Nació el 31 de enero de 1947 en la comuna de Quinta Normal, en la ciudad de Santiago. Es hijo de Enrique Celedón y María Gabriela Del Carmen Fernández.

Casado con María Mercedes Bulnes.

Estudió Derecho en la Universidad Católica y tiene un magíster en Planificación Urbana y Regional en la misma institución. También posee un magíster en Derecho Constitucional de la Universidad de Talca.

En 1971, junto a Rafael Agustín Gumucio y Bosco Parra, entre otros, fundó la Izquierda Cristiana, partido del que fue Presidente entre 1989 y 1992 y en el que militó hasta 1996. Desde entonces ha trabajado y participado en política desde la independencia partidaria.

Fue preso político y más tarde, abogado defensor de Derechos Humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet Ugarte. Con el retorno a la democracia en 1990, abrió su primera oficina jurídica. Durante toda su trayectoria laboral ha tenido una especial atención a las causas ligadas a los derechos humanos y como abogado de sindicatos y trabajadores en general.

Fue candidato a diputado en cuatro oportunidades, sin lograr ser electo: por el distrito 25 en el año 1989, y por el distrito 38 en los años 2001, 2005 y 2009. También intentó ser alcalde de Talca en el año 2008.

En las elecciones del 15 y 16 de mayo de 2021 se presentó como candidato por el 17° distrito, Región del Maule, en calidad de independiente en cupo de la Federación Regionalista Verde Social y como parte del pacto Apruebo Dignidad. Obtuvo 23.468 votos, correspondientes a un 10,30 % del total de sufragios válidamente emitidos, transformándose en la primera mayoría distrital.

Plantea que la nueva Constitución debiera reconocer el derecho a la protección de la salud en tanto derecho universal, igualitario e integrado y que el poder público deberá asegurar a todos, de la manera que se regule más precisamente por ley, servicios sociales y sanitarios suficientes, y promover la salud de la población. Asimismo, sostiene que se debe garantizar el acceso a un seguro universal de salud sin discriminación y que el Estado debe controlar el ejercicio de los servicios públicos y privados de salud, y regularlos por ley para garantizar prestaciones básicas uniformes de carácter universal con las garantías de acceso, oportunidad y calidad. Para ello, asegura, es necesario reponer la solidaridad en el financiamiento de la salud.

En el proceso de discusión de los Reglamentos de la Convención coordinó la comisión de Derechos Humanos, Verdad Histórica y Bases para la Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición.

Posteriormente, se incorporó a la comisión temática de Derechos Fundamentales.

En mayo de 2022 comienza a desempeñarse en la comisión de Armonización.