El señor PIZARRO (Presidente).-

Corresponde tratar el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica el decreto con fuerza de ley N° 5, de 2003, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley General de Cooperativas, con informe de la Comisión de Economía y urgencia calificada de "suma".

Los antecedentes sobre el proyecto (8132-26) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 18ª, en 30 de abril de 2013.

Informe de Comisión:

Economía: sesión 48ª, en 14 de agosto de 2013.

El señor PIZARRO (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).-

Los objetivos principales del proyecto son los siguientes:

1.- Flexibilizar los requisitos necesarios para la constitución de las cooperativas y fortalecer su capacidad de gestión, preservando su carácter participativo.

2.- Incentivar la eficiencia económica y la sustentabilidad financiera del sistema, mediante el otorgamiento de estabilidad patrimonial y la participación de socios inversionistas.

3.- Actualizar y modificar el marco normativo de las Cooperativas de Ahorro y Crédito.

4.- Mejorar las facultades otorgadas por la ley al Departamento de Cooperativas, respecto a sancionar las conductas que puedan afectar la sana administración de tales entidades.

La Comisión de Economía discutió este proyecto solo en general, y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores García, Kuschel, Tuma y Andrés Zaldívar.

El texto cuya idea de legislar se propone aprobar se transcribe en el primer informe del órgano técnico y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.

El señor PIZARRO (Presidente).-

En discusión general el proyecto.

Tiene la palabra el Honorable señor Tuma.

El señor TUMA.-

Señor Presidente , como miembro permanente de la Comisión de Economía considero una gran oportunidad para esta Sala el conocer una iniciativa que tiene que ver con la Ley General de Cooperativas. No lo digo por el mérito de su texto, sino por tener la ocasión de debatir una institucionalidad tan importante para el desarrollo de las pequeñas asociaciones a través de este modelo cooperativo.

Durante los años 60 ese modelo estuvo suficientemente desarrollado en Chile para incentivar la competitividad en sectores poco competitivos, especialmente en el rural. En este, por ejemplo, comenzaron a formarse cooperativas destinadas a sustentar sistemas eléctricos y, también, cooperativas lecheras y campesinas.

Pero, a decir verdad, señor Presidente, a estas alturas el país requiere una modificación en esta materia.

Y, aunque comparto lo que se propone ahora, debo decir que no resuelve el problema de falta de competitividad de las actuales cooperativas, porque solo facilita que estas se constituyan de mejor manera, al reducir de 10 a 5, por ejemplo, el número mínimo de socios necesarios para formarlas.

En tal sentido, ¿qué incentivo existe para que, una vez constituidas las cooperativas, estas operen en un modelo económico cada día más concentrador, que no les da ninguna o muy pocas ventajas, pues deben enfrentar a grandes o únicos compradores o a un mercado que no les es favorable y no les permite ser competitivas? Además, hay que considerar que, desde el punto de vista del tratamiento del Estado, no tienen grandes diferencias con las sociedades anónimas.

Señor Presidente , echo de menos un Estado más aliado con estas cooperativas y, también, una sociedad más comprometida con la entrega de incentivos a la asociatividad.

Por eso, creo que la iniciativa de ley en estudio solo será un maquillaje que mejorará algunas cosas.

Yo estoy de acuerdo con muchas enmiendas que vienen en el proyecto. Sin embargo, este no cambia la orfandad en que el Estado mantiene a las cooperativas, pues no apunta al fondo del problema: no se entregan instrumentos de capacitación ni condiciones para igualar la cancha de la competitividad.

Si en este momento se planteara a los campesinos si prefieren formar una cooperativa, una comunidad o una asociación, ello les resultaría indiferente, porque no pueden desarrollarlas sin el respaldo decidido del Estado. Por eso, me parece que todavía es insuficiente el esfuerzo que se hace.

Pienso que a través de la aprobación del proyecto en general y de la alianza del Congreso con las asociaciones de cooperativas que hicieron este planteamiento, las cuales se sienten débiles frente a un mercado no solamente nacional, sino además globalizado, defenderemos los intereses de los pequeños productores, de los pequeños comerciantes, quienes realizan un enorme esfuerzo por producir y comercializar sus productos, pero no cuentan con las condiciones necesarias para competir.

En definitiva, en comparación con otros países, las ventajas que poseen los sectores que han logrado tener asociaciones o cooperativas para controlar gran parte de la economía, aquí son muy, muy escasas.

Creo que el esfuerzo de algunas cooperativas exitosas fue dirigido más bien a administrar ahorros. Cabe mencionar, por ejemplo, a la Coopeuch y a la Cooperativa Colun (desde el punto de vista de los productores), pero solo a modo testimonial, muestral.

Conozco cooperativas, asociadas a federaciones de cooperativas campesinas, que están "a medio morir saltando". Pero la iniciativa en debate no resuelve su problema. Porque, como ya están constituidas, decirles que pueden reducir el número de asociados para constituirse, no les sirve.

Las normas para citar a los socios también van a ser simplificadas. Pero las cooperativas no tienen dificultades para convocarse, sino para competir. Y el proyecto no va al fondo de aquello.

Por eso, invito a los colegas a que nos demos tiempo para debatir como corresponde el texto propuesto, de modo que las cooperativas cuenten con una verdadera institucionalidad. Así, las personas que por sí solas no pueden competir, pero a quienes tampoco les ayuda mucho asociarse, tendrán un instrumento realmente eficaz.

Asimismo, invito al señor Ministro a trabajar en profundidad; a revisar más acuciosamente los cuellos de botella que presenta la economía, y ver cómo solucionarlos para ayudar a que las cooperativas sean exitosas desde el punto de vista de la administración.

¡Y para qué hablar del tratamiento tributario! Hasta 2011, en materia tributaria, hubo un criterio administrativo conforme al cual los excedentes generados por las operaciones entre las cooperativas y sus asociados quedaban exentos de impuesto a la renta.

Este año, el ex Director don Julio Pereira , sin tener ningún antecedente distinto y sin que hubieran cambiado las cosas, decidió dar a dichas operaciones una interpretación distinta, modificando el criterio señalado y estableciendo algo diametralmente contrario: que las operaciones entre las cooperativas y sus asociados sí están afectas a impuesto a la renta.

Entonces, ¡para qué constituir cooperativas!

A mi juicio, desde la perspectiva de la recaudación fiscal quizás sería explicable el interés del Gobierno en fijar un nuevo criterio, pese a tratarse de una contribución absolutamente marginal. Pero, desde el punto de vista de los asociados, estamos frente a un verdadero desincentivo para optar a formar una cooperativa e incluso para mantenerse bajo esta modalidad, si consideramos que otras estructuras societarias les permitirían obtener incluso mayores beneficios.

Señor Presidente , hoy día, junto con otros Senadores, espero que dejemos presentado un proyecto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo -dado que solo él tiene iniciativa en materia tributaria- que cambie dicho criterio. ¡No puede ser que este aspecto se encuentre sujeto a la interpretación del Servicio de Impuestos Internos y que se tengan que estar judicializando sus decisiones!

O sea, nos hallamos en el peor de los mundos. Mientras nosotros intentamos modificar la Ley General de Cooperativas en aspectos que, según el mensaje, son tan importantes en distintos ámbitos de la economía, por otra parte el Director de Impuestos Internos, el Subdirector y quienes lo han reemplazado -en definitiva el Servicio- siguen dando a las normas que las rigen una interpretación contraria a la de favorecer el espíritu de un Estado que debe entregarles oportunidades distintas, con el propósito de igualar la cancha con relación a los pequeños productores y de fortalecer la asociatividad.

Hago presente al señor Ministro que, en verdad, el proyecto no me gusta. No obstante, pienso que debemos aprobarlo en general y a partir de ello, a través de una indicación sustitutiva u otras enmiendas, perfeccionar su texto, de manera que nos enorgullezca como país y podamos mostrar al resto de las naciones que tenemos capacidad para construir un respaldo legislativo que otorgue, tanto a las actuales cooperativas como a las que en el futuro se constituyan, las herramientas necesarias para fortalecerse y competir en un mundo tan concentrador de la riqueza y tan empobrecedor de aquellos que no pueden participar en los mercados en condiciones que les permitan competir.

Solicito a la Sala acordar un plazo suficiente para analizar muy bien la normativa y mejorarla sustantivamente.

El señor SABAG.-

Señor Presidente, no cabe duda de que esta iniciativa aborda una materia trascendental. Y coincido con el colega Tuma en cuanto a que es preciso establecer un amplio plazo para formular indicaciones, con la finalidad de sacar una ley adecuada a las necesidades de una institucionalidad tan relevante como la de las cooperativas.

Es evidente que las circunstancias que hoy día vive el país hacen que el sistema cooperativo sea muy propicio para algunas actividades, pero no en forma masiva, como ocurría antiguamente ni como sucede en muchos países europeos, donde las cooperativas tienen gran éxito y casi todo funciona sobre la base de ellas. Sin embargo, la realidad imperante en Chile ha redundado en que muchas cooperativas hayan tenido que sucumbir.

Recuerdo que había grandes cooperativas, como Huachicoop, en Talcahuano, en la que se abastecían todos los socios de la CAP. Pero, con el libre mercado, llegaron los grandes supermercados y los malls y, naturalmente, los enormes volúmenes de compra y de venta de estos establecimientos hicieron imposible que las cooperativas pudieran competir con ellos, ya que un artículo que estas vendían a 10 mil pesos, en esos otros locales costaba 6 mil.

Por lo tanto, las cooperativas fueron sucumbiendo sucesivamente. Hoy se concentran en ciertos rubros. Así, todavía quedan cooperativas eléctricas. Y las que entregan mejores resultados son las de agua potable, porque poseen clientes cautivos que no tienen la posibilidad de ser abastecidos por otros sectores.

Sin embargo, las cooperativas eléctricas enfrentan problemas, ya que cuentan con un grupo limitado de socios. En su caso, las grandes empresas eléctricas abastecen el campo y la ciudad; y, como compran a las generadoras miles de megawatts, el precio a los usuarios es muy bajo. En cambio, las cooperativas adquieren tan poca cantidad de energía que el precio al consumidor es mucho más alto. En consecuencia, a los agricultores les resulta más barata la electricidad de una empresa que la de una cooperativa por la cantidad de personas a las que atienden y los volúmenes de energía que compran.

De los diversos tipos de cooperativas, que son muy necesarias, hemos visto que las de ahorro y préstamos han dado buen resultado y otorgado buenos beneficios. Su control está a cargo de la Superintendencia de Bancos.

Pero resulta imprescindible modificar el sistema. El informe señala que el objetivo del proyecto es flexibilizar los requisitos para la constitución de cooperativas y fortalecer su capacidad de gestión; mejorar la fiscalización y las facultades de sanción por parte del Departamento de Cooperativas, dependiente del Ministerio de Economía; corregir errores de referencia en la redacción de la normativa vigente, y aclarar interpretaciones sobre situaciones equívocas que se han ido detectando con el tiempo.

El texto propuesto dispone algunas normas bastante positivas y otras que se deberán revisar con cuidado durante la discusión en particular.

De todos modos, el hecho de que en las cooperativas participen más de un millón 300 mil socios, que representan cerca del 16 por ciento de la población activa del país, obliga a actuar con prudencia en esta materia, aunque sin dejar de reconocer la necesidad de estudiar algunas modificaciones a la legislación en vigor, sobre todo en aras de la transparencia del funcionamiento de las cooperativas de mayor tamaño, en las que hay socios con más poder que las demás personas que las integran.

En los sectores que uno frecuenta, generalmente los rurales, muchas veces se señala que los verdaderos dueños de una cooperativa son su presidente y los directores, es decir, 5, 6 o 7 personas. Pero los 3 mil, 4 mil o 20 mil socios ¿en qué momento participan? ¿Cuántos van a votar? Sin embargo, no obstante que aquellos manejan económicamente muchos miles de millones de pesos, no tienen una Contraloría General de la República que supervigile, sino un comité de revisión, cuyos integrantes, por supuesto, son pagados por el mismo directorio.

Entonces hay inquietud y problemas de transparencia que han hecho presentes los propios socios, los cuales se quejan amargamente por la situación descrita.

Por eso estimo necesario legislar sobre la materia y ver la manera de establecer un contrapeso, para que los socios puedan tener mayor participación. Tal vez el sistema "un voto un socio" no es la mejor forma de defender los intereses de cada uno de ellos. Me parece que habría que buscar algún mecanismo para que las personas se interesen más en sus aportes y en los resultados de la cooperativa, en la medida que ellas también puedan recibir algún grado de beneficio. De ahí que muchas cooperativas ya se hayan transformado.

A mi juicio, la legislación que ahora tenemos la oportunidad de analizar nos abre la posibilidad de hacer un estudio serio y profundo respecto al sistema de cooperativas.

Dicho sistema ha sido muy importante, y lo es todavía en muchas naciones del mundo. Pero aquí, por la economía de libre mercado, hay abastecimiento de todo, a cualquier nivel, por lo que resulta evidente que a una cooperativa le cueste mantenerse, salvo que apunte a un nicho cautivo, como el de agua potable y que, por ejemplo, tenga 400 socios y nadie pueda abastecerlos, pues esos socios recibirán agua y todos participarán en ella.

No obstante, eso no ocurre en el caso de una cooperativa eléctrica, con 30 mil socios, porque ¿cuántos de ellos van a votar? ¿Mil? ¿Cuántos forman parte de las directivas? ¿Los mismos de siempre? ¿Quién los controla?

Ese es el problema.

En los asuntos públicos está la Contraloría General de la República, que ejerce un control efectivo sobre los órganos de la Administración. En cambio, acá el presidente y los directores son elegidos por los socios y reciben el sueldo estipulado por ellos mismos en cada cooperativa. Por tanto, creo que se debe mejorar el procedimiento, por decir lo menos.

Así que la iniciativa representa una muy buena alternativa. Tenemos que estudiarla serenamente, analizar las indicaciones y tratar de que los socios tengan asegurada no tan solo su inversión, sino también su participación, con los debidos resguardos para el buen desempeño de cada una de las cooperativas.

No tengo mayores observaciones al proyecto, pero sí sobre de las cooperativas del rubro eléctrico. Respecto de su funcionamiento, he recibido muchas inquietudes de los socios, ellos encuentran que se debe modificar el sistema, porque como está operando, si bien reciben energía, a veces es mucho más cara que la que pueden entregarles las empresas eléctricas, que también hoy día se hallan en los sectores rurales. Antes nadie llegaba a ellos, y por eso se formaron las cooperativas. Pero, ¿quién invertiría muchos millones de pesos para ir a dejarles luz a los agricultores a kilómetros y kilómetros de distancia?

Sin embargo, hoy día las cosas son muy distintas. Los socios ya no colocan ni un solo peso. Es el Estado, a través del gobierno regional, el que realiza toda la inversión. Coloca mil millones u 800 millones y se paga todo. Entonces, ¿cuál es el aporte de la cooperativa? Además, les llega la energía a todos por igual.

Los tiempos y las cosas han cambiado. El sistema de cooperativas es muy conveniente, sobre todo para los socios de una dedicada al rubro vivienda, porque si tiene mil asociados, todos ellos obtienen su casa y luego, por haber cumplido su finalidad, se disuelve.

Por eso, insisto en que las cooperativas de agua potable rural tienen clientes cautivos. Nadie más puede abastecer a sus socios. En cambio, sí se puede hacer en el rubro electricidad y otros, donde hay alternativas de abastecimiento.

Además, debe haber control sobre las cooperativas, el que tiene que ser claramente transparente para todos los socios, a objeto de darles garantía y seguridad.

Por tanto, voy a votar a favor de la idea de legislar, pero -como ya dije- me sumo a las palabras del Senador señor Tuma, en el sentido de que haya un plazo prudente para indicaciones, las que presentaremos para mejorar ostensiblemente el proyecto.

El señor NOVOA .-

Señor Presidente , la Comisión de Economía aprobó por unanimidad esta iniciativa. Durante la discusión en general, tuvimos la posibilidad de oír los planteamientos de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, de la Asociación de Cooperativas A.G., de la Asociación de Cooperativas de Ahorro y Crédito, del Servicio de Impuestos Internos, del Foro Empresarial Cooperativo, de la Federación Chilena de Cooperativas de Ahorro y Crédito y también de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Temuco Ltda., organizaciones que, en general, manifestaron su disposición favorable al proyecto.

Los principios que inspiran la normativa, como se explicó durante la relación, son varios, y se encuentran señalados en el mensaje. Lo interesante sería destacar que para poder facilitar la constitución de cooperativas se establece, por ejemplo, la rebaja del número de socios, manteniéndose solo respecto de las cooperativas de ahorro y crédito la exigencia de contar con 50 socios como mínimo, en forma inicial; y en cuanto a las cooperativas abiertas de vivienda, su número actual de 300 socios se baja a 200 para ser organizadas.

También se facilita la adopción de decisiones, flexibilizando las normas para la constitución de las juntas de socios y estableciendo menores formalidades de tipo legal, de manera de que estas cooperativas puedan desarrollarse en forma similar a otras entidades, como las sociedades. Hemos visto que la legislación actual tiende a facilitar la formación y administración de estas últimas; y, en el caso de las cooperativas, la normativa que las rige es bastante engorrosa.

Además, se consagran ciertas normas para que las cooperativas puedan obtener mayores aportes, mediante la categoría del socio inversor; se establecen disposiciones para el fortalecimiento de la estabilidad patrimonial de las cooperativas, y se dispone asimismo la participación de los socios en el patrimonio de la cooperativa desde el momento en que ingresan, de manera que las reservas voluntarias efectuadas anteriormente beneficien a los socios que contribuyeron a ellas.

Igualmente, se modifican distintas normas en relación con las cooperativas de ahorro y crédito, respecto de las cuales la fiscalización se entrega íntegramente a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, en el caso de que su patrimonio sea superior a 400 mil UF.

Por último, se dan facultades al Departamento de Cooperativas para sancionar malas prácticas.

Me parece que la experiencia de muchos países en cuanto al desarrollo del mundo cooperativo es algo que debemos considerar. El proyecto apunta a mejorar sustancialmente la legislación de cooperativas, de manera de hacerlas más competitivas, facilitando su creación.

Por lo tanto, sería del todo conveniente que la Sala, al igual como lo hizo la Comisión de Economía, aprobara en general la iniciativa, la cual es extensa. Por cierto, durante su debate en particular, va a ser objeto de indicaciones y de una discusión profunda en la materia.

El señor CHAHUÁN.-

Señor Presidente , durante la vigencia de la actual Ley General de Cooperativas ha sido posible identificar diversas falencias en su marco regulatorio.

La primera de ellas dice relación con la excesiva burocratización de la exigencia de un número determinado de socios para constituir cooperativas distintas a las de ahorro y crédito; falta de resguardo del patrimonio de la entidad; excesiva formalidad en las convocatorias a juntas de socios; dificultad en la toma de decisiones al interior del gobierno corporativo, y problemas de interpretación en diversas disposiciones de las cooperativas de ahorro y crédito.

El incremento del patrimonio de las organizaciones constituye un elemento clave en el desarrollo y crecimiento de las empresas. Por lo anterior, el proyecto que se somete a la consideración del Congreso Nacional establece que todas las cooperativas constituirán e incrementarán cada año un fondo de reserva legal con el 20 por ciento de los remanentes del ejercicio, el cual no será susceptible de repartir. Lo anterior aportará fortaleza financiera y estabilidad en el tiempo a la organización.

Consecuentemente con la naturaleza de carácter instrumental de su capital, los socios no tendrían un derecho individual sobre ningún tipo de reserva, ni siquiera al momento de su retiro.

Asimismo, se pretende fortalecer la regulación y fiscalización de las cooperativas. Para ello, es necesario, por una parte, el fortalecimiento de la acción reguladora a fin de garantizar que las exigencias de transparencia en el gobierno corporativo y los flujos de información se cumplan, y, por otra, que los derechos individuales de los socios se respeten.

La iniciativa en debate dispone un catálogo especial de sanciones para los miembros de los estamentos directivos que incurrieren en algunas de las infracciones que se describen en el articulado. Se procura corregir la falta de atribuciones del Departamento de Cooperativas para que cuente con un catálogo de sanciones más amplio, no limitado solo a multas o a la disolución forzada de la cooperativa. De esta forma, no se permitirá que malas prácticas de los administradores se perpetúen en el tiempo.

Considerando la importancia de las cooperativas, el volumen de sus operaciones, los recursos que pueden llegar a administrar y el necesario resguardo del bien común, la ley en proyecto propone dotar al Departamento de Cooperativas (dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo) de facultades adecuadas a una correcta, eficaz y oportuna fiscalización.

Asimismo, se pretende incentivar el desarrollo de las cooperativas de ahorro y crédito. En particular, la iniciativa busca otorgar nuevas facultades a las cooperativas de este tipo que se encuentren supervisadas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

Es muy importante señalar que las cooperativas realizaron un esfuerzo sustantivo para que muchas personas pudieran superar sus niveles de pobreza, para ayudar en la generación de empleo y para mejorar la distribución del ingreso, entre otros beneficios.

Las cooperativas han resultado ser claves para facilitar el acceso de personas de menores ingresos y medios a las actividades productivas del país, por cuanto los resultados de las operaciones de aquellas se distribuyen entre sus asociados en forma equitativa.

Después de la última gran reforma a la Ley General de Cooperativas, la ley Nº 19.832, de 2002, hubo un incremento de la actividad de estas entidades. Pero claramente subsistieron, como ya señalé, algunas falencias en la legislación.

En la actualidad, a más de diez años de esa modificación legal, las cooperativas cuentan con más de un millón 300 mil socios, lo que equivale al 16 por ciento de la población activa.

Cabe concluir, entonces, que las modificaciones introducidas en esa época fueron adecuadas, pero insuficientes.

Por lo anterior, el proyecto que nos ocupa, que se basa en los objetivos que ya explicité (flexibilizar los requisitos necesarios para la constitución de las cooperativas y fortalecer su capacidad de gestión; incentivar la eficiencia económica; actualizar y modificar el marco normativo de las cooperativas de ahorro y crédito; mejorar las facultades del Departamento de Cooperativas, y corregir errores de referencia), apunta en la dirección correcta.

Entre otras materias, se propone reducir de manera sustantiva el número mínimo de socios para constituir este tipo de sociedades. Ello operará en todos los casos, salvo en dos particularmente importantes: el de las cooperativas de ahorro y crédito y el de las cooperativas de vivienda.

Con todo, señor Presidente, si bien es posible perfeccionar la iniciativa mediante indicaciones -espero que ello se lleve a cabo en la Comisión pertinente-, creemos que la propuesta legislativa va en el sentido correcto.

Felicito al Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, que decidió fortalecer el sistema de cooperativas, un modelo de desarrollo impulsado en la década de los sesenta que logró finalmente incorporar al progreso a muchas personas que se hallaban en condiciones de desventaja económica y social.

Ojalá podamos aprobar este proyecto en general y darnos un espacio para corregirlo en las instancias correspondientes.

He dicho.

El señor KUSCHEL.-

Señor Presidente , anuncio mi voto favorable a este proyecto.

Además, deseo señalar que, aparte del millón 300 mil personas, aproximadamente, que hoy día están asimiladas al sistema de cooperativas, este esquema de funcionamiento económico, a mi juicio, presenta gran potencial.

Antes de entrar al fondo del asunto, deseo advertir que me preocupa lo que está pasando con las empresas Colún y Capel , que son cooperativas, a raíz de una resolución del Servicio de Impuestos Internos para hacerlas tributar por actividades ajenas a su giro.

Por ejemplo, cuando Colún vende fertilizante o maquinaria, tributa como si fuera una empresa comercial. Debiera pagar impuesto al procesar leche, lo que es propio del giro de la cooperativa. Pero ahora, recientemente, Impuestos Internos emitió una circular que la hace tributar de todos modos, con lo cual queda en desventaja respecto de su competencia.

Notemos que en Chile existe gran concentración en la producción de leche, en torno a tres grandes empresas: Soprole, Nestlé y Colún.

Si se le dificulta el trabajo a la empresa Colún, le ocurrirá lo mismo que a Cafra (Cooperativa Agrícola y Lechera de Frutillar ), a Dos Álamos y a las plantas lecheras que había en Fresia, los Muermos y Purranque, las que debieron cerrar.

Llamo la atención sobre el punto, porque, de lo contrario, quedarán solo dos grandes empresas. Colún va a perder los elementos de que disponía para competir en el mercado.

Señor Presidente , en mi opinión, el sistema de cooperativas puede extenderse a varios ámbitos: a los comités de agua potable rural; a las eléctricas (en mi región están, principalmente, las empresas Saesa y Crell); a las organizaciones de pescadores, buzos y algueros; a las entidades agrícolas; a la gestión de las distintas caletas pesqueras; al sistema de ahorro y préstamo de vivienda -ya se ha mencionado-; a la gestión de infraestructura marítima y pesquera, en particular en Chiloé y en las islas de la provincia de Llanquihue; a algunas ferias y mercados, y también a los condominios.

Por ello, me parece muy bien el espacio de debate que se está generando acá.

Entrando al proyecto que nos ocupa, hago presente que se plantean varios objetivos.

El primero es flexibilizar los requisitos necesarios para la constitución de cooperativas y fortalecer su capacidad de gestión, preservando su carácter participativo.

En esta finalidad cabe muy bien lo que he planteado con relación al potencial del esquema cooperativo en nuestro país.

En esta materia, se propone introducir reformas respecto del número mínimo de socios; de la adopción de decisiones en cooperativas de 20 socios o menos -porque a veces hay comunidades muy pequeñas-; de las formalidades de convocatoria a las juntas generales de socios, y de la designación de miembros del Consejo de Administración por personas jurídicas de derecho público o privado.

El segundo propósito es incentivar la eficiencia económica y la sustentabilidad financiera del sistema, otorgándole estabilidad patrimonial.

En este punto, se plantean enmiendas relativas al fortalecimiento de la estabilidad patrimonial y a la participación del socio en el patrimonio.

El tercer objetivo es actualizar y modificar el marco normativo de las cooperativas de ahorro y crédito.

En este ámbito, se propone modificar el patrimonio mínimo de estas cooperativas; se establece la facultad de constituir o tener participación en sociedades filiales para cooperativas de ahorro y crédito supervisadas y fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, y se plantean esquemas de supervisión y fiscalización de cooperativas de ahorro y crédito con un patrimonio superior a las 400 mil unidades de fomento.

La cuarta finalidad de la iniciativa es otorgar al Departamento de Cooperativas mejores facultades para sancionar las malas prácticas de las administraciones.

Y la quinta, corregir errores de referencia y de interpretación en la Ley General de Cooperativas.

Por todo lo expuesto, señor Presidente , anuncio mi voto favorable a la idea de legislar.

Espero que la nueva normativa legal genere un paraguas para proteger el enorme potencial que tiene el sistema de cooperativas en nuestro país y reafirme el esquema existente, especialmente en lo relativo a materias tributarias. Digo esto porque he recibido algunos reclamos desde Osorno , Río Bueno, San Pablo y La Unión con relación a las nuevas exigencias tributarias que se le han impuesto recién nomás a la empresa Colún.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

Señor Presidente , coincido con lo que han expuesto los señores Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra y pienso, en mi calidad de miembro de la Comisión de Economía, que nos encontramos frente a un proyecto de ley que puede tener mucha transcendencia para la potenciación de un área que debe existir dentro de la economía.

En todos los países desarrollados, el ámbito de la organización cooperativa es muy potente. En la economía alemana, por ejemplo, o en la agraria española, el sistema cooperativo es realmente importante para el desarrollo de actividades de todo tipo.

En la Comisión aprobamos la iniciativa que nos ocupa con la claridad de querer introducirnos en una modificación más profunda que la que nos propone el Gobierno. El texto en análisis busca, más que nada -y sin querer desmerecerlo-, regular la forma de las organizaciones, desburocratizar, definir maneras de llevar a cabo las juntas de accionistas y las de socios, etcétera.

A mi juicio, debemos aprovechar este chasis para hacer una verdadera reforma a la Ley General de Cooperativas, por cuanto, con el transcurso de los años, hemos ido disminuyendo nuestra preocupación por ese sector.

Hace veinte a treinta años había cooperativas de gran trascendencia, que realizaban actividades económicas relevantes. Sodimac es una de ellas. Y se transformó en una empresa con gran presencia en el mercado, al igual como ha ocurrido con otro tipo de organizaciones y cooperativas.

Si bien aquí se propone mejorar lo que existe -esto se lo hice presente al Ministro del ramo-, estimo que la institucionalidad que hoy rige al Ministerio de Economía -no me refiero a las personas que ahí trabajan, sino a su base institucional- no permite contar con una instancia que realmente promueva, fiscalice y regule la actividad cooperativa. El Departamento de Cooperativas es el pariente pobre de dicha Cartera, indiscutiblemente. Creo que es bueno que el Ministro tome nota de ello.

Si quisiéramos potenciar el movimiento de las cooperativas para que estas crecieran como debieran, habría que mejorar la capacidad de fiscalización y regulación de dicho ámbito, la que actualmente es muy mínima. Así lo hemos visto durante todo este tiempo.

Además, se observa una dualidad en el ámbito de la fiscalización y la regulación. Hay ocho cooperativas de ahorro y crédito que son supervisadas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, de acuerdo con su tamaño y magnitud, mientras que el resto es fiscalizado por el Departamento de Cooperativas.

Entonces, resulta importante que aprobemos la idea de legislar y, luego, todas y cada una de las disposiciones del proyecto, a fin de mejorar el funcionamiento del sistema y desburocratizarlo. Eso parece positivo, y hay que hacerlo.

No obstante, me quedan algunas interrogantes: por ejemplo, qué pasa con las cooperativas de ahorro y crédito -insisto sobre el tema-, más aún cuando algunas han alcanzado un tamaño considerable.

En la Región que represento tenemos un caso reciente que ha producido un impacto muy negativo. Me refiero a AVANCOP, una cooperativa de ahorro y crédito que capturaba recursos a través de sus socios para obtener capital. Ahora está en un proceso de crisis total.

¿Cuál es el efecto que ello provoca en el resto del sector? El rumor que hoy día corre es que otras cooperativas de la zona también se hallan en situación de insolvencia o en posibilidad de caer en ella.

¿Por qué? Me lo explicaron los propios dirigentes de cooperativas que el otro día me fueron a visitar para exponerme sus problemas: porque, con el sistema vigente, las cooperativas han capturado considerables recursos de sus asociados -se trata de gente modesta que percibe ingresos medios, quienes efectúan ahorros de 3 o 4 millones de pesos-, y cuando estos van a retirar sus fondos a otras cooperativas, tras producirse la quiebra de AVANCOP, les dicen: "Ustedes no pueden sacar todo su dinero, pues un instructivo de la Superintendencia de Bancos señala que solo se permite retirar un porcentaje mínimo de capital".

Entonces, si a uno le manifiestan que solo puede sacar 40 mil pesos de 3 millones, empieza a correr el rumor de que esa cooperativa no se encuentra en condiciones de responder. ¡Y no es así! Sí cuenta con recursos y liquidez suficientes depositados en los bancos, en razón de las exigencias patrimoniales que la ley impone a las cooperativas.

Por eso, hay que tener cuidado. En un momento la desconfianza en una de esas instituciones puede infectar o abarcar a todo el resto.

En consecuencia, considero que debemos involucrarnos como Parlamento, en conjunto con el Ejecutivo y con los propios actores interesados, para llevar adelante una gran reforma en esta materia y tener una buena Ley de Cooperativas, que no solo aborde aspectos puntuales, como ocurre, en parte, con este proyecto.

Debemos fijar un plazo razonable para la formulación de indicaciones -no breve, sino al menos de treinta o cuarenta días-, a fin de recoger todas las aspiraciones que han planteado las cooperativas y analizar los elementos que pudiéramos incorporar en esta legislación.

Ojalá el Ejecutivo -el actual o el que venga- contara con un Departamento de Cooperativas en el Ministerio de Economía con la fuerza que corresponde a un servicio de esas características. Y espero que se resuelva la doble dependencia de las cooperativas de ahorro y crédito: unas, dependiendo de la regulación de la Superintendencia de Bancos y otras, bajo la fiscalización del Departamento de Cooperativas.

Llamo la atención sobre eso.

Por esas razones, voté a favor de la idea de legislar en la Comisión.

Pienso que este es un buen chasis sobre el cual legislar para lograr una mejor Ley de Cooperativas, a fin de devolverle a ese sector toda la fuerza necesaria para que tenga presencia dentro de la economía de mercado que nos rige. Es un actor que está en condiciones de competir -puede hacerlo- con las empresas tradicionales.

Gracias, señor Presidente.

El señor COLOMA.-

Señor Presidente , trataré de ser lo más breve posible para no demorar el despacho del proyecto.

No quiero repetir conceptos en los que han ahondado con anterioridad otros señores Senadores. Deseo valorar los principios en los que se sustenta esta iniciativa legal: flexibilización de requisitos para la constitución de cooperativas, fortalecimiento de la capacidad de gestión, incentivo a la eficiencia económica, mejoramiento de facultades para sancionar conductas que afecten la sana administración. Y creo que en general apuntan en el sentido correcto.

Quiero hacer simplemente tres comentarios, que son quizás un anticipo de la discusión particular. Pero es bueno por lo menos dejar constancia de ello ahora.

Deseo aclarar que el mundo de las cooperativas es muy importante en algunas regiones. La del Maule es la que cuenta con más socios de cooperativas: 320 mil. Y se encuentran distribuidos en cooperativas que tienen mucha influencia en la vida diaria. Están prestas a ayudar en momentos de emergencia, en situaciones que para otro tipo de instituciones es más difícil actuar con la velocidad que a veces se requiere. Recordemos que estas cooperativas efectivamente, como mencionó uno de sus dirigentes, lo que buscan al final es el bienestar de sus asociados más que una utilidad o una inversión. Este último objetivo es perfectamente legítimo que lo persigan otro tipo de instituciones, como las bancarias.

Dentro de este concepto, quiero plantear tres puntos que en mi opinión deben ser parte de la discusión particular.

En primer lugar, cuando se traspasa un conjunto de facultades de fiscalización -se ha estado haciendo, pero se incrementa-, por ejemplo, a la Superintendencia de Bancos, me parece muy importante que los criterios de control de esa entidad se implementen conforme a la naturaleza societaria y particular de las cooperativas. No son iguales que los bancos. Poseen características, constituciones, ubicaciones que exigen, a mi juicio, entender que no son copia de instrucciones respecto de otro tipo de organizaciones con fines diferentes.

Entonces, espero que en la discusión en particular, cuando se habla de que se integran de mejor forma a la normativa de la Superintendencia de Bancos, se entienda que esta última ha de tener también una mentalidad especial en cuanto a asumir este tipo de organizaciones y no simplemente fotocopiar instructivos, que pueden ser legítimos respecto de una institución, para aplicárselos a la otra. Creo que eso debe ser parte de la modernización que desde mi perspectiva apuntaría en el sentido correcto. Así lo hemos conversado con varios dirigentes de las cooperativas. Quiero dejar en claro que a todos les parece bien este avance, y nadie objeta mayores grados de fiscalización, porque eso permite a la vez un mayor nivel de credibilidad. El tema radica en cómo hacer que este nuevo traje sea también a la medida de las cooperativas y que estas no tengan que adaptarse a uno que no está diseñado para ellas.

Un segundo tema que a mí por lo menos me sorprende es que el criterio para que una cooperativa pase a ser fiscalizada por la Superintendencia de Bancos se halle en función del patrimonio y no de los activos. Yo creo que en la naturaleza de los activos está dado el riesgo mismo. Hay cooperativas con patrimonios que pueden ser inferiores a 400 mil UF, pero con activos muy superiores, y a la inversa. Entonces, pienso que debemos evaluar este criterio. Sé que viene de atrás, pero hay que analizar con mayor profundidad si es el concepto del patrimonio el que fija el cambio de la regla o son los activos los que pueden dar ese paso para llevar a alguna organización a ser supervigilada por la Superintendencia.

Insisto: sé que se trata de una materia que viene de atrás. Pero no me deja de sorprender que la lógica sea patrimonial y no de los activos, que a mi juicio es lo que debería, sobre todo por su magnitud, generar la preocupación respecto del control.

Por último, también resulta importante entender -recuerdo que se discutió cuando se trataron cambios normativos a los bancos- que, si bien no figura en este proyecto, es conveniente dejar claro en el espíritu de la normativa que todas las disposiciones de adaptación deben tener espacios de gradualidad.

En mi concepto, en una modernización de instituciones se ha de considerar mucho la naturaleza de lo que se está modernizando. A veces se sugiere respecto de normas internas: "hagámoslo rápido; hagámoslo en noventa días", en circunstancias de que para los bancos se requiere una demora de tres o cinco años. Parece ser bueno plantear desde el punto de vista legislativo en la discusión en general que nosotros entendemos que esto debe ser gradual, que tiene que existir espacio para que las nuevas instituciones se adapten de buena manera, de un modo adecuado.

Obviamente, pasar el control y la fiscalización a la Superintendencia de Bancos , con todos los méritos que ello reviste, implica un tema de gestión, de trámite, de nuevos organismos, de forma de hacer las cosas donde hay que tener especial cuidado en que se convierta en activo y no en pasivo. Porque las cooperativas que por lo menos yo conozco en El Maule constituyen en general activos sociales importantes de la Región. Y no sea cosa de que por tratar de buscar un bien mayor estemos debilitando o generando un grado de burocracia al sistema que le disminuya esa flexibilidad o rapidez que le es tan propia y que le da más sentido a este tipo de instituciones.

Por eso, señor Presidente , junto con votar a favor en general, quiero por lo menos dejar estos tres puntos planteados: los dos primeros para la discusión en particular y el último, relativo a la gradualidad en la aplicación de las normas que aquí se establecen, para una reflexión con la autoridad.

He dicho.

El señor LETELIER.-

Señor Presidente , estimados colegas, me asisten grandes dudas con esta iniciativa. Porque, tal como lo indicó el Senador que me antecedió en el uso de la palabra, la ley en proyecto, de acuerdo con la forma en que se halla presentada, está forzando un traje que no corresponde a todas las realidades. Es más, creo que esta normativa puede ser perjudicial para algunas clases de cooperativas.

Aquí hay una típica visión de un segmento del cooperativismo, que tiene sus intereses económicos, que se asocia para fines de lucro, que intermedia con sus socios para ese propósito, y me parece muy bien.

Pero esa no es la situación de todas las cooperativas. Y allí se encuentra la primera razón por la cual me inclino a no votar a favor de esta iniciativa.

En nuestro país hay una gama amplísima de cooperativas, como las de agua potable rural, y la ley en proyecto las destruye, las mata, impide el trabajo que han llevado adelante cientos y cientos de dirigentes de los comités de agua potable rural, porque no diferencia entre una cooperativa con fines de lucro de aquellas que no lo persiguen.

Todas las modificaciones planteadas parten del supuesto de que la razón para agruparse es el fin de lucro. Y no es así. Incluso, la lógica de retiro de capitales, de permanencia en cargos o, incluso, la sanción a quienes asumen cargos directivos, desconocen la realidad de muchas cooperativas de nuestro país.

El error radica en tratar de imponer una normativa general a todos los tipos de cooperativas existentes en el país. Solo en mi Región hay más de 200 de agua potable rural. Con la presente iniciativa vamos a llegar a la siguiente situación: no habrá nadie que quiera asumir cargos directivos en los comités y cooperativas, todos los cuales se sirven de manera gratuita.

El proyecto en debate lo que hace es destruir a las organizaciones sociales probablemente más nobles que hay en Chile, las que, administrando una empresa privada -de propiedad de los socios-, dotan de agua potable de excelente calidad a cientos de miles de conciudadanos.

Señor Presidente , cuando se trata de imponer visiones de algunos segmentos de la sociedad con una ley general a veces se causa un tremendo daño. No todos se juntan en el país para emprender con fines de lucro. No es el propósito general. Y ante esa orientación que invade todo el proyecto, el Ministerio de Economía debería haber mostrado sensibilidad. Se les dijo en la Cámara de Diputados esto y no escucharon. Se insistió en el asunto y no quisieron oír. La iniciativa tiene que acotar, correctamente, a qué tipo de cooperativas se aplica y a cuáles no. Curiosamente, hacen excepciones con aquellas que cumplen funciones financieras de ahorro y préstamo, pero no se considera que pueda haber un cooperativismo con otra orientación, con distinta lógica.

Y eso me sorprende -y lo quiero manifestar- profundamente. No todas las cooperativas, incluso las agrícolas, persiguen fines de lucro.

Por ende, haría un llamado -por su intermedio, señor Presidente - al señor Ministro de Economía , para que entienda que todo el esfuerzo desplegado durante estos últimos años para que la comunidad autogestione la dotación de servicios básicos como el agua potable no puede ni debe tratarse con la mentalidad que se aprecia aquí. No corresponde. Los directivos de los comités de agua potable rural del país, de las cooperativas, no tienen intereses económicos al desarrollar su labor. Y aquí se les va a sancionar con su patrimonio, inclusive.

Por tanto, nadie querrá ser dirigente de tales entidades.

El esfuerzo autogestionado de solidaridad permanente que hay en grandes sectores de Chile este tipo de normativas lo puede destruir por una visión sustentada por otros, que no comprenden que el cooperativismo presenta muchas modalidades, muchas expresiones.

En consecuencia, junto con efectuar este llamado de atención, pediría que el Ejecutivo acote a qué tipo de cooperativas se va a aplicar el proyecto, porque las leyes generales en este ámbito ocasionan un tremendo daño. Más aún ahora, con los nuevos fenómenos de cambio climático, donde la escasez del recurso hídrico hace todavía más complejo conseguir dirigentes que dediquen su tiempo en forma gratuita al trabajo comunitario, que es la función que realizan, a lo menos en el área del agua potable rural, muchos comités y cooperativas.

En atención a las razones expuestas, señor Presidente , no voy a votar a favor del proyecto, y espero que sea el Ejecutivo el que presente la indicación respectiva, a efectos de dejar en claro que no los anima el interés de destruir las cooperativas de agua potable rural, para que excluyan de todo el debate a quienes se hallan en este otro ámbito del cooperativismo: el que no persigue fines de lucro.

He dicho.

El señor GARCÍA .-

Señor Presidente , tengo la convicción de que el que nos ocupa es un proyecto necesario y, por lo tanto, voy a votar a favor de la idea de legislar.

En noviembre de 2002 se promulgó la ley N° 19.832, que modificó la Ley General de Cooperativas. En su momento significó un gran avance. Han pasado poco más de diez años desde ese hecho y el tiempo ha demostrado que dicha normativa presenta una serie de falencias para mantener el movimiento cooperativista, que no solo se circunscribe a lo económico, sino que es mucho más que eso, casi me atrevería a identificarlo como un movimiento filosófico: la colaboración entre las personas para alcanzar mayor calidad de vida y para construir, también, una sociedad más humanista son los valores del cooperativismo.

Por lo tanto, mantener vivos los principios y la idea central del cooperativismo es algo sustancial que debe abordar el presente proyecto de ley.

De ahí que todo lo que hagamos para facilitar la constitución y el funcionamiento de las cooperativas; para resguardar su patrimonio; para eliminar las formalidades rígidas que deben cumplir las convocatorias a juntas de socios; para aliviar las dificultades en la toma de decisiones, desde mi punto de vista es absolutamente bienvenido.

Por otro lado, hay un par de materias que me interesan sobremanera y que, a mi juicio, no están suficientemente bien abordadas en la iniciativa en análisis. Esperamos que en la discusión particular se pueda alcanzar consenso y acuerdo sobre ellas de modo de plasmarlas en otros artículos y en otras normas legales.

En primer lugar, yo creo -tal como lo señaló el Senador señor Zaldívar - que hay que fortalecer el Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Y, probablemente, separar la función de estímulo al movimiento cooperativo de la facultad de sancionar. Es bien difícil, por un lado, expresar: "constituyamos un movimiento cooperativo sano, un movimiento cooperativo robusto, un movimiento cooperativo dinámico", y por otro, sancionar, aplicar multas. Considero que debiéramos buscar alguna fórmula para que lo hagan dos autoridades distintas.

Las personas que participan en las cooperativas también nos manifiestan que muchas veces se ven un poco agobiadas, porque las auditorías que les dispone el Departamento de Cooperativas las deben financiar ellas mismas. Y eso finalmente significa incurrir en una serie de gastos administrativos y contables que las entidades más pequeñas no siempre están en condiciones de solventar. Estoy pensando particularmente en las cooperativas de agua potable rural o en las que agrupan a personas de muy escasos recursos.

Otro asunto que me interesa -y ojalá lo podamos abordar y solucionar- se refiere a que muchas veces se presentan en nuestras oficinas parlamentarias individuos mayores, de escasos recursos, que quieren rescatar su aporte económico de un sinnúmero de años a distintas cooperativas. La normativa actual es engorrosa y permite que se dilate por bastante tiempo el proceso. En algunos casos, están pidiendo el rescate de esos dineros durante uno, dos, tres y hasta cinco años. A mi juicio, en determinadas circunstancias y condiciones, sin poner en riesgo la estabilidad de las cooperativas, debiéramos acelerar lo más que se pueda el rescate de las cuotas o de los aportes.

Con todo, señor Presidente, insisto en que este es un proyecto necesario, y lo voto favorablemente.

Muchas gracias.

El señor ESCALONA.-

Señor Presidente , hay algunos aspectos de la redacción del proyecto que me hacen pronunciarme por la abstención y no por el apoyo a la iniciativa, porque pueden resultar muy graves si no se corrigen.

En consecuencia, quiero expresar mi abstención para solicitar que ellos se puedan clarificar o subsanar.

El que más me preocupa se halla en la página 2 del comparado, donde se señala: "Podrán ser socios de una cooperativa las personas naturales y las personas jurídicas de derecho público o privado". Y se agrega la siguiente expresión, conformada por dos adjetivos y una conjunción: "nacionales o extranjeras". ¿Qué significa añadir personas jurídicas nacionales o extranjeras a las cooperativas? ¡Personas jurídicas! No estamos hablando de personas naturales.

Yo estoy de acuerdo con que nuestro país posea una política de puertas abiertas a todos aquellos que vengan de otra nación y quieran vivir acá, y que no enfrenten ningún tipo de limitación para emprender las iniciativas que deseen. Pero ¿qué significa persona jurídica extranjera? ¿Que, por ejemplo, se le van a abrir las puertas de las cooperativas de productores lecheros a los grandes consorcios internacionales del rubro?

O sea, en el caso de la provincia de Osorno, que me corresponde representar como Senador por Los Lagos, ¿implica que las cooperativas tendrán que aceptar como socios a los gigantes conglomerados neozelandeses de la producción lechera y que, en consecuencia, en un plazo relativamente breve pasarán a ser simples asalariados de esos consorcios?

En otras palabras, aquí hay una redacción francamente peligrosa.

A mí me repugna el nacionalismo barato. Así que no estoy hablando por ningún patrioterismo que no corresponda. Me estoy refiriendo al hecho concreto y práctico de que, en vez de fortalecer las cooperativas, podemos entregarlas a los consorcios privados extranjeros, a los grandes conglomerados internacionales.

Eso dice el proyecto.

El señor Ministro me mira con cara de sorprendido. Empero, es responsable político de esta redacción.

Si ella se aprobara, el inciso final del artículo 13 de la Ley General quedaría así: "Podrán ser socios de una cooperativa las personas naturales y las personas jurídicas de derecho público o privado, nacionales o extranjeras.".

¡Eso es la muerte de las cooperativas en su forma actual!

Me gustaría votar a favor de este proyecto, señor Presidente , pues estoy por el fortalecimiento del movimiento de las cooperativas. Sin embargo, aquella redacción me impide hacerlo, porque conlleva el riesgo cierto de que desaparezca ese movimiento como lo conocemos hoy día.

En tal sentido, también quisiera asociarme a la solicitud de que este proyecto se analice con el tiempo necesario.

Al respecto, recojo la idea del colega Kuschel: hay en nuestro país actividades productivas que enfrentan graves dificultades para llevar adelante su emprendimiento económico porque la legislación no las contempla o las contempla de manera deficiente y que, si se estudia el punto con acuciosidad, perfectamente bien pueden definirse como parte del movimiento cooperativo. Y concuerdo con Su Señoría en que eso se refiere a los sindicatos pesqueros, o de la pesca artesanal, o de las comunidades mapuches con acceso al mar que tienen áreas de manejo, por ejemplo.

En la Región del Biobío hay una grave crisis de las áreas de manejo, las que han ido desapareciendo. Se formaron varias decenas de ellas con sindicatos de trabajadores del mar, y quedan cuatro. Porque, como es obvio, la forma jurídica de sindicato no es la más funcional para el desarrollo de los emprendimientos económicos. Pero tales sindicatos podrían ser autorizados por esta iniciativa de ley para constituirse en una persona jurídica como las que aquí se señalan (no como los consorcios internacionales, por cierto). La idea es abrirles a esas comunidades humanas o productivas un canal -hoy día no lo tienen- para poder desarrollar sus negocios y exportar, por ejemplo.

Hoy es prácticamente imposible que un sindicato que cuenta con un área de manejo exporte. Debe hacerlo a través de un intermediario. ¿Y quién se queda con la tajada del león? ¡El intermediario!

Es decir, los referidos sectores tienen cerrado el camino para su crecimiento.

Entonces, tanto para los trabajadores del mar cuanto para otro tipo de actividades productivas, el sistema cooperativo es una vía. Pero su apertura requiere que exista el tiempo suficiente para que quienes no somos miembros de la Comisión de Economía podamos ayudar al trámite del proyecto y presentar las ideas e indicaciones respectivas.

Reitero, señor Presidente , que me gustaría votar a favor. No obstante, hay alcances de la actual redacción de la iniciativa francamente riesgosos y que, por su efecto práctico, ponen en riesgo el destino futuro del sistema cooperativo.

En consecuencia, me voy a abstener. Sin embargo, espero que el trabajo de la Comisión y la formulación de indicaciones permitan resolver los problemas que se han planteado en esta primera etapa de la discusión.

El señor QUINTANA.-

Señor Presidente , yo voy a expresar una opinión en una línea tal vez minoritaria en este debate, más cercana a lo que señalaron los Senadores Escalona y Letelier .

El domingo recién pasado, en la edición catalana del diario El País, de España, el destacado politólogo e intelectual Joan Subirats eleva la voz para defender la importancia, en medio de la crisis financiera que viven esa nación y la eurozona, de las asociaciones mutuales y las cooperativas, en tanto son para él expresión de "coaliciones democráticas que se plantean objetivos básicos de apoyo mutuo, de propiedad común, con sistemas de autogobierno y raíces territoriales profundas".

Yo subrayaría la expresión "raíces territoriales profundas", señor Presidente .

Pero Subirats no se queda en eso. Agrega que el cooperativismo, en el estado actual de desarrollo del capitalismo internacional, convertido -como sabemos- en una ruleta de casino operada por especuladores financieros sin bandera, o, mejor dicho, con bandera de piratas, con calavera y tibias cruzadas, es una alternativa solidaria, no individualista, que, bien administrada, permite recuperar, sobre nuevas bases, políticas de bienestar fundamentadas en las personas.

Creemos -siguiendo al referido intelectual español- que ese debiera ser el norte del cooperativismo chileno, volviendo a sus orígenes como movimiento esencialmente ciudadano, que surge, según se ha dicho, a mediados del siglo XIX en Europa como reacción y oposición a los excesos del capitalismo salvaje del laissez faire, del dejar hacer. El cooperativismo verdadero busca, a partir de asociación libre y solidaria, que el fruto del trabajo de los hombres, cuando es realizado de manera comunitaria, se traduzca en beneficios para ellos y sus familias, y que la riqueza así generada no sea apropiada por capitalistas, intermediarios o inversionistas controladores.

Eso es lo que inspira la creación del cooperativismo en el mundo, y por cierto en Chile.

Un señor Senador señalaba recién que aquí hay un movimiento filosófico. Pues bien: dicho movimiento filosófico -convengo en que existe- se pierde completamente con una iniciativa como la planteada por el Gobierno en esta oportunidad.

El proyecto que nos presenta el Ejecutivo en ningún caso aspira a resguardar esos valores del cooperativismo nacional e internacional. Al revés, persigue aumentar un proceso iniciado hace varias décadas y cuya finalidad es hacer de las cooperativas simplemente empresas.

Cuando se habla -como se hace en esta iniciativa- de mejorar el gobierno corporativo y de asegurar la provisión de fondos evitando la distribución de excedentes para solidificar posiciones financieras; o, lo que es peor, cuando se permite el ingreso de socios inversionistas que pueden controlar hasta el 40 por ciento de la cooperativa, o cuando se autoriza para constituir sociedades filiales a fin de lucrar con ellas, lo que se está haciendo es terminar de desnaturalizar las cooperativas y, más aún -esto es gravísimo; y quiero denunciarlo en esta Sala-, facilitar la toma de control del sector cooperativo por grandes actores del mercado financiero.

El Senador Kuschel nos advierte lo que está sucediendo con Capel, con Colún y con otras cooperativas. Pues bien, como la ley en proyecto también establece sanciones, aquello se verá acrecentado, pues el trato a Colún y a todas las cooperativas que conocemos será el que se da a cualquier sociedad comercial.

Entonces, al revés, el argumento es precisamente para rechazar la iniciativa en debate y no para aprobarla.

Las cooperativas no pueden ser una opción más de organización de un emprendimiento productivo, comercial o financiero. Deben ser algo distinto. Se trata de entidades donde las relaciones de cooperación entre seres humanos, de carne y hueso, están por encima de la organización de los medios económicos de la empresa.

El Gobierno equivoca el lenguaje, señor Presidente, porque ve en las cooperativas a empresas.

¡Si para eso el Código Civil nos da opciones bastante abundantes! ¡Y qué decir del Código de Comercio, que ofrece muchas posibilidades de organización jurídica para los emprendimientos individuales o colectivos, desde las empresas individuales de responsabilidad limitada hasta las sociedades anónimas abiertas, pasando por las sociedades colectivas en comandita!

O sea, si el Gobierno quiere más empresas, hay opciones para su construcción jurídica.

El cooperativismo no es eso, o, por lo menos, no es lo que el Ejecutivo intenta transmitirnos mediante esta iniciativa. El cooperativismo es comunidad, territorio, identidad colectiva, democracia interna; pero, por sobre todo, es solidaridad y conciencia anticapitalista y contra la especulación y el lucro.

Que haya cooperativas como la Coopeuch -alguien la citó-, que es la cuarta colocadora de créditos en el mercado, constituye un exceso y un uso abusivo de las regulaciones del área.

Por supuesto, también asumimos la responsabilidad de nuestro sector político por haber contribuido a aquello en el pasado.

La entidad individualizada debería ser un banco.

Los socios de Coopeuch no son dueños de nada.

Díganme qué controlan. ¡Nada!

Se trata de cooperados cuya opinión no tiene valor alguno, pues un grupo controlador interno hace y deshace, para bien o para mal de la institución.

En Chile desvirtuamos las cajas de compensación de asignación familiar, que ahora, como Sus Señorías saben, están transformadas en bancos populares que cobran intereses abusivos a adultos mayores. Esas entidades, que se constituyeron para colaborar con el Estado en el pago de la asignación familiar, hoy día se han convertido en entidades crediticias que prestan plata y controlan un porcentaje no menor del mercado financiero, pudiendo otorgar incluso créditos hipotecarios.

Las mutuales de seguridad, en el área laboral, se han transformado en redes privadas de prestación de servicios de salud -con clínicas, laboratorios, etcétera- que actúan gracias a la integración horizontal y vertical del mercado.

Señor Presidente , ¿hasta cuándo, con la excusa de la modernización, del aggiornamento, vamos a seguir transformando lo poco que queda en Chile de emprendimientos colectivos, cooperativos y sin fines de lucro en negocios habilitados para competir y disputarse el mercado?

Yo pienso que el viento, a nivel global, sopla en una dirección completamente distinta y opuesta a este debate. Por eso, destaco los planteamientos de los colegas Escalona y Letelier.

Lo que viene es el resurgimiento de estas organizaciones pequeñas, de los emprendimientos cooperativos en redes solidarias y no añadiéndolos, como pretende el actual Gobierno, a las filas de un mercado capitalista que ha demostrado su completa ineficacia a la hora de asignar y distribuir riqueza en Chile y en el resto del mundo.

En tales condiciones, no estoy disponible para aprobar este proyecto. No imagino a los comités de agua potable rural o a los comités de electrificación rural de la Región de La Araucanía, a la que represento, formando parte de un modelo de negocio en que los dirigentes podrían responder hasta con sus bienes.

Por todo lo expuesto, y porque este proyecto está matando a las cooperativas -podrá derivar en cualquier cosa, pero nunca más las cooperativas serán como las concebimos-, voto en contra.

El señor CANTERO.-

Señor Presidente, esta iniciativa, sobre la cual tengo observaciones, apunta en el sentido de abrir un debate en el Parlamento en torno a las cooperativas.

Desde hace mucho tiempo se siente ese vacío y está el reclamo o la demanda ciudadana por potenciar la actividad que a lo largo de la historia han desarrollado en Chile las cooperativas, la cual debe ser objeto de una legislación adecuada para reponer el rol cumplido tradicionalmente por ellas.

Las cooperativas de ahorro y crédito, por ejemplo, han tenido un papel muy relevante.

Las de vivienda, conocidas quizás con mayor énfasis en las décadas de los años 60 y 70 del siglo pasado, contribuyeron a dignificar la calidad de vida de miles y miles de compatriotas.

Y hay otro tipo de organizaciones para efectos tanto de producción como de compra.

Todas las actividades de tal índole tienen un marco teórico anclado en el cooperativismo, cuyos principios orientadores son muy claros.

El primero, como lo dice su nombre, consiste en un enfoque de cooperación, a diferencia de lo que establecen el mercado y, en general, el capitalismo, cual es una competencia con otro para superarlo, para dominarlo o para venderle algún servicio. En este caso, el principio orientador es la cooperación (el cooperativismo), que tanto en el ámbito económico cuanto en el social ha tenido una expresión muy generosa, muy genuina.

También reviste carácter voluntario. Se trata de una adhesión personal en torno a necesidades e intereses comunes. Ello responde a una lógica de mutualismo, de apoyo, de colaboración, de altruismo solidario; a un enfoque de bienestar.

Los principios del cooperativismo son:

Primero, la libre adhesión.

Segundo, el control democrático de la administración de cada cooperativa, hecho por sus propios socios, quienes se reúnen democráticamente, de acuerdo a un programa o cronograma de asambleas generales, para fiscalizar su marcha.

Tercero, una gestión de administradores, la que debe ajustarse a estatutos que rigen a las cooperativas, donde los asociados tienen derechos y deberes.

Cuarto, una educación cooperativa, lo que es importante, tanto más cuanto que los cooperados deben prepararse social y profesionalmente para cumplir con eficacia los compromisos que asumen como socios.

Quinto, el reparto de excedentes. O sea, los beneficios no son para una sola persona (ello marca la diferencia con el mercado y el capitalismo propiamente tal). En este caso, los sobrantes se entregan a todos los miembros de la cooperativa y deben distribuirse de manera tal que se evite la obtención de ganancias desmesuradas por parte de uno de ellos.

Sexto, una integración cooperativa. Es decir, los cooperados deben estar integrados y todos tienen que imponer comúnmente para acceder al derecho a participar.

Séptimo, la preocupación por la comunidad, por el interés general, por el bien común. Eso me parece de la esencia del sistema.

Señor Presidente, ¿en qué sentido valoro este proyecto? En que busca:

1.- Flexibilizar los requisitos necesarios para constituir cooperativas y fortalecer su capacidad de gestión, preservando el carácter participativo.

2.- Incentivar la eficiencia económica y la sustentabilidad financiera del sistema otorgándole estabilidad patrimonial e incorporando la participación de socios inversionistas.

3.- Actualizar y modificar el marco normativo de las cooperativas de ahorro y crédito, lo que constituye un clamor en los distintos espacios (en Calama, donde existe un movimiento cooperativista muy significativo -Cooperativa de Ahorro y Créditos Norte Grande; Coopeuch; cooperativas de vivienda-, me lo han hecho sentir en forma reiterada).

4.- Mejorar las facultades legales otorgadas al Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía; fortalecer a esta dependencia.

5.- Corregir errores de referencia y aclarar interpretaciones a los efectos de permitir que las cooperativas operen con la mayor eficiencia y eficacia, por cierto en el marco de la Ley General.

A mi entender, este proyecto abre un debate muy positivo, largamente esperado y que va a contribuir a la revitalización del cooperativismo después de una época en que no se enfatizó la cooperación, sino que, institucionalmente, el Estado y su modelo económico potenciaron la competencia.

En tal sentido, volver a tales principios, anclados claramente en el humanismo, me parece de gran relevancia.

Habrá indicaciones, con seguridad, y estaremos dispuestos a discutirlas, para mejorar la iniciativa.

Estimo que se trata de una gran oportunidad para perfeccionar el marco regulatorio existente y darles a las cooperativas de nuestro país, de una vez por todas, el impulso que han esperado durante muchos años.

Valoro, por tanto, este proyecto. En mi Región, como expresé, existe un movimiento cooperativista de mucha importancia. Y su capital está precisamente en Calama, donde ha habido un desarrollo muy grande en la materia y donde se cuenta con una infraestructura y un trabajo altamente considerados por la comunidad.

Voto a favor.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-

Señor Presidente , creo que este proyecto va por el camino correcto. Empero, tengo dudas en cuanto a la situación de las cooperativas pequeñas.

A mi entender, el aumento de todas las multas a beneficio fiscal producirá un efecto que podría resultar del todo contraproducente para quienes dirigen, en forma remunerada o no, pequeñas cooperativas que persiguen fines absolutamente sociales.

Yo, señor Presidente , voy a votar a favor del proyecto, pero entendiendo que es preciso presentar indicaciones con el fin de dejar la situación, sobre todo en el caso del agua potable rural, absolutamente fuera de la norma que aumenta la sanción actual de 25 unidades tributarias mensuales a 50 en el caso de no cumplirse con las obligaciones de quienes están a cargo, sean consejeros, gerentes, liquidadores, inspectores de cuenta, integrantes de la junta de vigilancia, de la comisión liquidadora y del comité organizador. Tratándose de una infracción reiterada, la multa puede elevarse de 100 unidades tributarias mensuales a 250.

Creo que el incentivo para participar sobre todo en las organizaciones del agua potable rural va a ser supercomplejo para quienes realicen los trabajos en forma voluntaria y lleven a cabo una labor social especialmente en la entrega del elemento en numerosas comunas, si bien observarán que el proyecto está muy bien inspirado. A mi juicio, en la discusión particular vamos a tener que formular las indicaciones correspondientes y contemplar sanciones de acuerdo con la gradualidad y el capital de cada una de estas cooperativas.

Por otro lado, quisiera consultarle al señor Ministro respecto de la eliminación, en el artículo 39, de la frase "y las de ahorro y crédito". La ley vigente obliga a que al menos el 10 por ciento del patrimonio de las entidades esté en activos e instrumentos de fácil liquidación, según lo determine el reglamento, y solo las cooperativas de vivienda quedarían afectas a tal exigencia. Deseo saber por qué se excluiría de ella a las cooperativas de ahorro y crédito.

Reitero que me pronunciaré a favor, porque estimo que tenemos que avanzar en la nueva Ley de Cooperativas, en poner la normativa a la altura de lo que el país requiere hoy día; pero vamos a tener que ocuparnos fundamentalmente en las cooperativas con un fin social de servicio público, como las del agua potable rural, a las que no podemos mezclar con otras que persiguen objetivos totalmente distintos, ya sean financieros o habitacionales, etcétera.

Quisiera, señor Presidente , que pudiéramos darnos el plazo suficiente para que el Ejecutivo reestudie la situación de las primeras, sin perjuicio de solicitarle al señor Ministro la respuesta a la consulta que le he hecho.

Gracias.

Se aprueba en general el proyecto (22 votos contra 2, 5 abstenciones y un pareo), fijándose el 25 de noviembre próximo, a las 12, como plazo para la presentación de indicaciones.

Votaron por la afirmativa las señoras Alvear, Rincón y Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Horvath, Kuschel, Larraín (don Hernán), Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Rossi, Ruiz-Esquide, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés)

Votaron por la negativa los señores Letelier y Quintana

Se abstuvieron la señora Allende y los señores Bianchi, Escalona, Gómez y Muñoz Aburto

No votó, por estar pareado, el señor Tuma

El señor PIZARRO ( Presidente ).- Conforme a lo acordado por los Comités, corresponde tratar el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización. La urgencia ha sido calificada de "suma".

Los antecedentes sobre el proyecto (7686-07) figuran en los Diarios de

Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 97ª, en 22 de enero de 2013.

Informe de Comisión:

Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 56ª, en 11 de septiembre de 2013.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).- El objetivo principal de la iniciativa es rectificar algunas disposiciones del cuerpo legal citado y reforzar la institucionalidad del Consejo para la Transparencia.

La Comisión discutió el proyecto solo en general y aprobó la idea de legislar con los votos de los Senadores señores Bianchi, Orpis y Sabag, habiéndose pronunciado en contra el Honorable señor Frei.

Cabe tener presente que los números 1, 3, 4, 5, 9 y 21 a 25 del artículo 1° y los artículos 3° a 9° tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren 21 votos para su aprobación.

A su vez, la letra d) del número 4 y los números 12 y 13, todos del artículo 1°, son de quórum calificado, lo que hace necesarios 19 votos para que sean acogidos.

El texto que se propone sancionar se transcribe en el informe de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.

El señor PIZARRO ( Presidente ).- En discusión general.

Tiene la palabra el Senador señor Bianchi, Presidente de la Comisión de Gobierno.

El señor BIANCHI.- Señor Presidente , el objetivo del proyecto aprobado por el órgano técnico es modificar la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, como se ha dicho, con el propósito de rectificar algunas de sus normas tras dos años de vigencia y reforzar la institucionalidad del Consejo para la Transparencia.

El texto se conforma con nueve artículos permanentes.

De acuerdo con los antecedentes, la aplicación de dicho cuerpo legal ha permitido advertir falencias en siete puntos que es necesario enmendar: perfeccionamiento normativo en materia de transparencia activa; derecho de acceso a la información y notificación de terceros; plazos de reserva o de secreto; procedimientos de reclamo y amparo; aspectos relativos a las funciones del Consejo, e infracciones y sanciones a las normas sobre transparencia.

En relación con el primero, se apunta a elevar los niveles de transparencia y a recoger las buenas prácticas impuestas por dicho organismo. Al respecto, se advierte la conveniencia de incluir en la ley, además de la información relativa al personal de planta, a contrata y a honorarios, a los que se desempeñan al amparo del Código del Trabajo y a las autoridades que no son funcionarios públicos. También propone, en materia de ingresos, que la información se refiera a los funcionarios y no a las escalas de remuneraciones, para evitar distorsiones eventuales.

En cuanto a la declaración de intereses y patrimonio, se plantea su consignación como una obligación legal de transparencia activa.

Con relación a perfeccionamientos en el derecho de acceso a la información y la notificación de terceros, se advierten indefiniciones que es preciso abordar para dar certeza jurídica a los solicitantes de antecedentes.

En primer lugar, se observa la brevedad del plazo de dos días que establece la ley para analizar la petición que pueda afectar a terceros, por lo que se sugiere ampliarlo para darles debida protección.

Otra dificultad que se percibe es la imprecisión que se genera al notificar a un gran número de personas, por lo que se recomienda abrir un período de información pública que permita conocer la opinión de los afectados antes de adoptar una resolución.

Además, se cita el caso de la imposibilidad de notificar a un tercero por cambio o inexactitud en la información sobre su domicilio. Se expresa que la ley, en tal evento, parece entender que no media una oposición a la entrega de antecedentes, a la cual, por lo tanto, se debería acceder, lo cual no obsta a que el derecho pueda ser afectado.

Se agrega que el plazo de respuesta a la solicitud de información relacionada con el tercero es muy breve si se considera que el término total de que dispone la autoridad requerida es de veinte días, prorrogables por otros diez. Se sugiere, en consecuencia, flexibilizar el lapso mediante la correspondiente modificación.

Se consigna que la ley contempla sanciones consistentes en multas de 20 a 50 por ciento de la remuneración del infractor y, ante fallas reiteradas, el doble del monto y la suspensión del empleo por cinco días. Se ha estimado conveniente ampliar el rango de medidas y agregar la censura, además de suprimirse los porcentajes mínimos anotados.

Ha de precisarse, asimismo, el concepto de "infractor", actualmente penado en la forma ya señalada. Hay casos en que es difícil individualizar a la persona en instituciones en las que la toma de decisión compete a distintas unidades, por lo que se sugiere sancionar directamente al jefe del servicio involucrado.

En relación con los procedimientos para aplicar las sanciones dispuestas en la Ley de Transparencia, se ha reparado en la dificultad de imponerlas cuando el infractor es el jefe superior del servicio requerido, ya que, en el caso de una multa, por ejemplo, no puede ser el mismo que instruya al habilitado para que curse la infracción, o bien, si se trata de la suspensión del empleo, el que ordene al jefe de personal aplicarla. Se estima, en consecuencia, que debiera entregarse al Consejo la posibilidad de determinar directamente estas sanciones administrativas.

Finalmente, señor Presidente , se opina, respecto de las obligaciones de transparencia activa que pesan sobre las empresas públicas, que el sujeto activo de la obligación debiera precisarse de acuerdo con los parámetros generales.

Sometida a votación la idea de legislar, resultó aprobada con los votos de los Senadores señores Orpis y Sabag y de quien habla. Se pronunció en contra el Honorable señor Frei .

El voto de mayoría estimó que, si bien tanto el informe de la Excelentísima Corte Suprema cuanto la exposición del señor Contralor dan cuenta de perfeccionamientos que es menester introducir al texto que nos ocupa, el parecer del Máximo Tribunal, la respuesta del Ejecutivo y los comentarios que mereció el examen del proyecto permiten estimar que las normas objetadas pueden ser revisadas en la discusión particular.

He dicho.

El señor ORPIS.- Señor Presidente , Honorable Senado, tal como indicó el señor Ministro , la transparencia es un proceso que se ha ido profundizando a través del tiempo, lo cual parte con una iniciativa de los Senadores Hernán Larraín y Gazmuri .

Así, en el año 2005 se reforma la Constitución para consagrar en ella el principio de publicidad de los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, que después se plasma en la ley N° 20.285, que crea, entre otras cosas, el Consejo para la Transparencia.

Habiendo transcurrido el tiempo, tal como se indicó en la Sala, un grupo transversal de Diputados presentó un proyecto que modifica la Ley de Transparencia y del cual quiero destacar, en esta oportunidad, al menos diecisiete aspectos.

El primero dice relación con los sujetos pasivos. En el artículo 2° de la normativa vigente, que establece a quiénes se les aplica la ley, se incorpora a las corporaciones y asociaciones municipales, siguiendo así la jurisprudencia del Consejo para la Transparencia, ratificada por las Cortes de Apelaciones.

En lo relativo al archivo y las custodias, se introduce un nuevo artículo 4° bis, que impone a los órganos de la Administración del Estado la obligación de conservar y archivar la información pública y el modo en que debe realizarse su eliminación.

En cuanto a la transparencia activa, se aprobaron una serie de modificaciones que vienen a perfeccionar y complementar las actuales disposiciones.

Se establece que los órganos del Estado deberán publicar proactivamente información en sus sitios web.

Tal como se expresó en la Sala en lo atinente a la obligación de publicar las remuneraciones de los funcionarios, se especifica que se debe informar la remuneración total que le corresponda a cada uno de ellos mensualmente. Además, se precisa que igual obligación regirá respecto del personal sujeto al Código del Trabajo y de las autoridades que desempeñen labores en el órgano o servicio en virtud de un cargo de elección popular o cualquier otro mecanismo de designación.

Asimismo, dentro de la transparencia activa, y tal como también se señaló, se determina la obligación de publicar las declaraciones de patrimonio e intereses.

Algo muy importante, señor Presidente, es que se deberá publicar el índice actualizado de actos y documentos declarados secretos o reservados.

En lo referente al modo de informar los actos y resoluciones con efectos sobre terceros, se incorpora la posibilidad de que el Consejo para la Transparencia autorice a los órganos para utilizar medios alternativos de cumplimiento o los exima de informar cuando la información no revista interés público.

Y, por último, todavía dentro de lo que es la transparencia activa, se añade la obligación de publicar la normativa reglamentaria y administrativa vinculada a esta ley y toda otra información que diferentes preceptos legales indiquen que deba publicarse de esta forma.

En cuanto a datos personales, se agrega un concepto tremendamente importante, a mi juicio, pues se dispone, de manera expresa y como regla general, la aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales cuando la información requerida revista ese carácter. Era fundamental definirlo así en la Ley de Transparencia, porque siempre se producen diversas interpretaciones sobre qué norma aplicar en esta materia.

Con respecto a la información que debe publicarse por transparencia activa, se ordena que solo en el caso de la transferencia de fondos públicos y subsidios habrá que publicar, además del nombre, el RUT del beneficiario. En el resto de los casos los órganos tendrán que abstenerse de publicarlos y aplicar el principio de divisibilidad.

Y por último, en materia de datos personales, regirá el principio del consentimiento. Cuando se trate de datos personales y sensibles, regirán el procedimiento y los plazos de la Ley de Protección de Datos Personales y no, por tanto, los de la Ley de Transparencia.

En lo tocante a los plazos, se aclaran algunos, como el que opera cuando el órgano pide aclaración o subsanación de la solicitud o esta última se deriva a otro órgano.

De manera adicional, se establece expresamente la improcedencia de la aplicación del artículo 15, que dispone que cuando la información solicitada se encuentre permanentemente a disposición del público, el órgano requerido cumplirá con informar dónde y cómo se puede acceder a aquella.

Sin embargo, se incluye la siguiente excepción:

No podrá utilizarse este procedimiento cuando respecto de dicha información exista alguna circunstancia que obstruya o impida el acceso por parte del solicitante, particularmente por hallarse el domicilio indicado en la solicitud a una distancia considerable del lugar donde dicha información se encuentre a disposición del público.

Otro aspecto es el procedimiento de notificación a terceros.

En el caso de haber terceros potencialmente afectados por la publicidad de la información, el artículo 20 de la Ley de Transparencia prevé un procedimiento de notificación y la posibilidad de que aquellos se opongan a dicho acceso. Y ahora se contempla un conjunto de modificaciones con el objeto de perfeccionar ese procedimiento.

En cuanto a la reserva de la información, se incorporan elementos importantes.

En general, se podrá declarar reservada la información por un plazo de hasta 5 años, prorrogable por 5 años más. Y tratándose de cierta información sensible, como aquella relacionada con materias de defensa y de política exterior, dicho plazo será de 10 años, prorrogable por otros 10, de manera indefinida y sucesiva.

Todas las resoluciones que establezcan la reserva serán revisables por el Consejo para la Transparencia.

Adicionalmente, se consagran instancias alternativas de solución de conflictos.

Se perfeccionan los procedimientos de reclamo ante el Consejo.

Se establecen dos nuevos recursos: el especial de reposición y el extraordinario de unificación de jurisprudencia.

Se incluye el deber de colaboración de los órganos con el Consejo.

Además, se instituye la obligación de rendir cuenta pública participativa.

Y, tal como lo señalaron el señor Ministro y el señor Presidente de la Comisión , se aborda un tema que ha sido objeto de un conjunto de fallos de la Corte Suprema: el referido a los correos electrónicos.

Así, se regula lo relativo a aquellos, teniendo presente lo dispuesto por el Tribunal Constitucional en diversas sentencias. Y se define que, para efectos de hacer públicos los correos electrónicos, se deben dar los siguientes requisitos copulativos:

Primero, que hayan sido enviados o recibidos a través de casillas electrónicas institucionales.

Segundo, que se enmarquen en el ejercicio de las funciones de autoridades, funcionarios y servidores públicos.

Tercero -lo más importante-, que se refieran a actos y resoluciones finales de los órganos de la Administración del Estado; de sus fundamentos, y de su sustento o complemento directo y esencial, en tanto su divulgación no implique la publicidad de las deliberaciones.

Cuarto, que exista un interés público en la divulgación.

Y, quinto, más que requisito, se precisa que las causales de reserva también son aplicables a los correos electrónicos.

En síntesis, señor Presidente , estimo que la iniciativa en análisis profundiza la ley N° 20.285, al aclarar ciertas interpretaciones fruto de su aplicación desde su promulgación, tiempo en el cual se han podido detectar sus debilidades y vacíos.

Por lo tanto, concurriremos a aprobar la idea de legislar del proyecto, sin perjuicio de los perfeccionamientos que podamos introducirle en la discusión particular, producto de las exposiciones de la Contraloría General de la República y del Consejo para la Transparencia, y de las distintas inquietudes planteadas por los señores parlamentarios.

He dicho.

El señor FREI (don Eduardo).- Señor Presidente , yo voté en contra de la idea de legislar de esta iniciativa en la Comisión.

Ello no obedece a que sea contrario a la transparencia.

Cualquier persona que revise las decisiones que se tomaron en mi Gobierno verá precisamente que el lugar N° 20 en que nos encontramos -como señaló el Ministro - se consiguió gracias a las políticas que impulsamos en 1994.

Por ejemplo, se creó la Comisión Nacional de Ética Pública, presidida por el Presidente del Senado e integrada por el Presidente de la Cámara de Diputados, el Contralor General de la República, el Presidente de la Corte Suprema y otras autoridades y especialistas en la materia, quienes propusieron más de 40 medidas para avanzar.

Muchas de ellas se materializaron en mi Gobierno, a través tanto de actos administrativos como de leyes de la república. Entre estas se encuentran el financiamiento público de las campañas electorales (desgraciadamente, en ese momento no se contó con el apoyo político necesario para legislar y recién se promulgó en 2003) y otras más.

Además, creé por decreto -mandé al Parlamento un proyecto para hacerlo por ley, pero este no ha sido aprobado hasta la fecha- el Sistema de Auditoría Interna Gubernamental, el cual fue fundamental.

Y cada vez que durante mi Presidencia vino a Chile la Comisión de Transparencia Internacional, ella certificó que esa experiencia en el manejo de los actos de Gobierno -que sacamos de países desarrollados- había sido tremendamente eficiente no para comenzar a estudiar cambios o fórmulas destinadas a detectar corrupciones en la Administración Pública, sino para seguir los procesos en forma paralela a medida que se desarrollaban.

La Comisión Nacional de Ética Pública funciona hasta el día de hoy por decreto. Después fue instalada en el Ministerio de Hacienda, lo que constituye un profundo error, pues la primera Cartera que se debe fiscalizar es la de Hacienda.

Tengo entendido que en el nuevo Presupuesto de la Nación ni siquiera se considera la permanencia de esas instancias para el próximo año. Pero yo por lo menos voy a entregar a la candidata que apoyo un proyecto para que ese sistema se pueda institucionalizar, porque lo estimo vital. Como señalé, aquel fue sacado de la experiencia de gobiernos más desarrollados en la materia.

En todo caso, en la Comisión expliqué mis razones para votar en contra de la idea de legislar:

Primero, el informe de la Corte Suprema fue tremendamente negativo al proyecto y le formuló una serie de observaciones. Y no se trata de la opinión de un Ministro o de una Sala, sino del Pleno de la Corte Suprema.

Segundo, el Contralor General de la República asistió a la Comisión e hizo presente más de 12 sugerencias para corregir la iniciativa.

Y tercero, cuando el Presidente del Consejo para la Transparencia asistió a la Comisión y expuso sobre su texto, ni siquiera había leído el informe del Máximo Tribunal, que había sido emitido hace cuatro o cinco meses (entiendo que este llegó en marzo y la sesión del órgano técnico se celebró en agosto o a comienzos de septiembre).

Por lo tanto, mi voto no es contrario a legislar en esta materia, porque considero que es bueno avanzar en la transparencia. Lo que digo es que ello no se puede hacer en este proyecto, pues todo lo que mencionaron los Senadores y el señor Ministro no se recoge en él.

El texto aprobado por la Cámara de Diputados presenta una serie de deficiencias, y aquí deberemos arreglarlo en el segundo informe a través de las indicaciones que será necesario presentar, incluyendo lo que plantearon la Corte Suprema, la Contraloría General de la República, etcétera.

Sin embargo, estimo que esa discusión se debería haber hecho antes. Porque con el sistema que hemos seguido, sencillamente se aprobará la iniciativa en general, el Gobierno le pondrá urgencia de "discusión inmediata" y muchas de las materias que hay que modificar son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo.

Por esa razón voté en contra de la idea de legislar en la Comisión.

Finalmente, como explicaba recién al Senador Prokurica, me preocupa bastante el manejo de los correos electrónicos. Porque a los parlamentarios que tenemos casillas electrónicas en Santiago, Valparaíso y en nuestras regiones -personalmente yo poseo cuatro- nos resulta imposible controlarlas todas. Y tal como está redactado el proyecto, quedaremos absolutamente entregados a que cualquier persona reclame su conocimiento.

¿Tenemos capacidad para manejar cuatro casillas electrónicas? Considerando que a veces nos llegan mil, 2 mil correos en un día, ¿vamos a poder controlar su entrada?

Eso no se regula en la iniciativa.

Por otra parte, aquí se habla de autoridades. ¡Qué somos nosotros!

Hay que preocuparse por ese tema. Lo digo claramente, y así se lo manifesté a mis colegas en la sesión de la Comisión: yo no voy a estar aquí el próximo año, pero a Sus Señorías les va a caer esta ley como un bombazo respecto a cada uno de sus correos electrónicos.

Por lo tanto, a mi juicio, esto debería haberse corregido antes de entrar a la discusión en general. Porque ahora -como dije- se le pondrá "discusión inmediata" al proyecto y las indicaciones serán aprobadas rápidamente.

Repito que lo que más me hizo fuerza fue el informe de la Corte Suprema y lo que planteó personalmente el Contralor General de la República, que formularon una serie de observaciones. Y, por su parte, el Senador Orpis -no se encuentra en este momento- hizo presente 14 o 15 puntos en la Comisión, los cuales realmente cambian la esencia de la iniciativa.

Por tales razones, anuncio que mantendré mi voto en contra y espero que el siguiente paso sea corregir el proyecto en el segundo informe. Pero, tal como viene, no estoy en condiciones de aprobarlo.

Gracias.

El seños SABAG.- Señor Presidente , este proyecto, en segundo trámite constitucional, viene a corregir diversos aspectos de la ley vigente, referidos especialmente al perfeccionamiento normativo en materia de transparencia activa; al derecho de acceso a la información y notificación de terceros; a los plazos de reserva o secreto; a los procedimientos de reclamo y amparo; a asuntos relativos a las funciones del Consejo para la Transparencia, y a la infracción y sanción a las normas sobre transparencia.

Su texto considera la ampliación de las disposiciones de la Ley de Transparencia a las municipalidades y a los funcionarios a honorarios en general de la Administración Pública y, sobre todo, contempla un procedimiento para reclamar por la denegación de la información solicitada.

Como se señaló, hubo un especial debate sobre el conocimiento de los correos electrónicos, una de las materias más discutidas en los dos últimos años con relación a la Ley de Transparencia.

El Senador señor Frei entregó en la Comisión sus argumentos sobre el punto, explicitando lo que significaba, especialmente para los parlamentarios, el poder ser objeto de este tipo de peticiones con respecto a nuestros correos electrónicos.

Debo hacer presente que el propio Ministro señor Cristián Larroulet -que nos acompaña- tuvo que llegar incluso hasta el Tribunal Constitucional para hacer respetar su derecho a que la información pudiera ser requerida una vez que estuviera absolutamente definida, pero no en situación intermedia, lo que a veces solo son conversaciones que se sostienen, pero que no pueden estar trascendiendo con posterioridad en forma oficial.

Particular relevancia tuvo la consagración legal del portal de transparencia del Estado de Chile, que apunta a acceder a la información y a facilitar que los órganos de la Administración Pública cumplan con los deberes de transparencia activa que les corresponde.

A petición del suscrito, se invitó al Contralor General de la República , para que diera su opinión acerca de este asunto. Él nos proporcionó antecedentes muy importantes, que consideraremos cuando conozcamos la iniciativa en particular.

Igualmente, la Corte Suprema dio su opinión sobre este proyecto, con proposiciones y sugerencias categóricas, las cuales no son vinculantes. Pero no cabe duda de que los miembros de la Comisión las tomaremos muy en cuenta durante la discusión del articulado.

Yo voté favorablemente la idea de legislar, y tengo la esperanza de que en el segundo informe analizaremos no tan solo las indicaciones de la Contraloría General de la República, sino también lo propuesto por la Corte Suprema y la experiencia lograda durante todo el tiempo de vigencia de la Ley de Transparencia.

El señor LARRAÍN .- Señor Presidente , como se ha expresado, en esta oportunidad nos corresponde discutir modificaciones muy relevantes a la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, la cual, pese a que en su momento tuvo una larga tramitación, en definitiva pudo ser aprobada en el año 2008.

El Senador señor Frei , efectivamente, envió a la Cámara de Diputados en 1995, en su calidad de Presidente de la República , un proyecto de ley que no se tramitó en esa rama del Parlamento. No tuvo eco ni positivo ni negativo. Simplemente, se ocultó en algún cajón o anaquel, donde todavía debe estar.

En 1996 y a fin de activar esta materia, formulamos una indicación a la iniciativa sobre ejercicio del periodismo, pero finalmente, en la Comisión de Constitución, la trasladamos al proyecto de modificación -que en ese entonces presentó el propio Presidente Frei- a la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, proponiendo crear un título denominado "Probidad". Ahí sugerimos incorporar esta disposición. Y fue la primera vez que se planteaba una indicación sobre esta materia en nuestra legislación.

Dicho proyecto no funcionó bien. Y por eso, luego de aprobarse la reforma constitucional que incluyó este principio en el artículo 8° de la Carta, junto con el entonces Senador señor Gazmuri , presentamos, en 2005 -como se ha recordado-, una moción que fue sancionada en el año 2008.

Esa iniciativa de ley, gracias a una indicación que le incorporó la Presidenta Bachelet y que permitió crear el Consejo para la Transparencia, fue realmente muy revolucionaria en este ámbito no solo en Chile, sino que al menos -me atrevo a decir- en América Latina.

En verdad, nosotros carecíamos de iniciativa para crear ese organismo. Pero cuando se produjeron algunos hechos en el país, el Ejecutivo se hizo cargo de la inquietud que habíamos planteado y que no habíamos podido aprobar bajo la Administración Lagos e incluso bajo el Gobierno de la señora Bachelet , al comienzo de su mandato. Pero finalmente se concretó.

Creemos que ese proyecto marcó un antes y un después en materia de transparencia; en la modernización de nuestro Estado; en la instalación del derecho de acceso a la información pública, todo lo cual ha redundado no solamente en mayor participación ciudadana, sino también en un buen combate a la corrupción y en el funcionamiento más efectivo de los órganos públicos.

Dicho lo anterior, debo señalar que la aplicación de esa norma -que sin lugar a dudas era una novedad, una experiencia nueva- ha traído consigo distintos tipos de dificultades. Entre ellas las complejas condiciones con las cuales ha trabajado el Consejo para la Transparencia.

Por eso, hace un par de años, presentamos un proyecto -que no ha tenido tramitación en la Comisión de Gobierno- tendiente a modificar la estructura del Consejo Directivo, ampliando el número de sus miembros y permitiéndole que, de alguna forma, pueda actuar en dos Salas, para, de ese modo, dar más expedición a un trabajo que va a ir creciendo en forma permanente.

Esperamos incluir parte de esas inquietudes a través del mecanismo de indicaciones al proyecto que ahora nos ocupa. Este surgió del trabajo del Grupo Parlamentario Pro Transparencia que constituimos el año 2010, entre miembros de ambas Cámaras y que motivó a que los Diputados Jorge Burgos , Alberto Cardemil , Marcelo Díaz , Edmundo Eluchans , Felipe Harboe y Andrea Molina , en forma transversal, presentaran una moción dando origen a esta iniciativa. En ella se hacían los planteamientos que habíamos estado discutiendo en ese grupo parlamentario y que posibilitó empezar un debate sobre evaluación de la Ley de Transparencia, que posteriormente el Ejecutivo recogió en una indicación sustitutiva.

Ya se han explicitado aquí algunos de los aspectos relevantes que contiene. Solo quiero subrayar, en forma breve, algunos que me parecen muy importantes.

En cuanto a los sujetos pasivos a los cuales se les aplica tal legislación, se ha incorporado, en el caso de los municipios, a las corporaciones y asociaciones municipales, que si bien formaban parte de esos entes, al tenor de la norma vigente, se había entendido que no estaban comprendidos en esa obligación.

Por eso, la enmienda referida es preponderante.

Y destaco la importancia que reviste el aplicar tal obligación a los municipios, porque, junto con las empresas estatales, son los organismos que menos han procedido a la aplicación de estas normas. Y ello no es algo de lo cual nos hayamos de enorgullecer, sino que, por el contrario, debiéramos empezar a ser cada vez más exigentes en el cumplimiento de tales disposiciones.

Hay municipalidades que ni siquiera tienen una página web. No informan nada de lo que ocurre en su interior.

Tal situación, a estas alturas del desarrollo de esta legislación en Chile, no debería ser aceptable.

Como se ha indicado, también se proponen modificaciones en el ámbito de la conservación de los archivos de la información pública. Este aspecto se resuelve en forma parcial, pero indudablemente forma parte de los problemas pendientes en el país.

Una buena normativa sobre transparencia en la función pública y acceso a la información supone una política de archivos que en Chile no existe. Y será preciso invertir en ella en todos los ámbitos, porque así es como se conserva la memoria del país y la memoria institucional respecto de todas las esferas de los órganos del Estado, que hoy día no la tienen. La ley en proyecto por lo menos constituye un avance, porque establece obligaciones para evitar que la información se pierda.

Igualmente, se precisa el concepto de información pública en un aspecto muy puntual, que nos parece razonable.

En lo tocante a la transparencia activa, se determina la manera de cumplir ciertas obligaciones, por ejemplo, cómo publicar las remuneraciones de los funcionarios; se obliga a difundir en todas las instituciones las declaraciones de intereses y de patrimonio de las autoridades, en fin.

Esta disposición hay que leerla en coordinación y conexión con la futura Ley de Probidad, cuyo proyecto se halla en discusión particular en la Comisión de Gobierno, donde se regula un procedimiento más claro y expedito para hacer viable la declaración de patrimonio. Todos sabemos que hoy en día uno puede leer la declaración de patrimonio de una persona, realizada conforme a la ley, y aun así no saber cómo está conformado.

Eso se modifica en el proyecto sobre Ley de Probidad. Por lo tanto, la suma de esfuerzos de dicho cuerpo legal y el incorporarlo ahora entre las obligaciones de transparencia activa, va a ayudar a resolver los conflictos de interés que, muchas veces, se deben a desconocimiento sobre lo que es el patrimonio efectivo de la persona obligada a entregar tal información.

En materia de datos personales, también se precisa la necesidad de entregar esta información y de que, cuando ella se conecta con la Ley de Protección de Datos Personales, se aplique realmente dicha normativa de manera más expedita.

En el caso de las solicitudes, se busca un mecanismo para resolver el problema de las que revistan carácter abusivo.

En cuanto a los procedimientos de reclamo, se perfecciona el mecanismo y particularmente adquiere relevancia el establecimiento de dos recursos nuevos: el especial de reposición, que procede en contra de las resoluciones del Consejo que denieguen el acceso a la información frente a un manifiesto error de hecho y que es determinante, o cuando aparecieren antecedentes de valor esencial para la resolución del caso, que hayan sido ignorados en su momento; y el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, que procede contra resoluciones de la Corte de Apelaciones respectiva y que es conocido por la Corte Suprema. Solamente tiene efecto respecto de la causa en la que se pronuncie.

Esos dos recursos son los que ha cuestionado el Máximo Tribunal en el proyecto, pero no la totalidad de él. De manera que quienes han fundado su negativa en el informe de la Corte Suprema, me parece que han ido más allá del alcance que ella tuvo al manifestar sus inquietudes respecto de algunos de los contenidos de la iniciativa.

Por otra parte, se establece la cuenta pública participativa. Me parece muy importante que se puedan ir entregando estos antecedentes. Al respecto, esperamos también que se apruebe próximamente la rendición de cuenta de nuestro propio Congreso y de los parlamentarios.

También se mejoran las sanciones, porque hoy día solo existe la multa del infractor que deniega una información. Ahora se incluyen censura, multa y suspensión del empleo. La multa puede alcanzar hasta el 50 por ciento de la remuneración del infractor.

Finalmente -la principal modificación, a mi juicio-, se resuelve el problema de los correos electrónicos.

Sobre el particular se ha suscitado una dificultad porque la jurisprudencia no acogió las demandas para conocer ciertos correos electrónicos. Yo sé que es un asunto delicado, pero me parece que reviste un carácter esencial.

Si un correo electrónico tiene contenido de información oficial, de acto terminal, por ejemplo, de una orden o instrucción que un Ministro le da a los intendentes para cumplir alguna ley sobre seguridad pública, esa no es información privada, por lo que debe ser accesible.

Sin embargo, aquí se ha hecho cuestión respecto del soporte, cuando en realidad lo que define si es o no información pública es su contenido.

Eso es lo que corrige la indicación que se presentó, producto de un trabajo de consenso, en que me tocó participar mientras se tramitaba en la Cámara de Diputados, porque el asunto era muy importante de resolver al haber una laguna legal, que se resolvía en forma jurisprudencial, a mi juicio malamente.

No obstante, la propuesta del Ejecutivo me parece una buena solución.

Por otro lado, la indicación incluye la obligación de dar a conocer los correos electrónicos no solo de las entidades de la Administración del Estado, sino también de los órganos autónomos constitucionales, entre los cuales están la Contraloría General de la República, el Banco Central, el Poder Judicial , el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, la justicia electoral y el Congreso Nacional.

Estimo importante no encender falsas alarmas al respecto, porque lo que se pide es el acceso a correos electrónicos institucionales -no personales-, utilizados en el ejercicio de las funciones de las autoridades, funcionarios o servidores públicos, respecto de actos y resoluciones finales de los órganos de la Administración del Estado; de sus fundamentos, y de correos que sean su sustento o complemento directo y esencial, pues no cualquiera información va a ser accesible a un tercero.

En ese sentido, no hay nada que temer, salvo que alguien quiera ocultar un correo electrónico que contenga información oficial.

Antes de terminar, debo señalar que quería hacer tal aclaración, porque entiendo que, al existir privacidad, no podemos dejar a cualquier persona acceder a cierta información simplemente porque lo solicita. Hay también en las autoridades un lugar a la privacidad.

Y no se trata de un acto cualquiera el de información pública. El espacio deliberativo de las autoridades o el intercambio de opiniones que puede tener un Ministro con otro no constituye un acto final y oficial de la Administración Pública, por tanto, no es susceptible de acceso a la información, aunque se haya canalizado por correos electrónicos institucionales.

En consecuencia, la norma que aquí se nos propone sobre el particular me parece correcta.

Con todo, creo que en este articulado hay algunas cuestiones todavía discutibles y otras materias ausentes. Podemos aprovechar esta importante revisión que se ha hecho de la actual legislación, a 4 años de su aplicación, lo que nos va a permitir, con la experiencia tenida, introducir cambios que espero contribuyan a corregir y perfeccionar una normativa que -repito- ha tenido una aplicación muy exitosa, lo cual ha posibilitado a nuestro país exhibir, con bastante orgullo, un camino de modernización del Estado en la línea correcta.

En América Latina, solo México tiene una legislación comparable con la nuestra. Por esa razón, nuestro país es invitado constantemente a foros en distintas naciones, para poder dar a conocer su experiencia, que en ese sentido representa un buen modelo legislativo.

Voto a favor de la iniciativa, señor Presidente.