la unanimidad de los (as) diputados (as) señores (as) Marcos Ilabaca (Presidente de la Comisión); Juan Antonio Coloma; Luciano Cruz-Coke; Gonzalo Fuenzalida; Diego Ibáñez; Pamela Jiles; René Saffirio; Leonardo Soto; Karol Cariola (por la señora Camila Vallejo), y Miguel Ángel Calisto (por el señor Matías Walker). (10-0-0).

Numeral 24

24. Introdúcese el siguiente nuevo artículo 18 bis:

“Artículo 18 bis. Ejecución de la pena en caso de transferencia de bienes o activos de la persona jurídica. En caso de transferencia de bienes o activos de la persona jurídica responsable, sea antes o después de la condena, el comiso de cantidades y la multa podrán hacerse efectivos contra el adquirente si los bienes de aquélla no fueren suficientes, hasta el límite del valor de lo adquirido y siempre que el adquirente hubiere podido prever la condena de la persona jurídica responsable al momento de la adquisición.”

El profesor señor Héctor Hernández enfatiza que este numeral es un complemento del anterior. Explica que la hipótesis se produce cuando la persona jurídica responsable dispuso de bienes o activos; los bienes o activos de la persona jurídica no son suficientes para satisfacer la responsabilidad penal (pago de la multa, comiso de ganancias) y siempre que el adquirente hubiere podido prever la condena de la persona jurídica responsable al momento de la adquisición.

El “haber podido prever” se refiere al desarrollo de actividades de “debida diligencia” en la adquisición de bienes o activos, due dilligence (que se realizan habitualmente en el mundo societario) tal como se efectúa un estudio de títulos antes de la compra de un bien inmueble. Son estudios que permiten conocer si aquello que se está adquiriendo no viene “cargado” con una posible responsabilidad. Realizado el due dilligence (cuyos estándares se irán fijando en la práctica como ocurre en otros países del mundo) el adquirente no tiene responsabilidad, pero cuando hay razones objetivas, que permiten prever que la persona jurídica se está deshaciendo de su capital, de su inventario, porque “amenaza” su responsabilidad penal, en tal caso el adquirente tendrán que asumir parte de las sanciones.

Expresa que si bien es una innovación en el derecho vigente, existe práctica y discusión jurisprudencial en otros países (Estados Unidos).

El diputado Leonardo Soto pregunta si no sería conveniente distinguir, más bien, entre un adquirente de “buena o mala fe”, tal como en las acciones de revocación de actos del Código Civil. Además, expresa su inquietud frente a que la exigencia (de previsión) al adquirente sea incluso “antes de la condena” de la persona jurídica responsable, al momento de la investigación.

Por su parte, el diputado Ilabaca (Presidente) manifiesta que comparte la idea de fondo, pero pregunta si no se estaría exigiendo un estándar muy alto (el haber previsto la condena).

El profesor señor Hernández precisa que la fórmula de protección de los derechos de terceros de buena fe se encuentra en el artículo 18.

La idea de la previsión, de “haber podido prever” lleva inmediatamente al ámbito de la culpa o la negligencia. Es más exigente que el estándar de “mala fe”. En caso de existir mala fe (por ejemplo, alguien adquiere bienes o activos que pertenecen a una empresa que sabe va a ser condenada), se podría configurar encubrimiento en los términos del artículo 17 del Código Penal o una hipótesis de lavado de dinero conforme al artículo 27 de la ley 19.913. Hace hincapié que exigir mala fe sería poco exigente.

Se debe tener la debida diligencia, es decir, realizar un estudio antes de las adquisiciones –estudios que se realizan habitualmente- para asegurarse de que aquello que está adquiriendo no puede estar asociado, de alguna manera, a una actividad delictiva, porque eventualmente puede perderlo.

Si el adquirente hubiere podido prever la condena de la persona jurídica responsable al momento de la adquisición, es decir, si era exigible que tuviera conocimiento por el giro en que se desempeña, si de los antecedentes disponibles existen señales para sospechar de que hubiera una posible responsabilidad penal, o hay denuncias sobre la existencia de algo “turbio”, por ejemplo, de que la empresa estaba buscando deshacerse de sus bienes o de capital, si era previsible, podrá terminar pagando.

Al contrario, si al momento de adquirir, por los antecedentes disponibles no había razones para sospechar, no había señales claras, no había procedimiento en curso, si no era previsible a través de un due dilligence, no habrá consecuencias; “mientras más lejos de un posible escándalo, más blindado estará el adquirente”. La existencia de estos antecedentes se discutirá en la instancia judicial.

De todas formas, confirma que es un estándar relativamente bajo.

El diputado Leonardo Soto pregunta sobre la exigencia de prever la “condena” de la persona jurídica responsable, apunta a que debiera buscarse alguna fórmula de “asociación” con la actividad delictiva.

El profesor señor Enrique Aldunate observa que se debe analizar cómo funcionan los modelos de prevención de delitos en vinculación con los protocolos de debida diligencia; un buen protocolo busca agotar las instancias para evaluar con quién se está vinculando, efectuar una ponderación de riesgo, evaluar en la naturaleza del valor y la oportunidad del negocio, la finalidad o el alcance de la gestión.

Respecto de prever la “condena”, expresa que la condena es la condición habilitante para que opere esta figura.

En la misma línea, el profesor señor Hernández hace hincapié que si no hay condena, no hay pena, por tanto, no hay afectación a terceros, no hay aplicación de este numeral (aunque hace la salvedad de la existencia del comiso sin condena).

Puesto en votación el numeral 24 del artículo 51 es aprobado por la unanimidad de los (as) diputados (as) señores (as) Marcos Ilabaca (Presidente de la Comisión); Luciano Cruz-Coke; Gonzalo Fuenzalida; Diego Ibáñez; Pamela Jiles; Leonardo Soto, y Karol Cariola (por la señora Camila Vallejo). (7-0-0).

Numeral 25

25. Introdúcese el siguiente nuevo inciso segundo en su artículo 19:

“No obstará al pronunciamiento de una condena contra una persona jurídica la circunstancia de que ésta hubiere sido objeto de disolución, transformación, absorción, fusión o división.”

Sometido a votación el numeral 25 del artículo 51 es aprobado por la unanimidad de los (as) diputados (as) señores (as) Marcos Ilabaca (Presidente de la Comisión); Luciano Cruz-Coke; Gonzalo Fuenzalida; Diego Ibáñez; Pamela Jiles; Leonardo Soto, y Karol Cariola (por la señora Camila Vallejo). (7-0-0).

Numeral 26

26. Introdúcese, a continuación del artículo 19 el siguiente nuevo apartado: “4.- Comiso”

Sometido a votación el numeral 26 del artículo 51 es aprobado por la unanimidad de los (as) diputados (as) señores (as) Marcos Ilabaca (Presidente de la Comisión); Luciano Cruz-Coke; Gonzalo Fuenzalida; Diego Ibáñez; Pamela Jiles; Leonardo Soto, y Karol Cariola (por la señora Camila Vallejo). (7-0-0).

Numeral 27

27. Introdúcese el siguiente nuevo artículo 19 bis:

“Artículo 19 bis. Comiso. El producto del delito de que es responsable la persona jurídica y los demás bienes, efectos, objetos, documentos, instrumentos, dineros o valores provenientes de él serán decomisados. Cuando por cualquier circunstancia no sea posible decomisar estas especies, se podrá aplicar el comiso a una suma de dinero equivalente a su valor.

También caerán en comiso las ganancias obtenidas por la persona jurídica a través del delito de que es responsable o, cuando se den los requisitos del artículo 41 de la Ley de delitos económicos, a través de un hecho ilícito que corresponde a un delito, en este último caso sin necesidad de condena, de acuerdo con las disposiciones del Título III bis del Libro IV del Código Procesal Penal.

El comiso de ganancias será impuesto también respecto de la persona jurídica que hubiere recibido la ganancia como aporte a su patrimonio.

No podrá imponerse el comiso respecto de las ganancias obtenidas por una persona jurídica y que hubieren sido distribuidas entre sus socios, accionistas o beneficiarios que no hubieren tenido conocimiento de su procedencia ilícita al momento de su adquisición. En tal caso la ganancia distribuida podrá considerarse para la determinación de la pena de multa que correspondiere imponer a la persona jurídica de acuerdo con el artículo 12.”

El profesor señor Hernández señala que se retoma la norma vigente del artículo 13 N° 2 de la ley N° 20.393. Aclara que es una norma de coordinación para hacer aplicable todo aquello que se ha aprobado en el proyecto de ley de Delitos Económicos en materia de comiso a las personas jurídicas. La propuesta recoge la norma vigente y trata las remisiones sobre comiso como pena, comiso sin condena y comiso de ganancias.

Sometido a votación el numeral 27 del artículo 51 es aprobado por la unanimidad de los (as) diputados (as) señores (as) Marcos Ilabaca (Presidente de la Comisión); Luciano Cruz-Coke; Gonzalo Fuenzalida; Diego Ibáñez; Paulina Núñez; Leonardo Soto, y Karol Cariola (por la señora Camila Vallejo). (7-0-0).

Numeral 28

- Boletín N°13.205-07:

28. Sustitúyese su artículo 20 por el siguiente:

“Artículo 20. Investigación de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Si durante la investigación de un delito el Ministerio Público tomare conocimiento de circunstancias que fundaren la responsabilidad penal de una persona jurídica en los términos de esta ley, ampliará dicha investigación con el fin de determinar tal responsabilidad.”

- Boletín N°13.204-07 (del señor Schilling y otros):

8) Para incorporar el siguiente inciso segundo en el art. 20:

“La investigación también podrá iniciarse por denuncia o por querella. En este último caso, podrá ser deducida por la víctima de conformidad con el Código Procesal Penal, así como cualquier persona capaz de parecer en juicio domiciliada en la provincia, respecto de hechos punibles que afectaren el ejercicio de la función pública o la probidad administrativa, o respecto de aquellos delitos que puedan causar graves consecuencias sociales y económicas.”.

El profesor señor Hernández explicita que se efectúa un sutil cambio de redacción para evitar remisiones a artículos con números. Cualquiera sea el universo de delitos que en el futuro estén sometidos a las disposiciones de esta ley, el artículo 20 es aplicable a todos ellos; en otras palabras, deja de ser relevante si se modifica el catálogo de delitos o se establece de otra manera porque de todas manera se aplica el artículo 20.

Observa que no sería necesario incorporar el inciso que propone el boletín 13.204-07. La situación actual no es que haya una “decisión autónoma” del Ministerio Público de perseguir o no. La norma que vigente y que se está modificando establece la obligación del Ministerio Público de extender la persecución a la persona jurídica cuando le conste, por cualquier medio (entre ellos, por querella o denuncia) que existen antecedentes que sugieren la responsabilidad de la persona jurídica.

El profesor señor Aldunate señala que a través de esta propuesta se busca resolver un problema práctico en relación con el oficio N° 440 de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público, en relación con los criterios de admisión de querellante. Se busca zanjar una regla que existe en el artículo 111 del Código Procesal Penal, que existiendo delitos que afecten la función pública, con un bien jurídico es macro social, también la ley autorice que exista este querellante.

El señor Mauricio Fernández, jefe de la Unidad de Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado del Ministerio Público, coincide con la posición planteada por el profesor Hernández en términos de que está abierta la posibilidad de acción penal por parte de quienes son intervinientes o pueden serlo en función del delito que acarrea responsabilidad penal de la persona natural y de la persona jurídica. Esa innovación, en términos de establecer que la obligación de la Fiscalía de pesquisar la responsabilidad penal de la persona jurídica, es norma suficiente para asegurar que se haga la debida pesquisa. El texto del boletín 13.204-07 pudiera ser innecesario.

Sometidos a votación el numeral 28 del artículo 51 (boletín 13.205-07) y el numeral 8) del boletín 13.204-07 son aprobados por la unanimidad de los (as) diputados (as) señores (as) Marcos Ilabaca (Presidente de la Comisión); Luciano Cruz-Coke; Gonzalo Fuenzalida; Diego Ibáñez; Paulina Núñez, y Leonardo Soto. (6-0-0).

Sesión N° 355 de 31 de mayo de 2021.

Artículo 51, continuación

Numeral 29

N°29. Introdúcese el siguiente nuevo artículo 20 bis:

“Artículo 20 bis. Supervisión de la persona jurídica como medida cautelar. Una vez formalizada la investigación contra una persona jurídica, el fiscal del Ministerio Público podrá solicitar que se imponga como medida cautelar durante el procedimiento la supervisión de la persona jurídica conforme a lo previsto en los artículos 11 bis y 17 ter.

El tribunal acogerá la solicitud cuando se den los requisitos de las letras a) y b) del artículo 140 del Código procesal penal respecto de una persona natural cuyo hecho pueda dar lugar a la responsabilidad penal de la persona jurídica y se acreditare que la medida, atendida la inexistencia o grave insuficiencia de un sistema efectivo de prevención de delitos, es estrictamente necesaria para prevenir la perpetración de nuevos delitos en su seno. La solicitud y la ejecución de la medida cautelar se regirán, en todo lo no previsto por esta ley, por lo dispuesto en el párrafo 4 del Título V del Libro I del Código procesal penal.”

Numeral 30

N° 30. Intercálase en el inciso segundo del artículo 25, entre el número 4) y el actual número 5), que pasa a ser nuevo número 6), el siguiente nuevo número 5):

“5) Someterse a supervisión en los términos de los artículos 11 bis y 17 ter.”

El profesor Héctor Hernández, a modo de contextualización, recuerda que ambos numerales versan sobre lo mismo, esto es, la supervisión de la persona jurídica, institución que ya ha sido abordada y aprobada por la Comisión, y ampliamente discutida en cuanto a la pena aplicable a la persona jurídica.

Explica que tanto este artículo como el siguiente se hacen cargo de la aplicación del instituto mencionado en dos contextos distintos, así, el artículo 20 bis la contempla como una medida cautelar “personal”, durante el procedimiento, pues lógicamente en el caso de las personas jurídicas no resultan aplicables las medidas cautelares tradicionales de restricción de libertad ambulatoria, cuyo fundamento radica en prevenir la posible comisión de delitos durante el proceso penal, para lo cual la supervisión resulta ser una medida adecuada.

Puntualiza que la norma simplemente hace aplicable la supervisión en el contexto mencionado, sin necesidad de entrar en detalle pues ello está latamente desarrollado en los artículos 11 bis y 17 ter, a los cuales la norma hace referencia explícita, y en todo lo demás, en lo estrictamente procesal, esto es, procedencia, discusión, recursos y otros, se remite al régimen establecido para la prisión preventiva en el Código Procesal Penal y a ello se refiere la remisión expresa que hace la norma a “lo dispuesto en el párrafo 4 del Título V del Libro I del Código procesal penal.”.

Menciona que numeral 30 contempla a la supervisión de la persona jurídica como una de las condiciones que se pueden imponer en el contexto de la suspensión condicional del procedimiento.

Puestos en votación los numerales 29 y 30 del artículo 51 del proyecto de ley son aprobados por unanimidad. Votan a favor los (as) señores (as) Marcos Ilabaca (Presidente); Camila Flores; Diego Ibáñez; Pamela Jiles; Paulina Núñez; Rene Saffirio; Leonardo Soto, y Matías Walker. (8-0-0).

El Secretario Abogado de la Comisión, señor Patricio Velásquez, explica que correspondía continuar con la votación de las indicaciones y artículos que estaban pendientes.

Artículo 54 aprobado, con indicación pendiente.

- De la diputada señora Pamela Jiles y los diputados señores Marcos Ilabaca, Hugo Gutiérrez, Leonardo Soto y Matías Walker, que incorpora un nuevo numeral en el artículo 54 del proyecto de ley, del siguiente tenor:

“Modifícase el artículo 19, en el siguiente sentido:

a) Para intercalar en el inciso diecinueve a continuación del guarismo “12”, los guarismos “13, 13 bis”, seguido de una (,);

b) Para intercalar el siguiente inciso vigésimo cuarto nuevo, pasando el actual a ser vigesimoquinto y así correlativamente:

“Con la misma pena establecida en el inciso anterior, se sancionará al empleador que, sin el consentimiento del trabajador, omita retener o enterar las cotizaciones previsionales de un trabajador o declare ante las instituciones de seguridad social, pagarle una renta imponible o bruta menor a la real, disminuyendo el monto de las cotizaciones que debe descontar y enterar. La conducta será sancionada igualmente, si el consentimiento del trabajador ha sido obtenido por el empleador con abuso grave de su situación de necesidad, inexperiencia o incapacidad de discernimiento”.”.

El señor Velásquez observa que la indicación modifica el decreto ley N° 3.500, que establece un sistema de pensiones de vejez, de invalidez y sobrevivencia derivado de la capitalización individual obligatoria en una administradora de fondos de pensiones.

El diputado Ilabaca (Presidente) comenta que se trata de una norma adecuatoria que permite dotar de congruencia al texto legal y pidió que se faculte a la Secretaría de la Comisión para que efectúe las adecuaciones que hacen que el texto resulte coherente.

El señor Velásquez propone que el literal a) de la indicación fuera por votado con el mismo quórum anterior. Acordado, es aprobado por unanimidad. Votan a favor los (as) señores (as) Marcos Ilabaca (Presidente); Camila Flores; Diego Ibáñez; Pamela Jiles; Paulina Núñez; Rene Saffirio; Leonardo Soto, y Matías Walker. (8-0-0).

En cuanto al literal b), la profesora Verónica Rosenblut recuerda que, tal como se explicara anteriormente, la incorporación de este nuevo tipo penal tenía por objeto compensar un déficit de regulación que decía con la posibilidad de perjudicar a los trabajadores respecto de sus cotizaciones previsionales pues, lo que existe a la fecha es un delito denominado apropiación indebida de cotizaciones previsionales, es decir, aquella hipótesis en que empleador las declara, e incluso las descuenta, pero no las hace llegar a la institución previsional, así, lo que se pretende tipificar la indicación propuesta es la situación en que el empleador, con cargo a las cotizaciones previsionales, le mejora el sueldo al trabajador, declarando sin consentimiento del trabajador subvaloradamente el monto de su sueldo para efectos que se determine un monto mínimo de la cotización a pagar, o bien ni siquiera cumple con la obligación de declararla contemplando que la conducta será sancionada igualmente, si el consentimiento del trabajador ha sido obtenido por el empleador con abuso grave de su situación de necesidad, inexperiencia o incapacidad de discernimiento.

Aclara que lo que se pretende entonces es que la conducta quede sancionada no solo respecto de las cotizaciones de salud sino también a propósito de las cotizaciones previsionales.

Puesto en votación el literal b) de la indicación es aprobado por unanimidad. Votan a favor los (as) señores (as) Marcos Ilabaca (Presidente); Camila Flores; Diego Ibáñez; Pamela Jiles; Rene Saffirio; Leonardo Soto, y Matías Walker. (7-0-0).

Título Final

Art. 58. Aplicación temporal. Los hechos perpetrados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, las penas y las demás consecuencias que correspondiere imponer por ellos, serán determinados conforme a la ley vigente al momento de su perpetración.

Si la presente ley entrare en vigor durante la perpetración del hecho se estará a lo dispuesto en ella, siempre que en la fase de perpetración posterior se realizare íntegramente la nueva descripción legal del hecho.

Si la aplicación de la presente ley resultare más favorable al imputado o acusado por un hecho perpetrado con anterioridad a su entrada en vigor, se estará a lo dispuesto en ella.

Art. 59. Estricta alternatividad. Para determinar si la aplicación de la presente ley resulta más favorable se deberá tomar en consideración todas las normas en ella previstas que fueren pertinentes al juzgamiento del hecho.

Art. 60. Tiempo del hecho. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 58, el delito se entiende perpetrado en el momento o durante el lapso en el cual se ejecuta la acción punible o se incurre en la omisión punible.

Los profesores que colaboran con la Comisión han presentado la siguiente propuesta de redacción, la que es suscrita como indicación por los diputados Ilabaca y Walker:

“Art. 58. Aplicación temporal. Los hechos perpetrados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, las penas y las demás consecuencias que correspondiere imponer por ellos, serán determinados conforme a la ley vigente al momento de su perpetración.

Si la aplicación de la presente ley resultare más favorable al imputado o acusado por un hecho perpetrado con anterioridad a su entrada en vigor, se estará a lo dispuesto en ella.

Art. 59. Prohibición de fraccionamiento. Para determinar si la aplicación de la presente ley resulta más favorable se deberá tomar en consideración todas las normas en ella previstas que fueren pertinentes al juzgamiento del hecho.

La pertinencia de las disposiciones de la presente ley para el juzgamiento de los hechos perpetrados antes de su vigencia no requiere continuidad entre sus términos y los de las disposiciones antes vigentes, modificadas o derogadas por ella.

Las nuevas normas que la presente ley introduce en los incisos primero, segundo y tercero del artículo 24 bis del Código Penal serán pertinentes para la determinación del comiso que antes de su entrada en vigor correspondía imponer como pena accesoria. El comiso de ganancias cuya ejecución se encontrare pendiente al momento de entrar en vigor la presente ley será ejecutado conforme a lo dispuesto por las nuevas normas que esta introduce en el artículo 469 bis del Código Procesal Penal y en el artículo 171 del Código Orgánico de Tribunales. El comiso impuesto por sentencia condenatoria firme que se encontrare ejecutado al momento de entrar en vigor la presente ley no se verá afectado por ello.

Art. 60. Tiempo del hecho. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 58, el delito se entiende perpetrado en el momento o durante el lapso en el cual se ejecuta la acción punible o se incurre en la omisión punible.

Si la presente ley entrare en vigor durante la perpetración del hecho se estará a lo dispuesto en ella, siempre que en la fase de perpetración posterior se realizare íntegramente la nueva descripción legal del hecho.”.

El profesor Antonio Bascuñán comenta que las tres reglas propuestas se refieren al período de transición que se produce con ocasión del cambio que introduce el proyecto.

Explica que era necesario hacer referencia a una disposición que el Congreso ha utilizado en ocasiones anteriores para evitar este problema, del siguiente tenor:

Artículo X. [1] Las disposiciones penales contempladas en la presente ley sólo se aplicarán a los hechos ocurridos con posterioridad a su entrada en vigencia. En consecuencia, [2] las disposiciones de la Ley Z quedarán vigentes para todos los efectos relativos a la persecución de los delitos contemplados en sus disposiciones y perpetrados con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, [3] sin perjuicio de las normas relativas a la pena, en que regirá lo dispuesto en el artículo 18 del Código Penal.

Acota que este tipo de disposición viene siendo utilizada desde fines del siglo pasado con el fin de evitar las dificultades que se producen en la práctica judicial con ocasión de cambios legales en materia penal y tuvo su origen en las transformaciones de la ley de Tráfico de Estupefacientes, luego fue utilizada en la ley que reformó el sistema concursal chileno y, finalmente, por la ley que introdujo en el Código Penal los nuevos delitos de tortura y apremios ilegítimos, y consta de tres reglas:

1.- Las disposiciones penales contempladas en la presente ley sólo se aplicarán a los hechos ocurridos con posterioridad a su entrada en vigencia, esto es, que la ley no tendrá efecto retroactivo, regla redundante en el sistema jurídico chileno pues ya está afirmada en el artículo 9° del Código civil, el inciso primero del artículo 18 del Código penal y el artículo 19 N°3 inciso penúltimo de la Constitución Política de la República, y es útil en cuanto declara que la ley no pretende infringir el principio general de irretroactividad.

2.- Las disposiciones de la Ley Z quedarán vigentes para todos los efectos relativos a la persecución de los delitos contemplados en sus disposiciones y perpetrados con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley.

Esta segunda regla pretende asegurar la aplicabilidad de la ley derogada, no obstante su derogación, puesto que con el cambio legal la ley anterior queda derogada o modificada, entendiendo que en caso de modificación queda en parte derogada.

Ahora bien, la cuestión de si esta es una regla relevante o no depende de cómo se interprete el inciso primero del artículo 18 del Código penal[26], pues quienes lo interpretan como una regla que no solo prohíbe la aplicación con efecto retroactivo del cambio legal, sino que manda a aplicar también la ley penal derogada entienden que la segunda regla es redundante, sin embargo, en la práctica judicial y, en particular, ciertas sentencias de la Corte Suprema de fines del siglo pasado, han relativizado esta regla de aplicabilidad e la ley derogada y han introducido ciertas consideraciones conceptuales acerca de la continuidad o discontinuidad entre la ley derogada y la ley que entró en vigencia con el cambio legal, como si ello fuera un requisito de aplicabilidad de la ley penal derogada, lo que genera incertidumbre respecto de si la ley derogada sigue o no siendo aplicable a los hechos que se cometieron bajo su vigencia.

Así, la regla segunda despeja por completo esa duda y asegura, con una regla explícita, la aplicabilidad de la ley derogada frente a la controversia interpretativa existente, lo que no representa ningún problema desde el punto de vista de la ultra actividad pues no se trata de aplicar una ley derogada a hechos que se cometen después de su derogación sino a hechos que se cometieron durante su vigencia.

3.- Lo anterior sin perjuicio de las normas relativas a la pena, en que regirá lo dispuesto en el artículo 18 del Código Penal.

Esta tercera regla ha generado controversia ante el Tribunal Constitucional respecto de la frase “normas relativas a la pena”, en el sentido que si esa frase ordena aplicar con efecto retroactivo la ley más favorable en la determinación de la pena y excluye la aplicación con efecto retroactivo de la ley más favorable en lo relativo a la penalización, de modo que si hubiera una norma que despenalizara comportamientos anteriormente constitutivos de delito, según esa interpretación la regla tercera impediría su aplicación con efecto retroactivo.

Explica que así interpretada la regla, se ha recurrido al Tribunal Constitucional para que sea declarada inaplicable por inconstitucional y, hasta el momento, se han rechazado aquellos requerimientos sosteniendo que la frase debe ser interpretada en un sentido amplio y no restrictivo y que, por lo tanto, se remite por completo al artículo 18 inciso segundo y tercero del Código Penal, lo que significa que cualquiera sea el aspecto en que el cambio legal sea favorable, debe ser aplicado con efecto retroactivo conforme a lo dispuesto por el propio Código Penal, de modo que la regla anterior, esto es, el deber de aplicar la ley derogada a los hechos acaecidos durante su vigencia, se ve supeditada a la regla tercera que establece el deber de aplicar con efecto retroactivo el cambio legal si es que éste es más favorable[27].

Agrega que, con el fin de lograr satisfacer la finalidad que ha perseguido el Congreso con esta disposición y evitar las dificultades que ha generado esta disposición en la práctica judicial, proponen a la Comisión una regulación más diferenciada y detallada que no se expone a ser calificada de inconstitucional, así, la propuesta es la siguiente:

“Art. 58. Aplicación temporal. Los hechos perpetrados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, las penas y las demás consecuencias que correspondiere imponer por ellos, serán determinados conforme a la ley vigente al momento de su perpetración.

Si la aplicación de la presente ley resultare más favorable al imputado o acusado por un hecho perpetrado con anterioridad a su entrada en vigor, se estará a lo dispuesto en ella.”.

Sostiene que, conforme a lo anterior, la redacción propuesta afirma la aplicabilidad de ley penal derogada, de modo de evitar incertidumbre que ha introducido la práctica judicial y luego dispone sin cortapisas no restricciones la aplicación del cambio legal si es más favorable con lo que se satisface la primera necesidad y no se expone la regla a una impugnación de inconstitucionalidad por restringir parcialmente el principio de la aplicación con efecto retroactivo de la ley penal más favorable.

Desde lo formal y en cuanto al efecto en el proyecto de ley, explica que la propuesta recién expuesta solo transfiere el inciso segundo del artículo 58 del proyecto de ley al artículo 60, para claridad del intérprete.

El diputado Leonardo Soto plantea que se trata de un artículo muy relevante porque permite hace la comparación entre la legislación que sanciona los delitos económicos vigente versus los cambios que se están haciendo hoy, que de acuerdo al espíritu del proyecto, busca aumentar la severidad de las sanciones para todos los delitos económicos y ambientales.

Dado lo anterior, pide a los profesores que se pronuncien respecto de si estas normas nuevas no serían aplicables a hechos acaecidos con anterioridad a su entrada en vigencia en cuanto no constituirían ley más favorable, sino más severa. Pidió que se reafirme que ese efecto no se va a producir porque todo el tratamiento en penas y su ejecución es más severo ya que, si se produjera el efecto contrario, aliviando las sanciones penales de delitos cometidos con anterioridad a su entrada en vigencia, constituiría una gran sorpresa.

El diputado Walker recuerda que en todos los cuerpos legales a los que hace referencia se ha distinguido entre ley sustantiva y normas procesales, haciendo una distinción respecto de qué se pude hacer sin afectar el principio de irretroactividad de la ley penal, y lo que sí se puede hacer en materia procesal para mejorar la investigación de los ilícitos. La propuesta recoge muy bien aquella distinción.

El profesor Bascuñán explica que la razón de la propuesta dice relación con no exponer al primer inciso del artículo 58 a una objeción de principios en el sentido que el legislador estaría estableciendo un imperativo incondicional o categórico de aplicar la ley derogada, exponiéndolo a una declaración de inconstitucionalidad por no ponerse en el caso que la ley posterior pudiera ser más favorable.

Respecto de si existen o no disposiciones que impongan un trato más favorable, precisa que se parte de la base de que ello no es así, pero no porque se hayan subido las penalidades, sino porque se han mantenido las penalidades y se ha establecido un régimen que genera una intensificación de la reacción punitiva en la determinación y ejecución de la pena.

Agrega que pudiera darse alguna circunstancia en que el cambio produjera un efecto más favorable, como lo ocurrido con la transformación del artículo 50 A de la Ley de Mercado de Valores, y es en esas situaciones que se necesita una regla como esta para prevenir que sea considerada como inconstitucional la regla del inciso primero, que es la regla fundamental para evitar impunidad por simple derogación.

Puesta en votación la nueva redacción del artículo 58 fue aprobada por unanimidad. Votan a favor los (as) señores (as) Marcos Ilabaca (Presidente); Diego Ibáñez; Pamela Jiles; Paulina Núñez; Rene Saffirio; Leonardo Soto, y Matías Walker. (7-0-0).

Respecto del artículo 59, que contiene la prohibición fraccionamiento, el profesor Bascuñán explica que los dos primeros incisos pretenden enfrentar un problema de la praxis que se puede identificar como “litigación oportunista” de parte de la defensa que consiste en alegar la denominada lex tertia, esto es, parte del cambio legal que le favorece sin lo que perjudica, produciendo un absurdo como se ha visto en la Ley de Mercado de Valores donde hay una reforma que sustituye una disposición por otra y las defensas invocan la sustitución como derogación del delito, sin hacerse cargo de la sustitución como nueva regulación del delito.

Enfatiza, entonces, que la regla del inciso primero prescribe que lo que debe hacer el Tribunal es analizar el hecho conjeturalmente bajo el derecho vigente cuando fue cometido, y examinarlo conjeturalmente bajo el nuevo derecho, íntegramente, como un todo, y no simplemente tomar aquella parte que pudiera beneficiar, como la derogación de una norma antigua sin tomar la parte que no lo beneficia, como es la introducción de la norma nueva que regula exactamente el mismo hecho.

Concluye que ese fraccionamiento que conduce a un absurdo, que las defensas intentan oportunistamente que a veces genera confusiones en la aplicación de la ley, pretende ser controlado por los incisos primero y segundo del artículo 59.

Por su parte, explica que el inciso tercero tiene por objetivo hacerse cargo de la transformación que se está produciendo respecto del comiso de ganancias, con reglas de determinación y de ejecución nuevas, puesto que existe un nuevo régimen de comiso de ganancias, pero si procede establecer comiso de ganancias bajo el antiguo derecho que está siendo ahora derogado, lo que se hace es disponer que estas reglas sobre determinación y ejecución sean aplicables, sin problema alguno puesto que las reglas de ejecución se aplican in actum y al final de la regla se mantiene inalterada la sentencia que ya se encuentra ejecutoriada y además cumplida, clarificando además qué constituye ganancias bajo el concepto de comiso actualmente vigente.

Respecto del artículo 60 propuesto apunta que se hace cargo del problema que presentan los delitos permanentes, esto es, aquellos delitos que se cometen, se consuman y permanecen siendo cometidos en grado de consumación y, por lo tanto, no tienen un momento de consumación sino un periodo de consumación, así, el artículo 60 propuesto declara que el tiempo del delito que se tiene que tomar en consideración para determinar si el cambio le es aplicable, esto es, si sería retroactivo el cambio legal, es el momento del delito o todo el periodo de comisión del hecho hasta la terminación de su ejecución del hecho, lo cual coincide con la posición mayoritaria de la doctrina chilena al respecto.

Sostiene que la segunda regla contenida en el artículo 60 establece una consecuencia lógica de la primera, de modo que si se está cometiendo el delito, y mientras se lo está cometiendo, tiene lugar el cambio legal, éste es aplicable sin efecto retroactivo, a todo aquello que se someta a partir de su entrada en vigencia. Comentó que esta es una regla que la doctrina mayoritaria no ha reconocido en el último tiempo, si antiguamente, pero que sí ha sido reconocida por el Tribunal de la Libre Competencia y la Corte Suprema en el caso de la infracción administrativa de la colusión de las empresas productoras de aves, donde la colusión fue cometida durante un periodo que abarcó tres leyes distintas y el TDLC aplicó la última ley al último tramo de la Colusión y la Corte Suprema avaló esa aplicación porque todo el tipo de la tipo de la colusión, en ese momento tipo administrativo, fue ejecutado bajo la vigencia de la última ley y, por lo tanto, aplicar la última ley al delito no es aplicarla con efecto retroactivo. Así, en ese mismo sentido, la regla del inciso segundo asegura esa aplicación como consecuencia lógica de la declaración de que el tiempo de comisión del hecho es todo el lapso, y perdura en caso de delito permanente.

Acota que el caso de delito permanente se aplica con mayor razón al caso de delitos de organización, que junto a delitos como la colusión y la asociación ilícita, no requiere cometerse sucesivamente durante todo el tiempo, sino que puede dejar de cometerse por u tiempo y luego volver a cometerse, y si hay suficiente conexión subjetiva y objetiva, se entiende que ha perdurado la comisión de ese delito, tal y como lo entiende también el derecho comparado.

Puesta en votación la nueva redacción de los artículos 59 y 60 es aprobada por unanimidad. Votan a favor los (as) señores (as) Marcos Ilabaca (Presidente); Diego Ibáñez; Pamela Jiles; Paulina Núñez; Rene Saffirio; Leonardo Soto, y Matías Walker. (7-0-0).

Artículo nuevo

Indicación del diputado Walker para agregar un artículo nuevo del siguiente tenor:

“Art. NUEVO. - Modificaciones a la ley N° 18.216. Incorpórase un inciso final al artículo 7 de la ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad:

“En aquellos casos en que la pena de reclusión parcial diurna o nocturna pusiera en riesgo la subsistencia económica del condenado, de su cónyuge o conviviente civil, hijos o hijas o cualquier otra persona que dependa económicamente del condenado o por otro motivo grave que así lo amerite, se deberá imponer la pena de reclusión de fin de semana.”.”.

El diputado Walker precisa que la indicación tenía por objeto hacer concordante las penas establecidas en esta ley de delitos económicos con las normas generales respecto de la aplicación de las penas de la ley 18.216, se trata meramente de una indicación de concordancia.

El diputado Saffirio recuerda que votó en contra en su oportunidad porque no existía ninguna justificación para que una persona condenada por alguno de estos delitos a pena de reclusión domiciliara diurna o nocturna, viera su pena reemplazada por una más favorable, ya que todos quienes cometen cualquier delito y se encuentren bajo medidas cautelares, reclusión domiciliaria o privativa libertad, se encuentran expuestos a que su posición económica se vea deteriorada y se afecte la vida familiar. Manifestó que no se entiende que se establezca una norma que contiene un privilegio para los delincuentes económicos y que, precisamente, la gran preocupación que ha tenido durante todo el curso del proyecto, es que por ningún motivo se dé pie para que se sospeche que se están estableciendo privilegios adicionales a los delitos de cuello y corbata. Precisó que la norma se aprobó dentro de proyecto con su voto en contra, y ahora tampoco está disponible para que se haga extensiva a otra ley.

El diputado Leonardo Soto se manifiesta en igual sentido y reiteró su enorme preocupación respecto de que el sistema de ejecución de penas establezca privilegios penitenciarios o que parezca que es una pena que se adapta a los requerimientos del condenado y no establezca que hay un castigo rotundo por graves delitos cometidos. Cree que la norma propuesta da una señal de impunidad a la delincuencia económica y puede ser tachada de desproporcionada o de discriminación favorable a la delincuencia económica, lo que podría afectar la constitucionalidad de este proyecto.

El diputado Walker reitera que lejos de sugerir un privilegio lo que se propone es que la reclusión se someta a las normas de la ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad.

El diputado Ilabaca (Presidente) pide el acuerdo de la Comisión para prorrogar la sesión. No hubo acuerdo.

El profesor Javier Wilenmann recuerda que esta indicación surgió a propósito de la discusión mencionada por los diputados Saffirio y Soto, y explica que el propósito es precisamente el contrario, pues pretende darle carácter general a una regla, que surgió a propósito de la discusión de que se dio cuenta, estableciéndola en la ley N°18.216 que es la que generalmente rige a propósito de las sustituciones de pena.

Recuerda, además, que durante el debate fue justamente una abogada de Abofem quien explicó que la norma era particularmente importante en delitos que no son económicos, por ende, lo que se sugirió fue que la regla de la posibilidad de cambiar el régimen de cumplimiento de pena a cumplimiento de fin de semana, se hiciera extensivo en general con el objeto de evitar el efecto criminógeno que acarrea el empobrecimiento de toda la familia.

Reitera que lo que se pretende entonces es hacerlo extensivo, no en lo relativo al proyecto de delitos económicos sino que al sistema general, pues para los delitos económicos ya fue aprobado.

Sometida a votación la indicación del diputado Walker es rechazada por mayoría de votos. Vota a favor el señor Matías Walker. Votan en contra los (as) señores (as) Marcos Ilabaca (Presidente); Pamela Jiles; Rene Saffirio, y Leonardo Soto. Se abstuvo el señor Diego Ibáñez. (1-4-1)

Sesión N° 359 de 15 de junio de 2021.

Artículo nuevo

Artículo segundo del proyecto de ley N° 13.204-07

Art. Segundo.- Derógase el artículo 64 del Título V del Decreto ley Nº 211, de 1973, que fija normas para la defensa de la libre competencia.”

Se presentan las siguientes indicaciones:

- Del señor Leonardo Soto, para reemplazar el artículo 64 del Decreto Ley 211 de 1973, que fija normas para la defensa de la libre competencia, de la siguiente manera:

“Artículo 64: Las investigaciones de los hechos señalados en el inciso primero del artículo 62 sólo se podrán iniciar por querella formulada por la Fiscalía Nacional Económica. Para estos efectos, no se aplicará lo dispuesto en el artículo 166 del Código Procesal Penal.

No obstante, la querella será obligatoria para dicha institución, cuando el acuerdo colusorio haya recaído sobre bienes de primera necesidad.

Para los efectos del presente artículo se entiende que la colusión recae sobre bienes de primera necesidad cuando ésta ha producido alguno de los efectos consignados en el artículo 62 en el contexto de los mercados que inciden en la provisión de servicios educacionales, de prestaciones de salud, de artículos médicos o farmacológicos; de la provisión de bebidas o alimentos; del transporte de personas; de la provisión de servicios básicos como agua, electricidad, servicios de telecomunicaciones o combustibles.

En estos casos, la Fiscalía Nacional Económica deberá presentar la querella, a más tardar en el plazo de 90 días contados desde la presentación del requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Presentada que sea la querella, la competencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia se restringirá a evaluar la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas involucradas en el acuerdo anticompetitivo, quedando en la esfera penal la determinación de la responsabilidad de las personas naturales que lo hubieren celebrado, ordenado celebrar o participado en su implementación o ejecución, en los términos definidos por el art. 62.

En su querella, la Fiscalía Nacional Económica informará la circunstancia de haber obtenido autorización judicial para realizar una o más de las medidas a que se refieren los numerales n.1 a n.4 de la letra n) del artículo 39, así como el hecho de haber realizado o no dichas diligencias. El Ministerio Público podrá solicitar al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia el alzamiento de la confidencialidad o reserva de determinadas piezas de su expediente para su utilización en el proceso penal. Para los efectos de su incorporación al proceso penal, se entenderá que las copias de los registros, evidencias y demás antecedentes que hayan sido recabados por la Fiscalía Nacional Económica, a partir de diligencias realizadas con autorización judicial de un ministro de Corte de Apelaciones, cumplen con lo dispuesto por el artículo 9º del Código Procesal Penal.”

- Del señor Saffirio, para eliminar del inciso primero del artículo 64 la expresión “sólo”, e incorporar después de la palabra “Económica” la frase “o el Ministerio Público”.

El diputado Leonardo Soto explica que esta indicación y las que vienen a continuación responden a la necesidad de legislar sobre la titularidad de la acción penal en algunos delitos. Si bien la regla general es que el Ministerio Público tiene la facultad de investigar todo delito, en el ámbito de los delitos cometidos contra la libre competencia (acuerdos colusorios de precios, cuotas de producción) esto no aplica y solo puede presentar querella criminal y abrir una investigación penal el Fiscal Nacional Económico (FNE). Observa que desde la aprobación de que puedan existir delitos penales, no se ha ejercido esta acción penal por parte del referido Fiscal.

Lo mismo sucede en materia de delitos tributarios. Sin perjuicio de la gravedad del delito, de su extensión o nivel de abuso, nada se investiga en sede penal si no opera previamente una querella o denuncia del director del Servicio de Impuestos Internos (SII).

Agrega que en múltiples oportunidades de connotación social no se ha actuado, simplemente, porque el director SII o el FNE no ejercieron las acciones penales que correspondían, lo que redunda en impunidad y un desprestigio de la Justicia.

Presenta estas indicaciones para permitir que se investiguen los delitos cometidos en diversas áreas: libre competencia, tributaria, y aduanera, y en relación con el contrabando.

Sobre la indicación en discusión, apunta que se ratifica la titularidad de la acción penal para el Fiscal Nacional Económico, pero se crea una excepción, en caso de acuerdo colusorio que haya recaído sobre bienes de primera necesidad y cuando han producido un determinado efecto en algunos mercados. Se define con claridad qué se entiende por bienes de primera necesidad; en estos casos, la Fiscalía Nacional Económica deberá presentar la querella, a más tardar en el plazo de 90 días contados desde la presentación del requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia; señala sus requisitos y pruebas que se debe entregar al Ministerio Público para que se establezca la debida investigación penal.

Expresa que, una vez presentada la querella, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia sigue investigando la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas involucradas en acuerdo anticompetitivo, y el Ministerio Público va a conservar todas las potestades para hacer efectiva las sanciones penales en materia de atentados contra la libre competencia.

El diputado Saffirio expresa que es imposible abstraerse de las complejidades fundamentalmente políticas derivadas de la exclusividad en el inicio de acción penal que le corresponde, por ejemplo, al director del SII en materia de delitos tributarios.

Recuerda que esta misma discusión se produjo con motivo de un proyecto que modificaba las facultades del FNE, siendo su posición minoritaria respecto de que dicha facultad quedara radicada también en el Ministerio Público. En ese debate, no se dieron razones suficientes para excluir del órgano autónomo, que por su propia naturaleza, tiene la responsabilidad de la acción penal en todo tipo de delitos. Enfatiza que es una decisión política. Manifiesta que no está disponible para mantener esta exclusividad en el FNE.

La historia de los fraudes económicos en el país, que han generado un profundo deterioro político transversal, y con pocas acciones penales y menos sanciones, permite sostener que el Ministerio Público debe tener la facultad de iniciar acciones de esta naturaleza. Estos casos revisten una magnitud y volumen de delitos y vulneraciones de carácter económico que requieren que el órgano persecutor no sea exclusivo. No se opone a que el FNE inicie las acciones, pero no puede ser único en hacerlo, para evitar prácticas en las que se ha seleccionado en razón de la militancia del delincuente la decisión de perseguir o no, colaborado con la mala percepción que existe del Congreso Nacional. Pregunta por qué es posible mover todo el aparato jurisdiccional del Estado para perseguir un delincuente común y no cuando se esquilma al Fisco o a los consumidores. Subraya que la exclusividad de la acción penal en este tipo de delitos en un aspecto delicado y no puede recaer únicamente en la FNE.

El diputado Walker precisa que la indicación del señor Soto busca mejorar el estándar de persecución respecto a los atentados a la libre competencia que hoy existe. Actualmente, la facultad de la Fiscalía Nacional Económica es discrecional y se propone que para productos de primera necesidad sea obligatoria, manteniéndose la especialidad que tiene la Fiscalía Nacional Económica en estos delitos de alta complejidad.

Respecto a la posibilidad de ampliar la acción penal al Ministerio Público, expresa su inquietud por el posible surgimiento de una suerte de contienda de competencia entre ambos organismos por la legitimidad activa.

En síntesis, por un criterio de especialidad de la FNE y por el carácter imperativo que se dispone sobre bienes de primera necesidad, expresa a estar de acuerdo con la propuesta del señor Soto.

El profesor señor Gonzalo Medina, en representación de la comisión de profesores que redactó el proyecto de ley, manifiesta que no se hizo una propuesta en esta materia por dos razones: la primera, porque no hubo consenso al interior de la comisión de profesores (algunos estaban a favor de modificar el régimen de titularidad de la acción penal y otros por mantenerlo), revelando el debate complejo que existe al respecto; la segunda, –en la que todos coincidieron- radica en que la mera reforma, consistente en únicamente remitir a una otra disposición la posibilidad de que la acción penal sea ejercida por el Ministerio Público bajo ciertas circunstancias, es a todas luces insuficiente. El “problema” no se soluciona únicamente con una única disposición legal que cambie la titularidad de la acción, eso es demasiado simple para su solución.

Existen una serie de cuestiones que abordar, que se relacionan con la estructura de los órganos involucrados y su especialidad: el SII, los tribunales tributarios, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, la Fiscalía Nacional Económica, el Ministerio Público. A ello, se suma un historial de falta de coordinación entre los entes administrativos y el ente penal (recursos de protección para tratar de obtener antecedentes).

Se requiere una mirada estructural, en la cual el Estado vele por la coordinación de las potestades sancionatorias, administrativas y penales que se puede aplicar a personas naturales y jurídicas, y los recursos con los que están dotados para ejercer esas facultades.

En opinión de la comisión de profesores es precipitado y temerario abocarse, sin un estudio acabado, proponer el cambio de la titularidad de la acción penal de un órgano a otro. Se requiere una mayor discusión dada la importancia de la materia.

El señor Mauricio Fernández, jefe de la Unidad de Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado del Ministerio Público (Ulddeco) expresa que, sistemáticamente, se ha reiterado la igualdad ante la ley y la necesidad de que pueda ser investigado un delito quien sea que lo cometa, desarrollar una investigación en términos oportunos

Como Ministerio Pública se ha valorado mucho este proyecto de ley, pero no puede servir solo a ciertas delincuencias económicas dejando fuera aquellas de mayor sofisticación o respecto de quienes las cometen en términos de poder.

Cuando se dice que esta discusión puede ser muy precipitada, que se requiere analizar la estructura de las instituciones, la verdad es que han pasado 5 años con el delito de colusión, y nunca se ha ejercido la acción penal; no se ha podido ni siquiera iniciar una investigación por este delito, quedando como un delito de “papel”.

La indicación del diputado Soto da un paso importante y quizás sea la base para la discusión sobre la estructura de las instituciones. Al menos, coincide con la voluntad de poner a prueba la capacidad investigativa de las colusiones en el marco de los bienes de primera necesidad.

En materia de delincuencia tributaria y aduanera le parece que también hay razones para innovar y abrir la acción penal pública.

En síntesis, se ofrece una fórmula intermedia de debate, con filtro judicial, que va a permitir que se abra este control tan férreo y sin mayor fiscalización respecto de la función del ejercicio de la acción penal pública.

El señor Andrés Salazar, abogado de Uldecco, expresa que este proyecto de ley consiste en una reforma profunda y estructural del derecho penal económico, guiada por la comisión por los profesores. Por ello, y bajo esa misma premisa, estima que esta es la oportunidad idónea para discutir el ejercicio de la acción penal pública en los delitos económicos más graves. En este proyecto de ley se cambia el sistema de penas; se establecen nuevas formas de cumplimiento de penas, tanto en restricciones de libertad como en lo económico, en materia de confiscación, etc., entonces, sería conveniente regular, acorde con los mandatos de la Constitución Política en torno a la igualdad ante la ley, el sistema de distribución penal de quienes comenten estos delitos.

Observa que el profesor Medina detalla muy bien que ha existido falta de coordinación con algunas agencias que tienen el poder de decidir cuándo existe o no delito, en materia tributaria, en materia de libre competencia, pero esas descoordinaciones se han dado, precisamente, por el sistema de acción penal previa instancia particular que hoy existe.

Un ejemplo concreto que demuestra que la coordinación es posible y efectiva cuando no existe este tipo problemas son los delitos de mercado de valores. A través de una coordinación eficiente con la Comisión para el Mercado Financiero se ha podido llevar adelante investigaciones, condenar y sancionar a corredores de Bolsa, a manipuladores del mercado bursátil sin necesidad de que exista un sistema de coordinación previa que termina “amarrando” el ejercicio de la acción penal en estas materias. Este sistema de acción penal previa instancia particular es un incentivo a la competencia entre agencias, lo que se eliminaría con la propuesta de indicación del señor Soto.

Por otra parte, el sistema que se está proponiendo tiene una regla de coordinación bien relevante que está en el inciso cuarto, se hará cargo de la responsabilidad administrativa el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y se hará cargo de la responsabilidad penal de los directores, gerentes, y personas naturales de la empresa que implementaron el acuerdo colusorio el Ministerio Público y los tribunales con competencia criminal, lo que evita el ne bis in ídem, por el cual dos órganos sancionatorios no pueden castigar al mismo tiempo personas y empresas involucradas, se “separan las aguas” claramente. Lo anterior tiene un correlato con el sistema francés, ya que en materia de delincuencia anticompetitiva, el tribunal de la concurrencia castiga a las empresas mientras que el Ministerio Público sanciona a las personas naturales que se han coludido.

Concluye que en los casos más relevantes que ha podido sancionar nuestro sistema de la libre competencia, ningún ejecutivo ha tenido que pagar sanciones económicas de manera individual, ni en el caso de colusión de los “pollos”, “las farmacias”, “supermercados”.

La indicación mantiene el actual sistema donde las autoridades de libre competencia sancionan a las empresas y abrir el sistema penal materialice el principio de igualdad ante la ley.

La diputada Cariola pregunta sobre las consecuencias de la derogación del artículo 64; el alcance de la ampliación de la acción penal y si no fuera restringido acotarlo a bienes de primera necesidad; de qué forma se determinarían los bienes esenciales y la conveniencia de ampliar la lista que se indica, y cómo se resolvería una eventual coexistencia entre ambas instituciones frente a responsabilidad de la acción penal.

El profesor Aldunate expresa que el efecto de la propuesta que deroga la regla vigente es que vuelva todo al estado natural de las cosas, es decir, que la acción penal pública la ejerza el Ministerio Público en representación de la sociedad. Revisando el tratado del procesalista profesor Julio Maier centra su posición acerca de la defensa del principio de legalidad y de igualdad que está detrás de la idea de la acción penal pública. En ese sentido, no ve mayores inconvenientes para el ejercicio de esa competencia por parte del Ministerio Público.

Coincide con el profesor Medina que se requeriría una mirada más sistémica. Recuerda también las dificultades que se produjeron en la discusión del delito de colusión entre la coexistencia entre un sistema administrativo sancionador versus una tipificación del delito para evitar el ne bis in ídem. En esa instancia se defendió tenazmente que el FNE mantuviera la investigación, pero, a su juicio, el ministerio público es el organismo que tiene las competencias para hacerse cargo de la investigación, particularmente, a través de las unidades de alta complejidad como Uldecco.

Por último, señala que la propuesta del señor Soto tiene el mérito de ser una solución intermedia aunque estima que se debiera precisar qué se entiende por bienes de primera necesidad y contiene otros aspectos que se podrán analizar.

El diputado Saffirio agradece la colaboración de los profesores y, valorando la capacidad que han demostrado para proponer soluciones a materias de alta complejidad, expresa que no le parece razonable que para no entregar competencias al Ministerio Público se sostenga en las capacidades institucionales de los organismos involucrados o en su falta de coordinación. Discrepa que la propuesta sea precipitada o temeraria, sino que existe el hastío de estar eligiendo siempre por el mal menor. Manifiesta que la responsabilidad no recae sobre los académicos si no sobre los políticos.

El Ministerio Público plantea que es una materia que quieren y pueden abordar, entonces, por qué no se puede hacer en esta instancia.

Si el país ha pedido que “se empareje la cancha” en materia de delincuencia económica, la norma que excluye al Ministerio Público va en la dirección contraria; reflexiona en torno a si se está distinguiendo por tipo de delitos, por “tipo de persona”, por su calidad de gerentes o dueños de empresas.

Con su indicación, no habrá dos acciones penales paralelas o simultáneas porque se ha puesto en términos disyuntivos al utilizar la expresión “o el Ministerio Público”.

La diputada Jiles pide claridad respecto de la discusión y votación de las indicaciones porque tienen distintos alcances.

El diputado Ilabaca (Presidente) propone, en primera instancia, comenzar con el texto del boletín N° 13.204-07, y tal como se ha comentado, en caso de derogación del artículo 64 sería el Ministerio Público quien tendría la legitimación activa para iniciar el procedimiento penal, facultad que ya está consagrada por el artículo 83 de la Constitución Política.

El diputado Fuenzalida expresa su inquietud respecto a una “eventual competencia entre agencias”, la que genera un cuantioso gasto público, pero no produce, necesariamente, una mejor investigación.

La Fiscalía Nacional Económica investiga distorsiones de mercado, acuerdos de colusión, operaciones de concentración de mercado, y otras materias complejas que requieren una investigación profunda, con antecedentes fuera del país; por ello, es una fiscalía especializada.

Los argumentos que se han expuesto llevarían a la creación de 2 fiscalías especializadas; quizás las soluciones pasan por evaluar las atribuciones de la FNE.

De todas formas, cree que la propuesta del diputado Soto de que la FNE esté obligada a querellarse en ciertos casos para que el Ministerio Público persiga la responsabilidad criminal de personas naturales, y la parte administrativa la vea el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), le parece un buen avance.

El profesor señor Medina expresa compartir la preocupación respecto de las posibilidades de ejercicio de la acción penal, pero, hace hincapié –a título personal- en que es complejo creer que la sola modificación de la titularidad de la acción penal va a resolver el problema de impunidad.

Frente a la inquietud de que han pasado 5 años con el delito de colusión y no hay querellas presentadas, informa que también llevamos 12 años con el delito de lavado de activos aplicable a personas jurídicas y tampoco hay condenas al respecto; a su juicio, no es problema de titularidad de la acción penal sino de falta de coordinación entre las instituciones, entre ellas, del Ministerio Público con la Unidad de Análisis Financiero.

Reitera que se necesita un estudio más profundo, identificar los nudos existentes en el sistema penal para resolver, las capacidades, entre otros.

Por su parte, el profesor señor Silva precisa que como grupo de profesores comprenden claramente que la responsabilidad política radica en los parlamentarios y ofrecen en cada caso su opinión sobre lo que estiman más conveniente.

Enfatiza en que el grupo de profesores no es neutral sobre la decisión en torno a la acción penal, al contrario, se produjeron posiciones diversas en su análisis; pero, sí hubo unanimidad en que este aspecto requería un cambio institucional, lo que implica presupuesto y, por tanto, sería de iniciativa exclusiva. Refuerza que el mandato entregado al grupo de profesores fue la elaboración de una moción parlamentaria, por ello, responsablemente, sus propuestas no tienen implicancia presupuestaria ni cambios institucionales.

Finalmente, observa que no se hicieron propuestas en aquellos puntos en que había divergencia entre los académicos, tal como se informó al momento de la presentación de este proyecto.

El diputado Ilabaca (Presidente) consulta al Ministerio Público si, en caso de derogar las facultades del artículo 64 en comento, cuentan con las competencias técnicas, infraestructura y de personal para llevar adelante los procesos investigativos.

Expresa estar por la derogación, pero valora la propuesta del diputado Leonardo Soto, la que –si bien no es lo que le gustaría- constituye un avance.

La diputada Jiles concuerda con la importancia de la pregunta que se hace al Ministerio Público. Además, manifiesta que le hubiera gustado escuchar la opinión de la profesora Rosenblut sobre esta materia.

El señor Andrés Salazar, abogado de Uldecco del Ministerio Público expresa que se ha llegado a un nudo crítico. Efectivamente, la opción institucional que ha adoptado el Estado de Chile es reforzar a los entes administrativos para la persecución de un ilícito administrativo, que es el actual delito de colusión. En ese sentido, se ha reformado a la Fiscalía Nacional Económica con medidas intrusivas -propias de los sistemas penales, asignadas a los órganos con competencia criminal- tales como, interceptación telefónica, entrada y registro, y otras; pero, sensiblemente, la herramienta de la delación compensada, en el mundo de la libre competencia, es valorada como un buen detector de carteles.

El derogar el artículo 64 trae toda la competencia al Ministerio Público por aplicación del artículo 83 de la Constitución Política.

En el contexto evolutivo de la legislación chilena, el Ministerio Público tiene un déficit respecto de la Fiscalía Nacional Económica para la indagación preliminar del delito de colusión, particularmente, para determinar si existe poder de mercado en este acuerdo anticompetitivo, y en definir el mercado relevante (sustitutos cercanos). Por ello, parece ser que la opción menos disruptiva y que permite fomentar sinergias entre las competencias y especialidades que tiene la Fiscalía Nacional Económica y el Ministerio Público es la opción planteada por el diputado Leonardo Soto. La propuesta va a generar la obligación de coordinación entre ambas entidades para una buena indagación penal, porque a la FNE se le asigna la calidad de querellante -lo que no es baladí- porque es un persecutor institucional que va a tener que llevar la acción penal hasta el juicio oral, participante activo que va a tener que ofrecer pruebas, etc.

En cuanto a la división de competencias, la propuesta también “divide aguas”, una entidad administrativa que se va a preocupar de los agentes económicos que participan del mercado (personas jurídicas) a través del TDLC, y el Ministerio Público se hará cargo de perseguir la responsabilidad de las personas naturales.

El Ministerio público también tiene una especialidad en torno a imputar dolo y responsabilidad penal conforme a la participación, a la división de funciones al interior de una empresa. Por eso, se requiere participar al inicio de la investigación.

El diputado Leonardo Soto recapitula señalando que la Fiscalía Nacional Económica es un órgano especializado, que posee atribuciones y técnicas especializadas para investigar estos delitos. Traspasar la acción penal al Ministerio Público probablemente generaría un retroceso, se produciría una disrupción, pudiendo aumentar la impunidad. Por ello, solicita votar, primeramente, la indicación de su autoría, la que a la luz de lo mencionado por el Ministerio Público es un buen avance, mantiene el sistema funcionando y fortalece la persecución de los acuerdos colusorios.

Sometida a votación la indicación del diputado Leonardo Soto, es aprobada por la unanimidad de los presentes diputados (as) señores (as) Marcos Ilabaca (Presidente de la Comisión); Jorge Alessandri; Karol Cariola; Juan Antonio Coloma; Luciano Cruz-Coke; Gonzalo Fuenzalida; Diego Ibáñez; Pamela Jiles; René Saffirio; Leonardo Soto, y Matías Walker. (11-0-0).

En consecuencia, el artículo segundo del proyecto de ley N° 13.204-07 y la indicación del diputado Saffirio, se dan por rechazadas al ser incompatibles con lo ya aprobado.

Artículo nuevo

Artículo tercero del proyecto de ley N° 13.204-07

Art. Tercero.- Para incorporar en el Código Tributario el siguiente artículo 162 bis.

“Art. 162 bis.- El ejercicio de la acción penal mediante denuncia o querella a que se refiere el inciso primero del artículo anterior, no será necesaria, en aquellos casos en que el Ministerio Público investigando delitos comunes tome conocimiento de hechos que puedan ser constitutivos de delitos tributarios en que la cuantía del impuesto exceda de 30 Unidades Tributarias Anuales y afecten gravemente el patrimonio fiscal.

Se entenderá que existe una grave afectación al patrimonio si se tratare de hechos que sean reiterados en más de un ejercicio comercial o que exista una notoria desproporción entre los impuestos pagados y los evadidos o se hubiere utilizado asesoría contable o profesional.

La misma regla se aplicará a los hechos de los que tome conocimiento cuando sean cometidos por personas jurídicas perpetrados directa e inmediatamente en su interés o para su provecho, por sus dueños, controladores, responsables, ejecutivos principales, representantes o quienes realicen actividades de administración y supervisión, siempre que la comisión del delito fuere consecuencia del incumplimiento, por parte de ésta, de los deberes de dirección y supervisión a que se refiere la ley 20.393.”.

- Indicación del señor Soto, don Leonardo para sustituir en su totalidad el artículo 3°, relativo al Código Tributario, de acuerdo con el siguiente tenor:

“Artículo 162 bis: El Servicio tendrá 90 días corridos desde la notificación a que hace referencia el inciso 6° del artículo anterior para interponer querella o denuncia, cuando de los antecedentes que le han sido proporcionados aparezcan indicios que den cuenta de la eventual configuración de un hecho punible de carácter tributario. El Servicio podrá, por medio de resolución fundada, debidamente comunicada al Fiscal del caso, ampliar el plazo para adoptar la decisión de que se trata, por una vez y hasta por 45 días.

Transcurrido el plazo descrito en el inciso anterior, sin que el Servicio hubiere emitido su decisión o siendo ésta una decisión negativa en torno al ejercicio de la acción penal, el Fiscal que instruye la causa respectiva podrá solicitar a la Corte de Apelaciones competente el forzamiento del proceso criminal, siempre y cuando los hechos que se indagan puedan guardar relación con alguno de los delitos contemplados en el artículo 97 N°4.

Para estos efectos, el Fiscal acompañará a su solicitud los antecedentes que fundan y justifican su pretensión de dar inicio al proceso penal.

La Corte requerirá informe al Servicio y, en lo sucesivo, el procedimiento se tramita de conformidad con lo dispuesto en el art. 19 del Código Procesal Penal.

Revisados los antecedentes y habiendo constatado que existen motivos para sospechar que los hechos que han sido puestos en conocimiento del Servicio podrían importar la eventual comisión de alguno de los delitos que motivaron la presentación, la Corte autorizará la apertura del procedimiento penal, el que se tramitará en lo sucesivo conforme a las reglas del delito de acción penal pública.

En caso contrario, la Corte confirmará la decisión del Servicio y el Ministerio Público no podrá iniciar la investigación por delitos tributarios, sin perjuicio de proseguir con la indagación de otros delitos que se encuentren vinculados a las circunstancias que motivaron la iniciación del procedimiento reglado en los incisos anteriores.”

El diputado Leonardo Soto explica que la indicación, al igual que la anterior, también tiene por objeto terminar con un “monopolio” en el ejercicio de la acción penal en determinadas áreas de la economía, particularmente, en materia tributaria: la única posibilidad de que un delito tributario llegue a investigarse en la justicia penal es que se ejerza acción por parte del Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos (SII). Esta exclusividad es arbitraria, es decir, no debe explicar sus razones para ejercerla o no, ni ser coherente entre sus decisiones. Ha existido un fuerte cuestionamiento al Director del SII por no ejercer acciones penales para investigar “el financiamiento de campañas con boletas ideológicamente falsas”, entre otros.

La propuesta fuerza la investigación penal para delitos tributarios, sin derogar o modificar sus atribuciones. El Servicio tendrá 90 días corridos desde la notificación a que hace referencia el inciso 6° del artículo anterior para interponer querella o denuncia, cuando de los antecedentes que le han sido proporcionados aparezcan indicios que den cuenta de la eventual configuración de un hecho punible de carácter tributario.

Transcurrido el plazo descrito sin que el Servicio hubiere emitido su decisión o siendo ésta una decisión negativa en torno al ejercicio de la acción penal, el Fiscal que instruye la causa respectiva podrá solicitar a la Corte de Apelaciones competente el forzamiento del proceso criminal, siempre y cuando los hechos que se indagan puedan guardar relación con alguno de los delitos contemplados en el artículo 97 N°4.

El diputado Fuenzalida estima que no hay incompatibilidad entre ambas propuestas.

Expresa su inquietud por la redacción de la propuesta del señor Soto ya que habla de “hecho punible de carácter tributario” y el artículo 162 está circunscrito a “hechos constitutivos de delitos tributarios sancionados con pena privativa de libertad”, porque hay hechos punibles de carácter tributario que tienen únicamente sanción administrativa, hace referencia al rol del SII en cuanto recaudador de patrimonio fiscal y no de persecutor penal.

El diputado Leonardo Soto comparte la idea de que ambas propuestas son compatibles porque la del proyecto de ley, en cuanto a su especificidad, tiene que ver con hechos constitutivos de delitos tributarios en que la cuantía del impuesto exceda de 30 Unidades Tributarias Anuales y afecten gravemente el patrimonio fiscal.

En cambio, la de su autoría, se refiere a hechos punibles de carácter tributario que guardan relación con alguno de los delitos contemplados en el artículo 97 N° 4 del Código Tributario, delitos más graves. Agrega que solo en esos casos, la Corte de Apelaciones podría autorizar abrir la investigación penal.

El profesor señor Medina manifiesta dos aspectos de carácter técnico, sin entrar a la discusión de la titularidad de la acción que se expuso previamente.

La propuesta del boletín 13.204-07, en su inciso final, hace referencia al texto vigente de la ley N° 20.393, redacción que difiere significativamente con el nuevo artículo 3 aprobado (ver artículo 51) en este proyecto de ley. Se tendría que ajustar.

Asimismo, hace presente que la propuesta del señor Soto otorga facultades a la Corte de Apelaciones, lo que requeriría de una modificación del Código Orgánico de Tribunales.

El señor Mauricio Fernández del Ministerio Público expresa que reiteradamente se han visto en la experiencia de no poder investigar delitos tributarios ya que el órgano administrativo ha decidido, sin fundamentar, que no va a ejercer la acción o no dice nada, dejando pasar el tiempo del proceso penal. Las dos propuestas tienen algún grado de compatibilidad, dependen de una decisión política y no técnica en términos de cuánto se quiere abrir o no la acción penal para los delitos tributarios.

Concuerda que respecto de los delitos del artículo 97 N° 4 debiera existir una acción penal pública, y valora también el criterio “que afecten gravemente el patrimonio fiscal”.

Es imprescindible avanzar en un estatuto de delitos económicos que permita investigar efectivamente, por lo menos, los delitos tributarios más graves.

El diputado Ilabaca (Presidente) apunta que ambas normas son absolutamente compatibles.

El diputado Leonardo Soto señala que no es primera vez que se establecen funciones para un tribunal fuera del Código Orgánico de Tribunales. Dado que existe acuerdo que la Corte de Apelaciones sea quien resuelva los conflictos entre el Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Internos sobre titularidad de la acción penal, propone pedir un informe a la Corte Suprema sobre este punto y el forzamiento de una investigación penal.

El profesor señor Aldunate señala que el criterio que propone el texto del boletín N° 13.204-07, del señor Schilling y otros, contiene una combinación de factores: la cuantía del impuesto involucrado en la defraudación tributaria y, como requisito copulativo, que esta afecte gravemente el patrimonio fiscal.

En el inciso segundo se establece cuáles son los criterios, con base en lo que el mismo Servicio ha planteado como criterio para deducir querellas, los parámetros que se pueden tener a la vista para que el Ministerio Publico actúe de manera autónoma. Esto tiene reflejo en el derecho comparado, los delitos contra la Hacienda Pública en España tienen como estándar 100.000 euros para perseguir esos delitos (aproximadamente 80-85 millones de pesos). Las 30 UTA propuestas equivalen a 18 millones de pesos, es una definición político criminal si ese límite es razonable para el legislador.

Respecto a la propuesta del profesor Soto, correspondería pedir informe a la Corte Suprema porque se trata de una modificación orgánica.

Concuerda que el inciso final debe ajustarse al texto aprobado por este proyecto de ley.

Se faculta a la Secretaría para que adecue la numeración y para cotejar con los profesores la redacción del inciso tercero del texto propuesto en la moción N° 13.204, en concordancia con el artículo 3° introducido por el artículo 51 N°3 de este proyecto, a la Ley sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, en caso de ser aprobadas las propuestas.

Sometidos a votación conjuntamente el artículo tercero del proyecto de ley N° 13.204-07 y la indicación del diputado Leonardo Soto, ambas son aprobadas por la unanimidad de los presentes, diputados (as) señores (as) Marcos Ilabaca (Presidente de la Comisión); Jorge Alessandri; Karol Cariola; Juan Antonio Coloma; Camila Flores; Gonzalo Fuenzalida; Diego Ibáñez; Pamela Jiles; René Saffirio; Leonardo Soto, y Matías Walker. (11-0-0).

Se deja constancia que al término de la sesión, los profesores envían nueva redacción del inciso final del artículo tercero del proyecto de ley N° 13.204-07 aprobado, ajustado a los términos del artículo 3 introducido por el artículo 51 N°3 del proyecto de ley, conforme al mandato de la Comisión.

Nueva redacción: Art. Tercero.- Para incorporar en el Código Tributario el siguiente artículo 162 bis.

“Art. 162 bis.- El ejercicio de la acción penal mediante denuncia o querella a que se refiere el inciso primero del artículo anterior, no será necesaria, en aquellos casos en que el Ministerio Público investigando delitos comunes tome conocimiento de hechos que puedan ser constitutivos de delitos tributarios en que la cuantía del impuesto exceda de 30 Unidades Tributarias Anuales y afecten gravemente el patrimonio fiscal.

Se entenderá que existe una grave afectación al patrimonio si se tratare de hechos que sean reiterados en más de un ejercicio comercial o que exista una notoria desproporción entre los impuestos pagados y los evadidos o se hubiere utilizado asesoría contable o profesional.

La misma regla se aplicará a los hechos de los que tome conocimiento cuando sean cometidos por personas jurídicas con la intervención de alguna persona natural que ocupare un cargo, función o posición en ella, o le prestare servicios gestionando asuntos suyos ante terceros, con o sin su representación, siempre que la perpetración del hecho se hubiere visto favorecida o facilitada por la falta de implementación efectiva, por parte de la persona jurídica, de un modelo adecuado de prevención de tales delitos."

Artículo nuevo

Artículo cuarto del proyecto de ley N° 13.204-07

Artículo Cuarto. Para intercalar en el Decreto con Fuerza de Ley de Hacienda N° 213 sobre ordenanza de aduanas el siguiente artículo 189 bis:

“Art. 189 bis.- El ejercicio de la acción penal mediante denuncia o querella a que se refiere el inciso primero del artículo anterior, no será necesaria, en aquellos casos en que el Ministerio Público investigando delitos comunes tome conocimiento de hechos que puedan ser constitutivos de delitos aduaneros cuya cuantía del impuesto exceda de 30 Unidades Tributarias Anuales y afecten gravemente el patrimonio fiscal.”.

- Indicación del señor Soto, don Leonardo para sustituir en su totalidad el artículo 4°del proyecto N° 13.204-07, relativo al DFL de Hacienda N° 213, sobre Ordenanza de Aduanas, de la siguiente manera:

“Artículo 189 bis: El Ministerio Público informará al Servicio Nacional de Aduanas, a la brevedad posible, los antecedentes de que tomare conocimiento con ocasión de las investigaciones de delitos comunes y que pudieren relacionarse con los delitos a que se refiere el artículo anterior.

El Servicio tendrá 90 días corridos desde la notificación a que hace referencia el inciso anterior para interponer querella o denuncia, cuando de los antecedentes que le han sido proporcionados aparezcan indicios que den cuenta de la eventual configuración de un delito de contrabando. El Servicio podrá, por medio de resolución fundada, debidamente comunicada al Fiscal requirente, ampliar el plazo para adoptar la decisión de que se trata, por una vez, y hasta por 45 días.

Transcurrido el plazo descrito en el inciso anterior, sin que el Servicio hubiere emitido su decisión o siendo ésta una decisión negativa en torno al ejercicio de la acción penal, el Fiscal que instruye la causa respectiva podrá solicitar a la Corte de Apelaciones competente el forzamiento del proceso criminal. Para estos efectos, el Fiscal acompañará a su solicitud los antecedentes que fundan y justifican su pretensión de dar inicio al proceso penal.

La Corte requerirá informe al Servicio y, en lo sucesivo, el procedimiento se tramita de conformidad con lo dispuesto en el art. 19 del Código Procesal Penal.

Revisados los antecedentes y habiendo constatado que existen motivos para sospechar que los hechos que han sido puestos en conocimiento del Servicio podrían importar la eventual comisión de alguno de los delitos que motivaron la presentación, la Corte autorizará la apertura del procedimiento penal, el que se tramitará en lo sucesivo conforme a las reglas del delito de acción penal pública.

En caso contrario, la Corte confirmará la decisión del Servicio y el Ministerio Público no podrá iniciar la investigación por delitos contrabando, sin perjuicio de proseguir con la indagación de los delitos comunes que se encuentren vinculados a las circunstancias que motivaron la iniciación del procedimiento reglado en los incisos anteriores.”

El diputado Leonardo Soto señala que la propuesta es similar a la anterior, termina con la exclusividad que tiene el Director Nacional de Aduanas para abrir investigaciones penales en delitos de contrabando. Actualmente, el Director tiene facultades omnímodas, las ejerce arbitrariamente, aunque apenas se ejercen.

La propuesta dispone que el Ministerio Publico le puede solicitar los antecedentes al Servicio Nacional de Aduanas, se le otorga un plazo para que adopte una posición; y en su caso, la Corte de Apelaciones tendrá que dirimir para el ejercicio de las acciones penales. Abre espacios para la investigación y colaboración entre ambas instituciones.

El diputado Ilabaca (Presidente) hace presente que ambas propuestas no son compatibles.

En votación la indicación del diputado Leonardo Soto, es aprobada por la unanimidad de los presentes diputados (as) señores (as) Marcos Ilabaca (Presidente de la Comisión); Jorge Alessandri; Karol Cariola; Luciano Cruz-Coke; Camila Flores; Gonzalo Fuenzalida; Diego Ibáñez; Pamela Jiles; René Saffirio; Leonardo Soto, y Matías Walker. (11-0-0).

En consecuencia, el artículo cuarto del proyecto de ley N° 13.204-07 se da por rechazado al ser incompatible con lo ya aprobado.

Se deja constancia que, por la unanimidad de los presentes, se acoge la solicitud de la diputada Jiles de incorporar su voto favorable.

Artículo nuevo

- Indicación del señor Soto, don Leonardo para sustituir en su totalidad el artículo 178 relativo al DFL de Hacienda N° 213, sobre Ordenanza de Aduanas, de la siguiente manera:

“Artículo 178: Las personas que resulten responsables de los delitos de contrabando serán castigadas con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo. Por su parte, quienes sean considerados como autores de fraude aduanero, serán sancionados con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio.”

El diputado Leonardo Soto explica que se busca actualizar el delito de contrabando y el fraude aduanero que está en la Ordenanza de Aduanas. Observa que la sanción actual es anacrónica y el contrabando, sobre todo en zonas limítrofes, produce un daño social relevante.

El señor Mauricio Fernández del Ministerio Público estima que la indicación es innecesaria porque la ley N° 21.336, vigente desde mayo de este año, ha aumentado las penas de contrabando y ha perfeccionado el artículo 178.

El diputado Leonardo Soto pregunta si el aumento de las penas ha sido al delito de contrabando en general o respecto de ciertas mercancías (tabaco y productos derivados)

Sobre el punto, el señor Fernández aclara que las sanciones se han elevado tanto de pena corporal como de multa. Señala que se dispone únicamente multa para el contrabando inferior a 10 unidades tributarias mensuales, incluso en esta última hipótesis si se trata de mercancías con impuestos especiales igual tiene pena privativa de libertad.

Por lo expuesto, la indicación es retirada por su autor.

Despachado el proyecto de ley.

Se designa diputado informante al señor Leonardo Soto.

El diputado Ilabaca (Presidente) agradece el gran trabajo desarrollado por cada uno de los profesores, el que ha permitido avanzar en una materia altamente compleja, dando un paso relevante en relación con los delitos “de cuello y corbata”, proyecto muy anhelado por la ciudadanía.

También agradece al Ministerio Público su permanente colaboración.

El profesor señor Silva hace presente la necesidad de abordar algunos aspectos que han surgido como la incorporación de algunos tipos penales en los artículos 1 y 2 del proyecto de ley.

Se faculta a la Secretaría para analizar las adecuaciones que se señalan y resolver los ajustes que sean necesarios.

IV.- DOCUMENTOS SOLICITADOS, PERSONAS ESCUCHADAS POR LA COMISIÓN.

La Comisión contó con la valiosa y permanente ayuda de los penalistas, abogados y académicos señores (as) José Pedro Silva, Verónica Rosenblut, Gonzalo Medina, Héctor Hernández, Javier Wilenmann, Antonio Bascuñán, Fernando Londoño.

Asimismo, colaboraron los profesores (as) Enrique Aldunate, Jaime Winter, Ezzio Costa Cordella, y Rebeca Zamora (Abofem) .

Además participaron: el jefe de la Unidad de Lavado de Dinero Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado del Ministerio Público, señor Mauricio Fernández, acompañado por el subdirector de la Unidad Anticorrupción, señor Hernán Fernández, y los abogados Ulddeco, Andrés Salazar, Valeria Jelvez, Yelica Lusic y Rodrigo Peña; el Comisionado de la Comisión para el Mercado Financiero, señor Mauricio Larraín, acompañado por el jefe del Área Juridica, señor José Antonio Gaspar.

V.- ARTÍCULOS QUE DEBEN SER CONOCIDOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA.

De conformidad a lo establecido en el Nº 4 artículo 302 del Reglamento de la Corporación, la Comisión dejó constancia que el proyecto no requiere ser conocido por la Comisión de Hacienda.

VI.- ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADAS O DECLARADAS INADMISIBLES.

Indicaciones rechazadas

Del señor Saffirio al artículo 23:

Para eliminar el inciso segundo, del siguiente tenor: “El juez impondrá la reclusión parcial en domicilio en modalidad de arresto diurno, a menos que ella pusiera en riesgo la subsistencia económica del condenado, su familia o por otro motivo grave que así lo amerite.”.

Del señor Saffirio al artículo 25:

Para eliminar su inciso final.

Del señor Fuenzalida y señora Jiles al artículo 51 N° 4), para incorporar un nuevo número 4° del siguiente tenor:

“4.° previsión de evaluaciones periódicas y mecanismos de perfeccionamiento o actualización a partir de tales evaluaciones, lo cual podrá ser certificado por terceros independientes que tengan por objeto exclusivo la certificación de modelos de prevención, para efectos de mejora y actualización del modelo.”.

Del señor Saffirio, indicación complementaria, al numeral 10 del artículo 51 que sustituye el artículo 10 de la ley:

Para incorporar en el artículo 10 entre las palabras “Estado” y “conforme” la frase “por sí o por interpósita persona”

Del señor Saffirio, para eliminar del inciso primero del artículo 64 (del artículo 60 del proyecto) la expresión “sólo”, e incorporar después de la palabra “Económica” la frase “o el Ministerio Público”.

Artículos rechazados

Se rechazó el numeral 1) del artículo primero del proyecto boletín N° 13.204-07:

“Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley Nº 20.393 que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas:

1) Para modificar el inciso primero del artículo 1° en el siguiente sentido:

a) Para intercalar a continuación del pronombre “los” la segunda vez que aparece:

“en el Título XI de la ley Nº 18.045 ley de Mercado de Valores, en el art. 134 de la le Ley Nº 18.046 sobre sociedades anónimas, en el Título XVII del decreto con fuerza de ley Nº 3, del Ministerio de Hacienda, de 1997, ley general de bancos, en el artículo 168 en relación con el artículo 178, Nº 1, ambos del decreto con fuerza de ley Nº 30, del Ministerio de Hacienda, de 2005, que aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley Nº 213, del Ministerio de Hacienda, de 1953, sobre Ordenanza de Aduanas, en el art. 80 y art. 81 de la Ley Nº 17.366 (el N° correcto de la norma es 17.336) sobre propiedad intelectual, en el art. 138 y 138 bis del D.F.L 458, que fija el texto de la ley General de Urbanismo y construcciones, en el número 4º del artículo 97 del Código Tributario, en el art. 62 del título V del decreto ley Nº211, de 1973, que fija normas para la defensa de la libre competencia.”.

b) Para intercalar a continuación de la expresión “artículos” la segunda vez que aparece:

“en los artículos 193, 194, y 196 del párrafo 4 de la falsificación de instrumentos públicos o auténticos, y los artículo 197 y 198 del párrafo 5 de la falsificación de instrumentos privados, del título IV”,

c) Para intercalar a continuación de la expresión “ter” la siguiente frase:

“en los artículos 313 d, 314, 315, 316, 317 y 318 del párrafo 14 sobre crímenes y simples delitos contra la salud pública del título VI”,

d) Para intercalar a continuación de la expresión “A”, sustituyendo la conjunción “y” por una coma, el guarismo “468”;

e) Para sustituir la expresión “del Código Penal” por la siguiente frase:

“y los previstos en el Título IX del Código Penal;”

Se rechazó el numeral 4° del artículo 4°, propuesto por el N°4 del artículo 51.

Se rechazó el numeral 3) del artículo primero proyecto de ley 13.204-07:

“3) Modifíquese el artículo 7º en el siguiente sentido:

a) Para sustituir en el inciso primero la frase “Circunstancia agravante” por “Circunstancias agravantes”

b) Para incorporar el siguiente inciso segundo:

“Es también, circunstancia agravante la utilización instrumental de la persona jurídica para la comisión de los delitos previstos en el artículo 1º de la presente ley. Se entenderá que se cumple este supuesto si la actividad legal es irrelevante frente a las conductas ilícitas de la organización.”.”.

Se rechazó el número 6) del artículo 51:

6. Reemplázase en su artículo 6° el numeral 3) por el siguiente:

“3) La adopción de medidas eficaces para prevenir la reiteración de la misma clase de delitos, antes del cierre de la investigación.”

Se rechazó el número 4) del artículo primero del proyecto boletín N° 13.204-07:

“4) Incorporase el siguiente numeral 6) en el inciso primero del artículo 8º:

“6) Nombramiento de un Interventor judicial por el tiempo que se estime necesario, que no podrá exceder de cinco años.

La intervención podrá afectar a la totalidad de la organización o limitarse a alguna de sus instalaciones, secciones o unidades de negocio. El Juez o Tribunal, en la sentencia o, posteriormente, mediante resolución fundada, determinará exactamente el contenido de la intervención y determinará quién se hará cargo de aquella y en qué plazos deberá realizar informes de seguimiento y las rendiciones que correspondan para el Tribunal.”.

Se rechazó el artículo segundo del proyecto de ley N° 13.204-07:

“Art. Segundo.- Derógase el artículo 64 del Título V del Decreto ley Nº 211, de 1973, que fija normas para la defensa de la libre competencia.”

Se rechazó el artículo cuarto del proyecto de ley N° 13.204-07:

“Artículo Cuarto. Para intercalar en el Decreto con Fuerza de Ley de Hacienda N° 213 sobre ordenanza de aduanas el siguiente artículo 189 bis:

“Art. 189 bis.- El ejercicio de la acción penal mediante denuncia o querella a que se refiere el inciso primero del artículo anterior, no será necesaria, en aquellos casos en que el Ministerio Público investigando delitos comunes tome conocimiento de hechos que puedan ser constitutivos de delitos aduaneros cuya cuantía del impuesto exceda de 30 Unidades Tributarias Anuales y afecten gravemente el patrimonio fiscal.”.”.

VII.- TEXTO DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN.

Por las razones señaladas y por las que expondrá oportunamente el señor Diputado Informante, esta Comisión recomienda aprobar el siguiente:

PROYECTO DE LEY

TÍTULO I

DELITOS ECONÓMICOS

Art. 1.° Primera categoría. Para efectos de esta Ley de Delitos Económicos, serán considerados como delitos económicos, en toda circunstancia, los hechos previstos en las siguientes disposiciones legales:

1.°Los artículos 59, 60, 61 y 62 de la ley N° 18.045, de Mercado de Valores;

2.°Los artículos 35, 43 y 58 del decreto ley 3.538, que crea la Comisión para el Mercado Financiero;

3.° El artículo 59 de la ley N°18.840, Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile;

4.°Los artículos 39 literal h), 39 bis inciso sexto y 62 del decreto con fuerza de ley N° 1 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción de 2004, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 211 de 1973;

5.° El inciso final del artículo 2° y los artículos 39, 141 y 142, 154, 157, 158,159 y 161 del decreto con fuerza de ley N° 3 del Ministerio de Hacienda de 1997, que fija el texto refundido, sistematizado y concordado de la Ley General de Bancos, decreto con fuerza de ley Nº 252, de 1960, y de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras contenida en el decreto ley N° 1.097 de 1975, y de los demás textos legales que se refieren a bancos y sociedades financieras u otras empresas fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras;

6.°El artículo 12 y el inciso sexto del artículo 24, ambos del artículo undécimo, de la ley N° 20.416 que Fija Normas Especiales para las Empresas de Menor Tamaño;

7.° Los artículos 4 y 13 de la ley N° 20.345, sobre Sistemas de Compensación y Liquidación de Instrumentos Financieros;

8.°El artículo 49 del decreto con fuerza de ley N° 251 del Ministerio de Hacienda de 1931, sobre Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio;

9.°Los artículos 134 y 134 bis de la ley N° 18.046, sobre Sociedades Anónimas; y,

10.Los números 2, 3, 4 y 7 del artículo 240, y los artículos 251 bis, 285, 286, 287 bis, 287 ter y 464 del Código Penal.

Art. 2.°Segunda categoría. Serán asimismo considerados como delitos económicos los hechos previstos en las disposiciones legales que a continuación se indican, siempre que el hecho fuere perpetrado en ejercicio de un cargo, función o posición en una empresa, o cuando lo fuere en beneficio económico o de otra naturaleza para una empresa:

1.° El artículo 30 del decreto con fuerza de ley N° 3 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia del 2017, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 19.884 orgánica constitucional sobre transparencia, límite y control del gasto electoral;

2.°El inciso cuarto del artículo 8 ter y los artículos 97 y 100 del decreto ley N° 830 de 1974, Código Tributario;

3.° El inciso quinto del artículo 134 y los artículos 168, 169 y 182 del decreto con fuerza de ley N° 30 del Ministerio de Hacienda de 2004, que aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 213 del Ministerio de Hacienda de 1953, sobre Ordenanza de Aduanas;

4.°El inciso segundo del artículo 14 y los artículos 110 y 160 del decreto con fuerza de Ley N° 3 del Ministerio de Hacienda de 1997, que fija el texto refundido, sistematizado y concordado de la a Ley General de Bancos, decreto con fuerza de ley Nº 252, de 1960, y de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras contenida en el decreto ley N° 1.097 de 1975, y de los demás textos legales que se refieren a bancos y sociedades financieras u otras empresas fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras;

5.°Los artículos 22 y 43 del decreto con fuerza de ley N° 707 del Ministerio de Justicia de 1982, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques,

6.° El artículo 110 de la ley N° 18.092 que dicta Nuevas Normas sobre Letras de Cambio y Pagaré;

7.° El artículo 5° de la ley N° 20.009, que Establece un Régimen de Limitación de Responsabilidad para Titulares o Usuarios de Tarjetas de Pago y Transacciones Electrónicas en Caso de Extravío, Hurto, Robo o Fraude;

8.°Los artículos 18, 21, 22, 22 bis y 22 ter del decreto N° 4.363 de 1931 del Ministerio de Tierras y Colonización, que aprueba texto definitivo de la Ley de Bosques;

9.°Los artículos 49 y 50 de la Ley N° 20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal;

10.Los artículos 64-D, 64-F, 120-B, 135, 135 bis, 136, 136 bis, 137, 137 bis, 138 bis, 139, 139 bis, 139 ter y 140 del decreto N° 430 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción de 1991, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.892, General de Pesca y Acuicultura, y sus modificaciones;

11.Los artículos 29, 30 y 31 de la ley N° 19.473 que sustituye el texto de la ley N° 4.601 sobre caza;

12.Los artículos 11 y 12 inciso primero de la ley N° 20.962, que aplica Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre;

13. Los artículos 38 y 38 bis de la ley N° 17.288, de Monumentos Nacionales y Normas Relacionadas;

14. Los artículos 73, 118 y 119 de la ley N° 18.248, Código de Minería;

15.El artículo 280 del decreto con fuerza de ley N° 1122 del Ministerio de Justicia del año 1981 que fija el texto del Código de Aguas;

16. Los artículos 36 B y 37 de la ley N° 18.168 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones que aprueba la Ley General de Telecomunicaciones;

17.Los artículos 138 y 140 del decreto 458 de 1976 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que aprueba nueva Ley General de Urbanismo y Construcciones;

18.Los artículos 35, 36, 37 y 38 de la ley N° 18.690, sobre Almacenes Generales de Depósito;

19.El artículo 44 de la ley N° 19.342 que Regula Derechos de Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales;

20.Los artículos 1, 2, 3 y 4 de la ley N° 19.223, que Tipifica Figuras Penales Relativas a la Informática;

21.Los artículos 13 y 13 bis de la ley N° 17.322, sobre Normas para la Cobranza Judicial de Cotizaciones, Aportes y Multas de las Instituciones de Seguridad Social;

22.Los artículos 19, 23 y 25, la letra c) del inciso duodécimo del artículo 61 bis y el artículo 159 del decreto ley N° 3.500 de 1980, que Establece un Nuevo Sistema de Pensiones;

23.El inciso segundo del artículo 110, el inciso tercero del artículo 174 y el artículo 228 del decreto con fuerza de ley N° 1 del Ministerio de Salud de 2005, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley 2.763 y de las leyes N°19.933 y N° 18.469;24. El artículo 36 introducido por el artículo 14 de la ley N° 20.190, que Introduce Adecuaciones Tributarias e Institucionales para el Fomento de la Industria de Capital de Riesgo y Continúa el Proceso de Modernización del Mercado de Capitales;

25.Los artículos 41, 46, 48 y 51 del decreto con fuerza de ley N° 251 del Ministerio de Hacienda de 1931, sobre Compañías de Seguro, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio;

26.El artículo 44 de la ley N° 20.920, que Establece Marco para la Gestión de Residuos, la Responsabilidad Extendida del Productor y el Fomento al Reciclaje;

27.Los artículos 194, 196, 197 y 198, el número 6 del artículo 240, el inciso segundo del artículo 247 bis, los artículos 250, 250 bis, 273, 274, 276, 277, 280, 281, 282, 283, 284, 284 bis, 285, 286, 287, 287 bis, 287 ter, 289, 290, 291, 291 bis y 291 ter, los números 1 y 2 del artículo 296, los artículos 297, 297 bis, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 313 d, 314, 315, 316, 317, 318, 438, 459, 460, 460 bis, 461, 463, 463 bis, 463 ter, 463 quáter, 464 ter, 467, 468, 469 y 470, el número 2 del artículo 471, los artículos 472, 472 bis y 473, los números 2, 3, 5, 6 y 7 del artículo 485 y el artículo 486 en tanto se refiera a las circunstancias expresadas en los números antes señalados del artículo 485, todos del Código Penal, y

28. Los artículos 490 y 492 del Código Penal, en relación con el número 2 del artículo 391 y los artículos 395, 396, 397, 398 y 399 del mismo Código, cuando el hecho se realizare con infracción a los deberes de cuidado relativos a la seguridad en el trabajo o en la fabricación o distribución de productos destinados al consumo o uso masivo del público;

Art. 3°. Tercera categoría. Serán asimismo considerados como delitos económicos los hechos previstos en las disposiciones legales que a continuación se indican, siempre que en la perpetración del hecho hubiere intervenido, en alguna de las formas previstas en los artículos 15 o 16 del Código Penal, alguien en ejercicio de un cargo, función o posición en una empresa, o cuando el hecho fuere perpetrado en beneficio económico o de otra naturaleza para una empresa:

1.°El artículo 31 del decreto con fuerza de ley N° 3 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia del 2017, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 19.884 orgánica constitucional sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral; y

2.°El artículo 40 de la ley N° 20.283, Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal;

3.°El inciso primero del artículo 64-J del decreto N° 430 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción de 1991, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.892, General de Pesca y Acuicultura, y sus modificaciones;

4.°El artículo 48 ter de la ley N° 19.300, que aprueba Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente;

5.°Los artículos 193, 233, 234, 235, 236, 237 y 239, el número 1 del artículo 240, los artículos 241, 241 bis, 242, 243, 244, 246 y 247, el inciso primero del artículo 247 bis, y los artículos 248, 248 bis y 249, todos ellos del Código Penal;

Art. 4°. Cuarta categoría. Receptación, lavado y blanqueo de activos. Serán también considerados delitos económicos los hechos previstos en el artículo 456 bis A del Código Penal y en los artículos 27 y 28 de la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y Modifica Diversas Disposiciones en Materia de Lavado y Blanqueo de Activos, cuando las especies o bienes a que se refieren esos delitos provengan de la perpetración de hechos:

1. Considerados como delitos económicos conforme al artículo 1°;

2. Considerados como delitos económicos conforme a los artículos 2° o 3°;

3. Constitutivos de alguno de los delitos señalados en los números 1 a 28 del artículo 2°, o en los números 1 a 5 del artículo 3°, siempre que la receptación de bienes o el lavado o blanqueo activos fueren perpetrados en ejercicio de un cargo, función o posición en una empresa, o cuando lo fueren en beneficio económico o de otra naturaleza para una empresa.

Art. 5.°Doble consideración de circunstancias. La concurrencia de cualquiera de las circunstancias señaladas en los artículos 2°, 3° y 4° producirá el efecto de que se considere el hecho respectivo como delito económico, aunque la ley que lo prevé la haya expresado al describirlo y penarlo, o aunque sea de tal manera inherente al delito que sin su concurrencia no pueda cometerse.

Art. 6°. Inaplicabilidad a micro y pequeñas empresas. Las disposiciones de los Títulos II y III de esta ley no serán aplicables a los delitos considerados como económicos conforme a los artículos 2° y 3° y los números 2 y 3 de su artículo 4° que se perpetraren en el contexto o en beneficio de una empresa que tenga el carácter de micro o pequeña empresa conforme al artículo segundo de la ley N° 20.416.

En caso de que la empresa involucrada forme parte de un grupo empresarial, deberán sumarse los ingresos del grupo para determinar si califica como micro o pequeña empresa conforme al artículo segundo de la ley N° 20.416. Por grupo empresarial se entenderá lo dispuesto en el artículo 96 de la ley N° 18.045.

Art. 7°. Concursos. En caso de ser aplicable el artículo 75 del Código Penal o el artículo 351 del Código Procesal Penal por la concurrencia de un delito económico y de uno o más delitos de otra clase, las disposiciones del Título II de esta ley serán aplicables a todos ellos.

TÍTULO II

PENAS Y CONSECUENCIAS ADICIONALES A LA PENA APLICABLES A LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LOS DELITOS ECONÓMICOS

§ 1. Reglas generales

Art. 8.° Ámbito de aplicación personal. Las disposiciones del presente Título serán aplicables a las personas responsables de los delitos económicos.

Son responsables de delitos económicos:

1.° Todas las personas penalmente responsables conforme a las reglas generales por un hecho considerado como delito económico conforme al artículo 1° y al número 1 del artículo 4°;

2.° Las personas penalmente responsables conforme a las reglas generales por un hecho considerado como delito económico según los artículos 2° y 3° y los números 2 y 3 del artículo 4°, que al momento de su intervención hubieren tenido conocimiento de la concurrencia de las circunstancias a que esos artículos se refieren.

Art. 9.° Penas privativas o restrictivas de libertad o de otros derechos. Las penas privativas o restrictivas de libertad o de otros derechos que corresponda imponer al responsable de un delito económico son las señaladas por la ley que lo sanciona, sin perjuicio de las consecuencias adicionales establecidas en el párrafo 5 del presente Título.

No obstante, la determinación de la pena de presidio o reclusión que deba ser impuesta, así como de su sustitución, se harán conforme con la presente ley. En subsidio serán aplicables las reglas generales de determinación y ejecución de las penas, en tanto no sean incompatibles con la presente ley.

Art. 10. Multa. Todo delito económico conlleva además una pena de multa, cuya cuantía y determinación se establecerá conforme a la presente ley, así como la imposición de las inhabilitaciones y prohibiciones previstas en el párrafo 5. Ni la multa ni las prohibiciones e inhabilitaciones podrán ser sustituidas.

La multa a imponer se fijará en un número de días-multa que corresponda a la extensión de las penas privativas o restrictivas de libertad, conforme a lo dispuesto en el artículo 27.

La cuantía de la multa a aplicar será la que corresponda al valor que el tribunal fije para cada día-multa, de conformidad con el artículo 27, multiplicado por el número de días-multa que corresponda. El producto se expresará en una suma de dinero fijada en moneda de curso legal.

Con todo, si la ley que describe el hecho punible le señalare una pena de multa superior al máximo a imponer conforme a la presente ley, el Tribunal se estará a lo que disponga dicha ley respecto a esa multa, en el margen que excediere al máximo antedicho.

Art. 11. Sanciones o medidas administrativas y penas. La circunstancia de que un hecho constitutivo de delito pueda, asimismo, dar lugar a una o más sanciones o medidas administrativas no obsta a la imposición de las penas, consecuencias adicionales a la pena o medidas de seguridad que procedan conforme a esta ley.

Con todo, el monto de la pena de multa pagada de conformidad con esta ley será abonado a la multa no constitutiva de pena que se imponga al condenado por el mismo hecho. Si el condenado hubiere pagado una multa no constitutiva de pena como consecuencia del mismo hecho, el monto pagado será abonado a la pena de multa impuesta de conformidad con esta ley.

La extensión de la inhabilitación impuesta al condenado como consecuencia adicional a la pena de conformidad con esta ley será deducida de la extensión de la inhabilitación de la misma naturaleza que fuere impuesta como sanción administrativa o disciplinaria. Si el condenado hubiere sido sometido a una inhabilitación como sanción administrativa o disciplinaria, la extensión de esta será deducida de la inhabilitación de la misma naturaleza que se le impusiere de conformidad con esta ley.

§ 2. Determinación de las penas privativas de libertad

Art. 12. Régimen especial. En la determinación de la pena aplicable a un delito económico no se considerará lo dispuesto por los artículos 65 a 69 del Código Penal, ni serán aplicables las atenuantes y agravantes previstas en los artículos 11 a 13 del Código Penal. En su lugar, se aplicarán las reglas dispuestas en los artículos siguientes.

Art. 13. Atenuantes. Son circunstancias atenuantes de un delito económico las siguientes:

1ª. La culpabilidad disminuida del condenado, establecida siempre que concurra cualquiera de los siguientes supuestos:

a. El condenado no buscó obtener provecho económico de la perpetración del hecho para sí o para un tercero; o,

b. El condenado, estando en una posición intermedia o superior, se limitó a omitir realizar alguna acción que habría impedido la perpetración del delito, sin favorecerla directamente.

2ª.Que el hecho haya ocasionado un perjuicio limitado. Se entenderá que ello tiene lugar cuando el perjuicio total supere las 40 Unidades Tributarias Mensuales y no pase de 400, sin que se aplique alguna de las circunstancias del artículo 16 b).

Art. 14. Atenuantes muy calificadas. Son circunstancias atenuantes muy calificadas de un delito económico las siguientes:

1ª. La culpabilidad muy disminuida del condenado, establecida siempre que concurra cualquiera de los siguientes supuestos:

a. El condenado actuó en interés de personas necesitadas o por necesidad personal apremiante;

b. El condenado tomó oportuna y voluntariamente medidas orientadas a prevenir o mitigar sustancialmente la generación de daños;

c. El condenado actuó bajo presión y en una situación de subordinación;

d. El condenado actuó en una situación de subordinación y con conocimiento limitado de la ilicitud de su actuar.

2ª. Que el hecho haya tenido una entidad de bagatela. Se entenderá que en todo caso ello es así cuando el perjuicio total irrogado no supere 40 Unidades Tributarias Mensuales.

Art. 15. Agravantes. Son circunstancias agravantes de un delito económico las siguientes:

1ª. La culpabilidad elevada del condenado, establecida siempre que concurra cualquiera de los siguientes supuestos:

a. El condenado participó activamente en una posición intermedia en la organización en la que se perpetró el delito; se entenderá que el condenado se encuentra en una posición intermedia cuando ejerce un poder relevante de mando sobre otros en la misma organización, sin estar en una posición jerárquica superior; este supuesto no será aplicable tratándose de medianas empresas conforme al artículo segundo de la Ley N° 20.416;

b. El condenado ejerció abusivamente autoridad o poder al perpetrar el hecho;

c. El condenado había sido sancionado anteriormente por perpetrar un delito económico;

2ª. Que el hecho haya ocasionado un perjuicio o reportado un beneficio relevante. Se entenderá que ello tiene lugar cuando el perjuicio o beneficio agregado total supere las 400 Unidades Tributarias Mensuales y no supere las 40.000, sin que se aplique alguno de los casos de la circunstancia 2ª del artículo 16.

Art. 16. Agravantes muy calificadas. Son circunstancias agravantes muy calificadas de un delito económico las siguientes:

1ª. La culpabilidad muy elevada del condenado, establecida siempre que concurra cualquiera de los siguientes supuestos:

a. El condenado participó activamente en una posición jerárquica superior en la organización en la que se perpetró el delito; se entenderá que el condenado se encuentra en una posición jerárquica superior en la organización cuando ejerza como gerente general o miembro del órgano superior de administración, o como jefe de una unidad o división, solo subordinado al órgano superior de administración, así como cuando ejerza como director, socio administrador o accionista o socio con poder de influir en la administración.

b. El condenado ejerció presión sobre sus subordinados en la organización para que colaboraran en la perpetración del delito;

2ª. Que el hecho haya ocasionado un perjuicio muy elevado. Se entenderá que ello tiene lugar en las siguientes circunstancias:

a. El hecho ocasionó perjuicio a personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que en total supere las 40.000 Unidades Tributarias Mensuales, o reportó un beneficio de esta cuantía;

b. El hecho afectó el suministro de bienes de primera necesidad o de consumo masivo;

c. El hecho afectó abusivamente a individuos que pertenecen a un grupo vulnerable.

Art. 17. Efectos de las atenuantes y agravantes. En caso de concurrir una atenuante muy calificada respecto de un marco penal que incluya una pena de presidio o reclusión de un solo grado, este se aplicará en su mínimum. De estar compuesto de dos o más grados, no se aplicará el grado superior.

De concurrir dos o más atenuantes muy calificadas respecto de un delito cuyo marco esté compuesto por un solo grado, este se rebajará en un grado. De estar compuesto de dos o más grados, el marco se fijará en el grado inmediatamente inferior al grado más bajo del marco legal.

En caso de concurrir una agravante muy calificada respecto de un marco penal que incluya una pena de presidio o reclusión de un solo grado, este se aplicará en su máximum. De estar compuesto de dos o más grados, no se aplicará el grado inferior.

De concurrir dos o más agravantes muy calificadas respecto de un delito cuyo marco esté compuesto por un solo grado, este se incrementará en un grado. De estar compuesto de dos o más grados, el marco se fijará en el inmediatamente superior al grado más alto del marco legal.

De concurrir atenuantes muy calificadas y agravantes muy calificadas, el tribunal deberá compensarlas en consideración a su número. En caso de que concurran en igual número, no producirán efecto de atenuar o agravar la pena.

Art. 18. Determinación judicial de la pena. Dentro de los límites de cada grado el tribunal determinará la cuantía de la pena en atención a la concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes previstas en los artículos 13 y 15, a la mayor o menor intensidad de la culpabilidad del responsable y a la mayor o menor extensión del mal que importe el delito.

§ 3. Penas sustitutivas de los delitos económicos

Art. 19. Régimen especial. La procedencia de penas sustitutivas a las de presidio o reclusión se determinará de conformidad con lo dispuesto en los artículos siguientes. Las disposiciones de la ley N° 18.216 solo serán aplicables supletoriamente respecto de los aspectos no regulados en esta ley y en la medida en que no se opongan a ella.

Art. 20. Penas sustitutivas. La ejecución de las penas privativas o restrictivas de libertad de los delitos económicos podrá sustituirse por el tribunal que las imponga, por alguna de las siguientes:

1.°Remisión condicional;

2.°Reclusión parcial en domicilio;

3.°Reclusión parcial en establecimiento especial.

Art. 21. Remisión condicional. La remisión condicional consiste en la sustitución del cumplimiento de la pena privativa de libertad por la discreta observación y asistencia del condenado ante la autoridad administrativa durante cierto tiempo.

La remisión condicional solo podrá decretarse si:

1.° La pena privativa o restrictiva de libertad que impusiere la sentencia no excediere de tres años y el condenado se viere beneficiado por una atenuante muy calificada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14; y,

2.° El penado no hubiese sido condenado anteriormente por crimen o simple delito. En todo caso, no se considerarán para estos efectos las condenas cumplidas diez o cinco años antes, respectivamente, de la comisión del nuevo ilícito.

Para los efectos de determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el número 1° se considerará que concurre, en su caso, la atenuante muy calificada de la circunstancia 2ª del artículo 14, aun cuando ella no tuviere incidencia en la determinación de la pena por tratarse de una circunstancia inherente al delito.

Art. 22. Condiciones impuestas por la remisión condicional. Al aplicar la remisión condicional, el tribunal establecerá un plazo de observación que no será inferior al de la duración de la pena, con un mínimo de un año y un máximo de tres, e impondrá al condenado las siguientes condiciones:

1ª.Residencia en un lugar determinado, que podrá ser propuesto por el tribunal; este podrá ser cambiado, en casos especiales, según la calificación efectuada por Gendarmería de Chile;

2ª.Sujeción al control administrativo y a la asistencia de Gendarmería de Chile, en la forma que establece el reglamento de la ley N° 18.216; dicho servicio recabará anualmente, al efecto, un certificado de antecedentes prontuariales, y

3ª. Ejercicio de una profesión, oficio, empleo, arte, industria o comercio, si el condenado careciere de medios conocidos y honestos de subsistencia y no poseyere la calidad de estudiante.

Art. 23. Reclusión parcial en el domicilio. La pena de reclusión parcial en domicilio consiste en el encierro en el domicilio del condenado. La reclusión parcial podrá ser diurna o de fin de semana, conforme a los siguientes criterios:

1.° La reclusión diurna consistirá en el encierro en el domicilio del condenado, durante un lapso de ocho horas diarias y continuas, las que se fijarán entre las ocho y las veintidós horas;

2.° La reclusión de fin de semana consistirá en el encierro en el domicilio del condenado entre las veintidós horas del día viernes y las seis horas del día lunes siguiente.

En aquellos casos en que la pena de reclusión parcial diurna pusiera en riesgo la subsistencia económica del condenado, de su cónyuge o conviviente civil, hijos o hijas o cualquier otra persona que dependa económicamente del condenado o por otro motivo grave que así lo amerite, se deberá imponer la pena de reclusión de fin de semana.

Para el cumplimiento de la reclusión parcial en domicilio, el tribunal establecerá como mecanismo de control de la misma el sistema de monitoreo telemático, salvo que Gendarmería de Chile informe desfavorablemente la factibilidad técnica de su imposición, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 23 bis y siguientes de la Ley N° 18.216. En tal caso, entendido como excepcional, se podrán decretar otros mecanismos de control similares, en la forma que determine el tribunal.

Para los efectos de esta ley, se entenderá por domicilio la residencia regular que el condenado utilice para fines habitacionales.

Art. 24. Requisitos para disponer la pena de reclusión parcial en el domicilio. La reclusión parcial en domicilio solo podrá disponerse si:

1.°La pena privativa o restrictiva de libertad que impusiere la sentencia no excediere de tres años y no fuere aplicable una agravante muy calificada;

2.°El penado no hubiese sido condenado anteriormente por crimen o simple delito, o lo hubiese sido a una pena privativa o restrictiva de libertad que no excediere de dos años, o a más de una, siempre que en total no superaren dicho límite; en todo caso, no se considerarán para estos efectos las condenas cumplidas diez o cinco años antes, respectivamente, de la comisión del nuevo ilícito; no obstante lo anterior, si dentro de los diez o cinco años anteriores, según corresponda, a la comisión del nuevo crimen o simple delito, le hubieren sido impuestas dos reclusiones parciales, no será procedente la aplicación de esta pena sustitutiva, y

3.°existieren antecedentes laborales, educacionales o de otra naturaleza que justificaren esta sustitución, así como si los antecedentes personales del condenado, su conducta anterior y posterior al hecho punible y la naturaleza, modalidades y móviles determinantes del delito, permitieren presumir que la pena de reclusión parcial lo disuadirá de cometer nuevos ilícitos.

Para los efectos de determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el número 1° se considerará que concurre, en su caso, la agravante muy calificada de la circunstancia 2ª del artículo 16, aun cuando ella no tuviere incidencia en la determinación de la pena en virtud de lo dispuesto en el artículo 63 del Código Penal.

Art. 25. Reclusión parcial en establecimiento especial. La pena de reclusión parcial en establecimiento especial consiste en el encierro en un lugar especialmente dispuesto para ello durante cincuenta y seis horas semanales. Un reglamento determinará los establecimientos que pueden ser utilizados para estos efectos y las condiciones de su instalación y funcionamiento.

La reclusión parcial podrá ser diurna, o de fin de semana, o nocturna. La reclusión nocturna consistirá en el encierro del condenado en el establecimiento especial entre las veintidós horas de cada día hasta las seis horas del día siguiente.

En aquellos casos en que la pena de reclusión parcial diurna pusiera en riesgo la subsistencia económica del condenado, de su cónyuge o conviviente civil, hijos o hijas o cualquier otra persona que dependa económicamente del condenado o por otro motivo grave que así lo amerite, se deberá imponer la pena de reclusión parcial nocturna o de fin de semana.

Art. 26. Requisitos para disponer la pena de reclusión parcial en establecimiento especial. La pena de reclusión parcial en establecimiento especial solo podrá decretarse si:

1.° La pena privativa o restrictiva de libertad que impusiere la sentencia fuere superior a dos años y no excediere de cinco, y siempre que no fuere aplicable una agravante muy calificada de conformidad con el artículo 16;

2.°El penado no hubiere sido condenado anteriormente por crimen o simple delito; en todo caso, no se considerarán para estos efectos las condenas cumplidas diez o cinco años antes, respectivamente, del ilícito sobre el que recayere la nueva condena; no obstante lo anterior, si dentro de los diez o cinco años anteriores, según corresponda, a la comisión del nuevo crimen o simple delito, le hubieren sido impuestas dos reclusiones parciales, no será procedente la aplicación de esta pena sustitutiva, y

3.°Existieren antecedentes laborales, educacionales o de otra naturaleza similar que justificaren la pena, así como si los antecedentes personales del condenado, su conducta anterior y posterior al hecho punible y la naturaleza, modalidades y móviles determinantes del delito, permitieren presumir que la pena de reclusión parcial lo disuadirá de cometer nuevos ilícitos.

Para los efectos de determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el número 1°, se considerará que concurre, en su caso, la agravante muy calificada de la circunstancia 2ª del artículo 16, aun cuando ella no tuviere incidencia en la determinación de la pena en virtud de lo dispuesto en el artículo 63 del Código Penal.

§ 4. Determinación de la pena de multa

Art. 27. Determinación del número de días-multa. El número de días-multa aplicable a un delito económico será determinado a partir del grado de la pena privativa de libertad prevista por la ley para el delito respectivo, del grado máximo de ella si constara de más de un grado o, de concurrir atenuantes o agravantes muy calificadas, del grado que resulte de aplicarle lo dispuesto en el artículo 17, de acuerdo con la siguiente tabla de conversión:

Prisión: 1 a 10 días-multa.

Presidio o reclusión menor en su grado mínimo: 11 a 50 días multa.

Presidio o reclusión menor en su grado medio: 51 a 100 días-multa.

Presidio o reclusión menor en su grado máximo: 101 a 150 días-multa.

Presidio o reclusión mayor en su grado mínimo: 151 a 200 días-multa.

Presidio o reclusión mayor en su grado medio: 201 a 250 días-multa.

Presidio o reclusión mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado: 251 a 300 días-multa.

Si la ley solo prevé para el delito respectivo la aplicación de multa o de una pena no privativa de libertad, el número de días-multa será establecido en el marco aplicable a delitos castigados con prisión.

Al interior de ese marco, el tribunal individualizará la pena de multa en un número de días-multas de conformidad a lo dispuesto en artículo 18.

En caso de ser aplicable el artículo 74 del Código Penal, la multa total no podrá exceder de 300 días-multa.

Art. 28. Determinación del valor del día-multa. El valor del día-multa corresponderá al ingreso diario promedio líquido que el condenado haya tenido en el período de un año antes de que la investigación se dirija en su contra, considerando sus remuneraciones, rentas, réditos del capital o ingresos de cualquier otra clase.

El valor del día-multa no podrá ser inferior a media Unidad Tributaria Mensual ni superior a mil. La pena mínima de multa es de un día-multa.

Art. 29. Aumento del valor en consideración al patrimonio. Si el ingreso diario promedio líquido determinado en los términos señalados en el artículo anterior resultare desproporcionadamente bajo en relación con el patrimonio del condenado, el tribunal podrá aumentar hasta en dos veces el valor del día-multa.

Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, los ingresos, las obligaciones, las cargas y el patrimonio del condenado serán estimados por el tribunal sobre la base de los antecedentes aportados al procedimiento respecto de sus rentas, gastos, modo de vida u otros factores relevantes.

§ 5. Inhabilitaciones

Art. 30. Aplicación copulativa. Junto con la imposición de las penas principales que corresponda, el tribunal deberá imponer todas las inhabilitaciones que siguen respecto de todo condenado por un delito económico.

Art. 31. Inhabilitación para el ejercicio de una función o cargo público. La inhabilitación para el ejercicio de una función o cargo público pone término a todo aquel que el condenado estuviere ejerciendo al momento de la sentencia, sea o no de elección popular, y lo incapacita para obtener cualquier otro por el tiempo correspondiente a su extensión.

Art. 32. Inhabilitación para el ejercicio de cargos gerenciales. La inhabilitación para el ejercicio de cargos gerenciales afecta del mismo modo la capacidad del condenado para desempeñarse como administrador, gerente o director en cualquier sociedad anónima abierta o en una empresa del Estado.

Art. 33. Inhabilitación para contratar con el Estado. La inhabilitación para contratar con el Estado impide al condenado contratar con cualquiera de los órganos o servicios del Estado reconocidos por la Constitución Política de la República o creados por ley, con cualquiera de los órganos o empresas públicas que conforme a la ley constituyen al Estado y con las empresas o sociedades en las que el Estado participe con al menos la mitad de las acciones que comprenden su capital, de los derechos sociales o de los derechos de administración.

La inhabilitación para contratar con el Estado produce también la extinción de pleno derecho de los efectos de los actos y contratos que el Estado haya celebrado con el condenado y que se encuentren vigentes al momento de la condena.

La inhabilitación no comprende los actos y contratos relativos a las prestaciones personales de salud previsional o seguridad social, ni los servicios básicos que el Estado ofrece indiscriminadamente a la población.

Si se impusiere la inhabilitación para contratar con el Estado a una persona natural, ninguna sociedad, fundación o corporación en la que el condenado fuere directa o indirectamente socio, accionista, miembro o partícipe con poder de influir en la administración podrá contratar con el Estado mientras el condenado mantenga su participación en la misma.

Art. 34. Extensión. Las inhabilitaciones previstas en este párrafo tendrán una extensión equivalente a la de los grados de las inhabilitaciones temporales conforme a la tabla demostrativa del artículo 56 del Código penal. La inhabilitación para contratar con el Estado podrá, además, imponerse a perpetuidad.

Art. 35. Determinación judicial de la extensión de la inhabilitación. Para la determinación de su extensión el tribunal estará a lo dispuesto en el párrafo 2 de esta ley. La que se impusiere a cada interviniente en el delito será determinada independientemente.

Si la pena impuesta no incluyere la ejecución efectiva de una pena privativa de libertad, las inhabilitaciones no podrán durar más de cinco años tratándose de la inhabilitación para el ejercicio de un cargo o función pública o para el ejercicio de cargos gerenciales. La prohibición para contratar con el Estado podrá imponerse siempre en toda su extensión.

Si la inhabilitación se impusiere juntamente con una pena efectiva de presidio o reclusión, la extensión determinada por el tribunal se aumentará de pleno derecho en todo el tiempo de ejecución efectiva de esa pena, si fuere mayor.

Art. 36. Duración. Toda inhabilitación comenzará a producir sus efectos desde la fecha en que quedare ejecutoriada la sentencia que la impusiere, y su duración se computará desde ese momento.

Art. 37. Rehabilitación. Todo sentenciado a inhabilitación para el ejercicio de una función o cargo público o para el ejercicio de cargos gerenciales tendrá derecho a solicitar al tribunal su rehabilitación una vez cumplida la mitad de la condena.

El tribunal accederá a la solicitud si se acompañaren antecedentes que permitieren presumir que el condenado no volverá a delinquir y que ejercerá en el futuro en forma responsable la actividad a la que se refiera la inhabilitación.

Art. 38. Reincidencia. En los casos en que se hubiere concedido la rehabilitación conforme al artículo precedente y el beneficiado perpetrare un nuevo delito por el cual correspondiere imponer una inhabilitación de la misma clase, el tribunal la determinará dentro de la mitad superior de su extensión. El sentenciado a tal inhabilitación no tendrá derecho a obtener una nueva rehabilitación.

Art. 39. Abono. El tiempo por el cual el condenado hubiere sufrido una privación de derechos distinta de la privación de libertad impuesta como medida cautelar en el mismo proceso será íntegramente abonado a la inhabilitación que se le impusiere conforme a este párrafo, siempre que tal privación de derechos hubiere impedido al condenado realizar las actividades a que se refiriere la inhabilitación.

TÍTULO III

COMISO DE GANANCIAS

Art. 40. Comiso con condena previa. Toda condena por delito económico conlleva el comiso de las ganancias.

Art. 41. Comiso sin condena previa. Se impondrá asimismo el comiso de las ganancias obtenidas a través de un hecho ilícito que corresponde a un delito económico aunque:

1.° Se dictare sobreseimiento temporal conforme a las letras b) y c) del inciso primero, y el inciso segundo del artículo 252 del Código Procesal Penal;

2.° Se dictare sentencia absolutoria fundada en la falta de convicción a que se refiere el artículo 340 del Código Procesal Penal o sobreseimiento definitivo fundado en la letra b) del artículo 250 del mismo Código;

3.° Se dictare sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria fundados en la concurrencia de circunstancias eximentes de responsabilidad que no excluyen la ilicitud del hecho;

4.° Se dictare sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria fundados en haberse extinguido la responsabilidad penal o en haber sobrevenido un hecho que, con arreglo a la ley, pusiere fin a esa responsabilidad.

El comiso de ganancias sin condena previa será impuesto de conformidad al procedimiento especial previsto en el Título III bis del Libro Cuarto del Código Procesal Penal.

Art. 42. Medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público. El Ministerio Público podrá solicitar al Juez de Garantía competente las medidas que sean necesarias para asegurar activos patrimoniales con el fin de hacer el comiso de ganancias conforme a este Título.

Art. 43. Medidas cautelares solicitadas por otras autoridades. El Consejo de Defensa del Estado y las autoridades del Estado facultadas por ley para denunciar la perpetración de un delito económico o querellarse contra sus responsables podrán también solicitar al Juez de Garantía las medidas señaladas en el artículo 42.

Art. 44. Proporcionalidad. En caso de recaer sobre bienes de una empresa, el comiso y las medidas a que se refiere el artículo 42 se harán efectivos de preferencia sobre aquellos cuya afectación no obstaculice sus actividades económicas.

Art. 45. Prescripción. La acción para obtener el comiso de ganancias conforme a este Título prescribirá en el plazo de cuatro años contados desde que hubiere transcurrido el plazo de prescripción de la acción penal respectiva.

Art. 46. Acción civil. La acción para obtener indemnización de perjuicios de la víctima de un delito económico, o de un hecho ilícito que corresponde a un delito económico, podrá ejercerse sobre los bienes decomisados conforme a este Título o el producto de su realización, siempre que existiere una relación directa entre el perjuicio irrogado y las ganancias obtenidas.

La acción antedicha prescribirá en cuatro años contados a partir de la fecha en que la resolución que impone el comiso quede ejecutoriada.

Art. 47. Excepciones al ejercicio de la acción civil. Cualquiera sea el procedimiento en que se ejerza la acción en cuestión, se dará traslado al Consejo de Defensa del Estado, por un plazo de 30 días, prorrogable a su solicitud por otros 30 días hasta por dos veces.

El Consejo de Defensa del Estado podrá oponer la excepción de falta de relación directa entre perjuicio y ganancias, la excepción de ejecución negligente y la excepción de ejecución inadecuada.

Las excepciones de falta de relación directa entre perjuicio y ganancias y de ejecución negligente serán tramitadas como incidente de previo y especial pronunciamiento. Acogida la excepción no procederá lo dispuesto en el artículo precedente.

La oposición de la excepción de ejecución inadecuada se hará indicando otros bienes del demandado. Para este efecto, el Consejo de Defensa del Estado podrá solicitar las medidas precautorias conducentes a su aseguramiento, incluso antes de interponer la excepción, anunciándola. En este último caso las medidas quedarán sin efecto si el plazo venciere sin oposición de la excepción. Opuesta la excepción serán pagadas las indemnizaciones con los bienes identificados. De haber saldo insoluto, procederá lo dispuesto en el artículo precedente.

Para la identificación de los bienes del responsable el Ministerio Público, a solicitud del Consejo de Defensa del Estado, estará facultado para requerir la información pertinente del Servicio de Impuestos Internos y de la Comisión para el Mercado Financiero, así como de bancos, instituciones financieras, compañías de seguro y personas jurídicas sujetas a su fiscalización.

TÍTULO IV

MODIFICACIONES A OTROS CUERPOS LEGALES

Art. 48. Modificaciones al Código Penal. Introdúcese las siguientes modificaciones al Código Penal:

1.Introdúcese el siguiente inciso segundo en su artículo 20:

“Tampoco se reputa pena el comiso de las ganancias provenientes del delito”.

2.Introdúcese el siguiente artículo 24 bis:

“Art. 24 bis. Toda sentencia condenatoria en materia criminal lleva consigo el comiso de las ganancias provenientes del delito. Por el comiso de ganancias se priva a una persona de activos patrimoniales cuyo valor corresponda a la cuantía de las ganancias obtenidas a través del delito, o bien para o por perpetrarlo, y se los transfiere al fisco.

Las ganancias obtenidas comprenden los frutos y las utilidades que se hubieren originado, cualquiera sea su naturaleza jurídica. Las ganancias comprenden también el equivalente a los costos evitados mediante el hecho ilícito.

En la determinación del valor de las ganancias no se descontarán los gastos que hubieren sido necesarios para perpetrar el delito y obtenerlas.

La acción para obtener el comiso de ganancias se sujetará a las reglas de la prescripción de la acción penal respectiva.

Si un mismo bien pudiere ser objeto de comiso conforme a este artículo y conforme al artículo 31, solo se aplicará lo dispuesto en este artículo.”.

3. Introdúcese el siguiente artículo 24 ter:

“Art. 24 ter. El comiso de ganancias será impuesto también respecto de una persona que no hubiere intervenido en la perpetración del hecho, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

1ª. Si esa persona hubiere adquirido la ganancia como heredero o asignatario testamentario, a cualquier título gratuito o sin título válido, a menos que la hubiere adquirido del mismo modo de un tercero que no se encontrare en la misma circunstancia ni en las circunstancias que siguen;

2ª. Si esa persona hubiere obtenido la ganancia mediante el hecho ilícito y los intervinientes en la perpetración del hecho hubieren actuado en su interés;

3ª. Si esa persona hubiere adquirido la ganancia sabiendo o debiendo saber de su procedencia ilícita al momento de la adquisición, y

4ª. Si se tratare de una persona jurídica que hubiere recibido la ganancia como aporte a su patrimonio.”

4. Sustitúyese su artículo 48 por el siguiente:

“ Art. 48. Si los bienes del condenado no fueren bastantes para cubrir las responsabilidades pecuniarias, se satisfarán éstas en el orden siguiente:

1.° El comiso de las ganancias provenientes del delito;

2.° Las multas;

3.° Las costas procesales y el resarcimiento de los gastos ocasionados por el juicio;

4.° La reparación del daño causado e indemnización de perjuicios;

5.° Las costas personales.

Cuando por aplicación de lo dispuesto en el inciso anterior no fuere posible satisfacer la indemnización de perjuicios derivada del delito por falta de bienes realizables, el perjudicado podrá ejercer la acción civil sobre los bienes decomisados para efectos del número 1°, o el producto de su realización, siempre que existiere una relación directa entre el perjuicio irrogado y las ganancias obtenidas. El Estado podrá excepcionarse del pago demostrando la existencia de bienes realizables sobre los cuales pudiere hacerse efectiva la indemnización, o que ella no hubiere podido ser satisfecha por negligencia del perjudicado.

En caso de iniciarse un procedimiento concursal, estos créditos se graduarán considerándose la obligación de cumplir con el comiso como un crédito de la primera clase comprendido en el número 1 del artículo 2472 del Código Civil y los restantes como uno solo entre los que no gozan de preferencia. En este caso no se aplicará lo dispuesto en el inciso anterior.”.

5. En su artículo 60:

a. Sustitúyese el inciso cuarto por el siguiente:

“La misma regla señalada en el inciso anterior, se aplicará respecto a las cauciones que se hagan efectivas y del dinero o el producto de la enajenación en subasta pública de las especies decomisados conforme al artículo 31, la cual se deberá efectuar por la Dirección de Compras y Contratación Pública.”.

b. Intercálase en su inciso sexto, entre las expresiones “comisos” y “derivados”, las expresiones “de instrumentos o efectos”.

c. Introdúcese el siguiente nuevo inciso séptimo y final:

“Tratándose del comiso de ganancias provenientes del delito, serán transferidos al fisco tanto las sumas de dinero o derechos a sumas de dinero decomisados como los fondos obtenidos mediante la realización de los bienes decomisados.”

6. En su artículo 240;

a. Intercálase en su número 7°, entre las palabras “anónima” y “que”, la expresión “abierta o especial”

b. Sustitúyese en su inciso segundo la expresión “personas enumeradas en el inciso precedente” por la frase “personas mencionadas en los números 1 a 6 del inciso precedente”

c. Sustitúyese en su inciso tercero la expresión “alguna de las personas enumeradas en el inciso primero” por la frase “alguna de las personas mencionadas en los números 1 a 6 del inciso primero”.

d. Introdúcese el siguiente inciso cuarto nuevo:

“Tratándose de una sociedad anónima abierta o especial, las mismas penas referidas en el inciso primero se aplicarán al director o gerente que diere o dejare tomar interés a personas consideradas por la ley como partes relacionadas.

7. Introdúcese el siguiente nuevo inciso segundo en su artículo 247 bis:

“Con las mismas penas serán castigados los que, ejerciendo alguna de las profesiones que requieren título, obtuvieren un beneficio económico para sí o para un tercero haciendo uso de los secretos que por razón de su profesión se les hubiere confiado. Tratándose de un abogado, si el hecho perjudicare a su cliente, se impondrán además las penas privativas de derechos señaladas en el artículo 231.”

8. Sustitúyese el actual artículo 284 por los siguientes nuevos artículos 284 y 284 bis:

“Art. 284. Será castigado con presidio o reclusión menor en su grado medio el que sin el consentimiento de su legítimo poseedor revelare o consintiere que otra persona accediere a un secreto comercial que hubiere conocido:

1.° Bajo un deber de confidencialidad con ocasión del ejercicio de un cargo o una función pública o de una profesión cuyo título se encontrare legalmente reconocido y siempre que el deber de confidencialidad profesional estuviere fundado en la ley o un reglamento, o en las reglas que definen su correcto ejercicio;

2.° En razón o a consecuencia de una relación contractual o laboral con la empresa afectada o con otra que le haya prestado servicios;

3.° Por medio de una intromisión indebida.

El que sin el consentimiento de su legítimo poseedor se aprovechare económicamente de un secreto comercial que hubiere conocido en alguna de las circunstancias previstas en el inciso anterior o sabiendo que su conocimiento del secreto proviene de un hecho de los señalados en el inciso anterior será sancionado con presidio o reclusión menor en su grado máximo.

Sin perjuicio de las penas previstas en los dos incisos precedentes, cuando el delito se cometa con ocasión del ejercicio de una de las profesiones a que se refiere el N° 1 del inciso primero, se impondrá, además la suspensión en su grado mínimo a inhabilitación especial perpetua para el cargo o profesión.

No incurre en el delito previsto en este artículo el que habiendo conocido legítimamente un secreto comercial durante su relación contractual o laboral con una empresa con posterioridad al cese de dicha relación se aprovechare en el ejercicio de su profesión u oficio o en el desarrollo de una actividad económica de un secreto empresarial que hubiere pasado a ser parte inescindible de su bagaje profesional o laboral.

Para los efectos de este artículo y del artículo siguiente se entenderá por secreto comercial todo conocimiento de acceso restringido concerniente a la elaboración o comercialización de productos o a la prestación de servicios, así como a la organización o funcionamiento de la empresa, cuya revelación fuere idónea para perjudicar la posición de ésta en la competencia.

Art. 284 bis. El que sin el consentimiento de su legítimo poseedor accediere a un secreto comercial mediante intromisión indebida con el propósito de revelarlo o aprovecharse económicamente de él será castigado con presidio o reclusión menor en su grado medio.

Igual pena se impondrá al que sin el consentimiento de su legítimo poseedor reprodujere la fijación en cualquier formato de información constitutiva de un secreto empresarial con el propósito de revelarlo o aprovecharse económicamente de él.

Por intromisión en los términos de este artículo se entenderá:

1.° El ingreso a dependencias de la empresa o la captación visual o sonora mediante dispositivos técnicos de lo que tuviere lugar al interior de dependencias de la empresa, siempre que ello no fuere perceptible desde su exterior sin la utilización de dispositivos técnicos como los empleados en la captación o sin recurrir a escalamiento o a algún otro modo de vencimiento de un obstáculo a la percepción;

2.° La captación visual o sonora mediante dispositivos técnicos del contenido de la comunicación que dos o más personas mantuvieren, de la ejecución de una acción o del desarrollo de una situación por parte de una persona cuando los involucrados tuvieren una expectativa legítima de no estar siendo vistos, escuchados, filmados o grabados, manifestada en las circunstancias de la comunicación, la acción o la situación y que ésta concerniere a la empresa;

3.° El acceso a la información que se tuviere en cualquier soporte o medio de la empresa vulnerando mecanismos de resguardo que impidieren el libre acceso a ella.”.

9. Sustitúyense los actuales artículos 285 y 286 por los siguientes:

“Art. 285. El que por medios fraudulentos alterare el precio de bienes o servicios sufrirá las penas de presidio o reclusión menor en sus grados medio a máximo.”

Art. 286. Se impondrá la pena de presidio o reclusión menor en su grado máximo a presidio o reclusión mayor en su grado mínimo cuando el fraude expresado en el artículo anterior recayere sobre el precio de bienes o servicios de primera necesidad o de consumo masivo.”.

10.En sus artículos 287 bis y 287 ter sustitúyese las expresiones “empleado o mandatario” por las expresiones “director, administrador, mandatario o empleado de una empresa”.

11.En el Título Sexto de su Libro Segundo sustituye su Párrafo XIII por el siguiente:

Ҥ XIII.

Atentados contra el medio ambiente

Art. 305. Será sancionado con presidio o reclusión menor en sus grados mínimo a medio el que sin haber sometido su actividad a una evaluación de impacto ambiental estando obligado a ello, o sin haber obtenido la debida autorización:

1º Vertiere sustancias contaminantes en aguas marítimas o continentales;

2º Extrajere aguas continentales, sean superficiales o subterráneas, o aguas marítimas;

3º Vertiere o depositare sustancias contaminantes en el suelo o subsuelo, continental o marítimo;

4º Extrajere componentes del suelo o subsuelo;

5º Liberare sustancias contaminantes al aire.

La pena será de presidio o reclusión menor en sus grados medio a máximo si el infractor perpetrare el hecho estando obligado a someter su actividad a un estudio de impacto ambiental.

Lo dispuesto en el número 5º no será aplicable respecto de las emisiones provenientes de vehículos sujetos a inscripción en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados y de sistemas de calefacción o refrigeración domésticos.

Art. 305 bis.- Para efectos de lo dispuesto en el artículo anterior cuenta con la autorización correspondiente quien la tiene al momento del hecho, aun cuando ella sea posteriormente declarada inválida.

No vale como autorización, ni aun al momento del hecho, la que hubiere sido obtenida mediante engaño, coacción o cohecho.

Art. 306. Las penas señaladas en el inciso primero del artículo anterior serán aplicables al que, contando con autorización para verter, liberar o extraer cualquiera de las sustancias o elementos mencionados en los números 1° a 5° del artículo 305, incurriere en cualquiera de los hechos allí previstos, contraviniendo una norma de emisión o de calidad ambiental, incumpliendo las medidas establecidas en un plan de prevención, de descontaminación o de manejo ambiental, incumpliendo una resolución de calificación ambiental, o cualquier condición asociada al otorgamiento de la autorización, y siempre que el infractor:

1° estuviere impedido de presentar un programa de cumplimiento de la normativa ambiental en procedimiento sancionatorio administrativo relativo al hecho por haber sido sancionado anteriormente o por haber presentado anteriormente un programa de cumplimiento de la normativa ambiental en otro procedimiento; o bien,

2° hubiere sido sancionado administrativamente por más de una infracción grave a la normativa ambiental cometidas dentro de los tres años anteriores al hecho en relación con una misma unidad sometida a control de la autoridad.

Art. 307. Las penas señaladas en el inciso primero del artículo 305 serán también aplicables al que, contando con autorización para extraer aguas continentales, superficiales o subterráneas, las extrajere infringiendo las reglas de su distribución y aprovechamiento en cualquiera de las siguientes circunstancias:

1° habiéndose establecido la reducción temporal del ejercicio de esos derechos de aprovechamiento;

2° en una zona que hubiere sido declarada zona de prohibición para nuevas explotaciones acuíferas, hubiere sido decretada área de restricción del sector hidrogeológico, se hubiere declarado a su respecto el agotamiento de las fuentes naturales de aguas o se la hubiere declarado zona de escasez.

Art. 308. El que, vertiendo, depositando o liberando sustancias contaminantes, o extrayendo aguas o componentes del suelo o subsuelo, afectare gravemente las aguas marítimas o continentales, superficiales o subterráneas, el suelo o el subsuelo, fuere continental o marítimo, o el aire, o bien la salud animal o vegetal, la existencia de recursos hídricos o el abastecimiento de agua potable, será sancionado:

1° con la pena de presidio o reclusión mayor en su grado mínimo, si la afectación grave fuere perpetrada vertiendo, liberando o extrayendo sustancias de la manera prevista en el artículo 305 o, en su caso, concurriendo las circunstancias previstas en los artículos 306 o 307.

2° con la pena de presidio o reclusión menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo en los demás casos.

Art. 309. El que por imprudencia temeraria o por mera imprudencia o negligencia con infracción de los reglamentos incurriere en los hechos señalados en el artículo anterior será sancionado:

1° con la pena de presidio o reclusión menor en su grado máximo, si la afectación grave fuere perpetrada vertiendo, liberando o extrayendo sustancias de la manera prevista en el artículo 305 o, en su caso, concurriendo las circunstancias previstas en los artículos 306 o 307.

2° con la pena con la pena de presidio o reclusión menor en cualquiera de sus grados en los demás casos.

Art. 310. El que afectare gravemente uno o más de los componentes ambientales de un parque nacional, una reserva nacional, un monumento natural, una reserva de zona virgen, un santuario de la naturaleza, un parque marino, una reserva marina, un humedal urbano o de cualquiera otra área colocada bajo protección oficial, será sancionado con presidio o reclusión mayor en su grado mínimo.

La misma pena se impondrá al que infringiendo una resolución de calificación ambiental o sin haber sometido su actividad a una evaluación de impacto ambiental estando obligado a ello afectare gravemente un glaciar.

Si cualquiera de los hechos señalados en los dos incisos anteriores fuere perpetrado por imprudencia temeraria o por mera imprudencia o negligencia con infracción de los reglamentos la pena será de presidio o reclusión menor en su grado máximo.

Art. 310 bis. Para los efectos de los tres artículos precedentes se entenderá por afectación grave de uno o más componentes ambientales el cambio adverso y mensurable producido en alguno de ellos siempre que consistiere en alguna de las siguientes circunstancias:

1º. Tener una extensión espacial de relevancia, según las características ecológicas o geográficas de la zona afectada;

2º. Tener efectos prolongados en el tiempo;

3º Ser irreparable o difícilmente reparable;

4º. Alcanzar a un conjunto significativo de especies según las características de la zona afectada;

5º. Incidir en especies categorizadas como extintas, extintas en grado silvestre, en peligro crítico o en peligro o vulnerable;

6º. Poner en peligro la salud de una o más personas.

7° afectar significativamente los servicios o funciones ecosistémicos del elemento o componente ambiental.

Tratándose de los hechos previstos en el inciso primero del artículo 308 y en los incisos primero y segundo del artículo 310, si la afectación grave causare un daño irreversible a un ecosistema, se impondrá el máximum de las penas a ellos señaladas.

Art. 310 ter. Además de las penas señaladas en las disposiciones de este párrafo, el tribunal impondrá la pena de multa:

1° De ciento veinte a sesenta mil unidades tributarias mensuales, si la pena señalada fuere inferior a la de presidio o reclusión menor en su grado máximo;

2° De veinticuatro mil a ciento veinte mil unidades tributarias mensuales, si la pena señalada fuere igual o superior a la de presidio o reclusión menor en su grado máximo.

El monto de la pena de multa pagada será abonado a la sanción multa no constitutiva de pena que le fuere impuesta por el mismo hecho. Si el condenado hubiere pagado una multa no constitutiva de pena por el mismo hecho, el monto pagado será abonado a la pena de multa impuesta.

Art. 311. Tratándose de los hechos previstos en los artículos 305, 306 o 307 la pena solo será la multa de ciento veinte a doce mil unidades tributarias mensuales cuando:

1° La cantidad vertida, liberada o extraída en exceso no superare en forma significativa el límite permitido o autorizado, atendidas las características de la sustancia y la condición del medio ambiente que pudieren verse afectados por el exceso;

2° La infracción se hubiere prolongado solo por un breve lapso, atendidas las características de la sustancia y la condición del medio ambiente que pudieren verse afectados por su vertimiento, liberación o extracción, y

3° El infractor hubiere obrado con diligencia para restablecer las emisiones o extracciones al valor permitido o autorizado y para evitar las consecuencias dañinas del hecho.

El tribunal podrá imponer una multa inferior a la señalada, desde una unidad tributaria mensual, cuando el hecho fuere perpetrado extrayendo aguas continentales, superficiales o subterráneas, se cumpliere la condición señalada en el número 1° precedente y la extracción hubiere estado destinada a las bebidas y usos domésticos.

Art. 311 bis. Tratándose de los hechos previstos en el artículo 310, el tribunal impondrá al condenado como pena accesoria la prohibición perpetua de ingresar a áreas protegidas por el Estado. Esta prohibición impide al condenado ingresar a cualquiera de las áreas naturales que se encuentran bajo protección oficial, mencionadas en dicho artículo.

También le impide acercarse a menos de dos kilómetros del límite de tales áreas. El tribunal podrá reducir esa distancia en consideración a las condiciones de habitación y trabajo del condenado.

La prohibición será impuesta por igual a todas las personas responsables del delito consumado o frustrado, o de su tentativa.

Art. 311 ter. Fuera de los casos señalados en el artículo 310 el tribunal podrá apreciar la concurrencia de una atenuante muy calificada conforme al artículo 68 bis cuando el hechor reparare el daño ambiental causado por el hecho.

Art. 311 quáter. Las penas previstas en las disposiciones de este párrafo para los atentados contra el medio ambiente perpetrados extrayendo aguas continentales, superficiales o subterráneas, serán impuestas sin perjuicio de la aplicación de las penas que correspondan por el delito de usurpación.

Art. 311 quinquies. Cuando la persona obligada por las normas ambientales, o el infractor a que se refieren las disposiciones de este párrafo, fuere una persona jurídica, se entenderá que esa calidad concurre respecto de quienes hubieren intervenido por ella en el hecho punible.

Art. 312. Si con ocasión de la investigación o el juicio por los hechos previstos en las disposiciones del presente párrafo el tribunal impusiere al imputado o condenado condiciones destinadas a evitar o reparar el daño ambiental, oficiará a la autoridad reguladora pertinente para la fiscalización de su cumplimiento. La autoridad estará facultada para ejercer todas sus competencias fiscalizadoras y quedará obligada a informar al tribunal.”.

12. Sustitúyese su actual artículo 438 por el siguiente:

“Art. 438. El que para obtener un provecho patrimonial para sí o para un tercero constriñere a otro con violencia o intimidación a suscribir, otorgar o entregar un instrumento público o privado que importe una obligación estimable en dinero, o a ejecutar, omitir o tolerar cualquier otra acción que importare una disposición patrimonial en perjuicio suyo o de un tercero, será castigado con las penas respectivamente señaladas en este párrafo para el culpable de robo.”.

13. Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 459:

a) En el encabezamiento sustitúyense las expresiones “presidio menor en sus grados mínimo a medio” por las expresiones “presidio menor en su grado medio a máximo”.

b) Agréguese el siguiente inciso final, nuevo:

“Las sanciones establecidas en este artículo no se aplicarán a quienes hagan uso del agua para consumo personal o familiar en los términos del artículo 56 del Código de Aguas.”.

14. Sustitúyese su actual artículo 463 por el siguiente:

“Art. 463. El que dentro de los dos años anteriores a la resolución de liquidación a que se refiere el Capítulo IV de la Ley de Reorganización y Liquidación de Activos de Empresas y Personas, conociendo el mal estado de sus negocios, ejecutare actos o contratos que disminuyan su activo o aumenten su pasivo de un modo manifiestamente contrario a las exigencias de una administración racional del patrimonio, será castigado con la pena de presidio menor en cualquiera de sus grados.”.

15. Sustitúyese su actual artículo 463 bis por el siguiente:

“Art. 463 bis. Será castigado con la pena de presidio menor en su grado medio a presidio mayor en su grado mínimo, el deudor que realizare alguna de las siguientes conductas:

1.°Si dentro de los dos años anteriores a la resolución de reorganización o liquidación favoreciere a uno o más acreedores en desmedro de otro pagando deudas que no fueren actualmente exigibles u otorgando garantías para deudas contraídas previamente sin garantía;

2º.Si después de la resolución de liquidación percibiere, se apropiare o distrajere bienes que deban ser objeto del procedimiento concursal de liquidación;

3º.Si después de la resolución de liquidación, realizare actos de disposición de bienes de su patrimonio, reales o simulados, o si constituyere prenda, hipoteca u otro gravamen sobre los mismos; o

4º.Si dentro de los dos años anteriores a la resolución de liquidación o reorganización, o con posterioridad a esa resolución, ocultare total o parcialmente sus bienes o sus haberes.”.

16. Sustitúyese su actual artículo 464 por el siguiente:

“Art. 464. Será castigado con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y con la sanción accesoria de inhabilidad especial perpetua para ejercer el cargo, el veedor o liquidador designado en un procedimiento concursal de reorganización o liquidación, que perpetrare cualquiera de los hechos previstos en los números 1 u 11 del artículo 470.”.

17. Derógase su artículo 464 bis.

18. Sustitúyese el actual inciso segundo de su artículo 464 ter por el siguiente:

“Del mismo modo será castigado el que sin tener la calidad antedicha perpetrare alguno de los hechos señalados en el inciso anterior actuando con el consentimiento de quien tiene esa calidad o en su beneficio.”.

19.Sustitúyese su actual artículo 467 por el siguiente:

“Art. 467. El que para obtener un provecho patrimonial para sí o para un tercero mediante engaño provocare en otro un error, o lo mantuviere en un error, que lo indujere a ejecutar, omitir o tolerar una acción que importare una disposición patrimonial en perjuicio suyo o de un tercero será sancionado:

1.°Con presidio menor en su grado máximo y multa de veintiuna a trescientas unidades tributarias mensuales, si el perjuicio excediere de cuatrocientas unidades tributarias mensuales y no pasare de cuarenta mil;

2.°Con presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de once a quince unidades tributarias mensuales, si excediere de cuarenta unidades tributarias mensuales y no pasare de cuatrocientas;

3.º.Con presidio menor en su grado medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales, si excediere de cuatro unidades tributarias mensuales y no pasare de cuarenta;

4.º. Con presidio menor en su grado mínimo y multa de cinco unidades tributarias mensuales, si excediere de una unidad tributaria mensual y no pasare de cuatro.

Si el perjuicio excediere de cuarenta mil unidades tributarias mensuales, se aplicará la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y multa de trescientas a quinientas unidades tributarias mensuales.

20.En su artículo 468:

a.Sustitúyese la expresión “en las penas del” por la expresión “en el”.

b.Introdúcense los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto nuevos:

“Las penas del artículo anterior serán aplicadas también al que para obtener un provecho para sí o para un tercero irrogare perjuicio patrimonial a otra persona:

1º.Manipulando los datos contenidos en un sistema informático o el resultado del procesamiento informático de datos a través de una intromisión indebida en la operación de éste;

2º.Utilizando sin la autorización del titular una o más claves confidenciales que habilitaren el acceso u operación de un sistema informático, o

3º.Haciendo uso no autorizado de una tarjeta de pago ajena o de los datos codificados en una tarjeta de pago que la identificaren y habilitaren como medio de pago.

Sin perjuicio de las penas que correspondan conforme al inciso anterior, sufrirá la pena de presidio menor en su grado medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales el que obtenga indebidamente los datos codificados en una tarjeta de pago que la identificaren y habilitaren como medio de pago. La misma pena sufrirá el que los adquiera o ponga a disposición de otro a cualquier título.

En la investigación de los delitos previstos en este artículo será aplicable lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley N° 20.009.”.

21.Intercálase en el párrafo tercero del número 11 de su artículo 470, entre la coma (“,”) que sigue a la expresión “especial” y la expresión “el administrador”, la frase “u otro patrimonio administrado por esa sociedad,”.

22.Introdúcese el siguiente inciso segundo nuevo en su artículo 472, pasando a ser los actuales incisos segundo, tercero y cuarto, sus nuevos incisos tercero, cuarto y quinto:

“Se impondrá el grado máximo de la pena establecida en el inciso anterior, cuando la conducta que allí se sanciona se realice simulando, de cualquier forma, que se suministran los valores a un interés permitido por la ley.”

23.Introdúcese a continuación del artículo 472, en el Párrafo 8 del Título IX de su Libro Segundo, los siguientes nuevos artículos 472 bis y 472 ter:

“Art. 472 bis. El que con abuso grave de una situación de necesidad, de la inexperiencia o de la incapacidad de discernimiento de otra persona, le pagare un salario manifiestamente desproporcionado e inferior al mínimo previsto por la ley o le diere en arrendamiento un inmueble como morada recibiendo una contraprestación manifiestamente desproporcionada, será castigado con la pena de presidio o reclusión menor en cualquiera de sus grados.

Art. 472 ter. En los casos en que alguno de los hechos previstos en este párrafo irrogare un perjuicio que excediere de ochenta mil unidades tributarias mensuales o afectare a un número considerable de personas, se podrá imponer la pena superior en un grado a la señalada por la ley.”.

Art. 49. Modificaciones al Código Procesal Penal. Introdúcese las siguientes modificaciones en el Código Procesal Penal:

1.Introdúcese en su artículo 157 el siguiente nuevo inciso tercero:

“El Ministerio Público deberá solicitar las medidas cautelares que correspondan para asegurar bienes suficientes a fin de hacer efectivo el comiso de las ganancias provenientes del delito. Para estos efectos, el Juez de Garantía podrá ordenar mantener congeladas las cuentas en bancos o los fondos generales administrados por terceros. Para estos efectos, no se requerirá que concurra la circunstancia segunda del artículo 279 del Código de Procedimiento Civil.”.

2.Introdúcese el siguiente nuevo artículo 157 bis:

“Art. 157 bis. Concesión de medidas sin audiencia del afectado. Las medidas solicitadas para asegurar bienes sobre los cuales hacer efectivo el comiso de ganancias podrán ser decretadas sin audiencia del afectado.

Si se procediere de este modo, el Juez de Garantía deberá fijar un plazo no inferior a 30 días ni superior a 120 días para que el Ministerio Público formalice la investigación respectiva. Transcurrido este plazo sin que se produzca la formalización, o sin que el Ministerio Público solicite la mantención de la medida con ocasión de la formalización, la medida quedará sin efecto.”

3.Introdúcense en su artículo 259 las siguientes modificaciones:

a) Intercálase el siguiente inciso tercero, pasando el actual a ser cuarto:

“Si el fiscal solicitare la aplicación del comiso de ganancias deberá indicar su monto y expresar con claridad y precisión los fundamentos de su solicitud, señalando los medios de prueba de que pensare valerse y dando, en su caso, cumplimiento a lo dispuesto en el inciso precedente.”

b) Introdúcese en el inciso final a continuación del punto aparte (.) que pasa a ser punto y seguido (.) la siguiente frase: “Con todo, en la acusación podrá solicitarse el comiso de ganancias respecto de terceros en los casos previstos por la ley.”.

4.Introdúcese en el inciso tercero de su artículo 348, a continuación de su punto final, que pasa a ser punto seguido, la siguiente oración: “En cuanto al comiso de las ganancias del delito, si éstas ascendieran a un monto superior a 400 Unidades Tributarias Mensuales, se estará a lo dispuesto en el artículo siguiente. De lo contrario, el tribunal lo impondrá en la misma sentencia condenatoria si fuere procedente.”.

5. Introdúcese el siguiente nuevo artículo 348 bis:

“Art. 348 bis.- Comiso de ganancias. En caso de haberse solicitado la aplicación del comiso de ganancias por un monto superior a 400 Unidades Tributarias Mensuales, o si la aplicación del comiso afectare a terceros, en la sentencia condenatoria se citará a una audiencia especial.

Si el comiso sólo afectare personas que hubieren sido condenadas, la audiencia tendrá lugar dentro de décimo día a contar de la fecha de la sentencia. Si el comiso afectare a terceros, la audiencia no podrá tener lugar antes de treinta ni después de sesenta días contados desde la fecha de la notificación de la sentencia a los afectados.

La resolución y la audiencia respectiva se sujetarán a lo dispuesto en los artículos 415 quáter, quinquies y sexies.

El tribunal pronunciará su decisión de imposición del comiso o rechazo de la solicitud, y en el primer caso determinará el monto por el cual se lo impone. De haber bienes asegurados para hacerlo efectivo, los identificará y el tribunal pronunciará su decisión.”

6.Introdúcese en su artículo 391 el siguiente nuevo inciso segundo:

“Si el fiscal solicitare la aplicación del comiso de ganancias deberá indicar su monto y expresar con claridad y precisión los fundamentos de su solicitud, exponiendo de los antecedentes o elementos en los que ella se basa.”

7.Introdúcese en su artículo 396 el siguiente nuevo inciso final:

“Si se hubiere solicitado el comiso de ganancias en el requerimiento por un monto igual o inferior a 400 Unidades Tributarias Mensuales, el juez se pronunciará acerca de su procedencia en la sentencia. Si el monto fuere superior o si el comiso afectare a terceros, se estará a lo dispuesto en el artículo 348 bis.”

8.Introdúcese en su artículo 411 el siguiente inciso segundo:

“Si el fiscal solicitare la aplicación del comiso de ganancias deberá indicar su monto y expresar con claridad y precisión los fundamentos de su solicitud.”

9.Introdúcese en su artículo 413 el siguiente inciso final:

“Si el fiscal hubiere solicitado el comiso de ganancias por un monto igual o inferior a 400 Unidades Tributarias Mensuales, el juez se pronunciará acerca de su procedencia en la sentencia. Si el monto fuere superior o si el comiso afectare a terceros, se estará a lo dispuesto en el artículo 348 bis.”

10. Introdúcese en el Libro Cuarto del Código Procesal Penal el siguiente Título III bis

“Título III bis. Procedimiento relativo a la imposición de comiso sin condena previa

Art. 415 bis. Ámbito de aplicación. Las reglas del presente título son aplicables en los casos en que la ley dispone el comiso de bienes o activos obtenidos a través de un hecho ilícito que corresponde a un delito sin sujetar su procedencia a la dictación de una sentencia condenatoria relativa al hecho.

En esos casos, la resolución que ponga término a la investigación o juicio respectivos no obstará a la competencia del tribunal para conocer de este procedimiento.

Art. 415 ter. Citación. Habiéndose incautado bienes o asegurado conforme al artículo 157 para hacer efectivo el comiso, en la última resolución que recaiga sobre la respectiva investigación o el juicio, poniéndole término temporal o definitivo, el tribunal, a petición del Ministerio Público, citará a audiencia especial de comiso, que no podrá tener lugar antes de treinta ni después de sesenta días contados desde la fecha de la resolución.

Art. 415 quáter. Preparación. La resolución ordenará que las partes comparezcan a la audiencia, con todos sus medios de prueba. Si alguna de ellas requiriere de la citación de testigos o peritos por medio del tribunal deberá formular la respectiva solicitud con una anticipación no inferior a cinco días a la fecha de la audiencia.

La resolución será notificada a todas las personas que conforme a la ley podrían ser afectadas en su propiedad o patrimonio por la imposición del comiso, con a lo menos quince días de anticipación a la fecha de la audiencia.

Art. 415 quinquies. Audiencia y prueba. La audiencia comenzará dándose lectura a la solicitud de aplicación del comiso formulada por el Ministerio Público. En seguida se oirá a los comparecientes y se recibirá la prueba.

La prueba de los hechos de los que depende la procedencia del comiso, incluido su monto, será producida conforme a lo dispuesto en el artículo 295 y apreciada conforme a lo dispuesto en el artículo 297. El tribunal formará su convicción sobre la base de la prueba preponderante producida durante la audiencia.

Art. 415 sexies. Suspensión de la audiencia. La audiencia no podrá suspenderse, ni aun por falta de comparecencia de alguna de las partes o por no haberse rendido prueba en la misma. Sin embargo, si faltare una prueba anunciada por las partes que el tribunal considerare indispensable para la adecuada resolución de la causa, dispondrá lo necesario para asegurar su producción. La suspensión no podrá en caso alguno exceder de cinco días.

Art 415 septies. Contenido de la sentencia. La sentencia en el procedimiento de comiso sin condena previa contendrá:

a)La mención del tribunal, la fecha de su dictación y la identificación de los intervinientes;

b)La enunciación de la solicitud del Ministerio Público y de las defensas de los afectados, y sus fundamentos respectivos;

c)El análisis somero de la prueba producida;

d)Las razones de hecho y de derecho, que sirven de fundamento al fallo, en particular las que se refieren a la existencia del hecho ilícito del que proceden las ganancias, y

e) La decisión del asunto, imponiendo el comiso o denegándolo, y en el primer caso determinando el monto por el cual se lo impone.

Art. 415 octies. Recursos. Si la sentencia que impone o deniega el comiso de ganancias fuere dictada por un tribunal oral en lo penal, procederá en su contra el recurso de nulidad y el recurso de apelación del monto del comiso. En caso de interponerse ambos, el requirente deberá apelar en subsidio del recurso de nulidad.

El recurso de nulidad procederá por cualquiera de las causales previstas en los artículos 373 y 374 y deberá interponerse dentro de los diez días siguientes a la notificación de la sentencia que impone o deniega el comiso de ganancias. Su interposición y tramitación tendrá lugar de acuerdo con lo previsto en el Título Cuarto del Libro Tercero. El tribunal que conozca del recurso podrá decretar la nulidad de la audiencia prevista en el artículo 348 bis o, de tratarse exclusivamente de un error de derecho, anulará la sentencia y dictará sentencia de reemplazo.

Tratándose de una sentencia dictada por un juez de garantía, el recurso de apelación deberá interponerse dentro de los diez días siguientes a la notificación de la sentencia que impone o deniega el comiso de ganancias. El tribunal que conozca del recurso podrá, en ese caso, revocar la decisión que concede o deniega el comiso de ganancias y dictar sentencia de reemplazo, o podrá modificar el monto fijado por el tribunal a quo.”

Art. 415 nonies. Ejecución. Una vez ejecutoriada la sentencia que impone el comiso ella será ejecutada conforme a lo dispuesto en el artículo 469 bis.”.

11. Introdúcese el siguiente artículo 469 bis.

“Art. 469 bis. Ejecución del comiso de ganancias. Toda sentencia que imponga el comiso de las ganancias provenientes del delito será ejecutada como decisión civil dictada por un tribunal con competencia en lo penal.

En caso de que los bienes decomisados sean dinero o derechos a sumas de dinero, se los transferirá al fisco. Los fondos obtenidos mediante la realización de los bienes decomisados también serán transferidos al fisco.

El comiso de inmuebles o de bienes de propiedad registral conlleva la facultad de realizar aquellas inscripciones necesarias para ejecutar eficazmente el bien decomisado.”.

Art. 50. Modificaciones al Código Orgánico de Tribunales. Introdúcese las siguientes modificaciones al artículo 171 del Código Orgánico de Tribunales:

1. Sustitúyese el inciso primero por el siguiente:

“La acción civil que tuviere por objeto la restitución de la cosa y la que tuviere por objeto la imposición del comiso de las ganancias provenientes del delito o, en los casos en que la ley lo disponga aun sin sentencia condenatoria, del hecho ilícito que corresponde al delito, deberán interponerse siempre ante el tribunal que conozca las gestiones relacionadas con el respectivo procedimiento penal.”.

2. Sustitúyese el inciso cuarto y final por el siguiente:

“El tribunal civil mencionado en el inciso anterior será competente para conocer de la ejecución de la decisión civil de las sentencias definitivas dictadas por los jueces con competencia penal, así como de la sentencia que imponga el comiso de las ganancias provenientes del hecho ilícito que corresponde al delito.”.

Art. 51. Modificaciones a la Ley N° 20.393. Introdúcese las siguientes modificaciones en la Ley N° 20.393, que Establece la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en los Delitos que Indica:

1. Sustitúyese su artículo 1° por el siguiente:

“Artículo 1.° Contenido de la ley. La presente ley regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas por los delitos señalados en el inciso siguiente, el procedimiento para la investigación y establecimiento de dicha responsabilidad penal, la determinación de las sanciones procedentes y la ejecución de éstas.

Los delitos por los cuales la persona jurídica responde penalmente conforme a la presente ley son los siguientes:

1.° Los delitos a que se refieren los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley de Delitos Económicos, sean o no considerados como delitos económicos por esa ley;

2.° El previsto en el artículo 8° de la Ley N° 18.314 que tipifica conductas terroristas;

En lo no previsto por esta ley serán aplicables, supletoriamente, las disposiciones contenidas en el Libro I del Código Penal y en el Código Procesal Penal, en lo que resultare pertinente.

Para los efectos de esta ley, no será aplicable lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 58 del Código Procesal Penal.”.

2. Sustitúyese su artículo 2° por el siguiente:

“Artículo 2.° Ámbito de aplicación personal. Serán penalmente responsables en los términos de esta ley las personas jurídicas de derecho privado, las empresas públicas creadas por ley, las empresas, sociedades y universidades del Estado, los partidos políticos y las personas jurídicas religiosas de derecho público.”.

3. Sustitúyese su artículo 3° por el siguiente:

“Artículo 3.° Presupuestos de la responsabilidad penal. Una persona jurídica será penalmente responsable por cualquiera de los delitos señalados en el artículo 1° perpetrado por o con la intervención de alguna persona natural que ocupare un cargo, función o posición en ella, o le prestare servicios gestionando asuntos suyos ante terceros, con o sin su representación, siempre que la perpetración del hecho se hubiere visto favorecida o facilitada por la falta de implementación efectiva, por parte de la persona jurídica, de un modelo adecuado de prevención de tales delitos.

Dados los demás requisitos previstos en el inciso anterior, una persona jurídica también será responsable por el hecho perpetrado por o con la intervención de una persona natural relacionada en los términos previstos por dicho inciso con una persona jurídica distinta, siempre que ésta le prestare servicios gestionando asuntos suyos ante terceros, con o sin su representación, o careciere de autonomía operativa a su respecto, cuando entre ellas existieren relaciones de propiedad o participación.

Lo dispuesto en este artículo no tendrá aplicación cuando el hecho punible se perpetrare exclusivamente en contra de la propia persona jurídica.”.

4. Sustitúyese su artículo 4° por el siguiente:

“Artículo 4.° Modelo de prevención de delitos. Se entenderá que un modelo de prevención de delitos efectivamente implementado por la persona jurídica es adecuado cuando, en la medida exigible a su objeto social, giro, tamaño, complejidad, recursos y a las actividades que desarrolle, considere seria y razonablemente los siguientes aspectos:

1º. Identificación de las actividades o procesos de la persona jurídica que impliquen riesgo de conducta delictiva;

2º.Establecimiento de protocolos y procedimientos para prevenir y detectar conductas delictivas en el contexto de las actividades a que se refiere el número anterior, los que deben considerar necesariamente canales seguros de denuncia; deben considerar también sanciones internas para el caso de incumplimiento.

Estos protocolos y procedimientos, incluyendo las sanciones internas deberán comunicarse a todos los trabajadores. Esta normativa interna deberá ser incorporada expresamente en los respectivos contratos de trabajo y de prestación de servicios de todos los trabajadores, empleados y prestadores de servicios de la persona jurídica, incluidos los máximos ejecutivos de la misma.

3º. Asignación de uno o más sujetos responsables, con la adecuada independencia, por la aplicación de dichos protocolos, dotados de facultades efectivas de dirección y supervisión y acceso directo a la administración de la persona jurídica para informarla oportunamente de las medidas y planes implementados en el cumplimiento de su cometido, para rendir cuenta de su gestión y para requerir la adopción de medidas necesarias para su cometido que pudieran ir más allá de su competencia. La persona jurídica deberá proveer al o a los responsables de los recursos y medios materiales e inmateriales necesarios para realizar adecuadamente sus labores, en consideración al tamaño y capacidad económica de la persona jurídica.”.

5. Sustitúyese su artículo 5° por el siguiente:

“Artículo 5.° Autonomía de la responsabilidad penal de la persona jurídica. No obstará a la responsabilidad penal de una persona jurídica la falta de declaración de responsabilidad penal de la persona natural que hubiere perpetrado el hecho o intervenido en su perpetración, sea porque ésta, a pesar de la ilicitud del hecho, no hubiere sido penalmente responsable, sea porque tal responsabilidad se hubiere extinguido, sea porque no se hubiere podido continuar el procedimiento en su contra no obstante la punibilidad del hecho.

Asimismo, no obstará a la responsabilidad penal de la persona jurídica la falta de identificación de la o las personas naturales que hubieren perpetrado el hecho o intervenido en su perpetración, siempre que constare que el hecho no pudo sino haber sido perpetrado por o con la intervención de alguna de las personas y en las circunstancias señaladas en el artículo 3°.”.

6. Reemplázase en su artículo 6° el numeral 3) por el siguiente:

“3) La adopción por parte de la persona jurídica, antes de la formalización de la investigación, de medidas eficaces para prevenir la reiteración de la misma clase de delitos objeto de la investigación. Se entenderá por medidas eficaces la autonomía debidamente acreditada del encargado de prevención de delitos, así como también, de las medidas de prevención y supervisión implementadas que sean idóneas en relación a la situación, tamaño, giro, nivel de ingresos y complejidad de la estructura organizacional de la persona jurídica.”.

7. Sustitúyese su artículo 7° por el siguiente:

“Artículo 7.° Circunstancias agravantes. Constituyen circunstancias agravantes de la responsabilidad penal de la persona jurídica:

1.°La de haber sido condenada dentro de los diez años anteriores contados desde la perpetración del hecho;

2.°Las que afectaren a la persona natural que hubiere perpetrado o intervenido en el hecho, cuando la perpetración del hecho o su intervención en él bajo esas circunstancias también se hubiere visto favorecida o facilitada por la falta de implementación efectiva de un modelo adecuado de prevención de delitos.”.

8. Sustitúyese su artículo 8° por el siguiente:

“Artículo 8°. Penas. Serán aplicables a la persona jurídica una o más de las siguientes penas:

1.°La extinción de la persona jurídica.

2.°La inhabilitación para contratar con el Estado.

3.°La pérdida de beneficios fiscales y prohibición de recibirlos.

4.°La supervisión de la persona jurídica.

5°.La multa.

6º. La publicación de un extracto de la sentencia condenatoria.”.

9. Sustitúyese su artículo 9° por el siguiente:

“Artículo 9°. Extinción de la persona jurídica. Por la pena de extinción de la persona jurídica se dispone la pérdida definitiva de la personalidad jurídica. Para su imposición el tribunal tendrá especialmente en cuenta el peligro de reiteración delictiva que representare el funcionamiento de la persona jurídica.

Esta pena sólo se podrá imponer tratándose de crímenes, si concurriere la circunstancia agravante establecida en el número 1º del artículo 7° o en caso de reiteración delictiva.

La pena de extinción de la persona jurídica no se aplicará a las empresas públicas creadas por ley ni a las personas jurídicas que prestaren un servicio de utilidad pública cuya interrupción pudiere causar graves consecuencias sociales y económicas o daños serios a la comunidad o fuere perjudicial para el Estado.”.

10. Sustitúyese su artículo 10 por el siguiente:

“Art. 10. Inhabilitación para contratar con el Estado. El tribunal podrá imponer a la persona jurídica la inhabilitación para contratar con el Estado, conforme a las reglas del párrafo 5 del Título II de la Ley de delitos económicos.

La inhabilitación perpetua para contratar con el Estado solo podrá ser impuesta respecto de crímenes, si concurriere la circunstancia agravante prevista en el número 1º del artículo 7° o en caso de reiteración delictiva.”.

11. Sustitúyese su artículo 11 por el siguiente:

“Artículo 11. Pérdida de beneficios fiscales y prohibición de recibirlos. Por la pena de pérdida de beneficios fiscales se impone la pérdida de todos los subsidios, créditos fiscales u otros beneficios otorgados por el Estado sin prestación recíproca de bienes o servicios y, en especial, los subsidios para financiamiento de actividades específicas o programas especiales y gastos inherentes o asociados a la realización de éstos, sea que tales recursos se asignen a través de fondos concursables o en virtud de leyes permanentes o subsidios, subvenciones en áreas especiales o contraprestaciones establecidas en estatutos especiales y otras de similar naturaleza, así como la prohibición de recibir tales beneficios por un período de 1 a 5 años.

Si la persona jurídica no recibiere tales beneficios fiscales al tiempo de la condena, se le impondrá la prohibición de recibirlos, por el mismo período.”.

12.Introdúcese el siguiente nuevo artículo 11 bis:

“Artículo 11 bis. Supervisión de la persona jurídica. El tribunal podrá imponer a la persona jurídica la supervisión si debido a la inexistencia o grave insuficiencia de un sistema efectivo de prevención de delitos ello resultare necesario para prevenir la perpetración de nuevos delitos en su seno.

La supervisión de la persona jurídica consiste en su sujeción a un supervisor nombrado por el tribunal, encargado de asegurar que la persona jurídica elabore, implemente o mejore efectivamente un sistema adecuado de prevención de delitos y de controlar dicha elaboración, implementación o mejoramiento por un plazo mínimo de seis meses y máximo de dos años.

La persona jurídica estará obligada a poner a disposición del supervisor toda la información necesaria para su desempeño.

El supervisor tendrá facultades para impartir instrucciones obligatorias e imponer condiciones de funcionamiento exclusivamente en lo que concierna al sistema de prevención de delitos, sin que pueda inmiscuirse en otras dimensiones de la organización o actividad de la persona jurídica, además tendrá derecho a acceder a todas las instalaciones y locales pertenecientes a la persona jurídica.

Para los efectos de sus deberes y responsabilidad se considerará que el supervisor tiene la calidad de empleado público. Su remuneración será fijada por el tribunal de acuerdo con criterios de mercado, será de cargo de la persona jurídica y solo rendirá cuentas a éste de su cometido.”.

13. Sustitúyese su artículo 12 por el siguiente:

“Artículo 12. Multa. A menos que la ley disponga otra cosa, la multa se determinará mediante la multiplicación de un número de días-multa por el valor que el tribunal fijare para cada día-multa en la forma prevista en el párrafo 4 de la Ley de delitos económicos, cuyo producto se expresará en una suma de dinero fijada en moneda de curso legal.

El valor del día-multa no podrá ser inferior a 5 ni superior a 5.000 Unidades Tributarias Mensuales.

La pena mínima de multa es de 2 días-multa; la máxima, de 400 días-multa.

Cada pena de multa que impusiere el tribunal será determinada por éste en el número de días-multa que comprenda y su valor. Ni aun en caso de ser aplicables los artículos 74 del Código Penal o 351 del Código Procesal Penal podrán imponerse una o más penas de multa que en conjunto excedan de 600 días-multa.

Con todo, en los casos en que la ley así lo disponga, cuando el comiso de ganancias no pudiere imponerse a la persona jurídica porque fueron sido distribuidas entre sus socios, accionistas o beneficiarios que no tuvieron conocimiento de su procedencia ilícita al momento de su adquisición, el tribunal determinará el valor total de la multa a imponer hasta por una suma equivalente al treinta por ciento de las ventas de la persona jurídica correspondientes a la línea de productos o servicios asociada al hecho durante el período en el cual éste se hubiere perpetrado o hasta el doble de las ganancias obtenidas a través del hecho, siempre que dicho valor total fuere superior al monto máximo de la multa que correspondiere imponer conforme a los incisos precedentes.

No obstará a la imposición de la pena de multa la circunstancia de que el hecho diere lugar a una o más multas no constitutivas de pena conforme a otras leyes. Con todo, el monto de la pena de multa pagada será abonado a la multa no constitutiva de pena que se imponga a la persona jurídica por el mismo hecho. Si la persona jurídica hubiere pagado una multa no constitutiva de pena como consecuencia del mismo hecho, el monto pagado será abonado a la pena de multa impuesta de conformidad con esta ley.”.

14. Sustitúyese su artículo 13 por el siguiente:

“Artículo 13. Publicación de un extracto de la sentencia condenatoria. Siempre que se condene a una persona jurídica se impondrá la pena consistente en la publicación de un extracto que contenga una síntesis de la sentencia, que reproduzca sus fundamentos principales y la decisión de condena en el Diario Oficial y en otro diario de circulación nacional, a costa de la persona jurídica condenada.”.

15. Sustitúyese su artículo 14 por el siguiente:

“Artículo 14. Penas de crimen y de simple delito. Tratándose de un crimen se podrá imponer a la persona jurídica responsable una o más de las siguientes penas:

1°.La extinción de la persona jurídica en los casos previstos en el inciso segundo del artículo 9°;

2°.La pérdida de beneficios fiscales y la prohibición de recibirlos por un período no inferior a 3 años;

3°.La multa por un mínimo de 200 días-multa.

Tratándose de un simple delito se podrá imponer a la persona jurídica responsable una o más de las siguientes penas:

1º. La pérdida de beneficios fiscales y la prohibición de recibirlos por un período de hasta 3 años;

2°. La multa por un máximo de 200 días-multa.

Tanto respecto de crímenes como de simples delitos se podrá imponer, además, las penas de supervisión de la persona jurídica y de inhabilitación para contratar con el Estado, en los términos señalados en los artículos 11 bis y 10 precedentes.

En todo caso se impondrá la publicación de un extracto de la sentencia condenatoria.”.

16. Sustitúyese su artículo 15 por el siguiente:

“Artículo 15. Determinación del número y naturaleza de las penas. El tribunal impondrá siempre la pena de multa.

Adicionalmente podrá imponer cualquier otra pena que fuere procedente conforme al artículo precedente, para lo cual el tribunal atenderá a los siguientes factores:

1º.La existencia o inexistencia de un modelo de prevención de delitos y su mayor o menor grado de implementación;

2º.El grado de sujeción y cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria y de las reglas técnicas de obligatoria observancia en el ejercicio de su giro o actividad habitual;

3º.Los montos de dinero involucrados en la perpetración del delito;

4º.El tamaño, la naturaleza y el giro de la persona jurídica;

5º.La extensión del mal causado por el delito;

6º.La gravedad de las consecuencias sociales y económicas que pudiere causar a la comunidad la imposición de la pena cuando se tratare de empresas que presten un servicio de utilidad pública;

7°. Las circunstancias atenuantes o agravantes aplicables a la persona jurídica previstas en esta ley que concurrieren en el delito.”.

17. Sustitúyese su artículo 16 por el siguiente:

“Artículo 16. Determinación de la extensión de las penas concretas. La extensión de las penas distintas de la extinción de la persona jurídica será determinada en el punto medio de su extensión, a menos que, sobre la base de los factores mencionados en el inciso segundo del artículo anterior, correspondiere imponer dentro de ese marco una pena de otra extensión.

Para la determinación de la pena de multa se estará, además, a lo dispuesto en el artículo 12 de esta ley.”

18. Introdúcese en el Título II, a continuación del artículo 16, el siguiente nuevo apartado:

“2 bis.- Ejecución de las penas”

19.Sustitúyese su artículo 17 por el siguiente:

“Artículo 17. Ejecución de la extinción de la persona jurídica. La sentencia que declare la extinción de la personalidad jurídica designará a una persona encargada de su liquidación, quien deberá realizar los actos o contratos necesarios para:

1º.Concluir toda actividad de la persona jurídica, salvo aquellas que sean indispensables para el éxito de la liquidación;

2º.Pagar los pasivos de la persona jurídica, incluidos los derivados de la perpetración del hecho. Los plazos de todas esas deudas se entenderán caducados de pleno derecho, haciéndolas inmediatamente exigibles y su pago se realizará con estricto respeto de las preferencias y de la prelación de créditos establecida por la ley;

3º.Repartir los bienes remanentes entre los accionistas, socios, dueños o propietarios a prorrata de sus respectivas participaciones, sin perjuicio de su derecho para perseguir de los responsables del delito el resarcimiento de los perjuicios sufridos por la persona jurídica a consecuencia de este, en conformidad con las leyes aplicables en cada caso.

Excepcionalmente, cuando así lo aconseje el interés social el tribunal podrá, mediante resolución fundada, ordenar la enajenación de todo o parte del activo de la persona jurídica disuelta como un conjunto o unidad económica, en subasta pública y al mejor postor, la que deberá efectuarse ante el propio tribunal.”.

20. Introdúcese el siguiente nuevo artículo 17 bis :

“Art. 17 bis.- Ejecución de la inhabilitación para contratar con el Estado. La inhabilitación para contratar con el Estado regirá a contar de la fecha en que la resolución se encuentre ejecutoriada. El tribunal comunicará tal circunstancia a la Dirección de Compras y Contratación Pública. Dicha Dirección mantendrá un registro actualizado de las personas jurídicas a las que se les haya impuesto esta pena.”.

21 (20).Introdúcese el siguiente nuevo artículo 17 ter:

“Artículo 17 ter. Ejecución de la pérdida de beneficios fiscales y de la prohibición de recibirlos. Una vez ejecutoriada la sentencia que impusiere la pena de pérdida de beneficios fiscales y la prohibición de recibirlos, el tribunal lo comunicará a la Secretaría y Administración General del Ministerio de Hacienda y a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior, con el fin de que sea consignada en los registros centrales de colaboradores del Estado y Municipalidades que la ley les encomienda administrar.”.

22 (21). Introdúcese el siguiente nuevo artículo 17 quáter:

“Artículo 17 quáter. Ejecución de la supervisión de la persona jurídica. Ejecutoriada la sentencia condenatoria que impusiere la supervisión de la persona jurídica por un período determinado, el tribunal competente para la supervisión de la ejecución de la pena designará a un supervisor y le dará instrucciones sobre el objeto preciso de su cometido, sus facultades y los límites de ellos, de lo cual será notificada la persona jurídica. Con este fin se citará a audiencia especial al efecto, en que deberán ser oídos todos los intervinientes.

Las instrucciones obligatorias y las condiciones impuestas por el supervisor podrán ser reclamadas judicialmente.

En caso de incumplimiento injustificado de las instrucciones obligatorias o de las condiciones impuestas por el supervisor el tribunal podrá imponer, a solicitud del supervisor y oyendo a la persona jurídica, la retención y prohibición de celebrar actos y contratos sobre bienes o activos de ésta hasta que cese el incumplimiento, a título de apremio.

En casos de incumplimiento grave o reiterado el tribunal podrá, a solicitud del supervisor y oyendo a la persona jurídica, ordenar el reemplazo de sus órganos directivos y, en caso de no realizarse el reemplazo o de persistir el incumplimiento, la designación de un administrador provisional hasta que se verifique un cambio de circunstancias o hasta el cumplimiento íntegro de la supervisión.

Un reglamento establecerá los requisitos que habiliten para ejercer como supervisor, el procedimiento para su designación y reemplazo y para la determinación de su remuneración. Los requisitos para ejercer como supervisor deberán garantizar calificación y experiencia profesional pertinente y ausencia de factores que pudieran dar lugar a conflictos de interés en el ejercicio del cargo.”.

23 (22) .Introdúcese el siguiente nuevo artículo 17 quinquies:

“Artículo 17 quinquies. Ejecución de la multa. La multa será ejecutada conforme a las reglas generales previstas por el Código Penal.

Excepcionalmente, cuando su pago inmediato pudiere poner en riesgo la continuidad del giro de la persona jurídica condenada o cuando así lo aconsejare el interés social, el tribunal podrá autorizar que el pago de la multa se efectúe por parcialidades, dentro de un límite que no exceda de veinticuatro meses.”.

24 (23). Sustitúyese su artículo 18 por el siguiente:

“Artículo 18. Ejecución de la pena y las consecuencias adicionales en caso de disolución o transformación de la persona jurídica. En caso de transformación, fusión, absorción, división o disolución voluntaria de la persona jurídica responsable, sea antes o después de la condena, las penas y consecuencias adicionales se harán efectivas de acuerdo con las reglas siguientes:

1º. Si se impusiere comiso y éste recayere en una especie se ejecutará contra la persona jurídica resultante que la tuviere o, en caso de disolución de común acuerdo, contra el socio o partícipe en el capital que la tuviere tratándose de la disolución de una persona jurídica con fines de lucro, o contra la persona que conforme a los estatutos de la persona jurídica o a la ley la hubiere recibido tratándose de la disolución de una persona jurídica sin fines de lucro. Si el comiso recayere en cantidades de dinero se ejecutará del modo previsto para la ejecución de la multa, de acuerdo con el número siguiente;

2º. Si se impusiere la pena de multa, la persona jurídica resultante responderá de su pago. Si hubiere dos o más personas jurídicas resultantes todas ellas serán solidariamente responsables. En los casos de disolución de común acuerdo de una persona jurídica con fines de lucro, la multa se hará efectiva sobre los socios y partícipes en el capital, quienes responderán solidariamente. Tratándose de personas jurídicas sin fines de lucro, la multa se hará efectiva sobre las personas que hayan recibido las propiedades de aquéllas conforme a sus estatutos o a la ley, quienes responderán solidariamente;

3º. Si se tratare de cualquier otra pena, el tribunal decidirá si ella habrá o no de hacerse efectiva sobre las personas naturales o jurídicas a que se refieren los dos números anteriores, atendiendo a las finalidades que en cada caso se persiguieren, así como a la mayor o menor continuidad sustancial de los medios materiales y humanos de la persona jurídica inicial en la o las personas jurídicas resultantes y a la actividad desarrollada. Si por aplicación de esta regla dejare de imponerse o ejecutarse una pena, el tribunal aplicará en vez de ella una pena de multa, aun cuando ya se hubiere impuesto otra multa. En tal caso, se podrán superar hasta en un quinto los respectivos límites máximos previstos en el artículo 12.

Solo se podrá limitar el efecto de la imposición de la solidaridad reduciendo el valor a pagar respecto de la persona natural que demostrare que el pago en ese régimen le ocasionará un perjuicio desproporcionado. Con todo, el valor a pagar no podrá ser nunca inferior al valor de la cuota de liquidación que se le hubiere asignado o de los bienes que hubiere recibido en virtud de la disolución.

Todo lo anterior será sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.

Las reglas de este artículo serán también aplicables en caso de transferencia de bienes o activos de la persona jurídica responsable, antes o después de la condena, siempre que la transferencia abarque la mayor parte de los bienes o activos de ésta y que exista continuidad sustancial de los medios materiales y humanos y de la actividad de la persona jurídica responsable en el o los adquirentes, de modo que pueda presumirse una fusión, absorción o división encubiertas.”.

25 (24). Introdúcese el siguiente nuevo artículo 18 bis:

“Artículo 18 bis. Ejecución de la pena en caso de transferencia de bienes o activos de la persona jurídica. En caso de transferencia de bienes o activos de la persona jurídica responsable, sea antes o después de la condena, el comiso de cantidades y la multa podrán hacerse efectivos contra el adquirente si los bienes de aquélla no fueren suficientes, hasta el límite del valor de lo adquirido y siempre que el adquirente hubiere podido prever la condena de la persona jurídica responsable al momento de la adquisición.”.

26 (25). Introdúcese el siguiente nuevo inciso segundo en su artículo 19:

“No obstará al pronunciamiento de una condena contra una persona jurídica la circunstancia de que ésta hubiere sido objeto de disolución, transformación, absorción, fusión o división.”.

27 (26). Introdúcese, a continuación del artículo 19 el siguiente nuevo apartado:

“4.- Comiso”

28 (27). Introdúcese el siguiente nuevo artículo 19 bis:

“Artículo 19 bis. Comiso. El producto del delito de que es responsable la persona jurídica y los demás bienes, efectos, objetos, documentos, instrumentos, dineros o valores provenientes de él serán decomisados. Cuando por cualquier circunstancia no sea posible decomisar estas especies, se podrá aplicar el comiso a una suma de dinero equivalente a su valor.

También caerán en comiso las ganancias obtenidas por la persona jurídica a través del delito de que es responsable o, cuando se den los requisitos del artículo 41 de la Ley de delitos económicos, a través de un hecho ilícito que corresponde a un delito, en este último caso sin necesidad de condena, de acuerdo con las disposiciones del Título III bis del Libro IV del Código Procesal Penal.

El comiso de ganancias será impuesto también respecto de la persona jurídica que hubiere recibido la ganancia como aporte a su patrimonio.

No podrá imponerse el comiso respecto de las ganancias obtenidas por una persona jurídica y que hubieren sido distribuidas entre sus socios, accionistas o beneficiarios que no hubieren tenido conocimiento de su procedencia ilícita al momento de su adquisición. En tal caso la ganancia distribuida podrá considerarse para la determinación de la pena de multa que correspondiere imponer a la persona jurídica de acuerdo con el artículo 12.”.

29 (28).Sustitúyese su artículo 20 por el siguiente:

“Artículo 20. Investigación de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Si durante la investigación de un delito el Ministerio Público tomare conocimiento de circunstancias que fundaren la responsabilidad penal de una persona jurídica en los términos de esta ley, ampliará dicha investigación con el fin de determinar tal responsabilidad.

La investigación también podrá iniciarse por denuncia o por querella. En este último caso, podrá ser deducida por la víctima de conformidad con el Código Procesal Penal, así como cualquier persona capaz de parecer en juicio domiciliada en la provincia, respecto de hechos punibles que afectaren el ejercicio de la función pública o la probidad administrativa, o respecto de aquellos delitos que puedan causar graves consecuencias sociales y económicas.”.

30 (29).Introdúcese el siguiente nuevo artículo 20 bis:

“Artículo 20 bis. Supervisión de la persona jurídica como medida cautelar. Una vez formalizada la investigación contra una persona jurídica, el fiscal del Ministerio Público podrá solicitar que se imponga como medida cautelar durante el procedimiento la supervisión de la persona jurídica conforme a lo previsto en los artículos 11 bis y 17 quáter.

El tribunal acogerá la solicitud cuando se den los requisitos de las letras a) y b) del artículo 140 del Código Procesal Penal respecto de una persona natural cuyo hecho pueda dar lugar a la responsabilidad penal de la persona jurídica y se acreditare que la medida, atendida la inexistencia o grave insuficiencia de un sistema efectivo de prevención de delitos, es estrictamente necesaria para prevenir la perpetración de nuevos delitos en su seno. La solicitud y la ejecución de la medida cautelar se regirán, en todo lo no previsto por esta ley, por lo dispuesto en el párrafo 4 del Título V del Libro I del Código Procesal Penal.”.

31 (30). Intercálase en el inciso segundo del artículo 25, entre el número 4) y el actual número 5), el siguiente nuevo número 4 bis):

“4 bis) Someterse a supervisión en los términos de los artículos 11 bis y 17 quáter.”.

Art. 52. Modificaciones a la Ley N° 18.046. Introdúcese las siguientes modificaciones a la Ley N° 18.046, Sobre Sociedades Anónimas:

1. Sustitúyese su actual artículo 134 por el siguiente:

“Art. 134. Los directores, gerentes, administradores o ejecutivos principales de una sociedad anónima que en la memoria, balances u otros documentos destinados a los socios, a terceros o a la Administración, exigidos por ley o por la reglamentación aplicable, que deban reflejar la situación legal, económica y financiera de la sociedad, dieren o aprobaren dar información falsa o incompleta sobre aspectos relevantes para conocer el patrimonio y la situación financiera o jurídica de la sociedad, serán sancionados con la pena de presidio o reclusión menores en sus grados medio a máximo, salvo que la conducta constituya otro delito sancionado con mayor pena.

Con la misma pena serán sancionados los contadores o auditores de la sociedad, o los peritos, auditores externos o inspectores de cuenta ajenos a la sociedad, que colaboren al hecho descrito en el inciso anterior.

Si el hecho se refiere a una sociedad anónima abierta, la pena podrá ser aumentada en un grado.”.

2.Introdúcese en su Título XIV el siguiente nuevo 134 bis:

“Art. 134 bis. Los que, prevaliéndose de su situación mayoritaria en la junta de accionistas o el órgano de administración de una sociedad anónima, impusieren acuerdos para obtener un beneficio económico para sí o un tercero, en perjuicio de los demás socios o de algún socio en particular, y sin que esos acuerdos reporten beneficios a la sociedad, serán sancionados con la pena de presidio o reclusión en cualquiera de sus grados.”.

Art. 53. Modificaciones a la Ley N° 18.045. Introdúcese las siguientes modificaciones a la Ley N° 18.045, de Mercado de Valores:

1. Sustitúyense sus artículos 59 a 62 por los siguientes:

“Art. 59. Con pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo será sancionado:

a)El que actuando por cuenta de un emisor de valores de oferta pública proporcionare información falsa al mercado sobre la situación financiera, patrimonial o de negocios del respectivo emisor.

b)El que actuando por cuenta de una sociedad clasificadora otorgare una clasificación que no correspondiere al riesgo de los valores que clasifique.

c)El contador o auditor que dictaminare falsamente sobre la situación financiera o patrimonial de una persona sujeta a obligación de registro de conformidad a esta ley.

d)El administrador o apoderado de una bolsa de valores que diere certificación falsa sobre las operaciones que se realicen en ella y el corredor de bolsa o agente de valores que diere certificación falsa sobre las operaciones en que hubiere intervenido.

e)El que efectuare transacciones en valores con el objeto de alterar o mantener artificialmente el precio de mercado de uno o varios valores, así como el que efectuare cotizaciones o transacciones ficticias, divulgare información falsa o se valiere de cualquier otra conducta engañosa semejante, de un modo apto para transmitir señales falsas en cuanto a la oferta, la demanda o el precio de mercado de uno o varios valores.

f)El que fuera de los casos previstos en las letras anteriores proporcionare información falsa al mercado por cuenta de una persona sujeta a la fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero, en registros, prospectos, declaraciones o informes exigidos por ley o por la referida autoridad con carácter general, de un modo apto para incidir en las decisiones del público inversor u ocultar aspectos relevantes para conocer el patrimonio o la situación financiera o jurídica de la persona.

Art. 60. El que realizare una operación usando información privilegiada, ya sea adquiriendo o cediendo, por cuenta propia o de otro, directa o indirectamente, los valores a los que esa información se refiere, o bien cancelando o modificando una orden relativa a esos valores, será sancionado:

1°Con pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo, en caso de poseer la información privilegiada en alguna de las circunstancias señaladas en el artículo 166;

2°Con pena de presidio menor en su grado medio a máximo en los demás casos.

Con las mismas penas será sancionado, respectivamente, el que revelare indebidamente información privilegiada.

El que poseyendo información privilegiada en alguna de las circunstancias señaladas en el artículo 166 recomendare a otro la realización de las operaciones a que se refiere el inciso primero de este artículo, será sancionado con pena de presidio menor en su grado medio a máximo.

Art. 61. Con pena de presidio menor en su grado medio a máximo será sancionado:

a)El que defraudare a otro adquiriendo acciones de una sociedad anónima abierta, sin efectuar una oferta pública de adquisición de acciones en los casos que ordena la ley.

b)El que indebidamente utilizare en beneficio propio o de otros valores entregados en custodia o su producto.

c)El que, conociendo o debiendo conocer el estado de insolvencia en que se encuentra la sociedad que administra, acordare, decidiere o permitiere que ésta hiciere oferta pública de valores o continuare intermediando valores en los términos del artículo 24 de la presente ley.

Art. 62. Con pena de presidio menor en cualquier de sus grados será sancionado:

a)El que sin la correspondiente autorización o registro realizare oferta pública de valores o actuare como corredor de bolsa, agente de valores o calificadora de riesgos.

b)El que sin la correspondiente autorización o registro usare las denominaciones de corredor de bolsa, agentes de valores o calificadora de riesgos, o el que de cualquier otro modo se atribuya la calidad de aquellas entidades.

c)El que eliminare, alterare, modificare, ocultare o destruyere registros, documentos, soportes tecnológicos o antecedentes de cualquier naturaleza, impidiendo o dificultando con ello las posibilidades de fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero.

d)El que fuera de los casos previstos en el artículo 59 proporcionare información falsa a la Comisión para el Mercado Financiero, por cuenta de una sociedad sujeta a su fiscalización.”.

2.Derógase los incisos segundo y tercero del artículo 63.

3.En su artículo 165:

a.Elíminase en su inciso primero la siguiente frase: “en razón de su cargo, posición, actividad o relación con el respectivo emisor de valores o con las personas señaladas en el artículo siguiente”.

b.Sustitúyese su inciso segundo por el siguiente:

“Asimismo, se le prohíbe realizar una operación usando información privilegiada, ya sea adquiriendo o cediendo, por cuenta propia o de otro, directa o indirectamente, los valores a los que esa información se refiere, o bien cancelando o modificando una orden relativa al valor al que se refiere la información. Igualmente, se abstendrá de comunicar indebidamente dicha información terceros o de recomendar la realización de operaciones con esos valores. Del mismo modo, velará para que los hechos previstos en este inciso no ocurran a través de subordinados o terceros de su confianza.”

c.Intercálase el siguiente nuevo inciso cuarto:

“También podrá realizar las operaciones a que se refieren el inciso primero y segundo de este artículo el que opere en cumplimiento de una obligación, ya vencida, de adquirir o ceder valores, cuando dicha obligación haya estado contemplada en un acuerdo celebrado antes de que la persona de que se trate hubiere poseído la información privilegiada.”.

4. Intercálase en el literal f) del inciso segundo del artículo 166 a continuación de la expresión “cónyuges” la frase “, convivientes civiles”.

Art. 54. Modificaciones al Decreto Ley N° 3.500 de 1980. Introdúcense las siguientes modificaciones al Decreto Ley N° 3.500 de 1980, que Establece un Nuevo Sistema de Pensiones:

1. Modifícase el artículo 19, en el siguiente sentido:

a) Para intercalar en el inciso diecinueve a continuación del guarismo “12”, los guarismos “13, 13 bis”, seguido de una coma (,);

b) Para intercalar el siguiente inciso vigésimo cuarto nuevo, pasando el actual a ser vigesimoquinto y así correlativamente:

“Con la misma pena establecida en el inciso anterior, se sancionará al empleador que, sin el consentimiento del trabajador, omita retener o enterar las cotizaciones previsionales de un trabajador o declare ante las instituciones de seguridad social, pagarle una renta imponible o bruta menor a la real, disminuyendo el monto de las cotizaciones que debe descontar y enterar. La conducta será sancionada igualmente, si el consentimiento del trabajador ha sido obtenido por el empleador con abuso grave de su situación de necesidad, inexperiencia o incapacidad de discernimiento”.”.

2.Introdúcese el siguiente nuevo inciso cuarto en su artículo 103:

“Si el hecho constitutivo de la infracción o contravención a que se refieren los incisos precedentes constituyere también delito conforme al artículo 60 de la Ley N° 18.045, o al artículo 284 del Código Penal, se estará a la pena señalada en esas disposiciones.”

3. Sustitúyese en el inciso primero de su artículo 152 la frase “162 de la ley N° 18.045” por la frase “22 de la ley N° 20.712”.

4.Introdúcese las siguientes modificaciones en su artículo 159:

a) En su inciso primero,

i. sustitúyese la expresión “medio” por la expresión “máximo”;

ii. sustitúyese la coma que sigue a la palabra “liquidadores” por la conjunción “y”;

iii. elimínase la coma que sigue a la palabra “dinero”, y,

iv. elimínase la frase “y los trabajadores”.

b.Intercálase el siguiente nuevo inciso segundo:

“Si el hecho constitutivo de la infracción o contravención a que se refieren las letras a) o b) del inciso precedente constituyere también delito conforme a los incisos primero o segundo del artículo 60 de la Ley N° 18.045, o al artículo 284 del Código Penal, las demás personas que lo perpetren responderán penalmente según lo dispuesto en dichos preceptos.”.

5.Introdúcese en su Título XIV el siguiente nuevo artículo 159 bis.

“Art. 159 bis. Sufrirán la pena de presidio menor en su grado medio a máximo los directores, gerentes, apoderados, liquidadores u operadores de mesa de dinero de una Administradora de Fondos de Pensiones que, poseyendo información privilegiada de aquélla que trata el Título XXI de la ley N° 18.045 en razón de su cargo o posición, recomendaren a otro la realización de las operaciones a que se refiere la letra a) del inciso primero del artículo 159.

Las demás personas que perpetren el hecho previsto en el inciso precedente responderán penalmente según lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 60 de la Ley N° 18.045.”.

6.Intercalase el siguiente nuevo inciso décimo en su artículo 168:

“Si el hecho constitutivo de la infracción o contravención a que se refieren los incisos precedentes constituyere también delito conforme al artículo 60 de la ley N° 18.045 o al artículo 284 del Código Penal, se estará a la pena señalada en esas disposiciones.”.

Art. 55. Modificaciones a la ley N° 20.712. Introdúcese las siguientes modificaciones en el artículo primero de la ley N° 20.712, que aprueba la Ley que Regula la Administración de Fondos de Terceros y Carteras Individuales:

1.Sustitúyese la actual letra d) de su artículo 22 por la siguiente:

“d) La infracción a lo dispuesto en el Título XXI de la ley N° 18.045.”.

2.Introdúcese en su artículo 22 el siguiente nuevo inciso final:

“En todo caso, la infracción señalada en la letra d) de este artículo originará las responsabilidades previstas en la ley N° 18.045”.

Art. 56. Modificaciones a la Ley N° 17.322. Introdúcese el siguiente nuevo artículo 13 bis en la ley N° 17.322, Sobre Normas para la Cobranza Judicial de Cotizaciones, Aportes y Multas de las Instituciones de Seguridad Social:

“Artículo 13° bis. Con la misma pena establecida en el artículo anterior se sancionará al empleador que, sin el consentimiento del trabajador, omita retener o enterar las cotizaciones previsionales de un trabajador o declare ante las instituciones de seguridad social, pagarle una renta imponible o bruta menor a la real, disminuyendo el monto de las cotizaciones que debe descontar y enterar. La conducta será sancionada igualmente, si el consentimiento del trabajador ha sido obtenido por el empleador con abuso grave de su situación de necesidad, inexperiencia o incapacidad de discernimiento.”.”.

Art. 57. Modificaciones a la Ley 19.496. Introdúcese las siguientes modificaciones en la ley N° 19.496, que Establece Normas Sobre Protección de los Derechos de Los Consumidores:

1.Derógase el artículo 17 L.

2.Sustitúyese el inciso segundo de su artículo 24 por el siguiente:

“La publicidad falsa o engañosa difundida por medios de comunicación social, en relación a cualquiera de los elementos indicados en el artículo 28, hará incurrir al infractor en una multa de hasta 1500 unidades tributarias mensuales. En caso de que incida en las cualidades de productos o servicios financieros, o que afecten la salud o la seguridad de la población o el medio ambiente, la conducta se sancionará además con la pena de presidio o reclusión menores en su grado mínimo a medio, sin perjuicio de las indemnizaciones que pueda determinar el tribunal competente de acuerdo a la presente ley.”.

Art. 58. Incorpórase el siguiente artículo 37 bis en el artículo segundo de la ley N° 20.417 que Crea el Ministerio del Medioambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente.

“Art. 37 bis.- Sin perjuicio de la sanciones que corresponda aplicar conforme a las normas del presente título, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio y multa de 100 a 1.000 unidades tributarias mensuales, el que en una solicitud de calificación presentare información falsa que oculte, morigere, altere o disminuya los efectos, impactos o características de relevancia ambiental para el emplazamiento, construcción u operación de un determinado proyecto, de un modo tal que pueda conducir a una incorrecta determinación del instrumento de evaluación al que éste debe someterse o que permita a su titular eludir el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

La misma pena del inciso anterior, recaerá sobre quién fraccione sus proyectos o actividades, con el objeto de hacer variar el instrumento de evaluación de impacto ambiental al que debe someterse. Asimismo, respecto del que presentare información falsa para acreditar el cumplimiento de obligaciones impuestas en una resolución de calificación ambiental, normas de emisión, planes de reparación, programas de cumplimiento, planes de prevención o de descontaminación, o cualquier otro instrumento de gestión ambiental.”.

Art. 59. En el artículo 7° de la ley N° 20.009, que “Establece un Régimen de Limitación de Responsabilidad para Titulares o Usuarios de Tarjetas de Pago y Transacciones Electrónicas en Caso de Extravío, Hurto, Robo o Fraude” deróganse las letras a), b), c) d), e) y g) del inciso primero y suprímese su inciso segundo.

Art. 60. Sustitúyese el artículo 64 del decreto ley N° 211 de 1973, que Fija Normas para la Defensa de la Libre Competencia, por el siguiente:

“Artículo 64°.- Las investigaciones de los hechos señalados en el inciso primero del artículo 62 sólo se podrán iniciar por querella formulada por la Fiscalía Nacional Económica. Para estos efectos, no se aplicará lo dispuesto en el artículo 166 del Código Procesal Penal.

No obstante, la querella será obligatoria para dicha institución, cuando el acuerdo colusorio haya recaído sobre bienes de primera necesidad.

Para los efectos del presente artículo se entiende que la colusión recae sobre bienes de primera necesidad cuando ésta ha producido alguno de los efectos consignados en el artículo 62 en el contexto de los mercados que inciden en la provisión de servicios educacionales; de prestaciones de salud; de artículos médicos o farmacológicos; de la provisión de bebidas o alimentos; del transporte de personas; de la provisión de servicios básicos como agua, electricidad, servicios de telecomunicaciones o combustibles.

En estos casos, la Fiscalía Nacional Económica deberá presentar la querella, a más tardar en el plazo de 90 días contados desde la presentación del requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Presentada que sea la querella, la competencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia se restringirá a evaluar la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas involucradas en acuerdo anticompetitivo, quedando en la esfera penal la determinación de la responsabilidad de las personas naturales que lo hubieren celebrado, ordenado celebrar o participado en su implementación o ejecución, en los términos definidos por el art. 62.

En su querella, la Fiscalía Nacional Económica informará la circunstancia de haber obtenido autorización judicial para realizar una o más de las medidas a que se refieren los numerales n.1) a n.4) de la letra n) del artículo 39, así como el hecho de haber realizado o no dichas diligencias. El Ministerio Público podrá solicitar al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia el alzamiento de la confidencialidad o reserva de determinadas piezas de su expediente para su utilización en el proceso penal. Para los efectos de su incorporación al proceso penal, se entenderá que las copias de los registros, evidencias y demás antecedentes que hayan sido recabados por la Fiscalía Nacional Económica, a partir de diligencias realizadas con autorización judicial de un ministro de Corte de Apelaciones, cumplen con lo dispuesto por el artículo 9º del Código Procesal Penal.”.

Art. 61. Intercálase en el Código Tributario el siguiente artículo 162 bis:

“Art. 162 bis.- El ejercicio de la acción penal mediante denuncia o querella a que se refiere el inciso primero del artículo anterior, no será necesaria, en aquellos casos en que el Ministerio Público investigando delitos comunes tome conocimiento de hechos que puedan ser constitutivos de delitos tributarios en que la cuantía del impuesto exceda de 30 Unidades Tributarias Anuales y afecten gravemente el patrimonio fiscal.

Se entenderá que existe una grave afectación al patrimonio si se tratare de hechos que sean reiterados en más de un ejercicio comercial o que exista una notoria desproporción entre los impuestos pagados y los evadidos o se hubiere utilizado asesoría contable o profesional.

La misma regla se aplicará a los hechos de los que tome conocimiento cuando sean cometidos por personas jurídicas con la intervención de alguna persona natural que ocupare un cargo, función o posición en ella, o le prestare servicios gestionando asuntos suyos ante terceros, con o sin su representación, siempre que la perpetración del hecho se hubiere visto favorecida o facilitada por la falta de implementación efectiva, por parte de la persona jurídica, de un modelo adecuado de prevención de tales delitos.

El Servicio tendrá 90 días corridos desde la notificación a que hace referencia el inciso sexto del artículo anterior para interponer querella o denuncia, cuando de los antecedentes que le han sido proporcionados aparezcan indicios que den cuenta de la eventual configuración de un hecho punible de carácter tributario. El Servicio podrá, por medio de resolución fundada, debidamente comunicada al Fiscal del caso, ampliar el plazo para adoptar la decisión de que se trata, por una vez y hasta por 45 días.

Transcurrido el plazo descrito en el inciso anterior, sin que el Servicio hubiere emitido su decisión o siendo ésta una decisión negativa en torno al ejercicio de la acción penal, el Fiscal que instruye la causa respectiva podrá solicitar a la Corte de Apelaciones competente el forzamiento del proceso criminal, siempre y cuando los hechos que se indagan puedan guardar relación con alguno de los delitos contemplados en el artículo 97 N°4.

Para estos efectos, el Fiscal acompañará a su solicitud los antecedentes que fundan y justifican su pretensión de dar inicio al proceso penal.

La Corte requerirá informe al Servicio y, en lo sucesivo, el procedimiento se tramita de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del Código Procesal Penal.

Revisados los antecedentes y habiendo constatado que existen motivos para sospechar que los hechos que han sido puestos en conocimiento del Servicio podrían importar la eventual comisión de alguno de los delitos que motivaron la presentación, la Corte autorizará la apertura del procedimiento penal, el que se tramitará en lo sucesivo conforme a las reglas del delito de acción penal pública.

En caso contrario, la Corte confirmará la decisión del Servicio y el Ministerio Público no podrá iniciar la investigación por delitos tributarios, sin perjuicio de proseguir con la indagación de otros delitos que se encuentren vinculados a las circunstancias que motivaron la iniciación del procedimiento reglado en los inicios anteriores.”.

Art. 62. Introdúcese en el decreto con fuerza de ley de Hacienda N° 213, de 1953, sobre Ordenanza de Aduanas, el siguiente artículo 198 bis:

“Artículo 189 bis.- El Ministerio Público informará al Servicio Nacional de Aduanas, a la brevedad posible, los antecedentes de que tomare conocimiento con ocasión de las investigaciones de delitos comunes y que pudieren relacionarse con los delitos a que se refiere el artículo anterior.

El Servicio tendrá 90 días corridos desde la notificación a que hace referencia el inciso anterior para interponer querella o denuncia, cuando de los antecedentes que le han sido proporcionados aparezcan indicios que den cuenta de la eventual configuración de un delito de contrabando. El Servicio podrá, por medio de resolución fundada, debidamente comunicada al Fiscal requirente, ampliar el plazo para adoptar la decisión de que se trata, por una vez, y hasta por 45 días.

Transcurrido el plazo descrito en el inciso anterior, sin que el Servicio hubiere emitido su decisión o siendo ésta una decisión negativa en torno al ejercicio de la acción penal, el Fiscal que instruye la causa respectiva podrá solicitar a la Corte de Apelaciones competente el forzamiento del proceso criminal. Para estos efectos, el Fiscal acompañará a su solicitud los antecedentes que fundan y justifican su pretensión de dar inicio al proceso penal.

La Corte requerirá informe al Servicio y, en lo sucesivo, el procedimiento se tramita de conformidad con lo dispuesto en el art. 19 del Código Procesal Penal.

Revisados los antecedentes y habiendo constatado que existen motivos para sospechar que los hechos que han sido puestos en conocimiento del Servicio podrían importar la eventual comisión de alguno de los delitos que motivaron la presentación, la Corte autorizará la apertura del procedimiento penal, el que se tramitará en lo sucesivo conforme a las reglas del delito de acción penal pública.

En caso contrario, la Corte confirmará la decisión del Servicio y el Ministerio Público no podrá iniciar la investigación por delitos contrabando, sin perjuicio de proseguir con la indagación de los delitos comunes que se encuentren vinculados a las circunstancias que motivaron la iniciación del procedimiento reglado en los inicios anteriores.”

TÍTULO FINAL

“Art. 63 ( 58). Aplicación temporal. Los hechos perpetrados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, las penas y las demás consecuencias que correspondiere imponer por ellos, serán determinados conforme a la ley vigente al momento de su perpetración.

Si la aplicación de la presente ley resultare más favorable al imputado o acusado por un hecho perpetrado con anterioridad a su entrada en vigor, se estará a lo dispuesto en ella.

Art. 64 (59). Prohibición de fraccionamiento. Para determinar si la aplicación de la presente ley resulta más favorable se deberá tomar en consideración todas las normas en ella previstas que fueren pertinentes al juzgamiento del hecho.

La pertinencia de las disposiciones de la presente ley para el juzgamiento de los hechos perpetrados antes de su vigencia no requiere continuidad entre sus términos y los de las disposiciones antes vigentes, modificadas o derogadas por ella.

Las nuevas normas que la presente ley introduce en los incisos primero, segundo y tercero del artículo 24 bis del Código Penal serán pertinentes para la determinación del comiso que antes de su entrada en vigor correspondía imponer como pena accesoria. El comiso de ganancias cuya ejecución se encontrare pendiente al momento de entrar en vigor la presente ley será ejecutado conforme a lo dispuesto por las nuevas normas que esta introduce en el artículo 469 bis del Código Procesal Penal y en el artículo 171 del Código Orgánico de Tribunales. El comiso impuesto por sentencia condenatoria firme que se encontrare ejecutado al momento de entrar en vigor la presente ley no se verá afectado por ello.

Art. 65 ( 60) . Tiempo del hecho. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 58, el delito se entiende perpetrado en el momento o durante el lapso en el cual se ejecuta la acción punible o se incurre en la omisión punible.

Si la presente ley entrare en vigor durante la perpetración del hecho se estará a lo dispuesto en ella, siempre que en la fase de perpetración posterior se realizare íntegramente la nueva descripción legal del hecho.”.

*******************

Tratado y acordado en sesiones de fechas 20 de enero; 2 de marzo; 22 de abril; 5,12 y 18 de mayo; 8,15 y 22 de junio; 30 de septiembre; 7 de octubre; 24 de noviembre; 2 y 15 de diciembre, todas de 2020. 5, 12 y 19 de enero; 2, 9, 16 y 23 de marzo; 27 de abril; 4, 25 y 31 de mayo, y 15 de junio, todas de 2021, con la asistencia de los (as) diputados (as) señores (as) Marcos Ilabaca; Jorge Alessandri; Gabriel Boric; Karol Cariola; Juan Antonio Coloma; Luciano Cruz-Coke; Camila Flores; Gonzalo Fuenzalida; Hugo Gutiérrez; Tomás Hirsch; Diego Ibáñez; Pamela Jiles; Paulina Núñez; René Saffirio; Leonardo Soto; Camila Vallejo, y Matías Walker.

Sala de la Comisión, a 15 de junio de 2021.

PATRICIO VELÁSQUEZ WEISSE

Abogado Secretario de la Comisión

SISTEMATIZACIÓN DE DELITOS ECONÓMICOS Y ATENTADOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE, MODIFICACIÓN DE CUERPOS LEGALES QUE TIPIFICAN DELITOS CONTRA ORDEN SOCIOECONÓMICO Y ADECUACIÓN DE PENAS APLICABLES (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETINES NOS 13204-07 Y 13205-07)

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico, y adecua las penas aplicables a todos ellos (boletines Nos 13204-07 y 13205-07).

De conformidad con los acuerdos adoptados por los Comités Parlamentarios, para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos a cada diputado y diputada que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento es el señor Leonardo Soto .

Antecedentes:

Mociones:

-Boletín N° 13204-07, sesión 145ª de la legislatura 367ª, en martes 21 de enero de 2020.

Documentos de la Cuenta N° 17, y

-Boletín N° 13205-07, sesión 145ª de la legislatura 367ª, en martes 21 de enero de 2020.

Documentos de la Cuenta N° 18.

-Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Documentos de la Cuenta N° 7 de este boletín de sesiones.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor SOTO (don Leonardo) [de pie].-

Señor Presidente, en representación de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, paso a informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, sobre el proyecto de ley refundido que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico, y adecua las penas aplicables a todos ellos.

El proyecto se inició en mociones de las diputadas y los diputados Matías Walker , Natalia Castillo , Luciano Cruz-Coke , Marcelo Díaz , Gonzalo Fuenzalida , Paulina Núñez , Marcelo Schilling , Gabriel Silber , Leonardo Soto , Pablo Vidal (boletín N° 13205-07), y de las diputadas y los diputados Marcelo Schilling , Gabriel Ascencio , Boris Barrera , Natalia Castillo , Ricardo Celis , Mario Desbordes , Marcela Hernando , Alejandra Sepúlveda , Leonardo Soto y Matías Walker (boletín N° 13204-07).

La idea matriz o fundamental del proyecto consiste en sistematizar los delitos económicos y todos los atentados contra el medio ambiente, modificar diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico y adecuar las penas aplicables a todos ellos.

Debo destacar que durante la discusión del proyecto, la comisión contó con la valiosa y permanente ayuda de los penalistas, abogados y académicos expertos en delitos económicos señores José Pedro Silva , Verónica Rosenblut , Gonzalo Medina , Héctor Hernández , Javier Wilenmann , Antonio Bascuñán y Fernando Londoño . Asimismo, colaboraron de manera intermitente los profesores Enrique Aldunate , Jaime Winter , Ezio Costa Cordella , y Rebeca Zamora , de Abofem. Además, participó el jefe de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Delitos Medioambientales y Crimen Organizado del Ministerio Público, señor Mauricio Fernández , quien asistió acompañado del subdirector de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, señor Hernán Fernández , y de los abogados expertos de dicha Unidad, Andrés Salazar , Valeria Jelvez , Yelica Lusic y Rodrigo Peña . Igualmente, participó el comisionado de la Comisión para el Mercado Financiero señor Mauricio Larraín , acompañado por el jefe del Área Jurídica, señor José Antonio Gaspar .

Este proyecto busca abordar la conmoción y el rechazo social que generan los delitos de naturaleza económica y su impacto en el orden público económico.

La iniciativa propone la sistematización y la adecuación de normas penales que permitan dar respuesta y enfrentar la débil regulación que actualmente contiene nuestro ordenamiento jurídico, que impide sancionar de forma efectiva a quienes cometen o participan en ilícitos penales económicos.

Tal como afirmaba ya en 2011 el entonces presidente de la excelentísima Corte Suprema, señor Milton Juica , respecto de los denominados delitos de cuello y corbata, “la penalidad es realmente modesta comparada con otros países, especialmente con Estados Unidos.”.

De esta manera se presenta esta iniciativa, que contiene los siguientes y principales propósitos:

Adecuación del sistema de determinación y sustitución de penas al ámbito de la criminalidad económica.

El proyecto establece, en primer lugar, un sistema propio de determinación y sustitución de penas privativas de libertad. La necesidad de su formulación se explica por la inadecuación de las categorías generales para esta clase de criminalidad, sobre todo a la luz del modo en que funciona la práctica de determinación de la pena por los tribunales de justicia.

El sistema general es hoy inadecuado para la criminalidad económica; en primer lugar, porque las atenuantes y las agravantes previstas en el Código Penal son, en su gran mayoría, ajenas al tipo de actividad en cuestión. El sistema del Código Penal no permite, en general, hacer distinciones entre grandes casos económicos y otros en que se realiza el mismo delito, pero que tiene una entidad mucho menor.

El sistema del Código Penal y de su penalidad está más bien adaptado a la delincuencia común, y reconoce todas sus limitaciones cuando debe juzgar delitos económicos, particularmente en mercados complejos.

Nuestro sistema tampoco permite hacer graduaciones relevantes, atendiendo al modo en que intervino el condenado ni a la posición o esfera desde la que intervino en el seno de la empresa.

En segundo lugar, la práctica judicial asume dos criterios centrales para determinar cuándo debe ejecutarse una pena efectiva de privación de libertad: que la pena aplicable al delito no exceda de tres o cinco años o que el condenado no sea reincidente.

Es claro que en los delitos de cuello y corbata la reincidencia es prácticamente inexistente, de manera que este tipo de delincuentes difícilmente cumplirán pena efectiva.

Por otra parte, las penas sustitutivas previstas en la ley N° 18.216 no se adecúan completamente a este tipo de criminalidad. La criminalidad económica se realiza, en general, en el contexto de actividades formales reconocidas, desarrolladas por sujetos que son capaces de desempeñarse en la economía ordinaria.

A causa de lo anterior, buena parte de los mecanismos de reacción, establecidos a propósito de la criminalidad común, no resultan adecuados ni aplicables a la criminalidad económica.

A la luz de lo anterior, se establece un sistema diferenciado de determinación de la pena. Las agravantes y atenuantes incluidas en dicho sistema están especialmente pensadas para este tipo de criminalidad.

Asimismo, ellas están graduadas de forma tal que su incidencia varíe dependiendo de su intensidad. Con ello, tratándose de casos en que el perjuicio ocasionado sea muy elevado o que la conducta desplegada sea especialmente reprochable, las penas serán siempre considerables, incluso tratándose de delitos en abstracto menos graves.

Además, se gradúa sobre los casos menos graves, de modo tal que también allí las penas aplicadas tengan mayor sensibilidad a variaciones de gravedad.

Por otra parte, este proyecto adecúa las penas sustitutivas a la criminalidad económica. Como esta iniciativa trata de un sistema con orientación abiertamente sancionatoria, las penas sustitutivas tienen también un componente de esta clase.

Con ello, por ejemplo, la libertad vigilada ha sido excluida del catálogo aplicable a estos delitos, y la remisión condicional de la pena, restringida a casos en que se aplique, por lo menos, una circunstancia atenuante muy calificada: muy baja culpabilidad, consecuencia económica muy baja o delitos de bagatela.

En los demás casos, las penas centrales del sistema pasan a ser, en orden creciente de gravedad, la reclusión parcial domiciliaria, la reclusión parcial en establecimiento especial y la cárcel efectiva.

Un segundo ámbito dice relación con las otras sanciones y consecuencias distintas de las penas privativas de libertad. El diagnóstico con el que operó la comisión a este respecto es sencillo. La cuantía de las multas penales y el modo de graduarlas es enteramente disfuncional en el derecho chileno. El sistema jurídico chileno, hay que reconocerlo, adolece de un defecto grave al no contar con un comiso de ganancias efectivo, y las inhabilitaciones aplicables respecto de los condenados por de delitos económicos son claramente insuficientes.

Respecto de las multas, se introduce el sistema de días-multa. Conforme con este, siempre que se impone una pena de multa, ella se gradúa considerando los ingresos promedio que produce una persona en un día.

De este modo, el sistema es sensible a las diferencias económicas entre condenados, lo que evita que las multas establecidas en unidades fijas tengan un peso excesivo respecto de condenados de ingresos bajos o insignificantes respecto de condenados por delitos económicos que, muchas veces, tienen ingresos altos.

El sistema atiende las diferencias en el valor marginal del dinero, permitiendo imponer así, en todos los casos, multas que tengan un verdadero peso punitivo, pero sin ser excesivas.

Tratándose de individuos con ingresos medios o elevados, el sistema conduce, además, a un aumento considerable en la cuantía de las multas. Adicionalmente, el sistema prevé ajustes en razón del patrimonio del condenado.

En segundo lugar, se incorpora una regulación sustantiva y procedimental del comiso de ganancias, que permite al Estado privar a una persona de todas las ganancias obtenidas directamente como consecuencia de la realización del hecho constitutivo de un delito económico. Aunque se ha discutido históricamente si ello se encuentra incorporado en el artículo 31 del Código Penal, lo que algunas leyes especiales reconocen expresamente, en la práctica, la falta de claridad sobre su estatus y la completa falta de regulación procedimental hacen que tenga hoy una muy escasa aplicación.

El proyecto elimina todos esos problemas. Además, partiendo de la premisa general de que el comiso de ganancias no es una pena para el ámbito de los delitos económicos, la iniciativa regula la posibilidad del comiso de ganancias sin condena previa en ciertos casos.

Finalmente, el proyecto incorpora un sistema diferenciado de inhabilitaciones adecuadas al tipo de criminalidad de que se trata.

En otro ámbito, se modifica considerablemente el estatuto de responsabilidad penal de personas jurídicas contenido en la ley N° 20.393, aunque mantiene sus lineamientos generales. Esa modificación incluye una ampliación muy relevante del catálogo de delitos por los que debe responder la persona jurídica, al incorporar todos los delitos susceptibles de ser calificados como económicos de acuerdo con el proyecto.

Junto con ello, se amplía el alcance de la ley en cuanto a la clase de personas jurídicas penalmente responsables y se introduce la figura de la supervisión de la persona jurídica, que puede ser aplicada tanto a título de medida cautelar como de condición de una suspensión condicional del procedimiento o de pena.

Más allá de lo anterior, se perfecciona la regulación contenida en la ley N° 20.393 en distintos ámbitos, adecuando además su regulación a las penas pecuniarias, a las inhabilitaciones, a la regulación del comiso de ganancias y a otras modificaciones incorporadas en el proyecto.

A nivel de la regulación penal, se introducen enmiendas en distintos cuerpos legales que establecen delitos económicos. Entre ellas se encuentran la introducción del estatuto de delitos ambientales del anteproyecto de Código Penal de 2018 al Código Penal vigente, la regulación de la protección penal del secreto empresarial, una modificación relevante a los delitos concursales y contra el mercado de valores, que busca eliminar errores regulativos y vacíos de punibilidad frente a los delincuentes económicos.

Asimismo, se modifican diversos delitos actualmente vigentes a fin de perfeccionar su redacción y solucionar las dificultades de interpretación y aplicación que han presentado en la práctica.

Finalmente, se introduce un delito de publicidad engañosa en la ley del consumidor y se incluye la protección penal frente a supuestos de explotación laboral.

Además, se modifica el decreto ley N° 211, de 1973, que Fija Normas para la Defensa de la Libre Competencia, de manera que si bien las investigaciones de los hechos señalados en el inciso primero del artículo 62 de este cuerpo legal solo se podrán iniciar por querella formulada por la Fiscalía Nacional Económica, esta será obligatoria para dicha institución -esa es la novedadcuando el acuerdo colusorio haya recaído sobre bienes de primera necesidad, tales como la provisión de servicios educacionales, de prestaciones de salud, de artículos médicos o farmacológicos; de la provisión de bebidas o toda clase de alimentos; del transporte de personas; de la provisión de servicios básicos, como agua, electricidad, servicios de telecomunicaciones o combustibles.

En relación con delitos tributarios, se modifica el Código Tributario, de manera que el ejercicio de la acción penal en forma exclusiva por el Servicio de Impuestos Internos, mediante denuncia o querella, no será necesario en aquellos casos en que el Ministerio Público, investigando delitos comunes, tome conocimiento de hechos que puedan ser constitutivos de delitos tributarios en que la cuantía del impuesto exceda de 30 unidades tributarias anuales (UTA) y afecten gravemente el patrimonio fiscal. La misma regla se aplicará a los hechos de los que tome conocimiento cuando sean cometidos por personas jurídicas con la intervención de alguna persona natural que ocupare un cargo, función o posición en ella, o le prestare servicios gestionando asuntos suyos ante terceros, con o sin su representación, siempre que la perpetración del hecho se hubiere visto favorecida o facilitada por la falta de implementación efectiva por parte de la persona jurídica de un modelo adecuado de prevención de tales delitos.

Además, se contempla que el Servicio de Impuestos Internos tendrá 90 días corridos para interponer querella o denuncia cuando de los antecedentes que le han sido proporcionados por el Ministerio Público aparezcan indicios que den cuenta de la eventual configuración de un hecho punible de carácter tributario. El Servicio de Impuestos Internos en este evento podrá, por medio de resolución fundada debidamente comunicada al fiscal del caso, ampliar el plazo para adoptar la decisión de que se trate, por una vez y hasta por 45 días. Transcurrido el plazo descrito sin que el servicio hubiere emitido su decisión o siendo esta una decisión negativa en torno al ejercicio de la acción penal, el fiscal del Ministerio Público que instruye la causa penal respectiva podrá solicitar a la corte de apelaciones competente el forzamiento del proceso criminal, siempre y cuando los hechos que se indagan puedan guardar relación con alguno de los delitos contemplados en el artículo 97, número 4°, del Código Tributario.

Asimismo, se modifica la Ordenanza de Aduanas, estableciendo que el Ministerio Público informará al Servicio Nacional de Aduanas, a la brevedad posible, los antecedentes de que tomare conocimiento con ocasión de las investigaciones de delitos comunes y que pudieren relacionarse con el delito de contrabando. En tal caso, el servicio tendrá 90 días corridos -ello, al igual que el Servicio de Impuestos Internosdesde la notificación a que hace referencia el inciso anterior para interponer querella criminal o denuncia cuando de los antecedentes que le han sido proporcionados aparezcan indicios que den cuenta de la eventual configuración de un delito de contrabando. El Servicio Nacional de Aduanas podrá ampliar el plazo hasta por 45 días.

Transcurrido el plazo sin que el servicio hubiere emitido su decisión o siendo esta una decisión negativa en torno al ejercicio de la acción penal, el fiscal que instruye la causa respectiva podrá solicitar a la corte de apelaciones competente -ello, al igual que en el caso del Servicio de Impuestos Internosel forzamiento del proceso criminal ante la sala correspondiente.

Señor Presidente, habiendo sido aprobado este proyecto después de 26 sesiones celebradas por la Comisión de Constitución -lo destaco: 26 sesiones-, en las cuales se analizó y se debatió en profundidad con todos los invitados que señalé al inicio de mi informe, se propone su aprobación a esta honorable Sala.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto.

Tiene la palabra, vía telemática y hasta por cinco minutos, el diputado René Saffirio .

El señor SAFFIRIO (vía telemática).-

Señor Presidente, sin duda, este proyecto de ley contiene normas que son importantes para sancionar a los delincuentes de cuello y corbata. Sin embargo, de acuerdo con todo lo que se dijo en el informe, ocurre que en esta iniciativa se borra con el codo lo que se escribe con la mano.

Digo esto porque, en los artículos 19, 20, 23, 24, 25 y 26 del proyecto, todo el esfuerzo que hizo la Comisión de Constitución para los efectos de elevar las penas a los delincuentes de cuello y corbata que violaran, por ejemplo, normas de la Ley de Mercado de Valores, de la ley general de bancos, de la ley orgánica constitucional del Banco Central, del Código Tributario, de la ley orgánica de Aduanas, de la ley de pesca, del Código de Minería y, cuidado -¡ojo!-, de la Ley Orgánica Constitucional sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral, se tira por la borda, porque se establece un sistema de sustitución de condenas a partir del artículo 19, que permite, lo cito como ejemplo, que se remplace el cumplimiento de la condena de prisión por la remisión parcial en el domicilio del condenado, que puede ser de ocho horas diarias o durante los fines de semana; se puede remplazar por la reclusión parcial en un establecimiento especial cuyas características no están definidas, porque ello se entrega a la definición de un reglamento.

Fíjese que, en el caso de la reclusión parcial diurna, si la sanción impuesta al penado pone en riesgo la situación económica de este o de su grupo familiar, no va a ir a la cárcel, porque puede afectarle económicamente. ¿Y qué se hará entonces? El juez deberá imponer la pena de reclusión parcial en un establecimiento especial.

¿Se acuerdan ustedes del comerciante de cedés piratas del paseo Ahumada que murió en el incendio de la cárcel de San Miguel? Él ni siquiera había cometido un delito, sino una falta: había dejado de firmar algunas semanas en las que debía concurrir a control, y murió en la cárcel. Bueno, a este tipo de delincuentes, si es que se les puede llamar así, porque son comerciantes ambulantes, no se les otorga este tipo de beneficios.

Aquí estamos diciendo que se puede violar la ley de bancos, que se puede violar la ley de aduanas, que se puede violar el Código Tributario, que se puede violar la ley del Banco Central y que se pueden violentar y transgredir las normas sobre rendimiento del gasto electoral, razón por la cual todos los diputados y senadores que están pensando en postular en la próxima elección deben inhabilitarse en la votación de este proyecto de ley, porque los beneficia directamente. Esta no es una norma de carácter general, sino que beneficia directamente a quienes van a ser candidatos durante la próxima elección, porque, en vez de ir a la cárcel si vulneran las normas sobre límite y control de gasto electoral, cumplirán las penas en sus casas, los fines de semana, con sus familias, porque la sanción podría afectar sus ingresos familiares si deben cumplir la condena en la cárcel.

Esto, señor Presidente, es molesto, es indignante y borra con el codo lo que el resto del proyecto escribió con la mano. No se puede permitir este tipo de beneficios a delincuentes que, por ejemplo, han cometido el delito de colusión, con lo que han generado gigantescos perjuicios a innumerable cantidad de familias y personas a lo largo de Chile, como sucedió con los casos del papel higiénico, los pollos y para qué vamos a nombrar más. ¡Ni hablar sobre la ley de gasto electoral o sobre la ley de pesca!

Pregunto a mis colegas diputados si están dispuestos a otorgarse beneficios de estas características, porque serán favorecidos en caso de infringir la ley sobre gasto electoral, y explicárselo a sus electores el día de mañana.

He presentado indicaciones a los artículos 19 y siguientes, que he mencionado.

Si no es posible que el proyecto vuelva a la comisión para tratar esas indicaciones, me veré en la obligación moral y ética de votar en contra de la idea de legislar.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Matías Walker .

El señor WALKER.-

Señor Presidente, por fin podemos tratar en Sala nuestro proyecto de ley sobre delitos económicos.

Agradezco a todos los diputados que lo suscribieron, al diputado Leonardo Soto por su brillante informe, al trabajo de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, presidida por el diputado Marcos Ilabaca ; a todos los profesores y profesoras de derecho penal que nos acompañaron en el estudio de este proyecto, que sistematiza todos los delitos económicos y establece penas efectivas privativas de libertad en el caso de los delitos económicos más graves.

Tal como expresó el diputado Leonardo Soto , el entonces presidente de la excelentísima Corte Suprema, señor Milton Juica , señaló en 2011 que la penalidad de los delitos de cuello y corbata en Chile es realmente modesta, comparada con la de otros países, especialmente con la de Estados Unidos.

Muchos se pusieron a hablar y a comentar, mientras nosotros nos dedicamos a legislar. Con un grupo de diputados y diputadas de todos los sectores políticos, nos reunimos todas las semanas con destacados profesores de derecho penal; conversamos con la Fiscalía y con el Ministerio Público, al que agradecemos el apoyo constante que nos dio en todas las sesiones. Finalmente, aprobamos este proyecto que establece un sistema propio de determinación y sustitución de penas privativas de libertad ante la inadecuación de las categorías generales para esta clase de criminalidad, sobre todo a la luz del modo en que funciona la práctica de determinación de la pena por los tribunales.

Las agravantes y las atenuantes incluidas en la iniciativa están especialmente pensadas para este tipo de criminalidad y están graduadas de forma tal que su incidencia varía dependiendo de su intensidad.

Adecuamos las penas sustitutivas a la criminalidad económica. Se excluyó la libertad vigilada del catálogo aplicable a estos delitos y la remisión condicional quedó restringida a casos en que se aplica, al menos, una circunstancia atenuante muy calificada.

Se estableció el sistema de días multa. ¿Qué significa esto? Muy simple: en el caso de imponerse una multa, ella se graduará considerando los ingresos promedio que produce una persona en un día, es decir, una multa diaria por cada ganancia ilegítima.

Respecto del comiso de ganancias ilegítimas, se incorpora una regulación sustitutiva y procedimental del tipo de ganancias que le permite al Estado privar a una persona de todas las ganancias obtenidas en forma ilegítima.

Se amplía el catálogo de responsabilidad penal de las personas jurídicas a todos los delitos económicos. Se introdujo el estatuto de delitos ambientales del anteproyecto de Código Penal de 2018, incluyendo la usurpación, el desvío y contaminación de aguas. De hecho, ahora estamos aplicando penas más altas que las que aprobamos en el proyecto de ayer.

Asimismo, se incluye la regulación de la protección penal del secreto profesional.

Se modificaron los delitos concursales contra el mercado de valores, nuevo delito de publicidad engañosa en la ley del consumidor.

Se incluye la protección penal frente a supuestos de explotación laboral.

Se establece la querella obligatoria que deberá formular la Fiscalía Nacional Económica cuando exista acuerdo colusorio recaído sobre bienes de primera necesidad.

Se elimina la exclusividad del ejercicio de la acción penal del Servicio de Impuestos Internos cuando los delitos tributarios conocidos por el Ministerio Público sean mayores a 30 UTA.

Se incluye la obligación del Servicio Nacional de Aduanas de interponer querellas o denuncias con ocasión de las investigaciones del Ministerio Público por ilícitos que pudieran relacionarse con el delito de contrabando.

Es decir, se establecen penas efectivas privativas de libertad, mayores a las establecidas ahora. Ya no habrá sanciones como clases de ética. En caso de delito económico grave, se aplicarán penas efectivas privativas de libertad.

Estamos dando un tremendo paso, por lo que pido a la Sala ratificar la aprobación de este proyecto de ley sobre delitos económicos.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Mellado .

El señor MELLADO (don Miguel).-

Señor Presidente, felicito a la comisión y al expresidente Matías Walker , porque desde que se fusionaron los proyectos en marzo del 2020 hasta hoy, se realizaron 26 sesiones en esos quince meses de tramitación. Me tocó participar en muchas de ellas, porque algunos de los mocionantes, como el diputado Gonzalo Fuenzalida y la diputada Paulina Núñez , me pedían que los reemplazara.

La verdad es que desde hace tiempo que no veía un proyecto de ley tan macizo, con distintas aristas y con profesores asesores de fuste, de un tremendo nivel.

Las sanciones establecidas en nuestra legislación para los distintos ilícitos de tipo económico poseen características particulares que permiten a las personas sostener la crítica de que quienes comenten estos delitos gozan de impunidad, ya que normalmente se trata de gente de una posición social aventajada, con acceso al poder y a ejercer influencias por su posición laboral, política, pública, intelectual, etcétera. Eso es lo que la gente dice. El proyecto se ocupa de eso.

Es importante considerar que la antigüedad del Código Penal para abordar el fenómeno de la delincuencia económica data de 1875, al cual solo se le ha hecho un lifting, pero no una reforma como corresponde.

También es necesario considerar las bajas sanciones que establece como regla general, la incapacidad de la sanción administrativa y la pugna entre los órganos reguladores y el Ministerio Público para perseguir la responsabilidad de esos delitos, como ha sucedido con la Fiscalía Nacional Económica y el Ministerio Público.

Dicho sea de paso, el proyecto consta de cuatro títulos y un título final, mediante los cuales introduce un tratamiento especial y autónomo, vale decir, diferenciado de la reglamentación general del Código Penal para aquellos delitos que la propia ley define como contrarios al orden socioeconómico.

El Título I señala cuáles son los delitos de la legislación general del Código Penal y de la especial que son considerados contrarios al orden socioeconómico.

El Título II establece un régimen especial de penas privativas o restrictivas de libertad o de otros derechos, multas, prohibiciones e inhabilitaciones para quien cometa estos delitos, atendida la especial posición de estos delincuentes. Así, por ejemplo, el condenado queda inhabilitado para contratar con el Estado y con cualquiera de los órganos y servicios de este.

El Título III establece el comiso de ganancias. ¿Qué significa esto? Un mecanismo existente a nivel global, por el que se estima y comisan -quitanaquellas utilidades que se obtuvieron con ocasión del ilícito económico cometido, por ejemplo, por una estafa, fraude o un hecho de colusión. Se regula un procedimiento especial de determinación de dichas utilidades, a efecto de que sean estimadas por el juez, y se obliga al condenado a su entrega al fisco, lo que es adicional a una eventual pena e indistintamente de la naturaleza de la misma. Así, por ejemplo, un condenado podría pagar una multa cuantiosa, pero además verse en la obligación de integrar al fisco las utilidades ilegalmente obtenidas, lo que subsana el problema vigente de que en muchos regímenes especiales la multa es inferior a las utilidades obtenidas en el ilícito.

En este punto, quiero recordar que cuando hubo colusión en ciertos sectores -el papel confort, por ejemplola gente reclamó, porque las multas fueron menores al dinero que las empresas obtuvieron por la colusión. Por eso, en el Título III se crea la figura de comiso de ganancias, que es muy importante en ese aspecto.

El Título IV modifica el Código Penal en distintos sentidos. Destaca la creación de un nuevo apartado sobre delitos contra el medio ambiente, con un catálogo especial de delitos atentatorios contra el medio ambiente como un bien jurídico tutelado, lo que actualiza al Código Penal en esta materia.

Al mismo tiempo, se modifican leyes procesales: el Código Procesal Penal, el Código de Procedimiento Civil y la Ley N° 20.393, que Establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos que indica, para actualizar, adaptar y modificar requerimientos de esta legislación, en armonía con los objetivos perseguidos por la ley principal que consagra los delitos económicos.

Finalmente, el Título IV modifica la Ley de Mercado de Valores, la Ley sobre Sociedades Anónimas, la ley sobre protección de los derechos de los consumidores y la Ley que Fija Normas para la Defensa de la Libre Competencia, para introducir adecuaciones en cada una de ellas.

En el Título Final se explicita la aplicación temporal y más benigna en relación con la vigencia de esta ley.

Por lo tanto, estamos ante un proyecto de ley macizo, bien tramitado, el cual espero aprobemos por mayoría absoluta.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Marcos Ilabaca .

El señor ILABACA .-

Señor Presidente, tal cual han señalado los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento llevamos bastantes meses trabajando para mejorar y modernizar un sistema que ya no da cuenta de la realidad de nuestro país.

Hace mucho tiempo el Código Penal debió haber sido modificado. Deberíamos tener un texto moderno que dé cuenta de lo que es el Chile de hoy. Lamentablemente, como no hemos podido avanzar en esta materia, muchos delitos, como los denominados “de cuello y corbata”, han quedado rezagados. Así, como todo Chile sabe, muchas veces los delincuentes económicos cometían su delito, pero quedaban en total impunidad. Nos tocó vivir en carne propia la colusión de los pollos, la colusión del confort. Aquellos delincuentes terminaron asistiendo a clases de ética y nada más, o bien fueron condenados a pagar pequeñas indemnizaciones a los chilenos, pero que en nada ayudaban a eliminar este tipo de conductas, que son atentatorias, incluso, para aquellas personas que son partidarias del neoliberalismo y a las que les encanta el capitalismo como forma de acción. Reitero: incluso para ellas resultaba atentatorio.

La colusión es una acción que atenta y genera discriminaciones y problemas graves en el acceso a bienes y servicios. ¿Quiénes son los que pagan finalmente? La gente que menos tiene.

Esta impunidad hoy día comienza a ser eliminada gracias al trabajo que desarrolló la Comisión de Constitución sobre la base de dos proyectos de ley, refundidos, que dieron lugar a la iniciativa que hoy votaremos. En ese contexto, no puedo dejar de mencionar el gran aporte que un grupo de abogados y académicos realizó para tener esta legislación. Me refiero a José Pedro Silva , Verónica Rosenblut , Gonzalo Medina , Héctor Hernández , Javier Wilenmann , Antonio Bascuñán y Fernando Londoño . También contamos con la participación de los profesores Enrique Aldunate , Jaime Winter , Ezzio Costa y Rebeca Zamora . Asimismo, nos apoyó el jefe de la Unidad de Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado del Ministerio Público y el comisionado de la Comisión para el Mercado Financiero.

Fue un trabajo superprofundo para establecer un cambio de paradigma en la aplicación de sanciones contra los delincuentes económicos, muchas veces empresarios inescrupulosos que se aprovechan de este tipo de fallas de nuestro sistema.

Tal cual han señalado varios diputados, cambiamos la metodología de aplicación de sanciones. La aplicación de días multa, la inhabilitación respecto del ejercicio de funciones y cargos públicos, y de cargos gerenciales; la posibilidad de contratar con el Estado, el comiso de ganancias. En efecto, aquellas ganancias generadas producto del ilícito van a ser comisadas. También se aborda la responsabilidad de las personas jurídicas, los delitos medioambientales, los delitos electorales.

Hoy día, la Cámara de Diputados y su Comisión de Constitución le están entregando al país un proyecto de ley que nos pone a la altura de países desarrollados. Estamos ante un proyecto que, en definitiva, busca terminar, ¡por fin!, con la impunidad de los delincuentes de cuello y corbata en nuestro país. Espero que la iniciativa tenga el apoyo de toda la Cámara. Lo digo, porque la gente anhela que se apliquen las sanciones contenidas en el proyecto a aquellos empresarios que, sin ningún tipo de escrúpulos, cercenan, castigan y perjudican a la población de nuestro país.

Como bancada del Partido Socialista estamos orgullosos de haber sido parte de este proceso de discusión. Por eso, vamos a apoyar con mucha fuerza la iniciativa en estudio. ¡No más impunidad para los delincuentes de cuello y corbata! ¡No más impunidad para aquellos empresarios inescrupulosos que les chupan la sangre a los chilenos!

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Pedro Velásquez .

El señor VELÁSQUEZ (don Pedro).-

Señor Presidente, debemos cuidar la democracia. En ese contexto se enmarca este proyecto de ley, que aborda el tema de los delitos llamados “de cuello y corbata”, estableciendo entre otros puntos la adecuación y determinación de penas en el ámbito de la criminalidad económica y la reforma a la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Quiero destacar la participación de todos los miembros de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, porque todos, sin excepción, han tratado de hacer propio lo que la ciudadanía desde hace tiempo viene reclamando, cual es el término de los privilegios de que gozan las personas condenadas por aquellos delitos denominados “de cuello y corbata”, así como de otros cometidos por quienes forman parte del mundo político. Así, cabe recordar que ha habido candidatos a la Presidencia de la República, al Senado o a la Cámara de Diputados que por distintas razones han tenido privilegios que los diferencian del resto de los chilenos, especialmente de aquellos de los sectores más vulnerables. Si alguien va a una cárcel no se va a encontrar con algún empresario o algún político, a no ser que hayan cometido un crimen. Aun así, tienen ciertas regalías o ciertos beneficios que no todos tienen. Por eso, vamos a aprobar el proyecto.

También me hacen peso las palabras del diputado René Saffirio , quien, aunque estuvo de acuerdo con gran parte de lo que señala el proyecto, presentó muchas indicaciones que, posteriormente, fueron rechazadas. Comparto su posición, en el sentido de que faltó contemplar algunos elementos. Pese a que la comisión, mayoritariamente, tuvo la mejor voluntad, el proyecto debería regresar a esta, con la finalidad de que se revise, por ejemplo, el caso de la prisión preventiva. Nadie puede entender -recién lo conversé con el diputado Sotoque a un empresario se le otorguen ciertas prebendas, y que, después de cometer un delito, permanezca en su casa mirando por la ventana, como ocurrió con el caso Penta, y otros, donde la condena consistió en asistir a clases de ética. Eso no es bueno para nadie. En ese sentido, debemos ser responsables para que todos -aquí hago un llamado a los colegas integrantes de la comisión, tan importante en el desarrollo de hacer justicia en Chileseamos iguales ante la ley, porque no lo somos.

Digo que no somos iguales ante la ley, porque, por ejemplo, nosotros tenemos fuero parlamentario y una serie de garantías que nos hacen diferentes. Son los jueces los que interpretan la ley. ¿Qué miembro de la Corte Suprema va a condenar a un integrante del Senado si esa cámara fue la que lo nombró? Además, hay que buscar medidas que permitan inhabilitarse, porque el lobby es fuerte.

Por lo tanto, es necesario que el proyecto vuelva a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, para que se revisen las indicaciones presentadas por el diputado Saffirio , que, por cierto, comparto, para que la iniciativa se mejore aún más, pero con la idea clara de no dilatar su tramitación, porque, hasta el momento, los únicos beneficiados son las personas de cuello y corbata…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Iván Flores .

El señor FLORES.-

Señor Presidente, este es un proyecto que Chile necesita, puesto que modifica diversos cuerpos legales para tipificar delitos contra el orden socioeconómico, y para adecuar penas aplicables a esos mismos delitos.

En Chile la ciudadanía está cansada de la economía del abuso, de la concentración desmedida de la riqueza, de la intervención y distorsión del mercado sin contrapesos, y de las colusiones para subir los precios de artículos de primera necesidad, las que han afectado directamente a la gente más vulnerable. ¿Alguien podría decir lo contrario cuando vemos que las cadenas farmacéuticas se ponen de acuerdo para subir el precio de los remedios, cuyos principales usuarios son los adultos mayores, que se han empobrecido? ¿Acaso alguien podría decir lo contrario cuando vemos que se sube ficticiamente el precio de los pollos, que es la carne de consumo más masivo, o cuando vemos operar el cartel de la leche, que en algún momento denunciamos ante la Fiscalía Nacional Económica? La gente se cansó de eso. Por eso, hoy el Congreso Nacional está dando respuesta efectiva a ello, aunque es cierto que resulta necesario mejorar algunos contenidos.

En la comisión escuchamos a expertos, a connotados penalistas; se recibieron propuestas e iniciativas para abordar la conmoción y el rechazo social que generan los delitos de naturaleza económica, que todos conocemos como delitos de cuello y corbata, y su impacto, en el aspecto económico y también en el de la convivencia social y del orden público. Hoy necesitamos fortalecer una muy débil regulación legal.

No voy a entrar en el detalle del proyecto, porque ya lo han hecho de manera muy clara los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra. Cabe subrayar los dichos del expresidente de la Corte Suprema señor Milton Juica , quien señaló que la penalidad de los delitos de cuello y corbata es realmente modesta si se la compara con la que existe en muchísimos otros países con democracias mucho más consolidadas que la nuestra. Ellas han pasado por lo mismo que nosotros, pero hoy están castigando con muchísima dureza esos delitos. Estamos hablando de criminalidad económica que hasta el momento ha pasado piola. Cuando no tenemos una norma adecuada para frenar esos delitos con contundencia y con firmeza, lo que se provoca es lo que hemos venido conociendo mediante denuncias a través de los medios de comunicación. Además, la gente queda en descampado, desprovista de protección.

El proyecto busca terminar con estos perdonazos obscenamente multimillonarios de los que de tanto en tanto escuchamos hablar, con la ridiculez de las clases de ética, después de que se han provocado daños importantes a la sociedad; con las multas simbólicas, que lo que hacen es más bien estimular los delitos, porque es más fácil cometer un delito económico, pagar una multa ridícula y quedarse con la utilidad que generó ese acto delictual, tal como nosotros lo entendemos, pero que hoy la legislación no reconoce.

Quiero insistir en que este proyecto es absolutamente necesario. Debemos aprobarlo en el Congreso y aplicarlo con firmeza. Así vamos a empezar a tener mucho más respeto por los agentes económicos, lograr recuperar parte de la credibilidad que se ha perdido en el sistema económico, y, por cierto, convivir mucho mejor.

Aprobemos el proyecto en general y hagamos las enmiendas que sean necesarias, pero aprobémoslo.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Luciano CruzCoke .

El señor CRUZ-COKE.-

Señor Presidente, me alegra enormemente que este proyecto llegue a la Sala. La iniciativa busca sistematizar los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, modificar distintos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico, y adecuar las penas aplicables a todos ellos.

Agradezco a la comisión técnica el hecho de que haya efectuado 27 sesiones; agradezco especialmente a los profesores que concurrieron, entre ellos Antonio Bascuñán , el profesor Soto, José Pedro Silva , Jaime Winter , el profesor Medina , entre otros, quienes efectuaron aportes de manera muy cuidada y muy profesional, para sistematizar normas y establecer coherencia entre los distintos cuerpos jurídicos que se modifican, para terminar con la impunidad que se traduce en que algunos tengan cómo solventar justicia de primera categoría y otros no.

Uno de los grandes problemas de que se instale la idea de que hay dos justicias, una para personas pudientes y otra para quienes no tienen cómo pagarla -generalmente por delitos menores que involucran montos menores-, es que se pone en vilo la idea de que la justicia es ciega, como simboliza la conocida imagen de aquella mujer que sostiene una balanza, para sopesar, vendados sus ojos, la gravedad de un delito. En ocasiones, y por distintos elementos que han sido de público conocimiento, ello corroe la fe pública, corroe la confianza en las instituciones, corroe la legitimidad de nuestra judicatura, el prestigio de nuestras instituciones políticas y la supuesta complicidad del mundo político, a veces de los parlamentarios y de todo aquel que ejerce un rol de autoridad. ¿Y cómo no va a ser así si hemos visto penas que terminan siendo irrisorias? Utilizando términos de negocios, la tasa de retorno de una estafa o de una colusión termina siendo infinitamente mayor que el pago de una multa. Las disculpas públicas de los coludidos y la pena no dan ningún tipo de ejemplo social, y quien delinque sigue retirándose el fin de semana a su segunda vivienda, en su mismo auto estupendo, o sigue jugando golf en algún club exclusivo, viendo cómo se reinventa en alguna empresa tecnológica para aplicar los conocimientos que ha adquirido producto de esta “experiencia”.

Efectivamente, en Chile había un castigo social para estos “pillastrines” y delincuentes, para estos verdaderos pungas que hacen un daño social increíble. Sin embargo, hoy ese castigo es cada vez menor, y las penas comprendidas en nuestro ordenamiento jurídico son bajas. Por eso, valoro el proyecto y el trabajo que se ha hecho, por lo que invito a aprobarlo y, obviamente, a hacer los mejoramientos que este requiera.

No hablo con ninguna animosidad de clase o resentimiento socioeconómico, pero cuando se suman algunos ejemplos, como la enorme cuantía de lo defraudado y el rol ejemplar que, se supone, cabe en una sociedad también a aquellos que han tenido mejores oportunidades y una supuesta mejor educación, la cual es bastante más que haber ido a buenos colegios o buenas universidades, o haberse rodeado de personas prestigiosas. Me refiero a tener en la vida un comportamiento decente, correcto, probo, sobrio, servicial en el área que nos toca trabajar o desempeñarnos como personas, que nos obliga precisamente, por esa situación de privilegio, a dar doble o triple tributo, a dar el ejemplo de un comportamiento intachable y recto, cuyo impacto social tiene un efecto multiplicador enorme cuando es virtuoso. Y cuando no es virtuoso, tiene los efectos de señalar que en el país, eventualmente, puede haber una justicia para ricos y una justicia para pobres.

Pues bien, vamos viendo los casos: caso farmacias, caso refrigeradores, caso navieras, caso pollos, caso supermercados. Ni siquiera menciono la defraudación que se produjo por aquellos delitos que fueron perseguidos por la justicia en casos políticos, como, por ejemplo, el caso Penta, o por aquellos delitos que no fueron perseguidos, porque no se accionó o se protegió políticamente a quienes no había que proteger.

Por eso, necesitamos la mayor sanción posible. De esta forma, nadie podrá decir en este país que hay una justicia para unos y otra para otros.

¡La justicia es para todos! He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Marcelo Díaz .

El señor DÍAZ.-

Señor Presidente, en primer lugar, agradezco a los impulsores de este proyecto la invitación que en su momento nos formularon a suscribirlo y también, como hizo referencia alguien que me antecedió en el uso de la palabra, a los distintos penalistas que nos acompañaron durante su tramitación.

No voy a hacer referencia al contenido del proyecto, porque creo que el informe del diputado Leonardo Soto fue suficientemente contundente para explicar sus distintas dimensiones, sino más bien al sustrato, al mar de fondo que hay detrás de esta iniciativa.

A diferencia de lo que ocurría hace algunos años, en que había dudas respecto de qué subyacía en el profundo malestar que recorre a la sociedad chilena, creo que a estas alturas ese debate se acabó de manera inequívoca y categórica el 18 de octubre, el día del estallido social. Algunos decían que lo que había era un desacomodo con el propio proceso de modernización capitalista de la sociedad chilena y que lo que la gente quería era pasar a una fase superior de ese proceso de modernización; que los chilenos y chilenas, habiendo dejado atrás la pobreza e incorporado a los sectores medios, habían adquirido una capacidad de consumo que efectivamente nunca antes en la historia de Chile habían tenido tantas generaciones y tan masivamente.

Entonces, algunos pensaban que ese ruido que había era simplemente ese proceso de ajuste en el marco del camino de modernización capitalista. Otros sosteníamos que lo que había era un malestar generado por la profunda desigualdad que existe en Chile, por la inequidad que se expresó y se hizo visible, quizá, precisamente porque Chile alcanzó niveles de desarrollo y crecimiento económico que se hacían evidentes a los ojos de todas y todos, convirtiendo a Chile en un país de dos realidades: un pequeño grupo con niveles de consumo y de calidad de vida del primer mundo versus una inmensa mayoría que vive para trabajar y pagar las cuentas. Si uno agrega a esa ecuación la perversa vinculación entre esa profunda desigualdad, esa irritante inequidad, y la suma de abusos y de privilegios injustificados, el caldo de cultivo para un estallido social, como el que vivimos, estaba completamente servido.

Además, debemos adicionar que esas prácticas de abuso y de privilegios injustificados, cuando han implicado vulneraciones a la ley, han tenido como consecuencia una baja penalidad. Aquí se ha mencionado hasta la saciedad el caso de las clases de ética, pero agregaría más. ¿Qué puede ser más irritante -y lo digo desde la Región de Valparaísopara los pescadores y pescadoras artesanales, que con suerte llegan a fin de mes, porque no tienen mar para pescar o porque los recursos han sido depredados por la industria, que la ley de pesca siga vigente, a sabiendas de que es una ley corrupta? ¿Qué puede ser más irritante que el royalty minero, que en su momento rechazamos en esa norma que permitía la invariabilidad tributaria siga vigente y que el royalty aprobado por este Congreso Nacional todavía no sea ley de la república? ¿Qué puede ser más indignante que las escasas sentencias que ha habido en materia de corrupción política y empresarial? Hace un tiempo hablábamos del caso del senador Jaime Orpis , que a esta altura es icónico, no solo por lo simbólico, sino por lo escaso.

Ese es un hecho evidente de que la política ha sido permeada por los intereses económicos, al punto de que en proyectos de ley aprobados por el Congreso, que se encuentran vigentes y que son ley de la república, ha habido la asquerosa intervención de intereses económicos que han legislado en su favor, no en favor de las mayorías.

En consecuencia, a mi juicio, este proyecto viene a avanzar en esta materia. Creo que es un tremendo aporte porque no solo eleva las penalidades, sino que las pone al nivel que corresponde. Porque tan grave como el “motochorro” que citaba el otro día un candidato presidencial -quizá es mucho más gravees que los recursos marítimos sigan siendo de siete familias y este Congreso Nacional aún no derogue la ley de pesca, porque eso genera no solo injusticia, sino la sensación de que hay algunos que pueden salirse con la suya, y no solo eso, sino que también pueden violar la ley, pedir disculpas como lo hizo el señor Matte , que sigue siendo uno de los más millonarios de Chile, y no responder nunca ante la justicia.

Vamos a votar a favor este proyecto de ley.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Karol Cariola .

La señorita CARIOLA (doña Karol ) [vía telemática].-

Señor Presidente, los delitos económicos, también conocidos como delitos de cuello y corbata, son todas aquellas conductas ilícitas cometidas por personas naturales o a través de personas jurídicas, que afectan el patrimonio de una o más víctimas, el sistema financiero o el mercado en general.

El ámbito que abarcan estos delitos es bastante amplio, comprendiendo desde simples estafas hasta complejos ilícitos financieros, aduaneros o tributarios. Así, los tipos penales considerados como delitos económicos son aproximadamente 250 figuras que son sancionadas con penas que van desde una simple multa, como ocurre con algunos ilícitos que atentan contra la propiedad intelectual, hasta penas que consisten en quince años de privación de libertad en delitos como el de la quiebra fraudulenta.

No obstante, el problema que se puede apreciar en este sistema de normas radica en que, por distintas razones, tales como las bajas penas asignadas a los delitos más comunes y a la deficiente tipificación de los delitos penales, las personas naturales o las personas jurídicas que cometen este tipo de delitos rara vez reciben sanciones acordes con la gravedad de los mismos. Ya lo hemos visto en este país a propósito de diversos delitos que han mencionado mis colegas, como la colusión que hubo en sectores de la producción como los pollos, el confort y otros, en que la consecuencia para quienes los cometieron fue asistir a clases de ética. Qué cosa más absurda y ridícula para los cientos de miles de chilenos y de chilenas que se sintieron estafados, que se sintieron pasados a llevar, que sencillamente sintieron que les estaban mirando la cara. Tanto es así que en la actualidad hay personas que pueden cometer delitos económicos, es decir, ladrones, delincuentes, de cuello y corbata, que pueden llegar a ser Presidente de la República.

Este proyecto busca perfeccionar las normas penales que sancionan a quienes cometen o participan en delitos de naturaleza económica, con el objeto de dar una respuesta eficaz y enfrentar la débil regulación que hoy existe.

Valoro el hecho de que se esté llevando adelante la tramitación de esta iniciativa. Me tocó participar en la última parte de su discusión en la Comisión de Constitución. El proyecto tiene como finalidad adecuar el sistema de determinación, sustitución y aplicación de penas al ámbito de la criminalidad económica, a fin de subsanar las falencias que actualmente tiene el régimen.

El objetivo de esta iniciativa es abordar de mejor manera los delitos llamados “de cuello y corbata”, cuestión que es necesaria. Como decían mis colegas, una de las razones de la molestia que han ido acumulando las chilenas y los chilenos también ha sido el hecho de que una persona por vender un disco pirata en una feria puede recibir una condena de más años de cárcel que un delincuente de cuello y corbata. Me parece que eso no corresponde; es absolutamente desproporcionado.

El proyecto -reiteroestablece la adecuación del sistema de determinación y sustitución de penas al ámbito de la criminalidad económica, y una reforma a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Entre las normas aprobadas cabe destacar aquella que amplía la pena para delitos de colusión, y en operaciones tributarias aduaneras.

En ese sentido, se estableció un mecanismo para que en ciertos casos de colusión la Fiscalía Nacional Económica esté obligada a ejercer la acción penal pública respecto de acuerdos colusorios que recaigan sobre productos de primera necesidad. Ese es un elemento que tiene que ver fundamentalmente con la odiosa experiencia que en Chile ya se vivió de situaciones de colusión en las que los afectados y las afectadas fueron los ciudadanos de a pie. Además, se otorga al Ministerio Público la facultad para forzar una acusación.

Asimismo, se delimitan las competencias del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en términos de que se restringirá a evaluar la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas involucradas, mientras que el Ministerio Público determinará las sanciones penales de personas naturales, con el fin de terminar con la impunidad en estos tipos de delitos.

Por otro lado, se aprobó la norma que permite ampliar la acción penal en los delitos tributarios. El Servicio de Impuestos Internos tiene el monopolio en el ejercicio de la acción penal y la exclusividad para abrir las investigaciones. Si bien no se elimina la atribución del Servicio de Impuestos Internos, el Ministerio Público puede forzar la investigación penal en crímenes más graves. Nos parece que esto va a permitir realmente perseguir penalmente delitos relacionados con el financiamiento de la política. Fortalecer el Ministerio Público es una tarea que nos queda pendiente. No puede ser que en Chile las boletas ideológicamente falsas o las donaciones a campañas políticas por vías irregulares o ilegales no tengan sanción penal, como ocurrió hace algunos años.

Es importante que en Chile se haga este tipo de modificaciones. Estamos de acuerdo con gran parte de este proyecto, pero sin duda siempre hay más elementos para perfeccionar.

Como bancada del Partido Comunista, vamos a aprobar esta iniciativa, porque nos parece un aporte…

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Ha concluido su tiempo, señorita diputada.

Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda .

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, esta es una buena noticia para el país, a pesar de que estemos discutiéndola entre cuatro paredes y de que no necesariamente se sepa.

Sin duda, este proyecto es un avance importantísimo. Quiero destacar que se trata de una iniciativa de parlamentarios: son dos mociones refundidas. Agradezco al diputado Schilling por permitirme suscribir una de ellas.

Como dije, es una buena noticia para el país y que los parlamentarios estemos liderando este proceso, precisamente porque el estallido social del 18 de octubre, tan complejo, pero tan necesario para el país, nos señaló que no son treinta pesos, sino treinta años de abusos. Era algo que estaba ahí, que lo veíamos permanentemente, pero la reacción de nosotros, los parlamentarios, y de los distintos gobiernos había sido escasa o prácticamente nula.

En su momento nos preguntaron qué pasó con la colusión de los pollos, investigación que me tocó liderar en la Comisión de Agricultura. En esa instancia exigimos que se apuraran los procesos; queríamos saber qué pasaba con la Fiscalía Nacional Económica, con el Ministerio Público, etcétera. Sin embargo, vimos lentitud en los procesos en términos de hacer justicia frente a algo que era obvio, que estaba ante las narices de todos nosotros, y no lográbamos concretar lo relativo a la determinación de los delitos y sus respectivas multas o penas.

Lo mismo sucedió con las farmacias. Era tan evidente lo que ocurría en términos de la colusión de precios entre ellas en algo tan sensible y tan importante para las familias como son los medicamentos.

Para qué decir lo ocurrido con Penta, con Soquimich, que perseguimos por mucho tiempo.

La ley de pesca también ha sido mencionada aquí por algunos colegas.

Por eso es tan importante esta iniciativa, por eso es tan importante agradecer a los penalistas que participaron en su discusión. Ojalá la Comisión de Constitución lidere esta tramitación rápidamente, con el fin de que este proyecto se convierta en ley lo antes posible. Si hay algo que nos reclama la ciudadanía es nuestra falta de acción y nuestra incapacidad de aumentar las penas y de que estas sean efectivas.

Además, está la sensación de falta de justicia, en el sentido de que los que tienen recursos van a tener todos los bufetes de abogados a su disposición para librarse de las penas por estos delitos y limpiar su imagen con algún grado de liviandad. Pero las personas más humildes que cometen un delito y están presas o cuestionadas permanentemente son las que dicen que hay dos justicias: una para los ricos y otra para los pobres. Además, hay una ley que protege a los primeros permanentemente.

Los delitos de cuello y corbata son cometidos por las personas que tienen la mayor cantidad de recursos en el país. Además, utilizan el sistema de financiamiento a través de las AFP, con los recursos de todos los chilenos y chilenas, para cometer estos delitos que estamos tratando de tipificar con penas mayores. Por ello es importante aprobar estas mociones refundidas.

Los atentados contra el medio ambiente son una arista complementaria a los delitos económicos, pero tenemos que visualizarla de forma distinta. La idea es poner en el eje el abuso que hoy se comete en contra del medio ambiente y cómo eso también impacta en lo económico.

La Aduana, la Fiscalía Nacional Económica, el Ministerio Público, el Servicio de Impuestos Internos, sin duda, tendrán que ponerse al día respecto de estos delitos y modernizar su sistema. Pero para eso también debemos incorporar recursos, de modo que puedan ejercer su acción.

Me alegra haber sido parte de estas mociones. Lo más importante es que aceleremos el paso, porque el país lo necesita, por esa sensación de abuso permanente, por esa sensación de que se cometen delitos de cuello y corbata y por esa sensación de que existe una justicia para ricos y otra para pobres.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Longton Herrera .

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, en primer lugar, agradezco a la Comisión de Constitución, a los distintos académicos, profesores y especialistas en el Código Penal que participaron en el estudio de este proyecto, porque en verdad en este caso no estamos solamente frente a un buen titular, sino ante un contenido contundente respecto del tratamiento de los delitos económicos, como los que atentan contra la libre competencia o contra el mercado bursátil, entre otros. Lo señalo, porque hay muchas iniciativas que tienen un buen titular, pero cuyo contenido, lamentablemente, es desconocido por la opinión pública y no se condice con la finalidad que se pretende lograr.

Sin ninguna duda, en el país se ha incubado un malestar social, uno de cuyos elementos centrales es la poca proporcionalidad que existe respecto del valor jurídico a proteger y la pena aplicable, es decir, el poco reproche ético y moral plasmado en el Código Penal respecto de delitos de colusión o delitos de cuello y corbata y la pena que se les aplica.

Algunos diputados ya dijeron que por delitos menores muchas veces se dictaminan años de cárcel, mientras que por delitos que implican un alto nivel de reproche, debido a que atentan contra la seguridad jurídica completa, contra los bienes básicos de los chilenos y las chilenas, y que afectan especialmente a los más vulnerables y a la clase media, se aplica como sanción la obligatoriedad de asistir a clases de ética, de manera que sus autores no permanecen siquiera un día en la cárcel.

Lo anterior se debe a que el Código Penal tiene una lógica del siglo XIX, razón por la que no trata esos delitos como corresponde. De allí que si aplica una pena de tres, cuatro o cinco años, pero su autor no es reincidente, en la generalidad de los casos no pasa un día en la cárcel.

En la Comisión de Seguridad Ciudadana estamos tratando un proyecto que aumenta las penas al delito de homicidio simple, porque los atentados contra la propiedad son sancionados con penas mayores que los atentados contra la vida. En este caso pasa lo mismo. Atentados tan vulneratorios respecto de los derechos de las personas que debemos proteger no pueden quedar en este grado de impunidad.

Se trata de aspectos tan importantes y tan básicos como el comiso de ganancias, ya que no puede ser que la multa sea inferior a la ganancia obtenida. Eso hace que sea un buen negocio coludirse o hacer atentados contra el mercado bursátil. ¿Cuántas veces hemos visto a través de la prensa que la multa para quienes perpetran este tipo de delitos es infinitamente inferior a las ganancias obtenidas? En este caso, en virtud de lo que propone este proyecto, se podrá aplicar el comiso de ganancias antes de la pena, lo que constituye un avance importante. Además, se establecen multas acordes con la gravedad de la infracción cometida y con el patrimonio del infractor.

Por otra parte, se incorporan los delitos medioambientales, materia sobre la que ya se ha llevado a cabo una larga discusión. Por lo menos, se da hoy un paso en ese sentido, en cuanto a las penas que serán aplicables contra quienes dañen nuestro medioambiente y la salud de las personas, delito que está escasamente tratado en nuestro Código Penal.

La iniciativa en debate es un avance importante, por la sencilla razón de que se deberá aplicar la sanción de cárcel efectiva para quienes se coludan, para quienes atenten contra bienes preciados de nuestra sociedad. Se trata de delitos que han generado un malestar enorme en la gente, porque esta percibe que la justicia para los que tienen recursos es muy distinta respecto de la que existe para quienes no los tienen. Debemos dar a la sociedad una importante señal: la igualdad ante la ley; es decir, que sin importar cuánto tienes o de dónde vengas, la ley se debe aplicar de la misma manera para todos: para una persona de escasos recursos o que no tiene los medios suficientes y para la que sí los posee.

La proporcionalidad de la pena, que es lo fundamental en este caso, tendrá un tratamiento claro en nuestra legislación. ¿Cómo es posible que se aplique la pena de libertad vigilada o la remisión condicional de la pena para este tipo de delitos? O sea, estas personas podían seguir cometiendo impunemente esta clase de delitos desde su casa o lograr que se les aplicara la remisión condicional de la pena. Es decir, para esos casos se aplicaba una lógica absolutamente distinta de la existente para los delitos comunes.

Por eso, junto con aplaudir este proyecto, espero que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento lo tramite a la brevedad en su segundo trámite reglamentario para despacharlo con celeridad al Senado, con la finalidad de que se convierta pronto en ley.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Marcelo Schilling Rodríguez .

El señor SCHILLING.-

Señor Presidente, hoy es uno de esos días en el que todos somos buenos; pero el 2009, cuando se instituyó la responsabilidad penal de las personas jurídicas, época en que quiero recordar que solo existía la responsabilidad de las personas naturales, las cosas no fueron sencillas en el Parlamento. En ese momento tampoco teníamos al pueblo movilizado en la calle empujando las reformas. Entonces, ¿en qué nos apoyamos? En el ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, organismo que nos puso como una de las condiciones de ingreso legislar a este respecto.

Fue eso lo que nos permitió establecer un catálogo mínimo de delitos susceptibles de ser cometidos por personas jurídicas, como el cohecho, el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero. Esos delitos son el resultado de culturas organizacionales y de culturas empresariales. Acá se tenía la costumbre de que cuando se les sorprendía se buscaba un chivo expiatorio, y con eso quedaba liquidado el problema. Pero no será así de ahora en adelante, sino que será la persona jurídica la que deberá responder de los delitos tipificados en esta futura ley.

En 2009, traté de incorporar los delitos contra el medioambiente: ¡muralla!; traté de incorporar el delito de colusión: ¡muralla!, y traté también de introducir las prácticas antisindicales, que también ahora fueron olvidadas por la Comisión de Constitución. Espero que cuando la iniciativa vuelva al trámite de revisión ese aspecto sea incorporado.

Esto ha provocado abusos y, por supuesto, malestar social.

Con este proyecto vamos a terminar con el fin de las acciones exclusivas de determinados organismos del Estado para cierto tipo de delitos, como los tributarios y la colusión, que se deriva exclusivamente a la Fiscalía Nacional Económica. A partir de este proyecto, la investigación del delito de colusión podrá ser iniciada por el Ministerio Público. Esto ha costado el parto de los montes, porque todos defienden su pequeña parcela, su pequeño interés y, a lo mejor, la posibilidad de reservarse espacio para el abuso a futuro.

Se gradúan las penas adecuadamente y también se hace pedagogía, porque se establecen atenuantes, siempre que las empresas demuestren que han tomado las acciones previas para evitar que ocurra este tipo de prácticas antieconómicas y antisociales.

Se endurecen penas. La propuesta original en el proyecto que encabecé establecía que una de las sanciones era instituir la figura del interventor, para que la sociedad tuviese la seguridad de que un ajeno a la maraña de cultura viciosa de una empresa pudiera subsanar los problemas; pero no, se dispuso lo de siempre, es decir, tratar de amortiguar la cuestión y poner a un supervisor. Bueno, ya, si hay que hacer la concesión para sacar la ley, que sea un supervisor. Pero cuando se demuestre débil el proyecto, les recordaremos que estaba la figura del interventor.

Con este proyecto también se pretende moralizar a la elite. Aquí viven hablando de moralizar al delincuente de poca monta, al que se debe perseguir con todo lo que hay. ¿Y los delincuentes de la elite no existen? ¿No almuerzan o no cenan con ellos algunas veces?

Bueno, siguiendo a Portales, para que Chile pueda ser una verdadera república democrática, las elites tienen que dar el ejemplo. Me refiero a las elites políticas, desde luego, pero también las elites económicas, y este proyecto será una contribución a ello.

Finalmente, quiero dar las gracias especialmente al entonces diputado Mario Desbordes , quien me acompañó en la suscripción de esta moción, que permitió la fusión con otras y que posibilitó la incorporación de gente de derecha con buena disposición a aprobarla.

Esto no fue sencillo. A lo mejor Desbordes no será Presidente de Chile, pero un proyecto que va a cambiar la vida de los chilenos lleva su firma.

He dicho.

-Aplausos.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto Ferrada .

El señor SOTO (don Leonardo).-

Señor Presidente, quiero destacar el esfuerzo que hicimos en la Comisión de Constitución para sacar adelante este proyecto. Destinamos veintiséis sesiones, más de medio año, todas las semanas, intentando avanzar en un proyecto que aborda integralmente todos los delitos económicos, que busca fortalecer las sanciones y la penalidad a los delitos de cuello blanco. Todo ello, en un contexto en que la sociedad completa tiene la percepción compartida de que en Chile hay una justicia para ricos y otra distinta para pobres, y que los primeros amasan grandes fortunas cometiendo delitos sin pisar nunca la cárcel.

Esta desigualdad crónica ha dañado severamente nuestra convivencia social y democrática por la impudicia empresarial, por los abusos y privilegios de que gozan los delincuentes económicos y que han ido creciendo en nuestra sociedad como un verdadero cáncer, dañando y destruyendo la confianza social, y hasta nuestra democracia.

Los delincuentes de cuello y corbata, esto es, quienes cometen los delitos económicos, gozan de un privilegio que nadie más tiene: impunidad ante la justicia. Sobre esto hay ejemplos emblemáticos, y se han dado varios durante el debate. Soquimich, por ejemplo, es una empresa que construyó su riqueza mediante concesiones estatales de litio y, al mismo tiempo, financió ilegalmente a los que aspiraban a dirigir el Estado, que les entregaba las concesiones. O el caso Penta, grupo que por décadas estuvo construyendo un entramado de financiamiento a la política a través de boletas ideológicamente falsas. Sus integrantes fueron condenados simplemente a asistir a clases de ética. O el caso emblemático de Pablo Longueira , quien hoy está sentado en el sillón de los acusados por haber ofrecido leyes a la carta a los grandes grupos económicos, particularmente pesqueros.

Este proyecto recibió el apoyo permanente de un conjunto de académicos y expertos en derecho penal y de las más altas autoridades que persiguen delitos, como el Ministerio Público, la Unidad de Análisis Financiero (UAF), en fin, todas las instituciones que intentan castigar severamente a los delincuentes de cuello y corbata.

La iniciativa en discusión entra al fondo y cambia completamente la regulación de los delitos económicos, haciendo más severa su penalidad.

¿Qué son los delitos económicos? El Ministerio Público nos dice que son aquellas conductas ilícitas cometidas por personas naturales o jurídicas, que afectan el patrimonio de una o más víctimas, dañan el medio ambiente, el sistema financiero o los mercados en general.

Al respecto, este proyecto tiene varias modificaciones relevantes.

En primer lugar, busca que haya cárcel efectiva para quienes cometen esta clase de delitos, cuestión que no es fácil, porque, evidentemente, todos los que cometen delitos económicos no son reincidentes, no tienen antecedentes penales previos y, de acuerdo con el régimen general de delitos comunes, siempre les favorecen atenuantes que impiden que pisen la cárcel.

Pues bien, creamos un estatuto propio para la determinación de la pena, un estatuto judicial, con agravantes y atenuantes específicas que solo se aplican a los delitos económicos y fortalecen su sanción.

También buscamos la manera de establecer penas sustitutivas especiales. Por ejemplo, se eliminó la libertad vigilada, que era la pena común para los delitos económicos, y se busca fijar, aunque sean penas inferiores a cinco años y un día, una penalidad de cárcel determinada.

Se avanzó en un sistema de multas-días, que dispone una multa proporcional al daño causado y a la envergadura económica del delincuente.

Lo mismo se hizo en el comiso de ganancias, que priva de toda ganancia a este personaje, y lo hace aun sin condena; en toda clase de inhabilitaciones que se establecen para los delincuentes económicos no tan solo para postular a cargos públicos, sino también para tener cargos gerenciales o negociar con el Estado.

Celebro especialmente que hayamos incorporado en esta iniciativa delitos ambientales precisos y determinados, que extrajimos del proyecto de nuevo Código Penal de 2018.

También eliminamos el privilegio que tienen el Servicio de Impuestos Internos y la Fiscalía Nacional Económica, pues solo ellos pueden abrir procesos penales por fraudes tributarios o por colusión de precios. Ahora el Ministerio Público tendrá la herramienta de llevar a la justicia a los delincuentes económicos, y eso constituye un paso demoledor contra la impunidad.

Es urgente y necesario aprobar estas reformas para avanzar hacia una mayor democracia social, hacia una democracia económica y eliminar todo resabio de impunidad ante la justicia.

Debemos salir de esta crisis política y sanitaria, pero por la vereda de la justicia y la igualdad ante la ley…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Ha terminado su tiempo, su señoría. Cerrado el debate.

Ha concluido el tiempo destinado al Orden del Día.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de ley en los siguientes términos:

El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico y adecua las penas aplicables a todos ellos, con excepción de las normas que requieren quorum especial para su aprobación.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 143 votos; por la negativa, 0 votos. Hubo 1 abstención.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas , Florcita , Fuenzalida Cobo , Juan, Mix Jiménez , Claudia , Saavedra Chandía , Gastón , Alessandri Vergara , Jorge , Fuenzalida Figueroa , Gonzalo , Molina Magofke , Andrés , Sabag Villalobos , Jorge , Álvarez Ramírez , Sebastián , Gahona Salazar , Sergio , Monsalve Benavides , Manuel , Saldívar Auger, Raúl , Álvarez Vera , Jenny , Galleguillos Castillo , Ramón , Moraga Mamani , Rubén , Sandoval Osorio , Marcela , Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo , García García, René Manuel , Morales Muñoz , Celso , Sanhueza Dueñas , Gustavo , Amar Mancilla , Sandra , Girardi Lavín , Cristina , Morán Bahamondes , Camilo , Santana Castillo, Juan , Ascencio Mansilla , Gabriel , González Gatica , Félix , Moreira Barros , Cristhian , Santana Tirachini , Alejandro , Auth Stewart , Pepe , González Torres , Rodrigo , Mulet Martínez , Jaime , Santibáñez Novoa , Marisela , Baltolu Rasera, Nino , Hernández Hernández , Javier , Muñoz González , Francesca , Sauerbaum Muñoz , Frank , Barrera Moreno , Boris , Hernando Pérez , Marcela , Naranjo Ortiz , Jaime , Schilling Rodríguez , Marcelo , Barros Montero , Ramón , Hirsch Goldschmidt , Tomás , Noman Garrido , Nicolás , Sepúlveda Orbenes , Alejandra , Berger Fett , Bernardo , Hoffmann Opazo , María José , Norambuena Farías, Iván , Sepúlveda Soto , Alexis , Bernales Maldonado , Alejandro , Ibáñez Cotroneo , Diego , Núñez Arancibia , Daniel , Silber Romo , Gabriel , Bianchi Retamales , Karim , Ilabaca Cerda , Marcos, Núñez Urrutia , Paulina , Soto Ferrada , Leonardo , Boric Font , Gabriel , Jackson Drago , Giorgio , Nuyado Ancapichún , Emilia , Soto Mardones, Raúl , Brito Hasbún , Jorge , Jarpa Wevar , Carlos Abel , Olivera De La Fuente , Erika , Teillier Del Valle, Guillermo , Calisto Águila , Miguel Ángel , Jiles Moreno , Pamela , Orsini Pascal , Maite , Tohá González , Jaime , Cariola Oliva , Karol , Jiménez Fuentes , Tucapel , Ortiz Novoa, José Miguel , Torrealba Alvarado , Sebastián , Castillo Muñoz , Natalia , Jürgensen Rundshagen , Harry , Ossandón Irarrázabal , Ximena , Trisotti Martínez , Renzo , Castro Bascuñán , José Miguel , Kast Sommerhoff , Pablo , Pardo Sáinz , Luis , Troncoso Hellman , Virginia , Castro González, Juan Luis , Keitel Bianchi , Sebastián , Parra Sauterel , Andrea , Undurraga Gazitúa , Francisco , Celis Montt , Andrés , Kuschel Silva , Carlos , Paulsen Kehr , Diego , Urrutia Bonilla , Ignacio , Cicardini Milla , Daniella , Labbé Martínez , Cristian , Pérez Arriagada , José , Urrutia Soto , Osvaldo , Cid Versalovic , Sofía , Labra Sepúlveda , Amaro , Pérez Lahsen , Leopoldo , Urruticoechea Ríos , Cristóbal , Coloma Álamos, Juan Antonio , Lavín León , Joaquín , Pérez Olea , Joanna , Vallejo Dowling , Camila , Crispi Serrano , Miguel , Leiva Carvajal, Raúl , Pérez Salinas , Catalina , Van Rysselberghe Herrera , Enrique , Cruz-Coke Carvallo , Luciano , Longton Herrera , Andrés , Prieto Lorca , Pablo , Velásquez Núñez , Esteban , Del Real Mihovilovic , Catalina , Lorenzini Basso , Pablo , Ramírez Diez , Guillermo , Velásquez Seguel , Pedro , Díaz Díaz , Marcelo , Luck Urban , Karin , Rathgeb Schifferli , Jorge , Venegas Cárdenas , Mario , Durán Espinoza , Jorge , Macaya Danús , Javier , Rentería Moller , Rolando , Verdessi Belemmi , Daniel , Durán Salinas , Eduardo , Masferrer Vidal, Juan Manuel, Rey Martínez, Hugo , Vidal Rojas , Pablo , Espinoza Sandoval , Fidel , Matta Aragay , Manuel , Rocafull López , Luis , Von Mühlenbrock Zamora , Gastón , Fernández Allende, Maya , Mellado Pino , Cosme , Rojas Valderrama , Camila , Walker Prieto , Matías , Flores García, Iván , Mellado Suazo , Miguel , Romero Sáez , Leonidas , Winter Etcheberry , Gonzalo , Flores Oporto , Camila , Meza Moncada , Fernando , Rosas Barrientos , Patricio , Yeomans Araya , Gael , Fuentes Barros, Tomás Andrés , Mirosevic Verdugo , Vlado , Rubio Escobar, Patricia

-Se abstuvo el diputado señor:

Saffirio Espinoza, René

El señor PAULSEN (Presidente).-

Si le parece a la Sala, con la misma votación se darán por aprobadas las normas de quorum especial.

¿Habría acuerdo?

Acordado.

Por haber sido objeto de indicaciones, el proyecto vuelve a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento para su discusión particular.

VALPARAÍSO, 23 de junio de 2021

Oficio N° 16.704

Tengo a honra comunicar a US. que la Cámara de Diputados, en sesión de esta fecha, ha aprobado en general el proyecto de ley que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico, y adecua las penas aplicables a todos ellos, correspondiente a los boletines Nos 13.204-07 y 13205-07, refundidos.

Por haber sido objeto de indicaciones, que se adjuntan, me permito remitir a US. la totalidad de los antecedentes para que la comisión que US. preside emita el segundo informe, de conformidad con lo estatuido en el inciso cuarto del artículo 130 del reglamento de la Corporación.

Hago presente a US. que la Sala aprobó en general los artículos 42; 47, inciso quinto; 49 Nos 1 y 10 en lo que se refiere al artículo 415 ter y 415 octies; artículo 50 Nos 1 y 2; artículo 51, numerales 21 y 29, y artículos 61 y 62, por 143 votos a favor, de un total de 154 diputados en ejercicio, dándose cumplimiento de esta manera a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República.

Lo que tengo a decir a US., por orden del señor Presidente de la Cámara de Diputados.

Dios guarde a US.

JOHN SMOK KAZAZIAN

Abogado Oficial Mayor de Secretaría

Indicaciones al proyecto de ley que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico, y adecua las penas aplicables a todos ellos.

Boletines 13204-07 y 13205-07, refundidos.

Artículo 19 , artículo 20 numerales 2 y 3, artículos 23, 24, 25 y 26.

Indicación del diputado René Saffirio Espinoza

Para eliminarlos.

Artículo 51 (que introduce modificaciones en la Ley N° 20.393, que Establece la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en los Delitos que Indica).

Numeral 2

Indicación del diputado Enrique Van Rysselberghe Herrera.

Para suprimir la expresión “de derecho público”.

?SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY REFUNDIDO QUE SISTEMATIZA LOS DELITOS ECONÓMICOS Y ATENTADOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE, MODIFICA DIVERSOS CUERPOS LEGALES QUE TIPIFICAN DELITOS CONTRA EL ORDEN SOCIOECONÓMICO, Y ADECUA LAS PENAS APLICABLES A TODOS ELLOS.

___________________________________________________________

BOLETÍNES N° 13.205-07 Y 13.204-07-2.

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento viene en informar, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, el proyecto de la referencia, originado en mociones de los (as) diputados (as) señores (as) Matías Walker; Natalia Castillo; Luciano Cruz-Coke; Marcelo Díaz; Gonzalo Fuenzalida; Paulina Núñez; Marcelo Schilling; Gabriel Silber; Leonardo Soto; Pablo Vidal (boletín N° 13.205-07). Marcelo Schilling; Gabriel Ascencio; Boris Barrera; Natalia Castillo; Ricardo Celis; Mario Desbordes; Marcela Hernando; Alejandra Sepúlveda; Leonardo Soto; Matías Walker (boletín N° 13.204-07).

*********

La Cámara de Diputados en sesión de 23 de junio de 2021, procedió a aprobar en general el proyecto.

De acuerdo a lo preceptuado en el artículo 130 del Reglamento, el proyecto de ley con todas las indicaciones cursadas durante su tramitación, fue remitido a esta Comisión para segundo informe reglamentario.

*********

En conformidad con lo dispuesto en el artículo 303 del Reglamento de la Corporación, en este informe se debe dejar constancia de lo siguiente:

I.- ARTÍCULOS QUE NO HAN SIDO OBJETO DE INDICACIONES NI DE MODIFICACIONES PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 131 DEL REGLAMENTO.

Artículos 1°, 3°, 4°,5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 (21), 21 (22), 22 (27), 23 (28), 24 (29), 25 (30), 26 (31), 27 (32), 28 (33), 29 (34), 30 (35), 31 (36), 32 (37), 33 (38), 34 (39), 35 (40), 36 (41), 39 (44), 40 (45), 41 (46), 42 (47), 45 (50) , 47 (52), 48 (53), 49 (54), 50 (55), 51 (56), 52 (57), 53 (58), 54 (59), 55 (60), 56 (61), 57 (62), 58 (63), 59 (64).

Va entre paréntesis la numeración original del proyecto aprobada en primer trámite reglamentario.

II.- ARTÍCULOS DE QUÓRUM ESPECIAL.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 66, inciso segundo, de la Constitución Política de la República, tienen el carácter de orgánicas constitucionales:

a) Las normas de los artículos 37 (42); 42 (47), inciso quinto; 44 (49) N° 1) y N° 10) en lo que se refiere al artículo 415 ter, y artículo 46 (51), numeral 29), todas en concordancia con el artículo 83 de la Constitución, en cuanto dicen relación con nuevas facultades para el Ministerio Público.

b) Las normas de los artículos 44 (49) N° 10) en relación con artículo 415 octies; 45 (50) N°s 1) y 2); 46 (51) N° 22 (artículo 17 quáter). Todas en concordancia con el artículo 77 de la Carta Fundamental.

c) Las normas de los artículos 56 (61) y 57 (62), en concordancia con los artículos 77 y 83 de la Constitución.

Va entre paréntesis la numeración original del proyecto aprobada en primer trámite reglamentario.

III.- ARTÍCULOS SUPRIMIDOS.

Artículos 19; 20 (sólo numerales 2 y 3); 23; 24; 25 y 26.

IV.- ARTÍCULOS MODIFICADOS.

Artículo 2°, numerales 22, 23 y 24; artículos 37 (42), 38 (43); artículo 43 (48) numeral 20, literal a; artículo 44 (49) números 1 y 2; artículo 60 (65), inciso primero.

Va entre paréntesis la numeración original del proyecto aprobada en primer trámite reglamentario.

V.- DEBATE DEL PROYECTO.

Indicaciones Presentadas:

1.- Indicación del diputado René Saffirio.

Al artículo 19, artículo 20 numerales 2 y 3, artículos 23, 24, 25 y 26. Para eliminarlos.

2.- Indicación del diputado Enrique Van Rysselberghe

Al artículo 51 (que introduce modificaciones en la Ley N° 20.393, que Establece la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en los Delitos que Indica).

Numeral 2, para suprimir la expresión “de derecho público”.

3.- Indicación de los diputados Leonardo Soto y Marcos Ilabaca: para suprimir el inciso segundo del artículo 23 y el inciso tercero del artículo 25.

4.- Indicación del diputado Marcos Ilabaca y otros.

- Al art. 2°:

Numeral 22.

- Sustituye la expresión “letra c) del” por “el”.

Numeral 23.

- Reemplaza “N° 19.933” por “N° 18.933”.

Numeral 24.

- Reemplaza “artículo 36” por “artículo 39”.

- Al art. 37 (42). Para reemplazar “Juez de Garantía” por “juez”.

- Al art. 38 (43). Para reemplazar “Juez de Garantía” por “juez”.

- Al art. 43 (48), numeral 20, literal a.

- Para reemplazar “en el” por “en el delito previsto en el”.

- Al art. 44 (49) N° 1. Reemplazar “Juez de Garantía” por “juez”.

- Al art. 44 (49) N° 2. Reemplazar “Juez de Garantía” por “juez”.

- Al art. 60 (65).

- Para reemplazar en su inciso primero la expresión “artículo 58” por “artículo 63”.

Entrando en el orden del día, corresponde continuar con la discusión y votación en particular del proyecto de ley que "Sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico, y adecua las penas aplicables a todos ellos", en primer trámite constitucional.

El diputado Ilabaca (Presidente de la Comisión) dispone analizar, primeramente, las propuestas de redacción presentadas por los profesores y correcciones de referencia sugeridas por la Secretaría luego de la revisión del texto aprobado. Se da lectura a todas ellas, y se procede a su votación conjunta.

Las propuestas de redacción presentadas por los profesores y correcciones de referencia son suscritas por los diputados presentes, señores (as) Marcos Ilabaca, Juan Antonio Coloma, Camila Flores, Diego Ibáñez, Pamela Jiles, René Saffirio, Leonardo Soto y Gabriel Silber, del siguiente tenor:

- Al art. 2°:

Numeral 22.

- Sustituye la expresión “letra c) del” por “el”.

Numeral 23.

- Reemplaza “N° 19.933” por “N° 18.933”.

Numeral 24.

- Reemplaza “artículo 36” por “artículo 39”.

- Al art. 42. Para reemplazar “Juez de Garantía” por “juez”.

- Al art. 43. Para reemplazar “Juez de Garantía” por “juez”.

- Al art. 48, numeral 20, literal a.

- Para reemplazar “en el” por “en el delito previsto en el”.

- Al art. 49 N° 1. Reemplazar “Juez de Garantía” por “juez”.

- Al art. 49 N° 2. Reemplazar “Juez de Garantía” por “juez”.

- Al art. 65

- Para reemplazar en su inciso primero la expresión “artículo 58” por “artículo 63”.

El abogado señor José Pedro Silva explica que las propuestas recogidas en la indicación del señor Ilabaca, son modificaciones de referencias normativas, y la sustitución de “juez de garantía” por “juez” en el caso de medidas cautelares, en virtud del artículo 69 del Código Procesal Penal.

Puestas en votación, en forma conjunta, las propuestas de redacción y correcciones de referencia son aprobadas por la unanimidad de los miembros presentes, diputados (as) señores (as) Marcos Ilabaca (Presidente de la Comisión); Juan Antonio Coloma; Camila Flores; Diego Ibáñez; Pamela Jiles; René Saffirio; Leonardo Soto, y Gabriel Silber (por el señor Matías Walker). (8-0-0).

Indicaciones presentadas en Sala

1. Indicación del diputado René Saffirio, al artículo 19, artículo 20 numerales 2 y 3, artículos 23, 24, 25 y 26, para eliminarlos.

La diputada Jiles pide ser incorporada como coautora de esta indicación. Así se consigna.

El diputado Saffirio manifiesta que estas indicaciones reflejan el debate suscitado durante la discusión, en la que planteó que no debía quedar duda alguna en torno a que este proyecto está orientado a mejorar la punibilidad respecto a las personas naturales o jurídicas, que cometieran delitos de carácter económico, los denominados delitos “de cuello y corbata”.

El establecimiento de un régimen especial sancionatorio, que dispone las penas sustitutivas de los artículos 9 y siguientes representa, a su juicio, una discriminación favorable hacia los grandes empresarios.

Explica que se establecen penas sustitutivas en los delitos económicos en relación con el resto de los tipos delictivos del Código Penal. Se disponen 3 tipos: la remisión condicional, la reclusión parcial en domicilio y la reclusión parcial en establecimiento especial.

Su propuesta no se refiere a la remisión condicional porque, al no norma específica en estos artículos, deduce que se aplican las reglas generales. Expresa sí tener inconvenientes con la reclusión parcial en domicilio y la reclusión parcial en establecimiento especial.

Observa que la pena de reclusión parcial en domicilio consiste en el encierro en el domicilio del condenado, elemento diferenciador. La reclusión parcial podrá ser diurna o de fin de semana, conforme a los criterios que se especifican (de días y horas).

En el inciso segundo del artículo 23, se dispone: “En aquellos casos en que la pena de reclusión parcial diurna pusiera en riesgo la subsistencia económica del condenado, de su cónyuge o conviviente civil, hijos o hijas o cualquier otra persona que dependa económicamente del condenado o por otro motivo grave que así lo amerite, se deberá imponer la pena de reclusión de fin de semana.” Observa que se están entregando al juez facultades amplísimas; todo indica que se va a terminar sancionando “a estos señores” con penas de reclusión de fin de semana.

Un elemento adicional, que también considera discriminatorio – y que afecta el principio de igualdad ante la ley- es la reclusión parcial en establecimiento especial; es decir, se dispone un “Punta Peuco 2”, para casos económicos.

Cuestiona, además, que sea por cincuenta y seis horas semanales y que diga que un “reglamento determinará los establecimientos que pueden ser utilizados para estos efectos y las condiciones de su instalación y funcionamiento”. Ni siquiera el legislador está definiendo cuáles y cómo serán tales establecimientos; un “cheque en blanco”, extremando el ejemplo, señala que podría llegar a ser un “hotel del sector oriente de Santiago”.

Enfatiza que su objetivo es establecer, al menos, condiciones de igualdad entre los delincuentes económicos con los de otro tipo de delitos. Podrán dar razones jurídicas, pero, desde el punto de vista político, es insostenible.

Agradece el trabajo de los profesores, pero, afirma que una cosa son las propuestas, con su contenido y estructuras jurídicas, y otra, es la responsabilidad política de los legisladores, particularmente, al disponer régimen sancionatorio segregado para estos delitos que causan un grave daño, y en el contexto social, económico y político que se vive.

El diputado Leonardo Soto manifiesta que a lo largo de la discusión también efectuó reparos a estas penas sustitutivas, no de la manera estructural planteada por el señor Saffirio (porque ya existen en la ley N° 18.216), sino por la flexibilidad aprobada a adaptarse a las necesidades del condenado, aludiendo a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 23. Concuerda que son causales amplias y fácilmente configurables por el mismo condenado, constituyendo un “descanso de fin de semana”. Desde el punto de vista punitivo, parece un trato benévolo por parte de la Justicia. Es cierto que bajo el régimen actual, la persona podría contar con mayores derechos frente a una condena, a través de la remisión condicional, pero, la pena no se puede amoldar, adaptar o morigerar a las necesidades del condenado, cuando realmente se quiere establecer una sanción.

Consulta cómo se compatibilizan las normas sobre reclusión parcial en el domicilio con las medidas cautelares de arresto domiciliario, pudiendo llegar a ser esta última más restrictiva que la condena misma.

El profesor señor Enrique Aldunate expresa que se debe analizar la totalidad de la complejidad del sistema que se configura con este proyecto. El proyecto de ley contempla, para el catálogo de delitos económicos, un sistema autónomo de adaptación de la penalidad, que comprende un régimen de determinación de la pena, con circunstancias atenuantes, atenuantes muy calificadas, agravantes y agravantes muy calificadas.

En este contexto, el sistema de penas sustitutivas se diferencia del régimen vigente porque es más notoriamente más gravoso. De operar la circunstancia agravante muy calificada (que atañe o vincula a la jerarquía dentro de la organización, a los cargos directivos), en esos casos, nunca va a ser susceptible de optar a esta pena sustitutiva. Eventualmente, quienes se encuentren en posiciones jerárquicamente inferiores podrán acceder a estas penas sustitutivas.

Si se derogara esta regla especial, se aplicará la regla general y se podrá optar, por ejemplo, a la reclusión parcial. Reitera que, en el plano de la aplicación de la norma, el régimen vigente es más favorable aunque, en términos de lenguaje, el sistema propuesto sea difícil de entender.

Alude también a lógicas estructurales del sistema penitenciario, de ejecución, que vienen desde la dictación del Código Procesal Penal, por la que se consagra a un segundo nivel (en esta escala de las medidas cautelares), por ejemplo, la posibilidad de que una persona que no va a prisión preventiva cumpla una pena como la reclusión total o parcial en el domicilio.

Asimismo, observa que Gendarmería describe a qué se refiere con establecimiento especial, donde se cumplen, actualmente, las penas sustitutivas como la reclusión nocturna.

Concluye no observar situaciones de desigualdad, al contrario, el proyecto de ley es más gravoso que el régimen general.

El profesor señor Javier Wilenmann, señala que, en lo estructural, el proyecto de ley busca reemplazar el sistema de penas sustitutivas de la ley N° 18.216 por un sistema especial, básicamente, porque la aplicación del régimen general a los delitos económicos genera impunidad, pasando de aplicar –a casi todos los casos- remisión condicional (firma mensual) o libertad vigilada por pena efectiva o privaciones de libertad parcial (en casos de personas en umbrales muy bajos de la organización). En ningún caso hay favorecimiento a los delincuentes económicos.

Respecto del inciso segundo del artículo 23, relativo a que se puede reemplazar el arresto domiciliario diurno semanal por arresto domiciliario de fin de semana en caso de gravamen económico para la familia, coincide con la idea de que ha quedado como una regla injusta frente a la delincuencia común ya que se rechazó la norma que la extendía al régimen general. Estima que es una decisión errónea no incorporarla al régimen general, pero, dada las circunstancias, propone eliminar este inciso.

Sobre la referencia al establecimiento especial, señala que es la denominación utilizada por la ley N° 18.216, y es aquel dispuesto por el reglamento de dicha ley. Gendarmería clarificó que el artículo 8 del reglamento lo define como los centros o anexos abiertos y dependientes de centros penitenciarios. Para despejar cualquier duda, propone hacer una remisión expresa al reglamento de la ley N° 18.216.

Suprimir las penas sustitutivas o el artículo 19, básicamente, eliminaría el proyecto; la idea, precisamente, es no aplicar el régimen general.

El profesor señor Héctor Hernández complementa la intervención anterior desde la perspectiva de la preocupación política que manifiesta el diputado Saffirio. Señala que cuando se contribuye a preparar un texto legal con el inequívoco propósito de disminuir los niveles de impunidad y hacer algo de justicia en la distribución del castigo penal, es muy fuerte cuando se cae bajo sospecha de estar estableciendo un régimen privilegiado.

En el supuesto que estas normas sean aprobadas, sería importante la comparación entre el régimen de los delincuentes económicos con el resto de la población, que entiende sería la preocupación del señor Saffirio. Hace hincapié que estas normas son más severas que las que rigen para los demás delincuentes.

En el régimen vigente las posibilidades de rebaja de pena (a través del peso del juego de agravantes y atenuantes) son enormes, bajando un grado de manera normal, y dos grados, casi por definición. Luego, sobre eso se aplica la ley N° 18.216, que significa, en la práctica, que condenas con penas hasta 5 años, para personas que en ese momento no tengan antecedentes de condenas penales, pueden acceder a remisión condicional o libertad vigilada. Si estas normas se aprueban esto cambia radicalmente.

Las posibilidades de reducir o salir del marco penal establecido en la pena (que no han sido modificados por este proyecto), o de una rebaja en grado, son excepcionalísimas, se requiere 2 circunstancias atenuantes muy calificadas.

Dentro de ese marco penal, solo en casos excepcionalísimos (delitos con penas que no exceden de 3 años, respecto de personas que no han sido nunca condenadas y de quienes se dé una atenuante muy calificada) son los únicos posibles candidatos para la remisión condicional. Es decir, para delitos de bagatela y para sujetos con un rol subordinado en la empresa y que han sufrido algún tipo de presión en la comisión del delito.

Este proyecto, al eliminar la libertad vigilada para este segmento, establece que la persona sí o sí va a estar sometido a un régimen de privación de libertad, diferencia sideral con el derecho vigente y con el resto de los condenados.

Agrega que se eliminó también la reclusión parcial nocturna porque, efectivamente, era impresentable. Se estableció el régimen diurno y el de fin de semana, en casos de riesgo de la subsistencia económica para el condenado. Concuerda que se puede eliminar ese inciso.

Insiste en que prescindir de estas sanciones, dejar únicamente remisión condicional de la pena (libertad bajo muy tenue control) y no disponer ninguna forma de privación de libertad intermedia, no es realista, e incluso en algunos sería desproporcionado e injusto (casos excepcionales). De ninguna forma puede entenderse como una suerte de privilegio porque las normas actuales son mucho más generosas tanto en materia de rebajas como de sustitución.

Respecto de la consulta del diputado Soto sobre la compensación con el arresto domiciliario, explica que en materia de medidas cautelares personales durante el proceso se trata de prevenir determinados atentados contra el procedimiento, la víctima del delito o contra la seguridad de la sociedad, es algo que no se ha modificado, y se imputan a la pena de privación de libertad que se deba soportar.

En su oportunidad, se propuso que esta medida de adaptación a las necesidades del condenado fuera aplicada al régimen general, a todos los condenados. Aclara que es una norma razonable, pero como no fue aceptada en general, se podría prescindir de ella en este caso.

Concluye que es indudable que el régimen propuesto para los delincuentes económicos es más severo que para la delincuencia común.

A raíz del debate, se presentó indicación de los señores Marcos Ilabaca y Leonardo Soto para eliminar el inciso segundo del artículo 23 y el inciso tercero del artículo 25, que contiene una norma “espejo” en los mismos términos.

El diputado Saffirio opina que se está debatiendo por líneas paralelas, porque su cuestionamiento se refiere a las penas sustitutivas de los delitos económicos respecto de aquellos a quienes se aplica. En cambio, los profesores se han referido a aquellos a quienes no se les aplica (personas de mayor responsabilidad en la empresa).

Por otra parte, insiste que es fundamental eliminar el inciso segundo del artículo 23. Reitera la argumentación respecto a que, a su juicio, son normas discriminatorias en favor de los delincuentes económicos. Interroga si es función de la pena proteger los estándares de ingreso o niveles de vida del condenado; por qué no se actúa con la misma razón en el caso de delincuentes de delitos comunes.

Respecto del artículo 25, señala no entender por qué la norma remite a un reglamento que “determinará los establecimientos que pueden ser utilizados para estos efectos” si se refiere a los determinados por Gendarmería de Chile.

Luego de un intercambio de opiniones sobre el orden de votación, el Secretario de la Comisión, señor Velásquez, precisa que el reglamento establece que cuando una disposición tiene indicaciones, estas se votan en primer lugar, y en caso de indicaciones sucesivas, queda a criterio del Presidente de la Comisión.

Resultado de lo anterior, se dispone la votación en el orden que señala el Presidente.

En votación la indicación de los señores Marcos Ilabaca y Leonardo Soto es aprobada por la unanimidad de los miembros presentes, diputados (as) señores (as) Marcos Ilabaca (Presidente de la Comisión); Gonzalo Fuenzalida; Diego Ibáñez; Pamela Jiles; René Saffirio; Leonardo Soto, y Gabriel Silber (por el señor Matías Walker). (7-0-0).

En votación la indicación signada con el N° 1, de los (a) señores (a) René Saffirio y Pamela Jiles, es aprobada por los votos mayoritarios de los (a) diputados (a) señores (a) Diego Ibáñez; Pamela Jiles; René Saffirio, y Leonardo Soto. Votan en contra los diputados señores Marcos Ilabaca (Presidente de la Comisión); Gonzalo Fuenzalida y Gabriel Silber (por el señor Matías Walker). (4-3-0).

El diputado Silber fundamenta su voto señalando que la ley 18.216 establece un estándar que, en los hechos, es menor a la propuesta legislativa, y que en caso de agravante calificada (superior jerárquico) tiene pena de cárcel. Este proyecto eleva sustantivamente los estándares en materia punitiva.

2. Indicación del diputado Enrique Van Rysselberghe Herrera, al artículo 51 (que introduce modificaciones en la Ley N° 20.393, que Establece la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en los Delitos que Indica), al numeral 2, para suprimir la expresión “de derecho público”.

Puesta en votación la indicación signada con el N° 2 (del señor Van Rysselberghe) es rechazada por no alcanzar la mayoría de votos. Votan a favor los (a) diputados (a) señores (a) Juan Antonio Coloma; Gonzalo Fuenzalida, y Paulina Núñez. Votan en contra los (a) diputados (a) señores (a) Marcos Ilabaca (Presidente de la Comisión); Diego Ibáñez; Pamela Jiles; René Saffirio; Leonardo Soto, y Gabriel Silber (por el señor Matías Walker). (3-6-0).

Despachado el proyecto en segundo trámite reglamentario.

Se designa diputado informante al señor Leonardo Soto.

VI.- ARTÍCULOS NUEVOS INTRODUCIDOS.

No hay.

VII.- ARTÍCULOS QUE DEBEN SER CONOCIDOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA.

De conformidad a lo establecido en el Nº 4 artículo 302 del Reglamento de la Corporación, la Comisión deja constancia que el proyecto no requiere ser conocido por la Comisión de Hacienda.

VIII.- ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADAS O DECLARADAS INADMISIBLES.

a) Rechazada la indicación del diputado Enrique Van Rysselberghe:

Al artículo 51, numeral 2, para suprimir la expresión “de derecho público”.

b) Suprimidos los artículos 19; 20 (numerales 2 y 3); 23; 24; 25 y 26.

IX.- TEXTO DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN.

En consecuencia la Comisión aprobó el texto del proyecto del siguiente tenor:

“PROYECTO DE LEY:

TÍTULO I

DELITOS ECONÓMICOS

Art. 1.° Primera categoría. Para efectos de esta Ley de Delitos Económicos, serán considerados como delitos económicos, en toda circunstancia, los hechos previstos en las siguientes disposiciones legales:

1.° Los artículos 59, 60, 61 y 62 de la ley N° 18.045, de Mercado de Valores;

2.° Los artículos 35, 43 y 58 del decreto ley 3.538, que crea la Comisión para el Mercado Financiero;

3.° El artículo 59 de la ley N°18.840, Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile;

4.° Los artículos 39 literal h), 39 bis inciso sexto y 62 del decreto con fuerza de ley N° 1 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción de 2004, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 211 de 1973;

5.° El inciso final del artículo 2° y los artículos 39, 141 y 142, 154, 157, 158,159 y 161 del decreto con fuerza de ley N° 3 del Ministerio de Hacienda de 1997, que fija el texto refundido, sistematizado y concordado de la Ley General de Bancos, decreto con fuerza de ley Nº 252, de 1960, y de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras contenida en el decreto ley N° 1.097 de 1975, y de los demás textos legales que se refieren a bancos y sociedades financieras u otras empresas fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras;

6.° El artículo 12 y el inciso sexto del artículo 24, ambos del artículo undécimo, de la ley N° 20.416 que Fija Normas Especiales para las Empresas de Menor Tamaño;

7.° Los artículos 4 y 13 de la ley N° 20.345, sobre Sistemas de Compensación y Liquidación de Instrumentos Financieros;

8.° El artículo 49 del decreto con fuerza de ley N° 251 del Ministerio de Hacienda de 1931, sobre Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio;

9.° Los artículos 134 y 134 bis de la ley N° 18.046, sobre Sociedades Anónimas; y,

10. Los números 2, 3, 4 y 7 del artículo 240, y los artículos 251 bis, 285, 286, 287 bis, 287 ter y 464 del Código Penal.

Art. 2.°Segunda categoría. Serán asimismo considerados como delitos económicos los hechos previstos en las disposiciones legales que a continuación se indican, siempre que el hecho fuere perpetrado en ejercicio de un cargo, función o posición en una empresa, o cuando lo fuere en beneficio económico o de otra naturaleza para una empresa:

1.° El artículo 30 del decreto con fuerza de ley N° 3 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia del 2017, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 19.884 orgánica constitucional sobre transparencia, límite y control del gasto electoral;

2.° El inciso cuarto del artículo 8 ter y los artículos 97 y 100 del decreto ley N° 830 de 1974, Código Tributario;

3.° El inciso quinto del artículo 134 y los artículos 168, 169 y 182 del decreto con fuerza de ley N° 30 del Ministerio de Hacienda de 2004, que aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 213 del Ministerio de Hacienda de 1953, sobre Ordenanza de Aduanas;

4.° El inciso segundo del artículo 14 y los artículos 110 y 160 del decreto con fuerza de Ley N° 3 del Ministerio de Hacienda de 1997, que fija el texto refundido, sistematizado y concordado de la a Ley General de Bancos, decreto con fuerza de ley Nº 252, de 1960, y de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras contenida en el decreto ley N° 1.097 de 1975, y de los demás textos legales que se refieren a bancos y sociedades financieras u otras empresas fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras;

5.° Los artículos 22 y 43 del decreto con fuerza de ley N° 707 del Ministerio de Justicia de 1982, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques,

6.° El artículo 110 de la ley N° 18.092 que dicta Nuevas Normas sobre Letras de Cambio y Pagaré;

7.° El artículo 5° de la ley N° 20.009, que Establece un Régimen de Limitación de Responsabilidad para Titulares o Usuarios de Tarjetas de Pago y Transacciones Electrónicas en Caso de Extravío, Hurto, Robo o Fraude;

8.° Los artículos 18, 21, 22, 22 bis y 22 ter del decreto N° 4.363 de 1931 del Ministerio de Tierras y Colonización, que aprueba texto definitivo de la Ley de Bosques;

9.° Los artículos 49 y 50 de la Ley N° 20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal;

10. Los artículos 64-D, 64-F, 120-B, 135, 135 bis, 136, 136 bis, 137, 137 bis, 138 bis, 139, 139 bis, 139 ter y 140 del decreto N° 430 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción de 1991, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.892, General de Pesca y Acuicultura, y sus modificaciones;

11. Los artículos 29, 30 y 31 de la ley N° 19.473 que sustituye el texto de la ley N° 4.601 sobre caza;

12. Los artículos 11 y 12 inciso primero de la ley N° 20.962, que aplica Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre;

13. Los artículos 38 y 38 bis de la ley N° 17.288, de Monumentos Nacionales y Normas Relacionadas;

14. Los artículos 73, 118 y 119 de la ley N° 18.248, Código de Minería;

15. El artículo 280 del decreto con fuerza de ley N° 1122 del Ministerio de Justicia del año 1981 que fija el texto del Código de Aguas;

16. Los artículos 36 B y 37 de la ley N° 18.168 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones que aprueba la Ley General de Telecomunicaciones;

17. Los artículos 138 y 140 del decreto 458 de 1976 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que aprueba nueva Ley General de Urbanismo y Construcciones;

18. Los artículos 35, 36, 37 y 38 de la ley N° 18.690, sobre Almacenes Generales de Depósito;

19. El artículo 44 de la ley N° 19.342 que Regula Derechos de Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales;

20. Los artículos 1, 2, 3 y 4 de la ley N° 19.223, que Tipifica Figuras Penales Relativas a la Informática;

21. Los artículos 13 y 13 bis de la ley N° 17.322, sobre Normas para la Cobranza Judicial de Cotizaciones, Aportes y Multas de las Instituciones de Seguridad Social;

22. Los artículos 19, 23 y 25, el inciso duodécimo del artículo 61 bis y el artículo 159 del decreto ley N° 3.500 de 1980, que Establece un Nuevo Sistema de Pensiones;

23. El inciso segundo del artículo 110, el inciso tercero del artículo 174 y el artículo 228 del decreto con fuerza de ley N° 1 del Ministerio de Salud de 2005, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 2.763 de 1979 y de las leyes N°18.933 y N° 18.469;

24. El artículo 39 introducido por el artículo 14 de la ley N° 20.190, que Introduce Adecuaciones Tributarias e Institucionales para el Fomento de la Industria de Capital de Riesgo y Continúa el Proceso de Modernización del Mercado de Capitales;

25. Los artículos 41, 46, 48 y 51 del decreto con fuerza de ley N° 251 del Ministerio de Hacienda de 1931, sobre Compañías de Seguro, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio;

26. El artículo 44 de la ley N° 20.920, que Establece Marco para la Gestión de Residuos, la Responsabilidad Extendida del Productor y el Fomento al Reciclaje;

27. Los artículos 194, 196, 197 y 198, el número 6 del artículo 240, el inciso segundo del artículo 247 bis, los artículos 250, 250 bis, 273, 274, 276, 277, 280, 281, 282, 283, 284, 284 bis, 285, 286, 287, 287 bis, 287 ter, 289, 290, 291, 291 bis y 291 ter, los números 1 y 2 del artículo 296, los artículos 297, 297 bis, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 313 d, 314, 315, 316, 317, 318, 438, 459, 460, 460 bis, 461, 463, 463 bis, 463 ter, 463 quáter, 464 ter, 467, 468, 469 y 470, el número 2 del artículo 471, los artículos 472, 472 bis y 473, los números 2, 3, 5, 6 y 7 del artículo 485 y el artículo 486 en tanto se refiera a las circunstancias expresadas en los números antes señalados del artículo 485, todos del Código Penal, y

28. Los artículos 490 y 492 del Código Penal, en relación con el número 2 del artículo 391 y los artículos 395, 396, 397, 398 y 399 del mismo Código, cuando el hecho se realizare con infracción a los deberes de cuidado relativos a la seguridad en el trabajo o en la fabricación o distribución de productos destinados al consumo o uso masivo del público;

Art. 3°. Tercera categoría. Serán asimismo considerados como delitos económicos los hechos previstos en las disposiciones legales que a continuación se indican, siempre que en la perpetración del hecho hubiere intervenido, en alguna de las formas previstas en los artículos 15 o 16 del Código Penal, alguien en ejercicio de un cargo, función o posición en una empresa, o cuando el hecho fuere perpetrado en beneficio económico o de otra naturaleza para una empresa:

1.° El artículo 31 del decreto con fuerza de ley N° 3 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia del 2017, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 19.884 orgánica constitucional sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral; y

2.° El artículo 40 de la ley N° 20.283, Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal;

3.° El inciso primero del artículo 64-J del decreto N° 430 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción de 1991, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.892, General de Pesca y Acuicultura, y sus modificaciones;

4.° El artículo 48 ter de la ley N° 19.300, que aprueba Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente;

5.° Los artículos 193, 233, 234, 235, 236, 237 y 239, el número 1 del artículo 240, los artículos 241, 241 bis, 242, 243, 244, 246 y 247, el inciso primero del artículo 247 bis, y los artículos 248, 248 bis y 249, todos ellos del Código Penal;

Art. 4°. Cuarta categoría. Receptación, lavado y blanqueo de activos. Serán también considerados delitos económicos los hechos previstos en el artículo 456 bis A del Código Penal y en los artículos 27 y 28 de la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y Modifica Diversas Disposiciones en Materia de Lavado y Blanqueo de Activos, cuando las especies o bienes a que se refieren esos delitos provengan de la perpetración de hechos:

1. Considerados como delitos económicos conforme al artículo 1°;

2. Considerados como delitos económicos conforme a los artículos 2° o 3°;

3. Constitutivos de alguno de los delitos señalados en los números 1 a 28 del artículo 2°, o en los números 1 a 5 del artículo 3°, siempre que la receptación de bienes o el lavado o blanqueo activos fueren perpetrados en ejercicio de un cargo, función o posición en una empresa, o cuando lo fueren en beneficio económico o de otra naturaleza para una empresa.

Art. 5.°Doble consideración de circunstancias. La concurrencia de cualquiera de las circunstancias señaladas en los artículos 2°, 3° y 4° producirá el efecto de que se considere el hecho respectivo como delito económico, aunque la ley que lo prevé la haya expresado al describirlo y penarlo, o aunque sea de tal manera inherente al delito que sin su concurrencia no pueda cometerse.

Art. 6°. Inaplicabilidad a micro y pequeñas empresas. Las disposiciones de los Títulos II y III de esta ley no serán aplicables a los delitos considerados como económicos conforme a los artículos 2° y 3° y los números 2 y 3 de su artículo 4° que se perpetraren en el contexto o en beneficio de una empresa que tenga el carácter de micro o pequeña empresa conforme al artículo segundo de la ley N° 20.416.

En caso de que la empresa involucrada forme parte de un grupo empresarial, deberán sumarse los ingresos del grupo para determinar si califica como micro o pequeña empresa conforme al artículo segundo de la ley N° 20.416. Por grupo empresarial se entenderá lo dispuesto en el artículo 96 de la ley N° 18.045.

Art. 7°. Concursos. En caso de ser aplicable el artículo 75 del Código Penal o el artículo 351 del Código Procesal Penal por la concurrencia de un delito económico y de uno o más delitos de otra clase, las disposiciones del Título II de esta ley serán aplicables a todos ellos.

TÍTULO II

PENAS Y CONSECUENCIAS ADICIONALES A LA PENA APLICABLES A LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LOS DELITOS ECONÓMICOS

§ 1. Reglas generales

Art. 8.° Ámbito de aplicación personal. Las disposiciones del presente Título serán aplicables a las personas responsables de los delitos económicos.

Son responsables de delitos económicos:

1.° Todas las personas penalmente responsables conforme a las reglas generales por un hecho considerado como delito económico conforme al artículo 1° y al número 1 del artículo 4°;

2.° Las personas penalmente responsables conforme a las reglas generales por un hecho considerado como delito económico según los artículos 2° y 3° y los números 2 y 3 del artículo 4°, que al momento de su intervención hubieren tenido conocimiento de la concurrencia de las circunstancias a que esos artículos se refieren.

Art. 9.° Penas privativas o restrictivas de libertad o de otros derechos. Las penas privativas o restrictivas de libertad o de otros derechos que corresponda imponer al responsable de un delito económico son las señaladas por la ley que lo sanciona, sin perjuicio de las consecuencias adicionales establecidas en el párrafo 5 del presente Título.

No obstante, la determinación de la pena de presidio o reclusión que deba ser impuesta, así como de su sustitución, se harán conforme con la presente ley. En subsidio serán aplicables las reglas generales de determinación y ejecución de las penas, en tanto no sean incompatibles con la presente ley.

Art. 10. Multa. Todo delito económico conlleva además una pena de multa, cuya cuantía y determinación se establecerá conforme a la presente ley, así como la imposición de las inhabilitaciones y prohibiciones previstas en el párrafo 5. Ni la multa ni las prohibiciones e inhabilitaciones podrán ser sustituidas.

La multa a imponer se fijará en un número de días-multa que corresponda a la extensión de las penas privativas o restrictivas de libertad, conforme a lo dispuesto en el artículo 22.

La cuantía de la multa a aplicar será la que corresponda al valor que el tribunal fije para cada día-multa, de conformidad con el artículo 22, multiplicado por el número de días-multa que corresponda. El producto se expresará en una suma de dinero fijada en moneda de curso legal.

Con todo, si la ley que describe el hecho punible le señalare una pena de multa superior al máximo a imponer conforme a la presente ley, el Tribunal se estará a lo que disponga dicha ley respecto a esa multa, en el margen que excediere al máximo antedicho.

Art. 11. Sanciones o medidas administrativas y penas. La circunstancia de que un hecho constitutivo de delito pueda, asimismo, dar lugar a una o más sanciones o medidas administrativas no obsta a la imposición de las penas, consecuencias adicionales a la pena o medidas de seguridad que procedan conforme a esta ley.

Con todo, el monto de la pena de multa pagada de conformidad con esta ley será abonado a la multa no constitutiva de pena que se imponga al condenado por el mismo hecho. Si el condenado hubiere pagado una multa no constitutiva de pena como consecuencia del mismo hecho, el monto pagado será abonado a la pena de multa impuesta de conformidad con esta ley.

La extensión de la inhabilitación impuesta al condenado como consecuencia adicional a la pena de conformidad con esta ley será deducida de la extensión de la inhabilitación de la misma naturaleza que fuere impuesta como sanción administrativa o disciplinaria. Si el condenado hubiere sido sometido a una inhabilitación como sanción administrativa o disciplinaria, la extensión de esta será deducida de la inhabilitación de la misma naturaleza que se le impusiere de conformidad con esta ley.

§ 2. Determinación de las penas privativas de libertad

Art. 12. Régimen especial. En la determinación de la pena aplicable a un delito económico no se considerará lo dispuesto por los artículos 65 a 69 del Código Penal, ni serán aplicables las atenuantes y agravantes previstas en los artículos 11 a 13 del Código Penal. En su lugar, se aplicarán las reglas dispuestas en los artículos siguientes.

Art. 13. Atenuantes. Son circunstancias atenuantes de un delito económico las siguientes:

1ª. La culpabilidad disminuida del condenado, establecida siempre que concurra cualquiera de los siguientes supuestos:

a. El condenado no buscó obtener provecho económico de la perpetración del hecho para sí o para un tercero; o,

b. El condenado, estando en una posición intermedia o superior, se limitó a omitir realizar alguna acción que habría impedido la perpetración del delito, sin favorecerla directamente.

2ª. Que el hecho haya ocasionado un perjuicio limitado. Se entenderá que ello tiene lugar cuando el perjuicio total supere las 40 Unidades Tributarias Mensuales y no pase de 400, sin que se aplique alguna de las circunstancias del artículo 16 b).

Art. 14. Atenuantes muy calificadas. Son circunstancias atenuantes muy calificadas de un delito económico las siguientes:

1ª. La culpabilidad muy disminuida del condenado, establecida siempre que concurra cualquiera de los siguientes supuestos:

a. El condenado actuó en interés de personas necesitadas o por necesidad personal apremiante;

b. El condenado tomó oportuna y voluntariamente medidas orientadas a prevenir o mitigar sustancialmente la generación de daños;

c. El condenado actuó bajo presión y en una situación de subordinación;

d. El condenado actuó en una situación de subordinación y con conocimiento limitado de la ilicitud de su actuar.

2ª. Que el hecho haya tenido una entidad de bagatela. Se entenderá que en todo caso ello es así cuando el perjuicio total irrogado no supere 40 Unidades Tributarias Mensuales.

Art. 15. Agravantes. Son circunstancias agravantes de un delito económico las siguientes:

1ª. La culpabilidad elevada del condenado, establecida siempre que concurra cualquiera de los siguientes supuestos:

a. El condenado participó activamente en una posición intermedia en la organización en la que se perpetró el delito; se entenderá que el condenado se encuentra en una posición intermedia cuando ejerce un poder relevante de mando sobre otros en la misma organización, sin estar en una posición jerárquica superior; este supuesto no será aplicable tratándose de medianas empresas conforme al artículo segundo de la Ley N° 20.416;

b. El condenado ejerció abusivamente autoridad o poder al perpetrar el hecho;

c. El condenado había sido sancionado anteriormente por perpetrar un delito económico;

2ª. Que el hecho haya ocasionado un perjuicio o reportado un beneficio relevante. Se entenderá que ello tiene lugar cuando el perjuicio o beneficio agregado total supere las 400 Unidades Tributarias Mensuales y no supere las 40.000, sin que se aplique alguno de los casos de la circunstancia 2ª del artículo 16.

Art. 16. Agravantes muy calificadas. Son circunstancias agravantes muy calificadas de un delito económico las siguientes:

1ª. La culpabilidad muy elevada del condenado, establecida siempre que concurra cualquiera de los siguientes supuestos:

a. El condenado participó activamente en una posición jerárquica superior en la organización en la que se perpetró el delito; se entenderá que el condenado se encuentra en una posición jerárquica superior en la organización cuando ejerza como gerente general o miembro del órgano superior de administración, o como jefe de una unidad o división, solo subordinado al órgano superior de administración, así como cuando ejerza como director, socio administrador o accionista o socio con poder de influir en la administración.

b. El condenado ejerció presión sobre sus subordinados en la organización para que colaboraran en la perpetración del delito;

2ª. Que el hecho haya ocasionado un perjuicio muy elevado. Se entenderá que ello tiene lugar en las siguientes circunstancias:

a. El hecho ocasionó perjuicio a personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que en total supere las 40.000 Unidades Tributarias Mensuales, o reportó un beneficio de esta cuantía;

b. El hecho afectó el suministro de bienes de primera necesidad o de consumo masivo;

c. El hecho afectó abusivamente a individuos que pertenecen a un grupo vulnerable.

Art. 17. Efectos de las atenuantes y agravantes. En caso de concurrir una atenuante muy calificada respecto de un marco penal que incluya una pena de presidio o reclusión de un solo grado, este se aplicará en su mínimum. De estar compuesto de dos o más grados, no se aplicará el grado superior.

De concurrir dos o más atenuantes muy calificadas respecto de un delito cuyo marco esté compuesto por un solo grado, este se rebajará en un grado. De estar compuesto de dos o más grados, el marco se fijará en el grado inmediatamente inferior al grado más bajo del marco legal.

En caso de concurrir una agravante muy calificada respecto de un marco penal que incluya una pena de presidio o reclusión de un solo grado, este se aplicará en su máximum. De estar compuesto de dos o más grados, no se aplicará el grado inferior.

De concurrir dos o más agravantes muy calificadas respecto de un delito cuyo marco esté compuesto por un solo grado, este se incrementará en un grado. De estar compuesto de dos o más grados, el marco se fijará en el inmediatamente superior al grado más alto del marco legal.

De concurrir atenuantes muy calificadas y agravantes muy calificadas, el tribunal deberá compensarlas en consideración a su número. En caso de que concurran en igual número, no producirán efecto de atenuar o agravar la pena.

Art. 18. Determinación judicial de la pena. Dentro de los límites de cada grado el tribunal determinará la cuantía de la pena en atención a la concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes previstas en los artículos 13 y 15, a la mayor o menor intensidad de la culpabilidad del responsable y a la mayor o menor extensión del mal que importe el delito.

§ 3. Penas sustitutivas de los delitos económicos

Art. 19 (20). Penas sustitutivas. La ejecución de las penas privativas o restrictivas de libertad de los delitos económicos podrá sustituirse por el tribunal que las imponga, por remisión condicional.

Art. 20 (21). Remisión condicional. La remisión condicional consiste en la sustitución del cumplimiento de la pena privativa de libertad por la discreta observación y asistencia del condenado ante la autoridad administrativa durante cierto tiempo.

La remisión condicional solo podrá decretarse si:

1.° La pena privativa o restrictiva de libertad que impusiere la sentencia no excediere de tres años y el condenado se viere beneficiado por una atenuante muy calificada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14; y,

2.° El penado no hubiese sido condenado anteriormente por crimen o simple delito. En todo caso, no se considerarán para estos efectos las condenas cumplidas diez o cinco años antes, respectivamente, de la comisión del nuevo ilícito.

Para los efectos de determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el número 1° se considerará que concurre, en su caso, la atenuante muy calificada de la circunstancia 2ª del artículo 14, aun cuando ella no tuviere incidencia en la determinación de la pena por tratarse de una circunstancia inherente al delito.

Art. 21 (22). Condiciones impuestas por la remisión condicional. Al aplicar la remisión condicional, el tribunal establecerá un plazo de observación que no será inferior al de la duración de la pena, con un mínimo de un año y un máximo de tres, e impondrá al condenado las siguientes condiciones:

1ª. Residencia en un lugar determinado, que podrá ser propuesto por el tribunal; este podrá ser cambiado, en casos especiales, según la calificación efectuada por Gendarmería de Chile;

2ª. Sujeción al control administrativo y a la asistencia de Gendarmería de Chile, en la forma que establece el reglamento de la ley N° 18.216; dicho servicio recabará anualmente, al efecto, un certificado de antecedentes prontuariales, y

3ª. Ejercicio de una profesión, oficio, empleo, arte, industria o comercio, si el condenado careciere de medios conocidos y honestos de subsistencia y no poseyere la calidad de estudiante.

§ 4. Determinación de la pena de multa

Art. 22 (27). Determinación del número de días-multa. El número de días-multa aplicable a un delito económico será determinado a partir del grado de la pena privativa de libertad prevista por la ley para el delito respectivo, del grado máximo de ella si constara de más de un grado o, de concurrir atenuantes o agravantes muy calificadas, del grado que resulte de aplicarle lo dispuesto en el artículo 17, de acuerdo con la siguiente tabla de conversión:

Prisión: 1 a 10 días-multa.

Presidio o reclusión menor en su grado mínimo: 11 a 50 días multa.

Presidio o reclusión menor en su grado medio: 51 a 100 días-multa.

Presidio o reclusión menor en su grado máximo: 101 a 150 días-multa.

Presidio o reclusión mayor en su grado mínimo: 151 a 200 días-multa.

Presidio o reclusión mayor en su grado medio: 201 a 250 días-multa.

Presidio o reclusión mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado: 251 a 300 días-multa.

Si la ley solo prevé para el delito respectivo la aplicación de multa o de una pena no privativa de libertad, el número de días-multa será establecido en el marco aplicable a delitos castigados con prisión.

Al interior de ese marco, el tribunal individualizará la pena de multa en un número de días-multas de conformidad a lo dispuesto en artículo 18.

En caso de ser aplicable el artículo 74 del Código Penal, la multa total no podrá exceder de 300 días-multa.

Art. 23 (28). Determinación del valor del día-multa. El valor del día-multa corresponderá al ingreso diario promedio líquido que el condenado haya tenido en el período de un año antes de que la investigación se dirija en su contra, considerando sus remuneraciones, rentas, réditos del capital o ingresos de cualquier otra clase.

El valor del día-multa no podrá ser inferior a media Unidad Tributaria Mensual ni superior a mil. La pena mínima de multa es de un día-multa.

Art. 24 (29). Aumento del valor en consideración al patrimonio. Si el ingreso diario promedio líquido determinado en los términos señalados en el artículo anterior resultare desproporcionadamente bajo en relación con el patrimonio del condenado, el tribunal podrá aumentar hasta en dos veces el valor del día-multa.

Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, los ingresos, las obligaciones, las cargas y el patrimonio del condenado serán estimados por el tribunal sobre la base de los antecedentes aportados al procedimiento respecto de sus rentas, gastos, modo de vida u otros factores relevantes.

§ 5. Inhabilitaciones

Art. 25 (30). Aplicación copulativa. Junto con la imposición de las penas principales que corresponda, el tribunal deberá imponer todas las inhabilitaciones que siguen respecto de todo condenado por un delito económico.

Art. 26 (31). Inhabilitación para el ejercicio de una función o cargo público. La inhabilitación para el ejercicio de una función o cargo público pone término a todo aquel que el condenado estuviere ejerciendo al momento de la sentencia, sea o no de elección popular, y lo incapacita para obtener cualquier otro por el tiempo correspondiente a su extensión.

Art. 27 (32). Inhabilitación para el ejercicio de cargos gerenciales. La inhabilitación para el ejercicio de cargos gerenciales afecta del mismo modo la capacidad del condenado para desempeñarse como administrador, gerente o director en cualquier sociedad anónima abierta o en una empresa del Estado.

Art. 28 (33). Inhabilitación para contratar con el Estado. La inhabilitación para contratar con el Estado impide al condenado contratar con cualquiera de los órganos o servicios del Estado reconocidos por la Constitución Política de la República o creados por ley, con cualquiera de los órganos o empresas públicas que conforme a la ley constituyen al Estado y con las empresas o sociedades en las que el Estado participe con al menos la mitad de las acciones que comprenden su capital, de los derechos sociales o de los derechos de administración.

La inhabilitación para contratar con el Estado produce también la extinción de pleno derecho de los efectos de los actos y contratos que el Estado haya celebrado con el condenado y que se encuentren vigentes al momento de la condena.

La inhabilitación no comprende los actos y contratos relativos a las prestaciones personales de salud previsional o seguridad social, ni los servicios básicos que el Estado ofrece indiscriminadamente a la población.

Si se impusiere la inhabilitación para contratar con el Estado a una persona natural, ninguna sociedad, fundación o corporación en la que el condenado fuere directa o indirectamente socio, accionista, miembro o partícipe con poder de influir en la administración podrá contratar con el Estado mientras el condenado mantenga su participación en la misma.

Art. 29 (34). Extensión. Las inhabilitaciones previstas en este párrafo tendrán una extensión equivalente a la de los grados de las inhabilitaciones temporales conforme a la tabla demostrativa del artículo 56 del Código Penal. La inhabilitación para contratar con el Estado podrá, además, imponerse a perpetuidad.

Art. 30 (35). Determinación judicial de la extensión de la inhabilitación. Para la determinación de su extensión el tribunal estará a lo dispuesto en el párrafo 2 de esta ley. La que se impusiere a cada interviniente en el delito será determinada independientemente.

Si la pena impuesta no incluyere la ejecución efectiva de una pena privativa de libertad, las inhabilitaciones no podrán durar más de cinco años tratándose de la inhabilitación para el ejercicio de un cargo o función pública o para el ejercicio de cargos gerenciales. La prohibición para contratar con el Estado podrá imponerse siempre en toda su extensión.

Si la inhabilitación se impusiere juntamente con una pena efectiva de presidio o reclusión, la extensión determinada por el tribunal se aumentará de pleno derecho en todo el tiempo de ejecución efectiva de esa pena, si fuere mayor.

Art. 31 (36). Duración. Toda inhabilitación comenzará a producir sus efectos desde la fecha en que quedare ejecutoriada la sentencia que la impusiere, y su duración se computará desde ese momento.

Art. 32 (37). Rehabilitación. Todo sentenciado a inhabilitación para el ejercicio de una función o cargo público o para el ejercicio de cargos gerenciales tendrá derecho a solicitar al tribunal su rehabilitación una vez cumplida la mitad de la condena.

El tribunal accederá a la solicitud si se acompañaren antecedentes que permitieren presumir que el condenado no volverá a delinquir y que ejercerá en el futuro en forma responsable la actividad a la que se refiera la inhabilitación.

Art. 33 (38). Reincidencia. En los casos en que se hubiere concedido la rehabilitación conforme al artículo precedente y el beneficiado perpetrare un nuevo delito por el cual correspondiere imponer una inhabilitación de la misma clase, el tribunal la determinará dentro de la mitad superior de su extensión. El sentenciado a tal inhabilitación no tendrá derecho a obtener una nueva rehabilitación.

Art. 34 (39). Abono. El tiempo por el cual el condenado hubiere sufrido una privación de derechos distinta de la privación de libertad impuesta como medida cautelar en el mismo proceso será íntegramente abonado a la inhabilitación que se le impusiere conforme a este párrafo, siempre que tal privación de derechos hubiere impedido al condenado realizar las actividades a que se refiriere la inhabilitación.

TÍTULO III

COMISO DE GANANCIAS

Art. 35 (40). Comiso con condena previa. Toda condena por delito económico conlleva el comiso de las ganancias.

Art. 36 (41). Comiso sin condena previa. Se impondrá asimismo el comiso de las ganancias obtenidas a través de un hecho ilícito que corresponde a un delito económico aunque:

1.° Se dictare sobreseimiento temporal conforme a las letras b) y c) del inciso primero, y el inciso segundo del artículo 252 del Código Procesal Penal;

2.° Se dictare sentencia absolutoria fundada en la falta de convicción a que se refiere el artículo 340 del Código Procesal Penal o sobreseimiento definitivo fundado en la letra b) del artículo 250 del mismo Código;

3.° Se dictare sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria fundados en la concurrencia de circunstancias eximentes de responsabilidad que no excluyen la ilicitud del hecho;

4.° Se dictare sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria fundados en haberse extinguido la responsabilidad penal o en haber sobrevenido un hecho que, con arreglo a la ley, pusiere fin a esa responsabilidad.

El comiso de ganancias sin condena previa será impuesto de conformidad al procedimiento especial previsto en el Título III bis del Libro Cuarto del Código Procesal Penal.

Art. 37 (42). Medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público. El Ministerio Público podrá solicitar al Juez competente las medidas que sean necesarias para asegurar activos patrimoniales con el fin de hacer el comiso de ganancias conforme a este Título.

Art. 38 (43). Medidas cautelares solicitadas por otras autoridades. El Consejo de Defensa del Estado y las autoridades del Estado facultadas por ley para denunciar la perpetración de un delito económico o querellarse contra sus responsables podrán también solicitar al Juez las medidas señaladas en el artículo 37.

Art. 39 (44). Proporcionalidad. En caso de recaer sobre bienes de una empresa, el comiso y las medidas a que se refiere el artículo 37 se harán efectivos de preferencia sobre aquellos cuya afectación no obstaculice sus actividades económicas.

Art. 40 (45). Prescripción. La acción para obtener el comiso de ganancias conforme a este Título prescribirá en el plazo de cuatro años contados desde que hubiere transcurrido el plazo de prescripción de la acción penal respectiva.

Art. 41 (46). Acción civil. La acción para obtener indemnización de perjuicios de la víctima de un delito económico, o de un hecho ilícito que corresponde a un delito económico, podrá ejercerse sobre los bienes decomisados conforme a este Título o el producto de su realización, siempre que existiere una relación directa entre el perjuicio irrogado y las ganancias obtenidas.

La acción antedicha prescribirá en cuatro años contados a partir de la fecha en que la resolución que impone el comiso quede ejecutoriada.

Art. 42 (47). Excepciones al ejercicio de la acción civil. Cualquiera sea el procedimiento en que se ejerza la acción en cuestión, se dará traslado al Consejo de Defensa del Estado, por un plazo de 30 días, prorrogable a su solicitud por otros 30 días hasta por dos veces.

El Consejo de Defensa del Estado podrá oponer la excepción de falta de relación directa entre perjuicio y ganancias, la excepción de ejecución negligente y la excepción de ejecución inadecuada.

Las excepciones de falta de relación directa entre perjuicio y ganancias y de ejecución negligente serán tramitadas como incidente de previo y especial pronunciamiento. Acogida la excepción no procederá lo dispuesto en el artículo precedente.

La oposición de la excepción de ejecución inadecuada se hará indicando otros bienes del demandado. Para este efecto, el Consejo de Defensa del Estado podrá solicitar las medidas precautorias conducentes a su aseguramiento, incluso antes de interponer la excepción, anunciándola. En este último caso las medidas quedarán sin efecto si el plazo venciere sin oposición de la excepción. Opuesta la excepción serán pagadas las indemnizaciones con los bienes identificados. De haber saldo insoluto, procederá lo dispuesto en el artículo precedente.

Para la identificación de los bienes del responsable el Ministerio Público, a solicitud del Consejo de Defensa del Estado, estará facultado para requerir la información pertinente del Servicio de Impuestos Internos y de la Comisión para el Mercado Financiero, así como de bancos, instituciones financieras, compañías de seguro y personas jurídicas sujetas a su fiscalización.

TÍTULO IV

MODIFICACIONES A OTROS CUERPOS LEGALES

Art. 43 (48). Modificaciones al Código Penal. Introdúcese las siguientes modificaciones al Código Penal:

1. Introdúcese el siguiente inciso segundo en su artículo 20:

“Tampoco se reputa pena el comiso de las ganancias provenientes del delito”.

2. Introdúcese el siguiente artículo 24 bis:

“Art. 24 bis. Toda sentencia condenatoria en materia criminal lleva consigo el comiso de las ganancias provenientes del delito. Por el comiso de ganancias se priva a una persona de activos patrimoniales cuyo valor corresponda a la cuantía de las ganancias obtenidas a través del delito, o bien para o por perpetrarlo, y se los transfiere al fisco.

Las ganancias obtenidas comprenden los frutos y las utilidades que se hubieren originado, cualquiera sea su naturaleza jurídica. Las ganancias comprenden también el equivalente a los costos evitados mediante el hecho ilícito.

En la determinación del valor de las ganancias no se descontarán los gastos que hubieren sido necesarios para perpetrar el delito y obtenerlas.

La acción para obtener el comiso de ganancias se sujetará a las reglas de la prescripción de la acción penal respectiva.

Si un mismo bien pudiere ser objeto de comiso conforme a este artículo y conforme al artículo 31, solo se aplicará lo dispuesto en este artículo.”.

3. Introdúcese el siguiente artículo 24 ter:

“Art. 24 ter. El comiso de ganancias será impuesto también respecto de una persona que no hubiere intervenido en la perpetración del hecho, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

1ª. Si esa persona hubiere adquirido la ganancia como heredero o asignatario testamentario, a cualquier título gratuito o sin título válido, a menos que la hubiere adquirido del mismo modo de un tercero que no se encontrare en la misma circunstancia ni en las circunstancias que siguen;

2ª. Si esa persona hubiere obtenido la ganancia mediante el hecho ilícito y los intervinientes en la perpetración del hecho hubieren actuado en su interés;

3ª. Si esa persona hubiere adquirido la ganancia sabiendo o debiendo saber de su procedencia ilícita al momento de la adquisición, y

4ª. Si se tratare de una persona jurídica que hubiere recibido la ganancia como aporte a su patrimonio.”

4. Sustitúyese su artículo 48 por el siguiente:

“ Art. 48. Si los bienes del condenado no fueren bastantes para cubrir las responsabilidades pecuniarias, se satisfarán éstas en el orden siguiente:

1.° El comiso de las ganancias provenientes del delito;

2.° Las multas;

3.° Las costas procesales y el resarcimiento de los gastos ocasionados por el juicio;

4.° La reparación del daño causado e indemnización de perjuicios, y

5.° Las costas personales.

Cuando por aplicación de lo dispuesto en el inciso anterior no fuere posible satisfacer la indemnización de perjuicios derivada del delito por falta de bienes realizables, el perjudicado podrá ejercer la acción civil sobre los bienes decomisados para efectos del número 1°, o el producto de su realización, siempre que existiere una relación directa entre el perjuicio irrogado y las ganancias obtenidas. El Estado podrá excepcionarse del pago demostrando la existencia de bienes realizables sobre los cuales pudiere hacerse efectiva la indemnización, o que ella no hubiere podido ser satisfecha por negligencia del perjudicado.

En caso de iniciarse un procedimiento concursal, estos créditos se graduarán considerándose la obligación de cumplir con el comiso como un crédito de la primera clase comprendido en el número 1 del artículo 2472 del Código Civil y los restantes como uno solo entre los que no gozan de preferencia. En este caso no se aplicará lo dispuesto en el inciso anterior.”.

5. En su artículo 60:

a. Sustitúyese el inciso cuarto por el siguiente:

“La misma regla señalada en el inciso anterior, se aplicará respecto a las cauciones que se hagan efectivas y del dinero o el producto de la enajenación en subasta pública de las especies decomisados conforme al artículo 31, la cual se deberá efectuar por la Dirección de Compras y Contratación Pública.”.

b. Intercálase en su inciso sexto, entre las expresiones “comisos” y “derivados”, las expresiones “de instrumentos o efectos”.

c. Introdúcese el siguiente nuevo inciso séptimo y final:

“Tratándose del comiso de ganancias provenientes del delito, serán transferidos al fisco tanto las sumas de dinero o derechos a sumas de dinero decomisados como los fondos obtenidos mediante la realización de los bienes decomisados.”

6. En su artículo 240;

a. Intercálase en su número 7°, entre las palabras “anónima” y “que”, la expresión “abierta o especial”

b. Sustitúyese en su inciso segundo la expresión “personas enumeradas en el inciso precedente” por la frase “personas mencionadas en los números 1 a 6 del inciso precedente”

c. Sustitúyese en su inciso tercero la expresión “alguna de las personas enumeradas en el inciso primero” por la frase “alguna de las personas mencionadas en los números 1 a 6 del inciso primero”.

d. Introdúcese el siguiente inciso cuarto nuevo:

“Tratándose de una sociedad anónima abierta o especial, las mismas penas referidas en el inciso primero se aplicarán al director o gerente que diere o dejare tomar interés a personas consideradas por la ley como partes relacionadas.

7. Introdúcese el siguiente nuevo inciso segundo en su artículo 247 bis:

“Con las mismas penas serán castigados los que, ejerciendo alguna de las profesiones que requieren título, obtuvieren un beneficio económico para sí o para un tercero haciendo uso de los secretos que por razón de su profesión se les hubiere confiado. Tratándose de un abogado, si el hecho perjudicare a su cliente, se impondrán además las penas privativas de derechos señaladas en el artículo 231.”

8. Sustitúyese el actual artículo 284 por los siguientes nuevos artículos 284 y 284 bis:

“Art. 284. Será castigado con presidio o reclusión menor en su grado medio el que sin el consentimiento de su legítimo poseedor revelare o consintiere que otra persona accediere a un secreto comercial que hubiere conocido:

1.° Bajo un deber de confidencialidad con ocasión del ejercicio de un cargo o una función pública o de una profesión cuyo título se encontrare legalmente reconocido y siempre que el deber de confidencialidad profesional estuviere fundado en la ley o un reglamento, o en las reglas que definen su correcto ejercicio;

2.° En razón o a consecuencia de una relación contractual o laboral con la empresa afectada o con otra que le haya prestado servicios;

3.° Por medio de una intromisión indebida.

El que sin el consentimiento de su legítimo poseedor se aprovechare económicamente de un secreto comercial que hubiere conocido en alguna de las circunstancias previstas en el inciso anterior o sabiendo que su conocimiento del secreto proviene de un hecho de los señalados en el inciso anterior será sancionado con presidio o reclusión menor en su grado máximo.

Sin perjuicio de las penas previstas en los dos incisos precedentes, cuando el delito se cometa con ocasión del ejercicio de una de las profesiones a que se refiere el N° 1 del inciso primero, se impondrá, además la suspensión en su grado mínimo a inhabilitación especial perpetua para el cargo o profesión.

No incurre en el delito previsto en este artículo el que habiendo conocido legítimamente un secreto comercial durante su relación contractual o laboral con una empresa con posterioridad al cese de dicha relación se aprovechare en el ejercicio de su profesión u oficio o en el desarrollo de una actividad económica de un secreto empresarial que hubiere pasado a ser parte inescindible de su bagaje profesional o laboral.

Para los efectos de este artículo y del artículo siguiente se entenderá por secreto comercial todo conocimiento de acceso restringido concerniente a la elaboración o comercialización de productos o a la prestación de servicios, así como a la organización o funcionamiento de la empresa, cuya revelación fuere idónea para perjudicar la posición de ésta en la competencia.

Art. 284 bis. El que sin el consentimiento de su legítimo poseedor accediere a un secreto comercial mediante intromisión indebida con el propósito de revelarlo o aprovecharse económicamente de él será castigado con presidio o reclusión menor en su grado medio.

Igual pena se impondrá al que sin el consentimiento de su legítimo poseedor reprodujere la fijación en cualquier formato de información constitutiva de un secreto empresarial con el propósito de revelarlo o aprovecharse económicamente de él.

Por intromisión en los términos de este artículo se entenderá:

1.° El ingreso a dependencias de la empresa o la captación visual o sonora mediante dispositivos técnicos de lo que tuviere lugar al interior de dependencias de la empresa, siempre que ello no fuere perceptible desde su exterior sin la utilización de dispositivos técnicos como los empleados en la captación o sin recurrir a escalamiento o a algún otro modo de vencimiento de un obstáculo a la percepción;

2.° La captación visual o sonora mediante dispositivos técnicos del contenido de la comunicación que dos o más personas mantuvieren, de la ejecución de una acción o del desarrollo de una situación por parte de una persona cuando los involucrados tuvieren una expectativa legítima de no estar siendo vistos, escuchados, filmados o grabados, manifestada en las circunstancias de la comunicación, la acción o la situación y que ésta concerniere a la empresa;

3.° El acceso a la información que se tuviere en cualquier soporte o medio de la empresa vulnerando mecanismos de resguardo que impidieren el libre acceso a ella.”.

9. Sustitúyense los actuales artículos 285 y 286 por los siguientes:

“Art. 285. El que por medios fraudulentos alterare el precio de bienes o servicios sufrirá las penas de presidio o reclusión menor en sus grados medio a máximo.”

Art. 286. Se impondrá la pena de presidio o reclusión menor en su grado máximo a presidio o reclusión mayor en su grado mínimo cuando el fraude expresado en el artículo anterior recayere sobre el precio de bienes o servicios de primera necesidad o de consumo masivo.”.

10. En sus artículos 287 bis y 287 ter sustitúyese las expresiones “empleado o mandatario” por las expresiones “director, administrador, mandatario o empleado de una empresa”.

11. En el Título Sexto de su Libro Segundo sustituye su Párrafo XIII por el siguiente:

Ҥ XIII.

Atentados contra el medio ambiente

Art. 305. Será sancionado con presidio o reclusión menor en sus grados mínimo a medio el que sin haber sometido su actividad a una evaluación de impacto ambiental estando obligado a ello, o sin haber obtenido la debida autorización:

1º Vertiere sustancias contaminantes en aguas marítimas o continentales;

2º Extrajere aguas continentales, sean superficiales o subterráneas, o aguas marítimas;

3º Vertiere o depositare sustancias contaminantes en el suelo o subsuelo, continental o marítimo;

4º Extrajere componentes del suelo o subsuelo;

5º Liberare sustancias contaminantes al aire.

La pena será de presidio o reclusión menor en sus grados medio a máximo si el infractor perpetrare el hecho estando obligado a someter su actividad a un estudio de impacto ambiental.

Lo dispuesto en el número 5º no será aplicable respecto de las emisiones provenientes de vehículos sujetos a inscripción en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados y de sistemas de calefacción o refrigeración domésticos.

Art. 305 bis.- Para efectos de lo dispuesto en el artículo anterior cuenta con la autorización correspondiente quien la tiene al momento del hecho, aun cuando ella sea posteriormente declarada inválida.

No vale como autorización, ni aun al momento del hecho, la que hubiere sido obtenida mediante engaño, coacción o cohecho.

Art. 306. Las penas señaladas en el inciso primero del artículo anterior serán aplicables al que, contando con autorización para verter, liberar o extraer cualquiera de las sustancias o elementos mencionados en los números 1° a 5° del artículo 305, incurriere en cualquiera de los hechos allí previstos, contraviniendo una norma de emisión o de calidad ambiental, incumpliendo las medidas establecidas en un plan de prevención, de descontaminación o de manejo ambiental, incumpliendo una resolución de calificación ambiental, o cualquier condición asociada al otorgamiento de la autorización, y siempre que el infractor:

1° estuviere impedido de presentar un programa de cumplimiento de la normativa ambiental en procedimiento sancionatorio administrativo relativo al hecho por haber sido sancionado anteriormente o por haber presentado anteriormente un programa de cumplimiento de la normativa ambiental en otro procedimiento; o bien,

2° hubiere sido sancionado administrativamente por más de una infracción grave a la normativa ambiental cometidas dentro de los tres años anteriores al hecho en relación con una misma unidad sometida a control de la autoridad.

Art. 307. Las penas señaladas en el inciso primero del artículo 305 serán también aplicables al que, contando con autorización para extraer aguas continentales, superficiales o subterráneas, las extrajere infringiendo las reglas de su distribución y aprovechamiento en cualquiera de las siguientes circunstancias:

1° habiéndose establecido la reducción temporal del ejercicio de esos derechos de aprovechamiento;

2° en una zona que hubiere sido declarada zona de prohibición para nuevas explotaciones acuíferas, hubiere sido decretada área de restricción del sector hidrogeológico, se hubiere declarado a su respecto el agotamiento de las fuentes naturales de aguas o se la hubiere declarado zona de escasez.

Art. 308. El que, vertiendo, depositando o liberando sustancias contaminantes, o extrayendo aguas o componentes del suelo o subsuelo, afectare gravemente las aguas marítimas o continentales, superficiales o subterráneas, el suelo o el subsuelo, fuere continental o marítimo, o el aire, o bien la salud animal o vegetal, la existencia de recursos hídricos o el abastecimiento de agua potable, será sancionado:

1° con la pena de presidio o reclusión mayor en su grado mínimo, si la afectación grave fuere perpetrada vertiendo, liberando o extrayendo sustancias de la manera prevista en el artículo 305 o, en su caso, concurriendo las circunstancias previstas en los artículos 306 o 307.

2° con la pena de presidio o reclusión menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo en los demás casos.

Art. 309. El que por imprudencia temeraria o por mera imprudencia o negligencia con infracción de los reglamentos incurriere en los hechos señalados en el artículo anterior será sancionado:

1° con la pena de presidio o reclusión menor en su grado máximo, si la afectación grave fuere perpetrada vertiendo, liberando o extrayendo sustancias de la manera prevista en el artículo 305 o, en su caso, concurriendo las circunstancias previstas en los artículos 306 o 307.

2° con la pena con la pena de presidio o reclusión menor en cualquiera de sus grados en los demás casos.

Art. 310. El que afectare gravemente uno o más de los componentes ambientales de un parque nacional, una reserva nacional, un monumento natural, una reserva de zona virgen, un santuario de la naturaleza, un parque marino, una reserva marina, un humedal urbano o de cualquiera otra área colocada bajo protección oficial, será sancionado con presidio o reclusión mayor en su grado mínimo.

La misma pena se impondrá al que infringiendo una resolución de calificación ambiental o sin haber sometido su actividad a una evaluación de impacto ambiental estando obligado a ello afectare gravemente un glaciar.

Si cualquiera de los hechos señalados en los dos incisos anteriores fuere perpetrado por imprudencia temeraria o por mera imprudencia o negligencia con infracción de los reglamentos la pena será de presidio o reclusión menor en su grado máximo.

Art. 310 bis. Para los efectos de los tres artículos precedentes se entenderá por afectación grave de uno o más componentes ambientales el cambio adverso y mensurable producido en alguno de ellos siempre que consistiere en alguna de las siguientes circunstancias:

1º. Tener una extensión espacial de relevancia, según las características ecológicas o geográficas de la zona afectada;

2º. Tener efectos prolongados en el tiempo;

3º Ser irreparable o difícilmente reparable;

4º. Alcanzar a un conjunto significativo de especies según las características de la zona afectada;

5º. Incidir en especies categorizadas como extintas, extintas en grado silvestre, en peligro crítico o en peligro o vulnerable;

6º. Poner en peligro la salud de una o más personas.

7° afectar significativamente los servicios o funciones ecosistémicos del elemento o componente ambiental.

Tratándose de los hechos previstos en el inciso primero del artículo 308 y en los incisos primero y segundo del artículo 310, si la afectación grave causare un daño irreversible a un ecosistema, se impondrá el máximum de las penas a ellos señaladas.

Art. 310 ter. Además de las penas señaladas en las disposiciones de este párrafo, el tribunal impondrá la pena de multa:

1° De ciento veinte a sesenta mil unidades tributarias mensuales, si la pena señalada fuere inferior a la de presidio o reclusión menor en su grado máximo;

2° De veinticuatro mil a ciento veinte mil unidades tributarias mensuales, si la pena señalada fuere igual o superior a la de presidio o reclusión menor en su grado máximo.

El monto de la pena de multa pagada será abonado a la sanción multa no constitutiva de pena que le fuere impuesta por el mismo hecho. Si el condenado hubiere pagado una multa no constitutiva de pena por el mismo hecho, el monto pagado será abonado a la pena de multa impuesta.

Art. 311. Tratándose de los hechos previstos en los artículos 305, 306 o 307 la pena solo será la multa de ciento veinte a doce mil unidades tributarias mensuales cuando:

1° La cantidad vertida, liberada o extraída en exceso no superare en forma significativa el límite permitido o autorizado, atendidas las características de la sustancia y la condición del medio ambiente que pudieren verse afectados por el exceso;

2° La infracción se hubiere prolongado solo por un breve lapso, atendidas las características de la sustancia y la condición del medio ambiente que pudieren verse afectados por su vertimiento, liberación o extracción, y

3° El infractor hubiere obrado con diligencia para restablecer las emisiones o extracciones al valor permitido o autorizado y para evitar las consecuencias dañinas del hecho.

El tribunal podrá imponer una multa inferior a la señalada, desde una unidad tributaria mensual, cuando el hecho fuere perpetrado extrayendo aguas continentales, superficiales o subterráneas, se cumpliere la condición señalada en el número 1° precedente y la extracción hubiere estado destinada a las bebidas y usos domésticos.

Art. 311 bis. Tratándose de los hechos previstos en el artículo 310, el tribunal impondrá al condenado como pena accesoria la prohibición perpetua de ingresar a áreas protegidas por el Estado. Esta prohibición impide al condenado ingresar a cualquiera de las áreas naturales que se encuentran bajo protección oficial, mencionadas en dicho artículo.

También le impide acercarse a menos de dos kilómetros del límite de tales áreas. El tribunal podrá reducir esa distancia en consideración a las condiciones de habitación y trabajo del condenado.

La prohibición será impuesta por igual a todas las personas responsables del delito consumado o frustrado, o de su tentativa.

Art. 311 ter. Fuera de los casos señalados en el artículo 310 el tribunal podrá apreciar la concurrencia de una atenuante muy calificada conforme al artículo 68 bis cuando el hechor reparare el daño ambiental causado por el hecho.

Art. 311 quáter. Las penas previstas en las disposiciones de este párrafo para los atentados contra el medio ambiente perpetrados extrayendo aguas continentales, superficiales o subterráneas, serán impuestas sin perjuicio de la aplicación de las penas que correspondan por el delito de usurpación.

Art. 311 quinquies. Cuando la persona obligada por las normas ambientales, o el infractor a que se refieren las disposiciones de este párrafo, fuere una persona jurídica, se entenderá que esa calidad concurre respecto de quienes hubieren intervenido por ella en el hecho punible.

Art. 312. Si con ocasión de la investigación o el juicio por los hechos previstos en las disposiciones del presente párrafo el tribunal impusiere al imputado o condenado condiciones destinadas a evitar o reparar el daño ambiental, oficiará a la autoridad reguladora pertinente para la fiscalización de su cumplimiento. La autoridad estará facultada para ejercer todas sus competencias fiscalizadoras y quedará obligada a informar al tribunal.”.

12. Sustitúyese su actual artículo 438 por el siguiente:

“Art. 438. El que para obtener un provecho patrimonial para sí o para un tercero constriñere a otro con violencia o intimidación a suscribir, otorgar o entregar un instrumento público o privado que importe una obligación estimable en dinero, o a ejecutar, omitir o tolerar cualquier otra acción que importare una disposición patrimonial en perjuicio suyo o de un tercero, será castigado con las penas respectivamente señaladas en este párrafo para el culpable de robo.”.

13. Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 459:

a) En el encabezamiento sustitúyense las expresiones “presidio menor en sus grados mínimo a medio” por las expresiones “presidio menor en su grado medio a máximo”.

b) Agréguese el siguiente inciso final, nuevo:

“Las sanciones establecidas en este artículo no se aplicarán a quienes hagan uso del agua para consumo personal o familiar en los términos del artículo 56 del Código de Aguas.”.

14. Sustitúyese su actual artículo 463 por el siguiente:

“Art. 463. El que dentro de los dos años anteriores a la resolución de liquidación a que se refiere el Capítulo IV de la Ley de Reorganización y Liquidación de Activos de Empresas y Personas, conociendo el mal estado de sus negocios, ejecutare actos o contratos que disminuyan su activo o aumenten su pasivo de un modo manifiestamente contrario a las exigencias de una administración racional del patrimonio, será castigado con la pena de presidio menor en cualquiera de sus grados.”.

15. Sustitúyese su actual artículo 463 bis por el siguiente:

“Art. 463 bis. Será castigado con la pena de presidio menor en su grado medio a presidio mayor en su grado mínimo, el deudor que realizare alguna de las siguientes conductas:

1.° Si dentro de los dos años anteriores a la resolución de reorganización o liquidación favoreciere a uno o más acreedores en desmedro de otro pagando deudas que no fueren actualmente exigibles u otorgando garantías para deudas contraídas previamente sin garantía;

2º. Si después de la resolución de liquidación percibiere, se apropiare o distrajere bienes que deban ser objeto del procedimiento concursal de liquidación;

3º. Si después de la resolución de liquidación, realizare actos de disposición de bienes de su patrimonio, reales o simulados, o si constituyere prenda, hipoteca u otro gravamen sobre los mismos; o

4º. Si dentro de los dos años anteriores a la resolución de liquidación o reorganización, o con posterioridad a esa resolución, ocultare total o parcialmente sus bienes o sus haberes.”.

16. Sustitúyese su actual artículo 464 por el siguiente:

“Art. 464. Será castigado con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y con la sanción accesoria de inhabilidad especial perpetua para ejercer el cargo, el veedor o liquidador designado en un procedimiento concursal de reorganización o liquidación, que perpetrare cualquiera de los hechos previstos en los números 1 u 11 del artículo 470.”.

17. Derógase su artículo 464 bis.

18. Sustitúyese el actual inciso segundo de su artículo 464 ter por el siguiente:

“Del mismo modo será castigado el que sin tener la calidad antedicha perpetrare alguno de los hechos señalados en el inciso anterior actuando con el consentimiento de quien tiene esa calidad o en su beneficio.”.

19. Sustitúyese su actual artículo 467 por el siguiente:

“Art. 467. El que para obtener un provecho patrimonial para sí o para un tercero mediante engaño provocare en otro un error, o lo mantuviere en un error, que lo indujere a ejecutar, omitir o tolerar una acción que importare una disposición patrimonial en perjuicio suyo o de un tercero será sancionado:

1.° Con presidio menor en su grado máximo y multa de veintiuna a trescientas unidades tributarias mensuales, si el perjuicio excediere de cuatrocientas unidades tributarias mensuales y no pasare de cuarenta mil;

2.° Con presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de once a quince unidades tributarias mensuales, si excediere de cuarenta unidades tributarias mensuales y no pasare de cuatrocientas;

3.º. Con presidio menor en su grado medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales, si excediere de cuatro unidades tributarias mensuales y no pasare de cuarenta;

4.º. Con presidio menor en su grado mínimo y multa de cinco unidades tributarias mensuales, si excediere de una unidad tributaria mensual y no pasare de cuatro.

Si el perjuicio excediere de cuarenta mil unidades tributarias mensuales, se aplicará la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y multa de trescientas a quinientas unidades tributarias mensuales.

20.En su artículo 468:

a. Sustitúyese la expresión “en las penas del” por la expresión “en el delito previsto en el ”.

b. Introdúcense los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto nuevos:

“Las penas del artículo anterior serán aplicadas también al que para obtener un provecho para sí o para un tercero irrogare perjuicio patrimonial a otra persona:

1º. Manipulando los datos contenidos en un sistema informático o el resultado del procesamiento informático de datos a través de una intromisión indebida en la operación de éste;

2º. Utilizando sin la autorización del titular una o más claves confidenciales que habilitaren el acceso u operación de un sistema informático, o

3º. Haciendo uso no autorizado de una tarjeta de pago ajena o de los datos codificados en una tarjeta de pago que la identificaren y habilitaren como medio de pago.

Sin perjuicio de las penas que correspondan conforme al inciso anterior, sufrirá la pena de presidio menor en su grado medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales el que obtenga indebidamente los datos codificados en una tarjeta de pago que la identificaren y habilitaren como medio de pago. La misma pena sufrirá el que los adquiera o ponga a disposición de otro a cualquier título.

En la investigación de los delitos previstos en este artículo será aplicable lo dispuesto en el artículo 8° de la ley N° 20.009.”.

21. Intercálase en el párrafo tercero del número 11 de su artículo 470, entre la coma (“,”) que sigue a la expresión “especial” y la expresión “el administrador”, la frase “u otro patrimonio administrado por esa sociedad,”.

22. Introdúcese el siguiente inciso segundo nuevo en su artículo 472, pasando a ser los actuales incisos segundo, tercero y cuarto, sus nuevos incisos tercero, cuarto y quinto:

“Se impondrá el grado máximo de la pena establecida en el inciso anterior, cuando la conducta que allí se sanciona se realice simulando, de cualquier forma, que se suministran los valores a un interés permitido por la ley.”

23.Introdúcese a continuación del artículo 472, en el Párrafo 8 del Título IX de su Libro Segundo, los siguientes nuevos artículos 472 bis y 472 ter:

“Art. 472 bis. El que con abuso grave de una situación de necesidad, de la inexperiencia o de la incapacidad de discernimiento de otra persona, le pagare un salario manifiestamente desproporcionado e inferior al mínimo previsto por la ley o le diere en arrendamiento un inmueble como morada recibiendo una contraprestación manifiestamente desproporcionada, será castigado con la pena de presidio o reclusión menor en cualquiera de sus grados.

Art. 472 ter. En los casos en que alguno de los hechos previstos en este párrafo irrogare un perjuicio que excediere de ochenta mil unidades tributarias mensuales o afectare a un número considerable de personas, se podrá imponer la pena superior en un grado a la señalada por la ley.”.

Art. 44 (49). Modificaciones al Código Procesal Penal. Introdúcese las siguientes modificaciones en el Código Procesal Penal:

1.Introdúcese en su artículo 157 el siguiente nuevo inciso tercero:

“El Ministerio Público deberá solicitar las medidas cautelares que correspondan para asegurar bienes suficientes a fin de hacer efectivo el comiso de las ganancias provenientes del delito. Para estos efectos, el Juez podrá ordenar mantener congeladas las cuentas en bancos o los fondos generales administrados por terceros. Para estos efectos, no se requerirá que concurra la circunstancia segunda del artículo 279 del Código de Procedimiento Civil.”.

2. Introdúcese el siguiente nuevo artículo 157 bis:

“Art. 157 bis. Concesión de medidas sin audiencia del afectado. Las medidas solicitadas para asegurar bienes sobre los cuales hacer efectivo el comiso de ganancias podrán ser decretadas sin audiencia del afectado.

Si se procediere de este modo, el Juez deberá fijar un plazo no inferior a 30 días ni superior a 120 días para que el Ministerio Público formalice la investigación respectiva. Transcurrido este plazo sin que se produzca la formalización, o sin que el Ministerio Público solicite la mantención de la medida con ocasión de la formalización, la medida quedará sin efecto.”

3.Introdúcense en su artículo 259 las siguientes modificaciones:

a) Intercálase el siguiente inciso tercero, pasando el actual a ser cuarto:

“Si el fiscal solicitare la aplicación del comiso de ganancias deberá indicar su monto y expresar con claridad y precisión los fundamentos de su solicitud, señalando los medios de prueba de que pensare valerse y dando, en su caso, cumplimiento a lo dispuesto en el inciso precedente.”

b) Introdúcese en el inciso final a continuación del punto aparte (.) que pasa a ser punto y seguido (.) la siguiente frase: “Con todo, en la acusación podrá solicitarse el comiso de ganancias respecto de terceros en los casos previstos por la ley.”.

4. Introdúcese en el inciso tercero de su artículo 348, a continuación de su punto final, que pasa a ser punto seguido, la siguiente oración: “En cuanto al comiso de las ganancias del delito, si éstas ascendieran a un monto superior a 400 Unidades Tributarias Mensuales, se estará a lo dispuesto en el artículo siguiente. De lo contrario, el tribunal lo impondrá en la misma sentencia condenatoria si fuere procedente.”.

5. Introdúcese el siguiente nuevo artículo 348 bis:

“Art. 348 bis.- Comiso de ganancias. En caso de haberse solicitado la aplicación del comiso de ganancias por un monto superior a 400 Unidades Tributarias Mensuales, o si la aplicación del comiso afectare a terceros, en la sentencia condenatoria se citará a una audiencia especial.

Si el comiso sólo afectare personas que hubieren sido condenadas, la audiencia tendrá lugar dentro de décimo día a contar de la fecha de la sentencia. Si el comiso afectare a terceros, la audiencia no podrá tener lugar antes de treinta ni después de sesenta días contados desde la fecha de la notificación de la sentencia a los afectados.

La resolución y la audiencia respectiva se sujetarán a lo dispuesto en los artículos 415 quáter, quinquies y sexies.

El tribunal pronunciará su decisión de imposición del comiso o rechazo de la solicitud, y en el primer caso determinará el monto por el cual se lo impone. De haber bienes asegurados para hacerlo efectivo, los identificará y el tribunal pronunciará su decisión.”

6. Introdúcese en su artículo 391 el siguiente nuevo inciso segundo:

“Si el fiscal solicitare la aplicación del comiso de ganancias deberá indicar su monto y expresar con claridad y precisión los fundamentos de su solicitud, exponiendo de los antecedentes o elementos en los que ella se basa.”

7. Introdúcese en su artículo 396 el siguiente nuevo inciso final:

“Si se hubiere solicitado el comiso de ganancias en el requerimiento por un monto igual o inferior a 400 Unidades Tributarias Mensuales, el juez se pronunciará acerca de su procedencia en la sentencia. Si el monto fuere superior o si el comiso afectare a terceros, se estará a lo dispuesto en el artículo 348 bis.”

8. Introdúcese en su artículo 411 el siguiente inciso segundo:

“Si el fiscal solicitare la aplicación del comiso de ganancias deberá indicar su monto y expresar con claridad y precisión los fundamentos de su solicitud.”

9. Introdúcese en su artículo 413 el siguiente inciso final:

“Si el fiscal hubiere solicitado el comiso de ganancias por un monto igual o inferior a 400 Unidades Tributarias Mensuales, el juez se pronunciará acerca de su procedencia en la sentencia. Si el monto fuere superior o si el comiso afectare a terceros, se estará a lo dispuesto en el artículo 348 bis.”

10. Introdúcese en el Libro Cuarto del Código Procesal Penal el siguiente Título III bis

“Título III bis. Procedimiento relativo a la imposición de comiso sin condena previa

Art. 415 bis. Ámbito de aplicación. Las reglas del presente título son aplicables en los casos en que la ley dispone el comiso de bienes o activos obtenidos a través de un hecho ilícito que corresponde a un delito sin sujetar su procedencia a la dictación de una sentencia condenatoria relativa al hecho.

En esos casos, la resolución que ponga término a la investigación o juicio respectivos no obstará a la competencia del tribunal para conocer de este procedimiento.

Art. 415 ter. Citación. Habiéndose incautado bienes o asegurado conforme al artículo 157 para hacer efectivo el comiso, en la última resolución que recaiga sobre la respectiva investigación o el juicio, poniéndole término temporal o definitivo, el tribunal, a petición del Ministerio Público, citará a audiencia especial de comiso, que no podrá tener lugar antes de treinta ni después de sesenta días contados desde la fecha de la resolución.

Art. 415 quáter. Preparación. La resolución ordenará que las partes comparezcan a la audiencia, con todos sus medios de prueba. Si alguna de ellas requiriere de la citación de testigos o peritos por medio del tribunal deberá formular la respectiva solicitud con una anticipación no inferior a cinco días a la fecha de la audiencia.

La resolución será notificada a todas las personas que conforme a la ley podrían ser afectadas en su propiedad o patrimonio por la imposición del comiso, con a lo menos quince días de anticipación a la fecha de la audiencia.

Art. 415 quinquies. Audiencia y prueba. La audiencia comenzará dándose lectura a la solicitud de aplicación del comiso formulada por el Ministerio Público. En seguida se oirá a los comparecientes y se recibirá la prueba.

La prueba de los hechos de los que depende la procedencia del comiso, incluido su monto, será producida conforme a lo dispuesto en el artículo 295 y apreciada conforme a lo dispuesto en el artículo 297. El tribunal formará su convicción sobre la base de la prueba preponderante producida durante la audiencia.

Art. 415 sexies. Suspensión de la audiencia. La audiencia no podrá suspenderse, ni aun por falta de comparecencia de alguna de las partes o por no haberse rendido prueba en la misma. Sin embargo, si faltare una prueba anunciada por las partes que el tribunal considerare indispensable para la adecuada resolución de la causa, dispondrá lo necesario para asegurar su producción. La suspensión no podrá en caso alguno exceder de cinco días.

Art 415 septies. Contenido de la sentencia. La sentencia en el procedimiento de comiso sin condena previa contendrá:

a) La mención del tribunal, la fecha de su dictación y la identificación de los intervinientes;

b) La enunciación de la solicitud del Ministerio Público y de las defensas de los afectados, y sus fundamentos respectivos;

c) El análisis somero de la prueba producida;

d) Las razones de hecho y de derecho, que sirven de fundamento al fallo, en particular las que se refieren a la existencia del hecho ilícito del que proceden las ganancias, y

e) La decisión del asunto, imponiendo el comiso o denegándolo, y en el primer caso determinando el monto por el cual se lo impone.

Art. 415 octies. Recursos. Si la sentencia que impone o deniega el comiso de ganancias fuere dictada por un tribunal oral en lo penal, procederá en su contra el recurso de nulidad y el recurso de apelación del monto del comiso. En caso de interponerse ambos, el requirente deberá apelar en subsidio del recurso de nulidad.

El recurso de nulidad procederá por cualquiera de las causales previstas en los artículos 373 y 374 y deberá interponerse dentro de los diez días siguientes a la notificación de la sentencia que impone o deniega el comiso de ganancias. Su interposición y tramitación tendrá lugar de acuerdo con lo previsto en el Título Cuarto del Libro Tercero. El tribunal que conozca del recurso podrá decretar la nulidad de la audiencia prevista en el artículo 348 bis o, de tratarse exclusivamente de un error de derecho, anulará la sentencia y dictará sentencia de reemplazo.

Tratándose de una sentencia dictada por un juez de garantía, el recurso de apelación deberá interponerse dentro de los diez días siguientes a la notificación de la sentencia que impone o deniega el comiso de ganancias. El tribunal que conozca del recurso podrá, en ese caso, revocar la decisión que concede o deniega el comiso de ganancias y dictar sentencia de reemplazo, o podrá modificar el monto fijado por el tribunal a quo.”

Art. 415 nonies. Ejecución. Una vez ejecutoriada la sentencia que impone el comiso ella será ejecutada conforme a lo dispuesto en el artículo 469 bis.”.

11. Introdúcese el siguiente artículo 469 bis.

“Art. 469 bis. Ejecución del comiso de ganancias. Toda sentencia que imponga el comiso de las ganancias provenientes del delito será ejecutada como decisión civil dictada por un tribunal con competencia en lo penal.

En caso de que los bienes decomisados sean dinero o derechos a sumas de dinero, se los transferirá al fisco. Los fondos obtenidos mediante la realización de los bienes decomisados también serán transferidos al fisco.

El comiso de inmuebles o de bienes de propiedad registral conlleva la facultad de realizar aquellas inscripciones necesarias para ejecutar eficazmente el bien decomisado.”.

Art. 45 (50). Modificaciones al Código Orgánico de Tribunales. Introdúcese las siguientes modificaciones al artículo 171 del Código Orgánico de Tribunales:

1. Sustitúyese el inciso primero por el siguiente:

“La acción civil que tuviere por objeto la restitución de la cosa y la que tuviere por objeto la imposición del comiso de las ganancias provenientes del delito o, en los casos en que la ley lo disponga aun sin sentencia condenatoria, del hecho ilícito que corresponde al delito, deberán interponerse siempre ante el tribunal que conozca las gestiones relacionadas con el respectivo procedimiento penal.”.

2. Sustitúyese el inciso cuarto y final por el siguiente:

“El tribunal civil mencionado en el inciso anterior será competente para conocer de la ejecución de la decisión civil de las sentencias definitivas dictadas por los jueces con competencia penal, así como de la sentencia que imponga el comiso de las ganancias provenientes del hecho ilícito que corresponde al delito.”.

Art. 46 (51). Modificaciones a la Ley N° 20.393. Introdúcese las siguientes modificaciones en la Ley N° 20.393, que Establece la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en los Delitos que Indica:

1. Sustitúyese su artículo 1° por el siguiente:

“Artículo 1.° Contenido de la ley. La presente ley regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas por los delitos señalados en el inciso siguiente, el procedimiento para la investigación y establecimiento de dicha responsabilidad penal, la determinación de las sanciones procedentes y la ejecución de éstas.

Los delitos por los cuales la persona jurídica responde penalmente conforme a la presente ley son los siguientes:

1.° Los delitos a que se refieren los artículos 1°, 2°, 3°y 4° de la Ley de Delitos Económicos, sean o no considerados como delitos económicos por esa ley;

2.° El previsto en el artículo 8° de la ley N° 18.314 que Tipifica Conductas Terroristas;

En lo no previsto por esta ley serán aplicables, supletoriamente, las disposiciones contenidas en el Libro I del Código Penal y en el Código Procesal Penal, en lo que resultare pertinente.

Para los efectos de esta ley, no será aplicable lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 58 del Código Procesal Penal.”.

2. Sustitúyese su artículo 2° por el siguiente:

“Artículo 2.° Ámbito de aplicación personal. Serán penalmente responsables en los términos de esta ley las personas jurídicas de derecho privado, las empresas públicas creadas por ley, las empresas, sociedades y universidades del Estado, los partidos políticos y las personas jurídicas religiosas de derecho público.”.

3. Sustitúyese su artículo 3° por el siguiente:

“Artículo 3.° Presupuestos de la responsabilidad penal. Una persona jurídica será penalmente responsable por cualquiera de los delitos señalados en el artículo 1° perpetrado por o con la intervención de alguna persona natural que ocupare un cargo, función o posición en ella, o le prestare servicios gestionando asuntos suyos ante terceros, con o sin su representación, siempre que la perpetración del hecho se hubiere visto favorecida o facilitada por la falta de implementación efectiva, por parte de la persona jurídica, de un modelo adecuado de prevención de tales delitos.

Dados los demás requisitos previstos en el inciso anterior, una persona jurídica también será responsable por el hecho perpetrado por o con la intervención de una persona natural relacionada en los términos previstos por dicho inciso con una persona jurídica distinta, siempre que ésta le prestare servicios gestionando asuntos suyos ante terceros, con o sin su representación, o careciere de autonomía operativa a su respecto, cuando entre ellas existieren relaciones de propiedad o participación.

Lo dispuesto en este artículo no tendrá aplicación cuando el hecho punible se perpetrare exclusivamente en contra de la propia persona jurídica.”.

4. Sustitúyese su artículo 4° por el siguiente:

“Artículo 4.° Modelo de prevención de delitos. Se entenderá que un modelo de prevención de delitos efectivamente implementado por la persona jurídica es adecuado cuando, en la medida exigible a su objeto social, giro, tamaño, complejidad, recursos y a las actividades que desarrolle, considere seria y razonablemente los siguientes aspectos:

1º. Identificación de las actividades o procesos de la persona jurídica que impliquen riesgo de conducta delictiva;

2º.Establecimiento de protocolos y procedimientos para prevenir y detectar conductas delictivas en el contexto de las actividades a que se refiere el número anterior, los que deben considerar necesariamente canales seguros de denuncia; deben considerar también sanciones internas para el caso de incumplimiento.

Estos protocolos y procedimientos, incluyendo las sanciones internas deberán comunicarse a todos los trabajadores. Esta normativa interna deberá ser incorporada expresamente en los respectivos contratos de trabajo y de prestación de servicios de todos los trabajadores, empleados y prestadores de servicios de la persona jurídica, incluidos los máximos ejecutivos de la misma.

3º. Asignación de uno o más sujetos responsables, con la adecuada independencia, por la aplicación de dichos protocolos, dotados de facultades efectivas de dirección y supervisión y acceso directo a la administración de la persona jurídica para informarla oportunamente de las medidas y planes implementados en el cumplimiento de su cometido, para rendir cuenta de su gestión y para requerir la adopción de medidas necesarias para su cometido que pudieran ir más allá de su competencia. La persona jurídica deberá proveer al o a los responsables de los recursos y medios materiales e inmateriales necesarios para realizar adecuadamente sus labores, en consideración al tamaño y capacidad económica de la persona jurídica.”.

5. Sustitúyese su artículo 5° por el siguiente:

“Artículo 5.° Autonomía de la responsabilidad penal de la persona jurídica. No obstará a la responsabilidad penal de una persona jurídica la falta de declaración de responsabilidad penal de la persona natural que hubiere perpetrado el hecho o intervenido en su perpetración, sea porque ésta, a pesar de la ilicitud del hecho, no hubiere sido penalmente responsable, sea porque tal responsabilidad se hubiere extinguido, sea porque no se hubiere podido continuar el procedimiento en su contra no obstante la punibilidad del hecho.

Asimismo, no obstará a la responsabilidad penal de la persona jurídica la falta de identificación de la o las personas naturales que hubieren perpetrado el hecho o intervenido en su perpetración, siempre que constare que el hecho no pudo sino haber sido perpetrado por o con la intervención de alguna de las personas y en las circunstancias señaladas en el artículo 3°.”.

6. Reemplázase en su artículo 6° el numeral 3) por el siguiente:

“3) La adopción por parte de la persona jurídica, antes de la formalización de la investigación, de medidas eficaces para prevenir la reiteración de la misma clase de delitos objeto de la investigación. Se entenderá por medidas eficaces la autonomía debidamente acreditada del encargado de prevención de delitos, así como también, de las medidas de prevención y supervisión implementadas que sean idóneas en relación a la situación, tamaño, giro, nivel de ingresos y complejidad de la estructura organizacional de la persona jurídica.”.

7. Sustitúyese su artículo 7° por el siguiente:

“Artículo 7.° Circunstancias agravantes. Constituyen circunstancias agravantes de la responsabilidad penal de la persona jurídica:

1.° La de haber sido condenada dentro de los diez años anteriores contados desde la perpetración del hecho;

2.° Las que afectaren a la persona natural que hubiere perpetrado o intervenido en el hecho, cuando la perpetración del hecho o su intervención en él bajo esas circunstancias también se hubiere visto favorecida o facilitada por la falta de implementación efectiva de un modelo adecuado de prevención de delitos.”.

8. Sustitúyese su artículo 8° por el siguiente:

“Artículo 8°. Penas. Serán aplicables a la persona jurídica una o más de las siguientes penas:

1.° La extinción de la persona jurídica.

2.° La inhabilitación para contratar con el Estado.

3.° La pérdida de beneficios fiscales y prohibición de recibirlos.

4.° La supervisión de la persona jurídica.

5°. La multa.

6º. La publicación de un extracto de la sentencia condenatoria.”.

9. Sustitúyese su artículo 9° por el siguiente:

“Artículo 9°. Extinción de la persona jurídica. Por la pena de extinción de la persona jurídica se dispone la pérdida definitiva de la personalidad jurídica. Para su imposición el tribunal tendrá especialmente en cuenta el peligro de reiteración delictiva que representare el funcionamiento de la persona jurídica.

Esta pena sólo se podrá imponer tratándose de crímenes, si concurriere la circunstancia agravante establecida en el número 1º del artículo 7° o en caso de reiteración delictiva.

La pena de extinción de la persona jurídica no se aplicará a las empresas públicas creadas por ley ni a las personas jurídicas que prestaren un servicio de utilidad pública cuya interrupción pudiere causar graves consecuencias sociales y económicas o daños serios a la comunidad o fuere perjudicial para el Estado.”.

10. Sustitúyese su artículo 10 por el siguiente:

“Art. 10. Inhabilitación para contratar con el Estado. El tribunal podrá imponer a la persona jurídica la inhabilitación para contratar con el Estado, conforme a las reglas del párrafo 5 del Título II de la Ley de Delitos Económicos.

La inhabilitación perpetua para contratar con el Estado solo podrá ser impuesta respecto de crímenes, si concurriere la circunstancia agravante prevista en el número 1º del artículo 7° o en caso de reiteración delictiva.”.

11. Sustitúyese su artículo 11 por el siguiente:

“Artículo 11. Pérdida de beneficios fiscales y prohibición de recibirlos. Por la pena de pérdida de beneficios fiscales se impone la pérdida de todos los subsidios, créditos fiscales u otros beneficios otorgados por el Estado sin prestación recíproca de bienes o servicios y, en especial, los subsidios para financiamiento de actividades específicas o programas especiales y gastos inherentes o asociados a la realización de éstos, sea que tales recursos se asignen a través de fondos concursables o en virtud de leyes permanentes o subsidios, subvenciones en áreas especiales o contraprestaciones establecidas en estatutos especiales y otras de similar naturaleza, así como la prohibición de recibir tales beneficios por un período de 1 a 5 años.

Si la persona jurídica no recibiere tales beneficios fiscales al tiempo de la condena, se le impondrá la prohibición de recibirlos, por el mismo período.”.

12.Introdúcese el siguiente nuevo artículo 11 bis:

“Artículo 11 bis. Supervisión de la persona jurídica. El tribunal podrá imponer a la persona jurídica la supervisión si debido a la inexistencia o grave insuficiencia de un sistema efectivo de prevención de delitos ello resultare necesario para prevenir la perpetración de nuevos delitos en su seno.

La supervisión de la persona jurídica consiste en su sujeción a un supervisor nombrado por el tribunal, encargado de asegurar que la persona jurídica elabore, implemente o mejore efectivamente un sistema adecuado de prevención de delitos y de controlar dicha elaboración, implementación o mejoramiento por un plazo mínimo de seis meses y máximo de dos años. 

La persona jurídica estará obligada a poner a disposición del supervisor toda la información necesaria para su desempeño.

El supervisor tendrá facultades para impartir instrucciones obligatorias e imponer condiciones de funcionamiento exclusivamente en lo que concierna al sistema de prevención de delitos, sin que pueda inmiscuirse en otras dimensiones de la organización o actividad de la persona jurídica, además tendrá derecho a acceder a todas las instalaciones y locales pertenecientes a la persona jurídica.

Para los efectos de sus deberes y responsabilidad se considerará que el supervisor tiene la calidad de empleado público. Su remuneración será fijada por el tribunal de acuerdo con criterios de mercado, será de cargo de la persona jurídica y solo rendirá cuentas a éste de su cometido.”.

13. Sustitúyese su artículo 12 por el siguiente:

“Artículo 12. Multa. A menos que la ley disponga otra cosa, la multa se determinará mediante la multiplicación de un número de días-multa por el valor que el tribunal fijare para cada día-multa en la forma prevista en el párrafo 4 de la Ley de Delitos Económicos, cuyo producto se expresará en una suma de dinero fijada en moneda de curso legal.

El valor del día-multa no podrá ser inferior a 5 ni superior a 5.000 Unidades Tributarias Mensuales.

La pena mínima de multa es de 2 días-multa; la máxima, de 400 días-multa.

Cada pena de multa que impusiere el tribunal será determinada por éste en el número de días-multa que comprenda y su valor. Ni aun en caso de ser aplicables los artículos 74 del Código Penal o 351 del Código Procesal Penal podrán imponerse una o más penas de multa que en conjunto excedan de 600 días-multa.

Con todo, en los casos en que la ley así lo disponga, cuando el comiso de ganancias no pudiere imponerse a la persona jurídica porque fueron sido distribuidas entre sus socios, accionistas o beneficiarios que no tuvieron conocimiento de su procedencia ilícita al momento de su adquisición, el tribunal determinará el valor total de la multa a imponer hasta por una suma equivalente al treinta por ciento de las ventas de la persona jurídica correspondientes a la línea de productos o servicios asociada al hecho durante el período en el cual éste se hubiere perpetrado o hasta el doble de las ganancias obtenidas a través del hecho, siempre que dicho valor total fuere superior al monto máximo de la multa que correspondiere imponer conforme a los incisos precedentes.

No obstará a la imposición de la pena de multa la circunstancia de que el hecho diere lugar a una o más multas no constitutivas de pena conforme a otras leyes. Con todo, el monto de la pena de multa pagada será abonado a la multa no constitutiva de pena que se imponga a la persona jurídica por el mismo hecho. Si la persona jurídica hubiere pagado una multa no constitutiva de pena como consecuencia del mismo hecho, el monto pagado será abonado a la pena de multa impuesta de conformidad con esta ley.”.

14. Sustitúyese su artículo 13 por el siguiente:

“Artículo 13. Publicación de un extracto de la sentencia condenatoria. Siempre que se condene a una persona jurídica se impondrá la pena consistente en la publicación de un extracto que contenga una síntesis de la sentencia, que reproduzca sus fundamentos principales y la decisión de condena en el Diario Oficial y en otro diario de circulación nacional, a costa de la persona jurídica condenada.”.

15. Sustitúyese su artículo 14 por el siguiente:

“Artículo 14. Penas de crimen y de simple delito. Tratándose de un crimen se podrá imponer a la persona jurídica responsable una o más de las siguientes penas:

1°.La extinción de la persona jurídica en los casos previstos en el inciso segundo del artículo 9°;

2°.La pérdida de beneficios fiscales y la prohibición de recibirlos por un período no inferior a 3 años;

3°.La multa por un mínimo de 200 días-multa.

Tratándose de un simple delito se podrá imponer a la persona jurídica responsable una o más de las siguientes penas:

1º. La pérdida de beneficios fiscales y la prohibición de recibirlos por un período de hasta 3 años;

2°. La multa por un máximo de 200 días-multa.

Tanto respecto de crímenes como de simples delitos se podrá imponer, además, las penas de supervisión de la persona jurídica y de inhabilitación para contratar con el Estado, en los términos señalados en los artículos 11 bis y 10 precedentes.

En todo caso se impondrá la publicación de un extracto de la sentencia condenatoria.”.

16. Sustitúyese su artículo 15 por el siguiente:

“Artículo 15. Determinación del número y naturaleza de las penas. El tribunal impondrá siempre la pena de multa.

Adicionalmente podrá imponer cualquier otra pena que fuere procedente conforme al artículo precedente, para lo cual el tribunal atenderá a los siguientes factores:

1º. La existencia o inexistencia de un modelo de prevención de delitos y su mayor o menor grado de implementación;

2º. El grado de sujeción y cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria y de las reglas técnicas de obligatoria observancia en el ejercicio de su giro o actividad habitual;

3º. Los montos de dinero involucrados en la perpetración del delito;

4º. El tamaño, la naturaleza y el giro de la persona jurídica;

5º. La extensión del mal causado por el delito;

6º. La gravedad de las consecuencias sociales y económicas que pudiere causar a la comunidad la imposición de la pena cuando se tratare de empresas que presten un servicio de utilidad pública;

7°. Las circunstancias atenuantes o agravantes aplicables a la persona jurídica previstas en esta ley que concurrieren en el delito.”.

17. Sustitúyese su artículo 16 por el siguiente:

“Artículo 16. Determinación de la extensión de las penas concretas. La extensión de las penas distintas de la extinción de la persona jurídica será determinada en el punto medio de su extensión, a menos que, sobre la base de los factores mencionados en el inciso segundo del artículo anterior, correspondiere imponer dentro de ese marco una pena de otra extensión.

Para la determinación de la pena de multa se estará, además, a lo dispuesto en el artículo 12 de esta ley.”

18. Introdúcese en el Título II, a continuación del artículo 16, el siguiente nuevo apartado:

“2 bis.- Ejecución de las penas”

19. Sustitúyese su artículo 17 por el siguiente:

“Artículo 17. Ejecución de la extinción de la persona jurídica. La sentencia que declare la extinción de la personalidad jurídica designará a una persona encargada de su liquidación, quien deberá realizar los actos o contratos necesarios para:

1º. Concluir toda actividad de la persona jurídica, salvo aquellas que sean indispensables para el éxito de la liquidación;

2º. Pagar los pasivos de la persona jurídica, incluidos los derivados de la perpetración del hecho. Los plazos de todas esas deudas se entenderán caducados de pleno derecho, haciéndolas inmediatamente exigibles y su pago se realizará con estricto respeto de las preferencias y de la prelación de créditos establecida por la ley;

3º. Repartir los bienes remanentes entre los accionistas, socios, dueños o propietarios a prorrata de sus respectivas participaciones, sin perjuicio de su derecho para perseguir de los responsables del delito el resarcimiento de los perjuicios sufridos por la persona jurídica a consecuencia de este, en conformidad con las leyes aplicables en cada caso.

Excepcionalmente, cuando así lo aconseje el interés social el tribunal podrá, mediante resolución fundada, ordenar la enajenación de todo o parte del activo de la persona jurídica disuelta como un conjunto o unidad económica, en subasta pública y al mejor postor, la que deberá efectuarse ante el propio tribunal.”.

20. Introdúcese el siguiente nuevo artículo 17 bis :

“Art. 17 bis.- Ejecución de la inhabilitación para contratar con el Estado. La inhabilitación para contratar con el Estado regirá a contar de la fecha en que la resolución se encuentre ejecutoriada. El tribunal comunicará tal circunstancia a la Dirección de Compras y Contratación Pública. Dicha Dirección mantendrá un registro actualizado de las personas jurídicas a las que se les haya impuesto esta pena.”.

21 (20).Introdúcese el siguiente nuevo artículo 17 ter:

“Artículo 17 ter. Ejecución de la pérdida de beneficios fiscales y de la prohibición de recibirlos. Una vez ejecutoriada la sentencia que impusiere la pena de pérdida de beneficios fiscales y la prohibición de recibirlos, el tribunal lo comunicará a la Secretaría y Administración General del Ministerio de Hacienda y a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior, con el fin de que sea consignada en los registros centrales de colaboradores del Estado y Municipalidades que la ley les encomienda administrar.”.

22 (21). Introdúcese el siguiente nuevo artículo 17 quáter:

“Artículo 17 quáter. Ejecución de la supervisión de la persona jurídica. Ejecutoriada la sentencia condenatoria que impusiere la supervisión de la persona jurídica por un período determinado, el tribunal competente para la supervisión de la ejecución de la pena designará a un supervisor y le dará instrucciones sobre el objeto preciso de su cometido, sus facultades y los límites de ellos, de lo cual será notificada la persona jurídica. Con este fin se citará a audiencia especial al efecto, en que deberán ser oídos todos los intervinientes.

Las instrucciones obligatorias y las condiciones impuestas por el supervisor podrán ser reclamadas judicialmente.

En caso de incumplimiento injustificado de las instrucciones obligatorias o de las condiciones impuestas por el supervisor el tribunal podrá imponer, a solicitud del supervisor y oyendo a la persona jurídica, la retención y prohibición de celebrar actos y contratos sobre bienes o activos de ésta hasta que cese el incumplimiento, a título de apremio.

En casos de incumplimiento grave o reiterado el tribunal podrá, a solicitud del supervisor y oyendo a la persona jurídica, ordenar el reemplazo de sus órganos directivos y, en caso de no realizarse el reemplazo o de persistir el incumplimiento, la designación de un administrador provisional hasta que se verifique un cambio de circunstancias o hasta el cumplimiento íntegro de la supervisión.

Un reglamento establecerá los requisitos que habiliten para ejercer como supervisor, el procedimiento para su designación y reemplazo y para la determinación de su remuneración. Los requisitos para ejercer como supervisor deberán garantizar calificación y experiencia profesional pertinente y ausencia de factores que pudieran dar lugar a conflictos de interés en el ejercicio del cargo.”.

23 (22) .Introdúcese el siguiente nuevo artículo 17 quinquies:

“Artículo 17 quinquies. Ejecución de la multa. La multa será ejecutada conforme a las reglas generales previstas por el Código Penal.

Excepcionalmente, cuando su pago inmediato pudiere poner en riesgo la continuidad del giro de la persona jurídica condenada o cuando así lo aconsejare el interés social, el tribunal podrá autorizar que el pago de la multa se efectúe por parcialidades, dentro de un límite que no exceda de veinticuatro meses.”.

24 (23). Sustitúyese su artículo 18 por el siguiente:

“Artículo 18. Ejecución de la pena y las consecuencias adicionales en caso de disolución o transformación de la persona jurídica. En caso de transformación, fusión, absorción, división o disolución voluntaria de la persona jurídica responsable, sea antes o después de la condena, las penas y consecuencias adicionales se harán efectivas de acuerdo con las reglas siguientes:

1º. Si se impusiere comiso y éste recayere en una especie se ejecutará contra la persona jurídica resultante que la tuviere o, en caso de disolución de común acuerdo, contra el socio o partícipe en el capital que la tuviere tratándose de la disolución de una persona jurídica con fines de lucro, o contra la persona que conforme a los estatutos de la persona jurídica o a la ley la hubiere recibido tratándose de la disolución de una persona jurídica sin fines de lucro. Si el comiso recayere en cantidades de dinero se ejecutará del modo previsto para la ejecución de la multa, de acuerdo con el número siguiente;

2º. Si se impusiere la pena de multa, la persona jurídica resultante responderá de su pago. Si hubiere dos o más personas jurídicas resultantes todas ellas serán solidariamente responsables. En los casos de disolución de común acuerdo de una persona jurídica con fines de lucro, la multa se hará efectiva sobre los socios y partícipes en el capital, quienes responderán solidariamente. Tratándose de personas jurídicas sin fines de lucro, la multa se hará efectiva sobre las personas que hayan recibido las propiedades de aquéllas conforme a sus estatutos o a la ley, quienes responderán solidariamente;

3º. Si se tratare de cualquier otra pena, el tribunal decidirá si ella habrá o no de hacerse efectiva sobre las personas naturales o jurídicas a que se refieren los dos números anteriores, atendiendo a las finalidades que en cada caso se persiguieren, así como a la mayor o menor continuidad sustancial de los medios materiales y humanos de la persona jurídica inicial en la o las personas jurídicas resultantes y a la actividad desarrollada. Si por aplicación de esta regla dejare de imponerse o ejecutarse una pena, el tribunal aplicará en vez de ella una pena de multa, aun cuando ya se hubiere impuesto otra multa. En tal caso, se podrán superar hasta en un quinto los respectivos límites máximos previstos en el artículo 12.

Solo se podrá limitar el efecto de la imposición de la solidaridad reduciendo el valor a pagar respecto de la persona natural que demostrare que el pago en ese régimen le ocasionará un perjuicio desproporcionado. Con todo, el valor a pagar no podrá ser nunca inferior al valor de la cuota de liquidación que se le hubiere asignado o de los bienes que hubiere recibido en virtud de la disolución.

Todo lo anterior será sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.

Las reglas de este artículo serán también aplicables en caso de transferencia de bienes o activos de la persona jurídica responsable, antes o después de la condena, siempre que la transferencia abarque la mayor parte de los bienes o activos de ésta y que exista continuidad sustancial de los medios materiales y humanos y de la actividad de la persona jurídica responsable en el o los adquirentes, de modo que pueda presumirse una fusión, absorción o división encubiertas.”.

25 (24). Introdúcese el siguiente nuevo artículo 18 bis:

“Artículo 18 bis. Ejecución de la pena en caso de transferencia de bienes o activos de la persona jurídica. En caso de transferencia de bienes o activos de la persona jurídica responsable, sea antes o después de la condena, el comiso de cantidades y la multa podrán hacerse efectivos contra el adquirente si los bienes de aquélla no fueren suficientes, hasta el límite del valor de lo adquirido y siempre que el adquirente hubiere podido prever la condena de la persona jurídica responsable al momento de la adquisición.”.

26 (25). Introdúcese el siguiente nuevo inciso segundo en su artículo 19:

“No obstará al pronunciamiento de una condena contra una persona jurídica la circunstancia de que ésta hubiere sido objeto de disolución, transformación, absorción, fusión o división.”.

27 (26). Introdúcese, a continuación del artículo 19 el siguiente nuevo apartado:

“4.- Comiso”

28 (27). Introdúcese el siguiente nuevo artículo 19 bis:

“Artículo 19 bis. Comiso. El producto del delito de que es responsable la persona jurídica y los demás bienes, efectos, objetos, documentos, instrumentos, dineros o valores provenientes de él serán decomisados. Cuando por cualquier circunstancia no sea posible decomisar estas especies, se podrá aplicar el comiso a una suma de dinero equivalente a su valor.

También caerán en comiso las ganancias obtenidas por la persona jurídica a través del delito de que es responsable o, cuando se den los requisitos del artículo 36 de la Ley de Delitos Económicos, a través de un hecho ilícito que corresponde a un delito, en este último caso sin necesidad de condena, de acuerdo con las disposiciones del Título III bis del Libro IV del Código Procesal Penal.

El comiso de ganancias será impuesto también respecto de la persona jurídica que hubiere recibido la ganancia como aporte a su patrimonio.

No podrá imponerse el comiso respecto de las ganancias obtenidas por una persona jurídica y que hubieren sido distribuidas entre sus socios, accionistas o beneficiarios que no hubieren tenido conocimiento de su procedencia ilícita al momento de su adquisición. En tal caso la ganancia distribuida podrá considerarse para la determinación de la pena de multa que correspondiere imponer a la persona jurídica de acuerdo con el artículo 12.”.

29 (28). Sustitúyese su artículo 20 por el siguiente:

“Artículo 20. Investigación de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Si durante la investigación de un delito el Ministerio Público tomare conocimiento de circunstancias que fundaren la responsabilidad penal de una persona jurídica en los términos de esta ley, ampliará dicha investigación con el fin de determinar tal responsabilidad.

La investigación también podrá iniciarse por denuncia o por querella. En este último caso, podrá ser deducida por la víctima de conformidad con el Código Procesal Penal, así como cualquier persona capaz de parecer en juicio domiciliada en la provincia, respecto de hechos punibles que afectaren el ejercicio de la función pública o la probidad administrativa, o respecto de aquellos delitos que puedan causar graves consecuencias sociales y económicas.”.

30 (29). Introdúcese el siguiente nuevo artículo 20 bis:

“Artículo 20 bis. Supervisión de la persona jurídica como medida cautelar. Una vez formalizada la investigación contra una persona jurídica, el fiscal del Ministerio Público podrá solicitar que se imponga como medida cautelar durante el procedimiento la supervisión de la persona jurídica conforme a lo previsto en los artículos 11 bis y 17 quáter.

El tribunal acogerá la solicitud cuando se den los requisitos de las letras a) y b) del artículo 140 del Código Procesal Penal respecto de una persona natural cuyo hecho pueda dar lugar a la responsabilidad penal de la persona jurídica y se acreditare que la medida, atendida la inexistencia o grave insuficiencia de un sistema efectivo de prevención de delitos, es estrictamente necesaria para prevenir la perpetración de nuevos delitos en su seno. La solicitud y la ejecución de la medida cautelar se regirán, en todo lo no previsto por esta ley, por lo dispuesto en el párrafo 4 del Título V del Libro I del Código Procesal Penal.”.

31 (30). Intercálase en el inciso segundo del artículo 25, entre el número 4) y el actual número 5), el siguiente nuevo número 4 bis):

“4 bis) Someterse a supervisión en los términos de los artículos 11 bis y 17 quáter.”.

Art. 47 (52). Modificaciones a la Ley N° 18.046. Introdúcese las siguientes modificaciones a la Ley N° 18.046, Sobre Sociedades Anónimas:

1. Sustitúyese su actual artículo 134 por el siguiente:

“Art. 134. Los directores, gerentes, administradores o ejecutivos principales de una sociedad anónima que en la memoria, balances u otros documentos destinados a los socios, a terceros o a la Administración, exigidos por ley o por la reglamentación aplicable, que deban reflejar la situación legal, económica y financiera de la sociedad, dieren o aprobaren dar información falsa o incompleta sobre aspectos relevantes para conocer el patrimonio y la situación financiera o jurídica de la sociedad, serán sancionados con la pena de presidio o reclusión menores en sus grados medio a máximo, salvo que la conducta constituya otro delito sancionado con mayor pena.

Con la misma pena serán sancionados los contadores o auditores de la sociedad, o los peritos, auditores externos o inspectores de cuenta ajenos a la sociedad, que colaboren al hecho descrito en el inciso anterior.

Si el hecho se refiere a una sociedad anónima abierta, la pena podrá ser aumentada en un grado.”.

2.Introdúcese en su Título XIV el siguiente nuevo 134 bis:

“Art. 134 bis. Los que, prevaliéndose de su situación mayoritaria en la junta de accionistas o el órgano de administración de una sociedad anónima, impusieren acuerdos para obtener un beneficio económico para sí o un tercero, en perjuicio de los demás socios o de algún socio en particular, y sin que esos acuerdos reporten beneficios a la sociedad, serán sancionados con la pena de presidio o reclusión en cualquiera de sus grados.”.

Art. 48 (53). Modificaciones a la Ley N° 18.045. Introdúcese las siguientes modificaciones a la Ley N° 18.045, de Mercado de Valores:

1. Sustitúyense sus artículos 59 a 62 por los siguientes:

“Art. 59. Con pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo será sancionado:

a) El que actuando por cuenta de un emisor de valores de oferta pública proporcionare información falsa al mercado sobre la situación financiera, patrimonial o de negocios del respectivo emisor.

b) El que actuando por cuenta de una sociedad clasificadora otorgare una clasificación que no correspondiere al riesgo de los valores que clasifique.

c) El contador o auditor que dictaminare falsamente sobre la situación financiera o patrimonial de una persona sujeta a obligación de registro de conformidad a esta ley.

d) El administrador o apoderado de una bolsa de valores que diere certificación falsa sobre las operaciones que se realicen en ella y el corredor de bolsa o agente de valores que diere certificación falsa sobre las operaciones en que hubiere intervenido.

e) El que efectuare transacciones en valores con el objeto de alterar o mantener artificialmente el precio de mercado de uno o varios valores, así como el que efectuare cotizaciones o transacciones ficticias, divulgare información falsa o se valiere de cualquier otra conducta engañosa semejante, de un modo apto para transmitir señales falsas en cuanto a la oferta, la demanda o el precio de mercado de uno o varios valores.

f) El que fuera de los casos previstos en las letras anteriores proporcionare información falsa al mercado por cuenta de una persona sujeta a la fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero, en registros, prospectos, declaraciones o informes exigidos por ley o por la referida autoridad con carácter general, de un modo apto para incidir en las decisiones del público inversor u ocultar aspectos relevantes para conocer el patrimonio o la situación financiera o jurídica de la persona.

Art. 60. El que realizare una operación usando información privilegiada, ya sea adquiriendo o cediendo, por cuenta propia o de otro, directa o indirectamente, los valores a los que esa información se refiere, o bien cancelando o modificando una orden relativa a esos valores, será sancionado:

1° Con pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo, en caso de poseer la información privilegiada en alguna de las circunstancias señaladas en el artículo 166;

2° Con pena de presidio menor en su grado medio a máximo en los demás casos.

Con las mismas penas será sancionado, respectivamente, el que revelare indebidamente información privilegiada.

El que poseyendo información privilegiada en alguna de las circunstancias señaladas en el artículo 166 recomendare a otro la realización de las operaciones a que se refiere el inciso primero de este artículo, será sancionado con pena de presidio menor en su grado medio a máximo.

Art. 61. Con pena de presidio menor en su grado medio a máximo será sancionado:

a) El que defraudare a otro adquiriendo acciones de una sociedad anónima abierta, sin efectuar una oferta pública de adquisición de acciones en los casos que ordena la ley.

b) El que indebidamente utilizare en beneficio propio o de otros valores entregados en custodia o su producto.

c) El que, conociendo o debiendo conocer el estado de insolvencia en que se encuentra la sociedad que administra, acordare, decidiere o permitiere que ésta hiciere oferta pública de valores o continuare intermediando valores en los términos del artículo 24 de la presente ley.

Art. 62. Con pena de presidio menor en cualquier de sus grados será sancionado:

a) El que sin la correspondiente autorización o registro realizare oferta pública de valores o actuare como corredor de bolsa, agente de valores o calificadora de riesgos.

b) El que sin la correspondiente autorización o registro usare las denominaciones de corredor de bolsa, agentes de valores o calificadora de riesgos, o el que de cualquier otro modo se atribuya la calidad de aquellas entidades.

c) El que eliminare, alterare, modificare, ocultare o destruyere registros, documentos, soportes tecnológicos o antecedentes de cualquier naturaleza, impidiendo o dificultando con ello las posibilidades de fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero.

d) El que fuera de los casos previstos en el artículo 59 proporcionare información falsa a la Comisión para el Mercado Financiero, por cuenta de una sociedad sujeta a su fiscalización.”.

2.Derógase los incisos segundo y tercero del artículo 63.

3.En su artículo 165:

a.Elíminase en su inciso primero la siguiente frase: “en razón de su cargo, posición, actividad o relación con el respectivo emisor de valores o con las personas señaladas en el artículo siguiente”.

b.Sustitúyese su inciso segundo por el siguiente:

“Asimismo, se le prohíbe realizar una operación usando información privilegiada, ya sea adquiriendo o cediendo, por cuenta propia o de otro, directa o indirectamente, los valores a los que esa información se refiere, o bien cancelando o modificando una orden relativa al valor al que se refiere la información. Igualmente, se abstendrá de comunicar indebidamente dicha información a terceros o de recomendar la realización de operaciones con esos valores. Del mismo modo, velará para que los hechos previstos en este inciso no ocurran a través de subordinados o terceros de su confianza.”.

c.Intercálase el siguiente nuevo inciso cuarto:

“También podrá realizar las operaciones a que se refieren el inciso primero y segundo de este artículo el que opere en cumplimiento de una obligación, ya vencida, de adquirir o ceder valores, cuando dicha obligación haya estado contemplada en un acuerdo celebrado antes de que la persona de que se trate hubiere poseído la información privilegiada.”.

4. Intercálase en el literal f) del inciso segundo del artículo 166 a continuación de la expresión “cónyuges” la frase “, convivientes civiles”.

Art. 49 (54). Modificaciones al decreto ley N° 3.500 de 1980. Introdúcense las siguientes modificaciones al decreto ley N° 3.500 de 1980, que Establece un Nuevo Sistema de Pensiones:

1. Modifícase el artículo 19, en el siguiente sentido:

a) Para intercalar en el inciso diecinueve a continuación del guarismo “12”, los guarismos “13, 13 bis”, seguido de una coma (,);

b) Para intercalar el siguiente inciso vigésimo cuarto nuevo, pasando el actual a ser vigesimoquinto y así correlativamente:

“Con la misma pena establecida en el inciso anterior, se sancionará al empleador que, sin el consentimiento del trabajador, omita retener o enterar las cotizaciones previsionales de un trabajador o declare ante las instituciones de seguridad social, pagarle una renta imponible o bruta menor a la real, disminuyendo el monto de las cotizaciones que debe descontar y enterar. La conducta será sancionada igualmente, si el consentimiento del trabajador ha sido obtenido por el empleador con abuso grave de su situación de necesidad, inexperiencia o incapacidad de discernimiento”.”.

2. Introdúcese el siguiente nuevo inciso cuarto en su artículo 103:

“Si el hecho constitutivo de la infracción o contravención a que se refieren los incisos precedentes constituyere también delito conforme al artículo 60 de la Ley N° 18.045, o al artículo 284 del Código Penal, se estará a la pena señalada en esas disposiciones.”

3. Sustitúyese en el inciso primero de su artículo 152 la frase “162 de la ley N° 18.045” por la frase “22 de la ley N° 20.712”.

4. Introdúcese las siguientes modificaciones en su artículo 159:

a) En su inciso primero,

i. sustitúyese la expresión “medio” por la expresión “máximo”;

ii. sustitúyese la coma que sigue a la palabra “liquidadores” por la conjunción “y”;

iii. elimínase la coma que sigue a la palabra “dinero”, y,

iv. elimínase la frase “y los trabajadores”.

b. Intercálase el siguiente nuevo inciso segundo:

“Si el hecho constitutivo de la infracción o contravención a que se refieren las letras a) o b) del inciso precedente constituyere también delito conforme a los incisos primero o segundo del artículo 60 de la ley N° 18.045, o al artículo 284 del Código Penal, las demás personas que lo perpetren responderán penalmente según lo dispuesto en dichos preceptos.”.

5. Introdúcese en su Título XIV el siguiente nuevo artículo 159 bis.

“Art. 159 bis. Sufrirán la pena de presidio menor en su grado medio a máximo los directores, gerentes, apoderados, liquidadores u operadores de mesa de dinero de una Administradora de Fondos de Pensiones que, poseyendo información privilegiada de aquélla que trata el Título XXI de la ley N° 18.045 en razón de su cargo o posición, recomendaren a otro la realización de las operaciones a que se refiere la letra a) del inciso primero del artículo 159.

Las demás personas que perpetren el hecho previsto en el inciso precedente responderán penalmente según lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 60 de la ley N° 18.045.”.

6. Intercalase el siguiente nuevo inciso décimo en su artículo 168:

“Si el hecho constitutivo de la infracción o contravención a que se refieren los incisos precedentes constituyere también delito conforme al artículo 60 de la ley N° 18.045 o al artículo 284 del Código Penal, se estará a la pena señalada en esas disposiciones.”.

Art. 50 (55). Modificaciones a la ley N° 20.712. Introdúcese las siguientes modificaciones en el artículo primero de la ley N° 20.712, que aprueba la Ley que Regula la Administración de Fondos de Terceros y Carteras Individuales:

1.Sustitúyese la actual letra d) de su artículo 22 por la siguiente:

“d) La infracción a lo dispuesto en el Título XXI de la ley N° 18.045.”.

2.Introdúcese en su artículo 22 el siguiente nuevo inciso final:

“En todo caso, la infracción señalada en la letra d) de este artículo originará las responsabilidades previstas en la ley N° 18.045”.

Art. 51 (56). Modificaciones a la ley N° 17.322. Introdúcese el siguiente nuevo artículo 13 bis en la ley N° 17.322, Sobre Normas para la Cobranza Judicial de Cotizaciones, Aportes y Multas de las Instituciones de Seguridad Social:

“Artículo 13° bis. Con la misma pena establecida en el artículo anterior se sancionará al empleador que, sin el consentimiento del trabajador, omita retener o enterar las cotizaciones previsionales de un trabajador o declare ante las instituciones de seguridad social, pagarle una renta imponible o bruta menor a la real, disminuyendo el monto de las cotizaciones que debe descontar y enterar. La conducta será sancionada igualmente, si el consentimiento del trabajador ha sido obtenido por el empleador con abuso grave de su situación de necesidad, inexperiencia o incapacidad de discernimiento.”.”.

Art. 52 (57). Modificaciones a la ley N° 19.496. Introdúcese las siguientes modificaciones en la ley N° 19.496, que Establece Normas Sobre Protección de los Derechos de Los Consumidores:

1.Derógase el artículo 17 L.

2.Sustitúyese el inciso segundo de su artículo 24 por el siguiente:

“La publicidad falsa o engañosa difundida por medios de comunicación social, en relación a cualquiera de los elementos indicados en el artículo 28, hará incurrir al infractor en una multa de hasta 1500 unidades tributarias mensuales. En caso de que incida en las cualidades de productos o servicios financieros, o que afecten la salud o la seguridad de la población o el medio ambiente, la conducta se sancionará además con la pena de presidio o reclusión menores en su grado mínimo a medio, sin perjuicio de las indemnizaciones que pueda determinar el tribunal competente de acuerdo a la presente ley.”.

Art. 53 (58). Incorpórase el siguiente artículo 37 bis en el artículo segundo de la ley N° 20.417 que Crea el Ministerio del Medioambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente.

“Art. 37 bis.- Sin perjuicio de la sanciones que corresponda aplicar conforme a las normas del presente título, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio y multa de 100 a 1.000 unidades tributarias mensuales, el que en una solicitud de calificación presentare información falsa que oculte, morigere, altere o disminuya los efectos, impactos o características de relevancia ambiental para el emplazamiento, construcción u operación de un determinado proyecto, de un modo tal que pueda conducir a una incorrecta determinación del instrumento de evaluación al que éste debe someterse o que permita a su titular eludir el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

La misma pena del inciso anterior, recaerá sobre quién fraccione sus proyectos o actividades, con el objeto de hacer variar el instrumento de evaluación de impacto ambiental al que debe someterse. Asimismo, respecto del que presentare información falsa para acreditar el cumplimiento de obligaciones impuestas en una resolución de calificación ambiental, normas de emisión, planes de reparación, programas de cumplimiento, planes de prevención o de descontaminación, o cualquier otro instrumento de gestión ambiental.”.

Art. 54 (59). En el artículo 7° de la ley N° 20.009, que “Establece un Régimen de Limitación de Responsabilidad para Titulares o Usuarios de Tarjetas de Pago y Transacciones Electrónicas en Caso de Extravío, Hurto, Robo o Fraude” deróganse las letras a), b), c) d), e) y g) del inciso primero y suprímese su inciso segundo.

Art. 55 (60). Sustitúyese el artículo 64 del decreto ley N° 211 de 1973, que Fija Normas para la Defensa de la Libre Competencia, por el siguiente:

“Artículo 64°.- Las investigaciones de los hechos señalados en el inciso primero del artículo 62 sólo se podrán iniciar por querella formulada por la Fiscalía Nacional Económica. Para estos efectos, no se aplicará lo dispuesto en el artículo 166 del Código Procesal Penal.

No obstante, la querella será obligatoria para dicha institución, cuando el acuerdo colusorio haya recaído sobre bienes de primera necesidad.

Para los efectos del presente artículo se entiende que la colusión recae sobre bienes de primera necesidad cuando ésta ha producido alguno de los efectos consignados en el artículo 62 en el contexto de los mercados que inciden en la provisión de servicios educacionales; de prestaciones de salud; de artículos médicos o farmacológicos; de la provisión de bebidas o alimentos; del transporte de personas; de la provisión de servicios básicos como agua, electricidad, servicios de telecomunicaciones o combustibles.

En estos casos, la Fiscalía Nacional Económica deberá presentar la querella, a más tardar en el plazo de 90 días contados desde la presentación del requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Presentada que sea la querella, la competencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia se restringirá a evaluar la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas involucradas en acuerdo anticompetitivo, quedando en la esfera penal la determinación de la responsabilidad de las personas naturales que lo hubieren celebrado, ordenado celebrar o participado en su implementación o ejecución, en los términos definidos por el art. 62.

En su querella, la Fiscalía Nacional Económica informará la circunstancia de haber obtenido autorización judicial para realizar una o más de las medidas a que se refieren los numerales n.1) a n.4) de la letra n) del artículo 39, así como el hecho de haber realizado o no dichas diligencias. El Ministerio Público podrá solicitar al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia el alzamiento de la confidencialidad o reserva de determinadas piezas de su expediente para su utilización en el proceso penal. Para los efectos de su incorporación al proceso penal, se entenderá que las copias de los registros, evidencias y demás antecedentes que hayan sido recabados por la Fiscalía Nacional Económica, a partir de diligencias realizadas con autorización judicial de un ministro de Corte de Apelaciones, cumplen con lo dispuesto por el artículo 9º del Código Procesal Penal.”.

Art. 56 (61). Intercálase en el Código Tributario el siguiente artículo 162 bis:

“Art. 162 bis.- El ejercicio de la acción penal mediante denuncia o querella a que se refiere el inciso primero del artículo anterior, no será necesaria, en aquellos casos en que el Ministerio Público investigando delitos comunes tome conocimiento de hechos que puedan ser constitutivos de delitos tributarios en que la cuantía del impuesto exceda de 30 Unidades Tributarias Anuales y afecten gravemente el patrimonio fiscal.

Se entenderá que existe una grave afectación al patrimonio si se tratare de hechos que sean reiterados en más de un ejercicio comercial o que exista una notoria desproporción entre los impuestos pagados y los evadidos o se hubiere utilizado asesoría contable o profesional.

La misma regla se aplicará a los hechos de los que tome conocimiento cuando sean cometidos por personas jurídicas con la intervención de alguna persona natural que ocupare un cargo, función o posición en ella, o le prestare servicios gestionando asuntos suyos ante terceros, con o sin su representación, siempre que la perpetración del hecho se hubiere visto favorecida o facilitada por la falta de implementación efectiva, por parte de la persona jurídica, de un modelo adecuado de prevención de tales delitos.

El Servicio tendrá 90 días corridos desde la notificación a que hace referencia el inciso sexto del artículo anterior para interponer querella o denuncia, cuando de los antecedentes que le han sido proporcionados aparezcan indicios que den cuenta de la eventual configuración de un hecho punible de carácter tributario. El Servicio podrá, por medio de resolución fundada, debidamente comunicada al Fiscal del caso, ampliar el plazo para adoptar la decisión de que se trata, por una vez y hasta por 45 días.

Transcurrido el plazo descrito en el inciso anterior, sin que el Servicio hubiere emitido su decisión o siendo ésta una decisión negativa en torno al ejercicio de la acción penal, el Fiscal que instruye la causa respectiva podrá solicitar a la Corte de Apelaciones competente el forzamiento del proceso criminal, siempre y cuando los hechos que se indagan puedan guardar relación con alguno de los delitos contemplados en el artículo 97 N°4.

Para estos efectos, el Fiscal acompañará a su solicitud los antecedentes que fundan y justifican su pretensión de dar inicio al proceso penal.

La Corte requerirá informe al Servicio y, en lo sucesivo, el procedimiento se tramita de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del Código Procesal Penal.

Revisados los antecedentes y habiendo constatado que existen motivos para sospechar que los hechos que han sido puestos en conocimiento del Servicio podrían importar la eventual comisión de alguno de los delitos que motivaron la presentación, la Corte autorizará la apertura del procedimiento penal, el que se tramitará en lo sucesivo conforme a las reglas del delito de acción penal pública.

En caso contrario, la Corte confirmará la decisión del Servicio y el Ministerio Público no podrá iniciar la investigación por delitos tributarios, sin perjuicio de proseguir con la indagación de otros delitos que se encuentren vinculados a las circunstancias que motivaron la iniciación del procedimiento reglado en los inicios anteriores.”.

Art. 57 (62). Introdúcese en el decreto con fuerza de ley de Hacienda N° 213, de 1953, sobre Ordenanza de Aduanas, el siguiente artículo 189 bis:

“Artículo 189 bis.- El Ministerio Público informará al Servicio Nacional de Aduanas, a la brevedad posible, los antecedentes de que tomare conocimiento con ocasión de las investigaciones de delitos comunes y que pudieren relacionarse con los delitos a que se refiere el artículo anterior.

El Servicio tendrá 90 días corridos desde la notificación a que hace referencia el inciso anterior para interponer querella o denuncia, cuando de los antecedentes que le han sido proporcionados aparezcan indicios que den cuenta de la eventual configuración de un delito de contrabando. El Servicio podrá, por medio de resolución fundada, debidamente comunicada al Fiscal requirente, ampliar el plazo para adoptar la decisión de que se trata, por una vez, y hasta por 45 días.

Transcurrido el plazo descrito en el inciso anterior, sin que el Servicio hubiere emitido su decisión o siendo ésta una decisión negativa en torno al ejercicio de la acción penal, el Fiscal que instruye la causa respectiva podrá solicitar a la Corte de Apelaciones competente el forzamiento del proceso criminal. Para estos efectos, el Fiscal acompañará a su solicitud los antecedentes que fundan y justifican su pretensión de dar inicio al proceso penal.

La Corte requerirá informe al Servicio y, en lo sucesivo, el procedimiento se tramita de conformidad con lo dispuesto en el art. 19 del Código Procesal Penal.

Revisados los antecedentes y habiendo constatado que existen motivos para sospechar que los hechos que han sido puestos en conocimiento del Servicio podrían importar la eventual comisión de alguno de los delitos que motivaron la presentación, la Corte autorizará la apertura del procedimiento penal, el que se tramitará en lo sucesivo conforme a las reglas del delito de acción penal pública.

En caso contrario, la Corte confirmará la decisión del Servicio y el Ministerio Público no podrá iniciar la investigación por delitos contrabando, sin perjuicio de proseguir con la indagación de los delitos comunes que se encuentren vinculados a las circunstancias que motivaron la iniciación del procedimiento reglado en los inicios anteriores.”

TÍTULO FINAL

Art. 58 (63). Aplicación temporal. Los hechos perpetrados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, las penas y las demás consecuencias que correspondiere imponer por ellos, serán determinados conforme a la ley vigente al momento de su perpetración.

Si la aplicación de la presente ley resultare más favorable al imputado o acusado por un hecho perpetrado con anterioridad a su entrada en vigor, se estará a lo dispuesto en ella.

Art. 59 (64). Prohibición de fraccionamiento. Para determinar si la aplicación de la presente ley resulta más favorable se deberá tomar en consideración todas las normas en ella previstas que fueren pertinentes al juzgamiento del hecho.

La pertinencia de las disposiciones de la presente ley para el juzgamiento de los hechos perpetrados antes de su vigencia no requiere continuidad entre sus términos y los de las disposiciones antes vigentes, modificadas o derogadas por ella.

Las nuevas normas que la presente ley introduce en los incisos primero, segundo y tercero del artículo 24 bis del Código Penal serán pertinentes para la determinación del comiso que antes de su entrada en vigor correspondía imponer como pena accesoria. El comiso de ganancias cuya ejecución se encontrare pendiente al momento de entrar en vigor la presente ley será ejecutado conforme a lo dispuesto por las nuevas normas que esta introduce en el artículo 469 bis del Código Procesal Penal y en el artículo 171 del Código Orgánico de Tribunales. El comiso impuesto por sentencia condenatoria firme que se encontrare ejecutado al momento de entrar en vigor la presente ley no se verá afectado por ello.

Art. 60 (65). Tiempo del hecho. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 58, el delito se entiende perpetrado en el momento o durante el lapso en el cual se ejecuta la acción punible o se incurre en la omisión punible.

Si la presente ley entrare en vigor durante la perpetración del hecho se estará a lo dispuesto en ella, siempre que en la fase de perpetración posterior se realizare íntegramente la nueva descripción legal del hecho.”.”.

****************

Tratado y acordado en sesión de 29 de junio de 2021, con la asistencia de los diputados (as) señores (as) Marcos Ilabaca (Presidente de la Comisión); Jorge Alessandri; Juan Antonio Coloma; Camila Flores; Gonzalo Fuenzalida; Diego Ibáñez; Pamela Jiles; Paulina Núñez; René Saffirio; Leonardo Soto, y Gabriel Silber (por el señor Walker).

Sala de la Comisión, a 29 de junio de 2021.

PATRICIO VELÁSQUEZ WEISSE

Abogado Secretario de la Comisión

SISTEMATIZACIÓN DE DELITOS ECONÓMICOS Y ATENTADOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE, MODIFICACIÓN DE CUERPOS LEGALES QUE TIPIFICAN DELITOS CONTRA ORDEN SOCIOECONÓMICO Y ADECUACIÓN DE PENAS APLICABLES (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETINES NOS 13204-07 Y 13205-07, REFUNDIDOS)

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico y adecua las penas aplicables a todos ellos.

Para la discusión del proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada o diputado inscrito.

Diputado informante del segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento es el señor Leonardo Soto .

Antecedentes:

-Segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, sesión 54ª de la presente legislatura, en martes 6 de julio de 2021. Documentos de la Cuenta N° 10.

-El primer informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia se rindió en la sesión 48ª de la presente legislatura, en miércoles 23 de junio de 2021.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

En reemplazo del diputado Leonardo Soto , rinde el informe el diputado René Saffirio .

El señor SAFFIRIO (vía telemática).-

Señor Presidente, en representación de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, paso a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico y adecua las penas aplicables a todos ellos.

El proyecto se inició en mociones refundidas de los diputados Matías Walker , Natalia Castillo , Luciano Cruz-Coke , Marcelo Díaz , Gonzalo Fuenzalida , Paulina Núñez , Marcelo Schilling , Gabriel Silber , Leonardo Soto y Pablo Vidal (boletín N° 13205-07), y de los diputados Marcelo Schilling , Gabriel Ascencio , Boris Barrera , Natalia Castillo , Ricardo Celis , Marcela Hernando , Alejandra Sepúlveda , Leonardo Soto y Matías Walker , y del entonces diputado Mario Desbordes (boletín N° 13204-05).

La idea matriz o fundamental del proyecto consiste en sistematizar los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, modificar diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico y adecuar las penas aplicables a todos ellos.

El 23 de junio de este año, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto.

De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 130 del Reglamento, el proyecto de ley, con todas las indicaciones cursadas durante su tramitación en la Sala, fue remitido a la comisión para que emitiera este segundo informe.

En el segundo trámite reglamentario, la comisión aprobó una indicación que introdujo algunos cambios formales para perfeccionar el texto y otra indicación que eliminó el artículo 19, los números 2 y 3 del artículo 20, y los artículos 23, 24, 25 y 26, de manera que se excluyeron todas las normas especiales que regulaban las penas sustitutivas de reclusión parcial respecto de los condenados por delitos económicos, exceptuándose aquellas referidas a la remisión condicional de la pena.

En lo demás, el proyecto aprobado en el segundo trámite reglamentario es el mismo aprobado en el primer trámite reglamentario.

En resumen, la iniciativa contiene los siguientes propósitos:

El proyecto establece un sistema propio de determinación de penas privativas de libertad. La necesidad de su formulación se explica por lo inadecuadas que son las categorías generales para esta clase de criminalidad, sobre todo a la luz del modo en que funciona la práctica de determinación de penas que hacen los tribunales respecto de los delitos económicos o comúnmente denominados delitos de cuello y corbata.

Se dice que el sistema general es inadecuado para la criminalidad económica, porque las atenuantes y las agravantes previstas en el Código Penal, en su gran mayoría, son ajenas a los delitos económicos y porque la práctica judicial asume dos criterios centrales para determinar cuándo debe ejecutarse una pena efectiva de privación de libertad: que la pena aplicable al delito no exceda de tres años o, de ser aplicable la libertad vigilada, de cinco años, o que el condenado no sea reincidente. En la mayoría de los casos, en los delitos de cuello y corbata la reincidencia es prácticamente inexistente, de manera que este tipo de delincuente difícilmente cumple pena efectiva de privación de libertad.

En relación con lo anterior, en este proyecto se establece un sistema diferenciado de determinación de las penas. Las agravantes y las atenuantes incluidas están especialmente pensadas para este tipo de criminalidad; están graduadas de tal forma que su incidencia varíe dependiendo de que el perjuicio ocasionado sea muy elevado o que la conducta desplegada sea especialmente reprochable. En todo caso, las penas serán siempre considerables.

Además, se gradúan los casos menos graves, de modo tal que las penas aplicadas tengan mayor sensibilidad a variaciones de gravedad.

Un segundo ámbito dice relación con las otras sanciones y consecuencias, distintas de las penas privativas de libertad. La cuantía de las multas penales y el modo de graduarlas es enteramente disfuncional en el derecho chileno respecto de los delitos económicos o de cuello y corbata.

En relación con las multas, el proyecto que vamos a debatir y votar introduce el sistema de días-multa. De acuerdo con este sistema, siempre que se impone una pena de multa ella se gradúa considerando el ingreso promedio que produce una persona en un día. De este modo, el sistema es sensible a las diferencias económicas entre condenados, lo que evita que multas establecidas en unidades fijas tengan un peso excesivo respecto de condenados de bajos ingresos o sean insignificantes respecto de condenados con ingresos altos.

Adicionalmente, el sistema prevé ajustes en razón del patrimonio del condenado.

En segundo lugar, se incorpora una regulación sustantiva y procedimental del comiso de ganancias. El comiso de ganancias permite al Estado privar a una persona de todas las ganancias obtenidas directamente como consecuencia de la realización del hecho constitutivo de un delito económico. En la actualidad, la completa falta de regulación procedimental hace que tenga una aplicación muy escasa. El proyecto elimina estos problemas.

Además, partiendo de la premisa general de que el comiso de ganancias no es una pena, en el ámbito de los delitos económicos la iniciativa regula la posibilidad de que el comiso de ganancias, es decir, la apropiación por parte del Estado de las utilidades provenientes del delito, se pueda aplicar sin condena previa en determinadas y definidas circunstancias.

El proyecto también incorpora un sistema diferenciado de inhabilidades adecuadas al tipo de criminalidad de que se trata.

En otro ámbito, se modifica considerablemente el estatuto de responsabilidad penal de las personas jurídicas contenido en la ley N° 20.393, aunque se mantienen sus lineamientos generales. Esa modificación incluye una ampliación muy relevante del catálogo de delitos por los que responde la persona jurídica, al incorporar todos los delitos susceptibles de ser calificados como económicos de acuerdo con el proyecto.

Junto con ello, se amplía el alcance de la ley en cuanto a la clase de personas jurídicas penalmente responsables y se introduce la figura de la supervisión de la persona jurídica, que puede ser aplicada tanto a título de medida cautelar como de condición de una suspensión condicional del procedimiento o de una pena.

A nivel de la regulación penal, se introducen modificaciones en distintos cuerpos legales que establecen delitos económicos. Entre ellas se encuentran la introducción del estatuto de delitos ambientales del Anteproyecto de Código Penal de 2018 al Código Penal vigente, la regulación de la protección penal del secreto empresarial, y una modificación relevante a los delitos concursales y contra el mercado de valores, que busca eliminar errores regulativos y vacíos de punibilidad.

Asimismo, se modifican diversos delitos actualmente vigentes, con el fin de perfeccionar su redacción y solucionar las dificultades de interpretación y de aplicación que han presentado en la práctica.

Finalmente, se introduce un delito de publicidad engañosa en la ley del consumidor y se incluye la protección penal frente a supuestos de explotación laboral.

Además, se modifica el decreto ley N° 211, de 1973, que Fija Normas para la Defensa de la Libre Competencia, de manera que, si bien las investigaciones de los hechos señalados en el inciso primero de su artículo 62 solo se podrán iniciar por querella formulada por la Fiscalía Nacional Económica, en el caso particular propuesto por este proyecto la querella será obligatoria para dicha institución cuando la colusión haya recaído sobre bienes de primera necesidad, tales como la provisión de servicios educacionales, de prestaciones de salud, de artículos médicos o farmacológicos, de bebidas o alimentos, de transporte de personas, y de servicios básicos como agua, electricidad, servicios de telecomunicaciones o combustibles. Allí se introduce un cambio sustantivo en cuanto a hacer obligatoria la acción penal por parte de la Fiscalía Nacional Económica.

En relación con delitos tributarios, se modifica el Código Tributario de manera que el ejercicio de la acción penal en forma exclusiva por el Servicio de Impuestos Internos, mediante denuncia o querella, no será necesario en aquellos casos en que el Ministerio Público, investigando delitos comunes, tome conocimiento de hechos que puedan ser constitutivos de delitos tributarios en que la cuantía del impuesto exceda de 30 unidades tributarias anuales y afecte gravemente el patrimonio fiscal.

En ese caso se elimina además la exclusividad, tantas veces discutida en la Cámara de Diputados, de la acción por parte del Servicio de Impuestos Internos en el caso de los delitos tributarios, entregándole al Ministerio Público una facultad adicional que hoy no tiene.

La misma regla se aplicará a los hechos de que tome conocimiento el Ministerio Público cuando sean cometidos por una persona jurídica con intervención de alguna persona natural que ocupare un cargo, función o posición en ella, o que le prestare servicios gestionando asuntos suyos ante terceros, con o sin su representación, siempre que la perpetración del hecho se hubiere visto favorecida o facilitada por la falta de implementación efectiva, por parte de la persona jurídica, de un modelo adecuado de prevención de tales delitos.

Además, se contempla que el Servicio de Impuestos Internos tendrá noventa días corridos para interponer querella o denuncia, cuando de los antecedentes que le hayan sido proporcionados por el Ministerio Público aparezcan indicios que den cuenta de la eventual configuración de un hecho punible de carácter tributario.

El Servicio de Impuestos Internos podrá, por medio de resolución fundada, debidamente comunicada al fiscal del caso, ampliar el plazo para adoptar esa decisión hasta por 45 días. Transcurrido el plazo descrito sin que el servicio hubiere emitido su decisión, o siendo esta una decisión negativa en torno al ejercicio de la acción penal, el fiscal que instruya la causa respectiva podrá solicitar a la Corte de Apelaciones competente el forzamiento del proceso criminal, siempre que los hechos que se indaguen puedan guardar relación con alguno de los delitos contemplados en el artículo 97, número 4, del Código Tributario.

Asimismo, se modifica la Ordenanza de Aduanas, estableciendo que el Ministerio Público informará al Servicio Nacional de Aduanas, a la mayor brevedad posible, los antecedentes de que tomare conocimiento con ocasión de las investigaciones de delitos comunes que pudieren relacionarse con el delito de contrabando.

En tal caso, el servicio tendrá noventa días corridos desde la notificación a que hace referencia el inciso anterior para interponer querella o denuncia, cuando de los antecedentes que le hayan sido proporcionados aparezcan indicios que den cuenta de la eventual configuración de un delito de contrabando.

El servicio podrá ampliar el plazo hasta por cuarenta y cinco días. Transcurrido el plazo, al igual que en el caso anterior, sin que el servicio hubiere emitido su decisión, o siendo esta decisión negativa en torno al ejercicio de la acción penal, el fiscal que instruya la causa respectiva podrá solicitar a la Corte de Apelaciones competente el forzamiento del proceso criminal.

Tras haber sido aprobado este proyecto por la comisión en su segundo trámite reglamentario, se propone a la Sala su aprobación en los términos en que ha sido expuesto.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado Matías Walker Prieto .

El señor WALKER.-

Señor Presidente, por fin vamos a poder aprobar -si no es en la sesión de hoy, porque entiendo que hay más diputadas y diputados inscritos, será en la de mañananuestro proyecto que sanciona todos los delitos económicos y que sistematiza todos los delitos económicos, para que estos tengan penas privativas de libertad efectivas, sobre todo para quienes detentan poder de administración y de dirección en las empresas. Ello, para que nunca más tengamos clases de ética como sanción, sino sanciones efectivas.

La indicación del diputado Saffirio , que se aprobó por una mayoría circunstancial en el segundo informe de la Comisión de Constitución, si bien intentó -imagino que de muy buena ferefrendar ese principio, a mi juicio, y a juicio de los profesores de Derecho Penal que tomaron parte en la discusión de este proyecto, no lo logró. Por eso pedimos votación separada, para ratificar el texto del primer informe del proyecto, porque la indicación del diputado René Saffirio , miembro de nuestra comisión, elimina del régimen de penas sustitutivas especiales para delitos económicos, atendido que establece la reclusión, total o parcial, en el domicilio o en establecimientos especiales, lo que se vería como un privilegio. Pero lo anterior, sorprendentemente, refleja un desconocimiento elemental de la legislación penal vigente, que la contempla como medida cautelar en el Código Procesal Penal y en la ley N° 18.216.

En ese contexto, la indicación aprobada deja como única opción la remisión condicional, es decir, la eliminación de toda forma de privación de libertad. Las penas sustitutivas no se consideran un beneficio, sino un derecho de los condenados. Por lo tanto, se aplicará la remisión en vez de las penas privativas de libertad en todos los casos menos graves, en lugar de dejar a la apreciación del juez -que sería lo correctodeterminar si corresponde la reclusión en ese caso.

Por consiguiente, como es una alternativa que no soluciona el problema, nosotros, sobre la base de la recomendación de todos los profesores de derecho penal, incluida la del destacado asesor de la bancada del Partido Socialista, el penalista Enrique Aldunate , ratificaremos en nuestra votación el texto del primer informe de la comisión, el cual apunta en la dirección correcta, por cuanto permite que existan penas efectivas, privativas de libertad, y que no se obligue al juez a aplicar la remisión condicional en el caso de las penas más bajas.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Raúl Saldívar .

El señor SALDÍVAR [vía telemática].-

Señor Presidente, el proyecto en discusión es de gran importancia, pues se hace cargo de una de las demandas más sentidas por parte de la ciudadanía: terminar con la impunidad con la que cuentan quienes cometen los llamados delitos de cuello y corbata.

Al respecto, nuestra gente tiene la certeza de que estos delitos, lamentablemente, no son atacados con tanta vehemencia como lo son otros, independientemente de si el daño causado a nivel social es mucho mayor, lo que es una expresión de la desigualdad que existe en nuestro país, esa tan profunda desigualdad que nos ha caracterizado y que hoy queremos romper, pues ha sido motivo de expresiones que ya conocemos por parte de la ciudadanía en los últimos años.

Por eso, entonces, ya no más clases de ética como condena, sobre todo si la comparamos con las condiciones infrahumanas de las cárceles a jóvenes que cometen delitos de menor cuantía, como ocurre en muchos otros casos que aquí se han señalado.

Tal como lo señaló el diputado informante de la Comisión de Constitución, a través de este proyecto se busca establecer que todo delito económico conlleve una multa, la cual deberá estar sujeta a la cuantía del delito cometido y que en ningún caso podrá ser sustituida.

A su turno, la iniciativa establece inhabilidades para quienes cometen delitos económicos, como la prohibición de participar tanto en cargos públicos como de gerencia. Asimismo, el proyecto indica que toda condena por delitos económicos lleva consigo el comiso de las ganancias.

Por otra parte, establece sanciones para los delitos medioambientales cuando, sin contar con evaluación de impacto ambiental o la autorización respectiva, entre otros, se vierta sustancias contaminantes en aguas marítimas o continentales, se extraiga aguas continentales, ya sea superficiales o subterráneas, o aguas marítimas, y se vierta sustancias contaminantes en el suelo o subsuelo.

Lo anterior es muy beneficioso, especialmente en tiempos en que la protección del medio ambiente se ha terminado por imponer -en buena hora como un imperativo.

Por esa razón, el proyecto dispone excepciones a la extracción de agua, incluso a quienes tienen autorización para hacerlo, cuando las condiciones de escasez así lo exijan. Se trata de una medida que, como parlamentario que representa a una zona golpeada por la crisis hídrica, no puedo dejar de compartir, de manera que la respaldaré. Me parece que este es un muy buen proyecto, motivo por el que debe ser apoyado.

Evidentemente, esta iniciativa pone término a esta cruda, dolorosa y fuerte diferencia social, que es una expresión más de la desigualdad…

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado.

Tiene la palabra el diputado Karim Bianchi .

El señor BIANCHI.-

Señor Presidente, por principio, las normas son de carácter general, y todas las leyes penales tienen como objeto proteger un bien jurídico que la sociedad considere relevante.

Sin perjuicio de ello, los proyectos de ley nacen y adquieren fuerza gracias a las contingencias en el país, como, por ejemplo, el escándalo de las boletas falsas.

Este proyecto de ley es una respuesta a la impunidad en la cual se ha deslizado la clase política y económica de este país, que por años se ha aprovechado del sistema para cometer delitos económicos. Pero de las crisis siempre nacen oportunidades.

No podemos estar orgullosos de que, por ejemplo, uno de los fundadores de la UDI haya sido condenado por delito tributario, pero que, mañosamente, haya llegado a un acuerdo con la fiscalía para que la pena por defraudar al fisco no superara los tres años.

Tampoco es agradable recordar cómo todos los boleteros que se han sentado en este Congreso desfilaban por tribunales y oficinas de fiscales regionales para tratar de tapar lo más rápidamente posible sus ilícitos. De ninguna manera nos enorgullece que Penta y SQM hayan dejado de contribuir con sus impuestos, y que a sus dueños les saliera más barato pagar la multa por el delito que dejar de financiar la política. Eso no lo decimos nosotros; lo dijo SQM, en Estados Unidos, donde tuvo que pagar 30 millones de dólares en multas luego de reconocer ante la justicia estadounidense que había realizado pagos irregulares a los políticos chilenos.

Así, nada de esto es motivo de orgullo, menos los contratos firmados por el hijo de una Presidenta en el ejercicio de su cargo, como ustedes bien recordarán. Pero, bueno, sacamos algo en limpio: no puede salir más barata la pena que el delito.

Este proyecto de ley tiene falencias, como todos en nuestro ordenamiento jurídico, pero si algo tenemos que agradecerle al senador Moreira es que, efectivamente, era el raspado de la olla lo que quedaba. La suspensión condicional de su procedimiento dejó en evidencia que estábamos fallando como sociedad y motivó una serie de proyectos de ley, que hoy se refunden, para que nunca más vuelva a ocurrir algo parecido.

Celebramos esta iniciativa, y me imagino que muchos de los aquí presentes la votarán a favor, aunque me aventuro a decir que varios nunca hubiesen podido votar si este proyecto de ley ya estuviera vigente.

En fin, las leyes de nuestro país deben, cuanto antes, ofrecer todas las herramientas posibles para que la nueva Constitución pueda estar a la altura de las expectativas. De nada servirá que en ella se enumeren derechos fundamentales si como Congreso no somos capaces de redactar leyes que permitan proteger, de manera efectiva, los contenidos de la nueva Constitución.

¡Cárcel para los que cometen delitos tributarios y no gerencias o cargos públicos!

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Gonzalo Fuenzalida .

El señor FUENZALIDA.-

Señor Presidente, seguramente en los discursos vamos a escuchar muchos casos de delitos económicos, como la colusión de los pollos, la colusión de las farmacias, el caso La Polar, en fin. Pero hay algo claro: si todo eso ha ocurrido es por culpa de nosotros mismos; o sea, es culpa del Congreso o de los gobiernos anteriores, que no fueron capaces de enviar un proyecto de ley macizo que modificara esta realidad.

Esta iniciativa la realizamos con profesores de derecho penal, pero nació de manera transversal, de distintos diputados que integramos la Comisión de Constitución.

Hay un principio que viene de la época en que Adam Smith escribió La riqueza de las naciones, el cual señala que para que los mercados funcionen y sean perfectos se necesita que haya competencia. Si esa competencia se distorsiona, con colusión, con cooptación del mercado, la gran víctima de todo esto será finalmente será el consumidor, ya que le quita la libertad de poder elegir.

Por eso nosotros nos metimos en este proyecto, porque nos dimos cuenta de que el gran problema con los delitos económicos y la impunidad que con ellos se generaba era que se trataban como delitos comunes y tenían, primero, penas bajas -de tres a cinco años-, por lo cual nadie terminaba con presidio efectivo, sino con penas alternativas; segundo, tenían agravantes generales que no concurrían en los delitos, entonces estos nunca se agravaban y no aumentaba la pena, y siempre concurrían atenuantes, porque claramente un gerente que se coludía era una persona que tenía una irreprochable conducta anterior; por ende, con una atenuante, inmediatamente bajaban las penas. En consecuencia, el resultado frente a los ciudadanos era que en los delitos de cuello y corbata nadie era sancionado.

Por esa razón la iniciativa establece un procedimiento especial para juzgar este tipo de delitos, porque son distintos a un delito común, como el hurto o el robo con intimidación: son delitos económicos. Por eso en esta futura ley definimos los delitos económicos como aquellos que tienen relación con el mercado de valores, con la libre competencia y también como un grupo de delitos que se pueden producir bajo la condición de que estén relacionados con una empresa. Eso tiene este proyecto: define delitos económicos y establece un procedimiento en que las agravantes, las atenuantes no hacen el juego de los delitos comunes.

Espero que la gran mayoría vote a favor esta iniciativa, que vaya al Senado y no se quede ahí durmiendo el sueño de los justos, porque, claramente, se trata de una necesidad urgente en nuestro país. Además, nos demoramos bastante en sacarla adelante, pero creo que cumplió su fin, independiente de que vamos a pedir votación separada, como lo señaló el diputado Walker , de algunas indicaciones del diputado Saffirio .

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Marcos Ilabaca Cerda .

El señor ILABACA.-

Señor Presidente, no quiero repetir todo lo que señalé -y señalamos en la discusión general del proyecto en la Sala. ¿Qué duda cabe de que esta es una tremenda iniciativa que logrará cambios respecto de la comisión y de la aplicación de sanciones a los delitos económicos? Efectivamente, hoy la sensación de impunidad que se tiene sobre la comisión de este tipo de delitos, los delitos de cuello y corbata, los delitos de los grandes capitales, es absoluta: terminan con clases de ética, con palmaditas en la espalda o con penas sustitutivas.

En la Comisión de Constitución se había generado un tremendo consenso con los profesores que nos estuvieron apoyando permanentemente -vaya mi reconocimiento al trabajo de esos profesionales en orden a entregar una solución legislativa en la materia, no solo endureciendo y aplicando mayores penas, sino que ampliando el arco de las penas que se aplicarán, los días multa, el comiso de ganancias, mayor drasticidad de aquellas.

Pero esta nueva fórmula legislativa penal se cae con la indicación que, lamentablemente, fue aprobada por una mayoría circunstancial al interior de la Comisión de Constitución. ¿Y por qué se cae? Porque resulta que al eliminar la gradualidad establecida en el texto del proyecto contenido en el primer informe, que además fue aprobado por esta Cámara, a los criminales de cuello y corbata hoy les estamos diciendo: “¿Saben qué? Ustedes pueden cometer un delito, y una de dos, se les aplica una sanción equis, o bien, la remisión condicional de la pena”. Pero como no existe este marco de gradualidad, lo que sucederá es que aquellos millonarios, aquellos gerentes sancionados van a recurrir al Tribunal Constitucional y este gran discurso de que estamos ampliando el marco de penas se irá al tacho de la basura y se convertirá en un sueño. ¿Por qué? Porque ellos irán al Tribunal Constitucional y sucederá lo mismo que con la “ley Emilia”: es tan drástica la aplicación de la pena que dicho órgano dirá que se afectan garantías constitucionales, y esos delincuentes económicos no se irán presos, que es lo que queremos; para eso hay que mantener el texto original del proyecto de ley.

Por tal razón, varios diputados hemos pedido votación separada para rechazar la indicación del diputado Saffirio , quien, en definitiva, con el discurso de que se están entregando mayores beneficios a los delincuentes de cuello y corbata, está logrando generar eso mismo: dar mayores beneficios a este tipo de delincuentes.

Por eso, reitero que rechazaremos la indicación presentada por el diputado René Saffirio .

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Mellado Suazo .

El señor MELLADO (don Miguel).-

Señor Presidente, estuve en algunas sesiones en que se trató este proyecto de ley porque creo que es completamente atingente a lo que en estos momentos se está viviendo.

Los dos proyectos fusionados se presentaron en enero de 2020, después del estallido social. ¿Por qué? Porque respecto de los delitos económicos, llamados comúnmente “de cuello y corbata”, se deben generar cambios en las grandes empresas, en esas que se coludieron y a las que después les salía más barato pagar la multa que coludirse; en los dueños de aquellas empresas, quienes tuvieron clases de ética en vez de cumplir las penas que correspondían por haber defraudado a sus clientes, y también en los ejecutivos de esas grandes empresas, quienes ganan bonos por hacer ganar plata a sus dueños -es lo que tienen que hacer sin la ética que corresponde.

Ahora bien, este proyecto contiene cuatro títulos y un título final.

El Título I señala cuáles son los delitos de la legislación chilena, del Código Penal y de la legislación especial, considerados como contrarios al orden socioeconómico. Eso es importante de recalcar.

El Título II establece un régimen especial de penas restrictivas de libertad, penas sustitutivas, multas, penas accesorias, inhabilitaciones para quien cometa este tipo de delitos, atendida la especial posición de estos delincuentes.

El Título III crea el denominado “comiso de ganancias”, del que aquí se ha hablado, que es muy importante. Se trata de un mecanismo existente a nivel global por el que se estima y decomisan -o sea, se quitan las utilidades que se hubieran podido obtener con ocasión del ilícito económico cometido. Esto es muy relevante, porque al día de hoy las colusiones se sancionan con una multa. Si la ley en proyecto hubiera estado vigente en los casos de colusión que conocimos, se habrían quitado a las empresas todas las utilidades obtenidas por las respectivas colusiones, lo que me parece muy bien.

El Título IV modifica el Código Penal en distintos sentidos y destaca la creación de un nuevo apartado sobre delitos contra el medio ambiente, creando un catálogo especial de estos, lo cual también me parece muy bien.

Por último, en este título se modifica la Ley del Mercado de Valores, la Ley sobre Sociedades Anónimas, la ley de protección de los derechos de los consumidores, la ley de la libre competencia, para introducir múltiples adecuaciones a estos cuerpos legales administrativos con el fin de armonizar y adecuarlos al objetivo perseguido por la ley en proyecto, principalmente, consagrar los delitos económicos.

Asimismo, el Título Final explicita la aplicación temporal y más benigna en la relación con la vigencia de la ley.

Creo que este es un gran primer paso. Puede no ser suficiente para algunos, pero es importante poder legislar sobre esta materia, para no defraudar nunca más a los consumidores de Chile.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado René Saffirio Espinoza .

El señor SAFFIRIO (vía telemática).-

Señor Presidente, todo lo que se ha dicho en cuanto a endurecer las penas, las multas y las penas privativas de libertad respecto de los delincuentes de cuello y corbata se escribe con la mano, pero se borra con el codo a partir del artículo 19 y siguientes, cuya eliminación la Comisión de Constitución aprobó, no por una mayoría circunstancial, sino por mayoría. Probablemente, el diputado Matías Walker considera que la mayoría fue circunstancial porque estaba presente en la sesión.

¿Por qué hay que eliminar estos artículos? Porque de lo que se trata es de aplicar las reglas generales que se aplican a todos los delincuentes, independientemente de si se trata o no de delitos económicos.

Hemos establecido un sistema de penas. Hemos establecido la posibilidad de que exista una querella, no solo exclusiva del Servicio de Impuestos Internos, sino de la Fiscalía Nacional Económica, de la Dirección de Aduanas. ¿Pero qué hemos dicho al final? Hemos dicho que la pena privativa de libertad se puede remplazar por reclusión parcial en el domicilio durante ocho horas diarias, o por fines de semana o por reclusión en un establecimiento especial.

Sabemos lo que es un establecimiento especial: vamos a tener un Punta Peuco 2 para los delincuentes de cuello y corbata.

Además, hay una norma inaceptable que sostiene que en aquellos casos en que la reclusión parcial diurna ponga en riesgo la subsistencia económica del condenado, de su cónyuge o conviviente civil, de hijos o hijas o de cualquier otra persona que dependa económicamente de él, se deberá imponer la pena de reclusión de fin de semana. Esto es como decir: “Señor, usted cometió un delito de colusión, causó daño a millones de chilenos, pero no lo vamos a mandar a la cárcel, se irá a un recinto especial y cumplirá la pena durante los fines de semana, porque si lo encerramos durante toda la semana, su familia va a vivir padecimientos económicos, porque sus ingresos van a disminuir”.

¿A qué delincuente le preguntan eso? ¿A qué delincuente se le pregunta si la reclusión en un establecimiento penitenciario común le va a causar perjuicios económicos a su grupo familiar o a cualquier persona que depende económicamente de él? A ninguno, nuevamente solo a los privilegiados que cometen delitos económicos de alto estándar.

Eso es inaceptable, eso es susceptible de ser llevado al Tribunal Constitucional, porque establece dos categorías de delincuentes. No estoy dispuesto a validarlo, razón por la cual pido que este proyecto se apruebe tal como viene en el informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Karol Cariola Oliva .

La señorita CARIOLA (doña Karol) .-

Señor Presidente, este es un proyecto de ley, iniciado en moción, respecto del cual la Comisión de Constitución ha debido hacer un gran esfuerzo, por bastante tiempo, para sacarlo adelante.

Saludo a los autores y autoras de la iniciativa, pues, sin lugar a dudas, se hace cargo de algo que se ha demandado muchísimo: la necesidad de que los delincuentes de cuello y corbata no queden en la impunidad en la que han quedado durante tantos años.

Este es un proyecto que busca reemplazar el sistema de penas sustitutivas de la ley N° 18.216 por uno especial, debido a que la aplicación del régimen general a los delitos económicos genera impunidad real. Así, con la entrada en vigencia de esta futura ley, pasaremos de aplicar a casi todos los casos la remisión condicional, es decir, firma mensual o libertad vigilada, a la aplicación de la pena efectiva o privaciones de libertad parcial, en el caso de aquellas personas en umbrales muy bajos de organización.

No podemos seguir favoreciendo a los delincuentes económicos, por lo cual se elimina el régimen diurno y de fin de semana, ya que implica un privilegio para esos delincuentes.

Sabemos que, en materia de delitos económicos, encontramos a sujetos activos que conocen perfectamente el contenido y la implicancia de sus acciones, cómo perjudican muchas veces a la ciudadanía, por lo que no se debe descartar una política criminal en la que uno de sus ejes contemple subir las actuales penas, a fin de hacerlas coincidentes con los estándares internacionales en materia de delitos económicos.

Además, es necesario tener presente que el cohecho fue el delito de corrupción con mas imputados en 2016, según los antecedentes entregados por el Ministerio Público. En el detalle de ese año, de los 403 casos de corrupción que llegaron a esa institución, el 63 por ciento fue por cohecho, lo que equivale a 253 causas. En segundo lugar se encontraba la malversación de fondos; en tercer lugar, el fraude al fisco, y, por último, el soborno.

Por lo anterior, resulta de suma importancia avanzar en una legislación robusta que sancione efectivamente a quienes cometan este tipo de delitos, y que la sanción no esté entregada al poder económico del autor o a la decisión política de un órgano de la Administración del Estado, sino más bien, como corresponde a cualquier chileno o chilena sin privilegios, a la justicia, con penas reales, efectivas y buscando mecanismos para que estas se apliquen, no como ha ocurrido hasta ahora, en que, como sabemos, muchos de estos delitos quedan en la impunidad.

Por eso, la bancada del Partido Comunista votará favorablemente esta iniciativa, pero nos sumamos a la solicitud de votación separada que han presentado algunos parlamentarios, pues rechazaremos ese punto, para que estas penas sean realmente más efectivas.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Marcelo Schilling Rodríguez .

El señor SCHILLING.-

Señor Presidente, estamos construyendo una ley especial para delitos especiales, como son los de carácter económico y aquellos que afectan al medio ambiente.

Esta legislación tiene por propósito hacer efectivo el castigo contra quienes incurren en este tipo de conductas, que son tan disolventes para la convivencia social. Por tratarse de una cuestión especial se requiere un régimen de sanciones especiales.

Conocemos la experiencia. Existen decenas de casos de colusión en los que, por ejemplo, aplicada la actual legislación, el resultado en cuanto a la sanción es igual a cero, por lo cual no hay ejemplaridad en las penas para disuadir a otros de incurrir en las mismas conductas.

¿Por qué digo esto? Porque la indicación recientemente aprobada en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, que elimina parcialmente los artículos 19, 23, 24, 25 y 26, conducirá a la anulación de toda la eficacia de esta legislación para delitos especiales. Eso debe ser corregido por la Sala, para lo cual es necesario votar en contra esas indicaciones.

Soy de los convencidos -me lo enseñó mi antecesor, el distinguido abogado y expresidente de la Cámara de Diputados señor Juan Bustos de que el Derecho Penal debe hacerse cargo de la cuestión social, y para eso no es indiferente el cómo pasan las cosas. Las penas deben ser graduadas en relación con la gravedad del delito, precisamente para darles eficacia.

En la Revolución francesa pasaban directamente a la guillotina. ¿Eso se quiere con la indicación, que siempre opere la guillotina? Y ya que pongo el ejemplo de la guillotina francesa, también puedo hablar, a propósito del carácter social del delito, de Víctor Hugo y Los miserables. En la misma ciudad donde se instituyó la guillotina se aprendió que muchas veces el delito es inducido por los errores de organización de la sociedad. De eso deben hacerse cargo tanto las legislaciones generales como las especiales, aquello que legisló inicialmente la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Por eso, llamo a restablecer lo bien obrado por esa comisión.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Antes de que finalice el debate por el día de hoy, debo recordarles que las personas que se encuentran inscritas y no alcanzaron a hacer uso de la palabra en esta sesión podrán realizar su intervención en la de mañana, ocasión en la que también votaremos la iniciativa.

Tiene la palabra la diputada Ximena Ossandón Irarrázabal .

La señora OSSANDÓN (doña Ximena).-

Señor Presidente, los delitos son acciones u omisiones tipificadas y penadas por ley.

Cuando se discute sobre este proyecto, pienso que parte de la gran rabia y frustración que fue parte de la energía vital del estallido social hace referencia justamente a lo que hablamos hoy, a los delitos de cuello y corbata, pues muchas veces terminan en nada, o en casi nada, en comparación con otros delitos que tienen altas penas y que muchas veces son pagados por personas que no tienen poder económico y, claramente, muchas de ellas vulnerables. De hecho, las cárceles están atiborradas de personas vulnerables, no de personas adineradas.

Hasta hace pocos años, aquellas personas que hablaban de esta realidad eran tratadas de traidores. Lo viví en persona, ¡y por Dios que dolía! También vi cómo se organizaban, y cómo se organizan hasta el día de hoy, aquellos grupos para golpear o para bloquear las voces que aparecen tan lógicas y tan llenas de realidad. Por eso han aparecido este tipo de proyectos, los cuales celebro.

No debemos defraudar a los consumidores chilenos. Este proyecto tiene como objetivo que no se vuelva a generar impunidad. Hay que tener mano dura para reparar injusticias que producen estragos tremendos en la convivencia social. Solo basta conversar con las personas en nuestros distritos para darnos cuenta de cómo duelen este tipo de injusticias.

¡No más colusiones! ¡No más abusos! Deben existir penas ejemplarizadoras para las personas que ejercen ese poder económico, porque son parte de la sanación de nuestra sociedad, que tanto lo necesita.

Ojalá que todos apoyemos este proyecto y que no duerma el sueño de los justos en el Senado, como dijo el diputado Fuenzalida , porque realmente es una necesidad, pues sirve como sanación y como reparación.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Ha concluido el tiempo del Orden del Día. En consecuencia, la discusión de este proyecto continuará en la sesión ordinaria de mañana, oportunidad en la que se votará.

SISTEMATIZACIÓN DE DELITOS ECONÓMICOS Y ATENTADOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE, MODIFICACIÓN DE CUERPOS LEGALES QUE TIPIFICAN DELITOS CONTRA ORDEN SOCIOECONÓMICO Y ADECUACIÓN DE PENAS APLICABLES (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETINES NOS 13204-07 Y 13205-07, REFUNDIDOS) [CONTINUACIÓN]

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Corresponde continuar la discusión del proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico y adecua las penas aplicables a todos ellos.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada parlamentaria o parlamentario que se haya inscrito el día de ayer o que se inscriba hoy para hacer uso de la palabra.

Antecedentes:

-El segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento se rindió en la sesión 56ª de la presente legislatura, en miércoles 7 de julio de 2021.

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Patricio Rosas .

El señor ROSAS.-

Señor Presidente, creo que una de las cosas que más indignación han generado en la comunidad chilena, que se expresó también el 18 de octubre y en muchos cabildos, son los delitos de cuello y corbata, esos que nos recuerdan las clases de ética como sanción, esos que nunca son castigados como otros y que han llevado a que nuestro país tenga la sensación de que existe una justicia para pobres y una justicia para ricos. Esos delitos son los que empezamos a ver en este cuerpo legal, en parte abordados; pero todavía falta mucho para lograr una mejora en la legislación acerca de los delitos de cuello y corbata y también en las conciencias de las personas que abusan de las leyes y normas.

Recién ayer fuimos testigos de cómo el presidente de la Clínica Las Condes, sobrepasando todas las normativas sanitarias y estando vacunado con sus dos dosis de Sinovac, solicitó e impuso ser inoculado con una tercera dosis de Pfizer en la Clínica Las Condes, y despidió a la enfermera que lo denunció. Ese también es un delito, porque esas vacunas son compradas con fondos públicos; me imagino que a la Contraloría este caso también le interesará. Pero cabe señalar la forma en que él se planteo, esto es, como que tiene el derecho de echar a alguien porque denunció algo que por protocolo debía denunciar. ¿Cuántas vacunas más estarán dadas por perdidas porque la cadena de frío no funcionó y han llegado a ciertos lugares de la elite? Por eso este tipo de conductas o inconductas crea tanta indignación.

Por eso apoyaré este proyecto y los cambios que introduce a nuestra legislación para sancionar los delitos de cuello y corbata.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Tiene la palabra, vía telemática, la diputada Catalina Pérez Salinas .

La señora PÉREZ (doña Catalina) [vía telemática].-

Señor Presidente, durante mucho tiempo nuestro país ha sido testigo de que pareciera ser que los delincuentes de cuello y corbata no son tan delincuentes para el sistema de justicia. Róbese un celular y todo el peso de la ley caerá sobre usted; probablemente quedará en prisión preventiva. El alcalde de Las Condes -da lo mismo si en realidad se robó el celular o no- va a subir una foto a redes sociales, poniéndolo como ejemplo de todo lo que está mal en este país. Pero pruebe coludirse con sus amigos, sus primos o sus excompañeros de colegio para embaucar a toda la ciudadanía con la venta de papel higiénico, de pollos o de medicamentos; pruebe legislar una ley redactada por una pesquera que financia campañas o contaminar las guas del mar, sustento de miles de pescadores y sus familias; pruebe instalar sustancias peligrosas cerca de un jardín infantil, o pruebe ser gerente de un banco -del Banco de Talca, por ejemplo- en medio de una defraudación. Todos sabemos que esa persona no recibirá el mismo trato y que sus actos tampoco tendrán las mismas consecuencias.

Este proyecto viene a perfeccionar la regulación penal y a sistematizar la legislación en materia de delitos económicos y sobre atentados contra el medio ambiente.

Saludo la presentación de esta iniciativa, que es urgente e imprescindible, y a todos quienes trabajaron en ella, sobre todo a los académicos de la sociedad civil que con gran generosidad han contribuido a su materialización. Pareciera ser que esa es la tónica de un tiempo a esta parte: que la sociedad civil, de manera espontánea, se organice para estar presente donde el gobierno falla. Ese es el caso de las ollas comunes; también el de las universidades públicas, las que han dado un paso adelante para ofrecer sus instalaciones a la Convención Constitucional, así como el de organizaciones feministas, que apoyan a las mujeres víctimas del patriarcado ante un ministerio indiferente, entre otros ejemplos.

Quiero recordar que en 2018 entró en vigencia la ley Nº 21.121, que estableció modificaciones legales para la prevención, detección y persecución de la corrupción. Mediante dicha norma se crearon nuevos tipos penales y se amplió la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Esa fue una reforma que costó muchísimo sacar adelante. Si bien fue, hasta ese momento, la reforma más importante al sistema de persecución penal de delitos de corrupción, todos sabíamos que era insuficiente, situación que hicimos presente en la Comisión Mixta al ministro de Justicia y Derechos Humanos. ¿Que nos respondió? Que tuviéramos tranquilidad, ya que en julio de 2018 se iba a presentar a tramitación legislativa el proyecto del nuevo Código Penal, con una legislación completamente actualizada, no solo para los delitos de corrupción sino para todo el sistema de delitos, incluidos los delitos ambientales.

Bueno, aquí estamos, y no podemos seguir esperando un nuevo Código Penal. El medio ambiente no puede seguir esperando que decidamos protegerlo en serio, Ciertamente, las personas afectadas por la corrupción institucional tampoco pueden seguir esperando. La impunidad en este tipo de delitos produce un efecto devastador no solo para las víctimas directas, sino para toda la sociedad, porque horada la confianza en nuestro sistema penal y judicial. La impunidad da el mensaje de que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda categoría, y da a entender que ser corrupto y dañar el medio ambiente sale gratis. La verdad es que a algunos sí les está saliendo gratis, situación que debe terminar.

Vamos a votar a favor en particular este proyecto, el que espero sea tramitado por el Senado con la agilidad que corresponde, para que se transforme pronto en ley de la república.

He dicho.

El señor FLORES (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Rubén Moraga .

El señor MORAGA.-

Señor Presidente, los delitos de cuello y corbata tienen muy bajas penas en nuestro Código Penal. Da lo mismo robarse un celular, da lo mismo la colusión, pues, al final del día, tal como aquí se ha dicho, a quienes cometen estos últimos delitos se les sentencia solo a tener que seguir clases de ética.

Ser caballero o dama da igual, ya que si alguien es ladrón o agente corruptor recibe como premio una muy baja pena por haber hecho uso de su inteligencia más que de la fuerza física para cometer un delito. No obstante, el daño que se puede causar en la materialidad social, así como en la vida de miles de ciudadanos, puede ser muchas veces mayor que un robo con violencia física.

Así lo vimos y lo hemos presenciado en los casos de colusión, de fraude, de contrabando y de aquellas relaciones espurias que se crean para cometer delitos que impactan negativamente en la naturaleza y en el patrimonio de todos los chilenos y chilenas. Así ocurre en la minería o con la actual ley de pesca corrupta, actividades que en muchos casos provocan mayor daño patrimonial que el que genera un ladrón de un cilindro de gas, una mechera o quien perpetra algún hurto o que ejerce la piratería de diversos productos para la subsistencia en la economía informal.

El aumento de las penas y la tipificación de delitos, relacionados con impactos negativos en la industria y en el medio ambiente, que propone este proyecto, son un gran avance. La corrupción y las decisiones gerenciales para quebrantar la normativa deben ser seriamente castigadas y ser establecidas como delitos que deben ser objeto del cumplimiento efectivo de las respectivas penas.

Hay empresas ligadas a la explotación de los recursos naturales que poseen unidades o departamentos de operadores políticos y de contables para saltarse las normas o para modificar los actos administrativos a su favor. Durante muchos años en Chile se ha hecho costumbre efectuar prácticas nocivas con el fin de disminuir los costos y aumentar la captura de excedentes.

Sí, en Chile, sobre todo en materia de recursos naturales, la obtención de plusvalía tiene en muchos casos un origen espurio. Eso era normal y aceptado. Corromper, saltarse una norma o una fiscalización, ocultar información o burlar el sistema impositivo era una astucia, una pillería, una “chispeza”. ¿A costa de qué? Del empobrecimiento y del daño físico y del patrimonio ambiental.

Con la aprobación de este proyecto, sin perjuicio de que no es perfecto, comenzaremos a sancionar como se debe a quienes cometen delitos de cuello y corbata, a gerentes y a grandes empresarios. Este tipo de delitos solo profundiza el aspecto ilegítimo de un sistema económico que se ampara en el abuso y en la explotación como forma principal para la obtención de las ganancias y de las riquezas.

Hay que corregir aquello, y este proyecto apunta en ese camino. Tenemos que profundizar en nuestra democracia, y este proyecto va en función de ese tenor: ampliar la democracia y la justicia.

Por eso, anuncio que lo votaremos a favor.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Pedro Velásquez .

El señor VELÁSQUEZ (don Pedro).-

Señor Presidente, debido a que en nuestro país tenemos un sistema que es susceptible a distintos tipos de influencias, en la mayoría de los casos los delitos más grandes son cometidos por aquellos que están protegidos por esa especie de oscuridad que les da el poder, no por quienes pertenecen a los sectores más modestos, como las personas que venden ropa en la calle, las que por ese hecho son detenidas y se les incauta su mercadería. Uno puede ver que no existe contrapeso entre los que tienen poder y los que no lo tienen.

Por eso, doy mi total apoyo a lo obrado por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados, instancia que aprobó por amplia mayoría el proyecto que hoy votaremos.

En la iniciativa en debate por primera vez se han tipificado los distintos tipos de delitos que se cometen no solo en el ámbito económico y financiero, sino también contra el medio ambiente. Además, el proyecto establece sanciones contra las personas o los empresarios que se coluden para cometer delitos que provocan un enorme daño a la credibilidad de los chilenos.

Por lo tanto, cuando estamos frente a este tipo de proyectos no podemos hacer otra cosa que apoyarlos en su totalidad. Creo que Chile se merece que todos enfrentemos en las mismas condiciones las penas establecidas por los delitos que se cometen.

Por eso, quiero reiterar que votaré a favor esta iniciativa, iniciada en mociones refundidas, en cuya tramitación en la Comisión de Constitución siempre se tuvo presente que por el bien superior del país se requiere adecuar las penas aplicables a los que cometen delitos económicos y atentados contra el medio ambiente.

En este último ámbito, la contaminación es un factor fundamental, la que es generada hoy principalmente por las grandes empresas.

Para finalizar mi intervención, quiero dar solo un ejemplo. En el caso de la comuna de Coquimbo, en el sector de la bahía de La Herradura, con el diputado Matías Walker hemos sido testigos de la contaminación por hierro, de la contaminación provocada por el derrame de grandes tambores de aceite y de la contaminación provocada por los fuertes olores emanados desde el vertedero de la ciudad. Todo ese tipo de situaciones perjudican la salud de todas las familias de la comuna de Coquimbo, pero nadie hace absolutamente nada, porque detrás están los grandes, los poderosos. Mientras ellos disfrutan de los recursos ganados, el pueblo tiene que verse afectado por los efectos de esas irregularidades.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Gastón von Mühlenbrock .

El señor VON MÜHLENBROCK.-

Señor Presidente, si bien el proyecto que hoy debatimos avanza en diferentes materias, en las que efectivamente estábamos al debe en nuestra legislación, creo que es importante señalar que avanza en la dirección contraria respecto de hacia dónde debieran estar puestos los esfuerzos de los legisladores.

No es posible dejar pasar por lo menos dos puntos críticos del proyecto. En primer término, elimina la facultad exclusiva de la Fiscalía Nacional Económica para interponer querellas por delitos que regula el cuerpo legal de la libre competencia, entregándole esta facultad, hoy día privativa, al Ministerio Público. Eso es un tremendo error, ya que la Fiscalía Nacional Económica es un organismo eminentemente técnico, que se relaciona con delitos de altísima complejidad que hacen requerir el trabajo de una fiscalía especializada, exclusiva, con un trabajo altamente técnico, el cual, lamentablemente, no tiene el Ministerio Público por su naturaleza.

En la experiencia internacional, tal como se ha dicho, también se entrega una atribución discrecional y privativa a la Fiscalía Nacional Económica para iniciar la acción penal.

Por otra parte, sobre los artículos que vienen a regular tipos penales relacionados con el medio ambiente, hay varios que dejan ciertas dudas respecto de su idoneidad, por decir lo menos. En particular, el artículo 305 no hace ninguna referencia relativa a la gravedad o idoneidad de la conducta que pone en peligro o daña al medio ambiente, por ende, genera incertidumbre y, además, no indica la necesidad de causalidad.

En fin, parece haber serios problemas de técnica legislativa con los cuales no estoy de acuerdo.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Pepe Auth .

El señor AUTH.-

Señor Presidente, tres minutos son completamente escasos para hablar de un proyecto tan tan relevante como el que se discute hoy día. Ello, porque es un lugar común que los delitos económicos tienen sanciones muy insuficientes, que no cumplen la función de desalentar su comisión.

Hay consenso en que el sistema general de penas es inadecuado para enfrentar la criminalidad económica. Por eso felicito este trabajo, digno de encomio, que hizo la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, ya que establece un sistema propio de determinación y sustitución de penas privativas de libertad, un sistema diferenciado de determinación de la pena según el tamaño del perjuicio; adecua las penas sustitutivas, eliminando, en el caso de la criminalidad económica, la libertad vigilada, remplazándola por reclusión parcial domiciliaria o reclusión parcial en establecimiento especial; determina gradualidad en las multas según los ingresos y el patrimonio de la persona que ha cometido el delito, para que la multa siempre tenga un peso punitivo adecuado; regula sustantiva y procedimentalmente el comiso de las ganancias, que es muy difícil de aplicar; perfecciona el estatuto de responsabilidad penal de las personas jurídicas, ampliando el catálogo de los delitos por los que deben responder las empresas, y, además, introduce el estatuto de delitos ambientales.

Quiero señalar que este tremendo trabajo que hicieron en veintiséis sesiones fue contradicho al final, en el segundo trámite reglamentario en la comisión, porque se aprobaron indicaciones que van justamente en contra de todo el trabajo previo. En consecuencia, en la votación separada solicitada por supuesto que aprobaré lo que está contemplado en el primer informe y que votamos en general hace algunas sesiones.

Este es un paso muy pero muy importante para que las sanciones a la criminalidad económica tengan el efecto ejemplarizador y desalentador de la comisión de delitos, porque, francamente, hasta hoy sale extremadamente barato violar los principios éticos y jurídicos que deben guiar toda actividad económica en nuestro país.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto .

El señor SOTO (don Leonardo).-

Señor Presidente, estamos en el debate en particular de un proyecto que considero histórico: después de más de cien años de vigencia del actual Código Penal se establece una manera sistemática de abordar y castigar severamente los delitos económicos; atentados contra el medio ambiente, contra los mercados financieros, contra el orden económico.

Creo que se trata de la apuesta más robusta que ha hecho un Congreso en más de cien años, porque en el Código Penal vigente nunca se pensó realmente establecer castigos severos para el delincuente de cuello y corbata, que es el de esta delincuencia económica. Todo está diseñado para perseguir al delincuente común: están tipificados el robo, el hurto, el robo con intimidación, las lesiones, las agresiones, pero todo el sistema penal que hemos tenido por más de cien años, cuando se trata de esta clase de delincuencia, da bote, no es capaz de castigarla severamente.

Por ejemplo, delitos económicos como el de La Polar o del grupo Penta fueron cometidos por personas que, indudablemente, merecen un reproche gravísimo y profundo, pero esas personas tenían irreprochable conducta anterior: nunca antes habían cometido un delito, y, en consecuencia, por ese solo hecho -ello ocurre en la mayoría de los delitos económicos- no tuvieron sanciones reales y por tal razón las condenaron a penas absurdas, como simplemente a tener que asistir a clases de ética.

Este proyecto cambia ese paradigma y, sin duda, crea un sistema completo, distinto al de la delincuencia común, con agravantes y atenuantes que tienen que ver con los delitos económicos, entregando amplias facultades a los jueces para aplicar penas efectivas.

Hay una norma muy relevante en la materia, que establece que si el delincuente económico ejerce un poder relevante de mando al interior de una organización económica -un grupo económico, una empresa- y además ha causado un daño importante en la economía, en la sociedad o en un mercado, tendrá cárcel asegurada aunque se le apliquen penas inferiores a cinco años. En esos casos hay una agravante calificada y se impide acceder a cualquier pena sustitutiva.

En esta discusión existe una controversia sobre las penas sustitutivas que creo que, siendo leves, podrían ser mucho más severas para esta clase de delincuencia, pero son infinitamente más severas que las que actualmente existen, porque la mayoría de los delitos económicos no tienen cárcel real y las personas son condenadas a una pena nominal que se sustituye por la libertad vigilada o por la remisión condicional de la pena.

Hoy se avanza en una mayor severidad incluso en las penas sustitutivas; por eso aprobaré hasta la indicación que se votará de manera separada. Espero que el Senado la aumente aún más.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Espinoza .

Su señoría no está conectado.

Tiene la palabra el diputado Jaime Mulet .

El señor MULET (vía telemática).-

Señor Presidente, sin lugar a dudas, debemos aprobar este proyecto de ley. Creo que se ha hecho un gran trabajo al respecto, tal como lo han señalado hoy nuestros colegas.

Durante muchos años se viene dando esta lucha en nuestro país para sancionar severamente los delitos llamados genéricamente “de cuello y corbata”, lo que es muy importante.

Por eso estamos plenamente de acuerdo con este proyecto, y lo vamos a apoyar.

Quiero señalar que desde la Federación Regionalista Verde Social hemos propuesto incluso al candidato presidencial que estamos apoyando, Daniel Jadue , que incorpore en su propuesta presidencial todos aquellos planteamientos realizados, por ejemplo, por Espacio Público, a quienes se llamó y estuvieron en la comisión Engel . También hay propuestas hechas por Chile Transparente y la Fundación Observatorio del Gasto Fiscal que están en sintonía -muchas veces tales propuestas se han hecho públicas- con este propósito tan relevante de sancionar efectivamente los delitos de cuello y corbata.

Quien habla en su momento también hizo un esfuerzo en la materia, como así también los hicieron muchos parlamentarios más. Fui querellante en el caso farmacias: más de cuatro o cinco años persiguiendo la responsabilidad penal de los ejecutivos que alteraron fraudulentamente los precios de los medicamentos. Se trata de un hecho que ocurrió hace mucho tiempo, pero que se conoce como un caso emblemático, como también lo son el caso de los pollos, el del papel confort, etcétera, que afectaron a millones de chilenos y chilenas en situaciones como estas, cuyos responsables después quedaron absolutamente libres, no obstante haber una intención positiva de causar daño, al obtener, en ese caso, ganancias indebidas.

Los delitos de cuello y corbata deben tener sanción penal severa y privación de libertad cuando sea necesario. Y este proyecto va en el camino correcto.

Al final, en el caso farmacias la justicia determinó que no había delito. Un tribunal oral en lo penal, en fallo dividido, estimó que en ese caso no hubo una comisión de delito. En algún momento, como todo Chile recuerda, trataron de mandar a los responsables de ese y otros casos a tomar clases de ética, como si con eso se fuera a reequilibrar el sentido de lo que busca la justicia penal.

Son delitos gravísimos que afectan a miles o millones de personas, como ha ocurrido en nuestro país, y la severidad de la justicia en esta materia tiene que ser clara.

Por eso, como Federación Regionalista Verde Social, vamos a votar a favor este proyecto de ley, y seguiremos luchando por incorporar otras medidas de esta naturaleza en la legislación nacional.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Iván Flores .

El señor FLORES (don Iván).-

Señor Presidente, hemos escuchado -ayer y hoy- intervenciones que dan cuenta de las distintas posiciones que tienen los colegas sobre este proyecto, pero hay un denominador común, que tiene que ver con el intento por generar no solo justicia verdadera, sino también un equilibrio entre el poder económico, los requerimientos sociales y lo que significa finalmente una mejor convivencia y credibilidad institucional.

No hay nada peor que la economía del abuso, en la cual quien tiene el dinero también tiene el poder de decisión, el poder de intervención y el poder de estar por sobre otros, mediante el uso de artes que no necesariamente tienen que ver con el esfuerzo personal, sino que, a veces, con lo que se recibe desde el nacimiento, con las oportunidades que se dan en los núcleos de los amigos duros o, sencillamente, con algunos abusos.

La verdad es que buena parte del cansancio social que se ha producido en el Chile del último tiempo proviene exactamente de aquello con lo que la ciudadanía, de tanto en tanto, ha sido sorprendida: acuerdos económicos que se transforman en delitos, por atentar contra la salud, contra la alimentación, contra el bienestar de la ciudadanía. Estoy hablando de la colusión de los remedios, de la colusión de los pollos y de otras distintas intervenciones, en un modelo de economía de mercado que si las fuerzas actuaran honestamente, capaz que hasta sería razonablemente justo y equitativo.

Cuando se interviene mañosamente el mercado, cuando se pasa por encima de los demás y se vulneran sus derechos, cuando se falsean las condiciones de competitividad, estamos ante un atentado contra la libertad, la democracia y las oportunidades.

Así las cosas, hay que apoyar este proyecto, independientemente de que algunos tengamos dudas más que razonables en cuanto a que estas penas desmedidas puedan terminar en nada y, por lo tanto, nuevamente vayamos a tener gente que no pagará por estos delitos que atentan contra los más humildes: los delitos económicos, los delitos contra el patrimonio nacional, los delitos contra esta libertad de actuar, que atentan contra el sueño de progreso y que, finalmente, terminan sin sanción.

Por lo tanto, tenemos que aplicar penas razonables, pero efectivas.

Por eso hay que aprobar este proyecto.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Alessandri Vergara .

El señor ALESSANDRI.-

Señor Presidente, el catálogo de delitos económicos se construye mediante referencias a disposiciones de nuestro Código Penal y a la legislación especial. Entre ellos encontramos cuatro categorías.

En primer término, hay un listado no muy extenso de delitos que tienen el carácter de económicos, cualesquiera sean las circunstancias de su comisión.

La segunda categoría son los delitos que se consideran económicos por haber sido cometidos por un sujeto al interior de una empresa o en beneficio de ella.

En tercer lugar, tenemos un listado de delitos especiales cometidos por funcionarios públicos u otros actores que tienen calidad de persona especial, que se consideran económicos cuando en su comisión ha intervenido un sujeto al interior de la empresa o son cometidos en su beneficio.

Y en cuarto lugar tenemos delitos económicos que recaen sobre bienes que provienen de delitos económicos, como la receptación y el blanqueo de activos, y aquellos en cuya comisión se cumplen las condiciones de la segunda categoría recién mencionada.

Para las personas naturales que intervienen en la comisión de delitos económicos, el proyecto contempla un régimen especial para la determinación judicial de la pena privativa de libertad y su sustitución por otro tipo de pena.

Por otra parte, el proyecto establece que toda condena por delito económico conlleva el comiso de las ganancias. En el Código Penal se entiende el comiso de ganancias como una consecuencia civil que toda condena debe llevar consigo y, consecuentemente, se dispone su aplicación incluso a personas que no han intervenido directamente en la comisión del delito, siempre que hayan obtenido provecho económico de este. Para los delitos económicos, el proyecto contempla la posibilidad del comiso, incluso sin condena previa, en caso de que se compruebe el provecho ilícito.

Para las personas jurídicas, el proyecto se remite a la ley Nº 20.393.

Una de las ideas centrales de este proyecto señala que las normas del Código Penal no son aptas para los delitos económicos. Por eso la iniciativa busca fortalecerlas, para mejorar su persecución, y constituye un llamado de alerta para aquellas personas que pensaban que podían saltarse las reglas en nuestro país.

Este proyecto va en la línea correcta, persigue aquellos delitos que antes eran de cuello y corbata, porque hoy día muchas de esas personas poderosas no ocupan ni cuello ni corbata.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Gustavo Sanhueza .

El señor SANHUEZA.-

Señor Presidente, sin duda, los delitos de cuello y corbata deben estar entre los que más enojo y frustración generan en la ciudadanía, por lo cual me parece que este proyecto es un avance importante, ya que permitirá que los responsables de estos delitos sean efectivamente sancionados.

Dentro de la estructura del proyecto, creo importante que se establezcan diferentes categorías. En primer término, está el listado -no muy extenso- de delitos que tienen el carácter de económico, cualesquiera que sean las circunstancias de su comisión.

La segunda categoría de delitos que se consideran económicos son aquellos cometidos por un sujeto al interior de una empresa o en beneficio de ella. De esta clase son, por ejemplo, los delitos aduaneros, medioambientales, la estafa y la administración desleal.

En tercera categoría está el listado de delitos especiales, es decir, cometidos por funcionarios públicos u otros autores que tienen una calidad personal especial, que se consideran económicos cuando en su comisión ha intervenido un sujeto al interior de la empresa o son cometidos en su beneficio.

Y la cuarta categoría es la de los delitos económicos como la receptación o blanqueo de activos, cuando recaen sobre bienes originados por delitos económicos o cuando en su comisión se cumplen las condiciones de la segunda categoría de delitos económicos.

Para todos los casos en que se requiera alguna vinculación con una empresa, el proyecto dispone que debe tratarse de grandes o medianas empresas.

Creo que también es importante que aquí se consideren los delitos mediambientales, y se establece un catálogo de delitos relativos a quienes, estando obligados a la evaluación de impacto ambiental, no la realicen o no sean autorizados para ello y contaminen vertiendo sustancias contaminantes en aguas marítimas o continentales; extrajeren aguas continentales, sean superficiales o subterráneas, o aguas marítimas; o vertieren o depositaren sustancias contaminantes en el suelo o subsuelo continental o marítimo. Creo que esto es tremendamente importante, porque también se considera la liberación de sustancias contaminantes al aire.

Por eso, me parece muy importante que aprobemos este proyecto, ya que necesitamos dar certezas, no solo a los que están en una situación de delito, sino a la ciudadanía principalmente, en cuanto a que los delitos de cuello y corbata tendrán penas efectivas de cárcel, para eliminar estas prácticas que afectan a toda nuestra sociedad.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Francisco Undurraga .

El señor UNDURRAGA.-

Señor Presidente, probablemente, para todos los que creemos en el mercado y en el desarrollo de las industrias, este es un proyecto de ley muy relevante.

Se trata de una iniciativa que viene a corregir los vicios que, lamentablemente, se han generado en la práctica y en la mala utilización de la información en los mercados. La colusión debe ser lo más nefasto que puede ocurrir con un grupo de empresas o en un mercado. Por eso, creo que lo que se está haciendo hoy en esta Sala es de justicia, porque no solamente tiene que ver con la protección de la competencia, al personaje más débil de la industria, sino, sobre todo, proteger al consumidor, que es lo más importante.

Hemos asistido a un sinnúmero de colusiones durante los últimos veinte años; hemos podido sancionar a algunos, pero débilmente, y a otros no los hemos podido sancionar. Desde Evópoli no permitimos la colusión ni estamos de acuerdo con ella; no permitimos ni estamos de acuerdo con los abusos que algunos empresarios, algunos ejecutivos, han practicado en favor de sí mismos y no en favor del mandato que tiene una empresa, que es generar valor, esto es, generar y ofrecer productos y servicios que sean buenos para cada uno de los ciudadanos que los consumen. Una empresa del siglo XXI debe estar constituida por empresarios que tienen que estar al servicio de la transparencia.

Lo que ha ocurrido en Chile es una vergüenza. Me podrán decir que ocurre en otras partes del mundo; sí, lamentablemente, ocurre en otras partes del mundo, pero eso no significa que podemos caer o promover ninguna situación de colusión; por el contrario, tenemos que castigarlas con la mayor de las firmezas. Si creemos en mercados sanos, si creemos en países que se desarrollan a través de sus industrias, tenemos que condenar abiertamente la colusión, y no solamente de palabra, sino con acciones, que es lo que hoy estamos haciendo con este proyecto de ley.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Ignacio Urrutia .

El señor URRUTIA (don Ignacio).-

Señor Presidente, lo dijo muy bien el Vicepresidente de la Cámara de Diputados, señor Francisco Undurraga : es una vergüenza lo que ha ocurrido en Chile, independientemente de que pueda ocurrir en otras partes del mundo; es una vergüenza, porque nadie puede estar de acuerdo con las colusiones, por cuanto son realmente vergonzosas.

No obstante, parte de esas colusiones también están representadas en esta propia Cámara de Diputados, para no ir más lejos. Justo al frente mío en esta Sala tenemos a accionistas de Soquimich, empresa que también se ha coludido; por lo tanto, ellos también tienen que responder por lo que está ocurriendo hoy.

¿Dónde están los socialistas socios de Soquimich? No solo son socios de Soquimich, sino también de todas las empresas del IPSA que existen hoy en nuestro país. Ellos también tienen responsabilidad en lo que ha estado ocurriendo.

¿Dónde están los que se llevaron la Universidad Arcis para la casa? ¿Dónde están los que se llevaron la Universidad Arcis para su casa? ¡Se la robaron! Ellos también tienen que responder. No vengan a achacarles todo a los empresarios, porque ustedes también son empresarios y se han robado cosas en este país; por lo tanto, tienen que responder por esos actos.

¿Dónde estaba el señor Rodrigo Peñailillo , que acaba de aparecer recién ahora? ¿Cuánto tiempo lo tuvieron escondido? ¿Dónde lo tuvieron oculto? ¿En Miami? Lo ocultaron para que no respondiera por las faltas que había cometido. ¡Y ahora traen al “perla” de candidato a senador! ¿Cómo es posible?

Llegó la hora de aprobar este proyecto para que gente como ustedes, del Partido Socialista, del Partido Comunista o del PPD, como el señor Rodrigo Peñailillo , dejen de una vez por todas de abusar de todos los chilenos.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Marcelo Schilling .

El señor SCHILLING.-

Señor Presidente, quiero pedirle que, aparte de hacer el control de la temperatura para ingresar a este recinto, se haga también la alcoholemia, por favor.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Juan Antonio Coloma .

El señor COLOMA.-

Señor Presidente, cuando vemos que este proyecto de ley, que busca tipificar diversos delitos denominados “de cuello y corbata”, por fin sale adelante, creo que es especialmente relevante la tipificación y el endurecimiento de penas en el caso de los delitos medioambientales.

Durante mucho tiempo hemos hablado del medio ambiente, pero por fin, con este proyecto de ley, que tramitamos en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, se cambia en forma significativa las penalidades para muchos delitos en materia medioambiental, especialmente respecto del tema del agua.

Hemos visto que en el pasado algunas empresas han cometido delitos medioambientales, como verter distintos productos químicos en cursos de agua y, en los hechos, era muy poco lo que pasaba con quienes realizaban esta acción. Sin embargo, con proyectos de ley como este, empieza a cambiar la forma en la cual vamos a regular los delitos medioambientales, lo que me parece fundamental porque así no solamente cuidamos el agua continental superficial, sino también las aguas subterráneas y marítimas.

En general, aumentamos el catálogo de penas para todo lo que signifique un verdadero atentado al medio ambiente, no solamente en el caso del agua, sino que también cuando una empresa, cualquiera sea esta, comete delitos medioambientales respecto del suelo y del subsuelo. Llegó el momento de cuidar de forma especial el medio ambiente.

Este es un proyecto de ley que tramitamos en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento durante muchísimas sesiones y logramos bastantes consensos, endureciendo significativamente las penas. Invito a leer el proyecto en su totalidad, para ver las distintas modificaciones penales que se proponen, específicamente, para quienes contaminen las aguas o el suelo. No entro al detalle en este instante, porque es un proyecto muy extenso.

Antes de terminar, quiero hacer un paréntesis respecto a una indicación que se aprobó en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, acerca de la cual hay solicitud de votación separada por parte de los diputados Marcos Ilabaca , Matías Walker y también por nosotros. Esa indicación fue presentada por el diputado René Saffirio para establecer un régimen de penas sustitutivas diferente al actual, lo que, en los hechos, termina con la reclusión domiciliaria parcial o total, y con la reclusión parcial los fines de semana.

¿Cuál es el problema de esta indicación? Que deja al juez solamente con la atribución de dar firma mensual; es decir, es firma o cárcel. Por lo tanto, se está beneficiando a quienes serían condenados…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Se acabó su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Luciano Cruz-Coke .

El señor CRUZ-COKE.-

Señor Presidente, como señalaba recientemente el diputado Juan Antonio Coloma , este proyecto de ley fue visto y discutido durante más de veintisiete sesiones en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

Hubo que hacer algunos arreglos -fue importante hacerlos-, para que no exista una distinción entre diferentes tipos de delitos, de modo que respecto de los denominados delitos “de cuello y corbata”, a los que parece que algunas penas, sobre todo las más gravosas de nuestro ordenamiento penal, no se aplican, efectivamente se puedan aplicar, para que no exista esa mañosa distinción que hoy se hace. Ha habido avances también en la materia, a fin de que no exista justicia de distintas calidades.

Escuchamos distintas exposiciones respecto de este proyecto de ley, que sistematiza los delitos económicos, los atentados contra el medio ambiente -asunto que está muy presente en la opinión pública y en las campañas políticas-, modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico, y adecua las penas aplicables a todos ellos.

Agradezco a quienes han sido parte de su discusión, entre ellos los profesores Bascuñán , Soto , Silva , Winter y Medina , y a los diputados que trabajaron muy profesional y cuidadosamente para adecuar esta normativa, a fin de no entrar en conflicto con otros artículos o con el Código Penal, de modo de crear nuevas figuras y establecer penas mayores, para terminar con la impunidad de aquellos que tienen posibilidades de defensa. En ese sentido, se ha instalado en la opinión pública -a veces con mucha razón, a veces erradamente- la idea de que existen dos justicias: una para personas pudientes, relacionada con delitos de mayor cuantía, y una especie de justicia para pobres.

Me parece que este proyecto es un avance y que lo debemos aprobar.

Vamos a votar ciertas adecuaciones y normas separadamente, para que las penas sean aplicables y nadie se salte este cuerpo de modificaciones al que ha costado tanto arribar, precisamente para dar la señal a la ciudadanía de que quienes delinquen son delincuentes y que no hay…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado.

Señores diputados, la bancada del Partido Comunista ha solicitado el cierre del debate, pero falta que intervengan los diputados Andrés Longton y Francisco Eguiguren .

Solicito la anuencia de la Sala para que los diputados puedan intervenir antes de cerrar el debate.

¿Habría acuerdo?

No hay acuerdo.

En consecuencia, corresponde votar la petición de cierre del debate.

Los que voten a favor lo hacen por el cierre del debate; los que voten en contra lo hacen para que se mantenga el debate.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 25 votos; por la negativa, 50 votos. No hubo abstenciones.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Rechazada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Barrera Moreno , Boris García García, René Manuel Nuyado Ancapichún , Emilia Santana Castillo , Juan Boric Font , Gabriel Hirsch Goldschmidt , Tomás Pérez Arriagada , José Soto Mardones , Raúl Cariola Oliva , Karol Jiménez Fuentes , Tucapel Rojas Valderrama , Camila Teillier Del Valle, Guillermo Cicardini Milla , Daniella Labra Sepúlveda , Amaro Saavedra Chandía , Gastón Vallejo Dowling , Camila Crispi Serrano , Miguel Mulet Martínez , Jaime Saffirio Espinoza , René Velásquez Núñez , Esteban Díaz Díaz , Marcelo Naranjo Ortiz , Jaime Sandoval Osorio , Marcela Yeomans Araya , Gael Galleguillos Castillo, Ramón

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alessandri Vergara , Jorge Flores García, Iván Monsalve Benavides , Manuel Silber Romo , Gabriel Álvarez Ramírez , Sebastián Fuenzalida Figueroa , Gonzalo Moreira Barros , Cristhian Soto Ferrada , Leonardo Amar Mancilla , Sandra Hernando Pérez , Marcela Muñoz González , Francesca Tohá González , Jaime Ascencio Mansilla , Gabriel Ibáñez Cotroneo , Diego Olivera De La Fuen-te , Erika Torrealba Alvarado , Sebastián Auth Stewart , Pepe Ilabaca Cerda , Marcos Ossandón Irarrázabal , Ximena Trisotti Martínez , Renzo Barros Montero , Ramón Kast Sommerhoff , Pablo Parra Sauterel , Andrea Undurraga Gazitúa , Francisco Bernales Maldonado , Alejandro Labbé Martínez , Cristian Pérez Lahsen , Leopoldo Urrutia Bonilla , Ignacio Brito Hasbún , Jorge Longton Herrera , Andrés Rubio Escobar , Patricia Urrutia Soto , Osvaldo Castro Bascuñán, José Miguel Luck Urban , Karin Saldívar Auger , Raúl Urruticoechea Ríos , Cristóbal Coloma Álamos, Juan Antonio Masferrer Vidal, Juan Manuel Schalper Sepúlveda , Diego Velásquez Seguel , Pedro Cruz-Coke Carvallo , Luciano Mellado Suazo , Miguel Schilling Rodríguez , Marcelo Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Del Real Mihovilovic , Catalina Mix Jiménez , Claudia Sepúlveda Orbenes , Alejandra Walker Prieto , Matías Eguiguren Correa , Francisco Molina Magofke, Andrés

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Para referirse a un asunto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Marcelo Díaz .

El señor DÍAZ.-

Señor Presidente, tengo una profunda preocupación, porque ya están sonando los timbres para llamar a votar y no alcanzaremos a discutir el proyecto de ley que establece trabajo a distancia para cuidado de niñas, niños y adolescentes en caso de pandemia, aprobado unánimemente por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social el martes pasado.

Ese proyecto, que está en segundo trámite constitucional, se aprobó sin indicaciones, porque todos tuvieron conciencia de que es importante que se despache y quede en condiciones de ser promulgado y publicado.

Por lo mismo, pido que se recabe el acuerdo de la Sala para que lo votemos sin discusión. De otro modo deberemos examinarlo la semana siguiente de la semana distrital.

Se trata de una medida urgente y transversal, impulsada principalmente por la senadora Marcela Sabat . Lo digo, para que nadie piense que este es un proyecto de la oposición.

Insisto en que la iniciativa fue aprobada unánimemente por los diez diputados presentes en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Por lo mismo, vuelvo a pedir a la Sala que la votemos hoy, sin discusión.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Sobre el punto, tiene la palabra el diputado Juan Antonio Coloma .

El señor COLOMA.-

Señor Presidente, no tenemos problema en votarlo hoy: sin embargo, después de terminada la tramitación de este proyecto, al menos se debería leer el informe de dicha iniciativa.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Solicito la anuencia de la Sala para votar el proyecto con la sola rendición del informe y sin discusión. ¿Habría acuerdo?

No hay acuerdo.

En consecuencia, el proyecto de ley se mantiene en el mismo lugar de la tabla.

Para referirse a un asunto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Tucapel Jiménez .

El señor JIMÉNEZ.-

Señor Presidente, quiero solicitar lo mismo que acaba de pedir el diputado Marcelo Díaz . Lo único que nos importa es que en el informe quede establecido el trabajo remoto para los empleados públicos, en concordancia con el dictamen de la Contraloría General de la República.

En la Comisión de Trabajo y Seguridad Social hubo consenso para votar el proyecto sin debate, dada su urgencia y premura. Las mamás necesitan que se apruebe.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Señor diputado, lamentablemente, no hubo acuerdo para aprobar la petición de cierre del debate.

Para referirse a un asunto de Reglamento, tiene la palabra, vía telemática, la diputada Carmen Hertz .

La señora HERTZ (doña Carmen) [vía telemática].-

Señor Presidente, simplemente quiero avisar que no funcionó el dispositivo móvil y no pude votar el primer proyecto. Por lo mismo, pido que quede consignado en acta que mi voto era favorable al mismo.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Así se consignará, señora diputada.

Para referirse a un asunto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Marcelo Díaz .

El señor DÍAZ.-

Señor Presidente, quiero pedir reunión de Comités con suspensión de la sesión, sin perjuicio de que primero intervengan los dos diputados inscritos.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Señor diputado, no hay quien me reemplace en la presidencia, porque los diputados que lo hacen también deberían asistir a la reunión de Comités.

Puedo citar a reunión de Comités, pero sin suspensión de la sesión.

El señor DÍAZ.-

Señor Presidente, no tengo inconveniente en que hablen los dos diputados que faltan, pero, luego de eso, quiero pedir suspensión de la sesión, porque no queremos que se ponga término a la misma.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Señor diputado, en la medida que sigamos hablando, no podremos examinar el cuarto proyecto en tabla. Más allá de esa consideración, el Orden del Día concluirá a las 13.13 horas, tal como fue acordado.

Para referirse a un asunto de Reglamento, tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda .

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, concuerdo con lo que acaba de plantear el diputado Marcelo Díaz . Por lo mismo, quiero pedir reunión de Comités sin suspensión de la sesión, porque necesitamos tomar un acuerdo en relación con el último proyecto en tabla.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Para referirse un asunto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Matías Walker .

El señor WALKER.-

Señor Presidente, es muy importante que despachemos hoy el proyecto que sistematiza los delitos económicos, y me parece muy bien que intervengan los diputados Francisco Eguiguren y Andrés Longton ; pero le recuerdo a la Mesa que no están permitidos los pareos cuando hay normas de quorum especial.

Tal como consta en la minuta que hizo la Secretaría -es muy clara-, hay normas que se deben aprobar por 88 votos. Por lo tanto, si hay diputados pareados, no será posible aprobar el proyecto de ley.

En consecuencia, pido a la Mesa que recuerde que están prohibidos los pareos cuando se votan normas de quorum especial.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Señores diputados, se acordó que puedan intervenir los diputados Francisco Eguiguren y Andrés Longton ; sin embargo, si no alcanzan a intervenir y concluye el Orden del Día, tendremos que votar el proyecto a la vuelta de la semana distrital.

Para referirse a un asunto de Reglamento, tiene la palabra, vía telemática, la diputada Gael Yeomans .

La señorita YEOMANS (doña Gael ) [vía telemática].-

Señor Presidente, no di el acuerdo para votar sin discusión el proyecto de ley que establece trabajo a distancia para el cuidado de niñas, niños y adolescentes, con el objeto de que me diera la palabra.

Quiero que quede establecido en la historia fidedigna de la ley que en el caso de los funcionarios públicos, la interpretación de la ley debe atenerse al dictamen de la Contraloría General de la República; así de simple. Ese fue el espíritu que primó en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Si se acuerda que la materia se zanjará de ese modo, no tengo problema en dar el acuerdo para que el proyecto de ley se vote inmediatamente y sin discusión.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Para referirse a un asunto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Juan Antonio Coloma .

El señor COLOMA.-

Señor Presidente, hay cinco diputados inscritos para hacer uso de la palabra. Por consiguiente, solicito que recabe el acuerdo de la Sala para que el proyecto de ley en estudio, que modifica y sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, se vote hoy, independientemente de si alcanzan o no a intervenir todos los parlamentarios inscritos.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

¿Habría acuerdo para acceder a la solicitud del diputado Juan Antonio Coloma ?

Acordado.

Por otra parte, recabo el acuerdo de Sala para votar, con la lectura del informe y sin discusión, el proyecto de ley que establece el trabajo a distancia para cuidado de niños en caso de pandemia, entendiendo que la sesión se prorroga por el tiempo necesario para ese efecto.

¿Habría acuerdo?

No hay acuerdo.

Para continuar la discusión, tiene la palabra el diputado Andrés Longton .

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, este proyecto viene a solucionar varias cosas, pero la más importante tiene que ver con la prisión efectiva para quienes cometan delitos económicos, ya que la sensación y realidad en el país es que a quienes atentan contra bienes muy importantes para la sociedad, pero que son parte de grupos económicos muy poderosos, no se les aplica la ley como al resto de los chilenos.

Eso ocurre por varias razones, pero una de las más importantes es que los delitos económicos no están bien sistematizados en el Código Penal. Debemos considerar que tenemos un Código Penal de 1874 y que si bien las penas han subido en el caso del delito de colusión, el tratamiento que se da en el Código Penal impide que se apliquen, porque muchas reglas se asimilan a otro tipo de delitos. Por ejemplo, se aplica como atenuante que la persona no sea reincidente, en circunstancias de que en este tipo de delitos la reincidencia se da en muy pocas ocasiones, porque son delitos que se prolongan en el tiempo y quien se enriquece por el delito de colusión difícilmente volverá cometerlo, y si lo hace, sería una situación particular.

En este proyecto se busca regular ese tipo de situaciones, pues queda bastante claro que se van a aplicar ciertas agravantes y atenuantes en relación con el tipo de delito.

Otra cosa es lo que tiene que ver con la libertad vigilada o la remisión condicional de la pena. Se trata de elementos que en este tipo de delitos tienen poca utilidad, porque la libertad vigilada no tiene mucho sentido para quienes los cometen. Para los delitos económicos las penas deben ser derechamente sancionatorias, no de control social, que es algo que claramente busca la libertad vigilada.

Otro elemento relevante es el comiso de las ganancias. ¿Cuántas veces hemos visto en los diarios que las multas son irrisorias en relación con las ganancias obtenidas? Al final, es un buen negocio coludirse o cometer atentados contra el mercado bursátil.

Eso se corrige en este proyecto, porque el comiso de las ganancias es lo primero que se aplicará, es decir, se quitarán las ganancias, sin perjuicio de que se puedan aplicar multas bastante altas, las que están claramente establecidas en este proyecto.

Este es un proyecto de ley muy completo, producto de un trabajo prolongado y muy importante. Espero que se apruebe por unanimidad.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Para continuar la discusión, tiene la palabra el diputado Francisco Eguiguren .

El señor EGUIGUREN.-

Señor Presidente, sin duda, este es un proyecto que la ciudadanía valora mucho, porque si hay algo que ha molestado a la gente es sentirse muy disminuida en comparación con otros que tienen condiciones que no posee cualquier ciudadano frente a la comisión de delitos.

Una de las ideas centrales del proyecto de ley es que las normas del Código Penal no son aptas para los delitos económicos, ya que responden a la lógica de lo que se denomina delincuencia común.

El objeto del proyecto es no solo concentrarse en el aumento de las penas, sino también ofrecer un sistema completo de tratamiento para que la redacción penal tenga sentido frente a este tipo de criminalidad y delincuencia.

Este proyecto hace las siguientes modificaciones: primero, elimina el mecanismo de pena sustitutiva a aplicar en los delitos que contempla este proyecto de ley. Segundo, amplía y detalla el catálogo de delitos que se considerarán como delitos económicos y que, por lo tanto, quedarán sometidos a los efectos especiales contemplados en esta futura ley. Tercero, se especifica que el Ministerio Público y los organismos públicos facultados para denunciar y/o presentar querella por esta clase de delitos podrán requerir al juez competente autorización judicial para disponer medidas cautelares sobre bienes, para efectos de la realización del comiso de ganancias.

En fin, se incluyen otras modificaciones de forma.

Este proyecto de ley permitirá que se persigan y castiguen todos esos delitos que se cometen abusando de posiciones preferenciales y perjudicando al mercado y, fundamentalmente, a los consumidores.

Hoy, los consumidores pueden estar tranquilos, porque al fin, después de mucho tiempo, se ha logrado tener un proyecto de ley que hace justicia y permite terminar definitivamente con la existencia de delincuentes de primera, de segunda y de tercera categoría.

En Chile, todos somos iguales ante la ley. Por consiguiente, este proyecto debe ser apoyado transversalmente. Festejo que sus autores provengan de todas las bancadas, porque claramente este es el camino que deberíamos haber tomado hace mucho rato.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Sebastián Álvarez .

El señor ÁLVAREZ (don Sebastián).-

Señor Presidente, si bien este proyecto busca condenar a los delincuentes de cuello y corbata, petición que hace la opinión pública, quiero hacer el punto y poner énfasis en el tema medioambiental. Me alegra ver que día a día avanzamos en el sentido común y en el compromiso transversal de entender que aquellas personas que dañan o, como señala el proyecto, cometen un atentado contra el medio ambiente deben pagar con cárcel si es una falta grave.

Muchas veces en el tema medioambiental se actúa de mala fe anticipadamente, sabiendo que el proyecto y la obra van a generar un daño ambiental severo a la comunidad circundante. Esa mala fe se ve desde el principio, por ejemplo, cuando se compran las voluntades territoriales. Cuando los proyectos ingresan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, normalmente se realiza un trabajo con las comunidades. Uno sabe que muchas veces en ese trabajo se produce una suerte de colusión para comprar voluntades territoriales, y no se respeta la ley. No se respeta la ley como debe hacerse, por ejemplo, en relación con los procesos de consulta ciudadana, con lo que finalmente se transgrede la voluntad territorial. Esto ha venido ocurriendo; muchas veces se aprueban proyectos que terminan generando un impacto severo, del que se sabía desde un principio. ¿Por qué? Porque no se respeta la ley, porque no se cumplen los planes de mitigación o de reparación que han sido establecidos. Al final, lo que hacen esos proyectos es agredir al medio ambiente y vulnerar derechos ambientales.

En la sesión de ayer hablé de una señal política. Sí, este proyecto también viene a ser una señal política importante, pero es un primer paso. Lo importante es el segundo paso: que se haga cumplir esta futura ley. Respecto de aquellas personas que han vulnerado un derecho ambiental y han afectado severamente a la comunidad, los fiscales y los jueces deben hacer cumplir la ley y aplicar las sentencias. Eso es lo importante. De lo contrario, esta normativa no va a tener efecto de señal política y la falta se va a seguir repitiendo sistemáticamente en el tiempo.

Por lo tanto, tiene que quedar claro el mensaje: el que daña el medio ambiente debe pagar con cárcel, no con dinero, porque muchas veces el costo de la multa está incorporado en el costo total del proyecto.

Aprobaremos el proyecto, entendiendo que es un beneficio concreto para la comunidad, para que aquellas personas que vulneran la ley paguen con cárcel.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado José Miguel Castro .

El señor CASTRO (don José Miguel).-

Señor Presidente, ver caminando por la calle o encontrarse en un auto último modelo a una persona que ha defraudado lo más importante que tiene el ser humano, la confiabilidad, no es posible en el mundo de hoy. No es posible en el Chile en que hoy vivimos, en el Chile que busca igualdad frente a la ley, en un Chile que busca que todos seamos iguales frente a un juez.

Lo que busca este proyecto es que el Congreso Nacional se declare plenamente alineado con esos preceptos, con esa necesidad que la clase política está llamada a poner sobre la mesa, y le diga a esa persona que se colude, a esa persona que le mete la mano en el bolsillo a la clase media y le saca plata a través de la colusión de los pollos o del papel confort, con lo que consigue simplemente hacerle daño, pero no va un solo día a la cárcel, ni un solo día -me parece impresentable-, que aquello no ocurrirá más. Realmente necesitamos cambiar esta forma de presentar a estos delincuentes a la justicia, porque son exactamente iguales a aquellos que roban. Independientemente de su condición socioeconómica o del abogado que presenten, el Congreso Nacional les dice claramente a esas personas: “¡Cuidado, porque se van a ir a la cárcel y no van a quedar impunes!”.

Como dijo el diputado Sebastián Álvarez , me alegra que este proyecto incorpore algo por lo que hemos luchado desde el primer día que ingresamos: los delitos medioambientales. Los delitos medioambientales son tanto o más graves que las colusiones. ¿Por qué? Porque afectan algo que es indispensable y que está consagrado en nuestra Constitución: vivir en un medio ambiente sano y libre de contaminación. Para ello establece un catálogo de delitos relativos a quienes, estando obligados a someter su actividad a la evaluación de impacto ambiental, no lo hacen, o sin haber obtenido la debida autorización, vertieren sustancias contaminantes en aguas marítimas o continentales.

Los delitos medioambientales también van a ser penados con cárcel, también se van a considerar. Espero que esto sea un llamado de alerta a todos aquellos que creen que en Chile pueden quedar en la impunidad.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Guillermo Ramírez .

El señor RAMÍREZ.-

Señor Presidente, la bancada de la UDI votará a favor este proyecto.

Nosotros, y los que somos partidarios del libre mercado, creemos que es a través de este sistema que se crea la riqueza. Este es el sistema que genera empleo. Cuando hay más competencia, los productos mejoran y los precios caen. Este es el sistema que permite la innovación y el desarrollo tecnológico; este es el sistema que permite a las personas elegir. No hay nada más democrático que el mercado, porque todos los días las personas toman decisiones libremente respecto de lo que quieren o no quieren consumir o de si quieren o no quieren contratar un servicio.

Somos defensores del mercado, de la iniciativa privada, de la innovación, de que las personas puedan echar a andar toda su creatividad para solucionar los problemas de otros. Si a una persona que produce le va bien es porque ofrece algo que la sociedad valora. Nosotros somos completamente promercado, pero eso no significa que no deban existir reglas para que el mercado funcione bien. Parte de las reglas consiste, en primer lugar, en que exista una competencia leal, es decir, que esta se haga con herramientas lícitas, como es ofrecer un mejor producto o un mejor precio; pero no con herramientas ilícitas, como la colusión.

Obviamente, el desarrollo del mercado tiene como limitación el respeto por el medio ambiente. Hay que cuidar el medio ambiente pensando en las siguientes generaciones. No puede una consideración de cortísimo plazo hipotecar el planeta en que vivimos para nuestros hijos. Tenemos que ser responsables con las generaciones que vienen.

Por eso, nos parece que este proyecto es muy valioso, porque permite y fomenta que la competencia que debe darse en los mercados -y es bueno que se dé en los mercados- se produzca en un marco de licitud, en un marco de sana competencia, que permita que las personas obtengan mejores productos a mejores precios. Esta iniciativa también sanciona a aquellos que compiten de manera desleal o dañando nuestro medio ambiente.

Por eso, votaremos a favor el proyecto y esperamos que se apruebe por unanimidad.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Sebastián Torrealba .

El señor TORREALBA.-

Señor Presidente, en primer lugar, agradezco el trabajo de la Comisión de Constitución respecto de este proyecto. La verdad es que se hizo un trabajo profundo, serio, transversal, entendiendo que había que hacer modificaciones profundas a la normativa ante lo que hoy denominamos los delitos económicos o de cuello y corbata. Me parece que se ha hecho un tremendo avance.

Me correspondió ser funcionario de gobierno cuando se descubrió el caso La Polar. Este caso debe ser uno de los abusos más grandes en la historia de empresarios inescrupulosos que lo que hacen es destruir el mercado y sobre todo destruir la fe pública sobre el mercado y las instituciones. Por lo tanto, este proyecto llega en muy buen momento.

También destaco el trabajo que se ha hecho respecto de los delitos ambientales. Es importante que en Chile sigamos construyendo una cultura de protección del medio ambiente. Lo hicimos ayer con un proyecto importante como el que protege las playas de mar, ríos y lagos de la contaminación con colillas de cigarrillos, y lo hemos hecho también en el pasado con otros proyectos relativos al retiro del plástico. Pero hay que dejar establecido que contaminar el medio ambiente con dolo simplemente no puede quedar impune. El medio ambiente es demasiado importante como para que alguien se sienta con el derecho de contaminarlo y que no le pase absolutamente nada.

Por eso, celebro que se haya llevado a cabo un trabajo serio y responsable, con abogados penalistas de mucha experiencia y capacidad, en el tratamiento de un proyecto con el que tanto los delitos económicos como medioambientales serán duramente castigados, como corresponde. Deben ser castigados de esa forma porque, de lo contrario, el mercado, que nosotros defendemos, no puede funcionar. Este no puede funcionar cuando hay inescrupulosos que creen que se pueden saltar todas las reglas existentes sin ser objeto de castigo alguno.

También es importante explicar a la ciudadanía que las personas que se coludan, que ocupen información privilegiada e, incluso, que lleven a cabo repactaciones unilaterales sin preguntar al consumidor serán castigadas duramente. Eso es una noticia importantísima para nuestro país.

Gracias a este proyecto, Chile tendrá una legislación a la vanguardia, en la que los delitos económicos serán duramente castigados, como deben serlo.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Osvaldo Urrutia .

El señor URRUTIA (don Osvaldo).-

Señor Presidente, el objeto de este proyecto no solo es concentrarse en el aumento de la pena, sino ofrecer un sistema completo de tratamiento para que la reacción penal tenga sentido frente a un tipo especial de criminalidad y de delincuencia que hemos visto en los últimos tiempos, frente a delitos que atentan contra el mercado, mediante los cuales se abusa de los consumidores, y también contra el cuidado del medio ambiente.

Este proyecto tiene una estructura muy clara, ofrece prácticamente un listado de delitos económicos y contempla reformas legales en cuatro aspectos básicos. Para tal efecto, sobre la base de referencias a disposiciones del Código Penal y de la legislación especial, los delitos económicos se diferencian en cuatro categorías.

En primer lugar, se establecen aquellos delitos que atentan contra la Ley de Mercado de Valores, sobre la libre competencia, incluida la colusión y la Ley General de Bancos. También se incorporan los delitos aduaneros, los que se cometen en contra del medio ambiente y, sobre todo, los que tienen que ver con la estafa y la administración desleal.

Asimismo, se incorporan los delitos cometidos por funcionarios públicos u otras autoridades que tienen una calidad personal especial, como es el caso de los parlamentarios, y se dispone que se considerarán delitos económicos aquellos en cuya comisión ha intervenido un sujeto al interior de una empresa o cuando hayan sido cometido en su propio beneficio.

Una última categoría es la de delitos económicos como la receptación a blanqueo de activos, cuando recaen sobre bienes originados por delitos económicos o cuando en su comisión se cumplen las condiciones de la segunda categoría.

En consecuencia, votaremos a favor este proyecto, porque beneficia la participación en un mercado libre y competitivo.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Cerrado el debate.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de ley en los siguientes términos:

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Corresponde votar en particular el proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico, y adecua las penas aplicables a todos ellos.

Primero, corresponde votar en particular el texto aprobado por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento en su segundo informe, con la salvedad de los artículos 37, 42, inciso quinto; 44, N° 1) y N° 10), en lo que se refiere a los artículos 415 ter y 415 octies; 45, Nos 1) y 2); 46, numerales 22 y 29; artículo 56 y artículo 57, por tratar materias propias de ley orgánica constitucional; de los artículos 305, 305 bis, 306, 307 y 311 bis del Código Penal, contenidos en el número 11 del artículo 43, cuya votación separada ha sido solicitada por el diputado señor Celso Morales , y de los artículos 19, 20, numerales 2) y 3), 23, 24, 25 y 26 del texto del primer informe, que la comisión propone suprimir. En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 123 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 1 abstención.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas , Florcita Fuentes Barros , Tomás Andrés Moraga Mamani , Rubén Saldívar Auger , Raúl Alessandri Vergara , Jorge Fuenzalida Figueroa , Gonzalo Morales Muñoz , Celso Sandoval Osorio , Marcela Álvarez Ramírez , Sebastián Galleguillos Castillo , Ramón Morán Bahamondes , Camilo Sanhueza Dueñas , Gustavo Amar Mancilla , Sandra Girardi Lavín , Cristina Moreira Barros , Cristhian Santana Castillo , Juan Ascencio Mansilla , Gabriel González Gatica , Félix Mulet Martínez , Jaime Santana Tirachini , Alejandro Auth Stewart , Pepe González Torres , Rodrigo Muñoz González , Francesca Santibáñez Novoa , Marisela Baltolu Rasera , Ni-no Hernando Pérez , Marcela Naranjo Ortiz , Jaime Sauerbaum Muñoz , Frank Barrera Moreno , Boris Hertz Cádiz , Carmen Nuyado Ancapichún , Emilia Schalper Sepúlveda , Diego Barros Montero , Ramón Hirsch Goldschmidt , Tomás Olivera De La Fuente , Erika Schilling Rodríguez , Marcelo Berger Fett , Bernardo Ibáñez Cotroneo , Diego Orsini Pascal , Maite Sepúlveda Orbenes , Alejandra Bernales Maldonado , Alejandro Ilabaca Cerda , Marcos Ortiz Novoa , José Miguel Sepúlveda Soto , Alexis Bianchi Retamales , Karim Jackson Drago , Gior-gio Ossandón Irarrázabal , Ximena Silber Romo , Gabriel Boric Font , Gabriel Jarpa Wevar , Carlos Abel Pardo Sáinz , Luis Soto Ferrada , Leonardo Brito Hasbún , Jorge Jiles Moreno , Pamela Parra Sauterel , Andrea Soto Mardones , Raúl Calisto Águila , Miguel Ángel Jiménez Fuentes , Tucapel Paulsen Kehr , Diego Teillier Del Valle, Guillermo Cariola Oliva , Karol Kast Sommerhoff , Pablo Pérez Arriagada , José Torrealba Alvarado , Sebastián Carter Fernández , Álvaro Keitel Bianchi , Sebastián Pérez Lahsen , Leopoldo Torres Jeldes , Víctor Castillo Muñoz , Natalia Kuschel Silva , Carlos Pérez Olea , Joanna Trisotti Martínez , Renzo Castro Bascuñán , José Miguel Labbé Martínez , Cristian Pérez Salinas , Catalina Undurraga Gazitúa , Francisco Celis Montt , Andrés Labra Sepúlveda , Amaro Prieto Lorca , Pablo Urrutia Bonilla , Ignacio Cicardini Milla , Daniella Leiva Carvajal , Raúl Ramírez Diez , Guillermo Urrutia Soto , Osvaldo Coloma Álamos, Juan Antonio Longton Herrera , Andrés Rathgeb Schifferli , Jorge Vallejo Dowling , Camila Crispi Serrano , Miguel Luck Urban , Karin Rey Martínez, Hugo Velásquez Seguel , Pedro Cruz-Coke Carva-llo , Luciano Marzán Pinto , Caroli-na Rocafull López , Luis Venegas Cárdenas , Mario Del Real Mihovilovic , Catalina Masferrer Vidal, Juan Manuel Rojas Valderrama , Camila Verdessi Belemmi , Daniel Díaz Díaz , Marcelo Matta Aragay , Manuel Romero Sáez , Leonidas Vidal Rojas , Pablo Durán Salinas , Eduardo Mellado Pino , Cosme Rosas Barrientos , Patricio Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Eguiguren Correa , Francisco Mellado Suazo , Miguel Rubio Escobar , Patricia Walker Prieto , Matías Fernández Allende , Maya Mix Jiménez , Claudia Saavedra Chandía , Gastón Winter Etcheberry , Gonzalo Flores García, Iván Molina Magofke , Andrés Sabag Villalobos , Jorge Yeomans Araya , Gael Flores Oporto , Camila Monsalve Benavides , Manuel Saffirio Espinoza, René

-Votó por la negativa el diputado señor:

Velásquez Núñez, Esteban

-Se abstuvo el diputado señor:

Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Corresponde votar en particular los artículos 19, 20, números 2) y 3), 23, 24, 25 y 26 del texto del primer informe, que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento propone suprimir en su segundo informe, cuya votación separada ha sido solicitada por los diputados Gonzalo Fuenzalida , Marcos Ilabaca y Matías Walker .

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 112 votos; por la negativa, 7 votos. Hubo 3 abstenciones.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Aprobados.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alessandri Vergara , Jorge Fuenzalida Figueroa , Gonzalo Morán Bahamondes , Camilo Sandoval Osorio , Marcela Álvarez Ramírez , Sebastián Galleguillos Castillo , Ramón Moreira Barros , Cristhian Sanhueza Dueñas , Gustavo Ascencio Mansilla , Gabriel Girardi Lavín , Cristina Mulet Martínez , Jaime Santana Castillo , Juan Auth Stewart , Pepe González Gatica , Félix Muñoz González , Francesca Santana Tirachini , Alejandro Baltolu Rasera , Nino González Torres , Rodrigo Naranjo Ortiz , Jaime Santibáñez Novoa , Marisela Barrera Moreno , Boris Hertz Cádiz , Carmen Nuyado Ancapichún , Emilia Sauerbaum Muñoz , Frank Berger Fett , Bernardo Hirsch Goldschmidt , Tomás Olivera De La Fuente , Erika Schalper Sepúlveda , Diego Bernales Maldonado , Alejandro Ibáñez Cotroneo , Diego Ortiz Novoa, José Miguel Schilling Rodríguez , Marcelo Bianchi Retamales , Karim Ilabaca Cerda , Marcos Ossandón Irarrázabal , Ximena Sepúlveda Orbenes , Alejandra Boric Font , Gabriel Jarpa Wevar , Carlos Abel Pardo Sáinz , Luis Silber Romo , Gabriel Brito Hasbún , Jorge Jiles Moreno , Pamela Parra Sauterel , Andrea Soto Ferrada , Leonardo Calisto Águila , Miguel Ángel Jiménez Fuentes , Tucapel Paulsen Kehr , Diego Soto Mardones , Raúl Cariola Oliva , Karol Keitel Bianchi , Sebastián Pérez Arriagada , José Torrealba Alvarado , Sebastián Castillo Muñoz , Natalia Kuschel Silva , Carlos Pérez Lahsen , Leopoldo Torres Jeldes , Víctor Castro Bascuñán , José Miguel Labbé Martínez , Cristian Pérez Olea , Joanna Trisotti Martínez , Renzo Celis Montt , Andrés Labra Sepúlveda , Amaro Pérez Salinas , Catalina Undurraga Gazitúa , Francisco Cicardini Milla , Daniella Leiva Carvajal , Raúl Prieto Lorca , Pablo Urrutia Bonilla , Ignacio Coloma Álamos, Juan Antonio Longton Herrera , Andrés Ramírez Diez , Guillermo Urrutia Soto , Osvaldo Crispi Serrano , Miguel Luck Urban , Karin Rathgeb Schifferli , Jorge Vallejo Dowling , Camila Cruz-Coke Carvallo , Luciano Marzán Pinto , Carolina Rey Martínez, Hugo Velásquez Núñez , Esteban Del Real Mihovilovic , Catalina Masferrer Vidal, Juan Manuel Rocafull López , Luis Velásquez Seguel , Pedro Díaz Díaz , Marcelo Matta Aragay , Manuel Rojas Valderrama , Camila Venegas Cárdenas , Mario Durán Salinas , Eduardo Mellado Pino , Cosme Romero Sáez , Leonidas Verdessi Belemmi , Daniel Eguiguren Correa , Francisco Mellado Suazo , Miguel Rosas Barrientos , Patricio Vidal Rojas , Pablo Fernández Allende, Maya Mix Jiménez , Claudia Rubio Escobar , Patricia Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Flores García, Iván Molina Magofke , Andrés Saavedra Chandía , Gastón Walker Prieto , Matías Flores Oporto , Camila Monsalve Benavides , Manuel Sabag Villalobos , Jorge Winter Etcheberry , Gonzalo Fuentes Barros , Tomás Andrés Moraga Mamani , Rubén Saldívar Auger , Raúl Yeomans Araya, Gael

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas , Florcita Barros Montero , Ramón Hernando Pérez , Marcela Saffirio Espinoza , René Amar Mancilla , Sandra Carter Fernández , Álvaro Morales Muñoz, Celso

-Se abstuvieron los diputados señores:

Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo Sepúlveda Soto , Alexis Teillier Del Valle, Guillermo

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Corresponde votar en particular los artículos 305, 305 bis, 306, 307 y 311 bis del Código Penal, contenidos en el número 11 del artículo 43, cuya votación separada ha sido solicitada por el diputado Celso Morales . En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 117 votos; por la negativa, 3 votos. Hubo 2 abstenciones.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Aprobados.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alessandri Vergara , Jorge Fuenzalida Figueroa , Gonzalo Moraga Mamani , Rubén Sandoval Osorio , Marcela Álvarez Ramírez , Sebastián Galleguillos Castillo , Ramón Morán Bahamondes , Camilo Sanhueza Dueñas , Gustavo Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo Girardi Lavín , Cristina Moreira Barros , Cristhian Santana Castillo, Juan Amar Mancilla , Sandra González Gatica , Félix Mulet Martínez , Jaime Santana Tirachini , Alejandro Ascencio Mansilla , Gabriel González Torres , Rodrigo Muñoz González , Francesca Santibáñez Novoa , Marisela Auth Stewart , Pepe Hernando Pérez , Marcela Naranjo Ortiz , Jaime Sauerbaum Muñoz , Frank Baltolu Rasera , Nino Hertz Cádiz , Carmen Nuyado Ancapichún , Emilia Schalper Sepúlveda , Diego Barrera Moreno , Boris Hirsch Goldschmidt , Tomás Olivera De La Fuente , Erika Schilling Rodríguez , Marcelo Berger Fett , Bernardo Ibáñez Cotroneo , Diego Ortiz Novoa , José Miguel Sepúlveda Orbenes , Alejandra Bernales Maldonado , Alejandro Ilabaca Cerda , Marcos Ossandón Irarrázabal , Ximena Silber Romo , Gabriel Bianchi Retamales , Karim Jackson Drago , Giorgio Pardo Sáinz , Luis Soto Ferrada , Leonardo Boric Font , Gabriel Jarpa Wevar , Carlos Abel Parra Sauterel , Andrea Soto Mardones , Raúl Brito Hasbún , Jorge Jiles Moreno , Pamela Paulsen Kehr , Diego Teillier Del Valle, Guillermo Calisto Águila , Miguel Ángel Jiménez Fuentes , Tucapel Pérez Arriagada , José Torrealba Alvarado , Sebastián Cariola Oliva , Karol Keitel Bianchi , Sebastián Pérez Lahsen , Leopoldo Torres Jeldes , Víctor Carter Fernández , Álvaro Kuschel Silva , Carlos Pérez Olea , Joanna Trisotti Martínez , Renzo Castillo Muñoz , Natalia Labbé Martínez , Cristian Pérez Salinas , Catalina Undurraga Gazitúa , Francisco Castro Bascuñán , José Miguel Labra Sepúlveda , Amaro Prieto Lorca , Pablo Urrutia Bonilla , Ignacio Celis Montt , Andrés Leiva Carvajal , Raúl Rathgeb Schifferli , Jorge Urrutia Soto , Osvaldo Cicardini Milla , Daniella Longton Herrera , Andrés Rey Martínez , Hugo Vallejo Dowling , Camila Coloma Álamos, Juan Antonio Luck Urban , Karin Rocafull López , Luis Velásquez Núñez , Esteban Cruz-Coke Carvallo , Luciano Marzán Pinto , Carolina Rojas Valderrama , Camila Velásquez Seguel , Pedro Del Real Mihovilovic , Catalina Masferrer Vidal, Juan Manuel Romero Sáez , Leonidas Venegas Cárdenas , Mario Díaz Díaz , Marcelo Matta Aragay , Manuel Rosas Barrientos , Patricio Verdessi Belemmi , Daniel Durán Salinas , Eduardo Mellado Pino , Cosme Rubio Escobar , Patricia Vidal Rojas , Pablo Eguiguren Correa , Francisco Mellado Suazo , Miguel Saavedra Chandía , Gastón Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Fernández Allende, Maya Mix Jiménez , Claudia Sabag Villalobos , Jorge Walker Prieto , Matías Flores García, Iván Molina Magofke , Andrés Saffirio Espinoza , René Winter Etcheberry , Gonzalo Flores Oporto , Camila Monsalve Benavides , Manuel Saldívar Auger , Raúl Yeomans Araya , Gael Fuentes Barros , Tomás Andrés

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas , Florcita Barros Montero , Ramón Morales Muñoz, Celso

-Se abstuvieron los diputados señores:

Ramírez Diez , Guillermo Sepúlveda Soto, Alexis

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Corresponde votar en particular los artículos 37, 42, inciso quinto; 44, N° 1) y N° 10), en lo que se refiere a los artículos 415 ter y 415 octies; 45, N° 1) y 2); 46, números 22 y 29; artículo 56 y artículo 57, que requieren para su aprobación el voto favorable de 88 diputadas y diputados en ejercicio. En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 123 votos; por la negativa, 0 votos. Hubo 1 abstención.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Aprobados.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas , Florcita Flores Oporto , Camila Moraga Mamani , Rubén Saldívar Auger , Raúl Alessandri Vergara , Jorge Fuentes Barros , Tomás Andrés Morales Muñoz , Celso Sandoval Osorio , Marcela Álvarez Ramírez , Sebastián Fuenzalida Figueroa , Gonzalo Morán Bahamondes , Camilo Sanhueza Dueñas , Gustavo Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo Galleguillos Castillo , Ramón Moreira Barros , Cristhian Santana Castillo, Juan Amar Mancilla , Sandra Girardi Lavín , Cristina Mulet Martínez , Jaime Santana Tirachini , Alejandro Ascencio Mansilla , Gabriel González Gatica , Félix Muñoz González , Francesca Santibáñez Novoa , Marisela Auth Stewart , Pepe González Torres , Rodrigo Naranjo Ortiz , Jaime Sauerbaum Muñoz , Frank Baltolu Rasera , Nino Hernando Pérez , Marcela Nuyado Ancapichún , Emilia Schilling Rodríguez , Marcelo Barrera Moreno , Boris Hertz Cádiz , Carmen Olivera De La Fuente , Erika Sepúlveda Orbenes , Alejandra Barros Montero , Ramón Hirsch Goldschmidt , Tomás Orsini Pascal , Maite Sepúlveda Soto , Alexis Berger Fett , Bernardo Ibáñez Cotroneo , Diego Ortiz Novoa, José Miguel Silber Romo , Gabriel Bernales Maldonado , Alejandro Ilabaca Cerda , Marcos Ossandón Irarrázabal , Ximena Soto Ferrada , Leonardo Bianchi Retamales , Karim Jackson Drago , Giorgio Pardo Sáinz , Luis Soto Mardones , Raúl Boric Font , Gabriel Jarpa Wevar , Carlos Abel Parra Sauterel , Andrea Teillier Del Valle, Guillermo Brito Hasbún , Jorge Jiles Moreno , Pamela Paulsen Kehr , Diego Torrealba Alvarado , Sebastián Calisto Águila , Miguel Ángel Jiménez Fuentes , Tucapel Pérez Arriagada, José Torres Jeldes , Víctor Cariola Oliva , Karol Keitel Bianchi , Sebastián Pérez Lahsen , Leopoldo Trisotti Martínez , Renzo Carter Fernández , Álvaro Kuschel Silva , Car-los Pérez Olea , Joanna Undurraga Gazitúa , Francisco Castillo Muñoz , Natalia Labbé Martínez , Cristian Pérez Salinas , Catalina Urrutia Bonilla , Igna-cio Castro Bascuñán , José Miguel Labra Sepúlveda , Amaro Prieto Lorca , Pablo Urrutia Soto , Osvaldo Celis Montt , Andrés Leiva Carvajal , Raúl Ramírez Diez , Guillermo Vallejo Dowling , Camila Cicardini Milla , Daniella Longton Herrera , Andrés Rathgeb Schifferli , Jorge Velásquez Núñez , Esteban Coloma Álamos, Juan Antonio Luck Urban , Karin Rey Martínez, Hugo Velásquez Seguel , Pedro Crispi Serrano , Miguel Marzán Pinto , Carolina Rocafull López , Luis Venegas Cárdenas , Mario Cruz-Coke Carvallo , Luciano Masferrer Vidal, Juan Manuel Rojas Valderrama , Camila Verdessi Belemmi , Daniel Del Real Mihovilovic , Catalina Matta Aragay , Manuel Romero Sáez , Leonidas Vidal Rojas , Pablo Díaz Díaz , Marcelo Mellado Pino , Cosme Rosas Barrientos , Patricio Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Durán Salinas , Eduardo Mellado Suazo , Miguel Rubio Escobar , Patricia Walker Prieto , Matías Eguiguren Correa , Francisco Mix Jiménez , Claudia Saavedra Chandía , Gastón Winter Etcheberry , Gonzalo Fernández Allende , Maya Molina Magofke , Andrés Sabag Villalobos , Jorge Yeomans Araya, Gael Flores García, Iván Monsalve Benavides , Manuel Saffirio Espinoza, René

-Se abstuvo el diputado señor:

Durán Espinoza, Jorge

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Despachado el proyecto al Senado.

VALPARAÍSO, 8 de julio de 2021

Oficio N° 16.764

A S.E. LA PRESIDENTA DEL H. SENADO

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que, con motivo de las mociones, informes y demás antecedentes que se adjuntan, la Cámara de Diputados ha aprobado el proyecto de ley que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico, y adecua las penas aplicables a todos ellos, correspondiente a los boletines No 13.204-07 y 13205-07, refundidos, del siguiente tenor:

PROYECTO DE LEY

TÍTULO I

DELITOS ECONÓMICOS

Artículo 1.- Primera categoría. Para efectos de esta ley, serán considerados como delitos económicos, en toda circunstancia, los hechos previstos en las siguientes disposiciones legales:

1. Los artículos 59, 60, 61 y 62 de la ley N° 18.045, de Mercado de Valores.

2. Los artículos 35, 43 y 58 del decreto ley N°3.538, que crea la Comisión para el Mercado Financiero.

3. El artículo 59 de la ley N°18.840, orgánica constitucional del Banco Central de Chile.

4. Los artículos 39 literal h); 39 bis, inciso sexto, y 62 del decreto ley N° 211, de 1973, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

5. El inciso final del artículo 2 y los artículos 39, 141, 142, 154, 157, 158, 159 y 161 de la Ley General de Bancos, cuyo texto refundido, sistematizado y concordado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 3, de 1997, del Ministerio de Hacienda.

6. El artículo 12 y el inciso sexto del artículo 24, ambos de la Ley de Reorganización o Cierre de Micro y Pequeñas Empresas en Crisis, contenida en el artículo undécimo de la ley N° 20.416, que Fija Normas Especiales para las Empresas de Menor Tamaño.

7. Los artículos 4 y 13 de la ley N° 20.345, sobre Sistemas de Compensación y Liquidación de Instrumentos Financieros.

8. El artículo 49 del decreto con fuerza de ley N° 251, de 1931, del Ministerio de Hacienda, sobre Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio.

9. Los artículos 134 y 134 bis de la ley N° 18.046, sobre Sociedades Anónimas.

10. Los números 2, 3, 4 y 7 del artículo 240, y los artículos 251 bis, 285, 286, 287 bis, 287 ter y 464 del Código Penal.

Artículo 2.- Segunda categoría. Serán, asimismo, considerados como delitos económicos los hechos previstos en las disposiciones legales que a continuación se indican, siempre que el hecho fuere perpetrado en ejercicio de un cargo, función o posición en una empresa, o cuando lo fuere en beneficio económico o de otra naturaleza para una empresa:

1. El artículo 30 de la ley N° 19.884, orgánica constitucional sobre transparencia, límite y control del gasto electoral, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 3, de 2017, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

2. El inciso cuarto del artículo 8 ter y los artículos 97 y 100 del Código Tributario.

3. El inciso quinto del artículo 134 y los artículos 168, 169 y 182 del decreto con fuerza de ley N° 30, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 213 del Ministerio de Hacienda, de 1953, sobre Ordenanza de Aduanas.

4. El inciso segundo del artículo 14 y los artículos 110 y 160 de la Ley General de Bancos, cuyo texto refundido, sistematizado y concordado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 3, de 1997, del Ministerio de Hacienda.

5. Los artículos 22 y 43 de la ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 707, de 1982, del Ministerio de Justicia.

6. El artículo 110 de la ley N° 18.092, que dicta Nuevas Normas sobre Letras de Cambio y Pagaré y deroga disposiciones del Código de Comercio.

7. El artículo 5 de la ley N° 20.009, que Establece un Régimen de Limitación de Responsabilidad para Titulares o Usuarios de Tarjetas de Pago y Transacciones Electrónicas en Caso de Extravío, Hurto, Robo o Fraude.

8. Los artículos 18, 21, 22, 22 bis y 22 ter del decreto N° 4.363, de 1931, del Ministerio de Tierras y Colonización, que aprueba texto definitivo de la Ley de Bosques.

9. Los artículos 49 y 50 de la Ley N° 20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

10. Los artículos 64-D, 64-F, 120-B, 135, 135 bis, 136, 136 bis, 137, 137 bis, 138 bis, 139, 139 bis, 139 ter y 140 de la ley N° 18.892, General de Pesca y Acuicultura, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto N° 430, de 1991, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

11. Los artículos 29, 30 y 31 del artículo primero de la ley N° 19.473, que sustituye el texto de la ley N° 4.601, sobre caza.

12. Los artículos 11 y 12, inciso primero, de la ley N° 20.962, que aplica Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre.

13. Los artículos 38 y 38 bis de la ley N° 17.288, que legisla sobre monumentos nacionales, modifica las leyes 16.617 y 16.719; deroga el decreto ley N°651, de 17 de octubre de 1925.

14. Los artículos 73, 118 y 119 del Código de Minería.

15. El artículo 280 del Código de Aguas.

16. Los artículos 36 B y 37 de la ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones.

17. Los artículos 138 y 140 del decreto N°458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba nueva Ley General de Urbanismo y Construcciones.

18. Los artículos 35, 36, 37 y 38 de la ley N° 18.690, sobre Almacenes Generales de Depósito.

19. El artículo 44 de la ley N° 19.342, que Regula Derechos de Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales.

20. Los artículos 1, 2, 3 y 4 de la ley N° 19.223, que Tipifica Figuras Penales Relativas a la Informática.

21. Los artículos 13 y 13 bis de la ley N° 17.322, sobre Normas para la Cobranza Judicial de Cotizaciones, Aportes y Multas de las Instituciones de Seguridad Social.

22. Los artículos 19, 23 y 25, el inciso duodécimo del artículo 61 bis y el artículo 159 del decreto ley N° 3.500 de 1980, que Establece un Nuevo Sistema de Pensiones.

23. El inciso segundo del artículo 110, el inciso tercero del artículo 174 y el artículo 228 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 2.763, de 1979, y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469.

24. El artículo 39 incorporado por el artículo 14 de la ley N° 20.190, que introduce adecuaciones tributarias e institucionales para el fomento de la industria de capital de riesgo y continúa el proceso de modernización del mercado de capitales.

25. Los artículos 41, 46, 48 y 51 del decreto con fuerza de ley N° 251, de 1931, del Ministerio de Hacienda, sobre Compañías de Seguro, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio.

26. El artículo 44 de la ley N° 20.920, que Establece Marco para la Gestión de Residuos, la Responsabilidad Extendida del Productor y el Fomento al Reciclaje.

27. Los artículos 194, 196, 197, 198; el número 6 del artículo 240; el inciso segundo del artículo 247 bis, los artículos 250, 250 bis, 273, 274, 276, 277, 280, 281, 282, 283, 284, 284 bis, 285, 286, 287, 287 bis, 287 ter, 289, 290, 291, 291 bis y 291 ter, los números 1 y 2 del artículo 296, los artículos 297, 297 bis, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 313 d, 314, 315, 316, 317, 318, 438, 459, 460, 460 bis, 461, 463, 463 bis, 463 ter, 463 quáter, 464 ter, 467, 468, 469, 470; el número 2 del artículo 471; los artículos 472, 472 bis, 473; los números 2, 3, 5, 6 y 7 del artículo 485, y el artículo 486 en tanto se refiera a las circunstancias expresadas en los números antes señalados del artículo 485, todos del Código Penal.

28. Los artículos 490 y 492 del Código Penal, en relación con el número 2 del artículo 391, y los artículos 395, 396, 397, 398 y 399 del mismo Código, cuando el hecho se realizare con infracción de los deberes de cuidado relativos a la seguridad en el trabajo o en la fabricación o distribución de productos destinados al consumo o uso masivo del público.

Artículo 3.- Tercera categoría. Serán asimismo considerados como delitos económicos los hechos previstos en las disposiciones legales que a continuación se indican, siempre que en la perpetración del hecho hubiere intervenido, en alguna de las formas previstas en los artículos 15 o 16 del Código Penal, alguien en ejercicio de un cargo, función o posición en una empresa, o cuando el hecho fuere perpetrado en beneficio económico o de otra naturaleza para una empresa:

1. El artículo 31 de la ley N° 19.884 orgánica constitucional sobre transparencia, límite y control del gasto electoral, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 3, de 2017, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

2. El artículo 40 de la ley N° 20.283, Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

3. El inciso primero del artículo 64-J de la ley N° 18.892, General de Pesca y Acuicultura, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto N° 430, de 1991, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

4. El artículo 48 ter de la ley N° 19.300, que aprueba Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

5. Los artículos 193, 233, 234, 235, 236, 237, 239; 240, número 1; 241, 241 bis, 242, 243, 244, 246, 247; 247 bis, inciso primero; 248, 248 bis y 249 del Código Penal.

Artículo 4.- Cuarta categoría. Receptación, lavado y blanqueo de activos. Serán también considerados delitos económicos los hechos previstos en el artículo 456 bis A del Código Penal y en los artículos 27 y 28 de la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y Modifica Diversas Disposiciones en Materia de Lavado y Blanqueo de Activos, cuando las especies o bienes a que se refieren esos delitos provengan de la perpetración de hechos:

1. Considerados como delitos económicos conforme al artículo 1.

2. Considerados como delitos económicos conforme a los artículos 2 o 3.

3. Constitutivos de alguno de los delitos señalados en los artículo 2 y 3, siempre que la receptación de bienes o el lavado o blanqueo activos fueren perpetrados en ejercicio de un cargo, función o posición en una empresa, o cuando lo fueren en beneficio económico o de otra naturaleza para una empresa.

Artículo 5.- Doble consideración de circunstancias. La concurrencia de cualquiera de las circunstancias señaladas en los artículos 2, 3 y 4 producirá el efecto de que se considere el hecho respectivo como delito económico, aunque la ley que lo prevé la haya expresado al describirlo y penarlo, o aunque sea de tal manera inherente al delito que sin su concurrencia no pueda cometerse.

Artículo 6.- Inaplicabilidad a micro y pequeñas empresas. Las disposiciones de los Títulos II y III de esta ley no serán aplicables a los delitos considerados como económicos conforme a los artículos 2 y 3 y a los números 2 y 3 de su artículo 4 que se perpetraren en el contexto o en beneficio de una empresa que tenga el carácter de micro o pequeña empresa conforme al artículo segundo de la ley N° 20.416.

En caso de que la empresa involucrada forme parte de un grupo empresarial, deberán sumarse los ingresos del grupo para determinar si califica como micro o pequeña empresa conforme a la disposición antes citada. Por grupo empresarial se entenderá lo dispuesto en el artículo 96 de la ley N° 18.045.

Artículo 7.- Concursos. En caso de ser aplicable el artículo 75 del Código Penal o el artículo 351 del Código Procesal Penal por la concurrencia de un delito económico y de uno o más delitos de otra clase, las disposiciones del Título II de esta ley serán aplicables a todos ellos.

TÍTULO II

PENAS Y CONSECUENCIAS ADICIONALES A LA PENA APLICABLES A LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LOS DELITOS ECONÓMICOS

§ 1. Reglas generales

Artículo 8.- Ámbito de aplicación personal. Las disposiciones del presente Título serán aplicables a las personas responsables de los delitos económicos.

Son responsables de delitos económicos:

1. Todas las personas penalmente responsables conforme a las reglas generales por un hecho considerado como delito económico conforme al artículo 1 y al número 1 del artículo 4.

2. Las personas penalmente responsables conforme a las reglas generales por un hecho considerado como delito económico según los artículos 2 y 3 y los números 2 y 3 del artículo 4, que al momento de su intervención hubieren tenido conocimiento de la concurrencia de las circunstancias a que esos artículos se refieren.

Artículo 9.- Penas privativas o restrictivas de libertad o de otros derechos. Las penas privativas o restrictivas de libertad o de otros derechos que corresponda imponer al responsable de un delito económico son las señaladas por la ley que lo sanciona, sin perjuicio de las consecuencias adicionales establecidas en el párrafo 5 del presente Título.

No obstante, la determinación de la pena de presidio o reclusión que deba ser impuesta, así como de su sustitución, se harán conforme con la presente ley. En subsidio serán aplicables las reglas generales de determinación y ejecución de las penas, en tanto no sean incompatibles con la presente ley.

Artículo 10.- Multa. Todo delito económico conlleva además una pena de multa, cuya cuantía y determinación se establecerá conforme a la presente ley, así como la imposición de las inhabilitaciones y prohibiciones previstas en el párrafo 5. Ni la multa ni las prohibiciones e inhabilitaciones podrán ser sustituidas.

La multa por imponer se fijará en un número de días-multa que corresponda a la extensión de las penas privativas o restrictivas de libertad, conforme a lo dispuesto en el artículo 27.

La cuantía de la multa por aplicar será la que corresponda al valor que el tribunal fije para cada día-multa, de conformidad con el artículo 27, multiplicado por el número de días-multa que corresponda. El producto se expresará en una suma de dinero fijada en moneda de curso legal.

Con todo, si la ley que describe el hecho punible le señalare una pena de multa superior al máximo por imponer conforme a esta ley, el tribunal se atendrá a lo que disponga dicha ley respecto a esa multa, en el margen que excediere al máximo antedicho.

Artículo 11.- Sanciones o medidas administrativas y penas. La circunstancia de que un hecho constitutivo de delito pueda, asimismo, dar lugar a una o más sanciones o medidas administrativas no obsta a la imposición de las penas, consecuencias adicionales a la pena o medidas de seguridad que procedan conforme a esta ley.

Con todo, el monto de la pena de multa pagada de conformidad con esta ley será abonado a la multa no constitutiva de pena que se imponga al condenado por el mismo hecho. Si el condenado hubiere pagado una multa no constitutiva de pena como consecuencia del mismo hecho, el monto pagado será abonado a la pena de multa impuesta de conformidad con esta ley.

La extensión de la inhabilitación impuesta al condenado como consecuencia adicional a la pena de conformidad con esta ley será deducida de la extensión de la inhabilitación de la misma naturaleza que fuere impuesta como sanción administrativa o disciplinaria. Si el condenado hubiere sido sometido a una inhabilitación como sanción administrativa o disciplinaria, la extensión de ésta será deducida de la inhabilitación de la misma naturaleza que se le impusiere de conformidad con esta ley.

§ 2. Determinación de las penas privativas de libertad

Artículo 12.- Régimen especial. En la determinación de la pena aplicable a un delito económico no se considerará lo dispuesto por los artículos 65 a 69 del Código Penal, ni serán aplicables las atenuantes y agravantes previstas en los artículos 11 a 13 del Código Penal. En su lugar, se aplicarán las reglas dispuestas en los artículos siguientes.

Artículo 13.- Atenuantes. Son circunstancias atenuantes de un delito económico las siguientes:

1ª. La culpabilidad disminuida del condenado, establecida siempre que concurra cualquiera de los siguientes supuestos:

a) El condenado no buscó obtener provecho económico de la perpetración del hecho para sí o para un tercero.

b) El condenado, estando en una posición intermedia o superior, se limitó a omitir la realización de alguna acción que habría impedido la perpetración del delito, sin favorecerla directamente.

2ª. Que el hecho haya ocasionado un perjuicio limitado. Se entenderá que ello tiene lugar cuando el perjuicio total supere las 40 unidades tributarias mensuales y no pase de 400, sin que se aplique alguna de las circunstancias del artículo 16 b).

Artículo 14.- Atenuantes muy calificadas. Son circunstancias atenuantes muy calificadas de un delito económico las siguientes:

1ª. La culpabilidad muy disminuida del condenado, establecida siempre que concurra cualquiera de los siguientes supuestos:

a) El condenado actuó en interés de personas necesitadas o por necesidad personal apremiante.

b) El condenado tomó oportuna y voluntariamente medidas orientadas a prevenir o mitigar sustancialmente la generación de daños.

c) El condenado actuó bajo presión y en una situación de subordinación.

d) El condenado actuó en una situación de subordinación y con conocimiento limitado de la ilicitud de su actuar.

2ª. Que el hecho haya tenido una entidad de bagatela. Se entenderá que en todo caso ello es así cuando el perjuicio total irrogado no supere 40 unidades tributarias mensuales.

Artículo 15.- Agravantes. Son circunstancias agravantes de un delito económico las siguientes:

1ª. La culpabilidad elevada del condenado, establecida siempre que concurra cualquiera de los siguientes supuestos:

a) El condenado participó activamente en una posición intermedia en la organización en la que se perpetró el delito. Se entenderá que el condenado se encuentra en una posición intermedia cuando ejerce un poder relevante de mando sobre otros en la misma organización, sin estar en una posición jerárquica superior. Este supuesto no será aplicable tratándose de medianas empresas conforme al artículo segundo de la ley N° 20.416.

b) El condenado ejerció abusivamente autoridad o poder al perpetrar el hecho.

c) El condenado había sido sancionado anteriormente por perpetrar un delito económico.

2ª. Que el hecho haya ocasionado un perjuicio o reportado un beneficio relevante. Se entenderá que ello tiene lugar cuando el perjuicio o beneficio agregado total supere las 400 unidades tributarias mensuales y no supere las 40.000, sin que se aplique alguno de los casos de la circunstancia 2ª del artículo 16.

Artículo 16.- Agravantes muy calificadas. Son circunstancias agravantes muy calificadas de un delito económico las siguientes:

1ª. La culpabilidad muy elevada del condenado, establecida siempre que concurra cualquiera de los siguientes supuestos:

a) El condenado participó activamente en una posición jerárquica superior en la organización en la que se perpetró el delito. Se entenderá que el condenado se encuentra en una posición jerárquica superior en la organización cuando ejerza como gerente general o miembro del órgano superior de administración, o como jefe de una unidad o división, sólo subordinado al órgano superior de administración, así como cuando ejerza como director, socio administrador o accionista o socio con poder de influir en la administración.

b) El condenado ejerció presión sobre sus subordinados en la organización para que colaboraran en la perpetración del delito.

2ª. Que el hecho haya ocasionado un perjuicio muy elevado. Se entenderá que ello tiene lugar en las siguientes circunstancias:

a) Cuando el hecho haya ocasionado perjuicio a personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que en total supere las 40.000 unidades tributarias mensuales, o haya reportado un beneficio de esta cuantía.

b) Cuando el hecho haya afectado el suministro de bienes de primera necesidad o de consumo masivo.

c) Cuando el hecho haya afectado abusivamente a individuos que pertenecen a un grupo vulnerable.

Artículo 17.- Efectos de las atenuantes y agravantes. En caso de concurrir una atenuante muy calificada respecto de un marco penal que incluya una pena de presidio o reclusión de un solo grado, este se aplicará en su mínimum. De estar compuesto de dos o más grados, no se aplicará el grado superior.

De concurrir dos o más atenuantes muy calificadas respecto de un delito cuyo marco esté compuesto por un solo grado, éste se rebajará en un grado. De estar compuesto de dos o más grados, el marco se fijará en el grado inmediatamente inferior al grado más bajo del marco legal.

En caso de concurrir una agravante muy calificada respecto de un marco penal que incluya una pena de presidio o reclusión de un solo grado, éste se aplicará en su máximum. De estar compuesto de dos o más grados, no se aplicará el grado inferior.

De concurrir dos o más agravantes muy calificadas respecto de un delito cuyo marco esté compuesto por un solo grado, éste se incrementará en un grado. De estar compuesto de dos o más grados, el marco se fijará en el inmediatamente superior al grado más alto del marco legal.

De concurrir atenuantes muy calificadas y agravantes muy calificadas, el tribunal deberá compensarlas en consideración a su número. En caso de que concurran en igual número, no producirán efecto de atenuar o agravar la pena.

Artículo 18.- Determinación judicial de la pena. Dentro de los límites de cada grado el tribunal determinará la cuantía de la pena en atención a la concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes previstas en los artículos 13 y 15, a la mayor o menor intensidad de la culpabilidad del responsable y a la mayor o menor extensión del mal que importe el delito.

§ 3. Penas sustitutivas de los delitos económicos

Artículo 19.- Régimen especial. La procedencia de penas sustitutivas a las de presidio o reclusión se determinará de conformidad con lo dispuesto en los artículos siguientes. Las disposiciones de la ley N° 18.216 sólo serán aplicables supletoriamente respecto de los aspectos no regulados en esta ley y en la medida en que no se opongan a ella.

Artículo 20.- Penas sustitutivas. La ejecución de las penas privativas o restrictivas de libertad de los delitos económicos podrá sustituirse por el tribunal que las imponga, por alguna de las siguientes:

1. Remisión condicional.

2. Reclusión parcial en domicilio.

3. Reclusión parcial en establecimiento especial.

Artículo 21.- Remisión condicional. La remisión condicional consiste en la sustitución del cumplimiento de la pena privativa de libertad por la discreta observación y asistencia del condenado ante la autoridad administrativa durante cierto tiempo.

La remisión condicional sólo podrá decretarse si:

1. La pena privativa o restrictiva de libertad que impusiere la sentencia no excediere de tres años y el condenado se viere beneficiado por una atenuante muy calificada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14; y,

2. El penado no hubiese sido condenado anteriormente por crimen o simple delito. En todo caso, no se considerarán para estos efectos las condenas cumplidas diez o cinco años antes, respectivamente, de la comisión del nuevo ilícito.

Para los efectos de determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el número 1 se considerará que concurre, en su caso, la atenuante muy calificada de la circunstancia 2ª del artículo 14, aun cuando ella no tuviere incidencia en la determinación de la pena por tratarse de una circunstancia inherente al delito.

Artículo 22.- Condiciones impuestas por la remisión condicional. Al aplicar la remisión condicional, el tribunal establecerá un plazo de observación que no será inferior al de la duración de la pena, con un mínimo de un año y un máximo de tres, e impondrá al condenado las siguientes condiciones:

1. Residencia en un lugar determinado, que podrá ser propuesto por el tribunal. Éste podrá ser cambiado, en casos especiales, según la calificación efectuada por Gendarmería de Chile.

2. Sujeción al control administrativo y a la asistencia de Gendarmería de Chile, en la forma que establece el reglamento de la ley N° 18.216. Dicho servicio recabará anualmente, al efecto, un certificado de antecedentes prontuariales.

3. Ejercicio de una profesión, oficio, empleo, arte, industria o comercio, si el condenado careciere de medios conocidos y honestos de subsistencia y no poseyere la calidad de estudiante.

Artículo 23.- Reclusión parcial en el domicilio. La pena de reclusión parcial en domicilio consiste en el encierro en el domicilio del condenado. La reclusión parcial podrá ser diurna o de fin de semana, conforme a los siguientes criterios:

1. La reclusión diurna consistirá en el encierro en el domicilio del condenado, durante un lapso de ocho horas diarias y continuas, las que se fijarán entre las ocho y las veintidós horas.

2. La reclusión de fin de semana consistirá en el encierro en el domicilio del condenado entre las veintidós horas del día viernes y las seis horas del día lunes siguiente.

En aquellos casos en que la pena de reclusión parcial diurna pusiera en riesgo la subsistencia económica del condenado, de su cónyuge o conviviente civil, hijos o hijas o de cualquier otra persona que dependa económicamente del condenado o por otro motivo grave que así lo amerite, se deberá imponer la pena de reclusión de fin de semana.

Para el cumplimiento de la reclusión parcial en domicilio, el tribunal establecerá como mecanismo de control de ella el sistema de monitoreo telemático, salvo que Gendarmería de Chile informe desfavorablemente la factibilidad técnica de su imposición, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 23 bis y siguientes de la ley N° 18.216. En tal caso, entendido como excepcional, se podrán decretar otros mecanismos de control similares, en la forma que determine el tribunal.

Para los efectos de esta ley, se entenderá por domicilio la residencia regular que el condenado utilice para fines habitacionales.

Artículo 24.- Requisitos para disponer la pena de reclusión parcial en el domicilio. La reclusión parcial en domicilio sólo podrá disponerse si:

1. La pena privativa o restrictiva de libertad que impusiere la sentencia no excediere de tres años y no fuere aplicable una agravante muy calificada.

2. El penado no hubiese sido condenado anteriormente por crimen o simple delito, o lo hubiese sido a una pena privativa o restrictiva de libertad que no excediere de dos años, o a más de una, siempre que en total no superen dicho límite. En todo caso, no se considerarán para estos efectos las condenas cumplidas diez o cinco años antes, respectivamente, de la comisión del nuevo ilícito. No obstante, si dentro de los diez o cinco años anteriores, según corresponda, a la comisión del nuevo crimen o simple delito, le hubieren sido impuestas dos reclusiones parciales, no será procedente la aplicación de esta pena sustitutiva, y

3. Existieren antecedentes laborales, educacionales o de otra naturaleza que justifiquen esta sustitución, así como si los antecedentes personales del condenado, su conducta anterior y posterior al hecho punible y la naturaleza, modalidades y móviles determinantes del delito, permitieren presumir que la pena de reclusión parcial lo disuadirá de cometer nuevos ilícitos.

Para los efectos de determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el número 1, se considerará que concurre, en su caso, la agravante muy calificada de la circunstancia 2ª del artículo 16, aun cuando ella no tuviere incidencia en la determinación de la pena en virtud de lo dispuesto en el artículo 63 del Código Penal.

Artículo 25.- Reclusión parcial en establecimiento especial. La pena de reclusión parcial en establecimiento especial consiste en el encierro en un lugar especialmente dispuesto para ello durante cincuenta y seis horas semanales. Un reglamento determinará los establecimientos que pueden ser utilizados para estos efectos y las condiciones de su instalación y funcionamiento.

La reclusión parcial podrá ser diurna, o de fin de semana, o nocturna. La reclusión nocturna consistirá en el encierro del condenado en el establecimiento especial entre las veintidós horas de cada día hasta las seis horas del día siguiente.

En aquellos casos en que la pena de reclusión parcial diurna ponga en riesgo la subsistencia económica del condenado, de su cónyuge o conviviente civil, hijos o hijas o de cualquier otra persona que dependa económicamente del condenado o por otro motivo grave que así lo amerite, se deberá imponer la pena de reclusión parcial nocturna o de fin de semana.

Artículo 26.- Requisitos para disponer la pena de reclusión parcial en establecimiento especial. La pena de reclusión parcial en establecimiento especial sólo podrá decretarse si:

1. La pena privativa o restrictiva de libertad que impusiere la sentencia fuere superior a dos años y no excediere de cinco, y siempre que no fuere aplicable una agravante muy calificada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.

2. El penado no hubiere sido condenado anteriormente por crimen o simple delito. No se considerarán para estos efectos las condenas cumplidas diez o cinco años antes, respectivamente, del ilícito sobre el que recayere la nueva condena. No obstante, si dentro de los diez o cinco años anteriores a la comisión del nuevo crimen o simple delito, según corresponda, le hubieren sido impuestas dos reclusiones parciales, no será procedente la aplicación de esta pena sustitutiva, y

3. Existieren antecedentes laborales, educacionales o de otra naturaleza similar que justificaren la pena, así como si los antecedentes personales del condenado, su conducta anterior y posterior al hecho punible y la naturaleza, modalidades y móviles determinantes del delito, permitieren presumir que la pena de reclusión parcial lo disuadirá de cometer nuevos ilícitos.

Para los efectos de determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el número 1, se considerará que concurre, en su caso, la agravante muy calificada de la circunstancia 2ª del artículo 16, aun cuando ella no tuviere incidencia en la determinación de la pena en virtud de lo dispuesto en el artículo 63 del Código Penal.

§ 4. Determinación de la pena de multa

Artículo 27.- Determinación del número de días-multa. El número de días-multa aplicable a un delito económico será determinado a partir del grado de la pena privativa de libertad prevista por la ley para el delito respectivo, del grado máximo de ella si constara de más de un grado o, de concurrir atenuantes o agravantes muy calificadas, del grado que resulte de aplicarle lo dispuesto en el artículo 17, de acuerdo con la siguiente tabla de conversión:

Prisión: 1 a 10 días-multa.

Presidio o reclusión menor en su grado mínimo: 11 a 50 días multa.

Presidio o reclusión menor en su grado medio: 51 a 100 días-multa.

Presidio o reclusión menor en su grado máximo: 101 a 150 días-multa.

Presidio o reclusión mayor en su grado mínimo: 151 a 200 días-multa.

Presidio o reclusión mayor en su grado medio: 201 a 250 días-multa.

Presidio o reclusión mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado: 251 a 300 días-multa.

Si la ley sólo prevé para el delito respectivo la aplicación de multa o de una pena no privativa de libertad, el número de días-multa será establecido en el marco aplicable a delitos castigados con prisión.

Dentro de ese marco, el tribunal individualizará la pena de multa en un número de días-multas de conformidad a lo dispuesto en el artículo 18.

En caso de ser aplicable el artículo 74 del Código Penal, la multa total no podrá exceder de 300 días-multa.

Artículo 28.- Determinación del valor del día-multa. El valor del día-multa corresponderá al ingreso diario promedio líquido que el condenado haya tenido en el período de un año antes de que la investigación se dirija en su contra, considerando sus remuneraciones, rentas, réditos del capital o ingresos de cualquier otra clase.

El valor del día-multa no podrá ser inferior a media unidad tributaria mensual ni superior a mil. La pena mínima de multa es de un día-multa.

Artículo 29.- Aumento del valor en consideración al patrimonio. Si el ingreso diario promedio líquido determinado en los términos señalados en el artículo anterior resultare desproporcionadamente bajo en relación con el patrimonio del condenado, el tribunal podrá aumentar hasta en dos veces el valor del día-multa.

Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, los ingresos, las obligaciones, las cargas y el patrimonio del condenado serán estimados por el tribunal sobre la base de los antecedentes aportados al procedimiento respecto de sus rentas, gastos, modo de vida u otros factores relevantes.

§ 5. Inhabilitaciones

Artículo 30.- Aplicación copulativa. Junto con la imposición de las penas principales que corresponda, el tribunal deberá imponer todas las inhabilitaciones que siguen respecto de todo condenado por un delito económico.

Artículo 31.- Inhabilitación para el ejercicio de una función o cargo público. La inhabilitación para el ejercicio de una función o cargo público pone término a todo aquel que el condenado estuviere ejerciendo en el momento de la sentencia, sea o no sea de elección popular, y lo incapacita para obtener cualquier otro por el tiempo correspondiente a su extensión.

Artículo 32.- Inhabilitación para el ejercicio de cargos gerenciales. La inhabilitación para el ejercicio de cargos gerenciales afecta del mismo modo la capacidad del condenado para desempeñarse como administrador, gerente o director en cualquier sociedad anónima abierta o en una empresa del Estado.

Artículo 33.- Inhabilitación para contratar con el Estado. La inhabilitación para contratar con el Estado impide al condenado contratar con cualquiera de los órganos o servicios del Estado reconocidos por la Constitución Política de la República o creados por ley, con cualquiera de los órganos o empresas públicas que conforme a la ley constituyen al Estado y con las empresas o sociedades en las que el Estado participe con al menos la mitad de las acciones que comprenden su capital, de los derechos sociales o de los derechos de administración.

La inhabilitación para contratar con el Estado produce también la extinción de pleno derecho de los efectos de los actos y contratos que el Estado haya celebrado con el condenado y que se encuentren vigentes en el momento de la condena.

La inhabilitación no comprende los actos y contratos relativos a las prestaciones personales de salud previsional o seguridad social, ni los servicios básicos que el Estado ofrece indiscriminadamente a la población.

Si se impusiere la inhabilitación para contratar con el Estado a una persona natural, ninguna sociedad, fundación o corporación en la que el condenado fuere directa o indirectamente socio, accionista, miembro o partícipe con poder de influir en la administración podrá contratar con el Estado mientras el condenado mantenga su participación en ella.

Artículo 34.- Extensión. Las inhabilitaciones previstas en este párrafo tendrán una extensión equivalente a la de los grados de las inhabilitaciones temporales conforme a la tabla demostrativa del artículo 56 del Código Penal. La inhabilitación para contratar con el Estado podrá imponerse a perpetuidad.

Artículo 35.- Determinación judicial de la extensión de la inhabilitación. Para la determinación de la extensión de la inhabilitación el tribunal estará a lo dispuesto en el párrafo 2 de esta ley. La que se impusiere a cada interviniente en el delito será determinada independientemente.

Si la pena impuesta no incluyere la ejecución efectiva de una pena privativa de libertad, las inhabilitaciones no podrán durar más de cinco años tratándose de la inhabilitación para el ejercicio de un cargo o función pública o para el ejercicio de cargos gerenciales. La prohibición para contratar con el Estado podrá imponerse siempre en toda su extensión.

Si la inhabilitación se impusiere juntamente con una pena efectiva de presidio o reclusión, la extensión determinada por el tribunal se aumentará de pleno derecho en todo el tiempo de ejecución efectiva de esa pena, si fuere mayor.

Artículo 36.- Duración. Toda inhabilitación comenzará a producir sus efectos desde la fecha en que quede ejecutoriada la sentencia que la impusiere, y su duración se computará desde ese momento.

Artículo 37.- Rehabilitación. Todo sentenciado a inhabilitación para el ejercicio de una función o cargo público o para el ejercicio de cargos gerenciales tendrá derecho a solicitar al tribunal su rehabilitación una vez cumplida la mitad de la condena.

El tribunal accederá a la solicitud si se acompañaren antecedentes que permitan presumir que el condenado no volverá a delinquir y que ejercerá en el futuro en forma responsable la actividad a la que se refiera la inhabilitación.

Artículo 38.- Reincidencia. En los casos en que se hubiere concedido la rehabilitación conforme al artículo precedente y el beneficiado perpetrare un nuevo delito por el cual corresponda imponer una inhabilitación de la misma clase, el tribunal la determinará dentro de la mitad superior de su extensión. El sentenciado a tal inhabilitación no tendrá derecho a obtener una nueva rehabilitación.

Artículo 39.- Abono. El tiempo por el cual el condenado hubiere sufrido una privación de derechos distinta de la privación de libertad impuesta como medida cautelar en el mismo proceso será íntegramente abonado a la inhabilitación que se le impusiere conforme a este párrafo, siempre que tal privación de derechos hubiere impedido al condenado realizar las actividades a que se refiriere la inhabilitación.

TÍTULO III

COMISO DE GANANCIAS

Artículo 40.- Comiso con condena previa. Toda condena por delito económico conlleva el comiso de las ganancias.

Artículo 41.- Comiso sin condena previa. Se impondrá asimismo el comiso de las ganancias obtenidas a través de un hecho ilícito que corresponda a un delito económico aunque:

1. Se dicte sobreseimiento temporal conforme a las letras b) y c) del inciso primero y al inciso segundo del artículo 252 del Código Procesal Penal.

2. Se dicte sentencia absolutoria fundada en la falta de convicción a que se refiere el artículo 340 del Código Procesal Penal o sobreseimiento definitivo fundado en la letra b) del artículo 250 del mismo Código.

3. Se dicte sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria fundados en la concurrencia de circunstancias eximentes de responsabilidad que no excluyen la ilicitud del hecho.

4. Se dicte sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria fundados en haberse extinguido la responsabilidad penal o en haber sobrevenido un hecho que, con arreglo a la ley, ponga fin a esa responsabilidad.

El comiso de ganancias sin condena previa será impuesto de conformidad al procedimiento especial previsto en el Título III bis del Libro Cuarto del Código Procesal Penal.

Artículo 42.- Medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público. El Ministerio Público podrá solicitar al juez competente las medidas que sean necesarias para asegurar activos patrimoniales con el fin de hacer el comiso de ganancias conforme a este Título.

Artículo 43.- Medidas cautelares solicitadas por otras autoridades. El Consejo de Defensa del Estado y las autoridades del Estado facultadas por ley para denunciar la perpetración de un delito económico o querellarse contra sus responsables podrán también solicitar al juez las medidas señaladas en el artículo 42.

Artículo 44.- Proporcionalidad. En caso de recaer sobre bienes de una empresa, el comiso y las medidas a que se refiere el artículo 42 se harán efectivos de preferencia sobre aquellos cuya afectación no obstaculice sus actividades económicas.

Artículo 45.- Prescripción. La acción para obtener el comiso de ganancias conforme a este Título prescribirá en el plazo de cuatro años, contado desde que hubiere transcurrido el plazo de prescripción de la acción penal respectiva.

Artículo 46.- Acción civil. La acción para obtener indemnización de perjuicios de la víctima de un delito económico, o de un hecho ilícito que corresponde a un delito económico, podrá ejercerse sobre los bienes decomisados conforme a este Título o el producto de su realización, siempre que exista una relación directa entre el perjuicio irrogado y las ganancias obtenidas.

La acción antedicha prescribirá en el plazo de cuatro años, contado a partir de la fecha en que la resolución que impone el comiso quede ejecutoriada.

Artículo 47.- Excepciones al ejercicio de la acción civil. Cualquiera sea el procedimiento en que se ejerza la acción en cuestión, se dará traslado al Consejo de Defensa del Estado, por un plazo de treinta días, prorrogable a su solicitud por otros treinta días, hasta por dos veces.

El Consejo de Defensa del Estado podrá oponer la excepción de falta de relación directa entre perjuicio y ganancias, la excepción de ejecución negligente y la excepción de ejecución inadecuada.

Las excepciones de falta de relación directa entre perjuicio y ganancias y de ejecución negligente serán tramitadas como incidente de previo y especial pronunciamiento. Acogida la excepción, no procederá lo dispuesto en el artículo precedente.

La oposición de la excepción de ejecución inadecuada se hará indicando otros bienes del demandado. Para este efecto, el Consejo de Defensa del Estado podrá solicitar las medidas precautorias conducentes a su aseguramiento, incluso antes de interponer la excepción, anunciándola. En este último caso las medidas quedarán sin efecto si el plazo vence sin oposición de la excepción. Opuesta la excepción, serán pagadas las indemnizaciones con los bienes identificados. De haber saldo insoluto, procederá lo dispuesto en el artículo precedente.

Para la identificación de los bienes del responsable, el Ministerio Público, a solicitud del Consejo de Defensa del Estado, estará facultado para requerir la información pertinente del Servicio de Impuestos Internos y de la Comisión para el Mercado Financiero, así como de bancos, instituciones financieras, compañías de seguros y personas jurídicas sujetas a su fiscalización.

TÍTULO IV

MODIFICACIONES A OTROS CUERPOS LEGALES

Artículo 48.- Modificaciones al Código Penal. Modifícase el Código Penal de la siguiente forma:

1. Introdúcese en el artículo 20 el siguiente inciso segundo:

“Tampoco se reputa pena el comiso de las ganancias provenientes del delito.”.

2. Agrégase el siguiente artículo 24 bis:

“ART. 24 bis. Toda sentencia condenatoria en materia criminal lleva consigo el comiso de las ganancias provenientes del delito. Por el comiso de ganancias se priva a una persona de activos patrimoniales cuyo valor corresponda a la cuantía de las ganancias obtenidas a través del delito, o bien para o por perpetrarlo, y se los transfiere al fisco.

Las ganancias obtenidas comprenden los frutos y las utilidades que se hubieren originado, cualquiera sea su naturaleza jurídica. Las ganancias comprenden también el equivalente a los costos evitados mediante el hecho ilícito.

En la determinación del valor de las ganancias no se descontarán los gastos que hubieren sido necesarios para perpetrar el delito y obtenerlas.

La acción para obtener el comiso de ganancias se sujetará a las reglas de la prescripción de la acción penal respectiva.

Si un mismo bien pudiere ser objeto de comiso conforme a este artículo y conforme al artículo 31, solo se aplicará lo dispuesto en este artículo.”.

3. Introdúcese el siguiente artículo 24 ter:

“ART. 24 ter. El comiso de ganancias será impuesto también respecto de una persona que no hubiere intervenido en la perpetración del hecho, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

1ª. Si esa persona hubiere adquirido la ganancia como heredero o asignatario testamentario, a cualquier título gratuito o sin título válido, a menos que la hubiere adquirido del mismo modo de un tercero que no se encontrare en la misma circunstancia ni en las circunstancias que siguen.

2ª. Si esa persona hubiere obtenido la ganancia mediante el hecho ilícito y los intervinientes en la perpetración del hecho hubieren actuado en su interés.

3ª. Si esa persona hubiere adquirido la ganancia sabiendo o debiendo saber de su procedencia ilícita al momento de la adquisición.

4ª. Si se tratare de una persona jurídica que hubiere recibido la ganancia como aporte a su patrimonio.”.

4. Sustitúyese el artículo 48 por el siguiente:

“ART. 48. Si los bienes del condenado no fueren bastantes para cubrir las responsabilidades pecuniarias, se satisfarán éstas en el orden siguiente:

1. El comiso de las ganancias provenientes del delito.

2. Las multas.

3. Las costas procesales y el resarcimiento de los gastos ocasionados por el juicio.

4. La reparación del daño causado e indemnización de perjuicios.

5. Las costas personales.

Cuando por aplicación de lo dispuesto en el inciso anterior no fuere posible satisfacer la indemnización de perjuicios derivada del delito por falta de bienes realizables, el perjudicado podrá ejercer la acción civil sobre los bienes decomisados para efectos del número 1, o el producto de su realización, siempre que existiere una relación directa entre el perjuicio irrogado y las ganancias obtenidas. El Estado podrá excepcionarse del pago demostrando la existencia de bienes realizables sobre los cuales pudiere hacerse efectiva la indemnización, o que ella no hubiere podido ser satisfecha por negligencia del perjudicado.

En caso de iniciarse un procedimiento concursal, estos créditos se graduarán considerándose la obligación de cumplir con el comiso como un crédito de la primera clase comprendido en el número 1 del artículo 2472 del Código Civil y los restantes como uno solo entre los que no gozan de preferencia. En este caso no se aplicará lo dispuesto en el inciso anterior.”.

5. En su artículo 60:

a) Sustitúyese el inciso cuarto por el siguiente:

“La misma regla señalada en el inciso anterior se aplicará respecto a las cauciones que se hagan efectivas y del dinero o el producto de la enajenación en subasta pública de las especies decomisadas conforme al artículo 31, la cual se deberá efectuar por la Dirección de Compras y Contratación Pública.”.

b) Intercálase en su inciso sexto, entre las palabras “comisos” y “derivados”, la expresión “de instrumentos o efectos”.

c) Agrégase el siguiente inciso final:

“Tratándose del comiso de ganancias provenientes del delito, serán transferidos al fisco tanto las sumas de dinero o derechos a sumas de dinero decomisados como los fondos obtenidos mediante la realización de los bienes decomisados.”.

6. En el artículo 240:

a) Intercálase en su número 7°, entre las palabras “anónima” y “que”, la expresión “abierta o especial”.

b) Sustitúyese en su inciso segundo la expresión “personas enumeradas en el inciso precedente” por la frase “personas mencionadas en los números 1 a 6 del inciso precedente”.

c) Sustitúyese en su inciso tercero la expresión “alguna de las personas enumeradas en el inciso primero” por la frase “alguna de las personas mencionadas en los números 1 a 6 del inciso primero”.

d) Introdúcese el siguiente inciso cuarto, nuevo:

“Tratándose de una sociedad anónima abierta o especial, las mismas penas referidas en el inciso primero se aplicarán al director o gerente que diere o dejare tomar interés a personas consideradas por la ley como partes relacionadas.”.

7. Introdúcese en el artículo 247 bis el siguiente inciso segundo:

“Con las mismas penas serán castigados los que, ejerciendo alguna de las profesiones que requieren título, obtuvieren un beneficio económico para sí o para un tercero haciendo uso de los secretos que por razón de su profesión se les hubiere confiado. Tratándose de un abogado, si el hecho perjudicare a su cliente, se impondrán además las penas privativas de derechos señaladas en el artículo 231.”.

8. Sustitúyese el artículo 284 por los siguientes artículos 284 y 284 bis:

“ART. 284. Será castigado con presidio o reclusión menor en su grado medio el que sin el consentimiento de su legítimo poseedor revelare o consintiere que otra persona accediere a un secreto comercial que hubiere conocido:

1. Bajo un deber de confidencialidad con ocasión del ejercicio de un cargo o una función pública o de una profesión cuyo título se encontrare legalmente reconocido y siempre que el deber de confidencialidad profesional estuviere fundado en la ley o en un reglamento, o en las reglas que definen su correcto ejercicio.

2. En razón o a consecuencia de una relación contractual o laboral con la empresa afectada o con otra que le haya prestado servicios.

3. Por medio de una intromisión indebida.

El que sin el consentimiento de su legítimo poseedor se aprovechare económicamente de un secreto comercial que hubiere conocido en alguna de las circunstancias previstas en el inciso anterior o sabiendo que su conocimiento del secreto proviene de un hecho de los señalados en el inciso anterior será sancionado con presidio o reclusión menor en su grado máximo.

Sin perjuicio de las penas previstas en los dos incisos precedentes, cuando el delito se cometa con ocasión del ejercicio de una de las profesiones a que se refiere el N° 1 del inciso primero, se impondrá, además, la suspensión en su grado mínimo a inhabilitación especial perpetua para el cargo o profesión.

No incurre en el delito previsto en este artículo el que, habiendo conocido legítimamente un secreto comercial durante su relación contractual o laboral con una empresa con posterioridad al cese de dicha relación, se aprovechare en el ejercicio de su profesión u oficio o en el desarrollo de una actividad económica de un secreto empresarial que hubiere pasado a ser parte inescindible de su bagaje profesional o laboral.

Para los efectos de este artículo y del artículo siguiente se entenderá por secreto comercial todo conocimiento de acceso restringido concerniente a la elaboración o comercialización de productos o a la prestación de servicios, así como a la organización o funcionamiento de la empresa, cuya revelación fuere idónea para perjudicar la posición de ésta en la competencia.

ART. 284 bis. El que sin el consentimiento de su legítimo poseedor accediere a un secreto comercial mediante intromisión indebida con el propósito de revelarlo o aprovecharse económicamente de él será castigado con presidio o reclusión menor en su grado medio.

Igual pena se impondrá al que sin el consentimiento de su legítimo poseedor reprodujere la fijación en cualquier formato de información constitutiva de un secreto empresarial con el propósito de revelarlo o aprovecharse económicamente de él.

Por intromisión en los términos de este artículo se entenderá:

1. El ingreso a dependencias de la empresa o la captación visual o sonora mediante dispositivos técnicos de lo que tuviere lugar al interior de dependencias de la empresa, siempre que ello no fuere perceptible desde su exterior sin la utilización de dispositivos técnicos como los empleados en la captación o sin recurrir a escalamiento o a algún otro modo de vencimiento de un obstáculo a la percepción.

2. La captación visual o sonora mediante dispositivos técnicos del contenido de la comunicación que dos o más personas mantuvieren, de la ejecución de una acción o del desarrollo de una situación por parte de una persona cuando los involucrados tuvieren una expectativa legítima de no estar siendo vistos, escuchados, filmados o grabados, manifestada en las circunstancias de la comunicación, la acción o la situación y que ésta concerniere a la empresa.

3. El acceso a la información que se tuviere en cualquier soporte o medio de la empresa, vulnerando mecanismos de resguardo que impidieren el libre acceso a ella.”.

9. Sustitúyense los artículos 285 y 286 por los siguientes:

“ART. 285. El que por medios fraudulentos alterare el precio de bienes o servicios sufrirá las penas de presidio o reclusión menor en sus grados medio a máximo.

ART. 286. Se impondrá la pena de presidio o reclusión menor en su grado máximo a presidio o reclusión mayor en su grado mínimo cuando el fraude expresado en el artículo anterior recayere sobre el precio de bienes o servicios de primera necesidad o de consumo masivo.”.

10. Sustitúyense en los artículos 287 bis y 287 ter las expresiones “empleado o mandatario” por las expresiones “director, administrador, mandatario o empleado de una empresa”.

11. Sustitúyese el Párrafo XIII del Título Sexto del Libro Segundo por el siguiente:

Ҥ XIII.

Atentados contra el medio ambiente

ART. 305. Será sancionado con presidio o reclusión menor en sus grados mínimo a medio el que sin haber sometido su actividad a una evaluación de impacto ambiental estando obligado a ello o sin haber obtenido la debida autorización:

1. Vierta sustancias contaminantes en aguas marítimas o continentales.

2. Extraiga aguas continentales, sean superficiales o subterráneas, o aguas marítimas.

3. Vierta o deposite sustancias contaminantes en el suelo o subsuelo, continental o marítimo.

4. Extraiga componentes del suelo o subsuelo.

5. Libere sustancias contaminantes al aire.

La pena será de presidio o reclusión menor en sus grados medio a máximo si el infractor perpetra el hecho estando obligado a someter su actividad a un estudio de impacto ambiental.

Lo dispuesto en el número 5 no será aplicable respecto de las emisiones provenientes de vehículos sujetos a inscripción en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados y de sistemas de calefacción o refrigeración domésticos.

ART. 305 bis. Para efectos de lo dispuesto en el artículo anterior cuenta con la autorización correspondiente quien la tiene en el momento del hecho, aun cuando ella sea posteriormente declarada inválida.

No vale como autorización, ni aun en el momento del hecho, la que hubiere sido obtenida mediante engaño, coacción o cohecho.

ART. 306. Las penas señaladas en el inciso primero del artículo anterior serán aplicables al que, contando con autorización para verter, liberar o extraer cualquiera de las sustancias o elementos mencionados en los números 1 a 5 del artículo 305, incurra en cualquiera de los hechos allí previstos, contraviniendo una norma de emisión o de calidad ambiental, incumpliendo las medidas establecidas en un plan de prevención, de descontaminación o de manejo ambiental, incumpliendo una resolución de calificación ambiental, o cualquier condición asociada al otorgamiento de la autorización, y siempre que el infractor:

1. estuviere impedido de presentar un programa de cumplimiento de la normativa ambiental en procedimiento sancionatorio administrativo relativo al hecho por haber sido sancionado anteriormente o por haber presentado anteriormente un programa de cumplimiento de la normativa ambiental en otro procedimiento; o

2 hubiere sido sancionado administrativamente por más de una infracción grave a la normativa ambiental cometidas dentro de los tres años anteriores al hecho en relación con una misma unidad sometida a control de la autoridad.

ART. 307. Las penas señaladas en el inciso primero del artículo 305 serán también aplicables al que, contando con autorización para extraer aguas continentales, superficiales o subterráneas, las extraiga infringiendo las reglas de su distribución y aprovechamiento en cualquiera de las siguientes circunstancias:

1. Habiéndose establecido la reducción temporal del ejercicio de esos derechos de aprovechamiento.

2. En una zona que haya sido declarada zona de prohibición para nuevas explotaciones acuíferas, haya sido decretada área de restricción del sector hidrogeológico, que se haya declarado a su respecto el agotamiento de las fuentes naturales de aguas o se la haya declarado zona de escasez.

ART. 308. El que, vertiendo, depositando o liberando sustancias contaminantes, o extrayendo aguas o componentes del suelo o subsuelo, afectare gravemente las aguas marítimas o continentales, superficiales o subterráneas, el suelo o el subsuelo, fuere continental o marítimo, o el aire, o bien la salud animal o vegetal, la existencia de recursos hídricos o el abastecimiento de agua potable, será sancionado:

1. Con la pena de presidio o reclusión mayor en su grado mínimo, si la afectación grave fuere perpetrada vertiendo, liberando o extrayendo sustancias de la manera prevista en el artículo 305 o, en su caso, concurriendo las circunstancias previstas en los artículos 306 o 307.

2. Con la pena de presidio o reclusión menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo en los demás casos.

ART. 309. El que por imprudencia temeraria o por mera imprudencia o negligencia con infracción de los reglamentos incurriere en los hechos señalados en el artículo anterior será sancionado:

1. Con la pena de presidio o reclusión menor en su grado máximo, si la afectación grave fuere perpetrada vertiendo, liberando o extrayendo sustancias de la manera prevista en el artículo 305 o, en su caso, concurriendo las circunstancias previstas en los artículos 306 o 307.

2. Con la pena de presidio o reclusión menor en cualquiera de sus grados en los demás casos.

ART. 310. El que afectare gravemente uno o más de los componentes ambientales de un parque nacional, una reserva nacional, un monumento natural, una reserva de zona virgen, un santuario de la naturaleza, un parque marino, una reserva marina, un humedal urbano o cualquiera otra área colocada bajo protección oficial, será sancionado con presidio o reclusión mayor en su grado mínimo.

La misma pena se impondrá al que infringiendo una resolución de calificación ambiental o sin haber sometido su actividad a una evaluación de impacto ambiental estando obligado a ello afectare gravemente un glaciar.

La pena será de presidio o reclusión menor en su grado máximo si cualquiera de los hechos señalados en los incisos anteriores fuere perpetrado por imprudencia temeraria o por mera imprudencia o negligencia con infracción de los reglamentos.

ART. 310 bis. Para los efectos de los tres artículos precedentes se entenderá por afectación grave de uno o más componentes ambientales el cambio adverso y mensurable producido en alguno de ellos, siempre que consista en alguna de las siguientes circunstancias:

1. Tener una extensión espacial de relevancia, según las características ecológicas o geográficas de la zona afectada.

2. Tener efectos prolongados en el tiempo.

3 Ser irreparable o difícilmente reparable.

4. Alcanzar a un conjunto significativo de especies según las características de la zona afectada.

5. Incidir en especies categorizadas como extintas, extintas en grado silvestre, en peligro crítico o en peligro o vulnerable.

6. Poner en peligro la salud de una o más personas.

7. Afectar significativamente los servicios o funciones ecosistémicos del elemento o componente ambiental.

Tratándose de los hechos previstos en el inciso primero del artículo 308 y en los incisos primero y segundo del artículo 310, si la afectación grave causa un daño irreversible a un ecosistema, se impondrá el máximum de las penas a ellos señaladas.

ART. 310 ter. Además de las penas señaladas en las disposiciones de este párrafo, el tribunal impondrá la pena de multa:

1. De ciento veinte a sesenta mil unidades tributarias mensuales, si la pena señalada fuere inferior a la de presidio o reclusión menor en su grado máximo.

2. De veinticuatro mil a ciento veinte mil unidades tributarias mensuales, si la pena señalada fuere igual o superior a la de presidio o reclusión menor en su grado máximo.

El monto de la pena de multa pagada será abonado a la sanción de multa no constitutiva de pena que le fuere impuesta por el mismo hecho. Si el condenado hubiere pagado una multa no constitutiva de pena por el mismo hecho, el monto pagado será abonado a la pena de multa impuesta.

ART. 311. Tratándose de los hechos previstos en los artículos 305, 306 o 307 la pena sólo será la multa de ciento veinte a doce mil unidades tributarias mensuales cuando:

1. La cantidad vertida, liberada o extraída en exceso no supere en forma significativa el límite permitido o autorizado, atendidas las características de la sustancia y la condición del medio ambiente que pudieren verse afectados por el exceso.

2. La infracción se prolongue sólo por un breve lapso, atendidas las características de la sustancia y la condición del medio ambiente que pudieren verse afectados por su vertimiento, liberación o extracción.

3. El infractor hubiere obrado con diligencia para restablecer las emisiones o extracciones al valor permitido o autorizado y para evitar las consecuencias dañinas del hecho.

El tribunal podrá imponer una multa inferior a la señalada, desde una unidad tributaria mensual, cuando el hecho fuere perpetrado extrayendo aguas continentales, superficiales o subterráneas, se cumpliere la condición señalada en el número 1 y la extracción hubiere estado destinada a las bebidas y usos domésticos.

ART. 311 bis. Tratándose de los hechos previstos en el artículo 310, el tribunal impondrá al condenado como pena accesoria la prohibición perpetua de ingresar a áreas protegidas por el Estado. Esta prohibición impide al condenado ingresar a cualquiera de las áreas naturales mencionadas en dicho artículo que se encuentran bajo protección oficial.

También le impide acercarse a menos de dos kilómetros del límite de tales áreas. El tribunal podrá reducir esa distancia en consideración a las condiciones de habitación y trabajo del condenado.

La prohibición será impuesta por igual a todas las personas responsables del delito consumado o frustrado, o de su tentativa.

ART. 311 ter. Fuera de los casos señalados en el artículo 310 el tribunal podrá apreciar la concurrencia de una atenuante muy calificada conforme al artículo 68 bis cuando el hechor repare el daño ambiental causado por el hecho.

ART. 311 quáter. Las penas previstas en las disposiciones de este párrafo para los atentados contra el medio ambiente perpetrados extrayendo aguas continentales, superficiales o subterráneas, serán impuestas sin perjuicio de la aplicación de las penas que correspondan por el delito de usurpación.

ART. 311 quinquies. Cuando la persona obligada por las normas ambientales o el infractor a que se refieren las disposiciones de este párrafo fuere una persona jurídica, se entenderá que esa calidad concurre respecto de quienes hubieren intervenido por ella en el hecho punible.

ART. 312. Si con ocasión de la investigación o el juicio por los hechos previstos en las disposiciones del presente párrafo el tribunal impusiere al imputado o condenado condiciones destinadas a evitar o reparar el daño ambiental, oficiará a la autoridad reguladora pertinente para la fiscalización de su cumplimiento. La autoridad estará facultada para ejercer todas sus competencias fiscalizadoras y quedará obligada a informar al tribunal.”.

12. Sustitúyese el artículo 438 por el siguiente:

“ART. 438. El que para obtener un provecho patrimonial para sí o para un tercero constriñere a otro con violencia o intimidación a suscribir, otorgar o entregar un instrumento público o privado que importe una obligación estimable en dinero, o a ejecutar, omitir o tolerar cualquier otra acción que importe una disposición patrimonial en perjuicio suyo o de un tercero, será castigado con las penas respectivamente señaladas en este párrafo para el culpable de robo.”.

13. Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 459:

a) En el encabezamiento sustitúyese la expresión “presidio menor en sus grados mínimo a medio” por “presidio menor en su grado medio a máximo”.

b) Incorpórase el siguiente inciso final, nuevo:

“Las sanciones establecidas en este artículo no se aplicarán a quienes hagan uso del agua para consumo personal o familiar en los términos señalados en el artículo 56 del Código de Aguas.”.

14. Sustitúyese el artículo 463 por el siguiente:

“ART. 463. El que dentro de los dos años anteriores a la resolución de liquidación a que se refiere el Capítulo IV de la Ley N°20.720, que sustituye el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y liquidación de empresas y personas y perfecciona el rol de la Superintendencia del ramo, conociendo el mal estado de sus negocios, ejecutare actos o contratos que disminuyan su activo o aumenten su pasivo de un modo manifiestamente contrario a las exigencias de una administración racional del patrimonio, será castigado con la pena de presidio menor en cualquiera de sus grados.”.

15. Sustitúyese el artículo 463 bis por el siguiente:

“ART. 463 bis. Será castigado con la pena de presidio menor en su grado medio a presidio mayor en su grado mínimo, el deudor que realizare alguna de las siguientes conductas:

1. Favorecer a uno o más acreedores en desmedro de otro pagando deudas que no fueren actualmente exigibles u otorgando garantías para deudas contraídas previamente sin garantía, dentro de los dos años anteriores a la resolución de reorganización o liquidación.

2. Percibir, apropiarse o distraer bienes que deban ser objeto del procedimiento concursal de liquidación después de la resolución de liquidación.

3. Realizar actos de disposición de bienes de su patrimonio, reales o simulados, o constituir prenda, hipoteca u otro gravamen sobre ellos, después de la resolución de liquidación.

4. Ocultar total o parcialmente sus bienes o sus haberes, dentro de los dos años anteriores a la resolución de liquidación o reorganización, o con posterioridad a esa resolución.”.

16. Sustitúyese el artículo 464 por el siguiente:

“ART. 464. Será castigado con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y con la sanción accesoria de inhabilidad especial perpetua para ejercer el cargo, el veedor o liquidador designado en un procedimiento concursal de reorganización o liquidación, que perpetrare cualquiera de los hechos previstos en los números 1 u 11 del artículo 470.”.

17. Derógase el artículo 464 bis.

18. Sustitúyese el inciso segundo del artículo 464 ter por el siguiente:

“Del mismo modo será castigado el que sin tener la calidad antedicha perpetrare alguno de los hechos señalados en el inciso anterior actuando con el consentimiento de quien tiene esa calidad o en su beneficio.”.

19. Sustitúyese el artículo 467 por el siguiente:

“ART. 467. El que para obtener un provecho patrimonial para sí o para un tercero mediante engaño provocare en otro un error, o lo mantuviere en él, que lo induzca a ejecutar, omitir o tolerar una acción que importe una disposición patrimonial en perjuicio suyo o de un tercero será sancionado:

1. Con presidio menor en su grado máximo y multa de veintiuna a trescientas unidades tributarias mensuales, si el perjuicio excede de cuatrocientas unidades tributarias mensuales y no pasa de cuarenta mil.

2. Con presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de once a quince unidades tributarias mensuales, si excede de cuarenta unidades tributarias mensuales y no pasa de cuatrocientas.

3. Con presidio menor en su grado medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales, si excede de cuatro unidades tributarias mensuales y no pasa de cuarenta.

4. Con presidio menor en su grado mínimo y multa de cinco unidades tributarias mensuales, si excede de una unidad tributaria mensual y no pasa de cuatro.

Si el perjuicio excede de cuarenta mil unidades tributarias mensuales, se aplicará la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y multa de trescientas a quinientas unidades tributarias mensuales.”.

20. En su artículo 468:

a) Sustitúyese la expresión “en las penas del” por la expresión “en el delito previsto en el”.

b) Introdúcense los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto:

“Las penas del artículo anterior serán aplicadas también al que para obtener un provecho para sí o para un tercero irrogue perjuicio patrimonial a otra persona:

1. Manipulando los datos contenidos en un sistema informático o el resultado del procesamiento informático de datos a través de una intromisión indebida en la operación de éste.

2. Utilizando sin la autorización del titular una o más claves confidenciales que habiliten el acceso u operación de un sistema informático, o

3. Haciendo uso no autorizado de una tarjeta de pago ajena o de los datos codificados en una tarjeta de pago que la identifiquen y habiliten como medio de pago.

Sin perjuicio de las penas que correspondan conforme al inciso anterior, sufrirá la pena de presidio menor en su grado medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales el que obtenga indebidamente los datos codificados en una tarjeta de pago que la identifiquen y habiliten como medio de pago. La misma pena sufrirá el que los adquiera o ponga a disposición de otro a cualquier título.

En la investigación de los delitos previstos en este artículo será aplicable lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley N° 20.009.”.

21. Intercálase en el párrafo tercero del número 11 de su artículo 470, entre la palabra especial y la coma que le sigue, la frase “u otro patrimonio administrado por esa sociedad”.

22. Introdúcese el siguiente inciso segundo, nuevo, en el artículo 472, pasando los actuales incisos segundo, tercero y cuarto a ser incisos tercero, cuarto y quinto:

“Se impondrá el grado máximo de la pena establecida en el inciso anterior cuando la conducta que allí se sanciona se realice simulando, de cualquier forma, que se suministran los valores a un interés permitido por la ley.”.

23. Introdúcese a continuación del artículo 472 los siguientes artículos 472 bis y 472 ter:

“ART. 472 bis. El que con abuso grave de una situación de necesidad, de la inexperiencia o de la incapacidad de discernimiento de otra persona, le pagare un salario manifiestamente desproporcionado e inferior al mínimo previsto por la ley o le diere en arrendamiento un inmueble como morada recibiendo una contraprestación manifiestamente desproporcionada, será castigado con la pena de presidio o reclusión menor en cualquiera de sus grados.

ART. 472 ter. En los casos en que alguno de los hechos previstos en este párrafo irrogare un perjuicio que exceda de ochenta mil unidades tributarias mensuales o afecte a un número considerable de personas, se podrá imponer la pena superior en un grado a la señalada por la ley.”.

Artículo 49.- Modificaciones al Código Procesal Penal. Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Procesal Penal:

1. Incorpórase en el artículo 157 el siguiente inciso tercero:

“El Ministerio Público deberá solicitar las medidas cautelares que correspondan para asegurar bienes suficientes con el fin de hacer efectivo el comiso de las ganancias provenientes del delito. Para estos efectos, el juez podrá ordenar que se congelen las cuentas en bancos o los fondos generales administrados por terceros. No se requerirá que concurra la circunstancia segunda del artículo 279 del Código de Procedimiento Civil.”.

2. Introdúcese el siguiente artículo 157 bis:

“Artículo 157 bis.- Concesión de medidas sin audiencia del afectado. Las medidas solicitadas para asegurar bienes sobre los cuales hacer efectivo el comiso de ganancias podrán ser decretadas sin audiencia del afectado.

Si se procediere de este modo, el juez deberá fijar un plazo no inferior a treinta días ni superior a ciento veinte días para que el Ministerio Público formalice la investigación respectiva. Transcurrido este plazo sin que se produzca la formalización, o sin que el Ministerio Público solicite la mantención de la medida con ocasión de la formalización, la medida quedará sin efecto.”.

3. Introdúcense en el artículo 259 las siguientes modificaciones:

a) Intercálase el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando el actual inciso tercero a ser inciso cuarto:

“Si el fiscal solicita la aplicación del comiso de ganancias deberá indicar su monto y expresar con claridad y precisión los fundamentos de su solicitud, señalando los medios de prueba de que piensa valerse y dando, en su caso, cumplimiento a lo dispuesto en el inciso precedente.”.

b) Introdúcese en el inciso final a continuación del punto y aparte, que ha pasado a ser punto y seguido la siguiente oración: “Con todo, en la acusación podrá solicitarse el comiso de ganancias respecto de terceros en los casos previstos por la ley.”.

4. Introdúcese en el inciso tercero del artículo 348, a continuación del punto y aparte, que ha pasado a ser punto y seguido, la siguiente oración: “En cuanto al comiso de las ganancias del delito, si éstas ascendieren a un monto superior a 400 unidades tributarias mensuales, se estará a lo dispuesto en el artículo siguiente. De lo contrario, el tribunal lo impondrá en la misma sentencia condenatoria si fuere procedente.”.

5. Introdúcese el siguiente artículo 348 bis:

“Artículo 348 bis.- Comiso de ganancias. En caso de haberse solicitado la aplicación del comiso de ganancias por un monto superior a 400 unidades tributarias mensuales, o si la aplicación del comiso afecta a terceros, en la sentencia condenatoria se citará a una audiencia especial.

Si el comiso sólo afecta personas que han sido condenadas, la audiencia tendrá lugar dentro de décimo día a contar de la fecha de la sentencia. Si el comiso afecta a terceros, la audiencia no podrá tener lugar antes de treinta ni después de sesenta días contados desde la fecha de la notificación de la sentencia a los afectados.

La resolución y la audiencia respectiva se sujetarán a lo dispuesto en los artículos 415 quáter, 415 quinquies y 415 sexies.

El tribunal pronunciará su decisión de imposición del comiso o rechazo de la solicitud. En el primer caso determinará el monto por el cual se lo impone. De haber bienes asegurados para hacerlo efectivo, los deberá identificar.”.

6. Introdúcese en el artículo 391 el siguiente inciso segundo:

“Si el fiscal solicita la aplicación del comiso de ganancias deberá indicar su monto y expresar con claridad y precisión los fundamentos de su solicitud, exponiendo los antecedentes o elementos en los que ella se basa.”.

7. Introdúcese en el artículo 396 el siguiente inciso final, nuevo:

“Si se hubiere solicitado el comiso de ganancias en el requerimiento por un monto igual o inferior a 400 unidades tributarias mensuales, el juez se pronunciará acerca de su procedencia en la sentencia. Si el monto es superior o si el comiso afecta a terceros, se estará a lo dispuesto en el artículo 348 bis.”.

8. Introdúcese en el artículo 411 el siguiente inciso segundo:

“Si el fiscal solicita la aplicación del comiso de ganancias deberá indicar su monto y expresar con claridad y precisión los fundamentos de su solicitud.”.

9. Introdúcese en el artículo 413 el siguiente inciso final:

“Si el fiscal hubiere solicitado el comiso de ganancias por un monto igual o inferior a 400 unidades tributarias mensuales, el juez se pronunciará acerca de su procedencia en la sentencia. Si el monto es superior o si el comiso afecta a terceros, se estará a lo dispuesto en el artículo 348 bis.”.

10. Introdúcese en el Libro Cuarto del Código Procesal Penal el siguiente Título III bis:

“Título III bis. Procedimiento relativo a la imposición de comiso sin condena previa

Artículo 415 bis.- Ámbito de aplicación. Las reglas del presente título son aplicables en los casos en que la ley dispone el comiso de bienes o activos obtenidos a través de un hecho ilícito que corresponde a un delito sin sujetar su procedencia a la dictación de una sentencia condenatoria relativa al hecho.

En esos casos, la resolución que ponga término a la investigación o juicio respectivo no obstará a la competencia del tribunal para conocer de este procedimiento.

Artículo 415 ter.- Citación. Habiéndose incautado bienes o habiéndolos asegurado conforme al artículo 157, para hacer efectivo el comiso, en la última resolución que recaiga sobre la respectiva investigación o juicio, poniéndole término temporal o definitivo, el tribunal, a petición del Ministerio Público, citará a audiencia especial de comiso, la que no podrá tener lugar antes de treinta ni después de sesenta días contados desde la fecha de la resolución.

Artículo 415 quáter.- Preparación. La resolución ordenará que las partes comparezcan a la audiencia, con todos sus medios de prueba. Si alguna de ellas requiere de la citación de testigos o peritos por medio del tribunal deberá formular la respectiva solicitud al menos cinco días antes de la fecha de la audiencia.

La resolución será notificada a todas las personas que conforme a la ley podrían ser afectadas en su propiedad o patrimonio por la imposición del comiso, con a lo menos quince días de anticipación a la fecha de la audiencia.

Artículo 415 quinquies.- Audiencia y prueba. La audiencia comenzará con la lectura de la solicitud de aplicación del comiso formulada por el Ministerio Público. En seguida se oirá a los comparecientes y se recibirá la prueba.

La prueba de los hechos de los que depende la procedencia del comiso, incluido su monto, será producida conforme a lo dispuesto en el artículo 295 y apreciada conforme a lo dispuesto en el artículo 297. El tribunal formará su convicción sobre la base de la prueba preponderante producida durante la audiencia.

Artículo 415 sexies.- Suspensión de la audiencia. La audiencia no podrá suspenderse, ni aun por falta de comparecencia de alguna de las partes o por no haberse rendido prueba en ella. Sin embargo, si falta una prueba anunciada por las partes que el tribunal considere indispensable para la adecuada resolución de la causa, dispondrá lo necesario para asegurar su producción. La suspensión no podrá en caso alguno exceder de cinco días.

Artículo 415 septies.- Contenido de la sentencia. La sentencia en el procedimiento de comiso sin condena previa contendrá:

a) La mención del tribunal, la fecha de su dictación y la identificación de los intervinientes.

b) La enunciación de la solicitud del Ministerio Público y de las defensas de los afectados, y sus fundamentos respectivos.

c) El análisis somero de la prueba producida.

d) Las razones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo, en particular las que se refieren a la existencia del hecho ilícito del que proceden las ganancias.

e) La decisión del asunto, imponiendo el comiso o denegándolo, y en el primer caso determinando el monto por el cual se lo impone.

Artículo 415 octies.- Recursos. Si la sentencia que impone o deniega el comiso de ganancias fuere dictada por un tribunal oral en lo penal, procederá en su contra el recurso de nulidad y el recurso de apelación del monto del comiso. En caso de interponerse ambos, el requirente deberá apelar en subsidio del recurso de nulidad.

El recurso de nulidad procederá por cualquiera de las causales previstas en los artículos 373 y 374 y deberá interponerse dentro de los diez días siguientes a la notificación de la sentencia que impone o deniega el comiso de ganancias. Su interposición y tramitación tendrá lugar de acuerdo con lo previsto en el Título Cuarto del Libro Tercero. El tribunal que conozca del recurso podrá decretar la nulidad de la audiencia prevista en el artículo 348 bis o, de tratarse exclusivamente de un error de derecho, anulará la sentencia y dictará sentencia de reemplazo.

Tratándose de una sentencia dictada por un juez de garantía, el recurso de apelación deberá interponerse dentro de los diez días siguientes a la notificación de la sentencia que impone o deniega el comiso de ganancias. El tribunal que conozca del recurso podrá revocar la decisión que concede o deniega el comiso de ganancias y dictar sentencia de reemplazo, o podrá modificar el monto fijado por el tribunal a quo.”.

Artículo 415 nonies.- Ejecución. Una vez ejecutoriada la sentencia que impone el comiso, ella será ejecutada conforme a lo dispuesto en el artículo 469 bis.”.

11. Introdúcese el siguiente artículo 469 bis.

“Artículo 469 bis.- Ejecución del comiso de ganancias. Toda sentencia que imponga el comiso de las ganancias provenientes del delito será ejecutada como decisión civil dictada por un tribunal con competencia en lo penal.

En caso de que los bienes decomisados sean dinero o derechos a sumas de dinero, se los transferirá al fisco. Los fondos obtenidos mediante la realización de los bienes decomisados también serán transferidos al fisco.

El comiso de inmuebles o de bienes de propiedad registral conlleva la facultad de realizar aquellas inscripciones necesarias para ejecutar eficazmente el bien decomisado.”.

Artículo 50.- Modificaciones al Código Orgánico de Tribunales. Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 171 del Código Orgánico de Tribunales:

1. Sustitúyese el inciso primero por el siguiente:

“Artículo 171.- La acción civil que tenga por objeto la restitución de la cosa y la que tenga por objeto la imposición del comiso de las ganancias provenientes del delito o, en los casos en que la ley lo disponga aun sin sentencia condenatoria, del hecho ilícito que corresponde al delito, deberán interponerse siempre ante el tribunal que conozca las gestiones relacionadas con el respectivo procedimiento penal.”.

2. Sustitúyese el inciso final por el siguiente:

“El tribunal civil mencionado en el inciso anterior será competente para conocer de la ejecución de la decisión civil de las sentencias definitivas dictadas por los jueces con competencia penal, así como de la sentencia que imponga el comiso de las ganancias provenientes del hecho ilícito que corresponda al delito.”.

Artículo 51.- Modificaciones a la ley N° 20.393. Introdúcese las siguientes modificaciones en la Ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos que indica:

1. Sustitúyese el artículo 1 por el siguiente:

“Artículo 1.- Contenido de la ley. La presente ley regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas por los delitos señalados en el inciso siguiente, el procedimiento para la investigación y establecimiento de dicha responsabilidad penal, la determinación de las sanciones procedentes y su ejecución.

Los delitos por los cuales la persona jurídica responde penalmente conforme a la presente ley son los siguientes:

1. Los delitos a que se refieren los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley de Delitos Económicos, sean o no considerados como delitos económicos por esa ley.

2. El previsto en el artículo 8 de la ley N° 18.314 que determina conductas terroristas y fija su penalidad.

En lo no previsto por esta ley serán aplicables, supletoriamente, las disposiciones contenidas en el Libro I del Código Penal y en el Código Procesal Penal, en lo que resulte pertinente.

Para los efectos de esta ley no será aplicable lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 58 del Código Procesal Penal.”.

2. Sustitúyese su artículo 2 por el siguiente:

“Artículo 2.- Ámbito de aplicación personal. Serán penalmente responsables en los términos de esta ley las personas jurídicas de derecho privado, las empresas públicas creadas por ley; las empresas, sociedades y universidades del Estado; los partidos políticos y las personas jurídicas religiosas de derecho público.”.

3. Sustitúyese el artículo 3 por el siguiente:

“Artículo 3.- Presupuestos de la responsabilidad penal. Una persona jurídica será penalmente responsable por cualquiera de los delitos señalados en el artículo 1, perpetrado por o con la intervención de alguna persona natural que ocupe un cargo, función o posición en ella, o le preste servicios gestionando asuntos suyos ante terceros, con o sin su representación, siempre que la perpetración del hecho se vea favorecida o facilitada por la falta de implementación efectiva de un modelo adecuado de prevención de tales delitos, por parte de la persona jurídica.

Si concurrieren los requisitos previstos en el inciso anterior, una persona jurídica también será responsable por el hecho perpetrado por o con la intervención de una persona natural relacionada en los términos previstos por dicho inciso con una persona jurídica distinta, siempre que ésta le preste servicios gestionando asuntos suyos ante terceros, con o sin su representación, o carezca de autonomía operativa a su respecto, cuando entre ellas existan relaciones de propiedad o participación.

Lo dispuesto en este artículo no tendrá aplicación cuando el hecho punible se perpetre exclusivamente en contra de la propia persona jurídica.”.

4. Sustitúyese el artículo 4 por el siguiente:

“Artículo 4.- Modelo de prevención de delitos. Se entenderá que un modelo de prevención de delitos efectivamente implementado por la persona jurídica es adecuado cuando, en la medida exigible a su objeto social, giro, tamaño, complejidad, recursos y a las actividades que desarrolle, considere seria y razonablemente los siguientes aspectos:

1. Identificación de las actividades o procesos de la persona jurídica que impliquen riesgo de conducta delictiva.

2. Establecimiento de protocolos y procedimientos para prevenir y detectar conductas delictivas en el contexto de las actividades a que se refiere el número anterior, los que deben considerar necesariamente canales seguros de denuncia y sanciones internas para el caso de incumplimiento.

Estos protocolos y procedimientos, incluyendo las sanciones internas, deberán comunicarse a todos los trabajadores. La normativa interna deberá ser incorporada expresamente en los respectivos contratos de trabajo y de prestación de servicios de todos los trabajadores, empleados y prestadores de servicios de la persona jurídica, incluidos sus máximos ejecutivos.

3. Asignación de uno o más sujetos responsables de la aplicación de dichos protocolos, con la adecuada independencia, dotados de facultades efectivas de dirección y supervisión y acceso directo a la administración de la persona jurídica para informarla oportunamente de las medidas y planes implementados en el cumplimiento de su cometido, para rendir cuenta de su gestión y requerir la adopción de medidas necesarias para su cometido que pudieran ir más allá de su competencia. La persona jurídica deberá proveer al o a los responsables de los recursos y medios materiales e inmateriales necesarios para realizar adecuadamente sus labores, en consideración al tamaño y capacidad económica de la persona jurídica.”.

5. Sustitúyese el artículo 5 por el siguiente:

“Artículo 5.- Autonomía de la responsabilidad penal de la persona jurídica. No obstará a la responsabilidad penal de una persona jurídica la falta de declaración de responsabilidad penal de la persona natural que hubiere perpetrado el hecho o intervenido en su perpetración, sea porque ésta, a pesar de la ilicitud del hecho, no hubiere sido penalmente responsable, sea porque tal responsabilidad se hubiere extinguido, sea porque no se hubiere podido continuar el procedimiento en su contra no obstante la punibilidad del hecho.

Asimismo, no obstará a la responsabilidad penal de la persona jurídica la falta de identificación de la o las personas naturales que hubieren perpetrado el hecho o intervenido en su perpetración, siempre que conste que el hecho no pudo sino haber sido perpetrado por o con la intervención de alguna de las personas y en las circunstancias señaladas en el artículo 3.”.

6. Reemplázase el numeral 3) del artículo 6 por el siguiente:

“3) La adopción por parte de la persona jurídica, antes de la formalización de la investigación, de medidas eficaces para prevenir la reiteración de la misma clase de delitos objeto de la investigación. Se entenderá por medidas eficaces la autonomía debidamente acreditada del encargado de prevención de delitos, así como también las medidas de prevención y supervisión implementadas que sean idóneas en relación a la situación, tamaño, giro, nivel de ingresos y complejidad de la estructura organizacional de la persona jurídica.”.

7. Sustitúyese el artículo 7 por el siguiente:

“Artículo 7.- Circunstancias agravantes. Constituyen circunstancias agravantes de la responsabilidad penal de la persona jurídica:

1. La de haber sido condenada dentro de los diez años anteriores a la perpetración del hecho.

2. Las que afecten a la persona natural que hubiere perpetrado o intervenido en el hecho, cuando su perpetración o intervención bajo esas circunstancias también se hubiere visto favorecida o facilitada por la falta de implementación efectiva de un modelo adecuado de prevención de delitos.”.

8. Sustitúyese el artículo 8 por el siguiente:

“Artículo 8.- Penas. Serán aplicables a la persona jurídica una o más de las siguientes penas:

1. La extinción de la persona jurídica.

2. La inhabilitación para contratar con el Estado.

3. La pérdida de beneficios fiscales y prohibición de recibirlos.

4. La supervisión de la persona jurídica.

5. La multa.

6. La publicación de un extracto de la sentencia condenatoria.”.

9. Sustitúyese el artículo 9 por el siguiente:

“Artículo 9.- Extinción de la persona jurídica. Por la pena de extinción de la persona jurídica se dispone la pérdida definitiva de la personalidad jurídica. Para su imposición el tribunal tendrá especialmente en cuenta el peligro de reiteración delictiva que pueda representar el funcionamiento de la persona jurídica.

Esta pena sólo se podrá imponer tratándose de crímenes, si concurre la circunstancia agravante establecida en el número 1 del artículo 7 o en caso de reiteración delictiva.

La pena de extinción de la persona jurídica no se aplicará a las empresas públicas creadas por ley ni a las personas jurídicas que presten un servicio de utilidad pública cuya interrupción pueda causar graves consecuencias sociales y económicas o daños serios a la comunidad o sea perjudicial para el Estado.”.

10. Sustitúyese el artículo 10 por el siguiente:

“Artículo 10.- Inhabilitación para contratar con el Estado. El tribunal podrá imponer a la persona jurídica la inhabilitación para contratar con el Estado, conforme a las reglas del párrafo 5 del Título II de la Ley de delitos económicos.

La inhabilitación perpetua para contratar con el Estado sólo podrá ser impuesta respecto de crímenes, si concurre la circunstancia agravante prevista en el número 1 del artículo 7 o en caso de reiteración delictiva.”.

11. Sustitúyese el artículo 11 por el siguiente:

“Artículo 11.- Pérdida de beneficios fiscales y prohibición de recibirlos. Por la pena de pérdida de beneficios fiscales se impone la pérdida de todos los subsidios, créditos fiscales u otros beneficios otorgados por el Estado sin prestación recíproca de bienes o servicios y, en especial, los subsidios para financiamiento de actividades específicas o programas especiales y gastos inherentes o asociados a la realización de éstos, sea que tales recursos se asignen a través de fondos concursables o en virtud de leyes permanentes o subsidios, subvenciones en áreas especiales o contraprestaciones establecidas en estatutos especiales y otras de similar naturaleza, así como la prohibición de recibir tales beneficios por un período de uno a cinco años.

Si la persona jurídica no recibe tales beneficios fiscales al tiempo de la condena, se le impondrá la prohibición de recibirlos, por el mismo período.”.

12. Introdúcese el siguiente artículo 11 bis:

“Artículo 11 bis.- Supervisión de la persona jurídica. El tribunal podrá imponer a la persona jurídica la supervisión si, debido a la inexistencia o grave insuficiencia de un sistema efectivo de prevención de delitos, ello resulta necesario para prevenir la perpetración de nuevos delitos en su seno.

La supervisión de la persona jurídica consiste en su sujeción a un supervisor nombrado por el tribunal, encargado de asegurar que la persona jurídica elabore, implemente o mejore efectivamente un sistema adecuado de prevención de delitos y de controlar dicha elaboración, implementación o mejoramiento por un plazo mínimo de seis meses y máximo de dos años.

La persona jurídica estará obligada a poner a disposición del supervisor toda la información necesaria para su desempeño.

El supervisor tendrá facultades para impartir instrucciones obligatorias e imponer condiciones de funcionamiento exclusivamente en lo que concierna al sistema de prevención de delitos, sin que pueda inmiscuirse en otras dimensiones de la organización o actividad de la persona jurídica. Además, tendrá derecho a acceder a todas las instalaciones y locales pertenecientes a la persona jurídica.

Para los efectos de sus deberes y responsabilidad, se considerará que el supervisor tiene la calidad de empleado público. Su remuneración será fijada por el tribunal de acuerdo con criterios de mercado, será de cargo de la persona jurídica y sólo rendirá cuentas a éste de su cometido.”.

13. Sustitúyese el artículo 12 por el siguiente:

“Artículo 12.- Multa. A menos que la ley disponga una forma diversa de calcular la multa, ésta se determinará mediante la multiplicación de un número de días-multa por el valor que el tribunal fije para cada día-multa en la forma prevista en el párrafo 4 de la Ley de Delitos Económicos, cuyo producto se expresará en una suma de dinero fijada en moneda de curso legal.

El valor del día-multa no podrá ser inferior a 5 ni superior a 5.000 unidades tributarias mensuales.

La pena mínima de multa es de 2 días-multa y la máxima, de 400 días-multa.

Cada pena de multa que imponga el tribunal será determinada por éste en el número de días-multa que comprenda y su valor. Ni aun en caso de ser aplicables los artículos 74 del Código Penal o 351 del Código Procesal Penal podrán imponerse una o más penas de multa que en conjunto excedan de 600 días-multa.

Con todo, en los casos en que la ley así lo disponga, cuando el comiso de ganancias no pueda imponerse a la persona jurídica porque fueron distribuidas entre sus socios, accionistas o beneficiarios que no tuvieron conocimiento de su procedencia ilícita en el momento de su adquisición, el tribunal determinará el valor total de la multa a imponer hasta por una suma equivalente al treinta por ciento de las ventas de la persona jurídica correspondientes a la línea de productos o servicios asociada al hecho durante el período en el cual éste se hubiere perpetrado o hasta el doble de las ganancias obtenidas a través del hecho, siempre que dicho valor total fuere superior al monto máximo de la multa que corresponda imponer conforme a los incisos precedentes.

No obstará a la imposición de la pena de multa la circunstancia de que el hecho dé lugar a una o más multas no constitutivas de pena conforme a otras leyes. Con todo, el monto de la pena de multa pagada será abonado a la multa no constitutiva de pena que se imponga a la persona jurídica por el mismo hecho. Si la persona jurídica hubiere pagado una multa no constitutiva de pena como consecuencia del mismo hecho, el monto pagado será abonado a la pena de multa impuesta de conformidad con esta ley.”.

14. Sustitúyese el artículo 13 por el siguiente:

“Artículo 13.- Publicación de un extracto de la sentencia condenatoria. Siempre que se condene a una persona jurídica se impondrá la pena consistente en la publicación en el Diario Oficial y en otro diario de circulación nacional de un extracto que contenga una síntesis de la sentencia, que reproduzca sus fundamentos principales y la decisión de condena, a costa de la persona jurídica condenada.”.

15. Sustitúyese el artículo 14 por el siguiente:

“Artículo 14.- Penas de crimen y de simple delito. Tratándose de un crimen se podrá imponer a la persona jurídica responsable una o más de las siguientes penas:

1. La extinción de la persona jurídica en los casos previstos en el inciso segundo del artículo 9.

2. La pérdida de beneficios fiscales y la prohibición de recibirlos por un período no inferior a tres años.

3. La multa por un mínimo de 200 días-multa.

Tratándose de un simple delito se podrá imponer a la persona jurídica responsable una o más de las siguientes penas:

1. La pérdida de beneficios fiscales y la prohibición de recibirlos por un período de hasta tres años.

2. La multa por un máximo de 200 días-multa.

Tanto respecto de crímenes como de simples delitos se podrá imponer, además, las penas de supervisión de la persona jurídica y de inhabilitación para contratar con el Estado, en los términos señalados en los artículos 11 bis y 10.

En todo caso se impondrá la publicación de un extracto de la sentencia condenatoria.”.

16. Sustitúyese el artículo 15 por el siguiente:

“Artículo 15.- Determinación del número y naturaleza de las penas. El tribunal impondrá siempre la pena de multa.

Adicionalmente, podrá imponer cualquiera otra pena que fuere procedente conforme al artículo precedente, para lo cual atenderá a los siguientes factores:

1. La existencia o inexistencia de un modelo de prevención de delitos y su mayor o menor grado de implementación.

2. El grado de sujeción y cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria y de las reglas técnicas de obligatoria observancia en el ejercicio de su giro o actividad habitual.

3. Los montos de dinero involucrados en la perpetración del delito.

4. El tamaño, la naturaleza y el giro de la persona jurídica.

5. La extensión del mal causado por el delito.

6. La gravedad de las consecuencias sociales y económicas que pueda causar a la comunidad la imposición de la pena cuando se trate de empresas que presten un servicio de utilidad pública.

7. Las circunstancias atenuantes o agravantes aplicables a la persona jurídica previstas en esta ley que concurrieren en el delito.”.

17. Sustitúyese el artículo 16 por el siguiente:

“Artículo 16.- Determinación de la extensión de las penas concretas. La extensión de las penas distintas de la extinción de la persona jurídica será determinada en el punto medio de su extensión, a menos que, sobre la base de los factores mencionados en el inciso segundo del artículo anterior, corresponda imponer dentro de ese marco una pena de otra extensión.

Para la determinación de la pena de multa se estará, además, a lo dispuesto en el artículo 12.”.

18. Introdúcese en el Título II, a continuación del artículo 16, el siguiente nuevo apartado:

“2 bis.- Ejecución de las penas”.

19. Sustitúyese el artículo 17 por el siguiente:

“Artículo 17.- Ejecución de la extinción de la persona jurídica. La sentencia que declare la extinción de la personalidad jurídica designará a una persona encargada de su liquidación, quien deberá realizar los actos o contratos necesarios para:

1. Concluir toda actividad de la persona jurídica, salvo aquellas que sean indispensables para el éxito de la liquidación.

2. Pagar los pasivos de la persona jurídica, incluidos los derivados de la perpetración del hecho. Los plazos de todas esas deudas se entenderán caducados de pleno derecho, haciéndolas inmediatamente exigibles y su pago se realizará con estricto respeto de las preferencias y de la prelación de créditos establecida por la ley.

3. Repartir los bienes remanentes entre los accionistas, socios, dueños o propietarios a prorrata de sus respectivas participaciones, sin perjuicio de su derecho para perseguir de los responsables del delito el resarcimiento de los perjuicios sufridos por la persona jurídica a consecuencia de éste, en conformidad con las leyes aplicables en cada caso.

Excepcionalmente, cuando así lo aconseje el interés social, el tribunal podrá, mediante resolución fundada, ordenar la enajenación de todo o parte del activo de la persona jurídica disuelta como un conjunto o unidad económica, en subasta pública y al mejor postor, la que deberá efectuarse ante el propio tribunal.”.

20. Introdúcese el siguiente artículo 17 bis, nuevo:

“Artículo 17 bis.- Ejecución de la inhabilitación para contratar con el Estado. La inhabilitación para contratar con el Estado regirá a contar de la fecha en que la resolución se encuentre ejecutoriada. El tribunal comunicará tal circunstancia a la Dirección de Compras y Contratación Pública. Dicha Dirección mantendrá un registro actualizado de las personas jurídicas a las que se les haya impuesto esta pena.”.

21. Introdúcese el siguiente artículo 17 ter, nuevo:

“Artículo 17 ter.- Ejecución de la pérdida de beneficios fiscales y de la prohibición de recibirlos. Una vez ejecutoriada la sentencia que impusiere la pena de pérdida de beneficios fiscales y la prohibición de recibirlos, el tribunal lo comunicará al Ministerio de Hacienda y a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, con el fin de que sea consignada en los registros centrales de colaboradores del Estado y municipalidades que la ley les encomienda administrar.”.

22. Introdúcese el siguiente artículo 17 quáter, nuevo:

“Artículo 17 quáter.- Ejecución de la supervisión de la persona jurídica. Ejecutoriada la sentencia condenatoria que imponga la supervisión de la persona jurídica por un período determinado, el tribunal competente para la supervisión de la ejecución de la pena designará a un supervisor y le dará instrucciones sobre el objeto preciso de su cometido, sus facultades y los límites de ellas, de lo cual será notificada la persona jurídica. Con este fin se citará a una audiencia especial, en la que deberán ser oídos todos los intervinientes.

Las instrucciones obligatorias y las condiciones impuestas por el supervisor podrán ser reclamadas judicialmente.

En caso de incumplimiento injustificado de las instrucciones obligatorias o de las condiciones impuestas por el supervisor el tribunal podrá imponer, a solicitud del supervisor y oyendo a la persona jurídica, la retención y prohibición de celebrar actos y contratos sobre bienes o activos de ésta hasta que cese el incumplimiento, a título de apremio.

En casos de incumplimiento grave o reiterado el tribunal podrá, a solicitud del supervisor y oyendo a la persona jurídica, ordenar el reemplazo de sus órganos directivos y, en caso de no realizarse el reemplazo o de persistir el incumplimiento, la designación de un administrador provisional hasta que se verifique un cambio de circunstancias o hasta el cumplimiento íntegro de la supervisión.

Un reglamento establecerá los requisitos que habiliten para ejercer como supervisor, el procedimiento para su designación y reemplazo y para la determinación de su remuneración. Los requisitos para ejercer como supervisor deberán garantizar calificación y experiencia profesional pertinente y ausencia de factores que pudieran dar lugar a conflictos de interés en el ejercicio del cargo.”.

23. Introdúcese el siguiente artículo 17 quinquies:

“Artículo 17 quinquies.- Ejecución de la multa. La multa será ejecutada conforme a las reglas generales previstas por el Código Penal.

Excepcionalmente, cuando su pago inmediato pueda poner en riesgo la continuidad del giro de la persona jurídica condenada o cuando así lo aconseje el interés social, el tribunal podrá autorizar que el pago de la multa se efectúe por parcialidades, dentro de un plazo que no exceda de veinticuatro meses.”.

24. Sustitúyese el artículo 18 por el siguiente:

“Artículo 18.- Ejecución de la pena y las consecuencias adicionales en caso de disolución o transformación de la persona jurídica. En caso de transformación, fusión, absorción, división o disolución voluntaria de la persona jurídica responsable, sea antes o después de la condena, las penas y consecuencias adicionales se harán efectivas de acuerdo con las reglas siguientes:

1. Si se impusiere la pena de comiso y éste recayere en una especie, se ejecutará contra la persona jurídica resultante que la tuviere o, en caso de disolución de común acuerdo, contra el socio o partícipe en el capital que la tuviere tratándose de la disolución de una persona jurídica con fines de lucro, o contra la persona que conforme a los estatutos de la persona jurídica o a la ley la hubiere recibido tratándose de la disolución de una persona jurídica sin fines de lucro. Si el comiso recayere en cantidades de dinero, se ejecutará del modo previsto para la ejecución de la multa, de acuerdo con el número siguiente.

2. Si se impusiere la pena de multa, la persona jurídica resultante responderá de su pago. Si hubiere dos o más personas jurídicas resultantes todas ellas serán solidariamente responsables. En los casos de disolución de común acuerdo de una persona jurídica con fines de lucro, la multa se hará efectiva sobre los socios y partícipes en el capital, quienes responderán solidariamente. Tratándose de personas jurídicas sin fines de lucro, la multa se hará efectiva sobre las personas que hayan recibido las propiedades de aquéllas conforme a sus estatutos o a la ley, quienes responderán solidariamente.

3. Si se tratare de cualquier otra pena, el tribunal decidirá si ella habrá o no de hacerse efectiva sobre las personas naturales o jurídicas a que se refieren los dos números anteriores, atendiendo a las finalidades que en cada caso se persiguieren, así como a la mayor o menor continuidad sustancial de los medios materiales y humanos de la persona jurídica inicial en la o las personas jurídicas resultantes y a la actividad desarrollada. Si por aplicación de esta regla dejare de imponerse o ejecutarse una pena, el tribunal aplicará en vez de ella una pena de multa, aun cuando ya se hubiere impuesto otra multa. En tal caso, se podrán superar hasta en un quinto los respectivos límites máximos previstos en el artículo 12.

Sólo se podrá limitar el efecto de la imposición de la solidaridad reduciendo el valor a pagar respecto de la persona natural que demostrare que el pago en ese régimen le ocasionará un perjuicio desproporcionado. Con todo, el valor por pagar no podrá ser nunca inferior al valor de la cuota de liquidación que se le hubiere asignado o de los bienes que hubiere recibido en virtud de la disolución.

Todo lo anterior será sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.

Las reglas de este artículo serán también aplicables en caso de transferencia de bienes o activos de la persona jurídica responsable, antes o después de la condena, siempre que la transferencia abarque la mayor parte de los bienes o activos de ésta y que exista continuidad sustancial de los medios materiales y humanos y de la actividad de la persona jurídica responsable en el o los adquirentes, de modo que pueda presumirse una fusión, absorción o división encubiertas.”.

25. Introdúcese el siguiente artículo 18 bis:

“Artículo 18 bis.- Ejecución de la pena en caso de transferencia de bienes o activos de la persona jurídica. En caso de transferencia de bienes o activos de la persona jurídica responsable, sea antes o después de la condena, el comiso de cantidades y la multa podrán hacerse efectivos contra el adquirente si los bienes de aquélla no fueren suficientes, hasta el límite del valor de lo adquirido y siempre que el adquirente hubiere podido prever la condena de la persona jurídica responsable al momento de la adquisición.”.

26. Introdúcese el siguiente inciso segundo en el artículo 19:

“No obstará al pronunciamiento de una condena contra una persona jurídica la circunstancia de que ésta hubiere sido objeto de disolución, transformación, absorción, fusión o división.”.

27. Introdúcese, a continuación del artículo 19, el siguiente nuevo apartado:

“4.- Comiso”.

28. Introdúcese el siguiente artículo 19 bis:

“Artículo 19 bis.- Comiso. Serán decomisados el producto del delito de que es responsable la persona jurídica y los demás bienes, efectos, objetos, documentos, instrumentos, dineros o valores provenientes de él. Cuando por cualquier circunstancia no sea posible decomisar estas especies, se podrá aplicar el comiso a una suma de dinero equivalente a su valor.

También caerán en comiso las ganancias obtenidas por la persona jurídica a través del delito de que es responsable o, cuando concurran los requisitos establecidos en el artículo 41 de la Ley de Delitos Económicos, a través de un hecho ilícito que corresponde a un delito, en este último caso sin necesidad de condena, de acuerdo con las disposiciones del Título III bis del Libro IV del Código Procesal Penal.

El comiso de ganancias será impuesto también respecto de la persona jurídica que hubiere recibido la ganancia como aporte a su patrimonio.

No podrá imponerse el comiso respecto de las ganancias obtenidas por una persona jurídica y que hubieren sido distribuidas entre sus socios, accionistas o beneficiarios que no hubieren tenido conocimiento de su procedencia ilícita al momento de su adquisición. En tal caso, la ganancia distribuida podrá considerarse para la determinación de la pena de multa que correspondiere imponer a la persona jurídica de acuerdo con el artículo 12.”.

29. Sustitúyese el artículo 20 por el siguiente:

“Artículo 20.- Investigación de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Si durante la investigación de un delito el Ministerio Público toma conocimiento de circunstancias que funden la responsabilidad penal de una persona jurídica en los términos de esta ley, ampliará dicha investigación con el fin de determinar tal responsabilidad.

La investigación también podrá iniciarse por denuncia o por querella. En este último caso, podrá ser deducida por la víctima de conformidad con el Código Procesal Penal, así como por cualquier persona capaz de parecer en juicio domiciliada en la provincia, respecto de hechos punibles que afecten el ejercicio de la función pública o la probidad administrativa, o respecto de aquellos delitos que puedan causar graves consecuencias sociales y económicas.”.

30.- Introdúcese el siguiente artículo 20 bis:

“Artículo 20 bis.- Supervisión de la persona jurídica como medida cautelar. Una vez formalizada la investigación contra una persona jurídica, el fiscal del Ministerio Público podrá solicitar que se imponga como medida cautelar durante el procedimiento la supervisión de la persona jurídica conforme a lo previsto en los artículos 11 bis y 17 quáter.

El tribunal acogerá la solicitud cuando se cumplan los requisitos señalados en las letras a) y b) del artículo 140 del Código Procesal Penal respecto de una persona natural cuyo hecho pueda dar lugar a la responsabilidad penal de la persona jurídica y se acredite que la medida, atendida la inexistencia o grave insuficiencia de un sistema efectivo de prevención de delitos, es estrictamente necesaria para prevenir la perpetración de nuevos delitos en su seno. La solicitud y la ejecución de la medida cautelar se regirán, en todo lo no previsto por esta ley, por lo dispuesto en el párrafo 4 del Título V del Libro I del Código Procesal Penal.”.

31. Intercálase en el inciso segundo del artículo 25, entre los números 4 y 5, el siguiente número 4 bis:

“4 bis) Someterse a supervisión en los términos de los artículos 11 bis y 17 quáter.”.

Artículo 52.- Modificaciones a la ley N° 18.046. Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 18.046, sobre Sociedades Anónimas:

1. Sustitúyese el artículo 134 por el siguiente:

“Artículo 134.- Los directores, gerentes, administradores o ejecutivos principales de una sociedad anónima que en la memoria, balances u otros documentos destinados a los socios, a terceros o a la Administración, exigidos por ley o por la reglamentación aplicable, que deban reflejar la situación legal, económica y financiera de la sociedad, dieren o aprobaren dar información falsa o incompleta sobre aspectos relevantes para conocer el patrimonio y la situación financiera o jurídica de la sociedad, serán sancionados con la pena de presidio o reclusión menores en sus grados medio a máximo, salvo que la conducta constituya otro delito sancionado con mayor pena.

Con la misma pena serán sancionados los contadores o auditores de la sociedad, o los peritos, auditores externos o inspectores de cuenta ajenos a la sociedad, que colaboren al hecho descrito en el inciso anterior.

Si el hecho se refiere a una sociedad anónima abierta, la pena podrá ser aumentada en un grado.”.

2. Introdúcese en el Título XIV el siguiente artículo 134 bis:

“Artículo 134 bis.- Los que, prevaliéndose de su situación mayoritaria en la junta de accionistas o el órgano de administración de una sociedad anónima, impusieren acuerdos para obtener un beneficio económico para sí o un tercero, en perjuicio de los demás socios o de algún socio en particular, y sin que esos acuerdos reporten beneficios a la sociedad, serán sancionados con la pena de presidio o reclusión en cualquiera de sus grados.”.

Artículo 53.- Modificaciones a la ley N° 18.045. Introdúcese las siguientes modificaciones a la ley N° 18.045, de Mercado de Valores:

1. Sustitúyense los artículos 59 a 62 por los siguientes:

“Artículo 59.- Con pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo será sancionado:

a) El que actuando por cuenta de un emisor de valores de oferta pública proporcionare información falsa al mercado sobre la situación financiera, patrimonial o de negocios del respectivo emisor.

b) El que actuando por cuenta de una sociedad clasificadora otorgare una clasificación que no corresponda al riesgo de los valores que clasifique.

c) El contador o auditor que dictaminare falsamente sobre la situación financiera o patrimonial de una persona sujeta a obligación de registro de conformidad a esta ley.

d) El administrador o apoderado de una bolsa de valores que diere certificación falsa sobre las operaciones que se realicen en ella y el corredor de bolsa o agente de valores que diere certificación falsa sobre las operaciones en que haya intervenido.

e) El que efectuare transacciones en valores con el objeto de alterar o mantener artificialmente el precio de mercado de uno o varios valores, así como el que efectuare cotizaciones o transacciones ficticias, divulgare información falsa o se valiere de cualquier otra conducta engañosa semejante, de un modo apto para transmitir señales falsas en cuanto a la oferta, la demanda o el precio de mercado de uno o varios valores.

f) El que, fuera de los casos previstos en las letras anteriores, proporcionare información falsa al mercado por cuenta de una persona sujeta a la fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero, en registros, prospectos, declaraciones o informes exigidos por ley o por la referida autoridad con carácter general, de un modo apto para incidir en las decisiones del público inversor u ocultar aspectos relevantes para conocer el patrimonio o la situación financiera o jurídica de la persona.

Artículo 60.- El que realizare una operación usando información privilegiada, ya sea adquiriendo o cediendo, por cuenta propia o de otro, directa o indirectamente, los valores a los que esa información se refiere, o bien cancelando o modificando una orden relativa a esos valores, será sancionado:

1. Con pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo, en caso de poseer la información privilegiada en alguna de las circunstancias señaladas en el artículo 166.

2. Con pena de presidio menor en su grado medio a máximo en los demás casos.

Con las mismas penas será sancionado, respectivamente, el que revelare indebidamente información privilegiada.

El que poseyendo información privilegiada en alguna de las circunstancias señaladas en el artículo 166 recomendare a otro la realización de las operaciones a que se refiere el inciso primero, será sancionado con pena de presidio menor en su grado medio a máximo.

Artículo 61.- Con pena de presidio menor en su grado medio a máximo será sancionado:

a) El que defraudare a otro adquiriendo acciones de una sociedad anónima abierta, sin efectuar una oferta pública de adquisición de acciones en los casos que ordena la ley.

b) El que indebidamente utilizare en beneficio propio o de otros valores entregados en custodia o su producto.

c) El que, conociendo o debiendo conocer el estado de insolvencia en que se encuentra la sociedad que administra, acordare, decidiere o permitiere que ésta haga oferta pública de valores o continúe intermediando valores en los términos del artículo 24.

Artículo 62.- Con pena de presidio menor en cualquier de sus grados será sancionado:

a) El que sin la correspondiente autorización o registro realizare oferta pública de valores o actuare como corredor de bolsa, agente de valores o calificadora de riesgos.

b) El que sin la correspondiente autorización o registro usare las denominaciones de corredor de bolsa, agentes de valores o calificadora de riesgos, o el que de cualquier otro modo se atribuya la calidad de aquellas entidades.

c) El que eliminare, alterare, modificare, ocultare o destruyere registros, documentos, soportes tecnológicos o antecedentes de cualquier naturaleza, impidiendo o dificultando con ello las posibilidades de fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero.

d) El que fuera de los casos previstos en el artículo 59 proporcionare información falsa a la Comisión para el Mercado Financiero, por cuenta de una sociedad sujeta a su fiscalización.”.

2. Deróganse los incisos segundo y tercero del artículo 63.

3. En el artículo 165:

a) Elimínase en su inciso primero la siguiente frase: “en razón de su cargo, posición, actividad o relación con el respectivo emisor de valores o con las personas señaladas en el artículo siguiente,”.

b) Sustitúyese su inciso segundo por el siguiente:

“Asimismo, se le prohíbe realizar una operación usando información privilegiada, ya sea adquiriendo o cediendo, por cuenta propia o de otro, directa o indirectamente, los valores a los que esa información se refiere, o bien cancelando o modificando una orden relativa al valor al que se refiere la información. Igualmente, deberá abstenerse de comunicar indebidamente dicha información a terceros o de recomendar la realización de operaciones con esos valores. Del mismo modo, velará para que los hechos previstos en este inciso no ocurran a través de subordinados o terceros de su confianza.”.

c) Intercálase el siguiente inciso cuarto, nuevo, pasando el actual inciso cuarto a ser inciso quinto:

“También podrá realizar las operaciones a que se refieren el inciso primero y segundo el que opere en cumplimiento de una obligación, ya vencida, de adquirir o ceder valores, cuando dicha obligación haya estado contemplada en un acuerdo celebrado antes de que la persona de que se trate hubiere poseído la información privilegiada.”.

4. Intercálase en el literal f) del inciso segundo del artículo 166 a continuación de la expresión “cónyuges” la frase “, convivientes civiles”.

Artículo 54.- Modificaciones al Decreto Ley N° 3.500 de 1980. Introdúcense las siguientes modificaciones al decreto ley N° 3.500, de 1980, que Establece un Nuevo Sistema de Pensiones:

1. Modifícase el artículo 19 de la siguiente forma:

a) Intercálase en el inciso decimonoveno, a continuación de la coma que sigue al guarismo “12”, la expresión “13, 13 bis,”.

b) Intercálase el siguiente inciso vigesimocuarto, nuevo, pasando los actuales incisos vigesimocuarto y vigesimoquinto a ser vigesimoquinto y vigesimosexto respectivamente:

“Con la misma pena establecida en el inciso anterior, se sancionará al empleador que, sin el consentimiento del trabajador, omita retener o enterar las cotizaciones previsionales de un trabajador o declare ante las instituciones de seguridad social, pagarle una renta imponible o bruta menor a la real, disminuyendo el monto de las cotizaciones que debe descontar y enterar. La conducta será sancionada igualmente, si el consentimiento del trabajador ha sido obtenido por el empleador con abuso grave de su situación de necesidad, inexperiencia o incapacidad de discernimiento.”.

2. Introdúcese el siguiente nuevo inciso cuarto en el artículo 103:

“Si el hecho constitutivo de la infracción o contravención a que se refieren los incisos precedentes constituyere también delito conforme al artículo 60 de la ley N° 18.045, o al artículo 284 del Código Penal, se estará a la pena señalada en esas disposiciones.”.

3. Sustitúyese en el inciso primero del artículo 152 la frase “162 de la ley N° 18.045” por la frase “22 de la ley N° 20.712”.

4. Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 159:

a) En su inciso primero:

i. Sustitúyese la expresión “medio” por “máximo”.

ii. Sustitúyese la coma que sigue a la palabra “liquidadores” por la conjunción “y”.

iii. Elimínase la coma que sigue a la palabra “dinero”.

iv. Elimínase la frase “y trabajadores”.

b) Intercálase el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser inciso tercero:

“Si el hecho constitutivo de la infracción o contravención a que se refieren las letras a) o b) del inciso precedente constituye también delito conforme a lo dispuesto en los incisos primero o segundo del artículo 60 de la ley N° 18.045, o en el artículo 284 del Código Penal, las demás personas que lo perpetren responderán penalmente según lo dispuesto en dichos preceptos.”.

5. Introdúcese en el Título XIV el siguiente artículo 159 bis:

“Artículo 159 bis.- Sufrirán la pena de presidio menor en su grado medio a máximo los directores, gerentes, apoderados, liquidadores u operadores de mesa de dinero de una Administradora de Fondos de Pensiones que, poseyendo información privilegiada de aquélla que trata el Título XXI de la ley N° 18.045 en razón de su cargo o posición, recomendaren a otro la realización de las operaciones a que se refiere la letra a) del inciso primero del artículo 159.

Las demás personas que perpetren el hecho previsto en el inciso precedente responderán penalmente según lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 60 de la ley N° 18.045.”.

6. Intercálase en el artículo 168 el siguiente inciso décimo, nuevo:

“Si el hecho constitutivo de la infracción o contravención a que se refieren los incisos precedentes constituye también delito conforme al artículo 60 de la ley N° 18.045 o al artículo 284 del Código Penal, se estará a la pena señalada en esas disposiciones.”.

Artículo 55.- Modificaciones a la ley N° 20.712. Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 22 contenido en el artículo primero de la ley N° 20.712, que aprueba la ley que regula la administración de fondos de terceros y carteras individuales:

1. Sustitúyese la letra d) por la siguiente:

“d) La infracción a lo dispuesto en el Título XXI de la ley N° 18.045.”.

2. Introdúcese el siguiente inciso final, nuevo:

“En todo caso, la infracción señalada en la letra d) originará las responsabilidades previstas en la ley N° 18.045.”.

Artículo 56.- Modificaciones a la Ley N° 17.322. Introdúcese el siguiente artículo 13 bis en la ley N° 17.322, sobre normas para la cobranza judicial de cotizaciones, aportes y multas de las instituciones de seguridad social:

“Artículo 13 bis.- Con la misma pena establecida en el artículo anterior se sancionará al empleador que, sin el consentimiento del trabajador, omita retener o enterar las cotizaciones previsionales de un trabajador o declare ante las instituciones de seguridad social, pagarle una renta imponible o bruta menor a la real, disminuyendo el monto de las cotizaciones que debe descontar y enterar. La conducta será sancionada igualmente, si el consentimiento del trabajador ha sido obtenido por el empleador con abuso grave de su situación de necesidad, inexperiencia o incapacidad de discernimiento.”.

Artículo 57.- Modificaciones a la ley N° 19.496. Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores:

1. Derógase el artículo 17 L.

2. Sustitúyese el inciso segundo del artículo 24 por el siguiente:

“La publicidad falsa o engañosa difundida por medios de comunicación social, en relación con cualquiera de los elementos indicados en el artículo 28, hará incurrir al infractor en una multa de hasta 1.500 unidades tributarias mensuales. En caso de que incida en las cualidades de productos o servicios financieros, o que afecten la salud o la seguridad de la población o el medio ambiente, la conducta se sancionará además con la pena de presidio o reclusión menores en su grado mínimo a medio, sin perjuicio de las indemnizaciones que pueda determinar el tribunal competente de acuerdo con la presente ley.”.

Artículo 58.- Incorpórase el siguiente artículo 37 bis en el artículo segundo de la ley N° 20.417 que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente.

“Artículo 37 bis.- Sin perjuicio de la sanciones que corresponda aplicar conforme a las normas del presente Título, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio y multa de 100 a 1.000 unidades tributarias mensuales, el que en una solicitud de calificación presentare información falsa que oculte, morigere, altere o disminuya los efectos, impactos o características de relevancia ambiental para el emplazamiento, construcción u operación de un determinado proyecto, de un modo tal que pueda conducir a una incorrecta determinación del instrumento de evaluación al que éste debe someterse o que permita a su titular eludir el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

La misma pena establecida en el inciso anterior, recaerá sobre quién fraccione sus proyectos o actividades, con el objeto de hacer variar el instrumento de evaluación de impacto ambiental al que debe someterse. Igual pena recaerá en el que presentare información falsa para acreditar el cumplimiento de obligaciones impuestas en una resolución de calificación ambiental, normas de emisión, planes de reparación, programas de cumplimiento, planes de prevención o de descontaminación, o cualquier otro instrumento de gestión ambiental.”.

Artículo 59.- Deróganse las letras a), b), c) d), e) y g) del inciso primero y suprímese el inciso segundo del artículo 7 de la ley N° 20.009, que establece un régimen de limitación de responsabilidad para titulares o usuarios de tarjetas de pago y transacciones electrónicas en caso de extravío, hurto, robo o fraude.

Artículo 60.- Sustitúyese el artículo 64 del decreto ley N° 211 de 1973, que fija normas para la defensa de la libre competencia, por el siguiente:

“Artículo 64.- Las investigaciones de los hechos señalados en el inciso primero del artículo 62 sólo se podrán iniciar por querella formulada por la Fiscalía Nacional Económica. Para estos efectos, no se aplicará lo dispuesto en el artículo 166 del Código Procesal Penal.

No obstante, la querella será obligatoria para dicha institución, cuando el acuerdo colusorio haya recaído sobre bienes de primera necesidad.

Para los efectos del presente artículo se entiende que la colusión recae sobre bienes de primera necesidad cuando ésta ha producido alguno de los efectos consignados en el artículo 62 en el contexto de los mercados que inciden en la provisión de servicios educacionales; de prestaciones de salud; de artículos médicos o farmacológicos; de la provisión de bebidas o alimentos; del transporte de personas; de la provisión de servicios básicos como agua, electricidad, servicios de telecomunicaciones o combustibles.

En estos casos, la Fiscalía Nacional Económica deberá presentar la querella, a más tardar en el plazo de noventa días contados desde la presentación del requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Presentada la querella, la competencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia se restringirá a evaluar la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas involucradas en el acuerdo anticompetitivo, quedando en la esfera penal la determinación de la responsabilidad de las personas naturales que lo hubieren celebrado, ordenado celebrar o participado en su implementación o ejecución, en los términos definidos en el artículo 62.

En su querella, la Fiscalía Nacional Económica informará la circunstancia de haber obtenido autorización judicial para realizar una o más de las medidas a que se refieren los numerales n.1) a n.4) de la letra n) del artículo 39, así como el hecho de haber realizado o no dichas diligencias. El Ministerio Público podrá solicitar al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia el alzamiento de la confidencialidad o reserva de determinadas piezas de su expediente para su utilización en el proceso penal. Para los efectos de su incorporación al proceso penal, se entenderá que las copias de los registros, evidencias y demás antecedentes que hayan sido recabados por la Fiscalía Nacional Económica, a partir de diligencias realizadas con autorización judicial de un ministro de Corte de Apelaciones, cumplen con lo dispuesto por el artículo 9 del Código Procesal Penal.”.

Artículo 61.- Intercálase en el Código Tributario el siguiente artículo 162 bis:

“Artículo 162 bis.- El ejercicio de la acción penal mediante denuncia o querella a que se refiere el inciso primero del artículo anterior no será necesaria en aquellos casos en que el Ministerio Público investigando delitos comunes tome conocimiento de hechos que puedan ser constitutivos de delitos tributarios en que la cuantía del impuesto exceda de 30 unidades tributarias anuales y afecten gravemente el patrimonio fiscal.

Se entenderá que existe una grave afectación al patrimonio fiscal si se tratare de hechos que sean reiterados en más de un ejercicio comercial o que exista una notoria desproporción entre los impuestos pagados y los evadidos o se hubiere utilizado asesoría contable o profesional.

La misma regla se aplicará a los hechos de los que tome conocimiento cuando sean cometidos por personas jurídicas con la intervención de alguna persona natural que ocupare un cargo, función o posición en ella, o le prestare servicios gestionando asuntos suyos ante terceros, con o sin su representación, siempre que la perpetración del hecho se hubiere visto favorecida o facilitada por la falta de implementación efectiva por parte de la persona jurídica, de un modelo adecuado de prevención de tales delitos.

El Servicio tendrá noventa días corridos desde la notificación a que hace referencia el inciso sexto del artículo anterior para interponer querella o denuncia, cuando de los antecedentes que le han sido proporcionados aparezcan indicios que den cuenta de la eventual configuración de un hecho punible de carácter tributario. El Servicio podrá, por medio de resolución fundada, debidamente comunicada al Fiscal del caso, ampliar el plazo para adoptar la decisión de que se trata, por una vez y hasta por cuarenta y cinco días.

Transcurrido el plazo descrito en el inciso anterior sin que el Servicio hubiere emitido su decisión o siendo ésta una decisión negativa en torno al ejercicio de la acción penal, el Fiscal que instruye la causa respectiva podrá solicitar a la Corte de Apelaciones competente el forzamiento del proceso criminal, siempre y cuando los hechos que se indagan puedan guardar relación con alguno de los delitos contemplados en el artículo 97 N°4.

Para estos efectos, el Fiscal acompañará a su solicitud los antecedentes que fundan y justifican su pretensión de dar inicio al proceso penal.

La Corte requerirá informe al Servicio y, en lo sucesivo, el procedimiento se tramitará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del Código Procesal Penal.

Revisados los antecedentes y habiendo constatado que existen motivos para sospechar que los hechos que han sido puestos en conocimiento del Servicio podrían importar la eventual comisión de alguno de los delitos que motivaron la presentación, la Corte autorizará la apertura del procedimiento penal, el que se tramitará en lo sucesivo conforme a las reglas del delito de acción penal pública.

En caso contrario, la Corte confirmará la decisión del Servicio y el Ministerio Público no podrá iniciar la investigación por delitos tributarios, sin perjuicio de proseguir con la indagación de otros delitos que se encuentren vinculados a las circunstancias que motivaron la iniciación del procedimiento reglado en los incisos anteriores.”.

Artículo 62.- Introdúcese en el decreto con fuerza de ley N°30, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 213, de 1953, sobre Ordenanza de Aduanas, el siguiente artículo 189 bis:

“Artículo 189 bis.- El Ministerio Público informará al Servicio Nacional de Aduanas, a la brevedad posible, los antecedentes de que tome conocimiento con ocasión de las investigaciones de delitos comunes y que puedan relacionarse con los delitos a que se refiere el artículo anterior.

El Servicio tendrá noventa días corridos desde la notificación a que hace referencia el inciso anterior para interponer querella o denuncia, cuando de los antecedentes que le han sido proporcionados aparezcan indicios que den cuenta de la eventual configuración de un delito de contrabando. El Servicio podrá, por medio de resolución fundada, debidamente comunicada al Fiscal requirente, ampliar el plazo para adoptar la decisión de que se trata, por una vez, y hasta por cuarenta y cinco días.

Transcurrido el plazo descrito en el inciso anterior sin que el Servicio hubiere emitido su decisión o siendo ésta una decisión negativa en torno al ejercicio de la acción penal, el Fiscal que instruye la causa respectiva podrá solicitar a la Corte de Apelaciones competente el forzamiento del proceso criminal. Para estos efectos, el Fiscal acompañará a su solicitud los antecedentes que fundan y justifican su pretensión de dar inicio al proceso penal.

La Corte requerirá informe al Servicio y, en lo sucesivo, el procedimiento se tramitará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del Código Procesal Penal.

Revisados los antecedentes y habiendo constatado que existen motivos para sospechar que los hechos que han sido puestos en conocimiento del Servicio podrían importar la eventual comisión de alguno de los delitos que motivaron la presentación, la Corte autorizará la apertura del procedimiento penal, el que se tramitará en lo sucesivo conforme a las reglas del delito de acción penal pública.

En caso contrario, la Corte confirmará la decisión del Servicio y el Ministerio Público no podrá iniciar la investigación por delitos de contrabando, sin perjuicio de proseguir con la indagación de los delitos comunes que se encuentren vinculados a las circunstancias que motivaron la iniciación del procedimiento reglado en los inicios anteriores.”.

TÍTULO FINAL

Artículo 63.- Aplicación temporal. Los hechos perpetrados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, las penas y las demás consecuencias que corresponda imponer por ellos, serán determinados conforme a la ley vigente al momento de su perpetración.

Si la aplicación de esta ley resulta más favorable al imputado o acusado por un hecho perpetrado con anterioridad a su entrada en vigor, se estará a lo dispuesto en ella.

Artículo 64.- Prohibición de fraccionamiento. Para determinar si la aplicación de la presente ley resulta más favorable se deberá considerar todas las normas en ella previstas que fueren pertinentes al juzgamiento del hecho.

La pertinencia de las disposiciones de esta ley para el juzgamiento de los hechos perpetrados antes de su vigencia no requiere continuidad entre sus términos y los de las disposiciones antes vigentes, modificadas o derogadas por ella.

Las nuevas normas que la presente ley introduce en los incisos primero, segundo y tercero del artículo 24 bis del Código Penal serán pertinentes para la determinación del comiso que antes de su entrada en vigor correspondía imponer como pena accesoria. El comiso de ganancias cuya ejecución se encuentre pendiente al momento de entrar en vigor la presente ley será ejecutado conforme a lo dispuesto por las nuevas normas que ésta introduce en el artículo 469 bis del Código Procesal Penal y en el artículo 171 del Código Orgánico de Tribunales. El comiso impuesto por sentencia condenatoria firme que se encuentre ejecutado al momento de entrar en vigor esta ley no se verá afectado por ello.

Artículo 65.- Tiempo del hecho. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 63, el delito se entiende perpetrado en el momento o durante el lapso en el cual se ejecuta la acción punible o se incurre en la omisión punible.

Si la presente ley entra en vigor durante la perpetración del hecho se estará a lo dispuesto en ella, siempre que en la fase de perpetración posterior se realice íntegramente la nueva descripción legal del hecho.”.

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Hago presente a V.E. que los artículos 42; 47, inciso quinto; 49 Nos 1 y 10 en lo que se refiere al artículo 415 ter y 415 octies; 50 Nos 1 y 2; 51 N°S 22 y 29; 61 y 62 fueron aprobados en general por 143 votos a favor y en particular por 123 votos a favor. Ambas votaciones se produjeron respecto de un total de 154 diputados en ejercicio, dándose cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66, inciso segundo, de la Constitución Política de la República.

Dios guarde a V.E.

FRANCISCO UNDURRAGA GAZITÚA

Presidente (A) de la Cámara de Diputados

MIGUEL LANDEROS PERKI?

Secretario General de la Cámara de Diputados

OFICIO N° 153 - 2021

PROYECTO DE LEY QUE “SISTEMATIZA LOS DELITOS ECONÓMICOS Y ATENTADOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE, MODIFICA DIVERSOS CUERPOS LEGALES QUE TIPIFICAN DELITOS CONTRA EL ORDEN SOCIOECONÓMICO, Y ADECUA LAS PENAS APLICABLES A TODOS ELLOS”, ANTECEDENTE: BOLETINES N° 13.205 Y N°13.204

Santiago, veintitrés de agosto de 2021.

AL SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS, SEÑOR PATRICIO VELÁSQUEZ WEISSE, VALPARAÍSO

Por Oficio N° 241 (CONST.), de 12 de julio de 2021, el Secretario de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados, señor Patricio Velásquez Weisse, puso en conocimiento de la Corte Suprema el proyecto de ley que “Sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico, y adecua las penas aplicables a todos ellos”, correspondientes a los Boletines N° 13.205 y N°13.204.-07, en conformidad con lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 77 de la Constitución Política de la República y artículo 16 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

Impuesto el Tribunal Pleno del proyecto en sesión celebrada el día 16 de agosto en curso, presidida por su titular señor Guillermo Silva Gundelach, e integrada por los ministros señores Muñoz G. y Brito, señora Egnem, señor Fuentes, señoras Chevesich y Muñoz S., señores Valderrama, Dahm y Prado, señora Vivanco, señor Silva C., señora Repetto, señor Llanos, señora Ravanales, señor Carroza y suplente señor Mera acordó informarlo al tenor de la resolución que se transcribe a continuación:

“Santiago, veintitrés de agosto de dos mil veintiuno.

Vistos:

PRIMERO. El Secretario de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados, señor Patricio Velásquez Weisse, mediante oficio N° 241 (CONST.), de 12 de julio de 2021, puso en conocimiento de la Corte Suprema el proyecto de ley que “Sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico, y adecua las penas aplicables a todos ellos”, correspondientes a los Boletines N° 13.205 y N°13.204.-07, en conformidad con lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 77 de la Constitución Política de la República y artículo 16 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional

SEGUNDO. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El proyecto de ley puesto en conocimiento del Tribunal Pleno corresponde a una versión refundida de dos proyectos distintos, a saber, aquel relativo al Boletín N° 13.204-07 que “Modifica diversos cuerpos legales para ampliar responsabilidad penal de las personas jurídicas, y regular el ejercicio de la acción penal, respecto de los delitos contra el orden socioeconómico que indica” y el relativo al Boletín N° 13.205-07 que “Sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico, y adecua las penas aplicables a todos ellos”.

Ambos proyectos, si bien con amplitudes diversas, poseían como fundamento general la necesidad de profundizar la regulación jurídica penal en relación a lo que se suele identificar en la doctrina criminológica como “delitos de cuello-blanco”. Así, en el primero, relativo a la problemática específica de la persecución penal de las personas jurídicas, se enfatizaba la necesidad de ampliar el catálogo de delitos por el cual podía accionarse en contra de éstas, introducir una contra excepción a la facultad que dispone el art. 162 del Código Tributario y extender el catálogo de las sanciones disponibles en la ley N°20.393, incorporando una figura análoga a la del interventor judicial, del Derecho Español. Por otra parte, el segundo proyecto poseía una amplitud significativamente mayor, proponiendo “[...] adecuar y sistematizar los diversos delitos de naturaleza económica mediante: (a) la generación de un sistema de determinación de penas privativas de libertad adecuado al tipo de criminalidad de que se trata; (b) reforma general al sistema de consecuencias pecuniarias y de inhabilitación vinculadas a la criminalidad económica; (c) perfeccionamiento del régimen de responsabilidad penal de personas jurídicas; y (d) perfeccionamiento y complementación del derecho penal económico sustantivo.”

TERCERO. INFORMES ANTERIORES DE LA CORTE SUPREMA: Es menester tener en cuenta que, en sus versiones anteriores a la refundición, ambos proyectos fueron analizados por el Tribunal Pleno.

El primero, relativo a la regulación del sistema de persecución penal en contra de personas jurídicas (Boletín N° 13.204), fue observado por esta Corte el 2 de abril de 2020, mediante el oficio N° 69-2020, en términos generales negativos con relación a la propuesta nueva de figura del interventor judicial. En efecto, las conclusiones del citado oficio consignadas en su voto mayoritario señalan directamente que “en la moción en análisis no está legalmente determinada la función del interventor, refiriendo de manera difusa su participación en ciertos casos, lo que para esta Corte se traduce en una transgresión al principio de legalidad, toda vez que se ha obviado determinar con claridad sus atribuciones”.

El segundo proyecto, relativo al Boletín N° 13.205, también fue observado este tribunal, mediante el oficio N°124-2020 de 26 de junio de 2020, en términos similares al antes mencionado. En efecto, en el oficio de referencia el voto de mayoría de la Corte especificó lo siguiente:

“Esta Corte no puede dejar de observar que tanto la institución que se crea, como la propuesta de regulación de sus atribuciones, se apartan de un principio básico en la imposición de las penas, como es la correspondencia de ésta con un delito preciso y determinado, que le sirve de presupuesto necesario y cuya entidad permite –entre otras circunstancias- regular su quantum, al establecerla como un régimen de consecuencias que adquiere independencia del ilícito establecido, carece de asignación de límites mínimos y máximos y contempla hipótesis de intervención sin precisión ni marco temporal de extensión, elementos todos que permiten reprochar que sus elementos no aparecen previamente determinados, lo que no solo transgrede el principio de legalidad, sino que además configura un régimen de consecuencias que se aparta de aquel previsto para el castigo de hechos pasados, únicos susceptibles de ser reprochados, de acuerdo a la estructura del sistema de imputación penal que nos rige”.

CUARTO. ANÁLISIS DEL PROYECTO. Alcance de lo consultado: Considerando las anteriores opiniones de la Corte, y la envergadura omnicomprensiva del proyecto y sus variaciones en el trámite legislativo, cabe hacer presente que en el oficio N° 241 de 12 de julio de 2021 del Senado -que ha dado lugar, nuevamente, a la consulta del parecer de la Corte- se solicita únicamente su pronunciamiento con relación a lo dispuesto en los artículos 49 N° 10 en lo que se refiere al artículo 415 octies del Código Penal, que el proyecto crea; 50 N°s 1 y 2; 51 N° 22; 61 y 62. De este modo, esta vez el Senado consulta única y exclusivamente sobre:

(a) El artículo 49 N° 10 de la propuesta, en lo que se refiere al artículo 415 octies: esto es, la introducción al Libro Cuarto del Código Procesal Penal de un nuevo título III bis, que establecería el nuevo procedimiento de “comiso de ganancias sin condena previa” y, específicamente, en cuanto al régimen recursivo aplicable al procedimiento judicial que se instaura para decretar el señalado comiso.

(b) El artículo 50 N° 1 y N°2 de la propuesta: que introduce modificaciones en el artículo 171 del Código Orgánico de Tribunales y, específicamente, define las condiciones de procesabilidad y competencia que rigen la restitución de la cosa y la imposición del comiso de las ganancias sin condena previa.

(c) El artículo 51 N° 22 de la propuesta: que establece las reglas que rigen la ejecución de la nueva consecuencia jurídica de “supervisión de la persona jurídica”.

(d) El artículo 61 de la propuesta: que intercala en el Código Tributario un nuevo artículo 162 bis, que establece una contra excepción al artículo 162 vigente del mismo cuerpo legal, y por el cual se permite al Ministerio Público perseguir delitos tributarios aún sin previa denuncia o querella del Servicio de Impuestos Internos, bajo ciertas condiciones.

(e) El artículo 62 de la propuesta: que introduce un nuevo artículo 189 bis en el decreto con fuerza de ley N°30, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 213, de 1953, sobre Ordenanza de Aduanas, estableciendo un procedimiento para que las Cortes de Apelaciones autoricen la apertura del procedimiento penal en relación con los delitos a que se refiere el art. 189 de la Ordenanza de Aduanas, aun en el caso en que el Servicio respectivo no interponga ni querella ni denuncia en relación a los mismos.

En lo que sigue, y sin perjuicio de la enorme amplitud del proyecto en comento, se revisarán particularmente estas modificaciones en los términos de lo solicitado, añadiendo allí, donde sea pertinente, algunas observaciones generales sobre disposiciones que si bien no fueron directamente aludidas por el legislador, guardan una importancia evidente para las atribuciones de los tribunales de la República en el contexto de la propuesta que se presenta y no pueden escindirse del informe específico que se requiere, por razones de coherencia sistemática y jurídica.

QUINTO. Artículo 49 N°10 de la propuesta (comiso de ganancias sin condena previa). Aspectos preliminares: el comiso de ganancias y el comiso sin condena previa

La calificación de un hecho como delito económico tiene, de acuerdo al proyecto, importantes consecuencias penales; a saber y por vía meramente ejemplar puede advertirse una modificación al sistema de determinación de las penas privativas de libertad, reglas propias relativas a las agravantes y atenuantes, reglas también especiales con relación al régimen de penas sustitutivas, normas propias respecto de la pena de multa, que se torna insustituibles y se regula, en cuanto a su cuantía, de un modo especial, establecimiento de penas nuevas, como las de inhabilitación para cargos gerenciales y para contratar con el Estado y, la consecuencia que parece más importante para efectos de nuestro informe, si bien paradojalmente no aparece ligada a la declaración de existencia del delito, se refiere al establecimiento del comiso de ganancias como medida sui generis; esto es, no como pena, lo que lleva a que el proyecto modifique el artículo 20 del Código Penal, para ese efecto. En base a esta propuesta, se establece tal comiso como medida aplicable incluso sin condena; aun en casos de absolución o de sobreseimiento definitivo.

El comiso de ganancias, bajo el nombre de “utilidades”, ya existe en nuestra legislación, pues lo contempla el artículo 46 de la ley 20.000, pero siempre como pena, y por ende aplicable a los responsables del ilícito, a cualquier título penal que lo sean. Por referencia a esa norma, existe también el comiso de utilidades en la Ley 19.913 sobre Lavado de Activos (artículo 33). La Ley 20.393 Sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas lo contempla también, bajo la fórmula de comiso del “producto del delito”, pero siempre como pena accesoria, y por tanto aplicable solo al ente condenado en sede penal.

El fundamento del comiso de ganancias propuesto en el proyecto excede, en cambio, al derecho penal, y se interna en el civil, aunque con razón se puede sostener que también excede a éste y se torna una institución sui géneris de derecho público, desde que su beneficiario es el Estado, y su origen no está en la producción de un daño patrimonial particular, sino en la infracción del orden público económico, que es lo que origina la ganancia.

Es así que el artículo 49 de la propuesta introduce una serie de modificaciones en el Código Procesal Penal que tienen por objeto regular los procedimientos relativos a la imposición del “comiso de ganancias” que introduce la iniciativa. Por lo mismo, para entender a cabalidad el mérito de la propuesta, es menester previamente poner en claro en qué consisten las nuevas figuras que se incorporan y por qué ellas resultan novedosas a la luz de la legislación vigente. En este sentido, las principales novedades que introduce la propuesta, en cuanto al comiso, dicen relación con:

(a) La separación del comiso entendido como pena, respecto de un delito penal, del comiso que recae sobre las ganancias producidas por un hecho típico, sea que se haya declarado la existencia de un delito penal, o no, con lo cual ese comiso deja de ser pena, asumiendo la calidad de una consecuencia jurídica distinta, cuya exacta naturaleza el proyecto no aclara.

(b) La incorporación de la posibilidad de que el comiso pueda decretarse por un tribunal penal, aun en el caso en que no exista condena alguna de ese orden, e inclusive sin acusación penal ni declaración de indicios de criminalidad respecto de las personas imputadas por un delito económico (‘comiso de ganancias sin condena previa’, en los términos de la propuesta).

(c) La posibilidad de que este comiso afecte a personas distintas de las imputadas en un proceso penal. Al respecto el proyecto incorpora el siguiente ART. 24 ter.: El comiso de ganancias será impuesto también respecto de una persona que no hubiere intervenido en la perpetración del hecho, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

1ª. Si esa persona hubiere adquirido la ganancia como heredero o asignatario testamentario, a cualquier título gratuito o sin título válido, a menos que la hubiere adquirido del mismo modo de un tercero que no se encontrare en la misma circunstancia ni en las circunstancias que siguen.

2ª. Si esa persona hubiere obtenido la ganancia mediante el hecho ilícito y los intervinientes en la perpetración del hecho hubieren actuado en su interés.

3ª. Si esa persona hubiere adquirido la ganancia sabiendo o debiendo saber de su procedencia ilícita al momento de la adquisición.

4ª. Si se tratare de una persona jurídica que hubiere recibido la ganancia como aporte a su patrimonio.”.

La razón de ser de esta institución que se propone, entonces, parece estar, o debería estar, en el enriquecimiento sin causa; o, más propiamente, enriquecimiento ilícito, producido. Pero, aquello de ilícito no en cuanto a su connotación penal, ni referido al dolo o culpa de la conducta del que así se ha enriquecido, sino con relación al acto mismo del cual emana esa utilidad, sea dicho acto constitutivo de delito penal, o no (por más que sí deba calzar en un tipo de ese orden). Debería, pues, bastar que fuera un acto contrario al orden público económico por infracción a reglas legales específicas. A todo evento, eso sí, un acto típico, pero sin que se requiera la declaración de existencia de un delito penal (que naturalmente es algo distinto), por un fallo de dicha naturaleza. De hecho el proyecto no lo requiere, sino que sujeta la procedencia del comiso de ganancias a la existencia de un “hecho ilícito que corresponda a un delito económico”. Parecería, pues, que se requiere solo la tipicidad, y no el delito mismo, pues la existencia de este último solo puede declararlo un fallo de tal especie, en un juicio de dicha naturaleza, con todas las garantías procesales correspondientes. Que se requiera además la antijuridicidad penal es posible, aunque aquello de “hecho ilícito” no necesariamente aparece referido al injusto propiamente penal. Se opone a ello, sin duda, el que ni siquiera se requiera que penalmente se declare un indicio de criminalidad, como sí lo exige, por ejemplo, la legislación española.

En lo que respecta a la primera de las cuestiones, esto es, la introducción del ‘comiso de ganancias’ como hipótesis extensiva (esto es, fuera de su admisión explícita en algunos cuerpos normativos específicos tales como ley de drogas, la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas y ley de lavado de activos), cabe tener presente que, sin perjuicio de lo que parece ser la opinión mayoritaria de la doctrina nacional, la Segunda Sala de la Corte Suprema ya ha considerado en algunos fallos que la regulación vigente del Código Penal -aún bajo la vigencia del actual artículo 31 del Código Penal- admite ciertos casos de ‘comiso de ganancias’. Esta cuestión es relevante ya que, de acuerdo a los estándares internacionales existentes y aplicables a Chile sobre la materia, los esfuerzos de recuperación de activos que se expresan en la figura del comiso deben alcanzar no sólo a los “instrumentos” y “efectos” directos del delito, sino también a las “ganancias” que se han producido merced de los mismos. De hecho, el artículo 31 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción recomienda directamente a los Estados parte adoptar “… en el mayor grado en que lo permita su ordenamiento jurídico interno, las medidas que sean necesarias para autorizar el decomiso: a) Del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención o de bienes cuyo valor corresponda al de dicho producto…”; mientras que el artículo 2 (e) del mismo cuerpo normativo señala que debe entenderse por “producto del delito” … los bienes de cualquier índole derivados u obtenidos directa o indirectamente de la comisión de un delito”.

Por su parte, en lo que respecta a la segunda de las cuestiones -esto es, la incorporación del “comiso de ganancias” como una consecuencia jurídica que puede imponerse aún sin la existencia de una condena previa en contra de persona determinada- es necesario dejar establecido que ella aparece completamente vedada en la legislación nacional vigente. Entre nosotros, el comiso es una pena y no puede imponerse sino en contra de una persona que ha sido considerada responsable por una acción típica, antijurídica y culpable. Por esa razón el proyecto modifica el artículo 20 del Código Penal, para sustraer de la categoría de pena, al comiso de ganancias.

Sin perjuicio de lo señalado, lo cierto es que la posibilidad de estipular un comiso de ganancias sin condena previa es muy conocida en el concierto del derecho comparado, apareciendo, incluso, como una medida recomendada por distintas fuentes. Sin ir más lejos, el artículo 54(1) (c) de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, recomienda a los Estados parte considerar “la posibilidad de adoptar las medidas que sean necesarias para permitir el decomiso de esos bienes sin que medie una condena, en casos en que el delincuente no pueda ser enjuiciado por motivo de fallecimiento, fuga o ausencia, o en otros casos apropiados”. Se advierte enseguida, sin embargo, que el uso de la palabra “delincuente” y la referencia a casos en que éste no pueda ser enjuiciado por motivos estrictamente personales, limita la recomendación o, al menos, orienta hacia una exigencia relativa a alguna declaración previa de criminalidad, dictada en el propio proceso penal.

Una vez considerado el contexto general que envuelve a la propuesta y los estándares internacionales existentes sobre la materia, resulta evidente que la introducción de hipótesis de comiso de ganancias y de comiso de ganancias sin condena previa en nuestro ordenamiento, son decisiones político-criminales plausibles. Lo anterior, siempre y cuando se cumplan los resguardos adecuados de “debido proceso” que corresponde observar en intervenciones de esta envergadura en los derechos de las personas, y ese es el punto central del reparo que nos merece la normativa que se propone y que se nos pide informar.

Efectivamente, es la consideración referida en el numeral anterior la que nos sitúa en el plano de la consulta realizada por el Congreso, en cuanto dice relación con el artículo 49 N° 10 de la propuesta, y que como se expondrá a continuación, regula las características centrales del proceso de comiso de ganancias sin condena. En este sentido, antes de entrar directamente en la materia consultada –y que dice relación con el sistema recursivo propuesto a su respecto- cabe puntualizar algunas ideas generales en torno a características centrales que posee el nuevo procedimiento de comiso sin condena previa, y los requisitos que éste debería cumplir para ser plausible desde la perspectiva del debido proceso.

En lo que se refiere a las características centrales del nuevo procedimiento, es menester considerar que:

(a) Este procede exclusivamente en los casos identificados en el art. 41 de la propuesta, y por lo tanto:

- Cuando se dicte sobreseimiento temporal conforme a las letras b) y c) del inciso primero y al inciso segundo del artículo 252 del Código Procesal Penal, esto es, cuando se hubiera dictado sobreseimiento temporal del imputado por rebeldía, incomparecencia al juicio oral, o enajenación mental, de acuerdo con lo dispuesto en el Título VII del Libro Cuarto. Huelga decir que, sin embargo, de mediar un sobreseimiento ello puede implicar, de no existir otros imputados, que nunca llegue a declararse penalmente la existencia del delito.

Es equivocado, pues, suponer que el sobreseimiento solo afectará a la determinación de la participación criminal, si no se agrega que deba existir un pronunciamiento relativo a la existencia del ilícito.

- Cuando se dicte sentencia absolutoria fundada en la falta de convicción a que se refiere el artículo 340 del Código Procesal Penal, o sobreseimiento definitivo del imputado fundado en la letra b) del artículo 250 del mismo Código, esto es, “cuando apareciere claramente establecida la inocencia del imputado”. De nuevo, la observación anterior es aquí pertinente, y además cabe advertir que el artículo 340 del Código Procesal Penal puede referirse tanto a la convicción sobre la participación culpable, como a aspectos relativos al hecho punible mismo y el proyecto no distingue.

- Cuando se dicte sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria, fundados en la concurrencia de circunstancias eximentes de responsabilidad que no excluyen la ilicitud del hecho. Desde luego si lo que media es el sobreseimiento, y dado que éste puede decretarse en cualquier estado del proceso, también aquí podrá faltar todo pronunciamiento penal respecto de la existencia, tipicidad y antijuridicidad de los hechos.

- Cuando se dicte sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria fundados en haberse extinguido la responsabilidad penal o en haber sobrevenido un hecho que, con arreglo a la ley, ponga fin a esa responsabilidad.

b) Ella se construye sobre la base de la competencia de los jueces penales, en el contexto del proceso penal reformado, pudiendo sustanciarse ante tribunales de garantía o tribunales orales en lo penal, sin perjuicio de establecerse directamente el carácter de “no pena” del comiso de ganancias. En efecto, la iniciativa supone la coexistencia diferenciada del comiso “de efectos e instrumentos” que se considera pena (artículo 31 del Código Penal), y el “comiso de ganancias” que, de conformidad al tenor explícito de la modificación que se establece en el artículo 20 inciso segundo del Código Penal, deja de considerarse tal. En este sentido, la regulación que se solicita comentar, sólo se refiere al comiso de ganancias que no constituye pena y que, en tal medida, posee importantes diferencias técnicas con aquél establecido en el art. 31 del Código Penal, tales como el hecho de que puede afectar no sólo al responsable por el delito, sino también a todas las personas que se establecen en el nuevo artículo 24 ter que se propone en la iniciativa, entre otras.

c) Procedimentalmente, el comiso de ganancias sin condena previa se estructura sobre la base de una audiencia especial única, en la cual los diversos interesados deben concurrir con todos sus medios de prueba, concentrada y relativamente desformalizada, en la que el tribunal debe juzgar su convicción según las reglas del artículo 297 del Código Procesal Penal, pero bajo el estándar probatorio de la “prueba preponderante”, y no el estándar de “duda razonable” que se exige para la condena penal de personas.

Cabe mencionar que más allá de que ese modelo haya sido adoptado por algunos países, en tanto que otros prefieren entregar el conocimiento del caso a juzgados civiles, no se aprecian razones relevantes para que el comiso que no es pena, y que no se ata a la existencia de condenas penales, ni a declaraciones previas de existencia de delitos, ni siquiera de manera indiciaria, y que además pueda afectar a terceros totalmente ajenos al proceso penal, deba ser conocido por esa Judicatura. Mantener en un caso tal el conocimiento del comiso en los Juzgados de Garantía o Tribunales Orales Penales, contribuye a la confusión de planos y favorece la adopción de procedimientos que no resguardan debidamente las garantías de los afectados, tal como ocurre en el proyecto. Asimismo, esa línea tampoco favorece que los jueces que conozcan las solicitudes de comiso cuenten con los debidos criterios de especialización. Por lo demás, al menos en el caso de sentencias absolutorias por falta de convicción acerca de la existencia del delito mismo, parece un contrasentido pretender que el mismo tribunal, ahora en un proceso sumarísimo de una sola audiencia, estime que el hecho sí ocurrió, que es típico y, por consiguiente, que conceda el comiso.

El problema estriba en que, aunque el proyecto hable de un hecho ilícito que corresponda a un delito, y no de un delito derechamente, y quite al comiso que nos ocupa su naturaleza de pena, y aunque no requiere ningún pronunciamiento penal previo sobre la existencia del hecho ilícito, no solo no extrae el conocimiento de tal comiso de la jurisdicción penal, sino que sujeta su concesión a un procedimiento brevísimo, lo que sugiere más bien que se presume que el delito sí existió, y que las ganancias perseguidas sí provinieron de él, lo que resulta inadmisible. Lo cierto es que se ha querido hablar de un ilícito propiamente económico, no penal, que se corresponda –eso sí- con la descripción típica de alguno de los delitos que la ley señala, pero en ese caso conviene separar el tema y tratarlo de manera propia, porque la complejidad mucho más civil que penal, del mismo, y la afectación de derechos patrimoniales muy relevantes, respecto de personas no condenadas, y sobre hechos penalmente no establecidos, no puede entregarse a un procedimiento sumarísimo, sin vulnerar las reglas del debido proceso y el resguardo debido al derecho de propiedad.

Del mismo modo, no se comprende por qué deba ser el Ministerio Público, cuando no hay condena penal previa, el que deba perseguir un efecto no penal, netamente patrimonial, derivado de una infracción al orden público económico, por muy típica que sea. Lo recomendable, entendemos, es que, sin perjuicio del deber de Fiscalía de dar cuenta de su indagación y de proporcionar todos los antecedentes de su carpeta, la acción para perseguir en estos casos el comiso sin condena previa corresponda al Consejo de Defensa del Estado, y, todavía, ante un Tribunal cuya especialidad lo acerca mucho más al tema, como lo es el de Defensa de la Libre Competencia o, en todo caso (salvando primero el grave déficit de tribunales que la aquejan), la jurisdicción ordinaria civil.

Sin perjuicio de lo anterior, y bajo el entendido de que los aspectos generales de la regulación no fueron explícitamente consultados, si se mantiene la competencia de los jueces penales a todo evento, para conocer las solicitudes de comiso de ganancias, la experiencia internacional recomienda sugerir al legislador, de modo colaborativo, que todo procedimiento de comiso de ganancias en que no exista declaración penal previa de comisión de un delito, debe ofrecer a los intervinientes un espacio jurídico suficiente para debatir todos los extremos de la cuestión, incluyendo por cierto la existencia misma del hecho típico. Y en todos los casos, aunque exista sentencia penal previa que declare la comisión de un ilícito, debe garantizarse la posibilidad de debatir la relación de las ganancias pretendidas, con aquel delito, y todas las demás alegaciones que la parte demandada quiera formular en su defensa. Desde luego, debe garantizarse la posibilidad a la parte requerida de hacer valer sus argumentos y rendir sus pruebas, de un modo que compatibilice los intereses del Estado con los derechos de los afectados, de modo tal que cuando no haya una sentencia penal previa no se trate de una suerte de proceso incidental –puesto que no habrá ningún juicio principal al que acceda- sino de un juicio propiamente tal que, aunque sea relativamente breve, respete en todo las exigencias del debido proceso, para la defensa del derecho de propiedad de que se trate.

En este sentido, es importante además que la acción de comiso sin condena previa no produzca el riesgo de que los interesados queden, en los hechos, imposibilitados de cuestionarla por temor a incriminarse a sí mismos, u otras situaciones reñidas con el debido proceso, o que se invierta el peso de la prueba. Por lo mismo, según los estándares internacionales generalmente aceptados en la materia, se considera que las reglas de procedimiento explicitadas en la propuesta deberían regular más detalladamente los siguientes aspectos:

- “Investigaciones, inclusive métodos, para la obtención de evidencia”.

- “Restricción e incautación de activos, incluyendo la duración de la limitación y la incautación y la capacidad de buscar extensiones de tiempo aprobadas judicialmente.”

- Regulación del comiso, incluyendo, requerimientos para la base factual y legal necesaria para ordenarlo; partes con intereses permanentes, terceros, condición de los fugitivos (esto es, privación de derechos de los fugitivos), difuntos y funcionarios con inmunidad; partes con derecho a notificación y cómo se efectúa, límites de tiempo para presentar, y responder la acción de comiso; reglas, si las hay, de protección contra la autoinculpación en procesos penales basados en entrevistas efectuadas para procesos de esta clase; defensas aplicables; admisibilidad de evidencia (por ejemplo, rumores y documentos sumarios); capacidad de solicitar a la Corte disponer de una o más pretensiones a favor de la parte en movimiento sin necesidad de procesos de juicio adicionales; requerimientos de razones por escrito para el juicio, especificando bases factuales y legales que deberían constituir también documento público; si es permitido el pago en lugar del decomiso; si la propiedad que representa la propiedad original es recuperable (activos sustitutos).

- “Administración de los activos”.

- “Cooperación internacional, inclusive si se requiere la criminalidad dual para la cooperación internacional y el efecto extraterritorial de una orden de restricción y recuperación (u orden final)”.

Considerando lo que antecede, faltarían en la propuesta de procedimiento mayores especificaciones en los siguientes aspectos:

- Establecimiento de un verdadero procedimiento de juicio, en lugar de un proceso de una sola audiencia en que no parece suficientemente resguardado el debido proceso, particularmente cuando ni siquiera conste la existencia del acto típico penal que esté en la base de la pretensión.

- A todo evento, identificación pormenorizada de aquello que debe probarse en la audiencia bajo el estándar de la “prueba preponderante”: la definición que realiza el nuevo artículo 24 bis que se propone introducir en el Código Penal, y que define lo que se entiende por comiso de ganancias, parece hacer presumir que lo que se requiere es identificar tanto la existencia de un hecho típico penal, como la existencia de utilidades que se hubieren producido merced del mismo. De no haber sentencia penal previa, el hecho debe independizarse de las categorías penales, y puede perfectamente tratarse de un ilícito civil o administrativo, en tanto esté recogido, también, en un tipo penal. Seguir ligando el comiso de ganancias sin condena previa con las categorías penales, es contradictorio con la idea de afectar eventualmente a terceros, con la decisión de eliminar su naturaleza de pena, y con la razón de ser de esa eliminación: lo que se busca no es sancionar un delito (penal), sino restablecer el orden público económico afectado. En el caso de mediar condena penal, todo lo que cambia es que la existencia del hecho típico mismo no podrá ya debatirse, efecto no desconocido en nuestra legislación.

- Identificación de casos complejos: parece faltar en el proyecto la previsión de que la mayoría de los casos de comiso de ganancias serán complejos, y ello exige que se regule un procedimiento de mayor latitud, con plazos razonables para preparar y formular las defensas, para objetar, proponer y rendir pruebas y, desde luego, para recurrir, que es el punto específico que se nos consulta. En verdad la sola posibilidad –en verdad, seguridad- de que existan esos casos complejos, demuestra que el procedimiento de una audiencia, y ante juez penal, no es el adecuado.

- Reconocimiento simplificado de los intereses de ciertas personas: resulta recomendable que se establezcan explícitamente mecanismos a nivel legal para reconocer las pretensiones de ciertas personas o entidades interesadas –tales como acreedores hipotecarios- que, actuando de buena fe y con la diligencia debida, pudieran verse perjudicadas excesivamente si se requiere que se opongan a la pretensión fiscal como terceros en la audiencia respectiva. En este punto, la recomendación internacional es incluir dentro del mismo proceso la posibilidad de que se reconozca, sin intervención jurisdiccional, el valor de ciertos documentos privilegiados –tales como certificados del registro de hipotecas y gravámenes- para dejar cubiertas las pretensiones de los acreedores de esta clase, salvo que medie reclamo en contrario, sin litigios ulteriores.

- Regla de exclusión de defensa de fugitivos: en el concierto internacional se recomienda impedir explícitamente –a nivel de legislación- que los fugitivos que rehúsan regresar a la jurisdicción para enfrentar cargos penales pendientes puedan defenderse o disputar los cargos de los procesos de comiso sin condena. Asimismo, se promueve que se restrinja el grado en que un reclamante prófugo, pueda hacer uso de los mismos bienes objeto de la audiencia de comiso de ganancias sin condena, para defenderse jurídicamente o sostener sus necesidades básicas.

- Sistema de administración, mantenimiento y disposición de activos, previos a la declaración del comiso: considerando la posibilidad ampliada de incautaciones y medidas cautelares reales, debe considerarse la necesidad de ahondar en la regulación de la administración de los bienes sometidos a las mismas, ello, especialmente, porque una ampliación del comiso no sólo incide en la identificación especial de criterios legales, sino también en una posible recarga de la infraestructura gubernamental que tendrá que hacerse cargo de los bienes en cuestión (el Ministerio Público, la Dirección General del Crédito Prendario, las policías, etc.).

d) El sistema recursivo del comiso sin condena previa que promueve el proyecto

Una vez situado el contexto general de la propuesta y sus principales implicancias legales, cabe considerar el sistema recursivo que se proyecta, especialmente en la introducción del nuevo artículo 415 octies del Código Procesal Penal, que es el punto preciso que se nos consulta a propósito del artículo 49 N° 10. Este artículo propuesto señala lo siguiente:

“Artículo 415 octies.- Recursos. Si la sentencia que impone o deniega el comiso de ganancias fuere dictada por un tribunal oral en lo penal, procederá en su contra el recurso de nulidad y el recurso de apelación del monto del comiso. En caso de interponerse ambos, el requirente deberá apelar en subsidio del recurso de nulidad.

El recurso de nulidad procederá por cualquiera de las causales previstas en los artículos 373 y 374 y deberá interponerse dentro de los diez días siguientes a la notificación de la sentencia que impone o deniega el comiso de ganancias. Su interposición y tramitación tendrá lugar de acuerdo con lo previsto en el Título Cuarto del Libro Tercero. El tribunal que conozca del recurso podrá decretar la nulidad de la audiencia prevista en el artículo 348 bis o, de tratarse exclusivamente de un error de derecho, anulará la sentencia y dictará sentencia de reemplazo.

Tratándose de una sentencia dictada por un juez de garantía, el recurso de apelación deberá interponerse dentro de los diez días siguientes a la notificación de la sentencia que impone o deniega el comiso de ganancias. El tribunal que conozca del recurso podrá revocar la decisión que concede o deniega el comiso de ganancias y dictar sentencia de reemplazo, o podrá modificar el monto fijado por el tribunal a quo.”.

Lo primero que cabe tener en cuenta es que el sistema recursivo propuesto sigue prisionero de la confusión de planos entre lo penal y lo civil, o lo público-económico, que el proyecto denota. El proyecto no se hace cargo del hecho de que el comiso de ganancias puede decretarse “con” y “sin” condena previa, tal como se desprende de la lectura coordinada del nuevo artículo 24 bis que se propone introducir en el Código Penal, y el tenor literal de las disposiciones que se insertan en el propuesto nuevo título III bis del Libro Cuarto del Código Procesal Penal. En este sentido, debería hacerse explícito que el régimen recursivo que impone el artículo 415 octies sólo resultará aplicable para aquellos casos en que el comiso se declara sin condena previa, ya que en los casos en que éste se declare junto a la condena, debería entenderse recurrible en los mismos términos de ésta, sin perjuicio de dejar a salvo el derecho de eventuales terceros afectados. En rigor, para esos terceros no condenados en lo penal, el sistema recursivo debe darles la posibilidad de atacar todos los puntos levantados por el solicitante, excepto la existencia del ilícito determinada en el fallo que sirva de antecedente, y debe concederles recursos en los mismos términos en que se conceda a los requeridos en casos de comisos sin sentencia penal previa, con la sola limitación ya señalada, de lo que pueda reclamarse en ellos.

En segundo lugar, en lo que respecta al régimen recursivo aplicable a aquellos casos en que el comiso se decreta sin condena previa, la salvaguarda de los derechos constitucionales indica la necesidad de estipular un modelo único (sea cual fuere el tribunal que decrete el comiso), que dé suficientes garantías tanto a los intervinientes en el proceso, como a los terceros que podrían considerarse afectados por el mismo. En este sentido, vale la pena tener en cuenta que, independientemente de quien sea la autoridad que decrete el comiso sin condena, éste se encuentra sometido a las mismas reglas procesales y a las mismas condiciones substantivas de procedencia, razón por la cual se sugiere un modelo de impugnación que permita explícitamente controvertir tanto los supuestos fácticos y jurídicos de la imposición de la medida, como el monto del comiso, y que establezca alguna regla de facilitación que permita la incorporación subsecuente de los intereses de terceros de buena fe que, por razones ajenas a su control, no pudieron hacer valer sus derechos ante el tribunal de base. En este sentido, parece más razonable la estipulación de un recurso de apelación, que es el que permite propiamente la doble revisión recomendable cuando existan aspectos de hecho centrales –como la existencia del ilícito, la relación de las ganancias perseguidas con esos hechos, la buena fe del afectado, la existencia de intereses prevalentes (acreedores hipotecarios, por ejemplo), y desde luego el monto mismo del comiso- y aspectos de derecho que, aparte del cumplimiento de las reglas procesales, pueden también referirse al fondo, como es el caso de la efectiva adecuación de los hechos a una norma típica.

Esta necesidad de conceder el recurso más amplio es tanto más requerida si se mantiene un procedimiento sumarísimo, como el propuesto, para disponer el comiso, y todavía más si se radica, como se propone, en la jurisdicción penal, en circunstancias de que el grueso de la discusión abarcará aspectos económicos y civiles, ajenos a la especialización de los magistrados decisores. A la vez, asunto tan grave como la afectación de patrimonio perteneciente a personas que no han sido condenadas por delito alguno, no debiera quedar sustraída de la revisión de sus aspectos procesales formales y jurídicos de fondo, por la Corte Suprema.

La radicación del procedimiento en la sede penal dificulta esta solución, que en cambio es perfectamente natural, por la vía de la casación, si se radica la sustanciación del juicio en la sede civil. Obviamente, de conocer de este proceso de comiso sin condena previa el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (en tanto la institución se inscribe en el marco de la defensa del orden púbico económico), la revisión de la resolución debiera corresponder directamente a la Corte Suprema

Resulta pertinente considerar que estas materias normalmente implicarán operaciones complejas, en las que el demandado requerido puede no haber tenido, inclusive, ninguna intervención. No se habla de restitución de bienes determinados, sino de utilidades que deben derivar de hechos que pueden no haber sido establecidos en un juicio penal. En esos casos, como ni podrá predicarse a priori que exista delito, ni que el requerido, demandado, o como se pueda denominar, participara en él, tampoco se sabrá si cabe descontar o no lo gastado para producir la ganancia. Si determinar todo ello es difícil en un proceso tan concentrado como el que se propone, que puede generar dudas respecto de su justicia y racionalidad, frente a la exigencia constitucional de debido proceso, no parece aceptable que, además, se impida debatir el tema completo –en todos sus extremos de hecho y de derecho- ante un tribunal superior, con los resguardos que permiten los recursos pertinentes, disminuidos en el proyecto, que se refiere a la nulidad penal (que naturalmente no se aviene con una decisión que no tiene ese carácter), y que distingue según sea el tribunal que resuelva (Garantía o Tribunal Oral), lo que de nuevo no es sino consecuencia de no saber independizar un tema público-económico, de un asunto propiamente penal, introduciendo un factor de desigualdad ante la ley, incomprensible.

SEXTO. El artículo 50 N° 1 y N°2 de la propuesta (art. 171 COT): La segunda disposición consultada, el artículo 50 N° 1 y 2 de la propuesta, introduce modificaciones en el artículo 171 del Código Orgánico de Tribunales y, específicamente, define las condiciones de competencia que rigen la restitución de la cosa y la imposición del comiso de las ganancias sin condena previa.

En primer lugar, el numeral 1 y 2 del citado artículo 50 de la iniciativa de reforma, alteran el inciso primero y final del artículo 171 del Código Orgánico de Tribunales en el siguiente sentido:

Artículo 171 vigente: La acción civil que tuviere por objeto únicamente la restitución de la cosa, deberá interponerse siempre ante el tribunal que conozca las gestiones relacionadas con el respectivo procedimiento penal

Dicho tribunal conocerá también todas las restantes acciones que la víctima deduzca respecto del imputado para perseguir las responsabilidades civiles derivadas del hecho punible, y que no interponga en sede civil.

Con la excepción indicada en el inciso primero, las otras acciones encaminadas a obtener la reparación de las consecuencias civiles del hecho punible que interpusieren personas distintas de la víctima, o se dirigieren contra personas diferentes del imputado, sólo podrán interponerse ante el tribunal civil que fuere competente de acuerdo a las reglas generales.

Será competente para conocer de la ejecución de la decisión civil de las sentencias definitivas dictadas por los jueces con competencia penal, el tribunal civil mencionado en el inciso anterior.

Artículo 171 reformado: La acción civil que tenga por objeto la restitución de la cosa y la que tenga por objeto la imposición del comiso de las ganancias provenientes del delito o, en los casos en que la ley lo disponga aun sin sentencia condenatoria, del hecho ilícito que corresponde al delito, deberán interponerse siempre ante el tribunal que conozca las gestiones relacionadas con el respectivo procedimiento penal.

Dicho tribunal conocerá también todas las restantes acciones que la víctima deduzca respecto del imputado para perseguir las responsabilidades civiles derivadas del hecho punible, y que no interponga en sede civil.

Con la excepción indicada en el inciso primero, las otras acciones encaminadas a obtener la reparación de las consecuencias civiles del hecho punible que interpusieren personas distintas de la víctima, o se dirigieren contra personas diferentes del imputado, sólo podrán interponerse ante el tribunal civil que fuere competente de acuerdo a las reglas generales.

El tribunal civil mencionado en el inciso anterior será competente para conocer de la ejecución de la decisión civil de las sentencias definitivas dictadas por los jueces con competencia penal, así como de la sentencia que imponga el comiso de las ganancias provenientes del hecho ilícito que corresponda al delito.

Como puede apreciarse, las disposiciones citadas establecen la competencia de la declaración y de la ejecución de la medida de comiso sin condena previa, estableciéndola en los tribunales penales en el primer caso, y en el tribunal civil que fuera competente según las reglas generales, en el segundo. Esta decisión, ya lo hemos dicho, parece inconveniente por muchas razones. Es cierto que debe quedar claramente explicitado que el comiso de ganancia siempre requiere la identificación de una acción típica penal, pero no un delito, y por ende lo central es que se trate de una infracción al orden público económico, pero no de modo genérico, sino a través de un acto que coincida con un hecho tipificado penalmente. En el proyecto que informamos, se da la paradoja de que se independiza el comiso de ganancias del delito y del juicio penal, pero se mantiene su persecución por el Fiscal del Ministerio Público y la competencia se asigna a juzgados penales. Pues bien, si se quiere mantener el comiso de esa clase en la competencia de lo criminal, no se puede extremar la independencia de tal institución respecto de aquellas categorías, y entonces debiera seguirse el ejemplo de la legislación española.

En efecto, resulta de utilidad considerar el modelo que siguió el art. 127 del Código Penal Español, y que restringe el rango de aplicación de esta clase de comiso explícitamente a la identificación de acciones delictivas (en sentido penal), de la siguiente manera:

“Art. 127 ter.

1. El juez o tribunal podrá acordar el decomiso previsto en los artículos anteriores aunque no medie sentencia de condena, cuando la situación patrimonial ilícita quede acreditada en un proceso contradictorio y se trate de alguno de los siguientes supuestos:

a) Que el sujeto haya fallecido o sufra una enfermedad crónica que impida su enjuiciamiento y exista el riesgo de que puedan prescribir los hechos,

b) Se encuentre en rebeldía y ello impida que los hechos puedan ser enjuiciados dentro de un plazo razonable, o

c) No se le imponga pena por estar exento de responsabilidad criminal o por haberse ésta extinguido.

2. El decomiso al que se refiere este artículo solamente podrá dirigirse contra quien haya sido formalmente acusado o contra el imputado con relación al que existan indicios racionales de criminalidad cuando las situaciones a que se refiere el apartado anterior hubieran impedido la continuación del procedimiento penal.”

Se aprecia de inmediato que en el sistema español el comiso de ganancias no se independiza del delito (allí tiene pleno sentido hablar de que se requiere un injusto, y no solo un hecho típico), no afecta a terceros –eso es central- y requiere cuando menos la declaración de existir “indicios racionales de criminalidad” y siempre respecto a un sujeto que no pudo ser sometido a juicio por imposibilidad relativa a circunstancias personales; y es a sus bienes, y a los de nadie más, a los que se puede aplicar el comiso.

En cambio si -como ocurre en el proyecto que informamos- el decomiso sin condena no sólo opera contra el imputado de un procedimiento penal, sino que puede afectar a terceros (lo que no nos parece criticable) y no requiere que se identifique un ilícito penal, ni siquiera de modo indiciario en el propio proceso criminal, pierde sentido el regular cualquiera de sus extremos en la legislación penal y el atar la competencia para declararlo a la jurisdicción de esa especialidad, pues en ese caso la institución resulta ser de un orden distinto –patrimonial sui generis, de derecho público económico- cuya ligazón con lo penal aparecerá evidentemente disminuida. En ese entendido parecería necesario modificar el régimen de competencia, en orden a que debiera reclamarse la restitución –como adelantamos- mediante una acción de jurisdicción administrativa, otorgada al Consejo de Defensa del Estado (sin perjuicio del deber del Ministerio Público de aportarle todos los datos de su carpeta investigativa), para ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, aunque las infracciones no se refieran necesariamente a ese tópico, porque la naturaleza de derecho público (en cuanto infracción al orden público económico) de los hechos que den lugar al comiso, y de esta misma institución especial, así como las complejidades técnicas del tema, aconsejan que conozca de él un tribunal especializado, caso en el cual la sentencia debiera ser susceptible de reclamación para ante la Corte Suprema. O bien, como también decíamos, previo resolver el grave problema de sobrecarga que los agobia, debiera entregarse la competencia a los tribunales civiles, por tratarse de un reclamo netamente patrimonial, siendo siempre el Consejo de Defensa del Estado su titular, caso en el cual debieran proceder todos los recursos ordinarios y extraordinarios propios del sistema civil.

Para mantener la competencia en los tribunales penales para decretar el comiso sin condena previa, debería exigirse que fuera en el curso del propio proceso penal –y no en una audiencia concentrada y posterior- ante el tribunal del caso, aún si procedieren las hipótesis de sobreseimiento a que el proyecto se refiere, donde se discutiera con la latitud suficiente, y se resolviera por el tribunal, la existencia de la situación patrimonial ilícita y particularmente la existencia del hecho punible. Y, de mediar sentencia absolutoria, que en todo caso ésta dejara establecida la existencia del injusto. Claro está que todo ello plantearía el problema de la extensión de ese comiso a terceros, que entonces deberían ser llamados a ese proceso penal para asegurar su defensa, y no solo a procedimientos posteriores de determinación del alcance del comiso. Desde luego se plantearía también el problema de los recursos que procedieran, y en favor de quién, respecto de esas decisiones propiamente penales que, aunque sobreseyeran o absolvieran, declararan la existencia del ilícito. A todo evento, las decisiones finales relativas propiamente al comiso sin condena, dictadas por los tribunales penales sin distinción, deberían ser susceptibles del recurso de apelación, como ya se indicó.

SEPTIMO. El artículo 51 N° 22 de la propuesta (art. 17 quáter de la Ley N° 20.393): La tercera disposición consultada dice relación con la incorporación de una nueva consecuencia jurídica que puede recaer en contra de las personas jurídicas implicadas en delitos, de conformidad a lo dispuesto en la ley N° 20.393, denominada “supervisión de la persona jurídica” y la manera en que se encontraría regulada su ejecución en la propuesta normativa. Esta nueva sanción se corresponde a una reiteración prácticamente idéntica de las antiguas propuestas que fueron observadas por el Máximo Tribunal mediante en el oficio N°124-2020, y que en su voto de mayoría, se expresó en términos generalmente negativos.

Lo anterior puede apreciarse claramente al comparar el texto de observarse la disposición consultada –identificada, ahora, mediante el art. 17 quáter que se pretende introducir a la Ley N° 20.393, con el de aquella relativa al art. 11 bis del mismo cuerpo legal, que fuera informada oportunamente por esta Corte.

Versión Informada por la Corte Oficio 124-2020:

Artículo 11 bis. Supervisión de la persona jurídica. El tribunal podrá imponer a la persona jurídica la supervisión si debido a la inexistencia o grave insuficiencia de un sistema efectivo de prevención de delitos ello resultare necesario para prevenir la perpetración de nuevos delitos en su seno.

La supervisión de la persona jurídica consiste en su sujeción a un supervisor nombrado por el tribunal, encargado de colaborar con la dirección de la persona jurídica en la elaboración, implementación o mejoramiento de un sistema adecuado de prevención de delitos y de controlar dicha elaboración, implementación o mejoramiento por un plazo mínimo de seis meses y máximo de dos años.

La persona jurídica estará obligada a poner a disposición del supervisor toda la información necesaria para su desempeño.

El supervisor tendrá facultades para impartir instrucciones obligatorias e imponer condiciones de funcionamiento exclusivamente en lo que concierna al sistema de prevención de delitos, sin que pueda inmiscuirse en otras dimensiones de la organización o actividad de la persona jurídica.

Para los efectos de sus deberes y responsabilidad se considerará que el supervisor tiene la calidad de empleado público. Su remuneración será fijada por el tribunal de acuerdo con criterios de mercado y será de cargo de la persona jurídica.

Artículo 17 ter. Ejecución de la supervisión de la persona jurídica. Ejecutoriada la sentencia condenatoria que impusiere la supervisión de la persona jurídica por un período determinado, el tribunal competente para la supervisión de la ejecución de la pena designará a un supervisor y le dará instrucciones sobre el objeto preciso de su cometido, sus facultades y los límites de ellos, de lo cual será notificada la persona jurídica.

Las instrucciones obligatorias y las condiciones impuestas por el supervisor podrán ser reclamadas judicialmente.

En caso de incumplimiento injustificado de las instrucciones obligatorias o de las condiciones impuestas por el supervisor el tribunal podrá imponer, a solicitud del supervisor y oyendo a la persona jurídica, la retención y prohibición de celebrar actos y contratos sobre bienes o activos de ésta hasta que cese el incumplimiento, a título de apremio.

En casos de incumplimiento grave o reiterado el tribunal podrá, a solicitud del supervisor y oyendo a la persona jurídica, ordenar el reemplazo de sus órganos directivos y, en caso de no realizarse el reemplazo o de persistir el incumplimiento, la designación de un administrador provisional hasta que se verifique un cambio de circunstancias o hasta el cumplimiento íntegro de la supervisión.

Un reglamento establecerá los requisitos que habiliten para ejercer como supervisor, el procedimiento para su designación y reemplazo y para la determinación de su remuneración. Los requisitos para ejercer como supervisor deberán garantizar calificación y experiencia profesional pertinente y ausencia de factores que pudieran dar lugar a conflictos de interés en el ejercicio del cargo.

Versión Actual:

Artículo 11 bis.- Supervisión de la persona jurídica. El tribunal podrá imponer a la persona jurídica la supervisión si, debido a la inexistencia o grave insuficiencia de un sistema efectivo de prevención de delitos, ello resulta necesario para prevenir la perpetración de nuevos delitos en su seno.

La supervisión de la persona jurídica consiste en su sujeción a un supervisor nombrado por el tribunal, encargado de asegurar que la persona jurídica elabore, implemente o mejore efectivamente un sistema adecuado de prevención de delitos y de controlar dicha elaboración, implementación o mejoramiento por un plazo mínimo de seis meses y máximo de dos años.

La persona jurídica estará obligada a poner a disposición del supervisor toda la información necesaria para su desempeño.

El supervisor tendrá facultades para impartir instrucciones obligatorias e imponer condiciones de funcionamiento exclusivamente en lo que concierna al sistema de prevención de delitos, sin que pueda inmiscuirse en otras dimensiones de la organización o actividad de la persona jurídica.

Además, tendrá derecho a acceder a todas las instalaciones y locales pertenecientes a la persona jurídica.

Para los efectos de sus deberes y responsabilidad, se considerará que el supervisor tiene la calidad de empleado público. Su remuneración será fijada por el tribunal de acuerdo con criterios de mercado, será de cargo de la persona jurídica y sólo rendirá cuentas a éste de su cometido.

Artículo 17 quáter.- Ejecución de la supervisión de la persona jurídica. Ejecutoriada la sentencia condenatoria que imponga la supervisión de la persona jurídica por un período determinado, el tribunal competente para la supervisión de la ejecución de la pena designará a un supervisor y le dará instrucciones sobre el objeto preciso de su cometido, sus facultades y los límites de ellas, de lo cual será notificada la persona jurídica. Con este fin se citará a una audiencia especial, en la que deberán ser oídos todos los intervinientes.

Las instrucciones obligatorias y las condiciones impuestas por el supervisor podrán ser reclamadas judicialmente.

En caso de incumplimiento injustificado de las instrucciones obligatorias o de las condiciones impuestas por el supervisor el tribunal podrá imponer, a solicitud del supervisor y oyendo a la persona jurídica, la retención y prohibición de celebrar actos y contratos sobre bienes o activos de ésta hasta que cese el incumplimiento, a título de apremio.

En casos de incumplimiento grave o reiterado el tribunal podrá, a solicitud del supervisor y oyendo a la persona jurídica, ordenar el reemplazo de sus órganos directivos y, en caso de no realizarse el reemplazo o de persistir el incumplimiento, la designación de un administrador provisional hasta que se verifique un cambio de circunstancias o hasta el cumplimiento íntegro de la supervisión.

Un reglamento establecerá los requisitos que habiliten para ejercer como supervisor, el procedimiento para su designación y reemplazo y para la determinación de su remuneración. Los requisitos para ejercer como supervisor deberán garantizar calificación y experiencia profesional pertinente y ausencia de factores que pudieran dar lugar a conflictos de interés en el ejercicio del cargo.

Sin perjuicio de lo señalado, atendida la disparidad de votos que se expresaron en dicha oportunidad y a pesar que la nueva versión no es muy diferente a la informada la vez anterior, parece relevante estudiar las potestades que prevé la nueva versión del artículo 17 quáter (anterior 17 ter) diferenciadamente. En este sentido, es dable discurrir que ella contempla cuatro reglas distintas con diverso impacto en el modelo, a saber: primero, otorga al tribunal el poder de designar al supervisor (inciso primero) -según las reglas y definiciones generales que exprese el reglamento al que se refiere el inciso final de la disposición-, para lo cual citará a una audiencia especial, en la que deberán ser oídos todos los intervinientes. Segundo, establece que será el tribunal quien definirá las facultades del supervisor, y los límites de las mismas. Tercero, otorga al tribunal la potestad de establecer la retención y prohibición de celebrar actos y contratos sobre bienes o activos de ésta, que actualmente corresponden a penas autónomas, como medidas de apremio ante el incumplimiento de las determinaciones del supervisor. Por último, en casos de incumplimiento grave o reiterado, permite que el tribunal disponga el reemplazo de sus órganos directivos y su administrador.

Atendidas estas reglas diferenciadas, en la resolución del Pleno en que se informó el mencionado proyecto de ley se señalaron tres distintos pareceres principales, según la distribución de potestades que se ha mencionado en el punto anterior:

(a) El voto de mayoría se mostró en contra de todo el paquete de reformas, estimando que: “tanto la institución que se crea, como la propuesta de regulación de sus atribuciones, se apartan de un principio básico en la imposición de las penas, como es la correspondencia de ésta con un delito preciso y determinado, que le sirve de presupuesto necesario y cuya entidad permite –entre otras circunstancias- regular su quantum, al establecerla como un régimen de consecuencias que adquiere independencia del ilícito establecido, carece de asignación de límites mínimos y máximos y contempla hipótesis de intervención sin precisión ni marco temporal de extensión, elementos todos que permiten reprochar que sus elementos no aparecen previamente determinados, lo que no solo transgrede el principio de legalidad, sino que además configura un régimen de consecuencias que se aparta de aquel previsto para el castigo de hechos pasados, únicos susceptibles de ser reprochados, de acuerdo a la estructura del sistema de imputación penal que nos rige” .

(b) El voto del ministro señor Muñoz se mostró a favor de todo el paquete de medidas, y “fue de opinión de informar favorablemente el proyecto que se analiza, por estimar que sus disposiciones dan cuenta de opciones de política criminal del legislador, que se advierten como coherentes con el propósito de la legislación general que se intenta perfeccionar”.