Labor Parlamentaria

Del señor Baltra:SITUACION DE INDUSTRIA LECHERA DE BIO BIO.

A los señores Ministros de Economía, Fomento y Reconstrucción, y de Agricultura, solicitándoles que se estudie a la brevedad la solución a las situaciones producidas en la Industria Lechera de Bío Bío, en sus plantas de la Cooperativa Lechera de Los Angeles y de Chiprodal, las que, según informes que obran en mi poder, estarían en crítica situación a causa de que existe doble precio para productores, lo que está prácticamente dejando sin abastecimiento a las plantas procesadoras.

También se solicita que se informe sobre la cantidad de leche adquirida en el extranjero en el año 1971 y su precio de compra.-

Del señor Lorca:CUMPLIMIENTO POR EL SERVICIO DE ADUANAS DE RESOLUCION DEL BANCO CENTRAL.

Al señor Ministro de Hacienda, con el objeto de que se sirva ordenar al Servicio de Aduanas el cumplimiento de las resoluciones contenidas en el Nº 1º del acuerdo Nº 750 del Comité Ejecutivo del Banco Central de Chile, publicado en el Diario Oficial de 25 de enero de 1972.

Dicho acuerdo facultó, a las empresas bancarias autorizadas para vender divisas a futuro al tipo de cambio de Eº 12, 21 por dólar, para todas aquellas mercancías cuyos registros de importación hayan sido aprobados con cargo al presupuesto de divisas asignado a las provincias de Chiloé, Aisén y Magallanes durante el año 1971, con excepción de las mercancías consideradas por la ley Nº 14.- 824 como suntuarias.- Sin embargo, diversas mercancías calificadas como suntuarias se cubrirán también al tipo de cambio de E° 12, 21, según la enumeración, que allí mismo se expresa.

Además, dispuso que la cobertura de las operaciones de importación que se realicen con cargo al presupuesto de 1972 de la ley 12.- 008, se realizará en parte de acuerdo con los tipos de cambio que respecto de algunas mercancías el propio acuerdo contiene, rigiéndose, en lo demás, por las condiciones vigentes para el resto del país.

Sin embargo, el Servicio de Aduanas, de acuerdo con su interpretación de los artículos 147 y 155 de la Ordenanza de Aduanas, ha estimado que el tipo de cambio aplicable a las importaciones es aquel que se encuentra vigente al momento de la aceptación por la Aduana de la póliza, pedimento o solicitud correspondientes, presumiéndose esa aceptación por la numeración de la póliza respectiva. Esto ha traído como consecuencia que, por haber sido dictadas las disposiciones contenidas en el acuerdo Nº 750de excepción en favor de las provincias de Chiloé, Aisén y Magallanes, con posterioridad a la resolución general que alzó los tipos de cambio para las importaciones respecto de todo el país, el Servicio de Aduanas se haya negado a aceptar las normas que en favor de la región referida estableció, en materia de tipo de cambio, el acuerdo tantas veces mencionado.

Cabe hacer presente que la determinación y aplicación del tipo de cambio es una materia que compete exclusivamente al Banco Central de Chile, en conformidad con los artículos 2º y 80 del decreto de Hacienda Nº 2.- 265, de 1971, que estableció el texto definitivo de los Estatutos del Banco Central de Chile, y no al Servicio de Aduanas, que es un organismo que cumple funciones de administración y de fiscalización de la tributación aduanera vigente.

Del señor Luengo:SERVICIO DE AGUA POTABLE EN CAJON(CAUTIN).

Al señor Ministro de Obras Públicas y Transportes, pidiéndole quiera tener a bien interesarse por el grave problema que afecta a la localidad de Cajón, provincia de Cautín, la cual desde hace varios años viene luchando por la dotación de agua potable.

La junta de vecinos Nº 76 de esa localidad ha informado que desde 1970 se vienen realizando algunos trabajos con este fin, los que aún a la fecha se encuentran semiparalizados por falta de fondos, existiendo el peligro de que la tubería de captación se oxide y se tapen sus perforaciones.

Creemos que la intervención oportuna de las autoridades competentes de ese Ministerio permitirán de alguna forma obtener los medios necesarios para continuar y terminar satisfactoriamente los trabajos comenzados, dando así satisfacción a una comunidad enclavada en una zona que necesita de un especial apoyo de nuestro Gobierno, ya que se le considera como una de las más abandonadas del país.

Del señor Valente:INTERCAMBIO DE PRODUCTOS CHILENOS Y BOLIVIANOS.

Al señor Ministro de Relaciones Exteriores, en los siguientes términos:

La Cámara de Comercio Minorista de Iquique ha hecho llegar al suscrito diversos antecedentes, relacionados con la posibilidad de incrementar el intercambio de productos originarios de Chile y de Bolivia, por la zona fronteriza de Iquique.- Este intercambio está garantizado en el Convenio Bilateral, aprobado por decreto supremo Nº 1.- 346 bis, de 25 de julio de 1942, contemplando en el intercambio los productos originarios de la zona. La posibilidad de aumentar este intercambio considerando otros productos abre perspectivas insospechadas, no sólo para el intercambio comercial en sí mismo, sino para el abastecimiento de productos esenciales para los habitantes de la región.

En efecto, Bolivia, por intermedio de las autoridades de Oruro, ofrece abrir exportación hacia nuestro país de frutas, carnes, aves, huevos y otros productos agropecuarios.- Chile podría enviar a Bolivia harina de pescado, aceite de pescado, pescado fresco, congelado o en otra forma, salitre y otros productos de la zona; y, además, peras, manzanas, uvas y otros productos frutícolas que, generalmente, por la abundancia, no pueden ser aprovechados debidamente por los consumidores de nuestro país y se pierden por des: composición.

Lo original de este intercambio es que se haría sin la inversión de un sólo dólar, sino que jugaría una especie de trueque beneficioso para ambos países.

Todas las operaciones de importación y exportación cumplirían con los trámites en aduana, sanidad vegetal, Banco Central u otros organismos de comercio exterior del respectivo país, con la recomendación de que los trámites sean expeditos y no demoren innecesariamente.

Junto a la presente envío al señor Ministro copias fotostáticas de algunos documentos que comprueban la factibilidad de este intercambio, rogándole disponer que se estudie esta posibilidad y se resuelva favorablemente. Las zonas de Iquique, Pisagua y Arica estarían, así, debidamente abastecidas y la región exportaría también algunos de sus productos originarios y otros producidos en el resto del país.- Por supuesto que antes de exportar cualquier producto en este intercambio, se aseguraría el abastecimiento de la zona.

MODIFICACION A LEGISLACION SOBRE PANADERIAS Y AMASANDERIAS

Al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, en los siguientes términos:

La Asociación de Pequeños Industriales y Artesanos del departamento de El Loa han hecho llegar al suscrito un memorándum conteniendo algunas insinuaciones para la modificación de la legislación sobre funcionamiento de panaderías y el reemplazo del decreto supremo Nº 21 y Nº 1.002, del año 1920, que rige para las amasanderías.

La indefinición de algunos conceptos sobre clasificación de panaderías y amasanderías causa no pocos trastornos a los pequeños industriales dedicados a estas actividades.- En la legislación vigente, existe imprecisión, lo que requiere con urgencia una modificación sustancial a la legislación señalada.

Acompaño al señor Ministro la copia del memorándum recibido por el suscrito y elaborado por la Asociación citada, rogándole encarecidamente acoger esta idea y estudiar las modificaciones pertinentes a una legislación anticuada, discriminatoria y engorrosa.

ESTATIFICACION DE NOTARIAS Y CONSERVADORES DE BIENES RAICES.

Al señor Ministro de Justicia, en los siguientes términos:

He estado en contacto con dirigentes de diversas asociaciones de empleados notariales de distintas partes del país, y de ellos he recibido peticiones relacionadas con la posibilidad de estatificar las notarías y conservadores de bienes raíces.

Aspiran a que estas actividades sean estatificadas por diversas razones.- Entre ellas, la estabilidad de los cargos, la posibilidad de uniformar las remuneraciones, el mejoramiento de la previsión social y otros beneficios de orden personal. Respecto de la importancia de estas actividades y de la función que desempeñan, estiman que ellas no pueden continuar en particulares, sino que deberían constituir un complemento de la actividad judicial.

El planteamiento de los dirigentes gremiales me ha parecido importante e interesante. Está en consonancia con algunos planteamientos anticipados que sobre el tema se han efectuado en algunos sectores de Gobierno.

Particularmente comparto la posición de los empleados de notarías y de los dirigentes que propugnan el cambio de condición jurídica de estos organismos, razón por la cual ruego al señor Ministro se sirva disponer que se me informe sobre este planteamiento y sobre las posibilidades de que el Gobierno patrocine un proyecto de ley para estatizar las notarías y conservadores.

INFORMACIONES SOBRE ACTIVIDADES DE LA JUNTA DE ADELANTO DE ARICA (TARAPACA).

Al señor, en los siguientes términos:

Agradeceré al señor Contralor se sirva disponer que se me proporcionen los siguientes antecedentes relacionados con la Junta de Adelanto de Arica:

1.- Copia de los informes emitidos por los funcionarios Aldo Roncone y Heriberto Braz, relacionados con las irregularidades cometidas en la Sección Máquinas Agrícolas.- Copia de la investigación efectuada por Contraloría, si la hubo;

2.- Iniciar una investigar relacionada con los contratos a honorarios otorgados al señor Luis Jorquera;

3.- Investigar la adquisición de 11 casas, por la Junta, a la empresa constructora Humberto Jiménez, en el sector Saucache, con evaluación del valor de la casa y precio pactado en la venta;

4.- Investigar las irregularidades cometidas y que se cometen en la reparación de vehículos, en el que estaría gravemente implicado el Jefe de la Sección Máquinas y Calderería;

5.- La Contraloría General de la República recomendó sanciones para el funcionario Juan Andrade por graves irregularidades cometidas con fondos de la JAA. Estas sanciones no han sido aplicadas, el funcionario continúa trabajando y de acuerdo a mis informaciones, con posterioridad a la investigación, habría sido ascendido.

6.- Investigación de las actividades del Departamento de Bienestar de la JAA., especialmente en lo concerniente a informes, otorgamiento de beneficios pecuniarios, etcétera.-

El señor ACUÑA.-

Señor Presidente, el Partido Izquierda Radical ha estado permanentemente preocupado en los últimos tiempos de fijar con mucha claridad su posición política frente al proceso que vive el país.

Nuestra participación en el Gobierno.

Nuestra colectividad participó en responsabilidades de Gobierno durante dos meses y diez días, cumpliendo un compromiso político que conocieron con extraordinaria claridad el país, el Presidente de la República* y el bloque de la Unidad Popular, dado que, antes de ser invitada a asumir esas responsabilidades y en el momento de ingresar al Gobierno, conforme a la invitación y a la solicitud expresa del Primer Mandatario, nuestro partido señaló que apoyaba las ideas fundamenta les del programa de la Unidad Popular, el deseo de cambiar las estructuras y de realizar las transformaciones económicas que el país requiere en la hora presente, pero que deseaba que ese compromiso para con la hora histórica de la patria se cumpliera con respeto absoluto a los términos convenidos del programa de la Unidad Popular, respetando la idiosincrasia chilena y también el camino elegido y el acuerdo de marchar por la senda de la democracia y la legalidad imperante, sin perjuicio de luchar por modificarla y de hacer respetar esencialmente los derechos que dentro de una democracia tienen los grupos que integran las grandes mayorías y también los que componen las minorías.

Dijimos en esa oportunidad, y lo hemos sostenido reiteradamente, que, en nuestro concepto, los cambios y las transformaciones deben constituir un proceso planificado seria y responsablemente para que resulten eficientes y positivos, en beneficio de las metas generales que se buscan para el bienestar del pueblo y de las grandes mayorías del país. Pero agregamos que tal proceso debe marchar dentro de la más absoluta fidelidad a la idiosincrasia chilena y a la legalidad imperante.

Rechazamos los desbordes y la violencia.

También hemos expresado insistentemente nuestro rechazo, nuestro repudio y nuestra protesta frente a toda clase de desbordes cometidos por elementos ultras que a veces se cobijan en los grupos de la extrema Izquierda, posiblemente al amparo de la desesperación, y también en las facciones de la extrema Derecha. De ahí que en forma permanente hayamos estado condenando la violencia como método para lograr los cambios y la transformación política de Chile.

También en ésa misma línea, hemos Criticado de manera clara y muy honesta la acción que ciertos funcionarios realizan al amparo de los cargos que ocupan dentro del Gobierno de la República, saliéndose del programa de la Unidad Popular, haciendo abstracción no se sabe por qué razón de las declaraciones reiteradas del Jefe del Estado y, en consecuencia, provocando desbordes y actos de ilegalidad y de violencia que repugnan a la conciencia de la mayoría del país y sólo originan hechos negativos que atentan contra el esfuerzo y el interés por conseguir que la lucha por el cambio y la transformación sea un proceso fecundo, positivo, encaminado a entregar más bienestar y mayor justicia social a los grupos postergados del país.

Por desgracia, muchas veces hemos podido comprobar también que los planteamientos de las declaraciones oficiales no se respetan en la práctica. Los porfiados hechos, desafortunadamente, se van repitiendo con extraordinaria frecuencia. Como decía hace un instante, aparecen elementos que en algunas ocasiones actúan desde cargos públicos y que pertenecen a determinados grupos de los partidos de Gobierno, quienes no vacilan en manifestar reiteradamente un desprecio olímpico por el respeto a los derechos de los demás individuos, a la legalidad y a ciertas instituciones que, como es natural, tienen una función esencial en cualquier Estado que se quiere modificar, remozar o construir, para hacerlo más justo en beneficio de todos sus habitantes.

Dentro de esta escalada de hechos violentos, frente a los cuales muchas veces debemos lamentar la no adopción de medidas adecuadas para sancionar a quienes, desde cargos públicos, actúan en forma irresponsable, hemos ido comprobando gran cantidad de situaciones extraordinariamente desagradables, y la opinión pública ha sido conmovida por innumerables hechos de esta naturaleza.

Asalto al hospital de Fresia.

Hace poco más de un mes, en la provincia de Llanquihue, en la comuna de Fresia, zona esencialmente campesina, se produjo una verdadera conmoción regional que fue extendiéndose lentamente a otros sectores del país y que ha provocado múltiples reacciones en diversos grupos de ciudadanos que merecen el respeto de quienquiera que ocupe el Gobierno. El 4 de abril fue asaltado el hospital de Fresia por una centena de campesinos que laboran en algunos asentamientos constituidos en el sector denominado Las Caulles, cercano a la localidad de Fresia, asentamientos que por desgracia no se formaron como producto del desarrollo legal, serio y responsable del proceso de reforma agraria llevado a cabo por la CORA con eficiencia, seriedad y apego a la ley de reforma agraria para extinguir el latifundio, sino que se constituyeron por la vía de hecho, por el camino de la ocupación violenta, muchas veces con personas que nada tenían que ver con el quehacer campesino, con el trabajo agrario, lo que ha ido provocando una secuela de situaciones profundamente desagradables. Estos grupos de campesinos, amparados por algunas autoridades regionales, expresan insistentemente su desprecio más absoluto, no sólo por la autoridad de determinados poderes, sino también por cualquiera que no esté dentro de su círculo o que no participe de sus inquietudes.

El asalto al hospital de Fresia ocurrido el 4 de abril es un hecho que hoy día he traído a conocimiento del Senado porque, evidentemente, es insólito y reviste extraordinaria gravedad.

A raíz de la muerte de un campesino provocada en un asentamiento por una persona que, manejando un tractor del predio, pasó por sobre el cuerpo de aquél después de una reunión festiva, se pretendió inculpar por ese hecho a personal del Cuerpo de Carabineros. Se urdió toda una trama para desparramar ese infundio con el fin de hacer creer que el campesino fallecido no había sido víctima de una acción irresponsable llevada a cabo en la forma que señalé, sino repitode un apaleo propinado por carabineros de la región. Practicó la autopsia en el hospital de Fresia el doctor Casals, director y médico legisla del establecimiento, un profesional joven bordea los 30 años, a quien tuve oportunidad de conocer el jueves de la semana recién pasada, cuando hice una visita a la comuna de Fresia y fui al hospital para conversar con el personal de ese establecimiento. Por casualidad, me encontré con ese médico, quien en aquellos días había vuelto a buscar sus pertenencias para retirarse definitivamente del hospital. Estaba cumpliendo los trámites de entrega del establecimiento y realizando el inventario pertinente. Tuve un relato completo de los acontecimientos, no sólo por boca de ese facultativo sino también por parte del personal administrativo auxiliares de enfermería y otros y de pobladores que presenciaron los hechos, que naturalmente originaron conmoción. El doctor Casals, después de efectuar la autopsia al cadáver del campesino fallecido, debió viajar a Santiago, donde' vive su familia, para permanecer junto a un hijito que estaba siendo sometido a una operación. Al regresar a Fresia, el 4 de abril, cinco días después de haber practicado la necropsia, se encontró con la gran sorpresa de que el hospital estaba tomado, plagado de banderas chilenas: cerca de 150 campesinos se habían posesionado de hecho del establecimiento. Participaba en ese acto, en forma extraordinariamente irresponsable, el subdelegado comunal, representante del Gobierno. En cuanto el médico se hizo presente, fue víctima de toda clase de improperios, vejámenes y ofensas; recibió golpes, puntapiés; fue agredido por un grupo numeroso que no vaciló en cometer, amparado por el anonimato, toda clase de actos vejatorios no sólo para un profesional, sino para cualquier ciudadano. Y fue obligado, poco menos que para salvar su vida, a emitir un informe de autopsia, en presencia de numerosos campesinos y del subdelegado de la comuna. Como ese informe debía remitirse al Juzgado del Crimen de Puerto Varas, es, naturalmente, privadísimo, pues tiene que incorporarse al sumario criminal también secreto, que investiga las razones de la muerte del campesino ocurrida días antes.

Estuve en la zona y recogí muchas opiniones. La verdad es que en la comuna de Fresia, a consecuencia de este hecho que escapa a toda posibilidad de apreciar los acontecimientos con cierta calma, la población está alarmada, vive un clima de profunda intranquilidad. No es la primera vez que se producen hechos graves, si bien es cierto que de otra índole. Es frecuente que grupos numerosos de campesinos, amparados por ciertas autoridades, pasen por la plaza de Fresia y frente a la Tenencia de Carabineros, resguardada por un pequeño contingente de defensores del orden de la patria, profiriendo toda clase de insultos y groserías contra los representantes de la ley.

Como dije, toda la población vive un clima de intranquilidad. Conversé con el personal administrativo que sirve en la comuna y pude comprobar que no desea seguir trabajando en ella. Naturalmente, el médico tuvo que retirarse del hospital y también lo hicieron el dentista y la matrona. Y es lógico, porque nadie desea seguir laborando en una zona donde la autoridad no garantiza el libre ejercicio de actividades al servicio de la comunidad, como son las desarrolladas en una rama laboral tan noble como es la salud.

El hecho que relato, que ha provocado conmoción en miles de chilenos, ha dejado prácticamente desamparada de atención profesional sanitaria a una comunidad de 16 mil habitantes, pues carece de médico, de matrona y de dentista. Inclusive los familiares de quienes actuaron irresponsablemente pueden quedar expuestos a que en el futuro carezcan de la atención de un facultativo o de una matrona. Y es posible que a consecuencia de hechos que ellos mismos han provocado, se produzcan nuevas desgracias que, naturalmente, quienes pensamos con un sentido de patria integral deberemos lamentar, sobre todo cuando se considera la forma en que tales acontecimientos se originan.

La respuesta de los médicos ante el atropello.

El asalto al hospital de Fresia produjo reacciones en el Colegio Médico.. El Consejo Regional de Valparaíso y Aconcagua efectuó un paro. Recientemente, realizó otro el de Llanquihue, Osorno y Valdivia.

¿Por qué se produjeron esos paros? ¿Por el deseo de crear problemas al Gobierno, por colocarse en determinadas trincheras políticas, para hacer una oposición sin base, sin justificación, para crear problemas artificiales? No, señor Presidente y estimados colegas. Se han efectuado, desgraciadamente, porque el vejamen, el atropello, las lesiones graves causadas a un profesional a quien se le ocasionó la fractura de varias costillas, ha merecido por parte de ciertas autoridades regionales representativas del Gobierno de Chile, representantes directos del Presidente de la República, una actitud no sólo de complicidad o de amparo, sino una posición profundamente injusta, torpe, en el deseo de ocultar el bochornoso incidente. Han expresado que el responsable de todos los hechos es el médico, por no haber enviado a tiempo el informe al juzgado respectivo, demora que habría provocado una situación especial que incitaba a los campesinos a actuar, afirmación que carece en absoluto de fundamentó.

Se ampara a los culpables.

Quiero expresar en esta tribuna lo que me han manifestado muchos habitantes de Fresia, ciudadanos que trabajan en servicios públicos, obreros, empleados, campesinos. He visto en sus palabras la amargura que provoca contemplar la impunidad, la manera cómo se ampara a los infractores, cómo no se adoptan medidas para sancionar a ciertos funcionarios que cometen acciones delictuales que han trastornado la vida no sólo de ciertos sectores, barrios o familias, sino de todo un pueblo, de toda una comunidad integrada por 16 mil habitantes que ha quedado desamparada de atención médica.

En consecuencia, pido oficiar, en mi nombre, al Ministerio del Interior para que se nos informe acerca de las medidas que se han adoptado en relación con estos hechos vergonzosos y con la actuación del Subdelegado de la comuna de Fresia y del Gobernador. Este último, en los mismos días en que yo estaba en la zona, formuló declaraciones públicas, difundidas en radios y diarios, en las cuales responsabilizó al médico de todos estos acontecimientos, en circunstancias de que aquel fue víctima de un atentado en el cual estuvo a punto de perder la vida en manos de la multitud a que me referí.

Una escalada de violencia.

Desgraciadamente, los hechos violentos en que aparecen implicados funcionarios públicos de Gobierno no sólo se producen en la provincia de Llanquihue, donde se ha aplicado en forma tan defectuosa la ley de Reforma Agraria, pues se han expropiado incluso pequeños predios de dos hectáreas básicas que habían sido tomados violentamente por grupos adictos al Gobierno. Como dije, este tipo de sucesos se repite en muchas partes del país. Yo diría que estamos viviendo una escalada de violencia. En el Hospital de Carahue se dispararon balas a la oficina en que trabaja el médico director de ese centro asistencial. Después acontecen hechos vergonzosos, como los ocurridos en estos días en Santiago: la retoma violenta de la industria de baterías Helvetia, que estaba a cargo de un interventor, es decir, de uno de esos funcionarios que están constituyendo la nota ingrata y vergonzosa del país, que no vacilan en realizar, debido a su incompetencia extraordinaria, toda clase de actuaciones desafortunadas y que encierran profunda injusticia. Su comportamiento no sólo lesiona a veces a medianos y pequeños empresarios, sino también a empleados y obreros. Se pisotea el fuero sindical, como en el caso de la industria Sumar; se despide arbitrariamente a los trabajadores, demostrando un sectarismo y una prepotencia propios de la época de los sátrapas, de las monarquías absolutas, de la Edad Media, en que imperaban los señores de horca y cuchillo.

Los sucesos de Melipilla.

Y estos hechos continúan repitiéndose. En el día de ayer también el país se ha impresionado por lo ocurrido en Melipilla, donde una poblada de campesinos, mal aconsejados, incitados por elementos que actúan en puestos públicos, amparados por el Gobierno, no vacilaron en sitiar el juzgado y en encerrar al juez que está instruyendo un proceso por asalto a una propiedad agraria. Al respecto, conocimos las reacciones del Colegio de Abogados, de la Corte Suprema y de la Corte de Apelaciones de Santiago. Estos hechos no pueden seguir ocurriendo en el país. No basta que el Gobierno declare que respeta la autonomía del Poder Judicial, ya que sabemos que, en realidad, ello no ocurre, y sabemos que se tolera la permanencia en puestos importantes de numerosos funcionarios que estimulan la violencia, la anarquía, el camino de la extralegalidad.

Los tribunales populares en SOQUIMICH.

Hace algunos días se produjeron en la provincia de Antofagasta diversos hechos que conmovieron a la opinión pública de la zona norte. Tribunales populares enjuiciaron a trabajadores de SOQUIMICH. Los diarios regionales, las informaciones personales que nos han traído trabajadores de esa zona e, incluso, antecedentes proporcionados a nuestro partido en el día de ayer, nos hablan de la primera resolución de un tribunal popular, que se habría producido en María Elena días atrás: algunos grupos políticos enjuiciaron a 250 trabajadores de la pulpería de la Sociedad Química y Minera de Chile, acusándolos de robo, estafa y malversación. Se realizó una especie de juicio público en el que participaron numerosos funcionarios de empresas estatales de la gran minería, es decir, de representantes del Gobierno, que no vacilaron en vejar, en arrastrar por el suelo, a otros compañeros trabajadores que discrepan de sus tesis, de sus ideas, de su pensamiento político y filosófico.

El Gobierno debe sancionar a los culpables.

En mi condición de Senador del Partido de Izquierda Radical, porque siempre he repudiado la violencia como método de acción para trabajar en beneficio del pueblo, quiero expresar mi más enérgica protesta por estos hechos. Al mismo tiempo, confío en que el Gobierno tome medidas contra los funcionarios que aparecen implicados, no siga amparando el camino tortuoso que no es el del socialismo por la vía chilena, con sabor a empanadas y a vino tinto, sino el de un proceso que muchas veces deslinda en la anarquía de ciertos sectores y que, naturalmente, no trabaja ni en beneficio de Chile ni en el de su pueblo, y que sólo ahonda las pasiones, agrava el sectarismo y las divisiones entre los propios trabajadores. Ese sistema va creando situaciones que no ayudan a la causa que se pretende defender.

Internación ilegal de armas.

Repito: expresamos nuestra protesta frente a los hechos que está conociendo el país, que están arraigando profundamente en la vida cívica y que se consolidan por la actuación de funcionarios de algunas empresas fiscales que caminan por el sendero tenebroso de procurarse armas mediante el tráfico internacional. ¿Para qué se las necesita en Chile? ¿Para defenderse, para agredir? No lo sabemos con claridad. Lo que sí sabemos es que las armas en manos de dementes, de termocéfalos, de hombres que creen poseer la verdad absoluta y que pretenden dirigir determinado proceso revolucionario a su amaño, con desprecio de los derechos y de las ideas de los demás, es lógicamente peligroso.

Nadie, por lo menos dentro de nuestro partido y creo que la gran mayoría de Chile que profesa fe democrática para construir en Chile una real y efectiva justicia, quiere que tal tarea se realice por la vía de la metralleta, del fusil, del laque, del derramamiento de sangre que segará la vida de hermanos chilenos. No estamos en esta senda; por el contrario, la repudiamos. Por eso, vemos con preocupación ciertas noticias publicadas por la prensa y respecto de las cuales ayer tuvimos información personal: en la Línea Aérea Nacional, ciertos funcionarios del partido del Presidente de la República, contrariando la actitud del Vicepresidente de ese organismo, el señor Aliaga, también militante socialista, han pretendido, aprovechando los vuelos internacionales de la Línea, internar armas ilegalmente, lo que ha sido descubierto en diferentes países en que nuestros aviones hacen escala.

Tenemos informaciones de que hay un grupo de personas, en Santiago y en el extranjero, que desde sus cargos de agentes internacionales de Línea Aérea Nacional están siguiendo esta tenebrosa senda de contribuir a la internación ilegal de armas al país, para entregarlas a los grupos políticos que comparten sus ideas.

Esta situación es de extrema gravedad. Estimamos, en consecuencia, que debe investigarse. Por eso, frente a las denuncias públicas de que habría un tráfico ilegal de armamento a través de Línea Aérea Nacional, que realizarían funcionarios de alta jerarquía, solicito enviar un oficio a la Cámara de Diputados pidiéndole que, si lo estima a bien, designe una Comisión Investigadora para que se aboque a examinar los antecedentes que dan base a tal denuncia; y para que, al mismo tiempo, determine cuántos funcionarios de LANChile permanecen en el extranjero con viáticos, en comisiones especiales, a la vez que siguen ganando su sueldo en Chile.- Sabemos que el número de estos funcionarios es muy elevado.- En consecuencia, tal situación no puede estimarse regular en un organismo como la línea aérea estatal.

El señor CARMONA.-

Pido la palabra.

En anteriores oportunidades he ocupado la atención de la Sala para referirme a diversas situaciones que afectan a nuestra industria salitrera. En esta ocasión volveré sobre el tema e insistiré en algunas denuncias que había formulado antes.

Hace tiempo, comentando la negociación por la cual la Corporación de Fomento adquirió el resto de las acciones de la Sociedad Química y Minera que pertenecían a la Compañía Salitrera Anglo Lautaro, señalé que los representantes de la firma, al dar cuenta de la operación a los accionistas norteamericanos, habían expresado que la cantidad destinada a repartir entre ellos, o que quedaba a disposición de la empresa, era inferior en 800 mil dólares a la suma que se había determinado en Chile para tal efecto.

El precio de la venta de esas acciones, en cifras aproximadas, ascendía a 7 millones 900 mil dólares. Así se señaló en un acto desarrollado en la zona salitrera, al que asistió el Presidente de la República. En tanto, los personeros de Anglo Lautaro manifestaron a los accionistas en Estados Unidos, según publicaciones de que ya di cuenta al Senado, que la suma destinada a repartirse, deducidos algunos gastos originados en Chile, alcanzaba a 7 millones 100 mil dólares. Se han dado algunas explicaciones por parte de personeros de la Sociedad Química y Minera, en especial por quienes han intervenido en la negociación, y particularmente por su Gerente General, señor Miguel Labarca. Pero debo insistir en la denuncia, pues he llegado a la conclusión de que, aun deducidos algunos rubros, como el pago de indemnizaciones o pensiones a personeros de la Compañía Salitrera Anglo Lautaro que nos han parecido discutibles y que el Gobierno anterior había rechazado, que alcanzarían a la suma de 400 mil dólares, queda un remanente de cerca de 380 mil dólares cuyo destino no me parece claro.

Han dicho representantes de SOQUIMICH en una publicación que hay algunos rubros la declaración habla así, en globo que suman alrededor de 107 mil dólares, con cargo a los cuales tienen que haberse cubierto los honorarios de los abogados, permanentes, por años de años de Anglo Lautaro, señores Carlos Urenda Z. y Raúl de la Fuente; los honorarios del abogado don Mariano Puga que intervino en la negociación como asesor del señor Peeples, y los gastos de los múltiples viajes de los personeros norteamericanos entre Chile, Nueva York y Buenos Aires.

En la inserción de prensa a que me refiero, que aparece suscrita por los señores Darío Pavez, Gerente General de CORFO; Mario Silberman, Gerente de filiales de CORFO, y Miguel Labarca L., Gerente General de SOQUIMICH, no aparece el nombre de una persona que, a mi modo de ver, también intervino en estas negociaciones, don Claudio Troncoso.

Pues bien, en la publicación de los personeros de CORFO y Sociedad Química y Minera, se señala que ante este problema que los afecta han exigido al señor Peeples haga una declaración circunstanciada respecto del destino dado al dinero que aparecería faltando, y que como no se ha recibido hasta el momento la aclaración, se han impartido instrucciones a prestigiosos abogados norteamericanos para que acudan a los tribunales de Estados Unidos a fin de que procedan a exigirla.

En todo caso, no son sólo 107 mil dólares los discutibles en este momento. Estimo que la cifra es sustancialmente superior, y que no son suficientes las explicaciones que dan en la inserción los personeros de la Corporación de Fomento y de la Sociedad Química y Minera.

Tengo pleno conocimiento de que los abogados permanentes de la Anglo Lautaro no recibieron honorarios especiales por participar en la negociación, y de que tampoco hubo gastos por viajes o por otros conceptos, como se señala en la publicación a que me refiero. Por lo tanto, descontadas las pensiones que se han pagado, que, repito, el Gobierno anterior había rechazado, la suma sin especificar es muy superior a los 380 mil dólares.

Si hemos insistido sobre esta materia, es porque consideramos que debe aclararse este punto y para destacar que negociaciones de esta índole la nacionalización de nuestras riquezas básicas deben hacerse a través del Congreso Nacional. Lo digo ya que se está discutiendo en estos momentos el veto a una reforma constitucional despachada por el Parlamento sobre este particular. Por eso, insisto en la conveniencia de que estos problemas sean discutidos por el Congreso Nacional y a la luz y conocimiento de la opinión pública.

También quisiera insistir en otro problema.

Hace algún tiempo, con motivo de discutirse el proyecto de ley de reajuste de remuneraciones, se suscitó un debate a raíz de una intervención del Honorable señor Lorca, quien citó algunas expresiones desdorosas para nuestro partido formuladas por el Honorable señor Altamirano.

El debate se refería a una cláusula incluida en los llamados Convenios del Cobre, en cuanto a la posible competencia de tribunales extranjeros para conocer de los problemas suscitados en el cumplimiento de compromisos internacionales suscritos por Chile.

Deseo repetir las expresiones del Honorable señor Altamirano en esa oportunidad, quien, refiriéndose a otras materias y luego de señalar que encuentra inaceptable someter los intereses nacionales según lo estima la competencia de tribunales de Estados Unidos, dice textualmente:

Esta situación, que atenta contra la esencia misma de un Estado soberano, se debe a una cláusula inicua autorizada por el ex Presidente Frei en un contrato suscrito al margen del conocimiento público. Tal cláusula es inconstitucional, atentatoria a la dignidad nacional, y el Partido Socialista exigirá un pronunciamiento del Consejo de Defensa del Estado acerca de su legalidad.

Más adelante agrega:

Denunciamos como traidores a la Patria a todos aquellos que no han tenido un ápice de vergüenza y se han ubicado contra los intereses de la Nación, defendiendo impúdicamente las maquinaciones del imperialismo yanqui.

Me permití intervenir en ese debate para protestar por estas expresiones y para señalar que el hecho denunciado por el Honorable señor Altamirano en esa oportunidad era un asunto de ordinaria ocurrencia en las acciones de este Gobierno. Aún más, quedé en traer al Honorable Senado los antecedentes del caso para demostrar, precisamente, que en la negociación salitrera a la que me estoy refiriendo, la CORFO aceptó un pagaré por la cantidad de 3 millones 774 mil 900 dólares a favor de la empresa Anglo Lautaro Nitrate, en el que se estipula que la obligación cito las palabras exactas se cumplirá de acuerdo con las leyes internas del Estado de Nueva York, con respecto a sus transferencias y pago, a la moneda en que deberá efectuarse, los recibos y su forma y a cualesquier otros requisitos necesarios para cumplir con este Pagaré.

Resulta indudable que si no se cumple con esta obligación, la Corporación de Fomento será demandada por ello, y el tribunal competente será el de Nueva York.

El señor MORENO.-

¿Me permite, señor Senador?

O sea, aquí estamos en presencia de la teoría del padre Gatica: predica pero no practica.

El señor CARMONA.-

En seguida, ante la observación que hice en la oportunidad que señalo, el Honorable señor Rodríguez manifestó sus dudas sobre la materia y expresó que solicitaría a la Oficina de Informaciones conseguir los convenios del salitre, para que de allí surja la verdad en torno del problema.- Y agregó: Como es lógico, nos reservamos el derecho de plantear internamente, en el partido y dentro de la Unidad Popular, en caso de que esa falla exista, una revisión sobre el particular.-

Sin embargo, tal revisión no la hemos conocido hasta el momento, no obstante que el pagaré existe.- Esta acción corresponde al actual Gobierno y, seguramente, el personal de CORFO y de SOQUIMICH, especialmente su Gerente General, siguen actuando en estas materias y con los mismos resultados y efectos que indico.

Quería dejar constancia de este problema, que no ha sido controvertido, porque me parece indispensable que la opinión pública conozca la verdad sobre asuntos de esta índole, que tanto interesan al país.

En seguida, quisiera referirme en esta oportunidad a la situación general de la industria salitrera, y en particular a la administración que ha llevado a cabo el Gerente de la Sociedad Química y Minera, señor Miguel Labarca, quien aparece como responsable de ella.

Cuando se hizo la negociación salitrera, el Presidente de la República, don Salvador Allende concurrió a firmar con los obreros del salitre un compromiso para producir un millón de toneladas de nitrato. En esa oportunidad formuló algunos conceptos que deseo recordar en estos momentos. Dijo así:

Sabemos perfectamente bien cómo se manejaba esta industria, llevando las ventajas materiales a los directivos de ella. Y yo puedo decir con vergüenza de chile

no que aun siendo Vicepresidente del Senado de Chile, nunca pude tener los gastos que representaban los directorios, nunca se nos entregó el costo del salitre, nunca supimos lo que gastaban esas empresas de extranjeros, nunca tuvimos conciencia cabal de lo que significaba el salitre para unos pocos, y el drama auténtico de Chile.

Por eso ahora estamos aquí para decir que esta empresa manejada por la CORFO primero y ahora la SOQUIMICH, será una empresa abierta a Chile y abierta al pueblo y será dentro de poco totalmente nuestra para que con el esfuerzo de ustedes se refería a los trabajadores y el apoyo del Gobierno hagamos del salitre un emporio de riquezas para el Norte.

¿Qué está sucediendo en el salitre? Creo que respecto de sus actuales directivos, y muy especialmente sobre la conducta de su gerente general, calzan como anillo al dedo las afirmaciones del Jefe del Estado sobre los que anteriormente dirigieron la industria. Estamos en penumbras en lo referente al salitre. Antes, según las expresiones del propio Presidente de la República, no se obtenían datos. Ahora se obtienen menos. Es curioso que haya tenido que recurrirse a la Oficina de Informaciones y a requerimientos de la Cámara de Diputados para que sólo hace pocos días se haya enviado, en forma no debidamente autorizado, el balance que debió haber conocido la opinión pública en el mes de julio del año pasado sobre el año salitrero de junio de 1970 a junio de 1971.

Dado el retraso con que se conoció, dicho balance fue cuestionado, inclusive por los propios trabajadores socialistas del salitre. Al respecto, leeré una parte de un manifiesto que tengo a la mano, titulado Denuncia. Todo el poder a los comités de producción, elaborado por el Partido Socialista. En este documento, con referencia al balance mencionado, se dice:

¿Sabías tú compañero se refiere a los trabajadores salitreros, que para poder cuadrar una sola cuenta del Balance que tenía la pequeña diferencia de un millón trescientos noventa y siete mil escudos, hubo que pagarle a un ex funcionario la suma de Eº 28. 000, y que aun después de pagar esta cantidad tuvieron que cocinar el balance y entre otras cosas pusieron en vigencia un nuevo sistema contable que nadie entendió? Este nuevo sistema, ideado por algunos tecnócratas, tenía por objeto que se hicieran balances de un mes para otro.

Pues bien compañero trabajador, el balance al 30 de junio de 1971, es decir nueve meses después aún no sale. Aún no se puede arreglar.

Por los antecedentes que figuran en el balance o prebalance enviado a conocimiento de la Cámara de Diputados, pudimos saber que la industria tuvo una pérdida de 12 millones 600 mil dólares durante el año salitrero a que me he referido. Esa cantidad es prácticamente igual a la del año anterior? a pesar de que en repetidas oportunidades se ha manifestado que ha habido un aumento de la producción y de los precios en la industria del salitre.

Es conveniente dar algunas cifras sobre la materia. Es efectivo que hubo un aumento sustancial de la producción en 1971, durante el cual las cuatro plantas produjeron incluyendo también, desde el mes de mayo, a la Oficina Alemania de Taltal797 mil 420 toneladas de salitre. En 1970 la producción alcanzó a 637 mil 805 toneladas. Es decir, hay un aumento de 25%. Pero, ¿cuál es la. realidad de la situación? En 1970 no se incluyó en las seiscientas mil y tantas toneladas la producción de la Oficina Alemania, que debió también tomarse en cuenta. Si incluyéramos la producción obtenida por ella en los ocho meses de faenas en la producción total de la Sociedad Química y Minera de Chile durante 1971, sumaríamos alrededor de 20 mil toneladas más; o sea, tendríamos en 1970 una producción de 657 mil toneladas de salitre, aproximadamente.

Ese año hubo una huelga total de la industria salitrera, que duró más de dos meses. Es decir, prácticamente no hubo producción en una sexta parte del año. Y si agregáramos las toneladas que podrían haberse producido en caso de no suscitarse ese conflicto tan prolongado, como también las toneladas de salitre procesadas en la Oficina Alemania, en 1970 se habría llegado a una producción de 770 mil toneladas en la industria del salitre.

Es preciso hacer notar que al suscribir el Primer Mandatario el compromiso mencionado con los trabajadores de la zona salitrera, se habló de producir durante 1971 un millón de toneladas como meta. Por los datos que tenemos a nuestra disposición, comprobamos que se llegó a una cifra inferior a 800 mil toneladas: 797 mil, exactamente.

Es conveniente advertir que en noviembre de 1970, trabajaban 9. 939 personas en las cuatro plantas salitreras, entre empleados y obreros. Hasta marzo de 1972, dicha cantidad aparece aumentada en 732 trabajadores. Al respecto, cabe mencionar que, en principio, se llegó a acuerdo con la Administración anterior, dado que había exceso de personal, en el sentido de que en lo posible se trataría salvo algunos casos muy calificados en cargos técnicosde no llenar las vacantes que se fueran produciendo en el salitre, a fin de conseguir un aumento de la productividad en el trabajo de obreros y empleados. Sin embargo, no sólo se han llenado las vacantes que se fueron produciendo, sino que, además, se contrataron 732 trabajadores más, lo que significa casi 7, 2% de aumento en el número de personal. Por eso, no ha existido incremento real de la producción, ni menos de la productividad.

Con relación a la misma materia, debo decir que en forma extraoficial obtuve los

datos de producción de salitre correspondientes a los cuatro primeros meses de 1972. Sobre la base de ellos, llegamos a la conclusión de que, en comparación con los cuatro primeros meses de 1971, ha habido en 1972 una baja de producción de 22. 650 toneladas. Más todavía: según pudimos comprobar los parlamentarios en un viaje realizado en los primeros días de abril, tal disminución se debe principalmente al juego político a que está entregada la administración de las plantas salitreras, especialmente la de María Elena. En esta oficina hay un Jefe de Relaciones Industriales que depende directamente de este curioso gerente general, don Miguel Labarca. Me refiero a don Ernesto Malbrán, quien se permitió en esa oportunidad llamar a los trabajadores a una reunión con el objeto de tratar específicamente el aumento de la producción y de la productividad en aquella industria. Concurrieron 150 personas de los tres mil y tantos trabajadores que allí laboran. ¿A qué se debió tal reacción ? A una razón muy simple: dicho funcionario no tiene ninguna autoridad moral para pedir a los trabajadores un aumento del trabajo y de la productividad. Ajustándose casi exactamente a las palabras usadas por el Presidente de la República para referirse a la Administración y a los dirigentes extranjeros cuando éstos manejaban el salitre, ese nuevo jefe que puede incluirse entre aquellos que los obreros denominan los gringos del Mapocho usó su autoridad y poder en forma tal, que, en uno de sus últimos actos administrativos, tomó un automóvil de la compañía, con chofer, y viajó hasta Puerto Montt, con cargo a ese organismo, en un viaje de placer, y sólo lograron detenerlo cerca de Chillán.

El señor TEITELBOIM.-

Parece que es pariente de Pubill.

El señor CARMONA.-

Cuando se le hizo regresar, había gastado más de 30 millones de pesos.

El señor TEITELBOIM.-

Era un hombre viejo...-

El señor MORENO.-

Pero con auto nuevo.

El señor CARMONA.-

Debo decir, en honor a la verdad, dada la interrupción que ha hecho el Honorable señor Teitelboim,...

El señor TEITELBOIM.-

Fue un diálogo con el Honorable señor Moreno.

El señor CARMONA.-

... que ese personaje las ha emprendido contra los trabajadores comunistas de María Elena, en tal forma que ellos han debido reaccionar en su contra. Y él es el responsable del hecho denunciado hace un momento por el Honorable señor Acuña, en el sentido de que se estableció un tribunal popular para echar a los trabajadores de la pulpería de la industria del salitre, por no ser santos de su devoción.

Esa es la realidad que estamos viendo en la industria salitrera.

En cuanto a la producción y éste es el juego político, está entregada a dirigentes que no se preocupan de manejar técnicamente la industria, sino de conseguir el control político. No se han preocupado de señalar que una de las causas de la menor producción es la disminución de casi un 30% de la capacidad de material de transporte, por falta de repuestos, pues hay equipo sumamente viejo, y no se obtiene su reposición. Pero la realidad es ésta.

Todavía más: en algunos casos se configuran aumentos sustanciales de la producción en el año 1971, como sucede con el yodo, a pesar de que aquí hay dos cosas que advertir: por una parte, en estos momentos existen graves deficiencias técnicas en el funcionamiento de la planta de yodo de la Oficina Victoria; por otra, el año pasado hubo un incendio en la moderna planta de yodo de la Oficina Pedro de Valdivia. Sin embargo, gracias a un gran esfuerzo que reconozco, propio de los trabajadores de la zona norte, se logró superar las dificultades.

Ahora nos encontramos frente a un caso relacionado con la producción de yodo que deseo denunciar. Ese producto tenía un precio de tres dólares cincuenta por kilogramo en el mercado internacional, y entiendo que Japón, hace cerca de dos meses, lo subió un poco. Pero ocurre que en Chile el Gerente General de la Sociedad Química y Minera, por su cuenta y riesgo, y creyendo que era muy fácil vender el yodo, alzó el precio en el mercado internacional a cinco dólares por kilogramo.

¿Qué ha sucedido? Desde luego, de ello no están enterados ni el país ni los trabajadores, quienes están desplegando un tremendo esfuerzo para recuperar la producción de la planta de procesamiento de yodo. En la actualidad hay un stock de más de 600 mil kilogramos de yodo sin vender. Es decir, si consideramos el precio fijado por ese Gerente General, concluiríamos que Chile, en estos momentos, tiene detenida una cantidad equivalente a tres millones de dólares, en una industria que soporta una pérdida de 12 millones de dólares.

Para hacer frente a la situación producida por la falta de producción, la baja productividad y las pérdidas acumuladas, que alcanzan a unos 35 millones de dólares, con un capital de 40 millones de dólares, la Sociedad Química y Minera y la CORFO acudieron al Banco Central, y con éste, el 16 de noviembre de 1971, suscribieron un convenio cuyo texto tengo a la mano y que tampoco conoce la opinión pública. Este contrato tiene por objeto, exclusivamente, proporcionar recursos para permitir la operación de la industria del salitre, ya que mediante él se presta a la mencionada industria una cantidad equivalente a 610 millones de escudos. En una de las cláusulas de dicho convenio, precisamente, se dice que esta línea de créditos deberá destinarse exclusivamente al financiamiento de los gastos de operación corrientes derivados de la explotación, producción, tratamiento, transporte y venta de salitre, yodo, sulfato de sodio y demás subproductos derivados de la industria salitrera.

Quedan expresamente excluidas de este financiamiento las operaciones que destine la Sociedad Química y Minera a inversiones, con excepción de aquellos gastos destinados a las reposiciones corrientes.

Es decir, en virtud de la situación desastrosa que tiene la compañía desde el punto de vista de las pérdidas, se le está proporcionando una caja para que se financie.

Sería conveniente que el Senado analizara con ¡más detalles en otra oportunidad este convenio suscrito con el Banco Central, porque a mi juicio contiene aspectos que es necesario dar a conocer al país. Ese banco no sólo ha suscrito este tipo de contratos con la Sociedad Química y Minera, sino también con la Empresa Nacional de Minería. De este modo, como estas empresas pasan a ser administradas prácticamente por el Banco Central, en virtud de las cortapisas que fija el convenio, resulta que esa institución bancaria está controlando la producción exportable del país, incluso la de la industria nacionalizada.

En el convenio en referencia, el Banco Central establece diversas restricciones a la Sociedad Química y Minera. Así, por ejemplo, se estatuye que la Sociedad Química y Minera se obliga a aumentar la productividad física por hora hombre empleado, de manera que los costos de operación de la empresa se reduzcan a niveles mínimos aceptables. O sea, un reconocimiento en noviembre de 1971, de que la situación de producción y productividad estaba muy mal.

En seguida, en otra de las cláusulas del convenio se obliga a presentar al Banco Central, al iniciarse el período de la línea de crédito, el programa de adquisiciones, tanto en el exterior como en el país, de materiales, repuestos y otros bienes necesarios para la operación de la empresa, a fin de considerar dicho programa dentro del financiamiento de las necesidades de caja.

Con el objeto de controlar el programa de adquisiciones, la Sociedad Química y Minera deberá presentar mensualmente, dentro de los diez primeros días de cada mes, un estado en el que se indiquen las órdenes de compra efectivamente cursadas.

Con relación a lo anterior, en la cláusula novena del convenio en referencia se consagra el compromiso de la Sociedad Química y Minera de liquidar sus actuales filiales en el exterior y de montar en subsidio un dispositivo de ventas de SOQUIMICH, encargado de la comercialización y transporte de sus productos en el exterior y de la compra de materias primas, materiales y otros bienes necesarios para la operación de la Sociedad o de terceros.

Respecto de esto último, y a pesar de que en una de las cláusulas transitorias se dispone que el 31 de julio de 1972 será la fecha final para liquidar las filiales y agencias que la Sociedad tiene en el exterior, vemos que el Gerente General de SOQUIMICH no se ha enterado, según parece, del convenio que él mismo firmó y que no ha cumplido. Por lo contrario, en estos momentos las agencias en cuestión llevan una existencia más boyante que nunca, pues tienen en Nueva York, Londres y Madrid un total de 180 empleados y un gasto que se aproxima a los 2 millones de dólares al año. Compárese este gasto con las pérdidas que tiene la compañía y se podrá apreciar el desembolso que representa la organización que la industria del salitre mantiene en el exterior. Desde luego, no es lo que cuesta la organización respectiva del cobre. Aun cuando no alcancé a revisar hoy día las cifras pertinentes, estimo que dicha cantidad debe ser equivalente o superior a todo el presupuesto en dólares del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

Aún más, es conveniente saber que las agencias que funcionan en el extranjero conservan sus nombres bajo la industria nacionalizada. En el caso de la de Londres, por ejemplo, ella se mantiene en forma más o menos independiente y se llama Nitrate Corporation of Chile. En Estados Unidos, se denomina Chilean Nitrate y está a cargo del señor Mario Méndez, quien percibe un sueldo equivalente a 40 mil dólares al año.

No existe control alguno de los gastos en que incurren estas agencias en el exterior. Y puedo asegurar que la de Londres pagó totalmente los gastos de la llamada operación verdad, por iniciativa exclusiva del señor Miguel Labarca.

Sería conveniente, entonces, que el Senado tuviera conocimiento del monto que alcanzan todos los gastos y los pagos hechos a terceros, incluyendo los de publicidad y propaganda, en que incurren las agencias que actúan en el exterior. Al disponer de los datos respectivos, seguramente nos encontraremos con más de alguna sorpresa.

En lo referente al salitre, se ha seguido con el sistema de los viajes al extranjero, realizados con gran pompa. Entiendo que el señor Labarca ha salido ya en dos oportunidades. Sería útil saber también cuál es el monto de los gastos por este concepto.

El salitre necesita ser manejado con austeridad y con control administrativo bastante serio, porque pertenece a todos los chilenos. La nacionalización de esta industria se llevó a cabo para beneficiar a toda la ciudadanía, y no se puede estar malgastando el esfuerzo de los trabajadores del país sobre la base de seguir operando dicha industria en la misma forma que antes. Cuando se completó su nacionalización, el Presidente de la República dijo que esos vicios terminarían.

Sin embargo, el actual Gerente de la Sociedad Química y Minera ha creado un Departamento de Acción Social, donde ha montado la oficina de propaganda de La Moneda y paga a personal ajeno a dicha sociedad. Se tiene, además, un Departamento Marítimo que está dejando grandes pérdidas como consecuencia de la pésima administración. Constantemente, los timecharters de la sociedad, o sea, los barcos contratados por la firma, vuelven sin carga tanto desde Europa como desde los Estados Unidos, dilapidándose en esta forma una cantidad enorme de dólares.

Pienso que sería muy interesante hacer una investigación a fondo para saber a cuánto ascienden las pérdidas de ese Departamento Marítimo'; el número de barcos vueltos sin carga, y las razones por las cuales esos time charters no se contratan con EMPREMAR o con alguna compañía estatificada.

Por otra parte, es necesario referirse también a algo no sucedido nunca antes en la industria del salitre. Se trata de las frecuentes pérdidas físicas del producto que se embarca para Europa. Al respecto, tengo a la mano el texto de un telegrama que se envió desde Londres a Santiago. Dice:

Resultado descarga Chilean Nitrate Beirut Tarragona Sevilla arroja falta 634 toneladas, igual 5. 4%. Descarga Jowilson Amberes Kalundborg merma 490 toneladas, igual 4%. Además Auvergne merma 111 sobre 2. 500 T., igual 4. 4%. Extremadamente preocupados serias pérdidas representan unos 60. 000 dólares que N. C. C. no puede soportar. Rogamos investigar Tocopilla. Tratándose un barco Mediterráneo Sevilla y otro Norte Europa y otro Francia creemos error debería estar Planta Mecánica Tocopilla. Aparte de estos barcos para los cuales tenemos certificados de peso, tememos que igual cosa haya sucedido con Felice y Grand Justice que no se pesaron al descargar.

Lo extraño es que todas estas pérdidas ocurren siempre en los embarques hacia Londres y nunca en los destinados a Nueva York.

Como creo que todas estas materias interesan extraordinariamente a la opinión pública y es imprescindible dilucidarlas, quiero terminar mi intervención solicitando que se oficie a la Contraloría General ' de la República, porque aquí hay intereses fiscales comprometidos y no estamos en presencia de una sociedad anónima común y corriente; a la Superintendencia de Sociedades Anónimas; al Ministro de Economía, porque la Sociedad Química y Minera depende de la CORFO, y al Ministro de Minería, transcribiéndoles mis observaciones y pidiéndoles que realicen una investigación y envíen todos los antecedentes del caso al Senado, especialmente en lo que se refiere a los gastos en que las agencias de esa sociedad incurren en el exterior y a los pagos que allí han hecho desde noviembre de 1970 en adelante.

Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento.

El señor VALENZUELA.-

Señor Presidente, como Senador por las provincias de O'Higgins y Colchagua, tengo la obligación de conciencia de hacer presente en esta Sala un hecho verdaderamente insólito que ocurrió a fines de la semana recién pasada en la comuna campesina de Lolol, en Colchagua. Allí, en lo que se llamó antes la Hacienda Lolol, se ha establecido un centro de reforma agraria donde funciona la Escuela Primaria Rural Nº 30. Este plantel escolar desarrolla sus actividades en un local propio, que fue cedido hace algún tiempo al Fisco.

Esa escuela, donde laboran siete profesores primarios, es dirigida por una directora.

En ese establecimiento, como en todas las escuelas primarias del país, siempre los maestros han orientado su acción únicamente a realizar su noble función educacional en bien de los niños; en este caso, de los hijos de los trabajadores campesinos. Nunca hubo en aquélla, hasta hace cierto tiempo, problemas de ninguna naturaleza. Más aún: allí, con la ayuda de la comunidad, en la que se destacó en forma muy eficiente, con gran espíritu de iniciativa y de colaboración social, el joven profesor señor Agustín Contreras Duarte, se construyó un nuevo edificio escolar. Pues bien, este profesor, por el hecho de ser a la vez alcalde democratacristiano de la comuna, desde hace algún tiempo a esta parte está sufriendo toda clase de persecuciones y molestias.

Hace más o menos un año, el Subdelegado de Gobierno de la localidad, señor Hernán Pino Navarro, suscitó una serie de acusaciones en contra del señor Contreras, acusaciones que, todas, se desvirtuaron en un sumario instruido por el Ministerio de Educación, el que no encontró mérito alguno para que el asunto se elevara a consideración superior.

Pero no quedó contento ese representante del Presidente de la República y, por desgracia, junto con el comité de bienestar del centro de reforma agraria, formado por personas que no son ni padres ni apoderados de los niños de la escuela, siguió en su acción en contra de ese profesor alcalde de la comuna, lo que culminó con un hecho bochornoso, que nadie puede aceptar en nuestro país: se azuzó a alumnos, del joven profesor señor Contreras Duarte para que lo vejaran, lo insultaran en la propia clase en que estaba enseñando en la escuela. Más todavía: un alumno se abalanzó sobre él para golpearlo en la cara, ya que ese profesor sufre de miopía y necesita llevar lentes para realizar eficientemente sus actividades.

Pero no sólo eso a pesar de la forma digna en que dicho profesor repelió el ataque, en vista de que la dirección del establecimiento y el consejo de profesores enviaron a ese alumno a su casa, pues no debía continuar en el establecimiento mientras no se llevara a cabo una investigación y no se le sancionara como correspondía, al día siguiente los padres del joven culpable llegaron a la escuela, insultando a los profesores; y a una maestra joven, la señorita Teresa Román, que salió a ver qué sucedía, la insultaron groseramente, y un muchacho, hermano de aquél, arremetió en contra de ella, también con el objeto de agredirla.

El Director Departamental de Educación de Santa Cruz, don Carlos Ramos, maestro de larga trayectoria, absolutamente ajeno a las ideas que tiene el profesor señor Contreras, dio inmediatamente orden de que los profesores se trasladaran a otra escuela, en vista de que en ese mismo momento un grupo de campesinos, incitados por el representante del Ejecutivo, se tomaron la escuela Nº 30 de Lolol. Y Nº para que puedan desempeñar sus funciones y no se los acuse de haber abandonado sus labores, están realizándolas en otra escuela de la localidad, por orden del Director Departamental de Educación.

La escuela tomada no sólo educa a los alumnos provenientes del Centro de Reforma Agraria a que me he referido, sino también a los hijos de campesinos que viven en algunos villorrios circunvecinos, en especial de los denominados Punta de la Piedra y El Guaico, que así pueden continuar sus estudios de enseñanza básica.

Pues bien, esta situación ha producido un impacto extraordinariamente grande en toda la localidad, pues no es concebible que tales hechos puedan repetirse; no es admisible que se vulnere la función del maestro, particularmente la del maestro rural, que está obligado, como en el caso que estoy relatando en el Senado, a caminar kilómetros a pie, en invierno y en verano, para llegar a la escuela a enseñar a los hijos de los trabajadores del campo.

No es posible que se pisotee la dignidad del maestro, que cumple una labor tan necesaria para la cultura de la población.

Pero ese señor Subdelegado de Gobierno no sólo las ha emprendido en contra del alcalde profesor. También se le ocurrió, el año pasado, hace más o menos un año, que el médico de la localidad no cumplía en forma correcta sus funciones; y con un grupo de personas adictas a él que no entienden bien lo que son los procesos revolucionarios, pues creen que revolución es provocar desorden, se tomó el hospital. Tomado el hospital, sucedió que el médico se fue, y desde hace un año a esta parte no hay médico en Lolol.

Los señores Senadores que, como el que habla, son representantes de provincias campesinas, saben perfectamente lo que cuesta llevar un profesional a esos lugares apartados. Yo estuve el lunes recién pasado en Santa Cruz. No pude llegar a Lolol, porque los puentes y caminos estaban cortados por las inundaciones que causó el temporal. Tal es la vida que lleva la gente que trabaja en las localidades campesinas.

Y esta labor, que abarca a otras comunas circunvecinas, y que deben realizarla los profesionales en las condiciones que señalo, no puede llevarse a cabo porque lo impide la acción inconsecuente, incomprensible de un funcionario que no entiende cuál ha de ser su papel, que cree que éste consiste en dar satisfacción a sus caprichos o deseos mediante la prepotencia y el matonaje.

Ante los hechos que he señalado, los dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación SUTE de la provincia de Colchagua y del departamento de Santa Cruz se reunieron y fueron a investigar en el terreno mismo los problemas. Es comprensible que así lo hicieran.- Y manifestaron que la dignidad de los maestros de la provincia de Colchagua no podía pisotearse, como estaba ocurriendo.- Han solicitado que se tomen las medidas pertinentes para que esto no siga sucediendo.

No se trata de que campesinos de corta edad puedan en un momento determinado entusiasmarse creyendo que con su acción están realizando una gran hazaña.- No.- Lo que ocurre es que cuando un funcionario desfigura la labor que debe llevar a cabo un trabajador, surgen los problemas que estamos viviendo y que esta tarde se han relatado en este hemiciclo, observados en diversos otros puntos del país.

Así es como se desorienta la opinión de los trabajadores, que quieren verdaderamente realizar algo constructivo para Chile en un proceso revolucionario.- Por ello, junto con mi colega Senador por las mismas provincias que yo, don Rafael Moreno, y el Diputado por la provincia de Colchagua don Anatolio Salinas, acompañamos en la mañana de hoy a los dirigentes tanto provinciales como departamentales, de Santa Cruz, del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, don Juan Molina, doña Adriana Duarte, don Manuel Álvarez y el señor Díaz, en una entrevista con el señor Ministro de Educación Pública, al cual informamos de lo que nos parece un vejamen, injusto y atrabiliario.- El señor Ministro tomó conocimiento de los hechos y nos manifestó que él no permitiría que se vejara a los maestros y que realizaría una investigación por medio de una persona que enviaría desde Santiago a la localidad mencionada.

Estamos en espera de esa investigación, pero en este instante queremos manifestar en el Senado nuestra protesta por los hechos que he relatado, y estamos conscientes de que así estamos realizando una labor beneficiosa para el país.

No es posible que en Chile sigan sucediendo hechos como los que señalamos. No es posible que pase lo que tres o cuatro días después ocurrió en la Escuela Nº 38, también del departamento de Santa Cruz, ubicada en La Esperanza de Marchigüe, una ex hacienda grande que allí existía gente cegada por el sectarismo político tremendo que está dividiendo a Chile en forma espantosa y que llega hasta la base del pueblo, amenazó de muerte a dos jóvenes profesores. Daré los nombres de ellos: uno es don Rigoberto Gómez, y el otro, don Rogelio Duque. El primero temió por su vida y renunció al puesto, en circunstancias de que sabemos cuán necesarios son los maestros en esos lugares campesinos. Por ejemplo, llegar en el invierno a La Esperanza de Marchigüe es extraordinariamente difícil. Hay que esperar que pasen varios días de lluvia, hasta que el camino se afirme un poco, y entonces viajar en vehículos como camiones u otros por el estilo, pues hasta allí no llegan los medios normales de locomoción. Y de esos dos jóvenes maestros vejados, uno renunció y el otro sigue allí temiendo todos los días ser víctima de alguna agresión, incluso perder la vida, ya que de esto lo han amenazado esos campesinos, que no entienden qué es un proceso revolucionario.

De ahí que, en esta oportunidad, junto con el Honorable señor Rafael Moreno, también Senador por las provincias de O'Higgins y Colchagua, que se halla a mi lado, levante voces de protesta para que en las autoridades y en el Gobierno se forme conciencia de lo que está ocurriendo en Chile.

Más aún: estimo indispensable que los dirigentes políticos de los partidos de la Unidad Popular instruyan pedagógicamente a sus partidarios que se encuentran en la base del pueblo, con el objeto de que no sigan realizando de esa manera su labor, porque con ello, en realidad, ciegan el espíritu, ahogan el alma y amargan el corazón de las personas bien intencionadas, dispuestas a colaborar en los procesos que Chile requiere que se realicen; porque no se puede aceptar que con la mira de un proceso que significa realizar una revolución en el país, se esté pisoteando la dignidad de los chilenos, en especial de aquellos que, como en los casos que he señalado, desempeñan funciones tan necesarias y convenientes para el progreso de Chile.

Por eso, creemos que el señor Ministro de Educación, como corresponde a su trayectoria de maestro y a su alto cargo, realizará la investigación y procederá a hacer justicia; dará al magisterio campesino la sensación de que puede trabajar tranquilo y en paz, y dictará un reglamento como se nos dijo hoy en la mañana sobre democratización de la enseñanza. Porque, ¿qué es lo que pasa? Esas personas piensan que la democratización de la enseñanza significa que no serán los maestros los encargados de dirigir la educación, sino otros elementos de la comunidad. Nosotros creemos que la democratización de la enseñanza consiste precisamente en lo contrario: en que los maestros sean quienes ejerzan en forma técnica y científica las nobles funciones de la educación, colaborando y ayudando a la comunidad organizada y recibiendo de ella colaboración, a fin de lograr más y más avances en lo que significa la educación campesina del país, como los realizamos en el Gobierno de Frei con la extensión de los séptimos y octavos años. Eso es lo que nosotros pensamos.

Nos alegraremos si ese reglamento se dicta y se cumple.- Esperamos que así sea, porque de otra manera, así como hoy se han señalado en el Senado muchos casos similares a los que acabo de mencionar, ellos se irán multiplicando, con lo cual no vamos a tener un país que progrese, sino una nación que se desquicia, como por desgracia advierto que está sucediendo en nuestra patria.

Por lo tanto, pido que en mi nombre y en el del Honorable señor Moreno se oficie al señor Ministro del Interior, a fin de que dicho Secretario de Estado ordene investigar la conducta funcionaría del Subdelegado de Lolol, y al señor Ministro de Salud Pública para que solucione el problema del hospital que, desde que fue tomado, no tiene la asistencia médica necesaria; no al señor Ministro de Educación, porque confiamos en la palabra que nos dio esta mañana en cuanto a que haría justicia.

Solicito el envío de dichos oficios, porque en esa forma no sólo cumplimos nuestro deber como parlamentarios de las provincias de O'Higgins y Colchagua, sino que, aún más, como chilenos que queremos el progreso y bienestar de nuestro país.

El señor VALENZUELA.-

En los breves minutos que restan a mi Comité, quiero referirme a algunos problemas de la localidad de Chépica.

En esa comuna campesina de la provincia de Colchagua, existe un número aproximado de 300 alumnos que, para poder proseguir sus estudios diarios, deben trasladarse a Santa Cruz o a otras localidades.

Como lo señalaba anteriormente, hay tantas dificultades para la locomoción colectiva de los adultos, que el transporte de niños y niñas significa un problema muy serio.

Desde hace cuatro o cinco años, se está dotando a los escolares de buses especiales para su traslado. Como tengo conocimiento de que pronto se hará una nueva importación de vehículos con ese fin, solicito que uno de ellos se destine a la comuna de Chépica.

La Municipalidad local, consciente de su labor en beneficio de la comunidad, está dispuesta a colaborar con el Ministerio de Educación Pública, proporcionando chofer, bencina y todo lo demás que sea necesario para el buen funcionamiento de ese bus escolar.

Por estas consideraciones, solicito oficiar al Subsecretario de Transportes y al señor Ministro de Educación Pública, haciéndoles presente el problema que acabo de exponer.

En la misma comuna de Chépica, existe un lugar llamado Orilla de Auquinco, donde se acaba de terminar una obra a mi juicio muy importante, pues se trata de un centro materno infantil. En ese lugar se levantó un edificio que está en buenas condiciones y, como acabo de indicar, se encuentra recién terminada. Sin embargo, sucede que no tiene atención de parte del Servicio Nacional de Salud.

La mencionada localidad está muy densamente poblada. Allí, por ejemplo, es necesario que haya reparto de leche para los alumnos y se necesita atención pediátrica, por razones obvias que todos los señores Senadores comprenden. Por lo tanto, es indispensable que el Servicio Nacional de Salud tome a su cargo ese edificio construido recientemente y lo dote de personal, incluso una auxiliar de enfermería que pueda vivir allí y realice las funciones que le competen. En esa forma se podrá brindar todas las semanas atención médica y dental.

Por estas consideraciones solicito enviar oficios al señor Ministro de Salud Pública y al Director General de Salud, con el objeto de que no se dilate por parte del Servicio Nacional de Salud la recepción del nuevo edificio.

Por último, deseo referirme a una última materia, también relacionada con la comuna de Chépica.

En dicha localidad, en el fundo llamado Los Pocilios el cual fue expropiado el 11 de enero pasado, veinte trabajadores quedaron en la propiedad reformada, la que ya se entregó a la CORA.

Pero ocurre que, por las razones que hemos señalado en muchas oportunidades los democratacristianos, la Corporación de Reforma Agraria de Santa Cruz no quiere darles crédito para que puedan trabajar, sino que los insta a formar centros de reforma agraria, que es el sistema que la CORA desea implantar en dichas tierras. Estimo que, de acuerdo con la ley, los trabajadores son libres para optar por lo que crean conveniente. Ellos quieren el asentamiento campesino.

Por estas razones, solicito oficiar al señor Ministro de Agricultura, con el objeto de que solucione el problema y la Corporación de la Reforma Agraria otorgue los créditos que los campesinos requieren, y puedan constituir el asentamiento y trabajar esas tierras, ya que lucharon durante muchos años para que les pertenecieran y así poder laborar y producir para el país.

El señor TEITELBOIM.-

Mi propósito es ocupar el tiempo del comité Comunista en esta sesión en tratar un problema determinado, que ninguna relación tiene con los asuntos desarrollados en esta larga hora de Incidentes tanto por el Honorable señor Américo Acuña como por los Honorables señores Carmona y Valenzuela.

Pero cuando una persona debe hablar al final de un tan largo memorial de agravios, es muy difícil no sentirse moralmente obligado a decir algunas palabras sobre los problemas y acusaciones que han repletado durante casi dos horas estos Incidentes, que se han convertido en fuego graneado contra el Gobierno popular.- En verdad, parecen no tener otro destino más constructivo.

He oído interesado lo que se ha dicho aquí.- Siento expresar que los oradores que me han precedido en el uso de la palabra padecen de cierto astigmatismo político.- Por lo demás, es natural en gente que no es ni puede ser imparcial, sino que ve los problemas a la luz de la propia definición política opositora de sus partidos.- Hay matices y gradaciones dentro de ese espíritu opositor.- Y yo reconozco que el Honorable señor Valenzuela desarrolla su colección de acusaciones respecto de actuaciones de funcionarios de Gobierno, con un espíritu de cierta objetividad formal.- Digo objetividad formal, entre otras cosas, porque, aparte lo que él ha dicho, no tengo noticias de los hechos a los cuales se ha referido.

Por cierto que estoy de acuerdo en que los oficios solicitados por los señores Senadores en esta sesión a diferentes señores Ministros sean respondidos a la brevedad.- A mi juicio, hay cierta desigualdad evidente en el sistema.- Yo creo que el Gobierno debería tener una necesaria defensa en estas horas de Incidentes, que lo obligara a responder en un plazo de 48 horas, porque, en caso contrario, se deja la impresión de la acusación y nunca o casi nunca la de la defensa.

Desde luego que los Senadores de la Unidad Popular deberían estar aquí montando guardia o creando ciertos turnos, porque esto se ha convertido en una batalla en que sólo uno de los contrincantes dispara.

Por eso, me siento, no diré complacido, sino conforme con este destino que me autoimpongo de quedarme aquí hasta el final de muchas horas de Incidentes también espero hablar, y me corresponde hacerlo en último término, ya que me permite escuchar las intervenciones de los acerbos críticos del Gobierno.

Cuadros pintados con una sola mano.

No estoy en situación de contestar al Senador señor Acuña acerca de los problemas suscitados en Fresia, aunque tengo la impresión de que ninguno de estos cuadros que se traza es completo, porque son pintados con una mano: en general, digamos, la mano derecha, y el lado izquierdo del cuadro se halla simplemente borroneado o no está descrito en absoluto.

Sin embargo, deseo insistir en que estamos enteramente de acuerdo con la idea de que en nuestro país debe asegurarse a cualquier profesional el derecho a ejercer y desempeñar sus funciones en términos que lo dejen a cubierto de cualquier amenaza, ataque o agresión.

Lamento profundamente que el sumario instruido respecto de lo sucedido en el hospital de Fresia haya demorado tanto.- Estimo que allí hay un drama social, y también una conducta que no puedo justificar: que se ataque a un médico.- Pero me gustaría conocer toda la historia que hay detrás, el drama de ese campesino muerto, y además la historia verídica acerca de la atención que se dispensa o no se dispensa en algunos hospitales rurales, remotos, alejados, en donde, respondiendo al dicho de pueblo chico, infierno grande, los odios lugareños suelen convertirse en una verdadera hoguera que invariablemente va alimentándose con nuevos rencores.

Creo que de este episodio mal llevado, tardíamente aclarado, se ha hecho un abuso que no honra a quienes lo han manejado como una catapulta política para disparar y bombardear al Gobierno, llegando incluso a acordar un paro médico, en circunstancias de que la responsabilidad de ese gremio no es común y silvestre, sino que está directamente vinculada a la salud, a la vida y a la muerte de los chilenos.

Por lo tanto, es inadmisible caer en la frivolidad de adoptar resoluciones desmedidas que no están acordes con el problema mismo, puesto que el propio Presidente de la República ha dado explicaciones y seguridades a los dirigentes del Colegio Médico respecto de dichos incidentes.

En cuanto al problema de la SOQUIMICH analizado aquí por el Honorable señor Carmona, espero las aclaraciones de los organismos respectivos, que son los que tienen los antecedentes del caso. Pero quiero insistir en que rechazamos toda forma de abusos o toda sombra de inmoralidad, en el pasado y en el presente, en cualquier industria, y por cierto en la del salitre, que a lo largo de cerca de cien años ha permitido realizar los más espesos e indescriptibles latrocinios, y que fueron también la chispa que, aplicada a un barril de pólvora bien administrado desde el extranjero y con el soborno de las compañías inglesas de ese tiempo, arrojó al país a la hecatombe de la guerra civil de 1891.

Respecto de las denuncias formuladas por el Senador señor Valenzuela, espero que el Ministro de Educación dé cumplida y rápida respuesta.

Los orígenes del rencor.

Y deseo llegar al problema de fondo que me inspira toda la hora de Incidentes, que aquí se ha llevado de la manera que he intentado describir.

En verdad, en este país se practica una siembra de odios. Pero para sembrar odios, como para provocar una pelea, una disputa, se necesitan por lo menos dos. Y creo que los dos existen en Chile.

La siembra de odios fue importada. Lo he repetido muchas veces, y creo en la necesidad pedagógica de la reiteración, porque en Chile el odio político no llegaba a los extremos del asesinato, como lo vimos en cuanto Salvador Allende ganó la Presidencia de la República. Vale decir, no fue el pueblo quien la importó; fue el antipueblo el que la trajo desde fuera, implantando un estilo desconocido en nuestras prácticas cívicas.

Por supuesto, hay una extrema Derecha que trafica con armas y que está apostando a la guerra civil; y hay también grupos ultras, que se denominan a sí mismos de Izquierda, que siguen el mismo cauce y hacen el partner, la pareja de la ira en el extremo opuesto. Ambos se alimentan mutuamente.

Pero lo más grave es que el odio de los extremos, en virtud de los altoparlantes que logran en los medios de publicidad más extendidos e influyentes del país y en otros círculos políticos que no piensan fríamente, va envolviendo a sectores que jamás han estado por la guerra civil y que no desean llevar a este país al despeñadero de una contienda armada.

Por desgracia, una de las cajas de resonancia de este odio proliferante, que se multiplica, es la hora de Incidentes del Senado.

El viaje al abismo.

Ciertamente, insisto, hay diferentes tonos. El diapasón tiene alguna importancia, porque el tono desorbitado, iracundo, frenético, es distinto del de aquel que trata de razonar, aunque sea en la causa de la que no puede despersonalizarse, porque es la de su partido.

Sin embargo, quiero decir en nombre del Partido Comunista que, vivamente interesados como estamos en el desarrollo del proceso revolucionario chileno, concebimos su realización mediante un camino que no tiene por qué ser bañado de sangre ni desembocar en una carnicería, en una lucha en que chilenos maten a chilenos. No queremos para este país ni la suerte de un Vietnam invadido, ni un Santo Domingo, ni una Guatemala. Deseamos que los problemas de nuestra nación sean resueltos por la mayoría nacional, dentro del clima ardiente y apasionado de la disputa política, pero sabiendo también que esta disputa no puede sobrepasar los límites que hagan saltar los carriles constitucionales para precipitar la lucha hacia un camino que no tiene regreso. Porque posiblemente sepamos que la guerra civil ha empezado un día, pero no cuándo terminará. Y si llegara a estallar espero con todas las fuerzas de mi ser que no suceda nunca, sería imposible vaticinar cuántas bajas, cuántas vidas de chilenos demandaría.

Perder el sentido de la historia.

Creemos que se está jugando con fuego. Y consideramos muy importante que en esta tribuna que se supone más reflexiva, conforme a esa condición del Senado, sinónimo de la Cámara madura, de los hombres sesudos, de quienes han pasado ya por las tormentas de la juventud política y son capaces de recapacitar más fríamente respecto del sentido y del filo de las palabras, de las acciones, de las acusaciones los hombres responsables de las diversas bancas podamos sentir y asumir el peso de una tarea muy grande, dura y difícil. Porque en medio de la campaña del odio, quien lanza una palabra de paz es mirado a menudo como cobarde, motejado a veces como traidor, pues hay gente de cabeza caliente que desea afiebrar a todo el mundo para que se pierdan el sentido de la historia y la conciencia de los peligros, de los riesgos, de los abismos a que se puede empujar y precipitar al país.

Por tal razón, siempre he pensado y lo reitero como una cantinela necesaria, como un estribillo que bien vale la pena repetir una y otra vez que es bueno estar casado permanentemente con la verdad, no callar injusticia alguna, denunciar en todo momento lo que va contra la razón, la decencia y lo que es la historia más íntima de este país. Me parece horrible el maridaje oscuro que, en nombre de la ley, se sostiene con la violencia.- Estamos contra toda forma de violencia que pueda despeñar al país en una lucha fratricida.- Pero así como se necesitan dos para pelear, también se necesitan por lo menos dos para evitar la querella.- Y, a este respecto, creemos que la responsabilidad no es sólo de la Unidad Popular, sino también del Partido Demócrata Cristiano y de toda la gente que piensa en profundidad acerca del dilema de Chile y que considera que los hombres justos pueden salvar a este país de ser sumergido en la catástrofe.

Entiendo, señor Presidente, que ya he ocupado buena parte de mi tiempo.- ¿Cuántos minutos me quedan?

El señor FERRANDO (Vicepresidente).-

Diez, señor Senador.

El papel de los iracundos.

El señor TEITELBOIM.-

Quiero reiterar que esta intervención impensada, que me han sugerido inesperadamente las palabras que he escuchado esta tarde, debería abrir una ventana al diálogo en nuestro país.- Porque, por cierto, el poder es una tentación perturbadora para los políticos; pero a veces también es la tentación de la manzana, que es capaz de hacer perder, no el paraíso, sino la paz social, la vida cívica desarrollada por conductos normales, para precipitarlas en el verdadero infierno de las grandes calamidades nacionales.

Insisto en que, a mi juicio, la furia de las acusaciones, que pueden ser respondidas con contraacusaciones iracundas, son muy peligrosas Podríamos abrir aquí el proceso público de los últimos Gobiernos que ha tenido el país. Podríamos hacer lo que realizan ciertos periodistas norteamericanos o ciertos escritores de esa nacionalidad de la generación de 1930 que fueron descritos como escarbadores en la basura. Estimo que cierta labor profiláctica es necesaria, que es indispensable denunciar cualquier escándalo y que no es posible permitir que las aguas turbias bañen, sofoquen y ahoguen la respiración pura de un país esencialmente decente. Podríamos traer aquí abultados cartapacios, repletos de pruebas documentales acerca de hechos que no se conforman a la ley ni a la moral. Creo que en cierto momento alguien lo hará. Pero para mí ésa no es la verdadera política. Denunciemos, sí, el escándalo; pero no hagamos de él el centro de la política nacional. No convirtamos el lodo en la definición cardinal de nuestro país, porque, al fin y al cabo, este Chile tiene un fondo de dignidad indoblegable, capaz de subsistir a todos los peculados y de limpiarse haciendo justicia; pero no transformando el aire de nuestra patria en una atmósfera mefítica irrespirable, en donde se critica no sólo lo malo, sino lo bueno, en que se inventan mil calumnias diarias, porque la falsía y el embuste son el combustible necesario del juego destructivo que caracteriza a esta hora de la república.

Sin amor por las sinecuras.

Hoy día, un periódico, hijo de un diario que alguna vez los estudiantes de la Universidad Católica condenaron en el frontis de su Casa Central diciendo El Mercurio miente me refiero a Las Ultimas Noticiaspublica en letras rojas y a todo el columnaje de su primera página, que el Partido Comunista se iría del Gobierno. A un periodista que me interrogó al respecto le contesté que era la mentira del día; pero, pensándolo mejor ahora, es tal vez la mentira más gorda del día. No se trata de la única.

Los comunistas no estamos con el Gobierno por el amor a sinecuras, a cargos, a sillones ministeriales. Porque, al fin y al cabo, hemos nacido como un partido a la intemperie, desafiando en 50 años de

Oposición, de ilegalidad, todas las crueldades del capitalismo, de nuestros enemigos, de la Reacción, pero levantando siempre alta nuestra frente y teniendo siempre limpias nuestras manos. Pero no podemos ni hemos pensado jamás abandonar nuestras responsabilidades gubernativas, porque no se trata de epicúreos goces personales, del hedonismo de aquel que, llegado al Gobierno, siente cumplida su misión, entregado al disfrute del poder por el poder. Por el contrario: nuestra posición es estar allí, para cumplir el programa, para hacer avanzar e impulsar, junto con todos los partidos de la Unidad Popular y todos los chilenos de buena voluntad, dispuestos a impulsar los cambios, el proceso revolucionario.

Por lo tanto, el reemplazo de un funcionario, el hecho de que un Ministro decline su puesto y asuma responsabilidades dentro de la vida interna del partido a que pertenece, es sólo un reajuste de cuadros en el camino. Los ha habido y los habrá. Ello es natural y lógico. Pero no cambia en un ápice la esencia de nuestra devoción absoluta a la necesidad de contribuir al máximo de nuestras fuerzas al desarrollo del programa de la Unidad Popular, a estar con el Gobierno en las duras y en las maduras. Somos un partido que se siente más grande, que se agiganta más en las duras que en las maduras, porque ésa es nuestra escuela, nuestra historia y nuestra tradición.

La reserva chilena de racionalidad.

Quiero terminar mis palabras reiterando nuestro llamado, que, sin duda, no va a tener oídos.- Por largo tiempo estaremos sembrando en medio de la indiferencia o del odio triunfante.- Pero no me cabe duda de que en el fondo de este país y de

este pueblo hay reservas inmensas de racionalidad y de responsabilidad, que harán que la causa de Chile y la posibilidad cierta de desarrollar un proceso por vías de convivencia que excluyan la violencia colectiva y el desenlace de una contienda entre hermanos, que ese camino claro, sereno, de los hombres de buena voluntad, a pesar de toda la tiniebla actual, se imponga.- A la vez, también quiero pensar que para ello es necesario refrenar la violencia verbal y poner un dique a la mentira, que se ha convertido en una avalancha de cieno que avanza por todos los ríos de la calumnia de nuestra patria, vertiéndose en las páginas de los diarios y en los espacios de las radios y en muchos programas de televisión, de oído a oído.- Porque el rencor y el resentimiento se han convertido en una especie de pócima fatal que se administra diariamente a los chilenos.- Contra los comerciantes del embuste, contra los industriales del odio, levantemos realmente la voz de la serenidad y de la responsabilidad.- Y creo que el Senado de la República tiene también una palabra que decir, una tradición que respetar y un destino que cuidar para nuestro pueblo, y no convertirse en una especie de vertedero de basura ni hacer de la división entre los chilenos una especie de divisa trágica y fatídica, a la cual algunos de nuestros colegas parecen abrazarse de manera tristemente ingenua, porque eso no conduce a la victoria de ningún partido democrático, sino sólo a la dictadura, a la represión, a la muerte y a la tragedia nacional.