Labor Parlamentaria

El señor FIGUEROA (Secretario). En el primer lugar del Orden del Día figura el proyecto de la Cámara de Diputados que establece normas sobre indígenas.

Esta iniciativa, cuyo debate quedó postergado en la sesión de ayer, tiene primeros informes de las Comisiones de Agricultura y de Hacienda; segundo informe de la Comisión de Agricultura, y un informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento en el que se introducen enmiendas al proyecto despachado en particular por la de Agricultura.

Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 31ª, en 23 de noviembre de 1971.

Informes de Comisión:

Agricultura, sesión 47ª, en 5 de enero de 1972.

Hacienda, sesión. 47ª, en 5 de enero de 1972.

Agricultura (segundo), sesión 22ª, en 9 de mayo de 1972. Legislación, sesión 22ª, en 9 de mayo de 1972.

Discusión:

Sesiones 47ª, en 5 de enero de 1972 (se aprueba en general), y 24ª, en 16 de mayo de 1972.

El señor FIGUEROA (Secretario).- En la sesión de ayer se acordó dejar abierto el debate, y quedaron inscritos para formular observaciones generales los señores Luengo, Durán e Ibáñez.

Durante la discusión general algunos señores Senadores no alcanzaron a intervenir. Por eso, la Sala resolvió darles tiempo para que pudieran formular observaciones de carácter general durante el debate del segundo informe.

El señor LUENGO.- Señor Presidente, en la discusión general de este proyecto, que por sus fundamentos filosóficos y sociológicos marca una posición señera e histórica en la política del Estado de Chile con relación a nuestras valiosas reservas demográficas autóctonas, no tuvimos oportunidad de terminar nuestro análisis del mismo. Pero podríamos sintetizar ahora nuestro pensamiento poniendo énfasis en lo que es para el Gobierno Popular el problema indígena y, en seguida, dando a conocer nuestro criterio sobre algunas cuestiones de fondo contenidas en el proyecto que hoy conoce esta Honorable Corporación.

Para nosotros, el problema indígena consiste en el estado de postergación, abandono, miseria, marginalidad y discriminación en que se encuentra un grupo humano de aproximadamente ochocientas mil personas; y, para resolverlo, Habrá que eliminar los factores negativos que deprimen a ese conglomerado, con el fin superior de incorporarlo a la sociedad chilena, en condiciones iguales a las de todos los ciudadanos de este país y conservándole sus caracteres étnicos y culturales.

Para los sectores opositores, el problema indígena parece consistir en la existencia misma de dicho grupo, y la solución, en su eliminación a corto plazo, especialmente los mapuches, que son mayoritarios.

El proyecto del Ejecutivo, inspirado en consideraciones humanitarias imprescriptibles, con criterios racionales y científicos, y en insoslayables imperativos históricos, fija su política al respecto definiéndola en cuatro líneas de acción concreta, para resolver definitivamente el problema de la población indígena. Ellas son: a) Recuperación, aumento y protección de la integridad de las tierras indígenas; b) Transformación del sistema de tenencia y explotación de las tierras; c) Impulso sistemático y enérgico al desarrollo de los grupos indígenas autóctonos, a través de medidas económicas, sociales, educativas, jurídicas y otras; d) Creación de un instrumento administrativo ágil y funcional que permita planificar y llevar a cabo toda una política de desarrollo.

En estas líneas centrales del proyecto del Gobierno están de acuerdo, como es de conocimiento público, las asociaciones y comunidades responsables y organizadas de la población indígena, que las han puntualizado en varios congresos regionales y nacionales y todas las cuales han sido consideradas y están contenidas en el proyecto de ley.

Desafortunadamente, después de existir consenso de todos los partidos políticos en la Cámara de Diputados, en forma inesperada e incomprensible para nosotros, al iniciarse su estudio y discusión en las Comisiones del Senado, los partidos de la Oposición cambiaron de actitud y presentaron sobre 150 indicaciones que significaban 150 mutilaciones de fondo al proyecto ya aprobado en la Cámara con los votos de esos mismos partidos. En ese instante las organizaciones indígenas de toda La Frontera se trasladaron hasta la capital de la República, con varios centenares de delegados, para representar al Congreso Nacional, vigorosa pero respetuosamente, que el proyecto enviado por el Gobierno interpretaba a cabalidad las aspiraciones de las razas aborígenes. Y obtuvieron, además hecho sin precedente en la historia del Parlamento chileno, que el Senado autorizara la presencia de sus representantes directos en los estudios y debates del proyecto en sus Comisiones de trabajo. Así, se dio cima a la labor de rectificación para procurar que el proyecto se despachara en condiciones relativamente similares a como lo hizo la Cámara de Diputados.

Por eso, ahora solamente nos corresponde considerar la iniciativa en la forma en que la aprobaron las Comisiones de esta Corporación.

Debo referirme, en primer término, al rechazo de una indicación presentada por el Senador que habla en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, destinada a suprimir en el artículo 2°, Nº 1, la frase agregada por indicación formulada durante la discusión general del proyecto, y que es del siguiente tenor: y que, a la fecha de la publicación de esta ley, se encuentren constituidas en comunidades indígenas indivisas. En virtud de ella, se excluye de la calidad de tierras indígenas, para todos los efectos legales, a aquellas correspondientes a comunidades que se dividieron en el pasado. Es decir, con ello quedan incorporadas dichas tierras al derecho común: pueden venderse, son embargables, pagan contribuciones, no pueden recuperarse mediante reivindicación o expropiación, etcétera.

Como tal indicación significa desconsiderar como tierras indígenas, terrenos estimables en alrededor de 100. 000 hectáreas y, por lo tanto, hacer ilusorios importantes efectos positivos que se propugnan en el proyecto del Ejecutivo, sostenemos que es de toda conveniencia eliminar esa indicación. Para este efecto, insistiré en que la Sala considere la supresión de tal frase, para lo cual solicito desde luego dividir la votación.

Consecuentemente, quiero expresar mi rechazo a la supresión del Nº 3 del artículo 2º del proyecto de la Cámara, que estimo debe ser repuesto, y que incluye entre las tierras indígenas las hijuelas singulares resultantes de la división de una comunidad indígena.

De igual manera, creemos más conveniente para el interés nacional y para la conservación de nuestros recursos renovables, rechazar el artículo 10 del informe de la Comisión, reemplazándolo por el inciso tercero del artículo 7º del proyecto despachado por la Cámara, porque todo aconseja no entregar a terceros, en caso alguno, la explotación de bosques situados en terrenos indígenas.

Señor Presidente, debo analizar ahora un punto de gran importancia, relativo a la conservación e integridad de las tierras indígenas y a la división de las comunidades indígenas. El artículo 14 del informe de la Comisión, contrariamente a lo propuesto por el Ejecutivo en su iniciativa y al criterio de la Cámara al respecto, establece que estas comunidades podrán dividirse en las condiciones que allí se determinan. En cambio, el criterio del Gobierno es mantener, conservar y aumentar las tierras indígenas. Para ello propone la indivisión de dichas comunidades y, al mismo tiempo, el establecimiento de un sistema encaminado a procurar la transformación o aporte de dichas comunidades a cooperativas campesinas. Para lograr estos fines, creemos más adecuadas y convenientes las disposiciones de los artículos 14, 15 y 16 del proyecto de la Cámara, que confirman la indivisibilidad y la condición de no ser liquidables tales comunidades, salvo en los casos de excepción expresamente señalados en el mismo proyecto. Sobre la base de este principio, contenido en los artículos 14, 15 y 16 ya referidos, se estatuyen las normas a que quedarán sujetas las actuaciones sobre tierras indígenas y su integración al proceso económico y productivo nacional. Son tan claras y precisas las normas de esos tres artículos, que legislan sobre las tierras indígenas y su destino, que insistiré acerca de la materia cuando se discuta en particular el artículo 14 del informe de la Comisión de Legislación del Senado.

El Nº 3 del artículo 30 del informe, referente a la expropiación de las tierras de indígenas, dispone que ella procede cuando las tierras no se encuentren en actual posesión o dominio de los indígenas, con excepción de las adquiridas legítimamente por otras personas. Es de toda evidencia más justa y conveniente para la finalidad de la ley la regla establecida en el artículo 38 del proyecto aprobado por la Cámara, según la cual son expropiables las tierras de indígenas que, por cualquier causa, no se encuentren en actual posesión o dominio de los indígenas, cualquiera que sea' el título que acredite el actual ocupante.

Del análisis del artículo 32 del informe de la Comisión, sobre expropiación de dichas tierras, se desprende que será de poca efectividad tal precepto si no se lo complementa con el Nº 6 del artículo 39 del proyecto de la Cámara, que establece que cualquiera reclamación que se formulare en contra de la resolución de expropiación adoptada por el Instituto de Desarrollo Indígena no interferirá la toma de posesión material del predio.

Señor Presidente, creo de la más alta conveniencia para la historia fidedigna del establecimiento de esta ley fundamental, que, como ya lo hemos dicho, marca, un hito histórico en la política de Chile respecto de la raza autóctona, dejar señaladas, como síntesis, mis observaciones al informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado. Ellas son:

1) El régimen de la ley en la forma propuesta se aplica sólo a las comunidades indígenas, excluyéndose las que se encuentren divididas. Ello significa que a las hijuelas singulares, que son aproximadamente una cuarta parte del total de las tierras indígenas, no se aplicarán las normas sobre protección, restitución y expropiación.

2) Se amplía el concepto de ausente, ya que para incurrir en las situaciones previstas por la ley basta que no viva o no trabaje (requisitos disyuntivos), en circunstancias de que la iniciativa aprobada por la Cámara los establecía copulativos. La consecuencia es que serán ausentes todos aquellos que viven en tierras indígenas si no trabajan personalmente la tierra, y los que, trabajándola, no vivan en ella, salvo caso de fuerza mayor.

3) Se eliminaron las medidas de protección de la integridad de las hijuelas singulares, por lo cual éstas quedan sometidas al régimen común, es decir, pueden venderse, hipotecarse, rematarse libremente, sin restricciones. Ello implica volver a la situación de los años 1943 a 1947, época durante la que se produjo la transferencia del mayor número de tierras indígenas a particulares, con la secuela de problemas que acarrea.

4) El proyecto de la Comisión de Constitución del Senado, al igual que el de la de Agricultura, establece la división de las comunidades indígenas. En cambio, el Ejecutivo propone la indivisión. Aparte atentar contra toda la filosofía general del proyecto, que junto con establecer la indivisión abre cauces para transformar el sistema de tenencia de la tierra en fórmulas cooperativas o comunitarias de propiedad y producción, el texto de la Comisión de Constitución contiene una serie de imperfecciones jurídicas que harán inoperante el sistema de divisiones.

5) Omite normas fundamentales para que las comunidades indígenas se transformen en unidades orgánicas de producción, como cooperativas, comunidades, etcétera. Ello implica condenar a los campesinos indígenas a continuar con el mismo sistema de goces individuales, que, entre otras causas, ha generado su empobrecimiento y subdesarrollo.

6) Las normas sobre restitución quedan bastante limitadas. Debido a que en estas causas podrá alegarse la prescripción, se sanean todas las transferencias efectuadas con omisión de los requisitos exigidos por las leyes, realizadas por lo menos desde hace diez años a la fecha. En la práctica, por haberse excluido las hijuelas singulares del régimen de la ley y por admitirse que el poseedor pueda acreditar el dominio mediante la prescripción, el mecanismo de la restitución resultará inaplicable.

7) El sistema de expropiación también ha sido cercenado y prácticamente anulado. Si no se pueden expropiar las tierras indígenas poseídas por personas no aborígenes y que éstas hubieren adquirido legítimamente, significa que no habrá expropiaciones por este concepto, ya que la casi totalidad de las tierras que han salido del dominio de los indígenas se encuentran en este caso. La disposición constituye un contrasentido jurídico bastante impropio del Senado.

8) Se establece como domicilio del Instituto de Desarrollo Indígena la ciudad de Temuco y se le señala una duración de veinte años. El mensaje del Ejecutivo propone como domicilio Santiago y duración indefinida. La magnitud nacional del problema, toda vez que sus disposiciones comprenden a las comunidades aborígenes a lo largo del país y su estrecha vinculación con la labor que deben cumplir casi todos los organismos del Estado, aconseja que el Instituto tenga su sede en Santiago. Por otra parte, no puede establecerse una duración temporal, ya que es imposible fijar un plazo para que cumpla realmente sus objetivos..

Señor Presidente, al poner término a mis observaciones sobre este proyecto, a cuya trascendente significación ya me he referido y aunque estoy consciente de que, en el camino que recorren las naciones para llegar a una aurora de progreso, no se deben buscar culpas históricas por los errores cometidos y sí intentar rectificaciones profundas, creo indispensable destacar que estamos cumpliendo con un mandato de la historia al crear normas legislativas que, por fin, harán justicia al valioso núcleo de nuestra raza aborigen que aún sobrevive después de haber sido secularmente perseguida, agredida, asediada, asesinada y masacrada, y de habérsela hecho víctima de infinitas ofensas y humillaciones hasta hoy no reparadas.

Esta iniciativa del Gobierno de la Unidad Popular deberá tranquilizar para siempre la conciencia nacional.

El señor DURAN.- Honorable Senado, cuando hace algunos días iniciamos la discusión general del proyecto modificatorio de la ley de Indios, que en este momento conoce la Corporación en su discusión particular, la Sala tuvo la gentileza de otorgarnos la posibilidad de expresar durante veinte minutos algunas ideas generales sobre el tema en debate y, de esta manera, permitirnos hacer uso de la palabra como si estuviéramos en la discusión general. Ello me permitió tomar contacto con representantes de la raza araucana en una gira a las provincias de mi representación y conocer sus propios puntos de vista y en especial un hecho que me produjo verdadera perplejidad. En efecto, supe por ellos mismos que en el debate general de este proyecto en Comisión, sus personeros más auténticos y representativos no habían sido escuchados en una materia que se vincula a su futuro y a la solución de uno de los problemas más delicados de quienes viven en la zona de La Frontera.

Debo expresar mi satisfacción por el hecho de que ahora, después de reabrir debate sobre artículos ya aprobados, se permitiera que personeros de los mapuches llegaran hasta la Comisión a expresar sus opiniones sobre las diversas normas de la iniciativa.

Es interesante destacar que cada vez que se plantean problemas relativos a los pueblos1 que primitivamente poblaban nuestro actual territorio, se crea que tienen tal carácter sólo aquellos que se vinculan a la tenencia, dominio o explotación de la tierra, olvidando que hay múltiples y complejos problemas sociales, culturales, y político-económicos que son, quizás, más amplios, profundos e inquietantes, sin dejar de reconocer que entre ellos hay relaciones y que en muchos casos se entrelazan.

El problema de la tierra, según expresan los personeros del propio Gobierno, no tiene en el proyecto que debatimos una solución definitiva y concreta. Respecto de los demás problemas, se hacen afirmaciones enfáticas, equivocadas. Los mapuches, que son chilenos tanto o más que nosotros mismos, y que entroncan sus orígenes con los que vivían en estas tierras antes de la llegada de los españoles, no encuentran en el proyecto un trato igualitario y se proponen sólo caminos imprecisos que no aseguran la integración racial y que tal vez en aspectos importantes hasta la agravan. Y hacemos presente que hablamos de la integración de los mapuches, no obstante la existencia de numerosas otras tribus, como las de los huilliches, alacalufes, chonos, onas y yaganes, que viven hacia el sur de la provincia de Cautín, o la de tribus menos trascendentales y menos numerosas, como los picunches y los diaguitas, cuya nacionalización, para emplear un término convencional que traduzca ese conjunto de graves problemas que afloran en la incendiada zona de La Frontera, ya se ha producido.

A quienes tenemos una inquietud constructiva, nos entristece observar cómo cada vez que se planteó en esta Corporación, o en la tribuna o en el diálogo, el problema de los mapuches, dentro del cual se incluyen la tenencia de sus tierras y sus condiciones socioeconómicas misérrimas y postergadas, se repitieron siempre frases más o menos parecidas: Esta es la primera vez que un Gobierno enfoca estos problemas desde diversos ángulos; o Ahora se analiza con criterio social un viejo problema de la zona de La Frontera; o Se ha consagrado, hasta ahora, un estatuto colonialista y de explotación.

Son frases y más frases entre las que se mezclan anhelos políticos, muchas veces electoreros y demagógicos, de los que se aprovechan algunos personajes nuevos que, ahora como líderes, se dedican a echar bencina sobre un problema candente, para agravar aún más los muchos errores cometidos por la legislación, a veces por falta de claridad en las disposiciones que contienen, y otras veces, no pocas, por el espíritu arbitrario y de ocupantes de quienes, sin más respaldo que la fuerza bruta, atropellaron con inspiración económica delictiva.

Buscar soluciones poniendo énfasis en el lenguaje que distancia es tan peligroso como sostener criterios discriminatorios o racistas. Por eso debo observar que en el Título I del proyecto se habla de los indígenas y de las tierras indígenas; que el artículo 1º se encarga de afirmar que se tendrá por indígenas, para todos los efectos legales, a personas que se encuentren en alguno de los casos que cita este artículo. Cuánto mejor nos habría parecido que el enfoque de las diversas situaciones que se describen se aplicara a las personas de que se trata sin insistir en este lenguaje que ha venido creando una discrepancia, un separatismo, incentivando complejos y odiosidades que están muy distantes de dar una adecuada base sobre la cual estructurar nuestros anhelos de integración de todos los que viven en este territorio, en calidad de chilenos. Porque, hoy más que nunca, cuando es indispensable precisar juicios y buscar fórmulas serias para evitar la explotación económica, social o política, creemos que es nuestro deber decir estas palabras: el país se viene desenvolviendo, desde hace algunas décadas, con cambios que hacen que muchos prejuicios caigan y se vaya abriendo camino una solución más adecuada y cada vez más justa en el trato entre los hombres.

Cuando profundos cambios se inician y profundizan en la tenencia de la tierra, y los grupos gobernantes expresan su optimismo por el desarrollo, en la forma y en el fondo, de estos hechos que se vienen produciendo con respeto a veces de la ley, y comúnmente, con violación do ella, no se ve razón alguna para que en el desenvolvimiento del proceso de reforma agraria no se hubiese dado a los mapuches una participación más trascendental, más profunda, que les permitiera entrar en forma más numerosa en los asentamientos y vincularse allí en trato con las nuevas técnicas, con las nuevas fórmulas que el avance del desarrollo plantea en la producción agrícola. Sin embargo, son los propios personeros del Gobierno los que sostienen que, en las áreas de los sectores reformados, el asentamiento de indígenas es mínimo comparado con el porcentaje de mapuches que, comúnmente, vive en los sectores rurales de las provincias incluidas.

Si la política del Gobierno con los asentados tiene como inspiración esencial mejorar las condiciones del trabajador del campo, ¿qué razón hay, si no existiera un criterio discriminatorio racial, para no dar a los mapuches un trato igual, parecido o mejor? Si se buscan fórmulas de convivencia en donde después de producida la expropiación los asentados comiencen una etapa que les permitirá más tarde ser dueños de las tierras que siempre trabajaron, y cuando a ellos el Estado los ayuda técnica y económicamente, ¿por qué no aceptar en relación con los mapuches una política similar, que entregue a los jefes de familia una entrada segura, especialmente cuando en el caso de ellos el Estado no hace desembolsos, pues las tierras les pertenecen? ¿Por que no les da una fórmula de convivencia que les haga posible una vida más holgada y con más horizontes?

Afirmamos también que, junto a una política que se inspire en un criterio más uniforme, se hace necesario preocuparse, como en parte señala la ley, de abrir otros caminos. Son Cautín, Malleco y Bío Bío las zonas en donde el problema mapuche es más cruento, más duro, más difícil y, ahora, aún más peligroso, ya que a las necesidades y a la miseria, actualmente se mezcla el anhelo de dañar, por sobre la búsqueda de soluciones justas, a quienes no comparten el criterio del Gobierno. Entonces, el fenómeno se hace aún más explosivo. Se nota en la ley tendencia a un burocratismo formalista que crea un montaje de politización que permite en apariencia hacer creer a los chilenos que se vive bajo una égida protectora que tiene el efecto de un abrazo cariñoso, y que, sin embargo, es tan fuerte, que ahoga y hasta quiebra las costillas.

De esta manera, el Instituto de Desarrollo Indígena al que se otorga el carácter de permanente se transformará en el organismo centralizado hegemónico. Todas las actividades que se crean a través de esta ley caen bajo la tuición del nuevo organismo, con un poder tal, que tendrá sobre los chilenos que por nacimiento pertenecen a la raza mapuche, una extraordinaria influencia.

Desde 1866, pasando por las leyes de 1874, 1883, 1930 y 1931, hasta la ley 14. 511, de 1961, se han estado dictando normas protectoras que demuestran su insuficiencia y, a veces, vacíos tan grandes que permiten atropellos, vejámenes y hasta delitos. Si la ley 14. 511 contiene errores como los que aquí hemos analizado en la discusión general, lo lógico habría sido buscar solución a esos problemas, pero no reiniciar todo un debate, cuyas finalidades no se conocen y es difícil precisar, aunque no de prever.

Nosotros deseamos decir que nuestro anhelo de ayuda a los mapuches nos llevó a votar favorablemente el proyecto de ley que conocemos, dejando clara constancia de que el cúmulo de facultades que se entrega es tan amplio, que hay disposiciones que nos parecen simplemente increíbles.

Cuando de distintas localidades muchos de nosotros estamos recibiendo cartas, antecedentes, quejas de pequeños propietarios agrícolas que por muchos años laboraron la tierra dentro de los términos establecidos por la ley de Indios en vigencia y por las anteriores terrenos en los que mucha gente dejó su esfuerzo y su viday que ahora, como consecuencia de esta ley, entran a un juicio que puede ser precipitado, de organismos administrativos que no dan ninguna posibilidad seria de defender sus derechos a los que de buena fe compraron la tierra y, esforzados, la laboraron, creemos estar volviendo atrás en el desarrollo social y jurídico de Chile.

Pongo énfasis en soluciones justas y humanas para los mapuches, y abogo por ellas, a fin de que el Estado comprenda que no es sólo el asentado chileno el que puede requerir de la reforma agraria los bienes que esa ley entrega. De la misma manera enfatizo mis palabras para decir que el pequeño trabajador del campo, el hijo de quien adquirió un pedazo de suelo de acuerdo con la ley y sin violar norma alguna, debe merecer de parte de los Poderes Públicos un trato adecuado.

La desaparición de los Juzgados de Letras de Indios es un caso extraordinariamente interesante y digno de la mayor preocupación, porque, si bien es cierto que en teoría los jueces de letras de los tribunales ordinarios conocerán de todos los problemas relacionados con los mapuches, para tener así un mecanismo más amplio que permita el estudio en cada departamento de los problemas que allí se susciten, no es menos cierto que en los Juzgados de Letras de Indios es posible el nombramiento de jueces adecuados, en forma especial por la forma en que se interesen por los problemas del mapuche: concurren al terreno con un criterio más humano a conocer tantos y tantos problemas, que a veces se van formando como consecuencia de un conocimiento escaso, y no pocas veces, a causa de un interesado envenenamiento y de que muchos de ellos son víctimas. El problema, en todo caso, es digno de meditación, y lo resolveremos con un estudio más detallado en la discusión particular. A través de muchos años hemos tenido ocasión de conocer la vida del indígena, con su paso tranquilo, cansado, sereno, y alejado del bullicio, de la venganza y de las provocaciones. Lo conocemos. Cada vez que tuvo posibilidad, entró a las escuelas públicas, donde escalón a escalón, fue subiendo en el conocimiento de la ciencia, de las técnicas, de las artes, y fueron alumnos cuya capacidad quedó establecida en los puntajes de las escuelas normales y cuya eficiencia como profesores fue siendo conocida en toda la zona de La Frontera. Es cierto que son escasos como consecuencia de problemas económicos o de la lejanía en que viven, problemas que el Estado no se ha encontrado en condiciones de resolver; pero ahora, en la medida en que las distancias se acortan y hay mejores condiciones, las soluciones se facilitan.

¡Cuántos mapuches entraron al Cuerpo de Carabineros, haciendo honor a la policía que mantiene el orden; a la Gendarmería o al Ejército! ¡Cuántos funcionarios públicos se fueron destacando en los distintos escalafones hasta llegar al Parlamento, en donde demostraron eficiencia y ocuparon incluso cargos de Ministros de Estado! Es, pues, necesario un proyecto de ley que tenga como objetivo buscar soluciones para que todos seamos una raza homogénea en donde desaparezcan el privilegio y la discriminación; buscar un camino para disminuir las tensiones, en lugar de estar permitiendo fórmulas discriminatorias sobre las cuales el profesionalismo violentista y revolucionario encuentra en la pobreza y en el dolor posibilidades de mayor agresividad.

El señor AYLWIN (Presidente).- Ha terminado el tiempo de Su Señoría.

El señor DURAN.- Todavía no, señor Presidente, porque son veinte minutos.

El señor AYLWIN (Presidente).- Quince, señor Senador.

El señor DURAN.- El acuerdo fue otorgar veinte minutos. Creo que ha habido un error. En todo caso, sólo necesito dos minutos para terminar mi intervención.

El señor AYLWIN (Presidente).- Si le parece a la Sala, se concederá tiempo adicional al Honorable señor Durán para continuar sus observaciones.

Acordado.

Puede continuar Su Señoría.

El señor DURAN.- Tengo mucho temor de que, en el problema planteado a la Sala, el camino de transformar al indígena en industrial no se abra ancho. Se ha hecho imposible cuando se observa que la política del Ejecutivo pretende, cada día más, apretar toda iniciativa particular para traspasar la organización industrial, comercial, agrícola, a manos del Gobierno. Creemos que el problema del campo, por no ser una solución completa, como lo planteo, debe buscar otros caminos mixtos: en la ciudad campesina, en el pequeño poblado sin muchos habitantes, sin muchos recursos, en la población campesina típica, debe asentarse el desarrollo de la pequeña o mediana artesanía o el trabajo artístico; debe fomentarse el esfuerzo que vaya permitiendo, junto al proceso educacional, impulsar el internado; dar mayor capacidad, que permita más tarde la organización de sistemas cooperativos, fundados en la espontánea voluntad que arranque del conocimiento y no de la presión, la fuerza o la amenaza.

Señores Senadores, expresaremos en la discusión particular nuestros juicios, de acuerdo con el conocimiento que tenemos de estos problemas, enfatizando lo que es nuestro deseo: buscar un camino de integración a estos anhelos comunes en toda la raza mapuche.

El señor IBAÑEZ.- Señor Presidente, nuestra preocupación por los problemas de la raza aborigen no aflora con motivo de la discusión del proyecto de ley que tenemos frente a nosotros: desde su fundación, y desde la larga trayectoria de sus antecesores, el Partido Nacional tiene el honor de haberse preocupado de los problemas relacionados con la raza aborigen de nuestra patria. Así, nos honra el hecho de que el único mapuche que ha formado parte del Congreso Nacional haya sido don Venancio Coñuepán, distinguido Diputado del Partido Nacional.

El señor LUENGO.- Eso no es efectivo.

El señor TEITELBOIM.- Está en un error. Antes fueron otros dos.

El señor IBAÑEZ.- A él le rindo un especial homenaje esta tarde, cuando el Senado se preocupa de estos problemas.

El señor LUENGO.- Antes de Coñuepán fueron parlamentarios Francisco Melívilu y Arturo Huenchullán, pertenecientes al Partido Democrático.

El señor IBAÑEZ.- Quiero decir que el proyecto original presentado al Congreso tenía una finalidad evidente: someter a los indígenas por medio de un organismo administrativo, régimen, por lo demás, puesto en práctica por el actual Gobierno en infinidad de ocasiones y a propósito de múltiples situaciones diferentes de la que hoy día tratamos.

En dicho proyecto se sustituía, por ejemplo, la tuición de los juzgados de indios en materia de diferendos entre los componentes de esa raza, por una intervención absolutamente desmesurada del organismo administrativo que se proponía crear en esa iniciativa. Afortunadamente, en el curso de la discusión en las Comisiones, se la ha modificado favorablemente, y los juzgados de indios pasan a ser sustituidos por la justicia ordinaria, como debe ser.

El proyecto en discusión es complejo. Debemos preguntarnos cuál es la finalidad que se persigue con él. ¿Se pretende facilitar, permitir y acelerar la integración de los indígenas a la comunidad nacional? ¿O, por el contrario, se pretende mantener ad aeternum minorías raciales sometidas a un régimen discriminatorio, distinto del que rige para todos los chilenos?

No es fácil responder a tales preguntas en estos instantes. El proyecto original, como dije, tenía el propósito de mantener la minoría racial indígena y, además, de someterla a un organismo administrativo. Pero los cambios que se le han introducido en los largos debates en las Comisiones permitieron eliminar buena parte de esos propósitos, que no vacilo en calificar de abusivos.

Con todo, es preciso tener presente que la antigua legislación, que ha estado vigente por espacio de noventa años anacrónica en muchos aspectos, puesto que corresponde a una situación social distinta de la que tenemos hoy, ha permitido la incorporación de los mapuches a las actividades normales del país en proporción realmente digna de todo encomio. Y así, tal como acaba de señalar el Honorable señor Durán, los vemos actuar con prestancia dentro del Cuerpo de Carabineros y en determinadas industrias, como las panaderías; como conductores de la locomoción colectiva, en las universidades, en la Administración Pública, en el magisterio, etcétera. Es decir, con el transcurso del tiempo se ha ido consiguiendo la finalidad de integración, que me parece esencial.

Ahora bien, es necesario analizar con especial detención las características del Instituto de Desarrollo Indígena que se crea mediante esta iniciativa, pues, a juicio del Senador que habla, ese organismo es la pieza clave de ella.

Estimo que la composición de dicho Instituto es absolutamente inconveniente, porque deja a los indígenas, sin contrapeso alguno, en manos de los funcionarios del Gobierno. Es cierto que en el curso de los debates en la Comisión repito se modificó el proyecto alterando la composición del organismo y permitiendo el ingreso de seis o siete representantes indígenas, que, en todo caso, son inferiores en número a los personeros dependientes de la Presidencia de la República. Pero, en cambio, se rechazó una indicación presentada por nosotros, mediante la cual tanto el Senado como la Cámara designaban tres representantes no parlamentarios que integrarían la directiva del Instituto, a fin de asegurar el pluralismo político e independencia y libertad indispensables para todos los chilenos, y particularmente para todos los araucanos. Digo particularmente para los araucanos, porque ellos constituyen un pueblo extraordinariamente amante dela libertad y muy celoso de su independencia. Y tengo temor de que mediante abusos administrativos como los que estamos presenciando a cada instante, se utilice al Institituto para cohonestar las libertades de que deben gozar los aborígenes que constituyen la raza mapuche o araucana.

La señora CAMPUSANO.- Pero nunca denunció Su Señoría los abusos de los latifundistas, que arrebataron las tierras de los mapuches.

El señor IBAÑEZ.- Si se tratara de denunciar los abusos de los latifundistas y supongo que la interrupción será con cargo al tiempo de la señora Senadora, deberíamos comenzar por denunciar los abusos incalificables que cometen los funcionarios del actual Gobierno al someter a los campesinos en tal forma, que los tiene al borde de la rebelión o en la rebelión misma, como se está viendo en todo el país.

La señora CAMPUSANO.- Mejor hable del robo de la tierra, señor Senador.

El señor IBAÑEZ.- No tengo inconveniente en conceder interrupciones a la señora Senadora, pero deseo saber si ellas serán con cargo al tiempo de Su Señoría. 1

El señor AYLWIN (Presidente).- No se acordó tiempo especial para conceder interrupciones, señor Senador.

El señor IBAÑEZ.- En ese caso, rogaría a la Mesa hacer respetar mi derecho a no ser interrumpido.

Dentro del limitado tiempo de que dispongo, debo destacar que, desgraciadamente, no se acogió una indicación que a nuestro juicio es muy importante: la que propusimos los Senadores nacionales para reglar las comunidades indígenas.

Tampoco se acogió otra que patrocinamos a fin de permitir la transformación progresiva de las comunidades indígenas en cooperativas. En esta materia habré de ocuparme en el curso del debate en particular de la iniciativa.

Pero deseo subrayar un aspecto extraordinariamente importante y de gravedad. Me refiero al hecho de que en el articulado del proyecto se configura la permanencia de minorías raciales, lo que, aparte ser socialmente inconveniente, implica un peligro para la soberanía nacional. Nosotros habíamos presentado una indicación, suscrita por varios señores Senadores, entre ellos el Presidente de la Democracia Cristiana, para agregar un artículo nuevo que garantizaba a todos los habitantes de la República, y en particular a las minorías raciales, los derechos consagrados en convenciones internacionales ratificadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en cuanto a la eliminación de toda forma de discriminación racial.

Por la limitación del tiempo, no leeré esta indicación, que es muy completa, y en la cual se garantiza la igualdad de tratamiento en los tribunales, el derecho a la seguridad personal, los derechos políticos, el derecho a ser propietario individualmente o en asociaciones, a heredar y a ejercer la libertad de pensamiento, de opinión y de expresión; el derecho al trabajo, a fundar sindicatos, a profesar la religión que se prefiera, etcétera. Como decía, esta indicación también se rechazó. Sin embargo, me permito llamar la atención del Honorable Senado respecto de la gravedad que implica no incorporar una disposición de esta naturaleza a la iniciativa.

Yo rogaría a los Honorables colegas que tengan interés en asuntos de esta entidad meditar, aunque sea breves instantes, en cuanto a lo que significa mantener minorías raciales, pues con ello colocamos en entredicho la soberanía de Chile sobre la Isla de Pascua.

Probablemente muchos señores Senadores ignoran que han sido objeto de discusión en las Naciones Unidas los derechos que tendría o no tendría nuestro país para ejercer soberanía en la Isla. Se ha fundado esta duda en el hecho de que ella está poblada por una minoría racial a la que se trata como tal. Se ha dicho que, en tales circunstancias, según las disposiciones que rigen las facultades de las Naciones Unidas, éstas deberían tomar la Isla en fideicomiso para su administración.

Por consiguiente, desde el momento en que no dejamos en claro que a través de esta legislación ponemos término a las discriminaciones raciales, estamos, también, dejando en entredicho el ejercicio de nuestra soberanía sobre un punto tan vital e importante como es la Isla de Pascua. Quisiera extenderme bastante más sobre este particular, pero los minutos corren y no podré hacerlo. Espero que en algún momento, durante el debate en particular, pueda dar más detalles sobre este asunto, cuyas proyecciones trascienden las de un proyecto sobre protección a los indígenas.

Por último, para los efectos de la discusión de los distintos artículos del proyecto, deseo destacar que la raza aborigen tiene un carácter marcadamente individualista, de modo que todo intento por colectivizar su vida, por someterla a tuiciones estatales cosa que no se ha borrado del todo en este proyecto, contraría la esencia misma de la raza araucana.

Hay disposiciones que me parece importante analizar, y habremos de hacerlo cuando se discutan en particular. Me refiero, por ejemplo, a las relativas a la calificación de quiénes son indígenas y quiénes no lo son. Afortunadamente, se ha mejorado en forma sustancial la redacción de este precepto y se han introducido elementos objetivos para la calificación, como el idioma. La forma en que la iniciativa fue planteada por el Ejecutivo se prestaba a los más increíbles abusos.

Hay otro punto, también muy controvertido, que habremos de discutir igualmente en detalle más adelante: el de la calificación de los ausentes. El proyecto de ley que tenemos frente a nosotros establece que quienes permanezcan fuera de las comunidades durante más de un año perderán las prerrogativas que se otorgan a los aborígenes. Estimo que esta disposición, aparentemente inobjetable, constituye, sin embargo, un arma de doble filo que el Senado deberá pesar con mucho cuidado, pues de aprobarse una norma de esta naturaleza podría producirse un retorno masivo de los aborígenes a la zona sur, con el fin de no perder sus derechos en las comunidades de las cuales salieron. Pienso aunque parezca un tanto paradójico que, si fuésemos mucho más amplios y elimináramos este tipo de calificación de los ausentes, permitiríamos a la gente que ha emigrado de las comunidades, permanecer fuera de ellas sin tener que regresar. Pero si establecemos una limitación de un año como plazo máximo de ausencia, crearemos un incentivo para que muchos miles de aborígenes, actualmente radicados en Santiago o en otros puntos del país, vuelvan al Sur para mantener o consolidar los derechos de que han gozado desde tiempos inmemoriales, provocando con ello un gravísimo problema.

Ya que la Mesa me hace señales para indicarme que terminó mi tiempo, concluyo manifestando que, a juicio del Senador que habla, este proyecto ha mejorado considerablemente durante su estudio en las Comisiones. Esto nos ha dado la razón a quienes solicitamos que el asunto fuese conocido por la Comisión de Legislación. De modo muy especial, deseo poner de relieve la espléndida labor desarrollada por este organismo de estudio al ordenar las disposiciones del articulado del proyecto, al eliminar duplicaciones y al mejorar en todo sentido sus alcances. Era evidente que un asunto tan técnico y complicado como el que discutimos, debía ser conocido por la Comisión de Legislación. El texto que ella entregó de este proyecto de ley, ya pulido, demuestra que era absolutamente necesaria su revisión en ese organismo.

Deseo consultar a la Mesa si discutiremos por lo menos, así lo entiendo ¿yo el texto aprobado por la Comisión de Legislación, que, en realidad, es equivalente al de la de Agricultura, pero con mejoras que aquélla le introdujo.

El señor AYLWIN (Presidente).- Se discutirán ambos informes, señor Senador: el de la Comisión de Agricultura y el de la de Legislación. En muchos aspectos, ésta mantiene las normas de aquélla, si bien en otros las modifica.

El señor IBAÑEZ.- ¿Discutiremos los dos informes simultáneamente? Entonces, tenemos para un buen tiempo.

Termino mis palabras aquí. Sólo me resta expresar que tenemos muchas otras observaciones que, desgraciadamente, por la limitación del tiempo, no podré plantear; pero nos, reservamos para hacerlo al discutir en particular cada artículo del proyecto.

El señor RODRIGUEZ.- En los pocos minutos de que dispongo, deseo fijar brevemente la posición de nuestro partido frente a la materia, que, por razones que no es del caso recordar, no pudimos exponer en la discusión general de la iniciativa, seguramente por el hecho de no tener representantes en las Comisiones de Agricultura y de Legislación.

Vale la pena señalar que en el Programa de la Unidad Popular, que tengo a la mano, en uno de los capítulos más sustantivos del enfoque de las nuevas tareas del cambio político, económico y social del país, se incluye un tema preferente: el de trazar una nueva política para las comunidades indígenas chilenas, tradicionalmente expoliadas, reiteradamente atropelladas en sus derechos, porfiadamente perseguidas por las clases poseedoras de los partidos tradicionales, que continuaron la brutal explotación que venía desde el tiempo de la Colonia.

La verdad es que las comunidades indígenas chilenas no sintieron realmente el cambio cuando advino la República en 1810: conquistadora de la concepción encomendera feudal de los españoles, se pasa a la explotación también feudal o semi-feudal y encomendera de las clases dominantes, que se proyecta después en la república políticamente independiente.

Y cuando la Unidad Popular recoge entre sus aspiraciones más sentidas la de trazar una nueva política para las comunidades indígenas, la concreta en un proyecto de ley, a los seis meses de asumir el Gobierno. Exactamente el 19 de mayo del año pasado se envió el mensaje correspondiente al Congreso Nacional. Y tal medida significa que el Gobierno es consecuente con lo prometido ayer al pueblo, al enviar con la mayor celeridad, sólo a seis meses de haberse instalado en el Poder, la iniciativa al Parlamento. Sin embargo, esta legislación lleva ya un año en el Congreso, lo que refleja la justicia de la crítica que los partidos revolucionarios formulan a esta institución, por esta especie de siesta colonial con que analiza los asuntos más vitales para el país. ¡Un año lleva el proyecto en el Parlamento, y sólo ahora estamos estudiando su segundo informe en el Senado!

De lo expuesto anteriormente quedan en evidencia dos cosas fundamentales: primero, la rapidez y consecuencia del Gobierno al enviar una iniciativa que legisla sobre los indígenas, y segundo, la lentitud del Congreso Nacional, donde una mayoría opositora no fue capaz de darle agilidad a un proyecto tan importante como éste.

El señor PABLO.- ¿Me permite una interrupción?

El señor RODRIGUEZ.- No puedo concedérsela, pues mi tiempo es limitado. Además, Su Señoría puede intervenir posteriormente, salvo que ella sea con cargo a su tiempo.

El señor PABLO.- Es con cargo a mi tiempo, señor Senador.

Deseo formular una sola observación.

Quiero hacer presente al Honorable señor Rodríguez que es muy fácil afirmar que la mayoría opositora no se ha preocupado de la iniciativa, pero es muy difícil demostrarlo, máxime cuando hemos tenido más de 30 sesiones, muchas de las cuales se han prolongado por más de 5 o 6 horas.

Lo que ocurre es que el proyecto enviado por el Ejecutivo adolecía de tales deficiencias, que prácticamente fue necesario hacerlo de nuevo, tanto en las Comisiones técnicas pertinentes como en la de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento Tal hecho fue reconocido por los propios funcionarios de Gobierno. Debo añadir que el Subsecretario de Agricultura, señor Montenegro, los funcionarios que concurrieron y los Ministros que hicieron presente su interés en el despacho de la iniciativa, agradecieron y felicitaron a la Comisión de Constitución, Legislación,

Justicia y Reglamento por la labor que en tal sentido le cupo.

Creo que las acusaciones lanzadas así como así al Congreso deben tener respuesta de parte de quienes muchas veces no intervienen habitualmente en la Sala, pero que trabajan en las Comisiones, donde a algunos señores Senadores no se les ve aparecer oportunamente.

El señor RODRIGUEZ.- En realidad, es fácil argumentar en la forma como lo ha hecho el Honorable señor Pablo. Pero el hecho es que ahora quieren que el proyecto que legisla sobre los indígenas sea un dechado de perfección legislativa. Sin embargo, dispusieron de seis años en el Gobierno anterior para haber enviado un proyecto sobre la materia, y no lo hicieron. Pero ahora reclaman la perfección, y dilatan el despacho del proyecto. Por su parte, los caballeros que ocupan las bancas de enfrente tuvieron 150 años para enviar una legislación, y tampoco lo hicieron. Por lo contrario, como lo dije al comenzar mis palabras, trataron como subclase a los araucanos, a los mapuches, y la historia es en este aspecto más relevante que las palabras. Aquí podrán afirmarse muchas cosas, pero la historia es porfiada. Y la verdad es que en la zona sur los indígenas están siendo rescatados por este Gobierno, por primera vez, de su situación de explotación material, del saqueo de sus tierras, de su escaso nivel cultural.

Al respecto, considero útil recordar lo que dice el mensaje, y que a veces se olvida. Al contestar al Honorable señor Pablo, no pretendo decirle que el proyecto del Ejecutivo sea un dechado de perfección. Es posible que tenga fallas y errores; pero hubo la voluntad de proponer una legislación sobre la materia, que seguramente fue enriquecida en el debate parlamentario, pero que la mayoría opositora no tenía derecho a mantenerla detenida durante un año.

En una de sus partes, el mensaje dice:

Si bien la problemática de los grupos indígenas es distinta a la del resto del campesinado, por lo que debe ser observada y tratada con procedimientos y sistemas también distintos, no siempre el legislador ni el ciudadano común lo entendieron, agravando con ello el problema. Como es diversa su escala de valores, lo es también su conducta. En cuanto tiene conciencia que por centenares de años ha sido el dueño de la tierra, su actitud es la de quien se siente desposeído de algo que en justicia le pertenecía, en tanto, para los restantes campesinos, el logro de la tierra constituye una conquista. Su bandera de lucha es la recuperación, mientras para los demás, es la distribución para quienes mejor la trabajen.

Él es, por ello, el auténtico minifundista, cada vez más reducido y aniquilado; en cambio, el otro sector campesino lo constituyen fundamentalmente los inquilinos, los medieros, los arrendatarios, etc.

En sus relaciones recíprocas suele haber divergencias que derivan en un abierto enfrentamiento, hechos todos que no desmienten que en lo esencial el problema de los campesinos chilenos es uno solo.

De otra parte, su relevancia no sólo debe ser referida a Chile, sino también al resto de los países de la América Latina que sufren el problema indígena. Como sostiene Alfonso Caso, cada vez parece más claro que muchos problemas de las Repúblicas Latinoamericanas, que son en su esencia, fundamentalmente iguales, no se deben sólo a la semejanza de las causas históricas que han operado después del contacto con los europeos, sino que tenemos que explicarnos también esa semejanza por ideas e instituciones que ya existían entre las poblaciones americanas antes de la Conquista.

Lo anterior tiene importancia cuando acogemos, una vez más, lo expresado por el Honorable señor Luengo, que, indudablemente, fija un criterio distinto del que al parecer tuvo la mayoría en las Comisiones en cuanto al carácter que se da a las comunidades indígenas. Yo diría que el proyecto del Gobierno tiene el valor de recoger históricamente lo que fue la comunidad araucana, mapuche, la indígena en general, donde el sentido individualista de la propiedad desaparece para dar entrada, y en alto grado, en el proceso general del desarrollo de los indígenas, al sentido de las comunidades, al concepto tribal de la posesión colectiva de la tierra.

En seguida, cabe destacar aquella parte del mensaje que señala que La situación de los grupos indígenas se ha ido deteriorando permanentemente y es de la máxima gravedad, tanto porque geográficamente se reducen, como en virtud de su empobrecimiento cada vez mayor, al punto que hoy día, comparativamente, sólo podemos hablar de un número muy inferior, ya se trate de los de origen quechua, aymará, atacameños o changos en las provincias del Norte Grande, principalmente en las zonas limítrofes y costeras; el pueblo mapuche, radicado entre las provincias de Arauco y Valdivia; unos pocos huilliches en Osorno y Llanquihue; el mestizaje de yaganes y onas prácticamente exterminados en la isla grande de Chiloé y el minúsculo grupo de alacalufes en el extremo austral de nuestro país.

Más adelante, agrega el mensaje:

Puede estimarse en forma aproximada, que la población indígena total en Chile, es de unas 800 mil personas: una cuarta parte de ella radicada en el sector urbano, especialmente en Santiago, Concepción y Temuco, y el resto en el sector rural, de lo cual se desprende su importancia en relación con la situación de la agricultura.

Es importante recalcar la existencia de esos 800 mil indígenas, frente a lo que afirmaba el Honorable señor Ibáñez. Creo que el problema que él enfocaba en cuanto al trato como minorías raciales no radica en exterminarlas o en absorberlas. El problema no reside solamente en si están marginadas o no de la nacionalidad. Hasta ahora resulta evidente que estas comunidades mapuches han estado marginadas de lo que es auténticamente un contenido de nacionalidad. Pero ahora lo fundamental es qué un régimen ha trazado una política nueva, capaz de interpretarlas, de respetar sus derechos históricos, de recoger su cultura, por primitiva que a algunos les parezca. Yo diría que el problema de las minorías étnicas constituye uno de los aspectos de preocupación contemporánea del más alto valor moral, intelectual y político. Por eso, reconforta que en países como Yugoslavia y la Unión Soviética exista una respuesta casi integral, que permite que las minorías étnicas puedan confluir al goce más universal dé la participación real en una comunidad multinacional.

En Chile, por cierto, el problema no es de tanta envergadura, pues, como lo han señalado algunos señores Senadores en sus intervenciones y se deja constancia en el mensaje del Ejecutivo, el número de minorías indígenas es pequeño.

Pero yo diría también, y aquí reivindico la política del Gobierno y, en general, de los partidos populares, que hemos sido los únicos, por ejemplo, que hemos rescatado el valor folklórico de los mapuches, estimulando sus expresiones artísticas, permitiéndoles recorrer el país a fin de que conozcan, más allá de su terruño, la patria grande, y de que, a su vez, las poblaciones de diversas provincias conozcan el valor artístico y cultural de los mapuches; es decir, respetando su idioma, sus derechos ancestrales y promoviendo toda clase de posibilidades, canales y conductos culturales y educacionales, será posible que esa minoría racial logre realmente participar en una comunidad nacional integrada.

Quierámoslo o no, y cualesquiera que sean las afirmaciones de los parlamentarios de Oposición, particularmente de la Derecha, hasta hoy el mapuche vio en el chileno común y corriente, especialmente en el hombre blanco, al huinca opresor, al huinca abusivo, al que le quitaba sus tierras o lo envenenaba mediante el alcohol, al que le ofrecía baratijas para despojarlo de sus tierras o se aliaba vergonzosamente con el juez de turno para estamparle su firma o su dedo como analfabeto, para ratificar el robo y el saqueo de sus tierras.

Por otra parte, las legislaciones del pasado, patrocinadas de buena fe por algunos, pero de mala fe por otros, declaraba relativamente incapaces a los indígenas, con el pretexto hipócrita de defenderlo de los usurpadores de tierras, pero, en definitiva, dejándolos más indefensos, a mi juicio, ante esos saqueadores de sus pertenencias históricas.

Podría sostenerse que el proyecto, del Ejecutivo tiene limitaciones, fallas y vacíos. Es posible que así sea; pero no cabe la menor duda de que, por primera vez, existe la voluntad de rescatar los valores de los indígenas para darles una proyección adecuada, para reivindicarlos como hombres en su más relevante sentido, integrándolos a la comunidad y haciéndolos partícipes del gran proceso fie cambio revolucionario chileno, en el cual ellos forman parte de un capítulo de la reforma agraria, e integrándose también al cambio económico y social en general consignado en el Programa de la Unidad Popular.

Por otra parte, no es efectiva la afirmación del Honorable señor Ibáñez de que sólo Sus Señorías contaron con un parlamentario de origen araucano, Venancio Coñuepán, a quien conocí y respeté mucho fui colega de él y que fue un esforzado defensor de los intereses de Cautín y de su raza. Pero anteriormente hubo también otros en la historia parlamentaria, como lo recordó el Honorable señor Luengo. Entiendo que el Partido Democrático anteriormente Demócrata contó entre sus filas al Diputado Huenchullán. Y en los tiempos del General Ibáñez ostentaron ese mismo cargo dos indígenas: uno con un apellido no muy araucano, Romero, y el otro, Callupi. Ambos eran araucanos auténticos que llegaron al Parlamento con ese movimiento.

Por otra parte, en este momento se produce el hecho fundamental, desde otro punto de vista, de que en las confederaciones campesinas, por primera vez se integran las comunidades indígenas con los campesinos comunes y corrientes, formando un gran frente social, de clase, donde expresan sus derechos y aspiraciones.

Señor Presidente, deseaba manifestar estas palabras a fin de fundar la posición de nuestro partido y reivindicar la justa política del Gobierno de la Unidad Popular respecto de una de las más trascendentales iniciativas de la vida nacional en los últimos años.

El señor MONTES.- En la Comisión de Agricultura, tuvimos oportunidad de participar en la discusión de este proyecto de ley, que venía de la Cámara de Diputados, y de escuchar las opiniones que a las diversas organizaciones mapuches merecía cada uno de los aspectos más importantes, decisivos y fundamentales de la iniciativa. La larga discusión a que el proyecto dio origen en las Comisiones nos permitió formarnos un juicio más o menos detallado de lo que la idea en él contenida representa. Por consiguiente, en el curso de la discusión particular nosotros intervendremos de manera más dilatada para abordar los diversos preceptos que vayan siendo puestos en debate. Ahora sólo queremos expresar de manera muy breve nuestra opinión general sobre el proyecto.

Estimamos que de una u otra manera casi siempre sin resultados desde el punto de vista práctico, positivo para los indígenas de nuestro país, y fundamentalmente para los mapuches se han hecho algunos esfuerzos tendientes a superar la situación evidentemente discriminada que este importante grupo de chilenos ha vivido a lo largo de toda nuestra historia.

Pensamos que la iniciativa que el Ejecutivo envió a la consideración del Parlamento y que en este instante analizamos, constituye un intento serio de encontrar los caminos, de abrir las compuertas que nos permitan entrar en la búsqueda de una solución para el gran problema económico social, para el gran problema del desarrollo que vive nuestra raza indígena. Y a ésta la entendemos no sólo como la existencia de mapuches en nuestro país, sino también como la existencia de otros sectores, como aquí se ha señalado, que en distintos rincones de la república representan lo que podríamos denominar minorías étnicas o representaciones raciales indígenas, que, siendo chilenas, por su propia condición han vivido una situación discriminada, como ya expresé, siendo la principal de ellas la constituida por el mapuche chileno.

Queremos decir, con franqueza, que en nuestra opinión la iniciativa legal del Ejecutivo no soluciona todos los problemas que nuestra raza aborigen, los mapuches u otros grupos étnicos, tiene y ha vivido a lo largo de nuestra historia. Concebimos este proyecto como un intento para abrir camino a la solución de los problemas que, según me parece, la inmensa mayoría de los chilenos anhela, desea, busca y procura encontrar.

El gran problema que plantea el proyecto que nos ocupa es la posibilidad de entregar tierra al mapuche y a otros sectores indígenas de nuestro país para que puedan trabajarla, teniendo en cuenta que éste es un factor fundamental, decisivo, para todos aquellos grupos humanos que trabajan la tierra y viven en ella. Digo esto porque, por estudios realizados, hemos comprobado que también existe un importante contingente de nuestra raza aborigen que vive en las ciudades, que ha adquirido determinada posición y que está participando en otro tipo de actividades. El proyecto que analizamos aborda, pues, el problema del mapuche que trabaja la tierra.

Repito: la tierra constituye el gran problema que el Gobierno plantea mediante la iniciativa legal que consideramos, y ésta tiende a recuperar aquélla y a entregarla a quienes la trabajan. Por eso, el mensaje respectivo define como tierra indígena a todas aquellas tierras que han sido o son consideradas como tales. Por lo tanto, a los parlamentarios de Gobierno nos ha parecido que cualquier criterio restrictivo respecto de lo que puede estimarse como tierra indígena reduce, al mismo tiempo, la posibilidad de solucionar de manera más adecuada el gran problema de los aborígenes de nuestro país.

Probablemente, donde se centre la discusión particular y se produzcan las diferencias será en la apreciación de qué se entiende por tierra indígena y qué posibilidades tenemos de dar solución al gran problema de la tierra del mapuche chileno. Oportunamente daremos a conocer nuestro criterio respecto de este asunto, que nos parece fundamental y decisivo. Por ahora, y tratando de apresurar el desarrollo de mis observaciones sobre la materia, quiero expresar que en el fundamento de motivos del mensaje que el Ejecutivo envió al Congreso, el problema en cuestión se plantea de la manera que paso a señalar, agregándose un par de datos que me parece importante destacar:

Puede estimarse en forma aproximada que la población indígena total en Chile es de unas ochocientas mil personas; una cuarta parte de ellas radicadas en el sector urbano, especialmente en Santiago, Concepción y Temuco, y el resto en el sector rural, de lo cual se desprende su importancia en relación con la situación de la agricultura. Y la mayor concentración de esta población rural, se encuentra entre Arauco y Osorno con alrededor de la mitad del total; es decir, cuatrocientos mily, en Cautín, con aproximadamente un cuarto, lo que significa que poco menos de la mitad de toda esta provincia y más de los dos tercios de su población rural es mapuche. Ocuparían un área aproximada de 596. 000 hectáreas los que viven y laboran entre las provincias de BíoBío y Osorno, es decir, el ocho por ciento del territorio total de ellas, mientras específicamente en Cautín, es el 20%, es decir, 343. 306, 04 hectáreas.

Estas cifras permiten concluir que la relación hombre tierra ha variado sustancialmente y en más de tres veces: mientras en la época de la radicación entre los años 1884 y 1929 era de 6, 2 hectáreas per cápita, en la actualidad, es escasamente entre 0, 9 a 1, 4. Fácil es comprender que esta circunstancia, fundamentalmente, genere un proceso circular de empobrecimiento.

Por cierto, si se da esa relación hombre tierra, que en la práctica para no emplear décimos significa alrededor de una hectárea o un poco menos por cada mapuche, se podrá comprender que la situación económica de este sector es de una gravedad tal, que obliga a enfrentarla y resolverla en forma que nos permita propender al desarrollo de aquél. Y esto, luego de resolver el problema de la tierra de la manera más adecuada, constituye el segundo gran problema. Entendemos, por cierto, que esta solución es difícil, pues aun cuando pudiéramos disponer de la totalidad de las tierras consideradas indígenas, en modo alguno ellas serán suficientes para resolver el problema económico de ese sector.

Por otra parte, sí consideramos el territorio nacional, llegamos claramente, a la conclusión de que aquél, por desgracia, no nos ofrece, por su extensión, la posibilidad de llegar a la solución integral del problema. Y éste también es un factor que es preciso tener en cuenta, pues se trata de dificultades reales y objetivas.

Como digo, el segundo gran problema que se plantea en el proyecto en debate, luego de abordar lo relativo a la tierra, es, pues, cómo promover el desarrollo económico social de los indígenas. Para ello, y mediante los distintos artículos que contiene la iniciativa, se propone una serie de formulaciones de alta importancia, según nos parece, en la forma como estaban contenidas en el proyecto original del Ejecutivo, destinadas a satisfacer esta segunda gran necesidad: promover el desarrollo del indígena chileno.

Cuando este proyecto se discutió en la Comisión de Agricultura, escuchamos argumentos tendientes a demostrar que la iniciativa gubernamental contenía, de alguna manera, ciertos elementos de discriminación racial. Así, por ejemplo, se dijo que si los indígenas son chilenos como el que más, y más que muchos, no había necesidad de establecer un criterio de discriminación racial ni de dedicarles una atención especial. Nosotros en modo alguno concordamos con este criterio. Por lo contrario, rechazamos de manera categórica un razonamiento de esta índole. Porque la idea, el fundamento o, si lo quieren los señores Senadores, la filosofía que inspira el proyecto, consiste en abordar un problema que afecta a alrededor de medio millón de compatriotas nuestros: los indígenas, los mapuches y otros grupos étnicos que, en el curso de nuestro desenvolvimiento histórico, han soportado un trato de discriminación que es necesario superar, y que, además, viven hoy una situación de subdesarrollo que va más allá de la que sufre el resto de los chilenos, que también es indispensable enfrentar y superar.

Los comunistas creemos que mediante la iniciativa legal que nos ocupa se entregan elementos importantes para abordar y superar algunas de las causas y de las consecuencias del problema planteado. A nuestro juicio, hoy más que nunca es indispensable formular la apreciación muchas veces repetida: que ojalá la política contingente, partidista, y los juicios que nos pueda merecer la situación que tenemos ante nuestras narices no nos impidan mirar más lejos ni más alto, porque se trata de superar un problema que viven cientos de miles de compatriotas nuestros que han sido postergados a lo largo de nuestra historia, y es un problema que no sólo afecta a un grupo determinado de chilenos, sino que al país mismo. Y, desde este punto de vista, nos parece indispensable abordar el asunto.

Por cierto, han surgido juicios críticos, opiniones distintas; incluso algunas de ellas malintencionadas, diría yo. Porque está claro que la historia de la Araucanía, sobre todo del mapuche chileno, está repleta de injusticias y atropellos cometidos por muchos que hoy todavía tienen una posición económico-social privilegiada en nuestro país. Como es lógico, nosotros comprendemos que esos sectores de manera yo diría natural, desde el punto de vista de sus propios intereses por lo que han sido, por lo que han hecho o no han hecho, y por la responsabilidad que tienen y les ha cabido en la situación que vive el indígena chileno adopten también una posición particular con relación al proyecto de ley en debate. Pero yo creo que no sólo en la ciudadanía de nuestro país, sino también en este Senado y en la Cámara de Diputados, hay sectores suficientemente mayoritarios para enfrentar estos problemas con criterio nacional y patriótico. Esta es nuestra intención y nuestra idea, y de este modo abordaremos el problema de los mapuches, pues sabemos, además, que la iniciativa fue puesta en conocimiento y contó con la aprobación, por lo menos, de aquellas organizaciones que expresaron ser mayoritarias.

Nuestra opinión particular, entonces, la entregaremos al debatirse cada artículo. Ahora sólo quiero limitarme a señalar, en nombre de los Senadores comunistas, nuestro criterio favorable a la aprobación del proyecto y, si es posible, al mantenimiento de los puntos de vista consignados en la iniciativa enviada originalmente por el Gobierno al Parlamento.

El señor FIGUEROA (Secretario).-

Los Comités Parlamentarios acordaron tratar, en los últimos cinco minutos del Orden del Día. de la sesión ordinaria de hoy, las observaciones del Ejecutivo, en segundo trámite constitucional, formuladas al proyecto de ley que destina 10% del presupuesto de la Corporación de Magallanes a las Municipalidades de Magallanes, Puerto Natales y Porvenir, con informe de la Comisión de Gobierno.

Firman este acuerdo los Comités señores Lorca, por la Democracia Cristiana; Montes, por el Partido Comunista; Silva Ulloa, por el Partido Unión Socialista Popular; Américo Acuña, por el Partido Izquierda Radical; Miranda, por el Partido Radical, y Ochagavía, por el Partido Nacional.

La Comisión recomienda rechazar las observaciones e insistir en el texto del proyecto aprobado por el Congreso.

Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que sé indican:

Proyecto de ley.

En segundo trámite, sesión 20ª, en 13 de julio de 1971. Observaciones en segundo trámite, sesión 13ª, en 25 de abril de 1972.

Informe de Comisión:

Gobierno, sesión 22ª, en 20 de julio de 1971.

Discusión:

Sesión 31ª, en 5 de agosto de 1971 (se aprueba en general y particular).