Labor Parlamentaria

En conformidad a lo dispuesto en el artículo 177 del Reglamento, procede votar la cuestión previa planteada por el señor Ministro.

En votación.

(Durante la votación).

El señor IBAÑEZ.-

Esto es un sofisma.

El señor BULNES SANFUENTES.-

El señor Teitelboim se queda para el final, con el fin de poder insultar impunemente.

El señor TARUD.-

¿Estamos en votación, o no?

El señor LUENGO.-

Al Honorable señor Bulnes no se le interrumpió.

El señor AYLWIN (Presidente).-

Ruego a los señores Senadores guardar silencio.

El señor TARUD.-

Exijo que se cumpla el Reglamento.

El señor AYLWIN (Presidente).-

Se está cumpliendo, señor Senador.

Se rechaza la cuestión previa (25 votos contra 22 y 1 pareo).

En conformidad al artículo 178 del Reglamento del Senado, ofrezco la palabra a los señores Diputados miembros de la Comisión de la Cámara de Diputados para que formalicen la acusación.

El señor MATURANA (Diputado acusador).-

Señor Presidente:

Entrando a formalizar la acusación y dado el sistema de distribución de trabajo que acordamos entre los Diputados que estamos cumpliendo nuestra parte en este deber constitucional a que se ve abocado hoy día el Senado, me referiré en forma muy general a la fundamentación de derecho y de hecho que tiene esta acusación constitucional, prescindiendo de la historia fidedigna del establecimiento de la institución, de las opiniones de los tratadistas y de otros aspectos muy interesantes que ayudan a clarificar el problema y que serán abordados detallada y profundamente por el Diputado señor Zaldívar.

Estimo que lo expresado aquí por el señor Ministro, al referirse a un aspecto aparentemente procesal el de la admisibilidad, es, como lo han dicho algunos señores Senadores, la esencia del problema en discusión. Tanto es así que lo mismo planteó como argumentación de fondo el señor Ministro en la Cámara de Diputados para pedir, en su oportunidad, que la acusación fuera declarada inadmisible. Y muy probablemente fundará en esos mismos antecedentes de derecho su alegación de fondo, cuando se haga cargo de nuestras palabras, seguramente en la próxima sesión.

Nosotros analizaremos en esta ocasión los hechos específicos en que se funda la (acusación y que, además de estar expresados en ella, fueron en la Comisión Investigadora materia de prueba, de informaciones y de antecedentes exhaustivos que se encuentran en la carpeta que está en poder de los señores Senadores.

Yo diría que la argumentación central del señor Ministro - ayer en la Cámara de Diputados y ahora en el Senado - se basa fundamentalmente, según sus palabras textuales, en que sólo puede ser acusado y declarado culpable por el Senado en virtud de hechos específicos que se le puedan atribuir personalmente y que constituyan delito penal. Esta es la síntesis más estricta del pensamiento del señor Ministro, de su enfoque jurídico frente al problema constitucional en discusión. Señaló que no se le podían atribuir providencias que dispusieran la comisión de tales hechos. Este planteamiento jurídico envuelve, en el fondo, algunas afirmaciones: que él no ha cometido ningún delito penal y, luego, que no es responsable; que esta responsabilidad sólo podría perseguirse cuando el Ministro acusado, o cualquier otro en la misma situación, hubiere personalmente cometido ese tipo de delito, es decir, cuando hubiera una responsabilidad individual. No dice el señor Ministro desconocer el hecho de que en la Constitución también está considerada la responsabilidad solidaria de los actos que puede firmar con los otros Ministros, ni tampoco el de que en la historia de las acusaciones constitucionales planteadas durante muchos años en el Parlamento los Ministros han respondido por los actos de sus subordinados, que de él dependen, y, en el caso de los Ministros del Interior, con mucha frecuencia, por los actos de Intendentes y Gobernadores.

Nos parece de extrema conveniencia para obtener una absolución, y para explicar la actitud que en materia de orden público ha tenido el Gobierno, esa argumentación de los asesores jurídicos del Ministro en orden a que él no tendría ninguna responsabilidad por los actos de los Intendentes y Gobernadores, que son sus subordinados jerárquicos, y que también representan al Presidente de la República en las provincias y gobernaciones; y a que él sólo podría responder por los actos ejecutados por su mano, personalmente.

Digo esto porque está en el conocimiento público y, por ende, en el conocimiento ilustrado de los señores Senadores, que ha habido una notable discrepancia entre las declaraciones formales que muchas veces le hemos escuchado al señor Ministro, con satisfacción y esperanza, en los trece meses de su desempeño, en orden a que no se permitirían tales o cuales hechos, a que se pondría fin a tales o cuales tropelías, y lo que, por desgracia, estaban haciendo en provincias, en departamentos y subdelegaciones, los dependientes administrativos del señor Ministro.

La pretensión de que un Secretario de Estado sólo responde constitucionalmente por los hechos ejecutados individualmente, personalmente, por la propia mano del Ministro, puede llevar a aberraciones jurídicas.

Sostener, por ejemplo, en el caso de esta acusación, que el Ministro no tiene por qué responder por los desbordes cometidos por Investigaciones el día siguiente al desfile de las mujeres, por el mero hecho de estar establecido que, evidentemente, él no viajaba en las patrullas de Investigaciones que realizaron la operación comando en el barrio de Providencia, o que no fue por su mano, portando alicates, cortada la corriente de las radioemisoras, a nuestro juicio arbitrariamente suspendidas del derecho constitucional de emitir opiniones sin censura previa,...

La señora CAMPUSANO.-

¿Qué dice el señor Diputado respecto de los sucesos de El Salvador?

El señor MATURANA (Diputado acusador).-

Ya que Su Señoría quiere llevar mi pensamiento a otras acusaciones, y aun cuando no debo entrar en diálogo pues estoy tratando de cumplir con mi deber constitucional, así como la señora Senadora lo cumplirá en su oportunidad, voy a aceptar su argumentación por tratarse de una dama.

Los mismos partidos políticos que hoy impugnan la acusación que está tratando el Senado presentaron una acusación constitucional contra el entonces Ministro del Interior, señor Edmundo Pérez Zujovic, por los desgraciados sucesos de Puerto Montt. El estudio detallado de esa acusación demuestra que no hay en ella ni un solo cargo en el sentido de que el Ministro, los intendentes, los gobernadores, o jefes superiores de Carabineros hubiesen dado ni una sola disposición diversa, específica, para los hechos que allí ocurrieron. Y, sin embargo,...

La señora CAMPUSANO.-

Yo le pregunté por los sucesos de El Salvador.

El señor AYLWIN (Presidente).-

El Senado actúa en este momento como jurado. Por lo tanto, Su Señoría no puede intervenir en este instante.

El señor MATURANA (Diputado acusador).-

Sin embargo, en el caso mencionado, la acusación responsabilizó, en su fundamentación, al Ministro, por los hechos cometidos por la fuerza pública, no obstante haber ellos ocurrido a mil kilómetros de distancia de donde se encontraba ese Secretario de Estado. Este es un caso de antiguas acusaciones en las cuales se han sustentado criterios diametralmente distintos de los que hoy se están planteando.

Para completar la cita, quiero decir honestamente que nosotros votamos en favor del Ministro, pero sin desconocer en ninguna parte de nuestra alegación que él respondía por los actos de sus subordinados. Incluso, dijimos que votábamos en contra de esa acusación porque nos hacíamos cargo del difícil papel de Carabineros, que definimos en esa ocasión como un delgado muro verde que estaba conteniendo con gran dificultad toda una marea roja de violencia. No pensé en ese momento que iba a ser premonitorio en mi afirmación.

La argumentación del señor Ministro se completa en el aspecto de abstención diciendo que no sólo sería responsable por los hechos específicos que se le pudieran atribuir personalmente, y que constituyeran delito penal, sino en los casos de deliberada omisión de un acto obligatorio.

Al decir del señor Ministro detalladamente en la Cámara, y probablemente al hacerse cargo de nuestras observaciones aquí en el Senado, no puede entenderse, según él, que ésta sea la situación en el caso de la no aplicación de la ley de Seguridad Interior del Estado, mencionada en la acusación respecto de bandas armadas y de ocupaciones ilegales de tierras. Según el señor Ministro, no habría delito constitucional así se entendería, por ser una facultad privativa de su cargo decidir si se ejercita o no se ejercita la acción que pone en movimiento los mecanismo de la ley de ¡Seguridad Interior del Estado para perseguir las bandas armadas, en este caso relacionadas íntimamente con las ocupaciones ilegales de tierras. Dada la gravedad de estos hechos, su reiteración y el reguero de sangre que han dejado en el Sur, más el escarnio del derecho y del orden público en zonas muy importantes del país, nos parece que configuran una omisión culpable que también el Senado puede y debe tomar en consideración.

En realidad, no es mi papel expresar la argumentación del señor Ministro, pero he debido hacer una muy breve síntesis de ella pues estimamos que es imposible decir por qué discrepamos de ella o por qué nos quedamos con los fundamentos y con la votación de la acusación sin recoger, como es natural, los argumentos en contrario que se nos han dado.

El señor MONTES.-

No los ha dado.

El señor MATURANA (Diputado acusador).-

Dije: que se nos han dado. Si no los ha dado el señor Ministro, dígaselo a él.

El señor MONTES.-

Queremos saber en qué funda la Cámara su acusación.

El señor MATURANA (Diputado acusador).-

Ya lo oirá Su Señoría. Ya lo verá.

El señor AYLWIN (Presidente).-

Llamo al orden al señor Senador.

El señor MONTES.-

Yo reclamo de la mala actitud del señor Diputado. El debe informar al Senado.

El señor MATURANA (Diputado acusador).-

Yo no estoy informando al Senado. Estoy formalizando la acusación, y no pretendo que todos los sectores del Senado estén de acuerdo conmigo.

Decíamos en un comienzo que la argumentación que ha constituido la defensa del señor Ministro, que por cierto, ha de corresponder a una asesoría técnica, de abogados, tiene por objeto dar una tenida adecuada a lo que ha sido la conducta del Gobierno en materia de orden público. Es así como, en lo referente a los hechos específicos que fundamentan la acusación, el señor Ministro dijo, al menos en la Cámara, en términos generales, para expresarlo en forma rotunda, que no había bandas armadas, que no se habían realizado tomas violentas de tierras que pudieran ser perseguibles, que no se les había pegado injustamente a las mujeres en el llamado desfile de las cacerolas, que no se habían clausurado arbitrariamente radio emisoras, que no se habían hecho detenciones arbitrarias y que tampoco existía ningún tipo de discriminación entre gobernantes y opositores para el resguardo del orden público.

A mi juicio, llega el momento de ver en qué se fundamenta la responsabilidad ministerial del señor Ministro en esta acusación. No me parece indispensable recurrir a ninguna explicación doctrinaria ni de interpretación en presencia de las causales contenidas en el texto expreso de la Constitución en la letra b) del número 1 del artículo 39, ya que ese texto, aparte referirse a delitos constitucionales, que además constituyen delitos penales, como la traición y la malversación de fondos públicos, menciona hechos que no reúnen este carácter. Por ejemplo, la concusión, que en Chile no es un delito penal tipificado o definido con ese nombre, que, de acuerdo con la interpretación del Diccionario de la Lengua sería una exacción arbitraria hecha por un funcionario público en su beneficio, y que muy difícilmente, dada la rigurosidad del sistema penal, podría estimarse un delito tipificado cuando no se ha considerado con ese nombre en la Constitución Política.

No cabe la menor duda de que las infracciones a la Carta Fundamental, que también constituyen causal, pueden ser o no ser delito. En el hecho, la mayor parte de esas infracciones a la Ley Fundamental constituyen, cuando significan violación de las garantías constitucionales, delitos penados en el Código Penal. La traición, por ejemplo, es un delito sancionado en los artículos 106, 107, 109, 111 y 112 de dicho cuerpo legal. Lo mismo ocurre con la malversación de fondos públicos, según los artículos 236 y 238 de ese Código. Asimismo, sus artículos 248 y 250 sancionan el soborno.

El atropellamiento de la ley está considerado en varias disposiciones penales; por ejemplo, en los artículos 221, 228, 236, 239 y otros del Código Penal. Dejarlas sin ejecución puede, en casos muy específicos, llegar a constituir un delito de los que los penalistas llaman de comisión por omisión, pero muchas veces ha de ser un delito constitucional, porque así se menciona en el texto positivo no lo podemos discutir, sin llegar nunca a constituir delito penal.

Y así ocurrirá que en este antejuicio que está conociendo el Honorable Senado el Ministro podrá ser declarado culpable. Y si la causal fuera, precisamente, esta de haber dejado leyes sin ejecución, muy bien pudiera, al pasar los antecedentes a la justicia penal, no prosperar ninguna acción penal y no ser ejercitada ninguna acción civil, porque los hechos de la responsabilidad ministerial pueden implicar una responsabilidad política digo responsabilidad política porque ella está consignada en el texto de la Constitución, y, a mayor abundamiento, delito penal o civil, pero no necesariamente un encadenamiento causal, cosa que está perfectamente establecida en los textos de Derecho Constitucional y de Derecho Administrativo.

Como lo planteaba el Honorable señor Bulnes al fundar su voto en un aspecto formal, de procedimiento, comprometer la seguridad o el honor de la nación, evidentemente en algunos casos, yo diría de magnitud heroica, podría llegar a constituir delito penal, pero es muy probable que en la mayor parte de ellos la comisión de un hecho de esa especie sólo quede a la conciencia, al criterio de los señores Senadores, aun cuando muy difícilmente pudiera constituir un delito penal.

Y hay un caso en el cual los señores Senadores deben ser mucho más especialistas que nosotros los Diputados: el de abuso de poder, consignado en el artículo 42 de la Constitución Política. Dice esta norma que el Senado determinará si el acusado es o no culpable del delito o abuso de poder. Es indudable que la Constitución está señalando que el Senado puede estimar que alguien es responsable, sea por los delitos que ha individualizado en el artículo 39, o por una cosa que ni siquiera en el lenguaje constitucional no digo en el lenguaje penal es delito, como es el abuso de poder.

Al respecto, simplemente me permito recordar a los señores Senadores, quienes lo saben perfectamente, que la jurisprudencia, la doctrina, sin excepción, ha extendido lo que se ha llamado abuso de poder a algo más sutil, que es la desviación del poder, en que la autoridad está ejerciendo una facultad de acuerdo con un texto expreso, pero que la está llevando más allá del objetivo para el cual este texto fue dictado. Evidentemente, estos hechos van a ser un delito constitucional, constituirán abuso de poder, pero no tienen por qué significar un delito penal.

El señor CHADWICK.-

El señor Diputado está confundiendo el abuso de derecho con el abuso de poder.

El señor MATURANA (Diputado acusador).-

Señor Senador, el abuso de poder equivale al abuso de derecho en materia de orden público.

El incumplimiento de las leyes va a dar numerosos casos de delitos constitucionales que no constituyen delito penal.

Respecto de un tema que aquí se ha debatido: que se actúa inevitablemente con criterio político y que se mezcla lo positivo con la convicción, en realidad basta leer el texto de la norma constitucional para darse cuenta de que algunas de estas disposiciones, de estas causales, tienen tal amplitud como, por ejemplo, esto del atropellamiento de las leyes o dejarlas sin ejecución, comprometer el honor o la seguridad de la nación o el abuso de poder, que evidentemente abren el camino para el juicio político, en el cual se enjuicia la acción política de un Gobierno y de un Ministro, no al margen de la Constitución, no abusando de ella, sino que, precisamente, recogiendo incisos tan válidos como aquellos que tipifican delitos de carácter penal.

No es de extrañar que quienes han declarado improcedente la inadmisibilidad pudieran estimar culpable al señor Ministro, porque en el hecho fue él, al usar una argumentación de fondo, de la esencia del hecho que se discute: si dicho Secretario de Estado es realmente responsable jurídicamente, o no lo es, de los hechos que se le imputan; al plantearlo como una excepción de inadmisibilidad, que es meramente formal, el señor Ministro trajo en forma anticipada al Senado un debate que va a ser de fondo, por lo que, inevitablemente, al pronunciarse en el juicio final de esta materia deberá el Senado tener en cuenta los argumentos y consideraciones que aquí han oído. Por eso, creo que tenía razón el Senador de Gobierno que sostuvo que el haber usado el señor Ministro argumentos de fondo como excepción de inadmisibilidad lo dejaba a cubierto de que se le pudiera aplicar el Reglamento de esta Corporación que, refiriéndose a una excepción meramente formal, dice que no puede volverse sobre estas materias en el curso del debate. Indudablemente, una alegación meramente procesal no podría reiterarse, pero como se usó como excepción previa la argumentación de fondo, los Diputados que sustentamos la acusación, el señor Ministro y los señores Senadores nos veremos inevitablemente obligados a referirnos nuevamente a estas materias, en el curso de esta sesión o de la próxima, sin que se produzca la disyuntiva que otro señor Senador planteaba.

Veamos ahora los hechos específicos que exigía o pedía el señor Ministro del Interior para que pudiera estimarse o desestimarse la acusación.

Del fárrago de antecedentes que se juntaron en las largas horas de debate de la Comisión de Acusación Constitucional de la Cámara, quisiera hoy día referirme exclusivamente a los que, a nuestro juicio, aparecen más claramente comprobados, sin que la selección de un material tan amplio pueda significar de manera alguna que desestimemos un antecedente que no mencionamos o un capítulo que no tratamos a fondo; pero incuestionablemente abordaremos los atropellos a la libertad constitucional del derecho de reunión, que aparecen tipificados o ejemplarizados en la acusación respecto del desfile de las mujeres.

Los violaciones a las garantías y derechos constitucionales y a los resguardos de la libertad y dignidad de las personas en materia de detenciones arbitrarias por Carabineros e Investigaciones, en aquellos hechos o en otros, en ocasiones diversas; la clausura, a nuestro juicio ilegal y arbitraria, de radioemisoras; la existencia de bandas o grupos armados o de choque; las tomas ilegales de terrenos o de sitios; la existencia de ese grupo denominado GAP, y de otros, serán algunos hechos específicos que analizaremos de acuerdo con los antecedentes reunidos en la Comisión Especial Investigadora.

A nuestro juicio, en el desfile de mujeres hubo verdadero desprecio por los derechos de las personas y por las libertades constitucionales a que también tienen derecho los opositores.

El clima de violencia que se ha ido imponiendo en las calles ante una suerte de permisión o de dejar hacer de las autoridades que deben velar por el orden público, en nuestra opinión culminó ese día con lo que podría estimarse una represión exagerada de ese desfile de mujeres, que prácticamente impidió el ejercicio de una libertad constitucional, y por esto está considerado en el libelo acusatorio, que se refiere a la libertad del derecho de reunión, agravado por la impunidad en que quedaron los agresores y por la tergiversación de los hechos absolutamente inexplicable e injustificable que hizo la noche de ese día el propio Ministro del Interior. En conjunto, se negaron los hechos y se convirtió a las víctimas en responsables.

En el curso de la investigación de la Comisión, quedó muy en claro que, a pesar de tratarse de un desfile permitido en consecuencia, Carabineros tenía la obligación de protegerlo, el criterio, el pensamiento, la línea directriz de esa fuerza de orden fue simplemente y ésta es una expresión textual: impedir el mal mayor. Trataron de actuar como muralla cortafuego entre quienes no tenían ningún derecho a interferir ese desfile y la gente que había concurrido a él confiada en la autorización del Gobierno para celebrarlo.

En verdad, el empleo masivo y excesivo de bombas lacrimógenas; la violencia con que fueron reprimidas las mujeres; la impunidad con que actuaron las bandas que las agredieron, aparte los antecedentes que los señores Senadores tienen acerca de lo allí ocurrido y de las declaraciones que se hicieron en la Comisión de Acusación Constitucional, nos hace estimar que constituyen pruebas y antecedentes suficientes.

En materia de clausura arbitraria de radioemisoras otro hecho específico, deseo hacer presente que dos radioemisoras fueron clausuradas en distintas oportunidades y por circunstancias diversas. Una clausura se basó en la supuesta transmisión de noticias falsas sobre el desfile de las mujeres; y la otra fue consecuencia de la acción de un funcionario, de un interventor designado por el señor Ministro del Interior.

En el caso de la clausura por haber transmitido noticias falsas, es necesario precisar que, de acuerdo con la ley - y por esto sostenemos que hubo infracción de ley - no puede suspenderse indefinidamente el funcionamiento de una radioemisora so pretexto de que se estuvieran propalando noticias falsas. Es un hecho que la emisión de opiniones no puede ser sancionada administrativamente, y que la preservación de esta importante norma constitucional relativa a la libertad de expresión no puede quedar entregada a la apreciación subjetiva de funcionarios administrativos.

Por eso, estimamos que ello constituye una causal suficiente de la acusación.

Ahora, analicemos cómo ocurrieron los hechos. El caso de Radio Santiago, por ejemplo, llega a lo increíble. Esta radiodifusora se encontró de pronto sin corriente, como un deudor moroso particular, sin haber sido notificada previamente de que existía un cargo en contra de ella. Tanto es así que cuando las autoridades de la radio se apersonaron para saber qué ocurría y por qué se tomaba esa medida, se restableció el suministro de energía eléctrica.

Y la Radio Presidente Balmaceda ha sido cuatro veces clausurada, además de haber tenido que afrontar el problema del cambio de frecuencia. Como quedó claramente establecido en la Comisión de Acusación Constitucional, una de esas clausuras se produjo a raíz de la intervención, de las palabras de un comentarista, de un periodista, el señor Fuentes, pronunciadas en un espacio personal, privado y bajo su exclusiva responsabilidad. ¿Qué ocurrió? Se estimó que esas noticias justificaban la clausura. Para ello, el señor Fuentes tenía que haber incurrido en delito, y la verdad es que se encuentra en libertad incondicional en uno de los procesos que contra él se incoaron, y en el otro, fue sobreseído definitivamente. De manera que se clausura una radio por lo dicho por un periodista bajo su responsabilidad y existiendo contra quién ejercer la acción, y cuando se ejercita la acción, los tribunales declaran que no hay delito.

A nuestro juicio, resulta bastante tipificada una acción arbitraria en este caso.

Uno llega a fortalecerse en la convicción de que se procedió arbitrariamente contra las radioemisoras, cuando piensa que un matutino de opinión afecta al Gobierno, más varias radiodifusoras, instigaron a la violencia prácticamente 48 horas antes de que se realizara el desfile de las mujeres, con declaraciones que invitaban a pararlo, a atajar a las señoras, a quienes se injuriaba con toda clase de epítetos. Y ante esa actitud, que evidentemente anunciaba la comisión de un delito, el Gobierno guardó silencio sepulcral.

Sobre los incidentes ocurridos durante el curso mismo del desfile y en cuanto a los hechos acaecidos el día siguiente, en la Comisión aparecieron muchos antecedentes. Respecto de lo que podríamos llamar detenciones ilegales practicadas por Carabineros, tal vez el caso más específico e importante lo constituye el de los hijos del ex Ministro del Interior, don Carlos Montero Schmidt. El mayor de ellos, el principal afectado, aparece protestando en una declaración que hizo, como también su padre en una carta enviada al Director General de Carabineros.

Pero en lo que la Comisión tuvo más intenso trabajo fue respecto del campo de acción del Servicio de Investigaciones, Creo tener autoridad moral para referirme a esta materia, porque rae correspondió contra interrogar al señor Paredes, digamos en una situación fuera de lo que podría presumirse normal, ya que él es el Jefe de Investigaciones.

Nosotros afirmamos enfáticamente que no corresponde a Investigaciones, en manera alguna, resguardar el orden público. Para ello no recurrimos a ninguna interpretación, sino que nos atenemos al texto expreso del artículo 22 de la Constitución Política del Estado, que dice: La fuerza pública está constituida única y exclusivamente por las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros,... Esto que la Carta Fundamental previo al establecerlo así, en la práctica se demuestra cuán sabio y conveniente es ¿Por qué? Porque los cuerpos uniformados, sobre todo Carabineros, por regla general, actúan por presencia, y muy rara vez, cuando actúan con número y fuerza suficientes, se ven abocados realmente a usar de las armas. En cambio, en estos tiempos, gente que se baja a escape, metralleta en mano, de vehículos que no tienen identificación, como son las patrulleras de Investigaciones, se encuentra frente al grave riesgo, en el clima de efervescencia que existe, de que los afectados, en un primer momento, resistan su actuación, porque muchas veces el hecho ocurrió en aquellos días no hay identificación previa y la tarjeta de presentación es una ráfaga de disparos al aire.

En el curso de la investigación se acreditó que Investigaciones, con órdenes de detención emanadas de los tribunales para otros delitos, hacía frecuentes detenciones y allanamientos.

El caso más espectacular fue el que ocurrió el día siguiente del desfile de las mujeres: el Subdirector de ese Servicio, Carlos Toro, con seis patrulleras realizó una acción de comando haciendo disparos delirantes en barrios densamente poblados.

Resulta curioso señalar que cuando nosotros calificamos de arbitrarias esas detenciones, el señor Director de Investigaciones hay constancia de ello en actas en forma muy franca, yo diría muy clara, replicó: Detenciones erróneas, sí; detenciones arbitrarias, no. Le preguntamos cuál era, a su juicio, la diferencia. Dijo: Detenciones erróneas, sí, porque efectivamente detuvimos a gente que no procedía detener, pero yo les pido a los Diputados que no las consideren arbitrarias, porque no hubo la dañada intención, no hubo el propósito, no tuvimos la intención de hacerlo.

A nuestro juicio, es extremadamente grave esta declaración, porque escapa a la interpretación de la norma jurídica, al campo exclusivamente objetivo, que es el único que es posible pesar y sopesar, cualquiera que sea el pensamiento o posición que tengan unos y otros, para llevarnos a un acto personal, a un acto de confianza. Además, la petición es extremadamente delicada, porque se trata de un servicio que ha sido muy cuestionado bajo la dirección de su actual Director.

Otro tanto ocurrió cuando nosotros mencionamos detenciones arbitrarias con fines políticos, en que se utilizaron indebidamente órdenes de Investigaciones para cualquier delito. De ello un caso está absolutamente comprobado lo tengo aquí: el del doctor Vargas, ex médico de Carabineros, que fue detenido exhibiéndose la fotocopia de una orden de investigación emanada de la Fiscalía Militar y que sólo era una orden de citación. El doctor Vargas fue detenido; llevado a Investigaciones; fue invadido su domicilio por gente armada de metralletas; se practicó un allanamiento a su domicilio; se le llevó violentamente a Investigaciones; no fue registrado en la guardia, lo que dificultó extremadamente la presentación de un recurso de amparo, porque no se sabía si había sido raptado o si realmente estaba en calidad de detenido. En este caso, nuevamente el señor Director de Investigaciones, explicando este hecho en la Comisión, creó un casillero especial para su actuación. Dijo que el doctor Vargas no estaba detenido, sino que estaba retenido, expresión textual que a él le pareció que justificaba plenamente sacar de su domicilio a una persona, haciendo utilización falsa de una orden de citación, convirtiéndola en una orden de detención; no intimándola, como establecen la Constitución y la ley; deteniéndola sin cumplir con los reglamentos de Investigaciones, y poniéndola, por último, en libertad, a raíz de la presentación de un recurso de amparo, prácticamente por su protesta, ya que no procede el recurso de amparo cuando la gente no está detenida, y ese caballero estaba simplemente retenido.

Existen otros casos muy curiosos respecto del Servicio de Investigaciones, sobre el cual insisto, porque depende del Ministerio del Interior. Hay violación clara de artículos constitucionales en materia tío garantías individuales. Procede, como digo, arrogándose facultades de fuerza pública, arma en mano, con amenazas a quienes no están cometiendo ningún delito.

Respecto de la acción del día siguiente a aquel en que se realizó el desfile de las mujeres, en que efectivos de ese servicio bajaron de las patrulleras, pusieron a las personas contra un muro y con las manos en la nuca, las registraron y las metieron a culatazos en los vehículos de Investigaciones para llevarlas detenidas, lo que constituía apremio ilegal, el señor Toro adujo el mismo argumento. Dijo: Aquel día dimos y recibimos. En consecuencia, si pegamos culatazos, también nos pegaron. De manera que no estimo que hayan sido ilegales los culatazos que pegamos. En seguida, hizo una declaración que, aun cuando pudiera ser muy discutible en el caso que estábamos investigando, quizás valdría la pena considerar como norma de carácter general, frente a un cuerpo que sufre tantas vejaciones en la calle. Expresó: Señores parlamentarios, yo les notifico a ustedes, clara y terminantemente: Investigaciones tiene orden de no dejarse insultar, de no dejarse golpear; y si recibe insultos, amenazas, golpe, Investigaciones procede. Esta fue la explicación que el señor Toro dio de la referida actuación.

Pero nos pidió una cosa: que hiciéramos absoluta fe y confianza en que él actuaba en forma del todo ecuánime e imparcial. Y agregó que si se cometía algún error, era sólo eso: un error, y que, a juicio del señor Director de Investigaciones, bastaban sus excusas.

Fuera de la opinión que nos hubiéramos podido formar previamente los parlamentarios, se allegó un antecedente - tengo fotocopia de él - que nos hizo en extremo difícil acceder a la petición del señor Director General de Investigaciones. Este antecedente lo entregó en la Comisión el Diputado señor Zaldívar, quien lo podrá explicar y defender con posterioridad, si lo estima pertinente.

Se trata de una carta dirigida por el Director de Investigaciones, don Eduardo Paredes, y firmada por él reconoció su firma en la Comisión, al señor Alfredo Hernández, Director de HONSA, en cuyo párrafo segundo dice textualmente: Le recomiendo a este compañero, que ha tenido destacada participación en los movimientos revolucionarios de su país, Argentina y en estas condiciones creo que es nuestro deber ayudarlo en estos momentos difíciles para él. Consultado el señor Paredes acerca de la efectividad de este hecho, respondió: Señor, efectivamente, la carta es mía. Pero yo no conocía a este revolucionario argentino, que en definitiva resultó un pillo. Y fue bueno que lo dijera, porque teníamos la petición de los propios funcionarios de HONSA de expulsar del país al ciudadano argentino Alberto Ballerini, causante de la toma de la casa matriz y enemigo de los trabajadores de la sociedad. Es la expresión del libelo. Pero dijo el señor Director de Investigaciones – repito - que no conocía a esa persona, y que había actuado simplemente atendiendo al carácter de revolucionario que revestía y a la recomendación de un subordinado.

Excúsennos, señores Senadores, que hayamos debido tener al menos este pensamiento: ¡En qué manos están la seguridad y el orden interior del país!

Además, se denunciaron en la Comisión otras violaciones de garantías constitucionales, como la prolongación indebida de detenciones y el ocultamiento a la justicia de detenidos. Esto ocurrió en la zona de Rancagua. Se detuvo previamente en Santa Cruz a un periodista; se lo llevó a Investigaciones después de un tortuoso de ambular, en que fue sometido a toda clase de presiones y amenazas. Descubrieron que no era sitio seguro donde tenerlo el Cuartel de Investigaciones: primero, porque tendrían que pasarlo al juzgado antes de las 12 del día, y segundo, porque, desgraciadamente, ese día un Ministro de la Corte debía visitar los establecimientos de detención y los cuarteles de la policía civil y de Carabineros. Entonces lo sacaron a dar un paseo a la Plaza de Armas a fin de evitar que lo encontraran en los calabozos, donde fue reconocido por un abogado que ejerce en la plaza de Rancagua, quien hizo una denuncia a Carabineros por rapto, pues no podía entender que este caballero estuviera amarrado dentro de un vehículo que no parecía policial, sino de raptores. Carabineros requirió la devolución del prisionero, y sólo entonces Investigaciones se identificó. El detenido retornó al cuartel de este Servicio. Ya a esa altura, hubo que ingresarlo. Por desgracia, esto le significó 24 horas más de detención arbitraria, pues el tribunal no pudo conocer oportunamente de su detención.

Si me he extendido un tanto en lo atinente a la actuación del Servicio de Investigaciones, es porque considero que ésta puede perturbar gravemente la tranquilidad y seguridad del país si no procede correctamente en el ejercicio de sus atribuciones; si actúa como fuerza pública y de choque en operaciones comando, como lo hizo; si detiene arbitrariamente; si usa órdenes ilegales, del todo reñidas con el texto constitucional, y si lleva las detenciones más allá de lo que permiten las garantías constitucionales y procesales, hechos todos que deben ser o son de la competencia de los señores Ministros.

Omití decir oportunamente que la falta de garantías en la vía pública durante el llamado desfile de las mujeres no sólo tipifica por sí mismo un hecho del cual el señor Ministro del Interior, como responsable de la fuerza pública, debe responder porque hubo violación de una garantía constitucional: el derecho de reunión, sino que, además, justifica el haber incluido este hecho en una acusación constitucional que tenía tantas causales que la hacían posible. Porque no se trata de un hecho aislado. Y en esto le encuentro razón al señor Ministro: un hecho aislado de la policía civil o de Carabineros, por cierto, no puede justificar una acusación constitucional contra un Ministro del Interior, sobre todo cuando ese hecho aparece, razonablemente, más allá de la intención ministerial. Pero aquí se trata de la reiteración de una política ilícita. Y por eso es significativo que dicha falta se haya incluido en la acusación.

Del mismo modo, se engarza dentro de la acusación, y se cita a manera de ejemplo, un hecho como el desfile de campesinos realizado en el mes de septiembre con el objeto de protestar por la conducción que el actual Gobierno ha dado a la reforma agraria, concretamente por lo que, diría yo, fue repudiado en aquel entonces en los jardines del Congreso y recientemente en los campos de Linares, O’Higgins y Colchagua. Esos campesinos fueron atacados con piedras y laques cuando regresaban a los vehículos que aguardaban por ellos en la plaza Almagro. Además, esos trabajadores sufrieron entorpecimiento por la acción de un personaje dependiente del señor Ministro del Interior, que ya dio trabajo a este Senado en una ocasión: el actual Intendente de Colchagua, de apellido Codelia, quien se encuentra desaforado y aún continúa ejerciendo su cargo. Ese personero se convirtió en inspector del Tránsito o en policía. A las 5 de la mañana ordenó la detención y el allanamiento de los autobuses que venían hacia Santiago, porque, a su entender, algunos pasajeros se encontrarían en estado de intemperancia. Requirió lentas y fatigosas negociaciones el que simplemente se reconociera un permiso que ya había otorgado la autoridad administrativa.

En cuanto a la actuación de Carabineros, se menciona en la acusación que no frustra la acción de los contramanifestantes. Yo diría que una de las cosas que ha caracterizado las reuniones públicas realizadas durante el mandato del señor Ministro del Interior hoy acusado, es la de que Carabineros, en el mejor de los casos, trata de separar los grupos. Carabineros no distingue; a quienes participan en un desfile autorizado, pese a que la fuerza pública tiene la obligación de garantizarles seguridad, tanto más cuanto que cumplen los requisitos establecidos por la Constitución, les aplica iguales medidas que a los contramanifestantes que, armados de piedras, laques u otros instrumentos contundentes, tratan de disolver, por su cuenta y arbitrariamente, esos desfiles.

Los parlamentarios fuimos testigos de un hecho del cual, por lo demás, se dejó constancia en todos los diarios mediante la publicación de fotografías. Se trata del desfile de protesta realizado por estudiantes de la Universidad Católica a raíz de los sucesos acaecidos en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile. Los manifestantes se detuvieron frente al edificio del Congreso Nacional. Había una fila de Carabineros provistos de todos los implementos empleados en las luchas callejeras: cascos, viseras y escudos plásticos, etcétera. Detrás de ellos, con banderas desplegadas, iban militantes del MIR y de otros grupos violentistas, quienes, al no poder quebrar con comodidad la línea de protección formada por Carabineros, hacían disparos tipo mortero: lanzaban piedras por sobre las fuerzas del orden. Cuando requerimos al oficial que dirigía a éstas hacer un giro y enfrentar a quienes trataban de disolver la manifestación, respondió que simplemente tenía instrucciones de impedir el choque cuerpo a cuerpo pero no de frustrar los ataques de que eran víctimas estudiantes que participaban en un desfile autorizado. Algo semejante conoció la Universidad Católica de Valparaíso.

Esto es lo que se ha denominado el papel contemplativo de la policía, por instrucciones que en el curso de la acusación constitucional, a mi modo de ver se esclarecieron en forma bastante satisfactoria.

Se pidió al Director General de Carabineros y al Prefecto de Santiago, respecto de una materia no precisamente relacionada con esto, sino con tomas ilegales de predios, que dijeran si estaban vigentes las circulares relativas al mantenimiento del orden público y al uso de la violencia en las tomas, emanadas del Gobierno de la República en el año 1962. Uno de ellos dijo no saber si estaban vigentes en el momento de deponer. Agregó que haría la consulta y nos contestaría. ¡Tan poco las aplicaba, que no sabía si estaban vigentes! Después respondió por oficio, manifestando que, efectivamente, no se habían derogado por escrito, pero que tenía instrucciones para proceder de modo diferente, que no precisó, pero que la opinión pública conoce, ya que es testigo de la debilidad con que se actúa en esta materia.

Otro asunto que tiene relación con este aspecto es precisamente la tolerancia y aceptación de grupos armados que, sin duda, contrarían la disposición constitucional que establece que no puede haber otro tipo de fuerza pública que las Fuerzas Armadas y Carabineros; las normas de la ley de Seguridad Interior del Estado que impiden la existencia de ese tipo de organizaciones, y los preceptos del Código Penal y otras leyes especiales que estatuyen sanciones al respecto.

Sin embargo, se han producido reiteradamente ocupaciones de predios. Ha habido una acción violenta extraordinaria, que ya produce una triste lista de muertos, lesionados y heridos. El señor Ministro leyó en la Cámara de Diputados una lista impresionante de predios que habían sido tomados y de algunos que fueron restituidos. No tengo la cifra exacta en este momento, pero estoy casi cierto de que bordea los 1.300. El señor Ministro podrá precisar la cantidad.

La verdad de las cosas es que esas acciones o no fueron impedidas o no se denunciaron; o bien, no se les puso término en forma eficaz; o, en muchos casos, las autoridades dependientes del señor Ministro las ampararon. Se impidió el uso de la fuerza pública; se negó auxilio a las víctimas, y en muchas ocasiones, por la vía de la intervención de predios, se despojó de su pertenencia al propietario y se premió a los usurpadores. Y esto ha ocasionado el reguero de violencia, sangre y atropello que se ha conocido en las provincias centrales, y fundamentalmente en las del sur del país.

Tales hechos significan evidentemente la violación de disposiciones constitucionales. Se han vulnerado el derecho de propiedad, la inviolabilidad del hogar, la libertad y la seguridad de las personas. Y ello envuelve también la violación de artículos del Código Penal, entre otros el que se refiere al delito de usurpación.

Todos estos hechos encuadran exactamente dentro de lo que siempre se ha estimado como orden público, cuyo mantenimiento es obligación del señor Ministro, quien muy difícilmente lo podrá desconocer, porque está dentro de la órbita de los asuntos de su competencia, y porque él tiene la obligación de velar por que sus subordinados, las fuerzas que de él dependen, lo mantengan, sobre todo cuando no se trata de hechos aislados, sino de la reiteración de una política.

En cuanto a los grupos armados, infortunadamente los funcionarios y autoridades que concurrieron a la Comisión actuaron en forma increíble: negaron - contra toda evidencia - que existieran o se esforzaron por oponer excepciones de inadmisibilidad, porque no cumplirían los requisitos para una perfecta definición de grupo armado violento, sea por carecer de comando o líder único, por no contar con una filosofía, como no fuera la de la violencia y el despojo, por no tener un proceder más o menos programado o por carecer de fuerza o potencia de fuego tan grande como para constituir un peligro en lo tocante a la supeditación o sustitución de las Fuerzas Armadas.

Nadie se abocó a la procedencia o improcedencia, salvo el Director de Investigaciones, el señor Paredes, quien incursionando nuevamente en una materia ajena a su competencia, al ser consultado acerca de si estimaba atentatoria contra la seguridad interior del Estado la acción de esos grupos violentistas de ultra izquierda, contestó que, a su juicio, no lo era, por cuanto no perseguían derrocar al Gobierno. Es decir, la violación de disposiciones constitucionales y legales no es atentatoria contra el orden público y la seguridad interior cuando no afectan a uno de los Poderes del Estado, en este caso, el Ejecutivo, Pero no hay pronunciamiento si se pretende impedir o amagar la acción del Parlamento, de los tribunales de justicia o, simplemente, de los ciudadanos, los cuales tienen los mismos derechos y garantías que cualquiera de los Poderes del Estado, en cuanto a las garantías inalienables del hombre.

Lo anterior nos hace pensar que, pese a que formalmente se pueden señalar y citar palabras del señor Ministro condenando tales acciones incluso realizó algunos viajes para tratar de tomar conocimiento de la real existencia o magnitud del problema, lo cierto es que, en el fondo, tales grupos se estiman como una vanguardia, como coadyuvante, y acelerar el proceso revolucionario más allá de las líneas programáticas y de los plazos públicamente reconocidos del Gobierno pareciera, sino una acción oficial, por lo menos una acción oficiosa de utilidad. No otra cosa puede desprenderse de la forma como se han encarado la existencia y las actuaciones de estos grupos armados, que no pueden desconocerse, pues se han tomado más de 1.300 predios registrados por la autoridad, y existen listas de muertos como consecuencia de su acción.

Sin embargo, se nos dice que no constituyen riesgo para la seguridad interior del Estado porque no pretenden derrocar al Gobierno del Excelentísimo señor Allende.

En materia de grupos armados, hay uno que, desde el punto de vista técnico procesal para un jurista, el actuar en conciencia no está reñida con los textos legales y con la juridicidad, y mucho menos con la justicia representa un aspecto bastante serio de la acusación: me refiero al GAP, sigla que corresponde al Grupo de Amigos Personales. Ya hemos visto que el artículo 22 de la Constitución lo excluye en absoluto de circulación, pues no constituye fuerza pública, ya que ésta está integrada sólo por Fuerzas Armadas o Carabineros. Sin embargo, sus miembros andan armados, y hacen ostentación de ello. Tienen fuero mucho más allá de la ley. Prácticamente no hay peatón o automovilista que no haya apreciado su acción en las calles céntricas de Santiago. Más de alguien que ha trabado con ellos conocimiento más directo, ha tenido que ir a las postas de la Asistencia Pública, por haber sido atropellado.

Sus actuaciones no se han restringido a las fronteras del país, como ocurre en el caso de los institutos armados, los cuales no pueden abandonar el territorio sin contar con una autorización constitucional. Sin embargo, el GAP, que es una institución que funciona al margen de la ley y de la Constitución, y no constituye realmente fuerza pública, ha acompañado al Primer Mandatario en sus viajes al extranjero.

Lo que no deja duda alguna de que ese grupo está al margen de la ley y ha funcionado en esa forma durante meses, es el hecho de que, con fecha 21 de diciembre de 1971, se haya enviado a la Cámara un proyecto de ley mediante el cual se crea un organismo de carácter civil denominado Departamento de Seguridad, dependiente de la Presidencia de la República.

Debo advertir que si bien formalmente se pretende legalizar ahora lo que fue legal durante tantos meses en esa época ya era Ministro del Interior el señor José Tohá, dicha institución sigue siendo inconstitucional. Basta leer el proyecto para comprobar que no se la pone bajo la dependencia de las Fuerzas Armadas, Carabineros, y ni siquiera de Investigaciones, ni tampoco se asimila a esos institutos. De suerte que podrá haber un proyecto de ley sobre el GAP, pero éste continúa siendo un grupo fuera de la Constitución, y consecuencialmente, en lo tocante al ordenamiento jurídico chileno, marginado de la ley.

Sobre tal problema no puede haber discusión desde el punto de vista jurídico. Nadie discute que las complejidades de la vida moderna y el perfeccionamiento de las técnicas requieren especialización de quienes deben velar por la custodia de los dignatarios del Estado. Pero no se opone en manera alguna a ese perfeccionamiento y profesionalismo el que tal labor la realicen quienes tienen formación profesional, disciplina y jerarquía como para responder de sus actos. En cambio, no se puede aceptar que a cierto grupo se otorgue impunidad o una especie de patente de corso para delinquir, atropellar las leyes, las garantías constitucionales y la dignidad de las personas, apoyándose en la fuerza de las metralletas o en la complacencia de quien protege este tipo de actuaciones.

Hemos precisado que la acusación se funda en causales expresamente señaladas por la Constitución Política, lo cual hace innecesario interpretaciones difíciles y equilibristas. Esto es muy claro. Es evidente que la Constitución no sólo hace perseguible la responsabilidad ministerial por hechos que constituyen delito penal, sino también por actos que conforman delitos constitucionales por haber sido mencionados de esa manera dentro del texto de la Carta Fundamental, y que su propia enunciación hace evidente, como creemos haberlo demostrado en la primera parte de la intervención, que esos hechos cían fundamentos suficientes para considerar o encontrar responsable al señor Ministro, sin que ello obligue posteriormente a los tribunales de justicia a aplicarle una pena, porque no constituyen delito penal, ni tienen por qué necesariamente constituirlo, en todo o en cada uno de los casos.

Esta es la contribución que yo deseaba aportar para formalizar la acusación, y que ahora proseguirán los otros señores Diputados designados por la Cámara.

Tiene la palabra el Honorable señor Señoret.

El señor SEÑORET (Diputado acusador).-

Honorable Senado:

En cumplimiento del mandato que me otorgó la Cámara de Diputados, de conformidad a lo preceptuado en el artículo 39 de la Constitución Política del Estado, al dar lugar a la acusación constitucional que diez señores Diputados formularon en contra del señor Ministro del Interior, señor José Tohá González, vengo en formalizar y en proseguir dicha acusación ante el Senado, que debe resolverla actuando como jurado, en virtud del artículo 42 de la Carta Fundamental.

Doy comienzo a este cometido, con plena serenidad y con la cabal convicción de que la acusación es completamente justa, tanto en los hechos como en derecho.

Es necesario decir que esta acusación constitucional importa una llamada de atención del Congreso Nacional, conforme al resorte constitucional, a los excesos del Gobierno, que, en un afán demagógico de pretender realizar el programa trazado por la Unidad Popular con celeridad inusitada, en innumerables oportunidades se ha desentendido del orden legal vigente, al que ha sobrepasado o interpretado antojadizamente, y en su afán de adquirir la plena hegemonía del Poder, desentendiéndose de la necesaria armonía con los otros Poderes del Estado, ha incurrido en abuso de autoridad, violación de garantías constitucionales y toda suerte de atropellos a la ley, a las personas y a las instituciones.

Hasta aquí no había sido posible frenar tales desbordes, por diferentes causas, de todos conocidas, y porque la prudencia de los sectores democráticos del país, tan puesta a prueba, les hacía esperar que el Gobierno retomara la senda de la legalidad que prometió solemnemente respetar. Pero no ha sido así, y ha llegado la hora de que los sectores mayoritarios de Chile, representados en el Congreso Nacional, digan al Gobierno que basta de atropellos a la Constitución y las leyes.

Sobre los hombros del Ministro del Interior recae la responsabilidad de la seguridad, tranquilidad y el orden públicos. Es él quien debe, en el ejercicio de su mando y de tan grave y trascendental responsabilidad, adoptar las medidas oportunas que permitan a la nación vivir en paz, trabajar y prosperar, bajo el amparo del orden jurídico en vigencia, que ha permitido a Chile ser un modelo de democracia.

Precisamente, durante la vigencia de este orden institucional, la Unidad Popular - cuyos componentes son mayoritariamente marxistas - pudo lograr el Poder, en circunstancias de que la mayoría del país se opone al marxismo. Sin embargo, operaron los mecanismos legales y constitucionales en forma correcta y normal, y una circunstancia ocasional y fortuita, respetada por todos los llamados a decidir, permitió a esta minoría hacerse del mando de la nación.

Es, pues, sagrado deber del Gobierno, al cual representa el señor Ministro del Interior, el cometido de garantizar el orden público, la seguridad de las personas y la paz social. Es decir, es su obligación ineludible garantizar, por todos los medios de que dispone, la plena vigencia del orden jurídico y la permanencia del sistema institucional, rechazando todo menoscabo o atropello a los mismos.

Pero, ¿ha ocurrido así en los hechos?

No, Honorable Senado. Con verdadero pesa, con dolor cívico, debemos paladinamente decir que los hechos en virtud de los cuales se juzga al Ministro, son de tal gravedad, han causado tanto daño y ocasionado tan grave riesgo a las garantías constitucionales, a la paz pública, a la seguridad institucional y a las personas víctimas de los atropellos, que él se ha hecho ampliamente merecedor de su destitución.

Y que no nos venga el señor Ministro, para pretender excusar su responsabilidad, a hacer disquisiciones basadas en rebuscamientos jurídicos que no tienen ningún asidero dentro de nuestra Constitución ni en la historia constitucional de Chile. El es responsable de la seguridad, tranquilidad y orden públicos; él no ha sabido, por debilidad, descuido, exceso de confianza, negligencia, o lo que fuere, cautelar esos trascendentales bienes jurídicos cuya defensa le está confiada. El es, pues, responsable, por acción u omisión, de graves infracciones que la Cámara de Diputados dio por establecidas; de modo que debe responder por ellas, porque es absurdo que alegue inocencia, como si no fuera a él a quien, fundamentalmente, competen los deberes que no supo o no quiso cumplir.

En efecto, con la abundante prueba rendida ante la Cámara, se acreditan:

a) La toma de numerosas propiedades rurales y urbanas, muchas de ellas ejecutadas con violencia en las personas y fuerza en las cosas, sin que la autoridad, incluso advertida con anticipación, actuara en forma preventiva.

b) La actuación de brigadas o grupos de individuos de diversa filiación política, que aun cuando no constituyen cuerpos armados, son grupos preparados y organizados para la violencia, llegando el caso a lo insólito, como en lo ocurrido con el Comandante Pepe, que gozó inclusive de protección gubernativa, impidiendo primero su detención y facilitando después su fuga.

c) La existencia de un cuerpo ilegal organizado y armado, con el nombre de GAP, bajo la dirección del Ministerio del Interior, sustrayendo así, ilegalmente, la protección de la persona del Presidente de la República, de la fuerza pública que debe actuar, según las leyes, bajo la dirección de ese Ministerio. No obsta a esta extraña infracción legal el explícito reconocimiento hecho por el Ministro acusado, al enviar al Congreso Nacional el mensaje por el cual, mediante un proyecto de ley, se legitimaría la existencia de ese grupo armado.

d) La increíble impunidad con que durante largo tiempo han actuado delincuentes, como el agitador Víctor Toro, a la vista de los cuerpos policiales, sin que se hicieran cumplir respecto de ellos las órdenes de detención vigentes, lo que es de la exclusiva responsabilidad para los efectos legales, del señor Ministro acusado;

e) La ilegal e inhumana actitud adoptada por grupos organizados de ultraizquierda en los sucesos protagonizados durante la ocupación de la Escuela de Ingeniería, a vista y paciencia de la fuerza pública lo que debe necesariamente atribuirse a instrucciones u órdenes impartidas por el Ministerio del Interior.

f) La cobarde y brutal actitud asumida por diversos grupos organizados en contra de las mujeres que el 1º de diciembre último desfilaban a pocas cuadras de la Moneda haciendo uso de un derecho constitucional y de la autorización legal correspondiente, frente a lo cual la fuerza pública, dependiente del Ministro acusado, actuó - es lo menos que puede decirse - con desidia o parcialidad.

g) Lo anterior se agrava con la autorización concedida en esa misma fecha y hora a otros manifestantes, para llevar a cabo una manifestación en un lugar inmediato, lo cual demuestra que el Ministerio a su cargo no supo o no quiso velar por la defensa del libre ejercicio del derecho de reunión que las primeras manifestantes ejercían, agravado aún más esto por la variación que la autoridad administrativa hizo, sin un aviso prudencial, del recorrido fijado primeramente a las mujeres vapuleadas y golpeadas después.

h) Las culpables omisiones en que incurrió el acusado al permitir que-sin motivo justificado se interrumpieran transmisiones radiales que ejercían el legítimo derecho de informar a la opinión pública, como es el caso de las radios Balmaceda, Agricultura, Minería, etcétera.

i) El delito consistente en la prohibición u obstrucción para viajar a Santiago del grupo de campesinos el día 1º de septiembre, privándolos así del derecho garantizado por la Constitución a todos los habitantes, de trasladarse libremente de uno a otro punto del territorio nacional, delito penado por el artículo 158, número 4, del código del ramo.

j) Las arbitrariedades y reiteradas detenciones de que autoridades dependientes del acusado hicieron víctima a agricultores que, oponiendo fuerza a la fuerza de sus victimarios, recuperaron en ciertos casos sus propiedades, lo cual constituye delito penado por el artículo 148 del Código Penal.

Frente a todos estos hechos, de innegable evidencia, porque constan a la gran mayoría del país, el Ministro trata de descalificar la acusación sosteniendo que con ella se pretendería mantener un orden público conservador, tradicional, que no es el orden público que él representa, agregando que no se puede admitir que el problema del orden público y la violencia del Gobierno Popular se analicen en el vacío, sin referencias al tiempo, lugar y circunstancias. La teoría precedente contradice los hechos afirmados y probados en el trámite seguido ante la Comisión Informante da la Cámara de Diputados, como se mencionó al comenzar, y tiene, además, un vicio esencial: echa por tierra toda la base jurídica sobre la cual descansa el orden público, que nace de las leyes que todos debemos respetar, y no de una propia concepción personal, dejando entregada la suerte de este concepto, de clara interpretación y aplicación a lo largo de nuestra historia política, a la arbitrariedad de los funcionarios. Por lo demás, esto no es raro, pues es bien sabido que el Presidente de la República y el Ministro del Interior pertenecen a un partido político que viene amparando, desde hace largo tiempo, al MIR y a otras organizaciones y grupos violentistas, favoreciendo inclusive con un indulto anticipado a delincuentes comunes que siguen actuando en política bajo el signo de la más absoluta impunidad. La teoría sustentada por el Ministro acusado armoniza también mejor con la política de toma del poder por la violencia, propiciada en múltiples ocasiones, en declaraciones públicas, por el Partido Socialista.

Frente a la peregrina y peligrosa teoría con que se defiende el Ministro acusado, con un concepto personalísimo sobre orden público, nada más apropiado que recordar en estos instantes las palabras de un catedrático que, además, es Presidente de la Orden del Colegio de Abogados de Chile. En un artículo publicado el 12 del presente mes, dice don Alejandro Silva Bascuñán, profesor de derecho constitucional de la Universidad de Chile: Sin embargo, mientras los preceptos legales están en vigencia tienen que gozar de una presunción de justicia, o sea, de su adecuación al bien de la comunidad toda; porque, si los preceptos en vigencia no se respetan, se pierde el sentido de la voluntad nacional, y cada cual se empeña por hacer triunfar su particular idea de justicia, que puede ser, con frecuencia, la de su interés egoísta, de su mente errónea o mal informada, de su pasión, de su capricho, de su odio, etcétera.

La defensa del Ministro se basa también en la teoría inaceptable de que legalmente sólo responde de sus propios actos, olvidando que, como Secretario de Estado, es el director y conductor de una política cuya mano de ejecución está representada por toda la organización administrativa sujeta a su dependencia. En nuestro concepto, sólo puede excusar su responsabilidad por actos de sus funcionarios dependientes, cuando pruebe que éstos actuaron en contra de sus instrucciones o excediendo sus atribuciones legales, mereciendo por esto la desautorización y la sanción correspondiente de su más alto superior jerárquico. Aceptar en esto su defensa, sería aceptar el desgobierno y la anarquía, que es la negación del orden público, del cual el Ministro del Interior es el más alto funcionario llamado constitucional-mente a responder.

A lo largo de más de un año de la gestión ministerial del señor Ministro acusado, el país entero ha podido constatar cómo se ha ido desquiciando lo que es base de toda organización social civilizada: la disciplina; cómo las leyes han sido ignoradas, desconocidas o atropelladas, en un país que fue siempre orgulloso de su respeto al derecho; cómo la fuerza pública, bajo su dependencia directa, ha ido poco a poco olvidando o desnaturalizando sus funciones, presenciando muchas veces impasiblemente los mayores vejámenes contra derechos fundamentales. La desnaturalización y abandono de esas funciones han llegado a extremos tales que en varias ocasiones ni siquiera ha actuado ante el requerimiento expreso de los afectados, y aun de algunos parlamentarios.

La verdad es que el país está viviendo un período de desintegración política y social, que se traduce en el permanente quebrantamiento o atropello de las leyes, en el abandono de su aplicación, y nadie puede ser más culpable de ello que el Ministro del Interior, que, aun bajo el régimen presidencial en que vivimos, por la naturaleza de su cargo y la índole de sus funciones, debe responder más que nadie del respeto a la Constitución y las leyes y del mantenimiento del orden público.

Todo lo expresado no implica, obligatoriamente, el uso de la fuerza para mantener el orden en la vida nacional, de modo que lo dicho no se opone a la teoría invocada por el Gobierno para no actuar frente a la arbitrariedad y la violencia, y que el Gobierno llama política de persuasión. Por el contrario, todo Gobierno que presuma de democrático, todo gobernante con conciencia de tal, recurrirá siempre, frente a problemas de orden público, como frente a cualquier otro problema, a actitudes razonables y persuasivas, lo cual no obsta a que si procede con verdadera conciencia de su propia responsabilidad, impondrá por sobre todo, si el caso lo requiere, cualesquiera que sean las consecuencias, algo que es consubstancial con el concepto mismo de Gobierno: el imperio de la ley, el respeto a las instituciones, que es lo único que garantiza el derecho de todos los ciudadanos bajo cualquiera forma de Gobierno democrático. En consecuencia, el Honorable Senado debe rechazar esta novísima y peregrina política que el Ministro llama de persuasión y que representa sólo abandono, olvido, desconocimiento o quebrantamiento de la ley.

El Honorable Senado no olvidará en estos instantes que el respeto a los derechos ciudadanos, garantizado por la Constitución y la ley, está muy arraigado en el alma nacional, que forma parte esencial de su idiosincrasia política y que constituye un patrimonio cívico inestimable que el Congreso Nacional de Chile, representante de un pueblo viril, no debe permitir que perezca por debilidad o sumisión.

Honorable Senado, doy término a mis observaciones, que he formulado en cumplimiento al cometido con que me honró la Honorable Cámara de Diputados, de formalizar y proseguir ante Sus Señorías la acusación constitucional declarada admisible por dicha Corporación en contra del Ministro del Interior, señor José Tohá González, por la responsabilidad que le cabe en las continuas, reiteradas y graves infracciones a las garantías constitucionales, y por las acciones, y también las omisiones en que ha incurrido, que han comprometido igualmente en forma grave, la seguridad del Estado y han significado el atropellamiento de las leyes, o haberlas dejado sin ejecución; y con serena convicción de que lo que pido es lícito y justo, solicito, en nombre de mi mandante, se le declare culpable de las infracciones que la Honorable Cámara de Diputados declaró admisibles.

He dicho.

Tiene la palabra el Diputado señor Zaldívar.

El señor ZALDIVAR (Diputado acusador).-

Señor Presidente, al hacerme cargo de la cuestión previa pude definir los términos del juicio político, y en mi exposición expresé que, al referirme al fondo de la acusación, analizaría el origen de tal institución.

El señor Ministro, tanto en la Comisión acusadora como en la Sala de la Cámara de Diputados, hace nacer el impeachment, juicio político inglés, allá por el siglo XVIII. La verdad es que apareció en el siglo XIV con motivo de la división del Magno Concilio, que era el Parlamento inglés que en el año 1332, por derivación histórica, se dividió en las dos Cámaras inglesas: la de los Lores y la de los Comunes.Siguiendo la organización procesal inglesa, la Cámara de los Comunes se constituye en el gran acusador de Inglaterra. ¿Y ante quién acusa? Ante la Cámara de los Lores, que es el gran tribunal o el máximo tribunal inglés.La institución nació de la idea de que si el monarca no era responsable, ya que la monarquía es absoluta, no lo eran los funcionarios que le servían en mala forma. Así surgió este derecho; pero él se ejerció desde el siglo XIV hasta comienzos del siglo XVIII. Entonces el impeachment principia a desaparecer.¿Y qué sentido tuvo durante esos tres siglos de plena actividad, en los cuales se registraron numerosos casos? Más o menos el que consagró nuestra Constitución de 1833: la Cámara de los Lores tenía la facultad de tipificar el delito y de aplicar la ley. Incluso, como anécdota se cuenta que a un arzobispo se le condenó a no predicar durante tres años y se le quemaron todos sus escritos. Esta era la arbitrariedad o amplitud con que la Cámara de los Lores podía Condenar.En un comienzo, esta institución era un derecho del pueblo, incluso para sancionar a los funcionarios que cometiesen delitos comunes; pero, en el transcurso de estos cuatro siglos, fue extendiéndose a los abusos de poder. No obstante, como he dicho, a comienzos del siglo XVIII desaparece el sistema del impeachment, porque en esa época comienza a perfilarse en Inglaterra el régimen parlamentario y, a través de la censura, de los votos políticos, resultaba mucho más fácil remover a los Ministros de un gabinete. Sin embargo, se citan dos casos de acusaciones a partir de 1700: una, de 1787, en contra del Gobernador de la India, Warren Hastings, y otra, de 1805, en contra del Ministro del Gabinete británico, Lord Merville. Son éstos los únicos dos casos ocurridos en el siglo XVIII. Después no hay otros.En el período intermedio, desde que se instaura plenamente el parlamentarismo en Inglaterra y hasta que muere este derecho especial inglés, se usa otro sistema, cual es el bill of attainder, que era una especie de derecho de petición por el cual se podía castigar a ciertos funcionarios impetrando de la Corona y del Parlamento inglés la dictación de leyes sancionadoras o leyes especiales para este efecto. Tal es el origen de este juicio.Ahora, ¿qué sucede? Que la Constitución de Filadelfia, que tuvo su origen no en las instituciones inglesas, sino principalmente en las posiciones filosóficas de la época, en especial en las de los filósofos españoles del siglo XVI, consagró un sistema eminentemente democrático. Esta Constitución estableció lo que nosotros recogeríamos mucho después, modificando la Constitución del 33, en 1874.¿Qué decía la Constitución de Filadelfia? Que podía condenarse como culpables a los Ministros y altos funcionarios y sancionárseles con su destitución. Además, se les podía inhabilitar para recibir cualquier tipo de honores y desempeñar cargos dentro de la administración norteamericana. Finalmente, pasaban a ser juzgados por los delitos correspondientes ante los tribunales comunes.No insistiré en lo que dije en mi discurso anterior, en cuanto a la configuración del juicio político. Pero, de lo ya expuesto y de lo que acabo de manifestar, deseo reseñar cuáles son las características del juicio político en la legislación chilena.En primer término, hay algo claro y definitivo: que en Chile existe un régimen presidencial de Gobierno, pero éste no debe confundirse con una monarquía absoluta. O sea, hay responsabilidad para los funcionarios de Gobierno que señala el artículo 39 de la Constitución.En segundo lugar, el juicio político tiene dos efectos: uno político, cual es la destitución del funcionario, y otro penal, como antejuicio del juzgamiento por los tribunales ordinarios.Tercero: tanto la Cámara de Diputados como el Senado tienen en este juicio político competencia propia, distinta, señalada expresamente para cada rama del Congreso por el texto constitucional.En cuarto término, el Ministro responde por las causales de que, en conciencia, el Senado lo declare culpable, teniendo como puntos básicos de reflexión si han ocurrido los hechos en que se funda la acusación, si el acusado tiene relación con ellos y si, en fin, puede considerarse culpable.En quinto lugar, el Ministro acusado responde por las causales que se hayan configurado, descritas en la Constitución.Finalmente, deben existir antecedentes para imputar al acusado alguna responsabilidad en los hechos que constituyen causales de acusación, sean éstos delitos o abusos de poder.En cuanto a estos últimos puntos, me permito transcribir aquí las acabadas consideraciones que hizo en la Sala de la Cámara el miembro de la Comisión de Acusación Constitucional y Diputado informante, Honorable señor Andrés Aylwin, sobre la responsabilidad personal: Permítasenos algunas breves consideraciones sobre este último punto, en vista del énfasis con que el señor Ministro acusado ha pretendido en su defensa descartar la procedencia de cualquier cargo que tenga como base la actuación de sus subordinados y no la suya personal y directa.Es evidente que toda la responsabilidad se funda en acciones u omisiones personales. Sólo excepcionalmente la ley admite la responsabilidad por hecho ajeno, y, aun en estos casos ella supone alguna circunstancia que permite atribuir al sujeto que se hace responsable por el hecho ajeno alguna especie de culpa o negligencia.Nadie podría pretender que sean imputables a un Ministro, todos y cada uno de los delitos o actuaciones de sus subordinados. Pero un Ministro de Estado es la cabeza de un conjunto de servicios públicos, los que dependen de su Ministerio. Como superior jerárquico de esos servicios, tiene sobre todos sus miembros, desde sus jefes hasta sus más modestos funcionarios, potestad de mando para darles órdenes, jurisdicción retenida para revisar sus actos y potestad disciplinaria para castigar sus faltas. De este modo, la conducta de sus subordinados resulta vinculada a su propia voluntad, no sólo en la medida en que sea consecuencia de sus disposiciones como autoridad, sino también en cuanto hubiere podido evitarla, corregirla o sancionarla mediante el ejercicio de sus atribuciones.A nadie se le ocurriría imputar responsabilidad a un Ministro del Interior por uno o varios desórdenes públicos ocasionales o aislados; pero la Ley Orgánica del Ministerio, D.F.L. 7.912, de 30 de noviembre de 1927, encomienda al Ministro del Interior todo lo relativo al Gobierno político y local del territorio y al mantenimiento de la seguridad, tranquilidad y orden público. Y entre los servicios que de él dependen directamente se encuentran los encargados del orden y la seguridad: Carabineros e Investigaciones. Siendo así, es innegable que ningún Ministro del Interior podría descargarse de responsabilidad por el mantenimiento de la seguridad, tranquilidad y orden público, habitual y sistemáticamente perturbados por algunos hechos, con la simple excusa de que personalmente no intervino. Si a pesar de las denuncias los hechos se repiten, si no se toman las medidas efectivas y oportunas para evitarlos, si es manifiesto que la fuerza pública no actúa frente a ellos con la eficiencia necesaria, si no se ejercen contra sus autores las acciones judiciales adecuadas, si se llega hasta negar la existencia de esos hechos o de las organizaciones que lo provocan, en realidad no se está cumpliendo por el Ministro del Interior con su obligación.No se diga, por consiguiente, que sería atroz injusticia responsabilizar a un Ministro por hechos de sus subordinados. Qué deba hacerse o no, depende de las circunstancias. Y la acusación contra el Ministro será procedente, toda vez que ella revele de su parte una conducta que sea por acción o por omisión, que haya hecho posible los hechos incriminados.Hasta aquí la cita.Pero también es necesario mencionar y detallar cuáles son las disposiciones legales que establecen el nexo obligatorio de responsabilidad entre los hechos que sirven de base a esta acusación y la persona del señor Ministro. Ahora bien, precisemos cuáles son las obligaciones y responsabilidades que la ley impone al Ministro del Interior:Sus obligaciones están establecidas en el artículo 3º de la ley orgánica de Ministerios, D.F.L. 7.912, de 30 de noviembre de 1927, que dispone en sus partes pertinentes:Corresponde al Ministro del Interior: Todo lo relativo al gobierno político y local, del territorio y al mantenimiento de la seguridad, tranquilidad y orden público. Y en la parte final de este artículo se agrega: y de todos los asuntos de la administración que el Presidente de la República no asigne a otro Ministerio.Debemos también considerar las disposiciones más atinentes de la ley de Régimen Interior, contenidas en el D.F.L. Nº 22, de 19 de noviembre de 1959, que tiene por objeto cumplir el mandato del artículo 60 de la Constitución Política del Estado para hacerlo efectivo, en cuanto a que el Presidente de la República administra al Estado y es el Jefe Supremo de la Nación.En esta ley se encuentra ratificado lo que la ley orgánica de Ministerios dispone respecto del Ministro del Interior, y en su artículo 1º queda en claro lo siguiente:El Servicio de Gobierno Interior (Intendentes, Gobernadores, Subdelegados e Inspectores) es el organismo mediante el cual el Presidente de la República, como Jefe Supremo de la Nación, ejerce el Gobierno Interior del Estado. Depende del Ministerio del Interior.Por su parte, el artículo 1º del D.F.L. Nº 211 de 1953, dispone: La Dirección General de Investigaciones constituye un organismo de carácter civil que depende directamente del Ministerio del Interior.Corresponde al Servicio de Investigaciones velar por la tranquilidad pública.Finalmente, el D.F.L. Nº 213, de 30 de marzo de 1960, dice:Artículo 1º: La vigilancia y el mantenimiento de la seguridad y el orden en todo el territorio de la República estará a cargo de Carabineros de Chile, como asimismo el cumplimiento de las demás funciones que le encomienden las leyes y reglamentos.Artículo 2º: Carabineros de Chile dependerá directamente del Ministerio del Interior.Todas las citas anteriores interesan porque los hechos infracciónales que constituyen los diversos capítulos de esta acusación (existencia de grupos armados ilegales, atropellos al derecho de reunión, detenciones ilegales, infracción de disposiciones constitucionales y legales en relación con los medios de comunicación, atropellos a la ley de Juntas de Vecinos),

todos están vinculados con las obligaciones que el señor Ministro del Interior debe cumplir según la ley, y tienen relación directa con su deber de buscar la seguridad, tranquilidad y orden público a través de los Servicios de su dependencia. Sin perjuicio de esto, en cada capítulo señalaremos las disposiciones constitucionales y legales pertinentes que constituyen la vinculación del acusado con los hechos denunciados y la forma como las causales de acusación invocadas (infracción de las disposiciones constitucionales, atropello de las leyes, haberlas dejado sin cumplir y haber comprometido gravemente la seguridad de la Nación) se han producido en los hechos y como se infringen, violan o atropellan.

Establecidos ya los alcances del juicio político y precisados los marcos de esta litis, paso a ocuparme en cada capítulo en especial:

Grupos armados ilegales.

Antes que nada, veamos los preceptos legales pertinentes.

El artículo 22 de la Constitución Política dice: La fuerza pública está constituida única y exclusivamente por las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros, instituciones esencialmente profesionales, jerarquizadas, disciplinadas, obedientes y no deliberantes. Sólo en virtud de una ley podrá fijarse la dotación de estas instituciones.

Por otra parte, tenemos las disposiciones pertinentes de la ley Nº 12.927, de Seguridad Interior del Estado, que son los artículos 4º, letra d), 6º, 10 y 26.

En esta materia es vital considerar el artículo 4º, que en su letra d) dice que son sancionables los actos de los que inciten, induzcan, financien o ayuden a la organización de milicias privadas, grupos de combate u otras organizaciones semejantes y los que formen parte de ellas, con el fin de sustituir a la fuerza pública, atacarla o interferir en su desempeño, o con el objeto de alzarse contra el Gobierno constituido.

Es importante el análisis de esta disposición, ya que de las afirmaciones del señor Ministro se desprende que únicamente pudiera ponerse en ejercicio la ley de Seguridad Interior del Estado cuando tácitamente hubiera un delito de sedición o sublevación. Y lo cierto es que este precepto, por la disyunción que tiene, especialmente con la última frase, hace constitutivo de delito no tan sólo el alzamiento, sino que la simple organización de milicias privadas, con el fin de sustituir a la fuerza pública, atacarla o interferir en su desempeño,...

El artículo 6º prohíbe la internación de armas al país.

El artículo 10 prohíbe portar armas de fuego o cortantes dentro del radio urbano de las ciudades.

El artículo 26 da competencia exclusivamente al Ministro del Interior y a los intendentes para poner en movimiento las acciones legales pertinentes que se relacionan con el Código de Justicia Militar, en esta parte, con el Código Penal y con la misma ley de Seguridad Interior.

Pero también interesa definir el concepto de armas de fuego para configurar y tipificar qué se entiende por grupo armado. Y el artículo 132 del Código Penal viene en nuestro auxilio cuando establece: Cuando en las sublevaciones de que trata este título se supone uso de armas, se comprenderá bajo esta palabra toda máquina, instrumento, utensilio u objeto cortante, punzante o contundente que se haya tomado para matar, herir o golpear, aun cuando no se haya hecho uso de él.

También tiene importancia lo anterior, porque, de los términos de la acusación del Ministro, pareciera que lo importante es que haya muerto una persona o se haya herido a alguien para que pudieran entablarse las acciones pertinentes, como si esto fuera la prueba más evidente de que estuviese constituido un grupo armado. Y no es así, pues basta para ese objeto que exista un grupo determinado de personas. Más adelante veremos qué número de individuos exige el Código de Justicia Militar para que pueda entablarse la acción pertinente.

He dicho Código de Justicia Militar, porque en tal cuerpo legal está definido este concepto y porque algunos pueden creer que consigna delitos que sólo pueden cometerse por militares, lo cual no es así.

Dice el artículo 265 del Código de Justicia Militar: Son reos de delito de rebelión o sublevación militar, los militares que incurrieren en cualesquiera de los delitos contemplados en el Título II, Libro II del Código Penal, y los no militares en los casos siguientes: que estén mandados por militares, que formen parte de un movimiento iniciado, sostenido o auxiliado por fuerzas del Ejército; y, finalmente, lo que interesa que formen partidas militarmente organizadas y compuestas de diez o más individuos; o que formando partida en menor número de diez exista en otro punto de la República otra partida o fuerza que se proponga el mismo fin.

De manera que tenemos configurado y tipificado lo que puede entenderse por grupo armado ilegal: tendría que estar constituido por más de diez personas en un solo punto del país o por menos, en distintas partes, y que estén armadas con los elementos que menciona el artículo 132 del Código Penal. No es necesario que esas armas sean metralletas, tanques, cañones u otro tipo de elementos, sino que basta cualquier utensilio o instrumento que sirva para matar, herir o golpear a alguna persona.

Y son armados desde el momento en que están en posesión de esas cosas y sin necesidad de que hayan cometido delitos lo cual es otra cosa, que serán homicidios o lesiones, según sea la agresión.

Hemos citado las disposiciones legales pertinentes que nos sirven para analizar el capítulo relativo a grupos armados. Antes de entrar en detalles, quisiéramos señalar cuál es el punto de vista del señor Ministro frente a estos hechos, conforme a lo que hemos oído.

El señor AYLWIN (Presidente).-

¿Me permite, señor Diputado?

Ha llegado la hora de término.