Labor Parlamentaria

MENSAJE DE SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

"Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:

El 29 de abril de 1972, falleció el Capitán de Fragata (R) señor Santiago Barruel Schepeler, después de haber prestado servicios a la Armada de Chile por espacio de 23 años, 9 meses y 4 días. El citado Oficial había obtenido el retiro absoluto de la institución en septiembre del año 1943.

Con posterioridad a su retiro, y dadas las relevantes condiciones de investigador y estudioso en el campo de la hidrografía, el Instituto Hidrográfico de la Armada, contrató a honorarios sus servicios con el objeto de preparar un Manual de Hidrografía. Como fruto del trabajo del Comandante Barruel se alcanzaron a editar dos tomos de la referida obra, la cual incluye los conocimientos más modernos existentes en el campo de la hidrografía mundial a la fecha, tanto en lo que concierne a las generalidades del trabajo hidrográfico, como a su operación en el terreno y en el gabinete y en las diversas etapas del Levantamiento Hidrográfico. Su empleo institucional, tiene aplicación en las labores del personal de hidrógrafos que trabaja en el terreno, en las diversas Escuelas de la Armada y en el propio Instituto Hidrográfico, que periódicamente debe impartir instrucciones a las Comisiones respectivas destacadas en el Litoral. La trascendencia internacional del mencionado Manual, ha sido reconocida por el más alto organismo en la materia como es el Bureau Hidrográfico Internacional con sede en Mónaco, que en su Boletín Informativo de marzo de 1968 de distribución mundial, destacó la calidad técnica y utilidad para la comunidad hidrográfica del Manual de Hidrografía volumen I.

La fecunda labor del Comandante Barruel no sólo se limitó a la preparación de estos Manuales de Hidrografía, sino que, además, a otras actividades técnicas del más alto interés, como por ejemplo, un proyecto de control geodésico de la costa, un Reglamento interno de la Sección Cartografía, un Programa do estudios para dibujantes cartográficos, un estudio sobre el sistema de cambio de la hora oficial, y un sinnúmero de otros trabajos técnicos de grandes proyecciones.

Durante todo el tiempo que trabajó en el Instituto Hidrográfico de la Armada, el Comandantes Barruel demostró, aparte de lo ya expresado, una sencillez y modestia en su labor que es digna de destacarla en esta oportunidad. En efecto, en razón de su acentuado espíritu de sacrificio y abnegación para con el Servicio, todas sus energías se volcaron en los trabajos que someramente se han indicado en otra parte de este Mensaje, postergando de esta manera sus propios intereses y el de su familia, puesto que su formación intelectual y moral proporcionada por la Escuela Naval y más tarde como Oficial de la Armada, influía notoriamente en su actitud y conducta en orden a dedicarse exclusivamente a su trabajo creador, más allá de lo exigido por la Institución, y desentenderse de cualquier asunto subalterno o de beneficio personal, posición que evidentemente, a la postre, le iba a producir un perjuicio en su situación previsional y económica.

Es por estas razones y sobre la base de los antecedentes a que se ha hecho mención, que el Ejecutivo considera que es de toda justicia reconocerle al Comandante Barruel, en su previsión castrense todo el tiempo que sirvió a honorarios y un breve lapso como empleado a contrata en el Instituto Hidrográfico de la Armada, y teniendo presente además, que ha aportado una obra de gran utilidad institucional, profesional y docente, que ha trascendidos el ámbito de nuestras fronteras, contribuyendo así al prestigio tanto de la Armada como del país, vengo en so meter a la consideración del Honorable Congreso Nacional, para que sea tratado en el actual período extraordinario de sesiones, con la urgencia que la naturaleza de la materia que se propone exige, el siguiente

Proyecto de ley:

Artículo único.- Abónase, por gracia, a la Hoja de Servicios como Oficial del ex Capitán de Fragata señor Santiago Barruel Schepeler, 7 años 2 meses y 14 días de servicios efectivos prestados a la Armada de Chile después de su retiro.

Este abono será válido para todos los efectos legales, especialmente para el goce de quinquenios, bonificación profesional y beneficios de pensión de retiro y de montepío.

(Fdo.): Salvador Allende Gossens.- José Tohá González."

MENSAJE DE SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

"Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:

El artículo 245 de la ley Nº 16.464, publicada en el Diario Oficial del 25 de abril de 1966, creó un fondo de asistencia social en el Servicio de Seguro Social con el objeto de otorgar pensiones de vejez a aquellas personas mayores de 65 años no afectas a ninguna previsión y carentes de recursos.

La referida disposición estableció como recursos del citado fondo un gravamen de un 2% sobre los premios mayores de la Lotería de Concepción y de la Polla Chilena de Beneficencia y determinó que la forma y modalidades de aplicar este beneficio se haría mediante un Reglamento.

El beneficio que dispuso el artículo 245 de la ley Nº 16.464 no ha podido aplicarse hasta la fecha, debido a que su financiamiento es insuficiente y como consecuencia tampoco se ha dictado el Reglamento que es imprescindible para tales fines.

Por otra parte, numerosos Parlamentarios han formulado mociones sobre la misma materia, que el Gobierno ha estimado necesario aunarlas en una sola iniciativa legal, con el fin de hacer realidad la aspiración de muchos chilenos que por ser inválidos o ancianos esperan la ayuda solidaria del país, mediante una pensión, para poder llevar una vida más digna.

Una de las aspiraciones más sentidas del Gobierno Popular ha sido la de otorgar protección y amparo a los ancianos, a través del mecanismo de la seguridad social y de de la asistencia social.

Existe un numeroso sector de chilenos que ha llegado a la vejez o ha sido afectado por invalidez y carece actualmente de toda protección previsional por no haber estado afiliado a algún régimen de previsión o porque las imposiciones que han logrado registrar en alguna Caja de Previsión no son suficientes para darle derecho a percibir pensión.

Es necesario acudir en amparo de estos trabajadores que han entregado los esfuerzos de toda una vida a la comunidad y que se encuentran prácticamente excluidos, por razones de edad o de salud, de las opciones para lograr una fuente de trabajo y subsistir en condiciones dignas. Tal es el objeto esencial del presente proyecto de ley sobre pensiones asistenciales que someto a la consideración del Congreso Nacional. Sus disposiciones consagran prestaciones económicas y médicas para aquellas personas mayores de 65 años o inválidas que carecen de régimen previsional o que reciben pensiones extraordinariamente reducidas.

Según los estudios practicados por la Superintendencia de Seguridad Social en el año 1971, el número estimativo de beneficiarios protegidos por este proyecto de pensiones asistenciales sería el siguiente:

Año Número de beneficiarios

1972 24.800 24.800

1973 28.300 28.300

1974 32.200 32.200

1975 36.400 36.400

1976 41.100 41.100

1977 46.100 46.100

En esta proyección no se incluyó a los indigentes inválidos por no existir antecedentes acerca del número posible de beneficiarios.

El proyecto consta de 9 artículos permanentes y 4 transitorios.

El artículo 1º consagra el derecho a la pensión asistencial para los inválidos y los mayores de 65 años que carezcan de recursos. Define lo que debe considerarse invalidez para estos efectos y cuando debe entenderse que la persona carece de recursos.

El artículo 2º entrega el otorgamiento y pago de estas pensiones asistenciales al Servicio de Seguro Social con cargo al Fondo de Asistencia Social.

El artículo 3º fija el monto de estas pensiones en 1/3 del salario mínimo industrial, que se incrementa, si el interesado registra imposiciones, a razón de un 10% por cada año o por cada 50 semanas de cotizaciones. El monto máximo de la pensión es el 50% del salario mínimo industrial; el Consejo del Servicio de Seguro Social puede aumentar el monto de estas pensiones cuando la situación financiera lo permita.

Más adelante la ley determina la fecha desde la cual debe devengarse la pensión.

Otra disposición establece la posibilidad de que las personas que disfruten de pensión puedan optar por la pensión asistencial que se crea, renunciando a la anterior.

El artículo 6º otorga a los beneficiarios de pensiones asistenciales el derecho a recibir atención médica del Servicio Nacional de Salud, sin costo alguno.

Los artículos 7° y 8º se refieren a los recursos que financiarán este beneficio y que ingresan al Fondo de Asistencia Social del Servicio de Seguro Social.

Ellos son:

Un aporte del 2% del sueldo vital, de cargo patronal, por cada obrero o empleado y que se pagará en el mes de octubre de cada año conjuntamente con las imposiciones respectivas;

Un recargo del 5% de las multas que apliquen los Juzgados de Policía Local;

El gravamen del 2% sobre los premios mayores de la Lotería de Concepción y de la Polla Chilena de Beneficencia, y Un recargo del 1% de un sueldo vital mensual, que se aplicará mensualmente a los recibos o facturas de cobro de los servicios telefónicos, de cargo del suscriptos

Esta ley, según lo dispone el último artículo permanente, entrará en vigencia el día 15 de marzo de 1973.

Las normas transitorias están destinadas, en lo esencial, a impedir problemas o desequilibrios financieros en la etapa inicial de aplicación del nuevo beneficio. Se parte de la necesidad de otorgar prioridad a los inválidos y a los mayores de 70 años. El resto de los beneficiarios se irá incorporando por el Consejo del Servicio de Seguridad Social, previo informe favorable de la Superintendencia de Seguridad Social, a medida que las disponibilidades financieras lo permitan. Por otra parte, las solicitudes de acogimiento a esta pensión se empezarán a recibir el 15 de marzo de 1973.

Con el mismo objeto de procurar recursos y resguardar la etapa inicial de financiamiento se previene el traspaso de los recursos acumulados por aplicación del artículo 245 de la ley 16.464 (2% sobre premios, de la Polla y Lotería) al Fondo de Asistencia Social y se establece que el primer aporte patronal del 2% del sueldo vital deberá enterarse junto con las imposiciones del mes siguiente al de publicación de la ley.

Por tales consideraciones, me permito someter a vuestra consideración para ser tratado con carácter de urgente en el período extraordinario de sesiones del Congreso Nacional el siguiente

Proyecto de ley:

Artículo 1°.- Las personas inválidas y las mayores de 65 años de edad, que carezcan de recursos, tendrán derecho a acogerse a pensión asistencial con arreglo a las disposiciones contenidas en esta ley.

Se considerará inválido al mayor de 18 años de edad que presente un estado de invalidez, presumiblemente permanente, por efecto del que haya sufrido una "disminución de su capacidad de ganancia igual o superior a un 40% o a resultas del cual se viere incapacitado de desempeñar un trabajo normal, en términos que le impidan procurarse lo necesario para su sustento. La declaración de invalidez corresponderá efectuarla al Servicio Nacional de Salud, en la forma que determine el Reglamento.

Se entenderá que carece de recursos la persona que tenga ingresos propios inferiores al 50% del salario mínimo industrial siempre que, además, el promedio de los ingresos de su núcleo familiar sea también inferior a ese porcentaje. Dicho promedio se determinará dividiendo el ingreso total del núcleo familiar por el número de personas que lo componen. Para este mismo efecto se considerará que componen el núcleo familiar todas aquellas personas que, unidas o no por vínculos de parentesco, conviven en forma permanente bajo un mismo techo.

Articulo 2º.- Las pensiones asistenciales a que se refiere esta ley serán otorgadas y pagadas por el Servicio de Seguro Social, con cargo al Fondo de Asistencia Social creado por el artículo 33 de la ley Nº 15.386.

Artículo 3º.- La pensión asistencial tendrá un monto igual al 1/3 del salario mínimo industrial, sin perjuicio del incremento a que hubiere lugar, en conformidad al inciso siguiente.

El monto indicado en el inciso anterior, se incrementará en un 10% por cada 50 semanas o 12 meses de cotizaciones que registre el peticionario en cualquiera institución de previsión y que correspondan a servicios efectivos. El incremento será de cargo de la respectiva institución y en el caso del Servicio de Seguro Social lo será del Fondo de Asistencia Social. En ningún caso, el monto de la pensión así incrementado podrá exceder del 50% del salario mínimo industrial.

El Consejo del Servicio de Seguro Social, previo informe favorable de la Superintendencia de Seguridad Social, podrá aumentar el monto de estas pensiones, cuando la situación financiera de ese Servicio así lo permita.

Artículo 4º.- Las pensiones asistenciales a que se refiere la presente ley, se devengarán a contar del día 1º del mes siguiente de la fecha de presentación de la respectiva solicitud.

Artículo 5º.- Las personas que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1º de esta ley y gocen de pensiones, podrán acogerse a estas pensiones asistenciales, renunciando en la respectiva solicitud a aquellas de que sean beneficiarías.

Artículo 6º.- Los beneficiarios de las pensiones concedidas en virtud de esta ley, tendrán derecho a asistencia médica por el Servicio Nacional de Salud sin costo alguno.

Artículo 7º.- Agréganse al inciso segundo del artículo 33 de la ley Nº 15.386, las siguientes letras:

"d) Con un aporte de cargo de los patrones o empleadores del 2% del sueldo vital, escala a) del Departamento de Santiago, del año que corresponda por cada empleado y obrero, cualquiera que sea su remuneración. Este aporte se enterará junto con las imposiciones del mes de octubre de cada año en el respectivo organismo de previsión, el que, en su caso deberá transferirlo de inmediato al Servicio de Seguro Social. Para su cobro regirán las normas relativas al integro y recaudación de imposiciones y aportes;"

"e) Con un recargo del 5% de las multas que se apliquen por los Juzgados de Policía Local;"

"f) Con un gravamen del 2% sobre los premios mayores de la Lotería de Concepción y de la Polla Chilena de Beneficencia.'1'

"g) Con los recursos provenientes de un recargo de 1 % de un sueldo vital mensual, que se aplicará mensualmente a los recibos o facturas de cobros de los servicios telefónicos del país. Este recargo será pagado por el suscriptor de cada teléfono."

Artículo 8°.- Anualmente la Ley General de Presupuesto de la Nación contemplará los recursos necesarios para que el Fisco, en su calidad de empleador, efectúe el aporte establecido en la letra d) del artículo 33 de la ley Nº 15.386.

Artículo 9º.- La presente ley entrará en vigencia el día 15 de marzo de 1973.

Artículos transitorios.

Artículo 1º.- Inicialmente, sólo podrán acogerse a la pensión asistencial contemplada en la presente ley, las personas inválidas y las mayores de 70 años. El requisito de edad podrá ser rebajado gradualmente por el Consejo del Servicio de Seguro Social, previo informe favorable de la Superintendencia de Seguridad Social, hasta alcanzar la edad de 65 años a que se refiere el artículo lº, a medida que la situación financiera de ese Servicio así lo permita.

Artículo 2º.- Los recursos acumulados provenientes de la aplicación del gravamen contemplado en el artículo 245 de la ley Nº 16.464, deberán ser traspasado» dentro de los 30 días siguientes a La publicación de la presente ley al Fondo de Asistencia Social.

Derógase el artículo 245 de la ley Nº 16.464.

Artículo 3°.- Sin perjuicio de lo establecido en la letra d) del artículo 33 de la ley Nº 15.386, los patrones y empleadores deberán enterar el primer aporte que allí se establezca junto con las imposiciones del mes siguiente a aquél en que entre en vigencia esta ley.

Artículo 4º.- Las solicitudes de acogimiento a la pensión contemplada por esta ley, se empezarán a recibir por el Servicio de Seguro Social el 15 de marzo de 1973.

(Fdo.): Salvador Allende Gossens. - Luis Figueroa Mazuela.- Fernando Flores Labra."

MENSAJE DE SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

"Conciudadanos del Honorable Senado y de la Honorable Cámara de Diputados:

El Ministerio de Educación Pública, afronta, desde hace tiempo, un serio problema que entorpece su gestión docente y que se deriva de una traba administrativa que le afecta para la provisión de algunos cargos vacantes.

En efecto, no existe en esa Secretaría de Estado, por la complejidad que su elaboración implica, un escalafón de mérito. Basta para apreciar lo antes expuesto, tener presente que dicho escalafón debería confeccionarse no sólo respecto a los funcionarios de la Secretaría y Administración General, sino que él debería abarcar a todos los que configuran las plantas de las Direcciones de Educación y demás servicios dependientes.

Como dato ilustrativo, se estima del caso señalar que solo, dependientes de la Dirección de Educación Secundaria, existen aproximadamente trescientos cincuenta establecimientos educacionales cuyos escalafones obviamente deberían ser confeccionados por distintos funcionarios con las consiguientes variaciones de criterio que naturalmente existirían por esta circunstancia y que influirían en la elaboración de cada escalafón.

Lo anterior, no sólo resulta extremadamente engorroso sino que, además, podría derivar en situaciones injustas que afectarían a algunos funcionarios, sólo por la diversidad de criterio adoptada para su calificación como se ha dicho anteriormente.

Como es de vuestro conocimiento la provisión de los empleos públicos puede efectuarse por la vía del ascenso y es por ello que el artículo 27 del D.F.L. Nº 338 de 1960 dispone: "Los ascensos se efectuarán por orden de escalafón: cinco por mérito y uno por antigüedad."

"Sin embargo, los ascensos a grados segundo o superiores se harán solamente por mérito, sin perjuicio de lo establecido para los funcionarios de libre designación."

Frente a esta norma y a las que se contienen en el párrafo 2º, del Título II del ya citado D.F.L. 338 de 1960 y al hecho de no existir escalafón de mérito se ha tenido serias dificultades para la provisión de cargos y la Contraloría General de la República consciente del problema y de los daños que la paralización de determinadas funciones acarrea a la buena marcha de la labor educacional, permitió por algún tiempo se cursaran las provisiones de cargos vacantes teniendo en cuenta sólo el escalafón de antigüedad y mientras se solucionaba el problema. Sin embargo, la complejidad que ya se ha expuesto no ha hecho posible afinar el procedimiento y el organismo contralor no ha tomado razón de diversas resoluciones o decretos de ascensos en atención a que los cargos no se han provisto de acuerdo a las normas que sobre esta materia establece el D. F. L. 338, de 1960.

Por lo tanto, el Supremo Gobierno, consciente de la gravedad del problema expuesto y de los daños que esto produce ha estimado del caso someter al Honorable Congreso Nacional en la actual Legislatura Extraordinaria y con trámite de urgente el siguiente

Proyecto de ley:

Artículo único.- Exímese al Ministerio de Educación Pública de la aplicación del párrafo 2º, Título II, del Decreto con Fuerza de Ley Nº 338, de 1960.

Mientras se dictan normas definitivas sobre calificación del personal de dicho Ministerio, los ascensos se harán por estricto orden de antigüedad, de acuerdo a las disposiciones del artículo 51 del D. F. L. 338 de 1960, y sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 28, 29 y 30 del referido cuerpo legal.

(Fdo.): Salvador Allende Gossens.- Jorge Tapia V."

MENSAJE DE SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

"Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:

El personal de la Dirección de Obras Portuarias y del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, imponente de la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional, y consecuencialmente al Fondo del artículo 40 de la ley Nº 15.386 y sus modificaciones, se encuentra en la actualidad afecto al Fondo de Desahucio de la disposición ya citada y al Fondo de Seguridad Social de los empleados públicos establecido en los artículos 102 y siguientes del D. F. L. Nº 338 de 1960.

La situación en referencia la tenía también el personal de la Empresa Portuaria de Chile, hasta la dictación del artículo 5º de la ley Nº 17.720, publicada en el Diario Oficial de 27 de septiembre de 1972, cuyo texto es el siguiente:

"El personal en actual servicio de la Empresa Portuaria de Chile, imponente de la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional, que ha estado cotizando al Fondo de Desahucio del artículo 40 de la ley Nº 15.386 y sus modificaciones y al Fondo de Seguro Social de los Empleados Públicos establecido en los artículos 102 y siguientes del D.F.L. Nº 338, de 1960, dentro del plazo de treinta días, a contar de la vigencia de la presente ley, deberá optar por seguir cotizando sólo a uno de los fondos de desahucio antes indicados.

Las cotizaciones efectuadas en el fondo al cual no continuarán afectos estos trabajadores deberán serles devueltas en la misma forma y de acuerdo a los mismos montos que establece la legislación vigente.

La presente disposición será aplicable a los trabajadores de la Empresa Portuaria que se encuentran en las condiciones señaladas anteriormente y que hayan jubilado entre el 1º de noviembre de 1971 y la fecha de vigencia de la presente ley".

La disposición legal anteriormente citada fue dictada a fin de resolver diferencias de criterio existentes entre la Contraloría General de la República y la Superintendencia de Seguridad Social, pues mientras la primera estimaba que tratándose de beneficios de carácter indemnizatorio correspondía la percepción de solo uno de ellos, la segunda era de opinión que estos trabajadores tenían derecho a ambos.

El artículo 5º de la ley 17.720 vino a dar una solución al problema de la doble cotización que tenían dichos imponentes para un mismo beneficio.

El Supremo Gobierno estima necesario dar al personal de la Dirección de Obras Portuarias y del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, imponentes de la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional, el mismo trato que se dio al personal de la Empresa Portuaria de Chile, pues su situación es análoga a la que ésta tenía antes de la dictación de la disposición legal ya citada.

En mérito de lo anteriormente expuesto y a fin de establecer un precedente claro y satisfactorio respecto al beneficio de indemnización del personal de la Dirección de Obras Portuarias y del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, imponente de la Caja ya citada, vengo en someter a la consideración del Honorable Congreso Nacional, para que sea tratado en el actual período extraordinario de sesiones, el siguiente

Proyecto de ley:

"Artículo único.- El personal en actual servicio de la Dirección de Obras Portuarias y del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, imponente de la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional, que ha estado cotizando al Fondo de Desahucio del artículo 40 de la ley Nº 15.386 y sus modificaciones y al Fondo de Seguro Social de los Empleados Públicos establecido en los artículos 102 y siguientes del D.F.L. Nº 338, de 1960, dentro del plazo de 30 días a contar de la vigencia de la presente ley, deberá optar por seguir cotizando sólo a uno de los fondos de desahucio antes indicados".

"Las cotizaciones efectuadas en el fondo al cual no continuarán afectos estos trabajadores deberán serles devueltas en la misma forma y de acuerdo a los mismos montos que establece la legislación vigente".

La presente disposición será aplicable a aquellos trabajadores que se encuentran en las condiciones señaladas anteriormente y que hayan jubilado entre el 1º de noviembre de 1971 y la fecha de vigencia de la presente ley."

(Fdo.): Salvador Allende Gossens.- Luis Figueroa Mazuela."

MENSAJE DE SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

"Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:

Como es del conocimiento de Vuestras Señorías, la expansión del comercio constituye un importante elemento para el progreso económico de los países, en la medida en que el intercambio comercial estimula, sobre todo, la producción interna y genera el ingreso de divisas. Por esta razón, la estrategia internacional del desarrollo ha planteado, como una premisa fundamental para el progreso económico de los países en desarrollo, el crecimiento de sus corrientes comerciales.

Conscientes de lo anterior las Partes Contratantes del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), desde hace varios años, se han estado preocupando de la búsqueda de mecanismos que permitan incrementar el acceso de las mercancías de los países en desarrollo en los mercados que también les pueden ofrecer otros países en desarrollo, mediante la eliminación de los obstáculos arancelarios y no arancelarios con que tropiezan los intercambios comerciales entre esos países o impiden la aparición de nuevas posibilidades de comercio.

Es así como en 1965 las Partes Contratantes del GATT aprobaron varias propuestas en relación con dicho objetivo, entre ellas, la de que los países en desarrollo negocien entre sí, sobre una base preferencial, concesiones arancelarias o la eliminación de restricciones en favor de sus productos de exportación.

Con este fin, en el año 1967, se creó el Comité de Negociaciones Comerciales de los Países en Desarrollo, presidido por el Director General del GATT, al cual fueron invitados a participar los países en desarrollo, fueran o no miembros del Acuerdo General.

La tarea primordial de este Comité fue la de establecer las "reglas del juego" para regular las negociaciones comerciales que entablarían los países en desarrollo con el objeto de otorgarse mutuamente concesiones arancelarias de carácter preferencial, como una manera para expandir su comercio recíproco. Fruto de esa labor fue la adopción, el 8 de diciembre de 1971, de un Protocolo Relativo a las Negociaciones Comerciales entre Países en Desarrollo, suscrito por Chile el 25 de febrero de 1972, cuya aprobación se somete a la consideración de Vuestras Señorías.

En primer lugar, en dicho Protocolo se estipula que las concesiones intercambiadas en virtud de sus prescripciones, serán aplicables a todos los países en desarrollo que sean parte del mismo (párrafo 1.0.). Con la aceptación de este principio fue zanjado un problema ampliamente debatido referente a cuáles serían los países en desarrollo que se beneficiarían con estas negociaciones. En definitiva, se resolvió que podían participar en las negociaciones previstas por el Protocolo todos los países en desarrollo que lo desearan, fueran o no miembros del GATT, y consecuencialmente, se desechó la posibilidad de que los resultados de las negociaciones se extendieran gratuitamente a países en desarrollo que no hubieran participado en ellas.

Además se establece que dicho Protocolo estará abierto a la adhesión de todos los países en desarrollo, de acuerdo a las normas que se establecen en el artículo 14.

En seguida, se dispuso en el párrafo 2º que las concesiones que se negociaran entre las Partes Contratantes, las que son principalmente de orden tarifario (rebajas arancelarias y supresión de restricciones a la importación) fueran inscritas en listas, que figuran como anexos del Protocolo.

Ahora bien, la formación de estas listas se efectuó en forma bilateral y multilateral. Bilateral, en el sentido de que cada país participante obtuvo de cada uno de los otros países participantes concesiones sobre los productos cuyo intercambio les interesaba. Con esto quedó caracterizada la reciprocidad, ya que la extensión de las concesiones otorgadas por un país no opera en forma automática. El país que desea prevalerse de una concesión es menester que la negocie con el país que la concede y que, eventualmente, le ofrezca, a su vez, alguna compensación, si aquel se la exige. Multilateral, en el sentido de que las concesiones fueron aplicadas sobre una base en que cada país, al ofrecer concesiones, pudo tener en cuenta no solamente las concesiones que le fueron ofrecidas directamente, sino también aquellas que otorgaron a otros participantes. Esta posibilidad estaba asegurada gracias a la difusión de las listas individuales de demandas y ofertas de todos los países que las formularon en el curso de las negociaciones.

Por otra parte, a través de algunas de sus disposiciones, el Protocolo se preocupa de establecer una adecuada salvaguardia a los países que han ofrecido concesiones a fin de que no estén obligadas a mantenerlas en una serie de circunstancias que se califican expresamente. Fue necesario precisar estas situaciones porque, naturalmente, éste no puede ser un derecho indiscriminado, ya que de lo contrario se anularía el efecto del Protocolo. En todo caso, queda siempre abierta la posibilidad para las Partes de negociar las concesiones ofrecidas, ya sea para retirarlas o modificarlas, o bien para hacer adiciones o ampliaciones en las listas de las concesiones. A tal efecto, la Parte que desea hacer uso de esta facultad deberá solicitar la autorización correspondiente del Comité de Países Participantes, que se ha creado en virtud de dicho Protocolo.

En este sentido, es importante señalar que en la Declaración que figura al término del referido Protocolo, se establecen cláusulas de salvaguardia que interesan particularmente al Gobierno de Chile, ya que permiten el cabal cumplimiento de obligaciones derivadas de uniones aduaneras o zonas de libre comercio.

En fin, cabe destacar como otra característica importante del Protocolo en referencia el hecho de que, como anexo de él, se convinieron temporalmente una serie de normas de origen, vale decir un conjunto de reglas que tienen por objeto determinar la exacta procedencia de las mercaderías que figuran en la lista de concesiones; como una manera de precaverse de que ellas no provengan efectivamente de un país en desarrollo.

En mérito de las razones expuestas, que demuestran que es importante que Chile ratifique el mencionado Protocolo, toda vez que su aplicación puede contribuir de manera significativa a la expansión de su comercio con otros países en desarrollo, es que vengo en someter a la aprobación de Vuestras Señorías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43, Nº 3, y 72, Nº 16, de la Constitución Política del Estado, para ser tratado en la actual legislatura extraordinaria de sesiones, el siguiente

Proyecto de Acuerdo:

Artículo único.- "Apruébase el Protocolo relativo a las Negociaciones Comerciales entre Países en Desarrollo, suscrito el 25 de febrero de 1972, en Ginebra (Suiza)".

(Fdo.): Salvador Allende Gossens.- Clodomiro Almeyda M."

OFICIO DE SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

"Nº 184.- Santiago, 5 de abril de 1973.

Pongo en conocimiento de V. E. que, en uso de la facultad que me confiere el artículo 46 de la Constitución Política del Estado, he resuelto retirar las urgencias hechas presentes para los siguientes proyectos de ley:

1.- El que establece normas sobre filiación; y

2.- El que otorga mayores recursos al departamento de Isla de Pascua.

Saluda atentamente a V. E.

(Fdo.): Salvador Allende G.- Gerardo Espinoza C."

OFICIO DE SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

"Nº 183.- Santiago, 5 de abril de 1973.

Pongo en conocimiento de V. E. que, en uso de la facultad que me confiere el artículo 46 de la Constitución Política del Estado, he resuelto hacer presente la urgencia para el despacho del proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Jurídico. (Boletín Nº 1366-72-1 de la Honorable Cámara de Diputados).

Saluda atentamente a V. E.

(Fdo.): Salvador Allende G.- Gerardo Espinoza C."

OFICIO DE SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

"Nº 185.- Santiago, 5 de abril de 1973.

Pongo en conocimiento de V. E. que, en uso de la facultad que me confiere el artículo 46 de la Constitución Política del Estado, he resuelto hacer presente la urgencia para el despacho del proyecto de ley que establece normas sobre filiación.

Saluda atentamente a V. E.

(Fdo.): Salvador Allende G.- Gerardo Espinoza C."

OFICIO DE SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

"Nº 175.- Santiago, 4 de abril de 1973.

Pongo en conocimiento de V. E. que, en uso de la facultad que me confiere el artículo 46 de la Constitución Política del Estado, he resuelto hacer presente la urgencia para el despacho del proyecto de ley que fija la Planta Permanente de la Oficina de Planificación y Presupuesto del Ministerio de Educación Pública. (Boletín Nº 1376-72-1 de la Cámara de Diputados).

Saluda atentamente a V. E.

(Fdo.): Salvador Allende G.- Gerardo Espinoza C"

OFICIO DE SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

"Nº 172.- Santiago, 4 de abril de 1973.

Pongo en conocimiento de V. E. que, en uso de la facultad que me confiere el artículo 57 de la Constitución Política del Estado, he resuelto incluir entre los asuntos de que puede ocuparse el Honorable Congreso Nacional en el actual Período Extraordinario de Sesiones, el proyecto de ley que aclara el sentido de la palabra "ocupantes" empleado en el artículo 1º de la ley Nº 16.908. (Boletín Nº 26.609 del Honorable Senado).

Saluda atentamente a V. E.

(Fdo.): Salvador Allende G.- Gerardo Espinoza C."

OFICIO DEL SENADO

"Nº 15.534.- Santiago, 5 de abril de 1973.

El Senado ha tenido a bien aprobar en los mismos términos en que lo ha hecho esa Honorable Cámara, el proyecto de acuerdo que aprueba las Actas del X Congreso de la Unión Postal de las Américas y España.

Lo que tengo a honra comunicar a V. E. en respuesta a vuestro oficio Nº 2.410, de fecha 3 de enero de 1973.

Devuelvo los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V. E.

(Fdo.): Ignacio Palma Vicuña.- Pelagio Figueroa Toro."

OFICIO DEL SENADO

"Nº 15.553.- Santiago, 5 de abril de 1973.

El Senado ha tenido a bien aprobar el proyecto de ley de esa Honorable Cámara que autoriza la celebración de carreras extraordinarias en beneficio de la Liga Chilena contra el Cáncer, con las siguientes modificaciones:

Artículo único

Ha pasado a ser artículo 1°.

En el inciso primero, ha intercalado la expresión "festivos o", entre las palabras "en días" y "no festivos".

A continuación, ha agregado el siguiente artículo 2º, nuevo.

"Artículo 2º.- Declarase que la referencia que se hace en el artículo único de la ley Nº 17.820, que autorizó la realización de reuniones extraordinarias de carreras en beneficio de la Sociedad Chilena de Cancerología y de otras instituciones, al Centro de Vecinos de la Población "Santa Ana" de Talca, debe entenderse hecha al Centro de Vecinos Barrio Norte "Las Heras" de Talca.".

Lo que tengo a honra comunicar a V. E. en respuesta a vuestro oficio Nº 1.727, de fecha 16 de mayo de 1972.

Acompaño los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V. E.

(Fdo.): Ignacio Palma Vicuña.- Pelagio Figueroa Toro."

INFORME DE LA COMISION DE DEFENSA NACIONAL, EDUCACION FISICA Y DEPORTES

"Honorable Cámara:

La Comisión de Defensa Nacional, Educación Física y Deportes pasa a informar el proyecto de ley, de origen en un Mensaje y con trámite de urgencia calificada de "simple", que establece normas relativas a la realización de los VII Juegos Panamericanos.

La Comisión, durante la discusión de esta iniciativa, contó con la colaboración e invitó a su seno a las siguientes personas: Sabino Aguad K., Director General de Deportes del Estado, Presidente del Consejo Nacional de Deportes, presidente del Comité Olímpico de Chile y Presidente de la Comisión Organizadora de los VII Juegos Panamericanos; Carlos Véliz y Benedicto Basly, Directores subrogantes de Deportes; Carlos Albrecht, Director de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas y Transportes; Enrique Gutiérrez, Gerente de la Corporación de Construcciones Deportivas; Julio Palestro, Gerente de la Polla Chilena de Beneficencia; Erwin Lagos, Contador de la Lotería de Concepción; Ricardo San Martín, Alcalde de la I. Municipalidad de La Reina; Sergio Guzmán, Abogado de la I. Municipalidad de Santiago; Hugo Sainz, Relacionador Público de la I. Municipalidad de Ñuñoa; Jorge Ehlers, Presidente de la Federación Atlética de Chile; Arnoldo Kaempfe, Director de la Federación Atlética de Chile; Manuel Vélez, Presidente del Club Deportivo Universidad Católica; Alejandro Duque, Director del Club Deportivo Universidad Católica; Dr. Antonio Losada, Vicepresidente de la Comisión Organizadora de los Juegos; Nicolás Abumohor, Tesorero de esta misma Comisión; Edgardo Retamal, Director del Departamento de Educación Física de la Universidad de Chile; Raúl de la Fuente, Presidente del Centro de Alumnos de Educación Física de la Universidad de Chile; y René Izquierdo, Abogado y Gerente General de la Comisión Organizadora de los VII Juegos Panamericanos.

Después de los Juegos Olímpicos, la más importante manifestación deportiva del mundo se conoce como "Juegos Panamericanos". Si se tiene en consideración el número de países, de atletas o de deportes participantes, estos Juegos Regionales, regidos por las normas del Movimiento Olímpico, revisten mayor trascendencia que los Juegos Europeos, asiáticos y Africanos.

La Organización Deportiva Panamericana, más conocida como ODEPA, es la reunión de representantes de los distintos Comités Olímpicos constituidos en América, con reconocimiento del Comité Olímpico Internacional, y tiene por objetivo esencial la realización de los Juegos Deportivos Panamericanos.

En 1951 se realizaron, en la ciudad de Buenos Aires, los primeros Juegos, se organizan cada cuatro años, en conformidad con lo que establecen las reglas del Comité Olímpico Internacional para estos Juegos Regionales, pudiendo solamente participar o tomar parte en ellos todos los países de América que cuenten con Comités Olímpicos Nacionales reconocidos por el organismo rector internacional aludido.

El programa de estas competencia deberá contener, obligatoriamente, un mínimo de quince deportes seleccionados por el Congreso Ordinario, entre los cuales se pueden mencionar: atletismo, hombres y mujeres; básquetbol, hombres y mujeres; béisbol; ciclismo; deportes ecuestres; esgrima, hombres y mujeres; levantamiento de pesas; lucha; natación, incluyendo saltos ornamentales, waterpolo; pentatlón moderno; remo; tenis, hombres y mujeres; tiro; vóleybol y yatching.

En los Juegos Deportivos Panamericanos sólo pueden participar los deportistas nacionales o nacionalizados de los países afiliados, calificados como aficionados o amateurs, de acuerdo con los reglamentos de las Federaciones Deportivas internacionales de cada deporte o los del Comité Olímpico Internacional.

El Comité Olímpico Internacional, organismo rector de todos los deportes, entrega a la Organización Deportiva Panamericana, ODEPA, la tutela del deporte amateur en América y, especialmente, la supervigilancia de la organización y realización de los Juegos Panamericanos; correspondiéndole, al mismo tiempo, la designación, cada cuatro años, de los Juegos y la coordinación de todos los aspectos de organización que aseguren el éxito de estas competencias.

Con ocasión del Congreso Ordinario, efectuado por la Organización Deportiva Panamericana, ODEPA, en Winnipeg, Canadá, el año 1967, el Comité Olímpico de Chile, previo auspicio del Gobierno de esa época y de la I. Municipalidad de Santiago, solicitó la sede de los Juegos para 1971. Especialmente invitados concurrieron a ese Congreso el Senador don Ramón Silva Ulloa, los Diputados señores Jorge Lavandero, Carlos Morales y Félix Garay y el señor Alcalde de la Municipalidad de Santiago, don Manuel Fernández. En esa ocasión el Congreso ordinario entregó la sede de los Juegos a la ciudad de Cali, Colombia, para realizarlos en el mes de agosto de ese año.

El Comité Ejecutivo de la Organización Deportiva Panamericana, en uso de sus facultades, convocó, con motivo de la competencia antes señalada, a un Congreso extraordinario en la ciudad sede de los Juegos. En dicho Congreso, el día 29 de agosto de 1969, se acordó, por unanimidad, la designación de sede para los VII Juegos Panamericanos, en 1975, a la ciudad de Santiago de Chile.

Se calcula que a las competencias que se efectuarán en nuestro país, asistirán alrededor de 5.000 personas en calidad de atletas y dirigentes, sin contar con los señores periodistas que cubren las informaciones de estas competencias, familiares y turistas. Asimismo, se encontrarán presentes los treinta y tres Comités Olímpicos nacionales, con sus respectivos delegados, que asistirán al Congreso ordinario que deberá efectuarse dentro de los ocho días anteriores a la iniciación de los mismos.

De acuerdo a los estatutos y reglamentos de la ODEPA, el Comité Olímpico de Chile designó una Comisión organizadora de los VII Juegos Panamericanos, la que quedó integrada por los señores Sabino Aguad K., Antonio Losada L., Eugenio Velasco L., Nicolás Abumohor T., Reinaldo Solari M. y Güilo Zolezzi C, todos dirigentes del deporte nacional y de vasta trayectoria deportiva.

Para una mayor comprensión de los señores Diputados acerca de los deportes consultados, del lugar en que se realizarán las distintas competencias, del costo total de cada una de las obras que deberán efectuarse y de las inversiones a realizar, se acompaña el siguiente esquema:

(Valores en miles de Eº)

I N V E R S I O N E S

Deporte Local Sede

C. Total 1972 1973 1974 1975

1 Atletismo Estadio Nacional 44.500 9.000 8.500 18.500 8.500

2 Básquet.- Boxeo Estadio P. O'Higins 350.000 30.000 185.000 65.000 70.000

3 Boxeo ( ) Estadio Sta. Laura 10.000 -- 10.000

4 Béisbol Estadio Nacional 10.000 1.000 5.000 4.000

5 Ciclismo Estadio Nacional 3.400 . 1.300 2.100

6 Dep. Ecuestre ( ) 2.800 1.600 1.200

7 Esgrima Escuela Militar 2.000 2.000

8 Fútbol Est. Nac./otros 9.000 3.000 6.000

9 Gimnasia ( ) 3.000 1.500 1.500

10 Hock. Césped Estadio Manquehue 7.200 900 3.500 2.800

11 Judo Estadio M. Plaza 4.800 3.800 1.000

12 Natación Estadio Nacional 250.000 100.000 100.000 50.000

13 Lev. Pesas ( ) 2.800 2.300 500

14 Remo H. Lo Aguirre 120.000 40.000 70.000 10.000

15 Tiro al Blanco H. Lo Aguirre 35.000 20.000 15.000

16 Tiro al Vuelo ( ) 4.000 3.000 1.000

17 Tenis Estadio Nacional 14,600 5.000 5.600 3.000 1.000

18 Vóleybol Estadio Chile 15.000 5.000 10.000

19 Vela ( ) 20.000 , 10.000 10.000

20 Lucha Estadio M. Plaza 200 - 200

Obras Compl. Estadio Nacional 70.000 6.000 29.000 26.000 9.000

Imprevistos 20.000 " 5.000 10.000 5.000

Total 0. J. Panam. 908.300 50.000 404.300 358.300 185.700

Obras Dep. Apoyo

300.000

130.000

130.000

40.000

TOTAL GENERAL

1.298.300

50.000

534.300 488.300 225.700

El Presidente de la Comisión Organizadora, don Sabino Aguad, expresó durante la discusión de esta iniciativa que, teniendo en cuenta que los Juegos durarán sólo 16 días, no se justificaría un esfuerzo organizativo si los eventos dejasen nada más que un buen espectáculo. Piensa que los Juegos Panamericanos de 1975 se traducirán en:

-La certeza de contar en el futuro para el deporte chileno, con una infraestructura de construcciones deportivas e implementación en la zona más poblada del país, que difícilmente hubiera podido conseguirse de no mediar tal acontecimiento deportivo;

-Un movimiento masivo de las fuerzas deportivas y extradeportivas en dirección a los Juegos, pero con una meta de futuro mucho más lejana, creando en la ciudadanía una conciencia firme acerca de lo que el deporte debe significar en la vida de cada uno. Este movimiento que se alentará, desde luego, permitirá que se aprecie en mejor forma la manifestación deportiva misma de los Juegos y que se entienda, en forma práctica, el por qué del desarrollo deportivo intenso en otras naciones, en lo cual no hay más milagro que la dedicación a la práctica deportiva, en todos los niveles y edades, y el trabajo intenso y permanente para quienes desean destacar en el ámbito internacional. En esta labor, que se desarrollará antes, durante y después de los Juegos Panamericanos, tendrá parte destacada el Comité Olímpico de Chile, con sus Federaciones; la Dirección de Deportes y Recreación, con el desarrollo del deporte masivo; la juventud, a través de sus organizaciones deportivas, etcétera. Este es, quizás, el aspecto más importante que guía a la organización de los citados Juegos;

-Una movilización comunitaria, que permitirá, con ocasión de los Juegos, una actitud solidaria en beneficio del ornato y presentación de la ciudad a los deportistas y miles de turistas extranjeros que habrán de concurrir a Santiago, en 1975, con la consecuente realización de obras y trabajos, que permanecerán como testimonio para el futuro de lo que puede hacerse cuando, más allá de las diferencias y tensiones que separan a la comunidad se encuentra un motivo -quizás único- que permite el logro de su resultado común. En el mundo entero se dan pruebas a diario de lo que el deporte es capaz de hacer en este sentido.

La iniciativa, materia de este informe, tiende a reconocer legalmente a la Comisión Organizadora de los VII Juegos Panamericanos, dictar normas para la realización de los Juegos y concede recursos para la construcción y habilitación de la Villa Olímpica y de los escenarios para las distintas competencias.

Por el artículo 1º se concede personalidad jurídica de derecho público, declarando que es una institución autónoma y con recursos propios, a la referida Comisión, la que está representada legalmente por su Presidente y se relaciona, a través del coordinador general, con el Ejecutivo y por intermedio del Ministerio de Defensa Nacional.

El artículo 2º dispone que esta Comisión deberá regirse exclusivamente por los Reglamentos y Estatutos, aprobados para tal efecto por el Comité Olímpico de Chile, en donde se señalan sus objetivos, su composición, atribuciones y las responsabilidades de los distintos miembros que la componen y las normas de funcionamiento de la misma. Asimismo, establece que la inversión de los fondos fiscales que se concedan a ella deberán invertirse y regirse por las normas señaladas en el proyecto en informe.

Por el artículo 3º se faculta a la Comisión, con el objeto de que pueda cumplir su cometido, para celebrar todos los actos y contratos que sean necesarios, sin que les sean aplicables las limitaciones, tanto generales como especiales, que rigen para las distintas instituciones o servicios de la administración del Estado.

En virtud de esta facultad, la Comisión podrá adquirir, construir, arrendar u obtener, a cualquier título, los inmuebles o implementos para habilitar, alhajar o equipar las distintas obras. Más adelante, esta misma disposición la autoriza para convenir con instituciones particulares, cuyos predios o edificios sean utilizados, que las inversiones que se realicen en ellos queden en beneficio de las instituciones o personas, excluyéndose las mejoras que puedan separarse sin detrimento o alteración sustancial del predio o inmueble sobre los que fueron construidas o instaladas. A continuación, se dispone que los implementos y elementos técnicos deportivos que adquiera la Comisión organizadora serán, una vez terminadas las distintas competencias, entregados al Comité Olímpico de Chile, al Consejo Nacional de Deportes, a las distintas Federaciones Deportivas o a la Dirección General de Deportes y Recreación.

Finalmente, esta disposición establece que Las construcciones que deban efectuarse serán ejecutadas y súper vigiladas por los Ministerios de Obras Públicas y Transportes y de la Vivienda y Urbanismo, según corresponda.

Por el artículo 4º se obliga a la Comisión Organizadora a que su presupuesto sea aprobado, previo visto bueno de la Dirección de Presupuesto, por el Presidente de la República.

La Contraloría General de la República fiscalizará, de acuerdo con lo dispuesto en su Ley Orgánica, los actos y acuerdos de la Comisión o las decisiones de su Presidente y, además, mantendrá, para el examen o juzgamiento de las cuentas, una auditoria permanente.

Por el artículo 7º se dispone que anualmente, en el Presupuesto del Ministerio de Hacienda, deberán consultarse los fondos necesarios para efectuar las construcciones, adquisiciones y demás gastos que demande la organización y celebración de estos Juegos. Dispone, también, que los saldos no invertidos o girados al 31 de diciembre de cada año, no pasarán a rentas generales y serán depositados en una cuenta especial en la Tesorería General de la República.

Por el artículo 8º se prorrogan, a contar del 1º de julio de 1973, los impuestos establecidos para financiar la ley Nº 17.457, de 23 de julio de 1971, que creó la Comisión Chilena para la Conferencia Mundial de Comercio y Desarrollo (UNCTAD III).

Uno de los recursos más habituales para financiar la actividad deportiva nacional, en el mundo, lo constituye el sistema conocido como "Polla del Fútbol".

La Comisión prestó su aprobación al artículo 9º del proyecto, basándose en los antecedentes y explicaciones entregados por el señor Director General de Deportes y Recreación y Presidente de la Comisión Organizadora de estos Juegos.

Es así como esta disposición establece que el Presidente de la República deberá establecer, dentro del plazo de 120 días, un sistema o concurso de pronósticos o apuestas conectadas con actividades deportivas.

Esta misma disposición expresa que hasta el 30 de junio de 1976, las utilidades que arroje este concurso serán destinadas a financiar, única y exclusivamente, los gastos en que incurra la Comisión Organizadora en la realización de los VII Juegos. En caso de que existieren excedentes, la Dirección General de Deportes y Recreación los deberá distribuir conforme a las normas que más adelante analizaremos.

Por el inciso tercero de este artículo, se manifiesta que las utilidades que se obtengan de este concurso, a partir del 1º de julio de 1976, se destinarán al financiamiento de actividades deportivas, las que serán percibidas y distribuidas por la Dirección General mencionada, debiendo ésta destinar un 60% para el desarrollo y promoción del deporte y la recreación a través del país. Expresa, también, que durante los primeros cinco años de rendimiento del concurso y a partir del 1º de julio de 1976, un 50% de ese porcentaje será destinado a construcciones y obras deportivas y a la implementación de este tipo de actividades, debiendo la Dirección invertir la mitad de este porcentaje, a lo menos, en provincias, y de acuerdo a un plan quinquenal elaborado por la propia Dirección y realizado por la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y por la Corporación de Construcciones Deportivas.

El 40% restante, se distribuirá en un 20% para financiar las actividades del Consejo Nacional de Deportes, del Comité Olímpico de Chile y de las Federaciones afiliadas al Consejo, con exclusión de la Federación de Fútbol de Chile, la cual percibirá el otro 20%.

Finalmente, esta disposición manifiesta que la Polla Chilena de Beneficencia será la institución que tendrá a su cargo la operación y el sistema de distribución del concurso, a través de su organización administrativa actual, pudiendo usarse otros canales de venta y distribución si lo determinare el Consejo de Administración de este concurso.

Por el artículo 10 se faculta al Presidente de la República para contratar préstamos en moneda extranjera, hasta por la cantidad de tres millones de dólares, para financiar, única y exclusivamente, la organización de los VII Juegos Panamericanos.

La Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Pública, con cargo a sus propios recursos, deberá financiar y servir los préstamos que se contraten en conformidad a esta facultad, y no se considerarán dentro de los márgenes de endeudamiento fijados en la legislación actual.

Por los artículos 11 y 12 se manifiesta que los recursos que se obtengan para la realización de estos Juegos, deberán ser depositados en una cuenta especial en el Banco del Estado de Chile. Se expresa, además, que las personas que están autorizadas para girar sobre éstos deberán rendir una fianza, que deberá ser calificada por el Contralor General de la República.

El artículo 15 autoriza la importación y se le libera del pago de derechos de internación, tasas, almacenaje y, en general, de todo derecho, impuesto o contribución que se perciba por intermedio de las Aduanas, así como de los depósitos previos de importación a todos los bienes, especies, útiles, implementos de toda clase, sean o no deportivos, maquinarias y sus repuestos, mercaderías y productos necesarios para la organización y desarrollo de estos Juegos. Asimismo, se conceden iguales franquicias a todo lo que se emplea en la construcción de locales de competencia y entrenamientos deportivos, en su implementación y alhajamiento, en el desarrollo de los mismos eventos y en la mantención, movilización, atención y traslados de las delegaciones concurrentes.

Esta autorización se concede siempre que todos estos artículos, materiales, etcétera, no sean fabricados en el país de calidad similar y en cantidad suficiente, hecho que calificará, en resolución fundada, la propia Comisión Organizadora.

Por el artículo 16 se conceden a la Comisión Organizadora de estos Juegos diversas franquicias tributarias, fiscales, municipales o de cualquiera otra índole.

El artículo 18 dicta normas relativas a las marcas comerciales, logotipos, emblemas, etiquetas, etcétera, relacionados con los VII Juegos Panamericanos o Juegos Olímpicos.

Por el artículo 19 se libera de toda clase de impuestos, derechos y contribuciones fiscales o municipales, a las entradas que se emitan a todos los espectáculos deportivos de los Juegos.

El artículo 20 establece que tanto los miembros como las personas que designe la Comisión Organizadora de los Juegos, para viajar o salir al extranjero en cumplimiento de misiones específicas que se les asigne, por resolución fundada, gozarán de la exención del impuesto de viaje, fianzas y otras obligaciones que las leyes establecen para estos efectos.

Por el artículo 21 se expresa que, a más tardar, el día 30 de junio de 1976, se extinguirá la Comisión Organizadora y que Fisco, Ministerio de Defensa Nacional, a través de la Dirección General de Deportes y Recreación, será su sucesor legal para todos los efectos a que haya lugar.

Una vez terminada la labor de la Comisión Organizadora, en la fecha antes señalada, la Contraloría General de la Republica deberá dar cuenta, por escrito, al Presidente de la República y al Congreso Nacional de la forma cómo fueron administrados los recursos que se otorgaron a dicha Comisión.

Más adelante, se refiere a los plazos para hacer efectivas las responsabilidades administrativas, civiles y penales de los distintos miembros de la Comisión.

Por el artículo 24 se autoriza la celebración de tres carreras o reuniones extraordinarias en los principales hipódromos del país, destinando el producto líquido al financiamiento del Campeonato Sudamericano de Atletismo que la Federación Atlética de Chile deberá efectuar en el mes de octubre del presente año.

Por el único artículo transitorio, se declaran válidamente ejecutados los actos o contratos que la Comisión Organizadora de los Juegos haya efectuado con anterioridad a la publicación de la iniciativa legal en informe.

Los artículos 7º, 8º, 10, 15, 16, 17 y 25 del proyecto en informe, deberán ser considerados por la Comisión de Hacienda.

Por todas estas consideraciones, la Comisión de Defensa Nacional, Educación Física y Deportes, por la unanimidad de sus miembros, acordó recomendaros la aprobación de la iniciativa legal en informe, concebida con los siguientes términos:

Proyecto de ley

"Artículo 1º.- Concédese personalidad jurídica de derecho público, totalmente autónoma y con patrimonio propio, a la Comisión Organizadora de los VII Juegos Panamericanos, los que se realizarán en Santiago de Chile en el año 1975.

Dicha Comisión Organizadora ha sido designada por el Comité Olímpico de Chile, en uso de sus atribuciones reglamentarias exclusivas, tiene su domicilio en la ciudad de Santiago, es representada legalmente por su Presidente y se vincula con el Gobierno, para los efectos del apoyo oficial a sus labores, por intermedio del Ministerio de Defensa Nacional, a través del Coordinador General de los Juegos Panamericanos designado por el Presidente de la República.

Articulo 2º.- La Comisión Organizadora se regirá exclusivamente por los Estatutos Internos aprobados por el Comité Olímpico de Chile, que señalan sus objetivos, composición, atribuciones y responsabilidades de sus objetivos, composición, atribuciones y responsabilidades de sus miembros y normas de funcionamiento. En cuanto a la inversión de los dineros fiscales que se le otorguen se regirá por las normas de la presente ley.

Artículo 3º.- Para el cumplimiento de su objetivo principal vale decir la promoción, organización y liquidación de los VII Juegos Panamericanos, la Comisión tendrá las más amplias facultades y atribuciones, pudiendo celebrar todos los actos y contratos que estime convenientes, sin que sean aplicables a su respecto las limitaciones generales y especiales que rigen para los servicios integrantes de la Administración del Estado.

Así, podrá adquirir, construir, arrendar u obtener a cualquier título los inmuebles o escenarios requeridos para la organización y realización de los Juegos y los muebles e implementos necesarios para habilitar, alhajar y equipar aquéllos. Podrá, asimismo, convenir con instituciones particulares, cuyos recintos se decida utilizar para esos fines, que las mejoras que en ellos se realicen queden en definitiva a beneficio de esas instituciones o personas, excluidas aquellas mejoras que puedan separarse sin detrimento del inmueble sobre el cual fueren instaladas o construidas. Además, determinará, de común acuerdo con la Dirección General de Deportes y Recreación que los implementos y elementos técnicos deportivos que se adquieran para el desarrollo de las competencias, queden en beneficio del Comité Olímpico de Chile, del Consejo Nacional da Deportes, de las Federaciones Deportivas Nacionales o de la propia Dirección General de Deportes y Recreación.

Las construcciones deberán efectuarse por intermedio o con la supervigilancia de los Ministerios de Obras Públicas y Transportes y de la Vivienda y Urbanismo, según corresponda.

Artículo 4º.- El proyecto anual de Presupuesto de la Comisión Organizadora deberá ser sometido a la aprobación del Presidente de la República, por intermedio del Ministerio de Hacienda, previa visación de la Dirección de Presupuestos.

Artículo 5°.- Los actos y acuerdos de la Comisión y las decisiones de su Presidente, que deban materializarse en resoluciones, estarán exentos del trámite de toma de razón por la Contraloría General de la República. Corresponderá a dicho organismo fiscalizarlos de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Nº 10.336.

Artículo 6º.- Para los efectos del examen o juzgamiento de las cuentas de la Comisión, la Contraloría General de la República mantendrá en ella una auditoría permanente. La Contraloría se pronunciará en el plazo de treinta días sobre las observaciones que le merezcan las rendiciones de tales cuentas. Transcurrido el plazo indicado se entenderá aprobada la cuenta o el acto jurídico sobre el cual ha debido pronunciarse, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda hacerse efectiva con arreglo a la ley.

Artículo 7º.- En las leyes de Presupuestos de los años 1974 y 1975 deberá incluirse un ítem en el respectivo Presupuesto Anual del Ministerio de Hacienda, que otorgue el aporte fiscal necesario para efectuar las construcciones, adquisiciones y demás gastos que demanden la organización y celebración de los VII Juegos Panamericanos.

Los saldos de dichos ítems no invertidos o no girados al 31 de diciembre de cada año no pasarán a rentas generales de la Nación y serán contabilizados en una cuenta de depósito que se abrirá para estos efectos en el Servicio de Tesorería, a fin de continuar su inversión en el año siguiente en el cumplimiento de los presupuestos aprobados.

Artículo 8º.- Prorróganse, a contar del 1º de julio de 1973, las modificaciones introducidas por el artículo 16 de la Ley Nº 17.457 a la Ley Nº 12.120.

Artículo 9º.- El Presidente de la República deberá establecer, dentro del plazo de 120 días contados desde la vigencia de la presente ley, un sistema o concurso de pronósticos o apuestas conectado con manifestaciones deportivas.

Hasta el día 30 de junio de 1976 las utilidades del citado concurso estarán destinadas a financiar exclusivamente los gastos que demande la organización de los VII Juegos Panamericanos. En caso de que hubiese excedentes, ellos serán distribuidos por la Dirección General de Deportes y Recreación de acuerdo a los porcentajes que se establecen más adelante.

A partir del día 1º de julio de 1976, las utilidades del concurso se destinarán exclusivamente al financiamiento de actividades deportivas. La Dirección General de Deportes y Recreación percibirá las sumas correspondientes y procederá de inmediato a distribuirlas en la siguiente forma:

a) Un sesenta por ciento para la propia Dirección, destinado al desarrollo y promoción del deporte y de la recreación en todo el país. Durante los primeros cinco años de rendimiento del concurso, a partir del 1º de julio de 1976, un cincuenta por ciento de ese porcentaje será destinado a construcciones y obras deportivas y a la implementación de este tipo de actividades, debiendo invertir la mitad de este porcentaje, a lo menos, en provincias, todo ello de acuerdo a un plan quinquenal que la Dirección General de Deportes y Recreación deberá elaborar y que será llevado a cabo por la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y por la Corporación de Construcciones Deportivas.

b)Un veinte por ciento destinado a financiar las actividades del Consejo Nacional de Deportes, Comité Olímpico de Chile y Federaciones afiliadas, con exclusión de la Federación de Fútbol de Chile; y

c) Un veinte por ciento para la Federación de Fútbol de Chile.

Se establecerá un Consejo de Administración del Concurso integrado por un representante de la Dirección General de Deportes y Recreación, que lo presidirá; un representante designado por el Consejo Nacional de Deportes y Comité Olímpico de Chile; un representante de la Federación de Fútbol de Chile y el Presidente de la Polla Chilena de Beneficencia. Temporalmente, hasta el 30 de junio de 1976, integrará el Consejo de Administración un representante de la Comisión Organizadora de los VII Juegos Panamericanos.

La Polla Chilena de Beneficencia tendrá a su cargo la operación y el sistema de distribución del Concurso a través de su organización administrativa normal. Podrá usar otros canales de venta y distribución si así lo determinare el Consejo de Administración, pero deberán estar conectados al comercio establecido o a entidades deportivas afiliadas a las Federaciones Nacionales que controlan el Consejo Nacional de Deportes y Comité Olímpico de Chile.

Artículo 10.- Autorízase al Presidente de la República para contraer obligaciones en moneda extranjera hasta por la cantidad de US$ 3.000.000, para atender las necesidades de organización y desarrollo de los VII Juegos Panamericanos.

Para los fines del presente artículo podrá emitirse bonos y otros documentos en moneda extranjera, cuando así lo exijan las cartas constitutivas o reglamentos de préstamos de los organismos internacionales de créditos.

Los préstamos que se contraten en virtud de esta autorización serán servidos por la Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Pública con sus propios recursos y no se considerarán dentro de los márgenes de endeudamiento fijados en la legislación vigente.

Artículo 11.- Los recursos de la Comisión se mantendrán en una cuenta especial que, a su nombre, se abrirá en el Banco del Estado.

Artículo 12.- Las personas facultadas por el Reglamento para girar sobre los fondos señalados en el artículo anterior, deberán rendir fianza, hasta por el monto de diez sueldos vitales anuales escala A) del Departamento de Santiago, para garantizar el correcto desempeño de sus funciones. Dicha fianza será calificada por el Contralor General de la República.

Artículo 13.- El personal contratado por la Comisión Organizadora de los Juegos que no lo sea en base a honorarios, tendrá la calidad de empleado particular o de obrero, según corresponda, y se re gira por el Código del Trabajo y leyes complementarias.

Artículo 14.- Todos los servicios de la Administración Civil del Estado, Central, Descentralizada, Mixta o Concedida; las empresas del Estado y aquéllas en que el Fisco tenga interés, deberán prestar a la Comisión Organizadora las facilidades de personal y de toda clase de bienes inventariables que ésta requiera para el buen desempeño de su cometido, los que deberán dedicarse exclusivamente a la organización y desarrollo de los VII Juegos Panamericanos.

Las comisiones de servicios que se ordenen en virtud del inciso anterior no estarán sometidas a las limitaciones que señalen las leyes vigentes y no afectarán la carrera funcionaria.

En caso de negativa, ella será calificada por el Presidente de la República, a requerimiento de la Comisión. Su resolución será cumplida sin más trámite.

Dentro del plazo de noventa días de finalizados los Juegos la Comisión Organizadora deberá devolver los bienes que le hubieren sido facilitados.

Artículo 15.- Autorízase la importación por parte de la Comisión Organizadora y libérase del pago de derechos de internación, tasas, almacenajes, impuestos ad-valorem y adicionales y, en general, de todo derecho, impuesto o contribución que se perciba por intermedio de Aduanas, incluida la Tasa de Despacho establecida en el artículo 190 de la Ley Nº 16.464 y sus modificaciones posteriores, así como de los depósitos previos de importación, a todos aquellos bienes, especies, útiles, implementos de toda clase, sean o no deportivos, vehículos, maquinarias y sus repuestos, mercaderías y productos necesarios para la adecuada organización y desarrollo de los VII Juegos Panamericanos de 1975, como aquéllos que se empleen en la construcción de locales de competencias y entrenamientos deportivos, en su implementación y alhajamiento, en el desarrollo de los eventos mismos y en la mantención, movilización, atenciones y traslados de las delegaciones concurrentes, siempre que no se fabriquen en el país de calidad similar y en cantidad suficiente, hecho que calificará la propia Comisión Organizadora por resolución fundada.

Las importaciones o internaciones que se realicen de conformidad a este artículo y con el objeto mencionado, no estarán sujetas a prohibiciones, permisos, depósitos o registros, ni rechazos de glosas del o en el Banco Central de Chile.

El Reglamento determinará la forma y condiciones de aplicación de estas franquicias y los controles y demás medidas que digan relación con ella, así como el traspaso al servicio de Aduanas de las especies de consumo que no se hayan utilizado, a fin de que proceda a su remate en la forma y condiciones que para las mercaderías incautadas señala el "Reglamento de Almacén de Rezagos y del Remate, Venta y Destrucción de Mercaderías".

Artículo 16.- La Comisión Organizadora estará exenta de todo tributo, gravamen, tasa, derecho fiscal, municipal o de cualquier otra índole, ya sea que le afecte directamente o que deba soportar la difusión, traslación o recargo de cualquiera de estos impuestos. Los actos o contratos en que sea parte la Comisión estarán totalmente exentos en cuanto signifiquen un gravamen al patrimonio de la Comisión.

Artículo 17.- La Comisión Organizadora, mediante resolución fundada, podrá encargar a cualquier servicio u organismo del Estado la ejecución de las obras materiales o prestaciones de servicios que sean necesarios. Para el solo efecto del cumplimiento de estos cometidos, los respectivos servicios u organismos tendrán, además de las propias, las mismas facultades, exenciones y liberaciones administrativas y de cualquiera naturaleza que se confieren por esta ley a la Comisión Organizadora.

Artículo 18.- Todas las marcas comerciales, logotipos, emblemas, etiquetas, relacionadas con los VII Juegos Panamericanos o Juegos Olímpicos, que hubieren sido registrados ante el Conservador de Marcas por la Dirección General de Deportes y Recreación, con anterioridad a la vigencia de esta ley, serán, a contar de esta fecha, de propiedad exclusiva de la Comisión Organizadora de los Juegos, bastando el solo requerimiento de un apoderado da la misma para el cambio de registro.

Declárase que se otorga amplia protección a tocias las marcas, frases, logotipos, emblemas, símbolos, relacionados directa o indirectamente con los VII Juegos Panamericanos, los que no podrán ser usados por particulares o por organismos públicos o privados ajenos a la Comisión Organizadora, sin previa autorización de ésta. El Departamento de Marcas del Ministerio de Economía negará la tramitación de cualquiera solicitud en ese sentido usando marcas, frases, emblemas o logotipos de los Juegos, con fines de explotación comercial de los mismos, sin previa autorización de la Comisión Organizadora, se hará acreedor a las sanciones que establece la ley.

Artículo 19.- Libérase de toda clase de impuestos, derechos y contribuciones fiscales o municipales, a las entradas de los espectáculos deportivos de los Juegos Panamericanos de 1975.

Artículo 20.- Los miembros de la Comisión Organizadora y aquellas personas que ésta designe en comisiones especiales en el extranjero, por resolución fundada, tendrán la exención del impuesto de viajes, fianzas y otras obligaciones del caso.

Artículo 21.- La Comisión Organizadora se extinguirá a más tardar el día 30 de junio de 1976. El Fisco, Ministerio de Defensa Nacional, a través de la Dirección General de Deportes y Recreación, será su sucesor legal para todos los efectos a que haya lugar.

A esa fecha el saldo de sus recursos ingresará a una cuenta especial de depósitos en el Servicio de Tesorería, sobre el cual podrá girar el Ministerio de Defensa Nacional para pagar obligaciones pendientes de dicha Comisión Organizadora. Una vez pagadas dichas obligaciones, el saldo de la cuenta especial de depósito aludida, pasará automáticamente a la Dirección General de Deportes y Recreación.

De conformidad con lo dispuesto en el inciso primero de este artículo y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3° de la presente ley, los bienes muebles e inmuebles de la Comisión serán transferidos al Fisco, Ministerio de Defensa Nacional, para la Dirección General de Deportes y Recreación, previo registro e inventario hecho por el Departamento de Bienes Nacionales del Ministerio de Tierras y Colonización, aprobado por la Contraloría General de la República.

La Dirección General de Deportes y Recreación deberá destinar estos bienes al fomento y práctica de los deportes y en beneficio de toda la comunidad nacional, sin discriminación alguna de índole social, política, religiosa o geográfica.

Artículo 22.- La Contraloría General de la República deberá emitir un informe a más tardar en el plazo de 120 días, contados desde la fecha en que finalice sus labores la Comisión Organizadora de los Juegos, y dar cuenta al Presidente de la

República y al Congreso Nacional de la forma en que fueron administrados los recursos puestos a disposición de la Comisión.

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales, en su caso, de su Presidente y demás miembros de la Comisión como asimismo del personal rentado ejecutivo de nivel superior, podrán hacerse efectivas hasta seis meses después de entregado el informe al Congreso Nacional.

Artículo 23.- Autorízase a la Línea Aérea Nacional, a la Empresa de los Ferrocarriles del Estado y a la Empresa Marítima del Estado para convenir con la Comisión Organizadora de los VII Juegos Panamericanos tarifas o condiciones especiales para el transporte de dirigentes, deportistas e implementos deportivos.

Artículo 24.- Autorízase a la Sociedad Hipódromo Chile, al Club Hípico de Santiago y al Valparaíso Sporting Club para que durante el año 1973 efectúen, cada uno de ellos, una reunión extraordinaria de carreras en días no festivos, cuyo producto líquido se destinará a la Federación Atlética de Chile para que financie la organización y celebración del Campeonato Sudamericano de Atletismo que se verificará en nuestro país en octubre del año 1973.

La liquidación de las reuniones extraordinarias autorizadas se hará de conformidad con el artículo 27 del Decreto Nº 807 del Ministerio de Hacienda, de 17 de abril de 1970.

Artículo 25.- Determinase la realización de un sorteo extraordinario de la Lotería de Concepción en el transcurso del año 1973, cuyo rendimiento estará destinado exclusivamente a financiar los Primeros Juegos Olímpicos Nacionales a efectuarse ese mismo año en la provincia de Concepción.

Artículo transitorio.- Declárase que la Comisión Organizadora de los VII Juegos Panamericanos, con anterioridad a la presente ley, ha podido realizar actos y contratos que digan relación con la inversión y gastos de dineros fiscales puestos a su disposición, siempre que ellos se hayan encuadrado en el marco de las atribuciones y objetivos señalados en la presente ley.".

Sala de la Comisión, a 28 de marzo de 1973. Aprobado en sesiones de fechas 22 y 29 de noviembre de 1972, 13 y 27 de diciembre de 1972 y 22 de marzo del presente año, con asistencia de los señores Monares (Presidente), Agurto, Alamos, Alvarado, Amunátegui, Barahona, Cantero, Espinoza, don Gerardo; Klein, Laemmermann, Rodríguez, Salinas, don Anatolio; Stark, Tagle y Vargas.

Se designó Diputado informante al señor Monares.

(Fdo.): Patricio Goycoolea Lira, Secretario."

INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA

"Honorable Cámara:

La Comisión de Hacienda pasa a informar un proyecto de ley de origen en un Mensaje, con urgencia calificada de "simple" y despachado favorablemente por la Comisión de Defensa Nacional, Educación Física y Deportes, que establece normas relativas a la realización de los VII Juegos Panamericanos.

Asistieron a la Comisión y la informaron sobre materias propias de su competencia, los señores Patricio Morales, Subsecretario de Hacienda; Antonio Zárate, Abogado de la misma Subsecretaría; René García, Jefe de Planificación del Servicio de Impuestos Internos; Sabino Aguad, Director General de Deportes del Estado; René Izquierdo y Nicolás Abumohor, Gerente y Tesorero, respectivamente, de la Comisión Organizadora de los VII Juegos Panamericanos, y Hugo Zúñiga y Rarón Rey, Asesores de la Gerencia de la Polla Chilena de Beneficencia.

Reglamentariamente, correspondía a la Comisión de Hacienda pronunciarse acerca de los artículos 7º, 8º, 10, 15, 16, 17 y 25 del proyecto en informe.

Estas disposiciones contienen tanto franquicias de orden tributario como normas destinadas a financiar el mayor gasto fiscal que significará la realización de esos Juegos Panamericanos.

1.- Franquicias tributarias.

a) El artículo 15 libera de todo impuesto o derecho a la importación, por parte de la Comisión Organizadora de todos aquellos bienes, especies, útiles, implementos de toda clase, vehículos, maquinarias y sus repuestos, mercaderías y productos necesarios para la adecuada organización y desarrollo de los VII Juegos Panamericanos de 1975; como también de aquellos que se empleen en la construcción de locales de competencia y entrenamientos deportivos, en su implementación y alhajamiento, en el desarrollo de los eventos mismos y en la atención de las delegaciones concurrentes, siempre que no se fabriquen en el país de calidad similar y en cantidad suficiente.

La Comisión comprendió la necesidad de conceder estas facilidades y prestó su aprobación unánime a este artículo con la sola enmienda de mantener el pago de derechos que eventualmente deba hacerse a la Empresa Portuaria de Chile, con el objeto de evitar el desfinanciamiento de esta Institución.

b) El artículo 16 exime a la Comisión Organizadora del pago de todo tributo y establece, asimismo, que los actos o con tratos en que ella sea parte estarán totalmente exentos, en cuanto signifiquen un gravamen al patrimonio de la Comisión.

La Comisión de Hacienda coincidió con este criterio y aprobó por unanimidad este artículo, con una pequeña enmienda que tiene por objeto precisar su redacción.

c) Finalmente, el artículo 17 dispone que la Comisión Organizadora podrá en cargar a cualquier servició u organismo del Estado la ejecución de las obras materiales o prestaciones de servicios que sean necesarios y establece que, para el solo efecto del cumplimiento de estos cometidos, los servicios u organismos correspondientes gozarán, además de las propias, de las mismas facultades, exenciones y liberaciones administrativas o de cualquiera otra naturaleza que por esta ley se confieren a la Comisión Organizadora.

Esta disposición fue aprobada por asentimiento unánime.

2.- Normas sobre financiamiento.

a) El artículo 7º establece que en las leyes de Presupuestos de los años 1974 y 1975 deberá incluirse un ítem en el respectivo Presupuesto Anual del Ministerio de Hacienda, que otorgue el aporte fiscal necesario para solventar los gastos que demanden la organización y celebración de los VII Juegos Panamericanos, disposición que fue aprobada por unanimidad.

Sobre el particular, cabe hacer presente que la ley de Presupuestos para el año 1973 ha destinado a la Comisión Organizadora la suma global de Eº 200.000.000, de la cual Eº 160.000.00 están desude la cual Eº 160.000.000 están destinados a construcciones deportivas; Eº 30.000.000 para la Villa Panamericana y 10.000.000 de escudos para incrementar el Presupuesto corriente de la Comisión Organizadora.

Además, a través del Ministerio de Defensa Nacional, se ha destinado la suma de Eº 12.000.000 para financiar los gastos contemplados en dicho Presupuesto Corriente.

b) El artículo 8º prorroga, a contar del 1º de julio de 1973, las modificaciones introducidas por el artículo 16 de la ley Nº 17.457 a la ley Nº 12.120.

La disposición indicada tuvo por objeto financiar los gastos que demandó la celebración en Chile de la Conferencia Mundial de Comercio y Desarrollo (UNCTAD III), para cuyo efecto se aumentaron los impuestos a la compraventa de determinados artículos suntuarios; como, asimismo, la segunda y sucesivas ventas u otras convenciones que recaigan sobre automóviles y demás vehículos motorizados.

No obstante que este artículo fue aprobado por unanimidad, la Comisión de Hacienda estimó conveniente efectuar un estudio más detallado del mismo en el segundo trámite reglamentario que seguramente tendrá este proyecto, por cuanto parte de ese financiamiento estaría contemplado en el proyecto de ley que concede un anticipo de reajuste de remuneraciones al personal de los sectores público y privado.

Al respecto se informó que, en caso de restringirse esta disposición de manera que sólo abarque un mayor tributo para la transferencia de vehículos motorizados, éste rendiría Eº 75.000.000 anuales, aproximadamente.

El artículo 9º, que no fue estudiado por parte de la Comisión establece además un sistema o concurso de pronósticos o apuestas conectadas con manifestaciones deportivas, cuyas utilidades en el segundo semestre del presente año se estiman en Eº 35.000.000, aproximadamente.

El artículo 10 autoriza al Presidente de la República para contraer obligaciones en moneda extranjera hasta por la cantidad de US$ 3.000.000, con el objeto de atender las necesidades de organización y desarrollo de los VII Juegos Panamericanos.

Fue aprobado por unanimidad con la sola modificación de suprimir la frase final de su inciso tercero en la que se establecía que dichos préstamos no se considerarían dentro de los márgenes de endeudamiento fijados en la legislación vigente, por cuanto la Comisión estimó inconveniente permitir tal medida.

e) El artículo 25 permitía la realización de un sorteo extraordinario de la Lotería de Concepción cuyo rendimiento se destinaría exclusivamente a financiar los Primeros Juegos Olímpicos Nacionales que se efectuarán en la provincia de Concepción durante el año 1973.

La Comisión de Hacienda prestó su aprobación unánime a este artículo, pero acordó, asimismo, permitir también la celebración de un sorteo extraordinario de la Polla Chilena de Beneficencia, con el objeto de obtener mayor recursos, y suprimir la mención de la fecha en que deberían efectuarse esos Juegos Olímpicos, con el fin de dar mayor flexibilidad a esta norma.

f) Finalmente, también por unanimidad, acordó contemplar tres artículos nuevos, destinados a completar el financiamiento del proyecto en informe.

El primero de ellos establece un impuesto de 12% sobre el valor total de cada cajetilla de cigarrillos que se expenda a los consumidores cuyo producido se destinará a la Comisión Organizadora de los Juegos Panamericanos.

Se estima que la aplicación de este tributo rendirá Eº 400.000.000 anuales, aproximadamente.

El segundo dispone que los servicios del sector público, semifiscal y autónomo y los empleados de las empresas estatizadas que utilicen vehículos fiscales o de algún servicio o empresa de las ya indicadas deberán pagar las patentes correspondientes, cuyo valor será destinado a financiar la presente ley.

Finalmente, se incluyó una disposición en que se establece que tanto los ingresos que se produzcan por concepto de venta de boletos y abonos para los espectáculos deportivos de los VII Juegos Panamericanos como los eventuales derechos de televisión que se recauden ingresarán al patrimonio de la Comisión Organizadora.

De esta manera, los gastos que demande la aplicación del proyecto de ley en informe, que para el presente año alcanzan la suma de Eº 593.208.000, se encontrarían financiados.

Por estas consideraciones, la Comisión de Hacienda acordó recomendar a la Honorable Cámara la aprobación del proyecto de ley en informe, con las siguientes enmiendas:

1°.- Consultar, a continuación del 9º los siguientes artículos nuevos:

a) "Artículo.- Los ingresos que se produzcan por concepto de venta de boletos y abonos para los espectáculos deportivos de los VII Juegos Panamericanos se agregarán al financiamiento dispuesto en los artículos anteriores. Asimismo, ingresarán al patrimonio de la Comisión Organizadora los eventuales derechos de televisión que se produzcan, sin perjuicio de la participación que en ellos corresponde a la Organización Deportiva Panamericana, de acuerdo a la reglamentación vigente."

b) "Artículo.- Estáblecese un impuesto de 12% sobre el valor total de cada cajetilla de cigarrillos que se expenda a los consumidores. El ingreso total se destinará a la Comisión organizadora de los Juegos Panamericanos."

c) "Artículo.- Los funcionarios de los servicios del sector público, semifiscal y autónomo y los empleados de las empresas estatizadas que utilicen vehículos de propiedad del Estado o de algún servicio o empresa de las ya indicadas, pagarán las patentes correspondientes. Las sumas que correspondan al Fisco del valor de esas patentes, serán destinadas al financiamiento de la presente ley."

2º.- Suprimir la frase final del artículo 10 que dice "y no se considerarán dentro de los márgenes de endeudamiento fijados en la legislación vigente.".

3º.- Agregar en el inciso primero del artículo 15, a continuación de la frase "incluida la Tasa de Despacho establecida en el artículo 190 de la ley Nº 16.464 y sus modificaciones posteriores,", lo siguiente:

"con excepción de los derechos que deban pagarse a la Empresa Portuaria de Chile,".

4º.- Agregar en el artículo 16, a continuación de la frase inicial que dice ,:La Comisión Organizadora estará exenta", lo siguiente: "del pago".

5º.- Agregar en el artículo 25, a continuación de la frase inicial que dice "Determínase la realización de un sorteo extraordinario de la Lotería de Concepción", lo siguiente: "y otro de la Polla Chilena de Beneficencia" y suprimir, en este mismo artículo, la expresión "ese mismo año".

Sala de la Comisión, a 9 de abril de 1973.

Acordado en sesión Nº 133ª, celebrada los días 4 y 5 de abril de 1973, con asistencia de los señores Phillips (Presidente), Andrade, Amello, Atencio, Fuentealba, don Clemente; Iglesias, Lavandero, Lazo, doña Carmen; Páez, Rodríguez y Tapia.

Se designó Diputado informante al señor Arnello.

(Fdo.): Carlos Olivares Santa Cruz, Secretario de la Comisión."

INFORME DE LA COMISION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

"Honorable Cámara:

La Comisión de Trabajo y Seguridad Social pasa a informar el proyecto de ley de origen en un Mensaje sobre el proyecto de ley que sustituye el régimen de montepío establecido en el Párrafo XI de la ley Nº 10.621 para el personal de las empresas periodísticas y agencias noticiosas.

Colaboraron en el estudio de esta iniciativa el Director del Servicio de Seguro Social, don Galvarino Melo, y el Asesor de la Subsecretaría de Previsión Social, don Pedro Baeza.

El proyecto en informe asimila el sistema de montepíos del personal de empresas periodísticas y agencias noticiosas establecido en la ley Nº 10.621, al que rige para los empleados particulares de acuerdo a la ley Nº 10.475.

Se señaló que esta asimilación ya ha sido puesta en práctica respecto de los empleados públicos por medio de la ley Nº 17.343, lográndose un importante mejoramiento de las pensiones.

El Mensaje señala que "la razón por la cual se ha tomado como base el sistema de pensiones de sobrevivientes de la Caja de Previsión de Empleados Particulares, se encuentra en el hecho de que, por tratarse de un mecanismo de más reciente creación, el que fue concebido sobre bases técnicas modernas que redundan en una adecuada protección para sus beneficiarios."

Asimismo, expresa que "entre las ventajas que se pueden señalar, al reemplazar el sistema que rige para este grupo por el que se propone, están las siguientes: a) en la actualidad, el monto en conjunto de las pensiones de los distintos beneficiarios, se calcula en relación a los años de imposiciones, pudiendo llegar, a los 30 años, a un equivalente del 80% del sueldo base de cálculo; en la fórmula que se propone, dicho monto puede alcanzar hasta el 100%, cualquiera sea el número de años de imposiciones, con mínimo de 3 años; b) la pensión básica para la viuda es de 25% del sueldo base y de 25% para todos los hijos, en conjunto; en el nuevo sistema es de 50% para la viuda y de 15% para cada uno de los hijos sobrevivientes."

Debido a que la modificación que se propone entraría a regir el 1º de enero del presente año se otorga a las pensiones concedidas con anterioridad, una compensación en sus montos vigentes, a través del sistema de revalorización de pensiones de la ley Nº 15.386, en la misma forma que se contempló para el personal del sector público en la ley Nº 17.343.

Se hizo presente que el proyecto no requiere un financiamiento especial, ya que según se señaló el Departamento de Periodistas de la Caja Nacional de Empleados

Públicos y Periodistas cuenta con los excedentes necesarios para afrontar el mayor gasto que origine esta iniciativa legal.

En conformidad a lo dispuesto en el artículo 153 Nº 1 del Reglamento se transcriben las siguientes disposiciones legales:

a) Párrafo XT de la ley Nº 10.621: Del Montepío.- Artículos 61 al 66.

Seguro de Vida: Artículo 58.

b) Artículos 8º, 16, 17 y 18 de la ley Nº 10.475.

Artículos 1º al 7º de la ley Nº 15.386.

Artículos 1º y 2º de la ley Nº 17.343.

a) Párrafo XI de la ley Nº 10.621: Del Montepío.- Artículos 61 al 66.

"artículo 61.- El montepío civil es una pensión a que tiene derecho con sujeción a esta ley, en primer lugar, la viuda e hijos legítimos; en segundo lugar, la madre legítima o natural; y en tercer lugar, las hermanas legítimas de los imponentes sometidos al régimen creado por esta ley.

Las personas llamadas al montepío gozarán sucesivamente de la pensión en el orden indicado en el inciso anterior, entendiéndose que, incapacitados la viuda e hijos legítimos, es llamada la madre, y a falta de ésta las hermanas.

No se podrán acumular en una misma persona dos o más pensiones de montepío.

El agraciado deberá optar por la que más le convenga.

Artículo 62.- Las pensiones de montepío del personal de las empresas periodísticas o de los imponentes voluntarios y de los jubilados se computarán a razón del 60% de los dos últimos años del sueldo sobre el cual se le hicieron los descuentos, por los diez primeros años de imposiciones, y en un 1% más por cada año sobre dichos 10 años.

Sin embargo, la familia de todo imponente que haya efectuado imposiciones por menos de 10 años y por más de 2 tendrá derecho a un montepío equivalente al 50% del sueldo, el que se aumentará en un 1% más por cada año de exceso sobre los dos primeros años de imposiciones.

Las disposiciones de los incisos anteriores se aplicarán en los casos en que el montepío resulte superior al sueldo vital de la comuna de Santiago, vigente al tiempo de otorgarse el beneficio. En ningún caso aquél podrá ser inferior a éste.

Artículo 63.- Determinada la pensión de montepío se concederá a las personas llamadas a gozarla en la siguiente forma:

A la viuda, el 50%; a los hijos, el 50% con derecho a acrecer; a la madre legítima o natural, el 50%; y a las hermanas, siendo una, el 25%; siendo más de una, le corresponderá, por iguales partes, el 50% de la pensión base, con derecho a acrecer hasta completar el 25% por persona.

La viuda y los hijos entrarán, al mismo tiempo e independientemente, en el goce de la pensión que se les señala.

La pensión que corresponda a la viuda se pagará reducida a la mitad, si contrajere segundas nupcias. Igual reducción se hará en la que deban percibir las hijas o hermanas casadas, al tiempo del fallecimiento del causante, o que contrajeren matrimonio posteriormente.

En caso de viudez, recuperarán la parte de la pensión perdida.

Si el causante del montepío dejare hijos legítimos de varios matrimonios, el Presidenta de la República distribuirá entre ellos, en la forma en que lo estime conveniente, la pensión a que tienen derecho.

Después de 20 años de la fecha del fallecimiento del causante de un montepío, la pensión que por este artículo se asigna a sus herederos se pagará con un descuento del 50%.

Las pensiones de montepío de cargo de la Caja serán compatibles con las que pague el Estado y, en ningún caso, afectaran la responsabilidad del Erario Nacional.

Artículo 64.- Los llamados al montepío no tendrán derecho a impetrar la pensión y cesarán en el goce de ellas, cuando se encuentren en alguna de las circunstancias siguientes:

1.- Ser varón de 21 años, salvo el caso de invalidez para ganarse el sustento diario;

2.- Ser empleado público, aun de menos de 20 años;

3.- Haber muerto civilmente;

4.- Ser viuda de un funcionario fallecido, contra la cual se haya dictado, por su culpa, sentencia de divorcio perpetuo;

5.- Ser indigno de suceder al difunto como heredero o legatario, y

6.- En general, por vida deshonesta, por vagancia, o por haber sido condenado a la pena de presidio en cualquiera de sus grados.

Para los efectos de deferir el montepío a los llamados a él, se considerará como si no existiesen a aquellos que, teniendo mejor derecho, se encuentren comprendidos en alguno de los números anteriores.

Artículo 65.- Para gozar de la pensión de montepío, la viuda que hubiere tenido hijos durante el matrimonio con el causante deberá justificar que el matrimonio se verificó a lo menos un año antes de la fecha del fallecimiento salvo el caso de que existan hijos legitimados.

Artículo 66.- El Consejo Directivo podrá suspender el pago de una pensión de montepío, fundándose en alguna de las causales contempladas en el Nº 6 del artículo 64.- Los antecedentes de esta resolución se remitirán a la Corte de Apelaciones de Santiago, la que resolverá, sin ulterior recurso, después de oír al interesado o recibir la prueba ofrecida manteniendo o revocando la resolución del Consejo.

Las resoluciones que sobre el particular se dicten no producirán cosa juzgada."

Seguro de vida: Artículo 58.

"Artículo 58.- El seguro de vida será equivalente a dos años de sueldo que se computará de acuerdo con el último sueldo percibido y se pagará directamente, al fallecimiento del imponente, al o a los beneficiarios, los cuales serán necesariamente, en primer lugar, la esposa y los hijos legítimos; a falta de éstos, los hijos naturales o ilegítimos; o a falta de estos últimos, la madre, y a falta de todos los anteriores el imponente podrá determinar a cualquiera de sus colaterales hasta el 4º grado de consanguinidad. El 50% del seguro de vida corresponderá a la esposa concurriendo en el saldo, en igual proporción, los hijos legítimos. En el caso de hijos naturales o ilegítimos concurrirán todos ellos en igual proporción a su número.

Sólo en el cuarto caso podrá el imponente asignar el todo o parte a las personas indicadas en el inciso precedente.

Para tener derecho a este seguro bastará con acreditar un año de imposiciones.

El seguro de vida de los imponentes deberá ser extendido por la Caja en una póliza en la cual quedarán determinadas la persona o personas que, de acuerdo con las disposiciones del presente artículo, deberán gozar del seguro al fallecimiento del asegurado, para cuyo efecto éste deberá proporcionar en su oportunidad los antecedentes del caso a la Caja.

El pago del seguro se efectuará con la sola exhibición del certificado de defunción respectivo.

La Caja pagará sin responsabilidad para ella el 50% del valor del seguro a las personas designadas en la última declaración estadística y con la sola presentación del certificado de defunción respectivo.

El 50% restante se pagará cuando se acreditaren legalmente los derechos indicados en el presente artículo."

b) Artículos 8º, 16, 17 y 18 de la ley Nº 10.475.

"Artículo 8°.- La Caja concederá a los imponentes los siguientes beneficios:

a) Pensión de jubilación por invalidez;

b) Pensión de jubilación por antigüedad;

c) Pensión de jubilación por vejez;

d) Pensión de viudez y orfandad;

e) Cuota mortuoria;

f) Retiro de fondos, y

g) Reajuste de pensiones.

Para los efectos de calcular los beneficios se considerará sueldo base el promedio de las remuneraciones imponibles afectas al fondo de retiro, y percibidas en los 60 meses que preceden al momento de otorgar el beneficio. Para este efecto las remuneraciones imponibles percibidas durante los primeros 24 meses se multiplicarán por la relación existente entre el sueldo vital de Santiago vigente el último mes y el que regía en cada uno de aquéllos. Los demás se tomarán por su valor efectivo.

Para calcular los beneficios por invalidez o por muerte de los imponentes que tengan más de tres y menos de cinco años de imposiciones, se considerará sueldo base mensual el promedio de los sueldos por los cuales se haya hecho imposiciones, aplicando la ponderación establecida en el inciso anterior sólo a los sueldos imponibles de los meses anteriores a los últimos 36 meses.

El monto del sueldo base no podrá ser en ningún caso superior a dos veces la remuneración media por la cual el imponente haya impuesto durante los últimos diez años que preceden al otorgamiento del beneficio. Para determinar esta remuneración media, las remuneraciones efectivas imponibles se expresarán en relación con los respectivos sueldos vitales de la época en que fueron percibidos."

Artículo 16.- Las pensiones de viudez serán iguales a un 40% del sueldo base establecido en el artículo 8° o de la pensión de jubilación, en su caso, para los siguientes beneficiarios:

El cónyuge sobreviviente inválido, y La cónyuge sobreviviente.

Las pensiones de orfandad serán de un 15% del sueldo o de la pensión de jubilación, por cada uno de los siguientes beneficiarios:

Hijos legítimos, naturales o adoptivos menores de 18 años;

Hijos legítimos, naturales o adoptivos inválidos de cualquiera edad;

Hijos legítimos naturales o adoptivos mayores de 18 años y menores de 25 años que acrediten fehacientemente ser estudiantes secundarios, universitarios o de enseñanza especial, y Los ascendientes legítimos que carezcan de renta.

En el caso de no existir cónyuge sobreviviente, la mitad de la pensión que le hubiere correspondido acrecerá la cuota de los demás beneficiarios. Si algunos de éstos perdiere el derecho a pensión o falleciere, su parte en esta cuota beneficiará a los demás.

El máximo de las pensiones de viudez y orfandad será de un 70% del sueldo base o de la pensión de jubilación, en su caso, para el conjunto de los beneficiarios de un imponente que haya recibido de alguna institución de previsión préstamos hipotecarios para adquirir casa habitación o casa de la Caja de la Habitación. Este máximo será de la totalidad del sueldo base o de la pensión de jubilación para los beneficiarios de un imponente que no haya recibido estos beneficios.

En todo caso, las reducciones que resulten de la aplicación del máximo señalado en el inciso anterior, se harán a cada beneficiario a prorrata de las respectivas cuotas las que acrecerán también proporcionalmente dentro de los límites respectivos a medida que alguno de los beneficiarios deje de tener derecho a pensión o fallezca.

Los beneficiarios señalados en la letra

c), del inciso 2º del presente artículo perderán sus derechos si repitieren el mismo curso más de una vez.

Las pensiones que se establecen en este artículo se otorgarán siempre que el causante haya tenido tres años de imposiciones a lo menos. El plazo mínimo de afiliación de tres años se alargará para los imponentes mayores de treinta años, en un año por cada cinco años cumplidos a contar de esa edad. Para el cómputo de estos plazos no se considerarán las imposiciones retrospectivas."

"Artículo 17.- El derecho a las pensiones de viudez y orfandad se extinguirá por fallecimiento o por pérdida de las condiciones establecidas en el artículo anterior.

Las viudas que contrajeren matrimonio perderán el derecho a pensión. Sin embargo, tendrán derecho a que se les pague por una sola vez el equivalente de dos años de su parte de pensión. En todo caso, la mitad de la pensión acrecerá en favor de los demás beneficiarios."

"Artículo 18.- Los beneficiarios de las pensiones de viudez u orfandad tendrán derecho a recibir una cuota mortuoria única equivalente a cuatro sueldos vitales de la ciudad de Santiago.

El imponente o jubilado tendrá derecho a señalar a cual beneficiario se pagará esta cuota mortuoria. En caso de no haberlo hecho, se pagará al cónyuge sobreviviente y, falta de éste, a la persona de la familia que acredite haberse hecho cargo de los funerales."

c) Artículos 1º al 7º de la ley Nº 15.386.

"Artículo 1º.- Créase el Fondo de Revalorización de Pensiones, que tendrá por objeto financiar un régimen de pensiones mínimas, compensar el deterioro sufrido por las pensiones de regímenes previsionales a causa de la desvalorización monetaria y mantener sus montos revalorizados de acuerdo con las disposiciones establecidas en esta ley.

En las instituciones de previsión social en que exista un régimen de reajuste automático de pensiones, se aplicará la revalorización con carácter complementario con cargo a los recursos propios de la institución cuando tengan excedentes en sus respectivos Fondos de Pensiones o Fondo Común de Beneficios y de acuerdo con las normas e índices que establezca la Comisión Revalorizadora de Pensiones. Asimismo, en estos casos el mayor gasto por los nuevos montos mínimos que se fijan a las pensiones, será de cargo de la respectiva institución.

Los organismos a que se refiere el inciso anterior continuarán aplicando las normas de sus respectivos estatutos orgánicos sobre reajuste automático. No obstante, en todos aquellos casos en que el monto de la pensión reajustada resulte inferior al monto de la misma pensión, revalorizada según los índices que establezca la Comisión Revalorizadora, la institución estará obligada a pagar este último monto.

La institución de aquellas a que se refiere el inciso 2º que no dispusiere en un ejercicio de los excedentes suficientes en sus Fondos de Pensiones para dar cumplimiento a lo dispuesto en los incisos anteriores, se incorpora en el ejercicio siguiente al régimen general establecido en la presente ley y le serán aplicables todas sus disposiciones.

La revalorización no se aplicará a las pensiones por disposiciones generales o especiales gocen del derecho a reajuste automático en relación a sus similares en servicio activo.

Para los efectos de la aplicación de este artículo se considerarán como instituciones de Previsión las Secciones o Departamentos que comprendan grupos específicos de imponentes y que estén regidos por leyes orgánicas especiales.

Artículo 2º.- Los recursos del Fondo de Revalorización se aplicarán a los siguientes fines:

a) A financiar en primer término y de preferencia el mayor gasto que le signifique a las instituciones de previsión afectas al Fondo, el régimen de pensiones mínimas que establece el artículo 26.

b) A revalorizar las pensiones que no excedan de seis sueldos vitales escala a) del departamento de Santiago, y a mantener su valor adquisitivo en conformidad a las disposiciones de la presente ley.

La Comisión, al fijar la distribución anual de los recursos, deberá hacer provisiones para responder al aumento de gastos que pueda producirse por la concesión de nuevas pensiones mínimas y para prevenir posible déficit.

Artículo 3º.- Los recursos del Fondo de Revalorización se contabilizarán en una cuenta especial que deberá abrir y mantener la Tesorería General de la República, sin perjuicio de lo dispuesto en la letra b) del artículo 13.

Los aumentos de tasa, nuevos tributos o gravámenes que se establecen en la presente ley y que deben recaudarse por el Servicio de Tesorería se contabilizarán en una cuenta especial de depósitos que deberá abrirse para tal efecto. Con este fin, y en lo que respecta al impuesto a las compraventas de la ley Nº 12.120, la Contraloría General de la República traspasará mensualmente, de las cuentas de rentas pertinentes, a la cuenta especial a que se alude anteriormente, el porcentaje equivalente a los aumentos de tasas de estos tributos, de acuerdo con el dato que le proporcione la Tesorería General de la República.

Todos los aportes que deban hacerse al Fondo de Revalorización de Pensiones se integrarán mensualmente, por duodécimos, dentro de los primeros cinco días de cada mes. El Reglamento establecerá las normas necesarias para garantizar la oportuna recaudación de los ingresos y fijará las sanciones por el incumplimiento de las disposiciones respectivas.

Los excedentes anuales del Fondo incrementarán los recursos del ejercicio siguiente.

Los giros sobre los fondos se harán por el Secretario de la Comisión Revalorizadora, por intermedio de la Tesorería General de la República. El Tesorero General estará obligado a efectuar los traspasos de fondos dentro del plazo de 8 días contado desde la fecha del giro.

Artículo 4º.- La revalorización anual de pensiones deberá atenerse a los siguientes factores:

a) Año en que se otorgó la pensión y su monto en esa época. En el caso de las rejubilaciones se tomará como año inicial el de concesión de la última pensión y, cuando se trate de más de una pensión, el de concesión de cada una de ellas;

b) Valor de las pensiones al 30 de junio del año anterior al que corresponda hacer el pago de la revalorización;

c) Valor adquisitivo que correspondería a la pensión al 30 de junio del año anterior al año en que corresponda hacer el pago de la revalorización. Este valor se determinará sobre la base de la relación que exista entre el índice de precios al consumidor en la fecha indicada y el del año inicial de vigencia de la pensión. Los índices que se considerarán serán los establecidos por la Dirección de Estadística y Censos;

d) El deterioro sufrido por la pensión, que se determinará estableciendo la diferencia entre el monto de la pensión calculada de acuerdo a la letra c) anterior y su monto vigente al 30 de junio del año anterior al año que corresponda hacer el pago de la revalorización, y

e) Monto de los recursos disponibles en el Fondo de Revalorización de Pensiones para el año en que corresponda hacer el pago de la revalorización.

Artículo 5º.- En el caso de las pensiones de montepío causadas por jubilados y cuyo monto inicial fue determinado como porcentaje de la respectiva jubilación, el valor adquisitivo a que se refiere la letra

c) del artículo 4° se establecerá de acuerdo con el siguiente procedimiento:

a) Se calculará el valor adquisitivo de la respectiva jubilación, revalorizándola a contar desde el año de su concesión, y

b) Se aplicará el porcentaje que corresponda como pensión de montepío al valor adquisitivo de la jubilación, calculado en conformidad a la letra anterior.

Artículo 6º.- No obstante lo dispuesto en el artículo 4º, el reajuste por concepto de revalorización que corresponde a las pensiones de jubilación del personal de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado se practicará conforme a las normas establecidas en los incisos 1º, 3º y 5º del artículo 25 de la ley Nº 11.764 para cuyo efecto se destinará la cantidad proporcional del total anual recaudado por el Fondo Revalorizador de Pensiones.

Para determinar el cargo del similar en servicio activo en las plantas del respectivo Servicio, a que se refieren las disposiciones citadas en el artículo 25 de la ley Nº 11.764, se tomará como base el grado del sueldo o jornal y considerando especialmente la categoría o jerarquía del cargo con que jubiló el pensionado.

Si por reestructuración del Servicio, fusión u otras causas no existiere el cargo en la planta del respectivo Servicio, como entre otros, los que jubilaron con grados flotantes se asimilarán al grado, jornal o jerarquía equivalente.

El valor de las pensiones mínimas de los pensionados a que se refiere el presente artículo será de cargo al Fondo General de Revalorización de Pensiones.

Artículo 7º.- Estarán afectas al beneficio de la revalorización las pensiones vigentes al 1º de enero del año anterior a aquel en que se aplicará la revalorización.

Las pensiones superiores a seis sueldos vitales escala a) del departamento de Santiago, vigentes al 30 de junio del año anterior a aquel en que se aplique la revalorización, no gozarán del beneficio de la revalorización ni tampoco por aplicación del mecanismo de revalorización, podrá ninguna pensión exceder de dicho límite.

Si los recursos destinados a revalorizar las pensiones no alcanzaren para devolverles el 75% del deterioro sufrido, los límites anteriores se reducirán a cinco sueldos vitales escala a) del departamento de Santiago, y a cuatro de dichos sueldos vitales, cuando no alcanzaren para financiar el 50% del deterioro de las pensiones.

Para aplicar los límites a que se refiere el presente artículo, se sumarán las pensiones o cuotas de pensiones, actuales o revalorizadas, en su caso, que correspondan a un mismo beneficiario, cualesquiera que sean las instituciones que las paguen, y también los demás ingresos tributables que perciba el pensionado por el ejercicio de cualquier actividad remunerada determinados por su declaración de impuesto a la renta.

Las normas de este artículo se aplicarán por todas las instituciones de previsión que otorguen el beneficio de revalorización, estén o no afectas al Fondo."

d) Artículos 1º y 2º de la ley Nº 17.343

"Artículo 1º.- Introdúcense las siguientes modificaciones al régimen de prestaciones contenido en el D.F.L. Nº 1340 bis, de 1930, para la Sección Empleados Públicos de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas:

Reemplázase el régimen de montepíos por el de pensiones de viudez y orfandad que se aplica a los empleados particulares, de acuerdo con la ley Nº 10.475, salvo en lo relativo a su reajuste, en que continuará sujeto exclusivamente a la ley Nº 15.386.

Asimismo, el sueldo base de las pensiones será el que establece el artículo 19 del D.F.L. Nº 1340 bis, de 1930, o el monto de la última pensión de que disfrutaba el causante en caso de que fallezca el pensionado.

Artículo 2º.- Auméntase en 50% y para el solo efecto de la revalorización contemplada en la ley Nº 15.386, el monto inicial de las pensiones de montepío otorgada por la Sección Empleados Públicos y que se encuentren vigentes al 31 de diciembre de 1970.

Para estos efectos, y a contar de 1971 y en los años sucesivos, la Caja consultará en su presupuesto una suma equivalente al 50% de la que considere para el pago del beneficio de seguros de vida que contempla su ley orgánica, la que transferirá al Fondo de Revalorización de Pensiones, por duodécimos."

En virtud de las consideraciones anteriores y de las que dará oportunamente el señor Diputado informante, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social solicita a la Honorable Cámara la aprobación del siguiente

Proyecto de ley:

"Artículo 1º.- Reemplázase el régimen de montepío establecido en el párrafo XI de la ley Nº 10.621, para el personal de empresas periodísticas y Agencias Noticiosas, por el de pensiones de viudez y orfandad que se aplica a los empleados particulares de acuerdo con la ley Nº 10.475, salvo en lo relativo a su reajuste en que quedará sujeto exclusivamente a la ley Nº 15.386. Asimismo, el sueldo base para calcular las pensiones continuará siendo el que establece el artículo 62 de la ley Nº 10.621.

Artículo 2º.- Auméntase en 50% y para el solo efecto de aplicar la revalorización de pensiones contemplada en la ley Nº 15.386, el monto inicial de las pensiones de montepío otorgadas por el Departamento de Periodistas de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, que se encuentren vigentes al 31 de diciembre de 1972.

Para estos efectos, a contar desde 1973 y en los años sucesivos, el Departamento consultará en su presupuesto una suma equivalente a la que considere para el pago del beneficio de seguro de vida que contempla la ley Nº 10.621, la que transferirá al Fondo de Revalorización de Pensiones por duodécimos.

Artículo 3º.- El mayor gasto que represente la aplicación del artículo lº y del inciso 29 del artículo 29 de la presente ley, se realizará con cargo a los recursos generales de la institución.

Artículo 4º.- La presente ley regirá a contar desde el 1º de enero de 1973."

Sala de la Comisión, a 3 de abril de 1973.

Acordado en sesión de igual fecha con asistencia de los señores Mosquera (Presidente), Arnello, Cardemil, Fuentealba don Luis, Guerra, Monckeberg, Olave, Salinas don Anatolio y Robles.

Se designó Diputado informante al señor Olave.

(Fdo.): Fernando Errázuriz Guzmán, Secretario de Comisiones."

INFORME DE LA COMISION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Honorable Cámara:

La Comisión de Trabajo y Seguridad Social pasa a informar el proyecto de ley de origen en un Mensaje sobre el proyecto de ley que incorpora al gremio de suplementeros a los beneficios del Seguro Social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, contemplados en la ley Nº 16.744.

Colaboraron en el estudio de esta iniciativa el Director del Servicio de Seguro Social, don Galvarino Melo y el asesor de la Subsecretaría de Previsión Social, don Pedro Baeza.

La ley Nº 17.393, de 3 de diciembre de 1970, estableció el régimen previsional para el gremio de los suplementeros.

El proyecto en informe tiene por objeto perfeccionar este régimen, incorporando a estos trabajadores a los beneficios del seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales contemplados en la ley Nº 16.744.

El artículo 1° de la ley Nº 17.393, señala:

"Artículo 1º.- Se entiende por suplementeros a las personas que obtengan sus medios de subsistencia de la venta habitual al público de diarios, revistas y otros impresos periódicos.

Los suplementeros quedarán acogidos al régimen previsional del Servicio de Seguro Social y disfrutarán de todos los beneficios contemplados en la ley Nº 10.383 y en los D.F.L. Nºs. 243 y 245 de 1953, y sus modificaciones con las modalidades especiales que la presente ley establece".

El artículo 1º del proyecto en informe agrega una frase al inciso segundo del artículo antes transcrito con el objeto de que los suplementeros también queden afectos al seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales establecidos en la ley Nº 16.744, debiendo estos trabajadores imponer la cotización básica del 1% contemplada en la letra a) del artículo 15 de la ley Nº 16.744 sobre su renta personal declarada.

El artículo 9° de la ley Nº 17.393, expresa:

"Artículo 9º.- Los asegurados suplementeros estarán obligados a efectuar las imposiciones que establece la letra a) del artículo 3º por todo el tiempo en que desempeñen su actividad.

La Asociación Nacional de la Prensa, en Santiago, y las empresas periodísticas de las localidades de provincias, recaudarán en forma mensual las imposiciones establecidas en la letra a) del artículo 39, las que deberán integrar dentro de 30 días al Servicio de Seguro Social. No obstante el Servicio de Seguro Social podrá autorizar en casos calificados el pago directo de las imposiciones por el propio beneficiario."

La segunda modificación que introduce el artículo 1º del proyecto en informe a la ley Nº 17.393, consiste en sustituir en el inciso segundo del artículo 9º transcrito, el guarismo "30" por "10", con el objeto de reducir el plazo, de que disponen la Asociación Nacional de la Prensa, en Santiago y las empresas periodísticas de las localidades de provincia para enterar en el Servicio de Seguro Social las imposiciones que recaudan.

Dicho plazo es actualmente de 30 días y se propone reducirlo a 10 días, término este último contemplado en todos los regímenes previsionales para estos efectos. De esta manera según se señaló en la Comisión, se lograría una mayor ordenación en el flujo de recursos que recibe el Servicio de Seguro Social y, al mismo tiempo, se adecuaría el régimen previsional de los suplementeros, en esta parte, al sistema general.

Las dos últimas disposiciones del proyecto en informe tienen por objeto beneficiar a sectores importantes de suplementeros que no pudieron impetrar el beneficio de servicios, ni optar por las pensiones especiales señaladas en el artículo 1º transitorio de la ley Nº 17.393. Se trata de otorgar un nuevo plazo de 180 días a las personas que tienen derecho a las pensiones del citado artículo 1º transitorio y que gozan de otra pensión, para que puedan optar por aquéllas, y de rebajar a 40 años de edad el requisito exigido por el artículo segundo transitorio para la obtención del reconocimiento de servicios anteriores.

Para una mejor comprensión de estas últimas modificaciones, se transcriben los artículos 1º y 2º transitorios de la ley Nº 17.393.

"Artículo 1º transitorio.- Los suplementeros que a la fecha de vigencia de esta ley, perciban pensión del Departamento de Seguro y Socorro de la Asociación de la Prensa, pasarán a percibir pensión mínima de la ley Nº 10.385.

Asimismo, los suplementeros que a la fecha de publicación de la presente ley, contaren con 65 años de edad, si son varones y con 55 si son mujeres, tendrán derecho a percibir la pensión a que se refiere el inciso primero de esta disposición, siempre que acrediten haberse desempeñado cinco años, a lo menos, como suplementeros, o registren tres años como imponentes de cualquiera institución de previsión.

Las pensiones a que se refiere este artículo, serán incompatibles con cualquiera otra que perciba el beneficiario, el que podrá optar por la que concede la presente ley dentro del plazo de noventa días de publicada ella en el Diario Oficial."

"Artículo 2º transitorio.- Las personas señaladas en el artículo 11 de esta ley que se incorporen a sus beneficios durante el primer año de su vigencia, y que dentro de ese período cumplieron 45 ó 55 años de edad, según se trate de mujeres u hombres, respectivamente, tendrán derecho a obtener el reconocimiento de los servicios que hubieren prestado en calidad de suplementeros con anterioridad a la fecha de vigencia de la presente ley y por un período no superior a 10 años.

Para este efecto, integrarán la imposición del 15% establecida en la letra a) del artículo 3º de la presente ley, con el interés del 6% anual. El Servicio de Seguro Social podrá otorgar un préstamo para el integro de las imposiciones, en la forma y condiciones que fije el reglamento.

Corresponderá al Servicio de Seguro Social calificar la procedencia de este reconocimiento. De la resolución que dicte el Servicio, podrá reclamarse ante la Superintendencia de Seguridad Social dentro del plazo de 30 días contado desde su notificación al interesado.".

En virtud de las consideraciones anteriores y de las que dará oportunamente el señor Diputado informante, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social solicita a la Honorable Cámara la aprobación del siguiente

Proyecto de ley:

"Artículo 1º.- Introdúcese a la ley Nº 17.393, de 3 de diciembre de 1970, las siguientes modificaciones:

Agrégase en el inciso segundo del artículo 1º a continuación del punto (.) -que pasa a ser seguido- la siguiente frase: "También quedarán afectos al seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales establecido en la ley Nº 16.744, debiendo efectuar de su cargo la Cotización básica general del 1% a que se refiere la letra a) del artículo 15 de dicha ley sobre su renta personal declarada".

Sustitúyase en el inciso segundo del artículo 9º el guarismo "30" por "10".

Artículo 2º.- Concédese un nuevo plazo de 180 días, contado desde la publicación de esta ley, a las personas que se refiere el artículo 1º transitorio de la ley Nº 17.393, que gozan de otra pensión, para que puedan optar por las pensiones contempladas en dicho precepto.

Artículo 3º.- Los asegurados suplementeros incorporados al régimen de la ley Nº 17.393 antes del 2 de abril de 1972 y que a esta fecha tenían cuarenta o más años de edad, tendrán derecho a impetrar el reconocimiento de servicios contemplado en el artículo 2º transitorio de esa ley."

Sala de la Comisión, a 3 de abril de 1973.

Acordado en sesión de igual fecha con asistencia de los señores Mosquera (Presidente), Arnello, Cardemil, Fuentealba, don Luis; Guerra, Monckeberg, Olave, Salinas, don Anatolio y Robles.

Se designa Diputado informante al señor Arnello.

(Fdo.): Fernando Errázuriz Guzmán, Secretario de la Comisión."

INFORME DE LA COMISION DE EDUCACION PÚBLICA

"Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Educación Pública pasa a informaros un proyecto de ley, de origen en un Mensaje, mediante el cual se fija el horario de trabajo del personal de la Planta Profesional del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas del Ministerio de Educación Pública.

Durante el estudio de esta iniciativa, la Comisión escuchó al señor Gregorio Quinteros Reyes, en representación del Director del citado Centro de Perfeccionamiento.

Esta iniciativa satisface la aspiración del personal profesional del Centro de Perfeccionamiento quienes, con fecha 20 de mayo de 1971 formularon una petición el Ejecutivo a través del señor Ministro de Educación, para obtener una modificación de su jornada de trabajo, invocando en su presentación las disposiciones legales que crearon esta Oficina, tales como el artículo 50 de la ley Nº 16.617, decreto Nº 6.494, reglamentario del Centro, y del mismo modo el Decreto con Fuerza de Ley Nº 767, que expresan la definición y campo de actividad que se entrega a esta institución que es, en verdad, un órgano docente de nivel superior, destinado a la investigación, experimentación y perfeccionamiento del Magisterio Nacional.

Esta actividad, consecuencialmente, no se debe enmarcar en forma rígida de horario, ya que ella obliga a funciones intensivas, desarrolladas en ocasiones en horarios vespertinos y fuera de este laboratorio, ya que a veces corresponde salir a provincias y dictar jornadas a full time, sin límites de hora, o bien en días festivos o feriados.

Por este proyecto se busca entregar la libertad académica necesaria para cumplir funciones de investigación y experimentación científica a objeto de obtener un resultado cualitativo satisfactorio en el perfeccionamiento de la comunicación didáctica. Todo ello, en forma armónica, partiendo de la base de un equipo de profesionales indiscriminados en la nomenclatura de su campo de actividad, ya sean ellos docentes, investigadores, ayudantes, técnicos, etcétera, que buscan su adaptación a las características especiales de la institución. Por ello es indispensable eliminar todo lo que pueda entrañar trato discriminatorio entre los integrantes del Centro.

Tal propósito se puede obtener mediante la disposición legal contenida en el proyecto en estudio, ya que se lograría la flexibilidad requerida en las jornadas de trabajo de los profesionales que se desempeñan en él.

Vuestra Comisión ha dado su aprobación al proyecto en forma unánime, en los mismos términos en que se encuentra concebido.

Por las consideraciones anteriores, vuestra Comisión tiene a honra proponeros la aprobación del siguiente

Proyecto de ley:

"Artículo único.- El personal de la Planta Profesional del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas del Ministerio de Educación, cumplirá un horario semanal de 33 horas, las cuales serán distribuidas por la Dirección de la Institución, de acuerdo con la naturaleza del trabajo y a las necesidades del servicio.".

Sala de la Comisión, a 2 de abril de 1973.

Acordado en sesión de fecha 28 de marzo de 1973, con asistencia de los señores Koenig (Presidente accidental), Amunátegui, Carrasco, Salinas, don Anatolio; y Vergara.

Se designó Diputado informante al señor Carrasco.

(Fdo.): José Benavides Lizana, Secretario."

INFORME DE LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

"Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Obras Públicas y Transportes pasa a informaros un proyecto de ley, originado en un Mensaje, que establece normas relacionadas con determinados beneficios percibidos por el personal de empleados y obreros de la Empresa Portuaria de Chile.

Durante el debate habido en la Comisión se tuvo la oportunidad de conocer las observaciones que le merece esta iniciativa legal a la Empresa Portuaria de Chile, por intermedio de los señores Hernán Rojas y René Aravena, subdirector e Inspector Contralor, respectivamente, de esta repartición fiscal como, también, escuchó a los señores Santiago Casanova y José Jorquera, Secretario de Previsión y Bienestar y dirigente Nacional, respectivamente, de la Federación de Empleados Portuarios, quienes argumentaron en favor de la aprobación del proyecto de ley en informe y contestaron diversas consultas que le formularon los señores Diputados, miembros de la Comisión.

La Empresa Portuaria de Chile se creó por D.F.L. Nº 290, de 1960, suprimiéndose para tal efecto el Servicio de Explotación de Puertos que existía hasta esa fecha. En lo que respecta a su personal, éste continuó gozando de los beneficios previsionales y económicos que tenían los obreros del ex Servicio de Explotación de Puertos. De entre éstos es menester señalar el contemplado en el artículo 6º de la ley Nº 13.023, de 26 de septiembre de 1958, que dispuso que el pago de los feriados, permisos y licencias al personal en servicio, se hará sobre la base del promedio de remuneraciones de los últimos seis meses.

Por otro lado, el personal de empleados y obreros de la mencionada Empresa percibe horas extraordinarias, beneficio que por la naturaleza del trabajo que debe ejecutar en la atención de los servicios portuarios se hace plenamente justificado, llegando a constituir en algunos casos un fuerte porcentaje de la remuneración que este personal gana mensualmente. En la aplicación de estas dos disposiciones legales antes comentadas, se consideraba en el promedio aludido para el caso del personal que estuviera con licencia médica, permiso o feriado, también las horas extraordinarias que trabajaba en días hábiles de 12 a 14 y de 00 a 08 horas, los días sábados después de las 12 horas y los días domingos y festivos, ya que el mismo artículo 6º de la ley Nº 13.023 se refirió a la "remuneración" y no a "sueldo" y, conforme a lo dispuesto en el artículo 2º del D.F.L. Nº 338, de 1960, sobre Estatuto Administrativo, se debe entender por remuneración cualquier estipendio que el empleado o funcionario tenga derecho a percibir en razón de su empleo o función, por lo tanto, se estaba haciendo una buena aplicación de la norma legal en cuanto al cálculo del promedio exigido para el caso del personal en situación especial.

Ahora bien, esta situación que no había merecido observación de parte del Poder Ejecutivo ni del Legislativo, ni menos de los servicios a quienes le correspondía ejercer fiscalización sobre la citada Empresa Portuaria de Chile, cambió fundamentalmente en el año 1970, a raíz de la dictación de la ley Nº 17.171, de fecha 2 de enero de 1970, que aprobó el Presupuesto de Gastos y el Cálculo de Entradas de la Nación para ese año, que en su artículo 148 dispuso que, "el pago de trabajos extraordinarios -autorizados de acuerdo con las disposiciones legales vigentes- sólo deberá corresponder a horas efectivamente trabajadas y en ningún caso se considerarán de carácter permanente ni darán derecho a otros beneficios que los que correspondan a las horas trabajadas. Esto será aplicable para los pagos-pendientes de años anteriores". Esta norma transcrita se reiteró nuevamente en el artículo 108 de la ley Nº 17.399, que aprobó el Presupuesto para 1971.

Por otra parte, la Contraloría General de la República en la interpretación de las normas transcritas anteriormente, ha dictado que en el caso de los empleados y obreros de la Empresa Portuaria de Chile, no se les debe considerar las horas extraordinarias en el cálculo del beneficio dispuesto el artículo 6º de la ley Nº 13.023, que obliga a pagar los feriados, licencias y permisos del personal portuario, sobre la base del promedio de las remuneraciones de los seis últimos meses.

Como es de suponer, esta interpretación del organismo contralor, ajustada a derecho por lo estipulado en las leyes Nºs. 17.271 y 17.399, ha venido a perjudicar notoriamente al personal de la Empresa aludida y, a pesar de que en leyes posteriores se ha solucionado esta situación, se da el caso la Contraloría General de la República ha objetado los pagos efectuados en los años 1970 y 1971 y ha ordenado la devolución de lo percibido indebidamente.

Por antecedentes proporcionados en la Comisión por los dirigentes de la Federación de Empleados Portuarios de Chile, el personal considera como un derecho adquirido el beneficio de las horas extraordinarias, máxime cuando debe estar fuera del servicio por licencia médica, hecho que es muchas veces ajeno a su voluntad y que trae consigo mayores gastos en el presupuesto del obrero o empleado afectado y desean que este incremento de su remuneraciones por las horas extraordinarias se le continúe considerando en el cálculo del promedio para los efectos de la aplicación del artículo 6º de la ley Nº 13.023. Agregaron estos dirigentes, que el personal no se encuentra en condiciones de poder devolver los pagos que objeta la Contraloría General de la República y que de llevarse, adelante el cumplimiento del dictamen, se les crearía una situación bastante difícil.

Es conveniente consignar que otros servicios del Estado, con motivo de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 148 de la ley Nº 17.271, han obtenido interpretaciones favorables en cuanto a la consideración de sus horas' extraordinarias. Es así como se puede mencionar, por vía de ejemplo, que el artículo 5º de la ley Nº.17.393, benefició al personal del Servicio Nacional de Salud, y el artículo 86 de la ley Nº 17.416, hizo extensivo esta interpretación al personal médico y paramédico de las Fuerzas Armadas y Carabineros.

Finalmente, se expresó en el debate habido en la Comisión, que de continuar vigente la interpretación dada por la Contraloría General de la República, en el sentido de devolver lo percibido indebidamente por el personal de la Empresa Portuaria de Chile, a su vez, a éstos se les debía devolver la parte proporcional de las imposiciones efectuadas en la Caja de Previsión respectiva y descontada por el pago del promedio de las remuneraciones de los últimos seis meses que incluía las horas extraordinarias.

Vuestra Comisión, después de un detenido debate, prestó su aprobación por unanimidad a este proyecto de ley, en consideración a los antecedentes antes expuestos y, principalmente, por estimar que, sin objetar la interpretación de la Contraloría General de la República, la que se ha ajustado a derecho, no fue la intención del legislador perjudicar a un personal con una norma de esta especie.

Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 153 del Reglamento Interior de la Corporación, se deja constancia que esta iniciativa legal no debe ser estudiada por la Comisión de Hacienda y que no se rechazó disposición ni indicación alguna.

En consecuencia, os propone que le prestéis vuestra aprobación en los mismos términos, concebidos en el tenor siguiente

Proyecto de ley:

"Artículo único.- Declárase que el artículo 148 de la ley Nº 17.271 y el artículo 108 de la ley Nº 17.399 no han sido aplicables a los trabajos realizados en forma habitual y permanente los días domingos y festivos y, asimismo, los realizados en días hábiles de 12 a 14 y de 00 a 08 horas y, los días sábados pasadas las 12 horas, por el personal de empleados y obreros de la Empresa Portuaria de Chile.

Declárase bien cancelados los montos que en virtud de lo dispuesto en el artículo 6º de la ley Nº 13.023 fueron percibibos por el personal de empleados y obreros de la Empresa Portuaria de Chile por los años 1970 y 1971.".

Sala de la Comisión, a 9 de abril de 1973.

Acordado en sesión de fecha 3 del mismo mes, con asistencia de la señora Retamal, doña Blanca (Presidenta accidental), y de los señores Carvajal, Irribarra, Marín, Mosquera, Robles, Tapia y Vergara.

Diputado informante se designó al señor Carvajal.

(Fdo.): Luis Pinto Leighton, Secretario de la Comisión."

INFORME DE LA COMISION DE DEFENSA NACIONAL, EDUCACION FISICA Y DEPORTES

Recaído en el proyecto de ley que aumenta la Planta de la Armada Nacional.

INFORME DE LA COMISION DE ACUSACION CONSTITUCIONAL

"Honorable Cámara:

La Comisión de Acusación designada por la Corporación, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 39, atribución primera, de la Carta Fundamental, pasa a informar la Acusación Constitucional presentada el día 28 de marzo del año en curso por los señores Argandoña, Barrionuevo, Palza, Penna, Ramírez, Ruiz-Esquide, don Mariano; Saavedra, doña Wilna; Tudela, Valenzuela, Vergara y Zaldívar, en contra del señor Intendente de Santiago don Jaime Faivovich Waissbluth "por la causal de infracción al artículo 89 de la Constitución Política del Estado".

En la sesión celebrada el día 3 de abril en curso, la Cámara procedió, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 262 del Reglamento, a elegir a la suerte a quienes debían integrar esta Comisión de Acusación. La Comisión así elegida, quedó formada por los siguientes señores Diputados: Gustavo Cardemil Alfaro, Eduardo Clavel Amión, Fernando Maturana Erbetta, Mario Palestro Rojas y Mario Riquelme Acuña.

De acuerdo con lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 84 del Reglamento, la Comisión fue citada para constituirse a las 11 horas del día miércoles 4 del presente.

En esa misma sesión fue elegido Presidente de la Comisión el señor Diputadodon Eduardo Clavel Amión.

En la misma oportunidad se adoptaron diversos acuerdos para el desempeño de la Comisión, entre ellos, celebrar sesiones ordinarias el mismo día miércoles 4, de 18 a 20 horas, y los restantes días del plazo de que dispone la Comisión, de 11 a 13 y de 17 a 22 horas; remitir diversos oficios, y citar o invitar a algunas personas relacionadas con los hechos aludidos en el libelo acusatorio, facultándose a la Mesa para ordenar el horario de comparecencia de dichas personas.

Con el objeto de reunir antecedentes que contribuyeran a formar el criterio de la Comisión respecto de los cargos formulados por los Diputados Acusadores, la Comisión acordó remitir los siguientes oficios: al señor Ministro del Interior, al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, al señor General Director de Carabineros de Chile, al señor Vicepresidente de la Corporación de Mejoramiento Urbano, al señor Vicepresidente de la Caja de Previsión de los Carabineros de Chile, al señor Contralor General de la República, al señor Ministro de la Corte de Apelaciones deSantiago, don Gustavo Chamorro, al señor Juez de Letras de Santiago del 8º Juzgado del Crimen de Mayor Cuantía, al señor Director del Canal 9 de Televisión, al señor Director del Instituto Médico Legal, al señor Fiscal de la 2ºFiscalía Militar, al señor Alcalde de la I. Municipalidad de La Reina y al señor Intendente acusado.

La Comisión contó con la asistencia de Taquígrafos de la Corporación, por lo que existen actas circunstanciadas del debate, de los interrogatorios y de todo lo ocurrido durante su desempeño. Estas actas fueron impresas y puestas oportunamente a disposición de los señores Diputados.

Junto a los miembros titulares de la Comisión, asistieron a las sesiones, los Diputados señores Carrasco, Frei, Frías, Guerra, Recabarren, Ríos, don Héctor: Rodríguez, Schleyer, Solís, Sharpe, Tapia y Torres.

Concurrieron, ya sea como invitados o citados por la Comisión, por orden de comparecencia, las siguientes personas: don Eduardo San Martín Barayón, Alcalde de la Municipalidad de La Reina; don Salomón Kamhi Avayú, Director de Obras del mismo Municipio; don Leonel Bastías, Abogado Municipal de La Reina; don Jorge Wong Leal, Vicepresidente de la Corporación de Mejoramiento Urbano; don Lázaro Ergas Hasson, Fiscal de la misma Institución; don Hernán Espejo Vega, Jefe del Subdepartamento Administrativo de dicha Corporación; don Ronald Kastulovic, Dirigente de la Junta de Vecinos de La Reina; don Ricardo Agüero Silva, don Sergio Guajardo, doña Lilian Miranda; don Patricio Marín Jiménez, don Juan Rubilar Rondan y don Hernán Muñoz, ocupantes y cuidadores de la parcela Nº 64 de la comuna de La Reina ; don Héctor Rojas Venegas, Coronel de Carabineros; don José Ornar González Gutiérrez, Teniente de Carabineros; don Sergio Ravanal Seguel, Mayor de Carabineros, y don Patricio Villagra Cavieres, Teniente de Carabineros.

Las invitaciones o citaciones para concurrir a declarar ante la Comisión, fueron cursadas oportunamente por medio de oficios y en algunos casos, debido a la brevedad del plazo de que se dispone para informar, fueron hechas telefónicamente.

La Secretaría de la Comisión trató de comunicarse telefónicamente con el señor Intendente para acordar con él su asistencia a la Comisión, en el evento de que deseara asumir personalmente su defensa; como no lograra hacerlo, la Comisión acordó invitarlo para el efecto, a la sesión del día 6 de abril en curso a las 17 horas.

El señor Intendente acusado, no compareció, pero remitió, en cambio, el oficio Nº 260, en el que se refiere a la Acusación deducida en su contra.

Se deja constancia que no todas las personas citadas o invitadas concurrieron ante la Comisión. No lo hicieron, según se informó, por encontrarse detenidos, los señores Sergio Sáez, obrero de CORMU y Jorge Fuentes, Subdelegado de La Reina. Por encontrarse en Comisión de Servicio fuera de Santiago no se presentó el funcionario de CORMU don Víctor Morán. El señor René Meza, Regidor de La Reina, que había sido citado a las 18 horas del día 5, oportunamente en que no se encontraba reunida la Comisión, por haber fracasado la sesión, tampoco compareció a declarar.

Se hace presente que, a la fecha de la elaboración de este informe aún quedan antecedentes, solicitados por oficio, que no han llegado a la Secretaría.

La Comisión, con el objeto de proporcionar la más completa información a la Honorable Cámara, acordó que se agregaran como anexo de este informe aquellos documentos que se recibieran después de levantarse la última sesión. Dicho acuerdo se cumple con la agregación de los documentos signados con el Nº 45 y siguientes al final de este instrumento.

Durante el plazo de que disponía la Comisión para evacuar el informe fue citada a trece sesiones; celebró en total cuatro, ya sea porque fracasaron algunas de ellas o porque se acordó varias de las citadas para un mismo día e incluso, la sesión iniciada el día viernes 6 a las 13 horas, después de ser empalmada con las citadas para ese mismo día, fue prorrogada y suspendida desde las 16 horas de esa fecha hasta las 12 horas del lunes 9 de abril en curso.

Destinó al estudio de la Acusación un total de 8 horas y 49 minutos.

La Secretaría de la Comisión, en cumplimiento de los acuerdos adoptados, debió despachar 47 oficios.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 143 del Reglamento, se hace, a continuación, una síntesis del libelo acusatorio, una relación de la defensa del acusado y un examen de las consideraciones que sirven de fundamento a la resolución adoptada por la Comisión.

Síntesis de la Acusación

Se interpone de acuerdo con lo dispuesto en la letra e) del artículo 39 de la Constitución Política del Estado.

Se hace presente que el artículo 89 de la Carta Fundamental obliga al Intendente

a ejercer su cargo con arreglo a las leyes y a las órdenes e instrucciones del Presidente de la República; que la ley de Régimen Interior contenida en el D.F.L. Nº 22,de 1959, reitera este principio en el artículo 11, y en los artículos 45 y 48 se señalan las obligaciones de este funcionario, como las de mantener la paz y el orden público y valar por el funcionamiento normal de los servicios públicos de su jurisdicción y por el cumplimiento de las obligaciones de los empleados públicos; que para el cumplimiento de estos deberes dispondrá de las fuerzas de Carabineros e Investigaciones y de los Subdelegados, que son sus subordinados.

Los acusadores estiman que el Intendente acusado no es la persona más idónea para mantener la paz y el orden público, por las opiniones que públicamente ha manifestado y que se citan en el libelo.

Por ello, a juicio de los libelistas, no resulta extraño que en la administración de este Intendente hayan ocurrido los hechos del día 16 de marzo del presente año en la parcela Nº 64 de La Reina, donde se disparó contra siete jóvenes democratacristianos que acompañaban a don Lázaro Muñoz y a su familia, resultando muertos dos de ellos: Enrique González Menares y Sergio Vergara Contreras.

Para los acusadores lo ocurrido constituye un delito de asesinato de dos menores, cometido a mansalva, mientras dormían y sin mediar de su parte provocación alguna.

En seguida, los autores del libelo analizan algunos antecedentes previos a la ocurrencia del hecho de sangre relatado, que se relacionan con trasgresiones a las disposiciones legales que reglamentan loteos y construcciones, cometidas por la Corporación de Mejoramiento Urbano en las parcelas Nºs. 63 y 64, que se convirtieron en un foco permanente de amenaza y atropello a los vecinos, por instigación de funcionarios de CORMU y del Subdelegado, señor Jorge Fuentes.

Hacen presente los acusadores que el Alcalde de La Reina representó lo anterior en numerosos oficios dirigidos a diversas autoridades, copia de los cuales se agregan, como se dijo, en los anexos de este informe.

Relatan los acusadores que estos hechos alarmaban a los vecinos y especialmente a don Lázaro Muñoz y su familia, quien veía amenazados su integridad personal, sus derechos como arrendatario de la parcela 64 y sus siembras, por esa razón recurrió a algunos amigos que velaran por su tranquilidad. Su gesto de solidaridad y amistad les iba a significar perder su vida a dos de estos jóvenes.

El Intendente de Santiago, dicen los acusadores, no cumplió con el deber de mantener la paz y el orden público dentro de la provincia "al tolerar que funcionarios públicos sujetos a su fiscalización procedieran armados y concertados a tomar posesión material, ilícitamente, de un inmueble en que vive y trabaja un modesto parcelero con su familia."

De esa manera, queda en evidencia la infracción constitucional, pues el Intendente, conocedor de toda una situación ilegal, debió adoptar las medidas para evitar las irregularidades que se estaban cometiendo; debió promover la paz y el orden y "ni siquiera tomó en cuenta que en dicho campamento existían armas", y su Subdelegado se dedicó a amedrentar a los vecinos pacíficos, a lo que debe agregarse el uso ilegal de armas prohibidas con las que se dio muerte a los jóvenes.

Termina el libelo reiterando que se interpone acusación en contra el Intendente de Santiago por la causal de infracción al artículo 89 de la Constitución Política del Estado.

Se reitera que se ha omitido enumerar algunos antecedentes documentales referidos en la acusación, por encontrarse agregados como anexos de este informe.

Defensa del acusado.

El señor Intendente de Santiago, remitió a la Comisión el oficio Nº 260, de fecha 6 de abril en curso.

En este documento se comienza por decir que "el libelo acusatorio suscrito por once señores Diputados carece de toda fundamentación constitucional, jurídica y moral". Continúa desconociendo a la Cámara cualquiera prerrogativa de arrogarse facultades para pronunciarse "sobre la legitimidad de escritos que yo habría publicado en la Revista Punto Final antes de asumir el cargo de Intendente". Insta a los acusadores a "censurar o retractarse de las expresiones abiertamente sediciosas y golpistas que la oposición ha estado formulando reiteradamente desde que asumió el actual Gobierno".

Califica de "falsa" y de "burda tergiversación de los hechos y la realidad la imputación de no haber dispuesto vigilancia policial para prevenir los incidentes ocurridos en la comuna de La Reina el día 16 de marzo del año en curso".

Más adelante, formula diversos cargos relacionados con la "actitud subversiva" y con los intentos de "derribar este Gobierno", que, a su juicio, han mantenido los sectores de oposición.

Sostiene el Intendente que "la acusación es exclusivamente política" y que "por eso, no tengo descargo alguno que hacer ante esa Comisión". Asevera que "la mayoría de sus miembros son militantes de partidos que ya han instruido a sus parlamentarios para acoger la acusación" y que "de nada sirven los argumentos por muy poderosos y elocuentes que sean".

Señala que no concurrirá a la Comisión y que es probable que lo haga a la sesión de la Cámara en que se trate la acusación.

Examen de los hechos y consideraciones de Derecho.

El Reglamento establece que el informe debe contener una parte destinada al examen de los hechos y de las consideraciones de Derecho.

A la Comisión le interesaba determinar si el Intendente acusado había cumplido con las obligaciones que le señala el artículo 89 de la Constitución Política del Estado y que han sido reguladas por la Ley de Régimen Interior, y si para la cumplida ejecución de dicho mandato legal había requerido o había contado con la colaboración de su subordinado el Subdelegado de la comuna de La Reina y el personal de Carabineros de la 23ª Comisaría de Santiago, que opera dentro de la jurisdicción en que ocurrieron los hechos. Además, era necesario precisar si los funcionarios públicos, cuya fiscalización le corresponde al Intendente, habían realmente ejecutado acciones ilegítimas.

A juicio de la Comisión, que se ha formado criterio a través de los interrogatorios y documentos recopilados, ha quedado demostrado que el Subdelegado tuvo una actuación absolutamente equívoca, ilegal y casi delictual. Este funcionario, como subordinado del Intendente, hace recaer en éste la responsabilidad por representación, de acuerdo con normas del Derecho Administrativo chileno.

El Vicepresidente de la Corporación de Mejoramiento Urbano y el Fiscal del mismo organismo, reconocieron ante la Comisión que el proceso de expropiación de la parcela Nº 64, donde ocurrieron los luctuosos hechos de que da cuenta la acusación, no estaba afinado, esto es, que a la fecha de dicho acontecimiento, la CORMU no era dueña de ese predio y mal podía tomar posesión de él.

Numerosos testimonios, entre los que puede examinarse la propia documentación remitida por el señor Contralor General de la República y por la Corporación de Mejoramiento Urbano, así como las deposiciones aludidas y otras, acreditan lo aseverado anteriormente.

A mayor abundamiento, los integrantes de la Comisión señalaron que agravaba la responsabilidad del Intendente, el conocimiento de las numerosas prevenciones formuladas por el señor Alcalde de La Reina ante diversas autoridades, incluso ante la misma Intendencia, de todo lo cual hay constancia documental en los anexos de este informe.

En el momento mismo de ocurrir la muerte de los dos muchachos, según se atestiguó ante la Comisión, concurrieron al lugar vehículos que han sido identificados y cuyos números de patentes se han hecho llegar a la Comisión, que eran ocupados por funcionarios de la Corporación de Mejoramiento Urbano.

Para la Comisión, el Intendente no es sólo responsable de la ocurrencia de este último hecho, sino de todas las intervenciones ilegales que le correspondieron a los funcionarios de la CORMU, cuya fiscalización cae dentro de la esfera de sus atribuciones.

Las consideraciones precedentes, que se han expuesto en forma muy sucinta en atención a la brevedad del tiempo de que ha dispuesto la Secretaría de la Comisión para elaborar este informe, movieron a la Comisión a recomendar a la Cámara que apruebe la admisibilidad de la proposición de acusación y que declare que ha lugar a la acusación.

La resolución precedente fue adoptada por tres votos, que corresponden a la unanimidad de los miembros presentes en la sesión en que se votó la acusación: los señores Clavel (Presidente), Cardemil y Maturana.

Sala de la Comisión, a 10 de abril de 1973.

Acordado en sesión 4ª, de 9 de abril de 1973, con asistencia de los señores Clavel (Presidente), Cardemil y Maturana.

Se designó Diputado informante al señor Cardemil.

(Fdo.) José Vicencio Frías, Secretario de la Comisión."

MOCION DEL SEÑOR RIOS, DON HECTOR

"Honorable Cámara:

La salud es un derecho inherente al ser humano, ya que sin salud no hay trabajo digno y remunerado y sin trabajo no hay producción económica para un país. Y así el legislador lo dejó establecido en nuestra Constitución Política o Carta Fundamental de 1925 en su artículo 10 Nº 14, inciso final, que dice a la letra "Es deber del Estado velar por la salud pública y el bienestar higiénico del país. Deberá destinarse cada año una cantidad de dinero suficiente para mantener un servicio nacional de salubridad".

Desde la creación del Servicio Nacional de Salud por ley Nº 10.383, de 8 de agosto de 1952 se coordinó la atención médico-dental y farmacéutica a los beneficiarios al fusionar servicios como el Departamento Médico de la ex Caja de Seguro Obligatorio, hoy Servicio de Seguro Social, los Servicios de Beneficencia y Asistencia Social, Dirección General de Sanidad, Dirección de Protección a la Infancia y Adolescencia, Instituto Bacteriológico y Departamento de Medicina del Trabajo.

Posteriormente, por ley 16.781, de 2 de mayo de 1968 se creó la Ley de Medicina Curativa del Servicio Nacional de Empleados, denominada bajo la sigla de SERMENA para la atención médico-dental y de sus imponentes, empleados activos y jubilados y sus respectivas cargas familiares, aumentándose así el número de beneficiarios de salud.

Pese a estos dos servicios médico-dentales, claves asistenciales, siempre quedó un grupo numeroso de personas al margen de atención médico social; personas que en su carácter de indigentes unos y de tener modestos recursos de subsistencias otros y no tener cobertura a ningún régimen previsional, a leyes especiales o convenios establecidos para esta clase de prestaciones, necesitan ser acogidas a la gratuidad médico-dental y medicamentosa, para que así en Chile no muera ningún ciudadano por falta de recursos médicos, ya que la salud debe ser un derecho inalienable al ser humano y debe legislarse con tanta o mayor razón en un régimen de Gobierno como el actual en vías al socialismo en que se gobierna para las (mayorías nacionales y no para grupos privilegiados.

Esta legislación médico-social debe ser financiada con un impuesto único de salud para las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras en base a un porcentaje del total de las sumas anuales que cancelen por concepto de impuesto a la renta y además, por otro porcentaje a las ganancias de capital y otorgará gratuitamente a esos sectores postergados en salud, los siguientes beneficios en sus hospitales y consultorios: atención integral médico-dental, obstétrica, pediátrica, medicamentosa y alimentos para niños; visitas domiciliarias; hospitalizaciones; exámenes de laboratorio; rayos X e intervenciones operatorias. Atenciones médico-sociales que serán proporcionadas por personal funcionario médico y paramédico de hospitales y consultorios del Servicio Nacional de Salud.

Esta atención gratuita para esos sectores postergados de la medicina social no afectarán al sistema por el cual se rigen los actuales beneficiarios del Servicio de Seguro Social y de la ley 17.681 sobre Medicina Curativa del Servicio Nacional del Empleado y será administrado por el Servicio Nacional de Salud de un Fondo de Asistencia médico-dental y medicamentoso gratuito nacional, financiado en la forma ya propuesta y que dará salud al pueblo de Chile.

Proyecto de ley:

Artículo 1º.- Créase un fondo de asistencia médico-dental y medicamentoso gratuito nacional, para sectores postergados que será administrado por el Servicio Nacional de Salud.

Artículo 2º.- Establécese un impuesto único de salud para las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que será de un 5% sobre el total de las sumas anuales que paguen por concepto de impuesto a la renta y además otro impuesto de un 20% sobre las ganancias de capital.

Artículo 3º.- Los fondos recaudados deberán ser depositados en una Cuenta Especial en la Tesorería General de la República, que girará el Director General del Servicio Nacional de Salud con el único objetivo de dar cumplimiento a las disposiciones de la presente ley.

Artículo 4º.- El Servicio Nacional de Salud con cargo a los recursos establecidos en este Fondo Asistencial otorgará gratuitamente los siguientes beneficios a las personas de escasos o de ningún recurso económico no acogidos a regímenes de previsión, a leyes especiales o convenios que concedan esta clase de prestaciones. En sus hospitales y consultorios atención integral gratuita médico-dental, obstétrica, pediátrica, medicamentosa y alimenticia para niños, y visitas domiciliarias, hospitalizaciones, exámenes de Laboratorio, Rayos X e intervenciones operatorias.

Artículo 6º.- Las disposiciones contenidas en la presente ley no afectan al sistema por el cual se rigen los beneficiarios del Servicio de Seguro Social de la ley Nº 16.781 sobre Medicina Curativa o SERMENA.

Artículo 7°.- Los beneficios otorgados por esta ley empezarán a regir noventa días después de su publicación en el Diario Oficial.

Artículo 8º.- El Reglamento de la presente ley será dictado por el Presidente de la República en un plazo no superior a sesenta días contados desde su vigencia.

(Fdo.): Héctor Ríos Ríos.

COMUNICACION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

"Santiago, nueve de abril de mil novecientos setenta y tres.

Vistos:

El requerimiento de fs. 1 por el cual el Presidente de la República solicita la declaración de inconstitucionalidad del Art. 1º del proyecto de ley sobre anticipo de reajuste a los trabajadores aprobado en general por la Cámara de Diputados y de los Arts., 9º y 10 en cuanto se relacionan con aquél, así como de las supresiones de los Arts. 2º, 3º, 4º, 5º, 14 y 15 inc. 2º del Mensaje, hechas en esa misma oportunidad. Pide, además, que se ordene reponer la tramitación del proyecto al estado en que se encontraba antes de acordarse dichas substituciones y supresiones y, en subsidio, que declarando la constitucionalidad antes señalada, se ordene lo pertinente para que el proyecto sea tramitado con arreglo a la Constitución Política del Estado.

Funda su requerimiento en que la inclusión por la Cámara de Diputados del artículo 1º y la de los Arts. 9 y 10, en cuanto se relacionan con aquél, así como la supresión de los Arts. 5º, 14 y 15 inc. 2°, infringen el inc. 2º del Art. 45 de la Carta Fundamental, ya que amplían el ámbito de aplicación del proyecto a personas que estaban excluidas de él, al conceder el anticipo de reajuste a los trabajadores cuyas remuneraciones conjunta o separadamente fueran superiores a veinte sueldos vitales mensuales escala A) del Depto. de Santiago, materia de iniciativa exclusiva del Ejecutivo.

Por otra parte, expresa que la aprobación del citado Art. 1º infringe también esa disposición constitucional en razón de que, mientras el Mensaje presidencial concedía un anticipo de reajuste equivalente al 100% del alza del índice de precios al consumidor entre el 1º de octubre de 1972

y el 31 de enero de 1973, calculado sobre las remuneraciones existentes a esa última fecha, siempre que no sobrepasaran un tope que se fijaría por Decreto Supremo, de acuerdo al sistema previsto en sus Arts. 1º, 2º, 3º y 4º, el nuevo Art. 1º incluido por la Cámara, hace legalmente exigible la totalidad del beneficio pecuniario, calculado ahora sobre el monto total de la remuneración que percibe cada trabajador, cualquiera que sea dicho monto, lo que significa un aumento que el Ejecutivo no ha querido conceder.

Finalmente, señala que la actuación de la Cámara a la que se ha hecho referencia, importa también una infracción al inc. 3º del citado Art. 45, ya que respecto de las materias de exclusiva iniciativa el Presidente de la República -como son las de fijar las remuneraciones de los trabajadores del Estado o aumentar obligatoriamente las remuneraciones o beneficios pecuniarios del sector privado-, el Congreso tiene limitada su competencia a sólo aprobar, disminuir o rechazar lo propuesto por el Ejecutivo, y la acción realizada por la Cámara habría consistido en aumentar los beneficios propuestos en el Mensaje y en alterar las bases que sirven para determinarlos.

La Cámara de Diputados plantea, a fojas 10, y en primer término, la ineptitud del requerimiento del Presidente de la República y, por la vía de la reposición, solicita se deje sin efecto la resolución por la cual se admitió éste a tramitación. Expresa que el requerimiento no cumple los requisitos exigidos por el Art. 3º del Auto Acordado sobre Procedimiento de este Tribunal, pues no contiene una exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya, de tal manera que resulta confuso y no manifiesta la verdadera intención del Ejecutivo. Así, de los antecedentes acompañados a la reclamación, se desprende que ella está referida al texto del proyecto de ley aprobado en su primer informe por la Comisión de Hacienda y no al proyecto que aprobó en primer trámite constitucional, en particular, la Corporación, y ambos proyectos difieren, tanto en la inclusión de algunos artículos, como en la numeración de sus normas, de tal manera que no es posible saber realmente cuál artículo es el cuestionado por su inconstitucionalidad, por una parte, y sorprende, por otra, que se reclame por la exclusión de artículos que en definitiva no fueron excluidos por la Cámara, como sucede, por ejemplo, con los Nºs. 5º del Mensaje y 9 y 10 del proyecto del primer informe.

Pasa en seguida la Cámara a pedir el rechazo del requerimiento. Sostiene que éste se funda en que esa Corporación ha extendido el beneficio del reajuste a sectores no contemplados en la iniciativa presidencial y ha propuesto un porcentaje de reajuste por un monto superior de remuneraciones que el indicado en el Mensaje. Ambos fundamentos no se ajustan a la realidad.

En cuanto al primero, hace presente que la Cámara, en los artículos 5°, 11 y 14 del proyecto despachado por ella, concede el beneficio del anticipo de reajuste a todos los trabajadores que ganen veinte sueldos vitales o menos y que no reciban remuneración en moneda extranjera, lo que había sido propuesto por el Ejecutivo en los mismos términos.

Respecto del segundo fundamento del requerimiento, señala que la Cámara ha mantenido el tope de remuneraciones -como ya se ha dicho- y el porcentaje de aumento. En efecto, el Mensaje del Ejecutivo contemplaba la posibilidad de otorgar un anticipo de reajuste del 100% del alza del índice de precios al consumidor en el período que allí se señalaba, calculado sobre las remuneraciones hasta veinte sueldos vitales, si los recursos que financiaban el proyecto tuvieren un rendimiento suficiente para ello. Como la Cámara otorgó estos recursos, concedió derechamente el monto máximo de lo propuesto por el Ejecutivo, cumpliendo así no sólo con el propósito del Mensaje, sino con la norma del Art. 44 Nº 4º de la Constitución Política del Estado. En consecuencia, esa Corporación tampoco ha aumentado el monto del beneficio.

El documento signado con el Nº 4 del cuaderno de documentos, en el que consta que durante el desarrollo de la Sesión 131ª de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados se produjo un debate sobre la inconstitucionalidad de la sustitución del Art. 1º del Mensaje y de la supresión del Art. 40. Refiriéndose a la indicación para sustituir el Art. 1º, el Diputado señor Acevedo pregunta: "¿Esa indicación es del Ejecutivo? Porque si es de origen en una indicación parlamentaria, no se tiene iniciativa constitucional para otorgar reajuste. Es inconstitucional." El Diputado señor Huepe expresa que esta observación suscita un problema que debe ser aclarado y debatido en la Comisión. Señala: "Primero, el Ejecutivo no ha limitado en su articulado, en ningún artículo el reajuste hasta el tope de tres sueldos vitales. Sólo lo hace en su exposición de motivos. Es decir, el articulado está sujeto a lo que voy a expresar: "El patrocinio constitucional lo ha dado el Ejecutivo sin fijar tope para el reajuste que se va a otorgar. El Ejecutivo lo único que ha dicho es que se otorgue este reajuste hasta los veinte sueldos vitales y agilice un procedimiento para pedir esto, que es la existencia de esta Comisión a la que nosotros, por las razones en que ya hemos abundado., nos hemos opuesto." Agrega que del propio Art. 4º del proyecto del Gobierno se desprende que el Ejecutivo se está poniendo en el caso de que la ley entregue fondos más que suficientes para conceder todo el reajuste hasta el tope de 20 sueldos vitales, por lo cual el patrocinio para un reajuste sin tope está dado por el Ejecutivo, siendo otra cosa distinta el aceptar o rechazar el uso del fondo para medir cuál es el ingreso y financiamiento efectivo de la ley. El Diputado señor Acevedo replica que siendo la filosofía del Ejecutivo en este proyecto la de crear un Fondo de Compensación, no puede ésta cambiarse por la imposición del Gobierno de otorgar un reajuste; el. Ejecutivo no deja la posibilidad de poder cambiar el sentido del Mensaje, por lo cual el Congreso sólo puede aprobar el Fondo y el mecanismo o rechazarlos debiendo entenderse que hay una enorme diferencia entre dictar una disposición legal que obliga al Gobierno a otorgar un reajuste determinado y establecer una norma que le permite recolectar fondos.

El Diputado señor Huepe insiste en que el Ejecutivo ha dado patrocinio a un jumento de remuneraciones del sector público sin límites, por lo cual al rechazar la creación del Fondo el Congreso "no está congelando la iniciativa del Ejecutivo para aumentar las remuneraciones del sector público. Simplemente se está estableciendo otra forma de hacerlo". Interviene en la discusión el Ministro de Hacienda señor Flores, quien manifiesta: "el proyecto es discriminatorio claramente, de manera que todas esas alternativas y proposiciones de ustedes no tienen sentido con la proposición nuestra. Esa proposición de ustedes no existe, está en la imaginación de ustedes, no está ni en el espíritu ni en el articulado del proyecto"; agrega que "nosotros hemos enviado un proyecto que contempla la creación de un Fondo para una política de reajuste discriminado. Es distinto a lo planteado por ustedes.".

Finalmente, se sometió a votación la procedencia constitucional de la indicación formulada para constituir el artículo 1º del Mensaje, emitiéndose 4 votos por la constitucionalidad y tres por la inconstitucionalidad.

El documento signado con el Nº 9 del mismo cuaderno en el que consta que durante el desarrollo de esa misma sesión de la Comisión, se produjo debate sobre la inconstitucionalidad de la supresión del inciso 2° del artículo 15 del proyecto contenido en el Mensaje enviado por el Presidente de la República.

Los documentos signados con los números 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8 del mismo cuaderno.

Se recibieron las pruebas ordenadas por el Tribunal y se trajeron los autos en relación.

Considerando:

1º.- Que a fojas 1 y siguientes el Presidente de la República solicita que se declare la inconstitucionalidad del artículo 1º del proyecto de ley aprobado en general por la Cámara de Diputados y los artículos 9 y 10 del mismo proyecto, en cuanto se relacionan con el 1º. Esta infracción se consumó, además, según expresa el requerimiento, por el acuerdo de la Cámara que suprimió los artículos 5º, 14 y 15 inciso 2°, todos los cuales consultaban la exclusión del beneficio del anticipo de reajuste de todos aquellos trabajadores cuyas remuneraciones, conjunta o separadamente fueran superiores a veinte sueldos vitales mensuales. De esta manera se habría infringido el artículo 45 inciso 2º de la Constitución por haberse ampliado el ámbito de aplicación del proyecto del Gobierno a personas que estaban excluidas de él;

2º.- Que el requerimiento del Ejecutivo sostiene que se ha infringido, además, el citado artículo 45 inciso 2º por haberse establecido un monto de anticipo de reajuste equivalente precisamente al 100% del alza del costo de la vida, en relación con las remuneraciones del sector público al 31 de enero de 1973, en circunstancias que con arreglo al sistema previsto en los artículos 1º, 2º, 3º y 4º del proyecto de reajuste tal anticipo sería exigible en su totalidad sólo en la medida en que así sería fijado por el Presidente de la República de acuerdo con el rendimiento del Fondo que se crea para ese efecto y en relación al número de las personas beneficiadas. De esta manera, la sustitución operada en el proyecto implica transformar la posibilidad de obtener un anticipo cuyo monto se determinaría de acuerdo con las disponibilidades del Fondo, por un derecho cierto de exigir legalmente el máximo que podría conferir esa posibilidad, lo que a todas luces se transforme en un aumento que el Presidente no quiso conceder sino en la medida que existan fondos para ese efecto;

3º.- Que a juicio del recurrente se ha infringido por otro concepto el mencionado Art. 45 inciso 2º en tanto en cuanto se ha dispuesto un aumento obligatorio de las remuneraciones y demás beneficios económicos de los trabajadores del sector privado y en relación a la alteración de las bases que sirven para determinarlos, todo ello como consecuencia de que se ha cambiado el sentido de los Arts. 11 y 12 del proyecto enviado a la Cámara por el Ejecutivo al hacer exigible la totalidad del beneficio pecuniario en relación al monto de la remuneración que percibe cada trabajador cualquiera que sea ese monto, lo que conduce a un aumento obligatorio de remuneraciones que debió contar con el patrocinio del Ejecutivo por ser un beneficio económico distinto del propuesto por éste;

4º.- Que, en fin, se reclama la infracción del Art. 45 inciso 3º de la Carta Fundamental porque dicho precepto es un corolario del inciso 2º del mismo Art. 45 ¡y con arreglo a aquél el Congreso sólo puede aprobar o rechazar o disminuir en su caso los beneficios pecuniarios a que se refiere el inciso 2º y las modificaciones introducidas por la Cámara no implican ni la aprobación ni el rechazo ni la disminución de los beneficios propuestos, sino el aumento de tales beneficios y la alteración de las bases que sirven para determinarlos, lo que infringe el referido mandato constitucional;

5º.- Que a fs. 10 el Presidente de la Cámara de Diputados ha planteado como cuestión previa la ineptitud del libelo requisitorio, por estimar que dicho libelo no cumple con lo prescrito en el inc. 1º art. 3º del Auto Acordado que contiene el Estatuto Jurídico sobre Procedimiento Aplicable ante el Tribunal Constitucional, en cuanto ese precepto ordena que "para que el requerimiento sea admitido a tramitación por el Tribunal deberá contener una exposición clara de los hechos y de los fundamentos de derecho que le sirven de apoyo. Se señalará en forma precisa la cuestión de constitucionalidad y, en su caso, el vicio o vicios de inconstitucionalidad que se aducen, con indicación de las normas que se estiman transgredidas." Fundamentando esa petición el Presidente de la Cámara de Diputados declara que es difícil o imposible hacerse cargo del requerimiento, porque está referido al texto del proyecto de ley que aprobó en su primer informe la Comisión de Hacienda de la Corporación, en circunstancia de que algunas de sus disposiciones no tienen nada que ver con el texto que despachó la Cámara de Diputados. Abundando en la materia el Presidente de la Cámara de Diputados se pregunta, cotejando los artículos 9º y 12 de ambos textos, a cuál de ellos debe entenderse referido el reclamo, habida consideración de que ambos preceptos tienen un contenido diverso en tales textos. Continúa refiriéndose a la situación del artículo 5º del proyecto contenido en el Mensaje, que fue suprimido en el texto del primer informe de la Comisión de Hacienda, sobre el cual recayó la aprobación general de la Cámara, y que fue repuesto en el texto aprobado en primer trámite constitucional por la Cámara de Diputados, y concluye afirmando que el libelo requisitorio plantea situaciones confusas, todo lo cual impediría a quien lea el reclamo saber qué es lo que se quiere decir:

6º.- Que esta cuestión expresa debe ser rechazada porque del tenor literal del requerimiento resulta claramente establecido que ese libelo está dirigido en contra del texto del proyecto de ley aprobado en general por la Cámara de Diputados el día 20 de marzo de 1973, que aparece contenido en el primer informe de la Comisión de Hacienda, y del que se acompañó copia por un otrosí de dicho libelo. Así lo indican las continuas referencias que al documento hace de dicho texto, como se comprueba con la lectura de lo expresado en las líneas 21 y siguientes de fs. 3 y de lo reiterado en los Nºs 4, 5, 6 y 7. El requerimiento no está dirigido, por tanto, en contra de un proyecto de ley cuyo texto pudiera no haber quedado precisado en el mismo libelo -lo que podría haberlo hecho confuso e ininteligible- sino en contra de un proyecto cuyo texto ha quedado perfectamente precisado en el reclamo. La circunstancia de que, posteriormente, la Cámara haya modificado el texto del proyecto de ley que aparece reclamado, no tiene por virtud transformar el libelo en algo confuso o ininteligible, sino que produce otros efectos que se analizarán más adelante;

7º.- Que antes de entrar al análisis específico del asunto sublite es conveniente hacer un ligero recuento de las preceptivas que conforman nuestra historia constitucional en lo concerniente a la cuestión de la iniciativa parlamentaria en materia de gastos públicos. Por primera vez, en la ley de 16 de septiembre de 1884 sobre "formación de los presupuestos y cuentas de inversión" se dispuso en su artículo 10 que "toda indicación que se haga en la discusión de los presupuestos para aumentar los gastos propuestos, deberá expresar también los recursos con que deba cubrirse", ello, como dice el mensaje respectivo, "con el muy laudable propósito de cerrar la fácil puerta que la discusión de los Presupuestos dejó abierta, para que anualmente vayan aumentándose los gastos fiscales." Pese a ello, como expresa don José Guillermo Guerra en su obra "La Constitución de 1925", el Congreso "se fue arrogando con peligrosa y creciente rapidez, la facultad de rehacer los presupuestos, abandonando con ello la función simplemente legislativa, para intervenir de lleno en las funciones administrativas de Gobierno." Como reacción a la situación descrita por el tratadista citado, la Constitución de 1925 prácticamente terminó con la iniciativa parlamentaria en lo concerniente a la Ley de Presupuesto al disponer en el artículo 44 Nº 4 que la iniciativa de ella corresponde al Presidente de la República como, asimismo, aquella que dice relación con la proposición de suplementos a partidas o ítem de dicha ley, de acuerdo con el artículo 45 de la Carta de 1925. En lo demás, en cambio, o sea en cuanto a originar gastos públicos por medio de leyes especiales subsistía la facultad parlamentaria sin otro límite que la indicación o creación de las fuentes de recursos para su financiamiento, lo que ha permitido sostener a un autor que el texto constitucional citado "no aseguraba en forma adecuada la existencia de un buen orden financiero en la Nación ni impedía el desarrollo de cualquiera tentativa que significase un desequilibrio o envolviese un peligro para el Presupuesto Nacional. (La Limitación de la Iniciativa Parlamentaria en materia de gastos públicos. Navarro Vergara, Elías. Pág. 36);

8°.- Que con posterioridad a la vigencia de la Carta de 1925 surgieron diversas iniciativas consonantes con la tendencia de restricción que se analiza, pudiendo citarse la de 1934, presentada, entre otros, por los diputados Pedro Enrique Alfonso, Gabriel González Videla y Joaquín Prieto Concha, que proponía reemplazar el inc. 2º del artículo 45 de la Constitución por otro que estableciese que los aumentos de los sueldos públicos sólo serían de iniciativa del Presidente de la República. Si bien tal proyecto no prosperó fue en cambio ampliado en su concepción por otro presentado en 1939 por el Presidente de la República don Pedro Aguirre Cerda que extendía la limitación de la iniciativa parlamentaria no sólo a los sueldos, sino también a las jubilaciones y pensiones de los empleados de la Administración Pública y de las empresas fiscales disponiendo además, explícitamente, que en esta clase de proyectos las atribuciones del Congreso Nacional se reducirían a aceptar, disminuir o rechazar los aumentos de sueldos o de otra clase de remuneraciones propuestas por el Ejecutivo. Tal proyecto, aprobado en ambas Cámaras, fue en definitiva rechazado en el Congreso Pleno en forma imprevista y constituye el antecedente directo de la Reforma Constitucional aprobada en 1943 por Ley 7727 patrocinada por el Presidente de la República de la época don Juan Antonio Ríos. El proyecto que se materializó en esta última ley se inició paralelamente a dos iniciativas parlamentarias presentadas por los senadores José Maza e Isauro Torres y discutidos conjuntamente en el seno de la Comisión de Constitución del Senado dieron origen a la reforma que fue aprobada por la citada ley;

9º.- Que esta reforma al intercalarse como norma en el inc. 2º del art. 45 del texto constitucional, dice a la letra: "corresponderá, asimismo, al Presidente de la República la iniciativa para alterar la división política o administrativa del país, para crear nuevos servicios públicos o empleos rentados y para conceder o aumentar sueldos y gratificaciones al personal de la Administración Pública, de las empresas fiscales y de las instituciones semifiscales. El Congreso Nacional sólo podrá aceptar, disminuir o rechazar los servicios, empleos, emolumentos o aumentos que se propongan. No se aplicará esta disposición al Congreso Nacional ni a los servicios que de él dependan";

10.- Que el verdadero sentido de restricción total en la materia de la iniciativa parlamentaria y de reforzamiento de los postulados producidos en materia financiera fluye no sólo del texto que se ha transcrito en el considerando anterior sino que de muchos elementos de interpretación histórica que conducen a sostener que la posición de los Ejecutivos de la época como de la mayoría parlamentaria fue precisamente la de prohibir la intervención del Congreso en todo aquello que dijese relación con la idea inicial de esta clase de proyectos legislativos. En armonía con esta afirmación basta con citar algunos antecedentes de innegable valor histórico constitucional. Decía el Mensaje con que se inició el proyecto que se transformó en la reforma de 1943: "Hay un consenso unánime para estimar que los gastos públicos, de las empresas fiscales y de las instituciones semifiscales, son desproporcionados en relación con la capacidad productora del país y con las necesidades de la administración, y no sin justicia se responsabiliza al Congreso Nacional y al Gobierno de aumentar desorbitadamente tales gastos."

"La Cámara de Diputados consideró que la causa fundamental del mal se encontraba en las iniciativas parlamentarias sobre la materia y algunos de sus honorables miembros presentaron un proyecto de reforma constitucional por el cual se determinaban severas limitaciones para tales iniciativas."

El Ministro de Justicia de la época y ex parlamentaria don Oscar Gajardo Villarroel, importante defensor de la reforma en cuestión, decía ante la Cámara de Diputados, en sesión de 6 de julio de 1943: "Un nuevo inciso -como el propuesto- en el art. 45 de la Constitución, habría contenido seguramente repuntes intolerables del fenecido parlamentarismo."

"La falta de esa disposición ha dado vida a la inestabilidad en la organización administrativa; ha llevado al embate político lo que es de la elemental técnica del Gobierno, ha permitido alterar la contextura legítima de los servicios públicos, entregándolos a las influencias indebidas de la politiquería, bajo la presión irresponsable de la clientela electoral; ha roto el orden de las finanzas y el equilibrio de los Presupuestos, y ha quitado al Ejecutivo, en la gestión financiera, toda la autoridad que le es debida en razón de las supremas conveniencias nacionales; en una palabra, ese vacío es la mantención de las iniciativas en materia de gastos públicos en manos del Congreso." Y más adelante agrega: "Es al Presidente de la República a quien corresponde mantener el correcto ejercicio financiero, porque de su éxito o de su fracaso dimanan para él: o el asenso de la opinión o la censura de quienes son extraños a los detalles prácticos e íntimos dentro del plano en que se suceden estas cosas". "Ahora, señores Diputados -decía- ¿en qué consiste la reforma que la opinión pública reclama?"

"Consiste en que los sueldos fiscales o semifiscales, las jubilaciones, las pensiones de gracia, en una palabra, todos los gastos de esta índole, sólo pueden ser aumentados por iniciativa del Presidente de la República."

"El Ejecutivo, munido de las atribuciones de esta reforma, asumirá de pleno la responsabilidad de sanear las finanzas, de equilibrar los gastos del Estado para estar en aptitud, cuando las necesidades lo requieran, de dar un efectivo financiamiento a las leyes que importen gastos." En el discurso pronunciado por el Presidente Ríos el 23 de noviembre de 1943 en la ceremonia de promulgación de la reforma constitucional, se leen las siguientes palabras: "Otro hecho de importancia capital es preciso destacar ante la reforma aprobada. Es el hecho de que haya sido el propio Parlamento quien haya corregido la organización institucional de sus atribuciones, para privarse de aquellas cuyo ejercicio llegó a estimar pernicioso a la buena marcha del país." Y termina diciendo: "No puede mirarse en la ley constitucional que acabo de poner en vigencia, un acto que quite una facultad al Parlamento para sumársela al Poder Ejecutivo. Es, sí, una fuerza inflexible que ha erigido la soberanía para montar-guardia en contra de la intervención desatinada del decreto de insistencia o de la moción ligera y desaprensiva que rompe todo financiamiento, que quiebra todo equilibrio del Presupuesto nacional";

11.- Que idéntico criterio expresó el Presidente don Jorge Alessandri Rodríguez en reiterados mensajes leídos ante el Congreso Nacional y, finalmente, al fundamentar el proyecto de reforma constitucional que presentara al Parlamento en julio de 1964. "Lo que ha ocurrido después de la modificación de 1943 -expresó- ha puesto en evidencia que en realidad se necesita de cambios mucho más radicales, que corrijan el mal de su origen",

"Aquellas prácticas inconvenientes que antes ejercitó el Congreso en la Ley de Presupuestos, se hacen sentir hoy día en todos los proyectos que el Ejecutivo somete a su consideración, especialmente en los de orden social, previsional financiera, tributario y otros, aparte de que muchas veces los parlamentarios tomen directamente la iniciativa de proyectos de ley sobre estas materias que producen efectos aun peores. Cada proyecto es objeto de cientos de indicaciones que desnaturalizan su finalidad, que destruyen otras legislaciones vigentes y que involucran toda clase de materias absolutamente ajenas al proyecto mismo";

12.- Que así se llegó en fin dentro de este proceso de evolución en la restricción de la iniciativa parlamentaria en materia de gastos al actual art. 45 incisos 2º y 3º de la Constitución, después de la reforma patrocinada por el PresidenteEduardo Frei, que empezara a regir el 4 de noviembre de 1970, y que implica, como se verá, un reforzamiento bien definido de los postulados presidenciales sobre el particular y, a la inversa, una restricción pronunciada de las atribuciones del Congreso. Tal afirmación se ve corroborada por importantes manifestaciones de opinión emitidas por quienes impulsaban dicha reforma. Dice así el Presidente Eduardo Frei en su trabajo: "La Reforma Constitucional en su contexto histórico- político" (pág. 39): "La acción de los gobiernos posteriores al de don Juan Antonio Ríos fue demostrando gradualmente que la Reforma de 1943 había dejado en manos del Congreso un amplío campo de acción para aumentar el gasto público, frente al cual la posibilidad del Ejecutivo de controlar la legislación, que emergía en estas circunstancias, era prácticamente nula. De este modo, el concepto mismo de la planificación económica era desvirtuado, pues los planes resultaban esterilizados por iniciativas contradictorias del Ejecutivo y del Parlamento." Y más adelante agrega: "Fueron estas causas las que llevaron a proponer al Gobierno del Presidente Frei una ampliación del campo de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. La Reforma de 1970, al aprobar la facultad exclusiva en la proposición de todo gasto público y previsional, y la iniciativa para fijar por ley las remuneraciones en el sector privado, dotó al Presidente de la República, por primera vez en la historia constitucional de Chile, de las facultades necesarias para llevar adelante una política de planificación económica y social sin interferencias del Parlamento." En la misma obra: "Reforma Constitucional de 1970", se encuentran idénticas opiniones de otros comentaristas. Puedan citarse: Sergio Molina, pág. 87: "La reforma constitucional representa un paso significativo para permitir una planificación económica y social más eficaz al otorgar al Poder Ejecutivo la iniciativa exclusiva en una serie de materias económicas y sociales básicas. Pueden hacerse, en fin, en Silva Bascuñán diversas citas (págs. 91 y siguientes) que transcriben antecedentes sobre la discusión de esta reforma en el Congreso y que concurren a reafirmar la misma idea que se ha venido reseñando, es decir, que la reforma de 1970 culminó con un conjunto de importantes restricciones a la iniciativa parlamentaria en materias financieras y económicas que implicaron trascendentes aumentos de las potestades presidenciales sobre el particular;

13.- Que en el mismo sentido y a análoga conclusión han llegado, fuera de los mencionados, otros comentaristas y tratadistas que se han preocupado de analizar el sentido evolutivo con que nuestra legislación constitucional ha derivado paulatinamente a acentuar la potestad presidencial en materia financiera y económica. Así, por ejemplo, sostiene Bulnes Ripamonti en su obra "Relaciones y Conflictos entre los Órganos del Poder Estatal" (págs. 67 y 68): "Es indudable que tales modificaciones -se refiere a las dispuestas por la reforma de 1943- constituyen un brusco viraje hacia un sistema de colegislación y, aun, de preeminencia del Presidente de la República." "De este modo, la voluntad legislativa del Congreso ha sido cercenada. Existen ahora asuntos vitales -y de gran trascendencia electoral- a cuyo estudio no puede abocarse sin un mensaje previo del Presidente de la República. Aun más, en algunos aspectos el Congreso no goza en absoluto de libertad deliberativa, pues está impedido de pronunciarse en determinado sentido (aumentar los servicios, empleos y remuneraciones propuestas por el Presidente, por ejemplo)". En el mismo sentido Navarro Vergara: "Limitación de la iniciativa parlamentaria en materia de gastos públicos" (pág. 51 y siguientes): Macías Campos, Leopoldo: "Los Decretos de Insistencia" (págs. 73 y siguientes). La reforma de 1943 pretendía "reforzar el sistema mediante el cual el manejo de los fondos públicos quedaban entregados a la iniciativa del Gobierno, quien los administraría y dispondría de ellos con autorización del Poder Legislativo, a quien, por su parte, se le asignaba una función eminentemente pasiva, toda vez que sólo podría limitarse, en lo sucesivo, a aprobar, disminuir o rechazar el gasto proyectado". Castro Alvarez, Pablo: "Gastos Públicos" (págs. 73 y siguientes) "Esta disposición -la del artículo 45- vino a poner fin a aquellas malas prácticas parlamentarias como ser aumento de sueldos, aumento de gastos, inflación del presupuesto, etc, que eran a la vez una de las causas del aumento considerable de nuestra burocracia y del peligroso desorden financiero en que se encontraba el país.

14.- Que tal finalidad limitativa trasunta también de la jurisprudencia contenida en los informes despachados por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado en relación con el art. 45 de la Carta. Así, por ejemplo, y en relación con un proyecto de ley presuntamente interpretativo presentado durante la vigencia de la Reforma de 1943, se lee textualmente: "Como tuvimos oportunidad de manifestarlo no hace mucho, a propósito de una consulta similar que incidía entonces en el artículo 6º de la Ley de Previsión de los Abogados la respuesta a esta interrogante -carácter de interpretativo de un precepto- es negativa, por la razón sencilla de que el Legislativo no puede a su arbitrio cambiar la esencia y naturaleza de las cosas y ellas, como dice el viejo aforismo, "son lo que son y no lo que se les denomina".

"Aceptar que la circunstancia de que si se emplean en un proyecto de ley los términos "aclárase, interprétase u otro análogo" da a este el carácter de interpretativo, si en esencia no lo es, no sólo constituiría un atentado contra el sentido común, la lógica y el orden jurídico, sino que permitiría violar la Constitución del Estado en todos aquellos casos de leyes en que la iniciativa corresponde al Ejecutivo, ya que bastaría valerse de esta expresión para que pudiera tener su origen en cualquiera de las Cámaras. El precedente sería funesto y terminaría con las prerrogativas tan saludables que la Reforma Constitucional de 1943 reservó al Jefe del Estado en lo relativo a la iniciativa de leyes de gastos públicos y remuneraciones al personal de la Administración Pública". Este informe, cuya doctrina implícitamente tiene gran similitud con el caso sub lite, lleva la firma de los Senadores señores Bulnes, Alvarez, Izquierdo y Poklepovic y es de fecha 25 de agosto de 1959;

15.- Que, por lo demás, la tendencia de la Legislación Constitucional extranjera conduce igualmente a análogas conclusiones, es decir, al reforzamiento del

Ejecutivo y la disminución de las iniciativas parlamentarias en materia de gastos públicos de tal forma que en el Derecho Público actual puede advertirse que existe una marcada tendencia a privar a las Cámaras de la facultad de proponer leyes que importen gastos y, muy especialmente, las que digan relación con los aumentos de sueldos y de toda clase de remuneraciones de los servicios del Estado. Es el caso, entre otros, de las Constituciones del Uruguay y del Perú en América Latina;

16.- Que los incisos 2º y 3º del art. 45 de la Constitución que se supone infringidos por el requerimiento de fs. 1, son del siguiente tenor:

"Corresponderá exclusivamente al Presidente de la República la iniciativa para proponer suplementos a partidas o ítem de la Ley General de Presupuestos; para alterar la división política o administrativa del país; para suprimir, reducir o condonar impuestos o contribuciones de cualquier clase, sus intereses o sanciones, postergar o consolidar su pago y establecer exigencias tributarias totales o parciales; para crear nuevos servicios públicos o empleos rentados; para fijar o modificar las remuneraciones y demás beneficios pecuniarios del personal de los servicios de la administración del Estado, tanto central como descentralizada; para fijar los sueldos o salarios mínimos de los trabajadores del sector privado, aumentar obligatoriamente sus remuneraciones y demás beneficios económicos o alterar las bases que sirvan para determinarlos; para establecer o modificar los regímenes previsionales o de seguridad social; para conceder o aumentar, por gracia, pensiones u otros beneficios pecuniarios, y para condonar las sumas percibidas indebidamente por concepto de remuneraciones u otros beneficios económicos, pensiones de jubilación, retiro o montepío o pensiones de gracia. No se aplicará esta disposición al Congreso Nacional y a los servicios que de él dependan.

"El Congreso Nacional sólo podrá aprobar o rechazar, o disminuir en su caso, la modificación de la división política o administrativa, los servicios o empleos y los beneficios pecuniarios a que se refiere el inciso anterior."

17.- Que en realidad ambos incisos del artículo en cuestión se encuentran íntimamente vinculados de manera que no es posible analizarlos o interpretarlos desarticuladamente. Ahora bien, de ese examen en conjunto se deduce nítidamente una conclusión: la de la absoluta correspondencia de su sentido literal con los antecedentes históricos y filosóficos que determinaron el nacimiento y la consagración actual del texto constitucional en estudio y que conducen a afirmar que después de una larga evolución constitucional el Congreso Nacional resolvió desprenderse de toda intervención en el ini-, ci de un proyecto de ley de esta índole. La verdad es que hasta la fecha tal concepto no había sido jamás dubitado;

18.- Que corresponde ir entonces al examen literal del precepto mencionado y para ello resulta indispensable analizar una serie de términos que emplea y que a juicio de este Tribunal son determinantes para la dilucidación de la cuestión de constitucionalidad planteada. Con arreglo a la norma de hermenéutica legal que consagra el artículo 19 del Código Civil, cuando el sentido de la ley es claro no se puede desatender su tenor literal, debiendo entenderse las palabras de la ley, como dispone el artículo 20 del mismo Código, en su sentido natural y obvio según el uso general de las mismas palabras, que es el que fija el Diccionario de la Real Academia de la Lengua;

19.- Que de acuerdo con ese Diccionario, el adverbio de modo "exclusivamente" denota, en una primera acepción, "con exclusión", y en una segunda acepción, "sola, únicamente", siendo de destacar que el vocablo "exclusiva" designa, en segunda acepción, el "privilegio o derecho adquirido en virtud del cual una persona o corporación puede hacer algo prohibido a los demás". Por su parte, el sustantivo "iniciativa" señala "el derecho de hacer una propuesta" o, "acción de adelantarse a los demás en hablar u obrar". A su turno, propuesta, según el idioma, quiere decir "proposición o idea que se manifiesta u ofrece a otro para su fin" o "consulta de un asunto o negocio a la persona, junta o cuerpo que ha de resolver". De donde se sigue que cuando el inciso 2º del artículo 45 de la Constitución Política del Estado expresa que "corresponderá exclusivamente al Presidente de la República la iniciativa para.", lo que se está estableciendo es el derecho en virtud del cual el Jefe del Estado puede hacer ciertas proposiciones legislativas, con exclusión de los miembros integrantes de otros órganos constitucionales que intervienen en la formación de la ley, a quienes les está prohibido hacer tales proposiciones;

20.- Que, continuando con este análisis gramatical del artículo 45 de nuestra Carta Fundamental, es oportuno destacar que el verbo "fijar", en su acepción pertinente, implica "determinar, limitar, precisar, designar de un modo cierto", mientras que el verbo "modificar", en la acepción correspondiente, denota "transformar o cambiar una cosa mudando alguno de sus accidentes". A su vez, el verbo "alterar" designa "cambiar la esencia o forma de una cosa" y el sustantivo "base" el "fundamento o apoyo principal en que estriba o descansa alguna cosa". Por consiguiente, la norma constitucional que le concede al Presidente de la República la iniciativa para "fijar o modificar las remuneraciones y demás beneficios pecuniarios del personal de los servicios de la administración del Estado", le permite proponer al Congreso Nacional -a quien le está prohibido hacer proposiciones de esta especie- las remuneraciones y demás beneficios pecuniarios de que debe gozar el personal de la administración del Estado, sea determinando o precisando o designando de un modo cierto tales emolumentos, sea transformando o cambiando los que se hubieren establecido. De otra parte, el precepto constitucional que le reconoce al Presidente de la República la iniciativa exclusiva para "fijar los sueldos o salarios mínimos de los trabajadores del sector privado, aumentar obligatoriamente sus remuneraciones y demás beneficios económicos o alterar las bases que sirvan para determinarlos. Lo autoriza -con exclusión del Congreso Nacional- para proponer a éste la designación de un modo cierto de tales sueldos o salarios mínimos, o el aumento obligatorio de las remuneraciones y demás beneficios económicos de los trabajadores del sector privado, o el cambio de los fundamentos en que descansa la determinación de tales remuneraciones y beneficios económicos;

21.- Que, por último, el adverbio "sólo" envuelve la idea de "únicamente, solamente", mientras que los verbos "aprobar", "rechazar" y "disminuir" denotan, en sus acepciones correspondientes, "calificar o dar por bueno" o "tratándose de doctrinas u opiniones, asentir a ellas", "resistir un cuerpo a otro, forzándole a retroceder en su curso o movimiento" o "contradecir lo que otro expresa o no admitir lo que propone u ofrece", y "hacer menor la extensión, la intensidad o el número de una cosa", respectivamente. Por consiguiente, la disposición del inciso 3º del artículo 45 de la Constitución Política del Estado -en virtud de la cual "el Congreso Nacional sólo podrá aprobar o rechazar, o disminuir en su caso, la modificación de la división política o administrativa, los servicios o empleos y los beneficios pecuniarios a que se refiere el inciso anterior-" indica con toda claridad que frente a una proposición legislativa que haga el Presidente de la República para legislar sobre las materias que ahora interesan y que son de su iniciativa exclusiva; el Congreso únicamente puede hacer una de estas tres cosas: aprobar, esto es, asentir a la iniciativa presidencial; rechazar, es decir, no admitir la proposición presidencial; o disminuir los servicios o empleos y los beneficios pecuniarios propuestos por el Presidente de la República, vale decir, hacer menor su extensión o número. Cabe agregar que el Congreso Nacional, al rechazar una iniciativa presidencial no puede sustituirla por otra propia, cuando este medio significare arrogarse prerrogativas en contra de las limitaciones de aquélla -a menos, naturalmente, que ella implique una disminución de los servicios o empleos o de los beneficios pecuniarios que proponga el Presidente de la República- porque la Constitución Política del Estado, cerrando el sistema que concede al Jefe del Estado ciertos privilegios constitucionales sobre el Congreso Nacional, regula expresamente las únicas conductas posibles del Congreso Nacional frente a estas iniciativas, con el evidente propósito de impedir que otras conductas pudieran frustrar el sentido de la disposición del inciso 2º del artículo 45 de nuestra Carta Fundamental;

22.- Que a este respecto no podría tener valimiento la idea de que el artículo 45 inciso 3º no impide que los parlamentarios puedan sustituir un precepto que han rechazado por otro de su iniciativa, en los términos restrictivos del considerando precedente, puesto que ello implicaría olvidar la norma esencial de derecho público que encuentra, por lo demás, su fuente positiva en el artículo 4º del Código Constitucional según la cual ninguna magistratura puede atribuirse otra autoridad o derecho que el que la ley le indique, concepto éste con tanto mayor valor en el caso de la especie si se recuerda que el mismo inciso 3º del artículo 45, indica al Congreso que respecto a esta clase de iniciativas presidenciales sólo podrán aprobar o rechazar o disminuir, en su caso, y nada más;

23.- Que precisamente por lo anterior no podría argumentarse de contrario que el texto del artículo 48 de la Constitución Política permitiría adicionar el proyecto con cualquiera indicación siempre que ella diga relación con la idea matriz o fundamental del proyecto porque esta preceptiva del artículo 48 es de alcance general para el caso de que su proponente tenga atribuciones constitucionales en cuanto a la materia o contenido de la indicación, esto es, que no le esté vedada la iniciativa o entregada ésta excluyentemente a otra autoridad. El precepto consagra una inadmisibilidad meramente formal por razón de lugar u oportunidad únicamente, como quiera que la proposición de ley podría ser formulada por su autor independientemente en una moción o mensaje diversos. En el caso de autos, la admisibilidad de las indicaciones parlamentarias queda subordinada al respeto de los mandatos constitucionales contemplados por los incisos 2º y 3º del artículo 45 de la Carta Fundamental;

24.- Que fijados los alcances que delimitan constitucionalmente las esferas y márgenes de iniciativa conferidos a los poderes colegisladores, procede entrar a examinar cada una de las vulneraciones que el Presidente de la República atribuye a la Cámara de Diputados, para lo cual las materias serán analizadas sucesiva y separadamente;

25.- Que la reclamación primera del Presidente de la República está encaminada, como se ha visto, a denunciar la inconstitucionalidad del artículo 1º del proyecto aprobado en general por la Cámara de Diputados y de los artículos 9 y 10 del mismo proyecto, en cuanto se relacionan con el mencionado artículo 1º y de la supresión que la Cámara hizo de los artículos 5º, 14 y 15, inciso 2º, del proyecto contenido en el Mensaje. La impugnación de inconstitucionalidad se funda en que la iniciativa presidencial excluía del beneficio pecuniario a que ella se refería, a todos los trabajadores cuyas remuneraciones, conjunta o separadamente, fueren superiores a veinte sueldos vitales mensuales. Estas sustituciones y supresiones serían inconstitucionales porque con arreglo a lo prescrito en el artículo 45 de la Constitución Política del Estado "corresponderá exclusivamente al Presidente de la República la iniciativa para fijar o modificar las remuneraciones y demás beneficios pecuniarios del personal de los servicios de la Administración del Estado, tanto central como descentralizada; para fijar los sueldos o salarios mínimos de los trabajadores del sector privado, aumentar obligatoriamente sus remuneraciones y demás beneficios económicos o alterar las bases que sirvan para determinarlos.", en, términos de que "el Congreso Nacional sólo podrá aprobar o rechazar o disminuir en su caso, los servicios o empleos y los beneficios pecuniarios a que se refiere el inciso anterior.";

26.- Que la cuestión a que se refiere el considerando precedente debe ser juzgada en consecuencia con los textos legales que en definitiva la Cámara de Diputados aprobó al pronunciarse en particular sobre los artículos correspondientes, ya que si los vicios imputados no subsisten, porque la misma Corporación dentro del mismo primer trámite constitucional, los habría hecho desaparecer, aun en atención a la fundamentación en que se apoyaba el requerimiento, sería obvio y necesario concluir que la declaración que se pide no podría ya prosperar por no subsistir a la fecha. Ocurre que los artículos que figuran con los números 5 y 19 del proyecto aprobado por la Cámara con posterioridad a la aprobación general del Mensaje -según consta del documento de fs. 7 del cuaderno respectivo agregado a los autos por el Presidente de esta Corporación-, subsanan cumplidamente las infracciones constitucionales reprochadas a fs. 1 a este respecto. En efecto, el artículo 5º de dicho proyecto establece con toda precisión que no gozarán del beneficio en cuestión las personas cuyas remuneraciones excedan de veinte sueldos vitales mensuales, especificando de esta manera el contenido del artículo 1º reclamado e, indirectamente, de los artículos 9º y 10 también reclamados, en los mismos términos en que lo precisaba la iniciativa presidencial, en cuanto excluía del beneficio a que se refería el Mensaje a todas las personas cuyas remuneraciones excedieran de veinte sueldos vitales mensuales. Por su parte, el texto del artículo 14 del Mensaje que echaba de menos el requerimiento presidencial figura literalmente transcrito como artículo 19 en el proyecto despachado por esa rama del Congreso.

Por lo dicho, resulta de rigor concluir que debe rechazarse la inconstitucionalidad que se ha estado examinando;

27.- Que, sin embargo, no ocurre lo mismo con la cuestión relacionada con la supresión del inciso 2º del artículo 15 del proyecto contenido en el Mensaje, pues ese precepto, a diferencia de los demás reclamados en el primer capítulo de este requerimiento, no fue repuesto por la Cámara de Diputados al aprobar en particular el proyecto de ley en que incide el requerimiento. Disponía ese precepto que "tampoco tendrán derecho al anticipo de reajuste los trabajadores cuyos estipendios, sueldos, salarios y pensiones, excedan separadamente o en conjunto de veinte sueldos vitales mensuales, escala A) del departamento de Santiago". Ello hace necesario que el Tribunal deba pronunciarse sobre la cuestión constitucional planteada por el Presidente de la República con motivo de la supresión de tal norma, lo que en concepto del requirente habría ampliado el ámbito de aplicación del proyecto del Gobierno a personas que estaban excluidas de él. La Cámara de Diputados opina, en cambio, que "como la ley habla genéricamente de remuneraciones" debe entenderse que ellas no pueden exceder de veinte sueldos vitales mensuales, escala A) del departamento de Santiago, sean separadas o en conjunto en el caso que se perciba más de una", según se expresa a fs. 40 en la presentación que sus cribe el Presidente de esa Corporación. El Tribunal Constitucional no comparte esta última opinión porque, dentro del sistema de concesión del beneficio que establece el proyecto de ley, la disposición limitativa suprimida no puede entenderse comprendida en otras disposiciones del proyecto. Para ese efecto basta recordar que el proyecto legisla la concesión del beneficio en diversos preceptos según los distintos sectores de trabajadores e incluso legisla separadamente la situación de las clases pasivas. Así, en el artículo 5º del proyecto aprobado en particular por la Cámara de Diputados se concede el beneficio a los trabajadores del sector público, en el artículo 7º a los pensionados, en los artículos 11 y 12 a los trabajadores del sector privado, etcétera, y si bien es cierto que se establece la limitación de los veinte sueldos vitales mensuales -en el artículo 5º expresamente, y en otros casos implícitamente por la remisión que debe entenderse hecha al artículo 5º,- no es menos cierto que tal limitación debe suponerse establecida para cada caso separadamente. Por vía de ejemplo, la limitación prevista en el artículo 5º para los trabajadores del sector público dice relación necesariamente con las remuneraciones que perciban como tales, pero no incluye las que puedan percibir como trabajadores del sector privado, ni las pensiones que fueren compatibles. En igual situación se encontrarían los casos contemplados en los artículos 2 y 4 del proyecto despachado por la Cámara de Diputados, que quedarían fuera del límite correspondiente. La norma del inciso 2? del artículo 15 del proyecto del Gobierno tenía por propósito, precisamente, el de excluir de la concesión del beneficio en una regla general a los trabajadores cuyos estipendios, sueldos, salarios y pensiones, excedieran, separadamente o en conjunto, de veinte sueldos vitales mensuales, escala A) del departamento de Santiago, propósito que ha quedado incumplido con motivo de la supresión de esta norma. A mayor abundamiento, la sola reposición del artículo 5º no ha tenido por virtud hacer inútil aquel precepto del inciso 2º del artículo 15, de otra manera no habría sido contemplado en el proyecto del Ejecutivo conjuntamente con la preceptiva de dicho artículo 5º;

28.- Que, por consiguiente, tal supresión ha traído como consecuencia extender el beneficio propuesto por el Presidente de la República a personas que no estaban comprendidas en la iniciativa del Ejecutivo, lo que obviamente importa una infracción de la Constitución Política, habida consideración de lo prescrito en el artículo 45 de nuestra Carta Fundamental, que reserva exclusivamente al Presidente de la República la iniciativa en estas materias legislativas;

29.- Que, en segundo término, el requerimiento del Presidente de la República pretende que se declare inconstitucional el artículo 1º del proyecto aprobado en general por la Cámara de Diputados y todas las supresiones que él lleva consigo, aduciendo que el Presidente de la República había propuesto para los trabajadores del sector público la concesión de un anticipo de reajuste equivalente al 100% del alza del índice de precios al consumidor entre el 1º de octubre de 1972 y el 31 de enero de 1973, con arreglo a un sistema en virtud del cual este anticipo sería exigible legalmente en su totalidad, pero sólo en relación con un monto máximo de remuneraciones que sería fijado por el Presidente de la República, de acuerdo con el rendimiento del fondo que se creaba para ese efecto y el número de personas beneficiadas, todo lo cual fue modificado por la Cámara de Diputados en el sentido de que se hizo legalmente exigible la totalidad del beneficio pecuniario, cualquiera que fuera el monto de la remuneración que percibiera cada trabajador. Concluye el requerimiento, entonces, afirmando que esta manera de obrar ha implicado una modificación de los beneficios pecuniarios de los trabajadores del sector público, en términos que van más allá de lo propuesto por el Presidente de la República. Por su parte, la Cámara de Diputados estima que no se han aumentado los beneficios propuestos por el Presidente de la República, ya que ha concedido un anticipo de reajuste del 100% para las remuneraciones iguales o inferiores a 20 sueldos vitales, otorgando los recursos necesarios para financiarlo, como se expresa a fs. 10;

30.- Que el examen de esta cuestión de constitucionalidad lleva a recordar que el proyecto propuesto por el Gobierno, como ya se ha visto, establecía un "Fondo de Compensación y Anticipo de Reajuste" que se incrementaría con los recursos previstos en el proyecto y que se contabilizarían separadamente, manteniéndose en una cuenta especial de ingreso (artículo 1º del proyecto contenido en el Mensaje) ; que se establecía una comisión técnica que tendría a su cargo, entre otras funciones, efectuar el cálculo de los ingresos del Fondo y establecer el número de personas a las cuales se les debería pagar el anticipo de reajuste con cargo al Fondo (artículo 20 del mismo proyecto); que los Servicios de la Administración del Estado debían prestar a dicha Comisión la colaboración necesaria (artículo 3º del proyecto); que con lo establecido por la Comisión, el Presidente de la República determinaría, por decreto supremo, el monto máximo de los sueldos y salarios bases a los que se anticiparía el reajuste del 100% del aumento experimentado por el índice de precios al consumidor entre el 1º de octubre de 1972 y el 31 de enero de 1973, de modo que los trabajadores cuyos sueldos o salarios bases excedieren dicho monto máximo no recibirían anticipo de reajuste sobre la parte de ellos que lo excediera, mientras que los trabajadores cuyos sueldos y salarios fueren inferiores a dicho monto máximo recibirían el anticipo del 100% del aumento del índice de precios en proporción a la cuantía de ellos (artículo 4º del proyecto) ; y que los trabajadores del sector público gozarían de un anticipo de reajuste de acuerdo al sistema establecido en los artículos 1º, 2º, 3º y 4º del Mensaje (artículo 5° del proyecto);

31.- Que también es menester recordar que la Cámara de Diputados suprimió los artículos 1º, 2º, 3º y 4º del Mensaje, y estableció en su reemplazo una norma que figura como artículo 1º del proyecto aprobado en particular por dicha Corporación que dispone, a la letra, lo que sigue:

"Concédese a contar del 1º de febrero de 1973 un anticipo de reajuste imponible equivalente al 100% del alza del índice de precios al consumidor entre el 1º de octubre de 1972 y el 31 de enero de 1973, determinado por el Instituto Nacional de Estadística, a las remuneraciones permanentes al 31 de enero de 1973 de los trabajadores, del sector público, incluidas las del personal de la Defensa Nacional, de Carabineros de Chile y de las Municipalidades y excluidas las horas extraordinarias, el viático y las asignaciones que se fijan en función de sueldos vitales y las que constituyan porcentajes de los sueldos.";

32.- Que el pronunciamiento de la Cámara de Diputados de rechazo de los artículos 1º, 2º, 3º y 4º del Mensaje pudo constitucionalmente producirse atento lo dispuesto por el inciso 3º del artículo 45 de la Constitución Política, por virtud de que el Parlamento no está obligado a aprobar los preceptos que el Presidente le someta a su consideración; sin perjuicio de que la desaparición del articulado de un Mensaje en la clase de materias bajo juzgamiento del Tribunal signifique, para los efectos de decidir sobre la constitucionalidad de los que surjan en su lugar, por sustitución o adición originadas por indicaciones parlamentarias, eliminar el marco de la iniciativa originaria y permitir libremente sobrepasarlo con desconocimiento de las prohibiciones de los incisos 2º y 3º del tanta veces dicho artículo 45. Los nuevos artículos, en lo que corresponda a las reglas que pueden sólo llegar a ser ley por propuesta del Jefe del Estado, necesariamente tendrán que acondicionarse en su esencia dispositiva al acatamiento del ámbito exclusivo de las atribuciones de aquél;

33.- Que para el juzgamiento de la constitucionalidad del artículo 1º actual es, por consiguiente, necesario recordar que el propósito del Presidente de la República fue compensar el deterioro sufrido por las remuneraciones de los trabajadores del sector público y del privado y, pudiendo extenderse esta compensación hasta el 100% de dicho deterioro -como resulta de los artículos 1º y 4°, inciso final del Mensaje, y del mismo requerimiento- la concesión de éste beneficio ha quedado condicionada, a juicio del Ejecutivo, al rendimiento del Fondo especial según los cálculos de la Comisión técnica cuya creación se proponía y a juicio de la Cámara de Diputados al monto que lo permitiera el cálculo del rendimiento tributario creado que hiciere el mismo Congreso Nacional, lo que le permite afirmar al Presidente de esa Corporación que, habiendo los recursos necesarios para financiar un anticipo de reajuste del 100% para las remuneraciones iguales o inferiores a 20 sueldos vitales, la Corporación no ha aumentado los beneficios propuestos por el Presidente de la República;

34.- Que la iniciativa presidencial pone en evidencia a lo largo de los antecedentes contenidos en el Mensaje, el hecho de que las últimas leyes de reajustes habrían sido despachadas sin que se consultara realmente el financiamiento necesario, lo que habría provocado presiones inflacionarias, circunstancia que sirve de fundamento para que el Presidente de la República haya estimado necesario ir al establecimiento de modalidades especiales -que se confirman en las normas del Mensaje- para asegurar el pago de los reajustes con los fondos que provea la ley respectiva;

35.- Que queda de manifiesto, entonces, que la discrepancia constitucional en cuestión se puede circunscribir a si la Cámara de Diputados al suprimir las normas previstas en los artículos 1º, 2º, 3º y 4º del Mensaje y sustituirlas por la norma que figura como artículo 1º del proyecto por ella aprobado, ha excedido o no el ámbito de la iniciativa del Presidente de la República más allá de lo que constitucionalmente le estaba permitido hacer;

36.- Que el Tribunal, en consonancia con lo anteriormente examinado, juzga que en los artículos 1º, 2º y 3º del Mensaje se proponían normas secundarias, meramente instrumentales, no consustanciales o directa e inseparablemente pertenecientes al marco constitucional de la exclusividad de iniciativa presidencial reservada por el artículo de la Carta sobre cuya contravención discurre el requerimiento. El Congreso Nacional, consecuentemente, pudo en forma soberana rechazarlos y no recoger su contenido meramente procesal en normas sustitutivas, o crear otros mecanismos auxiliares que juzgare convenientes;

37.- Que no sucede lo mismo en cuanto a que rechazado -constitucionalmente en forma legítima- el artículo 4º del Mensaje, pudiera la Cámara de Diputados, por la vía de la indicación, aprobar el actual artículo 1º, prescindiendo del ámbito constitucional limitante que en parte ese precepto (en consonancia con su exposición de motivos) imponía al considerar el proyecto de ley de anticipo de reajustes de que se trata. En efecto, el actual artículo 1º en su texto fija, por voluntad parlamentaria, en forma imperativa, directa, proporcionalmente igualitaria, cualquiera sea la retribución del trabajador, el beneficio compensatorio del 100% del alza del costo de la vida experimentado en el lapso que indica y respecto de los estipendios de que gozaban al día 31 de enero de 1973;

38.- Que el Presidente de la República, a través del proyecto actual, y a diferencia de anteriores iniciativas legales sobre reajustes salariales, contempla la particularidad de que claramente se reserva para sí la facultad de fijar él, cuantitativa y cualitativamente, el beneficio pecuniario, dentro de ciertos márgenes, subordinado al monto de los recursos que la ley en definitiva otorgue realmente para afrontar los desembolsos correspondientes, en términos de poder el Gobierno discriminar en forma más favorable respecto de los trabajadores que gocen de sueldos o salarios bases menores, a los cuales podría dar el 100% compensatorio del alza, calculado sobre toda su remuneración. Para estos efectos se propone que sea el Gobierno quien fije el tope de remuneraciones máximos que recibirán anticipo porcentual total, e indirectamente los que por exceder ese límite, únicamente una cantidad fija congelada, sujeto a la determinación técnica de los recursos proporcionados para tal fin; todo ello después de que la ley haya entrado en vigencia. No cabe duda que el Gobierno se reservó para sí exclusivamente la potestad de resolver, convertido el proyecto en ley, la procedencia en cuantía y beneficiarios, dentro de los presupuestos de hecho, futuros e inciertos mencionados, del anticipo de reajustes.

De acuerdo con el actual artículo 45 de la Constitución, después del desprendimiento por el Congreso de sus prerrogativas para conceder por iniciativa propia beneficios pecuniarios o patrimoniales a los trabajadores, privación que acentuó en la última reforma de la Carta contenida en la ley Nº 17.284, de 23 de enero de 1970, resulta fuera de lugar la posibilidad de cuestionar si está o no sometido a la mera voluntad del Presidente de la República que se otorgue por ley beneficios económicos laborales. Si la voluntad presidencial pudo no manifestarse o existir, es inconcuso que pudo con mayor razón declararla bajo modalidades o condicionantes como las de reservarse la atribución de fijar el monto máximo sobre la base de la estimación del rendimiento de los recursos con posterioridad al despacho de la ley, y disponer, con sujeción a estos últimos; discriminaciones de cuantía que impidan el beneficio porcentual total a cualquier evento;

39.- Que si bien en el Mensaje se menciona que se contempla financiamiento y se proponen recursos para poder dar un reajuste compensatorio total a los que ganen hasta no más de tres sueldos vitales mensuales, no es menos cierto que la iniciativa, conforme al inciso final del artículo 4º del mismo, suprimido por el Congreso, y las demás consideraciones de la exposición de motivos, colocan el marco-constitucional del proyecto en términos que si el Congreso Nacional no señala explícitamente ese tope menor, el Gobierno-debería dar el reajuste compensatorio proporcional y total hasta los sueldos y salarios bases que sea posible y a los demás, con ese tope, un guarismo fijo, y, en caso de que los recursos sean bastantes para todos, el Jefe del Estado deberá dar proporcional, igualitaria y totalmente, el 100%) de compensación hasta el límite de los veinte sueldos vitales mensuales que se perciban, conjunta o separadamente;

40.- Que no contradice lo anterior, ni puede ser motivo para que el Congreso por sí fije el beneficio y determine los beneficiarios, indicando un anticipo compensatorio total del 100%, haciendo nacer el derecho de inmediato, pura y simplemente, sin reserva de márgenes a través de la determinación presidencial, como lo indica el Mensaje, la circunstancia de que la Cámara cree o indique fuentes de recursos que, según sus cálculos serían bastantes para que el erario nacional afrontara el desembolso.

No se cuestiona el derecho del Parlamento para reemplazar o agregar recursos y crear impuestos o tributos por propia iniciativa. El artículo 45 de la Constitución Política no le limita en modo alguno sus prerrogativas de legisladores a este respecto. Puede dar los recursos que quiera. La cuestión incide en que la iniciativa, del gasto, el destino y la inversión, tratándose de incrementos patrimoniales por retribuciones salariales, sólo compete al Presidente de la República. Esta circunstancia no se contrapone con que si se dan los recursos y sus cuantías, conforme a 3a determinación presidencial ulterior, y por cierto fundada, y aquellos permiten afrontar el pago máximo, el Jefe del Estado quede obligado a así disponerlo.

Es del caso hacer constar que el Presidente de la República arguye en su Mensaje que no habría razones para confiar en la posibilidad de obtener recursos de fuentes no inflacionarias en monto suficiente para acordar y pagar un anticipo de reajuste compensatorio del total del alza del costo de la vida sobre todos los sueldos y salarios bases. Es posible así, dado su carácter de colegislador, que durante ,1a formación de la ley ocurriere que por discrepancia en la especie de los tributos o fuentes de financiamiento, dentro de los quórum y mecanismos de rigor, por ejemplo por la vía de los vetos, los recursos de origen parlamentario no lleguen necesariamente a convertirse en preceptos de ley. En cambio, al mantenerse el artículo 1° despachado por la Cámara en la forma imperativa de monto y personas beneficiarías, pudiera no quedar debidamente amparado el gasto que crea. Además, establecer el posible rendimiento de ciertos tributos, por encerrar estimaciones y pronósticos, no escapa a los márgenes de errores dentro, por cierto, de los propósitos más constructivos y serios que en las ponderaciones respectivas anime a sus autores.

El Presidente de la República, sin ninguna duda, no ha querido correr estos albures y por eso, clara, directa y categóricamente, no ha querido que la ley -en contra de lo que hace el artículo 1º cuestionado- imponga un gasto a todo evento y cree, directa e inmediatamente, un derecho a anticipo de reajuste como fluiría del artículo 1º, sino que, en su iniciativa, se ha reservado la determinación del gasto a posteriori, entrada en vigencia la ley, conforme a la determinación técnica de los medios financieros reales y definitivos que permitan afrontar el desembolso, sin comprometer la marcha económica -que dice deficitaria- porque atraviesa el Presupuesto de la Nación y que atribuye a errores de cálculos de financiamientos que se habrían producido con antelación.

No cabe duda, ni es cuestionado en el requerimiento de fs. 1, que los parlamentarios no están limitados por el artículo 45 de la Constitución Política para crear recursos financieros o para rechazar o sustituir los de iniciativa presidencial. No es el inciso 2º del Nº 40 del artículo 44 el que aparece invocado en esta causa. La materia sub lite se sitúa en que no es bastante, ante el tenor de la iniciativa presidencial bajo consideración, el que los propios Diputados estén habilitados para dar recursos e internamente hacer cálculos sobre sus cifras, para que ellos puedan atribuirse iniciativa constitucional para crear el gasto o beneficio y los beneficiarios, en su entidad y modalidades, prescindiendo de las subordinaciones contenidas en la voluntad indivisible, única y determinante del Presidente que, amparado en el artículo 45, no quiso ni permitió, ni dio autorización o patrocinio para regular el gasto con autonomía de las circunstancias de hecho tales como recursos reales establecidos a posteriori y la reserva para sí de fijar el alcance y latitud por acto de autoridad propia, sujeto empero a las normas del texto legal encuadrado en su proposición;

41.- Que es ajeno al desenlace de la controversia constitucional tipificar el contenido del Mensaje, tanto en cuanto a si se trataría de obtener delegación de facultades legislativas para el Presidente de la República o si la iniciativa dada para la integración y ejecución posterior de su confección determinante, habría de materializarse en un decreto supremo. Cualquiera de las dos hipótesis está igualmente amparada en nuestro régimen constitucional, sea por lo prevenido en el Nº 15 del artículo 44 o según la regla Nº 2 del artículo 72. En efecto, de cualquiera manera, lo relevante que pone de manifiesto el centro decisorio del debate radica en que el Jefe del Estado no dio iniciativa para proceder como lo hizo la Cámara de Diputados.

Aunque sea abundar, todavía más, en las ya latas consideraciones hechas, no se resiste el Tribunal a llamar la atención acerca de que no sólo la exposición de motivos y el articulado del Mensaje son contundentemente expresivos de una voluntad no sujeta a dudas en los márgenes limitantes, sino que las piezas del debate parlamentario y fundamentación de indicaciones de origen parlamentario -entre otras, la propia indicación que se convirtió en el artículo 1º-, como declaraciones oficiales y públicas de personeros de Gobierno y de representativos parlamentarios que disienten de la iniciativa original, han admitido que el Presidente de la República, innovando en los procederes tradicionales en materias relativas a beneficios salariales o sociales económicos, no entregó al Congreso la iniciativa para que éste señalara directa e imperativamente un monto de reajuste no discriminado y bajo la fundamentación de su propia e irrevisable estimación del cálculo de rendimiento de los recursos que contemplare. Se reservó el Presidente de la República para sí, dentro de los lineamientos destacados en otro lugar de este fallo, fijar el monto máximo y la facultad, en consonancia con los rendimientos financieros del proyecto a través de cálculos técnicos ulteriores, de poder discriminar en favor de los emolumentos más bajos, aunque no arbitrariamente sino que dentro de los presupuestos anteriormente explicados. El Congreso Nacional no puede transformar la iniciativa que se le entregó, en aquella parte en que le está permitido exclusivamente aprobar, disminuir o rechazar;

42.- Que, en las circunstancias señaladas, es fuerza concluir que el artículo 10 nuevo adolece de vicio de inconstitucionalidad por transgredir su contenido lo dispuesto en los incisos 2º y 3º del artículo 45 de la Constitución Política del Estado y no podrá, por consiguiente, convertirse en ley;

43.- Que no procede acoger la inconstitucionalidad de los artículos 9º y 10, por ser idénticos a los propuestos con los Nºs 11 y 12 del Mensaje y, particularmente, porque si bien es cierto que el alcance de los mismos fue modificado al aprobarse un nuevo artículo 1º -excediéndose entonces la iniciativa presidencial respecto del sector privado en la misma forma que en lo atinente al sector público- debe observarse que el vicio se cometió precisa y directamente al decidirse la aprobación del artículo 1° mencionado y éste es declarado inconstitucional en el presente fallo;

44.- Que en relación a la formulación del requerimiento que rola a fs. 1, en orden a que se reponga la tramitación del proyecto al estado en que se encontraba antes de acordarse las sustituciones y supresiones que han sido materia del presente debate constitucional, este Tribunal, habiéndose pronunciado en este fallo sobre determinados requerimientos de in-constitucionalidad, debe limitarse a poner su sentencia en conocimiento de quien corresponda, para los efectos de su cumplimiento;

Y teniendo presente, además, lo dispuesto en los artículos 45, incisos 2º y 3º, 78 b) y 78 c), inciso 2º, de la Constitución Política del Estado, y 3, 6, 7 y 8 del auto acordado sobre procedimiento aplicable ante el Tribunal Constitucional

SE RESUELVE:

Primero: NO HA LUGAR a la cuestión previa de ineptitud del libelo planteada por el Presidente de la Cámara de Diputados a fs. 10; y, por consiguiente, a la reposición del primer otrosí de la misma foja;

Segundo: NO HA LUGAR a la inconstitucionalidad respecto de la supresión de les artículos 5 y 14 del Mensaje;

Tercero: HA LUGAR a la declaración de inconstitucionalidad de la supresión del inciso 2º del artículo 15 del Mensaje;

Cuarto: HA LUGAR a la inconstitucionalidad del artículo 1º del proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, el que no podrá convertirse en ley;

Quinto: NO HA LUGAR a la declaración de inconstitucionalidad de la supresión de los artículos 1º, 2º, 3º y 4º del Mensaje, y

Sexto: NO HA LUGAR a la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 9 y 10 del proyecto aprobado en general por la Cámara de Diputados.

Se previene que los Ministros señores Retamal y Bórquez concurren al fallo en cuanto se declara la inconstitucionalidad de la supresión del inciso 2º del artículo 15 del proyecto contenido en el Mensaje, en virtud de los fundamentos 27 y 28, exceptuada de este último la frase final cuyo comienzo es "que reserva exclusivamente al"…

El Ministro señor Schaulsohn concurre al fallo haciendo la siguiente salvedad:

No fue de opinión de incluir los considerandos 7º a 15º, inclusives, y la última frase del Nº 17º, porque la historia fidedigna del establecimiento de una ley - como otras reglas de hermenéutica- tiene cabida únicamente de manera subsidiaria cuando el sentido de la norma no es claro conforme a su literalidad y acertadamente la sentencia demuestra que el artículo 45 de la Constitución Política no deja dudas sobre su alcance a través de su simple lectura; porque además algunas de las citas transcritas en esos considerandos no integran dicha historia sino que, aunque respetables, son meras opiniones de quienes las hicieron, las que no siempre fueron compartidas o incorporadas finalmente en la Carta Fundamental; y porque, personalmente, el Ministro disidente ha discordado, y mantiene su discrepancia, con muchas de las afirmaciones reproducidas.

Acordado el fallo en la parte que rechaza la inconstitucionalidad de la supresión del artículo 4º del proyecto del Ejecutivo, en contra de la opinión del Presidente señor Silva Cimma, y del Ministro señor Veloso, quienes estuvieron por acoger también esa inconstitucionalidad. Para ello tienen presentes los propios fundamentos de la sentencia, especialmente sus motivos 36º a 41º, con la salvedad de las frases que estiman legítima la supresión del citado artículo 4º y, consecuentemente, consideran que esta supresión adolece de vicio de inconstitucionalidad por transgredir lo dispuesto en los incisos 2º y 3º del artículo 45 de la Constitución Política del Estado. En efecto, sin que hubiere ocurrido un rechazo total del proyecto del Presidente de la República, manteniendo la Cámara de Diputados numerosos preceptos del Mensaje y modificando otros, eliminó, no obstante las condiciones o limitaciones del reajuste propuesto -ya analizadas- y que se establecían en la referida disposición del artículo 4º, no contemplándolas en ninguna otra norma de reemplazo en el proyecto aprobado por dicha Corporación.

Acordada la decisión que declara inconstitucional el artículo 1º del proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, en contra de la opinión de los Ministros señores Retamal y Bórquez, quienes estuvieron por rechazar también en esa parte el requerimiento y declarar que no existe la inconstitucionalidad referida.

Para concluir así, tienen presente lo expuesto en las consideraciones 29º, 30º, 31º, 33º y 35º del fallo de mayoría y las razones siguientes:

1ª.- El Presidente de la República tiene iniciativa exclusiva para fijar o modificar las remuneraciones y demás beneficios pecuniarios de los servidores públicos y para crear nuevos servicios o empleos rentados, pero la iniciativa no priva al Congreso del derecho a discutir el proyecto del Presidente de la República introduciéndole todos los cambios que estime pertinentes y que no estén reñidos con las prohibiciones constitucionales, prohibiciones que han de aplicarse restrictivamente y que no pueden por lo tanto extenderse por analogía por tratarse de claros preceptos de Derecho Público y de una norma excepcional limitativa de la regla que establece la participación del Congreso como organismo legislador. La intervención de éste está limitada en la Constitución en cuanto no puede apartarse en las modificaciones que introduzca a un proyecto del Presidente de las ideas matrices que contenga y relativamente a los gastos públicos en cuanto sólo puede aprobar, rechazar o disminuir en su caso los servicios o empleos y los beneficios pecuniarios. El adverbio sólo que emplea el precepto constitucional no significa que en toda la materia del proyecto del Congreso pueda solamente aprobar, rechazar o disminuir, sino que su limitación alcanza a cualquiera de estos tres actos en lo relativo únicamente a los servicios o empleos y a los beneficios pecuniarios. Las modificaciones que introduzca el Congreso en un proyecto del Presidente de la República que contenga materias que no sea fijar o modificar las remuneraciones o servicios están regidas por la norma constitucional que confiere al Congreso la facultad de legislar con las limitaciones explícitas establecidas en la Carta Política.

Si la iniciativa del Presidente obligara al Congreso sólo a aceptarla o rechazarla o disminuirla en el total de su contenido, el papel de este cuerpo legislativo quedaría esencialmente reducido en su trascendencia y hasta en su categoría intelectual, puesto que sólo podría desempeñar el menguado papel que consiste en aprobar integralmente y sin distingos o en discutir solamente para disminuir.

Este predicamento es inaceptable en la iniciativa presidencial como lo es en cualquiera otra iniciativa. Así en las leyes sobre reclutamiento y sobre amnistías o indultos generales en que la iniciativa corresponde respectivamente a la Cámara de Diputados y al Senado. Esto porque en materia de iniciativa la Constitución no confiere carácter especial a las del Presidente de la República.

El Congreso, pues, ejerciendo sus facultades genuinas pudo cambiar el sistema ideado por el Presidente de la República en los artículo 1° a 49 de su proyecto, respetando las antedichas limitaciones constitucionales;

2ª.- Como se dice en el fallo de mayoría, el sistema ideado por el proyecto del Presidente no contiene una norma que fije cuantitativamente el personal del sector público o privado que ha de disfrutar del anticipo de reajuste ni el monto de éste, porque la determinación queda entregada al criterio que en su oportunidad deberá el Presidente manifestar cuando se haya hecho el 'cálculo del rendimiento probable con que contará el Fondo de Compensación y Anticipo de Reajuste; pero esta facultad del Presidente no es absoluta, porque en la determinación del monto máximo del anticipo y de las personas que deben disfrutarlo interviene el artículo 4º del proyecto del Gobierno en cuanto establece limitaciones mínimas y limitaciones máximas para la actuación del Jefe del Estado e indica en su inciso final que "si el Fondo diere recursos para anticipar el reajuste del total de las remuneraciones, etc.,", frase que demuestra que el Presidente de la República tiene la posibilidad de fijar como anticipo un reajuste total de las remuneraciones y que parece ser de ejercicio obligatorio, puesto que el mismo inciso agrega que si llenado ese fin de dar reajustes totales, quedare un remanente, éste se destinará a financiar la futura ley de reajustes;

3ª.- Hay, pues, en los proyectos respectivos la posibilidad de que el Presidente y la Cámara coincidan en un criterio idéntico en cuanto a la determinación del monto posible del anticipo y esa sola posibilidad desvirtúa la idea de haberse excedido el Congreso en sus facultades constitucionales. Y hay, además, un factor importante para resolver si el Congreso ha aumentado o no el proyecto del Presidente. Ese importante factor es que desde el punto de vista cuantitativo el proyecto del Gobierno es una incógnita y no cabe duda alguna de que la incógnita no se puede aumentar y no se aumenta cuando se convierte en certeza. Este punto es sustancial para decidir que el artículo 1º aprobado por la Cámara de Diputados infringe o no la Constitución, porque el requerimiento de fs. 1, origen de la controversia, invoca tal aumento como principal premisa de la inconstitucionalidad cuando afirma: "La sustitución que ha operado implica transformar la posibilidad de obtener un anticipo cuyo monto se determinaría de acuerdo con las disponibilidades financieras del Fondo, por un derecho cierto de exigir legalmente el máximo que podría conferir esa posibilidad, lo que a todas luces se traduce en un aumento que el Presidente de la República no ha querido conceder sino en la medida que existan fondos para ese efecto".

4ª.- Por las razones precedentes, la Cámara de Diputados, sin amagar la Constitución, pudo suprimir los artículos 1º a 4º del proyecto del Gobierno, eliminando la creación del Fondo de Anticipo de Reajustes y sustituirlos por otros que contengan la determinación del monto del dicho anticipo. Esta conducta de la Cámara no excede sus facultades constitucionales típicas porque relativamente a los beneficios del proyecto los aprueba, puesto que acepta que se otorguen, aunque cambie el método para determinarlos, y porque la limitación constitucional del Congreso en cuanto debe aprobar, rechazar o disminuir los beneficios o empleos, no significa que sólo tales pronunciamientos pueda emitir respecto del proyecto total que contenga los beneficios, sino que la prohibición rige sólo respecto de éstos en su expresión cuantitativa. La forma en que hayan de otorgarse los beneficios o crearse los empleos no está comprendida en la prohibición constitucional del artículo 45, inciso 3?, si el cambio introducido por el Congreso no los aumenta.

No hay precedentes históricos ni tratados magistrales que conduzcan a otra conclusión.

Acordada la decisión que declara la inconstitucionalidad de la supresión del inciso 2º del artículo 15 del proyecto contenido en el Mensaje, en contra de la opinión del Ministro señor Schaulsohn, quien estuvo por rechazar en esa parte el requerimiento por no compartir los considerandos 27º y 28º que llevaron a la conclusión del Nº 3 del fallo. Sostiene que debió negarse lugar a la cuestión de inconstitucionalidad planteada a este respecto por el Presidente de la República, porque los artículos 5º y 19 aprobados por la Cámara hicieron superfluo mantener dicha parte del precepto al alcanzar a los trabajadores de los sectores público y privado, y por el carácter especial de los artículos 2º y 4º aprobados por la Cámara que no han sido impugnados por vicio alguno en el escrito de fs. 1 de los autos.

Transcríbase al Presidente de la República, al Senado y a la Cámara de Diputados.

Publíquese en el Diario Oficial.

Regístrese y archívese.

Rol Nº 14.

Entre líneas: "Campos, Leopoldo: "Los Decretos de Insistencia" (páginas 73 y siguientes). La", vale.

(Fdo.): Enrique Silva Cimma.- Rafael Retamal López.- Jacobo Schaulsohn Numhauser.- Adolfo Veloso Figueroa.- Israel Bórquez Montero.

Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrado por su Presidente, don Enrique Silva Cimma, y por los Ministros señores Rafael Retamal López, Jacobo Schaulsohn Numhauser, Adolfo Veloso Figueroa e Israel Bórquez Montero.

(Fdo.): René Pica Urrutia, Secretario del Tribunal Constitucional.

CONFORME CON SU ORIGINAL. Santiago, 9 de abril de 1973.

(Fdo.): René Pica Urrutia, Secretario del Tribunal Constitucional."

Las actas de las sesiones 31ª y 32ª, Extraordinarias, se declaran aprobadas por no haber sido objeto de observaciones.

El acta de la sesión 33ª, extraordinaria, queda a disposición de los señores Diputados.