Labor Parlamentaria

Sí, señor Senador. Así está acordado.

Tiene la palabra el Honorable señor Bulnes Sanfuentes.

El señor BULNES SANFUENTES.-

Señor Presidente, voy a usar sólo el tiempo de mi partido, que es limitado. Por eso, no podré hacerme cargo de las injurias y calumnias que el Honorable señor Valente profirió en la mañana en contra del Partido Nacional y de los hombres que lo componemos. Por lo demás, poco interesa contestar esos dicterios, porque no fueron sino la repetición majadera de consignas en que el comunismo viene insistiendo desde hace mucho tiempo y en las cuales el país ya no cree.

Por la misma razón la de que mi tiempo está limitado, quiero advertir a la Mesa que no admitiré interrupciones de ninguna especie, como lo han hecho los oradores que me han precedido.

Motivos de esta reforma constitucional.

El Presidente de la República y los partidos y los hombres que le acompañan en el Gobierno han dicho y repetido mil veces que el objeto de su labor gubernativa, su pretendida misión histórica, es construir en Chile el socialismo.

La palabra socialismo tiene un sentido muy amplio o, mejor dicho, varios sentidos distintos. Hay enormes diferencias y profundas antinomias entre el socialismo democrático que gobierna o ha gobernado en numerosos países de Europa occidental, y el socialismo marxista, que impera en la Europa del Este, en algunas naciones del Asia y en la Cuba de Fidel Castro.

Mientras el socialismo democrático ha demostrado ser partidario de la democracia representativa y del régimen de propiedad privada y empresa particular, limitándose a acentuar prudentemente la intervención del Estado en la vida económica y a producir una mejor distribución de las rentas, el socialismo marxista-leninista ha estatificado todos los medios de producción y distribución de la riqueza, toda la actividad económica, y ha implantado y sostenido, por la fuerza, la dictadura del proletariado, que no es sino un eufemismo para designar la omnipotencia de una oligarquía de dirigentes políticos.

¿Cuál es el socialismo que se está construyendo en Chile: el democrático o el marxista-leninista?

La respuesta a esta pregunta se puede dar sin vacilación alguna: es el socialismo marxista-leninista, y todo lo demuestra así. Marxista-leninista es el Presidente de la República; marxista-leninistas son sus principales colaboradores; marxista-leninistas son los partidos que constituyen el verdadero sustento de su Gobierno; marxista-leninistas son los países que ellos admiran y que tratan de emular.

Hay que partir de la base, por lo tanto, de que nuestros actuales gobernantes se proponen establecer, a la corta o a la larga, un régimen marxista-leninista. Puede que el régimen que ellos conciben haya de tener algunas modalidades propias, pero no cabe ninguna duda de que en sus líneas fundamentales tendrá que conformarse a los dictados de esa ideología, aplicados en todos los países en que ella se ha adueñado del poder.

Estoy dispuesto a creer que los marxistas chilenos no pretenden implantar integralmente su sistema en los seis años de gobierno del Presidente Allende. También es posible que estén resignados a mantener durante ese período las instituciones más visibles de la democracia representativa, parte de lo que ellos llaman con desprecio la legalidad burguesa. Pero esto no obedece a que los marxistas chilenos hayan renegado de su ideología o no quieran llegar a sus metas. Lo único que sucede es que ellos saben que, tácticamente, les conviene más proceder así. En otros países donde se adueñaron del poder y donde se presentaban para su acción condiciones más propicias que en Chile, también procedieron con cautela, cuidándose de no mostrar sus verdaderas intenciones sino una vez destruida la capacidad de resistencia del organismo social.

Es así como el marxismo todavía trata de adormecer a los defensores de la democracia con cantos de sirena que hablan del camino legal para la construcción del socialismo; pero nadie ignora que en Chile la legalidad está sobrepasada, lo que no es sino una manera eufemística de decir que cada día se cometen nuevos atropellos a las leyes.

En el plano económico ocurre algo muy similar: las sirenas cantan permanentemente, como lo hacía en la mañana el Honorable señor Valente, para adormilar a los medianos y pequeños empresarios y capitalistas, prometiéndoles respeto y ayuda; pero entretanto se recurre a todos los arbitrios para terminar con lo que los gobernantes califican de gran empresa y cuyos accionistas son, en la mayoría de los casos, personas más modestas y numerosas que los medianos empresarios. ¿Significa esto que los marxistas han dejado de ser marxistas y que ahora son partidarios de que subsista la empresa particular, absolutamente repudiada por esa ideología? No, por cierto; lo que pasa es que les conviene proceder por etapas. Hay que acabar primero con lo que hoy se califica como gran empresa, para seguir después con las que hoy se reconocen como medianas y terminar eliminando hasta las más pequeñas. Así lo hizo Fidel Castro en Cuba y así lo aconseja la más elemental prudencia.

De acuerdo con esta táctica, que es obvia, la Unidad Popular anunció que acabaría con lo que ella llama los monopolios, que nada tienen por cierto de monopolistas, sino que son, simplemente, empresas más grandes que las demás. Dentro de este criterio y liquidada ya la gran empresa agrícola, el Gobierno ha embestido contra todas las empresas, de cualquier orden que sean, que tuviesen más de 14 millones de escudos de capital propio en el año 1970. Su propósito confesado y proclamado es llevarlas a todas a la estatificación, cualesquiera que sean su giro, su estructura, su utilidad social, el número de sus accionistas o su fuerza laboral.

El proceso implacable de estatificación se va cumpliendo cada día con mayor rapidez y desenfreno, y se cumple a espaldas del legislador, sin que éste lo haya autorizado jamás. Para dar un barniz legal a este sistema, que atenta contra los fundamentos mismos de nuestro régimen institucional, se aprovechan, tinterillescamente, leyes vigentes o de dudosa vigencia que se dictaron sin el menor ánimo de que pudieran servir para estatificar la empresa particular. Bajo una superficial apariencia de legalidad formal, estamos viviendo, en lo que a esta materia concierne, en un grave, sistemático y permanente fraude a la ley.

Pero el proceso de estatificación que se está llevando a cabo no sólo constituye una burla a la legalidad. Es, además, un proceso inorgánico, dependiente por entero del arbitrio o el capricho de quienes lo ejecutan, y propicio a todas las injusticias y a todas las corrupciones. Algunas empresas son compradas a precios que, en la actual situación de Chile, son más que favorables; otras son adquiridas, bajo la presión y la amenaza, a precios irrisorios; otras son arrebatadas a sus dueños sin compensación alguna, mediante la requisición y la intervención, y un buen número, casi todas las más importantes, están siendo conducidas a la ruina mediante tarifas injustas para poder adueñarse de ellas en quién sabe qué condiciones.

La misma arbitrariedad, la misma falta de toda planificación, de todo sentido orgánico, de toda seriedad, se advierte en la forma de administrar las empresas estatificadas. La participación de los trabajadores, tan prometida antes, no se ve en parte alguna. Personajes mediocres, cuando no minúsculos, administran como sátrapas empresas que requieren vastos conocimientos, alta técnica y acendrada experiencia, y que son, por cierto, de mucha importancia para el desenvolvimiento económico del país.

Las consecuencias de este verdadero caos ya empiezan a verse y tendrán necesariamente que asumir caracteres trágicos para el pueblo de Chile. Está paralizada toda iniciativa creadora de nuevas fuentes de trabajo y producción; la capacidad industrial del país, lejos de ampliarse, se deteriora día a día; las empresas estatificadas dejan ingentes pérdidas y las empresas por estatificar están al borde de la ruina; el desabastecimiento, que abarca desde la leche Nido hasta los ataúdes, empieza a golpear a todos los hogares chilenos y aumenta velozmente. Se ve venir a corto plazo, en términos ya inevitables, una crisis económica de enorme magnitud.

Los partidos de Oposición, que constituyen mayoría en el Congreso y representan sin duda alguna a la mayoría del país, están en el deber ineludible de usar todos los medios legítimos a su alcance para impedir que el Gobierno continúe llevando a Chile, no por el camino del socialismo, sino por el camino del suicidio.

Es en cumplimiento de ese deber que el Congreso ha despachado una reforma constitucional cuyas dos ideas principales son bien conocidas: primero, que sea la ley la que determine qué empresas deberán traspasarse desde el área particular a la estatal o a la mixta, y segundo, que las empresas del área estatal o mixta sean administradas por sus trabajadores debidamente organizados, salvo que la ley disponga otra cosa.

La primera idea no debiera ser resistida por nadie que tenga conciencia democrática. Es absolutamente incompatible con la democracia, que un Presidente de la República pueda imponer al Estado las más grandes responsabilidades y cambiar hasta sus cimientos la organización económico-social del país, sin que nunca haya estado en la mente del legislador autorizarlo para ello. Si nuestro sistema constitucional exige una autorización legal para imponer contribuciones, para contratar empréstitos, para enajenar, arrendar o dar en concesión bienes del Estado o las municipalidades, para crear o suprimir empleos públicos, para otorgar una pensión de gracia y para una multitud de otros actos de Gobierno, es simplemente absurdo que se pretenda que por la sola voluntad del Presidente de la República o de funcionarios dependientes de él, se puedan adquirir para el Estado las empresas que aquéllos estimen convenientes, trastocando todo el sistema económico-social del país.

La segunda idea, la de la administración por los trabajadores, tiene mucho que ver con la supervivencia de la democracia en Chile. Si se desarrolla, como se está desarrollando, un proceso masivo de estatificación, y si las empresas estatificadas pasan a ser administradas, como está ocurriendo, por representantes del Gobierno, el poder económico se concentra en manos de las fuerzas políticas gobernantes y todo verdadero proceso democrático se hace imponible o se altera sustancialmente. Ya asistimos al hecho de que los jóvenes con profesión universitaria o con preparación para ser empleados, no pueden conseguir ocupación, salvo en casos excepcionales, si no es con el favor de los partidos gobernantes. Vemos todos los días que se niegan los avisos del sector público y de las empresas estatificadas a todo órgano de publicidad que se mantengan independiente frente al Gobierno. Las presiones económicas ejercitadas desde la altura ya son muy fuertes, y si se continúa estatificando y entregando a los partidos de Gobierno las empresas estatificadas, las libertades cívicas y la democracia misma pasarán a ser en Chile letra muerta.

Naturalmente, contra el proyecto de reforma constitucional aprobado por el Congreso, ha reaccionado tercamente el Gobierno marxista leninista. Las observaciones formuladas por el Presidente de la República tienden a quitarle todo sentido, a eliminar sus ideas básicas. Antes de analizar esas observaciones en sí mismas, deseo establecer cuál es el alcance de las facultades que el Presidente tiene para vetar los proyectos de reforma constitucional.

Facultad de veto del Presidente de la República.

En materia de veto u observaciones del Presidente de la República a los proyectos despachados por el Congreso, nuestra Constitución Política hace una clara diferencia, según se trate de proyectos de ley o de proyectos de reforma constitucional.

El primer caso, el de los proyectos de ley, está regido por el artículo 53 de la Carta Fundamental, cuyo primer inciso se mantiene inalterado desde que se dictó la Constitución de 1925, y es del tenor siguiente:

Si el Presidente de la República desaprueba el proyecto, lo devolverá a la Cámara de su origen, con las observaciones convenientes, dentro del término de treinta días.

Dados los términos amplísimos de esta disposición (las observaciones convenientes), el Ejecutivo y el Congreso Nacional, acompañados por la cátedra y por todos los estudiosos del derecho constitucional, han estimado invariablemente que el Presidente de la República goza de amplia libertad para formular observaciones a los proyectos de ley, pudiendo desaprobarlos en su totalidad caso en que se habla propiamente de veto o proponer cambios de cualquier especie en su sustancia o en sus accidentes, suprimiendo ideas contenidas en él, sustituyéndolas por otras o agregándole ideas nuevas.

La libertad de que goza el Presidente a ese respecto sólo tiene una limitación, que antes estaba consagrada por la sana interpretación constitucional, pero que ahora, desde la reforma de 23 de enero de 1970, se halla expresamente establecida en el nuevo inciso segundo del artículo 53, que dice:

En ningún caso se admitirán las observaciones que no digan relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto.

En lo que se refiere a los proyectos de reforma constitucional, la situación es muy distinta. A éstos no se les aplica el artículo 53, sino una norma especial que antes estaba contenida en el inciso primero del artículo 109 y que ahora, después de la reforma constitucional de 23 de enero de 1970, lo está en el inciso sexto del artículo 108.

El antiguo inciso primero del artículo 109 disponía lo siguiente:

El proyecto sólo podrá ser observado por el Presidente de la República para proponer modificaciones o correcciones a las reformas acordadas por el Congreso Pleno.

Como se ve, esta disposición era mucho más restrictiva que la del artículo 53. En el caso de la reforma constitucional, lo único que se permitía al Presidente de la República era proponer modificaciones o correcciones a las reformas acordadas. A diferencia de lo que sucede en el caso del proyecto de ley, no podía el Presidente desaprobar totalmente el proyecto ni formular observaciones que excedieran los límites naturales de una modificación o corrección a lo ya acordado.

En la reforma constitucional de 23 de enero de 1970, el inciso primero del artículo 109 fue reemplazado, como ya lo dije, por el inciso sexto del artículo 108, que dispone lo siguiente:

El proyecto aprobado por el Congreso

Pleno no podrá ser rechazado totalmente por el Presidente de la República, quien sólo podrá proponer modificaciones o correcciones, o reiterar ideas contenidas en el mensaje o en indicaciones válidamente formuladas por el propio Presidente de la República.

El nuevo precepto sólo presenta dos novedades respecto del anterior: primero, prohíbe expresamente al Jefe del Estado desaprobar totalmente el proyecto, lo que estaba implícito en el precepto anteriormente vigente; y segundo, permite al Primer Mandatario proponer ideas nuevas que excedan de los límites de la modificación o corrección, con tal que esas mismas ideas hayan estado contenidas en el mensaje o en indicaciones válidamente formuladas por el propio Presidente de la República.

Sentido de las palabras modificaciones o correcciones.

Para ahondar en el sentido de estas disposiciones es necesario esclarecer dos cosas: qué alcance tienen las palabras modificaciones o correcciones y qué se entiende por reiterar ideas contenidas en el mensaje o en indicaciones válidamente formuladas por el propio Presidente de la República.

De acuerdo con el Diccionario de la Lengua y con el sentido que se da a esas palabras en el lenguaje da la gente culta, corrección es la acción y efecto de enmendar lo errado, de quitar a una cosa sus defectos, y modificación es la acción y efecto de transformar o cambiar una cosa mudando alguno de sus accidentes, pero no su sustancia. En otros términos, la corrección o modificación tiende al perfeccionamiento de la cosa que ya existe, pero no a la sustitución de ésta por otra cosa cuya sustancia o esencia sea distinta.

Aplicando estos conceptos a un proyecto de reforma constitucional, que no es más que un conjunto de ideas, el proyecto se corrige o modifica si se le quitan errores o defectos, o si se cambian sus accidentes, conservándose su sustancia. A la inversa, si se eliminan las ideas esenciales del proyecto, y más aún, si éstas son reemplazadas por ideas opuestas, ya no se trata de una corrección o modificación, sino de sustituir una reforma constitucional por otra esencialmente diferente.

Estas conclusiones no sólo se desprenden del sentido natural y obvio de las palabras modificaciones o correcciones, sino que están además corroboradas por el contexto del inciso, sexto del artículo 108, como lo estaban antes por el contexto del inciso primero del artículo 109. Desde el momento en que se prohíbe al Presidente de la República desaprobar totalmente un proyecto, es lógico concluir que no pueda cambiar las ideas esenciales que contiene, porque por este camino podría hacer lo mismo que desaprobando totalmente lo acordado por el Congreso.

Más clara se ve todavía la cuestión si se compara el inciso sexto del artículo 108 con el artículo 53. Mientras este último permite al Presidente formular a los proyectos de ley las observaciones convenientes, el inciso sexto del artículo 108 sólo lo autoriza para proponer modificaciones o correcciones y renovar ciertas ideas. Si no se diera a las palabras modificaciones o correcciones su sentido natural y obvio, que es limitativo, se llegaría forzosamente a la conclusión de que formular las observaciones convenientes y proponer modificaciones o correcciones, es en la práctica la misma cosa, lo cual haría innecesaria y ociosa la disposición del artículo 108.

El sentido que estoy dando a las palabras correcciones o modificaciones es el que le han dado los catedráticos y comentaristas que han analizado el punto. Tal es la opinión, por ejemplo, del profesor don Alejandro Silva Bascuñán en su Tratado de Derecho Constitucional, tomo III, página 493, número 513, edición de 1963 de la Editorial Jurídica de Chile.

El mismo sentido se ha dado a esas palabras por el Congreso Nacional. En el extenso y muy estudiado informe sobre procedimiento para el despacho de los proyectos de reforma constitucional que emitió la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de este Honorable Senado con fecha 14 de marzo de 1966, se aprobó por la unanimidad de sus miembros los Honorables Senadores don Hermes Ahumada, radical; don Raúl Ampuero, socialista; don Rafael Gumucio, democratacristiano; don Luis Fernando Luengo, socialdemócrata; y el que habla, conservadorla siguiente conclusión:

Que la Constitución Política del Estado permite sólo las observaciones que implican modificar o corregir la reforma ya aprobada y que para determinar si una observación está dentro de estos límites, hay que calificarla en cada caso.

Dicha conclusión la aprobó el Honorable Senado en sesión del 18 de mayo de 1966. De ella aparece en forma inequívoca que modificaciones o correcciones son conceptos limitativos, lo que obliga a calificar en cada caso si la observación cabe o no dentro de esos límites.

Ideas que el Presidente puede reiterar.

Como lo dije antes, conviene ahondar también en la facultad que se otorga al Primer Mandatario, desde la reforma constitucional de 23 de enero de 1970, para reiterar ideas contenidas en el mensaje o en indicaciones válidamente formuladas por el propio Presidente de la República.

Hasta la vigencia de esa reforma constitucional, cuando regía en la materia el antiguo inciso primero del artículo 109, se había estimado invariablemente, en la cátedra, entre los comentaristas y en la aplicación práctica del precepto, que, estando limitada la potestad de veto del Jefe del Estado a proponer modificaciones o correcciones a las reformas acordadas por el Congreso Pleno, quedaba absolutamente vedado al Presidente de la República plantear observaciones aditivas, entendiendo por tales no las que agreguen palabras para modificar o corregir, sino las que incorporen ideas nuevas que excedan del campo de la modificación o corrección.

Esa interpretación fue expresamente consagrada, por unanimidad, en una de las conclusiones del informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia a que antes me referí, y que aprobó también la unanimidad del Senado. La conclusión es del tenor siguiente:

Respecto del proyecto de reforma constitucional no pueden formularse observaciones aditivas, en particular las que supongan reformas nuevas o ideas no consideradas en el texto aprobado por el Congreso Pleno.

Según consta reiterada y uniformemente en toda la historia parlamentaria de la reforma constitucional de 1970, el inciso primero del artículo 109 fue reemplazado por la disposición que ahora se contiene en el inciso sexto del artículo 108, con el propósito de hacer una excepción a la regla a que me acabo de referir. Esa excepción consiste en que el Presidente puede proponer en el veto ideas no consignadas en el proyecto aprobado por el Congreso Pleno, aunque ellas excedan de los límites de las modificaciones o correcciones, siempre y cuando se trate sólo de reiterar ideas que el propio Presidente haya propuesto antes, ya sea en el mensaje con que iniciara el proyecto o en indicaciones válidamente formuladas por él mismo (y no por un Ministro o un parlamentario) durante la tramitación.

Naturalmente, la idea nueva que el Presidente reitera mediante la observación tiene que ser la misma que propuso en el mensaje o en la indicación. No basta que reitere parte de la idea o una idea parecida. Tiene que haber identidad absoluta en el concepto, porque de otra manera no estaríamos frente a la reiteración de una idea, sino ante la proposición de una idea diferente. Las palabras con que se exprese la idea sí pueden variarse, sobre todo cuando ha variado, durante la tramitación del proyecto, el texto a que dichas palabras deban incorporarse.

Establecidos como quedan los límites de la potestad presidencial en cuanto al veto u observaciones a la reforma constitucional, entramos a calificar las observaciones que en este caso ha formulado el Primer Mandatario, para determinar si ellas se encuadran o no dentro de dichos límites.

Observaciones que son constitucionales.

A nuestro juicio, en el voluminoso legajo de observaciones que nos ha enviado el Presidente de la República, hay un buen número que se encuadra dentro de su potestad constitucional, por hallarse dentro de los límites de las modificaciones o correcciones. Tal es el caso de las observaciones que el informe distingue con los ordinales segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, décima, decimotercera, decimoquinta, decimosexta, decimoctava, decimonovena, vigesimonovena, trigésima, trigésimo primera, trigésimosegunda y trigésimotercera, todas las cuales tienden a cambiar los accidentes de las reformas aprobadas por el Congreso, pero no su sustancia.

Otras de las observaciones formuladas se encuadran dentro de la potestad del Presidente de la República, por constituir la reiteración de ideas contenidas en indicaciones válidamente formuladas por él durante la tramitación del proyecto. Tal es el caso si las informaciones que he recogido al respecto son exactas de las observaciones señaladas con los ordinales octava, novena, decimoprimera y decimosegunda.

Por consiguiente, de las 33 observaciones presentadas por el Presidente de la República, consideramos que 21 se encuadran en su potestad constitucional. En la Comisión hemos aprobado algunas de ellas y rechazado otras, y en igual forma procederemos en la Sala, explicando en cada caso, al fundar nuestros votos, las razones que nos mueven. Por excepción, y por tratarse de una materia compleja, explicaré en seguida cuál es nuestra posición frente al inciso segundo del nuevo Nº 16 que el proyecto agrega al artículo 44 de la Constitución.

Administración de las empresas por los trabajadores.

El inciso a que me refiero establece Que, en caso de transferencia de una empresa desde el área privada al área social o a la mixta, y salvo que la ley determine otra cosa, la respectiva empresa será administrada por sus trabajadores, quienes participarán además en sus utilidades.

Nuestro partido es un firme defensor del régimen de propiedad privada y de empresa particular. Coincidimos al respecto con la opinión que predomina ampliamente en todos los pueblos que se rigen por la democracia representativa, y con el criterio que observan en la práctica casi todos los partidos democráticos del mundo, incluso los que se definen por el socialismo democrático. Nuestra posición se funda en tres razones principales: primero, que el régimen de empresa particular es el único que se ha demostrado compatible con la democracia y las libertades; segundo, que ha probado ser el más eficaz para desarrollar las economías y levantar los niveles de vida de los pueblos, y tercero, que ha demostrado también que es el que más puede corregirse y perfeccionarse con el correr de los tiempos.

Naturalmente, queremos un régimen de empresa particular depurado de sus defectos y de sus vicios y adecuado a la época en que vivimos. Dentro de este criterio, hoy día propiciamos que los trabajadores participen junto con el capital en la gestión y en las utilidades de la empresa y que tengan acceso fácil a adquirir su capital.

Aceptamos y hemos aceptado siempre que ciertas empresas, por sus caracteres excepcionales, pertenezcan al Estado. Es difícil definir en términos generales cuáles empresas han de estar en esa situación; pero podemos decir que se trata primordialmente de aquellas que, por su naturaleza, los particulares no pueden administrar en forma eficaz y de acuerdo con los intereses del país.

Si al área social se incorporan sólo estas empresas, aquellas cuya administración por particulares no resulta conveniente, sería lógico que su administración la tuviese el Estado mismo y no los trabajadores, pues éstos son también particulares.

Pero el hecho real es que, contra nuestra voluntad, se están incorporando al área social y todo hace prever que se seguirán incorporando empresas que no presentan inconveniente alguno para ser administradas por particulares, como es el caso de los bancos, por ejemplo. Con respecto a estas empresas, creemos preferible que su administración la tengan los trabajadores y no el Estado, para evitar la concentración del poder económico en manos de los partidos gobernantes, que altera y puede llegar a destruir el ejercicio del pluralismo político y de la democracia misma.

El ideal sería, a nuestro juicio, que la ley determinara en cada caso si la empresa que se incorpora al área social debe o no ser administrada por sus trabajadores; pero, dentro de nuestros mecanismos constitucionales, el Presidente de la República podría dejar en manos del Gobierno la administración de todas esas empresas, mediante el sencillo expediente de vetar las disposiciones que la entregaran a los trabajadores.

En estas condiciones, y después de madura reflexión, hemos decidido votar por la mantención del inciso que entrega la administración a los trabajadores en los casos en que la ley no disponga otra cosa; pero a la vez anunciamos que nunca concurriremos a trasladar al área social empresas que los particulares puedan administrar bien y de acuerdo con los intereses del país, como tampoco concurriremos a entregar a los trabajadores la administración de empresas respecto de las cuales haya conveniencia nacional en que las administre el Estado mismo.

Observaciones inconstitucionales.

Volviendo a las observaciones, hay seis que estimamos inconstitucionales, por exceder de las facultades que competen al Presidente de la República y otras seis que constituyen el complemento de una de las anteriores. A continuación nos referiremos a ellas.

La observación primera se refiere al primero de los incisos aprobados por el Congreso para ser intercalados en el Nº 10 del artículo 10 de la Constitución Política, Dicho inciso establece perentoriamente que la ley determinará las empresas que integrarán las áreas social y mixta de la economía, y el Presidente de la República propone sustituirlo por una disposición que elimina toda referencia a la ley, estableciendo simplemente que la actividad económica nacional se desarrollará a través de tres áreas de propiedad: la social, la mixta y la privada.

No cabe duda de que la determinación por ley de las empresas que deben formar las áreas social o mixta, no sólo es una de las ideas esenciales de la reforma aprobada, sino la principal de todas ellas, algo así como su viga maestra. Suprimir esa idea no significaría modificar o corregir la reforma aprobada por el Congreso, sino simplemente reemplazar esa reforma por otra sustancialmente distinta y hasta cierto punto opuesta. La observación excede, por lo tanto, de la potestad del Presidente de la República y es inconstitucional.

Por la misma razón, por suprimir la principal de las ideas esenciales del proyecto, desnaturalizándolo por completo, es inconstitucional la decimocuarta observación, que tiene por objeto suprimir el nuevo Nº 16 que se agrega al artículo 44 de la Constitución y que dispone que sólo en virtud de una ley se podrá autorizar la transferencia de empresas del área privada al área social o a la mixta, o viceversa.

Estimamos inconstitucional, también, la observación decimoséptima, que tiene por objeto sustraer del conocimiento de los tribunales ordinarios de justicia los reclamos a que den lugar las expropiaciones, entregándolos a un tribunal especial que se crearía y que estaría compuesto por dos Ministros de Cortes y tres funcionarios administrativos dependientes del Presidente de la República. Todo esto constituye una idea absolutamente nueva, que sale de los límites de la modificación o corrección y que el Jefe del Estado no formuló durante la tramitación del proyecto.

La observación vigésima también constituye una idea nueva no formulada por el Presidente durante la tramitación del proyecto, y extraña al campo de la modificación o corrección. Con esa observación se pretende introducir en el inciso séptimo del Nº 10 del artículo 10 de la Constitución el concepto de que la nacionalización no se rige en materia de indemnizaciones por las mismas reglas que la expropiación. Se trata de un punto ajeno a la materia de esta reforma constitucional, que se ha debatido otras veces, pero que no fue considerado durante su tramitación.

Es inconstitucional también, y por iguales razones, la observación vigesimoprimera, que pretende establecer normas para regular las indemnizaciones y la toma de posesión material en caso de nacionalización.

La observación vigesimosegunda tiene por objeto autorizar al Presidente de la República para incorporar al área social o a la mixta, nacionalizándolas en todo o parte, 91 empresas que allí se mencionan por sus respectivos nombres. Se trata sin duda de una idea nueva, no considerada en el proyecto aprobado por el Congreso Pleno y contradictoria con el mismo, pues éste no autoriza la nacionalización de empresa alguna, sino que establece, por el contrario, que será la ley la que determine las empresas que se incorporarán al área social o a la mixta.

El señor Ministro de Justicia, en el debate habido en la Comisión, sostuvo que esta observación era procedente, porque el Presidente de la República, durante la tramitación del proyecto, había formulado una indicación destinada a autorizarlo para nacionalizar todas las empresas que a cierta fecha hubiesen tenido más de 14 millones de escudos de capital propio.

Con todo el aprecio que nos merece el señor Ministro, estimamos que su alegación carece de toda base. Ya hemos visto que el Presidente puede reiterar en sus observaciones ideas que haya planteado por la vía de la indicación; pero hemos visto también que, para que se hable de reiterar, es necesario que se trate de la misma idea propuesta antes y no de una idea parecida o relacionada con aquélla. Constituye una idea distinta autorizar al Jefe del Estado para nacionalizar las empresas que tenían a cierta fecha más de 14 millones de escudos de capital, y que según el propio señor Ministro son más de 250 así lo dijo en la Comisión, que autorizarlo para nacionalizar 91 de esas empresas, dejando libres de la nacionalización a más de 160. En el primer caso, se trata de una regla general, que uno puede aprobar si considera que es dañoso para el país que haya empresas privadas de más de 14 millones de escudos de capital; en tanto que en el segundo se trata de resolver casos particulares, con nombre y apellidos, expropiando 91 empresas y dejando libres nadie sabe por qué a más 160, lo que impediría aprobar la disposición sin estudiar cada uno de los 250 o más casos.

Pensamos nosotros que esta observación no sólo excede notoriamente de las facultades otorgadas al Presidente de la República en el inciso sexto del artículo 108, sino que viola también el inciso segundo del artículo 53, aplicables a las reformas constitucionales en virtud del inciso primero del 108. Dice el inciso segundo del artículo 53 que En ningún caso se admitirán las observaciones que no digan relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto; y nosotros creemos que la observación sobre las 91 empresas no tiene esa relación directa, ya que en el proyecto aprobado por el Congreso no se establece qué empresas podrá nacionalizar el Presidente de la República, sino que se dispone, muy por el contrario, que será la ley la que determine las empresas que deban incorporarse a las áreas social o mixta.

Las observaciones que me falta por analizar, o sea desde la vigesimotercera hasta la vigesimoctava inclusive, son también inconstitucionales, porque no hacen sino complementar la anterior, fijando las normas que se aplicarán a las 91 empresas.

¿Se pueden declarar inadmisibles las observaciones inconstitucionales?

Surge ahora una cuestión muy importante: si el Senado o la Cámara de Diputados deben admitir a discusión las observaciones inconstitucionales del Presidente de la República, aprobándolas o rechazándolas, o si, por el contrario, deben declararla improcedentes o inadmisibles, absteniéndose de todo otro pronunciamiento.

La declaración de inadmisibilidad de las proposiciones que vulneran la Constitución, tiene su origen en los Reglamentos del Senado y de la Cámara.

El Reglamento del Senado que a nosotros nos rige determina varios casos de inadmisibilidad. Todos ellos se refieren a indicaciones inconstitucionales no a observaciones, salvo el del Nº 4º del artículo 112, que permite a cualquier Senador promover la cuestión de inadmisibilidad del asunto en debate, cualquiera que sea, por ser contrario a la Constitución Política del Estado. Conforme al mismo artículo 112, la cuestión debe ser resuelta por el Presidente del Sanado o quien haga sus veces, salvo que él estime dudosa la cuestión, caso en que podrá consultar de inmediato a la Sala. Las mismas atribuciones competen al Presidente de la Comisión que deba informar el asunto.

Por ser la inadmisibilidad una institución creada sólo por el Reglamento, y por deducirse de las disposiciones constitucionales sobre la formación de las leyes que el Senado debe aprobar o rechazar las proposiciones del Presidente de la República y los proyectos aprobados por la otra Cámara, durante la mayor parte de mi vida parlamentaria, que dura ya más de 27 años, se estimó uniformemente que una de las Cámaras no podía declarar inadmisible por inconstitucional lo aprobado por la otra ni lo propuesto por el Presidente de la República, sino sólo lo que tuviera su origen en la misma Cámara. Frente a un asunto inconstitucional propuesto por el Jefe del Estado o por la otra Cámara, sólo se podía rechazarlo por transgredir la Constitución, pero en todo caso había que pronunciarse sobre él, aprobándolo o rechazándolo.

Esta norma de procedimiento puede haber sido vulnerada ocasionalmente en alguna Comisión, pero el único caso de nota en que se procedió deliberadamente en sentido contrario y contra la opinión del Senador que habla fue en el veto a la reforma constitucional de 20 de enero de 1967, que versa sobre el Nº 10 del artículo 10 de la Carta Fundamental. En esa oportunidad la mayoría del Senado declaró inadmisible una observación del Presidente de la República, por contener una idea nueva, y la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia informó favorablemente lo obrado por esa mayoría, si bien lo hizo en un informe muy poco fundado en esta materia.

La cuestión ha variado después de la reforma constitucional de 23 de enero de 1970. Ahora hay dos preceptos constitucionales nuevos que, a nuestro juicio, prevén la inadmisibilidad: el del artículo 48, que establece que en ningún caso se admitirán las indicaciones que no digan relación directa a las ideas matrices o fundamentales del proyecto, y el del ya citado artículo 53, inciso segundo, que establece que en ningún caso se admitirán las observaciones que no digan relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto.

Basándonos en la letra de estas nuevas disposiciones, creemos que si una observación del Presidente de la República no dice relación directa a las ideas matrices o fundamentales del proyecto, el Senado tiene el derecho y el deber, por mandato de la Carta Fundamental, de no admitirla a discusión, lo que importa declararla inadmisible. En cambio, si la observación dice relación directa a las ideas matrices o fundamentales y sólo es inconstitucional por exceder de los límites señalados en el inciso sexto del artículo 108, o por otra razón cualquiera, el Senado no podría declarar su inadmisibilidad en virtud de una disposición de la Carta Fundamental, pues no existe, sino sólo de un precepto del Reglamento, y al declararla faltaría a la práctica que casi invariablemente se ha seguido en la materia.

La única observación del Presidente de la República que nosotros estimamos sin relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto, es la vigesimosegunda, que consigna la nacionalización de las 91 empresas; y ello por las razones que señalé en otra parte de esta exposición. Las otras observaciones que consideramos inconstitucionales lo son por exceder del campo de las modificaciones y correcciones y por no constituir reiteración de ideas contenidas en el mensaje o en indicaciones válidamente formuladas; pero no se puede decir que no tengan relación directa con las ideas matrices o fundamentales.

En esta situación, los Senadores nacionales somos partidarios de declarar inadmisible la observación vigesimosegunda, pero no las demás. Desde el punto de vista jurídico, nadie puede discutir nuestro derecho a rechazar esas observaciones; pero, en cambio, podría discutirse nuestra facultad para declararlas inadmisibles, y el Presidente de la República podría usar esto como pretexto para no promulgar en toda su integridad esta importantísima reforma constitucional. Es un riesgo que no queremos correr con un proyecto que la mayoría del país espera ansiosa y que estimamos decisivo para sus destinos.

Insistencia por dos tercios y Tribunal Constitucional.

No creo necesario referirme a la discrepancia que ha existido entre el Congreso Nacional y el Gobierno sobre la procedencia o improcedencia de la insistencia por mayoría de los dos tercios y sobre la competencia del Tribunal Constitucional. Estas materias quedaron suficientemente esclarecidas en el documento que firmamos y publicamos en marzo último los parlamentarios de Oposición, documento en cuya redacción intervine y cuyo contenido reiteramos ahora los Senadores nacionales. Sólo cabe agregar que el debate a que ese documento dio lugar en la prensa, la radio, la televisión y las universidades, vino a comprobar que las tesis allí sostenidas son las únicas valederas.

Quiero terminar mi intervención con las mismas palabras con que termina el mencionado documento y que hoy más que nunca están vigentes:

Llamamos a los hombres de Gobierno, y muy especialmente al Presidente de la República, a actuar con serenidad en esta hora grave y a someterse a los clarísimos dictados de la Constitución Política que él juró guardar y hacer guardar y que nuestro pueblo siempre ha respetado.

He dicho.

Quedan 25 minutos al Comité Nacional.

Tiene la palabra el Honorable señor Durán.

El señor DURAN.-

Señor Presidente:

De acuerdo con las disposiciones que rigen la conducta interna de esta Corporación, nos corresponde expresar juicios y emitir opiniones con relación a los vetos que Su Excelencia el Presidente de la República ha formulado a la reforma constitucional que el país conoce con el nombre de reforma constitucional de las tres áreas.

Nuestro deseo habría sido y así lo planteamos en la reunión de Comités junto con el Honorable señor Luengo que el debate y las votaciones sobre cada veto se verificaran de tal manera que, en lo concerniente a las distintas materias envueltas en la reforma y en los vetos, se fuera expresando un juicio jurídico que permitiera dar fundamento a la posición de las diversas colectividades políticas. Sin embargo, la mayoría de los Comités aceptó la teoría que estamos poniendo en práctica en estos instantes, de fijar, en una especie de debate general, nuestras opiniones acerca de las distintas materias. No obstante, nosotros mantendremos nuestra tesis de señalar en cada uno de los casos de votación de los vetos, en su totalidad o en la división de ellos que se pueda plantear, nuestra opinión, fundada en nuestra absoluta certidumbre de la inconveniencia de las observaciones planteadas por el Gobierno, no sólo por su fondo, sino incluso porque, en nuestro concepto, jurídicamente están mal concebidas, son negativas para la marcha del país y, además, inconstitucionales.

Deseo recoger algunas de las expresiones que con especial agrado tuve oportunidad de escuchar al Honorable señor Bulnes.

Como Su Señoría, creo que las disposiciones generales que rigieron hasta antes de la reforma constitucional de 1970 permitían la declaración de inconstitucionalidad de determinadas indicaciones a los proyectos, por el Presidente de la Comisión, por el Presidente del Senado, o por la Sala misma en el evento de que el señor Presidente no tuviera un juicio claro. Siempre estimamos que esa competencia otorgada a los Presidentes de Comisiones, como a los Presidentes de las Cámaras, era excesiva y peligrosa, porque dejaba sujeta al juicio de una sola persona la posibilidad de que una materia se excluyera del debate. Y se llegaba a tales excesos en este aspecto, que un Presidente de Comisión, por sí mismo, podía no admitir a discusión determinada materia por inconstitucional, con lo cual no conocía de ella ni la Comisión y ni siquiera el pleno del Senado podía rectificar el juicio emitido por el Presidente de la Comisión.

Como aquí se señaló, después de la reforma constitucional de 1970 lo anterior sufrió una modificación que, sin embargo, a mi modo de ver, no altera esencialmente el problema constitucional que se plantea con relación al trato entre los Poderes Públicos.

Tenemos la certidumbre de que una manera de entender las cosas es hablar un lenguaje que me permitiría llamar gedeónico que, más allá del frío tenor de la ley busque en ella un sentido común que interprete la opinión del hombre de la calle.

Si los Poderes Públicos actúan separadamente, conforme a sus prerrogativas y enmarcados dentro de la Constitución Política, es inadmisible que uno de ellos, por la vía de su propia y libre autoridad, trate de imponer una línea de conducta a otro.

De ahí que seamos partidarios de pronunciarnos sobre cada observación, expresando las razones que justifican nuestra posición. Y si votamos por el rechazo, será por motivos de conveniencia nacional, de bien público, de fundamentos jurídicos o de violaciones de la Constitución.

Ayer tuve oportunidad de escuchar al Honorable sañor Gumucio, quien, si mal no recuerdo, en una parte de su intervención expresó una idea que, en mi concepto, es perfectamente lógica: si el Congreso Nacional niega su pronunciamiento sobre el fondo de un veto y el Ejecutivo se halla con que el Parlamento no ha expresado juicio sobre la materia ya que por considerarla inconstitucional no la votó, es lícito que el Gobierno inicie una discusión basado en que el proyecto de reforma constitucional no ha terminado de tramitarse. Y la opinión pública tiene especial interés en conocer la resolución del Congreso y la reacción del Ejecutivo acerca de los acuerdos que adoptemos en materias tan controvertidas como las que debatimos. Porque, más allá de una disputa entre Poderes Públicos, toda la ciudadanía se plantea una interrogante: ¿qué acontecerá con el sistema económico que está viviendo el país? ¿Seguiremos marchando hacia una fórmula en virtud de la cual el Estado pasa a ser dueño de todo y, en consecuencia, la economía es integralmente estatificada, con un solo patrón, entregando al Estado o al Gobierno una plenitud de derechos, que trae aparejada un conjunto de otros acontecimientos que tienen trascendencia ya no sólo sobre el sistema económico del país, sino que también respecto de una serie de derechos establecidos en la Carta Fundamental y que arrancan de un lenguaje que hemos escuchado a los distintos sectores políticos?

En la mañana de hoy, tuvimos oportunidad de oír en el Senado al Honorable señor Valente Rossi, quien, repitiendo frases que ya la opinión pública conoce, puso mucho énfasis para hablar de la explotación realizada por empresas tanto nacionales como extranjeras, de las oligarquías terratenientes, de lo que se denomina el imperialismo y sus sirvientes nacionales. En fin, para qué repetir toda una terminología que, como dije, ya el país conoce.

Si la crítica esencial, dirigida a sostener una tesis de dignidad democrática de estos grupos políticos, tiende a evitar la concentración de fuerzas de capital en una pequeña cantidad de manos, que no sólo influye en la marcha económica del país, sino que además pesa, como reiteradamente hemos escuchado, en determinaciones de carácter político, ¿cómo aceptar, silenciosos o aquiescentes, el hecho de que dentro de un régimen democrático se pretenda ahora, no que distintos grupos constituyan clanes, sino que haya un solo, gigantesco y monstruoso clan que, controlando toda la economía, transforme al ser humano en un esclavo sujeto al predominio de la camarilla que en un instante gobierna?

Y no estamos hablando de un fenómeno ideológico abstracto, de algo que no hayamos conocido en otros lugares del mundo.

Una democracia abierta tiene defectos, cualquiera que sea el sistema o régimen político, originados en las estructuras elaboradas por los hombres o en la manera como el alma de los hombres moviliza su voluntad como gobernantes o como jefes de empresa. Pero ahora se pretende ir más allá del manejo simple de la empresa y transformarla en la base de un poderío de tipo político que llegue hasta la dirección de la ciudadanía en las elecciones o al control total, en el caso de fórmulas de gobierno absorbente, con carácter de patrón único.

Lo hemos observado en el país. Y los Senadores de todas las bancas tienen conciencia muy clara de que en distintas materias, con conocimiento del Presidente de la República en no pocas oportunidades, pero sin él y hasta sin su consentimiento en muchas otras, funcionarios de segundo o de tercer orden o algunos Ministros de Estado, abandonando sus deberes en Santiago, y en vez de dedicar horas a su reposo, destinan algunos weekend a la labor política y se transforman en activistas partidarios. Se van por los caminos de Chile y recorren los campos hablando de la reforma agraria, pero propiciando fórmulas extralegales, con el pretexto, a veces, de movimientos sindicales, o llevándolas a cabo, en ocasiones, simplemente con afuerinos. Han practicado políticas que nadie se atreve a desmentir cuando uno las califica de arbitrarias, de ilegales, de despojos, de atropellos y de salteos. Esto ha permitido, en la medida en que el Gobierno va tomando más y más control sobre distintos órganos económicos, que la gente abra los ojos. Ahora los asentados ya saben de qué se trata. Ya no es el lenguaje de ayer, cuando se prometía radicar al trabajador en la tierra y hacerlo dueño de ella. Ahora se usa un vocabulario que permite al Gobierno, mediante sistemas ilegales, ir montando la maquinaria de las haciendas estatales. De tal manera que el asentado que soñó con llegar a ser dueño de un pedazo de tierra algún día, ha tenido que despertar y darse cuenta de que su sueño rosa se convirtió en pesadilla. Ya nunca tendrá la posibilidad de ser propietario, ya que el Estado se hará dueño de todo.

Más adelante nos referiremos al problema de las 91 empresas; y lo haremos porque hay un sistema insistentemente empleado por las fuerzas que constituyen la Unidad Popular: pretender dejar caer sobre quienes lo impugnan, y permanentemente, una duda sobre su conducta moral. ¿Qué está pasando con los partidos de Oposición que defienden a las empresas? ¿Serán éstas fuente de financiamiento? ¿Estarán los señores Senadores arreglados con algunas de esas empresas? Se ha llegado a afirmar que parte de la política nuestra tiene inspiración foránea, porque desde afuera se envían recursos. Así lo escuchamos esta mañana, dentro de la vaguedad general de los conceptos expresados. Según el Honorable señor Valente Rossi, en nuestro país se mueven algunos elementos chilenos al servicio de grandes empresas extranjeras o de intereses económicos y políticos internacionales. Y mencionó hasta naciones y hombres. Nombró a Estados Unidos y al señor Nixon. Por cierto, todo ello sin perjuicio de que el Gobierno chileno, mediante representantes enviados a Francia, busque obtener del Gobierno norteamericano y del señor Nixon, en gestiones hechas en el Club de París, algunas fórmulas para la prórroga de nuestras deudas, porque Chile no está en buenas condiciones de pago. Sin embargo, mientras allá se usa un lenguaje cordial para lograr algún tipo de facilidades, con qué soltura de cuerpo aquí se emplea otro exactamente antagónico, para continuar en un doble juego político. Por una parte, se permiten decir hacia el extranjero que aquí estamos buscando un socialismo a la chilena, en libertad, con sabor a empanada y un poco a vino tinto, que ahora debe ser del embotellado porque el suelto está prohibido por la ley.

La señora CAMPUSANO.-

Usted no tomó nunca el vino suelto.

El señor DURAN.-

Lo tomé muchas veces con correligionarios muy modestos que pagaban ellos mismos su media caña.

Ahora este socialismo ha ido perdiendo su sabor a empanada, porque la cebolla es de Bélgica, la carne de Argentina y la harina un poco de Canadá o de Estados Unidos. Es una empanada a la que de chilena sólo le va quedando el caldo.

Este fenómeno de una doble cara es el que nos preocupa en el plano político.

Cuando hoy en la mañana escuchaba al Honorable señor Valente formular una larga crítica, que me atrevería a calificar de rutinaria, recordé los coros griegos, o los de las óperas o los de las misas. Cuando uno los oye, siempre sabe exactamente lo que van a cantar, las notas y la letra. Cuando en la misa el sacerdote dice algunas frases, el coro de creyentes le contesta, y uno sabe lo que uno y otros expresan.

La señora CAMPUSANO.-

¡Háblenos de los cuajarones de sangre!

El señor DURAN.-

La señora Senadora debe tener cuidado al hablar de cuajarones de sangre, porque ésa fue una frase del compañero Presidente. Y ya lo dije en la radio y en la televisión: el primer fabricante de prietas fue el Excelentísimo señor Presidente de la República...

La señora CAMPUSANO.-

Usted pronunció tales expresiones en una elección presidencial pasada.

El señor DURAN.-

Y el señor Allende nos amenazó Su Señoría ha perdido un poco la memoria diciendo que si una determinada votación no le era favorable, aquí correrían ríos de sangre. La verdad es que entre ríos de sangre y cuajarones de sangre la idea es más o menos la misma. Y yo impugné la tesis del señor Allende, y dije que aquí no habría ni ríos ni cuajarones de sangre, y así ocurrió entonces y espero que siga ocurriendo, porque, no obstante la violencia desatada, a medida que pasan las horas y los días, el país va madurando y dándose cuenta de que no es con violencia como se produce más trigo, más carne y más leche; que no es con la violencia como se produce más cobre y se obtienen más divisas para importar maquinarias. Por lo contrario. Tuve oportunidad de leer en El Mercurio una información. Claro que se trata de un diario que a Sus Señorías no les gusta. En todo caso, no ha sido desmentido en lo referente a las declaraciones que puso en boca de uno de los estrategas más distinguidos de la Unidad Popular, el señor Pedro Vuskovic. Este personero manifestó frente a los obreros que había que hacer un replanteo. Esta fue la palabra que usó, y por eso la empleo, pues hay que ir acomodándose al lenguaje nuevo. No es que lo plantee de nuevo, sino que es un replanteo. Y les dijo a los obreros, en esto del replanteo, que era indispensable que cada uno de ellos se diera cuenta de que había que trabajar y producir más, porque si no se hacía así, la producción disminuiría; habría menos algodón, menos lana, menos carne, menor número de artículos industriales. Y como el Gobierno declara, además, que ha aumentado mucho el poder de compra, si hay mayor poder de compra y menor producción, aparecerán las colas, estas largas colas de la gente que está allí esperando que llegue su turno, a ver si le toca un pedazo de carne o de pollo; y a veces me ha sorprendido verlo, ya ni siquiera se pelean los pollos, sino que los cogotes, los contres y las patas, porque estamos viviendo un período de escasez. Y esta escasez, lo quieran o no los estrategas, es producto de la falta de confianza. Quieren pedir a la gente que tenga confianza.

El señor MONTES.-

¡Su Señoría no tiene necesidad de comprar patas!

El señor DURAN.-

¡Para qué voy a hacerlo, cuando mirando las suyas me entretengo mucho!

(Risas).

El señor DURAN.-

Este fenómeno de la falta de confianza se genera por no estar precisadas las áreas. ¿Quién puede en este instante hacer inversiones? ¿Las harán los agricultores? ¿Levantarán más lecherías, mejorarán los cercos, levantarán galpones con el objeto de ir acumulando forraje para el invierno? ¡Pero si el agricultor no sabe si desde adentro, sus medieros o inquilinos, o desde afuera, los asaltantes capitaneados por distintos personeros de los grupos miristas, no sólo les van a quitar el campo, sino que van a poner en riesgo hasta sus vidas.

El Jefe de la Nación, siguiendo una línea que me parece lógica, si fuera efectiva y veraz, afirmó que un fundo asaltado, tomado, es objeto de despojo, y que el Gobierno nunca tomaría una determinación para premiar a los asaltantes. Pero ésta es la letra; la música es otra. Basta que se produzca el asalto para que, de atrás, el Gobierno preste respaldo a los asaltantes. A veces los indulta, cuando llegan a la vía delictiva. Y siempre les entrega las tierras. De modo, que la gente sabe que no hay que esperar la intervención de CORA, porque éste es un organismo oligárquico, reaccionario y añejo. Ahora hay que ir a la vía directa, porque ésta da frutos.

Debido a ello, el agricultor va perdiendo interés en continuar sus tareas productoras.

Se ha descubierto otro sistema dentro de la legalidad sobrepasada, del fraude a la ley. Se dicta el decreto de expropiación, pero no se cursa ante la Contraloría. Entretanto, el Gobierno designa un interventor, quien administra por cuenta del dueño. El interventor endeuda al propietario, de modo que cuando se cursa el decreto referido, el pobre terrateniente, que en algunos casos tiene entre 7 y 8 hectáreas, que no vive, sino que agoniza entre sus terrones, pierde el predio que se le expropia y se le paga a 25 años plazo, si está bien trabajado. Pero los niños de la CORA, que nunca han trabajado en la agricultura, quieren jardines, no campos. Entonces, encuentran que todo está mal trabajado, hasta la parcela de don Jorge Alessandri.

Como dije, el interventor endeuda al dueño, a quien se expropia después de endeudarlo hasta la coronilla. Y el propietario de 7 hectáreas recibe entre el uno y el 10% del avalúo fiscal. Si éste es de

100 millones, recibe un millón de pesos chicos, que de cóndor, ya va pareciendo gorrión. Esta cantidad se le entrega al contado, y el agricultor se tiene que ir de la casa; y llega al pueblo sin nada, con una mano por delante y otra por detrás, para tapar sus desnudeces. En el hotel pide que lo acojan con su familia, pero tiene que dar algo por adelantado. Debido al alza del costo de la vida, el millón con que cuenta sólo le alcanzará para una semana. ¡Ah, pero el dueño del predio y el dueño del hotel tienen la esperanza de que en 25 años más, en cuotas equitativamente distribuidas y muy reajustables, le van a terminar de pagar el saldo!

Sin embargo, al agricultor hay que pedirle que tenga fe, que siga el proceso productor, que compre más vacas, que produzca más leche. ¿Y saben Sus Señorías qué es lo que está sucediendo con las vacas cuando quieren traerlas en ferrocarril de Temuco a Santiago? Hay que asomarse con una ayuda a la gente que trabaja en SOCOAGRO, a quien hay que pedir la autorización, porque cada provincia de Chile es una nación separada. Hay fronteras. No se pueden traer animales de Temuco a Santiago. Ni siquiera se puede traer carne. Hay que meterla en la maleta, como si fuera ropa. Se produce contrabando de carne desde Temuco a Santiago. Pero para traer los animales en carros, hay que dar a esa gente un poco de ayuda, a fin de que den facilidades. Pero resulta que a lo largo de su recorrido los trenes se detienen en determinadas estaciones. El otro día, un convoy que viajaba con siete carros fue detenido en Chillán. Y el funcionario de esta ciudad dijo: Bueno, éste fue un arreglo que se hizo en Temuco, pero ésta es otra provincia. Así que aquí hay que asomarse de nuevo. Entonces, y esto lo saben Sus Señorías, se está produciendo a espaldas del Gobierno y de los propios partidos de la Unidad Popular, una corruptela moral, que provoca este fenómeno de que aquí no haya carne y de que la que hay se trance en la bolsa negra.

Pero más allá de los agricultores, pasemos a los industriales. ¿Qué industrial sabe cuándo le toman la fábrica o cuándo le nombran un interventor? Nadie lo sabe. Pero hay que crear más trabajo. Este es un país que está encajonado por la falta de cargos para que la gente gane su sustento. Si nadie invierte, ¿habrá alguna política de crédito hacia el exterior? Porque no creo que en la Unidad Popular exista un nacionalismo tan cerrado como para no buscar caminos que nos permitan despertar interés en otra gente, en otras naciones. Observamos, y lo digo con un poco de envidia cómo despegan otras naciones sudamericanas. No obstante su dictadura, hay que mirar al Brasil. Entonces, uno se va quedando arrinconado y se le achica un poco el alma.

Porque el fenómeno que aprecia el país requiere de un estatuto, los Honorables señores Hamilton y Fuentealba plantearon esta reforma constitucional, que junto con dar respaldo a la idea, respecto de la cual la ciudadanía y todos los partidos políticos tienen un juicio formado, de que hay bienes y servicios que deben ser de exclusividad de la comunidad, como el petróleo, la electricidad y un conjunto muy grande de actividades, reconoce que también debe haber un área mixta y una privada, para fijar lo que se han denominado las reglas del juego.

En síntesis, el Gobierno, mediante sus votos, ha logrado algo muy especial. Echa por tierra toda idea de establecer con claridad las áreas de la producción. No es efectivo que exista el ánimo de proteger a unos pocos medianos o pequeños. Ese es una especie de anzuelo para que los medianos y los pequeños por ahora se queden tranquilos. Si se va a la implantación del socialismo total, todos sabemos a dónde se va. Por ahora, los medianos y los pequeños están en un especie de recreo, pero saben muy bien que es cuestión de esperar que transcurra un poco de tiempo.

Contrariamente a lo que aquí se ha dicho, como lo señalaremos en el curso del debate de cada uno de los vetos, junto a la inconveniencia que vemos en cada uno de ellos, expresaremos nuestra apreciación jurídica para decir que está dentro de las normas o de las facultades que regulan las atribuciones de los Poderes Públicos en la Constitución, sostener que el Presidente de la República se ha salido de ella.

Pero yo quisiera decir dos palabras, porque la verdad es que este debate más bien se está escribiendo para la historia constitucional. El Gobierno nos ha notificado por medio de discursos del Presidente y de algunos de sus Ministros, que podría adoptar tales o cuales determinaciones, bastante duras e ilegales.

Deseamos expresar nuestra opinión, para que de ella quede clara constancia en los anales de esta Corporación. Y por lo mismo deseamos referirnos a los trámites de los vetos, porque ayer tuve oportunidad de escuchar a algún señor Senador de Gobierno una interpretación a su amaño de la actual Constitución Política. Se transformó en jurista, y cree que puede saltarse el tenor claro de nuestra Carta Fundamental para dar su propia interpretación antojadiza.

De acuerdo con el actual texto constitucional, las reformas a la Ley Suprema se tramitan en la misma forma que en una ley común, con las excepciones señaladas en los artículos 108 y 109. No hay más excepciones. Y antes de referirme brevemente a tal materia, deseo afirmar enfáticamente que una reforma constitucional es, como su nombre lo indica, ni más ni menos que una reforma constitucional. No es una ley porque lleve número ni porque tengan trámites parecidos. Simplemente, es una cosa distinta. Y las diferencias que hay en la tramitación, los señores Senadores las saben. De todos modos, las repetiré en síntesis, porque a veces el ciudadano común suele leer estas versiones. No las leen muchos, pero algunos se imponen de ellas y las comentan. Las diferencias están establecidas en ese mismo artículo 108, y se refieren, en primer lugar, al quórum para la reforma constitucional: la mitad más uno de los Senadores y Diputados en ejercicio: en segundo lugar, a la sesión en pleno que celebrarán la Cámara de Diputados y el Senado, con quórum también especial y sesenta días después, para ratificar la reforma constitucional; y, en tercer lugar, al veto, pues el Presidente de la República no podrá rechazar totalmente la iniciativa de una reforma constitucional.

No entraré al análisis, por ahora, de lo que es corregir o modificar, porque ésta es materia que abordaremos cuando discutamos la observación correspondiente.

Tengo mucho interés, sí, en comentar el inciso quinto o séptimo. Para que los vetos prosperen, el Presidente de la República necesita el mismo quórum constitucional que el Parlamento necesitó en su oportunidad para aprobar la reforma. Aquí se invierten los papeles: el que requiere del quórum es el Jefe del Estado. Si sus observaciones obtienen los votos de la mitad más uno de Senadores y Diputados, ellas son aprobadas; si no logra dicho quórum, son rechazadas. Esto es lo que dice el tenor claro de la Constitución Política. Por eso, no me explico de dónde ha salido una interpretación que ayer escuché a un señor Senador, en el sentido de que se precisaban dos tercios para insistir. ¿Dónde lo dice la Carta Fundamental? No lo expresa en parte alguna. Lo decía la Constitución de 1925 en su inicio, antes de las modificaciones; pero después, expresamente, se eliminó. No fue una supresión tácita. Expresamente no se consigna la exigencia de los dos tercios. Sin embargo, se nos arguye: ¡Ah, pero en el encabezamiento del artículo 108 se nos dice que la reforma constitucional se tramita como una ley, y como ésta necesita dos tercios...! ¡Ahí está la cosa...!

Si en la reforma constitucional se establecía de manera expresa la exigencia de los dos tercios, cuando la eliminamos y hablamos de rechazo es porque buscamos un camino absolutamente distinto y porque las instituciones que hemos creado son diversas. Los democratacristianos eran y son siempre muy partidarios de la consulta al pueblo, y así lo dijeron. Incluso creo que a ellos les gustaría consultar al pueblo hasta en el despacho de las leyes. Lo malo es que el procedimiento es tan largo, que podríamos pasarnos consultando al pueblo todos los días y nadie trabajaría. Todos votaríamos, pero lo haríamos muertos de hambre.

Como el problema constitucional fue expresamente señalado y legislado por nosotros, al decir que para aprobar los vetos se necesitaba la mayoría de los Senadores y Diputados en ejercicio, y que en caso contrario quedaban rechazados, el artículo 109 se encargó de abrir las puertas a estos anhelos de consulta popular. Manifestamos entonces que, con relación a los vetos o iniciativas rechazados, o a los proyectos o mensajes que el Presidente de la República modifica en algunos de sus trámites, este último podía publicar la ley o consultar al pueblo. Y aquí hay algo que yo no lograré entender nunca. He escuchado mucho a los parlamentarios de la Unidad Popular decir, según su lenguaje, que ellos son los representantes auténticos del pueblo y que representan a la mayoría. Si no la representan, es un abuso democrático el que traten de imponer su voluntad. Eso es antidemocrático, revolucionario, golpista, totalitario. Cuando un grupo que es minoría un tercio, un quinto, un décimo, una milésima parte quiere imponer su voluntad, quienes lo integran son totalitarios y no democráticos. El Presidente de la República, por su parte cada vez que habla acude a escucharlo bastante gente que es movilizada ágilmente por las organizaciones partidarias, también se ha ido convenciendo de que él representa a la mayoría del pueblo. Y no es así. En cada oportunidad en que ha habido una elección complementaria, el Gobierno y la Unidad Popular la pierden; y la pierden con todo el esfuerzo que se canaliza desde arriba, con el maná que les cae del cielo.

Los partidos de la Unidad Popular dan grandes campañas electorales y son derrotados en todas. ¿De dónde saca el señor Allende que representa a la mayoría del pueblo? Ahora, si en la noche infantil el Presidente de la República cree que el pueblo realmente está con él y lo sigue, ¿por qué, entonces, no nos ajustamos al tenor de la ley y de la Constitución? Aquí tiene una oportunidad para consultar al pueblo. Vayamos a un plebiscito, que es lo que establece la Carta Fundamental, y así toda la ciudadanía sabrá empezando por el Jefe del Estado, que despertará de su sueñoque el pueblo no quiere lo que Su Excelencia nos está planteando.

Por último, como dije al iniciar mis palabras, quiero referirme a esta intención de andar tiznando a la gente. Cuando por la vía de la reforma constitucional se plantea la posibilidad de que por simple decreto el Presidente de la República pueda incorporar 91 empresas al área estatal, se está cometiendo un acto que indica que quienes redactaron esa reforma nada entienden de normas constitucionales. Porque si en vez de 91 las empresas fueran 350, terminaríamos con un texto constitucional que comprendería varios tomos, ya que en la medida en que las diversas actividades vayan entrando en el área social, habrá que agregarle nuevas sociedades; primero las anónimas y después las particulares. Y con posterioridad, también caerán las personas que tengan casas, cuando se aplique la reforma urbana. Y en ese momento, la Constitución llenará una biblioteca por sí sola.

Esto no es materia de Constitución, si no de ley; y, tal vez, hasta de reglamentación. Pero fijemos límites. ¿No tienen algún temor los señores Senadores de que la opinión pública los juzgue de manera extraña? ¿Quiénes determinarán cómo y cuándo se opera? Porque ésta es una facultad para precisar cómo se irá operando.

En la mañana de hoy el Honorable señor Valente, junto con hacer una larga historia económica y reseñar todo lo relacionado con la CORFO, se refirió a los monopolios de los Matte, de los Alessandri y de los Edwards, y calificó a aquéllos como grupos económicos importantes, aun cuando en muchos casos éstos no lo son. Y la verdad es que después de escuchar al señor Senador, me he quedado admirado y un poco feliz de lo que hizo la Administración radical. Cuando el Partido Radical triunfó en 1938 y creó la Corporación de Fomento, ideó una palanca de progreso que, en manos del Estado, permitía la ayuda estatal y de la comunidad al espíritu creador de los particulares. Estos, con sus planes, sus ideas, sus montajes de empresarios, iban a la CORFO y le decían: Creemos que esto puede ser un buen negocio para nosotros, para el país, para los inversionistas. Así, la Corporación de Fomento fue montando industrias propias y, como dijo Pedro Aguirre Cerda, dando respaldo a la iniciativa y a la mentalidad creadora.

Por eso, cuando el Honorable señor Valente, con su lenguaje crítico, hablaba de todo lo que en Chile se había hecho, yo, como le ocurre a todo aquel que se va acostumbrando a escuchar sólo el lenguaje de la violencia, me detuve a escucharlo y me dije: ¡Por Dios que se han hecho cosas en el país!. Y pensé, por cierto, que el discurso del señor Senador, en lugar de ser destructivo como él lo pretendía, tenía la ventaja de grabar en la conciencia de mucha gente del pueblo la idea de que en los años anteriores se hicieron múltiples cosas útiles para el país y en las cuales participaron muchos. Desde luego, participaron los propios representantes de los partidos que hoy impugnan todo el sistema. Participaron socialistas, que fueron Gobierno y que incluso tuvieron cargos importantes e iniciativas trascendentales en la dictación de la ley que creó la CORFO. Participaron también los comunistas, aunque no por mucho tiempo, pues tuvieron una pequeña dificultad con el Jefe del Estado. Parece que un día éste no amaneció de buenas y los instaló en Pisagua... Es decir, a los comunistas les pasó un poco lo que a nuestros colegas del PIR, a cuyos Ministros les aceptaron su renuncia con especial agrado. Hay Presidentes así, que pareciera gustarles pegarles uno que otro puntapié a sus viejos aliados.

En consecuencia, la Corporación de Fomento fue una cosa útil. Se montó todo un desarrollo económico del país. De ahí que, a pesar de todas las dificultades existentes, cuando uno camina rumbo a las provincias que representa, como nos ocurre ahora cuando estamos preocupados con la elección complementaria que habrá en Coquimbo; cuando caminamos por algún camino pavimentado de nuestras provincias, decimos: ¡Miren, qué interesante, cómo se fueron haciendo cosas!. Por consiguiente, el lenguaje crítico que se emplea para no reconocer nada queda destruido frente a la clara realidad de los hechos.

Pero mi inquietud con relación a las empresas del área privada que se desea traspasar al área social no radica en esto. Digamos la verdad varonilmente. No andemos con subterfugios ni con mentiras, porque eso desprestigia a quienes los usan. ¿Algún partido de Oposición se ha negado a estudiar, en distintos tipos de leyes o en una sola, las condiciones que deben cumplir determinadas empresas o las situaciones que pueden producirse en algunas de ellas para que entren al área estatal? ¿Se ha negado a ello alguien de la Democracia Cristiana, de la Democracia Radical, del Partido Nacional o del Partido Izquierda Radical? No, señores Senadores. No nos hemos negado. Algunos estiman que esta iniciativa del Ejecutivo está al margen de la Constitución, porque estamos hablando de las normas por las cuales se regula el veto. Pero supongamos que no es así, sino que el asunto está ajustado a los términos de la Carta Fundamental. ¿Procede que en esta materia tan importante, con sólo una votación y sin mayor revisión de los antecedentes, el Estado tome las 91 empresas por medio de una reforma constitucional? ¿Por qué el Gobierno no quiere estudiar estas materias? ¿Por qué desea mantener esta especie de penumbra sobre todo el proceso? Nosotros creemos que esto constituye para el Gobierno un mal síntoma, que lo dejará excúsenme la expresión muy tiznado. ¿Por qué estas 91 empresas, y no otras importantes que se quedaron fuera y que también figuraban en la iniciativa original de los 14 mil millones? ¿Habrá algunos acuerdos? ¿En qué consistieron los acuerdos? Sobre toda esta materia, señores Senadores, hay que legislar con la cara hacia el pueblo; que éste sepa por qué y cómo se están haciendo las cosas. Pero hacerlas así, sorpresivamente, por la vía de un veto, es decir mediante disposiciones que el Congreso no conoció ni tuvo oportunidad de estudiar, es algo que tiene las características del golpe de sorpresa, que sólo desprestigia a un Ejecutivo.

Por estas razones, nosotros vamos a rechazar estos vetos. Y lo haremos con relación a los vetos mismos, sin expresar opinión sobre la inconstitucionalidad que más o menos soslayadamente se ha planteado respecto de numerosas de las observaciones en debate. Preferimos, por el motivo que antes señalé, evitar todo tipo de conflictos, pronunciarnos derechamente sobre cada uno de los vetos y, de este modo, dando razones de fondo, legales y constitucional, expresar nuestros juicios discrepantes.

He dicho.

El señor PALMA (Presidente).-

Ha terminado el tiempo de Su Señoría.

Se suspende la sesión por veinte minutos.

Se suspendió a las 17.41.

Se reanudó a las 18.7.

Continúa la sesión.

Tiene la palabra el Honorable señor Hamilton.

El señor HAMILTON.-

Señor Presidente, lamento que en esta larga sesión que hemos tenido en la tarde, en que se están analizando los vetos formulados por el Presidente de la República al proyecto de reforma constitucional que delimita las áreas de propiedad, sólo hayamos contado por breves minutos con la presencia del señor Ministro de Justicia cuya opinión habríamos querido escuchar en la Sala, a fin de que recogiera nuestras observaciones y formulara sus planteamientos sobre el particular.

Quisiera en esta oportunidad tratar de hacer un resumen de lo que es el proyecto de reforma constitucional; de los motivos que lo originaron y de la situación por la cual nos vimos impelidos a presentarlo; de la tramitación de que ha sido objeto hasta su situación actual; y, sobre todo, contestar y hacerme cargo de las observaciones formuladas a esta iniciativa, particularmente por los partidos de la Unidad Popular y por el Gobierno a través de los medios de comunicación oficialistas, que han tratado inútilmente de desvirtuar su contenido y su alcance.

Legislación indispensable.

En primer lugar, me referiré a la necesidad de modificar la Constitución Política del Estado mediante el proyecto que presentamos con el Honorable señor Fuentealba el 14 de octubre del año pasado.

Es un hecho en Chile nadie puede desconocer lo que incluso desde antes que asumiera el señor Allende el país está viviendo un proceso de cambios profundos, que son necesarios para el desarrollo político, social, cultural y económico de la nación.

Lo que ocurre con el actual Gobierno es que se trata de un Gobierno minoritario, que no fue elegido por voluntad popular mayoritaria, sino en una segunda vuelta mediante el Congreso Pleno. Y este Gobierno, cuya base de sustentación popular siempre ha sido minoritaria, en vez de haber ido captando a su alrededor cada vez más apoyo popular, lo ha ido disminuyendo hasta el punto de que hoy día los partidos que lo sostienen ni siquiera representan los sufragios que obtuvieron en la primera elección popular que la actual Administración debió afrontar. Si a esta situación se une la circunstancia de que este Gobierno pretende realizar cambios o transformaciones profundas, cualquiera que sea el sentido que tengan o la posición con que uno los enfrenta, se advierte que es extraordinariamente peligrosa la forma como está realizando este proceso y la dirección que le está dando.

Uno de los principales compromisos que tomó el Presidente Allende para asumir la Presidencia de Chile, no sólo ante la Democracia Cristiana y los partidos de Oposición, sino ante el país entero, fue precisamente el de realizar las transformaciones que a su juicio eran necesarias y que consignaba el Programa de la Unidad Popular, dentro de las formas democráticas, a partir de la legalidad vigente y respetando las normas que esa misma institucionalidad y legalidad establecía para su propia modificación.

Así comenzó y pensamos que así iba a continuar. Así empezó cuando presentó el proyecto de reforma constitucional para completar el proceso de nacionalización del cobre iniciado por el Gobierno anterior, para hacer que Chile y los chilenos fuéramos dueños absolutos de esta riqueza básica. Sin embargo, posteriormente, la actual Administración no siguió por esa senda.

Mediante las estatizaciones, las requisiciones, las intervenciones, los poderes compradores o las simples tomas de hecho, el Estado, sin lograr la más de las veces un traspaso del dominio de la propiedad de manos particulares a sus manos para configurar el área social, fue controlando paulatinamente importantes actividades económicas y empresas productoras de bienes o servicios. Y esto lo hacía sin ley, por encima de ella, o torciéndole la nariz, a espaldas del Congreso Nacional, al que, al evitar la ley, deliberadamente quería impedir que interviniera en la dirección y regulación de este proceso; sin participación alguna de los trabajadores, y violando reiterados compromisos del Presidente de la República. Ya recordé el de la reforma constitucional que estableció el Estatuto de Garantías Democráticas. Posteriormente, el señor Allende hizo diversos anuncios. Por ejemplo, el primero de ellos lo formuló a fines del mes de diciembre de 1970. Ofreció al país entero enviar un proyecto de ley para someter la banca privada comercial al control del Estado. Ha transcurrido un año y medio, y esa iniciativa aún no llegado al Congreso Nacional, lo que no ha sido inconveniente para que el Gobierno, por distintos procedimientos y actuando como un comerciante particular y con herramientas y presiones de dudosa moralidad y legalidad, haya sometido a su control la mayor parte de la banca privada comercial.

No hace muchos meses durante la tramitación del proyecto que ahora debatimos el señor Allende también hizo un anuncio que importa un compromiso cuando se está ejerciendo la autoridad. Dijo que iba a someter a la consideración del Congreso una iniciativa para pasar a control o propiedad del Estado 91 de las más importantes empresas nacionales.

Por último, quiero recordar el compromiso que tomó en forma pública y solemne ante la directiva de la Democracia Cristiana, cuando en el Congreso Nacional se debatió la acusación que en contra del Ministro de Economía había deducido uno de los partidos de Oposición. Entre los varios compromisos sin cumplir, figura el que en esa oportunidad el Presidente de la República contrajo en cuanto a no continuar las estatizaciones sin ley, con la sola excepción de la I. T. T. y de MADECO, cuya estatización a su juicio se justificaba, de modo que la continuaría y llevaría adelante.

Chile entero es testigo de cómo estos reiterados acuerdos se han estado violando y de cómo se ha seguido adelante un proceso con métodos de discutible legalidad y moralidad. Incluso, no han tenido éxito intentos del propio Presidente de la República y de los partidos que conforman la Unidad Popular frente al andar avasallador del sector económico, y muy particularmente intentos del Ministro Vuskovic y del equipo con que labora en el Ejecutivo.

En consecuencia, presentamos este proyecto de reforma constitucional no con el propósito de detener este proceso de socialización, no para desvirtuarlo, sino para que fuera conocido por el legislador y regulado por ley, y para orientarlo de acuerdo con los intereses, el pensar y el sentir de la mayoría de los chilenos.

Qué pretende la reforma.

Recordemos ahora cuáles son las ideas fundamentales del proyecto de reforma constitucional.

En primer lugar, definir las áreas de la economía nacional según la propiedad, y establecer que su formación corresponde a la ley.

En segundo término, regular, modificar o derogar aquellos instrumentos, para nosotros de discutible legalidad, aplicabilidad o moralidad, que en el hecho el Gobierno ha estado usando para conseguir el propósito de la estatización sin ley.

En tercer lugar, reservar al Estado importantes actividades económicas, tales como la gran minería del cobre, del hierro, del salitre, del carbón; los seguros y reseguros, con exclusión de las cooperativas; las actividades de transporte ferroviario, en trenes urbanos e interurbanos; las de transporte aéreo y marítimo, de pasajeros y de carga, por redes de servicio regular que cubran la mayor parte del territorio nacional; las destinadas a proporcionar servicio público de comunicaciones por correo y telégrafo; las destinadas a la generación, transmisión y distribución de electricidad, salvo el caso de las cooperativas y otros que exceptúe la ley; las relativas a la producción y distribución de gas natural o licuado para uso combustible; las destinadas a la extracción, producción y refinación de petróleo crudo o al tratamiento de gas natural, y a la producción de materias primas básicas derivadas directamente del petróleo, del gas natural y del carbón; las destinadas a la producción de cemento, acero, salitre y yodo y la industria química pesada, y la producción de armamentos y explosivos y otras que la ley considere esenciales para la defensa nacional.

En el proyecto de reforma constitucional todas estas actividades configuran, por decirlo así, las bases fundamentales sobre las cuales debe construirse el área social administrada por el Estado.

En cuarto lugar, se amplía y extiende la protección que actualmente la Constitución Política del Estado establece en beneficio del pequeño y mediano propietario o productor.

Para esos casos, la garantía consiste en que nadie podrá ser privado de su propiedad o de su negocio por la vía de la nacionalización, y si una ley, por razones de utilidad pública, autoriza la expropiación, el afectado deberá recibir previamente la indemnización en dinero y por el valor justo.

Esta protección, al menos parcialmente, se encuentra consignada en el actual texto constitucional para la pequeña propiedad rústica. Ahora la extendemos a la mediana propiedad rústica. En la actualidad, la pequeña y mediana empresa industrial extractiva o comercial no están protegidas en la Constitución. Nuestro proyecto de ley hace extensiva la protección a esos sectores. La Carta Fundamental establece la protección para la vivienda habitada por su propietario; nosotros la extendemos también a la habitada por la familia del propietario.

En el programa de la Unidad Popular, en declaraciones de muchos de los partidos de Gobierno, en muchos discursos, se ofrece al pequeño y mediano productor y propietario una seguridad que en los hechos se les está negando a diario. Y esto no sólo ocurre por circunstancias ajenas a la acción del Gobierno o que están fuera de su control. Muchas veces son los propios agentes del Ejecutivo los que actúan en forma deliberada para privar o amenazar al pequeño o mediano productor o propietario.

En consecuencia, debido a la incertidumbre en que viven estos modestos, pequeños y medianos campesinos, propietarios, industriales, comerciantes, mineros, queremos entregarles, mediante el texto de la Constitución, una garantía eficiente que, más allá de las acciones de hecho, les asegure que éstas no podrán legalizarse, que ellos conservarán sus propiedades, y que en caso de que, por la vía de la ley, por razones de bien común, de interés general, que debe prevalecer sobre el legítimo interés privado, sea el Estado quien las tome en dominio o disponga de ellas, recibirán previamente la adecuada y justa indemnización en dinero.

La quinta idea es la referente al establecimiento de formas auténticas y reales de participación de los, trabajadores organizados en todas las empresas productoras de bienes y servicios, cualesquiera que sean sus propietarios, y sea que pertenezcan al área privada, a la mixta o a la social; y al establecimiento de las empresas de trabajadores, que son aquellas en que, independientemente de quien sea el dueño el capitalista particular o el Estado, los trabajadores permanentes y organizados de la respectiva industria ejerzan la administración y se queden con los excedentes, que son el fruto de su gestión y de su esfuerzo.

Algunas de estas ideas esenciales del proyecto de reforma constitucional en estudio como la definición por ley de las áreas de la economía, la reserva al Estado de determinadas actividades, la protección al pequeño o al mediano propietario o productor fueron aprobadas polla unanimidad del Senado y por todos los votos de la Cámara, y se ratificaron en el Congreso Pleno sin oposición alguna. Lamentablemente, la totalidad de los preceptos que expresan esas ideas fueron objeto de observaciones por parte del Gobierno, en las que me ocuparé a continuación.

Área social por ley y no por decreto.

En este momento quiero justificar sólo dos de las ideas esenciales, precisamente las más controvertidas en esta Sala durante la tramitación de la iniciativa, y en que discrepan el pensamiento de la Democracia Cristiana y la Oposición, de los planteamientos del Gobierno y de los partidos de la Unidad Popular. Ellas se refieren, en primer lugar, a la forma como se está realizando el proceso de socialización del país.

Ese proceso adolece de dos defectos de fondo: se está llevando a cabo al margen de la ley y está amenazando la convivencia pacífica entre los chilenos. El primero de silos lo aborda la reforma constitucional en estudio cuando, al configurar las áreas social y mixta de la economía, dispone que el traspaso de una empresa del área privada a la mixta o a la social debe hacerse por ley, sujetarse a la ley, regularse por ley. ¿Por qué? Porque la ley ha sido en Chile el instrumento del cambio social, y que ha demostrado en nuestro país ser un medio eficaz y seguro para realizar la transformación social sin arbitrariedad, sin romper la convivencia pacífica entre los chilenos.

Durante nuestro Gobierno nacionalizamos la Compañía Chilena de Electricidad, y lo hicimos por ley. Inclusive, cuando durante el primer trámite del proyecto en estudio cité ese mismo ejemplo en una de mis primeras intervenciones acerca de esta materia, el Honorable señor Silva Ulloa tuvo a bien recordar que los Senadores de Gobierno de entonces los democratacristianos y los de Oposición, que ahora son Gobierno, participaron activamente en el estudio de la iniciativa pertinente, y que su participación fue tan determinante, que el proyecto se mejoró de manera ostensible en beneficio de los intereses chilenos comprometidos en esa negociación, a través precisamente del debate parlamentario, que permitió efectuar la referida nacionalización mediante el mecanismo de la ley y no usando los instrumentos de que el Estado podía disponer en ese instante.

Así se hizo también la reforma agraria.

Y esta transformación tan importante de las estructuras de tenencia de la tierra y de las aguas que el país había mantenido por 150 años, Chile fue capaz de realizarla por medio de la ley, con tribunales, con opinión informada, con oposición crítica, libre, respetada y respetable.

Yo diría que una de las características de Chile como nación es la de que, a lo largo de su historia, salvo algunas excepciones, en todos los momentos difíciles ha tenido una salida democrática, legal y pacífica para resolver los problemas que la coyuntura histórica le ha ido planteando.

Y no veo por qué ésta sea la oportunidad de despreciar la manera chilena de realizar las cosas: mediante la ley.

Así también, en el Gobierno anterior, por el sistema de la ley, se inició la recuperación de la riqueza fundamental de Chile y se recuperó la mayor parte, en virtud de la aplicación de los Convenios del Cobre, entre 1965 y 1969.

Pues bien, nosotros creemos que, aparte ser la ley el instrumento tradicional, democrático por excelencia y eficaz para realizar el cambio social, hay ciertos problemas que nadie sino el legislador el Congreso y el Gobierno, mediante la formación de la ley, puede resolver.

¿Cuáles son esos problemas?

En primer lugar, yo señalaría la extensión de la inversión. Hoy en día en Chile, más allá de los índices parciales que en el orden económico nos puedan presentar como positivos para los efectos de discurrir, quisiera aceptarlos todos: los buenos y los malos, hay un hecho que nadie puede discutir, que es el más grave desde el punto de vista del desarrollo económico del país: durante el año recién pasado, la inversión en nuestro país fue negativa en menos 16%, según datos oficiales que nos han proporcionado. Por primera vez desde el año 1931, época de la gran crisis mundial, la inversión en Chile no se realiza en términos positivos, sino en términos negativos.

¿Qué significa esto? Que Chile no esté invirtiendo para dar más trabajo, crear más riquezas, satisfacer las necesidades esenciales de la población en el futuro.

Cualquier indicador económico positivo que pudiera mostrarse carecería de valor frente a ese índice, que es, por decirlo así, el que puede medir el desarrollo económico futuro del país. Y en una nación en que no están invirtiendo los particulares modestos, ni los medianos ni los grandes capitalistas, porque no tienen confianza ni seguridad, y en vez de invertir prefieren consumir; en que no hay seguridad para el capital extranjero, al que se da un trato muy despectivo, lo que no sucede hoy día ni siquiera en los países socia listas, por lo cual no desea llegar a Chile; en que toda la inversión pública, que es la mayor parte de la inversión realizada en el país, no está destinada a crear nuevas industrias, a abrir nuevas fuentes de trabajo, a producir más riquezas, a dar más empleos ni a distribuir mayor cantidad de bienes, sino simplemente a comprar lo que ya existe a adquirir bancos, más empresas, a tomar todas las tierras bajo el control del Estado, ¿quién va a fijar el límite de este proceso porque no se trata de congelarlo, sino de ordenarlo por ley, y adonde llegarán los compromisos que en el orden económico, al margen del legislador, están construyendo la CORFO y el Banco Central, que emite bonos CAR? Al respecto, no sólo se está gravando a futuros Gobiernos, lo que en alguna medida siempre ocurre cuando una Administración, al contraer obligaciones económicas, en virtud de proyectos a largo plazo, en cierto modo compromete a regímenes venideros, sino que se están contrayendo compromisos para generaciones futuras. Y en un país en que el uso de los recursos, el empleo del capital, por el mismo hecho de tener recursos económicos y capitales limitados que lo están más ahora, por la falta de inversión privada y extranjera, constituye uno de los problemas principales, en el que deben ocuparse los Poderes del Estado naturalmente, no se puede marginar al Legislativo de esa preocupación, la atinente a la extensión de la inversión, es decir, los recursos que el Estado destine a la creación del área social para adquirir todas las actividades privadas y pasarlas a su dominio, debe constituir esencialmente una decisión del legislador.

En segundo lugar, tenemos el problema de la indemnización. Salvo algunos grupos extremistas y violentistas, y algunos cabezas calientes que a veces también los acompañan desde estas mismas Corporaciones, que son parte de la institucionalidad del país, hasta ahora nadie ha propuesto responsablemente en Chile que el Gobierno se transforme en un salteador que quite a los chilenos su derecho de propiedad respecto de viviendas, campos, fábricas, acciones, y no les pague. Se podrá discutir el precio o el valor justo; pero nadie objeta que el afectado debe recibir una compensación en reemplazo de la propiedad de que se lo priva.

¿Quién va a fijar la forma de pago?

Cuando discutimos este mismo proyecto en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, durante el primer trámite, di a conocer, en presencia de los Subsecretarios de Justicia y de Economía y sin ser desmentido por ninguno de ellos, las irregularidades cometidas y las injusticias en que se había incurrido en la adquisición de acciones a través de poderes compradores abiertos para estatificar y pasar a control del Estado la banca privada.

En esa operación, y repito operando el Estado como comerciante particular, pagó a los inversionistas extranjeros, por acción, más de lo que entregó a los chilenos; y entre estos últimos, recibieron mayor valor por acción los accionistas grandes, con lo cual, aparte cometerse una injusticia y discriminarse en contra de los accionistas chicos, se contradijo el programa de la Unidad Popular, que sobre el particular habla de respeto al pequeño y modesto inversionista, sosteniendo que si se cometiera alguna discriminación o injusticia, sería precisamente para favorecer a los inversionistas pequeños y medianos.

¿Quién es el único que puede proteger al propietario para que reciba ni más ni menos de lo que se estime justo como compensación por la propiedad de que se lo priva? A nuestro juicio, la ley, y no la voluntad arbitraria del burócrata, del político o del funcionario de turno.

En tercer lugar, sobre la base de la experiencia que hemos recogido hasta el momento en cuanto al manejo, administración y control de empresas, haciendas y bancos por el Gobierno de la Unidad Popular, consideramos indispensable establecer ciertas garantías. Porque el país, al traspasar del área privada a la social determinadas actividades económicas, está haciendo un sacrificio, distrayendo recursos; y lo hace, entre otras razones, para que los excedentes queden en poder y beneficio de la comunidad, y no en manos de unos cuantos particulares.

Pero ¿qué ha ocurrido? ¿Qué pasó en el cobre cuando fue estatificado? Que ese metal el sueldo de Chile, como dice el Presidente de la República, a cuya nacionalización dimos apoyo todos los sectores políticos se contó con la solidaridad de todos los chilenos, se está administrando en forma sectaria; despreciándose la técnica; en forma politizada; mediante un procedimiento que se está traduciendo en baja de la producción, en indisciplina laboral, en persecución de la técnica y, en definitiva, en perjuicios económicos para el país, porque en los grandes minerales, aun hoy día y desde que la Unidad Popular tomó el control total de su administración, cualesquiera que sean las excusas que se den, el precio de costo de producción es superior al de venta. Vale decir, Chile se está farreando su mayor riqueza, el sueldo del país.

¿Y qué ocurre con las 21 más grandes empresas estatificadas? Han perdido decenas de millones de escudos, de acuerdo con los últimos balances y según una muestra que apareció hace muy poco tiempo en todos los diarios, y que se ha comentado en este recinto y en otras tribunas.

Es necesario, entonces, para que realmente haya excedentes y no pérdidas en las empresas estatificadas, que esos excedentes pasen a la nación, a la comunidad toda, y puedan revertir a ella, para ampliar esas empresas y crear otras nuevas, para impulsar el desarrollo. Es necesario que la ley y nadie sino la ley en tales circunstancias de la garantía de que esas empresas se van a perfeccionar o a mejorar como entidades productivas eficientes. Porque aquí no estamos haciendo ese gran sacrificio o, al menos, no estamos dispuestos a hacerlo para que determinados sectores se den gustos doctrinarios o ideológicos ni para arruinar económicamente al país y a los trabajadores.

Por último, es la ley y no la voluntad, promesa o compromiso de la autoridad, del político o del interventor de turno, quien debe garantizar los derechos de los trabajadores, a fin de que el cambio de propiedad o de administración de una empresa no signifique que las conquistas, derechos y bienestar ganados por los trabajadores, muchas veces con gran sacrificio y después de largos años de lucha, sean desconocidos o menoscabados por sus nuevos amos. Y no se diga que, por el hecho cierto de que en general los partidos que hoy son Gobierno siempre lucharon en el pasado por los derechos de los trabajadores, la circunstancia de que sean ellos o pasen a ser los administradores de las empresas estatificadas constituye una garantía: porque sabemos que ha habido no sólo persecución y sectarismo respecto de los trabajadores, empleados y obreros, sino incluso de dirigentes sindicales, como es el caso de los 36 empleados y obreros de Sumar, despedidos por razones políticas, vale decir sin razón, y respecto de quienes el Presidente de la República adquirió el público y solemne compromiso hace ya no sé cuántos meses de que serían reincorporados físicamente a sus trabajos, y de que en caso de que ese compromiso no se pudiera cumplir o existieran riesgos en su cumplimiento, de acuerdo con los propios empleados, ellos serían al menos legalmente reincorporados, lo que significaba en la práctica que, aunque no pudieran ser físicamente reintegrados al trabajo, se les pagarían sus sueldos y salarios. Sin embargo, ¿qué ha ocurrido?

Que hasta el día de hoy esos trabajadores están embarcados en un juicio en contra de la empresa y del interventor, y mientras tanto viven de la caridad pública. Yo no sé si el Presidente Allende no cumple sus compromisos o no tiene autoridad para imponerlos; pero cada vez que contrae un compromiso, el resultado es el mismo: en el hecho no se cumple.

En seguida, nosotros pensamos que la ley es el instrumento democrático. En su generación y perfeccionamiento tiene conocimiento todo el país, porque se trata de un proceso público que no se realiza entre cuatro paredes. En cada una de sus normas tienen participación responsable los legisladores, y la conoce el país entero. En cambio, en el otro sistema ni siquiera se sabe muchas veces quién es el responsable; y en el anonimato se pueden cometer y se cometen las peores atrocidades, sin que nadie responda por ellas.

Los democratacristianos tenemos una responsabilidad que asumir en este proceso. Sin embargo, ¿cómo la vamos a asumir si, pese a tener la representación popular mayoritaria del país, el proceso no pasa por esta Sala ni por la Cámara de Diputados, sino que va en línea directa por el Ministerio de Economía y, a veces presume, por La Moneda?

Es en este recinto donde todos los sectores tienen representación. Es aquí, en el Parlamento, donde las mayorías corresponden a las mayorías nacionales. Es aquí donde debe realizarse el debate democrático y donde puede tener oportunidad de participar todo el pueblo de Chile en las decisiones importantes que deban tomarse. Me parece realmente ridículo y grotesco que el Senado y la Cámara gasten a veces su tiempo en el despacho de proyectos que pueden tener importancia regional o cierta trascendencia en relación con intereses respetables. En algunas oportunidades les cambiamos el nombre a las calles, autorizamos la erección de un monumento y aprobamos ascensos militares o pensiones de gracia. Pero el proceso de socialización del país, el de formación del área social o el de traspaso de empresas del área privada a la social se hace al margen de esta Corporación, sin siquiera el conocimiento del Parlamento, Esto no es respetar y cumplir el compromiso de realizar dentro de la legalidad, de la democracia y de la convivencia pacífica los cambios que el país requiere y que la mayoría de los chilenos anhela.

El poder para los trabajadores.

La quinta idea, de entre las más importantes del proyecto, es la que establece la participación de los trabajadores en las empresas productoras de bienes o servicios, sean del área privada, mixta o social. Pensamos, lógicamente, que hay dos tipos de participación. Por dar alguna denominación, hay empresas en el área privada, social y mixta en que la participación de los trabajadores debe o puede quedar limitada, sea un particular o el Estado, al dueño del capital. Sin embargo, deben establecerse los mecanismos que en estos casos hagan real, eficiente y auténtica la participación de los trabajadores, tanto en la administración como en las utilidades o excedentes.

Pensamos que debe haber otra forma de participación, la autogestión, la que nosotros denominamos empresa de trabajadores. En ella, al margen de quién sea el propietario, de quién ostente el dominio de la empresa, de quién sea el dueño de los bienes que conforman su capital, los trabajadores que laboran en ella en forma permanente deben asumir la administración y disfrutar del resultado de su gestión, vale decir de las utilidades o excedentes. Para nosotros, empresas de esta índole deberían constituir el área dominante de la economía nacional. Comprendemos que esto no se obtiene mediante una reforma constitucional y que no basta la dictación de una sola ley, sino que es necesaria también la voluntad decidida de las autoridades y el respaldo masivo de los trabajadores.

Pero estamos consagrando en este momento los principios que informan nuestra visión del problema.

Yo diría que aquí hay en juego tres esquemas. El primero de ellos es el capitalista, el cual, en su expresión más simple, consiste en que todos los medios de producción, fundamentalmente los más importantes, están en manos de unos pocos, de una minoría que detenta la propiedad o el capital. Y la gran mayoría de los trabajadores de la empresa no tiene otra participación que entregar su trabajo, que se les valoriza y paga como una mercancía mediante un sueldo o salario.

Pero, ¿qué ocurre? Que el otro esquema, el que se está aplicando en Chile en los hechos y no en las palabras, no es el del modelo socialista democrático, humanista; no es socialismo a la chilena, con sabor a vino tinto y gusto a empanadas, sino el dogmático modelo del socialismo estatista, calcado de las primeras experiencias socialistas o de los primeros tiempos de otras experiencias socialistas, como la soviética, la checa, la china o la cubana. En este aspecto es tal el dogmatismo dominante, que algunos sectores del Gobierno se han negado a reconocer los defectos señalados por muchos dirigentes socialistas marxistas al valorizar su propia experiencia, como también las rectificaciones hechas en los países socialistas. Ni siquiera han tenido la visión de reconocer las diferencias objetivas existentes entre la realidad chilena y la que vivían aquellos países socialistas al comenzar su experiencia. Ninguno de esos países, por ejemplo, tenía un ingreso por habitante superior a 150 o 200 dólares. Cuando el señor Allende asumió el Poder, Chile era un país con más de 640 dólares por habitante. Yo no sé a cuánto los habrán reducido en este año y media o año ocho meses de Gobierno. No hay estadísticas al respecto. Pero este país parte con una tasa de ingreso varias veces superior a la de cualquier otra nación. Desde el punto de vista de la población, eso significa, lógicamente, exigencias que es necesario satisfacer por parte del Estado, muy superiores a la de otros países.

Hay otra diferencia fundamental: todos esos países o la gran mayoría de ellos tienen economías simples, economías de estructura agraria. La nuestra es una economía diversificada, y en algunos casos, como en el petróleo y el cobre, altamente tecnificada, donde el proceso de concentración burocrática que caracteriza al socialismo estatista conduce a la ruina y la ineficiencia para esas industrias.

En tercer lugar, todos esos países o casi todos vivían en dictaduras, o el marxismo les fue impuesto por la fuerza. Nosotros no hemos vivido ni aceptamos tal experiencia. Integramos un pueblo con formación cívica y política y en progreso incesante y creciente. Sería desconocer la historia de nuestro país y el alma nacional pretender aplicar rígida y dogmáticamente, con papel de calco, esas experiencias extranjeras en Chile. Ni la fuerza que da la mayoría nacional, ni la fuerza física, ni las fuerzas exteriores están dispuestas a acompañar al Gobierno de la Unidad Popular en esta aventura de imponer a la fuerza, contra la mayoría nacional, un esquema estatista que conduce, en lo político, a la dictadura, y en lo económico, a la ineficiencia.

¿Cuál es el tercer modelo? El que nosotros estamos auspiciando: uno democrático, humanista, comunitario, en que, reconociendo en los hechos que existe un área privada, y no sólo en teoría o en las palabras; en que se den garantías reales al pequeño y mediano productor, empresario o propietario; y en que existiendo también en las grandes empresas o rubros de la economía nacional un manejo estatal, en ambos casos tengan participación los trabajadores. Es necesario ir creando un área social dominante, donde los propios trabajadores permanentes de las empresas, en forma descentralizada, libre y responsable, tengan la administración y se queden con los excedentes, fruto de su trabajo y sus esfuerzos. En esta forma se habrá terminado, entonces, lo que los marxistas llaman explotación del hombre por el hombre, que se produce tanto en el modelo capitalista o neocapitalista como en el esquema estatista totalitario, y peor aún en este último, porque el mero cambio del patrón privado por el interventor político no mejora, sino que deteriora la situación en que se encuentran los trabajadores.

Voy a omitir referirme en esta ocasión a los muchos casos que podría citar acerca de abusos, discrepancias, discriminaciones de que se ha hecho víctimas a los trabajadores de las industrias estatificadas, y no siempre porque sean miembros de la Oposición, trabajadores democratacristianos o que estén en contra del Gobierno: muchas veces, como ha pasado con Hirmas y otras industrias, tal situación se produce por problemas que surgen entre ellos. Son los de F. T. R. contra los comunistas; son los socialistas contra los comunistas; son problemas políticos existentes entre ellos mismos, en que un grupo trata de imponerse a los otros, y dejan paralizada la industria, fábrica o empresa de que se trata, con perjuicios para la producción nacional. Estas confesiones que hace a menudo el señor Ministro de Economía, y que él llama críticas o autocríticas, me recuerdan a esas personas que se van a confesar para poder seguir pecando, porque no hay rectificación en los hechos: se confiesan y vuelven a lo mismo; se vuelven a confesar...

El señor VALENTE.-

Como los beatos.

El señor HAMILTON.-

Sí, porque son beatos. Son beatos los dirigentes del Gobierno; sólo que la doctrina que los anima es la marxista.

En su última autocrítica, el Ministro señor Vuskovic no sé si en carácter de despedida a la opinión pública o, al revés, como señal de que seguirá dirigiendo los destinos económicos del país dice, entre otras cosas, que estos problemas están paralizando la producción de las empresas, y reconoce que son una causa fundamental del desabastecimiento. Hasta aquí no habíamos escuchado sino las explicaciones sobre los refrigeradores del barrio alto, a raíz de las cuales uno se preguntaba cómo se las arreglaba la gente para meter en esos aparatos sacos de cemento, neumáticos, remedios, etcétera. Bien, ahora sabemos que cuanto entonces sostenía la Oposición tenía una base de verdad, pues así lo ha reconocido el Ministro de Economía en su última autocrítica.

Nosotros queremos realmente que se termine con la explotación, que cambie de condición el trabajador cuando se produce una modificación en su empresa; que entre a participar en ella, y que tal participación sea efectiva y auténtica. Eso ocurrirá en el esquema de la autogestión, de la empresa de trabajadores, de su participación determinante.

Los cambios, para nosotros, deben hacerse en beneficio del trabajador, y no del Estado. Todo este proceso no debe destinarse a acumular mayor poder en el Estado, sino a radicarlo en forma plural y descentralizada en los trabajadores organizados de las empresas. De esta manera evitaremos ese gran monopolio de un Estado dueño y señor de la hacienda y la vida de todos los chilenos.

Esas son las ideas fundamentales del proyecto, que he tratado de resumir desde el punto de vista de su contenido político, más que desde el jurídico, aspecto en que nos ocuparemos más adelante. Pero estas ideas no son precisamente aquellas por las cuales se combate a esta iniciativa. No son las que se exponen en los foros, en las intervenciones públicas, ni en los medios de comunicación social que emplea el oficialismo.

El oficialismo engaña a los trabajadores.

Por eso, quisiera hacerme cargo, aunque sea brevemente, de las críticas que se formulan al proyecto.

¿Cuáles son tales críticas? ¿Qué se dice de esta iniciativa?

Parten todas ellas de un punto común: se refieren a lo que el proyecto no es, o a lo que se dice que es, pero no a lo que verdaderamente significa.

En efecto, en primer lugar se dice que su objetivo es defender a los monopolios. Esta sería la razón que justificaría su presentación y la voluntad política demostrada por la Democracia Cristiana y los demás partidos de Oposición de transformarlo en una enmienda a nuestra Carta Fundamental.

Ya he explicado creo que se necesitaría mala fe para sostener lo contrario que esta iniciativa no tiene por objeto impedir o detener el inevitable proceso de socialización de los medios de producción, sino orientarlo o regularlo dentro de la ley, y dirigirlo en beneficio de los trabajadores y no del Estado.

La reforma propuesta impide la formación de un único y gran monopolio: el del Estado, dueño de toda la tierra, dueño de toda la banca, dueño de todo el comercio, dueño de todas las minas, dueño de todas las fábricas del país, ante el cual los ciudadanos tendrían que inclinarse en forma obsecuente si no quisieran ser arrasados.

Luego se dice que pretendemos devolver las fábricas a sus antiguos dueños. Así, uno ve letreros en los frontispicios de las fábricas estatificadas, a veces con algunas pintorescas alusiones personales al Senador que habla o al Senador Fuentealba incluso se leen en algunas publicaciones como El Siglo o Ultima Hora y con advertencias en las que se señala que los trabajadores de tal empresa no devolverán la fábrica.

Esta afirmación la de que se trata de devolver a sus antiguos dueños las empresas expropiadas contiene una doble falsedad. Lo digo responsablemente.

En efecto, en primer término el proyecto no tiene efecto retroactivo, al menos en el caso de las intervenciones y requisiciones, y ni siquiera en el caso de la compra de acciones por CORFO con anterioridad a la fecha de presentación de la iniciativa. Por el contrario, dicta normas legales o modifica la legislación vigente para lo futuro. O sea, de ninguna manera se interfiere en la actual condición jurídica en que se encuentran las industrias requisadas o estatificadas por cualquier medio. Su promulgación como reforma constitucional no implica la devolución de las empresas a los antiguos dueños.

¿Por qué se falsea la realidad? ¿Por qué se habla de los antiguos dueños? ¿Acaso los señores Yarur, Sumar u otros, que suelen citarse como ejemplos, dejaron de ser los propietarios legales o legítimos de sus fábricas, industrias o bancos? Lo eran, lo son y lo seguirán siendo mientras no se dicte una ley que permita al Estado transferir la propiedad de los particulares a su patrimonio. Tan así es que, por ejemplo, hemos visto al señor Yarur objetar el balance del Banco de Crédito e Inversiones. Lo hace porque se trata de su banco. Él es su dueño, el accionista principal. De lo contrario, no podría ejercer ese derecho de objeción al balance. También hemos visto que otra persona en similar situación ganó un juicio, o que determinado tribunal aplico la ley en forma que la favorecía. ¿Por qué? Porque tenía derechos que la ley le reconoce en su calidad de propietaria.

Pues bien, nosotros no estamos alterando esa situación jurídica, ni a favor ni en contra de los propietarios, ni a favor ni en contra del Estado. La reforma constitucional, en estas materias, rige para lo futuro; de modo que los propietarios siguen siendo dueños mientras no se dicte una ley que permita, por medio de expropiación u otra forma legal, transferir el dominio de sus bienes al Estado. La requisición, la intervención y, para qué decir, la toma de hecho, que son los instrumentos que normalmente se están usando para lograr el control de estas empresas, no son manera en Chile país organizado, Estado de derecho de transferir el dominio o la propiedad.

Luego se critica esta iniciativa aduciéndose que, como se exige ley para el traspaso de los bienes al área social o mixta, el proceso expropiatorio sería muy lento, pues se debería dictar una ley para cada empresa, banco o industria. Creo que nadie de buena fe puede hacer tal afirmación. Seguramente la crítica está destinada a cazar incautos. Es tan torpe como sostener que la ley de Reforma Agraria no se dictó para facilitar, sino para impedir la expropiación de los predios o parte de ellos, y que para entregarlos a los campesinos sería necesario dictar una ley para cada fundo.

El texto de la disposición en referencia señala expresamente que serán leyes generales o especiales las que determinarán la forma del traspaso del área privada al área mixta o a la social.

Por otra parte, la ley no sólo es más eficiente, sino que, también, es menos lenta cuando hay voluntad política, cuando hay consenso. Si no hay ni la una ni el otro, quiere decir que el país no quiere hacer determinadas cosas. Por eso, existen proyectos de ley que se empantanan por decenios: porque no existe interés en ellos. Muchas veces los echan al olvido los propios autores, como ocurrió con la iniciativa del Gobierno destinada a combatir el terrorismo, que se presentó en un momento determinado de la vida nacional, cuando se asesinó a un importante y destacado hombre público, como fue el ex Vicepresidente de la RepúblicaEdmundo Pérez. Vino entonces a esta Sala el Ministro señor Tohá, quien, con escándalo, anunció el envío del proyecto contra el terrorismo. Incluso, en él se establecía la pena de muerte para los violentistas. Pero fue el mismo Gobierno el que, en un momento dado, se desinteresó en el proyecto, impidiendo que el Congreso lo tratara al sacarlo de la convocatoria a la legislatura extraordinaria.

Entonces, la ley es lenta o rápida según la voluntad política que haya para impulsar los proyectos respectivos, y según el consenso de aprobarlos o rechazarlos.

Quisiera ilustrar esta idea con dos ejemplos.

En primer término, me referiré al caso de la estatización de la banca.

En diciembre de 1970 el señor Allende ofreció hacerla por ley. Estamos en junio de 1972, y el proyecto anunciado aún no llega.

Si bien el Gobierno ha estatificado la mayor parte de la banca privada, que yo sepa hasta ahora no ha logrado estatificar al Banco de Chile, que constituye el 70% de la actividad bancaria privada del país. No ha podido el Estado, actuando como comerciante particular, al margen de la ley y con los recursos de que dispone cuyo uso por los particulares es absolutamente legítimo, no así si se trata del Estado o las autoridades, lograr la estatización de la banca privada. ¿Cuántos proyectos de ley sobre la materia se habría dado el lujo el Gobierno de pasar en el año y medio que lleva en el poder? Los que quisiera, si hubiera habido la voluntad política de hacerlo así, y no de escamotear el conocimiento de estas materias al Congreso Nacional; si hubiera habido como en lo esencial existía voluntad de parte de la mayoría del Parlamento para despachar esas iniciativas.

También se critica esta reforma expresándose que las empresas de trabajadores que nosotros patrocinamos implica una forma de discriminación entre los trabajadores y una manera de transformar a éstos en capitalistas. Esta última idea la vendió en el país don Fidel Castro, cuando vino en visita de inspección. Desde entonces hasta ahora la ha repetido casi invariablemente en sus intervenciones el Presidente de la República.

Hoy he escuchado decir al señor Ministro de Justicia que para el Presidente de la República la película ya estaba aclarada totalmente; que ya había entendido, después de los meses en que se ha estado debatiendo este asunto en la Cámara, el Senado y ante la opinión pública, que no se trataba del traspaso de la propiedad, sino del traspaso del poder, de la administración y de los excedentes a los trabajadores. Entendió, al fin, que esto es lo que estamos auspiciando, lo que significa la empresa de trabajadores.

Aclarado este punto, queda en pie la afirmación de que se produciría discriminación entre los trabajadores. Se dice al efecto que hay empresas ricas, de gran productividad y con grandes excedentes, como es el caso de las del cobre, en tanto que otras son de muy baja productividad, como las del carbón. Entonces, esta medida provocaría, a juicio de quienes critican esta iniciativa, una discriminación entre las personas que laboran en unas y otras empresas.

Sobre el particular, en primer término quisiera aclarar que ni el carbón ni el cobre serían empresas de trabajadores, según el proyecto que proponemos. Ambas actividades, como ya lo expliqué, se reservan, en virtud de esta misma iniciativa, para el dominio y administración por el Estado.

Tomemos el mismo ejemplo, el de las empresas del cobre y del carbón. Ambas eran privadas, si bien las primeras estaban en manos de los norteamericanos y las segundas en poder de los chilenos. Pero lo cierto es que ambas eran empresas tradicionales, en manos de capitalistas particulares. Pues bien, en ese esquema capitalista ya existían tales desigualdades: eran más pobres, recibían menos, ganaban menos los trabajadores del carbón, en tanto que eran más ricos, recibían más o ganaban más los del cobre. ¿Qué sucede ahora, cuando ambas actividades están estatificadas? ¿Ganan acaso más los trabajadores del carbón que los del cobre? ¿Tienen mayores ingresos por el hecho de haber sido estatificada la empresa carbonífera? No. Las mismas irritantes discriminaciones o diferencias e injusticias se mantienen, porque son ajenas al sistema capitalista, al estatista o al de participación. En cualquiera de tales esquemas, la ley puede hacer justicia y regular la situación. Lo que sí es justo es que los trabajadores vayan en la parada, que tengan participación real en lo que, fundamentalmente, es el fruto de su esfuerzo. El capital debe estar al servicio del trabajo, y no como ocurre en el sistema capitalista o en el del estatismo, en que el trabajador está al servicio del capital. Y es lógico que quien trabaja más, produce más o rinde más en beneficio del país, tenga un premio por su mayor esfuerzo o mejor rendimiento.

Por último, entre las críticas que hemos escuchado hay una que, al menos en apariencia, impresiona.

Se dice: Muy bien, todo esto es muy bonito; pero ustedes fueron Gobierno durante seis años. La Democracia Cristiana tuvo la Presidencia de la República. Todos sus Ministros eran democratacristianos, al igual que los Subsecretarios y los altos funcionarios de esa Administración. Contó con 82 Diputados y un buen número, si bien no la mayoría, de Senadores. ¿Por qué no concretaron entonces la participación popular, la empresa de trabajadores?

Quisiera recoger esta afirmación, que se repite invariablemente en todos los foros, en todas las tribunas y en todas las expresiones del oficialismo.

Los partidos que hoy están en el Gobierno, como se ha recordado en la Sala, también tuvieron el Poder durante 14 y más años: los radicales y los socialistas; los socialistas durante el Gobierno de Ibáñez; y radicales, socialistas y comunistas, durante el Gobierno de González Videla, aunque eso fue como un veranito de San Juan, porque éstos últimos no permanecieron mucho tiempo en el Gobierno. ¿Por qué no hicieron entonces la reforma agraria? ¿Por qué no hicieron entonces la estatización de las empresas y crearon el área social? Seguramente, ellos me contestarían, y con razón, que, como lo dicen las Escrituras, cada día tiene su propio afán. Y su afán fue crear la CORFO, y lo hicieron. Y desarrollaron el programa del acero, de la electricidad y del petróleo. Y lo hicieron bien. Ese fue el afán de ese día y lo que constituía la tarea del país en esos años. Y lo cumplieron, lo cual está bien.

Por nuestra parte, ¿ofrecimos al país organizar las empresas de trabajadores en el programa de la Democracia Cristiana para su primer Gobierno, que fue el del Presidente Frei? ¿Propusimos entonces la participación popular y la modificación de la estructura de las empresas? No, señor Presidente. En esa oportunidad patrocinamos otra cosa: la organización popular. ¿Y quién, de buena fe, cualquiera que sea la posición política que tenga o la crítica que le merezca el Gobierno democratacristiano, podría desconocer que organizamos a los campesinos mediante su sindicación, que organizamos a los pobladores y a los vecinos mediante la dictación de la ley de Juntas de Vecinos y Organizaciones Comunitarias, que apoyamos la organización sindical y la organización social de base?

Esa fue la tarea que ofrecimos en ese Gobierno. Ese fue el afán de aquellos días, y lo cumplimos. ¿Y por qué cito este aspecto, y no otros, como la reforma agraria, la iniciación del proceso de recuperación de las riquezas básicas, u otras tareas que se cumplieron durante ese Gobierno? Porque la participación popular supone necesariamente la organización del pueblo.

Este no puede participar sino a través de su organización y de los representantes que legal y democráticamente se da. Nadie asume la participación a través de las grandes asambleas de masas, en que habla el dictador y la muchedumbre grita, entusiasmada y frenética, ¡sí! o ¡no! Eso no es un sistema democrático; no es un sistema de participación, sino la negación de la participación responsable de los trabajadores.

Ese fue el afán de los años del Gobierno del Presidente Frei, y lo cumplimos. Más aún: en materia de política agraria llegamos más lejos, y no sólo organizamos a los campesinos, sino que en toda el área reformada establecimos la participación, que es la expresión de la participación popular, de los trabajadores, de la empresa de trabajadores. ¿Qué otra cosa son el asentamiento campesino, en términos provisionales, y la cooperativa de campesinos, en términos de propiedad definitiva, sino una empresa de trabajadores, amoldada a las condiciones, requisitos y necesidades de la producción agropecuaria y al sistema de vida y promoción de los trabajadores de la tierra? Eso es lo que hicimos.

¿Qué propusimos para el segundo Gobierno que pensábamos debía realizar la Democracia Cristiana? Precisamente, sobre la base del afán cumplido en la Administración del Presidente Frei en materia de organización popular, ofrecíamos dar el segundo paso y cumplir el segundo afán: establecer la participación de los trabajadores y las empresas de trabajadores. Eso es lo que estamos haciendo ahora, en virtud de la representación popular de que estamos investidos, con la herramienta que el pueblo ha puesto en nuestras manos: la posibilidad de participar en la formación de la ley y de modificar la Constitución Política. ¿Quién podría, entonces, con razón y en justicia, tacharnos de inconsecuentes y formularnos el cargo de no haber hecho en nuestro Gobierno lo que no prometimos hacer y de ser inconsecuentes entre posiciones que ahora tenemos y que ofrecimos realizar si hubiéramos tenido, como lo esperábamos, la oportunidad de un segundo Gobierno de la Democracia Cristiana?

Observaciones a vetos del Presidente.

El proyecto de reforma constitucional en debate fue presentado el 14 de octubre del año pasado. Lo aprobó el Senado. Luego le dio su aprobación mayoritaria la Cámara de Diputados, y posteriormente lo ratificó el Congreso Pleno. Por lo tanto, fue enviado, como corresponde en su tramitación legal, al conocimiento y decisión del Presidente de la República, quien, en uso de sus facultades privativas, de acuerdo con la Constitución, puede formular observaciones o vetos. En conformidad al artículo 108 de la Constitución Política, el Jefe del Estado, frente a un proyecto de reforma constitucional, como se ha señalado en esta Sala, no tiene las mismas atribuciones y facultades que en el caso de un proyecto de ley en materia de observaciones. La diferencia se encuentra establecida en la Carta Fundamental y emana de que, en el caso de la Constitución, el Congreso está ejerciendo la facultad de constituyente, y el Poder Constituyente radica fundamentalmente en el Parlamento. Por eso, en lo atinente a estas observaciones, la Constitución limita las posibilidades del Primer Mandatario, al revés de lo que sucede respecto de la ley, donde el Congreso es colegislador, y el Poder Legislador reside no sólo en el Congreso Nacional, sino también en el Presidente de la República; de modo que ambos, en conjunto, concurren a la formación de la ley, y aquí, de acuerdo con la propia Constitución, es mucho más amplia, es menos limitada, la facultad del Jefe del Estado de formular observaciones o vetos a los proyectos de ley que apruebe el Congreso Nacional.

Pues bien, de acuerdo con la Constitución Política, ¿qué puede hacer el Presidente de la República en materia de vetos a un proyecto de reforma constitucional? Sólo puede, según la Carta Fundamental, formular correcciones, introducir modificaciones o reponer ideas válidamente contenidas en indicaciones formuladas durante la tramitación del proyecto de ley. En buenas cuentas, no tiene el Primer Mandatario más autoridad en esta materia. En consecuencia, no puede llegar más lejos que modificar, corregir o reponer.

No deseo analizar en este momento, porque me reservaré para la fundación de mi voto en cada una de las observaciones, de qué manera, en la mayoría de los vetos, el Presidente de la República se ha excedido, a mi juicio groseramente, de la facultad constitucional. Ha llegado mucho más allá en lo que ha llamado no sé si él o los agentes de su Gobierno el veto duro. Ha llegado mucho más allá de lo que la Constitución le permite, porque habiéndose ya fijado el campo de la competencia restrictiva que tiene en esta materia el Presidente de la República, sabiendo que, según el artículo 4º de la Constitución Política, ninguna autoridad puede arrogarse otras atribuciones que las que expresamente le confiere la Constitución o las leyes, ha pretendido destruir el proyecto de reforma constitucional aprobado después de la tramitación legal, con los quórum constitucionales por el Congreso Pleno, y reemplazarlo por el llamado proyecto Vuskovic. Este contiene ideas que nunca fueron formuladas válidamente durante la tramitación del proyecto, y que tampoco fueron discutidas en esa forma en el acuerdo CUT-Gobierno sobre participación de los trabajadores.

Sin entrar en el análisis jurídico que han hecho otros señores Senadores, y que tendremos oportunidad de expresar al examinar cada una de las disposiciones, deseo recordar al respecto que si bien el Presidente de la República ha usado una facultad que nadie le desconoce, la de vetar, ha hecho un ejercicio abusivo de ella, ha llegado más allá, ha sobrepasado y excedido el límite. Esa inconstitucionalidad deberá ser declarada en el Senado.

El ex Presidente del Senado Honorable señor Patricio Aylwin nos envió una comunicación a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, la cual se hizo pública. La unanimidad de sus integrantes y también el Ministro de Justicia, convinimos en que, por la importancia de la reforma constitucional que se la damos no sólo quienes la patrocinamos, sino que también la reconocen los que están en contra de ella, la inconstitucionalidad no debía ser resuelta allí, sino que debía ser conocida por la Sala, de modo que fuera la más alta autoridad, la voluntad mayoritaria del Senado, y no sólo una de sus Comisiones o uno de sus Presidentes, quien resolviera en esta materia, sobre todo pensando en los efectos que produce la declaración de improcedencia por inconstitucionalidad, que mata la iniciativa.

Salida democrática al conflicto de Poderes.

Pues bien, al margen de la tramitación normal del proyecto, del pronunciamiento que el Senado, primero, y la Cámara de Diputados, después, adopten respecto de cada una de las observaciones, ya sea para aprobarlas, rechazarlas o declararlas inconstitucionales, se genera una diferencia de criterios entre el Congreso Nacional y el Presidente de la República.

Hay dos formas de resolver tal diferencia. Una, por vías democráticas, constitucionales y honestas; y otra, por vías que no quiero calificar, pero que significan salirse de la Constitución, atropellar la ley, desconocer la voluntad mayoritaria de los chilenos y, lo que es más grave, hacer todo esto en forma hipócrita, revistiéndolo de formas legales, a sabiendas de que se está faltando a la legalidad. No me referiré a esta última materia, porque espero que, en definitiva, el Gobierno en arrastre al Parlamento y al país a un enfrentamiento de Poderes, cuyas consecuencias nadie puede prever, y que cualquiera persona responsable debe tratar de impedir. Deseo referirme a aquellos otros medios que son los honestos, democráticos y constitucionales. En primer lugar, está el acuerdo, fruto de la negociación política, que lo viene usando no sólo la Democracia Cristiana, sino todos los partidos, y, no sólo ahora, sino desde que existe el Parlamento. A veces, para bien, y en otras oportunidades, para mal. A veces, en un sentido; otras, en otro. Pero es parte del ejercicio de la función parlamentaria, y en parte está incorporado a nuestra tradición democrática. Y aquí quiero recordar que, con conocimiento del resto de los partidos de Oposición el Partido Nacional y la Democracia Radical, hicimos gestiones con el Gobierno del señor Allende, a pedido de quien en esa época desempeñaba la Cartera de Justicia, don Manuel Sanhueza, precisamente para buscar una solución que, salvando ciertos aspectos importantes para el Gobierno y respetando los fundamentos básicos de la reforma, superara el conflicto y facilitara la aprobación de la reforma. Esas gestiones, que posteriormente se hicieron públicas, lamentablemente no fructificaron. El Ministro de Justicia actuó con el respaldo del Presidente de la República y el conocimiento de los partidos de la Unidad Popular. Logramos un acuerdo completo, detallado y escrito, que tengo en mi poder, y que haré valer respecto de cada una de las observaciones. No obstante, el veto que el Gobierno envió posteriormente no respetó ese acuerdo.

Repito que llegamos a un completo acuerdo que, evidentemente, no significaba que otras materias no incluidas dentro del proyecto de reforma despachado por el Congreso no pudieran, dentro de las limitaciones constitucionales y el ejercicio del derecho que le concede la Constitución, ser objeto de observación por el Presidente de la República sin acuerdo con la Oposición; por ejemplo, alguna de aquellas materias que, habiéndolas propuesto oportuna y válidamente, quisiera reponerlas por la vía del veto.

Quiero destacar la absoluta identidad de propósitos y la consecuencia política con que actuó en ese momento, no sólo el Ministro de Justicia de entonces, don Manuel Sanhueza, sino también el Partido Izquierda Radical, al cual representaba en el Gobierno. Es también digno de destacar la actitud, firmeza de propósitos y consecuencia política de esa colectividad cuando, como recordó ayer el Honorable señor Juliet, abandonó las responsabilidades que Je había entregado el Gobierno, al no prosperar el acuerdo entre éste y la Democracia Cristiana que permitía resolver un eventual conflicto de Poderes y, al mismo tiempo, hacer más eficiente y lograr incluso hasta la promulgación de la reforma constitucional que auspiciábamos.

En nombre de la Democracia Cristiana, al recordar estas conversaciones y ese acuerdo, quiero destacar una actitud política que muy pocas veces hemos observado en un partido que estuvo en el Gobierno, que fue llamado a él por Su Excelencia el Presidente de la República para cumplir determinadas tareas muy específicas, con un propósito muy claro, que no ocultó, sino que hizo público, y que, al verse en la imposibilidad de cumplir, tuvo la honestidad y la decisión de abandonar el Gobierno, y no sus principios.

Ahora bien, aparte el acuerdo, que lamentablemente entonces no prosperó y que hasta ahora, que yo sepa, tampoco se ha logrado, hay otras maneras de proceder en forma honesta, democrática y constitucional. Por ejemplo, promulgando la reforma constitucional que en definitiva, y después de conocer los vetos u observaciones, apruebe el Parlamento.

Consulta popular: solución democrática.

En tercer lugar, si se mantuvieran las discrepancias entre Gobierno y Oposición repito, fundamentalmente en cuanto a la forma como se está realizando el proceso por decreto y no por ley y en cuanto a la dirección que lleva el traspaso del poder para el Estado y no para los trabajadores; si se mantuvieran dichas discrepancias al término del proceso normal y constitucional, el Presidente de la República tiene en sus manos el derecho que le reconoce la Carta Fundamental y cuyo ejercicio, en las actuales condiciones y coyuntura histórica, personalmente me parece una obligación moral y política: consultar al pueblo. Ese es el plebiscito. No a un tribunal, no a tres, cuatro o cinco ministros, sino a los tres o cuatro millones de electores, a los jóvenes, mujeres, hombres, trabajadores y productores que constituyen el electorado nacional, que son los depositarios del poder de donde emana nuestra representación, y también, aunque indirectamente en este caso, la del Presidente de la República. Ellos son los llamados a resolver las diferencias entre el Ejecutivo y el Parlamento en materia de reforma de la Constitución.

¿Qué razón legítima podría existir en una materia tan importante para que al titular del poder se le impidiera el pronunciamiento? ¿Qué razón podría invocarse para que, habiendo diferencias graves entre Ejecutivo y Congreso en materias de reforma constitucional y existiendo el expediente de la consulta popular, se omitiera este trámite? ¿Qué razón podría existir para que, habiendo una manera honesta, legal y constitucional de zanjar el problema, se produjera el enfrentamiento, se arrastrara al país a un conflicto de Poderes?

Recuerdo que, hace algún tiempo, en todos los diarios no sé si también en los otros medios de comunicación apareció un cartel, pagado naturalmente por el Gobierno, que decía: Igual que el 91. En 1891 el país cometió un grave error, que llevó a un enfrentamiento cuyas consecuencias no sólo se pagaron en vidas, sino también en términos de progreso y desarrollo. No sólo murieron muchos chilenos; no sólo se creó un odio de generaciones entre compatriotas, sino que también la estrella de Chile comenzó a apagarse. Nuestro país, que después de ser una de las colonias más pobres de España, pasó a ser cabeza del continente como nación independiente, empezó a conocer días mucho más oscuros en su historia. Pero entre entonces y ahora no sólo las circunstancias, los hombres y los partidos son diferentes; no sólo existe hoy día como no existía entonces, entre los que no estaban en el Gobierno la voluntad de producir y de llevar adelante los cambios, las transformaciones y la revolución que el país requiere para progresar y desarrollarse, sino que hay además, para resolver las diferencias entre los Poderes, una herramienta de la cual en aquel entonces no se disponía. Y si hubiera existido, ¡caramba que habría ido distinta la historia de nuestro país! Esa herramienta se llama plebiscito. Y ahora este Gobierno, que se dice popular y que se autocalifica como Gobierno de los trabajadores, tiene temor justificado de consultar al pueblo. Y no lo quiere consultar porque se sabe minoría; porque sabe que el pueblo, si le preguntan si desea que el proceso se continúe o se lleve adelante por decreto o por ley, favorecerá la posición de la ley. Si le consultan si el Poder debe ser para los trabajadores o para el Estado, sin duda alguna que la gran mayoría de los chilenos, sobre todos los sectores populares, los trabajadores, votará por que sea para los trabajadores. Pero entonces, si no quieren reconocer la voluntad popular mayoritaria y hasta temen consultarla, ¿qué derecho, qué autoridad moral, desde el punto de vista democrático, puede tener el Gobierno para insistir, en el hecho, en las estatizaciones, requisiciones y tomas? ¿Cómo puede continuar imponiendo o tratando de imponer al país un esquema que la gran mayoría de los chilenos rechaza? Eso es llevar al enfrentamiento; eso es sembrar la violencia; eso es dividir a la ciudadanía; eso es crear odio, que está separando a los chilenos y que puede durar por generaciones.

Quiero terminar estas palabras porque otros colegas de mi partido también desean intervenir. Me he permitido, una vez más en esta Corporación, expresar lo que es la esencia del proyecto, lo que nosotros queremos, y recoger también las críticas formuladas, porque no tememos al debate. Al revés, tenemos confianza en el debate, en el pluralismo de las opiniones. Creemos que ésa es parte de la riqueza de la democracia. Pero no aceptamos que se nos supongan intenciones o intereses personales. Aceptamos la crítica política, por dura que sea; pero rechazamos de plano los ataques personales que se lanzan para desvirtuar la esencia de lo que hemos propuesto.

Estamos proponiendo al país un camino para realizar los cambios; un medio para construir una sociedad donde realmente, en forma libre, organizada y responsable, los trabajadores ejerzan el Poder. Estamos proponiendo una vía que es la que tradicionalmente hemos seguido los chilenos: la de la ley, la democracia y la convivencia pacífica.

Creemos que los cambios pueden y deben realizarse. Pero deben llevarse a cabo por la vía democrática, dentro del respeto a la ley y a la Constitución, y sin crear esos factores negativos de odio y de violencia que lamentablemente, más allá de las palabras de nuestros gobernantes probablemente, muchas veces, más allá de sus sanas intenciones, se están generando en el país.

Vengo llegando de una de las provincias que represento: Aisén. En estos momentos, no sé si los problemas que vive esa provincia están siendo solucionados por las autoridades competentes, como espero, o, al revés, si se está echando más leña a la hoguera de la violencia y el odio que algunos están desatando. En el fondo, la solución del grave problema de convivencia que amenaza turbar la paz en esa importante, aislada, y alejada provincia de Chile, depende de que se cumpla la ley en el campo. Si ella se cumple, incluso los afectados, como sería el caso de muchos colonos que por muchos títulos tendrían razón para protestar, pues otros Gobiernos los llevaron a esas lejanías, a esas tierras inhóspitas, para crear soberanía, para extraer de la tierra una posibilidad de cultivo y de riqueza, y que han prosperado a pesar de las grandes dificultades que han debido enfrentar, están dispuestos a aceptar el sacrificio que para sus intereses legítimos significa la aplicación de la reforma agraria. Pero esos colonos piden que se respeten los derechos que la ley les reconoce. Lo mismo pasa con los pequeños y medianos campesinos, los cuales están inquietos e inseguros frente a la acción de las autoridades que manejan la ley y que amenazan con desconocerles sus derechos. Igual piensa la gran mayoría de los campesinos, que desean que la ley se aplique rectamente, en forma auténtica, con la intención con que se dictó, o sea, para favorecerlos a ellos y para entregarles la tierra a través de sus cooperativas u organizaciones comunitarias.

La ley de Reforma Agraria recogió una prédica de muchos años: La tierra es para el que la trabaja. Si esta ley se aplica con autenticidad, como todavía lo digo honestamente espero que lo haga en esa provincia el propio Ministro de Agricultura, el problema de Aisén se soluciona. Si no es así, puede preverse lo peor.

En Chile, la ley ha sido el instrumento del cambio. La desconfianza que muchas de nuestras autoridades tienen en la ley, o esa cosa mañosa no de aplicar la ley, sino, como dicen, de usar la ley, que es muy distinto, es lo que precisamente puede llevarnos a quebrar nuestra tradición, nuestra convivencia; a romper el diálogo democrático entre todos los chilenos. Y nosotros queremos realizar cualquier esfuerzo para evitar que así ocurra. Por eso hemos presentado y estamos tramitando y defendiendo este proyecto de reforma constitucional.

Creo que a Su Señoría también lo soportan desde hace bastante tiempo. En todo caso, a mí bastante menos que a usted.

Señor Presidente, en realidad yo me ilusioné con respecto a este debate. Es posible que ello me ocurra por el hecho de llevar poco tiempo en este hemiciclo. Creí efectivamente que, dada la trascendencia de la materia, podríamos salir del círculo un tanto vicioso de las ideas que semana a semana se repiten aquí. La verdad es que, salvo algunos aspectos jurídicos referentes al asunto en debate, el resto de la larga intervención del Honorable señor Hamilton no es sino la repetición tediosa y odiosa de su insolente y grosero pensamiento.

Lo digo así, porque el Honorable señor Hamilton es insolente para tratar al Gobierno y para referirse al Presidente de la República. Entonces, como es indudable, dan deseos de no plantear el problema en un terreno de carácter general, sino de bajar un poco también al terreno al cual llevó la discusión el señor Senador. Pero parece que realmente no vale la pena, porque aunque él es padre compartido del engendro que nos ocupa, indudablemente no queremos darle categoría dedicándole toda la sesión. Por consiguiente, sólo de paso nos referiremos a muchas de sus argumentaciones, las cuales repito no tienen ninguna novedad.

En verdad, la legislación sobre las áreas de la economía rompe la monotonía y la intrascendencia normales de este Parlamento, al situar en este recinto el candente problema político chileno. Pero creo que no por eso debemos equivocarnos. Es cierto que esa materia está centrada aquí en este instante; pero se equivocan aquellos que creen que es en el Parlamento donde se desarrolla toda la obra que estamos presenciando y de la cual, en parte, somos actores. El escenario es mucho más grande, mucho más vasto: es Chile entero, su historia y su futuro, proyectado incluso hacia el corazón de América Latina y de todos los pueblos del mundo.

En la hora que estamos viviendo somos, obligadamente, actores en el proceso de transición de un sistema a otro, del capitalismo al socialista. Nos guste o no, o les guste a algunos o no les guste, vivimos la convulsionada época contemporánea; vivimos las contradicciones de un mundo decadente desde un punto de vista histórico, con otro que surge, avasallador, del seno de esta sociedad enferma. Esta pugna entre el capitalismo que se resiste a la evolución, y el socialismo que nace incontenible, se refleja en la quiebra de las instituciones, las que han permanecido siglos como inamovibles, como eternas, y se manifiesta también concretamente en las actitudes y posiciones de los hombres y de los partidos. Podemos decir que Chile entró en la línea de fuego de la lucha por el socialismo.

No decimos lo anterior para aparecer grandilocuentes o fatuos, ni por el deseo de hablar en un tono elevado, como se pretende que debe ser la norma en este rancio Senado. Se trata sólo de ubicar el problema en sus verdaderas dimensiones, porque es posible que algunos señores Senadores crean honestamente que aquí se discute si el Presidente de la República ha violado o no el artículo 108 de la Constitución, pero es seguro que muchos saben que ése no es el fondo del problema y se escudan tras una maraña de interpretaciones jurídicas para defender tanto una filosofía conservadora como sus propios intereses económicos y sociales concretos, o los intereses que representan, o los de la clase a que pertenecen. Y esto hay que revelarlo.

Más allá de este recinto, por todos los confines del país, el pueblo de Chile debe saber que aquí poco más de un centenar de ciudadanos denominados congresales se convierten en duros obstáculos para el desarrollo de Chile, para el futuro de la patria. Me corresponde denunciar en parte, en nombre del Partido Socialista, a quienes directa o indirectamente, encubierta o desembozadamente, se prestan para este juego conservador y reaccionario.

No me referiré a los aspectos jurídicos del problema. La reconocida capacidad de nuestro camarada y amigo Senador Tomás Chadwick se expresará elocuentemente en esta materia. Abordaré fundamentalmente los aspectos de orden político general, que son el trasfondo de la materia en discusión.

Han dicho los señores parlamentarios de Oposición, en documento del 2 de marzo próximo pasado, que como lo sabe la opinión pública repito sus palabras el actual Gobierno ha puesto en marcha, desde sus inicios, una política de absorción por el Estado y para el Estado de toda clase de empresas que hasta ahora se encontraban en el sector particular. Y manifiestan que esta política se realiza mediante graves y sistemáticos fraudes a la legislación vigente. Hay numerosas entidades semifiscales o de administración autónoma que tienen en sus leyes orgánicas atribuciones para adquirir toda clase de bienes, atribuciones que el legislador les otorgó haciendo confianza en que se emplearían en el cumplimiento de las finalidades específicas. ... Y añaden que, para ese efecto, se estaría haciendo uso de disposiciones, algunas de ellas de viciado origen y dudosa vigencia. Todo esto entre comillas.

Comentaremos más adelante en detalle estas afirmaciones. Ahora queremos analizarlas en su contenido esencial, que deja al desnudo la hipocresía y el fariseísmo de algunos y la debilidad e inconsistencia de principios de otros. Debemos agregar que en esas mismas palabras del 2 de marzo se expresó la amenaza que hoy en forma muy vibrante ha repetido el señor Hamilton: la de que el Gobierno, haciendo uso de los elementos jurídicos con que cuenta, pudiera arrastrar al país, según ellos, a situaciones imprevisibles. Con esta amenaza, que se hizo pública con la firma de todos los Senadores y Diputados de Oposición, y recalcada hoy día aquí, se pretende intimidar al Gobierno para que no ejerza sus verdaderos derechos, establecidos clara y definidamente en la Constitución.

Pero vayamos al hueso de la cuestión. El Gobierno de la Unidad Popular está traspasando empresas particulares al Estado y, por medio de él, al pueblo de Chile. Esto no lo ha hecho ni lo hace a espaldas del pueblo. De ninguna manera. Todo Chile conoció el programa de la Unidad Popular. La campaña presidencial se basó en el programa, difundido por millares y millares y propagado abierta y valientemente por el entonces candidato, camarada Salvador Allende. ¿Qué dice en su parte pertinente el programa de la Unidad Popular? Expresa: El proceso de transformación de nuestra economía se inicia con una política destinada a constituir un área estatal dominante formada por las empresas que actualmente posee el Estado más las empresas que se expropien. Agrega que, como primera medida, se nacionalizarán aquellas que están en poder de capitales extranjeros y las que se hallan en manos de monopolios internos. Más adelante plantea que no más de 150 empresas controlan monopólicamente todo el mercado, concentrando ellas el crédito y explotando al resto de los empresarios.

Mienten, entonces, o tergiversan torpemente nuestras palabras quienes plantean que este modelo estatista no fue nunca propuesto con lealtad al electorado nacional. Estas son también expresiones del manifiesto del 2 de marzo; es decir, en él se tergiversa lo que fue una clara definición en la campaña presidencial del compañero Allende. Nunca se ocultó el carácter de las nacionalizaciones en el sentido de que las medidas que en este proceso se tomaran significarían el traspaso de las empresas a poder del Estado. Sin embargo, esto se ha pregonado, se ha lanzado y utilizado como un arma, después de crear un clima respecto de lo que puede ser y es el Estado en sí.

Lo que ocurre, en realidad, es otra cosa. Ocurre que, por primera vez en la historia, un programa de campaña electoral para movilizar masas y conquistar electores no se convierte en sólo una bandera agitadora, sino que se empieza a hacer realidad desde el Gobierno cuando se logra obtener limpiamente la victoria. Y como las fuerzas triunfadoras de la Unidad Popular representan esencialmente los intereses de las clases explotadas dentro del sistema capitalista, sus medidas estremecen efectivamente todo el orden vigente y, consecuencialmente, colocan a todos, instituciones, partidos y hombres, en la disyuntiva de tener que definirse. Y en este terreno estamos: en el de las definiciones.

A nosotros no nos cabe, no nos ha cabido ni nos cabrá en adelante duda alguna respecto de lo que piensa y de lo que hará la Derecha tradicional en esta materia. Lo que sorprende es la impudicia, la demagogia utilizada para alcanzar un apoyo social más amplio que los reducidos grupos de monopolistas y grandes empresarios que representan. Sería preferible, sería más honesto ver, por ejemplo, al Senador Ibáñez que no está presente por el momento lamentablemente, pero hay aquí alguien que lo representa más claramente en su desnuda actitud reaccionaria, a veces rayana en una torpe brutalidad de sus expresiones, defendiendo aquí sus intereses...

El señor GARCIA.-

¡Jamás lo ha hecho! ¡Usted no puede ofender a un Senador en su ausencia! ¡El señor Ibáñez no viene a defender sus intereses! ¡Usted no comprende que haya gente que se interese por el país y no por sus propios intereses! ¡Yo no permito que se insulte a un Senador en su ausencia!

El señor SEPULVEDA.-

Tenga calma...

El señor GARCIA.-

¡No puedo tenerla cuando se insulta a un Senador! ¡Usted tiene sangre de horchata! ¡Yo no!

El señor SEPULVEDA.

No sé qué sangre tiene usted aristocrática; no sé de qué tipo, que se ofende tanto.

El señor GARCIA.-

¡Cómo no me voy a ofender!

El señor SEPULVEDA.-

Es indudable que, cuando habla el señor Ibáñez, oímos aquí términos que son como una especie de gamba puesta sobre un escritorio; y es él precisamente la expresión de esa Derecha que niega que es reaccionaria, que no quiere reconocerlo, pero que, en el hecho, defiende intereses, actitudes y filosofías que configuran toda una concepción absolutamente caduca de la vida. Y es la expresión más bárbara de esa defensa. Por eso, entonces, preferíamos decirlo, sin querer ofenderlo: que defienda aquí sus intereses y que no se coloque la faz de defensor de los campesinos, de la participación de los trabajadores en las empresas, o de las empresas de los trabajadores que propugnan por medio de este proyecto de reforma constitucional quienes representan a esa Derecha. Es preferible, sin duda, que se sitúen en el plano de clase en que ellos están, defendiendo sus concepciones, sus posiciones y sus intereses, en vez de salir a la luz pública con una apariencia que no les corresponde. Por eso, con estos señores no hay donde perderse, y no nos referiremos más a ellos.

Pero donde la discusión se pone turbia o nebulosa, es con la Democracia Cristiana, porque aquí nos encontramos con que este partido habla de hacer una revolución, y acabamos de escuchar las vibrantes palabras del señor Hamilton sobre esta materia, tremendamente revolucionarias. El hizo preguntas y se anticipó a dar respuestas, supuso réplicas de nuestra parte, y se adelantó a contestar los argumentos que nosotros podríamos, indudablemente, expresar aquí. Es como si se supiera la película de memoria. Se pone todos los parches posibles, y sabe que podemos decirle por qué ellos no cumplieron su programa. Dice que lo cumplieron, pero en verdad no es así. El programa de su última campaña presidencial tenía cierta forma de anticapitalismo. El programa de la Democracia Cristiana anterior a la campaña es también anticapitalista, y muchos elementos programáticos de ese partido obedecen a la misma concepción.

Pero ¿qué ocurre? Ante la gran definición, surge la naturaleza ambigua de la Democracia Cristiana, asoma su esencia contradictoria; se manifiestan sus antagonismos interiores.

Hay que hacer cambios. Sí, claro, pero... Ahí surge el pero. Hay que nacionalizar; sí, pero no utilizando mecanismos legales de dudosa vigencia. Hay que nacionalizar los bancos; sí, pero no comprando acciones por organismos cuya finalidad no es ésa. Y antes, cuando ejercieron plenamente el Poder y tuvieron oportunidad de cambiar el rostro del país

y se planteó la posibilidad de recuperar el cobre para Chile, dijeron sí, pero mejor seamos primero socios del imperialismo. ¿La reforma agraria? Claro, la gran bandera realizada; pero vamos con cautela, tenemos 30 años por delante para hacerla: ¡la era democratacristiana de los 30 años!

Ya en tono mayor, en las cosas concretas, declararon: Vamos a hacer cien mil propietarios en seis años. Claro, sí; pero nos quedamos en 18 mil, no más. Etcétera.

En su actuar podríamos colocar siempre el sí y el no, el sí y el pero. No planteamos la conducta de la Democracia Cristiana de este modo para descender a la polémica barata, sino para, dejar sentada la ambivalencia de este movimiento, que, en la práctica, se convierte en una fuerza conservadora, aunque esta palabra no le guste.

Queriendo estar bien con Dios y con el diablo; con el socialismo y el capitalismo; con el pueblo y con los explotadores, se queda, por último, con su esencia, que no aparece revolucionaria y que ahora se manifiesta aquí con este proyecto de ley, frente al problema de traspasar el poder de los grandes monopolios al pueblo de Chile. Aquí se pone a prueba.

¿Por qué ha sido precisamente la Democracia Cristiana la que ha salido al paso de las medidas del Gobierno? ¿No era de esperar que lo hicieran los señores de las bancas de enfrente? ¿Por qué no dejó a esos sectores el galardón histórico que más que eso puede pasar a ser un baldón de cortar la respiración al Gobierno Popular, de amarrarle las manos? ¿Por qué no dejó a la Derecha la defensa de sus conspicuos intereses, y que ella iniciara esta lucha contra el avance y el desarrollo del socialismo en Chile? ¿Por qué había de ser la Democracia Cristiana la que levantara la defensa de una juridicidad, de una legalidad, de una institucionalidad, y batiera las banderas del Estado de Derecho en peligro, en circunstancias de que a través de las ideas y acciones del Gobierno, y de su programa, hay efectivamente coincidencias, aunque, sin duda, el método puede ser discutible, pero el fondo, el objetivo final no puede serlo, si realmente son sinceros, como lo expresan?

Aquí volvemos a un problema capital. A través de la historia, los movimientos que han querido tener un pie en el pasado y otro en el futuro, se han perdido en la oscuridad, cuando no han desaparecido en medio del oprobio. Miremos los grandes acontecimientos de la humanidad, cualquiera que sea la manera como se juzguen.

¿Qué ocurrió, por ejemplo, con los girondinos de la Revolución Francesa? ¿No fueron acaso el centro político, por así decirlo, de la Revolución? ¡Qué brillantes, qué profundos oradores, qué magníficos filósofos, escritores y juristas! ¡Cómo hablaban en defensa de la igualdad, de la libertad, de la fraternidad, de los derechos humanos! Sin embargo, no fueron ellos los que consumaron la Revolución. A pesar de su genio y de su verbo, la tormenta de la Revolución los aventó, los hizo astillas. Hoy apenas se sabe algo de la elocuencia de un Veigneaux o de la sabiduría de un Brissot.

Pero acercándonos a la historia más reciente, veamos la Revolución Rusa. Cualquiera que sea la pasión con que algunos analicen ese gran acontecimiento histórico, podemos preguntarnos: ¿ se habrían tomado el Poder los bolcheviques si la democracia burguesa representada políticamente por el Partido Kadete; por los llamados socialistas revolucionarios, de gran influencia, donde militaba Kerensky, y por la social democracia, los mencheviques, donde además de gamas de la burguesía militaban sectores obreros, se hubiese atrevido a satisfacer las necesidades de las masas obreras y campesinas? Indudablemente, de suceder esto, no se habría producido la insurrección de octubre.

En este caso, podemos apreciar que la historia se repite. ¡Cómo hablaba esa gente de defender al pueblo, a la democracia, etcétera! Y también sabemos que a estos señores los barrió la tormenta de la Revolución. Tuvieron éxitos parciales; fueron a veces dueños de las masas, dueños de la situación, pero al fin quedaron atrás. Es el destino de los que viven consumidos por la duda, por el temor, por el formalismo. Son los Hamlet individuales o colectivos que se paralizan frente a la acción, porque, como dijo el creador de este personaje, la conciencia hace de ellos unos cobardes. Son cobardes ante el gran mandato de la historia; porque, en verdad no se trata de la cobardía individual o personal.

La Democracia Cristiana dice querer el socialismo, dice querer terminar con el capitalismo; pero se queda en el camino y convierte en meta lo que es un medio para alcanzar esos objetivos. Pierde de vista la finalidad que pregona, o realmente no persigue esa finalidad. Porque si fuera realmente revolucionaria, ¿por qué defiende valores jurídicos congelados, caducos o inoperantes? ¿Qué pesa más en la balanza de la historia y del progreso: mantener los monopolios para que sigan retrasando a Chile o que pasen a poder de los trabajadores, aunque se usen los mecanismos actuales, sin toda la discusión amplia, democrática o generadora de las posibilidades de realización de un Parlamento?

Y volvemos a lo mismo. O hay un fetichismo legalista que los lleva a prosternarse ante una juridicidad abstracta, o verdaderamente no quieren los cambios que agitan ante las masas.

Por nuestra parte, no se trata de que hagamos tabla rasa del Estado de Derecho. Al contrario, hemos hecho todo de acuerdo con la ley y con la actual institucionalidad. Decimos actual, porque para nosotros el derecho, el Estado de Derecho, no es un valor eterno.

Sin ser abogado, ni mucho menos por eso, el enfoque jurídico se lo dejo al Honorable señor Chadwick, podemos afirmar la evolución constante de la ciencia del derecho. No hay un derecho desde el principio hasta hoy día. ¿No se confundieron, en un comienzo, derecho y moral en un todo? ¿No hubo que separar la política de la teología para fundar el Estado basado en la soberanía del pueblo y no en el mandato divino del rey? ¿Cómo, entonces? ¿Qué derecho es el que defendemos?

Lucharemos hasta cambiar este Estado de Derecho, para establecer una legalidad socialista levantada sobre una nueva estructura económica, en la cual los trabajadores serán dueños de los medios de producción. Así, el Estado, hoy día coercitivo, cambiará su naturaleza para convertirse en administrador de las cosas y no de las personas. Se equivocan, entonces, especialmente los democratacristianos, cuando nos creen deístas del Estado en sí, tal cual existe de derecho. Nuestro objetivo es incorporar al pueblo al manejo del poder y a la administración total de los bienes que el trabajo humano ha producido, para ponerlos al servicio de la sociedad toda. Queremos cambiar el carácter del Estado.

Pero volvamos a lo concreto que preocupa a este Senado. Los parlamentarios de Oposición han amenazado con inmensos dolores y quebrantos al país si el Gobierno hace uso de sus prerrogativas presidenciales. Los sostenedores del orden y de la institucionalidad ciernen la violencia como arma definitiva si el Ejecutivo no cede a sus pretensiones.

El origen de todo lo sabemos, pero debemos repetirlo. El Gobierno inició el cumplimiento de su programa utilizando los recursos legales con que contaba. De acuerdo con la Constitución Política del Estado, le corresponde dirigir y administrar el país. Empezó con estos recursos. Concretamente, la Corporación de Fomento de la Producción entró a comprar empresas y acciones. Pero, ¿por qué se convirtió en ilegítimo lo que fue legítimo en Gobiernos anteriores? Antes, ¿cuántas veces compró y vendió empresas la CORFO? La diferencia entre lo que se hizo ayer y lo que se hace ahora reside en que antes se aportaba para capitalizar a empresarios particulares, que después de capitalizarse, sin pudor, seguían hablando de libre empresa. Por otra parte, también se obligaba a la CORFO a comprar todo aquello que no había resultado rentable para esos furibundos partidarios del liberalismo económico. Esa es la historia de la CORFO. Lleva el sello de esta utilización dolosa de los grandes empresarios monopolistas de este país y de aquellos que se han convertido en monopolistas gracias a la utilización del capital estatal.

¿Qué ejemplo más claro de esto que la Compañía de Acero del Pacífico? ¿Quién ha juzgado en Chile por antipatriotas a los responsables de haber vendido la mayoría de las acciones de la CAP, industria que era el producto del esfuerzo de todos los chilenos? Nadie. Hubo que hacer esfuerzos, y se recuperó la CAP. Se vendieron acciones y se compraron acciones. Por suerte, volvió a la propiedad de Chile lo que era el esfuerzo de todos los chilenos.

Lo que más duele, entonces, a los intereses de los clanes privilegiados de Chile, y que en este Parlamento se expresan políticamente a través de la Oposición, es la utilización de instrumentos que hoy día sirven al pueblo, a las grandes mayorías nacionales; y muy especialmente les duele el decreto ley 520. Y sobre esto vale la pena perder un poco el tiempo.

Mucho se ha especulado sobre ese decreto ley, que se dictó durante el Gobierno del señor Carlos Dávila, que había derribado la República socialista del 4 de junio del coronel Marmaduke Grove, Eugenio Matte y otros.

Al tenor de las declaraciones de los señores parlamentarios de Oposición y de la invectiva cotidiana de El Mercurio y demás prensa de ese jaez, se podría deducir que el Gobierno de la Unidad Popular, en un afán de buscar caminos extraviados para imponer su política, ha desenterrado ese decreto para tortura y sufrimiento de los señores de la producción y el comercio. Pero no es así, señores Senadores. Y vamos a hacer un poco de historia acerca de este decreto y su utilización.

El decreto ley 520, dice un tratadista de la materia, comprende disposiciones que permiten obligar a los productores a producir en condiciones determinadas e impedir el receso de establecimientos industriales, comerciales y explotaciones agrícolas, todo ello bajo sanción de expropiación, sin perjuicio de otras medidas que la ley estableció. Permite declarar el estanco de artículos de primera necesidad; obligar a los productores a dar cuenta de sus exigencias; fijar precios a los mismos artículos; dictar medidas para evitar el acaparamiento, pudiendo requisarse las mercaderías acaparadas y venderse; controlar la calidad y exactitud de pesos y medidas; sancionar el expendio de artículos adulterados o nocivos para la salud; limitar el otorgamiento de patentes comerciales; exigir declaraciones juradas; clausurar establecimientos comerciales e industriales desobedientes, etcétera. Es decir, ese decreto ley es un instrumento regulador de la producción y el comercio, pues tiene por objeto, como lo establece su artículo 2º, asegurar a los habitantes de la República las más convenientes condiciones económicas de vida.

Ese decreto ley no ha estado muerto ni enterrado en estos últimos cuarenta años. Por el contrario: como instrumento base de la regulación y control del comercio, no sólo se ha usado, sino que todos los Gobiernos lo han perfeccionado, modificado y reglamentado. Si bien es cierto y obvio que la Administración de Arturo Alessandri hizo poco uso de él, no lo es menos que tuvo aplicación activa en los Gobiernos del Frente Popular y en los posteriores del Partido Radical.

Y después vienen las modificaciones.

La ley 7.200, de 21 de julio de 1942, le introduce enmiendas de carácter administrativo, en lo concerniente a la organización del Comisariato. Otra ley, la 7. 747, de 24 de diciembre de 1943, le hace modificaciones de fondo: limita la autonomía de ese organismo. Una de ellas, traducida en el artículo 18, establece que el Comisariato estará bajo la inmediata dependencia del Presidente de la República, por intermedio del Ministro de Economía.

En 1945 se dicta el decreto 338, que reglamenta el decreto ley 520 y establece nuevas normas, que sancionó la Contraloría y que extendían las funciones de dicho decreto ley a otros campos no considerados anteriormente, argumento que inclusive permitió discutir la legalidad de ese cuerpo de disposiciones.

El Gobierno de Gabriel González Videla, a través de las leyes 8. 918, de octubre de 1947, y 9.839, de noviembre de 1950, establece nuevas modificaciones al famoso 520. Ambas le quitan atribuciones, para traspasarlas a otros organismos.

Durante el Gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, el D. F. L. 88, de 1953, estableció el Estatuto Orgánico del Ministerio de Economía. Allí feneció el Comisariato, para pasar a llamarse Superintendencia de Abastecimientos y Precios, señalándose de nuevo algunas funciones a este organismo, al cual se traspasaron todas las atribuciones del anterior Comisariato.

Otro D. F. L., el Nº 173, de julio de 1953, estableció la organicidad y funciones de la Superintendencia de Abastecimientos y Precios. Y es importante este texto, porque nuevamente se amplían facultades del famoso 520, indicándose que al control del Comisariato llamado ya Superintendencia de Abastecimientos y Precios sobre artículos de primera necesidad y de uso o consumo habitual, se agrega el de los bienes declarados esenciales. ¡Fíjense, señores Senadores: bienes declarados esenciales! ¿Qué alcance tiene el concepto de bienes? ¿Podría llegar a aplicarse a la propiedad privada, a la propiedad inmueble?

Pero sigamos, y vamos al Gobierno de Alessandri, don Jorge.

El D.F.L. 242, de 1960, suprimió la Superintendencia de Abastecimientos y Precios, y traspasó sus funciones y atribuciones ¡óiganlo bien, Honorables colegas! a un nuevo organismo que creó: la Dirección de Industria y Comercio, DIRINCO. De manera que este organismo, que hoy día es vilipendiado por la Derecha, El Mercurio, los empresarios y los grandes especuladores, es ni más ni menos que hijo de don Jorge Alessandri.

A pesar de su carácter, de la amplitud de las facultades que obtuvo del Congreso, el señor Alessandri no suprimió ese poderoso instrumento. Aún más y esto para tapar la boca a los delincuentes ideológicos de El Mercurio, podemos agregar que el señor Alessandri también hizo uso del decreto ley 520, ordenando, entre otras, la requisición de todo el trigo que se encontrase en los molinos de Chile. ¡No sé cómo en ese tiempo no declararon marxista a don Jorge Alessandri! La resolución que sirvió de base a esa requisición para quienes deseen consultar al respecto lleva el número 934, de 1962, de la entonces flamante DIRINCO.

Hubo otra ley posterior, de 3 de febrero de 1964.

En fin, faltarían las modificaciones del señor Frei.

¿Ha estado muerto el decreto ley 520? ¿Quién alegó antes acerca de la legalidad, del uso abusivo de un mecanismo de dudosa legitimidad, como se ha repetido aquí hasta el cansancio por los señores Senadores? ¿Es posible que en cuarenta años esta abusiva interpretación legal o este confuso cuerpo legal haya permanecido, se haya traspasado de Gobierno a Gobierno y no han sido regímenes socialistas, ni mucho menos, sin que hayan intentado eliminarlo? Entonces, ¿qué razón ha habido y hay para que ahora, mediante esta reforma constitucional, se quiera eliminar a ese mecanismo, que se ha usado durante cuarenta años?

Con toda seguridad se va a plantear, y se plantea, que hemos abusado de esta herramienta. Entonces, indudablemente, entramos al terreno subjetivo: si las leyes o las disposiciones legales pueden usarse mucho o poco. No sé si los hombres de derecho tienen claro este problema jurídico: si las leyes pueden usarse mucho o poco.

El señor GARCIA.-

Si me da un minuto, le explicaré la diferencia.

El señor SEPULVEDA.-

Hable cuando tenga tiempo.

Podemos decir incluso, en lo referente al uso abusivo de ese mecanismo, que no hay tal. No tengo aquí un documento que pedí al compañero Ministro Vuskovic, que me permitiría clarificar cuál ha sido su acción en esta materia. Porque, al tenor de la propaganda parece ser que la acción del Ministerio en esto ha sido tremenda; que todos los días se está requisando, tomando o dándose un zarpazo a una empresa.

Tengo aquí un memorándum oficial del Ministro, en el cual establece el número, las causas, el nombre de las empresas que han debido requisarse, y que llegan a once. Fuera de eso, indudablemente, hay otras requisiciones que no corresponden al Ministerio de Economía, pues se trata de medidas tomadas a través del Ministerio del Trabajo.