José Manuel Balmaceda Fernández.

Presidente de la República entre 1886-1891.

Fuente: Memoria Chilena.

Este período se inaugura el 26 de diciembre de 1891, fecha cuando asume la presidencia de la República Jorge Montt Álvarez, primer presidente del régimen parlamentario, culminando el 18 de septiembre de 1925, con la promulgación y firma la Constitución Política de 1925.

Tras el fin de la Guerra Civil de 1891 y la muerte del Presidente José Manuel Balmaceda, este período se caracteriza por la existencia de un régimen político parlamentario. Sin embargo, la preeminencia del Parlamento no significa reemplazar la institucionalidad política emanada de la Constitución de 1833, sino que se la reforma e interpreta de manera parlamentaria –por medio de las llamadas “prácticas parlamentarias”-, limitando y disminuyendo el poder del Jefe de Estado y otorgando facultades ejecutivas a los partidos políticos representados en el Congreso. Entre estas prácticas destacan las facultades de pedir cuentas a los ministros en las llamadas interpelaciones, las que provocan una marcada inestabilidad de los gabinetes, afectados por una frecuente rotativa ministerial entorpeciendo el normal desenvolvimiento de la labor gubernativa.

A pesar de ello, el régimen parlamentario se desenvuelve con una notable estabilidad política, manteniendo las instituciones republicanas, las libertades públicas y la alternancia en el poder de la Alianza Liberal y la Coalición Conservadora. Durante el período se suceden de manera consecutiva en la Presidencia de la República el almirante Jorge Montt (1891-1896), Federico Errázuriz Echaurren (1896-1901), Germán Riesco (1901-1906), Pedro Montt (1906-1910), Ramón Barros Luco (1910-1915), Juan Luis Sanfuentes (1915-1920) y en sus postrimerías, Arturo Alessandri Palma (1920-1925), a quien se le considera un mandatario de transición.

Asimismo, se desarrollan las obras públicas, se impulsa la educación, se expande el comercio y la economía da muestras de un gran vigor. Estas iniciativas se sostienen, en gran medida, gracias a las abundantes riquezas que el Estado recauda por medio del impuesto a la venta del salitre, principal producto de exportación del periodo.

Luis Emilio Recabarren.

Obrero y político, fundador del Partido Comunista de Chile.

Fuente: Wikimedia Commons.

Sin embargo, con ocasión de las celebraciones del Centenario en 1910, en la opinión pública se hace presente una sensación de malestar y pesimismo, con fuertes críticas al sistema político parlamentario, en vista del cerrado elitismo de clase oligárquica, su ineficacia e inmovilismo, especialmente ante la denominada “cuestión social”. Intelectuales como Enrique Mac Iver, Alberto Edwards, Nicolás Palacios, Tancredo Pinochet, Alejandro Venegas, Francisco Antonio Encina y Luis Emilio Recabarren, fueron parte de esta corriente crítica, desde diversas posturas.

En la primera década del siglo XX se promulgan las primeras leyes sociales de nuestra historia, tales como la ley de la silla (1904), la ley sobre habitaciones obreras (1906) y la ley de descanso dominical (1907). Estas iniciativas legales se muestran insuficientes para solucionar las graves carencias que afectan a los sectores obreros y populares de nuestra sociedad. Es por eso que esta coyuntura histórica que surgen las primeras agrupaciones y partidos políticos de izquierda, tales como los movimientos anarquistas y el Partido Obrero Socialista, -fundado en 1912 y que pasaría a convertirse en el Partido Comunista de Chile, diez años más tarde-, quienes propugnan cambios radicales en la organización política, económica y social chilena.

En consecuencia, el malestar hacia el régimen parlamentario persiste y se agudiza, hasta manifestarse de forma abierta y masiva en el año 1920, con la elección presidencial de Arturo Alessandri Palma. Alessandri asume la primera magistratura del país tras una campaña presidencial que apela a los sectores medios y populares, haciendo una dura crítica al sistema y a la clase política que sostiene al régimen parlamentario.

Durante su presidencia, Alessandri intenta implementar una serie de reformas a la institucionalidad política parlamentaria y a la legislación social y laboral, con el objeto de responder a las demandas ciudadanas y de impedir un estallido social. Sin embargo, la clase política oligárquica se niega a acceder a tales reformas, lo que provoca un agudo clima de frustración e impotencia ante el régimen político imperante.

Esta situación llega a una crisis terminal en septiembre de 1924, con la intervención militar denominada “Ruido de sables”, que obliga al Congreso a aprobar sin mayor debate un paquete de leyes sociales que estaban pendientes desde largo tiempo en el Congreso. En vista de que los militares se constituyen en una junta militar, Alessandri renuncia al cargo y sale del país. Pocos días después es disuelto el Congreso y la junta militar asume el poder. En estos días comienza a destacarse la figura del coronel Carlos Ibáñez del Campo, quien se transformó en una figura importante en la vida política chilena de buena parte de este siglo.

El 9 de septiembre de 1924, el país quedó a cargo del ministro del Interior, general de división Luis Altamirano Talavera, en calidad de vicepresidente. Entre el 11 de septiembre de 1924 y el 23 de enero de 1925, se organizó una Junta de Gobierno presidida por Altamirano. Este último, le entregó el mando al general de división Pedro Pablo Dartnell Encina, quien se mantuvo en el cargo hasta el 27 de enero de 1925. Ese día, asumió Emilio Bello Codesido, hasta el 20 de marzo de 1925, fecha en que se le pidió al presidente que regresara a cumplir el resto de su mandato. Tras el regreso de Alessandri a la Primera Magistratura, éste impulsa la redacción de una nueva Constitución Política, que logró fortalecer el Poder Ejecutivo sobre el Legislativo, alcanzó la separación definitiva de la Iglesia y el Estado, y aumentó el período presidencial de 5 a 6 años.

A su vez, se suprimen las facultades de interpelación y censura del Congreso en relación a los ministros de Estado, quienes pasan a ser de la exclusiva confianza del Presidente de la República. Las leyes de contribuciones y de fijación de las Fuerzas Armadas pierden su carácter de periódicas y la ley de presupuestos pierde su carácter de arma política del Parlamento ante el Ejecutivo. Se prohíbe el acceso de diputados y senadores a cargos ministeriales y se entrega el control de las elecciones a un ente autónomo, el Tribunal Calificador de Elecciones. Con esto se pone fin al parlamentarismo, restaurando el sistema presidencialista.

En síntesis, la Constitución Política de 1925 proporcionará el marco institucional del proceso de ampliación y de incorporación de la ciudadanía al sistema político, que predominó en gran parte del siglo XX.