-Se levantó la sesión a las 14.32 horas.

GUILLERMO CUMMING DÍAZ,

Jefe de la Redacción de Sesiones .

-Se levantó la sesión a las 14.04 horas.

GUILLERMO CUMMING DÍAZ,

Jefe de la Redacción de Sesiones.

DOCUMENTOS DE LA CUENTA

SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA REFERIDO AL PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY N° 20.416, QUE FIJA NORMAS ESPECIALES PARA EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO, EN MATERIA DE PLAZO Y PROCEDIMIENTO DE PAGO A LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS. BOLETÍN N° 10785-03 (S)

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Hacienda pasa a informar, en cumplimiento del artículo 228 del Reglamento de la Corporación, el proyecto de ley mencionado en el epígrafe, originado en Moción de los senadores señores Andrés Allamand Zavala; Alfonso De Urresti Longton; Iván Moreira Barros; Eugenio Tuma Zedán y Andrés Zaldívar Larraín, con urgencia calificada de Suma.

I.-CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS

1-Comisión técnica: Comisión de Economía, Fomento, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo.

2.-Artículos que la Comisión Técnica dispuso que fueran conocidas por esta Comisión de Hacienda: Artículo quinto transitorio.

3.-Normas de quórum especial: No hay

4.-Artículo modificado: No hubo

6- Diputado Informante: Se designó al señor Carlos Ignacio Kuschel Silva.

II.- COMPETENCIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA

La Comisión Técnica señaló el artículo quinto transitorio, con el siguiente texto:

“Artículo quinto transitorio.-El Servicio de Impuestos Internos deberá presentar a la Comisión de Economía, Fomento, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Economía del Senado, en un plazo máximo de doce meses desde la publicación de la presente ley, un informe que analice la factibilidad técnica de otorgar a los contribuyentes el derecho a crédito fiscal del impuesto al valor agregado en el período tributario en que el contribuyente pague el total del monto señalado en la factura”.

Al respecto, se hace presente que el primer informe de la comisión técnica señaló de competencia de esta Comisión de Hacienda, la misma norma, -entonces artículo sexto transitorio-, pero que consideraba un plazo de veinticuatro meses para que el Servicio de Impuestos Internos presentara el informe a que se refiere la señalada disposición.

En la vista del informe de la Comisión de Economía, el diputado señor Lorenzini (Presidente) presentó una indicación para acortar el referido plazo a doce meses, la que fue rechazada. Su fundamento fue que el extenso plazo dejaba trabada la elaboración de un insumo por parte del SII que será necesario en el contexto de la reforma tributaria.

Posteriormente, el Ejecutivo patrocinó [1] la indicación del diputado Lorenzini y la hizo presente en la comisión técnica, reduciendo el plazo a doce meses, donde fue aprobada.

III.-INCIDENCIA EN MATERIA FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA DEL ESTADO

El artículo quinto transitorio, con la modificación explicada, no produce gasto fiscal y ha sido conocido por esta comisión al tenor del artículo 228 del Reglamento de la Corporación [2]

IV.-SÍNTESIS DE LA DISCUSIÓN EN LA COMISIÓN Y ACUERDOS ADOPTADOS

El artículo quinto transitorio sometido a consideración en la forma explicada, fue aprobado, en los términos propuestos, sin debate, por la unanimidad de once diputados, señores Auth, Baltolu, Jackson, Kuschel, Lorenzini, (Presidente) Melero, Monsalve, Ortiz, Leopoldo Pérez, Ramírez y Santana.

*****

Por las razones señaladas y consideraciones que expondrá el Diputado Informante, la Comisión de Hacienda recomienda aprobar el artículo señalado en la forma descrita.

Tratado y acordado en la sesión celebrada el día 14 de agosto del año en curso, con la asistencia de los diputados señores Pepe Auth Stewart, Nino Baltolu Rasera, Giorgio Jackson Drago, Carlos Kuschel Silva, Pablo Lorenzini Basso (Presidente), Patricio Melero Abaroa, Manuel Monsalve Benavides, José Miguel Ortiz Novoa, Leopoldo Pérez Lahsen, Guillermo Ramírez Diez y Alejandro Santana Tirachini.

Asistió en reemplazo del diputado Gastón Von Mühlenbrock Zamora, el diputado señor Nino Baltolu Rasera.

Sala de la Comisión, a 16 de agosto de 2018

MARÍA EUGENIA SILVA FERRER

Abogado Secretaria de la Comisión

SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE PESCA, ACUICULTURA E INTERESES MARÍTIMOS RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE AMPLÍA EL PROCEDIMIENTO DE RELOCALIZACIÓN A CONCESIONES DE ACUICULTURA QUE INDICA Y ESTABLECE PERMISOS ESPECIALES DE COLECTA DE SEMILLA. BOLETÍN Nº 11.317-21-2 [1]

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, pasa a informar el proyecto de ley referido en el epígrafe, de origen en un Mensaje, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, con urgencia calificada de simple.

**********

Se contó con la asistencia y colaboración de las señoras Alicia Gallardo y Jessica Fuentes y del señor Eugenio Zamorano, Directora Nacional (s), Subdirectora Jurídica y Jefe de la División de Acuicultura del Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA), respectivamente; y del señor Eric Correa, asesor legislativo del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

**********

CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS.

De acuerdo a lo prescrito en los artículos 130 y 303 del reglamento de la Corporación, el informe recae sobre el proyecto aprobado en general por esta H. Cámara en su sesión N°11, de 17 de abril de 2018, con las indicaciones formuladas a dicho texto, y debe referirse expresamente a las siguientes materias:

I.- ARTÍCULOS QUE NO HAN SIDO OBJETO DE INDICACIONES NI MODIFICACIONES.

Los artículos 3°, 5° y 1° transitorio (el artículo 2° transitorio no fue objeto de modificaciones en este segundo trámite reglamentario).

II.- ARTÍCULOS CALIFICADOS COMO NORMAS DE CARÁCTER ORGÁNICO CONSTITUCIONAL O DE QUÓRUM CALIFICADO.

No existen normas con tal carácter.

III.- ARTÍCULOS SUPRIMIDOS.

No hay.

IV.- ARTÍCULOS MODIFICADOS.

Artículo 1º.-

Este artículo, que faculta a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura para proponer y tramitar, por motivos ambientales, sanitarios o de ordenamiento territorial, la relocalización conjunta de concesiones de acuicultura que no tengan salmónidos en su proyecto técnico, dentro una determinada área y cumpliendo con ciertos requisitos que indica, fue objeto del siguiente tratamiento:

1) Los diputados señores Alejandro Santana Tirachini, Bernardo Berger Fett, Francisco Eguiguren Correa, Harry Jürgensen Rundshagen y Leonidas Romero Sáez, presentaron en la Sala una indicación para agregar en el inciso cuarto, a continuación de la palabra “terreno”, la frase “ni trámite de evaluación ante el Servicio de Evaluación Ambiental”; y agregar a continuación de la palabra “hidrobiológicos” la frase “o una afectación ambiental al mismo”.

Este inciso con la indicación fue aprobado por mayoría de votos.

Votaron a favor los diputados señores Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, Bernardo Berger, Javier Hernández, Leonidas Romero, Jaime Tohá y Francisco Undurraga. En contra lo hicieron la diputada señora Camila Rojas y los diputados señores Boris Barrera, Jorge Brito y Luis Rocafull. (6x4).

Se explica que bajo la figura de la relocalización de que trata el proyecto de ley se abordan dos supuestos: a) los casos en que derechamente los centros de cultivo se cambian de lugar y b) otros casos en que solo se trata de ajustes menores, dado que por lo problemas históricos de cartografía algunos centros aparecen con cierto desplazamiento del lugar en que deberían estar y, por lo tanto, lo único que se pretende es que se dé cuenta de dónde históricamente siempre han estado operando.

Por ese motivo, solo en los casos en que la relocalización consista en un ajuste de coordenadas, se exime de la evaluación de impacto ambiental, debido a que no se justifica tal trámite si los centros actualmente operan en esos lugares, realizan la información ambiental que corresponde periódicamente y se da cuenta del estado ambiental del sitio.

2) Los diputados señores Alejandro Santana Tirachini, Bernardo Berger Fett, Francisco Eguiguren Correa, Harry Jürgensen Rundshagen y Leonidas Romero Sáez, presentaron en la Sala una indicación para incorporar un inciso final del siguiente tenor:

“La Subsecretaría de Pesca podrá realizar relocalización de áreas de manejo de recursos bentónicos en los casos que tenga por objeto realizar un ajuste de coordenadas geográficas.”. (6x3+1).

Este inciso final, nuevo, fue aprobado por mayoría de votos.

Votaron a favor los diputados señores Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, Bernardo Berger, Javier Hernández, Leonidas Romero, Jaime Tohá y Francisco Undurraga. En contra lo hicieron la diputada señora Camila Rojas y los diputados señores Boris Barrera y Luis Rocafull. Se abstuvo el diputado señor Jorge Brito. (6x3+1).

Se explica que se agrega la posibilidad que sea la Subsecretaría la que haga la relocalización, que consista en ajustes cartográficos, respecto de las áreas de manejo. El problema descrito antes con los centros de cultivo también se ha presentado con estas áreas que son entregadas a las organizaciones de pescadores artesanales.

Artículo 2°.-

3) De los diputados señores Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, Bernardo Berger, Javier Hernández, Pablo Prieto, Leonidas Romero, Alejandro Santana y Francisco Undurraga, presentada en la Comisión, para reemplazar en el inciso primero la oración “La relocalización que tenga por origen una propuesta de la Subsecretaría gozará de preferencia frente a toda solicitud de concesión de acuicultura individual”, por la siguiente: “Las relocalizaciones y permisos especiales que se originen en virtud de la presente ley, y que se refiere a solo ajustes cartográficos, gozarán de preferencia frente a toda solicitud de concesión de acuicultura individual y/o solicitud de destinación sobre el borde costero, incluso de aquellas que tengan una fecha previa a la solicitud de relocalización.”.

Este inciso con la indicación fue aprobado por unanimidad.

Votaron a favor la diputada señora Camila Rojas y los diputados señores Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, Bernardo Berger, Jorge Brito, Javier Hernández, Pablo Prieto, Luis Rocafull, Leonidas Romero, Alexis Sepúlveda, Jaime Tohá y Francisco Undurraga. (11x0).

Se explica que se requiere asegurar que la relocalización por ajuste cartográfico se pueda realizar en forma prioritaria, dado que se trata de dar cuenta de la realidad de la posición de los centros. En consecuencia, antes de tramitar otras solicitudes en la misma área, debe tramitarse la relocalización. Lo mismo debiera ocurrir con los permisos especiales.

4) De los diputados señores Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, Bernardo Berger, Javier Hernández, Pablo Prieto y Alexis Sepúlveda, presentada en la Comisión, para anteponer en el inciso segundo la siguiente frase: “En los casos de meros ajustes cartográficos,”.

Este inciso con la indicación fue aprobado por mayoría de votos.

Votaron a favor los diputados señores Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, Bernardo Berger, Javier Hernández, Pablo Prieto, Luis Rocafull, Alejandro Santana, Alexis Sepúlveda, Jaime Tohá y Francisco Undurraga. Se abstuvieron la diputada señora Camila Rojas y el diputado señor Jorge Brito. (9+2).

Se explica que la relocalización que consiste solo en ajustes cartográficos pretende aclarar la posición que tienen los centros de cultivo, sin generar desplazamientos. Por tanto, se requiere tener la posibilidad que se consideren distancias menores a las exigidas por la norma, en caso contrario, podría darse la situación de no poder realizar el ajuste.

Existirían centros que quedaron ubicados en áreas distintas debido a problemas cartográficos, dándose casos en que no se pueda respetar la distancia mínima, entre ellos al realizar los ajustes, en consecuencia, para esos casos excepcionales se contemplen distancias inferiores.

Artículo 4°.-

5) De los diputados señores Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, Bernardo Berger, Alejandro Santana, Pablo Prieto y Francisco Undurraga, presentado en la Comisión, para incorporar la siguiente modificación en la ley N° 18.892, General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado mediante decreto supremo N° 430, de 1991, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción:

-Intercálase en el artículo 2° el siguiente numeral 72, nuevo:

“72) Mitilicultura: Actividad de cultivo, cría, extracción o recolección de semillas de moluscos del grupo mitílidos, para su explotación económica. Que cuenten con título y/o autorización para su extracción y comercialización. A las personas naturales o jurídicas que realizan esta actividad se les denomina mitilicultores.”.

Esta indicación fue aprobada por mayoría de votos.

Votaron a favor los diputados señores Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, Bernardo Berger, Javier Hernández, Pablo Prieto, Alejandro Santana, Alexis Sepúlveda y Francisco Undurraga. En contra lo hicieron la diputada señora Camila rojas y los diputados señores Boris Barrera, Jorge Brito y Luis Rocafull. Se abstuvo el diputado señor Jaime Tohá. (7x4+1).

Se explica que la definición de mitilicultura es un anhelo que han formulado hace tiempo los mitilicultores en orden a ver plasmado en la ley una diferenciación con los otros cultivos.

Artículo 6°.-

6) De los diputados señores Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, Bernardo Berger, Alejandro Santana, Javier Hernández, Pablo Prieto, Leonidas Romero y Francisco Undurraga, presentado en la Comisión en el inciso cuarto, para eliminar las palabras “fijadas al sustrato”.

Este inciso con la indicación fue aprobado por mayoría de votos.

Votaron a favor los diputados señores Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, Boris Barrera, Bernardo Berger, Javier Hernández, Pablo Prieto, Luis Rocafull, Leonidas Romero, Alexis Sepúlveda, Jaime Tohá y Francisco Undurraga. Se abstuvieron la diputada señora Camila rojas y el diputado Jorge Brito. (10+2).

Se explica que en la Región de Los Lagos el fuerte de las solicitudes de concesión de acuicultura son para proyectos técnicos de macroalgas o algas. De aprobarse el artículo como está el ingreso y otorgamiento de concesiones de acuicultura de algas solo se podría otorgar respecto de aquéllas que tengan por objeto el cultivo de microalgas fijadas al sustrato.

Sin embargo, existen dos técnicas para cultivar las algas: por la columna de agua que se llama suspendido, o fijadas al sustrato. La única alga que se fija el sustrato es el Pelillo, la que en la Región de los Lagos representa el 98 % de las concesiones.

Con ocasión de la publicación de ley N° 20.925 sobre Bonificación al repoblamiento y cultivo de algas, se extiende la posibilidad para que otras algas distintas del pelillo, como el huiro, la chicoria, etcétera, puedan ser cultivadas por los pescadores artesanales.

En consecuencia, al eliminarse la expresión “fijadas al sustrato” se posibilita que se tramiten no solamente solicitudes de cultivo de Pelillo, sino, también, de cualquier otra alga, como por ejemplo el huiro, chicoria, luga, etcétera.

Artículo 3° transitorio.-

7) De los diputados señores Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, Bernardo Berger, Javier Hernández, Pablo Prieto, Leonidas Romero, Jaime Tohá y Francisco Undurraga, presentada en la Comisión, al inciso primero, para reemplazar la frase “al 1 de enero de 2017” por “a la fecha de publicación de esta ley.”.

Este inciso con la indicación fue aprobado por mayoría de votos.

Votaron a favor los diputados señores Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, Boris Barrera, Bernardo Berger, Javier Hernández, Luis Rocafull, Leonidas Romero, Jaime Tohá y Francisco Undurraga. Se abstuvieron los diputados señores Alejandro Bernales y Jorge Brito. (8+2).

Se explica que mientras no se termine el proceso de relocalización de los centros de cultivo cuyo proyecto técnico no comprenda salmónidos, se suspenderá la aplicación de la causal de caducidad por falta de operación prevista en el artículo 142 letra e) de la ley General de Pesca y Acuicultura.

Que se entenderá culminado aquél una vez dictada la resolución de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas que otorgue la última relocalización de que se trata, y cuya caducidad no haya sido declarada a la fecha de publicación de esta ley, y no al 1 de enero del año 2017, fecha esta última que había quedado desfasada.

Asimismo, se suspenderá por el mismo plazo el deber del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura de elaborar la información ambiental de los centros de cultivo cuyo proyecto técnico no comprenda salmónidos, de conformidad con su artículo 12 bis, siempre que su titular se encuentre en supuestos que indica.

V.- ARTÍCULOS NUEVOS INTRODUCIDOS.

No se incorporaron artículos en el proyecto de ley en el presente trámite.

VI.- ARTÍCULOS QUE DEBEN SER CONOCIDOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA.

No se incorporaron normas en este segundo trámite reglamentario que lo hagan necesario.

VII.-INDICACIONES RECHAZADAS.

Al artículo 1°.-

1) De los diputados señores Alinco, Santana, Berger, Hernández, Romero y Undurraga, para agregar al final del literal c), después del punto aparte (.), que pasa a ser coma (,), la siguiente frase:

“De la comuna respectiva, salvo en los casos en que la concesión se encuentre en un límite comunal y su desplazamiento implique necesariamente ingresar al área de otra comuna.”. (5x5).

2) De la diputada señora Gael Yeomans Araya y diputados señores Diego Ibáñez Cotroneo y Gonzalo Winter Etcheberry, para incorporar la siguiente letra e):

“e) Someter el proyecto al sistema de evaluación de impacto ambiental, de ser ello procedente, atendido lo dispuesto en la letra n) del artículo 3 y en la letra n) del artículo 10, ambos del decreto supremo N° 40 del 2013.”. (1x10).

Inciso cuarto.-

3) Del diputado señor Alejandro Bernales Maldonado, para eliminar después de la coma el vocablo “no”. (4x7).

4) Del diputado señor Jorge Brito Hasbún para suprimirlo. (3x6).

Artículo 2°.-

Inciso segundo

5) De la diputada señora Gael Yeomans Araya y diputados señores Diego Ibáñez Cotroneo y Gonzalo Winter Etcheberry, para eliminarlo, pasando el actual tercero a ser inciso segundo. (3x9).

Inciso tercero

6) De los diputados señores Alejandro Santana Tirachini, Bernardo Berger Fett, Francisco Eguiguren Correa, Harry Jürgensen Rundshagen y Leonidas Romero Sáez, para reemplazarlo por el siguiente:

“Las concesiones que se relocalicen en virtud de la presente ley mantendrán su duración indefinida, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 69 de la Ley General de Pesca y Acuicultura.”. (6x6).

7) Del diputado señor Alejandro Bernales Maldonado, para incorporar un artículo 7 del siguiente tenor:

“Artículo 7.- En ningún caso las disposiciones de esta ley prevalecerán sobre lo dispuesto en la ley N° 20.249, que crea el Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios.”. (6x6).

Al artículo tercero transitorio

8) Del diputado señor Jorge Brito Hasbún, para suprimir la siguiente oración: “Asimismo, se suspenderá por el mismo plazo el deber del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura de elaborar la información ambiental de los centros de cultivo cuyo proyecto técnico no comprenda salmónidos, de conformidad con el artículo 12 bis, siempre que su titular se encuentre en alguno de los siguientes supuestos:”. (5x5).

VIII.- INDICACIONES DECLARADAS INADMISIBLE.

1) De los diputados señores Alejandro Santana Tirachini, Bernardo Berger Fett, Francisco Eguiguren Correa, Harry Jürgensen Rundshagen y Leonidas Romero Sáez, para reemplazar en el inciso primero del artículo 75 quáter, incorporado por la letra e) del artículo 4, la oración “La propuesta de áreas de colecta se consultará a la Comisión Regional de Uso del Borde Costero y” por la siguiente: “Verificadas las condiciones señaladas en los incisos anteriores, la Subsecretaria dictará una resolución con las áreas destinadas a la colecta de semillas, la que”. (65, N°2 C.P.R).

2) Del diputado señor Alejandro Bernales Maldonado, para sustituir en el inciso tercero del artículo 75 quáter, que se incorpora por la letra e) del artículo 4, lo siguiente:

a) La letra “Y” por una coma.

b) El punto y seguido por la expresión “, en otro de circulación local y, además, por avisos radiales.”.

c) La frase “un mes” por “sesenta días”. (24, inciso segundo L.O.C Congreso).

3) De los diputados señores Alejandro Santana Tirachini, Bernardo Berger Fett, Francisco Eguiguren Correa, Harry Jürgensen Rundshagen y Leonidas Romero Sáez, para modificar el inciso segundo del artículo 75 quinquies, en el siguiente sentido:

- Para reemplazar su letra a) por la siguiente:

“a) Ser mitilicultor con concesión de acuicultura vigente o permiso especial de captación y/o permiso de escasa importancia.”.

- Para suprimir la letra b), pasando la actual c) a ser letra b). (24, inciso primero L.O.C Congreso).

4) Del diputado señor Alejandro Bernales Maldonado para sustituir en el inciso tercero del artículo segundo transitorio, lo siguiente:

a) La letra “Y” por una coma.

b) El punto y seguido por la expresión “, en otro de circulación local y, además, por avisos radiales.”. (24, inciso segundo L.O.C Congreso).

IX.- TEXTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE EL PROYECTO MODIFIQUE O DEROGUE O INDICACIÓN DE LAS MISMAS.

1.- Ley N° 18.892, General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado mediante decreto supremo N° 430, de 1991, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

***************

Se hace presente que las siguientes indicaciones presentadas en la Sala fueron retiradas por sus autores durante este segundo trámite reglamentario:

Al artículo 1.-

Inciso primero

1) De los diputados señores Alejandro Santana Tirachini, Bernardo Berger Fett, Francisco Eguiguren Correa, Harry Jürgensen Rundshagen y Leonidas Romero Sáez, para reemplazar la frase “que no tengan salmónidos en su proyecto técnico,” por “que tengan cultivos mitílidos dentro de su proyecto técnico,”.

2) De los diputados señores Alejandro Santana Tirachini, Bernardo Berger Fett, Francisco Eguiguren Correa, Harry Jürgensen Rundshagen y Leonidas Romero Sáez, para agregar en la letra c), a continuación del punto y seguido que pasa a ser coma, la siguiente frase: “de la comuna respectiva.”.

Al artículo 2.-

Inciso primero

3) De los diputados señores Alejandro Santana Tirachini, Bernardo Berger Fett, Francisco Eguiguren Correa, Harry Jürgensen Rundshagen y Leonidas Romero Sáez, para reemplazar la oración “La relocalización que tenga por origen una propuesta de la Subsecretaría gozará de preferencia frente a toda otra solicitud de concesión de acuicultura individual.” por la siguiente: “Las relocalizaciones que se originen en virtud de la presente ley, gozarán de preferencia frente a toda otra solicitud de concesión de acuicultura individual y/o solicitud de destinación sobre el borde costero, incluso de aquellas que tengan una fecha previa a la solicitud de relocalización.”.

Inciso tercero

4) Del diputado señor Francisco Undurraga Gazitúa para sustituir la expresión “25 años” por “5 años”.

Al artículo 4.-

Letra a)

5) De los diputados señores Alejandro Santana Tirachini, Bernardo Berger Fett, Francisco Eguiguren Correa, Harry Jürgensen Rundshagen y Leonidas Romero Sáez, para incorporar en el artículo 2 de la ley N° 18.892, General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado mediante decreto supremo N° 430, de 1991, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, el siguiente número :

“XX) Mitilicultura: Actividad de cultivo, cría, extracción o recolección de semillas de moluscos del género Mytilus, para su explotación económica. Que cuenten con título y/o autorización para su extracción y comercialización. A las personas que realizan esta actividad se les denomina mitilicultores.”.

6) De los diputados señores Alejandro Santana Tirachini, Bernardo Berger Fett, Francisco Eguiguren Correa, Harry Jürgensen Rundshagen y Leonidas Romero Sáez, para eliminar el inciso tercero del artículo 75 quinquies, introducido por la letra e) del artículo 4.

7) De los diputados señores Alejandro Santana Tirachini, Bernardo Berger Fett, Francisco Eguiguren Correa, Harry Jürgensen Rundshagen y Leonidas Romero Sáez, para suprimir en el inciso primero del artículo 75 sexies, introducido por la letra e) del artículo 4, la siguiente oración: “siempre que no se hayan cometido infracciones contra la normativa ambiental o sanitaria durante su vigencia.”.

8) De los diputados señores Alejandro Santana Tirachini, Bernardo Berger Fett, Francisco Eguiguren Correa, Harry Jürgensen Rundshagen y Leonidas Romero Sáez, para incorporar en el inciso segundo del artículo 75 sexies, antes del primer punto y seguido, la siguiente frase: “durante los primeros cinco años de constituido el permiso especial de colecta”.

9) De los diputados señores Alejandro Santana Tirachini, Bernardo Berger Fett, Francisco Eguiguren Correa, Harry Jürgensen Rundshagen y Leonidas Romero Sáez, para modificar el inciso segundo del artículo 75 sexies en el siguiente sentido:

a) Eliminar el monosílabo “no”.

b) Reemplazar el vocablo “ni” por la expresión “y/o cualquier otro”.

c) Suprimir la palabra “alguno”.

10) De los diputados señores Alejandro Santana Tirachini, Bernardo Berger Fett, Francisco Eguiguren Correa, Harry Jürgensen Rundshagen y Leonidas Romero Sáez, para intercalar un inciso sexto, nuevo, del siguiente tenor, pasando el actual sexto a ser inciso séptimo y así sucesivamente:

“Si por condiciones ambientales o sanitarias sobrevinientes que impidan la realización de colecta de semillas en los sectores determinados para el efecto por parte de la Subsecretaria, será posible recolectar en áreas diferentes por medio de permisos de escasa importancia.”.

11) De los diputados señores Alejandro Santana Tirachini, Bernardo Berger Fett, Francisco Eguiguren Correa, Harry Jürgensen Rundshagen y Leonidas Romero Sáez, para reemplazar en el inciso octavo, que pasa a ser noveno, la expresión “cinco años” por “dos años”.

Al artículo segundo transitorio.-

Inciso primero

12) De los diputados señores Alejandro Santana Tirachini, Bernardo Berger Fett, Francisco Eguiguren Correa, Harry Jürgensen Rundshagen y Leonidas Romero Sáez, para reemplazar la frase “de colecta solo a quienes acrediten ante la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura:” por “a toda persona natural o jurídica que así lo solicite. Además, gozaran de preferencia en el otorgamiento de un permiso especial, quienes cumplan con los requisitos que a continuación se señalan:”.

Letra a)

13) De los diputados señores Alejandro Santana Tirachini, Bernardo Berger Fett, Francisco Eguiguren Correa, Harry Jürgensen Rundshagen y Leonidas Romero Sáez, para reemplazar la frase “por al menos dos años dentro del período comprendido entre el año 2012 y el 27 de junio de 2017” por “o ser titular o tenedor de una concesión destinada a la mitilicultura”.

Letra b)

14) De los diputados señores Alejandro Santana Tirachini, Bernardo Berger Fett, Francisco Eguiguren Correa, Harry Jürgensen Rundshagen y Leonidas Romero Sáez, para reemplazar el punto final por un punto y coma y agregar, a continuación, la siguiente frase: “Hualaihué (canal Hornopiren, canal Cholgo, canal Llanchid, canal Llancahué, estero Pichicolu, ensenada Hualaihué, península de Contao, y fiordo Comau).”.

15) De los diputados señores Alejandro Santana Tirachini, Bernardo Berger Fett, Francisco Eguiguren Correa, Harry Jürgensen Rundshagen y Leonidas Romero Sáez, para agregar a continuación del punto y aparte, que pasa a ser punto y coma, la siguiente frase: “Estero Castro, Paildad; Huildad; Yaldad; Compu; Canal Coldita; Ilsa Mora; Ilque; Huelmo; Huar; Capera; Cochamó; San Agustín; Hualaihué; Panitao; Quillaipe; Metri; Piedra Azul; Lepla; Rilan; Huinai, y Estero Contao.”.

16) De los diputados señores Alejandro Santana Tirachini, Bernardo Berger Fett, Francisco Eguiguren Correa, Harry Jürgensen Rundshagen y Leonidas Romero Sáez, para agregar como artículo cuarto transitorio, el siguiente:

“Artículo cuarto.- Decláranse vigente las concesiones y autorizaciones de acuicultura destinadas a la captación de semillas, que una vez promulgada la presente ley, hubieran incurrido en la causalidad de caducidad establecida en la letra e) del artículo 142 de la ley N° 18.892, General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto supremo Nº 430, de 1991, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, y su reglamento. Lo anterior, solo cuando cumplan con haber informado abastecimiento, existencia o cosecha durante los años 2012, 2013, 2014 y 2015 a través de los formularios entregados oportunamente de conformidad con el artículo 63 de la referida ley.”.

***************

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, y por los argumentos que dará a conocer el Diputado Informante, la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo recomienda la aprobación del siguiente

PROYECTO DE LEY

“Artículo 1°.- La Subsecretaría de Pesca y Acuicultura podrá proponer y tramitar, por motivos ambientales, sanitarios o de ordenamiento territorial, la relocalización conjunta de concesiones de acuicultura que no tengan salmónidos en su proyecto técnico, dentro una determinada área. Para tales efectos deberá darse cumplimiento a los siguientes requisitos:

a)Mantener el grupo de especies hidrobiológicas y área de la concesión.

b)Obtener la renuncia del titular de la concesión sometida a la condición de término de trámite de la relocalización, por resolución de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. En caso de no autorizarse la relocalización de la concesión esta renuncia quedará sin efecto.

c)Relocalizar la concesión dentro de áreas apropiadas para el ejercicio de la acuicultura.

d)Dar cumplimiento a la zonificación del borde costero de la región respectiva, a que alude el artículo 67 de la ley General de Pesca y Acuicultura y someterse a los requisitos establecidos en su artículo 79.

En lo no regulado en esta ley, se aplicará de manera supletoria lo dispuesto en la ley General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto supremo Nº 430, de 1991, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, y su reglamento.

La Subsecretaría de Pesca y Acuicultura podrá proponer al titular la fusión de dos o más de sus concesiones, debiendo darse cumplimiento a las condiciones señaladas en este artículo.

En los casos en que la relocalización de la concesión tenga sólo por objeto ajustar las coordenadas geográficas contenidas en los títulos administrativos correspondientes a su actual posición, no se realizará la inspección en terreno ni trámite de evaluación ante el Servicio de Evaluación Ambiental para establecer la existencia o ausencia de bancos naturales de recursos hidrobiológicos o una afectación ambiental al mismo.

La Subsecretaría de Pesca podrá realizar relocalización de áreas de manejo de recursos bentónicos en los casos que tenga por objeto realizar un ajuste de coordenadas geográficas.

Artículo 2°.- La Subsecretaría de Pesca y Acuicultura deberá considerar en la propuesta de relocalización por área, indicada en el artículo anterior, las solicitudes de concesión de acuicultura ubicadas en el sector, respecto de las cuales no existan causales de rechazo. Las relocalizaciones y permisos especiales que se originen en virtud de la presente ley, y que se refiere a solo ajustes cartográficos, gozarán de preferencia frente a toda solicitud de concesión de acuicultura individual y/o solicitud de destinación sobre el borde costero, incluso de aquellas que tengan una fecha previa a la solicitud de relocalización.

En los casos de meros ajustes cartográficos, el reglamento podrá fijar una distancia inferior a la establecida en virtud del artículo 87 de la ley General de Pesca y Acuicultura entre los centros de cultivo comprendidos en el área que sea objeto de la relocalización conjunta por área.

Las concesiones que se relocalicen tendrán una vigencia de 25 años contados desde la fecha de la relocalización y serán renovables en los términos señalados en el artículo 69 de la ley General de Pesca y Acuicultura.

Artículo 3°.- La hipoteca que grave la concesión original se extenderá a aquélla relocalizada por el solo ministerio de la ley, conservando la fecha de constitución de la hipoteca original.

En caso que se fusionen concesiones de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1°, se requerirá la autorización del acreedor hipotecario, si lo hubiere.

Artículo 4°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 18.892, General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado mediante decreto supremo N° 430, de 1991, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción:

a)Intercálanse en el artículo 2° los siguientes numerales 26 ter y 72, nuevos:

“26 ter) Permisos especiales de colecta o permisos especiales: acto administrativo por el cual se otorga el derecho de uso y goce de porciones de mar y fondo para la instalación de colectores de semillas conforme a las condiciones establecidas en esta ley y su reglamento. En todo lo que no esté regulado por esta ley y en lo que resulte compatible con este régimen de permisos especiales, se aplicará lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley N° 340, de 1960, del Ministerio de Hacienda y su reglamento.

72) Mitilicultura: Actividad de cultivo, cría, extracción o recolección de semillas de moluscos del grupo mitílidos, para su explotación económica. Que cuenten con título y/o autorización para su extracción y comercialización. A las personas naturales o jurídicas que realizan esta actividad se les denomina mitilicultores.”.

b)Intercálase en el inciso cuarto del artículo 63, entre las frases “cualquier título,” y “deberán informar”, la siguiente oración: “así como quienes realicen colecta de semillas en virtud de los artículos 75 quáter y 75 quinquies,”.

c) Agrégase en el inciso primero del artículo 74, la siguiente oración, antes del punto final: “y se constituirá por el solo ministerio de la ley una servidumbre que solo permitirá extender los elementos de flotación y soporte de las estructuras y su fijación.”.

d)Reemplázase el artículo 75 ter por el siguiente:

“Artículo 75 ter.- Los permisos especiales de colecta se otorgarán conforme al procedimiento establecido en los artículos 75 quáter y 75 quinquies, salvo en el caso de la Región de Los Lagos en que no se otorgarán permisos especiales de colecta conforme a las disposiciones de esta ley.”.

e) Intercálanse los siguientes artículos 75 quáter, 75 quinquies y 75 sexies, nuevos:

“Artículo 75 quáter.- Cada cinco años la Subsecretaría realizará una propuesta de áreas que serán destinadas a colecta de semillas, conforme a los antecedentes técnicos que correspondan.

Para la fijación de áreas de colecta se consultará previamente a la Autoridad Marítima, a través de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, acerca de la posible interferencia de las mismas con la libre navegación, y en caso de existir una zonificación del borde costero del litoral vigente se deberá dar cumplimiento de los usos previstos en ella. El reglamento podrá prever una distancia entre áreas de colecta. No podrán ser propuestas como áreas de colecta sectores ya otorgados en concesión marítima, de acuicultura, declarada área de manejo disponible, destinación marítima o sujeta a otro tipo de afectación territorial, con excepción de aquellas áreas de colecta que estén vigentes a la fecha de entrada en vigencia de esta ley. A tales efectos, previo a presentar la propuesta de áreas de colecta a la Comisión Regional de Uso del Borde Costero, la Subsecretaría excluirá de ella toda afectación territorial vigente para lo cual requerirá, cuando sea procedente, la información que corresponda a los órganos competentes.

La propuesta de áreas de colecta se publicará en el Diario Oficial y en un diario de circulación regional. En el plazo de un mes contado desde la última publicación cualquier persona podrá formular observaciones a la propuesta, las que deberán ser respondidas en el plazo de 15 días hábiles contados de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la ley N° 19.880.

La propuesta resultante de las etapas anteriores se consultará a la Comisión Regional de Uso del Borde Costero, la que tendrá el plazo de dos meses contado desde el requerimiento para emitir su pronunciamiento, vencido el cual se entenderá aprobada.

Vencido el plazo de dos meses a que se refiere el inciso anterior, deberá remitirse el informe técnico con la propuesta de áreas de colecta a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, la que declarará el establecimiento de las áreas de colecta y las otorgará en destinación a la Subsecretaría. La destinación tendrá un plazo de 10 años y podrá ser renovada.

La Subsecretaría anualmente fijará, al interior de las áreas de colecta, los polígonos que serán asignados en la forma, periodicidad y condiciones que fije el reglamento, incluida la cantidad máxima de colectores por superficie. En ningún caso los polígonos podrán exceder de 6 hectáreas en el caso de semillas de mitílidos, ni de 20 hectáreas en el caso de semillas de pectínidos.

Excepcionalmente, y por motivos fundados en antecedentes técnicos nuevos, la Subsecretaría podrá modificar las áreas de colecta fijadas, conforme al procedimiento previsto en este artículo.

Artículo 75 quinquies.- Podrán ser solicitados permisos especiales de colecta un mes después del llamado público que se realice a través de la publicación de los polígonos en el sitio web de la Subsecretaría y no se admitirá la presentación de solicitudes antes de dicho plazo.

En el caso de existir dos o más solicitudes se preferirá aquélla que obtenga el mayor puntaje de la suma de las ponderaciones asignadas, conforme a las reglas que a continuación se señalan:

a) Cercanía al polígono solicitado, lo que se acreditará conforme al reglamento. Se entenderá por cercanía, la proximidad de la residencia de la persona natural o de los integrantes de la persona jurídica u organización, cuando corresponda, y la cantidad de tiempo acreditado en dicha residencia.

b) Tener asignadas, en permiso especial, seis o más hectáreas de superficie en el caso de la colecta de semillas de mitílidos, o 20 o más hectáreas en el caso de los pectínidos, cualquiera sea el número de polígonos de que sea titular.

c) Otros elementos que sean fijados por el reglamento atendidas las condiciones geográficas del área respectiva.

La solicitud de permiso especial de colecta será presentada a la Subsecretaría, la que verificará las condiciones señaladas en el reglamento y determinará la asignación que proceda conforme al reglamento en el caso que sobre un mismo polígono recaiga más de una solicitud. Cumplido ese trámite, otorgará por resolución el permiso especial de colecta y será inscrito por el Servicio en el Registro Nacional de Acuicultura.

Si un solicitante ha tenido en los cinco últimos años permisos especiales para colecta y no hubiere hecho retiro de los colectores en el momento que correspondía hacerlo, o ha instalado un número mayor de los colectores autorizados, no podrá adjudicarse nuevos permisos especiales por un plazo de cinco años.

El reglamento de la ley determinará:

i) Las limitaciones en superficie o número máximo de polígonos al que podrá acceder cada solicitante por comuna y región. Dichas limitaciones se aplicarán respecto del solicitante y de las personas naturales y jurídicas vinculadas al mismo en los términos señalados en el artículo 81 bis. Para estos efectos, se considerará la superficie de que sea titular el solicitante y las personas vinculadas a él, en los términos señalados en el artículo 81 bis de la ley General de Pesca y Acuicultura. Esta limitación no será aplicable a los pescadores artesanales inscritos en el registro pesquero artesanal ni a las personas vinculadas a ellos, pero en este último caso solo respecto del pescador artesanal.

ii) Las ponderaciones de puntaje a que se refiere este artículo, debiendo considerar, entre otros aspectos, las condiciones geográficas del área respectiva.

Artículo 75 sexies.- Los permisos especiales se otorgarán por el plazo de la destinación, y serán renovables solo si se ha dado cumplimiento a las condiciones de ejercicio de la actividad y a las obligaciones incluidas en el acto de otorgamiento siempre que no haya reincidido en la comisión de infracciones contra la normativa ambiental o sanitaria durante su vigencia. La renovación del permiso especial estará supeditada a la vigencia de la destinación de que trata el artículo 75 quáter de esta ley.

Los derechos que otorga el permiso especial de colecta no serán susceptibles de transferencia, arriendo, cesión ni acto jurídico alguno que implique el ejercicio de la actividad por parte de terceros distintos del titular. Estos permisos serán transmisibles, para lo cual la sucesión, mediante mandatario común, deberá presentar a la Subsecretaría, dentro del plazo de dos años de ocurrido el fallecimiento del causante, copia autorizada de la inscripción de la posesión efectiva en el Registro Civil e Identificación. La Subsecretaría deberá otorgar un nuevo permiso a favor de los herederos, por el tiempo de duración que le restare al permiso especial, sin perjuicio que los herederos puedan optar a su renovación conforme a las reglas generales.

A los permisos especiales de colecta les serán aplicables las normas sobre patente única de acuicultura previstas en el artículo 84 de esta ley.

Los permisos especiales de colecta se otorgarán sobre los polígonos que se hayan determinado y habilitarán el ejercicio de dicha actividad sólo durante las temporadas fijadas por la Subsecretaría conforme al reglamento, el que considerará las características del grupo de especies de que se trate y las condiciones oceanográficas de los sectores en que se fijen los polígonos para la colecta. En ningún caso los permisos podrán autorizar el ejercicio ininterrumpido de la actividad ni la engorda de los ejemplares objeto de dicha autorización.

Los colectores deberán ser retirados al término de cada temporada. En el evento de constatarse que no han sido retirados se dejará sin efecto el permiso especial previa audiencia del titular, quien solo podrá invocar una fuerza mayor o caso fortuito como causal que impidió el cumplimiento del deber de retiro, caso en el cual se podrá autorizar la ampliación del plazo de retiro de los colectores, conforme a lo establecido en el reglamento. Contra la resolución que deje sin efecto el permiso solo procederá el recurso de reposición y jerárquico en subsidio, los que deberán ser deducidos en el plazo de 10 días hábiles de conformidad con la ley N° 19.880, contados desde la fecha de la resolución impugnada.

Solo podrá ejercerse la actividad de colecta de semillas a través de los permisos especiales de que trata esta ley y se prohíbe su ejercicio mediante permisos de escasa importancia, sin perjuicio de la colecta que se realice en áreas de manejo y concesiones de acuicultura conforme a sus regímenes específicos.

El polígono cuyo permiso especial haya sido dejado sin efecto, será asignado a otro titular de acuerdo al mismo procedimiento antes señalado, a menos que la Subsecretaría determine un polígono diferente.

En los casos en que, por algún evento de carácter medioambiental, sanitario, fuerza mayor o caso fortuito conforme a lo que señale el reglamento de esta ley, no exista o se presente una baja sustantiva de disponibilidad de semillas en los sectores en que hayan sido otorgados permisos especiales de colecta, se podrá prever para una o más temporadas en que dicho supuesto se concrete, polígonos temporales de colecta que serán determinados por la Subsecretaría. Dichos polígonos solo podrán corresponder en número y superficie al total de permisos especiales afectados por los eventos antes indicados. Estos polígonos temporales serán objeto de permisos de escasa importancia y beneficiarán solo a los titulares de permisos especiales afectados por los eventos indicados. En tal caso, solo deberá pagarse la patente que corresponde por permiso especial, eximiéndose de pagar el derecho exigible en virtud de las disposiciones sobre permisos de escasa importancia. Si la situación de inexistencia o baja sustantiva de disponibilidad de semillas se prolonga por cinco años, la Subsecretaría deberá proceder a una revisión de las áreas de colecta y de los polígonos de permisos especiales y podrá reemplazarlos conforme al procedimiento establecido en el artículo 75 quáter. Se asignarán los nuevos polígonos a quienes tengan permisos especiales vigentes en los sectores que han dejado de ser objeto de colecta de semillas declarados por la Subsecretaría.”.

e) Reemplázase en el inciso segundo del artículo 78 la oración “o con tres solicitudes previas en trámite en el sector” por la siguiente: “o con una solicitud previa en trámite en el sector con informe cartográfico favorable”.

Artículo 5°.- Derógase el artículo 3° transitorio de la ley N° 20.583.

Artículo 6°.- Agréganse en el artículo 4° de la ley N° 20.825 los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto, nuevos:

“Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, podrán tramitarse y otorgarse en la Región de Los Lagos, las solicitudes de concesión de acuicultura cuyo proyecto técnico no incluya peces, que se encuentren en alguno de los siguientes casos, manteniéndose suspendido el ingreso de las demás:

a)Cuenten con proyecto técnico aprobado al 9 de febrero de 2013.

b)Los cambios de proyectos técnicos de concesiones vigentes que no impliquen ampliación de área, salvo en el caso de solicitudes de ampliación de área de concesiones de acuicultura vigentes presentadas antes del 12 de abril de 2012.

c)Hayan ingresado a trámite al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura al 12 de abril de 2012, cualquiera sea el grupo de especies a cultivar, salvo en el caso de los mitílidos y macroalgas.

d)Tengan por objeto el grupo de especies mitílidos, sin que excedan de 6 hectáreas de superficie o en las que el solicitante hayan ejercido la opción de reducir la superficie de su solicitud a 6 hectáreas, y hayan ingresado al Servicio Nacional de Pesca hasta el 12 de abril de 2012.

e)Tengan por objeto el cultivo de macroalgas y que se encuentran en alguno de los siguientes casos:

i. Sean solicitudes de concesión cuya superficie total resultante de la sumatoria de todas las solicitudes en trámite y concesiones otorgadas al mismo titular sea igual o menor a 10 hectáreas.

ii. Sean solicitudes de concesión ingresadas por organizaciones compuestas solo por pescadores artesanales, cuya superficie total dividida por el número de socios sea igual o menor a 6 hectáreas. La superficie total corresponderá a la sumatoria de todas las solicitudes en trámite y concesiones otorgadas a la organización respectiva.

Si en los casos mencionados en la letra e) anterior, el titular excede la superficie indicada en cada caso, deberá modificar la superficie de la o de las solicitudes en trámite hasta la extensión que corresponda. En el caso de no realizar la adecuación de superficie, las solicitudes serán denegadas.

Asimismo, podrán ingresarse y otorgarse las solicitudes de concesión de acuicultura que tengan por objeto el cultivo de macroalgas que cumplan con las limitaciones de superficie indicadas en la letra e) anterior. Para efectos de aplicar las limitaciones de superficie se considerará la superficie de que sea titular el solicitante y las personas vinculadas a él en los términos señalados en el artículo 81 bis de la ley General de Pesca y Acuicultura. Esta limitación no será aplicable a las concesiones cuyos titulares sean pescadores artesanales inscritos en el registro pesquero artesanal, ni a las personas vinculadas al pescador artesanal.”.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 1°.- El primer llamado público para asignar permisos especiales de colecta conforme a los artículos 75 quáter y 75 quinquies introducidos por esta ley en la ley General de Pesca y Acuicultura, deberá realizarse en el plazo de dos años contado desde la fecha de publicación de esta ley en el Diario Oficial.

En los casos que a la fecha del primer llamado público de que trata el inciso anterior se encuentren otorgados permisos de escasa importancia para el ejercicio de la actividad de colecta, se podrá continuar con la actividad hasta el término de la temporada que esté iniciada. Una vez finalizada la temporada solo podrá ejercerse la actividad de colecta a través de un permiso especial.

Artículo 2°.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 75 ter de la ley General de Pesca y Acuicultura, incorporado por el artículo 4° de esta ley, en el caso de la Región de Los Lagos serán otorgados permisos especiales de colecta solo a quienes acrediten ante la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura:

a) Haber sido titular de un permiso de escasa importancia fundado en una resolución de la Subsecretaría por al menos dos años dentro del período comprendido entre el año 2012 y el 27 de junio de 2017.

b) Haber desarrollado la actividad de colecta en alguna de las siguientes áreas: Ancud, (Río Pudeto); Calbuco (Isla Puluqui, Bahía Lin, Isla Guar, Estero Huito); Castro (Canal Lemuy); Chaitén (Ayacara, Estero Reñihue, Estero Palvitad); Cochamó (Estero Reloncaví); Curaco de Velez, (sector Changuitad); Puerto Montt (Isla Maillen, Bahía Ilque, Chaicas); Puerto Varas (Estero Reloncaví); Puqueldón (Canal Lemuy, Canal Yal); Queilen (Canal Queilen); Quemchi (Canal Añihue); Quinchao (Canal Chaulinec).

c) No haber sido sancionado por realizar colecta ilegal de semillas en los últimos 4 años.

Para efectos de fijar los polígonos sobre los que se otorgarán los permisos especiales de la Región de Los Lagos, se aplicará lo dispuesto en los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 75 quáter de la ley General de Pesca y Acuicultura. Los polígonos no podrán exceder de 6 hectáreas en el caso de semillas de mitílidos, ni de 20 hectáreas en el caso de semillas de pectínidos.

Una vez determinados los polígonos, la Subsecretaría abrirá un período de postulación a los mismos por el plazo de seis meses, debiendo publicarse un aviso en un diario de circulación nacional y en otro de circulación regional. Asimismo, se publicará el llamado público en la página web de la Subsecretaría y del Servicio.

En los casos en que exista más de una solicitud sobre el mismo polígono, se preferirá la del solicitante que acredite tener en trámite en el mismo sector una solicitud de concesión de acuicultura. De no configurarse este supuesto, para la determinación de la asignación se aplicarán los criterios señalados en el reglamento.

En el caso de postular a más de un polígono, el solicitante deberá acreditar los requisitos indicados en el inciso primero por una superficie equivalente a la superficie total a la que postula.

A los permisos especiales de colecta de la Región de Los Lagos les serán aplicables lo dispuesto en el artículo 2°, numeral 26 ter, y en el artículo 75 sexies. Asimismo, los titulares de estos permisos deberán informar su operación conforme al artículo 63.

Si el titular del permiso especial obtiene la concesión de acuicultura en el mismo sector, quedará sin efecto el permiso especial por el solo ministerio de la ley y con el solo mérito del acto de otorgamiento de la concesión respectiva.

El llamado público para la postulación a los permisos especiales de la Región de Los Lagos deberá realizarse en el plazo de un año contado desde la fecha de publicación de esta ley.

Artículo 3°.- Mientras no se termine el proceso de relocalización de los centros de cultivo cuyo proyecto técnico no comprenda salmónidos, se suspenderá la aplicación de la causal de caducidad por falta de operación prevista en el artículo 142 letra e) de la ley General de Pesca y Acuicultura. Se entenderá culminado el proceso de relocalización una vez dictada la resolución de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas que otorgue la última relocalización de las concesiones de acuicultura que no tengan en su proyecto técnico especies del grupo salmónidos y cuya caducidad no haya sido declarada a la fecha de publicación de esta ley. Asimismo, se suspenderá por el mismo plazo el deber del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura de elaborar la información ambiental de los centros de cultivo cuyo proyecto técnico no comprenda salmónidos, de conformidad con el artículo 12 bis, siempre que su titular se encuentre en alguno de los siguientes supuestos:

a) Sea una persona natural o jurídica con uno o más centros de cultivo emplazados en terrenos de playa, que opera sobre especies nativas o exóticas, cuya producción total anual no exceda de 12 toneladas.

b) Sea una persona natural o empresa individual de responsabilidad limitada con uno o más centros de cultivo emplazados en bienes nacionales de uso público de superficie total igual o inferior a 10 hectáreas, que opera sobre especies nativas o especies exóticas que no sean peces y cuya producción máxima anual no exceda de 1.000 toneladas, salvo en el caso de peces nativos, en que la producción máxima anual será de 35 toneladas.

c) Sea una persona jurídica conformada solo por personas naturales con uno o más centros de cultivo emplazados en bienes nacionales de uso público, cuya superficie total sea igual o inferior a 20 hectáreas, que opera sobre especies nativas o especies exóticas que no sean peces y cuya producción máxima anual es de 2.000 toneladas, salvo en el caso de peces nativos, en que la producción máxima anual será de 35 toneladas.

d) Sea una organización conformada sólo por pescadores artesanales inscritos en el Registro de Pesca Artesanal, con uno o más centros de cultivo emplazados en bienes nacionales de uso público, cuya superficie total dividida por el número de socios no exceda de 6 hectáreas, que opera sobre especies nativas o especies exóticas que no sean peces y cuya producción máxima anual es de 5.000 toneladas.

Los titulares de los centros de cultivo que se encuentren en alguno de los supuestos antes indicados deberán elaborar la información ambiental por su cuenta y costo conforme a las exigencias previstas en el decreto supremo N° 320, de 2001, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.”.

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Se designó Diputado Informante al señor JAVIER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.

Tratado y acordado en sesiones de fecha 9 y 16 de mayo y 1 y 8 de agosto de 2018, con la asistencia de la señora Diputada doña Camila Rojas, y de los Diputados señores Pedro Pablo Álvarez- Salamanca, Javier Hernández, Bernardo Berger, Jorge Brito, Boris Barrera, Pablo Prieto, Luis Rocafull, Leonidas Romero, Alexis Sepúlveda, Jaime Tohá y Francisco Undurraga.

En sesión de 16 de mayo pasado el diputado señor Leonidas Romero fue reemplazado por el diputado señor Alejandro Santana; en sesión de 8 de agosto pasado la diputada señora Camila Rojas fue reemplazada por diputado Alejandro Bernales.

El diputado señor Gabriel Ascencio Mansilla se inhabilitó en cuanto a Presidir y votar en las sesiones en que se trató el proyecto de ley en informe, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 5B de la Ley Orgánica del Congreso Nacional.

SALA DE LA COMISIÓN, a 17 de agosto de 2018.

ROBERTO FUENTES INNOCENTI

Secretario de la Comisión

INFORME DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ASUNTOS INTERPARLAMENTARIOS E INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA, SOBRE EL PROYECTO DE ACUERDO QUE APRUEBA EL “TERCER PROTOCOLO ADICIONAL AL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE UNA ASOCIACIÓN ENTRE LA REPÚBLICA DE CHILE, POR UNA PARTE, Y LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR OTRA, PARA TENER EN CUENTA LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE CROACIA A LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ANEXOS”, SUSCRITO EN BRUSELAS, BÉLGICA, EL 29 DE JUNIO DE 2017. BOLETÍN N° 11.972-10-1

HONORABLE CÁMARA:

Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana pasa a informar sobre el proyecto de acuerdo del epígrafe, que se encuentra sometido a la consideración de la H. Cámara, en primer trámite constitucional, sin urgencia, y de conformidad con lo establecido en los artículos 32, N° 15 y 54, N° 1, de la Constitución Política de la República.

I.- CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.

Para los efectos constitucionales, legales y reglamentarios correspondientes, y previamente al análisis de fondo de este instrumento, se hace constar lo siguiente:

1°) Que la idea matriz o fundamental de este Proyecto de Acuerdo, como su nombre lo indica, es aprobar el “TERCER PROTOCOLO ADICIONAL AL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE UNA ASOCIACIÓN ENTRE LA REPÚBLICA DE CHILE, POR UNA PARTE, Y LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR OTRA, PARA TENER EN CUENTA LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE CROACIA A LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ANEXOS”, SUSCRITO EN BRUSELAS, BÉLGICA, EL 29 DE JUNIO DE 2017.

2°) Que este Proyecto de Acuerdo no contiene normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado. Por otra parte, se determinó que sus preceptos no deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda por no tener incidencia en materia presupuestaria o financiera del Estado.

3°) Que la Comisión aprobó el Proyecto de Acuerdo por 10 votos a favor, ninguno en contra y una abstención. Votaron a favor las diputadas señoras Hertz, doña Carmen; Muñoz, doña Francesca, y Sabat, doña Marcela; y los diputados señores Jarpa, don Carlos Abel; Kort, don Issa; Matta, don Manuel Antonio; Mirosevic, don Vlado; Moreira, don Cristhian; Naranjo, don Jaime, y Undurraga, don Francisco. Se abstuvo el diputado señor Vidal, don Pablo.

4°) Que Diputada Informante fue designada la señora DEL REAL, doña Catalina.

II.- ANTECEDENTES.

Según lo señala el Mensaje, el presente Protocolo Adicional es consecuencia jurídica de la incorporación de Croacia a la Unión Europea como nuevo Estado miembro, en virtud del Tratado de Adhesión suscrito entre las mismas Partes, en Bruselas, el 9 de diciembre de 2011 y en vigor desde el 1 de julio de 2013. En efecto, el presente Protocolo tiene por objeto permitir que este nuevo miembro de la Unión Europea pueda asumir como suyos los compromisos adquiridos anteriormente por la Comunidad Europea y sus Estados miembros, en el Acuerdo de Asociación suscrito con Chile el año 2002.

Agrega que este instrumento, que se somete a consideración de esta Cámara, no establece compromisos nuevos para nuestro país, respecto de las obligaciones contenidas en el Acuerdo de Asociación suscrito con la Comunidad Europea y sus Estados miembros el año 2002. Por tanto, la única consecuencia jurídica del presente Protocolo Adicional es la extensión a Croacia de los derechos y obligaciones contenidas en el mencionado Acuerdo de Asociación.

Añade que el intercambio comercial de Chile con los países miembros de la Unión Europea durante el año 2016 ascendió a US$ 17.682 millones, experimentando un crecimiento desde la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación entre Chile y la Unión Europea, de 109%, con un incremento promedio anual de 6%.

Precisa, asimismo, que en el año 2016, Croacia ocupó el lugar Nº 25, como socio comercial de Chile. El comercio con Croacia en el año 2016 concentró el 0,009% del total del comercio de Chile con el mundo, ascendiendo a US$ 11 millones. La balanza comercial de Chile con Croacia, presentó un déficit para Chile de US$ 5 millones.

2.- Comercio de Chile con Croacia en millones de dólares.

IMAGEN

En el año 2016 las exportaciones de Chile al mercado croata ascendieron a US$ 2,5 millones, representando un 0,004% del total exportado, ocupando el lugar Nº 25, respectivamente, en el destino de las exportaciones de Chile a los países de la Unión Europea. El crecimiento de las exportaciones a Croacia en el año 2016 fue de 56,2%, en comparación con el año anterior. Los 5 principales productos exportados al mercado croata concentraron un 80% del total exportado, encontrándose entre ellos: pasta química, mejillones, fungicidas, arándanos rojos y ciruelas secas.

Durante el año 2016, Croacia ocupó el lugar Nº 22 entre los mercados abastecedores de Chile desde los países de la Unión Europea. El nivel de importaciones ascendió a US$ 8 millones. El crecimiento de las importaciones desde Croacia en el año 2016 fue de 280%, en comparación con el año anterior. Los principales cinco productos importados desde el mercado croata concentraron un 89% del total importado, encontrándose, entre ellos: barcos para transporte de mercancías, medicamentos, moldes para vidrio, sustitutos lácteos para la alimentación de animales y lana de escoria; de roca; y lanas minerales.

Con respecto a las inversiones, y de acuerdo a las estadísticas del Comité de Inversiones Extranjeras, las inversiones materializadas de la UE en Chile, vía D.L. 600, durante el período 1974- 2016, ascendieron a US$ 41.752 millones, representando un 36% del total de la inversión extranjera directa en Chile. Con respecto a las inversiones de Chile en Croacia, de acuerdo con la información recopilada por el monitoreo que realiza la Dirección Económica y que tiene carácter de parcial, estas alcanzan a US$ 1.006 millones, en el periodo 1990-2016. Asimismo, de acuerdo a la información disponible, éstas se materializan en el sector de servicios.

III.- CONTENIDO DEL TERCER PROTOCOLO ADICIONAL.

1. Comercio de Mercancías.

En lo que respecta a esta materia, la Unión Europea concede un contingente adicional de 1000 toneladas métricas para determinadas carnes de cerdo (productos clasificados en las partidas/subpartidas: 0203, 1601 00, 1602 41, 1602 42 y 1602 49).

2. Normas de Origen.

En lo que respecta al Anexo III del Acuerdo, relativo a Normas de Origen o concepto de productos originarios, sólo se modifica el Artículo 17 y el Apéndice IV, agregando las menciones que se incluyen en el certificado de circulación de mercancías EUR.1, emitido a posteriori y duplicado, y la declaración en factura en el idioma oficial de Croacia.

3. Comercio de Servicios y Establecimiento.

Esta materia se encuentra regulada en el Título III, Capítulos I y II sobre Servicios y Servicios Financieros del Acuerdo de Asociación. El Protocolo Adicional tiene como propósito la incorporación de los compromisos de liberalización comercial, previstos en los Artículos 99 y 120, respectivamente (Listas de Compromisos), que Croacia debe asumir en el marco del Acuerdo de Asociación.

En particular, la cobertura del Capítulo sobre Servicios, incluye dos Secciones con disciplinas específicas para los sectores de transporte marítimo y telecomunicaciones. En estos casos, Croacia también deberá asumir como propias las obligaciones respectivas contenidas en el Acuerdo de Asociación.

Al igual que en la negociación con los 15 y posteriormente los otros 12 miembros incorporados anteriormente, cabe señalar que Croacia ha utilizado como base de liberalización comercial, los compromisos adquiridos bajo el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (AGCS) de la Organización Mundial del Comercio (OMC), acordados individualmente el 1 de diciembre de 1996 y el 1 de enero de 1995 respectivamente.

Estos compromisos se contraen principalmente en relación a las disciplinas de no discriminación entre nacionales y extranjeros (Artículos 98 y 119, Trato Nacional) y sobre la no aplicación de restricciones de carácter cualitativo o de exigencias de orden jurídico para el establecimiento del prestador del servicio (Artículo 97 y 118, Acceso a los Mercados).

El Capítulo III sobre Derechos de Establecimiento, aborda esencialmente la protección otorgada a las inversiones realizadas en sectores productivos distintos a aquellos referidos a los servicios y servicios financieros, materias que quedan cubiertas en los respectivos capítulos.

La liberalización de los flujos de inversión en estas áreas, se produce mediante la consolidación de sectores en los cuales Croacia se compromete a no imponer nuevas restricciones discriminatorias contra inversionistas chilenos (Artículo 132, Trato Nacional), con las limitaciones y excepciones que cada lista consigna. Al igual que en el sector de los servicios, el alcance de los compromisos de los nuevos miembros, se ve profundizado por el proceso interno de plena incorporación de estos países a la Unión Europea.

De igual forma, el texto del Acuerdo prescribe el reconocimiento de las Partes de aquellos compromisos adquiridos bilateral o multilateralmente, lo que implica la incorporación de los instrumentos de inversión conocidos como Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPIs). Con Croacia contamos con un APPI, suscrito el 28 de noviembre de 1994 y en vigor desde 16 de junio de 1996.

4. Contratación Pública.

En esta materia se incorpora al Acuerdo Chile – Unión Europa el listado de entidades públicas de Croacia cubiertas por los compromisos en materia de Contratación Pública, y los datos de fuentes de publicación en Croacia.

5. OMC.

En este ámbito, Chile se compromete a no presentar ninguna reclamación, solicitud o reenvío, ni modificar o derogar ninguna concesión en virtud de los artículos XXIV.6 y XXVIII del GATT de 1994 o del artículo XXI del AGCS en relación con la adhesión de Croacia a la Unión Europea.

IV.- ESTRUCTURA DEL TERCER PROTOCOLO ADICIONAL.

El presente Protocolo Adicional se estructura sobre la base de un Preámbulo y 15 artículos, agrupados en VII secciones, que tratan, respectivamente: Partes Contratantes; Comercio de Mercancías; Normas de Origen; Comercio de Servicios y Establecimiento; Contratación Pública; OMC; y Disposiciones Generales y Finales. Asimismo, el Protocolo consta de nueve anexos que contienen, entre otras, las modificaciones del calendario de eliminación de aranceles de la Comunidad; autoridades responsables de los servicios financieros; lista de compromisos específicos sobre establecimiento; etc.

En el Preámbulo, las Partes exponen las razones que motivaron a suscribir el presente Protocolo, en particular, la contenida en el Tratado de adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea, en el cual se prescribe que se debe celebrar un protocolo para hacerse parte del Acuerdo de Asociación.

El artículo 1, de la Sección I, denominada “Partes Contratantes”, dispone que la República de Croacia pasa a ser Parte Contratante del Acuerdo de Asociación entre Chile y la Comunidad Europea y sus Estados miembros.

A continuación, el artículo 2, de la Sección II intitulada “Comercio de mercancías”, establece que el Anexo I del Acuerdo queda modificado de conformidad con las disposiciones del Anexo I del presente Protocolo con el objeto de añadir los contingentes arancelarios indicados en la Sección 1 del anexo I del Acuerdo.

En la Sección III sobre “Normas de Origen”, los artículos 3 y 4 modifican, respectivamente, el Artículo 17, el Artículo 18 y el Apéndice IV, todos del Anexo III del Acuerdo de Asociación. Y el artículo 5 señala que las disposiciones del Acuerdo serán aplicables a las mercancías exportadas de Chile a Croacia o de Croacia a Chile, que cumplan las disposiciones del Anexo III del Acuerdo y que, en la fecha de la adhesión, se encuentren en tránsito o en depósito temporal en un depósito aduanero o en una zona franca en Chile o en Croacia. Asimismo, en tales casos, se concederá trato preferencial, previa presentación a las autoridades aduaneras del país importador, dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de la adhesión, de una prueba de origen expedida a posteriori por las autoridades aduaneras o la autoridad gubernamental competente del país exportador.

Seguidamente, los Artículos 6, 7, 8 y 9, de la Sección IV relativa al “Comercio de Servicios y Establecimiento”, incorporan los compromisos asumidos por el nuevo Estado miembro de la Unión Europea en materia de Servicios, Servicios Financieros y Establecimiento.

En el Artículo 10, Sección V, rotulada “Contratación Pública”, se agregan a la cobertura de la Comunidad en materia de contratación pública, las entidades del nuevo Estado miembro que se indican en el Anexo VIII de este Protocolo. A su vez, se añaden al apéndice 2 del Anexo XIII del Acuerdo de Asociación, los listados de los medios de publicación del nuevo Estado miembro enumerados en el anexo IX del Protocolo.

En el Artículo 11, Sección VI, denominada “OMC”, Chile se compromete a no presentar ninguna reclamación, solicitud o reenvío, ni modificar o derogar ninguna concesión en virtud de los artículos XXIV.6 y XXVIII del GATT de 1994 o del artículo XXI del AGCS en relación con la adhesión de Croacia a la Unión Europea.

Por último, los Artículos 12, 13, 14 y 15, de la Sección VII, referida a las “Disposiciones generales y finales”, tratan, respectivamente: versión croata del Acuerdo, relación del Protocolo y sus Anexos con el Acuerdo de Asociación, entrada en vigor, aplicación, depositario y textos auténticos del mismo.

V.- DISCUSIÓN EN LA COMISIÓN Y DECISIÓN ADOPTADA.

En el estudio de este Proyecto de Acuerdo la Comisión contó con la asistencia de la señora Carolina Valdivia Torres, Subsecretaria de Relaciones Exteriores, y del señor Cristián Toloza Castillo, Jefe del Departamento Europa de la DIRECON, quienes, además de ratificar los contenidos expresados en el Mensaje, manifestaron que esta iniciativa permite que este nuevo miembro de la Unión Europea pueda asumir como suyos los compromisos adquiridos anteriormente por la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, en el Acuerdo de Asociación suscrito con nuestro país el año 2002.

Por su parte, las señoras y señores Diputados que votaron favorablemente el proyecto en Informe, tuvieron presente que la única consecuencia jurídica del presente Protocolo Adicional, tal como lo expresa el Mensaje, es la extensión a Croacia de los derechos y obligaciones contenidas en el mencionado Acuerdo de Asociación.

-- Sometido a votación el proyecto de acuerdo, se aprobó por 10 votos a favor, 0 en contra y una abstención.

(Votaron a favor las diputadas señoras Hertz, doña Carmen; Muñoz, doña Francesca, y Sabat, doña Marcela, y los diputados señores Jarpa, don Carlos Abel; Kort, don Issa; Matta, don Manuel Antonio; Mirosevic, don Vlado; Moreira, don Cristhian; Naranjo, don Jaime, y, Undurraga, don Francisco. Se abstuvo el señor Vidal, don Pablo).

VI.- MENCIONES REGLAMENTARIAS.

En conformidad con lo preceptuado por el artículo 302 del Reglamento de la Corporación, se hace presente que la Comisión no calificó como normas de carácter orgánico o de quórum calificado ningún precepto contenido en el Proyecto de Acuerdo en informe. Asimismo, ella determinó que sus preceptos no deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda por no tener incidencia en materia presupuestaria o financiera del Estado.

Como consecuencia de los antecedentes expuestos y visto el contenido formativo del Acuerdo en trámite, la Comisión decidió recomendar a la H. Cámara aprobar dicho instrumento, para lo cual propone adoptar el artículo único del Proyecto de Acuerdo, cuyo texto es el siguiente:

PROYECTO DE ACUERDO

"ARTÍCULO UNICO.- Apruébase el Tercer Protocolo Adicional al Acuerdo por el que se establece una Asociación entre la República de Chile, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por otra, para tener en cuenta la adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea y sus Anexos, suscrito en Bruselas, Bélgica, el 29 de junio de 2017.”.

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Discutido y despachado en la sesión de fecha 14 de agosto de 2018, celebrada bajo la presidencia del H. Diputado don Vlado Mirosevic Verdugo, y con la asistencia de las diputadas señoras Hertz, doña Carmen; Muñoz, doña Francesca, y Sabat, doña Marcela; y de los diputados Jarpa, don Carlos Abel; Kort, don Issa; Matta, don Manuel Antonio; Moreira, don Cristhian; Naranjo, don Jaime; Undurraga, don Francisco, y Vidal, don Pablo.

Se designó como Diputada Informante a la señora DEL REAL, doña Catalina.

SALA DE LA COMISIÓN, a 14 de agosto de 2018.

Pedro N. Muga Ramírez,

Abogado, Secretario de la Comisión.

INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY N° 20.571, QUE REGULA EL PAGO DE LAS TARIFAS ELÉCTRICAS DE LAS GENERADORAS RESIDENCIALES, CON EL OBJETO DE INCENTIVAR SU DESARROLLO, Y HACE APLICABLES SUS DISPOSICIONES A TODOS LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DEL PAÍS. BOLETÍN N° 8999-08 (S)

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Hacienda pasa a informar, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y conforme a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 226 del Reglamento de la Corporación, el proyecto de ley mencionado en el epígrafe, originado en Moción de los ex senadores señores Horvath, Gómez y Prokurica, y de las senadoras señoras Allende y Rincón con urgencia calificada de Suma y que cumple su segundo trámite constitucional.

Concurrieron a presentar el proyecto, la Ministra de Energía señora Susana Jiménez Schuster, acompañada del señor Gabriel Prudencio, Jefe de División de Energía Renovables y el Asesor Legislativo señor Juan Ignacio Gómez Corvalán.

I.-CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS

-Comisión técnica:

Comisión de Comisión de Minería y Energía.

-Artículos que la Comisión Técnica dispuso que fueran conocidas por esta Comisión de Hacienda.

1.-El literal d), del numeral 1) del artículo único permanente del proyecto, que reemplaza el inciso cuarto –que pasó a ser sexto- del artículo 149 bis de la ley N°20.571

2.- El literal f), del mismo numeral

3.-El numeral 2) que reemplaza el artículo 149 ter

-Normas de quórum especial: No hay

-Artículo modificado: No hubo

- Diputado Informante: Se designó al señor Alejandro Santana Tirachini

I.-SÍNTESIS DE LAS IDEAS MATRICES O FUNDAMENTALES:

El objetivo de la ley 20.571, es dar derecho a los clientes regulados de las Empresas Distribuidoras, a generar su propia energía eléctrica, mediante medios renovables no convencionales o de cogeneración eficiente, autoconsumirla y vender sus excedentes de energía a la empresas distribuidoras (clientes regulados corresponden, en general, a pequeños y medianos consumidores que tengan una capacidad conectada inferior a 2.000 kilowatts (kW)). Y donde el sistema de generación con energías renovables tenga una potencia instalada menor a 100 kW nominal.

En este contexto, el proyecto busca potenciar el desarrollo de las generadoras residenciales, perfeccionando la ley N° 20.571 de manera de facilitar su instalación, mediante energías renovables no convencionales, por pequeños consumidores denominados BT1 (medición de energía cuya potencia conectada sea inferior a 10 kW o la demanda sea limitada a 10 kW –residencial-), y, por otra, mejorar las tarifas que se pagan a las personas que realizan este emprendimiento.

II.-ANTECEDENTES GENERALES DE LA INICIATIVA [1]:

.-La Generación Ciudadana, establecida mediante la ley 20.571, de 20 de enero de 2012, establece que es un sistema que permite la autogeneración de energía en base a Energías Renovables No Convencionales (ERNC) y cogeneración eficiente. Esta ley, conocida también como Netbilling, Netmetering o Generación Distribuida, entrega el derecho a los usuarios a vender sus excedentes directamente a la distribuidora eléctrica a un precio regulado, el cual está publicado en el sitio web de cada empresa distribuidora.

Todo sistema de generación eléctrica que busque acogerse a esta ley, debe ser declarado ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, que desde el año 2015 cuenta con una Unidad Técnica Especializada en ERNC para atender los requerimientos de la ciudadanía. Esta Declaración Eléctrica debe ser realizada por un Instalador Autorizado, y debe contener además los detalles técnicos de la instalación, así como de los productos a utilizar. Posteriormente, la SEC fiscaliza la Instalación y si ésta cumple con los requerimientos técnicos, autoriza su funcionamiento, tras lo cual, el propietario deberá notificar su conexión a la red de la Empresa de distribución eléctrica.

La SEC pone a disposición de la ciudadanía un listado de los productos autorizados para ser utilizados en sistemas de generación ciudadana, así como la información de contacto de todos los instaladores que ya han declarado exitosamente algún sistema de este tipo, mediante el Trámite TE4. (Se adjunta documento explicativo de la aplicación de la Ley de Generación Distribuida.

III.-CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY

El proyecto de ley iniciado en moción, en el año 2013, constaba de cuatro artículos que no tenían incidencia en materia presupuestaria. Luego de su aprobación en general en el Senado, en septiembre de ese año, la discusión fue retomada mediante presentación de indicación por parte del Ejecutivo en diciembre de 2017, patrocinando el proyecto pero sin que acompañara informe financiero, debiendo hacerlo, como se hizo presente con posterioridad, luego de su ingreso, en la Comisión de Minería y Energía, en su segundo trámite constitucional, el 9 de enero de 2018.

El Ejecutivo, presenta nuevas indicaciones reemplazando las anteriores, acompañando el informe financiero respectivo, el 29 de mayo del año en curso, y, posteriormente, mediante nuevas indicaciones retira algunas de ellas y hace presente otras, con su respectivo informe financiero, con fecha 1 de agosto, las que en definitiva fueron tratadas en el informe enviado a esta Comisión de Hacienda, y que consta de un artículo único dividido en dos numerales, y, éstos, el letras. Asimismo, consta de cuatro artículos transitorios.

IV.- COMPETENCIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA

La Comisión de Minería y Energía indicó las siguientes normas, por tener incidencia en materia presupuestaria o financiera del Estado, de competencia de esta Comisión, particularmente, por lo dispuesto en el artículo 149 quinquies del decreto con fuerza de ley N°4, de 2007, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley General de Servicios Eléctricos, y que el proyecto propone modificar:

1.-El literal d), del numeral 1) del artículo único permanente del proyecto, que reemplaza el inciso cuarto –que pasó a ser sexto- del artículo 149 bis de la ley, referido al incremento de 100 a 300kW en la capacidad máxima instalada de los generadores para permitir los descuentos en la facturación.

2.- El literal f), del mismo numeral, que intercala la expresión “los cargos de suministro eléctrico de”, que amplía la base sobre la cual se efectúan los descuentos.

3– El numeral 2) del artículo único permanente del proyecto que reemplaza el artículo 149 ter, referido a las condiciones de pago de los excedentes de las inyecciones que no hayan podido ser descontados.

Las normas objeto de revisión tienen impacto fiscal en atención al artículo 149 quinquies de la Ley General de Servicios Eléctricos

NORMA DE REFERENCIA:

Artículo 149 quinquies.- Los pagos, compensaciones o ingresos percibidos por los clientes finales en ejercicio de los derechos que les confieren los artículos 149 bis y 149 ter, no constituirán renta para todos los efectos legales y, por su parte, las operaciones que tengan lugar conforme a lo señalado en tales disposiciones no se encontrarán afectas a Impuesto al Valor Agregado. No podrán acogerse a lo dispuesto en el inciso precedente, aquellos contribuyentes del impuesto de Primera Categoría obligados a declarar su renta efectiva según contabilidad completa, con excepción de aquellos acogidos a los artículos 14 bis y 14 ter de la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 1° del decreto ley Nº 824, de 1974

Las concesionarias de servicio público de distribución deberán emitir las facturas que den cuenta de las inyecciones materializadas por aquellos clientes finales que gocen de la exención de Impuesto al Valor Agregado señalada en el inciso precedente, siempre que dichos clientes finales no sean contribuyentes acogidos a lo dispuesto en los artículos 14 bis y 14 ter de la Ley sobre Impuesto a la Renta, caso en el cual éstos deberán emitir la correspondiente factura.

El Servicio de Impuestos Internos establecerá mediante resolución, la forma y plazo en que las concesionarias deberán emitir las facturas a que se refiere el inciso precedente.".

Textos sometidos a consideración de la Comisión de Hacienda, que modifican la ley N° 20.571, que regula el pago de las tarifas eléctricas de las generadoras residenciales, con el objeto de incentivar su desarrollo, y hace aplicables sus disposiciones a todos los sistemas eléctricos del país

Artículo único

1) Modifícase el artículo 149 bis, en los siguientes términos

d) Reemplázase el inciso sexto por el siguiente:

“La capacidad instalada y la inyección de excedentes permitidas por cada usuario final y por el conjunto de dichos usuarios en una misma red de distribución, o en cierto sector de ésta, se determinarán según criterios de seguridad operacional, de configuración y uso eficiente de la red de distribución o de ciertos sectores de ésta, entre otros, según lo que determine el reglamento. El procedimiento de cálculo de la capacidad antes mencionada y los requerimientos técnicos específicos para su implementación serán determinados por la norma técnica respectiva. La capacidad instalada por cada inmueble o instalación de un cliente o usuario final no podrá superar los 300 kilowatts.”.

f) En el inciso noveno:

i. Intercálase entre las expresiones “deberán ser descontadas de” y “la facturación correspondiente”, la siguiente frase: “los cargos por suministro eléctrico de”.

ii. Agrégase a continuación del punto final (.), que pasa a ser seguido (.), la siguiente frase: “En el caso de inyecciones de energía valorizadas de acuerdo a lo señalado, provenientes de equipamientos de generación de energía eléctrica de propiedad conjunta, éstas deberán ser descontadas de los cargos de suministro eléctrico de las facturaciones de los propietarios del equipamiento, de acuerdo al mecanismo señalado en el presente inciso y según las reglas de repartición de inyecciones que hayan sido informadas a la concesionaria en el correspondiente contrato.”.

2) Reemplázase el artículo 149 ter por el siguiente:

“Artículo 149 ter.- Los remanentes de inyecciones de energía valorizados conforme a lo indicado en el artículo precedente que, transcurrido el plazo señalado en el contrato, no hayan podido ser descontados de los cargos de las facturaciones correspondientes, podrán, a voluntad del cliente, ser descontados de los cargos por suministro eléctrico correspondientes a inmuebles o instalaciones de propiedad del mismo cliente, conectadas a las redes de distribución del mismo concesionario de servicio público de distribución. El reglamento determinará el procedimiento y los requerimientos para acreditar la propiedad de un inmueble o instalación para los fines establecidos en el presente inciso.

No obstante lo anterior, los clientes podrán optar a recibir un pago por parte de la empresa distribuidora por los remanentes de inyecciones de energía valorizados conforme a lo indicado en el artículo precedente que, transcurrido el plazo señalado en el contrato, no hayan podido ser descontados de los cargos de las facturaciones correspondientes, siempre que se cumplan las siguientes condiciones copulativas:

a) Que los remanentes no provengan de un equipamiento de generación eléctrica asociado a un inmueble o instalación vinculada a las disposiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 149 bis.

b) Que los remanentes no provengan de un equipamiento de generación eléctrica asociado a un inmueble o instalación vinculada al mecanismo señalado en el inciso primero del presente artículo, salvo que estos inmuebles o instalaciones pertenezcan a una persona jurídica sin fines de lucro.

c) Que el equipamiento de generación eléctrica haya sido dimensionado para que, en condiciones normales de funcionamiento y en una base de tiempo anual, sus inyecciones de energía no produzcan remanentes que no puedan ser descontados de las facturaciones del o los inmuebles o instalaciones donde éste se encuentre asociado, de acuerdo al procedimiento y los requisitos que establezca el reglamento.

d) Que los remanentes no tengan su origen en incrementos en la capacidad de generación que no hayan cumplido con la condición anterior.

En el caso que los remanentes tengan su origen en equipamiento de generación correspondientes a inmuebles o instalaciones de clientes residenciales con potencia conectada inferior o igual a 20 kW o de personas jurídicas sin fines de lucro con potencia conectada inferior o igual a 50 kW, no será necesario cumplir con las exigencias de los literales c) y d) para que el cliente pueda optar al pago mencionado en el inciso anterior.

El reglamento establecerá la manera de acreditar el cumplimiento de los requisitos anteriores, junto con la información que deberá utilizarse para este fin y los mecanismos de actualización de la misma.

En caso que sea necesario realizar mediciones de consumos o generación del cliente, estas mediciones deberán ser ejecutadas de acuerdo con la normativa vigente por la empresa distribuidora, con cargo al solicitante, en las condiciones que se definan en el reglamento.

Para los efectos del pago, la concesionaria deberá remitir al cliente un documento nominativo representativo de las obligaciones de dinero emanadas de las inyecciones no descontadas, salvo que dicho cliente haya optado por otro mecanismo de pago en el contrato respectivo.

Los remanentes, debidamente reajustados de acuerdo al índice de precios al consumidor, que tras 5 años desde el año calendario en que fueron generados por el usuario, y que aún no hayan podido ser descontados de los cargos de suministro de la facturación correspondiente o pagados al mismo, deberán ser informados por las empresas distribuidoras a la Comisión y al usuario que los hubiese generado, de acuerdo a los procedimientos, plazos y formatos establecidos en el reglamento. Dichos remanentes serán utilizados en la comuna donde se emplaza el equipamiento de generación para la determinación de los cargos y descuentos a los que se refieren el inciso cuarto del artículo 157°. En el caso de los sistemas eléctricos cuya capacidad instalada de generación sea inferior a 200 megawatts y superior a 1.500 kilowatts, los remanentes antes señalados deberán ser incorporados en las tarifas traspasables a cliente final con la periodicidad y forma que defina el reglamento.”.

V.- INFORMES FINANCIEROS DE LAS INDICACIONES PRESENTADAS

El Ejecutivo presentó indicaciones al proyecto de ley en estudio originado en Moción, en dos oportunidades, haciendo presente su patrocinio por medio de los siguientes informes financieros presentados el 25 de mayo, y el 31 de julio de 2018.

1.-Informe financiero de 25 de mayo de 2018

I.-Antecedentes

La ley Nº 20.571 otorga el derecho a los clientes que posean medios de generación eléctrica a recibir una compensación económica por los excedentes de su producción, regulando el proceso de inyección de estos excedentes a la red de distribución. El presente proyecto perfecciona la normativa legal vigente, mediante las siguientes modificaciones:

Aumento de 100 a 300 kW en la capacidad máxima instalada de los generadores para permitir los descuentos en la facturación.

Se otorga un mecanismo limitado para el pago de excedentes que no puedan descontarse de las cuentas de suministro eléctrico. Este pago sólo aplicará para los clientes con capacidad instalada menor a 20 kW y estará limitado al 20% de la facturación que el cliente tendría que pagar por sus consumos a la distribuidora si no contase con equipamiento de generación.

Las inyecciones de energía serán descontadas de todos los cargos por suministro eléctrico de la facturación correspondiente al mes en que se registraron las inyecciones. Actualmente, sólo se permite aplicar los descuentos a la partida de energía.

Otorga la posibilidad de que los remanentes de Inyecciones que no hayan sido descontados de sus facturaciones correspondientes sean descontados de los cargos por suministro eléctrico de otros inmuebles o instalaciones de propiedad del mismo cliente.

Se establece un plazo para la caducidad a los excedentes que no hayan podido ser descontados y traspasarlos a beneficio de todos los clientes de la comuna en la que se realizaron las inyecciones.

II.-Efecto del proyecto de ley sobre el Presupuesto Fiscal

La tabla siguiente muestra las estimaciones del costo fiscal asociado a estas modificaciones, basados en proyecciones del Ministerio de Energía respecto del número de instalaciones que serán capaces de inyectar energía. De ellas, se ha supuesto una inyección del 40% de la energía generada y una valorización promedio de 100 USD/MWh. En base a estas estimaciones, se obtiene que:

Las modificaciones señaladas no requerirán de un mayor gasto fiscal por concepto de contratación de estudios o de personal para ejecutar esta ley, dado que ésta corresponde a un perfeccionamiento de la ley operativa desde el año 2014.

Las modificaciones señaladas no tendrán impacto en la recaudación del IVA para las organizaciones que reciban facturas por sus insumos, porque la energía representa un insumo intermedio que no altera la recaudación del bien final.

El aumento de 100 a 300 kW provoca una menor recaudación para el caso de los clientes residenciales que cuenten con esta capacidad instalada, pues para ellos la energía corresponde a un bien de consumo final. Se estima que, si un 20% de las inyecciones de inmuebles con capacidad entre 100 a 300 kW corresponde a clientes residenciales, se observará una menor recaudación por concepto de IVA del orden de $17,1 millones anuales para el período 2018-2021.

La base sobre la que se aplican los descuentos, que aumenta a la totalidad de los cargos por suministro eléctrico, provocará una menor recaudación por concepto de IVA a los clientes residenciales del orden de los $12,8 millones anuales para el período 2018-2021

Tabla 1: Efecto Fiscal del Proyecto de Ley (miles de pesos de 2018)

IMAGEN

Notas;

1. Para el cálculo de estas cifras, se han utilizado las estimaciones de energía generada del Ministerio de Energía, las cuales estiman 37.843 kW para el 2018, y de 435.197 kW hacia el 2025.

2. De esta energía, se ha supuesto que un 40% se Inyecta a la red, con un 60% de autoconsumo.

3. Se ha supuesto una valorización promedio de 100 USD/MWh para esta energía Inyectada.

4. Se ha supuesto que un 20% de estas Inyecciones corresponderán a clientes con capacidad Instalada entre 100 kW y 300 kW. Además, se ha supuesto que un 20% de ellos corresponden a clientes residenciales.

5. Por último, se calcula que un 85% de las facturaciones a clientes residenciales corresponde a la partida de distribución eléctrica, por lo que el aumento de la base para los descuentos afectará al 15% restante de la facturación.

De acuerdo con lo anterior, el proyecto de ley comprenderá un menor ingreso fiscal de $12,6 millones durante el primer año de vigencia, y de $145,2 millones al octavo año de vigencia.

Sin embargo, este proyecto afectará las utilidades de las empresas que decidan inyectar energía, lo que impactará la recaudación por impuesto a la renta. Tanto el signo como la magnitud de estos cambios en recaudación son inciertos, y dependerán de los ingresos de estas empresas, del costo de inversión en producción de energía, y de la magnitud de esta producción

2.-Informe Financiero de 31 de julio de 2018

Antecedentes

La ley Nº 20.571 otorga el derecho a los clientes que posean medios de generación eléctrica a recibir una compensación económica por los excedentes de su producción, regulando el proceso de inyección de estos excedentes a la red de distribución. El presente proyecto perfecciona la normativa legal vigente, aumentando la capacidad instalada máxima para acceder a la compensación por inyecciones, precisando las condiciones para el pago de remanentes no descontados de las tarifas eléctricas, y estableciendo un plazo máximo para el pago de los excedentes que no hayan podido ser descontados.

Las indicaciones al proyecto buscan modificar las condiciones bajo las cuales un cliente puede acceder a un pago por las inyecciones no descontadas. En particular:

Los remanentes no pueden provenir de un equipamiento de generación comunitaria.

Los remanentes no pueden provenir de un cliente que se encuentre realizando descuentos a las facturaciones de más de un inmueble.

La capacidad instalada del cliente no puede exceder el consumo esperado para este, salvo en los clientes residenciales con capacidad menor a 20 kW y a las organizaciones sin fines de lucro con capacidad menor a 50 kW.

Efecto del proyecto de ley sobre el Presupuesto Fiscal

Teniendo en consideración que, respecto al impacto sobre la recaudación de IVA calculado en el Informe Financiero anterior, es posible concluir que las modificaciones señaladas no tendrán impacto en la recaudación para las organizaciones que reciban facturas por sus insumos, porque la energía representa un insumo intermedio que no altera la recaudación del bien final. Por su parte, los clientes residenciales finales mantienen las condiciones existentes hoy respecto a los pagos, por lo que estas indicaciones no tienen impactos adicionales en este segmento de clientes en términos de recaudación a los ya existentes.

De acuerdo con lo anterior, las presentes indicaciones no comprenderán un mayor gasto fiscal. El impacto fiscal del proyecto consiste en la disminución de la recaudación tanto por concepto de IVA como por concepto de Impuesto a la Renta.

IV.-SÍNTESIS DE LA DISCUSIÓN EN LA COMISIÓN Y ACUERDOS ADOPTADOS

La Ministra de Energía, señora Susana Jiménez Schuster se refirió a la Ley de Generación Distribuida Residencial (Ley N°20.571 [2]), que entregó derecho a clientes regulados a generar su propia energía y recibir una compensación económica por los excedentes inyectados a la red. Explicó que este cuerpo normativo modificó la Ley General de Servicios Eléctricos, agregando los siguientes artículos:

–Artículo 149 bis: Entrega derecho a clientes regulados a generar su propia energía y recibir una compensación económica por los excedentes inyectados a la red.

–Artículo 149 ter: Posibilita pagos para excedentes que no pueden ser descontados de las facturaciones.

–Artículo 149 quáter: Crea certificados para cumplimiento de cuota de energías renovables no convencionales

–Artículo 149 quinquies: Otorga exenciones tributarias

Dio cuenta de la capacidad acogida a Generación Distribuida:

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Se refirió también a los sistemas acogidos a generación distribuida en los términos de la referida ley:

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Citó como ejemplos de generación distribuida residencial los siguientes:

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Hizo presente que el proyecto en comento fue presentado por moción, por lo que no contaba con informe financiero en su origen. Recién en el trámite en la Cámara de Diputados se acompañaron los informes financieros Nº68 de 25/05/2018 y Nº120 de 31/07/2018, complementario del anterior, a propósito de las indicaciones que formulara el Presidente de la República. Los impactos fiscales estimados consisten en la disminución de la recaudación tanto por concepto de IVA como por concepto de Impuesto a la Renta.

En consecuencia el incremento de 100kW a 300kW en la capacidad máxima instalada de los generadores, aun cuando para permitir los descuentos en la facturación, implica que nuevas transacciones, antes afectas a IVA, pasarán a considerarse exentas. Por tanto, al ampliar la capacidad de generación, se amplía consecuentemente el rango de sujetos beneficiados con la exención, generándose una menor recaudación por este concepto. El promedio de menor recaudación anual para el periodo 2018-2021 ascendería a $17,1 millones.

La inclusión de la expresión “los cargos por suministro eléctrico de” amplía la base del descuento a la totalidad de los cargos por suministro eléctrico de la facturación, disminuyendo los pagos por consumo eléctrico a la distribuidora (sujetos a IVA) y causando, por tanto, una menor recaudación. El promedio de menor recaudación anual para el periodo 2018-2021 ascendería a $12,8 millones.

El régimen de pagos (artículo 149 ter) tiene tratamiento de ingreso no constitutivo de renta, impactando en la recaudación de impuesto a la renta de los contribuyentes beneficiados. La magnitud de este impacto es incierta, toda vez que dependerá de múltiples factores, tales como los demás ingresos de los contribuyentes, del costo de inversión en producción de energía y de la magnitud de esta producción.

VOTACIÓN

Las normas de competencia de la Comisión de Hacienda, a saber, los literales d) del numeral 1) del artículo único permanente del proyecto, que reemplaza el inciso cuarto –que pasó a ser sexto- del artículo 149 bis; y el literal f) del mismo numeral; y el numeral 2) que reemplaza el artículo 149 ter, ambos del decreto con fuerza de ley N° 4, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, de 2007, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley General de Servicios Eléctricos fueron aprobadas, sin debate, en los términos propuestos, por la unanimidad de once de sus integrantes presentes señores Auth, Baltolu, Jackson, Kuschel, Lorenzini (Presidente), Melero, Monsalve, Ortiz, Pérez, Ramírez y Santana.

*******

Por las razones señaladas y consideraciones que expondrá el Diputado Informante, la Comisión de Hacienda recomienda aprobar los artículos señalados en la forma descrita.

********

Tratado y acordado en la sesión celebrada el día 14 de agosto del año en curso, con la asistencia de los diputados señores Pepe Auth Stewart; Nino Baltolu Rasera; Giorgio Jackson Drago; Carlos Kuschel Silva; Pablo Lorenzini Basso (Presidente); Patricio Melero Abaroa; Manuel Monsalve Benavides; José Miguel Ortiz Novoa; Leopoldo Pérez Lahsen; Guillermo Ramírez Diez y Alejandro Santana Tirachini

El Diputado Gastón Von Mühlenbrock Zamora, fue reemplazado por el Diputado Nino Baltolu Rasera.

Sala de la Comisión, a 20 de agosto de 2018

MARÍA EUGENIA SILVA FERRER

Abogado Secretaria de la Comisión

INFORME DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL CÓDIGO DEL TRABAJO CON EL OBJETO DE HACER APLICABLE LA FACULTAD Y GARANTÍA QUE INDICA, AL TRABAJADOR DEPENDIENTE QUE SE DESEMPEÑA COMO VOLUNTARIO DEL CUERPO DE BOTES SALVAVIDAS. BOLETÍN N° 11.702-13-1

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HONORABLE CÁMARA:

Vuestra Comisión de Trabajo y Seguridad Social pasa a informar, en primer trámite reglamentario, sobre el proyecto de ley del epígrafe, en primer trámite constitucional, iniciado en Moción de la Diputada señora Sepúlveda, doña Alejandra, y de los Diputados señores Ascencio, don Gabriel; Calisto, Miguel Ángel; Jiménez, don Tucapel; Ortiz, don José Miguel; Saavedra, don Gastón; Saffirio, don René; Silber, don Gabriel; Soto, don Raúl, y Torres, don Víctor, contenido en el Boletín N° 11702-13, sin urgencia.

A la sesión que vuestra Comisión destinó al estudio de la referida iniciativa legal asistió el señor Francisco Del Río Correa, Asesor Legislativo del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

I.- CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.

1.- Origen y urgencia.

La iniciativa tuvo su origen, como se ha dicho precedentemente, en una Moción de la Diputada señora Sepúlveda, doña Alejandra, y de los Diputados señores Ascencio, don Gabriel; Calisto, don Miguel Ángel; Jiménez, don Tucapel; Ortiz, don José Miguel; Saavedra, don Gastón; Saffirio, don René; Silber, don Gabriel; Soto, don Raúl, y Torres, don Víctor,

2.- Discusión general.

El proyecto fue aprobado en general y particular, en la sesión ordinaria del día 13 de agosto del año en curso, por 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.

(Votaron a favor las diputadas señoras Orsini, doña Maite; Sepúlveda, doña Alejandra, y Yeomans, doña Gael, y los diputados señores Barros, don Ramón; Calisto, don Miguel Ángel; Durán, don Eduardo; Eguiguren, don Francisco; Jiménez, don Tucapel; Melero, don Patricio; Ramírez, don Guillermo; Saavedra, don Gastón; Sauerbaum, don Frank; y Soto, don Raúl).

3.- Disposiciones calificadas como normas orgánicas constitucionales o de quórum calificado.

A juicio de vuestra Comisión, no existen en el proyecto que se somete a consideración de la Sala normas que revistan el carácter de orgánicas constitucionales ni de quórum calificado.

4.- Diputado Informante.

La Comisión designó al señor CALISTO, don Miguel Ángel, en tal calidad.

II.- ANTECEDENTES GENERALES.

1.- Consideraciones preliminares.

El proyecto que la Comisión de Trabajo y Seguridad Social somete a vuestro conocimiento modifica el Código del Trabajo para incorporar a las garantías y derechos laborales establecidos en el artículo 66 ter de dicho cuerpo legal a los voluntarios del Cuerpo de Botes Salvavidas.

Señalan sus autores en los fundamentos que da origen a esta Moción, que la ley N° 20.907, que regula la situación del trabajador dependiente que se desempeña como voluntario del cuerpo de bomberos, incorporó un nuevo artículo al Código del Trabajo que garantizó a dichas personas la posibilidad de acudir a las emergencias propias de su voluntariado, tales como accidentes, incendios y otros siniestros, que ocurran durante su jornada laboral, sin que ello pudiera constituir una salida intempestiva e injustificada que significara poner en riesgo su estabilidad en el empleo.

Agregan que dicho hecho fue un avance significativo, regulando un anhelo para quienes ejercen dicho voluntariado y son convocados ante emergencias propias de su compañía u otras, dependiendo la gravedad del siniestro al que deben concurrir.

Precisan que, sin perjuicio de ello, existe un cuerpo de voluntarios que ha quedado ajeno a dicha garantía laboral y que prestan servicios a la comunidad con un mismo sentido y propósito. Los miembros del Cuerpo de Voluntariado de Botes Salvavidas concurren ante emergencias donde deben realizarse rescates para salvaguardar la vida humana en el mar o faenas marítimas que se susciten.

Añaden que, para estos trabajadores dependientes y voluntarios de Botes Salvavidas su salida intempestiva del lugar de trabajo sí podría constituir una forma de incumplimiento normada en el Código del Trabajo o ser susceptibles de una investigación sumaria o sumario administrativo, de acuerdo a lo establecido en los estatutos administrativos que regulan su condición de trabajador dependiente del Estado, lo anterior, según sea su calidad jurídica laboral. No contando, por tanto, con ninguna justificación legal que pudiera evitar ser sancionado por realizar una labor en beneficio directo de la sociedad que conformamos.

Hacen presente que, en la actualidad, y de acuerdo al Dictamen de la Dirección del Trabajo, contenido en el ORD. N° 2880/51, de fecha 31 de mayo de 2016, de la Dirección del Trabajo, que fija el sentido y alcance de la Ley N° 20.907, que regula la situación del trabajador dependiente que se desempeña como voluntario del Cuerpo de Bomberos, la ley ha conferido a dichos dependientes los siguientes derechos:

“a.- Facultad para acudir a los llamados de emergencia que ocurran durante su jornada laboral.

b.- Que el tiempo destinado a servir en una emergencia, en su calidad de bombero, sea considerado como trabajado para todos los efectos legales.

c.- Que la salida del lugar del trabajo, en un horario distinto al fijado como límite de su jornada diaria, no pueda ser considerado por su empleador, como intempestiva o injustificada para los efectos de la causal de despido contemplada en el artículo 160 Nº 4 del Código del Trabajo, o bien, como fundamento de una investigación sumaria o sumario administrativo, en su caso.”

Ante ello, y con el propósito de incorporar a este grupo de voluntarios del cuerpo de Botes Salvavidas a las garantías y derechos laborales establecidos en el ordenamiento jurídico vigente, estiman los autores pertinente presentar el presente proyecto de ley que permita incorporarlos al Artículo 66 ter del Código del Trabajo, facultándoseles a acudir también ante estos llamados de emergencias propios de su voluntariado y que ocurran durante su jornada laboral, justificándose dicha ausencia y considerándoseles como tiempo trabajado para todos los efectos legales.

2.- Objetivo del proyecto.-

El objetivo central del proyecto en Informe consiste en incorporar a los voluntarios de Botes Salvavidas a la garantía y facultad laboral establecida en el artículo 66 ter del Código del Trabajo, permitiéndoseles concurrir a las emergencias propias de su voluntariado.

3.- Contenido del proyecto aprobado por la Comisión.-

Durante la discusión general y particular del proyecto, la Comisión aprobó, por la unanimidad de sus trece Diputados presentes el contenido de la Moción en estudio, cuyo texto se acompaña al final de este Informe.

III.- MINUTA DE LAS IDEAS MATRICES O FUNDAMENTALES DEL PROYECTO.

En conformidad con el N° 1 del artículo 287 del Reglamento de la Corporación y para los efectos de los artículos 69 y 73 de la Constitución Política de la República, como, asimismo, de los artículos 24 y 32 de la Ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, cabe señalar que la idea matriz o fundamental del proyecto es modificar el Código del Trabajo con el objeto de hacer plenamente aplicable lo dispuesto en su artículo 66 ter a los voluntarios de Botes Salvavidas.

Tal idea matriz se encuentra desarrollada en el proyecto aprobado por vuestra Comisión en un artículo único.

IV.- ARTICULOS CALIFICADOS COMO NORMAS ORGÁNICAS CONSTITUCIONALES O DE QUORUM CALIFICADO.

A juicio de vuestra Comisión, no existen en el proyecto que se somete a consideración de la Sala normas orgánicas constitucionales ni de quórum calificado que requieran ser aprobadas con quórum especiales.

V.- DOCUMENTOS SOLICITADOS Y PERSONAS RECIBIDAS POR LA COMISIÓN.

A las sesiones que vuestra Comisión destinó al estudio de la referida iniciativa legal asistió el señor Francisco Del Río Correa, Asesor Legislativo del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

VI.- ARTICULOS DEL PROYECTO DESPACHADO POR LA COMISION QUE DEBEN SER CONOCIDOS POR LA COMISION DE HACIENDA.

A juicio de la Comisión, el proyecto en Informe no requiere ser objeto de estudio por la Comisión de Hacienda por no incidir en materias presupuestarias o financieras del Estado.

VII.- DISCUSIÓN GENERAL

El proyecto en Informe fue discutido y aprobado en las sesiones celebradas el 7 y 13 de agosto recién pasado, ocasión en la cual concurrieron a la Comisión los señores Francisco Del Río Correa, Asesor Legislativo del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social y los señores Gerardo Fernández Jerez, Presidente del Cuerpo de Voluntarios de los Botes Salvavidas de Valparaíso, y Camilo Cabrera Parada, Presidente de la Junta Nacional de Botes Salvavidas de Chile.

El señor Del Rio recordó que en el año 2016 se promulgó la ley N° 20.907 que permitía que los trabajadores dependientes, que se desempeñan a la vez como voluntarios del Cuerpo de Bomberos, pudieran asistir a las emergencias propias de su voluntariado cuando estas ocurran dentro de la jornada laboral, sin que les pueda ser aplicable una sanción por salida intempestiva e injustificada.

Al respecto, reconoció que existió una omisión en la tramitación de dicha iniciativa al excluir de esta regulación a los trabajadores que se desempeñan como voluntarios del cuerpo de Botes Salvavidas.

Por su parte, el señor Fernández manifestó que el proyecto de ley resulta de tremenda importancia para el reconocimiento de las instituciones de voluntariado del cuerpo de botes salvavidas a lo largo del país. Al respecto, el expositor manifestó que el cuerpo de botes salvavidas de Valparaíso, se fundó en el año 1925, con el objeto de resguardar el salvamento de la vida en tierra y en el mar, siendo la primera institución de rescate marítimo voluntario de Sudamérica.

El objetivo principal de la institución, afirmó el señor Fernández, se mantiene inalterable hasta el día de hoy, consistiendo en el rescate desde el mar de las tripulaciones de las embarcaciones en zozobra, contribuyendo, asimismo, a la cooperación en materia de desastres naturales en la búsqueda de desaparecidos y apoyando a la comunidad.

En particular respecto del proyecto de ley, el expositor destacó la intención de la Moción de otorgarle un lugar a los voluntarios de los botes salvavidas en el Código del Trabajo, con el objetivo de que se encuentren cubiertos en sus labores de rescate y que no puedan ser objeto de sanción por parte de sus empleadores en el ejercicio de su voluntariado.

Sin perjuicio del apoyo al proyecto de ley, el señor Fernández recordó que las instituciones de botes salvavidas se encuentran absolutamente desprotegidas en materia de financiamiento, especialmente en cuanto a los gastos ligados a la reparación de las embarcaciones, reconociendo el apoyo de los Gobiernos Regionales en esta materia.

Finalmente, destacó que la institución que representa, pese a sus 93 años de existencia, no cuenta con accidentes fatales.

Del mismo modo, el señor Cabrera, Presidente de la Junta Nacional de Botes Salvavidas de Chile, indicó que dicha actividad se ha encontrado al servicio de la comunidad marítima hace más de 140 años, de forma voluntaria y gratuita, afirmando que ya en el año 1878, las primeras ideas de la formación de sociedades para el salvamento de náufragos nacen de las logias masónicas de la época. Con posterioridad, agregó, en 1886, un grupo de prestigiosos vecinos funda el “Cuerpo de Salvavidas de Valparaíso”, también llamado la 1° Brigada, ampliando así la actividad de salvamento a la comunidad en general. Finalmente, en el año 1925, el capitán danés Oluf Christiansen Lund funda el “Cuerpo de Voluntarios del Bote Salvavidas de Valparaíso”, que subsiste en la actualidad.

Adicionalmente, el señor Cabrera manifestó que en el año 2011 se creó la Junta Nacional de Botes Salvavidas de Chile, una Corporación de Derecho Privado sin fines de lucro, integrada por 6 instituciones denominadas “Cuerpo de Voluntarios de Bote Salvavidas”, ubicados en Arica, Iquique, Los Vilos, Valparaíso, Puerto Varas y Puerto Montt. Entre sus principales funciones figuran: Fomentar la creación y regulación de entidades que se denominan “Cuerpos de Voluntarios de Bote Salvavidas” en el ámbito marítimo, fluvial o lacustre a lo largo del territorio nacional; Constituir un canal de comunicación expedito entre el Gobierno, sus servicios públicos y organismos administrativos y los distintos Cuerpos de Botes Salvavidas del País; Velar por el cumplimiento de las funciones específicas de cada Cuerpo de Bote Salvavidas; Salvaguardar el prestigio de las instituciones miembros y procurar el desarrollo ideal del servicio voluntario a la comunidad; y, ejercer las medidas de control y fiscalización necesarias para lograr los objetivos de la Corporación.

Por su parte, las señoras Diputadas y señores Diputados presentes en la sesión manifestaron su total concordancia con el contenido del proyecto de ley en Informe, felicitando a los autores del mismo y mostrando su disposición a aprobarlo sin mayor discusión.

-- Sometido a votación el proyecto de ley, en general y en particular, se aprobó por 13 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.

(Votaron a favor las diputadas señoras Orsini, doña Maite; Sepúlveda, doña Alejandra; y, Yeomans, doña Gael; y, los diputados señores Barros, don Ramón; Calisto, don Miguel Ángel; Durán, don Eduardo; Eguiguren, don Francisco; Jiménez, don Tucapel; Melero, don Patricio; Ramírez, don Guillermo; Saavedra, don Gastón; Sauerbaum, don Frank; y, Soto, don Raúl.).

VIII.- SINTESIS DE LAS OPINIONES DISIDENTES VERTIDAS POR LOS INTEGRANTES DE LA COMISION EN LA DISCUSION GENERAL.

En el transcurso de la discusión general y particular del proyecto en Informe las señoras Diputadas y señores Diputados aprobaron sin votos en contra ni abstenciones el proyecto en Informe, expresando su total concordancia con los fundamentos de la Moción que le da origen, no habiéndose producido disenso alguno entre sus integrantes al respecto.

IX.- ARTICULOS E INDICACIONES RECHAZADAS O DECLARADAS INADMISIBLES POR LA COMISIÓN.

No existen disposiciones en tal situación.

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Como consecuencia de todo lo expuesto y por las consideraciones que dará a conocer oportunamente el señor Diputado Informante, vuestra Comisión de Trabajo y Seguridad Social os recomienda la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE LEY:

Artículo Único.- Modifíquese el artículo 66 ter del Código del Trabajo, incorporándose en su inciso primero, entre las palabras “Bomberos” y “estarán”, la siguiente frase: “o del cuerpo de voluntarios de Botes Salvavidas”; y el inciso tercero de la norma, entre las palabras “Bomberos” y “respectiva”, la siguiente frase: “o al cuerpo de voluntarios de Botes Salvavidas”.

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SE DESIGNÓ DIPUTADO INFORMANTE, AL SEÑOR CALISTO, don Miguel Ángel.

SALA DE LA COMISIÓN, a 13 de agosto de 2018.

Acordado en sesiones de fechas 7 y 13 de agosto del año en curso, con asistencia de las diputadas señoras Orsini, doña Maite; Sepúlveda, doña Alejandra, y Yeomans, doña Gael; y de los diputados señores Barros, don Ramón; Calisto, don Miguel Ángel; Durán, don Eduardo; Eguiguren, don Francisco; Jiménez, don Tucapel; Melero, don Patricio; Ramírez, don Guillermo; Saavedra, don Gastón; Sauerbaum, don Frank, y Soto, don Raúl.

Pedro N. Muga Ramírez

Abogado, Secretario de la Comisión

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Macaya; Alessandri; Carter; Coloma; Gahona; Morales; Noman; Ramírez; Urrutia, don Osvaldo, y Von Mühlenbrock, Que Modifica la ley N° 18.050, que Fija normas generales para conceder indultos particulares, con el objeto de impedir su procedencia en el caso de los condenados por narcotráfico. Boletín N°12014-07

I.- IDEAS GENERALES.

El artículo 32 número 14 de la Constitución Política de la República establece expresamente entre las facultades del Presidente de la República el conceder indultos particulares de conformidad a la ley y normas reglamentarias atinentes en efecto, de acuerdo a este cuerpo normativo son atribuciones especiales del Presidente de la República el “Otorgar indultos particulares en los casos y formas que determine la ley.”

El indulto entonces tiene la finalidad de establecer una pena o sanción más benigna para el condenado, algunos autores señalan que “su finalidad es suavizar los rigores que resulten de la aplicación de leyes en extremo severa”, habida consideración de las finalidades que persigue la pena en nuestro sistema. No obstante, creemos que ciertos delitos y crímenes que por su propia naturaleza y dañosidad a la sociedad, no pueden ser objeto de indultos, por lo que pretendemos privar de esta facultad al Presidente de las República de dicha facultad.

Es dable remarcar, que la facultad presidencial de conceder indultos, proviene de una antigua costumbre, que vinculaba al rey o soberano el poder de decidir sobre la vida de aquellas personas condenadas a muerte por los actos ilícitos cometidos, en esta lógica parece anacrónico que resoluciones judiciales firmes emanadas de un poder independiente como el judicial, sean reformadas por una resolución del ejecutivo, hecho que al menos en nuestro sistema jurídico ha despertados profundos debates en torno a la constitucionalidad de esta norma.

Así entonces, los delitos asociados al narcotráfico no pueden ser objeto de éste beneficio ya que se han transformado, en nuestro concepto, en una de las principales causas que debilitan el sistema democrático y, por lo mismo requieren de un tratamiento diverso al común de delitos tipificados en nuestras leyes penales.

II.- CONSIDERANDO.

1. Que, en gobiernos pasados, los Presidentes de la República beneficiaron en diversas ocasiones a condenados por tráfico de drogas, así las cosas 56 fueron beneficiados durante la administración del Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle y 23 durante la primera administración de la Presidenta Bachelet.

2. Que una muy buena señal política sería entonces, en aras de fortalecer a la democracia y dar una lucha real y maciza contra este flagelo el poder excluir al narcotráfico del acceso a la clemencia del indulto. De esta forma aquellos que intenten o planeen cometer estas graves conductas ilícitas, sabrán que les caerá todo el rigor de la sobre sus espaldas y jamás tendrán el anhelo de poder algún día, ser beneficiados con alguna “magnanimidad de la autoridad de la nación”

3. Que, para nadie es un misterio que el flagelo de la droga tiene a nuestro país en una verdadera encrucijada, las bandas de narcotraficantes se han apoderado de múltiples sectores de nuestro país, llenando estos barrios de miedo y desprotección ante la acción delictiva de verdaderos carteles de la droga lo que conlleva no sólo un problema de política criminal sino que también lacera las bases fundamentales de la vida personal y social de los habitantes que la sufren. Es por lo anterior. Que el proyecto de ley que sometemos a tramitación constituye un avance más para que no caigamos en situaciones tan dramáticas como las que está sufriendo hoy en día México, quienes día a día ve masacrada a su población por la acción delictiva y terrorista de los grandes carteles de la droga existentes en aquel país.

III. CONTENIDO DEL PROYECTO.

De acuerdo a lo indicado el presente proyecto de ley introduce en la ley 18.050 la prohibición de aplicar la institución del indulto presidencial a aquellas personas condenadas por narcotráfico.

IV.- PROYECTO DE LEY.

Artículo único: Modifíquese el artículo 6° de la ley N° 18.050, que fija normas generales para conceder indultos públicos, agregándose los siguientes incisos segundo y tercero

“No procederá el indulto tratándose de personas condenadas por delitos de narcotráfico”

Diputados señores Macaya; Alessandri; Carter; Coloma; Gahona; Morales; Noman; Ramírez; Urrutia, don Osvaldo, y Von Mühlenbrock.

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Alessandri, Carter, Coloma; Fuenzalida, don Gonzalo; Leiva y Walker, y de las diputadas señoras Hoffmann; Núñez, doña Paulina, y Vallejo, que Dispone la operación centralizada de un número único para llamadas de emergencia. Boletín N°12019-25

ANTECEDENTES

Existen en Chile una serie de números para atender emergencias de distinta naturaleza, cuyo conocimiento por parte de la población es más bien difuso, salvo el número de emergencia de Carabineros de Chile.

Entre los números de emergencia que se pueden mencionar, destacan el 133 para las emergencias que corresponden a Carabineros de Chile, el 134 para la Policía de Investigaciones, el 132 para emergencias de bomberos, el 131 para emergencias del SAMU, 130 para llamadas de emergencia a Conaf, 137 para llamadas de búsqueda y salvamento marítimo, 135 para emergencias de fono drogas, o el 138 para rescate aéreo, entre muchos otros.

A los anteriores, es necesario agregar los números de emergencia de seguridad que han ido incorporando las diversas municipalidades, por las cuales sin duda Chile es uno de los países con más números de emergencia que tiene.

Esta situación, sin duda genera una gran complicación para los organismos mencionados. Particularmente, Carabineros de Chile debe atender, a través de su número de emergencia, una serie de llamadas que no dicen relación con emergencias relativos a la seguridad pública, por la simple razón de que por existir tantos números de emergencia, las personas lo desconocen, y al enfrentar una situación de emergencia, independiente de su naturaleza, llaman al 133.

Los números de emergencia surgieron en Inglaterra en 1937, momento en que se acuñó el 999 como número que conectaba directamente con la policía, los bomberos y los servicios de emergencia médicos desde cualquier parte del país.

No obstante, en la experiencia comparada, el caso más emblemático dice relación con el 911 de Estados Unidos. Implementada en 1968, sirve como central para la recepción de emergencias con un protocolo determinado dependiendo de la gravedad y naturaleza de los hechos que se estén reportando.

Resulta necesario mencionar al respecto el caso de México. De acuerdo a lo que informó el propio secretario Ejecutivo del sistema Nacional de Seguridad Pública Álvaro Vizcaíno Zamora, México contaba con más de 600 números de emergencia, lo que implicaba que en más del 85% de las llamadas de emergencias, éstas sean reportadas en más de una ocasión, generando gestión y recursos mal utilizados.

El 911 como número único de emergencias, empezó a implementarse de manera gradual en México en octubre de 2016. Además de esta implementación, se modernizó de manera completa toda la gestión relativa a las emergencias, desde la central que la recepciona hasta los protocolos y respuesta que se le da.

Ante esta realidad, no se vislumbra razón por la cual las personas que se encuentren en una situación de emergencia no tengan la posibilidad de acceder a una línea única de llamadas, en virtud de la cual poder acceder en casos de emergencia.

Por la naturaleza misma de lo que se entiende por una emergencia, resulta imprescindible que la persona pueda acceder de manera expedita a un número que sea de su conocimiento y de marcación rápida, y por otra parte, que existen protocolos y personas capacitadas para canalizar o derivar dicha emergencia, al organismo correspondiente.

Por lo anterior, se considera fundamental por nuestra parte, que exista un número único de emergencia al cual acceder en caso de emergencia, además de una central receptora de estas llamadas que pueda procesar el mérito de la emergencia y cuál sería la mejor respuesta, para lo que es fundamental que sea personal especializado y capacitado en torno a este aspecto.

Permitente resulta el caso de México, ya que además de tener en la actualidad un sistema similar al que se propone, con anterioridad al año 2016, también tenía una situación similar a la que tiene Chile actualmente.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

Proyecto de ley propone la creación de un número único de emergencia 133, que incorpore todas aquellas emergencias que actualmente sean atendidas mediante algún tipo de emergencia por algún organismo público, y que sea administrado por una central especialmente creada para estos efectos.

Finalmente, se delega mediante reglamento, se fijen las normas pertinentes a fin de garantizar la correcta operatividad de este número.

POR LO ANTERIOR, VENIMOS EN PROPONER EL SIGUIENTE PROYECTO DE LEY.

PROYECTO DE LEY.

Artículo 1°. Créase un número único de emergencias, cuya numeración será 133, de alcance nacional y sin costo para quien lo utilice.

Este número atenderá las emergencias que, a la fecha de publicación de esta ley, sean atendidas por Carabineros de Chile, Bomberos, el Servicio de Atención Médica Móvil de Urgencias SAMU, Corporación Nacional Forestal CONAF, y, en general, todas aquellas otras emergencias que sean atendidas mediante un número de emergencias, conforme lo determine un reglamento.

Artículo 2°. Una central creada para estos efectos, administrará y recibirá las llamadas de emergencia a que hace alusión el artículo anterior.

El personal que reciba las llamadas de emergencia, deberá contar con las aptitudes profesionales idóneas, a fin de administrar correctamente este número.

Artículo 3°. Un reglamento expedido por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, determinará las competencias específicas con que contará la central que reciba las llamadas de emergencia, así como la forma de coordinación de esta central con los organismos que finalmente atiendan dichas emergencias.

Diputados señores Alessandri, Carter, Coloma; Fuenzalida, don Gonzalo; Leiva y Walker, y de las diputadas señoras Hoffmann; Núñez, doña Paulina, y Vallejo.

Modifica el Código Sanitario para promover el acceso a medicamentos y productos farmacéuticos, desde el punto de vista económico. Boletín N°12020-11

I. FUNDAMENTOS

El consumo de medicamentos depende de las condiciones de acceso, donde son determinantes, entre otros factores, la disponibilidad para este y su asequibilidad, es decir, la capacidad de compra que tendrán las personas.

El mercado de los medicamentos o productos farmacéuticos es de aquellos que no poseen regulación y se da libremente en nuestro país, sin perjuicio de lo que establece el Código Sanitario.

Al caracterizar el mercado de medicamentos en Chile se pueden destacar ciertos elementos que determinan la imperfección del mismo, como la asimetría de información que se da en las distintas etapas que recorre un medicamento para su dispensación final, la tendencia monopólica en su elaboración, distribución y dispensación, y finalmente, la desregulación de sus precios.

La preponderancia que han adquirido los medicamentos en el gasto del presupuesto de los hogares, se puede apreciar en los resultados que arrojó el primer estudio nacional sobre satisfacción y gasto en salud, publicados por el Ministerio de Salud el año 2007 [1]. Sobre esto, al analizar la variación del gasto en medicamentos de acuerdo con el nivel de ingreso del hogar, la Biblioteca del Congreso Nacional advirtió que este gasto,

“es un componente claramente regresivo, considerando que en los grupos más pobres representan una carga mayor que en la de grupos con ingresos más elevados. Así, mientras en los hogares más pobres (quintil I) los medicamentos absorben el 57,2% del gasto total de salud de estos hogares, en los grupos más favorecidos esta proporción va disminuyendo progresivamente, llegando al 39,0% en el grupo de más altos ingresos (quintil V). De aquí se desprende la mayor vulnerabilidad que tienen los segmentos más pobres al comportamiento de este mercado” [2]

En nuestro país, según un estudio de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, durante los últimos años ha existido una creciente preocupación por el desempeño del mercado de medicamentos y de las políticas farmacéuticas. Un primer aspecto que se destaca “es el elevado gasto de bolsillo en salud, 33% en 2013, lo que ubica a Chile en el tercer lugar en comparación con el resto de OECD. De acuerdo a estimaciones realizadas en base a la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF), el gasto de bolsillo en salud (GBS) en 2012 corresponde a 5% del gasto total de los hogares. En el subgrupo de hogares que declaran gastos en medicamentos, este ítem representa 57,8% del GBS, con un patrón regresivo en relación al gasto per cápita, siendo 79,9% en el primer quintil y 45,4% en el quinto. Cabe mencionar que en 2012 4,4% de los hogares incluidos en EPF experimentó gasto catastrófico en salud. Esto da cuenta, a la vez, del bajo nivel de cobertura financiera de medicamentos por parte de los seguros de salud. Lo anterior se ha visto acentuado en el caso de los tratamientos denominados de "alto costo", en donde el tema fue puesto en la agenda fruto de una importante presión ciudadana” [3].

El elevado gasto de bolsillo en salud que experimenta nuestro país y la brecha que existe en el acceso a medicamentos ha motivado en forma reciente una serie de iniciativas en el sistema farmacéutico nacional. Algunas de estas reformas han sido promovidas directamente desde el Poder Ejecutivo, como la Ley Nº 20.850 conocido como Ley Ricarte Soto, o se han iniciado como mociones parlamentarias como la Ley Nº 20.724 conocida como Ley de Fármacos I, y otras medidas más innovadoras han tenido origen en forma descentralizada, como las “Farmacias Populares”.

Sin perjuicio de estos avances, el problema aún no ha sido abordado directamente por las políticas recientemente implementadas. Los precios de medicamentos se perciben como inadecuados y excesivos en comparación con otros países, sobre todo en lo que respecta a similares y medicamentos de marca. En este sentido, y tomando en cuenta las fallas de mercado ya descritas, se requiere explorar las alternativas para avanzar hacia una regulación adecuada en esta materia.

Este proyecto busca ser aporte para la efectiva garantía del acceso a medicamentos sin barreras económicas, abordando con ello un área de la discusión poco resuelta.

Sobre las fallas de mercado en la industria farmaceútica

Según el razonamiento económico clásico, las condiciones necesarias que caracterizan a los mercados perfectos son ostensiblemente difícil de observar en la industria farmacéutica por lo que necesita una regulación especial de mercado [4]. Las fallas de mercado relevadas en esta industria son típicamente las siguientes:

1. Asimetrías de información:

La falla de mercado relativa a la asimetría de la información indica que una parte de la transacción sabe más que la otra sobre la calidad del producto. En el caso farmacéutico, esto se observa :

● El que hace el medicamento sabe más sobre la eficiencia y calidad de la droga que los médicos u otras profesiones autorizadas para prescribir y consumidores [5].

● El médico en general no sabe cuanto cuestan los precios de medicamentos, y a menudo no existen mecanismos de rendición de cuentas con respecto al impacto presupuestario o carga financiera que implican sus prescripciones [6].

● Los pacientes saben menos que los que prescriben sobre cómo cada droga es apropiada o no para sus necesidades de salud [7].

2. Falla de competencia y afectación en la elasticidad de la demanda:

Se argumenta que existen razones para calificar al mercado de medicamentos como un monopolio temporal [8]. Esto es debido a que las patentes y sus extensiones de los medicamentos innovadores - en ausencia de competidores - permite a la industria fijar un precio por sobre el costo marginal. En la misma línea, las marcas comerciales permiten una diferenciación entre productos que, de acuerdo a la evidencia teórica y empírica, determina un mayor precio de estos medicamentos que lo que ocurriría en un mercado de competencia perfecta.

Otro efecto que ayuda al alza de precios es la elasticidad de la demanda. La elasticidad de la demanda mide cuánto varía el consumo de un bien a medida que el precio también varía. En teoría, los consumidores difieren en sus sensibilidades al precio, es decir, algunos tienen elasticidades bajas donde, el cambio en el precio repercute poco en la cantidad del producto a demandar (demanda inelástica), mientras otros tienen elasticidades altas, donde son más sensibles ante movimientos en el precio (demanda elástica).

Lo anterior afecta a la industria farmaceútica en dos sentidos. Primero, porque las personas pueden tener una demanda inelástica ante un medicamento en específico (Por ejemplo, medicamentos para tratar enfermedades más complejas o que afectan de manera muy importante la vida de las personas). Segundo, cuando hay un seguro de salud dado que las personas enfrentan un precio mucho menor al precio real de los medicamentos, por lo que no se ven afectados en la adquisición del medicamento mientras esté se encuentre cubierto por el seguro de salud. Una vez que el seguro no cubre el medicamento, las personas se ven enfrentadas al precio real [9].

3. Externalidades positivas

Se llaman externalidades a los beneficios o costos asociados que se producen al comprar o vender un producto pero que no se reflejan en el precio de mercado. En el caso de los medicamentos, su consumo puede producir externalidades positivas que no deberían ser dejadas al libre mercado. La prevención en salud tiene externalidades evidentes. Por ejemplo, el tratamiento de alguna enfermedad de transmisión sexual es beneficiosa para el paciente, pero también para más personas y para el sistema. Dado que disminuye futuros costos de salud a nivel individual y colectivo.

Cuando existen externalidades positivas, el mercado asigna una cantidad menor a la óptima. Por esta razón, en vez de dejar al mercado la asignación de precios, se debería reducir los precios para poder incrementar el consumo de estos medicamentos [10].

Sobre las obligaciones de la Estado en el acceso a la salud

La Constitución Política de la República asegura en su artículo 19 Nº 9 el acceso libre e igualitario a la salud, sea en acciones de promoción, protección, recuperación y rehabilitación. Continúa diciendo que, es deber del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, ya sea en el sistema público o privado.

Conforme a ello y para ejecutar dicho mandato, es que el DFL 1º de 2005 ha indicado expresamente en su artículo 1º que,

“Al Ministerio de Salud y a los demás organismos que contempla el presente Libro, compete ejercer la función que corresponde al Estado de garantizar el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación de la persona enferma; así como coordinar, controlar y, cuando corresponda, ejecutar tales acciones”.

Para realizar esta función, al Ministerio le corresponderá formular, fijar y controlar las políticas de salud. En consecuencia tendrá, entre otras funciones la de,

“Formular, evaluar y actualizar los lineamientos estratégicos del sector salud o Plan Nacional de Salud, conformado por los objetivos sanitarios, prioridades nacionales y necesidades de las personas”. (Artículo 4º Nº 9, DFL 1)

Sin duda, la garantía del derecho al acceso a la salud reúne el suficiente peso y característica progresiva de los derechos sociales para exigir al acceso efectivo de las acciones mencionadas desde la preocupación del Estado por todas las variables que obstaculizan su respeto y garantía.

Conforme a estas funciones es que se ha especificado en nuestra legislación los deberes de la autoridad sanitaria. Como indica el inciso primero del artículo 94º del Código Sanitario (DFL 725º), le corresponderá al Ministerio de Salud,

“velar por el acceso de la población a medicamentos o productos farmacéuticos de calidad, seguridad y eficacia, lo que llevará a cabo por sí mismo, a través de sus Secretarías Regionales Ministeriales y de los organismos que se relacionan con el Presidente de la República por su intermedio”.

En razón de estas competencias indicadas en la CPR y las leyes, para el Estado y sus órganos resulta exigible dentro de sus funciones, el poder establecer las condiciones que fijen una política nacional del acceso a medicamentos que evite la fijación de precios excesivos en su dispensación.

Al ejercer los deberes que recaen en la autoridad sanitaria, es necesario reconocer las principales barreras que se presentan para el acceso de la población a la acción de recuperación de la salud y por ende a medicamentos de calidad, seguridad y eficacia.

Dentro de los organismos públicos que cumplen ordinariamente roles de fijación de precios o tarifación se encuentran las superintendencias, sin embargo en el ámbito sanitario la Superintendencia de Salud ve limitada su competencia y ello representa una desventaja para la adecuada regulación de los servicios. Sin embargo, el Estado no puede excusarse de cumplir con sus obligaciones, y deberá progresar en dar solución a las fallas del mercado de medicamentos, fijando las condiciones en las que la población en general podrá acceder a ellos en condiciones de igualdad.

Estas formas de garantizar mayor acceso a determinados bienes a través de la regulación, no es ajeno a nuestra normativa. Así por ejemplo, la modificación en la normativa que regula las instituciones de salud previsional introducida por la ley Nº 20.015 establece diversas condiciones sobre los precios de los planes referidos en la ley Nº 18.933. Siendo además, el propio Ministerio de Salud el organismo facultado a dictar el reglamento que introduce la ley Nº 20.015.

En la misma línea, el artículo 96º del Código Sanitario establece una obligación expresa para que el Ministerio de Salud fije las normas referidas entre otras acciones, al expendio de medicamentos. Conforme a ello esta regulación, resulta directamente relacionada con propender el acceso a medicamentos en la fase de dispensación y desde su perspectiva económica. Al respecto el citado articulo establece que,

“Mediante uno o más reglamentos, expedidos por el Presidente de la República a través del Ministerio de Salud, se determinarán las normas sanitarias que, de conformidad con las disposiciones de este Código, regulen la importación, internación, exportación, producción, elaboración, fraccionamiento, almacenamiento, tenencia, transporte, distribución a título gratuito u oneroso, expendio, farmacovigilancia, trazabilidad, publicidad, promoción o información profesional, uso médico o en investigación científica de productos farmacéuticos”.

Sobre el acceso a medicamentos y su disponibilidad

Como se mencionó, el deber del Estado de velar por el acceso a medicamentos o productos farmacéuticos importa el reconocimiento de todas sus barreras. Conforme a lo cual la Contraloría General de la República (CGR) en su reciente dictamen Nº 9889-17 pudo determinar los alcances mismo del “acceso” referido, al revisar la situación que aqueja a personas que viven con VIH y que no podían acceder a un medicamento debido a su alto costo, indicando que:

“En cuanto a lo que se alega en orden a que debería atenderse sólo al acceso o existencia física del producto, debe precisarse que la “inaccesibilidad” no excluye el indicado aspecto económico, considerando lo expresado en la historia de la ley N° 20.724, que modificó el artículo 99, y el alcance que a dicha palabra le asigna la Organización Mundial de Salud -OMS-, en el sentido de que la misma presenta, entre otras dimensiones, la accesibilidad económica”.

En virtud de lo anterior, el Estado reconoce entre sus obligaciones el velar por acceso real que permita la disponibilidad efectiva de los medicamentos, incluyendo ello la dimensión económica y no sólo su existencia.

Experiencia comparada sobre políticas regulatorias de precios

En relación a la venta de medicamentos, la legislación que regula esta materia más cercana de la región está en Colombia, en donde existe la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos (CNPM), creada por el artículo 245º de la Ley 100 y reglamentada por el Decreto 413 de 1994. Dicha comisión tiene como principales funciones el,

“establecer y revisar los criterios generales para la formulación de la política de regulación de precios de medicamentos; orientar y fijar los mecanismos a través de los cuales el Ministerio de Desarrollo Económico, hará el seguimiento y control de precios de medicamentos y fijar los lineamientos generales para que el Ministerio de Salud desarrolle un programa permanente de información sobre precios y calidades de los medicamentos, con especial énfasis en los medicamentos esenciales” [11]

Desde el año 2006, la Comisión Nacional de Medicamentos tiene una política de precio para los medicamentos, donde éstos son objeto de una intervención mixta del Estado, según la cual se establecen tres regímenes:

● Régimen de Control Directo: En este caso, la Comisión “fija el precio máximo de venta al público, en cualquiera de los niveles, que productores y distribuidores pueden cobrar por el bien o servicio en cuestión”.

● Régimen de Libertad Regulada: En este caso, la Comisión determina “la metodología para que los productores o distribuidores determinen o modifiquen los precios máximos de venta al público en cualquiera de los niveles de los bienes y servicios sometidos a este régimen”.

● Régimen de Libertad Vigilada: En este régimen, los productores y distribuidores son libres de determinar los precios de los medicamentos, “bajo la obligación de informar por escrito a la entidad responsable del control, las variaciones y determinaciones de los precios de acuerdo con la metodología que la entidad defina”.

Desde la entrada en vigencia de esta política, por regla general los medicamentos son objeto del régimen de libertad vigilada. Al mismo tiempo, los medicamentos que son regulados por el régimen de libertad regulada o de control directo deben ser considerados por el gobierno como un medicamento para proteger la salud pública; su índice de concentración del mercado sea superior a 0,45 y que al momento de ingresar al mercado no tenga sustitutos.

Por su parte, en otras legislaciones como Canadá, la autoridad competente determina los “precios excesivos” de los medicamentos patentados, utilizando precios de referencia de siete países. El organismo regulador (Patented Medicine Prices Review Board) tiene competencias para hacer cumplir esos precios y para imponer sanciones.

Asimismo, Alemania fue el primer país OCDE en implementar los precios de referencia en 1989. Para establecer los precios de referencia, agrupa los productos en 3 niveles de acuerdo a la comparabilidad, y a través de una fórmula aritmética compleja, genera la referencia en base a comparadores internacionales. Según estos precios, genera reembolsos a través de los seguros sociales de salud, determinando el máximo que financiará el sistema sanitario. Los esquemas de reembolso se actualizan periódicamente, considerando el potencial de ahorro y la cantidad de productos disponibles a ese precio en el mercado.

Conforme a ello, la experiencia internacional es diversa en esta materia entregando distintos ejemplos de cómo el Estado toma las medidas necesarias para asegurar el acceso a medicamentos o productos farmacéuticos.

II. IDEAS MATRICES

Este proyecto de ley busca asegurar el acceso a medicamentos y productos farmacéuticos para la población, a través del establecimiento de criterios generales para regular el excesivo precio de los medicamentos o productos farmacéuticos en el mercado.

III. CONTENIDO DEL PROYECTO

El presente proyecto de ley introduce un artículo único para agregarse al artículo 94º del Código Sanitario, que contiene una forma de velar por el acceso a medicamentos o productos farmaceúticos desde su arista económica.

IV. PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Incorpórese el siguiente inciso primero al artículo 95º del Código Sanitario, pasando el actual a ser segundo y así, sucesivamente:

“De acuerdo a lo señalado en artículo precedente, se promoverá el acceso económico a medicamentos o productos farmacéuticos velando por las condiciones que permitan establecer y revisar los criterios generales para la formulación de una política nacional de acceso a medicamentos y regulación de precios.”

Diputados señores Crispi; Castro, don Juan Luis; Rosas, Torres y Verdessi, y de las diputadas señoras Cariola y Mix.

Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Girardi, Hoffmann, Rojas; Sepúlveda, doña Alejandra, y Vallejo, y del diputado señor González, don Rodrigo, que Modifica la ley N°20.370, General de Educación, en materia de sistema de evaluación en el nivel de educación básica. Boletín N°12021-04

De conformidad a lo dispuesto en los artículos 63 y 65 de la Constitución Política de la República, lo prevenido en la ley Nº 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y lo establecido en el reglamento de la H. Cámara de Diputados y conforme los fundamentos que se reproducen a continuación vengo en presentar la siguiente moción.

FUNDAMENTOS:

1.- Conforme conclusiones de diversas investigaciones, algunas de las cuales son referidos en este documento. De numerosos testimonios y opiniones de organizaciones de la sociedad civil, que han comparecido en el marco de las audiencias públicas que concede la comisión de educación de la cámara de diputados, se ha evidenciado que nuestro sistema escolar tiene diversos factores de stress. Primero: un sistema de aseguramiento de la calidad que mediante la categorización de escuelas estigmatiza, justamente a aquellas que prestan sus servicios en los sectores más vulnerables de nuestra población, los mismos que se exponen a mayor cantidad de sanciones por la Superintendencia. Segundo: lo que se ha llamado por el colegio de profesores y los docentes directivos, desde otra perspectiva, como el “agobio laboral”, representado por un sinnúmero de tareas administrativas, muchas veces duplicadas y que en definitiva no parecen tener ninguna eficacia en la mejora educativa. Tercero: Debemos sumar a lo anterior un sistema de pruebas estandarizadas, principalmente el denominado SIMCE, implementado desde el año 1989, otorgándole desde su creación hasta ahora sucesivamente diversos efectos como por ejemplo el año 1995 se comenzaron a hacer públicos sus resultados, ha servido para focalización de recursos, para la rendición de cuentas, etc., hasta terminar cooptado todo el sistema, hasta el punto que los establecimientos educacionales finalmente están sometidos a una competencia y tiranía por obtener mejores resultados. Teniendo como propósito final comunicar un lugar en el ranking, asegurando con ello matricula el establecimiento. En suma, mas que formación los niños y niñas son entrenados, bajo una mirada que los tratadistas ubican dentro de las teorías eficientistas, para ser funcionales al aparato productivo.

2.- El diagnóstico anterior por cierto, nos obligaría a una profunda revisión y transformación de todo el sistema, no obstante necesario es adelantar, no es ni puede ser el objeto de la presente moción, pero entrega el contexto o el diagnóstico que avala la misma.

3.- Recién, el día 07 de Agosto de 2018, la comisión referida recibió a la experta en neurociencias Finlandesa doña Minna Houtilainen, quien en un lenguaje coloquial y comprensible para todos los asistentes, manifestó como principalmente en los primeros niveles educativos el estímulo de la curiosidad, el amor por la música que amplia, conforme constata empíricamente la neurociencia la capacidad de atención y, por ende, facilita todos los demás aprendizajes, el deporte también hace lo suyo liberando dopamina y serotonina, regulando además los niveles de stress. Estos factores marcan importantes diferencias en el desarrollo de los educandos. Lo anterior unido a una gran autonomía de los establecimientos, pero más que ellos el empoderamiento del profesor como figura central y guía de los procesos de aprendizaje. Finalmente, resaltar la importancia del involucramiento de la comunidad educativa básicamente padres y apoderados. Así se cierra un ciclo virtuoso, que permite los resultados que obtienen, elogiados mundialmente.

4.- Por otra parte, desde la sicología y su avance, va quedando atrás la idea de que el acto educativo es el escenario en el que se programan con la máxima exactitud posible, los estímulos externos, refuerzos e “inputs”, con la pretensión de obtener, también con la máxima precisión, las respuestas deseadas u “outputs”, ya que éstas son más “el producto de la estructura interna que del carácter de la estimulación exterior” [1].

Así, las corrientes cognitivas han ido enfatizando aquello que tiene lugar en el interior de la psique humana. Las teorías del aprendizaje social (Bandura, Lorenz, Tinbergen, Rosenthal), las cognitivas (teoría de la “Gestalt”; psicología genético-cognitiva de Piaget, Bruner, Ausubel; genético dialéctica de Vigotsky, Luria, Leontiev) y la teoría del procesamiento de la información (de Gagné y Mayer), en las cuales se plantea el aprendizaje desde el individuo, siendo fundamentales tres factores: la importancia de la variables internas; considerar la conducta como totalidad, y la supremacía del aprendizaje significativo [2].

En este marco se entiende que en el corazón del proceso educativo se encuentra el niño, y que por tanto el conocimiento de la manera en que los niños se desarrollan, es de primordial importancia, tanto para evitar prácticas perjudiciales para la educación como para introducir prácticas efectivas, ya que ningún sistema tendrá el efecto deseado a menos que estén en armonía con la naturaleza del niño, y a menos que sean fundamentalmente aceptables para él [3].

Ejemplos de estos avances han sido los aportes de Alexander Luria al desarrollo neuroinfantil relacionado con el aprendizaje. Se le reconoce a este autor ser el primero en describir la función ejecutiva (en adelante FE) y fijarla en la corteza prefrontal del cerebro. Dicha función refiere a procesos complejos mentales que facilitan la planificación, tomar decisiones con sus consecuencias, atender, conectar experiencias pasadas, organizarse, recordar detalles, manejar el tiempo y el espacio [4], todas funciones fundamentales para poder seguir las instrucciones a la clase en situación de aula, interpretar la información que ofrece el profesor, y luego escribirla, e identificar los aspectos importantes en una lectura o una pregunta en situación de evaluación. Si bien Luria originalmente dio cuenta que la corteza prefrontal del cerebro no alcanzarían la madurez en el niño hasta la edad de 7 años, estudios posteriores de Anderson dan cuenta que la FE conseguiría un estado de maduración relativa en torno a los 12 años [5].

Por su parte, Albert Bandura centra el foco de su estudio sobre los procesos de aprendizaje en la interacción entre el aprendiz y el entorno social. El aprendiz no es un sujeto pasivo que asiste desapasionadamente a la ceremonia de su aprendizaje, sino que participa activamente en el proceso, e incluso espera cosas de esta etapa de formación: tiene expectativas inherentes a su desarrollo. Siendo fundamental para el aprendizaje el sentimiento de la propia eficacia, que implica ser valorado por nuestro comportamiento [6]. En este marco, la relación establecida entre profesor y alumno, su capacidad de potenciar el aprendizaje y de valorar los logros alcanzados positivamente, son fundamentales para el aprendizaje.

Estos nuevos aportes en la Psicología han cuestionado, por tanto, la evaluación objetiva del proceso de aprendizaje para irse moviendo de los tests estandarizados de rendimiento que no proporcionan toda la información que se precisa para comprender lo que el educadores enseñan y los educandos aprenden, hacia una evaluación comprensiva, preocupada por la calidad de los procesos que tienen lugar en los estudiantes y en el aula [7].

5.- De este modo, esta moción pretende ocuparse de un factor que estimamos, con fundamentos que se expondrán a continuación, un aspecto que se nos ha olvidado, este es ni más ni menos, el cómo evaluamos a los niños y niñas de modo tal que dicha evaluación no sea motivo de stress para ellos, ni de lugar a competencia temprana, y ello principalmente involucra a los adultos quienes en una sociedad competitiva sienten o perciben erróneamente, a nuestro juicio, que aquello es sinónimo que su hijo o pupilo avanza a pasos agigantados.

6.- Es menester señalar que desde la pedagogía (y en la práctica) existen tres clases de evaluaciones: 1) Una diagnóstica, que por cierto no tiene por objeto poner notas ni categorizar sino conocer precisamente el nivel de manejo de los contenidos necesarios para las materias que serán impartidas en el año escolar respectivo. 2) Evaluación formativa: Esta se distingue de la sumativa en que la información que se recoge en el proceso formativo se usa para ir modelando las mejoras en lugar de limitarse a resumir los logros. (…) También es importante para lograr una mayor regularidad de resultados escolares y para que los alumnos “aprendan a aprender” (Aydeniz, 2009), y. 3) la sumativa que se puede definir: como aquella que es usada para que los estudiantes sean evaluados al final de un ciclo educativo sobre su aprendizaje. Ello permite que estudiantes sean promovidos al siguiente curso, y con ello se asegura que han adquirido los estándares necesarios para continuar estudios o acceder al mundo del trabajo (OCDE, 2008).

Es decir claramente cada una de ellas difieren en sus consecuencias y sus metodologías, pudiendo resultar complementarias o no, dependiendo de diversos factores, cuestión en la que no profundizaremos, por ahora.

7.- Conforme un primer estudio de la Biblioteca del Congreso Nacional en tres de los países OCDE (estonia, Dinamarca y Finlandia), donde se registran los mejores resultados en educación curiosamente se utilizan más bien evaluaciones formativas, más que sumativas o cuantitativas como veremos a continuación:

Situación de Estonia: La ley de educación básica en Estonia establece seis principios generales [8], que deben guiar los procesos de evaluación de los estudiantes en la escuela. La norma establece que hasta el 6° “el resultado de la evaluación de los alumnos debe basarse en reportes verbales sobre el logro de aprendizaje de los estudiantes, los cuales no deben estar asociados a una escala numérica”.

Según lo dispuesto en el currículum del ciclo básico, los reportes verbales deben tener una periodicidad semestral; debiendo “reflejar claramente el logro del estudiante en función de los ‘Objetivos de Aprendizaje’, establecidos en el currículum”.

Para el caso que los informes de un alumno sean insuficientes o débiles, el establecimiento debe generar un plan de apoyo que le permitan desarrollar las competencias del currículum específico.

Adicionalmente se establece, que al final del ciclo de educación básica, el estudiante debe rendir una prueba de carácter nacional (en matemáticas, lenguaje y una materia escogida por el estudiante).

Situación de Finlandia: El principio de la evaluación en la escuela es guiar a los estudiantes a fomentar el aprendizaje y desarrollar la capacidad de autoevaluación. “La tarea de la evaluación es guiar e incentivar el estudio y ayudar a los alumnos en su proceso de aprendizaje. La retroalimentación continua del maestro debe apoyar y guiar a los alumnos de manera positiva. Con la ayuda de la evaluación y los comentarios, los profesores guían a los alumnos a tomar conciencia de su pensamiento y acción y ayudan a los alumnos a comprender lo que están aprendiendo”.

Desde el punto de vista de la evaluación sumativa, la normativa que la regula dispone que el estudiante debe “recibir un reporte que contenga una evaluación, hecha por el profesor, por materias, sobre el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje establecidos en el curriculum y de su conducta en la escuela”. Esta evaluación en la educación básica puede ser tanto verbal, como también por medio de una escala numérica.

Por último, como se planteó en la situación de Estonia, también se considera una evaluación de fin de ciclo del estudiante.

Situación en Dinamarca: El principio que señala el sistema de evaluación danés, se basa en relevar el beneficio que genera en el estudiante su asistencia a la escuela. “Las evaluaciones deberán servir como la guía principal del estudiante en su proceso de aprendizaje, y como un elemento central en la planificación de la enseñanza“.

La normativa que regula la evaluación de los estudiantes establece el instrumento denominado “Individual Student Plans” [9], como el mecanismo para llevar a cabo la evaluación. En concreto, las evaluaciones consideran tres dimensiones: Objetivos [10], Estado [11] y Monitoreo [12].

El modelo danés tiene como eje que las evaluaciones entreguen información adecuada a fin de apoyar las materias en que el alumno no alcance los objetivos planteados del curso, orientando también las decisiones futuras que deba tomar.

8.- En Chile, la Ley General de Educación (LEGE), establece en el párrafo primero de su título preliminar los fines y principios que rigen la educación en nuestro país, en su Artículo Nº 2, señala que la finalidad de la educación es “alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas”. En lo especifico, respecto a la educación básica en su artículo 19 se señalan como objetivos: “Art. 19. La educación básica es el nivel educacional que se orienta hacia la formación integral de los alumnos, en sus dimensiones física, afectiva, cognitiva, social, cultural, moral y espiritual, desarrollando sus capacidades de acuerdo a los conocimientos, habilidades y actitudes definidos en las bases curriculares que se determinen en conformidad a esta ley, y que les permiten continuar el proceso educativo formal.”

En lo que respecta a la evaluación el artículo 7º inciso tercero señala: “La evaluación de los alumnos deberá incluir indicadores que permitan efectuar una evaluación conforme a criterios objetivos y transparentes.” Concepto que se replica en el artículo 39.

Al revisar estas normas la pregunta que surge casi espontanea es: estos objetivos formativos se corresponden con los modelos evaluativos que estamos usando?, si como hemos señalado, todo el sistema finalmente termina remitido a la ejecución permanente de pruebas censales, estandarizadas y con altas consecuencias.

9.- Chile tuvo una progresión de su educación básica desde la ley de instrucción primaria obligatoria de 1920, Nº3.654, que establecía 4 años de educación básica obligatoria, llegando a la reforma educacional de 1965 que extendió la educación básica hasta el 8º año, reducidos hoy a 6 en el articulado permanente del DFL Nº2, antes citado y prorrogada recientemente su entrada en vigencia hasta el año 2026 en virtud de la modificación introducida en virtud de la ley 21.049, es decir en oportunidad y cobertura podemos sentirnos orgullosos, pero hoy los desafíos tienen que ver como alcanzamos esos objetivos programáticos de nuestra propia LEGE.

10.- La evaluación, toda vez que comprende gran cantidad de componentes técnicos, ha sido regulado por un sinnúmero de decretos por nombrar algunos: el 2038 de 1979, decreto exento 62 de 1983, etc. Necesario es decir que la evaluación conceptual no ha sido ajena a nuestra historia, pero por razones que ignoramos fue abandonada o relegada a la evaluación de aspectos que no tenían que ver con los contenidos curriculares.

11.- La idea conforme esta moción es que la evaluación formativa o conceptual abarque TODOS los aspectos del desarrollo, con una buena retroalimentación de la comunidad escolar en especial los padres y apoderados.

12.- Contamos a favor de esta iniciativa con numerosos investigadores e investigadoras, entre ellos la académica Alejandra Falabella de la Universidad Alberto Hurtado quien en columna de opinión pública en el diario la Tercera el 07 del Presente mes de agosto, manifiesta: “Las notas son un símbolo que deben ser significativas, claras y comprensibles para los niños, niñas y apoderados, con el fin de que ellos puedan comprender los avances y desafíos por delante.

Las notas con una escala del 1 al 7 resultan un soporte poco adecuado para guiar el aprendizaje de los alumnos más pequeños. Las calificaciones cuantitativas tienen escaso sentido para estos niños y muchas veces generan frustración y desánimo tanto en ellos, como en sus madres y padres. Además, el sistema de decimales, supone matices y exactitudes que no resultan pertinentes para esta etapa.

Por ello, es recomendable la utilización de una escala cualitativa, junto a una retroalimentación detallada del proceso, que estimule a los niños/as en continuar aprendiendo. El foco no debe ser la sanción, la comparación, ni una visión de déficit de los alumnos, sino que una evaluación comprensiva, centrada en las habilidades y competencias de las niñas/os, que permita tomar decisiones pedagógicas acordes.

Aquello es crucial especialmente en el primer ciclo básico cuando los niños recién están comenzando su trayectoria en el sistema escolar. No solamente para evitar posibles fobias o estrés, sino que además considerando que en esta etapa de desarrollo los énfasis deben estar en el aprendizaje lúdico, cooperativo e integral. Lamentablemente el kínder y primeros años de la básica se han escolarizado negativamente, con clases frontales y método “papel y lápiz”, sumado a las pruebas estandarizadas que han intensificado estas lógicas. El uso de la escala cualitativa sin duda no asegura este cambio, pero al menos lo propicia de modo más consistente.”.

13.- En un segundo informe, evacuado el 09 de Agosto del presente, la Biblioteca del Congreso Nacional nos aporta más elementos y señala: “La evaluación formativa se define como un proceso continuo e integral al proceso de aprendizaje, y que tiene como finalidad principal usar la evidencia de logro de aprendizaje de los estudiantes para evaluar y mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje. En contraposición, la evaluación sumativa tendría como finalidad evaluar el producto, (aprendizaje), al final de un periodo o proceso de enseñanza, siendo este el punto final del proceso de evaluación.” De este modo, si bien no resultan en principio contradictorias, evidentemente que la primera aparece como mas centrada en las tareas y el interés que genera en el educando la realización de las mismas, mas que en el “ego” o la competencia interpares que genera una escala numèrica de notas, sin contar que ademas crea una tensión por el resultado reflejado en esa nota mas que en verdaderamente haber adquirido los conocimientos o la instalación permanente de las habilidades o competencias, lo anterior, unido a una serie de intercambios de valor, traducidos en premios incentivos y desincentivos terminan alejandonos del propósito educativo en general el cual, como sostiene nuestra propia LEGE, es la formación integral de la persona. Finalmente el estudio releva (apoyado en los autores que señala) la importancia en terminos de retroalimentación de la evaluación formativa en los siguientes términos: “·La retroalimentación, entonces, se define como información que se utiliza (para) mejorar proceso de enseñanza, con el objetivo de cerrar la brecha entre el nivel real de aprendizaje y el estándar o resultado de aprendizaje esperado. Es decir, el beneficio de la retroalimentación consiste en mostrarle al estudiante como puede mejorar su nivel de aprendizaje, para alcanzar el estándar de aprendizaje esperado. En este sentido, la retroalimentación en una evaluación formativa estaría asociada a una orientada a la tarea, dado que tiene como finalidad corregir acciones, maneras de pensar, para alcanzar mayores niveles de aprendizaje.

Bajo esta definición, Sadler identifica cuatro condiciones que se deben satisfacer para una retroalimentación efectiva:

1.- Establecer una definición de qué es un buen resultado, es decir deben estar claros para el estudiante los objetivos y los estándares de aprendizaje que se buscan.

2.-Generar evaluaciones que permitan comparar el estado actual de aprendizaje con lo que es considerado un buen resultado de aprendizaje.

3.- Diseño de acciones para cerrar la brecha entre el resultado de aprendizaje actual y el estándar esperado.

4.-Que el estudiante efectivamente lleve a cabo las acciones definidas para cerrar la brecha entre el resultado de aprendizaje actual y el estándar esperado.”

Así, la efectividad del proceso de retroalimentación requiere que el estudiante tome acciones para cerrar la brecha de aprendizaje, lo que “contribuye a desarrollar la metacognición (aprender sobre el propio aprendizaje), y al desarrollo de la identidad, dado que se involucra al estudiante en actividades que requieren internalizar el criterio que se utiliza para juzgar que un trabajo cumple con el estándar requerido, y se los hace responsables de monitorear y buscar mejorar su aprendizaje” (Shepard. L.A et al, 2018). En este proceso el estudiante adquiriría competencias para aprender a aprender, las cuales han sido relevadas por UNESCO como uno de los pilares fundamentales que deben desarrollar los sistemas educativos.

14.- Hemos dejado para el final referirnos al rol que dentro de nuestro sistema han adquirido las pruebas estandarizadas con altas consecuencias, aplicadas a nivel nacional con obligatoriedad y en distintos niveles educativos, en concreto hoy la denominada prueba SIMCE está asociada a más de 17 diferentes consecuencias sistémicas. Conforme estudio de la académica Teresa Florez, estas consecuencias van desde el ámbito remuneracional, hasta incluso llegar a influir poderosamente en el eventual cierre de un establecimiento, cuestión que ha sido ampliamente estudiado y criticado en nuestro país, que se puede encontrar en: (Flórez, 2013; Falabella, 2014; Acuña, Assaél, Contreras, Peralta, 2014; Manzi, 2014). Aparte de las consecuencias sistémicas, en el ámbito propiamente pedagógico este tipo de pruebas provoca un reduccionismo curricular y uniformización de la docencia. . Como crítica política agregamos, el fomento de las lógicas de mercado, la competencia y la segregación.

En concepto de las y los mocionantes y, apoyada por los estudios antedichos, mientras en nuestro país no seamos capaces de construir un sistema de evaluaciones escolares y del sistema educacional, que recoja fielmente los principios y propósitos declarados en la Ley General de Educación, de continuar aplicando estas mediciones sólo podremos esperar efectos regresivos, que lesionan el concepto de la educación como un derecho universal e inclusivo.

Tratándose, en suma, la evaluación no solo de un tema técnico, sino que principal y fundamentalmente político, es que se pretende con esta moción restringir la aplicación de este tipo de instrumentos.

15.- En nuestro país, atendida la abundante evidencia de los efectos perversos que el SIMCE estaba provocando en nuestros estudiantes y en el sistema en general, ya en el año 2015 se decidió por las autoridades de la época eliminar dicha medición en lectura para el 2ª año de educación escolar básica, y en Ciencias para el 4º año, como dio cuenta la prensa en su oportunidad [13], por ende ya tenemos un precedente, que por demás, fue el resultado de un trabajo de seis meses de un amplio grupo de expertos convocados por el Ministerio de Educación y siguiendo sus recomendaciones y que, sin requerir modificación legal, avanzó en el sentido que estamos proponiendo.

Necesario resulta aclarar que no se requirió modificación legal alguna por cuanto el párrafo tercero de la letra a) del artículo 11 de la ley Nºº20.529 mandata a la Agencia de la Calidad de la Educación, en cumplimiento de sus funciones a efectuar lo siguiente: “Las mediciones del grado de cumplimiento de los estándares de aprendizaje de los alumnos, referidos a los objetivos generales señalados en la ley y sus respectivas bases curriculares y de los otros indicadores de calidad educativa, se realizarán mediante instrumentos y procedimientos estandarizados, válidos, confiables, objetivos y transparentes. En el caso de los instrumentos referidos a la medición del cumplimiento de los estándares de aprendizaje, estos se aplicarán en forma periódica en distintos cursos y sectores de aprendizaje, en forma censal a lo menos en algún curso, tanto del nivel de enseñanza básica, como de enseñanza media.”. Es decir se cumple con el mandato legal con efectuar tan solo una medición en cualquiera de los cursos, uno por nivel básico, uno por nivel media.

16.- Una última razón para hacer aplicable las normas que propone esta moción al primer ciclo de educación básica es que, salvo en las escuelas de menor tamaño, en la generalidad de los casos la mayor parte del

curriculum es asumido por un mismo docente, de modo que la proximidad del mismo con los educandos es mayor, facilitando el conocimiento mutuo y su evaluación, mas allá de contenidos específicos. En el segundo ciclo no solo se aumenta el número de materias sino también la cantidad de docentes que interactúan con los alumnos.

3. Idea Matriz:

Establecer en el texto refundido de la Ley General de Educación, específicamente en el actual artículo treinta nueve, que el sistema de evaluación privilegie otras fórmulas de evaluación a la actual escala de notas de 1 a 7 que actualmente se utiliza, propendiendo a la utilización de criterios cualitativos, con especial énfasis en la evaluación de los estudiantes del primer ciclo básico. Asimismo impedir que se apliquen evaluaciones externas a los establecimientos, mediante instrumentos estandarizados a nivel nacional, al menos en este ciclo, salvo que tengan un propósito muestral y/o de retroalimentación de las comunidades educativas y con pertinencia territorial y cultural.

Sobre la base de estos antecedentes es que se propone el siguiente:

PROYECTO DE LEY

ARTÍCULO PRIMERO:

Agrégase un nuevo inciso segundo al artículo 37 del Decreto con Fuerza de Ley N°2 de 2009, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N°20.370, con las normas no derogadas del Decreto con Fuerza de Ley N°1 de 2005, pasando el actual inciso segundo a ser tercero y asi sucesivamente, del siguiente tenor:

“Sin perjuicio cuando las evaluaciones a que se refiere el inciso anterior recaigan sobre cursos del primer ciclo de educación escolar básica, deberán ser de tipo muestral y/o para la retroalimentación de los establecimientos y sus comunidades educativas, con pertinencia territorial y cultural.”

ARTÍCULO SEGUNDO:

Para agregar al final del inciso primero del artículo 39, del mismo Decreto con Fuerza de Ley Nº2, después del punto aparte que pasa a ser punto y coma, el siguiente párrafo:

“debiéndose considerar una retroalimentación permanente de las evaluaciones del proceso educativo y planes de apoyo, entre el profesor responsable, educando, padres y/o apoderados, o al menos en tres oportunidades durante el año escolar.”

ARTÍCULO TERCERO:

Incorporase el siguiente inciso segundo, nuevo, en el artículo 39 del mismo decreto con fuerza de ley Nº2, pasando el actual a ser tercero:

“Las evaluaciones correspondientes al nivel de educación básica referidas en el inciso anterior, especialmente durante el primer ciclo básico, privilegiarán la utilización de criterios de evaluación formativos y cualitativos que permitan dar cuenta del nivel de logro, en el desarrollo integral de los niños y niñas y de los objetivos planteados en el currículum o si es necesario un plan de apoyo u otra medida complementaria.”

ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO:

Dentro del plazo de dos años desde publicada la presente ley, las comunidades educativas de los establecimientos escolares en el nivel del primer ciclo básico, de 1º a 4º, deberán llevar a cabo un proceso de reflexión y preparación de sus integrantes para inducir la incorporación y adopción de criterios cualitativos en los procesos de evaluación de sus alumnos de forma gradual, que sustituyan a la evaluación actual en base a una escala numérica de notas.

ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO:

Concluido el proceso establecido en el artículo anterior, entrará en vigor al año escolar siguiente el nuevo sistema de evaluación.

Diputadas señoras Girardi, Hoffmann, Rojas; Sepúlveda, doña Alejandra, y Vallejo, y del diputado señor González, don Rodrigo.

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Bellolio, Carter, Cruz-Coke, Jackson, Pardo, Rey y Undurraga, y de la diputada señora Hoffmann, que Modifica la ley N°20.370, General de Educación, en materia de ciberacoso o cyberbullying. Boletín N°12022-04

I. ANTECENDENTES

Durante las últimas décadas del siglo XX se concibió una fuerte masificación del uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), especialmente en el uso de los Smartphone que trajo consigo la utilización de un conjunto de redes sociales como Snapchat, Facebook, Instagram, WhatsApp, entre otras, que han facilitado la comunicación a distancia. No obstante, a través de estas redes sociales se ha generado una gran exposición de la intimidad de las personas, ya que en ellas exponen sus intereses, actividades, fotos, opiniones, etc., interactuando con terceras personas. Asimismo, se han vuelto herramientas para exponer demandas sociales y acusaciones entre la sociedad civil. Pero aún más preocupante resultan los casos de bullying (acoso) que se han originado a través de las redes sociales, con autores principalmente menores de edad, donde las agresiones a través de redes sociales han terminado incluso con el suicidio de las víctimas de este tipo de bullying que se define como ciberacoso o cyberbullying.

Es importante, que jóvenes y adultos comprendan los riesgos que conllevan dar el uso irresponsable de las redes sociales, los cuales podrían desencadenar en graves violaciones a los derechos fundamentales o podrían considerarse como delitos.

Respecto al uso del Smartphone y las redes sociales, según las estadísticas de la Sociedad Norteamericana de Psiquiatría Infantil y adolescente, aproximadamente el 90% de los adolescentes entre 13 y 17 años utilizan redes sociales. Un 75% de ellos tiene, por lo menos, un perfil activo en alguna red social, y un 51% señala ingresar a dichas redes por lo menos una vez al día. En cuanto al uso de dispositivos móviles, en promedio, los adolescentes pasan cerca de 9 horas al día utilizándolos, sin incluir el tiempo utilizado en actividades escolares [1].

En relación al concepto de ciberacoso este se define como “una conducta a través de la cual se produce un acoso a otra persona, una agresión psicológica, transmitiendo información difamatoria hacia otra persona mediante los medios tecnológicos” [2].

Por otro lado, el cyberbullying ha sido definido como “el daño voluntario y repetido, infligido a través del uso de computadores, celulares y otros dispositivos electrónicos” [3]. Dicha definición considera todas las comunicaciones realizadas a través de internet, ya sea el “correo electrónico, mensajes de texto y mensajería instantánea, sitios webs personales, y sitios en línea de encuestas y de juegos” [3]. En esa línea, otra definición del cyberbullying indica que este consiste en el “uso y difusión de información lesiva o difamatoria en formato electrónico a través de medios de comunicación como el correo electrónico, la mensajería de texto a través de teléfonos o dispositivos móviles, o la publicación de videos y fotografías en plataformas electrónicas de difusión de contenidos” [4].

El cyberbullying es una forma no convencional del bullying, que ha sido mucho más agresiva, debido al anonimato en el que se realiza. Además, este puede ocurrir en cualquier momento y lugar.

La difamación de imágenes o acusaciones anónimas que se realizan hacia una persona logran rápidamente ser captadas por una gran audiencia debido a la inmediatez de difusión que se da en las redes sociales.

Otro problema que afrenta este método de bullying además de su agresividad, es que, debido al anonimato de los acosadores, ya sea ocultando su identidad, o bien utilizando la identidad de otra persona, conlleva a que el impacto inmediato no sea físico ni evidente para los demás. Asimismo, los mensajes emitidos, imágenes o cualquier forma de agresión pueden ser difíciles de rastrear y aún más complejo es que logren ser borradas en su totalidad de la red [5].

Según un estudio elaborado por la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Tulane (New Orleans, EEUU), cerca de 1 de cada 3 estudiantes experimentan ciberbullying durante el año escolar [6]. Según cifras del “Cyberbullying Research Center” (EEUU), 25% de las víctimas han experimentado comentarios crueles o hirientes y un 21% ha sufrido el esparcimiento de rumores en redes sociales [7], siendo las dos formas de ciberacoso más usuales.

II. NECESIDAD DE REFORMAR LA LEGISLATURA ACTUAL

Las consecuencias de no detectar a tiempo un caso de bullying o cyberbullying podrían culminar en graves daños psicológicos en los niños que son víctimas de estos tipos de acoso, afectando su rendimiento escolar, generando problemas de ansiedad y trastornos depresivos incluso llevándolos al suicidio. Casos como estos han aumentado en Chile, el último vivido fue el de una alumna del colegio Nido de Águilas, Katherine Winter, quien luego de asistir a una fiesta un fin de semana, comenzó a recibir mensajes ofensivos a través de redes sociales, los cuales llegaron a un nivel de hostigamiento que ella no pudo sobrellevar tomando la decisión de quitarse la vida.

En este sentido un estudio realizado por la consultora REDEM en Estados Unidos que se llamó Cyberbullying: Impactos en la Juventud y en los Colegios en Oregon (2014), reveló que los suicidios han sido relacionados a las duras agresiones del bullying y cyberbullying, en esa línea, exponen el caso de una joven de 16 años, Megan Meir, quien se suicidó el 2006, luego de haber sido acosada por la madre de un amigo que se hizo pasar por un chico en la plataforma My Space.

Bajo este contexto, la literatura también ha sugerido que, “el cyberbullying, como difundir rumores, excluir a la víctima del acoso pueden generar graves problemas de salud mental, los cuales podrían llegar a ser más severos en el orden sicológico, social y mental, que lo que ocurre con el bullying, porque es más difícil de controlar” [8]. De este modo, “los adolescentes son particularmente vulnerables a la tensión psicosocial del bullying dado que su tarea es la formación de identidad. Ellos buscan ese sentimiento de pertenencia, la aceptación y afirmación de sus pares. El Cyberbullying puede bloquear esta importante fase y puede bajar su rendimiento de habilidades, y pueden aparecer comportamientos autodestructivos, y comportamientos posiblemente antisociales, de acuerdo al teórico general de la tensión, Robert Agnew” [9].

Según un estudio realizado por Microsoft en 23 países, llamado “Civilidad, Seguridad e Interacción Online”, en Chile tres de cada cuatro chilenos ha sufrido algún tipo de riesgo virtual el último año. Es estudio se realizó para medir el peligro al que se exponen las personas en el mundo digital.

Nuestro país ocupó el lugar 17 en el ranking, ya que que el 73% de usuarios de internet consultados declaró haber sufrido un riesgo, lo que nos ubica por encima de nuestros países vecinos [10]. Por otra parte, según los datos entregados por la Subsecretaría de Telecomunicaciones, “Chile es el país con mayor tasa de penetración de internet en América Latina, con más de un 70%. En cifras, esto equivale a más de 12 millones de personas en el país que lo poseen y que están en riesgo de sufrir alguno de los peligros más comunes que señala el estudio: acoso (53%), fraudes y estafas (32%) y la recepción indeseada de contenido erótico (27%)” [11].

Según estas últimas cifras entre los peligros más comunes que se pueden sufrir por redes sociales es el acoso con un 53%.

La ONG Bullying Sin Fronteras señala que cada año las autoridades de educación reciben 4.000 denuncias por diferentes situaciones que suceden en el aula, de ellas 800 tienen relación con casos de acoso escolar. Estas cifras han aumentado, pues en el período 2017-2018 hubo un 25% más de denuncias (1.242 exactamente) que en 2015-2016 y 2016-2017.

En ese contexto, surge la necesidad de modificar el decreto con fuerza de ley Nº2, del Ministerio de Educación, del año 2010, el cual ya fue modificado anteriormente por la Ley 20.536 Sobre Violencia Escolar, para definir en él expresamente el concepto de cyberbullying, pues casos como el de Katherine Winter y muchas otras víctimas de este tipo de acoso escolar, no pueden seguir ocurriendo.

Es preciso concientizar a toda la comunidad escolar sobre la prevención y la responsabilidad que deben asumir primeramente los victimarios, luego los padres de los victimarios y toda la comunidad educativa en su calidad de testigo en los casos de acoso escolar.

Respecto a la responsabilidad de los padres, tanto el ordenamiento civil como la Ley General de Educación reconocen la responsabilidad de los padres por los hechos de sus hijos. Esta responsabilidad se encuentra consagrada, en primer lugar, en los artículos 2320 y 2321 del Código Civil. La misma norma se aplica a los tutores o curadores, y a los jefes de colegios en determinadas circunstancias.

Art. 2320. Toda persona es responsable no sólo de sus propias acciones, sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado.

Así el padre, y a falta de éste la madre, es responsable del hecho de los hijos menores que habiten en la misma casa.

Así el tutor o curador es responsable de la conducta del pupilo que vive bajo su dependencia y cuidado.

Art. 2321. Los padres serán siempre responsables de los delitos o cuasidelitos cometidos por sus hijos menores, y que conocidamente provengan de mala educación, o de los hábitos viciosos que les han dejado adquirir.

Asimismo, la Ley General de Educación establece, en su Artículo 10 letra b): Por su parte, son deberes de los padres, madres y apoderados educar a sus hijos, informarse, respetar y contribuir a dar cumplimiento al proyecto educativo, a las normas de convivencia y a las de funcionamiento del establecimiento que elijan para éstos; apoyar sus procesos educativos; cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional; respetar su normativa interna y brindar un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa.

En virtud de los antecedentes entregados, vengo a presentar el siguiente proyecto de ley:

PROYECTO DE LEY

Artículo único: Modifíquese el decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación en los siguientes términos:

a) Agréguese en el artículo 16 B el siguiente inciso segundo:

Se entenderá como ciberacoso o cyberbullying cualquier tipo de agresión psicológica, intimidación, hostigamiento, difamación y amenaza, a través de cualquier red social, medios tecnológicos e internet, de manera reiterada y de forma insidiosa realizada por uno o más estudiantes en contra de otro estudiantes, valiéndose para ello deuna situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado. . Se considerará como medio de dicho acoso el envío de mensajes de carácter injurioso o denigrante, la publicación de videos o fotografías que tengan por objeto dañar la imagen de otro, o cualquier otra conducta que tenga por objeto generar un daño psicológico o emocional a otra persona y que alteren la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa que se expresa en el artículo 16 A.

b) Agréguese al artículo 16 D los siguientes incisos cuarto, quinto y sexto:

Además, tanto los padres y apoderados de la víctima, como el establecimiento educacional podrán iniciar acciones civiles o penales, según sea el caso, en contra de los responsables de las conductas que atenten gravemente en contra de la buena convivencia escolar.

Se podrán iniciar también acciones civiles en contra de los padres de los alumnos responsables de estos actos en los términos establecidos por los artículos 2320 y 2321 del Código Civil.

En el marco de un procedimiento civil o penal, será deber del establecimiento educacional colaborar sustancialmente con la investigación penal o con el procedimiento civil, según corresponda, aportando todos los antecedentes relevantes con los que cuente.

Diputados señores Bellolio, Carter, Cruz-Coke, Jackson, Pardo, Rey y Undurraga, y de la diputada señora Hoffmann

Proyecto iniciado en moción del diputado señor Rey, que Modifica el Código Penal para incorporar la castración química del agresor como pena accesoria en el delito de violación cometido contra menores de catorce años. Boletín N°12023-07

Considerando:

1. La castración química es un método para tratar a delincuentes sexuales mediante medicamentos los cuales tiene por objeto reducir el deseo sexual, teniendo como consecuencia la reducción de la tasa de reincidencia de esta clase de delitos. El método se efectúa a través de la aplicación de anti andrógenos, estas inyecciones reducen los niveles de testosterona en los hombres, disminuyendo los niveles de andrógenos en el torrente sanguíneo y reduciendo las fantasías sexuales compulsivas de algunos tipos de delincuentes sexuales.

2. Estudios científicos apoyan la utilización de este método ya que brindan información favorable con relación a la reducción del deseo sexual y de la tasa de reincidencia de las personas a quienes se ha aplicado el tratamiento. En países tales como Estados Unidos, Polonia, Estonia, Rusia, Bélgica, entre otros países que se aplica esta medida, la tasa de reincidencia de los delincuentes sexuales ha bajado cerca de un cincuenta por ciento.

3. En relación la reducción del deseo sexual existen diversas investigaciones que confirman la reducción o eliminación del deseo sexual, una de las más importantes es una realizada en Estados Unidos por el profesor P.Gage. en este estudio, en la mayoría de los sujetos desviados sexualmente, se encontraron frente a una disminución de las fantasías sexuales y un gran aumento en el control sobre sus impulsos. Todo esto sin efectos secundarios.

4. En derecho comparado, podemos señalar que la castración química es objeto de debate en todo el mundo. El procedimiento ya se aplica, con distintos cuadros legales, con resultados similares, las estadísticas arrojadas en los estudios respecto de la reincidencia de los reos a los cuales se les aplicó el tratamiento, en los países que aplican esta medida, indican que esta se ha reducido.

5. Debemos tener en cuenta que en algunas legislaciones se establece la castración química de forma voluntaria, en este sentido debemos hacer un alcance, ya que cuando se establece de esta forma, es solo eficaz si se acompaña con un tratamiento psicológico posterior, lo cual es difícil, ya que conlleva un control exhaustivo luego de que el delincuente se reinserte en la sociedad.

6. Lo que se propone en este proyecto es que esta medida sea administrada de forma facultativa y complementaria para los delincuentes sexuales cuyas víctimas sean menores de 14 años, es decir en casos de criminalidad asociada a parafilias, basándonos en los estudios científicos, ya que estos arrojan resultados eficaces de la castración química siempre que el método sea aplicado a pedófilos, donde se encuentra demostrada la reducción de los deseos sexuales y la tasa de reincidencia [1]

7. El sentido de la aplicación facultativa y complementaria de la castración química, encuentra su explicación en los casos de reincidencia en la comisión de delitos de connotación sexual o cuando la gravedad del delito sexual lo amerite. En este sentido lo aplican varios países, donde se han vistos grandes avances en el tema, estos son, Países de Europa y Rusia, Polonia, Estonia y Perú.

Fundamentos:

1. El artículo 361 del Código Penal sanciona el delito de violación con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado medio.

2. En la gran mayoría de los casos resueltos por nuestra legislación el violador tiene una estrecha relación con la víctima, ya sea como conviviente de su madre, tio, vecino, entre otros.

3. En la mayoría de los casos, una vez que el delincuente cumple su pena, vuelve al mismo medio donde se encontraba antes, estableciendo un peligro en la reincidencia del delito.

Por estos motivos, tengo el honor de someter al conocimiento de la Honorable Cámara de Diputados el siguiente

PROYECTO DE LEY

Articulo único: modifíquese el artículo 362 en el siguiente sentido:

a) Agréguese como inciso segundo:

“a los responsables del delito descrito en inciso precedente, se les podrá aplicar como pena accesoria la castración química”

Diputado señor Rey

Proyecto iniciado en moción de la diputada señora Amar y de los diputados señores Fuenzalida, don Juan; Gahona, Hernández, Noman, Norambuena, Ramírez, Urrutia, don Osvaldo; Van Rysselberghe y Von Mühlenbrock, que Modifica el decreto con fuerza de ley N°1, de 2005 del Ministerio de Salud, para impedir que la fertilidad y el embarazo sean considerados para determinar el precio de los planes de salud de las mujeres mayores de 40 años. Boletín N°12024-11

I.- IDEAS GENERALES.

Las edades reproductivas extremas de la mujer van desde antes de los 20 años8 y hasta después de 40 años9. En países desarrollados, las mejores expectativas de vida y mejores condiciones de salud para la mujer, hacen que la reproducción se desplace a edades maternas mayores [1]. En Chile, a pesar del significativo descenso de la natalidad, los nacimientos en mujeres de 40 o más años aumentaron; pasando de 5.773 nacimientos en 1990 a 7.001 en 1999 [2- [3]

La estadística dice que hoy el 25% de la población de mujeres chilenas se embaraza después de los 35 años, mientras que en los años setentas este grupo alcanzaba solo un 5%, lo que quiere decir que actualmente hay cinco veces más mujeres mayores de esa edad gestando que hace cuatro décadas. [4]

Las razones por las que las mujeres deciden postergar la maternidad, son múltiples. Un estudio realizado por la Clínica Las Condes junto a Adimark, determinó que las principales causas tendrían relación con factores asociados al desarrollo de ellas. Así, el 40% de las mujeres posterga la maternidad esperando mayor estabilidad económica, el 33% lo hace en pos de la realización profesional y trabajo, el 17% lo hace porque buscan realizarse cómo mujer primero, y el 10% para disfrutar la vida y otros.

II.- CONSIDERANDO.

1. Que las Isapres en Chile son las encargadas de fijar los precios de sus planes, y para determinarlos, utilizan tablas de factores. Estas son definidas por la ley como “Aquella tabla elaborada por la Institución de Salud Previsional cuyos factores muestran la relación de precios del plan de salud para cada grupo de personas, según edad, sexo y condición de cotizante o carga, con respecto a un grupo de referencia definido por la Superintendencia, en instrucciones de general aplicación, el cual asumirá el valor unitario. Esta tabla representa un mecanismo pactado de variación del precio del plan a lo largo del ciclo de vida, el que es conocido y aceptado por el afiliado o beneficiario al momento de suscribir el contrato o incorporarse a él, según corresponda, y que no podrá sufrir variaciones en tanto la persona permanezca adscrita a ese plan.”

2. Las tablas de factores son establecidas libremente por las prestadoras de salud, y consideran como criterios para su conformación, la edad y sexo del cotizante. Se busca establecer el nivel de riesgo que significa cada grupo etario para la prestadora de salud, y por consiguiente el costo que conlleva dicha cobertura. Así, las tablas son distintas para hombres y mujeres, y a su vez, se dividen cada una de estas en grupos etarios de no menos de tres años y no más de cinco.

3. La Superintendencia de Instituciones de Salud Previsional es la encargada de fijar las estructuras de las tablas y determinar cada diez años, la relación máxima entre el factor más bajo y el más alto de cada tabla.

4. Es, en virtud de las tablas anteriormente descritas, que se permite tácitamente el castigo a las mujeres que se encuentran en edad fértil, considerándose la fertilidad como un factor de riesgo más alto, y en consecuencia, elevándose los costos de las primas por los planes de salud correspondiente. Así las cosas, una mujer de entre 30 y 34 años paga, en promedio, 179% más que un hombre de su misma edad por un plan de Isapre idéntico; sólo por la posibilidad de ser madre [5].

5. El inciso final del artículo 199 del Decreto con Fuerza de Ley N°1 de 2005 del Ministerio de Salud, obliga a las prestadoras de salud previsional a aplicar el aumento o reducción del factor que corresponda a un beneficiario en virtud de su edad. Esta variación, debe ser informada al cotizante. Esto en términos prácticos, implica que, si la mujer traspasa la edad fértil -40 años-, su factor de riesgo disminuye, y por tanto debe bajar el precio de su prima. Esta disminución debe ser aplicada por las prestadoras de salud previsional de forma obligatoria.

6. Sin embargo no existe en la regulación una disposición que permita anticiparse ante el panorama futuro que espera a las mujeres, especialmente considerando la tendencia a la postergación de la maternidad y el aumento en su expectativa de vida, siendo plausible que se fije por consiguiente una edad reproductiva extrema superior a los 40 años, y como tal, aumentar los planes de aquellas mujeres que superan esta edad.

7. En esta línea, el proyecto de ley busca congelar definitivamente la edad fértil extrema de la mujer en los 40 años, y prohibir se utilice este elemento como parte del factor de riesgo aplicado a mujeres mayores de 40 años; con el objetivo de evitar alzas futuras en los planes de salud ante el escenario actual donde la postergación de la maternidad y el aumento de partos en mujeres mayores de 40 años es una realidad.

III.- CONTENIDO DEL PROYECTO.

De acuerdo a lo indicado el presente proyecto de ley prohíbe a las prestadoras de salud previsional, considerar la edad fértil y el embarazo, como factor de riesgo en mujeres mayores de 40 años; evitando su uso en los cálculos de las tablas de factores y por consiguiente en las primas de los planes de salud.

IV.- PROYECTO DE LEY.

Artículo único: Intercálese un nuevo inciso sexto, en el artículo 199 del Decreto con Fuerza de Ley N°1 de 2005 del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido y sistematizado del Decreto de Ley N° 2.763 de 1979, y de las leyes N°18.933 y N°18,469; quedando el actual inciso 6° como 7° en orden sucesivo, de acuerdo al siguiente texto:

“Las instituciones de salud previsional, no podrán considerar la fertilidad y el embarazo como factores aplicables a mujeres mayores de 40 años, al momento de elaborar las tablas de factores.”.

Diputada señora Amar y de los diputados señores Fuenzalida, don Juan; Gahona, Hernández, Noman, Norambuena, Ramírez, Urrutia, don Osvaldo; Van Rysselberghe y Von Mühlenbrock.

Informe del diputado señor Kort sobre su participación en la reunión de la Directiva de Comisiones del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), que se llevó a cabo el día 27 de julio de 2018, en la Ciudad de Panamá, Panamá.

Informe de Diplomacia Parlamentaria

Diputado señor Kort.