| Confederación Republicana de Acción Cívica de Obreros y Empleados (CORA) | |
| Fecha de fundación | 1929 |
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Confederación Republicana de Acción Cívica de Obreros y Empleados (CORA). Movimiento político fundado el 8 de diciembre en 1929 con elementos políticos y gremiales para apoyar la gestión gubernamental de Carlos Ibáñez del Campo. Fue reconocido oficial y legalmente por el Registro electoral en febrero de 1930.
Estuvo integrada por obreros y empleados, a través de la Unión de Empleados de Chile y del Congreso Obrero de Chile, fue fundado por Benjamin Claro Velasco y presidido por Luis Moreno Fontanez, en el Congreso Termal de 1930 obtuvo 14 cupos de Diputados y ninguno para Senador.
Se extinguió una vez finalizado el gobierno de Ibáñez en 1931.
Contenido |
La Confederación Republicana de Acción Cívica de Obreros y Empleados, se conformó en diciembre de 1929, impulsada principalmente por obreros y empleados, y tuvo como objetivos programáticos su apoyo total a la gestión gubernamental del entonces presidente Carlos Ibáñez del Campo, además de amparar y velar por los derechos de los gremios de trabajadores. Las principales bases de apoyo de esta confederación las constituían el Congreso Social Obrero y la Unión de Empleados de Chile.
Reconocida legalmente por el director del Registro electoral en febrero de 1930, la CRAC pudo inscribir a su mesa directiva, que estuvo compuesta por cinco miembros de la UECH (Unión de Empleados de Chile) y cinco del CSO (Congreso Social Obrero), y fue presidida por Juan Toledo Ramírez, acompañado de otros destacados dirigentes como: el obrero molinero y futuro Ministro del Trabajo, Leandro Segundo Moreno; Germán Pignac; Rodolfo Mateluna Román; David Uribe y Carlos Olguín.
El proyecto de creación de la CRAC manifestó en todo momento la necesidad de que un movimiento cívico resguardara los principios de las jornadas de 1924 y 1925. Para los integrantes de este partido, el nuevo movimiento que se gestaba debía estar lo más ajeno posible de los partidos políticos tradicionales, que a su juicio, habían destruido las instituciones, y, por otra parte debía tener base en el pueblo trabajador y en quienes alientes sus aspiraciones y sentimientos. La reforma a la ley electoral era una conquista trascendental para la CRAC, pues esto posibilitaría llevar al parlamento los organismos directivos de los trabajadores.
Al poco tiempo de organizada la CRAC, correspondían las elecciones parlamentarias, en marzo de 1930, donde se llevó a cabo el denominado Congreso Termal. Según contemplaba la ley de elecciones vigentes, en caso de existir igual número de candidatos que cargos a otorgar, se podía evitar llamar a elecciones a la ciudadanía. Ibáñez logró acuerdo con los dirigentes de los partidos políticos y evitó la contienda electoral. De esta manera los principales representantes de los partidos se reunieron en las Termas de Chillán, lugar de veraneo del presidente de Ibáñez y le entregaron listas con sus propuestas de candidatos, se realizó el arbitraje que finalmente asigno los puestos para el parlamento. Representando a la CRAC, estuvo presente en las negociaciones Benjamín Claro Velasco.
A la Confederación Republicana de Acción Cívica de Obreros y Empleados, le correspondieron 14 Diputados, entre los cuales estaban Luis Torres electo por la Decimo séptima circunscripción departamental de Puchacay, Rere y Lautaro; Ernesto Silva Román electo por la primera Circunscripción Departamental de Pisagua y Tarapacá; Carlos Ramírez Novoa por Segunda Circunscripción Departamental de Tocopilla, El Loa, Antofagasta y Taltal; Maximiliano Becerra Decimoquinta Circunscripción Departamental de San Carlos, Chillán, Bulnes y Yungay; Carlos Sánchez Mejía electo por la novena circunscripción departamental de Maipo, Rancagua y Cachapoal; Luis Moreno Fontanez electo por la Séptima Circunscripción Departamental de Santiago. Así mismo le correspondió la elección de un senador, Manuel Hidalgo Plaza [1].
Durante el desarrollo de la sesión de la Cámara de Diputados del 2 de junio de 1930, se señalaron los propósitos de esta nueva colectividad política. Se destacó el hecho de que “estaba formado por obreros y empleados de Chile, la Unión de Empleados de Chile y todos aquellos intelectuales y hombres independientes apolíticos, que no buscan puestos públicos como recompensa de servicios electorales, pero que anhelaban garantías efectivas para trabajar tranquilos” [2].
Los diputados miembros de esta colectividad se caracterizaron en sus debates parlamentarios por su continua defensa del gobierno de Ibáñez. Su actividad política sólo se circunscribió al Congreso, y esa cercanía y defensa con el ibañismo fue una de las principales de su extinción una vez terminado el gobierno de Carlos Ibáñez.
En su primer manifiesto, la Confederación Republicana de Acción Cívica de Obreros y Empleados de Chile, desarrolló con más detalle sus lineamientos. Se destacó en primer lugar, un crudo diagnóstico del país, donde se destacó el estado de crisis de Chile y la trascendencia del momento histórico en el cual se instituía esta colectividad política. “En el pasado, los trabajadores habían servido de instrumentos, para los partidos políticos que sólo explotaban Chile” [3]. Por lo cual se consideraban seguidores de los movimientos de 1924 y 1925, pues a su juicio este movimiento “se había levantado para detener este avance del egoísmo y la corrupción sostenida por los partidos políticos” [4].
En términos estrictamente políticos, la CRAC propuso dar paso a un sufragio corporativo, según sus principios programáticos, un Estado de carácter corporativo debía instituirse como la máxima autoridad de la nación.
“Nuestros afanes y nuestra cooperación estarán siempre coayudando a la acción del Gobierno actual, que tiende a la extirpación del Estado Político Individual para establecer el Estado Corporativo como autoridad suprema encargada de regular la acción nacional de todos los elementos que lo componen. El Estado dejara de ser un representante de determinada corriente de opinión (artificial o ficticia como la de los partidos políticos) para transformarse en la fuerza reguladora que dirige las iniciativas y actividades de la organización nacional en busca del bienestar común” [5].