Este período se inaugura el 26 de diciembre de 1891, fecha cuando asume la presidencia de la República Jorge Montt Álvarez, primer presidente del régimen parlamentario, culminando el 18 de septiembre de 1925, con la promulgación y firma la Constitución Política de 1925.
Tras el fin de la Guerra Civil de 1891 y la muerte del Presidente José Manuel Balmaceda, este período se caracteriza por la existencia de un régimen político parlamentario. Sin embargo, la preeminencia del Parlamento no significa reemplazar la institucionalidad política emanada de la Constitución de 1833, sino que se la reforma e interpreta de manera parlamentaria –por medio de las llamadas “prácticas parlamentarias”-, limitando y disminuyendo el poder del Jefe de Estado y otorgando facultades ejecutivas a los partidos políticos representados en el Congreso. Entre estas prácticas destacan las facultades de pedir cuentas a los ministros en las llamadas interpelaciones, las que provocan una marcada inestabilidad de los gabinetes, afectados por una frecuente rotativa ministerial entorpeciendo el normal desenvolvimiento de la labor gubernativa.
A pesar de ello, el régimen parlamentario se desenvuelve con una notable estabilidad política, manteniendo las instituciones republicanas, las libertades públicas y la alternancia en el poder de la Alianza Liberal y la Coalición Conservadora. Durante el período se suceden de manera consecutiva en la Presidencia de la República el almirante Jorge Montt (1891-1896), Federico Errázuriz Echaurren (1896-1901), Germán Riesco (1901-1906), Pedro Montt (1906-1910), Ramón Barros Luco (1910-1915), Juan Luis Sanfuentes (1915-1920) y en sus postrimerías, Arturo Alessandri Palma (1920-1925), a quien se le considera un mandatario de transición.
Asimismo, se desarrollan las obras públicas, se impulsa la educación, se expande el comercio y la economía da muestras de un gran vigor. Estas iniciativas se sostienen, en gran medida, gracias a las abundantes riquezas que el Estado recauda por medio del impuesto a la venta del salitre, principal producto de exportación del periodo.
Sin embargo, con ocasión de las celebraciones del Centenario en 1910, en la opinión pública se hace presente una sensación de malestar y pesimismo, con fuertes críticas al sistema político parlamentario, en vista del cerrado elitismo de clase oligárquica, su ineficacia e inmovilismo, especialmente ante la denominada “cuestión social”. Intelectuales como Enrique Mac Iver, Alberto Edwards, Nicolás Palacios, Tancredo Pinochet, Alejandro Venegas, Francisco Antonio Encina y Luis Emilio Recabarren, fueron parte de esta corriente crítica, desde diversas posturas.
En la primera década del siglo XX se promulgan las primeras leyes sociales de nuestra historia, tales como la ley de la silla (1904), la ley sobre habitaciones obreras (1906) y la ley de descanso dominical (1907). Estas iniciativas legales se muestran insuficientes para solucionar las graves carencias que afectan a los sectores obreros y populares de nuestra sociedad. Es por eso que esta coyuntura histórica que surgen las primeras agrupaciones y partidos políticos de izquierda, tales como los movimientos anarquistas y el Partido Obrero Socialista, -fundado en 1912 y que pasaría a convertirse en el Partido Comunista de Chile, diez años más tarde-, quienes propugnan cambios radicales en la organización política, económica y social chilena.
En consecuencia, el malestar hacia el régimen parlamentario persiste y se agudiza, hasta manifestarse de forma abierta y masiva en el año 1920, con la elección presidencial de Arturo Alessandri Palma. Alessandri asume la primera magistratura del país tras una campaña presidencial que apela a los sectores medios y populares, haciendo una dura crítica al sistema y a la clase política que sostiene al régimen parlamentario.
Durante su presidencia, Alessandri intenta implementar una serie de reformas a la institucionalidad política parlamentaria y a la legislación social y laboral, con el objeto de responder a las demandas ciudadanas y de impedir un estallido social. Sin embargo, la clase política oligárquica se niega a acceder a tales reformas, lo que provoca un agudo clima de frustración e impotencia ante el régimen político imperante.
Esta situación llega a una crisis terminal en septiembre de 1924, con la intervención militar denominada “Ruido de sables”, que obliga al Congreso a aprobar sin mayor debate un paquete de leyes sociales que estaban pendientes desde largo tiempo en el Congreso. En vista de que los militares se constituyen en una junta militar, Alessandri renuncia al cargo y sale del país. Pocos días después es disuelto el Congreso y la junta militar asume el poder. En estos días comienza a destacarse la figura del coronel Carlos Ibáñez del Campo, quien se transformó en una figura importante en la vida política chilena de buena parte de este siglo.
El 9 de septiembre de 1924, el país quedó a cargo del ministro del Interior, general de división Luis Altamirano Talavera, en calidad de vicepresidente. Entre el 11 de septiembre de 1924 y el 23 de enero de 1925, se organizó una Junta de Gobierno presidida por Altamirano. Este último, le entregó el mando al general de división Pedro Pablo Dartnell Encina, quien se mantuvo en el cargo hasta el 27 de enero de 1925. Ese día, asumió Emilio Bello Codesido, hasta el 20 de marzo de 1925, fecha en que se le pidió al presidente que regresara a cumplir el resto de su mandato. Tras el regreso de Alessandri a la Primera Magistratura, éste impulsa la redacción de una nueva Constitución Política, que logró fortalecer el Poder Ejecutivo sobre el Legislativo, alcanzó la separación definitiva de la Iglesia y el Estado, y aumentó el período presidencial de 5 a 6 años.
A su vez, se suprimen las facultades de interpelación y censura del Congreso en relación a los ministros de Estado, quienes pasan a ser de la exclusiva confianza del Presidente de la República. Las leyes de contribuciones y de fijación de las Fuerzas Armadas pierden su carácter de periódicas y la ley de presupuestos pierde su carácter de arma política del Parlamento ante el Ejecutivo. Se prohíbe el acceso de diputados y senadores a cargos ministeriales y se entrega el control de las elecciones a un ente autónomo, el Tribunal Calificador de Elecciones. Con esto se pone fin al parlamentarismo, restaurando el sistema presidencialista.
En síntesis, la Constitución Política de 1925 proporcionará el marco institucional del proceso de ampliación y de incorporación de la ciudadanía al sistema político, que predominó en gran parte del siglo XX.
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15-05-1894
Eliodoro Yáñez Ponce de León (Santiago, 6 de mayo de 1860 – 27 de julio de 1932) Brillante abogado, periodista y político liberal. Diputado en dos periodos, entre 1894 y 1900 por Valdivia y La Unión. Senador en cuatro periodos, entre 1902 y 1930 por Valdivia y La Unión. Presidente provisorio del Senado entre el 15 de mayo y el 2 de junio de 1924 y presidente de la Cámara Alta desde el 2 de junio de 1924 hasta el 11 de septiembre de 1924. Su labor parlamentaria es tan activa como sobresaliente, participando, ya sea en la proposición, estudio o revisión, de prácticamente todos los proyectos de ley despachados durante su permanencia en el Congreso. Considerado uno de los más grandes oradores forenses de los tribunales chilenos. Ministro de relaciones Exteriores, Culto y Colonización desde septiembre de 1901 a mayo de 1902, durante el gobierno de Germán Riesco. Ministro del Interior en el gobierno de Juan Luis Sanfuentes entre octubre de 1917 a enero de 1918. Delegado de Chile en Francia entre 1927 a 1931. Fundador, propietario y director del diario La Nación y Los Tiempos de Santiago y El Correo de Valdivia. Perseguido por la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo, abandona Chile y vive exiliado en parís hasta 1931. Fallece al año siguiente, a la edad de 72 años.
18-05-1895
Se incendia el edificio del Congreso. El fuego destruye gran parte del edificio, prácticamente todo el mobiliario del Senado y su alhajamiento, al igual que la Biblioteca y los archivos del Congreso. Además de objetos de valor patrimonial. La Cámara de Diputados traslada sus sesiones a la Universidad de Chile mientras que el Senado, se instala en el edificio donde funcionan la Sociedad de Fomento Fabril, la Sociedad Nacional de Minería y el Consejo de la Quinta Normal de Agricultura.
29-07-1895
Tras el voraz incendio de mayo de 1895, que redujo a cenizas gran parte del edificio, se inició el proceso de reconstrucción del inmueble. Los arquitectos Emilio Doyere y Eugenio Joannon, fueron contratados para confeccionar los anteproyectos solicitados por la Dirección General de Obras Públicas. Las ideas presentadas por ambos profesionales fueron rechazadas por el Senado y la Cámara de Diputados quienes tomaron la determinación de encargarle a un nuevo arquitecto el diseño del proyecto definitivo.
31-12-1895
Ley N° 326 promulgada con fecha 31 de diciembre de 1895. El Congreso Nacional aprueba los tratados de Paz y Amistad, de Transferencia de Territorio y de Comercio, firmados en Santiago el 18 de mayo del corriente año, entre los Plenipotenciarios de Chile y Bolivia, y los protocolos complementarios del 28 del mismo mes.
04-02-1896
Casi un año después del voraz incendio que consume el edificio del Congreso Nacional en Santiago, el Ministerio del Interior contrata al arquitecto Carlos Bunot quien pasa a ser el arquitecto exclusivo de las obras de reconstrucción del edificio del Congreso Nacional.
25-06-1896
Candidato presidencial del liberalismo menos doctrinario en alianza con los conservadores, forma la denominada Coalición, enfrentándose al resto de las fuerzas políticas agrupadas en la Alianza Liberal, quienes proclaman la candidatura de Vicente Reyes. Tras una violenta lucha electoral se llega a un resultado casi idéntico, debiendo dirimir la elección el Congreso Pleno. Finalmente el Congreso proclama a Errázuriz por 62 votos contra 60 para Reyes, siendo elegido Presidente de la República para el periodo que corre entre 1896 y 1901. Errázuriz Echaurren fallece en julio de 1901, al tiempo que es reemplazado interinamente por Aníbal Zañartu, ministro del Interior y Vicepresidente de la República.
03-03-1897
Ley N° 916 promulgada el 3 de marzo de 1897 que autoriza a las municipalidades de Santiago, San Bernardo y Ñuñoa para que puedan conceder, hasta por treinta años, el uso de sus calles, caminos y plazas para el establecimiento de alumbrado eléctrico y de ferrocarriles urbanos con tracción eléctrica o mecánica.