REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 359ª
Sesión 78ª, en martes 6 de septiembre de 2011
(Ordinaria, de 11.12 a 14.19 horas)
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO
VII.- INCIDENTES
VIII.- ANEXO DE SESIÓN
IX.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
X.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
XI.- PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9 Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 18
II. Apertura de la sesión 21
III. Actas 21
IV. Cuenta 21
- Acuerdos de los Comités 21
- Ampliación de plazo a Comisión Especial para el Desarrollo del Turismo 21
- Remisión de proyecto a Comisión de Constitución, Legislación y Justicia 21
- Ampliación de plazo a Comisión Especial sobre Sequía Atacama-Maule 22
- Minuto de silencio en memoria de víctimas de accidente aéreo en Archipiélago Juan Fernández 22
V. Orden del Día.
- Aumento de sanciones por manejo en estado de ebriedad, bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas y bajo la influencia del alcohol. Primer trámite constitucional 23
VI. Proyectos de acuerdo.
- Apoyo del Gobierno de Chile a incorporación de Palestina como Estado miembro de la Asamblea General de Naciones Unidas 57
- Solución a suspensión de pago de subvención escolar a municipalidades 61
VII. Incidentes.
- Reflexiones sobre columna de opinión de Felipe Cubillos, recientemente fallecido 63
VIII. Anexo de sesión.
Comisión Especial de Solicitudes de Información y de Antecedentes 65
- Remoción de jefe de gabinete del Instituto Nacional de la Juventud. Oficios 65
- Mejoramiento de acceso a localidad de La Campana, comuna de Vicuña. Oficio 66
- Construcción de techumbre en cancha de localidad de La Campana, comuna de Vicuña. Oficios 66
- Información sobre proyecto de luminarias en localidad de La Campana, comuna de Vicuña. Oficios 66
- Mejoramiento de calles en localidad de La Campana, comuna de Vicuña. Oficios 67
- Resolución sanitaria para localidad de Calingasta, comuna de Vicuña. Oficios 67
Pág.
- Respuesta a recurso de nulidad contra resolución de calificación ambiental por proyecto Hidroensenada. Petición de sumario para remoción de seremi de medio ambiente de Los Lagos. Oficios 68
- Rechazo a instrucción de sumarios contra funcionarios del Instituto de Previsión Social. Oficios 69
IX. Documentos de la Cuenta.
- Mensajes de S.E. el Presidente de la República por los cuales hace presente:
1. que “Modifica normas sanitarias y de ordenamiento territorial para las concesiones de acuicultura”. (boletín N° 7910-21) 71
2. que “Establece el Sistema de Elecciones Primarias para la nominación de candidatos a Presidente de la República, Parlamentarios y Alcaldes”. (boletín N° 7911-06) 82
3. Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual hace presente la urgencia “discusión inmediata”, para el despacho del proyecto que “Modifica ley N° 18.290, aumentando las sanciones por manejo en estado de ebriedad, bajo la influencia de sustancias estupefacientes o sicotrópicas, y bajo la influencia del alcohol.”. (boletín N° 7652-15) 99
4. Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual hace presente la urgencia “suma”, para el despacho de los siguientes proyectos:
que “Declara como feriado irrenunciable el día 19 de septiembre de 2011.”. (boletín N° 7900-13).
que “Proyecto de ley sobre indulto general.”. (boletín N° 7533-07) (S).
que “modifica el régimen de libertad condicional y establece, en caso de multa, la pena alternativa de trabajos comunitarios.”. (boletín N° 7534-07) (S) 100
5. Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual formula indicación al proyecto de ley “sobre indulto general.”. (boletín N° 7533-07) (S) 100
6. Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual formula indicación al proyecto que “Modifica el artículo 126 bis de la Constitución Política de la República, sobre territorios especiales de Isla de Pascua y Archipiélago Juan Fernández.”. (boletín N° 6756-07) (S) 102
7. Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual formula indicación al proyecto que “Define el descarte de especies hidrobiológicas y establece medidas de control y sanciones para quienes incurran en esta práctica en las faenas de pesca.”. (boletín N° 3777-03) (S) 102
8. Informe de la Comisión “Investigadora sobre Seguimiento del Proceso de Reconstrucción Nacional” 104
9. Primer informe de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones recaído en el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia “suma”, que “Modifica ley N° 18.290, aumentando las sanciones por manejo en estado de ebriedad, bajo la influencia de sustancias estupefacientes o sicotrópicas, y bajo la influencia del alcohol.”. (boletín N° 7652-15) 344
Pág.
10. Primer informe de la Comisión de Economía recaído en el proyecto, iniciado en moción, que “Modifica el plazo de prescripción contenido en el artículo 26 de la ley N° 19.496, sobre Protección de los Derechos del Consumidor.”. (boletín N° 7861-03) 372
11. Primer informe de la Comisión de Trabajo recaído en el proyecto, iniciado en moción, que “Modifica el Código del Trabajo en materia de contrato de trabajo por obra o faena.”. (boletín N° 7691-13) 375
12. Primer informe de la Comisión de Economía recaído en el proyecto, iniciado en moción, que “Modifica la ley N° 19.496, sobre Protección de los Derechos del Consumidor, restableciendo el ejercicio del derecho a retracto de los consumidores ante contratos u ofertas a distancia.”. (boletín N° 7751-03) 382
13. Primer informe de la Comisión de Relaciones Exteriores recaído en el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia “suma”, referido al “Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto Destinadas a Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, no Declarada y no Reglamentada, aprobado, el 22 de noviembre de 2009, por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en su 36º período de sesiones.”. (boletín N° 7160-10) (S) 385
14. Informe sobre la participación de los diputados señores Marcelo Díaz, Nino Baltolu, Marcos Espinosa y Gaspar Rivas, en la invitación que se le formulara al Capítulo Chileno de la Comisión Parlamentaria Conjunta Chileno-Argentina, para participar, en calidad de observadores, en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias en la Nación Argentina, efectuadas el día 14 de agosto de 2011 394
15. Moción de los diputados señores Tuma, Auth, Espinoza, don Fidel; García, don René Manuel; Harboe, Meza, Monckeberg, don Cristián; Pérez, don Leopoldo, y Sabag, que “Modifica la ley N° 19.925, sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas con el objeto de limitar el horario de venta de alcoholes en establecimientos de expendio al público de combustibles líquidos”. (boletín N° 7901-11) 3981
16. Moción de las diputadas señoras Sepúlveda, doña Alejandra y Sabat, doña Marcela y de los diputados señores Accorsi, Araya, Chahín, Ojeda, Pérez, don Leopoldo; Sabag, Torres y Velásquez, que “Modifica la ley N° 20.422 sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, fortaleciendo las funciones de vigilancia”. (boletín N° 7902-11) 399
17. Moción de las diputadas señoras Sabat, doña Marcela; Cristi, doña María Angélica, y Zalaquett, doña Mónica y de los diputados señores Harboe, Letelier, Monckeberg, don Cristián; Silber, Squella, Walker y Ward, que “Modifica el Código Penal con el objeto de establecer el ocultamiento como una circunstancia agravante”. (boletín N° 7903-07) 401
Pág.
18. Moción de los diputadas señoras Molina, doña Andrea; Girardi, doña Cristina; Hoffmann, doña María José, y Zalaquett, doña Mónica, y de los diputados señores Accorsi, De Urresti, Eluchans, Squella, Torres y Walker, que “Modifica la ley N° 20.380, sobre Protección de Animales”. (boletín N° 7904-12) 404
1. Comunicaciones:
-
, por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Corporación, se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días a contar del 02 de septiembre próximo pasado, para dirigirse a Buenos Aires, Argentina.
-
, por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Corporación, se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días a contar del 03 de septiembre próximo pasado, para dirigirse a Australia.
- De la diputada señora
2. Oficios:
- De la Comisión Especial para el Desarrollo del Turismo, mediante el cual solicita recabar el acuerdo de la Sala en cuanto a otorgarle un nuevo plazo para que concluya su misión.
- De la Comisión Especial sobre Sequía Atacama - El Maule, por el cual solicita el acuerdo de la Sala para prorrogar en 45 días su mandato para la realización de su cometido.
Respuestas a oficios cuenta 78ª
Contraloría General de la República:
- Diputado
- Diputado González, Requiere una investigación al proceso de otorgamiento de los permisos de edificación de la obra que se proyecta construir en Punta Piqueros Concón, como también de la autorización para la fusión de predios que operó para esos efectos (54068 al 2957).
- Diputado
Ministerio de Interior:
- Diputado
- Diputado
- Diputado
- Diputado
- Diputado
- Diputado
- Diputada
- Diputada
- Diputada
- Diputado De Urresti, Solicita se informe acerca de los motivos por los cuales, en los comunicados de prensa emitidos por la Intendencia de la Región de Los Ríos, y que se refieren a actividades de relevancia pública, se omite la presencia del aludido parlamentario en dichos actos (18774 al 4235).
- Diputado
- Diputado Sandoval, Solicita disponer se estudie la factibilidad de trasladar el sector de Puerto Bertrand a la jurisdicción político-administrativa de la comuna de Cochrane (4233 al 2029).
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo:
- Diputado
- Diputado
Ministerio de Hacienda:
- Diputado Díaz don Marcelo, Solicita informar sobre el funcionamiento del sistema para el pago del denominado bono post laboral de la ley N° 20.305, en especial, acerca de los problemas relacionados con los documentos que certifican el cumplimiento de los requisitos para acceder a dicho beneficio. (1103 al 3415).
- Diputado
- Diputado
- Diputado
- Diputado
Ministerio de Educación:
- Diputada
Ministerio de Justicia:
- Diputado
Ministerio de Agricultura:
- Diputado
Ministerio de Trabajo y Previsión Social:
- Diputado
- Diputado
- Diputado
Ministerio de Salud:
- Diputado García-Huidobro, Solicita informe sobre la naturaleza de la autorización sanitaria que ampara el traslado de residuos peligrosos, particularmente ánodos de plomo en desuso, desde la Mina La Escondida hasta la comuna de Rengo (2731 al 3700).
- Diputado
- Diputado
- Diputado Urrutia, Solicita instruir una investigación a la planta de alimentos para animales ubicada en el sector denominado Huacarneco, al oriente de la comuna de Retiro, en la provincia de Linares, que verifique, particularmente, si dicha instalación cuenta con los permisos correspondientes, y si su funcionamiento provoca contaminación ambiental. (2757 al 2903).
- Diputado
- Diputado
- Diputado
- Diputado Sandoval, Solicita informe sobre las atenciones y procedimientos médicos realizados a la señora Yolanda Bórquez Gómez (2806 al 3831).
- Diputado Sandoval, Solicita complementar la dotación de personal de las postas del Sistema de Salud de Aysén, con la incorporación de un segundo paramédico. (2807 al 1018).
Ministerio de Vivienda y Urbanismo:
- Diputado
- Diputado
- Proyecto de Acuerdo 418, “Solicitar a S.E. el Presidente de la República que instruya al señor Ministro de Vivienda en orden a que no se otorgue permiso para la instalación de antenas de telefonía móvil.” (442).
Ministerio Público:
- Diputado
Ministerio Medio Ambiente:
- Diputado
- Diputado
- Diputado
- Diputado
- Diputado Rincón , Solicita informe sobre el vertimiento de relaves de cobre en el Embalse Colihues, de la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins Riquelme, y si existe resolución medioambiental que ampare esa situación (112640 al 3956).
Intendencias:
- Diputado Sandoval, Solicita disponer se estudie la factibilidad de incorporar a la planta de la Posta de Mallín Grande, en la comuna de Chile Chico, al paramédico señor Víctor Oyarzo Paredes, considerando que ha prestado servicios, a contrata, en dicho recinto asistencial por 24 años. (1473 al 2028).
- Diputado Sandoval, Posibilidad de instar por una pronta gestión de la solicitud de exámenes presentada por la señora Norma Báez Navarro, debido a un accidente laboral ocurrido con fecha 24 de diciembre de 2010 en el restaurant “Oriente”, de Coyhaique. (1474 al 1940).
- Diputado
- Diputado
- Diputado
- Diputado
- Diputado
- Diputado
- Diputado
- Diputado
- Diputado
- Diputado
- Diputado
- Diputado
- Diputado
- Diputado
Servicios:
- Diputado
- Diputado
- Diputado
- Diputado
Presidente del Directorio de la Corporación NAC. del Cobre:
- Diputada
Municipalidad de La Calera:
- Diputada
- Diputado De Urresti, Solicita informar respecto de la situación en que se encuentra la pensión del señor Hugo Alberto Cabrera Esparza. (4454 de 26/08/2011). A Ministerio de Defensa Nacional.
- Diputada
- Diputada
- Diputado
- Diputado
- Diputado
- Diputado
- Diputado
- Diputado
- Diputado
- Diputado
- Diputado
- Diputado
- Diputado
- Diputado
- Diputado
- Diputado
- Diputado Chahín, Solicita informar sobre el estado de tramitación de solicitudes para el otorgamiento de beneficios previsionales, en calidad de exonerados por motivos políticos. (4522 de 01/09/2011). A Ministerio de Interior.
- Diputada
- Diputado
- Diputado De Urresti, Solicita remitir información relacionada con el proyecto para la construcción del segundo puente que conectará el centro de Valdivia con la Isla Teja. (4548 de 02/09/2011). A Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
- Diputado
- Diputado
- Diputado
- Diputado
- Diputado De Urresti, Solicita remitir información relacionada con la reposición del Centro de Salud Familiar del sector Las Ánimas, en la ciudad de Valdivia. (4553 de 02/09/2011). A Ministerio de Interior.
- Diputado De Urresti, Solicita remitir información relacionada con los fondos del gobierno regional provenientes de la recaudación de los impuestos que genera el Casino de Juegos Dreams. (4554 de 02/09/2011). A Intendencias.
- Diputado
- Diputado
- Diputado
-Asistieron los siguientes señores diputados: (110)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Campos
De
-Asistieron, además, los ministros de Transporte y Telecomunicaciones, don Pedro Pablo Errázuriz, y de la Secretaría General de la Presidencia, don Cristián Larroulet.
-Se abrió la sesión a las 11.12 horas.
El señor MELERO (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
El señor MELERO (Presidente).- El acta de la sesión 72ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 73ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
El señor MELERO (Presidente).- El señor Prosecretario dará lectura a la Cuenta.
-El señor
El señor
El señor
1. Tomar conocimiento de las tablas de la semana, documento que se acompaña en anexo.
2. Autorizar el ingreso del subsecretario de Salud a la sesión especial pedida para hoy, martes 6 de septiembre, a las 16.00 horas, que tiene por objeto discutir la situación de la calidad del aire en diversas ciudades del centro sur de nuestro país, tales como Rancagua, Talca,
3. Autorizar el ingreso del subsecretario de Redes Asistenciales a las sesión especial pedida para mañana miércoles 7 de septiembre, a las 16.00 horas, que tiene por objeto analizar la actuación del Ministerio de Salud respecto de la huelga de hambre de los estudiantes del Liceo A-131, de Buin.
4. Efectuar la sesión de Sala del lunes 12 de septiembre a partir de las 16.00 horas.
El señor
¿Habría acuerdo?
Acordado.
El señor
¿Habría acuerdo?
Acordado.
El señor
¿Habría acuerdo?
Acordado.
El señor
En nombre de la Corporación, quiero hacer un especial reconocimiento a esas chilenas y chilenos que entregaron sus vidas en beneficio de otros chilenos que habían sufrido por el terremoto y posterior tsunami del 27 de febrero de 2010.
Quiero destacar a esas chilenas y a esos chilenos miembros de la Fuerza Aérea de Chile: al periodista don José Cifuentes; al jefe del Departamento de Comunicaciones , don Rodrigo Fernández; a la teniente y piloto de la aeronave, Carolina Fernández; al teniente y copiloto don Juan Pablo Mallea, al sargento don Eduardo Jones, al sargento 1° don Erwin Núñez, al cabo 1° don Eduardo Estrada, al cabo 2° don Flavio Olivo; del Consejo de la Cultura y las Artes: a Galia Carolina Díaz Riffo y a Romina Irarrázabal Faggiani; de la Fundación Desafío Levantemos Chile: al empresario y hermano de la ex diputada señora Marcela Cubillos, que formó parte de esta Corporación hasta el período pasado, don Felipe Cubillos Sigall; al arquitecto don Sebastián Correa, a don Joel Lizama, a Catalina Vela Montero, pintora y esposa de Sebastián Correa ; a don Jorge Palma y a don Joaquín Arnolds, gerente general de la Fundación Desafío Levantemos Chile, y del equipo de Televisión Nacional de Chile: al animador don Felipe Camiroaga, al periodista don Roberto Bruce, a la periodista Sylvia Slier, a la productora asistente doña Carolina Gatica y al camarógrafo don Rodrigo Cabezón.
A todos ellos, nuestro homenaje y nuestro reconocimiento, y a sus familias, nuestra compañía en estos difíciles momentos.
Pido a esta honorable Cámara que guardemos un minuto de silencio por estos 21 chilenos y chilenas víctimas del accidente.
-Las señoras diputadas, los señores diputados, los funcionarios y los asistentes a las tribunas guardan, de pie, un minuto de silencio.
El señor MELERO (Presidente).- Muchas gracias.
Hacemos llegar a todos sus familiares, a la Fuerza Aérea de Chile, a Televisión Nacional, a la Fundación Desafío Levantemos Chile y al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes nuestras condolencias, nuestra compañía, nuestra oración y nuestro apoyo.
El señor MELERO (Presidente).- Corresponde tratar el proyecto, iniciado en mensaje, que modifica la ley N° 18.290, con el fin de aumentar las sanciones por manejo en estado de ebriedad, bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas y bajo la influencia del alcohol.
Hago presente que se encuentra en la Sala el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, señor Pedro Pablo Errázuriz.
Diputado informante de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones es el señor Fidel Espinoza.
Antecedentes:
-Mensaje, Boletín N° 7652-15, sesión 30ª, en 17 de mayo de 2011. Documentos de la Cuenta N° 1.
-Primer informe de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones. Documentos de la Cuenta N° 11, de esta sesión.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante.
El señor
Con el permiso de la Sala, quiero darme la licencia de señalar que ésta es una lucha que hemos dado varios parlamentarios desde hace muchos años.
En 2004, comenzamos a presentar proyectos de ley sobre la materia, con el objeto de hacer frente a un problema que tenemos en Chile. Actualmente, aproximadamente 2 mil personas fallecen al año a causa de accidentes de tránsito, y se estima que un alto número -se estima que más del 50 por ciento- se debe al manejo en estado de ebriedad.
El primer caso que me motivó fuertemente a preocuparme del tema fue lo que ocurrió el 7 de noviembre de 2004, en Puerto Montt. A la salida de una discoteca, en el sector de Alerce, murieron los jóvenes Manuel Alejandro Miranda Villarroel , de 21 años, y Cristina del Carmen Velásquez , de 15, atropellados por un empresario de Puerto Varas, de 46 años, quien, además, después de provocar el accidente, se dio a la fuga.
Las condenas en esos años fueron irrisorias: 541 días de pena remitida y dos años de suspensión de la licencia de conducir.
La región ha conocido muchos casos como el que describo. Por ejemplo, tenemos el caso de don Víctor Neira , ex presidente del Cuerpo de Bomberos de la Región de Los Lagos , y su señora esposa, quienes, el 15 de enero, sufrieron el dolor de perder a su hijo mayor, Francisco Neira Vera , y su polola Jessica Silva , de 20 años. Ambos jóvenes fueron embestidos por un conductor, al que se le aplicó la pena irrisoria de 541 días y la suspensión de su licencia de conducir por un año y medio.
A esos casos, hay que sumar el ocurrido en Fresia, el 9 de julio de 2005, en el que perdió la vida el matrimonio Oyarzo-Lambert; el joven Patricio Cárcamo, de Frutillar ; o tres jóvenes de Puerto Octay que fallecieron en agosto de 2010 a raíz de un accidente de tránsito producido por un conductor que tenía más de dos miligramos de alcohol en la sangre. En la oportunidad murieron Juan Alfredo Ruiz , de 33 años; Raúl Troquián , de 33 años, y Pablo Andrés Ortiz , de 20 años. En la cuesta Colegual , en Llanquihue, fallece atropellado el joven Felipe Carrillo , perteneciente a una conocida familia del sector.
Son muchos los casos que han enlutado a la región y al país. Un caso que también conmocionó fue el de Kevin Silva , de 14 años, ocurrido el domingo 3 de abril de 2011, porque aunque ese joven no murió, se le amputaron sus piernas, como consecuencia del atropello por un conductor ebrio.
Todos esos ejemplos nos hacen valorar la iniciativa que paso a relatar, porque Chile necesita una legislación mucho más fuerte y responsable, a la par de otros países que tienen legislaciones muy duras en cuanto al manejo en estado de ebriedad.
Una de las principales causas de muerte en nuestro país tiene como protagonista a los accidentes de tránsito. Desgraciadamente, en la mayoría de éstos el consumo de alcohol tiene directa incidencia, ya sea por conductores que irresponsablemente se ponen frente a un volante después de haber bebido o por peatones que en estado de ebriedad causan graves accidentes.
En muchas ocasiones, las conductas temerarias, negligentes o imprudentes de los conductores en estado de ebriedad producen una importante cantidad de lesionados de diversas consideraciones, las cuales dejan secuelas de por vida. Además, provocan una gran cantidad de fallecidos, con motivo de haber ingerido cantidades exageradas de alcohol o de sustancias psicotrópicas.
Ahora, con el objeto de evitar la conducción de vehículos cuando se consuma alcohol o sustancias estupefacientes o psicotrópicas, lo que pone en serio riesgo la vida, la salud, la propiedad y la seguridad del conductor y de terceras personas, en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, que preside el diputado Gustavo Hasbún , hemos llegado a un consenso entre las distintas corrientes políticas y el Ejecutivo , con el objeto de dar una señal clara a la ciudadanía para cambiar un hábito muy arraigado, para que por fin las personas tomen conciencia de que si van a beber, no pueden conducir.
Con ese objeto, el Ejecutivo , luego de ser convocado para el estudio de trece mociones que perseguían sanciones más duras y efectivas a personas que causaran accidentes de tránsito con graves resultados o la muerte producto de conducir en estado de ebriedad, bajo la influencia del alcohol o de sustancias psicotrópicas, a través del ministro de Transportes y Telecomunicaciones , señor Pedro Pablo Errázuriz , se comprometió a realizar un estudio acabado de dichas mociones parlamentarias con el objeto de refundirlas, lo que finalmente se transformó en este proyecto.
Es del caso señalar que la prohibición de conducir un vehículo o medio de transporte en estado de ebriedad, bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, y bajo la influencia del alcohol, se encuentra consagrada en el artículo 110 de la Ley de Tránsito.
Por su parte, los artículos 193 y 196 del citado cuerpo legal, establecen un sistema que hace aplicable a quien infringe la referida prohibición un cúmulo de sanciones, tendientes a evitar la reiteración de la conducta, a través de penas privativas o restrictivas de libertad, penas de carácter económico y sanciones que impiden al infractor contar con el documento que lo habilita legalmente para la conducción.
Dependiendo del resultado de la acción del individuo, se establecen variaciones en la aplicación de las sanciones descritas y en la gradualidad de su cuantía.
Es así que el artículo 193 de la Ley de Tránsito sanciona al que conduzca, opere o desempeñe las funciones bajo la influencia del alcohol, estableciendo condenas que varían de acuerdo al resultado de la acción ilícita descrita. Por su parte, el artículo 196 sanciona el delito de manejo en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, y sigue la misma lógica del caso en el manejo bajo la influencia del alcohol, estableciendo un cúmulo de sanciones que varía de acuerdo al resultado de la infracción.
Cabe destacar que el trabajo legislativo de la Comisión se ha traducido en que se propone una rebaja de la tolerancia de alcohol en el flujo sanguíneo: de 0,5 a 0,3 gramos por mil, para el caso de manejo bajo la influencia del alcohol, y de 1,0 a 0,8 gramos por mil, para el manejo en estado de ebriedad, además de un significativo aumento de las penas para quienes incurran en esas conducta, con el objeto de que exista tolerancia cero con las personas que decidan ponerse en esa circunstancia.
La idea matriz del proyecto es aumentar las sanciones a quienes conduzcan vehículos motorizados u ocasionen un accidente de tránsito en estado de ebriedad, bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, o bajo la influencia del alcohol.
El proyecto no contiene artículos que deben ser calificados como normas orgánicas constitucionales ni de quórum calificado.
Tampoco contiene artículos que deban ser conocidos por la Comisión de Hacienda.
No hubo artículos rechazados.
Se rechazaron 26 indicaciones.
Se aprobaron 22 indicaciones.
No se declararon indicaciones inadmisibles.
El proyecto se aprobó en general por la unanimidad de los diputados presentes, señores Auth , García, don René Manuel ; Hasbún , Meza , Norambuena , Pérez, don Leopoldo ; Sepúlveda , doña Alejandra ; Tuma , el entonces diputado García-Huidobro y quien habla.
Las indicaciones más significativas introducidas en el seno de la Comisión fueron las siguientes:
En el artículo 87, se eliminó el numeral 3, con el objeto de que en buses, taxis y colectivos se pueda admitir a personas que hayan bebido, para que éstas puedan regresar a sus hogares.
El artículo 111, que establece los niveles permitidos de alcohol en la sangre, se modificó para reducirlos a 0,3 gramos por mil para manejo bajo la influencia del alcohol y a 0,8 gramos por mil para el manejo en estado de ebriedad.
En cuanto al artículo 183, se propone agregar los incisos primero y segundo, nuevos, en los que se faculta a Carabineros de Chile para someter a cualquier conductor a una prueba respiratoria evidencial u otra prueba científica a fin de acreditar la presencia de alcohol en el organismo y su dosificación, o el hecho de encontrarse la persona conduciendo o aprestándose a conducir bajo la influencia del alcohol o de estupefacientes o sustancias psicotrópicas o en estado de ebriedad.
El artículo 193, que pena el manejo bajo la influencia del alcohol, se modificó con el fin de aumentar la suspensión de la licencia de conducir de un mes a tres meses, cuando no se causen daños; de un mes a seis meses, cuando se causaren lesiones leves; se aumenta a nueve meses en caso de provocarse lesiones menos graves; de dieciocho a treinta y seis meses, para el caso de provocarse lesiones graves; de treinta y seis a sesenta meses, para casos en que se causen lesiones gravísimas o la muerte, y para los casos de reincidencia, se propone que la pena no podrá ser inferior a cuarenta y ocho ni superior a setenta y dos meses. Además, si resultare la muerte, se castiga con la cancelación de por vida de la licencia de conductor.
Se modificó el artículo 196, que sanciona el manejo en estado de ebriedad, para aumentar la suspensión de licencia de conductor. Por ejemplo, si no causaren daños o lesiones leves, se establece la suspensión de la licencia para conducir vehículos motorizados por el término de dos años, si fuese sorprendido en una primera ocasión; la suspensión por el término de cinco años, si fuere sorprendido en un segundo evento, y finalmente, la cancelación de la licencia en caso de ser sorprendido en una tercera ocasión. Se eleva a treinta y seis meses, en el caso de producirse lesiones menos graves, y de cinco años, en el caso de lesiones graves. En caso de reincidencia, el juez deberá decretar la cancelación de la licencia. Ahora, si se provocaren lesiones gravísimas o la muerte, se pena con la inhabilidad perpetua para conducir vehículos de tracción mecánica.
Sin embargo, respecto del artículo 208, se propone que en los casos en que como consecuencia de la aplicación de lo dispuesto en los artículos 193 y 196 se hubiere cancelado la licencia de conducir, el juez, transcurridos doce años desde que se canceló la licencia, podrá alzar esta medida cuando nuevos antecedentes permitan estimar fundadamente que ha desaparecido el peligro para el tránsito o para la seguridad pública que importaba la conducción de vehículos motorizados por el infractor. Esto es sólo para casos en los que no se haya causado la muerte ni lesiones gravísimas a otra persona.
Finalmente, en nombre de la Comisión, agradezco la colaboración y asistencia de muchas personas que fueron parte de los proyectos. En primer lugar, a modo personal, agradezco la colaboración de don Pedro Leiva Moreno , quien preside la Agrupación de Víctimas de Accidentes de Tránsito y desde hace una década ha venido luchando para que tengamos en nuestro país una legislación más dura en esta materia. Es de honor reconocer esa labor en esta Sala.
También destaco a muchos parlamentarios de la Alianza y de la Concertación, entre los que se encuentran los diputados Moreira , René Manuel García y tantos otros que nos acompañaron desde un primer momento en esta iniciativa.
Asimismo, quiero realzar la labor de la diputada Marcela Sabat , quien fue un apoyo muy importante en la etapa final del proyecto.
Obviamente, también merece una mención especial el Presidente de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, diputado Gustavo Hasbún , entre tantos otros que jugaron un rol muy importante en este trabajo.
Agradezco especialmente la colaboración del ministro de Transportes y Telecomunicaciones , señor Pedro Pablo Errázuriz ; de la subsecretaria de Transportes , señora Gloria Hutt ; de la directora de la Conaset, señora Francisca Yáñez , y de todos los asesores que los acompañaron, como asimismo al asesor de la bancada de nuestro partido, señor Enrique Aldunate , quien también jugó un rol muy importante en esta materia.
Igualmente, corresponde mencionar la participación de la secretaria ejecutiva del Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes (Conace), del Ministerio del Interior, señora Francisca Lorenzano.
Tampoco puedo dejar de reconocer la colaboración del diputado señor Javier Hernández , de la UDI, que fue el único parlamentario de la región que me acompañó, desde hace años, en la tarea de endurecer las penas por conducir en estado de ebriedad.
Finalmente, agradezco el aporte del presidente de la Agrupación de Protección al Peatón de Antofagasta , señor Héctor Poblete .
Para concluir, informo a los señores diputados que el texto aprobado por la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, conjuntamente con el texto comparado que contiene la legislación vigente, se encuentran a su disposición en el pupitre electrónico.
Es todo cuanto puedo informar a esta honorable Sala.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Gustavo Hasbún.
El señor
Ahora bien, en cuanto a la cantidad de muertos, la misma entidad entrega datos de la mayor gravedad. En igual período, ocurrieron 38.884 accidentes de tránsito en el territorio nacional a causa de la presencia del alcohol, lo que ha dejado como consecuencia la pérdida de 3.346 vidas humanas y lesiones a cerca de 50 mil personas.
A mayor abundamiento, el promedio diario de siniestros por esta causa -en el mismo pe-ríodo- alcanzó un número de once accidentes, con un saldo de trece lesionados y una persona fallecida cada veinticuatro horas.
Si observamos aisladamente la realidad del 2009, podemos constatar que las cifras no son mejores. Los siniestros en que estuvo involucrado el alcohol alcanzaron a 4.626 casos, que significaron la pérdida de 313 vidas humanas y un total de 5.582 lesionados.
Después de conocer estos antecedentes, quiero entregar justicia a todos los que por un accidente de tránsito piensan que ésta no existe y que merecieron en su momento las víctimas inocentes de irresponsables conductores que, al conducir bajo la influencias del alcohol o las drogas, produjeron muerte, dolor y tristeza irreparable en otros compatriotas que no encontrarán jamás un paliativo para una pena que los acompañará por el resto de sus vidas.
Me gustaría aprovechar la oportunidad de agradecer a todos los parlamentarios de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados, en especial a Fidel Espinoza y Javier Hernández , que apoyaron y aprobaron una serie de indicaciones que introdujimos al proyecto para establecer sanciones mucho más duras a los conductores irresponsables.
El objetivo es que se apruebe el proyecto para aumentar las sanciones por manejo en estado de ebriedad, bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas y bajo la influencia del alcohol.
El texto, que ya fue aprobado en la Comisión, busca triplicar las sanciones que hoy se aplican a los responsables de estos hechos.
¿Por qué? Porque las estadísticas indican que el 50 por ciento de los accidentes de tránsito con resultado de muerte se producen por conductores bajo la influencia del alcohol, pero no han sido lo suficientemente convincentes para que en nuestra sociedad cambie este tipo de conductas.
El establecimiento de penas mucho más duras puede ser, finalmente, la mejor opción para crear conciencia sobre el tema. Al mismo tiempo, es la oportunidad para llenar un vacío legal importante y terminar con la impunidad existente. ¿Cuántas víctimas vieron con desazón cómo los culpables de accidentes, que dejaban heridos o le quitaban la vida a algún familiar, recibían sanciones muy bajas, casi al borde de la verdadera impunidad?
Creo que los conductores lo pensarán dos veces antes de manejar bajo los efectos del alcohol si saben que ahora se expondrán a la caducidad de su licencia y hasta quince años de presidio en caso de que participen en accidentes que causen lesiones graves o muerte.
Hemos sido testigos de hechos tristes, que generan impotencia, como, por ejemplo, el caso de Kevin Silva , el niño que concurría a correr la Maratón de Santiago y que fue arrollado por un conductor ebrio mientras se encontraba en un paradero del Transantiago, lo que le causó la amputación de sus piernas, que sólo recibirá dos años de suspensión de sus documentos. ¡Sólo dos años de suspensión de su licencia! Alguien que produce tanto daño por una conducta irresponsable merece, al menos, estar un tiempo tras las rejas y la caducidad de la licencia de conducir de por vida.
También es conocido el caso de Verónica Selman , quien perdió a su esposo e hija de cuatro años en el camino Juan Pablo Segundo , en Chicureo, por culpa de un irresponsable que manejaba en estado de ebriedad. El autor de ese hecho estaría, a lo menos, un par de años en la cárcel en forma efectiva, junto con saber de que nunca más en su vida volvería a subirse a un vehículo para conducir, después de haber causado un daño inimaginable e incuantificable a una familia.
¡Algo teníamos que hacer, y ahora! Por eso, esta Comisión tomó con mucha seriedad el trabajo de cambiar nuestra legislación en relación a los conductores que manejan en estado de ebriedad.
Éste es el minuto de no buscar más excusas para no aprobar esta iniciativa, porque eso sería una bofetada para todos aquellos que claman justicia. Pensemos en nuestro futuro, pero sin dejar de lado el pasado, ya que es vital el poder recordar una serie de hechos, como los que describí anteriormente, para que tengamos plena conciencia de la responsabilidad que enfrentamos como legisladores.
Hay que aprovechar esta oportunidad histórica de dar señales al país de la forma en que debemos enfrentar temas tan complejos, como es el manejo en estado de ebriedad y la conducción irresponsable, y aprobar una legislación dura y cercana a los estándares internacionales.
Es también una legislación que busca que los más jóvenes sean responsables a la hora de tomar un vehículo y conducirlo. Principalmente, queremos apuntar a las nuevas generaciones, para que tengan la conciencia de lo que es una conducción con un nivel importante de responsabilidad.
Tenemos que brindar un tributo a todos aquellos que han sufrido con el dolor de perder a un ser querido por la irresponsabilidad de otros, ya que el dolor que están experimentando será algo que llevarán de por vida, porque es un sentimiento casi imposible de olvidar.
Esta legislación es la más dura que ha aprobado la Comisión en esta materia. Sin embargo, sin duda, será la más ejemplarizadora y la que terminará con la impunidad que existe hoy.
Espero que la Sala de la Cámara de Diputados ratifique esta iniciativa por amplia mayoría, ya que así estaremos llevando justicia a miles de personas y familias que sufren el dolor de haber perdido a un ser querido por culpa de conductores irresponsables, cuya conducta raya en lo delictual. Asimismo, estaremos ayudando a prevenir desgracias y tristezas, como también a evitar más muertes.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Pepe Auth.
El señor
Señalo lo anterior, porque el mes de la Patria es también el de mayor consumo de alcohol en Chile y, consecuentemente, el de más alta accidentabilidad de tránsito debido al consumo de alcohol.
El proyecto en discusión es la consecuencia de más de catorce iniciativas generadas en esta Cámara o en el Senado, en distintos períodos, pero sobre todo responde al clamor ciudadano de establecer mayores sanciones a la conducta de personas irresponsables que se suben a sus vehículos, con lo cual provocan daños físicos y morales e, incluso, la pérdida de vidas.
El proyecto persigue básicamente tres cosas importantes. Primero, responde al clamor ciudadano y establece mayores sanciones a quienes incurren en la conducta irresponsable de manejar bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad.
En segundo término, apunta al corazón del problema, que es la prevención, que busca disociar de manera definitiva en la cultura chilena la conducta de beber alcohol de la de conducir.
En tercer lugar, establece la posibilidad de efectuar control in situ, es decir, en la calle misma, con la existencia de aparatos certificados, el control de la alcoholemia, eliminando la situación actual que dilata en demasiadas horas el momento de la comisión de la falta o delito y el control en el centro médico respectivo.
En relación con las sanciones -voy a remitirme sólo a lo más relevante-, se dispone que quien maneja bajo la influencia del alcohol y comete lesiones gravísimas, como amputaciones, inhabilidad perpetua, etcétera, o con consecuencia de muerte, que hoy es sancionado con apenas la suspensión de licencia por un plazo de doce a veinticuatro meses, ahora se extiende a un plazo de treinta y seis a sesenta meses.
En el caso de reincidencia, el castigo de veinticuatro a cuarenta a ocho meses pasa de cuarenta y ocho a setenta y dos meses, según la apreciación del juez.
Cuando hay reincidencia con consecuencias de lesiones graves o muerte, definitivamente habrá inhabilitación perpetua para conducir, porque se ha certificado que una persona que después de haber provocado una muerte bajo la influencia del alcohol vuelve a subirse a un vehículo para provocar una segunda muerte.
Cuando alguien se sube al vehículo en estado de ebriedad, bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, que son asimiladas al estado ebriedad, si es sorprendido en un accidente sin haber provocado lesiones, se le suspende la licencia por dos años. Si ocurre por segunda vez, la sanción será por cinco años y, si sucede por tercera vez, tendrá la cancelación definitiva de la licencia.
En los periódicos hemos visto cómo figuras públicas han sido detenidas por conducir en estado de ebriedad, y por tercera vez, pero hoy día la sanción para ellos es ínfima.
Por lo tanto, la iniciativa busca ejemplarizar y que se tenga clara la sanción inhabilitante para quien reincida en esa conducta.
Debemos comprender que cuando una persona en estado de ebriedad conduce un vehículo, dicho acto equivale a disparar una escopeta en medio de la noche. Como consecuencia de esa irresponsabilidad, alguien puede resultar herido o fallecer, sea el propio involucrado o un tercero.
Pero, lo más importante en esta materia es la prevención, porque se busca la disociación definitiva de la conducta de beber alcohol de la de conducir.
El diputado Tucapel Jiménez , que vivió muchos años en Suecia, sabe que cuando los chilenos que viven allá llegan a una fiesta, a un matrimonio, a un cóctel o a cualquier otra actividad social y se disponen a tomar un vaso de vino, lo primero que hacen es pasar la llave del vehículo a la persona que va a conducir, porque ella sí está en condiciones de hacerlo por no haber consumido ni un solo gramo de alcohol.
El proyecto de ley rebaja los umbrales, de 0,5 a 0,3 gramos por mil de alcohol en la sangre, para la definición de conducir bajo la influencia del alcohol, y de 1,0 gramo a 0,8, para la definición del estado de ebriedad.
Algunas personas sostienen que esta medida va en contra de la cultura chilena y que es un despropósito intentar cambiar esa cultura. Pero creo que el objetivo de la Cámara de Diputados, de este proyecto y de todos, como país, debiera ser, justamente, cambiar la cultura del “curado manejo mejor”, por la del “si tomo, no manejo”, de manera tal que si alguien va a concurrir a un matrimonio y sabe que va a consumir alcohol tome las previsiones adecuadas para regresar sin que tenga que manejar, porque hacerlo es similar a portar un arma potencialmente mortal. De eso se trata.
Si pensáramos que la cultura no se puede cambiar, no habríamos aprobado el proyecto de ley sobre violencia intrafamiliar, porque antes se decía: “Es mi esposa, y por eso le pego”. Pero se despachó una iniciativa contra la violencia intrafamiliar, porque la responsabilidad del Congreso Nacional es elaborar normas que busquen cambiar la cultura para mejorar el comportamiento de los hombres y mujeres.
Sin duda, este proyecto es un hito histórico, que será recordado más adelante como el punto de inflexión en la relación del consumo de alcohol y la conducción de vehículos.
Señor Presidente , por su intermedio, quiero expresar al señor ministro de Transportes y Telecomunicaciones que hay un elemento anexo al proyecto de ley, sin cuyo trámite éste quedaría trunco e incompleto: el cambio integral del sistema de obtención de licencias de conducir. No hace mucho, vimos por televisión cómo una red de corrupción, amparada y prohijada por un alcalde, permitía obtener licencias de conducir sin ningún control ni validación de la capacidad de conducir responsable e informadamente.
Por lo tanto, con entusiasmo, anuncio que votaré favorablemente la iniciativa. Insto al señor ministro a apurar la presentación de un proyecto de ley que cambie integralmente el modo de obtener las licencias de conducir, a fin de mejorar de manera significativa la triste tasa récord de ser Chile un país top ten en accidentabilidad en proporción al número de vehículos y de habitantes.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Mario Venegas.
El señor
La idea matriz de la iniciativa, con la cual estamos de acuerdo, es aumentar las sanciones a quienes conduzcan vehículos motorizados en estado de ebriedad o bajo la influencia del alcohol o sustancias estupefacientes o psicotrópicas u ocasionen accidentes de tránsito, muchos de los cuales terminaban con resultado de muerte de terceros.
En cierta forma, el Gobierno refundió esas diferentes mociones en el proyecto que estamos discutiendo, que fue objeto de diversas indicaciones presentadas en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones.
¿Quién puede estar en desacuerdo con los fundamentos del proyecto? ¿Quién no va a estar de acuerdo con que es gravísima la cantidad de accidentes que se producen todos los fines de semana a causa de quienes conducen bajo los efectos del alcohol u otras sustancias, con resultado de muerte del conductor o de otras personas, muchos de los cuales son jóvenes? No me cabe la menor duda de que todos queremos que esa situación termine. Los estudios que se han elaborado al respecto demuestran que hay una asociación directa entre el manejo en algunas de esas condiciones y los accidentes de tránsito. De manera que comparto plenamente los fundamentos del proyecto.
Tal como lo señalé, la idea matriz del proyecto apunta a endurecer las sanciones, debido a lo cual el Gobierno se embarcó en una idea respecto de la cual tengo algunas dudas razonables y legítimas, en especial respecto de la denominada tolerancia cero.
Se propone bajar los niveles de aceptación de la presencia de alcohol en la sangre, de 0,5 gramos por mil, como lo establece la normativa vigente, a 0,3 gramos por mil, para los conductores que manejen bajo la influencia del alcohol, y de 1,0 a 0,8 gramos por mil, para quienes lo hagan en estado de ebriedad. Eso es tolerancia cero, porque, el límite fijado en 0,3 gramos por mil que se dispone para considerar que una persona conduce bajo la influencia del alcohol, tal como lo señaló el ministro , se estableció sólo con el propósito de evitar el margen de error que se puede producir al realizar el alcotest y otros exámenes debido a la ingesta de determinados alimentos, como la manzana, o medicamentos que no necesariamente contienen alcohol, pero que podrían arrojar un resultado similar. Es decir, un primer efecto es la rebaja de los límites de aceptación.
Además, el proyecto eleva las sanciones. La Ley de Transito considera tres tipos de sanciones para quienes sean sorprendidos conduciendo bajo los efectos del alcohol o en estado de ebriedad, como la pena de presidio, la cual puede ser rebajada por el juez respectivo por irreprochable conducta anterior; además, existen las sanciones de carácter pecuniario, como la aplicación de multas, y finalmente están las accesorias, como la suspensión o caducidad de la licencia de conducir, que también aumentarán significativamente. El proyecto propone aumentar esas sanciones significativamente.
Sin perjuicio de que entiendo el planteamiento formulado por quien me antecedió en el uso de la palabra, el distinguido diputado señor Auth , mi punto de desencuentro dice relación con que si bien una ley puede contribuir a un cambio cultural en la sociedad, tampoco es menos cierto, como ha quedado demostrado hasta el infinito, que la sola existencia de una normativa no asegura alcanzar ese propósito. En ese sentido, si bien el proyecto establece el endurecimiento de las penas, se debe considerar que no legislamos en un vacío cultural, sino en función de la realidad en que vivimos, de acuerdo con las costumbres y la idiosincrasia de nuestro país. No estamos en Europa, sino en Chile, con todas sus virtudes y defectos.
Ahora, simplemente no se podrá beber ni una copa de vino en un almuerzo, en un bautizo o en un casamiento, debido al endurecimiento de las normas. Al respecto, algunos señalan que quienes concurran a esos eventos deberán dejar el auto en la casa y tomar un taxi, al igual que nuestros hijos, cuando salgan a “carretear”. Pero, como representante de una zona pobre del país, me pregunto: ¿están todos los chilenos en condiciones de hacer eso?
Como sé la forma en que opera la justicia en el país, ¿quiénes serán los afectados? Al final terminarán por ser afectados los de siempre, los más desposeídos, los que sufrirán más gravemente el endurecimiento de las sanciones que propone el proyecto, cuyo objetivo original -insisto- era castigar a aquellos que ocasionaban lesiones graves y muerte en caso de accidentes de tránsito provocados por el consumo de alcohol.
Y -lo que es más importante aun- como el aumento de las sanciones no garantiza el cambio cultural que requiere nuestra sociedad -al que yo también aspiro, como el diputado Auth -, la iniciativa debería ir acompañada -lo planteo como profesor- de un proceso de educación, desde muy temprana edad, para nuestras jóvenes generaciones, porque es efectivo que beben más de lo aconsejable, tal como lo demostraron los estudios y las estadísticas que presentó el ministro de Salud en la Comisión.
Pero la pregunta que debiéramos hacernos en ese sentido es qué estamos haciendo como sociedad, puesto que los estímulos que les entregamos a través de los medios de comunicación de masas van dirigidos justamente a que consuman más alcohol. Ser exitoso está asociado a una determinada bebida, incluso en el ámbito del deporte. Entonces, nuestra sociedad es un poco cínica, porque, por un lado, cuanto se trata de negocios, estimula la venta y el consumo, pero, por otro, reprime a quienes practican tales conductas. No hay una actitud coherente en todos los ámbitos de la vida.
En ese sentido, hago un llamado de atención en cuanto a que, además de este proyecto, también falta llevar a cabo una campaña sobre esta materia. Por ejemplo, en los programas escolares podría plantearse, como un objetivo transversal, la educación para el consumo responsable de bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes o psicotrópicas.
Votaré favorablemente el proyecto, pero quiero que quede constancia de que ése fue un punto de debate, para que quede consignado en la historia fidedigna del establecimiento de la ley.
Al igual que colegas que también representan a distritos que pertenecen a zonas en las que, desgraciadamente, el consumo de alcohol es parte de su cultura, represento a una región en la que existe una fuerte presencia de pueblos que consumen alcohol, que para ellos representa un bien social y tiene una connotación distinta a la que pudieran tener para otros.
Benditos aquellos que tienen un absoluto control de sus vidas y son capaces de beber con moderación -me alegro por ellos-, pero también tengo que colocarme en el lugar de otros, porque -insisto- no legislamos en un vacío cultural, sino insertos en la realidad de nuestro país, con sus virtudes y defectos.
Ésa es la duda razonable de la que quería dejar constancia en la discusión de este proyecto.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fernando Meza.
El señor MEZA.- Señor Presidente, este proyecto aumenta las sanciones por manejo en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias psicotrópicas o estupefacientes.
Tal como lo señaló un diputado que me precedió en el uso de la palabra, ya casi estamos en celebración de Fiestas Patrias, y cabe tener presente que el aumento en el consumo de alcohol no sólo se produce en este período del año, sino que también está aumentando en Chile. Desgraciadamente, Chile tiene un récord del que no debemos sentirnos orgullosos. Si bien es cierto, el nuestro no es el país que más consume alcohol en el mundo, sí tiene el mayor número de accidentes del tránsito a nivel internacional debido a la presencia del alcohol. Todos los años, el Estado gasta alrededor de mil millones de dólares debido a accidentes por manejo bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad.
Es decir, se hacía necesaria una legislación que elevara las penas, pero por sobre todo, que también se preocupe, como ha dicho el diputado Venegas , de la educación sobre la materia.
Según las estadísticas, en los últimos diez años ha habido más de 3.500 fallecidos y más de 50 mil personas lesionadas, en más de 40 mil accidentes de tránsito en los que estuvo presente el consumo de alcohol. En 2010, hubo 4.500 siniestros por conducir bajo la influencia del alcohol, con más de doscientas personas muertas. O sea, nos encontramos frente a un problema de salud pública, económico, social y político que influye en todas las actividades nacionales.
Además, esos accidentes de tránsito tienen como principales protagonistas a jóvenes menores de 25 años. Según estudios recientes, ellos consumen alcohol, intermitentemente, sobre todo los fines de semana, más de una botella de pisco cada uno. Es decir, 80 gramos de alcohol por persona. Muchos se suben a vehículos motorizados; otros los conducen y, finalmente, tenemos miles de muertos. La muerte de cualquier persona duele; pero más duele la de jóvenes que recién empezaban su vida. Es terrible que terminen de esa manera. Lo grave es que esto afecta a los más pobres. Por otra parte, las mujeres no sólo han equiparado el consumo de alcohol con los hombres, sino que los han superado.
Por lo tanto, no sólo lo problemas cardiovasculares, neurológicos, o la cirrosis hepática son consecuencia directa del exceso de consumo de alcohol; sino que también los accidentes, principales responsables de los llantos en muchos hogares chilenos.
No están de más algunas consideraciones. Bajo la influencia o con presencia de alcohol, los reflejos de las personas disminuyen hasta en 30 por ciento. Es decir, un individuo sin consumir alcohol reacciona en un segundo y otro, bajo su influencia, pierde 0.3 segundos. Prácticamente desaparecen las capacidades para las tomas de decisión.
Era partidario de no distinguir entre manejo bajo influencia del alcohol y manejo en estado de ebriedad, y de establecer solo una medición para evitar confusiones. O sea, rebajar el 0.5 a 0.3 gramos por litro de sangre y, a partir de ahí, que las penas sean las mismas; porque las estadísticas señalan que en ambos casos se ocasionan gran número de muertos. Por lo tanto, para evitar confusiones, era partidario de señalar un solo límite en Chile y suprimir la diferencia entre manejo bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad, puesto que, muchas veces, los equipos con que se hacen las mediciones, o la forma absolutamente poco científica en que se decide si una persona está conduciendo o no en estado de ebriedad, inducen a cometer algunas injusticias.
Pero, a fin de cuentas, estamos en un estado democrático y la Comisión de Transportes decidió disponer que se entenderá que hay desempeño bajo la influencia del alcohol cuando la prueba arroja una dosificación superior a 0.3 gramos por litro de sangre; y si es igual o superior a 0.8, será desempeño en estado de ebriedad. De manera que sólo se ha reducido mínimamente la tolerancia, en 0.2 en ambos casos.
Como dijo el diputado Venegas , las penas podrían llegar hasta presidio perpetuo; pero en esta materia es más importante la educación. Desde los primeros años de vida tenemos la obligación de educar a toda la gente, a través de los medios de comunicación. Sería bueno que estos dejaran de lado un poco la farándula y dedicaran más tiempo a educar a un Chile que cada día se muestra más ignorante en algunos temas que son de especial importancia.
Por consiguiente, hay que recalcar que en el caso de ser sorprendido conduciendo bajo la influencia del alcohol, sin chocar, sin lesiones que lamentar, la suspensión de la licencia se aumenta de un mes a tres meses; si se ocasionan lesiones leves o daños, será de seis meses; si las lesiones son menos graves, de nueve meses, y si se causa la muerte de una persona, bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad, el juez puede, incluso, según las circunstancias del caso, cancelar la licencia de conducir de por vida.
Termino diciendo que la bancada radical va a aprobar este proyecto de ley, con las salvedades que hemos hecho. Se dice que más vale esto que nada. Me habría gustado ser un poquito más rígido; sobre todo, haber incluido la obligación del Ministerio de Transportes y del Estado de incorporar estas materias en la malla curricular de todos los establecimientos educacionales del país, de niños, jóvenes y adultos, para que aprendan a que no se debe conducir en estado de ebriedad o bajo la influencia o con presencia de alcohol. Ya sabemos -amigas y amigos que escuchan estas sesiones de la Cámara de Diputados- que consumir una manzana puede generar un positivo de 0.3 gramos, como asimismo tomar una copa de vino o dos cervezas. En consecuencia, la educación debe apuntar a lograr que cuando se consume alcohol no se conduce.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Leopoldo Pérez.
El señor
Más allá de subir las penas -no cuestionó el hecho de que nos estemos poniendo demasiado drásticos o desconociendo la cultura popular de zonas del país-, se penaliza una conducta, pero no basta sólo con el establecimiento y endurecimiento de penas, hay que incorporar en la malla curricular, como lo expresaba el diputado Meza , la educación sobre tránsito para obtener en el futuro la licencia de conducir.
Nuestra Ley de Tránsito está suficientemente parchada. De una vez por todas, el Ejecutivo y el Congreso Nacional deben tomar el toro por las astas y comenzar a trabajar en lo que se refiere a la obtención de la licencia; porque no sacamos nada con tener un proceso de educación para los jóvenes y por otro lado, endurecer penas si, en definitiva, hoy, la tasa de fallas en el otorgamiento de licencias de conducir, en los distintos niveles, no supera el 3 por ciento. Es decir, en Chile es para la risa obtener licencia de conducir; no hay estándares ni elementos que permitan determinar la calidad de las personas que van a optar por esta licencia, menos instrumentos de medición para quienes fiscalizan el otorgamiento de licencias a nivel municipal. Con esto quiero decir que no es un problema de los municipios, sino de las leyes y de la autoridad respectiva.
Celebro que estemos discutiendo esta iniciativa e invito a mis colegas a aprobarla. Desde ya anuncio que la bancada de Renovación Nacional le dará su apoyo, a fin de que disminuyamos la tasa de accidentabilidad, que hoy es bastante alta. Desgraciadamente, somos un país que destaca en ello.
Es importante que tomemos conciencia de esta realidad y promovamos que para la obtención de licencia de conducir las exigencias sean bastante más drásticas. Las personas que quieran manejar un vehículo motorizado, ya sea menor o mayor o de trabajo, deben estar debidamente capacitadas, tanto física como mentalmente.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza.
El señor
Quiero destacar un trabajo que hizo el periodista Vicente Pereira , en la sección Reportajes del diario “El Llanquihue” de Puerto Montt. Recorrió todos los casos ocurridos en la región y, en particular, en la provincia de Llanquihue. Dijo algo muy cierto: existe un doble dolor para las familias que pierden a un ser querido producto de un accidente de tránsito provocado por un conductor en estado de ebriedad. Primero, el dolor de perder a su o sus seres queridos y, segundo, el dolor de ser testigos de una mala justicia en la materia. Efectivamente, por los casos que señalé en forma muy sucinta en mi intervención inicial, las sanciones son irrisorias. Voy a profundizar en un ejemplo para que la Sala se sensibilice respecto de esta materia.
El 7 de noviembre de 2004, a la salida de una discoteca en Puerto Montt, los jóvenes Manuel Alejandro Miranda Villarroel , de 21 años, y su polola Cristina del Carmen Velásquez fueron atropellados por un empresario de Puerto Varas, Pablo Nicolás Goic , de 46 años. Pero, más allá del accidente, quiero señalar que estos jóvenes fueron encontrados en una cuneta a la salida de la discoteca el día lunes. O sea, fueron atropellados y no se sabía quién los atropelló. Pero hubo una pista que condujo al eventual hechor del accidente; sin embargo, cuando se dio con ella, ya habían transcurrido veinte días. En consecuencia, cuando la policía llegó hasta el vehículo del empresario, se encontró con que ya no tenía ni una sola abolladura, porque lo había arreglado. Tuvo veinte días para repararlo. En aquella ocasión se pidió que se hicieran peritajes al vehículo. Al respecto, quiero destacar la labor que hizo la policía, pues efectuó peritajes especializados que llevaron a encontrar restos de tejido del rostro de los jóvenes en el radiador. Esa prueba permitió formalizar a este empresario de Puerto Varas, Pablo Nicolás Goic .
¿Y saben cuál fue su condena, estimados colegas, a pesar de que luego de atropellar a los jóvenes no les prestó auxilio? Ellos pudieron haber estado agonizando en el lugar de los hechos; sin embargo, se arrancó, escondió el vehículo y lo arregló para eludir la justicia. La condena fue de 541 días de pena remitida, porque no tenía antecedentes. Además, como consignó algunos pesos en el juzgado -creo que 100 mil-, el juez determinó que colaboraba con la justicia y con las familias, por lo que le suspendió la licencia por dos años.
Este proyecto busca que eso nunca más pase en Chile. Que nunca más suceda lo que le ocurrió al presidente de los bomberos de mi zona, cuyo hijo y su polola murieron en un accidente provocado por un señor que los embistió con una motocicleta.
En esta ocasión he dado a conocer casos de mi región, porque son los que me han impactado fuertemente. Pero como decía el presidente de mi partido, el diputado Andrade, hechos similares han sucedido en todo Chile durante los fines de semana.
Tenemos la plena convicción de que el proyecto no va a erradicar de raíz el problema. Pero es necesario crear conciencia en los conductores, sean o no profesionales, de que cuando quieran beber, tienen que dejar el vehículo en la casa; de lo contrario, pueden provocar un accidente con resultado de muerte o de lesiones gravísimas, como las que sufrió el joven Kevin Silva , quien perdió sus dos extremidades el domingo 3 de abril de 2011. Obviamente, estamos ante hechos tremendamente graves y lamentables y queremos que nunca más vuelvan a ocurrir.
Reitero, el proyecto no elimina el problema de raíz, pero sí logrará crear conciencia en el país, toda vez que el conductor sabrá que si comete un accidente y provoca la muerte o lesiones gravísimas a alguien, nunca más podrá conducir.
¿Nos ponemos a la par de las legislaciones de otros países que son más duras? Sí. ¿Hay legislaciones más duras que la nuestra, aun cuando aprobemos este proyecto? Las hay. Por ejemplo, en Canadá basta el solo hecho de que la persona sea sorprendida manejando en estado de ebriedad para que nunca más recupere su licencia de conducir, aunque no haya provocado ni el más mínimo accidente.
Valoro lo que hemos avanzado y destaco una vez más el trabajo que iniciamos en 2003 con don Pedro Leiva Moreno y su Agrupación de Víctimas de Accidentes de Tránsito, ante quien me saco el sombrero, porque muchas veces ha tenido que bregar solo para poner en el tapete público los problemas que en esta materia se generan en el país. Y todavía tenemos uno pendiente, que esta iniciativa no consideró, respecto del cual debemos hacer algo a futuro, señor ministro , por su intermedio, señor Presidente : los conductores que provocan un accidente y se arrancan del lugar de los hechos. En esos casos, si algún tiempo después logra darse con su paradero, no tiene sentido tomarle muestra alguna. Si se practica la alcoholemia transcurridas ya algunas horas, o logran algún beneplácito para que no se efectúe en forma inmediata, no se encontrará mucho alcohol en su sangre, con lo cual la categorización de manejo en estado de ebriedad baja a manejo bajo la influencia del alcohol.
Quiero terminar mis palabras recogiendo algo que dijo el honorable diputado Meza . Al respecto, quiero dar una buena noticia. Por lo que tengo entendido, hemos logrado un acuerdo entre los ministros de Transportes y de Educación, para que esto se incorpore en las mallas curriculares de primero a sexto básico. Si desde pequeño creamos responsabilidad y conciencia en nuestros alumnos, estaremos dando un gran paso. Pero tampoco basta con crear conciencia y responsabilidad en los que van a manejar, sino que también hay que educar a los que usan las vías públicas, porque de las personas que mueren en accidentes de tránsito anualmente, un alto porcentaje son peatones.
Por eso, incorporar esta disciplina en la malla curricular y crear conciencia desde la sala de clases, del profesor hacia el alumno, es una gran medida que apoyaremos con fuerza.
Señor Presidente , por su intermedio, le digo al ministro que saquemos adelante su proyecto de la licencia de conducir con puntaje -cada conductor tendrá un puntaje inicial de 12 puntos- y que se encuentra actualmente en el Senado, para avanzar en materia de conducción responsable, pero le pido que seamos capaces, durante su tramitación, de dialogar un poco más, para hacer un distingo mucho más claro entre los conductores de las clases B, C, D y E y los de la clase A, que son conductores profesionales que manejan entre 12 y 16 horas diarias, que no es lo mismo.
Agradezco al Ejecutivo por haber hecho presente y calificado con urgencia suma a este proyecto, tremendamente importante para Chile. Esperamos que sirva como la primera señal en memoria de todos los fallecidos en accidentes de tránsito como consecuencia del manejo en estado de ebriedad.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Pedro Velásquez.
El señor VELÁSQUEZ .- Señor Presidente , entre los años 2000 y 2009, los siniestros de tránsito causados por la presencia de alcohol en conductores aumentaron en 34 por ciento.
Cada cierto tiempo hemos ido subiendo las penas por manejar con alcohol, tal como lo estamos haciendo con el proyecto en discusión. Pero es difícil, por no decir imposible, que las personas, de un día para otro, dejen este hábito. Lo mismo ha pasado con el cigarrillo. ¿Ha tenido efecto la publicidad? ¿Han servido las advertencias, a veces terroríficas, en las cajetillas de cigarrillos? En realidad la venta y el consumo han aumentado.
Si bien es un avance y se valora, porque el proyecto sube sanciones por manejo en estado de ebriedad, bajo la influencia de sustancias estupefacientes o sicotrópicas y bajo la influencia del alcohol, el tema de fondo es la formación y la educación a chilenos y chilenas.
Antes que este proyecto sea ley, será necesaria una campaña publicitaria a nivel nacional, a través de los principales medios de comunicación, para que todos los habitantes tengan conciencia de que conducir habiendo consumido alcohol generará duras sanciones, la más grave, la cancelación de la licencia de conducir de por vida.
Señor Presidente , por su intermedio, pido al ministro de Transportes que, con la mayor urgencia, haga una sociedad con el ministro de Educación , para la creación de una asignatura en las mallas curriculares de la enseñanza prebásica, básica y, en especial, de la media, con la finalidad de educar a nuestros niños y jóvenes, que hoy tiene mayor acceso al consumo de alcohol, drogas y otros elementos dañinos para la salud.
¿Servirá el aumento de las penas, cuando hay un hábito enraizado en nuestra cultura? Chile se ubica entre los cinco países de Latinoamérica que tienen el mayor consumo, después de Argentina, Ecuador y Brasil, y lo sigue México , según lo señala la Organización Mundial de la Salud.
Es necesaria la incorporación de una asignatura obligatoria en la malla curricular para educar en la prevención del consumo excesivo de alcohol, tabaco y drogas; para enseñar las normas del tránsito, etcétera. En la Cámara, donde permanentemente estamos modificando las normas y generando conciencia, el tema de fondo, la educación, no ha sido considerado.
El diputado Meza nos dio una buena noticia, se estaría incorporando en la malla curricular de la educación básica y media una asignatura sobre la materia. Ojalá que no quede en meras palabras ni sea un incentivo para aprobar este proyecto de ley.
Espero que los ministros de Transportes y de Educación lideren estas iniciativas. Endurecer las penas es un logro, pero no es suficiente. Solo educando se cambia el destino del país; solo educando y previniendo sobre el consumo de alcohol podremos evitar tanta tragedia, que muchas veces nos genera dolor hasta el alma.
Por último, anuncio que votaremos favorablemente el proyecto.
He dicho.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra la diputada señora
La señora
Para aprobar la primera reforma a la ley de alcoholes nos demoramos 14 años, ¡14 años para modificarla! Si se hubiera aprobado antes, o si se fiscalizara como corresponde, o se cumpliera como debe ser, a lo mejor, no tendríamos que estar discutiendo esta normativa más drástica. Esperamos que esta sea una señal para terminar, de una vez por todas, con la irresponsabilidad de conducir en estado de ebriedad.
Agradezco al ministro , quien, desde que asumió, ha puesto todo su empeño para que este proyecto y otras más de 30 mociones que esperan por años en este Congreso, puedan ser realidad.
Para las asociaciones de víctimas de la conducción en estado de ebriedad y de padres que han perdido sus hijos como consecuencia de accidentes por conducción en estado de ebriedad, sea como peatones o como conductores, obviamente que el proyecto es importante, aunque nunca va a resolver el drama ni va a terminar con la pena que significa perder un hijo o que quede discapacitado de por vida. Señalo esto último porque, de acuerdo con las estadísticas, entre 2000 y 2009 han fallecido 3.346 personas, pero alrededor de 40 mil han quedado con secuelas de diversa índole.
Siempre se habla de la persona que fallece -una diaria- como consecuencia de accidentes de tránsito, pero poco o nada sabemos de los jóvenes que han quedado inválidos de por vida a raíz de estos accidentes.
Entonces, esto es mucho más que las 3 mil vidas que se han perdido por causa de la presencia de alcohol al conducir y los más de 38 mil lesionados como consecuencia del consumo de alcohol y la conducción en estado de ebriedad.
Este es un buen proyecto y va a producir, como aquí se ha dicho, una reacción preventiva y de temor, habrá un temor reverencial a las sanciones aplicables a quienes sean sorprendidos conduciendo bajo los efectos del alcohol o en estado de ebriedad: la primera vez, tenemos dos años de suspensión de la licencia; para la segunda, hasta por cinco años, y, para la tercera, la cancelación de la licencia. O sea, esto es tolerancia cero. No hay otra lectura para lo que la Comisión de Obras Públicas y Transportes aprobó y que esta Sala también aprobará, espero, en los mismos términos.
Antes había un temor reverencial por conducir bajo los efectos del alcohol o en estado de ebriedad, porque las personas quedaban detenidas en la comisaría por uno o dos días y, a veces, por el fin de semana entero, hasta que pasaban al tribunal correspondiente. Pero con la reforma procesal penal, no sólo se cambió esa disposición, sino que también muchas otras normas de las leyes de Alcoholes y de Tránsito, como la presunción de que una persona conducía en estado de ebriedad cuando arrancaba del lugar.
En la actualidad, la reforma procesal penal no lo establece así ni tampoco la nueva Ley de Tránsito, sino que es un antecedente muy importante que un conductor se fugue del lugar del accidente para considerar, junto con otros factores, que esa persona huyó porque manejaba en estado de ebriedad. Ese temor reverencial se vuelve a instaurar con el proyecto.
Lo anterior debe ir de la mano con la fiscalización, lo que hace necesario incrementar el número de radares o de aparatos para realizar el alcotest. El proyecto facilita la forma de efectuar el procedimiento de control de ebriedad, ya que si no se encuentra disponible un instrumento para realizarlo, Carabineros podrá llevar al conductor a la comisaría más cercana que cuente con dicho equipo, con lo que termina con el engorroso trámite que existe en la actualidad, ya que Carabineros pierde mucho tiempo en llevar a los conductores a las postas.
Hace dos años aprobamos en la Cámara un proyecto que contenía disposiciones que apuntaban a evitar el consumo fácil de alcohol, como que no se vendiera en las bombas gasolineras. También se podría establecer una norma que retrasara la posibilidad de postular a licencia de conducir cuando los menores de dieciocho años tuvieran antecedentes por haber sido sorprendidos en estado de ebriedad, lo que podría constituir un factor de temor para los jóvenes. También está en el Senado un proyecto que tiene que ver con la publicidad y, entiendo, hay un acuerdo para que sea aprobado, pero resulta lamentable que se requieran cuatro años para ello.
Aquí se ha dicho hasta el cansancio que los accidentes producidos por conductores en estado de ebriedad son la principal causa de muerte de nuestros jóvenes, quienes, probablemente, van a estar muy enojados cuando aprobemos el proyecto en discusión, pero deben entender que estamos velando por sus vidas, por su seguridad y por evitarles accidentes dramáticos.
En otros países, la persona que conduce no consume alcohol. Si en España un policía detecta que una persona va a conducir en estado de ebriedad, le quita la llave. En el proyecto queda un vacío respecto de esta materia, porque si un carabinero ve que una persona en estado de ebriedad camina a su vehículo no podrá impedirle que conduzca, pues deberá esperar a que la persona se suba al auto, haga andar el motor y se apreste a conducir para que recién se le pueda aplicar el alcotest o se le pueda impedir que conduzca, pero resulta muy complicado prevenir que una persona se suba en estado de ebriedad a un vehículo y lo conduzca.
Por eso, considero importantes los vehículos que se están instalando en los sectores de más afluencia de público para realizar alcotest. Además, deberíamos fomentar su realización individual a la salida de las discotecas, de los restaurantes, etcétera, de manera que las personas sepan inmediatamente que no están en condiciones de conducir.
Al revisar las sanciones que establece el proyecto, encontré un error, el que, a mi juicio, proviene de la Ley de Tránsito, ya que señala que a la persona que produce un accidente de tránsito en estado de embriaguez que origina lesiones graves a otra persona, se le aplicará una multa de once a veinte unidades tributarias, además de la sanción adicional, la suspensión de la licencia; pero es más baja la pena asignada a quien produce un accidente bajo la influencia del alcohol con resultado de muerte.
Por lo tanto, con el diputado Giovanni Calderón hemos presentado una indicación para corregir lo señalado.
Por otra parte, también se acogieron dos indicaciones que planteé, como que el Ministerio Público no aplicare el principio de oportunidad, porque no sacamos nada con aprobar esta normativa si dicho organismo no da curso a los partes o a las multas, como sucede con la libertad condicional y otras.
También se presentó indicación para que en los casos en que una persona ocasiona un accidente grave por conducir en estado de ebriedad, se le suspenda la licencia, ya que, en la actualidad, pasan hasta dos años entre el momento en que se le aplica la multa y el instante en que se le condena con la suspensión de la licencia, por lo que esa persona sigue manejando durante ese lapso con una licencia provisoria, lo que resulta inexplicable para los afectados por el accidente.
También debo recordar que el artículo 115 A de la ley de Alcoholes prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas dentro de los vehículos, sea por el acompañante o por el conductor. Esta es una norma que difícilmente se puede fiscalizar, pero creo que también es importante que se difunda.
Por último, por su intermedio, señor Presidente , quiero decir al ministro y a quienes han participado con mucho profesionalismo y responsabilidad en el proyecto, que debemos acudir necesariamente a las campañas públicas, porque sin que ellas hagan conciencia de todo lo que aquí se propone, sólo se sancionará a quienes sean fiscalizados y estén infringiendo la ley, lo que lo que impedirá que se produzca el efecto que queremos, ya que no se podrá fiscalizar a millones de conductores.
Por lo tanto, aquí queda pendiente una tarea importante para los fiscalizadores, Carabineros de Chile.
He dicho.
El señor
El señor ERRÁZURIZ ( ministro de Transportes y Telecomunicaciones).- Señor Presidente , quiero destacar algunas cosas.
Lo que está haciendo el ministerio respecto del tema en general, sobre todo liderado por la Corporación Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset).
Creemos importante legislar, pero sabemos que no es suficiente hacerlo en el vacío, por lo que consideramos tres ejes principales, que son: mejorar la legislación, aumentar la fiscalización y poner un énfasis muy importante en la educación.
Respecto de la legislación, estamos haciendo más estrictas las normas relacionadas con los temas más relevantes en accidentes del tránsito y también con mejorar la forma de otorgar licencias.
En fiscalización, estamos trabajando en acentuarla. Con más equipos y más control. Consideramos que hay un déficit muy grande en fiscalización, y también en mejorar y automatizar mecanismos y sistemas de fiscalización. Estamos estudiando los modelos europeos, porque sus sistemas de control son mucho más exigentes.
Quizás el eje más importante se relaciona con la educación, por lo que estamos trabajando con el Mineduc y con Carabineros para mejorar la educación escolar en la materia. Además, estamos trabajando muy fuerte en comunicación directa por medios masivos, con el objeto de hacer más patente la relevancia de conducir en forma adecuada.
La mayor parte de los elementos positivos de la iniciativa han sido destacados, pero quiero insistir en uno que considero fundamental: tolerancia cero. Con la baja del índice de alcohol a 0,3 se pretende eliminar la discusión previa de cuántas copas su puede tomar un conductor. La discusión de que una copa no importa porque no marca en el testeo, queda eliminada con ese límite y sin tener ningún riesgo de tener falsos positivos. El mundo ha demostrado que desde 0,2 hacia arriba no hay riesgo de ellos.
Una vez más agradezco la discusión del tema y transmito -como ustedes saben- la relevancia que tiene para todos los ciudadanos que pongamos diligencia y urgencia en resolver su demanda.
Muchas gracias.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti.
El señor
No hay distritos ni ciudades donde no tengamos casos dramáticos de ciudadanos, especialmente jóvenes, muchas veces inocentes, que han perdido la vida o han tenido gravísimas lesiones, producto del manejo en estado de ebriedad.
Hoy habrá una contundente mayoría para rebajar a 0,3 la presencia de alcohol en la sangre, lo que debe entenderse por conducción bajo la influencia del alcohol y a 0,8, lo que debe entenderse por manejo en estado de ebriedad, y subir las penas como corresponde. No cabe duda que eso va a mejorar e incentivar la posibilidad de controlar.
Pero el ministro ha señalado algo importante de recoger para que quede en la historia de la ley. Si no tenemos a carabineros con soporte técnico para fiscalizar, no se tendrá la posibilidad de cumplir los objetivos trazados con este proyecto.
Es importante que el Ejecutivo desarrolle programas, asigne recursos e informe a través de qué organismos se va a educar en consumo de alcohol responsable. Hoy vemos con enorme preocupación cómo la publicidad de alcoholes es abundante y masiva. Desde el punto de vista político, se logró un acuerdo importante respecto de esta iniciativa -y en eso hay que reconocer el trabajo de distintos parlamentarios-, como bien lo señaló el diputado Espinoza en su informe, pero también es fundamental que exista acuerdo en lo relativo a la rotulación de las bebidas alcohólicas, a fin de establecer límites en cuanto a qué eventos efectivamente pueden patrocinar las bebidas alcohólicas. En muchas oportunidades lo he señalado. No es posible que niños tengan la camiseta de su equipo deportivo, y lleve el rótulo de una importante marca de cerveza de este país. Eso es contradictorio. ¡Y no me digan que reemplazar ese logo va a ocasionar un problema de financiamiento! En importantes eventos deportivos, se excluyeron marcas de cigarrillos que los auspiciaban permanentemente, y siguen existiendo. Entonces, seamos coherentes. Si queremos una educación tendiente a evitar y a bajar el consumo excesivo de alcohol se deben hacer campañas sistemáticas, pero no protejamos, por un lado, los intereses de la industria del alcohol, y establezcamos, por otro, sanciones para quienes lo consumen. No nos quejemos que la juventud comienza a temprana edad el consumo de alcohol, cuando la publicidad y las promociones son absolutamente incentivadoras. Simplemente, basta ver qué ocurre fuera de las botillerías los días viernes y sábados. ¿Qué ocurre en aquellos locales que tienen barra libre para jóvenes donde no siempre se controla el ingreso?
Debe existir una política constante y permanente. Esta batalla la vamos a ganar con penas, más altas, mayor control, suspensión de licencias y un conjunto de otras normas. Pero ¿alguien puede señalar que va a mejorar la conducción para llegar a ser responsable si se continúa con la misma forma de otorgar las licencias? Hace un par de semanas hemos visto que en un municipio, incluso su principal autoridad, se alentaba la entrega de licencias absolutamente falsas, sin seguir el procedimiento. Como nos gusta compararnos con otros países, veamos cómo se obtiene la licencia en un país de Europa, que también pertenece a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); comparemos los distintos modelos y la posibilidad de hacer cursos responsables, no sólo en el consumo de alcohol, sino también en la conducción.
Señor Presidente , por su intermedio, felicito al señor ministro por recoger varias ideas de mociones de numerosos parlamentarios y darle urgencia a este proyecto. No tenga duda de que lo vamos a aprobar, pero es necesario avanzar en una política sistemática para enfrentar la situación y terminar con la angustia de muchos padres que cada fin de semana ven a sus hijos o a alguno de los integrantes de la familia expuestos a accidentes, pues el consumo de alcohol hoy está exacerbado e incentivado por una publicidad que francamente va más allá de promocionar sus productos. Respecto del rótulo en las camisetas de determinadas bebidas alcohólicas que son light, principalmente la cerveza, pregunto, ¿el Ejecutivo tiene la voluntad para avanzar, con la misma firmeza y drasticidad con que hoy se suben enormemente las penas, en políticas de educación, fiscalización y, particularmente, de control de incentivos y masividad o auspicio de bebidas alcohólicas o de cigarrillos respecto de eventos deportivos?
En el artículo 87 de la Ley de Tránsito -importante de destacar para generar la discusión jurídica-, se ha eliminado el numeral 3 que establecía prohibiciones para los conductores de vehículos de la locomoción colectiva. En efecto, ese numeral prohibía “Admitir individuos ebrios, desaseados, que fumen o que no guarden compostura debida, o que ejerzan la mendicidad o cualquier clase de comercio en el vehículo;”
No es posible que, por un lado, se incentive a que quienes beban no conduzcan y, por otro, una norma de la Ley de Tránsito -numeral 3 del artículo 87-, prohíba, no digo a un curadito, sino a quien se ha tomado un par de tragos, ser trasladado en un medio de transporte público. Así se va armonizando nuestra legislación. Se trata de un cambio de cultura y de hábitos, que lo vamos a lograr con una normativa más dura, perfecto; con mayor información y capacitación para los jueces que van a tomar las decisiones correspondiente pero también vamos a ganar la batalla con una educación permanente, que nos permita entender que conducir un vehículo en estado ebriedad es tan letal como el porte de un arma, para que en nuestro país no exista cada fin semana la triste estadística de fallecidos en accidentes de tránsito ocasionados por conductores que habían consumido alcohol.
Espero que se establezcan los mismos criterios de fiscalización en todos los sectores sociales; que se fiscalice a quienes conducen, también a quienes manejan vehículos de alto precio; que se fiscalice no solamente a quienes van a una ramada, sino también, a los que van a establecimientos más pitucos, ya que muchos de ellos son causantes de accidentes y luego escapan.
En todo caso, es necesario saber, principalmente, qué política se va a seguir -porque esta iniciativa se va a aprobar- en educación, qué va a pasar con el otorgamiento de licencias de conducir y con la publicidad de bebidas alcohólicas.
Reitero, vamos a votar favorablemente este proyecto, que endurece las penas.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado don Ricardo Rincón.
El señor
He querido intervenir en esta oportunidad no sólo para felicitar a los mocionantes y porque siempre he valorado que esta Corporación dé espacio a las mociones -tan difíciles de tramitar, por las urgencias y lo alejado de la influencia que en ellas tiene el Poder Legislativo -, sino para manifestar ciertas preocupaciones que me asaltan respecto del texto que estamos estudiando.
Con la eliminación del numeral 3 del artículo 87 de la ley N° 18.290, terminamos con viejos resabios -comparto lo dicho por el diputado De Urresti - incorporados en la legislación penal por otras leyes. No nos olvidemos de que en Chile se penaba la vagancia y la mendicidad. Entonces, que tengamos todavía este resabio en nuestra legislación, que además no se condice con el espíritu de lo que se pretende aprobar, es bueno que se derogue el numeral 3 del artículo 87 de la citada ley.
Pero me asalta una preocupación respecto del inciso primero del artículo 183 que se propone, pienso que su redacción va a dar lugar a problemas. Establece: “o el hecho de encontrarse la persona conduciendo -no puede haber ninguna duda en ello- o aprestándose a conducir bajo la influencia del alcohol o de estupefacientes o sustancias sicotrópicas o en estado de ebriedad.”.
¿Qué vamos a entender por la frase “aprestándose a conducir”? ¿Cuál es su alcance? Debemos pensar que esto va a tener consecuencias jurídicas, ya que todos estos casos terminan en los tribunales, en manos de los jueces y con la legítima intervención de abogados por las partes involucradas. Previo a eso, están los controles de detención, los test de alcoholemia, etcétera. Por ello, es importante saber qué se va a entender por “aprestándose a conducir”.
La diputada María Angélica Cristi , sabiamente, ha dado luces sobre ello, pero quiero hacerlo con más fuerza, porque puede ser muy fácil para la persona decir que no pretende conducir ningún vehículo, pero va a ser la palabra de ella contra la del oficial. En una situación así, lo concreto es que la persona no está en el interior del vehículo y, peor aún, si el proceso de control se realiza antes de que la persona abra el vehículo.
Desde el punto de vista jurídico, no es un tema menor. El derecho penal o sancionatorio a nivel de falta no puede pretender establecer algo parecido a lo que sucedió en aquella famosa película que muchos pudimos ver, donde se establecían las unidades de precrimen y la posibilidad de tener una sociedad perfecta gracias a esas unidades. El “aprestándose a conducir” es una frase y un léxico jurídico insuficiente para describir una conducta que dé lugar a la aplicación de una sanción de cualquier tipo. Esto va a dar lugar a problemas jurídicos. La redacción es total y absolutamente insuficiente. Distinto es el hecho de encontrarse la persona conduciendo. Si frente a un caso así, se recurre a la historia fidedigna del establecimiento de la ley -para lo cual servirán las actas de esta sesión y las de la Comisión-, incluso ella puede llegar a ser insuficiente, salvo que alguien de la Comisión, como el diputado informante , aclare exactamente el sentido de esa frase.
Por intermedio de la Mesa, quiero consultar al ministro si él podría reproducir hipotéticamente una situación de “aprestarse a conducir” sin siquiera estar cerca del vehículo. Sería bueno saber qué va a significar esa frase en la práctica. Y no quiero meterme en la posibilidad de abuso de autoridad, ni siquiera quiero llegar a esa área, lo cual, con frecuencia, se da respecto de los más humildes y no con los de rancio abolengo. Con esta frase, las posibilidades de abuso de autoridad quedan abiertas con una gran llave.
Por eso, no puedo sino preguntar, por intermedio de la Mesa, al diputado informante -él o el ministro me lo puedan aclarar- porque no creo que en la Comisión se haya establecido la contextualización de la frase que, reiteradamente, so pretexto de ser majadero, he señalado en mi intervención.
Por otra parte, también es fundamental hacer hincapié en el rol que cumple Carabineros de Chile. Me parece que hace un muy buen control en carreteras. Es más, creo que si no tenemos que lamentar más muertes durante los fines de semana largos es por el trabajo preventivo que realiza Carabineros de Chile en las carreteras. Pero ese control preventivo, lamentablemente, no lo vemos en los lugares donde habitualmente se consume alcohol, como son los centros masivos de esparcimiento, por ejemplo, las discotecas, aun cuando son conocidos los lugares donde se hallan en cada ciudad. No digo que en esos lugares ese control no se realice en forma aleatoria y esporádica, pero esa frecuencia, rigurosidad, constancia y profesionalismo que vemos en nuestras carreteras creo que se debe extender a los centros de esparcimiento y recreación de afluencia masiva de público, como son por ejemplo, las discotecas. Creo que Carabineros también puede realizar un reforzamiento en el rol educativo, aun cuando sé que muchas veces lo hace, sobre todo, en aquellos casos en que el contacto de la oficialidad a cargo de las unidades es muy estrecho con la comunidad.
También es importante realizar un reforzamiento institucional sobre la necesidad de que exista una vinculación de Carabineros con los establecimientos educacionales. Creo que el rol de Carabineros debe ser potenciado y no podemos quedarnos solamente con lo que se haga desde un punto de vista legislativo.
Otro aspecto importante está en lo que se refiere a las licencias de conducir. Creo que todos quienes hemos intervenido en esa línea estamos, a lo menos tácitamente, de acuerdo en que no existe un tratamiento integral, holístico, en este proyecto de ley que apunte a algo específico. Uno debiera demandar del gobierno de turno, o de cualquiera que esté en condiciones de imprimir urgencia y celeridad a estos temas, una visión mucho más sistémica para abordar íntegramente nuestra legislación, sobre la reglamentación de las escuelas que enseñan a conducir y la forma de otorgamiento de las licencias. Eso es fundamental.
En Chile, se otorga licencia de conducir a personas que ni siquiera saben manejar. ¡Ni siquiera saben manejar! En nuestro país, los exámenes prácticos son, simplemente, una formalidad insuficiente, porque más del 50 por ciento de los conductores, o cerca de este porcentaje, ni siquiera están capacitados para estacionarse en la calzada. De manera que las personas que obtienen su licencia de conducir con tanta facilidad constituyen un peligro en nuestras calles, aunque no se encuentren en estado de ebriedad.
Respecto de las sanciones, obviamente, no sé si vamos en la línea correcta promoviendo el encarcelamiento de los infractores. Creo que hasta podría ser mucho más positivo que se les aplicara otro tipo de sanciones que, con creatividad, podríamos idear; pero, no las veo. Por eso, he presentado una indicación en ese sentido.
En general, estoy de acuerdo con este proyecto, razón por la cual lo voy a aprobar; pero, necesitaba hacer estas observaciones.
He dicho.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Cito a reunión de Comités, sin suspender la sesión.
Tiene la palabra la diputada señora
La señora
Pues bien, el proyecto contribuye a crear conciencia sobre este problema, lo que sumado a las estrategias anunciadas por el Gobierno, permitirá bajar las dramáticas cifras de muertes producidas por accidentes de tránsito ocurridos bajo la influencia del alcohol. En todos los medios de comunicación hemos visto las graves consecuencias que tiene el hecho de manejar bajo los efectos del alcohol. Por lo tanto, aumentar las sanciones y aplicar tolerancia cero, reduciendo de 0,5 a 0,3 los gramos tolerables de alcohol en mediciones de sangre, es una señal potentísima de que la iniciativa va en el sentido correcto.
Asimismo, es muy importante tener claro que no lograremos nada sólo con aumentar las sanciones. No debemos actuar sólo nosotros sino que, como lo han dicho los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, es tarea de todos. Creo que aumentar las sanciones no es la única solución; no nos van a librar de este grave problema. Como digo, debemos actuar todos; las personas deben estar conscientes de lo peligroso que puede llegar a ser conducir después de haber ingerido alcohol, porque ello pone en peligro no sólo a los conductores, sino también a terceros, que no son responsables en absoluto de la grave irresponsabilidad en que incurren aquellos. No estar conscientes de este problema, al fin, no nos conduce a ninguna parte, sino a agravar este flagelo.
Por otra parte, como lo dijo el diputado De Urresti , la publicidad también debe tener su grado de responsabilidad. Para combatir este problema debe haber mejor fiscalización, que complemente las medidas contenidas en este proyecto, relacionadas con el aumento de las penas. Insisto en que esta solución no tendrá sentido si, además, no existe una buena fiscalización que contribuya a lograr los objetivos que persigue el proyecto.
También es necesario mejorar la educación en esta materia, partiendo por los más pequeños, para que las nuevas generaciones entiendan que esto tiene que ver con la conciencia y con la responsabilidad de cada uno.
Por último, es necesario mejorar la capacitación, porque es un chiste pasar prácticamente por gracia los exámenes para obtener la licencia de conducir. Esta situación sólo contribuye a agravar el problema.
Insisto en que es responsabilidad de toda la sociedad; todos los actores debemos comprometernos con este problema, de manera que, de una vez por todas, en los medios de comunicación no tengamos que ver más casos como el del niño Kevin y otros en los cuales son terceras personas las que corren grave peligro.
Termino manifestando que la solución de este problema debe ser un compromiso de cada uno de nosotros, puesto que será la única forma de que las nuevas sanciones sirvan de algo. Repito que el aumento de las sanciones no es la única solución; ésta pasa por el actuar de todos.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor
Por eso, quiero decirle al ministro que tiene una tremenda responsabilidad en este problema que, como se ha dicho, es tarea de todos. Se han presentado más de cincuenta indicaciones, algunas de las cuales, por cierto, fueron rechazadas y otras, aprobadas. Pero, lo que más me ha llamado la atención es el gran número de mociones que existen sobre el tema.
Según los antecedentes del proyecto, en nuestro país, los accidentes de tránsito son una de las principales causas de muerte, y una de las causas principales de éstos es el consumo de alcohol. Se trata, entonces, de un hecho indesmentible tanto en nuestro país, como también en otros países que se encuentran en vías de desarrollo, donde la tasa de accidentes de tránsito se ha disparado de manera importante. La Comisión consideró que, en los últimos diez años, este aumento alcanzó a alrededor de 35 por ciento, porcentaje que aumenta día a día. Esto se explica por el número cada vez mayor de vehículos motorizados que circulan por caminos y carreteras. Chile es un ejemplo de ello.
Pero, lo que falta es mayor sentido de responsabilidad de los conductores. Tal carencia los lleva a tener conductas imprudentes. Una de ellas es, precisamente -la más grave de todas-, la conducción bajo la influencia del alcohol y de otras sustancias.
Mediante campañas de prevención y aumento de los requisitos para obtener la licencia de conducir, se ha buscado evitar que las personas conduzcan vehículos bajo la influencia de sustancias que impiden la plena capacidad para conducir. Como decía un colega, en Chile, es muy fácil obtenerla; concuerdo con tal afirmación. Otra forma mediante la cual se pretenden prevenir los accidentes de tránsito es mediante campañas educativas y, por último, recurriendo al mecanismo que estamos discutiendo: aumentar las penas y las sanciones para las personas que conduzcan bajo la influencia de sustancias que alteren su capacidad para conducir.
Pero, el objetivo fundamental del proyecto es tratar de disuadir a los conductores mediante el aumento de las sanciones -algunos han hablado de tolerancia cero- a quienes conduzcan con alcohol en la sangre sobre los niveles permitidos, e impedir que consuman sustancias que alteren su percepción. Pienso que éste puede ser un camino; pero, no es el único para disminuir la siniestralidad en nuestros caminos y carreteras. Es tan importante el aumento de las sanciones como la fiscalización que deban realizar los entes establecidos por la ley.
Otra forma de hacerlo es que las autoridades del transporte y del trabajo fiscalicen, por ejemplo, la forma en que desarrollan sus funciones los conductores de la locomoción colectiva, puesto que los vehículos no siempre están en buenas condiciones y, dado el exceso de trabajo y la tensión a que están sometidos, muchas veces, los conductores consumen sustancias estimulantes. Septiembre es un mes en el que se producen estas situaciones.
La falta de seguridad y de un adecuado sistema de locomoción pública también es un incentivo para que las personas prefieran arriesgarse a salir a divertirse en sus propios vehículos.
Por último, creo que la formación para una conducción responsable es fundamental. En nuestros establecimientos educacionales ello debiera ser parte de la pedagogía. Lo conversaba con el ministro , y él también, en forma muy seria, me decía que es tanta la presión que hay en el Ministerio de Educación por distintas situaciones que tendremos que formar parte de la fila para solicitar aquello, especialmente en la educación media -lo dijeron los diputados Venegas y Auth-, que es la etapa en que hay que orientar a los jóvenes.
Ya sabemos que en algunos países de Europa -lo dijo el diputado Auth , y en conversación privada, el diputado Jiménez - se está llegando, incluso, al comiso y venta de los vehículos del infractor. Eso es un tanto extraño y espero que en nuestro país no tengamos que llegar a ese extremo.
El proyecto concuerda con las mociones presentadas y ha sido bastante discutido; prueba de ello lo constituye el hecho que mencioné al inicio de mi intervención: el importante número de indicaciones presentadas.
El proyecto, sin lugar a dudas, puede ser mejorado, pero nos apura su promulgación. En efecto, estamos en un mes propicio para ello. Ésa es la petición formal que todos hacemos al ministro.
Aprobamos con mucha fuerza la idea de legislar.
He dicho.
El señor MELERO ( Presidente ).- Por acuerdo unánime de los Comités, las inscripciones para intervenir en la discusión del proyecto han sido cerradas y se darán cinco minutos para usar de la palabra a los siguientes diputados: Javier Hernández , del Comité de la Unión Demócrata Independiente; Jorge Burgos , de la Democracia Cristiana; Javier Vargas , del Partido por la Democracia, y señora Alejandra Sepúlveda, del PRI.
Luego de ello se cerrará el debate y se votarán las indicaciones presentadas.
Tiene la palabra la diputada señora
La señora
Quiero dar un ejemplo, que puede repetirse en muchos lugares del país.
La familia Parada, bajo las mismas condiciones de otros lugares de la Décima Región, sufrió la muerte de dos mujeres: las señoras Hermosina y Laura , víctimas de un conductor que iba manejando en estado de ebriedad. Lamentablemente, el autor de las muertes se dio a la fuga. Además, continuó con su peregrinaje bajo la influencia del alcohol y cometió otros delitos.
La única diferencia entre el caso que señaló el diputado Fidel Espinoza y éste es que ese conductor recibió 541 días de presidio. Aunque tenía antecedentes de haber conducido en estado de ebriedad, lamentablemente, gracias a una ley que funcionó en algún momento, sus antecedentes se borraron, por lo que figura con irreprochable conducta anterior.
Entonces, me gustaría que el ministro -que no está presente en la Sala- tomara nota de lo que planteé como miembro de la Comisión de Obras Públicas, en el sentido de que en caso de muerte provocada por conducir en estado de ebriedad, se revisen los antecedentes del infractor, porque al borrar sus antecedentes, aparece como si nunca antes hubiera cometido similar delito. Eso es -repito- lo que ocurrió en el caso de Hermosina y Laura Parada. Hoy, desafortunadamente, el sujeto que causó esas muertes está libre.
Concuerdo con el diputado Rincón en que a lo mejor no fuimos precisos en definir cuándo se presume que un sujeto va a conducir. La Comisión pensó que tal presunción se verificaba cuando el sujeto está dentro del vehículo, toma el volante y tiene intenciones de conducir, y no en el momento en que el sujeto se acerca al vehículo, como planteó el diputado Rincón .
Por eso nos complica un poco la indicación que se quiere presentar, porque significaría retrasar el despacho del proyecto. Queremos votarlo hoy. Las Fiestas Patrias están próximas y queremos dar una señal a la ciudadanía.
Espero que lleguemos a un acuerdo para aclarar el concepto de alguna forma, de manera que no quede ambigüedad en el proyecto, porque en la discusión en la Comisión el diputado Rincón no hizo ese planteamiento.
Me preocupan las palabras del diputado Venegas y quise intervenir, precisamente, porque fue parte de la discusión que tuvimos en la Comisión. Él planteó que en los sectores rurales, que, además, me honro en representar y donde hay una cultura de celebración, especialmente de Fiestas Patrias, matrimonios, etcétera, presumiblemente pueda haber mayor consumo de alcohol. Nosotros fuimos clarísimos: la discusión no tiene que ver con que se tome o no; la libertad de tomar quedó absolutamente zanjada. Me encantaría restringir eso, pero no se puede. Si alguien quiere tomar, que tome lo que quiera. Lo que hemos dicho es que el que toma, no puede conducir. Eso es tolerancia cero. Repito, no puede conducir, y eso rige para todos.
La idea es tolerancia cero, pero quiero destacar que las personas más humildes, que a lo mejor son las que más queremos proteger, son precisamente las víctimas. Todavía no conozco una víctima -al menos en mi distrito- que pueda demostrar que existe una diferencia social importante entre quien conduce y los peatones, que además generalmente no tienen vehículo.
Por su intermedio, señor Presidente , quiero decirle al ministro que nos falta protección vial. Sabemos que el Presidente quiere aumentar las horas de educación, porque hay que formar ciudadanos y ésta es una materia importante de revisar; pero, además, le reitero al ministro mi preocupación por la falta de seguridad vial, sobre todo en zonas rurales, donde estamos muy complicados.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Jorge Burgos.
El señor
Es una buena noticia que se haya tomado la decisión de modificar una ley que aparecía como eminentemente permisiva y con efectos muy graves respecto de la seguridad del tránsito.
Con razón, alguien recordaba que los índices de las muertes por accidentes de tránsito son muy altos, probablemente mucho más que el de las personas fallecidas por homicidio, por fortuna. Además, que muchos tienen que ver con consumo excesivo de alcohol.
Dicho eso, que importa un apoyo al proyecto, quiero decir un par de cosas.
Aquí no se toca un tema, a mi juicio, bastante central. Espero que sea por descarte y por la necesidad urgente de ponerlo en el tapete: me refiero al sistema de premio y castigo. Ahí, hay un elemento que no hemos recogido en la legislación chilena del tránsito. No estoy hablando del manejo bajo la influencia del alcohol, sino de los conductores con muchas sanciones por pasar con luz roja o con disco Pare. Al respecto, existe el sistema internacional de incentivar a los buenos conductores con premios, cuando incurren en faltas menores. Se ha probado que es beneficioso y se ocupa en buena parte de los países europeos. Los resultados indican que ha sido positivo. Eso no figura en este proyecto, pero no se descarta como una modernización para una mejor legislación sobre esta materia. Dejo planteada esa preocupación.
En segundo lugar, deseo tratar un asunto políticamente incorrecto, como se dice ahora. Creo que tenemos un problema con la policía de tránsito. Es cierto que Carabineros hace una buena labor, pero cada vez más escasa. Es obvio, pues si al mismo tiempo le pedimos que se preocupe de la seguridad pública y del Plan Cuadrante con acciones preventivas, es muy difícil que se haga cargo totalmente del tránsito. De hecho, quienes somos más viejos nos acordamos que antes había una división muy categórica en la institución entre carabineros del tránsito y los que no pertenecían a ese segmento. Eso, hoy está mucho más difuso. Es probable que sea porque hay más preocupación por las carreteras, pero no una preocupación específica.
Deberíamos estudiar la posibilidad de que la policía de tránsito, como en otras partes del mundo, tenga una característica distinta y se dedique en forma exclusiva a eso. A la larga, deberíamos trabajar para especializar a las policías. La conjunción de todas las tareas en una determinada policía, en un mundo como el nuestro, que se encuentra en continua modernización, es tarea bastante compleja. Por ello, no hay que descartar entrar en esa materia.
En tercer lugar, acerca de una cuestión que dijo el diputado Rincón , encuentro que tiene razón en el sentido de que el artículo quedó con una complejidad.
El artículo 182, vigente, señala: “Carabineros, asimismo, podrá practicar estos exámenes -es decir, la pericia de la que estamos hablando- a toda persona respecto de la cual tema fundadamente que se apresta a conducir un vehículo en lugar público y que presente signos externos de no estar en plenitud de facultades para ello.”.
En consecuencia, existen esa presunción y el verbo rector “apresta”. Pero la Comisión, mediante el primer inciso nuevo que agregó al artículo 183, bajó la categoría de la presunción, sacó las expresiones “fundadamente”, “en lugar público” y “no estar en plenitud de facultades para ello” y dejó únicamente la expresión “aprestándose a conducir”.
De esta manera, el artículo queda demasiado blanco, con gran subjetividad, por lo cual puede prestarse para abuso. Una persona que viene con unos tragos de más podría tener otro tipo de problema. El carabinero le puede preguntar si tiene auto, y él le puede contestar que sí. Entonces, la autoridad puede presumir que quiere conducir, en circunstancias de que no pensaba hacerlo.
Ésa puede ser una situación muy compleja para una persona que se ve amenazada por la acción de un agente público, que suelen, no siempre, actuar mal. Hace pocos días, hubo un caso en que se intentó alterar partes.
Deberíamos buscar un acuerdo para modificar eso, darle un poco más de sentido y no dejarlo con la amplitud que se le ha dado.
He dicho.
El señor MELERO ( Presidente ).- Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado
El señor
Este proyecto ha sido largamente anhelado durante muchos períodos parlamentarios. Prueba de ello, es la gran cantidad de mociones presentadas, respecto de las cuales el Gobierno se atrevió a recoger, analizar e impulsar.
En la Comisión se produjo una discusión bastante rica, porque el objetivo fundamental del Ejecutivo era establecer un cambio de costumbres en la conducción por parte de los conductores. Mientras tanto, los parlamentarios estábamos recogiendo las inquietudes que venían de la ciudadanía, fundamentalmente lo que llegaba a nuestras oficinas, a nuestros distritos, a nuestro quehacer diario, que era la conducción en estado de ebriedad o bajo la influencia del alcohol con consecuencia de muerte o con secuelas graves.
Desde esa perspectiva, se producía una especie de colisión. Por eso, estuvimos varias sesiones debatiendo el sentido que debía tener la ley.
Por supuesto, nos dimos cuenta y, al final, todas las bancadas y el Ejecutivo llegamos a acuerdo para tramitar de manera rápida la iniciativa.
Dentro de las cosas que buscamos era llegar a establecer 0 gramo de alcohol en el flujo sanguíneo, es decir, impedir que se consuma alcohol cuando se conduce. Pero los países que habían bajado su legislación a 0 pronto tuvieron que rectificar y subirla a 0,2. Por eso, el Ejecutivo planteó 0,3, porque de repente se dan falsos positivos. Sin embargo, eso es lo mismo que decir que a partir de hoy, conducir con una copa de cualquier tipo de alcohol, quedará sancionado.
Con este proyecto se está tratando de buscar un cambio de conducta y los parlamentarios queríamos sancionar el efecto que se provocaba al manejar en estado de ebriedad. Por eso, fuimos sumamente severos.
Incluso, hay que reconocer que en esta búsqueda el Ejecutivo iba por la línea de bajar la graduación alcohólica; en cambio, nosotros por la de aumentar las penas a quienes conducen bajo la influencia del alcohol, o de sustancias estupefacientes o sicotrópicas, o en estado de ebriedad.
Estas dos líneas son importantes, se recogieron en este proyecto y les estamos dando un impulso importante. Todos hemos tenido conocimiento de situaciones gravísimas ocurridas en nuestros distritos. Osorno, nuestra provincia o nuestra región no son la excepción. Este fenómeno se da en todo el país.
De este modo, estamos dando respuesta a la inquietud de la comunidad.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Orlando Vargas.
El señor
Siempre será bueno disminuir la cantidad de fallecidos en accidentes de tránsito por esta causal. Por eso, apoyo la iniciativa.
Cada vez que al ser humano se le dice que no debe conducir si ha bebido o ingerido alcohol, precisamente, por encontrarse en estado de ebriedad, nunca reconoce el hecho, y pasa a ser un serio candidato a perder la vida y causar la de terceros, como lo indican las estadísticas.
Entre el período 2000-2009, hubo 38.884 accidentes de tránsito con presencia de alcohol en los conductores y 3.346 pérdidas de vidas humanas. Por ejemplo, en mi región, el 85 por ciento de las muertes en accidentes de tránsito son, precisamente, por conducir en estado de ebriedad. Incluso, personas que sabiendo que después de haber bebido alcohol son un peligro público, igual reinciden en este tipo de conductas.
Hace poco, tuvimos que lamentar otro accidente en el Valle de Azapa. Los hermanos Cañipa , tres jóvenes entre de 18 y 21 años, después de celebrar una fiesta, mientras conversaban en el frontis de su casa, fueron arrollados por un jeep que era conducido por un ex militar. Los tres hermanos murieron. Sin embargo, el ex militar, a pesar de que se encontraba bebido, de todos modos salió en libertad. De ahí viene el dicho: “no le salió ni por curado”.
También recuerdo la muerte de un dirigente del Valle de Azapa, Daniel Chipana , quien chocó de frente con otro parroquiano que venía bebido. Murió en forma instantánea.
Por eso, lo que busca el proyecto es justamente evitar este tipo de conductas, quitándoles de por vida la licencia de conducir a los infractores que no cumplan con la ley. Se trata de personas que provocan la desintegración completa de familias.
Por ello, apoyaré firmemente la iniciativa, la que, a mi juicio, también debe ir acompañada de un programa de difusión pública. Por eso, aprovecho la oportunidad de preguntar al ministro si piensa adoptar algún método o programa de enseñanza en la educación pública, a contar de los cursos más básicos como, por ejemplo, primer año básico, a fin de que vayan aprendiendo del tema y sus consecuencias. Podrán aplicarse innumerables penas, pero si no tenemos conciencia de lo que sucede ello no servirá de nada. Es importante difundir esta materia entre los niños, ojalá, repito, desde el primer año básico en adelante.
De este modo, el proyecto servirá, entre otras cosas, para preparar a la gente a fin de que no vuelva a cometer este tipo de ilícitos y, con ello, ayudar a bajar los altos índices de mortalidad producidos por esta causa.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Cerrado el debate.
Se han presentado cuatro indicaciones, una de las cuales pertenece al diputado señor
Tiene la palabra su señoría.
El señor
Leí una propuesta que se contradice con lo que establece el inciso primero del artículo 183, en el sentido de la posibilidad de controlar al que se apreste a conducir. El problema radica en que la propuesta que el Ejecutivo hace a la Comisión no deroga la norma que mencioné. En consecuencia, enviáremos al Senado un proyecto cuyos artículos 182 y 183 se contradicen. Así las cosas, no nos queda más opción que o derogar lo que propone la Comisión o suprimir lo que señala el artículo 182 en esa parte.
El señor
El señor
Ésa es la propuesta que presentamos a la Comisión, señor Presidente.
El señor RINCÓN.- Señor Presidente, pido la palabra para plantear un punto de Reglamento.
El señor MELERO ( Presidente ).- ¿Cuál es su punto de Reglamento, señor diputado ?
El señor
El señor
Corresponde votar, en general, el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la ley N° 18.290, aumentando las sanciones por manejo en estado de ebriedad, bajo la influencia de sustancias estupefacientes o sicotrópicas, y bajo la influencia del alcohol.
Hago presente a la Sala que todas las normas del proyecto son propias de ley simple o común.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 105 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor MELERO (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor MELERO (Presidente).- Corresponde votar las indicaciones.
El señor
El señor
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 53 votos; por la negativa, 44 votos. Hubo 5 abstenciones.
El señor
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor MELERO ( Presidente ).-
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 46 votos; por la negativa, 52 votos. Hubo 3 abstenciones.
El señor MELERO ( Presidente ).- Rechazada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Felipe Harboe.
El señor
El señor MELERO ( Presidente ).-
Tiene la palabra la diputada señora Cristi.
La señora CRISTI (doña María Angélica).-
Señor Presidente , en la redacción del proyecto hay un error -proviene de la ley vigente-, porque se sanciona con multa de once a veinte unidades tributarias a quien provoque lesiones graves. En cambio, en caso de muerte, se sanciona al infractor con ocho a quince unidades tributarias. Por lo tanto, se sanciona pecuniariamente más a quien provoca lesiones graves que a quien provoca una muerte. La indicación persigue corregir esa situación.
El señor MELERO (Presidente).- En votación la indicación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 100 votos; por la negativa, 2 votos. No hubo abstenciones.
El señor
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
El señor MELERO ( Presidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Ricardo Rincón.
El señor
El señor MELERO (Presidente).- En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 27 votos; por la negativa, 64 votos. Hubo 3 abstenciones.
El señor
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 97 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 2 abstenciones.
El señor
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor MELERO (Presidente).- Por no haber más indicaciones presentadas, el proyecto queda despachado al Senado.
El señor MELERO (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al primer proyecto de acuerdo.
El señor LANDEROS ( Prosecretario accidental ).-
“La Cámara de Diputados solicita al Presidente de la República , señor Sebastián Piñera, instruir al ministro de Relaciones Exteriores , en orden a que el Gobierno de Chile, en coherencia con lo ya obrado el presente año en materia de reconocimiento del Estado de Palestina, concurra con su voto favorable a la incorporación de Palestina como Estado miembro de la Asamblea General de Naciones Unidas, tema que será tratado en la próxima sesión de ésta en septiembre del 2011.”.
El señor MELERO (Presidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Patricio Vallespín.
El señor
Su Santidad el Papa Juan Pablo II defendió, en 2000, el derecho del pueblo palestino a tener una Patria y un Estado.
Este es un momento importante, también, para la expresión de la coherencia y la consistencia en las decisiones del Gobierno de Chile, que siempre ha sido un Estado respetuoso del derecho internacional y de las resoluciones de Naciones Unidas para la solución pacífica de los conflictos internacionales.
Por ello, no nos cabe duda alguna de que el gobierno del Presidente Piñera -al igual que casi ciento cuarenta Estados que han dado un primer paso al reconocer la existencia del Estado de Palestina, como lo hizo Chile a comienzos de este año-, ahora debe adoptar una consecuencia lógica, que es apoyar la solicitud del gobierno de la Autoridad Nacional Palestina para ingresar a la Asamblea de las Naciones Unidas como un Estado con carácter de miembro pleno más. Ello permitirá que Palestina, como Estado reconocido por la comunidad internacional, pueda iniciar un real proceso de negociación entre iguales, y no como ha ocurrido hasta ahora, entre un Estado ocupante y un pueblo invadido por la fuerza, como es Palestina, lo que no ha permitido, en parte por la falta de convicción de las grandes potencias del Consejo de Seguridad de la ONU, hacer valer y cumplir históricas resoluciones de Naciones Unidas, que han estipulado tanto la creación del Estado de Israel, ya existente desde 1948, como la del Estado de Palestina, aún injustamente no hecha realidad.
Por ello, señor Presidente , con respeto, pero con la coherencia de los valores, con la potencia de la convicción, con la consistencia de los principios de equidad y justicia universal, y, como chilenos, con la fuerza de la razón y el apego al respeto del derecho internacional, que siempre nuestro país ha defendido en los foros multilaterales, solicitamos que en la próxima sesión de Naciones Unidas, Chile, por lo ya obrado con claridad y decisión por el Gobierno, vote favorablemente el ingreso del Estado de Palestina a la Asamblea de Naciones Unidas.
Estamos convencidos -lo hemos conversado con el diputado Pepe Auth y con muchos otros colegas -de que no es posible ni entendible que un pueblo que tanto sufrió, cuyo genocidio todos hemos condenado, y que logró la creación y el reconocimiento de su Estado por la Asamblea de Naciones Unidas, pueda negar a otro pueblo el derecho a ser también reconocido como Estado, en la misma instancia que lo vio nacer. El dolor y sufrimiento antes vividos se deben corresponder con generosidad.
Por ello, Chile debe votar favorablemente el ingreso del Estado Palestino a la Asamblea de Naciones Unidas, con la frontera de 1967. Eso significa asumir un Estado de Palestina con el 22 por ciento de su territorio original, entregando el 78 por ciento de lo que pertenecía por historia y por derecho; pero, en aras de la armonía, está dispuesto a aceptarlo.
Por lo tanto, invito a mis colegas a votar a favor el proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Iván Moreira.
El señor
Muchas personas se sorprenden por lo que ocurre entre ellas en materia limítrofe, en circunstancias de que el asunto ha sido tratado en diversas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, como los N°s 181, 242 y 1515. De hecho, existen 34 resoluciones en ese sentido que, lamentablemente, Israel no ha cumplido. De manera que no busquemos una excusa para votar en contra el proyecto de acuerdo.
El Presidente de los Estados Unidos de América ha dicho claramente que hay que reconocer a Palestina como un Estado independiente, soberano y libre, con los límites establecidos en 1967.
Quizás no se pueda apreciar bien, pero en el cuadro que estoy mostrando en estos momentos se puede observar que en 1948, Palestina era una franja de territorio muy grande, pero hoy se ha convertido en un punto. A lo único que aspira Palestina es al 22 por ciento de su territorio.
No tengo sangre palestina, pero tengo el corazón que se necesita para defender una lucha justa, puesto que en Chile hay más de 350 mil descendiente de palestinos, los que han hecho un gran aporte a nuestra sociedad.
El país tiene una política exterior consecuente.
Por lo tanto, invito a apoyar el proyecto de acuerdo, con el objeto de solicitar al Presidente de la República que su Gobierno, al igual como lo hizo respecto del reconocimiento del Estado de Palestina, vote a favor de la incorporación de Palestina como Estado miembro de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
He dicho.
-Aplausos.
El señor MELERO.- Para impugnar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Silber.
El señor
-Hablan varios diputados a la vez.
El señor MELERO ( Presidente ).- Ruego a la Sala guardar silencio.
Continúa con el uso de la palabra el diputado señor Silber.
El señor SILBER.- Señor Presidente, respecto del reconocimiento del Estado Palestino, por cierto entendemos la necesidad de su existencia. De modo que adherimos, en términos sustantivos, al proyecto de acuerdo presentado, pero con los debidos reparos que queremos manifestar.
-Hablan varios diputados a la vez.
El señor MELERO ( Presidente ).- Señores diputados, el tema en discusión es trascendente. Por lo tanto, ruego guardar silencio.
Continúa con la palabra el diputado señor Silber.
El señor SILBER.- Señor Presidente, quiero decir, con el mayor de los respetos, que sobre esta materia vale la pena debatir, porque es muy importante.
Tal como señalé, no planteamos duda alguna respecto de la existencia del Estado de Palestina, pero tenemos reparos en cuanto a que en este proyecto de acuerdo se haga alusión a materias fronterizas.
Desde el punto de vista de la política internacional, entre los Estados, más que amistad, existen intereses. En consecuencia, es bastante peligroso, dada la política de los precedentes, que desde un país que se encuentra en otro continente se fijen, de manera unilateral, las fronteras entre dos naciones.
Reitero que no ponemos en duda el reconocimiento a la existencia del Estado de Palestina, así como al derecho de que se establezcan fronteras seguras; pero ese reconocimiento también debe implicar algunas condiciones, como la existencia de un Estado democrático y el respeto de derechos y garantías a todos.
Desde esa perspectiva, vamos a llamar a la abstención en este proyecto de acuerdo. Votar de otra manera pueda significar para el Estado chileno el establecimiento de un precedente, a propósito del conflicto que tenemos con un país hermano -en discusión en La Haya-, en el sentido que desde un país muy distante se fijen de manera unilateral las fronteras de otros países.
Por lo tanto, a nuestro juicio, lo que debe hacer siempre nuestro país, -así se hizo en la respectiva visita de Estado que efectuó el Presidente Piñera- es señalar que la fijación de las fronteras debe darse en el marco de negociaciones bilaterales entre ambas naciones, porque hacerlo de manera unilateral genera un ambiente que no se condice con la decisión de paz y el respeto al derecho a soberanía que tienen esos países.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Para impugnar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Giovanni Calderón.
El señor
El año pasado tuvimos ocasión de discutir otro proyecto de acuerdo a raíz del incidente de la llamada Flotilla de la Libertad, el cual dio origen a una investigación de parte de una comisión de Naciones Unidas, encabezada por Sir Geoffrey Palmer y el ex Presidente de Colombia Álvaro Uribe , la que hace pocas semanas emitió su informe. En lo sustantivo, esa comisión llegó a la conclusión de que el bloqueo naval impuesto a la Franja de Gaza era una legítima medida de seguridad, puesto que tenía por objeto prevenir el ingreso de armas a ese territorio, y que ella se implementó de acuerdo con todos los requerimientos establecidos en la ley internacional.
La importancia de este proyecto de acuerdo, más allá de las diversas posiciones que podamos sostener en esta Sala, radica en que lo que esta Cámara apruebe determinará la posición de un Poder del Estado.
El año pasado condenamos un atentado que fue investigado por Naciones Unidas, respecto del cual, en definitiva, ese organismo emitió una opinión en el sentido contrario a lo que planteamos.
Hoy estamos frente a un proyecto de acuerdo que en su título y en el cuerpo de su fundamentación, alude a las fronteras de Palestina establecidas en 1967. Su parte dispositiva no alude a esa circunstancia, porque la incorporación de un Estado a la Asamblea General de las Naciones Unidas no requiere de un pronunciamiento sobre sus fronteras.
A mi juicio, aludir a las fronteras en su título y en su cuerpo puede llevar a malentendidos respecto de la postura de esta Cámara en relación con la posición de Chile.
Por lo tanto, debemos tomar esta materia de manera seria y votar en contra el proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor MELERO.- En votación el proyecto de acuerdo.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 61 votos; por la negativa, 7 votos. Hubo 9 abstenciones.
El señor MELERO (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
Barros
El señor MELERO (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la parte dispositiva del proyecto de acuerdo N° 403.
El señor LANDEROS ( Prosecretario accidental ).-
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar al Presidente de la República que, a través de su ministro de Educación , se entregue, dentro de las próximas horas, una solución definitiva al grave problema de desfinanciamiento de la educación municipal y particular subvencionada, motivada por la reciente decisión del Gobierno de suspender el pago de la subvención escolar del mes de julio, lo que impedirá cancelar las remuneraciones de cientos de docentes de nuestro país y agravará aún más la deuda histórica que tiene el sistema municipal de educación.”
El señor MELERO (Presidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra la diputada señora Denise Pascal.
La señora
Por lo tanto, solicitamos al Gobierno que el Ministerio de Educación pague las subvenciones sobre la base de la matrícula que los establecimientos han mantenido durante el año, para que los profesores no sean afectados por el paro estudiantil.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Robles.
El señor
Efectivamente, haciendo uso del reglamento relativo al pago de subvenciones escolares, el Gobierno, tal como lo han planteado alcaldes, podría impartir instrucciones para permitir el pago de la subvención escolar a los establecimientos que han estado en toma o con imposibilidad de efectuar clases.
Como se recordará, cuando ocurrió el terremoto del 27 de febrero de 2010, durante varios meses en zonas de la Sexta, Séptima , Octava y Novena regiones, los alumnos no pudieron asistir a clases, y el Gobierno, a través del reglamento, logró subsanar el problema legal y pagar la subvención.
Señor Presidente , nos parece absolutamente necesario que la subvención se pague con apego a derecho, para lo cual basta que el Presidente de la República introduzca una modificación en el Reglamento. Si bien lo que ha ocurrido en educación no es un terremoto, sí es una catástrofe social y, evidentemente, un terremoto desde ese punto de vista.
No es posible que los profesores de educación municipalizada tengan menos recursos y que no se paguen sus remuneraciones y los compromisos de los municipios con las escuelas y con los distintos actores ligados al área educacional.
Por ello, es de suma importancia que, a la brevedad, el Presidente de la República, como un gesto de entendimiento con el mundo social y escolar, cambie el decreto que permite el pago de subvenciones, en el sentido de que éstas se paguen a todos los establecimientos municipales.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 35 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 2 abstenciones.
El señor
Se va a repetir la votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 33 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 3 abstenciones.
El señor MELERO (Presidente).- Nuevamente, no se ha alcanzado el quórum de votación.
En consecuencia, la votación de este proyecto de acuerdo queda pendiente para la próxima sesión ordinaria.
-Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es:
http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos.aspx
El señor MELERO (Presidente).- En Incidente, en el turno de la UDI, tiene la palabra el diputado señor Enrique van Rysselberghe.
El señor
Señor Presidente , si bien su partida deja un profundo dolor en sus seres queridos, también nos ofrece un contundente ejemplo de servicio público, consistencia entre sus actos y sus ideas, y, adicionalmente, nos deja planteadas urgentes tareas a quienes creemos en la libertad como un elemento consustancial de la naturaleza humana y como motor del desarrollo humano.
En la citada columna, Felipe Cubillos realiza un certero e inquietante diagnóstico, según el cual los notables avances que hemos tenido como sociedad en las últimas décadas, hoy parecen no tener ni padre ni madre. Esto, porque quienes tenemos representación política no hemos defendido con fuerza nuestras convicciones, sino que nos hemos acomodado, muchas veces de forma plácida y dócil, a los dictados de una supuesta opinión mayoritaria expresada en las encuestas.
Por ello, señor Presidente, Felipe Cubillos se declara indignado cuando muchos de los parlamentarios hemos renunciado al liderazgo y la responsabilidad otorgados por las urnas.
En suma, en cinco párrafos de su columna de opinión, Felipe Cubillos describe una de las causas que ha permitido, en este último tiempo, el crecimiento de la política de la calle, el crecimiento y el auge de la política de las movilizaciones, las tomas y las barricadas; una política que ha prosperado en el silencio más absoluto de quienes saben que los plebiscitos, la estatización y el caudillismo son amenazas ciertas para nuestro desarrollo.
Es que, tal vez, no hemos defendido nuestras convicciones, porque hemos llegado a creer que los sistemas políticos y económicos son naturales y pueden sobrevivir, incluso, sin nuestra adhesión ni nuestro compromiso activo, tal como lo hacen los ríos, los árboles o las especies animales.
De tanto vivir en un mundo que respeta y reconoce la libertad, hemos llegado a pensar que ya no hay peligros en el horizonte y que todos creen en la libertad y nadie desearía vivir en un país totalitario y estatizado. La complacencia de pensar que ya estamos en el mejor de los mundos posibles, nos ha hecho olvidar que todavía quedan muchas cosas por hacer y muchas injusticias por corregir.
Es cierto, señor Presidente ; Felipe Cubillos tenía razón: no son los enemigos de la libertad quienes se han fortalecido, sino somos los defensores de la libertad quienes nos hemos debilitado. Pero la lucha por la libertad no ha concluido. Hoy, con más fuerza que nunca, señor Presidente , debemos defender la libertad de la libertad; debemos defender -como lo pedía Felipe Cubillos - la libertad de sus excesos y erradicar los abu-
sos que se llevan adelante, tantas veces, invocando viciosamente su bandera.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- En el tiempo de la UDI, Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.19 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES
-Se abrió la sesión a las 14.20 horas.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Lautaro Carmona.
El señor
Según la denuncia, el 24 de agosto, el jefe de gabinete del Instituto Nacional de la Juventud , don Pedro Andrés Guerra , publicó en su cuenta Twitter desde su celular, asignado para sus funciones por el servicio señalado, un mensaje que en sí mismo resulta inaceptable y que amerita que el jefe de esa institución inicie un sumario administrativo. El mensaje señalado es el siguiente: “Porque PC + PS + PPD + PR + DC + delincuentes no le ganarán a la gente honesta”. Se adjunta la evidencia fotográfica de dicho mensaje expuesto en las redes sociales.
Desconozco si este señor asocia su labor política a actividades que puedan ser ilícitas y vincularse a delitos y, por tanto, a delincuentes. Desconozco cuál es la formación ética y valórica que él tiene y que asocia a la actividad política. Sí sé que hay un rechazo creciente de la ciudadanía, cada vez que es consultada a través de instrumentos de medición de opinión pública, respecto de este tipo de asociación que hacen de la actividad política, según su mirada particular -desde mi perspectiva, bastante estrecha y limitada-, personas que tienen tareas en órganos gubernamentales.
Evidentemente, todos los militantes de los partidos políticos señalados tienen el derecho a preguntarse de qué libertad goza este funcionario público para poner en el mismo nivel y lugar a personas perfectamente identificadas por la ley, ciudadanos que se han comprometido con el debate político, y a los delincuentes. ¿Con qué antecedentes cuenta este señor, que no los presenta ante los tribunales y, antes de aquello, los expone a la opinión pública? No sé si esta es una forma de tratar de limitar la creciente incorporación de jóvenes a la actividad política, sobre todo, desde posiciones progresistas y democráticas. Dicha actuación, a mi juicio, debe ser sancionada y, a mi entender, no caben más alternativas que la remoción.
Por lo señalado, pido que se oficie al ministro de Planificación , señor Joaquín Lavín , a fin de que nos remita antecedentes sobre las motivaciones y la información de la cual dispone el señor Guerra para hacer la denuncia pública señalada.
Solicito que se envíe copia de este oficio al director del Instituto Nacional de la Juventud , a los partidos políticos mencionados en dicho mensaje, así como a sus respectivas organizaciones juveniles, todos ellos reconocidos por la ley de partidos políticos.
He dicho.
El señor ROBLES (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz.
El señor
Ocurre que predios particulares han extendido sus límites al costado del camino de acceso, lo que ha disminuido el ancho de la vía. Para mejorar este camino, que es fundamental para el tránsito de camiones de la fruta en la temporada agrícola, se deberá restaurar el dominio de la vía pública, lo que podría generar alguna dificultad. Los vecinos tienen temor de que esa situación ralentice la concreción de este proyecto, que lleva mucho tiempo sin llevarse a cabo. Por ello, me pidieron que recuerde al intendente su compromiso de agilizar su puesta en marcha.
El señor
Para el caso que he señalado en la localidad de La Campana el municipio tenía que resolver un problema con los terrenos. Entiendo que también se planteó al Instituto Nacional del Deportes la posibilidad de concretar este proyecto.
El señor
Pido que se envíe copia de mi intervención al presidente de la junta de vecinos de La Campana, señor Daniel Araya.
El señor
Asimismo, en el camino interior que va desde La Campana a Algarrobal, se requiere la mantención de los árboles y de los arbustos, pues obstruyen la visibilidad, con los riesgos que ello tiene para el funcionamiento normal de la vía y especialmente para los vecinos. De hecho, la presencia de arbustos y de árboles obstruye la señalética de la vía pública.
El señor
¿Qué sentido tiene que el Estado haya invertido más de tres mil millones de pesos y que haya entrado en operación la planta de tratamiento de aguas servidas, si no se emite la resolución sanitaria? Cabe señalar que en la localidad no tienen planta de tratamiento propia. Ese proceso lo lleva a cabo Aguas del Valle, en virtud de un convenio que firmó con la junta de vecinos, impulsado por el gobierno regional. Pero mientras no se emita la resolución sanitaria, los proyectos habitacionales nuevos no contarán con factibilidad y, por tanto, no podrán postular. En consecuencia, existe un problema con los comerciantes y un problema gravísimo con los nuevos postulantes a viviendas, que no se solucionará mientras no se emita la resolución sanitaria correspondiente. Por tanto, urge resolver esa situación.
Pido que se oficie al seremi de Salud de Coquimbo, al gobierno regional, al intendente de la Región de Coquimbo y al alcalde de la comuna de Vicuña, a fin de hacerles presente esta situación.
Solicito que se envíe copia de mi intervención al presidente de la junta de vecinos de Calingasta , señor German Rojas, y al concejo de la comuna de Vicuña.
He dicho.
El señor ROBLES (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza.
El señor
El 21 de junio del presente año, junto con un grupo de organizaciones sociales y medioambientales de la comuna de Puerto Varas, presentamos una solicitud de nulidad respecto de la resolución de calificación ambiental que aprobó el proyecto energético Hidroensenada, cuya línea de transmisión busca unir varias hidroeléctricas proyectadas en la zona, en un tramo de 50 kilómetros, que va desde Puerto Varas a Puerto Montt.
Nosotros presentamos la solicitud de invalidación de esa resolución de calificación ambiental otorgada por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental de la Región de Los Lagos, porque consideramos que el proyecto fue aprobado de manera fraudulenta, ya que no hubo información suficiente; pero, además, la empresa Hidroensenada, ejecutora del proyecto, entregó información falsa, toda vez que obvió que el proyecto atravesaría zonas con bosques nativos de alerce vivos. Es de todos sabido que el alerce es una especie protegida, declarada monumento natural en 1976. Por lo tanto, cualquier proyecto que se genere en zonas donde haya alerces tiene que pasar por un estudio de impacto ambiental y no por una mera declaración, como ocurrió con este proyecto.
Por eso, pido que se oficie a la ministra de Medio Ambiente para que oficialice una respuesta sobre lo denunciado y sobre la petición para invalidar la resolución en cuestión.
Pero lo más grave es lo que ocurrió en los últimos días. El pasado fin de semana, en una entrevista concedida por el seremi de Medio Ambiente de la Región de Los Lagos, don Edgar Wilhelm , a la radioemisora Biobío , señaló que “todos arman un alboroto por un par de alerces”.
Nosotros consideramos que esa declaración es gravísima, porque ese seremi es la máxima autoridad medioambiental de la región y tiene que velar por la protección de las especies. Así hubiera un alerce en la zona, él tiene la obligación de protegerlo.
Por lo tanto, pido que se oficie al Contralor General de la República para que realice una investigación minuciosa a los dichos emitidos el pasado viernes en radio Biobío de Puerto Montt, por el seremi de Medio Ambiente de Los Lagos. A nuestro juicio, esos dichos ameritan, desde el primer momento, que su superior jerárquico lo inhabilite para votar el recurso de invalidación, porque ya emitió un juicio de valor bastante grave sobre el proyecto cuestionado.
También pido que el Contralor se pronuncie respecto de un eventual abandono de deberes del seremi de Medio Ambiente, debido a que las leyes N° 19.300, sobre bases Generales del Medio Ambiente, y N° 20.417, que crea la institucionalidad ambiental, establecen claramente las funciones primarias del Comité de Evaluación Ambiental. Por lo tanto, ni al seremi de Medio Ambiente de nuestra región ni a ningún otro seremi le corresponde juzgar anticipadamente, como lo hizo con sus dichos, una situación que tiene que ser evaluada por una comisión, en relación con la cual se tiene que dar una respuesta sobre el mencionado recurso.
Nosotros no descartamos recurrir a la justicia, pero antes creemos que la Contraloría debe emitir un pronunciamiento respecto de esas declaraciones, que además de ser gravísimas, atentan contra la probidad administrativa.
Derechamente, pido que la ministra de Medio Ambiente inicie inmediatamente, como corresponde y es lo que debe hacer, un sumario administrativo para la remoción del seremi de Medio Ambiente, dada la gravedad de sus dichos.
He dicho.
El señor ROBLES ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Robles.
El señor
Por eso, pido que se oficie al actual director nacional del IPS, señor Eugenio Silva , en relación con esta materia. A mi juicio, es absolutamente razonable que los funcionarios públicos puedan adherir a cualquier posición y manifestarla sin ningún temor. No podemos aceptar la vuelta a hechos anteriores a nuestra actual democracia, cuando la gente no podía expresarse ni emitir opinión sobre las posiciones de sus gremios. En todo el país, los gremios de los funcionarios públicos tienen el legítimo derecho a manifestarse y a pronunciarse, por cierto, en el marco de lo que establece el Estatuto Administrativo. Es evidente que si un funcionario no concurre a sus labores, existen normas para verificar las razones; pero amenazar con sumarios y con otro tipo de medidas va en contra de las prácticas democráticas de una sociedad como la nuestra.
Es inaceptable que directores de servicios de nivel nacional utilicen medidas de amedrentamiento contra funcionarios que se pliegan a movimientos que sus dirigentes gremiales convocan. En la empresa privada, esto se califica como práctica antisindical, penada por la ley.
Por eso, es bastante grave lo que me han planteado en el IPS de la provincia de Huasco. Es inaceptable que el señor Bennett haya pedido instruir sumarios contra los funcionarios del IPS que se manifestaron a favor del paro convocado por la ANEF y la CUT.
Por eso, pido que también se oficie a la ministra del Trabajo , para que tome cartas en el asunto, porque entiendo que ni en el IPS ni en ninguna otra repartición pública hubo dificultades para atender a las personas que acudieron a sus oficinas, sea por alguna urgencia o alguna necesidad mayor. Todas recibieron atención de los funcionarios públicos.
Por eso, me parece absolutamente contradictoria la actitud que tuvo el señor Bennett , quien, según entiendo, ya no es director del IPS, de lo cual me alegro mucho. Espero que el actual director revierta esta situación y dé tranquilidad a los funcionarios, que han hecho una muy buena labor y han desarrollado un muy buen trabajo en el IPS, institución que ha ido mejorando en calidad gracias al trabajo y esfuerzo de ellos, que son funcionarios públicos, en el ejercicio de su labor en bien de la comunidad.
No parece razonable que en instituciones como esta se proceda en ese sentido. Como es evidente, se produce un importante distanciamiento entre los funcionarios y sus autoridades cuando no se permite el legítimo derecho a la discrepancia y a la expresión de las distintas visiones que pueden existir dentro de la organización, por parte de los dirigentes gremiales y, por cierto, de los asociados.
Finalmente, solicito enviar copia de mi intervención a la ANEF provincial del Huasco, a la ANEF regional de Atacama, a la CUT regional y provincial de Atacama, y a los dirigentes del IPS a nivel nacional y regional.
He dicho.
El señor ESPINOZA, don Fidel ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría y se adjuntará copia de su intervención.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión
-Se levantó la sesión a las 14.40 horas
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN
Jefe de la Redacción de Sesiones
1. Mensaje de S.E. el Presidente de la República con el que inicia un proyecto de ley que modifica normas sanitarias y de ordenamiento territorial para las concesiones de acuicultura. (boletín N° 7910-21)
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de mis facultades constitucionales, he resuelto someter a vuestra consideración el presente proyecto de ley que modifica normas sanitarias y de ordenamiento territorial para las concesiones de acuicultura.
I. ANTECEDENTES.
En el año 2007 se desató una profunda crisis sanitaria que afectó a la actividad de acuicultura por la diseminación del virus Isav impactando a la especie Salmon salar, la más relevante para la industria salmonicultora a esa fecha. Como consecuencia de dicha crisis, se perdieron numerosos empleos y bajó drásticamente la actividad económica en las regiones de los Lagos y Aysén .
Lo anterior puso de manifiesto diversas debilidades de la regulación sanitaria y de ordenamiento de las concesiones de acuicultura otorgadas, lo que llevó a la dictación de la ley 20.434 que estableció una serie de instrumentos que fijaron un nuevo modelo para el ejercicio de la acuicultura. Dicha modificación abarcó más aspectos que solo los referidos al cultivo de salmones.
De este modo, entre otras cosas, se modificó la Ley General de Pesca y Acuicultura en los siguientes aspectos:
a) Título concesional en relación al plazo, garantías, registro, transferencias y caducidades;
b) Emplazamiento de concesiones contemplando entre otras cosas, la compatibilidad de las áreas apropiadas para la acuicultura con la zonificación del borde costero;
c) Regulación ambiental y sanitaria previéndose, entre otras, la figura de la agrupación de concesiones que implica la necesaria coordinación de operaciones entre centros de cultivo;
d) Fortalecimiento de las facultades fiscalizadoras del Servicio Nacional de Pesca;
e) Establecimiento de sanciones administrativas para las infracciones que se consideraron de mayor gravedad por incumplir las más importantes normas ambientales y sanitarias previstas en el nuevo modelo;
f) Transparencia, previéndose la publicación periódica, actualizada y obligatoria de información relevante sobre la actividad;
g) Régimen de patentes elevando el costo de los cultivos de especies exóticas, y eliminando el doble costo de que eran objeto las concesiones de superficie superior a 50 hectáreas.
A lo anterior, se adicionan normas sobre ordenamiento territorial de las concesiones de acuicultura en las regiones de Los Lagos, Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y Magallanes, de que se trata en particular a continuación.
En efecto, la ley 20.434 estableció una suspensión de ingreso de las solicitudes de concesión de acuicultura para el cultivo de salmones y del otorgamiento de la misma clase de concesiones en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes . Sin embargo la forma que asumió dicha suspensión fue distinta en cada una de las regiones debido a la diversa realidad que presentaban en materia de concesiones otorgadas y solicitudes de salmones y de otro tipo de cultivos en trámite.
En la región de Los Lagos la suspensión fue de 5 años y las solicitudes de concesiones de salmones pendientes que no contaban con aprobación de proyecto técnico por parte de la Subsecretaría de Pesca a la fecha de dictación de la ley, fueron denegadas.
En la región de Aysén, en cambio, solo se suspendió el ingreso de solicitudes de concesiones para el cultivo de salmones por el plazo de 2 años, sin que se otorgara al mismo tiempo la facultad de denegar las solicitudes de concesiones que se encontraban pendientes a esa fecha.
Tanto en Los Lagos como en Aysén se dio la posibilidad de efectuar la relocalización de concesiones otorgadas, de modo de permitir a sus titulares buscar sectores donde pudiera conseguirse un mejor desempeño ambiental y sanitario.
La solicitud de relocalización opera como una solicitud completamente nueva, debiendo en consecuencia, dar cumplimiento tanto a la zonificación del borde costero del litoral como al sistema de evaluación de impacto ambiental, y la aprobación de la solicitud está condicionada a la renuncia de la concesión que habilita la relocalización.
Por otra parte, y atendidas circunstancias especiales que se presentaron en relación al emplazamiento de las concesiones otorgadas que podían ser relocalizadas, se previeron preferencias ante la competencia por un mismo sector. Dichas preferencias beneficiaban:
a) a quienes mayoritariamente hubieran cultivado Trucha arcoíris o Salmón Coho en los dos años previos a la ley (más del 50% de su producción); y,
b) a quienes salieran de un área de uso incompatible con la acuicultura, conforme a la zonificación del borde costero.
En el caso del cultivo de Trucha arcoíris o Salmón Coho el fundamento de la preferencia estaba en el distinto ciclo productivo que dichas especies tienen respecto del Salmo Salar y, por ende, se pretendía por esta vía facilitar su ubicación en agrupaciones de concesiones que mantuvieran la misma especie.
En el caso de la zonificación del borde costero del litoral, se pretendía por esta vía incentivar la salida de las concesiones de acuicultura desde sectores que habían sido definidos como preferentes para otros usos.
Finalmente, en Magallanes se suspendió el ingreso de solicitudes y el otorgamiento de concesiones por el plazo de un año, mientras se elaboraba la zonificación del borde costero del litoral y luego conforme a ella, se modificarían las áreas apropiadas para la acuicultura. En Magallanes no se autorizó la relocalización de concesiones porque se suponía que a través del proceso de zonificación se resolvería cualquier problema derivado del emplazamiento de las concesiones de acuicultura.
II. NECESIDAD DEL PROYECTO DE LEY.
En la implementación y ejecución de las reformas antes indicadas se presentaron una serie de situaciones que han entorpecido la culminación del proceso de ordenamiento previsto en la ley 20.434, lo que impide asegurar el nuevo modelo de desempeño ambiental y sanitario. Asimismo, y como se expondrá en los siguientes apartados, este proyecto viene a subsanar una de las principales dificultades, como es el vencimiento de los plazos previstos en la ley N° 20.434, por lo que para que tenga plena aplicación se requeriría que esta nueva norma entre en vigencia con anterioridad a dicho vencimiento.
1. Problemas que se presentaron en la implementación de las normas sobre ordenamiento territorial.
En la región de los Lagos, dado la escasa superficie disponible, la denegación de las solicitudes pendientes y el amplio plazo para tramitar las relocalizaciones (5 años de no otorgamiento de concesiones de salmones nuevas), no se han presentado mayores dificultades para llevar adelante la relocalización de concesiones.
En la región de Aysén, en cambio, se ha dado un fenómeno que perturba la normal tramitación de las relocalizaciones. En primer lugar, se dejaron pendientes o “en latencia” las solicitudes en trámite, lo que implica que las relocalizaciones deben tramitarse dentro de los dos años de suspensión de otorgamiento de las concesiones porque de lo contrario las antiguas solicitudes recuperarán su prelación y, por ende, el proceso de relocalización no podrá culminarse. Dicho plazo vence el 8 de abril de 2012 sin que a la fecha hayan podido tramitarse dichas solicitudes de relocalización.
En efecto, debido a que en la región de Aysén quedaba superficie disponible, y no se suspendió el ingreso de solicitudes de otro tipo de cultivos distintos a salmones antes de iniciar el proceso de relocalización se presentaron 900 solicitudes para el cultivo de mitílidos y de algas en la región. Esto ha evitado la relocalización con solicitudes que nunca antes se habían planteado y que por lo demás, en el caso de los mitílidos, no son recomendables debido a las extensas áreas afectadas por marea roja periódicamente en la región. Lo anterior ha generado dificultades en el proceso de relocalización, al entrar en colisión con solicitudes asociadas a proyectos que en muchos casos tienen serias dificultades para poder llevarse a cabo.
En la región de Magallanes y producto de la zonificación, varias concesiones de acuicultura otorgadas quedaron en áreas que fueron definidas de uso incompatible para la acuicultura por lo que han quedado limitadas a lo otorgado a la fecha, imposibilitando toda ampliación de área o relocalización para mejorar su desempeño ambiental o sanitario. Por otra parte, en la región de Magallanes, como resultado del proceso de zonificación sólo se desafectaron áreas apropiadas para la acuicultura y no se afectaron nuevas áreas, debiendo considerarse además que en esta región se aplicará el nuevo modelo de otorgamiento que consiste en establecer mayores distancias entre concesiones (3 millas entre agrupaciones, al menos 5 millas entre macro zonas y 7 millas respecto de centros de cultivo de reproductores).
A lo anterior debe adicionarse que no existe en la región de Magallanes la posibilidad de relocalizar, por lo cual las concesiones ya otorgadas no tienen preferencia para salir de estas áreas incompatibles con la acuicultura a otras áreas apropiadas para la acuicultura que puedan declararse con posterioridad, que es lo deseable.
2. Nueva regulación sanitaria referida a distancias.
Se ha reconocido internacionalmente la importancia de considerar para efectos sanitarios, distancias entre áreas de producción, lo que unido al estudio de corrientes, permite diseñar en mejor medida un modelo que asegure un mejor desempeño ambiental y sanitario.
Atendido lo anterior, se ha previsto en la nueva regulación sanitaria, distancias entre agrupaciones de concesiones y entre macro zonas (conjunto de agrupaciones), esto es, se trata de verdaderos “corredores” que debieran estar libres de concesiones y que permitirán aislar las zonas que se vean afectadas por un evento sanitario. Sin embargo, no existen en la actualidad incentivos en la ley para quienes tengan concesiones que queden en los corredores que sean definidos por la Autoridad, lo que es particularmente importante en las regiones de Los Lagos y Aysén donde existe un importante número de concesiones otorgadas.
3. Situación de los centros de acopio.
La ley estableció que no se otorgarían nuevas concesiones ni se renovarían las concesiones marítimas para la operación de los centros de acopio (antes viveros) en la medida que no se dictara un reglamento que estableciera la tecnología o el procedimiento para evitar la diseminación de patógenos por intercambio de aguas en destino. Los que contaban con concesión marítima podían seguir operando hasta que se terminara la vigencia de la misma y las que vencían en los años 2009 o 2010 se entendían prorrogadas por el solo ministerio de la ley hasta el 31 de diciembre de 2011.
Esta drástica decisión se basaba en el riesgo que implicaba la operación de estos centros de acopio pero desconoce la utilidad del servicio que ellos prestan. De hecho, su reemplazo no sólo implica grandes inversiones que no es posible realizar en el corto plazo sino que además, paraliza prácticamente la actividad económica de los denominados well boats e inviabiliza la producción de especies cuya calidad disminuye sustantivamente con el paso del tiempo, como en el caso de la Trucha arcoíris y el Salmón coho.
Reconociendo la necesidad de regular nuevas condiciones de operación existe una propuesta técnica que se hace cargo adecuadamente de los riesgos sanitarios pero la condición impuesta por la ley, en el sentido que el reglamento regule condiciones relacionadas con el “no intercambio de aguas en destino” es imposible de cumplir. En efecto, técnicamente, en la actualidad, no existe mecanismo alguno que garantice dicha premisa.
4. Infracciones y sanciones.
En cuanto a las infracciones, la ley previó sanciones administrativas para el caso de incumplimiento de aquellas medidas que se determinaron como claves dentro del nuevo sistema (actual artículo 118 ter de la Ley General de Pesca y Acuicultura): descanso sanitario, sea o no coordinado, densidad de cultivo y siembra de ejemplares en un nuevo ciclo productivo sólo si existen informes ambientales positivos aprobados.
A la fecha se ha constatado que la sanción para la primera infracción (multa que va entre 2.000 y 3.000 UTM) no es lo suficientemente persuasiva del cumplimiento de las normas sanitarias y ambientales, por lo que aparece como necesario modificarla para que cumpla su objetivo. En efecto, en ocasiones el pago de la multa es un costo menor que el beneficio que otorga mantener los ejemplares en cultivo más allá de la fecha en que debe comenzar el descanso sanitario, lo que perjudica los objetivos sanitarios de la medida.
5. Pequeños acuicultores y pago de la patente única de acuicultura.
Dentro de la actividad de acuicultura existe un segmento que adolece de serias carencias de recursos, acceso a crédito, que con mucho esfuerzo ha conseguido sus concesiones de acuicultura que le otorga mínimos ingresos, pero que complementa otras actividades que le permite sobrevivir, particularmente en sectores aislados. De hecho, conforme al proyecto FIP del Fondo de Investigación Pesquera FIP 2004-26 “Diagnóstico de la acuicultura de pequeña escala en Chile”, más de un 83% de quienes cultivan alga se encuentran en las categorías de indigencia y pobreza, principalmente en las comunas de Maullín, Puerto Montt y algunas provincias de la comuna de Chiloé. Dichos acuicultores aportan anualmente al fisco una cifra de $ 67.113.000 al año (calculada la superficie otorgada por el valor de la UTM del mes de julio de 2011).
Sin embargo, debido a sus limitadas posibilidades, a las variaciones de precio, al escaso valor de la especie que cultivan, a la falta de tecnificación y de apoyo crediticio, han incurrido en la falta de pago de la patente única de acuicultura pero a su vez, han sido objeto de condonación de las deudas mediante sucesivas leyes.
En este contexto, y encontrándose en la actualidad en causal de caducidad las concesiones de este tipo de acuicultores, se hace necesario una nueva condonación a fin de evitar la pérdida de este importante bien que les permite obtener parte de sus ingresos y proponer una solución más definitiva como es una exención para las personas naturales que integran este segmento.
6. Facultades del Servicio Nacional de Pesca.
Atendida la multiplicidad de situaciones que han surgido con ocasión de la vigilancia y el control de las enfermedades, se ha constatado que se requiere fortalecer las facultades del Servicio Nacional de Pesca en materia de inspección de recintos, registro e incautación de productos biológicos, cuyo tratamiento inadecuado puede ser una importante fuente de diseminación de enfermedades.
7. Utilización del posicionador satelital por embarcaciones prestadoras de servicios a los centros de cultivo.
La ley previó el uso del posicionador satelital por parte de las embarcaciones que prestan servicios a los centros de cultivo reenviando al sistema previsto para las naves pesqueras. Sin embargo existe un punto donde la regulación única desconoce realidades diversas.
En el caso de las naves pesqueras, ante una falla del dispositivo que no es posible remediar, se exige el regreso al puerto de origen. Dicha norma resulta aplicable a las embarcaciones de la acuicultura pero el efecto es pernicioso en este caso porque puede que la embarcación haya partido de un puerto ubicado en un área que presenta un menor riesgo sanitario y la falla se presente cuando ya ha transitado por un área de mayor riesgo. En tal evento, resulta más conveniente permitir que la embarcación continúe su tránsito hasta el próximo puerto de destino informado en el zarpe.
8. Pago de la patente única pesquera y de acuicultura.
Por la ley 16.528 del año 1966 se establecieron una serie de exenciones tributarias destinadas a promover las exportaciones. Dicha ley pretendía promover el sector exportador chileno mediante el establecimiento de una serie de exenciones de tributos de diversa naturaleza que pudieran estar gravando actividades económicas, en cuanto ellas destinaran sus productos a la exportación.
Sin embargo, casi treinta años más tarde se dicta la Ley General de Pesca y Acuicultura que contempla:
a) una patente única pesquera en el artículo 43; y,
b) una patente única de acuicultura en el artículo 84.
En ambos casos, se trata de actividades económicas específicamente reguladas por un estatuto especial, la mencionada Ley General de Pesca y Acuicultura en que se reconoce un importante segmento destinado a la exportación.
En el caso de la pesca es de destacar que la ley N° 19.713 sobre límite máximo de captura por armador aumenta la patente que corresponde pagar a quienes operen sujetos a dichos límites máximos. Esto es, en el año 2001 y como consecuencia del nuevo estatuto que regiría la actividad pesquera industrial el legislador previó un nuevo régimen de pago de patentes pesqueras.
Por su parte, la acuicultura es una actividad claramente de vocación exportadora. De hecho, uno de los elementos más relevantes en los últimos años ha sido la apertura de mercados y el cumplimiento de las más estrictas medidas sanitarias y de inocuidad alimentaria que progresivamente han sido exigidas a nuestros productores por los mercados internacionales.
En este contexto, el legislador ha modificado en diversos aspectos la regulación de la patente única de acuicultura. Cabe citar al respecto dos leyes:
a) La ley 20.033 que estableció que las patentes de acuicultura deben destinarse en un 50% a la región en que se encuentra el centro de cultivo y el otro 50% a la comuna respectiva; y,
b) La ley 20.434 que elevó el monto de la patente única de acuicultura para el cultivo de especies exóticas.
A través de tales modificaciones el legislador ha dado cuenta de la necesidad de realizar ajustes a las patentes de acuicultura, por una parte, para que la actividad beneficie al territorio con el que se identifica claramente, tal como es autorizado por el artículo 19 N° 20 de la Constitución Política de la República y, por otra parte, para que el cultivo de especies exóticas que tiene un mayor impacto medioambiental, tenga un trato diferenciado.
En el contexto descrito, que se traduce en sucesivas modificaciones del régimen de patente pesquera y de acuicultura vinculado a sus estatutos específicos, no es coherente concebir que el legislador realizara tales modificaciones sucesivas si, al mismo tiempo, a través de la ley 16.528 los sujetos gravados podrán ampararse en una exención que fue dictada en una época y bajo circunstancias absolutamente diversas de aquéllas que ha considerado el legislador para fijar dichos estatutos diferenciados y específicos de las actividades de pesca y acuicultura.
No obstante lo anterior, existe una razonable diferencia de interpretaciones, por lo que resulta necesario realizar los ajustes normativos que eviten eludir los objetivos perseguidos por el legislador con las patentes de la ley de pesca, dando además mayor certeza jurídica a los actores del sector.
III. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY.
Conforme con lo señalado precedentemente, el proyecto de ley que se presenta a la consideración del Congreso Nacional tiene por contenido las siguientes materias:
1) Perfeccionar las normas sobre ordenamiento territorial de la ley 20.434, considerando:
a) Aumentar de 2 a 5 años la suspensión de otorgamiento de concesiones y denegar todas las solicitudes en trámite que no sean de relocalización en la región de Aysén;
b) Limitar la preferencia por el cultivo de Trucha arcoíris y Salmón coho a las solicitudes presentadas hasta el 8 de abril de 2011;
c) Extender la posibilidad de relocalizar a la región de Magallanes;
d) Prever como preferencia para la relocalización que la concesión que quede dentro de los corredores entre agrupaciones o macro-zonas sea considerada en un área incompatible con la acuicultura. Dicha preferencia operará por el sólo establecimiento de la distancia que realice la Subsecretaría de Pesca.
2) En el caso de los centros de acopio, se propone eliminar la condición impuesta a la regulación que consiste en garantizar el “no intercambio de aguas en destino” dejando de este modo que la regulación se refiera a lo que es técnicamente factible. Además se propone ajustar los plazos de operación de los centros de acopio cuyas concesiones marítimas han vencido o vencerán próximamente de modo de dar tiempo para dictar el reglamento y permitir que se ajusten a sus disposiciones.
3) En el caso de las infracciones y sanciones se prevé un cambio de la multa que va desde 2.000 a 3.000 UTM, por una multa equivalente al valor de cosecha de los ejemplares que sean objeto de la infracción. Asimismo, se aumentan los plazos de suspensión de operaciones que trae aparejada la sanción.
4) En el caso de la patente única de acuicultura de pequeños acuicultores de algas se propone:
a) Condonación de la deuda por patente y exención para las personas naturales que sean titulares de una sola concesión que no exceda de una hectárea de superficie. Esta condonación y exención asciende a un monto total de $9.364.000 (calculado al valor de la UTM del mes de julio de 2011) y beneficia a un total de 298 personas.
b) Condonación de la deuda de patente para las organizaciones de pescadores artesanales cuya concesión no exceda de 50 hectáreas de superficie y si la concesión excede de 50 hectáreas, tenga una proporción de superficie por afiliado que no exceda de una hectárea. Esta condonación asciende a un total de $57.749.000 (calculado al valor de la UTM del mes de julio de 2011) y beneficia a 47 organizaciones y un total aproximado de 1.500 personas.
5) En materia de facultades del Servicio Nacional de Pesca se incorpora la inspección, registro e incautación de productos biológicos en laboratorios, centros de experimentación y otros.
6) En materia de las patentes de la ley de pesca, se establece que ni la patente única pesquera ni la de acuicultura se entenderán comprendidas dentro de las exenciones a que se refiere la ley 16.528.
En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, el siguiente
PROYECTO DE LEY:
Artículo 1°.-Modifícase la Ley 20.434 que modificó la Ley General de Pesca y Acuicultura en materia de Acuicultura en el sentido siguiente:
1) Modifícase el artículo 2° en el sentido siguiente:
a) Intercálase en su inciso 3°, después del punto aparte, que pasa a ser seguido, la siguiente oración final: “Las solicitudes de concesiones de acuicultura, cualquiera sea la especie o grupo de especies a cultivar, presentadas en la Undécima Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, que no se encuentren en los casos previstos en los incisos anteriores, deberán ser denegadas.”.
b) Derógase el inciso 5°.
c) Agrégase en el inciso final, después de la frase “Los Lagos” la frase “y en la Undécima Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo”.
2) Modifícase el artículo 5° en el sentido siguiente:
a) Reemplázase en su inciso 1° la frase “y Undécima de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo”, por “Undécima de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y Duodécima de Magallanes y Antártica Chilena”.
b) Derógase el inciso 6°.
c) Agrégase en el inciso 7°, a continuación del punto aparte que pasa a ser seguido la siguiente oración: “Esta preferencia sólo será aplicable respecto de las solicitudes de relocalización que hayan sido presentadas antes del 8 de abril de 2011.”.
d) Agrégase el siguiente inciso final:
“Para los efectos de la preferencia antes señalada, se considerará que la concesión de acuicultura se encuentra en un área de uso incompatible con la acuicultura cuando quede emplazada en un sector que sea declarado por la Subsecretaría como una franja de distancia obligatoria entre agrupaciones de concesiones o de macro zonas por razones sanitarias y con el sólo mérito del acto que así lo establezca, de conformidad con el reglamento a que se refiere el artículo 86.”.
3) Modifícase el artículo 2° transitorio en el sentido siguiente:
a) Elimínase en el inciso 2° la frase “por intercambio de aguas en destino”.
b) Reemplázase en el inciso 3° la frase “los años 2009 o 2010” por “entre los años 2009 y 2011” y el guarismo “2011” por “2012”.
Artículo 2°.-Modifícase la Ley General de Pesca y Acuicultura cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por D.S. N° 430 de 1991 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, en el sentido siguiente:
1) Modifícase el artículo 64 D en el sentido siguiente:
a) Intercálase el siguiente inciso 5° nuevo:
“Lo dispuesto en el inciso precedente no será aplicable a las embarcaciones que prestan servicios a los centros de cultivo en el caso que les sea exigible el uso del sistema de posicionamiento automático de conformidad con los artículos 86 ter y 122 letra l). Para estas embarcaciones en el evento de no producirse la regularización del sistema de posicionamiento dentro de las seis horas siguientes a su detección, la nave podrá continuar la navegación hasta su destino informado al zarpe. Si persiste la falla del sistema, la nave no podrá continuar prestando servicios a los centros de cultivo.”.
b) Reemplázase en el inciso 5°, que pasa a ser 6°, la oración “la infracción establecida en la letra h) del artículo 110” por “las infracciones establecidas en los artículos 110 letra h) y 86 ter, según corresponda.”.
2) Reemplázase los incisos 5° y 6° del artículo 84 por los siguientes incisos:
“Se exceptúan además de las disposiciones contenidas en el presente artículo, las concesiones de acuicultura otorgadas para desarrollar actividades de cultivo de algas, cuya extensión total sea igual o menor a una hectárea y cuyo titular no posea más concesión que aquella que le permite acogerse a esta excepción.
Se exceptúan, asimismo, de las disposiciones contenidas en este artículo, por un período de tres años, a contar de la fecha de publicación en el Diario Oficial de la resolución que las autoriza, las concesiones de acuicultura de que sean titulares las organizaciones de pescadores artesanales, cualquiera que sea el tipo de cultivo, cuando la proporción de superficie total, dividida por el número total de afiliados sea igual o menor a 0,5 hectáreas.”.
3) Elimínase en el inciso 2° del artículo 90 bis la oración “por intercambio de aguas en destino”.
4) Modifícase el artículo 118 ter en el sentido siguiente:
a) Reemplázase el inciso 2° por los siguientes dos incisos:
“En el caso de la letra a) anterior, el titular del centro de cultivo en que se hubiere cometido la infracción será sancionado con multa equivalente al valor de cosecha de los ejemplares sembrados. En el caso de la letra b) anterior, el titular del centro de cultivo en que se hubiere cometido la infracción será sancionado con multa equivalente al valor de cosecha de los ejemplares que exceden el número fijado para dar cumplimiento a la densidad de cultivo o de los ejemplares que permanecieron en el centro de cultivo excediendo el período de descanso. En todos estos casos, además se sancionará con la suspensión de las operaciones del centro de cultivo por los dos ciclos productivos siguientes al de la infracción.
El valor de cosecha se fijará en el mes de enero y junio de cada año por resolución de la Subsecretaría, previo informe técnico que dé cuenta del promedio de precios previstos para la especie respectiva en el informe de exportaciones de Aduana los últimos seis meses.”.
b) Reemplázanse en el inciso 3°, que pasó a ser 4°, la expresión “tres años” por la siguiente oración: “cinco años y con la multa indicada en el inciso anterior” y la frase “antes indicada” por “indicadas en el presente inciso y el precedente.”.
c) Elimínase en el inciso final la oración “Podrá reclamarse de la resolución que impone la sanción ante el Ministro en el plazo de 10 días hábiles, contados desde la notificación de la resolución, el que deberá resolver en el plazo de 15 días hábiles.
d) Agrégase los siguientes incisos finales:
“Los sancionados dispondrán de un plazo de 10 días hábiles, contados desde la notificación de la resolución sancionatoria, para reclamar de ella ante la Corte de Apelaciones que corresponda, la que deberá pronunciarse en cuenta sobre la admisibilidad del reclamo y si ésta se ha interpuesto dentro del término legal.
Admitido el reclamo, la Corte suspenderá la sanción reclamada y dará traslado por 10 días hábiles a la Subsecretaría. Evacuado el traslado la Corte ordenará traer los autos en relación, agregándose la causa en forma extraordinaria a la tabla del día siguiente, previo sorteo de la sala cuando corresponda.
La Corte dictará sentencia dentro del término de 10 días.”.
5) Modifícase el artículo 122 en el sentido siguiente:
a) Intercálase el siguiente párrafo 2° a la letra a):
“Asimismo, el Servicio podrá inspeccionar y registrar laboratorios de diagnóstico, centros de experimentación u otros que utilicen productos biológicos de especies hidrobiológicas.”.
b) Intercálase en la letra c) a continuación de la palabra “exportación”, la expresión “e importación”.
c) Intercálase en la letra f) a continuación de la palabra “extractiva” la frase “y de acuicultura”.
6) Intercálase en el inciso 1° del artículo 129, después de las expresiones “o procesadas,” la frase precedida de una coma “y los productos biológicos de especies hidrobiológicas,”; y agrégase la siguiente oración final pasando el punto aparte a ser seguido: “En el caso de los productos biológicos de especies hidrobiológicas, el Servicio podrá inactivar o destruir estos productos, previa autorización judicial.”.
Artículo 3°.-Condónase el 100% de las deudas por concepto de patente única de acuicultura devengadas y no pagadas a la fecha de publicación de la presente ley a los titulares de una concesión de acuicultura otorgada exclusivamente para el cultivo de algas, y que se encuentren en alguno de los siguientes casos:
a) Ser persona natural cuya única concesión tenga una extensión total inferior a una hectárea, o,
b) Ser una organización compuesta, a la fecha de publicación de esta ley, exclusivamente por pescadores artesanales, cuya única concesión de acuicultura tenga una extensión total igual o inferior a 50 hectáreas; o,
c) Ser una organización compuesta a la fecha de publicación de esta ley, exclusivamente por pescadores artesanales, cuya única concesión de acuicultura, cualquiera sea su extensión total, tenga una proporción de superficie por afiliado que no exceda de una hectárea.
Artículo 4°.-Las patentes únicas, pesquera y de acuicultura, establecidas en la Ley General de Pesca y Acuicultura o la normativa que la reemplace, no quedarán comprendidas bajo ningún concepto dentro de las exenciones a que se refiere la ley N° 16.528 o la normativa que la reemplace.”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; FELIPE LARRAÍN BASCUÑÁN , Ministro de Hacienda ; PABLO LONGUEIRA MONTES, Ministro de Economía , Fomento y Turismo; ANDRES ALLAMAND ZAVALA , Ministro de Defensa .”
Informe Financiero
Proyecto de Ley que modifica Normas Sanitarias y de
Ordenamiento Territorial para las Concesiones de Acuicultura.
Mensaje N° 145 - 359
I. Antecedentes.
El proyecto de ley tiene por contenido las siguientes materias:
1) Perfeccionar las normas sobre ordenamiento territorial de la ley 20.434 (modifica la ley general de pesca y acuicultura en materia de acuicultura), en distintos conceptos.
2) En el caso de los centros de acopio, se propone eliminar la condición impuesta a la regulación que consiste en garantizar el “no intercambio de aguas en destino” dejando de este modo que la regulación se refiera a lo que es técnicamente factible. Además se propone ajustar los plazos de operación de los centros de acopio cuyas concesiones marítimas han vencido o vencerán próximamente de modo de dar tiempo para dictar el reglamento y permitir que se ajusten a sus disposiciones.
3) En el caso de las infracciones y sanciones se prevé un cambio de la multa que va desde 2.000 a 3.000 UTM, por una multa equivalente al valor de cosecha de los ejemplares que sean objeto de la infracción. Asimismo, se aumentan los plazos de suspensión de operaciones que trae aparejada la sanción.
4) En el caso de la patente única de acuicultura de pequeños acuicultores de algas1 se propone:
a) Condonación de la deuda por patente y exención para las personas naturales que sean titulares de una sola concesión que no exceda de una hectárea de superficie.
b) Condonación de la deuda de patente para las organizaciones de pescadores artesanales cuya concesión no exceda de 50 hectáreas de superficie, y si la concesión excede de 50 hectáreas, tenga una proporción de superficie por afiliado que no exceda de una hectárea.
5) En materia de facultades del Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) se incorpora la inspección, registro e incautación de productos biológicos en laboratorios, centros de experimentación y otros.
6) En materia de las patentes de la ley de pesca, se establece que ni la patente única pesquera ni la de acuicultura se entenderán comprendidas dentro de las exenciones a que se refiere la ley 16.528/1966 (exenciones tributarias destinadas a promover las exportaciones).
II. Efecto del Proyecto sobre el Presupuesto Fiscal.
La condonación del 100% de la deuda por concepto de patente única de acuicultura implicará en régimen un menor ingreso fiscal estimado de M$ 67.113, beneficiando aproximadamente 1.800 personas, como se describe en la Tabla 1, a continuación:
Tabla 1: Recaudación de Patente Acuícola (Personas Naturales y Organizaciones de Pescadores Artesanales)
Tipo de Razón Social
Superficie
(Hás)
Valor
Patente
(M”)
47 organizaciones (1.500 personas aprox.
751,14
57.749
Personas naturales con 1 hectárea o menos (298 personas)
121,8
9.364
Total recaudación patente-efecto año (miles de $)
67.113
Respecto de las nuevas facultades asumidas por SERNAPESCA, implicará un mayor gasto para la institución de M$ 50.000, de los cuales M$ 44.000 son de carácter permanentes, asociados a remuneraciones y operación, y M$ 6.000 son gastos por una sola vez asociados a compra de equipamiento (mantenimiento y desnaturalización de material patológico), como se indica en la Tabla 2:
Tabla 2: Detalle costos (Miles de $ 2011)
Cargos
^@#@^N° Cargos
Mensual
Anual
Viáticos
4
750
4.000
Total gastos en personal
40.000
Gastos de operación
4.000
Adquisición equipamiento
6.000
Costo Total
50.000
(Fdo.): ROSANNA COSTA COSTA, Directora de Presupuestos ?.
2. Mensaje de S.E. el Presidente de la República con el que inicia un proyecto de ley que establece el sistema de elecciones primarias para la nominación de candidatos a Presidente de la República , parlamentarios y alcaldes. (boletín N° 7911-06)
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de mis facultades constitucionales, tengo el honor de someter a vuestra consideración el siguiente proyecto de ley que establece el Sistema de Elecciones Primarias para la nominación de candidatos a Presidente de la República, Parlamentarios y Alcaldes.
I. ANTECEDENTES PRELIMINARES.
Como es bien sabido, nuestro país protagonizó hace más de dos décadas un proceso de transición desde el autoritarismo a la democracia considerado en muchos sentidos ejemplar y que, por lo mismo, ha sido generalmente objeto de orgullo dentro de nuestras fronteras y de reconocimiento más allá de ellas. Dicho proceso estuvo marcado por acuerdos amplios y un ritmo gradual, que le aseguraron un desarrollo pacífico y ordenado, así como un alto nivel de estabilidad a las nuevas instituciones conformadas. La aprobación de las leyes políticas a partir de 1987, el plebiscito presidencial de 1988, las reformas constitucionales acordadas y aprobadas por medio de otro plebiscito en 1989, las elecciones presidenciales y parlamentarias de ese mismo año, la transmisión pacífica del mando a un Presidente elegido en 1990 y la aprobación y celebración de elecciones municipales en 1992, son seguramente los hitos más remarcables de ese proceso.
Aunque por entonces se sostuvo que la transición había concluido, era evidente que aún faltaban muchas reformas para que la nuestra pudiera convertirse en una democracia homologable a las mejores del planeta. Tal cosa sólo aconteció en 2005, cuando se aprobó, fruto de un nuevo acuerdo amplio y transversal, un importante conjunto de modificaciones constitucionales. Entre ellas se contaron la que terminó con los senadores designados y vitalicios; aquélla que convirtió al Consejo de Seguridad Nacional en un órgano asesor del Presidente de la República ; la que cambió la forma de designación de los miembros del Tribunal Constitucional, poniendo fin a la intervención en ella del Consejo de Seguridad Nacional, y la que eliminó la Inamovilidad de los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y del General Director de Carabineros.
Sin embargo, la construcción democrática es una tarea que no puede darse nunca totalmente por concluida, pues siempre resulta necesario profundizar y perfeccionar dicho sistema político y ponerlo a tono con las nuevas exigencias que plantea cada generación.
Sin duda el funcionamiento de nuestra democracia a lo largo de los últimos veintiún años merece una evaluación muy positiva, dado que ha mostrado gran estabilidad, a la vez que la flexibilidad necesaria para evolucionar y permitir la alternancia entre diferentes coaliciones gobernantes, y ha servido para encauzar de modo generalmente exitoso el progreso del país.
No obstante lo recién afirmado, la urgente necesidad de seguir perfeccionando nuestras instituciones democráticas es hoy ampliamente aceptada. Los signos preocupantes son varios. Uno de ellos es la decreciente participación en los procesos electorales. Así, si en el plebiscito de 1988 votó el 88% de la población en edad de sufragar, en las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2009 lo hizo sólo el 60%. Otro antecedente es el envejecimiento del padrón. Si en 1988 los menores de 30 años conformaban más de un tercio de los inscritos en los registros electorales, en 2009 habían pasado a menos de un décimo. Y, tal vez, el más inquietante de todos es el bajo nivel de confianza que las personas muestran hacia las diferentes instituciones políticas y, muy especialmente, hacia los partidos políticos.
La encuesta sobre Auditoría de la Democracia, efectuada por el Consorcio de Centros de Estudios entre septiembre y octubre de 2010, mostró que sólo un 15% de los chilenos tiene mucha o bastante confianza en los partidos políticos, mientras que en la encuesta del Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea (CERC) de mayo del año curso, esa cifra llegó apenas al 11%.
Por otra parte, las recientes manifestaciones masivas que hemos visto en nuestro país, aunque son ciertamente un signo saludable de una democracia madura, con una ciudadanía exigente y empoderada, también han mostrado un preocupante deterioro de la función de intermediación entre las demandas e inquietudes de individuos y grupos y el Estado, que tradicionalmente han cumplido los partidos políticos y que es imprescindible para el buen funcionamiento de la democracia.
Esta pérdida de confianza en las instituciones políticas y en los partidos responde en buena medida a una cierta crisis de representatividad. En efecto, aunque los ciudadanos pueden tomar parte, a través de diferentes sistemas electorales, en la elección del Presidente de la República , de los Senadores y Diputados y de los Alcaldes y Concejales, a menudo tienen la impresión que sus opciones se restringen a aquellas que un reducido número de dirigentes políticos les presenta. Ello favorece la idea de una élite política más bien cerrada y con fuerte tendencia a la reproducción endogámica, a la que, a menudo injustamente, se percibe más interesada en la preservación de su propio poder que en el progreso del país.
Así, según la ya citada encuesta sobre Auditoría de la Democracia, un 46% “cree que la mayoría de los políticos están en la política sólo por lo que puedan obtener personalmente de ella”.
Por lo anterior, es fundamental volver a nuestras instituciones políticas más participativas y transparentes, para de ese modo incrementar la confianza de los ciudadanos en ellas y resolver la apuntada crisis de representatividad.
Tal objetivo no se conseguirá a través de una medida aislada y por eso el Gobierno ha preparado una completa agenda de reformas políticas, que incluye medidas como la inscripción automática y el voto voluntario, la elección directa de los Consejeros Regionales, la iniciativa ciudadana de ley y el incentivo a la realización de plebiscitos comunales. Esa agenda ofrece una buena ocasión para que el Congreso Nacional sea, una vez más, el lugar donde, luego de una amplia y razonada discusión, se fragüen los acuerdos necesarios para seguir perfeccionando nuestras instituciones políticas.
Pero, sin duda, una de las medidas que consideramos más relevantes para el cumplimiento del propósito deseado es la institución de un sistema de primarias voluntarias y vinculantes para la selección de los candidatos a la mayoría de los cargos de elección popular. Con ello se dará cumplimiento, por lo pronto, a lo establecido en el número 15 del artículo 19 de la Carta Fundamental, al que la Ley de Reforma Constitucional N° 20.414, de 28 de diciembre de 2009, incorporó lo siguiente: “Una ley orgánica constitucional establecerá un sistema de elecciones primarias que podrá ser utilizado por dichos partidos para la nominación de candidatos a cargos de elección popular, cuyos resultados serán vinculantes para estas colectividades, salvo las excepciones que establezca dicha ley. Aquellos que no resulten elegidos en las elecciones primarias no podrán ser candidatos, en esa elección, al respectivo cargo.”.
Las elecciones primarias, reguladas por ley, permitirán que la selección de candidatos se haga de un modo más trasparente, competitivo, y participativo. Los ciudadanos podrán conocer mejor el modo en que se escogen los candidatos, a menudo podrán expresar su voluntad dentro de tales procesos y previsiblemente se producirá una mayor renovación de las autoridades y dirigentes políticos, que abrirá a los partidos a las inquietudes de los ciudadanos y hará que éstos se sientan mejor representados.
En suma, un sistema de primarias para la selección de candidatos a cargos de elección popular, incrementará la libertad de elección de los ciudadanos, a la vez que contribuirá a una mayor igualdad de oportunidades en el acceso a tales cargos, todo lo cual ofrecerá incentivos apropiados para el surgimiento de una dirigencia política mejor, más renovada y más sintonizada con la ciudadanía, lo que, a su turno, debería contribuir a contar con una democracia de mejor calidad.
Cabe destacar que el sistema de primarias que proponemos es, tal como prevé nuestra Constitución, voluntario, de modo que quedará entregada a la autonomía de cada partido la definición de las hipótesis en que ellas deberán realizarse, así como la decisión de someterse a ellas en cada ocasión. Será, de ese modo, la propia ciudadanía la que tendrá que evaluar cuánto pesará en la decisión de su voto el hecho que algunos candidatos hayan sido seleccionados de modo cupular y otros en forma participativa. Si los ciudadanos tienden a premiar efectivamente a los candidatos emanados de elecciones primarias, el sistema tenderá a generalizarse. En sus manos estará, por tanto, el derrotero que tomará la selección de candidatos en Chile. De esa manera la libertad de elección de los ciudadanos y la autonomía de los partidos resultarán perfectamente compatibilizadas.
Como se señalaba, la urgente tarea de mejorar la calidad de la política no se realizará a través de una medida aislada, sino por medio de un conjunto coherente de ellas. Y, más aún, no es sólo una cosa de reformas legales, sino también de actitudes y disposiciones humanas. El Gobierno presenta este proyecto con la convicción que entrega una de las herramientas más apropiadas y relevantes para conseguir una política a la altura de los desafíos de un país que tiene la oportunidad histórica de alcanzar el desarrollo en menos de una década.
II. DERECHO COMPARADO.
Actualmente, son diversas las legislaciones que contemplan en sus ordenamientos jurídicos un sistema de elecciones primarias para nominar a los candidatos a ciertos cargos de elección popular.
Así también, son varios los países que sin que este mecanismo se encuentre expresamente regulado en su legislación interna, lo han aplicado en determinadas elecciones como un proceso de selección de candidatos para una determinada elección. En este último caso, es decisión de cada partido el proceder a organizar estas elecciones como una forma de responder a ciertas demandas políticas o de orden interno de sus propias coaliciones, pero no existe una estructura orgánica contenida dentro de sus ordenamientos jurídicos.
Ahora bien, dentro de los países que se encuentran en la situación descrita primeramente, el caso de elecciones primarias más conocido es el de Estados Unidos, cuyo ordenamiento interno contempla para las elecciones presidenciales, un sistema de elecciones primarias indirectas, esto es, aquellas en que los ciudadanos eligen representantes que posteriormente votan en una convención por el candidato respectivo.
En términos generales lo que sucede en América Latina, se puede resumir de la siguiente manera:
a) Se encuentran por una parte aquellos países que ya han incorporado el sistema de primarias en su ordenamiento jurídico, como es el caso de países como Bolivia, Costa Rica , Honduras , Panamá , Paraguay , Uruguay , y recientemente Ecuador , Colombia y Argentina. En éste último caso, se incorporó el sistema mediante la ley N° 26.571 sobre Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad, el cual regula el mecanismo de elecciones primarias, las que fueron implementadas por primera vez, el día 14 agosto de 2011;
b) Aquellos países que no han incorporado la regulación relativa a las primarias en sus ordenamientos pero que sin embargo, han organizado procesos de primarias en sus elecciones, como es el caso de Chile; y, por último,
c) Aquellos países que cuya legislación no contempla el mecanismo de primarias, ni tampoco éstas se han llevado a efectos organizadas por voluntad de los partidos políticos, pero que se prevé que se realicen en los próximos procesos electorales, como es el caso de Venezuela.
En Europa por otra parte, países como Francia, el Reino Unido, España y Portugal, también han implementado este mecanismo pre-electoral.
III. OTRAS INICIATIVAS.
A la fecha, han sido diversas las iniciativas que se han presentado a tramitación en nuestro Congreso Nacional con propuestas para regular un sistema de elecciones primarias.
En concreto, la primera iniciativa consistió en un mensaje presidencial presentado el año 1998 (Boletín N° 2194-06).
Posteriormente, con fecha 11 de noviembre de 2004 el diputado Esteban Valenzuela Van Treek presentó una nueva moción (Boletín N° 3720-06) la cual establecía la obligación de los partidos y los pactos políticos de efectuar primarias para la designación de candidatos a alcaldes, parlamentarios y Presidente de la República . Actualmente también se encuentra archivada.
El 9 de octubre del 2008, los diputados Gabriel Ascencio , Guillermo Ceroni , Francisco Chahuán , Marcelo Diaz , Alvaro Escobar , Guido Girardi , Tucapel Jiménez , Sergio Ojeda y Jorge Tarud presentaron una nueva propuesta, la cual modificaba la ley N° 18.700 de votaciones populares y escrutinios, estableciendo que las elecciones primarias son el procedimiento a través del cual los partidos políticos o sus coaliciones, deben nominar a sus candidatos (Boletín N° 6150-06). Esta moción se encuentra en la Cámara de Diputados en su primer trámite constitucional, para informe de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social.
Finalmente, con fecha 30 de mayo del 2008, se presentó a tramitación en el Congreso Nacional un proyecto de ley que establecía una nueva Ley Orgánica de Partidos Políticos (Boletín N° 5887-06).
Este proyecto regulaba, entre otras materias, un sistema de elecciones primarias al interior de los partidos políticos.
Ahora bien, considerando la importancia en si misma de la regulación relativa a las elecciones primarias, el Gobierno anterior optó por sacar del proyecto de ley que modificaba la ley de Partidos Políticos (el cual se encuentra actualmente archivado), las materias relativas a las elecciones primarias y presentar un nuevo proyecto que contuviese específicamente dicha regulación. Dado lo anterior, con fecha 29 de julio de 2009, se presentó a tramitación por parte del Ejecutivo un proyecto de ley que establece elecciones primarias para candidatos a alcaldes, parlamentarios y Presidente del República (Boletín N° 6628-06). Este proyecto se encuentra actualmente en su primer trámite constitucional, para informe de la Comisión de Gobierno Interior y Regionalización de la Cámara de Diputados.
IV. CONTENIDO DEL PROYECTO.
El presente proyecto establece un sistema de elecciones primarias para la nominación de candidatos al cargo de Presidente de la República, Senadores, Diputados y Alcaldes.
El sistema que propone el proyecto de ley consiste en la organización de primarias voluntarias y simultáneas entre los partidos.
Los principales aspectos de la propuesta son los que se describen a continuación:
1. Ámbito de aplicación.
Las elecciones primarias se efectuarán cuando así lo determinen los organismos internos de los partidos políticos, conforme lo señalado en sus estatutos.
Como antecedente adicional, el proyecto de ley establece, en términos generales, que será el Consejo General el que adoptará la decisión de participar en una elección primaria.
2. Oportunidad de las Elecciones Primarias.
La elección primaria de Presidente de la República y Parlamentarios será de carácter nacional y deberá realizarse el decimoséptimo domingo anterior a la fecha de la elección de Presidente de la República . Las referidas elecciones se realizarán simultáneamente en las fechas indicadas para todos los candidatos de los partidos políticos y pactos electorales que participen en ellas.
La elección primaria de alcaldes, por su parte, deberá realizarse el decimoséptimo domingo anterior a la fecha de las elecciones municipales.
3. Normas supletorias.
Se aplicarán en carácter de supletorias de esta ley, en todo cuanto no sean contrarias y resulten pertinentes, las disposiciones contenidas en la Ley N° 18.700 Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, la Ley N° 18.556 Orgánica Constitucional de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral; y, de la ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.
4. Regulación de las Elecciones Primarias de Presidente de la República.
a) Los partidos políticos podrán participar en las elecciones primarias de Presidente de la República en forma individual o en conjunto con otros partidos y candidatos independientes conformando un pacto electoral, y con el objeto de nominar un candidato para cada cargo en el territorio electoral que corresponda.
b) En la elección conjunta de Presidente y Parlamentarios podrá haber un pacto electoral para las elecciones presidenciales y otro diferente para las elecciones parlamentarias.
c) Al Consejo General de cada partido político le corresponderá la decisión de participar en una elección primaria para la nominación de su candidato a Presidente de la República , el hacerlo en forma individual o por medio de un pacto electoral, y la nominación de los candidatos para dicha elección. Este deberá pronunciarse cuando así lo solicite la Directiva Central del partido o un 10% de sus miembros.
d) Será condición para poder participar, que el partido político o pacto electoral, inscriba -al menos- dos candidatos para cada cargo.
5. Regulación de las Elecciones Primarias de Parlamentarios.
a) En el caso de las elecciones parlamentarias, para cada territorio electoral, los partidos políticos podrán participar en forma individual o habiendo suscrito un pacto, conforme con las disposiciones establecidas en el proyecto de ley.
b) El pacto para las elecciones parlamentarias deberá ser común, abarcando todas las circunscripciones senatoriales y distritos.
c) Al Consejo General de cada partido político le corresponderá la decisión de participar en elecciones primarias para la nominación de sus candidatos a parlamentarios, los territorios electorales en que se participará, el hacerlo en forma individual o por medio de un pacto electoral, y la nominación de los candidatos para dichas elecciones. Este deberá pronunciarse sobre lo anterior, cuando así lo solicite la Directiva Central del partido o el Consejo Regional que corresponda.
El Consejo Regional, a su vez, deberá pronunciarse sobre solicitar al Consejo General del partido, elecciones primarias de parlamentarios en algún territorio electoral de su jurisdicción, si así lo solicita la Directiva Regional del partido o un 10% de sus miembros.
d) Será condición para poder participar, que el partido político o pacto inscriba, al menos, tres o dos candidatos, conforme las distinciones establecidas en el proyecto.
6. Regulación de las Elecciones Primarias de Alcaldes.
a) Los partidos políticos podrán participar en forma individual o en conjunto con otros partidos y candidatos independientes conformando un pacto electoral, y con el objeto de nominar un candidato para cada cargo en el territorio electoral que corresponda.
b) El pacto para las elecciones de alcaldes deberá ser común para las otras elecciones municipales, abarcando todas las comunas.
c) La decisión de participar en elecciones primarias, los territorios electorales en que se participará, el hacerlo en forma individual o por medio de un pacto electoral, y la nominación de los candidatos para dichas elecciones será decisión del Consejo General de cada partido en conformidad con lo señalado precedentemente para las elecciones de parlamentarios.
d) Será condición para poder participar, que el partido político o pacto electoral, inscriba, al menos, dos candidatos para cada cargo.
7. Disposiciones comunes al proceso de elecciones primarias para elegir Presidente , Parlamentario o Alcalde .
a) Las declaraciones de candidaturas para participar en las elecciones primarias, sólo podrán hacerse hasta las veinticuatro horas del septuagésimo día anterior a aquél en que deba realizarse la elección primaria.
b) Adicionalmente, el proyecto de ley señala que, junto con cada declaración de candidatura, el partido político o el pacto electoral deberá adjuntar para cada territorio electoral, una norma que determine el padrón electoral y otra para determinar a los candidatos que en definitiva resultarán nominados luego de la elección.
c) Conforme con lo señalado precedentemente, la norma que determina el padrón electoral, deberá optar por contener alguna de las siguientes alternativas:
a. Sólo los militantes del partido inscritos con derecho a sufragio, en el caso que el partido participe en forma individual.
b. Sólo los militantes del partido e independiente sin militancia inscritos con derecho a sufragio, en el caso que el partido participe en forma individual.
c. Sólo los militantes de los partidos integrantes del pacto inscritos con derecho a sufragio, en el caso de un pacto electoral.
d. Sólo los militantes de los partidos integrantes del pacto e independientes sin militancia inscritos con derecho a sufragio, en el caso de un pacto electoral.
e. Todos los electores inscritos con derecho a sufragio.
d) Por otra parte, la norma que determina los candidatos que en definitiva resultarán nominados, deberá contener, en términos generales:
a. El porcentaje mínimo de votación que debe alcanzar el candidato más votado, o cada uno de los candidatos más votados, según corresponda, para ser nominado como candidato definitivo sin más condición.
b. El porcentaje mínimo de votación que debe alcanzar el candidato más votado, o cada uno de los candidatos más votados, según corresponda, en conjunto con una diferencia mínima, medida en porcentaje de votación, que debe obtener respecto del candidato que le siga en votación (o que obtenga la tercera votación), para ser nominado como candidato definitivo.
e) Para la elección primaria conjunta de Presidente y Parlamentarios habrá cédulas electorales diferentes, existiendo una cédula para la elección de Presidente de la República , y otra para la de Senadores y de Diputados. Las cédulas serán elaboradas por el Servicio Electoral.
f) En caso que un elector tenga derecho a sufragar en las elecciones primarias de más de un partido político o pacto electoral, deberá libremente elegir en cuál de ellas desea sufragar. En razón de ello, recibirá una sola cédula electoral para la elección primaria de Presidente de la República , una sola para la elección primaria de Senador, una sola para la elección primaria de Diputados, y una para la elección primaria de Alcalde , siempre que estas elecciones primarias se realicen en la circunscripción electoral a que corresponde la mesa receptora de sufragios.
g) En caso de una elección primaria de Presidente de la República y, en el evento que todos los partidos o pactos electorales que participen hayan optado como norma para determinar su padrón electoral que el padrón este constituido por todos los electores inscritos con derecho a voto, habrá una sola cédula electoral que será única y común para todos los partidos políticos o pactos, comprenderá a todos los candidatos, y podrá el elector sufragar sólo por uno de los candidatos indicados en ella.
h) El Servicio Electoral determinará el número de Mesas receptoras de sufragios y el número de urnas que se instalarán por cada Mesa; dispondrá los útiles electorales; y dictará las normas que rigen la propaganda electoral, la votación, el escrutinio, y en general todo aquello relativo al acto eleccionario, en conformidad con lo dispuesto en el proyecto de ley.
i) Así también, el Director del Servicio Electoral podrá reunir dos o más registros en una mesa receptora de sufragios, en forma transitoria y sólo para efectos de las elecciones primarias.
j) En las elecciones primarias, las mesas estarán constituidas por tres vocales, que serán designados por sorteo, de entre aquellos que se hayan desempeñado como vocal en la última elección general ya sea de parlamentarios o municipal.
k) El sufragio será personal, igualitario, secreto y voluntario.
l) Los candidatos nominados por el Tribunal Calificador de Elecciones o por el Tribunal Electoral Regional según corresponda, serán considerados por el Servicio Electoral como candidaturas aceptadas para todos los efectos legales.
8. Disposiciones relativas al Gasto Electoral.
A las elecciones primarias les serán aplicables las disposiciones contenidas en la ley N° 19.884, salvo lo dispuesto en el párrafo 2° del título I de la misma ley y en su título final.
Ahora bien, le es aplicable, en lo que respecta a los límites al gasto electoral que se aplicaran para este caso, éstos serán equivalentes al 25% de los valores señalados en el artículo 4° de la ley 19.884, según se trate de cada tipo de elección.
Finalmente, para efectos de los límites a los aportes señalados en el párrafo 1° del Título II las elecciones primarias se considerarán parte de la elección definitiva.
9. Sanciones.
Se establece que las infracciones a lo dispuesto en esta ley, se sancionarán en conformidad con lo señalado en el Título VII de la ley 18.700, sobre “Sanciones y Procedimientos Judiciales”, en lo que fuera procedente.
Así también, el proyecto de ley señala que los partidos políticos que no den cumplimiento a lo establecido en esta ley o en sus estatutos, respecto de la realización de elecciones primarias, les serán aplicables las disposiciones contenidas en el Título VIII y IX de la ley 18.603, en lo que sea pertinente.
En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, el siguiente
PROYECTO DE LEY
TÍTULO PRELIMINAR
Artículo 1.- La presente ley establece y regula un sistema de elecciones primarias a ser usado por los partidos políticos para la nominación de candidatos a los cargos de elección popular que determina la ley, en virtud de lo dispuesto en el número 15 del artículo 19 de la Constitución Política.
Artículo 2.- Los partidos políticos, cuando así lo determinen sus organismos internos, en conformidad a sus estatutos y a las disposiciones de la ley 18.603, Orgánica Constitucional de Partidos Políticos, podrán participar en procesos de elecciones primarias para la nominación candidatos a cargos de Presidente de la República , Senador, Diputado y Alcalde en la forma y condiciones que establezca esta ley.
TÍTULO I
DE LAS ELECCIONES PRIMARIAS
Párrafo 1°
De la Realización de la Elecciones Primarias y su Fecha
Artículo 3.- El Servicio Electoral deberá organizar una elección primaria conjunta para la nominación de los candidatos a los cargos de Presidente de la República y parlamentarios y otra para el cargo de Alcalde .
La elección primaria de Presidente de la República y parlamentarios será de carácter nacional y deberá realizarse el decimoséptimo domingo anterior a la fecha de la elección de Presidente de la República .
La elección primaria de alcaldes deberá realizarse el decimoséptimo domingo anterior a la fecha de las elecciones municipales.
Las elecciones primarias se realizarán simultáneamente en las fechas indicadas para todos los candidatos de los partidos políticos y pactos electorales que participen en ellas.
Artículo 4.- Lo señalado en el artículo anterior regirá siempre y cuando algún partido político o pacto electoral de partidos políticos, haya inscrito candidaturas para las elecciones primarias de Presidente de la República , parlamentarios o alcaldes, según corresponda, de conformidad a lo señalado en los artículos 14 y 15, y éstas hayan sido aceptadas por el Servicio Electoral.
Las elecciones primarias se realizarán sólo en los territorios electorales donde se hayan inscrito candidatos.
Para efecto de esta ley se entenderá como territorio electoral, en el caso de la elección de Presidente de la República a todas las circunscripciones electorales existentes, en el caso de la elección de senadores al territorio comprendido por las circunscripciones senatoriales, en el caso de la elección de diputados al territorio comprendido por el distrito electoral, y en el caso de la elección de alcaldes al territorio de la comuna.
Artículo 5.- No procederá la realización de elecciones primarias para la nominación de candidatos al cargo de Presidente de la República , cuando las elecciones presidenciales sean convocadas en virtud de las situaciones señaladas en el inciso cuarto del artículo 26, el inciso segundo del artículo 28 y el inciso cuarto del artículo 29, de la Constitución Política de la República.
Artículo 6.- Para las elecciones primarias reguladas por esta ley, en todo lo que no sea contrario a ella y en lo que le sea aplicable, regirán las disposiciones de la Ley 18.700 Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, de la Ley 18.556 Orgánica Constitucional de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral y de la ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.
Párrafo 2°
De la Decisión de Participar en las Elecciones Primarias.
Artículo 7.- Los partidos políticos podrán participar en las elecciones primarias de Presidente de la República y Alcalde en forma individual o en conjunto con otros partidos y candidatos independientes conformando un pacto electoral, y con el objeto de nominar un candidato para cada cargo en el territorio electoral que corresponda.
En el caso de las elecciones parlamentarias, para cada territorio electoral, los partidos políticos podrán participar:
a) En forma individual, sin haber suscrito un pacto electoral con otros partidos, y con el objeto de determinar sus dos candidatos;
b) En forma individual, habiendo suscrito un pacto electoral con otros partidos, y con el objeto de determinar su propio candidato dentro del pacto.
c) En conjunto con otros partidos con los cuales ha suscrito un pacto electoral, y con el objeto de determinar los dos candidatos del pacto electoral.
En la elección conjunta de Presidente y parlamentarios podrá haber un pacto electoral para las elecciones presidenciales y otro diferente para las elecciones parlamentarias.
El pacto para las elecciones parlamentarias deberá ser común, abarcando todas las circunscripciones senatoriales y distritos.
El pacto para las elecciones de alcaldes deberá ser común para las otras elecciones municipales, abarcando todas las comunas.
Artículo 8.- Corresponderá al Consejo General de cada partido político, la decisión de participar en una elección primaria para la nominación de su candidato a Presidente de la República , el hacerlo en forma individual o por medio de un pacto electoral, y la nominación de los candidatos para dicha elección.
El Consejo General deberá pronunciarse respecto de las decisiones señaladas en este artículo, cuando así lo solicite la Directiva Central del partido o un 10% de sus miembros.
Artículo 9.- Corresponderá al Consejo General de cada partido político, la decisión de participar en elecciones primarias para la nominación de sus candidatos parlamentarios y alcaldes, los territorios electorales en que se participará, el hacerlo en forma individual o por medio de un pacto electoral, y la nominación de los candidatos para dichas elecciones.
El Consejo General deberá pronunciarse respecto de las decisiones señaladas en este artículo, cuando así lo solicite la Directiva Central del partido o el Consejo Regional que corresponda.
El Consejo Regional deberá pronunciarse sobre solicitar al Consejo General del partido, elecciones primarias de parlamentarios o alcaldes en algún territorio electoral de su jurisdicción, si así lo solicita la Directiva Regional del partido o un 10% de sus miembros.
Artículo 10.- La decisión de realizar el proceso de elecciones primarias podrá hacerse en forma separada para la nominación del candidato o candidatos de cada cargo de elección popular, no siendo obligatorio someter al mismo proceso a todos los cargos que se elijen en una misma elección.
El proceso de elecciones primarias deberá abarcar todo el territorio electoral que corresponda al cargo cuyos candidatos se quieren nominar.
Artículo 11.- Será requisito para participar en la elección primaria de Presidente de la República y Alcalde , que el partido político o pacto electoral, declare e inscriba al menos dos candidatos para cada cargo.
Será requisito para participar en una elección primaria de parlamentario, que el partido político o pacto electoral declare e inscriba al menos tres candidatos para cada cargo, en el caso de las opciones a) y c) del inciso segundo del artículo 7, o al menos dos candidatos en el caso de la opción b) del mismo inciso.
Artículo 12.- El pacto electoral para la elección de Presidente de la República deberá formalizarse ante el Director del Servicio Electoral , antes del vencimiento del plazo para efectuar las declaraciones de candidaturas de las elecciones primarias, mediante la presentación de los siguientes documentos:
a) Declaración suscrita por los Presidentes y Secretarios de los partidos políticos integrantes del pacto, que deberá indicar la decisión de concurrir en pacto electoral para la elección primaria de Presidente de la República , de apoyar en la elección definitiva al candidato que resulte nominado de este proceso y que existe afinidad entre sus declaraciones de principios; y,
b) Declaración de las candidaturas para la nominación al cargo de Presidente de la República para la elección primaria.
El pacto electoral para la elección de Presidente de la República se entenderá constituido a contar de la fecha de su formalización. Los partidos políticos que hubieren constituido un pacto electoral no podrán acordar otro, a menos que aquél fuere dejado sin efecto. Sólo se podrá dejar sin efecto este pacto electoral antes del vencimiento del plazo para presentar candidaturas, siempre y cuando los partidos que lo integren hayan dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 29, inciso primero, de la Ley Nº 18.603, y exista acuerdo unánime entre ellos. Este acuerdo deberá ser comunicado al Director del Servicio Electoral , mediante una declaración suscrita por los Presidentes y Secretarios de los partidos políticos que se trate, antes del vencimiento del plazo para presentar candidaturas.
El pacto electoral para las elecciones presidenciales, también se podrá dejar sin efecto antes del vencimiento del plazo para presentar candidaturas señalado en el artículo 6 de la ley 18.700, a requerimiento de uno de los partidos políticos integrantes del mismo, presentado ante el Director del Servicio Electoral , siempre se cumpla alguna de las circunstancias señaladas en el inciso segundo del artículo 43 o en la letra a) del artículo 45.
Artículo 13.- En el caso que dos o más partidos políticos decidan participar en las elecciones de parlamentarios o alcaldes conformando un pacto electoral, y decidan resolver la nominación de alguno de sus candidatos parlamentarios o alcaldes por elecciones primarias, el pacto electoral deberá formalizarse ante el Director del Servicio Electoral antes del vencimiento del plazo para efectuar las declaraciones de candidaturas de las elecciones primarias, mediante la presentación de los siguientes documentos:
a) Declaración suscrita por los Presidentes y Secretarios de los partidos políticos integrantes del pacto, que deberá indicar la decisión de concurrir en pacto electoral para la elección primaria, de apoyar en la elección definitiva a los candidatos que resulten nominados de este proceso y que existe afinidad entre sus declaraciones de principios; y,
b) Declaración de las candidaturas para la nominación de los cargos de parlamentarios o alcaldes para las elecciones primarias.
Los pactos electorales suscritos con ocasión de estas elecciones primarias de parlamentarios o alcaldes, se entenderán constituidos a contar de la fecha de su formalización y tendrán validez hasta el término de la elección definitiva de parlamentarios o municipales según se trate. No será necesaria la formalización del pacto conforme al artículo 3 bis de la ley 18.700 o al artículo 110 de la ley 18.695, con ocasión de la inscripción de candidatos a parlamentarios o alcaldes y concejales, cuya nominación no se haya hecho por medio de elecciones primarias, bastando en tal caso, la declaración de candidaturas suscrita por los presidentes y secretarios de los partidos integrantes del pacto.
Los partidos políticos que hubieren constituido un pacto electoral no podrán acordar otro a menos que aquél fuere dejado sin efecto. Sólo se podrá dejar sin efecto este pacto electoral antes del vencimiento del plazo para presentar candidaturas para las elecciones primarias, siempre y cuando los partidos que lo integren hayan dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 29, inciso primero de la Ley Nº 18.603, y exista acuerdo unánime entre ellos. Este acuerdo deberá ser comunicado al Director del Servicio Electoral , mediante una declaración suscrita por los Presidentes y Secretarios de los partidos políticos que se trate, antes del vencimiento del plazo para presentar candidaturas.
Párrafo 3°
De la Inscripción de Candidaturas.
Artículo 14.- Las declaraciones de candidaturas a Presidente de la República , a parlamentarios y alcaldes para participar en las elecciones primarias, sólo podrán hacerse hasta las veinticuatro horas del septuagésimo día anterior a aquél en que deba realizarse la elección primaria.
Ningún candidato podrá figurar en más de una declaración de candidaturas.
Artículo 15.- Los candidatos nominados para participar en las elecciones primarias por un partido político que participe en forma individual, deberán ser militantes del partido. Podrán ser también independientes sin militancia, en el caso de las elecciones primarias para Presidente de la República y alcaldes, cuando el partido haya suscrito un pacto sólo con independientes, y en el caso de las elecciones parlamentarias cuando el partido haya suscrito un pacto electoral con otros partidos conforme al artículo 13.
Los candidatos nominados para participar en las elecciones primarias por un pacto electoral deberán ser militantes de cualquiera de los partidos integrantes del pacto o independientes sin militancia.
No podrán participar en las elecciones primarias candidaturas independientes que no sean presentadas ni cuenten con el patrocinio de partidos políticos o de pactos electorales.
Artículo 16.- Junto con cada declaración de candidatura el partido político o el pacto electoral, deberán adjuntar para cada territorio electoral, una norma para determinar el padrón electoral que se señala en el artículo 20, y otra norma para determinar a los candidatos nominados que se señala en el artículo 35.
Artículo 17.- La declaración de encargados de trabajos electorales y de nombramientos de apoderados señalada en el artículo 7° de la Ley 18.700, podrá hacerse en forma separada por cada candidato, aún en los casos en que ellos fueran del mismo partido político o pacto electoral.
Artículo 18.- Los candidatos independientes nominados para participar en las elecciones primarias por los partidos políticos o pactos electorales, no requerirán de los patrocinios señalados en los artículos 8 y 13 de la ley 18.700.
Tampoco requerirán de patrocinio de electores, las candidaturas de partidos políticos o de pactos electorales de partidos políticos que no se encuentren constituidos en todas las regiones del país.
Artículo 19.- El Servicio Electoral deberá verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales de las candidaturas para postular a cada cargo.
El cumplimiento de los requisitos para ser candidato se evaluará siempre en relación a la fecha de la elección definitiva y en ningún caso en relación a la fecha de la elección primaria.
El plazo para que el Director del Servicio Electoral acepte o rechace las declaraciones de candidaturas para participar en las elecciones primarias de conformidad al artículo 17 de la Ley 18.700, será de cinco días.
Párrafo 4°
De los padrones Electorales.
Artículo 20.- Cada partido político o pacto electoral que participe en las elecciones primarias, deberá presentar al Servicio Electoral para cada territorio electoral, junto con la declaración de candidaturas, la norma de cómo se determinará el padrón electoral de los electores con derecho a sufragio en su caso.
La norma deberá contemplar una de las siguientes opciones de electores:
a) Sólo los militantes del partido inscritos con derecho a sufragio, en el caso que el partido participe en forma individual.
b) Sólo los militantes del partido e independiente sin militancia inscritos con derecho a sufragio, en el caso que el partido participe en forma individual.
c) Sólo los militantes de los partidos integrantes del pacto inscritos con derecho a sufragio, en el caso de un pacto electoral.
d) Sólo los militantes de los partidos integrantes del pacto e independientes sin militancia inscritos con derecho a sufragio, en el caso de un pacto electoral.
e) Todos los electores inscritos con derecho a sufragio.
Artículo 21.- El Servicio Electoral confeccionará el padrón electoral de cada mesa receptora de sufragios que contendrá a los electores inscritos en el registro de la mesa.
El padrón contendrá para cada elector, los antecedentes de libro de registro electoral que corresponde a la mesa receptora de sufragios. Además señalará si el elector se encuentra con su inscripción vigente y si está habilitado para sufragar. En caso contrario, indicará en forma destacada su inhabilidad para sufragar indicando la causal.
Respecto de los electores habilitados para sufragar en las elecciones primarias, el padrón señalará las primarias de los partidos o pactos electorales en que tiene derecho a sufragio, conforme a la norma indicada por cada partido o pacto, según lo señalado en el artículo anterior. El padrón contemplará además un espacio para la firma y número de serie de la cédula, respecto de cada una de las primarias que se realicen en el territorio electoral al que corresponde la mesa receptoras de sufragios.
Artículo 22.- El padrón electoral de cada mesa receptora de sufragios, reemplazará en forma conjunta al libro de registro electoral correspondiente a la mesa receptoras de sufragios y al cuaderno de firmas que se señala en el artículo 62 de la ley 18.700.
Párrafo 5°
De las cédulas Electorales y del Derecho a Sufragio de los Electores.
Artículo 23.- Para la elección primaria conjunta de Presidente y Parlamentarios habrá cédulas electorales diferentes, existiendo una cédula para la elección de Presidente de la República , y otra para la de Senadores y de Diputados.
Existirá una cédula electoral diferente para cada elección primaria de un partido político o pacto electoral.
Las cédulas electorales serán confeccionadas por el Servicio Electoral, en número suficiente para que puedan sufragar todos los electores indicados por los partidos políticos o pacto electorales en la norma señalada en el artículo 20.
El orden de los candidatos y partidos políticos en la cédula y sus códigos de identificación serán determinados por el Servicio Electoral mediante sorteo.
La cédula electoral deberá indicar en forma destacada si en ella corresponde sufragar por uno o por dos candidatos.
Artículo 24.- Cuando de acuerdo con el padrón electoral de la mesa receptora de sufragios, un elector tenga derecho a sufragar en las elecciones primarias de más de un partido político o pacto electoral, deberá libremente elegir en cuál de ellas desea sufragar.
En virtud del inciso anterior, el elector recibirá para emitir su sufragio, una sola cédula electoral para la elección primaria de Presidente de la República , una sola para la elección primaria de Senador, una sola para la elección primaria de Diputados, y una para la elección primaria de Alcalde , siempre que estas elecciones primarias se realicen en la circunscripción electoral a que corresponde la mesa receptora de sufragios.
Artículo 25.- En el caso de las elecciones primarias de Presidente de la República y Alcalde el elector deberá sufragar marcando la preferencia por uno sólo de los candidatos que aparecen en la cédula electoral.
En el caso de las elecciones primarias de parlamentarios donde corresponde elegir un solo candidato, conforme a la opción b) del inciso segundo del artículo 7, el elector deberá sufragar marcando preferencia por uno sólo de los candidatos que aparecen en la cédula electoral.
En el caso de las elecciones primarias de parlamentarios donde corresponde elegir dos candidatos, conforme a las opciones a) y c) del inciso segundo del artículo 7, el elector deberá sufragar marcando preferencia por hasta dos de los candidatos que aparecen en la cédula electoral.
En este último caso, y para efectos de lo señalado en el número 5) del artículo 71 de la ley 18.700, no se considerarán nulas las cédulas que contengan preferencias por hasta dos candidatos y sí lo serán las que contengan tres o más preferencias.
Artículo 26.- Tratándose de la elección primaria de Presidente de la República y en el evento que todos los partidos o pactos electorales que participen en dicha elección, hayan optado como norma para determinar su padrón electoral, la opción contenida en la letra e) del inciso segundo del artículo 20, esto es, que el padrón esté constituido por todos los electores inscritos con derecho a voto, habrá una sola cédula electoral que será única y común para todos los partidos políticos o pactos electorales, la que comprenderá a todos los candidatos, pudiendo el elector sufragar sólo por uno de los candidatos indicados en ella.
Párrafo 6°
Inscripciones Electorales, Propaganda, Mesas de Receptoras de Sufragios, Vocales de Mesas, Acto Electoral y Apoderados.
Artículo 27.- El Servicio Electoral determinará el número de Mesas receptoras de sufragios y el número de urnas que se instalarán por cada Mesa; dispondrá los útiles electorales; y dictará las normas que rigen la propaganda electoral, la votación, el escrutinio, y en general todo aquello relativo al acto eleccionario, en conformidad con las disposiciones que se establecen en este párrafo.
Artículo 28.- Las Juntas Inscriptoras señaladas en la Ley 18.556 Orgánica Constitucional de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral suspenderán su funcionamiento y la inscripción de electores desde el septuagésimo día anterior a una elección primaria y lo reanudarán el tercer día hábil siguiente a esa elección.
Artículo 29.- Para las elecciones primarias, no se aplicará lo dispuesto en el artículo 31 inciso primero al séptimo y en el artículo 31 bis de la ley N° 18.700, relativos a la transmisión gratuita de propaganda electoral por los canales de televisión de libre recepción.
Así también, la publicación a la que se refiere el inciso primero del artículo 29 de la misma ley, se efectuará para estos efectos, en el sitio electrónico del Servicio Electoral.
Artículo 30.- El Director del Servicio Electoral podrá aplicar la facultad señalada en el artículo 37 de la Ley 18.700, referente a reunir dos o más registros en una mesa receptora de sufragios, en forma transitoria y sólo para las elecciones primarias, cuando así lo considere necesario en base a la experiencia relativa a la participación y concurrencia de electores a votar, en otras elecciones primarias. Las mesas fusionadas podrán superar los 350 electores.
La determinación del número de mesas receptoras de sufragios y los registros electorales que correspondan a cada una de ellas, conforme al artículo 38 de la Ley 18.700 , se realizará el quincuagésimo día anterior a de la elección primaria.
Artículo 31.- En las elecciones primarias las mesas estarán constituidas por tres vocales, que serán designados por la Junta Electoral respectiva, por medio de un sorteo, de entre aquellos que se hayan desempeñado como vocal en la última elección general ya sea de parlamentarios o municipal.
En el caso que se aplique lo señalado en el artículo anterior, la Junta Electoral procederá a elegir tres vocales por sorteo, de entre todos los que correspondan a las mesas o registros que se reunieron en una sola.
Artículo 32.- El sufragio será personal, igualitario, secreto y voluntario. No será aplicable a las elecciones primarias, lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 60 y en el artículo 139, de la ley 18.700.
Artículo 33.- En las elecciones primarias, para identificar a los electores con derecho a sufragio, se les requerirá la presentación de su cédula nacional de identidad o su cédula de identidad para extranjeros, la que deberá encontrarse vigente.
No procederá la identificación de los electores conforme al artículo 63 de la ley 18.700.
Artículo 34.- La facultad conferida a los partidos políticos para designar sedes y apoderados, contenida en los artículos 157 y 159 de la Ley 18.700, se entenderá también conferida a cada uno de los candidatos que participen en una elección primaria.
Párrafo 7°
De la Calificación de la Elección Primaria.
Artículo 35.- Cada partido político o pacto electoral que participe en las elecciones primarias, deberá presentar al Servicio Electoral para cada territorio electoral, junto con la declaración de candidaturas, una norma que permita determinar qué candidatos y en qué casos se considerarán nominados para la elección definitiva.
Artículo 36.- En el caso que corresponda nominar un sólo candidato para el territorio electoral, la norma deberá contemplar:
a) El porcentaje mínimo de electores que deberán participar en la elección primaria, para que ella resuelva la nominación de los candidatos;
b) El porcentaje mínimo de votación que debe alcanzar el candidato más votado para ser nominado como candidato definitivo sin más condición; y,
c) El porcentaje mínimo de votación que debe alcanzar el candidato más votado, en conjunto con una diferencia mínima, medida en porcentaje de votación, que debe obtener respecto del candidato que le siga en votación, para ser nominado como candidato definitivo, criterio que se aplicará en caso que no se alcance el porcentaje indicado en la letra anterior.
Artículo 37.- En el caso que corresponda nominar dos candidatos para el territorio electoral, la norma deberá contemplar:
a) El porcentaje mínimo de electores que deberán participar en la elección primaria, para que ella resuelva la nominación de los candidatos;
b) El porcentaje mínimo de votación que deberán alcanzar cada uno de los dos candidatos más votados para ser nominado como candidatos definitivos sin más condición; y,
c) El porcentaje mínimo de votación que deberán alcanzar cada uno de los dos candidatos más votados, en conjunto con una diferencia mínima, medida en porcentaje de votación, que deberán obtener respecto del candidato que obtenga la tercera votación, para ser nominados como candidatos definitivos, criterio que se aplicará en caso que no se alcance el porcentaje indicado en la letra anterior.
Artículo 38.- El Tribunal Calificador de Elecciones proclamará como candidatos nominados para la elección definitiva, de Presidente de la República o de parlamentarios en cada territorio electoral, a los candidatos de cada partido político o pacto electoral que haya participado en las elecciones primarias, que cumplan con las normas señaladas en los artículos 35, 36 y 37 anteriores según corresponda. En el caso de las elecciones primarias de alcaldes dicha proclamación corresponderá al Tribunal Electoral Regional.
Artículo 39.- Para el caso de las elecciones primarias de Presidente de la República y parlamentarios, el proceso de calificación y la determinación de los candidatos nominados deberá quedar concluido dentro de los veinticinco días siguientes de la elección primaria, aún en el caso en que se hayan presentado reclamaciones de nulidad o solicitudes de rectificación en virtud de lo señalado en los artículos 96 y 97 de la ley 18.700.
Para el caso de las elecciones primarias de alcaldes, el proceso de calificación y la determinación de los candidatos nominados deberá quedar concluido dentro de los quince días siguientes de la elección primaria en primera instancia, y dentro de los veinticinco días siguientes de la elección primaria en caso de apelación. Lo anterior, aún en el caso en que se hayan presentado reclamaciones de nulidad o solicitudes de rectificación en virtud de lo señalado en los artículos 96 y 97 de la ley 18.700.
Artículo 40.- En el caso que el Tribunal Calificador de Elecciones o el Tribunal Electoral Regional según corresponda, declaren por cualquier causa, la nulidad de una elección primaria, ya sea de Presidente de la República , de parlamentarios o de alcaldes, ésta no podrá repetirse. En tal caso no habrá candidatos proclamados como nominados, debiendo los partidos políticos o pactos electorales proceder conforme a lo señalado en el inciso segundo del artículo 43 o en el inciso segundo del artículo 44 según corresponda.
Artículo 41.- El acuerdo del Tribunal Calificador de Elecciones o del Tribunal Electoral Regional según corresponda, por el que se proclame a cada candidato nominado se comunicará por escrito al Servicio Electoral, al partido político que lo presentó como candidato o a todos los partidos políticos integrantes del pacto electoral que lo presentaron como candidato si correspondiere y al candidato nominado.
Párrafo 8°
De los Efectos Vinculantes de las Elecciones Primarias.
Artículo 42.- Los candidatos nominados por el Tribunal Calificador de Elecciones o por el Tribunal Electoral Regional según corresponda, en virtud de una elección primaria, serán considerados por el Servicio Electoral como candidaturas aceptadas para todos los efectos legales, deberán ser inscritos en el registro señalado en el artículo 19 de la Ley 18.700 y en artículo 116 de la Ley N° 18.695, y no podrán ser objeto de la reclamación alguna.
Artículo 43.- Si en la elección primaria de Presidente de la República o de alcalde de un partido político o pacto electoral, hubiere resultado un candidato nominado de conformidad a lo señalado en el artículo 38, los demás candidatos que hubieran participado en dicha elección primaria y que no hubieren resultado nominados, no podrán presentarse como candidatos en la elección definitiva por el mismo cargo y territorio electoral, ni el partido político o pacto electoral podrá presentar otros candidatos. Lo anterior es salvo la excepción contenida en el artículo 45.
Si por el contrario, en la elección referida en el inciso anterior, no resultare ningún candidato como nominado, producto de la aplicación de la norma señalada en el artículo 35, el partido político, el pacto electoral y los partidos que lo integran, quedarán liberados para designar su candidato, de acuerdo a sus estatutos y a lo dispuesto en leyes 18.603, 18.700 y 18.695, pudiendo en tal caso nominar a cualquiera de los candidatos que participaron en la elección primaria o a otra persona si así lo deciden.
Artículo 44.- Si en la elección primaria de parlamentarios de un partido político o pacto electoral, hubieren resultado nominados como candidatos según lo dispuesto en el artículo 38, la totalidad de los cargos que se decidió someter a elecciones primarias conforme a lo señalado en el inciso segundo del artículo 7, los demás candidatos que hubieran participado en dicha elección primaria y que no hubieren resultado nominados, no podrán presentarse como candidatos en la elección definitiva por el mismo cargo y territorio electoral, ni el partido político o pacto electoral podrá presentar otros candidatos por el mismo territorio electoral. Lo anterior es salvo la excepción contenida en el artículo 45.
Si por el contrario, en la elección referida en el inciso anterior, no resultare como nominados, producto de la aplicación de la norma señalada en el artículo 35 o 36, la totalidad de los cargos que se decidió someter a elecciones primarias conforme a lo señalado en el inciso segundo del artículo 7, el partido político o el pacto electoral quedará liberado para designar a él o los candidatos parlamentarios faltantes, de acuerdo a sus estatutos y a lo dispuesto en las leyes 18.603 y 18.700, pudiendo en tal caso nominar a cualquiera de los candidatos que participaron en la elección primaria o a otra persona si así lo deciden.
Artículo 45.- Si un candidato nominado según lo dispuesto en el artículo 38, fallece o renuncia a su candidatura por medio de una declaración ante notario, después de su nominación y antes de la fecha de la declaración de candidaturas señaladas en el artículo 6° de la ley 18.700, y el artículo 107 de la ley 18.695, se procederá como sigue:
a) Si se trata de un candidato presidencial o para alcalde, el partido político, el pacto electoral y los partidos que lo integran, quedarán liberados para designar sus candidatos, en forma individual o en pacto electoral, de acuerdo a sus estatutos y a lo dispuesto en las leyes 18.603, 18.700 y 18.695, pudiendo en tal caso nominar a cualquiera de los candidatos que participaron en la elección primaria o a otra persona si así lo deciden.
b) Si se trata de un candidato al parlamento, el partido político o el pacto electoral quedará liberado para designar al candidato faltante, de acuerdo a sus estatutos y a lo dispuesto en las leyes 18.603 y 18.700, pudiendo en tal caso nominar a cualquiera de los candidatos que participó en la elección primaria o a otra persona si así lo deciden.
TÍTULO III
DEL GASTO ELECTORAL
Artículo 46.- A las elecciones primarias les serán aplicables las disposiciones contenidas en la ley 19.884 en todo lo que no sea contrario a esta ley y en lo que le sea aplicable, salvo lo señalado en el párrafo 2° del Título II y en el Título Final de esa ley, y considerando las excepciones que se señalan en los artículos siguientes de este título.
Artículo 47.- Se entenderá por período de campaña electoral aquél comprendido entre el día que venza el plazo para declarar candidaturas para elecciones primarias y el día de la elección primaria.
Artículo 48.- Los límites al gasto electoral que se aplicaran en el caso de las elecciones primarias, serán equivalentes al 25% de los valores señalados en el artículo 4 de la ley 19.884 según se trate de cada tipo de elección.
Artículo 49.- Para efectos de los límites a los aportes señalados en el párrafo 1° del Título II las elecciones primarias se considerarán parte de la elección definitiva.
TÍTULO IV
SANCIONES
Artículo 50.- Los actos en contravención a esta ley, se sancionarán de conformidad a lo señalado en el Título VII de la ley 18.700, en lo que fuera procedente.
Artículo 51.- Los partidos políticos que no den cumplimiento a lo establecido en esta ley o en sus estatutos, respecto de la realización de elecciones primarias, les serán aplicables las disposiciones contenidas en el Título VIII y IX de la ley 18.603, en lo que corresponda.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Artículo Primero Transitorio.- La presente ley entrará en vigencia a los tres meses de su publicación en el Diario Oficial.
Artículo Segundo Transitorio.- El gasto fiscal que irrogue la puesta en marcha de la presente iniciativa durante el primer año de su vigencia, se financiará con cargo a reasignaciones del presupuesto del Ministerio del Interior, y en lo que faltare, con cargo a la Partida Tesoro Público.”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; RODRIGO HINZPETER KIRBERG , Ministro del Interior y Seguridad Pública; FELIPE LARRAÍN BASCUÑÁN , Ministro de Hacienda ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia .”
3. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto poner urgencia para el despacho del siguiente proyecto de ley:
7652-15
Modifica ley N° 18.290, aumentando las sanciones por manejo en estado de ebriedad, bajo la influencia de sustancias estupefacientes o sicotrópicas, y bajo la influencia del alcohol.
Hago presente esta urgencia para todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en la H. Cámara de Diputados-, la que, para los efectos de los dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “discusión inmediata”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHEÑIQUE , Presidente ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia .”
4. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto poner urgencia para el despacho de los siguientes proyectos de ley:
7533-07
Proyecto de ley sobre indulto general.
7534-07
Proyecto de ley que modifica el régimen de libertad condicional y establece, en caso de multa, la pena alternativa de trabajos comunitarios.
7900-13
Declara como feriado irrenunciable el día 19 de septiembre de 2011.
Hago presente esta urgencia para todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en la H. Cámara de Diputados-, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHEÑIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia .”
5. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de mis facultades constitucionales, vengo en formular las siguientes indicaciones al proyecto de ley del rubro, a fin de que sean consideradas durante la discusión del mismo en el seno de esa H. Corporación:
1) Para reemplazar en el artículo 1° la expresión “el cumplimiento de la misma pena en libertad” por la frase “la sujeción a la vigilancia de la autoridad en los términos del artículo 5°”.
2) Para sustituir el artículo 5° por el siguiente:
“Artículo 5º.- Los condenados a los que se les hubiere conmutado la pena en conformidad a los artículos 1°, 3° y 4° quedarán sometidos a la sujeción a la vigilancia de la autoridad, consistente en fijar residencia en la oportunidad prevista en el artículo 9° de esta ley, y firmar una vez al mes por el lapso correspondiente al doble del tiempo que les reste para el cumplimiento de su condena, con un máximo de tres años siguientes a la concesión del indulto conmutativo, ante el Patronato de Reos más cercano a su domicilio o, en su defecto, ante el establecimiento de Gendarmería de Chile más cercano al domicilio que registre el condenado. El lugar en que se realizará este control y observación deberá ser precisado por el Jefe de Control Penitenciario de Gendarmería de Chile , en la oportunidad señalada en el artículo 9°.
El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar al cumplimiento efectivo del saldo de la pena conmutada.
En caso de ser condenados por crimen o simple delito dentro del período señalado en el inciso primero, deberán cumplir de manera efectiva el saldo de pena que se les hubiere conmutado, sin perjuicio de la aplicación de la pena que corresponda por el nuevo crimen o simple delito.
Para los efectos de esta ley, no será aplicable lo señalado en el artículo 45 del Código Penal.”.
3) Para intercalar el siguiente artículo 6°, pasando el actual artículo 6° a ser artículo 7°, ordenándose el resto correlativamente:
“Artículo 6°.- Concédese un indulto general, consistente en la conmutación del saldo de la o las penas privativas de libertad que le restan por cumplir, por la pena de extrañamiento especial en su país de origen, a los extranjeros que, a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, se encuentren privados de libertad en virtud de una condena por sentencia ejecutoriada y que satisfagan las siguientes condiciones copulativas:
a) Que no hayan contado, al momento de cometer el delito por el cual se encuentran cumpliendo condena privativa de libertad, con el permiso de permanencia definitiva a que se refiere el artículo 41 del Decreto Ley Nº 1.094.
b) Que tengan cumplida:
Un tercio de la pena, si se tratare de una pena privativa de libertad no superior a cinco años.
La mitad de la pena, si se tratare de una pena privativa de libertad superior a 5 años e igual o inferior a diez años.
Tres cuartas partes de la pena, si se tratare de una pena privativa de libertad superior a diez años.
c) Que suscriban un compromiso de no volver a ingresar al país en un período de 10 años contados desde su salida del territorio nacional.
El presente indulto no se aplicará a condenados a la pena de presidio perpetuo y presidio perpetuo calificado.
En caso que el condenado regresare al país dentro del plazo señalado en la letra c) precedente, deberá cumplir el saldo de la pena privativa de libertad que se le hubiere conmutado.”.
4) Para intercalar, en el actual artículo 7° que ha pasado a ser 8°, el siguiente inciso segundo nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser tercero:
“Salvo el caso contemplado en el artículo 6° de la presente ley, no procederán los indultos respecto de los condenados por crímenes o simples delitos tipificados en la ley N° 20.000, en la ley N° 19.366 y en la ley N° 18.403, que sancionan el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas.”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; RODRIGO HINZPETER KIRBERG , Ministro del Interior y Seguridad Pública; TEODORO RIBERA NEUMANN , Ministro de Justicia .”
6. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de mis facultades constitucionales, vengo en formular la siguiente indicación sustitutiva al proyecto de ley de la referencia, originado por mensaje presentado con fecha 6 de noviembre de 2009; a fin de que sea considerada durante la discusión del mismo en el seno de esa H. Corporación:
AL ARTÍCULO ÚNICO
-Para reemplazarlo, por el siguiente:
“Artículo Único.- Incorpórase en el Artículo 126 bis de la Constitución Política de la República, el siguiente inciso segundo, nuevo:
“Los derechos a residir, permanecer y trasladarse hacia y desde cualquier lugar de la República, garantizados en el numeral 7° del artículo 19, se ejercerán en dichos territorios en la forma que determinen las leyes especiales que regulen su ejercicio, las que deberán ser de quórum calificado.”.”.
Dios guarde a V.E,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; RODRIGO HINZPETER KIRBERG , Ministro del Interior y Seguridad Pública; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia .”
7. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de mis facultades constitucionales, vengo en formular las siguientes indicaciones al proyecto de ley del rubro, a fin de que sean consideradas durante la discusión del mismo en el seno de esa H. Corporación:
Al artículo 1°
1) Para modificarlo en el siguiente sentido:
a) Modifícase en el numeral 1. letra b), el número 26 bis) del artículo 2°, en el siguiente sentido:
i. Elimínase el inciso 2°.
ii. Sustitúyase el inciso 3° por el siguiente: “La destrucción, sustracción o revelación indebida de los datos recopilados por parte del observador científico constituirá infracción grave al principio de probidad o incumplimiento grave del convenio de administración, según corresponda.”
iii. Agrégase en el inciso 4°, que pasa a ser 2°, a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido la siguiente frase: “Tratándose de Tratados Internacionales Pesqueros de los cuales Chile sea parte, la información del área regulada por esos tratados que corresponda a Alta Mar se entregará de conformidad con las disposiciones del respectivo instrumento internacional.”.
b) Modifícase el numeral 2. en el sentido de sustituir en el inciso 1° del artículo 7° A la frase final por la siguiente “El programa deberá considerar a lo menos la información biológica pesquera recopilada por los observadores científicos designados por la Subsecretaría de Pesca de conformidad con el Párrafo 4° del Título VII”.
c) Interálase el siguiente numeral 5, nuevo, cambiando los demás sus numeración correlativa:
“5. Agrégase el siguiente Párrafo 4° al Título VII
“Párrafo 4°
De los observadores científicos
Artículo 103.- Los armadores de naves industriales y de embarcaciones artesanales que realicen actividades pesqueras extractivas, deberán aceptar a bordo y/o en los puntos de desembarque a los observadores científicos que designe la Subsecretaría para efectos de recopilar información biológico-pesquera.
Asimismo, el gerente o administrador de las plantas procesadoras deberá permitir el ingreso y dar las facilidades necesarias a los observadores científicos para el cumplimiento de su función.
Los observadores serán designados por la Subsecretaría, previa acreditación de los conocimientos y aptitudes para llevar a cabo las tareas de recopilación de datos, conforme los requisitos que establezca el reglamento.
Artículo 104.- El reglamento establecerá un procedimiento de coordinación de embarque, el que deberá contemplar un plazo mínimo de 10 días para informar de la designación de observadores científicos a los armadores respectivos.
La Autoridad Marítima no otorgará la autorización de zarpe a las naves o embarcaciones que, habiéndoles sido designado un observador, no esté incluido en la dotación a bordo, salvo en casos calificados conforme lo disponga el reglamento.
Los armadores deberán asegurarse que los capitanes o patrones de sus naves o embarcaciones brinden a los observadores una amplia cooperación, de manera que éstos puedan llevar a cabo las tareas de recopilación de datos. El cumplimiento de esta obligación incluye brindar las facilidades adecuadas de alojamiento y alimentación a los observadores.
Artículo 105.- La información proveniente de los datos recopilados por los observadores científicos será pública en los términos de la ley 20.285.
No obstante lo anterior, los datos desagregados recopilados por los observadores científicos, durante el plazo máximo de tres años a que se refiere el inciso 3° del artículo 7° A, tendrán el carácter de reservados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8° de la Constitución Política de la República.
La información recopilada por los observadores será administrada por la Subsecretaría y utilizada exclusivamente para fines científicos, de conservación y administración pesquera.
Artículo 106.- La Subsecretaría de Pesca podrá encomendar a una o más instituciones la administración del sistema de observadores científicos.
Para tales efectos, la Subsecretaría suscribirá un convenio de administración y operación por el cual encargará a una o más instituciones la administración del sistema de observadores científicos.
El convenio será aprobado por resolución y deberá suscribirse con personas jurídicas, públicas o privadas, las que deberán tener por objeto social o giro la investigación en el ámbito de las ciencias del mar y contar con experiencia en la recopilación y procesamiento de datos e información biológico-pesquera a bordo de naves y en plantas.
El reglamento establecerá los requisitos y obligaciones que deberá cumplir el administrador del sistema.”
d) Agrégase el siguiente numeral 10, nuevo:
“10. Agrégase el siguiente artículo 121 ter, nuevo:
“Artículo 121 ter.- El que obstaculice el ejercicio de las funciones del observador científico a bordo de las naves o en las plantas de proceso será sancionado con multa de 3 a 300 unidades tributarias mensuales.
En las mismas sanciones incurrirán los armadores pesqueros industriales y los gerentes o administradores de las plantas de proceso por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en los artículos precedentes o en el reglamento respectivo.”.”
Al artículo 2°
2) Para agregar el siguiente numeral 3):
3) Derógase el artículo 19.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; PABLO LONGUEIRA MONTES , Ministro de Economía , Fomento y Turismo; ANDRÉS ALLAMAND ZAVALA , Ministro de Defensa Nacional .”
8. Informe de la Comisión Investigadora sobre el seguimiento del proceso de reconstrucción nacional.
“Honorable Cámara:
La Comisión Especial Investigadora encargada del seguimiento del proceso de reconstrucción nacional, pasa a informar sobre la materia respectiva.
I. INTRODUCCIÓN
1.- Competencia de la Comisión, al tenor del acuerdo de la Cámara de Diputados que ordenó su creación
La Cámara de Diputados, en su sesión 14ª celebrada el 14 de abril de 2010, ante la petición formulada por sesenta señores diputados y señoras diputadas, de conformidad con lo preceptuado en la letra c) del número 1 del artículo 52 de la Constitución Política de la República, acordó la creación de una Comisión Especial Investigadora, en virtud de los antecedentes que se indican y fines que se señalan en el oficio N° 8647 que le da origen, y que se transcribe a continuación.
2.- Fundamentos
“Considerando:
1° Que el reciente terremoto y maremoto que afectó a varias regiones del Centro Sur del país ha puesto el tema de la reconstrucción en el centro de la agenda pública, algo totalmente justificado si consideramos la magnitud de la catástrofe, en términos de personas y bienes afectados.
2° Que la necesidad de comenzarla rápidamente es una prioridad nacional, pues mientras más se dilate, mayores serán los perjuicios para todo el país, que se sumarán a los ya existentes, agravando las cosas.
3º Que en una situación de emergencia pública, la utilización de medidas y procedimientos de excepción se justifica sin lugar a dudas. Sin embargo, tal justificación no puede significar que las autoridades públicas que recurran a ellos, queden exceptuadas de elegir las propuestas más convenientes para el Estado, en términos de precio, tiempo de ejecución y calidad. Más aún, es precisamente el momento en que tales factores deben resguardarse con el mayor ahínco posible, dadas las circunstancias de la decisión a adoptar, por cuanto lo que está en juego es una utilización eficiente y eficaz de fondos públicos que de por sí son escasos dada la magnitud de las carencias que ha dejado la catástrofe telúrica.
4° Que la dictación de zona de catástrofe de las regiones VI, VII y VIII, en concordancia con la legislación vigente, tal como sucede con la ley 19.886, artículo 8°, letra c) y su reglamento contenido en el Decreto Supremo N° 250, de Hacienda, del año 2004; la ley 16.282, Título I, cuyo texto refundido se encuentra en el Decreto Supremo N° 104, de Interior, del año 2003, faculta a los organismos del Estado, incluidas las municipalidades, a contratar y gastar los recursos destinados a la reconstrucción, sin recurrir al mecanismo de licitación pública, pudiendo hacerlo vía licitación privada, e incluso mediante trato directo.
5° Que a lo anterior debe agregarse la afectación de garantías constitucionales fundamentales que trae consigo la dictación del estado de excepción constitucional de catástrofe, según se desprende de lo dispuesto por la Constitución Política y la ley N° 18.415, Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción.
6° Que el gobierno y particularmente el Presidente Sebastián Pinera ha señalado que la reconstrucción tendrá un costo de 30.000 millones de dólares y que para estos efectos se creará un Fondo Para la Reconstrucción, cuyos recursos se obtendrán vía endeudamiento del Estado y gasto fiscal; es decir, este fondo estará constituido sólo por recursos públicos.
7° Que de lo anterior se desprende, en. consecuencia, que lo comprometido en la reconstrucción es el interés público, valor de deberá presidir todo el esfuerzo que la misma obligará a realizar, siendo el manejo de los recursos públicos en función de dicho valor, un aspecto fundamental a ser considerado, analizado y sujeto a supervisión constante, sobre todo si se toma en cuenta que existe la posibilidad legal de no seguir los procedimientos administrativos regulares que el Estado utiliza, en situaciones normales, para la contratación de los suministros y obras públicas que deberán encargarse.
8° Que, en consecuencia, la ciudadanía tiene todo el derecho a informarse y a conocer cómo, cuándo y con quién se van a gastar estos 30.000 millones de dólares, del Estado chileno; más aun cuando las autoridades de Gobierno nombradas por Piñera, ministros, subsecretarios e intendentes son o han sido altos ejecutivos, directores, accionistas o asesores financieros o jurídicos de grandes empresas. Es más, todos están relacionados en una intrincada y compleja red de contactos con los grupos económicos más grandes del país.
9° Que ha quedado en evidencia, de lo expuestas que están las altas autoridades del Gobierno, a un serio conflicto de intereses.
Teniendo presente las consideraciones expuestas precedentemente, los(as) diputados(as) firmantes, en conformidad a lo establecido en el Reglamento de la Corporación, vienen en solicitar que se recabe el acuerdo de la sala para constituir una Comisión Especial Investigadora que realice el seguimiento del proceso de reconstrucción nacional”.
3.- Plazo
El plazo otorgado en el mandato fue de 90 días, desde su constitución el 3 de agosto de 2010; a su vencimiento, el 22 de noviembre, fue prorrogado por 60 días, hasta el 2 de marzo de 2011, el que a su término, fue prorrogado por 90 días más, hasta el 18 de junio del año en curso, el que a su vez, y en consideración a las diligencias pendientes, fue prorrogado hasta el 30 de julio, y, finalmente, hasta el 5 de septiembre con el único propósito de votar las conclusiones.
Asimismo, se hace presente, que la Comisión emitió un informe preliminar, con fecha 8 de marzo, con la información recopilada y las diligencias pendientes.
4.- Integración
La Comisión, en su constitución se integró por los siguientes señores y señora diputados y Diputada : Eduardo Cerda García ; Rodrigo González Torres ; Romilio Gutiérrez Pino ; Patricio Hales Dib ; Celso Morales Muñoz ; Clemira Pacheco Rivas ; José Pérez Arriagada ; Jorge Sabag Villalobos ; Alejandro Santana Tirachini ; Frank Sauerbaum Muñoz ; Jorge Ulloa Aguilón , Ignacio Urrutia Bonilla Y Enrique Van Rysselberghe Herrera .
Fue elegido Presidente , el Diputado señor Celso Morales Muñoz .
Posteriormente, se produjeron los siguientes reemplazos: del Diputado señor Eduardo Cerda García , por el Diputado señor Juan Carlos Latorre Carmona ; del Diputado señor Rodrigo González Torres, por el Diputado señor Cristian Campos Jara ; y del Diputado señor Ignacio Urrutia Bonilla , Por El Diputado Señor Pedro Álvarez Salamanca Ramírez .
5.- Trabajo desarrollado
a) Sesiones efectuadas: 35 sesiones ordinarias.
b).- Personas invitadas
-En las sesiones 2ª y 17ª, asistió el señor Cristóbal Lira Ibáñez , Director Ejecutivo del Comité de Emergencia del Ministerio del Interior , quien en la sesión 17ª asiste en su calidad de Ex Director Ejecutivo del Comité de Emergencia .
-En las sesiones 3ª, 7ª, 11ª, asistió la Ministra de Vivienda y Urbanismo, señora Magdalena Matte Lecaros .
-En la sesión 4ª, asistió el Coordinador Nacional del Programa de Reconstrucción, señor Pablo Ivelic Zulueta ; y el Secretario Ejecutivo del Programa de Recuperación de Barrios , señor Francisco Irarrázaval Mena .
-En la sesión 5ª, asistió el Director de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas, señor Carlos Bruning Lalut .
-En la sesión 6ª, asistió el Ministro de Obras Públicas , señor Hernán de Solminihac Tampier ; el Director de Vialidad , señor Mario Fernández Rodríguez ; y la Directora de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas, señora Vivian Villagrán Acuña .
-En la sesión 8ª, asistió el Intendente de la Región del Maule , señor Rodrigo Galilea Vial .
-En la sesión 12ª, asistió la Subsecretaria de Obras Públicas, señora Loreto Silva Rojas ; y el Jefe de Proyecto de Demolición Terremoto 2010, señor Ricardo Faúndez Ahumada .
-En la sesión 13ª, celebrada el 30 de noviembre de 2010, asistió el Subsecretario del Interior , señor Rodrigo Ubilla Mackenney .
-En la sesión 14ª, celebrada el 6 de diciembre de 2010, asistió el Subsecretario de desarrollo regional y administrativo, señor Miguel Flores Vargas .
-En la sesión 15ª, celebrada el 21 de diciembre de 2010, asistió el Jefe de Asesores de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Jefe del Equipo de Reconstrucción , señor Jaime Torrealba Cubillos ; y el Abogado Asesor de la División Jurídica de la Subsecretaría de Desarrollo Regional , señor Álvaro Villanueva Rojas .
-En la sesión 16ª, celebrada el 4 de enero de 2011, asistieron los Alcaldes de Talcahuano, Tomé y Maule, señores Gastón Saavedra Chandía ; Eduardo Aguilera Aguilera ; e Iván Riveros Silva , respectivamente.
-En la sesión 17ª, celebrada el 11 de enero de 2011, asistió, junto al Ex Director de la Oficina Nacional de Emergencia , el Director de la Oficina Nacional de Emergencia , señor Vicente Núñez Pinochet .
-En la sesión 18ª, celebrada el 18 de diciembre de 2011, asistió el Contralor General de la República, señor Ramiro Mendoza Zúñiga ; quien se acompañó de la Contralora Regional de Valparaíso y Representante del Contralor ante el Congreso, señora Alexandra Guaita Andreani ; la Subjefa de la Subdivisión de Infraestructura y Regulación, señora María Isabel Carril Caballero ; la Subjefa de la División de Auditoría Administrativa , señora Dorothy Pérez Gutiérrez ; la Subjefa de la División de Municipalidades , señora Priscila Jara Fuentes ; y la Abogado de la Contraloría Regional de Valparaíso , señora Fanny Campos Espinoza .
-En la sesión 20ª, celebrada el 8 de marzo de 2011, asistió el Subsecretario de Salud , Dr. Jorge Díaz Anaíz ; quien se acompañó de la Jefa de Gabinete del Subsecretario de Salud, señorita Itziar Linazasoro Huerta ; el Médico Psiquiatra y Académico de la Universidad de Concepción, Dr. Mario Valdivia Peralta , y el Médico, señor Carlos Haquin Friedmann .
-En la sesión 26ª, celebrada el 15 de mayo de 2011, asistió el señor Felipe Kast Sommerhoff ; Ministro de Planificación ; quien se acompañó del señor Pedro Pubill Figueroa , Secretario Ejecutivo de Protección Social ; el señor Max Franco Palma , Encargado de la Ficha de Protección Social del MIDEPLÁN, y el señor Francisco Moreno Guzmán , Jefe de Gabinete del Ministro de Planificación .
-En la sesión 27ª, celebrada el 17 de mayo de 2011, asistió la señora Nancy Whittle Finch , Jefa (S) de la División de Planificación, de Estudio e Inversiones del Ministerio de Planificación, quien se acompañó del señor Sergio Montenegro Tagle , Asesor de la División de Inversiones del Ministerio de Planificación.
-En la sesión 28ª, celebrada el 31 de mayo de 2011, asistió el señor Rodrigo Ubilla Mackenney , en su calidad de Ministro del Interior (S), quien se acompañó del señor John Barra Inostroza , Jefe de la División de Administración y Finanzas, el señor Víctor Hugo Merino Rojas , Jefe de la División Jurídica del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y el señor Ricardo Alt Hayal , Jefe de Prensa de la Subsecretaría del Interior .
-En la sesión 29ª, celebrada el 7 de junio de 2011, asistieron, en representación de los residentes de los edificios colapsados de Concepción: por la Comunidad Edificio Alto Río la señora Mónica Molina Ravanal y el señor Enrique Hernández , Abogado de la Comunidad ; en representación de la Comunidad Edificio Plaza del Río, el señor Guillermo Ruz Moncada y el señor Ricardo Rozas Pacheco ; en representación de la Comunidad Centro Mayor, la señora Alejandra Catalán Rojas , y en representación de la Comunidad Edificio Alto Arauco II, el señor Sven Harms Alarcón .
-En la sesión 30ª, celebrada el 14 de junio de 2011, asistieron las siguientes pernonas:
1).- El señor Hernán de Solminihac Tampier , Ministro de Obras Públicas , quien se acompañó del Director de Vialidad , señor Mario Fernández Rodríguez , del Fiscal del MOP, señor Alfonso Ugarte Pérez de Arce y de los Asesores, señores Carlos Feres Rebolledo , Andrés Ugarte Navarrete , Maximiliano Wild Kosterlitz y Emil Namur Yunis .
2).- El General de División Antonio Cordero Kehr, Comandante de Apoyo a la Fuerza del Ejército; quien se acompañó del General de Brigada Waldo Martínez Cáceres, Auditor General del Ejército, y del Coronel Luis Rojas Macchiavello, Comandante de Ingenieros del Ejército.
3).- El señor Rodrigo Pérez Mackenna , Ministro de Vivienda y Urbanismo , quien se acompañó de los Coordinadores Nacionales de Reconstrucción, señores Pablo Ivelic Zulueta y Pablo Allard Serrano , y el señor Juan Ignacio Correa Rodríguez , Asesor Jurídico del Ministro de Vivienda .
c).- Documentos recibidos
ANEXO 1: Documentos constitutivos de la Comisión
ANEXO 2-A: Informe Comité de Emergencia-C. Lira (10.08.2010).
ANEXO 2-B: Viviendas de Emergencia-C. Lira (10.08.10).pdf
ANEXO 2-C: pp. “Cristóbal LIRA-10 agosto 2010”.
ANEXO 3: Exposición de la Ministra de Vivienda , señora Magdalena Matte Lecaros : “PLAN DE RECONSTRUCCIÓN NACIONAL. Chile Unido reconstruye mejor”. (pdf), 17 agosto 2010
ANEXO 4: - Antecedentes de la vivienda de Adriana Cortés Larenas , de la comuna de Los Ángeles. Diputado José Pérez A.
ANEXO 5: Exposición del Coordinador Nacional del Programa de Reconstrucción, señor Pablo Ivelic Zulueta : “Plan de Reconstrucción. MINVU- Agosto 2010”.
ANEXO 6: Presentación del Director de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas, señor Carlos Brunin Lalut .
ANEXO 7-A: Presentación del Ministro de Obras Públicas , señor Hernán de Solminihac Tampier: “Recuperación de la Infraestructura Pública- Ministerio de Obras Públicas- 28 de septiembre de 2010”.
ANEXO 7-B: Exposición del Ministro Obras Públicas , señor Hernán de Solminihac Tampier: “Situación de las Obras de Reconstrucción de la Dirección de Vialidad- MOP- 28 de septiembre de 2010”.
ANEXO 8: Presentación del Intendente de la Región del Maule , señor Rodrigo Galilea Vial: “Compendio Emergencia Terremoto-Tsunami; 27 de febrero de 2010- Octubre de 2010”.
ANEXO 9-A: Exposición de la Ministra de Vivienda , señora Magdalena Matte Lecaros : “Plan de Reconstrucción Nacional. Chile Unido construye mejor. Octubre de 2010 - Gestión de Reconstrucción Urbana”.
ANEXO 9-B: Exposición de la Ministra de Vivienda , señora Magdalena Matte Lecaros : “Plan de Reconstrucción Nacional. Chile Unido Reconstruye Mejor. Sistema de Validación de Postulaciones. Septiembre 2010”.
ANEXO 9-C: Exposición de la Ministra de Vivienda , señora Magdalena Matte Lecaros : “Plan de Reconstrucción Nacional. Chile Unido Reconstruye Mejor. Avance en la Asignación de Subsidios. Octubre 2010”.
ANEXO 10: Presentación de la Subsecretaria de Obras Públicas, señora Loreto Silva Rojas: “Informe de Avance Proceso de Demolición de Edificios Públicos y Privados. Loreto Silva Rojas . Noviembre de 2010”.
ANEXO 11: Presentación del Subsecretario del Interior , señor Rodrigo Ubilla Mackenney : “Comisión Investigadora sobre seguimiento del Proceso de Reconstrucción Nacional”. Rodrigo Ubilla Mackenney . 30 de noviembre de 2010”.
ANEXO 12-A: Presentación del Jefe de Asesores de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Jefe del Equipo de Reconstrucción , señor Jaime Torrealba Cubillos : “Gobierno de Chile. Ministerio del Interior. SUBDERE. 6 de diciembre de 2010”.
ANEXO 12-B: Presentación del Abogado Asesor de la División Jurídica de la Subsecretaría de Desarrollo Regional , señor Álvaro Villanueva Rojas.: “Gobierno de Chile. Ministerio del Interior. SUBDERE. 6 de diciembre de 2010”.
ANEXO 13-A: Exposición del Alcalde de la Comuna de Talcahuano , señor Gastón Saavedra Chandía : “Situación Post Terremoto. 27 F-2010, Municipalidad de Talcahuano”.
ANEXO 13-B: Exposición del Alcalde de Tomé , señor Eduardo Aguilera Aguilera : “Informe Reconstrucción 2010. Municipalidad de Tomé. Creciendo junto a usted”.
ANEXO 13-C: Exposición del Alcalde del Maule , señor Iván Riveros Silva : “Asociación de Municipalidades Región del Maule. Antecedentes en materia de reconstrucción y mediaguas”.
ANEXO 14: Exposición del ex Secretario Ejecutivo del Comité de Emergencia , señor Cristóbal Lira Ibáñez : “Ministerio del Interior. Gobierno de Chile. Cristóbal Lira . 11 de enero 2011”.
ANEXO 15-A: Exposición del Contralor General de la República, señor Ramiro Mendoza Zúñiga : “Contraloría General de la República y el 27 F. Presentación del Contralor General ante la Cámara de Diputados”.
ANEXO 15-B: “Informe Final Oficina Nacional de Emergencia. Informe Nº 150/10 de fecha 15 de diciembre de 2010”.
ANEXO 15-C: - Normas publicadas, Resoluciones dictadas a propósito del terremoto y maremoto del 27 de febrero de 22010. Incluye Anexo sobre Programa de Expropiaciones. A diciembre de 2010. Trabajo elaborado por la BCN.
ANEXO 16: Documento preparados por Alicia Gariazzo : “Antecedentes de la Reconstrucción”; “Cambios y Reconstrucción”; “Financiamiento de la Reconstrucción” y “Medidas para paliar los efectos del terremoto”.
ANEXO 17: OTROS:
-Presupuesto e Inversión en Vivienda, Barrio y Ciudad. Octubre 2010. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Exposición de Pablo Ivelic en Comisión Mixta de Presupuesto.
-Re-Construyendo País. Programa de Reconstrucción de Vivienda. Avance en Entrega de Subsidios. Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
-Recortes de prensa.
ANEXO 18:
1.- Carta Caleta Gente de Mar, Cerro Verde Bajo, Campamento Coihueco , Playa Negra.
2.- Minuta Campamento Coihueco.
3.- Situación Campamento Coihueco, Comuna de Penco.
4.- Minuta Sector Cerro Verde Bajo.
5.- Minuta Caleta Gente de Mar.
6.- Minuta Playa Negra.
7.- Carta y Minuta Junta de Vecinos Nº 2, “Lautaro”, Penco Centro.
8.- Presentación en ppoint de Junta de Vecinos Nº 2, “Lautaro”, Penco Centro.
9.- Campamento ?El Esfuerzo?, Dichato .
10.- Campamento Nuevo Amanecer, Dichato .
11.- Aldea El Molino, Dichato .
12.- Movimiento Ciudadano, Asamblea de Dichato.
13.- Caleta Cocholhue, Comuna de Tomé.
14.- Localidad de Coliumo, Comuna de Tomé.
15.- Comité de Adelanto y Reconstrucción, Población El Colo.
16.- Aldea 1, Población La Colonia, Comuna de Coronel.
17.- Población Camilo Olavarría , Comuna de Coronel.
18.- Población Camilo Olavarría , Sector Cristo Redentor, Coronel. Sergio Jerez Olivares .
19.- Junta de Vecinos Población Nuevo Horizonte, Coronel. Víctor Parra .
20.- Población Mártires del Carbón.
ANEXO 19:
1.- Publicación: “Lota: 27 de Febrero, la noche más larga”
2.- Carta la Representante de Villa El Negro, de Lota
3.- Carta de la Representante de Villa Las Estrellas, de Lota.
4.- Carta de los Representantes de los campamentos de damnificados de Arauco y Lota.
5.- Carta de los Representantes de la Aldea 12 de Abril, de Arauco.
6.- Carta de los Dirigentes de la Aldea La Quintrala, de Inés de Suárez, Curanilahue.
7.- Carta de la Coordinadora de Pobladores Sin Techo de la Provincia de Arauco.
8.- Carta de los Dirigentes de Aldeas de Lebu, sector Santa Fe .
9.- Carta de la Junta de Vecinos de Llico.
10.- Carta de Pedro Sáez Cárcamo .
11.- Carta del Comité de Damnificados “Vivienda y Dignidad”.
12.- Carta a la Ministra de Vivienda y Urbanismo, del Comité de Damnificados Esperanza de Llico.
13.- Certificados de inhabitabilidad.
ANEXO 20:
- Informe de la Contraloría General de la República, denominado “Informe Final sobre Donaciones recibidas por el Gobierno de Chile, producto de la catástrofe ocurrida el 27 de febrero de 2010”.
ANEXO 21:
- Informe de la Contraloría General de la República, denominado “ Informe Final Subsecretaría del Interior” de fecha 1 de marzo de 2011. Nº Informe: 141/2010.
ANEXO 22:
1.a) Folleto explicativo de la Junta Vecinal Nº 21 “Nueva Las Salinas”.
1.b) Carta de la Junta Vecinal Nº 21, Nueva Las Salinas a los integrantes de la Comisión.
1.c) Documento con antecedentes de Nueva Las Salinas.
2.a) Exposición al Congreso el día 3 de mayo de 2011 de Gonzalo Venegas Muñoz , Presidente de la Junta de Vecinos Nº 20, de Santa Clara de Talcahuano , en representación de los damnificados “residentes”.
2.b) Aldea Renacer Santa Clara . Presentación en power point.
2.c) Santa Clara y sus problemáticas.
2.d) Barrio Emergencia Lomas de Santa Clara.
3.) Campamento Caleta El Morro .
4) Fotos de la Aldea Santa Julia de Talcahuano. Presidente de la Junta de Vecinos, señor Nelson Arroyo Cid.
ANEXO 23:
1. Informe Hidráulico Conceptual de Obras de Mitigación Crecidas y Tsunamis del Río Maule en Constitución.
2. Carta a la Ministra de Vivienda y Urbanismo.
3. Carta abierta de las y los propietarios del Borde Río de la ciudad de Constitución por la no expropiación.
4. Argumentos Constitucionales y lógicos de por qué podemos exigir un proyecto de protección del Borde Río antes de una expropiación-construcción parque de mitigación.
5. Referencia de precios de los terrenos en Constitución, luego del 27 F 2010.
6. Mapa de expropiación.
ANEXO 24-A:
-Documento: “Comité de Expertos. Ficha de Protección Social, octubre de 2010”.
ANEXO 24-B:
-Documento: Modelo de cálculo de la Ficha de Protección Social (FPS).
ANEXO 25-A:
- Presentación del Ministro del Interior (S): Donaciones recibidas Ministerio del Interior. Terremoto 27 de febrero de 2010.
ANEXO 25-B:
-Antecedentes de Donaciones condicionadas y Donaciones no condicionadas.
ANEXO 26: documentos entregados por representantes de las comunidades de edificios colapsados por el terremoto de febrero de 2010:
-Antecedentes generales y situación actual de ex residentes del Edificio Alto Río de Concepción.
-Resumen de las acciones efectuadas en año 2010, por la Comunidad Organizada del Edificio Alto Río de Concepción.
-Estadísticas de caso Edificio Alto Río de Concepción.
-Antecedentes de la Comunidad Edificio Plaza del Río, de Concepción.
-Presentación de representantes de Edificios Colapsados de Concepción: Alto Río, Alto Arauco II , Centro Mayor y Plaza del Río.
-ANEXO 27-A: Presentación del Ministro de Obras Públicas : “Reconstrucción MOP. Status Junio 2011”.
-ANEXO 27-B: Presentación del Ministro de la Vivienda y Urbanismo: “Plan de Reconstrucción MINVU. Junio de 2011. Cámara de Diputados”.
-ANEXO 28: Proposición de conclusiones hechas llegar, el día 30 de agosto de 2011, por la Diputada señora Clemira Pacheco Rivas .
d) Audiencia Pública.-
La Comisión recibió a representantes de las aldeas y zonas costeras que resultaron más damnificadas de las regiones del Maule y del Biobío, como asimismo, a residentes de los edificios siniestrados emblemáticos de la ciudad de Concepción, cuyos testimonios se indican más adelante.
II. ANTECEDENTES GENERALES
Previo a la presentación de los antecedentes acumulados en relación con los hechos que originan esta investigación, esta Secretaría presenta algunos datos que pueden servir de información general, tales como, un resumen de las primeras leyes aprobadas por el Congreso Nacional con ocasión del terremoto y maremoto ocurridos el 27 de febrero de 2010, y que tratan de la reconstrucción del país y facilidades para las zonas afectadas, como asimismo, los tiempos que demora el proceso de inversión pública.
Igualmente, se acompaña un cuadro con la normativa dictada por el Ejecutivo , que contiene tanto las normas no publicadas como las resoluciones y circulares, además del programa de expropiaciones.
a).- Leyes aprobadas
Ley N° 20.444, de 28 de mayo de 2010
Fondo de Reconstrucción
Creó el Fondo Nacional de la Reconstrucción, destinado a reparar, construir, rehabilitar o restaurar infraestructura en sectores azotados por terremotos y otros desastres naturales. Lo forman aportes provenientes de herencias, donaciones y cooperación internacional.
Financiamiento de la reconstrucción
Para ayudar a financiar las labores de reconstrucción, se modificaron diversas leyes para aumentar ciertos impuestos. Algunas fuentes de financiamiento son:
-Aumento en el pago de contribuciones por bienes raíces, en especial aquellos con avalúo fiscal igual o superior a $96 millones:
Se cobrará una sobretasa adicional de 0,275% anual en el Impuesto Territorial por los bienes raíces con avalúo fiscal igual o superior a $96 millones durante 2011 y 2012. Sin embargo, esta sobretasa no se cobrará a las personas en edad de jubilar, siempre que cumplan con las siguientes condiciones:
Que sean propietarios del bien raíz por a los menos tres años.
Que hayan obtenido ingresos en el año anterior al año en que se aplique la sobretasa, pero que no superen las 50 UTM (cerca de $1.860.000).
Que no sean propietarios de más de un inmueble que califique para la sobretasa. Si lo son, será la propiedad de menor valor la que esté exenta del pago.
Que el avalúo fiscal de la propiedad no supere, al 1 de julio de 2010, la suma de $192 millones.
En el caso de inmuebles no agrícolas que, como resultado del reavalúo que comenzó a regir el 1 de enero de 2010, hayan tenido en el primer semestre de 2010 un aumento de las contribuciones superior a un 25% respecto del semestre anterior, se les aplicará un aumento gradual en el pago de sus contribuciones que puede ser de hasta 10% semestral. De esta forma, para el segundo semestre de 2012 se les cobrará un nuevo monto de impuesto según su avalúo.
-Cancelación de algunos beneficios tributarios por viviendas DFL-2.
Los beneficios tributarios de las viviendas económicas DFL-2 serán sólo para personas naturales (no para personas jurídicas como empresas o corporaciones, a menos que tengan carácter benéfico) y tendrán un límite de dos viviendas, a menos que alguna de ellas haya sido adquirida por herencia de una persona fallecida.
-Aumento del impuesto a los cigarrillos.
Se aumenta la tasa del impuesto ad valorem a 62,3% y se impone un tributo específico de aproximadamente $50 a cada cajetilla de 20 cigarrillos (0,0000675 unidades tributarias mensuales por cada cigarrillo).
-Los depósitos convenidos en AFP superiores a 900 UF pagarán impuestos.
El monto que cada trabajador tenga en su AFP por concepto de depósitos convenidos que supere las 900 UF estará sujeto al pago del Impuesto Único de Segunda Categoría (impuesto a las rentas del trabajo dependiente o independiente) o el Impuesto Global Complementario, según corresponda.
-Aumenta la tasa del impuesto a las utilidades para las rentas obtenidas en 2011 y 2012. (Ley N° 20.455)
Se elevará la tasa de Impuesto a la Renta de Primera Categoría (impuesto sobre las utilidades) de la siguiente manera:
De 17% a 20%, para las rentas percibidas o devengadas durante 2011.
A 18,5% durante 2012, para luego bajar a 17% en el año 2013.
-Incentivos tributarios a donaciones para reconstrucción
Se establecieron rebajas tributarias para los contribuyentes que hagan donaciones en dinero para el Fondo de Reconstrucción. En términos generales, se permite que ciertos contribuyentes descuenten el monto donado de su renta líquida imponible (o lo registren como gasto), para así pagar menos impuesto a la renta, como empresa o como persona natural. Las empresas pueden donar dinero o bienes, mientras que los trabajadores dependientes e independientes y las personas domiciliadas en el extranjero, sólo pueden donar dinero. Alternativamente, los herederos del donante podrán descontar parte de la donación del impuesto a la herencia que les corresponda pagar. (Ley N° 20.444).
-Facilidades en pago de cotizaciones previsionales
Los empleadores que adeuden cotizaciones previsionales a sus trabajadores podrán celebrar convenios de pagos con las instituciones de seguridad social que correspondan, respecto de las cotizaciones declaradas y no pagadas por remuneraciones devengadas entre enero de 2009 y mayo de 2010, y los intereses generados. La solicitud debe ser presentaba hasta el 3 de noviembre de 2010.
El empleador podrá pagar la deuda hasta en 18 cuotas mensuales, pero si se trata de empleadores cuyo domicilio pertenezca a las regiones del Libertador General Bernardo O'Higgins, del Maule y del Biobío, que hayan sufrido las consecuencias del sismo, podrán pagar la deuda hasta en 24 cuotas mensuales. (Ley N° 20.446)
-Gratuidad del trámite de posesión de pequeños bienes raíces
Los damnificados de las regiones V, VI, VII, VIII, IX y Metropolitana podrán hacer gratis el trámite de regularización de posesión de la pequeña propiedad raíz, y así agilizar la postulación a subsidios de reparación y reconstrucción. (Ley N° 20.455)
-Flexibilización de los requisitos para acceder a los fondos del Seguro de Cesantía
A los trabajadores de las regiones Valparaíso , Libertador Bernardo O’Higgins, del Maule, del Biobío, de la Araucanía y Metropolitana, que hayan perdido su trabajo entre el 1 de febrero y 31 de julio de 2010, se les exige tener ocho cotizaciones, no doce, continuas o discontinuas, para acceder al Fondo de Cesantía Solidario. Respecto al acceso a la cuenta individual de cesantía también se rebaja el requisito de acceso de 12 a 8 cotizaciones para trabajadores con contrato a plazo indefinido. Además, los trabajadores de las mencionadas regiones que hayan recibido su último giro entre enero y julio de 2010, se les otorgarán dos pagos adicionales. (Ley N° 20.440)
-Se extiende el plazo para la cuenta pública de algunas municipalidades
Los alcaldes de las comunas declaradas zona de catástrofe por el terremoto, tendrán hasta el 31 de agosto de 2010 para hacer su cuenta pública ante el Concejo. (Ley N° 20.439)
-Rebaja del Impuesto de Timbres y Estampillas
El impuesto de Timbres y Estampillas se rebaja permanentemente de 1,2% a 0,6%.
-Exención de pago de impuestos para PYMES
Las pymes quedarán exentas del pago del Impuesto de Primera Categoría cuando reinviertan sus utilidades y hasta por un monto de 1.440 UTM al año (aproximadamente $ 53.400.000). Para ello, deberán voluntariamente acogerse a este beneficio al momento de iniciar actividades y sus ingresos totales al año no deben superar las 28.000 UTM (cerca de $ 1.038.000.000), entre otros requisitos.
Las siguientes son normas también dictadas con motivo del terremoto de 2010, pero con una vigencia limitada en el tiempo.
-Se extendieron plazos para actuaciones judiciales y declaraciones de muerte presunta
En varios juzgados (de las regiones del Maule y del Biobío; las comunas de San Antonio, Rancagua , Peralillo y algunas de la Región Metropolitana) se extendió hasta el 23 de mayo de 2010 el plazo para realizar las acciones y diligencias judiciales que se encontraban pendientes al 27 de febrero. Además, se estableció que desde el 27 de mayo de 2010, cualquier persona interesada puede pedir a los Tribunales de Justicia una declaración de muerte presunta de las personas desaparecidas el 27 de febrero en las regiones de Valparaíso, Libertador Bernardo O’Higgins, del Maule y del Bíobío. (Ley N° 20.436)
-Permiso de reconstrucción
Se autorizó que, hasta el 30 de julio de 2010, el empleador y sus trabajadores pudieran acordar un permiso para suspender temporalmente tanto la obligación de prestar servicios por parte del trabajador, como la obligación del empleador de pagar las remuneraciones. Durante la vigencia del permiso los trabajadores tienen derecho a los beneficios del Seguro de Cesantía.
Para esto, la empresa debe estar localizada en las regiones del Libertador Bernardo O'Higgins, del Maule o del Bíobío, y no haber podido otorgar el trabajo convenido, o si pudiendo otorgarlo, la actividad o faena respectiva presentaba serios riesgos para la salud y seguridad de los trabajadores. (Ley N° 20.440)
b).- Normas no Publicadas, Resoluciones y Circulares dictadas a propósito del terremoto y maremoto de 27 de febrero de 2010. Incluye anexo sobre Programa de Expropiaciones, a diciembre 2010.
Normas no Publicadas
Tipo/
Número
Fecha de
Publicación
Ministerio
Título de la Norma
1
Decreto 338
No publicado
Hacienda
Reasigna fondos del presupuesto del sector público año 2010 para la reconstrucción.
2
Minuta sobre Dto 338
No publicado
Hacienda
Constitución de provisión para sismos o catástrofes en el Tesoro Público.
Monto Involucrado: La provisión creada por el decreto supremo 338 alcanza un monto de $ 376.951 millones.
3
Oficio Circular N° 13
No
publicado
Hacienda
Instrucciones para arrendamiento de inmuebles en zona de catástrofe.
4
Circular 23
No Publicada
Vivienda
Contenidos mínimos del Certificado de Inhabitabilidad y Certificado de Daños para postulación a llamados especiales del Programa FSV, Sistema de Subsidio Habitacional y PPPF.
5
Circular 27
No Publicada
Vivienda
Aclara situación de comunidad propietaria de inmueble afectado por terremoto del 27 de febrero de 2010.
6
Circular 0178
No Publicada
Vivienda
Aplicación de artículos 148 y 156 de la LGUC, referidos a la facultad de demolición de las municipalidades.
7
Circular 28
No Publicada
Interior
Implementación Programa “Viviendas de Emergencia”
Resumen: El objetivo principal del programa es acelerar la producción de éstas de modo de satisfacer oportunamente la entrega a las familias necesitadas.
Monto Involucrado: El precio base que pagará el ministerio del Interior por cada una será de $ 440.000 + IVA, más $ 25.000 + IVA por concepto de flete dentro de la región.
Resoluciones
Tipo/
Número
Fecha de Publicación
Ministerio
Título de la Norma
1
Resolución 817 exenta
09-mar-2010
Contraloría General de la República
Autoriza que se cumplan antes de su toma de razón los decretos y resoluciones que indica.
Resumen: Autorízase que los decretos y resoluciones que dispongan medidas que tiendan a evitar o a reparar los daños a la colectividad o al Estado, originados en el terremoto y calamidad pública referida en la parte considerativa, en las Regiones de Valparaíso, del Libertador General Bernardo O’Higgins, del Maule, del Biobío, de la Araucanía y Metropolitana, se cumplan antes de su toma de razón.
2
Resolución 1482 exenta
11-mar-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Modifica resolución N° 214 exenta, de 2010, que llama a postulación nacional del programa de protección del patrimonio familiar, en su modalidad regulada por el capítulo II de la atención de viviendas sociales, para el mes de febrero de 2010; dispone asignación de recursos por títulos en cada región y aprueba nóminas de postulantes seleccionados para el título I, título II y título III.
3
Resolución 1483 exenta
11-mar-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Modifica resolución N° 217 exenta, de 2010, que llama a postulación nacional del programa de protección del patrimonio familiar para el mes de febrero de 2010; dispone asignación de recursos por títulos en cada región y aprueba nóminas de postulantes seleccionados para el título I, título II y título III.
4
Resolución 1362 exenta
12-mar-2010
Transporte y
^@#@^Telecomunicaciones
Deja sin efecto los requerimientos que indica.
Resumen: Déjense sin efecto, de oficio, las instrucciones dadas por esta Subsecretaría de Estado, a concesionarios y postulantes a la asignación u otorgamiento de concesiones, impartidas en el marco de los procedimientos administrativos de otorgamiento y modificación de concesiones del servicio de radiodifusión sonora en las Regiones Valparaíso, Libertador Bernardo O’Higgins, el Maule, del Biobío, Araucanía y Región Metropolitana comprendidas en el decreto supremo N° 150 decreto supremo N° 150 señalado en el literal f) de los Vistos, y que fueron expedidas y/o notificadas a partir de los treinta días hábiles anteriores al día 27 de febrero de 2010.
5
Resolución 716 exenta
15-mar-2010
^@#@^Justicia
Aprueba procedimiento de atención en oficinas del servicio de registro civil e identificación, de zonas declaradas en estado de catástrofe.
Resumen: El Director Regional respectivo podrá nombrar mediante resolución exenta, un Oficial Civil Adjunto con competencia en una o más circunscripciones de la región, de aquellas Oficinas que no se encuentren funcionando o lo estén haciendo parcialmente, quien podrá constituirse en cualquier lugar de las circunscripciones de su competencia, para practicar los nacimientos y defunciones acaecidas en dicho territorio, entre otras.
6
Resolución 55 exenta
01-abr-2010
Transporte y
^@#@^Telecomunicaciones
Prohíbe la circulación de vehículos de cuatro o más ruedas en vías de la comuna de Concepción en las condiciones que indica.
Resumen: Esta restricción regirá desde el día 01 de abril de 2010 hasta el 31 de octubre del mismo año, de lunes a viernes, excepto los días festivos, entre las 07:30 y las 20:00 horas, en toda la extensión del Puente Llacolén sobre el río Biobío y en el perímetro de esta comuna.
7
Resolución 187
09-abr-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Establece exigencias extraordinarias a que deberán ajustarse la demolición, reconstrucción y reparación de construcciones, en las zonas afectadas por la catástrofe derivada del terremoto y maremoto del 27 de febrero de 2010.
8
Resolución 2185 exenta
12-abr-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Llama a postulación al primer llamado extraordinario 2010 del sistema de subsidio habitacional regulado por el d.s. N°40, de 2004, en su clase regulada por el título i, subsidio general, destinado a la atención de los damnificados de las regiones que indica, en las condiciones que señala. Fija el monto de recursos que se destinaran para el subsidio directo y su forma de distribución regional.
Monto Involucrado: 2.625.000 UF para todas las comunas afectadas por el terremoto, salvo Juan Fernández .
9
Resolución 2186 exenta
12-abr-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Llama a concurso en condiciones especiales para proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero para las regiones que indica (Valparaíso, del Libertador Bernardo O'Higgins, del Maule, del Biobío, de la Araucanía y Metropolitana).
Monto Involucrado: Máximo de 95 UF.
10
Resolución 2187 exenta
12-abr-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Llama a postulación extraordinaria para el desarrollo de proyectos del programa de protección del patrimonio familiar en su título ii, mejoramiento de la vivienda; regulado por el d.s. N°255 (v. y u.), de 2006, destinado a la atención de los damnificados de las regiones de Valparaíso, Metropolitana, de O’Higgins, del Maule, del Bio Bio, y de la Araucanía.
Monto Involucrado: 3.717.879,5 UF.
11
Resolución 65 exenta
13-abr-2010
Hacienda
Establece formulario 2961 (f2961) “solicitud de revisión de avalúo para propiedades destruidas o gravemente dañadas por sismo y/o tsunami del 27 de febrero de 2010, ubicadas en zona declarada de catástrofe” y fija procedimiento a seguir.
12
Resolución 1113 Resolución O-1113
24-abr-2010
Servicio Electoral
Dispone reemplazo de archivo electoral local que señala como afectadas por la catástrofe derivada del sismo con características de terremoto a las regiones de Valparaíso, del Libertador Bernardo O'Higgins, del Maule, del Biobío, de la Araucanía y Metropolitana de Santiago, hecho ocurrido el día 27 de febrero de 2010.
13
Resolución 1165 exenta
04-may-2010
Transporte y
^@#@^Telecomunicaciones
Prorroga vigencia y modifica resolución exenta N° 2.246 de 2005.
Resumen: A contar del 01 de mayo de 2010 y hasta el 30 de octubre de 2011, o bien hasta la fecha en que comience la puesta en marcha de la Licitación de Vías del Gran Concepción, cualquiera de los dos hechos que ocurra primero.
14
Resolución 542 exenta
11-may-2010
Economía
Establece procedimiento de excepción con motivo del sismo, para cooperativas afectas a las disposiciones de las resoluciones N° 247, de 2003, o N° 590, de 2007, del departamento de cooperativas.
15
Resolución 1405 exenta
12-may-2010
Economía
Aprueba programa de apoyo social consistente en aporte extraordinario para gastos de hijos/as de trabajadores desplazados del sector pesquero industrial, bajo la vigencia de la ley N° 19.713, regiones de Valparaíso y Bio Bío, año 2010, manual de procedimiento, evaluación y selección de beneficiarios.
Resumen: Las personas que hayan sido beneficiarios del Programa de Apoyo Social, consistente en Aporte para gastos de Educación para hijos/as de trabajadores desplazados del sector pesquero industrial bajo la vigencia de la ley 19.713, años 2008 y 2009, sólo deberán completar la ficha de postulación indicando la conformación de grupo familiar.
16
Resolución 1406 exenta
12-may-2010
Economía
Aprueba programa de apoyo social consistente en aporte para gastos de educación de hijos de trabajadores desplazados del sector pesquero industrial, bajo la vigencia de la ley N° 19.713, año 2010, para todo el país exceptuando las regiones de Valparaíso y BioBío, manual de procedimiento, evaluación y selección de beneficiarios.
Montos involucrados: El Consejo de Administración Pesquera aprobó (04/01) destinar un monto de hasta $170.000.000 para Programa de Apoyo Social consistente en Aporte para Hijos/as de trabajadores desplazados del Sector Pesquero Industrial.
También aprobó (16/04) la redistribución de los recursos ya aprobados por el Consejo, de manera tal de destinar un monto de hasta $140.000.000.- para un Programa de Apoyo Social a ejecutarse en las regiones afectadas por la catástrofe; y asimismo, hasta la suma de $30.000.000 para Programa de Apoyo Social consistente en Aporte para gastos de Hijos/as de trabajadores desplazados del Sector Pesquero Industrial.
La Subsecretaría de Pesca además aportó $30 millones a dicho programa.
17
Resolución 1511 exenta
12-may-2010
Economía
Fija nómina de beneficiarios de programa de apoyo social consistente en aporte extraordinario para gastos de hijos/as de trabajadores desplazados del sector pesquero industrial, bajo la vigencia de la ley N° 19.713, regiones de Valparaíso y BioBío, año 2010.
Montos involucrados: El Consejo de Administración Pesquera aprobó (04/01) destinar un monto de hasta $170.000.000 para Programa de Apoyo Social consistente en Aporte para Hijos/as de trabajadores desplazados del Sector Pesquero Industrial.
18
Resolución 1045 exenta
18-may-2010
Corporación de Fomento de la Producción
Pone en ejecución acuerdo del comité de asignación de fondos - CAF, que aprueba caso especial para el programa de emprendimientos locales - PEL.
19
Resolución 1604 exenta
20-may-2010
Economía
Fija nómina de beneficiarios de programa de apoyo social consistente en aporte extraordinario para gastos de hijos/as de trabajadores desplazados del sector pesquero industrial, bajo la vigencia de la ley N° 19.713, regiones de Valparaíso y BioBío, año 2010.
Monto Involucrado: $23.400.000 por la primera nómina.
20
Resolución 1605 exenta
20-may-2010
Economía
Fija nómina de beneficiarios de programa de apoyo social consistente en aporte para gastos de educación de hijos/as de trabajadores desplazados del sector pesquero industrial bajo la vigencia de la ley 19.713, año 2010, para todo el país exceptuando las regiones de Valparaíso y Bio-Bío”.
Monto Involucrado: $9.800.000 por la segunda nómina.
21
Resolución 1640 exenta
20-may-2010
Economía
Fija nómina de beneficiarios de programa de apoyo social consistente en aporte extraordinario para gastos de hijos/as de trabajadores desplazados del sector pesquero industrial, bajo la vigencia de la ley N° 19.713, regiones de Valparaíso y BioBío, año 2010.
Monto Involucrado: $20.800.000 por la tercera nómina.
22
Resolución 2734 exenta
20-may-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Modifica resolución exenta N° 2187 (v. y u.), de 2010, que llama a postulación extraordinaria para el desarrollo de proyectos del programa de protección del patrimonio familiar en su título ii, mejoramiento de la vivienda, regulado por el d.s. N°255 (v. y u.), de 2006, destinado a la atención de los damnificados de las regiones de Valparaíso, metropolitana, de O Higgins, del Maule, del Biobío, y de la Araucanía.
23
Resolución 2735 exenta
20-may-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Modifica resolución exenta N° 2.185 (v. y u.), de 2010, que llama a postulación al primer llamado extraordinario 2010 del sistema de subsidio habitacional regulado por el d.s. N°40 (v. y u.), de 2004, en su clase regulada por el título i, subsidio general, destinado a la atención de los damnificados de las regiones que indica, con relación a operaciones de construcción en sitio propio.
Monto Involucrado: Un máximo de 250 UF para las comunas de las regiones V, VI, VII, VIII, IX y Metropolitana, y 420 UF para Juan Fernández .
24
Resolución 2980 exenta
20-may-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Señala montos de recursos asignados en la selección del mes de abril de 2010 y remanente de los mismos, correspondiente a postulación extraordinaria del programa de protección del patrimonio familiar para el desarrollo de proyectos en su título II, mejoramiento de la vivienda regulado por el d.s. N° 255 (v. y u.). de 2006, destinado a la atención de los damnificados de las regiones de Valparaíso, metropolitana, del l. General Bernardo OHhiggins, del Maule, del Biobío y de la Araucanía y aprueba nóminas de postulantes seleccionados.
Montos Involucrados: 3.706.712,0 UF y para la selección del Llamado Extraordinario para Damnificados, 10.648,0 UF.
25
Resolución 2921 exenta
20-may-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Aprueba nóminas de postulantes seleccionados y dispone asignación de recursos por región, que se destinarán al financiamiento del subsidio directo correspondientes al primer llamado extraordinario 2010, título i, subsidio general; postulación correspondiente al mes de abril de 2010.
Monto Involucrado: 43.225 UF.
26
Resolución 2965 exenta
22-may-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Llama a concurso en condiciones especiales para proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo segundo para las regiones que indica.
Montos Involucrados (UF): Valparaíso 71.968 ; O'Higgins 193.834 ; Maule 361.177 ; Biobío 349.614 ; Araucanía 21.070 y Metropolitana 110.620.
27
Resolución 2966 exenta
22-may-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Llama a concurso en condiciones especiales para operaciones de adquisición de viviendas construidas del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo segundo para las regiones que indica.
Montos Involucrados (UF): Los recursos involucrados para la selección de las personas que postulen al llamado dispuesto por esta resolución, serán los siguientes: Valparaíso 143.935 ; L.B. O'Higgins 387.668; Maule 722.352 ; Biobío 699.227 ; Araucanía 42.139 y Metropolitana 221.239.
28
Resolución 2967 exenta
22-may-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Llama a concurso en condiciones especiales para operaciones de adquisición de viviendas construidas del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero para las regiones que indica.
Montos Involucrados (UF): Valparaíso 215.903 ; L.B. O'Higgins 581.502; Maule 1.083.529 ; Bio-bío 1.048.841 ; Araucanía 69.363 y Metropolitana 542.767.
29
Resolución 2968 exenta
22-may-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Llama a concurso en condiciones especiales para construcción de viviendas en sitio propio con proyecto tipo, para el programa fondo solidario de vivienda, para las regiones que indica.
Montos Involucrados (UF): Valparaíso 431.805 ; L.B. O'Higgins 1.163.003; Maule 2.167.057 ; Biobío 2.397.681 ; Araucanía 126.418 y Metropolitana 663.717.
30
Resolución 883 exenta
28-may-2010
Interior
Fija número de patentes limitadas de alcoholes arts. 3º y 7º ley N° 19.925, período 2010 - 2013.
31
Resolución 3525 exenta
18-jun2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Aprueba nóminas de postulantes seleccionados y dispone asignación de recursos por región, que se destinarán al financiamiento del subsidio directo correspondientes al primer llamado extraordinario 2010, título i, subsidio general; postulación correspondiente al mes de mayo de 2010.
Monto Total: 101.325 UF.
32
Resolución 1036 exenta
14-jun2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Extracto de resolución N° 1.036 exenta, de 2010.
Resumen: Se reemplaza la resolución exenta Nº 2.608 por: “Determínense los factores de evaluación y sus ponderaciones que empleará el Jurado Regional en el proceso de calificación de los proyectos de construcción presentados a los llamados a concurso de proyectos de construcción del programa habitacional “Fondo Solidario de Vivienda”, que se aplicarán en la Región Metropolitana durante el año 2010”.
33
Resolución 3701 exenta
26-jun2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Aprueba nómina de postulantes seleccionados del mes de mayo de 2010 y dispone asignación de recursos por región, que se destinarán al financiamiento de subsidios correspondientes al llamado extraordinario del programa de protección del patrimonio familiar para el desarrollo de proyectos de su título ii, mejoramiento de la vivienda, destinado a la atención de los damnificados de las regiones de Valparaíso, Metropolitana, del L. General Bernardo O'Higgins, del Maule, del Biobío y de la Araucanía.
Monto: Se fija el monto para el financiamiento de subsidios del Programa de Protección al Patrimonio Familiar, Título II: 153.089,5 (UF).
34
Resolución 3795 exenta
26-jun2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Llama a postulación al segundo llamado extraordinario 2010 del sistema de subsidio habitacional regulado por el decreto N°40, de 2004, en su clase regulada por el título i, subsidio general, destinado a la atención de los damnificados de las regiones que indica, en las condiciones que señala; fija el monto de recursos que se destinarán para el subsidio directo y su forma de distribución regional, y dispone aplicación de montos de subsidio a postulantes seleccionados del llamado dispuesto por resolución N° 2.185 exenta, de 2010.
Monto Total: 1.312.500 UF
35
Resolución 1966 exenta
08-JUL-2010
Economía
Fija nómina de beneficiarios del programa de apoyo social consistente en aporte extraordinario destinado a enfrentar la situación de emergencia producida por la catástrofe, a consecuencia del terremoto y posterior tsunami del pasado 27 de febrero de 2010, para trabajadores desplazados del sector pesquero industrial, bajo la vigencia de la ley N° 19.713, regiones de Valparaíso y Bio-Bío , año 2010.
Montos Involucrados: Para la segunda nómina (69) $172.500.000.
También se autoriza a la subsecretaría de Pesca asignar $635.000.000 a trabajadores desplazados del sector pesquero industrial.
36
Resolución 13
21-JUL-2010
Economía
Aprueba programa de apoyo social consistente en aporte extraordinario destinado a enfrentar la situación de emergencia producida por la catástrofe, para trabajadores desplazados del sector pesquero industrial, bajo la vigencia de la ley N°19.713, regiones de Valparaíso y BioBío, año 2010, manual de procedimiento, evaluación y selección de beneficiarios.
Montos Involucrados: El Consejo de Administración Pesquera destinó (16/04) $ 635.000.00 para este programa y cada benefactor recibió $ 2.500.000.
37
Resolución 15
21-JUL-2010
Economía
Modifica programa de apoyo social consistente en aporte extraordinario destinado a enfrentar la situación de emergencia producida por la catástrofe, para trabajadores desplazados del sector pesquero industrial, bajo la vigencia de la ley N° 19.713, regiones de Valparaíso y BioBío, año 2010, manual de procedimiento, evaluación y selección de beneficiarios.
Resumen: Modifícase el Manual de Procedimiento Evaluación y Selección de beneficiarios Programa de Apoyo Social y se agregó el nuevo artículo 26°: “Respecto de aquellas personas que no hayan sido encuestadas por Mideplan con anterioridad al proceso de postulación establecido para este Programa, y por tanto, que no hayan acreditado por esta vía daño en sus viviendas a causa del terremoto que afectara al país el pasado mes de Febrero, de acuerdo a la Encuesta Familiar Única de Emergencia (EFU), podrán presentar un Informe Técnico emitido por la Dirección de Obras de la respectiva Municipalidad, en original y firmado por un profesional responsable de dicha Dirección, que acredite daños en sus respectivas viviendas, a efecto de cumplir con el requisito establecido en el artículo 7° letra h) del presente Manual”.
38
Resolución 16
21-JUL-2010
Economía
Fija nómina de beneficiarios del programa de apoyo social consistente en aporte extraordinario destinado a enfrentar la situación de emergencia producida por la catástrofe, para trabajadores desplazados del sector pesquero industrial, bajo la vigencia de la ley N° 19.713, regiones de Valparaíso y BioBío, año 2010.
Monto: $197.500.000 en total para las 79 personas.
39
Resolución 2180 exenta
21-JUL-2010
Economía
fija nómina de beneficiarios del programa de apoyo social consistente en aporte extraordinario destinado a enfrentar la situación de emergencia producida por la catástrofe, para trabajadores desplazados del sector pesquero industrial, bajo la vigencia de la ley N° 19.713, regiones de Valparaíso y BioBío, año 2010.
Monto: $97.500.000 para los 69 beneficiarios (tercera nómina)
40
Resolución 4250 exenta
21-JUL-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Aprueba nóminas de postulantes seleccionados y dispone asignación de recursos por región, que se destinarán al financiamiento del subsidio directo correspondientes al primer llamado extraordinario 2010, título i, subsidio general, del d.s. N° 40 (v. y u.), de 2004; postulación correspondiente al mes de junio de 2010. Indica monto de recursos que se destinarán al financiamiento del subsidio directo correspondiente al segundo llamado extraordinario 2010, título i, subsidio general, dispuesto por resolución N°3.795 exenta (v. y u.), de 2010.
Montos totales involucrados: 179.580 UF en el primer caso y 1.312.500 UF en el segundo.
41
Resolución 4170 exenta
21-JUL-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Modifica resoluciones N° 2.186, N° 2.965, N°2.968, N° 2.185 y N° 2.187 exentas, de 2010, que llaman a concurso en condiciones especiales para construcción de viviendas del programa fondo solidario de vivienda, del subsidio general d.s. N° 40, de 2004 y programa de protección del patrimonio familiar para las regiones que indica.
42
Resolución 10
22-JUL-2010
Economía
Aprueba convenio de traspaso de fondos con el consejo de fomento de la pesca artesanal para proyecto “reposición y reparación de embarcaciones, motores y métodos de pesca, asociados a pescadores artesanales de las regiones de Valparaíso, del General Libertador Bernardo O'Higgins, del Maule, del BioBío y la Araucanía.
Monto Involucrado: hasta $1.200.000.000 (Mil doscientos millones de pesos).
43
Resolución 14
22-JUL-2010
Economía
Aprueba modificación de convenio de traspaso de fondos con el consejo de fomento de la pesca artesanal para proyecto “reposición y reparación de embarcaciones, motores y métodos de pesca, asociados a pescadores artesanales de las regiones de Valparaíso, del General Libertador Bernardo O'Higgins, del Maule, del Bio Bío y la Araucanía”.
Monto Involucrado: $600.000.000 (Seiscientos millones de pesos).
44
Resolución 3895 exenta
27-JUL-2010
^@#@^Transportes y Telecomunicaciones
Establece procedimiento en caso de interrupción del servicio de telecomunicaciones ante eventos de emergencia.
Resumen: La presente norma tiene por objeto establecer los mecanismos de coordinación entre la Subsecretaría, el organismo a cargo de las emergencia nacionales (hoy Onemi) y los distintos titulares de servicios de telecomunicaciones, en adelante los Operadores, y el procedimiento para la entrega de información por parte de estos últimos, en los casos en que se vea afectada la continuidad de dichos servicios por eventos de emergencia definidos por la Subsecretaría, ya sean producidos, a modo ejemplar, por trabajos programados, fallas o congestión, que pueden haber sido provocadas por fenómenos naturales o intencionales.
45
Resolución 4472 exenta
31-JUL-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Modifica la resolución N° 2.187 exenta, de 2010, que distribuye recursos destinados a la atención del llamado extraordinario del programa de protección del patrimonio familiar para el desarrollo de proyectos de su título ii, mejoramiento de la vivienda, destinado a la atención de los damnificados de las regiones de Valparaíso, Metropolitana, del L. General Bernardo OHiggins, del Maule, del Biobío y de la Araucanía; aprueba nómina de postulantes seleccionados del mes de junio de 2010 y dispone asignación de recursos por región, que se destinarán al financiamiento de subsidios correspondientes al citado programa.
Monto: 3.717.360 UF.
46
Resolución 2307 exenta
05-AGO-2010
Economía
Fija nómina de beneficiarios de “programa de apoyo social consistente en aporte para gastos de educación de hijos/as de trabajadores desplazados del sector pesquero industrial bajo la vigencia de la ley 19.713, año 2010, para todo el país exceptuando las regiones de Valparaíso y Bío-bío.
Monto: El Consejo de Administración Pesquera aprobó (04/01) $170.000.000.
47
Resolución 754 exenta
06-AGO-2010
Planificación
Aprueba bases de concurso proyectos 2010, fondo mixto de apoyo social.
Resumen: Las organizaciones interesadas en participar, podrán postular online, a través de Internet en
http://leydonacionesociales.mideplan.cl/. No obstante para aquellas organizaciones que no dispongan de facilidades para usar Internet, podrán bajar las bases del concurso y la documentación correspondiente en la página Web: www.mideplan.cl, en el link “Ley de donaciones” o solicitarlas en las oficinas de las Secreta-rías Regionales Ministeriales de Planificación y Coordinación del país y en la Oficina de Partes de Mideplan Central, ubicadas en Ahumada 48, piso 7, Santiago .
Monto: $400.000.000.
48
Resolución 4722 exenta
11-AGO-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Modifica resoluciones N° 2.186, N° 2.965, N° 2.966 y N° 2.968 exentas, todas del ministerio de vivienda y urbanismo, del año 2010, que llaman a concurso en condiciones especiales para construcción y para operaciones de adquisición de viviendas construidas del programa fondosolidario de vivienda, para las regiones que indica.
49
Resolución 130 exenta
12-AGO-2010
Hacienda
Establece especificaciones y formalidades de los certificados que debe emitir el ministerio de hacienda, la información que se debe remitir a este servicio y la forma en que debe registrarse y documentarse la entrega de las especies donadas, de acuerdo a la ley N° 20.444.
50
Resolución 4894 exenta
19-AGO-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Aprueba selección de proyecto para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero establecido mediante resolución N° 2.186 exenta, de 2010.
Monto: Los recursos comprometidos conforme al número 1 de la presente resolución, para el proyecto seleccionado “Comité de Vivienda por un Vivir Mejor”, de la comuna de Cerrillos (18 familias) son: 6,840 UF para subsidio, 436 UF para asistencia técnica y 154 UF para inspección técnica de obra.
51
Resolución 4924 exenta
20-AGO-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Aprueba nóminas de postulantes seleccionados y dispone asignación de recursos por región, que se destinarán al financiamiento del subsidio directo correspondientes al segundo llamado extraordinario 2010, título i, subsidio general; postulación correspondiente al mes de julio de 2010.
Monto total: 98.175 UF.
52
Resolución 2502 exenta
26-AGO-2010
Economía
Aprueba programa de empleabilidad, reconversión laboral y fortalecimiento para trabajadores desplazados del sector pesquero industrial bajo la vigencia de la ley 19.713, destinado a las regiones no afectadas por el terremoto, año 2010, manual de procedimiento, evaluación y selección de beneficiarios.
Monto: $182.500.000.
53
Resolución 2561 exenta
27-AGO-2010
Economía
Deja sin efecto resoluciones exentas N° 2.100 y N° 2.101, ambas de fecha 17 de junio de 2009, de esta subsecretaría. Aprueba programa de capacitación para tripulantes del sector pesquero extractivo, región del BioBío, año 2010, manual de procedimiento, evaluación y selección de beneficiarios.
Monto: La suma de $16.560.000 a un total de 276 postulantes.
54
Resolución 5517 exenta
07-SEP-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Aprueba selección de proyecto para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero establecido mediante resolución N°2.186 exenta, de 2010.
Monto: Los recursos comprometidos conforme al número 1 de la presente resolución, para el proyecto seleccionado “La Esperanza de Cocholgue Damnificados”, de la comuna de Tomé son: 58.800 UF para subsidio, 2.190 UF para asistencia técnica y 1.045 UF para inspección técnica de obra.
55
Resolución 5807 exenta
16-SEP-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Aprueba nóminas de postulantes seleccionados y dispone asignación de recursos por región, que se destinarán al financiamiento del subsidio directo correspondientes al segundo llamado extraordinario 2010, título i, subsidio general; postulación correspondiente al mes de agosto de 2010.
Monto total: 64.400 UF.
56
Resolución 5323 exenta
03-SEP-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Modifica resolución N° 3.456 exenta, de 2010, que incorpora áreas urbanas de localidades con más de 2.500 habitantes a llamados a concurso del programa fondo solidario de vivienda, en su capítulo iii del programa habitacional para familias de zonas rurales, en la región de O'Higgins.
Resumen: Se agregan las comunas de Mostazal, Machalí , Requínoa , Rengo , Malloa , Olivar , Doñihue y Santa Cruz , más las localidades de La Punta, Coya , Los Lirios , Rosario , Pelequén , Gultro, Lo Miranda y Paniahue.
57
Resolución 5870 exenta
25-SEP-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Aprueba nómina de postulantes seleccionados del llamado a concurso en condiciones especiales para operaciones de adquisición de viviendas construidas del fondo solidario de vivienda, capítulo segundo, correspondiente al mes de julio del año 2010.
Resumen: 241 postulantes para las regiones de Valparaíso, Libertador Bernardo O'Higgins , Maule , Biobío y Metropolitana.
Monto: 88.171 UF para los subsidios.
58
Resolución 5950 exenta
16-SEP-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Aprueba nómina de postulantes seleccionados mes de julio de 2010 del programa protección del patrimonio familiar en su título ii, destinado a la atención de damnificados y aprueba recursos que se destinarán al financiamiento de subsidios correspondientes al citado programa.
Monto: 583.125,66 UF.
59
resolución 5952 exenta
28-sep-2010
vivienda y urbanismo
Modifica resoluciones N° 2.967 y N° 2.966 exentas, de 2010, que llaman a concurso en condiciones especiales para operaciones de adquisición de viviendas construidas del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero y segundo respectivamente, para las regiones que indican y la resolución exenta N° 3.795 (v. y u.), de 2010, que llama a postulación al segundo llamado extraordinario del sistema de subsidio habitacional regulado por el D.S.N°º 40 (v. y u.), de 2004, en el sentido de permitir la aplicación del subsidio habitacional en una región distinta de la que resultaron damnificados o en la cual están postulando.
60
Resolución 6064 exenta
30-SEP-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Modifica resoluciones N°2.186, N°2.965 y N°2.968 exentas, todas de 2010, que llaman a concurso en condiciones especiales para proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero y segundo y en sitio propio con proyecto tipo respectivamente, para las regiones que indica.
61
Resolución 6065 exenta
30-SEP-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Modifica resolución N° 3.795 exenta, de 2010, que llama a postulación al segundo llamado extraordinario 2010 del sistema de subsidio habitacional regulado por el D.S.. N°40, de 2004, en su clase regulada por el título i, subsidio general, destinado a la atención de los damnificados de las regiones que indica, con relación a la aplicación del subsidio en operaciones de construcción en sitio propio y a la acreditación de la calidad de propietario del inmueble.
62
Resolución 6194 exenta
04-OCT-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero establecido mediante resolución exenta N° 2.186 de 2010.
Montos involucrados: Los recursos comprometidos conforme al número 1 de la presente resolución, para los proyectos seleccionados son: 9.620 UF para el proyecto Los Olivos de la comuna de Hualqui; 9.840 UF para el proyecto La Desilusión de la comuna de Curanilahue; 45.840 UF para el proyecto Unamos Las Manos para Crecer de la comuna de Talcahuano y 42.020 UF para el proyecto Luchando por Nuestros Sueños de la misma comuna.
63
Resolución 6195 exenta
04-OCT-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero establecido mediante resolución ex. N° 2.186 (v. y u.) de 2010.
Montos Involucrados: 58.500 UF para el proyecto Los Nevados de Changrilá I de la comuna de Chillán; misma cantidad para el proyecto Los Canelos I de la comuna de Los Ángeles y 58.570 UF para el proyecto Comité Habitacional La Unión de la similar comuna.
64
Resolución 6203 exenta
04-OCT-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Modifica resolución exenta N° 2.967, de 2010 y aprueba nómina de postulantes seleccionados (2.973) del llamado a concurso en condiciones especiales para operaciones de adquisición de viviendas construidas del fondo solidario de vivienda, capítulo primero, correspondiente al mes de julio del año 2010.
Monto: 1.364.514.
65
Resolución 6373 exenta
15-OCT-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Modifica resolución N°2.967 exenta, de 2010, y aprueba nómina de postulantes seleccionados (1.041) del llamado a concurso en condiciones especiales para operaciones de adquisición de viviendas construidas del fondo solidario de vivienda, capitulo primero, correspondiente al mes de agosto del año 2010.
Monto: 458.742 UF.
66
Resolución 6374 exenta
15-OCT-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Aprueba nómina de postulantes seleccionados (95) del llamado a concurso en condiciones especiales para operaciones de adquisición de viviendas construidas del fondo solidario de vivienda, capítulo segundo, correspondiente al mes de agosto del año 2010.
Monto: 33.793 UF.
67
Resolución 6481 exenta
19-OCT-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Modifica resolución N° 3.795 exenta, de 2010, en el sentido que indica. Aprueba nóminas de postulantes seleccionados y dispone asignación de recursos por región, que se destinarán al financiamiento del subsidio directo correspondientes al segundo llamado extraordinario 2010, título i, subsidio general, postulación correspondiente al mes de septiembre de 2010.
Monto total: 67.550 UF.
68
Resolución 6493 exenta
20-OCT-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero establecido mediante resolución N° 2.186 exenta, de 2010.
Montos Involucrados: 380 UF para cada uno de los siete proyectos de la comuna de Curepto.
69
Resolución 6495 exenta
20-OCT-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Modifica resolución N° 2.187 exenta, de 2010, que distribuye recursos destinados a la atención del llamado extraordinario del programa de protección del patrimonio familiar y resolución N° 4.472 exenta, de 2010, que aprueba nómina de seleccionados del llamado extraordinario del programa de protección del patrimonio familiar correspondientes al mes de junio de 2010.
Montos Modificados: 575.572,5 UF y 66.361,5 UF.
70
Resolución 6496 exenta
20-OCT-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Modifica resolución N° 2.187 exenta, de 2010, que distribuye recursos destinados a la atención del llamado extraordinario del programa de protección del patrimonio familiar y resolución N° 4.472 exenta, de 2010, que aprueba nómina de seleccionados del llamado extraordinario del programa de protección del patrimonio familiar correspondientes al mes de junio de 2010.
71
Resolución 6668 exenta
23-OCT-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Aprueba selección de proyecto para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda, en su capítulo primero, establecido mediante resolución N° 2.186 exenta, de 2010.
Monto: Para el proyecto Reconstrucción Angol I de la comuna del mismo nombre, se destinaron 7.953 UF
72
Resolución 6670 exenta
23-OCT-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Aprueba nómina de postulantes seleccionados (10.554) mes de agosto de 2010 del programa protección del patrimonio familiar en su título ii, destinado a la atención de damnificados y aprueba recursos que se destinarán al financiamiento de subsidios correspondientes al citado programa.
Monto: $628.716,50 UF.
73
Resolución 6735 exenta
25-OCT-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero establecido mediante resolución N° 2.186 exenta, de 2010.
74
Resolución 6900 exenta
30-OCT-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Aprueba selección de proyecto para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero establecido mediante resolución ex. N° 2.186 de 2010.
Monto: 4.940 UF para el proyecto Comité de Vivienda 27 de Febrero de la comuna de Lumaco.
75
Resolución 6904 exenta
30-OCT-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Modifica resolución N° 6.194 exenta, de 2010 que aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero establecido mediante resolución N° 2.186 ex. de 2010.
76
Resolución 6946 exenta
03-NOV-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero establecido mediante resolución exenta N° 2.186, de 2010.
Monto: 6.440 UF para el proyecto Santa Rita de Casi de la comuna de Villa Alemana.
77
Resolución 6978 exenta
06-NOV-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero establecido mediante resolución N° 2.186 exenta, de 2010.
Montos: 7.580 UF para el Comité de Vivienda El Nuevo Amanecer de la comuna de Traiguén y 380 UF para el proyecto Edelmira Ghiselini Araya de Angol.
78
Resolución 6979 exenta
05-NOV-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Aprueba nomina de postulantes seleccionados (5.339) mes de septiembre de 2010 del programa protección del patrimonio familiar en su titulo ii, destinado a la atención de damnificados y aprueba recursos que se destinaran al financiamiento de subsidios correspondientes al citado programa.
Monto: 315.470,50 UF.
79
Resolución 6982 exenta
05-NOV-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capitulo primero establecido mediante resolución N° 2.186 exenta, de 2010.
Monto: 58.520 UF para el proyecto San Enrique I de Molina.
80
Resolución 6984 exenta
05-NOV-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capitulo primero establecido mediante resolución N° 2.186 exenta, de 2010.
Montos: $15.992 UF para el proyecto Bicentenario de Teno y 19.500 UF para el proyecto Don Sebastian de Colin I de Maule.
81
Resolución 6985 exenta
05-NOV-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capitulo primero establecido mediante resolución N° 2.186 exenta, de 2010.
Monto: 380 UF para cada uno de los cinco proyectos en Curepto.
82
Resolución 6986 exenta
05-NOV-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capitulo primero establecido mediante resolución N° 2.186 exenta, de 2010.
Monto: 380 UF para cada uno de los ocho proyectos en Curepto.
83
Resolución 6997 exenta
05-NOV-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Otorga subsidios habitacionales del programa fondo solidario de vivienda, conforme al artículo 3° inciso séptimo del d.s. 174, de 2005 a familias integrantes de los proyectos nueva esperanza i y nueva esperanza ii, de la Provincia de Arauco, comuna de Lebu, de la región del Biobío.
Montos: 80.408,5 UF para los 150 subsidios del Programa Fondo Solidario de Vivienda I, en su modalidad construcción, para cada uno de los integrantes del Proyecto “Nueva Esperanza I” y 23.715,08 UF para los 43 subsidios del Programa Fondo Solidario de Vivienda I, en su modalidad construcción, para cada uno de los integrantes del Proyecto “Nueva Esperanza II.
84
Resolución 6998 exenta
05-NOV-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capitulo primero establecido mediante resolución N° 2.186 exenta, de 2010.
Montos: 380 UF para cada uno de los cinco proyectos en Curepto.
85
Resolución 6999 exenta
05-NOV-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capitulo primero establecido mediante resolución N° 2.186 exenta, de 2010.
Montos: 380 UF para cada uno de los ocho proyectos en Curepto, uno en Linares, uno en Longaví y dieciséis en Yerbas Buenas.
86
Resolución 7016 exenta
05-NOV-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capitulo primero establecido mediante resolución N° 2.186 exenta, de 2010.
Monto: 11.400 UF para el proyecto Comité de Vivienda Hogares de Pirque.
87
Resolución 7019 exenta
05-NOV-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capitulo primero establecido mediante resolución N° 2.186 exenta, de 2010.
Monto: 16.340 UF para Comité de Vivienda Pinto se Levanta.
88
Resolución 7099 Exenta
10-NOV-2010
^@#@^Vivienda y Urbanismo
Aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero establecido mediante resolución ex. N° 2.186 de 2010.
Monto: 1.925 UF para el proyecto San Sebastián de Lautaro.
89
Resolución 7100 Exenta
10-NOV-2010
^@#@^Vivienda y Urbanismo
Aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero establecido mediante resolución ex. N° 2.186 de 2010.
Montos: 380 UF para cada uno de los dieciséis proyectos de Angol y 11 de Collipulli.
90
Resolución 7101 Exenta
10-NOV-2010
^@#@^Vivienda y Urbanismo
Aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero establecido mediante resolución ex. N° 2.186 de 2010.
Observación: Se detecta misma información que la resolución anterior.
91
Resolución 7241 exenta
11-NOV-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Modifica resolución N° 4.472 exenta, de 2010, que aprueba nómina de postulantes seleccionados del mes de junio de 2010 y dispone asignación de recursos por región, que se destinarán al financiamiento de subsidios correspondientes al llamado extraordinario del programa de protección del patrimonio familiar para el desarrollo de proyectos de su título ii, mejoramiento de la vivienda, destinados a la atención de los damnificados de las regiones de Valparaíso, Metropolitana, del L. General Bernardo O'Higgins, del Maule, del Biobío y de la Araucanía.
Resumen: Se sustituye por 11.738 beneficiarios en la RM.
92
Resolución 7242 exenta
11-NOV-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Modifica resolución N° 2.187 exenta, de 2010, en el sentido de definir condiciones especiales para los proyectos de mantención y de habitabilidad del programa de protección del patrimonio familiar en su título ii, mejoramiento de la vivienda, regulado por el D.S. N° 255, de 2006, destinado a la atención de los damnificados de las regiones de Valparaíso, Metropolitana, de O'Higgins, del Maule, del Biobío, y de la Araucanía.
93
Resolución 7245 exenta
11-NOV-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero establecido mediante resolución N° 2.186 exenta, de 2010.
Montos: 85.761 UF para el proyecto Puesta del Sol V de San Carlos y 82.224 para el Comité 27 de febrero de Coihueco.
94
Resolución 7246 exenta
11-NOV-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Aprueba nóminas de postulantes seleccionados y dispone asignación de recursos por región, que se destinarán al financiamiento del subsidio directo correspondientes al segundo llamado extraordinario 2010, título i, subsidio general, postulación correspondiente al mes de octubre de 2010.
Monto: 53.725 UF.
95
Resolución 7248 exenta
11-NOV-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero establecido mediante resolución N° 2.186 exenta, de 2010.
Monto: 82.888 UF para cada uno de los siete proyectos en la región del Bio Bío.
96
Resolución 7527 exenta
20-NOV-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Modifica resolución N° 3.795 exenta, de 2010, que llama a postulación al segundo llamado extraordinario 2010 del sistema de subsidio habitacional regulado por el D.S. N° 40, de 2004, en su clase regulada por el título i, subsidio general, destinado a la atención de los damnificados de las regiones que indica, con relación a la aplicación del subsidio habitacional a viviendas emplazadas en zonas de renovación urbana.
97
Resolución 7640 exenta
26-NOV-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Modifica la resolución N° 2.967 exenta, de 2010 y aprueba nómina de postulantes seleccionados (533) del llamado a concurso en condiciones especiales para operaciones de adquisición de viviendas construidas del fondo solidario de vivienda, capítulo primero, correspondiente al mes de septiembre del año 2010.
Resumen: Se reemplaza en la fila correspondiente a la Región Metropolitana, en la columna Recursos (UF), el guarismo “500.127” por “518.249”.
Monto: 235.224 UF
98
Resolución 7641 exenta
26-NOV-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Modifica la resolución N°2.967 exenta, de 2010 y aprueba nómina de postulantes seleccionados (711) del llamado a concurso en condiciones especiales para operaciones de adquisición de viviendas construidas del fondo solidario de vivienda, capítulo primero, correspondiente al mes de octubre del año 2010.
Resumen: Se reemplaza en las filas correspondientes a las Regiones de la Araucanía y Metropolitana, en la columna Recursos (UF), el guarismo “63.209” por “69.363” y el guarismo “518.249” por “542.767”, respectivamente.
Monto: 313.287 UF.
99
Resolución 7642 exenta
26-NOV-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Aprueba nómina de postulantes seleccionados (49) del llamado a concurso en condiciones especiales para operaciones de adquisición de viviendas construidas del fondo solidario de vivienda, capítulo segundo, correspondiente al mes de septiembre del año 2010.
Monto: 17.384 UF.
100
Resolución 7643 exenta
26-NOV-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Aprueba nómina de postulantes seleccionados (58) del llamado a concurso en condiciones especiales para operaciones de adquisición de viviendas construidas del fondo solidario de vivienda, capítulo segundo, correspondiente al mes de octubre del año 2010.
Monto: 21.008 UF.
101
Resolución 7644 exenta
26-NOV-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero establecido mediante resolución N° 2.186 exenta, de 2010.
Monto: 48.837 UF para el Comité Habitacional Villa Renacer de Mulchén.
102
Resolución 7645 exenta
26-NOV-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero establecido mediante resolución N° 2.186 exenta de 2010.
Monto: 12.058 UF para el Comité de Vivienda Bicentenario III Etapa de Cabrero.
103
Resolución 7646 exenta
26-NOV-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Aprueba selección de proyecto para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero establecido mediante resolución N° 2.186 exenta, de 2010.
Monto: 380 UF para un proyecto en Collipulli.
104
Resolución 7647 exenta
26-NOV-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero establecido mediante resolución N° 2.186 exenta, de 2010.
Monto: UF: 89.968 UF para el Comité Bicentenario Mulchén.
105
Resolución 7648 exenta
26-NOV-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero establecido mediante resolución N° 2.186 exenta , de 2010.
Monto: 415 UF para cada uno de los tres proyectos en Angol y dos en Traiguén.
106
Resolución 7824 exenta
27-NOV-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero establecido mediante resolución N° 2.186 exenta, de 2010.
Monto: 28.919 UF para el proyecto San Sebastián II de San Rafael.
107
Resolución 7826 exenta
27-NOV-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero establecido mediante resolución N° 2.186 exenta, de 2010.
Monto: 46.820 UF para proyecto Don Matías de Teno.
108
Resolución 7905 exenta
02-DIC-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero establecido mediante resolución N° 2.186 exenta, de 2010.
Monto: 380 UF para cada una de tres familias de Teno.
109
Resolución 7909 exenta
30-NOV-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Modifica resolución exenta N°2.968, de 2010, que llama a concurso en condiciones especiales para construcción de viviendas en sitio propio con proyecto tipo, para las regiones que indica.
Resumen: Se reemplaza en el resuelvo número 1, la locución “noviembre” por “diciembre” y se sustituye en el cuadro inserto en el resuelvo 3, en la fila correspondiente a la Región del Biobío en la columna Recursos (UF), el guarismo “2.097.681,0” por “2.397.681,0”.
110
Resolución 7911 exenta
02-DIC-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero establecido mediante resolución N° 2.186 exenta, de 2010.
111
Resolución 7935 exenta
03-DIC-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Modifica resolución N°2.968 exenta, de 2010, que llama a concurso en condiciones especiales para proyectos en sitio propio con proyecto tipo, para las regiones que indica.
112
Resolución 7936 exenta
03-DIC-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Modifica resolución N° 6.203 exenta, de 2010, que aprueba nómina de postulantes seleccionados del llamado a concurso en condiciones especiales para operaciones de adquisición de viviendas construidas del fondo solidario de vivienda, capítulo primero, correspondiente al mes de julio del año 2010.
Resumen: Reemplázase en el Resuelvo 2, el guarismo “2.975” por “2.973”.
Monto: 1.363.636 UF para las regiones del Maule y Biobío.
113
Resolución 7937 exenta
03-DIC-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Modifica resoluciones N° 2.186, N° 2.965 exentas, de 2010, que llaman a concurso en condiciones especiales para proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero y segundo respectivamente, para las regiones que indican y resolución N° 3.795 exenta, de 2010, que llama a postulación al segundo llamado extraordinario del sistema de subsidio habitacional regulado por el decreto N° 40, de 2004.
114
Resolución 7939 exenta
03-DIC-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Modifica resolución N° 5.870 exenta, de 2010, que aprueba nómina de postulantes seleccionados del llamado a concurso en condiciones especiales para operaciones de adquisición de viviendas construidas del fondo solidario de vivienda, capítulo segundo, correspondiente al mes de julio del año 2010, en el sentido que indica.
Resumen: Postulantes definitivos quedan en 241.
Monto: 88.171 UF para todas las regiones afectadas.
115
Resolución 7949 exenta
03-DIC-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Modifica resolución N°6.735 exenta, de 2010, que aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero establecido mediante resolución N° 2.186 exenta, de 2010.
Resumen: Reemplázase en el cuadro inserto en el Resuelvo 2, en la columna que indica los códigos de los proyectos seleccionados, el enunciado “46610” por “46612”.
116
Resolución 7978 exenta
06-DIC-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Modifica resolución N° 2.187 exenta, de 2010, que llama a postulación extraordinaria para el desarrollo de proyectos del programa de protección del patrimonio familiar en su título ii, mejoramiento de la vivienda, regulado por el ds N° 255, de 2006, destinado a la atención de los damnificados de las regiones de Valparaíso, Metropolitana, de O'higgins, del Maule, del Biobío, y de la Araucanía.
117
Resolución 7979 exenta
06-DIC-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero establecido mediante resolución N° 2.186 exenta, de 2010.
Monto: Entre 415 y 530 UF para cada uno de los 45 proyectos en la región del Maule.
118
Resolución 7983 exenta
06-DIC-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero establecido mediante resolución N° 2.186 exenta, de 2010.
Montos: 25.260 UF para el proyecto Don Sebastián II-B de San Rafael y entre 455 y 16.100 UF para otros 18 proyectos en la región del Maule.
119
Resolución 7984 exenta
06-DIC-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero establecido mediante resolución N° 2.186 exenta, de 2010.
Monto: Entre 485 y 17.425 UF para cinco proyectos en Parral.
120
Resolución 8010 exenta
06-DIC-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero establecido mediante resolución N° 2.186 exenta , de 2010.
Montos: 6.690 UF para el Comité de Allegados y Personas sin Casa Manantial en San Bernardo; 32.222 UF para el proyecto Hoevel en Quinta Normal; 29.300 UF para el proyecto Edison de la misma comuna, y 60.768 UF para el proyecto Los Magnolios I de Buin.
121
Resolución 8011 exenta
06-DIC-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero establecido mediante resolución N° 2.186 exenta, de 2010.
Montos: 56.182 UF para Don Matías II en Teno y 505 UF para un proyecto en Constitución.
122
Resolución 8012 exenta
06-DIC-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero establecido mediante resolución N° 2.186 exenta, de 2010.
Montos: 14.400 UF para Condominio Los Jazmines de Melipilla I y 2.875 para proyecto en Quinta Normal.
123
Resolución 8013 exenta
06-DIC-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero establecido mediante resolución N° 2.186 exenta, de 2010.
Montos: Entre 455 y 485 UF para cada uno de los 13 proyectos en Freire y Villarica .
124
Resolución 8014 exenta
06-DIC-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero establecido mediante resolución N° 2.186 exenta, de 2010.
Monto: 485 UF para cada uno de los 9 proyectos en Collipulli y Angol .
125
Resolución 8015 exenta
06-DIC-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero establecido mediante resolución N° 2.186 exenta, de 2010.
Monto: 11.795 UF para Construyendo Nuestra Vida de Estación Central.
126
Resolución 8016 exenta
06-DIC-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero establecido mediante resolución N° 2.186 exenta, de 2010.
Montos: 45.689 UF para San Javier , 54.127 para Molina y 415 UF para dos proyectos en Curepto.
127
Resolución 8022 exenta
04-DIC-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero establecido mediante resolución N° 2.186 exenta, de 2010.
Monto: 455 UF para dos proyecto en Curepto.
128
Resolución 8023 exenta
04-DIC-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero establecido mediante resolución N° 2.186 exenta, de 2010.
Montos: 71.084 UF para Bicentenario Parral I; 72.393 UF Bicentenario II Parral; 37161 UF para Comité Villa Papa Pablo VI de Linares, y 19.745 UF para Comité Habitacional Caminando Juntos de Cauquenes.
129
Resolución 8053 exenta
07-DIC-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Aprueba selección de proyecto para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero establecido mediante resolución N° 2.186 exenta, de 2010.
Monto: 380 UF para un proyecto en Villarica.
130
Resolución 8054 exenta
07-DIC-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyecto de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero establecido mediante resolución N° 2.186 exenta, de 2010.
Monto: 455 UF para proyecto en Pinto.
131
Resolución 8055 exenta
07-DIC-2010
vivienda y urbanismo
Aprueba selección de proyecto para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero establecido mediante resolución N° 2.186 exenta, de 2010.
Monto: 11.100 UF para Angol se levanta.
132
Resolución 8056 exenta
07-DIC-2010
vivienda y urbanismo
Aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero establecido mediante resolución N° 2.186 exenta, de 2010.
Montos: 11.520 UF para Filadelfia 3 de Los Ángeles y 15.000 para Las Araucarias II de Tucapel.
133
Resolución 8057 exenta
07-DIC-2010
vivienda y urbanismo
Aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero establecido mediante resolución N° 2.186 exenta, de 2010.
Montos: Entre 6.990 y 21.700 UF para cada uno de los siete proyectos en Quirihue, San Rosendo, Los Álamos y Ñiquen.
134
Resolución 8058 exenta
07-DIC-2010
vivienda y urbanismo
Aprueba selección de proyecto para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero establecido mediante resolución N° 2.186 exenta, de 2010.
Monto: 1.680 UF para Comité de Vivienda Arturo Prat de Ninhue.
135
Resolución 8060 exenta
07-DIC-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Modifica resolución N° 2.187 exenta, de 2010, que llama a postulación extraordinaria para el desarrollo de proyectos del programa de protección del patrimonio familiar en su título ii, mejoramiento de la vivienda, regulado por el decreto N° 255, de 2006, destinado a la atención de los damnificados de las regiones de Valparaíso, Metropolitana, de OHiggins, del Maule, del Biobío y de la Araucanía.
136
Resolución 8065 exenta
07-DIC-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero establecido mediante resolución N° 2.186 exenta, de 2010.
Montos: Entre 415 y 525 UF para cada uno de los 45 proyectos en Pinto, Portezuelo, Quirihue, Bulnes, Los Álamos y Arauco.
137
Resolución 8109 exenta
13-DIC-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Modifica resoluciones exentas N° 2.966 y N° 2.967, del ministerio de vivienda y urbanismo, del año 2010, que llaman a concurso en condiciones especiales para operaciones de adquisición de viviendas construidas del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo segundo y primero, respectivamente, para las regiones que indica.
138
Resolución 8100 exenta
13-DIC-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero establecido mediante resolución N° 2.186 exenta, de 2010.
Monto: 505 UF para un proyecto en Constitución, y 455 para tres de Yerbas Buenas y dos de Linares.
139
Resolución 8186 exenta
13-DIC-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Aprueba nóminas de postulantes seleccionados y dispone asignación de recursos por región, que se destinarán al financiamiento del subsidio directo correspondientes al segundo llamado extraordinario 2010, regulado por el D.S. N° 40, de 2004, título i, subsidio general, postulación al mes de noviembre de 2010.
140
Resolución 8212 exenta
17-DIC-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Aprueba selección de proyecto para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero establecido mediante resolución N° 2.186 exenta, de 2010.
Monto: 4.950 UF para Comité Vivienda Nuevo Futuro de Curacautín.
141
Resolución 8213 exenta
17-DIC-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Modifica resoluciones N°2.186 y N°2.965 exentas, de 2010, que llaman a concurso en condiciones especiales para proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero y segundo respectivamente, para las regiones que indica.
142
Resolución 8214 exenta
17-DIC-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Aprueba nómina de postulantes seleccionados (82) del llamado a concurso en condiciones especiales para operaciones de adquisición de viviendas construidas del fondo solidario de vivienda, capítulo segundo, correspondiente al mes de noviembre del año 2010.
Monto: 29.685 UF.
143
Resolución 8215 exenta
17-DIC-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Modifica resolución N°2.967 exenta, de 2010 y aprueba nómina de postulantes seleccionados (1.123) del llamado a concurso en condiciones especiales para operaciones de adquisición de viviendas construidas del fondo solidario de vivienda, capítulo primero, correspondiente al mes de noviembre del año 2010.
Monto: 3.814.676 UF.
144
Resolución 8227 exenta
18-DIC-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Modifica Res-4427 ex. De 2010, que aprueba nomina de postulantes seleccionados del mes de junio 2010 y dispone asignación de recursos por región, que se destinarán al financiamiento de subsidios correspondientes al llamado extraordinario del Programa de Protección Familiar para el Desarrollo de proyectos de su Titulo II, mejoramiento de la vivienda, destinado a la atención de los damnificados de las regiones de Valparaíso, Metropolitana, del L. General Bernardo O´Higgins, del Maule, del Bio Bio y de la Araucanía.
145
Resolución 8250 exenta
18-DIC-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Modifica Res-6979 Ex de 2010, que aprueba nómina de postulantes seleccionados mes de septiembre 2010, en el llamado extraordinario dispuesto por la Resolución N° 2187 ex. de 2010, del programa Protección del Patrimonio Familiar en su Titulo II, destinado a la atención de damnificados, y aprueba recursos que se destinaran al financiamiento de subsidios correspondientes al citado programa.
Monto: 315.470,50 UF.
146
Resolución 8251 exenta
18-DIC-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Modifica Res-2187 Ex, de 2010 y aprueba nómina de postulantes seleccionados mes de Octubre de 2010 (11.738) del programa Protección del Patrimonio Familiar en su Titulo II, destinado a la atención de damnificados y aprueba recursos que se destinarán al financiamiento de subsidios correspondientes al citado programa.
Monto: 693.851 UF.
147
Resolución 8256 exenta
18-DIC-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Aprueba selección de proyecto para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondos solidario de vivienda en su Capítulo primero establecido mediante Resolución N° 2186 ex. de 2010.
Montos: 10.640 UF para Mi Gran Sueño con Planing de Cerro Navia y 10.250 UF para Barrancas 2-Crear de Pudahuel.
148
Resolución 8258 exenta
18-DIC-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Aprueba selección de proyecto para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondos solidario de vivienda en su Capítulo primero establecido mediante Resolución N° 2186 ex. de 2010.
Monto: 548 UF para proyecto en Constitución.
149
Resolución 8260 exenta
18-DIC-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Aprueba selección de proyecto para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondos solidario de vivienda en su Capítulo primero establecido mediante Resolución N° 2186 ex. de 2010.
Montos: Entre 8.740 UF y 15.960 UF para cuatro proyectos en la Región Metropolitana.
150
Resolución 8282 exenta
20-DIC-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Aprueba selección de proyecto para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero establecido mediante resolución N° 2.186 exenta, de 2010.
Monto: 485 UF para un proyecto en Villarica.
151
Resolución 8283 exenta
20-DIC-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Aprueba selección de proyecto para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero establecido mediante resolución N° 2.186 exenta, de 2010.
Montos: 530 y 500 UF para dos proyectos en Constitución.
152
Resolución 8284 exenta
20-DIC-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Aprueba selección de proyecto para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero establecido mediante resolución N° 2.186 exenta, de 2010.
Montos: Entre 415 y 486 UF para tres proyectos en Pencahue y otro en Constitución.
153
Resolución 8285 exenta
20-DIC-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Aprueba selección de proyecto para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero establecido mediante resolución N° 2.186 exenta, de 2010.
Montos: 415 UF para un proyecto en Curicó y 455 UF para otros cinco proyectos en Yerbas Buenas (2), San Javier , Linares y Rauco .
154
Resolución 8286 exenta
20-DIC-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero establecido mediante resolución N° 2.186 exenta, de 2010.
Montos: Entre 421 y 485 UF para 18 proyectos en comunas de la Región de La Araucanía.
155
Resolución 8287 exenta
20-DIC-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Aprueba selección de proyecto para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero establecido mediante resolución N° 2.186 exenta, de 2010.
Monto: 460 UF para proyecto en Gorbea.
156
Resolución 8288 exenta
20-DIC-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero establecido mediante resolución N° 2.186 exenta, de 2010.
Monto: 14.680 UF para Sueño Dorado de San Nicolás.
157
Resolución 8289 exenta
20-DIC-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero establecido mediante resolución N° 2.186 exenta, de 2010.
Monto: 45.599 UF para Comité Municipal 6 de Linares.
158
Resolución 8291 exenta
20-DIC-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Modifica resolución N° 6.668 exenta, de 2010, que aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero establecido mediante resolución Nº 2.186 exenta, de 2010.
Monto: 7.953 UF para Reconstrucción Angol I.
159
Resolución 8292 exenta
20-DIC-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Modifica resolución N° 6.978 exenta, de 2010, que aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero establecido mediante resolución Nº 2.186 exenta, de 2010.
Montos: 8.230 UF para Comité de Vivienda El Nuevo Amanecer de Traiguén y 443 UF para proyecto en Angol.
160
Resolución 8299 exenta
20-DIC-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Aprueba selección de proyecto para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero establecido mediante resolución N° 2.186 exenta, de 2010.
Monto: 460 UF para proyecto en Cobquecura.
161
Resolución 8392 exenta
23-DIC-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Aprueba nómina de postulantes seleccionados (5.561) mes de noviembre de 2010 del programa protección del patrimonio familiar en su título ii, destinado a la atención de damnificados y aprueba recursos que se destinarán al financiamiento de subsidios correspondientes al citado programa.
Monto: 316.907,50 UF.
162
Resolución 8442 exenta
24-DIC-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Llama a postulación extraordinaria y simplificada para la asignación de subsidios destinados al financiamiento de proyectos de reparación de viviendas correspondientes al título ii, mejoramiento de la vivienda, del programa de protección del patrimonio familiar, regulado por el decreto N° 255, de 2006, destinado a la atención de los damnificados de todas las comunas de las regiones de O'Higgins y del Maule y de las comunas con población menor de 30.000 habitantes de las regiones de Valparaíso y de La Araucanía.
Resumen: El subsidio a otorgar será de un monto de hasta $750.000 para cada beneficiario, más el equivalente a 5 UF a cada beneficiario por concepto de Asistencia Técnica para las regiones de Valparaíso, del Maule y de la Araucanía, y a 7 UF para la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins.
Monto: 454.000 UF
163
Resolución 8460 exenta
28-DIC-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero establecido mediante resolución N° 2.186 exenta, de 2010.
Monto: 455 UF para un proyecto en Curepto y otro en Licantén.
164
Resolución 8473 exenta
28-DIC-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero establecido mediante resolución N° 2.186 exenta, de 2010.
Montos: Entre 415 y 590 UF para 28 proyectos en la Región de la Araucanía.
165
Resolución 1436 exenta
30-DIC-2010
^@#@^Vivienda Y Urbanismo
Dispone llamado extraordinario a postulación del programa protección del patrimonio familiar reglamentado por el decreto Nº 255, de 2006, correspondiente al título ii, mejoramiento de la vivienda, destinado a la atención de damnificados de la región del Biobío.
Circulares
Tipo/
Número
Fecha de
Publicación
Ministerio
Título de la Norma
1
Circular 19
10-mar-2010
Hacienda
Imparte instrucciones sobre donaciones de la ley 16.282, para los efectos de la ley sobre impuesto a la renta, contenida en el artículo 1º del decreto ley Nº 824, de 1974.
Resumen: La aplicación del límite global absoluto que establece el artículo 10 de la Ley 19.885 a las donaciones que se efectúen al amparo de la Ley 16.282, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado, está contenido en el Decreto con Fuerza de Ley N°104, de 1977, en virtud de la catástrofe a que se refiere el decreto supremo N°150, de 27 de febrero de 2010.
2
Circular 23
15-mar-2010
Hacienda
Instruye sobre el plazo y procedimiento a través del cual los contribuyentes deben dar aviso a este servicio, en caso de pérdidas de existencias en el inventario, así como respecto de la pérdida o inutilización fortuita de los libros de contabilidad y otros documentos, producto de los efectos de la catástrofe nacional ocurrida el 27 de febrero de 2010.
3
Circular 29
20-abr-2010
Hacienda
Aplicación de rebajas al avalúo fiscal de los bienes raíces destruidos o dañados gravemente por sismo y/o posterior maremoto del 27 de febrero de 2010.
4
Circular 39
08-JUL-2010
Hacienda
Instruye sobre modificaciones al decreto ley N° 3.475, de 1980, que incluye el proyecto de ley sobre obtención de recursos destinados a financiar la reconstrucción del país.
Resumen: Terminada la vigencia del artículo 3° de la ley N° 20.326, que dispuso una disminución transitoria de las tasas establecidas en los artículos 1°, numeral 3), 2° y 3° del Decreto Ley N°3.475, de 1980, y en tanto no se encuentre publicada la ley que mantenga la reducción de tasas, a contar del 1° de julio de 2010 el impuesto debe retenerse y pagarse con la tasas vigentes a la fecha de su devengo previstas en dicho decreto ley, esto es, con tasa de 0,1% por cada mes o fracción de mes con una tasa máxima de 1,2%.
5
Circular 44
03-AGO-2010
Hacienda
Tratamiento tributario de las donaciones efectuadas al fondo nacional de la reconstrucción, en caso de catástrofe.
Resumen: El artículo 1° de la Ley crea el Fondo, cuyo objeto es financiar la construcción, reconstrucción, reposición, remodelación, restauración o rehabilitación de infraestructura, instalaciones, patrimonio histórico arquitectónico de zonas patrimoniales y zonas típicas, obras y equipamiento, ubicados en las comunas, provincias o regiones afectadas por terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, inundaciones, aluviones u otras catástrofes que puedan ocurrir en el territorio nacional.
De acuerdo al artículo 9°, de la Ley, estas donaciones tienen el mismo tratamiento tributario previsto para las donaciones sin destino especifico, por lo cual resultan aplicables las instrucciones de la letra b) anterior, con la salvedad de que el monto del crédito en este caso, sólo asciende a un 23% de las donaciones efectuadas en el período respectivo.
6
Circular 62
04-OCT-2010
Hacienda
Instruye sobre modificaciones al decreto ley N° 3.475, de 1980, ley sobre impuesto de timbres y estampillas, introducidas por la ley N° 20.455.
Expropiaciones
Tipo/
Número
Fecha de Publicación
Ministerio
Título de la Norma
1
Decreto-497 EXENTO
08-may-2010
^@#@^Vivienda y Urbanismo
Aprueba programa de expropiaciones en la región del Maule para los años 2010 y siguientes para la adquisición de terrenos destinados a la reconstrucción del conjunto habitacional “villa Los Acacios”
2
Decreto-498 EXENTO
08-may-2010
^@#@^Vivienda y Urbanismo
Aprueba programa de expropiaciones en la región de Valparaíso para los años 2010 y siguientes para la adquisición de terrenos destinados a la reconstrucción del conjunto habitacional “villa del mar” de la comuna de San Antonio
3
Decreto-405 EXENTO
11-jun2010
^@#@^Vivienda y Urbanismo
Aprueba programa de expropiaciones en la región del Biobío para los años 2010 y siguientes para la adquisición de terrenos destinados a la reconstrucción de conjuntos habitacionales construidos por el SERVIU región del Biobío en diversas comunas de esa región que resultaron gravemente dañados a raíz del terremoto del 27 de febrero de 2010
4
Decreto-445 EXENTO
07-JUL-2010
^@#@^Vivienda y Urbanismo
Aprueba programa de expropiaciones en la región del Libertador Bernardo O'Higgins para los años 2010 y siguientes para la adquisición de terrenos destinados a la reconstrucción de distintos conjuntos habitacionales construidos por el SERVIU región O'Higgins en diversas comunas de esa región que resultaron gravemente dañados a raíz del terremoto del 27 de febrero de 2010
5
Decreto-447 EXENTO
07-JUL-2010
^@#@^Vivienda y Urbanismo
Aprueba programa de expropiaciones en la Región de O'Higgins para los años 2010 y siguientes para la adquisición de terrenos destinados a la reconstrucción del conjunto habitacional “villa cordillera”
6
Decreto-495 EXENTO
24-JUL-2010
^@#@^Vivienda y Urbanismo
Aprueba programa de expropiaciones en la región del Maule para los años 2010 y siguientes para la adquisición de terrenos destinados a la reconstrucción de los conjuntos habitacionales “cerro O'Higgins”
7
Resolución-2485 exenta
15-SEPT-2010
^@#@^Vivienda y Urbanismo
extracto desistimiento expropiación notificación
8
Resolución-2767 exenta
15-SEPT-2010
^@#@^Vivienda y Urbanismo
ordena expropiaciones de inmuebles que indica notificación
9
Resolución-2933 exenta
15-SEPT-2010
^@#@^Vivienda y Urbanismo
dispone expropiaciones de inmuebles que indica notificación
10
Resolución-3695 exenta
15-DIC-2010
^@#@^Vivienda y Urbanismo
ordena expropiación total de inmuebles que señala notificación
11
Resolución-3696 exenta
15-DIC-2010
^@#@^Vivienda y Urbanismo
ordena expropiación total de inmuebles que señala notificación
12
Resolución-3737 exenta
15-DIC-2010
^@#@^Vivienda y Urbanismo
ordena expropiación total de inmuebles que señala notificación
13
Resolución-3738 exenta
15-DIC-2010
^@#@^Vivienda y Urbanismo
ordena expropiación total de inmuebles que señala notificación
14
Resolución-3739 exenta
15-DIC-2010
^@#@^Vivienda y Urbanismo
ordena expropiación total de inmuebles que señala notificación
15
Resolución-3740 exenta
15-DIC-2010
^@#@^Vivienda y Urbanismo
ordena expropiación total de inmuebles que señala notificación
16
Resolución-3741 exenta
15-DIC-2010
^@#@^Vivienda y Urbanismo
ordena expropiación total de inmuebles que señala notificación
17
Resolución-3742 exenta
15-DIC-2010
^@#@^Vivienda y Urbanismo
ordena expropiación total de inmuebles que señala notificación
18
Resolución-3743 exenta
15-DIC-2010
^@#@^Vivienda y Urbanismo
ordena expropiación total de inmuebles que señala notificación
19
Resolución-3744 exenta
15-DIC-2010
^@#@^Vivienda y Urbanismo
ordena expropiación total de inmuebles que señala notificación
20
Resolución-3745 exenta
15-DIC-2010
^@#@^Vivienda y Urbanismo
ordena expropiación total de inmuebles que señala notificación
21
Resolución-3746 exenta
15-DIC-2010
^@#@^Vivienda y Urbanismo
ordena expropiación total de inmuebles que señala notificación
22
Resolución-3747 exenta
15-DIC-2010
^@#@^Vivienda y Urbanismo
ordena expropiación total de inmuebles que señala notificación
23
Resolución-3748 exenta
15-DIC-2010
^@#@^Vivienda y Urbanismo
ordena expropiación total de inmuebles que señala notificación
24
Resolución-3751 exenta
15-DIC-2010
^@#@^Vivienda y Urbanismo
ordena expropiación total de inmuebles que señala notificación
25
Resolución-3754 exenta
15-DIC-2010
^@#@^Vivienda y Urbanismo
ordena expropiación total de inmuebles que señala notificación
26
Resolución-3755 exenta
15-DIC-2010
^@#@^Vivienda y Urbanismo
ordena expropiación total de inmuebles que señala notificación
27
Resolución-3756 exenta
15-DIC-2010
^@#@^Vivienda y Urbanismo
ordena expropiación total de inmuebles que señala notificación
28
Resolución-3757 exenta
15-DIC-2010
^@#@^Vivienda y Urbanismo
ordena expropiación total de inmuebles que señala notificación
29
Resolución-3758 exenta
15-DIC-2010
^@#@^Vivienda y Urbanismo
ordena expropiación total de inmuebles que señala notificación
30
Resolución-3805 exenta
15-DIC-2010
^@#@^Vivienda y Urbanismo
ordena expropiación total de inmuebles que señala notificación
31
Resolución-3806 exenta
15-DIC-2010
^@#@^Vivienda y Urbanismo
ordena expropiación total de inmuebles que señala notificación
32
Decreto-849 EXENTO
24-DIC-2010
^@#@^Vivienda y Urbanismo
Aprueba programa de expropiaciones en la región del Biobío para los años 2010 y siguientes
33
Decreto-885 EXENTO
31-DIC-2010
^@#@^Vivienda y Urbanismo
Aprueba programa de expropiaciones en la región del Bio Bío para los años 2010 y siguientes para la adquisición de terrenos destinados al programa de reconstrucción
Normativa Publicada por Ministerio de Vivienda y Urbanismo 2
(Periodo 15 de Marzo 2011 a 15 de Junio 2011)
Tipo/
Número
Fecha de Publicación
Organismos
Título de la Norma
1
Resolución-3253 exenta
15-mar-2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Dispone expropiación de inmuebles que indica y enmienda publicación de fecha 15 de enero de 2011 notificación.
Monto provisional: cerca de $35 millones para 12 personas de la VI región.
1
Resolución-3254
15-mar-2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Dispone expropiación de inmuebles que indica y enmienda publicación de fecha 15 de febrero de 2011 notificación.
Monto provisional: cerca de $24 millones para 10 personas de la VI región.
2
Resolución-512 exenta
15-mar-2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Ordena expropiaciones que indica notificación.
Valor derecho: $285.607 para cada uno de los 200 proyectos en la VII región.
3
Resolución-4296 exenta
15-mar-2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Ordena expropiación parcial de inmuebles que indica notificación (VIII región)
4
Resolución-4297 exenta
15-mar-2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Ordena expropiación parcial de inmuebles que indica notificación (VIII región)
5
Resolución-1484 exenta
17-mar-2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Modifica resolución N° 313 exenta, que aprueba nómina de postulantes seleccionados (79) mes de diciembre de 2010 del programa protección del patrimonio familiar en su título II (RM)
Monto: Entre 4,5 y 6,5 UF.
6
Resolución-1647 exenta
22-mar-2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Aprueba selección de proyecto para llamado en condiciones especiales de proyecto de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero establecido mediante resolución N° 699 exenta (V región).
Total subsidio: 104.112 UF
7
Decreto-2
24-mar-2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Modifica decreto N° 47
Resumen: Los permisos de viviendas sociales, y de viviendas cuyo valor de tasación de la construcción no sea superior a 520 unidades de fomento, calculado conforme a la tabla de costos unitarios por metro cuadrado de construcción del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, estarán exentos del pago de derechos municipales de conformidad a lo dispuesto en el inciso final del artículo 116 bis D) de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
8
Resolución-1714 exenta
2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Aprueba nómina de postulantes (177) seleccionados mes de febrero de 2011, para la VI región.
9
Resolución-1715 exenta
28-mar-2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Aprueba nómina de postulantes (306) seleccionados del llamado a concurso en condiciones especiales para operaciones de adquisición de viviendas construidas del fondo solidario de vivienda.
Monto: 136.035 UF para las regiones afectadas.
10
Resolución-1716 exenta
28-mar-2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Aprueba nóminas de postulantes (141) seleccionados y dispone asignación de recursos por región.
Monto: 35.250 UF.
11
Resolución-1717 exenta
28-mar-2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero establecido mediante resolución N° 699 exenta.
Monto: 13.090 UF para 29 familias del Maule.
13
Resolución-1718 exenta
28-mar-2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Aprueba selección de proyecto para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero establecido mediante resolución N° 699 exenta.
Monto: 490 UF para un proyecto en Quirihue (VIII)
13
Resolución-1719 exenta
28-mar-2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero establecido mediante resolución N° 699 exenta.
Monto: 23.689 UF para 52 familias de la región del Maule.
14
Resolución-1720 exenta
28-mar-2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero establecido mediante resolución N° 699 exenta.
Monto: 16.840 UF para 37 familias de la región del Maule.
15
Resolución-1721 exenta
28-mar-2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero establecido mediante resolución N° 699 exenta.
Monto: 10.870 UF para 23 familias del Biobío.
16
Resolución-1722 exenta
28-mar-2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero establecido mediante resolución N° 699 exenta.
Monto: 45.397 UF para 97 familias de la comuna de San Ignacio (Biobío)
17
Resolución-1723 exenta
28-mar-2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Aprueba nómina de postulantes (16) seleccionados del llamado a concurso en condiciones especiales para operaciones de adquisición de viviendas construidas del fondo solidario de vivienda.
Monto: 5.731 UF
18
Resolución-1727 exenta
28-mar-2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Aprueba nómina de postulantes (174) seleccionados mes de febrero de 2011 del programa protección del patrimonio familiar en su título II.
Monto: 9.527 UF.
19
Resolución-1935 exenta
7-abr-2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Aprueba nómina de postulantes (938) seleccionados primera quincena mes de marzo de 2011.
Monto: 6.162 UF
20
Resolución-1936 exenta
7-abr-2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Aprueba selección de proyecto para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero establecido mediante resolución ex. N° 699.
Monto: 485 UF para proyecto en Freire (IX)
21
Resolución-1937 exenta
7-abr-2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero establecido mediante resolución ex. N° 699.
Monto: 6.102 para 14 familias de la Araucanía.
22
Resolución-1938 exenta
7-abr-2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Aprueba selección de proyecto para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero establecido mediante resolución ex. N° 699.
Monto: 495 UF para proyecto en Gorbea (IX)
24
Resolución-2089 exenta
11-abr-2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Otorga subsidio destinado al financiamiento de proyecto de reparación de vivienda según lo dispuesto en la resolución N° 700 exenta.
Monto: 7 UF para una persona en la VI región
24
Decreto-9
13-abr-2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Modifica decreto N° 47.
25
Resolución-2139 exenta
14-abr-2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Aprueba selección de proyecto para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero establecido mediante resolución N° 699 exenta.
Monto: 53.021 UF para 93 familias de Cauquenes (VII)
26
Resolución-2142 exenta
14-abr-2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero establecido mediante resolución N° 699 exenta.
Monto: 189.323 UF para 346 familias de San Clemente y Cauquenes (VII)
27
Resolución-2143 exenta
14-abr-2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Aprueba selección de proyecto para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero establecido mediante resolución N° 699 exenta.
Monto: 9.403 UF para 19 familias de Las Cabras (VI)
28
Resolución-2167 exenta
16-abr-2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Aprueba selección de proyecto para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero establecido mediante resolución N° 699 exenta.
Monto: 485 UF para una familia de Curepto (VII)
29
Resolución-2168 exenta
16-abr-2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero establecido mediante resolución N° 699 exenta.
Monto: 102.796 UF para 187 familias del Maule.
30
Resolución-2169 exenta
16-abr-2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero establecido mediante resolución N° 699 exenta.
Monto: 3.868 UF para 9 familias del Biobío
31
Resolución-2170 exenta
16-abr-2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero establecido mediante resolución N° 699 exenta.
Monto: 1.357 UF para 3 familias de Collipulli y Angol (IX)
32
Resolución-2171 exenta
16-abr-2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero establecido mediante resolución N° 699 exenta.
Monto: 12.465 UF para 26 familias del Biobío
33
Resolución-2172 exenta
16-abr-2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero establecido mediante resolución N° 699 exenta.
Monto: 3.279.05 UF para 7 familias de la VI región.
34
Resolución-2173 exenta
16-abr-2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero establecido mediante resolución N° 699 exenta.
Monto: 8.198 UF para 17 familias del Maule.
35
Resolución-2174 exenta
16-abr-2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Aprueba selección de proyecto para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero establecido mediante resolución N° 699 exenta.
Monto: 99.412 UF para proyecto en Rancagua.
36
Resolución-2175 exenta
16-abr-2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Aprueba selección de proyecto para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero establecido mediante resolución N° 699 exenta.
Monto: 104.112 UF para proyecto en Quillota (V)
37
Resolución-2176 exenta
16-abr-2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Aprueba selección de proyecto para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero establecido mediante resolución N° 699 exenta.
Monto: 7.008 UF para proyecto en Ninhue (VIII)
38
Resolución-2177 exenta
16-abr-2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Aprueba selección de proyecto para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero establecido mediante resolución N° 699 exenta.
Monto: 480 UF para proyecto en Pichidegua (VI)
39
Resolución-2178 exenta
16-abr-2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero establecido mediante resolución N° 699 exenta.
Monto: 6.745 UF para 15 familias de Longaví (VII)
40
Resolución-2226 exenta
19-abr-2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Aprueba nómina de postulantes seleccionados (374) del llamado a concurso en condiciones especiales para operaciones de adquisición de viviendas construidas del fondo solidario de vivienda.
Monto: 169.943 UF
41
Resolución-2227 exenta
19-abr-2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Aprueba nómina de postulantes seleccionados (24) del llamado a concurso en condiciones especiales para operaciones de adquisición de viviendas construidas del fondo solidario de vivienda.
Monto: 8.821 UF
42
Resolución-2228 exenta
19-abr-2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Aprueba nóminas de postulantes seleccionados (290) y dispone asignación de recursos por región.
Monto: 72.500 UF
43
Resolución-2229 exenta
19-abr-2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Modifica resolución N° 4.079 exenta.
44
Resolución-2230 exenta
19-abr-2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Modifica resolución N° 2.968 exenta.
45
Resolución-2312 exenta
25-abr-2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Dispone llamado a concurso en condiciones especiales del programa fondo solidario de vivienda.
46
Resolución-2313 exenta
25-abr-2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero establecido mediante resolución N° 699 exenta.
Monto: 198.533 UF para 377 familias del Maule.
47
Decreto-634 EXENTO
5-may-2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Aprueba programa de expropiaciones en la región del Biobío para los años 2011 y siguientes.
48
Decreto-635 EXENTO
5-may-2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Aprueba programa de expropiaciones en la región de Valparaíso para los años 2011 y siguientes para el proyecto de demolición de 18 departamentos del conjunto habitacional “José Miguel Carrera”.
49
Resolución-2747 exenta
14-may-2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero efectuado mediante resolución N° 699 exenta.
Monto: 11.730 UF para 26 familia de la VI región.
50
Resolución-2748 exenta
14-may-2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero efectuado mediante resolución N° 699 exenta.
Monto: Entre 415 y 500 UF para 25 familias de la VI región.
51
Resolución-2749 exenta
14-may-2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Aprueba selección de proyecto para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero establecido mediante resolución N° 699 exenta.
Monto: 55.781 UF para proyecto en Las Cabras (VI)
52
Resolución-2750 exenta
14-may-2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero efectuado mediante resolución N° 699 exenta.
Monto: 905 UF para dos familias de Curacautín y Angol (IX)
53
Resolución-2751 exenta
14-may-2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Aprueba selección de proyecto para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero efectuado mediante resolución N° 699 exenta.
Monto: 455 UF para proyecto en Lolol (VI)
54
Resolución-2881 exenta
20-may-2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero efectuado mediante resolución N° 699 exenta.
Monto: 13.584 UF para 29 familias de la Araucanía.
55
Resolución-2883 exenta
20-may-2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero efectuado mediante resolución N° 699 exenta.
Monto: 3.198 UF para 7 familias de la Araucanía.
56
Resolución-2887 exenta
20-may-2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero efectuado mediante resolución N° 699 exenta.
Monto: 18.280 UF para 41 familias del Biobío.
57
Resolución-2888 exenta
20-may-2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Aprueba selección de proyecto para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero efectuado mediante resolución N° 699 exenta.
Monto: 18.140 UF para proyecto en Cañete (VIII)
58
Resolución-2889 exenta
20-may-2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Aprueba selección de proyecto para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero efectuado mediante resolución N° 699 exenta.
Monto: 35.499 UF para proyecto en San Javier (VII)
59
Resolución-2893 exenta
20-may-2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero efectuado mediante resolución N° 699 exenta.
Monto: 19.708 UF par 41 familias del Maule.
60
Resolución-2894 exenta
20-may-2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero efectuado mediante resolución N° 699 exenta.
Monto: 49.600 UF para proyecto en Paredones (VI)
61
Resolución-2895 exenta
20-may-2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero efectuado mediante resolución N° 699 exenta.
Monto: 3.185 UF para 7 familias del Maule.
62
Resolución-2896 exenta
20-may-2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Aprueba selección de proyecto para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero efectuado mediante resolución N° 699 exenta.
Monto: 455 UF para familia en Curepto (VII)
63
Resolución-2897 exenta
20-may-2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero efectuado mediante resolución N° 699 exenta.
Monto: 43.490 para 97 familias del Biobío.
64
Resolución-2898 exenta
20-may-2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero efectuado mediante resolución N° 699 exenta.
Monto: 1.335 UF para 3 familias del Biobío.
65
Resolución-2953 exenta
23-may-2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Aprueba nóminas de postulantes seleccionados (258) y dispone asignación de recursos por región (abril).
Monto: 64.500 UF
66
Resolución-2954 exenta
25-may-2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Deja sin efecto resoluciones exentas N° 8.775 de 2010 y N° 266 de 2011.
67
Resolución-2960 exenta
25-may-2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Modifica resolución exenta N° 6.194.
68
Resolución-2972 exenta
25-may-2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Aprueba nómina de postulantes seleccionados (272) del llamado a concurso en condiciones especiales para operaciones de adquisición de viviendas construidas del fondo solidario de vivienda (abril).
Monto: 123.753 UF
69
Resolución-2973 exenta
25-may-2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Aprueba nómina de postulantes seleccionados (13) del llamado a concurso en condiciones especiales para operaciones de adquisición de viviendas construidas del fondo solidario de vivienda (abril).
Monto: 5.254 UF
70
Resolución-3015 exenta
25-may-2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero efectuado mediante resolución ex. N° 699.
Monto: 5.630 UF para proyecto en Los Sauces (IX).
71
Resolución-3016 exenta
25-may-2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero efectuado mediante resolución ex. N° 699.
Monto: 14.747 UF para 32 familias de la Araucanía.
72
Resolución-3017 exenta
25-may-2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero efectuado mediante resolución ex. N° 699.
Monto: 6.715 UF para 15 familias de la VI región.
73
Resolución-3018 exenta
25-may-2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero efectuado mediante resolución ex. N° 699.
Monto: 50.868 UF para 111 familias del Biobío.
74
Resolución-3020 exenta
25-may-2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero efectuado mediante resolución ex. N° 699.
Monto: 12.270 UF para 27 familias del Maule.
75
Resolución-3021 exenta
25-may-2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero efectuado mediante resolución ex. N° 699.
Monto: 59.095 UF para proyecto en Retiro (VI)
76
Resolución-3023 exenta
25-may-2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero efectuado mediante resolución ex. N° 699.
Monto: 910 UF para dos familias de Lolol (VI)
77
Resolución-3071 exenta
27-may-2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero efectuado mediante resolución N° 699 exenta.
Monto: 1.365 UF para tres familias de Yerbas Buenas y Río Claro (VII)
78
Resolución-3073 exenta
27-may-2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero efectuado mediante resolución N° 699 exenta.
Monto: 204. 299 UF para 421 familias del Biobío.
79
Resolución-3077 exenta
27-may-2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero efectuado mediante resolución N° 699 exenta.
Monto: 52.480 UF para 96 familias de San Javier y Linares (VII)
80
Resolución-3078 exenta
27-may-2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero efectuado mediante resolución N° 699 exenta.
Monto: 7.210 UF para 14 familias de Lota (VIII)
81
Resolución-3079 exenta
27-may-2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero efectuado mediante resolución N° 699 exenta.
Monto: Dos proyectos en Linares por 910 UF
82
Resolución-3080 exenta
27-may-2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero efectuado mediante resolución N° 699 exenta.
Monto: 970 UF para dos familias de Angol (IX)
84
Resolución-3081 exenta
27-may-2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Aprueba selección de proyecto para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero efectuado mediante resolución N° 699 exenta.
Resumen: Igual que la anterior.
85
Resolución-3082 exenta
27-may-2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Complementa y Modifica resolución N° 701 exenta.
Resumen: Se agrega al cuadro inserto la cifra de 770.464 UF para la región del Biobío.
86
Resolución-3083 exenta
27-may-2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero efectuado mediante resolución N° 699 exenta.
Monto: 2.124 UF para 5 familias del Maule.
87
Resolución-3084 exenta
27-may-2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Aprueba nómina de postulantes seleccionados (1.132) segunda quincena mes de marzo de 2011, de subsidios destinados al financiamiento de proyectos de reparación de viviendas según lo dispuesto en la resolución N° 700 exenta, de 2011, correspondiente al título ii, mejoramiento de la vivienda, del programa de protección del patrimonio familiar, regulado por el decreto N° 255, de 2006, y aprueba recursos que se destinarán al financiamiento de subsidios correspondientes al citado programa.
Monto: 45.992,59 UF
88
Resolución-3100 exenta
27-may-2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero efectuado mediante resolución exenta N° 699.
Monto: 1.455 UF para tres familias de Angol (IX).
89
Resolución-3101 exenta
27-may-2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero establecido mediante resolución N° 699 exenta.
Monto: Construcción en nuevos terrenos en las comunas de Maule y Retiro (VII) por 101.069.5 UF, y 60 proyectos individuales por 27.735 UF en otras zonas de región.
90
Resolución-3102 exenta
27-may-2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero efectuado mediante resolución exenta N° 699.
Monto: 2.190 UF para 5 familias de la VI región.
91
Resolución-3103 exenta
27-may-2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero efectuado mediante resolución N° 699 exenta.
Monto: 5.499 UF para 12 familias del Maule.
92
Resolución-3104 exenta
27-may-2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero efectuado mediante resolución N° 699 exenta.
Monto: 2.455 UF para cinco familias de la VI región.
93
Resolución-3105 exenta
27-may-2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero efectuado mediante resolución N° 699 exenta.
Monto: 4.095 UF para nueve familias de la VI región.
94
Resolución-3106 exenta
27-may-2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero efectuado mediante resolución N° 699 exenta.
Monto: 3.090 UF para seis familias de Lota (VIII)
95
Resolución-2838 exenta
2-jun2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero efectuado mediante resolución exenta N° 699.
Monto: 100.390 UF para proyecto en Los Ángeles (VIII)
96
Resolución-3254 exenta
8-jun2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Modifica resoluciones exentas N°s 3.701, que aprueba nómina de seleccionados del mes de mayo de 2010, correspondiente al llamado efectuado por resolución exenta Nº 2.187 (V. y U.), de 2010, en el sentido de sustituir el cuadro inserto en el Resuelvo número 2, correspondiente al monto de Unidades de Fomento comprometidas para el financiamiento de subsidios del Programa de Protección del Patrimonio Familiar, Título II, para la atención de los postulantes damnificados.
Monto: 153.254,5 UF
97
Resolución-3299 exenta
9-jun2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Aprueba selección de proyectos para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero efectuado mediante resolución N° 699 exenta.
Monto: 12.805 UF para 26 familias de la VI región.
98
Resolución-3300 exenta
9-jun2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Modifica resolución N° 1.012 exenta, que llama a concurso para el otorgamiento de subsidios habitacionales del fondo solidario de vivienda para su capítulo tercero del programa habitacional para familias de zonas rurales, para el mes de marzo del año 2011 y aprueba nómina de postulantes seleccionados.
Monto: 343.803,70 UF para 809 familias en total.
99
Resolución-3301 exenta
9-jun2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Modifica resolución N° 2.176 exenta.
100
Resolución-3302 exenta
9-jun2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Aprueba selección de proyecto para llamado en condiciones especiales de proyectos de construcción del programa fondo solidario de vivienda en su capítulo primero establecido mediante resolución N° 699 exenta.
Monto: 2.146 para proyecto en Tomé.
101
Resolución-3309 exenta
9-jun2011
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Modifica resolución N° 513 exenta.
Resumen: Sustitúyese en el cuadro inserto en el resuelvo 1, el guarismo “891”, correspondiente a la Región del Libertador Bernardo O'Higgins y al total por “889”, y suprímese en la nómina anexa a dicho resuelvo las filas 741 y 785.
Resoluciones dictadas por otros organismos
Tipo/
Número
Año
Organismos
Título de la Norma
1
Resolución-346
17-mar-2011
Corporación de Fomento de la Producción
Ejecuta acuerdo de consejo N° 2.650, que modifica acuerdo 2.606, de 2010, sobre cobertura por créditos para reconstrucción otorgados por intermediarios financieros a empresas afectadas por las consecuencias del terremoto ocurrido el 27 de febrero de 2010, denominado “cobertura Corfo para créditos de reconstrucción”.
Resumen: El Intermediario podrá reprogramar las operaciones acogidas a la cobertura para lo cual sólo deberá informar al Gerente de dicha reprogramación, junto con el saldo vigente de la operación, dentro de los 30 días corridos siguientes a su formalización para efectos de mantener vigente la Cobertura.
2
Decreto-148
28-mar-2011
Ministerio de Interior y Seguridad Pública
Extiende vigencia de plazo (doce meses) para la aplicación de las medidas adoptadas por la declaración de zona afectada por la catástrofe.
3
Decreto-134
30-mar-2011
Ministerio de Obras Públicas
Aprueba circular aclaratoria N° 1 de bases de licitación de la obra mejoramiento borde costero sector la poza Talcahuano.
Resumen: Se dispuso de esto porque “corresponde a uno de los principales centros comerciales y turísticos de la ciudad de Talcahuano; destacándose la necesidad de realizar obras en las actuales edificaciones existentes, tales como caleta pesquera, el mercado de ventas y las bentotecas, producto del deterioro por motivo del terremoto y posterior tsunami acaecido el 27.02.2010”
4
Decreto-173
2-abr-2011
Ministerio de Hacienda
Delega en ministros de estado firma de decretos en materia que indica.
Resumen: Bajo la fórmula “Por Orden del Presidente de la República ”, los decretos que autorizan los convenios suscritos para la ejecución de una obra de naturaleza pública, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 26º del decreto supremo Nº 662, de 2010, del Ministerio de Hacienda, en relación al inciso 6º, del artículo 8º de la ley Nº 20.444, y los decretos que autorizan los convenios suscritos para la ejecución de una obra de naturaleza privada, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 27º del decreto supremo Nº 662, de 2010, del Ministerio de Hacienda, en relación al inciso 6º, del artículo 8º de la ley Nº 20.444.
5
Decreto-262
4-abr-2011
Ministerio de Hacienda
Modifica decreto N° 662.
Resumen: En el decreto supremo del Ministerio de Hacienda de 2010, en el artículo 14 se agrega que “Por su parte, los aportes en dinero que para estos fines deban destinarse a los municipios, podrán ser traspasados en la forma antes señalada, directamente al presupuesto de la Municipalidad respectiva o a los presupuestos de los ministerios o gobiernos regionales que correspondan, para que asignen al municipio en cuestión los fondos para la ejecución de cada proyecto (…)”
6
Decreto-131
12-abr-2011
Ministerio de Hacienda
Aprueba listado de obras específicas a que se refiere el artículo 8º de la ley N° 20.444.
Monto: Obras de naturaleza pública por cerca de $2 mil millones; y de naturaleza privada por cerca de $ 600 millones.
7
Decreto-92
13-abr-2011
Ministerio de Justicia
Declara parcialmente destruidos los registros que indica del conservador de bienes raíces de Penco.
8
Decreto-41
14-abr-2011
Ministerio de Educación
Reglamenta transferencia de recursos para financiar construcciones, reparaciones y/o normalizaciones de establecimientos educacionales regidos por el dfl N° 2, de 1998, ubicados en las zonas comprendidas en el decreto N° 150, de 2010, del ministerio del interior, como asimismo equipamiento y mobiliario para dichos establecimientos.
Resumen: Hasta el 25% de los recursos a que se refiere esta asignación podrán destinarse a financiar a los establecimientos particulares subvencionados que cumplan con lo indicado en el presente reglamento.
9
Circular-24
21-abr-2011
Ministerio de Hacienda
Instruye sobre la extensión de la vigencia del plazo para la aplicación de las medidas adoptadas por la declaración de zona de catástrofe conforme a la ley N° 16.282.
Resumen: El texto íntegro de esta circular está publicado en la Oficina Virtual del Servicio de Impuestos Internos en Internet (www.sii.cl) y, además, aparecerá en el Boletín del SII en abril de 2011.
10
Decreto-20
27-abr-2011
Ministerio de Hacienda
Modifica el decreto N°1.084.
Resumen: Agrégase en el numeral 2, el siguiente inciso a continuación del punto final: “Adicionalmente, podrá financiar proyectos del ámbito descrito, en las áreas urbanas no concesionadas de las comunas que conforman las Regiones de Valparaíso, del Libertador General Bernardo O'Higgins, del Maule, del Biobío, de La Araucanía y Metropolitana de Santiago, que resultaron afectadas por el terremoto y/o maremoto del 27 de febrero de 2010, en adelante, las “Zonas Afectadas por el Sismo”, en los términos contemplados en el Contrato Modificatorio Nº1 del Préstamo Nº 1881/OC-CH.”
11
Decreto-275
11-jun2011
Ministerio de Hacienda
Aprueba listado de obras específicas a que se refiere el artículo 8º de la ley N° 20.444.
Monto: Reparación liceo Abdón Cifuentes de Conchalí por cerca de $ 260 millones, y reconstrucción escuela Isabel Riquelme de Linares por cerca de $ 212 millones (públicas); y reconstrucción parroquia Santo Ángeles Custodios de Buin primera etapa por cerca de $ 200 millones (privada).
Fuente: Base Legal de la Biblioteca del Congreso Nacional Ley Chile3
c) El proceso de inversión pública4
El proceso inversionista público es lento, tanto en inversiones físicas, como en ejecución de programas. La lentitud es aún mayor cuando se trata de proyectos nuevos. Esta lentitud proviene de las exigencias que debe cumplir, pero también de la distribución de sus etapas durante el año5. El proceso presupuestario comienza en enero de cada año -cuando los funcionarios púbicos normalmente inician sus vacaciones-, y se cierra en el mes de diciembre, de manera que se hace muy difícil iniciar el uso de fondos frescos en los meses de enero y febrero y dadas todas las exigencias, comenzar las ejecuciones en marzo.
A continuación se presenta un cronograma, tomando como modelo construcciones grandes.
CRONOGRAMA DEL PROCESO INVERSIONISTA PÚBLICO6
I. DESARROLLO DEL PROYECTO DE COMPRA DE TERRENO
ACTIVIDAD
PLAZO MINIMO ESTIMADO
1. Selección de terreno: En esta etapa profesionales de Oplap y de Gendarmería seleccionan el inmueble de acuerda a las características técnicas y de localización.
24 semanas
2. Aprobación Mideplán (RS)
Se ingresa la ficha EBI y el sectorialista estudia las factibilidades de servicios básicos y demás antecedentes. Se solicita el cambio de uso de suelo y aprobación de COREMA
12 semanas
3. Identificación fondos ante el Ministerio de Hacienda previa incorporación en la ley de presupuestos del año correspondiente
12 semanas
Subtotal
48 semanas
II. TRAMITE EN EL MINISTERIO DE BIENES NACIONALES
1. Se solicita al dueño del terreno seleccionado los títulos saneados y otros antecedentes7.
5 semanas
2. Estudio de títulos, por parte de la División Jurídica de la Subsecretaría de Justicia.
3 semanas
3. Envío de oficio a seremi de Bienes Nacionales de la Región respectiva solicitando compra del terreno y remitiendo antecedentes completos y estudio de títulos aprobado por Subsecretaría.
2 semanas
4. seremi de Bienes Nacionales de la Región envía antecedentes a Encargado de Bienes Nacionales de la ciudad correspondiente, con lo que se confecciona un expediente de compra.
3 semanas
5. El Encargado de Bienes Nacionales de la ciudad analiza el expediente, para su aprobación, y envía un agrimensor a realizar un estudio de los límites del terreno, de acuerdo al paño que se va a comprar. Este agrimensor es contratado externamente por el seremi de Bienes Nacionales, por lo que ambas actividades, paralelas, toman el mismo tiempo.
3 semanas
6. Una vez aprobado el expediente, el Encargado de Bienes Nacionales de la ciudad lo remite al Ministerio de Bienes Nacionales, es decir, al Subsecretario de Bienes Nacionales quien lo pasa al Jefe de Gabinete Ministro de Bienes Nacionales .
4 semanas
7. El Subsecretario de Bienes Nacionales remite el expediente a su Departamento de Administración de Bienes.
2 semanas
8. El Jefe del Departamento de Administración nombra un coordinador a cargo del expediente. El expediente es analizado por la Unidad de Catastros de Bienes Nacionales y la Unidad de Estudio de Títulos.
4 semanas
9. El coordinador aprueba el expediente y lo devuelve al Jefe del Departamento de Administración de Bienes con un informe de aprobación.
1 semana
10. El Jefe del Departamento de Administración remite el expediente al Departamento Jurídico de Bienes Nacionales con el informe para su aprobación.
1 semana
11. Simultáneamente el Seremi de Justicia de la Región correspondiente hace un borrador de escritura, convenido con el dueño del terreno, y lo envía al Departamento Jurídico de Bienes Nacionales .
2 semanas
12. El Departamento Jurídico hace el último análisis y redacta un borrador de Decreto de Compra con el borrador de la escritura en mano.
5 semanas
13. El Decreto de Compra se envía a la Ministra de Bienes Nacionales para su aprobación y firma adjuntando Decreto de Identificación de Fondos del Ministerio de Hacienda.
2 semanas
14. El Ministro de Bienes Nacionales remite el Decreto de compra al Presidente de la República.
1 semana
15. El Presidente firma el Decreto de compra.
4 semanas
16. El Decreto firmado se envía a Contraloría.
1 semana
17. La Contraloría Toma Razón.
5 semanas
18. La Contraloría lo envía al Ministro de Bienes Nacionales.
1 semana
19. El Ministro de Bienes Nacionales solicita al Departamento. De Presupuestos del MINJU el certificado de imputación de fondos.
1 semana
20. Se envía el cheque desde el MINJU al Seremi de Bienes Nacionales quien firma la escritura.
5 semanas
21. El Seremi de Bienes Nacionales destina terreno a Ministerio de Justicia
2 semanas
^@#@^Subtotal COMPRA DE TERRENO
56 semanas
NOTA: En este cronograma no se consideran licencias ni vacaciones de los implicados y se supone que todos los documentos son aprobados sin corrección por todas las instancias.
III. DISEÑO ARQUITECTONICO
1. Obtención de la recomendación ante Mideplan
1. Formulación del Proyecto conforme a la metodología de Mideplan.
5 semanas
2. Ingreso del proyecto al SEBI de Mideplan y entrega de antecedentes.
4 semanas
3. Análisis del sectorialista de Mideplan y recomendación
6 semanas
Subtotal
15 semanas
2. Etapas de obtención de fondos y de ejecución de los proyectos de inversión
1. Con las fichas EBI RS, el Subsecretario de Justicia remite oficio al Ministerio de Hacienda, solicitando la identificación de fondos para llevar a cabo los proyectos. Debe incluirse un listado de los proyectos, con sus correspondientes Fichas EBI.
1 semana.
2. Una vez dictado el Decreto de identificación de los fondos de cada proyecto, el Ministerio de Hacienda lo remite a la Contraloría General de la República, para su toma de razón.
8 semanas.
3. Estos fondos son depositados en la cuenta corriente del Ministerio de Justicia, para su uso en los respectivos proyectos.
1 semana.
Subtotal
10 semanas
3. Convenio de asistencia técnica entre el Ministerio de Justicia y la Dirección Nacional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas para la etapa de diseño arquitectónico y otros estudios del proyecto.
1. Redacción de los convenios entre el Subsecretario de Justicia y el Director Nacional de Arquitectura del MOP y de los correspondientes Decretos de los Ministros de Justicia y de Hacienda, en los cuales figuran como Mandante el Ministerio de Justicia y mandatario la Dirección Nacional de Arquitectura del MOP.
1 semana
2. Remisión de estos documentos para las respectivas firmas a la Dirección Nacional de Arquitectura del MOP.
1 semana.
3. Remisión del Convenio y el Decreto a la Contraloría General de la República, para su toma de razón.
2 semanas.
Subtotal
4 semanas
4.- Ejecución de la etapa de diseño arquitectónico y otros estudios de los proyectos.
Una vez firmado los convenios con el MOP para el diseño y otros estudios del proyecto, se deben realizar las siguientes actividades:
1. Preparación de antecedentes técnicos y administrativos.
2 semanas
2. Publicación de avisos de propuesta y entrega de antecedentes.
1 semana
3. Estudio de antecedentes por consultores y solicitudes de aclaraciones.
2 semanas
4. Respuestas a solicitudes de aclaraciones y análisis consultores.
2 semanas
5. Apertura de las propuestas técnicas y evaluación técnica.
1 semana
6. Apertura de propuestas económicas e informe de adjudicación.
1 semana.
7. Envío de los antecedentes de la adjudicación y trámite en la Contraloría General (Regional) de la República, para su aprobación.
4 semanas
8. Inicio del diseño arquitectónico
Si la obra fluctúa entre 400 m2 y 956 m2, 16 semanas (4 meses).
Si la obra fluctúa entre 957 m2 y 1.452m2, 24 semanas (6 meses).
Si la obra es mayor a 1.452 m2, 32 semanas (8 meses)
Si la obra es mayor a 10.000 m2, 48 semanas 12 meses
9. Correcciones al diseño por parte del MOP y del Mandante.
Durante el proceso
10. Entrega del diseño arquitectónico y estudios.
1 semana
Subtotal
30-62 semanas
IV. CONSTRUCCION
1. Aprobación del diseño arquitectónico por parte de Mideplan.
1. El diseño arquitectónico debe ser remitido a Mideplan, junto con un presupuesto estimado, para su aprobación.
2. Esta es una condición indispensable para obtener los recursos necesarios para efectuar la etapa de construcción.
3. El sentido de esta aprobación del diseño arquitectónico es que el edificio diseñado sea el mismo aceptado inicialmente por Mideplan, en términos de costos y M2.
2 semanas
Subtotal
2 semanas
2.- Solicitud de identificación de fondos al Ministerio de Hacienda.
1. Habiéndose obtenido la aprobación de Mideplan del diseño arquitectónico del proyecto, es preciso solicitar los fondos asignados por Ley de Presupuestos al Ministerio de Hacienda para llevar a cabo la etapa de construcción del Centro. Esto se materializa mediante un Decreto de Identificación de Fondos por parte de ese Ministerio.
10 semanas
2. La Contraloría General de la República toma razón del Decreto del Ministerio de Hacienda.
3 semanas
3. El Ministerio de Justicia dispone de los fondos para celebrar los convenios con el MOP para iniciar el proceso de construcción.
1 semana
Subtotal
14 semanas
3.- Convenios de asistencia técnica entre el Ministerio de Justicia y la Dirección Nacional de Arquitectura para la etapa de construcción del proyecto.
1. Redacción de los convenios de la Subsecretaría de Justicia y la Dirección Nacional de Arquitectura del MOP y de los correspondientes decretos del Ministros de Justicia y Hacienda, en los cuales figuran como mandante el Ministerio de Justicia y Mandatario la Dirección Nacional de Arquitectura del MOP.
1 semana
2. Remisión de estos documentos para las respectivas firmas a la Dirección Nacional de Arquitectura del MOP
1 semana
3. Remisión del convenio y el decreto a la Contraloría General de la República, para su toma de razón.
2 semanas
Subtotal
4 semanas
4.- Ejecución de la etapa de construcción
Una vez firmados los convenios con el MOP, para la ejecución de las obras, se deben realizar las siguientes actividades:
1. Preparación de antecedentes técnicos de la propuesta (bases, presupuesto oficial, otros).
2 semanas
2. Publicación de avisos de propuesta y venta de antecedentes.
1 semana. Inicio 2º semana de la actividad anterior.
3. Estudio de antecedentes por contratistas.
1 semana.
4. Consultas a los contratistas.
1 semana.
5. Aclaraciones a las consultas y estudio antecedentes por parte de Contratistas.
2 semanas.
6. Apertura de las Propuestas Públicas e informe de adjudicación.
1 semana.
7. Envío de los antecedentes de la adjudicación y trámite en la Contraloría General (Regional) de la República, para su aprobación.
2 semanas.
8. Inicio de obras.
Para una obra que fluctúa entre 400 m2 y 956 m2 la construcción dura 30 semanas (7.5 meses)
Para una obra que fluctúa entre 957 m2 y 1452 m2 la construcción dura 36 semanas (9 meses)
Para una obra mayor que 1.452 la construcción dura 44 semanas (11 meses)
Para una obra mayor de 10.000 m2 la construcción dura 80 semanas (18 meses)
9. Recepción provisoria de la obra por el MOP y entrega de esta última institución al Ministerio de Justicia para la explotación, esto es, para su uso.
2 semanas.
10. Se está en el período de garantía.
48 semanas
11. El MOP hace entrega definitiva de la obra al Ministerio de Justicia.
12. Devolución de garantías.
Subtotal
42-92 semanas
V. EQUIPAMIENTO
Equipamiento normal y de seguridad
12 semanas
Subtotal
12 semanas
Total
237-319 semanas =
4,4 - 6 AÑOS
Nota.- Si durante el año presupuestario se hace necesario realizar una Reformulación Presupuestaria, esto es, distraer fondos de un proyecto, que por distintas razones no ejecutaría el total de los fondos que le fueran asignados para el año y se desea reasignarlos a otro proyecto que se encuentra dentro de la Ley Presupuestaria vigente, hay que llevar a cabo los siguientes pasos:
PROCESO DE REFORMULACION PRESUPUESTARIA.
Análisis del conjunto de proyectos que no ejecutarían sus fondos y de aquellos que requerirían de éstos.
3 semanas
Remisión de Oficio al Director de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, solicitando la Reformulación y adjuntando el listado de proyectos que disminuyen los recursos y de los que los aumentan.
1 semana
Si Director de Presupuestos aprueba la Reformulación, el decreto de aprobación (firmado por el Ministro de Hacienda ) es remitido a la Contraloría General de la República, para su Toma de Razón.
11 semanas
Contraloría General de la República da la Toma de Razón del decreto del M. de Hacienda (si la aprueba).
2-3 semanas
Total
16-17 semanas
CUADRO RESUMEN
El proceso de inversión a partir de la selección de un terreno hasta la entrega del establecimiento al Servicio correspondiente tiene los siguientes plazos totales mínimos, dependiendo del tamaño de la inversión:
ETAPA
400-956m2
Mayor a 10.000m2
Desarrollo del proyecto de compra de terreno
48
48
Trámite en el Ministerio de Bs. Nacionales
56
56
Diseño Arquitectónico
59
91
Construcción
62
112
Equipamiento
12
12
Total en semanas
237
319
Total en meses
53
71
Total en años
4,4
6
III. LISTADO DE OFICIOS DESPACHADOS Y DOCUMENTOS DE RESPUESTA RECIBIDOS POR LA COMISIÓN EN EL MARCO DE SU INVESTIGACIÓN.
Durante el ejercicio de su cometido la Comisión ha despachado los siguientes oficios, formulando las consultas o requiriendo la información que a continuación se detalla:
OFICIOS ENVIADOS
-Oficio N°02, del 3 de agosto del 2010 enviado a Intendente VI Región, Rodrigo Pérez Mackenna en que se solicita informar sobre distribución mediaguas y recursos entregados al Gobierno Regional para la Reconstrucción.
-Oficio N°03, del 3 de agosto del 2010 enviado a Intendente VII Región, Rodrigo Galilea Vial en que se solicita informar sobre distribución mediaguas y recursos entregados al Gobierno Regional para la Reconstrucción.
-Oficio N°04, del 3 de agosto del 2010 enviado a Intendenta Región de BíoBío , Jackeline Van Rysselberghe Herrera en que se solicita número de viviendas de emergencia entregadas a la región de Biobío.
-Oficio N°06, del 3 de agosto del 2010 enviado al Ministro de Obras Públicas en que se solicita Estado de Avance de la reparación de obras públicas de las regiones VI, VII y VIII.
-Oficio N°16, del 18 de noviembre del 2010 enviado al Alcalde de la Municipalidad de San Carlos en que se solicita complementar la información requerida mediante Oficio del 10 de noviembre del 2010 acerca de un listado de personas damnificadas por el terremoto y beneficiadas con viviendas de emergencia.
-Oficio N°19, del 31 de agosto del 2010 enviado al Subsecretario de RREE en que se solicita informar sobre la ayuda internacional recibida en el terremoto.
-Oficio N°20, del 31 agosto del 2010 enviado al Subsecretario de Pesca Esperia Bonilla en que se solicita Informe acerca de aportes de proyectos FAO entregados a la pesca artesanal.
-Oficio N°21, del 31 de agosto del 2010 enviado al Ministro del Interior en que se solicita información sobre los aportes extranjeros al país debido la terremoto.
-Oficio N°24, del 13 de septiembre del 2010 enviado al Director Nacional de Obras Portuarias en que se solicita informar sobre recuperación de profundidad de agua en Rampa Chaitén en la X Región.
-Oficio N°30, del 4 octubre del 2010 enviado al Ministro de Obras Públicas en que se solicita seguimiento al proceso de reconstrucción nacional en lo referente a Vialidad, Agua Potable Rural y Obras Portuarias.
-Oficio N°33, del 14 de octubre del 2010 enviado al Alcalde de Linares en que se solicita información acerca de donaciones y aportes de carácter privado.
-Oficio N°34, del 14 de noviembre del 2010 enviado al Alcalde de San Javier en que se solicita informar sobre donaciones recibidas.
-Oficio N°35, del 14 de noviembre del 2010 enviado al Alcalde de la Comuna de Villa Alegre en que se solicita información sobre donaciones a la comuna.
-Oficio N°38, del 14 de noviembre del 2010 enviado al Alcalde de la Comuna de La Florida en que se solicita información sobre donaciones a la Comuna.
-Oficio N°53 del 14 de octubre del 2010 enviado a la Alcalde de la Municipalidad de San Carlos en que se solicita información de aportes y donaciones hechos a la Municipalidad por privados.
-Oficio N°55, del 14 de noviembre del 2010 enviado al Alcalde de la Municipalidad de San Nicolás en que se solicita información sobre donaciones a la Comuna.
-Oficio N°58, del 26 de octubre del 2010 enviado al Subsecretario de Pesca en que se solicita antecedentes complementarios sobre donaciones FAO.
-Oficio N°74, del 26 de octubre del 2010 enviado al Alcalde de la Municipalidad de Penco en que se solicita información sobre los montos de las donaciones y aportes privados recibidos por la Municipalidad.
-Oficio N°77, del 26 de octubre del 2010 enviado al Alcalde de la Municipalidad de Bulnes en que se solicita información respecto de aportes y donaciones hechos a la Municipalidad por privados.
-Oficio N°87, del 29 de noviembre del 2010 enviado a la Alcaldesa Subrrogante de la Municipalidad de San Carlos en que se solicita información de aportes y donaciones hechos a la Municipalidad por privados.
-Oficio N°92, del 29 de noviembre del 2010 enviado al Subsecretario del Interior en que se solicita información acerca de los recursos transferidos a las Municipalidades.
-Oficio N°100, del 4 de enero del 2011 enviado a la Ministra de Bienes Nacionales , Señora Catalina Parot Donoso en que se solicita envío de información sobre los planos de zonas de riesgo de construcción en el borde costero.
-Oficio Nº 104, del 6 de enero de 2011, enviado a la Ministra de Vivienda y Urbanismo, en el que se le solicita informe acerca del estado de avance o inicio de ejecución de obras y proyectos programados en el plan de reconstrucción nacional para la comuna de Talcahuano, según detalle.
-Oficio Nº 105, del 5 de enero de 2011, enviado a la Ministra de Vivienda y Urbanismo, en el que se le solicita en forma urgente envíe antecedentes respecto de las expropiaciones efectuadas en el borde costero de las regiones afectadas por el terremoto y tsunami de febrero de 2010, en razón de la reconstrucción, detallado por región, comuna, propietario y rol de contribuciones de las propiedades afectas.
-Oficio Nº 106, dirigido a la Ministra de Bienes Nacionales , en el mismo tenor que oficio anterior.
-Oficio Nº 107, enviado al Ministro de Obras Públicas , en el que se le solicita antecedentes respecto del estado de avance o inicio de ejecución de obras y proyectos programados en el plan de reconstrucción nacional para la comuna de Talcahuano, según detalle.
-Oficio Nº 109, enviado a la Presidenta de la Cámara de Diputados, en el que se le solicita a la Sala, prórroga de plazo, en vista que éste vence el 2 de marzo de 2011 y que la reconstrucción se encuentra en curso.
-Oficio Nº 113, enviado a la Ministra de Vivienda y Urbanismo, en el que se le reitera el oficio Nº 104, del 6 de enero del año en curso.
-Oficio Nº 114, enviado al Ministro de Obras Públicas , en el que se le reitera el oficio Nº 107, del 6 de enero del año en curso.
-Oficio Nº 115, enviado a la Sala con pre informe del trabajo realizado por la Comisión.
-Oficio Nº 211, enviado al Intendente de la Región del Biobío , en el que se le hace presente una síntesis de las principales inquietudes y problemas que aquejan a los damnificados de los sectores y comunas de esa región, recibidos por la Comisión.
-Oficio Nº 212, enviado al Ministro de Hacienda, en el que se le hace presente la necesidad de ampliar la cobertura de los planes de empleo en las comunas afectadas por el terremoto y tsunami del 27 de febrero del año 2010, compromiso adquirido por el Gobierno durante la tramitación de la ley de presupuestos 2011.
-Oficio Nº 216, enviado al Ministro de Vivienda y Urbanismo , en el que se consulta por diversos temas pendientes en el área vivienda en la Región del Biobío con motivo del terremoto del 27 de febrero de 2010.
-Oficio Nº 217, enviado al Ministro de Salud , mediante el cual se le solicita, tenga a bien implementar las medidas necesarias para cubrir los requerimientos de atención médica del Sector Aldeas de Tumbes de la comuna de Talcahuano, región del Biobío.
-Oficio Nº 218, enviado al Ministro de Obras Públicas , mediante el cual se le solicita tenga a bien instruir a las autoridades regionales de su cartera, para la realización de trabajos de mantención y mejoramiento de la ribera del Canal Gaete, comuna de Talcahuano.
-Oficio Nº 219, enviado al Ministro de Vivienda y Urbanismo , mediante el cual se le solicita una reevaluación de las obras de mitigación que pretenden realizarse en el borde costero del río Maule, comuna de Constitución. Asimismo, se solicita el envío de información respecto del estado actual del proceso de realización de las obras, como también, del Grupo consultivo PRES Constitución.
-Oficio Nº 223, enviado al Ministro de Hacienda , con el objeto de requerir el envío de información detallada respecto de las donaciones efectuadas a nuestro país, a partir de la vigencia de la ley N°20.444 que crea el fondo de reconstrucción y establece mecanismos de incentivo tributario a las donaciones efectuadas en caso de catástrofe, especificando si éstas son de carácter público o privado, nacionales o extranjeras, en dinero o especie, y se fueron realizadas directamente al fondo o al Ministerio del Interior, como asimismo, el destino de los montos o bienes donados.
-Oficio Nº 224, enviado al Ministro del Interior , mediante el cual se le solicita información respecto de las obras de demolición de los edificios siniestrados en la comuna de Concepción, principalmente, en lo que dice relación con la fecha de inicio de las obras, como también, se le solicita instruir la realización de informes complementarios a los evacuados por el Dictuc respecto de cada uno de los edificios colapsados.
-Oficio Nº 228, enviado al Comandante en Jefe del Ejército , mediante el cual se le solicita informe sobre: las instrucciones formales del Ministerio de Defensa al Ejército, para la participación de éste último como plataforma logística en la adquisición del puente mecano instalado actualmente en el Biobío; el requerimiento por parte del Ejército al Ministerio de Obras Públicas respecto de la idoneidad técnica y financiera de las propuestas existentes para la compra del puente mecano, y la respuesta del Ministerio de Obras Públicas respecto de la evaluación técnica y financiera señalada en el punto anterior, tanto aquella recibida de la Subsecretaria de Obras Públicas, como asimismo, de la evaluación realizada por el seremi de Obras Públicas de la Región del Biobío .
OFICIOS DE RESPUESTA RECIBIDOS
Ord N° 0608 del Intendente Región VI:
En la región se asignaron viviendas según la necesidad informada por cada municipio. Esta información se iba actualizando constantemente. Se priorizó las comunas con mayor necesidad. Los registros incluyen mediaguas provenientes de: Un Techo para Chile, Fosis , Fondos Regionales del Ministerio del Interior. Comité de Emergencia, Recursos del Fondo regional de Inversión Local, FRIL y donaciones de empresas y particulares. Se adjuntaron: listados de personas que fueron beneficiadas con mediaguas, aunque falta información de algunos municipios. Se adjunta planilla con le resumen de las ayudas que han sido entregadas: viviendas de emergencia, kits de impermeabilización, kits de aislamiento térmica, camas, colchones, frazadas, cocinillas, gas. Se detallan los fondos de programas como Manos a la Obra I y II, PMU FRIL, PMU Emergencia, PMU IRAL, PMU FIE y otros programas de la Subdere como Mejoramiento de Infraestructura Municipal, Edificios Municipales e Infraestructura de Salud Municipal.
Ord N°0546 del Intendente de la Región del Maule:
La Región del Maule recibió 21.543 viviendas de emergencias, de diversas entidades: Un techo para Chile, Fosis , Municipalidades y diversas instituciones privadas, las que fueron asignadas directamente por el Comité de Emergencia del Ministerio del Interior a los distintos Municipios de la región, según Informe adjunto. De dicha cantidad, sólo 77 fueron asignadas directamente a la Intendencia, las que fueron distribuidas a través de los procedimientos del departamento Social. Se adjuntan nombre de los beneficiarios, aunque aún falta entregar 6 que están en poder de la Oficina Regional de Emergencia.
La Intendencia ha recibido directamente recursos de emergencia para servicios de arrendamiento de maquinarias, destinados a demolición y retiro de escombros de infraestructuras dañadas por el terremoto y el tsunami en Constitución, Molina , San Javier y Talca por la suma de $152.166.711 y para la Comuna de Talca por la suma de $152.940.229, según Resoluciones N°5061 y 5062 del 09.07.2010 del Ministerio del Interior.
También la Intendencia ha recibido recursos de emergencia para ejecutar nuevos trabajos de demolición y retiro de escombros de las comunas de Teno, Curicó , Curepto , Molina , Talca, Pencahue, Constitución, San Clemente , San Javier , Linares , Chanco , Longaví , Cauquenes y Parral por la suma de $1.789.000.000, según Resoluciones N°5163 a la N°5177 del 14.07.2010 y Resolución N° 5194 a la N°5196 del 15.07.2010 del Ministerio del Interior.
En cuanto a recursos para inversión la región ha recibido recursos del Programa de Mejoramiento urbano, Terremoto, de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior, por la suma de $2.227.690.000 para diversos para diversos proyectos correspondientes a las comunas de Cauquenes, Colbún, Constitución, Curicó Hualañé , Licantén , Maule , Molina , Parral , Retiro, Río Claro, San Clemente , San Javier , Talca, Teno, Villa Alegre, Yerbas Buenas , como se indica en la nómina adjunta. Además, la Subdere ha remitido recursos a los municipios de la Región Post Terremoto con cargo al mismo Programa de Saneamiento Sanitario Aldeas Solidarias por la suma de $298.551.000 totalizando una inversión ascendente a $994.551.000.
Ord N°1161 de la Intendenta de la región de Biobío:
Sobre el número de viviendas de emergencia entregadas en la región de Biobío, desglosada por comunas, con indicación de los criterios usados para su distribución. Agrega que son las Municipalidades las entidades que poseen la información relativa a las personas que resultaron beneficiadas por las viviendas de emergencia.
Ord N°2441 del Ministro de Obras Públicas:
Adjunta Informe del Estado de Situación de los daños en infraestructura, los cuales alcanzan al número de 1697 obras a cargo de la tuición del MOP. Agrega que 114 daños corresponden a obras concesionadas que están garantizadas por los seguros contratados, donde el MOP tendrá el rol de supervisión y fiscalización. Del total de los daños catastrados, el 87% corresponden en la misma proporción a sistemas de agua potable rural y a obras viales (caminos, puentes, accesos, entre otros). Del total de eventos, ya se encuentran en servicio, en forma parcial o total, el 96,3% de la infraestructura catastrada. Adjunta detalle de las obras y el estado del servicio.
Ord N°12239 del Subsecretario de RREE :
Desde el terremoto, el Minrel recibió ofrecimientos de ayuda de la comunidad y organismos internacionales. El 3 de marzo se creó la Unidad de Emergencia en la Dirección de Asuntos Multilaterales de la Cancillería. El 12 de marzo ésta se convirtió en la Unidad de Ayuda Internacional y Reconstrucción dependiente de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores. Lo recibido fue canalizado a la Onemi, el MOP, Vivienda, Educación y Salud, en estrecha coordinación con el Comité Interministerial de Reconstrucción de la Presidencia y el Comité de Emergencia del Ministerio del Interior. Se incluye Cuadro con origen y destino de la ayuda El 3 de marzo se informó a las Embajadas de Chile de la apertura de la cuenta corriente N°4545 en el Bancoestado, denominada “Chile Ayuda a Chile”, a nombre del Ministerio del Interior. Así mismo, el citado Banco abrió una cuenta especial en dólares y otra en euros. Se adjunta cuadro de recaudaciones que suman US$8.294.054,54. Una parte de la ayuda internacional fue ofrecida y dirigida directamente a receptores designados por los donantes como Onemi, Ministerios, Municipalidades, Fundaciones, Escuelas, ONG por lo que el Minrel no tiene registros de ellas. En relación con la consulta sobre los “fondos donados por la FAO a través de la Subsecretaría de Pesca para los pescadores del borde costero rural de las zonas más desvastadas por el terremoto”. el Ministerio sólo cuenta con la información comunicada por la Misión de Chile ante la FAO, mediante Mensaje N°059 del 22.03.10 que se acompaña, donde se muestra que esta ayuda llegaría al US$1 millón de dólares. Se acompaña un Informe en detalle en tres Anexos adjuntos.
Ord N°1982 del Subsecretario de Pesca:
Adjunta Informe con las donaciones FAO por maremoto dirigidas a la pesca artesanal de VII y VIII regiones con detalle de Monto, Comuna, Caleta y Organización Beneficiaria.
Ord N°1661 del Director Nacional de Obras Portuarias en que informa:
Envía Minuta sobre recuperación de profundidad Rampa Chaitén, informando que se contrató a la Empresa Baper SA para retirar 2.000 m3 de material, debido a las condiciones de embancamiento presentadas en diciembre 2009, pero que debido al permanente arrastre de sedimentos que aporta el Río Blanco que desembocan en la zona lateral de la rampa, fue necesario aumentar el volumen retirado hasta los 3.616m3. El contrato por un valor total del $ 156.461.000 se inició el 14 de abril 2010 y finalizó el 11 de agosto de 2010, cumpliéndose los plazos contractuales.
Ord. N° 971 del alcalde de la comuna de Quirihue en que informa haber recibido las siguientes donaciones de carácter privado:
Fundación Teletón
$ 6.280.480
Reparac . Esc. Grumete Cortés
Empresa Agrícola y Forestal Ltda .
$ 94.392.142
Reparación internado
^@#@^Empresa Zafram de Francia
$ 66.537.000
Educación y/o cultura
Aníbal Montero
$ 1.333.335
Profesionales para fichas rurales
Funcionarios U Los Lagos
$ 716.000
Atender emergencias
^@#@^Empresa Cambium
$ 14.529.311
Reparación pasarelas
Aporte en depósitos de varios particulares
$ 2.166.090
Sin objetivo especial
Total fondos recibidos
$ 185.954.358
Ord. N° 1052 del alcalde de la comuna de Portezuelo en que informa que las donaciones recibidas son las siguientes:
Ord N°2766 del Ministro de Obras Públicas:
Sobre seguimiento al Plan de Reconstrucción en lo referente a Vialidad, Agua Potable Rural y Obras Portuarias, adjuntando Informe detallado por región y comuna de los caminos y puentes que se vieron afectados por el terremoto y el Estado de Avance respecto a los caminos contemplados con los Municipios de las regiones VI, VII y VIII. También adjunta informe sobre el estado al 22 de octubre de los sistemas de agua potable rural.
Ord N°0413 del Alcalde de la Municipalidad de La Florida en que informa:
Que dicho municipio no ha recibido donaciones y/o aportes de carácter privado con ocasión del terremoto y tsunami del 27 de febrero.
Ord N°0993 de Alcalde de la Municipalidad de San Nicolás en que informa:
Adjunta listado de donaciones privadas recibidas con motivo del terremoto. Éstas fueron:
Colegio Padre Alberto Hurtado de Chillán donó alimentos no perecibles y ropa usada a varios grupos familiares de la Comuna San Nicolás.
Universidad del Biobío Chillán donó 25 cajas de mercaderías a varios grupos familiares de la Comuna.
Club de Bicicross de Chillán donó ropa usada a Don Luis Hernán Rojas y familia quien sufrió incendio en 12 de julio 2010 en el sector rural de San pedro de Lilahue.
Ord N°90732 del Alcalde de la Comuna de San Javier en que informa:
Que los montos de las donaciones y aportes recibidos por la comuna de San Javier debido al terremoto fueron los siguientes:
^@#@^Instalación de módulos de Salas de Clases para la escuela E-403 “José Manuel Balmaceda ” por un monto de $36.586.560 por la red de Alimentación Escolar RAE.
Aportes de chilenos residentes en Londres para Escuela E-403 “José Manuel Balmaceda” por un monto de $3.645.000.
Ord N° 95 de Alcalde de Villa Alegre en que informa:
Que recibió aporte de privados de acuerdo al siguiente detalle:
Aporte solidario de terceros en una cantidad de $50.000.
Aporte de colecta pública realizada por privados y entregada para dar solución inmediata a necesidades de la comunidad, en una cantidad de $156.811.
Ord N°2538 de Subsecretario de Pesca en que informa:
Precisa información contenida en el Oficio N°1982 del 6 de octubre, 2010, al especificar los beneficiarios de la donación FAO. Según lo informado en el oficio, el 22 de marzo del 2010, la FAO, el Ministerio de economía y la Subsecretaría de Pesca establecieron protocolo de colaboración para facilitar ayuda de la FAO a la pesca artesanal de Chile. En su artículo cuarto establece: “FAO adquirirá y entregará a la organización de pescadores artesanales de cada una de las 15 caletas más afectadas por los eventos de la naturaleza señalados, los siguientes bienes: a) botes con motor, b) unidad de frío o congelado, c) aparejos y artes de pesca.”. En su artículo quinto expresa:”La Subsecretaría de Pesca colaborará a FAO para la determinación de las 15 caletas más impactadas y, por lo tanto, beneficiarias de la ayuda a entregar…”. Finalmente expone el Oficio:
“Aún cuando esta Subsecretaría sólo colaboró en la determinación de las caletas afectadas y en la logística en terreno, se adjuntan las actas provistas por FAO de los bienes entregados a las organizaciones seleccionadas. No obstante lo anterior, para información de mayor detalle, se recomienda a dicha comisión investigadora que antecedentes complementarios sean solicitados directamente a FAO, como organismo responsable del programa.”
Ord N°3172 de Ministro de Obras Públicas en el que informa:
Sobre los embalses afectados por el terremoto y envía un Cuarto Informe llamado “Síntesis Inspección de Embalses en Zona Afectada por Terremoto del 27 de febrero de 2010, elaborado por la Dirección de Aguas del Ministerio de Obras Públicas en 7 de junio , 2010. Además informa respecto a los puentes en las regiones afectadas y el estado de deterioro obras del Estadio Nacional.
Ord N°16383 de Ministro del Interior en el que informa:
Remite Memorandum del Jefe de Administración y Finanzas del Ministerio en el que se detallan las cuentas destinadas a la recepción de las donaciones, el monto, los países y organismos donantes, según lo solicitado en su oficio del antecedente. Adicionalmente agregó minuta informativa elaborada por la Subsecretaría de Pesca, donde se detalla el monto total de la donación efectuada por la FAO, los beneficiarios de ésta por comuna y caleta y los bienes entregados a las agrupaciones afectadas.
Ord N° 523 de Alcalde de la Municipalidad de Bulnes, en que informa:
Que la Municipalidad no ha recibido aportes de carácter privado con motivo de la catástrofe del 27 de febrero, sino que sólo cuenta con los fondos gestionados por el Alcalde (Convenios Gestionados y Presupuesto Municipal) y con los provenientes del Gobierno Central.
Ord N° 0894 de la Alcaldesa (S) de la Mucipalidad de San Carlos en que informa:
Que se recibieron en dinero efectivo aportes voluntarios de privados y de los Concejales de la Municipalidad, los que fueron depositados en la Tesorería Municipal y se dispusieron para ser utilizados en la contratación de maquinaria, compra de materiales y otros para enfrentar la etapa de respuesta y rehabilitación generada por el terremoto.
Hace presente que los materiales adquiridos con los aportes de privados, como 195 K. de polietileno, 1.400 listones de 2x2x3,20 m, no llevan el listado de beneficiados, debido a que se entregaron como motivo de la catástrofe una cantidad aproximada de 3.000 K, de polietileno sin destinatarios.
El Ordinario incluye:
-un listado de proveedores a los que se compró distintos elementos, como cajones de tomates, planchas de zinc, materiales de construcción, con las donaciones señaladas más arriba.
-un Certificado con nombre y Rut de 50 beneficiados con estos elementos.
-Fotocopias de las facturas de dichas compras.
Ord. N°000951 del Alcalde la Comuna de Penco en que informa:
Sobre el aporte hecho por seis chilenos residentes en Noruega en ropa nueva y usada y otros artículos detallados.
Varios listados de beneficiarios de esta ayuda, tales como 15 Sindicatos de Pescadores Artesanales que recibieron ropa, ocho grupos que recibieron ropa de trabajo en que se incluyen cuatro compañías de bomberos y un listado de 10 nombres y una Escuela beneficiarios de sillas de ruedas y otros que recibieron diversos implementos.
El Ordinario incluye otro informe con los nombres, direcciones y Rut de las personas beneficiadas por esta ayuda noruega.
Ord. N° 50 del alcalde de la comuna de Cobquecura en que informa que han recibido aportes de carácter privado destinados al proceso de reconstrucción que asciende a $ 158.246.786. El 98% de estos recursos fue destinado a la reparación y reconstrucción de escuelas lo que se hizo a través de Licitación Por Mercado Público. Los recursos se desglosan de la siguiente manera:
Área de Educación $ 155.795.342
-Reparación internado Liceo Profesor Diego Missene Burgos de Cobquecura .
-Reparación Escuela Reino de Suecia de Cobquecura.
-Reconstrucción Escuela La Achira.
-Construcción Internado Escuela Colmuyao.
Área Comunitaria $ 2.451.444
-Gastos en combustible para retiro de escombros de casas destruidas a causa del territorio (camiones, retroexcavadoras).
-Combustible para el traslado de mediaguas a damnificados.
-Combustible utilizado en traslado de alimentos y agua a perjudicados.
Ord. N° 042 de la Ministra de Bienes Nacionales en que informa:
El Ministerio de Bienes Nacionales participó a través de profesionales de su Departamento de Estudios Territoriales de la División de Catastro , como contraparte técnica del estudio denominado “Estudio de Riesgo de Sismos y Maremotos para comunas costeras de las regiones de O’Higgins y del Maule” licitado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior. El estudio fue realizado por el Instituto de estudios Urbanos de la U. Católica de Chile y aprobado por las diversas reparticiones que participaron en diciembre de 2010. La coordinación y seguimiento fue realizada por el profesor Luis Carvajal . Esta información se puede requerir directamente a la Subsecretaría de Desarrollo Regional.
Finalmente, en materia de expropiaciones, el Ministerio no conoce ni ha realizado trámites expropiatorios en el área afectada.
Ord N°1807 173 del Alcalde de Linares en que informa:
Haber recibido a nivel comunal y de acuerdo al informe emitido por bodega central, donaciones de acuerdo al siguiente listado:
Artículo
Organización/empresa donante
N° de unidades
Planchas zincalum acanaladas de 3,66m
Empresa Comercial Los Batros Ltda .
55
Polietileno transparente de 2m de ancho
Empresa Comercial Los Batros Ltda .
127,8 Kg.
Alimentos no perecibles (granel) y artículos de aseo.
UDI
Planchas zincalum
Colbún S.A.
380
Clavos para zinc
Colbún S.A.
5
Martillos
Colbún S.A.
5
Prendas de vestir varias.
Argentina Sr. César Valderrama
20 bolsas 18 cajas
Ord N° 1135 del Alcalde de la Municipalidad de Cabrero en que informa acerca de los aportes privados recibidos en su Comuna:
Envía lista de 50 beneficiarios con nombre y RUT que recibieron mediaguas y adjunta Ord N°499 de la Directora de Desarrollo Comunitario , Srta Ana Albarrán en que indica que recibieron las siguientes donaciones:
Empresa Masisa: 63.853 metros cúbicos de madera y tableros
Empresa Forestal Mininco: 2.000 unidades de madera dimensionada 1x4x4 mts.
Ord N° 17226 de la Subsecretaria del Interior (S), Sra Claudia Alemparte en que remite Informe con las cantidades transferidas a las Municipalidades de las regiones afectadas por la catástrofe
Ord N° 612 del Alcalde de Coronel en que informa haber recibido las siguientes donaciones:
La Fundación Teletón nos aportará para:
-Reparación Escuela Víctor Domingo Silva $16.182.703
-Reparación Escuela Escuadrón $ 2.514.694
-Reparación Escuela Octavio Salinas Cariaga $ 5.184.333
-Se recibió $68.285 de particulares.
Ord. Nº 55 de la Ministra de Vivienda y Urbanismo que responde a Oficio Nº 96/2010 de la Comisión que señala:
-Nómina digitalizada de subsidios otorgados al 17 de diciembre de 2010.
-A la consulta de casos de subsidios asignados a un mismo número de cédula de identidad, señala que en situaciones excepcionales se asignaron subsidios a comités de vivienda legalmente constituidos, en virtud de del artículo 3º inciso séptimo del D.S. Nº 174, (V.y U.), de 2005, que regula el Programa del Fondo Solidario de Vivienda, y en el artículo 2º inciso tercero del D.S. N° 255, (V. y U.), de 2006, que regula el Programa de Protección del Patrimonio Familiar. Lo anterior con el fin de agilizar el proceso de reconstrucción y se ha aplicado principalmente a conjuntos habitacionales construidos por SERVIU o sus antecesores legales, gravemente dañados por la catástrofe.
Es facultad de la seremi respectiva aprobar las nóminas finales de las familias propietarias del conjunto asignado, luego de un acucioso estudio y análisis efectuado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Señala finalmente, que la asignación de subsidios permitió dar inicio a las obras previas y estudios requeridos para llevar adelante el proceso de reconstrucción.
-En cuanto a las posibles causas de retraso en las postulaciones de las comunas de Coronel, Penco, Hualqui, Santa Juana , Tomé, Florida y Talcahuano, señala que en dichas comunas se han asignado 9.677 subsidios del programa de reconstrucción, lo que constituye un 24% del total de los subsidios asignados a la Región del Biobío al 17 de diciembre de 2010. Se estima que no hay retraso en la entrega de subsidios.
-En relación al estado de avance de los proyectos de reordenamiento territorial de las localidades del borde costero y las decisiones tomadas respecto de eventuales expropiaciones, señala que:
1. En octubre de 2010 se entregó a los Alcaldes de las comunas del borde costero afectadas por el tsunami, los resultados de los estudios de riesgo y recomendaciones de diseño urbano realizado por las entidades encargadas, U. Católica de Chile y U. del Biobío. Se destinaron además, recursos para la modificación o actualización de los planos reguladores en función de los estudios ya mencionados y se apoyó a las Municipalidades con recursos humanos para la realización de éstos. A fines de 2010 ya se contaba con un 96% de los Planos Reguladores requeridos.
2. Junto con los estudios de riesgo, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo coordinó la realización de 25 Planes Maestros de Reconstrucción, (PRES/PRBC), y contrató modelaciones de tsunami para las principales localidades. Ello concluyó en propuestas de zonificación que consideran reducción de riesgo y la posibilidad de volver a construir viviendas con diseños especiales y reconociendo el arraigo y cultura de las comunidades costeras.
3. Estas propuestas fueron entregados a los Alcaldes en 28 localidades, donde se puede iniciar la reconstrucción del borde costero.
4. Los Planes Maestros consideran las áreas de exclusión y obras de mitigación que requerirán eventuales expropiaciones. Sólo se expropiarán aquellos terrenos estrictamente necesarios para construir infraestructura pública o de mitigación de riesgo. Todo terreno expropiado pasará a ser Bien Nacional de Uso Público y no se venderá a privados.
5. Las propiedades que no requieran ser expropiadas, pero estén en Zona de Restricción de Área de Riesgo, tendrán que acogerse a los usos de suelo permitidos (productivos, comercio y actividades no residenciales).
6. Aquellas familias que no puedan seguir viviendo en Zonas de Restricción de Riesgo, podrán optar a la compra de su terreno y/o un subsidio para vivienda nueva, en terreno nuevo, cerca de su lugar de origen.
7. La definición de las propiedades sujetas a expropiación se establecerá una vez que los proyectos de obras de mitigación cuenten con la aprobación para su ejecución.
8. A la fecha se ha iniciado el proyecto de Diseño de Dichato y construcción de su costanera, lo que implica la expropiación de 40 predios aproximadamente.
-En cuanto a las licitaciones, se detalla en una tabla la información respecto a la reconstrucción de condominios sociales y estado de éstas.
Ord. Nº 126 de la Ministra de Vivienda y Urbanismo que responde a Oficio Nº 105/2011 de la Comisión que informa, por regiones, sobre expropiaciones, señalando:
1. En la Región de Valparaíso: no se han efectuado expropiaciones.
2. En Juan Fernández , las viviendas se emplazan al interior del archipiélago, lejos del borde costero.
3. En la Provincia de San Antonio, no hay registro de expropiaciones.
4. En cuanto a infraestructura, aun no se define factibilildad legal (ejemplo, caso El Encanto, Reñaca)
5. Según lo informado por Serviu Valparaíso , no hay expropiaciones en proceso, ni en el Departamento Jurídico, ni en la Unidad de Gestión de Suelos del SERVIU.
6. En la Región del Libertador Bernardo O’Higgins, no se han realizado expropiaciones.
7. En la Región del Maule, en la comuna de Constitución, con fecha 14 de enero de 2011, se ingresó a Serplac los antecedentes para la obtención de la Recomendación Técnico Económica Favorable (RS) de la etapa de diseño de la infraestructura y Parque de Mitigación de Constitución, que considera expropiaciones.
8. Región del Biobío: al 1 de febrero se han efectuado 39 expropiaciones en Dichato, para la reposición del borde costero. Se adjunta cuadro con detalle.
Ord. Nº 50, del Alcalde de Tilcoco dirigido a la Ministra de Vivienda y Urbanismo, en el que denuncia la seria falla en la construcción de que adolecen gran parte de los edificios y construcciones afectadas por el terremoto, según consta en Ordinario Nº200, de fecha 29/09/10, de la Contraloría Regional del Libertador B. O’Higgins, y Ordinario Nº 126, de fecha 07.06.10, ingresado en la oficina del SERVIU Regional, y solicita un pronunciamiento de la Comisión sobre la materia. Preocupa a la autoridad comunal, el que determinadas empresas continúan construyendo sin considerar la gravedad del terremoto de febrero de 2010, las condiciones en que quedaron dichas viviendas y el daño que esto ocasiona a las familias afectadas que con gran esfuerzo lograron su vivienda propia.
Ord. Nº 63 del Alcalde de la Municipalidad de Ranquil, mediante el cual responde dos Oficios de la Comisión (52/2010 y 86/2010), enviando cuadro detallado con los beneficiarios de las donaciones y aportes de privados recibidos con motivo del terremoto y tsunami vividos en febrero de 2010.
Ord. Nº 209, enviado al Ministro de Vivienda , en el que solicita antecedentes respecto de la recepción de viviendas otorgadas a damnificados de la comuna de Penco, Biobío , las que habrían sido rechazadas.
Ord. Nº 211 de la Ministra de Vivienda y Urbanismo, mediante el cual responde uno de la Comisión, (Of. Nº 104/2011), e informa respecto del estado de avance de las obras y proyectos programados dentro del plan de reconstrucción nacional para la comuna de Talcahuano.
Ord. Nº 1814 del Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo mediante el cual responde uno de la Comisión, (Of. Nº 172/2011), e informa que el servicio de traslado de los niños de la Aldea El Molino de Dichato, a escuelas cercanas se está llevando a cago por un programa desde las Seremi de Transporte de la Región del Biobío, por el contratista señor Cisternas Rivera .
Respuesta del Ministerio de Vivienda y Urbanismo a Oficio Nº 219/2011 de la Comisión, mediante el cual señala, respecto de la reevaluación de las obras de mitigación que pretenden realizarse en el borde costero del río Maule, comuna de Constitución, luego de analizados todos los antecedentes requeridos, se ha formulado el proyecto “Construcción Parque Fluvial, Ciudad de Constitución”, el cual junto con intentar minimizar la cantidad de superficie y el número de terrenos afectos a expropiaciones, busca dar seguridad a la población y a la ciudad ante posibles catástrofes, para lo cual se estableció una mesa de diálogo con los vecinos eventualmente afectados. En cuanto al estado actual de la realización de las obras de mitigación en la zona, se informa que a la fecha se llamó a licitación para el diseño de Ingeniería y Arquitectura del proyecto “Construcción Parque Fluvial, Ciudad de Constitución. En cuanto al proyecto “Mejoramiento Borde Costero ciudad de Constitución”, desarrollado por el MOP/DOP, se encuentra en etapa de pre-factibilidad y se estima que la etapa de diseño se desarrollará en 2012 y que se trabaja en conjunto con el Minvu en la formulación del proyecto Parque de Mitigación, pues son proyectos complementario. Paralelo a lo anterior se está licitando un “Catastro de familias y propiedades”, sujetas a expropiaciones en la zona de alto riesgo, y que el Serviu Maule contratará peritos tasadores para definir el rango de valores de las propiedades y terrenos. En cuanto al Grupo Consultivo PRES Constitución, se señala que éste cesó sus funciones a mediados de 2010, una vez terminado y entregado el Plan Maestro, que tuvo como función actuar como un comité ejecutivo en que se revisaron los avances del Plan con representantes de los equipos Técnicos Municipales, los consultores contratados por Arauco, los equipos técnicos de la Universidad de Talca y las contrapartes técnicas del Minvu. El 15 de Octubre del 2010 se firmó un protocolo de Reconstrucción entre la Municipalidad de Constitución, el Minvu, MOP, Subdere y el Gobierno Regional del Maule para la coordinación, evaluación y eventual ejecución de la cartera de proyectos y obras que derivaron del PRES, así como de otras iniciativas de reconstrucción local o sectorial. Desde la firma del Protocolo a la fecha, las propuestas presentadas en el PRES han sido evaluadas técnica y socialmente por el Comité Ejecutivo de Reconstrucción del Gobierno, el cual en conjunto con los equipos de reconstrucción de las Intendencias Regionales, los Municipios y los distintos Servicios, ha priorizado las obras de mayor urgencia para su sometimiento al sistema de Inversión Pública . Todos los proyectos derivados de los PRES y que han sido priorizados han pasado por la evaluación socioeconómica de Mideplan. Finalmente, en cuanto a la preocupación de los integrantes de la Comisión, respecto de la posibilidad de existir en la materia consultada conflictos de interés, se solicita a la Comisión que sea más explícita en la solicitud, dado que no queda claro en base a qué antecedentes o fundamentación se genera preocupación.
IV. EXTRACTO DE LAS EXPOSICIONES EFECTUADAS POR LAS PERSONAS INVITADAS A LA COMISIÓN.
A. PLAN DE EMERGENCIA
-Señor Cristóbal Lira Ibáñez , Director Ejecutivo del Comité de Emergencia del Ministerio del Interior , hizo entrega de documentos con fotografías acerca de la catástrofe y expuso lo siguiente ante la Comisión, el 10 de agosto de 20108:
Explicó, que frente a la catástrofe del 27 de febrero de 2010, el Gobierno se organizó de la siguiente manera:
1.- Plan de Emergencia Ciudadana: Plazo de 33 días, desde el 27 de febrero al 31 de marzo.
2.- Emergencia de Invierno: Plazo de 4 meses, del 27 de febrero al 21 de junio.
3.- Plan de Reconstrucción: Plazo de 4 años
-Magnitud de la catástrofe
A las 3:34 am del sábado 27 de febrero del 2010 un terremoto de 8,8 grados en la escala de Richter (800 veces más poderoso que Haití) y posterior maremoto afectó al país desde la Región de Valparaíso hasta la de la Araucanía (147.392Kms2) donde residen más de 12.880.000 habitantes, que corresponden al 75% de la población de Chile.
-Consecuencias de la catástrofe:
Víctimas fatales: 521 personas.
Presuntas desgracias: 56 personas.
Viviendas destruidas o dañadas: 370.000 (11% total zona). Hospitales destruidos o dañados: 73.
Escuelas destruidas o dañadas: 3.049 con 1.250.000 alumnos afectados.
Puentes destruidos o dañados: 221. Más de 900 pueblos y comunidades rurales y costeras afectadas.
Costo estimado de la pérdida para el país (daño y pérdida producto): US$ 30 mil millones, lo que equivale a un 17% del PIB.
-El Comité de Emergencia.
Se crearon dos comités, uno de Emergencia y otro de Reconstrucción. El Comité de Emergencia fue coordinado por Cristóbal Lira y el de Reconstrucción, por el señor Marcelo Cox , quien hizo una labor de coordinación interministerial y terminó sus labores a fines de julio.
El Comité de Emergencia también se constituyó por algunos meses y ya se ha dado por terminada su acción, con el fin de dejar a los organismos normales de emergencia que tomen el control y que lleven a cabo las labores de emergencia inmediatas que puedan quedar.
Primera etapa: Emergencia ciudadana
-Dar sepultura a los muertos, buscar a los desaparecidos,
-Rescatar a los atrapados bajo los escombros,
-Reponer el orden público y garantizar la seguridad ciudadana,
-Restablecer el suministro de agua potable y electricidad (acceso, calidad de servicio provisoria). El 100% del suministro de agua potable fue restablecido al 30 de abril.
-Asegurar disponibilidad de alimentos. 416.150 cajas de alimentos entregadas
-Remoción de escombros (Etapa 1, de aprox. 4 campañas según experiencia comparada). 2 millones de metros cúbicos de escombros removidos al 31 de Mayo
-Entrega de 20.327 tiendas de campaña a las familias damnificadas
-Emergencia ciudadana inmediata: alimentación de los damnificados
Había más de 400.000 personas sin acceso a alimentación; para asumir esa labor, el Comité de Emergencia se coordinó con la Onemi y la Armada, sin embargo, la formación de este comité no fue fácil, pues era necesario reclutar personas que trabajaran en él los tres meses que se tenía contemplada la duración de este Comité, por eso se recurrió al sector privado, solicitando ejecutivos especializados de distintas áreas. El Ejército y la Armada jugaron roles de gran importancia en estas labores. Se entregaron 416.150 cajas de alimentos, las cuales para su entrega se organizaron en lo que se denominó “caja cuatro por cuatro”, es decir alimentos para cuatro personas por cuatro días. De ese modo se contaba con más días para repartir y llegar a más familias. Se hizo un puente aéreo con Concepción y de allí se repartían los alimentos a los distintos lugares afectados, en helicóptero en las áreas más complejas. Las zonas costeras fueron abastecidas desde el agua. El principal problema fue de carácter logístico, y se produjo por la gran cantidad de comida y víveres que fueron adquiridos a granel a Cencosud (más de diez millones de dólares) por lo que hubo que organizar una unidad del Ejército en Santiago para que desde allí se armaran las cajas para repartirlas posteriormente en las zonas afectadas.
Segunda etapa: emergencia invierno
-Otorgar a todos los chilenos techo y protección: 11 de junio -Desarrollar el concepto de aldeas para ofrecer seguridad y entregar servicios básicos a los barrios de emergencia: 21 de junio.
-Asegurar a todas las personas acceso a una salud oportuna, digna y eficaz: 21 de junio.
-Garantizar la asistencia a clases a todos los niños: 26 de abril.
-Crear 60.000 empleos de reconstrucción: 21 de junio.
-Reparar carreteras (98% reparado) y puentes (88% recuperados: el 21 de junio).
-Limpiar las ciudades y localidades costeras: 21 de junio
Las viviendas de emergencia:
370.000 viviendas destruidas o con daños, de las cuales 200.000 tenían daño mayor.
Supuestos básicos: a) la mitad de las personas damnificadas tiene la posibilidad de recurrir como allegado; b) las personas prefieren permanecer en sus hogares que irse a una vivienda de emergencia, por lo que se les entrega materiales para reparación mediante el Programa Manos a la Obra; c) 20.000 no tenía ningún tipo de solución, se optó por carpas de emergencia.
Primer supuesto: Un alto porcentaje (50%) se va de allegado en forma inmediata y se va independizando a medida que pasa el tiempo
En forma simultánea se comenzó con la segunda labor: las viviendas de emergencia. La meta fijada por el Presidente era tener a todos los chilenos bajo techo antes del 11 de junio y, en caso de no poder instalarse o reconstruirse la vivienda de emergencia en el mismo lugar de la residencia, debía trasladarse a esa gente a un lugar cercano, protegido del mar. Al 11 de marzo no se contaba con mucha información lo que dificultaba las tareas de reconstrucción, se hicieron muchos catastros y se llegó a establecer que había 370.000 viviendas destruidas o con daños, de las cuales 200.000 tenían daño mayor, y fue precisamente a éstas a las cuales se les dio prioridad.
Segundo supuesto: Un porcentaje de las viviendas con daño mayor se pueden reparar de emergencia. Las familias prefieren vivir en una vivienda con daño mayor reparada de emergencia antes que en una mediagua
Se estimó este porcentaje aproximadamente en un 50% de las viviendas con daño mayor.
Con estos fines se crea el programa “Manos a la Obra”, con un presupuesto de $8.000 MM. Se repararon 51.000 casas aproximadamente.
Tercer supuesto: Un porcentaje de familias con viviendas destruidas no tiene ninguna posibilidad de solución inmediata.
Estas familias se estiman en 20.000 y requieren solución de emergencia.
Para estos fines, el Gobierno entregó 20.327 tiendas de campaña.
Para concentrarse en esas 200.000 viviendas, se dieron por establecidos los siguientes supuestos: para la reubicación se llegó a conclusión que el 50% de las personas damnificadas tiene la posibilidad de recurrir a algún pariente o amigo como allegado, por lo que se asumió que cerca de las 100.000 familias tendrían un lugar donde llegar. Del mismo modo, se sabía que esa cifra iba a decrecer, en primer lugar porque con el tiempo comienzan a surgir complicaciones y en segundo lugar porque está arraigada en la población la idea de que la gente que está en mediaguas recibe una solución más pronta que aquéllas que tienen la calidad de allegada. A las personas con hogares con daño mayor que prefirieron quedarse en sus hogares se les entregó materiales para reparaciones de emergencia, a través del programa “Manos a la obra” que tuvo un presupuesto de 8 mil millones. Se repararon de emergencia aproximadamente 51 mil casas, lo que evitó que la gente afectada recurriera a una vivienda de emergencia.
Había un porcentaje de las familias con viviendas destruidas (aproximadamente 20 mil), que no tenían ningún tipo de solución ni recurso, por lo que se les debía buscar una solución pronta y la única eran las carpas de emergencia. El problema con estas carpas es que por el terremoto de Haití se agotó el stock de carpas en el mundo, pese a lo cual, y gracias a las gestiones realizadas, se lograron reunir 20.327 carpas.
Nuevas cifras
En resumen, las cifras hasta el momento eran: viviendas totales dañadas: 370.000; viviendas con daño menor: 170.000; viviendas con daño mayor o destruidas: 200.000; solución inicial de allegados: 100.000; solución de reparación de emergencia: 50.000; necesidades de vivienda inmediata: 50.000; promesa de Un Techo Para Chile: 20.000 viviendas de emergencia, en marzo, y el compromiso inicial del Gobierno, también en un principio, fue de 20.000.
Ejecución: uso de institucionalidad existente
Circular 28: Implementación programa Viviendas de Emergencia. Decreto Supremo N°150 de 2010, Ministerio del Interior.
Punto IX: Responsabilidad: “El Alcalde y cada Municipalidad será individualmente responsable de seguir los criterios de asignación de viviendas de emergencia y responderá frente a cualquier falta o defecto en la entrega, distribución y recepción de las viviendas de emergencia a los damnificados”.
Otro problema que se presentó era la forma de operar, ante lo cual habían dos opciones: nombrar un delegado presidencial de emergencia en cada comuna o región o bien ocupar la institucionalidad existente, como los gobiernos regionales o provinciales o bien los mismos Municipios. En este punto se presentaba el problema de que aún no estaban designadas las autoridades provinciales. Ante estas dos opciones, se prefirió usar la Institucionalidad existente, pues implicaba menor costo y nadie mejor que las propias autoridades de la zona para saber sus necesidades, y si bien, había Municipalidades que no estaban en muy buen pie para asumir esa labor, se optó por otorgarles asesoría y capacidad ejecutiva. En esta etapa se fijó la forma de operar con las viviendas de emergencia, cuestión que quedó plasmada en la Circular N°28 del Ministerio del Interior. En ella, se destaca que la responsabilidad en los criterios de asignación y distribución de las viviendas recaía en los Municipios y en los Alcaldes, pero no por eso eran los únicos responsables pues había muchos actores en este proceso: el Gobierno, el sector privado, un techo para Chile etc. y era tal el número de viviendas por construir que no había proveedores, por lo que el Comité estableció 100 proveedores de viviendas de emergencias a quienes se daba incentivos de entrega rápida, pero igualmente había mucha presión por actuar rápido en consideración a los planes establecidos. La responsabilidad del Comité era el cumplimiento de la obligación de entregar las viviendas de emergencia que el Gobierno había ofrecido para los damnificados en buen estado, pero quienes actuaron directamente con los damnificados fueron las Municipalidades, un Techo para Chile y los privados quienes entregaron la cantidad de 32.000 viviendas de emergencia, suma que se fue incrementando con el correr de las semanas, y hasta la fecha se han entregado aproximadamente 800.000 viviendas.
-Trabajo del Comité en otras áreas
Salud: Se instalaron 14 hospitales de campaña y modulares, con 510 camas, 12 pabellones. Reparados parcialmente: 55 hospitales, recuperación de 1.237 camas. Reubicación de enfermos en hospitales con capacidad disponible. Recuperado sistema salud (precariamente) a niveles de 10% y 11% déficit camas y pabellones. Iniciadas obras de reparación en 24 postas de salud rural y en la red de Asistencia Primaria de Salud: Programa de compra de camas a sector privado.
Educación: En materia educacional, el 26 de abril los niños y jóvenes se encontraban asistiendo en su totalidad a clases, se repararon parcialmente más de 300 establecimientos, se instalaron escuelas modulares y se entregó un bono de 30 mil pesos a 40 mil estudiantes, para que pudieran movilizarse. En reparación parcial: más de 300 Establecimientos Municipales ($15.000 millones) y Subvencionados sin fines de lucro ($2.000 millones).
Educación Superior: Bono de $ 30.000 por 6 meses a 40.000 estudiantes. Nuevo llamado a crédito con aval del estado.
Infraestructura y obras públicas: Se repararon 1.523 kilómetros de caminos dañados, algunos reparados de emergencia y otros en forma más definitiva. Se arreglaron 194 puentes y se recuperó la operatividad de la infraestructura portuaria, así como la de canales, embalses y colectores de aguas lluvias. En lo referente a los escombros se calcula que a la fecha se ha retirado un 43% del material, hay mucho escombro que retirar y mucho edificio que demoler, pero se está estudiando junto a los Gobiernos Regionales y las Municipalidades la forma más eficiente de retirarlos.
- Vialidad: Se están ejecutando obras por $ 230.631 millones. Recuperación total de la conectividad. Recuperación de más de 1.523 Km de caminos del total de 1.554 Km de caminos dañados. Reparación de 194 puentes de 221 dañados (88% de avance, aún y hasta fin de año crítico Concepción). Recuperar operatividad del 79% de la infraestructura portuaria. el 79% de la infraestructura de canales, embalses y colectores de aguas lluvia. Escombros: 2.200.000m3 retirados (43%).
Vivienda: Se insertará más de cinco mil viviendas en aldeas, con el objeto de lograr el concepto de barrio, pues la idea es reconstruir no sólo física sino también psicosocialmente; en apoyo de esa idea, es que se contará con asistentes sociales de las Municipalidades y de los Gobiernos Regionales. El proceso de reconstrucción en aldeas es lento pues han existido dificultades de conectividad de agua potable y alcantarillado. Para resolverlo se optó por la instalación de containers provistos de baños, duchas, lavatorios y escusados, por cada dos familias.
Una segunda etapa de normalización urbana contempla el retiro total de escombros y desvarado de barcos. Se han desarrollado planes público-privados de reconstrucción a través de una especie de organización entre el intendente y el GORE, con el objeto de que un coordinador regional gestione los planes de reconstrucción urbana sustentables o lo que dice relación con los aspectos patrimoniales, pero con participación de la comunidad.
-PREGUNTAS EFECTUADAS POR LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN Y SUS RESPECTIVAS RESPUESTAS
a) Sobre la existencia de viviendas de emergencia entregadas y que no están siendo utilizadas o bien no se han destinado al fin previsto.
En el primer catastro, que se llamó Alfa, los alcaldes manifestaron que requerían 130 mil viviendas de emergencia, cuestión que muchos justificaron señalando que si querían 10 mil, debían pedir 20 mil o 30 mil. Ésa era la forma en que se operaba. Entonces, lógicamente, más complicado se hacía el problema, porque no se conocía la realidad de lo que ocurría. Hay alcaldes que han seguido con esa política y otros que han manifestado la necesidad exacta, calculada por ellos.
En consecuencia, eso es lo que ha atrasado, porque vienen las dudas, en el sentido de saber si un alcalde está pidiendo de más, si está exagerando. Ésa es la razón por la cual se exige ahora el RUT, nombre y dirección de las personas que requieren vivienda.
b) Situación de los proveedores cuyos créditos no han sido resueltos porque aún no llegan los fondos para cubrir esas deudas.
Respecto del pago a proveedores, al principio las Municipalidades recurrieron a sus fondos de emergencia, en tal sentido el Ministerio del Interior ha recibido sus inquietudes y en base a ellas, se está realizando una especie de auditoría, se ha ido devolviendo el dinero a medida que se justifican los gastos.
Respecto de los gastos de las Intendencias todos esos dineros se solicitan vía FEMER. La corroboración de información es el punto de retraso del proceso, por eso se exige acreditar antecedentes personales para acceder a beneficios, para saber si efectivamente los fondos están llegando donde deben llegar, cuestión que los tiene bastante tranquilos, pues han cruzado esa información con el Servicio de Registro Civil, EFU.
c) Sobre la necesidad de realizar nuevos catastros para saber cuántas viviendas de emergencias se necesitarán, pues con el terremoto salió a flote una realidad que estaba escondida.
Respecto de la necesidad de un nuevo catastro, la autoridad hace presente que fue solicitado especialmente para la Sexta, Séptima y Octava regiones, de cuya primera impresión concluye que, se requieren dos mil viviendas en la Séptima y 1.500 en la Octava, metas que por cierto se van a cumplir.
d) Respecto de la responsabilidad del Ministerio de Vivienda, referente al certificado de inhabitabilidad, pues los Municipios no dan abasto y no han expedido todos los certificados que se requieren (por la cantidad de viviendas afectadas) y además, los que ya han expedido no han sido utilizados, sea porque no sirven o no se han ido a buscar por los solicitantes.
e) Acerca de si las Municipalidades que recibieron viviendas de emergencia por el Gobierno tienen algún tipo de obligación o deber de informar respecto de cómo se entregaron y a quienes, ello pues al menos en el Biobío los alcaldes tuvieron actuaciones muy disímiles.
f) Si se estableció algún mecanismo de coordinación respecto de las más de 22 mil viviendas que entregó Un Techo Para Chile y las 2.400 que entregaron otras instituciones.
g) Sobre los tiempos que se ha fijado el Gobierno para la entrega de viviendas de emergencia.
h) Si se implementará algún tipo de fiscalización o revisión respecto de las viviendas asignadas, porque es importante aclarar que si bien son las Municipalidades las que realizaban la entrega, es el Gobierno quien administraba esos recurso, ello sumado a que en general la gente no entiende y no tiene claro de dónde viene la ayuda: de un Techo para Chile, privados o del Gobierno.
i) Focalización del proceso de reconstrucción en este horizonte de cuatro años.
Tratarán de armar un cronograma para ir chequeando el trabajo que se tiene por delante.
B. PLAN DE RECONSTRUCCIÓN
Señora Magdalena Matte Lecaros , Ministra de la Vivienda y Urbanismo y sus asesores, Pablo Ivelic Zulueta y Francisco Irarrázabal Mena explicaron este proceso ante la Comisión el 17 de agosto de 20109:
Durante los primeros seis meses se generó toda la información que permitió materializar el plan de reconstrucción. Esa información, además de las resoluciones que llaman a las postulaciones extraordinarias del plan terremoto, está disponible en la página www.reconstruccion.minvu.cl
El terremoto abarcó 800 kilómetros del territorio y desde la pre cordillera hasta el mar, y eso ha hecho que la cantidad de problemas sean muy diversos: los de la costa, el adobe, problemas patrimoniales, edificios Serviu, etc.
El plan fue oficialmente lanzado el 29 de marzo; a 18 días de asumido el Gobierno. En ese entonces, con la conversión de UF a dólares, se hablaba de un programa de 2.500 millones de dólares; 61,8 millones de UF. Para precisar las cifras, en 2009 el Congreso Nacional aprobó el Presupuesto del Programa de Subsidios de 2010 por 23 millones de UF, mientras que el Plan de Reconstrucción Nacional alcanza a más del doble del programa de subsidios de 2010.
EL PLAN
-Se reconoce la magnitud del daño
Los fundamentos centrales del Plan son los siguientes: se reconoce la magnitud del daño, en lo que hay que considerar que las problemáticas que se presentan a lo largo de las seis regiones afectadas por la catástrofe son muy diversas. Luego, como es imposible agregar la demanda, se ha diversificado la oferta, abriendo un abanico de soluciones.
Se cerró las inscripciones de los damnificados para las ciudades grandes el 30 de julio, y el 30 de agosto se va a cerrar para las ciudades con menos de 10 mil habitantes.
La cuantificación del daño en las viviendas se dimensiona en virtud de la información proveniente de imágenes satelitales, de la información de la Casen 2006, del censo de 2002, de las proyecciones de crecimiento que existían, del informe preliminar de la Onemi, de catastros del Ministerio y de las áreas de afectación del tsunami. Finalmente, se hizo moderaciones en base a los daños de sismos anteriores, antecedentes históricos e información levantada en terreno.
En un mapa de Constitución, con el que se contaba a mediados de marzo, se ve a la izquierda la densidad de viviendas en cada una de las manzanas del casco urbano. Mientras que a la derecha se ve lo mismo, pero en el área de afectación del tsunami. Con eso se detectó que 2.809 viviendas fueron, de una u otra manera, afectadas por la ola en la ciudad de Constitución. Similar situación se ubicó en la ciudad de Talcahuano, donde el nivel de afectación de las viviendas llegaba a las 10 mil. Y así sucesivamente.
Las cifras utilizadas para el diseño del Plan de Reconstrucción Nacional son las que muestra la imagen expuesta. Se habla de un total de 370 mil viviendas, lo que coincidía con el catastro Onemi , que para ese entonces estaba entregando esa oficina. Y se distribuyó en función de la caracterización que se muestra en el lado derecho de la diapositiva, para poder estimar correctamente cuáles eran las soluciones adecuadas para esas tipologías y los costos asociados a las mismas.
-Demanda acotada
La principal ventaja del plan de reconstrucción es que la demanda está acotada. Es por eso que en su minuto se lanzó el registro de damnificados, que se cerró el 27 de agosto, con 286 mil inscritos. Al momento de la exposición se realizaba el proceso de sistematización de las bases de datos para determinar cuántos de ellos no presentaban los antecedentes correctos, no cumplían los requisitos o la información estaba duplicada.
En primera instancia se estimó que de los 286 mil inscritos en el registro de damnificados, se conseguirían 220 mil postulaciones válidas. Los recursos para esas 220 mil postulaciones están, razón por la cual se implementó un sistema de postulación abierto, es decir, proyecto que ingresa, proyecto que se evalúa y proyecto que se asigna. Por esa razón no importa si alguien postula antes o después.
A la fecha de la exposición, tenían 60 mil RUT en su poder, enviados por las municipalidades, ya que la focalización de los realmente sujetos a apoyo estatal es compleja.
-Los subsidios
Quienes pueden postular al subsidio de reconstrucción son los propietarios, no los arrendatarios y ya se tenía al momento de la exposición, un corte de 17 mil.
Hay 6.500 direcciones que tienen cuatro o más registros asociados, es decir, hay 26 mil registros que tienen algún vicio en su inscripción.
Hay 18 mil viviendas que están declaradas recuperables y los propietarios pertenecen al quintil cuarto y quinto, y consideran que los recursos debieran ser focalizados a los grupos más vulnerables. Así que la baja, aunque parezca importante, es sólo del 20 por ciento y responde a lo que se ha identificado en las bases de datos existentes.
Respecto de la cantidad de subsidios, Francisco Irarrázabal mencionó que a esa fecha había 45.000 postulaciones cursadas, y se había entregado 31.599 subsidios.
La velocidad de la asignación de subsidios es bastante impresionante, si se considera lo que ocurre regularmente. El promedio de los últimos dos meses es de 15.000 subsidios mensuales.
Eso permite establecer como objetivo, para el 31 de diciembre de 2010, tener cien mil subsidios asignados.
-PROBLEMAS QUE RETRASARÁN EL PLAN DE RECONSTRUCCIÓN
Primer problema
“Entregar el subsidio, en el monto correcto a la persona que es efectivamente damnificada”.
Direcciones con más de un registro asociado.
Hay 14 mil direcciones que tienen 2 registros asociados, lo cual puede llegar a ser muy lógico, porque pueden haber existido familias u hogares que vivían de allegados o arrendatarios en esas viviendas. Sin embargo, hay 3.800 direcciones que tienen tres registros asociados y hay 6.400 direcciones que tienen cuatro o más registros asociados. Incluso, hay una dirección que tiene 12 registros asociados. Es decir, con un certificado de inhabitabilidad de una vivienda postularon 12 familias distintas. Es lógico, que en casos de catástrofe, habiendo beneficios que otorga el Estado en forma gratuita, haya aprovechamientos.
También en edificios Serviu ha habido problemas con las personas que viven en los departamentos. Por ejemplo, en Rancagua, donde hay 2 mil departamentos, hubo 3 mil inscripciones de afectados.
Entonces, se hizo necesaria una cirugía para ver quiénes eran realmente los afectados. Puede que haya allegados o arrendatarios. Esa situación ha paralizado el inicio de la demolición, porque mientras no se pongan todos los propietarios de acuerdo, no se puede hacer.
A los allegados, se les exigió que demuestren la condición de allegados en la Ficha de Protección Social previa al terremoto. Quienes son arrendatarios de una vivienda damnificada tienen que presentar los papeles que los acrediten en esa condición.
El sistema de postulación es computacional y está en línea con el Servicio de Impuestos Internos y el Servicio de Registro Civil e Identificación, y verifica en cada postulación si el postulante tiene una segunda vivienda. En tal caso se rechaza la postulación.
La ley califica como damnificados a quienes eran allegados o arrendatarios. A todos los que estaban en esa condición, se les exigirá certificarla. Por ejemplo, si son arrendatarios, a través de contratos de arriendo o boletas de servicios a su nombre en la dirección de la vivienda damnificada; los que eran allegados, tienen que ser certificados con la Ficha de Protección Social antes del 27 de febrero, que los debiera catalogar como hogar independiente al propietario de la vivienda.
Todas las personas que postulan van a firmar una declaración jurada en donde certifiquen que resultaron damnificados, que necesitan la vivienda, que la van a habitar y que no la van a arrendar por los próximos cinco años. Es decir, se están incorporando todos los filtros necesarios para evitar el uso indebido de los recursos del Plan de Reconstrucción.
Se exige la Ficha de Protección Social para postular, pero el puntaje no es vinculante para poder acceder al subsidio de reconstrucción. La razón fundamental es que claramente los valores de la Ficha de Protección Social, previos al terremoto, sufrieron una modificación muy importante por la pérdida patrimonial. Pero es la forma de constatar el grupo familiar de quien está postulando, y evitar así postulaciones unipersonales o de allegados que no estaban declarados como tales en forma previa al terremoto. El 11 por ciento de los inscritos no tiene Ficha de Protección Social. Eso no es un impedimento para que postulen. Solamente tendrán que sacarla. Ello equivale como a 26 ó 27 mil familias, lo que no es una cifra que vaya a dejar patas para arriba a ningún municipio.
Criterios de elegibilidad
También se establecieron criterios de elegibilidad, porque se entiende, que el ciento por ciento de las viviendas no puede ser reparado por el Estado. Había un porcentaje importante de viviendas privadas en las que el Estado no necesariamente tenía que intervenir. Y de nuevo, en función de la Casen 2006 y de otros criterios de focalización, se estableció finalmente un programa de 195.950 subsidios, lo que correspondía, más o menos, al 53 por ciento del total del daño que se estimaba en ese entonces.
Se quiere focalizar los recursos en quienes efectivamente resultaron damnificados y en quienes tienen un grado de vulnerabilidad mayor. Es por eso que se creó el registro de damnificados y, todas las personas inscritas en él, recibieron una visita técnica por parte de la dirección de obras municipales, en donde certificaron que efectivamente sus viviendas tuvieron daño y, además, certificaron el nivel de daño.
El primer proceso de selección es el mismo registro de damnificados. Todas las personas que quedaron inscritas en el registro de damnificados fueron visitadas por personal técnico de la Dirección de Obras Municipales, razón por la cual se certificó que sus viviendas efectivamente contaban con daños.
El plan de reconstrucción considera en su diseño una estructura dinámica, es decir, se modifican ciertos lineamientos estipulados en la fase inicial en virtud del comportamiento de la demanda, en el sentido de que el ministerio conoce las familias que se inscriben en el registro de damnificados y quienes son potenciales subsidiarias del beneficio habitacional. A ese respecto, como consta en las resoluciones oficiales para los llamados especiales del plan de reconstrucción, específicamente en el programa de reparación, se estipula un puntaje de corte de 13.800 y fracción, que equivale al límite entre el tercer y cuarto quintil. O sea, están abiertas las puertas para el programa de reconstrucción no sólo a los sectores vulnerables, sino, también, a la clase media. En adición a lo anterior, en esas mismas resoluciones se oficializa que en los casos de condominios se acepta que un porcentaje del grupo que postula supere el puntaje antes mencionado.
En adición a lo anterior, para esos dos casos, y con el fin de evitar posibles abusos, se van a implementar declaraciones juradas cruzadas tanto del damnificado como del propietario o vecino. La declaración jurada cruzada estipula que el beneficio se les retira si faltan a la verdad, tanto la persona que postula, como quien hace la declaración jurada por él.
Quizá es importante precisar que se pide para verificar los núcleos familiares y, para el caso de reparación de vivienda, contempla los primeros tres quintiles, es decir, aquellos puntajes bajo los 13.400 y fracción, es decir, al 60 por ciento de la población.
Para terminar de acotar el número de damnificados se ha enviado cartas a los tres primeros principales grupos. Esto aborda la situación más grande que es la que se refiere a viviendas para reparar, y aborda la segunda situación más grande, que se refiere a los propietarios de viviendas que están declaradas inhabitables, y a los arrendatarios y allegados de viviendas inhabitables.
La carta va personalizada con el nombre y dirección de la vivienda afectada. En conjunto con eso se crearon unos trípticos, que van dentro de la carta, que también varían según cada una de las condiciones. Es decir, se entrega la información para postular a un subsidio de reparación vivienda, la información para postular a un subsidio de reconstrucción en sitio propio, que es un volante distinto con procedimientos diferentes, y la información para postular a un subsidio de construcción en nuevo terreno.
Estos son los tres casos que abarcan, en este momento, más del 90 por ciento de las condiciones.
Hay personas que son dueñas de cuatro departamentos. Si se da un subsidio, ¿qué pasa con los otros tres? Hay una discusión al respecto que ha significado retrasos.
Gran número de subsidios
Hay diferentes tipos de subsidios. Una batería de subsidios para poder llegar de manera atingente y pertinente a las familias damnificadas. Hay más de 30 modalidades de subsidios a las cuales pueden acceder las personas dependiendo de si la construcción es en sitio propio, en terrenos nuevos, si la construcción de la vivienda es con o sin crédito, si la postulación es grupal o individual, a través de una EGIS o directamente del Serviu, o si es una adquisición de vivienda, una reparación o si hay patrimonio de por medio, etcétera.
El subsidio varía su monto según la ocasión, según el tipo de daño, según si es o no propietario varían los derechos.
El subsidio de reparación es de 50 UF. Para el caso de condominio tiene un adicional de un 20 por ciento, es decir, llega a 60 UF. No obstante, el compromiso es de reparar todos los condominios que sean reparables y, en algunos casos, para el plan que les repartiremos en un segundo, estamos contemplando para los 9 mil condominios que requieren reparación un gasto promedio de 150 UF por vivienda, lo que equivale a casi tres veces lo que el subsidio permite.
Los 6 mil departamentos que iban a ser demolidos serán demolidos, y serán construidos con fondo solidario.
Los subsidios normales y los subsidios terremoto funcionan en forma paralela. No se cruzan en ninguna parte.
En 2009, se entregaron 60 millones de UF en subsidios. Y para el 2010, el presupuesto que quedó amarrado en la Ley, sólo de 24 millones de UF. En marzo se contaba con un presupuesto de 17 millones de UF, ya que 7 millones de UF se entregaron en subsidios en enero.
A ello se debe que las regiones que no sufrieron terremoto tuvieron una baja en los subsidios y se hace todo lo posible por repartir el escaso presupuesto con que se cuenta.
Segundo problema
“Se decidió que las construcciones fueran legales.”
Se apostó desde el inicio a lo más difícil. Las soluciones que se otorgarían se van a entregar con la legalidad y formalidad que estipula la ley. Es decir, se propiciará que todas las viviendas que se reconstruyan cuenten con permiso de edificación, cumplan con toda la normativa vigente, que fuesen asísmicas, ignífugas, térmicas, con el cuadro normativo de los programas habitacionales del Serviu y con recepción municipal.
Y cuando se construyera en terreno propio de las familias, que esos terrenos contaran con el título de dominio respectivo, lo cual es una complejidad grande que le agrega complicaciones a la operatividad de nuestro plan.
Se ayuda, sin embargo a agilizar estos procesos.
Tercer problema
“El programa de reconstrucción es en el sitio propio”.
Para obtener el título de dominio regularizado, se generó un proceso de fast track para la regularización de los dominios.
El proceso demora alrededor de seis meses. Cuando una familia ingresa una solicitud al Ministerio de Bienes Nacionales, éste hace una consulta al Servicio de Impuestos Internos y al Registro Civil , en busca de otros posibles propietarios. Transcurrido un promedio de cuatro meses, se emite la resolución B en donde se acepta la solicitud a tramitación para la regulación del dominio. Se hace una publicación en diarios y carteles para advertir a potenciales propietarios del terreno que se busca regularizar. Transcurrido un mes, el ministerio de Bienes Nacionales emite una nueva resolución y ordena inscribir el inmueble en el Conservador de Bienes Raíces.
Después de un trámite que dura alrededor de 30 días, se realiza la inscripción. Luego debe pasar un año -plazo de posesión prescriptiva- para que efectivamente el propietario sea dueño legal del terreno.
Para un subsidio normal, recién ahí se permite la postulación.
La razón fundamental es que el Estado no está dispuesto a construir en un terreno que eventualmente puede ser reclamado por un tercero que no cumpla los requisitos para ser beneficiario de un subsidio.
Lo que se hizo con el Ministerio de Bienes Nacionales fue, en primer lugar, adelantar el proceso de postulación para cuando las familias tengan el título en trámite. En ese sentido, la familia puede postular al subsidio cuando obtiene la resolución B del Ministerio de Bienes Nacionales. Además, este ministerio, mediante la inyección de recursos, está reduciendo ese proceso, de cuatro a dos meses.
Respecto de la postulación, se debe tener un puente de certidumbre para las familias que hoy están afectadas y que no saben si van a poder ser o no beneficiarias de una solución. Con un cartón en la mano, disminuye el nivel de angustia y ansiedad de esas familias.
Complementando lo anterior, existen muchos terrenos, sobre todo en sectores rurales, que están afectos por sucesiones hereditarias. Al respecto, se abrió un canal para que las familias que están en esa condición puedan postular al subsidio. Fundamentalmente se permite volver a la condición inicial del terremoto, es decir, que una de las familias herederas de la sucesión, pueda contar con una vivienda en el sitio que es de propiedad de toda la sucesión. Lo único que se necesita es la autorización notarial del resto de los herederos para que ese subsidio se pueda entregar. Además, quien queda marcado es única y exclusivamente quien recibe el subsidio.
Además del plan de construcción en nuevo terreno, que contempla un monto de subsidio para comprar nuevos terrenos, la Subdere se ha comprometido con fondos para suplementar, en caso de que fuese necesario, el costo del valor de la tierra de manera de poder comprar nuevos terrenos.
Existen 25 mil subsidios para ser entregados a familias que no tengan terreno como parte del plan de reconstrucción y, además, montos adicionales para habilitar terrenos que pudiesen estar por encima del valor que permita el subsidio o para comprarlos directamente.
Cuarto problema
“Selección de la vivienda por parte de los afectados”
Todos los programas habitacionales consideran la participación ciudadana y la posibilidad de elegir. Queremos que al término del programa de reconstrucción las familias no digan -como ancestralmente han dicho- que se han sacado un subsidio, sino que eligieron su vivienda. Es decir, se quiere dar la opción de que las familias elijan la vivienda en función de sus necesidades y sus características.
Quinto problema
“La reconstrucción en sitios dispersos aumenta costos”
Hay que hacer el esfuerzo de volver a construir las viviendas en el mismo sitio en donde se cayeron las casas que resultaron destruidas. Es decir, hay que evitar la expansión urbana, hay que reconstruir respetando el apego territorial y manteniendo las redes sociales vecinales de las familias. Hay gente que preferiría vender un sitio en el centro de la ciudad y construir en uno más barato alejado.
Esto genera una complicación muy grande porque significa que hay que reconstruir sitios que están dispersos geográficamente.
A sabiendas de que el foco tiene que estar en la construcción de sitios residentes, se generó una nueva modalidad de subsidio para evitar la expansión urbana y mantener las viviendas en el mismo lugar en donde se destruyeron las casas por el terremoto.
Se invitó a las constructoras a proveer soluciones habitacionales por el costo del subsidio, es decir, por 380 unidades de fomento, que cumplan toda la normativa, y el Ministerio las precertificó. Es decir, hoy, para quienes resultaron damnificados por el terremoto y quieren postular a una vivienda para construirla en el mismo sitio donde tenían la casa anteriormente, pueden acercarse a una vitrina de viviendas.
Esto es muy importante porque, en primer lugar, se genera competencia y cuando ésta se produce, los beneficiados son los damnificados. Ya se han generado procesos y hay casos de éxito en proyectos piloto de estas características. Y las viviendas que están ofreciendo las constructoras superan en metraje lo que normalmente se entrega en un subsidio habitacional del fondo solidario.
En Arauco se entregó una vivienda de 57 metros cuadrados, en Coelemu una de 52 metros cuadrados. Todas tienen tres dormitorios. En este sentido, con las platas del fondo 1, generando competencia, lo que se está haciendo es entregar una vivienda del fondo 2.
Con este caso, se puede observar que estas tipologías de viviendas tipo, no necesariamente son estas viviendas aisladas que resultan muy bien para la reconstrucción de sectores rurales. Aquí se están generando tipologías específicas para cada ciudad.
Sexto problema
“Reconstruir manteniendo el patrimonio histórico”
Un ejemplo es el caso de Talca. La reconstrucción tiene que, de una u otra forma, preservar la imagen urbana que tenía el casco histórico de la ciudad, asociado a una fachada continua y una arquitectura más patrimonial.
El expositor muestra fotografía con la situación existente y otra con la situación propuesta. Ésta es una alternativa preliminar que va a someterse a la opinión ciudadana para que las mismas familias vayan mejorando o adecuando el diseño en virtud de sus propias necesidades.
Adicionalmente a lo anterior, se permitirá la firma del contrato de construcción -con la resolución C- y el inicio de las obras antes de la inscripción en el Conservador de Bienes Raíces. Con esto, lo que se hace es iniciar el proceso de construcción, en donde los porcentajes de rechazo son menores al 1 por ciento.
En cuanto a recuperación patrimonial, se ha dispuesto un subsidio adicional de 200 UF que las familias pueden ejercer si su vivienda está dentro de una zona patrimonial histórica. No se puede hacer por obligación, más bien es un incentivo para recuperar parte de la identidad de la calle, con el objeto de que se construya con ese contexto y recuperar la identidad que tenía la ciudad antes del terremoto. Es decir, un subsidio de reconstrucción puede llegar a 580 UF si la casa está instalada en un casco de carácter histórico.
La presentación agregó ejemplos de convenios que se han realizado en Chépica, La Estrella, Lolol , El Peralillo, Sauzal , Vichuquén, etc.
Si en un conjunto de viviendas que tienen, por ejemplo, la fachada continua hubiese alguna familia que no calificase para un subsidio de reparación o, incluso, una vivienda comercial -podría ser un almacén o una vivienda de uso no residencial-, el proyecto contempla entregar el subsidio a esas excepciones, siempre y cuando sumen al conjunto y ayuden a recuperar, como un todo, el valor patrimonial, histórico o de zona típica que ese polígono hubiese tenido.
Séptimo problema
“Reincorporación de los damnificados a la sociedad”
En la actualidad, hay grupos que no tenían sitio que se encuentran en alrededor de 110 aldeas con aproximadamente 9 mil familias en condominios sociales, más la gente que está en los barrios deteriorados. Se va a trabajar con un componente físico, liderado por el Serviu, y con uno social, de manera que se llevará a cabo una reconstrucción tanto física como psicosocial. El objetivo es ayudar a reincorporar a esa gente a la sociedad.
Esos grupos tienen en común no poseer terreno. Si hubiesen tenido uno, habrían recibido una mediagua y estarían en su sitio. El hecho de que estén en una aldea o en torno a un condominio destruido es porque hoy no tienen un sitio o debido a que, de tenerlo, está demasiado fragmentado, con muchos problemas.
En cuanto a la línea de condominios sociales que se va a trabajar, se hizo una evaluación global de todos los conjuntos Serviu, cerca de 20 mil departamentos, de los cuales 5 mil se categorizaron como sin daño, 6 mil deben ser destruidos porque su condición estructural no permite habitarlos, y 9 mil pueden ser mejorados. Eso se entrecruza, ya que en un mismo conjunto un edificio puede ser recuperado y otro no, por lo que hay demoliciones parciales.
Ese es un problema mucho más complejo, porque a las personas hay que explicarles que algunas casas podrán ser reparadas, pero otras deberán ser destruidas.
En términos de aldeas, en la actualidad hay una población de 5 mil familias en 106 aldeas. Todas esas viviendas cuentan con aislamiento térmico y electrificación con fusible, medidor y diferencial, de manera de evitar accidentes como incendios. Se han instalado baños familiares, que consisten en un cuarto con ducha, un lavamanos y un excusado, que es compartido por dos familias; se espera que ellas cuiden y limpien el baño. Además, hay sedes sociales disponibles, 30 metros cuadrados cada 60 familias, y se han hecho estabilizados y cierre perimetral. Ese proyecto está en la última etapa, alrededor de 95 por ciento de avance, pero todavía queda algo pendiente.
En términos de reconstrucción urbana, tampoco es claro que vía subsidio se reconstruyan los cascos urbanos. Se detectaron 237 comunas afectadas por el terremoto y se liberó a todas aquéllas que no requerían modificación de su plano regulador, de manera de otorgar permisos de edificación. Así, 53 comunas debían revisar su plano regulador, de las cuales 27 están asociadas al borde costero.
Octavo problema
“Mantener los planos reguladores”
En conjunto con el Sernageomin y otras organizaciones se han revisado los planos reguladores. La idea es contar con una especie de guía de diseño, ya que, por ejemplo, en la calle Freire, de Constitución, que hoy se encuentra con sus viviendas en el suelo, si se deja la reconstrucción al azar se puede construir viviendas prefabricadas distintas, sin ningún sentido de conjunto, de modo que el escaso valor patrimonial de esa calle se puede perder por completo. Entonces, se quiere elaborar algunas guías de diseño de planos reguladores para pequeñas lo calidades o cascos urbanos con algún carácter de zona típica, las que permitan reconstruir manteniendo el estilo de esa calle.
Se está trabajando en cien pequeñas y medianas localidades. Para eso, se cuenta con 20 planes piloto en curso ejecutados por universidades, institutos u otras organizaciones, 80 de los cuales están en proceso de licitación, lo que permitirá cubrir 100 localidades, dándoles ordenanzas y guías de diseño, para que la reconstrucción recupere algo de la identidad que la ciudad tenía antes del terremoto.
Los planes de regeneración urbana ya estaban al momento de la exposición licitados para 20 localidades; las próximas 80 serían licitadas dentro del mes de septiembre. Esta semana se están recibiendo ofertas para ejecutar las fases 2 y 3 de las primeras 20. Con todo, se cree que el ritmo de avance, aunque pudiera ser más rápido, es el adecuado.
Hay 53 planos reguladores de los cuales hay 27 que son comunas costeras. Todas las modificaciones se están haciendo en virtud del riesgo y no se contempla usar la Ley de Catástrofe para ampliar o modificar un plano regulador, si es que no dice directa relación con riesgos. En particular en esas localidades con el riesgo de tsunami y algunos cambios geológicos de desprendimientos que ocurrieron en zonas, principalmente en la cuenca del carbón. Para los municipios interiores, que son 26, nuevamente sólo se contempla modificaciones asociadas a riesgos geológicos del terremoto y no considera modificaciones de ampliación ni cambio de uso de suelo que no tenga relación con lo anterior.
El Ministerio enviará los planos y sus modificaciones vía courier.
En la presentación se observa un ejemplo de la licitación para los planes reguladores de localidades de las regiones Quinta, Sexta, Séptima, Octava y Novena.
La otra línea de trabajo se ha denominado Plan de Reconstrucción del Borde Costero, que comenzó en la Región del Biobío, pero ya se está integrando fuertemente a la Séptima Región.
Noveno problema
“Hay denuncias permanentes contra las EGIS10”.
Para el plan de reconstrucción se restringió la participación de las EGIS. De aproximadamente 1.200 EGIS que estaban inscritas, se filtraron alrededor de 1.000, que no tenían operación y que responden a la categorización de EGIS “brujas”. En contrapartida, se abrió la posibilidad de que municipios, fundaciones y ONG establecidas participen como tales.
Respecto del proceso normal, entendiendo que si bien no tiene relación con el proceso de reconstrucción, se está tramitando un proyecto de ley para regular el funcionamiento de las EGIS en los programas normales de subsidios del Ministerio.
En los próximos días, el MINVU va a presentar un proyecto de ley que regula las EGIS, para que no vuelva a pasar lo que está sucediendo. Hay mucha gente que les ha entregado plata y las EGIS desaparecen. Hoy día no funcionan en oficinas establecidas, y sus representantes sólo son ubicables en un número de celular.
Décimo problema
“La certificación de las viviendas”
Al momento de la exposición había 27 tipos de viviendas certificadas, y 82 más en curso de certificación. Este es un proceso que está permanentemente abierto y la idea es que si una empresa constructora postula una vivienda que no es elegida en un proceso participativo, esta empresa pueda adaptar su vivienda e ir, de una u otra manera, acercándose a lo que la gente busca para su vivienda.
Es importante decir que no se ha entregado ni se va a entregar ningún subsidio a una vivienda que no esté debidamente certificada.
Décimoprimer problema
“Se requiere más personal para atender las nuevas necesidades”
Ya se han reforzados las plantas, tanto en el Serviu como en los municipios.
Hay diez personas adicionales para hacerse cargo del tema terremoto en el SERVIU de cada una de las regiones. Por su parte, la Subdere ha dispuesto cerca de cien profesionales para los municipios más afectados. Se modificó el convenio que tiene el Ministerio de Vivienda con Servicio País por 56 profesionales, para focalizarlos de nuevo en los municipios más afectados y el Programa Quiero Mi Barrio, que tiene una buena cantidad de gente, se ha dispuesto de esa gente para cooperar a los municipios. El principal déficit de profesionales estará en las municipalidades, de modo que allí se debe concentrar el mayor esfuerzo. Para el próximo año la Subdere también contempla fondos adicionales para poner más gente en los municipios.
Décimo segundo problema
“Una cantidad importante de viviendas afectadas se encuentra en territorio tsunami.”
El Gobierno y el Ministerio quieren que la gente vuelva a vivir en la orilla del mar y, en el caso particular de Dichato, que la gente pueda volver a la parte plana, a la costa.
Los planes que se han presentado, debatido y que se encuentran en proceso de ser consultados con la comunidad, contemplan expropiaciones, sólo para las familias que viven en el primer borde, de manera que pudiesen retroceder un poco para hacer allí una obra de mitigación, que permita que el resto y la inmensa mayoría de la gente que vive en el plano pueda seguir viviendo en una zona con riesgo de tsunami de alguna manera mitigado. Esos planes de reconstrucción, en el caso de Dichato, al momento de la exposición, habían sido comentados con la comunidad a través de 9 asambleas con sus dirigentes y se cree que a mediados de septiembre estará definido cuál sería el plan específico. Ello ocurrirá en casos muy excepcionales, donde se puede hacer una obra de mitigación que justifique que esa persona se traslade dentro de la localidad. En las zonas afectadas no se construirá un mall ni una gran avenida empresarial ni nada a orillas del mar, como se ha escuchado en algunas partes.
-PREGUNTAS EFECTUADAS POR LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN Y SUS RESPECTIVAS RESPUESTAS11
1.- Medidas especiales o sistemas implementados para evitar el aprovechamiento en el otorgamiento de los beneficios, en atención a lo ocurrido con las mediaguas.
El asesor señor señor Ivelic , señaló que en la emergencia se entregaron 80 mil viviendas temporales o soluciones de emergencia, en cuatro meses, lo que constituye un esfuerzo sin igual por parte del Gobierno, de los cuales menos de un 5 por ciento se presume o se estima que no fue focalizado, lo que es bastante bajo si se estima que en dicha etapa no resultaba del todo coherente exigir certificados a las familias que resultaron damnificadas, por lo cual se puede haber llegado a producir ese proceso, pero destaca que en el otorgamiento de la vivienda definitiva van a ser extremadamente rigurosos para llegar con los recursos del Estado a quienes de verdad los necesitan y a quienes efectivamente resultaron damnificados.
Luego explicó el proceso de selección señalando que el primer paso es el registro de damnificados, quienes están inscritos fueron visitadas por personal técnico de la Dirección de Obras Municipales, razón por la cual se certificó que sus viviendas efectivamente contaban con daños. Expresó que el sistema de postulación es computacional y está en línea con el Servicio de Impuestos Internos y el Servicio de Registro Civil e Identificación, y verifica en cada postulación si el postulante tiene una segunda vivienda y en caso de que así sea, se rechaza la postulación. Por su parte, la ley califica como damnificados a quienes eran allegados o arrendatarios, los cuales no obstante deben acreditar al Ministerio dicha condición. Además señala que en tal hipótesis, y con el fin de evitar posibles abusos, se implementarán declaraciones juradas cruzadas, las cuales de resultar falsa o inexactas, el beneficio será retirado tanto la persona que postula o quien hace la declaración jurada por él, por otra parte todas las personas que postulan van a firmar una declaración jurada en donde certifican que resultaron damnificados, que necesitan la vivienda, que la van a habitar y que no la van a arrendar por los próximos cinco años.
2.- Respecto de la utilización de la ficha de protección social, en el sentido de utilizarse ésta como elemento de focalización que excluiría a los damnificados de clase media
El señor Ivelic explicó que se exige la ficha de protección social para postular, pero el puntaje no es vinculante para poder acceder al subsidio de reconstrucción. La razón fundamental es que claramente los valores de la ficha de protección social, previo al terremoto, sufrieron una modificación muy importante por la pérdida patrimonial, no obstante lo anterior explica que se exige porque es la forma que tenemos de constatar el grupo familiar de quien está postulando, y evitar así postulaciones unipersonales o de allegados que no estaban declarados como tales en forma previa al terremoto. Precisó, además, que se pide a título de verificar los núcleos familiares y, para el caso de reparación de vivienda, contempla los primeros tres quintiles, es decir, aquellos puntajes bajo los 13.400 y fracción, es decir, al 60 por ciento de la población.
3.- En cuento a la cobertura del Subsidio de Reconstrucción para los propietarios Serviu.
El señor Ivelic respondió que efectivamente el subsidio de reparación es de 50 UF y para el caso de condominio tiene un adicional de un 20 por ciento, es decir, llega a 60 UF. Sin perjuicio de ello, el compromiso es de reparar todos los condominios que sean reparables y, en algunos casos, están contemplando para los 9 mil condominios que requieren reparación un gasto promedio de 150 UF por vivienda, lo que equivale a casi tres veces lo que el subsidio permite, respecto a los 6 mil departamentos que iban a ser demolidos serán demolidos, y serán construidos con fondo solidario.
4.- Sobre la implementación de la entrega de los subsidios, en el sentido de determinar a quiénes se entrega primero y a quiénes después.
El señor Ivelic contestó que la principal ventaja del plan de reconstrucción es que la demanda está acotada por la existencia del registro de damnificados, el cual se cerró el 27 de agosto, con 286 mil inscritos; explicó que se estaba realizando el proceso de sistematización de las bases de datos para determinar cuántos de ellos no presentan los antecedentes correctos, no cumplen los requisitos o no existe información duplicada. En primera instancia se ha estimado que de esos 286 mil inscritos en el registro de damnificados, se conseguirán 220 mil postulaciones hábiles. Los recursos para esas 220 mil postulaciones hábiles existen, razón por la cual han implementado un sistema de postulación abierto, es decir, proyecto que ingresa, proyecto que se evalúa y proyecto que se asigna. Por esa razón no hay preponderancia si es que alguien postula antes o después.
5.- Respecto de la certificación de las viviendas, en el sentido de cómo sabrán las personas que tales viviendas cumplen con dicha condición y si una empresa constructora puede seguir presentando distintos modelos de casas y entrar en una nueva evaluación.
El señor Ivelic explicó que al momento de la comparecencia, hay 27 tipos de viviendas que están certificadas, y hay 82 más en curso de certificación. Este es un proceso que está permanentemente abierto y la idea es que si una empresa constructora postula una vivienda que no es elegida en un proceso participativo, esta empresa pueda adaptar su vivienda e ir, de alguna u otra manera, acercándose a lo que la gente busca para su vivienda, recalca que no se ha entregado ni se va a entregar ningún subsidio a una vivienda que no esté debidamente certificada.
6.- Sobre la reparación de los puentes en Cauquenes.
El asesor del Ministerio de la Vivienda indicó que son puentes urbanos de manera que no le responde construir al Ministerio de Obras Públicas, sino que al ministerio de la Vivienda y Urbanismo, cuestión que así fue asumido por éste último desde el primer minuto; en tal sentido, explica que actualmente ambos tienen construido unos puentes mecano, por lo tanto, la conectividad no está interrumpida, y como solución definitiva se realizó un estudio de factibilidad para ver cuál era la ubicación correcta de los nuevos puentes definitivos, cuyo resultado final es que esos puentes se van a correr aguas arriba, es decir, un par de calles más arriba. La contratación del diseño, en virtud de este estudio de factibilidad, señaló que se realizará en octubre.
7.- En cuanto a que, en opinión de algunos integrantes, las hojas de ruta son confusas y no hay mucha consistencia en el conjunto de la información.
El señor Ivelic explicó que efectivamente la confusión puede generarse porque existe una amplia gama de soluciones de subsidios diferentes, en que para algunas personas se aplica y para otras no, el subsidio varía su monto según la ocasión, según el tipo de daño, según si es o no propietario. Por lo mismo les pareció atingente luego de cerrarse el proceso de inscripción al registro de damnificados el viernes pasado, se enviara una comunicación personalizada a cada una de las personas damnificadas, en donde se les indique cuál es su categoría, cuáles son sus requisitos y cuáles son los pasos que debe dar, según si se manifiesta siendo propietaria de una vivienda reparable o no. Se comenzó enviando las mencionadas cartas a los tres primeros principales grupos. Esto aborda la situación más grande que es la que se refiere a viviendas para reparar, y aborda la segunda situación más grande, que se refiere a los propietarios de viviendas que están declaradas inhabitables, y a los arrendatarios y allegados de viviendas inhabitables. En conjunto, se crearon unos trípticos, que van dentro de la carta, que también varían según cada una de las condiciones. Es decir, se cuenta con información para postular a un subsidio de reparación vivienda, información para postular a un subsidio de reconstrucción en sitio propio, que es un volante distinto con procedimientos diferentes, e información para postular a un subsidio de construcción en nuevo terreno, explica que estos son los tres casos que abarcan, en este momento, más del 90 por ciento de las condiciones de habitabilidad de los damnificados.
El señor Irarrázabal hizo uso de la palabra para dar respuesta a los señores diputados, en cuanto señalar que en lo referente a la carta es importante señalar que hoy se cuenta con un registro de damnificados, no con postulaciones. De hecho, el señor Ivelic insinuó algunas cifras de mucha gente que se inscribe como damnificado y que no necesariamente es damnificado por cuanto puede haber algún engaño o aprovechamiento y que su objetivo con la carta es lograr que toda esa gente se acerque a postular, y ahí están indicados cuáles son los pasos específicos que deben seguir y si bien puede generar confusión se debe entender que ya han detectado mucho aprovechamiento en el registro.
Respecto de la cantidad de subsidios, Francisco Irarrázabal mencionó que a la fecha hay 45.000 postulaciones cursadas, y que ya se han entregado 31.599 subsidios. La velocidad de la asignación de subsidios es bastante impresionante, si se considera lo que ocurre regularmente. El promedio de los últimos dos meses es de 15.000 subsidios mensuales, ello les permite y -con esto responde la pregunta de las metas- establecer como objetivo, para el 31 de diciembre de 2010, tener cien mil subsidios asignados.
En relación con el presupuesto de reconstrucción, expresa que se ha mencionado en varias oportunidades en esta Comisión. La cantidad es de 2.350 millones de dólares, lo que se traduce en de 61 millones de unidades de fomento, porque el plan está financiado en UF y cada vez que nos referimos a dólares, varía el monto, dada la fluctuación del tipo de cambio.
Por último, hizo hincapié en que durante los primeros seis meses se generó toda la información que hoy nos permite materializar el plan de reconstrucción que tienen en su poder. Esa información, además de las resoluciones que llaman a las postulaciones extraordinarias del plan terremoto, tiene un montón de otros antecedentes, que están disponibles en la página web www.reconstruccion.minvu.cl.
8.- Sobre los incentivos entregados a las empresas constructoras, consistentes en premios por cien mil pesos por mediagua si las construían a tiempo.
El señor Ivelic omite la respuesta por no ser una materia en la que es competente, pues durante esa etapa, el proceso de reconstrucción estuvo a cargo del Comité de Emergencia.
9.- Respecto de la disminución de los programas normales de subsidios en razón del terremoto.
El señor Ivelic explica que desde que se lanzó el programa de reconstrucción en el Ministerio de la Vivienda, se estipuló que la totalidad de los fondos necesarios para ese efecto eran recursos adicionales al programa normal del ministerio. En definitiva, el programa de subsidios de 2010 del ministerio mantiene los mismos recursos aprobados en la Ley de Presupuestos de 2009.
10.- En cuanto al reparo hecho presente por algunos integrantes en base a un documento oficial del Ministerio de la Vivienda, de fecha 29 de marzo, el que no dice que se mantienen, sino que hay diferencia respecto de los subsidios porque existirían 706 mil subsidios que se van a considerar para el cuatrienio por parte de este Gobierno (2010-2013), que se desglosarían en sin terremoto, 575 mil; con terremoto, 706 mil. En el cuatrienio 2006-2009, la cifra fue de 714.173 y la preocupación es que como se trata de subsidios para los dos primeros quintiles, es decir, para el 40 por ciento más pobre, lo que se estaría haciendo es pedir a dicho segmento una ayuda para los damnificados del terremoto.
El señor Ivelic explicó que para el 2010, que es el único año en que el ministerio cuenta con un ejercicio presupuestario aprobado por el Congreso, las 24 millones de UF aprobadas en 2009 están disponibles para todos los llamados a postulación del programa regular del ministerio. Las 61 millones de UF del plan de reconstrucción en vivienda, son recursos adicionales y que se materializan y devengan a través de llamados extraordinarios para el proceso de reconstrucción, que están orientados única y exclusivamente a los damnificados.
Agregó que se debe considerar que, de acuerdo a la información entregada, el presupuesto 2010, aprobado en 2009, contempló sólo la entrega de alrededor de 105 mil subsidios para este año y quedaban cerca de 90 mil por entregar, pues se entregó 15 mil antes del cambio de Gobierno. Si siguiera con la misma metodología de asignar la misma cantidad de subsidios normales, propuestos por el Gobierno de la entonces Presidenta Michelle Bachelet , no se llegaría a más de 420 mil. La propuesta del Gobierno es superior en más de cien mil subsidios, sin considerar los subsidios que se van a construir posterremoto. Además, se hizo presente que el 2009 fue excepcional, pues se entregó más de 200 mil subsidios habitacionales, que también está sobre el promedio de los años anteriores del gobierno pasado.
Precisó que las aprensiones de algunos integrantes radica en que el plan de acción que hicieran vales es previo a la oficialización del plan de reconstrucción, documento que se entregó el 29 de marzo, y que en su página 11, indica que parte del plan de reconstrucción es mantener la continuidad de los programas de subsidio a las familias de todo el país que postulan a la vivienda propia. Desde ese punto de vista, lo único que existe en la actualidad, en cuanto a ejercicios presupuestarios, es lo que aprobó el Congreso en 2009 y se mantiene completamente vigente para el programa normal.
11.- Respecto a la situación de la clase media en relación al referido documento oficial del 29 de marzo, en razón de la cual quedaría en evidencia que ésta no recibirá beneficios para la reparación de sus viviendas.
El señor Ivelic respondió que el plan de reconstrucción considera en su diseño una estructura dinámica, es decir, se modifican ciertos lineamientos estipulados en la fase inicial en virtud del comportamiento de la demanda, en el sentido de que este ministerio conoce las familias que se inscriben en el registro de damnificados y quienes son potenciales subsidiarias del beneficio habitacional; a ese respecto como consta en las resoluciones oficiales para los llamados especiales del plan de reconstrucción, específicamente en el programa de reparación, se estipula un puntaje de corte de 13.800 y fracción, que equivale al límite entre el tercer y cuarto quintil. O sea, están abiertas las puertas para el programa de reconstrucción no sólo a los sectores vulnerables, sino, también, a la clase media. En adición a lo anterior, en esas mismas resoluciones se oficializa que en los casos de condominios se acepta que un porcentaje del grupo que postula supere el puntaje antes mencionado, utilizándose el Programa de Protección del Patrimonio Familiar.
12.- Respecto a los alcances efectuados en cuanto a la cobertura del Plan de Reconstrucción en base al ya referido documento oficial fechado el 29 de marzo.
El señor Ivelic manifestó que cuando se oficializó y se lanzó el programa de reconstrucción la información disponible era confusa, vaga y no cabal, razón por la que se basaron en los instrumentos que existían en ese momento para estimar el daño en las viviendas: se estipuló que había 370 mil viviendas que presentaban algún tipo de daño, sin embargo, se estimó por el Ministerio que el ciento por ciento no tenía que ser necesariamente afecto a la otorgación de un subsidio del Estado, por cuanto existían viviendas privadas y en sectores que podrían resolver los problemas en forma independiente al Ejecutivo , en tal sentido, explicó que los criterios de elegibilidad que se establecieron en su momento dieron un porcentaje de asignación de 53 por ciento, que equivalía a 200 mil subsidios a entregar. Esa hipótesis se ha visto validada con el registro de damnificados, en virtud de los antecedentes que entregó el Ministerio, la cantidad de registros actuales y el porcentaje de postulaciones hábiles que debieran determinarse de la cantidad de inscritos. Finalmente, recalcó que hoy se tiene un universo o una demanda determinada, fija, la que se estima, en virtud de los últimos análisis de la base de datos, debiera llegar a 220 mil subsidios, y con eso, se estaría atendiendo al ciento por ciento de la población que se declaró damnificada y que se acercó a los municipios para inscribirse en el registro, paso previo para postular a los subsidios de reconstrucción.
13.- Sobre los convenios de cooperación en materia de urbanismo.
El asesor señor Irarrázaval respondió que se han firmado con Talca, Constitución y Curicó , y que no son convenios entre el municipio y la empresa, sino que el Ministerio de Vivienda lo que ha hecho es establecer un marco para regular y asegurar transparencia en esa materia. Lo que se está financiando en definitiva es un plan maestro, es una imagen objetiva de lo que se quiere para la ciudad de manera que lo que se entregue sea un insumo relevante para incorporarlo en un plano regulador, que por supuesto no es ni la empresa ni el Ministerio de Vivienda, sino el municipio. Tal ejercicio, señala no es vinculante, pues estiman que no es más que un aporte. El rol del Ministerio de Vivienda es transparentarlo y hacerlo efectivo, en el sentido de que lo que se entregue sea viable. No hay mayor involucramiento por parte del Ministerio.
14.- Respecto al reforzamiento de la planta de personal en el Ministerio, en los años que durará el plan de reconstrucción.
El señor Irarrázaval explicó que efectivamente, se han reforzados las plantas, tanto en el Serviu como en los municipios. A nivel del Serviu, son a lo menos diez personas adicionales para hacerse cargo del tema terremoto en cada una de las regiones. Por su parte, la Subdere ha dispuesto cerca de cien profesionales para los municipios más afectados. Se modificó el convenio que tiene el Ministerio de Vivienda con Servicio País por 56 profesionales, para focalizarlos de nuevo en los municipios más afectados y el Programa Quiero Mi Barrio, que tiene una buena cantidad de gente, se ha dispuesto para cooperar a los municipios. Señala que el Ministerio estima que el principal déficit de profesionales estará en las municipalidades, de modo que allí están enfocados los esfuerzos, en tal sentido para el próximo año la Subdere también contempla fondos adicionales para poner más personalen los municipios.
15.- En cuanto a la fiscalización en la calidad de las viviendas Serviu que fueron en su mayoría las más dañadas por el terremoto.
El señor Ivelic acotó que cuando se construyeron los departamentos que hoy sufrieron graves daños la ley dejaba la responsabilidad de la supervisión de la obra en las municipalidades. Hoy la inspección técnica de la obra recae sobre organismos externos, en particular todas las viviendas Serviu que van a ser construidas en el proceso de reconstrucción son subcontratadas por este mismo Ministerio con organismos externos. En adición a lo anterior, comentó que se estaba enviando un proyecto de ley en donde se modifica la responsabilidad de las inspecciones técnicas de obras y las hace subsidiarias responsables del proceso de construcción.
16.- Respecto a la cobertura de los montos asignados al plan de reconstrucción en relación a la cantidad de damnificados inscritos.
El señor Ivelic , reiteró que el registro de damnificados fue cerrado el 27 de agosto, sin perjuicio de que se acepten algunos casos extraordinarios debidamente justificados con fecha posterior y el registro se cerró con 286 mil inscritos. Explicó que hay 14 mil direcciones que tienen 2 registros asociados, lo cual puede llegar a ser muy lógico, porque pueden haber existido familias u hogares que vivían de allegados o arrendatarios en esas viviendas. Sin embargo, hay 3.800 direcciones que tienen tres registros asociados y hay 6.400 direcciones que tienen cuatro o más registros asociados. Incluso, hay una dirección que tiene 12 registros asociados. Es decir, con un certificado de inhabitabilidad de una vivienda postularon 12 familias distintas. En tal sentido, recalcó que serán extremadamente rigurosos en filtrar esos aprovechamientos y esos usos indebidos para focalizar los recursos en quienes debidamente corresponda. Por esa razón, las 286 mil inscripciones no deben constatarse como 286 postulaciones hábiles. Los cruces de información que se han realizado a este momento llevan a estimar esa demanda en 220 mil subsidios, a través del registro no sólo se obtuvo un número acotado de posibles postulantes, sino que, además, se pudo determinar qué cantidad de viviendas, efectivamente, tenían que ser reparadas y cuanta debían de ser demolidas. Agregó que la estimación inicial realizada por el Ministerio consideró un porcentaje mucho mayor de viviendas severamente dañadas y que deberían haber sido reconstruidas en virtud del catastro realizado mediante el registro de damnificados, por ello, explicó que aumentaron los subsidios de reparación y disminuyeron los subsidios, lo que les entrega un margen presupuestario para aumentar el número de beneficios a entregar. Por eso, es que al día de hoy pueden señalar con tranquilidad, que se cuenta con los recursos para entregar soluciones habitacionales a 220 mil familias.
17.- Respecto a la recuperación patrimonial y si se contempla algún mecanismo especial para aquellas familias que no cumplen con la focalización necesaria para postular a un subsidio pero que tampoco cuentan con los recursos para conservar la línea estructural.
El señor Ivelic expresó que efectivamente, se ha dispuesto de un subsidio adicional de 200 UF -adicional al subsidio de reparación o construcción en sitio propio-, de manera que la reconstrucción permita mantener parte de la identidad que tenía un conjunto de viviendas que presentaban algún valor patrimonial, zona típica o zona histórica.
18.- Respecto al avance del programa de recuperación urbana para cien pequeñas localidades, en el que se han asignado fondos sólo a 20 y faltan 80.
El señor Ivelic señaló que las 80 localidades restantes serán licitadas dentro del mes de septiembre y durante esta semana se está recibiendo la oferta para ejecutar las fases 2 y 3 de las primeras 20. Con todo, estimó, que el ritmo de avance, si bien podría ser más rápido, es el adecuado.
19.- Sobre los planos reguladores y las modificaciones específicas que deben realizarse.
El señor Ivelic explicó que de los 53 planos reguladores que deben ser modificados, hay 27 que son comunas costeras y que todas las modificaciones que se están haciendo son sólo en virtud del riesgo y no se contempla usar la Ley de Catástrofe para ampliar o modificar un plano regulador, si es que no dice directa relación con el riesgo, en particular en esas localidades con el riesgo de tsunami y algunos cambios geológicos de desprendimientos que ocurrieron en zonas, principalmente en la cuenca del carbón. Para los municipios interiores, que son 26, nuevamente sólo contempla modificaciones asociadas a riesgos geológicos del terremoto y no considera modificaciones de ampliación ni cambio de uso de suelo que no tenga relación con lo anterior.
20.- Respecto a la posibilidad de reasignar viviendas sociales que no fueron ocupadas por las personas a las cuales se les asignó.
El señor Ivelic respondió que si bien no es una materia relacionada con el proceso de reconstrucción, como Ministerio, se está evaluando algún mecanismo bajo el que se podrían reasignar viviendas sociales, entregadas a familias que al día de hoy no las ocupan. Es un proceso bastante lento, que supone expropiar y reasignar una vivienda que fue debidamente entregada por el Gobierno a una familia.
21.- Respecto a las denominadas EGIS “brujas”
El señor Irarrázaval manifestó que para el plan de reconstrucción se restringió la participación de las EGIS. De aproximadamente 1.200 EGIS que estaban inscritas, se filtraron aproximadamente 1.000, que no tenían operación y que, efectivamente, responden a esta categorización de EGIS “brujas” y, en contrapartida, se abrió la posibilidad de que municipios, fundaciones y ONG establecidas participen como tales. Respecto del proceso normal, que si bien no tiene relación con el proceso de reconstrucción, hace presente que se está tramitando un proyecto de ley para regular el funcionamiento de las EGIS en los programas normales de subsidios del Ministerio.
22.- Respecto a la situación producida con declaraciones por parte de municipalidades donde el Departamento de Obras de declaró inhabitable un departamento y con posterioridad lo declaró habitable12.
El señor Ivelic hizo presente que se comunicaron con el Director de Obras Municipales de la Municipalidad de Los Ángeles , donde ocurrió. En primera instancia se mencionó que eso fue por orden del jefe de plaza que, en ese entonces, estaba generando el control social de las regiones y de la provincia. Hubo una solicitud expresa de ser extremadamente estricto en la declaración de inhabitabilidad para cuando existiera algún tipo de peligro para las vidas de las personas que habitaran esos recintos, y por eso esa vivienda, en primera instancia, se declaró inhabitable. Sin embargo, esa categorización de inhabitabilidad no significa que la habitabilidad no se pueda devolver a la vivienda, generando algunas reparaciones. Al respecto, explicó que el Ministerio de Vivienda, en mayo del presente año, emitió una circular, la N° 23, del Subsecretario , que generó o unificó criterios para establecer correctamente cuándo una vivienda debía ser declarada recuperable y cuándo esa vivienda debería ser declarada irrecuperable. De esa forma, se intenta homogeneizar el mecanismo que tenían los diferentes directores de obras para estipular el estado de una vivienda. Luego de la emisión de esa circular, el director de obras municipales modificó el certificado de la vivienda y la declaró reparable, bajo el entendido que con un proyecto de construcción es posible devolverle la condición de habitabilidad a ese recinto.
23.- Respecto al valor que pagó el ministerio por las mediaguas que han sido entregadas, y a la demora en una solución a los damnificados cuyos hogares han sido declarados inhabitables.
El señor Irarrázaval expresó que la semana anterior a la comparecencia ante la Comisión, habían 286 mil inscritos como damnificados y 45 mil postulaciones realizadas, por lo que le parece que los otros 241 mil son personas que se han registrado y no han continuado con su proceso; explicó que ese es el proceso normal de la reconstrucción y tardará, por lo menos, dos años hasta que todos logren postular. La meta del Ministerio para el 2010 es de 90 mil subsidios asignados, y creen que esa cifra estará acompañada entre 110 y 120 mil postulaciones realizadas. Además, considerando que son ocho meses, les parece que la entrega de subsidios a este ritmo es suficiente como para cumplir con lo prometido a fines de 2011. Por lo tanto, esta preocupación es parte del proceso, de allí que se trate de reducir la incertidumbre a través de cartas que hagan ver a las personas en qué situación están y cuáles son los pasos que deben seguir.
24.- Respecto de la concentración de algunos de los programas en empresas específicas, y, en concreto, sobre la adquisición de materiales para la emergencia, los que solamente se dieron para tres grandes empresas del rubro y las medidas para evitar dicha concentración.
El señor Ivelic respondió que el gran problema al que se enfrentan es la cantidad importante de viviendas que hay que volver a construir en el mismo sitio donde vivían anteriormente las personas, lo que implica construir viviendas en sitios que están dispersos geográficamente, explicó que precisamente ese es el nicho en el que las grandes empresas no van a participar, por las complicaciones logísticas y los sectores donde se encuentran ubicados. Sin embargo, recalcó que tienen la tranquilidad de que las pequeñas y medianas empresas están respondiendo de manera correcta, en virtud de los números que el señor Francisco Irarrázabal mencionó en forma previa. Comentó que a la fecha hay certificadas 27 viviendas tipo, de diferentes empresas constructoras, y 82 en proceso de certificación, por lo cual creen que este proceso aún no está terminado y continuará con su dinamismo, es decir, seguirán existiendo un número importante de empresas que participarán en el proceso de reconstrucción.
25.- Respecto de la inquietud generada con ocasión de la reorganización de los planos reguladores en el borde costero y la restricción del uso residencial de dichas áreas.
El señor Ivelic expresó que lo que el Gobierno y el Ministerio quieren es que la gente vuelva a vivir en la orilla del mar y, en el caso particular de Dichato, que la gente pueda volver a la parte plana. En tal sentido, los planes que se han presentado y debatido y que se encuentran en proceso de ser consultados con la comunidad, contemplan expropiaciones sólo para algunas pocas familias que viven en el primer borde, de manera que pudiesen retroceder un poco para hacer allí una obra de mitigación, que permita que el resto y la inmensa mayoría de la gente que vive en el plano pueda seguir viviendo en una zona con riesgo de tsunami de alguna manera mitigado. Esos planes de reconstrucción, en el caso de Dichato, que han sido comentados con la comunidad a través de 9 asambleas con sus dirigentes -la última el domingo 29 pasado- a mediados de septiembre estará definido cuál sería ese plan específico; hizo hincapié de que se trata de casos muy excepcionales, donde sí se puede hacer una obra de mitigación que justifique que esa persona se traslade dentro de la localidad. Por otra parte, asegura que no se construirá ni un mall ni una gran avenida empresarial ni nada a orillas del mar, como se ha escuchado en algunas partes.
26.-En cuanto a los planes o programas de adquisición de terrenos urbanos para enfrentar la reconstrucción.
El señor Irarrázaval explicó que además del plan de construcción en nuevo terreno, que contempla un monto de subsidio para comprar nuevos terrenos, la Subdere se ha comprometido también con fondos para suplementar, en caso de que fuese necesario, el costo del valor de la tierra de manera de poder comprar nuevos terrenos. Agregó que existen 25 mil subsidios para ser entregados a familias que no tengan terreno como parte del plan de reconstrucción y, además, montos adicionales para habilitar terrenos que pudiesen estar por encima del valor que permita el subsidio o para comprarlos directamente.
C. RECONSTRUCCIÓN DE CALETAS
El Jefe del Departamento de Obras Portuarias , señor Carlos Brüning Lalut , presentó ante la Comisión, el 7 de septiembre de 2010, el Plan de Reconstrucción de 23 caletas cuyo cronograma culmina en el año 201413.
Precisó que el plazo corresponde a los términos legales que exige la inversión pública.
Las materias tratadas y abordadas se sintetizan del siguiente modo:
-Daño causado por el terremoto
Resultaron 32 caletas pesqueras dañadas desde la región de Valparaíso hasta la región de La Araucanía. Los afectados fueron alrededor de 15 mil pescadores artesanales en forma directa, además de sus familias, lo que representa el 21 por ciento del total de pescadores artesanales a nivel nacional. Del mismo modo, resultaron afectadas 868 mil toneladas de desembarque pesquero artesanal, cantidad que representa el 18 por ciento del desembarque pesquero artesanal total nacional y que también resultaron afectados más de 100 mil habitantes emplazados en las zonas costeras vulnerables donde se registró este fenómeno.
-Proceso posterior al terremoto
Se efectuaron planes de emergencia, alguno de ellos todavía en ejecución, tendientes a recuperar la capacidad de operación de estas caletas y puertos pesqueros artesanales, pero sólo para cumplir con las tareas básicas, tales como la comercialización de productos en las caletas, retiro de escombros y la habilitación de frentes de atraque de manera que puedan ser utilizados. El 100% de esa capacidad, explica pretende lograrse mediante una segunda etapa.
-Costo de los planes de emergencia y reconstrucción
La inversión en materia de emergencia alcanza para este año, a 6.380 millones de pesos en las obras de emergencia que ha señalado. Explicó que hay un saldo de 309 millones de pesos para el 2011, destinados a pagar los saldos de los contratos que no alcanzan a ser financiados este año, consistentes en obras que se están terminando a fines de noviembre o principios de diciembre, por lo que el total de la inversión es de 6.690 millones de pesos.
Por su parte, la inversión en materia de reconstrucción asciende para el año 2010 a 122 millones de pesos correspondiente al inicio de trabajos de exploración de condiciones naturales que quedaron después de la ocurrencia de estos fenómenos de la naturaleza y diseños que se están ejecutando, cuyas obras se licitarán a fines de este año, pero su inversión es a partir del año 2011. La inversión total programada asciende a 70 mil millones de pesos en toda la zona devastada por el terremoto y el tsunami, desde el año 2010 al año 2014.
-Los contratos de emergencia
Al mes de agosto, hay 39 obras de emergencia en ejecución que se están terminando, con plazos que concluyen, como máximo, en noviembre de este año. Hubo 30 obras iniciales a las que se sumaron 9 más, aún en ejecución, y si se midiera por número de contratos, en agosto había 57 terminados, y a la fecha de la exposición se encuentra concluido casi el 70 por ciento de las obras de emergencia.
-Planes de reconstrucción de las caletas
En la Región de Valparaíso:
Una de las obras principales es la reposición y reparación de pavimentos, muros de contención en el área de obras marítimas, y en la explanada del travel lift, con una inversión del orden de 500 millones de pesos.
En la Región del Maule:
Uno de los proyectos emblemáticos es la Caleta de Maguellines, en la cual el muelle actual resultó con daños considerables, y es necesario construir un muelle nuevo que esté adecuado para las embarcaciones del sector, que permita poder izar las embarcaciones, puesto que en dicho lugar el sistema de trabajo es especial en comparación al que se realiza en otras caletas debido a que las embarcaciones son tomadas por grúa y subidas arriba del muelle, porque el oleaje no permite la operación en la playa; explicó, además que también están los boxes arriba del muelle antiguo, los cuales tienen que ser trasladados a una explanada que tiene que generarse en tierra, precisa que el costo estimado de esta inversión es de 5 mil millones de pesos y el estado actual de ese proyecto es que se está ejecutando el diseño, el que estará terminado a fines del presente año.
En las caletas del Maule se hará la reposición de caletas como El Mercadito del río Maule y El Pasaje, que son dos lugares de desembarque al interior del citado río. Sin embargo, en las caletas de mar abierto, como Pelluhue, Curanipe, Loanco , Boyeruca, Duao y Pellines , su reconstrucción se va a hacer formando parte de un proyecto de apoyo y de donación de complejo minero, perteneciente a la mina Los Pelambres, de Antofagasta Minerals.
Actualmente los diseños están en proceso de aprobación por parte de la Dirección de Obras Portuarias, lo que quedará finiquitado en los próximos días y luego, la minera va a comenzar la reconstrucción de estas seis caletas. Tres en una primera etapa y las otras tres en una segunda etapa, por lo que es posible que al 31 de diciembre haya tres caletas reconstruidas.
En la Región del Biobío:
Se destaca la caleta Tubul. Antes del terremoto y maremoto había un proyecto para hacer infraestructura de desembarque portuario en condiciones adecuadas, pero, a raíz del fenómeno, tuvo que ser reemplazado su lugar de emplazamiento, por lo que actualmente se están haciendo modificaciones de ese diseño. En el momento de la exposición se estaba adjudicando la consultoría. La inversión estimada es del orden de 5 mil millones.
El proyecto de la Poza de Talcahuano cuenta con un presupuesto aproximado de 6.500 millones de pesos para hacer la primera etapa de licitación. Explicó que esa obra se pensó licitar antes del terremoto, estaba en proceso, pero, posteriormente, también hubo que hacer una readecuación de la arquitectura de los edificios para hacerla más segura, aun cuando no hay seguridad total frente a un tsunami.
En ese proyecto se hará reparaciones de muros, de la explanada y, todo lo proyectado se va a licitar dentro del año 2010. Los primeros días de octubre se terminaría la modificación de este proyecto, en su parte arquitectónica y, en una segunda etapa, se hará lo que en un principio estaba destinada a marina.
Preguntas de los integrantes de la Comisión respecto de los planes de Emergencia de la Dirección de Obras Portuarias
1.- Sobre si la reparación de Caleta Tumbes está considerada dentro del plan de emergencia o reconstrucción
El señor Brüning respondió que el retiro de todos los escombros del muelle está considerado como una obra de emergencia, porque en estos momentos afecta a la navegación, lo que constituye un peligro inminente para las embarcaciones. Esta obra de habilitación y despeje de Tumbes tiene como fecha de término el 29 de noviembre, la reparación total del muelle se contempla dentro de los planes de reconstrucción.
2.- Sobre las obras y estudios de emergencias, particularmente, cuál es el aumento de plazo y la fecha proyectada para que la finalización del reconocimiento o el estudio que se está realizando en relación con Caleta Lo Rojas y Lota Bajo.
A lo que el Director de Obras Portuarias respondió que se debe prospectar, de manera acuciosa, el suelo para diseñar el nuevo muelle de Caleta Lo Rojas, lo que redunda en que deben iniciar a la brevedad los trabajos de reconstrucción del muelle, consistente en la construcción de uno paralelo al actual, para conservar lo que quede ahora de emergencia, pues ello redunda en efectuar el tránsito de personas hacia las pangas y a ese tipo de botes. Explicó que el aumento de plazo se debe a las condiciones encontradas en el suelo, de modo que se ha debido demorar un poco más la ejecución. En todo caso, recalca que dichas obras finalizarían a fines de septiembre.
3.- En cuanto a la distribución del financiamiento en el plan de reconstrucción de la Dirección de Obras Portuarias, pues de la información expuesta, se calcula que alrededor de un 57% de la inversión se concentra entre los años 2013 y 2014.
A lo anterior el Director de Obras Portuarias precisó que la distribución se realiza de tal forma para seguir los procesos normales que tiene la administración pública de aprobación de los proyectos y de ejecución de los mismos, en tal sentido, explica que los proyectos pasan por una metodología donde deben estudiarse las condiciones naturales, hacerse los diseños y, enseguida, eso debe aprobarse por ciertos organismos como Mideplan y el Ministerio de Hacienda. Por otro lado, continuó explicando, que es normal que en las obras se produzca la mayor inversión cuando van aproximadamente entre el 50 y el 75 por ciento del tiempo. Porque al comienzo, cuando parte una obra lo hace con las instalaciones de faena y la provisión de materiales. Y en obra misma, los primeros meses generalmente son bajos. En este caso, como hay obras de mayor aliento, que duran más de un año y hasta uno y medio, los puntos peak de inversión se producen entre el 50, 75 u 80 por ciento del plazo de la inversión. Esto significa que cuando hay muchas obras simultáneas, se concentra en un momento dado esa inversión. Esa es la razón de que se haya programado sobre todo en 2013 una inversión bastante grande.
D. RECONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
El señor Hernán de Solminihac Tampier , Ministro de Obras Públicas y Vialidad se refirió al proceso de reconstrucción de la infraestructura pública14: el catastro de daños de ésta; el avance en la recuperación de la conectividad y servicios básicos y productivos; el programa de emergencia y reconstrucción; el avance de la cartera de emergencia; el avance de la cartera de reconstrucción, y la reconstrucción en las obras concesionadas; para luego dar en un segundo momento la palabra al Director Nacional de Vialidad quien precisó el estado de los proyectos específicos, relativos a su competencia.
-El Proceso de Reconstrucción en general
El catastro de daños en infraestructura pública bajo tuición del MOP arroja un total de 1.698 puntos de daños, a lo que se debe agregar 102 daños que corresponden a 16 puentes, 12 pasos superiores, 22 pasos inferiores y 52 pasarelas dañadas en obras concesionadas. Además hay 75 km de calzadas de obras concesionadas dañadas. Dentro de los diversos rubros de daños que exponen, señalan que el más dramático se refiere al agua potable rural
-Recuperación de la conectividad, servicios básicos productivos
A la fecha de la exposición, el 96.7% de la infraestructura pública que sufrió daños con el terremoto ha recuperado su funcionalidad básica (operatividad), en forma parcial o total y que se detalla de la siguiente forma:
-El 99% del total de 1.554 Km de caminos dañados.
-El 92% de los puentes que presentaron daños.
-El 98% de la infraestructura portuaria.
-El 100% de los sistemas de Agua Potable Rural.
-El 83% de la infraestructura de canales, embalses y colectores de aguas lluvia.
El 100% de los aeródromos y aeropuertos que sufrieron algún tipo de daño se encuentran totalmente operativos.
-Los programas de emergencia y reconstrucción
Se consideró emergencia el devolver la funcionalidad básica en forma parcial o total a los puntos dañados, y, la reconstrucción considera una condición física mejor que la anterior, de modo que su infraestructura pueda reaccionar mejor en un próximo evento posible que se pueda presentar.
Lo anterior ha significado a la fecha de la exposición, 640 contratos tanto de emergencia como de reconstrucción, (en su mayoría de la cartera de emergencia) y varios de ellos ya se han empezado a ejecutar. El monto presupuestado para alcanzar los 640 contratos es de 370 mil millones de pesos y el período que abarcarán se encuentra entre 2010 y 2014.
-El avance de la cartera de emergencia
Un porcentaje significativo, el 82 por ciento, se va a ejecutar durante el 2010 y el resto, prácticamente un 18 por ciento, durante el 2011. Los mayores esfuerzos han estado concentrados en el agua potable rural, que pretenden tener resuelto en un 100% a fin de año. En este punto se considera la ejecución de 536 contratos, con una inversión de 170 mil millones de pesos, y con un gasto para el año 2010 de 140 mil millones de pesos.
-El avance de la cartera de reconstrucción
Se ejecutan 103 contratos, con una inversión de 198 mil millones de pesos, y con un gasto para el año 2010 de 7.500 millones de pesos. El mayor esfuerzo monetario se concentra en los años 2011 y 2012, pues corresponde a la licitación de proyectos relativos a puentes, donde la inversión se materializa a partir del segundo año. En cuanto al avance de licitación de los proyectos, queda aún una importante cantidad que licitar (aproximadamente un 40%).
-La reconstrucción en obras concesionadas
Los daños producidos por el terremoto en éstas fueron los siguientes: de los 651 puentes, 15 fueron afectados; en el caso de los pasos superiores, 13, de 611; en pasos inferiores fue de 22, de 467, y la mayor incidencia la tuvieron las pasarelas: 52, de 441. En cuanto a calzadas, el porcentaje fue bastante menor: 75 kilómetros afectados repartidos en varios lugares y en terraplenes; 2.592 kilómetros de obras concesionadas en total. Estos trabajos se extenderán hasta principios del 2011, con excepción del puente de Río Claro , debido a la antigüedad el diseño debe ser completamente nuevo.
-La situación de los principales puentes de la VII región
El puente Llacolén colapsó completamente y el puente Juan Pablo II quedó intransitable. En el primero de ellos, se instaló un puente mecano para tránsito liviano, pero que con bastante congestión debido a la disminución de las pistas para el tránsito, y por la existencia de un gran lomo de toro, luego se asignó rápidamente. Estará listo antes de noviembre y la demora de su última etapa es por la reparación acuciosa de las vigas que lo sostienen y el reforzamiento de dicha estructura para que quede apta para afrontar nuevos sismos. Respecto del segundo puente, el daño fue distinto pues éste se cayó en cuatro sepas, por lo que debe trabajarse en cada una de ellas, unirlas para que trabajen solidariamente con las nuevas fundaciones. Esta segunda obra, estará lista en el plazo comprometido.
El denominado “Puente Viejo”, que se denominará “Bicentenario” o “Chacabuco”, consiste en un puente de dos calzadas construido con pilotes. La creatividad constructiva aplicada consiste en que una vez instalados los pilotes de la primera calzada, se pondrá un puente mecano de cerca de 1,5 kilómetros sobre ellos, lo que permitirá restablecer el tránsito por esa vía. De ese modo, antes que haya pasado un año de ocurrido el terremoto habrá tres puentes sobre esa parte del río Biobío, en vez de dos. Paralelamente, se construirán los pilotes de la segunda calzada y se pondrá el puente definitivo. Una vez puesto el puente sobre la segunda calzada, se empezará a sacar el puente mecano de la primera calzada, y se le pondrá la cubierta definitiva. Con dicha técnica constructiva se adelantará más de un año y medio la conectividad en la zona y conforme a estimaciones del Ministro podría estar listo durante los primeros meses del próximo año.
Los problemas de conectividad están prácticamente ciento por ciento superados, pues en los lugares donde hay algún puente o camino con problemas, hay una alternativa habilitada y al momento de la exposición, no había ninguna localidad aislada.
-La diferencia en la tramitación administrativa de los proyectos de emergencia y
reconstrucción en su Ministerio,
En la tramitación de emergencia se usó la modalidad de trato directo con cotización previa de al menos tres empresas. Ello con acuerdo con la Contraloría General de la República. También se utilizó la modalidad de contratos globales, que están en operación en distintas redes de caminos en las regiones, y mediante aumento de obras. Como había empresas instaladas en algunos lugares, optaron por destinarlas inmediatamente a resolver los problemas de conectividad por lo tanto, las emergencias no requieren una postulación, una ficha EBI que se envíe a Mideplan para, posteriormente, obtener los RS, pedir los dineros a Hacienda y luego hacer las obras, lo que significaba que mediante la firma del convenio estaba la autorización lista para iniciar las obras y ahora que Hacienda puso a disposición los fondos para la emergencia, se está en la etapa de regularización de los contratos, es decir han sido enviados para ser aprobados mediante una resolución ad referéndum. En lo tocante a la Reconstrucción, en una reunión que se llevó a efecto con los Gore de las regiones afectadas, con la Subdere y con el MOP, se consensuó cuál sería la cartera de proyectos de reconstrucción y en estos proyectos se sigue otro derrotero: se debe postular a Mideplan como si se tratara de una obra específica, mediante una ficha EBI15, para obtener la autorización de reconstruir y la RS16. Los proyectos de reconstrucción normalmente requieren ingeniería, que es la que están desarrollando en la mayoría de los casos; algunos también requieren expropiaciones, dado que hay que hacer mejoramientos de trazados y, obviamente, después se debe sacar la RS para la construcción de la obra.
PROYECTOS DE VIALIDAD
El señor Mario Fernández Rodríguez , Director Nacional de Vialidad , señaló que el listado contempla 15 proyectos de reconstrucción, que suman alrededor de 120 mil millones17. La mayoría consiste en puentes que quedaron en un estado bastante deteriorado, por lo que más que reparar lo que conviene es construir un nuevo puente. Respecto de la obra vial Chiguayante y Hualqui, en la Octava Región, la que sufrió varios derrumbes, tiene un problema serio de defensas fluviales, por lo que es necesario construir aproximadamente 3 kilómetros de defensas fluviales, que es el fuerte del presupuesto.
El resto son puentes y están concentrados en su mayoría en la región del Maule y en la región del Biobío.
Las obras que se están realizando en los puentes de la VI región, particularmente al puente Coinco y las Toscas, están a nivel de los estudios de ingeniería y a principios del próximo año, estarán listos para postular a la reconstrucción. En el segundo, debido a la destrucción total del mismo, fue necesario colocar un puente mecano para reestablecer provisoriamente la conectividad.
El puente La Laguna , de la VII Región, cuyo proyecto de ingeniería está bastante avanzado, pues debido al daño que sufrió con los temporales, ya se había hecho el diseño. Ya se abrió la propuesta de construcción, que es del orden de los 1.400 millones de pesos. El puente Botalcura fue cerrado por peligro de colapso, y su reconstrucción está en proceso de adjudicación, la propuesta ya fue abierta. Respecto del puente Raqui , en toda esa zona hubo problemas de licuefacción de arena (la arena se hizo líquida), lo que provocó un descenso fuerte de la cepa, y luego una suerte de efecto dominó. Respecto de los Puentes de Chiguayante y Hualqui, que están bastante agrietados, producto de las deformaciones en la zona de terraplenes, habrá que hacer una inversión fuerte en las obras de defensas fluviales, que son los enrocados para proteger el camino.
Respecto de la falta de conectividad, la parte norte de Dichato hacia la localidad de Cuda, Menque, y todo lo que son las zonas rurales de la dicha comuna, explicó que en un plazo de 45 días podrán tener instalado el puente respectivo que resuelva la situación.
-Información que el Ministerio enviará a la Comisión18
Se acordaron los puntos en base a los cuales el Ministro debía enviar la información detallada y que a continuación se señalan:
a) Información detallada por región y por comuna, de los caminos y puentes que se vieron afectados por el terremoto, el estado de avance de las obras, las empresas a quienes se licitaron los proyectos, los proyectos próximos a licitarse, como asimismo, los montos a que ascienden las obras.
b) Información detallada de los proyectos y programas normales relativos a puentes y caminos a cargo del Ministerio, de las zonas afectadas por el terremoto, por región y por comuna, con indicación de su estado de avance, montos y empresas a cargo.
c) Estado actual de los sistemas de agua potable rural de las zonas afectadas, los proyectos contemplados para la conectividad de los cultivos y su estado de avance, por región y por comuna.
d) Estado de avance de las obras respecto de los caminos que están contemplados en las globales, en los convenios suscritos con cada uno de los Municipios de las regiones VI, VII y VIII.
e) Referente al Proyecto Barcazas que pretende el traslado de camiones por el río Biobío, cuáles son los montos que se han gastado en ese proyecto, la empresa a cargo y los flujos diarios de los camiones que están circulando en ellas.
F. SITUACIÓN VII REGIÓN
El Intendente de la Séptima Región , señor Rodrigo Galilea , entregó detalles de lo que ha sucedido hasta la fecha en esa región, específicamente en la comuna de Constitución, con los proyectos e iniciativas destinados a reconstruir la localidad.19
-Instalación de mediaguas
Lo primero que hubo que abordar después de la catástrofe fue la reconstrucción de viviendas y la instalación de mediaguas. Para este propósito, en la Región del Maule se distribuyeron 22.683 mediaguas, a través del Gobierno y de Un Techo para Chile, financiados por la Teletón.
De las 22.683 mediaguas que entregaron el Gobierno y Un Techo para Chile, 2.688 fueron destinadas a la provincia de Cauquenes; 5.209 a la provincia de Curicó; 5.739 a la provincia de Linares, y 9.047 a la provincia de Talca. De estas últimas, 1.705 se enviaron a Constitución, las cuales fueron repartidas en diversas aldeas, como Puertas Verdes, que es la más grande, con aproximadamente 170 mediaguas, y otras menores, como Antofa, con alrededor de 25 mediaguas, y algunas aldeas en el sector de La Poza, en Constitución, que suman aproximadamente 80 mediaguas más. El resto de las mediaguas en Constitución fueron repartidas en sitios de residentes en los que se cayeron las casas que había en el lugar o en sectores rurales de la misma comuna.
Inmediatamente después de producido el terremoto, la Municipalidad de Constitución pidió formalmente que le enviaran 2.000 de esas viviendas, al igual que hicieron todas las municipalidades de la zona afectada, a través de un Femer, que es el formulario requerido para el caso. Hicieron sus estimaciones y solicitaron mediaguas.
Pese a que la Municipalidad de Constitución había solicitado 2.000 mediaguas, al final sólo se le entregaron 1.705, de las de Un Techo para Chile y del Gobierno. A esa cantidad hay que sumarle las que llegaron como donaciones de particulares. Con todo eso quedó completamente cubierta la necesidad de mediaguas en esa comuna.
Expresó que si camina por Constitución, puede constatar que hay una gran cantidad de mediaguas instaladas, pero no utilizadas. Ésa es la razón por la cual cuando han llegado nuevas solicitudes, como la que envió un concejal de esa comuna la semana pasada, que pidió nueve para un sector muy apartado, se le ha pedido al alcalde que retiren las mediaguas que no están siendo utilizadas y las redistribuyan, porque no tiene sentido tener decenas de esas viviendas instaladas y que no sean utilizadas. Lo mismo se ha pedido a los alcaldes de las otras comunas.
Hubo gente, en particular en Constitución, que pidió mediaguas, las recibió y no las ocupa, pero las mantienen instaladas en los sitios donde estaban sus hogares antes de la tragedia, básicamente para hacer presencia territorial. Es gente que está viviendo en otra parte, incluso algunos se han ido de Constitución, pero quieren que quede marcado el lugar donde habitaban, pues sus casas quedaron destruidas. Quieren que se sepa que vivieron ahí. De hecho, visitan las mediaguas para decir que esos lugares siguen siendo de ellos, independientemente de que no estén ocupando esas mediaguas. Eso ocurre, porque esas soluciones parecen ser consideradas como algo que acredita propiedad en un determinado terreno.
También, hubo gente -dijo- que pidió mediaguas simplemente porque consideraba que tenía el derecho de hacerlo, dado que tenía la ficha de damnificado. Cada mediagua vale 500 mil pesos, de modo que algunas personas que aparecían en los registros como damnificados pensaron que lo mejor era recibirlas antes que no recibir nada. Ese aspecto ha sido uno de los más difíciles de enfrentar. Por más que se ha solicitado a los alcaldes que hagan una debida redistribución, la gente se niega a entregar su mediagua. De hecho, al único que le resultó la redistribución, de 8 ó 9 mediaguas, fue al Alcalde de Linares , Rolando Rementería , que puso mano firme en algunos casos en que era demasiado evidente que la entrega no correspondía, pues se trataba de gente que había obtenido las mediaguas sólo por tener la ficha de damnificado.
-Kits de impermeabilización
Junto con las mediaguas, se repartieron kits de impermeabilización a través de Mideplan. En la provincia de Talca se entregaron 3.310 de esos kits, y en Constitución se distribuyeron según el siguiente detalle en las aldeas de esta ciudad: 120 para Puertas Verdes I; 53 para Puertas Verdes II; 42 para la 27 de Febrero; 9 para La Poza I; 7 para La Poza II; 235 para las demás que aldeas del sector de La Poza; 8 para Quiriquina; 30 para Caleta Pellines , y 20 para Antofa .
Gracias a esa ayuda, las mediaguas de las aldeas de Constitución y buena parte de las de la región quedaron impermeabilizadas. Hay que hacer notar que los kits de impermeabilización se repartieron sólo para las viviendas de aquellos beneficiarios que no habían solucionado por sí mismos el problema de la falta de impermeabilización.
-Baños y agua potable
Además, la Subsecretaría de Desarrollo Regional destinó recursos para dotar a las mediaguas del servicio de agua potable, de baños modulares construidos en contenedores y de pequeñas plantas de tratamiento de aguas servidas. Es muy importante aclarar que esos beneficios son sólo para las aldeas, porque hace pocas semanas salió en televisión un reportaje acerca de que no se habían conectado los baños en el sector de La Poza, en Constitución.
La explicación es que esas 54 familias no tienen los baños conectados porque no viven en aldeas, sino que son residentes de sectores aledaños a La Poza. Por eso, se les pidió que se conectaran al sistema de alcantarillado y de agua potable que tienen en sus propios terrenos, y así lo hizo el 98 por ciento de las personas que siguieron viviendo en su sitio, aunque lo hicieran en una mediagua. A esa gente, de todas maneras, se les envió baños modulares, pero no hicieron nada, pues creían que la municipalidad o la Subsecretaría de Desarrollo Regional iban a solucionarles el problema.
Cuando pasaba el tiempo, se pido ayuda a la municipalidad para ir en su ayuda y conectarlos. Allí comenzaron los problemas para la gente que está viviendo en terrenos privados, uno de los cuales era conseguir la respectiva autorización para conectar los baños. Esas conexiones fueron toda una historia, porque entre los dueños había gente que vivía en Aysén y otros a los que no le gustaban alguno de los vecinos que estaban instalados en La Poza y pedían que se retiraran algunas mediaguas antes de dar la autorización.
Los casos que no eran aldeas fueron más lentos, pero, a la fecha de esta exposición, ya está todo completamente conectado en Constitución.
-Sistemas de salud
En cuanto al sistema de salud, en la región se cayeron los hospitales de Hualañé, Curicó , Cauquenes , Parral y resultó con daños el de Constitución.
Por lo tanto, se inició un programa de recuperación de camas hospitalarias en la región, puesto que de 1.900 camas originales, en una noche, la región pasó a tener cerca de 800. Por lo tanto, como la situación de camas hospitalarias en la región quedó gravemente deteriorada, había que rápidamente acudir en ayuda de los hospitales, con el objeto de reponerlas en la medida en que fuera posible hacerlo.
En términos globales, el Servicio de Salud del Maule ha invertido 5.790 millones de pesos -en Constitución se han invertido 146 millones de pesos- para reponer y mejorar los servicios en las ciudades de Talca, Curicó , Linares , Parral , San Javier , Cauquenes , Teno, Hualañé, Curepto , Licantén , Chanco y el Hospicio de Talca.
Además, están en proceso de licitación todas las soluciones modulares que se deben implementar y que van a estar vigentes durante 3 ó 4 años, hasta que estén construidos los hospitales definitivos. Esas soluciones provisorias involucran un monto de 21.118 millones de pesos, que se suman a los 5.790 millones ya invertidos, que están destinados a los hospitales de Curicó, Cauquenes , Parral y Talca.
Junto con ello -como es sabido-, el hospital definitivo de Talca ya está en etapa de licitación, específicamente en el proceso de consultas, por lo que esperamos que las obras se adjudiquen en noviembre de este año, para iniciar su construcción en los primeros dos meses del 2011.
También, se está trabajando con el Servicio de Salud, en términos de referencia, acerca de los hospitales de Hualañé, Curicó , Parral , Cauquenes y Constitución, a fin de que la concesión de su diseño y su construcción se realicen dentro del primer semestre del 2011.
Sólo en materia de módulos, en Constitución se han invertido 104 millones de pesos; en la habilitación de los recintos de los hospitales más dañados, 498 millones de pesos; en vehículos y equipamiento, 58 millones de pesos; en reparación y mejoramiento de postas, de estaciones médicas rurales y Cesfam se han invertido 33 millones de pesos. También, en el jardín infantil del hospital de Constitución se han invertido 40 millones de pesos; en algunos módulos que se han reconstruido en el hospital, 16 millones de pesos, y en la reconstrucción de módulos del Cesfam se han invertido 3 millones de pesos.
-Demoliciones y retiro de escombros
Paralelamente, se inició la demolición y remoción de escombros en la región, en lo que se ha invertido una gran cantidad de dinero. Al finalizar el Gobierno de la Presidenta Bachelet se entregaron 40 millones de pesos a cada municipalidad. Inmediatamente después, lo que pretendió ser un traspaso del gobierno regional quedó sin efecto por un recorte presupuestario, pero el Ministerio del Interior entregó cerca de 4 mil millones de pesos a las distintas municipalidades de la región para enfrentar el retiro de escombros, para demoliciones y otras emergencias. Esa cifra se dividió entre todas las comunas de la región, por ejemplo, las ocho comunas costeras recibieron aproximadamente 260 millones de pesos cada una y el resto de las comunas de la región, las otras 22, recibieron alrededor de 90 millones de pesos cada una.
A lo anterior se debe sumar un fondo especial por 2.129 millones de pesos, distribuidos entre las distintas municipalidades, los que se tienen que ser rendidos por los diferentes contratistas para proceder a las demoliciones y al transporte de escombros. A Constitución, además de los 40 millones de pesos iniciales y de los 260 millones de pesos que hizo llegar el Ministerio del Interior, se hicieron llegar 200 millones de pesos más para dichos efectos.
A lo anterior se debe que sumar una transferencia que hizo el gobierno regional, hace no mucho tiempo, por 4 mil millones de pesos más, de los cuales 300 millones de pesos fueron a Constitución para proyectos FRIL, destinados a solucionar problemas ocasionados por la emergencia.
En el plano económico, de debe recomponer la pequeña industria y el comercio, que registraba ventas por 2.400 unidades de fomento al año. Para lograrlo se ha procedido a diversos concursos por parte de Sercotec, los que involucran un monto total de 6 mil millones de pesos, destinados a pequeños industriales y comerciantes, de los cuales ya están adjudicados 5.404 millones en dos llamados. Al momento de la exposición se hace el último llamado, que involucraría los 600 millones de pesos finales.
En Constitución, para ser especifico, hay 215 beneficiarios, por un total de 879 millones de pesos, muchos de los cuales ya están montando sus locales comerciales en un lugar aledaño a la plaza Señoret .
Además, la Corfo ha destinado una serie de recursos de programas de emprendimiento local, de Profo turismo, de preinversión de riesgo y de cobertura de créditos, los que han sido bastante importantes, con 7.843 beneficiarios en la región, por 1.325 millones de pesos.
Por su parte, Sernapesca, junto con Antofagasta Minerals y el apoyo de los propios pescadores, inició un programa de reconstrucción del ciento por ciento de las caletas de la región, proceso que va a finalizar a fin de año, en el que se recuperó la totalidad de los motores y de los botes, además de la infraestructura pesquera que existía en las caletas.
Todo eso ha involucrado un monto cercano a 7.500 millones de pesos, aportados tanto por el sector público como por el privado, a lo cual se debe sumar lo que han puesto los pescadores, que tuvieron la opción de postular a motores de mayor tamaño, si es que lo requerían.
El ejercicio inicial era que la minera ponía una suma cercana a 4 millones de pesos, el Estado del orden de 2,5 millones de pesos y el saldo lo colocaba el pescador, siempre pensando en un crédito del orden de 2 millones de pesos. Sin embargo, en la práctica, parece que los pescadores tenían mayor capacidad de deuda y ahorro, porque muchos de ellos en vez de usar los clásicos motores de 75 HP y 115 HP, optaron por motores de hasta 215 HP, para poder pasar por la barra y tener menos problemas con la carga.
-Obras públicas
En materia de obras públicas se enfrentó la emergencia en distintos aspectos, con un total invertido que alcanza los 15.812 millones de pesos, de los cuales corresponden a Constitución 506 millones de pesos, sólo para vialidad.
En Constitución se ha invertido, entre vialidad y obras portuarias, 6.843 millones de pesos en la conservación y reparación de los espigones fluviales del río Maule, la conservación y reposición de la infraestructura portuaria, la conservación y habilitación de las obras terrestres de la explanada de la caleta Maguillines , en la reparación de los puentes Rahue y Santa Ana , en la ruta M-50, que es la que llega desde el sur a Constitución; en la conservación de emergencia del puente Maguillines y la emergencia sobre el puente Cardenal Raúl Silva Henríquez , que es el que comunica a Constitución, y que ya se habilitó. Se abrió una sola vía, al principio, mientras se terminaban obras menores, de pintura y afinamiento de los bordes del puente, de modo que pronto estaría el tráfico completamente restablecido.
En definitiva, todas esas obras en Constitución han implicado la suma de 6.843 millones de pesos. Desde el punto de vista de la vialidad y de la dirección de obras portuarias es la comuna más favorecida de la región.
-El agua potable rural, APR
Junto con ello, en el ámbito de obras públicas, hubo que reparar todos los APR que resultaron destruidos en la región; 92 sistemas fueron destruidos, lo que ha significado una inversión de 6.200 millones de pesos; 46 APR estuvieron completamente reparados al 31 de julio; 73, al 30 de septiembre y los restantes quedarán listos el 31 de diciembre.
Los que no están totalmente restablecidos se debe a que no se ha construido de nuevo la infraestructura, pero sí están funcionando. Lo que se ha hecho en casi todos los estanques, que se cayeron al igual que las torres, fue un sistema de byepass, mediante la utilización de sistemas hidropack, con el objeto de mantener siempre las cañerías con presión y que de esa forma la gente pudiera tener servicio de agua. Es decir, no hay ningún APR que esté sin funcionar, pero las estructuras definitivas de veinte de ellos todavía están en reparaciones y terminan a fin de año.
-Los colegios
En la parte colegios el daño también fue bastante importante. Son 900 colegios en la región, 541 de los cuales son municipalizados. Para poder iniciar las clases y fortalecer la situación escolar la región ha participado en tres licitaciones de recursos. En el primer llamado de emergencia la región se llevó 1.237 millones de pesos y en el segundo llamado 870 millones de pesos. En la licitación de reparaciones menores a la que postulamos obtuvo 7.300 millones de pesos. En la primera licitación a Constitución se le destinaron 57 millones, nada de la segunda y 298 millones de la tercera licitación.
Además, se inició un programa de recuperación de los liceos emblemáticos que habían caído. El Liceo Marta Donoso Espejo o de niñas, en Talca; el Liceo Abate Molina, en Talca; las escuelas 1 y 2 en Linares; el Liceo Federico Heisse , en Parral; los liceos Guillermo Marín y Manuel Montt en Retiro, y la Escuela Enrique Donn Müller, que va a agrupar una serie de colegios más en Constitución.
Ese colegio funcionará de manera mixta, porque hay un compromiso de aporte de la escuela de la Teletón para parte del colegio y otra parte será aportada por el Ministerio de Educación.
La total recuperación de todos los colegios mencionados asciende a la impresionante suma de 31.452 millones de pesos, lo que va a permitir recuperar todos los liceos emblemáticos de la región.
Todos esos establecimientos estarán, si es posible, funcionando a marzo de 2012. En estos momentos se está en el período de licitación y con posterioridad vienen los de diseño y construcción.
-Viviendas y subsidios de reconstrucción
En vivienda ya han comenzado las postulaciones a los subsidios de reconstrucción. También han empezado las demoliciones en Constitución. De hecho, se empezó a demoler el primer conjunto habitacional de edificios que había sido construido por el Serviu: Los Aromos .
Ya está pedida la demolición del conjunto Mesa Seco o Centinela y está autorizada la demolición del conjunto de Cerro O`Higgins. El problema es que hay juicios, dado que hubo fallecidos como consecuencia del terremoto en el conjunto Cerro O`Higgins. El tribunal dio un período bastante largo para los peritajes, a fin de determinar las responsabilidades por la caída parcial de dicha edificación.
El Gobierno Regional se hizo parte en el proceso y se pidió al tribunal que el plazo se extendiera sólo a lo razonable para pedir los peritajes, de manera de considerar las demoliciones de esa infraestructura y volver a construir de manera inmediata los departamentos definitivos.
En la región ya se han entregado 3.233 subsidios, pero ha sido un poco más lento de lo esperado, porque se han juntado diversos elementos que han conspirado para la validez de los programas habitacionales.
Algunos de ellos son los siguientes: primero, en la práctica, todas las viviendas de tipo modular no eran utilizables en las ciudades, porque, por ordenanzas locales, las casas terminaban topando con alguna normativa. Sólo como ejemplo, las casas modulares tienen ventanas por los cuatro costados, y las ordenanzas municipales dicen que las ventanas no pueden estar a menos de cierta distancia de un muro medianero. Por lo tanto, para la construcción de viviendas urbanas, se ha diseñado un plan piloto que se iniciará en Talca a fines de octubre, que consiste en el desarrollo de cuatro tipos de vivienda con guías de diseño que preservan la arquitectura tradicional de las ciudades. Por cumplir con esa norma, tienen un subsidio adicional de 100 unidades de fomento, y se hacen cargo de las distintas situaciones que puede tener una casa dentro de una ciudad. Es decir, puede haber sitios con poco frente: ese caso es un tipo de casa. Si es un sitio esquina, otro tipo de casa; si tiene muchos metros de frente, debe ser una casa distinta.
Entonces, junto a los arquitectos, se ha desarrollado esa tipología y se espera que se concrete la selección y licitación de la construcción de 250 viviendas en el centro de Talca. Si el procedimiento es exitoso, inmediatamente se llevaría al resto de las ciudades importantes de la región, es decir, Curicó , Molina , Linares , Parral , Cauquenes y Constitución.
En relación con la vivienda rural, se ha destinado mucho tiempo para organizar grupos, porque las empresas constructoras no se interesan en construir una sola casa. Por ejemplo, en Junquillar, por la suma de 380 unidades de fomento. Sin embargo, si se forma un grupo con 30 personas de esa localidad, las empresas constructoras se interesan y mantienen el precio de 380 unidades de fomento.
Por lo tanto, las municipalidades, sobre todo aquellas que tienen EGIS propia, y el Ministerio de Vivienda, están trabajando en todos los sectores rurales para formar grupos de beneficiarios.
Preguntas efectuadas por los integrantes de la Comisión al señor Intendente.
1.- Sobre las inversiones comprometidas para el Hospital base de Linares, principalmente para la reparación del daño en el quinto piso, en el pabellón de neonatología.
Respondió que el quinto piso del hospital base de Linares ya está reparado; allí se ubica Pediatría. Nunca más va a haber Neonatología en ese lugar, porque, dentro de las inversiones que se harán durante 2011, se va a construir una nueva Neonatología y una UCI para adultos, pues, en ese año, ese hospital tiene que pasar a ser de alta complejidad. Eso ya está comprometido dentro del programa de inversiones del Ministerio, y se realizará con fondos sectoriales.
2.- Existencia de algún programa de Sercotec para apoyar a comerciantes y Pymes, al margen de los programas ejecutados y asignados.
Explicó que se está conversando con Sercotec para intentar hacer asociaciones entre ellos y alguna parte de los FNDR, con el objeto de dar un poco más de sustancia y llegar a la mayor cantidad de comerciantes y pequeños industriales que puedan resultar favorecidos, siempre y cuando estén en el rango de las 2.400 UF, que es lo que ha sido definido para ayudar. Agregó que en general, postuló toda la gente que lo podía hacer, y la lista ha ido corriendo. Se eliminó a gente que no cumplía con el requisito de venta o de iniciación de actividades antes del terremoto. Se exigía una serie de requisitos, por lo que estiman que, en la práctica, toda la gente que postuló, deducidos los que no calificaban, van a ser beneficiados con el subsidio de Sercotec.
3.- Sobre el programa “Volvamos a la Mar”, en particular ¿Cuántos pescadores hay en el borde costero de la región? ¿Cuántos tuvieron la capacidad de endeudarse y cuántos quedaron fuera del programa por no tener las personas la capacidad de endeudarse
Respondió que el programa en la Octava Región no ha funcionado como en la Séptima, señaló que la gran diferencia es que ellos lograron llegar a un acuerdo con Antofagasta Minerals , en tal sentido señaló que había que tomar en cuenta que el pack de motor más el bote es del orden de los 10 millones de pesos en su aspecto básico, a lo que se le pueden agregar redes y otras cosas, pero ésa es la cifra. Pueden ser 8 millones, con motores de 75 caballos de fuerza. Precisó que la minera iba a poner prácticamente 5 millones de pesos por persona, y la Subsecretaría de Pesca, 2 millones y algo; por lo tanto, el esfuerzo para llegar a lo que efectivamente necesitan los pescadores era posible, de no existir ese aporte privado, se pone cuesta arriba la posibilidad de endeudarse para llegar a la compra de bote y motor para un pescador que lo perdió todo. Agregó que las magnitudes de pescadores artesanales de la Séptima Región, comparados con los de la Octava, deben ser bastante distintas. Por ejemplo, explicó, que se tuvo que reponer 143 motores y, al final del día, 40 embarcaciones, porque buena parte de ellas se pudo reparar, por eso es que a su parecer, la magnitud de los destrozos en la Octava Región puede ser mayor.
Precisó que si bien no contaba con el dato exacto, se atrevía a decir que en su región, el ciento por ciento de los pescadores beneficiados fue capaz de obtener créditos, porque era un requisito indispensable y enfatizó que lo que llamó más su atención es que tomaban créditos más allá de lo presupuestado. Por otra parte, la percepción que se tiene es que el armador no es estrictamente pobre; nunca lo ha sido. Pero el que tiene una situación bastante complicada es el tripulante. De hecho, había muchos armadores que tenían varios botes, hoteles y residenciales en los mismos pueblos.
4.- Sobre los postulantes al programa de reconstrucción y cuál ha sido la solución para los arrendatarios y el procedimiento en la asignación de subsidios en su región.
Respecto al subsidio de vivienda, informó que tienen derecho a postulación los que se les cayó la vivienda, los propietarios, los arrendatarios y los allegados. Eso no ha cambiado, pero agregó que han debido revisar bien la situación, porque esto se ha prestado para abuso de parte de gente que postula. Así por como referencia, señaló que el número de personas que ha postulado al subsidio en terreno propio, es decir, a quienes realmente se les cayó su casa, es de 17.000 en la región. Sin embargo, nuestra base de datos de gente que se inscribió muestra 62.000 solicitudes. En consecuencia, claramente se puede expresar que no calza, y es por eso que con el Ministerio empezaron a cruzar el dato del domicilio, lo que los ha llevado a encontrar que, en un mismo domicilio, 14 familias dicen haber vivido ahí, sea en calidad de arrendatario o de allegado, lo que a todas luces parece un exceso. En tal sentido, situaciones como las expresadas, señaló que las han depurando, hasta llegar a un número cercano a 47.000, que ya es un número alto, pues con la cifra expresada, querría decir que en cada vivienda habrían vivido alrededor de tres familias, lo que no cuadra.
5.- Sobre el avance de las reparaciones del canal Maule Norte, y la situación de las aguas para regadío.
Respondió que respecto del canal Maule Norte, los arreglos más imprescindibles para su operación fueron los de los sifones. El 30 de septiembre comenzó a correr agua por dicho canal, y dado que ha sido un año seco, las norias se secaron. Este ha sido un gran problema, razón por la cual se han apoyado a los municipios que más han solicitado ayuda a través de camiones aljibes. Agregó que se hizo una solicitud de estanques de agua a la Onemi, para llevarla a distintos sectores, en caso de que la situación se vuelva crítica.
Respecto de Pellines y otras localidades pequeñas, señaló que se acordó con la Subdere la adquisición de terrenos, con el fin de erradicar todas las aldeas de la región. Agregó que además están en contacto con la empresa forestal para comprar terrenos en Constitución, en Chacarillas y en Boyeruca -en el sector aledaño al colegio nuevo-, a fin de licitar la construcción que permita migrar a esas viviendas nuevas al ciento por ciento de la aldea o campamento.
G. AVANCE DEL PLAN DE RECONSTRUCCIÓN
La Ministra de Vivienda, Magdalena Matte informó a la Comisión Investigadora acerca de los avances del proceso al 30 de octubre 201020.
-Entrega de subsidios al 30 de octubre
Al 30 de octubre del 2010 se habían entregado 70.753 subsidios, equivalentes a 15.556.708 unidades de fomento, lo que significa un ritmo de entrega mensual de aproximadamente 15 ó 16 mil subsidios. Ello permite proyectar la meta de entrega de 100 mil subsidios el 2010 y con ello, que se gasten el ciento por ciento de los recursos destinados para la reconstrucción -28.507.951 unidades de fomento- para este año.
Cada uno de los subsidios otorgados tiene el nombre, apellido y RUT del beneficiado, información publicada en la página web del Ministerio. En todos los casos, antes de otorgar el subsidio, se ha verificado que sea una familia elegible, es decir que pueda ser calificada como damnificada y que requiere un subsidio del Estado. Los requisitos para ser considerado como tal son: tener una sola vivienda, ser vulnerable y demostrar, mediante certificados municipales, que la casa está inhabitable, que hay que demolerla y construirla de nuevo, o bien, que hay que repararla. Detrás de cada subsidio hay una familia elegible; detrás de cada subsidio hay un proyecto de reparación, de construcción de una vivienda o de demolición de un edificio Serviu, que se va a reconstruir, o hay una familia que tiene una parte de su casa destruida y hay que arreglarla.
En los primeros meses, el número de subsidios otorgados a los damnificados estuvo fundamentalmente destinado a la reparación de viviendas, dado que las reparaciones son más simples de realizar. También es más fácil para los directores de obra poder entregar certificados con la condición de que la casa debe ser reparada.
En el cuadro entregado a la Comisión, se puede observar que en los primeros meses se entregaron más subsidios de reparación, porque son más fáciles de otorgar y son de menores montos. En los meses siguientes se han ido entregando más subsidios de adquisición, de casas y también subsidios a las personas a las que se les está demoliendo el edificio, los que son más caros. Está muy claramente graficado de por qué se va en aumento en los últimos meses, y cualquier relación directa, proporcional, demuestra que a fin de año, en número de subsidios y de UF, se habrán completado el ciento por ciento. En número de subsidios es posible pasarse de la meta, dado el comportamiento lineal, histórico, que han tenido en los últimos meses.
-Viviendas dispersas
Hay 75 mil familias que vivían en un sitio donde se les cayó la casa. Esos sitios están separados entre sí. Hay muy pocos casos en que se ha tratado de una población o de un grupo importante de casas juntas. La mayoría de las casas están diseminadas en 600 kilómetros.
Debido a esto, se ha implementado un sistema técnico por el cual las personas eligen su vivienda, con toda la complejidad que ello tiene, porque cada sitio es distinto al otro; en consecuencia, cada proyecto es distinto. La habilitación del terreno significa sacar lo que había, demoler lo que quedaba, conectar la red de alcantarillado, dar la luz eléctrica para luego instalar la casa.
Al ritmo actual, se está ejecutando 10 mil obras al mes. Si eso se lleva a días hábiles, se promedian 500 obras diarias, dentro de los 600 kilómetros devastados por la catástrofe. Hay maestros en 500 lugares todos los días, en obras de reparación y trabajando en nuevas construcciones y que cuando se habla de obras de reparación, se debe tener en cuenta que hay muchas casas a las que se les cayó la mitad de ellas, un muro completo o tal vez el techo. Por lo tanto, la reparación no consiste sólo en poner una ventana, sino en reparaciones que son bastante mayores.
-La ficha de protección social
A los únicos damnificados que se exige dicho instrumento es a aquéllos que deben efectuar reparaciones: se pide un puntaje de 13.484, que llega hasta el tercer quintil, debido a la necesidad de focalizar este beneficio, de lo contrario habrían terminado con un subsidio para arreglar todas las casas. La Ficha no se exige ni para la construcción ni para demolición.
-Avance en la asignación de los subsidios de reconstrucción
Se entrega gráfico que contiene los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre. En julio se entregaron 15.720 subsidios; en agosto, 18.445; en septiembre, 15.363, y en octubre, 17.488. Esta tendencia que se va a mantener, para llegar a los cien mil subsidios que han comprometido para este año.
A modo de aclaración, indicó que un subsidio considera 4 etapas: la postulación, que es cuando la familia entrega todos los antecedentes para cursar su postulación; la selección de la familia, que se produce cuando el Serviu ha verificado que el postulante cumple con todos los requisitos y el proyecto cumple con todas las normativas vigentes; la asignación, que resulta del acto administrativo de emitir una resolución de asignación de subsidio y la entrega que corresponde a la entrega física a las familias del certificado respectivo. Una vez que la familia es seleccionada, se tiene certeza de que es beneficiaria del subsidio y que el Estado financiara su solución habitacional, el resto son trámites administrativos que es necesario cumplir.
-Avance en la construcción de casas
Hay 230 mil afectados, sin considerar a las personas que se han colado o filtrado en las listas. Cuando se trata de 600 kilómetros, desde precordillera hasta la costa, completamente devastados por un terremoto y un maremoto, la reconstrucción toma tiempo y el Ministerio lo ha hecho en tiempo récord. El Gobierno en dos meses puso a disposición 75 mil mediaguas, que es la cantidad más grande que se haya puesto en Chile. Se ha aplicado máxima eficiencia en el plan de reconstrucción, y la cantidad de subsidios otorgados es absolutamente histórica.
A modo de ejemplo: la entrega de planes regulares en la Región del Bíobío, en 12 meses, entre 2008 y 2009, se otorgaron 21 mil subsidios. Ahora se va a entregar 35 mil subsidios en 8 meses y medio. Cada subsidio contiene la identificación del damnificado, con el certificado que asegura que el Director de Obras Municipales revisó la vivienda y detectó que ésta debía ser reparada o demolida y que se debía construir una nueva. Además, hay un proyecto y un monto asignado.
Las 70 mil viviendas destruidas a causa del terremoto y del maremoto son todas distintas, cada una tiene un proyecto, un permiso y costos diferentes. Lo mismo sucede en materia de reparación, pues cuando se debe arreglar 100 mil edificaciones todas tienen un tratamiento diferente, como el caso de las que están ubicadas en el sector costero.
-Las reparaciones de los edificios Serviu
La reparación de edificios es larga y cara. Por ejemplo, en Santiago, la Villa Olímpica, la Villa Portales, que son blocks de edificios enormes que alguna vez fueron Serviu, además de Centinela II. En el caso del Cerro O´Higgins, en donde lo único que quieren tantos ellos como el Ministerio, como las familias afectadas es demoler, pero no aún no se cuenta con los permisos judiciales, porque el proceso por la muerte de ocho personas aún está abierto.
-Los subsidios de zonas patrimoniales
En este momento, en Cobquecura se han asignado 197 subsidios, al 30 de octubre. Para el polígono patrimonial existe un subsidio especial, que se está trabajando con la Universidad del Biobío, porque lo patrimonial requiere de más tiempo, de más recursos, de estudios de arquitectos y de un trabajo acucioso, para no perder el patrimonio de una localidad, de una ciudad y de una región.
-Demolición de edificios
En cuanto a la demolición de edificios, el sector privado ha sido más lento que el público y se desconoce las condiciones económicas de los dueños, pero el Estado se va a tener que hacer parte, por razones de seguridad, en la demolición de esos edificios de privados.
El Estado se ha hecho cargo de todos los edificios del Serviu; se ha demolido edificios en San Antonio y en Los Ángeles, y se continuará haciendo, en la medida en que se llegue a acuerdo con los habitantes. También se hará lo mismo en Concepción. Por razones de seguridad, el Estado se ha hecho cargo de esas obras, y es la razón por la que se va a demoler edificios que son de privados en Concepción.
Preguntas efectuadas por los integrantes de la Comisión a la señora Ministra de la
^@#@^Vivienda y Urbanismo
1.- Sobre la ficha de protección social como requisito de postulación a los subsidios de reconstrucción, en particular si éste fue siempre un requisito contemplado en programa de subsidios de reconstrucción y cuál es el puntaje que se exige.
Aclaró que a los únicos damnificados que se solicita y se exige dicho instrumento es para el caso de quienes deben efectuar reparaciones: se pide un puntaje de 13.484, que llega hasta el tercer quintil, ello en razón de la necesidad de focalizar este beneficio, de lo contrario habrían terminado con un subsidio para arreglar todas las casas, enfatizó que dicho requisito no se exige ni para la construcción ni para demolición.
2.- Respecto de la precisión sobre información entregada por la Ministra en lo relativo al avance de las obras de reconstrucción, explicándose por la autoridad que comprende no sólo la construcción de obras nuevas sino también las reparaciones de las casas que estaban inhabitables.
Hizo presente que se ha entregado a cada uno de los señores Diputados una lámina que muestra un gráfico que contiene los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre. Precisó que sobre la base de un simple cálculo de suma y resta, se observa que en julio se entregaron 15.720 subsidios; en agosto, 18.445; en septiembre, 15.363, y en octubre, 17.488. Agregó que ello demuestra, en forma clara, que es una tendencia que se va a mantener, para llegar a los cien mil subsidios que han comprometido para este año.
-Respecto de la posibilidad mencionada por algunos diputados de que si algunas personas pasarán el próximo invierno en mediaguas, contestó en forma categórica, que no hay ninguna posibilidad de hacerlo de forma diferente, no existe ninguna posibilidad en el mundo cuando hay 230 mil afectados, sin considerar a las personas que se han colado o filtrado en las listas. Explicó que cuando se trata de 600 kilómetros, desde la precordillera hasta la costa, completamente devastados por un terremoto y un maremoto, la reconstrucción toma tiempo y el Ministerio lo ha hecho en tiempo récord. El Gobierno en dos meses puso a disposición 75 mil mediaguas, que es la cantidad más grande que se haya puesto en Chile; hemos aplicado toda la eficiencia al plan de reconstrucción, y la cantidad de subsidios otorgados es absolutamente histórica. A modo de ejemplo señaló que la entrega de planes regulares en la Región del Biobío, en 12 meses, entre 2008 y 2009, se otorgaron 21 mil subsidios; nosotros vamos a entregar 35 mil subsidios en 8 meses y medio. Enfatizó que cada subsidio contiene la identificación del damnificado, con el certificado que asegura que el director de obras municipal revisó la vivienda y detectó que ésta debía ser reparada o demolida y que se debía construir una nueva. Además, hay un proyecto y un monto asignado.
Enfatizó que las 70 mil viviendas destruidas a causa del terremoto y del maremoto son todas distintas, de manera que cada una tiene un proyecto, un permiso y costos diferentes. Lo mismo sucede en materia de reparación, pues cuando se debe arreglar 100 mil edificaciones todas tienen un tratamiento diferente, como el caso de las que están ubicadas en el sector costero.
3.- En cuanto al aumento en unidades de fomento respecto del programa de subsidios expuesto por la Ministra .
Explicó que en la parte de la asignación de subsidios de reconstrucción, en cada columna de los antecedentes que muestra, están en distinto color dependiendo del tipo, si es reparación, adquisición o reconstrucción. Allí se puede observar que en los primeros meses se entregaron más subsidios de reparación, porque son más fáciles de otorgar y son de menores montos. En los meses siguientes se han ido entregando más subsidios de adquisición, de casas y también subsidios a las personas a las que se les está demoliendo el edificio, los que son más caros. Está muy claramente graficado de por qué se va en aumento en los últimos meses, y cualquier relación directa, proporcional, demuestra que a fin de año, en número de subsidios y de UF, se habrán completado el ciento por ciento. Agregó que en número de subsidios es posible pasarse de la meta, dado el comportamiento lineal, histórico, que han tenido en los últimos meses.
4.- Respecto del avance de ejecución e inicio de obras de los edificios colapsados.
Respecto de la demolición de los edificios, precisó que el sector privado ha sido más lento que el público y que desconoce las condiciones económicas de los dueños, pero el Estado se va a tener que hacer parte, por razones de seguridad, en la demolición de esos edificios de privados.
Agregó que como Estado se han hecho cargo de todos los edificios del Serviu; han demolido edificios en San Antonio y en Los Ángeles, pero lo continuarán haciendo, en la medida en que se llegue a acuerdo con los habitantes. También harán lo mismo en Concepción. Por razones de seguridad el Estado se ha hecho cargo de esas obras, y es la razón por la que va a demoler edificios que son de privados en Concepción.
Enfatizó que muchos municipios están en un estado de debilidad importante, debido a que sus funcionarios fueron afectados por el terremoto, de modo que a partir del 1 de diciembre se colocarán dos ejecutivos profesionales en cada una de las municipalidades que están más complicadas.
5.- Sobre la efectividad en la asignación del número de subsidios aparecidos en la página web del Ministerio, en comparación con las resoluciones de las cuales toma razón la Contraloría, y la diferencia en 9.136 subsidios que no tenían una resolución oficial publicada en el Diario Oficial o de la cual pudiera tener que tomar resolución la Contraloría, como asimismo, a qué corresponden, si son de reparación o son de construcción de viviendas, pues de la información que fluye de la página web es que alrededor de 15 mil serían de reparación. En segundo lugar, sobre la distribución regional de los subsidios, y respecto de los de reparación, los montos de aquellos que están sobre el margen de este mínimo de 55 UF que se estimaba era más o menos el monto habitual de reparación, y hasta cuánto más el Ministerio ha autorizado, dependiendo del caso.
Respondió solamente que la información está disponible en la página web del Ministerio y se actualiza de lunes a lunes. De hecho, como está consignado en la respectiva acta del comité asesor, se acordó que cada lunes, a partir del 16 de agosto, tal como ha ocurrido, el señor Pablo Ivelic entregaría los resultados en forma semanal.
Como se puede observar en la lámina en poder de la Comisión, los resultados muestran que en julio se entregaron 15.720 subsidios; en agosto, 18.445; en septiembre, 15.363 y en octubre, 17.488.
6- Sobre la situación de Tocopilla, y en concreto cuales son las medidas que se han adoptado y adoptarán por el Ministerio para resolver la situación de los damnificados.
Explicó que el Ministerio está elaborando un plan para recuperar Tocopilla del terremoto de hace 3 años, agregó que actualmente existen 2 mil personas en Tocopilla viviendo en campamentos, que la solución para Tocopilla supera las 800 UF per cápita, que se realizaron obras que todavía no se han terminado, que aún existen damnificados y que hay 300 casas vacías y que finalmente, después de tres años desde que ocurrió el terremoto, se harán cargo del problema de Tocopilla para resolverlo como corresponde. Agregó que en Tocopilla hubo 7 mil damnificados producto del terremoto de hace tres años, pero hoy constatamos 220 mil. Lo señala porque le parece que es muy importante sacar las cuentas de la magnitud del terremoto que recién vivimos y compararlo con los casos de Tocopilla, Chaitén y otros, como Pica, en que no hubo reconstrucción y sus viviendas quedaron en el suelo. Sin embargo, agrega que también el Ministerio a su cargo diseñará un programa para reconstruir dicha localidad.
H.- DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS A CARGO DEL MOP
La señora Loreto Silva Rojas , Subsecretaria de Obras Públicas21, quien asiste como Ministra Subrogante de dicho Ministerio , expuso lo siguiente:
-Estado de la situación
De conformidad con la ley General de Urbanismo y Construcción sólo corresponde a los municipios intervenir en este tipo de siniestros y, por ende, sólo ellos pueden ordenar la demolición de un edificio que amenace ruina. Lamentablemente, en Chile, a diferencia de lo que ocurre en otros países, como en España, la autoridad no puede intervenir en edificios particulares sin contar previamente con un decreto y orden de expropiación, pese a los daños que un edificio tenga. En tal sentido, una vez que se produjo el terremoto, los municipios respectivos hicieron una inspección ocular de los edificios, dictaron los decretos de demolición correspondientes y ordenaron el cierre perimetral de algunas vías, de manera de asegurar el bienestar y la seguridad de la población.
Teniendo presente que había edificios que amenazaban ruina, es imposible realizar de inmediato las obras de demolición, tanto porque los propietarios no contaban con recursos necesarios para hacer la demolición, como porque las municipalidades no contaban con los recursos necesarios ni con la expertise técnica para intervenir en la demolición. Había edificios que amenazaban la seguridad de la población- el Ministerio de Obras Públicas en conjunto con los municipios y con el Ministerio del Interior iniciaron un trabajo tendiente a analizar y buscar las alternativas que hicieran posible la participación del Estado de Chile en esta materia.
Luego se hizo un levantamiento de distintas acciones legales a seguir y, una vez que se dictaron los decretos de demolición hubo varios recursos de protección, demandas y querellas presentadas por los particulares, tendientes a evitar, en el fondo, las demoliciones.
-Proceso de evaluación preliminar
Se trabajó primero en determinar las competencias de los distintos actores involucrados en este proceso, es decir, los municipios, los ministerios, el Ministerio Publico, los propietarios, las inmobiliarias, las compañías de seguros, como también de todas las autoridades que intervenían en esta materia, para establecer el marco legal sobre el cual podría el Estado hacerse cargo de una situación como ésta. Se sostuvieron entrevistas y reuniones con el Contralor General de la República tendientes a analizar esta situación y con diversos especialistas internacionales en materia de demoliciones, pues se está hablando de edificios emplazados en el medio de la ciudad y no de construcciones que contaran con espacios abiertos o lo que se llama cancha para demolición. Por lo tanto, se hizo un trabajo de investigación bastante grande desde el punto de vista legal, económico, financiero y técnico.
-Ministerio de Obras Públicas como Unidad Técnica
El día 23 de abril, el Ministerio del Interior solicitó la colaboración del Ministerio del Obras Públicas para que actuara como Unidad Técnica en lo que se refiere a las demoliciones, al igual que lo hace en otras áreas, por ejemplo, en la construcción de edificios públicos, cárceles u hospitales. Para ello el Ministerio de Obras Públicas tiene que abrir un registro especial de contratistas que puedan llevar a cabo la demolición; asimismo, celebra o hace licitaciones privadas tendientes a contratar los estudios necesarios para llevar a cabo las demoliciones.
El Ministerio de Obras Públicas definió los términos de referencia y trabajó en conjunto con los municipios para determinar los criterios sobre los cuales se iba a trabajar. Si bien estos criterios son técnicos, se partía de la base de que, en este caso, solamente se podía intervenir por razones de seguridad pública. Por lo tanto, se interviene en aquellos edificios definidos como prioritarios para la seguridad pública y en aquéllos en que haya amenaza de ruina. No se interviene en edificios que no reúnan esas características.
Mediante una inspección visual y un análisis de los distintos estamentos técnicos del Ministerio de Obras Públicas, y previa consulta a los alcaldes, a quienes se les solicitó su opinión sobre el tema, se planteó que se iba a trabajar: con edificios sobre siete pisos, dadas las características técnicas y las dificultades para realizar la demolición de un edificio de dichas características. Con edificios cuyo eventual colapso, no controlado, exponga el espacio público, las redes de servicio y la conectividad urbana. Y con edificios que, para la ejecución de la demolición, se requirieran estudios, proyectos de ingeniería y procedimientos de demolición especializados o de alta complejidad técnica. Es decir, intervinieron en edificios complejos, que amenazaban estar colapsados o que no podían ser demolidos por un simple particular o por un municipio que no cuente con la expertise técnica para ello.
Sobre la base de los criterios ya expuestos, se definió una cartera de proyectos que reunían estas características, ubicados en la región del Biobío. Respecto de algunos de ellos, hay querellas criminales interpuestas y el Ministerio Público ha pedido que se realice un peritaje previo, para autorizar la demolición. No en todos los casos se puede intervenir directamente, porque se trata de cuestiones complejas, desde el punto de vista jurídico.
Algunos ejemplos de edificios en los que intervienen: La Torre Libertad, el Edificio Centro Mayor, el Edificio Alto Arauco, el Edificio Plaza del Río y la Torre O’Higgins, respecto de los cuales se está ante una deconstrucción, por cuanto las técnicas que se deben emplear para esto no han sido ocupadas anteriormente en el país y exigen un grado de conocimiento y estudio previo importante.
El 25 de junio se suscribió un convenio-mandato para llevar a cabo los estudios respectivos, es decir, antes de entrar al proceso de demolición, se requirió efectuar estudios técnicos que permitieran determinar en qué casos se debía hacer solamente una estabilización, en qué casos se debía proceder a la demolición, que características técnicas debía tener la demolición, y realizar estudios que tuvieran por objeto obtener las autorizaciones de la fiscalía para proceder a la demolición. Luego, se hizo una cotización con empresas de ingeniería y se suscribió un convenio ad referendum, con el Dictuc, toda vez que cumplió el trámite de toma de razón en la Contraloría General de la República el 14 de septiembre de 2010. Los objetivos del estudio fueron monitorear, analizar y diagnosticar la estabilidad estructural de los edificios, evaluar el riesgo y los requerimientos de estabilización, desarrollo de los proyectos de estabilización y obras de mitigación.
No sólo debe saber qué se debe demoler o estabilizar, sino también determinar cómo debe efectuarse, identificar los casos que requerían demolición, elaborar los términos de referencia para las demoliciones y desarrollar estudios de peritaje estructural para ponerlos a disposición del Ministerio Público.
-Carta Gantt del programa de demoliciones
Los primeros días de octubre, el Dictuc entregó su primer informe, correspondiente a la evaluación final del Edificio de Deportes de Talcahuano, que recomendaba su demolición, tanto por el daño estructural, consecuencia del terremoto, como por el nivel de deterioro de la estructura, consecuencia de los agentes corrosivos, propios de su ubicación, lo anterior, precisó, dio paso a que el Ministerio de Obras Públicas iniciara las gestiones ante el Ministerio del Interior y el municipio respectivo, para la identificación de los recursos necesarios y la suscripción del convenio-mandato de obra. El 20 de octubre de 2010, el Dictuc entregó el informe Nº 2, a través del cual daba cuenta de los primeros resultados del monitoreo, análisis y diagnóstico de estabilidad estructural de los edificios y estableció como resultado del monitoreo topográfico realizado, que los edificios no han experimentado deformaciones posteriores a la fecha de inicio del estudio y advirtió de la necesidad de ejecutar obras de estabilización temporal en siete de los edificios que incluyen la cartera del programa. Dicho estudio también informó sobre la posibilidad de abrir al tránsito peatonal la vereda sur de la calle O´Higgins, cuestión relevante, porque mejora la calidad vial de la ciudad. No se podía abrir antes al tránsito vehicular si no se contaba con ese estudio previo que permitiera determinar que ello era posible.
Entre el 5 y 12 de noviembre, el Dictuc realizó la entrega de los proyectos de estabilización temporal, de manera de dar inicio a las obras de estabilización, previa contratación, del Edificio Centro Mayor, del Edificio Plaza del Río y de la Torre O’Higgins.
Para la semana entre el 15 y 19 de noviembre, está programada la entrega de los informes de peritaje, para ser puestos a disposición del Ministerio Público, con los cuales éste determinará si se realiza o no la demolición, enfatizó que el Ministerio Público ha definido que, una vez recibidos estos informes, se deberá considerar un plazo de un mes para su revisión y consultas. En ese plazo, además, se pondrán a disposición de las partes querellantes para el pronunciamiento de posibles observaciones, y que cumplido el plazo, los fiscales adjuntos podrán levantar la restricción de intervención sobre el “sitio del suceso”, lo cual permitiría la demolición.
-Programa de actividades futuras
Para el 22 de noviembre está programada la entrega de los cuatro proyectos de estabilización, correspondientes a la Torre Libertad, en Concepción; al Edificio Alto Arauco y al Condominio Rodrigo de Triana, en Hualpén, y al Edificio Alto Huero, en San Pedro. En los primeros días de diciembre, el Dictuc entregará un preinforme final, en el que se determinarán los edificios susceptibles de demolición y los términos de referencia técnica para sus demoliciones, lo que permitirá iniciar las cotizaciones de ejecución de obras.
El inicio de la demolición del Edificio de Deportes de Talcahuano se hizo sobre la base del primer estudio, el 4 de noviembre y que es una obra de 305 millones, pero el marco financiero ascendía a 580 millones de pesos, que era lo que estaba presupuestado y que el plazo de las obras se estimó en 68 días corridos.
Entre sus actividades administrativas, el Ministerio de Obras Públicas tuvo que abrir un registro especial de contratistas de acuerdo con el decreto supremo 75 de ese ministerio, que permitió desarrollar tales obras, toda vez que no contaban con un registro que les permitiera contratar eso. Una vez constituido el registro, podrán entrar al proceso de asignación.
El plazo estimado para realizar las demoliciones, una vez que cuenten con el estudio, será de entre 4 y 8 meses, con una inversión, también estimada, de 10.500 millones de pesos, aunque puede bajar en el proceso de licitaciones.
Se ha destacado el esfuerzo de coordinación realizado por los municipios, el Ministerio Público, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio del Interior y los demás organismos competentes, como la Contraloría General de la República, en orden a buscar una solución que permita dar atención a este problema, en lo cual han participado por consideraciones de seguridad pública, precisó una vez más que según lo que dispone la ley general de Urbanismo y Construcciones, el municipio es el ente competente, pero el Ministerio de Interior, a través de las intendencias y en virtud de sus facultades para intervenir en casos de seguridad pública, ha otorgado los recursos correspondientes. Por su parte, el Ministerio de Obras Públicas ha actuado como unidad técnica, labor en la que han estado permanentemente coordinados con la Contraloría General de la República y el Ministerio Público.
-Estabilización de los edificios
Se hizo la separación entre lo que son obras de estabilización y obras de demolición para trabajar con mayor prontitud en la estabilización y proceder a la demolición con posterioridad, precisamente en razón de la seguridad de las personas- Ello ha implicado un proceso altamente complejo y, lamentablemente, la legislación chilena no considera herramientas que permitan intervenir en edificios privados, que son propiedad de uno o varios particulares, como para entrar y demoler de una sola vez. Se debe intervenir un edificio con las autorizaciones pertinentes. Hay varios casos en que el Ministerio Público, a través de la presentación de querellas, ha supeditado la intervención de la demolición a la presentación de peritajes.
-Los fondos para la demolición
El Ministerio del Interior está proveyendo todos los recursos necesarios para ir en resguardo de la seguridad de las personas, sin perjuicio de las acciones legales pertinentes que posteriormente se entablen en contra de los particulares.
-Peritajes pre demolición
Los peritajes solicitados por el Ministerio de Obras Públicas antes de las demoliciones, tienen por objeto conocer las causas de las destrucciones. Esos peritajes van a ser puestos a disposición del Ministerio Público y podrán ser conocidos. El Ministerio Público solicitó que no se iniciara ninguna demolición en determinados edificios sin tener un peritaje sobre la situación. Respecto de la demolición por parte de las municipalidades, los municipios y el Estado deben actuar en forma subsidiaria con los particulares. La obligación primaria de la evaluación es del dueño del inmueble, y por ese motivo, el Estado va a accionar contra los particulares, sin perjuicio de que, por razones de seguridad pública, el MOP intervenga; pero la obligación primaria es de los dueños, sea la inmobiliaria, el constructor, o el dueño del inmueble. Ello ha significado una dificultad, porque, en el fondo, los particulares no han contado con los recursos para ello, sobre todo cuando se trata de edificios vendidos, donde hay mucha gente con crédito hipotecario, por lo que financiar la demolición era un tema importante.
Las causas contra los particulares para la obtención de los recursos serán iniciadas por el Consejo de Defensa del Estado, que es el órgano al que le corresponde la defensa judicial de los intereses del fisco. El curso de acción será definido en base a la situación de cada edificio en particular, por ejemplo la aplicación de las normas de prescripción que establece la ley general de urbanismo y construcciones, en el sentido de si se va a dirigir contra de los particulares, de la constructora, o de los que resulten responsables. Es un tema que va a dilucidar caso a caso el Consejo de Defensa del Estado en su mérito, considerando los informes periciales que se emitan y que se presenten al Ministerio Público.
-Borde costero
En relación a la participación del MOP en el borde costero, este ministerio lo hace a través de la Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas, que tiene a su cargo la realización de las obras de mejoramiento del borde costero y de la construcción de muelles, rampas, explanadas, mejoramiento, limpieza. El Ministerio de Obras Públicas, tiene competencia para la ejecución y rehabilitación de obras del borde costero.
-Ruta 5
En relación con el tema de la Ruta 5, el Ministro de Obras Públicas ha dado un plazo fatal para el término de las obras, que se definió hace varios meses como el 31 de diciembre. Éste se estableció en consideración al tipo de obra, a la magnitud de los siniestros. Se solicitó a las empresas que incorporaran el aprendizaje con relación al terremoto; en el fondo, todas las buenas prácticas que, a la luz del terremoto, hacían recomendable mejorar algunos diseños. El ministro ha dado plazo hasta el 31 de diciembre para ello.
Hay algunas multas asociadas por lo que se llama incumplimiento de una instrucción del inspector fiscal, que equivalen a aproximadamente 20 UTM diarias. Por cada día de atraso, también se aplica una multa.
Preguntas efectuadas por los integrantes de la Comisión a la señora Subsecretaria de Obras públicas.
1.- Diagnóstico acerca de las causas por las que esos edificios quedaron tan maltrechos, al punto que será necesario demolerlos y consultó sobre las empresas que pretenden realizar las labores de demolición, sobre todo respecto de aquellas que deben efectuarse dentro del casco urbano.
Respondió en relación con las causas que dieron origen al colapso de edificios, que no han participado en esa evaluación como Ministerio de Obras Públicas y con respecto de las empresas que van a participar en el proceso de demoliciones, se abrió un registro especial en el cual se podrán inscribir todas las empresas nacionales y extranjeras que tengan experiencia en labores de demolición y construcción. Como se trata de una especialidad que no tienen muchas empresas en Chile, hubo que habilitar un registro especial para ello.
2.- Respecto de la posibilidad de acelerar más el proceso en consideración a que ya han pasado nueve meses, asimismo, preguntó por los fondos necesarios para la demolición, en concreto si éstos son proporcionados por el Estado o los dueños de los edificios.
Respondió respecto de la estabilización de los edificios, que se hizo la separación entre lo que son obras de estabilización y obras de demolición para trabajar con mayor prontitud en la estabilización y proceder a la demolición con posterioridad, precisamente en razón de la seguridad de las personas, enfatizó que ha sido un proceso altamente complejo y que lamentablemente, la legislación chilena no considera herramientas que permitan intervenir en edificios privados, que son propiedad de uno o varios particulares, como para entrar y demoler de una sola vez, explicó que se debe intervenir un edificio con las autorizaciones pertinentes. Hay varios casos en que el Ministerio Público, a través de la presentación de querellas, ha supeditado la intervención de la demolición a la presentación de peritajes. Respecto de los fondos para la demolición señaló que el Ministerio del Interior está proveyendo todos los recursos necesarios para ir en resguardo de la seguridad de las personas, sin perjuicio de las acciones legales pertinentes que posteriormente se entablen en contra de los particulares.
3.- Sobre la situación del edificio de Municipalidad de Talcahuano, como asimismo de dos edificios de departamentos, estos son el Rodrigo de Triana, cuyo proceso de demolición empezará el 22 de noviembre, y el otro ubicado en la comuna de Hualpén, llamado Puerto de Palos , respecto de los cuales existe desinformación entre los propietarios sobre lo que va a suceder y falta de coordinación con los municipios
Señaló respecto de la inquietud que tomarán en consideración la entrega de información a través de los municipios, de manera que puedan ir conociendo claramente los estados de avance de las demoliciones, el paso a paso de las acciones que el Ministerio ha seguido en esa materia y agradeció la sugerencia. Respecto del edifico municipal de Talcahuano señaló que es una situación que deben analizar, pues, como ya explicó, el Ministerio de Obras Público define los criterios sobre los cuales se trabaja, que básicamente es la posibilidad de colapso y la dificultad técnica para llevar a cabo la expropiación, explicó que en que el caso concreto de ese edificio, han determinado que si bien está colapsado, no tiene las dificultades técnicas de los otros edificios, a los que hemos dado prioridad para efectuar las obras de demolición.
4.- Sobre el diagnóstico previo que se debería realizar en los edificios previo a demolerlos, para conocer los motivos por los cuales estos colapsaron o quedaron tan deteriorados, porque de lo contrario no se conocerán las verdaderas responsabilidades en la construcción de dichos edificios.
Contestó en relación con el tema de no demoler edificios sin saber su historia, que los peritajes solicitados por el Ministerio de Obras Públicas tienen esa función. Esos peritajes van a ser puestos a disposición del Ministerio Público y podrán ser conocidos. Enfatizó que no lo puede decir ahora, porque no desconoce las reglas del sumario en ese caso, pero ésa es la finalidad que tenían esos peritajes, agregó que precisamente por eso, el Ministerio Público solicitó que no iniciáramos ninguna demolición en determinados edificios sin tener un peritaje sobre la situación. Respecto de la demolición por parte de las municipalidades, señaló que los municipios y el Estado deben actuar en forma subsidiaria a los particulares. La obligación primaria de la evaluación es del dueño del inmueble, y que por ese motivo, el Estado va a accionar contra los particulares, sin perjuicio de que, por razones de seguridad pública, estemos interviniendo; pero la obligación primaria es de los dueños, sea la inmobiliaria, el constructor, o el dueño del inmueble. Explicó que ello ha significado una dificultad, porque, en el fondo, los particulares no han contado con los recursos para ello, sobre todo cuando se trata de edificios vendidos, donde hay mucha gente con crédito hipotecario, por lo que financiar la demolición era un tema importante.
5.- Participación del MOP en la intervención del borde costero
Explicó que participan en lo que es la realización de las obras de mejoramiento del borde costero y de la construcción de muelles, rampas, explanadas, mejoramiento, limpieza. Como Ministerio de Obras Públicas, tienen competencia para la ejecución y rehabilitación de obras del borde costero.
6.- Sobre el curso de las acciones legales que el MOP piensa emprender para recuperar los más de 20 millones de dólares que van a costar las demoliciones, y sobre los avances de la reparación en la Ruta 5 Sur, y si hay multas asociadas al incumplimiento de los plazos y solicita sea remitido un informe respecto de los trabajos que se van a realizar en la Ruta 5.
Respondió en relación con las causas contra los particulares para la obtención de los recursos, señaló que estas serán iniciadas por el Consejo de Defensa del Estado, que es el órgano al que le corresponde la defensa judicial de los intereses del fisco, el curso de acción será definido en base a la situación de cada edificio en particular, por ejemplo citó lo relativo a la aplicación de las normas de prescripción que establece la ley general de urbanismo y construcciones, en el sentido de si se va a dirigir contra de los particulares, de la constructora, o de los que resulten responsables. Aclaró que es un tema que va a dilucidar caso a caso el Consejo de Defensa del Estado en su mérito, considerando los informes periciales que se emitan y que se presenten al Ministerio Público.
En relación con el tema de la Ruta 5, señaló que el Ministro de Obras Públicas ha dado un plazo fatal para el término de las obras, que se definió hace varios meses, el cual se estableció en consideración al tipo de obra, a la magnitud de los siniestros, agregó que se solicitó a las empresas que incorporaran el aprendizaje con relación al terremoto; en el fondo, todas las buenas prácticas que, a la luz del terremoto, hacían recomendable mejorar algunos diseños. El Ministro ha dado plazo hasta el 31 de diciembre para ello.
En cuanto a la aplicación de multas, señaló que hay algunas asociadas que, si bien no son por el atraso, son por lo que se llama incumplimiento de una instrucción del inspector fiscal, que equivalen a aproximadamente 20 UTM diarias. En el fondo, explicó, por cada día de atraso, se aplica una multa.
7.- Sobre los edificios consistoriales colapsados quién los va a demoler, cómo está programado.
Respondió que el Ministerio de Obras Públicas actúa como una unidad técnica mandatada, y desarrollan esa función por mandatos otorgados a los municipios, que son los que actúan subsidiariamente frente a la responsabilidad primaria de los particulares, en tal sentido, enfatizó que su actuación está restringida a aquellos casos en que se ha mandatado respecto de edificios en que está muy involucrada la seguridad pública y porque sus características hacen necesaria la intervención de procesos de demolición que no son simples.
I. ACTUACIÓN DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN PROGRAMA DEMOLICIONES.
El señor Rodrigo Ubilla , Subsecretario del Interior expuso frente a la Comisión:
-Marco Jurídico
La ley de 1927, que rige al Ministerio del Interior, señala que una de las funciones específicas del ministerio es velar por la seguridad de la población, es decir no sólo brindar seguridad pública, sino también protección civil.
En esa lógica, la ley N° 16.28222 sobre terremotos, le entrega funciones específicas respecto de la planificación y coordinación de actividades asociadas a los sismos y catástrofes. El artículo 6° de esta ley entrega al Ministerio del Interior funciones específicas en cuanto al uso de los recursos. Establece que debe ponerlos a disposición de determinadas instituciones, entre las que están las municipalidades, a fin de paliar las consecuencias que pueden acarrear los sismos o catástrofes.
El artículo 4°, número 3, del decreto supremo N° 364, de 31 de marzo de 2010, que señala las zonas afectadas por la catástrofe del 27 de febrero de 2010 dice: “Disponer de los recursos humanos y materiales que se posean con la finalidad de ejecutar las actividades necesarias para ir en ayuda de las zonas afectadas por la catástrofe.”
Finalmente, la glosa 5 de la Ley de Presupuestos señala que “Permite financiar situaciones de emergencia o gastos no previstos, los que deberán ser definidos por el Ministerio o Subsecretaría del Interior.”.
Por lo tanto, este marco normativo, que está dado por la ley del Ministerio del Interior, la ley de sismos y, por último, por la glosa presupuestaria, le permite transferir recursos a las municipalidades con fines de seguridad y para absorber las necesidades que se generan en estas instancias a partir de un sismo o de una catástrofe.
Lo que dice relación directa con las demoliciones depende de la ley general de Urbanismo y Construcción, y se trata de facultades y funciones que tienen las municipalidades. El alcalde, a petición del director de Obras , podrá ordenar la demolición, total o parcial, a costa del propietario.
El artículo 156 de la mencionada ley define un procedimiento en el caso de que exista un peligro de derrumbe. Ello permite a los municipios actuar de inmediato, pero siempre cobrando los costos al privado.
-Recursos entregados a las regiones para demoler y sacar escombros
El cuadro siguiente muestra la información ordenada por regiones en cuanto a los recursos destinados a demoliciones y retiro de escombros:
^@#@^Región
Monto
%
55%
Emergencia
%
Total
%
Maule
3.103.771.330
445%
5.303.787.000
43%
8.407.558.330
44%
Metrop
1.115.465.252
116%
3.458.925.986
28%
4.574.391.238
24%
Biobío
1.907.099.002
227%
2.145.000.000
17%
4.052.099.002
21%
O’Higgins
581.312.886
88%
1.050.000.000
8%
1.631.312.886
8%
Araucanía
51.000.000
11%
450.000.000
4%
501.000.000
3%
Valparaíso
198.140.000
33%
0
0%
198.140.000
1%
Total
6.956.788.470
1100
12.407.712.986
100%
19.364.501.456
100%
Fuente: Ministerio del interior
La primera columna de este cuadro contiene los montos transferidos para la demolición y retiro de escombros por la Subsecretaría del Interior no sólo a las municipalidades, sino que también a las intendencias y otras reparticiones públicas.
La segunda columna corresponde a los recursos de la reasignación presupuestaria del fondo del 5 por ciento. El ciento por ciento de los recursos va a las municipalidades. Toda esa cifra de 12.347.712.000 millones se reasignó a los municipios con anterioridad a la llegada del Gobierno del Presidente Piñera.
Los 7 mil millones de pesos que figuran en la primera columna, se entregaron para el uso exclusivo de demoliciones y retiro de escombros. Se tiene constancia a través de las rendiciones de que fueron utilizados con esos fines. Los 12.347 millones se pusieron a disposición de los alcaldes y es optativo el uso para demolición y el de retiro de escombros. El Ministerio no cuenta con la información final sobre el uso detallado de dichos recursos, porque el 5 por ciento de emergencia es un recurso que se pone a disposición del alcalde para paliar los efectos del terremoto y del tsunami, pero no necesariamente tienen que ser invertidos en demoliciones y retiro de escombros.
-Instituciones a las que se transfirieron recursos y montos transferidos
De los 19.304 millones, 14.057 millones fueron entregados directamente, como transferencia a los municipios.
Recursos Destinados a Demoliciones y Retiro de escombros. Distribución
por Institución
Institución
Monto
%
Municipios
14.117.885.145
73%
CMT
2.152.396.826
11%
Intendencias
1.930.239.285
10%
GORE RM
899.980.200
5%
Onemi
264.000.000
1%
Total
19.364.501.456
100%
Fuente: Ministerio del Interior
Al Cuerpo Militar del Trabajo se le transfieren 2.152 millones para el arriendo de maquinarias destinadas al retiro de escombros y a demoliciones; a las intendencias 1.930 millones con igual objetivo; al Gobierno de la Región Metropolitana, al GORE, no a la Intendencia, se le transfieren casi 900 millones de pesos con dos objetivos: alrededor de 400 millones para la demolición de algunos edificios en la comuna de Maipú y la diferencia para el arriendo de maquinarias que le permitan retirar escombros y demoler edificios en la Región Metropolitana.
Finalmente, los 264 millones de pesos que están identificados en la Onemi corresponden a una transferencia para el arriendo de máquinas en algunas comunas de la Sexta Región. Esa fue una modalidad inicial que posteriormente no se siguió utilizando, porque todo el resto de los trabajos de demolición y retiro de escombros se hicieron a través de las municipalidades o de las intendencias. Ésta fue una modalidad que se puso en práctica al comienzo de la emergencia.
-Distribución de recursos por comuna
En el cuadro adjunto está la distribución de estos recursos en cada una de las comunas. El 5 por ciento de emergencia, corresponde a una distribución que se hizo a fines del Gobierno anterior. La Región del Maule tiene dos orígenes. El mayor porcentaje corresponde a una distribución de recursos a cargo del 5 por ciento de emergencia, que está decretado en el Gobierno anterior, y en el actual sólo se ejecutó la transferencia. En mayo, el GORE de la Región del Maule solicitó hacer una reasignación de sus propios recursos a comunas de la región. En ambos casos, la Subsecretaría del Interior, no tuvo decisión sobre la cantidad de recursos que se entrega a las respectivas comunas, sino que sólo fue un buzón de distribución.
En el caso de la Región del Biobío sucede lo mismo. En el cuadro adjunto, se ve que el criterio es parejo, pues en virtud del decreto se establecen montos de 50 ó 35 millones de pesos por comuna, lo que suma 1.180 millones. El Ministerio hizo las transferencias, por 1.907 millones de pesos.
En los siguientes cuadros adjuntos se puede ver el desglose por comunas en las regiones Metropolitana, de O’Higgins y de Valparaíso; esta última no tiene la asignación de 5 por ciento de emergencia, sino sólo transferencias desde la Subsecretaría del Interior. En el caso de la región de La Araucanía, excepto la comuna de Angol, los recursos utilizados provienen de los fondos del 5 por ciento de emergencia. El estado de transferencia está resumido en el primer cuadro.
Sustentado en el concepto de que se debe administrar los recursos que existen para efectos de paliar las consecuencias de la emergencia, la Subsecretaría en ese período transfirió casi 7 mil millones de pesos a los distintos municipios, principalmente, para cubrir acciones orientadas al retiro de escombros y demoliciones.
En suma, se ha transferido, vía 5 por ciento a emergencia y los montos directos a demoliciones y a retiro de escombros, un total de 19.300 millones. La región tiene treinta y tantas comunas, y el 5 por ciento va parejo a todas ellas.
-Rendición del uso de fondos
Los fondos, ya sean del cinco por ciento o los generados a través de las asignaciones que hace la Dirección de Presupuestos a la Subsecretaría del Fondo de Emergencia , se transfieren a los distintos órganos públicos y deben ser rendidos a la Subsecretaría.
La rendición, además del control, es el momento en que queda ejecutado el gasto. Desde el punto de vista financiero, el acto no se sanciona con la transferencia, sino al momento de recibir los informes que indican la manera en que se gastaron los recursos.
Los 7 mil millones de pesos fueron decretados exclusivamente para usarse en el retiro de escombros y para efectuar demoliciones. Básicamente, se emplean en el arriendo de maquinarias que permitan al alcalde o al intendente, según sea el caso, disponer del retiro de escombros, cuyo costo es mayor que el de los trabajos de demolición.
Las obras de demolición, en general, fueron llevadas a cabo por los propios afectados, pero el mayor problema de esos trabajos se generaba con la disposición de los escombros, los cuales en su mayoría eran depositados en el exterior de los respectivos sitios, de manera que a partir de ese momento su retiro pasaba a ser responsabilidad de cada municipio. Sin embargo, no se habían solicitado recursos para tal efecto.
De los recursos transferidos, 169 mil millones de pesos, hay alrededor del 70 por ciento rendidos.
Se está haciendo una evaluación de todo el fondo. Eso quiere decir que existe una rendición contable, una factura, un documento de validez jurídica que dice en qué gastaron los recursos los alcaldes, los intendentes, la Onemi y los distintos entes que recibieron esos dineros.
Los más de 7 mil millones de pesos solamente los pueden justificar -de lo contrario deben devolverlos- en el arriendo de maquinarias o en acciones directamente asociadas con retiros de escombros y demoliciones.
Por su parte, los aproximadamente 12.300 millones de pesos fueron recursos entregados a los alcaldes para que fueran destinados al ámbito de la emergencia, pero no restringidos al retiro de escombros.
De allí que en las rendiciones de cuentas hay compras de distintos elementos, los cuales se utilizaron sobre todo en un primer momento para paliar la emergencia, como contenedores de agua, alimento, mediaguas o viviendas de emergencia, etcétera.
Lo señalado con anterioridad no quiere decir que no se tenga los respaldos: cerca del 70 por ciento del total de esa cifra está rendida.
De los aproximadamente 12 mil millones, cinco mil se gastaron en arriendos de maquinarias, que es el ítem más claro asociado a las demoliciones y al retiro de escombros.
-Alcance de los recursos entregados
En octubre se hizo un levantamiento, a través de las intendencias, de todas las comunas de las cinco regiones que estaban en el decreto de emergencia, desde la Quinta a la Novena, y se les solicitó que entregaran un consolidado, hecho por cada uno de los intendentes, sobre todos los gastos en los que habían incurrido hasta ese momento y que no estaban siendo financiados por los fondos de emergencia o por los fondos propios.
Se hizo el levantamiento y se solicitó a la Dipres 5.600 millones de pesos, los que fueron transferidos en octubre o a principios de noviembre.
De la demanda no cubierta, que correspondía a arriendo de maquinarias, a facturas impagas de viviendas de emergencia y a materiales para la construcción, 5.600 millones fueron transferidos al Ministerio del Interior, y durante noviembre el Ministerio ha hecho lo mismo con los distintos municipios, para cancelar las facturas impagas.
El levantamiento se hizo en octubre, y el Ministerio recibió los recursos en el transcurso de ese mismo mes. En noviembre los transfirieron a las municipalidades.
En los aproximadamente 7 mil millones de pesos se incluyen las transferencias asociadas solamente a arriendos de maquinarias, no las asociadas a pago de facturas por compra de mediaguas, materiales de construcción o pago de combustibles utilizados en las labores de reconstrucción.
Todo el levantamiento que se hizo en octubre a través de las intendencias, para todas las municipalidades de las respectivas comunas, está cancelado.
-Facturas pendientes de proveedores
En octubre, el Ministerio solicitó a través de los intendentes que se hiciera un relevamiento de todas las facturas pendientes que tenían los municipios.
Esa información estaba circunscrita a tres ítems, que correspondían a materiales, viviendas de emergencia y maquinaria asociada al apoyo para el retiro de escombros.
Se hizo esa solicitud de recursos a la Dipres, los que fueron transferidos al Ministerio, y éste los transfirió durante las últimas semanas a las distintas comunas.
Todas las facturas rendidas están canceladas y los recursos transferidos son mayores que la suma de éstas, al momento de la exposición.
Los 19 mil millones corresponden a recursos destinados al 5 por ciento y a los escombros. En eso no está, por ejemplo, la cantidad de recursos transferidos para la compra o pago de facturas de viviendas de emergencia; no están los recursos destinados para el programa Manos a la Obra 1 y 2; no están los recursos destinados a algunas comunas rurales para los APR. Es decir, hay otros ítems que corresponden a transferencias que en su momento se hicieron a cada una de las comunas.
El Ministerio en esta exposición, sólo se ha referido a los recursos destinados a demolición, pero en la Comisión Mixta de Presupuestos, entregó un informe acabado del uso de los 156 mil millones de pesos del Fondo de Emergencia al mes de octubre.
-Situación tres edificios comuna de Maipú y varios en Biobío.
En ambos casos, a través de informes del Idiem, Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de Estructuras y Materiales de la Universidad de Chile, se solicitó al Ministerio del Interior que concurriera con recursos, en la medida en que los tres edificios de la comuna de Maipú constituían riesgos para la comunidad y el entorno. Se hizo una transferencia de 390 millones el mes pasado al gobierno regional metropolitano.
Respecto de la viabilidad jurídica para intervenir estos edificios, en general, en estas situaciones existen pleitos jurídicos entre los propietarios y las inmobiliarias, por lo cual sólo estos recursos pueden ser utilizados para la demolición -es una disposición que se adoptó en el Ministerio-, siempre y cuando existan los informes que den garantía de que los edificios constituyen peligro como tal y cuando esté claramente certificado que no hay situaciones judiciales pendientes.
En el caso de los tres edificios de Maipú, sólo el primero, Don Tristán , en la calle Bailén, cumple los dos requisitos. En este momento, los otros dos están en proceso de despejar la parte judicial.
La situación de la Octava Región es bastante más compleja, pues son numerosos los edificios que están en esa circunstancia, porque la mayoría es de gran altura. En este caso pedimos al MOP un estudio, financiado por el Ministerio del Interior, a través de fondos de emergencia -707 millones, con el objeto de determinar la peligrosidad o fragilidad de sus estructuras. Puede ser que los resultados hagan recomendable la demolición, como ya se produjo en el Palacio de los Deportes, el cual, por ser un edificio público, no tenía el impedimento judicial.
En el caso del resto de los edificios, se están terminando los estudios técnicos. El Ministerio está en conversaciones con el MOP para hacer una nueva transferencia, ya que, se demuelan o no estos edificios, es necesaria una fase previa, que es la estabilización. El MOP les solicitó mil millones de pesos para empezar a avanzar en la estabilización. La consecuencia directa de estabilizar los edificios es que se puede acotar aún más la posibilidad de daño en caso de caída, por lo cual se pueden habilitar las avenidas que hoy están cerradas.
Respecto del Palacio de los Deportes, por ser una propiedad fiscal, no tenía el segundo impedimento y ya se firmaron los decretos para iniciar su demolición.
Preguntas efectuadas por los integrantes de la Comisión al señor
Subsecretario del Interior
1.- Control por parte de la subsecretaría de la utilización efectiva por parte de las municipalidades de los recursos para la demolición de los inmuebles afectados por el terremoto. Fiscalización del destino de los 12 mil millones de pesos destinados a demolición y posibilidad de control efectivo.
Explicó que la rendición y control, se producen en el momento en que queda ejecutado el gasto y que desde el punto de vista financiero, el acto no se sanciona con la transferencia, sino al momento de recibir los informes que indican la manera en que se gastaron los recursos.
Agregó que los 7 mil millones de pesos fueron decretados exclusivamente para usarse en el retiro de escombros y para efectuar demoliciones. Básicamente, se emplearon en el arriendo de maquinarias que permitan al alcalde o al intendente, según sea el caso, disponer del retiro de escombros, cuyo costo es mayor que el de los trabajos de demolición. Agregó que las obras de demolición, en general, fueron llevadas a cabo por los propios afectados, pero que el mayor problema de esos trabajos se generaba con la disposición de los escombros, los cuales en su mayoría eran depositados en el exterior de los respectivos sitios, de manera que a partir de ese momento su retiro pasaba a ser responsabilidad de cada municipio. Sin embargo, no se habían solicitado recursos para tal efecto. Precisó que de recursos transferidos, 169 mil millones de pesos, tienen alrededor del 70 por ciento rendidos, lo que quiere decir que existe una rendición contable, una factura, un documento de validez jurídica que dice en qué gastaron los recursos los alcaldes, los intendentes, la Onemi y los distintos entes que recibieron esos dineros. Explicó que los más de 7 mil millones de pesos solamente los pueden justificar -de lo contrario deben devolverlos- en el arriendo de maquinarias o en acciones directamente asociadas con retiros de escombros y demoliciones.
Por su parte, agregó, los aproximadamente 12.300 millones de pesos fueron recursos entregados a los alcaldes para que fueran destinados al ámbito de la emergencia, pero no restringidos al retiro de escombros, es por ello, explica, que en las rendiciones de esos gastos encuentran compras de distintos elementos, los cuales se utilizaron sobre todo en un primer momento para paliar la emergencia, como contenedores de agua, alimento, mediaguas o viviendas de emergencia, etcétera., lo que en ningún caso quiere decir que no existan respaldos, pues reitera que cerca del 70 por ciento del total de esa cifra está rendida. Aclara que ese monto es de libre disposición de los alcaldes para efectos de paliar las consecuencias de la crisis.
2.-Disponibilidad de recursos adicionales para demolición, de manera que las municipalidades puedan recuperar esos fondos.
-En la asignación de recursos para los fines de demolición, vía intendencias o en forma directa por el Ministerio del Interior ¿se estableció de manera específica en el decreto respectivo que era para esos fines y no otros distintos?
-Opinión actual del Ministerio del Interior, a nivel nacional y en las comunas pertenecientes a las regiones más afectadas, respecto de la satisfacción de la demanda que existía para demolición o reconstrucción o si sigue siendo una demanda cuantiosa de parte de las comunas.
Respecto de la satisfacción de demanda de recursos y la disponibilidad de más recursos, el Subsecretario señaló que en octubre hicieron un levantamiento, a través de las intendencias, de todas las comunas de las cinco regiones que estaban en el decreto de emergencia, desde la Quinta a la Novena, y les solicitaron un consolidado, hecho por cada uno de los intendentes, sobre todos los gastos en los que habían incurrido hasta ese momento y que no estaban siendo financiados por los fondos de emergencia o por los fondos propios. Aclaró que si un determinado gasto si ya está financiado por la municipalidad, la Subsecretaria no puede reintegrar el recurso.
Agregó que luego del levantamiento, se solicitó a la Dipres 5.600 millones de pesos, los que fueron transferidos en octubre o a principios de noviembre. Precisó que se hizo un levantamiento y que de la demanda no cubierta, que correspondía a arriendo de maquinarias, a facturas impagas de viviendas de emergencia y a materiales para la construcción, 5.600 millones fueron transferidos al Ministerio del Interior, y durante noviembre la Subsecretaría hizo lo propio con los distintos municipios, para cancelar las facturas impagas. Concluye que están al día en esa materia, y detalló que los aproximadamente 7 mil millones de pesos -que en realidad son 6.956 millones de pesos- se incluyen las transferencias asociadas solamente a arriendos de maquinarias, no las asociadas a pago de facturas por compra de mediaguas, materiales de construcción o pago de combustibles utilizados en las labores de reconstrucción.
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y EL FINANCIAMIENTO DE LOS PMB y PMU23
El Jefe de Asesores y Jefe del Equipo de la Reconstrucción de la SUBDERE, señor Jaime Torrealba Cubillos expuso frente a la Comisión:
Programas usados por la Subsecretaría
El Programa de Mejoramiento de Barrios, PMB, y el Programa de Mejoramiento Urbano, PMU, se usaron para financiar los proyectos presentados por las municipalidades a causa del terremoto.
En el cuadro siguiente se puede observar los montos destinados a cada programa.
Recursos Destinados a Programa Mejoramiento Barrios, PMB y Programa Mejoramiento, PMU, por Región, M$
^@#@^Región
Monto PMB M$
%
Monto PMU M$
%
Total
%
Maule
1.410782
15%
5.564.820
17%
6.975.602
16,4%
Metropolit
987.007
10%
9.818.464
30%
10.805.471
25,4%
Biobío
6.011.581
63%
8.696.941
26%
14.708.522
34,6%
O’Higgins
796.705
8%
4.530.892
14%
5.327.597
12,53%
Araucanía
182.600
2%
1.658.713
5%
1.841.313
4,3%
Valparaíso
189.816
2%
2.633.832
8%
2.823.648
6,6%
Total
9.578.491
100%
32.930.662
100%
42.509.153
100%
Fuente, Subdere . Ministerio del Interior, diciembre 2010
La Municipalidad que recibió más aportes fue la del Biobío, especialmente en el caso de los PMB. En el caso del PMU, fue la región Metropolitana.
Cabe destacar que los 32.930.662 del PMU asignados a estos fines se deben dividir en dos montos distintos: los de mejoramiento urbano propiamente tal, para el mejoramiento de las ciudades, y el FIE-PMU, que tiene por objeto financiar infraestructura educacional. De los 32.930.662, 18.738 fueron para PMU urbano y 14.192 millones para FIE-PMU.
Número de proyectos que recibieron financiamiento
^@#@^Región
^@#@^N° Proyectos PMB
^@#@^N° Proyectos PMU
Total
Valparaíso
5
102
107
O’Higgins
19
171
190
Maule
50
245
295
Biobío
130
353
483
Araucanía
5
63
68
Metropolitana
28
383
411
Total
237
1.317
1.554
La reparación de inmuebles municipales abarca la reparación de edificios consistoriales, mercados municipales, cementerios municipales, a todo la infraestructura de tuición municipal, desde los edificios, hasta los cierres perimetrales y los muros de contención de esas edificaciones.
El FIE-PMU se refiere a la infraestructura educacional, a los colegios municipales.
Los PMU urbanos vienen agrupados por comunas y suman 18.738 millones 242 mil pesos, y los fondos del FIE-PMU se destinaron a diferentes colegios municipales que requerían obras mayores o menores de reparación, pero no una reposición completa. En total. los fondos del FIE-PMU destinados a estos efectos suman 14.192 millones 420 mil pesos.
Los Programas de Mejoramiento de Barrios son para fines bien concretos, como reducir el déficit de cobertura de abastecimiento de agua y disposición segura de aguas servidas a través de soluciones eficientes y sostenibles. También se utiliza para la disposición de residuos sólidos. Por lo tanto, el grueso de los recursos aportados por el PMB después de la catástrofe se destinó al financiamiento de los servicios básicos de las aldeas que son obras sanitarias de emergencia. Corresponden a los servicios higiénicos que se instalaron y también al tratamiento de las aguas servidas de esas aldeas. También se consideró la asistencia técnica para los diferentes proyectos que en esa línea de trabajo requerían las municipalidades.
Tipología de Proyectos Aprobados Programa Mejoramiento Urbano, PMU en Zonas Afectadas por la Catástrofe
^@#@^Región
Aldeas
Asistencias Técnicas
Otros
Total
Monto (M$)
%
Valparaíso
5
5
189.816
2%
O’Higgins
4
13
2
19
796.705
8%
Maule
17
28
5
50
1.410.782
15%
Biobío
94
20
16
130
6.011.581
63%
Araucanía
4
1
5
182.600
2%
Metropolitana
17
11
28
987.007
10%
Total
115
87
35
237
9.578.491
100%
Nota: Desde Marzo del 2010 el Programa ha invertido un total de M$20.162.569 de los cuales M$9.578.491 corresponden a proyectos relacionados directamente con el terremoto.
Proyectos realizados en las Aldeas
Se realizaron 115 proyectos en 94 aldeas de la región del Bio Bío, 17 en la del Maule y 4 en la del Libertador Bernardo O’Higgins, que son las únicas regiones donde se construyeron aldeas producto del terremoto.
Hubo asistencias técnicas y otros proyectos, por un total de 9.578 millones 491 mil pesos, que se aportaron a través del PMB.
Además de los recursos del Programa de Mejoramiento Barrios y del Programa de Mejoramiento Urbano, se destinaron 10.000 millones pesos al Fondo Común Municipal, con el objeto de solventar los menores ingresos que recibirían algunas municipalidades a consecuencia del terremoto. Se hizo un cálculo para distribuir esos 10.000 millones de pesos antes de fin de año.
Pregunta efectuada al término de la presentación al Jefe del Equipo de la
Reconstrucción de la Subdere
Se consultó por los integrantes de la Comisión si dichos programas están solamente asignados o están en ejecución.
Respondió que ambas cosas pues están muy preocupados por la ejecución presupuestaria, dada la época del año en la que se encuentran, razón por la cual han agilizado los proyectos en las municipalidades. Precisó que el 95 por ciento de esto va a estar ejecutado antes de fin de año. En efecto, agregó que a la fecha tienen ejecutados el 98 por ciento del PMU y del PMB, en términos globales. Pero si se pone atención específicamente a los montos destinados al terremoto, se observa que están un poco más bajo que eso.
Finalmente hizo presente que hubo municipalidades que presentaron 5, 10 ó 20 proyectos, así es que como Subsecretaría, en coordinación con las URS regionales, analizan las prioridades y aprueban la cantidad de proyectos de acuerdo con los recursos que teníamos.
K. EXPERIENCIA DE ALGUNAS MUNICIPALIDADES
MUNICIPALIDAD DE TOMÉ
El Alcalde de la comuna de Tomé, señor Eduardo Aguilera , quien asistió con la mayoría de los integrantes del concejo de esa comuna, expuso a la Comisión24.
La comuna de Tomé fue fuertemente afectada por el terremoto y posterior maremoto del 27 de febrero del año pasado.
-Primeras labores
La Municipalidad ha realizado labores de retiro de escombros y limpieza con distintas fuentes de financiamiento. En el caso de la localidad de Dichato, los escombros acumulados en grandes volúmenes en un predio municipal, que era ocupado como cancha de fútbol, fueron retirados mediante un contrato celebrado entre la empresa Maquinarias Lomas Limitada y la Intendencia de la región del Biobío, por un monto de 420 millones de pesos. De acuerdo con las bases, se debían retirar 50 mil metros cúbicos de escombros, pero según lo que informó la propia empresa, sólo se retiraron 34.130 metros cúbicos.
Hasta el 30 de septiembre pasado, en el resto de la comuna, se habían retirado 5.500 metros cúbicos de escombros, con un costo para el municipio de 22 millones de pesos. Se hizo con vehículos de la Municipalidad, como retroexcavadoras, cargadores y camiones. Al momento de la exposición faltaba retirar aproximadamente 1.000 metros cúbicos, a un costo de 4 millones de pesos.
-Viviendas dañadas
En cuanto al catastro de viviendas dañadas, en la comuna hay un total aproximado de 3.398 viviendas con daños. De ellas, 2.103 resultaron completamente destruidas como consecuencia del terremoto y posterior tsunami y 1.295 sufrieron daños parciales.
A la fecha de la exposición, habitaban más de 850 familias en uno de los 13 campamentos o aldeas instaladas en la comuna, todas ellas en viviendas de emergencia.
Asimismo, se han instalado más de 1.900 viviendas de emergencia en sitios particulares o residentes. De ellas, sólo 538 han recibido el bono para mejoramiento de la vivienda, que fue el que se anunció en su oportunidad. La Municipalidad envió los oficios correspondientes al Ministerio del Interior y éste respondió que una vez concluido el proceso de entrega de las primeras viviendas, para las cuales les habían entregado 53 millones de pesos, se continuaría con el envío de recursos, lo que no sucedió, por lo que hay mucho malestar en la comuna de Tomé. Más del 50 por ciento de esas familias no ha recibido el bono de mejoramiento de la vivienda.
-Otras obras municipales
Respecto de las demoliciones, una vez superada la primera etapa, realizada íntegramente por el municipio, al 30 de septiembre, sólo se han presentado 51 permisos de demolición que no han sido de costo municipal.
En materia de educación, la totalidad de los 37 establecimientos educacionales que hay en la comuna, tanto de educación básica como media, resultó con algún nivel de daño, pero hubo 19 que quedaron severamente dañados, 5 de los cuales fueron considerados peligrosos como para recibir alumnos y alumnas en ellos.
El costo total de reparación asciende a 1.123 millones de pesos, considerando que las escuelas de Dichato, Cocholgüe, Carlos Manhs , Mariano Egaña y el Internado Municipal fueron reparadas o serán repuestas en el marco de Escuelas para Chile y con fondos propios del municipio.
Del total de los recursos en proceso de postulación, 560 millones de pesos corresponden a fondos regionales.
En cuanto a salud, afortunadamente ninguno de los 7 establecimientos de atención primaria de la comuna sufrió daños estructurales; sólo resultaron con daños menores y en equipamiento. En total se ha invertido un total de 50 millones 500 mil pesos en reparaciones y reposición de equipamiento, pero sólo se han recibido recursos extraordinarios por un monto de 4 millones 500 mil pesos para reposición de parte de la infraestructura de la posta de Dichato.
-Infraestructura Pública
Los principales problemas relacionados con la pérdida de infraestructura pública dicen relación con la necesaria reconstrucción de las localidades costeras -Dichato y Coliumo -, además de la necesidad de reconstruir vías públicas y veredas.
En materia de edificación pública, debe considerarse la destrucción de edificio consistorial, lo que implica grandes dificultades para brindar adecuada atención a nuestros habitantes. De hecho, la Municipalidad hoy funciona en dependencias arrendadas.
-Déficit Municipal
El municipio de Tomé ha tenido mayores gastos por un total de 748 millones 250 mil pesos por causa o con ocasión de las emergencias.
Del monto anterior, sólo se han recibido recursos extraordinarios por un total de 108 millones 786 mil pesos. Esos aportes se desglosan en tres acápites: 50 millones de pesos por concepto de emergencia, 5 millones de pesos para el contrato de arrendamiento de la aldea El Molino y 53 millones 786 mil pesos del programa Manos a la Obra, que corresponden al bono de 100 mil pesos que se asignó en su oportunidad para viviendas de emergencia.
Por lo tanto, el déficit presupuestario anual es de 639 millones 464 mil pesos.
Es necesario destacar que ese déficit presupuestario incluye tres conceptos que deben separarse:
-Gastos realizados mediante modificaciones del presupuesto municipal
Estos corresponden fundamentalmente a contrataciones de personal, arriendos de dependencias municipales, y terrenos para instalación de aldeas y becas que se entregó a los estudiantes de la localidad de Dichato afectados también por el terremoto y el tsunami. Estas acciones han implicado que inversiones previstas, principalmente en programas y proyectos, hayan dejado de ejecutarse.
-Mayores gastos en arriendo y compras de terreno para la habilitación
de campamentos.
Para esto, se solicitó a la Intendencia Regional, mediante oficio Nº 806 de junio de este año, los reembolsos correspondientes.
Por este concepto se han gastado 203 millones 114 mil pesos.
-Mayores gastos de funcionamiento
Estos corresponden a mayores costos en acciones tales como la compra de materiales de construcción, reposición y reparación de equipamiento computacional y horas extraordinarias pagadas al personal municipal.
Por este concepto se han pagado 300 millones 500 mil pesos.
Los gastos cobrados en noviembre 2010 al Ministerio del Interior corresponden a facturas por concepto de arriendo de maquinarias y combustible.
Este último monto, se informó mediante oficio número 49, dirigido a la Intendencia Regional , en abril de este año. A su vez, la Intendencia Regional lo solicitó a la Subsecretaría del Interior mediante oficio número 799, de 8 de julio de este año; quien, a su turno, hizo llegar la solicitud a la Dirección de Presupuestos, mediante oficio N° 10.744, de 17 de agosto de este mismo año. Finalmente, en noviembre, mediante resolución exenta del Ministerio del Interior N° 8.162, se transfirió al municipio la suma de 161 millones 24 mil pesos.
La demora en la cancelación de estos servicios a proveedores significó en muchos casos demandas de estos a los municipios.
-Principales acciones desarrolladas por el equipo EGIS municipal
Durante el primer semestre, el trabajo del municipio consistió en atender las necesidades generadas por la catástrofe del 27 de febrero. Entre las principales tareas desarrolladas está la evaluación de las viviendas siniestradas a través de la oficina EGIS-Viviendas. Hay 15 EGIS, pero no dan abasto con las necesidades del Municipio.
Junto a profesionales de la DOM y voluntarios se trabajó en: organización de los equipos de catastro, elaboración de fichas de catastro, visitas a las viviendas y levantamiento de catastro, digitalización de las fichas y elaboración de una base de datos actualizada permanentemente, informes periódicos de las viviendas afectadas en la comuna y entrega de materiales para reparaciones provisorias en las viviendas.
En estas reuniones se aplicó la ficha de inscripción y, posteriormente, se traspasó la información al sistema Rukan , completando un total de 4.313 inscritos. Esta inscripción ha sido ampliada por la Intendencia, quien incorporó un mayor número de familias de Dichato y Coliumo, sumando una inscripción total a la fecha de 4.639 familias.
Respecto a los subsidios de reconstrucción para atención a las familias damnificadas, es importante señalar que la comuna ha sido dividida en sectores, de los cuales Dichato y Coliumo están siendo trabajados directamente por la Intendencia y el Serviu, por tanto no se dispone de registros completos de damnificados en estos sectores. La EGIS municipal en tanto trabaja en los sectores de Tomé, Cocholgüe, Rafael y otros.
De la demanda total registrada por el municipio, de 4.313 postulantes a subsidios, 716 pertenecen a los sectores de Dichato y Coliumo, quedando un total de 2.686 postulantes, de los cuales 2.232 se inscribieron como recuperables y 1.462 como inhabitables.
En cuanto a los subsidios de reconstrucción, se ha recibido un documento del Ministerio de la Vivienda que informa sobre la cantidad de subsidios asignados en la comuna de Tomé, donde una buena parte de éstos aparece sólo con la calificación de Dichato o Coliumo, pero no tienen nombres ni RUT, es decir no están identificados. Por lo tanto, la Municipalidad carece de la información de las personas beneficiadas.
Para la reconstrucción de viviendas se trabajó en dos líneas de subsidios:
1. Programa de Construcción en Sitio Propio, CSP
En el caso de la construcción en sitio propio, la demanda es de 671 postulaciones, de las cuales se han postulado 338. A través de la EGIS municipal se han postulado 241 familias por proyecto tipo y 63 por sitio propio, que se encuentran en el banco de proyectos. Otras 34 familias han postulado directamente al Serviu. En 2011 se postulará a las restantes 289 familias que actualmente están en proceso de regularización de dominio de terreno, así como a otras viviendas en sectores de interés patrimonial.
2. Programa Fondo solidario de vivienda-construcción en nuevo terreno, CNT.
En cuanto a los proyectos de construcción en nuevo terreno, durante el presente año se trabaja en una serie de proyectos, que, además de dar solución a los damnificados, incorporan una cantidad de familias en postulación regular. Estos son:
Esperanza de Cocholgüe: proyecto en ejecución para 150 familias damnificadas que corresponden a las emergencias producidas en 2005, destrucción de viviendas y deslizamiento de terreno Caleta Grande. Elaborado por la EGIS Padre Hurtado en convenio con la EGIS municipal. La primera piedra de este proyecto —que se viene desarrollando desde principios del 2006- fue el 8 de septiembre de 2010.
Aposento Alto: proyecto en desarrollo para 120 familias damnificadas y 30 postulantes regulares. Elaborado por la EGIS municipal.
Villa Frutillares: proyecto en desarrollo para 60 familias damnificadas y 60 postulantes regulares. Elaborado por la EGIS municipal.
Nuevo Horizonte: proyecto en desarrollo para 586 familias, con un 20 por ciento de postulantes vía regular. Elaborado por la EGIS Areasur en convenio con la EGIS municipal.
Cocholgüe 2: proyecto en desarrollo para 300 familias damnificadas de Cocholgüe. Elaborado por la EGIS Padre Hurtado en convenio con la EGIS municipal.
Alto del Rary: Proyecto en estudio para 60 familias de Coliumo, damnificados y vía normal. Elaborado por la EGIS municipal.
Los Bagres: Proyecto en estudio para 80 familias de Coliumo, damnificados y vía normal. Elaborado por la EGIS municipal.
En reparación de viviendas existe un total de 2.135 postulaciones a reparación de viviendas en la comuna, de las cuales se han atendido alrededor de 1.334 postulaciones por la EGIS municipal y por EGIS privadas. A la fecha se encuentran terminadas alrededor de 70 viviendas y 210 con proyectos aprobados a la espera de iniciar obras.
De este total, 568 postulaciones corresponden al mejoramiento colectivo del sector de los bloques de Loma Larga, edificios Serviu que luego del terremoto quedaron con daños en sus áreas comunes. Actualmente está en postulación por una EGIS privada.
-Problemas en la entrega de subsidios.
Falta informe final de áreas de riesgo y erradicación. El terremoto y las múltiples réplicas activaron fallas geológicas en sectores puntuales de la comuna, generando deslizamientos de terrenos y poniendo en riesgo la vida de numerosas familias. Debido a esto se solicitó a Sernageomin un informe concluyente que a la fecha aún no ha sido entregado al municipio y, por lo tanto, no se sabe claramente cuáles son las familias que deben ser erradicadas en la caleta de Cocholgüe, en la caleta Los Bagres y en villa las Araucarias, determinado así quienes efectivamente deben postular a los subsidios.
-Falta de coordinación e información por parte del Serviu.
El trabajo de postulación se ha visto disminuido debido a numerosas trabas por parte del Serviu. No se respetan las resoluciones que permiten algunas excepciones para el caso de los damnificados, solicitando mayor cantidad de antecedentes que los establecidos por el check-list. En el caso del PPPF se solicitan gran cantidad de planos y permisos de edificación.
En el Fondo Solidario de Vivienda Sitio Propio no se ha respetado el ingreso a pre-banco, entregando nuevas revisiones. El no contestar correos ni solicitudes de documentos informativos es cada vez más común en el trabajo con el Serviu.
La postergación de permisos de edificación es conocida.
El municipio, de acuerdo con sus facultades, entregó permiso de edificación provisorio, especialmente en la localidad de Dichato, para que la gente pudiera iniciar tareas productivas y de esa manera poder generar algo de mano de obra en la comuna que está muy complicada con la cesantía.
La modificación del plano regulador también está en proceso. La Municipalidad ha insistido mucho en la necesidad de que estos procesos tengan una participación ciudadana.
Sólo se instrumentó desde el primer momento reuniones informativas, en las que no se recogían las inquietudes de los vecinos y tampoco los planteamientos que hacía el municipio, que fue invitado a componer esta comisión de reconstrucción del borde costero 18. Se señala como tal, porque involucra a 18 comunidades de la región afectadas por el terremoto y tsunami.
En su oportunidad, el Alcalde y el Concejo consideraron la necesidad de incorporar la participación ciudadana. De esa forma, el municipio realizó varias reuniones que permitieron ir consensuando con la comunidad las medidas que se estaban planteando en cada una de las localidades.
En el caso específico de Dichato, los vecinos se oponen a la expropiación de una franja del borde costero para implementar las medidas de mitigación.
Muchas de las medidas son aceptadas, pero no las expropiaciones. Hay inseguridad y desconfianza por la forma en que se han iniciado los procesos y se aduce que estos terrenos el día de mañana pueden tener otros destinos, perjudicando a los vecinos de la misma localidad.
Estos vecinos entregaron una nota a la señora Intendenta de la Región del Biobio , en la que expresan que tienen toda la disposición para discutirlo, pero quieren ser parte del proceso de estudios para ver qué es lo que definitivamente les afecta. Porque 20 metros más o 20 metros menos, o sacar una cantidad de casas, la verdad, es que no hay quién hoy pueda asegurar lo que ahí se haga, excepto los efectos que pudieran tener ante un nuevo evento, que quizá se puedan aminorar.
Hay que conversarlo y falta participación ciudadana, pero en el Diario Oficial ya se publicaron los decretos de expropiación. Por ejemplo, conozco el caso de una propiedad que antes del terremoto costaba 150 ó 200 millones de pesos, y con la expropiación les ofrecen 30. Entonces, obviamente en esas condiciones el propietario no está dispuesto a conversar, ni siquiera a negociar.
-Reconstrucción urbana
Después de la catástrofe del 27 de febrero, el gobierno regional de la región del Biobío creó un equipo de trabajo denominado el Plan de Reconstrucción del Borde Costero 18, denominado así porque incluye dentro de su propuesta 18 localidades ubicadas entre Cobquecura y Tirúa .
El objetivo es planificar la reconstrucción urbana de las localidades afectadas por el terremoto y tsunami, asegurando la calidad urbanística inclusiva e integral.
Una serie de organismos públicos y privados -municipios, universidades, gobierno regional, servicios públicos, asociaciones privadas-, forman parte de un directorio que tendría la función de asesorar en la toma de decisiones, facilitar la coordinación en el desarrollo del plan, apoyar en la concreción de los proyectos, asegurar la participación de actores relevantes directamente vinculados y promover acuerdos en la priorización de proyectos derivados del plan.
-El proceso de reconstrucción no está en marcha en la comuna.
Se señaló en su oportunidad que el proceso de reconstrucción de viviendas se había iniciado con 150 en Cocholgüe. Las 150 de Cocholgüe, cuya primera piedra se puso el año pasado, corresponden a la emergencia y catástrofe del 2005 y 2006. Por lo tanto, no hay viviendas construidas.
El 1 de octubre de 2010 se invitó a la Municipalidad a firmar un convenio con el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de la Vivienda y la Intendencia Regional, a través del Gobierno Regional, donde se establecieron cuarenta y tantas iniciativas que se iban a desarrollar en Tomé para el plan de reconstrucción.
Hoy se observa que en los planes del gobierno regional sólo trece de ellas tienen considerados recursos para hacer estudios, es decir en este año sólo se va a avanzar en estudios.
La preocupación de la Municipalidad es que hay alrededor de 3 mil personas que están en las aldeas y campamentos. Se hace insostenible pensar en que nuevamente van a vivir éste y el próximo invierno en 18 metros cuadrados de construcción, con todas las dificultades que esto significa.
Por otro lado, se informa oficialmente que los recursos ya se han derivado a los municipios y que se han inyectado nuevos recursos, por lo tanto, la Municipalidad es presionada por los habitantes de la comuna, pero ello no corresponde a la realidad. Por el contrario, hay un déficit de 639 millones de pesos, que se arrastra de 2010, lo que va a complicar la gestión. Los subsidios incrementan el presupuesto municipal en 50 millones este año 2011. Por lo tanto, los grandes gastos se hicieron en 2010.
-Contratación de profesionales
En diciembre 2010, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo envió a la Municipalidad un oficio que señalaba que podían contratar dos nuevos profesionales para apoyar la gestión de la EGIS y que ayudaran en la gran cantidad de proyectos que tenían ingresados al Serviu y que han sufrido demoras.
Preguntas efectuadas por los integrantes de la Comisión, al señor Alcalde de Tomé
1.- Asesores especiales del Minvu:
Se le consultó si del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo han recibido asesores, colaboradores nuevos, que no formaban parte antes ni de su planta ni de las colaboraciones habituales, que los ayuden en los procesos de preparación de proyectos, construcción de especificaciones técnicas, elaboración de planos y procesamiento de los subsidios.
Respondió que en diciembre recibieron de parte del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo un oficio en el que se les informaba que existía la posibilidad de contratar dos nuevos profesionales para apoyar la gestión de la EGIS y para ayudar en la gran cantidad de proyectos que habían ingresados en el Serviu .
2.- Endeudamiento del municipio: A cuánto asciende la deuda del municipio.
Señaló que en la actualidad su déficit es de 639 millones de pesos, cifra que es real y que afectará el presupuesto municipal para el año 2011.
3.- Expropiación y borde costero en la comuna: avances de dichas obras en la comuna, y si se le ha comunicado por el Gobierno central las decisiones sobre esas materias, principalmente, la participación ciudadana en los planes de reconstrucción.
Respondió que los vecinos de Dichato están de acuerdo con la implementación de medidas de mitigación, pero no ocurre lo mismo en materia de expropiación, lo cual obedece, principalmente, a las desconfianzas que se han generado a raíz de que no se llevó a cabo un proceso de participación, aspecto que incluso quienes representan a esos vecinos han señalado públicamente. De hecho, comentó que dichos representantes entregaron una nota a la intendenta de la Región del Biobío en tal sentido, en la que expresan que tienen toda la disposición para trabajar esos temas, pero que quieren ser parte del proceso de estudios, a fin de que se determine qué es lo que en definitiva los afecta.
Acusa falta de participación ciudadana, y en tal sentido, comentó que es preocupante el hecho que ya se han publicado en el Diario Oficial, los decretos de expropiación, en circunstancias de que no ha habido un proceso de participación de los vecinos afectados.
MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO
El Alcalde de la comuna de Talcahuano, señor Gastón Saavedra Chandía , quien asistió acompañado por el secretario comunal de planificación de Talcahuano, señor Rubén Sandoval Gangas , y el asesor jurídico de la municipalidad de Talcahuano, señor Enrique Hinostroza Sanhueza , expuso a la Comisión25.
-Recursos recibidos por la Municipalidad
A las arcas del municipio han ingresado, con fecha 22 de marzo de 2010, 50 millones de pesos de parte de la Subsecretaría de Desarrollo Regional.
Con fecha 28 de diciembre de 2010, ingresaron 183 millones de pesos. Por lo tanto, el aporte total de los fondos enviados por el Ministerio del Interior al municipio de Talcahuano asciende a 233 millones de pesos.
Luego hay que agregar los fondos municipales, lo que el municipio ha invertido en bienes, servicios y consumo; transferencias al sector privado correspondientes a ayuda social, de emergencia, como servicios funerarios y otros elementos; adquisición de activos no financieros; vehículos post terremoto, camiones, retroexcavadoras, minicargadores y barredoras; radios, transistores y bombas para sacar agua; equipos informáticos del programa Manos a la Obra, porque sólo el 10 de enero 2011 llegó la disposición de los materiales; habilitación de oficinas municipales en el ex Liceo C 25, porque el edificio municipal hay que demolerlo producto del colapso estructural que éste tiene.
En suma, el municipio, hasta el día 10 de enero 2011, tiene invertidos con recursos propios, 568.549.172 pesos, y aún tiene una deuda pendiente de 295.982.446 pesos, por lo tanto, el total de gastos adicionales del municipio asciende a 864.531.618 pesos.
Los recursos aprobados por la Subsecretaría de Desarrollo Regional en el transcurso del 2010, se gastaron en reparación de colegios. En general, corresponden a PMU-FRIL. El monto es 684.208.000 que corresponde a reparación de colegios y área salud.
GASTOS DE LOS FONDOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR
Denominación
Monto
Pagado $
Servicios de achique y retiro de aguas Coliseo la tortuga y Acceso Edificio Prat
10.948.000
Arriendo Camión desde el 21 de marzo al 09 de Abril
2.9980.000
Arriendo Camión desde el 15 de Marzo al 09 de Abril por Emergencia
10.067.400
Arriendo de Vehículo entre el 01 y 31 de Marzo
700.000
Motobomba y Arriendo de Generadores para Uso Complejo C.A.P.
3.549.175
Servicio Grúa Horquilla para Movimiento Materiales y Alimentos
1.570.800
Traslado de 3 Módulos desde Complejo Deportivo a edificio Público y Descarga Contenedor
368.900
Arriendo Grúa Horquilla para Movimiento de Materiales y Alimentos
747.125
Retiro de Aguas y Limpieza de Sótanos Edificios de Deptos Ubicados entre calles Blanco Encalada , Bulnes , Colon y San Martín
15.672.300
Arriendo Camión desde el 15 de Marzo al 04 de Abril por Emergencia
10.067.400
Sub Total
50.000.000
Consumo Combustible Vehículos de Emergencia (PDI, Carabineros, Ambulancias, Bomberos)
43.868.325
Retiro y Acopio Residuos a Consecuencia Terremoto
139.131.675
Sub Total
183.000.000
Total aporte Ministerio del Interior
233.000.000
-Proyectos aprobados de recursos provenientes del fondo regional, de iniciativa
local, FRIL, 2010
Conservación de muro perimetral del Cementerio Nº1 por 45 millones de pesos; conservación muro perimetral del Cementerio Nº2 de Talcahuano por 30 millones de pesos, lo que suma 75 millones de pesos.
-Viviendas de emergencia para las aldeas
El plan Manos a la Obra 1, significó a Talcahuano 316 millones de pesos, pero, no en recursos frescos para las arcas municipales, sino, en materiales que hubo que retirar en Construmart Easy y Sodimac. Hay que considerar que se trataba de un aporte de 300 mil pesos por familia, incluido el IVA y el transporte, que lo asumió el municipio porque, de lo contrario, no alcanzaba el recurso. El aporte cubrió mil 200 casos.
El Programa Manos a la Obra 2, que era específicamente para las viviendas de emergencias o mediaguas, alcanzó los 174 millones de pesos, que tampoco fueron recursos frescos, sino en los mismos términos anteriores, lo único que varió fue que hubo otro tipo de comercio, y se trató de mil 500 viviendas de emergencia.
Con la acción del municipio y la Armada se ha instalado a la fecha en la comuna mil 614 viviendas de emergencia, de las cuales 365 forman parte de las Aldeas Maryland, 75; San Juan , 23, y Fernando Paz , 37, todas ubicadas en Tumbes, y Salinas , 75; El Morro , 102, e Higueras , 53. Faltó agregar en la presentación Santa Julia , que es parte de uno de los cerros de Talcahuano donde también se construyeron mediaguas.
En las aldeas se han incorporado obras de saneamiento sanitario, como módulos de baños y plantas de tratamiento, además de mejorar la estabilización de las circulaciones y accesos.
A la fecha, el municipio asumió el cargo por consumo de las baterías sanitarias instaladas en estas aldeas y se acordó con la sanitaria Essbio la estimación presupuestaria de conexiones individuales para las mediaguas de los campamentos con el consumo de cargo a cada usuario.
En cuanto a las baterías sanitarias, el gasto en el agua como la energía, porque tiene una planta de reconversión de aguas negras en este caso, lo asume el municipio.
-Situación actual de la reconstrucción
El Ministerio conoce el catastro de damnificados con direcciones, RUT y estado de la certificación DOM -la Dirección de Obras Municipales emitió 22 mil certificados en la ciudad, tanto para postulación a los PPPF26, como para construcción de viviendas nuevas, reparación y otras inhabitables, que eran las categorías que tenía uno u otro certificado-, la Dirección de Obras Municipales emitió carta certificada a cada uno de los afectados llamándoles a concurrir a los Serviu regionales a inscribirse directamente allí, dejando de lado la acción de los municipios en este proceso. Eso también ocurrió y es reiterativo.
Respecto de la reparación de viviendas a través del subsidio para reparación del Programa de Protección del Patrimonio Familiar, PPPF, a la fecha se encuentran ingresados al Serviu de la Región del Biobío 128 proyectos en distintos estados, con 3.572 viviendas que postulan a este subsidio de 50 UF. Estos proyectos fueron presentados por EGIS, Entidades de Gestión Inmobiliaria Social, tanto privadas como municipales, quienes son las encargadas de evaluar los daños a reparar, realizar los presupuestos y contactar a las empresas constructoras que realizarán las obras. Sólo 2.127 viviendas han sido beneficiadas con la reparación con proyecto aprobado. A la fecha se encuentran ingresados al Serviu Región del Biobío 128 proyectos en distintos estados con 3.572 viviendas que postulan a este subsidio de 50 UF. Estos proyectos fueron presentados por EGIS, entidades de gestión inmobiliaria social, tanto privadas como municipales, quienes son las encargadas de evaluar los daños a reparar, realizar los presupuestos y contactar a las empresas constructoras que realizarán las obras. Sólo 2.127 viviendas han sido beneficiadas con la reparación del proyecto aprobado. A la fecha el ministerio tiene una asignación para 1.155 subsidios PPPF.
Respecto del resumen de familias damnificadas ingresadas por el municipio al sistema Rukan27, recuperable, 5.959; inhabitable, 1.384. Total digitado por apertura de Rukan, solicitudes fuera de plazo del cierre del proceso, conseguidas a través del ministerio, recuperable, 1.599; inhabitable, 1.092. Total ingresado en Rukan por el municipio, recuperable, 7.558; inhabitable, 2.476. El total de fichas de damnificados ingresados al sistema Rukan , a la fecha, 10.034.
-Los recursos
El 22 de marzo de 2010 a través de la Subdere ingresaron 50 millones al municipio, cuyo desglose está en la página 2 y 3. El 28 de diciembre de 2010 ingresaron 183 millones de pesos, gastados en consumo de combustible en vehículos de emergencia y el retiro y acopio de residuos como consecuencia de terremoto. Ambos aportes suman 233 millones de pesos.
Hasta ahora van cancelados 568 millones de pesos de un total de 864 millones de pesos. El mayor problema está en el tercer ítem, que es adquisición de activos no financieros, vehículos que se tuvo que comprar para el trabajo.
Después están todos los proyectos que son aprobados con recursos de la Secretaría de Desarrollo Regional en 2010, escuelas y consultorios, esencialmente, que dan un total de 684 millones de pesos.
Luego están los FRIL, que son esencialmente para el muro perimetral del cementerio N° 1 y N° 2 por un monto de 75 millones de pesos ambos y había viviendas de emergencias y aldeas en donde el plan Manos a la Obra I, significó un monto de 316 millones de pesos para 1.200 soluciones que se le entregaron a los vecinos. No fueron recursos frescos, no fueron ingresos financieros, sino que materiales que se obtuvieron de los tres centros de compra que definió el Gobierno.
Lo mismo que el plan Manos a la Obra II, que alcanzó un monto de 174 millones de pesos para 1.500 soluciones, fue esencialmente para las mediaguas.
Luego está el desglose de la ubicación de las diferentes mediaguas en la ciudad y el municipio que está asumiendo el costo del agua que allí se utiliza y el consumo de energía, porque tiene un sistema de reciclaje de aguas.
-Otros ingresos
Están en la página en donde figuran los diferentes ingresos que se hicieron al Rukan, en fechas distintas. Una, el 27 de julio de 2010, que eran 5 mil 959 recuperables e inhabitables, mil 300. Posteriormente, hubo otro ingreso. En suma, de 7 mil 558 recuperables y 2 mil 476 inhabitables, sumado eso da 10 mil 34. En resumen, familias damnificadas por Serviu hay directamente, como es el caso de Centinela, 523 familias.
El resumen de beneficiarios con subsidio en la comuna. Total de asignación de subsidio, 2 mil 322; subsidios PPPF, mil 100 asignaciones. La fuente es una carta de la señora ministra de Vivienda , de fecha 15 de noviembre de 2010 con información de asignación de beneficios corte al 30 de octubre de 2010..
-Problemas
REPARACIONES: Existe un gran número de viviendas, sobre todo en los cerros de Talcahuano que no pueden acceder a este subsidio porque el monto de 50 UF no cubre los daños y Serviu los cataloga como no objeto del programa. Es preciso señalar que estas viviendas cuentan con Certificados de Vivienda Reparable emitido por la DOM.
CONSTRUCCIÓN SITIO RESIDENTE: Muchas de las viviendas de este subsidio, principalmente en los cerros, presentan problemas de costos ya que la situación de muros de contención, movimientos de tierras y saneamiento sanitarios no son cubiertos por los actuales montos que contempla el subsidio.
Se propone que para Talcahuano se apliquen estos aportes adicionales directamente, es decir UF 75 + UF 380
A la fecha en la comuna no se ha desarrollado ningún proyecto (obra en ejecución) para Construcción en Sitio Propio.2.
INFORMACIÓN: De igual forma, expresó que el Municipio necesita información acerca de cronogramas y avances en el proceso de licitación de la recuperación de Asmar, que tiene que ver con la reconstrucción del empleo en las ciudades, por se una empresa emblemática, no solo de Talcahuano, sino en el país.
También reiteró, el anuncio del Presidente , en su última visita, con motivo de la celebración de la fiesta de Navidad, que se requiere la compra del terreno de la ex pesquera Iquique para la instalación de las viviendas en la caleta El Morro.
El Alcalde reiteró que con los montos de los subsidios va a ser imposible reparar techos, construir paredes o muros de contención para levantar casas nuevas.
DÉFICIT MUNICIPAL. En el área de la Salud no hay déficit debido al trabajo del Municipio. En el área de la Educación se han fusionado colegios, es decir, se está haciendo lo que otros alcaldes no han querido hacer o lo ha hecho el Ministerio. Con eso estamos reduciendo también el déficit.
Llevan 6 mil luminarias cambiadas por la vía del ahorro energético, y van a cambiar 12 mil más por esa vía.
En cuanto a la captación de recursos, el año pasado aumentaron cerca de 34 por ciento la captación de recursos por concepto de patentes de automóviles, ayudando a otros con lo que se repartieron 10 mil millones de pesos. A Talcahuano, como están constituidos los polinomios del Fondo Común Municipal, le tocó 117 millones de pesos, porque esto no mide gastos, sino que mide menos ingresos y este año sí van a tener una tremenda dificultad, debido a que como cayeron muchos edificios y quedaron sitios vacíos vamos a tener una pérdida de 800 millones de pesos. Eso ya está calculado y se preparan para aquello, por ejemplo, van a informatizar la Dirección de Obras Municipales para mejorar la captación de recursos.
Tienen un directorio de gestión tanto inmobiliario como de desarrollo económico que constituyeron con empresarios y el aparato público en Talcahuano. El paso próximo es la constitución de una corporación de desarrollo para Talcahuano para aprovechar la ley de donaciones y con ello tener recursos privados para el desarrollo de Talcahuano en esta nueva etapa.
Preguntas efectuadas por los integrantes de la Comisión al señor Alcalde
de Talcahuano28.
1.- Existencia de compromiso del Gobierno para resolver el déficit presupuestario de la Municipalidad producto del terremoto y en concreto, cómo maneja el municipio la situación.
Contestó que en el área de Educación, han fusionado colegios; es decir, están desarrollando lo que otros alcaldes no han querido hacer, y con la medida también estamos reduciendo el déficit.
Agregó que están cambiando luminarias. Se han cambiado 6 mil por la vía del ahorro energético, y quedan por cambiar 12 mil más, para lograr ahorrar, pues el gasto es gigantesco.
En cuanto a la captación de recursos, explicó que el año pasado aumentaron cerca de 34 por ciento por concepto de permiso de circulación de automóviles, pero que cuando hubo que hacer la repartición de esos 10 mil millones de pesos, a Talcahuano, como están constituidos los polinomios del Fondo Común Municipal, le tocaron 117 millones, porque esto no mide gastos, es decir, menos ingresos, y este año van a tener una tremenda dificultad, debido a que, como cayeron muchos edificios y quedaron sitios vacíos, tendrán una pérdida de 800 millones de pesos por patentes territoriales. Para afrontar dicha situación, señaló como ejemplo que van a informatizar la Dirección de Obras Municipales para mejorar la captación de recursos. En tal sentido cuentan con un directorio de gestión inmobiliaria y de desarrollo económico que constituyeron con empresarios y con el aparato público en Talcahuano. El próximo paso es la constitución de una corporación de desarrollo de la ciudad para aprovechar la ley de donaciones, a fin de tener recursos privados para ello en esta nueva etapa.
Con respecto al plan regulador de la comuna de Talcahuano, señaló que falta sólo un informe de la Seremi de Medio Ambiente y que han implementado una serie de iniciativas, como por ejemplo, mejorar las alturas y los índices de constructibilidad, para seducir a los inversionistas y valorar más los terrenos disponibles.
2.- Situación y solución proyectada para el conjunto habitacional Centinela II .
Expresó que debían sentarse a la mesa todos los involucrados, es decir, el gobierno regional, el Serviu, la ministra y el municipio y tener la mejor disposición para arreglar los problemas legales de ese edificio emblemático de Talcahuano, el que se arrastra por muchos años antes del desastre; es necesario saber qué familias, de las 600, van a contar con subsidio de compra de viviendas usadas. Solicitan al Ministerio que se les permita ayudar a tramitar.
MUNICIPALIDAD DE MAULE
El alcalde de Maule , que además es Presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región del Maule , señor Iván Riveros Silva , expuso a la Comisión29.
-Se necesita extraer enseñanzas de la experiencia
Hay treinta municipalidades de la región del Maule, cada una con daño bastante considerable, algunas con terremoto y otras con terremoto y tsunami. De la experiencia vivida se debe reconstruir la información, desde las funciones que deben tener los alcaldes, los gobernadores y los intendentes en caso de terremoto, pasando por la función de los medios de comunicación.
-Áreas acción de la Municipalidad
La Séptima Región ha dividido esta catástrofe con los municipios en tres grandes áreas. La primera es la sobrevivencia, la segunda es la emergencia y la tercera es la reconstrucción.
La sobrevivencia fue tareas de los primeros días, donde se trabajó en la recuperación de los caminos, la habilitación de la luz, del agua, la repartición de alimentos y todo lo que tenía que ver con la sobrevivencia de las personas.
La segunda etapa, la de la emergencia, se concentró en la distribución de las mediaguas, la demolición de las casas que estaban con daño estructural y la elaboración del catastro de los damnificados.
Las solicitadas fueron 25.495 y la necesidad estimada por la Intendencia fue de 21.543.
Se entregaron 22.683 mediaguas en la comuna. 9.572 proporcionadas por el Comité de Emergencia, 8.009 por Un Techo para Chile, 730 por el FOSIS, 2.932 por la Municipalidad y 1.440 por otras instituciones privadas.
-Problemas
En Maule se entregaron algunas mediaguas en comodato. Otros alcaldes no las entregaron con comodato porque las entregas las hacían obviamente las municipalidades, según su apreciación. El problema detectado con posterioridad fue que no toda la gente está viviendo en las mediaguas. Algunas las están utilizando para otras cosas, porque se consiguieron una casa mejor o pudieron optar a una vivienda mejor con fondos propios. Esas familias las usan como bodegas.
Cualquier investigación que haga la Contraloría, en cualquier comuna de las doscientas damnificadas de Chile, se va a encontrar con que existe ese problema, pero en Maule se podrá recuperar esas mediaguas, si es que se puede entrar a propiedad privada a retirarlas.
La electrificación a las mediaguas se iba a hacer a través de una especie de subsidio a las empresas eléctricas, pero es necesario establecer algunos puntos que den mayor claridad.
Pese a la inversión que hizo el Estado de Chile a través del Cuerpo Militar del Trabajo, hay un 15 por ciento de las comunas, en promedio, a las que les falta el proceso de demolición y se ignora si lo hará el Gobierno con sus recursos o será a través de financiamiento municipal.
Eso hay que resolverlo, si se hará con recursos públicos o si se va a esperar a que la gente lo haga con recursos personales.
-Tipos de construcción
Existen distintos tipos de reconstrucción: la productiva, la patrimonial, la de obras estatales y la de viviendas.
En la reconstrucción productiva se han puesto los recursos necesarios para recuperar canales de riego y caminos.
La reconstrucción patrimonial está dirigida a los que tienen la característica de patrimonio del Estado. Lamentablemente, muchas instituciones, las iglesias evangélicas y católicas, no han podido entrar en el proceso porque no tienen fondos o los recursos necesarios, a menos que hayan sido declaradas patrimonio cultural.
En la reconstrucción de obras se está trabajando con la Subsecretaría de Desarrollo Regional para establecer una cartera de proyectos a la que entrarán con inversiones del presupuesto 2011.
Asimismo, en la Región del Maule, la Subsecretaría se ha comprometido a contratar a 15 profesionales, no sólo para establecer los proyectos de construcción de las obras en edificios municipales, consultorios o plazas, sino también para contribuir en la construcción de los proyectos, los que llegarán a partir del 15 de enero.
En la reconstrucción de viviendas se ha detectado dos o tres problemas fundamentales, siendo uno de ellos el relacionado con la información porque no es lo mismo la asignación del subsidio que la materialización de la construcción de la vivienda y menos que esté terminada.
Las EGIS están capturando a todas las personas que tienen subsidios y eso es tremendamente peligroso porque hay gente a la que inscribieron hace tres o cuatro meses y los papeles de la postulación no se han movido.
Existen dos tipos de municipalidades frente al proceso de reconstrucción de las viviendas: Las que hicieron el catastro y tienen EGIS pueden tener un contacto más cercano con las postulaciones al Serviu, porque con la demanda que logren captar controlan el sistema; pero en la región del Maule, el 50 por ciento de las municipalidades no tienen EGIS, por lo tanto, están desconectados del proceso de reconstrucción y con ello las Municipalidades carecen de información.
Además, el Gobierno hizo un convenio con Correos de Chile, ni siquiera con los municipios, para establecer cuál es el grado de información que tiene un particular, un vecino. Ingresa con su cédula de identidad a la página de Correos y saca la información respecto del grado de postulación en la que se encuentra.
La Municipalidad ha pedido al Ministerio que entregue esta información a los municipios para tener algún grado de participación. Actualmente, se entregan los subsidios, PPPF o de compra DFL 40 o el que establece la construcción definitiva de la vivienda, pero la Municipalidad ignora en qué proceso se encuentran sus damnificados.
En Maule hay 4.000 damnificados, pero la municipalidad desconoce si están postulando, con cuál EGIS lo están haciendo y desde cuándo.
Tal vez todos tienen EGIS, pero no todos están postulando ni dentro del proceso definitivo de la postulación.
El Serviu va a colaborar con la incorporación de funcionarios a los departamentos de obras municipales para establecer la recepción de las viviendas que se están construyendo.
El Subsecretario del Interior se comprometió a entregar 15 profesionales de apoyo directo a la constitución de los proyectos y dejar establecidos los fondos de financiamiento, tanto a través del Fondo Común Municipal, como los de PMU y PMB, que tienen una glosa especial, para establecer la recuperación a través de esos proyectos.
La Municipalidad quiere ayudar a fiscalizar y que la EGIS cumplan, porque a ellas se les da todo y luego no informan adecuadamente.
Preguntas efectuadas al Alcalde de Maule
1.- Participación de los municipios en instancias gubernamentales, particularmente Subdere, para la elaboración de los programas de reconstrucción en sus respectivas comunas.
Respondió que han tenido cuatro reuniones con el señor subsecretario; dos en la región, una en La Moneda y otra en la localidad de Duao. Dentro de su proceso, estaba el hecho de establecer la estrategia de inversión, entendiendo que en 2011 se va a aplicar con mayor fuerza el Presupuesto de la Nación. Por lo tanto, querían prepararse para tener la mayor cantidad de proyectos, para establecer esa línea de financiamiento y lograr mejor eficiencia y eficacia.
Agregó que el señor subsecretario se comprometió a tener 15 profesionales de apoyo directo a la constitución de los proyectos, y dejar establecidos los fondos de financiamiento, tanto a través del Fondo Común Municipal, como del PMU y del PMB, que tienen una glosa especial para establecer la recuperación.
2.- Sistema de comunicación en lo relativo a la información de los subsidios otorgados por el Ministerio de la Vivienda.
Explicó que la solución pasa precisamente porque el centro de información que tiene Correos de Chile también lo tengan las municipalidades; enfatizó en la necesidad de contar con un sistema de seguimiento en que las EGIS les vayan comunicando quiénes están postulando y desde cuándo, para hacer un seguimiento en el municipio. Manifestó que no le parece justo que tengan a los vecinos como clientes cautivos a los que no les permitan postular, pues en el fondo nadie los controla ni fiscaliza, lo que produce un monopolio.
Manifestó que es de su interés participar en la fiscalización del cumplimiento de las labores de las EGIS, porque en el fondo, son los municipios los que les proporcionan la información: el catastro, oficina, y que sin embargo, en el momento de la postulación, las EGIS no les informan quienes son los postulantes, o los que faltan.
-o-
Con fecha 15 de diciembre de 2010, la Contraloría General de la República, en cumplimiento de su plan anual de fiscalización efectuó una auditoría en la Oficina Nacional de Emergencia, Onemi , respecto de las operaciones realizadas durante el período comprendido entre 27 de febrero y 30 de abril, de 2010, con ocasión del terremoto ocurrido en el país, ante lo cual, la Comisión requirió de las personas involucradas mayores antecedentes.
L.- ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE EMERGENCIA OBSERVADAS POR LA CONTRALORÍA
1.- El Contralor General de la República , señor Ramiro Mendoza Zúñiga , explicó el informe de auditoría efectuado en la Oficina Nacional de Emergencia, en los siguientes términos:
I. Antecedentes generales:
a) El impacto del 27/F en la planificación anual de la Contraloría.
Señaló en primer lugar, que el terremoto provocó una modificación al Plan Anual de Auditoría de la Contraloría, eliminando programas en las regiones afectadas para liberar horas y contar con los recursos humanos necesarios para incorporar los Programas de Emergencia. Agregó que a partir del 1 de marzo del año 2010 se iniciaron las auditorías con una visión integral que abarca los diversos sectores involucrados. Comentó al respecto que han tratado de que esa fiscalización sea operativa y no obstructiva, pues entienden que el control a veces no es un buen socio de las emergencias, ya que el gasto público se tiene que ir desarrollando de manera muy rápida para brindar la solución y la satisfacción que requiere la colectividad. Por lo tanto, ha sido una fiscalización bastante colaboradora, pero no por ello menos rigurosa y menos eficaz.
b) Programas ejecutados Post Terremoto.
A continuación, se refirió de modo general, a los 38 programas ejecutados a la fecha de la auditoría y que fueron fiscalizados. Se hace presente que respecto a estas auditorías, el Contralor dejó a disposición de la Comisión el listado completo, con su respectivo estado de avance.
1.- Transferencias del Min. Interior a Municipios para atender la emergencia y la correcta ejecución por estos últimos. Programa Manos a la Obra (Homecenter, Easy, Construmart) que debía entregar materiales para reconstrucción de viviendas, su entrega, control, etc.
2.- Programa Volvamos a la Mar, destinado a la reparación y/o compra de botes y artes de pesca, cuyo pre informe final está en preparación.
3.- Plan de Alimentación a la población de las zonas afectadas, informe final evacuado y publicado en la página web de la Contraloría.
Respecto de este programa, el Contralor precisó que en este caso hubo una serie de órdenes de compra que se cursaron a empresas concesionarias del programa de alimentación escolar por alrededor de 7.985 millones de pesos, y que a raíz de los reparos de Contraloría, se está haciendo la devolución de los recursos, es decir antes de que se inicien las acciones de reparo o acciones de denuncia ante los tribunales, muchas empresas han devuelto los recursos públicos que habían recibido.
4.- Programa de Donaciones (Min. Interior, Aduanas - revisión en pasos fronterizos, Onemi ). Control del flujo de los recursos y especies recibidas, su llegada, registro, administración y su efectivo empleo en la emergencia. En el caso de las especies, sus controles aduaneros, sanitarios, etc. Informe final en preparación.
5.- Revisión de Transferencias del Fondo de Emergencias del Min. Educación. Informe final evacuado y publicado en la página web de la Contraloría.
6.- Convenio del Cuerpo Militar del Trabajo, pre informe en preparación.
7.- Revisión de las transferencias efectuadas por la SUBDERE para la adquisición de especies como containers y otros destinados a mantener en funcionamiento los servicios públicos, informe final evacuado y publicado en la página web de la Contraloría.
8.- Emergencias Agrícolas (INDAP), examen a las bonificaciones de emergencia entregadas por dicha entidad a los pequeños productores agrícolas y/o habitantes rurales de los sectores declarados con emergencia. Informe final evacuado y publicado en la página web de la contraloría.
9.- Subsecretaría de Salud Pública, el objeto fue validar los aspectos administrativos y contables relacionados con el proceso de adquisiciones, tanto de bienes y servicios de consumo como de activos no financieros con motivo del terremoto, en la zona centro-sur, informe evacuado y publicado en la página web de la Contraloría.
10.- Fichas de Emergencia, verificar el correcto uso de los recursos transferidos por Mideplan. Informe evacuado y publicado en la página web de la Contraloría.
11.- Fosis, programa especial de emergencia. Pre informe despachado.
12.- Corfo, fondo de cobertura para PYMES. Pre informe por despachar.
13.- Sercotec, Subsidio de Reconstrucción. Auditoría en proceso.
14.- Secretaria y Administracion General de Hacienda, subsidios partida 50, Tesoro Público (ONG). Informe evacuado y publicado en la página web de la Contraloría.
15.- Municipalidades (Las Condes, La Reina, Providencia , Vitacura, Lo Barnechea , Transferencias de Emergencia. Informe evacuado y publicado en la página web de la Contraloría. Informe evacuado y publicado en la página web de la Contraloría.
16.- Municipalidad de Isla de Maipo. Informe evacuado y publicado en la página web de la Contraloría. Informe evacuado y publicado en la página web de la Contraloría.
17.- Municipalidad de Padre Hurtado . Informe evacuado y publicado en la página web de la Contraloría. Informe evacuado y publicado en la página web de la Contraloría.
18.- Municipalidad de Colina. Informe evacuado y publicado en la página web de la Contraloría.
19.- Municipalidad de Huechuraba. Informe evacuado y publicado en la página web de la Contraloría.
20.- Municipalidad de Lo Prado. Informe final por despachar.
21.- Municipalidad de Pirque. Informe final por despachar.
22.- Municipalidad San José de Maipo. Informe final por despachar.
23.- Municipalidad de Til Til. Informe final por despachar.
24.-Municipalidad de Paine. Informe final por despachar.
25.- Municipalidad de Quilicura. Informe final por despachar.
26.- Municipalidad de Nuñoa. Informe final por despachar
27.- Municipalidad de San Miguel. Pre informe despachado.
28.- Asociación Chilena de Municipalidades, Investigación Especial sobre centros de acopio de donaciones. Informe evacuado y publicado en la página web de la Contraloría.
29.- Sobre Programas especiales de auditoría constructivas de infraestructura en lo que respecta a viviendas. Informe evacuado y publicado en la página web de la Contraloría.
30.- Programas de soluciones habitacionales post terremoto. Informe evacuado y publicado en la página web de la Contraloría.
31.- Auditoría post terremoto, sobre fondos ministeriales para la reparación techumbres Villa Olímpica - Nuñoa. Informe evacuado y publicado en la página web de la Contraloría.
32.- Sobre auditoría a inversiones en infraestructura, obras de emergencia. Informe evacuado y publicado en la página web de la Contraloría.
33.- Auditoría constructiva al programa de mejoramiento urbano y equipamiento comunal, subprograma de emergencia para establecimientos educacionales. Pre informe despachado.
34.- Auditoría al programa de emergencia y reconstrucción post terremoto. Pre informe despachado.
35.- Auditoría obras de emergencia, reconstrucción de edificación hospitalaria. Pre informe despachado.
36.- Auditoría a conservación de caletas en la Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas. Informe evacuado y publicado en la página web de la Contraloría.
37.- Auditoría a obras viales concesionadas en etapa de explotación, en la coordinación de concesiones de obras públicas, del Ministerio de Obras Públicas. Informe evacuado y publicado en la página web de la Contraloría.
38.- Auditoría efectuada a “contratos de inversión en rehabilitación post-terremoto”, celebrado entre la Empresa de Ferrocarriles del Estado y varios contratistas. Informe evacuado y publicado en la página web de la Contraloría.
II. Informe Final N°150, Oficina Nacional de Emergencia-Onemi.
El Contralor, abordó como tercer punto y final de su presentación, los principales hallazgos u observaciones realizados respecto del proceso de adquisición de viviendas de emergencias realizadas a través de la Onemi, materia del informe en referencia y cuyo texto quedó a disposición de las señoras y señores diputados.
Breve descripción del informe.
En informe contiene las observaciones realizadas por el órgano contralor durante el proceso de fiscalización año 2010 a la Onemi, respecto de las operaciones realizadas entre el 27 de febrero del 2010 y el 30 de abril del mismo año.
Como antecedente general, se señala que con motivo del terremoto del 27/F el Ministerio del Interior mediante decreto N°150 del año 2010, declaró como zona de catástrofe a las regiones V, VI, VII, VIII, IX y Metropolitana y que dentro de tal contexto la Onemi dio respuesta a las necesidades derivadas del terremoto con su presupuesto y el stock que mantenía en sus bodegas, posteriormente, la Subsecretaría del Interior, transfirió fondos especiales de emergencia a fin de adquirir elementos para ser distribuidos en las regiones afectadas y reponer su nivel crítico de stock.
El informe consta de tres acápites, el primero de ellos, sobre control interno; el segundo examen de cuenta sobre la inversión de fondos de emergencia transferidos a Onemi y el tercero hace referencia a observaciones regionales determinadas. Su resultado es producto del análisis de las respuestas recibidas y de los documentos aportados ante el órgano contralor, por la Institución fiscalizada.
Marco Regulatorio del Proceso de Compras efectuado por la Onemi.
En caso de sismos y catástrofes, la Onemi está facultada para celebrar por trato directo las contrataciones necesarias para el abastecimiento y auxilio de la población, por lo tanto, tales adquisiciones están exceptuadas de la necesidad de convocatoria a una licitación pública. (art. 8 letra c de la ley 19.886 de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios). Mediante resolución exenta N°817 la CGR autorizó a las entidades públicas para que hasta el 30 de junio, realizaran adquisiciones (entre otros actos) sin deber someterlas previamente al trámite de toma de razón. Mediante DS N°509 de 1983, del Ministerio del Interior, art. 8 letra g, se autoriza al Director Nacional de la Onemi para disponer de inmediato, mediante resolución fundada y por el tiempo necesario para solucionar los problemas que de aquellas se deriven, los actos y contratos para atender las necesidades de abastecimiento y de auxilio. Fue en ese contexto que la Onemi emitió la resolución exenta N°499 del 27/2 de 2010 mediante la cual permitió efectuar la adquisición de elementos de socorro hasta el 30/06/2010.
Al 30 de abril del 2010 se emitieron 448 órdenes de compras por un total de M$50.554.366 para la adquisición de bienes a ser distribuidos a regiones afectadas y reponer su nivel crítico de stock, los desembolsos Onemi: M$10.503.847 de los que se revisó una muestra de M$ 6.808.393.
Principales observaciones efectuadas en el informe, expuestas por
el Contralor en la sesión:
c.1) Emisión de órdenes de compra fuera del Portal de Mercado Público a proveedores no inscritos en el Registro de Proveedores.
c.2) Órdenes de compra que no se cumplieron a cabalidad, en relación con el precio más el incentivo pactado según la fecha de entrega de las mediaguas.
c.3) Compra de mediaguas a precios superiores y de diferentes especificaciones técnicas a la establecida en la circular N°28 de 2010.
c.4) Las solicitudes de compras de mediaguas no evidencian la aprobación conjunta del representante de Onemi, del Comité de Emergencia y del Jefe de Finanzas de la Subsecretaría del Interior , procedimiento que fue instruido en la circular N°13 de 2010.
c.5) Integrantes del Comité de Emergencia con potestad para tomar decisiones sobre cuánto, y a qué proveedor comprar las viviendas de emergencias, no obstante su calidad jurídica a honorarios.
c.6) Confirmación insuficiente de la entrega de viviendas de emergencia, por parte de la empresa proveedora, a las entidades receptoras como municipios, Oficinas regionales de emergencia, Centro de Acopio.
c.7) Falta de control en la distribución de mediaguas a los beneficiarios finales.
c.8) Se detectó ingreso de mercaderías en calidad de “Ayuda Humanitaria”, en circunstancias que se trató de operaciones de compraventa afectas a impuesto.
Respecto de estas observaciones consignadas en el informe, el señor Contralor hizo una referencia general durante la sesión, y principalmente al rol de la Onemi durante la emergencia. En tal sentido explicó que ésta no tuvo una real capacidad operativa para la magnitud de la catástrofe, y que en dicha etapa, fue muy frecuente la realización de operaciones sin la documentación de respaldo o bien con facturas u órdenes de compras ilegibles. Explicó que cuando la Contraloría comienza a efectuar los reparos, se inicia una regularización ex post de las circunstancias del gasto, esto es, el órgano fiscalizado comenzó a acompañar los documentos originales y a validar las circunstancias que dicen relación con la ilegibilidad de los documentos que habían sido utilizados durante la emergencia. Señaló que muchos documentos eran insuficientes en relación con lo que exige la ley de Administración Financiera del Estado y la ley Nº 10.336, orgánica de la Contraloría, y lo que exige la resolución Nº 759, de la Contraloría General sobre la rendición de cuentas, en sus palabras, se produjo una dispersión en la forma de hacer el gasto público, circunstancia que de una u otra manera fue paliada con la formación de un Comité de Emergencia en el Ministerio del Interior, que, sin perjuicio de que la Contraloría hizo reproches desde el punto de vista de la puridad jurídica, (estuvo radicado en personas que no eran funcionarios de la administración) efectivamente, en la convergencia de la emergencia, logró generar una cierta canalización eficiente de los recursos públicos que estaban dispersos. Es decir, se produjo una especie de centro de mando que de una u otra manera logró unificar la forma de actuación que debieron haber sido naturales en los comités de emergencia previstos en la ley de la Oficina Nacional de Emergencia y también en el decreto supremo Nº 156, de 2002.
Otro problema esencial al que refirió es lo tocante a la administración de las bodegas, pues se observó un sistema de información desactualizado y falta de control del stock de emergencia que debía mantener la Onemi. En tal sentido, agregó que en ellas, había bienes o productos que tenían más de 20 años acopiados, entre ellos, carpas y sacos de dormir, los que estaban inservibles cuando se trataron de utilizar.
Hizo presente que hubo descoordinación importante en materia de bodegaje, en lo que se refiere a compras de elementos de emergencia. Como ejemplo señaló que entre el 4 de marzo y el 17 de abril se emitieron órdenes de compra por 17.537 carpas y llegaron 3.045. A final de cuentas, había mil de ellas en la Oficina Nacional de Emergencia, las que no se habían distribuido.
Por otro lado, agregó que hubo problemas de control financiero, pues no se utilizaron los formularios Femer, los que indicaban qué debía hacerse frente a la disposición de cada gasto y que sólo se usaron órdenes de compra, las que no siempre se pusieron en el portal de ChileCompra.
Hizo hincapié en que dicha observación fue realizada en varios informes, de modo que ser conscientes de lo que significa una emergencia, y si bien en tales casos se autoriza el trato directo, ello no es un elemento que pueda disociarse del cumplimiento ordinario de las reglas de transparencia en la forma de hacer el gasto público, particularmente con el sistema de compras.
Desde el punto de vista del control financiero, cabe señalar que faltó fluidez de la información, de conformidad con lo establecido por el decreto Nº 156, de 2002.
Por lo demás, la ley N° 16.282, de sismos y catástrofes, faculta al Presidente de la República a convalidar las situaciones administrativas irregulares, lo que tiene sentido y actualmente se está regularizando.
En lo que respecta a examen de cuentas, la autoridad invitada señaló que se hicieron dos observaciones muy serias en lo referente a la modificación del precio para la vivienda de emergencia, observación respecto de la cual la Onemi presentó una reconsideración. Explicó, que se debe hacer una distinción en lo que dice relación con el valor del incentivo de precio, la fórmula de pago de ese incentivo y la adquisición de vivienda con otras calidades u otras referencias técnicas y que tuvieron un precio de compra diferente al fijado originalmente.
III. Inquietudes de los integrantes de la Comisión con la respuesta entregada por el Contralor.
-Investigación o auditoría pendiente respecto del Ministerio de la Vivienda.
El Contralor respondió que existía un informe respecto de los subsidios asignados por el Ministerio, actualmente en curso, cuya fecha estimada de despacho está programada para fines de febrero y principios de marzo.
-Cifra total de donaciones extranjeras y destino de esos recursos.
El Contralor señaló que existían tres informes pendientes respecto de los valores donados y que ingresaron a las arcas fiscales, pero sólo de las donaciones en dinero. Manifestó que el principal problema está en los registros de ingreso, por la forma en cómo ingresaron. Por último agregó que hubo fondos que se canalizaron a través de Corporaciones de derecho privado que no pueden ser fiscalizadas por Contraloría.
-Normativa del sistema de control en caso de emergencias.
Respecto de este punto el Contralor precisó que por una parte, existe la ley N°16.282 que establece disposiciones para casos de sismos y catástrofes, y que es la que los gobiernos utilizan con prontitud en caso de emergencia y que se utilizó por el Ejecutivo el estado de catástrofe. Es decir, hubo dos vertientes jurídicas que convergieron a darle una regularidad de lo excepcional de la situación. Por su parte, la Contraloría dictó la resolución N°817, en aplicación a la ley citada, cuya vigencia se extendió desde el 8 de marzo del 2010 hasta el 30 de junio del mismo año, y en virtud de la cual se autorizó a las entidades públicas a realizar, en dicho periodo, ciertas adquisiciones sin la obligación de someterlas previamente al trámite de toma de razón. Recalcó que el control no debe desaparecer en una condición de emergencia, pero sí debe producirse un fenómeno de colaboración con dicha situación. La resolución N° 817 pretendió, en la aplicación de la ley de sismos y catástrofes, dada la condición declarada constitucionalmente, que se produjera el gasto lo más rápido posible, pero que luego se enviara a toma de razón. Enfatizó que dar la facilidad y generar el control ex post fue la esencia de lo que hizo la Contraloría durante la emergencia.
Agregó que en virtud de la ley N°16.282 el Presidente de la República puede convalidar las actuaciones realizadas por los órganos públicos durante el periodo de catástrofe, y que no hayan cumplido en su oportunidad con los requisitos jurídicos de forma, finalmente enfatizó que el sistema de control desde luego está preparado para una situación de catástrofe y está preparado para no burocratizar. Pero de ahí a saltarse el control, hay un tremendo espacio que nadie en su sano juicio promovería.
-Sanciones eventuales a los integrantes del Comité de emergencias que tomaron
decisiones en el proceso de adquisición de viviendas de emergencia.
Señaló que hay dos circulares internas del Ministerio del Interior muy importantes, la N° 13, del 19 de marzo, y la N° 28, 31 de marzo. Esta última es la que genera el incentivo a la pronta entrega. Pero, en realidad, señaló, en ninguna parte del ordenamiento jurídico se le dieron atribuciones al Comité de Emergencia y todas las sugerencias que hizo como Comité, las hizo a través de la Oficina Nacional de Emergencia. De hecho, hubo funcionarios permanentes de la Onemi colaborando con el diseño y la estrategia del Comité de Emergencia, para los efectos de tomar algún grado de decisiones a sugerencia del Comité. El Comité no se atribuyó decisiones, porque no podía hacerlo, pues, desde el punto de vista de la juridicidad, habría sido un acto de vulgaridad jurídica. Lo que hace el Comité es generar proposiciones que la Oficina Nacional de Emergencia hace suyas y materializa.
-Principales fallas en el sistema de inventarios y bodegaje de la Onemi
Explicó que lo que han hecho presente es que los inventarios tienen zonas de debilidad en su construcción, porque se hacen en planillas Excel y que como evaluadores del control interno de los servicios, se le recomendó que genere un sistema de inventarios que tengan confiabilidad en la información que reciben y que Contraloría fiscaliza.
-Seguimiento o corroboración en terreno por parte de la contraloría respecto de
la mejor calidad de las viviendas de emergencias adquiridas a mayor precio.
Agregó que los sobreprecios de emergencia están considerados en la circular y dicen relación con una circunstancia que después tampoco pudo ser cumplida, pues ocurre que después, en algún minuto, los sobreprecios, “el mayor valor”, según lo dicho por la administración cuando les informó, se deben a que por la carencia de stock en el mercado los precios originales establecidos en esa circular no tuvieran productos disponibles para abastecer a la población y ante esa circunstancia, la administración es empezar a pagar las mediaguas al valor del sobreprecio, porque se instala como un precio. Agrega que, entonces, cuando alguien dice: “Aquí hay un sobreprecio”, la respuesta es: “Sí, pero ese sobreprecio alcanzó al bien.”.
Respecto de las viviendas mejoradas, señaló que en este minuto la Contraloría está realizando visitas en terreno, para ver las viviendas mejoradas y saber qué tan distintas son, señaló que hay un informe que está por evacuarse y que, seguramente la reconsideración tendrá que hacerse cargo, entre los otros argumentos que se plantean, respecto de las viviendas mejoradas y “su real valor”.
-Rol de la Contraloría en el procedimiento de reconstrucción que queda por delante.
Respondió que fiscalizarán cada peso público que se gaste a raíz de la emergencia, como lo han hecho hasta ahora y que ningún informe de auditoría tiene consistencia si no tiene seguimiento, explicó que respecto de lo que se ha hecho se debe seguir viendo cómo la administración saneó las condiciones irregulares o hizo los sumarios que ordenamos. Así, explicó que en varios de estos informes hay obligaciones de llevar a cabo sumarios. Es decir, aparecerán seis meses después, como los invitados sorpresa, y consultarán si hicieron el sumario., si no está hecho, lo harán ellos; si hay reparos respecto del malgasto público, habrá que hacer los juicios de reparo; si hay irregularidades constitutivas de delito, habrá que hacer las denuncias del caso ante el ministerio público.
Dejó en claro que Contraloría tiene por misión que el gasto público utilizado en la emergencia, en el dolor de los chilenos, tenga un seguimiento adecuado y eficaz y señala que son colaboradores de los Gobiernos y socios naturales de la Cámara de Diputados respecto de las fiscalizaciones, ése es su rol, y lo efectúan de la manera más objetiva posible.
M.- DESCARGOS DE LAS AUTORIDADES OBSERVADAS EN EL INFORME DE CONTRALORÍA.
I. Señor Cristóbal Lira , Presidente del Comité de Emergencia expuso a la Comisión Investigadora, lo siguiente:
-Introducción
El Ministerio del Interior valora la labor desarrollada por la Contraloría General de la República y apoya firmemente cualquier medida que implique la mayor transparencia posible en su actuar. Una prueba de ello y del afán de transparencia es que el Comité de Emergencia es el informe de avance que evacuaba semanalmente. Dicho instrumento estaba a disposición del público general, a través de su página web. El Comité de Emergencia tenía una página web: www.comitedeemergencia.gob.cl, en la que semanalmente entregaba un informe muy completo, de todas las actividades que realizaba el Comité de Emergencia en forma diaria, y acumulado cada semana.
El país se enfrentó al quinto mayor terremoto de la historia de la humanidad con una institucionalidad poco adecuada. “El país y sus instituciones no están preparados de manera adecuada para enfrentar un cataclismo natural, concluyó la Comisión Investigadora de la Cámara Baja sobre el terremoto.”.
-Conclusiones del informe de la Contraloría General de la República
-Explicó, que en términos generales, los recursos del Fondo de Emergencia fueron invertidos en conformidad con la normativa que los rige.
-No cuestiona la modalidad de trato directo ni tampoco pone en duda el mecanismo de incentivos utilizados en la adquisición de viviendas de emergencia.
Respecto del precio pagado por viviendas estándar. Se habló de un precio base en la circular N° 28, de 465.000 pesos más IVA (flete incluido) para dar una indicación acerca de los precios, porque, efectivamente, había muchos precios distintos en el mercado. De hecho hay órdenes de compra firmadas con anterioridad a esta administración por precios más altos que aquéllos a los que se compró.
Al proponer un incentivo por pronta entrega se tomaron dos puntos en consideración. El comité lo propuso para acelerar la producción de viviendas de emergencia. Es decir, dada la premura de tiempo y sabiendo que había que construir del orden de 30 mil viviendas antes del invierno, se hacía necesario establecer un incentivo, especialmente cuando se sabía que el país no estaba preparado para producir viviendas de emergencia.
La única institución realmente armada para construir viviendas de emergencia era la Fundación Vivienda, que estaba totalmente comprometida en toda su capacidad con un Techo para Chile para todas esas emergencias. Por lo tanto, no se tenía acceso a ese proveedor y se tuvo que buscar otras alternativas, las que en ese momento no estaban en funcionamiento. Por ello hubo que incentivar a gente a que iniciara la producción de viviendas de emergencia.
El Presidente del Comité de Emergencia , señor Lira , con el General Le Dantec, jefe de Estado Mayor Conjunto , visitaron la Fundación Vivienda, pidieron apoyo y solicitaron que dispusieran que tres personas de su planta ayudaran a estudiar a los proveedores a los que el Comité iba a recurrir. Incluso, se montó una planta de construcción de viviendas de emergencia en la base aérea del Ejército y en las cárceles de Rengo y Rancagua . Se preveía que no se contaría con los proveedores suficientes como para abastecer de las viviendas que el país necesitaba urgentemente antes del invierno.
Por lo tanto, no sólo se buscó proveedores, sino que además se armaron tres pequeñas plantas de producción de viviendas de emergencia en las dos cárceles y en la base aérea del Ejército en Rancagua.
Explicó que había que acelerar la producción de viviendas de emergencia e incentivar a los empresarios relacionados con la madera a que montaran estas plantas y, en segundo lugar, combatir la especulación, porque ya se empezaba a vivir un clima de especulación en el país, pues había gente que estaba proponiendo precios más altos. Se pensó que, a medida que se acercara el invierno, obviamente iba a haber más incentivos para especular. Por lo tanto, se quería dar una señal muy clara al mercado de que los precios que el Comité pagaría eran decrecientes, es decir, el incentivo iba perdiendo fuerza a medida que pasaba el tiempo.
De esa forma se planteó este incentivo para las casas que se entregaran la primera, segunda, tercera y cuarta semana de abril.
-Mantención del incentivo en la cuarta semana a todos los proveedores.
Es muy importante destacar que esto se comunicó al ciento por ciento de los proveedores. Dos de los que recibieron este precio en la cuarta semana, son los mismos que venían entregando viviendas de emergencia durante la tercera, la segunda y la primera semana de abril. Básicamente, la decisión la propuso el Comité de Emergencia, por varias razones. En primer lugar, porque existe escasez de materias primas. Es absolutamente público el problema que existía con el zinc. No había producción de zinc en el país. Cayó Huachipato y había que buscar otras alternativas, como fue el Onduline en Argentina, producto bastante más caro. Es una solución que cuesta aproximadamente el doble de lo que vale la solución de las 8 planchas de zinc que requiere una mediagua.
Por lo tanto, había una escasez notoria de materias primas y se sabía que la madera había subido alrededor de un 20 por ciento, los clavos, un 20 por ciento. Hay copias de e-mails en los que se pueden advertir presiones de los proveedores, quienes que a $480.000 no a seguir produciendo, dado el problema de precios que existía y la escasez de materias primas.
-Escasez de fletes y mano de obra
Por otra parte, también se hizo muy complejo el tema de los fletes, ya que hubo mucha escasez de éstos en el momento de la emergencia. Hay que pensar que no había puentes en el Biobío y que había que darse la vuelta por Nacimiento, donde se agregan 250 kilómetros más. Así lo debían hacer todos los camiones que pesaran más de 15 toneladas. Un flete llevaba una sola vivienda de emergencia, lo que encarecía fuertemente el costo.
De igual forma, durante abril hubo escasez de estudiantes. A Un Techo para Chile se le acabaron esos voluntarios porque los estudiantes tuvieron que volver a clases y se tuvo que ocupar las fuerzas que estaban construyendo y recepcionando las casas en construir casas de Un Techo para Chile. Por lo tanto, el Ejército tuvo que volcarse a construir. Levantar una casa era exactamente lo mismo si era de Un Techo para Chile o si era de privados o si era del Gobierno o de una ONG. Lo importante es que era una casa y era una familia menos que necesitaba una vivienda de emergencia. Por ello, se privilegió y pidió apoyo al Ejército para que sustentara Un techo para Chile y supliera la falta de estudiantes, lo cual fue agradecido por Juan Pedro Pinochet , director ejecutivo de Un Techo para Chile.
Esto mermó la capacidad de recepción y almacenamiento de los municipios. Por su parte, éstos quedaron con stock de casas en un momento de la tercera semana porque no había la capacidad de ir sacándolas con el Ejército. Por tanto, como los proveedores no podían entregar las casas en la tercera semana, se les pedía que lo hicieran en la cuarta semana. Por tanto, era una obligación moral mantenerles el precio. Debido a la dificultad de los proveedores para seguir produciendo a $480.000, sumado a la situación del país, el Comité recomendó mantener el precio de $505.000 más IVA para las viviendas de emergencia a contar de la cuarta semana de abril y no bajarlo a $480.000.
-Viviendas diferentes
En un artículo en The Clinic aparece el caso de Juan Carlos Fernández , de Talcahuano. El artículo señala: “Un mes después del tsunami recibió un par de mediaguas de Un techo para Chile que armaron los voluntarios en el devastado terreno. Pero todavía no puede habitarlas”. Dice: “Nos tocaron las mediaguas más malitas, se gotean enteras, el agua se pasa por las junturas y como el techo no está forrado se gotea con el rocío de las mañanas, alega. Fernández, agobiado por la situación, decidió desarmarlas y pagarles a unos maestros para que las instalaran de nuevo. Mientras, arrienda una vivienda a escasas cuadras de su terreno. Hasta el momento ha gastado 130 mil pesos y eso que todavía no ha comprado las ventanas, ni la puerta, ni tampoco el cierre perimetral. En total, calcula, tendrá que desembolsar alrededor de 600 mil pesos antes de que pueda habitarla. ‘Igual se agradece que me hayan regalado una mediagua, eso no lo niego, pero que den algo digno y que sirva. Tengo un nieto que sufre de asma y, así como está la casa, lo traigo y en una semana se me muere’, dice.
Uno de los críticos más enconados fue Miguel Lawner , ex director ejecutivo de la Cormu , entidad encargada del mejoramiento urbano durante la Unidad Popular. ‘Las mediaguas de Un Techo para Chile han sido diseñadas por gente incompetente y se han instalado sin que exista un mínimo de fiscalización’, asegura. A juicio del arquitecto las viviendas presentan errores estructurales ‘impresentables’. Uno de ellos es la ausencia de diagonales, indispensables para la resistencia a vientos o temblores; otro es la carencia de aleros lo que es imperdonable en una zona de lluvia.”
Por último, lee: “Es patético que haya sobrado esa plata y que no se haya utilizado en haber hecho mediaguas de mejor calidad.”. Este es el artículo de The Clinic.
El alcalde de Talcahuano , el viernes pasado dijo: “Nosotros demandamos mediaguas de calidad y eso cuesta más plata. Creo que hay que argumentar razonablemente y entender el momento que se vivía”.
La comuna de Talcahuano fue la que recibió más viviendas especiales de parte de Corma y de la Fundación Techo para Cristo.
Ahora bien, por qué viviendas distintas. Por la necesidad de proveer rápidamente de techo a los damnificados. En verdad, se pidió al presidente de Corma , en Santiago, sabiendo que tiene 200 asociados madereros en la zona del Biobío, que ayudara a buscar gente que construyera viviendas. A su vez, él le encargó este proyecto de ayuda en viviendas de emergencia a Jorge Cerón , presidente de Corma Biobío , dado lo cual su directorio, en junta, decidió que no podían hacer las viviendas de emergencia, puesto que llevaría al desprestigio de la estándar, por ser una zona de fuertes lluvias y viento, especialmente la costera. Por tal motivo, también decidieron pedir, a dos de sus asociados: la Universidad del Biobío y la de Concepción, que desarrollaran un nuevo proyecto, del cual nació la casa Corma. Sin embargo, de los doscientos asociados, pocos optaron por fabricarla, porque la utilidad generada promediaba los 45 ó 65 pesos, si es que era tremendamente eficiente. Por tanto, montar una planta para elaborarlas era un negocio que presentaba altos riesgos, pues no necesariamente iba a producir alguna utilidad. Aparte de ello, debían parar la producción que estaban haciendo y destinar parte de las exportaciones a la construcción de estas viviendas. Hay que pensar que toda la madera de Corma era para exportación.
La necesidad de dar rápidamente un techo a los damnificados significó buscar proveedores, cualquiera fuera éste y cualquiera fuera también la solución. La cuestión era empujar para que se dedicaran a la producción de viviendas de emergencia.
Aparecen viviendas con especificaciones técnicas superiores. He aquí que se hace presente la Fundación Techo para Cristo, que ofreció construir una casa al costo, pero que les dejara un pequeño margen, pues la institución no tenía los fondos suficientes. No obstante esto último, si se daba algún sobrante monetario, se comprometió a redestinarlo a la construcción de viviendas de emergencia, lo que posteriormente hizo.
Con todo, se recurrió a lo disponible en el mercado.
En consecuencia, primero que todo, se buscó proveedores, cualesquiera que fueran.
-Criterios de asignación
Se ha hablado mucho del criterio de asignación. Es un problema que estudia la Contraloría, pero es importante aclarar que se busca aliviar las zonas de mayor pluviosidad y fuertes vientos. Por eso, se optó por las comunas de Tomé, Talcahuano y Arauco, en la zona costera de la Octava Región.
Para tener una idea del valor, según el tipo de vivienda, la Corma costaba 820 mil pesos y la Techo para Cristo 693 mil pesos. Las cantidades compradas fueron 3.994 de Corma y 1.240 de Techos para Cristo. Si se suman los agregados -por cuanto igual se tuvo que reparar casas, especialmente en la Octava y Séptima regiones-, se llega a un valor de 663 mil pesos, dados los 168 mil pesos por concepto de aislación e impermeabilización.
Tipo de Vivienda
Precio Final
Unidades compradas
Estándar
$663.000+IVA ($465.000 materiales+$198.000 (aislamiento, impermeabilización)
26.485
Corma
$820.000+IVA
3.994
Techos para Cristo
$693.000+IVA
1.240
Así y todo, como decía el comentario de The Clinic, no se llega a las condiciones de las casas Corma o Techo para Cristo, porque una tabla de 18 milímetros, nunca podrá ser reemplazada cuando se parte de una de 12 milímetros, que es el tipo de material usado en la casa estándar.
La casa estándar tiene los paneles traslapados en la casa normal, por lo que se filtra el agua de la lluvia cuando llueve con viento. Las otras son con contrachapado y con machimbrado, o sea, entra una tabla en la otra y la junta es hermética.
Además, se agregan elementos importantes, tales como las ventanas y el grosor de la madera. En la estándar se aplica un panel de 12 milímetros y en la Corma también uno de 12 milímetros, más uno exterior de igual espesor.
Las mediaguas elaboradas por Corma y Techo para Cristo consideran ventanas, una puerta y madera machimbrada. Por dentro tienen paneles de 12 milímetros que aportan gran solidez a la vivienda.
Todas las acciones de este Gobierno, del Ministerio del Interior, y en particular de la Onemi y el Comité de Emergencia buscaron cumplir con el artículo 1° de la Constitución Política de la República, que señala: “Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia.”.
Este principio se sustenta en la primacía de la persona humana, y se traduce en procurar la satisfacción de las necesidades públicas, especialmente de las personas en situación de carencia, circunstancia que se vivía durante la emergencia.
II. El señor Vicente Núñez, Jefe de la Onemi.
La primera y principal conclusión del informe de Contraloría, en poder de la Comisión, es que los recursos del fondo de emergencia fueron invertidos de conformidad a la normativa que los rige.
A la vez, el análisis no puede ser juzgado en abstracto: hay un contexto. El 12 de marzo se asumió un país devastado por el quinto terremoto más grande del mundo, cuyas consecuencias fueron total y absolutamente dramáticas para la población. Además, como lo señala tanto el informe de mayoría como el de minoría de la Cámara de Diputados, el país no tenía una institucionalidad que permitiera enfrentar la magnitud de la tragedia del 27 de febrero.
Las condiciones del mercado, como señala Cristóbal Lira , fueron evolucionando en el transcurso de la semana. Es lo que sucedió con la disponibilidad de materiales y sus precios; también varió el costo de los fletes.
Además, se acercaba el invierno. En este contexto, la condición de mayor vulnerabilidad de la población damnificada, especialmente en esa región, era muy alta. Sumado a ello, se tenía una carrera contra el tiempo. Al respecto, es relevante señalar que el Estado, como un todo, fue capaz de trabajar con un gran sentido de urgencia. En esto, hay que hacer mención al esfuerzo y apoyo enorme ofrecido por el cuerpo militar del trabajo, por el sector privado, por el voluntariado y por todas las instancias que, finalmente, permitieron llevar a cabo una tarea titánica, esto es, la construcción de 70 mil viviendas de emergencia. Cabe señalar que, tradicionalmente, se construía del orden de las 5 mil.
Por lo tanto, en todo lo que se ha hecho ha primado lo que establece el artículo 1° de la Constitución Política, el cual, como lo comentó el señor Cristóbal Lira , define el principio de servicialidad, especialmente ante situaciones de carencia.
Finalmente, la Onemi tomó con gran sentido de responsabilidad, como parte de la agenda de mejora continua que requiere la institución, los comentarios vertidos sobre la necesidad que existe de ir mejorando los procesos internos.
El Director insiste en la necesidad de analizar la situación de la emergencia dentro de su contexto.
Por ejemplo, había 340 mil personas que no tenían alimentos debido al saqueo en la Octava Región. Los principales almacenes que abastecían la costa del sur habían sido arrasados por el tsunami. Por lo tanto, no solamente los lugares saqueados estaban sin alimentos, sino también los costeros del sur.
Cuando el Comité se encuentra con la responsabilidad de solucionar la situación, se entera de que viene en camino mercadería comprada verbalmente a Cencosud. No se podía hacer cuestión de eso, porque el contexto en que se encontraba el jefe de gabinete, en ese momento, era de una presión enorme del General Ramírez por alimentación. No había alimentos básicos en los supermercados por un exceso de demanda que agotó el stock. Por lo tanto, rápidamente, se tuvo que comprar alimentos en Argentina. Por eso, los camiones venían en tránsito.
Es imposible olvidar lo que se vivía en ese momento. Hoy, la tranquilidad permite un análisis totalmente distinto.
Preguntas efectuadas por los integrantes de la Comisión:
-Mecanismo de incentivo para la pronta entrega de vivienda de emergencias: Sentido y alcance de la circular N°28 y funcionario responsable de la decisión de alterar los
precios de las viviendas.
Respuesta del señor Lira:
Explicó que respecto de la circular N° 28, estaban enfrentados a distintos precios, a ofertas de todos lados, tanto de gente muy honrada como de otra que no lo es y que se quiere enriquecer ilícitamente a costa de la gente más desamparada en situaciones muy complejas. Señaló que las autoridades a cargo debían velar por éstas y eso explica la decisión de colocar un delegado presidencial en cada comuna, por las voces que decían que los alcaldes y la institucionalidad estaban destruidos, o que había que ocupar la institucionalidad existente.
Agregó que los alcaldes son los que más saben sobre su territorio. Saben exactamente lo que ocurrió, y podrían plantear soluciones mejores. Pero, recalcó que así como el Comité y la Onemi estaban recibiendo una serie de informaciones respecto de la calidad y precios de las casas, muy dispares, seguramente, los alcaldes estaban recibiendo lo mismo, y fue precisamente en ese contexto que surge la dictación de la circular N° 28, de 31 de marzo, exactamente tres semanas antes del momento en que se hace necesario cambiar una decisión.
Manifestó que en ese contexto, cualquier persona entiende lo que sucede si hay un problema grave, o gravísimo, como el que estaba ocurriendo con el precio y escasez de materiales, y se ve amenazada la entrega, no sólo por presiones de los e-mails, sino principalmente de los alcaldes que estaban en la zona afectada por el terremoto y tsunami, que no tenían, a ese precio, la posibilidad de entusiasmar a sus productores.
Añadió que la Circular N° 28 daba la posibilidad a los alcaldes de contactar a fábricas cercanas, justamente para acelerar el proceso y evitaron centralizar las decisiones desde Santiago , pues la descentralización haría más ágil el proceso, todo ello bajo ciertas pautas u orientación, que era lo que precisamente buscaba la circular N° 28.
Sin embargo, señaló, fueron los mismos alcaldes que comenzaron a presionar, porque, con los precios de la última semana de abril, no había gente dispuesta a producir casas. Ésa fue la razón del cambio de los precios y el mecanismo de incentivo al precio, decisión que fue recomendada firmemente por el Comité de Emergencia.
-Decisiones de la Onemi respecto de las observaciones y reparos de Contraloría
consignadas en el informe en estudio, y si ya se han instruido sumarios, asimismo si
se han presentado por la Onemi reconsideraciones a las observaciones de la Contraloría.
Respuesta del Director: Señaló que no estuvieron a la vista, o se omitió la consideración, o no se ponderaron debidamente por la Contraloría General de la República, durante el proceso de auditoría, antecedentes respecto de dos de estas tres materias, que harán llegar al ente contralor para su reconsideración, tanto de la Onemi como de quienes trabajaron durante este período.
En tal sentido, agregó, que lo que se ve en el informe son observaciones, comentarios respecto de procedimientos internos, y la Contraloría no considera que los 8.8 grados Richter ocurrieron institucionalmente en la Onemi, donde no se puede hablar de bodegas, cuando no existían, sin funcionarios, sin tecnología, ni software o especialista y sin capacidad instalada.
Insistió, en que en estos 10 meses, la institución ha avanzado y, aún cuando entiende que no es el objetivo de la Comisión, hace presente que se instruyó que todas las órdenes de compra interna sean exclusivas para adquisiciones de costo menor a 3 UTM y que no queda producto alguno en la bodega Bellavista.
Agregó que se han modificado los procesos que no fueron operativos y se encuentran en desarrollo nuevos planes de emergencia y que además, se hizo un proceso de recepción de las donaciones del extranjero con especificaciones mínimas y existe una mesa de trabajo bilateral con el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Hizo presente que además en lo referente a las observaciones relacionadas con bodega, hay jefe de bodega; se han separado las funciones; hay manejo, vía software, de stock crítico; además, hay más personas capacitadas. Las donaciones también están separadas.
Recalcó que no queda elemento comestible alguno, que las resoluciones de pago están resueltas al ciento por ciento. No hay concentración de funciones en una persona y que todos esos avances se han realizado en 10 meses administrando una emergencia.
Finalmente, señaló que se en los próximos días se presentarán reconsideraciones a la Contraloría, respecto de determinadas situaciones que según estiman, no fueron consideradas por el órgano contralor.
-Proveedores de viviendas de emergencias: razones del cambio de proveedores y si hubo un beneficio para algún proveedor dentro del ítem de los incentivos.
Respuesta señor Lira : Recalcó que el cambio de precios a la tercera semana no benefició ni perjudicó a ningún proveedor en particular, porque eran exactamente los mismos proveedores que realizaban entregas desde las primeras semanas de abril, los cuales, al plantearles el precio de la cuarta semana, se vieron imposibilitados de entregar. Así que aquí no hubo un beneficio adicional.
Explicó que afortunadamente, eso coincide con los dos proveedores de casas de precios y calidades distintas: uno es una fundación del Hogar de Cristo, que es muy transparente en que el precio coincidió exactamente con el costo y con respecto al otro, agregó que hay una auditoría hecha a los productores de la Corporación Chilena de la Madera, que arrojó que la utilidad que obtuvieron varió entre 45 y 65 pesos por casa. De manera que está tremendamente claro y transparente todo el proceso que se siguió respecto de los proveedores.
Por último aclaró acerca del cambio de proveedores, que desgraciadamente, la producción no era suficiente. Señaló que pusieron 18.819 casas en la Región del Biobío, pero las de Corma y de un Techo para Cristo no alcanzaban a 5 mil. Entonces, lógicamente, había que reforzar con casas distintas y sumar las cosas que incluyen los 100 mil, precio que anteriormente planteaban, que incluye el beneficio de hasta 100 mil pesos en materiales que se le entregó para poner las ventanas, reforzarlas o hacer una cocina, tal como ocurrió.
N.- SECUELAS SICOLÓGICAS DE LA CATÁSTROFE EN LA POBLACIÓN.
Expusieron sobre el punto el subsecretario de Salud , doctor Jorge Díaz y el médico psiquiatra y académico de la Universidad de Concepción, doctor Mario Valdivia .
I.- Actividades desarrolladas en materia de protección de salud mental desde el sismo a la fecha y las principales líneas de acción que se han seguido.
-Antecedentes generales
Señaló en primer lugar, que los efectos de los desastres sobre la salud mental están siendo identificados y abordados recién en los últimos 30 años. Por lo tanto, la experiencia en nuestro país al respecto no es de muy largo plazo.
Agregó que se sabe que alrededor de la mitad de la población expuesta sufre alguna alteración en su salud mental producto de desastres naturales como la que azotó nuestro país, pero todas ellas no pueden calificarse necesariamente como patológicas o como una enfermedad, sino que muchas de ellas probablemente son manifestaciones transitorias y dentro del contexto de lo que se podría considerar adecuado para el estrés que se produce.
Los problemas de salud mental, precisó, pueden ser inmediatos o presentarse por largo tiempo después de ocurrido el evento, y más aún en estos casos en los que hay reiteración del estrés; por ejemplo, nuevos sismos o réplicas de gran magnitud. A raíz de ello se pueden presentar incluso exacerbación de los síntomas.
Expresó, que las consecuencias de las emergencias y desastres tienen impactos psicosociales, impactos mentales y también impacto en los agentes de salud que concurren al evento al igual que los rescatistas. Por lo tanto, todo protocolo desarrollado para el manejo de este tipo de situaciones debe considerar no sólo a las personas de la población más dañada, sino también a aquellos grupos de trabajadores que están en contacto directo con ellos.
-Definición de políticas en el Ministerio
Explicó que para definir un marco estratégico se utilizaron orientaciones matrices de la OMS y de la Organización Panamericana de la Salud para el desarrollo de la atención de salud mental, esto es: Estrategia y plan de acción sobre salud mental de la OPS, el programa acción para reducir la brecha de salud mental, el plan acción para prevención y control de enfermedades crónicas no trasmisibles; la estrategia mundial de la reducción del consumo nocivo de alcohol, el convenio marco para el control del tabaco; la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, entre otros.
Luego se refirió a las líneas de acción por parte del Ministerio y señaló que entre éstas estuvo: reforzamiento de los recursos humanos para la atención; la recuperación de la oferta tanto a nivel secundario como terciario, especialmente de este último por el daño que hubo en hospitales de gran tamaño. Luego, el apoyo y capacitación de los recursos humanos que van a dar estas prestaciones; y la coordinación para la acción y la comunicación.
En cuanto al refuerzo del recurso humano, específicamente, manifestó que se consideró necesario apoyar la atención primaria. En tal sentido explicó que se reforzaron seis servicios de salud y eso significó aumentar el recurso humano de sicólogos; así, 39 de estos profesionales cumplieron jornadas de 44 horas semanales; lo mismo sucedió con 19 asistentes sociales. Así se generó un importante aumento de jornadas laborales para el período inmediatamente posterior y durante el 2010 con se afrontara con recursos extraordinarios y que este año esos recursos se incluyeron dentro del presupuesto, por lo cual, de extraordinarios pasaron a ser recursos regulares del presupuesto para mantener esta acción en el tiempo.
Agregó que independientemente del refuerzo en recursos humanos, se diseñó un modelo de equipos especiales móviles, en total cinco, integrados por psiquiatras, psicólogos, un profesional de salud mental, un técnico paramédico, administrativo y el conductor. Lamentablemente, hizo presente que en nuestro país tenemos un problema que es crónico y que dice relación con la disponibilidad de especialidades y subespecialidades médicas y en el caso de los psiquiatras, estos equipos móviles no pudieron concretar la presencia del especialista correspondiente, debido a que en el concurso que se realizó para este efecto solamente se presentaron tres psiquiatras, quienes durante el período de selección y administración desistieron de su presentación. En consecuencia, explicó que no pudieron contar en estos equipos móviles con el concurso de los especialistas, los que sí estaban en los hospitales bases de la región.
Asimismo, que como efecto del terremoto se perdieron 391 camas que fundamentalmente pertenecieron a dos lugares de larga estadía: el hospital Pinnel y el hospital El Peral.
-Apoyo al equipo de salud mental y equipos en terreno.
Señaló que uno de los temas en que se hizo especial hincapié fue el apoyo al equipo de salud mental y a los equipos de terreno. Para esto se realizaron talleres de apoyo psicosocial y se contó con 176 talleres y se capacitaron a 2.622 funcionarios de la salud en todos los niveles, realizándose talleres de autocuidado por los equipos de salud mental y capacitación continua on line.
-En cuanto a los factores protectores de la salud mental.
Explicó que después de hacer una evaluación con apoyo de la Organización Mundial de la Salud, se desarrolló un nuevo programa a partir del 2010, y se puso el foco en el tema de la promoción de la salud en la zona afectada, en 52 comunas de O’Higgins, Maule y Biobío . Allí se desarrollaron planes comunales de promoción de la salud, fundamentalmente en actividades promotoras de factores protectores, resiliencia comunitaria, cohesión social, identidad, solidaridad, convivencia y entornos saludables, apoyado fundamentalmente por las acciones de control de higiene ambiental que desarrollaron las seremis correspondientes y cuyos resultados están en proceso de evaluación.
-Aumento en consultas de trastornos de ansiedad y dificultades de interpretación
respecto de las cifras.
Señaló que en las regiones de O´ Higgins , Maule y Biobío se incrementaron el número de consultas por trastornos de ansiedad en el mes de marzo del año 2010, mientras que el comportamiento posterior en dichas regiones sigue una línea de tendencia similar a los años anteriores, no obstante lo anterior recalcó que las personas que concurren a la atención necesariamente sean las únicas que tienen problemas, y además se debe considerar la calidad de los sistemas de comunicación de los lugares donde se presta atención, pues producto del sismo se encuentran bastante deteriorados, de allí que hizo un llamado a ser cuidadosos en la interpretación de las cifras.
Finalmente añadió que se recibe cooperación de la Agencia Japonesa para la Salud y la OPS, que nos está ayudando en el perfeccionamiento del plan y que esperan en el transcurso del 2011 tener una formalización y la capacitación de los equipos de salud, bajo el mismo sistema on line, para poner en práctica este plan.
-Preguntas de los Diputados respecto de lo expuesto por el Subsecretario .
Manifestaron su inquietud respecto de la existencia de programas especiales para las familias que habían perdido seres queridos en la catástrofe o quienes tienen familiares desaparecidos.
Asimismo hicieron presente la importancia del tema para los damnificados, y que tal vez, luego de la solución habitacional definitiva que les espera, sea el segundo problema de mayor importancia. Por eso estimaron que el Ejecutivo debiera implementar mayores recursos en la contratación de siquiatras que atiendan a los damnificados, principalmente a aquellos habitantes del borde costero. Destacaron además la necesidad de contemplar un plan de diagnóstico que es un proceso mucho más largo, que se realice en las zonas afectadas, y por sector geográfico, atendido que la catástrofe no golpeó del mismo modo a todos los habitantes. Manifestaron su inquietud respecto de la existencia de equipos especiales de apoyo en las municipalidades que atiendan a los damnificados en aldeas o campamentos, en razón de las precarias condiciones en que se encuentran y por último, la relevancia de contar con algún plan a mediano o largo plazo para prevenir los efectos sicológicos luego de desastres naturales, asumiendo que somos un país sísmico y que nuevamente vamos a vivir este tipo de eventos.
Se consultó finalmente respecto de las principales manifestaciones sicológicas observadas con posterioridad a la catástrofe.
-Respuesta del Subsecretario :
Hizo hincapié en que el plan de emergencia contemplado para estos eventos se vio superado por la magnitud de la catástrofe y que hubo algunos aspectos de la salud mental que no estaban totalmente considerados y eso se ha realizado en la revisión del plan, en lo que han solicitado ayuda a agencias internacionales. Asimismo, compartió la opinión de los señores diputados en el sentido de focalizar recursos en distintas áreas y actividades, y por ello, de los cinco equipos móviles que el año pasado tenían en operación, en este momento cuentan con recursos para aumentar la cobertura a nueve de ellos.
Agregó que para dimensionar la severidad de la situación, se realizó una encuesta dirigida a los directores de los centros de atención familiar de las regiones más afectadas, en la que manifestaron que, el problema más importante era la disponibilidad de mano de obra especializada. Asimismo se definió que a los grupos con problemas de acceso se les debía asignar los recursos que el Plan Auge tiene focalizados para los cuadros depresivos. En ese sentido, explicó que los directores de los consultorios tienen muy claro que deben orientar a las personas que requieren atención hacia esas garantías explícitas en salud.
En cuanto a la consulta formulada sobre manifestaciones psicológicas, explicó que una de las principales que se observa son los trastornos de ansiedad, pero también tenemos el trastorno de estrés postraumático de aparición tardía, el que en la Provincia de Concepción ha tenido un incremento en las consultas en el último período.
II. Respecto de la prevalencia del trastorno de estrés postraumático en niños de quinto a octavo básico, en la zona costera de la provincia de Concepción.
-Señor Mario Valdivia , Médico siquiatra y académico de la Universidad de Concepción.
Basó su exposición en un estudio interdisciplinario realizado respecto del punto, como asimismo, en las acciones que se han implementado en razón de dicho estudio.
-Aclaración respecto de las manifestaciones clínicas que se observan luego de
un evento de relevancia.
Señaló que las primeras respuestas son las que tienen un carácter normal y que dicen relación con el susto, las pesadillas y angustia en general, y que son síntomas emocionales normales que se observan en el periodo inmediato a un evento tan grave, respecto de los cuales, si se interviene adecuadamente en ese momento, esas respuestas normales, se van a resolver normalmente y no van a convertirse en patologías. Por otra parte, aclaró que existe un grupo de enfermedades, de las cuales las más mencionadas son los trastornos ansiosos, dentro de las que se encuentra el trastorno de estrés postraumático como también las fobias específicas, los trastornos de ansiedad generalizada y los trastornos de angustia o de pánico, que pueden aparecer como manifestaciones de respuesta emocional de carácter patológica luego de un evento tan grave como el que afectó al país. Asimismo, explicó que otro tipo de respuestas son los trastornos del ánimo, la aparición de cuadros depresivos y en los niños también podrían tener cierta relevancia los trastornos conductuales. Por eso la gama de respuestas patológicas es variada, el estudio del que dio cuenta a la comisión aborda una de esas manifestaciones clínicas que es que es el estrés postraumático.
Explicó que realizaron un estudio para responder cuántos niños tenían estrés postraumático después del terremoto, cuestión que desconocían en la zona, pues sólo contaban con impresiones que venían desde nuestras consultas, a las cuales las personas no acuden espontáneamente, por eso tuvieron que acudir a la gente para obtener dicha información. En tal sentido, manifestó que el sistema implementado de capacitación en el sistema de atención primaria fue subutilizado pues estima que faltó proactividad.
-Resultados de la investigación.
Luego se comentó algunas observaciones producto del estudio. Citó como ejemplos las siguientes frases recogidas durante las entrevistas a los niños y adolescentes afectados, seis meses después de ocurrido el terremoto:
“El niño cree que el mundo se va a acabar. Cuando le hablan del terremoto le duele el estómago, le late fuerte el corazón, continúa con pesadillas y le cuesta conciliar el sueño.
“Continúa con miedo, recuerda mucho lo sucedido el día del terremoto, pues casi la toma la ola; siente dolor de estómago y suda cuando recuerda, está muy preocupada y alerta.”.
“Continúa con miedo, su padre perdió su bote, tiene pesadillas y le cuesta dormirse, aunque tiene buen ánimo.”
“Continúa con miedo y no quiere pensar más en el terremoto, pero no puede. Quisiera recibir ayuda.”.
“Cuando está solo o sin la mamá siente temor a que ocurra una catástrofe nuevamente. Llora en la entrevista.
“Le gustaría tener ayuda para poder olvidar las imágenes que se le vienen a la mente de vez en cuando. Tiembla al hablar de ciertos temas.
“Está con mucho temor, piensa que en cualquier momento ocurrirá otro sismo peor. Los papás no hablan de lo ocurrido y no la escuchan cuando ella quiere hablarlo.
“Le cuesta ser feliz ya que no tiene nada de lo que tenía antes. Su papá perdió el trabajo y su mamá se asusta mucho cuando tiembla.
“Se nota muy deprimida, con rabia por haber perdido todo. Ya no puede estudiar.”.
-Acciones emprendidas luego del estudio.
A continuación expuso las medidas que implementaron para afrontar estos trastornos, en tal sentido, explicó que diseñaron una muestra de doce localidades de la zona costera principalmente, correspondientes a Coliumo, Santa Clara , en Talcahuano, Dichato , Buchupureo, Cobquequra, Tumbes , Tirúa , Arauco , Cañete y Tubul; y dos localidades que no son costeras, como Concepción y Coelemu. La razón por la que se eligieron esas localidades no fue metodológica, sino porque en ellas había equipos trabajando.
Explicó que en algunos lugares, se tomó a todos los niños de 5º a 8º básico, y en otros se tomó una muestra dependiendo el tamaño, aplicándose una escala, la CPSS, que se utiliza para medir y dar síntomas de estrés postraumático, y además una ficha, que se usa para medir el impacto que había tenido el terremoto en cuanto a dónde estaba la noche del terremoto y si había visto o no el tsunami, es decir, una serie de antecedentes que luego pudimos cruzar con el resultado de la encuesta.
Dijo que como esa escala mide síntomas, no hay un punto de corte para Chile, en el sentido que diga que de un punto específico hacia arriba, está la enfermedad. Por lo tanto, lo que hicieron fue utilizar los criterios que usan los valores de clasificación, para aproximarse a una cifra relativa a la enfermedad y una cifra relativa a la sintomatología relevante.
La sintomatología relevante, precisó, es la sintomatología suficientemente importante para causar alteraciones en la vida de la persona, es decir, cuando es motivo de consulta y requerir apoyo.
Señaló que en la actualidad están trabajando con con gente que tienen niñas y niños con síntomas lo suficientemente importantes para interferir en su vida cotidiana, afectándolos al punto de no poder realizar una vida normal, de tal forma que los lleve a ser motivo de consulta, si bien explicó que no están seguros que esa sea exactamente la enfermedad, no hay duda que requieren apoyo y tratamiento.
-Funcionamiento de la escala aplicada.
Se preguntó en cada caso por una serie de síntomas que le hayan ocurrido a un niño en las últimas dos semanas, graficado cada síntoma en un termómetro en el cual el niño cuantifica la respuesta, para lo cual, usaron criterios muy estrictos, en el sentido de que solamente aceptaban como respuesta positiva entre 4 a 9 veces o más en las últimas dos semanas, para plantear la existencia de la enfermedad de estrés postraumático. Explicó que ha sido muy rígidos y que probablemente muchos de estos criterios dejan afuera a muchos, de manea que crearon la segunda categoría, denominada subumbral, que corresponde a los niños que tienen síntomas suficientemente importantes para decir que tienen problemas, aunque tal vez pudiera ser que no dieran o alcancen los criterios para la enfermedad.
-Resultados del estudio.
Señaló que cuando se mide la muestra total y suma los valores de estrés postraumático puro, más subumbral, da un total de 21,2 por ciento. Es decir, a los 6 meses del terremoto, el 21,2 por ciento de los niños encuestados -correspondientes a alrededor de mil niños entrevistas en la zona costera- tenían síntomas lo suficientemente importantes para definirlo como un problema.
Cuando subdividían las muestras, entre niños y niñas, el 16 por ciento correspondía a varones y el 27, 1 por ciento a niñas. Las niñas se ven más afectadas, lo cual coincide con los estudios internacionales y que cuando subdividieron en edades esta muestra que va de 5º a 8º básico, efectivamente aparecen con una pequeña menor magnitud los adolescentes, pero esa diferencia no es estadísticamente muy significativa. En cambio, la diferencia entre varones y damas sí lo es, en el sentido que las damas se vieron más afectadas por la catástrofe, lo que coincide con estudios internacionales.
Manifestó que encuestaron doce localidades distintas. Las tres más altas corresponden a Dichato, Tubul y la población Santa Clara de Talcahuano y en cambio, las localidades que tuvieron bajas tasas fueron Cobquecura, Buchupureo, que por su orientación no tuvo tanta destrucción, y Coelemu , que no es localidad costera.
Luego, explicó, que empezaron a ver qué factores se asociaban a una mayor cantidad de síndrome de estrés postraumático. Así, si bien el peso de la asociación no es tan alta, sí es significativa, como la pérdida de empleo de parte de los padres después del terremoto y el tener que cambiar el lugar físico de la escuela. Concluyó que con el terremoto se produce una suerte de estrés crónico, en que la persona vive día a día un pequeño estrés; que no es comparable al de la noche del terremoto y que los cambios de cotidianeidad pueden ser fuente de estrés. Lo interesante de esas inquietudes es que plantean consecuencias que no eran de esa noche específica, ya que también hay consecuencias posteriores que se asocian a un medio de incidencia de estrés postraumático, como el hecho de que el tsunami haya llegado cerca del lugar en que se encontraban, el haber sufrido daños producto del tsunami o del terremoto, el haber visto incendios, personas heridas, la sensación subjetiva de que esa noche pudo morir, que estuvo en riesgo, y el haber sido víctima de robos o intentos de robo, eran factores asociados fuertemente al estrés postraumático.
Finalmente, señaló respecto del estudio expuesto a los integrantes de la Comisión, que se concluye, primero, el 21 por ciento, 1.120 heridos, tienen el grado suficiente para ser motivo de consulta y segundo, diferencias de prevalencia, dependiendo del lugar en que vivía la persona y respecto de cómo reaccionó y qué le pasó.
-Otros estudios realizados por equipos interdisciplinarios.
Hizo mención a una intervención realizada por el equipo compuesto por el psiquiatra infantil, Carlos Haquin ; el clown terapéutico, Juan Cifuentes , y el profesor de artes visuales, Job Cariaga . Aclaró que dicho trabajo se realizó, en horario de trabajo y con financiamiento del hospital, pues son funcionarios y no eran labores voluntarias, aunque superaron notablemente su jornada de trabajo y partieron diez días después del terremoto visitando localidad por localidad, aldeas costeras y caletas de pescadores, como Dichato, con un programa de intervención que usaba técnicas de risoterapia y de clown terapéutico, que son técnicas circenses, pero no para distraer a la gente. Contrariamente a lo que se podría imaginar, las personas se escudaban en el payaso para hablar de lo que les pasó. Ese modelo de interacción se aplicó en una serie de localidades, durante varios meses, y se logró la participación de las comunidades, se detectó personas con riesgo y se derivó a atención. Las personas participaron y elaboraron respuestas propias a través de juegos, dinámicas o rutinas. Señaló que si bien el enfoque apuntaba a los niños, pudo observar, que terminaba participando la comunidad entera.
Agregó que después de esta intervención, que era de carácter preventiva, el doctor Haquin formó parte del equipo que realizó la investigación ya comentada y se identificó a los niños con síntomas suficientemente relevantes para ser intervenidos. En algunas localidades, por ejemplo, en Dichato, tenían contacto directo con el equipo de salud mental y les entregamos la nómina y coordinaron con ellos, pero en otros casos, como el del equipo del Hospital Las Higueras y del Servicio de Salud Arauco consiguió financiamientos con los respectivos servicios de salud y con fondos de la embajada alemana, con el objeto de realizar una nueva intervención apuntada a los niños detectados por la encuesta. Manifestó que las intervenciones no se pudieron realizar en todas las localidades, sólo en seis: Llico , Tubul, Tumbes , Santa Clara , Cobquecura y Buchupureo, y se trabajó con niños afectados, con puntuación alta. Explicó que la intervención consistió en siete visitas del equipo con técnicas circenses, con máscaras, expresión corporal, títeres, ya que no se estaba trabajando con la población general, sino con niños que habían dado puntuación alta, ya no en una intervención preventiva, sino en una terapéutica focalizada en un grupo con síntomas, a través de un proceso de trabajo en que se movilizaba a esos niños, como hablarles de lo vivido en la orilla del mar, dando espacios para elaborar adecuadamente la experiencia. Señaló que se logró una muy buena inclusión de la gente, una muy buena sensación subjetiva, pues lo niños lograron hablar de sus miedos y jugar con ellos, enfatizó que los miedos no se olvidan, pero se pueden controlar, lo que es muy importante desde el punto de vista terapéutico, pues cuando se viven experiencias graves no se puede olvidar lo que pasó, pero se puede dar un sentido distinto, lo que se puede lograr hablando y trabajando a través de los juegos, de las técnicas de circo, de teatro, y se logró que los niños hicieran eso.
-Inquietudes planteadas por los integrantes de la Comisión al Médico Siquiatra.
Manifestaron que sería de importancia para el Ministerio de Salud considerar los estudios expuestos por el profesional, con el objeto de considerarlos dentro del plan de reconstrucción en dicha cartera, para así contar con los recursos y los equipos suficientes, principalmente, para la realización de intervenciones en las localidades donde no han podido efectuarse.
Asimismo, manifestaron que ya se cuenta con un diagnóstico del estado de la población en las zonas que comprende el estudio, por lo que es necesario pasar a una segunda etapa consistente en la determinación de cómo abordar la materia, principalmente en lo que dice relación con la facilitación de recursos, en vista a efectividad de los modelos de intervención y apoyo de las autoridades locales en actividades de este tipo, las que a todas luces resultan útiles y de gran ayuda para la comunidad.
O.- AUDIENCIAS PÚBLICAS: DAMNIFICADOS EN ALDEAS, CAMPAMENTOS Y SITIOS RESIDENTES DE LAS ZONAS MÁS DESTROZADAS
Coronel:
Sector Mártires del Carbón
(736 familias).
-Delegación de la responsabilidad de intervención de los blocks en manos
de los propios vecinos.
Explicaron que el plan de reconstrucción para dicho sector contempla la erradicación del 30% de los vecinos, para recuperar un tres por dos, es decir ampliar los departamentos y a quienes sean erradicados, se les hará entrega de viviendas cuyo tamaño, que era en un primer momento de 52 metros cuadrados, alcanza realmente a 48 metros cuadrados.
Puntos de conflicto:
-Desempleo y alto nivel de personas discapacitadas y adultos mayores, quienes no cuentan con el dinero para pagar un arriendo mientras se efectúan las reparaciones, lo que empantana el avance del plan respecto de la totalidad el conjunto habitacional.
-Inexistencia de propiedades para arrendar en la zona que cubra la demanda de las aproximadamente 730 familias afectadas.
- Incertidumbre respecto de la fecha estimativa de inicio de las obras.
- Riesgo de daños personales, incrementado por las réplicas que aún se sienten en la zona.
Sector la Colonia
(110 mediaguas, tanto en sitio Serviu y recintos privados)
-Inseguridad e insalubridad del sector y terreno donde se encuentra emplazada la toma y la solución dada por las autoridades es sólo es para quienes tienen certificados de inhabitabilidad y se encuentran en la aldea y no para aquellos que están en sitios privados.
Puntos de conflicto:
-Emplazadas sobre un ex basural, rodeadas de dos grandes empresas (Cabo Froward y Endesa Energy ) y donde las personas van a botar desechos y a abandonar animales. No cuentan con sistema de alcantarillado ni agua potable en las casas.
-Incertidumbre respecto del estudio de suelo realizado en el terreno, donde por una parte está rodeado de pirquenes y recientemente la empresa Endesa realizó una succión del agua, lo que ha provocado mayor deslizamiento del mismo.
Sector Camilo Olavarría
(Aproximadamente 300 familias)
-Proceso de expropiaciones e incertidumbre en el inicio de ejecución de las obras, anunciadas para el 28 de diciembre del año pasado.
Puntos de conflicto:
-Precio pagado inferior al valor fiscal de las viviendas expropiadas, la explicación de la autoridad fue que sólo se estaba pagando el terreno porque los departamentos ya no existían, y estiman que en todo caso, el valor o plusvalía del terreno es superior al precio pagado.
-Se envió a los vecinos del sector cartas de postulación a subsidios habitacionales, pero que al momento de postular en el Serviu les niegan esa posibilidad pues ya están considerados en el sistema como expropiados.
-Insuficiencia de las mediaguas entregadas (sólo existen 50 para más de las 300 familias afectadas).
Sector Nuevo Horizonte
(29 familias)
-Falta de respuesta tanto de la empresa constructora, como de la autoridad (Serviu regional) ante el proceso de reconstrucción.
Explicaron que se trata de un grupo de familias que habitaban en un total de 300 viviendas Serviu entregadas en agosto del 2009 edificadas en el sector de Yobilo 2, construidas por la empresa Marcelo Rivano .
Agregaron que inicialmente con el terremoto sufrieron grietas, daños y desplomes, por lo que vivían en los pasajes, luego, producto de las lluvias y colapso de los muros, debieron abandonar sus casas. Agregaron que en dicha oportunidad rechazaron la oferta de viviendas que les hizo la autoridad por cuanto no eran dignas y estaban en la punta del cerro, por lo que la empresa ofreció cien mil pesos para arrendar mientras se reconstruían las viviendas y se arreglaba el muro de contención. En base a las fotografías que fueron exhibidas durante la sesión, se entiende que las viviendas afectadas estaban construidas en desnivel, y el muro de contención entre un nivel y otro cedió debido a la mala calidad de la construcción, y no ha sido reparado de forma satisfactoria y segura.
Puntos de conflicto:
-Necesidad inmediata de un estudio de mecánica de suelo para saber si realmente pueden volver a habitar sus viviendas, pues señalaron que algunas de ellas son reparables.
-Niños sicológicamente afectados que no quieren volver a sus hogares.
-La empresa que construyó la población, es ahora consultora y funciona como Egis, y según lo expuesto, es la encargada de construir nuevos proyectos en la zona. (Inmobiliaria San Patricio y Consultora Marcelo Rivano).
2.- Tomé.
Comité de adelanto de reconstrucción de población El Colo
Explicó que hasta ahora sólo tienen la mitad del problema resuelto, pues cuenta con un estudio de mecánica de suelo y que el campamento Miramar está compuesta por 75 mediaguas, de las cuales el 10 por ciento corresponde a pobladores propietarios del sector Bagres , pero que no son parte del Campamento, son propietarios y quieren una solución habitacional distinta a la del resto del campamento, que en su mayoría son allegados y personas que no tienen un problema directo derivado del terremoto.
-Denuncia irregularidades en la entrega de mediaguas, mala coordinación de las autoridades locales en el manejo de la información lo que redunda en que los fondos fiscales se han derivado a algo que no constituye una necesidad prioritaria.
Puntos de conflicto:
-Entrega de mediaguas en el Campamento Miramar a personas allegadas y mediaguas sin utilizar en dicho Campamento.
-Incertidumbre respecto de la solución habitacional para los damnificados propietarios del sector, por cuanto señaló que son aproximadamente 30 personas que tienen daño y cuentan con certificado de inhabitabilidad, pero a la fecha no tienen ningún subsidio asignado.
Sector N° de la Aldea el Molino de Dichato.
Explicaron en primer lugar que el campamento el Molino está constituido por 453 mediaguas, subdividido en 6 sectores, cada uno con su personería jurídica vigente.
-Denuncian condiciones indignas de vida y solicitan se trate a cada sector de la toma por separado por cuanto cada uno de ellos representan una realidad y por ende problemáticas distintas.
Puntos de conflicto:
-Servicios básicos: inexistencia de equipamiento para caso de incendio, fue retirado el cuartel móvil de punto fijo, lo que ha generado problemas de delincuencia drogadicción y clandestinidad.
-No hay servicio de salud que atienda a los adultos mayores y enfermos crónicos, en tal sentido propusieron la utilización de sedes sociales para que se realicen rondas médicas dos veces a la semana.
-No hay escuelas en el sector y no puede instalarse una modular en el sector, pues la cantidad de alumnos no lo hace factible. La Subdere se había comprometido a facilitar un bus para el traslado de los niños a escuelas cercanas, cuestión que a un año, no se ha concretado.
-Locomoción colectiva costosa, y la gente del sector es discriminada cuando la utiliza, sobre todo los niños.
-Piden llave de paso y baños para cada mediagua.
-Falta de iluminación en algunos sectores (del segundo al sexto sector).
-Debido al alto nivel de cesantía y pobreza, solicitan se estudie al factibilidad de entregar un bono por las pérdidas que sufrieron por el terremoto, al igual como se aplicó respecto de Chaitén.
Campamento Nuevo Amanecer de Dichato
(27 familias)
Explicó que se trata de un campamento que agrupa a los pobladores de los sectores más afectados por el tsunami del 27 de febrero: Villarrica , borde costero, borde rio y las poblaciones el Sauce, Jorge Montt y Paula Jaraquemada . Se trata de 60 adultos, 15 niños de entre cero a 15 años, un adolescente con síndrome de down y un adulto mayor no vidente.
-Emplazamiento de la población en un terreno propiedad de un particular ( Ricardo Selman , empresario inmobiliario de Chillán) gestionado por intermedio de la Intendencia del Biobío , lo que impide acceder a los beneficios que otorga el gobierno por el terremoto, en consideración a que éstos no pueden invertirse en terrenos de particulares.
Puntos de conflictos.
-Desconocen si existe algún documento que señale en qué calidad fue cedido el terreno y por cuánto tiempo.
-No cuentan con ningún servicio sanitario básico, sólo es la Municipalidad quien les lleva el agua potable.
-Cualquier intento de proyecto de los vecinos se hace inviable por la negativa del dueño del terreno a realizar las obras. Ausencia de firma.
Campamento el esfuerzo
(26 familias)
Explicó que el campamento está compuesto por 56 adultos y 11 niños, que antes vivían en las poblaciones de Chacra Alicia, Jorge Montt , Miramar , Santa Alicia y Estero Dichato .
-Precarias condiciones de vida e imposibilidad de optar a beneficios estatales, tanto por la demora en la entrega de resoluciones, como asimismo, en los criterios de la ficha de protección social.
Puntos de conflicto:
-Necesidad de muro de contención pues existe peligro inminente en caso de lluvia.
-Falta de estabilizado en las calles y cierre perimetral.
-Demora en la entrega de la resolución que los habilitaría como propietarios para postular a un subsidio como tales.
-Falta de conexión de empalme eléctrico para la sede de la población y de todas aquellas pertenecientes a la octava región.
-Falta de materiales para forrar las mediaguas.
-Falta de mobiliario para las sedes, lugar donde los niños hacen sus tareas ante el poco espacio que hay en las mediaguas.
-Aumento posterior al terremoto en los puntajes de las fichas de protección social, lo que redunda en que no pueden acceder u obtener beneficios estatales.
-Falta de ayuda al trabajador de la construcción y de la Forestal. La ayuda ha estado centrada sólo en el comerciante y en el pescador.
-Tratamiento sicológico para los damnificados.
Sector Playa de Dichato .
Carencia de una solución habitacional y de una respuesta pronta por parte de las autoridades.
Puntos de conflicto:
-Se les prometió por la intendencia la construcción de sus viviendas en el fundo el Molino (sector alto de Dichato) donde se construirían departamento y casas, éstas últimas destinadas a los adultos mayores. La semana pasada el SERVIU les informó que ahora el proyecto consistiría en departamentos frente a la playa, en terrenos expropiados a ferrocarriles, lo que no les parece, pues son gente de mar y no podrán guardar sus implementos de trabajo, por otra parte, entre sus pares, hay adultos mayores postrados que no puede vivir en departamentos.
-No hay inicios de ejecución de obras en Dichato, consideran la reconstrucción lenta y deficitaria.
-Proceso de expropiación arbitrario, particularmente en lo que dice relación con el pago del precio de expropiación.
-Fueron categóricos en señalar que no son contrarios al plan de mitigación, pero si están en contra de la erradicación de los antiguos propietarios del borde costero.
-Enfatizaron en que se han destinado grandes montos a la construcción de un paseo en la calle principal de Dichato, lo que no es prioritario: para ellos es de primera necesidad las viviendas y la canalización del estero.
-Resumieron sus peticiones concretas en: canalización del estero, subsidio de luz y agua, bono de invierno, plan de mitigación, no erradicación de los pobladores, colegio y termino de la política de los containers, quieren viviendas.
Sector Aldea de Cocholgüe
(150 familias)
Agradecieron en primer lugar el hecho de que se estén construyendo las casas de las primeras 150 familias, pero que no obstante continúan viviendo en aldea más de 250.
Incertidumbre respecto de la evacuación de la caleta y aumento de puntaje en la ficha de protección social, a pesar de que existe aún más pobreza y viven en mediaguas.
Puntos de conflicto:
-Enfatizaron que son gente de mar y que viven de la mar, sus maridos son pescadores y las mujeres seguirán siendo algueras, y por lo tanto, no quieren dejar su caleta. Manifestaron que la gente tiene temor de que quieran erradicarlos para instalar turismo.
Campamento Alto Rari de Coliumo
Señalaron que fueron afectados tanto por el tsunami de febrero del 2010, como por el originado por el terremoto en Japón. En este campamento, explicaron, se encuentran cuatro aldeas, conformadas por pescadores artesanales que vivían en el borde costero.
-Falta de solución y respuesta por parte de las autoridades, falta de cercanía de las autoridades y disputas internas que retrasan el inicio de los trabajos. Destacaron que el terreno está listo para construir y que fueron los propios vecinos quienes lo gestionaron para poder construir bajo la modalidad CNT.30
Puntos de conflicto:
-Carpetas con los antecedentes de los damnificados perdidas.
-Necesidad de cierre perimetral de la aldea. Manifestaron que la Ministra aprobó nuevos recursos para las aldeas, por lo que solicitan éstos sean destinados también a Alto Rari.
-Agua potable domiciliaria y alcantarillado.
Sector Aldea Nuevo Amanecer, Iglesia y Aldea de Coliumo
Expresaron que ellos han avanzado como aldea con recursos privados y gestiones particulares.
Solicitan expropiación del terreno si el dueño se niega a firmar pues están en estado de catástrofe.
Exigen fiscalización de los terrenos que se han gestionado y de los avances en la reconstrucción.
3.- Penco.
Campamentos Gente Mar y Cerro Verde Bajo
Explicaron que se trata de un conjunto de pescadoras algueras del borde costero entre Penco y Lirquén y que son propietarios del terreno donde actualmente viven, el que se encuentra emplazado a 10 metros de donde revientan las olas.
Puntos de conflicto:
-Hicieron presente la mala calidad de las viviendas y el hacinamiento que viven en ellas.
-No tienen certeza de la solución habitacional definitiva para ellos.
-Desigualdad en el acceso u obtención de las denominadas casas las Condes. Inundación de las casas durante los temporales.
Sector Campamento de Coihueco
(43 familias)
Señalaron que se trata de un conjunto de damnificados del sector Baquedano (Penco) donde eran propietarios de sus viviendas, las que fueron destruidas por el terremoto.
Puntos de conflicto:
-Techo de fonolitas, acusan que el Alcalde debía presentar un proyecto para que la Subdere inyectara recursos frescos y cambiar el techado por planchas de zinc.
-Reclaman mejoras en la calidad de vida de los habitantes del campamento
-Ficha de protección social demasiado alta, lo que ha provocado que sus hijos hayan perdido todos los beneficios en el colegio.
-Cobros excesivos en las cuentas de agua y luz.
-Precario sistema de alcantarillado.
-Plaga de ratones.
Sector Playa Negra
(54 familias)
Puntos de conflicto:
-Problemas con el proceso de expropiación, no ha habido participación ciudadana ni acercamiento por parte de las autoridades, denuncian problemas con el Alcalde de la zona señor Guillermo Cáceres Collao , quien quiere expropiar pero no los quiere escuchar.
-Mediaguas precarias y la gente no tiene ni agua ni luz en sus casas.
Sector Lautaro
(Junta de vecinos N°2)
Puntos de conflicto:
-Constructora Andes se adjudicó la construcción de las viviendas definitivas, hicieron presente que optaron por un tipo de vivienda determinada, y que ello quedó estipulado en el contrato, pero que luego construyeron en algunos casos otro tipo de vivienda.
-Señalaron además que están mal construidas, pues no se pueden ingresar los muebles a la casa, y el patio interior es tan reducido que deben agacharse para poder acceder a él.
-Por último hicieron presente además que en la demolición de las viviendas afectadas resultaron dañadas las propiedades de los vecinos.
4.- Comuna de Curanilahue.
Sector Aldea El Dos
(33 familias)
-Manifestaron que la calidad de vida que llevan es tan mala que ha redundado en la salud de los niños de la aldea.
-Mala calidad de las mediaguas.
-Demora en la asignación de subsidios, principalmente reclaman que el llenado de la ficha de protección social es un trámite que se viene haciendo hace mucho tiempo, sin resultados concretos.
-Incertidumbre respecto de la autoridad encargada de la Reconstrucción y ante la cual deben plantear sus demandas. No saben si el Serviu, el Minvu o la Intendencia.
Sector Aldea Vivienda Digna
(800 familias, residentes en zona roja)
Aclararon en primer lugar, que no viven en aldeas sino que corresponden a un grupo de damnificados que se encuentran en sitio residente. En segundo lugar, manifestaron sentirse excluidos del plan de reconstrucción y que su situación actual es peor que la de los damnificados de Aldeas.
Señalaron que el año pasado ellos sólo recibieron las mediaguas, pero nada más, ni el kit de luz y agua, ni tampoco revestimiento interior para sus mediaguas, y se les dijo en un primer momento que la ayuda para ellos sería en una segunda etapa, la que nunca se ha concretó.
Incertidumbre respecto a la solución habitacional definitiva para ellos pues las autoridades sólo consideran a los damnificados de las aldeas, asimismo, respecto de qué autoridad resolverá la situación de las personas en sitio residente.31
Reclamaron hacinamiento en sus mediaguas, como asimismo, en los sitios donde se encuentran emplazadas las aldeas.
Reclamaron que hubo personas que no recibieron el bono de $100.000 para mejoramiento de la vivienda.
5.- Comuna de Arauco.
Aldea 12 de Abril
(55 familias)
Hacinamiento: explicaron que el promedio de familias que viven en una mediagua es de cuatro a seis; y que cuentan con 16 baños, que ocupan de a dos o tres familias cada uno, es decir, entre 9 y 12 personas por baño.
Electricidad: Instalaciones de electricidad con cables de una medida inferior a la requerida, lo que provoca cortes y descomposición de aparatos eléctricos, sin contar que constituye un riesgo inminente de incendio.
Agua potable: señalaron que sólo tienen a su disposición agua en conteiners y que deben sacarla para trasladarla a sus mediaguas en Bidones. El mayor problema es que el agua tiene sarro lo que ha provocado enfermedades en varias familias, especialmente entre los niños.
Cesantía: solicitaron la implementación de nuevos proyectos para Arauco, principalmente para las mujeres.
Subsidio familiar y la ficha de protección social: señalaron que no obstante ser sus condiciones de vida precarias y peores a las que tenían antes del terremoto, sus puntajes inexplicablemente subieron.
Incertidumbre respecto al plan de reconstrucción a su respecto y solución habitacional definitiva para ellos.
Ayuda de particulares: Señalaron que en octubre del año pasado, la Cruz Roja instaló casetas sanitarias a las 55 familias que están viviendo a orillas del cerro, las cuales no han sido instaladas y están siendo utilizadas como bodegas. Han solicitado en varias oportunidades la instalación de los artefactos para que puedan ser usadas, pero no han tenido respuesta.
Familias unipersonales: solicitaron que éstas puedan postular sin fondo previo.
Sector Aldea Tubul
(298 familias)
Falta de apoyo a familias en sitio residente: señalaron que la diferenciación entre damnificados de aldeas y sitio residente ha dividido a la comunidad, pues todo el aporte llega sólo a los primeros.
Reapertura del programa Rukan, del Ministerio de la Vivienda: señalaron que hubo más de 30 familias de su sector que quedaron sin postular y sin quedar registradas como damnificadas, no obstante vivir actualmente en campamentos o mediaguas.
Aumento de puntaje en la ficha de protección social, que impide el acceso a otros beneficios estatales principalmente en lo que dice relación con las becas de estudio.
Precarias condiciones de salubridad: plaga de ratones y baños en mal estado.
Incertidumbre respecto del proceso de acreditación y reunión de la documentación necesaria para concretar su solución habitacional definitiva. Señalaron que el terreno fue expropiado, pero desconocen el estado de tramitación en el Serviu.
Sector Aldea Llico
(144 familias, 29 en aldeas y el resto en sitio residentes).
Acusan discriminación respecto de los damnificados en sitio residente, solicitan que se les trate a todos por igual, pues están en las mismas precarias condiciones.
Problemas sanitarios: señalaron que las bombas de la planta de tratamiento de aguas servidas colapsaron y brotó de las cañerías el agua sucia hacia las calles.
Incertidumbre respecto del terreno donde serán construidas sus nuevas viviendas.
Comité de los damnificados de Llico
(95 personas que perdieron sus casas, incluidos quienes perdieron sus casas
de veraneo).
Solicitud de requisitos que no reúnen para postular a subsidios de vivienda: Manifestaron que su problema radica en que la construcción de las casas se realizará sólo para las personas que tienen sus títulos de dominio o la autorización municipal para haber construido sus casas y dada la situación de emergencia y necesidad generada en un primer momento, entre familiares y amigos se ayudaron y se permitió la instalación de mediaguas sin mayor formalidad entre éstos, por lo que no existe un permiso municipal. De lo anterior resulta que de las 67 personas que perdieron totalmente sus casas y solamente hay 20 personas que recibirán sus viviendas.
Falta de trabajo: Agregaron que otro de sus problemas es la falta de trabajo para los habitantes de Llico, caracterizada por ser una caleta donde hay pescadores y pequeños agricultores. Consideran que el plan pro empleo no tuvo una prolongada duración.
Salubridad: fosa de aguas servidas colapsada, malos olores y problemas sanitarios generados por el olor insoportable.
Aldea ex cerro La Virgen
(20 familias)
Explicaron que están emplazados en un terreno que les pasó la Municipalidad.
Falta de apoyo de las autoridades: expresaron la falta de interés por las autoridades en brindarles una solución a su precaria situación, en condiciones de que han solicitado audiencias y no han sido recibidos.
Calles de la aldea en pésimo estado: explicaron que a pesar de realizarse un trabajo de ripiado en el sector, se desmorona, se hacen hoyos y se llenan de agua.
Falta de trabajo y de recursos para subsistir.
Niños que no han ido al colegio.
Incertidumbre respecto de la solución habitacional definitiva para ellos: principalmente el terreno donde estarán emplazados sus nuevos hogares.
Se sienten discriminados por ser una aldea de menor tamaño.
Agrupación Recolectoras de Orilla, en Tubul
(350 mujeres recolectoras de orilla)
Explicaron que de las 350 socias, 250 viven en aldeas porque perdieron sus casas y, además, perdieron su única fuente de ingresos pues tampoco hay nada qué recolectar.
Manifestaron que han recurrido a diversas autoridades pero que no han obtenido una respuesta o ayuda, y en caso de poder postular a proyectos se les pide tener un capital o monto mínimo para hacerlo, y con el que no cuentan.
Falta de becas de estudio para los hijos de pescadores y recolectoras: el costo por joven estudiante universitario es de $200.000 monto que no pueden cubrir por la falta de trabajo.
Problemas con el alcantarillado de Tubul: Manifestaron que éste se encuentra colapsado, y los líquidos salen de las casas hacia afuera lo que ha generado un foco de infección tremenda. Agregaron que esta situación la viven hace un año y medio.
Sector Aldea Las Peñas
(26 familias)
Señalaron haber recibido poca ayuda y su principal problema son los derrumbes en el sector. Supuestamente 24 familias serán erradicadas del sector y serán trasladadas a un terreno en Arauco, pero aún no hay certeza de cuando esto se solucionará. El problema es que según tres estudios del Sernageomin el terreno está en malas condiciones, y por esa razón no se pueden realizar arreglos a las mediaguas ni por las autoridades municipales ni por los propios vecinos.
Problemas de transporte y locomoción: señalaron que la carretera está a 25 minutos de la aldea y no pasan buses, cuestión delicada por los niños que en días de lluvias terminan empapados. Señalaron que han solicitado que se facilite un bus para los niños, pero no ha tenido ningún tipo de respuesta.
Cesantía: no hay fuentes de trabajo para los pobladores del sector.
Mediaguas: señalaron que hay mediaguas que están siendo utilizadas como bodegas, situación que han hecho presente a la Municipalidad, sin tener respuesta.
6.- Comuna de Lebu.
Sector Aldea Santa Fe por nuestro futuro
(29 familias)
Manifestaron que no desean más soluciones parches, pues ellos ya tienen los terrenos loteados y listos, por lo que solicitan la mayor celeridad en la instalación de sus viviendas definitivas.
Riesgo de accidentes: señalaron que actualmente viven en un cerro, y sus casas son frágiles lo que con el viento y los temblores puede provocar accidentes.
Cesantía: El otro problema mayor de Lebu es la falta de fuentes de trabajo, pues ya no se puede mariscar a la orilla del río y el pueblo perdió su puerto. Recalcaron que con trabajo podrán levantarse nuevamente.
Ficha de protección social: aumento del puntaje en las fichas de los damnificados, en condición de que están en peor situación que la previa al terremoto.
Aldea 27 de febrero
(150 familias)
Agradecieron las gestiones realizadas por su Alcalde y su Municipio.
Ficha de protección social: Recalcaron el tema del aumento del puntaje lo que les impide, a pesar de su precaria situación postular a beneficios sociales.
Aldea Una Esperanza
(15 familias)
Solicitaron mayor celeridad en la construcción de sus viviendas y la revisión de los criterios que se utilizan en la determinación del puntaje de la ficha de protección social.
7.- Comuna de Lota.
Sector Aldea Villa El Negro.
(10 familias)
Solicitaron mayor celeridad en la construcción de sus viviendas definitivas.
Sector Villa las Estrellas
Situación actual:
Señalaron que su situación a un año del terremoto no ha cambiado y siguen en carpas, mediaguas y con ollas comunes. Manifestaron además que actualmente viven hacinados a orilladle una multicancha, aclararon que son residentes pues cuentan con título de dominio, el que sólo es simbólico pues sus terrenos se desmoronan día a día.
Desorden en la tramitación de solicitudes: Denunciaron que los trámites que se hicieron para la vivienda definitiva no han prosperado por desórdenes en la solicitud de antecedentes por parte de la Intendencia.
Solicitan que el nuevo intendente trabaje ordenadamente y respetando a las municipalidades y juntas de vecinos.
Falta de estudio de terreno: señalaron que enviaron una solicitud al Sernageomin para que lo realizara, pero hasta la fecha no hay respuesta.
Falta de servicio eléctrico: señalaron que al solicitar a Frontel la instalación de sus kit, la empresa les señaló que el Gobierno ordenó que no se realizaran esos trabajos en el sector por la peligrosidad del terreno, que se está desmoronando. Alegan que es precisamente allí es donde están instaladas sus mediaguas.
Mal estado de las calles: señalaron que no cuenta con estabilizado de piedras para sus calles que son de tierra; y que cuando llueve se hace barro y los niños llegan a los colegios sumidos en él.
Bono otorgado por el Gobierno: señalaron que se hicieron las compras de los materiales para mejorar sus mediaguas, y que por la gestión de los propios vecinos éstos salieron más baratos, quedando un excedente a su favor. Consultaron si ese excedente puede ser recuperado por los vecinos y si no es así, qué es lo que ocurre con ese dinero.
Reforzamiento de mediaguas: solicitaron que se les acondicione con electricidad, sistema de agua potable, baños con duchas.
8.- Comuna Los Álamos.
Sector Aldea Nuevo Amanecer
(22 familias)
Manifestaron su cansancio y desesperanza por todo lo que han vivido y por todo el papeleo que tienen que hacer para recibir ayuda, lo que sienten sólo queda en promesas sin cumplir.
Certificados de Inhabitalidad y programa Rukán: señalaron que no obstante contar con estos certificados, no están considerados en el sistema o programa de vivienda Rukán, el que desconocen si será reabierto para casos especiales. Además se le señaló por la Subsecretaria de Desarrollo regional y administrativo que no califican como aldea, a pesar de ser damnificados y cumplir con los requisitos para postular a los programas.
Falta de energía eléctrica y agua potable y asignación de mayores recursos al Municipio: señalaron que la única ayuda que reciben es del Municipio, pero éste no cuenta con los recursos suficientes para canalizar la ayuda.
Petición concreta extensiva a todos los damnificados:
Los representantes solicitaron que todas las personas que viven en campamentos y que han sido perjudicadas con el terremoto pasen directamente a Chile Solidario, sin tener que hacer un estudio previo y sin diferenciar si son damnificados de aldeas o de sitio residente.
9.- Talcahuano.
I.- Aldeas.
Sector Aldeas de Tumbes
(Agrupa a las Aldeas San Juan , compuesta por 24 familias; Maryland , compuesta por 78 familias y Fernando Paz , compuesta por 39 familias)
-Fecha de inicio de la construcción de sus nuevas viviendas: manifestaron su incertidumbre respecto de la fecha en que se concretará el traslado definitivo de los vecinos a sus nuevos hogares. Agregaron que el terreno donde estarán emplazadas sus casas fue cedido por la Armada a Bienes Nacionales, pero que en este último servicio las gestiones respecto del terreno no están terminadas y no ha sido puesto a disposición del Serviu para empezar a construir.
-Puntaje en la ficha de protección social: señalaron que los puntajes habían aumentado considerablemente, y que por ello, no pueden acceder a becas de estudios para sus hijos y otros beneficios estatales.
-Asistencia médica insuficiente: señalaron que cuenta con un médico que va un día a la semana, lo que no cubre la necesidad de atención de salud debido a la gran cantidad de personas que se atienden, entre ellos muchos adultos mayores y niños.
-Problemas de acceso en Maryland: señalaron que el acceso a la aldea es un camino de un metro de ancho, lo que dificulta el ingreso de vehículos particulares y de emergencia, los cuales deben pagar para poder ingresar.
-Peligrosidad del sector donde se encuentran emplazadas: señalaron que sus aldeas se encuentran construidas en quebradas en donde hay napas de agua y vertientes.
-Falta de fuentes de trabajo: manifestaron que no recibieron ayuda del programa Volvamos a la Mar por no contar con el requisito del 25% del cofinanciamiento exigido por dicho programa.
Sector Aldea Centinela II 32
(Compuesta por 120 familias)
-Falta de agua potable y alcantarillado en las mediaguas.
-Falta de baños, señalaron que actualmente sólo existen 18 baños para 400 personas, y de ellos sólo 10 están habilitados.
-Existencia de mediaguas que están sin techo, luz ni forro.
-Programa de subsidios. Señalaron que una de las opciones que les dio la autoridad para mejorar su situación habitacional definitiva, fue el otorgamiento de un subsidio para la adquisición de viviendas de hasta 580 unidades de fomento. Al respecto manifestaron que por una parte, la tasación fiscal de las viviendas se basa en una tabla muy antigua, en la que sólo se considera el valor por metro construido y por otra parte, no tienen capacidad de endeudamiento para conseguir el monto de la diferencia entre el subsidio y el precio que se cobra.
Sector Aldea Santa Julia
(14 familias)
-Respecto de la solución habitacional definitiva: acusaron trabas por parte de la autoridad municipal. En tal sentido explicaron que para reconstruir sus viviendas, es prioritaria la construcción de muros de contención en el sector. Agregaron que su deseo es permanecer en el sector donde se encontraban sus viviendas, y por ende, solicitan que sus viviendas definitivas estén emplazadas en el mismo sector.
-Respecto de la situación de la Aldea: señalaron que es prioritario tomar las medidas para mejorar la aldea con sistema de agua potable y alcantarillado, baños y duchas.
Sector Caleta El Morro
(196 familias)
-Respecto de la solución habitacional definitiva: señalaron que desconocen el estado del proceso de compra del terreno de la SPK; dónde éste se encuentra emplazado y cuál es el plazo contemplado para la construcción de sus viviendas definitivas, solicitaron sinceridad por parte de la autoridad y certeza respecto a cuánto tiempo tomará el proceso de reconstrucción. Enfatizaron su deseo de permanecer, a pesar del riesgo, en el mismo sector donde se encontraban sus viviendas.
-Respecto de la situación actual de la aldea: señalaron que hay familias hacinadas, por lo que necesitan más mediaguas.
-Ficha de protección social: acusan aumento de sus puntajes, a pesar de estar en peor situación de la que se encontraban con anterioridad al terremoto, lo que las excluye de beneficios estatales, principalmente con las becas de estudios a sus hijos universitarios.
Comité de Familias Santa Clara
(26 familias)
-Situación actual de la aldea: señalaron que es prioritario se tomen las medidas para mejorar la calidad de las mediaguas, las cuales se llueven y se encuentran en mal estado.
-Programa manos a la obra: señalaron que la ayuda de ese programa no llegó al sector, por lo que solicitan se reactive y se asignen mayores recursos para su ejecución.
-Participación en la reconstrucción: señalaron su deseo de participar en cada decisión que se tome respecto a la compra del terreno donde estarán sus nuevas viviendas, el tipo de viviendas que les serán asignadas.
-Ficha de protección social: manifestaron que como consecuencia del disparo del puntaje de las fichas de protección social, mucha gente quedó afuera del programa Chile Solidario.
Campamento Renacer de Santa Clara y Aldea Rocuant
(83 familias)
-Mediaguas como foco de delincuencia y drogadicción: manifestaron que actualmente hay 86 mediaguas, las tres deshabitadas son utilizadas por jóvenes delincuentes y drogadictos, lo que ha provocado problemas entre los vecinos y mala fama al campamento, por lo que solicitaron sean éstas retiradas del lugar y reasignadas a damnificados que sí las necesiten.
- Perros vagos: señalaron que es uno de sus grandes problemas, porque son peligrosos y atacan a las personas que van al Consultorio del sector.
- Incertidumbre respecto de la fecha en que comenzará la construcción de sus viviendas.
- Necesidad de materiales para arreglar sus mediaguas, señalaron que la ayuda por parte de la Municipalidad ha sido negada por tratarse en algunos casos, de ampliaciones que los propios vecinos han realizado a sus mediaguas, dichos arreglos, enfatizaron, son de carácter precario y si los realizaron fue para tener una mejor calidad de vida.
Barrio de Emergencia Lomas de Santa Clara
(53 familias)
-Situación actual de la Aldea: manifestaron que su principal problemas es la falta de agua potable porque están conectados a un Liceo (la aldea se encuentra emplazada en la cancha del Liceo Industrial de la comuna) y la presión no es suficiente para abastecer las necesidades de la aldea. Asimismo, no cuentan con sistema de alcantarillado que permita evacuar las aguas servidas, lo que ha provocado focos de infección y contaminación. Enfatizaron que necesitan más baños, pues actualmente sólo hay ocho para la totalidad de las familias del sector.
-Ficha de protección social: señalaron no entender las razones del aumento de sus puntajes en sus respectivas fichas.
2.- Juntas de Vecinos.
Junta de Vecinos Nueva Las Salinas
(547 familias)
-Puntaje de la ficha de protección social demasiado alta para acceder a beneficios estatales.
-Estudios de suelo: manifestaron que son necesarios para tener certeza respecto de la seguridad del sector y si este es apto para reconstruir sus viviendas.
-Estudios de contaminación: señalaron que era necesario realizarlos por la gran cantidad de sedimentos que quedó en el lugar, para descartar la presencia de metales pesados al interior de las casas.
-Problemas con el sistema de alcantarillado: señalaron que han llamado frecuentemente a Essbio para comunicarles que los ductos entre las calles 3 y 4 están colapsados, pero no tienen certeza de que fueron retirados los sedimentos y residuos que quedaron del tsunami.
-Calles en mal estado: señalaron que a pesar de solicitar a la autoridad el arreglo de las calles del sector no han obtenido respuesta y que éstas presentan socavones y roturas.
-Arreglos en Canal Gaete: manifestaron que colindan con el canal, y que si bien se realizó un enrocado en el sector, falta implementar barreras de protección para la seguridad de los niños del sector. Asimismo, señalaron que se produjo a la altura de calle Colón un desprendimiento del muro de contención, por lo que temen el derrumbe de la calle hacia el Canal.
^@#@^Junta de Vecinos N° 21 Isla Rocuant
(54 propietarios afectados)
-Ficha de protección social: manifestaron su preocupación por el aumento de sus puntajes, lo que limita el acceso a beneficios estatales.
-Preocupación por los allegados: platearon sus dudas respecto a la ayuda que recibirán los allegados que tienen instaladas las mediaguas en sus terrenos.
-Solicitaron la pavimentación de las calles de la población.
^@#@^Junta de Vecinos N°20 Santa Clara
-Denunciaron irregularidades en el proceso de licitación del Serviu: manifestaron que hay dos empresas preseleccionadas para la construcción de sus viviendas definitivas, Constructora Alerce y Carpo Lagos, los vecinos optaron por el proyecto presentado por la Constructora Alerce, y desde entonces el proceso de construcción de sus viviendas se ha visto retrasado y han recibido una suerte de presión por parte de funcionarios del Serviu para optar por las viviendas de la otra constructora.
9.- Expropiaciones realizadas en Constitución.
-Agrupación de Expropiados de la Ribera del Río Maule, señoras Mirza Espinoza , presidenta; Carolina Amanríquez , socia; Lizette Pinochet , socia, y los señores Florencio Arrivillaga , Vicepresidente , y Jalil Said , secretario.
-Antecedentes Generales.
Sus inquietudes surgen ante la inminente expropiación de sus propiedades ubicadas en el borde costero del rio Maule, en razón de la realización de obras de mitigación consistentes en la construcción de un parque fluvial, propuesto por el Consorcio PRES (plan de reconstrucción sustentable) Constitución, integrado por un equipo interdisciplinario presidido por la Municipalidad de Constitución, el Ministerio de la Vivienda y la empresa Arauco .
-Falta de atención a las necesidades de la comuna y poca disposición al diálogo
por parte de las autoridades.
Señalaron que han sostenido numerosas reuniones con el Serviu y con el Coordinador de la Reconstrucción del Ministerio de Señor Pablo Allard, quienes no han dado respuesta efectiva a sus inquietudes, y que las encuestas en que se basa la decisión de expropiar, fueron realizadas y planteadas de tal forma a la comunidad, que no representan el verdadero sentir de los habitantes de la comuna, y menos de los propietarios de la Ribera. Agregaron que sus inquietudes han sido expresadas tanto a la ex Ministra Matte , como al Presidente de la República , las cuales no han dado solución o respuesta. Asimismo, señalaron que el Grupo PRES Constitución evacuó un informe técnico sobre el proyecto que se pretende realizar en el Sector, el que fue solicitado por la agrupación hace meses, pero que, hasta la fecha no les ha sido entregado.
-PRES (Plan de Reconstrucción Sustentable): Constitución e influencia
de intereses comerciales en el proyecto.
Señalaron que el grupo está financiado por las empresas o Complejo de Arauco, al que pertenecen las empresas Celco Constitución y Celco Valdivia . Es presidido por el Alcalde de la comuna, y lo integran además un funcionario (a) del Ministerio de la Vivienda (aunque manifestaron no tener certeza si éste pertenece al Minvu o Serviu), como también por el Ex Ministro Tokman .
Agregaron que la decisión de expropiación por parte del Ministerio de la Vivienda fue tomada en base a la información entregada por este grupo, suponiendo que éste había consultado a la comunidad y consideran que el concepto de seguridad mayor, al que se acoge la ley de expropiación, en este caso ha tenido una aplicación viciada. Expresaron que si bien valoran algunos proyectos del PRES que hablan de vivienda, no están de acuerdo en lo que respecta al borde río pues consideran que no es necesaria la expropiación.
Manifestaron que el resultado del informe PRES se refiere al litoral maulino frente a la costa mar, pero no se pronuncia respecto de los 600 metros del frente de olas de la celulosa Constitución, la que resultó con grandes daños con el tsunami y respecto de la cual, no hay un pronunciamiento del informe PRES respecto de su expropiación.
-Falta de disponibilidad de terrenos en la comuna.
Señalaron que los precios de las propiedades en la comuna se dispararon producto del terremoto, es decir, las propiedades que antes valían 20 millones de pesos hoy están entre 80 a 150 millones de pesos y realizaron un sondeo de los metros cuadrados y las propiedades que están disponibles como antecedente y que corrobora lo que plantean.33
Agregaron que existen terrenos disponibles para construir el parque propuesto por el proyecto, ello en base a un mapa facilitado por el Ministerio, donde se demarcaron las 2 cuadras y media que hay desde la playa hasta la calle Pinto, precisaron que se trata de terrenos fiscales, pertenecientes al Ministerio de Bienes Nacionales.
-Alternativas de mitigación diversas a la expropiación.
Manifestaron que cuentan con un informe hidráulico conceptual respecto de las obras de mitigación de tsunamis y crecidas del río Maule en el borde costero de Constitución,34 emitido en abril del año 2011 y en el que se plantea la conveniencia de estudiar otras obras de mitigación diferentes a las planteadas por el PRES Constitución, y que no implican la expropiación de los propietarios del borde costero. Asimismo, agregaron que la solución que plantea el proyecto PRES es insuficiente para mitigar los efectos de un maremoto, lo relevante, recalcaron, es contar con un buen sistema de alerta temprana y no un velo de eucaliptus frente al pueblo, que les obligaría a vivir sumidos en la humedad y en la sombra, para toda la vida.
Enfatizaron que sus propiedades no se vieron afectadas por el maremoto puesto que estaban bien enrocadas, por lo no entienden las razones de seguridad en las que se basa la decisión de expropiar y los miles de millones de pesos que se están destinando para financiar dicho propósito, en condiciones que pueden ser redestinados para otros efectos de reconstrucción en la comuna y no para despojarlos de aquello que les costó toda una vida conseguir.
Finalmente, recalcaron que creen en la realización de un proyecto que respete a la gente, su cultura y tradición: los astilleros, faluchos y los pescadores artesanales no pueden estar en los cerros.
Inquietudes de los señores diputados posterior a la presentación:
Fueron contestes en la urgencia de lograr un diálogo con el Ministerio de la Vivienda y los vecinos afectados, pues consideraron de vital importancia, ante la cantidad de firmas que apoyan la causa de los invitados, la obligación de las autoridades de escucharlos.
Asimismo, manifestaron que si bien les parece loable la cooperación de empresas privadas en la reconstrucción, éstas no tienen el rol de urbanistas ni de creadoras de ciudades. Enfatizaron en lo preocupante que resulta pensar en un eventual existencia de intereses comerciales que estén determinando en este caso las decisiones sobre reconstrucción, en desmedro de los interés y necesidades de la comunidad: las decisiones de ocupación territorial y uso del suelo deben considerar primordialmente la opinión de los habitantes por sobre los eventuales interés comerciales que existan en torno al proyecto PRES.
P.- CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN EN LA FICHA DE PROTECCIÓN SOCIAL.
-Señores Felipe Kast Sommerhoff, Ministro de Planificación ; señor Pedro Pubill Figueroa , Director Ejecutivo del Sistema de Protección Social ; Max Franco encargado de la Ficha de Protección Social del Ministerio y Francisco Moreno , Jefe de Gabinete del Ministerio de Planificación . (Expuso el Ministro Kast).
Antecedentes generales sobre la Ficha de Protección Social:
En primer lugar explicó cómo ha funcionado el sistema de focalización en los últimos diez años. Señaló que en el año 1985 se aplicó por primera vez un instrumento pensado para la vivienda (Ficha CAS), siendo modificada ésta en el año 1990 (Ficha CAS II) y fue en el año 2007 cuando se realizó una gran reforma en esta materia, de la que resultó la Ficha de Protección Social actual, cuya metodología y aplicación, recalcó, no ha sufrido modificaciones desde entonces.
Agregó que la ficha CAS II fijaba las prioridades de una familia en base a las condiciones de sus viviendas lo que era sumamente criticado y que en la ficha de protección social actual, en cambio, se mide la vulnerabilidad en base a la proyección de la capacidad para generar ingresos respecto de lo cual se proyecta un puntaje, basado en la composición de la familia, en el nivel de estudios y en distintos elementos.
-Labor del Ministerio en relación con los criterios de evaluación de la FPS
Señaló que durante el año pasado se realizó un comité de expertos que revisó la FPS y que concluyó que el que el nivel de necesidad de una familia está mejor determinado por una mezcla entre sus carencias habitacionales y su capacidad de trabajo. En tal sentido, expuso que actualmente se encuentra en tramitación un proyecto de ley que crea el Ministerio de Desarrollo Social,35 en el que también se contempla como eje central el mejoramiento de la FPS.
Agregó que actualmente sólo cuentan con tres fiscalizadores a nivel nacional lo que redunda en una gran cantidad de información tergiversada, por su parte, los sistemas informáticos que sirven de respaldo a esos procesos son muy precarios.
El proyecto de ley en referencia, contempla la creación de una unidad especial encargada de la FPS, la que se hará cargo de los dos principales problemas que se observan en la aplicación de la FPS: el aprovechamiento del sistema por parte de inescrupulosos y la rigidez de la ficha, puesto que hay miles de elementos que la ficha no incorpora, puesto que es muy homogénea, razón por la que no tiene la flexibilidad que le permita hacerse cargo de problemas más complejos.36
-Circunstancias que explicarían el cambio de puntaje en algunos casos.
Expresó que hay distintos elementos que hacen que el puntaje varíe en forma automática, sin que sea necesario que el grupo sea encuestado nuevamente, como por ejemplo, el nacimiento o fallecimiento de un integrante del grupo familiar, o que un integrante del grupo familiar cumpla la mayoría de edad. No obstante lo anterior y ante la inquietud de algunos parlamentarios, explicó que se realizó una revisión comparativa de la situación entre diciembre del año antepasado y marzo del año pasado y repetimos la comparación con los antecedentes obtenidos un año después, en marzo del presente año, y resultó que los datos de ambos períodos eran bastante parecidos. Por ejemplo, señaló, que el 95 por ciento de las familias que estaban en el primer quintil, o sea, el 20 por ciento de menores ingresos, siguen estando en ese nivel. Sólo el 3 por ciento de esas familias subió al segundo quintil y el 3 por ciento de aquél bajo al primero.
Por lo tanto, concluyó que no advirtieron una situación distinta a la que había antes, lo cual es consistente con el hecho de que sigue ocupando la misma metodología.
-Medidas a implementarse dentro del corto plazo, mientras se aprueba el proyecto
de ley en referencia.
Manifestó que hay varios aspectos que se pueden mejorar fácilmente, como la fiscalización, lo que les permitirá contar con un servicio al cual las personas puedan llamar para que les expliquen por qué su puntaje cambió. Recalcó la necesidad de establecer un sistema de servicio y un trato mucho más digno y profundo para la gente, de manera que la información esté disponible para las personas y ella no sienta que lucha contra algo que no entiende, y ellos precisamente por la complejidad del sistema de cálculo.
Inquietudes planteadas por los integrantes de la Comisión.
Manifestaron su preocupación sobre el punto, pues tanto en sus respectivos distritos, como en las sesiones de Comisión en que se ha escuchado a los damnificados, la queja es la misma: personas cuya situación es peor a la que tenían con anterioridad al terremoto, pero cuyos puntajes en la ficha de protección social ha aumentado considerablemente, y que resulta especialmente preocupante respecto de los damnificados que viven en aldeas.
Asimismo, coincidieron en que toda situación de emergencia requiere ser abordada con instrumentos y mecanismos de emergencia, no con los normales, en tal sentido la catástrofe y las necesidades que se generaron para los damnificados con ocasión de éste debieron abordarse con un instrumento de medición específico, elaborado y aprobado inmediatamente ocurrida la catástrofe.
-Respuesta:
El señor Ministro de Planificación hizo un llamado a ser rigurosos con las ideas expresadas, en tal sentido, explicó que sí existe un instrumento de emergencia: la encuesta familiar única de emergencia, de la Oficina Nacional de Emergencia que no se utilizó tanto, debido a su precariedad y al hecho de haber sido elaborada por la Onemi, y precisamente porque no era muy fidedigna para postular a una nueva vivienda, se optó por el certificado que acreditaba que la vivienda familiar había sido destruida por el terremoto, aun cuando haya recibido antes un subsidio y aun cuando su puntaje en la ficha fuese de 15 mil puntos.
Aclaró que la FPS no está pensada, ni es esa su función hacerse cargo de los problemas derivados por el terremoto, por eso, explicó, cada uno de los ministerios sectoriales ha tomado medidas que no tienen relación con la Ficha de Protección Social para hacer frente al gran problema que constituye la vivienda. Hoy, para acceder a una vivienda hay que contar con un certificado que acredite que fue destruida por el terremoto, y para eso no necesita la Ficha de Protección Social. Asimismo, en el Ministerio del Trabajo y en el Ministerio de Educación no se utilizó la FPS para la ejecución de sus respectivas políticas post terremoto.
Por lo anterior plantea que si bien se puede revisar y fiscalizar lo que ocurre con la FPS no se puede plantear una modificación total a este instrumento, el que recalcó es producto de una gran reforma realizada durante el Gobierno anterior, pues ello generaría aún mayor frustración en las familias de bajos recursos, quienes verían cambios drásticos en sus puntajes.
No obstante lo manifestado por el Ministro los integrantes de la Comisión insistieron en su inquietud respecto de las medidas que se implementaran por parte del Ministerio en orden revisar esta situación, congelar los puntajes o volver a los puntajes anteriores, re encuestar a esa gente y estudiar una modificación a la FPS porque se está hablando de gente que vive en mediaguas y que está tremendamente necesitada. Agregaron que en el eventual nuevo diseño o metodología que se pretenda aplicar, deberían contemplarse situaciones de emergencias, para que, cuando éstas ocurran, no deba revisarse nuevamente la ficha.
Q.- SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES Y OBRAS DE MITIGACIÓN EN LA REGIÓN DEL BIOBIO.
Señora Nancy Whittle Finch , Jefa (S) de la división de Planificación, Estudios e
Inversión, del Ministerio de Planificación, y el señor Sergio Montenegro Tagle ,
asesor de dicha división. (Expuso la señora Whittle ).
Aclaró en primer lugar que en materia de reconstrucción, la rentabilidad social ha quedado circunscrita solamente a nuevos proyectos o a aquellos respecto de los cuales se está planteando una nueva solución, con otras capacidades, procedimiento distinto al anterior, pues se debe justificar el aumento y efectuar un análisis de alternativas para los cambios de localización, por lo tanto, prácticamente a ninguno se le está pidiendo rentabilidad social ni la cuantificación de beneficios, puesto que eso es complicado. Sabemos con mayor certeza el valor de una obra, pero los beneficios son difíciles de cuantificar.
Agregó que están trabajando para mejorar las metodologías, para que se recoja de mejor manera los beneficios sociales. Asimismo, enfatizó que en todos los proyectos de reconstrucción han utilizado el criterio de costo-eficiencia o de mínimo costo, puesto que no estamos cuantificando beneficios, sino asegurándonos que los costos y las soluciones sean razonables, sobre la base de los parámetros de los costos de referencia. No obstante lo anterior, manifestó su preocupación por lo planteado por algunos parlamentarios, en el sentido de que están quedando fuera algunos proyectos porque no son rentables. Tal vez, se dan algunas situaciones de ese tipo, pero estima que se trata de casos que son contados con los dedos de la mano.
Explicó que con posterioridad al terremoto, todos los proyectos fueron sometidos a reevaluación, con el objeto de analizar el aumento de obras, porque debido a lo ocurrido se requería efectuar, por ejemplo, modificaciones a su diseño y que en todos esos casos se ha utilizado el criterio de costo-eficiencia, es decir, que haya un proyecto de respaldo con información suficiente.
Manifestó que a su juicio una de las limitaciones que ha tenido el proceso de reconstrucción, más que la rentabilidad es el armado o el levantamiento de carteras de proyectos, para contar con los diseños de ingeniería desarrollados.
Expresó que habría que ver los casos específicos en los que hubo aumento de capacidades, porque deberían justificarse con alguna metodología que pueda cuantificar beneficios.
Inquietudes y dudas de los diputados:
Consultaron sobre la existencia de resoluciones que den sustento a que las evaluaciones de los proyectos de reconstrucción en el sistema nacional de inversiones deban tener un criterio distinto y manifestaron su inquietud, por cuanto, en la región del Biobío existe una cartera amplia de proyectos en la región, y por lo tanto, no les calza la respuesta dada por la invitada, en el sentido de que hay carencia de proyectos para ejecutar obras que deben tener el sustento de generar una demanda o un aumento de la demanda que permita rentar un proyecto.
-Respuesta de la señora Whittle.
Señaló que se han emitido varios instructivos; el específico sobre la materia es el oficio N° 1803, emanado de los ministerios de Hacienda y de Planificación, en el que se instruye claramente cómo operar con las iniciativas que se presenten. Agregó que se creó un descriptor “Reconstrucción Sismo” en el banco de proyectos para identificar las iniciativas, y se definió cómo operar cuando eran reparaciones menores o mayores, cuando había reposición del activo sin aumento de capacidad, o cuando había un mejoramiento de la situación actual, asimismo, se determinaron los antecedentes que había que presentar para cada uno de esos casos. Recalcó que en ninguno se les pide la rentabilidad social de la iniciativa; lo que se les pide es el diseño de ingeniería, el cronograma, el presupuesto y el flujo de caja.
Expresó que además se creó una ficha técnica de daños para apoyar a los formuladores, cuando hubiesen ido a terreno y constatado que la infraestructura presenta daños, o si ésta estaba con la capacidad de uso que correspondía. En el fondo, la idea era constatar si un colegio estaba ocupado en su capacidad de diseño o si había disminuido la capacidad de matrículas.
Finalmente, expresó que dejaría a disposición de los integrantes de la Comisión información detallada sobre la materia.
R- DONACIONES RECIBIDAS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR, TANTO NACIONALES COMO EXTRANJERAS, A PROPÓSITO DEL TERREMOTO Y MAREMOTO DEL 27 DE FEBRERO.
-Señor Rodrigo Ubilla Mackenney , Ministro del Interior Subrogante .
-Marco Jurídico.
En primer lugar señaló que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley N°16.282, Ley de Sismos, el Presidente de la República dictará un Decreto Supremo que determine las zonas afectadas por la catástrofe, lo que fue formalizado mediante la dictación del Decreto Supremo N° 150, del 27 de febrero de 2010, del Ministerio del Interior, cuya vigencia temporal se amplió por el Decreto Supremo N°148, del 23 de febrero de 2011.
En tal virtud, al Ministerio del Interior le compete la planificación y coordinación de las actividades que establece ese texto legal y la atención de sismos y catástrofes y en tal contexto, y entrando de lleno a la materia para la cual fue convocado, explicó que, según el artículo 6°de la aludida ley, el Ministerio del Interior se encuentra autorizado para recibir donaciones que se hagan para ayudar a las zonas damnificadas.
Agregó que según lo prevé el citado artículo 6°, las donaciones en dinero podrán ser puras y simples o condicionadas a un destino específico, así en el primer caso, las donaciones recibidas “podrán ser puestas por el Ministerio del Interior a disposición de cualquiera institución fiscal, semifiscal, de administración autónoma o empresa en que el Estado haya aportado capitales o tenga representación, a las Municipalidades o a las entidades privadas que estime más adecuadas para su distribución y aprovechamiento” y en el caso de las donaciones condicionadas, deberá darse el destino establecido por el donante, y en tal caso, de acuerdo al Oficio Ord. N° 670, del 29 de junio de 2010, de la Dirección de Presupuestos, los recursos recibidos como donaciones condicionadas no deben ingresar al presupuesto del Ministerio del Interior y “deberán ser puestos directamente a disposición de los donatarios”.
Explicó que de la normativa citada, las obligaciones que se derivan tanto para la institución beneficiada como para el Ministerio, son distintas. Así, en el caso de las donaciones no condicionadas, el sistema de rendición de cuenta por parte de la institución es el mismo que en cualquier repartición pública. En el caso de las donaciones que vienen con destino preestablecido, o condicionadas, el Ministerio sólo hace la entrega a la institución previamente definida y la Contraloría General de la República certifica que cumplieron con dicha entrega. La institución beneficiada no requiere hacer una rendición de cuenta al Ministerio.
Agregó que conforme al INFORME FINAL N° 104, de 31 de marzo de 2011, de la Contraloría General de la República, la que auditó los montos en dinero recepcionados por esa Subsecretaría, no efectuó observación alguna sobre el particular, señalando al respecto lo siguiente: “De acuerdo a la información proporcionada por el Subsecretario del Interior al 20 de agosto de 2010, el total de dinero recaudado por concepto de donaciones ascendía a 9.465.200.605 pesos. De ese monto, 3.028.797.445 pesos fue condicionado por los respectivos donantes, por lo que la recaudación no condicionada ascendía a 6.436.403.160 pesos, la cual se ha destinada preferentemente a financiar gastos de demoliciones, reconstrucción, reparación y reposición de obras varias, quedando, al 10 de noviembre de 2010, un saldo por utilizar de 3.391.116.409 pesos.”.
-Detalle respecto de los dineros recibidos y los destinos de los mismos.
Señaló que los antecedentes proporcionados están actualizados al 30 de abril del año 2010.
Cuadro uno: Montos totales recibidos por el Ministerio.
Cuentas
Ingresos Cta. Corriente al 30.04.2011
Moneda de Origen
^@#@^Total Pesos
^@#@^N° 4545
(Pesos)
$5.429.978.114
$ 5.429.978.114
^@#@^N° 001-080-29501
(US Dólares)
7.934.514,61
$4.137.955.651
^@#@^N° 001-080-29609
( Euros)
2.774,22
$1.786.055
Total en Moneda Nacional
$9.569.719.820
Al respecto agregó que el monto de $9.569.719.820 se desglosa de la siguiente manera:
-Donaciones condicionadas por el donante: $3.120.909.996.
-Donaciones no condicionadas: $5.250.751.944.
-Saldo vigente al 30 de Abril del 2011: $1.198.057.880.
Cuadro dos: Distribución de los recursos.
I.- Donaciones Condicionadas, por país donante.
PAÍS
DONANTE
BENEFICIARIO
US DOLAR
PESOS
RUSIA
Gobierno San Petesburgo
Ilustre Municipalidad de Molina
100.000
51.767.000
SUECIA
Consulado Chile Suecia
VI CIA. de Bomberos de la Comuna de Conchalí
18.168
9.490.383
Consulado Chile en Gotemburgo Suecia
Ilustre Municipalidad de Teno
8.598
4.101.676
Ilustre Municipalidad de Tome
1.279
610.147
Comunidad Mapuche Lafkenche (a través de
I. Municipalidad de Temuco)
2.905
1.426.384
Total
30.950
15.628.590
TURQUIA
TURQUIA
SERNAM
247.000
122.143.970
INDIA
INDIA
Fondo Esperanza
2.500.000
1.302.750.000
Universidad de Talca
1.115.000
582.866.250
Ministerio de Educación
1.385.000
684.896.350
Total
5.000.000
2.570.512.600
JAPON
Empresa MITSUBISHI
Proyecto de reconstrucción de la Casa de Cultura de San Bernardo.
50.000
24.071.500
ESPAÑA
^@#@^Plataforma Solidaria Mallorca Ayuda a Chile
Comunidad Mapuche Lafkenche
4.538.892
COREA
Empresa SAMSUNG
Onemi
(Proyecto de Alerta Temprana de la Región del Bio-Bio)
500.000
240.715.000
CHILE
EMPRESA ANGLO AMERICAN
Plan de Mitigación de desprendimiento de Cerro Pan de azúcar
91.532.444
Total
5.927.950
3.120.909.996
II. Donaciones No Condicionadas y distribución por región.
REGIÓN
BENEFICIARIO
FINALIDAD
MONTO PESOS
REGIÓN DE VALPARAÍSO
Municipalidad de Viña del Mar.
Reparación Teatro Municipal
500.000.000
REGIÓN DE O’HIGGINS
Intendencia VI Región
Demolición y Retiro de Escombros
183.000.000
Hospital de Rancagua
Reposición Equipo de Rayos X e Instrumental Traumatológico y Neuroquirúrgico
138.000.000
Total
321.000.000
REGIÓN DEL BIO-BIO
Intendencia Región de Biobío
Rehabilitación y reconstrucción Mercado de Dichato
146.000.000
Intendencia Región de Biobío
Rehabilitación y reconstrucción Mercado de Talcahuano
139.000.000
Intendencia Región de Biobio
Construcción Boulevard de Dichato
500.000.000
Agrupación de Locatarios Pescadores Artesanales de Tumbes
Habilitación Contenedores Caleta Tumbes
40.000.000
Municipalidad de Arauco
Para financiar la demolición de cuatro edificios públicos en la Comuna de Arauco
62.046.600
Cuerpo de Bomberos Concepción
Proyecto de Reposición Provisoria de los Cuarteles de la 3° y 6° Compañía
62.874.086
Cuerpo de Bomberos Hualqui
Proyecto Construcción de un cuartel temporal provisorio.
28.466.277
Cuerpo de Bomberos Florida
Proyecto de Reposición del cuartel general de Florida de las 1° y 2° Cía.
35.221.154
Cuerpo de Bomberos Chiguayante
Proyecto de Reposición de la sala de maquinas del cuartel de la 2° compañía y casas de los cuarteleros de la 2° y 3° compañía Chiguayante.
52.976.438
Intendencia Biobio
Habilitación de Energía Eléctrica para viviendas de Emergencia Sector Dichato
52.141.000
Ministerio de Defensa
Reparación Regimiento Reforzado N° 17 Los Ángeles
370.000.000
Total
1.488.725.555
REGIÓN
DE LA ARAUCANÍA
Corporación Nacional Forestal (CONAF)
Establecimiento de defensas vegetales costeras, Puerto Saavedra
208.678.000
Sociedad de Socorros Mutuos de Carahue
Restitución de Sede Sociedad de Socorros Mutuos
50.000.000
Municipalidad de Loncoche
Reposición de Infraestructura, Equipos y Equipamiento, Posta Salud Rural Sector Molco, Loncoche
181.600.000
Total
440.278.000
REGIÓN METROPOLITANA
Gobierno Regional Reg. Metropolitana
Demolición de tres edificios comuna de Maipú
390.286.751
Carabineros de Chile
Construcción Escuela de Suboficiales de Carabineros
1.000.000.000
Policía de Investigaciones de Chile
Reparación de Infraestructura Policial
1.110.461.638
Total
2.500.748.389
Agregó respecto de estas donaciones, que corresponden al fondo administrado por el Ministerio del Interior, a través de la Subsecretaría del Interior, y que actualmente cada una de ellas se encuentran en distintos estados de ejecución, con las respectivas resoluciones que autorizan su transferencia a las instituciones correspondientes y en diverso estado de rendición, información toda que dejó a disposición de la Comisión.
Finalmente señaló que aún queda en la cuenta corriente de la Subsecretaría del Interior un total de 1.198.057.880 pesos por asignar.
-Inquietudes planteadas por los integrantes de la Comisión con la respuesta del Ministro del Interior (S).
a) Criterio de asignación respecto de las donaciones no condicionadas, principalmente en el contexto respecto a los recursos asignados en Biobío para bomberos y el porqué algunas estaciones se vieron beneficiadas y otras no.
Respuesta: señaló que personalmente fue a la región y recorrió las distintas compañías y solicitó al presidente regional que les hiciera un envío de solicitudes de reposición y reparación de los distintos cuarteles. Los que según la presentación más arriba descrita, fueron financiados, son aquellos proyectos que llegaron a Santiago con el nivel de descripción de los mismos, con los antecedentes necesarios para ejecutar o financiar esas obras.
Precisó que la razón tras esa decisión, corresponde a un momento -año 2010- en que la prioridad no era la reconstrucción o la reparación de los cuarteles de bomberos, por lo que había que buscar una fórmula rápida y oportuna para ese financiamiento. Precisó que las necesidades siempre son mayores a la disponibilidad de recursos, pero se hizo un esfuerzo con esos recursos para llegar a un tipo de proyecto que no estaba siendo financiado en ese momento
b) Seguimiento respecto de las donaciones condicionadas por parte del Ministerio del Interior.
Respuesta: Señaló que los fondos que se depositaron o que se canalizaron a través de la Ley de Donaciones llegaron con posterioridad al 28 de mayo del año pasado. La mayoría de los recursos de los que dio cuenta durante su exposición a los integrantes de la Comisión son aquellos que llegaron como contribución antes de la promulgación de la ley.
Luego explicó que está establecido que como Ministerio deben hacer un seguimiento de cada una de las transferencias que han hecho sobre la base de los fondos no condicionados, en tal sentido, la mayoría de los fondos que han sido transferidos del segmento condicionado van a instituciones públicas, de manera que lo que corresponde es que la Contraloría General de la República efectúe los controles del gasto, como debe hacerlo con todas las instituciones públicas. Sin perjuicio de ello, señaló que ha dispuesto que a todos los recursos que han sido pasados por la Subsecretaría se les dé el seguimiento respectivo, es decir, están en condiciones, tanto para los fondos condicionados como para los no condicionados, de demostrar en qué se han ido gastando esos recursos.
c).- Motivo de la asignación a la Municipalidad de Viña del Mar, para la reparación del Teatro Municipal , principalmente en el contexto de las prioridades que se deben tener a la vista en materia de reconstrucción.
Respuesta: Explicó que ese recinto sufrió daños estructurales significativos, con riesgos importantes no sólo para la población, sino que éstos también involucraban la pérdida de ese patrimonio arquitectónico, lo cual, en términos generales, constituyó el fundamento respecto de la necesidad de recuperarlo. Reiteró que en la determinación de estos fondos, hay un sentido de urgencia, es decir, 9 mil millones, considerando la magnitud del daño, es una gota de agua, por eso se tuvo que buscar criterios asociados a las urgencias, a cierta equidad territorial, a los lugares realmente impactados por el terremoto y a aquellas áreas que no resultaban ser prioritarias en el momento para efectos de esta reconstrucción.
d) Acciones del Ministerio en relación con la internación de alimentos realizado por la empresa de retail Cencosud, como ayuda humanitaria.
Respuesta: La autoridad hizo una aclaración previa, relacionada con las observaciones hechas por la Contraloría en sus auditorías. En tal sentido explicó que una de las primeras que se realizaron al Ministerio fue en relación a las donaciones que se estaban recibiendo, y la principal observación fue que durante los primeros meses no se estaban foliando los certificados de donación, lo que fue reparado como un error de forma que era importante corregir, ya que podía prestarse para confusiones, el que fue corregido inmediatamente. Agregó que la última auditoría evalúa sin observaciones este tema y hace mención a donaciones anteriores que estaban en bodega y que no habían sido distribuidas. La Contraloría nos pidió que iniciáramos un sumario; la Onemi lo inició en su momento, pero todavía está en pleno proceso.
En ese informe de la Contraloría también se hace mención a las coordinaciones o descoordinaciones que se produjeron, en tal sentido el órgano contralor hizo ver al Ministerio del Interior, a la Onemi, que el país no contaba con un protocolo que definiera la relación que debían tener los distintos servicios públicos que recibían las donaciones. No existían protocolos claros en términos de las responsabilidades de Aduana y de Onemi, etcétera y que en tal sentido explicó que el actual Gobierno ha informado a la Contraloría el trabajo que se está realizando para avanzar en esos protocolos para definir las responsabilidades, de manera que desde el momento en que se recibe la donación en el aeropuerto hasta que se entrega a su destino final, esté claramente establecido y sea conocido el procedimiento por parte de las distintas instancias que participan.
Respecto de la pregunta en particular, señaló que ante la solicitud de certificación de la empresa el Ministerio del Interior, éste no le hizo entrega de la documentación ni se cancelaron las facturas respectivas hasta que dicha empresa resolviera el tema con Aduana. En tal sentido, agregó que una vez que lo hicieron y se pagaron los derechos de internación, recién cancelaron, para que quedaran despejadas cualquier tipo de dudas. Por último, recalcó que todas estas facturas u órdenes de compras fueron hechas en el Gobierno anterior.
e).-Destino de los fondos que aún están disponibles en el fondo de reconstrucción, y el criterio para la distribución de los montos donados que aún están en el Ministerio del Inte-rior.
Respuesta: Precisó en primer lugar que el administrador del fondo de la reconstrucción es el Ministerio de Hacienda y que el Ministerio del Interior no administra el fondo, no recibe los recursos ni somos los responsables de su asignación.
Sin perjuicio de lo anterior, en lo que respecta 1.198 millones de pesos, correspondiente al saldo de las donaciones realizadas previo a la vigencia de ley N°20.444 señaló que en están a la espera de evaluar el pago de los servicios de agua potable de las distintas aldeas correspondiente al período de tiempo que llevan establecidas, en tal sentido, explicó que actualmente están en conversaciones con las empresas prestadoras del servicio y estiman que éste es uno de los proyectos que debe ser priorizado, el que estimativamente tiene un costo de, al menos, 400 millones de pesos. Señaló que dichos fondos no fueron utilizados durante el año pasado, precisamente para contar este año con un fondo de contingencia.
5.- RESIDENTES EDIFICIOS SINIESTRADOS DE CONCEPCIÓN
-Señora Mónica Molina Ravanal ; señor Enrique Hernández , representantes de la Comunidad del Edificio Altorío; señor Guillermo Ruz Moncada , señor Ricardo Rozas Pacheco , representantes de la Comunidad Edificio Plaza del Río; señora Alejandra Catalán Rojas , representante de la Comunidad Centro Mayor y señor Sven Harms Alarcón representante de la Comunidad Edificio Alto Arauco II. (Expuso la señora Molina Ravanal y el señor Hernández ). Tema: Situación actual de los damnificados de los edificios colapsados de Concepción.
-Antecedentes generales.
Explicaron que el 20% de los edificios de 15 o más pisos en Concepción, sufrieron daños estructurales irreparables. La mayoría eran nuevos y algunos estaban aún a la venta. Hizo presente que 75 edificios resultaron con serios daños estructurales, lo que trajo como consecuencia que 543 familias quedaran damnificadas, sólo en las 4 comunidades organizadas ( Altorío , Plaza del Río, Centro Mayor y Alto Arauco II) y que de ellos hay cerca de 85 propietarios sin seguros comprometidos, especialmente personas de la tercera edad.
-Condiciones Estructurales de los Edificios de 3 o más pisos en la comuna
de Concepción.
Hicieron presente que en base a la información entregada por la Municipalidad de Concepción, los edificios siniestrados pueden ser objeto de la siguiente clasificación:
Categoria 1
(8 edificios)
Edificio con colapso inminente que necesita ser intervenido para demolición inmediatamente. Estas estructuras pueden colapsar total o parcialmente con movimientos sísmicos leves.
Categoria 2
(67 edificio)
Edificio con daño estructural severo en sus líneas resistentes, con peligro de colapso ante réplicas fuertes. En estas estructuras es necesario un estudio avanzado para determinar su recuperación o demolición.
Categoria 3
Edificio con daño estructural sin compromiso de la estabilidad global. Este tipo de edificios son seguros para habitación aún cuando puedan necesitar reparaciones.
-Descripción de cada uno de los edificios siniestrados.
Edificio Alto Río.-
Corresponde a un edificio de 15 pisos y 2 subterráneos, con 113 departamentos, de los cuales el 70% está vendido. Producto del colapso del edificio por el terremoto resultaron 8 personas fallecidas y 64 familias damnificadas. Explicó que hay 106 personas (35 familias) organizadas. Agregó que la comunidad en su mayoría corresponde a matrimonios jóvenes y que con posterioridad al terremoto los damnificados son ahora allegados, arrendatarios, migración a otras regiones. Agregó que hay propietarios con liquidaciones pendientes en Banco Estado. Respecto del peritaje Idiem es categórico respecto de las fallas que ocasionaron el colapso del edificio y deja en evidencia incoherencia entre el diseño y la construcción. Por último señaló que se realizaron operativos de recuperación en enero de 2011.
Edificio Plaza del Río.-
Explicó que se trata de un edificio de 13 pisos y 1 subterráneo, compuesto de 140 departamentos, de los cuales 138 están vendidos.
Manifestó que éste fue tipificado erróneamente por el Municipio como edificio de dos torres, cuando legal y estructuralmente es uno. Agregó que hay 18 familias sin seguros, principalmente de tercera edad, tres propietarios con liquidaciones pendientes en Banco Estado. Respecto del Estado actual del Edificio, señaló que está con decreto de demolición parcial. Se habla de Torres A y B, donde la A se demolería y B se repararía dependiendo de los estudios que lo acrediten, por lo anterior, se han originado múltiples dificultades con la emisión de certificados de inhabitabilidad y grave perjuicio para postular a subsidios habitacionales.
Respecto del estudio DICTUC manifestó que éste detecta falencias constructivas, incoherencia entre lo diseñado y lo construido, adolece de conclusiones y análisis de la información y no indica razones del colapso de la estructura. Finalmente precisó que se realizó un operativo de recuperación en mayo de 2010.
Edificio Alto Arauco II
Manifestó que se trata de un edificio de 19 pisos y 1 subterráneo, compuesto de 123 departamentos, de los cuales el 100% está vendido. La comunidad en su mayoría está compuesta por familias de tercera edad, matrimonios jóvenes, que posterioridad al terremoto son actualmente allegados, arrendatarios, o bien han migrado a otras regiones. Señaló que hay una propietaria con hipotecario sin seguro de sismo. El estudio Dictuc detecta falencias constructivas, incoherencia entre lo diseñado y lo construido, adolece de conclusiones y análisis de la información y no indica razones del colapso de la estructura. Recomienda demolición. Finalmente expresó que se realizaron operativos de recuperación en mayo de 2010.
Edificio Centro Mayor.
Señaló que se trata de un edificio de 16 pisos y 1 subterráneo, compuesto por 167 departamentos, de los cuales el 100% está vendido. La comunidad está compuesta en su mayoría por matrimonios de tercera edad y estudiantes, los que, al igual que los otros edificios actualmente son allegados, arrendatarios, o han migrado a otras regiones. Señaló que hay propietarios con liquidaciones pendientes en Banco Estado.
Respecto del estudio Dictuc detecta falencias constructivas, incoherencia entre lo diseñado y lo construido, adolece de conclusiones y análisis de la información y no indica razones del colapso de la estructura. Finalmente señaló que se realizaron operativos de recuperación en mayo de 2010.
-Los grandes problemas post terremoto.
Manifestó que en base a su lamentable experiencia, se han visto afectados por los siguientes problemas:
-Inexistencia de medidas oportunas y excepcionales, a la altura de la emergencia ocurrida.
-Falta de protocolos y procedimientos para enfrentar la catástrofe (efecto “compra huevo”).
-Ausencia de asesoría legal y técnica.
-Ambigüedad en el concepto de “colapso”.
-Clase media no considerada en políticas sociales y medidas de ayuda.
-Problemas éticos por parte de las empresas y profesionales de la construcción.
-Quedan en evidencia las malas prácticas de bancos y aseguradoras. Falta de fiscalización y sanciones a nivel público y privado.
-Conflicto de intereses de abogados e ingenieros.
-Falta de voluntad política y social, especialmente con la clase media.
-Reconstrucción a puerta cerrada.
-Activación de redes sociales suplieron falencias de las instituciones y autoridades.
-Percepción de abandono e indiferencia de las autoridades regionales y nacionales.
-Temas Centrales para los damnificados de los edificios siniestrados.
a) Salud Física y Mental : Desgaste físico y emocional de los representantes
-Física
Señaló que algunos vecinos resultaron con lesiones graves transitorias y permanentes, las que tienen millonarios costos en operaciones y tratamientos.
-Mental
Mencionó la falta de asistencia y acompañamiento psicológico y problemas de salud mental como trastornos ansiosos, Crisis de pánico, estrés, trastornos adaptativos, depresión e intentos de suicidio.
b) Vivienda
-Calidad de la construcción: Inconsistencia entre lo proyectado y construido.
-Ausencia de fiscalizaciones. Falta de documentos y libros que respaldan procesos constructivos.
-Defensa corporativa de empresas constructoras e inmobiliarias.
c) Proceso liquidación seguros: Graves irregularidades en liquidaciones. Infraseguros.
-Retraso injustificado en el pago de ítems inhabitabilidad y mudanza.
-SBIF y SVS no cumplieron rol fiscalizador y sancionador.
-Abuso de los bancos, principalmente Banco Estado.
d) Subsidios:
Autogestionados por los mismos damnificados.
-Descoordinación Minvu - Serviu y entre Ministerios.
e) Oferta Inmobiliaria: Importantes alzas en valor de venta y arriendo de viviendas.
-Amplia demanda y escasa oferta habitacional.
-Desconfianza en la resistencia y calidad de las reparaciones de los edificios.
-Resistencia de las inmobiliarias y privados para operar con el subsidio para damnificados.
f) Documentos y registro fiscales: Certificados de inhabitabilidad mal emitidos o negados.
-Registro de damnificados.
-Extravío de documentos.
g) Demoliciones: Cambios legales.
Financiamiento. Realización de peritajes (complementar estudios Dictuc).
h) Problemas de seguridad en las estructuras: Saqueos en los edificios, robos a vecinos colindantes, ataques a transeúntes y problemas sanitarios.
-Cambios legales sugeridos por los representantes de los residentes de los edificios
colapsados Alto Rio, Plaza del Rio, Alto Arauco II y Centro Mayor
A continuación, presentaron algunas situaciones que han constituido grandes obstáculos en el proceso de reconstrucción en Concepción, especialmente, para las familias que residían en los edificios de altura colapsados, por lo que solicitaron revisar la normativa vigente en los temas que se señalan, con el fin de actualizar y mejorar la normativa vigente.
1.- SEGUROS
Situación observada:
Se han detectado serias irregularidades en las liquidaciones de los seguros y en el comportamiento de bancos, aseguradoras y liquidadores, tales como la omisión de ítems en los cálculos, tardanza desmedida en el pago de inhabitabilidades, resistencia para entregar documentos de propiedad de los asegurados, infraseguros, entre otras.
Proponen:
1.- Que se faculte ampliamente a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras para actuar como contralor en las acciones de las aseguradoras y liquidadoras. Ello implica no sólo entregarles el marco jurídico para actuar, sino dotarlas de recursos materiales y humanos para poder fiscalizar efectivamente el comportamiento de las aseguradoras y liquidadoras en todo nuestro país. Cabe señalar que en Concepción no hay representación de esta Superintendencia, lo que ha hecho más difícil resolver los problemas al respecto.
2- Que se exija mayor transparencia en el proceso de aseguramiento de las propiedades. En este sentido, que los Bancos tengan la obligación de informar las características de los seguros que se están tomando al momento de la compra con crédito hipotecario, y que como éstos deben renovarse anualmente, cada año se obtenga autorización firmada por parte de los clientes en relación al nuevo seguro, y se le entregue la “póliza madre” y el certificado de cobertura que particularmente le corresponde. De esta forma, se resguardará que cada cliente tenga conocimiento del seguro que posee.
3.- Que los clientes puedan elegir las instituciones con las que toman el seguro, y no sean los Bancos los que le obliguen a tomar con una u otra institución. Al respecto, hay antecedentes que los Bancos tienen alta participación en aseguradoras y cobran pólizas abusivas, aprovechándose de la obligación el cliente de aceptarlas debido al crédito hipotecario que les han entregado.
4.- Que se establezca obligatoriedad en que todo comprador de departamento nuevo o usado en edificio de altura, adquiera un seguro con cobertura de sismo e incendio, independiente de la forma de pago y si utiliza algún subsidio Serviu . El monto a pactar no debiera ser menor al 75% del valor comercial del inmueble. Esta propuesta busca salvaguardar el patrimonio de las personas en condiciones de catástrofe, considerando que es imposible que los vecinos reparen por su cuenta sus viviendas y que en los casos de copropiedades, se hace todavía más difícil llevar conseguir la participación de todos los vecinos.
5.- El monto del seguro debiera garantizar que el propietario no quede con deuda después de un siniestro, por lo que debiera considerarse al menos el saldo insoluto de la deuda, si no el valor de tasación de la vivienda.
6.- Que todos los seguros por adquisición de casas y departamentos, incluyan ítem de demolición y remoción de escombros al menos por al menos el 80% del valor comercial de la vivienda si se trata de una casa y el 100% en caso de un departamento.
2.-MODIFICACIONES A LA LEY DE COPROPIEDAD
Situación observada:
La situación vivida tras el pasado terremoto, ha dejado en evidencia lo impracticable de los quórum requeridos para tomar decisiones de copropietarios en caso de catástrofes.
Además, la ley actual no exige seguro de sismo o reparación para las áreas comunes. Las comunidades que cuentan con algún tipo de seguro han comprobado en la práctica que los montos implicados han sido insuficientes para abordar la reparación o demolición de las estructuras.
Proponen:
1.- Que la ley contemple de manera permanente, situaciones de excepción como catástrofes, y se modifiquen los quórum requeridos para que la asamblea de copropietarios tome acuerdos y la designación de un nuevo comité de administración si la situación lo requiere.
2.- Para edificios de 3 o más pisos, se estipule obligatoriedad de tomar un seguro de sismo para el Edificio (áreas comunes y unidades), que contemple la posibilidad de demolición y remoción de escombros o reparación, dependiendo del caso. Si el monto asignado para estos efectos no fuera suficiente para financiar estas obras, que la ley estipule que el Estado podrá subsidiar el diferencial correspondiente a estas obras.
3.- Que este seguro contenga de manera obligatoria un ítem que permita financiar peritajes a las estructuras.
4.- Que el seguro sea contratado por la Inmobiliaria a favor de los compradores desde el inicio de la construcción, por un período mínimo de 3 años, para que luego sean las comunidades organizadas quienes continúen renovando este seguro.
3. DEMOLICIONES.
Situación observada:
En el caso de las comunidades de edificios damnificados de Concepción, las familias se encuentran imposibilitadas de poder financiar la demolición de sus edificios, ya que, al ser construcciones de mucha altura, los costos de la demolición son muy altos, sobrepasando incluso el 50% del costo de sus departamentos.
Muchos vecinos han pagado al contado sus propiedades, han perdido patrimonio importante con el sismo, carecen de poder económico y no cuentan con seguros que les ayuden a financiar la demolición. Asimismo, existen vecinos que teniendo seguros que cubrieron la deuda con el Banco, no incluían ítem de demolición o remoción de escombros, y también hay vecinos que tenían seguros con ítems de demolición y remoción de escombros en que las cifras comprometidas son mínimas comparadas con el real valor de la demolición.
El proceso para encontrar una fórmula legal que permita al Estado financiar estos gastos ha sido lentísimo, precisamente por la ausencia de un marco legal que opere en casos de emergencia, y que considere situaciones como las vividas en las regiones siniestradas.
En el caso particular, se ha solicitado que el Estado financie las demoliciones de los edificios colapsados de Concepción. Los copropietarios se han comprometido a endosar los ítems de sus seguros correspondientes a demolición y remoción de escombros al Estado, para cofinanciar este proceso, disposición que se ha manifestado desde el inicio de las conversaciones con la autoridad regional. No obstante, los seguros no alcanzan a cubrir el 50% de los montos implicado.
Proponen:
1.- Generar disposiciones legales especiales que faciliten el proceso de demolición de estructuras, cuando los propietarios se encuentren impedidos de hacerlo por sus propios medios. En este sentido se propone que el Estado quede facultado, en casos de catástrofes, para utilizar recursos públicos en la demolición de propiedades privadas, sin tener la obligación de cobrar estos dineros a los afectados.
2.- Si se hiciesen las modificaciones legales en cuanto a obligar seguros con ítems de demolición y remoción de escombros con topes más altos (cercanos al 80% del valor de las propiedades), podría ser más fácil para las comunidades financiar las demoliciones, por eso se insiste en regular la materia de los seguros, considerando las propuestas de los puntos 1 y 2 del presente documento.
3.- Cabe señalar que antes de demoler, es necesario realizar una autopsia a los edificios, ya que identificar las fallas permitirá conocer las prácticas de las empresas constructoras, antecedentes con los cuales se facilita la actualización de las disposiciones legales relacionadas con el área de urbanismo y construcción. Además, los resultados permitirían aprender de la experiencia única que ha ofrecido el pasado terremoto. Finalmente, un peritaje permitiría determinar si las empresas constructoras e inmobiliarias tienen alguna responsabilidad en las fallas de las estructuras y de ser así, el Estado podría resarcirse de los gastos en que haya incurrido, mediante multas o demandas. Por lo anterior, es necesario facultar al Estado para desarrollar y/o complementar con recursos propios, las pericias completas en edificaciones privadas que muestran un comportamiento sísmico inferior al esperado de acuerdo a las Normas Chilenas de Construcción.
4.- Disponer el resguardo policial inmediato para los edificios colapsados, para evitar saqueos y desmantelamientos por parte de delincuentes, previniendo además problemas de seguridad para los vecinos colindantes y los transeúntes.
4.- NORMATIVAS ESPECIALES QUE RESGUARDEN UN PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN.
Situación observada:
No se crearon normativas especiales que atendieran la totalidad de necesidades surgidas post terremoto ni fue considerada la Ley 16.282, promulgada para amparar el bienestar de los damnificados en caso de sismo, lo que ha significado depender absolutamente de las voluntades políticas para resolver las múltiples necesidades de los damnificados.
Proponen:
1.-Revisar y actualizar la ley N°16.282 o promulgar una nueva disposición que rija estados de emergencia y que responda a las múltiples necesidades derivadas de una catástrofe natural o situación de excepción que afecte cualquier zona del país, tales como programas de acompañamiento psicológico, subsidios habitacionales especiales, créditos con tasas preferenciales, pensiones, demoliciones, etc., velando además por la difusión de esta. Considerando que el terremoto del 27 de febrero de 2010 afectó a familias de distintos segmentos socioeconómicos, sugerimos que la ley contemple apoyo para todo quien califique como damnificado. Proponemos que la ley estipule sanciones y comprometa al Estado a hacerse parte de acciones legales cuando se estime que por responsabilidad de privados, la ciudadanía haya sufrido grave daño, tales como empresas inmobiliarias y constructoras, bancos, aseguradoras, etc.
5.- REVISIÓN DE LA ORDENANZA GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN (OGUC)
Situación observada:
En la construcción de edificios en altura de Concepción, se ha comprobado que las constructoras no cumplieron a cabalidad con lo que indicaban los planos aprobados por los revisores de cálculo estructural.
La Dirección de Obras Municipales (D.O.M.) se limita a recepcionar documentos y revisar el cumplimiento de las disposiciones de carácter arquitectónico. No hay una fiscalización técnica de la obra.
Se otorgan permisos de construcción a un proyecto que luego sufre modificaciones. En la práctica, hay obras que se han desarrollado con planos que no están aprobados por la D.O.M. ni por el Revisor. Solo de manera previa a la recepción, se realiza una modificación al permiso de construcción, pero ya es tarde como para cautelar la coherencia entre lo diseñado, calculado, aprobado y lo construido.
Además, aún cuando la ley especifica un Inspector Técnico distinto a quien construye, en la práctica se ha comprobado que las inspecciones están siendo realizadas por empresas creadas por las mismas constructoras, lo que implica que los profesionales que realizan las inspecciones pueden ser menos imparciales al desarrollar su trabajo.
Proponen:
1.- Para las obras donde se requiera de un Revisor de Proyecto de Cálculo Estructural, se exija que la Obra se desarrolle solo con planos que cuenten con su aprobación previa a la construcción. Cualquier modificación al proyecto de cálculo estructural debe ser aprobada por el Revisor.
2.- Para las obras donde se requiera de un Revisor, se exija su visita al inicio de las obras.
3.- Para las obras donde se requiera de un Revisor, también se exija la contratación de un Inspector Técnico Independiente. Para lo cual debería crearse un Registro Regional o Nacional y un reglamento que asegure su competencia e independencia. Estos Inspectores Independientes podrían depender del Estado, por ejemplo del MOP, o de Instituciones Educacionales reconocidas (Universidades), salvaguardándose así su imparcialidad.
6. CAMBIOS INSUFICIENTES EN LA NCH. 433. REVISIÓN CENTRALIZADA
Situación observada:
El registro del terremoto en Concepción indica que la norma NCh 433.Of96 fue ampliamente sobrepasada para periodos altos.
Los Ingenieros que trabajaron en la Comisión formada por el MINVU propusieron cambios para responder efectivamente ante comportamientos sísmicos similares al experimentado el 27F, los cuales no fueron considerados.
Hoy en día existe consenso que la NCh 433.Of.96 requería ajustes en la clasificación de suelos. Antiguamente se podía clasificar suelos como Tipo II cuando el buen criterio indicaba que debían ser Tipo III. Aún cuando la norma fue modificada y mejorada en este sentido, podrían volver a presentarse situaciones similares.
Proponen:
1.- Se suspendan en Concepción los permisos de construcción para edificios con periodos superior a 0.7 segundos hasta que se promulgue una norma de consenso que cumpla con todos los requisitos de consulta nacional e internacional.
2.- Exigir que el Revisor de Cálculo solicite la revisión de la Mecánica de Suelo a un Revisor especialista en Geotecnia o Mecánica de Suelos, a fin de asegurar mayor rigurosidad y profesionalismo en la clasificación de suelos.
7. REGISTRO NACIONAL DE DOCUMENTOS D.O.M
Situación observada:
El archivo de la D.O.M. de la I. Municipalidad de Concepción ha demostrado ser vulnerable y poco prolijo para garantizar el almacenamiento y resguardo de la documentación.
Proponen:
Un registro nacional digital, que garantice la disponibilidad de los documentos en cualquier parte del país.
8. ACTUALIZACIÓN DE PLANOS REGULADORES
Situación observada:
Existen fallas geológicas que no están indicadas en los planos reguladores actuales. Solo después del terremoto existió difusión de la ubicación de estas fallas geológicas y que se indican en la siguiente imagen, en el caso de Concepción:
La clasificación discreta del suelo como tipo I, II, III y IV, no permite identificar áreas de mayor riesgo.
Proponen:
Se incorpore en los planos reguladores el riesgo sísmico y de inundabilidad, y se limite la construcción en altura en tales zonas, siguiendo las sugerencias de expertos en el tema.
Inquietudes de los parlamentarios presentes:
Manifestaron la necesidad de contar con informes complementarios a los evacuados por el DICTUC para conocer las verdaderas razones del colapso de las estructuras, lo cual a pesar de la magnitud de la catástrofe, fallaron más allá de lo esperado.
7.- ANÁLISIS INSTALACIÓN PUENTE MECANO EN LA REGIÓN DEL BIOBÍO
El Ministro de Obras Públicas señor Hernán de Solminihac expuso frente a la Comisión Investigadora:
-Rol del MOP en la Reconstrucción
El Ministerio de Obras Públicas en la reconstrucción se concentró básicamente en los problemas de agua potable, tanto urbana como rural; en la conectividad, y en la funcionalidad mínima de la infraestructura pública.
Al 30 de junio ha avanzado bastante en la recuperación total o parcial de la operatividad en las obras en que trabaja el Ministerio de Obras Públicas. Ha atendido el 99,5 por ciento de las que requerían su atención, el 95,6 por ciento de las cuales está totalmente recuperado.
En lo que ha habido algunas debilidades es en la recuperación de dos puentes que todavía están con alternativas, pero se está trabajando en ello, al igual que en pasar la infraestructura parcialmente recuperada a totalmente recuperada.
El acento está en dos puentes, ubicados en la Novena Región, y en pasar alrededor de 65 obras, de un total de 1.700 que fueron afectadas en el terremoto, de parcial a totalmente recuperadas. Ya hay 1.626 operativas. Si se suman las 65, se llega aproximadamente a las 1.700 que son el total.
En el caso de concesiones, están total o parcialmente recuperados los caminos, los puentes y las pasarelas. Ha habido dificultades con la terminación de algunos pasos superiores e inferiores transversales, en lo cual se está trabajando, a fin de terminarlos.
-El Puente Llacolén
En cuanto a la conectividad de la Octava Región, especialmente en algunos puntos del río Biobío, expresó que es necesario recordar que el terremoto la cortó completamente. En ese contexto se estaba cuando se tomaron las distintas iniciativas. La primera de ellas fue reparar el puente Llacolén, dada su importancia. De hecho, antes de que el MOP se hiciera cargo ya se había instalado un puente mecano en el acceso a dicho puente y después se tomó la iniciativa de reparar todas las vigas que fueron dañadas en éste. También se tomó la decisión de reparar el puente Juan Pablo II para tránsito liviano, porque el daño que tuvo fue bastante grande. Paralelamente, el Ministro de Defensa de la época ofreció proveer de un puente mecano para apoyar la conectividad en la región.
Antes del terremoto, el Ministerio de Obras Públicas estaba diseñando un puente definitivo -un tercer puente- en el sector de Chacabuco. Por eso, cuando se presentó la posibilidad de tener un puente mecano, se vio con buenos ojos, porque la situación era muy compleja, ya que casi no había conectividad en la zona o era muy débil, pues el primero que se pudo conectar a tránsito liviano fue el puente Llacolén.
Después de analizar el diseño definitivo del puente Chacabuco, se vio que existía la posibilidad de colocar el puente mecano que ofrecía el Ministerio de Defensa sobre los pilotes definitivos de una de sus calzadas. Por eso, se dio el visto bueno y se llamó a licitación para la colocación de los pilotes de una calzada del puente definitivo. Esos pilotes se construyeron y sobre ellos se puso el puente mecano.
Sin embargo, durante la perforación e instalación de los pilotes se observó que las características del suelo eran más complejas de lo que se había estimado. Todos los sondajes que se habían hecho señalaban que los pilotes requerían de unos 30 metros de altura, pero debido al terremoto el suelo cambió y se tuvo que hundir algunos pilotes a 50 metros de profundidad, lo cual, por cierto, explica el retraso.
Se hizo con excavación y después se rellenó con fierro y hormigón.
El hecho de que bajara 50 metros en algunas zonas demoró más la perforación y posterior instalación de esos pilotes. Una vez instalado el puente, se colocaron accesos temporales, lo que permitió su funcionamiento, sólo diez días antes de la fecha de la exposición. Se ha informado que la gente ha valorado muy bien el puente y están circulando alrededor de 5 mil vehículos diarios.
Cuando se llame a licitación para la construcción de la segunda calzada del definitivo puente Chacabuco, se van a construir los pilotes de la segunda calzada y se pondrá la cubierta definitiva de la misma. Una vez puesta esa cubierta, se saca el puente mecano y se pone la cubierta definitiva sobre los pilotes. Ahí queda el puente terminado, con los accesos del trazado definitivo del mismo.
Una de las causas de la demora fue la mayor profundidad que debieron tener algunos pilotes.
-Acerca de los costos
Respecto de los costos, la compra del puente la hizo el Ejército. El MOP sólo dijo que el puente ofrecido cumplía con las condiciones para ser utilizado. Paralelamente, llegó al MOP una segunda cotización, que se envió al Ejército como alternativa al puente que ellos estaban evaluando.
El Ejército pasó el puente en comodato y el MOP lo instaló. El MOP entendió que el costo de instalación corría por parte del Ejército, es decir, que lo entregaban colocado. Finalmente, hubo una discusión al respecto, en que se concluyó que no estaba incluida la instalación del puente. Por lo tanto, su instalación fue contratada por el Ministerio de Obras Públicas.
El director de Vialidad , señor Mario Fernández , expuso a la Comisión Investigadora acerca de los costos:
El costo de la instalación, montaje y conservación del puente mecano fue contratado con la empresa Salfa, mediante trato directo emitido el 10 de marzo de 2011.
Se había solicitado recursos a la Dirección de Presupuesto en septiembre de 2010, cuando se tuvo conocimiento de que la instalación iba a ser de costo del Ministerio de Obras Públicas.
El monto de la instalación del puente contratado con Salfa era del orden de 2.500 millones de pesos. La Dipres aprobó 2.800 millones de pesos, por los reajustes y demás costos que se generan. El contrato con la empresa Salfa fue de 2.500 millones de pesos.
Contexto histórico
En relación con el contexto histórico, en la región de Biobío, durante muchos años el tema de la construcción de nuevos puentes sobre el río Biobío se trató largamente, pero siempre quedó en promesas. Si bien los anuncios de obras fueron bien cubiertos por los medios de comunicación, finalmente, no se tradujeron en la construcción efectiva de puentes.
En el gran Concepción desde hace varios años la conectividad y los tacos son grandes temas, como lo pueden comprobar los que viven allí.
Metodología
En cuanto a la metodología que hay detrás del uso de este puente mecano provisorio, lo que se está haciendo en este caso es utilizar por primera vez en Chile un sistema que implica capitalizar con conectividad la construcción de un puente definitivo. En efecto, se colocaron los pilotes de dos de las cuatro pistas del puente definitivo para instalar sobre ellos un puente mecano y brindar conectividad. Una vez que se instalen los otros dos pilotes, se colocará la pista del puente definitivo.
Por lo tanto, una vez que se instalen esas dos pistas definitivas se trasladará la conectividad a ella. Luego se sacará el puente mecano y se construirán las otras dos pistas, generando el puente definitivo. Es decir, lo que se está haciendo es usar, en una región donde la conectividad y los tacos son un problema real, un sistema para dar respiro al problema de la conectividad mientras se está realizando el trabajo.
En ese sentido, se valoró la alianza entre Obras Públicas y el Ejército que, finalmente, pudo dar algún grado de solución, porque mientras hoy está instalado el puente mecano provisoriamente se están haciendo las gestiones al interior del gobierno regional para coordinar el tránsito y solucionar el problema de los tacos en las horas peak.
Se está viendo la forma de optimizar el uso del puente mecano a través de la gestión del tránsito. Pero de una u otra forma la existencia de este puente transitorio está dando respiro a este problema grave y real en la zona.
Acerca de la compra del puente
El señor Ministro de Obras Públicas explicó a la Comisión:
El Ministerio de Obras Públicas no compró el puente, ni recibió órdenes del Ministerio de Defensa de aceptar el puente. Sin embargo, tanto el Ministro como el Director de Vialidad pensaron que la oferta del Ejército era con el puente instalado.
Se les preguntó si el puente Acrow era útil para el MOP, a lo que respondió afirmativamente, porque cumplía el objetivo de poder ubicarse sobre el puente que estaban construyendo.
Era técnicamente adecuado.
El Fiscal del Ministerio de Obras Públicas, señor Alfonso Ugarte , aclaró algunos aspectos legales de la adquisición del puente a la Comisión Investigadora:
El Fiscal asumió como fiscal interino del Ministerio de Obras Públicas el 12 de agosto de 2010, de manera que muchas de estas situaciones ya estaban en pleno desarrollo. En tal calidad le correspondió determinar los roles que cada una de las instituciones había cumplido respecto del asunto.
Explicó que lo primero que es conveniente precisar es que en la adquisición del puente no hubo licitación pública. Éste no es un caso en el que se haya adjudicado a un segundo proponente lo que merecía un primer proponente.
La adquisición del puente tuvo características bastante sui géneris. Hubo una cotización que hizo llegar la empresa Acrow al Ejército y, por otro lado, una cotización que hizo llegar la empresa Mabey al Ministerio de Obras Públicas.
Posteriormente, se produjo una reclamación de la empresa Mabey por la adquisición que hace el Ejército. La gran paradoja es que el reclamante cotiza para alguien que finalmente no compró, y quien adquiere jamás recibió una cotización del reclamante.
Desde el punto de vista técnico-jurídico, el Ejército realizó una compra de acuerdo a sus propios procesos, sin que tuviera, formalmente, una cotización de un tercero, dirigida al Ejército de Chile. Y la reclamación de la empresa Mabey se produce por una no adquisición de alguien que nunca compró. Desde un punto de vista técnico-jurídico, es relevante tener presente este punto.
En cuanto al protagonismo que pudo haber tenido el Ministerio de Obras Públicas, nunca hubo mandato ni encomienda alguna para que éste realizara la función de ser un ente evaluador de la adquisición efectuada por el Ejército, que actuó bajo la lógica de sus propios procedimientos, amparándose en la Ley Reservada del Cobre. Y esa adquisición, efectuada por el Ejército de Chile, sólo fue materia de consultas y de visaciones en cuanto a la idoneidad técnica que podría tener el puente de acuerdo a los requerimientos del Ministerio de Obras Públicas.
El Ejército de Chile remitió la cotización de Acrow al Ministerio de Obras Públicas, para que éste pudiera verificar que la propuesta que se le estaba efectuando era idónea para los efectos de lo que necesitaba el Ministerio de Obras Públicas.
El Ministerio de Obras Públicas estaba en la lógica de la instalación de un puente definitivo con pilotes diseñados para este efecto. Y una vez que conoció la cotización de la empresa Acrow, incluso exigió modificaciones para que se pudiera adecuar a las necesidades que tenía el Ministerio de Obras Públicas, si es que se iba a montar este puente mecano.
Junto con contestar, se le remitió al Ejército la propuesta que había llegado de la empresa Mabey . Se contestó que la primera cotización efectuada por la empresa Acrow no se adecuaba técnicamente a los requerimientos de la instalación de pilotes, y eso motivó que Acrow hiciera llegar al Ejército una segunda cotización con la adecuación técnica.
Agregó el Fiscal que la explicación es muy sencilla. La empresa Acrow consideraba, originalmente, un puente mecano con una luz de 30 metros y lo que se estaba haciendo eran pilotes para luces de 40 metros.
El MOP consideró la nueva solución de 40 metros.
Se produce una nueva cotización de la empresa Acrow al Ejército de Chile, y éste se la hace llegar al Ministerio de Obras Públicas.
Es decir, junto con darles una respuesta, se les hizo llegar la nueva propuesta que efectuaba la empresa Mabey al Ministerio de Obras Públicas, quien no se encontraba en un proceso de adquisición de un puente mecano, pues estaba trabajando en la lógica del puente definitivo.
Se le envió como un elemento referencial para que el Ejército tuviera una mejor ilustración respecto de su decisión.
Una vez corregida la propuesta de la empresa Acrow y adecuada a las necesidades del Ministerio de Obras Públicas, efectivamente se dijo que en esa condición ese puente era idóneo para lo que el Ministerio podía instalar como solución transitoria. De ahí hacia adelante, el proceso de adquisición siguió la lógica que establece la ley para estos efectos, esto es, que el Ejército de Chile efectuó su compra de acuerdo a sus propios procedimientos. Al final esto se terminó concretando sobre la base de la contribución que efectuó el Ejército de Chile y de la verificación de la idoneidad de esa contribución a las necesidades transitorias de dicho puente.
El señor Ministro de Obras Públicas reitera frente a la Comisión que la decisión de compra y la forma de comprar el puente fue del Ejército. Y lo que el MOP hizo fue entregar información en relación a la utilidad del puente para los propósitos del MOP. El MOP además entregó información adicional que fue la segunda cotización. Pero la decisión fue del Ejército. Eso es así, lo que figura de la misma forma en el informe que se entregó a la Contraloría, en el que se incluye toda la documentación que se intercambió.
Respecto de las diferencias que el MOP detectó en su momento entre las dos propuestas, una de ellas fue que señalaban longitudes distintas, lo que requería el ajuste respectivo.
Por otra parte, se pidió una modificación a la segunda alternativa, porque incluía pasarelas a los costados, las que también había que sacar.
Además, la instalación no ofrecía algunas características respecto de lo que requería el ministerio.
Explicó que es difícil hacer en este momento la comparación, debido a que en un caso no se incluía la instalación completa del puente, sino parte de ella. La otra oferta no incluía instalación, pero la información que tenía el MOP era que la instalación la haría el Ejército, con la alternativa de la empresa Acrow. Sin embargo, ambas ofertas no eran completas, lo que hace difícil comparar los presupuestos con lo que se está pagando hoy en instalación, la que incluye terraplenes, luminarias y otros elementos que no estaban incluidos en los presupuestos originales.
El señor Fiscal del MOP, señor Ugarte interviene nuevamente para explicar participación del MOP en selección de empresa fabricante del puente:
El Ministerio de Obras Públicas hizo una evaluación técnica respecto de sus propios requerimientos. No le correspondió al Ministerio de Obras Públicas hacer una evaluación técnica de la adquisición de un puente u otro; sólo se refirió a la idoneidad de ese puente, para lo que el ministerio de Obras Públicas estaba trabajando en ese lugar.
El Ministro de Obras Públicas , señor Hernán de Solminihac expuso:
El ministro de Defensa de la época ofreció la alternativa de un puente, de manera que el MOP no pidió el puente.
El MOP estaba en el proceso de construir ese puente de nuevo y el que se estaba ofreciendo servía para las condiciones que se estaban construyendo, y en su oportunidad se dio la longitud de los 40 metros, en vez de los 30 metros.
Por lo tanto, decir que hubo cero participación, es muy difícil. Se les preguntó respecto del puente que se estaba haciendo, y la respuesta fue que sí, pero la decisión de compra es del Ejército, no del ministerio de Obras Públicas.
La decisión de compra era del Ejército, y preguntaron si el puente que estaban comprando servía al MOP y éste dijo que sí.
Esa es la participación.
Por lo tanto, es un puente que está instalado, que está funcionando y que está cumpliendo su labor, y creo que eso es importante para la región.
Sin embargo, el MOP ignora la cifra que finalmente se pagó.
El Comandante de Apoyo a la Fuerza del Ejército, general de división Antonio Cordero, expuso frente a la Comisión:
-Recuento de las actividades que hizo el Ejército en apoyo a la reconstrucción
En el primer momento, inmediatamente ocurrido el terremoto, el Ejército desplegó 16 mil hombres en las tres regiones afectadas, los que estaban enfocados, fundamentalmente, en las tareas de restitución del orden en los primeros momentos, de recuperación de los servicios básicos y en el abastecimiento de aquellos elementos y alimentos necesarios para la población.
A partir del 1 de abril, el Ejército organiza una fuerza de apoyo humanitario de 10 mil hombres, en las tres regiones, 117 comunas, a las cuales llega con todos sus efectivos, labor que le correspondió coordinar y dirigir como autoridad militar de la fuerza de apoyo humanitario. Por lo tanto, estuvo focalizado en las tareas que había que cumplir en ese momento, las cuales, básicamente, eran las de llevar las 40 mil familias censadas en ese minuto, quizá fueron muchos más, desde las carpas donde estaban protegidas a un techo seguro que les permitiera pasar el invierno.
Esas fueron las tareas en las que el Ejército se enfocó, las cuales fueron cumplidas satisfactoriamente, porque tres semanas antes de la meta que había establecido el Gobierno, el 11 de junio, habían construido las 40 mil mediaguas necesarias y se removió medio millón de metros cúbicos de escombros, con equipamiento del Ejército.
En síntesis, en todo ese período el Ejército trabajó 4,6 millones de horas-hombre.
Otro aporte importante fue la ejecución de un programa de trabajo temporal, a cargo del CMT, con 19 mil contratos de personas que habían perdido su fuente laboral, las que trabajaron en su propio beneficio, en la recuperación de los espacios, de la actividad y de la infraestructura de las comunas.
-La adquisición del puente
En ese contexto, la tercera semana de abril el Ejército es requerido por Defensa para la adquisición de un puente, el que no era prioridad institucional, ya que no estaba en ningún plan de desarrollo del Ejército. Fue solicitado por Defensa para ir en beneficio de la conectividad del río Biobío. Las instrucciones recibidas de Defensa, de manera formal, categórica y en reuniones de coordinación, eran que el Ejército debía enfocarse a la compra de ese puente; es decir, ser la plataforma logística para hacer la adquisición del puente y preparar un proyecto que le diera curso al proceso normal de adjudicación de fondos de la Ley Reservada del Cobre, que permitiera el decreto correspondiente para su financiamiento.
El Ejército desarrolló un proyecto de seis puentes modulares de 135 metros, en una versión doble y triple, y lo presentó al Ministerio de Defensa, cartera que aprobó el proyecto y que dispuso, mediante decreto, el monto necesario para su adquisición. Tenían instrucciones concretas que quien haría la evaluación técnico-financiera del puente era el Ministerio de Obras Públicas, lo que parecía sensato por dos razones: primero, porque ese puente, en el largo que se iba a emplear, no era el uso habitual para un puente militar. Eran 6 puentes de 135 metros, que son los largos máximos que se usan en los puentes militares, pues se trata de puentes que se lanzan sin apoyo. Esa estructura permitía hasta una luz máxima de 135 metros, para ser usada sin apoyo y sin obras previas más que las necesarias para los accesos. Segundo, el Ejército no manejaba lo que tenía que ver con la infraestructura asociada al puente, pues se iba a usar como una superestructura de pilotes que se usarían en el puente definitivo, que sería la conectividad definitiva para Concepción.
Por lo tanto, la tarea fue recibir del Ministerio de Obras Públicas la indicación de cuál era el puente que requería y así cumplir el mandato que el Ejército tenía de Defensa para proveer el puente en la oportunidad necesaria. De parte del seremi de la Región del Biobío, recibieron la indicación de que el puente Acrow TSR3 era el que cumplía con el propósito y era necesaria su instalación.
Para eso, el Ejército tiene un procedimiento muy establecido, muy formal, de adquisiciones, en el que primero se desarrolla un proyecto, que es el que concursa los fondos, el que es llevado al Comité de Adquisiciones del Ejército, organismo colegiado que recomienda al comandante en jefe la forma, la modalidad de compra y la especie determinada.
Ese Comité sesionó en su primera oportunidad y consideró no contar con todos los antecedentes, por cuanto si bien habían recibido del seremi un correo electrónico, necesitaban una recomendación formal del nivel ministerial, del nivel central, que detallara el puente.
Por lo tanto, la sesión se detuvo y el jefe de Estado Mayor , quien dirige ese Comité, tomó dos acciones: primero, enviar un oficial a Concepción, con el objeto de que se entrevistara con el seremi y recabara todos los antecedentes que éste había evaluado, puesto que el Ejército no había hecho ninguna evaluación técnica ni económica del puente, porque servía para otros propósitos de los militares.
La segunda acción que se recomendó fue requerir al nivel central, es decir, al ministro , un documento formal que indicara cuál era el puente que servía a las necesidades de Obras Públicas para el propósito de la conectividad. Con el objeto de que dijera cuál era el puente que el ministerio necesitaba para cumplir con el objeto de restablecer la conectividad del río Biobío. Esa respuesta llega a través de una carta de la subsecretaria, en la que indicaba el puente que a juicio del ministerio cumplía con los requerimientos que se necesitaban. El oficial jefe del proyecto presentado fue a Concepción y luego de la entrevista con el seremi fue coincidente con que ése era el puente que cumplía con los requerimientos.
Posteriormente, el Comité de Adquisiciones, en su sesión, recomienda al comandante en jefe la adquisición de ese puente, debidamente individualizado en los documentos de Obras Públicas.
A partir de ese momento el Ejército recién pide una cotización formal a la empresa Acrow sobre el puente, la que constituye el documento de entrada o factura proforma para un contrato que se termina firmando el 8 de junio de 2010, el cual se pone en ejecución con la aceptación de la empresa proveedora de la carta de crédito a fines de junio. A partir de esa fecha comenzó a correr el plazo para la entrega, la que se realizó sin observaciones en 8 envíos sucesivos, 220 contendores que fueron recibidos en el Puerto de San Vicente, trasladados al Regimiento Chacabuco y puesto a disposición del Ministerio de Obras Públicas a fines de noviembre, previo a una capacitación de la empresa, en la cual participó Salfa , pues estaba dispuesto que era la empresa encargada de armarlo definitivamente.
En síntesis, esa fue la tarea que le correspondió ejecutar al Ejército dentro de las múltiples labores de apoyo que durante ésa época desarrolló en apoyo a la población damnificada.
El Ejército solicitó carta al MOP, porque necesitaba los antecedentes dado que las instrucciones que tenían del nivel Defensa era que al Ministerio de Obras Públicas le correspondía hacer el análisis técnico-financiero y que el Ejército sólo era el vehículo de compra, en el sentido que se trataba de recursos de la Ley Reservada del Cobre, que habían sido dispuestos para la compra de seis puentes militares, pero que inicialmente concurrían como prioridad y proyecto esencial a solucionar la conectividad del río Biobío.
Entonces, claramente necesitaban la concurrencia del Ministerio de Obras Públicas porque era una materia que el Ejército no dominaba, puesto que no usa los puentes de esa forma. Los seis puentes se usarán de otra manera, en ellos se necesita muy poca maquinaria y muy pocas obras para situarlos en un lugar determinado. Son puentes que se lanzan en una forma de equilibrio a través de unos rodillos, se empujan con una máquina y que máximo llegan a 135 metros, pero que no pasan de los 135 metros, que son las luces de esos seis puentes, en una versión tipo mecano al que se le colocan barandas. En ellas va la resistencia, y las versiones que compran soportan hasta 70 toneladas.
Por ello, era necesaria y muy importante la opinión de Obras Públicas, porque eso ya traspasaba a un montaje industrial, ya que se hacían pilotes, los que tuvieron que ser licitados y, posteriormente, con maquinaria pesada en una faena en el interior del río se fue montando tramo por tramo, cada uno de los cuales pesaba sobre 80 toneladas.
Por lo tanto, se necesitaba ese dato técnico del MOP, en el sentido que ese era el puente que servía.
La otra propuesta no la conocían, porque no cotizaron, ni hicieron ningún análisis técnico de esa tarea que tenía por hacer el MOP. Ellos tenían que proporcionar solamente el puente que debía ser evaluado técnica y financieramente por Obras Públicas como el más conveniente para instalar sobre el río Biobío.
Pero no esperaron la recomendación de Obras Públicas para iniciar el proceso final de la compra, que era la resolución del comité, el que recomienda al Comandante en Jefe, quien emite dos resoluciones, procedimiento que el auditor general puede explicar técnicamente. Una de esas resoluciones se exime del trámite de propuesta pública, que es la norma, a un trato directo, dada la especificidad del puente que se requería, y otra resolución en la cual se ordena, al Comandante de Apoyo a la Fuerza, proceder al contrato y a la compra del puente claramente identificado.
I. Inquietudes de los diputados respecto de la intervención del Ministro de Obras Públicas.
-Hubo preocupación respecto de que según lo expuesto por el Ministro y el Director de Vialidad, el MOP no tenía conocimiento de que el costo de instalación del puente mecano correría por cuenta del MOP, o sea, por cuenta del Estado de Chile.
Se consultó si el MOP recibió órdenes del Ministerio de Defensa para la compra del puente, ante lo cual el Ministro contestó que el MOP no compró el puente y que nunca había recibido órdenes del Ministerio de Defensa.
Algunos integrantes de la Comisión hicieron ver que quedaba claro que quien fue ejecutor de la compra fue el Ejército, pero quien dio el visto bueno para la compra fue el MOP, e insistieron en que si fueron ellos quienes evaluaron técnicamente el puente, no puede ser que con posterioridad hayan sido sorprendidos con que debía el MOP pagar la instalación del puente, si fue el mismo MOP quien debía realizar la evaluación de las dos alternativas.
El Ministro presente insiste que no es así, y que ellos se limitaron a enviar una segunda proposición al Ejército.
Aclaró el señor Ministro que lo que se les consultó fue si el puente Acrow era útil para ellos, y respondieron que sí, pues cumplía con el objetivo de poner el puente mecano sobre el puente definitivo que ya se estaba construyendo, por lo que era el técnicamente adecuado.
-Se consultó sobre la cotización alternativa y las diferencias entre el costo de una y otra, con el detalle del valor de la instalación.
-Uso futuro del puente mecano, una vez que esté construido el puente definitivo.
-Preguntaron la veracidad de que la empresa vendedora del puente se había comprometido a instalarlo.
Por intermedio del señor Ugarte (Fiscal del Ministerio de Obras Públicas) el señor
Ministro aclaró los siguientes puntos:
-Aspectos jurídicos a considerar:
En la adquisición del puente nunca ha existido una licitación pública. No es un caso en que se haya adjudicado a un segundo proponente en perjuicio de un primer proponente. Agregó que la adquisición del puente tuvo características bastante sui géneris. Hubo una cotización que hizo llegar la empresa Acrow al Ejército y, por otro lado, una cotización que hizo llegar la empresa Mabey al Ministerio de Obras Públicas. Posteriormente, se produjo una reclamación de la empresa Mabey por la adquisición que hace el Ejército. La gran paradoja es que el reclamante cotiza para alguien que finalmente no compró, y quien adquiere jamás recibió una cotización del reclamante.
Recalcó que desde el punto de vista técnico-jurídico, el Ejército realizó una compra de acuerdo a sus propios procesos, sin que tuviera, formalmente, una cotización de un tercero, dirigida al Ejército de Chile. Y la reclamación de la empresa Mabey se produce por una no adquisición de alguien que nunca compró.
En cuanto al protagonismo que pudo haber tenido el Ministerio de Obras Públicas, señaló que nunca hubo mandato ni encomienda alguna para que éste realizara la función de ser un ente evaluador de la adquisición efectuada por el Ejército, que actuó bajo la lógica de sus propios procedimientos, amparándose en la Ley Reservada del Cobre. Y esa adquisición, efectuada por el Ejército de Chile, sólo fue materia de consultas y de visaciones en cuanto a la idoneidad técnica que podría tener el puente de acuerdo a los requerimientos del Ministerio de Obras Públicas, en tal sentido, el Ejército de Chile remitió la cotización de Acrow al Ministerio de Obras Públicas, para que éste pudiera verificar que la propuesta que se le estaba efectuando era idónea para los efectos de lo que necesitaba el Ministerio de Obras Públicas, el que actuó en la lógica de la instalación de un puente definitivo con pilotes diseñados para este efecto. Y una vez que conoció la cotización de la empresa Acrow, incluso exigió modificaciones para que se pudiera adecuar a las necesidades que tenía el Ministerio de Obras Públicas, si es que se iba a montar este puente mecano y junto con contestar, se le remitió al Ejército la propuesta que había llegado de la empresa Mabey .
Respecto de la primera propuesta, de la empresa Acrow, consideraba, originalmente, un puente mecano con una luz de 30 metros y lo que se estaba haciendo eran pilotes para luces de 40 metros, y una vez corregida la propuesta de Acrrow, y adecuada a las necesidades del Ministerio de Obras Públicas, efectivamente se dijo que en esa condición ese puente era idóneo para lo que el Ministerio podía instalar como solución transitoria. De ahí hacia adelante, el proceso de adquisición siguió la lógica que establece la ley para estos efectos, esto es, que el Ejército de Chile efectuó su compra de acuerdo a sus propios procedimientos. Al final esto se terminó concretando sobre la base de la contribución que efectuó el Ejército de Chile y de la verificación de la idoneidad de esa contribución a las necesidades transitorias de dicho puente.
-Respuesta del señor Ministro a las consultas de los diputados.
Respecto de las diferencias que detectaran en su momento entre las dos propuestas, una de ellas fue que señalaban longitudes distintas, lo que requería el ajuste respectivo, por otra parte, se pidió una modificación a la segunda alternativa, porque incluía pasarelas a los costados, las que también había que sacar y la instalación no ofrecía algunas características respecto de lo que requería el ministerio. Agregó que no era fácil comparar los números entre sí, porque, por ejemplo, lo que se está pagando ahora incluye terraplenes de acceso, luminarias y otras cosas que hacen difícil efectuar una comparación precisa entre las alternativas. En consecuencia, es difícil hacer en este momento la comparación que se me pide, debido a que en un caso no se incluía la instalación completa del puente, sino parte de ella. La otra oferta no incluía instalación, pero la información que teníamos era que la instalación la haría el Ejército, con la alternativa de la empresa Acrow. Sin embargo, ambas ofertas no eran completas, lo que hace difícil comparar los presupuestos con lo que se está pagando hoy en instalación, la que incluye terraplenes, luminarias y otros elementos que no estaban incluidos en los presupuestos originales.
Se recalcó por el Ministro que el Ministerio de Obras Públicas hizo una evaluación técnica respecto de sus propios requerimientos, y no le correspondió al Ministerio de Obras Públicas hacer una evaluación técnica de la adquisición de un puente u otro; sólo se refirió a la idoneidad de ese puente, para lo que el ministerio de Obras Públicas estaba trabajando en ese lugar. Agregó que el ministro de Defensa de la época fue el que ofrece la alternativa de un puente, y que el MOP estaba en el proceso de construir ese puente de nuevo y vieron el que se estaba ofreciendo servía para las condiciones del que estaban haciendo, por lo que, enfatizó hubo se les preguntó respecto del puente que se estaba haciendo, y la respuesta fue que sí, pero la decisión de compra es del Ejército, no del ministerio de Obras Públicas. La participación del MOP, según lo expresado por el Ministro se limitó a señalar que el puente propuesto les servía. Finalmente señaló que es un es un puente que está instalado, que está funcionando y que está cumpliendo su labor, y cree que eso es importante para la región.
-Inquietudes de los señores Diputados respecto de la exposición del Comandante de Apoyo a la Fuerza del Ejército , general de división Antonio Cordero .
-Se consultó si cuando se compró el puente la finalidad era que la empresa vendedora lo instalara.
-¿El Ejército tenía claro que para tomar la decisión necesitaba de la concurrencia del Ministerio de Obras Públicas, en el sentido que ese organismo tenía que entregar su opinión? Asimismo, ¿tenía claro el Ejército que el Ministerio de Obras Públicas tenía que hacer una evaluación técnica de ese puente? Preguntaron también si tenían conocimiento si ese puente tendría, además, un costo adicional por su instalación, es decir, que ese puente que Obras Públicas estaba recomendando saldría finalmente más caro que el del otro oferente.
-Respuestas del General Cordero.
Aclaró en primer lugar que la carta enviada por la Subsecretaria de Obras Públicas al Ejército, fue solicitada al Ministerio, por cuenta del Ejercito, porque necesitaban esos antecedentes, dado que las instrucciones que teníamos del nivel Defensa era que al Ministerio de Obras Públicas le correspondía hacer el análisis técnico-financiero y que el Ejército sólo era el vehículo de compra, en el sentido que se trataba de recursos de la Ley Reservada del Cobre, que habían sido dispuestos para la compra de seis puentes militares, pero que inicialmente concurrían como prioridad y proyecto esencial a solucionar la conectividad del río Biobío.
Entonces, precisó, claramente necesitaban la concurrencia del Ministerio de Obras Públicas en este tema, que era una materia que no dominaban, puesto que, no construyen puentes de esa forma. Precisó que éstos son seis puentes que se usan de otra manera, en los que se necesita muy poca maquinaria y muy pocas obras para situarlos en un lugar determinado. Son puentes que se lanzan en una forma de equilibrio a través de unos rodillos, se empujan con una máquina y que máximo llegan a 135 metros, pero que no pasan de los 135 metros, como decía, que son las luces de esos seis puentes, en una versión tipo mecano al que se le colocan barandas. En ellas va la resistencia, y las versiones que compramos soportan hasta 70 toneladas.
Por ello, enfatizó, era necesaria y muy importante la opinión de Obras Públicas, porque eso ya traspasaba a un montaje industrial, ya que se hacían pilotes, los que tuvieron que ser licitados y, posteriormente, con maquinaria pesada en una faena en el interior del río se fue montando tramo por tramo, cada uno de los cuales pesaba sobre 80 toneladas.
Respecto de la otra propuesta, aclaró que el Ejército no la conocía, porque no cotizaron a nadie, ni hicieron ningún análisis técnico de esa tarea que tenía por hacer el MOP. Reitero que tenían que proporcionar solamente el puente que debía ser evaluado técnica y financieramente por Obras Públicas como el más conveniente para instalar sobre el río Biobío.
Señaló que el Ejército esperó la recomendación de Obras Públicas para iniciar el proceso final de la compra, que era la resolución del comité, el que recomienda al Comandante en Jefe. Una de esas resoluciones se exime del trámite de propuesta pública, que es la norma, a un trato directo, dada la especificidad del puente que se requería, y otra resolución en la cual se le ordena, al Comandante de Apoyo a la Fuerza, proceder al contrato y a la compra del puente claramente identificado.
Terminada las consultas y entregadas las respuestas, los integrantes de la Comisión opinaron en dos sentidos:
a.- El Ministerio de Obras Públicas jugó más que un rol técnico en este asunto, jugó en realidad un rol importantísimo para aconsejar al Ejército respecto de qué tipo de puente comprar y un rol preponderante en aconsejar al Ejército qué solución tomar para restablecer la conectividad de la Región del Biobío y quedan más dudas que certezas sobre el punto.
b.- Ambas intervenciones, la del Ministro y la del representante del Ejército- son complementarias, en el sentido de que hubo mayores especificaciones técnicas, lo que se desprende de los dichos del General en cuanto a que ellos no son especialistas en la materia y que, por lo tanto, requerían que se les entregara una matriz técnica de ese puente, la que fue entrega por el MOP.
U. MINISTRO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO, SEÑOR RODRIGO PÉREZ , EXPUSO FRENTE A LA COMISIÓN INVESTIGADORA RESPECTO DEL ESTADO ACTUAL DEL PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN
-Cuatro metas del Presidente de la República.
Expresó que las cuatro metas que debe cumplir en materia de reconstrucción, el Ministerio de Vivienda son las siguientes:
1.- Que la reconstrucción se encuentre terminada ciento por ciento al cuarto año de su gobierno.
2.- Que esté con 90 por ciento de avance al tercer año.
3.-Que se haya entregado la totalidad de los subsidios a fines de 2011 y
4.-Que las aldeas se erradiquen antes del próximo invierno de 2012, o que la solución definitiva para quienes permanezcan allí esté en un franco estado de avance.
Manifestó, respecto de este último punto, que hay un exceso de expectativas, puesto que el énfasis ha estado en la entrega de subsidios, cuestión que, por cierto, es muy importante, pero enfatizó que desde la entrega de subsidios al inicio y al término de obras transcurre un lapso importante, situación que es bueno clarificar.
A modo de ejemplo, citó el reciente tsunami y terremoto de Japón, en donde se anunció que la instalación de viviendas provisorias iba a tomar tres años y la reconstrucción definitiva 10 años, lo que demuestra que ante ese tipo de catástrofes los plazos son largos, de manera que lograr una reconstrucción en un período de cuatro años, sin duda, sería un gran logro para el país.
Otro ejemplo es el huracán Katrina , que también se destaca como algo similar, donde se destruyeron 275 mil viviendas. El período de reconstrucción de las zonas afectadas por ese desastre fue de ocho años.
Los avances de la reconstrucción
Hasta abril había 146 mil subsidios entregados.
Explicó que, inicialmente, había mucho subsidio de reparación y poco de solución definitiva, pero que ese nivel ya se ha ido equiparando. Tiene que terminar en 50-50, esa es la meta inicial, pues son 220 mil subsidios en total que se estimaron en un comienzo, de los cuales hay 110 mil de reparación y 110 mil de reconstrucción. Explicó que es más difícil iniciar una obra de reconstrucción que una obra de reparación, lo que hace que el tiempo se vaya distanciando.
Luego hizo hincapié en que en el ministerio, en tiempos normales, sin terremotos, el plazo promedio entre la asignación de un subsidio familia, desde que recibía un subsidio hasta que recibía su vivienda definitiva, era aproximadamente dos años y medio, y el desafío que se han impuesto en cartera es acortar ese período a un año y medio, y en caso de lograrlo será posible cumplir con las metas del Presidente de la República , las que señaló, son bastante demandantes.
Expresó que de los 146 mil subsidios que se han entregado, 82 mil corresponden a reparaciones. El resto, en las distintas categorías, corresponde a reconstrucciones. Señaló que la proporción entre subsidios de construcción en sitios propios y subsidios para construcciones en nuevos terrenos, (que son los conjuntos habitacionales que van a recibir mayoritariamente arrendatarios y allegados) y los subsidios de adquisición es de aproximadamente 55-45 en la entrega de subsidios, lo que es aproximadamente un tercio, y en relación con los subsidios de reparación es de 95-5, y la razón es muy lógica: un subsidio de reparación toma un tiempo muy inferior en terminarse respecto de lo que toma un conjunto habitacional o, incluso, una construcción en nuevo terreno. Explicó que cuando se construye un conjunto habitacional hay que hacer mecánica de suelo, proyectos de arquitectura, de ingeniería y de especialidades, licitar la obra, etcétera, lo que toma un período de tiempo bastante más largo, el que históricamente, era de dos años y medio.
Lo que debiera ocurrir es que esa proporción se vaya equilibrando y que termine en 50 y 50.
Expresó que los permisos de edificación en las regiones afectadas por el terremoto en los últimos tres meses han aumentado prácticamente en 500 por ciento y en el resto del país sólo 45 por ciento. Si uno extiende eso un mes adicional, los primeros cuatro meses, han aumentado en 248 por ciento en las zonas del terremoto y 45 por ciento en el resto del país.
Subsidios, Inicios y términos de Obras (cifras al 30 de Abril del 2011) Fuente: Ministerio de Obras Públicas.
/
Nota: Los subsidios de adquisición se consideran iniciados una vez que las familias cuentan con una asistencia técnica contratada por el Serviu para dar inicio al proceso de compra.
-El Programa de densificación urbana
Manifestó que el nuevo Programa de Densificación Urbana para las ciudades de las regiones afectadas ya está operando en la Séptima Región y fue anunciado en la Octava.
Explicó que éste es un subsidio orientado a incentivar la reconstrucción en el centro de la ciudad, de modo que las familias no tengan que migrar a la periferia, recuperando de ese modo, las áreas urbanas de la ciudad, lo que tendrá un impacto importante, pues permite disponer de terrenos que de otra forma no estarían disponibles.
Agregó que el subsidio es de 500 UF para viviendas de hasta 1.000 UF. De ahí en adelante decrece en forma lineal hasta llegar a 300 UF para viviendas de más de 1.400 UF y que está restringido al casco urbano, para lo cual se definieron ciertos polígonos dentro de las ciudades. En el caso del Maule, se consideraron cinco ciudades: Curicó , Linares , Talca, Constitución y Cauquenes .
Indicó que este subsidio está focalizado en las familias damnificadas con o sin terreno, pero, eventualmente, se va a abrir a aquellas no damnificadas por el terremoto, si a los 180 días de iniciadas las obras la demanda no está completa. No obstante, habrá un período de 60 días dentro del cual llevarán la demanda por terremoto que las empresas no hayan sido capaces de identificar. De esta forma, se va a llenar los cupos de demanda con familias que no hayan sido detectadas por las empresas constructoras.
Respecto de estos planes de reconstrucción, expresó que existe una guía de diseño que incluye una serie de restricciones, la que está hecha para respetar el entorno urbano en el cual se construirá, y la idea es no romper la armonía arquitectónica de la ciudad.
Asimismo, manifestó, que hay un formato para asegurar la competencia, pues se estableció un plazo para que se presenten los proyectos, que vence el 31 de agosto, a continuación del cual hay un período de 21 días de evaluación y suscripción del convenio y un período de tres meses para el inicio de obras, por lo que se estima que las obras debieran comenzar a fines de diciembre. Son 2.600 en Maule y 5.000 en Biobío, por lo que se está hablando de 7.600 viviendas, en las cinco ciudades más importantes.
Agregó que actualmente se está evaluando construir en la Sexta Región, en Rancagua.
-Diferencia entre obras de reparación y obras de reconstrucción.
En la Región de Valparaíso, por ejemplo, hay una proporción muy grande de subsidios de reparación respecto del total, situación que se replica en la Región Metropolitana. En cambio, la Región de O’Higgins tiene una proporción muy baja, lo cual influye en los inicios de obras; las regiones de Valparaíso y la Metropolitana tienen un altísimo grado de avance en inicio de obras. Las otras regiones muestran un avance más lento; sin embargo, la Región de O’Higgins tiene más de 3.000 obras iniciadas, pero tiene una proporción muy baja de subsidios de reparación, lo cual influye que en término de obras la proporción sea muy menor.
-Las aldeas
Respecto de las aldeas, el Ministro explicó que la meta es que estén erradicadas antes del próximo invierno o que, como ha señalado el Presidente , ello se encuentre en franco estado de avance.
Precisó que en total, hay 4.399 familias. La proporción mayor se encuentra en Biobío, con 3.600; en Maule, hay 333; en O’Higgins, 297, y en Valparaíso, 69. De estas 4.300 familias, se estima que, aproximadamente, el 20 ó 25 por ciento no sea elegible para un subsidio.
Expresó que los hitos son los siguientes:
1. Entre julio y agosto se espera haya concluido, ojalá a fines de julio, con la asignación de subsidios para las familias que están en las aldeas.
2. Entre septiembre y octubre, haber adquirido la totalidad de los terrenos donde se construirán los proyectos para erradicar las aldeas, y
3. Entre diciembre y enero haber iniciado todas las obras de las aldeas.
En todo caso, el hito más importante es la adquisición de los terrenos.
Manifestó que en realidad, a pesar de que se parte con 107 aldeas, hoy existen 98. Hay 79 proyectos y algunos que involucran más de una aldea. En total, los proyectos para erradicarlas son 79. De esos 79, ya se han adquirido los terrenos para 55. Sólo faltan 14, aunque precisó que 13 ya fueron aprobados por la Dipres y el ministerio firmó el decreto respectivo para proceder a la expropiación de los terrenos, fase en la que se encuentran ahora. Sólo hay un terreno, en Talcahuano, respecto del cual habrá que reiniciar el proceso de expropiación.
El Ministro hace presente que prácticamente, se cuenta con la totalidad de los terrenos y se espera haberlos adquirido entre septiembre y octubre, y entre diciembre y enero haber iniciado la totalidad de las obras. De hecho, 22 de los 79 proyectos ya iniciaron obras: 1 en Valparaíso, 4 en O’Higgins, 3 en Maule y 14 en Biobío.
-Plan de apoyo y trabajo con el Ministerio de Salud.
Enfatizó que adicionalmente, hay un plan de apoyo para el invierno, en el que se entregarán 1.500 millones de pesos directamente a los municipios, en conjunto con las familias de las aldeas, para que ellos decidan en qué quieren invertir los recursos. Ya se les entregó la mitad, y en la medida en que los gasten, se les entregará el saldo. Asimismo, expresó que hay un trabajo junto con el Ministerio de Salud para atender a las familias que viven en las aldeas. Se contrataron cuadrillas para mantención y reparación y se reforzó la aislación de las viviendas.
Cuadro resumen de estado de proyectos.
Fuente: Ministerio de la Vivienda y Urbanimo.
/
-Construcción de edificios
Señaló que hay tres proyectos en Talcahuano: Centinela II, Mirador del Pacífico y Centinela. Para el primero de ellos ya se cerró la licitación. Son departamentos tipo como los de Los Ángeles, de 55 metros cuadrados. La empresa ganadora de la licitación está por iniciar las obras. En todo caso, aún falta que se tome razón de la adjudicación, expresó que todo está muy avanzado, así es luego debieran iniciarse las obras.
En lo que respecta al Mirador del Pacífico compuesto por 1032 departamentos, expresó que ya se encuentra en construcción y que con los dos proyectos mencionados se va a tener en ejecución la construcción de más de 1400 departamentos para Talcahuano.
En cuanto al proyecto Centinela , que es de 440 viviendas de 58 metros cuadrados, expresó que aún se encuentra todavía en etapa de diseño.
Construcción en sitio propio
Manifestó que en el sector de Santa Clara hay reconstrucción en sitio propio de 80 viviendas. También hay un proyecto de construcción en sitio propio para damnificados con terrenos, que corresponde a 480 postulaciones y que actualmente hay 50 viviendas en construcción. Agregó que también hay un proyecto en Caleta Tumbes en el que están por iniciar los diseños. En estos momentos se está traspasando el terreno desde Bienes Nacionales al Serviu.
Obras de inversión vial
Manifestó que se encuentran en distintos grados de avance, así el proyecto de habilitación del corredor de transporte público registra un estado de avance de 70 por ciento, luego, la habilitación del segundo tramo del mismo corredor, está en proceso de licitación. También hay un proyecto de mejoramiento de interconexión en el sector de Tumbes.
Asimismo, agregó, hay una serie de obras de reparación de pavimentos, muros de contención y otras obras que se están ejecutando en ese sector, cuyo estado avance es que 70 por ciento. Adicionalmente, hay obras como el boulevard eje cívico de Talcahuano, que también tiene un 70 por ciento de avance. Está listo el diseño.
Respecto del diseño de mejoramiento de la plaza de armas Arturo Prat señaló que está terminado. Se está por llamar a licitación para adjudicar las obras. Asimismo, el parque de mitigación de tsunamis está en proceso de identificación presupuestaria.
-Otros proyectos
Manifestó que en Talca hay distintos proyectos, hay un CNT en San Miguel y un proyecto de CNT en el sector industrial. El proyecto Los Maitenes por su parte, ya entró al banco y respecto de éste último están revisando los antecedentes sociales y legales. Los otros proyectos están en espera de ingresar al banco, lo que significa que están terminando la etapa de los antecedentes técnicos y sociales. Señaló que estos cuatro proyectos en total suman 450 viviendas.
Expresó que se identificaron 1.000 subsidios para construcción en sitio propio patrimonial. El proyecto está en proceso de licitación, abierta, y hay unas 250 viviendas de fachada continua, 80 de las cuales ya están en construcción.
En los proyectos de construcción en sitio propio, hay 227 subsidios asignados y 116 viviendas en construcción.
Otros dos proyectos: el de la plaza Arturo Prat y el de las veredas del centro de Talca. El primero está en proceso de licitación y el segundo en etapa de obtención de RS.
-Acciones de Reconstrucción en el borde costero.
Expresó que en esta materia se realizaron estudios de riesgo en las regiones Sexta a Novena, se firmaron 12 protocolos con los municipios y en octubre se entregó toda la información para que las municipalidades pudieran actualizar sus planos reguladores, respecto a este punto sólo falta uno: el de Lebu.
Explicó que cada comunidad cuenta con tres productos concretos conducentes a la reconstrucción de su borde costero y la actualización de su plan regulador:
1) Estudios de riesgos que se hicieron con Sernageomin y las universidades Católica y del Biobío;
2) Planes maestros y las obras urbanas y de mitigación,
3) Zonificación y polígonos donde se podrá construir viviendas tsunami resilientes con subsidios especiales.
En el caso de Constitución, señaló que se hicieron las simulaciones para ver cómo afectarían el territorio las obras de mitigación, en base a lo cual se estudiaron tres alternativas de obras de mitigación, algunas con expropiación y otras sin expropiación.
Recalcó que lo importante es que las obras de mitigación reduzcan la altura y la velocidad de un tsunami, señaló que los subsidios extraordinarios que se están entregando en la zona tsunami resistente, la idea es que esas familias puedan volver a vivir en forma segura, es decir, ante riesgo inminente igual deben evacuar sus viviendas, pero pasado el peligro, regresan a limpiar sus casas o a repararlas, sin tener que esperar dos años en una aldea.
-Criterios de afectación y expropiación.
Expresó que sólo se expropiarán aquellos terrenos estrictamente necesarios para construir infraestructura pública o de mitigación de riesgos, y que todo terreno que sea expropiado pasará a ser Bien Nacional de Uso Público, los cuales, recalcó, no se venderán a privados.
Respecto de aquellas propiedades que no requieran ser expropiadas para infraestructura y estén ubicadas áreas inundables o potencialmente inundables, tendrán que acogerse a los usos permitidos (productivos, comercio, y actividades no residenciales (Área de uso restringido) Asimismo, señaló que aquellas familias cuya única vivienda se ubicaba en dicha zona, podrán optar a un subsidio para vivienda nueva en terreno nuevo (si son elegibles) lo más cerca de su lugar de origen y respecto de las familias que vivían en la ZONA denominada de riesgo mitigado, pueden seguir viviendo en dichas zonas bajo condiciones, (Área con usos condicionados) y optar a subsidios para viviendas tsunami-resilientes (de 150 UF adicionales).
Inquietudes de los parlamentarios.
Manifestaron preocupación por mayor fiscalización
Fueron contestes en solicitar al Ministro una mayor fiscalización de los recursos adicionales asignados a los municipios para las aldeas. Asimismo manifestaron su preocupación por los bajos niveles de compra de viviendas usadas, lo que redunda en que en algunos casos las personas estén renunciando a este tipo de subsidios. Agregaron la necesidad de acelerar la solución a las zonas de interés patrimonial. Hicieron hincapié en la necesidad de prestar mayor atención a los subsidios de reparación, en donde la mayor parte del tiempo la empresa invierte sólo el 50% del subsidio en reparar, por lo que solicitaron mayor control por parte del Ministerio.
Preguntaron al Ministro :
Respecto de las medidas que adoptará el Ministerio para reducir el plazo entre la entrega del subsidio y la entrega de las viviendas definitivas. Asimismo, consultaron respecto de la situación de los comités de vivienda tradicionales, por cuanto los fondos asignados para subsidios normales y subsidios de reconstrucción corren por cuerda separada. Consultaron también respecto de las medidas para la reconstrucción de Talcahuano centro y la posibilidad de de establecer incentivos a privados para la reconstrucción de dicho sector, y no sólo en Talcahuano sino también en otras ciudades que están en la misma situación. Consultaron finalmente, respecto de los proyectos Centinela II y Santa Julia , y la posibilidad de establecerlos como aldeas, para que operen los recursos extraordinarios asignados a los Municipios en apoyo de las aldeas para el invierno.
Respuestas del Ministro :
Sobre la reconstrucción de los centros urbanos, manifestó que hay dos medidas que van a contribuir fuertemente a mejorar ese problema, y que como expresó, consiste en que en el caso de que no se llene con damnificados del terremoto la asignación de subsidios para dicha área, si el proyecto ya fue aprobado y elegido dentro de los mejores, se va permitir, después de un plazo bastante razonable, que se abra a particulares. La otra medida es el DS-01, subsidio a la clase media, que se acaba de aprobar y lanzar la semana pasada, el que va implicar un impacto importante sobre todo en regiones, tal vez más que en la Región Metropolitana, donde el valor del suelo es más alto, particularmente entre 600 y 1.000 unidades de fomento. El subsidio es mejor que el anterior. Esperamos que tenga un impacto importante.
En cuanto a las aldeas Centinela II y Santa Julia manifestó que revisará la situación.
Respecto de subsidios normales, señaló que eso sigue su curso absolutamente. Enfatizó que hubo restricciones presupuestarias, producto del terremoto y de la altísima asignación de subsidios que se hizo el 2009.
En tal sentido, hizo hincapié en que durante el año 2009 se asignaron 62 millones de UF; el promedio de los cuatro años del gobierno de la Presidenta Bachelet fueron 39, incluyendo los 62. Explicó que como los subsidios no se gastan inmediatamente, han debido afrontar restricciones presupuestarias importantes que han hecho que los programas regulares fueran de 25 y de 21 millones de UF, no obstante lo anterior, recalcó que el próximo año va a haber un aumento importante, y va a ser un buen año, con aproximadamente 34 millones de UF para los programas regulares, por lo que esperan haya una recuperación importante.
Sobre los subsidios de reparación, señaló que efectivamente han recibido la queja de que en muchos casos no se invierte el ciento por ciento, y es un tema muy difícil de controlar, porque es una cantidad enorme de subsidios, 110 mil proyectos. No obstante lo anterior, señaló que está muy regulado y están realizando un esfuerzo de fiscalización importante. Enfatizó en que si bien se podría dar estas situaciones, en ningún caso, el monto no ocupado debiera ser mayor al 50 por ciento, porque en tal caso, estaría en falta.
Respecto de las medidas del Ministerio para reducir el tiempo entre la asignación de un subsidio y la entrega de la vivienda definitiva, manifestó que se redujo la cantidad de requisitos que se requería para postular a un subsidio, de 117 a 18, en tal sentido, explicó que se han relajado una serie de restricciones, citó como ejemplo, que en el caso de las viviendas tipo no sea necesario que tengan permiso de edificación, sino que se entreguen junto con la recepción municipal. Además, se han adoptado medidas como agregar la demanda, para acelerar el proceso y que una constructora edifique varias viviendas juntas. Por último manifestó que están trabajando en otra serie de iniciativas de las cuales cuando se hagan efectivas serán informadas.
-o-
IV. CONSIDERACIONES
La Comisión, luego de escuchar a las autoridades responsables tanto del proceso de emergencia como de reconstrucción, las cuales expusieron sus puntos de vistas en las actuaciones de su competencia y que se resumen en las exposiciones anteriormente descritas; recibir los informes y documentos reunidos, tanto de los organismos públicos, municipalidades, como de la Contraloría General de la República; examinar las respuestas de los oficios despachados, y escuchar a los representantes de las personas que resultaron mayormente damnificadas de las regiones del Maule y del Biobío, centró su atención en los siguientes puntos:
1.- Plan de Emergencia
Respecto de la emergencia, y habiéndose conformado otras comisiones relacionadas con los mimos hechos, denominadas Desastres Naturales e Investigadora de procesos de adquisición, localización, distribución y asignación de viviendas de emergencia a damnificados por 27F, como en cuanto a la Calidad de la Construcción de las Viviendas, la Comisión no ahondó sobre este punto, sino que concluyó en el debate que frente a los hechos de la naturaleza ocurridos el 27 de febrero de 2010, el país no estaba preparado institucional ni legalmente para afrontar una catástrofe de tal magnitud, y, en consecuencia, las limitaciones que presenta la legislación para enfrentar protocolos de urgencia obliga a las autoridades y ciudadanía en su conjunto a debatir con el propósito de dotar al país de las necesarias herramientas jurídicas para enfrentar situaciones como las sufridas por una gran cantidad de compatriotas.
En cuanto a la primera fase de la emergencia, los integrantes de la Comisión coincidieron en que las tareas inmediatas que trajo consigo el terremoto y posterior tsunami fueron llevadas a cabo de modo oportuno y eficaz pero, de igual manera, estuvieron contestes en que la emergencia no puede disociarse de las reglas de transparencia y apego a la legalidad vigente, como lo observara la Contraloría General de la República en las diversas auditorías efectuadas y donde conminara a los organismos del Estado a dar cumplimiento cabal a los protocolos exigidos y a reparar los errores, tanto por acción como por omisión, como sucedió con la decisión por parte de las autoridades a cargo de la emergencia de otorgar un premio a modo de incentivo a las empresas que cumplieran con los plazos de entrega de viviendas de emergencia, hecho con el que algunos integrantes de la Comisión manifestaron no estar de acuerdo, aun cuando las autoridades encargadas explicaran que se tuvo que recurrir a esta medida por la ausencia de stock de viviendas, el escaso número de empresas dedicadas al rubro y la urgencia de las necesidades de la población damnificada.
2.- Plan de Reconstrucción
Respecto del tema central a que se dedicara la Comisión en su análisis, el debate se centró, por una parte, en los siguientes puntos:
-Confusión en la conducción por parte de las autoridades responsables y descoordinación entre las mismas lo que se tradujo en definitiva en una inconsistencia en la información, y por ende, en las hojas de rutas y en la falta de identificación, en una primera etapa, entre la postulación a los subsidios pos terremotos en sus distintas modalidades y la de los subsidios normales de acuerdo a los programas permanentes, como asimismo, respecto de los de reparación o de construcción de viviendas, y de los requisitos que deberían cumplir los postulantes para cada uno de ellos en sus distintas modalidades.
-Falta de capacidad de las autoridades regionales y ministeriales y de personal calificado, como asimismo, descoordinación en la información por parte del Serviu.
-Falta de participación ciudadana en la búsqueda y ejecución de soluciones.
-Insuficiencia de los recursos destinados a reparación en comparación con la cantidad de damnificados, particularmente, en cuanto a las zonas de mayor vulnerabilidad y la llegada del invierno.
- Reorganización de los planes reguladores de las zonas costeras que obligarían a los damnificados a trasladarse y dejar sus terrenos propios en beneficio de futuros emprendimientos turísticos y comerciales.
-Preocupación por la inversión en cuanto se concentrará entre los años 2013 y 2014, lo que se traduce en una lentitud del proceso.
- Poca claridad respecto de la indefinición del plan de recuperación del borde costero.
-Desacuerdo en cuanto al real número de subsidios entregados.
-Inadecuado silencio respecto de los tremendos daños que hubo en las construcciones hechas por privados
-Desinformación y dificultades respecto de las demoliciones de los edificios siniestrados, particularmente, respecto de la falta de recursos para hacerlo las municipalidades.
-Improvisación respecto de localización y anuncio de planes maestros no concordados con la ciudadanía y los afectados.
-Lenta entrega de los informes por parte de Sernageomin y exceso de petición de antecedentes para obtener un subsidio, incluso mayor que los establecidos para las postulaciones normales, entre otras, una excesiva cantidad de planos y otros antecedentes para su aprobación.
-Falta de interés de las Egis en enfrentar las soluciones en sitio residente o de reparación de viviendas.
-Carencia de psiquiatras y personal médico para trabajar en el ámbito de las secuelas psicológicas y problemas de salud de las personas afectadas
-Criterios de focalización de la Ficha de Protección Social en cuanto al puntaje exigido para enfrentar la reconstrucción de lo perdido, y la modificación que debería sufrir para enfrentar catástrofes.
-Valorización positiva de la identificación de rasgos patrimoniales y la reconstrucción del patrimonio cultural.
-Problemas legales de hacerse cargo el Estado de las demoliciones de los edificios privados.
-Autoridad responsable en la toma de la decisión, costo real, financiamiento y pago por la instalación, respecto del emplazamiento de un puente mecano provisorio para brindar conectividad en la ciudad de Concepción.
-o-
3.- Principales nudos en el proceso de reconstrucción expuestos en las audiencias
La Comisión, asimismo, y por otra parte, centró su atención en los antecedentes recibidos respecto de los principales problemas que se han generado en el proceso de reconstrucción nacional, los que se resumen de la siguiente manera:
1.- EN LAS RESPONSABILIDADES DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO
-Acotar la primera información conseguida vía satelital
El registro de damnificados se cerró el 27 de agosto de 2010, con 286 mil inscritos. Luego se tuvo que realizar un proceso de sistematización de las bases de datos para determinar cuántos de ellos no presentaban los antecedentes correctos, no cumplían los requisitos o la información estaba duplicada.
-Determinar montos de los subsidios y sujetos de éstos
Existían 6.500 direcciones que tenían cuatro o más registros asociados, 14 mil direcciones con 2 registros asociados es decir, había 26 mil registros que tenían algún vicio en su inscripción. Por ejemplo, con un certificado de inhabitabilidad de una vivienda postularon 12 familias distintas.
Por lo tanto, fue necesario depurar la información para saber exactamente quienes eran los verdaderos afectados, y primero, quienes eran propietarios, puesto que quienes podían postular al subsidio de reconstrucción son los propietarios, no los arrendatarios, ni los allegados.
Los subsidios eran diferentes en monto según el grado de recuperabilidad de las viviendas, lo que también tuvo que determinarse. Esto fue más complejo en los edificios de departamentos. Hay más de 30 modalidades de subsidios a las cuales pueden acceder las personas dependiendo de si la construcción es en sitio propio, en terrenos nuevos, si la construcción de la vivienda es con o sin crédito, si la postulación es grupal o individual, a través de una EGIS o directamente del Serviu, o si es una adquisición de vivienda, una reparación o si hay patrimonio de por medio, etcétera.
Por otra parte, no todos los propietarios afectados son sujetos de ayuda, sólo los propietarios más vulnerables, es decir los que pertenecen al quintil cuarto y quinto. Para ello se exigió llenar una nueva, o mostrar la Ficha de Protección Social previa al terremoto. Se estipuló un puntaje de corte de 13.800 y fracción, que equivale al límite entre el tercer y cuarto quintil. O sea, se abrieron las puertas para el programa de reconstrucción no sólo a los sectores vulnerables, sino, también, a la clase media.
Todas las personas que postularon debieron firmar una declaración jurada en donde certifiquen que resultaron damnificados, que necesitan la vivienda, que la van a habitar y que no la van a arrendar por los próximos cinco años.
-Se decidió que las construcciones fueran legales
Se decidió propiciar que todas las viviendas que se reconstruyan cuenten con permiso de edificación, cumplan con toda la normativa vigente, que fuesen asísmicas, ignífugas, térmicas, con el cuadro normativo de los programas habitacionales del Serviu y con recepción municipal.
Y cuando se construyera en terreno propio de las familias, que esos terrenos contaran con el título de dominio respectivo, lo cual constituyó una complejidad grande, porque hay terrenos de sucesiones hereditarias.
Para obtener el título de dominio regularizado, se generó un proceso de fast track para la regularización de los dominios.
El proceso demora alrededor de seis meses. Cuando una familia ingresa una solicitud al Ministerio de Bienes Nacionales, éste hace una consulta al Servicio de Impuestos Internos y al Registro Civil , en busca de otros posibles propietarios. Transcurrido un promedio de cuatro meses, se emite la resolución B en donde se acepta la solicitud a tramitación para la regulación del dominio. Se hace una publicación en diarios y carteles para advertir a potenciales propietarios del terreno que se busca regularizar. Transcurrido un mes, el ministerio de Bienes Nacionales emite una nueva resolución y ordena inscribir el inmueble en el Conservador de Bienes Raíces.
Después de un trámite que dura alrededor de 30 días, se realiza la inscripción. Luego debe pasar un año -plazo de posesión prescriptiva- para que efectivamente el propietario sea dueño legal del terreno.
Existen 25 mil subsidios para ser entregados a familias que no tengan terreno como parte del plan de reconstrucción y, además, montos adicionales para habilitar terrenos que pudiesen estar por encima del valor que permita el subsidio o para comprarlos directamente.
- Selección de la vivienda por parte de los afectados
Todos los programas habitacionales consideran la participación ciudadana y la posibilidad de elegir. Es decir, se quiere dar la opción de que las familias elijan la vivienda en función de sus necesidades y sus características.
- La reconstrucción en sitios dispersos aumenta costos
Se debe hacer el esfuerzo de volver a construir las viviendas en el mismo sitio en donde se cayeron las casas que resultaron destruidas, es decir, evitar la expansión urbana, y reconstruir respetando el apego territorial y manteniendo las redes sociales vecinales de las familias. Hubo personas que preferirían vender un sitio en el centro de la ciudad y construir en uno más barato alejado, lo que genera una complicación adicional porque significa que hay que reconstruir sitios que están dispersos geográficamente.
- Reconstruir manteniendo el patrimonio histórico
La reconstrucción tiene que, de una u otra forma, preservar la imagen urbana que tenía el casco histórico de la ciudad, asociado a una fachada continua y una arquitectura más patrimonial.
Se ha dispuesto un subsidio adicional de 200 UF que las familias pueden ejercer si su vivienda está dentro de una zona patrimonial histórica. No se puede hacer por obligación, más bien es un incentivo para recuperar parte de la identidad de la calle, con el objeto de que se construya con ese contexto y recuperar la identidad que tenía la ciudad antes del terremoto. Es decir, un subsidio de reconstrucción puede llegar a 580 UF si la casa está instalada en un casco de carácter histórico.
- Reincorporación de los damnificados a la sociedad
Hubo grupos que no tenían sitios y que se encuentran en alrededor de 110 aldeas con aproximadamente 9 mil familias en condominios sociales, más la gente que está en los barrios deteriorados. Se trabaja con un componente físico, liderado por el Serviu, y con uno social, de manera que se llevará a cabo una reconstrucción tanto física como psicosocial. El objetivo es ayudar a reincorporar a las personas a la sociedad.
Esos grupos tienen en común no poseer terrenos. Si hubiesen tenido uno, habrían recibido una vivienda de emergencia y estarían en su sitio.
- Mantener los planos reguladores
En conjunto con el Sernageomin y otras organizaciones se han revisado los planos reguladores. La idea fue contar con una especie de guía de diseño porque si se deja la reconstrucción al azar se puede construir viviendas prefabricadas distintas, sin ningún sentido de conjunto, de modo que el escaso valor patrimonial de algunas calles se puede perder por completo. Entonces, se quiere elaborar algunas guías de diseño de planos reguladores para pequeñas lo calidades o cascos urbanos con algún carácter de zona típica, las que permitan reconstruir manteniendo el estilo de esa calle.
- Hay denuncias permanentes contra las Entidades de Gestión Inmobiliaria Social, EGIS
Para el plan de reconstrucción se restringió la participación de las EGIS. De aproximadamente 1.200 EGIS que estaban inscritas, se filtraron alrededor de 1.000, que no tenían operación y que responden a la categorización de EGIS “brujas”. En contrapartida, se abrió la posibilidad de que municipios, fundaciones y ONG establecidas participen como tales.
- La certificación de las viviendas
Al momento de la exposición había 27 tipos de viviendas certificadas, y 82 más en curso de certificación. Es un proceso que está permanentemente abierto y la idea es que si una empresa constructora postula una vivienda que no es elegida en un proceso participativo, esa empresa pueda adaptar su vivienda e ir, de una u otra manera, acercándose a lo que la gente busca. No se ha entregado ni se va a entregar ningún subsidio a una vivienda que no esté debidamente certificada.
- Se requiere más personal para atender las nuevas necesidades
Ya se han reforzados las plantas, tanto en el Serviu como en los municipios.
Hay diez personas adicionales para hacerse cargo del terremoto en el SERVIU de cada una de las regiones. Por su parte, la Subdere ha dispuesto cerca de cien profesionales para los municipios más afectados. Se modificó el convenio que tiene el Ministerio de Vivienda con Servicio País por 56 profesionales, para focalizarlos de nuevo en los municipios más afectados y el Programa Quiero Mi Barrio, que tiene una buena cantidad de personas, se han dispuesto para cooperar a los municipios. El principal déficit de profesionales está en las municipalidades, y para el próximo año la Subdere también contempla fondos adicionales para poner más gente en los municipios.
-Una cantidad importante de viviendas afectadas se encuentra en territorio tsunami
Se recalca el que las personas damnificadas vuelvan a vivir en la orilla del mar y, en el caso particular de Dichato, que la gente pueda volver a la parte plana, a la costa.
Los planes que se han presentado, debatido y que se encuentran en proceso de ser consultados con la comunidad, contemplan expropiaciones, sólo para las familias que viven en el primer borde, de manera que pudiesen retroceder un poco para hacer allí una obra de mitigación, que permita que el resto y la inmensa mayoría de la gente que vive en el plano pueda seguir viviendo en una zona con riesgo de tsunami de alguna manera mitigado.
- Las reparaciones de los edificios Serviu
La reparación de edificios es larga y cara. Por ejemplo, en Santiago, la Villa Olímpica, la Villa Portales, que son blocks de edificios enormes que alguna vez fueron Serviu, además de Centinela II, en Talcahuano. En el caso del Cerro O´Higgins, en donde lo único que se quiere por todas las partes involucradas es demoler, no se cuenta con los permisos judiciales porque está en proceso por la muerte de ocho personas.
2.- EN LAS RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS, LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD, Y LA DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA DEL MOP
Los plazos que atrasan las tareas en todos los ámbitos de la reconstrucción de infraestructura pública corresponden a los plazos legales que exige la Inversión Pública, que contienen: aprobación de Mideplan de la Ficha EBI, aprobación de la Dirección de Presupuesto, aprobación Contraloría, confección bases administrativas y técnicas, aprobación de éstas por parte de la Contraloría, llamado a licitación diseño, aprobación Contraloría, llamado a licitación Construcción, aprobación Contraloría.
3.- EN LA RESPONSABILIDAD DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN LAS DEMOLICIONES Y RETIRO DE ESCOMBROS DE LAS MUNICIPALIDADES Y DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS COMO UNIDAD TÉCNICA
-Encontrar el marco legal
Se trabajó primero en determinar las competencias de los distintos actores involucrados es decir, los municipios, los ministerios, el Ministerio Publico, los propietarios, las inmobiliarias, las compañías de seguros, como también de todas las autoridades que intervenían en esta materia, para establecer el marco legal sobre el cual podría el Estado hacerse cargo de una situación como ésta. Se sostuvieron entrevistas y reuniones con el Contralor General de la República tendientes a analizar esta situación y con diversos especialistas internacionales en materia de demoliciones, pues se trata de edificios emplazados en el medio de la ciudad y no de construcciones con espacios abiertos o lo que se llama cancha para demolición.
-Las demoliciones deberían hacerlas los privados
La obligación primaria de la demolición es del dueño del inmueble, sin embargo, muchos propietarios privados de inmuebles y especialmente de edificios, carecen de los recursos para hacerlo, más cuando hay créditos hipotecarios comprometidos. Debido a ello las municipalidades deberían encargarse de esta tarea pero carecen de recursos para las demoliciones, especialmente en las zonas más afectadas, por lo que será el Ministerio del Interior, a través de la Subdere el encargado de proveer los recursos, y, como también las municipalidades carecen del conocimiento técnico para demoliciones tan complejas y del recurso humano idóneo, será el Ministerio de Obras Públicas la Unidad Técnica encargada de demoliciones.
-Pero el MOP no puede demoler hasta que no se superen los conflictos legales de los propietarios con las inmobiliarias.
En algunos conflictos legales el atraso está condicionado por el Ministerio Público que ha debido interceder en aquellos conflictos donde hubo muertes. Por lo tanto ni la municipalidad, ni el MOP, ni el propietario puede tocar la edificación en que haya un conflicto legal en proceso.
-Ministerio de Obras Públicas como Unidad Técnica
Se decidió que el MOP fuera la Unidad Técnica en lo que se refiere a las demoliciones, al igual que lo hace en otras áreas, como la construcción de edificios públicos, cárceles u hospitales.
El Ministerio de Obras Públicas definió los términos de referencia y trabajó en conjunto con los municipios para determinar los criterios sobre los cuales se iba a trabajar. Si bien estos criterios son técnicos, se partía de la base de que, en este caso, solamente se podía intervenir por razones de seguridad pública. Por lo tanto, se interviene en aquellos edificios definidos como prioritarios para la seguridad pública y en aquéllos en que haya amenaza de ruina.
Es necesario considerar que en Chile no existe la maquinaria ni las empresas con la experiencia para hacer demoliciones “implosivas”, es decir que no destruyan los edificios colindantes. Debido a ello, cuando el MOP comience a desarrollar su trabajo debe llamar a licitación para la demolición a su registro de consultores internacionales.
Las licitaciones requieren la elaboración de bases administrativas y técnicas que debe aprobar la Contraloría, y la conformación de la comisión seleccionadora, un tiempo de relación con los postulantes y posteriormente la aprobación de la Contraloría de la adjudicación. Ello significa que las demoliciones no podrán comenzar antes de mediados de 2011.
-Estabilización de los edificios
El MOP hizo la separación entre lo que son obras de estabilización y obras de demolición para trabajar con mayor prontitud en la estabilización y proceder a la demolición con posterioridad, precisamente en razón de la seguridad de las personas. Ello ha implicado un proceso altamente complejo y, lamentablemente, la legislación chilena no consideraba herramientas que permitieran intervenir en edificios privados, que son propiedad de uno o varios particulares, como para entrar y demoler de una sola vez. Se debe intervenir un edificio con las autorizaciones pertinentes. Hay varios casos en que el Ministerio Público, a través de la presentación de querellas, ha supeditado la intervención de la demolición a la presentación de peritajes.
-Peritajes pre demolición
Otro atraso lo plantean los peritajes solicitados por el Ministerio de Obras Públicas antes de las demoliciones, los que tienen por objeto conocer las causas de las destrucciones para que sean puestos a disposición del Ministerio Público y puedan ser conocidos. El Ministerio Público solicitó que no se iniciara ninguna demolición en determinados edificios sin tener un peritaje sobre la situación. Respecto de la demolición por parte de las municipalidades, los municipios y el Estado deben actuar en forma subsidiaria con los particulares. Las causas contra los particulares para la obtención de los recursos serán iniciadas por el Consejo de Defensa del Estado, que es el órgano al que le corresponde la defensa judicial de los intereses del fisco. El curso de acción será definido en base a la situación de cada edificio en particular, por ejemplo la aplicación de las normas de prescripción que establece la ley general de urbanismo y construcciones, en el sentido de si se va a dirigir en contra de los particulares, de la constructora, o de los que resulten responsables. Es un tema que va a dilucidar caso a caso el Consejo de Defensa del Estado en su mérito, considerando los informes periciales que se emitan y que se presenten al Ministerio Público.
4.- EN LAS RESPONSABILIDADES DE LA MUNICIPALIDADES
-Falta de personal técnico y administrativo para emprender todas las nuevas tareas
Aún cuando se haya autorizado a algunas municipalidades a contratar personal, ello significa atrasos, tanto desde el punto de vista de la contratación, que requiere algún tiempo, como adaptar al nuevo personal al medio..
-Descoordinaciones entre municipalidades y SERVIU
Una catástrofe implica elementos nuevos que no siempre cuentan con la legislación apropiada respecto de las funciones de alcaldes, intendentes y gobernadores regionales.
Las nuevas responsabilidades y los marcos legales existentes no siempre ayudan a emergencias de este tipo y al mismo tiempo el Estado no tiene la flexibilidad para rápidamente definir nuevas atribuciones en caso de catástrofe. El SERVIU no se siente obligado a informar a las municipalidades sobre sus actividades lo que retrasa por carecer de información. Otras veces éste exige demasiados antecedentes y papeles que atrasan a las municipalidades en su accionar. Generalmente las ignora en sus tareas de reconstrucción debido a que cualquier descoordinación produce mayores retrasos.
Hay tareas de los municipios que dependen de otros servicios. Por ejemplo la municipalidad no puede demoler o reconstruir en terrenos que aún están sufriendo movimientos sísmicos y requieren informes definitivos del Sernageomin, sobre fallas geológicas, que no se pueden realizar con la urgencia requerida, tanto por los ritmos tradicionales de los servicios, como porque el proceso sísmico aún no termina.
También hay ineficiencias que producen entrampamientos, como el caso de algunos edificios del Serviu que no se pueden demoler, porque son inexistentes, ya que la DOM de la municipalidad correspondiente nunca emitió la recepción. Hay casos de edificios de doce años de antigüedad en esta situación. Por lo tanto, antes de emitir el certificado de inhabitabilidad, se requiere solucionar el problema de la ausencia de recepción municipal.
EGIS (Entidad de Gestión Inmobiliaria Social
Las Egis, han desarrollado el papel de reemplazar al Estado en algunas funciones que la municipalidad no puede cumplir, pero en la situación actual, su autonomía ha resultado en muchos lugares perjudicial. No informan a las municipalidades, no les interesa trabajar en construcciones en el sitio residente, ni en reparaciones, pero, donde no existen también producen un vacío que no hay cómo llenar con la legislación existentes. Hay comunas que carecen de EGIS.
-Asegurar la participación de los vecinos necesariamente produce atrasos
La participación es imprescindible, pero produce impasses a veces difíciles de soslayar. Por ejemplo, las expropiaciones en el borde costero no tienen el apoyo de algunos municipios. En Dichato los vecinos se oponen a la expropiación de una franja del borde costero para desarrollar las medidas de mitigación. Otros propietarios no aceptan el precio que se les ofrece por sus terrenos a veces correspondientes a un quinto del valor que ellos estiman.
Tampoco es fácil definir la situación futura de allegados y arrendatarios.
Las notificaciones a los damnificados sobre su situación son enviadas a los correos. Hay muchas comunas que carecen de éstos, de manera que el vecino debe desplazarse a la comuna más cercana. Esto también retrasa la llegada de información y, por ende, la participación.
-Subsidios insuficientes
Otro hecho que demora el proceso dice relación con los subsidios de reparación o de construcción en el sitio propio porque no contemplan el costo de nivelación del terreno. Muchos de éstos aún han seguido cambiando por los movimientos telúricos posteriores. Tampoco, el valor de los muros de contención, las demoliciones y retiro de escombros. Es decir, todo lo que requiere el terreno antes de la construcción. Algunas municipalidades han solicitado aumentos de subsidios, porque no pueden solventar las diferencias por estar con deficiencia en los recursos operacionales
Elaboración de nuevos planos reguladores
El Gobierno quiere mantener los planos reguladores existentes, en la medida de lo posible. Por lo tanto la reelaboración de éstos, los cambios inevitables, requieren discusión y análisis, lo que produce nuevos atrasos.
-o-
VII. CONCLUSIONES
Esta Secretaría hace presente que las conclusiones que se señalan textualmente a continuación, fueron hechas llegar por el Presidente de la Comisión y puestas con quince días de antelación a su votación en conocimiento de todos sus integrantes; por otra parte, una hora y media antes del inicio de la sesión citada para la votación de las mismas, ingresaron vía correo electrónico conclusiones propuestas por la señora Clemira Pacheco Rivas , en representación de los demás diputados de la Concertación integrantes de la Comisión, las que fueron inmediatamente reenviadas a todos los integrantes por el mismo medio electrónico, y, por entenderse automáticamente rechazadas, al ser aprobadas por la unanimidad de los integrantes presentes las anteriormente, se adjuntan sólo como documento anexo a este informe.
Las conclusiones sancionadas, son del siguiente tenor:
“Antecedentes de la Catástrofe
Magnitud: 8.8 grados en la escala Richter
Zonas afectadas: desde la Región de Valparaíso hasta la de la Araucanía
Víctimas fatales: 521 personas (sin contar a las 56 personas en presunta desgracia)
Viviendas destruidas o dañadas: 370.000 (11% total de la zona)
Hospitales destruidos o dañados: 73
Escuelas destruidas o dañadas: 3.049 (1.250.000 alumnos afectados)
Puentes destruidos o dañados: 221
Caletas dañadas: 32 (15.000 pescadores afectados)
Costo estimado de la perdida: US$ 30 mil millones (17% del PIB)
Conclusiones
PRIMERA, Ámbito Legislativo y Reglamentario
Previo a la constitución de esta Comisión Investigadora, el Ejecutivo ya había logrado aprobar en el Congreso Nacional, en menos de 4 meses, una serie de iniciativas tendientes a enfrentar la situación de emergencia que vivía nuestro país tras el terremoto y maremoto de 27 de febrero. Estas iniciativas trataban diversas materias tales como: financiamiento de la reconstrucción, aspectos laborales y previsionales de los trabajadores afectados por la tragedia, adecuación de plazos en actuaciones judiciales y municipales, entre otras.
- Ley 20.436, de 23 de abril de 2010, que modifica plazos en materia de actuaciones judiciales y declaración de muerte presunta en las zonas afectadas por el terremoto.
- Ley 20.439, de 30 de abril de 2010, que modifica el artículo 67 de la Ley 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, aumentando el plazo para que el alcalde rinda cuenta pública al concejo municipal, en aquellas regiones declaradas zonas de catástrofe.
- Ley 20.440, de 8 de mayo de 2010, que flexibiliza los requisitos de acceso para obtener beneficios del seguro de cesantía de la Ley 19.728, producto de la catástrofe del 27 de febrero de 2010.
- Ley 20.444, de 28 de mayo de 2010, que creó el Fondo Nacional de Reconstrucción y establece mecanismos de incentivo tributario a las donaciones efectuadas en caso de catástrofe.
- Ley 20.446, de 30 de julio de 2010, que otorga facilidades para el pago de cotizaciones previsionales en el territorio afectado por el terremoto y maremoto del 27 de febrero de 2010.
- Ley 20.455, de 31 de Julio de 2010, que modifica diversos cuerpos legales para obtener recursos destinados al financiamiento de la reconstrucción.
Inmediatamente al asumir el Gobierno se firmaron una serie de decretos orientados a normalizar la situación en las zonas devastadas por el terremoto y a planificar la reconstrucción. Dentro de estas medidas se encuentran:
- Decreto que declara Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por Calamidad Pública en la VI Región (DS N°173, de 11 de marzo de 2010).
- Decreto que delega facultades presidenciales al Jefe de la Defensa Nacional en la VI Región (Decreto Exento N° 861, de 11 de marzo de 2010.)
- Decreto que crea Comité Interministerial de Reconstrucción con ocasión del sismo de 27 de febrero (DS N° 317, de 11 de marzo de 2010).
- Decreto que crea Comité de Emergencia (DS N° 350, de 22 de marzo de 2010).
- Decreto de reasignación presupuestaria de 2010 (Decreto N° 338) para financiar la emergencia.
- Decreto que deja sin efecto el protocolo entre el Ministerio del Interior, la Onemi, Ministerio de Defensa y Estado Mayor de la Defensa Nacional relativo a la coordinación para el manejo de catástrofes.
- Además, se implementó un plan para movilizar cerca de 12 mil efectivos militares a las zonas afectadas, que consideró la activación de un plan de contingencia y comité de crisis, el incremento de patrullajes preventivos, la recaptura de reos y la búsqueda e identificación de personas desaparecidas y fallecidas.
SEGUNDA, Plan de Emergencia.
Ocurrida la catástrofe, el Presidente de la República ordenó la creación del Comité de Emergencia, el cual se abocó en su primera etapa a resolver situaciones de emergencia inmediatas tales como dar sepultura a los muertos, rescatar a los atrapados bajos los escombros, reponer el orden público y garantizar la seguridad ciudadana, restablecer suministro de agua potable y electricidad, asegurar disponibilidad de alimentos, remoción de escombros y entrega de 20.400 tiendas de campañas aprox. En una segunda etapa, el Comité de Emergencia busco dar solución a los problemas surgidos por el invierno, en este ámbito, se centró en la entrega de techo y protección, desarrollo de aldeas, asegurar una salud oportuna, digna y eficaz, garantizar la asistencia de los menores a clases, crear empleos de reconstrucción, reparar carreteras y puentes y limpiar ciudades y localidades costeras.
En cuanto a los logros obtenidos por este organismo, en materia de vivienda, el Comité de Emergencia coordinó la construcción de unas 80 mil viviendas de emergencia en menos de 4 meses y la reparación de otras 51.000, se encargó de distribuir alimentación a toda la zona afectada por el terremoto del 27 de febrero, y la construcción de 110 aldeas para aproximadamente 4 mil familias. En materia de salud, se instalaron 14 hospitales de campañas y modulares con 510 camas y 12 pabellones y se repararon parcialmente 55 hospitales, recuperándose 1.237 camas. En el ámbito educacional, el día 26 de abril de 2010, todos los niños y jóvenes se encontraban asistiendo regularmente a clases y se otorgo un bono de $30.000 por 6 meses a 40.000 estudiantes de educación superior. En materia de infraestructura, obras públicas y vialidad, se repararon 1.523 kilómetros de caminos dañados, 194 puentes, entre otras.
TERCERA, Observaciones de la Contraloría General de la República a las actividades del Comité de Emergencia realizadas por medio de la Onemi.
El informe de la CGR hace hincapié que la Onemi no tuvo una real capacidad operativa para la magnitud de la catástrofe, y que en dicha etapa fue frecuente la realización de operaciones sin la documentación de respaldo o bien con facturas u órdenes de compras ilegibles. Sin embargo, el Contralor manifestó que una vez comenzados los reparos, la entidad fiscalizada inició una regularización ex post de las circunstancias del gasto, es decir, se comienza a acompañar los documentos originales y a validar las circunstancias que dicen relación con la ilegibilidad de los documentos que habían sido utilizados durante la emergencia.
A juicio del Contralor se produjo una dispersión en la forma de hacer el gasto público, circunstancia que de una u otra manera fue paliada por la formación del Comité de Emergencia en el Ministerio del Interior, el cual logró generar una cierta canalización eficiente de los recursos públicos que estaban dispersos.
Otra situación que fue mencionada por el ente fiscalizador es la que dice relación con la administración de las bodegas, pues se observo un sistema de información desactualizado y falta de control del stock de emergencia que debía mantener la Onemi (en ella había bienes que tenían más de 20 años acopiados, que estaban inservibles cuando trataron de utilizarse).
Asimismo, existieron problemas de control financiero, pues no se utilizaron formularios Femer , ocupándose únicamente ordenes compras, las que no siempre se pusieron en el portal ChileCompra.
Con todo, la Ley 16.282, de sismos y catástrofe, faculta al Presidente de la República a convalidar las situaciones administrativas irregulares, lo que a la fecha de la presentación, se estaba realizando.
CUARTA, Sobreprecio en la adquisición de viviendas de emergencia y observaciones de la CGR (cuestión analizada por otra comisión investigadora creada para el efecto)
La Circular N° 28, estableció un precio base de las viviendas de emergencia estándar de $465.000 más IVA. Esta Circular tenía por objeto dar una indicación acerca de los precios puesto que había precios distintos en el mercado.
Asimismo, se propuso un incentivo por pronta entrega, el cual tuvo por objeto acelerar la producción de viviendas de emergencia; incentivar a los empresarios relacionados con la madera a que montaran estas plantas, y combatir la especulación en el país.
Este incentivo se contempló originalmente sólo para las casas entregadas la primera, segunda, tercera y cuarta semana de abril. Sin embargo, el mismo se mantuvo con posterioridad puesto que había una escasez notoria de materias primas, no existía producción de zinc y la madera y los clavos habían subido aprox. un 20 %.
Si bien la CGR realiza observaciones acerca del pago del incentivo económico por pronta entrega de viviendas de emergencia, la entidad fiscalizadora estimo procedente acoger la reconsideración planteada por la Onemi, puesto que la extensión del incentivo tuvo por objeto dar una pronta respuesta a las necesidades de los damnificados y mantener la cadena de producción de las viviendas de emergencia, dado el aumento de precios de las mediaguas y de sus insumos, sin perjuicio de mantener lo observado en orden a que su decisión de prolongar el incentivo no se realizó con estricto apego a la normativa aplicable, cuestión que deberá tenerse especialmente presente en lo sucesivo.
Ahora, respecto a los mayores precios pagados por las mediaguas adquiridas a las empresas Un Techo para Cristo y Forestal Tromen S.A, la CGR ha señalo que si bien las especificaciones técnicas de estas viviendas son superiores al resto de las mediaguas compradas, estas no estaban contempladas en la Circular N°28.
QUINTA, Plan de Reconstrucción
El Plan de Reconstrucción se encuentra actualmente en proceso de implementación. Se desarrollará entre los años 2010 y 2014, cumpliéndose en paralelo con el Programa de Gobierno. Este plan tiene por objeto asegurar que, hacia el 11 de marzo de 2014, se encuentre materializada la recuperación de los sectores que se vieron afectados por el terremoto del 27 de febrero. Esta meta deberá ser compatibilizada con los requerimientos que exigen una buena asignación de los recursos públicos y una sana política fiscal.
SEXTA, Vivienda
Para la reconstrucción de viviendas se elaboró un plan con diversas soluciones y un sistema flexible de asignación de recursos que permitiera adaptarse a las diferentes problemáticas. En términos generales se trata de 3 tipos de subsidios, que van desde las 55 a las 780 UF: construcción de vivienda (3 tipos de subsidios); adquisición de vivienda (3 tipos de subsidios); reparación de vivienda (1 tipo de subsidio).
La meta fijada por el Ministerio de Vivienda fue asignar 220 mil subsidios de reconstrucción al 2011, de los cuales 100 mil se asignarían durante 2010. Esta meta se cumplió cabalmente, asignándose el subsidio Nº 100 mil el día 19 de Diciembre 2010. Al finalizar el año 2010 se habían asignado 124.242 subsidios de reconstrucción, de los cuales 50.000 se encontraban en ejecución.
Cada uno de los subsidios otorgados tiene el nombre, apellido y rut del beneficiario, información publicada en la página web del Ministerio. En todos los casos, antes de otorgar un subsidio, se ha verificado que sea una familia elegible, es decir que pueda ser calificada como damnificada y que requiere un subsidio del Estado.
En términos generales, un subsidio contempla 4 etapas: postulación; selección de la familia; asignación; y entrega.
Sólo se ha exigido ficha de protección social a aquellos que deben efectuar reparaciones, a los cuales se exige un puntaje de 13.484. La ficha no se exige ni para la construcción ni para la demolición.
Diversos problemas ha debido de enfrentar el MINVU en el proceso de reconstrucción: inoperancia de la EGIS; falta de experiencia y medios de las municipalidades; falta de capacidad de asociación de los grupos de damnificados para actuar en conjunto; burocracia en la reparación de edificios, entre otros.
Para vencer dichos obstáculos se han tomado cuatro medidas para acelerar la reconstrucción:
1. entrega de subsidios portales a las familias afectadas.
2. autoconstrucción supervisada en sus propias viviendas.
3. entrega de subsidio especial de hasta 500 UF para construir en cascos históricos de 22 comunas.
4. disminución de trámites, descentralización de funciones y simplificación de procesos.
Sin embargo, el Gobierno logró en dos meses poner a disposición de los afectados 75 mil mediaguas, que es la cantidad más grande que se haya puesto en Chile. Se ha aplicado máxima eficiencia en el plan de reconstrucción y la cantidad de subsidios otorgados es absolutamente histórica. A modo de ejemplo, en la región de Biobío, entre los años 2008 y 2009, se otorgaron 21 mil subsidios, mientras que este gobierno otorgó 35 mil subsidios en 8 meses y medio.
SEXTA, Reconstrucción Tocopilla
EL Minvu elaboró un plan para recuperar Tocopilla del terremoto ocurrido hace 4 años. Al 30 de octubre de 2010 existían 2 mil personas viviendo en campamentos, la solución superaba las 800 UF per cápita, se habían realizado obras que todavía no se habían terminado, aun existían damnificados y a la fecha, habían 300 casas vacías.
SÉPTIMA, Reconstrucción de Caletas
Ocurrido el terremoto, el Gobierno, en una primera etapa, efectuó planes de emergencia tendientes a recuperar la capacidad de operación de las caletas y puertos pesqueros artesanales, de esta manera se cumplieron labores como la comercialización de productos en las caletas, retiro de escombros y la habilitación de frentes de atraque, entre otras.
En una segunda etapa, que culminaría en el año 2014 debido a los términos legales exigidos por la inversión pública, se pretende recuperar el 100% de la capacidad de operación. En todo caso, al 7 de septiembre de 2010 se encontraba concluido casi el 70 % de las obras de emergencia.
OCTAVA, Reconstrucción Infraestructura Pública
El catastro de daños en infraestructura pública bajo tuición del MOP arrojó un total de 1.698 puntos de daños. Para enfrentar esta situación se planearon programas de emergencia y reconstrucción.
Los planes de emergencia pretendieron devolver la funcionalidad básica en forma parcial o total a los puntos dañados, mientras que los planes de reconstrucción buscan dar una condición física mejor que la anterior, de modo que su infraestructura pueda reaccionar mejor en un próximo evento.
A la fecha de la exposición del Ministro de Obras Publicas y Vialidad, el 96,7% de la infraestructura pública que sufrió daños con el terremoto había recuperado su funcionalidad básica en forma total o parcial. Los porcentajes de cumplimiento por área eran los siguientes:
-99% del total de 1.554 Km de caminos dañados.
-92% de los puentes que presentaron daños.
-98% de la infraestructura portuaria.
-100% de los sistemas de agua potable.
-83% de la infraestructura de canales, embalses y colectores de aguas lluvias.
-100% de los aeródromos y aeropuertos que sufrieron algún tipo de daño.
Los motivos que atrasan las tareas de reconstrucción de infraestructura pública dicen relación con los plazos legales que exige la inversión pública.
NOVENA, Recursos destinados a demolición y retiro de escombros.
La Ley 16.282 sobre terremotos, el Decreto Supremo 364, de 2010 y la Ley de Presupuesto otorgan al Ministerio del Interior funciones específicas en cuanto al uso de los recursos, permitiéndole transferir recursos a las municipalidades y otras instituciones con fines de seguridad y para absorber las necesidades que se generan a partir de un sismo o catástrofe.
Son facultad y función propia de las Municipalidades realizar las demoliciones, de tal manera que el alcalde, a petición del director de obras, podía ordenar la demolición, total o parcial a costa del propietario.
Bajo este marco normativo el Ministerio del Interior ordenó la entrega de recursos a municipalidades, intendencias y otras reparticiones públicas. Se transfirió acerca de 19.364 millones de los cuales 14.057 millones fueron entregados directamente, como transferencia a los municipios. Dado quelas Municipalidades carecen de conocimiento técnico para demoliciones tan complejas, fue el MOP a través de la Unidad Técnica la encargada de las demoliciones.
De los recursos transferidos, a la fecha de exposición del Subsecretario del Interior, había alrededor del 70 % rendido. La rendición y control de los recursos se produce en el momento en queda ejecutado el gasto y desde el punto de vista financiero, el acto no se sanciona con la transferencia sino al momento de recibir los informes que indican la manera en que se gastaron los recursos.
En cuanto a la disponibilidad de mayores recursos, el subsecretario de la cartera señaló que en octubre (2010) hicieron un levantamiento de todos los gastos en que se había incurrido y que no estaban siendo financiados por los fondos de emergencia o fondos propios. Luego del levantamiento se solicitó a la Dipres 5.600 millones, los que fueron transferidos en octubre o principios de noviembre.
Entre las razones que justificaron el retraso en las demoliciones se encuentran: los conflictos legales de los propietarios con las inmobiliarias; la falta de maquinarias y empresas con experiencia en la materia por lo que se tuvo que llamar a licitación; y, los peritajes a que estaban obligados a realizar antes de las demoliciones.
DÉCIMA, Requerimientos comunes de damnificados en aldeas, campamentos y sitios residentes de las zonas más destrozadas.
Los damnificados que fueron invitados y recibidos por la Comisión son contestes en señalar que los principales problemas que los aquejan son los siguientes: desempleo; inexistencia de propiedad donde arrendar; incertidumbre respecto de la fecha de inicio de las obras de construcción; inseguridad e insalubridad del lugar donde habitan; desconocimiento de los procesos de expropiación; falta de certeza respecto de la solución habitacional; falta de servicios educaciones y de salud; y, variedad en los puntajes de la ficha de protección social.
Asimismo, una petición concreta extensiva a todos los damnificados fue la solicitud que todas las personas que viven en campamentos y que han sido perjudicadas con el terremoto pasen directamente al Chile Solidario, sin distinciones.
DECIMAPRIMERA, Instalación Puente Mecano en la Región del Biobío
En la adquisición del puente no hubo licitación pública. Existieron dos cotizaciones: una realizada por la empresa Acrow al Ejército de Chile y otra efectuada por la empresa Mabey al Ministerio de Obras Publicas. Desde el punto de vista técnico-jurídico, el Ejército realizó una compra de acuerdo a sus propios procesos, sin que tuviera formalmente una cotización de un tercero.
La labor del ministerio de Obras Publicas se limitó a visar la idoneidad técnica que podría tener el puente de acuerdo a los requerimientos del ministerio.
DECIMOSEGUNDA, Observaciones de la Contraloría General de la República a las donaciones nacionales e internacionales
Por regla general la CGR constató que las entidades que participaron del proceso de recepción, distribución y control de las donaciones no cuentan con planes de contingencia preestablecidos en los cuales se definan los procedimientos aplicables. De esta manera, se produjo una descoordinación entre las distintas reparticiones que participaron en el proceso”.
V. VOTACIÓN
Las conclusiones de este informe, fueron aprobadas por la unanimidad de los integrantes presentes, señores diputados Pedro Álvarez-Salamanca Ramírez , Germán Becker Alvear (en reemplazo del Diputado señor Alejandro Santana Tirachini) , Romilio Gutiérrez Pino , Celso Morales Muñoz ( Presidente ), Frank Sauerbaum Muñoz , Jorge Ulloa Aguillón , y Felipe Ward Edwards (en reemplazo del Diputado señor Enrique Van Rysselberghe Herrera .
Se designó Diputado Informante , al Presidente de la Comisión señor Celso Morales Muñoz .
Tratado y acordado según consta en las actas de las sesiones celebradas los días 3,10,17 y 31 de agosto; 7 y 28 de septiembre; 12 y 28 de octubre; 9,16 y 39 de noviembre; 21 de diciembre; todas del año 2010, y en las sesiones celebradas los días 4, 11 y 18 de enero; 1, 8 y 22 de marzo; 5 y 19 de abril; 3, 10, 17 y 31 de mayo; 7, 14 y 21 de junio; 12 y 19 de julio; 2, 16 y 30 de agosto, todas de 2011, con la asistencia de las siguientes señoras diputadas y señores diputados: Pedro Álvarez-Salamanca Ramírez , Cristián Campos Jara , Romilio Gutiérrez Pino , Patricio Hales Dib , Juan Carlos Latorre Carmona , Celso Morales Muñoz ( Presidente ), Clemira Pacheco Rivas , José Pérez Arriagada , Jorge Sabag Villalobos , Alejandro Santana Tirachini , Frank Sauerbaum Muñoz , Jorge Ulloa Aguillón , Ignacio Urrutia Bonilla y Enrique Van Rysselberghe Herrera .
Cabe dejar constancia que a partir de la sesión 4ª, realizada el 31 de agosto de 2010, el Diputado señor Ignacio Urrutia Bonilla fue reemplazado en forma permanente por el Diputado Pedro Álvarez-Salamanca Ramírez ; que a partir de la sesión 6ª, celebrada el 28 de septiembre de 2010, el Diputado Rodrigo González Torres , fue reemplazado en forma permanente por el Diputado Cristián Campos Jara ; y que a partir de la sesión 13ª, celebrada el 30 de noviembre de 2010, el Diputado Eduardo Cerda García , fue reemplazado en forma permanente por el Diputado Juan Carlos Latorre Carmona .
Asimismo, se produjeron los siguientes reemplazos temporales: en la sesión 1ª, realizada el día 3 de agosto de 2010, asistió el Diputado señor Carlos Vilches Guzmán , en reemplazo del Diputado señor Jorge Ulloa Aguillón ; en la sesión 17ª, realizada el día 11 de enero de 2011, asistió el Diputado Manuel Monsalve Benavides , en reemplazo de la Diputada señora Clemira Pacheco Rivas , y en la sesión 37ª, realizada el día 30 de agosto de 2011, asistió el Diputado señor Germán Becker Alvear , en reemplazo del Diputado señor Alejandro Santana Tirachini ; y el Diputado señor Felipe Ward Edwards , en reemplazo del Diputado señor Enrique Van Rysselberghe Herrera .
Sala de la Comisión, a 1 de septiembre de 2011
(Fdo.): MARÍA EUGENIA SILVA FERRER , ABOGADO SECRETARIA DE LA COMISIÓN”.
9. Informe de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones sobre el proyecto de ley que modifica la Ley N°18.290, con el fin de aumentar las sanciones por manejo en estado de ebriedad, bajo la influencia de sustancias estupefacientes o sicotrópicas y bajo la influencia del alcohol. (boletín N°7652-15).
“Honorable Cámara:
Vuestra Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones pasa a informaros sobre el proyecto de ley, iniciado en un mensaje de S.E. el Presidente de la República , en primer trámite constitucional y primero reglamentario, que tiene por objeto aumentar las sanciones por manejo en estado de ebriedad, bajo la influencia de sustancias estupefacientes o sicotrópicas y bajo la influencia del alcohol. Su urgencia ha sido calificada de “suma”, en todos sus trámites.
El proyecto modifica la Ley de Tránsito, con el objeto de aumentar las sanciones a quienes conduzcan vehículos motorizados u ocasionen un accidente de tránsito en estado de ebriedad, bajo la influencia de sustancias estupefacientes o sicotrópicas, o bajo la influencia del alcohol.
Constancias reglamentarias.
Para los efectos previstos en el artículo 287 del Reglamento de la Corporación, se hace constar lo siguiente:
Artículos nuevos: No los hay.
Indicaciones aprobadas: Se aprobaron 22 indicaciones.
Indicaciones rechazadas: Se rechazaron 26 indicaciones.
Normas de ley orgánica constitucional o de quórum calificado: No las hay
Normas que deban ser conocidas por la Comisión de Hacienda: El proyecto no tiene normas que deban ser conocidas por la Comisión de Hacienda.
Aprobación en general: El proyecto de ley fue aprobado en general por la unanimidad de los Diputados presentes, señores: Auth ; García, don René Manuel ; Hasbún ; Meza ; Norambuena ; Pacheco , doña Clemira ; Pérez, don Leopoldo ; Sepúlveda , doña Alejandra , y Tuma , y del ex Diputado García-Huidobro .
Diputado informante : Espinoza, don Fidel .
Para el estudio del proyecto de ley, la Comisión contó con la asistencia y la colaboración del Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, señor Pedro Pablo Errázuriz Domínguez ; de la Subsecretaria de Transportes, señora Gloria Hutt Hesse ; de la Directora de la Conaset , señora Francisca Yáñez , y de los asesores del Ministerio señores Juan Carlos González ; Andrés Rodríguez , Nicolás Muñoz y de la asesora de la Subsecretaría de Transportes, señora Romina Garrido .
Además, participaron las siguientes personas, invitadas por la Comisión, para que entregaran su opinión, respecto de esta iniciativa:
El Ministro de Salud , señor Jaime Mañalich Muxi , y el asesor del Ministerio, señor Juan Cataldo .
Por el Ministerio del Interior: la Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes (Conace), señora Francisca Lorenzano ; su asesora de gabinete, señora Claudia Moura Romero ; el Jefe del Área Jurídica , señor Manuel Antonio Pérez y el asesor Legislativo, señor Juan Francisco Galli .
Por la Agrupación de Protección al Peatón de Antofagasta, participó su Presidente el señor Héctor Poblete .
I. ANTECEDENTES GENERALES.
Se establece en el mensaje del ejecutivo, que una de las principales causas de muerte que ocurren en nuestro país, tiene como protagonista a los accidentes de tránsito. Entre ellos, se encuentran los causados por los conductores que manejan irresponsablemente bajo el excesivo consumo del alcohol, lo que ocasiona una gran accidentabilidad.
Se indica que en muchas ocasiones, las conductas temerarias, negligentes e imprudentes, que causan los conductores en estado de ebriedad, producen enormes cifras de lesionados de diversas consideraciones, las cuales dejan secuelas de por vida. Además, provocan una gran cantidad de fallecidos, con motivo de haber ingerido cantidades exageradas de alcohol o de sustancias sicotrópicas.
Con el objeto de evitar la conducción de vehículos, cuando se consuma alcohol o sustancias estupefacientes o sicotrópicas, lo que pone en serio riesgo la vida, la salud, la propiedad y la seguridad del conductor y de terceras personas. A fin de impedir la situación descrita anteriormente, el gobierno se ve en la obligación de utilizar todas las herramientas que estén a su alcance, para generar un manejo responsable de vehículos motorizados. Para lo cual, se propone una sanción penal y una accesoria para suspender y cancelar la licencia de conducir vehículos motorizados.
Por último, se señala que en la redacción de esta iniciativa, se ha intentado recopilar varias ideas de numerosos parlamentarios, de distintas tendencias políticas, quienes han planteado durante los últimos años, mociones sobre la materia, indicándose además los números de los boletines, en los que se incluyen los nombres de los respectivos parlamentarios:
1) N°4393-15, de los Diputados señores Martínez, don Rosauro y Verdugo, don Germán y de los ex Diputados señores Chahuán, don Francisco ; Forni, don Marcelo , y Sepúlveda, don Roberto .
2) N°4125-07, de los Diputados señores Ascencio, don Gabriel ; Burgos, don Jorge , y Saffirio, don Eduardo y de los ex Diputados señores Walker, don Patricio y Duarte, don Gonzalo . (Este proyecto se encuentra en la Comisión de Constitución legislación y Justicia).
3)
4) N°4090-15, de los Diputados señores Ascencio, don Gabriel ; Burgos, don Jorge ; Espinoza, don Fidel ; García, don René Manuel ; Hales, don Patricio ; Jaramillo, don Enrique , y Moreira, don Iván , y el ex Diputado señor Bustos, don Juan .
5) N°5943-15, de los Diputados señores Accorsi, don Enrique ; Farías, don Ramón ; Hales, don Patricio ; Jiménez, don Tucapel y de las Diputadas señoras Saa , doña María Antonieta , y Vidal , doña Ximena y de los ex Diputados señores Girardi, don Guido ; Quintana, don Jaime ; Insunza, don Jorge y señora Tohá, doña Carolina .
6) N°6416-09, de la Diputada señora Nogueira , doña Claudia , y de los ex Diputados señores Uriarte, don Gonzalo , y Dittborn, don Julio .
7) N°6502-15, de los Diputados señores De Urresti, don Alfonso ; Espinoza, don Fidel ; Jiménez, don Tucapel , y Vallespín, don Patricio , y de los ex Diputados señores Paredes, don Iván , y Sule, don Alejandro .
8) N°6539-15, del Diputado señor Accorsi, don Enrique , y del ex Diputado señor Girardi, don Guido .
9) N°6601-15, de los Diputados señores García, don René Manuel ; García-Huidobro, don Alejandro ; Hales, don Patricio , y Monkeberg, don Cristián , y de los ex Diputados señores Alvarado, don Claudio ; Chahuán, don Francisco , y Sepúlveda, don Roberto .
10) N°6626-15, de los Diputados señores Arenas, don Gonzalo ; Estay, don Enrique ; Hernández, don Javier ; Salaberry, don Felipe ; Von Mülehnbrock, don Gastón , y de las Diputadas señoras Cristi , doña María Angélica ; Nogueira , doña Claudia , y Turres , doña Marisol , y de los ex Diputados señores Correa, don Sergio , y Uriarte, don Gonzalo .
11) N°7340-15, de los Diputados señores Hasbún, don Gustavo ; Auth, don Pepe ; García, don René Manuel ; Tuma don Joaquín , y Venegas, don Mario , y de las Diputadas señoras Hoffmann , doña María José ; Pacheco , doña Clemira , y Zalaquett , doña Mónica .
12) N°7387-09, de los Diputados señores Accorsi, don Enrique ; Castro, don Juan Luis ; Chahín, don Faud ; Jarpa, don Carlos Abel ; Meza, don Fernando ; Monsalve, don Manuel ; Robles, don Alberto , y Torres, don Víctor .
13) N°7586-25, de los Diputados Espinoza, don Fidel ; Ascencio, don Gabriel ; Hasbún, don Gustavo ; León, don Roberto ; Monckeberg, don Cristián ; Moreira, don Iván ; Tuma, don Iván , y de las Diputadas señoras Pacheco , doña Clemira , y Sabat , doña Marcela . (Este proyecto se encuentra en la Comisión de Seguridad Ciudadana).
14) N°7266-07, de los Senadores, señores Cantero, don Carlos , y Gómez, don Juan Antonio . (Este proyecto se encuentra en la Comisión de Constitución legislación y Justicia).
COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD DE TRÁNSITO (CONASET).
Según las estadísticas entregadas por la Conaset, desde el año 2000, la tasa de siniestralidad y mortalidad por la presencia del alcohol en la conducción de vehículos motorizados, ha experimentado un sostenido aumento. Agrega que entre los años 2000 y 2009, los siniestros de tránsito causados por la presencia de alcohol han experimentado un aumento de 1.178 casos, lo que significa un incremento del 34,2%.
Por otra parte, a raíz de las cifras obtenidas por los accidentes, los fallecidos y los lesionados ocurridos, por este tipo de siniestros, ameritan la necesidad de hacer un cambio de la normativa, a fin de dar señales claras para los que conducen bajo el consumo del alcohol. Esto es motivado por los 38.884 siniestros de tránsito, que se han producido entre los años 2000 y 2009, en nuestro territorio, a causa de la presencia del alcohol, lo que ha significado la pérdida de 3.346 vidas humanas y lesiones ocurridas a 39.050 personas de diversa índole. Además, se han producido en el mismo período, once accidentes diarios, con un saldo de trece lesionados y una persona fallecida cada 24 horas.
Se plantea que en el año 2009, los accidentes de tránsito ocurridos por consumo del alcohol por parte de los conductores, ascendieron a 4.626 casos, dejando la pérdida de 313 vidas humanas y un total de 5.582 lesionados. La mayor cantidad de siniestros de tránsito, causados por la presencia del alcohol, fue producto de la conducción en estado de ebriedad, con un total de 3.248 sucesos, lo que representa un 70,2% del global. Por su parte, la mayor mortalidad se concentró en casos en que los conductores se encontraban en estado de ebriedad, causa que totalizó 140 personas fallecidas, equivalente al 44,7% del total nacional.
ESTUDIOS CIENTIFICOS QUE SUSTENTAN UN CAMBIO NORMATIVO.
Se indica, que el consumo de alcohol perjudica la capacidad de los individuos para ejecutar acciones motoras, de acuerdo a diversos estudios realizados al respecto. Se agrega, que el conducir vehículos motorizados, es una actividad que requiere de precisión, de habilidades, de reflejos y de una capacidad de tomar decisiones rápidas, sin embargo, el tiempo de reacción de un conductor ebrio, puede reducir dichas maniobras en un 10% a 30%, con respecto de una persona sobria. Además, la visión se vuelve borrosa y las nociones de distancia, velocidad y peligro se deterioran.
Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud establece que fallecen alrededor del 20% de los conductores en accidentes de tránsito, en países de alto nivel de ingresos y, entre el 33% y el 69% fallecen en países de bajo nivel de ingresos y todos ellos muestran alcoholemias sobre el nivel legal establecido.
Así, el riesgo de accidentes fatales asociados a la conducción bajo los efectos del alcohol, cuenta en la actualidad con una evidencia insoslayable.
ACTUAL SITUACIÓN SANCIONATORIA FRENTE AL MANEJO EN ESTADO DE EBRIEDAD O BAJO LA INFLUENCIA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES O SICOTRÓPICAS O BAJO LA INFLUENCIA DEL ALCOHOL.
La actual prohibición de conducir un vehículo o medio de transporte en estado de ebriedad, bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, y bajo la influencia del alcohol, se encuentra consagrada en el artículo 110 de la Ley de Tránsito.
Por su parte, los artículos 193 y 196 del citado cuerpo legal, establecen un sistema que hace aplicable a quien infringe la referida prohibición un cúmulo de sanciones, tendientes a evitar la reiteración de la conducta, a través de penas privativas o restrictivas de libertad, penas de carácter económico, multas y sanciones que impiden al infractor contar con el documento que lo habilita legalmente para la conducción. Además, existe la suspensión y la cancelación de licencias de conducir.
Por otra parte, dependiendo del resultado de la acción del individuo, se establecen variaciones en la aplicación de las sanciones descritas y en la gradualidad de su cuantía.
Es así, que el artículo 193 de la Ley de Tránsito sanciona al que conduzca, opere o desempeñe las funciones bajo la influencia del alcohol, estableciendo condenas que varían de acuerdo al resultado de la acción ilícita descrita, a saber:
-Si con esa acción no se ocasiona daño alguno ni lesiones, o bien se causan daños materiales o lesiones leves, se aplica una multa de una a cinco unidades tributarias mensuales y la suspensión de la licencia de conducir por un mes.
-Si se causaren lesiones menos graves, la pena será prisión en su grado mínimo o multa de cuatro a diez unidades tributarias mensuales y la suspensión de la licencia de conducir de dos a cuatro meses.
-Si se causare algunas de las lesiones graves gravísimas, indicadas en el artículo 397, Nº 1, del Código Penal o la muerte, se impondrá la pena de reclusión menor en su grado máximo, multa de ocho a quince unidades tributarias mensuales y la suspensión de la licencia para conducir por el plazo que determine el juez, el que no podrá ser inferior a doce ni superior a veinticuatro meses.
Según se observa la disposición en comento, no distingue entre la conducción, operación o desempeño de un vehículo, bajo la influencia del alcohol, sin resultado de daños materiales o lesiones leves, por lo que se hace necesario modificar el citado artículo, para que exista una debida graduación de la penalidad asignada a cada conducta.
Por su parte, la norma legal que sanciona el delito de manejo en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias estupefacientes o sicotrópicas, está prevista en el artículo 196 del mismo cuerpo normativo. Siguiendo la misma lógica del caso en el manejo bajo la influencia del alcohol, este precepto establece un cúmulo de sanciones que varía de acuerdo al resultado de la infracción, a saber:
-Si con esa acción no se ocasiona daño alguno o bien se causan daños materiales o lesiones leves, se impone la pena de presidio menor en su grado mínimo y una multa de dos a diez unidades tributarias mensuales.
-Si con esa acción se produjeren lesiones graves o menos graves, se hace aplicable la pena de presidio menor en su grado medio y multa de cuatro a doce unidades tributarias mensuales.
-Si se ocasionaren lesiones graves, gravísimas o la muerte, se impone la pena de presidio menor en su grado máximo y una multa de ocho a veinte unidades tributarias mensuales.
Paralelamente a dichas sanciones, se aplica al infractor de estos ilícitos la pena accesoria de suspensión de la licencia de conducir, por el término de seis meses a un año; de uno a dos años si se causaren lesiones menos graves o graves, y de dos a cuatro años si se causare la muerte.
Como se puede advertir, la citada norma cae en la misma falta de diferenciación y gradualidad de penas que establece el artículo 193 de la Ley de Tránsito, por cuanto no distingue entre el manejo en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, sin causar daño alguno y aquélla que produce daños materiales o lesiones leves.
En mérito de lo anterior, se hace necesario distinguir la sanción que se establece para los casos en que se comete un delito, de mera actividad, que genera un peligro abstracto, respecto de aquellos delitos en los que se producen daños materiales o lesiones leves, a efectos de diferenciar la extensión temporal de la pena accesoria de suspensión de la licencia de conducir.
Respecto de la reincidencia del manejo en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, el mismo artículo 196 prescribe el aumento del plazo de privación de conducción del infractor, señalando que los plazos de suspensión se elevan al doble, dejándose a criterio del juez la aplicación de la medida de cancelación de la licencia de conducir cuando estime que la conducción de vehículos por parte del infractor constituye un peligro para el tránsito o para la seguridad pública, hecho que debe fundarse en las anotaciones que registre la hoja de vida del conductor o en razones médicas debidamente comprobadas.
Lo anterior revela que nuestro ordenamiento permite al juez castigar severamente la reincidencia en el manejo en estado de ebriedad; no obstante ello, la amplitud y discrecionalidad con que se dota al juez para decretar la cancelación de la licencia al que reitera esta conducta, lleva a pensar en la necesidad de instaurar criterios objetivos que determinen la reincidencia. Por lo que estos criterios debieran de ser diferentes de la pena accesoria de cancelación de la licencia de conducir, que se aplica a personas que en más de una oportunidad, cometan estos graves ilícitos
Asimismo, el inciso final del artículo en comento, dispone que la persona que ha sido objeto de la pena accesoria de cancelación de la licencia de conducir, puede obtener el alzamiento de esta medida una vez trascurridos seis años, siempre que existan nuevos antecedentes, que permitan estimar fundadamente, que ha desaparecido el peligro para el tránsito o para la seguridad pública que importaba la conducción de vehículos motorizados por parte del infractor.
Como parte de la política de prevención general y especial de estos delitos, tendiente a ajustar las sanciones accesorias de los reincidentes en el manejo en estado de ebriedad, se considera oportuno ampliar el plazo en que operará la cancelación de la licencia. Asimismo, se hace necesario establecer perentoriamente, que esté vedado levantar esta prohibición de conducción a favor de personas que sean reincidentes en el manejo en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias estupefacientes o sicotrópicas, que hubieren causado lesiones graves gravísimas o la muerte de una persona.
Por último, respecto del concepto de lesiones leves, utilizado por la Ley de Tránsito, existe una definición de ellas contenida en el inciso primero del artículo 196 de la Ley de Tránsito. Sin embargo, el artículo 193 de la citada ley, al describir el delito de conducción bajo la influencia del alcohol, no señala criterio alguno para definir las lesiones leves. En virtud de ello, surgen dificultades interpretativas respecto del concepto de lesiones leves que contendría la disposición. Por lo tanto, se hace necesario establecer la citada definición, para ambos tipos de ilícitos.
II. IDEAS MATRICES O FUNDAMENTALES DEL PROYECTO.
Para los efectos previstos en los artículos 66 y 70 de la Constitución Política de la República, y en los incisos primeros de los artículos 24 y 32 de la ley N°18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, corresponde consignar, como lo exige el artículo 287 del Reglamento de la Corporación, una minuta de las ideas matrices o fundamentales del proyecto, entendiéndose por tales las contenidas en el mensaje.
De acuerdo a esto último, la idea matriz es aumentar las sanciones a quienes conduzcan vehículos motorizados u ocasionen un accidente de tránsito en estado de ebriedad, bajo la influencia de sustancias estupefacientes o sicotrópicas, o bajo la influencia del alcohol.
III. ARTÍCULOS CALIFICADOS COMO NORMAS DE CARÁCTER ORGÁNICO-CONSTITUCIONAL O DE QUÓRUM CALIFICADO.
No las hay.
IV. ARTÍCULOS QUE DEBAN SER CONOCIDOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA.
El proyecto no contiene normas que deban ser conocidas por la Comisión de Hacienda.
V. INDICACIONES RECHAZADAS.
1.- El proyecto del Ejecutivo proponía suprimir en el número 3 del artículo 87 la expresión “ebrios” y la coma (,) situada a continuación.”
-Puesta en votación la propuesta del Ejecutivo , fue rechazado por la unanimidad de los Diputados presentes, señores Auth , Espinoza, don Fidel , García, don René Manuel , Hasbún , Hernández , Latorre , Meza , Norambuena , Pérez, don Leopoldo ; Sepúlveda , doña Alejandra , y Venegas .
2.- Los Diputados señores Espinoza, don Fidel ; Meza y Pacheco , doña Clemira , formularon una indicación para sustituir el Artículo 111, por el siguiente:
“Artículo 111.- Para la determinación del hecho de encontrarse el imputado bajo la influencia del alcohol, el tribunal podrá considerar todos los medios de prueba, evaluando especialmente el estado general del imputado en relación con el control de sus sentidos, como también el nivel de alcohol presente en el flujo sanguíneo, que conste en el informe de alcoholemia o en el resultado de la prueba respiratoria que hubiera sido practicada por Carabineros.
Se entenderá que hay desempeño bajo la influencia del alcohol cuando el informe o prueba arroje una dosificación superior a 0,5 gramos por mil de alcohol en la sangre. Si la dosificación fuere menor, se estará a lo establecido en el artículo 109 y en el N°1 del artículo 200, si correspondiere.”.
-Puesta en votación la indicación, fue rechazada por siete votos en contra de los Diputados señores Auth ; García, don René Manuel ; Hasbún , Hernández , Norambuena ; Pérez, don Leopoldo y Sepúlveda , doña Alejandra y cuatro votos a favor de los Diputados señores Espinoza, don Fidel ; Latorre , Meza y Venegas .
3.- Los Diputados señores Espinoza, don Fidel ; Meza y Pacheco , doña Clemira formularon una indicación para derogar el artículo 193.
-Puesta en votación la indicación fue rechazada por siete votos de los Diputados señores Auth ; Bauer ; García, don René Manuel ; Hasbún ; Hernández ; Pérez, don Leopoldo , y Tuma y un voto a favor del Diputado señor Espinoza, don Fidel .
4.- En el texto del Ejecutivo se proponía por la letra c) del número 4), que sustituye en el inciso tercero del artículo 193, la expresión “de cuatro a ocho meses” por “por doce meses”.
-Puesta en votación la letra c), fue rechazada por la unanimidad de los Diputados presentes señores Auth , Bobadilla ; Espinoza, don Fidel ; García, don René Manuel ; Latorre ; Pérez, don Leopoldo ; Sepúlveda , doña Alejandra ; Tuma y Venegas .
5.- Los Diputados señores Hasbún , Hernández y la Diputada Zalaquett , doña Mónica ; formularon una indicación para sustituir la frase “por doce meses”, incorporada por la letra c) del inciso tercero del artículo 193 por “por treinta y seis meses”.
-Puesta en votación la indicación, fue rechazada por nueve votos en contra de los Diputados señores Auth ; Bobadilla ; Espinoza, don Fidel ; García, don René Manuel ; Latorre ; Pérez, don Leopoldo ; Sepúlveda , doña Alejandra ; Tuma , y Venegas y un voto a favor el Diputado señor Hasbún .
6.- En el texto del Ejecutivo se proponía por la letra d) del número 4), sustituir en el inciso cuarto del artículo 193, la frase “por el plazo que determine el juez, el que no podrá ser inferior a doce ni superior a veinticuatro meses.” por “por veinticuatro meses.”.
-Puesta en votación la letra d), fue rechazada por nueve votos en contra de los Diputados señores Auth , Bobadilla ; Espinoza, don Fidel ; García, don René Manuel ; Hasbún, Latorre ; Pérez, don Leopoldo ; Sepúlveda , doña Alejandra , y Tuma y una abstención del Diputado señor Venegas .
7.- Los Diputados señores Hasbún y Hernández , formularon una indicación para sustituir en la letra d), que modifica el inciso cuarto del artículo 193, la frase “por veinticuatro meses”, por “por cinco años”.
-Puesta en votación la indicación, fue rechazada por nueve votos en contra de los Diputados señores Auth , Bobadilla ; Espinoza, don Fidel ; García, don René Manuel ; Latorre ; Pérez, don Leopoldo ; Sepúlveda , doña Alejandra ; Tuma , y Venegas y un voto a favor del Diputado señor Hasbún .
8.- La Diputada señora Cristi , doña María Angélica , formuló una indicación para agregar en la letra d), que modifica el inciso cuarto del artículo 193, a continuación del punto aparte (.), el que pasa a ser punto seguido (.), lo siguiente:
“Con todo, el juez podrá suspender en forma provisoria la licencia de conducir desde que se realice la audiencia de control de la detención, imputándose el tiempo que medie entre dicha audiencia y la dictación de la sentencia a la condena. De lo anterior deberá quedar constancia en el registro de conductores.”.
-Puesta en votación la indicación, fue rechazada por la unanimidad de los Diputados presentes, señores Auth , Bobadilla ; Espinoza, don Fidel ; García, don René Manuel ; Hasbún , Hernández , Latorre , Norambuena ; Pérez, don Leopoldo ; Tuma y Venegas .
9.- En el proyecto del Ejecutivo se propone efectuar las siguientes modificaciones al artículo 196:
a) Reemplazar en el inciso cuarto la palabra “final” por la expresión “quinto”.
b) Sustituir el inciso quinto por el siguiente:
“En los delitos previstos en este artículo se aplicará como pena accesoria la suspensión de la licencia para conducir vehículos motorizados por el término de doce meses; de dieciocho meses, si se causaren daños materiales o lesiones leves; de veinticuatro meses, si se causaren lesiones menos graves; de treinta meses, si se causaren las lesiones indicadas en el artículo 397 N° l del Código Penal; y de cuarenta y ocho meses, si resultare la muerte. No obstante, para el caso en que el infractor ya hubiese sido condenado con anterioridad por uno o más de los delitos contemplados en este artículo, el juez deberá decretar la cancelación de la licencia.”.
c) Sustituir en el inciso sexto el guarismo “seis” por la palabra “doce”, y agrégase a continuación del punto final (.), que pasa a ser punto seguido (.), la siguiente oración: “Sin perjuicio de lo anterior, el juez no podrá hacer uso de esta facultad cuando el imputado hubiese sido condenado por alguno de los delitos castigados en el inciso tercero de este artículo.”.
-Puestas en votación las letras a), b) y c) que modifican el artículo 196, fueron rechazadas por la unanimidad de los Diputados presentes, señores Auth , Bobadilla ; Espinoza, don Fidel ; García, don René Manuel ; Hasbún , Hernández , Latorre , Norambuena ; Pérez, don Leopoldo ; Tuma y Venegas .
10.- Los Diputados señores Espinoza, don Fidel, Meza y Pacheco , doña Clemira , formularon una indicación para sustituir, en el inciso primero del artículo 196, la expresión “en estado de ebriedad”, por “bajo la influencia del alcohol”.
-Puesta en votación la indicación, fue rechazada por la unanimidad de los Diputados presentes, señores Auth , Bobadilla ; Espinoza, don Fidel ; García, don René Manuel ; Hasbún , Hernández , Latorre , Norambuena ; Pérez, don Leopoldo ; Tuma y Venegas .
11.- Los Diputados señores Auth , Hasbún y Sepúlveda , doña Alejandra , formularon una indicación para agregar en el inciso primero del artículo 196, a continuación de la frase “y multa de dos a diez unidades tributarias mensuales”, lo siguiente: “y la suspensión de la licencia de conducir vehículos motorizados por el término de dos años, si fuese sorprendido en una primera ocasión; con la pena de presidio menor en su grado medio y la suspensión por el término de cinco años, si es sorprendido en un segundo evento; y finalmente con la pena de presidio menor en su grado máximo y cancelación de la licencia para conducir vehículos motorizados al ser sorprendido en una tercera ocasión.”.
-Puesta en votación la indicación, fue rechazada por la unanimidad de los Diputados presentes, señores Auth , Bobadilla ; Espinoza, don Fidel ; García, don René Manuel ; Hasbún , Hernández , Latorre , Norambuena ; Pérez, don Leopoldo ; Tuma y Venegas .
12.- Los Diputados señores Auth , Hasbún , Hernández , Norambuena , Tuma ; Sepúlveda , doña Alejandra , y Zalaquett , doña Mónica , y el ex Diputado señor García-Huidobro , formularon una indicación para agregar en el inciso primero del artículo 196, a continuación de la frase “y multa de dos a diez unidades tributarias mensuales”, lo siguiente: “y la suspensión de la licencia de conducir vehículos motorizados por el término de dos años, si fuese sorprendido en una primera ocasión; con la pena de presidio menor en su grado medio y la suspensión por el término de diez años, si es sorprendido en un segundo evento; y finalmente con la pena de presidio menor en su grado máximo y suspensión perpetua de la licencia para conducir vehículos motorizados al ser sorprendido en una tercera ocasión,”.
-Puesta en votación la indicación, fue rechazada por la unanimidad de los Diputados presentes, señores Auth , Bobadilla ; Espinoza, don Fidel ; García, don René Manuel ; Hasbún , Hernández , Latorre , Norambuena ; Pérez, don Leopoldo ; Tuma y Venegas .
13.- Los Diputados señores Auth , Hasbún , Hernández , Norambuena , Tuma ; Sepúlveda , doña Alejandra , y Zalaquett , doña Mónica , formularon una indicación para reemplazar en el inciso tercero del artículo 196, la frase “presidio menor en su grado máximo”, por “presidio mayor en su grado mínimo”.
-Puesta en votación la indicación, fue rechazada por la unanimidad de los Diputados presentes, señores Auth , Bobadilla ; Espinoza, don Fidel ; García, don René Manuel ; Hasbún , Hernández , Latorre , Norambuena ; Pérez, don Leopoldo ; Tuma y Venegas .
14.- Los Diputados señores Auth , Hasbún , Meza y la Diputada Pacheco , doña Clemira , formularon una indicación para sustituir el inciso tercero del artículo 196, por el siguiente:
“Si se causaren algunas de las lesiones indicadas en el artículo 397 N°1 del Código Penal, se impondrá la pena de presidio mayor en su grado mínimo, y si se causare la muerte se castigará con la pena de presidio mayor en su grado mínimo a medio. La multa aplicable en ambos casos será de ocho a veinte unidades tributarias mensuales.”.
-Puesta en votación la indicación, fue rechazada por la unanimidad de los Diputados presentes, señores Auth , Bobadilla ; Espinoza, don Fidel ; García, don René Manuel ; Hasbún , Hernández , Latorre , Norambuena ; Pérez, don Leopoldo ; Tuma y Venegas .
15.- Los Diputados señores Auth , Hasbún y Sepúlveda , doña Alejandra , formularon una indicación para sustituir el inciso quinto del artículo 196, por el siguiente: “En los delitos previstos en este artículo se aplicará como pena accesoria la suspensión de la licencia para conducir vehículos motorizados por el término de treinta y seis meses, si se causaren daños o lesiones menos graves; de cinco años si se causaren daños graves; de diez años si se causaren las lesiones indicadas en el N°1 del artículo 397 del Código Penal; y de cancelación de la licencia de conducir vehículos motorizados si se causare la muerte. Para el caso en que el infractor ya hubiese sido condenado con anterioridad por uno o más de los delitos contemplados en este artículo, el juez deberá decretar la cancelación de la licencia, salvo en el caso previsto en el inciso primero.”.
-Puesta en votación la indicación, fue rechazada por la unanimidad de los Diputados presentes, señores Auth , Bobadilla ; Espinoza, don Fidel ; García, don René Manuel ; Hasbún , Hernández , Latorre , Norambuena ; Pérez, don Leopoldo ; Tuma y Venegas .
16.- Los Diputados señores Espinoza, don Fidel ; Meza y Pacheco , doña Clemira formularon una indicación para sustituir en el inciso quinto del artículo 196 la frase “de dos a cuatro años”, por “a perpetuidad”.
-Puesta en votación la indicación, fue rechazada por la unanimidad de los Diputados presentes, señores Auth , Bobadilla ; Espinoza, don Fidel ; García, don René Manuel ; Hasbún , Hernández , Latorre , Norambuena ; Pérez, don Leopoldo ; Tuma y Venegas .
17.- Los Diputados señores Auth , Hasbún , Hernández , Norambuena ; Pacheco , doña Clemira y Zalaquett , doña Mónica , formularon una indicación para reemplazar en el inciso quinto del artículo 196, la frase “de dos a cuatro años, si resultare la muerte”, por “cancelación, si resultare la muerte”.
-Puesta en votación la indicación, fue rechazada por la unanimidad de los Diputados presentes, señores Auth , Bobadilla ; Espinoza, don Fidel ; García, don René Manuel ; Hasbún , Hernández , Latorre , Norambuena ; Pérez, don Leopoldo ; Tuma y Venegas .
18.- Los Diputados señores Espinoza, don Fidel ; Meza y Pacheco , doña Clemira formularon una indicación para intercalar en la letra b) del proyecto del Ejecutivo que modifica el inciso quinto del artículo 196, a continuación de la palabra “suspensión”, la frase “o cancelación”.
-Puesta en votación la indicación, fue rechazada por la unanimidad de los Diputados presentes, señores Auth , Bobadilla ; Espinoza, don Fidel ; García, don René Manuel ; Hasbún , Hernández , Latorre , Norambuena ; Pérez, don Leopoldo ; Tuma y Venegas .
19.- Los Diputados señores Hasbún , Hernández, Latorre ; Pacheco , doña Clemira ; Tuma , y la Diputada Zalaquett , doña Mónica formularon una indicación para sustituir en la letra b) del proyecto del Ejecutivo , que modifica el inciso quinto del artículo 196, las siguientes frases: “veinticuatro meses”, por “treinta y seis meses”; “treinta meses”, por “cinco años”, y “cuarenta y ocho meses”, por “caducidad de la licencia de conducir”.
-Puesta en votación la indicación, fue rechazada por la unanimidad de los Diputados presentes, señores Auth , Bobadilla ; Espinoza, don Fidel ; García, don René Manuel ; Hasbún , Hernández , Latorre , Norambuena ; Pérez, don Leopoldo ; Tuma y Venegas .
20.- Los Diputados señores Auth , Hasbún , Meza y Pacheco , doña Clemira y el ex Diputado señor García-Huidobro , formularon una indicación para sustituir en la letra b) del proyecto del Ejecutivo , que modifica el inciso quinto del artículo 196, la frase “de treinta meses, si se causaren las lesiones indicadas en el artículo 397 N°1 del Código Penal; y de cuarenta y ocho meses, si resultare la muerte”, por la siguiente: “ de cuarenta y ocho meses si se causaren las lesiones indicadas en el artículo 397 N°1 del Código Penal; y de setenta y dos meses, si resultare la muerte.”.
-Puesta en votación la indicación, fue rechazada por la unanimidad de los Diputados presentes, señores Auth , Bobadilla ; Espinoza, don Fidel ; García, don René Manuel ; Hasbún , Hernández , Latorre , Norambuena ; Pérez, don Leopoldo ; Tuma y Venegas .
21.- Los Diputados señores Espinoza, don Fidel ; Meza y Pacheco , doña Clemira formularon una indicación para incorporar en el inciso sexto del artículo 196, a continuación del punto final (.), que pasa a ser punto seguido (.), la frase “Esta facultad no será aplicable al caso de la cancelación a perpetuidad.”.
-Puesta en votación la indicación, fue rechazada por la unanimidad de los Diputados presentes, señores Auth , Bobadilla ; Espinoza, don Fidel ; García, don René Manuel ; Hasbún , Hernández , Latorre , Norambuena ; Pérez, don Leopoldo ; Tuma y Venegas .
22.- Los Diputados señores Espinoza, don Fidel ; Meza y Pacheco , doña Clemira formularon una indicación para agregar el siguiente inciso final, nuevo, al artículo 196:
“En los delitos contemplados en este artículo no procederá la atenuante de responsabilidad penal contenida en el número 7 del artículo 11 del Código Penal.”.
-Puesta en votación la indicación, fue rechazada por la unanimidad de los Diputados presentes, señores Auth , Bobadilla ; Espinoza, don Fidel ; García, don René Manuel ; Hasbún , Hernández , Latorre , Norambuena ; Pérez, don Leopoldo ; Tuma y Venegas .
23.- Los Diputados señores Auth , Hasbún , Hernández , Norambuena ; Pérez, don Leopoldo ; Tuma ; Sepúlveda , doña Alejandra y Zalaquett , doña Mónica y el ex Diputado señor García-Huidobro , formulan una indicación para agregar el siguiente inciso final, nuevo, al artículo 196:
“Si se contraviniere lo dispuesto en el número 19 del artículo 201 y lo previsto en el inciso segundo del artículo 110, cuando la conducción, operación o desempeño fueren ejecutados en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias estupefacientes o sicotrópicas, serán sancionados con la pena de presidio menor en su grado máximo y cancelación de la licencia de conducir.”.
-Puesta en votación la indicación, fue rechazada por la unanimidad de los Diputados presentes, señores Auth , Bobadilla ; Espinoza, don Fidel ; García, don René Manuel ; Hasbún , Hernández , Latorre , Norambuena ; Pérez, don Leopoldo ; Tuma y Venegas .
24.- En el proyecto del Ejecutivo, se modifica el artículo 199, de la forma siguiente:
a) Reemplazar en el número 1, la conjunción “y” precedida por una coma (,), por un punto final (.).
b) Suprimir el número 2.
-Puesta en votación la indicación, fue rechazada por la unanimidad de los Diputados presentes, señores Auth , Bobadilla ; Espinoza, don Fidel ; García, don René Manuel ; Hasbún , Hernández , Latorre , Norambuena ; Pérez, don Leopoldo ; Tuma y Venegas .
25.- En el proyecto del Ejecutivo se proponía intercalar en el inciso primero del artículo 209, entre las expresiones “El que” y “haya sido sancionado con la cancelación”, la frase “no haya obtenido licencia de conducir o que”.
-Puesta en votación la propuesta del Ejecutivo para modificar el artículo 209, fue rechazada por la unanimidad de los Diputados presentes, señores Auth , Bobadilla ; Espinoza, don Fidel ; García, don René Manuel ; Hasbún , Hernández , Latorre , Norambuena ; Pérez, don Leopoldo ; Tuma y Venegas .
26.- Los Diputados señores Auth , Bobadilla ; Espinoza, don Fidel ; García, don René Manuel ; Hasbún , Hernández y Pérez, don Leopoldo , formularon una indicación para reemplazar el inciso primero del artículo 209 por el siguiente:
“El que no haya obtenido licencia de conducir o que haya sido sancionado con la cancelación de su licencia de conductor o con la inhabilitación para conducir, y que, no obstante ello, sea sorprendido conduciendo un vehículo, será castigado con la pena de presidio menor en su grado mínimo y multa de hasta quince unidades tributarias mensuales.”.
-Puesta en votación la indicación, fue rechazada por la unanimidad de los Diputados presentes, señores Auth , Bobadilla ; Espinoza, don Fidel ; García, don René Manuel ; Hasbún , Hernández , Latorre , Norambuena ; Pérez, don Leopoldo ; Tuma y Venegas .
VI. DISCUSIÓN Y VOTACIÓN EN GENERAL DEL PROYECTO.
A la discusión en general del proyecto habida en el seno de vuestra Comisión, concurrió el Ministro , señor Pedro Pablo Errázuriz Domínguez , quien expuso el parecer del Ejecutivo respecto de la iniciativa en informe.
Señaló que la iniciativa legal enviada por el Ejecutivo recoge el espíritu de varias mociones parlamentarias, especialmente las que contienen los boletines 7586-15 y 7340-15.
Precisó que el proyecto propone disminuir los niveles de aceptación de la presencia de alcohol en la sangre, de 0,5 a 0,3, para los conductores que manejen bajo la influencia del alcohol, y de 1,0 a 0,8 para quienes conduzcan en estado de ebriedad. Asimismo, se aumentan las sanciones en los casos de suspensión de la licencia de conducir.
Planteó que el actual artículo 193 de la Ley de Tránsito, sanciona con una multa de una a cinco UTM y la suspensión de las licencia de conducir por un mes a quien conduzca, opere o desempeñe un vehículo, medio de transporte o maquinaria bajo la influencia del alcohol. Sin embargo, el proyecto de ley aumenta a tres meses el tiempo de suspensión de la licencia para los casos en que no haya daños ni lesiones, manteniendo las multas. Pero aumenta la suspensión a seis meses, manteniendo la multa, si a consecuencia de esa conducción, operación o desempeño se causaren daños o lesiones leves.
Agregó, que el inciso segundo del actual artículo 193, dispone que el conductor que causare lesiones menos graves producto de la conducción bajo la influencia del alcohol, se le impone la pena de prisión en su grado mínimo o multa de cuatro a diez UTM y la suspensión de la licencia de conducir de dos a cuatro meses. Al respecto, lo que hace el proyecto es elevar la suspensión a nueve meses para esos casos y si se causaren lesiones graves, actualmente el juez está facultado para suspender la licencia de conducir de cuatro a ocho meses, en cambio esta iniciativa lo pretende aumentar a doce meses, de manera fija.
Destacó que para los casos en que la conducción se haga bajo el estado de ebriedad, o bajo la influencia de sustancias estupefacientes o sicotrópicas, se mantienen las penas personales y las multas, pero el proyecto aumenta la pena accesoria de suspensión de licencia: de seis meses a doce meses, para las situaciones en las cuales, no se produzcan daños ni lesiones. Para los casos en que a raíz del accidente, se causaren daños materiales o lesiones leves, se aumenta la sanción a dieciocho meses y se aumenta la suspensión a veinticuatro meses, para los casos en que produzcan lesiones menos graves. Además, en los casos que se produzcan lesiones graves se aumenta la suspensión a treinta y seis meses y en los casos, en que a raíz del accidente hubiere casos en que resultare la muerte, se suspenderá la licencia, por cuarenta y ocho meses. Por último, en los casos de reincidencia, con resultado de muerte, se caducará la licencia de conducir, lo que hasta ahora es facultativo del juez.
Explicó que lo que se pretende con este proyecto en estudio, es que haya tolerancia cero, para las personas que conduzcan cuando beban alcohol o se encuentren bajo los efectos de sustancias psicotrópicas.
Finalmente, planteó que esta iniciativa forma parte de un plan integral del Ejecutivo que se llevará a cabo junto a la Conaset, el Conace y Carabineros de Chile, para fomentar la educación y la fiscalización para que los conductores no manejen cuando beban o cuando se encuentren bajo los efectos de sustancias psicotrópicas. Además, se instará a los gobiernos regionales a comprar más aparatos de alcotest para elevar su número en todo el territorio nacional. Por lo demás, esta es la tendencia que existe en los países desarrollados.
-o-
El Ministro , señor Jaime Mañalich , explicó que el alto consumo de alcohol en la población, significa que estamos frente a un problema de salud pública de la mayor trascendencia. Lo lamentable es que este consumo excesivo de alcohol, se produce en jóvenes menores de 25 años, quienes son los que presentan la mayor accidentabilidad.
Señaló que ese segmento padece de lo que se denomina alcoholismo intermitente, porque consumen alcohol mayoritariamente los fines de semana, período en el que incluso llegan a beber, en promedio, 80 gramos de alcohol puro, lo que equivale, a más de una botella de pisco completa.
Advirtió que las estadísticas que tiene la Universidad Católica, demuestran que desde el año 2003, se ha producido un cambio en los hábitos del consumo de alcohol; por ejemplo, ahora los jóvenes son los mayores consumidores de éste, y que las mujeres han equiparado y superado a los hombres en dicho consumo, lo cual, es muy perjudicial, porque conforme a sus características, su hígado metaboliza más lentamente el alcohol, con niveles de concentración mayor que el de los hombres.
Planteó que el problema es más grave en los segmentos más pobres de la población y que sería causa directa de patologías, tales como la cirrosis hepática crónica, los problemas cardiovasculares o neurológicos. Agregó que esta situación, también se asocia a traumas y a la violencia intrafamiliar. Tampoco se podría decir, que nuestro país ostenta el record mundial de ser el de mayor consumo de alcohol, pero sí el que tiene el mayor número de accidentes de tránsito, con presencia de éste elemento.
Por otra parte señaló, que el Ministerio de Salud ha trabajado conjuntamente con el Ministerio de Hacienda para estudiar la posibilidad de introducir un gravamen al alcohol e indexar un impuesto al grado alcohólico. Pero, concluyeron que el consumo más alto lo presentan los licores de menor graduación alcohólica y que además se trataría de un impuesto de carácter regresivo, porque terminarían pagando más los más pobres. Por lo tanto, la mejor solución sería quitar las facultades que tienen los alcaldes respecto de la Ley de Alcoholes, que les permite determinar los horarios de venta y traspasarlas al Fisco, tal como sucede en Finlandia, Suecia o Canadá.
Explicó que según la literatura, para producir un efecto que desincentive el consumo de alcohol, y como consecuencia las lesiones que se produzcan con resultado de muerte, es necesario reducir los niveles de presencia de alcohol en la sangre. Por esa razón, el proyecto propone disminuir los niveles de tolerancia: de 0,5 a 0,3, para el manejo bajo la influencia del alcohol, y de 1,0 a 0,8 para la conducción en estado de ebriedad. Asimismo, se aumentan las sanciones en los casos de suspensión de licencia de conducir. Es por ello, que se pretende generar un efecto disuasivo preventivo, y no meter más gente a las cárceles por esta razón. Todo esto iría acompañado con la incorporación del nuevo sistema de licencias de conducir con puntaje y estrategias conjuntas con la Conace.
Finalmente precisó, que los medicamentos antidepresivos también tienen incidencia en el desempeño de la conducción de un vehículo, además que se potencian con el consumo simultáneo de alcohol. A raíz de lo cual, se propone bajar la tolerancia para el manejo bajo la influencia del alcohol, de 0,5 a 0,3, esto obedece a que la evidencia médica indica, que sobre 0,3 de nivel de alcohol en la sangre ya se comienza a perder habilidad en la capacidad motriz y de comprensión para manejar un vehículo, sin tener problemas para su conducción. Además, con esa medida de tolerancia se despeja lo que se denomina como falsa alcoholemia, que producen ciertos medicamentos y el consumo de algunas frutas en el control que se implementará con un aparato que se coloca bajo la lengua y detecta el consumo de drogas, y que al Estado le cuesta más de mil millones de dólares anuales las consecuencias del abuso de alcohol y drogas.
-o-
La Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes (Conace), señora Francisca Lorenzano , señaló que la institución que preside, propone medidas complementarias al proyecto en estudio, denominado “Plan Calle sin Alcohol”, que consiste en reducir los horarios de venta de alcohol, establecer una mayor fiscalización para que no se le expenda a los menores de edad y aumentar la presencia de aparatos de alcotest en el país, para fiscalizar a través de puntos fijos y móviles en las calles, porque, Carabineros de Chile realiza alrededor de 40 mil controles al año, y el estándar internacional señala, que todos los conductores deberían ser controlados por lo menos una vez al año; sólo con eso se logra un efecto disuasivo, al contrario de lo que sucede en Chile, donde actualmente es improbable encontrarse con fiscalización en las calles. Por último señaló, que actualmente es muy barato conseguir alcohol incluso para jóvenes que no planean consumirlo.
Por otra parte, es necesario modificar los patrones de consumo para disminuir los accidentes, que producen muertes, lesiones y discapacidades asociadas al consumo nocivo del alcohol y a la conducción, con ejemplos comerciales, que en muchas ocasiones tienen un alto impacto en la población, en los que quedan de manifiesto las consecuencias del consumo del alcohol. También se debe terminar con una serie de mitos que están presentes en nuestra cultura y se van a establecer planes de prevención en los colegios.
-o-
El Presidente de la Agrupación de Protección al Peatón de Antofagasta , señor Héctor Poblete , informó que preside la única agrupación con carácter iberoamericana que se preocupa de los accidentes de tránsito. Agregó, que en su agrupación se congregan más de 40 juntas de vecinos a nivel nacional y que representan a más de 150.000 ciudadanos.
Planteó que coincide plenamente con el espíritu del proyecto, en el sentido de rebajar de 0,5 a 0,3 la tolerancia de alcohol en el flujo sanguíneo para la conducción bajo la influencia del alcohol, y de 1,0 a 0,8 el nivel del manejo en estado de ebriedad. Además, comparte la cancelación de la licencia de conducir, para los casos accidentes que tengan resultado de muerte.
Precisó finalmente, que la OMS indica que una persona que tenga 0,5 gramos de alcohol en la sangre, ya se encuentra en estado de ebriedad. Agregó que dicha Organización, ha declarado al alcoholismo como una pandemia mundial, y que estudios efectuados por la Universidad Católica de Chile, sitúan a nuestro país en el tercer lugar de alcoholismo a nivel mundial.
-o-
-Puesto el proyecto de ley en votación en general, fue aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes, señores: Auth ; García, don René Manuel ; Hasbún ; Meza ; Norambuena ; Pacheco , doña Clemira ; Pérez, don Leopoldo ; Sepúlveda , doña Alejandra , y Tuma y el Diputado García-Huidobro .
-Por tratarse de un proyecto con artículo único, la Comisión acordó discutir el texto en particular, con motivo de las indicaciones presentadas a las a las diferentes normas en estudio.
VII. DISCUSIÓN Y VOTACIÓN EN PARTICULAR DEL PROYECTO.
Mediante el artículo único, se modifica la ley de Tránsito, de la siguiente manera:
1) Se propone modificar el artículo 87 de la siguiente forma:
En el texto del Ejecutivo se propone suprimir en el número 3 del artículo 87 la expresión “ebrios” y la coma (,) situada a continuación.”
El Ministro de Transportes y Telecomunicaciones explicó que esta modificación tiene por objeto, prohibir el ingreso de personas ebrias tanto en buses, como taxis o colectivos.
-Puesta en votación la propuesta del Ejecutivo , fue rechazado por la unanimidad de los Diputados presentes, señores Auth , Espinoza, don Fidel , García, don René Manuel , Hasbún , Hernández , Latorre , Meza , Norambuena , Pérez, don Leopoldo ; Sepúlveda , doña Alejandra , y Venegas .
*Los Diputados señores Auth ; Espinoza, don Fidel ; García, don René Manuel ; Hasbún , Hernández , Latorre , Meza , Norambuena ; Pérez, don Leopoldo ; Sepúlveda , doña Alejandra , y Venegas , formularon una indicación para eliminar el número 3 del artículo 87, pasando los actuales números 4 a ser 3, 5 a ser 4, 6 a ser 5 y 7 a ser 6, respectivamente.
Fundamentaron los patrocinantes de la indicación, que resulta anacrónico y discriminatorio, ya que al encontrarse prohibido actualmente “llevar gente indeseada” o que “no guarden la compostura debida” en la locomoción colectiva se presta para arbitrios, sobre todo con la juventud.
-Puesta en votación la indicación, fue aprobada por la unanimidad de los Diputados presentes, señores Auth ; Espinoza, don Fidel ; García, don René Manuel ; Hasbún , Hernández , Latorre , Meza , Norambuena ; Pérez, don Leopoldo ; Sepúlveda , doña Alejandra , y Venegas .
2) Se propone incorporar las siguientes modificaciones al artículo 111:
a) Reemplazar en el inciso segundo el guarismo “1,0” por “0,8”.
b) Reemplazar en el inciso tercero la frase “superior a 0,5 e inferior a 1,0 gramos por mil” por “superior a 0,3 e inferior a 0,8 gramos por mil”.
-Puestas en votación las letras a) y b), fueron aprobadas por siete votos a favor de los Diputados señores Auth ; García, don René Manuel ; Hasbún , Hernández , Norambuena ; Pérez, don Leopoldo y Sepúlveda , doña Alejandra y cuatro votos en contra de los Diputados señores Espinoza, don Fidel ; Latorre , Meza y Venegas .
*Los Diputados señores Espinoza, don Fidel ; Meza y Pacheco , doña Clemira , formularon una indicación para sustituir el Artículo 111, por el siguiente:
“Artículo 111.- Para la determinación del hecho de encontrarse el imputado bajo la influencia del alcohol, el tribunal podrá considerar todos los medios de prueba, evaluando especialmente el estado general del imputado en relación con el control de sus sentidos, como también el nivel de alcohol presente en el flujo sanguíneo, que conste en el informe de alcoholemia o en el resultado de la prueba respiratoria que hubiera sido practicada por Carabineros.
Se entenderá que hay desempeño bajo la influencia del alcohol cuando el informe o prueba arroje una dosificación superior a 0,5 gramos por mil de alcohol en la sangre. Si la dosificación fuere menor, se estará a lo establecido en el artículo 109 y en el N°1 del artículo 200, si correspondiere.”.
El Diputado Espinoza, don Fidel , señaló que la norma planteada en la indicación, es más estricta que la propuesta por el texto del mensaje, en el que desaparecería el tipo de manejo en estado de ebriedad, y la figura penal consistiría sólo en manejo bajo la influencia de sustancias estupefacientes o sicotrópicas o bajo la influencia del alcohol, para la persona que arroje sobre 0,5 gramos de alcohol en el flujo sanguíneo.
Además, se podría evitar que cuando una persona fuera sorprendida manejando en estado de ebriedad, ya sea que cause daños o no, su defensor penal pudiera argumentar al tribunal que su defendido manejaba bajo la influencia del alcohol, aunque el resultado de la alcoholemia arrojara sobre 0,5 gramos de alcohol en la sangre.
-Puesta en votación la indicación, fue rechazada por siete votos en contra de los Diputados señores Auth ; García, don René Manuel ; Hasbún , Hernández , Norambuena ; Pérez, don Leopoldo y Sepúlveda , doña Alejandra y cuatro votos a favor de los Diputados señores Espinoza, don Fidel ; Latorre , Meza y Venegas .
3) Se propone modificar el artículo 183 de la siguiente forma:
El proyecto del Ejecutivo propone agregar al artículo 183 los siguientes incisos primero y segundo, nuevos, pasando los actuales incisos primero, segundo y tercero, a ser incisos tercero, cuarto y quinto, respectivamente.
“Carabineros podrá someter a cualquier conductor a una prueba respiratoria evidencial u otra prueba científica a fin de acreditar la presencia de alcohol en el organismo y su dosificación, o el hecho de encontrarse la persona conduciendo o aprestándose a conducir bajo la influencia del alcohol o de estupefacientes o sustancias sicotrópicas o en estado de ebriedad.
Con el objeto de garantizar la precisión de la prueba que se practique, ésta deberá ser realizada con instrumentos certificados por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, conforme a las características técnicas que defina el reglamento. En caso que en el momento de efectuarse el procedimiento de fiscalización no se encuentre disponible el instrumento para realizar la prueba, Carabineros podrá llevar al conductor a la Comisaría más cercana que cuente con dicho equipo, o podrá disponer que se realice un examen, de acuerdo a lo dispuesto en los incisos siguientes.”.
El Ministro de Transportes y Telecomunicaciones , señor Errázuriz , explicó que para realizar los exámenes de alcotest, el Ministerio va a duplicar los aparatos existentes en nuestro país.
-Puesto en votación el número 3), fue aprobado por siete votos a favor de los Diputados señores: Auth ; Bauer ; García, don René Manuel ; Hasbún ; Norambuena ; Pérez, don Leopoldo , y Tuma y dos abstenciones de los Diputados señores Espinoza, don Fidel , y Latorre .
*Los Diputados señores Espinoza, don Fidel ; Meza y Pacheco , doña Clemira formularon una indicación para derogar el artículo 193.
-Puesta en votación la indicación fue rechazada por siete votos de los Diputados señores Auth ; Bauer ; García, don René Manuel ; Hasbún ; Hernández ; Pérez, don Leopoldo , y Tuma y un voto a favor del Diputado señor Espinoza, don Fidel .
4) Se propone incorporar las siguientes modificaciones al artículo 193:
a) Reemplazar el inciso primero por el siguiente:
“El que infringiendo la prohibición establecida en el inciso segundo del artículo 110, conduzca, opere o desempeñe las funciones bajo la influencia del alcohol, será sancionado con multa de una a cinco unidades tributarias mensuales y la suspensión de la licencia de conducir por tres meses. Si, a consecuencia de esa conducción, operación o desempeño, se causaren daños materiales o lesiones leves, será sancionado con una multa de una a cinco unidades tributarias mensuales y la suspensión de la licencia de conducir por seis meses. Se reputarán leves, para estos efectos, todas las lesiones que produzcan al ofendido enfermedad o incapacidad por un tiempo no mayor a siete días.”.
b) Sustituir en el inciso segundo, la expresión “de dos a cuatro meses” por “por nueve meses”.
-Puestas en votación las letras a) y b), fueron aprobadas por siete votos a favor de los Diputados señores Auth ; Bauer ; García, don René Manuel ; Hasbún ; Hernández ; Pérez, don Leopoldo , y Tuma y un voto en contra del Diputado Espinoza, don Fidel .
c) Sustituir en el inciso tercero, la expresión “de cuatro a ocho meses” por “por doce meses”.
Algunos Diputados de la Comisión estimaron que la proposición del Ejecutivo, de castigar con doce meses de suspensión de la licencia de conducir, a una persona que lo hace bajo la influencia del alcohol y que provoque lesiones graves, es blanda, y no concuerdan con lo que exige de la ciudadanía al respecto.
-Puesta en votación la letra c), fue rechazada por la unanimidad de los Diputados presentes señores Auth , Bobadilla ; Espinoza, don Fidel ; García, don René Manuel ; Latorre ; Pérez, don Leopoldo ; Sepúlveda , doña Alejandra ; Tuma y Venegas .
*Los Diputados señores Hasbún , Hernández y la Diputada Zalaquett , doña Mónica ; formularon una indicación para sustituir la frase “por doce meses”, incorporada por la letra c), por “por treinta y seis meses”.
Al respecto el Diputado señor Auth señaló que la proposición que contiene la indicación es demasiado dura, ya que el artículo 193 se refiere a la conducción bajo la influencia del alcohol, y al establecer una pena que suspenda por treinta y seis meses al conductor que lo haga en esas condiciones, le restaría coherencia y armonía a la ley. Además plantea que de aceptarse esa proposición, la figura de manejo en estado de ebriedad sin daños, habría que sancionarla con una pena prácticamente a perpetuidad. Por lo que es necesario efectuar una propuesta que sea armónica con la que hace el ejecutivo, que plantea una sanción de doce meses.
-Puesta en votación la indicación, fue rechazada por nueve votos en contra de los Diputados señores Auth ; Bobadilla ; Espinoza, don Fidel ; García, don René Manuel ; Latorre ; Pérez, don Leopoldo ; Sepúlveda , doña Alejandra ; Tuma , y Venegas y un voto a favor el Diputado señor Hasbún .
*Los Diputados señores Auth , Hasbún y Tuma formularon una indicación para sustituir en el inciso tercero, la expresión “de cuatro a ocho meses” por “de dieciocho a treinta y seis meses”.
-Puesta en votación la indicación, fue aprobada por nueve votos a favor de los Diputados señores Auth ; Bobadilla ; Espinoza, don Fidel ; García, don René Manuel ; Hasbún, Latorre ; Pérez, don Leopoldo ; Sepúlveda , doña Alejandra , y Tuma y una abstención del Diputado señor Venegas .
d) Sustituir en el inciso cuarto, la frase “por el plazo que determine el juez, el que no podrá ser inferior a doce ni superior a veinticuatro meses.” por “por veinticuatro meses.”.
-Puesta en votación la letra d), fue rechazada por nueve votos en contra de los Diputados señores Auth , Bobadilla ; Espinoza, don Fidel ; García, don René Manuel ; Hasbún, Latorre ; Pérez, don Leopoldo ; Sepúlveda , doña Alejandra , y Tuma y una abstención del Diputado señor Venegas .
*Los Diputados señores Hasbún y Hernández , formularon una indicación para sustituir en la letra d), la frase “por veinticuatro meses”, por “por cinco años”.
El Diputado señor Hasbún explicó que la indicación tiene por objeto, sancionar fuertemente a los conductores que manejen bajo la influencia del alcohol, con resultado de muerte. Por cuanto en la actualidad, existe la sensación que hay impunidad, para quienes cometen un accidente con resultado de muerte, lo que a su juicio, es un acto de la mayor gravedad, por lo que ese conductor, no puede seguir conduciendo ningún tipo de vehículo.
-Puesta en votación la indicación, fue rechazada por nueve votos en contra de los Diputados señores Auth , Bobadilla ; Espinoza, don Fidel ; García, don René Manuel ; Latorre ; Pérez, don Leopoldo ; Sepúlveda , doña Alejandra ; Tuma , y Venegas y un voto a favor del Diputado señor Hasbún .
*Los Diputados señores Auth y Hasbún formulan una indicación para sustituir en el inciso cuarto, la frase “inferior a doce ni superior a veinticuatro meses”, por “inferior a treinta y seis ni superior a sesenta meses”.
El Diputado señor Auth señaló que para proteger la vida, es necesario hacer campañas preventivas, mayores controles en las vías y evitar que las personas conduzcan habiendo bebido alcohol. Ahora, una vez que se ha causado la muerte de una persona, se debe aplicar una pena proporcional. En ese aspecto, concordó con que la pena propuesta por el Gobierno es baja, y es necesario aumentarla. Por lo tanto, siguiendo la misma lógica de la indicación aprobada para el inciso tercero, propuso este indicación, que establezca un rango de movilidad de entre 30 y 60 meses, para que el juez lo aplique de acuerdo a cada caso en particular.
-Puesta en votación la indicación fue aprobada por la unanimidad de los Diputados presentes, señores: Auth Bobadilla ; Espinoza, don Fidel ; García, don René Manuel ; Hasbún Hernández ; Pérez, don Leopoldo ; Sepúlveda , doña Alejandra , y Tuma .
*La Diputada señora Cristi , doña María Angélica , formuló una indicación para agregar en la letra d), a continuación del punto aparte (.), el que pasa a ser punto seguido (.), lo siguiente:
“Con todo, el juez podrá suspender en forma provisoria la licencia de conducir desde que se realice la audiencia de control de la detención, imputándose el tiempo que medie entre dicha audiencia y la dictación de la sentencia a la condena. De lo anterior deberá quedar constancia en el registro de conductores.”.
-Puesta en votación la indicación, fue aprobada por la unanimidad de los Diputados presentes, señores: Auth , Bobadilla ; Espinoza, don Fidel ; García, don René Manuel ; Hasbún , Hernández ; Pérez, don Leopoldo ; Sepúlveda , doña Alejandra , y Tuma .
-Además, se acordó facultar a la Secretaría de la Comisión, para sustituir en la indicación aprobada la palabra “podrá” por “deberá”.
Posteriormente, el ejecutivo propuso sustituir la indicación de la Diputada Cristi , la que ya había sido aprobada. Para lo cual, la Comisión por la unanimidad de sus miembros acordó reabrir debate de dicha norma.
*Los Diputados señores Auth , Bobadilla ; Espinoza, don Fidel ; García, don René Manuel ; Hasbún , Hernández y Pérez, don Leopoldo , formularon una indicación para eliminar el inciso quinto, pasando el actual inciso sexto (final) a ser inciso quinto (final).
-Puesta en votación la indicación, fue aprobada por ocho votos a favor de los Diputados señores Auth , Bobadilla ; Espinoza, don Fidel ; García , Hasbún , Norambuena ; Pérez, don Leopoldo y Tuma y una abstención del Diputado señor Venegas . Además, se acordó rechazar la indicación aprobada anteriormente, presentada por la Diputada Cristi , doña María Angélica .
*Los Diputados señores Auth , Bobadilla ; Espinoza, don Fidel ; García, don René Manuel ; Hasbún , Hernández y Pérez, don Leopoldo , formularon una indicación para sustituir en el inciso final, la frase “el que no podrá ser inferior a veinticuatro ni superior a cuarenta y ocho meses”, por la siguiente: “el que no podrá ser inferior a cuarenta y ocho ni superior a setenta y dos meses.”.
-Puesta en votación la indicación, fue aprobada por ocho votos a favor de los Diputados señores Auth , Bobadilla ; Espinoza, don Fidel ; García , Hasbún , Norambuena ; Pérez, don Leopoldo y Tuma y una abstención del Diputado señor Venegas .
*Los Diputados señores Auth , Bobadilla ; Espinoza, don Fidel ; García, don René Manuel ; Hasbún , Hernández y Pérez, don Leopoldo , formularon una indicación para agregar en el siguiente inciso final a continuación del punto final (.), que pasa a ser coma (,) lo siguiente: “excepto cuando la conducta constitutiva de reincidencia se refiera a la situación prevista en el inciso cuarto de este artículo, o que exista condena previa por ese delito, en cuyo caso se aplicará además la pena de inhabilidad perpetua para conducir vehículos de tracción mecánica. Con todo, el tribunal a petición del fiscal, el querellante o la víctima, podrá decretar la medida cautelar de suspensión provisoria de la licencia de conducir desde que se realice la audiencia de control de detención, debiendo quedar constancia en la hoja de vida del conductor. El tiempo que medie entre dicha audiencia y la dictación de la sentencia se imputará a la condena.”.
-Puesta en votación la indicación, fue aprobada por ocho votos a favor de los Diputados señores Auth , Bobadilla ; Espinoza, don Fidel ; García , Hasbún , Norambuena ; Pérez, don Leopoldo y Tuma y una abstención del Diputado señor Venegas .
5) Se propone incorporar las siguientes modificaciones al artículo 196:
En el proyecto del Ejecutivo se propone efectuar las siguientes modificaciones:
a) Reemplazar en el inciso cuarto la palabra “final” por la expresión “quinto”.
b) Sustituir el inciso quinto por el siguiente:
“En los delitos previstos en este artículo se aplicará como pena accesoria la suspensión de la licencia para conducir vehículos motorizados por el término de doce meses; de dieciocho meses, si se causaren daños materiales o lesiones leves; de veinticuatro meses, si se causaren lesiones menos graves; de treinta meses, si se causaren las lesiones indicadas en el artículo 397 N° l del Código Penal; y de cuarenta y ocho meses, si resultare la muerte. No obstante, para el caso en que el infractor ya hubiese sido condenado con anterioridad por uno o más de los delitos contemplados en este artículo, el juez deberá decretar la cancelación de la licencia.”.
c) Sustituir en el inciso sexto el guarismo “seis” por la palabra “doce”, y agrégase a continuación del punto final (.), que pasa a ser punto seguido (.), la siguiente oración: “Sin perjuicio de lo anterior, el juez no podrá hacer uso de esta facultad cuando el imputado hubiese sido condenado por alguno de los delitos castigados en el inciso tercero de este artículo.”.
-Puestas en votación las letras a), b) y c) que modifican el artículo 196, fueron rechazadas por la unanimidad de los Diputados presentes, señores Auth , Bobadilla ; Espinoza, don Fidel ; García, don René Manuel ; Hasbún , Hernández , Latorre , Norambuena ; Pérez, don Leopoldo ; Tuma y Venegas .
*Los Diputados señores Auth , Bobadilla ; Espinoza, don Fidel ; García, don René Manuel ; Hasbún , Hernández y Pérez, don Leopoldo , formularon una indicación para agregar en el inciso primero, a continuación de la frase “y multa de dos a diez unidades tributarias mensuales,” lo siguiente: “además de la suspensión de la licencia para conducir vehículos motorizados por el término de dos años, si fuese sorprendido en una primera ocasión; la suspensión por el término de cinco años, si es sorprendido en un segundo evento; y finalmente con la cancelación de la licencia al ser sorprendido en una tercera ocasión,”.
-Puesta en votación la indicación, fue aprobada por ocho votos a favor de los Diputados señores Auth , Bobadilla ; Espinoza, don Fidel ; García , Hasbún , Norambuena ; Pérez, don Leopoldo y Tuma y una abstención del Diputado señor Venegas .
*Los Diputados señores Auth , Bobadilla ; Espinoza, don Fidel ; García, don René Manuel ; Hasbún , Hernández y Pérez, don Leopoldo , formularon una indicación para agregar en el inciso segundo, a continuación del punto aparte (.), que pasa a ser coma (,), lo siguiente: “además de la suspensión de la licencia de conducir por el término de treinta y seis meses en el caso de producirse lesiones menos graves, y de cinco años en el caso de lesiones graves. En caso de reincidencia, el juez deberá decretar la cancelación de la licencia.”.
-Puesta en votación la indicación, fue aprobada por ocho votos a favor de los Diputados señores Auth , Bobadilla ; Espinoza, don Fidel ; García , Hasbún , Norambuena ; Pérez, don Leopoldo y Tuma y una abstención del Diputado señor Venegas .
*Los Diputados señores Auth , Bobadilla ; Espinoza, don Fidel ; García, don René Manuel ; Hasbún , Hernández y Pérez, don Leopoldo , formularon una indicación para agregar en el inciso tercero, a continuación del punto final (.), que pasa a ser coma (,), lo siguiente: “además de la pena de inhabilidad perpetua para conducir vehículos de tracción mecánica.”.
-Puesta en votación la indicación, fue aprobada por ocho votos a favor de los Diputados señores Auth , Bobadilla ; Espinoza, don Fidel ; García , Hasbún , Norambuena ; Pérez, don Leopoldo y Tuma y una abstención del Diputado señor Venegas .
*Los Diputados señores Auth , Bobadilla ; Espinoza, don Fidel ; García, don René Manuel ; Hasbún , Hernández y Pérez, don Leopoldo , formularon una indicación para derogar los incisos cuarto, quinto y sexto.
-Puesta en votación la indicación, fue aprobada por ocho votos a favor de los Diputados señores Auth , Bobadilla ; Espinoza, don Fidel ; García , Hasbún , Norambuena ; Pérez, don Leopoldo y Tuma y una abstención del Diputado señor Venegas .
*Los Diputados señores Espinoza, don Fidel, Meza y Pacheco , doña Clemira , formularon una indicación para sustituir, en el inciso primero la expresión “en estado de ebriedad”, por “bajo la influencia del alcohol”.
-Puesta en votación la indicación, fue rechazada por la unanimidad de los Diputados presentes, señores Auth , Bobadilla ; Espinoza, don Fidel ; García, don René Manuel ; Hasbún , Hernández , Latorre , Norambuena ; Pérez, don Leopoldo ; Tuma y Venegas .
*Los Diputados señores Auth , Hasbún y Sepúlveda , doña Alejandra , formularon una indicación para agregar en el inciso primero, a continuación de la frase “y multa de dos a diez unidades tributarias mensuales”, lo siguiente: “y la suspensión de la licencia de conducir vehículos motorizados por el término de dos años, si fuese sorprendido en una primera ocasión; con la pena de presidio menor en su grado medio y la suspensión por el término de cinco años, si es sorprendido en un segundo evento; y finalmente con la pena de presidio menor en su grado máximo y cancelación de la licencia para conducir vehículos motorizados al ser sorprendido en una tercera ocasión.”.
-Puesta en votación la indicación, fue rechazada por la unanimidad de los Diputados presentes, señores Auth , Bobadilla ; Espinoza, don Fidel ; García, don René Manuel ; Hasbún , Hernández , Latorre , Norambuena ; Pérez, don Leopoldo ; Tuma y Venegas .
*Los Diputados señores Auth , Hasbún , Hernández , Norambuena , Tuma ; Sepúlveda , doña Alejandra , y Zalaquett , doña Mónica , y el ex Diputado señor García-Huidobro , formularon una indicación para agregar en el inciso primero, a continuación de la frase “y multa de dos a diez unidades tributarias mensuales”, lo siguiente: “y la suspensión de la licencia de conducir vehículos motorizados por el término de dos años, si fuese sorprendido en una primera ocasión; con la pena de presidio menor en su grado medio y la suspensión por el término de diez años, si es sorprendido en un segundo evento; y finalmente con la pena de presidio menor en su grado máximo y suspensión perpetua de la licencia para conducir vehículos motorizados al ser sorprendido en una tercera ocasión,”.
-Puesta en votación la indicación, fue rechazada por la unanimidad de los Diputados presentes, señores Auth , Bobadilla ; Espinoza, don Fidel ; García, don René Manuel ; Hasbún , Hernández , Latorre , Norambuena ; Pérez, don Leopoldo ; Tuma y Venegas .
*Los Diputados señores Auth , Hasbún , Hernández , Norambuena , Tuma ; Sepúlveda , doña Alejandra , y Zalaquett , doña Mónica , formularon una indicación para reemplazar en el inciso tercero la frase “presidio menor en su grado máximo”, por “presidio mayor en su grado mínimo”.
-Puesta en votación la indicación, fue rechazada por la unanimidad de los Diputados presentes, señores Auth , Bobadilla ; Espinoza, don Fidel ; García, don René Manuel ; Hasbún , Hernández , Latorre , Norambuena ; Pérez, don Leopoldo ; Tuma y Venegas .
*Los Diputados señores Auth , Hasbún , Meza y la Diputada Pacheco , doña Clemira , formularon una indicación para sustituir el inciso tercero, por el siguiente:
“Si se causaren algunas de las lesiones indicadas en el artículo 397 N°1 del Código Penal, se impondrá la pena de presidio mayor en su grado mínimo, y si se causare la muerte se castigará con la pena de presidio mayor en su grado mínimo a medio. La multa aplicable en ambos casos será de ocho a veinte unidades tributarias mensuales.”.
-Puesta en votación la indicación, fue rechazada por la unanimidad de los Diputados presentes, señores Auth , Bobadilla ; Espinoza, don Fidel ; García, don René Manuel ; Hasbún , Hernández , Latorre , Norambuena ; Pérez, don Leopoldo ; Tuma y Venegas .
*Los Diputados señores Auth , Hasbún y Sepúlveda , doña Alejandra , formularon una indicación para sustituir el inciso quinto por el siguiente: “En los delitos previstos en este artículo se aplicará como pena accesoria la suspensión de la licencia para conducir vehículos motorizados por el término de treinta y seis meses, si se causaren daños o lesiones menos graves; de cinco años si se causaren daños graves; de diez años si se causaren las lesiones indicadas en el N° 1 del artículo 397 del Código Penal; y de cancelación de la licencia de conducir vehículos motorizados si se causare la muerte. Para el caso en que el infractor ya hubiese sido condenado con anterioridad por uno o más de los delitos contemplados en este artículo, el juez deberá decretar la cancelación de la licencia, salvo en el caso previsto en el inciso primero.”.
-Puesta en votación la indicación, fue rechazada por la unanimidad de los Diputados presentes, señores Auth , Bobadilla ; Espinoza, don Fidel ; García, don René Manuel ; Hasbún , Hernández , Latorre , Norambuena ; Pérez, don Leopoldo ; Tuma y Venegas .
*Los Diputados señores Espinoza, don Fidel ; Meza y Pacheco , doña Clemira formularon una indicación para sustituir en el inciso quinto, la frase “de dos a cuatro años”, por “a perpetuidad”.
-Puesta en votación la indicación, fue rechazada por la unanimidad de los Diputados presentes, señores Auth , Bobadilla ; Espinoza, don Fidel ; García, don René Manuel ; Hasbún , Hernández , Latorre , Norambuena ; Pérez, don Leopoldo ; Tuma y Venegas .
*Los Diputados señores Auth , Hasbún , Hernández , Norambuena ; Pacheco , doña Clemira y Zalaquett , doña Mónica , formularon una indicación para reemplazar en el inciso quinto, la frase “de dos a cuatro años, si resultare la muerte”, por “cancelación, si resultare la muerte”.
-Puesta en votación la indicación, fue rechazada por la unanimidad de los Diputados presentes, señores Auth , Bobadilla ; Espinoza, don Fidel ; García, don René Manuel ; Hasbún , Hernández , Latorre , Norambuena ; Pérez, don Leopoldo ; Tuma y Venegas .
*Los Diputados señores Espinoza, don Fidel ; Meza y Pacheco , doña Clemira formularon una indicación para intercalar en la letra b) del proyecto del Ejecutivo , a continuación de la palabra “suspensión”, la frase “o cancelación”.
-Puesta en votación la indicación, fue rechazada por la unanimidad de los Diputados presentes, señores Auth , Bobadilla ; Espinoza, don Fidel ; García, don René Manuel ; Hasbún , Hernández , Latorre , Norambuena ; Pérez, don Leopoldo ; Tuma y Venegas .
*Los Diputados señores Hasbún , Hernández, Latorre ; Pacheco , doña Clemira ; Tuma , y la Diputada Zalaquett , doña Mónica formularon una indicación para sustituir en la letra b) del proyecto del Ejecutivo , las siguientes frases: “veinticuatro meses”, por “treinta y seis meses”; “treinta meses”, por “cinco años”, y “cuarenta y ocho meses”, por “caducidad de la licencia de conducir”.
-Puesta en votación la indicación, fue rechazada por la unanimidad de los Diputados presentes, señores Auth , Bobadilla ; Espinoza, don Fidel ; García, don René Manuel ; Hasbún , Hernández , Latorre , Norambuena ; Pérez, don Leopoldo ; Tuma y Venegas .
*Los Diputados señores Auth , Hasbún , Meza y Pacheco , doña Clemira y el ex Diputado señor García-Huidobro , formularon una indicación para sustituir en la letra b) del proyecto del Ejecutivo , la frase “de treinta meses, si se causaren las lesiones indicadas en el artículo 397 N°1 del Código Penal; y de cuarenta y ocho meses, si resultare la muerte”, por la siguiente: “ de cuarenta y ocho meses si se causaren las lesiones indicadas en el artículo 397 N°1 del Código Penal; y de setenta y dos meses, si resultare la muerte.”.
-Puesta en votación la indicación, fue rechazada por la unanimidad de los Diputados presentes, señores Auth , Bobadilla ; Espinoza, don Fidel ; García, don René Manuel ; Hasbún , Hernández , Latorre , Norambuena ; Pérez, don Leopoldo ; Tuma y Venegas .
*Los Diputados señores Espinoza, don Fidel ; Meza y Pacheco , doña Clemira formularon una indicación para incorporar en el inciso sexto, a continuación del punto final (.), que pasa a ser punto seguido (.), la frase “Esta facultad no será aplicable al caso de la cancelación a perpetuidad.”.
-Puesta en votación la indicación, fue rechazada por la unanimidad de los Diputados presentes, señores Auth , Bobadilla ; Espinoza, don Fidel ; García, don René Manuel ; Hasbún , Hernández , Latorre , Norambuena ; Pérez, don Leopoldo ; Tuma y Venegas .
*Los Diputados señores Espinoza, don Fidel ; Meza y Pacheco , doña Clemira formularon una indicación para agregar el siguiente inciso final, nuevo, al artículo 196:
“En los delitos contemplados en este artículo no procederá la atenuante de responsabilidad penal contenida en el número 7 del artículo 11 del Código Penal.”.
-Puesta en votación la indicación, fue rechazada por la unanimidad de los Diputados presentes, señores Auth , Bobadilla ; Espinoza, don Fidel ; García, don René Manuel ; Hasbún , Hernández , Latorre , Norambuena ; Pérez, don Leopoldo ; Tuma y Venegas .
*Los Diputados señores Auth , Hasbún , Hernández , Norambuena ; Pérez, don Leopoldo ; Tuma ; Sepúlveda , doña Alejandra y Zalaquett , doña Mónica y el ex Diputado señor García-Huidobro , formulan una indicación para agregar el siguiente inciso final, nuevo, al artículo 196:
“Si se contraviniere lo dispuesto en el número 19 del artículo 201 y lo previsto en el inciso segundo del artículo 110, cuando la conducción, operación o desempeño fueren ejecutados en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias estupefacientes o sicotrópicas, serán sancionados con la pena de presidio menor en su grado máximo y cancelación de la licencia de conducir.”.
-Puesta en votación la indicación, fue rechazada por la unanimidad de los Diputados presentes, señores Auth , Bobadilla ; Espinoza, don Fidel ; García, don René Manuel ; Hasbún , Hernández , Latorre , Norambuena ; Pérez, don Leopoldo ; Tuma y Venegas .
6) (nuevo) Se propone modificar el artículo 197, de la siguiente forma:
*Los Diputados señores Auth , Bobadilla ; Espinoza, don Fidel ; García, don René Manuel ; Hasbún , Hernández y Pérez, don Leopoldo , formularon una indicación para sustituir en el inciso cuarto, la frase “el juez de garantía podrá decretar, de conformidad a las reglas del Código Procesal Penal, la medida cautelar de retención del carné, permiso o licencia de conductor del imputado, por un plazo que no podrá ser superior a seis meses”, por la siguiente: “el tribunal a petición del fiscal, el querellante o la víctima, podrá decretar la medida cautelar de suspensión provisoria de la licencia de conducir desde que se realice la audiencia de control de detención, debiendo quedar constancia en la hoja de vida del conductor. El tiempo que medie entre dicha audiencia y la dictación de la sentencia se imputará a la condena.”.
-Puesta en votación la indicación, fue aprobada por ocho votos a favor de los Diputados señores Auth , Bobadilla ; Espinoza, don Fidel ; García , Hasbún , Norambuena ; Pérez, don Leopoldo y Tuma y una abstención del Diputado señor Venegas .
*Los Diputados señores Auth , Bobadilla ; Espinoza, don Fidel ; García, don René Manuel ; Hasbún , Hernández y Pérez, don Leopoldo , formularon una indicación para modificar el inciso quinto, de la siguiente forma:
a) Sustituir la frase “por estos delitos” por “por los delitos a que se refiere el inciso primero”; y
b) Sustituir la frase “En tal caso, el juez podrá imponer, además de cualquiera de las condiciones contempladas en el artículo 238 de dicho Código, la suspensión de la licencia para conducir por un plazo no menor de seis meses ni superior a un año.”, por la siguiente: “En tal caso, el juez podrá imponer cualquiera de las condiciones contempladas en el artículo 238 de dicho Código, debiendo siempre decretar la suspensión, cancelación o inhabilitación perpetua conforme a lo establecido en los artículos 193 y 196, según corresponda. En estos delitos no procederá la atenuante de responsabilidad penal contenida en el número 7 del artículo 11 del Código Penal.”.
-Puesta en votación la indicación, fue aprobada por ocho votos a favor de los Diputados señores Auth , Bobadilla ; Espinoza, don Fidel ; García , Hasbún , Norambuena ; Pérez, don Leopoldo y Tuma y una abstención del Diputado señor Venegas .
*Los Diputados señores Auth , Bobadilla ; Espinoza, don Fidel ; García, don René Manuel ; Hasbún , Hernández y Pérez, don Leopoldo , formularon una indicación para incorporar el siguiente inciso final, nuevo, al artículo 197:
“Las penas de suspensión, cancelación o inhabilitación perpetua para conducir vehículos a tracción mecánica o animal, no podrán ser suspendidas, ni aun cuando el juez hiciere uso de la facultad contemplada en el artículo 398 del Código Procesal Penal.”.
-Puesta en votación la indicación, fue aprobada por ocho votos a favor de los Diputados señores Auth , Bobadilla ; Espinoza, don Fidel ; García , Hasbún , Norambuena ; Pérez, don Leopoldo y Tuma y una abstención del Diputado señor Venegas .
7) (anterior N°6) Se propone modificar el artículo 199, de la siguiente forma:
En el proyecto del Ejecutivo, se modifica el artículo 199, de la forma siguiente:
a) Reemplazar en el número 1, la conjunción “y” precedida por una coma (,), por un punto final (.).
b) Suprimir el número 2.
-Puesta en votación la indicación, fue rechazada por la unanimidad de los Diputados presentes, señores Auth , Bobadilla ; Espinoza, don Fidel ; García, don René Manuel ; Hasbún , Hernández , Latorre , Norambuena ; Pérez, don Leopoldo ; Tuma y Venegas .
8) (nuevo) Para sustituir el párrafo 3 del Título XVII, por el siguiente:
“§ 3. DE LA SUSPENSION E INHABILITACIÓN PARA CONDUCIR VEHICULOS A TRACCIÓN MECÁNICA Y LA CANCELACION DE LA LICENCIA DE CONDUCTOR.”.
-Puesta en votación la indicación, fue aprobada por ocho votos a favor de los Diputados señores Auth , Bobadilla ; Espinoza, don Fidel ; García , Hasbún , Norambuena ; Pérez, don Leopoldo y Tuma y una abstención del Diputado señor Venegas .
9) (nuevo) Se propone modificar el artículo 208, de la siguiente manera:
*Los Diputados señores Auth , Bobadilla ; Espinoza, don Fidel ; García, don René Manuel ; Hasbún , Hernández y Pérez, don Leopoldo , formularon una indicación para incorporar el siguiente inciso primero, nuevo, al artículo 208, pasando los actuales primero y segundo, a ser segundo y tercero, respectivamente:
“La pena de suspensión para conducir vehículos de tracción mecánica o animal conlleva la imposibilidad de usarla durante el tiempo de la condena; la de inhabilitación para conducir vehículos de tracción mecánica o animal conlleva la cancelación de la licencia de conducir o la imposibilidad de obtenerla.”.
-Puesta en votación la indicación, fue aprobada por ocho votos a favor de los Diputados señores Auth , Bobadilla ; Espinoza, don Fidel ; García , Hasbún , Norambuena ; Pérez, don Leopoldo y Tuma y una abstención del Diputado señor Venegas .
*Los Diputados señores Auth , Bobadilla ; Espinoza, don Fidel ; García, don René Manuel ; Hasbún , Hernández y Pérez, don Leopoldo , formularon una indicación para eliminar las letras a) y b) del artículo 208, pasando las actuales letras c) y d) a ser las nuevas letras a) y b), respectivamente.
-Puesta en votación la indicación, fue aprobada por ocho votos a favor de los Diputados señores Auth , Bobadilla ; Espinoza, don Fidel ; García , Hasbún , Norambuena ; Pérez, don Leopoldo y Tuma y una abstención del Diputado señor Venegas .
*Los Diputados señores Auth , Bobadilla ; Espinoza, don Fidel ; García, don René Manuel ; Hasbún , Hernández y Pérez, don Leopoldo , formularon una indicación para incorporar el siguiente inciso final, nuevo, al artículo 208:
“En los casos que como consecuencia de la aplicación de lo dispuesto en los artículos 193 y 196 se hubiere cancelado la licencia de conducir, el juez, transcurridos doce años desde que se canceló la licencia, podrá alzar esta medida cuando nuevos antecedentes permitan estimar fundadamente que ha desaparecido el peligro para el tránsito o para la seguridad pública que importaba la conducción de vehículos motorizados por el infractor.”.
-Puesta en votación la indicación, fue aprobada por ocho votos a favor de los Diputados señores Auth , Bobadilla ; Espinoza, don Fidel ; García , Hasbún , Norambuena ; Pérez, don Leopoldo y Tuma y una abstención del Diputado señor Venegas .
10) (Anterior N°7) Se propone modificar el artículo 209, de la forma siguiente:
En el proyecto del Ejecutivo se proponía intercalar en el inciso primero, entre las expresiones “El que” y “haya sido sancionado con la cancelación”, la frase “no haya obtenido licencia de conducir o que”.
-Puesta en votación la propuesta del Ejecutivo para modificar el artículo 209, fue rechazada por la unanimidad de los Diputados presentes, señores Auth , Bobadilla ; Espinoza, don Fidel ; García, don René Manuel ; Hasbún , Hernández , Latorre , Norambuena ; Pérez, don Leopoldo ; Tuma y Venegas .
*Los Diputados señores Auth , Bobadilla ; Espinoza, don Fidel ; García, don René Manuel ; Hasbún , Hernández y Pérez, don Leopoldo , formularon una indicación para reemplazar el inciso primero, por el siguiente:
“El que no haya obtenido licencia de conducir o que haya sido sancionado con la cancelación de su licencia de conductor o con la inhabilitación para conducir, y que, no obstante ello, sea sorprendido conduciendo un vehículo, será castigado con la pena de presidio menor en su grado mínimo y multa de hasta quince unidades tributarias mensuales.”.
-Puesta en votación la indicación, fue aprobada por ocho votos a favor de los Diputados señores Auth , Bobadilla ; Espinoza, don Fidel ; García , Hasbún , Norambuena ; Pérez, don Leopoldo y Tuma y una abstención del Diputado señor Venegas .
Con posterioridad, se acordó por la unanimidad de los Diputados presentes, señores Auth , Bobadilla ; Espinoza, don Fidel ; García, don René Manuel ; Hasbún , Hernández , Latorre , Norambuena ; Pérez, don Leopoldo ; Tuma y Venegas , reabrir debate de la indicación aprobada anteriormente.
*Los Diputados señores Auth , Bobadilla ; Espinoza, don Fidel ; Hasbún y Hernández formularon una nueva indicación para sustituir el artículo 209, por el siguiente:
“Artículo 209.- El conductor que hubiere sido condenado a las penas de suspensión o inhabilitación perpetua para conducir vehículos de tracción mecánica o animal, y fuere sorprendido conduciendo un vehículo durante la vigencia de la sanción impuesta, será castigado con prisión en su grado máximo y multa de hasta diez unidades tributarias mensuales.
Si los delitos a que se refieren los artículos 193 y 196 de la presente ley, fueren cometidos por quien no haya obtenido licencia de conducir, o que teniéndola, hubiese sido cancelada o suspendida el tribunal deberá aumentar la pena en un grado.”.
-Puesta en votación la indicación, fue aprobada por ocho votos a favor de los Diputados señores Auth , Bobadilla ; Espinoza, don Fidel ; García , Hasbún , Norambuena ; Pérez, don Leopoldo y Tuma y una abstención del Diputado señor Venegas . Además, se acordó rechazar la indicación anteriormente aprobada.-
VIII. TEXTO DEL PROYECTO DE LEY APROBADO.
En mérito de las consideraciones anteriores y de las que, en su oportunidad, os podrá añadir el señor Diputado Informante , vuestra Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, os recomienda la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY
“Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley N° 18.290 de Tránsito, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el Decreto con Fuerza de Ley N° l de 2007, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en la siguiente forma:
1) Elimínase el número 3 del artículo 87, pasando los actuales números 4 a ser 3, 5 a ser 4, 6 a ser 5 y 7 a ser 6, respectivamente.
2) Modifíquese el artículo 111 de la siguiente forma:
a) Reemplázase en el inciso segundo, el guarismo “1,0” por “0,8”.
b) Reemplázase en el inciso tercero, la frase “superior a 0,5 e inferior a 1,0 gramos por mil” por “superior a 0,3 e inferior a 0,8 gramos por mil”.
3) Agréguense en el artículo 183 los siguientes incisos primero y segundo, nuevos, pasando los actuales incisos primero, segundo y tercero, a ser incisos tercero, cuarto y quinto, respectivamente:
“Artículo 183.- Carabineros podrá someter a cualquier conductor a una prueba respiratoria evidencial u otra prueba científica a fin de acreditar la presencia de alcohol en el organismo y su dosificación, o el hecho de encontrarse la persona conduciendo o aprestándose a conducir bajo la influencia del alcohol o de estupefacientes o sustancias sicotrópicas o en estado de ebriedad.
Con el objeto de garantizar la precisión de la prueba que se practique, ésta deberá ser realizada con instrumentos certificados por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, conforme a las características técnicas que defina el reglamento. En caso que en el momento de efectuarse el procedimiento de fiscalización no se encuentre disponible el instrumento para realizar la prueba, Carabineros podrá llevar al conductor a la Comisaría más cercana que cuente con dicho equipo, o podrá disponer que se realice un examen, de acuerdo a lo dispuesto en los incisos siguientes.”.
4) Introdúzcanse las siguientes modificaciones al artículo 193:
a) Reemplácese el inciso primero por el siguiente:
“Artículo 193.- El que infringiendo la prohibición establecida en el inciso segundo del artículo 110, conduzca, opere o desempeñe las funciones bajo la influencia del alcohol, será sancionado con multa de una a cinco unidades tributarias mensuales y la suspensión de la licencia de conducir por tres meses. Si, a consecuencia de esa conducción, operación o desempeño, se causaren daños materiales o lesiones leves, será sancionado con una multa de una a cinco unidades tributarias mensuales y la suspensión de la licencia de conducir por seis meses. Se reputarán leves, para estos efectos, todas las lesiones que produzcan al ofendido enfermedad o incapacidad por un tiempo no mayor a siete días.”.
b) Sustitúyase en el inciso segundo, la expresión “de dos a cuatro meses”, por “por nueve meses”.
c) Sustitúyase en el inciso tercero la expresión “de cuatro a ocho meses”, por “de dieciocho a treinta y seis meses.”.
d) Sustitúyase en el inciso cuarto la frase “inferior a doce ni superior a veinticuatro meses”, por “inferior a treinta y seis ni superior a sesenta meses”.
e) Elimínese el inciso quinto, pasando el actual inciso sexto a ser inciso quinto y final.
f) Sustitúyase en el inciso final, la frase “el que no podrá ser inferior a veinticuatro ni superior a cuarenta y ocho meses”, por la siguiente: “el que no podrá ser inferior a cuarenta y ocho ni superior a setenta y dos meses.”.
g) Agréguese en el inciso final, a continuación del punto aparte (.), que pasa a ser coma (,) lo siguiente: “excepto cuando la conducta constitutiva de reincidencia se refiera a la situación prevista en el inciso cuarto de este artículo, o que exista condena previa por ese delito, en cuyo caso se aplicará además la pena de inhabilidad perpetua para conducir vehículos de tracción mecánica. Con todo, el tribunal a petición del fiscal, el querellante o la víctima, podrá decretar la medida cautelar de suspensión provisoria de la licencia de conducir desde que se realice la audiencia de control de detención, debiendo quedar constancia en la hoja de vida del conductor. El tiempo que medie entre dicha audiencia y la dictación de la sentencia se imputará a la condena.”.
5) Modifíquese el artículo 196 de la siguiente forma:
a) Agréguese en el inciso primero, a continuación de la frase “y multa de dos a diez unidades tributarias mensuales”, lo siguiente: “además de la suspensión de la licencia para conducir vehículos motorizados por el término de dos años, si fuese sorprendido en una primera ocasión; la suspensión por el término de cinco años, si es sorprendido en un segundo evento; y finalmente con la cancelación de la licencia al ser sorprendido en una tercera ocasión,”.
b) Agréguese en el inciso segundo, a continuación del punto aparte (.), que pasa a ser coma (,), lo siguiente: “además de la suspensión de la licencia de conducir por el término de treinta y seis meses en el caso de producirse lesiones menos graves, y de cinco años en el caso de lesiones graves. En caso de reincidencia, el juez deberá decretar la cancelación de la licencia.”.
c) Agréguese en el inciso tercero, a continuación del punto final (.), que pasa a ser coma (,), lo siguiente: “además de la pena de inhabilidad perpetua para conducir vehículos de tracción mecánica.”.
d) Deróguense los incisos cuarto, quinto y sexto.
6) Modifíquese el artículo 197 de la siguiente forma:
a) Sustitúyase en el inciso cuarto la frase “el juez de garantía podrá decretar, de conformidad a las reglas del Código Procesal Penal, la medida cautelar de retención del carné, permiso o licencia de conductor del imputado, por un plazo que no podrá ser superior a seis meses”, por la siguiente: “el tribunal a petición del fiscal, el querellante o la víctima, podrá decretar la medida cautelar de suspensión provisoria de la licencia de conducir desde que se realice la audiencia de control de detención, debiendo quedar constancia en la hoja de vida del conductor. El tiempo que medie entre dicha audiencia y la dictación de la sentencia se imputará a la condena.”.
b) Modifíquese el inciso quinto de la siguiente manera:
1) Sustitúyase la frase “por estos delitos” por “por los delitos a que se refiere el inciso primero”; y
2) Sustitúyase la frase “En tal caso, el juez podrá imponer, además de cualquiera de las condiciones contempladas en el artículo 238 de dicho Código, la suspensión de la licencia para conducir por un plazo no menor de seis meses ni superior a un año.”, por la siguiente: “En tal caso, el juez podrá imponer cualquiera de las condiciones contempladas en el artículo 238 de dicho Código, debiendo siempre decretar la suspensión, cancelación o inhabilitación perpetua conforme a lo establecido en los artículos 193 y 196, según corresponda. En estos delitos no procederá la atenuante de responsabilidad penal contenida en el número 7 del artículo 11 del Código Penal.”.
c) Incorpórese el siguiente inciso final, nuevo:
“Las penas de suspensión, cancelación o inhabilitación perpetua para conducir vehículos a tracción mecánica o animal, no podrán ser suspendidas, ni aun cuando el juez hiciere uso de la facultad contemplada en el artículo 398 del Código Procesal Penal.”.
7) Sustitúyase el párrafo 3 del Título XVII por el siguiente:
“§ 3. DE LA SUSPENSION E INHABILITACIÓN PARA CONDUCIR VEHICULOS A TRACCIÓN MECÁNICA Y LA CANCELACION DE LA LICENCIA DE CONDUCTOR.”.
8) Modifíquese el artículo 208 de la siguiente forma:
a) Incorpórese el siguiente inciso primero, nuevo, pasando los actuales primero y segundo, a ser segundo y tercero, respectivamente:
“Artículo 208.- La pena de suspensión para conducir vehículos de tracción mecánica o animal conlleva la imposibilidad de usarla durante el tiempo de la condena; la de inhabilitación para conducir vehículos de tracción mecánica o animal conlleva la cancelación de la licencia de conducir o la imposibilidad de obtenerla.”.
b) Elimínense las letras a) y b), pasando las actuales letras c) y d) a ser las nuevas letras a) y b), respectivamente.
c) Incorpórese el siguiente inciso final, nuevo:
“En los casos que como consecuencia de la aplicación de lo dispuesto en los artículos 193 y 196 se hubiere cancelado la licencia de conducir, el juez, transcurridos doce años desde que se canceló la licencia, podrá alzar esta medida cuando nuevos antecedentes permitan estimar fundadamente que ha desaparecido el peligro para el tránsito o para la seguridad pública que importaba la conducción de vehículos motorizados por el infractor.”.
9) Sustitúyase el artículo 209 por el siguiente:
“Artículo 209.- El conductor que hubiere sido condenado a las penas de suspensión o inhabilitación perpetua para conducir vehículos de tracción mecánica o animal, y fuere sorprendido conduciendo un vehículo durante la vigencia de la sanción impuesta, será castigado con prisión en su grado máximo y multa de hasta diez unidades tributarias mensuales.
Si los delitos a que se refieren los artículos 193 y 196 de la presente ley, fueren cometidos por quien no haya obtenido licencia de conducir, o que teniéndola, hubiese sido cancelada o suspendida el tribunal deberá aumentar la pena en un grado.”.
Se designó Diputado Informante al señor Fidel Espinoza Sandoval .
Sala de la Comisión, a 02 de septiembre de 2011.
Tratado y acordado, conforme se consigna en las actas de fecha 17 y 31 de mayo; 14 y 21 de junio; 12 de julio; 2, 9, 16 y 30 de agosto de 2011, con la asistencia de los Diputados Hasbún, don Gustavo ( Presidente ); Auth, don Pepe ; Bobadilla, don Sergio ; Espinoza, don Fidel ; García, don René Manuel ; Hernández, don Javier ; Latorre, don Juan Carlos ; Meza, don Fernando ; Norambuena, don Iván ; Pacheco , doña Clemira ; Pérez, don Leopoldo ; Sepúlveda , doña Alejandra ; Tuma, don Joaquín , y Venegas, don Mario , y del ex Diputado García-Huidobro, don Alejandro .
Se deja constancia que el Diputado Espinoza, don Fidel, concurrió a todas las sesiones en reemplazo de la Diputada Pacheco, doña Clemira.
Se adjunta al presente informe un texto comparado, que contiene la legislación vigente y el texto del proyecto aprobado por la Comisión.
(Fdo.): PATRICIO ÁLVAREZ VALENZUELA , Secretario de la Comisión .”
10. Informe de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo recaído en el proyecto que modifica el plazo de prescripción contenido en el artículo 26 de la ley N° 19.496, sobre Protección de los Derechos del Consumidor. (boletín Nº 7861-03-1)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo pasa a informar el proyecto de ley, de origen en una moción de las Diputadas señoras María José Hoffmann , Andrea Molina , Claudia Nogueira y Mónica Zalaquett , y de los Diputados señores Gonzalo Arenas , Cristián Letelier , Javier Hernández , Carlos Recondo , David Sandoval y Enrique Van Rysselberghe , que se individualiza en el epígrafe, en primer trámite constitucional y reglamentario, sin urgencia.
I. CONSTANCIAS PREVIAS.
1.- Idea matriz o fundamental del proyecto.
Modifica la ley N° 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, con el objeto de aumentar a un año el plazo de prescripción de las acciones que persiguen la responsabilidad contravencional.
2.- Normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado.
No hay.
3.- Trámite de hacienda.
No requiere de dicho trámite.
4.- El proyecto fue aprobado, en general, por unanimidad.
Votaron a favor los diputados señores Gonzalo Arenas , Fuad Chahín , José Manuel Edwards , Carlos Montes , Frank Sauerbaum , Patricio Vallespín y Enrique Van Rysselberghe .
5.- Se designó diputado informante al señor José Manuel Edwards Silva .
La Comisión contó con la asistencia y colaboración de don Alejandro Arriagada , abogado asesor del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
II. ANTECEDENTES.-
Los patrocinantes de esta iniciativa hacen alusión a lo preceptuado en el inciso primero del artículo 26 de la ley N° 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, esto es: “Las acciones que persigan la responsabilidad contravencional que se sanciona por la presente ley prescribirán en el plazo de seis meses, contado desde que se haya incurrido en la infracción respectiva.”. Explican, por otra parte, que en el Código Civil, en materia de prescripción de acciones -artículo 2522-, se distingue entre las de corto y de largo tiempo.
En la actualidad, dicen, el consumidor se ha hecho más responsable respecto de los derechos que la ley le reconoce como tal, y sobre cómo puede ejercerlos frente a los distintos tipos de proveedores que existen en el mercado, sean éstos casas comerciales, institutos, universidades, etc.
En el quehacer diario se observa cómo las personas comunes y corrientes, conscientes de sus derechos ciudadanos, ejercen las acciones que la ley ha dispuesto para los casos en que se contravenga el contrato de compraventa de bienes o servicios. No obstante, aún persisten innumerables situaciones en que los proveedores se han desligado en forma absoluta de toda responsabilidad frente a la mala calidad o publicidad engañosa de los servicios que prestan, amparándose en la prescripción de las acciones que se han pretendido ejercer en su contra, todo ello de conformidad con lo que establece el artículo 26 de la ley N° 19.496, esto es, principalmente, al exiguo tiempo de prescripción de tales acciones.
Es así como se ha tenido que presenciar durante este último tiempo a estudiantes, de diversas casas de estudios superiores o institutos, engañados respecto de las carreras que se encontraban estudiando o de las cuales ya habían egresado, en lo relativo a su campo ocupacional o los lugares donde en el futuro podrían desempeñarse como profesionales. Dichos estudiantes, al momento de querer ejercer sus derechos como consumidores, se vieron mermados en sus posibilidades, puesto que las acciones que se consagran en la ley sobre los derechos de los consumidores se encontraban prescritas.
El plazo de prescripción de las acciones que persiguen la responsabilidad contravencional de los proveedores de bienes o servicios, regulados en la ley N° 19.496, es tan breve que impide a los consumidores alcanzar a reaccionar frente a las infracciones a la ley y exigir su reparación o sanciones correspondientes en un plazo razonable.
Las normas supletorias en materia civil se encuentran contenidas en nuestro Código Civil, el que al tratar el tema de la prescripción de las acciones, distingue entre las de corto y de largo tiempo. Dentro de la prescripción de corto tiempo, el artículo 2522 establece que “prescribe en un año la acción de los mercaderes, proveedores y artesanos por el precio de los artículos que despachan al menudeo. La de toda clase de personas por el precio de servicios que se prestan periódica o accidentalmente; como posaderos, acarreadores, mensajeros, barberos, etc”. Esta norma se encuentra directamente relacionada con las acciones que se consagran en la ley sobre derechos de los consumidores, puesto que da un indicio de cómo debe tratarse el tema del plazo de prescripción de las acciones que se relacionan con el precio de los artículos que los mercaderes, proveedores de bienes y artesanos despachan al menudeo, o el de toda clase de personas por el precio de servicios que prestan periódica o accidentalmente.
Se debe considerar entonces que el artículo 2522 del citado Código marca las pautas básicas y generales respecto al plazo de prescripción de las acciones, y entendiendo que éste le da a esta clase de acciones una prescripción de corto tiempo -1 año-, el plazo contemplado en el mencionado Código es el doble del que se establece en la ley sobre derechos de los consumidores.
Concluyen que en atención a la referida disposición legal la prescripción de las acciones que persigan la responsabilidad contravencional que se sanciona en la ley N° 19.496, no puede tener un plazo menor que el que se establece para la generalidad de los casos en el ordenamiento jurídico, debiendo ser de un año contado desde que se haya incurrido en la infracción respectiva, puesto que de nada sirve que una ley especial, como es la ley sobre los derechos de los consumidores, establezca un plazo para la prescripción de !as acciones aún más corto que el que se dispone en el ordenamiento en general para las denominadas prescripciones de corto tiempo.
Corresponde, por tanto, modificar el artículo 26 de la ley N° 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores, respecto del plazo de prescripción de las acciones que persigan la responsabilidad contravencional sancionada por la referida ley, estableciéndose un plazo acorde a la legislación civil.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.
Consta de un artículo único, que modifica el inciso primero del artículo 26 de la ley N° 19.496, en orden a aumentar -de seis a un año- la prescripción de las acciones que persiguen la responsabilidad contravencional.
III. DISCUSIÓN DEL PROYECTO.
A) Discusión general.
Teniendo en vista las consideraciones y argumentos contenidos en la moción, los señores Diputados fueron de parecer de aprobar la idea de legislar sobre la materia. Se estimó que este es un paso relevante en cuanto a lograr un ámbito de protección mayor de los derechos de millones de chilenos que ven frustrada su posibilidad de lograr una sanción frente a abusos flagrantes del cual son objeto por parte de ciertos proveedores. Que no se divisa la razón por la cual se estableció un plazo tan breve de prescripción y, por ende, es del todo pertinente homologar dicho término al contenido en el Código Civil para las acciones de corto plazo, estableciéndolo en un año. De esta forma se otorga un mayor plazo a las personas para perseguir la responsabilidad contravencional del infractor, evitando dejar impunes las actuaciones de muchos proveedores que ofrecen tanto bienes como servicios de mala calidad.
Puesta en votación general la idea de legislar, se APRUEBA por asentimiento unánime.
B) Discusión particular.
Su artículo único, que aumenta de seis meses a un año el plazo para ejercer la acción contravencional, fue objeto de una indicación complementaria del Diputado señor Chahín , que establece que tratándose del ejercicio de la acción civil ordinaria éste se regirá por los plazos de prescripción contemplados en el Libro IV, Título XLII, del Código Civil.
El artículo único, con la indicación, fue aprobado por asentimiento unánime.
Votaron a favor los Diputados señores Gonzalo Arenas , Fuad Chahín , José Manuel Edwards , Carlos Montes , Frank Sauerbaum , Patricio Vallespín y Enrique Van Rysselberghe .
C) Artículos e indicaciones rechazadas por la comisión.
No hubo.
D) Indicaciones declaradas inadmisibles.
No hubo.
Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, y por las otras consideraciones que en su oportunidad dará a conocer el señor Diputado Informante , la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo recomienda aprobar el siguiente
PROYECTO DE LEY
“Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el inciso primero del artículo 26 de la ley N° 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores:
i.- Reemplázase la expresión “seis meses” por “un año”.
ii.- Agrégase la siguiente frase, a continuación del punto aparte (.), que pasa a ser seguido(.): “Sin perjuicio de lo anterior, la acción civil prescribirá de conformidad a lo establecido en el Libro IV, Título XLII del Código Civil.”.
-o-
Sala de la Comisión, a 01 de septiembre de 2011.
Tratado y acordado en sesión de 30 de agosto de 2011, con asistencia de la Diputada señora Cristina Girardi , y de los Diputados señores Gonzalo Arenas ( Presidente ), Guillermo Ceroni , Fuad Chahín, José Manuel Edwards , Miodrag Marinovic , Carlos Montes , Frank Sauerbaum , Patricio Vallespín , Enrique Van Rysselberghe y Pedro Velásquez .
(Fdo.): ROBERTO FUENTES INNOCENTI, Secretario de la Comisión .”
11. Informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, recaído en el proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo en materia de contrato de trabajo por obra o faena. (boletín N° 7691-13-1).
“Honorable Cámara:
Vuestra Comisión de Trabajo y Seguridad Social pasa a informar, en primer trámite reglamentario, sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción de los Diputados señores Andrade, don Osvaldo ; Becker, don Germán ; Browne, don Pedro ; Edwards, don José Manuel ; García, don René Manuel ; Jiménez, don Tucapel ; Monckeberg, don Nicolás ; Pérez, don Leopoldo ; Sauerbaum, don Frank y Walker, don Matías , que modifica el Código del Trabajo en materia de contrato de trabajo por obra o faena.
A las sesiones que vuestra Comisión destinó al estudio de la referida iniciativa legal asistieron la señora Directora del Trabajo , doña María Cecilia Sánchez Toro y el asesor del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, don Francisco Del Río Correa .
I. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.
1.- Origen y urgencia.
La iniciativa tuvo su origen en una moción de los Diputados señores Andrade, don Osvaldo ; Becker, don Germán ; Browne, don Pedro ; Edwards, don José Manuel ; García, don René Manuel ; Jiménez, don Tucapel ; Monckeberg, don Nicolás ; Pérez, don Leopoldo ; Sauerbaum, don Frank y Walker, don Matías .
2.- Discusión general.
El proyecto fue aprobado, en general, por 8 votos a favor, 5 en contra y 0 abstenciones.
(Votaron a favor las señoras Goic, doña Carolina ; Muñoz , doña Adriana , y Vidal , doña Ximena , y los señores Andrade, don Osvaldo ; Jiménez,don Tucapel ; Monckeberg, don Nicolás ; Saffirio, don René , y Salaberry, don Felipe . En contra lo hicieron la señora Nogueira , doña Claudia , y los Diputados señores Baltolu, don Nino ; Bertolino, don Mario ; Silva, don Ernesto , y Vilches, don Carlos .
3.- Disposiciones calificadas como normas orgánicas constitucionales o de quórum calificado.
En relación con esta materia, a juicio de vuestra Comisión, no existen en el proyecto que se somete a consideración de la Sala normas que revistan el carácter de orgánicas constitucionales ni que requieran ser aprobadas con quórum calificado.
4.- Diputado Informante .
La Comisión designó al señor Monckeberg, don Nicolás , en tal calidad.
II. ANTECEDENTES GENERALES.
1.- Consideraciones preliminares.-
Sostienen los autores de la moción que tanto la doctrina como la jurisprudencia, e incluso la reglamentación que otorga la Dirección del Trabajo, señalan que la contratación laboral puede ser realizada de manera indefinida, a plazo fijo, o por una obra o faena determinada.
En este último caso, agregan, el contrato de trabajo dura lo que demore el trabajador en realizar el trabajo específico pactado. De hecho, la Dirección del trabajo define el contrato por obra o faena como “aquella convención en virtud de la cual el trabajador se obliga con el respectivo empleador a ejecutar una obra material o intelectual específica y determinada, cuya vigencia se encuentra circunscrita o limitada a la duración de aquella.
Señalan, asimismo, que esta clase de trabajadores -así como aquellos que han sido contratados por un plazo fijo- se ven privados de gozar de ciertos beneficios que se encuentran reservados a aquellos trabajadores que cuentan con un contrato de trabajo indefinido, como por ejemplo, la indemnización por años de servicio.
Producto de esta inequidad, expresan los autores, el legislador ha señalado, en el N° 4 del artículo 159 del Código del Trabajo, una presunción meramente legal, por la cual un contrato a plazo puede ser considerado como indefinido. Esta norma señala lo siguiente: “El trabajador que hubiere prestado servicios discontinuos en virtud de más de dos contratos a plazo, durante doce meses o más en un período de quince meses, contados desde la primera contratación, se presumirá legalmente que ha sido contratado por una duración indefinida.”.
Hacen presente los autores que, al tratarse de una presunción legal, el efecto resultante es que se invierte la carga de la prueba: ante un trabajador que logra presentar tres o más contratos a plazo, que suman a lo menos un año de servicio durante un período de quince meses, el empleador está obligado a demostrar que no ha sido contratado indefinidamente, lo que implica una mayor protección para el trabajador.
Lamentablemente, dicha protección sólo ha sido contemplada para el caso del contratado a plazo fijo, y no para el contratado por una determinada obra o faena, por lo que, a los autores, les parece adecuado y necesario modificar el Código del Trabajo, de manera de otorgarle también el carácter de trabajador con contrato indefinido a aquel empleado que presta servicios continuamente, por trabajos específicos, pero que a todas luces son parte de la misma obra general, o se prestan ante el mismo empleador.
3.- Objetivo del proyecto.-
El proyecto que la Comisión de Trabajo y Seguridad Social somete a vuestro conocimiento apunta a modificar el Código del Trabajo en lo relativo al contrato de trabajo por obra o faena, introduciendo una presunción legal de lo que debe entenderse por tal, con el objeto de evitar eventuales malas prácticas laborales destinadas a disfrazar contratos indefinidos como contratos por obra o faena.
4.- Contenido del proyecto.-
En atención a lo expuesto, la presente iniciativa propone introducir modificaciones al artículo 159 Código del Trabajo, en el sentido de presumir legalmente cuando un contrato por obra o faena debe entenderse como indefinido.
Además, contiene un artículo transitorio por medio del cual se establece que la presunción legal que se consagra sólo puede invocarse cuando los servicios del trabajador se hayan prestado en su totalidad a contar de la fecha de vigencia de la presente ley..
III. MINUTA DE LAS IDEAS MATRICES O FUNDAMENTALES DEL PROYECTO.
En conformidad con el N° 1 del artículo 287 del Reglamento de la Corporación y para los efectos de los artículos 69 y 73 de la Constitución Política de la República, como, asimismo, de los artículos 24 y 32 de la Ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, cabe señalar que la idea matriz o fundamental del proyecto es modificar el numeral N° 5 del artículo 159 del Código del Trabajo, introduciendo una presunción legal en materia de contrato de trabajo por obra o faena.
Tal idea matriz se encuentra desarrollada en el proyecto aprobado por vuestra Comisión en un artículo permanente y uno transitorio.
IV. ARTÍCULOS CALIFICADOS COMO NORMAS ORGÁNICAS CONSTITUCIONALES O DE QUÓRUM CALIFICADO.
En relación con esta materia, a juicio de vuestra Comisión, no existen en el proyecto que se somete a consideración de la Sala normas que revistan el carácter de orgánicas constitucionales, ni que requieran ser aprobadas con quórum calificado.
V. DOCUMENTOS SOLICITADOS Y PERSONAS RECIBIDAS POR LA COMISIÓN.
Vuestra Comisión recibió, además de la señora Directora del Trabajo , doña María Cecilia Sánchez Toro , y del asesor del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, don Francisco Del Río Correa , a los señores Augusto Bruna , Asesor de la Mesa Directiva y Fiscal de la Cámara Chilena de la Construcción, y Eduardo Riesco , Fiscal de la Sociedad Nacional de Agricultura.
VI. ARTÍCULOS DEL PROYECTO DESPACHADO POR LA COMISIÓN QUE DEBEN SER CONOCIDOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA.
A juicio de la Comisión, el proyecto no requiere ser conocido por la Comisión de Hacienda.
VII. DISCUSIÓN GENERAL.-
El proyecto en informe fue aprobado, en general, por vuestra Comisión, en su sesión ordinaria de fecha 19 de julio del año en curso, con el voto favorable (8) de las señoras Goic, doña Carolina ; Muñoz , doña Adriana , y Vidal , doña Ximena , y de los señores Andrade, don Osvaldo ; Jiménez,don Tucapel ; Monckeberg, don Nicolás ; Saffirio, don René , y Salaberry, don Felipe . En contra (5) lo hicieron la señora Nogueira , doña Claudia , y los Diputados señores Baltolu, don Nino ; Bertolino, don Mario ; Silva, don Ernesto , y Vilches, don Carlos .
En el transcurso de su discusión general, el Ejecutivo , tanto a través de la señora Directora del Trabajo , doña María Cecilia Sánchez , como del Asesor del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, don Francisco Del Río Correa, señalaron que el Código del Trabajo no establece una definición de lo que se debe entender por contrato de obra o faena y por ello se han producido graves abusos principalmente en el rubro de la metalurgia, por lo que consideran esencial que se aborde la discusión y definición de este tipo de contrato.
Por su parte, el señor Augusto Bruna , Asesor de la Mesa Directiva y Fiscal de la Cámara Chilena de la Construcción, manifestó que en el rubro de la construcción se dan habitualmente relaciones laborales a través de lo que se ha denominado contrato por obra o faena, situación que ha dado lugar a una serie de abusos, en la medida en que los trabajadores ejercen sus labores usualmente para el mismo empleador, incluso por muchos años, sin poder optar a un contrato indefinido y a los consiguientes beneficios sociales y previsionales que ello conlleva.
Agregó que, para la Cámara Chilena de la Construcción, esta situación resulta tremendamente inconveniente, por lo cual su representada valida la moción en discusión, advirtiendo sin embargo que si bien parecería una modificación adecuada para la edificación, cabría considerar que existen otros subsectores ligados a la construcción respecto de los cuales el contrato indefinido no parecería ser la opción ajustada, como por ejemplo, en el desarrollo minero o en el montaje industrial, ya que naturalmente este tipo actividades cuentan con constitución de sindicatos, negociación colectiva e indemnizaciones por años de servicios.
Por su parte, el señor Eduardo Riesco , Fiscal de la Sociedad Nacional de Agricultura, afirmó que la agricultura proporciona 2,5% más empleo que todos los sectores productivos del país y que corresponde al 10% de la fuerza laboral total. Al respecto afirma que la actividad funciona a través de un equilibrio que se ha ido estableciendo en base a la contratación por obra o faena, atendido el carácter transitorio del trabajo, por lo que, en su opinión, cualquier variación que se introduzca en la forma de contratación podría ser negativamente gravitante para la agricultura, ya que si los contratos se transforman en indefinidos se rompería el equilibrio y se agregaría un factor mas que disminuiría la competitividad de la actividad agrícola nacional frente a los mercados internacionales.
En el mismo orden de ideas, el señor Riesco afirmó que por la naturaleza de las labores agrícolas, el contrato indefinido se transformaría en una relación laboral forzada e innecesaria, carente de justificación jurídica y que no favorecería ni al trabajador ni al empleador. En este contexto, indicó, la moción constituye una sanción, un alto costo económico para el agricultor y una distorsión de la estructura laboral del campo actual no favorecería ni al trabajador ni al empleador. En este contexto, el expositor indica que la moción constituye una sanción, un alto costo económico para el agricultor y una distorsión de la estructura laboral del campo actual.
Por su parte, algunas señoras y señores Diputados integrantes de esta instancia legislativa concordaron con la pertinencia de esta iniciativa legal, toda vez que viene a clarificar lo que debe entenderse por un contrato por obra o faena, situación que no se encuentra hoy definida por el Código laboral, sin perjuicio de considerar que la iniciativa legal en Informe debía perfeccionarse en su discusión particular. Por el contrario, algunas otras señoras Diputadas y otros señores Diputados estimaron que el proyecto en discusión podría ser perjudicial para la agricultura en atención a la temporalidad y eventualidad de la actividad, por lo cual, sugirieron que él consagre una distinción más acabada según la actividad productiva, por cuanto estiman que la transformación del contrato por obra o faena en uno indefinido es el camino a la judicialización de la actividad agrícola.
VIII. SÍNTESIS DE LAS OPINIONES DISIDENTES AL ACUERDO ADOPTADO EN LA VOTACIÓN EN GENERAL.
Las señoras y señores Diputados que disintieron del acuerdo aprobatorio adoptado en la discusión general, argumentaron su posición sobre la base de que el proyecto podría ser perjudicial para algunos sectores de la actividad económica, como la agricultura, en atención a la temporalidad y eventualidad de la actividad, por lo cual, sugirieron que él consagre una distinción más acabada según la actividad productiva, por cuanto estiman que la transformación del contrato por obra o faena en uno indefinido es el camino a la judicialización de la actividad agrícola.
Del mismo modo, estimaron que el proyecto rigidiza en alguna forma el mercado laboral, en circunstancias de que la tendencia debiera ser a flexibilizarlo como una forma de incoporar a éste a cada vez más trabajadores.
IX. DISCUSIÓN PARTICULAR.
Vuestra Comisión, en la sesión celebrada el día 30 de agosto del año en curso, sometió a discusión particular el proyecto de ley adoptándose los siguientes acuerdos respecto de su texto:
Artículo Único.- Agrégase, en el artículo 159 N° 5 del Código del Trabajo, el siguiente inciso final, nuevo:
“Se presumirá legalmente que el plazo del contrato es indefinido cuando el trabajador ha prestado servicios en tres o más obras o faenas específicas, para un mismo empleador, mediando entre cada prestación de servicios un lapso no superior a 60 días.”
-Las señoras Goic, doña Carolina , y Muñoz , doña Adriana , y los señores Andrade , Baltolu , Bertolino , Browne , Jimenez , Monckeberg, don Nicolás , Saffirio , Salaberry y Vilches , presentaron indicación para sustituir el inciso final propuesto por el siguiente:
“Se presumirá legalmente que el plazo del contrato es indefinido cuando el trabajador ha prestado servicios continuos o discontinuos en diversas obras o faenas específicas para un mismo empleador durante 240 días o más en un lapso de 12 meses, contados desde la primera contratación.”.
-Sometida a votación fue aprobada por 10 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
(Votaron a favor las señoras Goic, doña Carolina , y Muñoz , doña Adriana , y los señores Andrade , Baltolu , Bertolino , Jimenez , Monckeberg, don Nicolás , Saffirio , Salaberry y Vilches ).
-Los señores Browne , Monckeberg, don Nicolás , y Salaberry , presentaron indicación para agregar el siguiente inciso final al N° 5 del artículo 159:
“Con todo, la presunción señalada en el inciso anterior no se aplicará a los trabajadores cuyos contratos se rijan por el Capítulo II del Título II del Libro Primero de este Código.”.
-Sometida a votación fue aprobada por 10 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
(Votaron a favor las señoras Goic, doña Carolina , y Muñoz , doña Adriana , y los señores Andrade , Baltolu , Bertolino , Jimenez , Monckeberg, don Nicolás , Saffirio , Salaberry y Vilches ).
-Los señores Andrade , Browne , Monckeberg, don Nicolás , y Salaberry , presentaron indicación para agregar el siguiente artículo transitorio nuevo:
“Artículo Transitorio.- La presunción señalada en el artículo permanente, se podrá invocar solamente en tanto los servicios del trabajador en las obras específicas para un mismo empleador, se hayan prestado en su totalidad a contar de la fecha de vigencia de la presente ley.”.
-Sometida a votación fue aprobada por 10 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
(Votaron a favor las señoras Goic, doña Carolina , y Muñoz , doña Adriana , y los señores Andrade , Baltolu , Bertolino , Jimenez , Monckeberg, don Nicolás , Saffirio , Salaberry y Vilches ).
X. ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADAS O DECLARADAS INADMISIBLES POR LA COMISIÓN.
Se encuentran en tal situación las siguientes indicaciones:
-De la señora Nogueira , doña Claudia , y del señor Silva , para reemplazar el artículo único por el siguiente:
“Se presumirá legalmente que el plazo del contrato es indefinido cuando el trabajador ha prestado servicios continuos o discontinuos, en tres o más obras o faenas específicas, para un mismo empleador, durante diez meses o más, en un período de doce meses contados desde la primera contratación.”.
-Sometida a votación fue rechazada por 10 votos a favor, ninguno a favor y ninguna abstención.
(Votaron en contra las señoras Goic, doña Carolina , y Muñoz , doña Adriana , y los señores Andrade , Baltolu , Bertolino , Jimenez , Monckeberg, don Nicolás , Saffirio , Salaberry y Vilches ).
-De la señora Nogueira , doña Claudia , y de los señores Bertolino y Vilches , para sustituir el texto propuesto como inciso final del N° 5 del artículo 159 del Código del Trabajo, por el siguiente:
“Se presumirá legalmente que el plazo del contrato es indefinido cuando el trabajador ha prestado servicios en diversas obras o faenas específicas, para un mismo empleador, durante 240 días o más, en un lapso de doce meses.”.
-Sometida a votación fue rechazada por 10 votos a favor, ninguno a favor y ninguna abstención.
(Votaron en contra las señoras Goic, doña Carolina , y Muñoz , doña Adriana , y los señores Andrade , Baltolu , Bertolino , Jimenez , Monckeberg, don Nicolás , Saffirio , Salaberry y Vilches ).
-o-
Como consecuencia de todo lo expuesto y por las consideraciones que os dará a conocer oportunamente el señor Diputado Informante , vuestra Comisión de Trabajo y Seguridad Social os recomienda la aprobación del siguiente:
PROYECTO DE LEY:
“Artículo único.- Agrégase, en el artículo 159 N° 5 del Código del Trabajo, los siguientes incisos, nuevos:
“Se presumirá legalmente que el plazo del contrato es indefinido cuando el trabajador ha prestado servicios continuos o discontinuos en diversas obras o faenas específicas para un mismo empleador durante 240 días o más en un lapso de 12 meses, contados desde la primera contratación.”.
Con todo, la presunción señalada en el inciso anterior no se aplicará a los trabajadores cuyos contratos se rijan por el Capítulo II del Título II del Libro Primero de este Código.”.
Artículo Transitorio.- La presunción señalada en el artículo permanente, se podrá invocar solamente en tanto los servicios del trabajador en las obras específicas para un mismo empleador, se hayan prestado en su totalidad a contar de la fecha de vigencia de la presente ley.”.
-o-
Se designó diputado informante , a don Nicolas Monckeberg Diaz .
Sala de la Comisión, a 30 de agosto de 2011.
Acordado en sesiones de fechas 12 y 19 de julio y 16 y 30 de agosto del presente año, con asistencia de las Diputadas señoras Goic, doña Carolina ; Muñoz , doña Adriana , Nogueira , doña Claudia , y Vidal , doña Ximena , y de los Diputados señores Andrade ; Baltolu , Bertolino ; Jiménez ; Monckeberg, don Nicolás ; Saffirio ; Salaberry ; Silva y Vilches .
(Fdo.): PEDRO N. MUGA RAMÍREZ, Abogado, Secretario de la Comisión .”
12. Informe de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo recaído en el proyecto que modifica la Ley N° 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, restableciendo el ejercicio del derecho a retracto de los consumidores ante contratos u ofertas a distancia. (boletín Nº 7751-03-1).
“Honorable Cámara:
La Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo pasa a informar el proyecto de ley, de origen en una moción de las Diputadas señoras Carolina Goic y Alejandra Sepúlveda y de los Diputados señores Pedro Araya , Gabriel Ascencio , Eduardo Cerda , Fuad Chahín , Jorge Sabag , René Saffirio , Víctor Torres y Matías Walker , que se individualiza en el epígrafe, en primer trámite constitucional y reglamentario, sin urgencia.
I. CONSTANCIAS PREVIAS.
1.- Idea matriz o fundamental del proyecto.
Modifica la ley N° 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, con el propósito de permitir a éstos ejercer siempre el derecho de retracto –dentro del plazo de 10 días desde la recepción del producto o contratación del servicio-respecto de los contratos celebrados por medios electrónicos, y en aquéllos en que aceptare una oferta realizada a través de catálogos, avisos o cualquier otra forma de comunicación a distancia.
2.- Normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado.
No hay.
3.- Trámite de hacienda.
No requiere de dicho trámite.
4.- El proyecto fue aprobado, en general, por unanimidad.
Votaron a favor la diputada señora Cristina Girardi y los diputados señores Gonzalo Arenas , Fuad Chahín , José Manuel Edwards , Carlos Montes , Frank Sauerbaum , Patricio Vallespín y Enrique Van Rysselberghe .
5.- Se designó diputada informante a la señora Cristina Girardi Lavín .
-o-
La Comisión contó con la asistencia y colaboración de don Alejandro Arriagada , abogado asesor del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
II. ANTECEDENTES.-
Precisan los autores de esta iniciativa que la ley N° 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores, contempla entre sus normas el derecho a retracto, esto es, la facultad que tiene el consumidor de poner término de manera unilateral a un contrato de compraventa de bienes y/o servicios, sin expresión de causa y cumpliendo ciertos plazos y requisitos expresamente señalados en la ley, en particular en sus artículos 3º bis y 3º ter.
Agregan que en el caso particular del derecho a retracto establecido en el artículo 3° bis, específicamente en la letra b), es posible identificar una limitación expresa al efectivo ejercicio de este derecho cuando se trata de contratos celebrados mediante medios electrónicos u ofertas hechas a distancia. Lo anterior, no sólo constituye una inconsistencia al tenor del tratamiento que la ley otorga a este derecho en su texto en general, sino que también resulta del todo injusta y arbitraria tal limitación cuando se hace sólo respecto de los consumidores que celebran dichos contratos o aceptan dichas ofertas y no se hace respecto de los demás consumidores señalados en el artículo 3° bis, letra a) y en el artículo 3° ter.
Estiman imprescindible restablecer íntegramente el derecho a retracto tal cual se concibe no solo en la ley en cuestión, sino que en todo nuestro ordenamiento jurídico, permitiendo su efectivo ejercicio por parte de los consumidores que realizan contratos a través de medios electrónicos o aceptan ofertas hechas a distancia.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.
Consta de un artículo único, que modifica el inciso primero de la letra b) del artículo 3º bis de la ley N° 19.496, en el sentido de eliminar la limitación que permite al proveedor impedir el ejercicio del derecho a retracto por parte del consumidor en caso de contratos celebrados en forma electrónica o a través de ofertas a distancia.
III. DISCUSIÓN DEL PROYECTO.
A) Discusión general.
Teniendo en vista las consideraciones y argumentos contenidos en la moción, los señores Diputados fueron de parecer de aprobar la idea de legislar sobre la materia. Se estimó que una forma de fortalecer el derecho del consumidor es, precisamente, otorgando mayor espacio de libertad en el ejercicio del mismo, lo que se traduce en que el proveedor, bajo circunstancia alguna, pueda privar del derecho a retracto del consumidor respecto de los contratos celebrados por medios electrónicos, y en aquéllos en que aceptare una oferta realizada a través de catálogos, avisos o cualquier otra forma de comunicación a distancia.
Puesta en votación general la idea de legislar, se APRUEBA por asentimiento unánime.
B) Discusión particular.
Su artículo único, que elimina la facultad del proveedor de impedir el ejercicio del derecho de retracto por parte del consumidor, tratándose de contratos celebrados por medios electrónicos o por medio de ofertas a distancia, fue aprobado, por unanimidad, en los mismos términos.
Votaron a favor la Diputada señora Cristina Girardi y los Diputados señores Gonzalo Arenas , Fuad Chahín , José Manuel Edwards , Carlos Montes , Frank Sauerbaum , Patricio Vallespín y Enrique Van Rysselberghe .
C) Artículos e indicaciones rechazadas por la comisión.
No hubo.
D) Indicaciones declaradas inadmisibles.
No hubo.
Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, y por las otras consideraciones que en su oportunidad dará a conocer la señora Diputada Informante , la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo recomienda aprobar el siguiente
PROYECTO DE LEY
“Artículo único.- Elimínanse en el inciso primero de la letra b) del artículo 3º bis de la ley N° 19.496, luego del vocablo “distancia”, la coma(,) y la frase “a menos que el proveedor haya dispuesto expresamente lo contrario”.”.
-o-
Sala de la Comisión, a 01 de septiembre de 2011.
Tratado y acordado en sesión de 30 de agosto de 2011, con asistencia de la Diputada señora Cristina Girardi y de los Diputados señores Gonzalo Arenas ( Presidente ), Guillermo Ceroni , Fuad Chahín, José Manuel Edwards , Miodrag Marinovic , Carlos Montes , Frank Sauerbaum , Patricio Vallespín , Enrique Van Rysselberghe y Pedro Velásquez .
(Fdo.): ROBERTO FUENTES INNOCENTI, Secretario de la Comisión .”
13. Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana sobre el proyecto de acuerdo que aprueba el acuerdo sobre medidas del estado rector del puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, aprobado el 22 de noviembre de 2009, por la conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en su 36° periodo de sesiones. (boletín N° 7160-10-1)
“Honorable Cámara:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana pasa a informar sobre el proyecto de acuerdo del epígrafe, que se encuentra sometido a la consideración de la H. Cámara, en segundo trámite constitucional, con urgencia calificada de “suma”, y de conformidad con lo establecido en los artículos 32, N° 15 y 54, N° 1, de la Constitución Política de la República.
I. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.
Para los efectos constitucionales, legales y reglamentarios correspondientes, y previamente al análisis de fondo de este instrumento, se hace constar lo siguiente:
1°) Que la idea matriz o fundamental de este Proyecto de Acuerdo, como su nombre lo indica, es aprobar el “Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto Destinadas a Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, no Declarada y no Reglamentada, aprobado el 22 de noviembre de 2009, por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en su 36° periodo de sesiones.
2°) Que este Proyecto de Acuerdo no contiene normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado, ni requiere ser conocido por la Comisión de Hacienda, de acuerdo con lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
3°) Que la Comisión aprobó el Proyecto de Acuerdo por la unanimidad de las Diputadas y Diputados presentes (8) señora Molina , doña Andrea , y señores Bauer, don Eugenio ; Edwards, don José Manuel ; Jarpa, don Carlos Abel ; Moreira, don Iván ; Nuñez, don Marco Antonio ; Tarud, don Jorge , y Teillier, don Guillermo .
4°) Que Diputado Informante fue designado el señor Nuñez, don Marco Antonio .
II. ANTECEDENTES.
Según lo señala el propio Mensaje, el sistema de Naciones Unidas, incluyendo la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Comité de Pesca de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación “FAO”, solicitó en el año 2007 que se elaborara un instrumento jurídicamente vinculante sobre normas mínimas para ser aplicadas en los puertos, destinadas a combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).
Agrega que este Acuerdo fue el resultado de ese proceso, que se realizó sobre la base del plan de acción internacional para prevenir la pesca INDNR (2001), así como en el modelo de sistema diseñado por la FAO para este mismo fin.
Añade el Ejecutivo que el referido instrumento genera los incentivos necesarios para que los Estados compartan un estándar internacional con medidas mínimas en pos de asegurar que las actividades que se desarrollan en sus puertos por parte de naves extranjeras no socaven las medidas de conservación y ordenamiento que se hayan adoptado conforme con las prácticas recomendadas por la comunidad internacional, y, en particular, con las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, del Acuerdo de las Naciones Unidas relativo a la Conservación y Ordenación de las Poblaciones de Peces Transzonales y las Poblaciones de Peces Altamente Migratorios y del Acuerdo para Promover el Cumplimiento de las Medidas Internacionales de Conservación y Ordenación.
El Mensaje indica que este instrumento contribuirá a una adecuada gestión pesquera en alta mar, de especial importancia para Chile, con miras a la celebración de acuerdos regionales de regulación pesquera para la adopción de medidas de ordenación y conservación de las pesquerías en el Pacífico Sur y frente a las pretensiones de Estados de aguas distantes, en la medida en que permite condicionar la entrada y uso de nuestros puertos al cumplimiento de un conjunto de normas cuya fiscalización será fundamental para Chile.
Señala también que la adopción de este Acuerdo representa, igualmente, una importante ventaja para nuestro país, cual es la de reforzar las potestades de los Estados para combatir la pesca INDNR, lo que refleja una clara voluntad de la FAO y de la Comunidad Internacional por terminar con prácticas pesqueras que sólo contribuyen a elevar a niveles inaceptables el riesgo de conservación de los recursos pesqueros y sus ecosistemas marinos.
Este Acuerdo, añade el Gobierno, debe convertirse en una forma esencial de cooperación, buscando con ello asegurar que los puertos se transformen en instancias de control efectivas para garantizar que la obtención de las capturas a bordo de las naves que desean utilizar sus instalaciones portuarias para fines de desembarque, transbordo o apoyo logístico, se lleve a cabo de manera compatible con la conservación.
A este fin, agrega, contribuye en particular el hecho que los Estados rectores de los puertos, además son Estados ribereños, y, por lo tanto, tienen un doble compromiso con la conservación, en especial respecto de los recursos que califican como transzonales o altamente migratorios.
Destaca el Mensaje que para Chile las normas que contendrá este nuevo Acuerdo deben ser siempre entendidas como un conjunto mínimo de acciones, y, por lo mismo, no serán un impedimento para que sean complementadas por otras medidas más estrictas.
A continuación, el Ejecutivo indica que este instrumento internacional tiene por objetivo establecer un conjunto mínimo de medidas que deben aplicar los Estados en sus puertos (de ahí la categoría “Estado rector del puerto”) para combatir la INDNR, reconociendo que tales medidas ofrecen medios eficaces y rentables para contribuir a ese fin.
Añade que el Estado rector del puerto queda obligado a adoptar una serie de medidas de control para velar que en sus puertos sólo puedan entrar y utilizar sus instalaciones y servicios portuarios aquellas naves que no siendo de su pabellón, cumplan con las medidas de conservación y ordenamiento pesquero que le son aplicables.
El Acuerdo establece en sus disposiciones que estas medidas deben ser consideradas como “medidas mínimas”, entendiendo que en el ejercicio de su soberanía sobre los puertos situados en su territorio los Estados pueden adoptar medidas más estrictas, de conformidad al Derecho Internacional.
Por último, el Mensaje señala que se trata, en consecuencia, de que estas medidas ofrezcan una base de regulación que constituya un estándar internacional aplicable por los denominados “Estados rectores del puerto”.
III. CONTENIDO DEL ACUERDO
El Acuerdo se encuentra estructurado sobre la base de un Preámbulo, en el cual las Partes consignan los motivos que los determinaron a adoptarlo, 37 artículos, y 5 Anexos (A, B, C, D y E).
El artículo 1, establece ciertas definiciones relativas a los términos empleados en él para la aplicación del mismo, entre ello lo que ha de entenderse por: “medidas de conservación y ordenación”, “peces” o “pescado”, “pesca”, “actividades relacionadas con la pesca”, “pesca ilegal, no declarada y no reglamentada”, “Parte”, “puerto”, “organización regional de integración económica”, “organización regional de ordenación pesquera”, y “buque”.
El Acuerdo, como ya se ha señalado, tiene como objetivo combatir la pesca INDNR, concepto cuyo alcance se consigna en el artículo 1, letra e), del mismo, haciéndose referencia a las actividades mencionadas en el párrafo 3 del Plan de acción internacional (PAI) de la FAO del año 2001, para prevenir, desalentar y eliminar la pesca INDNR. Por lo tanto, la definición precisa del concepto de pesca INDNR, que está contenida en el PAI de la FAO, es la siguiente:
“3.1 Por pesca ilegal se entiende las actividades pesqueras:
3.1.1 realizadas por embarcaciones nacionales o extranjeras en aguas bajo la jurisdicción de un Estado, sin el permiso de éste, o contraviniendo sus leyes y reglamentos;
3.1.2 realizadas por embarcaciones que enarbolan el pabellón de Estados que son partes de una organización regional de ordenación pesquera competente, pero faenan contraviniendo las medidas de conservación y ordenación adoptadas por dicha organización y en virtud de las cuales están obligados los Estados, o las disposiciones pertinentes del derecho internacional aplicable; o
3.1.3 en violación de leyes nacionales u obligaciones internacionales, inclusive las contraídas por los Estados cooperantes con respecto a una organización regional de ordenación pesquera competente.
3.2 Por pesca no declarada se entiende las actividades pesqueras:
3.2.1 que no han sido declaradas, o han sido declaradas de modo inexacto, a la autoridad nacional competente, en contravención de leyes y reglamentos nacionales; o
3.2.2 llevadas a cabo en la zona de competencia de una organización regional de ordenación pesquera competente, que no han sido declaradas o han sido declaradas de modo inexacto, en contravención de los procedimientos de declaración de dicha organización.
3.3 Por pesca no reglamentada se entiende las actividades pesqueras:
3.3.1 en la zona de aplicación de una organización regional de ordenación pesquera competente que son realizadas por embarcaciones sin nacionalidad, o por embarcaciones que enarbolan el pabellón de un Estado que no es parte de esa organización, o por una entidad pesquera, de una manera que no está en consonancia con las medidas de conservación y ordenación de dicha organización, o que las contraviene; o
3.3.2 en zonas o en relación con poblaciones de peces respecto de las cuales no existen medidas aplicables de conservación u ordenación y en las que dichas actividades pesqueras se llevan a cabo de una manera que no está en consonancia con las responsabilidades relativas a la conservación de los recursos marinos vivos que incumben al Estado en virtud del derecho internacional.”.
Al considerar esta definición, en la que se hace referencia explícita a los 3 tipos de actividades que deben ser combatidas como son la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, el Acuerdo está contribuyendo a reforzar un concepto que ha recibido amplio respaldo de la comunidad internacional pero que igualmente necesita seguir reafirmándose. Cabe hacer presente que este es un tema altamente complejo y llegar a un consenso sobre su definición demandó años de negociaciones que culminaron con la adopción del PAI-INDNR el año 2001.
Por otra parte, en cuanto al ámbito de aplicación, este Acuerdo regula a buques pesqueros y a aquellas embarcaciones que prestan apoyo a tales actividades para lo cual se ha definido el concepto de “actividades relacionadas con la pesca” las cuáles quedan incluidas en la definición de “buque”. Esta definición se alinea con la tendencia observada en las organizaciones regionales de ordenamiento pesquero en las cuáles se han estado adoptando regulaciones que también consideran a embarcaciones que prestan servicios a las naves pesqueras, todo esto con la finalidad de dar mayor eficacia a las medidas de conservación y ordenamiento pesquero. En ese sentido el Acuerdo recoge y refuerza esta tendencia lo que constituye un aporte del mismo.
Un tercer elemento relevante es que el Acuerdo debe ser aplicado por los Estados Puerto a todo barco que entre a sus puertos que no sean de su pabellón, estableciéndose 2 excepciones: a) buques de países limítrofes que realicen pesca artesanal de subsistencia, siempre que haya cooperación entre ambos Estados para que dichos buques no incurran en pesca INDNR ni con actividades que la apoyen, y b) buques porta contenedores que no transporten pescado o que aún cuando lo lleven éste se haya desembarcado en forma previa, siempre que no existan motivos fundados para sospechar que dichas naves han apoyado actividades de pesca INDNR.
Al respecto, el Acuerdo al dejar expresamente señaladas las excepciones respecto a su aplicación, despeja las dudas que podrían debilitar su eficacia. Finalmente, en este punto debe destacarse que por ser este Acuerdo uno de carácter mundial aplicable a todos los puertos, se llama a otras entidades a manifestar su compromiso de actuar de manera consistente con sus disposiciones.
El artículo 2 señala el objetivo, cual es prevenir, desalentar y eliminar la pesca INDNR, mediante la aplicación de medidas eficaces del Estado rector del puerto, garantizando así el uso sostenible y la conservación a largo plazo de los recursos marinos vivos y los ecosistemas marinos.
Luego, el artículo 3 regula la forma en que cada Estado Parte aplicará el Convenio.
El artículo 4 establece que este Acuerdo no afecta la soberanía de las Partes sobre sus aguas jurisdiccionales ni el ejercicio de soberanía sobre sus puertos, incluida la denegatoria de entrada o el adoptar medidas más estrictas que las del Acuerdo.
Además, en el artículo 5 se hace mención a que las medidas del Acuerdo deben ser coordinadas con un sistema más amplio de controles y con otras medidas destinadas a combatir la pesca INDNR teniendo en cuenta el PAI 2001. Dispone, además, que se deben adoptar medidas para el intercambio de información entre organismos nacionales competentes y para la coordinación de actividades, al ejecutar el Acuerdo. En el mismo sentido, el artículo 6 señala la obligación de intercambiar información entre los Estados, con FAO y con otras organizaciones internacionales y organizaciones regionales de ordenación pesquera en relación con el objetivo del Acuerdo.
A su vez, el artículo 7 regula la designación de puertos.
Los artículos 8, 9, 10 y 11 contienen las disposiciones específicas asociadas a la entrada y al uso de los puertos. En ellos se establece un conjunto de obligaciones de los Estados para que éstos ejerzan su rol fiscalizador del cumplimiento de las medidas de conservación y ordenamiento que les son aplicables a las naves de pabellón extranjero que desean recalar a sus puertos para utilizar sus servicios e instalaciones portuarias.
Para cumplir con tal propósito, los Estados deben designar y dar publicidad a los puertos que quedarán habilitados para la entrada de buques, los que en la mayor medida posible, deberán contar con capacidad suficiente para realizar las inspecciones, en virtud del presente Acuerdo.
Las obligaciones para los Estados del puerto se dan en dos etapas, antes de que la nave recale a sus puertos y luego cuando ya se encuentra en sus puertos. En ambas etapas el Estado Rector del puerto debe cumplir las disposiciones contenidas en el Acuerdo, siendo las principales de ellas las siguientes:
a. Antes de la recalada debe existir una solicitud de entrada a puerto. Para estos efectos, cada buque debe solicitar autorización previa para entrar a los puertos habilitados entregando con antelación, al menos, la información consignada en el anexo A del acuerdo, el cual contiene un listado de información relativa a:
- Identificación de la nave, fechas previstas de entrada y lugar (puerto);
- Identificación de armador y capitán o patrón del buque;
- Detalles de las autorizaciones de pesca pertinentes;
- Detalles de las autorizaciones pertinentes de transbordo y de operaciones; y
- Capturas a bordo y a desembarcar.
Cada Parte, una vez recibida la información pertinente decidirá si autoriza o deniega la entrada a puerto en función de si el buque que solicita la entrada ha incurrido o no en actividades de pesca INDNR.
En caso de denegarse el acceso, debe ser comunicado al Estado del Pabellón y en la medida de lo posible a Estados ribereños interesados, organizaciones regionales de ordenación pesquera y otras organizaciones internacionales. No se autorizará la entrada a puerto a buques cuando su nombre figure en las listas de aquellos que han incurrido en actividades INDNR elaboradas por una organización regional de ordenamiento pesquero de conformidad al Derecho Internacional.
Con todo, las naves pueden ser autorizadas a ingresar a puertos sólo para efectos de inspeccionarlas y para adoptar medidas apropiadas de conformidad al Derecho Internacional, tan eficaces como la denegación de entrada a puerto.
Si uno de esos buques entra a puerto, se debe denegar el uso de instalaciones portuarias a efecto de desembarque, transbordo, empaquetado y procesamiento de pescado, así como otros servicios incluidos, el repostaje, reabastecimiento, mantenimiento y entrada a dique seco.
En el artículo 8 se salvaguarda la entrada a puerto en caso de fuerza mayor o dificultad grave y se deja constancia que no se podrá impedir la entrada a puerto a un buque exclusivamente con la finalidad de prestar auxilio a personas, embarcaciones o aeronaves en situación de peligro o dificultad grave.
Estas disposiciones son compatibles con los procedimientos actualmente utilizados en nuestro país respecto a la pesca no regulada que se desarrolla en alta mar sobre especies transzonales y altamente migratorias, y que se derivan de la aplicación de la política de uso de puertos por naves pesqueras extranjeras que pescan en el alta mar adyacente a nuestro país (DS. Nº 123, del año 2004).
b. Una vez en puerto. El Acuerdo establece en su artículo 11 que cuando un buque haya entrado en uno de sus puertos, la Parte denegará a dicho buque, el uso del puerto para el desembarque, transbordo, empaquetado o procesamiento de pescado que no haya sido desembarcado previamente así como otros servicios portuarios, incluidos, entre otros, el repostaje, el reabastecimiento, el mantenimiento y la entrada en dique seco, cuando se dan algunas de las condiciones señaladas en el artículo 9, entre las que destacan las siguientes:
- El buque no cuenta con la autorización válida y pertinente;
- Se reciban evidencias fundadas que el pescado que se encuentra a bordo ha sido capturado contraviniendo los requisitos que le son aplicables;
- El Estado del pabellón no confirme dentro de un plazo razonable, a petición del Estado rector del puerto, que el pescado que se encuentra a bordo se ha capturado de conformidad con los requisitos aplicables;
- Existan motivos razonables para considerar que el buque ha incurrido de algún modo actividades de pesca INDNR o actividades relacionadas con la pesca en apoyo de la pesca INDNR.
Las denegatorias deberán informarse y también pueden revocarse cuando haya evidencia que los motivos que la fundaron fueron erróneos, inadecuados o ya no existen.
Queda salvaguardado el caso de fuerza mayor, pues no se denegará el uso de los servicios portuarios esenciales para la seguridad o la salud de la tripulación o para la seguridad del buque, siempre que dichas necesidades estén debidamente probadas o, para el desguace del buque.
A continuación, los artículos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 conforman la Parte 4 del Acuerdo, que tratan las inspecciones y acciones de seguimiento.
a. Las inspecciones. El artículo 12 establece el compromiso de los Estados a ejecutar un número de inspecciones en puerto que permitan alcanzar el objetivo del Acuerdo y fija criterios para priorizar naves que deberán inspeccionarse. Por su parte, el artículo 13 prevé un conjunto de normas a las que deben atenerse las inspecciones con el objetivo de garantizar que éstas se desarrollen de manera que no constituyan un obstáculo arbitrario. Al respecto el Anexo B contiene los elementos esenciales del procedimiento de inspección del Estado Rector del Puerto. Finalmente, los artículos 14 y 15 señalan la obligación de generar un informe de las inspecciones y de difundirlo entre un conjunto de interesados, destacando siempre el Estado del Pabellón de la nave inspeccionada. Para estos efectos, el Anexo C contiene un formato del informe de inspección que deberá elaborarse.
b. Los inspectores. El artículo 17 precisa que los Estados deben velar por que sus inspectores estén debidamente capacitados, para lo cual el Anexo E contiene las directrices a considerar en los programas de capacitación, entre los que se incluyen materias como ética; aspectos de salud, protección y seguridad; normativa nacional aplicable, ámbitos de competencia y medidas de conservación y gestión de las OROP pertinentes, así como el Derecho Internacional aplicable; recopilación, evaluación y conservación de pruebas; procedimientos generales de inspección, como la redacción de informes y las técnicas de entrevista; embarque e inspección de buques, en particular las inspecciones de carga y el cálculo de los volúmenes de carga del buque; y medidas que deben tomarse después de una inspección, entre otras.
c. Intercambio de información. El artículo 16 establece la obligación de las Partes de contar con un mecanismo de comunicaciones, para el intercambio electrónico directo de información relativa a la aplicación de este Acuerdo. Esta disposición es fundamental pues la eficacia de muchas inspecciones en puerto depende de contar oportunamente con información. Para estos efectos, cada Parte debe designar un “punto de contacto” que debe ser notificado a FAO, y se obliga a los Estados a que sus “sistemas de información sobre medidas del Estado rector del puerto” consideren los criterios contenidos en el Anexo D, relativos principalmente al uso del sistema internacional de codificación.
d. Medidas tras la inspección. El artículo 18 dispone que en aquellos casos en que, tras realizar una inspección, existan motivos fundados para considerar que un buque ha incurrido en actividades de pesca INDNR o actividades relacionadas con la pesca en apoyo de la pesca INDNR, la Parte que realiza la inspección denegará el uso de su puerto al buque con fines de desembarque, transbordo, empaquetado y procesamiento de pescado que no haya sido desembarcado previamente, así como para los otros servicios portuarios, incluidos, entre otros, el repostaje, el reabastecimiento, el mantenimiento y la entrada en dique seco. Esta medida deberá informarla a distintos interesados destacando el Estado del Pabellón del buque al que se le ha denegado uso de puertos.
Se salvaguarda el uso de los servicios portuarios esenciales para la seguridad o la salud de la tripulación o para la seguridad del buque y además se señala que ninguna disposición del presente Acuerdo impedirá a una Parte que adopte medidas que sean conformes con el Derecho internacional, además de las referidas en el artículo 18.
En general las disposiciones de esta Parte 4 del Acuerdo, dejan claramente establecido que la sanción que deben aplicar los Estados Rectores del Puerto se relaciona con la denegatoria ya sea de entrada a su puerto o de uso de sus puertos cuando existan motivos fundados para considerar que un buque ha incurrido en actividades de pesca INDNR o actividades relacionadas con la pesca en apoyo de la pesca INDNR.
e. Recursos en contra de los Estados Rectores del Puerto. Se establece la obligación de que cada Parte mantenga a disposición del público y proporcione al propietario, operador, capitán, patrón o representante de un buque, que lo soliciten por escrito, la información pertinente sobre los distintos recursos a los que ellos pueden recurrir cuando se adopten decisiones que ellos consideren que les ha causado daños y perjuicios con relación a la aplicación de los artículos 9, 11, 13 y 18 del Acuerdo, incluyendo la información sobre los servicios públicos o instituciones judiciales disponibles para ese fin, así como sobre si existe derecho a solicitar indemnización, de conformidad con su leyes y reglamentos nacionales.
El artículo 20 dispone que los Estados del Pabellón deben exigir a los buques que enarbolen su pabellón a que cooperen con el Estado Rector del Puerto en las inspecciones que se llevan a cargo según este Acuerdo y los alentará a que desembarquen, transborden, empaqueten y procesen pescado y utilicen otros servicios portuarios, en los puertos de Estados que actúen de manera conforme a este Acuerdo o compatible con él.
Complementariamente, los Estados del Pabellón cuando tengan motivos para suponer que uno de sus buques ha incurrido en pesca INDNR o en actividades de apoyo a pesca INDNR, debe solicitar al Estado Rector del Puerto que lo inspeccione. Asimismo, si el Estado del Pabellón recibe un informe tras una inspección, en el que se indique la existencia de motivos para considerar que un buque de su pabellón ha incurrido en actividades de pesca INDNR o en actividades de apoyo a pesca INDNR, debe iniciar una investigación completa sin demora y cuando tenga evidencias suficiente, debe aplicar medidas coercitivas según su legislación interna. Las acciones adoptadas, que debieran ser efectivas, serán informadas a los Estados rectores del puerto que corresponda y, según proceda, a otros Estados y organizaciones regionales de ordenación pesquera que corresponda, así como a la FAO.
Estas disposiciones son necesarias toda vez que la efectividad de las medidas del presente Acuerdo no sólo se relaciona con no dar acceso o uso de puertos sino también con la aplicación de sanciones cuando se han detectado incumplimientos, las que de acuerdo al Derecho Internacional, deben ser aplicadas por los Estados del Pabellón.
El artículo 21 contiene disposiciones orientadas a incrementar las capacidades de los países en desarrollo para que puedan aplicar las medidas que les corresponda como Estado Rector del Puerto. Este artículo tiene un completo desarrollo para darle la eficacia que requiere.
Estas disposiciones del Acuerdo son necesarias toda vez que la pesca INDNR utiliza frecuentemente áreas geográficas en las que las probabilidades de detectarlos son escasas y esas condiciones suelen darse en Estados con bajas capacidades para aplicar las medidas que propone este Acuerdo.
El Acuerdo contempla en el artículo 22, las instancias y normas a las que deben someterse las Partes en caso de controversias acerca de su interpretación o aplicación.
Las reglas que se contemplan tienden a impedir, una vez que se hayan agotado las consultas previas entre las Partes en conflicto y las instancias judiciales de la Corte Internacional de Justicia, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar y el arbitraje, que una controversia quede sin solución, porque en el supuesto indicado, las Partes deberán siempre continuar sus consultas y cooperar a fin de llegar a solucionar la controversia de conformidad con los principios que informan el Derecho Internacional, relativo a la conservación de los recursos marinos vivos.
Por su parte, el artículo 23 regula a los Terceros presentes al Acuerdo, tanto para que adhieran al Acuerdo como para desalentarlos a realizar actividades que lo contravengan.
El artículo 24 establece que debe haber una evaluación regular y sistemática de la aplicación del Acuerdo y se fija una reunión con este propósito luego de transcurridos cuatro años de su entrada en vigor.
Finalmente, los artículos 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 37 tratan de la firma; ratificación, aceptación o aprobación; adhesión; participación de las organizaciones regionales de integración económica; entrada en vigor; reservas y excepciones; declaraciones; aplicación provisional; enmiendas; anexos; denuncia; depositario, y textos auténticos, respectivamente.
IV. DISCUSIÓN EN LA COMISIÓN Y DECISIÓN ADOPTADA.
En el estudio de este Proyecto de Acuerdo la Comisión contó con la asistencia y colaboración del señor Ministro de Relaciones Exteriores , don Alfredo Moreno Charme , del señor José Aníbal Fernández , Subdirector de la Dirección de Medio Ambiente, Antártica y Asuntos Marítimos, y del señor Alvaro Espinoza , Jefe del Departamento OMC , Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales.
El señor Ministro de Relaciones Exteriores , además de refrendar los fundamentos del Mensaje que le da origen, explicó que este Acuerdo fue aprobado por la Conferencia de la FAO en su 36° período de sesiones, el 22 de noviembre de 2009, luego de cuatro reuniones de una Consulta Técnica en la que Chile tuvo una activa participación e influencia en la redacción de su articulado.
Asimismo, señaló que el sector pesquero es de gran relevancia para la economía chilena y que la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca INDNR) representa una de las principales amenazas a la sustentabilidad de los recursos vivos marinos. A la vez, afirmó que este tipo de actividad puede darse tanto dentro como fuera de las aguas jurisdiccionales, pero es más difícil de controlar en alta mar, donde la responsabilidad principal es del Estado del pabellón, el que no siempre ejerce o está en condiciones de ejercer efectivamente su jurisdicción.
En este contexto, manifestó, el Acuerdo busca contribuir a enfrentar la pesca INDNR, a través de medidas adoptadas por los Estados del puerto, las cuales son del todo coherentes con aquellas que Chile aplica actualmente, en especial con la Política Nacional de Acceso a Puertos para Naves Pesqueras de Bandera Extranjera (D.S. 123/2004 revisado por el D.S. 329/2009), que incluye a las naves que prestan apoyo logístico a los barcos de la pesca.
El señor Canciller explicó que el Acuerdo es positivo para los intereses de nuestro país como Estado del Puerto y como Estado Ribereño, principalmente debido a que reconoce la soberanía del Estado sobre sus terminales portuarias, validando las políticas que éste determine para el acceso de las naves de bandera extranjera a sus puertos, y no impidiendo la aplicación de medidas más estrictas; mejora la aplicación de las medidas de fiscalización como una acción fundamental para la conservación de los recursos pesqueros; establece un estándar mínimo internacional a ser aplicado por las Partes en sus respectivos puertos a fin de reducir los terminales que sirvan de apoyo a la pesca INDNR, lo cual es particularmente importante, por ejemplo, para la industria del jurel, por cuanto es una especie que cuenta con alta movilidad, y promueve la cooperación regional con el objeto de evitar la disponibilidad de puertos de conveniencia relativamente cercanos que representen una alternativa para eludir una fiscalización rigurosa.
A modo de conclusión, el señor Canciller señaló que el acuerdo está en línea con la regulación chilena en la materia y destaca que su aprobación contribuirá al resguardo de los intereses de nuestro país como Estado del Puerto y como Estado ribereño.
Por su parte, la señora Diputada y señores Diputados presentes expresaron unánimemente su decisión favorable a la aprobación de este Proyecto de Acuerdo, que viene a ratificar el objetivo estratégico del país que tiene entre sus finalidades promover la cooperación regional para evitar la disponibilidad de puertos de conveniencia que representen una alternativa para eludir una fiscalización rigurosa en la explotación de los recursos pesqueros, lo que es particularmente relevante en el caso de los recursos transzonales y los altamente migratorios.
Por ello, por 8 votos a favor, ningún voto en contra y cero abstención prestaron su aprobación al Proyecto de Acuerdo en informe, la Diputada señora Molina , doña Andrea , y los señores Bauer, don Eugenio ; Edwards, don José Manuel ; Jarpa, don Carlos Abel ; Moreira, don Iván ; Nuñez, don Marco Antonio , Tarud, don Jorge , y Teillier, don Guillermo .
V. MENCIONES REGLAMENTARIAS.
En conformidad con lo preceptuado por el artículo 289 del Reglamento de la Corporación, se hace presente que vuestra Comisión no calificó como normas de carácter orgánico o de quórum calificado ningún precepto contenido en Proyecto de Acuerdo en informe. Sin embargo, ella determinó que sus preceptos deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda por tener, eventualmente, incidencia en materia presupuestaria o financiera del Estado.
Como consecuencia de los antecedentes expuestos y visto el contenido formativo del Acuerdo en trámite, la Comisión decidió por la unanimidad antes señalada recomendar a la H. Cámara aprobar dicho instrumento, para lo cual propone adoptar el artículo único del Proyecto de Acuerdo, cuyo texto es el siguiente:
PROYECTO DE ACUERDO
“Artículo único.- Apruébase el “Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto Destinadas a Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, no Declarada y no Reglamentada, aprobado el 22 de noviembre de 2009 por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en su 36° período de sesiones.”.”.
-o-
Discutido y despachado en sesión de fechas 30 de agosto de 2011, celebradas bajo la presidencia del H. Diputado don Carlos Abel Jarpa Wevar , y con la asistencia de la Diputada señora Molina , doña Andrea , y los Diputados señores Bauer, don Eugenio ; Cerda, don Eduardo ; Díaz, don Marcelo ; Edwards, don José Manuel ; Moreira, don Iván ; Nuñez, don Marco Antonio ; Saffirio, don René ; Tarud, don Jorge , y Teillier, don Guillermo .
Se designó Diputado Informante al señor Nuñez, don Marco Antonio .
Sala de la Comisión, a 30 de agosto de 2011.
(Fdo.): PEDRO N. MUGA RAMÍREZ, Abogado, Secretario de la Comisión .”
“Honorable Cámara:
1. Agenda.
Sábado 13 de agosto
Coloquio con el señor Alejandro Tullio , Director Nacional Electoral , en la Embajada de Chile en Argentina.
Domingo 14 de agosto
-Visita a locales de votación
-Observación del proceso eleccionario en el centro oficial de cómputos
2. Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias en la Nación Argentina.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los días 13 y 14 de agosto, se constituyó el Capítulo Chileno de la Comisión Parlamentaria Conjunta Chileno-Argentina, representada por los Honorables señores Diputados mencionados en el Epígrafe, con el fin de observar e interiorizarse del proceso de elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias en la Nación Argentina.
Asimismo, las actividades contaron con la participación de la señora Valeria Ton , Secretaria del Capítulo Argentino de la Comisión Parlamentaria Conjunta; del señor Alejandro Sfeir Tonsic , Diplomático a cargo de asuntos parlamentarios y Primer Secretario de la Embajada de Chile en Argentina ; y de quien suscribe, Dámaso Montebruno Arriagada , Secretario del Capítulo Chileno de la referida Comisión.
a) Características del sistema electoral Argentino.
En la Nación Argentina el sufragio es definido como un derecho público funcional y se encuentra regulado en el artículo 37 de la Constitución y por los artículos 12 al 14 y 85 del Código Electoral Nacional, normativas que amparan el sufragio universal e igualitario, junto con el voto secreto y obligatorio.
La justicia Nacional Electoral, ente que forma parte del Poder Judicial, es la encargada de la organización de los comicios nacionales, teniendo además competencia respecto de las elecciones provinciales y municipales.
Las Juntas Electorales Nacionales, en tanto, son los órganos administrativos que se constituyen sesenta días antes de cada elección, con el objeto de dilucidar las materias relacionadas con la administración de los comicios, las causas de validez o nulidad de una elección y la proclamación de candidatos ganadores. Las decisiones de esta entidad pueden ser apeladas ante la Cámara Nacional Electoral.
Finalmente, a nivel territorial el fuero electoral está conformado por 24 juzgados federales de primera instancia, que poseen competencia en cada uno de los distritos electorales en que se divide el país, esto es, las 23 provincias del territorio nacional y la ciudad de Buenos Aires. Además, existe un único Tribunal de Apelaciones, denominado Cámara Nacional Electoral, que posee jurisdicción sobre todo el territorio nacional, y cuyas resoluciones son obligatorias para los tribunales de primera instancia.
b) Normas sobre cargos de elección popular.
De acuerdo a las reglas electorales trasandinas, el Presidente y Vicepresidente de la República son elegidos de manera simultánea y directa por los ciudadanos, considerándose el territorio nacional como un único distrito. En concreto, cada elector debe optar por una fórmula indivisible de candidatos a ambos cargos, resultando ganadora la que consigue más del 45% de los votos válidamente emitidos, o bien el 40% y una diferencia superior a diez puntos porcentuales en relación con la siguiente lista.
En el caso del Senado, esta Corporación está constituida por un total de 72 senadores, tres por cada provincia y tres en representación de la ciudad de Buenos Aires. La elección de los senadores se realiza de forma directa y conjunta, con cada elector sufragando por una lista cerrada y bloqueada de dos candidatos titulares y dos suplentes. En definitiva, se asignan dos escaños al partido político que logre el mayor número de sufragios, mientras el restante recae en el segundo referente con más votos.
Los Diputados, a su vez, son elegidos de forma directa por los electores, quienes deben optar por una lista de candidatos, cuyo número es equivalente al de los cargos a cubrir, más sus correspondientes suplentes.
El votante dispone de un único voto, en tanto que la lista de diputados es cerrada y bloqueada, vale decir, no admite cambios en el orden de la nómina, ni sustituciones de candidatos. La distribución de los escaños entre las distintas listas se define a través del sistema electoral de representación proporcional de la siguiente manera: La participación en el reparto solo corresponde a las listas que logren al menos el 3% de los votos, en relación con la cantidad de inscritos en el padrón electoral; el total de los votos de cada lista se divide por uno, luego por dos, luego por tres y así sucesivamente, hasta alcanzar la totalidad de puestos a cubrir; los cocientes resultantes se jerarquizan de mayor a menor, independientemente de las listas de las que provengan, y en un número equivalente al de los cargos a cubrir.
c) Elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias.
Durante la reunión con el Director Nacional Electoral, el señor Tullio afirmó que la crisis política y económica que se produjo durante los años 2001 y 2002 tuvo como origen y consecuencia la virtual explosión del sistema de partidos políticos y la fragmentación de la representación ciudadana. En este contexto, un sistema político saneado, al servicio del desarrollo sustentable, la inclusión y la equidad social requería de una ampliación de la participación de los ciudadanos.
El señor Tullio señaló que en julio del año 2009, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner impulsó una ronda de diálogo entre el Ministerio del Interior y las fuerzas políticas con representación parlamentaria. Como resultado de la mesa de diálogo, se llegó a la conclusión de reformular el sistema de partidos políticos, que se caracterizaba por la facilidad de creación y mantención de los privilegios y por las escasas restricciones existentes al momento de presentar candidaturas.
De esta forma, y como consecuencia de los diagnósticos comparados, los proyectos legislativos presentados y la propia iniciativa presidencial, el Poder Ejecutivo elaboró un proyecto de ley que posteriormente fue aprobado y sancionado por el Congreso de la Nación Argentina como la ley N° 26.571 de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Nacional.
De acuerdo al artículo 20 de la Ley N9 26.571, el 14 de agosto de 2011 los argentinos votaron por primera vez en elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, que no son elecciones internas de los partidos, sino mecanismos de preselección de los candidatos que participarán en las elecciones generales, fijadas para el próximo 23 de octubre. En efecto, el Director Nacional Electoral destacó que se requiere cumplir con lo que se denomina “aptitud electoral”, consistente en que todas las agrupaciones políticas que quieran competir en la contienda del 23 de octubre, tienen que obtener obligatoriamente al menos 1,5% de los votos emitidos. En palabras del señor Tullio , “este proceso eleccionario permite que sea la gente la que decida a los partidos políticos legitimados para la elección general”.
Se trata de comicios en los que tienen derecho a voto todas las personas facultadas para hacerlo en las elecciones generales, sin necesidad de acreditar pertenencia a algún partido. A su vez, se trata de una votación obligatoria para todos los ciudadanos mayores de 18 años inscritos en el patrón electoral (o que cumplan esa edad antes de la elección general del 23 de octubre), y quienes sean argentinos nativos, por opción o naturalizados.
Las categorías a elegir a nivel nacional fueron las de Presidente , Vicepresidente , Diputados y Senadores Nacionales. A su vez, se realizaron igualmente comicios simultáneos en algunas provincias, como las de Buenos Aires, San Luis y Entre Ríos, para elegir a los candidatos que se presentarán en octubre a las elecciones locales de Gobernadores, Diputados, Senadores, Intendentes, Consejeros Escolares y Concejales. En total, fueron 13.285 cargos ha definir.
El elector puede optar por un mismo partido para todas las categorías, por ejemplo, Presidente , Diputados y Senadores de la lista B, o bien, combinar candidaturas de distintos partidos, siempre que se trate de cargos diferentes, por ejemplo, puede seleccionar para Presidente al precandidato de la lista A y para Senadores a los precandidatos de la lista B. Lo que no se puede hacer es votar, para un mismo cargo, a dos precandidatos de distintas agrupaciones políticas, de esta forma, no podrá elegir como candidatos a la Presidencia a los precandidatos de la lista A y B al mismo tiempo, siendo ésta una causal de anulación del voto.
La visita a los locales de votación fue particularmente importante para interiorizarse del proceso y para comprender el procedimiento del voto por lista. La Delegación tuvo acceso a uno de los cuartos oscuros, el lugar donde se procede a emitir el voto, que difiere del utilizado en los comicios chilenos, en la medida de que no se trata de un espacio reducido, oscuro y secreto, más bien corresponde a una sala o habitación donde se colocan, sobre las mesas, las boletas de los partidos y alianzas, en distintos colores y con fotografías, con el objeto de poder ubicar con facilidad la preferencia. Una vez ubicada la preferencia, pudiendo elegir una lista en cada categoría, se procede a introducir la o las boletas en un sobre que se entrega para dicho efecto, luego de lo cual, éste debe ser sellado e introducido en la urna electoral ubicado a la salida del cuarto oscuro.
Un aspecto que llamo particularmente la atención fue que se permitía el acceso al cuarto oscuro acompañado de los familiares del elector sin mayores restricciones, incluso permitiendo el ingreso de menores de edad, lo cual, parecía ser una práctica bastante común e incluso incentivada, presumiblemente como una forma de instruir a quienes aún no se encuentran habilitados para ejercer el derecho a sufragio.
Cabe destacar que para estos comicios, los padrones electorales y los locales de votación fueron por primera vez mixtos, de forma que las mesas y lugares de votación no estuvieron separados por criterios de sexo.
Finalmente, los señores Diputados tuvieron la posibilidad de participar del proceso en el centro oficial de cómputos de la ciudad de Buenos Aires, donde se analizó en profundidad el acontecer de los comicios, generando una instancia de encuentro y debate entre los miembros de la Delegación y distintas personalidades del mundo político argentino y del extranjero, lo cual sin duda contribuyó a enriquecer la experiencia, en el horizonte de una eventual legislación en esta materia.
(Fdo.): MARCELO DÍAZ DÍAZ, Presidente del Capítulo Chileno de la Comisión Parlamentaria conjunta Chileno-Argentina; DÁMSO MONTEBRUNO ARRIAGADA , Abogado, Secretario del Capítulo Chileno de la Comisión Parlamentaria Conjunta Argentino-Chilena ”.
Modifica la ley N° 19.925 sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas con el objeto de limitar el horario de venta de alcoholes en establecimientos de expendio al público de combustibles líquidos. (Boletín N°7901-11).
“Considerando:
1° Que se han multiplicado en el país los establecimientos de expendio de combustibles líquidos que se han habilitado dentro de los recintos de venta de productos alimenticios, sea tanto para consumir en el lugar como para llevar. Que en muchos casos, estos locales, expenden bebidas alcohólicas.
2° Que según datos oficiales de la Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito, el año 2010 fruto de accidentes de tránsito fallecieron en el país 1.595 personas; lesionados graves resultaron 6.899, lo que supone un costo social para el país elevadísimo que supera 355 millones de dólares.
Según la referida Comisión al menos el 13% del total de los accidentes de tránsito tienen su origen en la ingesta de alcohol de los conductores o peatones.
3° Que resulta incompatible con la conservación de la seguridad vial, que en los expendios de combustibles que se ubican en vías urbanas e interurbanas se expendan bebidas alcohólicas a altas horas de la noche, razón por la cual, proponemos mediante este proyecto de ley, limitar el expendio de alcoholes en todos los establecimientos comerciales que se encuentren situados en las bombas bencineras o que funcionen anexas a ellas.
Por razones de prudencia, nos parece que el expendio de bebidas alcohólicas debería prohibirse a contar de las 23:00 horas, sin importar el día de la semana de que se trate.
4° Que los autores de esta moción estamos conscientes de que medidas como las propuestas no evitarán que se cometan los delitos de conducción en estado de ebriedad o bajo la influencia del alcohol, pero al menos significarán una menor facilidad de acceso a las bebidas alcohólicas para las personas que hoy en día lo compran en establecimientos orientados precisamente a los conductores de vehículos motorizados.
Por tanto:
Los diputados que suscribimos venimos en presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Articulo único.- Agréguese el siguiente inciso 3° nuevo al Artículo 21 de la Ley N° 19.925 “Sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas”, pasando a ser el actual inciso tercero, cuarto y así sucesivamente.
“Con todo los locales que expendan bebidas alcohólicas y que funcionen como parte de establecimientos de expendio al público de combustibles líquidos podrán vender bebidas alcohólicas sólo hasta las 23:00 horas.”
Modifica la ley N° 20.422 sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, fortaleciendo las funciones de vigilancia. (Boletín N°7902-11).
“Considerando:
1° Que, de acuerdo a la 1ra -y única- Encuesta Nacional de Discapacidad en Chile, realizada por Fonadis e INE, el año 2004, nuestro país tiene entre sus habitantes un significativo número de personas con discapacidad (PcD). A la época de tal encuesta, el país tenía un total de 2.068.072 personas con discapacidad (PcD), lo que representaba un 12,9% de toda la población a nivel nacional. De referida cifra, un total de 1.150.133 PcD correspondían a grado de discapacidad leve, con un 7,2%; otras 513.997 a grado de discapacidad moderada, con un 3,2% y; otras 403.942 a grado de discapacidad severa, con un 2,5%.
Igualmente, dicha encuesta recogía el dato que del total de PcD, casi un 95% (94,9%), es decir, 1.962.994 vivían en condición socioeconómica baja o media (817.158, baja y 1.145.836 media).
2° Que, de acuerdo a la Clasificación internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF), promulgada por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud (OPS-OMS, 2001), se entiende por discapacidad “las deficiencias de las funciones y/o estructuras corporales, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación, indicando los aspectos negativos de la interacción entre un individuo (con una “condición de salud”) y sus factores contextuales (factores “ambientales y personales”).
Por su parte y en la misma línea, la Encuesta Nacional de Discapacidad en Chile (2004), establece la siguiente calificación en la PcD: Sin Discapacidad, Discapacidad Leve, Discapacidad Moderada y Discapacidad Severa.
3° Que, la ley sobre discapacidad en nuestro país, la N° 20.422 Sobre Igualdad de Oportunidades e Integración Social de las Personas con Discapacidad, no define la discapacidad exactamente como se ha hecho en la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF), ni menos aún la califica o clasifica en los términos señalados precedentemente. Por lo mismo, pese a que las denominadas PcD Severa o “postradas” son identificadas en la ley como PcD en situación de dependencia, éstas no son -a nuestro juicio- suficientemente visibilizadas ni relevadas en el cuerpo legal, lo que no se condice con el alto grado de discapacidad, la precaria situación socioeconómica y las dificultades socio-familiares que en general caracteriza a estas personas en nuestro país.
4° Que, las PcD en situación de dependencia por su propia condición se encuentran normalmente en su hogar y a cargo de un tercero, especialmente parientes o cuidadores, dependiendo íntegramente de aquel, sin mediar en su relación prácticamente ninguna otra persona o institución que pueda velar por su cuidado. Al respecto, no son pocos los casos de abandono, abuso, maltrato, negligencia o aprovechamiento de que son objeto estas personas altamente dependientes, sin posibilidad alguna de prevenir tales hechos por parte de las entidades públicas o privadas debiendo el Estado actuar solo cuando ha habido una denuncia, que en muchos casos, ya es demasiado tarde para reparar.
5° Que, lo relatado no solo lo es para Las PcD en situación de dependencia, sino que también ha sido frecuente que suceda respecto de las personas con discapacidad mental, que sin estar postradas, igualmente son inducidas a la realización de diversas acciones, entre ellas la de suscribir actos o contratos de carácter privado con insospechados efectos jurídicos de tipo patrimonial. Un ejemplo de tales circunstancias, lo es la inducción a la celebración de contratos de mutuo o préstamos sociales en las Cajas de Compensación de Asignación Familiar.
Cabe señalar que la Ley N° 20.422 Sobre Igualdad de Oportunidades e Integración Social de las Personas con Discapacidad, en su párrafo 2°, De las personas con discapacidad en situación de especial vulnerabilidad, artículo 9°, se relevar el carácter prioritario que tienen ciertas PcD, entre ellas las con discapacidad mental: señala que “El Estado adoptará las medidas necesarias para asegurar a las mujeres con discapacidad y a las personas con discapacidad mental, sea por causa psíquica o intelectual, el pleno goce y ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad con las demás, en especial lo referente a su dignidad, el derecho a constituir y ser parte de una familia, su sexualidad y salud reproductiva”.
En este sentido y de acuerdo a lo señalado precedentemente, creemos que el creado Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS), pudiera entre sus funciones acometer algunas acciones que permitan supervisar las condiciones de vida y el trato dado a aquellas PcD en situación de dependencia, inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad.
6° Que, en la Ley N° 20.422 Sobre Igualdad de Oportunidades e Integración Social de las Personas con Discapacidad, en su artículo 62, inciso 2°, se establecen las funciones del Senadis, entre las cuales, en su letra j, se encuentra la de “velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con la protección de los derechos de las personas con discapacidad. Esta facultad incluye la atribución de denunciar los posibles incumplimientos ante los organismos o instancias jurisdiccionales respectivas, y ejercer acciones y hacerse parte en aquellas causas en que estén afectados los intereses de las personas con discapacidad, de conformidad a la ley”.
Es decir, a nuestro juicio al establecerse en referida norma legal como verbo rector el “velar”, se han fijado igualmente funciones de vigilancia, supervisión o fiscalización no solo respecto del cumplimiento de la normativa en cuestión, sino que también respecto de la vulneración de los derechos de que gozan las PcD.
En síntesis y por lo dicho, creemos que las PcD en situación de dependencia (con discapacidad severa o malamente llamadas “personas postradas”) y las PcD mental, deben constituir una preocupación especial para el Estado, a través de los organismos públicos correspondientes, de forma tal que se asegure que en tal condición ellos y ellas no sean objeto de vulneraciones graves a sus derechos, realizando acciones de supervisión por parte del Servicio Nacional de la Discapacidad ( Senadis ) en concordancia con las funciones de vigilancia, denuncia y ejercicio de acciones jurisdiccionales que la ley le ha otorgado.
En virtud de lo expuesto, las Diputadas y los Diputados abajo firmantes vienen en proponer el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo único: Modifíquese la Ley N° 20.422 Sobre Igualdad de Oportunidades e Integración Social de las Personas con Discapacidad, agregando un nuevo inciso al artículo 62, luego de la letra j), en el siguiente tenor:
“De modo especial, deberá vigilar las condiciones de vida y el trato que reciben las personas con discapacidad mental y las que se encuentran en situación de dependencia, inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad ”.
Modifica el Código Penal con el objeto de establecer el ocultamiento como una circunstancia agravante. (Boletín N°7903-07)
I. Antecedentes Preliminares.-
En los últimos años, hemos observado una creciente necesidad por parte de la población de manifestarse públicamente para dar a conocer a la autoridad y al país entero sus opiniones y necesidades. Esto hace que tanto en Chile como en el resto del mundo hayan aumentado considerablemente las marchas y protestas públicas. Este fenómeno se ha atribuido a diversas causales, dentro de las cuales la más recurrente parece ser el sentimiento generalizado de la población de una falta de representatividad por parte de los diversos poderes del estado, principalmente, los poderes ejecutivo y legislativo y que se extiende a la clase política en general, incluidos los partidos políticos.
Si bien el Estado respeta y acepta las manifestaciones públicas y marchas, como legítimo ejercicio del derecho de reunión, hemos podido presenciar que existe una gran dificultad para que dichas manifestaciones ciudadanas se lleven a cabo en forma pacífica. Esta dificultad está dada, principalmente, por personas que concurren a las manifestaciones públicas con el único propósito de cometer delitos y desmanes y que lo hacen con el rostro cubierto para impedir su identificación posterior, tanto a través de medios visuales como audiovisuales, lo que se traduce en que no sea posible sancionarlos por los delitos que cometen.
Estas personas que concurren a las marchas nos producen un daño a todo nivel como país. En primer lugar, a quienes legítimamente quieren manifestarse públicamente, ejerciendo el derecho de reunión consagrado en el artículo 19 número 13 de la Constitución Política de la Republica, puesto que empañan manifestaciones pacíficas en las que los convocantes no pueden hacerse responsables de los daños que se producen. En segundo lugar, a los residentes y comerciantes cuyos hogares o fuentes de ingreso se encuentran en el recorrido de los manifestantes, por los daños gravísimos que se les producen. En tercer lugar, a las Fuerzas de Orden y Seguridad, especialmente a Carabineros de Chile, quienes cumplen con su deber de garantizar el orden público y por último a todos los chilenos que ven como perdidos los valores del orden y la convivencia pacífica.
En virtud de lo señalado anteriormente y dado que las manifestaciones públicas son un fenómeno creciente, es imperante poner un atajo a la intervención ilícita de aquellas personas que concurren a ellas con el fin de provocar desórdenes y daños a la propiedad y a las personas u otros delitos, procurando no ser identificadas mediante el uso de capuchas, pañuelos u otros elementos que cubren su rostro.
II. El Derecho de reunión en Chile.
La Constitución Política en su artículo 19 número 13 establece: la Constitución asegura a todas las personas: 13° El derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas.
Las reuniones en las plazas, calles y demás lugares de uso público se regirán por las disposiciones generales de policía”.
Conforme a la disposición recién descrita se deben distinguir: los requisitos que impone la Carta Fundamental para ejercer el derecho de reunión en la esfera pública, de los requisitos para ejercer el derecho de reunión en la esfera privada. Los requisitos para ejercer el derecho de reunión en la esfera privada, conforme a nuestra constitución, son: (i) Que la reunión sea pacífica, es decir, tranquila, sin provocar luchas sin causar discordias en su origen, desarrollo o término; (ii) Que la reunión se realice sin armas.
Por su parte, los requisitos para ejercer el derecho de reunión en la esfera pública esto es en calles, plazas u otros lugares destinados al tránsito común, se consagran en el inciso segundo del artículo 19 N° 13 de la Constitución Política, que señala que deberá ejercerse en la forma establecida por las normas generales de policía.
En Chile para dar cumplimiento al mandato constitucional de que sean las normas generales de policía las que regulen como debe ejercerse el derecho de reunión en espacios públicos, se ha dictado el Decreto Supremo N° 1086 del Ministerio del Interior de fecha 16 de septiembre de 1983 que en su Artículo segundo letra f) establece lo siguiente: “Se considera que las reuniones se verifican con armas cuando los concurrentes lleven palos, bastones, fierros, herramientas, barras metálicas, cadenas y en general cualquier elemento de naturaleza semejante En tal caso las Fuerzas de Orden y Seguridad Públicas ordenarán a los portadores entregar esos utensilios, y si se niegan o se producen situaciones de hecho la manifestación se disolverá”.
Como hemos podido observar, estas personas que concurren a las marchas con su rostro oculto, generalmente están portando armas, ya sea porque las llevan a las manifestaciones o porque las recogen en el camino, como es el caso de las piedras. Lo anterior sin perjuicio de haberse observado que, en algunos casos, llegan incluso a portar bombas molotov que como hemos visto han sido utilizadas directamente contra los carabineros que arriesgan su vida y su integridad física para cumplir con su mandato constitucional.
La violencia de estos sujetos que se niegan a entregar las armas a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y por el contrario, las utilizan contra ellos, obliga a que Carabineros de Chile deba disolver las manifestaciones o al menos intentarlo, afectándose así el derecho de reunión de todos aquellos que marchan en forma pacífica por sus causa.
III. Iniciativas parlamentarias relacionadas.-
A la fecha, han sido diversas las iniciativas que se han presentado a tramitación en nuestro Congreso Nacional con propuestas para sancionar a las personas que concurren a marchas u otros actos públicos procurando no ser identificadas mediante el uso de capuchas, pañuelos u otros elementos que cubren su rostro y que causan daño a la propiedad o personas u otros delitos.
En concreto, la primera iniciativa consistió en una moción de la diputada María Angélica Cristi (Boletín N° 4232-07), la cual contemplaba la modificación del Código Penal con el objeto de tipificar el delito de participación en manifestaciones o actos públicos, ocultando la identidad mediante capucha, embozo, pasamontañas u otro medio semejante sancionando esta conducta con una pena igual a la establecida para el delito de Desórdenes Públicos. Este proyecto actualmente se encuentra archivado.
Con posterioridad, en el mes de noviembre del año 2006 se presentó un mensaje presidencial (Boletín N°4832-07) que buscaba modificar diversos cuerpos penales en materia de orden público, dentro de las cuales, se contempla la modificación del artículo 269 del Código Penal para efectos de establecer una agravante al delito de Desórdenes Públicos en caso que este se cometa con el rostro cubierto o utilizando cualquier medio destinado a ocultar la identidad. Asimismo, y bajo ciertos requisitos contempla la conmutación de la pena asignada a este delito por la realización de trabajos en beneficio de la comunidad. Por último, también busca modificar el artículo 485 del Código Penal, relativo al delito de Daños con el objeto de establecer una agravante en caso que los perjuicios en descritos en dicho artículo sean producidos en una reunión o manifestación pública y el autor hubiese actuado a rostro cubierto. Actualmente este proyecto se encuentra en el segundo trámite constitucional en el Senado, con urgencia Suma.
Posteriormente, con fecha 31 de agosto de 2010, los diputados Enrique Estay Peñaloza , Gustavo Hasbún Selume , Javier Hernandez Hemandez , Marra Jose Hoffman Opazo, Juan Lobos Krause , Javier Macaya Danús , Iván Norambuena Farias , David Sandoval Plaza , Gonzalo Uriarte Herrera y Carlos Vilches Guzmán presentaron una nueva moción que busca sancionar a quienes participen en desórdenes públicos con el rostro cubierto (Boletín N° 7155-25). Esta moción pretende modificar la Ley N° 12.927 de manera de incorporar como delito contra el orden público a aquellos que intervengan en un acto público, autorizado o no, ocultando su rostro de forma tal que se impida que la autoridad o los tribunales que puedan identificarlos mediante registros fotográficos, cinematográficos o videos. Esta moción se encuentra en la cámara de diputados en su primer trámite constitucional, para informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas.
IV. Contenido de la Iniciativa
Se propone establecer una agravante especial al delito de Desórdenes Públicos , tipificado en el Código Penal, consistente en el aumento de la pena establecida en un grado, para el caso en que, algún sujeto turbare gravemente la tranquilidad pública para causar injuria u otro mal a alguna persona particular o con cualquier otro fin reprobado, cuando dicha conducta se corneta embozado, encapuchado u ocultando expresamente su identidad.
Asimismo, y a fin de ser consistente en la solución, se propone aumentar en un grado la pena establecida para el delito de Lesiones Corporales, en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 395 y siguientes del Código Penal y para el delito de Daños en sus diversas circunstancias contempladas en los artículos 484 y siguientes del Código Penal.
Por último se establece la posibilidad de aumentar las penas para ciertas faltas cuando ellas se cometan en reuniones en lugares de uso público, por personas que las cometen ocultando su rostro con el fin de no poder ser identificadas.
En mérito de los antecedentes anteriores es que proponemos a ustedes, el siguiente:
PROYECTO DE LEY
“Artículo Único.- introdácense las siguientes modificaciones al Código Penal:
1) Agréguese al artículo 269, el siguiente inciso segundo nuevo:
“Quienes incurrieren en las conductas descritas en el inciso anterior, sea en actos públicos autorizados o no por la autoridad correspondiente, ocultando o cubriendo su rostro mediante el uso de capuchas, pañuelos u otros elementos, serán sancionados con la pena establecida en el mencionado inciso, aumentada en un grado”.”
2) Agréguese al artículo 400 un nuevo inciso segundo:
“Se podrá asimismo, aumentar la pena en un grado, cuando los delitos a que se refiere este párrafo, se cometan embozado, encapuchado u ocultando expresamente su identidad, con ocasión de reuniones en lugares de uso público”.
3) Agréguese al artículo 488, el siguiente inciso segundo nuevo:
“Se podrá aumentar en un grado la pena asignada a los delitos comprendidos en el presente párrafo, cuando el delito se corneta embozado, encapuchado u ocultando expresamente su identidad, con ocasión de reuniones en lugares de uso público”
4) Incorpórese un artículo 496 bis nuevo:
“Se podrá aumentar la pena de multa hasta diez unidades tributarias mensuales, cuando las faltas referidas en los artículos 494 N° 2 y 496 N° 26, se cometan embozado, encapuchado u ocultando expresamente su identidad, con ocasión de reuniones en lugares de uso público”.
Modifica la ley N° 20.380 sobre Protección de Animales. (boletín N°7904-12).
I. FUNDAMENTOS QUE JUSTIFICAN LA PROPUESTA
1. Existencia de diversos proyectos de ley sobre la materia con tramitación vigente
Actualmente, se encuentran en tramitación ante la Comisión de Recursos Naturales de la H. Cámara de Diputados una serie de proyectos que han intentado regular, con distintos matices, la tenencia de animales o de perros peligrosos. En el último tiempo, este tema ha concitado el interés público y de la prensa frente a hechos que han importado un peligro para la salud y seguridad de las personas.
Dichos proyectos difieren en cuanto a sus objetivos, perspectivas y técnicas legislativas. Por tanto, con el fin de dar uniformidad a estas distintas mociones se incorporan al presente proyecto de ley, algunas de sus ideas matrices.
Los principales proyectos que fueron considerados son los siguientes:
-Boletín 4546-07: modifica los artículos 491 y 494 del Código Penal, con el objeto de hacer responsables a propietarios de perros domésticos por mordeduras y daños en terceros.
-Boletín 2696-12: establece normas sobre crianza, tenencia y adiestramiento de perros potencialmente peligrosos.
-Boletín 6499-11: sobre responsabilidad por daños ocasionados por animales potencialmente peligrosos.
-Boletín 2700-12: establece régimen jurídico para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
-Boletín 3603-12: establece normas sobre animales potencialmente peligrosos.
Además de los anteriores, existen otros proyectos de ley sobre la materia, los cuales no fueron considerados por alejarse del foco principal, esto es, la tenencia responsable de los animales peligrosos. Así por ejemplo, el Boletín 3250-12, que sanciona las conductas sobre maltrato animal, contiene disposiciones ya consideradas en la legislación vigente. Tampoco se consideraron proyectos que tengan por objeto modificar, principalmente, otros cuerpos normativos distintos a la Ley N° 20.380, como ocurre con el Boletín 4683-12, que pretende modificar el Código Sanitario fijando responsabilidad municipal en ataques sufridos por personas a manos de animales sueltos en sitios públicos.
Un objetivo primordial de la presente iniciativa es crear un estatuto integral de protección de los animales, incluyendo la seguridad de las personas y• la responsabilidad de los dueños o tenedores de animales. Para ello, se quiere otorgar de mayor contenido a la Ley N2 20.380, que establece normas básicas sobre protección animal, creando un registro nacional y disponiendo nuevas obligaciones para los tenedores.
2. Incorporar a los grupos intermedios de la sociedad en materia de educación y tenencia responsable
Una de las ideas fundamentales de este proyecto es incentivar la tenencia responsable de toda clase de animales, lo que significa, por una parte, resguardar las condiciones de vida de estos últimos, como así también brindar un cierto grado de protección a la población. En este sentido cobra relevancia el rol que a este respecto puedan tener los organismos de protección de los animales y otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, universidades, empresas públicas y/o privadas (nacionales o internacionales) y organizaciones gremiales de veterinarios.
Para ello se tomó como modelo la legislación municipal de Sao Paulo , Brasil (lei Ns-) 13.131 de 2001).
3. Establecer criterios objetivos acerca de la tenencia responsable de animales
En el marco de la protección de los animales y la promoción de un comportamiento responsable por parte de los tenedores de animales peligrosos, este proyecto de ley otorga una serie de definiciones -tenedor, tenencia responsable de animales, animales peligrosos y potencialmente peligrosos- que permitirán a la población comprender las obligaciones que involucra la tenencia de animales, como así también entender quienes pueden ser considerados como tenedores de estos últimos, para efectos de hacer aplicables las normas que esta ley prescribe sobre ellos.
En el derecho comparado, estos términos se encuentran consagrados en el derecho portugués (Decreto-lei N° 312/2003), para el caso de “tenedor”, y en el derecho español (Ley 50/1999), para la definición de “animal potencialmente peligroso”.
4. Potenciar el rol de las municipalidades
Dentro de los objetivos de este proyecto, se encuentra el de potenciar la función que las municipalidades puedan tener en la materia. Para ello, esta iniciativa establece que los municipios -dentro de un plazo que establecerá el reglamento de esta ley- deberán dictar una Ordenanza de Protección y Tenencia Responsable de Mascotas y Animales, la que deberá abordar, los aspectos mínimos que establece este proyecto de ley.
5. Creación de un registro nacional de animales peligrosos
Como decíamos, una de las finalidades de esta iniciativa es también contar con un registro de animales peligrosos y/o potencialmente peligrosos que permita a las víctimas de agresiones producidas por estos animales, tener a su disposición los datos necesarios para llevar adelante la actividad judicial que estimen pertinente en la satisfacción de sus derechos vulnerados.
Con miras a una mayor efectividad de estos objetivos, se encomienda al reglamento ya referido, determinar la autoridad que tendrá a su cargo el Registro Nacional de Animales Peligrosos y/o Potencialmente Peligrosos , de modo de reforzar y sistematizar la labor que las municipalidades cumplirán a nivel local según lo que dispongan sus respectivas ordenanzas de Protección y tenencia Responsable de Mascotas y Animales.
6. Remisión a reglamento
Con anterioridad a este proyecto, la Ley NP- 20.380, en su artículo 12, ya remitía a un reglamento la definición de las distintas categorías de animales domésticos y silvestres, según especie, el que aún no ha sido dictado. En este mismo sentido, se efectúa igual remisión con el objeto de regular la tenencia responsable de animales peligrosos y/o potencialmente peligrosos y que sean incluidas en dicho reglamento.
Se estima que el reglamento debiera contener la determinación de las razas de perros peligrosos, en las cuales deben incluirse la primera generación de estas intersecciones, las intersecciones de estos entre sí o con otros cruces de estas razas, obteniendo una tipología similar a algunas de las razas que figuran en él.
II. PROYECTO DE LEY
Con el fin de incorporar las nuevas normas sobre tenencia responsable de animales peligrosos y demás disposiciones que se crean, deben modificarse todos los Títulos de la Ley 20.380.
Por ello se propone el siguiente:
PROYECTO DE LEY
“Articulo único: Modificase la Ley N° 20.380 sobre protección de animales, en el siguiente sentido:
1° Incorpórase un nuevo inciso segundo al artículo 12, pasando el actual inciso segundo a ser inciso tercero: 'Asimismo, tiene por objeto regular la tenencia responsable de animales peligrosos y/o potencialmente peligrosos.'.
Reemplázase el Título II por el siguiente: 'De la protección y educación para el respeto de los animales'.
3°En el artículo 22:
a) Elimínese en el inciso segundo la frase 'y el registro e identificación de estos animales domésticos.' y reemplácese la última coma () por un punto final (.).
b) Agréguese el siguiente inciso final nuevo: 'Para este efecto, la autoridad podrá solicitar la colaboración de organismos de protección de los animales y otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, universidades, empresas públicas y/o privadas (nacionales o internacionales) y organizaciones gremiales de veterinarios.
4° Elimínese el Título III.
5° Incorpórase en el inciso segundo del artículo 42, a continuación del punto final, la siguiente oración: 'En especial, el reglamento deberá establecer los requisitos para el transporte de los animales peligrosos y/o potencialmente peligrosos.'.
6° Modifíquese la numeración de los Títulos IV, que pasa a ser III y V que pasa a ser IV, respectivamente.
7° Incorpórese, a continuación del artículo 11, el siguiente título nuevo: 'Título V De la tenencia responsable de animales
Artículo 11 bis.- Toda persona que tenga bajo su cuidado un animal deberá ejercer sobre éste una tenencia responsable de acuerdo a las normas que esta ley establece.
Para efectos de esta ley se entenderá por:
A. “tenencia responsable de animales” el cumplimiento de las siguientes obligaciones:
1) Mantener al animal en buenas condiciones higiénico-sanitarias y la realización de cualquier tratamiento preventivo declarado obligatorio, en conformidad a lo señalado por el Código Sanitario y demás normas pertinentes.
2) Adoptar las medidas necesarias para evitar que la tenencia o circulación de los animales bajo su cuidado puedan suponer una amenaza, infundir temor u ocasionar molestias a terceros.
B. “tenedor”, toda persona mayor de 18 años que mantenga bajo su cuidado un animal, a cualquier título.
C. “animales peligrosos”, todo animal que:
1) haya mordido, atacado o herido físicamente a una persona; o
2) haya causado la muerte o lesiones graves a otro animal perteneciente a terceros.
D. “animal potencialmente peligroso”, todo animal que, por sus características fisiológicas, pueda razonablemente presumirse su peligrosidad, de acuerdo al reglamento.'.
Artículo 11 ter.- Sin perjuicio de las obligaciones generales establecidas en la letra A del artículo anterior, la tenencia de animales peligrosos y/o potencialmente peligrosos queda sujeta al cumplimiento de las siguientes obligaciones:
a) Realizar la inscripción respectiva en el registro señalado en el artículo 11 quinquies, dentro del plazo de 3 meses, contados desde el nacimiento o adquisición del animal. Esta obligación sólo será exigible respecto del dueño de los animales.
b) Comunicar al Registro Nacional de Animales Peligrosos y/o Potencialmente Peligrosos la cesión, robo, muerte o pérdida del animal, así como los incidentes de agresión del mismo, haciéndose constar tal circunstancia en su correspondiente hoja registral. En el caso de transferencia del animal, el nuevo propietario deberá renovar la inscripción registra! en la municipalidad correspondiente a su domicilio.
c) Utilizar las medidas de seguridad pertinentes para la presencia y circulación de estos animales en espacios públicos. Además, el animal deberá estar bajo control y supervisión de una persona mayor de 16 años y portar un medio de identificación.
d) Adoptar medidas de seguridad y prevención en el inmueble donde se aloja al animal, el que deberá contar con estructuras suficientemente resistentes y de dimensiones adecuadas, que impidan a éste escaparse o dañar a terceros. Especialmente, deberá advertirse la presencia de perros peligrosos o potencialmente peligrosos en lugar visible y de forma adecuada.
e) Evitar conductas que inciten a los animales a atacarse entre sí o a terceras personas. Especialmente, se prohibe el adiestramiento de animales dirigido exclusivamente a acrecentar y reforzar su agresividad.'.
Artículo 11 quáter.- Los Municipios deberán contar -dentro de un plazo que establecerá el reglamento de esta ley- con una Ordenanza de Protección y Tenencia Responsable de Mascotas y Animales, la que deberá abordar, a lo menos, los siguientes aspectos:
a) Identificación del dueño del animal.
b) Domicilio en el cual habitualmente se encuentra el animal, en aquellos casos en que se trate de uno distinto al del dueño.
c) Identificación del animal.
d) Permiso de internación o documentos que acreditan la adquisición del animal.
f) Transferencias, robo, muerte o pérdida del animal.
g) Incidentes de agresión del animal.'.
Artículo 11 quinquies.- La información contenida en la respectiva Ordenanza Municipal permitirá la creación de un Registro Nacional de Tenedores de Animales Peligrosos y/o Potencialmente Peligrosos , correspondiendo al reglamento determinar a qué autoridad se le encomendará la tarea de mantener dicho registro.”.
8° Agréguese el siguiente artículo 14 bis nuevo:
Artículo 14 bis.- La infracciones a las obligaciones establecidas en la presente ley serán sancionadas con multa de una a cincuenta unidades tributarias mensuales. En caso de reincidencia, la multa podrá elevarse al doble. El cumplimiento de la normativa señalada en este inciso será fiscalizado por la autoridad que señale el reglamento, aplicándose el procedimiento de sanción y reclamo contenido en el párrafo IV del Título 1 de la ley N° 18.755.”