Nació el 17 de abril de 1982, en La Serena. Hijo de Ricardo Bravo Marchant y de Carmen Silva Tapia.

Soltero.

Realizó sus estudios de educación media en el Colegio Gerónimo Rendic, en La Serena, del que egresó en 1999. Luego ingresó a la carrera de Derecho en la Universidad Católica del Norte (UCN), sede Coquimbo, donde se licenció en Ciencias Jurídicas y Sociales. Juró como Abogado ante la Corte Suprema el 23 de julio de 2007. Además, es Magíster en Derecho Civil por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y posee varios diplomados en el área de derecho. Cursa un Master en Derecho de Familia e Infancia en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona.

En el ejercicio de la profesión de abogado, ejerce en materias en materias civiles y de familia. Socio de BS & Asociados. Juez Partidor incorporado en el Registro de Jueces Árbitros para Tribunales Ordinarios, Bienios 2017-2018 y 2019-2020, de la Corte de Apelaciones de La Serena y docente de Derecho Civil en la Universidad Central, sede La Serena, desde el 2016 y de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica del Norte, Sede Coquimbo, desde 2007 a 2020.

Ha desarrollado un trabajo de carácter socio-jurídico, de asesoría y educación, con Juntas de Vecinos y Clubes del Adulto Mayor del sector de Guayacán y El Llano de Coquimbo, Campamentos de la Parte Alta de Coquimbo, y migrantes asentados en La Serena y Coquimbo, entre otros.

Tras el estallido social de 2019, se sumó al Movimiento Independientes del Norte (MIN), para construir una plataforma para candidaturas independientes a la Convención Constitucional que representarán al Norte de Chile.

En las elecciones del 15 y 16 de mayo de 2021 se presentó como candidato a la Convención Constitucional por el 5° Distrito, Región de Coquimbo, en calidad independiente por el Movimiento Territorial Constituyente, dentro de la Lista del Pueblo y contó con el apoyo del Movimiento Independiente del Norte. Obtuvo 11.061 votos, correspondientes a un 4,91% del total de los sufragios válidamente emitidos.

Entre su propuesta constitucional, se encuentra lo siguiente: reemplazo del Estado subsidiario por uno solidario; establecimiento de un Estado plurinacional y pluricultural; adopción de una perspectiva de género y feminismo; ecocentrismo; un Estado descentralizado y regionalista; democracia y participación; reconocimiento de la propiedad individual y colectiva; reconocimiento y protección de las familias; y una serie de derechos, por ejemplo, a la vivienda y al hábitat, a la energía, a la alimentación, al trabajo, a la seguridad y protección social, a la educación, salud, etc.

En el proceso de discusión de los Reglamentos de la Convención participó en la comisión de Reglamento, de la cual fue coordinador.

Posteriormente, se incorporó a la comisión temática de Sistema de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional.

El 11 de mayo de 2022 fue elegido coordinador de la comisión de Armonización.