Historia de la Ley

Nº 21.236

Regula la portabilidad financiera

Téngase presente

Esta Historia de Ley ha sido construida por la Biblioteca del Congreso Nacional a partir de la información disponible en sus archivos.

Se han incluido los distintos documentos de la tramitación legislativa, ordenados conforme su ocurrencia en cada uno de los trámites del proceso de formación de la ley.

Se han omitido documentos de mera o simple tramitación, que no proporcionan información relevante para efectos de la Historia de Ley.

Para efectos de facilitar la revisión de la documentación de este archivo, se incorpora un índice.

Al final del archivo se incorpora el texto de la norma aprobado conforme a la tramitación incluida en esta historia de ley.

Índice

1. Primer Trámite Constitucional: Cámara de Diputados

1.2. Informe de Comisión de Economía

1.4. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

2. Segundo Trámite Constitucional: Senado

2.1. Primer Informe de Comisión de Economía

2.3. Oficio Indicaciones del Ejecutivo

2.4. Segundo Informe de Comisión de Economía

2.6. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

3. Tercer Trámite Constitucional: Cámara de Diputados

3.2. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

4. Trámite Finalización: Cámara de Diputados

4.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

5. Publicación de Ley en Diario Oficial

1. Primer Trámite Constitucional: Cámara de Diputados

1.1. Mensaje

Fecha 05 de agosto, 2019. Mensaje en Sesión 69. Legislatura 367.

MENSAJE DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CON EL QUE INICIA EL PROYECTO DE LEY SOBRE PORTABILIDAD FINANCIERA.

Santiago, 5 de agosto de 2019.

MENSAJE N° 147-367/

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS.

Honorable Cámara de Diputados:

Tengo el honor de someter a vuestra consideración el proyecto de ley sobre Portabilidad Financiera, el cual incluye modificaciones a otros cuerpos legales.

I.FUNDAMENTOS DEL PROYECTO DE LEY

El uso de productos o servicios financieros es parte integral de la vida diaria de nuestros ciudadanos. De acuerdo al Informe de Inclusión Financiera en Chile (2019) de la Comisión para el Mercado Financiero (en adelante “CMF”), un 97% de la población adulta del país mantiene al menos un servicio o producto financiero.

Por otro lado, existe un gran interés entre los consumidores de contar con una alternativa efectiva para cambiar sus productos y servicios financieros a otra institución financiera. Así, el Estudio Comparado el Futuro del Dinero y la Banca de Consumo en Chile y EEUU, elaborado por la Pontificia Universidad Católica, la Cámara de Comercio de Santiago y USC Center for the Digital Future, señala que más de la mitad de las personas encuestadas está dispuesta a cambiarse de institución financiera, en particular ante una mejor oferta respecto a intereses o comisiones, o en razón de beneficios o calidad del servicio prestado. Con todo, el mismo estudio da cuenta de las barreras que son percibidas por los mismos consumidores al evaluar un cambio, señalando que la percepción de la mayoría de los encuestados es que cambiarse de institución financiera en nuestro país resulta ser un proceso difícil.

Por otro lado, la tenencia de deudas representa una carga importante en el presupuesto de los hogares. De acuerdo a datos de la misma encuesta, los hogares con deuda gastan en promedio un 25% de su ingreso mensual en intereses y amortizaciones originados de sus obligaciones financieras. Dicha carga resulta aún más alta para aquellos hogares de menores ingresos.

Las deudas constituyen también una herramienta fundamental para las empresas, la cual les permite acceder a financiamiento para sus planes productivos y de expansión. Así, de acuerdo a datos de la CMF, al año 2017 más de 560 mil micro y pequeñas empresas mantenían deudas en el sector bancario, y a esta cifra cabría agregar las empresas con deudas ante instituciones no bancarias.

De este modo, el refinanciamiento de créditos es uno de los principales mecanismos a través del cual los hogares y las micro y pequeñas empresas pueden planificar y organizar sus finanzas, así como también beneficiarse de las disminuciones que pueden presentarse respecto al costo de los créditos. En la medida que estos actores logren renegociar sus créditos a tasas o plazos más favorables, liberarán recursos de sus presupuestos que podrán ser destinados al consumo o a la inversión, generando así mejoras directas en el bienestar de esos deudores e, indirectamente, un impacto positivo sobre la actividad económica.

En este contexto, la posibilidad de cambiar al proveedor de un producto financiero mediante un refinanciamiento de deuda adquiere una importancia especial para los hogares y las pequeñas empresas chilenas.

Sin embargo, se ha identificado que el proceso de refinanciamiento en Chile puede ser lento y costoso. Por ejemplo, se ha estimado que los diferentes trámites que son necesarios para refinanciar un crédito hipotecario en promedio tienen un costo de $660.000 y, como mínimo, involucran un plazo de 2,5 meses.

Es por esto que la creación de un proceso de portabilidad financiera resulta fundamental para apoyar a los hogares y potenciar el desarrollo y crecimiento de nuestras micro y pequeñas empresas.

Este proceso de portabilidad incorpora medidas dirigidas a facilitar el cambio de proveedor de productos financieros, lo cual va en directo beneficio del 97% de la población adulta del país. Asimismo, se espera que esta mayor facilidad entregue mayor dinamismo y competencia entre los proveedores de servicios financieros, permitiendo a los consumidores acceder a productos financieros en mejores condiciones.

II.OBJETIVO DEL PROYECTO

El proyecto de ley tiene por objetivo facilitar de manera significativa el proceso de portabilidad financiera, permitiendo que los beneficiados cambien al proveedor de sus servicios financieros sin necesidad de acudir al proveedor inicial. Además, el proyecto incorpora ajustes normativos que se traducirán en menores costos para el caso de subrogación real de crédito.

En definitiva, el presente proyecto de ley va en directo beneficio de los hogares, las micro y pequeñas empresas que tengan contratados productos o servicios financieros, permitiendo, entre otras cosas, que estas accedan a mejores condiciones de financiamiento, de una manera más fácil y expedita, mejorando directamente su bienestar y fomentando así la actividad económica y la inversión.

III.CONTENIDO DEL PROYECTO

El proyecto de ley que someto a la consideración de este Honorable Congreso Nacional, tiene como objetivo central facilitar el proceso de cambio de proveedor de productos o servicios financieros, mediante la regulación del proceso de oferta y contratación de los nuevos productos o servicios financieros, así como también el término de los productos o servicios originales.

Este proceso se aplicará a los productos o servicios financieros ofrecidos por compañías de seguros, agentes administradores de mutuos hipotecarios, cajas de compensación de asignación familiar, cooperativas de ahorro y crédito, instituciones que coloquen fondos por medio de operaciones de crédito de dinero de manera masiva, o toda otra entidad fiscalizada por la CMF en virtud de la Ley General de Bancos (“proveedores” o “proveedor”).

1.Proceso de portabilidad financiera.a.Certificado de liquidación.

El proyecto de ley contempla que los consumidores, microempresas o pequeñas empresas (“clientes”) puedan solicitar a proveedores con la que mantienen productos o servicios financieros vigentes (“proveedor inicial”) un certificado de liquidación para termino anticipado (“certificado de liquidación”), regulado en el artículo 17 D de la ley N° 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores (la “Ley del Consumidor”).

Adicionalmente, en caso de que el cliente presente una solicitud de portabilidad a un proveedor, éste último tendrá la facultad de solicitar el respectivo certificado de liquidación directamente al proveedor inicial.

b.Solicitud de portabilidad.

El proyecto de ley señala que los clientes podrán iniciar un proceso de portabilidad financiera mediante la presentación de una “solicitud de portabilidad financiera” (“solicitud de portabilidad”) a uno o varios proveedores.

c.Oferta de portabilidad financiera.

Una vez presentada la solicitud de portabilidad a los proveedores, éstos procederán a evaluar los antecedentes comerciales y legales del cliente, pudiendo finalmente decidir presentar una oferta de portabilidad financiera (“oferta de portabilidad”).

El proveedor solo podrá retractarse de la oferta una vez transcurridos 7 días hábiles desde su emisión.

El proyecto de ley señala que la oferta de portabilidad deberá contener, a lo menos lo siguiente:

i.La especificación de los productos o servicios financieros que se ofrecen, detallando el monto, la tasa, carga anual equivalente y el plazo, cuando corresponda; y

ii.La especificación de los productos o servicios financieros del cliente con el proveedor inicial que serían objeto del mandato de término.

Asimismo, deberá señalar el plazo para suscribir los contratos de los productos o servicios ofrecidos. En caso de que se requieran fondos para dar cumplimiento al mandato de término, la oferta deberá también señalar el monto total y el origen de los mismos.

El referido mandato deberá ser cumplido por el proveedor en los términos de la oferta y de conformidad a la forma y plazos establecidos en el proyecto de ley.

d.Aceptación de oferta de portabilidad.

Recibida una oferta de portabilidad, el cliente procederá a evaluarla, pudiendo aceptarla dentro del plazo de vigencia.

El proyecto de ley establece que, mediante la aceptación de la oferta, el cliente otorga al nuevo proveedor un mandato de término respecto de determinados productos y servicios financieros que el cliente mantiene con el proveedor inicial. Dicho mandato facultará al nuevo proveedor para realizar todos los pagos, comunicaciones o requerimientos correspondientes, en nombre y representación del cliente.

e.Contratación de nuevos productos y servicios financieros.

Aceptada la oferta del proveedor (“nuevo proveedor”), éste último deberá realizar todas las gestiones necesarias para que el cliente contrate los nuevos productos y servicios financieros, de conformidad a la mencionada oferta y a las reglas generales aplicables.

f.Cumplimiento de mandato de término de productos y servicios financieros.

El cumplimiento del referido mandato implica que el nuevo proveedor, actuando en nombre y representación del cliente:

i.pague los productos y servicios financieros especificados en la oferta de portabilidad; y

ii.requiera al proveedor inicial el término o cierre de los productos y servicios financieros especificados en la oferta de portabilidad.

El proyecto de ley señala que, de proceder el pago de conformidad al mandato de término, los fondos para dicho pago pueden ser obtenidos de los nuevos productos y servicios financieros contratados en virtud de la oferta de portabilidad.

Cumplido el correspondiente mandato por el nuevo proveedor, el proveedor inicial deberá poner término a los productos o servicios financieros que haya requerido el nuevo proveedor, siendo exclusivamente responsable de dicho término.

g.Notificaciones, comunicaciones y comprobante de pago.

El proyecto de ley señala que un reglamento establecerá las formas, condiciones, requisitos, plazos y efectos relativos a las notificaciones, comunicaciones, solicitudes, aceptaciones o comprobantes de pago que deban emitirse en virtud de un proceso de portabilidad financiera, sin perjuicio de las demás especificaciones que señale la ley.

2.Subrogación real de crédito en proceso de portabilidad financiera.a.Subrogación real de crédito.

Con el objeto de resolver uno de los mayores problemas que hoy se presentan al momento de refinanciar un crédito, específicamente cuando el crédito que se refinancia está caucionado con una garantía real, el proyecto de ley crea una figura especial de subrogación real, denominada “subrogación real de crédito”, en la cual un nuevo contrato de crédito (“nuevo crédito”) pasa a tomar el lugar jurídico de un contrato de crédito que se paga (“crédito inicial”), manteniéndose todas sus garantías reales vigentes, y garantizando el nuevo crédito, en beneficio del nuevo proveedor.

La subrogación de un crédito inicial por un nuevo crédito procederá por el sólo ministerio de la ley y aún contra la voluntad del proveedor inicial, en la medida que concurran las siguientes condiciones:

i.Que un nuevo proveedor celebre un contrato de crédito con el cliente en virtud de una oferta de portabilidad, cumpliendo las solemnidades señaladas en la ley;

ii.Que el contrato de crédito referido tenga por objeto principal el pago y la subrogación del crédito inicial, especificando este último; y

iii.Que el nuevo proveedor pague, en nombre y representación del cliente, el costo total de prepago del crédito inicial con los fondos del nuevo crédito.

La subrogación procederá únicamente respecto de los productos o servicios financieros que se extingan por el solo pago del mismo.

El pago deberá ser realizado dentro de 3 días hábiles desde la celebración del nuevo contrato de crédito y durante la vigencia del certificado de liquidación vigente al momento de la firma del mismo contrato. En caso de no cumplirse con dicho plazo, ello no podrá afectar la subrogación, no obstante, hará responsable al nuevo proveedor de los perjuicios que dicho incumplimiento implique para el cliente.

b.Garantías del crédito subrogado.

Para el caso de las garantías sometidas a un régimen registral, tales como las hipotecas o prendas sin desplazamiento, el proyecto de ley señala que se deberá dejar constancia de la respectiva subrogación en el correspondiente registro, la cual será únicamente para efectos de publicidad y oponibilidad a terceros. De esta manera se evita la práctica actual de alzar las garantías inscritas y constituir nuevas garantías sobre el mismo bien.

Asimismo, el proyecto establece reglas especiales para garantías que caucionen obligaciones determinadas y para aquellas con cláusula de garantía general, a fin de hacer efectivo el proceso de portabilidad sobre las mismas.

c.Disminución de costos.

Mediante la nueva subrogación real de crédito ya no será necesario alzar la garantía real ni constituir una nueva sobre un mismo bien, procediendo únicamente la constancia de la subrogación en el registro correspondiente. Así, la subrogación se traduce en una disminución en los plazos y costos asociados al refinanciamiento de créditos garantizados, tales como créditos hipotecarios.

Asimismo, el proyecto señala que tanto los cargos o derechos aplicables a la constancia de subrogación, como también los cobros aplicables a la celebración del contrato del nuevo crédito ante notario, se calcularán como si correspondiera a una modificación de contrato, por lo que no procederá recargo en estos casos, salvo sobre la diferencia que se presente entre las cuantías de ambos créditos.

En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, el siguiente

PROYECTO DE LEY:

“SOBRE PORTABILIDAD FINANCIERA

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.-Objeto. La presente ley tiene por objeto regular materias relativas a la portabilidad financiera.

Artículo 2.-Definiciones. Para los efectos de esta ley, se entenderá por:

1.- Certificado de liquidación: Certificado de liquidación para término anticipado regulado en el artículo 17 D de la ley N° 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores.

2.- Cliente: Persona natural o jurídica que mantiene vigente uno o más productos o servicios financieros, y que tenga la calidad de consumidor conforme a la ley N° 19.496, o de micro o pequeña empresa, conforme a la ley N° 20.416, que fija las normas especiales para las empresas de menor tamaño.

3.- Costo total de prepago: Monto total a pagar para extinguir totalmente la respectiva obligación en forma anticipada, incluyendo la correspondiente comisión de prepago en su caso.

4.- Crédito: Operación de crédito de dinero definida en el artículo 1 de la ley N° 18.010, que establece normas para las operaciones de crédito y otras obligaciones de dinero que indica.

5.- Mandato de término: Mandato otorgado por el cliente al nuevo proveedor, con el objeto de que este último, actuando en su nombre y representación, pague, cuando corresponda, y requiera el término de determinados productos o servicios financieros que el cliente mantiene vigentes con un proveedor inicial.

6.- Nuevo proveedor: Proveedor respecto del cual un cliente ha aceptado una oferta de portabilidad financiera.

7.- Proceso de portabilidad financiera o proceso de portabilidad: Proceso regulado en esta ley, el cual tiene por objeto principal la contratación de productos o servicios financieros con un nuevo proveedor, dando lugar al término de uno o más productos o servicios financieros contratados con el proveedor inicial.

8.- Proveedor: Toda compañía de seguros, agente administrador de mutuos hipotecarios, caja de compensación de asignación familiar, cooperativa de ahorro y crédito, institución que coloque fondos por medio de operaciones de crédito de dinero de manera masiva señalada en el artículo 31 de la ley N° 18.010, o toda otra entidad fiscalizada por la Comisión para el Mercado Financiero en virtud del decreto con fuerza de ley N° 3, de 1997, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, sistematizado y concordado de la Ley General de Bancos.

9.- Proveedor inicial: Proveedor con el cual un cliente mantiene vigente uno o más contratos de productos o servicios financieros.

10.- Reglamento de Portabilidad o Reglamento: Reglamento señalado en el artículo 23 de esta ley.

11.- Subrogación real de crédito o subrogación: Subrogación de carácter especial, por la cual un crédito inicial es subrogado por un nuevo crédito, pasando este último a sustituir jurídicamente al primero, de conformidad a las características y condiciones señaladas en el Titulo III de la presente ley.

TÍTULO II

PROCESO DE PORTABILIDAD FINANCIERA

Artículo 3.-Portabilidad financiera. El proceso de portabilidad podrá comprender las siguientes modalidades:

a)Portabilidad sin subrogación: proceso que tiene por objeto contratar productos o servicios financieros con un nuevo proveedor, y obtener el término de productos o servicios financieros que el cliente mantenga vigentes con el proveedor inicial, extinguiendo en consecuencia todas las garantías que caucionaban dichos productos o servicios; y

b)Portabilidad con subrogación: proceso por el cual el cliente contrata un nuevo crédito con un nuevo proveedor con el objeto principal de pagar un crédito que el cliente mantiene con un proveedor inicial, produciéndose con ello una subrogación real de crédito.

Un mismo proceso de portabilidad podrá operar bajo ambas modalidades para distintos productos o servicios financieros.

Artículo 4.-Solicitud de portabilidad. Todo cliente que quiera iniciar un proceso de portabilidad financiera deberá presentar una solicitud de portabilidad a un proveedor.

La solicitud de portabilidad deberá señalar en forma expresa la intención del cliente de iniciar dicho proceso, la especificación del proveedor inicial y los productos y servicios financieros que el cliente solicita terminar.

Las formalidades, condiciones y requisitos de la solicitud, así como también las comunicaciones entre el cliente y los proveedores serán definidas en el Reglamento.

Artículo 5.-Vigencia de la solicitud. La solicitud de portabilidad se encontrará vigente hasta la retractación del cliente o, hasta 30 días hábiles contados desde la última comunicación enviada por el cliente al proveedor, sin que se haya recibido una oferta de portabilidad financiera de éste último.

Artículo 6.-Oferta de portabilidad financiera. Se entenderá que el nuevo proveedor decide perseverar con el proceso de portabilidad una vez que presente una oferta de portabilidad al cliente. La oferta deberá formularse por escrito, y deberá contener, a lo menos:

a)La especificación de los productos o servicios financieros que se ofrecen, detallando, el monto, carga anual equivalente y el plazo, cuando corresponda; y

b)La especificación de los productos o servicios financieros que el cliente mantiene con el proveedor inicial identificados en la solicitud de portabilidad, y que serían objeto del mandato de término.

Asimismo, la oferta deberá señalar el plazo para la suscripción de los contratos de los productos o servicios ofrecidos. Si se requieren fondos para dar cumplimiento al mandato de término, la oferta deberá además señalar el monto total y el origen de los mismos.El proveedor solo podrá retractarse de la oferta una vez trascurridos 7 días hábiles desde su emisión.

El Reglamento deberá establecer las formalidades, requisitos y especificaciones aplicables a la oferta de portabilidad.

Artículo 7.-Aceptación de oferta de portabilidad financiera. Si el cliente decide aceptar la oferta de portabilidad, éste deberá comunicar su decisión dentro del periodo de vigencia de la misma.

Mediante la aceptación de la oferta de portabilidad, el cliente otorga un mandato de término al nuevo proveedor respecto de los productos y servicios especificados de conformidad al literal b) del artículo anterior. El mandato de término facultará al nuevo proveedor para realizar todos los pagos y las comunicaciones o requerimientos correspondientes, en nombre y representación del cliente.

Artículo 8.-Retracto de la aceptación de la oferta. El cliente podrá retractarse de la aceptación, siempre y cuando no haya celebrado con el nuevo proveedor alguno de los contratos especificados en la oferta.

Asimismo, se entenderá que el cliente se ha retractado de la aceptación de la oferta de portabilidad si éste no contrata alguno de los productos o servicios financieros ofrecidos dentro del plazo referido en el inciso segundo del artículo 6.

La sola retractación de la aceptación de la oferta, revocará el mandato de término otorgado por el cliente.

Las disposiciones del artículo 3 bis de la ley N° 19.496, no se aplicarán al presente artículo.

Artículo 9.-Contratación de productos y servicios financieros. Una vez aceptada la oferta de portabilidad, el nuevo proveedor deberá realizar todas las gestiones necesarias para contratar los respectivos productos y servicios financieros con el cliente, de conformidad a la oferta aceptada y a las reglas generales aplicables a cada producto o servicio financiero. Las condiciones de contratación podrán actualizarse solo en virtud de un nuevo certificado de liquidación.

El mandato de término se entenderá cumplido por el nuevo proveedor cuando éste, actuando en nombre y representación del cliente:

a)pague los productos y servicios financieros especificados en la oferta de portabilidad; y,

b)requiera al proveedor inicial el cierre o término de los productos o servicios financieros especificados en la oferta de portabilidad.

Si los productos o servicios especificados en el mandato de término cuentan con un saldo a favor del cliente, el proveedor inicial deberá entregar al cliente dichos saldos.

El Reglamento regulará los procedimientos de pago y de requerimiento de término, y la forma y plazos de entrega de saldo al cliente, cuando corresponda.

Artículo 11.-Responsabilidad de término o cierre de productos. Cumplido el respectivo mandato de término por el nuevo proveedor, el proveedor inicial será exclusivamente responsable del término o cierre efectivo de los productos o servicios, de conformidad a las normativas aplicables para cada producto o servicio financiero.

TÍTULO III

NORMAS APLICABLES AL PROCESO DE PORTABILIDAD FINANCIERA CON SUBROGACIÓN

Artículo 12.-Reglas especiales aplicables. Sin perjuicio de las demás normas y obligaciones señaladas en la presente ley, para el caso de procesos de portabilidad financiera con subrogación regirán también las disposiciones del presente título.

Artículo 13.-Portabilidad financiera con subrogación. Por el solo ministerio de la ley y aún contra la voluntad del proveedor inicial, procederá la subrogación de un crédito inicial por un nuevo crédito, cuando concurran las siguientes condiciones copulativas:

a)Que un nuevo proveedor celebre un contrato de crédito con el cliente en virtud de una oferta de portabilidad, de conformidad al artículo 15;

b)Que el contrato de crédito referido en el literal a) tenga por objeto principal el pago y la subrogación de un crédito inicial, especificando dicho crédito; y

c)Que el nuevo proveedor pague, en nombre y representación del cliente, el costo total de prepago del crédito inicial con los fondos del crédito referido en la letra a) anterior.

La subrogación procederá únicamente respecto de los productos o servicios financieros que se extingan por el solo pago del mismo. Asimismo, en caso de subrogación de un crédito inicial caucionado por una o más garantías reales, éstas subsistirán, garantizando de pleno derecho al nuevo crédito, en la totalidad de sus términos y en beneficio del nuevo proveedor.

La subrogación real de crédito podrá tomar lugar tanto entre créditos otorgados por distintos proveedores, como entre créditos otorgados por el mismo proveedor.

Artículo 14.-Forma de realizar pago. El pago referido en la letra c) del artículo anterior deberá ser realizado dentro de 3 días hábiles desde la celebración del nuevo contrato de crédito y durante la vigencia del certificado de liquidación vigente al momento de la firma del mismo contrato.

El incumplimiento del inciso anterior no afectará la subrogación, no obstante, hará responsable al nuevo proveedor de los perjuicios que dicho incumplimiento implique para el cliente.

Artículo 15.- Solemnidades del contrato del nuevo crédito. El contrato de nuevo crédito deberá ser celebrado por escrito, y, en caso que el crédito inicial esté garantizado por una o más garantías reales sujetas a sistema registral, el nuevo crédito deberá también cumplir con las solemnidades legales que se requieran para el otorgamiento de dicha clase de garantías y que sean necesarias para dejar constancia de la respectiva subrogación. Asimismo, se deberá insertar en el contrato del nuevo crédito el certificado de liquidación que esté vigente al momento de la celebración de dicho contrato.

Artículo 16.-Monto del nuevo crédito. El monto de capital del nuevo crédito no podrá superar el monto de capital del crédito inicial.

En caso de existir excedentes, éstos podrán ser utilizados para pagar productos o servicios financieros distintos del crédito inicial que se subroga. Dichos pagos no darán lugar a la subrogación sobre los referidos productos o servicios.

Artículo 17.-Reglas especiales para garantías que caucionen obligaciones determinadas. Cuando el crédito inicial esté caucionado por una garantía real limitada a obligaciones determinadas, y los términos del nuevo crédito impliquen cambios en el tipo de tasas, aumento de las tasas de interés o plazos, o un préstamo por un capital mayor al costo total de prepago del crédito inicial, dichos términos serán inoponibles a terceros acreedores hipotecarios o prendarios de grado posterior, o a terceros que hayan otorgado la respectiva garantía, a menos que hayan otorgado su consentimiento con las solemnidades del artículo 15 de conformidad a los plazos y procedimientos señalados en el Reglamento.

Artículo 18.-Reglas especiales para garantías con cláusula de garantía general. En caso que un nuevo crédito subrogue al crédito inicial, y este último esté caucionado por una garantía real con cláusula de garantía general, ésta pasará a beneficiar exclusivamente al nuevo proveedor, caucionando así la totalidad de las obligaciones que el cliente contraiga con éste, desde el momento en que la totalidad de las obligaciones incluidas en el certificado de liquidación hayan sido debidamente extinguidas, o pagadas por el nuevo proveedor.

La existencia de obligaciones adicionales no incluidas en el certificado de liquidación o de productos o servicios financieros que no se terminen o extingan por el sólo hecho del respectivo pago, no afectarán el beneficio exclusivo del nuevo proveedor señalado en el inciso anterior.

El presente artículo no será aplicable cuando la subrogación real de crédito tome lugar entre dos créditos otorgados por el mismo proveedor, manteniendo éste su derecho sobre la respectiva garantía.

Artículo 19.-Garantías bajo sistema registral. Para el caso de subrogación con garantías reales sujetas a registro, la constancia de dicha subrogación deberá ser solicitada por el nuevo proveedor ante la entidad responsable del registro, para lo cual bastará la presentación del contrato del nuevo crédito y el respectivo comprobante de pago emitido de conformidad a las condiciones, plazos y formalidades que señale Reglamento.

La constancia de la subrogación del crédito en el respectivo registro se entenderá solo para efectos de publicidad y oponibilidad a terceros y deberá ser requerida por el nuevo proveedor.

Sin perjuicio de lo anterior, la constancia de subrogación de crédito deberá inscribirse en el respectivo registro en la misma forma en que corresponda practicar una modificación a dicha garantía, debiendo inscribirse dentro de 10 días hábiles desde la respectiva solicitud de inscripción. Dicha inscripción deberá además dejar constancia de la aceptación referida en el artículo 17 de esta ley, cuando corresponda.

Artículo 20.-Cargos o derechos. Para efectos de calcular los derechos o cargos que corresponda cobrar por practicar la inscripción referida en el artículo anterior, se considerará a la subrogación de crédito como una modificación de contrato.

Asimismo, para efectos de calcular los derechos o cargos notariales que corresponda cobrar por la celebración del contrato del nuevo crédito, se considerará a éste último como una modificación de contrato al crédito inicial.

Artículo 21.-Devengo de intereses del nuevo crédito. El nuevo crédito que se otorgue en virtud de esta ley no devengará intereses por el plazo transcurrido entre la celebración del referido crédito, y el pago del crédito inicial por el nuevo proveedor, en nombre y representación del cliente.

TÍTULO IV

DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 22.-Solicitud de certificados por parte del nuevo proveedor. El proveedor al que el cliente le haya presentado una solicitud de portabilidad, podrá solicitar directamente al proveedor inicial el certificado de liquidación del respectivo cliente. La emisión de dicho certificado no podrá implicar el bloqueo de productos de conformidad al artículo 17 D de la ley N° 19.496.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso que el cliente haya aceptado una oferta de portabilidad y dicha oferta contemple el pago de un producto asociado a créditos disponibles no desembolsados o créditos rotativos, el nuevo proveedor podrá solicitar el certificado de liquidación directamente al proveedor inicial, pudiendo requerir que éstos sean debidamente bloqueados, de conformidad al artículo 17 D de la ley N° 19.496. En dicho caso, el requerimiento de bloqueo deberá ser previamente informado al cliente.

En caso de que corresponda la emisión del certificado de pago del impuesto de timbre y estampilla a que se refiere el numeral 17 del artículo 24 del decreto ley N° 3.475, de 1980, que modifica la ley de timbres y estampillas contenida en el decreto ley N° 617, de 1974 y dicho certificado no se encuentre vigente, o no haya sido entregado al nuevo proveedor, este último podrá solicitar un nuevo certificado de pago de impuesto de timbre y estampilla directamente al proveedor inicial.

La facultad que tiene el nuevo proveedor para solicitar los referidos certificados se entenderá revocada al término de la vigencia de la solicitud de portabilidad, cuando el cliente haya rechazado la oferta de portabilidad, se haya retractado de la aceptación de la oferta de portabilidad o cuando se hayan realizado todos los pagos correspondientes de conformidad respectiva oferta de portabilidad debidamente aceptada.

Artículo 23.-Reglamento de portabilidad. Un reglamento expedido por los Ministerios de Hacienda y de Economía, Fomento y Turismo, podrá establecer las formas, condiciones, requisitos y plazos relativos a las notificaciones, comunicaciones, solicitudes, aceptaciones, o comprobantes de pago que deban emitirse en virtud de un proceso de portabilidad financiera, sin perjuicio de las demás especificaciones que señale la ley.

Artículo 24.-Irrevocabilidad. En el caso de obligaciones caucionadas con una garantía real con cláusula de garantía general, el mandato que el cliente otorgue al nuevo proveedor para el pago o término de dichas obligaciones con motivo del proceso de portabilidad financiera, tendrá el carácter de irrevocable, hasta el pago de todas las obligaciones que procedan o hasta el incumplimiento de parte del nuevo proveedor de las obligaciones que establece esta ley.

Artículo 25.-Excepciones a la aplicación de esta ley. La subrogación no aplicará a los créditos otorgados bajo la modalidad de bonos hipotecarios o letras de créditos hipotecarios, así como tampoco respecto de créditos que hayan sido otorgados al cliente por más de un proveedor inicial.

Artículo 26.-Tratamiento de datos personales. Los tratamientos de datos personales que se realicen en virtud de esta ley deberán cumplir con las disposiciones de la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada.

Asimismo, de conformidad a lo señalado en la referida ley, se entenderá que los datos personales tratados en virtud de una solicitud de portabilidad ya cumplieron con su finalidad, y por tanto deberán ser cancelados, una vez concluido el respectivo proceso de portabilidad.

Artículo 27.- Sanciones. Quien maliciosamente cometiere alguna de las falsedades designadas en el artículo 193 del Código Penal, en cualquier documento o información que deba emitirse en virtud de las disposiciones de la presente ley, se aplicarán las penas del inciso segundo del artículo 197 del mismo código.

El que maliciosamente hiciere uso de los instrumentos falsos a que se refiere este artículo, será castigado como si fuere autor de la falsedad.

Por su parte, las infracciones a lo dispuesto en esta ley en que incurran proveedores iniciales o nuevos proveedores serán sancionadas conforme a lo establecido en el artículo 17 K de la ley N° 19.496 y al Título IV de la misma legislación.

Artículo 28.-Norma de protección de los derechos de los consumidores. Para efectos del artículo 58 de la ley N° 19.496, la presente ley se considerará como una norma de protección de los derechos del consumidor. La referida ley N° 19.496 se aplicará supletoriamente a esta ley, en todo lo que no sea contrario a las disposiciones o naturaleza de ésta última.

TÍTULO V

MODIFICACIONES A OTROS CUERPOS NOMATIVOS

Artículo 29.-Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores:

1)Agrégase la siguiente oración al final de la letra g) del inciso primero del artículo 17 B:

“Lo anterior será sin perjuicio de los dispuesto en el artículo 25 de la Ley sobre Portabilidad Financiera.”.

2)Modifícase el artículo 17 D del siguiente modo:

a)Reemplázase su inciso primero por los siguientes incisos primero, segundo, tercero cuarto y quinto, nuevos:

“Artículo 17 D.- Los proveedores de servicios financieros pactados por contratos de adhesión deberán entregar al respectivo consumidor, dentro del plazo de 3 días hábiles contado desde que éste lo solicite, un certificado de liquidación para término anticipado. El certificado podrá ser solicitado tanto presencialmente como de manera virtual al respectivo proveedor de productos o servicios financieros pudiendo asimismo requerir que se entregue de manera virtual o presencial.

Este certificado deberá contener a lo menos la siguiente información relativa a cada uno de los productos o servicios financieros vigentes, según corresponda:

a) Plazo;

b) Valor total del servicio;

c) Indicar si corresponde a deuda rotativa;

d) Monto de crédito disponible y efectivamente utilizada;

e) Tipo y tasa de interés;

f) La carga anual equivalente;

g) Valor de última cuota;

h) Garantías reales otorgadas, especificando su otorgante, datos de inscripción, datos de escritura, en caso de haber otorgada por escritura pública, y si contienen cláusulas de garantía general;

i) Monto total a pagar para poner término al producto o servicio financiero según la fecha de pago, incluyendo la respectiva comisión de prepago, si corresponde; y

j) Otra información relevante que determine el reglamento.

En caso de existir una garantía real con cláusula de garantía general, el certificado de liquidación deberá además especificar el monto a pagar para ponerle término a todas las obligaciones vigentes que el consumidor tenga con el proveedor que no provengan de productos o servicios financieros.

Adicionalmente, el certificado deberá contener el monto total a pagar para ponerle término a la totalidad de los productos o servicios financieros y las obligaciones referidas, según la fecha de pago, incluyendo la respectiva comisión de prepago, si corresponde, la fecha de emisión y de vigencia del certificado, la que no podrá ser menor a 15 días hábiles, la forma en que el proveedor desea ser notificado y la información necesaria para realizar el pago en caso de iniciarse un proceso de portabilidad financiera o refinanciamiento. El contenido, los requisitos y la presentación de dicho certificado se determinarán en los reglamentos que se dicten de acuerdo al artículo 62.

Sin perjuicio de lo anterior, el consumidor podrá solicitar el referido certificado respecto de solo un producto o servicio financiero determinado.

El consumidor podrá requerir al proveedor de productos o servicios financieros, al momento de solicitar el certificado de liquidación para término anticipado, que bloquee los productos o servicios financieros con créditos disponibles no desembolsados o créditos rotativos, tales como líneas de crédito asociadas a cuentas corrientes o tarjetas de crédito, durante el tiempo de vigencia del certificado, de manera de que la información contenida en el certificado de liquidación no se vea modificada durante la vigencia del mismo. El certificado deberá señalar expresamente los productos o servicios financieros que han sido bloqueados.”.

b)Modifícase el actual inciso cuarto, que ha pasado a ser el noveno, en el siguiente sentido:

i.Reemplázase la frase “Los proveedores de créditos no podrán retrasar el término de los contratos de crédito”, por “Los proveedores de productos o servicios financieros no podrán retrasar el término de los productos o servicios financieros”.

ii.Reemplázase la expresión “dichos créditos”, por “dichos productos y servicios financieros”.

iii.Reemplázase la palabra “diez”, la primera vez que aparece, por la palabra “cinco”.

iv.Reemplázase la palabra “diez”, la segunda vez que aparece, por la palabra “tres”.

c)Reemplázase, en su actual inciso séptimo, que ha pasado a ser el decimosegundo, la frase “una vez pagadas íntegramente las deudas garantizadas”, por “una vez extinguidas totalmente las obligaciones garantizadas”.

d)Intercálase, entre su actual inciso decimosegundo, que ha pasado a ser el decimoséptimo, y su actual inciso decimotercero, que ha pasado a ser el decimoctavo, el siguiente inciso, nuevo:

“Los proveedores de créditos que soliciten una tasación o estudio de títulos de un bien sobre el cual se constituirá una garantía en su beneficio, deberán entregar al consumidor que solicitó el crédito, los respectivos informes de tasación y estudio de títulos del bien, según corresponda. La entrega de dicho certificado deberá realizarse de manera presencial o digital, conforme a lo solicitado por el consumidor. Asimismo, el consumidor podrá realizar la referida solicitud de manera presencial o remota.”.

3)Reemplázase en el actual artículo 17 K, la expresión “17 B a 17 J y de”, por “17 B a 17 J, el artículo 17 M, y en”.

4)Incorpórase el siguiente artículo 17 M, nuevo:

“Artículo 17 M.- Los proveedores de productos o servicios financieros pactados por contrato de adhesión garantizados por cualquier tipo de garantía estarán obligados a conservar todos los documentos en los que consten dichas garantías.”.

5)Reemplázase en el inciso tercero del artículo 39 B la expresión “Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras” por “Comisión para el Mercado Financiero”.

Artículo 30.-Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 24 del decreto ley N° 3.475, de 1980, que modifica la ley de timbres y estampillas contenida en el decreto ley N° 617, de 1974:

1)Reemplázase, en su numeral 11, la expresión “Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras”, por la expresión “Comisión para el Mercado Financiero”.

2)Reemplázase, en su numeral 16, la expresión “Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras”, por la expresión “Comisión para el Mercado Financiero”.

3)Modifícase su numeral 17 en el siguiente sentido:

a)Reemplázase, en su párrafo primero, la frase “Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, Superintendencia de Seguridad Social o Superintendencia de Valores y Seguros”, por la frase “Comisión para el Mercado Financiero o la Superintendencia de Seguridad Social”.

b)Modifícase su párrafo séptimo en el siguiente sentido:

i.Intercálase, entre la expresión “la resolución” y el punto seguido “.”, la frase “, la cual en ningún caso podrá ser menor a 15 días hábiles”.

ii.Reemplázase la oración “La emisión al interesado del certificado deberá efectuarse dentro de 5 días hábiles siguientes a la fecha de la solicitud respectiva”, por la oración “La solicitud del certificado podrá efectuarse de manera presencial o digital, debiendo emitirse, de manera digital o física, según sea solicitado, dentro de los 3 días hábiles siguientes a la fecha de solicitud respectiva. En caso de que se solicite que el certificado sea emitido de forma virtual, éste deberá ser emitido con firma electrónica de conformidad a la ley N° 19.799, sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de Dicha Firma”.

Artículo 31.- Intercálase en el numeral 2) del Artículo Noveno de la ley N° 20.416, que Fija Normas Especiales para las Empresas de Menor Tamaño, entre la expresión “en favor de los consumidores por” y la expresión “la ley N° 19.496”, la siguiente oración “la Ley sobre Portabilidad Financiera y”.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo primero transitorio.- La presente ley entrará en vigencia transcurridos 120 días desde su publicación en el Diario Oficial.

Artículo segundo transitorio.- El reglamento establecido en el artículo 23 de la presente ley deberá dictarse dentro de los 180 días siguientes a la fecha de su publicación.

Artículo tercero transitorio.- Con excepción de los numerales 3) y 4) del artículo 30, la presente ley se aplicará tanto a los productos y servicios financieros que se encuentren vigentes a la fecha señalada en el artículo anterior, como a los que se contraten con posterioridad a ésta.”.

Dios guarde a V.E.

SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE

Presidente de la República

FELIPE LARRAÍN BASCUÑÁN

Ministro de Hacienda

JUAN ANDRÉS FONTAINE TALAVERA

Ministro de Economía,

Fomento y Turismo

HERNÁN LARRAÍN FERNÁNDEZ

Ministro de Justicia y Derechos Humanos

1.2. Informe de Comisión de Economía

Cámara de Diputados. Fecha 23 de octubre, 2019. Informe de Comisión de Economía en Sesión 95. Legislatura 367.

?INFORME DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, FOMENTO, MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y TURISMO RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE REGULA LA PORTABILIDAD FINANCIERA, BOLETIN N° 12.909-03

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Economía, Fomento, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo viene en informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de ley de la referencia, de origen en un mensaje de S.E. el Presidente de la República, con urgencia calificada de “suma”.

***

Durante el análisis de esta iniciativa, la Comisión contó con la asistencia y colaboración de las siguientes personas, señoras y señores: El Ministro de Hacienda, señor Felipe Larraín; la Coordinadora de Mercado de Capitales del Ministerio de Hacienda, Catherine Tornel, y el asesor legal, Juan Pablo Loyola; el Jefe Legislativo del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, José Luis Uriarte; las asesoras, señoras Michele Labbé y Ximena Contreras; la comisionada para la Comisión del Mercado Financiero, Rosario Celedón Förster, junto al Director Jurídico de Bancos e Instituciones Financieras, Cristián Carmona Larraín, y al Jefe de la División Control de Entidades no Aseguradoras, Bayardo Goudeaux; el Gerente General de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, Luis Opazo Roco, y el Fiscal, Juan Esteban Laval Zaldívar; el economista Senior del Instituto Libertad y Desarrollo, Tomás Flores, y el abogado del Programa Legislativo, John Henríquez; el Presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios, Odecu, don Stefan Larenas y el Vicepresidente Ejecutivo del Retail Financiero, don Claudio Ortiz.

I.- CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.

1.- IDEAS MATRICES O FUNDAMENTALES.

Las ideas centrales del proyecto se orientan al siguiente objetivo:

Modificar diversos textos legales, con el propósito de crear y regular un procedimiento de portabilidad financiera que permita otorgar las facilidades necesarias a los consumidores, tanto personas naturales como micro y pequeñas empresas, para que puedan cambiarse de proveedores financieros y así obtener la contratación de productos o servicios financieros con un nuevo proveedor, y el término de uno o más productos o servicios financieros contratados con el proveedor inicial.

2.- NORMAS DE CARÁCTER ORGÁNICO CONSTITUCIONAL O DE QUÓRUM CALIFICADO.

El proyecto no contiene normas con ese carácter.

3.- NORMAS QUE REQUIEREN TRÁMITE DE HACIENDA.

No hay normas que sean competencia de la Comisión de Hacienda.

El informe Financiero adjunto N° 147-167 concluye que “En consideración de que este Proyecto de Ley norma transacciones que son entre privados, no irroga mayor gasto fiscal”.

4.- EL PROYECTO FUE APROBADO, EN GENERAL POR UNANIMIDAD.

Votaron a favor la diputada Sofía Cid y los diputados señores Alejandro Bernales, Harry Jürgensen, Joaquín Lavín, Miguel Mellado, Cristhian Moreira (en reemplazo del diputado Enrique Rysselberghe), Rolando Renteria, Alexis Sepúlveda y Pedro Velásquez.

5.- ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADAS.

ARTÍCULOS RECHAZADOS:

Artículo 2.-Definiciones. Para los efectos de esta ley, se entenderá por:

3.- Costo total de prepago: Monto total a pagar para extinguir totalmente la respectiva obligación en forma anticipada, incluyendo la correspondiente comisión de prepago en su caso.

4.- Crédito: Operación de crédito de dinero definida en el artículo 1 de la ley N° 18.010, que establece normas para las operaciones de crédito y otras obligaciones de dinero que indica.

6.- Nuevo proveedor: Proveedor respecto del cual un cliente ha aceptado una oferta de portabilidad financiera.

9.- Proveedor inicial: Proveedor con el cual un cliente mantiene vigente uno o más contratos de productos o servicios financieros.

10.- Reglamento de Portabilidad o Reglamento: Reglamento señalado en el artículo 23 de esta ley.

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Artículo 9.- Contratación de productos y servicios financieros. Una vez aceptada la oferta de portabilidad, el nuevo proveedor deberá realizar todas las gestiones necesarias para contratar los respectivos productos y servicios financieros con el cliente, de conformidad a la oferta aceptada y a las reglas generales aplicables a cada producto o servicio financiero. Las condiciones de contratación podrán actualizarse solo en virtud de un nuevo certificado de liquidación.”.

***

Artículo 20.- Cargos o derechos. Para efectos de calcular los derechos o cargos que corresponda cobrar por practicar la inscripción referida en el artículo anterior, se considerará a la subrogación de crédito como una modificación de contrato.

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INDICACIONES RECHAZADAS:

I.- De las diputadas señoras Francesca Muñoz y Sofía Cid y del diputado señor Jaime Naranjo, para agregar un nuevo inciso final al artículo 4° del siguiente tenor:

“Con todo, las personas que estén en mora de pagar pensiones de alimentos no podrán acceder a la portabilidad financiera. El reglamento determinará la forma de acreditar esta circunstancia así como la cantidad de cuotas impagas de pensiones de alimentos y su periodicidad, para considerar que se encuentre en mora de pagar”.

II.- Del diputado señor Boris Barrera, para añadir en el artículo 29, que modifica la ley N° 19.496 que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores en el articulado que modifica el artículo 17 D de ese precepto legal, un nuevo inciso ante penúltimo cuyo texto propuesto es el que sigue:

“En el caso que la tasación efectuada durante el proceso de portabilidad arroje una disminución en el valor comercial del bien raíz en relación al valor original, el consumidor solo se verá obligado a pagar el informe de tasación en caso de insistir con la solicitud de crédito.”

III.- Del diputado señor Alejandro Bernales:

1.- Para cambiar en el título de la Ley (proyecto de ley), la palabra “portabilidad”, por “movilidad”.

2.- Para sustituir la palabra “portabilidad” por “movilidad” en todas las veces que aparece mencionado en el proyecto de ley.

3.- Para añadir un nuevo artículo 30:

Agregar un artículo 5 nuevo en la ley N° 19.223:

“Artículo 5.- Se castigará con la pena de reclusión menor en cualquiera de sus grados y multa de 50 a 500 Unidades Tributarias Mensuales al que, con ocasión de una operación de portabilidad financiera, maliciosamente y sin habilitación o autorización legal que corresponda, comunique, transfiera, transmita, interconecte, la información tratada para la finalidad distinta para la que fue recolectada.

Igual pena se aplicará a quien maliciosamente, con ocasión de una operación de portabilidad financiera, difunda la información tratada por los proveedores. En caso de ser una misma la persona que los haya obtenido y divulgado, se aplicarán a ésta las penas de reclusión menor en su grado máximo y multa de 100 a 500 Unidades Tributarias Mensuales.”

4.- Agréguese, en el inciso primero del artículo 1° de la ley N° 20.393, entre la frase: “en el artículo 8° de la ley N° 18.314” y, la frase: “y en los artículos 240, 250, 251 bis, 287 bis, 287 ter, 456 bis A y 470, numerales 1° y 11, del Código Penal”, la siguiente expresión: “en el artículo 5 de la ley 19.223”.

6.-. SE DESIGNA DIPUTADO INFORMANTE AL SEÑOR JOAQUÍN LAVÍN LEÓN.

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II.- ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DEL PROYECTO.

Señala a título de fundamento en su iniciativa el Ejecutivo que el uso de productos o servicios financieros es parte integral de la vida diaria de los ciudadanos. De acuerdo al Informe de Inclusión Financiera en Chile (2019) de la Comisión para el Mercado Financiero (en adelante “CMF”), un 97% de la población adulta del país mantiene al menos un servicio o producto financiero.

Por otro lado, existe un gran interés entre los consumidores de contar con una alternativa efectiva para cambiar sus productos y servicios financieros a otra institución financiera. Así, el Estudio Comparado el Futuro del Dinero y la Banca de Consumo en Chile y EEUU, elaborado por la Pontificia Universidad Católica, la Cámara de Comercio de Santiago y USC Center for the Digital Future, señala que más de la mitad de las personas encuestadas está dispuesta a cambiarse de institución financiera, en particular ante una mejor oferta respecto a intereses o comisiones, o en razón de beneficios o calidad del servicio prestado. Con todo, el mismo estudio da cuenta de las barreras que son percibidas por los mismos consumidores al evaluar un cambio, indicando que la percepción de la mayoría de los encuestados es que cambiarse de institución financiera en nuestro país resulta ser un proceso difícil.

Por otro lado, se añade que la tenencia de deudas representa una carga importante en el presupuesto de los hogares. De acuerdo a datos de la misma encuesta, los hogares con deuda gastan en promedio un 25% de su ingreso mensual en intereses y amortizaciones originados de sus obligaciones financieras. Dicha carga resulta aún más alta para aquellos hogares de menores ingresos.

Es por esto que la creación de un proceso de portabilidad financiera resulta crucial para apoyar a los hogares y potenciar el desarrollo y crecimiento de nuestras micro y pequeñas empresas.

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El objetivo de este mensaje es facilitar de manera significativa el proceso de portabilidad financiera, permitiendo que los consumidores beneficiados cambien al proveedor de sus servicios financieros sin necesidad de acudir al proveedor inicial. Además, el proyecto incorpora ajustes normativos que se traducirán en menores costos para el caso de subrogación real de crédito.

En definitiva, este proyecto de ley va en directo beneficio de los hogares, las micro y pequeñas empresas que tengan contratados productos o servicios financieros, permitiendo, entre otras cosas, que estas accedan a mejores condiciones de financiamiento, de una manera más fácil y expedita, mejorando directamente su bienestar y fomentando así la actividad económica y la inversión.

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Respecto del contenido de la normativa propuesta, se precisa que tiene como propósito central facilitar el proceso de cambio de proveedor de productos o servicios financieros, mediante la regulación del proceso de oferta y contratación de los nuevos productos o servicios financieros, así como también el término de los productos o servicios originales.

Proceso de portabilidad financiera.

Certificado de liquidación.

El proyecto de ley contempla que los consumidores, microempresas o pequeñas empresas llamados “clientes” puedan solicitar a proveedores con la que mantienen productos o servicios financieros vigentes (“proveedor inicial”) un certificado de liquidación para termino anticipado (“certificado de liquidación”), regulado en el artículo 17 D de la ley N° 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores

Solicitud de portabilidad.

El mensaje en estudio señala que los clientes podrán iniciar un proceso de portabilidad financiera mediante la presentación de una “solicitud de portabilidad financiera” (“solicitud de portabilidad”) a uno o varios proveedores.

Oferta de portabilidad financiera.

El proveedor solo podrá retractarse de la oferta una vez transcurridos 7 días hábiles desde su emisión.

El proyecto de ley indica que la oferta de portabilidad deberá contener, a lo menos lo siguiente:

i.La especificación de los productos o servicios financieros que se ofrecen, detallando el monto, la tasa, carga anual equivalente y el plazo, cuando corresponda; y

ii.La especificación de los productos o servicios financieros del cliente con el proveedor inicial que serían objeto del mandato de término.

Asimismo, deberá consignar el plazo para suscribir los contratos de los productos o servicios ofrecidos. En caso de que se requieran fondos para dar cumplimiento al mandato de término, la oferta deberá también señalar el monto total y el origen de los mismos.

El referido mandato deberá ser cumplido por el proveedor en los términos de la oferta y de conformidad a la forma y plazos establecidos en el proyecto de ley.

Aceptación de oferta de portabilidad.

Recibida una oferta de portabilidad, el cliente procederá a evaluarla, pudiendo aceptarla dentro del plazo de vigencia.

La iniciativa presidencial prescribe que, mediante la aceptación de la oferta, el cliente otorga al nuevo proveedor un mandato de término respecto de determinados productos y servicios financieros que el cliente mantiene con el proveedor inicial. Dicho mandato facultará al nuevo proveedor para realizar todos los pagos, comunicaciones o requerimientos correspondientes, en nombre y representación del cliente.

Contratación de nuevos productos y servicios financieros.

Cumplimiento de mandato de término de productos y servicios financieros.

El cumplimiento del referido mandato implica que el nuevo proveedor, actuando en nombre y representación del cliente:

i.pague los productos y servicios financieros especificados en la oferta de portabilidad; y

ii.requiera al proveedor inicial el término o cierre de los productos y servicios financieros especificados en la oferta de portabilidad.

El proyecto de ley expresa que, de proceder el pago de conformidad al mandato de término, los fondos para dicho pago pueden ser obtenidos de los nuevos productos y servicios financieros contratados en virtud de la oferta de portabilidad.

Notificaciones, comunicaciones y comprobante de pago.

El mensaje ordena que un reglamento establecerá las formas, condiciones, requisitos, plazos y efectos relativos a las notificaciones, comunicaciones, solicitudes, aceptaciones o comprobantes de pago que deban emitirse en virtud de un proceso de portabilidad financiera, sin perjuicio de las demás especificaciones que señale la ley.

Subrogación real de crédito en proceso de portabilidad financiera.

Subrogación real de crédito.

La subrogación de un crédito inicial por un nuevo crédito procederá por el solo ministerio de la ley y aún contra la voluntad del proveedor inicial, en la medida que concurran las siguientes condiciones:

i.Que un nuevo proveedor celebre un contrato de crédito con el cliente en virtud de una oferta de portabilidad, cumpliendo las solemnidades señaladas en la ley;

ii.Que el contrato de crédito referido tenga por objeto principal el pago y la subrogación del crédito inicial, especificando este último; y

iii.Que el nuevo proveedor pague, en nombre y representación del cliente, el costo total de prepago del crédito inicial con los fondos del nuevo crédito.

Se especifica que la subrogación procederá únicamente respecto de los productos o servicios financieros que se extingan por el solo pago del mismo.

Garantías del crédito subrogado.

Para el caso de las garantías sometidas a un régimen registral, tales como las hipotecas o prendas sin desplazamiento, el mensaje establece que se deberá dejar constancia de la respectiva subrogación en el correspondiente registro, la cual será únicamente para efectos de publicidad y oponibilidad a terceros. De esta manera se evita la práctica actual de alzar las garantías inscritas y constituir nuevas garantías sobre el mismo bien.

Disminución de costos.

Asimismo, el proyecto expresa que tanto los cargos o derechos aplicables a la constancia de subrogación, como también los cobros aplicables a la celebración del contrato del nuevo crédito ante notario, se calcularán como si correspondiera a una modificación de contrato, por lo que no procederá recargo en estos casos, salvo sobre la diferencia que se presente entre las cuantías de ambos créditos.

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III.- RELACIÓN DESCRIPTIVA DEL PROYECTO.

El proyecto consta de 31 artículos permanentes y tres transitorios.

A través de los artículos 1 al 28 se consagra una nueva institucionalidad que crea y regula la portabilidad financiera, como se ha detallado precedentemente.

El artículo 29 modifica la ley N° 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, para adecuarla a la nueva institucionalidad de portabilidad financiera, estableciendo, en lo esencial, la obligación a los proveedores de servicios financieros pactados por contratos de adhesión de entregar al consumidor un certificado de liquidación para término anticipado y crea un artículo 17 M, que ordena a los proveedores de productos o servicios financieros pactados por contrato de adhesión garantizados por cualquier tipo de garantía conservar todos los documentos en los que consten dichas garantías.

Por el artículo 30, en síntesis se modifica la ley de timbres y estampillas, y reemplaza la expresión “Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras”, por la de “Comisión para el Mercado Financiero”.

Mediante el artículo 31 se modifica la ley N° 20.416, que Fija Normas Especiales para las Empresas de Menor Tamaño en orden a hacer aplicables a los actos y contratos celebrados entre los micro y pequeños empresarios y sus proveedores además la Ley sobre Portabilidad Financiera.

El artículo primero transitorio señala la entrada en vigencia de esta ley.

El artículo segundo transitorio ordena que el reglamento de portabilidad, establecido en el artículo 23 de esta ley deberá dictarse dentro de los 180 días siguientes a la fecha de su publicación.

El artículo tercero transitorio prescribe que con excepción de los numerales 3) y 4) del artículo 30, esta ley se aplicará tanto a los productos y servicios financieros que se encuentren vigentes a la fecha señalada en el artículo anterior, como a los que se contraten con posterioridad a ésta.

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IV.- DISPOSICIONES LEGALES QUE EL PROYECTO MODIFICA.

La iniciativa presidencial en estudio primeramente crea una nueva institucionalidad que regula la portabilidad financiera; y luego introduce modificaciones tanto en la ley N° 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, como en el decreto ley N° 3.475, de 1980, que modifica la ley de timbres y estampillas contenida en el decreto ley N° 617, de 1974 y en la ley N° 20.416, que Fija Normas Especiales para las Empresas de Menor Tamaño.

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V.- DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL PROYECTO.

A.- DISCUSIÓN GENERAL.

Con la finalidad de aportar mayores elementos al debate y de ilustrar de mejor forma a la Comisión, la Biblioteca del Congreso Nacional elaboró un informe, sobre materias que aborda el mensaje: Portabilidad bancaria en España y México.

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Cabe consignar que con ocasión del debate acaecido en el seno de la Comisión, referido a la discusión general de este mensaje, colaboraron aportando ideas, sugiriendo tanto perfeccionamientos y mejoras como reparos y modificaciones de la misma, junto a las y los señores parlamentarios, autoridades de gobierno e invitados, conforme se detalla a continuación:

El Ministro de Hacienda, don Felipe Larraín Bascuñán señala que este es un proyecto de ley que se puede catalogar de ciudadano, porque abaratará los costos en que incurren las familias, pero además, tiene una punto de oportunidad, aprovechando la especial coyuntura para reprogramar deudas o salir a tomar un crédito hipotecario a lo que son las tasas más bajas en la historia de Chile, por lo que es una coyuntura nacional y global, con políticas monetarias expansivas en la mayor parte de los países del mundo, lo que se ha trasladado a la tasas largas que es especialmente notorio en Chile.

Precisa que se debe reconocer la responsabilidad fiscal que también permite tener esas rasas de interés bajas, de las que podemos hablar hoy.

Recuerda que han caído las tasas de interés hipotecarias y las de consumo y las automotrices

Este mensaje responde a un objetivo que es facilitar, a personas naturales y a micro y pequeñas empresas el cambio de proveedor de productos financieros, tales como cuentas corrientes, tarjetas de crédito, créditos hipotecarios, de consumo y automotrices.

De manera que esto no es solo con los bancos, sino que con cualquier proveedor financiero y con ello se quiere dar la oportunidad a las pequeñas y medianas empresas para que junto a las personas naturales puedan acceder a un mecanismo de portabilidad financiera.

Destaca que el nombre se hace con la idea de la portabilidad telefónica, en que el cliente es dueño de su número y se traslada entre compañías, de manera que aquí será de la misma manera, con los productos financieros y el cliente puede irse, por ejemplo, de un banco a otro proveedor financiero.

Según un estudio reciente, más de la mitad de las personas encuestadas desean cambiarse de institución financiera. La misma proporción percibe barreras significativas para realizar dicho cambio.

Para refinanciamientos respaldados por garantías reales, el proyecto en debate elimina la necesidad de alzar las garantías existentes y constituir nuevas garantías. Esto se logra a través de la creación de una figura de subrogación especial para créditos.

Comenta que este proyecto contiene un texto autónomo y modifica leyes existentes, ley de Protección de los Derechos de los Consumidores (Ley N° 19.496); Ley de Timbres y Estampillas (decreto ley N° 3.475 de 1980) y la ley de Empresas de Menor Tamaño (ley N° 20.416).

Esta iniciativa puede beneficiar a amplios sectores de la ciudadanía. Un 97 por ciento de la población adulta del país tiene algún producto financiero, que no significa necesariamente una deuda, siendo el más básico de esos productos la cuenta rut o cuenta a la vista, que es una tarjeta de débito que permite hacer una serie de operaciones. Esto es un producto financiero, no un crédito. El caso es que una persona con una cuenta a la vista o cuenta rut puede cambiarse de bancos por distintas circunstancias.

El 66 por ciento de los hogares chilenos, algo más de 3 millones de hogares, mantienen una deuda donde el 25 por ciento del ingreso está destinado a intereses y amortizaciones.

Para los sectores más vulnerables esta es una proporción mayor y revela la importancia del tema que implica este proyecto de ley.

Informa que el 97 por ciento de las pequeñas empresas tienen algún producto financiero, lo que en el caso de las microempresas alcanza a un 94 por ciento, siendo las que opera con caja, o en efectivo, las menos.

Hace presente que de acuerdo con los datos que se exhiben, se habla de un impacto casi en el total de la población del país.

El proyecto de ley incluye cualquier producto o servicio financiero que se tenga con un grupo amplio de proveedores, como los bancos, las compañías de seguros, agentes administradores de mutuos hipotecarios, cooperativas de ahorro y crédito, cajas de compensación, instituciones que coloquen fondos de manera masiva (por ejemplo, empresas que otorgan créditos automotrices), emisores de tarjetas y otras entidades fiscalizadas por la CMF.

Se estima que las cuentas corrientes en Chile son poco más de 4 millones, más de 19 millones de cuentas vista, 17 millones de tarjetas de crédito vigentes, 2 millones 600 mil créditos de consumo, más de 1 millón de créditos hipotecarios y más de 200 mil créditos automotrices.

Más de 560 mil empresas tienen deudas con el sector bancario que si bien puede ser considerado en algunas circunstancias una oportunidad, se debe ser cuidadoso en la carga que ella significa.

Informa que más de 280 mil empresas tienen deudas con el sector no bancario.

La portabilidad significa cambiarse de productos o servicios con nuevo proveedor y si bien esto se puede hacer hoy, es mucho más caro y por ello se inhibe ese cambio por los costos del cambio, en tiempo y en dinero y los desplazamientos de las garantías son complejos. Todo ello hace que se promueva un cambio que sea más fácil.

Pero la portabilidad implica también un mandato de término con el antiguo proveedor, lo que permite cerrar los productos contratados con el proveedor inicial, es una opción que consiste en entregar un mandato a quien sería un nuevo proveedor financiero, que tramita un certificado de liquidación del antiguo proveedor y que contempla todos los detalles de todos los productos financieros, que después la persona natural o jurídica puede decidir portar o no, no siendo necesario que se porten todos ellos, con lo que se le entrega flexibilidad en esa decisión.

Aclara que igualmente puede ser tramitado por el propio cliente, pero al entregar un mandato, se verá librado de efectuar los trámites con el desgaste de tiempo en esas acciones. Es interesante porque en el caso del mandato, se establecen, además, períodos de respuesta, máximos.

Explica que se deben distinguir dos modalidades de portabilidad.

Una es la portabilidad de cualquier producto financiero, denominada la portabilidad estándar y una portabilidad con subrogación, en que el elemento distintivo es el crédito con garantía real. Si el crédito tiene esta garantía real, corresponde a una portabilidad con subrogación. Si no la tiene, será una subrogación estándar.

Advierte que, si bien hay un ahorro en ambas, el mayor ahorro será en los créditos que tienen garantía real, especialmente en los créditos hipotecarios. Como las garantías ya van a estar inscritas, dependerá de qué activo sea; si es un inmueble estará inscrito en el Conservador de Bienes Raíces, si es un bien mueble, por ejemplo, un auto, se inscribirá en el registro de vehículos motorizados.

En la subrogación la garantía pasa a beneficiar al nuevo crédito y acreedor. Explica que se dará flexibilidad completa respecto del crédito en que no se pagará un nuevo impuesto de timbre y estampillas, porque ese impuesto ya se pagó y se paga cuando hay un nuevo crédito y por ello lo que se puede portar es el monto original del crédito por el cual se quiere ejercer la portabilidad. El monto superior de ese crédito inicial es un nuevo crédito y por él se pagará ese impuesto.

Expone que no es necesario que el cliente se contacte con el antiguo proveedor financiero, porque en el caso de mandato, el nuevo proveedor se encargará de todos esos trámites. Además, no se requiere la firma del proveedor inicial en los trámites del nuevo crédito y con ello se reducen los costos y los plazos.

Expresa que el proceso estándar se inicia con la solicitud del cliente y el proveedor inicial emite el certificado de liquidación, que es una suerte de liquidación del total de los productos financieros y sus condiciones, como montos, tasas y otras condiciones.

El cliente menciona cuáles son los productos que quiere contratar y los que quieren cerrar con el proveedor inicial.

A continuación, el nuevo proveedor realiza su oferta, la oferta del proveedor, que emite una oferta con los productos y condiciones, la cual dura 7 días hábiles.

Cuando procede la aceptación de la oferta, el cliente acepta las condiciones ofrecidas.

En la contratación de productos, el cliente contrata con el nuevo proveedor los productos ofrecidos.

Finalmente está el cumplimiento del mandato de término, en que el nuevo proveedor tiene 3 días para pagar saldos pendientes y requerir cierre de productos.

En la portabilidad con subrogación, el proveedor inicial emite el certificado de liquidación al cliente o al nuevo proveedor, el que contiene la información de todos los productos financieros vigentes. El cliente indica los productos que quiere contratar y los que quiere cerrar con el proveedor inicial.

El nuevo contrato puede modificar tasas, plazos y otras condiciones. El monto podrá ser modificado hasta el capital original del crédito inicial. El nuevo proveedor queda obligado a celebrar el contrato con el cliente en los términos de la oferta.

A diferencia del proceso actual, no se requiere que el proveedor inicial firme documentos.

Con el pago ocurre automáticamente la subrogación del crédito y el nuevo acreedor debe solicitar inscripción en el registro correspondiente, solo para efectos de publicidad.

Como beneficios para los créditos hipotecarios, explica que las tasas de interés de créditos hipotecarios han alcanzado mínimos históricos. El Proyecto simplifica y reduce los costos de refinanciamiento, permitiendo a personas, micro y pequeñas empresas beneficiarse de las menores tasas de interés.

Comenta que actualmente el proceso de refinanciamiento de un crédito hipotecario es muy complejo y que el ahorro alcanza a las 15,4 unidades de fomento, siendo los mayores ahorros en las firmas de escrituras y en las inscripciones del Conservador de Bienes Raíces; que en tiempo se reducen en 30 días

Estima que el proyecto de ley tendrá beneficios directos e indirectos, promoverá la competencia en el mercado de la provisión de productos y servicios financieros, se impulsará la inclusión financiera, disminuirán las comisiones, los intereses y costos de refinanciamiento, reducirá la cantidad de trámites y tiempos necesarios para cambiarse de proveedor, fortalecerá la protección del consumidor financiero y fomentará la demanda interna, la actividad económica y el empleo.

El presidente de Odecu, señor Stefan Larenas explica que existe un gran interés entre los consumidores de contar con una alternativa efectiva para cambiar sus productos y servicios financieros a otra institución financiera (más de la mitad de las personas encuestadas están dispuesta a cambiarse de institución financiera, en particular ante una mejor oferta respecto a intereses o comisiones, o en razón de beneficios o calidad del servicio prestado).

Cambiarse de institución financiera en nuestro país resulta ser un proceso difícil (existen barreras para el cambio expedito de proveedor). La posibilidad de cambiar al proveedor de un producto financiero mediante un refinanciamiento de deuda adquiere una importancia especial para los hogares y las pequeñas empresas chilenas.

Respecto del cumplimiento de las formalidades que exige la Ley de Sernac Financiero, (art 17 A a K de la Ley de Protección al Consumidor), señala que para evitar cualquier interpretación que pueda generar confusión, se sugiere aclarar formalmente la necesidad que el nuevo proveedor genere y entregue copia del contrato de adhesión, cumpliendo con las formalidades legales. Lo anterior, por cuanto se requiere descartar la posibilidad que en el mercado los operadores lleguen a considerar que basta con el certificado de liquidación u oferta de portabilidad.

En relación con el certificado de liquidación, observa que el artículo 2, N° 1 del proyecto dice que el Certificado de Liquidación, base documental y piedra angular de la portabilidad, sería el de la letra 17D de la LPDC, que en su versión reformada por el Art. 29 Nº2 letra a del proyecto dice lo siguiente: “Los proveedores de servicios financieros pactados por contratos de adhesión deberán entregar al respectivo consumidor, dentro del plazo de 3 días hábiles contado desde que éste lo so licite, un certificado de liquidación para término anticipado. El certificado podrá ser solicitado tanto presencialmente como de manera virtual al respectivo proveedor de productos o servicios financieros pudiendo asimismo requerir que se entregue de manera virtual o presencial”.

Esta idea de que sea el consumidor el que pide el Certificado de Liquidación es contrario a la mecánica del proyecto que dice que “tú mismo puedes contactar al nuevo proveedor, solicitarle portabilidad y darle un mandato para que requiera el término con el antiguo proveedor”.

Esto puede trancar las cosas porque obliga al consumidor a requerir del banco la información y aunque la ley ponga sanciones, plazos y procedimientos, el consumidor siempre va a estar en desigualdad ahí.

Lo lógico es que cualquier proveedor con una solicitud firmada por el consumidor pueda pedir el certificado de liquidación a otro proveedor.

Por lo tanto, es de la opinión que debe quedar expresamente que es gratuito y que puede entregarse a cualquier proveedor financiero que tenga Solicitud Firmada. Una Solicitud debiera servir para varios bancos al mismo tiempo, esto si el consumidor tiene cuentas en más de uno y quiere moverse a uno nuevo.

La ley debiera establecer que el contenido del Certificado de Liquidación obliga al emisor respecto de la calidad, monto y cantidad de deudas y garantías contenidas en ellos.

Dicho de otra forma, más que enfocarse en los contenidos la ley debe decir que el Certificado de Liquidación debe ser apto para finiquitar en todos sus aspectos la relación entre el cliente y el banco si el cliente así lo pide, y no deshacerse en los detalles que debe contener.

Incluso es conveniente que el consumidor pueda elegir en un gran cuadrado del formulario que está enviado la Solicitud para terminar completamente su relación con el banco que deberá emitir el Certificado de Liquidación. Debe establecerse una presunción en contra del banco que continúa relacionado con un cliente por uno o más productos después de operada la portabilidad en estas condiciones. Solo así van a competir de verdad.

De esta manera, en ninguna parte del articulado se señala que el objetivo debiera ser siempre bajar el costo total del crédito o la carga anual equivalente. De hecho, deja abierto a que pueda subir. ¿Quién querría portarse para pagar más?

Por lo tanto, debería establecerse que el banco debe abstenerse de portar a un cliente si sabe que estos terminarán pagando más en la suma de sus productos.

Debe haber claridad sobre si el Proyecto de Ley aplica única y exclusivamente para créditos hipotecarios y también a otros créditos.

Este proyecto debe aclarar si aplica única y exclusivamente para créditos hipotecarios y también a otros créditos asimilados que también asocian una garantía real (por ejemplo, créditos automotrices donde el vehículo queda en prenda), y respecto a otros productos financieros (otros créditos tales como créditos de consumo y créditos asociados a tarjetas de crédito).

En el supuesto caso que el proyecto también abarque a los créditos asociados a las tarjetas de crédito, caben algunas dudas respecto a cómo esto podría implementarse, por las complicaciones operativas, especialmente cuando se trata de montos muy inferiores a los créditos hipotecarios y automotrices.

Reglas adicionales para los Mandatos. Al respecto, el proyecto de ley establece que, mediante la aceptación de la oferta, el cliente otorga al nuevo proveedor un mandato de término respecto de determinados productos y servicios financieros que el cliente mantiene con el proveedor inicial. Dicho mandato facultará al nuevo proveedor para realizar todos los pagos, comunicaciones o requerimientos correspondientes, en nombre y representación del cliente. En este Mandato es importante, en protección de los intereses del cliente que está efectuando la portabilidad financiera, que se firme un finiquito y término formal del crédito anterior, de manera de evitar que el cliente pueda mantener vigente algún saldo o deuda pendiente con el anterior proveedor.

Es decir, no basta que el nuevo proveedor deba realizar todas las gestiones necesarias para que el cliente contrate los nuevos productos y servicios financieros, sino que debe asegurarse que se ha puesto término en forma definitiva al crédito anterior. Debiera además aclararse en forma expresa las reglas relativas a la rendición de cuentas del mandatario (nuevo proveedor) en favor del mandante (cliente, consumidor o microempresa). De esta manera el proyecto de ley señala que un reglamento establecerá las formas, condiciones, requisitos, plazos y efectos relativos a las notificaciones, comunicaciones, solicitudes, aceptaciones o comprobantes de pago que deban emitirse en virtud de un proceso de portabilidad financiera, sin perjuicio de las demás especificaciones que señale la ley.

Advierte que es importante fijarse en algo que parece muy complicado y es necesario aclarar es la obligación de pagar las deudas antes de terminar el contrato. Hay que fijarse si el cambio de banco implica una aceleración extrajudicial y prepago forzado de crédito, y que costos puede implicar para el cliente. Si así fuera sería nefasto y la ley de poco serviría

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La Comisionada de la Comisión de Mercado Financiero, señora Rosario Celedón, explica que la CMF tiene por Mandato legal de velar por el correcto funcionamiento, desarrollo y estabilidad del mercado financiero, facilitando la participación de los agentes de mercado y promoviendo el cuidado de la fe pública, correspondiendo a una visión general y sistémica del mercado, considerando los intereses de los inversionistas, depositantes y asegurados, y resguardo del interés público, con tres pilares, que son velar por la solvencia y estabilidad financiera, la conducta de mercado y el desarrollo de mercado.

La CMF supervisa alrededor de 72% de los activos del Sistema financiero (USD 498 miles de millones), incluyendo entidades del mercado bancario, de pagos, de valores y seguros.

En materia de Valores, Valores (+ 2.200), Emisores, bolsas de valores y productos, intermediarios, administradoras de fondos, auditores externos y clasificadores de riesgos, depósito de valores y contrapartes centrales; Seguros (+ 5.000), Compañías de seguros de vida, generales y de crédito, corredores y liquidadores de seguros, asesores previsionales y Bancos (+150) Bancos, Cooperativas de Ahorro, Emisores y Operadores de Tarjetas.

Respecto del proyecto de ley, la CMF comparte los objetivos de esta Iniciativa, que pueden resultar beneficios tanto para los usuarios/consumidores como para el sistema financiero en su conjunto, como son facilitar el proceso de portabilidad financiera debiera incrementar el flujo de información entre instituciones financieras, aumentar el poder de decisión de los clientes y su movilidad y promover la competencia de las instituciones por entregar cada vez mejores ofertas de valor.

La disponibilidad de información actualizada y completa sobre sus productos/servicios financieros por parte de hogares y MYPES, les debiera permitir acceder a mejores condiciones de financiamiento, de forma más fácil y expedita.

Esto debería conllevar un aumento de competencia y desarrollo de mercado, reducción de costos y tiempos para realizar trámites de cambio de institución financiera o renegociación con el proveedor vigente.

Como aspectos relevantes de la implementación del proyecto de ley, su implementación operativa advierte la materialización de los beneficios esperados del proyecto de ley en términos de reducción de costos y plazos, dependerá en parte importante de la implementación operativa de esta iniciativa.

Requiere coordinación, interacción y traspaso de información entre instituciones financieras de diferente naturaleza.

El Reglamento de Portabilidad es esencial para operativizar la ley, por lo que es imprescindible que éste aborde en forma adecuada elementos centrales: formas, condiciones, requisitos, plazos y efectos relativos a las notificaciones, comunicaciones, solicitudes, aceptaciones o comprobantes de pago, etc.).

La CMF valora positivamente que exista una instancia que le permita participar/opinar antes de su emisión.

Advierte la necesidad de revisar coherencia de plazos de entrada en vigencia de la ley y el reglamento para que éstos coincidan (el proyecto de ley considera 120 días para la vigencia de ley y 180 días para dictar reglamentos).

En cuanto al alcance de Productos y Servicios Financieros Portables. Si bien el universo de productos y servicios financieros a considerar en el proyecto de ley es amplio, cabría esperar un mayor impacto en créditos con garantía hipotecaria y créditos de tipo masivo (automotriz por ejemplo).

La figura de subrogación legal propuesta es clave para expeditar procesos vinculados a productos con garantías hipotecarias.

Advierte que son esperables mayores tasas de refinanciamientos.

El mayor desafío en la aplicación de portabilidad tratándose de productos rotativos (ej. líneas y tarjetas de crédito) y comprensión adecuada de los bloqueos que pueda solicitar al respecto el cliente.

El reglamento de la ley debiera especificar los diferentes aspectos a incluir en el Certificado de Liquidación, Oferta de portabilidad y Mandato de término para facilitar el proceso de portabilidad, lo que debería incluir, en lo que fuera aplicable, información de seguros asociados que se portarán, por ejemplo, información sobre vigencia de pólizas, información sobre devolución de primas en caso de seguro a prima única, etc.

Alcance de concepto de Proveedor. Costo contra beneficio de incluir un amplio y diverso grupo de oferentes de créditos o productos financieros, lo que puede introducir mayor complejidad.

La Obligación de otorgar Certificados de liquidación en plazo breve, liquidaciones sucesivas, interoperabilidad, por ejemplo, el proyecto de ley incluye a todas las instituciones colocadoras de crédito masivo (“ICCM”) de Ley N°18.010, cuya nómina es revisada anualmente e incluye créditos de diversa naturaleza.

Coordinación entre órganos del Estado y Educación Financiera. El proyecto de ley incorpora esta materia como norma de protección al consumidor.

La coordinación entre Órganos del Estado y Agencias Regulatorias competentes, considerando amplio espectro de proveedores y beneficiarios que pueden quedar bajo su régimen.

Durante implementación, considerar esfuerzos orientados a promover una adecuada difusión del alcance del proyecto de ley, para facilitar comprensión de la operatoria de portabilidad por clientes/consumidores.

El posible aumento de consultas o requerimientos de clientes/consumidores, especialmente durante el período inicial de implementación.

Tratamiento de Datos. Procesos de portabilidad son intensivos en transferencia y tratamiento de datos, materia en que el proyecto de ley hace aplicable la Ley de Protección de Vida Privada. Además, dispone la cancelación de los datos una vez concluido el proceso de portabilidad financiera.

El tratamiento de datos personales que puedan influir en evaluación de seguros asociados a créditos. La cancelación debiera aplicar solo al potencial nuevo proveedor en caso que no se materialice la portabilidad.

En materia de seguros, es relevante que las coberturas asociadas a los créditos puedan quedar cubiertas en caso que el cliente decida portarse a un nuevo proveedor (ej. seguro de desgravamen).

Previo a oferta de portabilidad, nueva aseguradora requerirá acceder a información del deudor para su evaluación de riesgos y debiera proporcionar a éste adecuada información sobre requisitos y condiciones de su incorporación a los seguros respectivos asociados.

Otros aspectos específicos del proyecto de ley se pueden precisar durante la discusión legislativa o reglamentos, en coordinación con Ejecutivo, por ejemplo, la vigencia de la solicitud portabilidad; saldos positivos o negativos que puedan quedar en un deudor inicial o “excedentes”, bloqueo y productos rotativos, entre otros.

Tomás Flores, Economista Senior del instituto Libertad y Desarrollo recuerda que se dice que estamos frente a un mercado poco competitivo por ser pocos oferentes los que participan en la industria bancaria. Sin embargo, la mayor o menor competitividad de una industria no se mide por el número de actores que participan en ella. No se puede afirmar que por existir concentración en una industria ésta es poco competitiva (concentración y posición dominante no son términos equivalentes).

Lo que efectivamente disminuye la competencia en un mercado y lo que permite que el poder de mercado permanezca en el largo plazo es la presencia de barreras a la entrada.

Stigler define una barrera de entrada como “cualquier costo que tiene que enfrentar la empresa entrante, en el cual no incurren o no incurrieron las empresas establecidas y que le permite tener utilidades sobre normales en el largo plazo”.

En el largo plazo, son las barreras a la entrada las que otorgan poder de mercado a las empresas incumbentes. Las barreras de entrada pueden ser legales o gubernamentales, estructurales y de comportamiento estratégico de incumbentes.

En un mercado perfectamente competitivo la información es perfecta. ¿El proyecto de ley disminuye las asimetrías de información?

Al proyecto de portabilidad financiera se le debe juzgar en función de dos atributos:

a) ¿Promueve la competencia entre las actuales instituciones financieras y motiva el ingreso de nuevos actores? ¿El mercado se convierte en un mercado más contestable?

b) ¿Cumple los objetivos descritos en el mensaje? ¿Facilita el cambio de proveedor de productos financieros?

Explica que es importante promover la competencia en este mercado, porque en la industria financiera, como en la mayoría de los mercados, el efecto propio de la libre competencia es que se produzcan servicios de la mejor calidad al más bajo precio.

La competencia trae beneficios para los consumidores y debe ser facilitada. Se ha demostrado empíricamente la relación entre los niveles de desarrollo económico de los países y la defensa de la competencia en los mismos.

Recuerda que la portabilidad numérica generó una intensidad competitiva sustancial. De no ser por esa reforma regulatoria, Wom no hubiese podido captar el segmento de mercado que hoy tiene.

En la actualidad, es posible portar los productos financieros, pero es lento y puede generar, por ejemplo, doble cobro de dividendo hipotecario.

Advierte que se trata de un proceso largo y complejo. Parte con la Aprobación comercial (15 a 30 días). Esto incluye, evaluación comercial (oficina y riesgo), y tasación del inmueble. El plazo es referencial y depende de cada banco y ejecutivo. Para esta evaluación van a pedir una liquidación de pago del crédito hipotecario (algunas instituciones lo dan por internet; en otras hay que hablar con el ejecutivo, plazo 2 días). Del mismo modo, pedirán últimas liquidaciones y actualización de estado de situación.

Sigue con la obtención y revisión de antecedentes de la propiedad (30 días). Títulos de la propiedad hasta completar 10 años, debe incluir inscripción de dominio y certificado de hipotecas y gravámenes. Nota: Los títulos anteriores se pueden obtener del Archivo Judicial. Plazo relativo a cuantos títulos sean (10 a 15 días aproximado).

El certificado de inscripción de dominio con vigencia y certificado de hipotecas, gravámenes y prohibiciones con vigencia (esto corresponde para el último título).

Hace notar que las inscripciones de dominio y certificado de hipotecas y gravámenes en CBR respectivo, plazo relativo dependiendo de cada Conservador.

El Certificado No Expropiación Municipal y SERVIU. Algunas municipalidades dan el servicio en línea y se demora 24 a 48 horas Hábiles, otras debe ir por mesón (3 a 5 días hábiles). Serviu en Línea; el Certificado Avalúo Fiscal a través de SII, en línea; Pago Aseo Municipal se pide directamente en la municipalidad, relativo el plazo, se solicita directamente en el mesón; el Certificado de inscripción municipal, en el caso de ampliaciones, se pide directamente en la municipalidad, relativo el plazo, se solicita directamente en el mesón, el Registro Civil : Certificado de Matrimonio si corresponde, de lo contrario se debe indicar si es soltero (Certificado Notarial de soltería). El Certificado Ley 20.130 en caso que hay pagado el impuesto para acreditar y no se lo cobren de nuevo.

Estudio de títulos y confección de la escritura (10 a 20 días hábiles).

Advierte que su tiempo es relativo dependiendo de los títulos a revisar.

La escritura disponible en notaría (2 días). Una vez terminado el estudio de títulos se realiza el borrador, se lo envían al comprador y una vez visado por éste, se envía a notaría; luego firma el comprador (1 a 2 días). Una vez visada la escritura, el banco enviará la escritura a notaría y la notaría informará disponibilidad para firma; la Firma de los Bancos (15 a 30 días), aunque es relativo. Una vez que el comprador firma la escritura del mutuo hipotecario, el banco que está originando el crédito, procederá a enviar una carta de resguardo al Banco que tiene el crédito hipotecario para que proceda a la firma de la escritura. Una vez que el banco alzante firma, procede la firma del banco que financiará la nueva operación y se procederá al cierre de copias en la notaría (3 a 5 días).

Ingreso al CBR (mínimo 8, máximo 20 a 25 días hábiles). Es relativo y depende de cada CBR. Una compraventa normal sin hipotecas ni prohibiciones el CBR de Santiago la inscribe en 8 días hábiles pero cuando hay que alzar y constituir hipotecas, el plazo puede aumentar hasta 20 a 25 días hábiles, y depende de la carga de cada conservador.

Luego viene el pago al Banco por la Deuda Hipotecaria. Una vez ingresada la Compraventa al CBR, el banco que está otorgando el nuevo financiamiento, puede comenzar los trámites para pagar la deuda hipotecaria. Cada banco tiene su política, de cuándo pagar.

El despacho de antecedentes (5 a 10 días). Una vez inscrita la propiedad el banco, envía los antecedentes al comprador.

Señala que esta es una iniciativa bien orientada.

El proyecto contempla la creación de un texto autónomo (cuatro títulos y 25 artículos). Además, modifica otros cuerpos normativos (Ley de Derechos del Consumidor, Ley de Impuesto de Timbres y Estampillas y Ley que fija normas para las empresas de menor tamaño).

Crea una figura jurídica novedosa: subrogación especial para créditos, que opera por el solo ministerio de la ley. Permite eliminar la necesidad de alzar las garantías existentes y constituir nuevas. Implica reducción en los costos y en los plazos.

Sostiene que se potencia la libertad de los consumidores.

Como observaciones al proyecto de ley expone que el artículo 11 del proyecto establece que cumplido el mandato de término por el nuevo proveedor, el proveedor original será el único responsable del término o cierre efectivo de los productos o servicios.

¿Cómo se entera el cliente y no se lleva una desagradable sorpresa? ¿Acciones especiales para exigir el cierre de los productos e impedir cobros improcedentes?

El artículo 16 señala que el monto del capital del nuevo crédito no podrá superar el monto de capital del crédito inicial. ¿No debiera limitarse al saldo insoluto del crédito?.

Artículo 18 que establece reglas especiales para garantías con cláusula de garantía general puede ser perfeccionado (técnica legislativa). El pago es un modo de extinguir las obligaciones (referencia innecesaria).

Artículo 26 establece que el tratamiento de los datos personales debe cumplir con lo establecido por la ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada. Remisión acotada y eventualmente insuficiente. ¿Se abordará integralmente en el proyecto de ciberseguridad?

En conclusión, señala que la iniciativa es un avance sustancial para incrementar la competencia. Advierte sobre la necesidad de certeza jurídica y plazos y si ellos son reglamentarios o legales; la necesidad de avanzar en transparencia respecto a los tiempos y costos promedios y cuál es el rol del regulador; las principales limitaciones para no portar el crédito serían un eventual doble dividendo y es necesario saber cómo ello se soluciona, La Fiscalía Nacional Económica, FNE, a través de una recomendación normativa, sugirió cambios legales para incentivar la competencia en las licitaciones de seguros hipotecarios. ¿Compatible con la idea matriz de esta iniciativa?

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El Gerente General de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, señor Luis Opazo Roco, expone de acuerdo con una minuta que deja a disposición de la Comisión, que se transcribe a estos efectos.

Señala que la movilidad de clientes es parte de la gestión permanente de la banca y es positiva para el funcionamiento del sistema por una competencia y oferta de más y mejores servicios a los consumidores.

La movilidad en créditos hipotecarios es especialmente importante porque ella es la principal carga financiera de hogares, y de plazos largos.

Este proyecto de ley reduce los costos de transacción, facilitando la movilidad de los clientes financieros –situación especialmente relevante en un contexto de bajas tasas.

La materialización de los beneficios del Proyecto de Ley requiere abordar apropiadamente en el Reglamento las complejidades propias de los productos y servicios financieros.

En este último punto destacan el principio de coordinación regulatoria.

La Asociación de Bancos encargó un estudio a la Pontificia Universidad Católica de Chile en 2017, para evaluar cómo facilitar la movilidad de las garantías hipotecarias específicas constituidas por personas naturales en créditos para vivienda. El Informe final de la PUC fue entregado al Ministerio de Hacienda (27 de agosto de 2018). El estudio propone medidas similares a las contenidas en el Proyecto de Ley, en particular la reducción de costos y plazos a través de la simplificación en el traspaso del derecho real de hipoteca –es decir, anotación en el registro del conservador de bienes raíces.

A continuación, presenta sus comentarios sobre el proyecto de ley.

“1. Rol de Regulador Sectorial en Dictación de Reglamentos. El artículo 23 establece que el Reglamento de Portabilidad deberá ser dictado por los Ministerios de Hacienda y Economía. Sin embargo, dadas las implicancias operacionales y especificadas propias del funcionamiento del sistema financiero, se sugiere explicitar que la dictación del Reglamento de operación deberá contemplar un informe previo de la Comisión de Mercados Financieros, CMF, lo cual es consistente con el principio de coordinación regulatoria contenido en la ley 19.880, que establece y regula las bases del procedimiento administrativo de los actos de la Administración del Estado.

Algunas de las complejidades se explicarán más adelante, sin embargo, dado el alcance del Proyecto de Ley, el Reglamento deberá abarcar conjuntamente situaciones en las cuales exista la portabilidad de más de un producto a la vez, por ejemplo, crédito hipotecario y tarjetas de crédito, motivo que además de requerir un reglamento común, introduce complejidades por las características y diferencias inherentes a dichos productos.

2. Plazos de etapas de la operación: Ley versus Reglamentos. El Proyecto de Ley contempla distintos plazos para cada una de las etapas del proceso de portabilidad, por ejemplo, 3 días hábiles para dar cumplimiento al mandato de término (artículo 10 inciso 2°). Esto, sin embargo, podría introducir rigideces en la operación del proceso de portabilidad que podrían ser difíciles de cumplir en algunos casos y/o podrían quedar obsoletas con los avances tecnológicos. Frente a estos casos, la eventual adecuación de plazos, en el marco propuesto, requeriría cambios de ley, lo cual, como sabemos, es bastante más difícil de realizar, en comparación a si dichos plazos estuviesen definidos en el Reglamento.

Con el fin de ilustrar lo anterior, en productos tales como cuenta corriente y productos asociados, como línea de crédito, los oferentes de crédito deben no sólo evaluar la solvencia del cliente, sino también deben realizar un proceso de evaluación integral (know your customer) por razones de gestión de cada institución, pero también en cumplimiento de la normativa de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) que requiere identificar y reportar operaciones que pudieran vincularse al financiamiento del terrorismo o lavado de activos.

En este sentido, cabe preguntarse ¿qué pasaría si la UAF relaja o endurece dichos estándares y esto implica cambios en los tiempos de evaluación?

Por otra parte, si se avanza en la digitalización de los procesos, los tiempos de respuesta pueden reducirse, entonces, incluir dichos ajustes requeriría de un nuevo proyecto de ley, en lugar de, simplemente, adecuar los Reglamentos.

En consecuencia, si bien es positivo contar con plazos que permitan estandarizar el proceso de portabilidad, nuestra sugerencia es que los plazos específicos se establezcan en el respectivo Reglamento, mitigando el riesgo de establecer plazos excesivamente cortos o largos.

3. Montos contingentes. La portabilidad presenta complejidades asociadas a productos u operaciones contingentes. En esta categoría se encuentran productos tales como las tarjetas y líneas de crédito. En particular, el cliente puede solicitar un certificado de liquidación en un momento determinado para evaluar alternativas, pero los montos de deuda pueden variar por el simple hecho de que el cliente emplea la línea de crédito o realiza transacciones con su tarjeta de crédito.

En dichos casos, la eventual deuda a pagar por el nuevo acreedor podría ser mayor a la expresada en el certificado de liquidación, motivo por el cual el nuevo oferente pudiese evaluar desistir de la operación –ya que las condiciones crediticias del cliente variaron respecto a lo evaluado inicialmente. En estos casos, el Proyecto de Ley debiese explicitar que el nuevo oferente puede retractarse de su oferta de portabilidad en dichos casos.

Sin embargo, y más allá de esta precisión, este tipo de operaciones pone de manifiesto la relevancia de establecer un Reglamento que considere apropiadamente los plazos y casuísticas asociadas a la diversidad de productos. El Proyecto de Ley, si bien establece la opción de congelar los productos contingentes, en la práctica esto podría ser difícil de llevar a cabo –por ejemplo, micro y pequeños empresarios cuentan con sus líneas de crédito para mantener su funcionamiento.

No es evidente como se aborda de manera más estructural este problema, pero sí pone de manifiesto que iniciativas que apunten a contar con información crediticia más amplia y oportuna podrían ser un factor que claramente ayude en esta línea. En concreto, el rol de la información como facilitadora de la portabilidad financiera es clave.

4. Devengo de Intereses. El artículo 21 establece que el nuevo crédito no devengará intereses por el plazo transcurrido entre la celebración del referido crédito y el pago del crédito inicial por el nuevo proveedor. Esto implica no reconocer el costo de oportunidad del dinero, y no es consistente con la operación vigente de los créditos. Por ejemplo, los mutuos hipotecarios establecen explícitamente que el contrato se perfecciona cuando el dinero se pone a disposición del cliente, situación que refleja el hecho de que, a partir de dicho momento, el banco debe contar y poner a disposición del cliente los recursos comprometidos. En este contexto, cabe señalar que la regulación bancaria, en aspectos tales como requisitos de liquidez, considera la celebración del contrato como hito a partir del cual se gatillan diversos requerimientos regulatorios.

En consecuencia, se solicita establecer que el devengo de intereses se realice desde la aceptación del contrato de crédito con el nuevo oferente.

5. Monto del nuevo crédito. El artículo 16 establece que el monto del capital del nuevo crédito no podrá superar el monto de capital de crédito inicial. Esta redacción no permite incluir ajustes al monto de capital inicial del crédito (por ejemplo, intereses devengados u operaciones no reconocidas que eventualmente son aceptadas), lo cual imposibilitaría la portabilidad de servicios y productos financieros. En este sentido, y con el fin de perfeccionar la redacción, se debieran incluir las variaciones en el monto de capital inicial en la definición del monto del nuevo crédito.

6. Plazos de reglamentos y vigencia de la Ley. El artículo primero transitorio establece que la ley entrará en vigor transcurridos 120 días desde su publicación en el Diario Oficial, mientras que el artículo segundo transitorio establece que el Reglamento se deberá dictarse dentro de los 180 días siguientes a la publicación de la Ley.

En consecuencia, es necesario conciliar ambas fechas, estableciendo un plazo prudencial de vigencia de la Ley transcurridos 180 días desde la dictación de los reglamentos. El plazo posterior a los Reglamentos obedece a la necesidad de realizar e implementar los ajustes tecnológicos que puede demandar la elaboración de certificados de liquidación establecidos en el Reglamento, procesos internos de ejecución y pagos, etc., siendo el Reglamento el vehículo para contar con los detalles de la implementación del Proyecto de Ley.

Por último, a modo de ejemplo, y en lo más reciente, la Ley que establece el abono automático a las líneas de sobregiro, consideró un plazo de implementación de seis meses (ley 21.167).”

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El Vicepresidente Ejecutivo del Retail Financiero, don Claudio Ortiz, expones que este Proyecto de ley promueve la competencia, promueve mayor empoderamiento al consumidor, impulsando mayor eficiencia en el proceso de migración que realiza un cliente hacia un nuevo proveedor financiero.

Estiman que el mayor impacto de esta iniciativa se observará principalmente en el ámbito de la portabilidad de los créditos con garantía real, hipotecarios y prendarios como el automotriz.

La experiencia internacional que muestra se refiere a Francia, con una ley desde febrero de 2017. El cliente debe firmar un mandato y entregar al nuevo banco un certificado de identificación bancaria. Se trata de un servicio gratuito que demora máximo 22 días y existe un proceso de comunicación interbancaria para facilitar el traspaso.

En España hay una Ley desde julio 2018. Plazo 13 días, servicio que es gratuito y que debe poder hacerse online. Además, recientemente rige una norma que obliga a los bancos a cerrar una cuenta en un plazo de 24 horas si es solicitado por un cliente, siempre y cuando no dependa de otros productos contratados que necesitan tener como vínculo dicha cuenta.

En Italia, el sistema rige desde 2015, en donde es el derecho del cliente transferir a otro operador todos o algunos servicios de pago, como también el saldo de la cuenta. El traspaso debe ser solicitado por el usuario y tiene un plazo máximo de 12 días hábiles.

En México sistema rige dese el 2017 y está principalmente focalizado a la portabilidad de créditos hipotecarios. Se han realizado bajo esta nueva modalidad más de 40 mil cambios.

Como conclusión general, señala que la portabilidad financiera es una tendencia reciente en economías de referencia y en la mayoría de los casos su incorporación ha sido gradual.

Su análisis expresa que, desde la perspectiva de los créditos de consumo a través de tarjetas de crédito, este submercado históricamente no exhibe mayores obstáculos para el cierre de una línea de crédito.

Al extinguirse la deuda y acreditarse que no existen transacciones pendientes, en forma inmediata se puede cerrar el producto financiero asociado.

Por lo tanto, es importante destacar que, pese a que valoran y apoyan esta iniciativa, estiman que el impacto en el día a día de los usuarios de tarjetas de créditos será menor.

Como propuestas, expone que se debiera establecer criterios para la portabilidad de este servicio financiero en el caso de las transacciones pendientes de cargo, sobre todo aquellas provenientes de compras internacionales, por la vía presencial o a distancia.

Se debe considerar el principio de coherencia regulatoria a propósito de las transacciones en controversia, propone que debiera haber una coordinación con la futura ley (boletín 11.078-03) sobre la responsabilidad de los usuarios de tarjetas de crédito por operaciones realizadas con tarjetas extraviadas, hurtadas o robadas en esta materia. (120 días para desconocer transacciones).

Sugiere revisar este proyecto de ley en relación al proyecto recientemente aprobado por esa Comisión en materia de portabilidad Financiera (boletín 12.409-03).

Para que el sistema general de Portabilidad Financiera funcione, se va a necesitar establecer estándares y protocolos de operación que regulen y arbitren el proceso de migración, (plazos, ofertas, ejecución de los mandatos, cierre de productos y eliminación de datos, etc.).

En consideración a la complejidad operacional de los distintos productos financieros proponemos la dictación de un reglamento de portabilidad específico para cada tipo de producto: Créditos Hipotecarios, Créditos Automotrices, Créditos de Consumo en Cuotas, Créditos de Consumo con Tarjetas de Crédito, Cuenta Corriente etc.

Esta tarea debiera realizarse gradualmente, jerarquizando su ejecución en aquellos productos cuya portabilidad genere más beneficio a los deudores.

La redacción de estos reglamentos debiera hacerse por el Ministerio de Hacienda y Ministerio de Economía, en consulta con la Comisión de Mercados Financieros, CMF.

En conclusión, señala que la experiencia internacional demuestra que la portabilidad financiera tuvo impactos graduales. En ella se aprecia un crecimiento de las operaciones, centradas, fundamentalmente, en créditos hipotecarios y prendarios automotrices, y sus garantías asociadas.

El proyecto de ley delega todos temas relevantes operacionales en un Reglamento, pero no indica una autoridad específica para controlar su aplicación y/o los incumplimientos.

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El presidente de Conadecus, Hernán Calderón, hace llegar su opinión por escrito en los siguientes términos:

El documento señala que “le parecen aspectos favorables el que dada la extensión del endeudamiento y la morosidad en nuestro país, que lo transforma en un tema de la mayor importancia social, se requiere la actualización de diversas normas para adaptarse a un mercado que afecta a la mayoría de los hogares chilenos, de manera de facilitar los trámites y disminuir los costos de la operación conocida como compra de cartera, que es lo que regula esta Ley.

Esto promueve la competencia entre bancos para captar clientes lo que puede mejorar las condiciones ofrecidas a los usuarios.

Lo que parece más destacable del proyecto es la disminución de costos y trámites para los clientes que trae aparejado el sistema de subrogación.

Sin embargo, pese a tener una opinión favorable en general del proyecto, este contiene aspectos que les parece necesario modificar para que pueda ser una herramienta que sirva realmente a los consumidores, partiendo por la aplicación supletoria de la Ley del Consumidor.

“Artículo 28. Norma de protección de los derechos de los consumidores. Para efectos del artículo 58 de la ley N° 19.496, la presente ley se considerará como una norma de protección de los derechos del consumidor. La referida ley N° 19.496 se aplicará supletoriamente a esta ley, en todo lo que no sea contrario a las disposiciones o naturaleza de ésta última.”.

En opinión de Conadecus, estiman que la presente norma es contradictoria, ya que si es considerada como una norma de protección de derechos de los consumidores, como indica el artículo primero, para efectos de la fiscalización del Sernac, su aplicación no puede ser supletoria como lo indica el inciso segundo, pues imposibilitará que los clientes se puedan defender adecuadamente como les permite la ley del consumidor, y el consumidor final de la portabilidad carecerá de herramientas para poder optar a una solución legal expedita como les ofrece la Ley del Consumidor, permitiéndole a los proveedores exencionarse cuando reclamen los usuarios, haciendo más costoso reclamar y privando a las personas del haz de derechos que les entrega este cuerpo legal.

Sugiere que en el artículo 28, se elimine la frase siguiente al punto seguido. “La referida ley N° 19.496 se aplicará supletoriamente a esta ley, en todo lo que no sea contrario a las disposiciones o naturaleza de ésta última”.

Sobre el Proceso de Portabilidad, TITULO II, Artículos 3 al 11, la opinión de Conadecus, es que le parece necesario parece necesario señalar que esta Ley, de la manera en que se encuentra redactada en su articulado, es una Ley regulatoria de la compra de cartera y no una verdadera que establezca un derecho del consumidor a la portabilidad como aparece indicado en su idea matriz.

Para que pueda serlo les parece necesario reforzar dos aspectos primordiales:

1.- Debe establecer expresamente que la “salida” del cliente que decide optar por un nuevo proveedor de servicios financieros, debe ser a costo cero y así evitar que se generen costos que desincentiven la obtención de un nuevo proveedor.

2.-Les parece necesario que debe existir un principio de no discriminación establecido en la Ley, definiendo de antemano los requisitos que se deban cumplir por empresas y personas para poder obtener la portabilidad, requisitos que deben señalar, por ejemplo, el monto mínimo del crédito que puedan optar a la portabilidad y parámetros objetivos para definir el riesgo. En definitiva, les parece que para hablar de portabilidad no puede existir una negación de acceso al cambio de proveedor (Principio de no discriminación) en la medida que cumpla con ciertos requisitos mínimos de riesgo.

En cuanto al título III de la ley, en los incisos finales del artículo 13, “La subrogación procederá únicamente respecto de los productos o servicios financieros que se extingan por el solo pago del mismo. Asimismo, en caso de subrogación de un crédito inicial caucionado por una o más garantías reales, éstas subsistirán, garantizando de pleno derecho al nuevo crédito, en la totalidad de sus términos y en beneficio del nuevo proveedor.

La subrogación real de crédito podrá tomar lugar tanto entre créditos otorgados por distintos proveedores, como entre créditos otorgados por el mismo proveedor.”.

En opinión de Conadecus, en la redacción les parece necesario definir expresamente que el cambio no es del usuario si no del Crédito, por lo tanto, si un usuario tiene más de un crédito con un proveedor pueda definir con facilidad si portarse con un proveedor o con otro. Esto no queda completamente claro con la actual redacción y permite que el proveedor pueda generar condiciones de salida para el cliente.

Por último, respecto del ámbito de aplicación, expone que ante el nivel de endeudamiento que existe con el Retail, les parece necesario que se estudien mecanismos que permitan entregar la posibilidad a los consumidores para que las deudas de esta naturaleza puedan ser “portadas” a diversos proveedores de servicios financieros.”.

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Los Directores de la Asociación Emprendedores de Chile (ASECH), señores Marcos Rivas y Humberto Salinas.

El señor Marcos Rivas anuncia que la Asociación en términos generales, respalda el proyecto de ley y que les parece una buena iniciativa tanto para las personas en general, como para quienes representan, pyme y emprendedores, por cuanto es una figura que genera mayor competencia entre las instituciones financieras, lo que genera un beneficio en el costo de acceso de las pyme y emprendedores, que hoy es alto, en contraposición a las grandes empresas.

En general, es un proyecto que les parece simple y correcto, que resuelve bien el tema de la portabilidad de las garantías reales, disminuyendo su costo de manera notable y evitando trámites para los clientes. Sin embargo, anuncia los siguientes comentarios, que buscan mejorar el proyecto de ley.

Observa en primer lugar, que la simpleza del proyecto de ley, deja la solución de los asuntos más complejos a un reglamento que se debe dictar por los ministerios de Hacienda y Economía, según anuncia el artículo 23. Advierten la conveniencia que los ministerios consideren, en la elaboración de ese reglamento la opinión de los representantes de los clientes que se benefician por el mismo, en su cao es el de los gremios Pyme como Asech, Conapyme y Multigremial, y que ello quede definido en la propia ley y quede también establecido un plazo para contar con ese reglamento.

El proceso crediticio para una pyme es un tema complejo para los bancos por lo que se solicita especial cuidado en ese reglamento, que podría terminar por complejizar una solución para cambiar de bancos y optar por mejores condiciones.

Advierte que esto resultará clave para cumplir con el espíritu de la ley.

En segundo lugar, manifiestan que el proyecto de ley no señala nada respecto de los costos de prepago, numeral 3, artículo 2, y que ello está normado solo para los créditos de consumo o hipotecario, pero no para créditos comerciales. En este último, para deudas de mayor cuantía, puede ser tan una restricción tan terrible como la garantía, porque es un mecanismo que usan los bancos para retener clientes que se quieren ir a otro banco con sus deuda financiera.

En tercer lugar, respecto de las garantías que se especifican en los artículos 17 a 19, se define sólo el tratamiento de garantías reales y nada dicen de las garantías estatales, como Fogape y Corfo.

La mayor parte del financiamiento pyme tienen estas coberturas refinanciadas y refinanciarlas puede ser tan complejo para el banco y el cliente como las propias garantías reales. Por otra parte, nada se dice de las prendas de contratos y depósitos de plazos en garantía.

En definitiva, si bien parece un proyecto de ley, con un buen propósito, en su opinión se asemeja a las deudas comerciales en forma muy simple, a la estructura de un crédito de consumo o hipotecario de vivienda y no asume la complejidad de los distintos tipos de estructura y financiamiento para inversiones de capital de trabajo de las pyme y su distinto tipo de cobertura de garantía con que lo estructuran los bancos.

El señor Humberto Salinas explica que la gran mayoría de las pyme tienen un crédito asociado con aval del Estado, Corfo, Fogape o Fogain, y los bancos tienen un cupo asociado a la garantía y que de ser sobrepasado se quedan sin poder otorgar más garantías. En ello se ve una complejidad en la operación de la portabilidad cuando un banco tiene copado su cupo, la ley no lo aborda, si se le extiende la garantía o no al banco o se asociará de una manera distinta, cual es la forma en que se crédito Fogape o Fogain se traslada de un banco a otro, siendo que el Estado ha regulado que los bancos ya no pueden asumir más garantías.

La ley no específica cómo se hará la evaluación comercial de las pyme. Saben que el banco de alguna manera coloca restricciones en las evaluaciones comerciales y ello es una limitación a la portabilidad crediticia de las empresas. Por ello es necesario estandarizar esa evaluación entre los bancos, de lo contrario la portabilidad no tendrá ningún sentido y no resultará a las pyme.

Entendiendo como trabajan las pyme, hay un plazo que se estima muy corto para el retracto, que es de 7 días. Hace presente que ese plazo se podría extender al menos a 15 días hábiles, porque se entiende que la oferta de garantía debe ser estudiada e internalizada por las empresas.

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Teniendo en vista las consideraciones y argumentos contenidos en el mensaje y las opiniones y observaciones planteadas por las autoridades e invitados, la y los señores diputados fueron de parecer de aprobar la idea de legislar sobre la materia.

Puesta en votación general la idea de legislar, se APRUEBA por unanimidad de votos, en la forma descrita en las constancias reglamentarias previas.

B.- DISCUSIÓN Y VOTACIÓN PARTICULAR.

El texto del mensaje que se discute y vota en particular a continuación consta de treinta y un artículos permanentes y tres artículos transitorios y tuvo el siguiente tratamiento, conforme a los acuerdos adoptados por la Comisión:

Previo a la discusión artículo por artículo, la asesora del Ministerio de Hacienda, señora Catherine Tornel, comenta que han desarrollado un trabajo en conjunto con los asesores de parlamentarios de la Comisión, lo que ha permitido avanzar con las discusiones de los títulos I y II del proyecto de ley, que en total presenta cinco títulos.

El diputado Renato Garín expresa que le parece un buen proyecto de ley, claramente hay que incentivar el cambio y la subrogación para que los clientes puedan tomar los contratos hipotecarios más baratos posibles, aun cuando ese es un mercado que ya encuentra bastante amplio y grandes vínculos entre inmobiliarias y bancos.

Le preocupa que la ley pueda llegar tarde, no por su tramitación legislativa, sino por la tramitación del reglamento, es decir, terminar con una cantidad absurda de remisiones reglamentarias, de 15 a 20 remisiones de este tipo que son lo que incluye en promedio un proyecto que presente el Ministerio de Hacienda.

Agrega que la demora de tramitar el reglamento significa que las tasas van a subir nuevamente, haciendo perder la ventaja al cliente. Propone que se hagan la menor cantidad de remisiones reglamentarias mínimas, a la vez que los reglamentos se deben dictar en una fecha tope, que considera debería ser enero de 2020 como máximo.

Finalmente, si hay disposición del Ministerio de Hacienda, pueden generar un borrador de reglamento que sea conocido también por los asesores.

La diputada Sofía Cid coincide con lo propuesto por el diputado Garín a efectos de avanzar rápida y eficazmente en la tramitación del proyecto de ley.

El diputado Boris Barrera, manifiesta su duda respecto de la portabilidad y que sea en mejores condiciones para el cliente, por cuanto esta última idea no se expresa en el proyecto de ley y ello puede ser un engaño para la gente que no se encuentra educada financieramente.

La asesora del Ministerio de Hacienda, señora Catherine Tornel, señala que existe acuerdo en cuanto se trata que este proyecto de ley no llegue tarde y coincida con la situación de bajas tasas para que se puedan aprovechar los refinanciamientos, especialmente en los créditos hipotecarios.

Respecto que si las condiciones sean o no beneficiosas, se integra en el objeto del proyecto de ley, con una indicación al artículo 1, se tarta que se haga más fácil el cambio de un proveedor a otro, lo que se complementa con las entidades a las que se refiere.

Se revisó la posibilidad de integrar las condiciones más beneficiosas, pero se concluyó que podía convertirse en una puerta de salida para que los proveedores terminen por no acogerse a este sistema, porque existe dificultad para determinar cuando las condiciones son más beneficiosas, porque ello va a depender del cliente.

Explica que la tasa de interés es más altas para plazos más largos, un cliente podría cambiarse porque cambia el nivel de tasas a que tomó el crédito porque esas tasas han bajado, pero podría ocurrir que el cliente quede con una tasa más alta, por ejemplo sus ingresos se han disminuido a la mitad y no puede pagar la misma cuota y se traslada de un crédito en que le quedaban 8 años, por uno de 20 años. En este último tendrá una tasa más alta, porque a 20 años la tasa es mayor que a 8 años, pero es igualmente beneficioso porque permite no incurrir en el no pago de la cuota original del crédito de 8 años, es decir es una rebaja de la cuota, pero está en ña tasa más alta de 20 años.

La forma en que se resguarda al cliente, que es un avance de este proyecto de ley respecto de lo que está vigente, es que el certificado de liquidación actualmente es por producto, de modo que si se quiere refinanciar un hipotecario, se refinancia solo ese crédito hipotecario.

Ahora, en el certificado de liquidación quedará el total de productos y deudas vigentes que se tienen con respecto a determinado proveedor, lo que muestra una situación global de la situación financiera.

El diputado Joaquín Lavín pregunta la forma en que este proyecto de ley se relaciona con el de fraude a las tarjetas de crédito, que a la sazón se encuentra en Comisión Mixta de Senadores y Diputados.

La señora Catherine Tornel explica que el Ministerio de Hacienda ha aprobado en el área de mercado de capitales, dos proyectos, el de ley de bancos y el de bolsa de productos, ambos con reconocimiento de los esfuerzos y aportes transversales. En ese espíritu se reconoce también la disposición al trabajo en esta Comisión respecto de este proyecto de ley.

Por otra parte, se ha revisado la congruencia con el proyecto de ley de fraude y lo que se ha discutido hasta ahora, y el de pro consumidor, y ambos son plenamente congruentes.

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Artículo 1

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.-Objeto. La presente ley tiene por objeto regular materias relativas a la portabilidad financiera.

Indicación.

1)Indicación de los diputados Boris Barrera, Sofía Cid, Harry Jürgensen; Alejandro Bernales; Joaquín Lavín; Renato Garín; Miguel Mellado; Sergio Bobadilla y Enrique van Rysselberghe para reemplazar, en el artículo 1 la frase “regular materias relativas a la portabilidad financiera” por la siguiente:

“promover la portabilidad financiera, facilitando que las personas, micro y pequeñas empresas se cambien de un proveedor de servicios financieros a otro. La presente ley se aplicará a proveedores de servicios financieros regulados en la ley N° 18.010, que establece normas para las operaciones de crédito y otras obligaciones de dinero que indica; el decreto con fuerza de ley N° 3, de 1997, del Ministerio de Hacienda, que fija texto refundido, sistematizado y concordado de la Ley General de Bancos; el decreto con fuerza de ley N° 5, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que fija texto refundido, concordado y sistematizado de la ley general de cooperativas; el decreto con fuerza de ley N° 251, de 1931, del Ministerio de Hacienda, sobre compañías de seguros, sociedades anónimas y bolsas de comercio; la ley N° 18.833, que establece un nuevo estatuto general para las cajas de compensación de asignación familiar(C.C.A.F.); y en otras normas de similar naturaleza.”.

La señora Catherine Tornel explica que esta indicación recoge que el espíritu de la ley es facilitar al cliente financiero que se cambie desde un oferente de productos y servicios financieros a otro, de manera de recoger el espíritu de favorecer a las personas y micro y pequeñas industrias para cambiarse de un proveedor financiero a otro.

El diputado Raúl Soto manifiesta duda en cuanto la indicación propuesta no señala expresamente la búsqueda del beneficio del cliente financiero, sólo dice que promueve la portabilidad y lo facilita, que no es sinónimo de mejorar. Propone ser más concreto en ese sentido en la redacción y se contemple la idea que “se cambien de un proveedor de servicios financieros a otro que sea más beneficioso”.

La señora Catherine Tornel explica que si se agrega la idea de condiciones más favorables, es que el proveedor financiero, que ya está dando los servicios, diga que no se puede aplicar la portabilidad porque por ejemplo, se cambia de un plazo de 8 años a uno de 20 años y que se le aplica una tasa más alta. Podría decir que no es una condición más favorable, porque se aplica una tasa más alta, pero que podría ser más ventajosa para el cliente por obtener una cuota más baja al extender el plazo.

En este caso y en esas condiciones, el proveedor financiero podría impedir u obstaculizar la portabilidad alegando que no se trata de condiciones más favorables y que sea con las condiciones actuales y no con los beneficios de la ley. Esto es abrir una ventana para la salida de proveedores financieros de esta ley.

El diputado Raúl Soto insiste que se deben considerar las condiciones más favorables para el cliente financiero, que ello no puede quedar tan abierto, porque en los términos que se expresa parece que se busca facilitar el trámite de cambio y nada más.

El diputado Boris Barrera estima que lo importante es que el cliente debe está convencido de estar favorecido en las condiciones, sea con mayor tasa por un mayor plazo. Podría decirse promover la portabilidad financiera, permitiendo que las personas y mipymes se cambien por estimarlo conveniente, de un proveedor de servicios financieros a otro.

El diputado Miguel Mellado señala que hoy el cliente financiero puede cambiarse de proveedor y que el problema está en el costo de ese cambio y el proyecto facilita ese cambio a donde el cliente considere es mejor, bajándole el costo de traslado.

El cliente tiene libertad para elegir si se va o no a otro proveedor financiero, se bajan los costos, las barreras de entrada y salida del costo de cambiarse con otro proveedor. No es partidario de amarra al cliente con esas expresiones.

Nueva Indicación.

Indicación de los diputados Boris Barrera, Sofía Cid, Harry Jürgensen; Alejandro Bernales; Joaquín Lavín; Renato Garín; Miguel Mellado; Sergio Bobadilla y Enrique van Rysselberghe para reemplazar, en el artículo 1 la frase “regular materias relativas a la portabilidad financiera” por la siguiente:

“promover la portabilidad financiera, facilitando que las personas, micro y pequeñas empresas se cambien, por estimarlo conveniente, de un proveedor de servicios financieros a otro. La presente ley se aplicará a proveedores de servicios financieros regulados en la ley N° 18.010, que establece normas para las operaciones de crédito y otras obligaciones de dinero que indica; el decreto con fuerza de ley N° 3, de 1997, del Ministerio de Hacienda, que fija texto refundido, sistematizado y concordado de la Ley General de Bancos; el decreto con fuerza de ley N° 5, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que fija texto refundido, concordado y sistematizado de la ley general de cooperativas; el decreto con fuerza de ley N° 251, de 1931, del Ministerio de Hacienda, sobre compañías de seguros, sociedades anónimas y bolsas de comercio; la ley N° 18.833, que establece un nuevo estatuto general para las cajas de compensación de asignación familiar(C.C.A.F.); y en otras normas de similar naturaleza.”.

Puesto en votación el artículo 1 con la nueva indicación, se aprueba por unanimidad. Votan los diputados Boris Barrera, Alejandro Bernales; Sofía Cid; Renato Garín; Harry Jürgensen; Joaquín Lavín; Miguel Mellado, Sergio Bobadilla; Raúl Soto y Enrique van Rysselberghe. (10x0x0).

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Artículo 2.

Artículo 2.-Definiciones. Para los efectos de esta ley, se entenderá por:

3.- Costo total de prepago: Monto total a pagar para extinguir totalmente la respectiva obligación en forma anticipada, incluyendo la correspondiente comisión de prepago en su caso.

4.- Crédito: Operación de crédito de dinero definida en el artículo 1 de la ley N° 18.010, que establece normas para las operaciones de crédito y otras obligaciones de dinero que indica.

6.- Nuevo proveedor: Proveedor respecto del cual un cliente ha aceptado una oferta de portabilidad financiera.

9.- Proveedor inicial: Proveedor con el cual un cliente mantiene vigente uno o más contratos de productos o servicios financieros.

10.- Reglamento de Portabilidad o Reglamento: Reglamento señalado en el artículo 23 de esta ley.

Indicaciones.

Se presentaron las siguientes indicaciones.

1.- Modifícase el artículo 2 en el siguiente sentido:

a)Reemplázase en su numeral 7 la expresión “, dando lugar al” por “y el”.

b)Intercálase en su numeral 8, entre la expresión “ley N° 18.010” y “o toda otra”, la frase “, siempre y cuando dicha institución tenga un giro relaciona al otorgamiento de créditos,”.

2.- Diputado Boris Barrera Para reemplazar el número 8 del artículo 2° con un texto del siguiente tenor

“8. Proveedor: Toda institución sometida a la fiscalización de la Comisión para el mercado financiero en virtud del decreto con fuerza de ley N°3 de 1997 del ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, sistematizado y concordado de la Ley General de Bancos.”

3.- Del diputado Boris Barrera para eliminar en el artículo 2 número 8, la frase “agente administrador de mutuos hipotecarios,”

4.- del diputado Boris Barrera para añadir en el artículo 2° una nueva definición del siguiente tenor:

“5. Nuevo crédito: Crédito otorgado al cliente en condiciones menos onerosas que su crédito vigente con su proveedor inicial, entre ellas, obligatoriamente una tasa de interés menor y un dividendo menor, cuya portabilidad no genera perjuicio alguno de ningún tipo.”

Se acuerda reabrir debate por unanimidad.

Nueva indicación.

Indicación de los diputados Sofía Cid, Miguel Mellado, Harry Jürgensen, Jaime Naranjo, Joaquín Lavín, Gustavo Sanhueza, Renato Garín, Boris Barrera, Enrique van Rysselberghe, Alexis Sepúlveda, Alejandro Bernales y Andres Molina, para reemplazar el artículo 2 por el siguiente:

“Artículo 2.-Definiciones. Para los efectos de esta ley, se entenderá por:

3.- Costo total de prepago: Monto total a pagar para extinguir totalmente la respectiva obligación en forma anticipada, incluyendo la correspondiente comisión de prepago en su caso.

4.- Crédito: Operación de crédito de dinero definida en el artículo 1 de la ley N° 18.010, que establece normas para las operaciones de crédito y otras obligaciones de dinero que indica.

6.- Nuevo proveedor: Proveedor respecto del cual un cliente ha aceptado una oferta de portabilidad financiera.

7.- Oferta de Portabilidad u Oferta: Oferta escrita, regulada en el artículo 6 de esta ley, mediante la cual un proveedor propone a un cliente la celebración de determinados contratos de productos o servicios financieros y especifica el o los productos y servicios financieros que el cliente mantiene con un proveedor inicial y que serán objeto de un mandato de término.

8.- Proceso de portabilidad financiera o proceso de portabilidad: Proceso regulado en esta ley, el cual tiene por objeto principal la contratación de productos o servicios financieros con un nuevo proveedor, dando lugar al y el término de uno o más productos o servicios financieros contratados con el proveedor inicial.

9.- Proveedor: Todo banco, compañía de seguros, agente administrador de mutuos hipotecarios, caja de compensación de asignación familiar, cooperativa de ahorro y crédito, institución que coloque fondos por medio de operaciones de crédito de dinero de manera masiva señalada en el artículo 31 de la ley N° 18.010, siempre y cuando dicha institución tenga un giro relacionado al otorgamiento de créditos, o toda otra entidad fiscalizada por la Comisión para el Mercado Financiero en virtud del decreto con fuerza de ley N° 3, de 1997, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, sistematizado y concordado de la Ley General de Bancos.

10.- Proveedor inicial: Proveedor con el cual un cliente mantiene vigente uno o más contratos de productos o servicios financieros.

11.- Reglamento de Portabilidad o Reglamento: Reglamento señalado en ellos artículos 6, 9, 10, 17, 19, 23 y 29 de esta ley.

12.- Solicitud de portabilidad o solicitud: Solicitud regulada en los artículos 4 y 5 de esta ley, presentada por un cliente a un proveedor, con el objeto de iniciar un proceso de portabilidad.

13.- Subrogación real de crédito o subrogación: Subrogación de carácter especial, por la cual un crédito inicial es subrogado por un nuevo crédito, pasando este último a sustituir jurídicamente al primero, de conformidad a las características y condiciones señaladas en el Título III de la presente ley.”.

La señora Catherine Tornel explica que esta modificación incluye cambios que han sido consensuados en la mesa de trabajo y se inserta una definición de “oferta de portabilidad u oferta” en el numeral 7, de manera que en el resto del proyecto de ley se refiere solo a “ofertas”, solo con fines de mejor redacción en el proyecto de ley.

La otra enmienda es en el numeral 8, “proceso de portabilidad financiera o proceso de portabilidad”, donde se cambia la expresión “dando lugar al” por la expresión “y el”, porque el proceso de portabilidad incluye dos elementos, que son la contratación de productos y el término de alguno de los productos que se tienen con el proveedor inicial.

En el numeral 9 que define “proveedor”, se incluye “todo banco”. Se explicitaba más adelante en la definición pero al ser una de las entidades más importantes en esto, era más real y preciso incluirlos al inicio de la definición.

Se agrega, para efectos de recoger preocupaciones de expositores durante la discusión general, en el numeral 9 la expresión “siempre y cuando dicha institución tenga un giro relacionado al otorgamiento de créditos”. Ello se refiere a la preocupación por una institución que recibe menos ingresos y que decide dar préstamos a sus trabajadores, lo que podría catalogarla como proveedor de créditos. Para que no se vea afectada por los requerimientos de esta ley, se ha agregado esta frase.

El numeral 11, reglamento de portabilidad, para efectos de mejor explicitación, se han agregado los artículos a los que se refiere el reglamento de portabilidad y así se recoge la preocupación que no pueda integrar todo el reglamento si no solo a aquellos elementos específicos a los que da atribuciones la ley.

El numeral 12 agrega una definición de solicitud de portabilidad o solicitud, lo que da más claridad a la redacción de la ley.

Puesta en votación la indicación para reemplazar el artículo 2, se aprueba por unanimidad. Votan los diputados Boris Barrera, Alejandro Bernales, Sofía Cid, Renato Garín, Harry Jürgensen, Joaquín Lavín, Miguel Mellado, Jaime Naranjo, Gustavo Sanhueza, Raúl Soto y Enrique van Rysselberghe. (11x0x0). Por ende se rechaza el artículo segundo.

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Artículo 3.

TÍTULO II

PROCESO DE PORTABILIDAD FINANCIERA

Artículo 3.-Portabilidad financiera. El proceso de portabilidad podrá comprender las siguientes modalidades:

Un mismo proceso de portabilidad podrá operar bajo ambas modalidades para distintos productos o servicios financieros.

La señora Catherine Tornel explica que en este momento no se han presentado indicaciones al artículo, sin perjuicio de observar la necesidad de modificar la redacción para que quede acorde a otras modificaciones. Precisa que se refiere a la expresión con el objeto principal de pagar un crédito que se consigna en el literal b), porque ahí se podría entender que se trata del reemplazo de un producto por otro, de uno a uno, cuando se quiere facilitar la recompra de cartera, que es por ejemplo, cambiar tres créditos por uno solo que ofrece mejor tasa porque está mejor garantizado, por ejemplo.

Esta definición referida podría llevar a una mala o errada comprensión, por lo que pide se postergue su votación.

El diputado Renato Garín advierte que el concepto jurídico de objeto no es el concepto tradicional como cosa y que en derecho se distingue el objeto y la causa de los contratos y le parece correcto hablar del objeto principal de estos en los términos que se señala.

La señora Catherine Tornel retruca que lo que preocupa en el texto propuesto es que el objeto principal debe ser, por ejemplo, en el reemplazo de un crédito hipotecario por otro en que originalmente era 100 y ahora es 40, no se diga que el objeto principal es el crédito por 40, porque se toma el cupo de los 100 por lo que era un crédito de 40, un hipotecario más un reemplazo de crédito de consumo por los otros 60. Al hablar de principal podría entenderse que no se trata de reemplazar un hipotecario por otro, sino que se usa para reemplazar el crédito de consumo, que es de 60 y que sea más importante que el de 40 y con eso se quede fuera.

El diputado Renato Garín propone eliminar la expresión objeto, que no se refiere como objeto jurídico, porque este viene dado por la subrogación que se pone en práctica.

Indicación.

Indicación de los diputados Sofía Cid , Miguel Mellado, Harry Jürgensen, Rolando Rentería, Alejandro Bernales, Boris Barrera, Jaime Naranjo, Joaquín Lavín, Pedro Velasquez para reemplazar el literal b) del inciso primero la expresión “el objeto principal” por “la finalidad.

Puesto en votación el artículo con la indicación se aprueba por unanimidad. Votan Los diputados Barrera, Bernales, Cid, Lavín, Mellado, Rentería, Soto, Sanhueza y Velásquez. (9x0x0).

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Artículo 4.

Artículo 4.- Solicitud de portabilidad. Todo cliente que quiera iniciar un proceso de portabilidad financiera deberá presentar una solicitud de portabilidad a un proveedor.

Las formalidades, condiciones y requisitos de la solicitud, así como también las comunicaciones entre el cliente y los proveedores serán definidas en el Reglamento.

Indicación.

Indicación de los diputados Sofía Cid, Miguel Mellado, Harry Jürgensen, Rolando Rentería, Alejandro Bernales, Boris Barrera, Jaime Naranjo, Joaquín Lavín, Pedro Velasquez para modificar el artículo de la siguiente manera:

a)Reemplázase su inciso segundo por el siguiente:

“La solicitud de portabilidad, que podrá ser realizada únicamente por el cliente, deberá señalar en forma expresa la intención de este último de iniciar dicho proceso, la especificación del proveedor inicial y el o los productos y servicios financieros que solicita terminar.”.

b)Reemplázase su inciso tercero por los siguientes incisos tercero, cuarto y quinto, nuevos:

“En caso de que el cliente desee refinanciar uno o más productos financieros con créditos disponibles no desembolsados o créditos rotativos, y no solicite su respectivo bloqueo, la solicitud de portabilidad podrá incluir el compromiso del cliente de no aumentar dichas deudas por sobre un monto determinado.

En caso de que el cliente no cumpla el referido compromiso, el nuevo proveedor podrá retractarse de celebrar los contratos ofrecidos.

El Reglamento podrá establecer condiciones y requisitos adicionales que sean necesarios para el mejor funcionamiento del proceso de portabilidad.”.

Puesto en votación el artículo con la indicación se aprueba por unanimidad. Puesto en votación el artículo con la indicación se aprueba por unanimidad. Votan Los diputados Barrera, Bernales, Cid, Lavín, Mellado, Sanhueza, Soto, Van Rysselberghe y Velásquez. (9x0x0).

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Artículo 5.

Puesto en votación el artículo 5, se aprueba en los mismos términos por unanimidad. Votan los diputados Boris Barrera, Alejandro Bernales; Sofía Cid; Renato Garín; Harry Jürgensen; Joaquín Lavín; Miguel Mellado, Sergio Bobadilla; Raúl Soto y Enrique van Rysselberghe. (10x0x0).

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Artículo 6.

a)La especificación de los productos o servicios financieros que se ofrecen, detallando, el monto, carga anual equivalente y el plazo, cuando corresponda; y

El proveedor solo podrá retractarse de la oferta una vez trascurridos 7 días hábiles desde su emisión.

El Reglamento deberá establecer las formalidades, requisitos y especificaciones aplicables a la oferta de portabilidad.

Indicaciones.

Indicación del diputado Boris Barrera y Pedro Velásquez para agregar al final del inciso final del artículo 6°, pasando el punto final a ser punto y seguido, el siguiente texto:

“Este Reglamento no podrá establecer costo alguno a raíz de la oferta para el cliente.”.

Indicación de los diputados Sofía cid, Joaquín Lavín, Renato Garín, Harry Jürgensen, Boris Barrera, Miguel Mellado; Sergio Bobadilla, Raúl Soto y Enrique van Rysselberghe para modificar en el artículo 6 en el siguiente sentido:

a)Reemplázase la oración final del inciso segundo del artículo 6 por la siguiente:

“El nuevo proveedor podrá retractarse de la oferta una vez transcurrido el plazo de vigencia de esta, el que en ningún caso podrá ser inferior a 7 días hábiles.”.

b)Reemplázase en su inciso final la frase “las formalidades, requisitos y especificaciones aplicables a la oferta de portabilidad”, por la frase “el contenido del formato de la oferta de portabilidad, especificando materias, tales como, el orden en que la información deberá ser presentada en la oferta, y los requisitos adicionales que sean necesarios para el mejor funcionamiento del proceso de portabilidad”.

La señora Catherine Tornel explica que solo esta indicación ha sido trabajada en la mesa de asesores y expone que la razón de la primera parte de la indicación, que se enuncia en la letra a), es porque no pueden quedar dudas respecto que el mínimo de la vigencia que favorece al cliente, en que se debe respetar la oferta que le hicieron por al menos siete días, puede ser más amplio.

Se busca dar mayor claridad respecto que el proveedor podría ofrecer una vigencia de 15 días o de 25 días, lo que se encuentre dispuesto a ofrecer, pero en ningún caso puede ser una oferta inferior a 7 días.

La redacción original señalaba los siete días de plazo, pero no dejaba claro que el nuevo proveedor podrá elegir darle un beneficio incluso mayor para cliente, como es establecer una vigencia mayor.

El segundo punto recoge la observación en cuanto se establecía de manera amplia que el reglamento iba a definir los requisitos, las formalidades y especificaciones aplicables a la oferta de portabilidad. Como se busca acotarlo, se estableció que en el reglamento se establecerá el contenido del formato de la oferta de portabilidad, especificando materias como el orden en que la información deberá ser presentada en la oferta y los requisitos adicionales necesarios para el mejor funcionamiento del proceso de portabilidad.

Con esto se disminuye el alcance del reglamento y se establecen mayores garantías en el proyecto de ley.

El diputado Boris Barrera señala que la indicación presentada por él y el diputado Velásquez, busca que no agreguen nuevos costos al cliente, opinión expuestas por organizaciones de consumidores.

El diputado Raúl Soto pregunta respecto al objetivo de la indicación propuesta en la letra a) y si ello es en caso que no haya una aceptación expresa o si puede ir contra la voluntad de aceptación del consumidor puede retractarse el nuevo proveedor.

En el caso de la letra b), si el objetivo era dejar más taxativo en cuanto dejar opciones a la facultad reglamentaria, este no se cumpliría al usar la expresiones “tales como”, que sirve para enunciar a vía ejemplar y mantiene con ello esa apertura general de la redacción.

La señora Catherine Tornel señala que quien puede ejercer el retracto es el nuevo proveedor de la oferta. Señala que existe el caso concreto en que se justificaría este retracto.

Uno de ellos sería el caso de las tarjetas de crédito. Más adelante se verá que se estableció para las tarjetas y líneas de crédito o por cualquier crédito en el que tengo aprobado un monto mayor que el utilizado, el proveedor nuevo puede elegir financiarme la deuda actual y estaría dispuesto a financiarme hasta un 20 por ciento más de la deuda actual, pero tenga la capacidad de endeudarme en el doble.

Se puede avanzar en el proceso de portabilidad y me hagan la oferta y el proveedor queda obligado a mantener esa oferta y en ese mismo momento al día siguiente el cliente se endeude por cupo completo de la tarjeta de crédito o de la línea de crédito, por ejemplo, que es el doble de la deuda que tenía originalmente por la cual se me hizo la oferta de portabilidad y mis ingresos no sean suficientes para cubrir esa cuota.

En este caso específico el nuevo proveedor podría retractarse y se resguarda que sean esos casos específicos en que se pueda retractar, como se verá en los artículos siguientes.

Respecto de la taxatividad del literal b), señala que la idea es exponer un ejemplo que sirva de orientación y si bien es deseable una redacción de clausura legal, la aprehensión del ejecutivo y de los asesores parlamentarios, es que al redactarlo demasiado cerrado, pueda surgir un elemento que no se logra visualizar hoy lo que es altamente probable, porque este proyecto de ley se aplica a una amplia gama de proveedores como cajas de compensación, cooperativas de ahorro y crédito, bancos, compañías de seguros, mutuarias, etc. Este amplio número de instituciones a que se aplica hace posible que existan características de estas entidades que obliguen a modificar en el reglamento estas circunstancias.

Expresa que desean manifestar el tipo de cosas a que puede referirse el reglamento, pero que se debe dejar un espacio para las particularidades que pueden no ser visualizadas en esta instancia.

Puestas en votación el artículo con ambas indicaciones con el artículo, se aprueban por unanimidad. Votan los diputados Boris Barrera, Alejandro Bernales; Sofía Cid; Renato Garín; Harry Jürgensen; Joaquín Lavín; Miguel Mellado, Sergio Bobadilla; Raúl Soto y Enrique van Rysselberghe. (10x0x0).

Se acuerda reabrir debate por unanimidad

Indicación

Indicación de los diputados Sofía Cid, Miguel Mellado, Harry Jürgensen, Rolando Rentería, Alejandro Bernales, Boris Barrera, Jaime Naranjo, Joaquín Lavín, Andrés Molina, Pedro Velasquez para modificar el artículo de la siguiente manera:

Modifícase el artículo 6 en el siguiente sentido:

a)Reemplázase “los productos” por “el o los productos” las 2 veces que aparece.

b)Reemplázase el encabezado de su primer inciso por el siguiente:

“Artículo 6.- Oferta de portabilidad financiera. Se entenderá que el nuevo proveedor decide perseverar con el proceso de portabilidad una vez que presente una oferta al cliente, por escrito, que contenga, a lo menos lo siguiente:”.

c)Modifícase su inciso segundo de la siguiente forma:

a.Reemplázase la frase “de los contratos de los productos o servicios” por la frase “de el o los contratos de los productos o servicios financieros”.

b.Reemplázase su oración final por la siguiente:

“El nuevo proveedor podrá retractarse de la oferta una vez transcurrido el plazo de vigencia de esta, el que en ningún caso podrá ser inferior a 7 días hábiles.”.

d)Reemplázase su inciso final por el siguiente:

“El Reglamento deberá establecer el contenido del formato de la oferta de portabilidad, especificando materias, tales como, el orden en que la información deberá ser presentada en la oferta, y los requisitos adicionales que sean necesarios para el mejor funcionamiento del proceso de portabilidad.”.

El Reglamento deberá establecer las formalidades, requisitos y especificaciones aplicables a la oferta de portabilidad.”

Puesto en votación el artículo con la indicación se aprueba por unanimidad. Votan Los diputados Barrera, Bernales, Cid, Garín, Lavín, Mellado, Sanhueza, Soto, Van Rysselberghe y Velásquez. (10x0x0).

***

Artículo 7.

Artículo 7.-Aceptación de oferta de portabilidad financiera. Si el cliente decide aceptar la oferta de portabilidad, éste deberá comunicar su decisión dentro del periodo de vigencia de la misma.

Indicación.

Indicación de los diputados Boris Barrera y Pedro Velásquez para sustituir en el inciso segundo del artículo 7, el vocablo “mediante” por “Con”.

Indicación de los diputados Sofía Cid, Joaquín Lavín; Renato Garín; Raúl Soto; Sergio Bobadilla; Harry Jürgensen, Miguel Mellado y Enrique van Rysselberghe, para modificar el artículo 7 en el siguiente sentido:

a)Para reemplazar en el inciso primero a frase “su decisión dentro del periodo de vigencia de la misma” por la siguiente “su decisión por escrito dentro del período de vigencia”.

b)Para reemplazar en su inciso segundo la expresión “los pagos y las” por la expresión “los pagos”.

Puestas en votación las indicaciones con el artículo, se aprueban por unanimidad. Votan los diputados Boris Barrera, Alejandro Bernales; Sofía Cid; Renato Garín; Harry Jürgensen; Joaquín Lavín; Miguel Mellado, Sergio Bobadilla; Raúl Soto y Enrique van Rysselberghe. (10x0x0).

***

Artículo 8.

Artículo 8.- Retracto de la aceptación de la oferta. El cliente podrá retractarse de la aceptación, siempre y cuando no haya celebrado con el nuevo proveedor alguno de los contratos especificados en la oferta.

La sola retractación de la aceptación de la oferta, revocará el mandato de término otorgado por el cliente.

Las disposiciones del artículo 3 bis de la ley N° 19.496, no se aplicarán al presente artículo.

La señora Catherine Tornel explica que este artículo protege al cliente que siempre se podrá retractar, incluso después de aceptada la oferta. Además, en el último inciso se señala que las disposiciones del artículo 3 bis de la ley N° 19.496, no se aplicarán al presente artículo, porque resultan más restrictivos y establecen más formalidades y requisitos que se deben cumplir para retractarse, por esto se beneficia a los consumidores.

Puesto en votación el artículo, se aprueba de igual forma por unanimidad. Votan los diputados Boris Barrera, Alejandro Bernales; Sofía Cid; Renato Garín; Harry Jürgensen; Joaquín Lavín; Miguel Mellado, Sergio Bobadilla; Raúl Soto y Enrique van Rysselberghe. (10x0x0).

***

Artículo 9.

Indicaciones.

Agréganse los siguientes incisos tercero, cuarto y quinto, nuevos, al artículo 9:

“Con todo, en caso de que un nuevo certificado de liquidación acredite que el cliente no cumplió el compromiso de deuda indicado en el inciso tercero del artículo cuatro, el nuevo proveedor no estará obligado a contratar los productos ofrecidos, pudiendo retractarse de la respectiva oferta, incluso después de la aceptación del cliente. Lo anterior también será aplicable cuando el cliente haya aumentado su deuda mediante la solicitud de nuevos créditos con el proveedor inicial.

En caso de que el cliente sí haya cumplido el referido compromiso, o que el nuevo proveedor decida igualmente continuar con el proceso de portabilidad, el cliente y el nuevo proveedor firmarán los contratos incluidos en la oferta, debiendo este último notificar inmediatamente al proveedor inicial para que bloquee los productos o servicios financieros con créditos disponibles o rotativos. El proveedor inicial deberá bloquear los respectivos productos o servicios, sin más trámite, desde que reciba la referida notificación.

Los productos contratados con el nuevo proveedor deberán estar totalmente operativos y disponibles para el uso del cliente, a más tardar al día siguiente hábil de la notificación referida en el inciso anterior, cuando proceda.”.

La señora Catherine Tornel expone que esta indicación se hace eco de dos preocupaciones. Una es que podrían existir para los créditos rotativos, como tarjetas y líneas de crédito, cupos que sean de envergaduras muy relevantes respecto de la deuda utilizada, es lo que mencionó el diputado Soto respecto que sólo en esos casos específicos se podrá retractar el nuevo proveedor.

Señala que se está creando una figura en que el cliente puede, si lo desea, llegar a un compromiso en la solicitud de portabilidad, en que el cliente se compromete a no sobrepasar una deuda por un monto determinado o definido por estos créditos rotativos. Si el cliente no cumple ese compromiso, el nuevo proveedor podrá retractarse.

Podría ocurrir que el nuevo proveedor, pese a que deudor no cumpla este compromiso decida perseverar en la oferta y en ese caso, se firmarán los contratos.

La segunda preocupación a que se refiere esta indicación, es que en el caso de las tarjetas de crédito, la persona nunca quede sin ninguna tarjeta de crédito cuando hace el reemplazo de una tarjeta por otra, de manera que, a más tardar después de indicado el cierre de una, al día siguiente se proceda a la apertura de la nueva tarjeta, de manera que el cliente no quede sin líneas de crédito o sin tarjetas de crédito.

El diputado Miguel Mellado manifiesta preocupación por los casos en que hay días en que los bancos no operen, como sábado y domingos y un fin de semana largo, y en esos casos deberá mantener dinero en efectivo o de lo contrario no podrá usarlas. Solicita que se pueda contemplar una fórmula en la ley que soluciones estas situaciones.

La señora Catherine Tornel piensa en agregar un texto que se refiera a la imposibilidad de cierre los días viernes, para salvar la situación de sábados y domingos.

Propone que se revise la redacción para recoger esta observación.

El diputado Raúl Soto pregunta cómo se relaciona esto con la indicación anteriormente aprobada que señala los casos restrictivos de retracto del proveedor, pero ahora se entregan opciones a ese retracto.

La señora Catherine Tornel aclara que el artículo anterior, sobre retracto amplio, se refiere a un procedimiento previo a esto, que es desde que el proveedor financiero hace una oferta que tiene 7 días de vigencia mínima, en que ese proveedor no se puede retractar salvo este caso.

A continuación, el cliente debe realizar la aceptación de la oferta y posterior a la aceptación de la oferta, puede darse este caso específico en que el proveedor se puede retractar. Precisa que este es un paso distinto del descrito en el artículo anterior, es luego de la aceptación, y el de la vigencia que se trata de forma más amplia es antes de la aceptación.

De manera que después de la aceptación sólo puede retractarse por este caso específico. Reitera que el plazo de 7 días de oferta es un plazo de vigencia mínima de la oferta y en ese período de vigencia la única razón de retracto es este caso específico y no hay otras razones.

Pone de ejemplo, la oferta de tasa a un 2,5 por ciento, pero hecha la oferta el Banco Central baja la tasa de política monetaria. El proveedor de servicios financieros no puede invocar esa causa para dejar sin efecto su oferta.

Nueva indicación.

Indicación de los diputados Sofía Cid, Enrique van Rysselberghe, Harry Jürgensen Alexis Sepúlveda, Miguel Mellado, Gustavo Sanhueza, Alejandro Bernales, Boris Barrera, Jaime Naranjo, Joaquín Lavín, Renato Garín y Andres Molina para reemplazar el artículo 9 por el siguiente.

“Artículo 9.- Contratación de productos y servicios financieros. Una vez aceptada la oferta de portabilidad, el nuevo proveedor deberá realizar todas las gestiones necesarias para contratar los respectivos productos y servicios financieros con el cliente, de conformidad a la oferta aceptada y a las reglas generales aplicables a cada producto o servicio financiero.

Las condiciones de contratación establecidas en la oferta de portabilidad podrán actualizarse de común acuerdo entre las partes solo en virtud de un nuevo certificado de liquidación emitido por el proveedor inicial o de una actualización de deudas solicitada a éste último.

Con todo, antes de la firma de los contratos, el nuevo proveedor podrá solicitar directamente al proveedor inicial el bloqueo de los productos o servicios financieros con créditos disponibles o rotativos que se acordaron refinanciar y una actualización de las deudas indicadas en el certificado de liquidación. El proveedor inicial deberá, sin más trámite, y en un plazo no superior a 24 horas desde la solicitud, bloquear los respectivos productos y servicios financieros y a continuación entregar la información actualizada del monto adeudado por el cliente.

En caso que la referida actualización de deudas acredite que el cliente no cumplió el compromiso de deuda indicado en el inciso tercero del artículo cuatro, el nuevo proveedor no estará obligado a contratar los productos ofrecidos, pudiendo retractarse de la respectiva oferta, incluso después de la aceptación del cliente. Lo anterior también será aplicable cuando el cliente haya aumentado su deuda mediante la solicitud de nuevos créditos con el proveedor inicial.

En caso de que el cliente sí haya cumplido el referido compromiso, o que el nuevo proveedor decida igualmente continuar con el proceso de portabilidad, el cliente y el nuevo proveedor firmarán los contratos incluidos en la oferta, los cuales deberán estar disponibles para la firma, a más tardar al día siguiente hábil desde la entrega actualizada de la información de deuda del cliente por parte del proveedor inicial.

Los productos contratados con el nuevo proveedor deberán estar totalmente operativos y disponibles para el uso del cliente, a más tardar al día siguiente hábil de la firma de los contratos notificación referida en el inciso anterior, cuando proceda.

El Reglamento podrá regular la forma y requisitos relativos a la actualización de deuda, el bloqueo de productos y la operatividad de productos, cuando dicha regulación sea necesaria para el mejor funcionamiento del proceso de portabilidad.”.

La señora Catherine Tornel explica que se recoge la preocupación respecto de las deudas rotativas, que son básicamente, las tarjetas de crédito y las líneas de crédito, que son deudas que pueden aumentar continuamente.

Señala que era necesario resguardar dos elementos. Por una parte que la solución que se propone sea implementable y factible en la práctica, de manera que todas las instituciones financieras sea capaces de realizar los cambios con la velocidad que se exige en la ley y, en segundo término, que los clientes no quedaran muchos días sin tarjetas ni líneas de crédito, siendo especialmente importantes para las pyme.

Explica que se establecen tres alternativas.

Una alternativa es que el cliente bloquee los productos. Aquí es el caso de muchos clientes que tienen tarjetas activas, pero no las usan. De esta manera los clientes bloquean sus productos para hacer la portabilidad y dar certeza al nuevo proveedor que no habrá deuda superior a lo que se dice en la deuda vigente.

En este caso hay un proceso de solicitud de portabilidad del cliente, una oferta de portabilidad del nuevo acreedor, posteriormente la aceptación de la oferta por el cliente y se inicia la preparación de los productos nuevos por este nuevo proveedor, esto es contratos más los denominados plásticos de las tarjetas de crédito. A continuación se firman los contratos, donde hay certezas porque el cliente ha bloquead sus productos y se sabe con certeza cuál es el monto que el cliente ha portado y contratado y luego la habilitación de nuevos productos.

Otro caso es el que el cliente no bloquea sus productos porque los usa activamente, tarjetas y líneas de crédito, por ejemplo. Este caso presenta dos nuevas posibilidades.

Una es en que el cliente asume el compromiso de no sobrepasar cierto nivel de deuda. En este caso se hace la solicitud de portabilidad explicitando el compromiso de deuda en la misma solicitud. En la oferta, la institución que seguramente será un banco porque ellos tienen estos productos de tarjeta y línea de crédito, harán la oferta con consideración del compromiso. Reitera que en este caso se pacta el compromiso del cliente de no aumentar la deuda, que el nuevo proveedor tendrá a la vista. Se acepta la oferta y el proveedor inicia la preparación de los productos, pero es aquí donde existe un nuevo paso adicional, que consiste en la actualización de la deuda hecha por el nuevo proveedor, que requiere esa información al antiguo proveedor con la respectiva solicitud de bloqueo de esos productos, de manera de tener la certeza como nuevo proveedor de esa deuda.

Si en este caso la deuda es mayor al compromiso, porque el cliente incumplió su compromiso por cualquier motivo, el nuevo proveedor puede decir que como el cliente incumplió el compromiso, retira la oferta o continuar con la oferta si lo estima conveniente.

En caso que continúe la oferta, se sigue la oferta del contrato y la posterior habilitación de nuevos productos. A efectos que el cliente no quede expuesto muchos días a quedarse sin los productos bancarios, se establece un plazo máximo de 24 horas entre el bloqueo y la firma del contrato y máximo un día hábil entre la firma del contrato y la habilitación de nuevos productos.

Esto permite que el cliente no pase de dos días hábiles sin su tarjeta de crédito ni su línea de crédito.

Por último está la situación en que no se asume compromiso respecto de los montos de deuda, en que el cliente se puede endeudar hasta el máximo cupo disponible y el nuevo proveedor debe asumir este riesgo de endeudamiento por el máximo disponible que tiene el cliente, pero en este caso, el nuevo proveedor no puede retirar la oferta por el plazo de 7 días, porque precisamente no se ha hecho compromiso como cliente de no aumentar la deuda.

Señala que este es un modelo que sigue en gran parte lo que existe respecto de tarjetas de crédito y créditos hipotecarios, de manera que es una solución que se puede implementar.

El nuevo proveedor deberá fijar los plazos en que él deberá entregar los nuevos plásticos y eso le permitirá fijar el plazo para firmar y disponer de los productos en la respectiva sucursal.

Puesta en votación la nueva indicación para reemplazar el artículo 9, se aprueba por unanimidad. Votan los diputados Boris Barrera, Alejandro Bernales, Sofía Cid, Renato Garín, Harry Jürgensen, Joaquín Lavín, Miguel Mellado, Jaime Naranjo, Gustavo Sanhueza, Raúl Soto y Enrique van Rysselberghe. (11x0x0). Por ende se rechaza el artículo 9.

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Artículo 10.

El mandato de término se entenderá cumplido por el nuevo proveedor cuando éste, actuando en nombre y representación del cliente:

a)pague los productos y servicios financieros especificados en la oferta de portabilidad; y,

b)requiera al proveedor inicial el cierre o término de los productos o servicios financieros especificados en la oferta de portabilidad.

Si los productos o servicios especificados en el mandato de término cuentan con un saldo a favor del cliente, el proveedor inicial deberá entregar al cliente dichos saldos.

El Reglamento regulará los procedimientos de pago y de requerimiento de término, y la forma y plazos de entrega de saldo al cliente, cuando corresponda.”.

Indicaciones.

- Indicación de los diputados Miguel Mellado, Enrique van Rysselberghe, Harry Jürgensen, Joaquín Lavín y Sofía Cid, para modificar el artículo 10 de la siguiente manera:

a)Agrégase la siguiente oración al final de su inciso primero:

“En caso de que se contrate un producto o servicio financiero que, conforme a la oferta de portabilidad, provea los fondos necesarios para pagar una deuda o reemplazar un producto vigente, el plazo para el cumplimiento del mandato de término se contará desde la contratación del producto o servicio financiero que provee los fondos correspondientes.

b)Intercálase el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando su actual inciso segundo a ser tercero, y así correlativamente:

“Asimismo, en caso de que la oferta de portabilidad incluya la contratación de una cuenta corriente y el cierre de una cuenta corriente vigente, el nuevo proveedor deberá cumplir el mandato de término respectivo dentro de 3 días hábiles contados desde la firma del nuevo contrato.”.

c)Reemplazase en el inciso final la frase “de pago y requerimiento de término” por la frase “aplicables a cargos pendientes de cobro, así como también.”.

- Indicación de los diputados Boris Barrera, Sofía Cid, Renato Garín, Harry Jürgensen, Raúl Soto, Sergio Bobadilla, Joaquín Lavín, Miguel Mellado y Enrique van Rysselberghe, para intercalar en el inciso tercero del artículo 10, entre la expresión “dichos saldos” y el punto y aparte (.), la frase “dentro de 5 días hábiles contados desde el cierre efectivo del respectivo producto o servicio financiero.”.

La representante del Ejecutivo, señora Catherine Tornel explica que se recogen algunas inquietudes parlamentarias.

Explica que en el caso que se requiera reemplazar un crédito de consumo por otro crédito de consumo, o una cuenta corriente por otra cuenta corriente, pero además se esté contratando otros productos, el nuevo proveedor no debe estar esperando que esté la totalidad de los contratos firmados, sino que se vaya enviando el mandato de término a media que se firma cada uno de esos contratos de término. Así por ejemplo, si se contrató el crédito de consumo, la instrucción de cierre de ese crédito debe darse de inmediato e igualmente con la celebración de contrato de cuenta corriente.

Esto resguarda de circunstancias, como por ejemplo, pagar doble Comisión por tener dos cuentas corrientes o doble interés por dos créditos de consumo.

Otro punto que se resguarda es la entrega de facultades excesivas al reglamento sin establecer un plazo máximo para la entrega de los saldos que pudieran tener a favor los clientes. Se establece que no puede ser un plazo mayor a 5 días hábiles.

Expresa que si el cliente porta todos sus productos, pero producto de una divergencia por un pago ya realizado o del reclamo de una transacción que finalmente se dictamina a su favor y determina que queden saldos a favor del cliente en el proveedor inicial, este proveedor inicial tiene 5 días hábiles para hacer entrega de esos saldos al cliente.

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Artículo 11.

Indicación de los diputados Sofiía Cid, Harry Jürgensen, Alejandro Bernales, Sergio Bobadilla, Joaquín Lavín, Renato Garín, Raúl Soto, Miguel Mellado y Enrique van Rysselberghe, para agregar al artículo 11, un inciso segundo, del siguiente tenor:

“Una vez terminado o cerrado el respectivo producto o servicio financiero, el proveedor inicial deberá comunicar al cliente el cierre de sus productos o servicios financieros, a más tardar dentro de 5 días hábiles desde el referido cierre.”.

El diputado Miguel Mellado advierte que recién se aprobó una norma que establece el cierre de cada producto y su visado inmediato para cada producto. Estima que dejar un plazo de 5 días hábiles puede contradecir las normas aprobadas.

La señora Catherine Tornel explica que lo que se ha hecho hasta ahora es regular la comunicación desde el nuevo proveedor al proveedor inicial, que es cerrando los productos por mandato del cliente.

Lo que se hace ahora, es del proveedor inicial al cliente, una vez que se han cerrado los productos y con ello se recoge una duda planteada por Libertad y Desarrollo en las audiencias de la discusión general, en cuanto a la forma en que el cliente se asegura que el proveedor inicial ha cerrado los productos, es decir, se trata de una notificación del proveedor inicial al cliente de que sus productos han sido cerrados y que esta notificación debe hacerse no más allá de 5 días de cerrado el producto.

Puesta en votación la indicación con el artículo, se aprueban por unanimidad. Votan los diputados Boris Barrera, Alejandro Bernales; Sofía Cid; Renato Garín; Harry Jürgensen; Joaquín Lavín; Miguel Mellado, Sergio Bobadilla; Raúl Soto y Enrique van Rysselberghe. (10x0x0).

El ministro de Hacienda, señor Felipe Larraín valora el trabajo desarrollado y la forma en que se desarrolla el trabajo de la Comisión y valora el esfuerzo por lograr los consensos en un proyecto de ley que busca aprovechar especiales condiciones para su aplicación.

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Artículo 12.

TÍTULO III

NORMAS APLICABLES AL PROCESO DE PORTABILIDAD FINANCIERA CON SUBROGACIÓN

Indicaciones.

De los diputados Sofía Cid, Miguel Mellado, Harry Jürgensen, Alejandro Bernales, Boris Barrera, Rolando Rentería, Andrés Molina, Jaime Naranjo, Joaquín Lavín, Pedro Velásquez para:

a)Reemplazar en el encabezado del TÍTULO III, la frase “NORMAS APLICABLES AL” por la palabra “DEL”.

b)Reemplazar el artículo 12 por el siguiente:

“Artículo 12.- Reglas especiales aplicables. Para el proceso de portabilidad financiera con subrogación regirán las disposiciones de este Título, además de las normas y obligaciones señaladas en la presente ley.”.

Puesto en votación el artículo con la indicación, se aprueba por unanimidad. Votan los diputados Alejandro Bernales, Sofía Cid, Joaquín Lavín, Miguel Mellado, Rolando Rentería, Alexis Sepúlveda, Raúl Soto, Gustavo Sanhueza y Pedro Velasquez. (9x0x0).

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Artículo 13.

Artículo 13.- Portabilidad financiera con subrogación. Por el solo ministerio de la ley y aún contra la voluntad del proveedor inicial, procederá la subrogación de un crédito inicial por un nuevo crédito, cuando concurran las siguientes condiciones copulativas:

a)Que un nuevo proveedor celebre un contrato de crédito con el cliente en virtud de una oferta de portabilidad, de conformidad al artículo 15;

b)Que el contrato de crédito referido en el literal a) tenga por objeto principal el pago y la subrogación de un crédito inicial, especificando dicho crédito; y

c)Que el nuevo proveedor pague, en nombre y representación del cliente, el costo total de prepago del crédito inicial con los fondos del crédito referido en la letra a) anterior.

La subrogación real de crédito podrá tomar lugar tanto entre créditos otorgados por distintos proveedores, como entre créditos otorgados por el mismo proveedor.

Indicaciones.

Indicación de los diputados Sofía Cid, Harry Jürgensen, Rolando Rentería, Andrés Molina, Alejandro Bernales, Boris Barrera, Pedro Velásquez, Joaquín Lavín, Jaime Naranjo y Miguel Mellado para modificar el artículo 13 en el siguiente sentido:

a)Reemplázase en el literal b) de su inciso primero la frase “tenga por objeto principal” por la frase “señale expresamente que tiene por objeto”.

b)Agrégase el siguiente inciso final:

“Para todos los efectos legales, el crédito que se contrate en virtud de un proceso de portabilidad con subrogación se considerará como un crédito garantizado por la garantía real correspondiente, aplicándose en consecuencia todas las normas que regulen el otorgamiento de dicho tipo de créditos, siempre y cuando no sean contrarias a las disposiciones de esta ley.”.

Artículo 14.

Artículo 14.- Forma de realizar pago. El pago referido en la letra c) del artículo anterior deberá ser realizado dentro de 3 días hábiles desde la celebración del nuevo contrato de crédito y durante la vigencia del certificado de liquidación vigente al momento de la firma del mismo contrato.

El incumplimiento del inciso anterior no afectará la subrogación, no obstante, hará responsable al nuevo proveedor de los perjuicios que dicho incumplimiento implique para el cliente.

Indicación.

Indicación de los diputados Sofía Cid, Miguel Mellado, Rolando Rentería, Harry Jürgensen, Joaquín Lavín, Boris Barrera, Alejandro Bernales, Pedro Velásquez, Jaime Naranjo y Andrés Molina, para reemplazar el inciso final del artículo 14 por el siguiente:

“Si el nuevo proveedor no realiza el pago de conformidad a lo señalado en el inciso anterior, será exclusivamente responsable de los perjuicios que dicho incumplimiento le cause al cliente. Este incumplimiento, en ningún caso afectará la subrogación regulada en este Título.”.

Puesto en votación el artículo con la indicación, se aprueba por unanimidad. Votan los diputados Boris Barrera, Alejandro Bernales, Sofía Cid, Joaquín Lavín, Miguel Mellado, Rolando Rentería, Alexis Sepúlveda, Raúl Soto, Gustavo Sanhueza y Pedro Velasquez. (10x0x0).

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Artículo 15.

Indicaciones.

Indicación de los diputados Indicación de los diputados Sofía Cid, Miguel Mellado, Rolando Rentería, Harry Jürgensen, Joaquín Lavín, Boris Barrera, Alejandro Bernales, Pedro Velásquez, Jaime Naranjo y Andrés Molina para modificar el artículo 15 en el siguiente sentido:

a)Reemplázase la palabra “garantizado” por “caucionado”.

b)Reemplázase la palabra “Asimismo” por “Además”.

c)Elimínase la expresión “que esté”.

d) Reemplázase la expresión “de dicho contrato” por la expresión “del contrato”.

Puesto en votación el artículo con la indicación, se aprueba por unanimidad. Votan a favor los diputados Barrera, Bernales, Sofía Cid, Lavín, Miguel Mellado, Rentería, Alexis Sepúlveda, Raúl Soto, Gustavo Sanhueza y Pedro Velasquez. (10x0x0).

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Artículo 16.

Artículo 16.-Monto del nuevo crédito. El monto de capital del nuevo crédito no podrá superar el monto de capital del crédito inicial.

Indicación.

Indicación de los diputados Sofía Cid, Miguel Mellado, Rolando Rentería, Harry Jürgensen, Joaquín Lavín, Boris Barrera, Alejandro Bernales, Pedro Velásquez, Jaime Naranjo y Andrés Molina para intercalar un inciso segundo, nuevo, del siguiente tenor, pasando su actual inciso segundo a ser tercero:

“Lo anterior no impedirá que el nuevo proveedor y el cliente celebren créditos adicionales al referido nuevo crédito, pudiendo constituir nuevas garantías sobre el bien que garantizaba al crédito inicial.”.

Indicación de los diputados Andres Molina y Luciano Cruz – Coke, para modificarlo de la siguiente manera:

a.Para sustituir en su inciso primero la frase "monto de capital" por la frase "costo de prepago total".

b.Para agregar el siguiente inciso tercero y final: "El costo total del nuevo crédito en ningún caso podrá superar el costo de prepago total. Si el nuevo crédito involucra un capital mayor al del crédito portado, se entenderá que se trata de dos créditos distintos, siendo aplicable esta ley únicamente respecto de la parte equivalente al crédito portado.".

Puesto en votación el artículo con la indicación de la diputada Sofía Cid y otros, se aprueban por mayoría de votos. Votan a favor los diputados Barrea, Bernales, Sofía Cid, Jürgensen, Lavín, Miguel Mellado, Rolando Rentería, Gustavo Sanhueza y Pedro Velásquez. Vota en contra el diputado Raúl Soto. (9x0x1).

Por ser incompatible con lo aprobado, la indicación de los diputados Cruz Coke y Molina, se rechaza reglamentariamente.

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Artículos 17 y 18.

La Comisión acuerda por unanimidad alterar el orden de los artículos, pasando el actual artículo 17 a ser 18 y el artículo 18 a ser 17.

Artículo 17 que pasa a ser 18.

Artículo 17.- Reglas especiales para garantías que caucionen obligaciones determinadas. Cuando el crédito inicial esté caucionado por una garantía real limitada a obligaciones determinadas, y los términos del nuevo crédito impliquen cambios en el tipo de tasas, aumento de las tasas de interés o plazos, o un préstamo por un capital mayor al costo total de prepago del crédito inicial, dichos términos serán inoponibles a terceros acreedores hipotecarios o prendarios de grado posterior, o a terceros que hayan otorgado la respectiva garantía, a menos que hayan otorgado su consentimiento con las solemnidades del artículo 15 de conformidad a los plazos y procedimientos señalados en el Reglamento.

Indicación.

Indicación de los diputados Sofía Cid, Pedro Velásquez, Joaquín Lavín, Rolando Rentería, Miguel Mellado, Alejandro Bernales y Boris Barrera, para reemplazar el artículo 17 que pasa a ser 18, por el siguiente

Artículo 18 (ex 17).- Reglas especiales para garantías sin cláusula de garantía general que caucionen obligaciones determinadas. En caso que Cuando el crédito inicial esté caucionado por una garantía sin cláusula de garantía general real limitada a obligaciones determinadas, y los términos del nuevo crédito impliquen cambios en el tipo de tasas, aumento de las tasas de interés o plazos, o un préstamo por un capital mayor al costo total de prepago del crédito inicial, dichos términos serán inoponibles a terceros acreedores hipotecarios o prendarios de grado posterior, o a terceros que hayan otorgado la respectiva garantía, a menos que hayan otorgado dado su consentimiento con las solemnidades del artículo 15 de conformidad a los plazos y procedimientos señalados en el Reglamento.”.

Artículo 18, que pasa a ser 17.

Artículo 17 (ex 18). Reglas especiales para garantías con cláusula de garantía general. En caso que un nuevo crédito subrogue al crédito inicial, y este último esté caucionado por una garantía real con cláusula de garantía general, ésta pasará a beneficiar exclusivamente al nuevo proveedor, caucionando así la totalidad de las obligaciones que el cliente contraiga con éste, desde el momento en que la totalidad de las obligaciones incluidas en el certificado de liquidación hayan sido debidamente extinguidas, o pagadas por el nuevo proveedor.

Indicación.

Indicación de los diputados Sofía Cid, Pedro Velásquez, Joaquín Lavín, Rolando Rentería, Miguel Mellado, Alejandro Bernales y Boris Barrera, para modificar en el artículo 18 que ha pasado a ser 17, de la siguiente manera:

a)Para reemplazar en el último inciso la palabra “cuando” por “a”.

b)Para intercalar entre la expresión “de crédito” y “tome lugar”, la palabra “que “”.

La representante del Ejecutivo explica que esto garantiza al nuevo proveedor financiero ser el beneficiario de la garantía constituida, de manera exclusiva, de manera que el antiguo o anterior proveedor ya no tiene derecho en esa garantía.

Respecto de las deudas con garantía específica, explica que se ha colocado sin cláusula de garantía general porque el concepto de garantía específica no existe y se protege a los terceros que vean afectados sus derechos por este cambio de portabilidad.

Precisa que hay dos tipos de terceros que se pueden ver afectados o un acreedor que ya tenga garantías sobre ese bien o un tercero que haya sido avalista, que no puede cambiar los términos del contrato de aval que se está constituyendo si es que no se tiene el respectivo consentimiento.

En estos casos sería necesario que el tercero o el acreedor que tiene esa garantía sobre el bien o quien actúa como avalista den su consentimiento para acceder a la portabilidad porque sus derechos podrían verse afectados.

Puestas en votación ambos artículos con las indicaciones respectivas, se aprueban por unanimidad. Votan a favor los diputados Sofía Cid, Boris Barrera, Alejandro Bernales, Harry Jürgensen, Joaquín Lavín, Miguel Mellado, Jaime Naranjo, Raúl Soto, Gustavo Sanhueza y Enrique van Rysselberghe. (10x0x0).

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Artículo 19.

Artículo 19.- Garantías bajo sistema registral. Para el caso de subrogación con garantías reales sujetas a registro, la constancia de dicha subrogación deberá ser solicitada por el nuevo proveedor ante la entidad responsable del registro, para lo cual bastará la presentación del contrato del nuevo crédito y el respectivo comprobante de pago emitido de conformidad a las condiciones, plazos y formalidades que señale Reglamento.

La constancia de la subrogación del crédito en el respectivo registro se entenderá solo para efectos de publicidad y oponibilidad a terceros y deberá ser requerida por el nuevo proveedor.

Indicaciones.

Indicación de los diputados Sofía Cid, Harry Jürgensen, Miguel Mellado, Alejandro Bernales, Boris Barrera, Joaquín Lavín, Rolando Rentería y Pedro Velasquez, para modificar el artículo 19 en el siguiente sentido:

a)Reemplaza en el inciso primero la frase “, para lo cual bastará”, por “”. Para practicar esta constancia sólo será exigible”.

b)Intercalase en el inciso final la expresión “dicha garantía,” y “debiendo inscribirse”, la frase “con las especificaciones correspondientes”.

La señora Catherine Tornel explica que regulando el registro, por ejemplo el de propiedades que lleva el Conservador de Bienes Raíces cuyo registro se produce antes del pago, ahora se producirá después del pago, de manera que ese registro es solo para efectos de publicidad y oponibilidad porque la garantía se traspasa desde el nuevo proveedor una vez que se hace el pago al proveedor inicial, que es antes de la inscripción en el Conservador de Bienes Raíces. Igualmente ocurrirá con el registro de vehículos motorizados y en cada una de las garantías correspondientes.

Además, se señala que los registros corresponderán a modificaciones de dichas garantías, en línea con la disminución del cobro que se hace con el Conservador de Bienes Raíces y los Notarios, porque se trata de modificaciones de una inscripción y no una inscripción nueva.

Aclara que un gran ahorro de tiempo y dinero es que ya no se necesitará la carta de resguardo que cuidaba ese período en que el deudor se compromete a refinanciar esa deuda con esa garantía, pero que esa garantía no cambia hasta que ocurre la inscripción en el Conservador de Bienes Raíces.

Por el pago se cambia el acreedor y en ese momento se produce un cambio la garantía y se pasa a respaldar al nuevo acreedor y ocurre antes de la inscripción en el Conservador de Bienes Raíces y esa subrogación ocurre de pleno derecho al momento del pago.

Puestas en votación el artículo con la indicación, se aprueban por unanimidad. Votan a favor los diputados Sofía Cid, Boris Barrera, Alejandro Bernales, Harry Jürgensen, Joaquín Lavín, Miguel Mellado, Jaime Naranjo, Raúl Soto, Gustavo Sanhueza y Enrique van Rysselberghe. (10x0x0).

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Artículo 20.

Artículo 20.- Cargos o derechos. Para efectos de calcular los derechos o cargos que corresponda cobrar por practicar la inscripción referida en el artículo anterior, se considerará a la subrogación de crédito como una modificación de contrato.

Indicación.

Indicación de los diputados Sofía Cid, Harry Jürgensen, Miguel Mellado, Boris Barrera, Alejandro Bernales, Joaquín Lavín Rolando Rentería y Pedro Velásquez, para reemplazar el artículo 20 por el siguiente:

“Artículo 20.- Los notarios no podrán cobrar recargos por la celebración del contrato del nuevo crédito regulado en este título.

Asimismo, los Conservador de Bienes Raíces no podrán cobrar recargos por practicar la inscripción referida en el artículo anterior.”.

La señora Catherine Tornel explica que tanto los costos del Conservador de Bienes Raíces como de los Notarios, existe un costo fijo, pero el grueso de ese cobro es un recargo que es proporcional al monto del crédito.

En este caso, al tratarse de un refinanciamiento, no se podrá cobrar el recargo, que constituye el principal costo y este artículo es la base de la disminución de los costos del proceso de portabilidad especialmente en el caso de los hipotecarios.

Puesta en votación la indicación, se aprueba por unanimidad. Votan a favor los diputados Sofía Cid, Boris Barrera, Alejandro Bernales, Harry Jürgensen, Joaquín Lavín, Miguel Mellado, Jaime Naranjo, Raúl Soto, Gustavo Sanhueza y Enrique van Rysselberghe. (10x0x0). En consecuencia se rechaza el artículo 20 del proyecto.

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Artículo 21.

Artículo 21.- Devengo de intereses del nuevo crédito. El nuevo crédito que se otorgue en virtud de esta ley no devengará intereses por el plazo transcurrido entre la celebración del referido crédito, y el pago del crédito inicial por el nuevo proveedor, en nombre y representación del cliente.

Indicación.

Indicación de los diputados Sofía Cid, Harry Jürgensen, Miguel Mellado, Boris Barrera, Alejandro Bernales, Joaquín Lavín Rolando Rentería y Pedro Velásquez, para eliminar la primera coma que aparece.

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Artículo 22.

TÍTULO IV

DISPOSICIONES VARIAS.

La facultad que tiene el nuevo proveedor para solicitar los referidos certificados se entenderá revocada al término de la vigencia de la solicitud de portabilidad, cuando el cliente haya rechazado la oferta de portabilidad, se haya retractado de la aceptación de la oferta de portabilidad o cuando se hayan realizado todos los pagos correspondientes de conformidad a la respectiva oferta de portabilidad debidamente aceptada.

Indicación.

Indicación de los diputados Sofía Cid, Harry Jürgensen, Miguel Mellado, Boris Barrera, Alejandro Bernales, Joaquín Lavín, Rolando Rentería y Pedro Velásquez para modificar el artículo 22 de la siguiente manera:

a)Eliminase el inciso segundo, pasando el tercero a ser segundo y así sucesivamente.

b)Reemplacese en el inciso tercero que pasa ser segundo la palabra “dicho” por “el”.

Indicación del diputado Boris Barrera para agregar a continuación del punto y aparte, que pasa a ser coma, en el inciso penúltimo, la frase “sin costo para el cliente.”

La señora Catherine Tornel explica que la función que cumple el certificado de pago del impuesto de timbres y estampillas es que para los casos de refinanciamiento ese impuesto no se cobre, porque es crédito ya pagó el impuesto. Si ese certificado perdió su vigencia durante la solicitud de portabilidad, el nuevo proveedor podrá solicitarlo en nombre del cliente. El último inciso establece los límites para pedir ese certificado.

Ese certificado es gratuito, como lo es el certificado de liquidación hoy, de manera que no debe tener costos asociados.

Puestos en votación el artículo con las indicaciones, se aprueban por unanimidad. Votan a favor los diputados Sofía Cid, Boris Barrera, Alejandro Bernales, Harry Jürgensen, Joaquín Lavín, Miguel Mellado, Jaime Naranjo, Raúl Soto, Gustavo Sanhueza y Enrique van Rysselberghe. (10x0x0).

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Artículo 23.

Artículo 23.- Reglamento de portabilidad. Un reglamento expedido por los Ministerios de Hacienda y de Economía, Fomento y Turismo, podrá establecer las formas, condiciones, requisitos y plazos relativos a las notificaciones, comunicaciones, solicitudes, aceptaciones, o comprobantes de pago que deban emitirse en virtud de un proceso de portabilidad financiera, sin perjuicio de las demás especificaciones que señale la ley.

Puesto en votación el artículo, se aprueba en iguales términos por unanimidad. Votan los diputados los diputados Sofía Cid, Boris Barrera, Alejandro Bernales, Harry Jürgensen, Joaquín Lavín, Miguel Mellado, Jaime Naranjo, Raúl Soto, Gustavo Sanhueza y Enrique van Rysselberghe. (10x0x0).

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Artículo 24.

Artículo 24.- Irrevocabilidad. En el caso de obligaciones caucionadas con una garantía real con cláusula de garantía general, el mandato que el cliente otorgue al nuevo proveedor para el pago o término de dichas obligaciones con motivo del proceso de portabilidad financiera, tendrá el carácter de irrevocable, hasta el pago de todas las obligaciones que procedan o hasta el incumplimiento de parte del nuevo proveedor de las obligaciones que establece esta ley.

Indicación de los diputados Sofía Cid, Harry Jürgensen, Miguel Mellado, Boris Barrera, Alejandro Bernales, Joaquín Lavín, Rolando Rentería y Pedro Velásquez para eliminar la coma a continuación de “portabilidad financiera”.

Puesto en votación el artículo con la indicación, se aprueban por unanimidad. Votan los diputados los diputados Sofía Cid, Boris Barrera, Alejandro Bernales, Harry Jürgensen, Joaquín Lavín, Miguel Mellado, Jaime Naranjo, Raúl Soto, Gustavo Sanhueza y Enrique van Rysselberghe. (10x0x0).

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Artículo 25.

Artículo 25.- Excepciones a la aplicación de esta ley. La subrogación no aplicará a los créditos otorgados bajo la modalidad de bonos hipotecarios o letras de créditos hipotecarios, así como tampoco respecto de créditos que hayan sido otorgados al cliente por más de un proveedor inicial.

Indicación.

Puesto en votación el artículo con la indicación, se aprueba por unanimidad. Votan los diputados Sofía Cid, Boris Barrera, Alejandro Bernales, Harry Jürgensen, Joaquín Lavín, Miguel Mellado, Jaime Naranjo, Raúl Soto, Gustavo Sanhueza y Enrique van Rysselberghe. (10x0x0).

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Artículo 26.

Artículo 26.- Tratamiento de datos personales. Los tratamientos de datos personales que se realicen en virtud de esta ley deberán cumplir con las disposiciones de la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada.

Indicación.

Indicación de los diputados Sofía Cid, Harry Jürgensen, Miguel Mellado, Boris Barrera, Alejandro Bernales, Joaquín Lavín, Rolando Rentería y Pedro Velásquez para eliminar el inciso segundo del artículo 26.

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Artículo 27.

El que maliciosamente hiciere uso de los instrumentos falsos a que se refiere este artículo, será castigado como si fuere autor de la falsedad.

Indicación.

Indicación de los diputados Sofía Cid, Harry Jürgensen, Miguel Mellado, Boris Barrera, Alejandro Bernales, Joaquín Lavín, Rolando Rentería y Pedro Velásquez para reemplazar en el inciso final la frase “de la ley N° 19.496 y al Título IV de la misma legislación.”.

Puesto en votación el artículo con la indicación en que se adecua su redacción, para lo cual se faculta a la Secretaría de la Comisión para ello, se aprueba por unanimidad. Votan los diputados los diputados Sofía Cid, Boris Barrera, Alejandro Bernales, Harry Jürgensen, Joaquín Lavín, Miguel Mellado, Jaime Naranjo, Raúl Soto, Gustavo Sanhueza y Enrique van Rysselberghe. (10x0x0).

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Artículo 28.

Artículo 28.- Norma de protección de los derechos de los consumidores. Para efectos del artículo 58 de la ley N° 19.496, la presente ley se considerará como una norma de protección de los derechos del consumidor. La referida ley N° 19.496 se aplicará supletoriamente a esta ley, en todo lo que no sea contrario a las disposiciones o naturaleza de ésta última.

Indicación.

Indicación de los diputados Sofía Cid, Harry Jürgensen, Miguel Mellado, Boris Barrera, Alejandro Bernales, Joaquín Lavín, Rolando Rentería y Pedro Velásquez para eliminar en el artículo 28 la expresión “o naturaleza”.

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Nuevo artículo 29.

Indicación de los diputados Sofía Cid, Harry Jürgensen, Miguel Mellado, Boris Barrera, Alejandro Bernales, Joaquín Lavín, Rolando Rentería, Alexis Sepúlveda y Pedro Velásquez para intercalara el siguiente artículo 29, pasando el actual 29 a ser 30: “Artículo 29.- Normas de publicidad. Al momento de efectuar la solicitud, el nuevo proveedor deberá informar los derechos y obligaciones que tienen el cliente y el proveedor en un proceso de portabilidad. El Reglamento determinará las formalidades y requisitos de esta comunicación resguardando su fácil compresión.”.

Puesta en votación la indicación, que establece un nuevo artículo 29, se aprueba por unanimidad. Votan los diputados Sofía Cid, Boris Barrera, Alejandro Bernales, Harry Jürgensen, Joaquín Lavín, Miguel Mellado, Jaime Naranjo, Raúl Soto, Gustavo Sanhueza y Enrique van Rysselberghe. (10x0x0).

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Artículo 29, que pasa a ser artículo 30.

TÍTULO V

MODIFICACIONES A OTROS CUERPOS NORMATIVOS

Artículo 29.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores:

1)Agrégase la siguiente oración al final de la letra g) del inciso primero del artículo 17 B:

“Lo anterior será sin perjuicio de los dispuesto en el artículo 25 de la Ley sobre Portabilidad Financiera.”.

2)Modifícase el artículo 17 D del siguiente modo:

a)Reemplázase su inciso primero por los siguientes incisos primero, segundo, tercero cuarto y quinto, nuevos:

Este certificado deberá contener a lo menos la siguiente información relativa a cada uno de los productos o servicios financieros vigentes, según corresponda:

a) Plazo;

b) Valor total del servicio;

c) Indicar si corresponde a deuda rotativa;

d) Monto de crédito disponible y efectivamente utilizada;

e) Tipo y tasa de interés;

f) La carga anual equivalente;

g) Valor de última cuota;

i) Monto total a pagar para poner término al producto o servicio financiero según la fecha de pago, incluyendo la respectiva comisión de prepago, si corresponde; y

j) Otra información relevante que determine el reglamento.

Sin perjuicio de lo anterior, el consumidor podrá solicitar el referido certificado respecto de solo un producto o servicio financiero determinado.

b)Modifícase el actual inciso cuarto, que ha pasado a ser el noveno, en el siguiente sentido:

ii.Reemplázase la expresión “dichos créditos”, por “dichos productos y servicios financieros”.

iii.Reemplázase la palabra “diez”, la primera vez que aparece, por la palabra “cinco”.

iv.Reemplázase la palabra “diez”, la segunda vez que aparece, por la palabra “tres”.

d)Intercálase, entre su actual inciso decimosegundo, que ha pasado a ser el decimoséptimo, y su actual inciso decimotercero, que ha pasado a ser el decimoctavo, el siguiente inciso, nuevo:

3)Reemplázase en el actual artículo 17 K, la expresión “17 B a 17 J y de”, por “17 B a 17 J, el artículo 17 M, y en”.

4)Incorpórase el siguiente artículo 17 M, nuevo:

5)Reemplázase en el inciso tercero del artículo 39 B la expresión “Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras” por “Comisión para el Mercado Financiero”.

Indicaciones.

Indicación de los diputados Sofía Cid, Miguel Mellado, Renato Garín, Harry Jürgensen, Jaime Naranjo, Gustavo Sanhueza; Boris Barrera; Alexis Sepúlveda; Enrique van Rysselberghe, Alejandro Bernales, Andrés Molina, Joaquín Lavín para modificar el artículo 29 del proyecto de ley de la siguiente manera:

1)Reemplazase el numeral 1) del artículo 29, por el siguiente:

“1) Agrégase la siguiente oración al final de la letra g) del inciso primero del artículo 17B: “Lo anterior será sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 24 de la ley sobre portabilidad financiera.”.”

2)Reemplazase la letra a) del artículo 2) del artículo 29, por el siguiente: “Artículo 17 D.- Los proveedores de servicios financieros pactados por contratos de adhesión deberán entregar al respectivo consumidor, dentro del plazo de 3 días hábiles contado desde que éste lo solicite, un certificado de liquidación para término anticipado. El certificado podrá ser solicitado presencialmente como o de manera remota al respectivo proveedor de productos o servicios financieros pudiendo requerir que se entregue de manera física o virtual.

Este certificado deberá contener a lo menos la siguiente información relativa a cada uno de los productos o servicios financieros vigentes, según corresponda:

a) Plazo;

b) Valor total del servicio;

c) Indicar si corresponde a deuda rotativa;

d) Monto de crédito disponible y efectivamente utilizado;

e) Tipo y tasa de interés;

f) La carga anual equivalente;

g) Valor de última cuota vencida;

i) Monto total a pagar para poner término al producto o servicio financiero según la fecha de pago, incluyendo la respectiva comisión de prepago, si corresponde; y

j) La demás información que determine el reglamento.

Adicionalmente, el certificado deberá contener el monto total a pagar para ponerle término a la totalidad de los productos o servicios financieros y las obligaciones referidas, según la fecha de pago, incluyendo la respectiva comisión de prepago, si corresponde, la fecha de emisión y de vigencia del certificado, la que no podrá ser menor a 30 días hábiles corridos, la forma en que el proveedor desea ser notificado y la información necesaria para realizar el pago en caso de iniciarse un proceso de portabilidad financiera o refinanciamiento. El contenido, los requisitos y la presentación de dicho certificado se determinarán en los reglamentos que se dicten de acuerdo al artículo 62.

Sin perjuicio de lo anterior, el consumidor podrá solicitar el referido certificado respecto de solo un producto o servicio financiero determinado.

3)Elíminese la letra c) del artículo 29.

4)Reemplazase la letra d) del numeral 2) del artículo 29, por la siguiente: “Los proveedores de créditos que soliciten una tasación o estudio de títulos de un bien sobre el cual se constituirá una garantía en su beneficio, deberán entregar al consumidor que solicitó el crédito, los respectivos informes de tasación y estudio de títulos del bien, según corresponda. La entrega de dicho certificado dicha documentación deberá realizarse de manera presencial o digital física o virtual, conforme a lo solicitado por el consumidor. Asimismo, el consumidor podrá realizar la referida solicitud de manera presencial o remota.”.

5)Eliminase el numeral 5) del artículo 29.

Indicación del diputado Boris Barrera.

Indicación del diputado Boris Barrera, para modificar en el artículo 29, que modifica la ley N°19.496, que establece normas sobre protección a los consumidores, agregando un nuevo inciso antepenúltimo al artículo 17D, del siguiente tenor: “En el caso que la tasación efectuada durante el proceso de portabilidad arroje una disminución en el valor comercial del bien raíz en relación con el valor original, el consumidor sólo se verá obligado a pagar el informe de la tasación en caso de insistir con su solicitud de crédito.”.

La señora Catherine Tornel explica que en el artículo al que se refiere la indicación propuesta, es un artículo en que no hubo acuerdo con la mesa de asesores y el Ejecutivo no la comparte, porque de acuerdo a cómo debiera ser el proceso, el cliente debiera buscar entre distintos proveedores, de manera informal, solo con la solicitud y el certificado de liquidación y posteriormente elegirá a quien le ofrezca las mejores condiciones para que efectúe la tasación y es el cliente quien debe asumir su costo, cualquiera sea el resultado, porque además los clientes saben cuándo una propiedad ha sufrido deterior de valor.

El diputado Boris Barrera señala que se trata de que el cliente pague en caso de querer insistir el trámite y si lo desecha, porque no le conviene, por ejemplo, queda de cargo del banco.

El diputado Gustavo Sanhueza explica que existen diferentes criterios de tasación y eso es lo que produce diferencias en las tasaciones y es donde se puede producir la diferencia entre la tasación y el valor del crédito, pero es el banco quien asume la decisión del riesgo, de acuerdo a los parámetros de tasación que lleva cada banco, y en esa situación el cliente queda indefenso en el caso de la tasación, que deberá pagar, que es la misma con que el banco le está diciendo que no otorgará el préstamo.

La señora Catherine Tornel hace presente que el nuevo proveedor financiero tiene todos los incentivos para ver si esa garantía le permite o no cubrir todo el préstamo nuevo y darle esa tasación favorable, porque es un nuevo cliente y crédito.

Agrega que con esto se establecería una nueva norma sólo para la portabilidad financiera, porque para los créditos hipotecarios, de manera amplia, rige la regla que el costo de la tasación es del cliente, cualquiera sea su resultado, lo que a su juicio es establecer una norma arbitraria sólo para quienes accedan a la portabilidad.

El diputado Boris Barrera precisa que se trata de legislar algo nuevo, de manera que es solo para la portabilidad. Si el banco busca ganar un cliente, no tendrá temor en ello. Esto se trata de un resguardo, porque el cliente puede irse por el lado de la tasa que aparece más baja, pero al momento de tasar puede hacerlo de manera que obligue a tomar otro crédito, porque me tasa bajo el precio de la casa.

Puesta en votación la indicación del diputado Barrera se rechaza por mayoría de votos. Votan a favor los diputados Boris Barrera, Alejandro Bernales, Alexis Sepúlveda y Raúl Soto. Votan en contra los diputados Sofía Cid, Harry Jürgensen, Joaquín Lavín, Miguel Mellado y Enrique van Rysselberghe. Se abstiene el diputado Jaime Naranjo. (4x6x1).

Respecto de la primera indicación, la señora Catherine Tornel informa que la razón para mantener la referencia a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras se debe a que se afecta a cualquiera que sea regulado por ella y la Comisión de Mercados Financieros tiene unas facultades más amplias de fiscalización que las que tenía la referida Superintendencia, y que mantener esa amplitud, lo hará aplicable a instituciones sobre las cuales no se debe aplicar.

El secretario de la Comisión hace presente que la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras ya no existe y que sus funciones son ejercidas hoy por la Comisión para el Mercado Financiero y aún así existe una remisión en esa ley para reemplazar esas instituciones.

El Ejecutivo anuncia el retiro de la propuesta de referencia, pero reitera su observación en cuanto a que la CMF tiene un conjunto más amplio de instituciones a la que se debe fiscalizar, por lo que estiman necesario que se mantenga la referencia a la SBIF, por cuanto ello fija la competencia de las instituciones a las que se debe fiscalizar en esta materia.

El diputado Miguel Mellado indica que bajo la CMF quedan instituciones de crédito y que entregan créditos hipotecarios, como cajas de compensación, instituciones que entregan créditos hipotecarios y que no se encontraban sujetos a la anterior SBIF.

La representante del Ejecutivo, señora Catherine Tornel, explica que de acuerdo con lo establecido en el artículo 67 de la ley N° 21.000, que crea la Comisión para el Mercado Financiero, señala que es la continuadora legal de la superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras , de manera que lo que se busca está recogido adecuadamente acá y se proponía sólo un cambio formal que podría tener efectos jurídicos no deseados.

Aclara que la modificación buscaba un ajuste formal de la norma, pero de aplicarlo se haría extensivo al total de instituciones y tendría un efecto jurídico no deseado, por aplicarse al total de instituciones fiscalizadas por la CMF. Señala que la referencia ya estaría actualizada, con el efecto jurídico deseado en el artículo 67 de la ley 21.000 que crea la Comisión de Mercado Financiero, donde se considera su continuadora legal de la SBIF

El diputado Boris Barrera señala su preocupación por la exclusión de algunas instituciones financieras, como las cajas de compensación.

La representante del Ejecutivo señala que están dentro de las definiciones y en el objeto, todas las leyes que quedan contenidas y, por lo tanto, las entidades a las cuales se les aplica este proyecto de ley. Además, en la definición de proveedores financieros se encuentran regulados quienes son precisamente, “todo banco, compañía de seguros, agente administrador de mutuos hipotecarios, caja de compensación de asignación familiar, cooperativa de ahorro y crédito, institución que coloque fondos por medio de operaciones de crédito de dinero de manera masiva señalada en el artículo 31 de la ley N° 18.010, siempre y cuando dicha institución tenga un giro relacionado al otorgamiento de créditos, o toda otra entidad fiscalizada por la Comisión para el Mercado Financiero en virtud del decreto con fuerza de ley N° 3, de 1997, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, sistematizado y concordado de la Ley General de Bancos.”.

Explica que con esta referencia indica que ya se encuentran explícitamente incorporadas todas las entidades que se encuentran reguladas.

El secretario de la Comisión observa que se encuentra hecha la remisión de reemplazo en la ley 21.000, tal como se ha explicado, sin embargo, no parece claro que una ley como esta, que será posterior a la ley 21.000 que establece el referido reemplazo, se remita a una institución que ha sido reemplazada.

El diputado Miguel Mellado señala que la CMF supervisa el mercado de los seguros y las compañías de seguros entregan créditos hipotecarios, leaseback y leasing y las cooperativas también, de manera que la supervisión de la CMF recae en tres de las cuatro materias que supervisa.

La señora Catherine Tornel expone que algunos de los efectos no deseados de mantener esta propuesta son las sociedades anónimas, y en algunas ocasiones se ha discutido la inclusión de las sociedades deportivas dentro del ámbito de la CMF, que no son proveedores financieros.

Sostiene que se trata de una modificación a una ley anterior a la ley 21.000, por lo que se podría aplicar. Si esto no se modifica, queda la ley del consumidor vigente, en algo que no se relaciona con la portabilidad, sino que se trataba de corregir una referencia de manera adicional a todo lo que dice relación con el proyecto de portabilidad.

Si se elimina esta parte del trámite legislativo, se vota en contra, se deja vigente en los términos actuales.

Previo a la votación, la Comisión acuerda dividir la votación de la indicación votando en conjunto el artículo 29 (que pasa a ser artículo 30) , numerales 1 a 4 y el numeral 5 que modifica el artículo 39 B de la ley 19.496 en una votación aparte.

Puesta en votación la indicación referida a los numerales 1 a 4 del artículo 29 (que ha pasado a ser artículo 30), se aprueba por unanimidad. Votan a favor los diputados Boris Barrera, Alejandro Bernales, Sofía Cid, Harry Jürgensen, Joaquín Lavín, Miguel Mellado, Alexis Sepúlveda, Gustavo Sanhueza y Enrique van Rysselberghe. (9x0x0).

La indicación al numeral 5 es retirada por los autores.

Puesto en votación el numeral 5, es rechazado por mayoría de votos. Votan en contra los diputados Boris Barrera, Alejandro Bernales, Sofía Cid, Harry Jürgensen, Joaquín Lavín, Miguel Mellado y Enrique van Rysselberghe. Se abstienen los diputados Alexis Sepúlveda y Gustavo Sanhueza. (0x7x2). Por ende, se rechaza el artículo 29 del proyecto

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Artículo 30, que pasa a ser artículo 31.

Artículo 30.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 24 del decreto ley N° 3.475, de 1980, que modifica la ley de timbres y estampillas contenida en el decreto ley N° 617, de 1974:

1)Reemplázase, en su numeral 11, la expresión “Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras”, por la expresión “Comisión para el Mercado Financiero”.

2)Reemplázase, en su numeral 16, la expresión “Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras”, por la expresión “Comisión para el Mercado Financiero”.

3)Modifícase su numeral 17 en el siguiente sentido:

b)Modifícase su párrafo séptimo en el siguiente sentido:

i.Intercálase, entre la expresión “la resolución” y el punto seguido “.”, la frase “, la cual en ningún caso podrá ser menor a 15 días hábiles”.

Puesto en votación el artículo, se aprueba de igual forma por unanimidad. Votan los diputados Boris Barrera, Alejandro Bernales, Sofía Cid, Harry Jürgensen, Joaquín Lavín, Miguel Mellado, Alexis Sepúlveda, Gustavo Sanhueza y Enrique van Rysselberghe. (9x0x0).

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Artículo 31, que pasaría a ser artículo 32.

La señora Catherine Tornel explica que se agrega como referencia la ley sobre portabilidad financiera congruente con esta ley, porque la ley de portabilidad financiera será aplicable para las micro y pequeñas empresas

Puesto en votación el artículo, se aprueba en los mismos términos por mayoría de votos. Votan los diputados Boris Barrera, Alejandro Bernales, Sofía Cid, Harry Jürgensen, Joaquín Lavín, Miguel Mellado, Alexis Sepúlveda, Gustavo Sanhueza y Enrique van Rysselberghe. Se abstienen los diputados Alejandro Bernales y Alexis Sepúlveda. (7x0x2)

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ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo primero transitorio.

Artículo primero transitorio. - La presente ley entrará en vigencia transcurridos 120 días desde su publicación en el Diario Oficial.

Indicación.

Indicación de los diputados Sofía Cid, Rolando Rentería, Harry Jürgensen, Joaquín Lavín, Boris Barrera, Alejandro Bernales y Pedro Velásquez para reemplazar en el artículo primero transitorio el número “120”, por “90”.

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Artículo segundo transitorio.

Artículo segundo transitorio. - El reglamento establecido en el artículo 23 de la presente ley deberá dictarse dentro de los 180 días siguientes a la fecha de su publicación.

Indicación.

Indicación de los diputados Sofía Cid, Rolando Rentería, Harry Jürgensen, Joaquín Lavín, Boris Barrera, Alejandro Bernales y Pedro Velásquez para reemplazar en el artículo segundo transitorio para reemplazar “180” por “45”.

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Artículo tercero transitorio.

Artículo tercero transitorio - Con excepción de los numerales 3) y 4) del artículo 30, la presente ley se aplicará tanto a los productos y servicios financieros que se encuentren vigentes a la fecha señalada en el artículo anterior, como a los que se contraten con posterioridad a ésta.”.

La Comisión acuerda poner en votación única, con sus respectivas indicaciones, los artículos transitorios.

Puestos en votación los tres artículos transitorios con las citadas indicaciones, se aprueban por unanimidad. Votan los diputados Boris Barrera, Alejandro Bernales, Sofía Cid, Harry Jürgensen, Joaquín Lavín, Miguel Mellado, Alexis Sepúlveda, Gustavo Sanhueza y Enrique van Rysselberghe. (9x0x0).

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Indicaciones del diputado Alejandro Bernales, artículos nuevos.

Indicaciones del diputado Alejandro Bernales para agregar los siguientes artículos 30 y 31, nuevos, pasando los actuales a ser 32 y 33 respectivamente.

Artículo nuevo.

Para agregar el siguiente artículo 30, que agrega un artículo 5 de la ley 19.223, que tipifica figuras penales relativas a la informática;

“Artículo 5.- SE castigará con la pena de reclusión menor en cualquiera de sus grados y multa de 50 a 500 unidades tributarias mensuales al que, con ocasión de una operación de portabilidad financiera maliciosamente y sin habilitación o autorización legal que corresponda, comunique, transfiera, transmita o interconecte la información tratada para una finalidad distinta de la que fue recolectada.

Igual pena se aplicará a quien maliciosamente, con ocasión de una operación de portabilidad financiera, difunda la información tratada por los proveedores. En caso de ser una misma la persona que los haya obtenido y divulgado, se aplicará a esta la pena de reclusión menor en su grado máximo y multa de 100 a 500 unidades tributarias mensuales.”.

Artículo nuevo.

Para agregar el siguiente artículo 31, que intercala en el inciso primero del artículo 1° de la ley 20.393 entre la frase “en el artículo 8° de la ley 18.314” y la frase “y en los artículos 240, 250, 251 bis, 287 ter, 456 bis A y 470 numerales 1 y 11, del Código Penal”; la siguiente frase “en el artículo 5 de la ley N° 19.223.”.

El diputado Alejandro Bernales señala que se busca evitar la vulneración de datos personales, que se debe reconocer su gran valor para los negocios. Se debe sancionar a quien usa estos datos personales en asuntos que no son para el negocio que se proveyó ese dato.

La diputada Sofía Cid observa que este tema ya está en otro artículo.

La señora Catherine Tornel señala que están de acuerdo con el espíritu de esta indicación y que de acuerdo con ello se aprobó un artículo que ordena el cuidado del tratamiento de los datos personales y que se tomen las adecuadas medidas de seguridad.

Esta indicación establece normas penales, pero que además no van en la línea con un proyecto que se tramita en el Senado y que establece sanciones de multa da hasta 30 mil unidades tributarias mensuales.

Argumenta que esto pondría en riesgo la estabilidad financiera, porque en caso de que un trabajador transfiera maliciosamente esos datos personales, podríamos correr el riesgo de cerrar alguna importante institución financiera y afectando más consumidores de lo que se pretende cuidar.

Puestas en votación estas indicaciones de manera conjunta se rechazan por mayoría de votos. Votan a favor los diputados Boris Barrera, Alejandro Bernales, Alexis Sepúlveda y Jaime Naranjo. Votan en contra los diputados Sofía Cid, Harry Jürgensen, Joaquín Lavín, Miguel Mellado, Enrique van Rysselberghe y Gustavo Sanhueza. Se abstiene el diputado Raúl Soto. (4x6x1).

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Indicación al artículo 4.

Indicación de las diputadas Francesca Muñoz, Sofía Cid y diputado Jaime Naranjo, para agregar el siguiente nuevo inciso final al artículo 4 del proyecto de ley:

“Con todo, las personas que estén en mora de pagar pensiones de alimentos no podrán acceder a la portabilidad financiera. El reglamento determinará la forma de acreditar esta circunstancia, así como la cantidad de cuotas impagas de pensiones de alimentos y su periodicidad para considerar que se encuentra en mora de pagar.”.

Está indicación no se encuentra en concordancia con las indicaciones consensuadas por la mesa de asesores parlamentarios y de gobierno que se aprueban, por lo que se rechaza reglamentariamente.

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Por las razones señaladas y por los argumentos que expondrá oportunamente el señor diputado informante, esta Comisión, haciendo las adecuaciones contempladas en el artículo 15 del reglamento, recomienda aprobar el siguiente:

PROYECTO DE LEY:

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1.- Objeto. Esta ley tiene por objeto promover la portabilidad financiera, facilitando que las personas, micro y pequeñas empresas se cambien, por estimarlo conveniente, de un proveedor de servicios financieros a otro. Esta ley se aplicará a proveedores de servicios financieros regulados en la ley N° 18.010, que establece normas para las operaciones de crédito y otras obligaciones de dinero que indica; el decreto con fuerza de ley N° 3, de 1997, del Ministerio de Hacienda, que fija texto refundido, sistematizado y concordado de la Ley General de Bancos; el decreto con fuerza de ley N° 5, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que fija texto refundido, concordado y sistematizado de la ley general de cooperativas; el decreto con fuerza de ley N° 251, de 1931, del Ministerio de Hacienda, sobre compañías de seguros, sociedades anónimas y bolsas de comercio; la ley N° 18.833, que establece un nuevo estatuto general para las cajas de compensación de asignación familiar(C.C.A.F.); y en otras normas de similar naturaleza.

Artículo 2.-Definiciones. Para los efectos de esta ley, se entenderá por:

3.- Costo total de prepago: Monto total a pagar para extinguir totalmente la respectiva obligación en forma anticipada, incluyendo la correspondiente comisión de prepago en su caso.

4.- Crédito: Operación de crédito de dinero definida en el artículo 1 de la ley N° 18.010, que establece normas para las operaciones de crédito y otras obligaciones de dinero que indica.

6.- Nuevo proveedor: Proveedor respecto del cual un cliente ha aceptado una oferta de portabilidad financiera.

8.- Proceso de portabilidad financiera o proceso de portabilidad: Proceso regulado en esta ley, el cual tiene por objeto principal la contratación de productos o servicios financieros con un nuevo proveedor, y el término de uno o más productos o servicios financieros contratados con el proveedor inicial.

10.- Proveedor inicial: Proveedor con el cual un cliente mantiene vigente uno o más contratos de productos o servicios financieros.

11.- Reglamento de Portabilidad o Reglamento: Reglamento señalado en los artículos 6, 9, 10, 17, 19, 23 y 29 de esta ley.

12.- Solicitud de portabilidad o solicitud: Solicitud regulada en los artículos 4 y 5 de esta ley, presentada por un cliente a un proveedor, con el objeto de iniciar un proceso de portabilidad.

TÍTULO II

PROCESO DE PORTABILIDAD FINANCIERA.

Artículo 3.- Portabilidad financiera. El proceso de portabilidad podrá comprender las siguientes modalidades:

b)Portabilidad con subrogación: proceso por el cual el cliente contrata un nuevo crédito con un nuevo proveedor con la finalidad de pagar un crédito que el cliente mantiene con un proveedor inicial, produciéndose con ello una subrogación real de crédito.

Un mismo proceso de portabilidad podrá operar bajo ambas modalidades para distintos productos o servicios financieros.

Artículo 4.- Solicitud de portabilidad. Todo cliente que quiera iniciar un proceso de portabilidad financiera deberá presentar una solicitud de portabilidad a un proveedor.

La solicitud de portabilidad, que podrá ser realizada únicamente por el cliente, deberá señalar en forma expresa la intención de este último de iniciar dicho proceso, la especificación del proveedor inicial y el o los productos y servicios financieros que solicita terminar.

En caso de que el cliente no cumpla el referido compromiso, el nuevo proveedor podrá retractarse de celebrar los contratos ofrecidos.

El reglamento podrá establecer condiciones y requisitos adicionales que sean necesarios para el mejor funcionamiento del proceso de portabilidad.

Artículo 5.- Vigencia de la solicitud. La solicitud de portabilidad se encontrará vigente hasta la retractación del cliente o, hasta 30 días hábiles contados desde la última comunicación enviada por el cliente al proveedor, sin que se haya recibido una oferta de portabilidad financiera de éste último.

Artículo 6.- Oferta de portabilidad financiera. Se entenderá que el nuevo proveedor decide perseverar con el proceso de portabilidad una vez que presente una oferta al cliente, por escrito, que contenga, a lo menos lo siguiente:

a)La especificación de el o los productos o servicios financieros que se ofrecen, detallando, el monto, carga anual equivalente y el plazo, cuando corresponda; y

Asimismo, la oferta deberá señalar el plazo para la suscripción de el o los contratos de los productos o servicios financieros ofrecidos. Si se requieren fondos para dar cumplimiento al mandato de término, la oferta deberá además señalar el monto total y el origen de los mismos. El nuevo proveedor podrá retractarse de la oferta una vez transcurrido el plazo de vigencia de esta, el que en ningún caso podrá ser inferior a 7 días hábiles.

El reglamento deberá establecer el contenido del formato de la oferta de portabilidad, especificando materias, tales como, el orden en que la información deberá ser presentada en la oferta, y los requisitos adicionales que sean necesarios para el mejor funcionamiento del proceso de portabilidad. Este reglamento no podrá establecer costo alguno a raíz de la oferta para el cliente.

Artículo 7.- Aceptación de oferta de portabilidad financiera. Si el cliente decide aceptar la oferta de portabilidad, éste deberá comunicar su decisión por escrito dentro del periodo de vigencia.

Con la aceptación de la oferta de portabilidad, el cliente otorga un mandato de término al nuevo proveedor respecto de los productos y servicios especificados, de conformidad al literal b) del artículo anterior. El mandato de término facultará al nuevo proveedor para realizar todos los pagos, comunicaciones o requerimientos correspondientes, en nombre y representación del cliente.

Artículo 8.- Retracto de la aceptación de la oferta. El cliente podrá retractarse de la aceptación, siempre y cuando no haya celebrado con el nuevo proveedor a lo menos uno de los contratos especificados en la oferta.

Asimismo, se entenderá que el cliente se ha retractado de la aceptación de la oferta de portabilidad si éste no contrata a lo menos uno de los productos o servicios financieros ofrecidos dentro del plazo referido en el inciso segundo del artículo 6.

La sola retractación de la aceptación de la oferta revocará el mandato de término otorgado por el cliente.

Las disposiciones del artículo 3 bis de la ley N° 19.496 no se aplicarán al presente artículo.

Artículo 9.- Contratación de productos y servicios financieros. Una vez aceptada la oferta de portabilidad, el nuevo proveedor deberá realizar todas las gestiones necesarias para contratar los respectivos productos y servicios financieros con el cliente, de conformidad a la oferta aceptada y a las reglas generales aplicables a cada producto o servicio financiero.

En caso de que la referida actualización de deudas acredite que el cliente no cumplió el compromiso de deuda indicado en el inciso tercero del artículo cuatro, el nuevo proveedor no estará obligado a contratar los productos ofrecidos, pudiendo retractarse de la respectiva oferta, incluso después de la aceptación del cliente. Lo anterior también será aplicable cuando el cliente haya aumentado su deuda mediante la solicitud de nuevos créditos con el proveedor inicial.

En caso de que el cliente sí haya cumplido el referido compromiso, o que el nuevo proveedor decida igualmente continuar con el proceso de portabilidad, el cliente y el nuevo proveedor firmarán los contratos incluidos en la oferta, los cuales deberán estar disponibles para firma, a más tardar al día siguiente hábil desde la entrega actualizada de la información de deuda del cliente por parte del proveedor inicial.

El reglamento podrá regular la forma y requisitos relativos a la actualización de deuda, el bloqueo de productos y la operatividad de productos, cuando dicha regulación sea necesaria para el mejor funcionamiento del proceso de portabilidad.

Artículo 10.- Cumplimiento del mandato de término. Una vez que el cliente y el nuevo proveedor hayan contratado todos los productos o servicios financieros incluidos en la oferta de portabilidad, éste último tendrá 3 días hábiles para cumplir el mandato de término incluido en ella. En caso de que se contrate un producto o servicio financiero que, conforme a la oferta de portabilidad, provea los fondos necesarios para pagar una deuda o reemplazar un producto vigente, el plazo para el cumplimiento del mandato de término se contará desde la contratación del producto o servicio financiero que provee los fondos correspondientes.

Asimismo, en caso de que la oferta de portabilidad incluya la contratación de una cuenta corriente y el cierre de una cuenta corriente vigente, el nuevo proveedor deberá cumplir el mandato de término respectivo dentro de 3 días hábiles contados desde la firma del nuevo contrato.

El mandato de término se entenderá cumplido por el nuevo proveedor cuando éste, actuando en nombre y representación del cliente:

a)pague los productos y servicios financieros especificados en la oferta de portabilidad; y,

b)requiera al proveedor inicial el cierre o término de los productos o servicios financieros especificados en la oferta de portabilidad.

Si los productos o servicios especificados en el mandato de término cuentan con saldos a favor del cliente, el proveedor inicial deberá entregar al cliente dichos saldos dentro de 5 días hábiles contados desde el cierre efectivo del respectivo producto o servicio financiero.

El reglamento regulará los procedimientos aplicables a cargos pendientes de cobro, así como también la forma y plazos de entrega de saldos al cliente, cuando corresponda.

Artículo 11.- Responsabilidad de término o cierre de productos. Cumplido el respectivo mandato de término por el nuevo proveedor, el proveedor inicial será exclusivamente responsable del término o cierre efectivo de los productos o servicios, de conformidad a las normativas aplicables para cada producto o servicio financiero.

Una vez terminado o cerrado el respectivo producto o servicio financiero, el proveedor inicial deberá comunicar al cliente el cierre de sus productos o servicios financieros, a más tardar dentro de 5 días hábiles desde el referido cierre.

TÍTULO III

DEL PROCESO DE PORTABILIDAD FINANCIERA CON SUBROGACIÓN.

Artículo 12.- Reglas especiales aplicables. Para el proceso de portabilidad financiera con subrogación regirán las disposiciones de este Título, además de las normas y obligaciones señaladas en esta ley.

Artículo 13.- Portabilidad financiera con subrogación. Por el solo ministerio de la ley y aún contra la voluntad del proveedor inicial, procederá la subrogación de un crédito inicial por un nuevo crédito, cuando concurran las siguientes condiciones copulativas:

a)Que un nuevo proveedor celebre un contrato de crédito con el cliente en virtud de una oferta de portabilidad, de conformidad al artículo 15;

b)Que el contrato de crédito referido en el literal a) señale expresamente que tiene por objeto el pago y la subrogación de un crédito inicial, especificando dicho crédito; y

c)Que el nuevo proveedor pague, en nombre y representación del cliente, el costo total de prepago del crédito inicial con los fondos del crédito referido en la letra a) anterior.

La subrogación real de crédito podrá tomar lugar tanto entre créditos otorgados por distintos proveedores, como entre créditos otorgados por el mismo proveedor.

Para todos los efectos legales, el crédito que se contrate en virtud de un proceso de portabilidad con subrogación se considerará como un crédito garantizado por la garantía real correspondiente, aplicándose en consecuencia todas las normas que regulen el otorgamiento de dicho tipo de créditos, siempre y cuando no sean contrarias a las disposiciones de esta ley.

Artículo 14.- Forma de realizar pago. El pago referido en la letra c) del artículo anterior deberá ser realizado dentro de 3 días hábiles desde la celebración del nuevo contrato de crédito y durante la vigencia del certificado de liquidación vigente al momento de la firma del mismo contrato.

Si el nuevo proveedor no realiza el pago de conformidad a lo señalado en el inciso anterior, será exclusivamente responsable de los perjuicios que dicho incumplimiento le cause al cliente. Este incumplimiento, en ningún caso afectará la subrogación regulada en este Título.

Artículo 15.- Solemnidades del contrato del nuevo crédito. El contrato de nuevo crédito deberá ser celebrado por escrito, y, en caso que el crédito inicial esté caucionado por una o más garantías reales sujetas a sistema registral, el nuevo crédito deberá también cumplir con las solemnidades legales que se requieran para el otorgamiento de dicha clase de garantías y que sean necesarias para dejar constancia de la respectiva subrogación. Además, se deberá insertar en el contrato del nuevo crédito el certificado de liquidación vigente al momento de la celebración del contrato.

Artículo 16.- Monto del nuevo crédito. El monto de capital del nuevo crédito no podrá superar el monto de capital del crédito inicial.

Lo anterior no impedirá que el nuevo proveedor y el cliente celebren créditos adicionales al referido nuevo crédito, pudiendo constituir nuevas garantías sobre el bien que garantizaba al crédito inicial.

Artículo 17.- Reglas especiales para garantías con cláusula de garantía general. En caso que un nuevo crédito subrogue al crédito inicial, y este último esté caucionado por una garantía real con cláusula de garantía general, ésta pasará a beneficiar exclusivamente al nuevo proveedor, caucionando así la totalidad de las obligaciones que el cliente contraiga con éste, desde el momento en que la totalidad de las obligaciones incluidas en el certificado de liquidación hayan sido debidamente extinguidas, o pagadas por el nuevo proveedor.

Este artículo no será aplicable a la subrogación real de crédito que tome lugar entre dos créditos otorgados por el mismo proveedor, manteniendo éste su derecho sobre la respectiva garantía.

Artículo 18.- Reglas especiales para garantías sin cláusula de garantía general. En caso que el crédito inicial esté caucionado por una garantía sin cláusula de garantía general, y los términos del nuevo crédito impliquen cambios en el tipo de tasas, aumento de las tasas de interés o plazos, o un préstamo por un capital mayor al costo total de prepago del crédito inicial, dichos términos serán inoponibles a terceros acreedores hipotecarios o prendarios de grado posterior, o a terceros que hayan otorgado la respectiva garantía, a menos que hayan dado su consentimiento con las solemnidades del artículo 15, de conformidad a los plazos y procedimientos señalados en el reglamento.

Artículo 19.- Garantías bajo sistema registral. Para el caso de subrogación con garantías reales sujetas a registro, la constancia de dicha subrogación deberá ser solicitada por el nuevo proveedor ante la entidad responsable del registro. Para practicar esta constancia solo será exigible la presentación del contrato del nuevo crédito y el respectivo comprobante de pago emitido de conformidad a las condiciones, plazos y formalidades que señale el reglamento.

La constancia de la subrogación del crédito en el respectivo registro se entenderá solo para efectos de publicidad y oponibilidad a terceros y deberá ser requerida por el nuevo proveedor.

Sin perjuicio de lo anterior, la constancia de subrogación de crédito deberá inscribirse en el respectivo registro en la misma forma en que corresponda practicar una modificación a dicha garantía con las especificaciones correspondientes, debiendo inscribirse dentro de 10 días hábiles desde la respectiva solicitud de inscripción. Dicha inscripción deberá además dejar constancia de la aceptación referida en el artículo 17 de esta ley, cuando corresponda.

Artículo 20.- Cargos o derechos. Los notarios no podrán cobrar recargos por la celebración del contrato del nuevo crédito regulado en este título.

Asimismo, los conservadores de bienes raíces no podrán cobrar recargos por practicar la inscripción referida en el artículo anterior.

Artículo 21.- Devengo de intereses del nuevo crédito. El nuevo crédito que se otorgue en virtud de esta ley no devengará intereses por el plazo transcurrido entre la celebración del referido crédito y el pago del crédito inicial por el nuevo proveedor, en nombre y representación del cliente.

TÍTULO IV

DISPOSICIONES VARIAS.

Artículo 22.- Solicitud de certificados por parte del nuevo proveedor. El proveedor al que el cliente le haya presentado una solicitud de portabilidad, podrá solicitar directamente al proveedor inicial el certificado de liquidación del respectivo cliente. La emisión de dicho certificado no podrá implicar el bloqueo de productos de conformidad al artículo 17 D de la ley N° 19.496.

En caso de que corresponda la emisión del certificado de pago del impuesto de timbre y estampilla a que se refiere el numeral 17 del artículo 24 del decreto ley N° 3.475, de 1980, que modifica la ley de timbres y estampillas contenida en el decreto ley N° 617, de 1974 y el certificado no se encuentre vigente o no haya sido entregado al nuevo proveedor, este último podrá solicitar un nuevo certificado de pago de impuesto de timbre y estampilla directamente al proveedor inicial, sin costo para el cliente.

La facultad que tiene el nuevo proveedor para solicitar los referidos certificados se entenderá revocada al término de la vigencia de la solicitud de portabilidad, cuando el cliente haya rechazado la oferta de portabilidad, se haya retractado de la aceptación de la oferta de portabilidad o cuando se hayan realizado todos los pagos correspondientes de conformidad a la respectiva oferta de portabilidad debidamente aceptada.

Artículo 23.- Reglamento de portabilidad. Un reglamento dictado por los Ministerios de Hacienda y de Economía, Fomento y Turismo, podrá establecer las formas, condiciones, requisitos y plazos relativos a las notificaciones, comunicaciones, solicitudes, aceptaciones, o comprobantes de pago que deban emitirse en virtud de un proceso de portabilidad financiera, sin perjuicio de las demás especificaciones que señale la ley.

Artículo 24.- Irrevocabilidad. En el caso de obligaciones caucionadas con una garantía real con cláusula de garantía general, el mandato que el cliente otorgue al nuevo proveedor para el pago o término de dichas obligaciones con motivo del proceso de portabilidad financiera, tendrá el carácter de irrevocable hasta el pago de todas las obligaciones que procedan o hasta el incumplimiento de parte del nuevo proveedor de las obligaciones que establece esta ley.

Artículo 25.- Excepciones a la aplicación de esta ley. La subrogación no aplicará a los créditos otorgados bajo la modalidad de bonos hipotecarios o letras de créditos hipotecarios, como tampoco respecto de créditos que hayan sido otorgados al cliente por más de un proveedor inicial.

Artículo 26.- Tratamiento de datos personales. Los tratamientos de datos personales que se realicen en virtud de esta ley deberán cumplir con las disposiciones de la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada.

Los proveedores deberán implementar las medidas necesarias para garantizar la seguridad en el tratamiento de datos, con especial resguardo respecto a los fines para los cuales su titular autorizó su tratamiento.

El que maliciosamente hiciere uso de los instrumentos falsos a que se refiere este artículo, será castigado como si fuere autor de la falsedad.

Por su parte, las infracciones a lo dispuesto en esta ley en que incurran proveedores iniciales o nuevos proveedores serán sancionadas conforme a lo establecido en el artículo 17 K y el Título IV de la ley N° 19.496 y las demás normas que correspondan.

Artículo 28.- Norma de protección de los derechos de los consumidores. Para efectos del artículo 58 de la ley N° 19.496, esta ley se considerará como una norma de protección de los derechos del consumidor. La referida ley N° 19.496 se aplicará supletoriamente a esta ley, en todo lo que no sea contrario a las disposiciones de ésta última.

Artículo 29.- Normas de publicidad. Al momento de efectuar la solicitud, el nuevo proveedor deberá informar los derechos y obligaciones que tienen el cliente y el proveedor en un proceso de portabilidad. El reglamento determinará las formalidades y requisitos de esta comunicación resguardando su fácil comprensión.

TÍTULO V.

MODIFICACIONES A OTROS CUERPOS NORMATIVOS.

Artículo 30.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores:

1)Agrégase la siguiente oración al final de la letra g) del inciso primero del artículo 17 B:

“Lo anterior será sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley sobre Portabilidad Financiera.”.

2)Modifícase el artículo 17 D del siguiente modo:

a)Reemplázase su inciso primero por los siguientes incisos primero, segundo, tercero cuarto y quinto, nuevos:

“Artículo 17 D.- Los proveedores de servicios financieros pactados por contratos de adhesión deberán entregar al respectivo consumidor, dentro del plazo de 3 días hábiles contado desde que éste lo solicite, un certificado de liquidación para término anticipado. El certificado podrá ser solicitado presencialmente o de manera remota al respectivo proveedor de productos o servicios financieros pudiendo requerir que se entregue de manera física o virtual.

Este certificado deberá contener a lo menos la siguiente información relativa a cada uno de los productos o servicios financieros vigentes, según corresponda:

a) Plazo;

b) Valor total del servicio;

c) Indicar si corresponde a deuda rotativa;

d) Monto de crédito disponible y efectivamente utilizado;

e) Tipo y tasa de interés;

f) La carga anual equivalente;

g) Valor de última cuota vencida;

h) Garantías reales otorgadas, especificando su otorgante, datos de inscripción, datos de escritura, en caso de haber sido otorgada por escritura pública, y si contienen cláusulas de garantía general;

i) Monto total a pagar para poner término al producto o servicio financiero según la fecha de pago, incluyendo la respectiva comisión de prepago, si corresponde; y

j) La demás información que determine el reglamento.

Adicionalmente, el certificado deberá contener el monto total a pagar para ponerle término a la totalidad de los productos o servicios financieros y las obligaciones referidas, según la fecha de pago, incluyendo la respectiva comisión de prepago, si corresponde, la fecha de emisión y de vigencia del certificado, la que no podrá ser menor a 30 días corridos, la forma en que el proveedor desea ser notificado y la información necesaria para realizar el pago en caso de iniciarse un proceso de portabilidad financiera o refinanciamiento. El contenido, los requisitos y la presentación de dicho certificado se determinarán en los reglamentos que se dicten de acuerdo al artículo 62.

Sin perjuicio de lo anterior, el consumidor podrá solicitar el referido certificado respecto de solo un producto o servicio financiero determinado.

b)Modifícase el actual inciso cuarto, que ha pasado a ser el noveno, en el siguiente sentido:

ii.Reemplázase la expresión “dichos créditos”, por “dichos productos y servicios financieros”.

iii.Reemplázase la palabra “diez”, la primera vez que aparece, por la palabra “cinco”.

iv.Reemplázase la palabra “diez”, la segunda vez que aparece, por la palabra “tres”.

c)Intercálase, entre su actual inciso decimosegundo, que ha pasado a ser el decimoséptimo, y su actual inciso decimotercero, que ha pasado a ser el decimoctavo, el siguiente inciso, nuevo:

“Los proveedores de créditos que soliciten una tasación o estudio de títulos de un bien sobre el cual se constituirá una garantía en su beneficio deberán entregar al consumidor que solicitó el crédito, los respectivos informes de tasación y estudio de títulos del bien, según corresponda. La entrega de dicha documentación deberá realizarse de manera física o virtual, conforme a lo solicitado por el consumidor. Asimismo, el consumidor podrá realizar la referida solicitud de manera presencial o remota.”.

3)Reemplázase en el actual artículo 17 K, la expresión “17 B a 17 J y de”, por “17 B a 17 J, el artículo 17 M, y en”.

4)Incorpórase el siguiente artículo 17 M, nuevo:

Artículo 31.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 24 del decreto ley N° 3.475, de 1980, que modifica la ley de timbres y estampillas contenida en el decreto ley N° 617, de 1974:

1)Reemplázase, en su numeral 11, la expresión “Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras”, por la expresión “Comisión para el Mercado Financiero”.

2)Reemplázase, en su numeral 16, la expresión “Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras”, por la expresión “Comisión para el Mercado Financiero”.

3)Modifícase su numeral 17 en el siguiente sentido:

b)Modifícase su párrafo séptimo en el siguiente sentido:

i.Intercálase, entre la expresión “la resolución” y el punto seguido “.”, la frase “, la cual en ningún caso podrá ser menor a 15 días hábiles”.

Artículo 32.- Intercálase en el numeral 2) del Artículo Noveno de la ley N° 20.416, que Fija Normas Especiales para las Empresas de Menor Tamaño, entre la expresión “en favor de los consumidores por” y la expresión “la ley N° 19.496”, la siguiente oración “la Ley sobre Portabilidad Financiera y”.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS.

Artículo primero transitorio.- Esta ley entrará en vigencia transcurridos 90 días desde su publicación en el Diario Oficial.

Artículo segundo transitorio.- El reglamento establecido en el artículo 23 de la presente ley deberá dictarse dentro de los 45 días siguientes a la fecha de su publicación.

Artículo tercero transitorio.- Con excepción de los numerales 3) y 4) del artículo 30, esta ley se aplicará tanto a los productos y servicios financieros que se encuentren vigentes a la fecha señalada en el artículo anterior, como a los que se contraten con posterioridad a ésta.”.”.

Sala de la Comisión, a 23 de octubre de 2019.

Tratado y acordado en sesiones de fecha 24 de septiembre y 1,3, 8 y 15 de octubre de 2019, con la asistencia de la y los diputados señores Boris Barrera, Alejandro Bernales, Sofía Cid, Renato Garín, Harry Jürgensen, Joaquín Lavín, Miguel Mellado, Jaime Naranjo, Rolando Rentería, Alexis Sepúlveda, Raúl Soto, Enrique Van Rysselberghe y Pedro Velásquez (Presidente).

La diputada señora Sofía Cid fue reemplaza por el diputado señor Sebastián Torrealba.

El diputado señor Rolando Rentería fue reemplazado por el diputado señor Gustavo Sanhueza.

El diputado señor Enrique Van Rysselberghe fue reemplazado por el diputado señor Cristhián Moreira.

Asiste además el diputado señor Andrés Molina.

ALVARO HALABI DIUANA

Abogado Secretario de la Comisión

1.3. Discusión en Sala

Fecha 28 de octubre, 2019. Diario de Sesión en Sesión 97. Legislatura 367. Discusión General. Se aprueba en general y particular.

REGULACIÓN DE PORTABILIDAD FINANCIERA (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 12909-03)

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que regula la portabilidad financiera.

Diputado informante de la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo es el señor Joaquín Lavín .

Antecedentes:

-Mensaje, sesión 69ª de la presente legislatura, en miércoles 4 de septiembre de 2019. Documentos de la Cuenta N° 1.

-Informe de la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Protección de los Consumidores y Turismo, sesión 95ª de la presente legislatura, en jueves 24 de octubre 2019. Documentos de la Cuenta N° 24.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor LAVÍN (de pie).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo, vengo en informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, iniciado en un mensaje de su excelencia el Presidente de la República, con urgencia calificada de “suma”, que regula la portabilidad financiera.

La idea matriz del proyecto es modificar diversos textos legales con el propósito de crear y regular un procedimiento de portabilidad financiera que permita otorgar las facilidades necesarias a los consumidores, tanto personas naturales como microempresas y pequeñas empresas, para que puedan cambiarse de proveedores financieros, y así obtener la contratación de productos o servicios financieros en condiciones más favorables con un nuevo proveedor.

En suma, a través del proceso de portabilidad financiera se procura que exista una mayor facilidad para cambiarse de proveedor financiero y que haya más competencia entre ellos, generando así mejores condiciones para el consumidor.

El proyecto no contiene normas de carácter orgánico constitucional o de quorum calificado.

Fue aprobado en general por unanimidad. Votaron a favor la diputada señora Sofía Cid y los diputados señores Alejandro Bernales , Harry Jürgensen , Joaquín Lavín , Miguel Mellado , Cristhian Moreira , Rolando Rentería , Alexis Sepúlveda y Pedro Velásquez .

El proyecto consta de 31 artículos permanentes y de 3 transitorios.

A través de los artículos 1 al 28 se consagra una nueva institucionalidad que crea y regula la portabilidad financiera.

El artículo 29 modifica la ley Nº 19.496, que Establece Normas sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, para adecuarla a la nueva institucionalidad de portabilidad financiera.

El artículo 30 modifica la ley de timbres y estampillas, y se reemplaza la expresión “Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras”, por la de “Comisión para el Mercado Financiero”.

Mediante el artículo 31 se modifica la ley Nº 20.416, que fija normas especiales para las empresas de menor tamaño, en orden a hacer aplicable la ley sobre portabilidad financiera a los actos y contratos celebrados entre los microempresarios y pequeños empresarios y sus proveedores.

En la discusión y votación particular, el contenido del mensaje fue objeto de numerosos cambios consensuados, a través de indicaciones parlamentarias, apoyadas de manera transversal, con miras a mejorar y perfeccionar la propuesta que regula la institucionalidad de portabilidad financiera.

A continuación, se exponen someramente las principales modificaciones introducidas.

En las definiciones, la definición de proveedor establece que no basta con que solo se cumpla con las condiciones para que una institución coloque fondos de manera masiva, sino que esta también debe tener el otorgamiento de crédito como giro.

En la solicitud de portabilidad se explicita que solo el cliente puede presentar la solicitud de portabilidad, y se incorpora un nuevo inciso tercero para efectos de permitir que se solicite el refinanciamiento de créditos rotativos, sin que sea necesario solicitar el bloqueo de dichos productos.

Sobre la contratación de productos y servicios financieros, se mejora el proceso de portabilidad de crédito rotativo, de manera de dar certeza al nuevo proveedor respecto de la deuda total a pagar y de dejar al cliente el menor tiempo posible sin productos, señalando que el nuevo proveedor deberá tener habilitados los nuevos productos a más tardar al día siguiente hábil contado desde la notificación.

Acerca de la portabilidad financiera con subrogación, se adecua la redacción para que no quede duda de que los fondos del nuevo crédito, específicamente los excedentes, pueden usarse para el pago de otros créditos, independientemente del porcentaje que representen dentro del crédito.

Sobre el monto del nuevo crédito, se consagra explícitamente que independiente del límite del monto del nuevo crédito, el cliente y el nuevo proveedor siempre podrán acordar la celebración de créditos adicionales, constituyendo nuevas garantías sobre el bien que garantizaba el crédito inicial. Esto sucederá, por ejemplo, cuando el bien ha aumentado su valor con respecto al valor que tenía en la fecha en que se otorgó el crédito inicial.

Sobre los cargos o derechos, como el monto del nuevo crédito está limitado al capital inicial, nunca podrá considerarse como que hay una modificación -aumento- al capital del crédito. Por lo tanto, nunca se cobrará recargo para el nuevo crédito.

Se agrega un nuevo artículo, que pasa a ser 29, que es una norma de publicidad que obliga a los proveedores a informar a los clientes los derechos y obligaciones que tienen el cliente y el proveedor en un proceso de portabilidad.

En su artículo primero transitorio se rebaja de 120 a 90 días el plazo de entrada en vigencia de esta ley en proyecto.

El artículo segundo transitorio disminuye de 180 a 45 días el plazo para dictar el reglamento que hará operativa esta futura ley.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto.

Tiene la palabra el diputado Jorge Alessandri .

El señor ALESSANDRI.-

Señor Presidente, el proyecto que nos convoca hoy es sencillo y ha sido muy bien sintetizado en el informe que acaba de leerse.

Básicamente, las personas van a poder cambiarse de banco con mucha mayor facilidad que en la actualidad, con menos trámites, con más rapidez y reduciendo los costos del crédito.

Hoy, más del 90 por ciento de las familias chilenas están endeudadas con algún tipo de instrumento financiero. Las que más sufren son aquellas que no tienen acceso al mercado bancario, por lo que tienen que endeudarse con las tarjetas del retail, es decir, con aquellas que cobran más de diez veces los intereses de una tarjeta bancaria.

Gracias a este proyecto, en pocos días más las personas van a poder llevar sus créditos de consumo, sus créditos hipotecarios y las deudas de su tarjeta de crédito a otros bancos de la competencia, manteniendo las mismas garantías. Ya no va a ser el cuentacorrentista quien va a estar persiguiendo a su ejecutivo para lograr un refinanciamiento de tasas o persiguiendo a su banco para que le dé mejores condiciones, sino que van a ser los bancos los que van a ir a tocarle la puerta al cliente y le van a ofrecer mejores condiciones.

Esto cambia la carga de la rebaja, y todos sabemos lo importante que puede ser para una familia reducir el costo de la cuota mensual. En promedio, una familia en Chile destina el 25 por ciento de sus ingresos a pagar créditos.

Todos habrán leído últimamente en la prensa que, debido a las rebajas de tasas del Banco Central, muchas personas han ido a repactar sus créditos hipotecarios, a bajar su cuota mensual de 300.000 pesos a 220.000 pesos.

¿Cuál es el banco que menos créditos hipotecarios ha repactado? El BancoEstado. Hoy tiene 680.000 créditos hipotecarios, y es el banco que menos créditos ha repactado y el que lo ha hecho más lento.

Las personas que optan a un crédito hipotecario en el BancoEstado no son necesariamente las de más altos ingresos; por el contrario, frecuentemente son aquellas personas que con mucho esfuerzo pagan su cuota, que alcanza al 25 por ciento de sus ingresos, y a veces más.

La modificación de la ley significará que el BancoEstado va a tener que “ponerse las pilas” y salir a bajarles las tasas a sus clientes, porque de lo contrario se va a quedar sin cartera. Los otros bancos lentamente van a levantarles sus clientes con mejores propuestas.

En 2011, cuando aprobamos la portabilidad de los números de teléfonos celulares, las cuentas bajaron un 85 por ciento. Antes, especialmente en los años 90, las cuentas de teléfonos celulares eran extremadamente caras, y había todo tipo de amarres para que uno no se pudiera ir de la compañía.

Estoy seguro de que esta normativa provocará que baje el costo de los créditos y significará un alivio directo no solamente a los 680.000 personas que tienen un crédito hipotecario con el BancoEstado, sino también al 90 por ciento de las familias chilenas que destinan el 25 por ciento o más de sus ingresos al pago de tarjetas, de créditos hipotecarios y de créditos de consumo.

Doy una alerta a los operadores de tarjetas del retail, que, a nuestro juicio, están abusando de sus clientes, pues cobran intereses absolutamente desproporcionados e imponen cláusulas abusivas que no permiten el prepago.

Quiero que el Parlamento entienda, de una vez por todas, que el retail es una industria que debe entrar en la competencia, pero modernizarse. Hoy hay aplicaciones llamadas fintech que permiten buscar financiamiento en otros lugares, más económicos y sin amarres.

¡Viva la competencia, especialmente cuando va en beneficio de los ciudadanos comunes y corrientes de nuestro país!

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Naranjo .

El señor NARANJO.-

Señor Presidente, a algunos les sorprenderá la rapidez con que actuó la Comisión de Economía sobre esta materia. Lo hizo porque vio la enorme trascendencia e importancia de este proyecto, partiendo de la base de que las tasas de interés se encuentran en niveles bajísimos. Eso nos motivó a dar al proyecto un trámite excesivamente rápido, porque hay que aprovechar el fondo, significado y objetivo de la portabilidad financiera y hacerla coincidir con las tasas de interés que operan en el mercado.

El objetivo de la iniciativa es facilitar de manera expedita que cualquier persona que mantenga préstamos de cualquier naturaleza pueda buscar nuevas oportunidades o nuevos ofertantes para mejorar las condiciones del crédito que ha solicitado. Hoy, ese trámite no solo es tremendamente engorroso, sino que tiene un alto costo. La gran virtud de la iniciativa es que se facilita el proceso de cambio y, además, permite hacerlo con un costo bastante menor. Claramente, esto es una gran ayuda para los pequeños empresarios, las pymes, los deudores hipotecarios, etcétera.

Por otra parte, se establecen procedimientos bastante sencillos para, por ejemplo, pedir certificados de liquidación a la institución financiera con la cual se tiene deuda, efectuar la solicitud de portabilidad a otra institución, buscar ofertas de distintas instituciones financieras que permitan, de acuerdo a los antecedentes que tengan del solicitante; acceder a un nuevo sistema financiero, aceptar la oferta y contratar los nuevos productos o servicios financieros.

Repito: se ha establecido un procedimiento relativamente simple y claro que permitirá que cualquier persona que a lo mejor no tiene mucha familiaridad con el sistema financiero, haga estos trámites y acceda de manera rápida y sencilla a un crédito bastante más barato que el que tiene hoy.

Hago una sola observación o hincapié respecto de la iniciativa: el proyecto establece un reglamento. Al respecto, todos somos testigos de que muchas veces la elaboración del respectivo reglamento demora seis o siete meses, e incluso más de un año.

Si en paralelo, una vez que el Parlamento apruebe esta iniciativa legislativa, no se despacha rápidamente el reglamento, el proyecto no va a tener ningún sentido y probablemente la portabilidad financiera no va a coincidir con las tasas de interés que hoy operan en el mercado.

Repito: se requiere que el reglamento opere con suma urgencia para hacerlo coincidir con las bajas tasas de interés que hoy operan en el mercado y así facilitar que las personas que hoy se encuentran muy endeudadas y pagando tasas de interés muy altas, accedan a un sistema financiero mucho mejor.

Por todo lo anterior, vamos a aprobar esta iniciativa.

Ojalá que la agenda social que el gobierno pretende impulsar contenga proyectos de esta naturaleza, no iniciativas que no van en la dirección correcta de lo que uno espera aprobar en esta materia.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Mellado .

El señor MELLADO (don Miguel).-

Señor Presidente, aprovechando las cámaras y este hemiciclo, ya que hablamos de economía, y sabiendo que el gobierno hará lo suyo en el Chile que cambió desde hace unas semanas, llamo a los grandes empresarios de este país a hacer lo suyo. Hubo un empresario que dijo que iba a pagar 500.000 pesos como sueldo mínimo. Le diría al señor Luksic que hable con sus contratistas para que paguen lo mismo a sus trabajadores. Lo propio deberían hacer las grandes forestales, los del retail, etcétera. Hay que hacer la parte que corresponde para humanizar a Chile.

Este proyecto permite que cualquier consumidor, microempresa o pequeña empresa que esté interesado en cambiarse de institución financiera o refinanciar sus créditos solicite a la entidad en la cual es cliente un certificado de liquidación que contendrá la especificación de todos sus productos, junto con la tasa, las comisiones aplicables y el valor que se debe desembolsar para prepagar cada uno de los créditos. El cliente podrá solicitar ese certificado online. Con ese documento, podrá cotizar préstamos y productos en otras entidades crediticias. Si estima que otros le ofrecen condiciones más favorables o, por alguna razón, no está conforme con los servicios que ofrece la institución financiera con la cual mantiene créditos, podrá presentar una solicitud de portabilidad financiera a un nuevo proveedor, solicitando la apertura de productos financieros y ordenando -si así lo desea- el cierre de los que mantenía vigentes.

El cliente podrá solicitar dicha oferta y, con ello, otorgará un mandato de término al nuevo proveedor para que pague y solicite la cesación de los créditos vigentes al proveedor inicial.

En caso de que el cliente decida cerrar algunos o todos los productos que mantiene vigentes con su acreedor, será el nuevo proveedor financiero el que, a través del referido mandato de término, deberá pagar la deuda con fondos de los nuevos productos y notificar al proveedor financiero del cierre de productos, debiendo este último proceder a ello en el plazo de cinco días hábiles de efectuada la notificación.

¿Cuáles son los beneficios?

Disminución de tiempo.

En la actualidad, cambiar de proveedor financiero resulta un proceso largo y complejo. Primero existe un periodo de cotización o negociación y después sobreviene el proceso de cambio de proveedor, el cual variará dependiendo del tipo de producto y servicios financieros que se pueden refinanciar.

Uno de los productos financieros que toma más tiempo para cambiar es el crédito hipotecario. En la actualidad, cambiar un crédito hipotecario de un banco a otro implica un tiempo aproximado de 75 días hábiles. Ese tiempo contempla, primero, un plazo para entregar el certificado de liquidaciones; segundo, un plazo de negociación entre el cliente y el nuevo banco; tercero, un plazo para que el acreedor realice un estudio de título y tasación; cuarto, un plazo para que el acreedor prepare el borrador de escritura del nuevo crédito; quinto, un plazo para la carta de resguardo; sexto, un plazo para la firma de la escritura, y, séptimo, un plazo para gestionar trámites en el conservador de bienes raíces.

Este proyecto de ley disminuye el plazo para cambiar créditos hipotecarios de un banco a otro, principalmente en lo que respecta al tiempo que implica la carta de resguardo enviada por el nuevo proveedor financiero y los trámites que deben realizarse ante el respectivo conservador de bienes raíces.

La disminución de plazos se produce en virtud de la creación de una figura especial de subrogación, mediante la cual un crédito nuevo subroga a un crédito inicial que se paga, pasando la garantía de este último a beneficiar al nuevo crédito y al nuevo acreedor, para que la referida subrogación ocurre de pleno derecho. Al crear esta figura, ya no se hace necesaria la carta de resguardo, pues el nuevo proveedor financiero ya no necesita comprometerse a pagar la deuda, una vez que alce las respectivas hipotecas, como lo señalan las cartas de resguardo, pues la hipoteca pasará a beneficiar al nuevo proveedor financiero de pleno derecho, desde que se pague el crédito…

-Manifestaciones en las tribunas.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

¡Por favor!

(Manifestaciones en las tribunas)

¡Salgan de la sala, por favor!

(Manifestaciones en las tribunas)

¡Salgan, por favor!

(Manifestaciones en las tribunas)

Voy a suspender la sesión para que desalojen a las personas de las tribunas.

(Manifestaciones en las tribunas)

Tienen todo el derecho a expresarse, pero, por favor, salgan de la sala. Se suspende la sesión.

-Transcurrido el tiempo de suspensión:

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Continúa la sesión.

Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra la diputada Karol Cariola .

La señorita CARIOLA (doña Karol) .-

Señor Presidente, me parece insólito que usted, frente a una manifestación pacífica, de manera inmediata, haga sonar los timbres, para que los carabineros desalojen a las personas de las tribunas.

Hasta ahora eso no había pasado. No entiendo por qué, cuando la ciudadanía se está movilizando y aquí vienen personas a manifestar una posición, y lo hacen pacíficamente una sola vez, pero usted, de manera inmediata, ordenó el desalojo.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Diputada Cariola , fue en uso de mis atribuciones.

La señorita CARIOLA (doña Karol) .-

Señor Presidente, me parece insólito.

Quiero decir que estoy absolutamente en desacuerdo con la decisión que tomó. No corresponde que aquí se trate a las personas de esa manera y que cada vez que haya ciudadanos en las tribunas sean desalojados a la primera oportunidad en que se manifiestan. ¿Qué costumbres se le están pegando, Presidente?

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Diputada, tiene todo el derecho a estar en desacuerdo, pero yo estoy conduciendo la sesión y tengo la atribución de evaluar si esta puede continuar con la intervención de las personas en las tribunas.

-Manifestaciones en la Sala.

El señor ALINCO.-

Presidente, pido la palabra.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Mellado , para continuar su intervención.

El señor ALINCO.-

¡Presidente!

-Manifestaciones en la Sala.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Colegas, por favor, intentemos que esta sesión, en que se está discutiendo un proyecto de ley relevante, siga su curso normal. Hay diputados inscritos para hacer uso de la palabra y luego se procederá a la correspondiente votación. Tiene la palabra el diputado Alinco .

El señor ALINCO.-

Señor Presidente, tal vez lo que le voy a preguntar no es muy relevante, pero para mí es importante.

A nuestros asesores no los dejan estar en las tribunas. No sé quién dio esa orden. No estoy hablando de visitas…

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Diputado Alinco ,…

El señor ALINCO.-

¡Pero déjeme hablar, señor Presidente!

¡La costumbre que tienen los famosos secretarios de empezar a cuchichear enseguida!

Mis asesores están inscritos, son funcionarios de este Congreso y no los dejan estar en las tribunas.

Además, solidarizo con lo que dijo la diputada Karol Cariola . ¿Cómo es posible que una persona aplauda, dé un par de gritos y enseguida se tenga que ir de las tribunas? ¡Supuestamente, este es el templo de la democracia! ¡A dónde vamos a llegar!

Chile se está despedazando y usted está preocupado por este proyecto.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Estoy preocupado por este y por todos los proyectos que sean discutidos y votados en esta Sala, diputado Alinco . Es nuestro rol.

El señor ALINCO.-

¿Quién dio la orden para que nuestros asesores no ingresen a las tribunas?

El señor AUTH (Vicepresidente).-

No es una decisión que haya tomado yo, diputado.

El señor ALINCO.-

¿Quién fue?

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Por lo tanto, para efectos de esta sesión, al menos mientras yo la esté conduciendo, pueden ingresar los asesores…

El señor ALINCO.-

Pregúntele al Secretario.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Déjeme terminar, diputado Alinco .

El señor ALINCO.-

Pregúntele al Secretario; él lo sabe.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Pueden ingresar los asesores.

Cada diputado se hará responsable del comportamiento de sus asesores. Por lo menos mientras yo esté conduciendo la sesión, los asesores tienen la libertad de ingresar a las tribunas, diputado Alinco , incluidos los suyos.

Tiene la palabra la diputada Carmen Hertz .

La señora HERTZ (doña Carmen).-

Señor Presidente, quiero consultar quién dio la orden del desalojo de quienes se manifestaban en las tribunas.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Señora diputada, si se refiere a la salida reciente, fue público y notorio que la di yo.

Ahora, si se refiere a la decisión sobre la presencia de los asesores en las tribunas, fue tomada por el Presidente en la sesión anterior respecto de esta y de las sesiones sucesivas. Yo ya he dado mi opinión.

Para terminar con su intervención, tiene la palabra el diputado Miguel Mellado .

El señor MELLADO (don Miguel).-

Señor Presidente, agradezco que haya puesto orden en la Sala.

Este proyecto va en directo beneficio de la gente que está endeudada en distintos lugares de Chile, tanto si ha comprado un vehículo y quiere traspasar la deuda a un banco o si tiene un crédito hipotecario en una institución determinada y quiere traspasarlo a otra institución. Estas son las medidas sobre las que tenemos que legislar rápido. Por eso es urgente que aprobemos este proyecto, para que vaya al Senado y finalmente se convierta en ley de la república.

Finalmente, anuncio que aprobaremos este muy buen proyecto.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Joanna Pérez .

La señora PÉREZ (doña Joanna).-

Señor Presidente, sin duda, hoy el cambio de gabinete demuestra dos cosas claras: había que hacer cambios en lo político-institucional y en lo que se ha conversado sobre avanzar hacia una nueva Constitución. Se requieren cambios institucionales, se requiere dar señales desde el Congreso, como bajar las dietas y disminuir las reelecciones; incluso, algunos señalan que es necesario volver al voto obligatorio. Hay muchas propuestas que, sin duda, son necesarias.

Y también, por cierto, se requieren cambios en lo económico, porque este gobierno claramente estaba equivocado. Se necesitaba una mirada especial en lo que también han denunciado muchos y que tiene que ver con los abusos, con la colusión y con la concentración económica.

Este proyecto quizás venía leyendo, en cierta medida, lo que sentía la gente. Desde ese aspecto, lo valoro, porque no solo está pensado para las personas, lo que es muy importante, sino también para las pymes, que es un espacio donde la bancada de la Democracia Cristiana ha querido poner el acento. Se estaba pidiendo a gritos que las pymes también fueran consideradas en la portabilidad.

Estamos ante un proyecto, iniciado en mensaje y presentado en septiembre de este año, cuya tramitación se realizó en forma bastante rápida. Por ello valoro lo que hizo la Comisión de Economía.

Ahora, el proyecto busca facilitar el cambio de créditos entre una institución financiera y otra, de acuerdo con la conveniencia de los usuarios, ya sean personas naturales o pequeñas o microempresas, de manera que puedan abaratar y ordenar sus obligaciones crediticias. En principio, esto me parece una buena noticia, pero es más complicado que presentarlo como si se tratara de la portabilidad de un número telefónico o de una línea de celular. En el proceso de transferencia entre una fuente de financiamiento y otra hay un costo que aún no se conoce. Se nos dice que en la actualidad este tipo de transferencia tiene un costo promedio de 600.000 pesos y que demora dos meses y medio. Con las nuevas normas, se reducirían los costos y los tiempos, pero no se sabe con certeza cuál es el ahorro que se obtendría. ¿Por qué? Porque sabemos que existe una caja negra que tiene que ver, una vez más, con los abusos, en este caso de las notarías y de los bancos en relación con los trámites, los procedimientos y la burocracia. Es a ello a lo que también debemos apuntar.

Sabemos que dos tercios y más de los hogares chilenos mantienen alguna deuda y que su pago consume entre el 25 y el 50 por ciento de los ingresos familiares. Si esta iniciativa ayuda a reducir esta situación de angustia que viven tantos de nuestros compatriotas, bienvenida sea. Pero si se trata de perpetuar la condición de endeudamiento de las personas, habría que buscar la forma de garantizar que se cumpla efectivamente con el rol social que deben tener las leyes, especialmente en el marco del descontento popular por las desigualdades al interior de nuestra sociedad. En este sentido, llama la atención que el proyecto reserve a un reglamento posterior la facultad de establecer condiciones y requisitos adicionales -lo dijo el colega Naranjo - a los que se señalaban en este cuerpo legal. Con los reglamentos no hemos tenido la mejor de las experiencias, pues muchas veces han sido elaborados a espaldas del Poder Legislativo. Tenemos que ser específicamente cuidadosos en esta materia, con el fin de no generar expectativas para después, con una ley que intenta ser buena, defraudar a los consumidores, porque en el reglamento y en las medidas administrativas se abusa de esa facultad. Por ello, debemos ser cuidadosos, especialmente en un aspecto tan delicado como es el endeudamiento de las personas y de las mipymes.

Se han tratado de hacer cosas positivas en esta línea, como el proyecto que presentó el senador Ossandón , que limita la responsabilidad de los usuarios de tarjetas de crédito, que hoy está en la Comisión Mixta. Llevamos casi tres meses paralizados en esa instancia, porque no hemos podido sacar adelante el proyecto. Si bien contiene elementos positivos, hoy existe la posibilidad de que un juez decida que no se pague, porque basta con que se presente o se diga que se tiene alguna posibilidad de alguna prueba, sin presentarla, y no hay una decisión de un juez que lo acredite. Solo basta que el banco diga que no va a pagar. Ese es otro asunto que debemos revisar.

En relación con el proyecto en discusión, obviamente lo voy a apoyar. Creo que hoy tenemos muchas más posibilidades de revertir esa desconfianza que hoy nos está señalando la gente en las calles y cuya solución pasa también por medidas económicas.

Por ello, celebro que se haya cambiado al ministro. Espero que pueda entender cuáles son las prioridades: romper la desconfianza, eliminar la concentración económica, la colusión y la desigualdad económica, sobre la base de dar mejores y más funciones a la superintendencia, pero a una superintendencia que realmente proteja los intereses de los consumidores.

Por lo tanto, anuncio que voy a apoyar este proyecto, pero voy a estar expectante, porque en cualquier espacio de este mismo Congreso las leyes se desvirtúan -por eso la gente no cree-, como también sucede en el espacio del Poder Ejecutivo.

Es un compromiso país sacar mejores leyes, tanto desde el Congreso como también desde la autoridad de gobierno en lo administrativo.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Molina .

El señor MOLINA.-

Señora Presidenta, lo que propone esta iniciativa es una gran noticia para nuestra clase media. Por eso, en nombre de Evópoli, agradezco al Presidente de la República que haya hecho presente la urgencia de “discusión inmediata”. Lo digo, porque en la última conversación que sostuvimos con él, hace aproximadamente un mes y medio, planteamos una serie de medidas en materia financiera que considerábamos urgentes.

Una de las aristas del proyecto, entre varias que contiene, obligará a los bancos a dejar la comodidad de que gozan en la actualidad y tener que comenzar a competir para ofrecer mejores garantías a sus clientes.

La industria de la banca está conformada por catorce o quince actores, pero curiosamente todos ganan, a todos les va bien. La explicación técnica de esa situación es que el país de esa manera tiene estabilidad.

También se señala que como esta es una industria que sufrió, que tiene un pasado que obligó al Estado a reaccionar y a tener que pagar para ir en su ayuda, el precio de esa estabilidad normalmente la pagan los más necesitados, los más vulnerables, aquellos que durante estos días se han manifestado. Ellos son los que han estado pagando la estabilidad que explica que todos los bancos ganen y que no podamos someterlos a una situación que les genere algún tipo de problema o de estrés.

Lo que propone este proyecto es muy positivo, puesto que permite ir en ayuda de los consumidores mediante el establecimiento de normas que facilitarán a las personas y a las microempresas y pequeñas empresas cambiar de un proveedor de servicios financieros a otro. Para ello se dispone, entre otras cosas, la emisión de un certificado de liquidación para término anticipado regulado según las normas sobre protección de los derechos de los consumidores.

Por lo tanto, la estructura que se propone a través de esta iniciativa permitirá que los créditos hipotecarios no se encuentren cautivos en una entidad bancaria.

Debido a la imposibilidad de movilidad de los clientes, los bancos, en muchos casos, les prestan plata a corto plazo, con tasas muy altas, mecanismo a través del cual, a mi entender, se les provoca el mayor daño, porque las diferencias que se producen son enormes. Así, por ejemplo, si alguno de nosotros solicita a un banco un crédito a treinta días, este seguramente se lo otorgará con un interés mensual que puede llegar incluso hasta el 0,25 por ciento, pero a un ciudadano que se encuentra de la puerta de esta Sala para afuera, el banco le va a prestar a una tasa de interés mensual muy distinta, que tal vez puede llegar al 1,6 por ciento. Es decir, estamos hablando de diferencias, por el mismo producto, que en algunos casos puede alcanzar, aproximadamente, hasta el 700 por ciento, lo que constituye una vergüenza.

¿Por qué sucede eso? Porque muchos bancos prestan a corto plazo porque cuentan con la garantía hipotecaria, con lo cual terminan, por decirlo de algún modo, de matar a los clientes.

Lo que propone este proyecto permitirá a las personas facilitar el cambio de institución financiera y negociar sus créditos hipotecarios con la entidad bancaria que les resulte más conveniente.

La realidad financiera de muchas familias de nuestro país representa un problema grave. Tal como aquí se ha dicho, el dividendo de un crédito hipotecario no debiera superar el 25 por ciento del sueldo de una persona, pero como generalmente está llena de otras deudas, como las contraídas con casas comerciales y otros bancos y entidades financieras, lo habitual es que cada persona destine más del 50 por ciento de sus ingresos para el pago de deudas financieras.

El proyecto en debate, que espero cuente con un amplio respaldo para su aprobación, establece un plazo de cuarenta días para la elaboración del reglamento de portabilidad que posibilitará operativizar la ley. ¿Por qué es importante que la iniciativa sea aprobada con prontitud? Porque hoy tenemos las tasas más bajas de la historia de nuestro país, y la pronta entrada en vigencia de la ley permitirá a muchas personas de clase media facilitar el traslado de su crédito a una entidad financiera que le ofrezca mejores tasas, una cuota más baja o efectuar una renegociación con su actual banco con mantención de la cuota y la inyección de recursos frescos. Así, al ir a pactar con alguna entidad bancaria puede recibir algunos recursos, que quizás no son tan pocos, y seguir pagando la misma cuota, con el mismo plazo, porque la tasa de interés bajó, o puede bajar su cuota y mantener el mismo crédito, el mismo monto.

En consecuencia, creo que es muy importante lo que propone este proyecto, porque a partir de su entrada en vigencia serán los clientes los que comenzarán a presionar a los bancos que los han apretado toda la vida. Por lo menos, vamos a hacer que esa persona se siente frente al ejecutivo y le diga: “Bueno, señor, ahora le toca a usted bajarse algún tipo de vestimenta al frente mío.”.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Pedro Velásquez .

El señor VELÁSQUEZ (don Pedro).-

Señora Presidenta, este proyecto, presentado por el ministro de Hacienda, señor Larraín , que hoy ha dejado su cargo, es especialmente importante para la clase media del país, porque tiene por objeto terminar con los impedimentos de que es objeto mucha gente que es cliente de un banco y que desea cambiarse a otro que otorga créditos hipotecarios con tasas de interés más bajas. Esta iniciativa ayudará a las personas a efectuar el cambio de institución financiera, porque al eliminar las reglas establecidas facilitará la tramitación respectiva, terminará con las largas esperas y disminuirá los costos.

En resumidas cuentas, este proyecto hará posible que los ciudadanos puedan vitrinear, por decirlo de algún modo, entre los distintos bancos, a fin de determinar cuáles son los que ofrecen mejores condiciones, mayores plazos y menores intereses en los créditos hipotecarios y de consumo, entre otros productos.

Eso se puede lograr cuando existe voluntad política para hacerlo, tal como lo demostró el anterior ministro de Hacienda, quien colaboró personalmente para que este proyecto fuera tramitado con rapidez.

Los distintos expertos que concurrieron a la comisión técnica en que se trató la iniciativa compartieron que era necesario que la banca tuviese movilidad, con el objeto de que se iniciara una especie de competencia.

¿Qué quiero rescatar de este proyecto? Que dependerá de cada uno decidir a qué banco se cambia si tiene un crédito hipotecario. En ese sentido, sería muy importante que la misma facilidad que se propone establecer la pudiésemos incorporar en otras instituciones, a fin de que, por ejemplo, la gente tuviera la facilidad de cambiarse de un sistema previsional a otro. ¿Por qué no se puede lograr algo así? ¿Por qué no puede también haber voluntad política para abordar otras materias muy sensibles, respecto de las que el país entero está haciendo un llamado para repensar?

En ese ámbito, quiero destacar que los diputados integrantes de la Comisión de Economía, prácticamente por unanimidad, nos fuimos poniendo de acuerdo en aquella letra chica que era interesante sacar, a fin de dejar un proyecto lo más limpio y transparente posible, y que fuera beneficioso para todos los chilenos.

Hay algo que quiero compartir con uno de nuestros parlamentarios, el diputado Alessandri , en el sentido de que el Banco del Estado, que es el banco del Estado, hoy se rige como un banco más de los tantos que hay y, por tanto, hay que hacerle profundas y necesarias modificaciones.

Ojalá que los nuevos ministros de Economía y de Hacienda puedan entender que Chile necesita un Banco del Estado cuya principal función sea la reactivación de las pymes y los emprendedores, que preste dinero a bajos intereses y que no preste, como ha ocurrido en el pasado, grandes cantidades de dinero, millones de dólares, a empresarios como los Luksic, mientras a los más pequeños les dilata los créditos y no les entrega el dinero que requieren para poder crecer.

Hoy se trata de un Banco del Estado cuyas sucursales, de norte a sur, son cada día más pequeñas por la gran cantidad de tarjetas CuentaRUT existentes y no tienen las comodidades suficientes. Se trata de un Banco del Estado que está haciendo agua en muchos aspectos. Por lo tanto, es conveniente y necesario modificar esta legislación por la cual los chilenos nos vemos, obligadamente en algunos casos, a concurrir a él, mientras que otros bancos, muy parecidos a las clínicas, cuentan con una serie de comodidades y beneficios que no entrega la institución bancaria creada con el objetivo de servir a los chilenos, a aquellos que tienen menos posibilidades de acceder a créditos, lo que no se ha logrado.

Por lo tanto, esperamos y confiamos que los nuevos ministros presenten pronto un proyecto para modificar no solo el sistema económico, sino, por cierto, también al Banco del Estado, que hoy cobra por cada retiro de dinero con las tarjetas CuentaRUT, de 300 a 600 pesos, dependiendo del número de veces que se hagan retiros de las respectivas cuentas por esa vía, situación que afecta especialmente a la gente de los sectores más modestos.

En consecuencia, vamos a aprobar este proyecto.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Cito a reunión de Comités sin suspensión de la sesión.

Tiene la palabra el diputado Alejandro Bernales .

El señor BERNALES.-

Señora Presidenta, este proyecto, como bien se ha señalado, fue trabajado rápidamente en la Comisión de Economía.

Desde ahí, y hablando a la ciudadanía, en el contexto en que estamos, señalo que todos los parlamentarios hemos trabajado incansablemente para tener una serie de agendas relacionadas con la protección de los derechos de los consumidores. Por eso, hace muy pocas semanas aprobamos el proyecto proconsumidor, al cual los parlamentarios de oposición hicimos indicaciones y lo mejoramos, por ejemplo, tocando la industria automotriz, las líneas aéreas, el retail, para acabar con los abusos que cometen contra los consumidores. A la vez, estamos tramitando la iniciativa que elimina el seguro antifraude, que hoy se encuentra en trámite de Comisión Mixta y es importante que llegue rápido de vuelta la Cámara de Diputados. Dicho proyecto busca eliminar tales seguros y ver el tema de los fraudes con tarjetas de crédito.

El proyecto que estamos discutiendo hoy, de portabilidad financiera -lo han dicho algunos colegas-, no solo toca a los bancos, sino que también trata la posibilidad de mover los créditos que una persona tiene, que pueden ser hipotecario, de consumo, automotriz u otros.

En la comisión repetimos incansablemente que hoy las chilenas y los chilenos vivimos ahogados por las deudas. El 66 por ciento de los hogares chilenos tiene deudas, y muchas de ellas, que corresponden a créditos, se van en el pago de intereses y amortizaciones de la banca.

Además, este proyecto no solo nos favorece a todas las personas, sino que también incluye a las pymes, que nos pidieron poner especial atención en apurar su tramitación. Ello, porque hoy muchas pymes ven que, por ejemplo, uno de sus créditos que tienen en un banco les convenía tomarlo con la tasa de interés del banco de al lado, pero las amarras y las dificultades que ponen dichas entidades para que la gente pueda salirse de ellas hacen muy complejo el cambiarse de una institución financiera a otra.

Esta iniciativa, en palabras sencillas, busca generar mayor facilidad, menos trámites y menores costos para los usuarios a la hora de cambiar de banco.

¿Cómo se hará eso? De una manera también muy simple: el banco entregará al cliente un certificado de liquidación, que hoy se consigue solo de manera presencial, pero que con la ley en proyecto será posible pedir a través de internet. Con ese certificado, el cliente podrá ir a otra institución financiera para que le haga una propuesta y se lleve los respectivos créditos.

Se ha dicho que las tasas de interés hoy están muy bajas. Por lo tanto, es importante acelerar la aprobación de este proyecto para que las personas tengan el beneficio de poder cambiar sus créditos de un banco a otro.

Lo más importante en relación con los bancos -en verdad hemos sido muy duros con los bancos- es hacer que se abran a competir. No puede ser que uno se haga cliente de un banco y que después le sea tan difícil salir de él.

Parlamentarios de distintas bancadas han dicho que el rol de BancoEstado debe volver a ser el de antes: el banco para las chilenas y los chilenos; no puede ser que tenga tasas de interés más caras que otro tipo de bancos.

Por lo tanto, lo que hará este proyecto es que entre bancos, entre otras instituciones financieras, puedan ir ofreciendo mejores tasas y productos a sus clientes; en el fondo, que compitan, tal como lo hizo la industria de telefonía. Cuando se estableció la portabilidad numérica se generó una disminución en el costo de los planes porque, al ver las ofertas de las diferentes empresas, las personas empezaron a cambiarse de compañía muy rápidamente y de manera sencilla. Esta iniciativa busca justamente hacer eso con los proveedores financieros.

Se trata de un proyecto sencillo, pero importante para los ciudadanos, porque una vez convertido en ley les permitirá cambiarse de banco con rapidez, de manera simple y, además, a menores costos. Al respecto, muchos de los costos -aquí se viene otro gran tema que hemos conversado acá y en el que debemos seguir profundizando- tienen que ver con los cobros de los notarios. Hoy es muy caro, y depende del crédito hipotecario que uno tenga, si es posible cambiarse de institución acreedora. Esa puede ser una razón para no cambiarse de una institución financiera a otra.

Finalmente, algunos podrían decir -también lo discutimos bastante en la comisión- que los clientes ya hacen el cambio de un banco a otro. Este proyecto regula cómo se hará dicho cambio, facilitando las reglas para que sea en forma eficiente, con menos trámites y a menor costo.

He dicho.

-Aplausos.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Fernando Meza .

El señor MEZA.-

Señora Presidenta, honorable Sala, estamos discutiendo el proyecto de ley sobre portabilidad financiera.

¿De qué se trata esto? Lo diré para que lo entienda la mayoría de los ciudadanos: se trata de dar a la gente que tiene un crédito -sobre todo, hipotecario, al que me referiré- la posibilidad de elegir, de arrepentirse de la entidad financiera con que está trabajando porque le cobra demasiados intereses, y cambiarse a otra con intereses más bajos.

Por lo tanto, estamos hablando de un proyecto de ley que, en alguna medida, aliviará la vida y el bolsillo de la gente que hasta hoy, como hemos visto en las últimas semanas, ha manifestado su tremendo dolor, su gran desesperanza, su frustración, su indignación por las situaciones que todos y todas hemos permitido que escalen hasta los niveles que conocemos.

Por cierto, los bancos han hecho su agosto de manera permanente en Chile. Hace un momento, alguien dijo en la Sala que en el pasado hubo necesidad, incluso, de ir en auxilio de la banca chilena, para sacarla de la crisis en la que estaba sumida, y eso lo pagamos todos los chilenos y chilenas, no obstante lo cual la banca no se ha cansado de estrangular económicamente al pueblo de Chile.

Este proyecto permite agilizar los trámites para, por ejemplo, cambiar de banco el crédito hipotecario que uno tiene, proceso que hoy tarda entre ochenta y noventa días.

Ahora que las tasas están bastante bajas, la gente de la clase trabajadora podrá elegir el banco que mejor atienda su bolsillo. Es increíble cuánta falta hace tener una casa cuando se tiene una familia. Esto aliviará los trámites y dará la posibilidad de pagar menos por un crédito hipotecario.

Pero eso no es todo; esta iniciativa también servirá para aquellas personas que tienen otros tipos de créditos, como aquellos con financieras automotrices.

Aprovecho este momento para levantar mi voz, una vez más, en contra de los abusos tremendos que cometen las cajas de compensación. Llevo muchos años en esta Corporación, para bien o para mal, y desde el primer día he criticado a las cajas de compensación, que han hecho uso y abuso del bolsillo de nuestros adultos mayores, a los que les entregan 200.000 pesos y les cobran 500.000, o entregándoles 500.000 pesos y les cobran un millón y medio.

De esa manera los están esclavizando económicamente. Muchos de ellos fallecen sin poder pagar sus deudas y, en algunos casos, sus familias heredan esos compromisos.

Buscamos mejorar la vida de las personas, por lo cual también me referiré al tema de las AFP, que han usufructuado de la gente. Cuando llegué acá, había un estudio que decía que las AFP ganaban 400.000 millones de pesos anuales, solo por concepto de intereses, y esa es una situación que se ha ido incrementando en forma desmesurada.

¿Por qué al jubilarse una persona no puede hacer lo que está pidiendo el diputado Fidel Espinoza , al igual que decenas de otros parlamentarios: que un jubilado o jubilada por el sistema de AFP pueda retirar, al menos, el 30 por ciento de sus dineros al momento de jubilar? Esos son dineros propios con los cuales podría cumplir un sueño, como iniciar su propio emprendimiento, satisfacer algún apetito personal, un viaje, un regalo para su familia o vivir de forma más digna los años que Dios quiera darle en este mundo. Son cosas que van directamente al corazón de los problemas que tiene la gente.

Por cierto, vamos a rebajar nuestra dieta. Se ha mentido incansablemente sobre los dineros que recibimos, sobre todo por los medios de comunicación, tanto los escritos como los audiovisuales. Es verdad que recibimos 6 millones y tanto de pesos líquido todos los meses, pero hace unos días El Mercurio publicó que ganábamos alrededor de 17 millones de pesos.

Se dicen muchas mentiras y se exacerba el odio y la molestia contra los parlamentarios, que se han acrecentado por parte de la ciudadanía, porque se ha mentido en torno a las funciones que realizamos, por lo que quisiera que la rebaja de nuestra dieta la realizara una comisión externa, que estudiara bien cuánto tiene que ganar el Presidente de la República, los ministros y todas las altas autoridades públicas, incluidos, por cierto, los parlamentarios.

Las peticiones de la ciudadanía referente a pensiones, salud, educación, vivienda debieran plasmarse en una nueva Constitución, que termine con este Estado de neoliberalismo exacerbado, que nos tiene a todos muy preocupados. Necesitamos un plebiscito, con el que estamos de acuerdo. No entiendo por qué acá se empieza a promover y a aplaudir el tema de la nueva Constitución, con la que estamos practicante todos de acuerdo. ¡Tenemos que hacerlo!

Por lo tanto, es hora de sentar bien la cabeza, enfriar los ánimos, pensar en que tenemos una gran responsabilidad y actuar en ese sentido, para salir de esta crisis con medidas como la portabilidad financiera, que vamos a aprobar.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Aprovecho este instante para saludar al ministro Felipe Ward Edwards , quien hoy ha sido nominado como nuevo ministro de la cartera Secretaría General de la Presidencia.

¡Bienvenido a la Cámara de Diputados, señor ministro!

(Aplausos)

Tiene la palabra el diputado Enrique van Rysselberghe Herrera .

El señor VAN RYSSELBERGHE.-

Señora Presidenta, en su momento, la portabilidad numérica, convertida en ley durante el primer gobierno del Presidente Piñera, permitió a las personas ser dueñas de sus números telefónicos, aumentando considerablemente la competencia entre las distintas empresas del rubro, con lo cual se produjo una disminución sustantiva en los precios de los planes de telefonía móvil, pues las empresas se vieron obligadas a ofrecer mejores alternativas y promociones a sus clientes.

Fue con ese mismo espíritu que el gobierno ingresó el proyecto de ley en discusión, con el genuino impulso de su gestor y promotor, Felipe Larraín , nuestro exministro de Hacienda, para permitir a los consumidores cambiarse de banco o institución financiera de forma simple, rápida y con menos costos.

Desde otro punto de vista, esta iniciativa no puede haber llegado en mejor momento, considerando las bajas históricas que presentan las tasas de interés.

Teniendo en cuenta los acontecimientos que se han producido en los últimos días en nuestro país, esta futura ley beneficiará directamente a los chilenos. ¿Cómo lo hará? La portabilidad financiera traerá varias ventajas, entre las cuales quisiera destacar las siguientes:

Primero, personas y pymes podrán solicitar online, ya no en forma presencial, un certificado de liquidación, para cotizar productos en otras entidades bancarias.

Segundo, si el cliente se cambia de banco, podrá cerrar sus productos, otorgando un mandato a la nueva institución, desligándose de trámites engorrosos y malos ratos, trámites de los que se ocupará el banco al que se cambiará.

Tercero, disminuirán los gastos operacionales ante notarios y conservadores. Por ejemplo, si una persona contrata un crédito de 1.033 UF, cercano a las 29 millones de pesos, el costo de los conservadores pasará de aproximadamente 270.000 pesos a alrededor de 2.000 pesos, y el de los notarios bajará de 77.000 a 5.000 pesos, aproximadamente.

Cuarto, facilitará el refinanciamiento de todo tipo de créditos, con lo cual aliviará de manera importante el presupuesto de las familias, hoy altamente endeudadas y muchas de ellas morosas.

Por último, en cuanto a la reducción de tiempos, el plazo para poner término a los productos bajará, en promedio, de 10 a 5 días hábiles. En general, en todo el proceso habrá un ahorro importante de tiempo.

En síntesis, este es un gran proyecto, que beneficiará a los chilenos y cuya pronta aprobación es imprescindible para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos.

Así, votaré a favor de este mensaje e insto a los colegas presentes a hacerlo de igual forma.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Bernardo Berger Fett .

El señor BERGER.-

Señora Presidenta, tal como señalan los fundamentos de este proyecto, la gran mayoría de los chilenos viven endeudados y casi el 97 por ciento de la población adulta del país mantiene, al menos, un servicio o producto financiero.

Una forma de obtener ventajas comparativas en el mercado financiero es precisamente facilitando la portabilidad, ya que hasta ahora consiste en un procedimiento largo y engorroso.

No es ningún secreto que más de la mitad de las personas que mantienen créditos está dispuesta a cambiarse de institución financiera, en particular ante una mejor oferta respecto de intereses o comisiones, o en razón de beneficios o calidad del servicio prestado.

Las deudas son uno de los productos financieros más críticos para los hogares chilenos, que representan casi el 66 por ciento del total, y constituyen una carga más que relevante en el presupuesto familiar, sobre todo para las familias de clase media.

Por otro lado, las pymes de Chile representan también un sector importante del país, que se ve forzado a endeudarse para continuar el ruedo comercial y cumplir con todas las obligaciones de pagos y cotizaciones sociales a sus trabajadores, sobre todo en un mercado en que los pagos, a pesar de la nueva ley del pago a 30 días, continúan teniendo un plazo superior a los 90 días.

Por lo tanto, el refinanciamiento de créditos es uno de los principales mecanismos a través de los cuales los hogares y las pequeñas y microempresas pueden planificar y organizar sus finanzas, así como también beneficiarse de las disminuciones que pueden presentarse respecto del costo de los créditos con otros proveedores que otorguen mejores ofertas crediticias.

Espero que este proyecto sirva para que las familias logren desahogarse de sus deudas. He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Luciano Cruz-Coke .

El señor CRUZ-COKE.-

Señora Presidenta, saludo al nuevo ministro Felipe Ward.

¡Qué buena noticia poder discutir y votar hoy este proyecto!

Cuando se implementó el proyecto de portabilidad numérica -vale recordar a ese gran ministro que fue Pedro Pablo Errázuriz -, las personas se convirtieron en dueñas de sus números telefónicos.

Quiero recordar que hasta ese momento el número telefónico era propiedad de las compañías y no del cliente, y si eventualmente uno perdía su teléfono o decidía cambiar de compañía, no le quedaba otra opción que cambiar el número telefónico, con todos los problemas que ello implicaba, sobre todo en una sociedad en la cual ocupamos el aparato telefónico para funciones que van mucho más allá de las llamadas telefónicas.

Ese hecho produjo una reacción enorme en el mercado, lo que permitió que los planes de telefonía móvil bajaran su valor y que el soberano finalmente ya no fuera la compañía telefónica, sino el usuario.

¿Qué puede ir más en la línea de lo que hoy nos está pidiendo la ciudadanía que tratar de empoderar al usuario y terminar con el monopolio que ejercen las instituciones crediticias? Hoy los clientes están cautivos de un crédito hipotecario, de un crédito de consumo, de una tarjeta de tienda de retail, etcétera.

¿Qué significa portabilidad financiera? Desde hace mucho tiempo veníamos pidiendo este proyecto, insistentemente, al entonces ministro Felipe Larraín . La portabilidad financiera tiene efectos concretos y evidentes. Hoy, el endeudamiento de las familias alcanza a cerca de 73 por ciento de su ingreso disponible. Más del 25 por ciento del salario de una persona de menores ingresos se destina exclusivamente al pago de deudas y muchos consideran el cupo de una tarjeta o de una línea de crédito como un activo, como parte de su patrimonio.

Por lo tanto, se hace necesario introducir mayor competencia en este mercado financiero, porque eso permite ir en la línea de evitar los abusos que millones de chilenos denuncian día a día, y por lo que tantos compatriotas se expresaron la semana pasada en las calles.

¿Cuántas veces nos ha sucedido que nos cobran algo que no sabemos a qué corresponde? ¿Cuántas veces, aprovechando una baja en las tasas, hemos a tratado de cambiar las condiciones de un crédito y no lo hemos podido lograr porque los trámites lo hacen imposible? La ciudadanía termina pagando altas tasas de interés porque no puede tomar la mejor oferta que se genera a partir de la mayor competencia entre los bancos. Así, finalmente, los clientes terminan siendo rehenes del crédito que han adquirido.

Mientras exista más y mejor competencia, vamos a tener un mercado financiero más sano, más abierto y más competitivo. Hoy, una familia que pide un crédito de consumo, un crédito hipotecario o que se endeuda con cualquier otro tipo de instrumento financiero queda atrapada por ese crédito, incluso, en algunos casos, de por vida.

Los costos de los notarios, de los conservadores de bienes raíces y la miríada de trámites burocráticos que hacen imposible o muy difícil negociar el crédito y acceder a mejores condiciones financieras se van a ir terminando. Incluso, en los tiempos que corren, en que las tasas de interés son bajas, no han sido muchas las familias que se han beneficiado de ello, en general, o lo han hecho quienes conocen mejor el sistema bancario o financiero. No puede ser que cada vez que se solicita un crédito hipotecario en mejores condiciones las personas tengan que presentar hasta una fotocopia de los intestinos.

¿Cómo el proyecto permite acceder a este beneficio? Primero, se saca al banco inicial de la ecuación, permitiendo, tal como se hizo en el mercado de los teléfonos, que la relación del deudor sea con el banco al cual quiere cambiarse. Obligar a los consumidores a pedir los antecedentes de deuda total al banco, casi como si les estuvieran haciendo un favor, permitía que este pusiera una serie de trabas para impedir o restringir el cambio de banco.

Otro cambio fundamental es eliminar los cobros y requisitos de trámites notariales y ante el conservador de bienes raíces. Este tipo de costos, en la práctica, compensaba cualquier beneficio de una mejor tasa de interés. Todas las mejoras financieras, entonces, disminuían por el costo que había que pagar en un abogado y en trámites asociados a la portabilidad de ese crédito; por lo tanto, este proyecto también se complementa con la reforma al sistema de notarios.

Gracias a esta reforma no va a pesar ni en el nuevo banco ni en el deudor el deber de inscribir las garantías en el Conservador de Bienes Raíces, ya que no será necesario hacer el estudio de título, con los cambios que se van a implementar en el folio real.

En nombre de nuestro partido, agradezco a los exministros de Economía y de Hacienda que hoy han dejado sus cargos, porque tomaron la propuesta de Evópoli, la volvieron una prioridad para este gobierno y le dieron la urgencia legislativa, para que podamos aprobar hoy, ojalá por unanimidad, este muy buen proyecto.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Brito Hasbún .

El señor BRITO.-

Señora Presidenta, de acuerdo con el Informe de Inclusión Financiera en Chile de 2019 de la Comisión para el Mercado Financiero, el 97 por ciento de la población adulta del país mantiene al menos un servicio o producto financiero.

Los hogares chilenos tienen una deuda que equivale al 73,3 por ciento del ingreso disponible, superior en 3,2 puntos porcentuales al cierre del año anterior; es decir, va en aumento. No sé si han ponderado bien este dato: ¡el 73 por ciento del ingreso disponible! ¡La mitad de las trabajadoras y de los trabajadores chilenos no gana más de 400 lucas al mes, y el 73,3 por ciento de sus ingresos los destina a pagar deudas!

Algunos parlamentarios señalaron que más competencia iba a solucionar este problema, pero en realidad se le está dando un analgésico para aliviar un síntoma, pero el origen de la enfermedad es otro.

Este sistema se sostiene de manera tremendamente violenta. Ahora mismo todos nosotros estamos sintiendo ese gustito a lacrimógenas que entra por algunas ventanas de este edificio, cuando la primavera de Chile se está dando hace días en las calles. El Instituto Nacional de Derechos Humanos reconoce, al menos, más de 1.132 personas heridas en los hospitales, producto del actuar de agentes del Estado: 40 por balas, 300 por tiros de escopeta, 400 más por otras armas. ¿Eso no es suficiente para llamar la atención de esta Sala? ¡Y nosotros estamos hablando de portabilidad financiera! ¡Qué indolencia se siente en este espacio!

Para muchos fue violento lo que ocurrió recién en esta Sala, cuando fueron desalojados de las tribunas los representantes de la Mesa Social por la Salud de Valparaíso, que esperaban la discusión y votación del proyecto que crea el seguro único de salud, que es la única propuesta que este gobierno le ha dado a la salud pública. Ese proyecto aumenta el financiamiento a las clínicas privadas en desmedro del financiamiento a los hospitales públicos. Cabe hacer presente que, en Valparaíso, desde hace días que no tenemos equipo directivo en el hospital Carlos Van Buren , porque renunció debido a la falta de insumos. Dijeron que no podían hacerse responsables de más muertes.

¿Qué niños han muerto en el hospital Carlos Van Buren ? Amelia, una niña de un año y nueves meses, cuyos papás acaban de ser desalojados de las tribunas. ¿De qué murió? Según el diagnóstico, de neumonía. Pero a Amelia no la mató la neumonía; a Amelia la mató el sistema de salud, el sistema público desmantelado. ¿Y qué podemos hacer para evitar esto? Muchas cosas, pero les aseguro que ninguna dice relación con legislar sobre la portabilidad financiera.

Al igual que Amelia, Ana María Jiménez -la madre de un amigo-, hace un mes y medio, estuvo dando bote en el hospital sin ningún diagnóstico y falleció de hemorragia estomacal. ¿Esto tiene que ver con la portabilidad financiera, con el origen del problema? Por supuesto que sí. Si mi amigo hubiese tenido las lucas, habría ido a una clínica privada y se habría solucionado el problema. Con portabilidad financiera habría pagado mejor la deuda, su mamá estaría con él, no fallecida. Como se ve, el sistema se sostiene de una manera tremendamente violenta.

Propusimos una agenda No Más Abusos -debemos discutirla ahora- para prohibir el cobro por el cambio de los medidores eléctricos. Ese cobro no se facturaba a empresas como Enel, que reporta cifras superiores a 349.000 millones de pesos en utilidades. Esas empresas eran públicas, del Estado de Chile; hoy son privadas.

Cuando usted enciende una ampolleta en Santiago, el 60 por ciento de la utilidad que genera se la lleva el Estado de Italia. Por lo tanto, nosotros estamos subsidiando los programas sociales y la educación pública de Italia. Eso habla muy bien de los italianos, pero muy mal de nosotros los chilenos, los que, llenos de talento y de esfuerzo, no somos capaces de hacernos cargo de nuestros servicios básicos.

Vamos a aprobar el proyecto de portabilidad financiera. Lo hemos revisado y fue trabajado por nuestro diputado Giorgio Jackson ; sin embargo, la iniciativa solo ataca el síntoma. Entre darle una vitamina C y darle un paracetamol a alguien que tiene malestar general, obviamente vamos a preferir darle paracetamol, pero eso no va a solucionar el malestar general. El Congreso puede dar pasos sustantivos en mejorar la vida de la gente bajando costos, cuestión que aún no ha querido hacer el gobierno por medio de este enroque ministerial.

Señora Presidenta, por favor tramitemos ya el proyecto que consagra el derecho al agua como un derecho humano fundamental, el proyecto que baja las tarifas eléctricas, así como otros tantos. Ahora vamos por el plebiscito, que ya está en trámite. No puede ser ilegal en nuestro país que la gente decida.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Frank Sauerbaum .

El señor SAUERBAUM.-

Señora Presidenta, el proyecto de ley que hoy votaremos permitirá que cualquier persona, y también pequeñas empresas o microempresas que estén interesadas en cambiarse de institución financiera, pueda refinanciar sus créditos. Estas podrán solicitar a la entidad de la cual son clientes un certificado de liquidación, el que contendrá la especificación de todos sus productos, junto con la tasa y comisiones aplicables y el valor que deben desembolsar para prepagar cada uno de sus créditos. Este certificado podrá ser solicitado de manera online.

Con dicho certificado, el cliente podrá cotizar préstamos y productos en otras entidades crediticias. Si estima que existen condiciones más favorables o si por alguna razón no está conforme con los servicios de su actual institución financiera, podrá presentar una solicitud de portabilidad financiera a un nuevo proveedor financiero, pidiendo la apertura de productos financieros y ordenando, si así lo desea, el cierre de los productos financieros que mantiene vigentes con su proveedor financiero actual.

Recibida la solicitud de portabilidad, el nuevo proveedor financiero estudiará los antecedentes del cliente y le entregará una oferta de portabilidad con las principales condiciones de los nuevos productos financieros a contratar y con la especificación de los productos vigentes que el cliente solicita terminar. El cliente podrá aceptar dicha oferta y, con ello, otorgará un mandato de término al nuevo proveedor para que pague y solicite el término de los créditos vigentes con el proveedor financiero inicial.

En caso de que el cliente decida cerrar alguno o todos los productos que mantiene vigentes con su actual acreedor, será el nuevo proveedor financiero el que, a través del referido mandato de término, deba pagar con los fondos de los nuevos productos contratados y notificar al proveedor financiero inicial respecto del cierre de productos, debiendo este último proceder al cierre de productos antes de que se cumplan cinco días hábiles de notificada la decisión del cliente.

El proyecto de ley además crea una figura especial de subrogación, que consiste en que un contrato de crédito se reemplaza por otro, eliminando así gran parte de los costos asociados a la constitución de nuevas garantías. Esto es muy relevante para todo tipo de créditos garantizados con algún bien, especialmente para los créditos hipotecarios.

Señora Presidenta, según el informe Estudio comparado el futuro del dinero y la banca de consumo en Chile y EE.UU., de la Pontificia Universidad Católica, la Cámara de Comercio de Santiago y el USC Center for the Digital Future, un 52 por ciento de la población chilena adulta está dispuesta a cambiarse de banco. Sin embargo, una proporción similar de la población considera que hacerlo es muy difícil. Esto demuestra que, si bien hoy es posible cambiarse de proveedor financiero, no muchas personas lo hacen en virtud de las dificultades que esto representa: tiempo, gasto, complejidad del proceso, etcétera, especialmente cuando el cambio está asociado con créditos a largo plazo y garantizados, como es el caso de los créditos hipotecarios.

Esa es precisamente una de las principales preocupaciones que pretende abordar el proyecto de ley, pues su objetivo principal es facilitar la portabilidad de productos y servicios financieros, de manera que las personas que quieran cambiarse de proveedor financiero puedan hacerlo de forma rápida, sencilla y barata, evitando así que se sientan atadas a un proveedor financiero determinado por haber firmado un contrato de crédito.

El proyecto logra este objetivo a través de una serie de cambios, como la modificación al certificado de liquidación, la creación de una figura de subrogación especial de créditos y la disminución del costo y plazo que implica un cambio de proveedor financiero, entre otros.

Al facilitar la portabilidad de productos financieros, el cliente cuenta con mayor facilidad para terminar todos sus contratos financieros con un proveedor en cualquier momento y sin tener que refinanciarlos uno por uno.

Como consecuencia de esto, los proveedores de productos o servicios financieros deberán competir aún más, tanto para evitar que sus actuales clientes cambien de proveedor como para conseguir nuevos clientes. Para ello deberán mejorar la calidad de sus servicios y, sobre todo, disminuir el precio de los productos financieros ofrecidos. Un ejemplo de esto se puede ver con la entrada en vigencia de la ley de portabilidad numérica, que logró disminuciones de precios de servicios de hasta 70 por ciento en tan solo cuatro años.

En suma, este proyecto permitirá que las personas se vean beneficiadas no solo por la disminución de los costos operativos de la portabilidad financiera, como la eliminación de recargos notariales o de conservadores de bienes raíces, sino también por mejoras en la calidad de los servicios prestados y la disminución de precios que se produzcan en virtud del aumento de competencia entre los proveedores financieros, lo que aumentará la cantidad de ingreso disponible para las personas, microempresas y pequeñas empresas.

En momentos en que las tasas de interés se encuentran a la baja, este proyecto de ley se hace más importante y relevante que nunca para nuestros consumidores, nuestros ciudadanos y también para la pequeña empresa que busca refinanciamiento.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

¿Habría acuerdo de la Sala para que haga ingreso el subsecretario de Hacienda, señor Francisco Moreno ?

No hay acuerdo.

Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda .

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señora Presidenta, en primer lugar, quiero decir que frente a las complicaciones vividas por los chilenos y chilenas, vinculadas con los abusos, este proyecto de ley de alguna manera viene no sé si a reparar, pero sí a proponer un mejoramiento en las condiciones que hoy viven las personas y las pymes en relación con el endeudamiento.

Cuando recibimos a las pymes con ocasión del estudio de la moción parlamentaria que busca rebajar la jornada laboral de 45 a 40 horas, estas nos plantearon tres o cuatro materias.

La primera es que las pymes tenían 1,5 por ciento de uso de capacitación en relación con la franquicia tributaria.

La segunda se relacionaba con complicaciones en la comercialización. Nos colocaban el ejemplo de que solo usaban el 3 por ciento para exportar.

La tercera que plantearon es que si ellas tuvieran un sistema de portabilidad financiera, sin duda podrían mejorar su competitividad y su eficiencia. Por eso, el proyecto tiene que ver con un proceso hacia los consumidores respecto del abuso, pero también con cómo hacer más competitivas las pymes.

Además, hay varias cosas que deberíamos mejorar y empezar a plantearnos. Por ejemplo, en el tema del endeudamiento de la familia, cuáles son esas condiciones y cómo es la contratación de los productos y servicios financieros. Por eso me parece muy pertinente este proyecto de ley.

Aprovechando que está presente el ministro Felipe Ward , quiero pedirle -por su intermedio, señora Presidenta- que vea la posibilidad de calificar con urgencia una moción que tiene que ver con la obligatoriedad del Sernac financiero. ¿Por qué? Porque en el primer gobierno del Presidente Piñera se planteó este sello del Sernac financiero como una forma de resguardar al consumidor en los distintos contratos que se suscriben con las distintas instancias financieras, pero se dijo que el Sernac financiero no era obligatorio, sino voluntario. Nosotros pedimos una estadística y todas las informaciones a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, y cero instituciones financieras entraron al Sernac financiero. ¡Cero! ¡Ninguna! Ningún banco o institución financiera quiso revisar sus contratos y la letra chica de dichos contratos.

Si nosotros hacemos posible la portabilidad financiera y, al mismo tiempo, tenemos el Sernac financiero, permitiremos que exista mayor certeza, tanto para las pymes como para las personas, respecto de los contratos y, al mismo tiempo, de la portabilidad. Esto quiere decir que se generará un menor interés. Por consiguiente, vamos a tener mayor seguridad en términos de cuándo, cómo y en qué condiciones firman los contratos, tanto los consumidores como las pymes.

Por eso, solicito al Ejecutivo calificar con urgencia una moción que nosotros presentamos hace un tiempo, como Federación Regionalista Verde Social, que actualmente está en la Comisión de Economía. Esperamos que se pueda ver lo antes posible, porque complementa este proyecto, que vamos a votar favorablemente.

También sería interesante revisar lo que tiene que ver con el CAE, en términos de las complicaciones financieras que tienen las familias, y lo que tiene que ver con el interés compuesto, toda vez que en todas las instancias financieras se nos cobra ese famoso interés compuesto, que hace algún tiempo quisimos modificar en el Parlamento.

Por eso vamos a votar favorablemente el proyecto, entendiendo que este es su primer trámite constitucional. Además, esperamos poder chequear lo que planteó la diputada Joanna Pérez , porque tiene todo el sentido. Tenemos que chequear y revisar el reglamento que viene, así como también si esta futura ley va a lograr su objetivo más importante, que es reducir las tasas de interés y tener menor complejidad en los créditos, tanto para los consumidores individualmente considerados como para las pequeñas y medianas empresas. He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Matías Walker Prieto .

El señor WALKER.

Señora Presidenta, este proyecto, sobre portabilidad financiera, es muy importante.

¿Sabe quiénes más nos han insistido en legislar al respecto? Las pymes, a las cuales todos dicen querer representar, pero que no siempre son tomadas en cuenta al momento de legislar. Nos hemos reunido con la Asech, con Conapyme, con la multigremial y con las mismas pymes, que también quieren cambiar Chile, que quieren un Chile más justo, en que haya menos concentración económica.

Por eso, como Democracia Cristiana, hemos propuesto un impuesto a la concentración económica, por ejemplo, un impuesto a los grandes grupos económicos.

Las mismas pymes nos han dicho que una de las principales inquietudes que tienen es la falta de acceso al crédito. Por eso, en la reforma tributaria nos jugamos por la cláusula propyme. Algunos se olvidan, pero lo que nos plantearon las pymes es que el principal problema que tienen es la falta de capital de trabajo, porque los bancos no les prestan plata. Los bancos prestan plata solo a las grandes empresas. ¿Y cuál es el único capital que tienen las pymes? Sus propias utilidades, que generan sobre la base de mucho esfuerzo y de grandes problemas de acceso a la libre competencia, como ha quedado de manifiesto en tantas crisis que hemos tenido en nuestro país.

Por eso, este proyecto, si bien no soluciona todos los problemas de falta de acceso al crédito, ayudará enormemente a las pymes. Los abogados que hemos ejercido esa profesión y nos ha tocado asesorar a pymes, sabemos lo que cuesta renegociar los créditos: todos los papeleos, los informes de título, los informes jurídicos respecto de las sociedades y de cada una de las modificaciones en los estatutos sociales, las copias actualizadas que les piden en los registros de comercio respecto de cada uno de los cambios.

Por eso, avanzamos en la reforma al sistema notarial y de los conservadores, en lo que dice relación con el repositorio digital, es decir, con la posibilidad de que finalmente pueda haber un archivo digital de todas las inscripciones en los registros de comercio y de los registros de las propiedades en el conservador de bienes raíces. La idea es que la portabilidad también sea digital en cuanto a los documentos, porque el esfuerzo que tienen que hacer las pymes, primero, para renegociar los créditos, y segundo, para contratar abogados, pagar conservadores, pagar papeles para volver a actualizar todos sus informes jurídicos de título societario, es una cosa enormemente complicada. Por eso, este proyecto es importante.

Algunos colegas me decían: “¿Por qué estamos viendo este proyecto si no tiene nada que ver con lo que está pasando afuera en la calle?”. Tiene mucho que ver, porque las pymes también son parte de la demanda social, generan más del 70 por ciento del empleo y están pidiendo más recursos a través del Sence para capacitar a sus trabajadores.

Por eso, aprovechamos la presencia en la Sala del nuevo ministro secretario general de la Presidencia, nuestro excolega Felipe Ward , para pedirle que en esta nueva agenda legislativa podamos tener mayores consideraciones hacia las pymes y poner los recursos donde hemos puesto las palabras, por ejemplo, aumentando significativamente el presupuesto de las pymes en los recursos para el Sence o los recursos para el BancoEstado, que está llamado a apoyar a las pymes, o también otorgando mayores recursos a la Corfo en cada una de las regiones que representamos, para apoyar a nuestros emprendedores.

Por eso, vamos a apoyar este proyecto, que no es todo lo que necesitábamos, pero que va en la dirección correcta, porque nos consta que es lo que han solicitado las pymes, junto con otras medidas.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Gustavo Sanhueza Dueñas .

El señor SANHUEZA.-

Señora Presidenta, en primer lugar, lamento profundamente la oposición del diputado Daniel Núñez a que ingrese el subsecretario, porque este es el espacio de diálogo necesario. Qué importante es escucharnos, pero parece que algunos no quieren hacerlo.

Las características que tiene este proyecto van en la dirección correcta de escuchar lo que apremia a los chilenos y chilenas que han estado marchando en el último tiempo. Una de las cosas que los apremia es la situación económica que se vive en cada uno de los hogares.

Con este proyecto, las familias tendrán la posibilidad de portar sus créditos a otra entidad financiera. Por eso, quiero enfocar mis palabras principalmente en la gran cantidad de pequeños emprendedores, pequeños comerciantes, que van a tener un instrumento más para poder ampliar su capital de trabajo necesario para seguir desarrollando su actividad.

En el último tiempo nos hemos enterado, por las noticias, de que bajan las tasas de interés, pero muchos de nuestros pequeños emprendedores, pequeños comerciantes, se ven imposibilitados de acceder a esas mejores tasas, producto de lo engorroso del sistema y porque los costos que tiene traspasar la deuda de un banco a otro, al final terminaba transformando en un mal negocio esta operación, porque genera un mayor gasto.

Creo que esta iniciativa que envió el Presidente Sebastián Piñera va en el camino correcto, pues la portabilidad financiera es un instrumento que permitirá cambiar los créditos de un banco a otro con más facilidad, pero que además ayudará, en gran medida, a tener el oxigeno necesario mediante el acceso a un capital de trabajo a un costo más barato, que permitirá hacer nuevos emprendimientos o mejorar el que se está desarrollando.

Esta iniciativa contribuye a la demanda que había por parte de la ciudadanía, que siente un ahogo financiero, pues los recursos finalmente no le alcanzan para cumplir todos los compromisos.

Este proyecto es clave, principalmente para los comerciantes, para los pequeños emprendedores, que tienen hipotecadas no solamente las propiedades de sus negocios, ya que normalmente, cuando inician su actividad, hipotecan la casa o una vivienda familiar.

Reitero que esta iniciativa permitirá que el traslado de los créditos se haga a un costo más bajo y de manera mucho más expedita.

Votaré a favor este proyecto, porque va en el camino correcto de desahogar la estrechez financiera que tienen muchos pequeños comerciantes.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Daniel Núñez .

El señor NÚÑEZ.-

Señora Presidenta, la verdad es que no soy miembro de la Comisión de Economía y no estuve presente en el debate en detalle de este proyecto de portabilidad financiera; no obstante, escuché muchas veces al anterior ministro de Hacienda, Felipe Larraín , comentar acerca de él. Lo más interesante es que, en su momento, cuando constituimos una mesa de trabajo con todas las organizaciones de pymes para discutir cómo podíamos implementar las 40 horas, la Conapyme y otros dirigentes nos plantearon temas y señalaron que valoraban este proyecto de portabilidad financiera.

Aquí no se trata de decir que porque es un proyecto de Piñera es malo a priori. Se trata de comprender cuál es el objetivo. Entiendo que existe un problema real con el poder que tienen los bancos, que operan como entidades monopólicas u oligopólicas en muchos sectores. Desde ese punto de vista, este proyecto puede ser un pequeño avance.

Sin embargo, me pregunto: ¿Chile espera que nosotros sigamos con los mínimos, pequeños o casi imperceptibles avances, o espera cambios más profundos? Creo que esa es la pregunta que hoy se hace la gente en la calle.

Ya que nos acompaña el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Felipe Ward , quiero preguntarle, por su intermedio, señora Presidenta, si la agenda que dio a conocer el ministro Blumel es la misma que va a adelantar él. Lo pregunto porque estaba en el set de Televisión Nacional en el que se anunció que la agenda social del Presidente Piñera contiene quince iniciativas. En ese set de TVN el ministro Blumel , en directo desde La Moneda, dijo que de esas quince iniciativas de la agenda social, siete serían proyectos de ley que ya se están tramitando y las otras ocho serían nuevos proyectos. Pero resulta que al otro día, cuando llegamos a la Sala de la Cámara de Diputados, nos encontramos con la sorpresa de que había 19 proyectos de ley con suma urgencia, todos proyectos que ya se estaban tramitando antes de estas históricas movilizaciones.

Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Cuál va a ser la agenda del ministro Ward? ¿La agenda de Sebastian Piñera para resolver esta crisis histórica, estas movilizaciones, este malestar que hoy día está en toda la sociedad chilena, son 19 proyectos de ley que ya venía promoviendo antes de que la gente saliera a la calle? ¿Esa es la respuesta? ¿Tiene algún sentido que esta Cámara de Diputados debata y apruebe con suma urgencia 19 iniciativas que no reflejan en nada la preocupación que la gente ha puesto en las calles? ¿Tiene eso sentido? Yo lo encuentro absolutamente ilógico, impresentable, y me parece que hasta podría decir indigno para lo que tiene que ser la respuesta a toda esta movilización histórica que ha ocurrido.

Además, quiero hacer un llamado a la oposición: ¿Vamos a seguir legislando esas 19 iniciativas a las que el gobierno puso suma urgencia, para tener que discutirlas con la presión de las urgencias que vencen? ¿O vamos a ser capaces de poner en discusión lo que la gente espera?

Hoy, los Comités acordaron poner en debate, para buscar los mecanismos institucionales, seis proyectos de oposición que creo que reflejan mucho mejor y de verdad lo que la gente espera de nosotros. En primer lugar, el proceso constituyente. Espero que la Comisión de Constitución avance. ¿Por qué no damos a la gente la posibilidad de resolver si quiere o no una nueva Constitución? ¡Dejemos de tenerle miedo a la ciudadanía!

En segundo lugar, mencionaré algo que también está en discusión y que es muy importante: la rebaja de la dieta parlamentaria. No tenemos ningún problema al respecto. Por el contrario, saludamos la iniciativa y hay que votarla.

En tercer lugar, el proyecto de las 40 horas, que está en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.

Esas tres iniciativas, que son mociones, podrían ayudar a sintonizar en algo con lo que hoy la gente nos está pidiendo. Les pido que tengamos esa cuota de realismo, porque si solo vamos a legislar sobre 19 iniciativas del gobierno -¡por favor!- lo único que vamos a lograr es que no tengamos a 100.000 personas marchando hacia el parlamento, como ayer, sino a 150.000 o a 200.000 personas. ¿Qué queremos? ¿Que lo quemen, para entender? ¡Esa es la realidad que hoy en día está viviendo y sintiendo la gente en la calle!

Por último, no puedo dejar de referirme a la molestia que planteó un diputado porque no autoricé la entrada del subsecretario. Y no la autoricé -fue una resolución de la bancada de diputados y diputadas del Partido Comunista, conversada recién con el jefe de bancada- por un motivo muy simple: porque este gobierno no ha sido capaz de dialogar ni de escuchar a la gente que se moviliza. La gente que se moviliza se ha estado organizando en cabildos. Existe una mesa de unidad social que ha convocado a manifestaciones pacíficas gigantescas, pero el gobierno ha sido incapaz de escuchar.

Le pido al ministro -que está muy preocupado de hablar con un diputado de gobierno, pero al que no le interesa escuchar lo que dice la oposición- que cite a la mesa de unidad social y que escuche las demandas que tiene la gente, porque esto no se va a resolver en un Parlamento encerrado entre cuatro paredes. Se lo pido y se lo exijo.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Mellado , por un asunto de Reglamento.

El señor MELLADO (don Miguel).-

Señora Presidenta, le ruego que pida a los diputados que hablen del proyecto, porque eso estamos debatiendo: un proyecto de portabilidad financiera. Sin embargo, no escuché ninguna referencia al proyecto. He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Señor diputado, la Mesa conoce el Reglamento y los diputados también. De acuerdo con lo que hemos escuchado, el diputado Núñez ha dedicado las tres cuartas partes de su intervención al proyecto. Por lo tanto, no estamos de acuerdo con su observación.

De todas maneras, hago presente a los diputados y diputadas que sus intervenciones obviamente deben tener relación con el proyecto.

Tiene la palabra el diputado Guillermo Ramírez .

El señor RAMÍREZ.-

Señora Presidenta, en el primer gobierno del Presidente Piñera se presentó un proyecto, que se transformó rápidamente en ley, sobre portabilidad numérica, que aumentó considerablemente la competencia entre las compañías telefónicas.

De acuerdo con la Subtel, desde esa fecha, alrededor de 14.500.000 números se han portado de una compañía a otra. Esto permitió una disminución en los precios de los planes de telefonía móvil y obligó a los proveedores a ofrecer mejores alternativas y mejores promociones a sus clientes.

Siguiendo esta misma lógica, en septiembre de este año, el gobierno ingresó un proyecto de ley de similares características, pero para el mercado de los créditos, que va a permitir a los consumidores cambiarse de banco o institución financiera de forma simple, con menos trámites y con menos costos.

La iniciativa no puede llegar en un mejor momento, considerando las bajas históricas en la tasa de interés que estamos observando en este momento. Este antecedente hace imprescindible que como Cámara de Diputados aprobemos rápidamente este proyecto, de manera que todos aquellos que tienen algún tipo de deuda o de crédito puedan aprovechar estas tasas históricas.

Este proyecto es muy relevante, no solamente para las personas naturales, como se ha dicho aquí, sino también para las pymes. Quiero explicar algo muy sencillo: en primer lugar, las personas van a poder pedir un certificado de liquidación en su institución financiera, con el cual van a poder cotizar el mismo crédito o el mismo producto en otras instituciones financieras.

En segundo lugar, este proyecto permite a las personas cerrar todos sus productos en la institución financiera que dejan, pero eso lo va a hacer la institución financiera a la que ellos decidan ingresar. Es decir, los trámites para cerrar los productos no lo harán las personas o las pymes, sino la correspondiente institución financiera que los recibe.

En tercer lugar, se van a reducir los costos de cambio. Esto es especialmente relevante, ya que se espera que algunos costos operacionales, tanto en el conservador de bienes raíces como en las notarias, se reduzcan en 99 y en 93 por ciento, respectivamente.

Por ejemplo, si se contrata un crédito de 1.000 UF, el costo del conservador de bienes raíces pasará de aproximadamente 270.000 pesos a alrededor de solo 2.000 pesos, mientras que el costo de los trámites notariales bajará de 77.000 pesos a 5.000 pesos. Es decir, se trata de disminuciones sustantivas.

En términos de tiempo, se estima que el plazo que tomará el ingreso, la negociación o el cambio de institución financiera se reducirá a la mitad, aspecto que será muy positivo para las pymes.

Se presentó la siguiente indicación, que contó con el respaldo tanto de diputados de Chile Vamos como de algunos parlamentarios de la oposición, que celebré en su minuto y que he comentado en algunos programas radiales, que expresa: “Con todo, las personas que estén en mora de pagar pensiones de alimentos no podrán acceder a la portabilidad financiera. El reglamento determinará la forma de acreditar esta circunstancia.”.

Al respecto, quiero señalar que comparto la idea de fondo, esto es, que las personas que estén en mora en la pensión de alimentos sean objeto de algún tipo de sanción. Por eso, en un principio aplaudí esa indicación firmada, como dije, por muchos parlamentarios de Chile Vamos y de la oposición, pero he estado averiguando sobre la materia y he observado que hay un problema: el certificado de mora de alimentos solo puede ser extendido por el Poder Judicial. Aquello resulta complicado, porque si se exige ese certificado para acceder a la portabilidad financiera, el tiempo que tomará esperar ese documento hará que se pierda todo lo que se busca avanzar con este proyecto en esa materia.

Es más, según me comentaron algunas personas del Poder Judicial a las que consulte al respecto, si bien lo que propone este proyecto permitirá facilitar a las personas acceder a servicios y productos financieros en mejores condiciones de costo, la indicación a la que he hecho referencia podría hacer que el cambio de institución financiera demore más que en la actualidad.

Por lo tanto, si bien en teoría el objetivo de la indicación es positivo: que las personas que están en mora se pongan al día en el pago de las pensiones de alimentos, en la práctica puede significar la pérdida de todo el tiempo que se gane cuando entre en vigencia lo que dispone este proyecto.

En consecuencia, solicito a los parlamentarios de Chile Vamos y a los de oposición que firmaron esta indicación que la retiren o la rechacen, a fin de no ralentizar el proceso de cambio de una institución financiera a otra, porque eso nos terminará por afectar a todos, tanto a las personas que están en mora como a las que lo no están, que son la gran mayoría de los chilenos.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado René Manuel García .

El señor GARCÍA (don René Manuel).-

Señora Presidenta, estoy de acuerdo en que cada diputado puede decir lo que quiera. Eso es bueno, porque además nos permite saber que hay diputados que nunca estarán satisfechos, sin importar lo que se proponga.

En consecuencia, va a ser muy difícil terminar las conversaciones. Queremos escuchar a todo el mundo, el gobierno está dispuesto a hacerlo, pero cuando vemos que para algunos todo es insuficiente, todo es poco, queda muy poco para conversar.

Quiero contar a mis colegas algo que pasó hace años, aunque hay muchos en esta Sala que ya lo saben.

Algunos comparan la iniciativa que estamos debatiendo con el proyecto que estableció el modelo de portabilidad numérica para los teléfonos celulares, proyecto de ley que presenté junto con el diputado Meza . En ese momento, los representantes de las compañías de la industria telefónica nos dijeron que lo que proponíamos era imposible de implementar, porque no se contaba con la tecnología para hacerlo. No obstante, a los tres meses, el gobierno de turno ingresó a tramitación legislativa un proyecto en el mismo sentido.

Señalo ese ejemplo porque así se les mete el dedo en la boca a los consumidores. Cuando en su momento nos dijeron que lo que planteábamos era imposible de implementar, con el diputado Meza lo creímos de buena fe; pensamos que estaban diciendo la verdad. Lamentamos que eso no se pudiera hacer, ya que presentamos esa iniciativa porque considerábamos que era lógico que si la persona se cambiaba de compañía conservara el mismo número, debido a que todos sus clientes, amigos, conocidos y familiares lo tenían.

Para algunos, aquello fue como echar aceite al agua; no nos quisieron pescar. Los representantes de las compañías nos trataron como si nuestro propósito hubiera sido reventarlas. Sin embargo, los mismos que habían venido a decir que nuestra propuesta no se podía llevar a cabo, a los tres meses estaban absolutamente de acuerdo con el proyecto enviado por el gobierno de turno.

Por lo tanto, conozco perfectamente cómo funciona todo lo relacionado con la portabilidad, incluida aquella que se propone a través de esta iniciativa.

En relación con este proyecto, a uno se le cae la cara de vergüenza cuando uno se entera de boca de los propios clientes que en algunos casos han tenido que esperar hasta 80 días para que los agentes del banco concurran a la notaría respectiva a firmar el respectivo documento. Eso significa que la persona que se iba a ahorrar 10.000.000 de pesos por concepto de intereses ha tenido que pagar casi la mitad en dos meses y medio, porque el banco pone trabas para quedarse igual con la plata.

¿Qué estamos proponiendo? ¿Qué queremos nosotros? Que los bancos desvinculen de inmediato a la persona que así lo solicita, con el objeto de que esta comience de inmediato a pagar sobre la base del nuevo y más conveniente interés pactado.

El objetivo que se busca es muy simple, de manera que no le demos más vuelta al asunto, por ejemplo, poniéndoles trabas a los que no están al día en el pago de la pensión de alimentos, porque menos las van a pagar si les dan menos crédito, porque van a quebrar antes, lo cual será mucho más complicado para la familia involucrada. Por eso, vamos por partes.

Para decirlo en palabras simples, el fondo del asunto es este: la idea es que mi deuda yo la negocie con la institución que yo quiera. Aquella que me ofrezca las mejores condiciones es con la que me voy a quedar para negociar, proceso que se debe llevar a cabo en forma inmediata.

Hay créditos hipotecarios por los que algunos están pagando una tasa de interés de hasta 4,8 por ciento, en circunstancias de que hoy esos créditos se están ofreciendo a una tasa que varían entre 1,2 y 1,4 por ciento. Se trata de una gran diferencia, casi el triple menos.

Ese tipo de situaciones son injustas. Entonces, uno se pregunta si se podría haber hecho algo antes. La respuesta es que claramente sí se podría haber hecho antes. Sin embargo, como los bancos no son tontos, se adelantan a la ley y dicen: “Sacan leyes respecto de asuntos de los ya estábamos conscientes, de los que ya nos estamos ocupando”.

A nosotros no nos interesa eso. Nos interesa que a los bancos se les abra la conciencia y se den dando cuenta de que la gente también se está cabreando.

Lo que hacen las cajas de compensación es un verdadero robo armado. He escuchado a colegas, entre ellos el diputado Fernando Meza , que han denunciado estas cosas hasta que se han cansado, tal como lo ha hecho también el diputado Mario Venegas , de la Región de La Araucanía. En reuniones parlamentarias sostenidas con los diputados Ricardo Celis , Saffirio , Molina y Álvarez hemos conversado estos temas. ¡Pero nada se hace! Parece que recién hoy se dieron cuenta de que a los viejitos había que pagarles más.

Para terminar, voy a contar una anécdota. Leí una entrevista de Cristiano Ronaldo, gran futbolista, en la cual señala que la vida es muy injusta, porque cuando era pobre no tenía qué comer ni qué ponerse, época en que si iba a una tienda de ropa tenía que pagar por lo que necesitaba, pero que ahora que es rico le llegan cajas y cajas de ropa a su casa para que la use, porque a las tiendas les interesa que les haga propaganda.

¡Esto es lo mismo! Algunos diputados han señalado que les han ofrecido créditos con tasas que llegan al 0,3 o 0,4 por ciento. Eso pasa porque se piden 200 millones de pesos o más, y los pueden pagar sin muchos problemas. La pregunta es cuánto puede pagar una pyme a la que le están dando 20 millones de pesos. ¡Esa es la pregunta!

¿Por qué a las pymes se les dan créditos con una tasa de 1,8 por ciento, pero a los que tienen mucho más a una tasa de 0,3 por ciento? ¡Esa es la pregunta que debemos hacernos!

Las pymes son las que dan más trabajo en el país, de modo que si queremos defenderlas -me estoy refiriendo a las que cumplen- se deben establecer las condiciones para que puedan competir en igualdad de condiciones con las grandes empresas en materia de créditos.

Hoy ya tenemos problemas con las pymes, puesto que no van a poder pagar a sus trabajadores. ¿Eso es culpa de ellos? No lo es, y tenemos que ayudarlas, porque a lo mejor luego de una marcha convocada para pedir soluciones a las injusticias sociales que afectan al país se puede generar una protesta que tenga como resultado que muchos trabajadores pierdan sus fuentes de empleo, los que terminarían en peores condiciones en relación con las que tenían antes de la marcha.

Lo que queremos es que exista un justo equilibrio entre empresas, trabajadores y pensiones.

El otro día leí en un artículo que las AFP estaban dispuestas a pagar los aguinaldos de las personas, noticia que resulta muy curiosa, porque hasta hace poco decían que no se podía. ¡Qué curioso!

Solidarizamos con esa gente, pero queremos hacer bien las cosas. No se trata de decir que todo fue malo. Tengamos el honor de ser los chilenos y la Cámara de Diputados que arregló el problema de este país.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Mulet Martínez .

El señor MULET.-

Señora Presidenta, he escuchado con mucha atención este debate. Creo que es un paso importante y necesario este pequeño avance que han explicado muy bien algunos de mis colegas.

Quiero traer a colación un proyecto de ley que se aprobó no recuerdo si en 1999, 2000 o 2001 -el diputado José Miguel Ortiz me dice que fue en 1999-, a iniciativa del entonces diputado Sergio Elgueta , quien es un gran abogado. ¿Por qué lo digo? Porque ese año, a través de una modificación a la ley N° 18.010, sobre operaciones de crédito de dinero, logramos que se dejaran de cancelar los intereses futuros cuando se prepagaba una deuda. Ello, porque el sistema bancario instaurado en dictadura era tan abusivo que si uno prepagaba una deuda, lo obligaba a cancelar los intereses hasta el último día. Si uno tenía un crédito a sesenta meses y lo pagaba en el mes tres, debía pagar todos los intereses hasta el mes sesenta, aunque lo hubiera prepagado el tercer mes. Finalmente, se hizo ese cambio legislativo, que costó mucho.

Recuerdo que en su momento Sergio Elgueta me invitó a suscribir dicho proyecto, que fue un pequeño paso. ¿Por qué lo señalo? Porque hoy se está resolviendo otra situación, que es más bien pequeña, pero ya es demasiado tarde: hay cientos de miles de pequeños y medianos empresarios, de personas naturales que cayeron y quedaron en el camino gracias este sistema tremendamente abusivo, a quienes el interés máximo convencional se los comió, a quienes la deuda tributaria, con los intereses que aplica la ley de rentas, más bien todo el Código Tributario, liquidó.

Al respecto, me alegro de que esté aquí el nuevo ministro secretario general de la Presidencia, el señor Ward -no sé si el ministro anda por ahí; recién estaba en la Sala-, porque quiero darle el siguiente mensaje.

Nuestro país, dentro de las múltiples deudas que tiene, también tiene una deuda con esos cientos de miles de pequeños empresarios que cayeron en el camino, que fueron muertos jurídicamente. Se trata de empresas que cayeron porque debían pagar intereses, no usurarios desde el punto de vista legal, porque eran legales, pero sí tremendamente abusivos, con una banca concentrada y una ley de operaciones de crédito de dinero hecha por los bancos en favor de los bancos, en dictadura, lo que es grave. Y ahí están esperando habilitarse algunos de los que están vivos.

Expreso lo anterior con mucha pasión, porque este tema es muy razonable. ¡Cómo no vimos antes la posibilidad de reprogramar deudas! ¡Es un mínimo de sentido común! Porque para reprogramar hay que ir a una notaría y pagar de nuevo la hipoteca, pagar de nuevo esto, pagar de nuevo esto otro. Todo ello hace imposible reprogramar, y liquidó a esos pequeños empresarios. Entonces, a estas alturas del partido, hay que darles un caramelo mayor. Esto, que es poquito, lo vamos a aprobar; pero es un pasito dado demasiado tarde.

Fíjense que, además, en 1990 había treinta y seis bancos en Chile; hoy van quedando veinte. Los cinco primeros bancos, sumado el Banco del Estado, concentran el 90 por ciento de las operaciones de crédito de dinero. ¡Cinco bancos concentran el 90 por ciento de las colocaciones! ¡No hay competencia en la banca, queridos amigos y amigas diputados! Tienen otra protección: no pueden operar bancos extranjeros en Chile, de manera que existe una barrera de entrada para que entren otros grandes operadores a colocar dinero. Ellos no pueden operar en nuestro país. Para eso deben constituirse en empresas chilenas, por una serie de razones. Pero ¿quién pierde siempre? El más débil: el pequeño empresario, el pequeño comerciante.

¿Cuál ha sido la rentabilidad de la banca durante los últimos veinte años? Miren, el año pasado, que ya ha venido bajando un poco, era del orden del 20 por ciento en algunos bancos; del 23 por ciento en Banco Falabella; del 20 por ciento en Banco Santander Chile; del 19 por ciento en Banco Ripley; del 13 por ciento en Banco Bice, entidad que en esos momentos existía, pero entiendo que se fusionó con otro banco, no sé si con el Scotiabank o el BBVA. También desaparecieron varios bancos en el último tiempo.

Entonces, aquí tenemos un problema grave.

Quiero decir al señor ministro, aunque en este momento no se encuentra en la Sala, que debemos avanzar también en cuanto a la tasa de interés máxima convencional. Hace algunos años se dio un paso al respecto, ¡y vaya que costó!, con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile y la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, que lo impidió durante muchos años, y se logró bajar un poquito. ¡Se iba a caer el mundo si acaso se limitaba la tasa de interés máxima convencional! Dicha tasa ha operado bien, pero hay que bajarla más.

En este sentido, anuncio que en los próximos días presentaré un proyecto de ley, porque tenemos iniciativa para reducir más esa tasa. Es posible dar esos pasos; para qué decir más.

Quiero terminar mis palabras señalando al gobierno que en este proceso que está viviendo Chile es oportuno dar una señal a esos pequeños empresarios que quebraron, que murieron, otorgándoles la posibilidad de un perdonazo tributario. Hay cientos de miles de deudores de impuestos que ya no se pagaron, que llevan impagos cinco o diez años. Hay que hacer ese perdonazo para que esos pequeños empresarios se puedan habilitar. Ellos murieron en el camino frente a bancos e instituciones abusadoras, muchas veces frente al Estado abusador, con enormes tasas, impuestos y multas penales a las deudas tributarias. Hay un espacio para habilitar a cientos de miles de pequeños empresarios deudores que cayeron en el camino por el abuso de los bancos. Ojalá que el gobierno escuche. Lo hizo en 1990; lo hizo antes…

-Aplausos.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Ha terminado su tiempo, su señoría.

Tiene la palabra el diputado Diego Schalper .

El señor SCHALPER.-

Señora Presidenta, quiero partir por destacar la relevancia de este proyecto.

Tal como lo dijo el diputado Walker , esta iniciativa va en la dirección correcta de destacar a los pequeños y medianos emprendedores, que son el corazón de nuestra economía, y de corregir aspectos que en verdad no se explican. No se explica por qué debemos tener el nivel de resguardo que tenemos y no podemos cambiarnos con facilidad de un banco a otro.

Quizás -esas son las reflexiones que nos convocan en este momento-, debemos cuestionar si este modelo individualista, en que en definitiva el único motor parecía ser la maximización de las utilidades y el resguardo de ciertos intereses, tiene que ir mutando hacia un modelo más solidario.

Debemos incorporar en la agenda -lamento que no esté aquí el ministro Ward; a lo mejor me escuchará- el tema del endeudamiento, un flagelo que afecta directamente a la clase media. Debemos instar al Banco del Estado a que renegocie todos los créditos hipotecarios y de consumo que actualmente tiene, de manera que genere mejores condiciones para los deudores, ya que es el banco del Estado, es decir -se supone-, el banco que ofrece mejores condiciones.

El diputado Mulet tiene razón en lo que dijo hace unos momentos. Soy un convencido de que parte de esta rabia que existe en Chile tiene que ver con la concentración que hay prácticamente en todos nuestros mercados productivos, y la banca no es la excepción. Por lo tanto, todo lo que tienda a generar más competencia va en el camino correcto. Nadie que crea en la economía social de mercado puede amparar concentraciones de mercado, porque eso contradice la competencia, y, por lo tanto, no tiene nada que ver con los principios de aquella.

Este proyecto va en la línea correcta, y fue aprobado por unanimidad en la comisión.

Sé que en estos tiempos a veces es más sexi estar por la confrontación; pero lo que saca adelante a los países, colegas, es el diálogo, son los acuerdos, las negociaciones. Las democracias no funcionan sobre la base de la confrontación permanente, sino de la capacidad de dialogar y lograr puntos de encuentro.

Esta iniciativa también va en la línea correcta, porque va al destinatario correcto. Si hacemos un estudio más o menos sociológico de lo que ha ocurrido en las actuales movilizaciones en nuestro país, nos encontraremos con que la inmensa mayoría de chilenos que han salido a protestar, las víctimas de la desproporción que existe hoy entre la élite y el ciudadano promedio, no creen en la violencia, pero protestan porque no quieren más guerra con la angustia que viven en el día a día. Cosa distinta son los colectivos políticos que se aprovechan de esa angustia como un contexto para levantar sus causas individuales, sus agendas sus ideologías, que muchas veces se valen de la violencia. El Parlamento tiene el deber moral de eliminar ese contexto de injusticia, que es el que da alguna posibilidad a esa violencia.

La tarea de las fuerzas democráticas del Congreso Nacional es entender que debemos dialogar para lograr los acuerdos que permitan una vida más llevadera a las víctimas del sistema que efectivamente han padecido injusticias. Si no somos capaces de dialogar entre nosotros, de aislar la intransigencia de derecha y de izquierda y la de los sectores radicales, significará que no hemos entendido cómo funcionan las democracias modernas. Los intransigentes no tienen cabida en democracia.

Por último, por su intermedio, señora Presidenta, me permitiré contestar brevemente un punto al diputado Daniel Núñez . Él dijo que había que empatizar con la ciudadanía. Pero lo que quiere la ciudadanía no es confrontación, no es la agenda ideológica de algún partido en particular, sino que nos pongamos a trabajar en comunión para superar los problemas sociales que agobian al Chile profundo, al Chile que aquí no sale. Al menos eso es lo que expresan todos los modelos de opinión.

El diputado Núñez preguntó si queremos que quemen el Congreso para entender. En verdad, espero que nunca quemen nada ni a nadie, porque soy partidario de las marchas pacíficas, de poner los temas sobre la mesa de esa manera.

Señora Presidenta, por su intermedio le digo al diputado Brito que soy un convencido de que no puede haber dos visiones en el Congreso. Tenemos que condenar irrestrictamente y sin vacilación toda violación a los derechos humanos que haya surgido del abuso de la fuerza.

No obstante, pido que seamos rigurosos y digamos que la institucionalidad de derechos humanos ha funcionado. Desde el primer minuto, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha estado encima del tema. El Presidente Piñera se reunió con el director nacional del INDH el primer día que surgió la necesidad. Además, fue el gobierno del Presidente Piñera el que invitó a la alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a Human Rights Watch.

¿Hay un contexto del cual nos tenemos que hacer cargo? Sin duda que sí. ¿Hay que condenar las violaciones a los derechos humanos? Sin duda que sí. Pero, paralelamente a eso, la ciudadanía espera que atendamos la angustia social, que tiene asfixiados a tantos chilenos y chilenas, porque hemos sido incompetentes y lentos para responder a ese desafío.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Cerrado el debate.

-En conformidad con el artículo 85 del Reglamento, se incluye la siguiente intervención no pronunciada en la Sala y que cumple con lo dispuesto en el artículo 10 del mismo cuerpo reglamentario:

La señora CID (doña Sofía) .-

Señor Presidente, quiero decir que este es un buen proyecto y muy esperado por la ciudadanía.

Desde que el gobierno hizo el anuncio, las personas empezaron a preguntar por esta modificación.

El objetivo de este proyecto es facilitar a las personas, microempresas y pequeñas empresas el cambio de proveedor de productos financieros: cuentas corrientes, tarjetas de crédito, créditos hipotecarios, créditos de consumo y créditos automotrices.

En la Comisión de Economía tuvo un buen recibimiento y logramos grandes acuerdos con todos los sectores políticos. ¡Estos son los acuerdos que Chile nos pide! ¿Por qué? Porque la ley está pensada sobre todo en las personas y las pymes.

Por su intermedio, señor Presidente, quiero decir que Chile también nos pide cumplir y respetar estos acuerdos.

Este proyecto viene a mejorar las condiciones para los consumidores y para las pymes. Además, ha nacido como una respuesta para aprovechar de mejor manera el bajo nivel de tasas de interés que enfrentamos en este periodo.

Quiero decir en simple que este es un proyecto ciudadano, para los consumidores y las pymes de Chile.

Si bien hoy podemos cambiarnos de una institución financiera a otra, con esta ley en proyecto se podrá hacer con menores costos, menos papeleo y en menos tiempo.

En la actualidad, más de la mitad de las personas desean cambiarse de institución financiera. La misma proporción de personas percibe barreras y obstáculos para realizar dicho cambio.

Esto tiene que cambiar, y depende de nosotros.

Este proyecto ha sido objeto de una serie de cambios, impulsados por los parlamentarios, en conjunto, modificaciones que han sido conversadas con el Ministerio de Hacienda.

Por eso, votaré a favor este proyecto.

He dicho.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de ley en los siguientes términos:

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que regula la portabilidad financiera.

Hago presente a la Sala que el proyecto trata materias propias de ley simple o común. En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 141 votos; por la negativa, 0 votos. Hubo 1 abstención.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas , Florcita Fernández Allende , Maya Melero Abaroa , Patricio Romero Sáez , Leonidas Alessandri Vergara , Jorge Flores García, Iván Mellado Pino , Cosme Rosas Barrientos , Patricio Alinco Bustos, René Flores Oporto , Camila Mellado Suazo , Miguel Saavedra Chandía , Gastón Álvarez Ramírez , Sebastián Fuenzalida Cobo , Juan Meza Moncada , Fernando Sabag Villalobos , Jorge Álvarez Vera , Jenny Fuenzalida Figueroa , Gonzalo Mirosevic Verdugo , Vlado Sabat Fernández , Marcela Alvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo Gahona Salazar , Sergio Mix Jiménez , Claudia Saffirio Espinoza , René Amar Mancilla , Sandra Galleguillos Castillo , Ramón Molina Magofke , Andrés Saldívar Auger , Raúl Ascencio Mansilla , Gabriel García García, René Manuel Monsalve Benavides , Manuel Sanhueza Dueñas , Gustavo Auth Stewart , Pepe Garín González , Renato Morales Muñoz , Celso Santana Castillo , Juan Baltolu Rasera , Nino Girardi Lavín , Cristina Moreira Barros , Cristhian Santana Tirachini , Alejandro Barros Montero , Ramón González Gatica , Félix Mulet Martínez , Jaime Sauerbaum Muñoz , Frank Bellolio Avaria , Jaime González Torres , Rodrigo Muñoz González , Francesca Schalper Sepúlveda , Diego Berger Fett , Bernardo Hernández Hernán-dez , Javier Naranjo Ortiz , Jaime Schilling Rodríguez , Marcelo Bernales Maldonado , Alejandro Hernando Pérez , Marcela Noman Garrido , Nicolás Sepúlveda Orbenes , Alejandra Bianchi Retamales , Karim Hirsch Goldschmidt , Tomás Norambuena Farías , Iván Sepúlveda Soto , Alexis Bobadilla Muñoz , Sergio Hoffmann Opazo , María José Núñez Urrutia , Paulina Soto Ferrada , Leonardo Boric Font , Gabriel Ibáñez Cotroneo , Diego Nuyado Anca-pichún , Emilia Soto Mardones , Raúl Brito Hasbún , Jorge Ilabaca Cerda , Marcos Olivera De La Fuente , Erika Tohá González , Jaime Calisto Águila , Miguel Ángel Jackson Drago , Giorgio Orsini Pascal , Maite Torrealba Alvarado , Sebastián Carter Fernández , Álvaro Jarpa Wevar , Carlos Abel Ortiz Novoa, José Miguel Torres Jeldes , Víctor Carvajal Ambiado , Loreto Jiles Moreno , Pamela Ossandón Irarrázabal , Ximena Trisotti Martínez , Renzo Castillo Muñoz , Natalia Jiménez Fuentes , Tucapel Pardo Sáinz , Luis Troncoso Hellman , Virginia Castro Bascuñán, José Miguel Jürgensen Rundshagen , Harry Parra Sauterel , Andrea Undurraga Gazitúa , Francisco Castro González, Juan Luis Kast Sommerhoff , Pablo Paulsen Kehr , Diego Urrutia Bonilla , Ignacio Celis Araya , Ricardo Keitel Bianchi , Sebastián Pérez Arriagada , José Urrutia Soto , Osvaldo Celis Montt , Andrés Kort Garriga , Issa Pérez Lahsen , Leopoldo Urruticoechea Ríos , Cristóbal Cicardini Milla , Daniella Kuschel Silva , Carlos Pérez Olea , Joanna Van Rysselberghe Herrera , Enrique Cid Versalovic , Sofía Lavín León , Joaquín Pérez Salinas , Catalina Velásquez Núñez , Esteban Coloma Álamos, Juan Antonio Leiva Carvajal , Raúl Prieto Lorca , Pablo Velásquez Seguel , Pedro Crispi Serrano , Miguel Leuquén Uribe , Aracely Ramírez Diez , Guillermo Venegas Cárdenas , Mario Cruz-Coke Carvallo , Luciano Longton Herrera , Andrés Rathgeb Schifferli , Jorge Verdessi Belemmi , Daniel Del Real Mihovilovic , Catalina Luck Urban , Karin Rentería Moller , Rolando Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Díaz Díaz , Marcelo Macaya Danús , Javier Rey Martínez, Hugo Walker Prieto , Matías Durán Salinas , Eduardo Marzán Pinto , Carolina Rocafull López , Luis Winter Etcheberry , Gonzalo Eguiguren Correa , Francisco Matta Aragay , Manuel Rojas Valderrama , Camila Yeomans Araya , Gael Espinoza Sandoval , Fidel

-Se abstuvo el diputado señor:

Silber Romo, Gabriel

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Por no haber sido objeto de indicaciones, el proyecto queda aprobado también en particular, con la misma votación, con la salvedad de la indicación renovada de las diputadas señoras Francesca Muñoz y Sofía Cid , y del diputado señor Jaime Naranjo .

Se ha renovado la siguiente indicación, de cuyo tenor dará lectura el señor Secretario.

El señor LANDEROS (Secretario).-

La indicación tiene por objeto agregar el siguiente inciso final, nuevo, al artículo 4°:

“Con todo, las personas que estén en mora de pagar pensiones de alimentos no podrán acceder a la portabilidad financiera. El Reglamento determinará la forma de acreditar esta circunstancia así como la cantidad de cuotas impagas de pensiones de alimentos y su periodicidad, para considerar que se encuentre en mora de pagar.”.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

En votación la indicación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 105 votos; por la negativa, 6 votos. Hubo 31 abstenciones.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Aprobada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas , Florcita Fernández Allende , Maya Mellado Pino , Cosme Saavedra Chandía , Gastón Alinco Bustos, René Flores García, Iván Mellado Suazo , Miguel Sabag Villalobos , Jorge Álvarez Ramírez , Sebastián Flores Oporto , Camila Meza Moncada , Fernando Sabat Fernández , Marcela Álvarez Vera , Jenny Galleguillos Castillo , Ramón Mirosevic Verdugo , Vlado Saffirio Espinoza , René Alvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo Garín González , Renato Mix Jiménez , Claudia Saldívar Auger , Raúl Ascencio Mansilla , Gabriel Girardi Lavín , Cristina Molina Magofke , Andrés Santana Castillo , Juan Auth Stewart , Pepe González Gatica , Félix Monsalve Benavides , Manuel Sauerbaum Muñoz , Frank Barros Montero , Ramón González Torres , Rodrigo Mulet Martínez , Jaime Schalper Sepúlveda , Diego Bernales Maldonado , Alejandro Hernando Pérez , Marcela Muñoz González , Francesca Schilling Rodríguez , Marcelo Bianchi Retamales , Karim Hirsch Goldschmidt , Tomás Naranjo Ortiz , Jaime Sepúlveda Orbenes , Alejandra Boric Font , Gabriel Ibáñez Cotroneo , Diego Núñez Urrutia , Paulina Sepúlveda Soto , Alexis Brito Hasbún , Jorge Ilabaca Cerda , Nuyado Anca-Silber Romo , Gabriel Marcos pichún, Emilia Calisto Águila , Miguel Ángel Jackson Drago , Giorgio Olivera De La Fuente , Erika Soto Ferrada , Leonardo Carvajal Ambiado , Loreto Jarpa Wevar , Carlos Abel Orsini Pascal , Maite Soto Mardones, Raúl Castillo Muñoz , Natalia Jiles Moreno , Pamela Ortiz Novoa, José Miguel Tohá González , Jaime Castro Bascuñán, José Miguel Jiménez Fuentes , Tucapel Ossandón Irarrázabal , Ximena Torrealba Alvarado , Sebastián Castro González, Juan Luis Jürgensen Rundshagen , Harry Pardo Sáinz , Luis Torres Jeldes , Víctor Celis Araya , Ricardo Kast Sommerhoff , Pablo Parra Sauterel , Andrea Undurraga Gazitúa , Francisco Celis Montt , Andrés Keitel Bianchi , Sebastián Pérez Arriagada , José Velásquez Núñez , Esteban Cicardini Milla , Daniella Kuschel Silva , Carlos Pérez Olea , Joanna Velásquez Seguel , Pedro Cid Versalovic , Sofía Leiva Carvajal , Raúl Pérez Salinas , Catalina Venegas Cárdenas , Mario Crispi Serrano , Miguel Leuquén Uribe , Aracely Rey Martínez , Hugo Verdessi Belemmi , Daniel Cruz-Coke Carvallo , Luciano Longton Herrera , Andrés Rocafull López , Luis Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Del Real Mihovilovic , Catalina Luck Urban , Karin Rojas Valderrama , Camila Walker Prieto , Matías Díaz Díaz , Marcelo Marzán Pinto , Carolina Romero Sáez , Leonidas Winter Etcheberry , Gonzalo Durán Salinas , Eduardo Matta Aragay , Manuel Rosas Barrientos , Patricio Yeomans Araya , Gael Espinoza Sandoval , Fidel

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alessandri Vergara , Jorge Gahona Salazar , Sergio Morales Muñoz , Celso Ramírez Diez, Guillermo Fuenzalida Cobo, Juan Lavín León, Joaquín

-Se abstuvieron los diputados señores:

Amar Mancilla , Sandra Fuenzalida Figueroa , Gonzalo Noman Garrido , Nicolás Santana Tirachini , Alejandro Baltolu Rasera, Nino García García, René Manuel Norambuena Farías , Iván Trisotti Martínez , Renzo Bellolio Avaria , Jaime Hernández Hernán-dez , Javier Paulsen Kehr , Diego Troncoso Hellman , Virginia Berger Fett , Bernardo Hoffmann Opazo , María José Pérez Lahsen , Leopoldo Urrutia Bonilla , Ignacio Bobadilla Muñoz , Sergio Kort Garriga , Issa Prieto Lorca , Pablo Urrutia Soto , Osvaldo Carter Fernández , Álvaro Macaya Danús , Javier Rathgeb Schifferli , Jorge Urruticoechea Ríos , Cristóbal Coloma Álamos, Juan Antonio Melero Abaroa , Patricio Rentería Moller , Rolando Van Rysselberghe Herrera , Enrique Eguiguren Correa , Francisco Moreira Barros , Cristhian Sanhueza Dueñas, Gustavo

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Despachado el proyecto al Senado.

1.4. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

Oficio de Ley a Cámara Revisora. Fecha 28 de octubre, 2019. Oficio en Sesión 64. Legislatura 367.

Oficio Nº 15.116

VALPARAÍSO, 28 de octubre de 2019

AA S.E. EL PRESIDENTE DEL H. SENADO

Tengo a honra comunicar a V.E. que, con motivo del mensaje, informe y demás antecedentes que se acompañan, la Cámara de Diputados ha aprobado el proyecto de ley que regula la portabilidad financiera, correspondiente al boletín N° 12.909-03, del siguiente tenor:

PROYECTO DE LEY

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto. Esta ley tiene por objeto promover la portabilidad financiera y facilitar que las personas, micro y pequeñas empresas se cambien, por estimarlo conveniente, de un proveedor de servicios financieros a otro. Esta ley se aplicará a proveedores de servicios financieros regulados en la ley N° 18.010, que establece normas para las operaciones de crédito y otras obligaciones de dinero que indica; el decreto con fuerza de ley N° 3, de 1997, del Ministerio de Hacienda, que fija texto refundido, sistematizado y concordado de la ley General de Bancos y de otros cuerpos legales que se indican; el decreto con fuerza de ley N° 5, de 2003, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija texto refundido, concordado y sistematizado de la ley General de Cooperativas; el decreto con fuerza de ley N° 251, de 1931, del Ministerio de Hacienda, sobre compañías de seguros, sociedades anónimas y bolsas de comercio; la ley N° 18.833, que Establece un nuevo estatuto general para las Cajas de Compensación de Asignación Familiar(C.C.A.F.), y en otras normas de similar naturaleza.

Artículo 2.- Definiciones. Para los efectos de esta ley, se entenderá por:

1.- Certificado de liquidación: certificado de liquidación para término anticipado regulado en el artículo 17 D de la ley N° 19.496, que Establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores.

2.- Cliente: persona natural o jurídica que mantiene vigente uno o más productos o servicios financieros, y que tenga la calidad de consumidor conforme a la ley N° 19.496, o de micro o pequeña empresa, conforme a la ley N° 20.416, que Fija normas especiales para las empresas de menor tamaño.

3.- Costo total de prepago: monto total a pagar para extinguir totalmente la respectiva obligación en forma anticipada, incluida la correspondiente comisión de prepago en su caso.

4.- Crédito: operación de crédito de dinero definida en el artículo 1 de la ley N° 18.010, que Establece normas para las operaciones de crédito y otras obligaciones de dinero que indica.

5.- Mandato de término: mandato otorgado por el cliente al nuevo proveedor con el objeto de que este último, en su nombre y representación, pague, cuando corresponda, y requiera el término de determinados productos o servicios financieros que el cliente mantiene vigentes con un proveedor inicial.

6.- Nuevo proveedor: proveedor respecto del cual un cliente ha aceptado una oferta de portabilidad financiera.

7.- Oferta de portabilidad u oferta: oferta escrita, regulada en el artículo 6 de esta ley, mediante la cual un proveedor propone a un cliente la celebración de determinados contratos de productos o servicios financieros y especifica el o los productos y servicios financieros que el cliente mantiene con un proveedor inicial y que serán objeto de un mandato de término.

8.- Proceso de portabilidad financiera o proceso de portabilidad: proceso regulado en esta ley que tiene por objeto principal la contratación de productos o servicios financieros con un nuevo proveedor, y el término de uno o más productos o servicios financieros contratados con el proveedor inicial.

9.- Proveedor: todo banco, compañía de seguros, agente administrador de mutuos hipotecarios, caja de compensación de asignación familiar, cooperativa de ahorro y crédito o institución que coloque fondos por medio de operaciones de crédito de dinero de manera masiva señalada en el artículo 31 de la ley N° 18.010, siempre y cuando dicha institución tenga un giro relacionado con el otorgamiento de créditos, o toda otra entidad fiscalizada por la Comisión para el Mercado Financiero en virtud del decreto con fuerza de ley N° 3, de 1997, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, sistematizado y concordado de la Ley General de Bancos.

10.- Proveedor inicial: proveedor con el cual un cliente mantiene vigente uno o más contratos de productos o servicios financieros.

11.- Reglamento de portabilidad o reglamento: reglamento señalado en los artículos 6, 9, 10, 17, 19, 23 y 29 de esta ley.

12.- Solicitud de portabilidad o solicitud: solicitud regulada en los artículos 4 y 5 de esta ley, presentada por un cliente a un proveedor, con el objeto de iniciar un proceso de portabilidad.

13.- Subrogación real de crédito o subrogación: subrogación de carácter especial, por la cual un crédito inicial es subrogado por un nuevo crédito, pasando este último a sustituir jurídicamente al primero, de conformidad con las características y condiciones señaladas en el Título III de esta ley.

TÍTULO II

PROCESO DE PORTABILIDAD FINANCIERA

Artículo 3.- Portabilidad financiera. El proceso de portabilidad podrá comprender las siguientes modalidades:

a) Portabilidad sin subrogación: proceso que tiene por objeto contratar productos o servicios financieros con un nuevo proveedor y obtener el término de productos o servicios financieros que el cliente mantenga vigentes con el proveedor inicial, extinguiendo en consecuencia todas las garantías que caucionaban dichos productos o servicios, y

b) Portabilidad con subrogación: proceso por el cual el cliente contrata un nuevo crédito con un nuevo proveedor con la finalidad de pagar un crédito que el cliente mantiene con un proveedor inicial, produciéndose con ello una subrogación real de crédito.

Un mismo proceso de portabilidad podrá operar bajo ambas modalidades para distintos productos o servicios financieros.

Artículo 4.- Solicitud de portabilidad. Todo cliente que quiera iniciar un proceso de portabilidad financiera deberá presentar una solicitud de portabilidad a un proveedor.

La solicitud, que podrá ser realizada únicamente por el cliente, deberá señalar en forma expresa su intención de iniciar dicho proceso, la especificación del proveedor inicial y el o los productos y servicios financieros que solicita terminar.

En caso de que el cliente no cumpla el referido compromiso, el nuevo proveedor podrá retractarse de celebrar los contratos ofrecidos.

El reglamento podrá establecer condiciones y requisitos adicionales que sean necesarios para el mejor funcionamiento del proceso de portabilidad.

Con todo, las personas que estén en mora de pagar pensiones de alimentos no podrán acceder a la portabilidad financiera. El reglamento determinará la forma de acreditar esta circunstancia así como la cantidad de cuotas impagas de pensiones de alimentos y su periodicidad para considerar que se encuentra en mora de pagar.

Artículo 5.- Vigencia de la solicitud de portabilidad. La solicitud de portabilidad se encontrará vigente hasta la retractación del cliente o hasta treinta días hábiles contados desde la última comunicación enviada por el cliente al proveedor, sin que se haya recibido una oferta de portabilidad financiera de este último.

a) La especificación de el o los productos o servicios financieros que se ofrecen, detallando el monto, carga anual equivalente y el plazo, cuando corresponda.

Asimismo, la oferta deberá señalar el plazo para la suscripción de el o los contratos de los productos o servicios financieros ofrecidos. Si se requieren fondos para dar cumplimiento al mandato de término, la oferta deberá además señalar el monto total y el origen de los mismos. El nuevo proveedor podrá retractarse de la oferta una vez transcurrido el plazo de vigencia de ésta, el que en ningún caso podrá ser inferior a siete días hábiles.

El reglamento deberá establecer el contenido del formato de la oferta de portabilidad, con especificación de materias tales como el orden en que la información deberá ser presentada en la oferta y los requisitos adicionales que sean necesarios para el mejor funcionamiento del proceso de portabilidad. Este reglamento no podrá establecer costo alguno con motivo de la oferta para el cliente.

Artículo 7.- Aceptación de oferta de portabilidad financiera. Si el cliente decide aceptar la oferta de portabilidad, deberá comunicar su decisión por escrito dentro del periodo de vigencia.

Con la aceptación de la oferta de portabilidad, el cliente otorga un mandato de término al nuevo proveedor respecto de los productos y servicios especificados, de conformidad con el literal b) del artículo 6. El mandato de término facultará al nuevo proveedor para realizar todos los pagos, comunicaciones o requerimientos correspondientes, en nombre y representación del cliente.

Artículo 8.- Retracto de la aceptación de la oferta. El cliente podrá retractarse de la aceptación mientras no haya celebrado con el nuevo proveedor a lo menos uno de los contratos especificados en la oferta.

Se entenderá que el cliente se ha retractado de la aceptación de la oferta de portabilidad si no contrata a lo menos uno de los productos o servicios financieros ofrecidos dentro del plazo referido en el inciso segundo del artículo 6.

La sola retractación de la aceptación de la oferta revocará el mandato de término otorgado por el cliente.

Las disposiciones del artículo 3 bis de la ley N° 19.496 no se aplicarán a la regulación contenida en este artículo.

Artículo 9.- Contratación de productos y servicios financieros. Una vez aceptada la oferta de portabilidad, el nuevo proveedor deberá realizar todas las gestiones necesarias para contratar los respectivos productos y servicios financieros con el cliente, de conformidad con la oferta aceptada y con las reglas generales aplicables a cada producto o servicio financiero.

Las condiciones de contratación establecidas en la oferta de portabilidad podrán actualizarse de común acuerdo entre las partes sólo en virtud de un nuevo certificado de liquidación emitido por el proveedor inicial o de una actualización de deudas solicitada a este último.

Con todo, antes de la firma de los contratos, el nuevo proveedor podrá solicitar directamente al proveedor inicial el bloqueo de los productos o servicios financieros con créditos disponibles o rotativos que se acordaron refinanciar y una actualización de las deudas indicadas en el certificado de liquidación. El proveedor inicial deberá, sin más trámite, y en un plazo no superior a veinticuatro horas desde la solicitud, bloquear los respectivos productos y servicios financieros y, a continuación, entregar la información actualizada del monto adeudado por el cliente.

En caso de que la referida actualización de deudas acredite que el cliente no cumplió el compromiso de deuda indicado en el inciso tercero del artículo 4, el nuevo proveedor no estará obligado a contratar los productos ofrecidos, pudiendo retractarse de la respectiva oferta, incluso después de la aceptación del cliente. Lo anterior también será aplicable cuando el cliente haya aumentado su deuda mediante la solicitud de nuevos créditos con el proveedor inicial.

En caso de que el cliente sí haya cumplido el referido compromiso, o que el nuevo proveedor decida igualmente continuar con el proceso de portabilidad, el cliente y el nuevo proveedor firmarán los contratos incluidos en la oferta, los cuales deberán estar disponibles para firma, a más tardar al día siguiente hábil desde la entrega actualizada de la información de deuda del cliente por parte del proveedor inicial.

Artículo 10.- Cumplimiento del mandato de término. Una vez que el cliente y el nuevo proveedor hayan contratado todos los productos o servicios financieros incluidos en la oferta de portabilidad, este último tendrá tres días hábiles para cumplir el mandato de término incluido en ella. En caso de que se contrate un producto o servicio financiero que, conforme a la oferta de portabilidad, provea los fondos necesarios para pagar una deuda o reemplazar un producto vigente, el plazo para el cumplimiento del mandato de término se contará desde la contratación del producto o servicio financiero que provee los fondos correspondientes.

Asimismo, en caso de que la oferta de portabilidad incluya la contratación de una cuenta corriente y el cierre de una que se encuentre vigente, el nuevo proveedor deberá cumplir el mandato de término respectivo dentro de tres días hábiles contados desde la firma del nuevo contrato.

El mandato de término se entenderá cumplido por el nuevo proveedor cuando éste, en nombre y representación del cliente:

a) pague los productos y servicios financieros especificados en la oferta de portabilidad, y

b) requiera al proveedor inicial el cierre o término de los productos o servicios financieros especificados en la oferta de portabilidad.

Si los productos o servicios especificados en el mandato de término cuentan con saldos a favor del cliente, el proveedor inicial deberá entregarle dichos saldos dentro de cinco días hábiles contados desde el cierre efectivo del respectivo producto o servicio financiero.

El reglamento regulará los procedimientos aplicables a cargos pendientes de cobro, así como también la forma y plazos de entrega de saldos al cliente, cuando corresponda.

Artículo 11.- Responsabilidad de término o cierre de productos. Una vez cumplido el respectivo mandato de término por el nuevo proveedor, el proveedor inicial será exclusivamente responsable del término o cierre efectivo de los productos o servicios, de conformidad con las normativas aplicables para cada producto o servicio financiero.

TÍTULO III

DEL PROCESO DE PORTABILIDAD FINANCIERA CON SUBROGACIÓN

Artículo 12.- Reglas especiales aplicables. El proceso de portabilidad financiera con subrogación se regirá por las disposiciones de este Título, además de las normas y obligaciones señaladas en esta ley.

Artículo 13.- Portabilidad financiera con subrogación. La subrogación de un crédito inicial por un nuevo crédito procederá por el solo ministerio de la ley y aun contra la voluntad del proveedor inicial, cuando concurran las siguientes condiciones en forma copulativa:

a) Que un nuevo proveedor celebre un contrato de crédito con el cliente en virtud de una oferta de portabilidad, de conformidad con el artículo 15.

b) Que ese contrato de crédito señale expresamente que tiene por objeto el pago y la subrogación de un crédito inicial, especificando el crédito.

c) Que el nuevo proveedor pague, en nombre y representación del cliente, el costo total de prepago del crédito inicial con los fondos del crédito referido en la letra a).

La subrogación procederá únicamente respecto de los productos o servicios financieros que se extingan por el solo pago del mismo. Asimismo, en caso de subrogación de un crédito inicial caucionado por una o más garantías reales, éstas subsistirán y garantizarán de pleno derecho al nuevo crédito, en la totalidad de sus términos y en beneficio del nuevo proveedor.

La subrogación real de crédito podrá tener lugar tanto entre créditos otorgados por distintos proveedores, como entre créditos otorgados por el mismo proveedor.

Para todos los efectos legales, el crédito que se contrate en virtud de un proceso de portabilidad con subrogación se considerará como un crédito garantizado por la garantía real correspondiente, aplicándose en consecuencia las normas que regulen el otorgamiento de dicho tipo de créditos, en la medida en que no sean contrarias a las disposiciones de esta ley.

Artículo 14.- Forma de realizar el pago. El pago referido en la letra c) del artículo 13 deberá efectuarse dentro de tres días hábiles desde la celebración del nuevo contrato de crédito y durante la vigencia del certificado de liquidación vigente al momento de la firma del mismo contrato.

Si el nuevo proveedor no realiza el pago de conformidad a lo señalado en el inciso anterior será exclusivamente responsable de los perjuicios que dicho incumplimiento le cause al cliente. Este incumplimiento en ningún caso afectará la subrogación regulada en este Título.

Artículo 15.- Solemnidades del contrato del nuevo crédito. El contrato del nuevo crédito deberá ser celebrado por escrito. En caso de que el crédito inicial esté caucionado por una o más garantías reales sujetas a sistema registral, el nuevo crédito deberá también cumplir con las solemnidades legales que se requieran para el otorgamiento de dicha clase de garantías y que sean necesarias para dejar constancia de la respectiva subrogación. Además, se deberá insertar en el contrato del nuevo crédito el certificado de liquidación vigente en el momento de su celebración.

Artículo 16.- Monto del nuevo crédito. El monto de capital del nuevo crédito no podrá superar el monto de capital del crédito inicial.

Lo anterior no impedirá que el nuevo proveedor y el cliente celebren créditos adicionales y constituyan nuevas garantías sobre el bien que garantizaba al crédito inicial.

La existencia de obligaciones adicionales no incluidas en el certificado de liquidación o de productos o servicios financieros que no se terminen o extingan por el solo hecho del respectivo pago no afectarán el beneficio exclusivo del nuevo proveedor señalado en el inciso anterior.

Este artículo no será aplicable a la subrogación real de crédito que tenga lugar entre dos créditos otorgados por el mismo proveedor, quien mantendrá su derecho sobre la respectiva garantía.

Artículo 18.- Reglas especiales para garantías sin cláusula de garantía general. En caso de que el crédito inicial esté caucionado por una garantía sin cláusula de garantía general y los términos del nuevo crédito impliquen cambios en el tipo de tasas, aumento de las tasas de interés o plazos, o un préstamo por un capital mayor al costo total de prepago del crédito inicial, dichos términos serán inoponibles a terceros acreedores hipotecarios o prendarios de grado posterior, o a terceros que hayan otorgado la respectiva garantía, a menos que hayan dado su consentimiento con las solemnidades a que se refiere el artículo 15, de conformidad con los plazos y procedimientos señalados en el reglamento.

Artículo 19.- Garantías bajo sistema registral. La constancia de una subrogación con garantías reales sujetas a registro deberá ser solicitada por el nuevo proveedor ante la entidad responsable del registro. Para practicar esta constancia solo será exigible la presentación del contrato del nuevo crédito y el respectivo comprobante de pago emitido de conformidad con las condiciones, plazos y formalidades que señale el reglamento.

La constancia de la subrogación del crédito en el respectivo registro se entenderá sólo para efectos de publicidad y oponibilidad a terceros y deberá ser requerida por el nuevo proveedor.

Sin perjuicio de lo anterior, la constancia de subrogación del crédito deberá inscribirse en el respectivo registro en la misma forma en que corresponda efectuar una modificación a dicha garantía con las especificaciones correspondientes, debiendo inscribirse dentro de diez días hábiles desde la respectiva solicitud de inscripción. Dicha inscripción deberá además dejar constancia de la aceptación referida en el artículo 17 de esta ley, cuando corresponda.

Artículo 20.- Cargos o derechos. Los notarios no podrán cobrar recargos por la celebración del contrato del nuevo crédito regulado en este Título.

Asimismo, los conservadores de bienes raíces no podrán cobrar recargos por practicar la inscripción referida en el artículo 19.

Artículo 21.- Devengo de intereses del nuevo crédito. El nuevo crédito que se otorgue en virtud de esta ley no devengará intereses por el plazo transcurrido entre la celebración del respectivo contrato y el pago del crédito inicial por el nuevo proveedor, en nombre y representación del cliente.

TÍTULO IV

DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 22.- Solicitud de certificados por parte del nuevo proveedor. Una vez presentada la solicitud de portabilidad por el cliente, el nuevo proveedor podrá pedir directamente al proveedor inicial el certificado de liquidación del respectivo cliente. La emisión de dicho certificado no podrá implicar el bloqueo de productos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 D de la ley N° 19.496.

En caso de que corresponda la emisión del certificado de pago del impuesto de timbre y estampilla a que se refiere el numeral 17 del artículo 24 del decreto ley N° 3.475, de 1980, que Modifica la ley de timbres y estampillas contenida en el decreto ley N° 617, de 1974, y el certificado no se encuentre vigente o no haya sido entregado al nuevo proveedor, este último podrá solicitar uno nuevo directamente al proveedor inicial, sin costo para el cliente.

La facultad del nuevo proveedor para solicitar los referidos certificados se entenderá revocada al término de la vigencia de la solicitud de portabilidad cuando el cliente haya rechazado la oferta, se haya retractado de la aceptación de la misma o cuando se hayan realizado todos los pagos correspondientes de conformidad con la respectiva oferta debidamente aceptada.

Artículo 23.- Reglamento de portabilidad. Un reglamento dictado por los Ministerios de Hacienda y de Economía, Fomento y Turismo podrá establecer las formas, condiciones, requisitos y plazos relativos a las notificaciones, comunicaciones, solicitudes, aceptaciones, o comprobantes de pago que deban emitirse en virtud de un proceso de portabilidad financiera, sin perjuicio de las demás especificaciones que señale la ley.

Artículo 24.- Irrevocabilidad. En el caso de obligaciones caucionadas con una garantía real con cláusula de garantía general, el mandato que el cliente otorgue al nuevo proveedor para el pago o término de dichas obligaciones con motivo del proceso de portabilidad financiera tendrá el carácter de irrevocable hasta el pago de todas las obligaciones que procedan o hasta el incumplimiento de parte del nuevo proveedor de las obligaciones que establece esta ley.

Artículo 25.- Excepciones a la aplicación de esta ley. La subrogación no se aplicará a los créditos otorgados bajo la modalidad de bonos hipotecarios o letras de créditos hipotecarios, como tampoco respecto de créditos que hayan sido otorgados al cliente por más de un proveedor inicial.

Artículo 26.- Tratamiento de datos personales. El tratamiento de datos personales que se realice en virtud de esta ley deberá cumplir con las disposiciones de la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada.

Los proveedores deberán implementar las medidas necesarias para garantizar la seguridad en el tratamiento de datos, con especial resguardo respecto de los fines para los cuales fue autorizado por su titular.

Artículo 27.- Sanciones. A la persona que maliciosamente cometiere alguna de las falsedades señaladas en el artículo 193 del Código Penal, en cualquier documento o información que deba emitirse en virtud de las disposiciones de esta ley, se aplicarán las penas del inciso segundo del artículo 197 del mismo Código.

El que maliciosamente hiciere uso de los instrumentos falsos a que se refiere este artículo será castigado como si fuere autor de la falsedad.

Por su parte, las infracciones de lo dispuesto en esta ley en que incurran proveedores iniciales o nuevos proveedores serán sancionadas conforme a lo establecido en el artículo 17 K y el Título IV de la ley N° 19.496, y las demás normas que correspondan.

Artículo 28.- Norma de protección de los derechos de los consumidores. Esta ley se considerará como una norma de protección de los derechos del consumidor para efectos de lo dispuesto en el artículo 58 de la ley N° 19.496, la que se aplicará supletoriamente a esta ley, en lo que no sea contrario a sus disposiciones.

Artículo 29.- Normas de publicidad. En el momento de efectuar la solicitud, el nuevo proveedor deberá informar los derechos y obligaciones que tienen el cliente y el proveedor en un proceso de portabilidad. El reglamento determinará las formalidades y requisitos de esta comunicación, y resguardará su fácil comprensión.

TÍTULO V.

MODIFICACIONES A OTROS CUERPOS NORMATIVOS

Artículo 30.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 19.496, que Establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores:

1. Agrégase la siguiente oración al final de la letra g) del inciso primero del artículo 17 B: “Lo anterior será sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley sobre Portabilidad Financiera.”.

2. Modifícase el artículo 17 D del siguiente modo:

a) Reemplázase su inciso primero por los siguientes incisos primero, segundo, tercero cuarto, quinto y sexto, nuevos:

“Artículo 17 D.- Los proveedores de servicios financieros pactados por contratos de adhesión deberán entregar al respectivo consumidor un certificado de liquidación para término anticipado, dentro del plazo de tres días hábiles contado desde que éste lo solicite. El consumidor podrá solicitar el certificado presencialmente o de manera remota al respectivo proveedor de productos o servicios financieros, y requerirle que se le entregue de manera física o virtual.

Este certificado deberá contener a lo menos la siguiente información relativa a cada uno de los productos o servicios financieros vigentes, según corresponda:

a) Plazo.

b) Valor total del servicio.

c) Indicar si corresponde a deuda rotativa.

d) Monto de crédito disponible y efectivamente utilizado.

e) Tipo y tasa de interés.

f) Carga anual equivalente.

g) Valor de última cuota vencida.

i) Monto total a pagar para poner término al producto o servicio financiero según la fecha de pago, incluyendo la respectiva comisión de prepago, si corresponde.

j) La demás información que determine el reglamento.

Adicionalmente, el certificado deberá contener el monto total a pagar para ponerle término a la totalidad de los productos o servicios financieros y las obligaciones referidas, según la fecha de pago, incluyendo la respectiva comisión de prepago, si corresponde, la fecha de emisión y de vigencia del certificado, la que no podrá ser menor a treinta días corridos, la forma en que el proveedor desea ser notificado y la información necesaria para realizar el pago en caso de iniciarse un proceso de portabilidad financiera o refinanciamiento. El contenido, los requisitos y la presentación de dicho certificado se determinarán en los reglamentos que se dicten de acuerdo al artículo 62.

Sin perjuicio de lo anterior, el consumidor podrá solicitar el referido certificado respecto de solo un producto o servicio financiero determinado.

El consumidor podrá requerir al proveedor de productos o servicios financieros, en el momento de solicitar el certificado de liquidación para término anticipado, que bloquee los productos o servicios financieros con créditos disponibles no desembolsados o créditos rotativos, tales como líneas de crédito asociadas a cuentas corrientes o tarjetas de crédito, durante el tiempo de vigencia del certificado, de manera que la información contenida en el certificado de liquidación no se vea modificada durante su vigencia. El certificado deberá señalar expresamente los productos o servicios financieros que han sido bloqueados.”.

b) Modifícase el actual inciso cuarto, que ha pasado a ser el noveno, en el siguiente sentido:

i. Reemplázase la frase “Los proveedores de créditos no podrán retrasar el término de los contratos de crédito” por “Los proveedores de productos o servicios financieros no podrán retrasar el término de los productos o servicios financieros”.

ii. Reemplázanse los vocablos “dichos créditos” por la expresión “dichos productos y servicios financieros”.

iii. Reemplázase la palabra “diez”, la primera vez que aparece, por el término “cinco”.

iv. Reemplázase el vocablo “diez”, la segunda vez que aparece, por la palabra “tres”.

c) Añádese, a continuación de su actual inciso decimosegundo, que ha pasado a ser decimoséptimo, el siguiente inciso, nuevo:

“Los proveedores de créditos que soliciten una tasación o estudio de títulos de un bien sobre el cual se constituirá una garantía en su beneficio deberán entregar al consumidor que solicitó el crédito los respectivos informes de tasación y estudio de títulos del bien, según corresponda. La entrega de dicha documentación deberá realizarse de manera física o virtual, conforme a lo solicitado por el consumidor. Asimismo, el consumidor podrá realizar la referida solicitud de manera presencial o remota.”.

3. Reemplázase en el actual artículo 17 K, la expresión “17 B a 17 J y de” por “17 B a 17 J, en el artículo 17 M, y en”.

4. Incorpórase el siguiente artículo 17 M, nuevo:

1. Reemplázase en su numeral 11 la expresión “Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras” por la expresión “Comisión para el Mercado Financiero”.

2. Reemplázase en su numeral 16 la expresión “Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras” por la expresión “Comisión para el Mercado Financiero”.

3. Modifícase su numeral 17 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en su párrafo primero la frase “Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, Superintendencia de Seguridad Social o Superintendencia de Valores y Seguros”, por la frase “Comisión para el Mercado Financiero o la Superintendencia de Seguridad Social”.

b) Modifícase su párrafo séptimo en el siguiente sentido:

i. Intercálase entre la expresión “resolución” y el punto seguido, la frase “, la cual en ningún caso podrá ser menor a quince días hábiles”.

ii. Reemplázase la oración “La emisión al interesado del certificado deberá efectuarse dentro de 5 días hábiles siguientes a la fecha de la solicitud respectiva.” por la oración “La solicitud del certificado podrá efectuarse de manera presencial o digital, debiendo emitirse, de manera digital o física, según sea solicitado, dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de solicitud respectiva. En caso de que se solicite que el certificado sea emitido de forma virtual, éste deberá ser emitido con firma electrónica de conformidad a la ley N° 19.799, sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de Dicha Firma.”.

Artículo 32.- Intercálase en el numeral 2) del Artículo Noveno de la ley N° 20.416, que Fija Normas Especiales para las Empresas de Menor Tamaño, entre la expresión “en favor de los consumidores por” y la expresión “la ley N° 19.496”, la frase “la Ley sobre Portabilidad Financiera y”.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo primero transitorio.- Esta ley entrará en vigencia transcurridos noventa días desde su publicación en el Diario Oficial.

Artículo segundo transitorio.- El reglamento establecido en el artículo 23 de esta ley deberá dictarse dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a la fecha de su publicación.

Dios guarde a V.E.

IVÁN FLORES GARCÍA

Presidente de la Cámara de Diputados

MIGUEL LANDEROS PERKI?

Secretario General de la Cámara de Diputados

2. Segundo Trámite Constitucional: Senado

2.1. Primer Informe de Comisión de Economía

Senado. Fecha 18 de noviembre, 2019. Informe de Comisión de Economía en Sesión 74. Legislatura 367.

?INFORME DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que regula la portabilidad financiera. BOLETÍN Nº 12.909-03.

HONORABLE SENADO:

Vuestra Comisión de Economía tiene el honor de informar respecto del proyecto de ley de la referencia, en segundo trámite constitucional, iniciado en Mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República.

La iniciativa ingresó a tramitación en el Senado el 29 de octubre de 2019, pasando a la Comisión de Economía.

Su Excelencia el Presidente de la República, hizo presente urgencia en el despacho de esta iniciativa, en el carácter de “suma”.

A la sesión en que la Comisión estudió esta iniciativa asistieron, además de sus integrantes:

Del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo: los asesores, señora Ximena Contreras, y señor Diego Schaerer.

Del Ministerio de Hacienda: la Coordinadora de Mercado Capitales, señora Catherine Tornel; el asesor de Mercados Capitales, señor Juan Pablo Loyola, y el coordinador legislativo, señor José Riquelme.

También asistieron:

De la Secretaría General de la Presidencia, el asesor, señor Víctor Inostroza.

Los asesores, señora Pamela Cousins (Senador señor José Miguel Durana), señora Camila Madariaga (Senador señor Rodrigo Galilea), y señor Claudio Mendoza (Senador Álvaro Elizalde).

Del Comité DC, la asesora, Constanza González, y del Comité PPD, el asesor, señor José Miguel Bolados.

De la Fundación Jaime Guzmán, los asesores, señora Antonia Vicencio y señor Tomás de Tezanos.

NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL

No hay.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

De conformidad al artículo 1° del proyecto, éste tiene por objeto promover la portabilidad financiera y facilitar que las personas, micro y pequeñas empresas se cambien, por estimarlo conveniente, de un proveedor de servicios financieros a otro.

De este modo, esos clientes pueden obtener la contratación de productos o servicios financieros con un nuevo proveedor, y el término de uno o más productos o servicios financieros contratados con el proveedor inicial. Con el objeto anterior, el proyecto regula la portabilidad financiera, con y sin subrogación, y modifica diversos cuerpos legales.

ESTRUCTURA DEL PROYECTO

El proyecto consta de 32 artículos permanentes y tres artículos transitorios. Los 29 primeros artículos contienen definiciones, y regulan la portabilidad financiera, con y sin subrogación. Los artículos siguientes introducen modificaciones a distintos cuerpos legales: el artículo 30, a la ley N° 19.496, sobre derechos del consumidor; el artículo 31, a la ley sobre timbres y estampillas, y el artículo 32, a la ley N° 20.416, que fija normas especiales para las empresas de menor tamaño.

Los artículos transitorios regulan la entrada en vigencia (artículo 1° transitorio), fijan el plazo para la dictación del reglamento (artículo 2° transitorio), y hacen aplicable, con un par de excepciones, esta ley a productos contratados con anterioridad a su entrada en vigencia (artículo 3°transitorio).

ANTECEDENTES

Para el debido estudio de esta iniciativa de ley, se han tenido en consideración, entre otros, los siguientes:

A. ANTECEDENTES JURÍDICOS

- Ley N° 19.496, sobre protección de los derechos del consumidor.

- Ley N° 20.416, que fija normas especiales para las empresas de menor tamaño.

- Ley N° 18.010, sobre operaciones de crédito de dinero.

- Decreto ley N° 3475, Ley de Timbres y Estampillas.

- Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada.

B. ANTECEDENTES DE HECHO

El Mensaje que dio origen a este proyecto.

__________

I. Fundamentos del proyecto de ley.

Su Excelencia, el Presidente de la República, comienza señalando que el uso de productos o servicios financieros es parte integral de la vida diaria de los ciudadanos. De acuerdo al Informe de Inclusión Financiera en Chile (2019) de la Comisión para el Mercado Financiero (en adelante “CMF”), un 97% de la población adulta del país mantiene al menos un servicio o producto financiero.

Por otro lado, existe un gran interés entre los consumidores de contar con una alternativa efectiva para cambiar sus productos y servicios financieros a otra institución financiera. Así, el Estudio Comparado el Futuro del Dinero y la Banca de Consumo en Chile y EEUU, elaborado por la Pontificia Universidad Católica, la Cámara de Comercio de Santiago y USC Center for the Digital Future, revela que más de la mitad de las personas encuestadas está dispuesta a cambiarse de institución financiera, en particular ante una mejor oferta respecto a intereses o comisiones, o en razón de beneficios o calidad del servicio prestado. Con todo, el mismo estudio da cuenta de las barreras que son percibidas por los mismos consumidores al evaluar un cambio, señalando que la percepción de la mayoría de los encuestados es que cambiarse de institución financiera en nuestro país resulta ser un proceso difícil.

Asimismo, se destaca que las deudas son uno de los productos financieros más críticos para los hogares chilenos. De acuerdo a datos de la Encuesta Financiera de Hogares 2017 del Banco Central, se estima que hay más de 3,2 millones de hogares con algún tipo de deuda, equivalente a un 66% del total de hogares en Chile. Por otro lado, la tenencia de deudas representa una carga importante en el presupuesto de los hogares. De acuerdo a datos de la misma encuesta, los hogares con deuda gastan en promedio un 25% de su ingreso mensual en intereses y amortizaciones originados de sus obligaciones financieras. Dicha carga resulta aún más alta para aquellos hogares de menores ingresos.

Las deudas constituyen también una herramienta fundamental para las empresas, la cual les permite acceder a financiamiento para sus planes productivos y de expansión. Así, de acuerdo a datos de la CMF, al año 2017 más de 560 mil micro y pequeñas empresas mantenían deudas en el sector bancario, y a esta cifra habría que agregar las empresas con deudas ante instituciones no bancarias.

El Mensaje destaca que, en este contexto, la posibilidad de cambiar al proveedor de un producto financiero mediante un refinanciamiento de deuda adquiere una importancia especial para los hogares y las pequeñas empresas chilenas. Sin embargo, se ha identificado que el proceso de refinanciamiento en Chile puede ser lento y costoso, por ejemplo, se ha estimado que los diferentes trámites que son necesarios para refinanciar un crédito hipotecario en promedio tienen un costo de $660.000 y, como mínimo, involucran un plazo de 2,5 meses. Es por esto que la creación de un proceso de portabilidad financiera resulta fundamental para apoyar a los hogares y potenciar el desarrollo y crecimiento de nuestras micro y pequeñas empresas.

II. Objetivo del proyecto.

De conformidad al Mensaje que dio inicio a la tramitación de esta iniciativa, el proyecto de ley tiene por objetivo facilitar de manera significativa el proceso de portabilidad financiera, permitiendo que los beneficiados cambien al proveedor de sus servicios financieros sin necesidad de acudir al proveedor inicial. Además, el proyecto incorpora ajustes normativos que se traducirán en menores costos para el caso de subrogación real de crédito.

III. Contenido del proyecto.

Como se señaló, el proyecto tiene como objetivo central facilitar el proceso de cambio de proveedor de productos o servicios financieros, mediante la regulación del proceso de oferta y contratación de los nuevos productos o servicios financieros, así como también el término de los productos o servicios originales. Este proceso se aplicará a los productos o servicios financieros ofrecidos por compañías de seguros, agentes administradores de mutuos hipotecarios, cajas de compensación de asignación familiar, cooperativas de ahorro y crédito, instituciones que coloquen fondos por medio de operaciones de crédito de dinero de manera masiva, o toda otra entidad fiscalizada por la CMF en virtud de la Ley General de Bancos (“proveedores” o “proveedor”).

Luego el Mensaje explica detalladamente los principales conceptos y pasos de este proceso de portabilidad.

1.Proceso de portabilidad financiera.

a. Certificado de liquidación.

El proyecto de ley contempla que los consumidores, microempresas o pequeñas empresas (“clientes”) puedan solicitar a proveedores con los que mantienen productos o servicios financieros vigentes (“proveedor inicial”) un certificado de liquidación para termino anticipado (“certificado de liquidación”), regulado en el artículo 17 D de la ley N° 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores (la “Ley del Consumidor”).

Dicho certificado, a diferencia de lo que ocurre hoy, contendrá información relevante sobre todos los productos o servicios financieros que el cliente mantenga contratados con el proveedor inicial, señalando, entre otros, las garantías que caucionan los productos y servicios, y el monto total a pagar necesario para dar término a dichos productos o servicios financieros. Adicionalmente, en caso de que el cliente presente una solicitud de portabilidad a un proveedor, éste último tendrá la facultad de solicitar el respectivo certificado de liquidación directamente al proveedor inicial.

b. Solicitud de portabilidad.

c. Oferta de portabilidad financiera.

El proveedor solo podrá retractarse de la oferta una vez transcurridos 7 días hábiles desde su emisión.

El proyecto de ley señala que la oferta de portabilidad deberá contener, a lo menos lo siguiente:

i. La especificación de los productos o servicios financieros que se ofrecen, detallando el monto, la tasa, carga anual equivalente y el plazo, cuando corresponda; y

ii. La especificación de los productos o servicios financieros del cliente con el proveedor inicial que serían objeto del mandato de término.

El referido mandato deberá ser cumplido por el proveedor en los términos de la oferta y de conformidad a la forma y plazos establecidos en el proyecto de ley.

d. Aceptación de oferta de portabilidad.

Recibida una oferta de portabilidad, el cliente procederá a evaluarla, pudiendo aceptarla dentro del plazo de vigencia. El proyecto de ley establece que, mediante la aceptación de la oferta, el cliente otorga al nuevo proveedor un mandato de término respecto de determinados productos y servicios financieros que el cliente mantiene con el proveedor inicial. Dicho mandato facultará al nuevo proveedor para realizar todos los pagos, comunicaciones o requerimientos correspondientes, en nombre y representación del cliente.

e. Contratación de nuevos productos y servicios financieros.

f. Cumplimiento de mandato de término de productos y servicios financieros.

Una vez que el cliente y el nuevo proveedor contraten todos los productos y servicios financieros incluidos en la oferta de portabilidad, éste último deberá cumplir el mandato de término dentro de un plazo de 3 días hábiles. El cumplimiento del referido mandato implica que el nuevo proveedor, actuando en nombre y representación del cliente: pague los productos y servicios financieros especificados en la oferta de portabilidad y, requiera al proveedor inicial el término o cierre de los productos y servicios financieros especificados en la oferta de portabilidad.

g. Notificaciones, comunicaciones y comprobante de pago.

2. Subrogación real de crédito en proceso de portabilidad financiera.

A continuación, el Mensaje detalla las particularidades de este proceso cuando se trata de un crédito con garantía real.

a. Subrogación real de crédito.

i. Que un nuevo proveedor celebre un contrato de crédito con el cliente en virtud de una oferta de portabilidad, cumpliendo las solemnidades señaladas en la ley;

ii. Que el contrato de crédito referido tenga por objeto principal el pago y la subrogación del crédito inicial, especificando este último; y

iii. Que el nuevo proveedor pague, en nombre y representación del cliente, el costo total de prepago del crédito inicial con los fondos del nuevo crédito.

La subrogación procederá únicamente respecto de los productos o servicios financieros que se extingan por el solo pago del mismo. El pago deberá ser realizado dentro de 3 días hábiles desde la celebración del nuevo contrato de crédito y durante la vigencia del certificado de liquidación vigente al momento de la firma del mismo contrato. En caso de no cumplirse con dicho plazo, ello no podrá afectar la subrogación, no obstante, hará responsable al nuevo proveedor de los perjuicios que dicho incumplimiento implique para el cliente.

b. Garantías del crédito subrogado.

En caso de subrogación de un crédito caucionado por una o más garantías reales, éstas subsistirán, garantizando de pleno derecho al nuevo crédito, en la totalidad de sus términos y en beneficio del nuevo proveedor. Para el caso de las garantías sometidas a un régimen registral, tales como las hipotecas o prendas sin desplazamiento, el proyecto de ley señala que se deberá dejar constancia de la respectiva subrogación en el correspondiente registro, la cual será únicamente para efectos de publicidad y oponibilidad a terceros. De esta manera se evita la práctica actual de alzar las garantías inscritas y constituir nuevas garantías sobre el mismo bien.

c. Disminución de costos.

El Mensaje pone de relieve que, mediante la nueva subrogación real de crédito ya no será necesario alzar la garantía real ni constituir una nueva sobre un mismo bien, procediendo únicamente la constancia de la subrogación en el registro correspondiente. Así, la subrogación se traduce en una disminución en los plazos y costos asociados al refinanciamiento de créditos garantizados, tales como créditos hipotecarios.

DISCUSIÓN EN GENERAL

La Comisión inició la discusión general de esta iniciativa, escuchando la exposición de la Coordinadora de Mercados de Capitales del Ministerio de Hacienda, señora Catherine Tornel.

En primer término, la señora Tornel destacó el trabajo de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, que permitió perfeccionar esta iniciativa en un corto tiempo, de modo de poder beneficiar a las personas y permitir que aprovechen el escenario actual de bajas tasas del interés.

Anunció que su presentación consta de las siguientes partes:

1. Alcance del proyecto de ley.

2. Funcionamiento de la Portabilidad Financiera

3. Créditos Hipotecarios

4. Perfeccionamiento en primer trámite.

1. Alcance del proyecto de ley.

La señora Tornel puso de relieve el objetivo del proyecto, que es facilitar a personas, microempresas y pymes el cambio de proveedor de productos financieros, tales como cuentas corrientes, tarjetas de crédito, créditos hipotecarios, de consumo y automotrices.

Precisó que hoy en día se pueden cambiar, pero no de forma fácil, y adicionalmente es costoso. Por ejemplo, en el caso de créditos hipotecarios, hay altos costos en el Conservador de Bienes Raíces, en notaria y en el número de días que demora el proceso. Se quiere facilitar esto, y además permitir a las personas una visión general de todos los productos financieros, los intereses y comisiones, entre otros, para lo que se crea un certificado único con todos los intereses y comisiones de todos los productos. Además, se estandariza el certificado para todos los proveedores financieros, de modo que el consumidor, aunque no tenga gran conocimiento financiero, pueda comparar.

La señora Tornel puso de relieve que, un estudio reciente, dejó en evidencia que esta iniciativa es una necesidad de las personas. En efecto, de acuerdo al Estudio Comparado el Futuro del Dinero y la Banca de Consumo en Chile y EEUU, elaborado por la Pontificia Universidad Católica, la Cámara de Comercio de Santiago y USC Center for the Digital Future, más de la mitad de las personas encuestadas y la misma proporción percibe barreras significativas para realizar dicho cambio.

Entre los créditos que son complejos de cambiar, resaltó los que tienen garantías reales. Esto es porque hay que alzar la garantía y volver a constituirla. Abordando esa situación, para refinanciamientos respaldados por garantías reales, el proyecto elimina la necesidad de alzar las garantías existentes y constituir nuevas garantías. Esto se logra a través de la creación de una figura de subrogación especial para créditos, en la que el crédito nuevo toma el lugar del crédito antiguo.

En este punto, el Honorable Senador señor Elizalde consultó qué ocurre con los casos en que la garantía, además del crédito hipotecario, garantiza en general todos los créditos del deudor. Lo anterior pues los bancos suelen exigir la constitución de una hipoteca con garantía general.

La señora Catherine Tornell puntualizó que se regulan ambos casos. No obstante, hay que tener presente que son cada vez son menos los bancos que exigen la constitución de garantías generales.

Informó que este proyecto tiene un texto autónomo, y asimismo modifica las siguientes leyes:

- Ley N°19.496, de Protección de los Derechos de los Consumidores.

- Decreto Ley N° 3.475 de 1980, Ley de Timbres y Estampillas. Explicó que esta normativa se modifica sólo para efectos de hacer los plazos más acordes con el certificado de liquidación.

- Ley N° 20.416, de Empresas de Menor Tamaño, para asegurar que esta normativa se aplique a las micro y medianas empresas.

En relación a los proveedores a quien afecta esta iniciativa, mencionó:

- Bancos;

- Compañías de seguros;

- Agentes administradores de mutuos hipotecarios;

- Cooperativas de ahorro y crédito;

- Cajas de compensación;

- Instituciones que coloquen fondos de manera masiva. Destacó que esto es especialmente importante para incluir ciertos créditos que de otra forma quedarían fuera, por ejemplo, empresas que otorgan créditos automotrices;

- Emisores de tarjetas;

- Otras entidades fiscalizadas por la CMF.

En cuanto al alcance respecto de los consumidores, señaló que se beneficia al 97% de la población adulta de Chile (13.637.426 personas), porque al menos tienen alguno de los productos financieros para los que se crea la figura de la portabilidad. Existe un 66% de hogares con deuda en nuestro país, que destinan un 25% de su ingresos a intereses y amortizaciones, por lo que se verán beneficiados directamente, ya que el poder aprovechar mejores tasas, podrán aumentar su ingreso disponible en forma importante.

Asimismo, se beneficia al 97% de pequeñas empresas y al 94% de microempresas.

El proyecto incluye cuentas corrientes, a la vista y distintos tipos de créditos:

2. Funcionamiento de la Portabilidad Financiera.

Explico que la portabilidad incluye 2 aspectos:

- Contratación de productos o servicios con nuevo proveedor.

- Mandato de término al nuevo proveedor para pagar y requerir el cierre de los productos con el proveedor inicial.

Destacó que es el nuevo proveedor quien se encargará del cierre. Por eso el proyecto de ley se llama portabilidad financiera, porque es parecido a la portabilidad numérica en la telefonía móvil.

Explicó que contempla 2 modalidades de portabilidad: portabilidad estándar y la portabilidad con subrogación. Una misma solicitud de portabilidad, puede tener las dos modalidades. Destacó que, en el caso de la subrogación, la garantía pasa a beneficiar al nuevo crédito y nuevo acreedor. En ambos casos el cliente no necesita contactar al proveedor inicial; no se requiere la firma del proveedor inicial en la contratación del nuevo crédito, y se reducen los costos y plazos.

La señora Tornel detalló, paso por paso, el modo de funcionamiento de ambos tipos de portabilidad.

Portabilidad estándar:

1° Solicitud del Cliente: El proveedor inicial emite el certificado de liquidación al cliente o al nuevo proveedor, el que contiene la información de todos los productos financieros vigentes. El cliente indica los productos que quiere contratar y los que quiere cerrar con el proveedor inicial.

El plazo para la entrega del certificado es de 3 días hábiles.

2° Oferta del proveedor: El proveedor nuevo analizará la solicitud, y si ve si esto razonable y si quiere otorgar el servicio, y si es así hará la oferta. El nuevo proveedor emite una oferta con los productos y condiciones, la cual tiene una vigencia de a lo menos 7 días hábiles. Explicó que la idea es que la oferta sea estándar, para que el cliente pueda cotizar y evaluar entre distintos proveedores de servicios financieros.

3° Aceptación de Oferta: El cliente aceptará la oferta que crea que es más conveniente, acepta las condiciones ofrecidas y con ello otorga un “mandato de término” al nuevo proveedor.

4° Contratación de Productos: El cliente contrata con el nuevo proveedor los productos ofrecidos.

5° Cumplimiento de mandato de término: El nuevo proveedor tiene 3 días hábiles para pagar saldos pendientes y requerir cierre de productos. Agregó que el antiguo proveedor tiene la obligación de cerrar los productos y debe avisarle al cliente que se cerraron los productos.

El Honorable Senador señor Galilea se interesó particularmente en este último paso. Pidió que se precise si una vez contratado el servicio, es el proveedor es el encargado de pagar al antiguo proveedor y que quede todo liquidado.

Al respecto, la señora Tornel ratificó lo señalado, enfatizando que lo que se quiere es dejar constancia de que el nuevo proveedor tiene la responsabilidad de avisar al antiguo proveedor y pagar los saldos. Si el antiguo proveedor no cierra los productos, es él quien carga con las responsabilidades.

Ante una pregunta del Honorable Senador señor Elizalde, precisó que no existe norma especial en materia de sanciones, sino que se aplican las de la ley del consumidor.

En este punto, el Honorable Senador señor Elizalde consideró que se puede mejorar el proyecto pues es quedaría muy vago el aspecto sancionatorio.

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Durana, consultó cual es el plazo que se otorga al antiguo proveedor.

La señora Tornel señaló que tiene 5 días hábiles para cerrar y 5 días hábiles para avisar al cliente.

Proceso de Portabilidad con Subrogación:

Se trata de los créditos con garantías reales, por ejemplo, un crédito hipotecario.

La señora Tornel hizo presente que esta portabilidad con subrogación, tiene los mismos pasos del caso anterior, de la portabilidad estándar. Pero cuando se produce el pago del crédito inicial, desaparece la necesidad de alzar la garantía, y luego viene la inscripción de la subrogación.

Reiteró los pasos que se siguen:

1° Solicitud del cliente: El proveedor inicial emite el certificado de liquidación al cliente o al nuevo proveedor, el que contiene la información de todos los productos financieros vigentes. El cliente indica los productos que quiere contratar y los que quiere cerrar con el proveedor inicial.

2° Oferta del proveedor: El nuevo contrato puede modificar tasas, plazos y otras condiciones. El monto podrá ser modificado hasta el capital original del crédito inicial.

3° Aceptación de oferta: El nuevo proveedor queda obligado a celebrar el contrato con el cliente en los términos de la oferta.

4° Contratación del crédito: A diferencia del proceso actual, no se requiere que el proveedor inicial firme documentos.

5° Pago del crédito inicial: Con el pago ocurre automáticamente la subrogación del crédito, tomando todas las garantías del crédito antiguo, que permanecen vigentes.

6° Inscripción de la subrogación: El nuevo proveedor debe solicitar inscripción en el registro correspondiente, solo para efectos de publicidad.

La señora Tornel destacó que en ningún momento el cliente tendrá estos dos créditos hipotecarios vigentes al mismo tiempo.

3. Créditos Hipotecarios.

La señora Tornel explicó en profundidad cómo se aplica esto en créditos hipotecarios, lo que adquiere especial relevancia por las tasas bajas que hoy en día han alcanzado mínimos históricos, como se observa en la siguiente lámina:

El proyecto simplifica y reduce los costos de refinanciamiento, permitiendo a personas, micro y pequeñas empresas beneficiarse de las menores tasas de interés.

Presentó el siguiente cuadro donde se grafican las diferencias del proceso antiguo y el nuevo, destacando los trámites que se eliminan:

En el punto 1, manifestó que hoy en día el cliente no tiene una visión global de sus productos y servicios financieros, a lo que podrá acceder con el certificado estándar que deberán entregar todos los proveedores.

Luego de la evaluación comercial y estudio de títulos, hoy el acreedor presenta una oferta de refinanciamiento, y para efectos de que alce las garantías, debe emitir una carta de resguardo al acreedor original (puntos 3, 4 y 5).

El acreedor original tiene que firmar el alzamiento en la notaría, junto con el deudor, y posteriormente, una vez que se aprueba el pago del crédito, se inscribe en el Conservador de Bienes Raíces ( 6 y 7)

El nuevo proceso de portabilidad implica cambios sustanciales. Una vez realizada la evaluación comercial y el estudio de títulos, se emite una oferta de portabilidad (3). Ya no es necesaria una carta de resguardo, que demoraba bastante tiempo, pues con la aprobación del proyecto el pago del crédito implica automáticamente la subrogación, antes de tener que realizar ningún tipo de inscripción.

El acreedor antiguo no tiene necesidad de ir a firmar nada ante el Notario, y la inscripción de la subrogación es sólo para efectos de publicidad, no hay ningún tipo de recargos, sólo se deja constancia que hay un nuevo crédito (punto 7).

La señora Tornell destacó que, como se evidencia en el cuadro siguiente, en este proceso se ahorra 15,4 UF:

En cuanto al ahorro de tiempo, se ahorran 30 días en el proceso:

El Honorable Senador señor Galilea resaltó que los costos más importantes son los de el estudio de títulos y la ntasación. Llamó a analizar la posibilidad de contemplar, como ocurre en otros países, un seguro respecto del título; si un banco hizo el estudio de títulos, de ahí en adelante debería estar garantizado.

La señora Tornel manifestó que nada impediría que la industria de seguro desarrolle un tipo de seguro como el señalado. En relación a esta iniciativa, hizo presente que obliga al proveedor a entregar copia del estudio de título y la tasación al cliente, que fue quien pagó por ellas, las que podrá llevar a donde sea o exigir al antiguo proveedor que se las dé al nuevo proveedor.

Agregó que la tasación podría tener más variabilidad que el estudio de título.

4. Cambios realizados en la Cámara de Diputados.

En primer término, en materia de plazos, explicó que en el proyecto original se dejaba la determinación de muchas cosas al reglamento. En la Comisión de Economía se establecieron plazos máximos para que el proveedor inicial le entregue saldos al cliente y para que le informe respecto del cierre efectivo de sus productos financieros; se aumentó la duración del certificado de liquidación de 15 días hábiles a 30 días corridos, y se disminuyó de 120 a 90 días el plazo para la entrada en vigencia de la ley y de 180 a 45 días el plazo para dictar el reglamento.

Por otra parte, se consagraron nuevas limitaciones y exigencias, especialmente en la seguridad de los datos personales. Así, se explicita la exigencia de medidas para garantizar la seguridad en el tratamiento de datos personales; se establece una norma de publicidad, conforme a la cual, al efectuar la solicitud, el nuevo proveedor debe informar los derechos y obligaciones de ambas partes, y se restringe de acceder a la portabilidad a quienes estén en mora de pagar pensiones de alimentos. En relación a este último punto, si bien están de acuerdo, fue de la opinión que este no es el proyecto adecuado regularlo. Explicó que esta indicación fue rechazada en la comisión, pero renovada en la Sala donde se aprobó. Esto va en la línea contraria de acortar los plazos, pues se deberá ir a tribunales de familia, lo que hará más lento todo. Es el único aspecto que estiman debiera mejorarse en este trámite.

También se efectuaron modificaciones en materia de conceptos y definición de límites. En efecto, se incorporaron nuevas definiciones, de solicitud y oferta, para efectos de simplificar el texto del proyecto, y se perfeccionó el procedimiento aplicable a créditos rotativos con el objetivo de minimizar el tiempo en el que el cliente no tiene productos habilitados y entregar certeza al nuevo proveedor sobre el monto máximo de deudas que asumirá.

La señora Tornel concluyó destacando los beneficios, tanto directos como indirectos, que tendrá esta iniciativa:

- Promoverá la competencia en el mercado de la provisión de productos y servicios financieros.

- Impulsará la inclusión financiera.

- Disminuirá los intereses (a través de mayor competencia), y los costos de refinanciamiento.

- Reducirá la cantidad de trámites y tiempos necesarios para cambiarse de proveedor.

- Fortalecerá la protección del consumidor financiero.

- Fomentará la demanda interna, la actividad económica y el empleo.

Finalizada la exposición, el Honorable Senador señor Elizalde manifestó que se trata de una iniciativa aprobada con una alta mayoría en la Cámara de Diputados, por lo que propuso aprobarla en general, sin perjuicio de posteriormente escuchar a distintos actores interesados en la materia.

El Honorable Senador señor Galilea se mostró de acuerdo con lo señalado.

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Durana, puso en votación general el proyecto en tabla.

-- En votación, el proyecto fue aprobado en general por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Durana (Presidente), Elizalde y Galilea (Unanimidad. 3X0).

TEXTO DEL PROYECTO APROBADO EN GENERAL

Se inserta a continuación el texto del proyecto de ley que la Comisión de Economía propone aprobar solo en general, que corresponde al aprobado por la Cámara de Diputados, y cuyo tenor es el siguiente:

PROYECTO DE LEY

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto. Esta ley tiene por objeto promover la portabilidad financiera y facilitar que las personas, micro y pequeñas empresas se cambien, por estimarlo conveniente, de un proveedor de servicios financieros a otro. Esta ley se aplicará a proveedores de servicios financieros regulados en la ley N° 18.010, que establece normas para las operaciones de crédito y otras obligaciones de dinero que indica; el decreto con fuerza de ley N° 3, de 1997, del Ministerio de Hacienda, que fija texto refundido, sistematizado y concordado de la Ley General de Bancos y de otros cuerpos legales que se indican; el decreto con fuerza de ley N° 5, de 2003, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija texto refundido, concordado y sistematizado de la ley General de Cooperativas; el decreto con fuerza de ley N° 251, de 1931, del Ministerio de Hacienda, sobre compañías de seguros, sociedades anónimas y bolsas de comercio; la ley N° 18.833, que establece un nuevo estatuto general para las Cajas de Compensación de Asignación Familiar(C.C.A.F.), y en otras normas de similar naturaleza.

Artículo 2.- Definiciones. Para los efectos de esta ley, se entenderá por:

3.- Costo total de prepago: monto total a pagar para extinguir totalmente la respectiva obligación en forma anticipada, incluida la correspondiente comisión de prepago en su caso.

4.- Crédito: operación de crédito de dinero definida en el artículo 1° de la ley N° 18.010, que establece normas para las operaciones de crédito y otras obligaciones de dinero que indica.