MENSAJE DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA CON EL QUE INICIA UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE REDUCE LA DURACION DEL MANDATO DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.

SANTIAGO, diciembre 13 de 1993.

MENSAJE Nº 327327/

Honorable Senado:

tengo el honor de someter a la consideración de esa H. Corporación un proyecto de reforma constitucional que tiene por objeto modificar la Carta Fundamental respecto de la duración del mandato presidencial.

Como es sabido, en marzo del presente año el Ejecutivo envió al Congreso Nacional un proyecto de reforma que proponía acortar la duración del mandato presidencial de ocho a cuatro años sin reelección para el período siguiente.

Tal como se señalaba en el Mensaje respectivo, dicho proyecto procuraba, al mismo tiempo, mantener la simultaneidad entre las elecciones presidenciales y parlamentarias. Pese a su aprobación por amplia mayoría en la Cámara de Diputados, la propuesta del Ejecutivo no contó con consenso suficiente en el Senado, por lo que fue retirada de la Convocatoria después de cumplido su tercer trámite constitucional.

En vísperas de las elecciones realizadas el día 11 del presente. se ha logrado un amplio consenso en torno a un período de seis años, sin reelección para el período inmediatamente siguiente. Sin perjuicio de seguir estimando que, desde el punto de vista de una mejor estructuración del sistema político, habría sido preferible una fórmula que mantuviera la simultaneidad de las elecciones presidenciales y parlamentarias, el gobierno valora el consenso producido en torno a la duración del mandato, sin duda el aspecto más crucial del tema en cuestión.

Por ello, me es grato acoger la expresa petición de los firmantes del acuerdo, en orden a presentar el proyecto de Reforma Constitucional pertinente.

Por otra parte, sería conveniente ajustar la disposición que rige el caso de vacancia del cargo de Presidente de la República establecida en los incisos segundo y siguientes del artículo 29 del texto constitucional vigente, de modo que quien sea designado para ejercer el cargo vacante no tenga en ningún caso un mandato superior a seis años. Sin embargo, esta materia no alcanzó a ser considerada en el acuerdo político que ha dado origen al presente proyecto de Reforma Constitucional. El sistema vigente, si bien no está en armonía con la duración de 6 años propuesta en este proyecto, es jurídicamente aplicable en caso de producirse la vacancia del cargo de Presidente de la República.

Por ello el Gobierno ha optado por no incluir la modificación al sistema de vacancia en el texto que os proponemos, en el entendido que será objeto de una modificación constitucional posterior complementaria del acuerdo político ya existente.

El Gobierno desea. además, dejar constancia de su complacencia por el hecho de que este acuerdo político se haya producido antes de las elecciones, dado que de ese modo los ciudadanos tuvieron. al emitir su voto, la necesaria certeza respecto del período por el cual estaban eligiendo al nuevo Presidente de la República.

Por último, es indispensable que esta reforma sea ratificada por el Congreso Pleno y promulgada con anterioridad al término del actual período presidencias, vale decir antes del 10 de marzo de 1994, lo que requiere de una máxima celeridad en su despacho.

En tal virtud, someto a vuestra consideración, para ser tratado durante la actual Legislatura Extraordinaria de Sesiones del Congreso Nacional, con urgencia, en todos sus trámites constitucionales incluyendo los que correspondiera cumplir en la H. Cámara de Diputados la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la Ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de "discusión inmediata", el siguiente

PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL

"Artículo Unico.- Sustitúyese en el inciso segundo del artículo 25 de la Constitución Política de la República, la expresión "ocho" por "seis".".

Dios guarde a V.E.,

PATRICIO AYLWIN AZOCAR

Presidente de la República

EDGARDO BOENINGER KAUSEL

Ministro Secretaría General de la Presidencia

ENRIQUE KRAUSS RUSQUE

Ministro del Interior

?INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO, RECAÍDO EN EL PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL, EN PRIMER TRÁMITE, QUE REDUCE LA DURACIÓN DEL MANDATO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

BOLETÍN N° 1126-07.

_______________________________

HONORABLE SENADO:

Vuestra Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento tiene el honor de informaros el proyecto de reforma constitucional, en primer trámite, que reduce la duración del mandato del Presidente de la República.

La referida iniciativa se inició en mensaje de S.E. el Presidente de la República, quien, además, en el mismo documento, hizo presente la urgencia para su despacho, en todos sus trámites constitucionales, calificándola de "discusión inmediata".

A la sesión en que se consideró esta iniciativa concurrieron los Ministros Secretario General de Gobierno y Secretario General de la Presidencia, señores Enrique Correa Ríos y Edgardo Boeninger Kausel, respectivamente.

Cabe señalar que, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 116 de la Carta Fundamental, el proyecto necesita para su aprobación del voto conforme de las tres quintas partes de los Senadores en ejercicio.

Antecedentes

1.- El mensaje de S.E. el Presidente de la República.

El mencionado documento recuerda, en primer término, que en marzo del presente año el Ejecutivo envió al Congreso Nacional un proyecto de reforma que proponía acortar la duración del mandato presidencial de ocho a cuatro años, sin reelección para el período siguiente.

Agrega que dicho proyecto procuraba, al mismo tiempo, mantener la simultaneidad entre las elecciones presidenciales y parlamentarias, señalando que, pese a la aprobación de la referida iniciativa en la Cámara de Diputados, la propuesta del Ejecutivo no contó con consenso suficiente en el Senado, por lo que fue retirada de la Convocatoria después de cumplido su tercer trámite constitucional.

Informa que en vísperas de las elecciones realizadas el día 11 de diciembre recién pasado se ha logrado un amplio consenso en torno a un período de seis años, sin reelección para el período inmediatamente siguiente.

Sostiene que, sin perjuicio de seguir estimando que desde el punto de vista de una mejor estructuración del sistema político, habría sido preferible mantener la simultaneidad de las elecciones presidenciales y parlamentarias, el Gobierno valora el consenso producido acerca de la duración del mandato.

Agrega que, en atención a lo anterior, ha acogido la petición formulada en orden a someter a la consideración del Congreso Nacional el presente proyecto de reforma constitucional.

Hace presente que sería conveniente adecuar la norma del artículo 29 de la Carta Fundamental que regula el caso de vacancia del cargo de Presidente de la República, de manera tal que quien sea designado para ejercer el cargo vacante no tenga en ningún caso un mandato superior a seis años, pero señala que tal materia no alcanzó a ser considerada en el acuerdo político que ha dado origen a este proyecto, por lo que no se incluye ninguna proposición de enmienda sobre la materia, en el entendido de que posteriormente será objeto de una modificación constitucional complementaria.

2.- Historia constitucional de Chile.

A.- Constitución Política y Permanente del Estado de 1823.

Según lo establecido en su artículo 14, el Poder Ejecutivo era servido por un ciudadano con el título de Director Supremo. Su mandato duraba cuatro años y podía ser reelegido por las dos terceras partes de los sufragios.

B.- Constitución Política de la República de Chile de 1828.

De acuerdo a lo preceptuado en el artículo 60 de la mencionada Carta Fundamental, el Poder Ejecutivo era ejercido por el Presidente de la República.

Cabe hacer presente que su artículo 61 creó por única vez en la historia constitucional de nuestro país el cargo de Vicepresidente, a fin de subrogar al Presidente en caso de muerte o imposibilidad física o moral de éste.

Por último, es dable señalar que, según el artículo 62 de la misma Carta, las funciones del Presidente duraban cinco años y no cabía reelección, "sino mediando el tiempo antes señalado, entre la primera y la segunda elección".

C.- Constitución de la República Chilena de 1833.

El artículo 61 del texto primitivo de la referida Constitución radicaba el Poder Ejecutivo en el Presidente de la República, que era elegido por cinco años y podía ser reelegido para el período siguiente. Por su parte, el artículo 62 exigía que, para elegir a una misma persona como Presidente de la República por tercera vez, debía mediar, entre la segunda y la tercera elección, el espacio de cinco años.

Más adelante, por ley del 8 de agosto de 1871, las mencionadas normas fueron modificadas, prohibiéndose la reelección presidencial para el período inmediatamente siguiente y estableciéndose que para ser elegido Presidente dos o más veces una misma persona, debía mediar siempre entre cada elección el espacio correspondiente a la duración de un período presidencial.

D.- Constitución Política de la República de Chile de 1925.

Finalmente, es dable señalar que el artículo 62 de la mencionada Carta Fundamental fijó un período presidencial de seis años y dispuso la prohibición de reelección para el período siguiente.

3.- Legislación comparada.

Un estudio de la legislación comparada permite apreciar que independientemente del régimen de gobierno el Jefe de Estado dura en el cargo un período que, por regla general, va de los cuatro a los siete años.

Así, por ejemplo, tienen un período de cuatro años, entre otros, los siguientes países: Bolivia, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Ecuador, Honduras, Paraguay y República Dominicana.

Por su parte, tienen un período de cinco años, países tales como El Salvador, Guatemala, Panamá, Perú, Portugal, República Federal Alemana, Uruguay y Venezuela.

Cuentan con un período de seis años, entre otros, Argentina, Austria, Brasil, México, Nicaragua.

Finalmente, Francia tiene un período presidencial de siete años.

En cuanto a la posibilidad de reelección del Presidente de la República, es posible distinguir tres situaciones diversas:

a) Países que no la admiten en ningún caso: Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador y México.

b) Países que la admiten, pero no en períodos consecutivos: Argentina, Bolivia, Guatemala, Honduras, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

c) Países que la admiten para el período inmediatamente siguiente: Austria, Estados Unidos, Francia, Nicaragua, Paraguay, Portugal y República Federal Alemana.

Discusión general y particular

El proyecto consta de un artículo único que modifica el inciso segundo del artículo 25 de la Constitución Política.

El inciso segundo del referido artículo 25 dispone que "el Presidente de la República durará en el ejercicio de sus funciones por el término de ocho años, y no podrá ser reelegido para el período siguiente".

La enmienda propuesta por la iniciativa en informe consiste en reemplazar, en el inciso aludido, la expresión "ocho" por "seis".

Al comienzo de la discusión de esta iniciativa, el señor Ministro Secretario General de la Presidencia don Edgardo Boeninger Kausel expresó que los fundamentos del proyecto se encuentran contenidos en el mensaje de S.E. el Presidente de la República y han sido explicados en detalle en oportunidades anteriores por los personeros del Gobierno, por lo que estima innecesario reiterarlos en esta ocasión.

La Comisión, luego de un breve debate, aprobó el proyecto en los mismos términos propuestos, por la unanimidad de sus miembros, HH. Senadores señores Díez, Fernández, Letelier, Pacheco y Vodanovic.

En consideración a lo expuesto, vuestra Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento tiene el honor de proponeros la aprobación del siguiente

PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL:

"Artículo único.- Sustitúyese, en el inciso segundo del artículo 25 de la Constitución Política de la República, la expresión "ocho" por "seis".".

Acordado en sesión celebrada el día de hoy, con asistencia de sus miembros HH. Senadores señores Hernán Vodanovic Schnake (Presidente), Sergio Díez Urzúa, Sergio Fernández Fernández, Carlos Letelier Bobadilla y Máximo Pacheco Gómez.

Sala de la Comisión, a 14 de diciembre de 1993.

PATRICIO USLAR VARGAS

Secretario

DURACIÓN DEL MANDATO PRESIDENCIAL

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Corresponde, entonces, tratar el proyecto de reforma constitucional, en primer trámite, referente a la duración del mandato presidencial, iniciado en mensaje, calificado de "Discusión Inmediata" e informado por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

Hago presente a la Sala la necesidad de despachar a la brevedad la iniciativa. La Cámara de Diputados se reunirá a las 7 de esta tarde, de manera que, si el Senado la aprueba en los términos señalados, dicha Cámara podrá tratarla en su sesión de hoy día.

-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En primer trámite, sesión 18a, en 14 de diciembre de 1993.

Informe de Comisión:

Constitución, sesión 18a, en 14 de diciembre de 1993.

El señor VALDÉS (Presidente).-

En discusión general y particular el proyecto.

Ofrezco la palabra.

El señor DIEZ.-

Pido la palabra.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor DIEZ .-

Señor Presidente, voy a dar mi voto favorable al proyecto del Ejecutivo, primero, por una razón -diría- de fe pública. Las colectividades políticas y el Gobierno dieron a conocer antes del día de la elección que había acuerdo en fijar un mandato de seis años. De manera que la opinión pública, debidamente informada, votó presumiendo, dadas la buena fe y la seriedad con que se han cumplido los acuerdos políticos en este país, que elegía un Presidente por seis años. Me parece esencial tener esto en cuenta para la votación de esta tarde: el respeto a la fe pública que debemos tener los agentes políticos.

En segundo lugar, cuando tratamos esta materia hace algunos meses, el Senador que habla propuso la duración del mandato presidencial de seis años, sin reelección. Y así fue aprobado en ese entonces por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. La Sala, en cambio, aprobó un período de cuatro años.

En aquella oportunidad hice ver las razones que apoyaban mi postura, entre las cuales estaba la opinión de los ex Presidentes señores Eduardo Frei Montalva, Gabriel González Videla y Jorge Alessandri Rodríguez. Incluso leí párrafos del acta de una sesión del Consejo de Estado, donde, analizándose el borrador de la Constitución de 1980 que hiciera la llamada "Comisión Ortúzar", el ex Presidente don Jorge Alessandri señaló por qué era partidario de un período presidencial de seis años y, también, de la no simultaneidad permanente y perpetua de las elecciones presidenciales con las parlamentarias. De modo que, dada la urgencia del debate, me remito a la memoria de los señores Senadores y a las versiones taquigráficas anteriores para fundar, al igual que en aquella ocasión, mi voto favorable a los seis años para la duración del mandato del Presidente de la República.

He dicho.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Thayer.

El señor THAYER .-

Señor Presidente, el asunto ya ha sido latamente discutido en el Senado, en la Cámara de Diputados y en el país.

Existía el riesgo de que Chile enfrentara las elecciones del 11 de diciembre pasado en un clima de incertidumbre respecto del significado del sufragio en cuanto a la duración del período presidencial. Ello hizo necesario que todos plegáramos nuestras banderas. Fui un empeñoso defensor de otra tesis. Empero, acepté apoyar el consenso en torno a seis años para asegurar un objetivo básico y fundamental: que el día 11 de diciembre el pueblo tuviera clara conciencia de que el Parlamento aprobaría la reducción del mandato presidencial a seis años.

Siendo ése el consenso alcanzado por todos los sectores políticos institucionales, y habiendo sido aceptado por los principales candidatos a la Presidencia de la República, lo que corresponde ahora, como se ha dicho, es respetar la fe pública en la materia, terminar con la discusión sobre el tema y aprobar el proyecto.

He dicho.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Díaz.

El señor DÍAZ .-

Señor Presidente, el argumento expresado por el señor Senador que abrió el debate, en cuanto a que la opinión pública actuó de acuerdo con la decisión de los partidos políticos que firmaron este acuerdo, lo estimo absolutamente injustificado. Y siento contradecirlo, porque en mi concepto la ciudadanía no iba a cambiar fundamentalmente de parecer 48 horas antes de la elección. Más adelante diré por qué voy a votar; pero deseo aclarar algunas cosas, pues lo considero necesario.

Primero, las encuestas y todos los antecedentes disponibles indicaban que don Eduardo Frei Ruiz-Tagle iba a obtener una abrumadora mayoría, lo que se vio corroborado posteriormente. Así que no se puede argumentar que en las 48 horas previas a los comicios la gente se dio por informada de que dicho candidato iba a gobernar por seis años. No puede obviarse el hecho de que el período de ocho años ya se encontraba establecido. Y cuando algunos votamos por un lapso de cuatro años, con reelección, estábamos pensando que el nuevo Mandatario lo iba a hacer muy bien, lo que llevaría a que fuera reelecto. Si bien de alguna manera -por decirlo lo más suave posible- fuimos objeto de una acción de "ingeniería política", como se la califica, deseo expresar mi opinión respecto de este punto. Don Eduardo Frei Ruiz-Tagle fue elegido, pues, con conocimiento público de que iba a gobernar por ocho años, y con mucha anticipación el electorado estaba decidido en ese sentido.

Segundo, aquí se han hecho recuerdos de grandes Presidentes chilenos, pero en este momento vemos que Jefes de Estado con mucho menos respaldo popular y de mayor edad que el señor Frei Ruiz-Tagle están propiciando la reelección en países vecinos. Me refiero a los señores Fujimori y Menem. Así que contrasta el que en Chile un hombre que en la Sexta Región obtuvo 62,5 por ciento de los sufragios -y lo recalco: fue la más alta votación popular, en el plano regional, del candidato de la Concertación- aparezca en circunstancias desmedradas con respecto a los Mandatarios de los países que señalo. Lo destaco porque estimo que las cosas se deben definir muy bien. Y, de alguna manera, quiero dar a conocer el juicio que he recogido en la Región que dio la más alta mayoría al futuro Presidente : éste fue electo por ocho años. Han pasado más de 72 horas desde el momento de la elección, y en el Senado estamos discutiendo por cuánto tiempo va a gobernar.

Por razones absolutamente de disciplina partidaria, voy a votar que sí, pero dejo constancia de que lo haré con profundo malestar, por creer que los partidos políticos no han recogido el parecer generalizado del pueblo chileno con respecto al candidato triunfante, don Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

He dicho.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Senador señor Ríos.

El señor RÍOS.-

Señor Presidente, nuevamente estamos discutiendo un tema que ya se ha debatido en varias ocasiones. Y, por desgracia, estamos compelidos por la premura del tiempo a analizarlo en forma muy breve, y a votar el proyecto de reforma constitucional en esta misma sesión, según lo han acordado los Comités. Expresaré, por lo tanto, algunas ideas sobre la materia que nos ocupa.

Durante la exposición que realicé un par de meses atrás, planteé que lo relativo a los años de gobierno de un Mandatario no podía ser considerado al margen de otros aspectos, entre los cuales destaca, para empezar, la relevancia del que se vincula a la simultaneidad de las elecciones de Presidente de la República y de Parlamentarios. Tanto el Ministro señor Boeninger, aquí presente, como el Senador señor Fernández y otros personeros que intervinieron en ese importante debate señalaron en forma categórica -y terminaron por convencerme- que el período de seis años era muy negativo, porque, de partida, rompía el elemento básico de organización de la participación ciudadana, cual era la simultaneidad aludida, lo que no convenía perder de vista. Tengo a mano el texto del discurso que en esa oportunidad pronunció dicho Secretario de Estado -no lo leeré-, que es tan convincente, que llevó a que se excluyera la alternativa de seis años. En esa misma sesión, cuando el Senador señor Diez recordó que el Consejo de Estado, al analizar lo referente a la duración del período presidencial, proponía rebajarlo a seis años, el Honorable señor Fernández acotó -y ello es interesante tenerlo en cuenta, para la historia de la ley- que no debía olvidarse el hecho de que también se contemplaba la disolución de la Cámara de Diputados, a fin de que existiese alguna relación de trabajo entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento. En los últimos cuatro años, ese vínculo ha demostrado ser muy efectivo.

Cabe observar que en la reciente elección en la cual la participación del país exhibió un gran nivel cultural, el candidato a la Presidencia de la República señor Eduardo Frei logró una mayoría realmente considerable, prolongándose la gestión de la coalición gobernante. Pero, respecto de las funciones legislativa y fiscalizadora, el pueblo de Chile tuvo una opción distinta. Esta es una verdad. Y ello ha significado que no se va a concretar la inquietud que antes se planteó, en el sentido de que bastaba que un candidato a la Primera Magistratura obtuviera una gran votación para que llegase a exhibir en el Parlamento un predominio sin los contrapesos requeridos. Lo que estoy señalando es absolutamente real; no es cosa de la imaginación. Es algo que Chile igualmente vivió el año recién pasado, y, también, hace cuatro años.

Por tal motivo, y en cuanto a los aspectos más relevantes que justificarían un período de seis años, debe tenerse presente, al margen de que los hechos prácticos desmienten la conveniencia de un mandato de esa extensión, que la historia de la reforma constitucional estudiada por el Senado en octubre y parte de noviembre señala, categórica y claramente, que dicho lapso no es oportuno ni bueno. Hay un cambio de 180 grados en la posición de los personeros que discutieron el proyecto anterior y que ahora apoyan el que se halla en discusión.

Por tratarse de un tema de gran relevancia, que involucra otras situaciones que volveré a recordar, es preciso advertir, primero que nada, que si no existe simultaneidad en las elecciones de Presidente de la República y de Senadores y Diputados, debemos resolver, necesariamente, si hacemos coincidir las parlamentarias con las municipales, o bien, eventualmente, con las de concejales y de alcaldes, por separado. De otro modo, en los próximos veinte años habrá, para cada una de esas autoridades, un número muy alto de actos electorales -serán doce a catorce, aproximadamente-, en circunstancias de que el país, sin lugar a dudas, no está animado a enfrentar esa situación permanentemente, la cual produce algún grado de trastorno que también se debe analizar.

Si el señor Presidente me pregunta si hemos llegado al punto en que cabe debatir lo atinente a la simultaneidad de los comicios parlamentarios y municipales, la respuesta es afirmativa. Pero en ningún caso, desde mi punto de vista, ello debe decidirse en este momento, o en las próximas horas o días, sin mediar una relación de trabajo o sin conocer la opinión del resto de las personas que forman parte del poder político público, como son los concejales y los consejeros regionales.

Por lo demás, hay quienes sostienen -y es muy lógico estudiarlo- que la coincidencia de esas elecciones podría derivar en una confusión de funciones. Creo que eso es efectivo; pero, en todo caso, es conveniente debatirlo.

Por otro lado, está lo relativo a la presencia de los ex Presidentes de la República en el Senado, punto que no debe marginarse de la discusión en torno del período presidencial. Efectivamente, a los ex Mandataríos que se han desempeñado durante seis años la Constitución les permite ser Senadores, mas lo señala por la vía de la excepción -dado que consagra un mandato de ocho años- y para casos muy especiales. Pero su sentido es otro.

Reitero la conveniencia de volver a analizar -yo, por lo menos, lo haría- lo tocante a la integración de los ex Presidentes en esta Corporación, cosa que acepto, pero no en la medida en que sea de, por vida. Luego de conversar con varios Honorables colegas y con muchas personas que se interesan en la cosa pública, he concluido que esa participación resulta oportuna, pero no con carácter permanente, sino por un período que debemos determinar.

Ahora, como lo ha expresado el Senador señor Díaz, la opinión pública, 48 horas antes de las elecciones, conoció del acuerdo de un grupo de dirigentes y Parlamentarios -muy importantes todos ellos- en el sentido de que se iba a estudiar y resolver a la brevedad posible el aspecto que nos ocupa. De ese modo, se perseguía el propósito de que el país se informara de que la persona que resultase elegida gobernaría por seis años. Sin embargo, la importancia que se da a la difusión de la noticia antes del 11 de diciembre es relativa, por cuanto el proceso electoral y las campañas de los candidatos se desarrollaron conforme a las reglas del juego basadas en los ochos años.

Señor Presidente, acepto el interés de esos dirigentes y Parlamentarios por resolver esto de inmediato, pero estimo inadecuado dilucidar en pocas horas un tema que se vincula a muchos otros elementos y hallándose pendientes situaciones de trascendencia. Por lo tanto, a pesar de existir ciertos acuerdos cupulares, que respeto, no puedo votar hoy favorablemente. Ello me es imposible. En efecto, no se ha dado todavía una respuesta a cuestiones que, desde mi punto de vista, es indispensable considerar.

Por lo demás, creo que estamos entrando a una nueva forma de participación pública, en la que las materias que demandan un análisis profundo hacen necesaria la participación de quienes representan la voluntad popular, la soberanía del pueblo; de quienes han sido elegidos; de quienes han asumido la responsabilidad de legislar y responden ante sus electores de las funciones y obligaciones que el pueblo de Chile les ha entregado.

Hago presente -y con esto termino- que en los Estados modernos no se está conversando con los titulares de los partidos políticos. Aunque está abierta la posibilidad de hacerlo, básicamente es el Parlamento el que se encarga de plantear criterios distintos frente al Poder Ejecutivo. El Presidente de los Estados Unidos, señor Clinton, no habló con el Presidente del Partido Republicano ni con el del Partido Demócrata para resolver acerca del Tratado Norteamericano de Libre Comercio, sino que lo hizo con el Congreso. Y la conversación con el Congreso debe ser el inicio de un proceso distinto, de participación ciudadana moderna, responsable y profunda, a fin de que cada uno de nosotros asuma en plenitud su compromiso con lo que está haciendo y con lo que ha dicho anteriormente.

Nada más, señor Presidente.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Piñera.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente, seré muy breve.

Creo que estamos ante un acuerdo muy amplio, sólido y oportuno, desde el punto de vista de que los chilenos pudieron votar el 11 de diciembre recién pasado conociendo, en la práctica, el período por el cual elegían al Primer Mandatario. Y este consenso político requiere hoy el apoyo decidido y fuerte de ambas Cámaras, para que logre credibilidad en la ciudadanía.

Sin embargo, deseo dejar sentado que hay muchos aspectos pendientes, algunos de los cuales ya mencionó el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra. Entre ellos se incluye, sin duda, el de la simultaneidad de las elecciones; el de cómo coordinar, en el nuevo contexto del período presidencial, los comicios municipales; el de la elección directa o indirecta de los alcaldes; el de la fecha para elegir Presidente de la República. Creo que diciembre es un mal mes para este último efecto, pues se altera sustancialmente el buen funcionamiento legislativo, y que en el futuro debiéramos analizar la posibilidad de volver a lo que fue habitual en Chile: realizar las elecciones presidenciales y las parlamentarias en marzo del año correspondiente. Cuando así sucedía, la época de vacaciones servía para desarrollar las campañas electorales, y no se alteraba el buen funcionamiento del Congreso. Además, cada período legislativo se iniciaba el 21 de mayo, fecha simbólica en nuestro país.

Podríamos seguir mencionando temas pendientes. Sin embargo, sólo quiero destacar uno de ellos, no resuelto en el mensaje del Ejecutivo, y que encierra una contradicción.

En esta oportunidad nos abocaremos a votar un proyecto para que el Presidente elegido por todos los chilenos ejerza un mandato de seis años. Sin embargo, en caso de vacancia del cargo, podría ocurrir, al permanecer vigente el artículo 29 de la Constitución Política, que las funciones del sucesor se extendieran hasta por siete años. Ello, porque la mencionada disposición establece que, de producirse el hecho faltando más de dos años (por ejemplo, tres) para los próximos comicios generales de parlamentarios, el Presidente que resulte elegido se desempeñará hasta 90 días después de la segunda elección general de parlamentarios que se verifique durante su mandato. De ese modo, a los tres años que restarían al Congreso en ejercicio se sumarían los cuatro del siguiente.

No hay duda de que se suscita una abierta contradicción cuando se reduce a seis años el período de un Presidente de la República electo normalmente y se extiende a siete años -o más, según cuándo se produce el reemplazo- el de quien lo sucederá en caso de vacancia. Esta situación debe ser resuelta, a mi juicio, cuando se analice nuevamente la materia, aun cuando hoy hubiera podido quedar superada en forma muy simple.

Eso es lo que deseaba representar. Lo hice antes, en la discusión que sostuvimos hace poco tiempo, pero, lamentablemente, o no se escucharon mis palabras, o el planteamiento no pudo acogerse en esa ocasión.

Es todo, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Prat.

El señor PRAT.-

Señor Presidente, este proyecto de reforma constitucional responde a un acuerdo amplio de distintos sectores políticos representados en el Parlamento. En consecuencia, es valorable ya desde esa propia base. Sin embargo, considerando que quienes representaron a estas bancas advirtieron acerca de mi discrepancia sobre el particular, haré ver los fundamentos de mi posición.

No entraré al fondo del asunto, puesto que ya fueron analizadas las conveniencias e inconveniencias de los distintos períodos de duración del mandato presidencial; pero no puedo eximirme de señalar mi desacuerdo en cuanto a la oportunidad del tratamiento del tema.

El proyecto se somete a debate luego de celebrada una elección, que siguió a una campaña a su vez precedida de la inscripción de los candidatos, acto llevado a cabo en virtud de una norma constitucional que dispone que el mandato en cuestión es de ocho años.

Se dice que la ciudadanía votó enterada de la nueva situación que se produciría como efecto de la presente iniciativa; en otras palabras, que se habría proporcionado la debida información en cuanto a que el mandato será de seis años. Me permito discrepar de ello. No creo posible dar a la gente por informada de un antecedente que se difunde con 48 horas de anticipación al acto electoral, a través de los medios de comunicación. En términos jurídicos, no es ése el procedimiento habitual para que se considere que los ciudadanos están informados de algo. Según entiendo, éstos se dan por legalmente informados cuando las normas son publicadas en el Diario Oficial. El otro sistema, por lo tanto, no es el adecuado, y sienta un precedente a todas luces inconveniente.

Además, debo señalar motivos adicionales que me hacen discrepar de este acuerdo.

Es evidente la falta de consenso respecto de la no coincidencia entre las elecciones parlamentarías y presidenciales. De la lectura de la versión de las sesiones del Senado de fechas 14 de septiembre y 6 y 14 de octubre recién pasados, resulta claro que los distintos sectores políticos se pronunciaban, en general, en un sentido afirmativo. Por ello, ante un proyecto que no incluye la solución de este tema, intuyo que en una oportunidad próxima se presentará otro, tendiente a generar la simultaneidad sobre la base de un período presidencial de seis años.

Desde ya, percibo que voy a rechazar las proposiciones que habrán de hacerse en esta materia, que no pueden ser otras que las de prolongar los mandatos parlamentarios. Si bien me han señalado que ellos podrían acortarse, no creo atendible esa idea, puesto que los Diputados y Senadores han sido electos por un plazo determinado, que la ciudadanía conocía al votar. Sin duda, al presentarse esa iniciativa se originará una discusión bastante incómoda, por lo que estimo conveniente restarme hoy a este acuerdo, para mantener una consecuencia al hacer lo mismo en aquel momento.

He dicho.

El señor DÍAZ.-

Perdón, señor Presidente. Sólo quiero hacer una corrección, en cuanto a que, durante casi vienticinco años, la elección de Primer Mandatario se efectuó el 4 de septiembre, y no en marzo.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.

El señor GAZMURI .-

Señor Presidente, voy a votar favorablemente el proyecto, pues se había formado una opinión bastante generalizada acerca de la inconveniencia del período presidencial de ocho años. Recuerdo que todo el debate previo indicó que ése era el único punto en que se producían coincidencias reales.

El acuerdo a que han llegado los partidos con representación parlamentaria, y los Comités de esos partidos, avanza, entonces, en buena dirección. Lamento que ello no se extienda a lo que nosotros sostuvimos que era la mejor solución en esta materia: un período presidencial más corto, manteniéndose el criterio de la Carta en orden a la simultaneidad de las elecciones parlamentarias y presidenciales. En fin, no siempre se obtiene lo mejor.

Me resta señalar que, sin perjuicio de esta reforma constitucional, la cual reviste importancia, queda pendiente un conjunto muy amplio de cuestiones vinculadas con nuestro ordenamiento y con el régimen político. En consecuencia, permanecerá abierto un gran espacio para una discusión que efectivamente conduzca a acuerdos globales destinados a dar coherencia a la totalidad del sistema. Pienso que la modalidad de ir efectuando reformas parciales a la Ley Fundamental, como producto de consensos difíciles de alcanzar, va configurando una arquitectura constitucional que presenta bastantes dificultades. Sólo deseo dejar sentado que, en mi opinión, deberemos abocarnos a un debate de fondo sobre nuestro régimen político; sobre la conveniencia de mantener un presidencialismo tan exacerbado como el que contempla la Constitución; sobre las atribuciones del Parlamento; sobre la simultaneidad de las diversas elecciones.

Este acuerdo, no obstante su solidez, por la cantidad de fuerzas que han concurrido a adoptarlo, deja sin resolver una serie de problemas institucionales de la mayor importancia, cuya consideración queda completamente abierta para el próximo período.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Hormazábal.

El señor HORMAZÁBAL .-

Señor Presidente, una de las tareas más hermosas de nuestra función es la de legislar, y tratar de hacerlo colocando el acento en lo que puede ser más relevante para el país.

Esta discusión, que ya se prolonga demasiado -y que a mi juicio es muy inoportuna-, exhibe, en todo caso, como fondo, el hecho de que quienes han intervenido en las conversaciones perseguían el propósito de lograr que el sistema político permita a los ciudadanos una mayor participación en decisiones trascendentes.

Dicho sistema, en democracia, presenta componentes muy variados. Aparte los que se mencionan tradicionalmente como sus actores: la Presidencia de la República y el Congreso Nacional, hay otros que también ayudan a su mejor funcionamiento, tales como los académicos, los especialistas, y organizaciones como los partidos políticos, que cumplen un papel de orientación y conducción.

Esta iniciativa, que insisto en conceptuar como inoportuna, ha merecido el calificativo opuesto, sin embargo, por parte de destacadas personalidades del ambiente político nacional. El acuerdo respectivo fue suscrito por el Presidente de la colectividad a la que pertenezco, mi camarada señor Gutenberg Martínez , además de haber concurrido a ello representantes de los otros partidos de la Concertación y de los de Oposición.

Reconozco el buen espíritu que ha existido al respecto, pero no puedo dejar de cumplir mi función de legislador y de expresar mi pena porque personeros tan importantes hayan actuado con demasiada premura, aun entendiendo que tras su preocupación ha habido una inquietud por el bien nacional. Actuaron con premura precisamente para prevenir las objeciones de otros: "Miren, es básico que el ciudadano que va a votar tenga claro cuál es la duración del mandato presidencial".

¡Loable iniciativa, señor Presidente! Pero, como lo habrán comprobado mis Honorables colegas, lo que en realidad nos preguntan nuestros compatriotas es cómo vamos a terminar con la miseria espantosa que aún aflige a tantos de ellos; de qué manera podríamos resolver problemas vitales que todavía ahogan a las Regiones; en qué forma se podrían mejorar las prestaciones de servicios esenciales. Nunca escuché en esta época a un ciudadano inquirir cuánto va a durar el período presidencial, pero sí a algunos consultar, en tono de sorna, qué sucedía en relación con los temas fundamentales para el país.

A esas personas les contesté, sin embargo, que este debate no les resulta insustancial, porque concierne al modo como los chilenos comunes y corrientes se sienten participando en las decisiones políticas de trascendencia. Señalé, también, que constituye un gesto que honra a la clase política nacional el de quien, sabiendo que iba a ser elegido Presidente de la República , declaró su disposición a que se acortara la duración del mandato, lo cual demuestra que existe en todos los sectores, particularmente en quienes han postulado a tan altas responsabilidades, una preocupación por el bien del país, más allá de las legítimas expectativas personales.

Pero, ¿cómo se llegó a este gran acuerdo, para no extenderme en lo relativo a si los ciudadanos sabían o no sabían de qué se trataba? Muchos estábamos trabajando en nuestras Regiones cuando nos enteramos, con sorpresa, de que nuestros dirigentes -por supuesto, democráticamente elegidos, y muy representativos- tomaban en sus manos una decisión de esa naturaleza.

Empezamos a preguntarnos cuáles serían los fundamentos. Por mi parte, estudio los antecedentes que tengo a la vista. Veo que el propio señor Presidente de la República manifestó, en su oportunidad, que estaría dispuesto a enviar un nuevo proyecto sólo en el caso de ser requerido para ello. Es decir, el Primer Mandatario ha actuado en este momento conforme a la premisa de ser un elemento que permite traducir, una vez más, un gran consenso nacional. Pero, al enviar su mensaje, no puede sino recordarnos las razones por las que pensaba que su fórmula anterior era mejor. No obstante, como el Gobierno que encabeza el señor Aylwin entiende que hay aquí un espacio legítimo para los partidos, acoge la petición y encomienda al Parlamento una tarea. Desgraciadamente, la Comisión de Constitución la ha dejado inconclusa, como se lo dije muy fraternalmente a sus integrantes, de alta calificación y destacados por su permanente esfuerzo para mejorar una numerosa legislación.

El Jefe del Estado nos dice, en la página 2 del mensaje:

"Por otra parte, sería conveniente ajustar la disposición que rige el caso de vacancia del cargo de Presidente de la República, establecida en los incisos segundo y siguientes del artículo 29 del texto constitucional vigente, de modo que quien sea designado para ejercer el cargo vacante no tenga en ningún caso un mandato superior a seis años. Sin embargo, esta materia no alcanzó a ser considerada en el acuerdo político que ha dado origen al presente proyecto de Re forma Constitucional. El sistema vigente, si bien no está en armonía con la duración de 6 años propuesta en este proyecto, es jurídicamente aplicable en caso de producirse la vacancia del cargo de Presidente de la República.".

¡Fíjense, Honorables colegas: el Primer Mandatario nos advierte que se introduce en la Carta Fundamental una norma que rompe la armonía de su texto, y llama la atención hacia el hecho de que será necesario ajustarlo! Empero, nosotros, como cuerpo legislativo, no estamos tratando de darle la debida concordancia. Yo soy respetuoso de los acuerdos políticos y valoro la medida de bien nacional adoptada por los dirigentes de distintas colectividades. Mas, en mi opinión, al acoger una reforma constitucional que deberá complementarse en el futuro, no estamos cumpliendo nuestra tarea esencial de legisladores.

Señor Presidente, señores Senadores, este acuerdo, en mi concepto, debería figurar en el libro de Guiness como un récord extraordinariamente notable. Porque un Senado, o un Parlamento, puede cometer errores -nosotros los hemos cometido-, pero el de aprobar a sabiendas leyes incompletas, introduce un factor de distorsión muy dañino. Ello no afecta al actual Jefe del Estado, que está finalizando un mandato previamente consensuado con los partidos políticos representativos. Tampoco está en juego la palabra del futuro Presidente de Chile, quien ha estado llano a aceptar este gran acuerdo nacional. ¡Aquí está en juego nuestro prestigio de legisladores, cuya función hemos renunciado a ejercer en el trámite que acaba de verificarse en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento! Tal vez se diga que eso no importa, pues todos deseamos larga vida al Presidente electo, nuestro Honorable colega y amigo Eduardo Frei. Pero, ¿debemos legislar con nombre y apellido, o tratar de cumplir nuestra labor de dejar establecidas las reglas para ésta y otras situaciones?

Quizá se piense que esta forma de legislar no es demasiado terrible, porque si la vacancia se produjera, por ejemplo, el próximo año, el Mandatario que se elija se desempeñaría por siete años y, por tanto, tendríamos un Presidente por este lapso, a menos que, siguiendo esta lógica de dictar una legislación por etapas, pudiéramos complementarla en enero, febrero, marzo, o, en fin, no sé cuándo.

Señor Presidente, más allá de la buena intención de los dirigentes de partidos políticos, estamos incurriendo en una omisión en lo que es nuestro papel. He sido contrario a fijar en seis años la duración del período presidencial, e incluso con algunos colegas planteamos una indicación a fin de armonizar la reducción del mandato con la disposición relativa al caso de vacancia. Es cierto que, si se estimara pertinente, esto podría efectuarse a futuro. Pero, ¿por qué despachar una normativa incompleta, a sabiendas de que tendrá que perfeccionarse? ¿Por la premura de que entre en vigor antes de que jure el nuevo Presidente de la República ? ¡Sana intención! Pero, ¿acaso el Parlamento no tiene la capacidad suficiente para completarla ahora? No la tenemos, señor Presidente , porque la indicación aludida se dio a conocer, se conversó acerca de su texto y no fue posible llegar a un acuerdo al respecto.

Al margen de esta falla como legisladores -que asumo-, se nos presenta el tema de los seis años de duración del mandato. Quiero decir, con mucha franqueza, que no hay dogma en este asunto. Se ha estudiado la situación por la cual atravesó el país. Chile está saliendo de una fase muy difícil, provocada por la incapacidad, tanto de la comunidad nacional como de sus actores políticos, de encontrar los cauces adecuados que permitieran resolver graves crisis, evitar ideologismos y posiciones extremas y, además, posibilitar que la institucionalidad se desenvolviera por los canales apropiados.

Por eso, el Partido Demócrata Cristiano, tras un proceso de reflexión sobre la crisis institucional vivida, estableció lo que indico a continuación: "El quiebre democrático que sufrió el país en 1973 se debió a múltiples factores, entre los que cabe señalar los siguientes: el ideologismo que se apoderó de todas las fuerzas políticas; la insuficiente valoración de la institucionalidad democrática chilena; las influencias en Chile del conflicto internacional Este-Oeste y el tipo de gobierno que funcionaba como un presidencialismo de doble minoría.".

Los estudios realizados muestran que varios de esos elementos -su presencia fue analizada y ratificada unánimemente por el congreso nacional de mi colectividad su máxima instancia celebrado a fines de 1991, donde contamos con la honrosa participación de representantes de todos los partidos políticos chilenos- no operan hoy en la realidad. ¡Gracias a Dios, no estamos frente a ideologismos excesivos y abusivos; se ha producido un cambio brutal en la composición del nuevo orden mundial y, una vez más, todos estamos aprendiendo a valorar la institucionalidad democrática! Y la cuestión del gobierno de doble minoría ya está resuelta. En efecto, aunque la proposición formulada por la Democracia Cristiana en 1969, en el sentido de que se contemplara la segunda vuelta electoral cuando ningún candidato obtuviera más de la mitad de los sufragios válidamente emitidos, no fue acogida en esa ocasión, sí está incorporada hoy en el Texto Constitucional.

La tesis de la doble minoría de Gobierno, señalada por la Democracia Cristiana como uno de los factores de la crisis institucional, consistía, en primer lugar, en que en Chile podía elegirse un Presidente que no tuviera mayoría y, en segundo término, en que la falta de simultaneidad de ambas elecciones implicaba que ese Mandatario tuviera minoria en el Congreso. Porque el elemento de contrapeso que requiere todo sistema político está dado, precisamente por la renovación parcial del Senado, por el papel de una prensa libre, por actores del mundo social, etcétera, que tienen capacidad de ejercer su acción en una sociedad democrática.

Por lo tanto, con motivo del estudio a fondo realizado en 1991, no a raíz de un tema ocasional o coyuntural, el congreso nacional de mi Partido acordó impulsar -entre otras- las siguientes materias: "f) mantener la simultaneidad de fecha de elección de Presidente de la República , diputados, y renovación de senadores, así como la segunda vuelta electoral para la elección de Presidente de la República;".

Esa fue, también, la posición que los democratacristianos defendimos, con pasión, durante el debate desarrollado anteriormente acerca de la duración del mandato presidencial. Para nosotros no era un asunto coyuntural, ante el hecho de que como el candidato pertenecía a nuestras filas quisiéramos aprovecharnos de esa circunstancia. A lo mejor nuestro enfoque estaba equivocado, pero sostuvimos que la simultaneidad era uno de los componentes básicos para dar estabilidad a la sociedad chilena.

En ese aspecto hay diversas posiciones, muy legítimas. Así como aquí se recordó que en el informe de la Comisión de Constitución relativo al anterior proyecto de reforma del mandato se señalaba que algunos ex Presidentes estimaban innecesaria la simultaneidad en las elecciones, debo manifestar que tratadistas y dirigentes políticos dieron razones de fondo para decir: "No tensionemos el sistema, porque la simultaneidad juega un rol importante".

Sin embargo, de repente nos encontramos con que nuestros queridos amigos del Partido Socialista y del Partido por la Democracia, plantearon la conveniencia de reducir el período presidencial. ¿Por qué mo tivo? ¿Por una legítima concepción de que puede ser justificable? Antes defendieron la reducción a cuatro años, después estuvieron dispuestos a aceptar un período de seis años, y cuando se debatió esta posibilidad los democratacristianos la rechazamos, basados en que el elemento de simultaneidad era muy preciado para nosotros.

Hoy nuestros aliados de la Concertación insisten en la disminución del mandato. ¿Por qué, si los democratacristianos queremos seguir gobernando en coalición? ¿Por qué, si no somos partidarios del exclusivismo? ¿Por qué, si pensamos que, por último, un gobierno por ocho años nos daba la oportunidad histórica de llevar a cabo un proyecto de largo alcance que, junto con dar estabilidad a Chile, permitiera avanzar en la solución de los problemas de los pobres?

Además, desde mi punto de vista, se podría desarrollar otro debate -también legítimo- con relación al sistema de gobierno más válido para Chile, como, por ejemplo, el semipresidencial. Ello nos permitiría obviar el tema de los ideologismos, porque en el actual régimen presidencial, si una de las fuerzas que integra la coalición se retirara, dejaría al Gobierno en minoría. Y, como no existe la obligación institucional de buscar acuerdos de mayoría en el Congreso, los distintos partidos se verían tensionados por factores políticos e ideológicos, ya que el sistema no les exige formar gobiernos de mayoría. El presidencialismo está sujeto a eventuales crisis de las alianzas, porque no existe un mecanismo de contrapeso que obligue a la clase política a buscar consensos. ¡Si tenemos que debatir sobre nuestros desacuerdos, no volvamos a caer en la rigidez que nos impide ponernos de acuerdo!

Tal vez el régimen presidencial no sea el más apropiado -no pretendo hacer dogmas al respecto-; se trata de una opinión que recogí tanto en sectores de Renovación Nacional cuanto en todos los partidos de la Concertación; vale decir, de una tendencia a tratar el tema.

En caso de habernos quedado con el mandato por ocho años, ¿podría alguien de la Oposición decir que el Gobierno del Presidente Aylwin ha abusado del Poder? ¿Podría alguien sostener que, con las condiciones que tenemos, se ha sentido violentado en sus derechos básicos? Y, dada la madurez mostrada por la coalición gobernante y la calidad personal y moral del Presidente electo, Eduardo Frei, ¿podría alguien presumir que si no hubiésemos llegado a un Consenso para disminuir el período, los ocho años de mandato de éste se habrían convertido en un elemento disociador o contradictorio?

A mi entender, Honorables colegas y amigos del Senado, esta materia ha adolecido de discusión insuficiente y de apresuramiento -lo prueba el texto de la iniciativa-, lo que no se compadece con la responsabilidad con que debemos legislar. Mas, como únicamente soy un Senador de la República, militante de un partido al cual le debo, si no todo -mi mujer y mi hija me las gané solo-, por lo menos, mucho, tengo que acatar lo que éste decida.

En la concepción del sistema político los partidos son instituciones fundamentales. Y en un régimen como el nuestro, en que los ciudadanos no pueden intervenir en la conducta de sus representantes sino hasta el momento de la elección de ellos, reviste esencial importancia el ejercicio de las facultades de las distintas colectividades para disciplinar los actos de sus militantes, para controlar su asistencia, su responsabilidad, la forma en que aplican la ética política y las proposiciones que formulan.

En un sistema político como el nuestro, los partidos son los articuladores de la conciencia crítica de la ciudadanía y tienen derecho a ejercer un control sobre quienes hemos tenido el alto honor de postular a un cargo de representación popular en nombre de cualquiera de ellos. Mi Partido decidió lo contrario de lo que pienso. Su órgano máximo: el congreso nacional, tiene una posición distinta; pero el ente que interpreta la coyuntura, según definición de nuestro tribunal supremo, es el consejo nacional, del cual formo parte y donde, por abrumadora votación, se respaldó el acuerdo alcanzado en aras del interés del país. Y, como soy un defensor del papel que juegan las colectividades políticas en una democracia, no me sumaré a un espectáculo que, como democratacristiano, me ha apenado este último tiempo: el de ver a algunos camaradas que no cumplieron las instrucciones del Partido, adoptadas después de un debate libre y democrático, afectando, con ello, el cumplimiento de acuerdos donde la palabra empeñada es muy valiosa. Creo que la actitud de esos militantes fue contraria a la confianza política, al papel que corresponde a los partidos y a la madurez cívica.

Reitero que no quiero sumarme a una etapa de deterioro que considero indispensable frenar. Por eso, pese a que, por razones de técnica legislativa, de oportunidad política, de estabilidad del país, considero que la reducción del mandato es un error garrafal -los chilenos tenemos espacio para opinar, y personalmente lo tengo en mi partido para discrepar con su directiva, y será allí, en su seno, donde produciré el debate-, a fin de preservar el prestigio de los partidos digo que he expresado mi pensamiento, pero que mi voto será similar al de mi colectividad política.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

El último orador inscrito es el Senador señor Urenda.

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor URENDA.-

Señor Presidente, esta materia es de indudable importancia y, en la discusión habida con anterioridad, mi posición fue contraria a una reforma constitucional. Sin embargo, hoy coincido con la opinión de mi Partido de respaldar el proyecto en debate.

Desde luego, en resguardo del prestigio del Senado, es preciso señalar que el problema de la duración del período presidencial no lo estamos resolviendo sólo en un par de horas, sino que este tema, que ha sido analizado durante muchos meses, en los cuales se barajaron toda suerte de alternativas, ha vuelto al tapete con una solución de consenso que, a mi juicio, es adecuada.

No olvidemos que, si bien antes de los comicios la opinión pública pudo pensar que la decisión de reducir a seis años el mandato presidencial no cumplía con las formalidades de una ley, en el momento de votar la inmensa mayoría de los ciudadanos sabíamos perfectamente que lo estábamos haciendo por ese término. Y no olvidemos tampoco toda la suerte de chistes y comentarios que se hicieron con respecto a la situación que había antes de lograrse el acuerdo, cuando todo el mundo -ajeno quizás a la política- se burlaba de nosotros, diciendo que estábamos convocando a una elección de Presidente de la República por un período que no se sabía si sería de cuatro años, con o sin reelección, o de cinco, seis u ocho años.

Por eso, aunque ésta no constituye una solución perfecta sobre una materia muy discutible, creo oportuno el consenso logrado en este sentido, porque pone término a una situación enojosa no provocada por nosotros y que, de alguna manera, ha afectado nuestro prestigio. Insisto: puede que la solución a lo mejor no sea la ideal, pero con ella se está dando fin a un debate que se prolongó más allá de lo necesario.

No deseo referirme a si el período de seis años es o no el más adecuado, aunque en Chile existe una larga tradición al respecto, porque en definitiva hubo coincidencias de opinión sobre el particular. Sin embargo, diversos señores Senadores han hecho aquí hincapié en la simultaneidad de las elecciones como necesidad imperiosa para que el Presidente en ejercicio obtenga mayoría parlamentaria. Disiento de tal criterio por estimar que ella no asegura dicha mayoría. Creo que en un régimen presidencialista, considerando las atribuciones del Jefe del Estado , no constituye obstáculo tan grave para su desempeño el hecho de no contar en un momento determinado con mayoría plena en el Congreso.

Hoy día existe predisposición al consenso y a tratar de llegar a acuerdos favorables También a realizar cuanto esté en nuestra mano para que Chile se desarrolle, crezca y sus habitantes logren el nivel de vida a que todos aspiramos. De modo que la mera circunstancia de que no haya plena coincidencia entre el pensamiento político del Primer Mandatario y el criterio del Parlamento, no puede considerarse una catástrofe demasiado grave.

Debo señalar al respecto, y de acuerdo con los argumentos expuestos en esta Sala, que por efectos de una segunda vuelta, puede darse el caso de que un Presidente ganador en elecciones simultáneas no obtenga mayoría en el Parlamento. Sin duda, ello es posible, incluso sin segunda vuelta. Hay países -como nuestro vecino: Argentina- donde el Presidente, no necesariamente por haber ganado la elección, ha obtenido mayoría en el Parlamento. Es decir, lo anterior no constituye requisito indispensable como para comprometer la marcha del país. Tampoco la simultaneidad de elecciones asegura esa mayoría, especialmente cuando debe irse a una segunda vuelta, como sucedió en Ecuador.

En consecuencia, en este tipo de materias, como en general en las de carácter constitucional, no hay soluciones perfectas, sino que ellas deben procurar superar los problemas en la mejor forma posible. Y serán tanto más eficaces en la medida en que interpreten el espíritu que reine en el Parlamento y el concepto de la opinión pública sobre la forma de gobernar un país.

En lo concerniente a la mayoría parlamentaria, cabe recordar que en Estados Unidos -considerado la primera democracia del mundo- los miembros de la Cámara de Representantes son elegidos sólo por dos años. En consecuencia, sus Mandatarios, aunque duren únicamente un período, enfrentan la posibilidad de no contar con mayoría parlamentaria. Bien sabemos que así ocurrió con los tres Presidentes anteriores al actual, los que carecieron de ella en Cámara de Representantes, y sólo en una oportunidad la tuvieron en el Senado.

No exageremos por lo tanto, la trascendencia de tales acontecimientos, y ante un problema que había adquirido ribetes enojosos, debemos buscar la solución más viable dentro de lo posible, como acostumbra decir Su Excelencia el Presidente de la República. Y más allá de lograr una solución perfecta, estimo necesario dar cumplimiento al deseo expresado por la ciudadanía de resolver rápidamente el problema, inquietud ratificada por el propio Presidente electo, quien, además de manifestarse partidario de la reducción del período presidencial, señaló la conveniencia de que ella estuviera legalmente perfeccionada antes del 11 de marzo de 1994.

Por lo tanto, aunque la decisión que adoptemos pudiera no ser la ideal, constituye un notorio avance respecto de la situación actual. De ahí que mi Partido, y yo personalmente, coincidimos en que es necesario dar un corte al problema.

A continuación, quiero referirme a lo que se ha calificado como omisión grave de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Indudablemente, habría preferido que hubiésemos resuelto el problema que implica una elección extraordinaria. Pero no es conveniente magnificar el asunto, porque ella puede efectivamente representar un período presidencial de más de seis años, que no repugna a muchos de los señores Senadores. No olvidemos que la elección deberá hacerla directamente el pueblo. Por tanto la eventualidad muy poco probable de que el Presidente de la República pudiere durar más de seis años en el cargo, no es tan grave como se piensa; en cambio, se resguarda algo que a lo mejor es más importante que la simultaneidad: la secuencia de los comicios, que impide celebrarlos poco tiempo después de haberse efectuado una elección presidencial, cuya inconveniencia ha sido demostrada históricamente.

La mecánica de nuestra Constitución establece o elecciones simultáneas, o con dos años de diferencia, a lo menos, entre los comicios parlamentarios y la elección presidencial. Desconozco cuál fue el criterio que imperó en la referida Comisión; a lo mejor pretendió privilegiar esta modalidad sobre otra que pudiera significar o un período distinto al de seis años -necesariamente tendría que ser menor- o un mandato que implique la celebración de elecciones parlamentarias y de Presidente de la República con una separación de pocos meses entre ambas.

Por último, señor Presidente , se ha exagerado la nota en cuanto al peligro que reviste la realización de múltiples elecciones. Y quiero llamar la atención del Honorable Senado respecto de lo que sucede en las principales democracias europeas, como Italia, Alemania y Francia, países donde se convoca dos o tres veces al pueblo en tal sentido. En Italia se acaban de celebrar comicios en los que participó la tercera parte del electorado.

En Chile, la inconveniencia no reside propiamente en los comicios, sino en la excesiva duración de los períodos preeleccionarios. En Inglaterra no alcanzan más allá de 25 días; en Japón, dos semanas, y en España no pasan de las seis. Quizás sería preferible celebrar más elecciones para tener la posibilidad de conocer el parecer del pueblo, en lugar de guiarnos por encuestas que, como muy bien sabemos, contribuyen a engañar a la opinión pública.

Por ello, reconociendo que ésta no es una solución perfecta, pero como en las actuales circunstancias es un paso necesario derivado de un compromiso asumido por todas las colectividades políticas de Chile, anuncio el voto favorable de mi Partido al proyecto de ley en análisis.

He dicho.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Otero.

El señor OTERO .-

Señor Presidente, la verdad es que después de haber escuchado las intervenciones de los señores Senadores que me han precedido en el uso de la palabra, poco hay que decir. Pero creo que el país tiene derecho a saber por qué se está procediendo así.

No ha sido Renovación Nacional el que tomó la iniciativa de esta reforma. Los Parlamentarios de mi Partido, en su gran mayoría, fuimos consultados si preferíamos o un mandato de ocho años o un período menor. Y se nos indicó que habría consenso en caso de que fuera de seis años. Ese fue el compromiso, el acuerdo que suscribimos en la casa de Manso de Velasco, en Santiago, en presencia del señor Presidente de esta Corporación.

El día de ayer, como Comité, fui llamado por el señor Ministro Secretario General de la Presidencia , don Edgardo Boeninger, quien me señaló que aún está pendiente el problema de adecuar la Constitución a esta enmienda para el caso de que el Presidente de la República quede incapacitado de ejercer sus funciones o que éste fallezca. Y en la reunión se conversó la posibilidad de que esta materia pudiera también ser abordada, porque una cosa va estrictamente ligada con la otra, como muy bien lo manifestó el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra.

Sin embargo, ¿qué se nos ha dicho hoy día? Que ello no es posible, no por problemas del Senado. Y digámoslo con toda claridad: se nos informó que si se agregaba o se solucionaba ese problema, la aprobación del proyecto podría verse obstaculizada en la Cámara de Diputados. Por eso, se nos pidió que no hiciéramos ningún agregado a la iniciativa; vale decir, exclusivamente para facilitar su tramitación en la otra rama del Parlamento, y no porque no tengamos clara conciencia de la necesidad de legislar cabalmente sobre esos dos aspectos.

Señor Presidente, en honor a la brevedad, podría hacer mías y aplaudir de pie las expresiones con que se refirió al tema un señor Senador de la bancada democratacristiana. Creo que todos nos hemos sentido tocados por ellas porque obviamente estamos aquí para legislar en la mejor forma posible. Pero, lamentablemente, a veces las condiciones políticas no lo permiten. Por eso, no puedo soslayar el hecho -y ésta es la segunda oportunidad que ocurre hoy día; también lo hemos escuchado otras veces- de que en la Sala del Senado, tras argumentaciones extraordinariamente brillantes en contra de un proyecto, llegado el momento, se anuncia un voto favorable, aduciendo la existencia de una orden de partido.

Quiero recordar, señor Presidente, que el artículo 32 de la ley N° 18.603, Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos, señala que "En ningún caso podrán los partidos políticos dar órdenes de votación a sus Senadores y Diputados". Y es más: el inciso segundo del artículo 49 establece que "Las autoridades de un partido político que impartieren alguna orden o recomendación prohibida conforme a lo dispuesto en los artículos 21 y 32, quedarán inhabilitadas, por un término de uno a tres años, para ocupar cargos directivos en partidos políticos".

Esas normas legales se encuentran en plena vigencia. Y en muchas oportunidades hemos dicho en el Senado que debemos dar el ejemplo en cuanto al respeto a la ley. Sin embargo, hoy en esta Sala -también ocurrió en otra ocasión- se han dado todos los argumentos para votar en contra de la iniciativa, para terminar anunciando que ella será votada favorablemente, reconociendo en el fondo la existencia de una orden o instrucción de partido, lo que viola absolutamente la normativa legal. En este caso, debemos entender que o se aplica la ley y se sanciona a los dirigentes de las colectividades políticas, o se modifica la legislación correspondiente. Pero no puede quedar constancia en las actas del Senado de una violación flagrante que se encuentra expresamente sancionada en la ley, y no decir absolutamente nada sobre el particular, más aún si con ello se justifica un voto que contradice totalmente el planteamiento hecho al usar de la palabra.

Respeto profundamente a mis distinguidos colegas. Me parece que el señor Senador que intervino en el debate procedió en forma extraordinaria, brillante, y adhiero a casi todas sus expresiones. Con lo único que no estoy de acuerdo es con que se pueda justificar en esta Sala una actuación que se halla claramente prohibida por la ley.

Por las razones que he dado, señor Presidente, porque a nosotros nos interesa que el período presidencial se reduzca a seis años, sin perjuicio, primero, de que estamos conscientes de que es necesario perfeccionar la legislación y, segundo, de dejar constancia, una vez más, de que tenemos un acuerdo y un compromiso con los Senadores de la Concertación de hacer la enmienda correspondiente para que los alcaldes puedan ser elegidos directamente en votación popular y para mejorar las funciones fiscalizadoras de la Cámara de Diputados y la responsabilidad del Senado, a fin de que le sean contestados responsablemente los oficios que solicite, la mayoría de los Senadores de Renovación Nacional votará favorablemente el proyecto.

He dicho.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Hormazábal, quien será el último Senador en intervenir; luego hará uso de la palabra el señor Ministro Secretario General de la Presidencia , tras lo cual la Mesa declarará cerrado el debate.

El señor HORMAZÁBAL .-

Señor Presidente, agradezco las expresiones de mi estimado colega el Senador señor Otero respecto a la forma como hemos encarado el tema. Comparto sus palabras. Mi posición no es llamar ni a la sedición ni al desconocimiento de las normas legales. Yo lo invito a que reformemos el texto de una ley que ha demostrado ser manifiestamente contrario a intereses recíprocos. Porque a mí, en mi condición de Comité -me honra desempeñar esta función junto con mi correligionario el Honorable señor Páez-, me toca relacionarme todo el tiempo con Senadores de distintos partidos, y el Honorable colega señor Otero nos dice "No, nosotros tenemos acuerdo de partido respecto de tal o cual cosa" o "Nosotros, por acuerdo de partido, vamos a hacer esto y lo otro". En esta ocasión, por acuerdo de partido, su bancada votará una reforma derivada del compromiso firmado por el presidente de su colectividad. Es tan evidente lo injusto de esa norma, señor Presidente, que quienes hemos aprendido que los partidos son los que nos dan espacio deberíamos ponernos de acuerdo para modificarla. Y estoy seguro de que, con el destacado concurso de mi estimado colega el Senador señor Otero -a quien una vez más agradezco sus expresiones-, podríamos subsanar un problema que dificulta la adecuada relación de organizaciones tan importantes como los partidos políticos.

Es todo, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Ministro Secretario General de la Presidencia.

El señor BOENINGER ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).-

Seré muy breve, señor Presidente.

El criterio del Ejecutivo frente al tema en discusión está perfectamente claro en el mensaje respectivo; sin embargo, en un minuto quisiera dejar constancia de él en la Sala.

En primer término, resulta evidente que el Gobierno mantiene su parecer, sustentado a lo largo de muchos meses de debate, acerca de cuál es, a su juicio, la mejor fórmula de solución del tema del mandato presidencial. No obstante, ha valorado positivamente el amplio consenso alcanzado sobre el particular, materializado en un compromiso suscrito por todos los partidos políticos con representación en el Parlamento, pues en primer lugar, apunta a lo esencial, cual es la duración del mandato, sin perjuicio de que existen otras materias importantes; y segundo, consideramos que los consensos amplios, sin duda alguna, deben ser estimulados en democracia, porque contribuyen a la estabilidad y al mejor desarrollo del país.

Por último, quiero señalar que el asunto de la vacancia, efectivamente y tal como se dejó constancia en el mensaje, es un problema pendiente. Al respecto, como recordó un señor Senador, se efectuó ayer una reunión en mi oficina, en la cual el Gobierno manifestó que esta reforma, que hoy sería aprobada, debería ser complementada con una adecuación o armonización de la norma relacionada con la vacancia de acuerdo con el texto de la Constitución modificada que establezca el mandato permanente, lo que, suponemos nosotros, ocurrirá en las proximidades o con inmediata posterioridad a la asunción del nuevo Congreso el 11 de marzo de 1994.

Por esas razones, señor Presidente , acogimos con muy buena disposición el consenso político producido.

He dicho.

El señor VALDÉS (Presidente).-

En consecuencia, queda cerrado el debate.

En votación el proyecto de reforma constitucional que acorta el mandato del Presidente de la República.

-(Durante la votación).

El señor ALESSANDRI.- 

Señor Presidente, es bien sabido que desde el momento en que se inició la campaña electoral manifesté mi abstención respecto del tema, pues estimé que no era el momento de discutirlo.

Además, comparto en gran parte, por no decir casi en su totalidad, los conceptos emitidos aquí por mi distinguido colega el Senador señor Hormazábal , ya que no me parece prudente efectuar ahora una reforma para después modificarla nuevamente.

Sin embargo, se ha logrado alcanzar un consenso sobre el punto, aparentemente casi unánime. Como no quiero votar en contra de ese consenso, pero tampoco estoy totalmente a favor del proyecto, me voy a abstener, entre otras razones porque no quiero aparecer acortando el mandato de mi distinguido contrincante en la elección presidencial como una medida de despecho.

Por eso, señor Presidente , me abstengo.

¡Y esta vez sí que recordaré mi abstención!

El señor CANTUARIAS.-

Señor Presidente , quiero expresar mi posición favorable a la iniciativa, por cuanto incluso concurrí a suscribir el compromiso respectivo. No obstante -considero necesario que así conste en la historia legislativa de esta reforma constitucional-, desde mi perspectiva, excepto este amplio acuerdo político alcanzado, la verdad es que las razones de inoportunidad para tratar una reforma constitucional de reducción del período presidencial, esgrimidas en septiembre y octubre, incluso por mí, si bien con un sesgo distinto, continúan absolutamente válidas el día de hoy. Es más, resulta evidente que ahora la oportunidad para proceder a dicha reforma es todavía menos feliz.

En segundo lugar, aunque a algunos Honorables colegas les moleste que se califique una legislación o la forma de legislar de inadecuada e incompleta o, simplemente, de mala, quiero decir que aquí estamos dejando un testimonio de que estamos legislando mal, porque todos estamos conscientes de que se ha soslayado un aspecto elemental de la reforma, cual es adecuar sus efectos al tema de la vacancia, quedando vigente un texto que, en ese ámbito, da lugar a otro período presidencial.

Disculpándome con quienes no les gusta que se digan estas cosas en la Sala, reitero que estamos legislando mal y que esto constituye una señal muy inconveniente para el país. Hemos conseguido ponernos de acuerdo; hemos optado, en la percepción de todos, por la fórmula menos mala en materia de período presidencial para llegar a un consenso amplio; sin embargo, por los efectos de la reforma, lo cierto es que estamos legislando en forma inadecuada. Esta es una crítica que podemos disfrazar, adornar o intentar ocultar, pero que, en el fondo, no podemos evitar que se nos haga, porque estamos conscientes de que la legislación adolece de ese defecto.

Voto que sí.

El señor COOPER.-

Señor Presidente, coincidiendo con lo que aquí se ha señalado, creo que es inoportuno lo que estamos resolviendo en este momento y la forma no es la adecuada; pero, considerando que se ha logrado consenso sobre la materia, manifiesto mi voto favorable al proyecto.

El señor DÍAZ .-

Señor Presidente, fui partidario de un mandato de ocho años; voté por uno de cuatro con reelección y termino aprobando uno de seis.

¡Ruego que se me entienda...!

Voto que sí.

El señor DIEZ .-

Señor Presidente, quiero contestar algunas afirmaciones, sobre todo las que dicen relación al trabajo incompleto de la Comisión de Constitución.

Debe recordarse, según se cita en el propio mensaje, que éste es un proyecto de "Discusión Inmediata". En consecuencia, o se produce un pronto acuerdo en la Comisión o el proyecto fracasa.

Es cierto que técnicamente tenemos una tarea por delante, pero confío en que el mismo acuerdo de hoy lo logremos en un futuro próximo.

Cuando se trata de problemas políticos, resulta evidente que no siempre es posible aplicar la lógica y la más fina técnica legislativa y que a veces hay que preferir los efectos globales, porque la política es mucho más compleja que la cátedra universitaria.

Aquí todos estamos de acuerdo en que el mandato de ocho años necesita ser acortado. Quizás las razones de unos sean distintas de las de otros, pero la verdad es que en el mundo contemporáneo no existen períodos presidenciales de ocho años, y menos con la fuerza que en nuestro país da la Constitución Política al Presidente de la República.

Por otra parte, se ha sostenido que es conveniente elegir al Jefe del Estado conjuntamente con los Parlamentarios, para lograr un sistema de mayorías políticas. Señor Presidente, las Constituciones no son cosas teóricas, sino cosas prácticas, y en un país como Chile, sobre todo considerando su actual desenvolvimiento, resulta más riesgoso que se produzca hegemonía, si los Poderes Ejecutivo y Legislativo quedan en manos de una mayoría homogénea, que el no llegar a acuerdo con la Oposición. En mi opinión, es preferible el equilibrio político a la hegemonía. La política nos ha enseñado, en este último tiempo, que el equilibrio político ha sido el principal causante de la tranquilidad en que hoy vive el país y del optimismo con que nosotros miramos los años venideros.

Por eso, señor Presidente, voto a favor de los acuerdos de las directivas políticas, no sólo por razón de disciplina, sino porque creo que ellas tuvieron más en cuenta el bien común que la rigidez de ciertos principios procesales.

Voto afirmativamente la reforma.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente, me quiero referir muy brevemente a algo que se ha planteado en este Honorable Senado y que dice relación a la necesidad de que este proyecto de reforma contenga una disposición modificatoria del actual artículo 29 de la Carta Fundamental que resuelva el problema que se presentaría por impedimento o fallecimiento del Presidente de la República. A este precepto, considerando la reforma, se le está dando una interpretación absurda.

De acuerdo con las normas generales de interpretación de la ley que consagra nuestro Código Civil, no se presenta la interpretación absurda que aquí se ha indicado, recurriendo a las palabras de la ley. Tal absurdo se produciría porque quien subrogue al Presidente de la República podría durar en su mandato siete años, no obstante que la Constitución, una vez reformada, establecerá un período de seis años.

A mi juicio, señor Presidente, sobre la base de los artículos 19 y siguientes del Código Civil, quien subrogue al Primer Mandatario, cualquiera que sea la forma de subrogación, nunca podría durar en el cargo más allá del término de seis años que estatuirá la Constitución, sumando el tiempo que haya gobernado el Presidente al cual reemplace.

El artículo 19 del Código Civil dispone que "Cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal". Y el sentido de la ley, en este caso, alude claramente a un período total de seis años.

El artículo 22 de dicho Código, por su parte, preceptúa: "El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía".

El artículo 29 de la Carta Fundamental, en mi concepto, establece de manera clara que la persona que reemplace al Jefe del Estado, habiendo tenido lugar una de las causales de inhabilidad que se señalan, lo subrogará en la forma que indica. Y el artículo 30, por su lado, previene que el Presidente "cesará en su cargo el mismo día en que se complete su período".

Siendo tan claros los conceptos de subrogación (esto es, la manera en que alguien reemplaza a otro en caso de vacancia), es indudable que el reemplazante jamás podrá exceder el período total de seis años que establecerá la Constitución.

No obstante, pienso que sería conveniente, como se estimó en un primer momento, modificar el artículo 29 de la Carta, para que el sistema de reemplazo guarde concordancia con la actual reforma; pero en ningún caso podría entenderse que, por no modificarse el precepto respectivo, alguien podría durar en el cargo de Presidente más allá del período total de seis años.

Ese es el sentido que debe darse a las normas, señor Presidente.

En cuanto al fondo de la iniciativa, voto a favor.

El señor FERNÁNDEZ .-

Señor Presidente, el Senado conoce perfectamente cuál fue mi posición cuando se discutió en meses pasados la reforma constitucional. En esa oportunidad, señalé las razones que me llevaron a sostener que no era conveniente modificar la duración del período presidencial. Esa reforma fue rechazada. Sin embargo, quedó claramente establecida la voluntad del Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, de reducirlo con posterioridad a los comicios del 11 de diciembre, porque no se deseaba mantenerlo en ocho años. Así lo habían manifestado los principales dirigentes políticos y la mayoría de los Parlamentarios. Ante esta realidad, la ciudadanía, al momento de sufragar, sabía que la extensión del mandato sería disminuida después; vale decir, existía absoluta indefinición con respecto a si se estaba votando por cuatro, cinco o seis años, pero sí había claridad en cuanto a que no era por ocho años.

En esta situación, me pareció oportuno tomar contacto con algunos Parlamentarios y personeros políticos con el objeto de precisar la materia, pues, tras haberse elegido el Jefe de Estado , no podía ocurrir que se reuniera el Congreso, o los partidos políticos, para cambiar el plazo presidencial. De tal manera que, ante el evento de tener que enmendar la norma constitucional y no habiéndose determinado en qué forma se haría, se buscó este acuerdo de seis años, al cual se llegó como resultado del consenso de la mayoría de esta Corporación. Y los Senadores que postularon otras duraciones del período no contaron con el apoyo necesario para aprobarlas.

Este es el sentido de lo ahora propuesto. En relación a la vacancia del cargo, son perfectamente aplicables y adecuadas -como aquí se ha señalado- las reglas dispuestas en el artículo 29 de la Constitución Política. Sin embargo, éstas deberían modificarse en razón de lo que entraría a regir, aun cuando no constituyen en sí reglas inaplicables. No olvidemos que quien eventualmente pudiera permanecer en ejercicio, por efecto de la interpretación de este precepto, más allá del señalado como período definitivo, será un Presidente elegido por el país y no por el Congreso. En todo caso, estoy de acuerdo en que dicha disposición se ajuste en los términos aquí planteados, por cuanto creo que la debida correspondencia y armonía de las normas nos llevaría a esa enmienda expresa. No obstante, no me preocupa su interpretación, porque, llegado el momento -ojalá no sea el caso-, debería aplicarse conforme a nuestra hermenéutica legal.

Voto que sí.

El señor HUERTA.-

Señor Presidente, mi posición es pública en esta materia. Quedó evidenciada en la sesión en que fundamenté mi voto para rechazar el mandato de cuatro años con reelección. Las razones fueron muy claras.

En más de una oportunidad se han representado en esta Sala mis opiniones vertidas en el Consejo de Estado, el cual, por unanimidad, con mi voto presente y concurrente, aprobó los seis años de duración del período presidencial sin reelección.

Consecuente con esta posición, voto que sí.

El señor LARRE.-

Señor Presidente, me pronunciaré a favor de esta reforma constitucional, pues tengo la certeza de que, a pesar de lo dicho en este Hemiciclo, la ciudadanía sufragó informada de que el próximo Presidente de la República ejercería el cargo durante seis años. Estoy convencido de que nosotros, la clase política, tenemos un compromiso con nuestros electores y debemos cumplirlo en su debido momento.

Por otra parte, considero positivo que las elecciones presidenciales no sean simultáneas con las parlamentarias. La experiencia reciente está demostrando inquietudes distintas del electorado en uno y otro caso. En consecuencia, creo que no es bueno hacerlas coincidir.

Por último, quiero hacer presente a la Sala que, en lo concerniente a la vacancia, sería conveniente que, al estudiarse una solución, también se satisfaga el compromiso asumido tocante a que los alcaldes sean elegidos directamente y los concejales en forma separada, y, al mismo tiempo, cambiar la fecha de estos comicios, trasladándolos de junio a otro mes más conveniente, atendidos los problemas climáticos que deben afrontar las regiones.

Voto a favor.

El señor MARTIN.-

Señor Presidente, voto positivamente la iniciativa porque siempre he mantenido la opinión de fijar en seis años la duración del mandato presidencial.

El señor MC-INTYRE.-

Señor Presidente, respeto el consenso político aquí observado, pero soy contrario a reformar la Carta Fundamental. Mis pronunciamientos negativos en estos cuatro años así lo demuestran. Por eso, mis razones no coinciden con las opiniones vertidas en la Sala en esta oportunidad, no por una posición rígida, inflexible o caprichosa. Creo en la Constitución.

Este período de transición, ejemplo en el mundo -como tantas veces he repetido-, es producto del trabajo en armonía y respeto de un Senado equilibrado y del buen criterio de Su Excelencia el Presidente de la República y del Comandante en Jefe del Ejército cuando se presentaron situaciones delicadas no ocasionadas por ellos. Pero, sin lugar a dudas, el marco institucional adecuado con el que contribuyó esta Constitución permitió el éxito que hoy celebramos en la difícil etapa de la transición.

Por eso, voto que no.

El señor NAVARRETE .-

Señor Presidente, de la lectura del informe de la Comisión de Constitución mi primera conclusión, en cuanto a la legislación comparada, es preguntarme por qué Chile no quiere ser original en esta materia. Ningún país del mundo tiene un período presidencial de ocho años. Quizás, si no reformásemos la Constitución, podríamos dar una señal bastante interesante y, tal vez, constituiría una avanzada respecto de lo que podría ser un adecuado período presidencial. Parece que la idea va más bien por el lado del sentido común, procurando una indentidad con otros países -algunos muy cercanos, así lo señala el informe- como Argentina y México.

En la reforma que estamos votando se repite una discusión sostenida en el Senado en varias oportunidades, en la cual también hubo consensos políticos como ahora. La diferencia radica en que, en esta ocasión, debatimos el tema después de la elección presidencial. Antes de ella, cuando fui consultado sobre la materia, señalé la importancia de alcanzar este acuerdo político, pero que consideraba adecuado que todos los candidatos a la Presidencia de la República comunicaran al país de modo claro -porque en definitiva ellos estaban sometidos a la voluntad popular- si concordaban con dicho consenso político o si discrepaban de él. La verdad es que eché de menos esa comunicáción. Debiera haberse dado la facilidad del caso para que, a través de los más relevantes medios de información, hubiesen advertido al electorado que al votar el 11 de diciembre por cualquiera de ellos lo estaban haciendo por un período presidencial de 6 años y no de 8 años. Lo cierto es que los candidatos se hallaban sujetos a la voluntad popular y no las directivas de los partidos políticos. Lamentablamente no se procedió así.

Aquí estamos frente a un acuerdo muy amplio, al que concurrieron las diferentes tendencias políticas representadas en el Senado.

Además, he escuchado a abogados -expertos constitucionalistas- que han manifestado que, más allá de rigideces procesales, es relevante respaldar este acuerdo político.

Por consiguiente, para no ser original, también voto favorablemente la reforma.

El señor NÚÑEZ.-

Votaré a favor de la reforma constitucional porque creo en la responsabilidad y madurez de los partidos políticos chilenos. Ellos fueron capaces de enfrentar una materia que nosotros, en su momento, no pudimos resolver.

Estimo que hacemos bien en respaldar a nuestros partidos políticos, más allá de la normativa legal que podría existir acerca de la responsabilidad que cada uno de los Parlamentarios tiene frente a ellos y más allá del tema de la disciplina, que -creo- todas las colectividades tienen. Considero que ellos han obrado con gran responsabilidad. Me felicito, en consecuencia, de que lleguemos a este consenso, que por lo demás el país esperaba.

Por eso, voto que sí.

El señor OTERO .-

Señor Presidente, no quise pedir el derecho a intervenir cuando fui aludido directamente.

Ahora simplemente deseo recordar que el artículo 32 de la Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos establece que: "En ningún caso podrán los partidos políticos dar órdenes de votación a sus Senadores y Diputados". Se me dijo que Renovación Nacional daba órdenes de partido. Pero el Senado ha sido testigo de las críticas que hemos recibido de la opinión pública, e incluso muchas veces de los Senadores de las bancadas contrarias, por haber respetado absolutamente esa disposición legal. Tan así es que en votaciones cruciales, como la de la acusación constitucional contra Ministros de la Corte Suprema, Senadores de nuestra colectividad lo hicieron de distintas maneras, y ningún tribunal los sancionó por ello, como ha ocurrido en otros partidos políticos. En la sesión del miércoles 24 de noviembre pasado se sometió a votación un proyecto de ley patrocinado por Renovación Nacional, el que fue rechazado por 13 votos contra 12. Ese voto contrario correspondió a un señor Senador de nuestro Partido. Hoy día algunos colegas de bancada votarán negativamente la reforma constitucional y otros tal vez se abstendrán. ¿Por qué? Porque nosotros juramos defender la Constitución y la ley, no el estatuto del partido político a que pertenecemos. Por sobre este último prima la responsabilidad para con nuestros electores y para con nuestras conciencias.

Sin embargo, señor Presidente, cabe reconocer que, cuando en el Senado actuamos como Comités, obviamente debemos recabar el asentimiento de los Senadores del Partido, porque se trata de materias administrativas que interpretan el sentir de los distintos señores Senadores. No es una orden de votación del Partido, sino la adecuación del trabajo interno. Y es natural y lógico que quienes hemos sido elegidos para representar a los Senadores les consultemos su opinión y que, en cierto momento, cuando se proponen cambios de carácter administrativo interno o la adopción de acuerdos internos de la Corporación que no significan votar una ley, haya un consenso de la Sala de Senadores de Renovación Nacional. De manera que lo administrativo interno, de procedimiento, jamás puede confundirse con la orden de votar una determinada ley.

Finalmente, señor Presidente, antes de emitir mi voto quiero manifestar que el motivo fundamental de este acuerdo de los partidos políticos suscrito antes de las elecciones, fue que el país supiera exactamente el período presidencial por el que estaba votando. Incluso más: cuando se me consultó sobre el particular, manifesté que, previamente a pedir la opinión al resto de los Senadores de Renovación Nacional, debería emitirse una declaración expresa por el Partido Demócrata Cristiano y el candidato a la Presidencia de la República, hoy Presidente electo, que diera a conocer sus conformidades con dicho acuerdo. Como así aconteció, concurrimos a aprobar la reforma, porque estimamos que es lo más conveniente para la República.

En lo demás, mantengo lo que ya he formulado.

Voto favorablemente.

El señor PRAT.-

Señor Presidente, respeto el amplio acuerdo político logrado, pero estimo que ello no me libera de mantener mi posición contraria a la reforma. Fundado en las razones que he manifestado durante esta sesión y en la del 6 de octubre pasado, voto que no.

El señor ROMERO.-

Señor Presidente, éste es un tema esencialmente discutible y opinable. Se han hecho extensas argumentaciones al respecto, y, como es natural, cada posición es muy respetable. Todos hemos coincidido en que no se lo ha abordado con la suficiente oportunidad, en lo cual ha influido no solamente el Poder Ejecutivo, sino, tal vez, el propio Congreso. Y espero que extraigamos experiencias de esta situación, para evitar que ocurra lo mismo en lo futuro y a fin de que cada uno de nosotros asuma las responsabilidades que le corresponden.

Mi voto es favorable sólo por una cuestión de consecuencia: tras el acuerdo nacional alcanzado, la opinión pública no puede ser defraudada. Lo peor que le podría ocurrir al país sería que el Congreso adoptara una determinación diferente de la señalada por las directivas de los partidos políticos. Ello no significa seguir una orden de partido, sino tener responsabilidad y evitar que la ciudadanía se vea nuevamente sobresaltada por una situación que -reitero- no se trató con la debida oportunidad.

Por tal razón, voto a favor.

El señor RUIZ (don José) .-

Señor Presidente, en lo personal era partidario de los cuatro años, sin reelección. Y me hizo mucha fuerza el hecho de que en 8 de los próximos 12 años habrá elecciones, lo cual hacía aconsejable la simultaneidad de las mismas. Sin embargo, a pesar de lo expresado en esta oportunidad, creo importante lo señalado por el Senador señor Núñez: luego de reunirse los dirigentes de los partidos políticos de Gobierno y de Oposición, han informado al país que se llegó a un acuerdo en esta materia. En mi opinión, no habrían podido hacer tal cosa si no hubieran tenido confianza en que a lo menos una parte importante de sus representantes en el Parlamento votaría favorablemente una reforma semejante. Porque de lo contrario el espectáculo habría sido bastante triste y lamentable.

Por lo tanto, creo que aquí está en juego un grado de responsabilidad política. No se trata de discutir si tenemos o no tenemos órdenes de partido. Pertenecemos a partidos políticos, y éstos deben tener cierta consecuencia, responsabilidad, y, fundamentalmente, credibilidad ante la comunidad nacional. De modo que, aun cuando existan discrepancias en algunos aspectos, en aquellas materias que no son de conciencia debemos mantener algún grado de coordinación al interior de los partidos políticos.

No estando de acuerdo con los seis años -insisto en que soy partidario de un período de cuatro años-, respeto el acuerdo adoptado por la colectividad a la que pertenezco, por lo que voto a favor.

El señor RUIZ-ESQUIDE .-

Señor Presidente, sin ánimo de entrar en nuevas argumentaciones, hago uso de mi tiempo sólo porque el debate podría dejar la sensación de que no estamos tomando una determinación que se corresponda con nuestros propios dichos anteriores. Votaré favorablemente el proyecto, a pesar de que en reiteradas oportunidades manifesté una opinión distinta respecto de esta materia. Señalé, también, que si no se lograba un acuerdo global, sería necesario realizar un estudio más detenido. Todos los señores Senadores presentes están contestes en que en la ordenación constitucional de Chile hay todavía muchos asuntos por resolver. Se han mencionado varios. Personalmente, he insistido hasta la saciedad, por ejemplo, en la posibilidad de los Senadores nacionales, como una manera de resolver temas de mayor relevancia en el trabajo parlamentario.

En seguida, me referiré a un par de asuntos que, no obstante, no me impedirán votar favorablemente la reforma, por las razones que indicaré.

En mi opinión, la simultaneidad de las elecciones no dice relación a un valor puramente numérico. Entre 1992 y 2005 habrá aproximadamente 8 elecciones, lo cual significa que éstas tendrán lugar más o menos cada 20 meses.

La realización conjunta de los actos electorales es importante para que la ciudadanía viva un mejor ordenamiento de estos procesos. Quienes hasta 1973 ejercimos desde el Congreso la política sabemos que el exceso de comicios conspiró contra el buen funcionamiento de la democracia.

No digo que la simultaneidad de los mismos constituya la única solución para impedir que ello ocurra. Pero se ha sostenido que no cabe considerarla porque en otras democracias existe gran cantidad de elecciones. Por mi parte, creo honestamente que hemos llegado a un sistema inconveniente, tal como lo prueba el reciente acto electoral. Daré sólo un argumento: es tal el dinero que se gasta, es tal el derroche que se hace con motivo de ellas, que pasan a ser un verdadero pecado social. En tal cuadro, prefiero que haya simultaneidad.

Por otro lado, se ha hablado mucho de las órdenes de partido, y se las ha hecho aparecer como una situación enajenante para el buen funcionamiento de la sociedad, los partidos o el Parlamento. La verdad es que la democracia debe ser entendida como el desenvolvimiento armónico de partidos con ideas, principios y doctrinas. Cuando uno entra a una colectividad de esta naturaleza, de alguna manera enajena parte de su conciencia. Ese es el sentido de la pertenencia, y me parece respetable. Uno tiene derecho a no estar de acuerdo con determinadas ideas, y, por ende, a retirarse del partido. Pero creo bueno que si se pertenece a una doctrina, interpretada a través de una organización que se llama "partido", es necesario cumplir con ciertas normas. De otra manera, la democracia termina siendo un independentismo que, en definitiva, ha demostrado ser trágico para el país. Al menos, ésa es la visión que he ganado a través de los años.

También deseo hacer notar que no todos podemos dar argumentaciones que no caigan sobre nosotros mismos. Un señor Senador -lo digo con mucho respeto- manifestó que en determinada colectividad nunca se ha hablado de "órdenes de partido", haciendo una especie de sacralización de la norma. Sin embargo, según nos consta a todos, cuando dos o tres señores Senadores de su mismo Comité votaron en conciencia respecto de cierta materia, representantes de su misma bancada pidieron sanciones contra ellos, porque había una instrucción de partido distinta.

Señor Presidente, no obstante haber manifestado opiniones diferentes al mandato de seis años, creo que el acuerdo logrado constituye lo que, en conciencia, es posible estimar como el bien superior, más allá de nuestras propias ideas, de acuerdo con nuestra concepción de que el interés general debe primar sobre la opinión personal.

Por tal razón, a pesar de haber expresado ideas distintas -que rescato por una cuestión de consecuencia-, sostengo que en política, y en la vida, es necesario entender que hay momentos en que debemos poner el bien nacional por encima de la opinión personal.

He dicho.

El señor SIEBERT.-

Señor Presidente, a mi juicio, la mayor parte de los chilenos pensaba que 8 años era un plazo excesivo. Por eso, celebro que los dirigentes de los partidos políticos hayan logrado consenso, para reducirlo, antes de las elecciones del 11 de diciembre, y tengo la impresión de que una gran mayoría de la opinión pública -no toda ella, por cierto- votó consciente de que el mandato sería el acordado.

También me felicito de que de esta discusión se haya marginado, al menos, el candidato a la Presidencia de la República que respaldé, a fin de no ser óbice para la consecución del acuerdo señalado, y celebro que éste haya merecido la aprobación del candidato que en definitiva resultó electo, quien tampoco deseaba ser un obstáculo para lo que la mayor parte del país anhelaba.

En lo personal, no me asusta el problema de la falta de coincidencia en las elecciones. Creo bueno que cada uno o dos años haya un pronunciamiento ciudadano, tal como señaló el Honorable señor Urenda. Es ésa una necesaria oportunidad de contacto con los problemas e inquietudes de la gente. Lamentablemente, hay políticos que pierden tal relación. Las elecciones periódicas, al menos, los obliga a mantenerla.

En cuanto al "pecado social" a que se refirió el señor Senador que me antecedió, creo que las elecciones representan, también una oportunidad de repartir ciertos fondos hacia muchos sectores necesitados.

A mi modo de ver, la evaluación separada de la labor del Ejecutivo y del Legislativo resulta conveniente, y es necesario evitar que el electorado confunda la eficacia de cada uno de ellos. Eso permite nominar tanto al Presidente como al Parlamentario al margen de la influencia inmediata que uno ejerza sobre otro, lo cual elimina el problema del voto "cruzado".

En consecuencia, señor Presidente, me sumo al acuerdo logrado, en el ánimo de que pueda ser ratificado antes del 11 de marzo próximo, fecha en que debe jurar el nuevo Presidente de la República.

El señor SINCLAIR.-

Señor Presidente, pese a la falta de oportunidad de la reforma que nos ocupa y a las omisiones de técnica legislativa aquí denunciadas, por el respeto que me merece la Constitución, me sumo excepcionalmente a este acuerdo, interpretando así el sentir mayoritario de la ciudadanía y de los partidos políticos representados en el Senado.

Voto que sí.

El señor SULE.-

Señor Presidente, me alegro mucho de que distinguidos señores Senadores de las más variadas tendencias nacionales nos hayan permitido aprobar este proyecto, que ya tiene asegurado el quórum constitucional exigido. Me complace, además, que los representantes de las diversas colectividades -incluidos el Mandatario electo y connotados candidatos a la Presidencia de la República - hayan hecho público su acuerdo en torno a este plazo antes de la elección. Saludo ambas cosas. Al mismo tiempo, quiero expresar mi anhelo de que materias tan delicadas como las que se han hecho presentes en esta oportunidad formen parte de ese programa tan interesante que el señor Presidente del Senado nos invitó a cumplir los miércoles en la tarde, y de que podamos llevar adelante un debate para evitar en el futuro perniciosas distorsiones de lo que entendemos por Constitución Política y leyes de la República.

Voto a favor de la iniciativa sin ningún tipo de limitaciones, y muy contento, en primer lugar, porque el propuesto me parece el mejor de todos los plazos para un mandato presidencial.

En segundo término, porque sostengo -como lo he declarado reiteradamente, ahora y hace un cuarto de siglo- que la facultad del legislador no se agota jamás, ni siquiera en esta materia. En otras cosas, de carácter espiritual, quizás deberíamos hablar o discutir sobre la voluntad permanente y la voluntad inicial. Sin embargo, en este tema, considero que la voluntad es permanente y que el legislador puede cambiar plazos en cualquier momento, ajustándose a la ley y a la Carta Fundamental. De lo contrario estaríamos alterando gravemente lo que muchos nos enseñaron acerca de los derechos adquiridos del pueblo o de quien es elegido por éste.

Creo que, contrariamente a lo que varios lamentan esta tarde, allá, donde se encuentra el espíritu de Chiovenda, Carnelutti y Calamandrei, los tres estarán felicitándose por este acuerdo, sin hacer cuestión de factores que no van al fondo del problema.

En consecuencia, con mucho agrado y muy feliz por el consenso logrado, voto a favor del proyecto.

El señor THAYER .-

Señor Presidente, estimo conveniente destacar que la decisión que estamos adoptando es correcta. Lo es no sólo por encontrarse respaldada por un importante consenso dentro y fuera del Senado, sino también por aquello en lo que no estamos específicamente legislando ahora.

Conozco las razones por las cuales no se quiso complicar la votación en el día de hoy, y las respeto. Forman parte de la complejidad de la vida política. Y sería una grave irresponsabilidad nuestra que, por cierta finura o exquisitez, nos arriesgáramos a que se produjera algún tropiezo en este proyecto que -como dije anteriormente- corresponde a un esfuerzo de consenso de parte de quienes tenían pensamientos enteramente distintos, por motivos que no son del caso señalar acá.

Sin embargo, me interesa particularmente decir lo siguiente con relación a dos puntos.

En primer lugar, lo esencial en todo el proceso democrático que hemos vivido era que el voto ciudadano fuera informado. Y lo peor que le podría haber ocurrido a Chile es que hubieren sufragado 8 millones de personas sin conocer los efectos jurídicos de su voto o, lo que es más nefasto, con una interpretación ambigua o contrapuesta acerca de su alcance.

Es cierto que el acuerdo a que se llegó se publicitó de manera amplísima en un tiempo muy breve, inmediatamente antes del 11 de diciembre recién pasado. Pero no fue sobre un tema sorpresivo, sino respecto de uno latamente debatido, en que la opinión pública sabía muy bien que el mandato podría ser de 4, 6 u 8 años. Y se informó, con prudente anticipación, que existía consenso en todos los componentes del Poder Constituyente en cuanto a legislar, con los quórum pertinentes, por la reducción a 6 años del período presidencial. Por lo tanto, lo que jurídicamente aconteció el 11 de diciembre fue que el pueblo votó conforme a la Carta Fundamental por un mandato de 8 años, pero en conciencia procedió así habilitando al Parlamento para que adoptare la decisión de rebajarlo a 6, lo que estamos efectuando ahora.

En segundo término, en cuanto a la sucesión presidencial en caso de producirse la vacancia del cargo -circunstancia muy eventual, que todos deseamos que no acontezca, ni ahora, ni ojalá en mucho tiempo-, personalmente considero buena la solución de no legislar acerca de ello. ¿Por qué es buena? Porque significa que, al establecerse el período presidencial en 6 años, respecto de un Parlamento que se renueva cada 4 años, se mantiene o se busca el principio de que exista siempre una distancia de por lo menos dos años entre una elección y la otra, salvo cuando han de coincidir la de Primer Mandatario y la del Parlamento, lo cual, aritméticamente, se produce cada tres comicios.

Sin embargo, si por azar un Presidente fallece o se inhabilita, generando la vacancia en el cargo, se rompe ese ritmo. ¿Qué hace el Poder Constituyente ? Establece, en esa eventualidad, la elección de un Primer Mandatario -salvo que sea por un período muy breve, caso en el cual opera la decisión del Congreso Pleno- cuyo período se hace calzar con los próximos comicios parlamentarios, con lo cual se restablece la diferencia de dos años entre ambas elecciones.

Por eso, la solución es sana. Y no estamos legislando en forma precipitada o mal, sino, quizás, un poco vertiginosamente, pero bien y a conciencia.

Voto que sí.

El señor URENDA.-

Quiero hacer un alcance, señor Presidente.

El problema que podría implicar el inciso cuarto del artículo 29 de la Constitución fue representado en las reuniones respectivas por el Presidente de mi Partido, don Jovino Novoa, y por el Senador señor Cantuarias; pero se estimó, por las razones expuestas, que era complicado resolverlo. Al respecto, aunque sea para los fines de tomar nota de ello, deseo hacer que dicho precepto, aplicado literalmente, en el futuro puede provocar una elección extraordinaria de Presidente de la República a pocos días de otra parlamentaria, un día antes o uno después.

En consecuencia, creo buena la decisión que estamos adoptando hoy. Y la otra materia, que es compleja, pero de rara ocurrencia, podríamos verla y estudiarla en su oportunidad con más calma.

Voto que sí.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Deseo señalar que -como consta públicamente- fui partidario de un período de 4 años, pero no se logró el consenso que, además de exigirlo la Constitución, requiere un cambio de estructura del Estado. Felizmente, se llegó a acuerdo sobre la materia, y se obtuvo en un ambiente de cooperación y de buena voluntad, para mejorar una situación que no era aceptada por la inmensa mayoría, como es la duración del mandato por 8 años.

Por eso participé en la reunión de los partidos políticos, sin otra calidad que la de estar a cargo de las oficinas del Senado en Santiago, porque no tenía representación ni de la Corporación ni de mi Partido. Sin embargo, lo hice con enorme satisfacción al constatar que, en un momento en que tradicionalmente las tensiones son muy altas y es difícil lograr consensos, se llegó a un acuerdo del más amplio abanico de partidos con representación en el Congreso y de Parlamentarios, en una fórmula que fue oportunamente comunicada al país, el que tenía ciertas dudas respecto del plazo del mandato presidencial.

Por consiguiente, voto con satisfacción por un período de 6 años.

Sólo quiero dejar constancia de que fue oportuno el acuerdo de los partidos, porque así se ilustró al país, como también considero oportuno que lo ratifiquemos hoy constitucionalmente. Cabe hacer presente que esto no significa ni puede significar que el Congreso Nacional, actuando de consuno con el Presidente de la República , haya perdido o pueda perder sus plenas capacidades constituyentes para modificar la Carta Fundamental, en cualquier momento, de acuerdo con los quórum y las reglas que ella misma establece. De modo que lo que es necesario armonizar como consecuencia de la reducción del período presidencial puede hacerse, ojalá a la brevedad posible, en las próximas sesiones.

Por eso, voto que sí.

-Se aprueba en general y particular el proyecto de reforma constitucional (36 votos contra 2 y 2 abstenciones).

Votaron por la afirmativa los señores Calderón, Cantuarias, Cooper, Díaz, Diez, Feliú, Fernández, Frei (don Arturo), Frei (doña Carmen), Gazmuri, Hormazábal, Huerta, Jarpa, Lagos, Larre, Letelier, Martin, Navarrete, Núñez, Ortiz, Otero, Pacheco, Páez, Piñera, Romero, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Siebert, Sinclair, Soto, Sule, Thayer, Urenda, Valdés, Vodanovic y Zaldívar.

Votaron por la negativa los señores Mc-Intyre y Prat.

Se abstuvieron de votar los señores Alessandri y Ríos.

Valparaíso; 14 de diciembre de 1993.

Nº 5248

A S.E LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

Con motivo del Mensaje e informe que tengo a honra pasar a manos de V.E., el Senado ha dado su aprobación al siguiente

PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL:

"Artículo único.- Sustitúyese, en el inciso segundo del artículo 25 de la Constitución Política de la República, la expresión "ocho" por "seis".".

Hago presente a V.E. que el artículo único del proyecto ha sido aprobado, en general y particular, con el voto afirmativo de 36 señores Senadores, de un total de 46 en ejercicio, dándose cumplimiento de esta forma a lo preceptuado en el inciso segundo del artículo 116 de la Constitución Política de la República.

Dios guarde a V.E.

GABRIEL VALDES S.

Presidente del Senado

RAFAEL EYZAGUIRRE ECHEVERRIA

Secretario del Senado

?INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN Y JUSTICIA SOBRE EL PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE REDUCE LA DURACIÓN DEL MANDATO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA (boletín N° 1126-07-1).

"Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Constitución, Legislación y Justicia pasa a informaros, en segundo trámite constitucional, el proyecto de reforma constitucional de la referencia, de origen en Mensaje de S.E. el Presidente de la República, para cuyo despacho se ha hecho presente la urgencia en carácter de discusión inmediata.

Durante el estudio de esta iniciativa concurrieron al seno de vuestra Comisión, el señor Ministro Secretario General de la Presidencia don Edgardo Boeninger Kausel y el señor Ministro Secretario General de Gobierno, don Enrique Correa Ríos.

-o-o-

Esta es la segunda iniciativa sobre reducción del mandato del Presidente de la República que remite el actual Gobierno al Congreso Nacional.

En los fundamentos del proyecto anterior se hacía presente que en un sistema de gobierno presidencial la duración del período de gobierno, prefijado en la Constitución en ocho años, constituía uno de los aspectos problemáticos del presidencialismo.

En concepto del Gobierno, tal característica impedía a la ciudadanía y a los partidos políticos efectuar un recambio dirigencial cuando un gobierno determinado se tornaba minoritario.*

Le parecía evidente que mientras más largo fuere el período presidencial, mayor riesgo existía de que se manifestaran los inconvenientes referidos. Por otro lado, el ejercicio prolongado del poder por un mismo equipo gubernamental conllevaba un peligro de desgaste en materia de ideas y de la fuerza para llevarlas a cabo.

En concordancia con los principios anteriores, propuso un proyecto de reforma constitucional modificatorio del artículo 25 con el propósito de reducir a cuatro años el mandato presidencial, manteniendo el impedimento de reelección inmediata.

En forma complementaria, sometió a estudio otra enmienda, relacionada con la anterior, para modificar el procedimiento de reemplazo en caso de vacancia del cargo de Presidente de la República, para evitar elecciones complementarias.

En el proyecto se procuraba, al mismo tiempo, mantener la simultaneidad entre las elecciones presidenciales y parlamentarias.

Recuerda S.E., en este nuevo mensaje, que pese a su aprobación por amplia mayoría en la Cámara de Diputados, la propuesta del Ejecutivo no contó con consenso suficiente en el Senado, por lo que fue retirada de la convocatoria después de cumplido su tercer trámite constitucional.

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Sin perjuicio de destacar que el Gobierno sigue estimando que, desde un punto de vista de una mejor estructuración de sistema político habría sido preferible una fórmula que mantuviera la simultaneidad de las elecciones presidenciales y parlamentarias, en esta oportunidad se ha valorado el consenso logrado con anterioridad a las elecciones generales del 11 de diciembre de 1993, en torno a un período de seis años, sin reelección para el período inmediatamente siguiente. La duración del mandanto es, sin lugar a dudas, el aspecto más crucial del tema en cuestión.

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El acuerdo a que alude S.E. en el mensaje que sirve de antecedente a la iniciativa en informe, de 9 de diciembre de 1993, es del tenor siguiente:

"El sábado 11 de este mes el país elegirá un nuevo Presidente de la República y habrá culminado una campaña presidencial que se ha destacado por el respeto y la tolerancia habidos entre las distintas candidaturas y partidos.

"Esta circunstancia tan auspiciosa requiere, como una exigencia de claridad y transparencia, una definición precisa respecto de la duración del mandato presidencial. La expresión de la voluntad ciudadana es más perfecta e informada cuando el electorado acude a las urnas con total conocimiento de la extensión por la cual entrega mandato al Presidente de la República que elige.

"Es por esta razón que los presidentes de partidos y comités de senadores y diputados que a continuación firmamos, hemos acordado solicitar al Supremo Gobierno el envío, en los próximos días, de un proyecto de reforma constitucional que fije el período presidencial en seis años, sin reelección, y nos hemos comprometido a aunar nuestros esfuerzos para que la tramitación de esa iniciativa se haga en términos de que ella pueda ser aprobada antes de la asunción del próximo Presidente de la República.".

El referido acuerdo se firmó a las 13 horas del citado día en el salón principal de la Casa de Velasco, sede del Senado en Santiago, actuando como anfitrión el Presidente de esa rama del Parlamento, don Gabriel Valdés, y con la asistencia de dirigentes políticos de todos los partidos con representación parlamentaria.

La Democracia Cristiana estuvo representada por su Presidente, diputado Gutenberg Martínez; por el secretario nacional Genaro Amagada y el jefe de la bancada de diputados, Guillermo Yunge.

Por Renovación Nacional se encontraban presentes su Presidente Andrés Allamand; el jefe de la bancada de senadores, Miguel Otero, y el diputado Andrés Sotomayor.

Por la Unión Demócrata Independiente, su Presidente, Jovino Novoa, el senador Eugenio Cantuarias y el diputado Carlos Bombal.

Por el Partido Socialista, su Presidente, Germán Correa y los diputados Camilo Escalona y Adriana Muñoz.

Por el Partido por la Democracia, su Presidente en ejercicio, diputado Víctor Manuel Rebolledo y el jefe de la bancada de diputados, Jorge Schaulsohn.

Por el Partido Radical, su Presidente en ejercicio, Patrico Tomboli y el senador Carlos González Márquez.

Por la Social Democracia, su Presidente, senador Mario Papi.

En representación de los senadores designados, asistieron los senadores Olga Feliú, Sergio Fernández y William Thayer.

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Para dar cumplimiento al acuerdo anterior, se propone a la consideración del Congreso Nacional un proyecto de ley que consta de un artículo único, por el cual se sustituye en el inciso segundo del artículo 25 de la Constitución Política de la República, la expresión "ocho" por "seis".

En esta oportunidad, no ha estimado prudente el Gobierno legislar sobre el procedimiento a seguir en caso de vacancia del cargo de Presidente de la República, por no haber sido considerada esta materia en el acuerdo político que ha dado origen a este proyecto de reforma constitucional.

Con todo, el Presidente de la República considera conveniente que en el futuro se ajuste la disposición que rige sobre el particular, consignada en el artículo 29 de la Constitución, de modo que quien sea designado para ejercer el cargo vacante no tenga en ningún caso un mandato superior a los seis años.

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Al margen de las razones expuestas en el acuerdo transcrito, cabe señalar como fundamentos igualmente valederos para la reducción del mandato presidencial, la necesidad de contemplar un período de tiempo que resulte suficiente para los efectos del cumplimiento cabal de un programa de gobierno moderadamente ambicioso y para que éstos alcancen a producir efectos perceptibles, como única manera de que puedan ser evaluados.

Avala también el criterio de reducir el mandato la historia constitucional del país, que salvo en la Constitución de 19S0, jamás consultó un período presidencial de ocho años, el que se considera excesivo, sin que se conozca en el mundo otro caso de régimen presidencial democrático que contempla un período igual.

La Constitución de 1823 contemplaba un mandato de cuatro años con reelección. La de 1928, uno de cinco, sin reelección inmediata. La de 1833, uno de cinco años, con | reelección. La de 1925, uno de seis años, sin reelección para el período siguiente.

En el derecho comparado, cuentan con un período de seis años, entre otros, Argentina, Austria, Brasil, México y Nicaragua.

La experiencia francesa parece indicar que incluso siete años pueden resultar inconvenientes.

La aprobación del proyecto implicará volver al período presidencial consagrado en la Constitución de 1925, con lo cual habrá de producirse a futuro un desfase entre las elecciones de Primer Mandatario y las parlamentarias. Considérese, por ejemplo, que si se restableciera el período presidencial de seis años a partir de marzo de 1994, el Presidente elegido en diciembre de este año partiría con un parlamento propio"; no así el mandatario que sea electo en diciembre de 1999, que deberá enfrentar sus primeros dos años colegislando con el parlamento que se renovará en diciembre de 1997.

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El H. Senado ha prestado su aprobación al proyecto de reforma constitucional en los mismos términos, con el voto afirmativo de 26 senadores de un total de 46 en ejercicio, con lo cual se ha dado cumplimiento a la exigencia constitucional consagrada en el inciso segundo del artículo 116 de la Constitución Política del Estado.

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Vuestra Comisión, por la unanimidad de los señores Diputados presentes, os recomienda que le prestéis aprobación en los mismos términos que lo ha hecho el Senado.

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Cabe señalar que, de acuerdo con lo dispuesto en la citada norma constitucional, este proyecto necesita para su aprobación del voto conforme de las tres quintas partes de los diputados y senadores en ejercicio, por incidir en el Capítulo IV de la Constitución, relativo al "Gobierno".

En mérito de las consideraciones anteriores y por las que os dará a conocer el señor Diputado Informante, vuestra Comisión os recomienda que prestéis aprobación al siguiente

PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL:

"Artículo único Sustituyese, en el inciso segundo del artículo 25 de la Constitución Política de la República, la expresión "ocho" por "seis".

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Se designó Diputado informante al señor Martínez Ocamica, don Gutenberg.

Sala de Comisión, a 15 de diciembre de 1993.

Acordado en sesión de igual fecha, con asistencia de los señores Aylwin (Presidente Accidental), Bosselin, Cornejo, Chadwick, Elgueta, Espina, Longton, Martínez Ocamina, Ojeda, Rebolledo, Schaulsohn, Viera-Gallo y Vilches.

(Fdo.): Adrián Alvarez Alvarez, Secretario de la Comisión".

REFORMA CONSTITUCIONAL SOBRE REDUCCION DEL MANDATO PRESIDENCIAL.

El señor MOLINA (Presidente).-

Corresponde discutir y votar el proyecto de reforma constitucional, con la calificación de "discusión inmediata", que reduce la duración del mandato del Presidente de la República.

Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Gutenberg Martínez .

Antecedentes:

Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia (boletín N° 1126-07), (Documento de la Cuenta, N° 8 de esta sesión).

El señor MOLINA (Presidente).-

Hago presente a la Sala que, por acuerdo unánime de los Comités, se asignaron los siguientes tiempos por bancadas:

Democracia Cristiana, 45 minutos; Renovación Nacional, 39 minutos; Partido Socialista, 23 minutos; Unión Demócrata Independiente, 19 minutos; Partido por la Democracia, 13 minutos; Partido Radical, 11 minutos.

No es necesario ocupar todo el tiempo estimado por bancadas ni se concederán interrupciones.

Tiene la palabra el señor Diputado informante.

El señor MARTINEZ (don Gutenberg).-

Señor Presidente, me corresponde entregar el informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia en relación con el proyecto de reforma constitucional que reduce la duración del mandato del Presidente de la República.

Es oral, en razón de que el escrito será distribuido en los próximos minutos.

La Comisión, en el hecho, continuó el análisis de la reducción del período presidencial, sin perjuicio de que en esta oportunidad tuvo que concentrarse en la propuesta de reforma constitucional contenida en el mensaje del Ejecutivo.

En la discusión del proyecto se tuvieron presentes los distintos conceptos que Diputados y diferentes constitucionalistas plantearon sobre la materia, en especial los razonamientos de carácter histórico en cuanto a los problemas que han afectado a nuestro régimen político en el pasado, relacionados con lo que se dio en llamar en algún momento gobiernos de doble minoría, los cuales se traducían en que el Presidente de la República podía ser electo sin mayoría efectiva, en razón de que no existía la segunda vuelta, situación que fue solucionada con la actual Constitución, y con la falta de mayorías parlamentarias que afectaron las experiencias anteriores, que en un período presidencial de seis años eventualmente podría plantearse.

A su vez, se hicieron reflexiones relacionadas con la duración del período presidencial que podría estimarse más razonable. En los debates de la Comisión predominó la tónica de reducir el actual de ocho años, sin perjuicio de lo señalado por algunos señores Diputados en términos de que el período dice directa relación con las características del régimen político, presidencial, semipresidendal o parlamentario.

También estuvieron presentes las reflexiones relativas a los eventuales conflictos de poder y a los mecanismos de resolución de éstos, al número de elecciones y a la periodicidad de las mismas en el mandato del Presidente de la República, a situaciones históricas. Algunos señores Diputados sostuvieron con fuerza la necesidad de la vigencia del principio de la simultaneidad entre las elecciones presidenciales y parlamentarias, sin perjuicio de quienes opinaron que no es una condición necesaria del régimen político.

Todos los miembros de la Comisión estuvieron contestes en las dificultades que puede implicar un acuerdo político suscrito a pocas horas de la elección presidencial, lo que impidió la debida participación de todos los actores del poder constituyente, en este caso de Senadores y Diputados.

De todos modos, la Comisión valorizó debidamente el significado de un acuerdo político de esta especie, ejemplar, por cuanto se obtuvo a pocas horas de un acto cívico con distintas alternativas en juego. Desde este punto de vista, es una demostración de la capacidad consensual de los distintos sectores para resolver un tema pendiente que podría haber afectado la legitimidad del pronunciamiento de los ciudadanos.

Sin duda, el poder constituyente reside en el Congreso y el Presidente de la República. Por lo tanto, tiene legitimidad para adoptar las decisiones con los quórum que establece la Constitución. La relatividad producida en cuanto a la duración del período por el fracaso y el retiro de la última reforma constitucional que votamos en esta Corporación, es desmentible con el hecho de que antes de la elección presidencial los ciudadanos supieron cuánto iba a gobernar el siguiente Presidente de la República. Desde este punto de vista, además de que el poder constituyente corresponde al Congreso y al Presidente, la votación del pasado sábado da mayor legitimidad a este acuerdo.

El colega Juan Antonio Viera-Gallo presentó en la Comisión indicación para establecer un periodo de seis años en una disposición transitoria. De haber sido aprobada, el período presidencial del Presidente electo el sábado pasado sería de seis años y se mantendría la disposición permanente que establece el período regular de ocho años.

La indicación tuvo un importante debate. Numerosos colegas expresaron que la solución era doblemente transitoria, en términos de que las constituciones son permanentes hasta cuando no se modifiquen y además la proposición contiene todos los requisitos. Para algunos la simultaneidad es importante y para otros no necesariamente es mejor el período de seis años.

Por lo tanto, establecido el hecho de que la mejor solución político-constitucional es la adoptada y que desde el punto de vista del derecho público es inconveniente una norma transitoria claramente contradictoria, después de escuchar las opiniones de muchos colegas en la línea de la eventual transitoriedad y la exposición del presidente de la Comisión con los problemas que tendría una indicación de esta especie, que podrían afectar la viabilidad del proyecto de reforma constitucional, el señor Viera-Gallo la retiró y la Comisión aprobó por unanimidad el texto presentado por el Ejecutivo.

En consecuencia, la Comisión aprobó por unanimidad el proyecto, en beneficio del futuro del país, en consideración al acuerdo político responsable adoptado con anterioridad a la elección presidencial y en razón de que estamos contestes en que el período de ocho años es excesivo y corresponde reducirlo.

He dicho.

El señor MOLINA (Presidente).-

En discusión el proyecto.

Advierto que la distribución del tiempo en la Democracia Cristiana da como resultado cinco minutos para cada intervención.

Tiene la palabra el Diputado señor Yunge .

El señor YUNGE.-

Señor Presidente, como lo expresó el señor Diputado informante, para la bancada de la Democracia Cristiana son fundamentales algunos factores de la coyuntura política para aprobar el proyecto de reforma constitucional.

El proceso legislativo de la iniciativa para reducir el período presidencial que experimentó el Parlamento hace algún tiempo representó una experiencia que en alguna medida no sólo dejó el tema pendiente, sino que hizo trascender a la opinión pública una serie de dudas respecto de las formalidades, de los procedimientos y del empeño que los dirigentes de diferentes partidos y parlamentarios tuvieron en ese entonces, lo cual implicaba un cierto grado de incertidumbre respecto de un asunto tan importante para el desarrollo político institucional de nuestro país.

En términos enfáticos, este proyecto de reforma constitucional no resuelve un conjunto de problemas políticos importantes y significativos. Para nosotros, el acortamiento del mandato es sólo un aspecto que hay que enfrentar. En consecuencia, reafirmamos nuestra voluntad política para acometer no sólo respecto de la vacancia que se produciría en el caso de fallecimiento del Presidente de la República o de alguna otra situación que significara la necesidad de su reemplazo, sino que, además, los problemas que implican el necesario desarrollo de nuestras instituciones democráticas para perfeccionarlas y fortalecerlas.

Por otra parte, nos ha hecho mucha fuerza y ha sido un elemento fundamental el compromiso del Presidente electo

Eduardo Freí Ruiz-Tagle en el sentido del acortamiento del mandato a 6 años. Sin embargo, me parece necesario reafirmar que Eduardo Frei ha tenido un triunfo histórico de inmensas proporciones, que requiere una alianza política sólida que le dé sustento a su gobierno para enfrentar las importantes tareas y desafíos que tendrá que acometer. Es importante que este Parlamento recoja su postura respecto de este punto y genere la condiciones para que la legitimidad, la importancia del triunfo en las urnas del Presidente de la República se exprese también a través de esta reforma constitucional, en la que -insisto- la opinión del Presidente electo ha sido un elemento de la esencia en nuestra decisión.

Quiero remarcar la importancia del papel del Congreso Nacional. En mi opinión, no parece adecuado el procedimiento en términos de alcanzar acuerdos que signifiquen la presentación de proyectos absolutamente afinados a un Parlamento al que sólo le corresponde ratificarlos. Eso es llevar sus atribuciones y responsabilidades a un extremo formal, peligroso, en el sentido de país y de las obligaciones que tenemos los parlamentarios. Sin embargo, por una responsabilidad de carácter nacional, por él compromiso alcanzado dentro de los partidos de Gobierno y Oposición, por las posiciones oficiales de nuestro partido y fundamentalmente por la opinión expresada por el Presidente electo Eduardo Frei Ruiz-Tagle , debemos asumir positivamente este proyecto de reforma constitucional e insistir en qué seguiremos trabajando y luchando por acometer las reformas constitucionales que signifiquen un mayor fortalecimiento y consolidación de nuestra democracia.

He dicho.

El señor MOLINA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Cornejo .

El señor CORNEJO.-

Señor Presidente, en primer lugar, quiero señalar que efectivamente existe en esta materia un acuerdo político suscrito por todos los presidentes de los partidos, en orden a rebajar el mandato presidencial de ocho a seis años, haciendo prevención de que voy a votar favorablemente la reforma. Sin embargo, quiero hacer algunas reflexiones respecto de las implicancias que, en mi opinión, tiene una reforma de esta naturaleza para el futuro del país.

En primer lugar, existe consenso en que, quizá, la razón más importante que existió o estuvo presente en la crisis institucional que vivió el país el año 1973 fue, entre otras, el hecho de que el sistema institucional permitía la existencia de gobiernos minoritarios. Por eso, de una u otra forma se fueron creando, tanto por la actual Constitución como por la conducta de los partidos políticos con posterioridad a 1989, algunos antídotos para evitar que se pudieran repetir situaciones de esa naturaleza.

Fue así como la Constitución Política del Estado consagró la segunda vuelta presidencial, con el afán de contribuir a la conformación de gobiernos mayoritarios. Se estableció la simultaneidad de las elecciones parlamentarias con la presidencial para permitir que un Presidente de la República que asumiera el cargo, lo hiciera contando con una mayoría parlamentaria que permitiera y facilitara el cumplimiento de su programa, y para no repetir la experiencia de muchos gobiernos anteriores al 73, en que los Presidentes de la República terminaron su período gobernando con minoría en el Parlamento, con graves conflictos entre el Parlamento y el Presidente, que contribuían de manera decisiva a la inestabilidad política del país, que hizo manifiesta la del 11 de septiembre de 1973.

En segundo lugar, los partidos políticos también contribuyeron en forma muy importante para garantizar la estabilidad, haciendo esfuerzos por construir coaliciones de gobierno que fueran capaces de sustentar al Presidente de la República, y también entendimientos o pactos entre los partidos de la Oposición, de forma tal que, de una u otra forma, y este primer período de transición así lo prueba, la estabilidad política del país estaba garantizada.

Soy de los que creen que el introducir como plazo presidencial los seis años, eliminando la simultaneidad de las elecciones parlamentarias con la presidencial, desde un punto de vista institucional, es crear condiciones similares a las existentes al año 1973, en que puede darse el caso de tener Presidente por seis años con minoría en el Parlamento al no existir la simultaneidad, o que parte de su período, a lo menos los dos últimos años, pudiera eventualmente no tener mayoría en el Parlamento. Al eliminar la simultaneidad, de una u otra forma, vamos a establecer un incentivo para que se afecte de manera muy importante la estabilidad de las coaliciones de gobierno o de oposición.

El señor MOLINA (Presidente).-

Le queda un minuto, señor Diputado.

El señor CORNEJO.-

Vamos a introducir, sin quererlo, condiciones favorables para volver a una competencia entre los partidos políticos, que a dos años de la elección presidencial no van a tener ningún interés en mantener la coalición o van a requerir perfilarse en términos particulares, y la primera vuelta presidencial, establecida en la Constitución, va a transformarse en el mecanismo por el cual los partidos políticos, tanto de Gobierno como de Oposición, van a resolver lo que hoy hacen a través de primarias o de una convención.

Señor Presidente, he hecho uso de la palabra sólo para dejar constancia de que, a mi juicio, aprobar un mandato presidencial de seis años, eliminando la simultaneidad de las elecciones parlamentarias, puede generar en el futuro un factor de inestabilidad política que habíamos contribuido a superar definitivamente.

En cumplimiento de los acuerdos adoptados por los partidos políticos, concurro con mi voto favorable a la aprobación de esta reforma, pero espero que una situación de esta naturaleza, en un futuro no muy próximo, pueda ser analizada por los partidos políticos con mayor tranquilidad y profundidad, y ver la fórmula, repito, con mayor serenidad; incluso hacer un gran esfuerzo institucional por crear condiciones que definitivamente garanticen la estabilidad política de Chile, que genere no sólo tranquilidad, sino que sea además un factor importantísimo para su futuro desarrollo económico y progreso.

He dicho.

El señor MOLINA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Viera-Gallo.

El señor VIERA-GALLO.-

Señor Presidente, valoramos profundamente la importancia del acuerdo político sobre el mandato presidencial de todos los partidos representados en el Parlamento. Pero, al mismo tiempo, constatamos que ese ha sido un acuerdo hecho en forma precipitada por las circunstancias en las cuales se dio. Esta materia, como muchas otras que se refieren al régimen político, pudo haber sido discutida con mayor serenidad, con mayor acopio de antecedentes y con más calma. Eso no fue posible por varias circunstancias.

En primer lugar, porque la Oposición nunca estuvo de acuerdo para abrir paso a una discusión de fondo sobre el régimen político heredado de la Constitución de 1980.

En segundo lugar, porque tampoco el Gobierno del Presidente Aywlin planteó una reforma de fondo al régimen político, si bien envió un proyecto de reformas constitucionales importantes, pero en algún sentido menores en esta materia. Sin embargo, ésas, que eran de por sí menores, fueron rechazadas por la Oposición.

En tercer lugar, porque las fuerzas políticas no estuvieron en condiciones de llegar a un acuerdo sustantivo sobre esta materia en particular durante largos meses que el proyecto estuvo en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.

El hecho es que estábamos al borde de una elección presidencial por un período de ocho años, que la inmensa mayoría del país consideraba inadecuado, porque, con las facultades que tiene el Presidente de la República en la Constitución de 1980, significaban prácticamente, como algunos han señalado, una concentración de poder en manos de una sola persona por un período extremadamente prolongado.

Por eso, todos los partidos políticos llegaron a un acuerdo de reducción del mandato.

Ahora bien, se plantea aquí una disyuntiva que es muy importante dejar en la historia de esta reforma y en el debate de la Sala, como lo estuvo en el de la Comisión: si este acuerdo para reducir el mandato a seis años es un acuerdo terminal de la reforma institucional del país o es un primer acuerdo que debiera dar paso a otros en lo sucesivo, que lleven a una revisión más de fondo del sistema institucional de la Constitución de 1980.

Entendemos -ese fue el sentido de la indicación que se presentó y que luego fue retirada en la Comisión- que la interpretación correcta es la segunda, como lo ha dicho muy bien el Diputado informante, señor Gutenberg Martínez ; es decir, que se ha llegado a un acuerdo sobre una materia urgente, pero que puede ser revisado, si se estima oportuno, cuando sea necesario debatir en serio la naturaleza del sistema político chileno. Y ese debate tiene una fecha muy precisa: 1997, porque en ese momento, cuando terminen el período los actuales senadores institucionales, se planteará el dilema, institucional y político, de saber -sobre todo se le planteará a la oposición- si continuarán esos senadores, con otros nombres, que serán designados en su momento, o si bien habrá que terminar con la institución.

Cuando, en 1989, en la Comisión que nombró la Concertación discutimos esta materia con el ministro de la época, señor Cáceres, quien era partidario de que la institución de los Senadores designados tuviera una duración determinada. Es decir, que el resguardo institucional, el amarre, o como se le quiera llamar, fuera transitorio, para que quienes dejaban el poder, lo hicieran con tranquilidad. Así lo propuso el gobierno militar de la época. En ese momento, por una serie de circunstancias políticas que no es del caso recordar, nosotros preferimos no asumir ningún compromiso sobre el punto.

¿Por qué es importante esta materia?

Porque si se decidiera, como sería lógico, terminar con estos senadores para que todos los integrantes de la Cámara alta sean elegidos democráticamente, habría que determinar, entonces, cómo se elegirá a quienes sustituirán a los designados, por qué circunscripciones, con qué régimen electoral, por cuánto tiempo. O sea, en ese momento se discutirá la composición del Senado, el sistema electoral y, como consecuencia, se abrirá paso a un debate más de fondo entre el Gobierno y la Oposición sobre la naturaleza del régimen político. Por consiguiente, no se trata sólo de una lucubración de académicos, ni siquiera de un importante informe elaborado por la comisión especializada de esta Cámara, sino de que, dentro de la agenda política de la transición chilena, está una discusión de fondo sobre el régimen político.

¡Ojalá que aprendamos la lección de lo ocurrido en este caso y no terminemos

discutiendo esa materia 15 días antes de que concluyan su período los senadores institucionales, cuando estemos al borde de una elección parlamentaria! Esperamos tener el tiempo suficiente para hacer ese debate. Además, estamos ciertos de que, en el campo político, esa será una de las tareas principales del Gobierno del Presidente Frei.

Ahora bien, es muy importante dejar establecido en la historia de esta reforma que el acuerdo al cual se ha llegado, como lo señaló el Diputado señor Gutenberg Martínez , tanto en su calidad de Presidente de la Democracia Cristiana como de Diputado informante, no implica ningún compromiso de fondo en cuanto a mantener el mandato presidencial por seis años como un punto inamovible del cual debería partir la discusión sobre la naturaleza del régimen político. Este acuerdo es instrumental, y tiene por objeto salvar una situación que a todo el mundo le parecía inadecuada.

Cuando estudiemos materias más de fondo, habrá que analizar si es adecuado que el mandato del Presidente de la República dure seis años. Aquí entra en juego no sólo la simultaneidad de la elección parlamentaria, como lo manifestó el Diputado señor Cornejo, sino que, también, la revisión del sistema electoral, las atribuciones del Congreso Nacional, la composición del Senado, la duración del mandato de senadores y diputados, el eventual otorgamiento al Presidente de la República de la facultad de disolver las Cámaras, la posibilidad de que el Gobierno cuente con mayoría parlamentaria expresada en un voto de confianza para la designación del gabinete, y muchas otras materias.

Por todas esas razones, consecuentes con el compromiso político suscrito por los partidos representados en esta Cámara, votaremos favorablemente, con la prevención de que es indispensable entender que no se ha cerrado el debate de la reforma política en Chile, sino que, por el contrario, ha comenzado a abrirse en forma seria.

Sin duda, es muy importante la siguiente reflexión: en el debate es fundamental tener en cuenta la estabilidad y la funcionalidad del sistema político, más que consideraciones de grupos, de partidos, de coaliciones, o incluso, de personas, porque todo puede cambiar, pero lo que hace un buen acto legislativo y constituyente es la capacidad de mirar un poco más allá de las circunstancias inmediatas que dan origen a las normas. Por eso, desde mi punto de vista, considero muy importante mantener la simultaneidad de la elección presidencial con la de parlamentarios, siempre y cuando haya un sistema electoral justo.

Por otra parte, es fundamental aumentar las facultades del Congreso Nacional porque en la Constitución de 1980 quedaron demasiado reducidas.

Por último, es muy importante dar paso a gobiernos de mayoría que se expresen en alguna forma de régimen semipresidencial, situación que habrá que estudiar en su momento.

Por todas esas consideraciones, como es lógico, reitero que la bancada socialista votará favorablemente la reforma constitucional.

He dicho.

El señor MOLINA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Chadwick.

El señor CHADWICK.-

Señor Presidente, este debate es la más cruda comprobación de lo que señalamos hace algún tiempo cuando se discutió el proyecto de reforma constitucional en la Cámara: la inoportunidad de plantear este tema. A tal extremo llega la comprobación de la crítica que hicimos en ese momento, que hoy, abocados al análisis y debate de este asunto, ya no sólo nosotros señalamos como única voz la falta de oportunidad del tema, sino que también distinguidos parlamentarios del sector oficialista.

Abordamos la duración del período presidencial en forma absolutamente simple, sin siquiera haber tenido el tiempo, serenidad -lo señaló el Diputado señor Cornejo - ni la profundidad -lo dijo el Diputado señor Viera-Gallo - para estudiar la relación del tema con aspectos tan sustanciales como un sistema político coherente a través de sus instituciones en la Constitución, ni tampoco con un elemento tan relevante como es la simultaneidad de las elecciones presidenciales y parlamentarias.

El punto que tratamos en este momento refleja lo que planteamos: la inoportunidad para considerar el tema. Ello se comprueba con lo recientemente expresado por el Diputado señor Viera-Gallo , quien ha hecho varias observaciones respecto de este proyecto. Una de ellas dice que cuando tengamos que discutir temas pendientes sobre materias institucionales, no lo hagamos en el último momento, por ejemplo, lo referente a los senadores institucionales.

Es evidente que el tema de la duración del período presidencial lo estamos tratando a última hora, con todas las consecuencias que trae consigo discutir puntos tan importantes en mal tiempo y en mala hora. Y lo que se inicia mal, obviamente no puede terminar bien.

Pero si hay algo que está claro -y lo digo para reivindicación de ciertos planteamientos señalados recientemente- es que esta situación no es culpa de la Oposición. Sobre este asunto nadie puede tener una voz distinta, porque la inoportunidad u oportunidad de los proyectos en esta materia no ha sido resorte ni responsabilidad de la Oposición.

Después de estas precisiones, quiero expresar que lo que nos motiva a votar favorablemente este proyecto es algo muy simple y claro, y hay que decirlo por su nombre. La política se hace sobre realidades y así lo ha asumido la UDI. Por una parte, hemos comprobado que una mayoría sustancial del Congreso Nacional no está de acuerdo con el período presidencial de 8 años, aun cuando en nuestra bancada hay diputados y senadores que estaban por mantenerlo; por otra, nos encontramos en el inicio de un período presidencial y el Presidente electo ha solicitado -lo que me parece absolutamente justo y legítimo- que el período por el que va a jurar sea el mismo que aquel por el cual va a gobernar.

Frente a estas dos realidades, tan obvias y simples de constatar, nuestro partido ha concurrido a un acuerdo político para asumir esta realidad y darle una solución consensual al problema que, por la falta de oportunidad que señalaba precedentemente, no deja contentos a ninguno de los parlamentarios que estamos en esta Sala, ya que no se aborda el tema en toda su profundidad, lo que no nos permite tocar puntos conexos extraordinariamente importantes. Nos vemos abocados, por la falta de oportunidad del proyecto y por la realidad existente, a aprobar un proyecto que califiqué en la Comisión, en forma bastante exacta, como "el mal necesario". Eso es. No es la solución óptima, pero nos parece lo menos malo para salir del problema en que estamos. En esa perspectiva, simple y directa, la UDI concurrió al acuerdo político, lo respalda y lo respeta. Por lo tanto, votará favorablemente el proyecto de reforma constitucional.

Para terminar, y en cuanto a la aprensión del Diputado señor Viera-Gallo acerca de la extensión del acuerdo, la respuesta es muy simple y el tema ya lo analizamos en la Comisión. El acuerdo político establece que el período presidencial durará seis años. ¿Hasta cuándo se extiende? Hasta que se modifique ese período o hasta que cualquier parlamentario, de Gobierno, de Oposición, o el Ejecutivo, presente proyectos alternativos que impliquen reformas al sistema político, de senadores institucionales, al sistema electoral o al mandato presidencial. Eso implica la duración del acuerdo. Repito, durará hasta que se envíen iniciativas que nos permitan revisar y saber si alcanzamos los acuerdos necesarios para modificar o mantener las normas constitucionales que actualmente nos rigen.

He dicho.

El señor MOLINA (Presidente).-

Por cinco minutos, tiene la palabra el Diputado señor Bosselin.

El señor BOSSELIN.-

Señor Presidente, quiero expresar mi conformidad con esta reforma constitucional.

No cabe la menor duda de que es necesario que los gobiernos dispongan del tiempo suficiente para ejecutar sus programas políticos, económicos, sociales y culturales, a fin de que produzcan los efectos de bien público que se buscan a través de su gestión.

Un período de seis años, en mi concepto, permite la realización de dichos programas políticos, económicos y sociales, porque es un tiempo prudente, adecuado y conveniente.

No participo de la opinión de aquellos que consideran que la simultaneidad es un elemento de la esencia del sistema político y de la duración del período presidencial, y que la ausencia de la misma podría ser un factor determinante en una crisis política, como quiera que éstas no obedecen a una fundamentación meramente formal de carácter constitucional.

Hemos tenido elecciones simultáneas en 1989 y el sábado recién pasado, y su resultado práctico ha sido que la mayoría expresada en las urnas no se refleja en la composición del Senado, lo cual significa que los cambios que es necesario hacer no se vinculan con tal simultaneidad, sino con el sistema electoral, con los senadores designados y con otros factores de distinta naturaleza.

No existe en materia política ni de ciencia política un período ideal que constituya el bien absoluto al cual deberíamos propender. Pero no cabe la menor duda de que un período de ocho años es excesivo por el natural desgaste al cual conduce el poder y por los vicios naturales que éste conlleva.

Parece prudente que, habiéndose producido consenso entre los partidos políticos en la reducción del período presidencial, le demos el respaldo adecuado. La mayoría de los señores parlamentarios forman parte de partidos políticos que tienen sus respectivas institucionalidades, y los representantes de ellas concurrieron públicamente a la celebración del acuerdo, el cual contó, además, con el pronunciamiento favorable del Presidente electo, don Eduardo Frei Ruiz-Tagle, respaldado por una votación del 58 por ciento del electorado. Y habiendo manifestado él una opinión favorable al respecto, expresada a la opinión pública, no cabe la menor duda de que cuando se concurrió a votar la conciencia colectiva consideraba el período de seis años y no el de ocho. De manera que existen acuerdos y circunstancias políticas que revelan la alta conveniencia de que procedamos a dar nuestro respaldo a este proyecto.

Naturalmente, como se ha manifestado, una reforma de esta naturaleza, en el contexto de una Carta Política como la de 1980, bajo ninguna circunstancia puede ser definitiva o terminal, en cuanto a que nunca más se vuelva a hablar del período presidencial.

Hacemos votos porque en el próximo período legislativo el Parlamento tenga el tiempo suficiente para considerar otras reformas constitucionales que apuntan a los senadores designados, al sistema político e, incluso, al sistema electoral, elementos que pueden conducir a darle verdadera estabilidad al país. En consecuencia, discrepo sustancialmente de quienes expresan su oposición o desagrado frente a esta reforma constitucional por el problema de la simultaneidad

El señor MOLINA (Presidente).-

Señor Diputado, resta un minuto a Su Señoría.

El señor BOSSELIN.-

... por tratarse de una materia que ha sido elevada a la categoría de dogma sin una fundamentación fáctica adecuada, con una elaboración extraordinariamente jurídica, muy valiosa, pero que no puede respaldarse en la crisis de 1973, que no tuvo como factor de su desencadenamiento una disposición de la Constitución de 1925. Ella se debió a otros factores, a un conjunto de hechos o circunstancias culturales o históricas que es absolutamente imposible radicar, en una sola norma de carácter constitucional, como se pretende en estos momentos.

Por estas razones, concurriremos con nuestros votos favorables a esta reforma constitucional, que espero sea la primera de otras que vendrán a continuación.

He dicho.

El señor MOLINA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Rebolledo.

El señor REBOLLEDO.-

Señor Presidente, los Diputados del Partido por la Democracia vamos a votar favorablemente este proyecto de reforma constitucional. Sin embargo, quiero hacer algunas reflexiones respecto de la forma en que estamos arribando a ella, y a algunos aspectos sustantivos, tangenciales, a los cuales se han referido otros honorables colegas.

En primer lugar, quiero hacer resaltar los aspectos positivos de este acuerdo, y que esta reforma se materializa más bien tarde, o tal vez no en el momento más oportuno. Pero también es cierto que, de algún modo, el Parlamento paga una deuda con el país, que no entendía que una reforma para disminuir el período presidencial de ocho años, que a todos los sectores políticos y a la inmensa mayoría de los ciudadanos les parecía excesivo y claramente inconveniente para el buen funcionamiento de nuestras instituciones y de nuestro sistema político, no se hubiera concretado en noviembre, por las razones que todo el mundo conoce. Por lo tanto, quiero subrayar principalmente que la concreción de este acuerdo es un hecho positivo, que salva la situación anterior, y que permite dar una base de viabilidad en el parlamento a esta reforma constitucional.

En segundo lugar, debo manifestar que, si bien es posible que éste no sea el momento ideal, es claramente preferible legislar sobre esta materia en la fase final de este período, luchando con la premura del tiempo, para que el Presidente de la República, que asumirá el 11 de marzo, jure por un período estableado y conocido por los chilenos, y no hacerlo o intentarlo durante el próximo período presidencial, con los inconvenientes, las eventuales objeciones jurídicas y los inevitables problemas políticos que podría haberle acarreado disminuir el período durante su propio mandato.

Aun cuando es efectivo que lo idead habría sido legislar sobre el tema de la duración del mandato presidencial en conexión con otros aspectos de nuestro sistema institucional, para ir reformando la Constitución Política sobre todo en cuanto al funcionamiento del régimen político de una manera más global, quiero referirme al problema de la simultaneidad, y sin objetar ese principio, puntualizo dos o tres cosas que me parecen necesarias.

Desde luego, declarar que la simultaneidad entre las elecciones parlamentarias y presidencial nos parece deseable. Sin embargo, no la consideramos absolutamente imprescindible. La simultaneidad, como un principio en sí mismo, en virtud del cual todas las elecciones debieran coincidir, ya fue objetado en el Senado cuando se propuso hacer simultáneas las elecciones presidenciales, parlamentarias y municipales. El buen funcionamiento del régimen político supone entender la especificidad que a veces tiene cada una de estas consultas populares.

En segundo lugar, me parece un error la tendencia que ha habido en el Parlamento y en ciertos sectores políticos, en orden a convertir la simultaneidad en un dogma, en una verdadera piedra filosofal institucional que resolverá todos los problemas relativos al buen funcionamiento de nuestro sistema político. Si bien es deseable la simultaneidad, no es conveniente convertirla, reitero, en una verdadera piedra filosofal que resolverá todos los problemas de estabilidad y gobernabilidad del país sobre la base de que quien ejerce el poder tenga mayoría en el Parlamento para gobernar. Como aquí se ha señalado, hemos tenido dos elecciones simultáneas de Presidente de la República y de parlamentarios: en 1989, la primera, y acabamos de tener la segunda. Sin embargo, no hemos resuelto el problema de que quien ejerce la primera magistratura cuente con los quorum necesarios para llevar adelante su programa y no se vea abocado a una permanente negociación con la Oposición para obtener la aprobación de los proyectos.

Por consiguiente, si aceptamos el silogismo de que tener mayoría en el Ejecutivo y en el Legislativo favorece la estabilidad y la gobernabilidad, debemos concluir que para conseguir este objetivo, no basta la simultaneidad. O que ella no es la solución clara del problema, por lo cual debemos mirar hacia otros aspectos de nuestra institucionalidad: los Senadores designados, el sistema binominal, las facultades del Parlamento.

Me parece que, en cuanto a la profundidad con que debe determinarse la clave de las dificultades o de las materias pendientes de reformar en el régimen político y en nuestra Constitución para llegar a un sistema político sólido, estable, flexible, plenamente democrático, a lo mejor la simultaneidad se puede transformar en un árbol que no nos deje ver el bosque.

Considero muy importante y positivo que colegas representantes de distintas corrientes políticas en la Cámara de Diputados, incluso el Diputado señor Chadwick , de la UDI, hayan señalado algo con lo cual estoy plenamente de acuerdo y que tal vez constituya una objeción válida al modo de legislar en esta reforma constitucional. Me refiero a que hubiera sido deseable ir a una reforma más integral con conexión y más globalizante de los asuntos pendientes, y de reestructuración de nuestras instituciones políticas. Concluyo de ello que existe conciencia y voluntad de llevar adelante, en un futuro próximo, ojalá con amplio consenso y la participación de todos los sectores políticos, reformas aún pendientes en nuestra Constitución Política, a fin de consolidar en Chile un verdadero, pleno y democrático estado de derecho. En ese sentido, entendemos como plena y permanente la reforma que hoy hacemos a la Constitución, al disminuir el mandato presidencial de ocho a seis años.

Como señaló el Honorable señor Chadwick, mientras exista poder constituyente, en derecho las cosas se hacen y deshacen en la misma forma. Por consiguiente, si en el futuro existiera mayoría y hubiera en el Parlamento voluntad política para modificar la duración del período presidencial, ello se podría hacer incluso en el marco de un paquete de reformas más amplias para democratizar nuestras instituciones políticas con sentido global. Eso es algo que está en la naturaleza de las cosas, y obviamente es una posibilidad siempre abierta.

Señor Presidente, sobre esas bases y consideraciones, los Diputados del Partido por la Democracia votaremos favorablemente este proyecto de reforma constitucional.

He dicho.

El señor MOLINA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Campos.

El señor CAMPOS.-

Señor Presidente, aparte de la generalizada opinión o consenso que existe no sólo en nuestra Cámara sino que también en la ciudadanía, en cuanto a que el plazo de ocho años establecido en la Constitución Política para el período presidencial es excesivo y ajeno a nuestras tradiciones republicanas, por lo cual todo aconseja acortarlo, personalmente tengo mis reservas en cuanto a si lo más conveniente era discutir exclusivamente el tema del acortamiento del período presidencial o vincular esta materia con otros aspectos institucionales pendientes y que podrían ser más importantes que la mera discusión en tomo del plazo.

Creo que no es una discusión menor relacionar el período presidencial con la posibilidad de que las elecciones parlamentarias sean simultáneas. Si bien es cierto que ello no es esencial para el funcionamiento de la democracia, sin lugar a dudas reviste importancia, ya que el principio de la simultaneidad obliga a las grandes coaliciones políticas a mantenerse y fortalecerse. De lo contrario, se iría introduciendo un germen que debilitaría a las grandes coaliciones, y en un sistema binominal, como el nuestro, estaríamos introduciendo un elemento ajeno que, a la larga, podría tomarse en contra de la misma maquinaría que se ha ido creando.

Del mismo modo, y como acertadamente señalaba el colega don José Antonio Viera-Gallo , en Chile sigue subsistiendo la discusión en tomo del régimen político o del sistema de gobierno que debería regimos. La duración del período presidencial pudo haberse vinculado a esta materia, porque, indudablemente, es mucho más trascendente que debatir si dicho período durará 6, 8 ó 4 años.

Por último, esto también debió vincularse, como lo hemos señalado en más de una oportunidad en esta Cámara, a las facultades que debe tener el Congreso Nacional En teoría, desde 1980, cuando se aprobó la actual Constitución Política del Estado, estamos en presencia de un Congreso extraordinariamente disminuido en sus atribuciones, lo que entorpece el funcionamiento del sistema democrático. Habría preferido que en la discusión de esta reforma hubiéramos analizado esos temas.

Entendemos que existe un acuerdo político de las directivas de nuestros partidos que nos indica la conveniencia de aprobar las reformas en los términos planteados, por lo cual, a pesar de nuestras prevenciones, cumpliremos nuestros compromisos políticos. Por lo tanto, los parlamentarios radicales votaremos favorablemente la reforma.

El señor MOLINA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado don Jorge Pizarro.

El señor PIZARRO (don Jorge).-

Señor Presidente, quiero manifestar mi disentimiento con el proyecto en dos aspectos: respecto de la oportunidad y del procedimiento empleado para presentar la iniciativa al Congreso. También tengo discrepancias de fondo, en cuanto a la conveniencia de reducir el mandato presidencial de 8 a 6 años.

Se nos ha planteado un acuerdo político. Coincido en que tales acuerdos son importantes, necesarios y nos permiten avanzar. Pero se comete una exageración y un grave error cuando se dice, por ejemplo, que la oportunidad para lograr este acuerdo y presentar el proyecto era con anterioridad a las elecciones, argumentándose que la ciudadanía debía saber exactamente cuántos años duraría el gobierno por el cual iba a votar. La gente votó por el Presidente electo, Eduardo Frei , no porque su mandato iba a ser de 4, 5, 6, 7, u 8 años, sino porque quería que siguiera gobernando la Concertación, ya que existía la conciencia de que hemos hecho un buen gobierno, por cuanto era imprescindible que se continuara gobernando con eficiencia y para las grandes mayorías nacionales. Por lo tanto, no comparto el argumento de que era fundamental explicar a la gente que íbamos a elegir a Eduardo Frei por 6 u 8 años. Eso, a mi juicio, no justifica en absoluto la urgencia con que se ha tratado el proyecto. Por el contrario, más importante hubiera sido consultar, dialogar, discutir y analizar este problema con el Poder Legislativo. La práctica está demostrando que el acuerdo es insuficiente, inoportuno e incompleto porque, cuando hablamos del mandato presidencial, no se puede dejar de lado la situación de la vacancia presidencial, materia respecto de la cual no hay acuerdo. En el proyecto no se ha podido presentar una fórmula que permita solucionar el problema.

Eso significa que estamos legislando mal, en forma ineficiente y generando una situación que hemos dejado para tratar más adelante. ¿Para cuándo? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Tendrán que definirse situaciones coyunturales o situaciones personales? Cuando legislamos debemos hacer el esfuerzo completo para abarcar todos los aspectos. Esto es cuanto quiero decir respecto de la forma.

Vamos al problema de fondo, que es más grave. Un acuerdo de esta naturaleza da una muy mala señal sobre lo que deben ser las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo en materias tan importantes como ésta.

Me interesa hacer hincapié respecto de este antecedente esta mañana.

Hace algún tiempo discutimos largamente el tema de fondo en esta misma Cámara, a propósito del envío del proyecto de reforma constitucional por parte del Presidente Aylwin . En esa oportunidad quedó demostrado que son importantes, al menos para los democratacristianos, la simultaneidad y la segunda vuelta; es decir, evitar que a un gobierno se le produzca el problema de la doble minoría a que hizo mención el Diputado señor Cornejo .

No es un asunto baladí lo dijo el Diputado señor Rebolledoni tan simple, o que se pueda obviar porque lisa y llanamente tiene que ver con la estabilidad de un gobierno.

El Presidente Aylwin no habría podido gobernar como lo ha hecho si no hubiera tenido la mayoría en la Cámara de Diputados, por cuanto bien sabemos que en el procedimiento legislativo es fundamental contar con esa mayoría en la Cámara de origen. Lo que aquí estamos haciendo es establecer un período presidencial que nos conducirá, a la larga, en algún momento, a un posible acuerdo minoritario.

En cuanto al régimen político, ¿por qué no se ha explorado, junto con esta reforma, la posibilidad de cambiar, como ha dicho el Diputado señor Viera-Gallo , muchas normas que tienen que ver con los equilibrios de poder? ¿Por qué no se plantea la necesidad de un cambio en la Constitución que establezca la obligación.

El señor MOLINA (Presidente).-

Le resta un minuto a Su Señoría.

El señor PIZARRO (don Jorge).-

Está bien, déjeme terminar.

El señor MOLINA (Presidente).-

El Partido Radical cedió el resto de su tiempo al Comité Demócrata Cristiano. Su Señoría puede usar dos minutos más.

El señor PIZARRO (don Jorge).-

Señor Presidente, usaré el tiempo del Comité de mi partido que estime conveniente.

El señor MOLINA (Presidente).-

Yo conversé con el Comité de su partido, señor Diputado.

El señor PIZARRO (don Jorge).-

Señor Presidente, insistía en la necesidad de que los gobiernos tengan la obligación de formar mayorías políticas para poder gobernar. Esta es una materia que sí tiene que ver con los mecanismos que impiden, desde el punto de vista constitucional, que se establezcan gobiernos minoritarios, porque eso afecta a la estabilidad del sistema.

Esto también tiene que ver con los problemas políticos coyunturales. Cuando legislamos, debemos entender que lo hacemos para el país y con sentido de futuro, no sobre la base de coyunturas electorales, ni aspiraciones partidarias, de algunos personeros, o de las proyecciones que ellos puedan tener. Tenemos que hacerlo con mayor sentido de responsabilidad.

Cabe destacar tanto el gesto del Presidente electo, don Eduardo Freí, como el del Gobierno, por asumir el envío de este proyecto. Si esto fue un acuerdo de partidos políticos, tendría que haberse plasmado mediante una moción parlamentaria, pues el Gobierno ya sufrió un revés y muy grave en el Senado de la República cuando envió el proyecto de reforma constitucional respecto de la duración del mandato presidencial.

De manera que aquí también es importante, para los efectos de las mayorías políticas, expresar una voluntad política dará, no sobre la base de intereses personales, sino que basado en intereses comunes, de objetivos comunes de servicio y de visión de país a futuro.

Por último, quiero manifestar que, con mucho orgullo y desde hace varios años, pertenezco a un partido, el cual tiene instancias regulares en las cuales toma sus decisiones. He expresado mis discrepancias en las instancias en que he podido hacerlo. Corresponde que deje constancia en la Cámara al cumplir mi función legislativa, por lo que quiero decir, con mucha claridad, que discrepo profundamente del acuerdo político que se ha traducido en la presentación de este proyecto de ley. Deseo decir, en buen chileno, que esto puede significar "pan para hoy y hambre para mañana".

En este sentido, me parece que los temas de la simultaneidad en las elecciones, la segunda vuelta, la obligación de formar mayorías, mediante el cambio de régimen político, que signifiquen un respaldo claro al Gobierno, desde el punto de vista parlamentario, son elementos complementarios. No debiera existir uno sin el otro y, por lo tanto, son sumamente importantes.

En cumplimiento de las resoluciones del Consejo Nacional de mi partido, acataré esta decisión.

He dicho.

El señor MOLINA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Melero.

El señor MELERO.-

Señor Presidente, más allá de los argumentos de fondo que se han dado en favor y en contra de la oportunidad del proyecto de ley en discusión, quiero hacer hincapié en un factor que ha estado ausente del debate y que se refiere a la forma como se llegó a este acuerdo político.

En este sentido, deseo destacar el rol que le ha correspondido a una fracción del Senado, representada en la persona de uno de sus Senadores institucionales, el señor Sergio Fernández, quien, en el momento en que los parlamentarios y los partidos políticos estábamos sumidos en el fragor de las campañas políticas, tuvo la capacidad de convocarlos para hacerles ver la necesidad de llegar a un acuerdo tendiente a reducir el período presidencial. El pudo hacer eso, justamente, porque estaba desprovisto de toda intencionalidad política y, al revés, sólo pensaba en la búsqueda del bien común de la nación.

La acción del Senador Sergio Fernández ha potenciado, fortalecido y dado sentido a lo que busca la institucionalidad del Senado al tener un porcentaje de su composición con personalidades que no responden necesariamente a las distintas tendencias políticas que se expresan en el país. Digo esto, y me parece de justicia destacarlo, porque muchas veces se desautoriza a los Senadores institucionales, no se reconoce su rol y se silencian sus logros. Estimo importante resaltarlo hoy para la historia, cuando se evalúe el rol que cumplieron en el país. Por consiguiente, más allá de los aspectos de fondo, es importante valorar lo que hizo uno de estos Senadores, el señor Sergio Fernández, y destacarlo, ya que en varias de las intervenciones que aquí se han hecho se ha cuestionado su rol y se ha puesto como futuro objetivo terminar con esa institucionalidad hoy día vigente.

En segundo lugar, también quiero hacer presente en esta discusión sobre el período presidencial que quien me antecedió en el uso de la palabra dijo que cuando el pueblo de Chile votó el pasado 11 de diciembre por quien sería el Presidente de la República, más allá del período que se otorgó a quien resultó electo, dio un voto a la Concertación, para que ésta siguiera gobernando. Concordando con esa tesis, debemos señalar que no deja de ser importante el período que otorgó el pueblo a quien gobernará, cuando sabemos que hay discrepancias al interior de la Concertación sobre quién encabeza el Gobierno y a qué partido pertenece ese Presidente.

Les pregunto especialmente a las bancadas del Partido Socialista y del PPD, si podrían honestamente señalar que la reducción del período presidencial no ha estado desprovista del necesario cuoteo político al interior de la Concertación; si honestamente habrían estado dispuestos a permitir que un democratacristiano de nuevo gobernara el país por ocho años, sin tener ellos la oportunidad, en un período más corto, de gobernar con la Concertación.

Tampoco se puede dejar de lado en este análisis político que al interior de la Concertación, tanto en el proyecto original, cuando se pretendió reducir el período presidencial a cuatro años, como ahora, en que se fija en seis, también se busca un arreglo para que el partido mayoritario tenga un período de gobierno más restringido, sobre la base de la eventualidad de que en un próximo Gobierno de la Concertación le toque a otro el turno. Ese ingrediente desnaturaliza la discusión de hoy, porque al interior de los partidos que quieren seguir gobernando, la Concertación, también se busca un arreglo.

Señor Presidente, he querido destacar estos dos puntos, en primer lugar, para dejar constancia en la historia fidedigna de la ley de la evaluación del rol de los Senadores institucionales, y, en segundo lugar, a fin de plantear el ingrediente de la búsqueda de un arreglo político al interior de la Concertación.

He dicho.

El señor MOLINA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado don Juan Martínez.

El señor MARTINEZ (don Juan).-

Señor Presidente, si hemos llegado a un punto en que podría definirse como poco oportuna la tramitación de este proyecto de reforma constitucional para acortar el período del Presidente de la República, es porque lamentablemente no se logró llegar a un acuerdo sobre la materia en el Congreso Nacional. El proyecto de reforma estuvo aquí cerca de un año o más. Posteriormente, en el Senado, con la participación muy destacada de los senadores institucionales, en definitiva se trabó la posibilidad de ratificar la opinión de la Cámara de Diputados en el sentido de acortar el mandato a cuatro años, sin reelección. Ese hecho nos obligó a suscribir este acuerdo político en forma previa a la elección.

Hay que separar algunos temas. Una reforma más profunda al sistema político es deseada por estas bancadas. Sería importante que el futuro Congreso Nacional la pudiera acometer, porque en el actual sistema existe una serie de distorsiones y las instituciones republicanas establecidas en la Constitución de 1980 no garantizan la plena representación democrática ni un equilibrio real entre los distintos poderes del Estado, lo cual hace imperioso que este debate se realice como corresponde, con la altura de miras, para avanzar decididamente en esta materia. Lamentablemente, durante este período ese debate fue poco maduro, y tanto en la Concertación como en la Oposición, sobre todo, hubo respuestas o actitudes en absoluto reacias para avanzar hacia una transformación más profunda del sistema político. Esa es la razón fundamental por la cual sólo ahora pudimos discutir el tema de la reducción del período presidencial.

El tema tiene cierto mérito en sí mismo. Todos estamos de acuerdo en que ocho años es excesivo. ¿Cuál es el mejor período? ¿Seis, cinco, cuatro años? Cada uno de ellos ha operado en la historia política nacional, y todos tienen virtudes y defectos. El gobierno actual se ha declarado completamente satisfecho con el período de cuatro años, plazo considerado adecuado. Lo expresó aquí, en su oportunidad, el propio Ministro Secretario General de la Presidencia.

Ahora bien, quizás seis años podría ser perfectamente un período adecuado, en términos definitivos. El problema es que en la Constitución Política hay un sinnúmero de otras distorsiones que resolver y que se relacionan con los Senadores designados, con el sistema electoral binominal, con la existencia el tema hay que debatirlo de dos cámaras con facultades casi idénticas, lo cual no se justifica con el desarrollo político nacional y universal. De modo que la materia hay que situarla en su justa medida y avanzar en un análisis muy importante.

Respecto de la simultaneidad de las elecciones, que se ha echado de menos, considero que sería aconsejable que existiera, pero sólo tiene resultados prácticos en la medida en que se aplique un sistema electoral proporcional. De no ser así, como ha ocurrido en dos oportunidades, no se reflejarán efectivamente las mayorías nacionales en el Congreso Nacional y el Presidente de la República actual, como el futuro recién electo, tendrán que gobernar con una mayoría en el Senado que no corresponde al sentir o expresión política mayoritaria reflejada a través del sufragio universal. Esta es una cuestión que hay que tomar en cuenta y, por lo tanto, como se ha dicho en otras oportunidades, no debemos elevar al rango de dogma el tema de la simultaneidad. Hay que analizarlo en el conjunto de problemas involucrados en el sistema político chileno. Esa es una gran tarea que queda pendiente para los Diputados y Senadores elegidos últimamente. Es un debate que todavía no se ha realizado con la profundidad necesaria. En la Cámara se ha avanzado algo en ese aspecto. Hubo una Comisión que se abocó al estudio de esa materia e hizo un conjunto de proposiciones que sería importante tomar en cuenta en un momento dado.

Obviamente, no podemos decir que es inadecuada la reducción del período a seis años por el hecho de que, en definitiva, no haya podido acometer otras reformas más profundas del sistema político. La reducción del período presidencial tiene un mérito en sí mismo, cual es evitar el desgaste del gobierno y que exista un proceso de crisis en el cual quede en minoría frente al país y ante las mayorías parlamentarias que puedan darse en el futuro. Desde ese punto de vista, debe ser un tema de análisis, de reflexión y de resolución del próximo Congreso Nacional.

He dicho.

El señor MOLINA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Martínez, don Gutenberg.

El señor MARTINEZ (don Gutenberg).-

Señor Presidente, más que abundar en las razones por las cuales hay que aprobar esta reforma, es pertinente, a partir de distintas intervenciones de destacados colegas, manifestar nuestro acuerdo en relación con un gran tema que, sin duda, está pendiente, referente al régimen político, cualesquiera que sean las posiciones o aproximaciones que sobre él tengan los colegas de esta Cámara y del Senado.

Es evidente que en este momento no hay en el país un régimen político que se acerque medianamente a un ideal, y desde ese punto de vista pudiera ser peligroso dejar la impresión que la reducción del período presidencial representa una solución efectiva al tema de cuáles son las características que debe tener el régimen político chileno, cualesquiera que sean -insisto- las distintas aproximaciones que uno tenga. No cabe duda de que el período presidencial va ligado con el tema del régimen político.

Un gobierno presidencialista se acerca más al ideal de un período corto. Un gobierno parlamentario admite la posibilidad de un Presidente de la República con un período largo. En un régimen presidencial, un período mediano, como el que hoy aprobaremos, para ser coherente con esa tesis, implica perfeccionamiento en cuanto a la simultaneidad y perfeccionamiento necesarios, a lo menos en lo que dice relación con el equilibrio en los poderes o facultades del Congreso. Por tanto, la primera idea, sólo para dejarla asentada en esta discusión, es que aquí, evidentemente, queda un tema pendiente y que es responsabilidad de todos nosotros enfrentarlo en un tiempo corto, antes de que estemos sujetos nuevamente a las situaciones preelectorales.

De más está señalar -porque ya lo han expresado otros colegas- que también quedan temas pendientes vinculados al nuevo período, como el de la vacancia del cargo, sobre el cual todos hemos concordado en la necesidad de un acuerdo político complementario a fin de resolverlo derechamente en algún tiempo más. Para la Democracia Cristiana la reducción del período era y es necesaria, pero también, reitero, es muy importante el tema de la simultaneidad de las elecciones.

Estamos de acuerdo en que la estabilidad política se construye básicamente sobre la base de los consensos que existan en los pueblos y en las sociedades, pero no cabe ninguna duda de que los esquemas institucionales ayudan a que esos consensos se posibiliten en mejor forma. La falta de simultaneidad en las elecciones presidenciales y parlamentarias nos enfrenta a distintos riesgos. Uno de ellos es que eventualmente se puedan generar gobiernos con minoría en el Congreso, y que la dificultad de generar una coalición mayoritaria se traduzca en conflictos de poderes, los cuales, dado que la Constitución carece de mecanismos de resolución, pueden llevar a un empantanamiento o a una situación que, precisamente por no tener resolución, aumente la contradicción. En esa perspectiva, la Constitución de 1989, resolvía este problema mediante la posibilidad de disolución de la Cámara. Hoy ese mecanismo no existe y, por lo tanto, la necesidad de adecuar y asumir el tema de la simultaneidad es de suyo importante para nosotros.

Ocho años es un período largo y negativo, y por eso concurrimos a su reducción. Pero, junto con el acuerdo para respaldar esta reforma constitucional, la Democracia Cristiana ha asumido el compromiso de presentar mociones que hagan posible la simultaneidad de las elecciones en el corto plazo. Por lo tanto, concurrimos a ese acuerdo con nuestro voto favorable, en el entendido de que este era el único acuerdo viable, necesario y oportuno, pero que, en todo caso, debe ser completado.

He dicho.

El señor MOLINA (Presidente).-

A continuación, tiene la palabra el Diputado señor Coloma.

El señor COLOMA.-

Señor Presidente, me parece sorprendente este debate y creo que quedará en la historia como él más extraño realizado en la Cámara de Diputados, porque todos dan distintas explicaciones para destacar que no están de acuerdo con el fondo del asunto, e incluso, tratan de proyectarlo como un problema de régimen político que no está en discusión ahora, para justificar algo que aparentemente es injustificable.

Quiero, por lo menos por la vía de la excepción, ser un parlamentario que fundamente por qué votará a favor. Encuentro que la reforma es buena y me parece importante hacer notar que es coincidente con lo que planteé hace años atrás, cuando formé parte del Consejo de Estado, en relación con otro proyecto. En esa ocasión, el Consejo de Estado, luego de un largo debate, concluyó en que el mejor plazo para el período del Presidente de la República era precisamente seis años, por cuanto representaba una armonía razonable que, planteaba una armonía y una alternancia entre quienes ejercían el poder y sus opositores, que en un plazo determinado podían exponer algo separado o diferente.

Es importante consignar en la historia del proyecto de ley que un parlamentario lo votó favorablemente porque estaba de acuerdo con él y no trató de justificarlo con presiones ni tampoco con llamados a cambiar el régimen político.

Evidentemente, quedan temas abiertos. Siempre van a quedar, y así lo planteó con razón el Diputado señor Chadwick. Pero son materias que en cualquier momento pueden volverse a reformar. Para eso habrá que generar un debate razonado en el tiempo, no como al que ahora nos condujo el Gobierno en forma precipitada y equivocada. No obstante, estimo del caso dejar constancia de mi posición para efectos de la historia de la ley.

Muchas gracias.

El señor MOLINA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Espina.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, aquí hay temas que se están confundiendo, que corresponden a materias que no están directamente vinculadas al fondo del proyecto de reforma constitucional en trámite.

En primer lugar, sin lugar a dudas hay un tema que dice relación con el rol que cumple el Parlamento, y que se refiere al procedimiento de tramitación de este proyecto en particular.

Regularmente, en la Cámara de Diputados se han tramitado proyectos más complejos, pero habiéndose hecho oportuna y adecuadamente, han permitido generar consensos importantes.

Si hay un caso para recordar de error de tramitación de un proyecto de ley, ha sido precisamente el de acortar el mandato presidencial. El proyecto original fracasa por dos razones. Primero, porque entre ambas Cámaras hay discrepancia sobre cómo se tramita una reforma constitucional, punto que hasta la fecha no ha sido resuelto. A lo menos, un sector de los senadores sostiene que en la tramitación de una reforma constitucional no existe el tercer trámite o no existe, a lo menos, la comisión mixta. Por otra parte/ un sector mayoritario de la Cámara de Diputados sostiene que es procedente la comisión mixta. Por lo demás, hay un informe de la Comisión de Constitución del Senado que es distinto de lo que hoy opina la mayoría del mismo.

De manera que hay un tema pendiente respecto de cómo se debe tramitar una reforma constitucional lo que es necesario resolver en algún momento, para los efectos de que los problemas de procedimiento no afecten el fondo de un proyecto de ley.

En segundo lugar, tampoco hubo acuerdo en el Senado respecto del plazo de duración del mandato presidencial, porque al problema del procedimiento se agregó el del acuerdo interno del Senado. Había senadores de distintos partidos que eran partidarios de cuatro años; algunos plantearon cinco; otros eran partidarios de seis y, finalmente, varios eran partidarios de mantenerlo en ocho años. En cambio, en la Cámara de Diputados, original y prácticamente, hubo unanimidad en términos de estimar que lo mejor para el país eran cuatro años sin reelección.

Pero éste es un tema de procedimiento, de tramitación de una reforma, y eso no nos puede hacer olvidar el fondo del problema. Tenemos pendiente un sistema que mejore lo que hemos hecho estos cuatro años en términos de los acuerdos políticos y de los procedimientos de cómo esos acuerdos se implementan en el Parlamento. Hay una cuestión pendiente.

En tercer lugar, y más allá de la discrepancia que pueda existir en cuanto al procedimiento, hay un problema de seriedad del sistema de partidos políticos, que son el cauce a través del cual se debe actuar ordenadamente en política, y los presidentes de los que tienen representación en el Parlamento en este caso firmaron un acuerdo político.

Ahora, cada partido tiene legítimos derechos para discrepar de la manera como se llegó a la firma de ese acuerdo; pero la realidad es que si tengo que sopesar, por un lado, la importancia que los acuerdos políticos se respeten y, por otro, el proceso de autocrítica interno de cada partido, para ver si realmente la firma de ese documento se hizo con los respaldos internos debidos o a través de las instancias internas adecuadas, opto por la seriedad del sistema político y de los acuerdos que firman los partidos políticos. Si no se respetan, la credibilidad del sistema se pierde ante la opinión pública, más allá de que cada partido internamente analice a través de sus canales si realmente actuó adecuadamente, llamándoles la atención y dándoles tirones de orejas a las autoridades que no lo hubiesen hecho cabalmente.

Pero lo que está en juego frente a la opinión pública es la visión que se tiene de la clase política. Esta firma un acuerdo y no puede después el Parlamento variarlo o ignorarlo.

Si bien no existen órdenes de partido desde el punto de vista constitucional, las democracias funcionan ordenadamente cuando hay interlocutores válidos para llegar a acuerdo, los cuales son las directivas de los partidos políticos. Si las directivas no cumplen adecuadamente su rol, la democracia interna de los partidos permite adoptar todas las medidas de corrección que sean necesarias.

Ahora, si queremos prestigiar nuestro trabajo -tal como los acuerdos de Comités, que a veces se aceptan a regañadientes- debemos aprender a respetar los acuerdos de las directivas de los partidos políticos.

Cada uno internamente analizará si pudo mejorar o no el acuerdo o qué error i se cometió; en este caso, se ha de tener en cuenta que el tema se abordó además en el momento previo a una elección, con todo el ajetreo que significa la actividad de una campaña electoral.

Ahora, todas las excusas o todos los argumentos en contra para justificar por qué el acuerdo es malo, no apuntan al fondo que es lo que realmente debe interesar al Parlamento, sino a elementos de procedimientos.

En el fondo, como dijo el Diputado señor Coloma, la reducción del mandato presidencial es bueno para el país. Mantener un período presidencial de ocho años, sin que exista un mecanismo que resuelva un eventual conflicto entre los poderes ejecutivo y legislativo, como originalmente lo contemplaba la Constitución de 1980, genera una parálisis del país gravísima.

Si un gobierno, al cabo de cuatro años, pierde la mayoría en el Congreso, debe seguir gobernando otros cuatro con una minoría parlamentaria y sin un mecanismo que le permita resolver eventuales discrepancias. Ese hecho amerita por sí solo la reducción del mandato presidencial.

Por lo tanto, más allá de lo ideal que hubiese sido el mandato presidencial de cuatro años sin reelección, como el que esta propia Cámara acordó, reducir el período es bueno para el país, y eso hay que decirlo con todas sus letras, porque ese es el fondo del problema: un período de seis años es mejor que uno de ocho.

La simultaneidad tiene de dulce y de agraz. Respecto de ella no es posible sentar como axioma absoluto que al no aplicarla, el país entra poco menos que en crisis o, a la inversa, que teniendo simultaneidad están todos los problemas resueltos. Ni una cosa ni la otra.

La simultaneidad tiene como elemento positivo el que un gobierno recién elegido no hereda un Parlamento que pudiere serle adverso. Podría darse el caso de que un Presidente, cuando se pierde la simultaneidad, asuma el poder con un Parlamento minoritario, heredado en términos de su respaldo, lo cual, naturalmente, le produce un grado de dificultad para imponer las políticas que el país mayoritariamente aprobó al apoyarlo como candidato presidencial.

Pero también la simultaneidad tiene aspectos negativos. Es cierto que algunos candidatos a parlamentarios que no tienen capacidad propia para ganar su propia elección pueden ser favorecidos por la influencia que entre los electores ejerce el candidato presidencial. A veces, algunos parlamentarios ven renovado su mandato, más que por sus méritos propios, porque simplemente recibieron el apoyo y el respaldo que significaba una candidatura presidencial atractiva para el país. De manera que hay factores negativos y positivos en ambas hipótesis.

No voy a cambiar mi posición en dos meses. Sigo creyendo que la simultaneidad es mejor; pero no me opongo a efectuar un estudio serio para determinar cuán negativo puede ser el efecto de la pérdida de la simultaneidad; porque a lo mejor en un análisis más acucioso se puede llegar a coincidir en que ella termina favoreciendo la elección de parlamentarios más capaces y no contaminando el Congreso Nacional con los efectos propios de la elección presidencial.

Ahora, en cuanto a la periodicidad, se dice que puede haber elecciones cada un año o cada dos años y siete meses.

Quiero señalar que el tema de la elección municipal, que juega un factor importante, debe ser revisado no sólo en cuanto a la fecha en que se producirá esta elección en el futuro, sino también en cuanto al sistema de elegir a los alcaldes, porque si hay algo que ha quedado demostrado es que el aprobado en el Congreso no fue el mejor para el país. En la mayoría de los casos, no se eligió alcalde a la persona que obtuvo el mayor respaldo dentro de su comuna. Por el contrario, hay casos de alcaldes que no tienen ni el ocho ni el nueve por ciento de los votos y, sin embargo, fueron elegidos alcaldes por dos o cuatro años. Me parece que éste es un elemento que el futuro Congreso debe corregir.

Respecto de la fecha de la elección municipal, para vincularla al tema anteriormente abordado, quiero señalar que una de las ideas que se puede barajar es terminar con la simultaneidad de todas las elecciones municipales. No hay ninguna razón que justifique el realizarlas en una misma fecha, porque eso le da un efecto político que, a lo mejor, no corresponde a un sistema municipal sano. Podrían hacerse en fechas distintas, de manera que no hubiera paralización del país porque en todo Chile hay elecciones municipales. Perfectamente podrían llevarse a cabo, por ejemplo, tomando en consideración la fecha de aniversario de cada municipio u otro criterio. Habría elecciones continuas a lo largo de todo el país, pero sin un impacto político. Podría haber una o dos en la Región Metropolitana; una en el sur y otra en el norte, de tal manera que perdería el carácter de una evaluación política de gobierno, que es lo que la gente quiere. Afortunadamente en eso hay amplia mayoría, porque el alcalde, cuando lo hace bien, recibe el reconocimiento de todos los sectores políticos, como cuando un parlamentario también cumple adecuadamente su gestión.

Señor Presidente, sería ponerse una venda en los ojos suponer que estamos votando lo mismo que hace dos meses, porque no es así. Éramos partidarios de cuatro años sin reelección. Sinceramente, acortar el período presidencial es lo más importante hoy día, y ello se está consiguiendo.

Hay que estudiar a fondo, como ya se ha planteado, cómo regular el tema de la simultaneidad y cómo lo vinculamos al tema de la elección municipal.

Tenemos que resolver otros dos elementos en el futuro: cómo hacemos que el sistema de partidos políticos se prestigie a través de la validez de los acuerdos de sus directivas y cómo logramos que los procedimientos de tramitación de las leyes involucren adecuadamente a los parlamentarios para que cada proyecto de ley que se vote, haya sido debidamente analizado a tiempo por las respectivas bancadas, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.

Por esas consideraciones, los Diputados de Renovación Nacional, en términos mayoritarios, vamos a apoyar el acuerdo adoptado por las directivas de los partidos, razón por la cual votaremos favorablemente la reforma constitucional.

He dicho.

El señor MOLINA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Gajardo.

El señor GAJARDO.-

Señor Presidente, siempre he sido partidario de acortar el período presidencial. Pienso, como la mayoría de la opinión pública, que un mandato de ocho años es excesivo porque rigidiza en demasía las estructuras políticas. No habría razón, entonces, para objetar un proyecto que rebaja el período presidencial.

Sin embargo, a mi juicio, el tema no puede ser abordado en forma aislada. Tiene necesariamente que ir asociado a la periodicidad de las renovaciones parlamentarias, de manera de conservar un elemento que nos parece fundamental para el funcionamiento correcto del sistema democrático: la simultaneidad de las elecciones parlamentarias con las presidenciales. Como lo han hecho presente destacados analistas, los factores que favorecieron el colapso de nuestras instituciones políticas en 1973 fueron las normas constitucionales que posibilitaron gobiernos de doble minoría; esto es, que bastaba la mayoría relativa en la elección de Presidente de la República, que pudo ser una minoría en términos absolutos, y la falta de coincidencias de las elecciones presidenciales con las parlamentarias.

El proyecto que se nos propone tiende, precisamente, a debilitar uno de los resguardos constitucionales hoy vigentes, destinado a permitir que el Presidente de la República, al ser elegido, cuente con el apoyo parlamentario necesario para avanzar en el proyecto político que representa y para cuya ejecución y debido cumplimiento recibió el respaldo ciudadano.

Hacer que la elección de diputados y senadores tenga lugar junto con la elección presidencial, como ha ocurrido en 1989 y 1993, garantiza, al menos en teoría, que el gobierno inicie su mandato con una representación parlamentaria generada simultáneamente con el mandato presidencial.

Una fórmula distinta, como la que resulta del proyecto en debate, no resguarda ni garantiza aquel propósito. Por tanto, la reducción en sí misma del mandato del período presidencial no constituye un progreso, sino un claro retroceso. Sólo sería positiva en la medida en que se acordara, al mismo tiempo, una modificación que adecuara la duración del mandato parlamentario para mantener la simultaneidad electoral.

Mi opinión, en consecuencia, es negativa a este proyecto. No obstante ello, votaré a favor. Lo haré por lealtad a quienes lo están impulsando: al Gobierno del Presidente Aylwin, al Presidente electo, don Eduardo Frei , a mi partido, la Democracia Cristiana; a la Concertación y al amplio consenso político alcanzado en tomo a él. Lo hago, también, porque espero que en el período presidencial y parlamentario que se iniciará en marzo próximo evaluaremos correctamente la cuestión de la simultaneidad y asumiremos cabalmente la responsabilidad de darle al tema el tratamiento que se merece; es decir, de un asunto de Estado y no de una cuestión política de corto plazo donde primen intereses coyunturales.

Con la esperanza de entender que el proyecto en estudio es un paso más en el caminar hacia el perfeccionamiento de nuestras instituciones políticas y que en el futuro será seguido de otras modificaciones entre otras, la simultaneidad de las elecciones presidenciales y parlamentarias, votaré por su aprobación.

He dicho.

El señor MOLINA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Huepe .

El señor HUEPE.-

Señor Presidente, en primer lugar quiero recordar, a raíz de algunas alusiones que se hicieron en la Sala con respecto a lo apresurado que ha sido el trámite del proyecto, que el texto primitivo se envió en marzo de 1993; o sea, 10 meses antes de la elección. Hago esta aclaración porque el Diputado señor Chadwick reclamaba por la urgencia con que nos hemos visto obligados a legislar. En verdad, el proyecto estaba aquí desde aquella fecha y, a nuestro juicio, hubo tiempo suficiente para tratarlo, responsabilidad que todos debemos asumir en parte por no haber enfrentado este problema de forma más adecuada.

En el debate sobre el mandato presidencial se están cruzando tres variables o temas: la duración del período, la reelección y la simultaneidad. Las combinaciones posibles de cada uno de estos temas son muy diversas, por lo que se podrían proponer 4 ó 5 maneras de concordar los factores. Sin duda, cada uno de nosotros prefiere uno de los diversos esquemas posibles, los cuales cruzan los diversos partidos políticos, porque no existe una preferencia clara dentro de las bancadas, sino que hay discusión al interior de ellas, pues la realidad política nos muestra la imposibilidad de obtener la totalidad del esquema que uno desearía. Por ejemplo, en mi caso, como en el de muchos parlamentarios de la Democracia Cristiana, deseamos un período más corto y con simultaneidad. Pero el debate y la tramitación del proyecto han demostrado que ello no es posible, y debemos optar y decidir a cuál de los aspectos involucrados le damos mayor importancia, y aquí aparece con mayor fuerza la idea del consenso. ¿Y qué es el consenso? Es un acuerdo donde nadie obtiene todo lo que desea, pero nadie se siente derrotado. El consenso está basado precisamente en satisfacer las aspiraciones mínimas de los diversos participantes. En ese contexto, obligados a optar, prefiero, al igual que muchos otros parlamentarios de la Democracia Cristiana, privilegiar el acortamiento del período por sobre el tema de la simultaneidad.

Desgraciadamente, debemos reconocer que se ha legislado en función de la coyuntura y no del largo plazo, y ya se ha señalado también durante el debate, por diversos sectores políticos, que éste es sólo el primer paso de una reforma más de fondo que hay que enfrentar, o al menos tener otros debates, pues lo lógico hubiese sido enfrentar todo el tema del sistema político. Al respecto, me preocupan algunas expresiones de parlamentarios de Oposición que han tratado de esquivar el asunto; pero si no se logra acuerdo sobre el tema global del sistema político, tenemos que reconocer que incluso el acuerdo que hoy estamos tomando obligará a modificar algunos aspectos en el futuro.

En ese sentido, tiene que modificarse y está pendiente lo relativo a las normas sobre vacancias y también el de la simultaneidad de las elecciones.

Tomando lo que decía el Diputado señor Espina, quiero preguntar ¿qué pasa en Chile con este acuerdo si no se realizan otras modificaciones?

Durante el período del Presidente Frei habrá dos elecciones generales: en julio de 1996, de concejales, y en diciembre de 1997, de parlamentarios. Y el Presidente de la República que suceda al Presidente Frei , y que gobernará hasta marzo de 2006 según este acuerdo tendrá tres elecciones; en julio de 2000, de concejales; en diciembre de 2001, de parlamentarios, y en diciembre de 2004, nuevamente de Concejales. ¿Es o no un exceso? ¿Puede cambiarse al menos la fecha de la elección de concejales? Este es uno de los temas pendientes.

En resumen, no estamos en contra de la proposición consensual a que se ha llegado; la vamos a votar favorablemente, porque entendemos que en virtud del realismo político, es la única opción claramente posible.

Sin embargo, y para terminar, quiero plantear de inmediato una pregunta al Diputado informante o a los integrantes de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, toda vez que, a mi juicio, hay un tema, muy delicado, que cuestiona la posibilidad de que el Congreso pase o no por encima de las instituciones.

Entiendo que el Tribunal Calificador de Elecciones dicta un fallo proclamando al Presidente electo por un período determinado. El 4 enero de 1990, proclamó al Presidente Aylwin como Presidente de la República por el período 1990-1994. En enero del próximo año, o tal vez antes, el Tribunal Calificador de Elecciones no tiene otra opción que la de proclamar al Senador Frei como Presidente de la República por el período 1994-2002, y así aparecerá en la sentencia o fallo que se dicte.

Por lo tanto, si se entiende que el acuerdo del Congreso, que será ratificado finalmente en el Congreso Pleno, puede pasar por encima del fallo, estamos ante un problema bastante delicado, porque, en teoría, entre marzo de 1997 y diciembre de 1999 puede haber otro Congreso, con mayorías absolutamente distintas, y podría llegarse en ese momento incluso al acuerdo de acortar o alargar el período presidencial. Entonces, el fallo del Tribunal Calificador de Elecciones no tendrá eficacia para estos efectos.

Me preocupa el problema constitucional que podría generarse y, por eso, hago esta pregunta.

En resumen, en este acuerdo que, reitero, vamos a aprobar porque es la única base de consenso posible, surgen más preguntas que respuestas.

He dicho.

El señor MOLINA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Bayo.

El señor BAYO.-

Señor Presidente, si lo estima pertinente, podría absolverse la consulta del Diputado señor Huepe primero.

El señor MOLINA (Presidente).-

Oportunamente se dará la palabra al Diputado informante.

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor BAYO.-

Señor Presidente, no puedo votar el proyecto sin primero dar mi opinión al respecto.

En primer lugar, frente a la afirmación del Diputado señor Huepe respecto del largo tiempo de permanencia del proyecto en la Cámara de Diputados, le recuerdo que ha estado radicado en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, en la cual no existe mayoría de la Oposición. De manera que "al César lo que es del César".

Desgraciadamente, por la brevedad del tiempo, estamos obligados a analizar el tema en forma muy somera. Coincido con el Diputado señor Viera-Gallo en que esta materia está siendo tratada en forma precipitada; pero no comparto su apreciación de que tal premura se debe a la Oposición. Incluso, problemas internos de la Concertación han dilatado el tratamiento del asunto. Además, constituye una irresponsabilidad decidir sólo lo relativo al período presidencial sin hacer referencia a las otras elecciones populares. A nadie medianamente sensato le gusta un país con elecciones permanentes, que paralizan la actividad comercial y económica, y producen incertidumbre ante eventuales modificaciones de las reglas del juego, sin considerar, además, el cuantioso costo de cada una de ellas.

Me resulta poco atractivo hablar de los acuerdos de las cúpulas políticas, muchas de las cuales no han demostrado eficacia en sus diversas conductas. Incluso, resulta irrisorio oírlas hablar de fortalecer al Parlamento. ¿Fortalecerlo para qué? ¿Para que esas mismas cúpulas se sientan más fortalecidas? Es una pregunta digna de ser contestada.

No sucede así en los Estados modernos, en los cuales el Parlamento fija criterios divergentes del Poder Ejecutivo. Ayer, en el Senado de la República, se recordó que a propósito del Tratado de Libre Comercio, el Presidente Clinton no conversó con los presidentes de los partidos políticos, sino con el Congreso. Esa es la forma de hacer participar al ciudadano moderno, que está y se siente representado por los parlamentarios.

Por lo tanto, anuncio mi abstención, porque así creo interpretar a quienes me entregaron su confianza en el distrito N° 48.

He dicho.

El señor MOLINA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Elizalde.

El señor ELIZALDE.-

Señor Presidente, en primer lugar, me llama profundamente la atención la diferencia entre los dos mensajes firmados por el Presidente de la República y el Ministro del Interior, puesto que el segundo cambia el sentido del primero, en el que se señalan con exactitud las razones por las cuales no debe existir un período de seis años.En segundo término, en el anterior debate sobre la reforma planteé mi oposición a rebajar el período, porque lo consideraba absolutamente extemporáneo: los candidatos a Presidente de la República estaban nominados y la ciudadanía tenía que pronunciarse en ese sentido.Me parece inconcebible que la Derecha, que durante cuatro años ha venido planteando que no quiere que se desmantele ni modifique la Constitución Política, hoy concurra a un acuerdo para crearse posibilidades políticas, sin considerar una visión global del país. Pero también, estimo que existe inconsecuencia por parte de la Concertación, por cuanto con esta reforma no hemos ganado absolutamente nada: no hemos avanzado en modificar la institución de los Senadores designados, en cambiar el sistema binominal, en entregar mayores facultades al Congreso, ni en transformar esta Constitución en democrática.De los resultados electorales, se desprende que el 69 por ciento de los sectores progresistas de este país efectivamente desean que los cuatro temas planteados sean los que este Congreso resuelva impulsar.Hoy se hace un panegírico del Senador Fernández.

Sin embargo, si la mayoría de los chilenos hubiese podido votar para justificar su presencia en el Parlamento, habría decidido que no siga siendo parlamentario. ¡Eso habrían dicho los chilenos!, porque los senadores designados son irresponsables políticamente; nadie los juzga. Hay grandes senadores y diputados que la ciudadanía juzgó en forma negativa y no los reeligió. A ellos, nadie los elige: los designaron y no han sido juzgados por la ciudadanía. Entonces, ¿de qué hablamos? Se han sumado una vez más a la posición que la Derecha ha mantenido durante cuatro años para impedir que el Gobierno de la Concertación haga realidad su programa. En ese sentido, me parecen inconcebibles los cambios que ocurren.

Planteo, en primer lugar, que esta reforma es inaplicable aun cuando se apruebe, porque estamos ante un problema constitucional de derecho público: la gente votó por la actual Constitución, no por un hipotético período; votó por ocho años, que es lo establecido en la Constitución Política del país.

En segundo término, tal como lo planteó el Diputado señor Huepe, este Presidente será declarado oficialmente como tal por el Tribunal Electoral el 4 ó 5 de enero, por ocho años, y su juramento en marzo es un mero trámite concordante con lo anterior.

En consecuencia, ¿en qué estamos? Me parece que los chilenos, al margen de los acuerdos y de las disposiciones, votaron por un Presidente de la República y por un programa. Esos chilenos votaron más que por modificar el período presidencial, por superar sus problemas concretos, porque a través de un nuevo programa se avanzara en la excelente tarea realizada por el Presidente Aylwin y por la perspectiva de lo que tenemos como Gobierno de la Concertación.

En ese sentido, hoy vemos realidades que nos inquietan. Un 31 por ciento de los chilenos elige y se queda con un 45 por ciento del Parlamento, fuera de quedarse con nueve senadores irresponsables políticamente.

¿Quién entiende esto en este país?

El señor MASFERRER.-

¿Quiénes son los irresponsables?

El señor ELIZALDE.

Los que no son juzgados por la opinión pública.

En consecuencia, señor Presidente, me parece que este tema es extemporáneo, tal como lo fue el proyecto anterior; debiera mantenerse.

El señor MOLINA (Presidente).-

Le queda un minuto, señor Diputado.

El señor ELIZALDE.-

...la Constitución existente. Sin embargo es la misma posición del resto de los Diputados de la Democracia Cristiana, de la que soy militante desde hace muchos años, entiendo que las directivas políticas y todas sus estructuras plantean y llegan a acuerdos políticos y en ese mismo sentido, votaré esta reforma; pero también lo haré por una segunda razón: porque quiero que el Presidente Frei comience haciendo posible lo que ha manifestado: disminuir su período presidencial antes de marzo, siempre que sea dentro de la Constitución y de la ley. También lo hago porque creo que ésta es una mera etapa que no aporta nada en una visión global del país, porque los problemas fundamentales son los cuatro que he mencionado, entre los cuales sobresale el permitir que el pueblo chileno haga realidad lo que la gran mayoría espera y desea: que la Constitución sea efectivamente democrática.

He dicho.

El señor MOLINA (Presidente).-

Tiene la palabra por dos minutos el Diputado señor Ulloa, y posteriormente, para finalizar, el Diputado señor Elgueta.

El señor ULLOA.-

Señor Presidente, en primer lugar, respecto de algunos conceptos vertidos en esta Sala, estimo que en nuestro país no existe una clase política, sino personas vinculadas al quehacer político.

En segundo lugar, pienso que hablar de un juramento como un mero trámite, es un gravísimo error. Los juramentos son para cumplirse y, en consecuencia, no tienen aquel carácter.

Con relación al problema planteado, a pesar de la gran cantidad de argumentos que se han expuesto en esta Sala en contra del proyecto, relativos a su inoportunidad, a la participación y al hecho de que existe un Presidente electo por ocho años, quiero agregar sólo uno: que en nuestro país es absolutamente necesario mantener objetivos de desarrollo de largo plazo, los que se materializan por gobiernos de mayor duración. La historia de Chile nos revela que esos gobiernos han tenido éxito, y más aún en la actualidad, por cuanto las distancias ideológicas ya no son extremas. Tampoco existe la polarización de antes, porque ahora son tenues las fronteras ideológicas y de partidos.

He querido agregar este nuevo argumento en contra del proyecto, porque, sintiéndome orgulloso de pertenecer a la Unión Demócrata Independiente, en la cual no existen las órdenes de partido, volaré que no esta reforma constitucional.

He dicho.

El señor MOLINA (Presidente).-

Por último, tiene la palabra, por ocho minutos, el Diputado señor Elgueta.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, creo que este proyecto de reforma constitucional implica dos temas. Primero, el ejercicio del poder constituyente. Según Max Weber, el poder es la posibilidad de imponer la voluntad a los demás, y es lo que se ha impuesto a los parlamentarios, mediante el llamado acuerdo político.

Segundo, muchos han sostenido que éste es un problema de cada partido y que, en consecuencia, debe discutirse en su interior si procede impartir esas órdenes como manifestación de disciplina; pero si nos atenemos a la legalidad vigente, un grupo o una persona no puede atribuirse otra facultad que las señaladas por la ley. Lo establece la propia Constitución en sus artículos 6° y 7°.

Asimismo, la ley dispone que los partidos políticos no podrán intervenir en el ejercicio de las atribuciones exclusivas de las autoridades designadas de conformidad con la Constitución y las leyes. Sin embargo, en este proyecto muy breve, en la práctica, de facto, un grupo de personas decidió cambiar el guarismo "ocho" por "seis".

De modo que deberíamos discutir cuáles son los límites jurisdiccionales de los partidos políticos, los atributos y la competencia del Poder Legislativo y del constituyente. De lo contrario, siempre estaremos dando un sí, como en la vieja obra de Leandro Fernández de Moratín, "El sí de las niñas", en que los padres escogían a los maridos de sus hijas. Aquí, un grupo ajeno al Parlamento tomó una decisión que nos corresponde a nosotros.

Es mala política y no atañe sólo a un partido, sino al conjunto de ellos que suscribió el acuerdo sin previa consulta a los parlamentarios.

El otro tema es la reforma constitucional. Se ha hablado de la valiosa gestión del Senador Fernández, pero tengo una seria duda al respecto, porque el martes 14 de septiembre de 1993 dicho parlamentario señaló en el Senado lo siguiente: "Señor Presidente, la reforma constitucional propuesta para acortar el período presidencial es profundamente inconveniente para el país". Luego agrega: "Los plazos razonablemente prolongados permiten a los Presidentes y a los partidos que los apoyan realizar efectivamente sus programas. Y éstos son fructíferos, porque se basan en la estabilidad. Los períodos cortos, en cambio, concluyen en lamentaciones de los gobernantes sobre la imposibilidad en que se vieron de hacer realidad lo que proyectaban, por la falta de tiempo y por la incomprensión de los Congresos". Más adelante, añade: "En efecto, la presente reforma está orientada a volver al período presidencial de seis años, el cual, probablemente, sea la peor de las fórmulas en debate. Como primera consecuencia grave de esto, las elecciones presidenciales quedarán desfasadas de las parlamentarias, excepto una vez cada doce años". Después señala: "El sistema de sexenios desfasado, históricamente, ya fracasó en Chile, y lo confirma así la manera como terminó el régimen político. Este sistema fue una de las causas de la crisis de nuestra democracia en 1973". Posteriormente, añade: "Nuestra actual Constitución establece un mecanismo institucional que hoy está cuidadosamente equilibrado para otros plazos. Este único cambio debilitará un equilibrio que se concibió precisamente con el objeto de corregir los defectos del sistema establecido en la Carta de 1925".

Señor Presidente, pregunto: ¿este es el discurso de ayer del Senador señor Fernández o es el del 14 de septiembre de

1993? ¿En cuál de ellos cree este senador que impulsó esta reforma? Aún más, al rebajarse el período presidencial a seis años, se está destruyendo -escuchen los señores de la UDI- lo que sostenía Jaime Guzmán en un trabajo llamado "El miedo y otros escritos", en el cual sostenía lo siguiente: "Cuatro son las líneas principales que el anteproyecto constitucional considera para fortalecer el presidencialismo chileno y con cuya importancia y conveniencia concuerdo plenamente", y señalaba que "una de esas bases fundamentales era aumentar el período presidencial a ocho años y hacer coincidir su elección con la de parlamentarios, ya que la duración prolongada de un gobierno le permite enfocar su gestión con mayor eficacia, mientras que al no verse abocado a constantes elecciones, da más libertad a su acción y evita una permanente efervescencia política en el país.".

En consecuencia, aquí se observa una actitud de verdadera discrepancia entre lo que se sostenía ayer y lo que se sostiene hoy, y la sospecha nos lleva a preguntamos por qué se produce esto y cuáles son las razones de fondo.

Nadie ha dicho cuáles son las razones de fondo; pero si las analizáramos, concluiríamos que son dos. Una, la imposibilidad de que la Derecha llegue al gobierno en un período breve y, en consecuencia, terminen de a poco con el sistema presidencial chileno; y la segunda, el establecimiento de un cronograma que permita mantener la inamovilidad de los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, en relación directa con el Consejo de Seguridad.

La Constitución contiene una especie de números cabalísticos o mágicos: cuatro y ocho años en 10 artículos permanentes y nada menos que en cinco de las disposiciones transitorias. Si se examina cuáles son las instituciones que allí se tocan, se verá que hay una relación muy estrecha entre los cuatro y los ochos años. El Presidente durará ocho años, y en caso de vacancia se habla del mismo período. Los senadores y diputados, ocho y cuatro años; el Tribunal Constitucional, ocho y cuatro años; el Tribunal Calificador, cuatro años; los tribunales regionales, cuatro años; los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, cuatro años. Por consecuencia, el Consejo de Seguridad y los concejales y alcaldes también tienen estos números mágicos de cuatro y ocho, que ahora, en un solo punto, se pretende rebajar a seis.

El señor MOLINA (Presidente).-

Ha terminado su tiempo, señor Diputado. Redondee la idea.

El señor ELGUETA.-

Nadie ha dicho cuál es la verdadera razón del acortamiento y del cambio de criterio de parte del Senador Fernández y de la UDI.

Votaré favorablemente, tal como lo señalé al comienzo, exclusivamente porque creo que se da una especie de coacción. Estamos frente a hechos consumados, frente a un acuerdo político, frente a un reconocimiento. En consecuencia, no ha existido verdadera y auténtica libertad para decidir.

Por eso, exclusivamente por disciplina, voy a acatar este acuerdo.

He dicho.

El señor MOLINA (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Ministro Secretario General de la Presidencia.

El señor BOENINGER (Ministro Secretario General de la Presidencia).-

Señor Presidente, seré muy breve, dado lo avanzado de la hora y porque no es el momento para que el Ejecutivo plantee nuevamente lo sustantivo de su criterio, que por lo demás está expresado en el mensaje de la presente reforma.

En síntesis, el criterio del Ejecutivo sobre el tema no ha variado en su sustancia. Seguimos creyendo que el proyecto original de cuatro años, sin reelección y con simultaneidad de las elecciones, es la mejor opción. Sin embargo, es un hecho objetivo que después de haber sido aprobado dos veces por mayoría en esta Corporación, no se produjo el acuerdo suficiente entre la Cámara y el Senado. En consecuencia, hubo que retirarlo de la convocatoria.

Lo ocurrido ahora es un consenso a nivel de todos los partidos políticos representados en el Parlamento, acogido por el Ejecutivo por dos razones. La primera, porque el acuerdo político se refiere a lo más fundamental del tema en cuestión: la duración del período, sin perjuicio de la importancia de los demás elementos; y la segunda, por tratarse de un consenso amplio.

Es evidente que la democracia será más estable cuanto más consensos se logren en ella, al margen de los elementos de competencia y de discrepancia entre Gobierno y Oposición.

Es necesario estimular y reconocer el hecho de haber llegado a consenso entre todos los partidos políticos representados en el Parlamento en una fecha tan notable: 10 días antes de las elecciones generales.

Por estos dos motivos, acogimos el consenso producido, pese a que seguimos creyendo que el proyecto original, con la simultaneidad de elecciones, es la mejor alternativa.

En tercer lugar, el Ejecutivo entiende que no se produjo discrepancia sobre el problema pendiente de la vacancia del cargo de Presidente de la República. Todo el mundo reconoce la necesidad de armonizar la disposición del actual artículo 29 con la aprobación del período de seis años; pero los firmantes del acuerdo no analizaron este particular tema en su oportunidad y cuando fueron alertados sobre el contenido de esta norma, no tuvieron tiempo para llegar a una conclusión. De manera que el Gobierno entiende -así se dice en el mensaje- que aquí hay un tema pendiente, no para legislar en algún momento indefinido del futuro, sino que -me imagino- a comienzos de la legislatura del nuevo Congreso, cuando éste se constituya, para armonizar la norma permanente con la vacancia.

Por último, deseo referirme en forma sucinta al problema de la oportunidad. En verdad, ésta tiene dos aspectos: temático y cronológico, de momento, de fecha. No quiero ahondar sobre el primero. En el curso de este período, el Ejecutivo presentó diversas reformas constitucionales que estimó necesarias, contenidas en el programa de la Concertación; algunas fueron acogidas; otras no obtuvieron el quorum suficiente.

Creemos que este tema particular tiene una individualidad separada que se vincula con el régimen político y no con las demás materias que se han aludido, acá. Pero ciertamente queda un conjunto de reformas que serán motivo de debate futuro en el Parlamento.

Respecto de la oportunidad cronológica a que se refieren fundamentalmente los reparos que se han suscitado, cabe recordar -como lo hizo un señor Diputado hace un momento- que el proyecto específico del Ejecutivo se presentó en la Cámara hace bastante tiempo. Hubo un debate largo y profundo y se aprobó en primer trámite constitucional, por amplia mayoría, la idea de legislar. En aquella oportunidad, salvo voces aisladas, nadie objetó la oportunidad de la iniciativa. Lo que sí ocurrió fue que la demora en el trámite y el hecho de que al final no hubiera concordancia entre la Cámara y el Senado, objetivamente llevó al problema de la oportunidad.

Ahora, ese problema de oportunidad significó que cuando se reunieron los jefes de los partidos políticos, se encontraron frente a un dilema; o se dejaba la norma que establece un período de ocho años, que me atrevería a calificar de aberrante, que no existe en ningún país del mundo, manteniendo, en consecuencia, respecto de la duración del período, cierta precariedad dado el consenso mayoritario de que ocho años es excesivo, o se enfrentaba al hecho de que se tenía que llegar a un acuerdo muy encima de las elecciones.

Creo que el acuerdo de los partidos, firmado días antes de las elecciones, fue muy oportuno, porque eliminó la precariedad y la incertidumbre. Por eso, el Ejecutivo envió esta iniciativa, sin que ello implique que haya modificado su criterio respecto de la mejor solución. Pero en esta vida lo mejor es enemigo de lo bueno, y estimo atinado que el Congreso -como parece que lo está haciendo- termine por aprobar el proyecto en referencia.

He dicho.

El señor MOLINA (Presidente).-

Cerrado el debate.

En votación general y particular el proyecto de reforma constitucional.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 86 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 7 abstenciones.

El señor MOLINA (Presidente).-

Aprobado en general y en particular el proyecto de reforma constitucional.

Oficios

Cinco de la Honorable Cámara de Diputados:

Con el primero, comunica que en el día de hoy ha aprobado, en los mismos términos en que lo hiciera el Senado, el proyecto de reforma a la Constitución Política de la República que reduce la duración del mandato presidencial.

-De conformidad a lo previsto en el artículo 117 de la Carta Fundamental, debe convocarse a sesión del Congreso Pleno, en la oportunidad y para los efectos que dispone el precepto citado.

?REFORMA CONSTITUCIONAL SOBRE DURACIÓN DE MANDATO PRESIDENCIAL

El señor VALDÉS (Presidente).-

Esta sesión del Congreso Pleno ha sido convocada para conocer y votar el proyecto de reforma constitucional que reduce la duración del mandato presidencial, en conformidad al artículo 117 de la Constitución Política de la República, cuyo tenor es el siguiente:

"Las dos Cámaras, reunidas en Congreso Pleno y en sesión pública, con asistencia de la mayoría del total de sus miembros, sesenta días después de aprobado un proyecto en la forma señalada anteriormente, tomarán conocimiento de él y procederán a votarlo sin debate.".

En su oportunidad, el Senado y la Cámara de Diputados aprobaron la enmienda en cuestión pon los quórum exigidos en el artículo 116 de la Carta Fundamental.

Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En primer trámite, sesión 18a, en 14 de diciembre de 1993.

Informe de Comisión:

Constitución, sesión 18a, en 14 de diciembre de 1993.

Discusión: Sesión 18a, en 14 de diciembre de 1993 (se despacha en general y particular).

El señor VALDÉS (Presidente).-

Si les parece a los señores Parlamentarios, se omitirá la lectura del proyecto.

Acordado.

La Mesa propone que la votación sea nominal y se realice por estricto orden alfabético; asimismo, antes de llevarla a efecto, los señores Parlamentarios podrán fundamentar su voto.

Me permito sugerir que procedamos en los mismos términos en que se han realizado las anteriores sesiones del Congreso Pleno, particularmente aquellas en que se aprobaron las modificaciones constitucionales sobre Gobierno y Administración Regional. De ese modo, cada partido, representado tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, así como los Comités Independientes y el constituido por los señores Senadores Institucionales, dispondrán de hasta 15 minutos para fundamentar su voto.

Tal procedimiento debe ser aprobado por el Congreso Pleno, porque, de acuerdo con el Reglamento, cada señor Parlamentario puede usar de la palabra hasta por cinco minutos para exponer los fundamentos de su voto. En esta oportunidad, sin embargo, como una manera de simplificar el pronunciamiento, se ha propuesto ofrecer 15 minutos a cada partido, pudiendo intervenir los señores Senadores y Diputados que lo deseen dentro de ese marco.

Las intervenciones se realizarán desde el podio instalado al costado de la testera.

Ofrezco la palabra.

Tiene la palabra el Diputado señor Bosselin.

El Diputado señor BOSSELIN.-

Señor Presidente, la sugerencia sometida a la consideración del Congreso Pleno señala que los señores Diputados tendrán la oportunidad de fundamentar su voto; incluso se ha propuesto, en forma alternativa, que dicha fundamentación se haga por cada partido político.

Es del caso observar que la Carta Fundamental dispone categóricamente que el Congreso, en este caso, está convocado para votar, "sin debate", el proyecto de reforma constitucional. En consecuencia, si cada señor Diputado y cada señor Senador funda su voto, o, en la tesis alternativa, los diferentes partidos expresan los fundamentos de su opción, la citada norma estará, evidentemente, conculcada. Dicha disposición es categórica: esta sesión tiene por único objeto realizar un acto de votación sin debate; es decir sin discusión. Eso es lo que ha querido el constituyente. Los reglamentos que se pretenda aplicar por la vía supletoria (el del Senado o, en subsidio, el de la Cámara de Diputados) son del todo improcedentes frente al carácter taxativo del texto constitucional.

Si alguna duda cupiera al respecto, bastaría remitirse al tenor literal de la expresión "discutir".

Por estas razones, señor Presidente, solicito que procedamos, sencillamente, a votar sin debate, como lo manda la Ley Fundamental.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Señor Diputado, efectivamente la Constitución dispone en su artículo 117 que se procederá a votar el proyecto "sin debate". Pero tal expresión tiene un significado explícito: una confrontación de opiniones. No resulta lo mismo —como lo muestra la historia de sesiones del Congreso Pleno— fundamentar el voto haciendo uso del derecho reglamentario existente en ambas Cámaras, es decir expresar las razones que mueven a votar en un sentido determinado.

Si un señor Parlamentario quiere usar de la palabra, de acuerdo con el Reglamento dispone de hasta cinco minutos. La alternativa que propone la Mesa (como se ha hecho anteriormente) consiste en que, sin entrar en debate, quienes deseen expresar la opinión de su colectividad tengan oportunidad de hacerlo, pero por partido. Es una modalidad distinta que se usó, sin reparo, en la última sesión del Congreso Pleno.

Por lo tanto, si hay acuerdo en que no se trata de abrir discusión —más allá de las diferencias de opinión contenidas en las intervenciones de los señores Parlamentarios—, procederíamos en la forma propuesta por la mesa.

El Diputado señor BOSSELIN.-

Con mi voto en contra, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Acordado, con el voto en contra del Diputado señor Bosselin.

Ruego a los señores Parlamentarios disponer las medidas conducentes a que se respete la duración fijada para cada intervención.

En el tiempo del Partido Demócrata Cristiano, ofrezco la palabra.

Tiene la palabra el Honorable señor Yunge.

El Diputado señor YUNGE.-

Señor Presidente, los Diputados democratacristianos venimos esta mañana a ratificar nuestra postura favorable al proyecto de reforma constitucional.

Entendemos que esta iniciativa refleja un acuerdo político que da estabilidad a nuestro país; y sustento, continuidad y lógica al proceso democrático en el que hemos estado empeñados. Nos interesa, básicamente, remarcar la trascendencia de la enmienda, acorde con un espíritu esencialmente democrático, generoso y de gran visión y compromiso de Estado y de país. Ello es especialmente significativo en la actitud del Presidente electo don Eduardo Frei RuizTagle, cuando todos sabemos que, en política, no es común que una persona, un partido o una agrupación de partidos que tiene la posibilidad de gobernar durante ocho años —mandato exageradamente prolongado, en opinión prácticamente unánime de todos los sectores— esté dispuesto a generar las condiciones para alcanzar un acuerdo que implique acortar ese período de gobierno y, por lo tanto, renunciar a ejercer el poder durante parte de ese plazo, en bien del país, en bien de nuestra democracia, en bien del consenso. Señor Presidente, concurriremos con nuestros votos a ratificar la aprobación de este proyecto de reforma constitucional, convencidos de que ella forma parte de la tarea de perfeccionar y consolidar el sistema institucional democrático chileno.

Los democratacristianos seguiremos bregando y trabajando —como lo consigna el programa del segundo Gobierno de la Concertación, que se iniciará en pocas semanas más— por lograr el mejoramiento y democratización del actual Régimen, lo que exige la reforma del sistema electoral, el que muchas veces produce situaciones injustas, que no reflejan el sentir de las mayorías populares; la reforma destinada a perfeccionar la representación democrática del Parlamento; las reformas tendientes a que el Presidente de la República recupere sus facultades y atribuciones, y otras que han sido objeto de debate, pero respecto de las cuales, desafortunadamente no se ha conseguido el acuerdo necesario para su aprobación.

Esperamos que con el paso del tiempo y la superación de las situaciones traumáticas que la historia del país vivió en el pasado, se den las condiciones para que, así como nosotros, en términos de comunidad nacional, de ciudadanía, estamos dando un ejemplo y desarrollando una experiencia de maduración, consenso y convivencia democrática, también seamos capaces de lograr que estos hábitos, esta práctica y esta convivencia se reflejen efectivamente en el Texto Fundamental y en la institucionalidad de Chile.

Por eso, señor Presidente, reitero que apoyaremos esta reforma constitucional, como un testimonio de respaldo a la persona del Presidente de la República electo y a su experiencia, en cuanto sabrá proyectar lo que en estos años ha significado el Gobierno de la Concertación encabezado por don Patricio Aylwin, por el bien de nuestro país.

He dicho.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Ofrezco la palabra a algún otro Parlamentario de la Democracia Cristiana que desee intervenir.

El Diputado señor ELGUETA.-

Pido la palabra.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Elgueta.

El Diputado señor ELGUETA.-

Señor Presidente, Honorables señores Senadores y Diputados: no obstante estar de acuerdo con este proyecto, tengo serias dudas respecto de la entrada en vigencia de la reforma, en el sentido que señalaba San Agustín: "En lo necesario, unidad; en lo dudoso, libertad, y en todo, caridad".

Manifiesto mis dudas acerca de que la presente iniciativa sea un buen precedente jurídico para el futuro. Se afirmará que el Derecho Constitucional "borra el pasado y lo constituye al instante en un orden nuevo de cosas, sea relativo a la organización del Estado o de los poderes públicos, sea relativo al ejercicio y atribuciones de los derechos civiles de los ciudadanos", como en 1890 afirmó la Corte de Apelaciones de Santiago, aplicando el viejo axioma de que "en Derecho Público no hay derechos adquiridos".

El asunto no es tan simple. Ya el actual jurista y profesor señor Eduardo Soto Kloss ha proclamado que dicho axioma "es una inepcia jurídica", lo que me hace meditar acerca de las siguientes interrogantes: ¿Alguien puede afirmar seriamente que, habiéndose cumplido todos los actos electorales de los últimos comicios (que son solemnes y de Derecho Público), ellos no se ejecutaron sobre la base de que el Presidente electo —ya proclamado— lo fue por el período de ocho años contemplado en la Carta Fundamental? La sola existencia del proyecto que nos ocupa lo prueba, como, asimismo, la resolución del Tribunal Calificador de Elecciones que proclama al Presidente electo "para el período señalado en el art. 25 de la referida Carta Fundamental", y dicho período es precisamente de ocho años.

El asunto no es baladí. Supongamos que se tratara de reformas constitucionales que alteraran los requisitos para votar o para ser candidato, o para alargar o acortar la duración de mandatos populares, aprobadas en pleno desarrollo del proceso electoral. ¿Cuál sería la decisión del Honorable Congreso Pleno si en esta oportunidad estuviésemos abocados a una reforma que redujera de 4 a 3, y de 8 a 6 los períodos de los Diputados y Senadores recién electos, o que extendiera los actuales mandatos a 6 y 10 años respectivamente?

¿Se podrá sostener que el Derecho Constitucional rige in actu, pase lo que pase, como, al parecer, resulta más cómodo según el acuerdo de distinguidos dirigentes políticos?

Con ese predicamento, ¿no podría llegarse, incluso, al extremo de disminuir el período de un Jefe del Estado en ejercicio, poniendo término a su mandato durante su propio gobierno y evitando, de esta manera, una posible acusación constitucional que pudiera alejarlo del Poder?

La democracia no es sino un proceso claro y transparente, y parte esencial del mismo son las actuaciones electorales: declaración de candidaturas, inscripción de electores, plazos legales, publicidad, apoderados, votación, colegios escrutadores, fallo del Tribunal Calificador de Elecciones, etcétera. Y este conjunto de actos sucesivos compromete solemnemente a los electores y a los candidatos, quienes, al ejecutar los actos previstos en la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, incorporan a su patrimonio cívico los efectos válidamente derivados de esas conductas. Por ende, este proyecto de reforma resulta enormemente perturbador para el soberano, que es el pueblo, del cual emanan nuestros mandatos.

Estas dudas parecieran disiparse al tenor del inciso final del artículo 119, de la Carta Fundamental, que expresa: "Una vez promulgado el proyecto y desde la fecha de su vigencia, sus disposiciones formarán parte de la Constitución y se tendrán por incorporadas a ésta.".

Este precepto se refiere a la promulgación, fecha de vigencia e incorporación. Todas ellas son ideas distintas. Desde luego, la iniciativa no tiene fecha especial de vigencia, o sea, hay silencio en este aspecto. Sin embargo, para que la enmienda pueda incorporarse y formar parte de la Carta, es menester que se precise cuándo entrará en vigor; empero, no existe una norma en tal sentido. Nueva duda: de aprobarse el proyecto, una vez promulgado, ¿regiría in actu el mandato de seis años en lugar del de ocho? ¿O, habiendo silencio sobre la fecha de vigencia, seguiría rigiendo la norma antigua?

Don Andrés Bello —jurista notable—, en una polémica con don Manuel Antonio Tocornal a través del diario "El Araucano", en 1842, a propósito de la vigencia o no de una limitación para votar de los analfabetos, afirmó que quienes habían adquirido el derecho a sufragio durante la vigencia de una Constitución, no lo perdían por el hecho de que otra Carta Magna exigiera requisitos que ellos no cumplían, salvo que esta última lo estableciera expresamente. Lo diré en sus propios términos: "La palabra de la ley da y quita derechos: su silencio los conserva". Y en el presente proyecto hay un gran silencio: la fecha de su vigencia, y si afecta o no al ciudadano proclamado Presidente de Chile por un período de ocho años.

Otro jurista, don Luis Claro Solar, escribió hace ya bastante tiempo: "Los derechos políticos no son, si se les considera en cuanto a ejercicio futuro, sino simples facultades, aptitudes que sólo constituyen derechos adquiridos por su realización; y por lo tanto una ley nueva puede quitarlos a los ciudadanos para el porvenir, sin obrar retroactivamente, con tal que respete su ejercicio en el pasado.". No cabe la menor duda de que el pueblo ejerció su derecho y de que éste fue reconocido por el Tribunal Calificador de Elecciones. Eso no puede ser modificado sin que el proyecto peque de retroactivo, y la retroactividad no es de aplicación general en el Derecho; es necesario establecerla expresamente. Y existiendo los silencios que he mencionado, me asiste la duda legítima de que la enmienda que nos ocupa pueda aplicarse de inmediato.

Quien lea las actas del Senado del 15 de diciembre de 1943, se impondrá de que en esa época se desarrolló una discusión análoga acerca de si debía regir in actu una reforma constitucional, con el consiguiente efecto retroactivo, o si, por el contrario, tal reforma no afectaba a los hechos del pasado. Se trataba nada menos que de la promulgación parcial de una ley, por cuanto un título de ella, originado en una moción parlamentaria, quedaba tácitamente sin aplicación en virtud de una enmienda de la Carta que suprimía la iniciativa de los congresistas en materia financiera.

¿Qué sucedería si un proyecto de ley presentado por un Parlamentario, totalmente tramitado en ambas Cámaras, fuere afectado por una reforma constitucional que eliminara ese tipo de iniciativas? ¿Debería promulgarlo el Presidente de la República? Si hay declaración expresa respecto de su vigencia, concedo que la reforma rige in actu; pero si hay silencio sobre este punto, la cuestión entra en la nebulosa de la duda.

En el debate aludido, se citaron las palabras del distinguido historiador don Gonzalo Bulnes: "El Parlamento influye en la marcha del Estado por lo que hace y por lo que impide hacer. Si queréis conocer la acción de un Congreso, no la midáis sólo por las leyes que dicta. Estudiad su archivo para saber lo que encarpeta y no discute. De ordinario tiene menos importancia lo que hace que lo que evita".

Al dudar de la conveniencia de este proyecto, en conciencia y en libertad, siento que estoy evitando un funesto precedente para la sana convivencia democrática y jurídica de Chile.

He dicho.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Quedan dos minutos al Partido Demócrata Cristiano.

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

El turno siguiente corresponde al Partido Renovación Nacional.

El Diputado señor MEKIS.-

Pido la palabra.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Mekis.

El Diputado señor MEKIS.-

Señor Presidente, honorables Parlamentarios: con estas palabras represento también la opinión de los Diputados de mi bancada señores Alessandri y Sotomayor.

Quiero comenzar expresando que al discutirse la reforma constitucional sobre municipalidades, fui partidario de que las elecciones municipales se celebrasen en conjunto con las parlamentarias. Sin embargo, ello no fue posible. Transcurrido poco tiempo, el Gobierno envió un proyecto —a mi juicio, muy a destiempo— con el objeto de modificar la duración del período presidencial. Durante su debate en la Cámara de Diputados, estuve abiertamente a favor de su aprobación, es decir, de reducir el mandato a cuatro años sin reelección. Sin embargo, la iniciativa resultó un completo fracaso.

Pese a lo anterior, el Ejecutivo insistió en buscar un acuerdo político encaminado a disminuir el período presidencial y logró consenso para rebajarlo a seis años. Todo esto ocurrió en plena campaña presidencial y parlamentaria, e incluso cuando ya se encontraba vencido el plazo para realizar propaganda electoral. Entonces se dio a conocer al país el proyecto respectivo y se lo envió al Congreso. Estoy cierto de que la inmensa mayoría de los ciudadanos ignoraron tal acuerdo y votaron convencidos de que lo hacían por un Presidente cuyo mandato duraría ocho años; no seis.

Entre los Diputados que en la Cámara Baja se pronunciaron a favor de los cuatro años sin reelección, no hubo uno solo que en su intervención no planteara, como piedra angular del sistema, la necesidad de elecciones presidenciales y parlamentarias simultáneas. No obstante, casi todos se olvidaron de ese argumento con motivo de la discusión del proyecto que rebaja el mandato a seis años.

Sobre la base del "consenso" a que he hecho referencia, del "acuerdo" a que se llegó, se nos ha convocado hoy día para que demos nuestra aprobación a esta enmienda de la Carta. Y se pretende hacerla aplicable, incluso, al caso del Senador señor Eduardo Frei, quien hace pocas semanas fue electo para ejercer el cargo de Presidente de la República por un período de ocho años.

Además de esa irregularidad de índole constitucional, considero que la vigencia de esta reforma someterá al país a una presión electoral que afectará seriamente su desarrollo. En efecto, formalmente, habrá comicios cada 1,7 años, pero, transcurrido un año, comenzará una nueva campaña, dado que ésta se lleva a cabo con alguna anticipación. Tal secuencia configura, a mi juicio, un exceso y resulta inconveniente.

Por otra parte, el Gobierno de turno también quedará sujeto a presiones, en el sentido de que podría atribuirse a esos actos electorales la naturaleza de un plebiscito —aunque no la tengan—, con la idea de juzgar su gestión. Sin duda, ello jamás reflejaría rigurosamente lo que finalmente esta última representará para todos los ciudadanos.

El consenso a que se ha llegado respecto de los seis años de mandato presidencial carece de la fuerza y de las características de aquellos que han sido los pivotes en los que se ha fundado la democracia, a los cuales nosotros, desde la Oposición, hemos contribuido enormemente.

Señor Presidente, este acuerdo no puede ser visto en forma aislada; no podemos tomar una institución por separado, desvinculándola de las demás. Porque existen otras —por ejemplo, la relativa al plazo del período parlamentario— que, de acuerdo a las opiniones de muchos, se hallan íntimamente ligadas a la materia que nos ocupa, pero que no se encuentran contenidas en esta reforma constitucional. Si lográramos, por abstracción, juzgar aisladamente una iniciativa, ésta podría resultar buena o mala por sí misma. Sobre esa base, cabría concluir que, por sí mismo, se trata de un buen proyecto. Pero, como dije, no podemos desvincularlo de las demás instituciones.

En razón de ello, no puedo otorgar, por mero compromiso práctico o por un simple afán consensualista, un valor absoluto a este tipo de acuerdos, con prescindencia de una preocupación —previa, por supuesto— por la lógica y la justicia de nuestras decisiones. Y es un hecho real la coincidencia de opinión que hubo en cuanto a la simultaneidad de las elecciones, como también lo es que el Senador señor Eduardo Frei fue elegido Presidente de la República por un período de ocho años.

Quiero terminar señalando que las convicciones y las realidades son anteriores al consenso, y que éste no puede ser origen de la verdad. Los consensos reales son acuerdos acerca de lo que la verdad es en sí misma. Y si deseamos un acuerdo político, veremos que se presentan dos alternativas: en un caso, que prevalezcan nuestras ideas, apoyadas en una circunstancial mayoría, y que se fuerce a que la verdad aparezca como resultado propio; en el otro, que presupongamos, en la medida en que se apunta a la búsqueda del bien, los elementos esenciales de la verdad, no de la falsedad. En lo personal, estoy convencido de que la elección por un mandato presidencial de ocho años es un hecho verdadero ante la ciudadanía, como también lo es la conveniencia de la simultaneidad de los comicios. El bien público debe ser el resultado de la verdad y de ninguna manera puede ser definido por el consenso, para evitar los falsos acuerdos.

Señor Presidente, he expresado estas palabras, en la representación que expuse al comienzo de mi intervención, con el objeto de rechazar la propuesta que ha motivado nuestra convocatoria.

He dicho.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Diez.

El Senador señor DÍEZ.-

Señor Presidente, señores Parlamentarios, Renovación Nacional apoyará la reforma constitucional sometida a consideración del Congreso Pleno. Las Constituciones deben ir adaptándose a las modificaciones sociales, y no hay ningún país donde exista un período presidencial de ocho años, sobre todo con las facultades que nuestra Carta Fundamental otorga al Primer Mandatario. Por eso, estimamos que volver al período tradicional de seis años es una sana práctica, y que moralmente podemos hacerlo, porque, si se tienen en cuenta la profundidad y la extensión de los medios de comunicación social, nadie puede válidamente sostener que el electorado desconocía el acuerdo a que se llegó al respecto.

Es bueno recordar, a fin de dejarlo establecido en la Versión Oficial de este Congreso Pleno, que en el Consejo de Estado del Régimen anterior, cuando se analizó la propuesta de la Constitución de 1980, fueron partidarios de un período de seis años catorce de sus quince miembros, entre ellos dos ex Primeros Mandatarios: don Gabriel González Videla y don Jorge Alessandri Rodríguez. Y fue este último el que defendió principalmente esa tesis, en una intervención a la que di lectura, hace un tiempo, en el Senado de la República.

Las Constituciones tienen que adaptarse a la velocidad de los tiempos, a la realidad, a la posibilidad de transmisión de las noticias y a la información del electorado. No hay duda de que nuestra Carta debe someterse a ese proceso. Y nosotros esperamos reformar, básicamente, las facultades fiscalizadoras de la Cámara de Diputados. Es cierto que el principal fiscalizador en la época moderna es la prensa libre. Pero para producir noticias resulta absolutamente indispensable hacer una investigación, no pareciendo adecuado que para emprenderla se requiera el voto de mayoría de dicha rama legislativa, el cual a menudo coincide con el Gobierno. Deberá bastar un número razonable de Diputados —que habrá que fijar— para que se nombre una Comisión investigadora, cuyas atribuciones también deberán ser precisadas, y otorgarse imperio tanto sobre los funcionarios como sobre el personal que trabaje en empresas del Estado. Es necesario que cuente con una mayoría para tomar acuerdos, pero debe ser suficiente sólo una parte de ella para determinar las diligencias y citaciones correspondientes.

Nosotros estamos dispuestos —y se lo decimos, en esta Alta Tribuna, al país— a contribuir al fortalecimiento y a la modernización de nuestro sistema democrático, teniendo en consideración los cambios sociales. Las Constituciones se han elaborado para regir los pueblos, no para seguir doctrinas y teorías. Por eso, estamos llanos, con un respeto absoluto a las personas, a la voluntad popular y al régimen democrático, a continuar contribuyendo —como lo hacemos en esta oportunidad— al perfeccionamiento de nuestra Carta Fundamental.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Ribera.

El Diputado señor RIBERA.-

Señor Presidente, he querido usar de la palabra para efectuar algunas precisiones que tienen por objeto destacar la postura mayoritaria del Partido Renovación Nacional en favor de la disminución del período presidencial a seis años y, además, aclarar el problema de la legitimidad democrática de esta reforma, planteado principalmente por el Diputado señor Elgueta.

Somos partidarios de estructurar relaciones de poder que permitan, nítidamente, un mayor control político de parte de la ciudadanía, así como de crear mecanismos fiscalizadores que eviten los gérmenes de la corrupción. En este sentido, pensamos que la elección del Jefe del Estado por un período de ocho años era manifiestamente excesiva y que su disminución obedece a un interés nacional.

La tradición política chilena no contemplaba mandatos tan extensos, los que, fundamentalmente, variaban entre los cinco años, con reelección o sin ella, bajo la vigencia de la Constitución de 1833, o de seis años, sin reelección, de acuerdo a la Constitución de 1925. Estos lapsos permitieron la rotación de las autoridades, en general, sin mayores contratiempos y garantizaron una larga estabilidad democrática.

Períodos muy prolongados, señor Presidente, conducen a una petrificación de los grupos gobernantes, generan falta de reacción ante los problemas sociales y llevan a una disminución de la capacidad de innovar. Por otro lado, las técnicas de comunicación hoy día hacen más fácil la implementación de políticas gubernativas, lo que lleva a que los períodos de los mandatos, siendo más cortos, pueden resultar más fructíferos.

Pero, básicamente, la participación política de la ciudadanía es la clave para el buen funcionamiento de la democracia. Un gobierno de ocho años, sumido, quizás, en problemas de desgaste por sus desaciertos, puede conducir a crear un foco innecesario de tensión, susceptible de solucionarse sólo mediante la renuncia del Jefe del Estado o la aplicación, en la práctica, de un sistema semipresidencial, donde el Presidente de la República manda pero no gobierna.

Porque deseamos un mayor control sobre las autoridades, incrementar la participación de la ciudadanía, más capacidad de innovación, menos anquilosamiento y corrupción, somos partidarios de acortar el período del Primer Mandatario.

La reforma constitucional que vamos a votar pone fin, también, a la simultaneidad de las elecciones presidencial y parlamentarias. Creemos que, en el futuro, debemos volver a discutir el tema, pues, en virtud de esta enmienda, se celebrarán en años distintos, como lo hizo presente el Diputado señor Mekis, los comicios de concejales, de Parlamentarios y de Presidente de 1a República. Esto no es conveniente para el país, ya que lo conduce a un estado permanente de luchas electorales, las cuales acrecientan las pasiones y dificultan el gobernar.

Un tema que ha estado rondando la mente de muchos Parlamentarios ha sido el de la oportunidad y legitimidad de esta reforma, a la que se trató de impulsar a principios del año pasado, intento que fracasó por falta de voluntad al interior de otros sectores. En definitiva, la realidad política y la necesidad de contar con un mandato presidencial más conforme a la tradición chilena trajeron consigo un acuerdo sobre la materia, en los días inmediatamente anteriores a la elección del 11 de diciembre de 1993. Con posterioridad, el 14 y 15 de ese mismo mes, el Honorable Senado y la Honorable Cámara de Diputados votaron el proyecto enviado por el Ejecutivo para reducir de ocho a seis años el período del Primer Mandatario, dejando para el futuro las adecuaciones al artículo 29 de la Carta tendientes a lograr la plena concordancia constitucional.

Concretamente, se ha dudado de la legitimidad de los Poderes constituidos —en este caso, Congreso Nacional, Presidente de la República y Congreso Pleno—, en lo que dice relación con el acortamiento, una vez conocido el resultado de los comicios o durante la misma contienda electoral, de un mandato que otorga el pueblo. Al respecto, es dable recordar que la ciudadanía eligió a un Presidente por ocho años, no por seis, y que, además, un tercio de los actuales Parlamentarios no reasumirá sus funciones en el próximo período legislativo.

Señor Presidente, la fecha de inscripción de las candidaturas para ocupar cargos públicos de elección popular fija las condiciones de la contienda electoral, entre las cuales están comprendidos los requisitos de postulación, el sistema electoral y, en forma muy importante, la duración del mandato. Algunos Parlamentarios, al fundamentar sus votos en una u otra rama del Congreso, indicaron que votaban positivamente la reforma constitucional porque de esa manera garantizaban la fe pública, la que se habría instituido en la conciencia popular a través del acuerdo político previo a los comicios. Sin embargo, señor Presidente, todavía me encuentro con muchas personas, de buen nivel cultural y de información, que desconocen cuántos años gobernará el futuro Presidente de la República.

Hoy debemos reconocerlo una vez más: la reforma se realizó en una oportunidad inconveniente. Mejor habría sido efectuarla antes de la inscripción de las candidaturas, para fijar claramente las condiciones de la lucha electoral, o bien, después de que asumieran el nuevo Jefe del Estado y los nuevos Parlamentarios.

Con todo, creo firmemente que esta enmienda era necesaria, por el bien de Chile, y que existen diversos elementos que la legitiman.

Por un lado, estamos culminando un período de transición durante el cual, gracias a la política de los acuerdos impulsada por Renovación Nacional, se han logrado importantes consensos que dan estabilidad al país en los campos social, laboral y constitucional. Mientras hace cuatro años quienes hoy están en el Gobierno amenazaban con hacer todo o casi todo de nuevo, adecuaciones menores en lo tributario, social y constitucional permitieron que hoy vivamos en una sociedad que comparte sus fundamentos y donde los principales grupos políticos se sienten parte de ellos. Esta reforma, con todas sus imperfecciones, constituye también una adecuación de la Carta Magna que descansa en ese amplio apoyo, que abarca a todos los sectores representados en el Congreso Nacional.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Ha finalizado su tiempo, señor Diputado.

El Diputado señor RIBERA.-

Termino en seguida, señor Presidente.

Por otro lado, no se trata de alargar un mandato popular —ello, respecto de órganos de igual o superior jerarquía, sería abiertamente antidemocrático—, sino de acortarlo, permitiendo a la ciudadanía decidir en un plazo menor quién ha de gobernar al país.

Señor Presidente, he dejado para el final el fundamento esencial que legitima esta reforma. Soy un convencido de que no es sólo nuestra voluntad abrumadora en favor de ella, sino además la actitud positiva, expresada públicamente, del actual Senador y Presidente electo, señor Eduardo Frei, lo que en última instancia democratiza la enmienda. Siendo la persona en la cual el pueblo depositó su confianza, debía ser necesariamente él quien consintiera en la reducción de su mandato.

Por las razones expuestas, votaremos a favor.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Queda tiempo para un Parlamentario de Renovación Nacional.

Tiene la palabra el Senador señor Otero.

El Senador señor OTERO.-

Señor Presidente, señores Parlamentarios, los oradores que me precedieron en el uso de la palabra ya indicaron los pros y contras de la reforma.

Los Senadores de Renovación Nacional desde un comienzo concordamos en acortar el período presidencial. Sin embargo, es necesario dejar constancia ante el Congreso Pleno de que en el Senado se llegó a un acuerdo político que iba más allá de esa disminución y que se relacionaba con dos elementos que, a nuestro juicio, resultan trascendentales para garantizar el verdadero funcionamiento democrático en Chile.

El primero consiste en solucionar algunos problemas en la Ley de Municipalidades. Al respecto, el primer acuerdo, cuyo cumplimiento aún se halla pendiente, es la elección de alcaldes en votación directa. En tal Sentido manifestaron su conformidad en el Senado todas las fuerzas políticas. De manera que se trata de una reforma que necesariamente deberá concretarse.

En el mismo ámbito, hubo acuerdo para anticipar las elecciones a marzo o abril, por los problemas climáticos que afectaron el desarrollo de los últimos comicios municipales.

El segundo elemento del acuerdo político aludido (también muy importante para nosotros) está vinculado a la labor de fiscalización que corresponde a la Cámara de Diputados.

En primer lugar, señalamos la necesidad de mejorar las atribuciones fiscalizadoras de ésta en cuanto a la oportunidad y extensión de las respuestas a los oficios pertinentes.

Asimismo, hicimos presente la gran importancia de reducir —como dijo el Senador señor Díez— el quórum para constituir comisiones investigadoras. Sobre el particular, sin ánimo de entrar en debate o polémica, basta recordar un hecho efectivo. El Gobierno pertenece a la Concertación y en la Cámara Baja existe mayoría de ese conglomerado. Sin embargo, resulta terriblemente difícil, aun para los Diputados oficialistas, desarrollar allí una función fiscalizadora en todo el sentido de la palabra. Y lo vimos en dos oportunidades: cuando, pese a los deseos de la Oposición, no pudieron formarse comisiones investigadoras para el caso de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y para el de la Refinería de Petróleo Concón.

El Diputado señor BOSSELIN.-

¡Cuestión de orden, señor Presidente!

El Senador señor OTERO.-

Hoy día el país afronta uno de los problemas más serios que pueden afectar a una empresa del Estado (no quiero referirme expresamente al asunto de CODELCO). Y la prueba se halla en que esta tarde la Cámara de Diputados deberá decidir si nombra o no una comisión para investigar los hechos.

El Diputado señor BOSSELIN.-

¡Cuestión de orden, señor Presidente!

El Senador señor OTERO.-

Fundamentalmente, nos interesa que puedan formarse comisiones investigadoras con un quórum mínimo de Diputados.

El Diputado señor BOSSELIN.-

¡Cuestión de orden, señor Presidente!

El señor VALDÉS (Presidente).-

Señor Senador, le ruego referirse exclusivamente a la materia específica de la convocatoria.

El Senador señor OTERO.-

Señor Presidente, la cuestión a que me estoy refiriendo se halla contenida exactamente en la convocatoria, por una razón muy simple: ella es parte del acuerdo político que está permitiendo acortar el período presidencial.

Finalmente, deben adecuarse las normas del artículo 29 de la Constitución Política del Estado en el caso de vacancia del cargo de Presidente de la República. Es indudable que si no se modificara ese precepto podrían producirse situaciones extraordinarias y anormales, las cuales fueron analizadas en el Senado durante el debate del proyecto que nos ocupa.

Por esas razones, y en base al acuerdo político mencionado, los Senadores de Renovación Nacional votaremos favorablemente la reforma.

El Diputado señor BOSSELIN.-

Excúseme, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Bosselin.

El Diputado señor BOSSELIN.-

Quiero plantear una cuestión reglamentaria.

Cuando se inició esta reunión de Congreso Pleno, se dijo que no habría discusión. Sin embargo, el Honorable Senador Otero, aun cuando señaló que no era su propósito abrir debate, se refirió a materias que no dicen relación a la convocatoria. De tal manera que se está transgrediendo expresamente la disposición de la Carta según la cual en casos como éste no se viene a discutir, sino sencillamente a votar y, a lo más, a fundamentar el voto.

No veo qué vinculación pueden tener los temas planteados por el Honorable señor Otero con la reforma sobre la cual debemos pronunciarnos.

En consecuencia, señor Presidente, le pido respetuosamente que haga cumplir la norma constitucional respectiva.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Esta Presidencia hizo notar al Senador señor Otero la circunstancia a que se refiere el señor Diputado.

No se ha abierto debate, y la Mesa no permitirá que ello ocurra, aun cuando algún señor Parlamentario vierta expresiones que no sean del agrado de otros.

Ha terminado el tiempo de Renovación Nacional.

Corresponde el turno del Partido Socialista.

Tiene la palabra el Diputado señor VieraGallo.

El Diputado señor VIERAGALLO.-

Señor Presidente, Honorables miembros de este Congreso Pleno, es nuestra voluntad exponer tres ideas claras y simples acerca del proyecto que nos ocupa.

En primer lugar, esta reforma era indispensable y muy importante. Todos los Parlamentarios que me antecedieron en el uso de la palabra han señalado la inconveniencia de un período presidencial de ocho años. En particular, lo hizo el Senador señor Diez, quien indicó que 14 de 15 integrantes del Consejo de Estado eran partidarios de un lapso inferior. Cabe preguntarse entonces por qué, si existía una mayoría tan amplia, se estableció en la Constitución un mandato tan largo. ¡Seguramente, todos tenemos la respuesta...! Y eso mismo, señor Presidente, indica la absoluta conveniencia de un período más breve.

En segundo término, estimamos que ésta no es una reforma terminal de la Carta, sino que a partir de ella se hace indispensable una revisión más profunda, sistemática y consensual del sistema político que nos rige. Porque si el extremado presidencialismo contemplado en la Constitución de 1980 ha funcionado hasta ahora, ha sido por el espíritu especial imperante en esta etapa de transición. Pero es incuestionable que las instituciones deben servir en cualquier circunstancia. Y son muchos los que piensan, en distintos partidos políticos, que ha llegado la hora de realizar una revisión más a fondo de las atribuciones del Congreso Nacional y de la relación entre éste y el Presidente de la República, estando de por medio, además, la revisión del sistema electoral.

No ha sido posible aprobar reformas constitucionales más profundas durante el Gobierno del Presidente Aylwin; todos sabemos las razones. Pero no cabe duda de que nos encaminamos hacia una etapa en la que todas las fuerzas representadas en el Congreso tendrán que reflexionar acerca de las reformas políticas necesarias, por un hecho muy simple y claro: los actuales Senadores institucionales terminan su mandato dentro de pocos años y, cualquiera que sea el juicio sobre el aporte que han efectuado durante este período legislativo, lo cierto es que la institución en cuanto tal ha sido puesta en tela de juicio por la mayoría de las colectividades con representación parlamentaria.

Creo que sería inútil o superfluo traer a colación aquí los acuerdos logrados en su momento entre Renovación Nacional y la Concertación. Pero es incuestionable que, cuando finalice el período de los actuales Senadores institucionales o designados, se abrirá en el país un debate más a fondo sobre la composición del Congreso Nacional, el sistema político y, por tanto...

El señor VALDÉS (Presidente).-

Señor Diputado, me veo obligado a llamarle la atención, porque el tema que nos ocupa es concreto: la disminución del período presidencial. Cualquier materia anexa, concerniente a la Constitución o a otras leyes, está fuera de debate.

El Diputado señor VIERAGALLO.-

Muy bien, señor Presidente. Me ceñiré a ese punto específico.

Sin duda, cada régimen político requiere un período presidencial adecuado a él. La duración del mandato presidencial no es una institución separada, per se o aislada, sino que forma parte de un todo armónico que es el sistema de gobierno de un país.

En ese sentido, estimamos que ésta no es una reforma terminal, sino inicial, y que el período presidencial tendrá que ajustarse en su momento a la renovación del régimen político chileno.

Quiero consignar este punto, porque en la Cámara de Diputados (recuerdo, al menos, las intervenciones de mis Honorables colegas de la Democracia Cristiana, del Partido Radical, de Renovación Nacional, del Partido por la Democracia y del Partido Socialista) todos...

El Diputado señor PALESTRO.-

¡Menos yo!

El Diputado señor VIERAGALLO.-

...dejaron establecido que el consenso en torno del período presidencial de seis años podría ser revisado cuando se fijara en Chile el sistema político que se estimara más adecuado.

Por último, señor Presidente, quiero enfatizar que ésta es una reforma clara, cierta y sin sombra de duda en cuanto a su aplicación. Y creo que las disquisiciones jurídicas que efectuaron el Diputado señor Elgueta, sobre todo, y en parte el Diputado señor Ribera no deben provocar a la ciudadanía una suerte de incertidumbre. Distinto sería si el Presidente electo jurara y asumiera su cargo por un lapso de 8 años. Pero aun en esa eventualidad podría modificarse la Constitución para acortar el mandato.

Es indudable que la reforma que hoy vamos a aprobar regirá en forma cierta desde el día en que se publique en el Diario Oficial. Por ende, tendrá efecto para el Presidente electo, don Eduardo Frei.

Considero importante que eso quede plenamente establecido. Por lo demás, corresponde a la voluntad política del acuerdo que dio origen al proyecto que nos ocupa.

He dicho.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Palestro.

El Diputado señor PALESTRO.-

Señor Presidente, por las manifestaciones que he recibido en el camino a esta tribuna, creo que todos estarán de acuerdo con la posición que voy a plantear.

En primer lugar, el Diputado señor Viera-Gallo ya habló en nombre de la bancada socialista. Yo, por razones reglamentarias y —por qué no decirlo— también por razones de viejas amistades y por innumerables luchas libradas durante tantos años con muchos de los compañeros Diputados que la componen, nunca intenté retirarme de ella, y preferí esperar que el tiempo pasara y continuar trabajando en dicha bancada socialista, en la que, por lo demás, jamás tuve dificultades de ningún tipo, y mantuvimos las mejores relaciones entre todos los integrantes. Esto debo decirlo, con la seguridad de que no me pasará absolutamente nada en lo que resta de mi período parlamentario: ya no alcanzan a tomar medidas en mi contra. Por lo tanto, me doy el gusto y la satisfacción de expresar estas palabras.

Asimismo, deseo dejar bien en claro que cuando el Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados el proyecto que modificaba el artículo 25 de la Constitución que nos regalara nuestro amigo Pinochet, el Gobierno, concretamente el Presidente de la República, en un acto que lo enaltece, fue el más decidido partidario de que el período presidencial que se iniciaba fuera justamente de cuatro años. Lo raro fue que la Derecha se opuso terminantemente a votar a favor de ese proyecto, porque no era partidaria de introducirle enmiendas a la Carta Fundamental. Y más extraño aun fue que Parlamentarios de la Concertación, y muchos del Partido Demócrata Cristiano, también estaban en contra de los cuatro años propuestos por el propio Ejecutivo que encabeza el Presidente Patricio Aylwin.

Personalmente, como el único representante de la Izquierda Izquierda en la Cámara de Diputados, voté a favor del planteamiento gubernativo que reformaba el artículo 25 de la Constitución Política.

Siempre he considerado indispensable, al contrario de lo que piensan algunos Parlamentarios, que haya elecciones lo más cercanas unas de otras, para poder conocer el estado de ánimo de la opinión pública acerca de quienes los están gobernando. Tal vez el mejor argumento para insistir en esta posición es que justamente la ciudadanía tenga la oportunidad, lo más a menudo posible, de manifestar su parecer respecto del Gobierno de turno.

Pienso que quienes propugnaban ese largo período —groseramente largo— de ocho años lo hacían con la peor de las intenciones en contra del que resultara elegido Primer Mandatario, porque, después de llevar a cabo una tarea presidencial de ocho años, tengo la seguridad absoluta de que, al final de ella —si es que llega al final— sería despedido a punta de peñascazos en la calle cuando saliera de La Moneda. ¿Quién podría soportar durante ocho años a un Presidente de la República, por muchas excelencias que demostrara en su ejercicio? Creo que después de ese período cualquiera sale "mosqueado". Y justamente ése fue el deseo y la intención —o la mala intención— de los Partidos de la Derecha cuando querían endosar al país la posibilidad de que el desempeño del cargo presidencial durara ocho años, para que, a su término, el Primer Mandatario saliente arrastrara tras sí a las colectividades que lo habían llevado a La Moneda.

Pienso que al hombre se le conoce por la palabra. Un político, especialmente el que actúa en el Parlamento, que ostenta una representación parlamentaria y que procura interpretar el sentir de una porción de la opinión pública chilena, no puede darse el lujo de cambiar de camiseta a cada rato. He visto en televisión a algunos Parlamentarios que están aquí presentes que asisten al estadio a ver los partidos del Colo Colo y resulta que son socios de la Universidad Católica. Eso es ir a "pantallear", ir a mostrarse, en circunstancias de que no sienten ni llevan en el corazón la camiseta que dicen aplaudir. Y lo mismo sucede en política. Recuerdo que en el citado proyecto de reforma constitucional voté a favor de la proposición del Ejecutivo, porque estimaba que cuatro años —y lo sigo considerando igual— era un período justo, creo que medido, precisamente para conocer el parecer de la ciudadanía sobre la gestión del Presidente de la República durante el tiempo en que condujo los destinos del país.

Cuando se manifiestan estas cosas, dicen que uno no es renovado, que uno se quedó en el pasado, que uno está anclado en el siglo anterior. Pero, en el fondo, se trata de eso: de saber ser consecuente con lo que uno dice y lo dice una sola vez. Porque aquí hay muchos católicos que se casaron y juraron ante el curita que vivirían con la mujer durante toda la vida, hasta que la muerte los separara. Pero resulta que antes muchas otras cosas los separan. Claro, mantener esa palabra dicha ante un cura cuesta. Algunas señoras pueden decir cuánto cuesta mantenerla; y otros, lo mucho que también nos cuesta mantenernos fieles a esa palabra. Yo no he hablado nunca en contra ni a favor del divorcio, sino sencillamente estoy defendiendo una posición, que es intransable e inclaudicable.

Por otra parte, uno no puede cambiar de opinión por hechos puntuales de tipo político o por acomodamiento personal muchas veces. Sobre todo en casos tan importantísimos como éste, en que se modifica el período presidencial, se debe respetar la palabra dicha ayer. Desgraciadamente, varios señores Diputados que votaron a favor en aquella oportunidad ahora lo están haciendo en contra; otros, que lograron una tajada del acuerdo de la Concertación con la Derecha política de este país, se quedaron con la mitad del queso. Porque en el fondo, ni una consiguió los ochos años ni la otra los cuatro años: se acordaron seis años; y todos tan contentos como antes; y vamos a bailar o a servirnos un trago por ahí, si es que algunos desean hacerlo.

De ahí que piense que estas cosas no pueden acomodarse al gusto político de cada uno ni al momento propicio para ello. Por eso, yo mantengo una vez más mi consecuencia de decir las cosas una sola vez, sin cambiar de parecer, porque eso no es serio ni responsable ni corresponde a un hombre que tiene una parte de la representación del pueblo chileno.

Por lo tanto, esta tarde voy a mantener mi posición favorable a un período presidencial de cuatro años sin reelección, tal como lo planteó el Presidente Aylwin. Voto en contra de la proposición de enmienda constitucional que ahora se somete al pronunciamiento del Congreso Pleno.

He dicho.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Ha terminado el tiempo del Partido Socialista. Corresponde el turno al Partido Unión Demócrata Independiente.

Tiene la palabra el Diputado señor Ulloa.

El Diputado señor ULLOA.-

Señor Presidente, Honorables señores Parlamentarios, la causa que hoy nos reúne como Congreso Pleno es, desde todo punto de vista, discutible y opinable en su fondo. Es más, la Ciencia Política también ha intentado demostrar que esta variable influye en la estabilidad de una determinada forma de gobierno.

Esta intervención no constituye naturalmente una divagación en el mundo de las ideas, sino que pretende representar en ella la opinión de quienes sustentamos una posición de formal rechazo a la propuesta modificatoria, toda vez que envuelve la insatisfacción de los mismos que la creen una solución, porque, sin duda, el planteamiento inicial fue claramente distinto y no constituyó un problema de dos años más o dos años menos, sino que representaba un cambio profundo en el uso y costumbres políticas chilenas.

El período de cuatro años sin reelección, indicación original del Ejecutivo, no tuvo acogida; tampoco la tuvo, por su parte, la tesis de cuatro años con reelección, por el inmenso abuso que esto podría significar.

¿En qué estamos, entonces? En volver porfiadamente a un pasado, del cual resta aún mucho por aprender y que nos muestra, con meridiana nitidez, que la simultaneidad de las elecciones presidenciales y parlamentarias tienen un sentido de equilibrio y de afianzamiento de nuestro edificio institucional.

Permítaseme, sólo a modo de ejemplo, señalar que, aprobada esta iniciativa, nos encontraremos con que en junio de 1996 tendremos elecciones de concejales; en diciembre de 1997, de Diputados y de Senadores en Regiones pares; en diciembre de 1999, presidenciales, y en diciembre del 2001, nuevamente de Diputados y de Senadores en Regiones impares. En consecuencia, ¿alguien en esta Sala considera adecuada esta avalancha de elecciones?

Mas, esto no es todo, porque en relación al tema de la vacancia presidencial, es donde se observa la premura e ineficiencia de la propuesta desde el punto de vista de la forma, ya que, curiosamente, el Presidente actualmente electo gobernará por seis años de ser aprobada la reforma, pero si surgiere vacancia, podría aplicarse el inciso cuarto del artículo 29 de nuestra Carta Fundamental, que señala que: "Si la vacancia se produjere faltando dos años o más para la próxima elección general de parlamentarios, el Vicepresidente, dentro de los diez primeros días de su mandato, convocará a los ciudadanos a elección presidencial para el nonagésimo día después de la convocatoria. El Presidente que resulte elegido asumirá su cargo el décimo día después de su proclamación y durará en él hasta noventa días después de la segunda elección general de parlamentarios que se verifique durante su mandato, la que se hará en conjunto con la nueva elección presidencial.". Lo anterior, llevado al ejemplo, significaría que si el actual Presidente electo asume su cargo y por cualquier razón lo deja vacante el 20 de mayo del presente año, se convoca a elecciones el 30 de mayo para efectuarlas 90 días después —a saber, el 30 de agosto—, y asume el nuevo Presidente 10 días después de proclamado, por ejemplo, el 1° de octubre. De esa manera, llegamos a la paradoja de que este Presidente durará hasta marzo del año 2002, es decir, siete años y seis meses. Lo anterior me permite deducir que los teóricos constitucionales involucrados en la reforma reprobaron en esta materia.

Por otro lado, hasta aquí nadie ha demostrado con argumentos consistentes por qué resultaría dañino o pernicioso contar con un mandato presidencial de ocho años. A ello se agrega el hecho de que el nuevo Presidente fue elegido por ese lapso, y de que jamás una reforma constitucional puede aplicarse al Gobierno de un Primer Mandatario ya electo.

Finalmente, permítaseme una última reflexión. ¿Quién se ha preguntado siquiera si el período de ejercicio de un Senador es demasiado extenso?

Por estas razones, voto que no.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Coloma.

El Diputado señor COLOMA.-

Señor Presidente, Honorables señores Parlamentarios, la estabilidad de las instituciones políticas es un bien que hace posible la paz y el progreso de los pueblos. Por eso mismo, hay ocasiones en que resulta preferible sacrificar incluso el perfeccionamiento de determinadas instituciones o sistemas, en lugar de comprometer la seguridad y certeza en que se desenvuelven las relaciones públicas y privadas al interior de una sociedad. Por lo demás, cuántas veces, bajo la excusa de perfeccionar, lo que en verdad se pretende es cambiar las bases de los equilibrios constitucionales.

Hoy, cuando el gran desafío de nuestro país es integrar a los sectores más pobres a los niveles de prosperidad que ya son posibles de alcanzar, es necesario tener presente que precisamente serían ellos los que sufrirían las peores consecuencias si nuestro sistema político volviera a las antiguas prácticas de tiempos en que todo se encontraba en permanente cuestionamiento.

Por eso, en el plano de los principios, la Unión Demócrata Independiente ha defendido el respeto a la continuidad de nuestras instituciones políticas y económicas, y lo seguirá haciendo cada vez que se pretenda modificarlas en virtud de intereses de corto plazo, en razón de visiones ideologizadas o por otras consideraciones igualmente imprudentes y poco razonables.

La verdad es que la Constitución Política de la República no es una norma intangible, al modo de un documento revelado. Por el contrario, es un cuerpo legal susceptible de adecuar a nuevas realidades o de perfeccionar en aquellos aspectos cuya aplicación práctica demuestra la necesidad de introducir modificaciones. Pero la experiencia de los últimos años nos indica que hay intereses políticos que lo que de veras pretenden es desmantelar las bases institucionales de un sistema que nos ha permitido alcanzar grados de libertad y progresos inimaginables hace 15 años. Por eso, y con mayor razón aún, la Unión Demócrata Independiente asume sin vacilar la responsabilidad de defender los equilibrios institucionales que han hecho de Chile una nación moderna, una democracia estable y una sociedad de oportunidades para todos.

Los constituyentes que redactaron la Carta Fundamental, recogieron —con gran sabiduría, a nuestro parecer— la experiencia de una evolución política moderna, y con tanto éxito que ahora, mirando hacia atrás, nos parece casi imposible que en nuestra patria pueda repetirse el espectáculo institucional de una democracia que se autodestruyó.

Nuestra Constitución es la fiel expresión de un país que no quiere que la democracia se convierta en excusa para que, otra vez, el poder político arrase con las libertades y los derechos de la gente común y corriente, ni que sea fuente de arbitrariedades y cambios continuos que, en definitiva, hagan imposible cualquier progreso o crecimiento.

La Constitución es precisamente un todo armónico que, por una parte, entrega al Presidente de la República las atribuciones suficientes para que administre y gobierne el territorio nacional con la eficiencia que requieren los tiempos modernos, y, por otra, establece autonomías y facultades fiscalizadoras que son el contrapeso de esas importantes atribuciones.

Obviamente, el período presidencial de ocho años no es una cuestión de principios, sino de prudencia; no se refiere a las facultades o atribuciones del poder presidencial, sino que refleja, más bien, el espíritu del constituyente de crear una opción de garantía de estabilidad y continuidad en la aplicación de medidas económicas y sociales que requieren el transcurso del tiempo para consolidarse y mostrar sus frutos. Que tal decisión obedecía a una opción, y no a una cuestión de principios, queda nítidamente de manifiesto por el hecho de que uno de los organismos básicos que trabajó en tal Constitución, el Consejo de Estado —que tuve la honra de integrar, junto al Senador señor Huerta, bajo la Presidencia de don Jorge Alessandri—, planteó ya en ese entonces que podían lograrse los objetivos estabilizadores y de continuidad con la alternativa de un período presidencial de seis años, sin reelección.

En consecuencia, es cierto que el plazo de ocho años puede resultar largo, sobre todo si consideramos que algunas de las razones que lo aconsejaban parecen haber cambiado de modo definitivo. En efecto, hoy vivimos en un mundo en que las grandes diferencias respecto a los caminos que llevan al progreso se diluyen en un pasado cada vez más lejano, de modo que ya nadie podría alegar seriamente que la libertad y la iniciativa privada no son los motores del desarrollo económico, cultural y social. Por tanto, los cambios de gobierno han dejado de ser esos abismos de inestabilidad en donde las libertades reales y cotidianas y el patrimonio de cada chileno se jugaban en cada elección.

Por el contrario, el desafío del presente y del futuro está marcado por signos diferentes. Así, en determinados sistemas políticos, ciertos grupos o partidos se transforman en verdaderas máquinas de poder, con los consiguientes síntomas de corrupción, lo cual ha terminado por convertirse en la amenaza más apremiante de las democracias modernas. En algún sentido, el ocaso de las ideologías ha representado también el inicio de grandes problemas, siendo uno de los más delicados el de la manipulación de las atribuciones propias del servicio público.

Los ejemplos abundan, y son señales que debemos apreciar en su real magnitud, previendo y llevando a cabo los oportunos remedios que evitarán a nuestra patria los tristes conflictos que otras naciones no han sabido enfrentar. En tal sentido, la disminución del plazo presidencial a seis años parece una medida prudente, que tiende a permitir una sana alternancia de las máximas autoridades políticas, dentro del espíritu creador y fecundo que requieren los más desposeídos.

En consecuencia, en la seguridad de no estar alterando la sustancia de la Constitución Política de 1980, y a pesar de no estar de acuerdo con la oportunidad con que el Gobierno planteó la reforma, la UDI, como Partido, y la mayoría de sus Parlamentarios aprueban la modificación constitucional de reducir el mandato presidencial de ocho a seis años, convencidos de que se trata de una iniciativa tendiente a fortalecer y garantizar el prestigio y la dignidad del Gobierno de la República, sin olvidar, en todo caso, que el éxito de tales objetivos dependerá, en último término, de la madurez y seriedad de los servidores públicos.

He dicho.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Ha terminado el tiempo de la Unión Demócrata Independiente.

Corresponde el turno al Partido por la Democracia.

Tiene la palabra la Honorable señora Soto.

La Senadora señora SOTO.-

Señor Presidente, señores Senadores y Diputados:

Nosotros —me refiero a los Senadores del Partido Socialista y del PPD— estuvimos por un período de cuatro años, sin reelección. Nos parecía —los argumentos abundaron durante la discusión— que los vertiginosos cambios del mundo así lo ameritaban, y también la condición de una democracia más participativa.

Hoy queremos señalar que también los cuatro años exitosos del Presidente Aylwin, quien restauró la democracia y devolvió la dignidad a las personas, deben considerarse un argumento más. Pero hay algo que ha resultado decisivo para nosotros en esta oportunidad, al punto de habernos hecho cambiar nuestra postura, que parecía muy irreductible, de los cuatro años, sin reelección, a los seis años: el gran valor que el Parlamento chileno ha dado al consenso durante los años de la transición, elemento que ha significado estabilidad y progreso.

Ésa es la razón de que hoy estemos por la reducción del mandato de ocho a seis años. Creemos que es un tiempo adecuado para terminar esta labor exitosa, erradicar la pobreza y hacer que la democracia sea verdaderamente participativa, es decir, para cambiar la filosofía y hacer que el hombre sea el centro de todo. De modo que anunciamos nuestro voto favorable a la reforma.

He dicho.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Ofrezco la palabra a otro señor Parlamentario del Partido por la Democracia. No hará uso del tiempo restante.

Corresponde el turno al Partido Radical.

Tiene la palabra el Diputado señor Faulbaum.

El Diputado señor FAULBAUM.-

Señor Presidente del Senado, señor Presidente de la Cámara de Diputados, Honorables señores Parlamentarios:

Fundamento el voto en representación de las bancadas de Diputados y de Senadores radicales.

La reforma a la duración del mandato del Presidente es, desde luego, de la mayor importancia para un país que, como el nuestro, escribe su historia política bajo un régimen de tipo presidencialista.

La Constitución de 1980 consagra en su artículo 25 que el Jefe del Estado "durará en el ejercicio de sus funciones por el término de ocho años, y no podrá ser reelegido para el período siguiente.". Tempranamente se formó conciencia en Chile de que un período así era demasiado extenso, motivo por el cual, acogiendo los anhelos ciudadanos, el propio Presidente de la República propuso su modificación.

Y no podía ser de otro modo, puesto que lo establecido en la Carta no se conocía en nuestra historia republicana. En lo principal, consagraba un pronunciamiento del pueblo respecto de los gobiernos con una periodicidad asombrosamente distante. Se argumentó en aquella época en que se redactaba el Texto Fundamental del 80 que ello sería bueno para la nación, pues mientras menos agitación electoral hubiera, mejor sería.

Naturalmente, esto no tomaba debida cuenta de que un período tan largo —sobre todo, a esta altura de los tiempos—, por el contrario, podía generar mayor agitación, o un inmovilismo desincentivador de la creatividad y participación social y política, ambos elementos consustanciales a toda democracia.

Por otra parte —claramente, la historia así lo recogerá—, el Gobierno de Su Excelencia el Presidente don Patricio Aylwin demostró que con un período menor perfectamente se puede lograr una obra valiosa y significativa. Por lo mismo, propuso disminuir de ocho a cuatro años y sin reelección el mandato presidencial.

Los radicales creemos que ello es lo más adecuado para Chile, puesto que, amén de establecer un tiempo prudencial para cualquier gobierno, permite la simultaneidad en la elección de Presidente y de Parlamentarios, favoreciendo la posibilidad de regímenes con apoyo del Congreso Nacional. Todo lo anterior, claro está, sería en plenitud de no mediar la actual ley electoral y la institución de los Senadores designados, que incorporan una distorsión en este ánimo. Aun así, seguimos considerando que una reducción del período en los términos propuestos por el Primer Mandatario es lo mejor para nuestra patria.

Sin embargo, como la política es el arte de lo posible, queremos señalar que con la disminución del mandato de ocho a seis años se logra una parte importante del objetivo trazado, quedando para el debate futuro el tema de la simultaneidad. Por esta razón, los Senadores y Diputados radicales votaremos favorablemente la reforma constitucional.

Por último, los Parlamentarios radicales celebramos las palabras de los Senadores señores Diez y Otero, en cuanto plantean que la Constitución del 80 no debe ser un código político pétreo. El constituyente debe estar siempre dispuesto a adecuar sus normas a los requerimientos de los nuevos tiempos.

Eso es lo que siempre nosotros hemos dicho. Desde 1980 lo venimos pregonando; y por ello, haciéndonos eco de las palabras de los Honorables Senadores, los invitamos a reformar la Constitución en los siguientes temas: inamovilidad de los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas; integración del Consejo de Seguridad Nacional; abolición de la institución de los Senadores designados, y modificación de la integración y facultades del Tribunal Constitucional.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Señor Diputado, le ruego concretarse a la materia de la convocatoria.

El Diputado señor FAULBAUM.-

Señor Presidente, por las razones expresadas anteriormente, los Senadores y Diputados radicales votaremos favorablemente.

Voto que sí.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Si dentro de los cuatro minutos que restan al Partido Radical ninguno de sus Parlamentarios va a hacer uso de la palabra, correspondería el tiempo a los Senadores institucionales, quienes tampoco intervendrán.

A continuación, figuran los Independientes.

El Senador señor THAYER.-

No haremos uso de la palabra, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Finalmente, corresponde el tiempo al Partido Socialdemócrata, el cual tampoco intervendrá.

En consecuencia, ha terminado la fundamentación del voto.

Para la votación, hay dos alternativas: considerar los tres votos negativos de los señores Parlamentarios que así lo han expresado, estimando, por lo tanto, que el resto está por la afirmativa; y otra, proceder a la votación nominal.

Como, al parecer, no existe consenso respecto de lo primero, someto a votación nominal la reforma constitucional.

(Durante la votación).

El Diputado señor GARCÍA (don René Manuel).-

Me abstengo, señor Presidente.

El Senador señor HUERTA.-

Señor Presidente, deseo fundamentar mi voto.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Pese a que se dio tiempo a los señores Senadores institucionales, quienes no hicieron uso de la palabra, la Mesa no tiene inconveniente en que pueda fundar el voto Su Señoría.

El Senador señor HUERTA.-

Señor Presidente, voto que sí por la reducción del período presidencial a seis años. Éste ya fue aprobado por el Honorable Senado y conocido por la ciudadanía antes de emitir su voto en la última elección.

Como durante las intervenciones fue aludido tres veces el Consejo de Estado —del cual tuve el honor de formar parte—, debo recordar que en ese organismo voté favorablemente por los seis años al igual que lo hizo el ahora Diputado señor Coloma. Hoy mantengo esa posición.

Voto que sí.

El Diputado señor PALESTRO.-

Como lo dije: "¡...al hombre, por la palabra!": ¡Rechazo!

El señor VALDÉS (Presidente).-

Terminada la votación.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-

Resultado de la votación: 119 votos por la afirmativa, 6 por la negativa, y una abstención.

Votaron por la afirmativa los Senadores señores Cantuarias, Cooper, Díaz, Diez, Feliú, Fernández, Frei (don Arturo), Frei (doña Carmen), Gazmuri, González, Hormazábal, Huerta, Jarpa, Lagos, Larre, Martin, Núñez, Otero, Páez, Palza, Papi, Pérez, Piñera, Romero, Ruiz (don José), RuizEsquide, Siebert, Sinclair, Soto, Sule, Thayer, Urenda y Valdés, y los Diputados señores Acuña, Aguiló, Arancibia, Araya, Aylwin, Bartolucci, Bombal, Bosselin, Caminondo, Campos, Caraball, Cardemil, Carrasco, Cerda, Coloma, Concha, Cornejo, Correa, Cristi, Devaud, Dupré, Elgueta, Escalona, Estévez, Faulbaum, García (don José), Horvath, Huenchumilla, Huepe, Hurtado, Jara (don Sergio), Jara (don Octavio), Kuschel, Latorre, Leay, Leblanc, Letelier, Manterola, Martínez (don Gutenberg), Martínez (don Juan), Masferrer, Matta, Matthei, Melero, Molina, Montes, Morales, Munizaga, Muñoz (don Roberto), Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Ojeda, Olivares, Orpis, Ortega, Ortiz, Palma (don Joaquín), Peña, Pérez (don Ramón), Pizarro (don Sergio), Pizarro (don Jorge), Prochelle, Prokurica, Ramírez, Rebolledo, Reyes, Ribera, Rocha, Rodríguez (don Claudio), Rodríguez (don Alfonso), Rodríguez (don Hugo), Rojos, Sabag, Salas, Seguel, Smok, Sota, Taladriz, Tohá, Urrutia, Valenzuela, Velasco, VieraGallo, Vilches, Villouta y Yunge.

Votaron por la negativa el Senador señor McIntyre, y los Diputados señores Alessandri, Mekis, Palestra, Sotomayor y Ulloa.

Se abstuvo el Diputado señor García (don René).

El señor VALDÉS (Presidente).-

En consecuencia, queda aprobado el proyecto de reforma constitucional, dejándose constancia de que se ha reunido el quórum respectivo.

Se levanta la sesión.

Se levantó a las 13:23.

Manuel Ocaña Vergara,

Jefe de la Redacción del Senado

Valparaíso, 13 de febrero de 1994.

Nº 5339

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Tengo a honra comunicar a V.E., que el Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente

PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL

"Artículo único.- Sustitúyese, en el inciso segundo del artículo 25 de la Constitución Política de la República, la expresión "ocho" por "seis".".

Lo que comunico a V.E. en cumplimiento a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 117 de la Constitución Política de la República.

Dios guarde a V.E.

GABRIEL VALDES S.

Presidente del Senado

RAFAEL EYZAGUIRRE ECHEVERRIA

Secretario del Senado