Labor Parlamentaria

Diario de sesiones

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Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha

Índice
  • DOCUMENTO
    • PORTADA
    • I.- ASISTENCIA.
    • II.- APERTURA DE LA SESION.
    • III.- TRAMITACION DE ACTAS.
    • IV.- LECTURA DE LA CUENTA.
      • LECTURA DE LA CUENTA
        • ANTECEDENTE
      • CONVENIO ENTRE CHILE Y LA UNION PANAMERICANA.
    • V.- ORDEN DEL DIA.
      • TRASLADO AL RESTO DEL PAIS DE MERCADERIAS DE INDUSTRIAS DE ARICA O DE ZONAS DE TRATAMIENTO ADUANERO ESPECIAL.
        • MOCIÓN
          • Juan De Dios Carmona Peralta
      • MODIFICACION DE LEY SOBRE IMPUESTO CORVI DEL 5%.
        • ANTECEDENTE
        • INTERVENCIÓN : Victor Joaquin Garcia Garzena
        • INTERVENCIÓN : Juan Patricio Jose Hamilton Depassier
        • INTERVENCIÓN : Victor Joaquin Garcia Garzena
        • INTERVENCIÓN : Juan Patricio Jose Hamilton Depassier
        • INTERVENCIÓN : Victor Joaquin Garcia Garzena
        • INTERVENCIÓN : Juan Patricio Jose Hamilton Depassier
        • INTERVENCIÓN : Victor Joaquin Garcia Garzena
        • INTERVENCIÓN : Luis Valente Rossi
        • INTERVENCIÓN : Ricardo Ferrando Keun
        • INTERVENCIÓN : Victor Joaquin Garcia Garzena
      • SUPRESION DE DERECHOS PREVISIONALES POR DELITOS COMETIDOS.
        • MOCIÓN
          • Victor Joaquin Garcia Garzena
      • MODIFICACION DE DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 10 DE LA CARTA FUNDAMENTAL. REFORMA CONSTITUCIONAL.
      • DECLARACION DEL CAPITAL DE CONTRIBUYENTES AFECTOS AL PAGO DE PATENTES MUNICIPALES.
        • MOCIÓN
          • Ricardo Valenzuela Saez
      • NORMAS SOBRE TERMINACION DEL CONTRATO DE TRABAJO DE PERSONALES DE INSTITUCIONES FISCALES Y MUNICIPALES.
      • DESIGNACION DE PRESAMENTE DE EMPRESA DE TELEVISION NACIONAL DE CHILE.
      • MODIFICACION DE LEY 16.426 EN LO RELATIVO A DETERMINACION DEL VALOR ANUAL DE LAS PATENTES DE AUTOMOVILES.
        • ANTECEDENTE
        • INTERVENCIÓN : Victor Joaquin Garcia Garzena
        • INTERVENCIÓN : Julieta Campusano Chavez
        • INTERVENCIÓN : Tomas Pablo Elorza
        • INTERVENCIÓN : Benjamin Prado Casas
        • INTERVENCIÓN : Luis Valente Rossi
        • INTERVENCIÓN : Tomas Pablo Elorza
        • INTERVENCIÓN : Jose Tomas Reyes Vicuna
        • INTERVENCIÓN : Raul Hernan Morales Adriasola
        • INTERVENCIÓN : Raul Juliet Gomez
        • INTERVENCIÓN : Ricardo Valenzuela Saez
        • INTERVENCIÓN : Victor Joaquin Garcia Garzena
      • DESTINACION DE RECURSOS CON MOTIVO DE BICENTENARIO DE LA COMUNA DE PELARCO.
      • IMPUTACION A IMPOSICIONES PATRONALES DE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS PARA EMPLEADAS DOMESTICAS.
      • PLANTA REFINADORA DE AZUCAR DE REMOLACHA EN PROVINCIA DE CAUTIN.
      • DENOMINACIÓN DE LICEO DE HOMBRES DE PUNTA ARENAS.
      • HOMENAJE A LA MEMORIA DE DON ALFONSO QUINTANA BURGOS.
        • HOMENAJE : Humberto Aguirre Doolan
        • HOMENAJE : Raul Hernan Morales Adriasola
        • HOMENAJE : Tomas Pablo Elorza
        • HOMENAJE : Raul Hernan Morales Adriasola
    • VI.- INCIDENTES.
      • PETICIONES DE OFICIOS.
        • Del señor Hamilton: DESIGNACION DE MINISTRO SUMARIANTE PARA CONOCER EN PROCESO POR INJURIAS A SENADOR.
        • BUSTO DE BERNARDO O'HIGGINS PARA ANCUD (CHILOE).
        • Del señor Luengo:GIMNASIO TECHADO PARA LOCALIDAD DE PUCON (CAUTIN).
        • Del señor Silva Ulloa:AMPLIACION DE POBLACION TORNAGALEONES, EN VALDIVIA.
        • ANTECEDENTES GENERALES DE KENNECOTT COPPER CORPORATION ANTES Y DESPUES DE LA NACIONALIZACION.
          • INTERVENCIÓN : Luis Valente Rossi
        • IRREGULARIDAD DEL DECRETO 921, DEL MINISTERIO DEL TRABAJO, SOBRE PERSONALIDAD JURIDICA DE LA CONFEDERACION NACIONAL UNICA DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA Y EL ARTESANADO. OFICIOS.
          • INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Baltra Cortes
          • INTERVENCIÓN : Patricio Aylwin Azocar
            • ADHESION
              • Patricio Aylwin Azocar
        • SEGUNDO ANIVERSARIO DE LA ELECCION PRESIDENCIAL.
          • INTERVENCIÓN : Patricio Aylwin Azocar
        • APROBACION POR PARLAMENTO DE PROYECTO SOBRE CONSTRUCCION EN PROVINCIA DE CAUTIN DE PLANTA REFINADORA DE AZUCAR DE REMOLACHA.
          • INTERVENCIÓN : Ricardo Ferrando Keun
    • CIERRE DE LA SESIÓN
    • ANEXOS.
      • 1 PROYECTO DE LEY, EN TERCER TRAMITE CONSTITUCIONAL, QUE CREA UNA CORTE DE APELACIONES EN PUERTO MONTT Y DIVERSOS JUZGADOS DE LETRAS DE MAYOR CUANTIA EN LOS DEPARTAMENTOS QUE INDICA.
      • 2 INFORME DE LA COMISION DE GOBIERNO RECAIDO EN UN PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS QUE REINCORPORA AL SERVICIO ACTIVO AL EX TENIENTE DE CARABINEROS DON JORGE EDUARDO DE SAN JOSE PALACIOS ACEITUNO.
      • 3 INFORME DE LA COMISION DE GOBIERNO RECAIDO EN UN PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS QUE DECLARA MONUMENTO NACIONAL A LA CASA DONDE NACIO DON JOSE ANTONIO SALINAS, EN PUTAENDO.
      • 4 INFORME DE LA COMISION DE GOBIERNO RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS QUE CONCEDE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL.
      • 5 INFORME DE LA COMISION DE GOBIERNO RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS QUE BENEFICIA A LOS TRABAJADORES DE LA POLICIA DE ASEO DE LAS MUNICIPALIDADES.
      • 6 INFORME DE LA COMISION DE GOBIERNO, RECAIDO EN UN PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS QUE CONCEDE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE PARA LA CELEBRACION DEL BICENTENARIO DE ESA COMUNA.
      • 7 INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA, RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS QUE OTORGA RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE PARA LA CELEBRACION DEL BICENTENARIO DE DICHA COMUNA.
      • 8 INFORME DE LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES RECAIDO EN EL PROYECTO DE ACUERDO DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS QUE APRUEBA EL CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE CHILE Y LA UNION PANAMERICANA, SOBRE LA OFICINA EN CHILE DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS.
      • 9 SEGUNDO INFORME DE LA COMISION DE CONSTITUCION, LEGISLACION, JUSTICIA Y REGLAMENTO, RECAIDO EN LA MOCION DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑORES AYLWIN Y FONCEA, CON LA CUAL INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE DISPONE QUE DETERMINADOS DECRETOS, ORDENES O RESOLUCIONES DE EJECUCION INMEDIATA NO PODRAN CUMPLIRS SINO LUEGO DE SU PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL Y QUE DEBERAN SER ENVIADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DENTRO DE DETERMINADOS PLAZOS.
      • 10 INFORME DE LA COMISION DE CONSTITUCION, LEGISLACION, JUSTICIA Y REGLAMENTO, RECAIDO EN LA MOCION DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑORA CAMPUSANO Y SEÑORES CHADWICK, MIRANDA Y PALMA, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE CONCEDE AMNISTIA A LOS SEÑORES HUGO ALFARO TAPIA, OSCAR GONZALEZ GALLEGUILLOS Y HERNAN PAEZ CERDA.
      • 11 INFORME DE LA COMISION DE CONSTITUCION, LEGISLACION, JUSTICIA Y REGLAMENTO, RECAIDO EN LA MOCION DEL HONORABLE SENADOR SEÑOR SULE, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE CONCEDE AMNISTIA AL SEÑOR ROMUALDO CAYETANO DE LA HORRA VIVAR.
      • 12 INFORME DE LA COMISION DE CONSTITUCION, LEGISLACION, JUSTICIA Y REGLAMENTO, RECAIDO EN LA MOCION DEL HONORABLE SENADOR SEÑOR CHADWICK, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE CONCEDE AMNISTIA AL SEÑOR RAUL SANCHEZ ALISTE.
      • 13 INFORME DE LA COMISION DE CONSTITUCION, LEGISLACION, JUSTICIA Y REGLAMENTO, RECAIDO EN LA SOLICITUD DE REHABILITACION DE CIUDADANIA PRESENTADA POR EL SEÑOR FROILAN CASTRO VALLEJOS.
      • 14 INFORME DE LA COMISIO DE SALUD PUBLICA RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS QUE MODIFICA EL ARTICULO 43 DE LA LEY Nº 15.076, SOBRE ESTATUTO MEDICO FUNCIONARIO.
      • 15 INFORME DE LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS QUE ACLARA LAS DISPOSICIONES DE LA LEY Nº 17,538, EN EL SENTIDO DE QUE LOS DEPARTAMENTOS DE BIENESTAR DE LAS INSTITUCIONES FISCALES HARAN EXTENSIVOS SUS BENEFICIOS A LOS MONTEPIADOS DE LAS MISMAS.
  • DOCUMENTO
    • PORTADA
    • I.- ASISTENCIA.
    • II.- APERTURA DE LA SESION.
    • III.- TRAMITACION DE ACTAS.
    • IV.- LECTURA DE LA CUENTA.
    • V.- ORDEN DEL DIA.
    • VI.- INCIDENTES.
    • CIERRE DE LA SESIÓN
    • ANEXOS.
Notas aclaratorias
  1. Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
  2. Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.

REPUBLICA DE CHILE

PUBLICACION OFICIAL.

LEGISLATURA 316ª, ORDINARIA.

Sesión 97ª, en jueves 14 de septiembre de 1972.

Ordinaria.

(De 16.12 a 20.34).

PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES IGNACIO PALMA VICUÑA, PRESIDENTE, Y

LUIS PAPIC RAMOS, VICEPRESIDENTE.

SECRETARIOS, EL SEÑOR PELAGIO FIGUEROA TORO, Y

EL PROSECRETARIO, SEÑOR DANIEL EGAS MATAMALA.

INDICE.

Versión taquigráfica.

I.- ASISTENCIA ... 4519

II.- APERTURA DE LA SESION 4519

III.- TRAMITACION DE ACTAS 4519

IV.- LECTURA DE LA CUENTA 4519

Convenio entre Chile y la Unión Panamericana 4521

V.- ORDEN DEL DIA:

Proyecto de ley, en primer trámite, sobre traslado al resto del país de mercaderías de industrias de Arica o de zonas de tratamiento aduanero especial (queda pendiente) 4522

Proyecto de ley, en segundo trámite, que modifica la ley sobre impuesto CORVI del 5% (trámite a Comisión) ..... 4522

Proyecto de ley, en tercer trámite, sobre supresión de derechos provisionales por delitos cometidos (se despacha) 4531

Proyecto de reforma constitucional, en primer trámite, sobre modificación de disposiciones del artículo 10 de la Carta Fundamental (aplazada la votación) ... 4532

Proyecto de ley, en primer trámite, sobre declaración del capital de contribuyentes afectos al pago de patentes municipales (se despacha) 4532

Proyecto de ley, en segundo trámite, que establece normas sobre terminación de contrato de trabajo de personales de instituciones fiscales y municipales (se aprueba en general) 4533

Designación de Presidente de Empresa de Televisión Nacional de Chile (se aprueba el retiro del mensaje) 4533

Proyecto de ley, en segundo trámite, sobre modificación de ley en lo relativo a determinación del valor anual de las patentes de automóviles (queda pendiente) 4534

Proyecto de ley, en segundo trámite, sobre destinación de recursos con motivo de bicentenario de la comuna de Pelarco (se despacha) 4543

Proyecto de ley, en segundo trámite, sobre imputación a imposiciones patronales de aguinaldo de Fiestas Patrias para empleadas domésticas (se despacha) 4543

Proyecto de ley, en segundo trámite, sobre planta refinadora de azúcar de remolacha en provincia de Cautín (se despacha) 4544

Proyecto de ley, en segundo trámite, que denomina Luis Alberto Barreraal Liceo de Hombres de Punta Arenas (se despacha) 4544

Homenaje a la memoria de don Alfonso Quintana Burgos (se rinde) 4544

VI.- INCIDENTES:

Peticiones de oficios (se anuncian) 4547

Antecedentes generales de Kennecott Copper Corporation antes y después de la nacionalización (observaciones del señor Valente) 4548

Irregularidad del decreto 921, del Ministerio del Trabajo, sobre personalidad jurídica de la Confederación Nacional Unica de la Pequeña Industria y el Artesanado. Oficios (observaciones de los señores Baltra y Aylwin) 4559

Segundo aniversario de la elección presidencial (observaciones del señor Aylwin) 4561

Aprobación por el Parlamento de proyecto sobre construcción en provincia de Cautín de planta refinadora de azúcar de remolacha (observaciones del señor Ferrando) 4579

Anexos

1.- Proyecto de ley, en tercer trámite, que crea una Corte de Apelaciones en Puerto Montt 4584

2.- Informe de la Comisión de Gobierno recaído en el proyecto que reincorpora al servicio activo de Carabineros de Chile al ex Tenientedon Jorge Eduardo Palacios Aceituno .4592

3.- Informe de la Comisión de Gobierno recaído en el proyecto que declara monumentos nacionales a la casa en donde nació el ciudadano José Antonio Salinas, en Putaendo, y a otros inmuebles 4592

4.- Informe de la Comisión de Gobierno recaído en el proyecto que establece que determinados fondos que se perciban en la plaza de peaje de Angostura serán puestos a disposición de la Municipalidad de San Francisco de Mostazal para los fines que indica 4593

5.- Informe de la Comisión de Gobierno recaído en el proyecto que establece beneficios en favor de los trabajadores de Policía de Aseo de las Municipalidades ... 4594

6.- Informe de la Comisión de Gobierno recaído en el proyecto que otorga recursos a la Municipalidad de Pencahue para la celebración del bicentenario de dicha comuna ... 4594

7.- Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto que otorga recursos a la Municipalidad de Pencahue para la celebración del bicentenario de dicha comuna 4596

8.- Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores recaído en el proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio suscrito entre el Gobierno de Chile y la Unión Panamericana sobre la Oficina en Chile de la Organización de los Estados Americanos 4598

9.- Segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recaído en la moción que dispone que determinados decretos, órdenes o resoluciones de ejecución inmediata no podrán cumplirse sino luego de su publicación en el Diario Oficial y que deberán ser enviados a la Contraloría General de la República dentro de determinados plazos 4604

10.- Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recaído en la moción que concede amnistía al señor Hugo Alfaro Tapia y otros 4607

11.- Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recaído en la moción que concede amnistía al señor Romualdo Cayetano de la Horra Vivar 4609

12.- Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recaído en la moción que concede amnistía al señor Raúl Sánchez Aliste 4610

13.- Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recaído en la solicitud del señor Froilán Castro Vallejos sobre rehabilitación de ciudadanía 4612

14.- Informe de la Comisión de Salud Pública recaído en el proyecto que modifica el artículo 43 de la ley Nº 15.076, sobre Estatuto Médico Funcionario 4613

15.- Informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social recaído en el proyecto que aclara las disposiciones de la ley Nº 17.538, en el sentido de que los Departamentos de Bienestar de las instituciones fiscales harán extensivo sus beneficios a los montepiados de las mismas. 4619

VERSION TAQUIGRAFICA.

I.-ASISTENCIA.

Asistieron los señores:

Aguirre Doolan, HumbertoAylwin Azocar, PatricioBaltra Cortés, AlbertoBallesteros Reyes, EugenioCampusano Chávez, JulietaCarmena Peralta, Juan de DiosFerrando Keun, RicardoFoncea Aedo, JoséGarcía Garzena, VíctorGormaz Molina, RaúlHamilton Depassier, JuanIrureta Aburto, NarcisoJuliet Gómez, RaúlLorca Valencia, AlfredoLuengo Escalona, Luis FernandoMontes Moraga, JorgeMorales Adriasola, RaúlMoreno Rojas, RafaelMusalem Saffie, JoséNoemi Huerta, AlejandroOchagavía Valdés, FernandoPablo Elorza, TomásPalma Vicuña, IgnacioPapic Ramos, LuisPrado Casas, BenjamínReyes Vicuña, TomásSilva Ulloa, RamónTeitelboim Volosky, VolodiaValente Rossi, Luis, y Valenzuela Sáez, Ricardo.

Actuó de Secretario el señor Pelagio Figueroa Toro y de Prosecretario el señor Daniel Egas Matamala.

II.-APERTURA DE LA SESION.

Se abrió la sesión a las 16.12, en presencia de 17 señores Senadores.

El señor PALMA (Presidente).-

En el nombre de Dios, se abre la sesión.

III.-TRAMITACION DE ACTAS.

El señor PALMA (Presidente).-

Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 94ª y 95ª, que no han sido observadas.

(Véanse en el Boletín las actas aprobadas).

IV.-LECTURA DE LA CUENTA.

El señor PALMA (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor PROSECRETARIO.- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:

Oficio.

Uno de la Honorable Cámara de Diputados, con la cual comunica que ha tenido a bien aprobar, con las enmiendas que señala, el proyecto de ley que crea una Corte de Apelaciones en Puerto Montt (véase en los Anexos, documento 1).

Queda para Tabla.

Informes.

Cuatro de la Comisión de Gobierno recaídos en los siguientes proyectos de ley de la Honorable Cámara de Diputados:

1) El que reincorpora al servicio activo de Carabineros de Chile al ex Teniente don Jorge Eduardo Palacios Aceituno (véase en los Anexos, documento 2).

2) El que declara monumentos nacionales a la casa donde nació el ciudadano José Antonio Salinas, en Putaendo, y, a otros inmuebles (véase en los Anexos, documento 3).

3) El que establece que determinados fondos que se perciban en la plaza de peaje de Angostura serán puestos a disposición de la Municipalidad de San Francisco de Mostazal para los fines que indica (véase en los Anexos, documento 4).

4) El que establece beneficios en favor de los trabajadores de Policía de Aseo de las Municipalidades (véase en los Anexos, documento 5).

Uno de la Comisión de Gobierno y otro de la de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados que otorga recursos a la Municipalidad de Pencahue para la celebración del bicentenario de dicha comuna (véanse en los Anexos, documentos 6 y 7).

Uno de la Comisión de Relaciones Exteriores recaído en el proyecto de acuerdo de la Honorable Cámara de Diputados que aprueba el Convenio suscrito entre el Gobierno de Chile y la Unión Panamericana sobre la Oficina en Chile de la Organización de los Estados Americanos (véase en los Anexos, documento 8).

Cinco de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recaídos en los siguientes asuntos:

1) Segundo informe recaído en la moción de los Honorables Senadores señores Aylwin y Foncea, que dispone que determinados decretos, órdenes o resoluciones de ejecución inmediata no podrán cumplirse sino luego de su publicación en el Diario Oficial y que deberán ser enviados a la Contraloría General de la República dentro de determinados plazos (véase en los Anexos, documento 9).

2) Moción de los Honorables Senadores señora Campusano y señores Chadwick, Miranda y Palma, que concede amnistía al señor Hugo Alfaro Tapia y otros (véase en los Anexos, documento 10).

3) Moción del Honorable Senador señor Sule que concede amnistía al señor Romualdo Cayetano de la Horra Vivar (véase en los Anexos, documento 11).

4) Moción del Honorable Senador señor Chadwick que concede amnistía al señor Raúl Sánchez Aliste (véase en los Anexos, documento 12).

5) Solicitud del señor Froilán Castro Vallejos sobre rehabilitación de ciudadanía (véase en los Anexos, documento 13).

Uno de la Comisión de Salud Pública recaído en el proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados que modifica el artículo 43 de la ley Nº 15.076, sobre Estatuto Médico Funcionario (véase en los Anexos, documento 14).

Uno de la Comisión de Trabajo y Previsión Social recaído en el proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados que aclara las disposiciones de la ley Nº 17.538, en el sentido de que los Departamentos de Bienestar de las instituciones fiscales harán extensivos sus beneficios a los montepiados de las mismas (véase en los Anexos, documento 15).

Dos de la Comisión de Asuntos de Gracia recaídos en los siguientes asuntos:

1) Nuevo informe de la observación del Presidente de la República, en segunda trámite constitucional, al proyecto de ley que beneficia, por gracia, a las hijas de don Natalio Berman.

2) Nuevo informe recaído en el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que beneficia a don Roberto Cristóbal García Huidobro.

Once de la misma Comisión recaído en igual número de proyectos de ley de la Honorable Cámara de Diputados, que benefician, por gracia, a las personas que se: indican:

Andariza Tobar, Nabor Araya Vega, Raúl Saide Gana Lagos, Sergio González Guajardo, José L.Jousse Villarroel, Ernesto Kilian González, Félix Roberto Kvapil Golian, José Sañzana Nova, Julio Torres Planels, Francisca Valencia Zapata, Osvaldo Villanueva Dolfel, Voltaire.

Uno de la misma Comisión y otro de la Revisora de Peticiones, recaídos en el proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados que otorga, por gracia, beneficios a don Fernando Alcaíno Duchens y otros.

Cuatro de la Comisión de Asuntos de Gracia, e igual número de la Revisora de Peticiones, recaídos en los proyectos de ley de la Honorable Cámara de Diputados que aumentan la pensión de que disfrutan las siguientes personas:

Andrade viuda de Arriagada, Amanda Díaz Mancilla, Adela Pinto Casanova, Leontina Stuven Silva, Miguel y otros.

Diecisiete de la Comisión de Asuntos de Gracia y de la Revisora de Peticiones, recaídos en los proyectos de ley de la Honorable Cámara de Diputados que conceden, por gracia, pensión a las personas que se señalan:

Cáceres Alliende, OrlandoCid Belmar viuda de Belmar, Elba ElenaDíaz Espinoza, Juana Zaida

Ex funcionarías del Hospital de Niños de Valparaíso Jean y Mary ThierryFernández Lagosviuda de Nelson, Berta Luisa y otros

Godoy Silva, María Junge Koch, Carlos Letelier Matta, Beatriz Maura Pinazo, Catalina Elena Miranda, Juan Enrique Muñoz Ibáñez, RobertoMuñoz Manosalva, Magdalena Rodríguez Rivera, Héctor Rojas Bravo, María Teresa Rojas González, María Violeta Alicia Torres González viuda de Alcántara, Adriana Carmela Vergara viuda de Contreras, Juana.

Uno de la Comisión de Asuntos de Gracia con el que solicita el asentimiento de la Honorable Cámara de Diputados para enviar al archivo el proyecto de ley, iniciado en esa Corporación, que beneficia, por gracia, a doña Juana María Vergara.

Otro de la misma Comisión recaído en el proyecto de ley, iniciado en moción del Honorable Senador señor Von Mühlenbrock, que beneficia a don Daniel González García.

Uno de la Comisión de Asuntos de Gracia y otro de la Revisora de Peticiones, recaídos en el proyecto de ley, iniciado en moción de los Honorables Senadores señores Luengo y Rodríguez, que aumenta la pensión de que actualmente goza doña Lidia Figueroa viuda de Garay.

Quedan para tabla.

Mociones.

Una de los Honorables Senadores señores Gumucio e Irureta (1) y otra del Honorable Senador señor Rodríguez 1) Vásquez Briones, Mario, y 2) Espinoza Parada viuda de Salvadores, Etelvina. Se manda comunicarlas a Su Excelencia el Presidente de la República

Permiso constitucional.

El Honorable Senador señor Ochagavía solicita el permiso constitucional necesario para ausentarse del país por más de treinta días, a contar del 19 de septiembre del presente año.

Se acuerda.

El señor PALMA (Presidente).- Sobre la Cuenta, tiene la palabra el Honorable señor Morales.

CONVENIO ENTRE CHILE Y LA UNION PANAMERICANA.

El señor MORALES ADRIASOLA.-

Señor Presidente, se acaba de dar cuenta de un informe de la Comisión de Relaciones Exteriores recaído en un proyecto de acuerdo de la Cámara de Diputados que aprueba el convenio suscrito entre el Gobierno de Chile y la Unión Panamericana sobre la Oficina en Chile de la Organización de los Estados Americanos.

Sabemos que reglamentariamente este asunto debe quedar en tabla, y también que quedan pocos días para que termine la legislatura ordinaria. En consecuencia, solicito a la Mesa que este proyecto de acuerdo sea incluido en la tabla de esta sesión.

El señor PALMA (Presidente).-

Se tramitará el acuerdo de Comités correspondiente.

El señor MORALES ADRIASOLA.-

¿Requiere la unanimidad o los dos tercios de los Comités?

El señor PALMA (Presidente).-

Para tratarlo en la sesión de hoy, la unanimidad; para considerarlo en la sesión de ¿mañana, los dos tercios.

El señor MORALES ADRIASOLA.-

Entonces, pido que sea incluido en el Orden del Día de la sesión de mañana.

El señor PALMA (Presidente).-

De todas maneras, se solicitará el respectivo acuerdo de los Comités.

El señor MORALES ADRIASOLA.-

Muchas gracias.

V.-ORDEN DEL DIA.

TRASLADO AL RESTO DEL PAIS DE MERCADERIAS DE INDUSTRIAS DE ARICA O DE ZONAS DE TRATAMIENTO ADUANERO ESPECIAL.

El señor FIGUEROA (Secretario).-

Proyecto de ley que aclara lo dispuesto en el artículo 20 de la ley Nº 13.039 y su reglamento, en el sentido de que las industrias instaladas en Arica o en otras zonas de tratamiento aduanero especial podrán trasladar al resto del país las mercaderías que fabriquen, elaboren, armen o manufacturen.

Esta iniciativa está en segunda discusión.

Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley {moción del señor Carmona):

En primer trámite, sesión 54ª, en 22 de agosto de 1972.

Informes de Comisión:

Economía, sesión 70ª, en 6 de septiembre de 1972.

Economía (segundo), sesión 96ª, en 13 de septiembre de 1972.

Discusión:

Sesiones 90ª, 91ª, 92ª y 93ª, en 12 de septiembre de 1972 (se aprueba en general), y 96ª, en 14 de septiembre de 1972.

El señor PALMA (Presidente).-

En la segunda discusión, ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

El señor FIGUEROA (Secretario).-

Se ha pedido aplazamiento de la votación para este proyecto.

El señor PALMA (Presidente).-

La votación queda pendiente para la sesión ordinaria siguiente.

MODIFICACION DE LEY SOBRE IMPUESTO CORVI DEL 5%.

El señor FIGUEROA (Secretario).-

En seguida, corresponde ocuparse en un proyecto de la Cámara de Diputados que modifica diversas disposiciones de la ley Nº 16.959, sobre impuesto CORVI del 5%.

Este proyecto fue aprobado en la sesión de ayer, oportunidad en que se pidió la reapertura del debate. Esta fue acordada en la sesión ordinaria de hoy en la mañana.

Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 54ª, en 22 de (agosto de 1972.

Informe de Comisión:

Obras Públicas, sesión 74ª, en 7 de septiembre de 1972.

Discusión:

Sesiones 94ª, en 13 de septiembre de 1972; y 96ª, en 14 de septiembre de 1972.

El señor PALMA (Presidente).-

En discusión.

Ofrezco la palabra.

El señor GARCIA.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor PALMA (Presidente).-

Puede hacer uso de la palabra Su Señoría.

El señor GARCIA.-

Señor Presidente, el proyecto que nos ocupa tiende a dar mayor agilidad a la utilización del impuesto del 5% que pagan las empresas. Es decir, los empleados podrán hacer diversas combinaciones, tanto con las cajas de previsión como con sus empleadores, para obtener préstamos que les permitan edificar sus casas.

Esta iniciativa modifica dos disposiciones de la ley 16.959. Una de éstas es la del último inciso del artículo 12 de dicha legislación, que dice:

Las amortizaciones de todos estos préstamos serán reajustables de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 del decreto con fuerza de ley Nº 2. De 1959. Esto implica que los préstamos que se conceden deben pagarse en la misma moneda en que se otorgan, con lo cual se hace posible acumular fondos para conceder préstamos a otros dependientes, a otros trabajadores.

El artículo 29 de la ley 16.959, que es concordante con el artículo 12, repite el mismo concepto:

Los saldos de precio y las amortizaciones serán reajustables de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 del decreto con fuerza de ley 2, de 1959. En el proyecto en debate se modifican esas dos disposiciones, y se dice que los préstamos no son reajustables cuando la superficie inicial de la respectiva vivienda no sea superior a 100 metros cuadrados, sin considerar la superficie correspondiente a espacios comunes y la de los bienes comunes que se reputan como tales en el artículo 46 de la ley Nº 6.071.

¿Qué significa esto? Que no habrá reajuste en los préstamos para edificaciones que tengan menos de 100 metros cuadrados útiles, que es la dimensión mayor que hoy día puede tener un departamento, porque equivale a 130 ó 140 metros cuadrados de edificación. Por consiguiente, serán verdaderos afortunados quienes consigan un préstamo en una asociación de ahorro para construir lo que será una vivienda un poco más que media, pues pese a la desvalorización de la moneda, continuarán pagando la misma cantidad. O sea, el préstamo será una especie de regalo para quien logre invertirlo en la edificación de una vivienda.

El número quinto del artículo lº de este proyecto de ley modifica el artículo 29 de la ley 16.959, agregándose que no regirá la reajustabilidad del mutuo cuando la superficie inicial de la respectiva vivienda no sea superior a 100 metros cuadrados... Lo más grave es que la vivienda puede resultar teniendo 200 o 300 metros cuadrados; pero lo importante es que la superficie inicial sea de 100 metros cuadrados.

Por lo tanto, la persona que amplíe su casa, por ejemplo, a 200 metros cuadrados, no pagará reajustada su deuda, por cuanto inicialmente la edificación fue de 100 metros cuadrados útiles.

De ahí que yo pida a la Sala, que acordó volver a discutir este punto, que apruebe el proyecto, porque es útil, pero suprimiendo los números 4 y 5 del artículo 1°.

El señor HAMILTON.-

El proyecto contiene tres ideas. Por la primera, se permite que una de las formas de imputación del impuesto habitacional del 5% sea el de préstamos al personal del empresario obligado al tributo. Como lo reconoce el Honorable señor García, en este aspecto la iniciativa da agilidad, abre una válvula de escape a la aplicación de dicho impuesto.

La segunda idea es la de hacer compatible el trato para las viviendas de carácter social cuya superficie sea inferior a cien metros cuadrados iniciales, con la ley que suprimió la reajustabilidad de las deudas habitacionales para las construcciones de superficie inicial no mayor que la señalada. Se trata de hacer compatible un sistema que, se considere bueno o malo, en definitiva ya está aprobado por nosotros mismos y es ley de la república.

La tercera idea es la de permitir, por una sola vez si mal no recuerdo, esto lo sugirió en cierta ocasión el propio SenadorGarcía, pero no prosperó entonces, que los recursos actualmente empozados en las asociaciones de ahorro y préstamo y que no se pueden emplear porque no hay viviendas en construcción por el sector privado, sean utilizados para la adquisición de viviendas que no sean D. F. L. 2. Esto se aplicaría por una sola vez, como una manera de dar mercado comprador a las personas que quieren vender su vivienda que no está acogida a esta legislación, de dar salida a los fondos empozados en las asociaciones de ahorro y préstamos y de dar facilidades a los adquirentes de viviendas.

Ahora, entiendo que la segunda de estas ideas, que es la que merece observaciones, no afecta al sistema de ahorro y préstamo. Así lo hemos entendido, ya que la ley de no reajustabilidad excluyó expresamente del beneficio a los préstamos otorgados mediante el sistema de ahorros y préstamos. Se puede discutir en teoría o en la práctica si es bueno, malo o regular el sistema de la reajustabilidad; pero no cabe duda de que un sistema de 'ahorro y préstamo no puede funcionar sin reajustabilidad. En esto estamos todos de acuerdo. Por eso, la Comisión entendió que estas modificaciones se refieren a los préstamos CORVI y CORHABIT, pero no a los otorgados, aun para casas o departamentos de superficie inferior a cien metros cuadrados, por las asociaciones de ahorro y préstamo.

El señor GARCIA.-

¿Me permite una interrupción, Honorable colega?

El señor HAMILTON.-

Ya había terminado mi intervención, señor Senador.

El señor GARCIA.-

Me interesa aclarar un punto.

En virtud de esta agilidad que se le da al sistema y que aquí se ha mencionado, puede perfectamente suceder que una operación se financie en parte con préstamos de una asociación, los cuales no quedarían afectos a la reajustabilidad. En tal caso, se produciría un fenómeno sumamente curioso: parte de la deuda sería reajustable, y parte no lo sería.

Planteo este problema al Honorable señor Hamilton, que es una de las personas más expertas que ha habido en el Senado en estas materias.

La señora CAMPUSANO.-

No tanto...

El señor GARCIA.-

¿No tanto?

El señor PALMA (Presidente).-

Ruego a la señora Senadora no interrumpir.

Está con la palabra el Honorable señor García.

El señor GARCIA.-

Acaba de manifestarse que no se toca la reajustabilidad de los préstamos que otorgan las asociaciones; pero yo sostengo que con las disposiciones que pido suprimir, se la afecta. ¿Por qué? Porque puede suceder, como decía denantes, que un empleado junte sus ahorros personales al 5% del empleador porque esto se permite, de acuerdo al proyecto para financiar la adquisición de una vivienda, con lo cual el préstamo no queda reajustable. Si es así, sólo los primeros empleados que logren acogerse al nuevo sistema serán los beneficiados. Serán las personas más cercanas al empleador, más amigas de él las que gozarán del beneficio tan grande que aquí se otorga. Se romperá la justicia en la distribución de las casas al personal, porque serán sólo unos pocos los privilegiados que contarán con esta verdadera ganga que implica no pagar reajuste. Imaginen los Honorables colegas lo que significa recibir un préstamo de unos trescientos mil escudos, si en el primer año se produce un alza del 50 %: el préstamo, no obstante la inflación y a pesar de que los sueldos hayan subido en igual porcentaje, permanecerá congelado, sin reajuste.

La CORVI o la CORHABIT pueden enfrentar la pérdida que significa lo anterior, como una manera de ayudar a ciertas personas. Pero, en definitiva, este sistema implica un factor de perturbación en el financiamiento de las asociaciones de ahorro y préstamo, porque parte del préstamo será de ellas.

Quisiera que el señor Senador me explicara si la parte que pone la asociación va a ser reajustable o no, de modo que quedará una parte reajustable y otra congelada. Se me ocurre que el sistema no es bueno. Mantengamos la reajustabilidad en la totalidad de los préstamos, a fin de hacerlos extensivos a todo el personal de las empresas.

El señor HAMILTON.-

No sé si la Honorable señora Campusano, que ha manifestado interés en opinar sobre esta materia, puede dar respuesta a la duda que plantea el Honorable señor García.

El señor TEITELBOIM.-

¿Necesita la ayuda de la señora Senadora?

El señor HAMILTON.-

No, pero como me pareció que ella se había ofrecido para explicar el problema, y por tratarse de una dama, estaba dispuesto a darle preferencia en el uso de la palabra.

El señor PALMA (Presidente).-

Señor Senador, es la Mesa quien dirige el debate.

¿Desea hacer uso de la palabra Su Señoría?

El señor HAMILTON.-

Estaba ofreciendo una interrupción a la señora Senadora, pero si no la quiere, responderé yo la consulta del Honorable colega.

El sistema a mi juicio, al menos no funciona como supone el Honorable señor García, porque no concurren al financiamiento de una vivienda una asociación con la CORVI o la CORHABIT. La operación se hace sólo a través de uno de estos organismos. Si se realiza mediante el sistema de ahorro y préstamo, cualquiera que sea la forma como se genere el ahorro previo, el préstamo o lo demás, se rige por el sistema del SINAP y queda afecta a reajustabilidad. Pero si se lleva a cabo por intermedio de CORVI o CORHABIT, rige el mecanismo que establece la reajustabilidad sólo por préstamos para viviendas de superficie superior a cien metros cuadrados de edificación inicial. Ese es el sistema.

Ahora, no se da en la práctica, repito, el caso de viviendas en que hayan aportado parte una asociación, y parte alguno de los organismos del Estado, encargados del problema habitacional.

El señor GARCIA.-

Excúsenme los Honorables colegas que insista en la materia.

El proyecto modifica el artículo 12 de la ley Nº 16.959. Pues bien, ese precepto, que está incluido en el párrafo tercero del Título II, De la imputación mediante depósitos en asociaciones de ahorro y préstamos, comienza estableciendo: Los contribuyentes señalados en el artículo lº de la presente ley..., y concluye así: Las amortizaciones de todos estos préstamos serán reajustables de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 del decreto con fuerza de ley 2, de 1959. Es decir, los préstamos a que se refiere este artículo 12 son los concedidos por las asociaciones de ahorro y préstamo, no así los mencionados en el artículo 29, ubicado en el título VII, De la fiscalización y autorizaciones que corresponde otorgar a la Corporación de la Vivienda.

Lo expresado por Su Señoría, entonces, está bien en cuanto se modifica el artículo 29, pero no así en cuanto se modifica el artículo 12 de la ley 16.959.

Por eso, pienso que una parte de la deuda será reajustable y la otra no, tratándose de la misma vivienda.

Por otra parte, creo que aquí se amplía mucho el concepto de superficie exenta, porque se habla de superficie inicial de cien metros cuadrados, y las construcciones de esta naturaleza pueden, más tarde, ampliarse por sobre esa cantidad. Vale decir, la no reajustabilidad será para cualquier tipo de vivienda, en circunstancias de que la intención no sólo del Gobierno, sino del Congreso, que aprobó la disposición respectiva con mi voto en contrario, es cierto, fue la de favorecer a los adquirentes de las viviendas más modestas, que no tienen cómo afrontar la reajustabilidad. Sin embargo, vemos que ahora esto alcanza a propiedades mucho más grandes, porque cien metros cuadrados iniciales útiles vienen a significar, en definitiva, 130 o 140 metros cuadrados totales. Esto es, la no reajustabilidad alcanzaría a viviendas más que medianas, dentro de nuestros conceptos sobre la materia.

El señor HAMILTON.-

No quisiera prolongar indefinidamente el debate, pero sí me interesa clarificar algunas ideas fundamentales.

En primer lugar, lo relativo a la superficie inicial construida. Bueno, malo o regular, éste es el concepto que se utilizó en la ley vigente sobre reajustabilidad de las deudas habitacionales. Concuerdo en que, en términos relativos, esa superficie es bastante amplia hoy en día, si consideramos que hasta 1970 el promedio de construcción nacional no fue superior a los 60 metros cuadrados por unidad habitacional. Hoy día, naturalmente, de acuerdo con la tendencia, aunque no tengo estadísticas a mano, el promedio tiene que haber disminuido sensiblemente. Se utilizó esa medida seguramente porque se pensaba en las viviendas construidas con anterioridad, cuando el padrón era superior.

Supongo que se emplea la expresión inicial por una razón muy sencilla: porque lo inicial en una vivienda, aquello con que se parte, es lo que se construye con recursos que el Estado directa o indirectamente aporta para las soluciones habitacionales. De manera que no se imponen reajustes a la parte de la vivienda que, con sus propios esfuerzos y ahorros, construye el particular.

Por lo tanto, yo dejaría de lado esa primera idea, porque no está en discusión en el proyecto, por cuanto está incorporada a la legislación vigente.

Ahora, lo que deseo recalcar sin perjuicio de que se modifique el texto de la disposición, para mayor claridad es que aquí se está dando la posibilidad de imputar el 5% en ahorro previo no sólo en asociaciones de ahorro y préstamo, como sucedía antes, sino también en CORHABIT, lo que sólo existe como requisito para postular a una vivienda desde hace unos tres o cuatro años, y que me parece bueno.

Ahora, como he dicho antes, los préstamos no se conceden en forma combinada, mediante asociaciones de ahorro y préstamo y CORHABIT. En consecuencia, si la operación se hace por uno de esos canales, estará regida por las normas de ese canal: si se trata de asociaciones de ahorro y préstamo, hay reajustabilidad; si se trata de CORVI o de CORHABIT, no la hay hasta cien metros de edificación, pero existe por sobre esa superficie.

Si se desea aclarar más aún que esto es así, que ésta es la idea del proyecto y el propósito con que aprobamos estas modificaciones propuestas por el Ejecutivo entiendo que el Honorable señor Valente asistió a la Comisión, de manera que podrá confirmarlo, me parece que no habría ningún inconveniente en hacerlo de manera que no quede sobre el particular ni la sombra de una duda.

El señor PALMA (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Valente.

El señor GARCIA.-

¿Me permite una interrupción, Honorable colega?

El señor VALENTE.-

Con mucho gusto.

El señor GARCIA.-

Agradezco a Su Señoría que me permita pedir otra explicación más.

Dos de los incisos del artículo nuevo que se agrega a la señalada ley autorizan traslado de fondos:

Para los efectos de los préstamos a que se refieren los artículos 10 y 11 y el inciso precedente, los fondos provenientes de imputaciones o de reinversión podrán trasladarse de la Corporación de la Vivienda a Asociaciones de Ahorro y Préstamo o a la Corporación de Servicios Habitacionales, o de Asociaciones a la Corporación de Servicios Habitacionales, en la forma que indique el Reglamento.

Los fondos a que se refieren los incisos precedentes serán utilizables en los fines indicados aun cuando provengan de la venta de viviendas no económicas, cualesquiera que sean las restricciones generales que se impongan en virtud de lo dispuesto en el artículo 6 de la ley Nº 17.663. El traslado de fondos que autoriza el inciso anterior también podrá efectuarse de una a otra u otras Asociaciones de Ahorro y Préstamo, a petición del titular de los fondos.

Esto significa que ahora uno puede combinar todos los fondos, y que las asociaciones que concedan los préstamos van a ser las que sufrirán la no reajustabilidad de los mismos.

El mecanismo para edificar que hoy día existe en Chile es el de las asociaciones de ahorro y préstamo. Por eso estoy tratando de que, en lo posible, tal mecanismo no sufra ninguna alteración ya que es una de las maneras que hay para que pueda tener su casa propia cualquier empleado u obrero de empresas afectas al impuesto habitacional mediante la imputación del mismo, especialmente con estas disposiciones, que permiten el traslado de fondos de distintos sectores de la vivienda o entre distintas asociaciones de ahorro y préstamo, a fin de obtener, en definitiva, un crédito para construir. Por eso, si se suprime la reajustabilidad de estos préstamos, no sólo se restarán posibilidades para el futuro, sino que además se restringirá inmensamente el campo de operación de las asociaciones.

El señor VALENTE.-

Parece que la parte más discutida y discutible es la que afecta a los artículos 12 y 29 de la ley 16.959, en cuanto a poner término a la reajustabilidad de los precios de las viviendas cuando tengan una superficie inicial inferior a 100 metros cuadrados.

Examinando el proyecto me he dado cuenta de que se originó en un mensaje del Ejecutivo. No sé si en la Cámara se le agregaron estas disposiciones. Pero creo que esta iniciativa del Ejecutivo es plenamente concordante con la ley despachada a principios de año y en la cual se puso término al sistema de reajustabilidad en los precios y saldos de precio de las viviendas construidas por la CORVI y otros organismos dependientes del Ministerio de la Vivienda, por las cajas de previsión, etcétera.

Recuerdo perfectamente que durante la tramitación de esa ley se aprobó un precepto que facultaba al Presidente de la República para ir aplicando la no reajustabilidad en los precios de las viviendas construidas por intermedio de las asociaciones de ahorro y préstamo, con el objeto de incorporar a dicho beneficio a aquellas personas que adquirieron viviendas mediante tal sistema.

En esa ocasión no se estimó oportuno legislar derechamente sobre la eliminación total de la reajustabilidad para esas viviendas, debido a que alteraba totalmente el mecanismo y se creaban muchas dificultades, especialmente en lo relativo al financiamiento del sistema de ahorro y préstamo.

Contando con tal atribución, el Jefe del Estado dictó un reglamento e incorporó, en la primera etapa, a aquellas viviendas de superficie inicial inferior a 64 ó 60 metros cuadrados, que fueron bonificadas en los precios para cubrir de esta manera la reajustabilidad a que estaban afectas.

Pero puedo decir al Senado que la opinión y la intención del Gobierno es eliminar en forma definitiva el sistema de reajustabilidad por ser bastante abusivo y, además, muy oneroso para las personas que cuentan con viviendas adquiridas por ese sistema. Sabemos que recurren a las asociaciones de ahorro y préstamo no sólo los que tienen posibilidades económicas de adquirir sus casas aun con reajustabilidad, sino que yo diría el 90% o casi la totalidad de las cooperativas de viviendas organizadas a lo largo del país y que han impulsado en forma bastante positiva la construcción de casas, están también acogidas a dicho sistema. Y no obstante que muchos de los socios de esas cooperativas son obreros o empleados, tienen la obligación de pagar en forma discriminada la reajustabilidad, en circunstancias de que el otro sistema los exime de tal exigencia.

Podemos apreciar que las enmiendas introducidas a los artículos 12 y 29 son bastante simples en cuanto a su redacción. Naturalmente que son importantes en cuanto a su alcance. Se trata de agregar al último inciso del artículo 12 y también al artículo 29, que dice: Las amortizaciones de. todos estos préstamos serán reajustables de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 del Decreto con Fuerza de Ley 2, de 1959, la siguiente frase: excepto cuando la superficie inicial de la respectiva vivienda no sea superior a 100 metros cuadrados, sin considerar la superficie correspondiente a espacios comunes y la de los bienes comunes que se reputan como tales en el artículo 46 de la ley Nº 6.071.

Es decir, la indicación es plenamente concordante con el espíritu y el deseo del Gobierno de no aplicar el sistema de reajustabilidad a las viviendas construidas por intermedio de la asociaciones de ahorro y préstamo.

Tengo entendido que el problema que afecta a dichas asociaciones se está resolviendo. No sé exactamente por qué vía, pero, en todo caso, estamos en antecedentes de que la política que se está siguiendo en cuanto a financiar a las asociaciones de ahorro y préstamo para impulsar un plan de viviendas, se está llevando a cabo en forma muy amplia, con mayor aplicación y beneficios de los que se entregaban antes, los cuales eran muy restringidos y constituían un sistema algo discriminatorio. Por lo tanto, no estamos en desacuerdo con la iniciativa. Por lo contrario, queremos aprobarla. Sin embargo, debo advertir al Senado que el Presidente de la República contaría en la actualidad con la facultad correspondiente, gracias a ese artículo agregado en la ley que puso término a la reajustabilidad de las viviendas construidas por las cajas de previsión, para ampliar de 60 o 64 metros cuadrados a 100 metros cuadrados la superficie exenta, y eliminar por esa vía la reajustabilidad del sistema de ahorro y préstamo. Pero creo conveniente que tal medida quede sancionada mediante una modificación de la ley, pues es mucho más seguro y beneficioso para las innumerables personas que adquieren viviendas por el sistema de ahorro y préstamo.

No hay duda alguna de que el 5% de impuesto CORVI no es aprovechado en su integridad, porque el sistema mismo es un poco complejo. No obstante que la ley 16.959 determinó que se debían construir viviendas respetando las zonas donde se percibía ese impuesto, para difundir y ampliar un plan de construcción de viviendas, y posteriormente se dictó una ley que dio la posibilidad a los empleados y obreros de las empresas afectas al 5% de obtener la venta de la vivienda que ocupaban y que habían sido construidas con el 5% acumulado también es acumulativo consideramos que este sistema de conceder préstamos para completar ahorro previo o para dar un destino mucho más ágil al fondo respectivo, que muchas veces aparece inactivo, no se utiliza o no se alcanza a gastar dentro del curso de un año, por ejemplo, constituye una buena política habitacional y permitirá aprovechar importantes recursos, no sólo en un plan de construcción directa de viviendas, sino que también en los préstamos a los imponentes, a los empleados y obreros de las respectivas empresas, para que ellos puedan completar su ahorro previo y empezar la construcción de viviendas, ya sea por intermedio de cooperativas, cajas de previsión, con aportes a otras instituciones, inclusive al sector privado.

Por eso creemos que la disposición contenida en los números 4 y 5 del artículo lº del proyecto, en cuanto a suprimir la reajustabilidad de los préstamos para las viviendas que no tengan más de 100 metros cuadrados y hayan sido concedidos mediante el sistema de ahorro y préstamo, es una buena norma, una buena medida, y contará con nuestro respaldo.

El señor FERRANDO.-

Sin ser técnico ni en construcción ni en economía, me permitiré intervenir en este debate por el hecho de haber formado parte del directorio de una asociación de ahorro y préstamo, en la época en que la ley permitía a los parlamentarios desempeñar tales cargos. Fui fundador de la Asociación de Ahorro y Préstamos La Frontera, hasta el momento en que la ley estableció la incompatibilidad respectiva y entonces, como es natural, dejé tal cargo. De modo que conozco en la práctica el desarrollo del sistema, cuyo mecanismo se desprende de su misma denominación: Caja Central de Ahorros y Préstamos, Asociación de Ahorro y Préstamo La Frontera, en el caso de la de Temuco.

¿Qué objetivos se perseguían al dictar el decreto con fuerza de ley que creó tal sistema? Permitir que, aparte los regímenes de previsión, el pueblo contara con un medio que le permitiera ahorrar para adquirir vivienda. Los empleados particulares y los servidores fiscales afiliados a las distintas cajas de previsión estaban sometidos a una verdadera lotería para conseguir los préstamos hipotecarios correspondientes. En cambio, mediante este otro mecanismo, tenían un incentivo muy agradable para realizar algún pequeño sacrificio: en el momento en que lograran reunir un 10 % del valor de la propiedad, la asociación le prestaría el saldo necesario para adquirir la vivienda. Sin embargo, para reunir los fondos necesarios para cumplir ese objetivo, era indispensable garantizar a quienes depositaban sus ahorros en las distintas asociaciones, una seriedad absoluta respecto de las ventajas que el sistema ofrecía.

Una de las cosas más importantes en la economía, es el desprendimiento que una determinada persona hace de sus recursos con el fin de ahorrar. Pero si no tiene la seguridad mínima de que sus depósitos no van a perder su valor, no economizará ni hará sacrificio alguno. Sólo ahorrará si cuenta con la garantía suficiente.

Me complazco en reconocer que el sistema de ahorro y préstamo reviste gran seriedad y ha logrado despertar enorme confianza en el público, a tal grado que los volúmenes de ahorro en las asociaciones son casi superiores a los de los bancos, a los de los sistemas de certificados reajustables y de otras instituciones similares. Por lo tanto, al igual que la gallina de los huevos de oro, hay que cuidar muy bien tal sistema, por la importancia que reviste para la solución del problema habitacional. Recuerdo que en repetidas oportunidades he tenido conversaciones con los vicepresidentes de diversas instituciones de previsión, del Ejército, de la Marina, de Carabineros, de los empleados públicos, de los empleados particulares, acerca de la ventaja que significa que les concedan préstamos a sus imponentes para que puedan financiar su ahorro previo, porque con una cuota pequeña solucionan las necesidades habitacionales de sus afiliados, tomando tal responsabilidad la asociación de ahorro y préstamo respectiva en vez de la caja de previsión, mediante los créditos hipotecarios que debe otorgarles.

Se ha dicho que se pretende que las viviendas de hasta 100 metros cuadrados útiles queden exentas de la reajustabilidad. Al respecto, me atrevería a afirmar que prácticamente más del 80% de las viviendas y a lo mejor me quedo corto en las cifras construidas y edificadas mediante el sistema de ahorro y préstamo quedarían exentas de tal obligación. Si se elimina la reajustabilidad de los dividendos, que es la que permite reajustar los ahorros de quienes depositan en las asociaciones y hace posible que el que tiene una casa la haya logrado con los recursos de los que, a su vez, están esperando obtenerla, se causará un golpe mortal al sistema, porque los ahorrantes perderán la confianza en él.

Tal vez podría aceptarse como una buena medida eximir de la reajustabilidad a los préstamos destinados a viviendas económicas de menos de 64 metros cuadrados por lo demás, no son tan modestas, porque, según recuerdo, las casas que se vendían con financiamiento de la Asociación de Ahorro y Préstamo La Frontera, a lo menos, tenían una superficie promedio que oscilaba entre los 45 y los 50 metros cuadrados, como las que construye COBVI para venderlas a imponentes de escasos recursos; pero pretender igual medida respecto de más del 80% de los créditos hipotecarios creo que me quedo corto con este porcentaje es prácticamente dar un golpe de muerte al sistema y hacer perder la confianza en él, y serán. muchos los que no volverán a depositar. Personalmente, confieso que si en este momento estuviera ahorrando en ese sistema, no lo seguiría haciendo, porque carecería de la garantía de que mi dinero, que hoy se destina a construir la vivienda de un tercero, se me devuelva mañana para que, a mi vez, goce del beneficio de habitar en lo propio.

Las ventajas de este sistema y la administración óptima a que ha estado sometido, antes de 1964, durante el período de Gobierno del Presidente Frei y también en la actualidad, bajo la dirección de la Vicepresidenta de la Caja Central de Ahorros y Préstamos, llevó al público a depositar su confianza en él, y así, ha logrado captar ahorros en forma extraordinaria. Y ello reitero se ha obtenido gracias a que el depositante modesto o el que no lo es tiene la seguridad de que nunca perderá sus ahorros.

Por eso, me extraña un tanto que se proponga elevar la exención, porque ello implica retrotraer el sistema de ahorro a lo que acontecía hasta 1958, cuando no existía reajustabilidad para las deudas hipotecarías.

Confieso ¡qué le voy a hacer, pero en ese tiempo me tocó adquirir una vivienda! que me da vergüenza cuando me envían la cuenta de lo que debo por ese concepto, porque el dividendo por mi casa en Temuco asciende a 7 escudos 50 centésimos mensuales. Creo que esto es una vergüenza. Por eso, envié una carta al Vicepresidente de la Caja de Empleados Públicos pidiéndole que me informe acerca del total de lo que adeudo, a fin de cancelar el saldo de una vez por todas; porque ese instituto previsional gasta más en hacerme los descuentos en las planillas y en el funcionario que apunta todos los meses en el libro respectivo las partidas de Eº 0,52, Eº 5, 20 y de 2 escudos y tanto.

Repito: esto es una vergüenza y un crimen contra la sociedad y contra el resto de los empleados públicos de Chile.

¿A esto se quiere llegar? Si es así, que se diga que se quiere regalar las viviendas. Pero creo que es exagerado elevar la exención para las casas de hasta cien metros cuadrados de construcción.

El señor GARCÍA.-

Yo doy toda clase de excusas al Senado por someterlo nuevamente a un debate sobre esta materia, pero la estimo de la mayor importancia.

Deseo despejar una duda. Los reajustes en las asociaciones, de ahorro y préstamo son inferiores al alza del costo de la vida en los últimos 6 o 7 años. ¿Por qué? Porque los reajustes son posteriores y van siempre atrasados. Por consiguiente, los sueldos de los deudores hipotecarios, tal como ha señalado el Honorable señor Ferrando, se reajustan en proporción mayor que los dividendos que deben pagarse en las asociaciones de ahorro y préstamo.

Pregunto si se puede tener seguridad respecto de la tasa a que puede alcanzar la inflación. Tengo a mano la suma a que ascendió en 1937 el sueldo vital: a 420 pesos; y en 1950, a 3.800 pesos. Y yo, que me hallo en el mismo caso que el Honorable señor Ferrando, sentí la misma vergüenza que él señor Senador, y por la misma razón cancelé íntegramente los saldos que adeudaba por mi casa, porque supe que con los recursos de terceros prácticamente me la estaban regalando. Por los motivos expuestos, pido al Senado que no se vuelva a implantar tal sistema. Comprendo que a personas muy modestas pueda dársele o regalársele parte del valor de la vivienda que adquieren, pero la fórmula de la no reajustabilidad significa que uno no sabe a quién se le otorgará tal beneficio.

En 1961, el sueldo vital ascendía a 77 escudos 17 centésimos; en 1964, a 150 escudos 23 centésimos; en 1972, a 1.016 escudos, y seguramente a dos mil escudos después de la ley de reajustes.

Las cifras que di revelan el deterioro que sufren los préstamos otorgados en lo que se llama moneda blanda: simplemente regalar la mitad o las tres cuartas partes del valor de una vivienda.

Si deseamos actuar con cierta seriedad, debemos mantener el sistema de reajustabilidad, tanto más cuanto que algunas personas llevan cinco, seis o siete años depositando en las asociaciones para acumular el dinero suficiente a fin de construir. Además, debe considerarse que sus posibilidades se van alejando cada día más, porque el metro cuadrado de construcción sube más ligero que el alza del costo de la vida y que los reajustes de las asociaciones de ahorro y préstamo. Y este nuevo golpe a este aspecto del sistema de ahorro para la vivienda conducirá a lo que acaba de señalar el Honorable señor Ferrando.

Agradezco a mis colegas el haber permitido reabrir el debate y la forma como cada uno de ellos ha abordado la materia, estimo que están agotados los argumentos, de modo que los señores Senadores tienen formado un juicio para pronunciarse sobre este problema.

La señora COMPUSANO.-

Propongo enviar este proyecto a Comisión, a fin de que los personeros de las asociaciones de ahorro y préstamo aporten mayores antecedentes.

El señor PALMA (Presidente).-

Si le parece a la Sala, unánimemente se accederá a la petición de la señora Senadora.

Acordado.

La iniciativa vuelve a Comisión.

SUPRESION DE DERECHOS PREVISIONALES POR DELITOS COMETIDOS.

El señor FIGUEROA (Secretario).-

Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que deroga las disposiciones legales que suprimen los derechos previsionales como sanción por delitos cometidos.

Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley: (moción del señor García):

En primer trámite, sesión 35ª, en 1º de diciembre de 1971. En tercer trámite, sesión 95ª, en 3 de septiembre de 1972.

Informes de Comisión:

Legislación, sesión 54ª, en 21 de enero 1972.

Legislación (segundo), sesión 19ª, en 27 de junio de 1972.

Trabajo, sesión 19ª, en 27 de junio de 1972.

Discusión:

Sesiones 55ª, en 22 de enero de 1972; 29ª, en 18 de julio de 1972 (se aprueba en general y particular).

El señor FIGUEROA (Secretario).-

La Cámara de Diputados aprobó la iniciativa, con la sola enmienda que consiste en agregar el siguiente inciso segundo, nuevo, a su artículo transitorio: En todo caso, el desahucio se liquidará con relación a la fecha de la cesación de servicios motivada por la destitución. Los beneficios provisionales a que se refiere este artículo podrán ser recuperados en los términos que esta ley señala por los beneficiarios de las personas a las cuales ella se refiere, si hubieren fallecido.

Se aprueba la enmienda, y el proyecto queda despachado en este trámite.

MODIFICACION DE DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 10 DE LA CARTA FUNDAMENTAL. REFORMA CONSTITUCIONAL.

El señor FIGUEROA (Secretario).-

Proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción de los Honorables señores Ferrando, Irureta, Moreno, Musalem y Papic, que modifica los Nºs 10 y 16 del artículo 10 de la Constitución Política del Estado.

Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de Reforma Constitucional (moción de los señores Ferrando, Irureta, Moreno, Musalem y Papic):

En primer trámite, sesión 17ª, en 20 de junio de 1972.

Informe de Comisión:

Legislación, sesión 54ª, en 22 de agosto de 1972.

El señor FIGUEROA (Secretario).-

La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, en informe suscrito por los Honorables señores Pablo (Presidente), Acuña y Moreno, recomienda aprobar el proyecto, que consta de un artículo único, contenido en el boletín Nº 26.576.

El señor PALMA (Presidente).-

En discusión general y particular.

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

El señor REYES.-

Pido aplazamiento de la votación.

El señor PALMA (Presidente).-

Han llegado a la Mesa dos indicaciones.

Queda aplazada la votación del proyecto con las indicaciones mencionadas.

DECLARACION DEL CAPITAL DE CONTRIBUYENTES AFECTOS AL PAGO DE PATENTES MUNICIPALES.

El señor FIGUEROA (Secretario).-

Proyecto de ley, iniciado en moción del Honorable señor Valenzuela, que dispone que en el mes de julio de cada año los contribuyentes afectos al pago de patentes deberán presentar su declaración anual sobre el monto del capital con que operan en la municipalidad respectiva.

Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley (moción del señor Valenzuela):

En primer trámite, sesión 11ª, en 13 de junio de 1972.

Informe de Comisión:

Hacienda, sesión 58ª, en 29 de agosto de 1972.

El señor FIGUEROA (Secretario).-

La Comisión de Hacienda, en informe suscrito por los Honorables señores Ballesteros (Presidente), Aguirre Doolan, Lorca y Silva Ulloa, recomienda a la Sala aprobar el proyecto en los términos contenidos en el boletín Nº 26.592.

El señor PALMA (Presidente).-

El proyecto consta de un artículo único.

Se aprueba en general y en particular.

El señor GORMAZ.-

Pido votación, señor Presidente.

El señor PALMA (Presidente).-

Lo siento, señor Senador, pero la iniciativa ya se aprobó.

El señor GARCIA.-

Yo oí la petición del Honorable señor Gormaz; pero estoy seguro de que si me oyera alguna explicación, votaría favorablemente, porque se trata de una iniciativa patrocinada por el Honorable señor Valenzuela.

El señor GORMAZ.-

Sólo quería dejar constancia de mi voto en contra.

NORMAS SOBRE TERMINACION DEL CONTRATO DE TRABAJO DE PERSONALES DE INSTITUCIONES FISCALES Y MUNICIPALES.

El señor FIGUEROA (Secretario).-

Proyecto de ley de la Cámara de Diputados que establece normas sobre terminación del contrato de trabajo de los personales de las instituciones fiscales y de las municipalidades.

Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 54ª, en 22 de agosto de 1972.

Informe de Comisión:

Gobierno, sesión 66ª, en 5 de septiembre de 1972.

El señor FIGUEROA (Secretario).-

La Comisión de Gobierno, en informe suscrito por los Honorables señores Hamilton (Presidente), Baltra, Morales Adriasola y Valenzuela, recomienda aprobar el proyecto con la sola enmienda de intercalar en el inciso primero del artículo lº, a continuación de la referencia al número 2, otra al número 3, y en seguida de la referencia al número 4, otra al número 5.

Se aprueba en general el proyecto, y se remite a Comisión para segundo informe, por haber sido objeto de varias indicaciones.

DESIGNACION DE PRESAMENTE DE EMPRESA DE TELEVISION NACIONAL DE CHILE.

El señor FIGUEROA (Secretario).-

Mensaje del Presidente de la República en que solicita el acuerdo del Senado para designar Presidente de la Empresa de Televisión Nacional de Chile al señor Eduardo Cañas Ibáñez.

Informe de Comisión:

Gobierno, sesión 66ª, en 5 de septiembre de 1972.

El señor FIGUEROA (Secretario).-

La Comisión de Gobierno, en informe suscrito por los Honorables señores Hamilton (Presidente), Baltra, Morales Adriasola y Valenzuela, recomienda, por unanimidad de los miembros presentes, rechazar la proposición del Presidente de la República.

El señor PALMA (Presidente).-

En discusión.

Ofrezco la palabra.

El señor FIGUEROA (Secretario).-

Advierto a la Sala que con fecha 31 de agosto el Primer Mandatario solicitó el retiro de este mensaje. En esa oportunidad, en la Sala no hubo pronunciamiento sobre dicho retiro y sólo se resolvió agregar el oficio respectivo a los antecedentes, a fin de considerarlo conjuntamente con el mensaje.

El señor PALMA (Presidente).-

Si le parece a la Sala, se accedería a la petición del Ejecutivo para retirar el mensaje.

El señor MORALES ADRIASOLA.-

Pero dejando constancia del informe de la Comisión.

El señor VALENTE.-

No.

El señor REYES.-

No.

El señor JULIET.-

No.

El señor PALMA (Presidente).-

Queda aprobado el retiro del mensaje.

MODIFICACION DE LEY 16.426 EN LO RELATIVO A DETERMINACION DEL VALOR ANUAL DE LAS PATENTES DE AUTOMOVILES.

El señor FIGUEROA (Secretario).-

Proyecto de ley de la Cámara de Diputados que modifica la ley Nº 16.426, en lo relativo a la determinación del valor anual de las patentes de automóviles.

Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 57ª, en 29 de agosto de 1972.

Informe de Comisión:

Hacienda, sesión 66ª, en 5 de septiembre de 1972.

El señor FIGUEROA (Secretario).-

La Comisión de Hacienda, en informe suscrito por los Honorables señores Ballesteros (Presidente), Aguirre Doolan, García, Hamilton y Silva Ulloa, recomienda a la Sala aprobar el proyecto, que consta de un artículo único, en los mismos términos en que lo hizo la Cámara.

El señor PALMA (Presidente).-

En discusión general y particular.

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

El señor VALENTE.-

Pido segunda discusión.

El señor PALMA (Presidente).-

En la primera discusión, ofrezco la palabra.

El señor PABLO.-

El Honorable señor Valente no es Comité.

El señor PALMA (Presidente).-

¿Su Señoría es Comité?

El señor VALENTE.-

Haré llegar por escrito la petición.

El señor MORALES ADRIASOLA.-

Pero resulta que ésa no es petición de un Comité.

La señora CAMPUSANO.-

En este momento estamos enviando esa petición por escrito.

El señor FIGUEROA (Secretario).-

Lo que pasa es que el Honorable señor Valente ya no es Comité, y la solicitud de segunda discusión tiene que suscribirla un Comité.

El señor VALENTE.-

En este momento estoy haciendo llegar la petición por escrito con la firma de un Comité.

La señora CAMPUSANO.-

¡El señor Secretario no puede ser más papista que el Papa, pues basta la palabra de un Senador!

El señor PALMA (Presidente).-

En la primera discusión, ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

El señor GARCIA.-

El señor Secretario, en el momento en que se hizo la solicitud de segunda discusión, que solamente puede ser formulada por un Comité, procedió bien al advertir, como ministro de fe, que el Honorable señor Valente no era Comité, porque se escuchó una voz en la Sala advirtiendo que no lo era. Tan pronto como un Comité firmó el documento respectivo, se formalizó la petición.

Tiene toda la razón la Honorable señora Campusano: desde el momento en que ella dijo que, como Comité, hacía suya la petición, se subsanaba el inconveniente y quedaba todo arreglado.

De paso quiero decir que en los últimos tres días he notado tanto de las bancas del Partido Socialista como del Comunista una hostilidad hacia el señor Secretario, que quiero dejarla de manifiesto, porque me gusta decir las cosas claramente. Esa hostilidad es inaceptable cuando se ataca a un funcionario que no puede defenderse ni decir nada en la Sala, porque sólo es ministro de fe: él no resuelve ningún problema; él no es presidente; él sólo tiene que testificar y autentificar lo que hacen los demás, y señalar al señor Presidente los derechos de cada cual. Y el Presidente es quien resuelve. De manera que atacar al Secretario no es adecuado.

Ahora bien, si, como dijo el Honorable señor Rodríguez, el señor Secretario no les merece confianza, Sus Señorías pueden hacer valer el derecho que les franquea el Reglamento cuando se desconfía de un funcionario; pero no es admisible que a cada instante tengamos en la Sala un espectáculo que no me parece digno del Senado; que se estén lanzando pullas al señor Secretario y se le ataque como si fuera uno de nosotros, que podemos defendernos, alegar y contestar. Eso, a mi juicio, no se puede seguir soportando en el Senado. Si los señores Senadores no tienen confianza en el Secretario, hagan valer los derechos que les franquea el Reglamento. Nosotros veremos si la mayoría le otorga su confianza o se la niega, y sigamos trabajando en paz.

La señora CAMPUSANO.-

Pido la palabra.

El señor PALMA (Presidente).-

Antes de conceder la palabra a la Honorable señora Campusano, pido autorización de la Sala para formular breves observaciones.

Yo asumo la responsabilidad de haber dicho que no había llegado ninguna solicitud firmada por un Comité para pedir segunda discusión. Con posterioridad a mis palabras, efectivamente se hizo llegar a la Mesa un documento, firmado por el Honorable señor Luengo, con ese objeto. Aun cuando la Mesa lo recibió después de declarar cerrado el debate, estimó prudente, ya que lo pedía un Comité, acceder a que el proyecto quedara para segunda discusión. En esta materia el señor Secretario no ha hecho sino confirmar, aclarar y explicar la situación reglamentaria en el momento en que se había declarado cerrado el debate.

La señora CAMPUSANO.-

Lamento que mi intervención haya dado motivo para que el Honorable señor García pronunciara todo un discurso en defensa del señor Secretario, atribuyéndome palabras que no estaban en mi ánimo decir.

Su Señoría, como yo y los demás señores Senadores, hemos sido elegidos por la votación del pueblo y tenemos nuestros derechos. Por lo tanto, aquí somos todos iguales; pero a veces hay ciertos privilegios, como a mí me tocó sufrirlos en la Cámara de Diputados: en algunas oportunidades ni el personal de servicio como éramos patipelados, gente pobre y modesta que había llegado al Parlamento nos trataba con la misma deferencia que observaba respecto de otros parlamentarios.

El señor PABLO.-

Pido la palabra.

La señora CAMPUSANO.-

Por eso dije lo que expresé y, además, porque ni los Senadores ni el señor Presidente escucharon cuando el Honorable señor Valente manifestó que contaba con la firma de un Comité para pedir segunda discusión. Por eso reclamé, porque Su Señoría no escuchó que el Honorable señor Valente estaba haciendo la nota.

El señor PALMA (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Pablo. Antes debo señalar a la Honorable señora Campusano que no escuché lo que dijo el Honorable señor Valente, e ignoro si alguien en la Mesa o algún Senador lo haya escuchado.

El señor PABLO.-

Fui Presidente de la Corporación y debo manifestar que, en general, tanto el personal de Secretaría como el de Comisiones y el señor Secretario de la Corporación siempre han dado todo tipo de garantías a los distintos señores Senadores. No conozco la experiencia que sufrió en la Cámara la Honorable señora Campusano ni sé que haya llegado ningún Senador actual como patipelado a esa Corporación. Cuando yo fui Diputado había en la Cámara parlamentarios comunistas, a los cuales siempre se les respetó su investidura. Sacar a relucir cosas del pasado que debieron plantearse oportunamente en la Corporación correspondiente no dicen relación, en mi concepto, a la situación actual.

Por otra parte, lo expresado por el Honorable señor García es cierto. Desde hace tres o cuatro días, hemos observado una extraña conducta de parte de un grupo de Senadores de Gobierno: porque el Reglamento no se ajusta a sus exigencias, el Secretario informa sobre el particular y el Presidente actúa y toma decisiones, ya que es éste quien manda en la Corporación, se endilgan ataques al señor Secretario. Este proceder no me parece correcto, en primer lugar porque el funcionario en referencia no puede contestar. Aquí todos los Senadores somos iguales, pero los funcionarios no pueden participar en el debate. Contra esa actitud de algunos colegas reclamo.

Por otra parte, el hecho de que el Honorable señor Valente no quiero hacer cuestión sobre el particular haya enviado a la Mesa una petición firmada por un Comité que no está en la Sala, haciendo uso de papeles firmados en blanco eso lo he visto, los que ha llenado de su puño y letra, tampoco se ajusta al Reglamento. No reclamo por ese procedimiento; sin embargo, debo protestar de la conducta insistente de algunos colegas en esta materia. Cualesquiera que puedan ser las diferencias que tengamos entre nosotros en particular, cualesquiera que sean las simpatías o antipatías, las adhesiones o afinidades con algunos funcionarios, debo declarar que, mientras fui Presidente del Senado y en todos los años que llevo como Senador, siempre he recibido de parte de todos ellos un trato deferente e igualitario. Mientras dirigí la Corporación, nadie se quejó de que el personal del Congreso tuviera marcada deferencia respecto de cualquier sector del Senado. Por estas razones adhiero a las palabras del Honorable señor García.

El señor PRADO.-

Muy brevemente quiero expresar que encuentro negativo que la Mesa haya adoptado una conducta aunque reconozco que se trató de una deferencia para con el Honorable señor Valente que significó de hecho haber dado lugar a la segunda discusión en condiciones irregulares. No digo lo anterior en relación con este caso particular ni porque me interese dejar constancia de nada en contra de la Mesa, pues reconozco, comprendo y justifico su deferencia; pero considero peligrosa esa actitud, porque en votaciones más complejas que impliquen otro tipo de responsabilidades, una conducta similar puede significar, en un momento dado, la aprobación o rechazo de un asunto de más importancia.

Quiero dejar constancia, pues, de que no debió haberse dado lugar a la segunda discusión. Lo digo así, aunque creo que la situación no puede repetirse, ya que puede causar más daños que beneficios.

Por otro lado, no creo correcto que los Senadores de Gobierno sigan con este tipo de acusaciones indirectas en relación con el Secretario y con la Mesa. Ha sido tradicional, como lo ha dicho el Honorable señor Palma, que sólo el Presidente del Senado sea responsable de las decisiones que adopte la Mesa. En consecuencia, de cualquier actitud debe responder la Mesa y quienes políticamente la sustentan.

Digo claramente que no es correcta la imputación que se ha hecho, porque aunque alguna decisión pueda no justificarse desde el punto de vista de los Senadores de Gobierno, no es ésta la manera responsable de reaccionar. Y nosotros no podríamos quedar en silencio frente a una situación como ésa. El Honorable señor Palma ha sido muy claro al expresar que la Mesa asume todas las responsabilidades del caso, y es así como deben juzgarse las cosas.

Por eso me sumo también porque creo que vale la pena a quienes no estiman normal, regular ni reglamentario el procedimiento de disponer de hojas en blanco, firmadas por otro Comité, porque éstos existen para algo y no para dejar poderes en blanco, estar ausentes de la Sala cuanto tiempo quieran y permitir que un par de líneas escritas produzca efectos que tal vez ni estuvieron en la mente de quien dejó su firma. Esto es válido para todos los Senadores, pues no estamos hablando de grupos distintos, de parlamentarios de primera, segunda ni tercera clase. Se trata de cumplir ciertas formalidades en el ejercicio de nuestras funciones y de preservar los derechos de todos los Senadores y de todos los partidos políticos representados en esta Corporación.

El señor VALENTE.-

Lamento que se haya vuelto a debatir esta materia, porque fuimos muy claros. Creo que fue en las sesiones del martes o del miércoles cuando se objetó la forma como la Mesa había convocado a la Sala, a nuestro juicio atropellando el Reglamento de manera flagrante, para celebrar sesiones cada media hora, de martes a sábado, en forma inusitada, lo que nunca había acontecido en el Congreso, con el objeto de despachar algunos proyectos que interesaban a la mayoría que prácticamente controla el Senado.

En esa oportunidad hicimos una clarísima objeción al procedimiento observado por la Mesa y dijimos también, con absoluta claridad lo repetimos ahora con bastante franqueza que estimábamos que el Secretario de la Corporación era parte comprometida en este manejo irregular del Reglamento y que había perdido nuestra confianza como ministro de fe. Y eso lo sostenemos igualmente ahora, señor Presidente. No ocultamos nuestro malestar por tal situación.

Declaramos en esa oportunidad que cada vez que tengamos la posibilidad de utilizar los mecanismos reglamentarios de la Corporación, lo haremos para impedir que el señor Secretario, el ministro de fe del Senado, continúe en la testera, junto al Presidente de la Corporación. No nos da confianza. Y como Senadores responsables de nuestras actuaciones, lo decimos en sesión pública, porque éste es nuestro parecer y nuestro sentimiento.

Ahora se ha dicho que nuestra petición se formuló en forma irregular y antirreglamentaria. No es efectivo. Tal vez demoramos un minuto o un segundo en hacerla en forma oportuna. Reconozco que la Mesa actuó con deferencia; pero en ninguna parte del Reglamento se impide que un Senador haga llegar por escrito, esté o no esté en la Sala, su solicitud de segunda discusión, como lo ha hecho el Honorable señor Luengo, que ratificaba una petición mía formulada verbalmente. En el Reglamento no hay absolutamente ninguna disposición que prohíba un procedimiento semejante.

El señor PRADO.-

Lo que encuentro delicado es que se haga uso de un papel en blanco, con una firma.

El señor VALENTE.-

Tengo varios.

El señor REYES.-

Debe de tener un block.

El señor VALENTE.-

No es un block.

El señor PRADO.-

Eso puede servir para muchas cosas: un recibo de dinero, o para que le traigan un paquete de la Cooperativa...

El señor VALENTE.-

Esa es otra cosa distinta. Yo sabré cómo manejo la firma de otro Senador.

El señor PRADO.-

Por lo menos, si están con la firma, debe indicarse también para qué objeto.

El señor VALENTE.-

Es así. Aquí muestro a Su Señoría las proposiciones que me dejaron para solicitar segunda discusión en diversos proyectos, y lo estoy cumpliendo. De manera que el procedimiento es absolutamente reglamentario.

Hay otras situaciones a que me quiero referir. ¿Acaso en las Comisiones no hemos visto las mayores irregularidades, desde el punto de vista reglamentario, que uno ha podido apreciar en cuanto a su funcionamiento? ¿Acaso no hemos visto que un solo Senador presente en una Comisión a veces aprueba o rechaza cualquier tipo de proyectos, porque otros colegas le han dejado sus votos.

El señor VALENZUELA.-

Eso rige para todos.

El señor VALENTE.-

Exacto; pero no es una norma regular, porque se supone que los Senadores que aprueban o rechazan un proyecto tienen que estar presentes en la Sala durante la votación. Eso es mucho más censurable que la actitud asumida en cuanto a atender una petición de un Senador, que se dejó por escrito, para hacerla llegar a la Mesa en el momento oportuno.

El señor PALMA (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Pablo.

El señor PABLO.-

A mi modo de ver, lo expresado por el Honorable señor Valente deja en claro que es efectivo lo que yo expresé y que es del todo irregular la forma como Su Señoría se está conduciendo, porque el señor Senador está usando firmas estampadas en un papel en blanco y operando como Comité de acuerdo con su real saber y entender, en circunstancias de que no lo puede hacer en la Sala.

El señor VALENTE.-

Estoy utilizando papeles firmados en que se indica para qué proyecto se solicita segunda discusión. Están aquí.

El señor PABLO.-

Me gustaría ver si en la indicación que llegó a la Mesa concuerda con la firma con la letra de la petición correspondiente.

No me explico por qué el Comité que ha querido formular la solicitud que el señor Senador señala, no la entregó en forma oportuna a la Mesa, sino que la dejó en manos de Su Señoría.

Además, el Honorable señor Valente ha ampliado la base de su censura. Ya no es sólo el Secretario quien no le da garantías, sino además los Secretarios de Comisiones. ¡No deja de ser curioso! Me ha tocado presidir Comisiones en las que Su Señoría ha dejado su voto a otros señores Senadores, proceder que nunca se ha objetado, porque ése es el sistema bajo el cual hemos actuado permanentemente. Si el señor Senador está en contra de esa forma de trabajar en las Comisiones, que presente la enmienda reglamentaria que corresponda: la discutiremos y resolveremos sobre el particular. Pero aquí se está haciendo cuestión de las personas.

Diré algo más: creo que la mejor manera de forzar a funcionarios a cumplir con su deber, es, precisamente, asumir la conducta que está adoptando Su Señoría. El actual Secretario de la Corporación fue el mismo que tuvo el ex Senador señor Allende. Y cuando ese mismo funcionario estimó en una oportunidad en que yo estaba interviniendo, que se debía cerrar un debate, se dijo que se estaba apartando del Reglamento. En esta Sala, en 1968, me tocó experimentar esa situación; pero en esa oportunidad no adopté la actitud de Su Señoría, porque estoy cierto de que se estaba cumpliendo el Reglamento.

El señor VALENTE.-

Si usted tiene razones para defender al Secretario, nosotros tenemos las nuestras para no hacerlo.

El señor PABLO.-

No defiendo a la persona del Secretario, sino al funcionario, porque al proceder en esa forma Su Señoría está sembrando una duda permanente en la Corporación sobre una persona que, de acuerdo con el Reglamento, tiene el carácter de ministro de fe. Y si el señor Senador la plantea, hágalo formal y derechamente: plantee la censura y la votaremos en su oportunidad,...

El señor VALENTE.-

Lo haremos cuando queramos. No ahora.

El señor PABLO.-

... pero, señor Senador, no haga un juego que me parece muy feo, porque es muy feo adoptar la conducta que ustedes asumen en este momento. Inclusive, yo la calificaría de cobardía moral, pues atacan a un hombre a sabiendas de que no puede defenderse desde la Mesa. Sin embargo, permanentemente le están con pullas. Esa es la prepotencia que usan quienes tienen mayor poder para apabullar a otros. ¡Censuro esa actitud a Su Señoría! Ustedes, que dicen tener conciencia social, actúan como vulgares patrones y grandes señores y rajadiablos respecto de un funcionario que, repito, no puede defenderse.

La señora CAMPUSANO.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor PALMA (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Reyes.

El señor REYES.-

Desde nuestro punto de vista, damos pleno respaldo a la Mesa, a la Secretaría y a todos los funcionarios que desempeñan en forma responsable en esta Corporación las tareas que en ellos recaen. No podríamos hacer otra cosa, no sólo por lo que significa el respaldo de la mayoría del Senado, que en parte importante nosotros representamos, sino por creer que han ejercido sus funciones correctamente.

A nuestro juicio, esta sistemática campaña desarrollada por un grupo de parlamentarios de esta Corporación en contra, más que de la Mesa misma, de determinados funcionarios del Senado,...

El señor VALENTE.-

En contra de uno solo, señor Senador. Y no de la Mesa ni de los otros funcionarios.

El señor REYES.-

O de un solo funcionario, lo que es mucho peor, porque en la medida en que esa campaña se centre en él, en esa misma medida nosotros más lo respaldaremos.

El señor VALENTE.-

Ustedes tienen sus razones para hacerlo.

El señor REYES.-

Y lo respaldamos no por arbitrariedad, sino porque estimamos que sus actuaciones han sido correctas.

El señor VALENTE.-

Pero nosotros no, señor Senador.

El señor REYES.-

Perfecto, señor Senador. Y si quieren afrontar responsablemente una definición sobre quién tiene o no tiene la razón o, por lo menos, un pronunciamiento de la confianza de este Parlamento, hagámoslo de una vez.

El señor VALENTE.-

Vamos a recurrir a ello cuando lo estimemos conveniente.

El señor REYES.-

¡Si pretende obtener la mayoría, nunca lo logrará, pues aquí nunca la tendrá!

El señor FONCEA.-

¡Cuando tengan mayoría, ya no va a quedar ningún funcionario, porque no habrá Parlamento...!

El señor REYES.-

En esa misma medida señalo que las actuaciones de la Mesa han sido absolutamente concordantes con el Reglamento de la Corporación. Y al decir de la Mesa, incluyo en ella al personal responsable y que colabora en sus decisiones.

El señor VALENTE.-

Pido la palabra, señor Presidente.

El señor MORALES ADRIASOLA.-

En vista de que el debate se ha llevado al extremo de censurar, aunque no formalmente, la conducta de un funcionario que eso ministro de fe en el Senado, creo que todos los que somos Comités tenemos la obligación de dejar constancia de nuestra opinión, aunque sabemos que aquella actitud sólo es consecuencia de un exabrupto.

Estimo que tanto en el Senado de la República como en la Cámara hay un personal de selección, que, no obstante cualquier diferencia ideológica que pueda mantener particularmente y en privado, ejerce sus funciones ajustando su conducta sólo al Reglamento y al propósito de cumplir en forma eficiente sus labores.

En el Senado hay funcionarios de todas las tendencias políticas: los hay comunistas, socialistas, nacionales, democratacristianos y radicales. Sin embargo, jamás a ningún Senador como tampoco, en la Cámara, a ningún Diputado se le ha ocurrido embestir en contra de un funcionario dejando caer un manto de sospecha sobre una posible resolución, cuando a él le compete adoptarla.

Por ende, creo que nuestra experiencia parlamentaria, tanto en la Cámara como en el Senado, nos deja una convicción y una conclusión: que los funcionarios son fieles servidores del Reglamento y eficientes empleados que olvidan cualquier posición ideológica y que jamás la dejan siquiera entrever en alguna actuación de tipo funcionario.

En todo caso, creo que ese exabrupto, que, consecuencialmente, ha provocado este debate, por lo menos ha dejado un hecho positivo en esta Sala: que la gran mayoría de los Senadores y de los Comités han tenido la oportunidad de expresar su confianza y su solidaridad respecto del Secretario de la Corporación. A mi juicio, por su trayectoria, él cuenta con la confianza de todos los sectores, y bien lo dijo recientemente el Honorable señor Pablo: se ha desempeñado como ministro de fe en diversas Mesas de la Corporación, tanto en la que presidió el señor Allende, por ejemplo, como en otras que la sucedieron, y jamás su actitud ha merecido siquiera la sospecha de equívoca por parte de alguna banca o de algún sector dentro del Senado.

En el caso específico que se planteó, el señor Secretario ha procedido bien, y el hecho de lanzarle una acusación, así a la bandada, sin que en este instante pueda él terciar en el debate y defenderse, me parece una soberana cobardía.

El señor PALMA (Presidente).-

Tiene la palabra la Honorable señora Campusano.

La señora CAMPUSANO.-

Propongo que, por una unanimidad, se autorice al Secretario para usar de la palabra, si él quiere defenderse.

El señor PABLO.-

No corresponde hacerlo.

La señora CAMPUSANO.-

Si lo han ofendido, que haga su defensa.

El señor MORALES ADRIASOLA.-

¡Cómo se va a defender de un exabrupto!

El señor PALMA (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Juliet.

El señor JULIET.-

No obstante que momentáneamente estuve fuera de la Sala y, por lo tanto, desconozco la razón que dio motivo a este corto debate, en nombre de los cinco Senadores de la Izquierda Radical, a quienes creo interpretar, aun cuando no soy Comité, adhiero a las palabras expresadas por los Honorables señores Reyes, Morales y Pablo. Y procedo así no sólo en este instante. Ya en dos o tres ocasiones he levantado mi voz para dejar testimonio de la admiración que tengo por todos los funcionarios de este Congreso, pues los sé hombres capaces, responsables y leales, que dejan fuera de este edificio sus banderías políticas para colocarse al servicio de un poder público.

Llevo bastantes años en el Parlamento. Quizás sea el Senador que más tiempo ha estado en el Congreso. Me correspondió desempeñar la Presidencia de la Cámara por más de tres años. Y nunca he advertido ni he tenido la más leve sospecha alguna falta a esas condiciones que, a mi juicio, poseen los funcionarios. De modo que si hoy es la oportunidad para expresar nuestra adhesión, nuestro respeto y nuestra solidaridad al señor Secretario y a todos los funcionarios, el Partido Izquierda Radical, por mi intermedio, aun cuando no tengo su representación como Comité, se los brinda con el objeto de que aquél continúe en su cargo aportándonos su experiencia.

El señor PALMA (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Valenzuela.

El señor VALENZUELA.-

Sólo quiero hacer presente dos o tres puntos.

En primer lugar, considero verdaderamente inusitado lo que ha ocurrido hoy, y, como bien lo señaló el Honorable señor Morales Adriasola, creo que se trata de un exabrupto. Es del todo injusta la interpretación que se ha dado a la forma como han procedido la Mesa y el señor Secretario respecto del problema específico que se planteó, pues en esa materia ha sido correctísima su actuación y su interpretación del Reglamentó.

En segundo término, quiero hacer presente que el Secretario de la Corporación goza de merecido prestigio en los años que se desempeña como tal y es funcionario de carrera. Por su eficiente colaboración en las labores del Senado, todos los Senadores, de todas las bancas, a menudo recurrimos a su ayuda para muchos asuntos que puedan considerarse en la Corporación.

Además, quiero señalar que el Honorable señor Valente también ha sido injusto al hacer extensivas sus apreciaciones a las Comisiones y a los funcionarios que trabajan en ellas.

El señor VALENTE.-

¿Me permite una interrupción?

El señor VALENZUELA.-

Con todo agrado, señor Senador.

El señor VALENTE.-

Quiero que no se tergiversen mis palabras. No he hecho un solo cargo a ningún funcionario, sino al Secretario de la Corporación. Absolutamente. Yo objeté un procedimiento, pero de ese procedimiento no son responsables, en ningún caso, ni los Secretarios de Comisiones ni algún otro funcionario. Es el sistema que por muchos años se sigue en el Congreso Nacional el que he impugnado.

Por ello, quiero que Su Señoría me entienda bien, igual que los demás señores Senadores: no hay absolutamente cargo alguno, porque no tenemos ninguna razón para hacerlo, en contra de otros funcionarios. Que eso quede muy claro.

El señor VALENZUELA.-

Me alegro de haber concedido una interrupción al Honorable señor Valente, porque, en verdad, lo que Su Señoría expresó fue otra cosa. Me felicito de que se haya rectificado.

El señor VALENTE.-

No me he rectificado, señor Senador.

El señor VALENZUELA.-

Creo que si una persona honorable y honesta se equivoca, debe rectificarse.

El señor VALENTE.-

Cuando se equivoca sí, pero yo no me he equivocado.

El señor VALENZUELA.-

Así debemos proceder todos, señor Senador, no sólo en nuestra vida parlamentaria, sino que también en nuestra vida privada. Así debemos actuar.

Quiero ser muy honesto y limpio en esta materia. En el Senado hay funcionarios de todas las ideologías. Yo mismo no sé muchas veces qué ideología política profesa determinado funcionario, pero siempre encuentro en ellos confianza, lealtad y amabilidad para dar solución a los problemas que debemos resolver tanto en la Sala como en las Comisiones.

Yo quiero decir a Su Señoría que en las Comisiones no actuamos con criterio discriminatorio. Y deseo que esto quede en claro.

El señor VALENTE.-

¿Y quién ha dicho eso?

El señor VALENZUELA.-

Se desprende de sus palabras.

Hoy mismo hemos tenido una reunión espacial de la Comisión de Gobierno para descachar un mensaje del Ejecutivo y un proyecto del Honorable señor Luengo. ¡Dígame usted que hemos procedido en forma discriminatoria! Hemos actuado absolutamente con espíritu de colaboración para con nuestros colegas y el Ejecutivo en la solución de los problemas a que dicen relación los respectivos proyectos de ley.

El señor MORALES ADRIASOLA.-

Y allí había mayoría de Senadores de Oposición.

El señor VALENZUELA.-

Asistió el señor Luengo, pero se cambió de Comisión.

La señora CAMPUSANO.-

Aquí tienen mayoría en todas partes. Además, no es ninguna gracia.

El señor PALMA (Presidente).-

Ruego a los señores Senadores no interrumpir.

El señor VALENZUELA.-

Por otra parte, en la Comisión de Educación Pública hemos estudiado en la misma forma el mensaje del Ejecutivo sobre el proyecto de la Junta de Auxilio Escolar y Becas.

Y al Honorable señor Valente le consta que con el Honorable señor Ferrando estábamos a la espera, en la sala de la Comisión, del tercer miembro de ésta, y cuando Su Señoría pasó y entró a la Sala, le pedimos que reemplazara al Honorable señor Montes, que había presentado algunas indicaciones, Su Señoría manifestó que era posible, pero después nosotros mismos estimamos que no era conveniente, porque a lo mejor el Honorable señor Montes, que no estaba presente en la Sala, podía interpretar mal lo que nosotros habíamos hecho y a lo cual había accedido el Honorable señor Valente.

Es así como estamos actuando. Esa es la forma caballerosa y limpia como procedemos en el Senado, tanto en las Comisiones como en la Sala. Y así debe ser.

Si se tienen discrepancias, bueno, las discrepancias se manifiestan y se votan; pero no tenemos por qué adoptar procedimientos que no sean absolutamente claros y limpios.

El señor PALMA (Presidente).-

En la primera discusión del proyecto que modifica la ley 16.426, ofrezco la palabra.

El señor GARCIA.-

Después de este incidente, quiero hacer uso de la palabra para referirme a la materia que nos preocupa.

Sin embargo, debo señalar que este incidente ha servido de satisfacción al señor Secretario, ya que gran número de Senadores, casi los dos tercios, le han manifestado su confianza y su respaldo en forma que pocas veces un funcionario los ha recibido. Y el respaldo que se ha dado por la Sala en esta oportunidad también debe extenderse a todos los funcionarios del Senado.

Refiriéndome al asunto que nos ocupa, debo decir que se ha pedido segunda discusión para el proyecto que modifica la ley 16.426, en lo relativo a la determinación del valor anual de las patentes de automóviles. En verdad, éstas tienen un valor subido, no porque lo establezca una ley de la República, sino porque Impuestos Internos, muchas veces en forma arbitraria, fija el monto de aquéllas, sin considerar ni el estado de los ¡automóviles ni su uso. Simplemente Impuestos Internos fija el valor que cree adecuado de acuerdo con la antigüedad del automóvil, olvidando que la Constitución Política dispone que sólo en virtud de una ley se pueden imponer contribuciones de cualquier clase y naturaleza. Y aquí se ha impuesto un nuevo gravamen a los automóviles, que el país no puede soportar.

Pequeños, medianos y grandes vehículos, todos están afectos a las patentes más monstruosas que pueda imaginarse. Hasta el más pequeño pagará por ese concepto seis mil a siete mil escudos en el mes de marzo del próximo año. Este proyecto determina que las patentes de los automóviles deben ser las mismas de este año más un reajuste equivalente al alza del costo de la vida, lo que ya es bastante, porque significará un aumento de 60%, 70% u 80%. Eso es suficiente, pero es demasiado subirla en 400% o en 500%.

Digo esto para que el país y todas las personas que tiene un automóvil como instrumento de trabajo, como una forma para llegar a su oficina y a los locales donde laboran, sepan que el proyecto no se ha podido despachar aunque prácticamente interesa a toda la población, porque un grupo de Senadores ha pedido segunda discusión para una materia tan obvia y sencilla, que debería tratarse en Fácil Despacho, pues consta de un solo artículo, y todo el mundo comprende, de su simple lectura, que responde a necesidades evidentes del país.

El grupo marxista gobiernista de este Senado impidió, a pesar de que dice tener inmensa sensibilidad social, que las patentes no suban a un valor tan catastrófico.

La gente de la clase media, y aun de la clase humilde, incluso el obrero que tiene sólo una motocicleta, no va a poder gozar de su vehículo porque el alza de las patentes se lo van a impedir.

¡Este es el proyecto para el cual se ha pedido segunda discusión!

El señor PALMA (Presidente).-

Perdón, señor Senador.

Ha terminado el tiempo del Orden del Día destinado a la discusión de estos proyectos, porque hay varias iniciativas que, por acuerdo de Comités, deben tratarse en los últimos minutos.

En consecuencia, queda pendiente la primera discusión del proyecto, y con la palabra el Honorable señor García.

DESTINACION DE RECURSOS CON MOTIVO DE BICENTENARIO DE LA COMUNA DE PELARCO.

El señor FIGUEROA (Secretario).-

Proyecto de la Cámara que autoriza la inversión de recursos en la comuna de Pelarco, con motivo de la celebración de su bicentenario.

La Comisión de Gobierno, en informe suscrito por los Honorables señores Carmona (Presidente), Baltra, Montes y Valenzuela, recomienda a la Sala aprobarlo.

Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diaños de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 95ª, en 13 de septiembre de 1972.

Informes de Comisión:

Gobierno, sesión 96ª, en 13 de septiembre de 1972.

Hacienda, sesión 96ª, en 13 de septiembre de 1972.

Se aprueba en general, y como no ha sido objeto de indicaciones, queda también aprobado en particular.

IMPUTACION A IMPOSICIONES PATRONALES DE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS PARA EMPLEADAS DOMESTICAS.

El señor FIGUEROA (Secretario).-

Proyecto de la Cámara que establece que el aguinaldo de Fiestas Patrias para las empleadas domésticas podrá ser imputado a las imposiciones patronales respectivas.

La Comisión de Hacienda, en informe suscrito por los Honorables señores Ballesteros (Presidente), Aguirre Doolan, García y Silva Ulloa, recomienda a la Sala aprobarlo con una modificación contenida en el boletín 26.691.

Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 74ª, en 7 de septiembre de 1972.

Informe de Comisión:

Hacienda, sesión 96ª, en 14 de septiembre de 1972.

Se aprueba en general, y por no haber sido objeto de indicaciones, queda también aprobado en particular.

PLANTA REFINADORA DE AZUCAR DE REMOLACHA EN PROVINCIA DE CAUTIN.

El señor FIGUEROA (Secretario).-

Proyecto de la Cámara que dispone que la IANSA deberá construir en Cautín una planta refinadora de azúcar de remolacha.

La Comisión de Economía y Comercio, en informe suscrito por los Honorables seres Pablo (Presidente), Ferrando, Gumucio y Prado, recomienda aprobarlo en los mismos términos en que lo hizo la Cámara.

Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 66ª, en 5 de septiembre de 1972.

Informe de Comisión:

Economía sesión 95ª, en 13 de septiembre de 1972.

Se aprueba en general el proyecto, y como no ha sido objeto de indicaciones, queda también aprobado en particular.

DENOMINACIÓN DE LICEO DE HOMBRES DE PUNTA ARENAS.

El señor FIGUEROA (Secretario).-

Proyecto de la Cámara que denomina Luis Alberto Barrera al Liceo de Hombres de Punta Arenas.

Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 74ª, en 7 de septiembre de 1972.

Informe de Comisión:

Educación Pública, sesión 95ª, en 13 de septiembre de 1972.

El señor FIGUEROA (Secretario).-

La Comisión de Educación Pública, en informe suscrito por los Honorables señores Ferrando (Presidente), Montes y Valenzuela, recomienda a la Sala aprobar el proyecto en los mismos términos en que lo hizo la Cámara.

Se aprueba en general el proyecto, y como no ha sido objeto de indicaciones, queda aprobado en particular.

El señor PALMA (Presidente).-

Se suspende la sesión por veinte minutos.

Se suspendió a las 17.50.

Se reanudó a las 18.13.

HOMENAJE A LA MEMORIA DE DON ALFONSO QUINTANA BURGOS.

El señor PAPIC (Vicepresidente).-

Continúa la sesión.

El señor AGUIRRE DOOLAN.-

Señor Presidente, Honorable Senado:

El hombre chileno nacido en provincia tiene el sello particular que le imprime su contorno ambiental: el aire sereno y pausado, sin el nerviosismo capitalino convulsionado y convulsionante. Y va elaborando su personalidad con actitud sosegada, como meditando el alcance y el ritmo de sus propios pasos. Acaso se asemeja un poco al artista que crea una imagen y que luego toma el buril con el que ha de ir moldeando la creación artística con que culminará su obra.

Y es seguro y es verdad irrefutable que muchos hombres de valía en la sociedad contemporánea que han escalado las alturas del poder político, cultural, artístico, económico o científico, son el producto de una meticulosa y perseverante elaboración de sí mismos, hacia la culminación de una vocación o de una ambición soñada o propuesta con meridiana claridad y visión.

Hay otras personalidades, sin embargo, que parecen ser el fruto de factores espontáneos, desembocando con extraña naturalidad hacia el servicio de la colectividad nacional, hacia el servicio público, con los perfiles inconfundibles del dirigente equilibrado, de juicio sereno, de rectitud sin desvíos, de honestidad acrisolada, propicia al desempeño de las grandes responsabilidades de gobernantes.

De estos últimos era el ciudadano integérrimo Alfonso Quintana Burgos.

Nacido en 1891, lo sorprende una resaca social de históricos contornos. Con estudios en el Liceo de Chillán y en el Instituto Nacional, ingresa a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, recibiéndose de abogado en 1918.

Militante del Partido Radical, destaca con brillo, y es elegido regidor y luego Alcalde de Chillán; y desde 1932 a 1937 representa como Diputado a esa circunscripción. No lo apasiona la política; más bien, la magistratura. Y terminado su período con recursos limitados, reabre su bufete de abogado, retornando a su grata vida de provinciano auténtico.

No obstante, el Presidente Aguirre Cerda lo llama a cooperar con su Gobierno en 1939. Y desde entonces se radica definitivamente en Santiago, para ocupar primero el cargo de Fiscal de la Caja de Crédito Agrario, y en seguida, el de Ministro de Agricultura. El Presidente Ríos le confirma su confianza, y no sólo lo mantiene en esa Cartera, sino que lo nombra más tarde Ministro del Interior. Y después, en ausencia de ese Mandatario, ejerce la Magistratura de Vicepresidente de la República.

Entre los años 1945 y 1948, la mesura de su criterio, su discreción y su talento fueron puestos a prueba una vez más, en esta oportunidad en la diplomacia, siendo nuestro Embajador en Argentina.

Un nuevo Presidenteradical, don Gabriel González Videla, recurre al meritorio ciudadano de sus filas. Y Alfonso Quintana Burgos debe asumir el cargo de Intendente de la provincia de Santiago, y en seguida, la jefatura del Gabinete, una vez más, pues se lo designa Ministro del Interior.

Llegado al Gobierno, el Presidente Jorge Alessandri decide aprovechar las reconocidas virtudes de orden público y privado que adornaban al esclarecido servidor, y lo nombra en el cargo de Presidente de la Caja Autónoma de Amortización.

Cada uno de sus desempeños fue demostración de honestidad ciudadana, de rectitud ejemplar, que honraban a la capital ñublense, de donde otros hombres de su mismo tiempo y de similar talento, Marcial Mora Miranda y Luis Alamos Barros, formaron con Alfonso Quintana Burgos un trío que hizo historia en las altas esferas del Gobierno de la República.

En nombre de mi colectividad política, el Partido Izquierda Radical; en mi calidad de Senador por la provincia de Ñuble, que fuera suya y de la que me siento muy honrado; y en representación de los incontables amigos a quienes el señor Quintana Burgos distinguió con enaltecedora amistad, señalo en este recinto las esclarecidas virtudes que le dieron el inequívoco sello de preclaro servidor público, y hago llegar a su colectividad partidaria, la Democracia Radical, como asimismo a su viuda y familiares, nuestra emocionada condolencia.

El señor MORALES ADRIASOLA.-

Señor Presidente:

Rendir homenaje a hombres como Alfonso Quintana Burgos es rendirlo al esfuerzo y pureza de los actos que conforman los valores cívicos de nuestra trayectoria republicana. Su actuación política, sus innumerables obras en beneficio del país, su vida limpia y sacrificada, dificultan poder expresar en breves momentos el significado de su herencia y la proyección de su vida.

Nació en Chillán en 1891. Cursó sus estudios en el Instituto Nacional, para recibirse posteriormente de abogado en la Universidad de Chile, en 1918. Incorporado al radicalismo, hace de su filosofía su meta de vida: el respeto al derecho, a la libertad y a la democracia. Sus principios lógicos y racionales.

Su inspiración democrática y experiencia cívica las va entregando a las generaciones futuras a través de las clases de Educación Cívica en el Liceo de Chillán y en innumerables artículos que publica en el centenario periódico La Discusión.

Como político, conoció el destierro cuando un Gobierno al margen de la ley quiso ensombrecer el destino de la patria. Alfonso Quintana Burgos, con entereza, sin odios ni rencores, sufre las consecuencias de esa proscripción.

Como parlamentario, presenta junto con Pedro Enrique Alfonso, Humberto Alvarez y Pedro Castelblanco, diversos proyectos que benefician de modo particular a la educación, a la niñez y a la agricultura.

Durante el Gobierno de Pedro Aguirre Cerda desempeña funciones en el sector agrario, lo que le vale ser designado Ministro de Agricultura, Cartera desde la cual desarrolla una acción coordinada que incrementa las explotaciones de fomento agrícola y ganadero, la forestación y la industrialización del agro. Como consecuencia de ello, ni en esa época ni nunca en Chile hubo desabastecimiento, racionamiento ni vedas: existía un presupuesto equilibrado que permitía atender las necesidades básicas del pueblo.

En el Gobierno de Juan Antonio Ríos se lo designa Embajador en Argentina. Como diplomático, supo ejercer sus funciones con dignidad, señoría y sobriedad.

Ya antes, como Vicepresidente de la República, el país conoció de sus dotes de estadista, de hombre ecuánime y justo, lo que pudo comprobar después en momentos difíciles y duros que encaró el Gobierno de Gabriel González.

Su ponderación es la síntesis de la larga trayectoria de este ciudadano eminente, de este hombre ilustre que escribe ya una página en nuestra historia.

Se pierde un hombre de valor, de ideales, de responsabilidad y honestidad.

La Democracia Radical rinde tributo de admiración a Alfonso Quintana Burgos, y expresa sincero pesar por su desaparecimiento.

Agradezco el homenaje que rindió el Honorable señor Humberto Aguirre Doolan, en representación del Partido Izquierda Radical, y solicito enviar nota de condolencia a sus familiares, en nombre del Senado.

El señor PAPIC (Vicepresidente).-

Se enviará la nota en nombre de Su Señoría, y oportunamente se recabará el acuerdo del Senado para remitirlo en nombre de la Corporación.

El señor REYES.-

Que se agregue el nombre del Comité Demócrata Cristiano.

El señor PAPIC (Vicepresidente).-

Así se procederá.

Acordado.

El señor PABLO.-

Señor Presidente, lamento haberme impuesto sólo en este instante de que se iba a rendir homenaje a la memoria de don Alfonso Quintana Burgos, hombre que se destacó durante su larga vida por su dedicación a la cosa pública.

Nacido en Chillan, ocupó desde el cargo de regidor hasta los de Alcalde de esa ciudad, Intendente, Diputado, Ministro de Estado y Vicepresidente de la República.

En su ciudad natal se guarda de él un grato recuerdo. Al igual que Luis Alamos Barros, Marcial Mora y Santiago Labarca, era, en la acción pública, uno de los valores políticos más destacados del radicalismo venidos desde la provincia de Ñuble. Todos, en alguna medida, sienten orgullo por lo que significó en determinado momento la acción de Alfonso Quintana Burgos en la vida pública.

En representación de los Senadores democratacristianos, expreso nuestra condolencia al Partido Democracia Radical, y pido asociar nuestro nombre a la nota de pesar que se hará llegar a la familia del señor Quintana Burgos.

El señor PAPIC (Vicepresidente).-

Así se hará, señor Senador.

El señor MORALES ADRIASOLA.-

Quiero agradecer también el homenaje rendido por el Senador democratacristiano señor Tomás Pablo y la adhesión al oficio de condolencia que ha solicitado el Comité Demócrata Cristiano, señor Tomás Reyes.

En todo caso, y sin perjuicio de lo resuelto por la Mesa en el sentido de enviar esa nota en nombre de los Comités y Senadores que intervinieron en el homenaje, agradeceré que en el momento oportuno, de acuerdo con el Reglamento, se oficie en nombre del Senado, dada la categoría de ex Vicepresidente de la República, Ministro de Estado y parlamentario que tuvo en vida don Alfonso Quintana Burgos.

VI.-INCIDENTES.

PETICIONES DE OFICIOS.

El señor EGAS (Prosecretario).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.

El señor PAPIC (Vicepresidente).- Se les dará curso en la forma reglamentaria.

Los oficios cuyo envío se anuncia, son los siguientes:

Del señor Hamilton: DESIGNACION DE MINISTRO SUMARIANTE PARA CONOCER EN PROCESO POR INJURIAS A SENADOR.

En la edición del diario Puro Chile, correspondiente al día 3 del actual, se publicó un artículo suscrito por el periodista José Gómez López, que contiene expresiones constitutivas de los delitos de difamación, injuria y calumnia en contra del Senador que suscribe.

A fin de perseguir las responsabilidades penales y civiles del periodista mencionado, así como del Director responsable del diario, cuya conducta delictiva encuadra en lo preceptuado en la letra c) del artículo 6º de la ley Nº 12.927, de Seguridad del Estado, solicito se dirija oficio a la I. Corte de Apelaciones de Santiago, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 26 de la referida ley, a fin de requerir de ese tribunal la iniciación del correspondiente sumario, previa designación del señor Ministro que lo sustanciará.

BUSTO DE BERNARDO O'HIGGINS PARA ANCUD (CHILOE).

Al señor Presidente del Instituto O'Higginiano de Chile, pidiendo la donación de un busto de Bernardo O'Higgins para la Municipalidad de Ancud, a fin de que esa Corporación lo instale en la plaza principal de esa ciudad.

Del señor Luengo:GIMNASIO TECHADO PARA LOCALIDAD DE PUCON (CAUTIN).

Al señor Ministro de Obras Públicas y Transportes, recordándole su oficio Nº 131, del 8 de marzo del año en curso, donde da respuesta a mi petición sobre construcción del gimnasio techado de la localidad de Pucón, manifestando al respecto en la parte pertinente que:

La obra en referencia está incluida en el programa de la Dirección de Arquitectura para el presente año y su construcción está supeditada a las disponibilidades presupuestarias que le sean asignadas en el futuro.

El Consejo Local de Deportes de Pucón ha estado realizando gestiones con este mismo fin ante el señor Presidente de la República y el Ministro en referencia, a fin de acelerar los estudios y la posible construcción anhelada, gestiones que se habrían traducido en la formación de una comisión que posibilite una pronta acción en esta materia.

Sobre el particular, el Senador infrascrito se permite, una vez más, molestar la atención del señor Ministro, a fin de que disponga una primera prioridad a este problema dentro del respectivo Programa de Inversiones Públicas, dado que la zona en referencia por su especial disposición geográfica sólo posibilita durante la temporada de primavera y verano la realización de obras de esta naturaleza.

Del señor Silva Ulloa:AMPLIACION DE POBLACION TORNAGALEONES, EN VALDIVIA.

Al señor Vicepresidente Ejecutivo de la Caja de Previsión de Empleados Particulares, solicitando informe qué medidas ha tomado la Institución para solucionar las deficiencias de la construcción de la ampliación población Tornagaleones de la ciudad de Valdivia; igualmente, cuáles serán en definitiva los dividendos que deben pagar los imponentes beneficiados con viviendas.

El señor PAPIC (Vicepresidente).-

El primer turno de Incidentes corresponde al Comité Comunista.

Ofrezco la palabra.

El señor VALENTE.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor PAPIC (Vicepresidente).-

Puede hacer uso de la palabra Su Señoría.

ANTECEDENTES GENERALES DE KENNECOTT COPPER CORPORATION ANTES Y DESPUES DE LA NACIONALIZACION.

El señor VALENTE.-

Señor Presidente, todo Chile se ha. conmovido por la abierta amenaza que la empresa Kennecott ha hecho a nuestro país al desafiar, no sólo al Gobierno chileno, sino también a su Parlamento y a sus tribunales, al determinar ese monopolio imperialista, según sus particulares apreciaciones, que continúa siendo dueño del cobre o de parte del cobre que se produce en El Teniente.

La actitud de la Kennecott es un atropello flagrante a los chilenos y a sus instituciones, por lo que el repudio a su prepotencia ha sido casi unánime a lo largo de nuestro territorio.

Deseo esta tarde analizar algunos antecedentes relacionados con esta materia.

En 1904, se constituye la Bradten Copper Company, sociedad que inicia la explotación del mineral El Teniente en la provincia de O'Higgins.

En 1914, la compañía norteamericana Kennecott Copper Corporation pasa a controlar los capitales de la Bradén.

Entre 1926 y 1966 las ganancias netas obtenidas por la Kennecott en nuestro país alcanzaron a 470 millones de dólares, con una producción, para el período, de 5.200.000 toneladas.

En 1967, se constituye la Sociedad Mixta Minera El Teniente S. A., entre el Estado chileno (51 por ciento de las acciones) y la Braden (49 por ciento). El Estado deberá pagar por estas acciones 80 millones de dólares. El valor de libros de la Braden era, en 1967, de 72.453.626 dólares.

El 51% de este valor alcanza sólo a 37 millones de dólares, de modo que el Estado chileno, para pasar a ser dueño de un punto más de la mitad de la empresa, debió pagar el valor de toda la empresa más un 10%. Los 80 millones de dólares equivalen al 110% del valor total de la Braden Copper.

Además, el Estado chileno dio su aval solidario a un crédito a favor de la Sociedad Mixta por 125 millones de dólares y sus intereses, lo que obliga a nuestro país a responder por esa deuda íntegra. La Kennecottt, dueña de la Braden Copper, no aportó nada a la nueva sociedad.

Sin embargo, por la adquisición del 49% restante de las acciones no existió ningún compromiso, situación que pudo significar para Chile, una vez cumplidos los planes de expansión, que las acciones pendientes de compra hubiesen adquirido un sobreprecio elevado, afectando los intereses nacionales de manera considerable.

En 1969, se pone en marcha el plan de expansión de El Teniente, cuya meta es llegar a producir en 1971 la cantidad de 280 mil toneladas de cobre fino.

En 1971, la producción de El Teniente llega apenas a 147.280 toneladas métricas. Hasta entonces, el plan de expansión y la administración de la empresa estuvieron en manos de representantes de la Braden Copper, subsidiaria de la Kennecott.

Las extraordinarias ventajas que significó para la Kennecott esta negociación se aprecian en las ganancias multiplicadas que obtuvo esa empresa imperialista entre los años 1967 y 1970, inclusive.

En efecto, en 1967 las utilidades netas fueron de US$ 82.433.679; en 1968 alcanzaron a US$ 78.299.223; en 1969 subieron a US$ 141.328.062, y en 1970 llegaron a US$ 112.944.841.

En cuatro años, las ganancias totales netas de la Kennecott, por las condiciones de esta negociación, insuperables para esta empresa, ascendieron a 415 millones de dólares. Si se hubiera mantenido la tributación establecida en la ley 11.828, anterior a la ley de chilenización pactada, la Nº 16.624, las ganancias de la Kennecott habrían alcanzado en los cuatro años a US$ 160 millones.

La chilenización, pues, permitió a la Kennecott casi triplicar sus ganancias en brevísimos años. Más aún, entre 1967 y 1970 en sólo cuatro años, repito las ganancias de la Kennecott por las nuevas condiciones que en su favor estableció la citada ley 16.624, fueron casi iguales a las ganancias netas totales obtenidas por esta empresa imperialista en los 40 años que median entre 1926 y 1946.

La euforia de Mr. Milliken.

No en vano el Presidente de la Kennecott Corporation, Mr. Frank Milliken, expresó su eufórica satisfacción al comentar el resultado de esta negociación en los siguientes términos:

Las utilidades de Kennecott del segundo trimestre de 1967 fueron las más sensacionales de toda la historia de la empresa, alcanzando la suma récord de 60 millones 232 mil 122 dólares (sólo en tres meses), las que provienen fundamentalmente del cobre chileno.

Por otra parte, la Sociedad Minera El Teniente, de la cual nosotros, la Kennecott, somos socios minoritarios, tendrá su administración a nuestro cargo por once años, período que se podrá alargar si Chile no cumple todos sus compromisos.

Así fueron las expresiones jubilosas y amenazantes del presidente de uno de los imperios económicos más poderosos del mundo.

Se abre una era histórica para Chile.

En septiembre de 1970 el pueblo de Chile, encabezado por la Unidad Popular, triunfa en las elecciones presidenciales con su abanderado, doctor Salvador Allende.

En noviembre del mismo año asume el nuevo Gobierno popular, después de vencer los obstáculos más increíbles, las provocaciones más inauditas, la conjura de la reacción y de los imperialistas, obstinados en impedir el normal desenlace constitucional de los acontecimientos y dispuestos a hacer propicio el golpe de Estado y la asonada que impidiera la toma de posesión del Gobierno del país al candidato triunfante en las elecciones.

El 11 de julio de 1971, el Congreso Pleno ratifica por unanimidad la aprobación del proyecto de reforma constitucional que establece la nacionalización de los cinco grandes yacimientos de cobre, entre los que se cuenta El Teniente.

El 29 de septiembre del mismo año, el Presidente de la República, en uso de sus facultades constitucionales, dispone que de las eventuales indemnizaciones se descuente a la Sociedad Minera El Teniente la suma de 410 millones de dólares por concepto de rentabilidades excesivas.

El 11 de octubre del mismo año 1971, el Contralor General de la República emite su fallo sobre las indemnizaciones, en virtud de la reforma constitucional. En el caso de la Sociedad Minera El Teniente, realizadas las deducciones que establece la ley, dispone una indemnización negativa, es decir, saldo en favor de Chile que llega a 310.426.417,21 dólares.

En noviembre de 1971, se constituye el Tribunal Especial del Cobre, creado por la reforma constitucional y encargado de estudiar las apelaciones de las partes antes de determinar el monto definitivo de las indemnizaciones.

El 31 de diciembre del mismo año, el Presidente de la República, en uso de sus facultades constitucionales, determina la suspensión temporal del primer pagaré por un crédito que la anterior Administración suscribió con la Braden Copper para financiar el llamado programa de expansión. Ese pagaré se eleva a la suma aproximada a 5.800.000 dólares.

El 4 de febrero de 1972, la Braden Copper inicia acciones judiciales contra el Estado de Chile y obtiene el embargo de bienes de nuestro país en Nueva York.

El Presidente de la República, luego de considerar la forma en que se invirtió el crédito de la Braden Copper en El Teniente, reconoce compromisos por aproximadamente 80 millones de dólares y dispone la cancelación de los pagarés.

El 11 de agosto de 1972, el Tribunal Especial del Cobre se declara incompetente para modificar la resolución presidencial que ordenó el descuento a las compañías norteamericanas por las rentabilidades excesivas, y recientemente, el 7 de septiembre, el mismo tribunal rechaza el recurso de reposición interpuesto por las compañías norteamericanas y deja a firme su resolución del 11 de agosto.

El caso de las rentabilidades excesivas.

Para determinar las rentabilidades excesivas de la Braden Copper (410 millones de dólares) y de Anaconda (364 millones de dólares), y de acuerdo con la reforma constitucional, el Presidente de la República consideró diversos antecedentes. Entre ellos, y de manera fundamental, se examinaron los márgenes de utilidad que estas, empresas norteamericanas (Anaconda y Kennecott) obtuvieron por sus inversiones en Estados Unidos y otros países entre los años 1955 y 1970. El promedio de ese margen fue de 9,9%. En Chile, en cambio, durante ese mismo período, las utilidades de la Kennecott tuvieron un promedio de 52,8% sobre su capital. Se consideró que una rentabilidad normal no podría sobrepasar el 12 % y, en consecuencia, se aplicaron los descuentos de la indemnización.

Estricto cumplimiento de la Constitución.

Cada una de estas etapas, procedimientos y diligencias se han cumplido por el Gobierno, la Contraloría General de la República y el Tribunal Especial del Cobre con estricto apego a las normas constitucionales. Cabe destacar que la Kennecott litigó, de acuerdo con sus derechos, haciendo uso de todos los recursos legales que le ofrecen las leyes chilenas, de modo que no ha existido nada ilegal, nada dubitativo, nada ocultó, nada arbitrario.

El rechazo del recurso de reposición acordado por el Tribunal Especial del Cobre solicitado por la Kennecott exasperó a los ejecutivos de esta empresa imperialista, y correspondió al propio Presidente de esa organización financiera multinacional, Mr. Milliken, exteriorizar su desconocimiento a este fallo.

La Kennecott anuncia represalias.

El 8 de septiembre, Frank Milliken anunció que la Kennecott tomará medidas en otras naciones para resarcirse de las pérdidas experimentadas en Chile como resultado del pronunciamiento del Tribunal Especial del Cobre, contrario a que se indemnice a esa empresa por la nacionalización de sus bienes.

Asumiendo la característica actitud de soberbia y de prepotencia de los imperialistas, manifestó que están informando a todas las personas que tuvieren interés en cobre proveniente de la mina El Teniente, en Chile, que tal compañía continúa poseyendo derechos sobre ese mineral de esa procedencia, y tiene intención de incoar cualquier acción que considere necesaria a fin de protegerlos, reclamando el propio cobre o su importe en efectivo.

¡Ni más ni menos! En otras palabras, la Kennecott pretende asumir o convertirse, con autoridad que no tiene y que nadie le reconoce, en una especie de cogobernante de Chile, en empresas que pueden decidir por sí y ante sí cualquiera determinación que resguarde sus intereses, aun dañando a Chile y a su pueblo, aunque para ello deba atentar contra nuestra soberanía, nuestras leyes, nuestra Constitución y nuestra dignidad de país libre y dueño de su autodeterminación. Es, de parte de la Kennecott, la típica agresión imperialista, de vasallaje y de infinita omnipotencia.

Pero la decisión de la Kennecott apunta mucho más lejos, pues el blanco escogido es, preferentemente, lesionar el prestigio internacional de Chile. Tiende a crear incertidumbre e inseguridad en los mercados habituales de nuestro cobre, a entrabar la normalidad de nuestro comercio exterior y a amenazar a los actuales y futuros compradores de nuestro mineral en los mercados del área occidental.

En la línea de la I.T.T.

Es necesario recordar, en este momento, los alcances de los planes de la International Telephone and Telegraph (I.T.T.), cuando organizó la campaña internacional y nacional para evitar que asumieran el mando de la nación el Presidente Allende y la Unidad Popular. Los antecedentes están en los documentos secretos de la I.T.T., de los cuales extraemos algunos párrafos a modo de ayuda de memoria.

Carta del 15 de octubre de 1970. De Mr. J. D. Neal a Mr. W. R. Merriam. Converversaciones con el embajador Korry.

El embajador cree que Allende, después de asumir, procederá cautelosamente y lentamente. No le será necesario pasar una nueva legislación porque tendrá ya suficiente autoridad legal para desarrollar la mayor parte de su programa socialista. El embajador dice que Allende es conocido por ser un hombre de palabra; de tal modo, está bastante seguro de que llevará a cabo las promesas de su campaña.

Esto significa nacionalización de todo lo que él piense que encaja dentro de su esquema marxista. Estas medidas contra los intereses privados norteamericanos llevarán a Allende rápidamente a enfrentarse cara a cara con la política de los Estados Unidos.

Estas premoniciones datan de octubre de 1970, de modo que es fácil concluir que hay en marcha un plan coordinado entre los intereses del capital imperialista, con respaldo del Gobierno de Washington, los grupos monopolistas chilenos y los aventureros políticos alentados desde el exterior, para llevar a cabo una asonada cuyo objetivo principal es el derrocamiento del Gobierno legítimo de Chile.

La misma carta contiene otro párrafo que constituye una confesión flagrante de los aviesos planes del imperialismo en contra del Gobierno Popular. Dice:

El embajador Korry manifestó que si Allende comienza a expropiar empresas norteamericanas, los Estados Unidos deben insistir en una inmediata y justa compensación en dólares. En el caso de que sean tomadas las compañías mineras de Estados Unidos, el pago debe ser convenido en mineral.

El embajador confidenció que tiene planeada una línea dura con Allende respecto al cumplimiento de obligaciones.

Agregó que estima que los puntos de presión de los Estados Unidos contra Allende incluyen nuestra fuente de fondos de desarrollo, mercado para los productos de Chile, etcétera.

Carta del 23 de octubre de 1970 dirigida por William R. Merriam, Vicepresidente de la I.T.T. al señor Henry A. Kissinger, Asesor del Presidente Nixon.

Este largo informe contiene un párrafo de mucha significación y elocuencia para comprender la acción emprendida por la Kennecott como parte de la conjura que se impulsa contra Chile. Su tenor es el siguiente:

e) Informarle al Presidente Allende que si su política requiere la expropiación de la propiedad norteamericana los Estados Unidos esperan rápida compensación en dólares americanos y moneda extranjera convertible, como lo requiere la ley internacional.

f) Informarle que, en el caso de que no llegue pronta compensación, habrá repercusiones inmediatas en los círculos oficiales y privados. Esto podría significar la suspensión de todos los préstamos de bancos internacionales y de Bancos privados norteamericanos.

Kennecott presiona a los compradores de cobre chileno.

Las informaciones cablegráficas dan cuenta de que Frank Milliken, Presidente de la Kennecott, afirmó en Nueva York que esa empresa norteamericana continúa siendo la propietaria del mineral El Teniente, que se retiraban del Tribunal Especial del Cobre (donde litigó por más de un año, reconociéndole entonces plena competencia), y que perseguiría el cobre de ese yacimiento en cualquier país en que se encuentre. Esto representa, como hemos dicho, el desconocimiento del derecho soberano de Chile de nacionalizar su cobre.

La Kennecott pasó ayer de las amenazas a los hechos al enviar a los consumidores de cobre de El Teniente la siguiente carta:

Señores:

Junto con nuestra subsidiaria, Braden Copper Company, de 161 East 42nd Street, New York, Estados Unidos de América, deseamos hacerle saber lo siguiente. Hemos sido informados que Uds. están o pueden estar disponiéndose para una compra, adquisición o venta de cobre u otros metales o productos, derivados de la mina El Teniente, en la República de Chile, y sobre los cuales nosotros tenemos derechos de pertenencia. Llamamos vuestra atención hacia el hecho de que cualquier compra, adquisición o venta (o cualquier acción que apoye tal compra, adquisición o venta) del mencionado cobre y/o metales o productos, sin nuestro permiso expresó, sería contrario a los principios legales que nos gobiernan, y les informamos que tomaremos todas aquellas medidas que pueden ser consideradas necesarias para proteger nuestros derechos, incluyendo los derechos referentes al cobre mencionado y/u otros metales o productos y con respecto a sus subproductos.

Muy atentamente,

C. D. Michaelson, Presidente Metal Mining División.

Kennecott Copper Company.

Y como Presidente Braden Copper Company.

Respuesta chilena.

Al conocerse en Santiago la insolente carta de la Kennecott, CODELCO envió a los consumidores de cobre chileno la siguiente carta, que es, a la vez, respuesta a la del monopolio norteamericano:

Santiago, 13 de septiembre de 1972.

Señores:

Hemos sido informados de que ustedes han recibido una carta de Kennecott Copper Corporation por medio de la cual esta Compañía se atribuye supuestos derechos sobre el mineral El Teniente y amenaza interferir en el normal desarrollo de nuestras relaciones comerciales.

Antes que nada, queremos manifestarles que lamentamos sinceramente el procedimiento que está usando Kennecott, procedimiento por medio del cual esta Compañía pretende comprometer los intereses de su Empresa en una disputa legal entre ella y el Estado chileno.

Debemos declara una vez más que no existe base alguna para que Kennecott pretenda derechos de propiedad sobre El Teniente, tanto desde un punto de vista legal, comercial o moral. El proceso de nacionalización de las grandes compañías mineras se hizo de acuerdo a las estipulaciones y procedimientos establecidos por nuestra Constitución, y la ley correspondiente determinó un sistema para fijar la compensación a los propietarios anteriores. Aún más, Kennecott reconoció la validez de nuestros Tribunales ya que apeló a las Cortes chilenas establecidas para este efecto por la misma ley. La actitud de esta Compañía implica el desconocimiento del derecho y de la autoridad del Sistema Constitucional chilenos.

Pueden ustedes tener la seguridad de que continuaremos ateniéndonos estrictamente a nuestras obligaciones comerciales. Después de haber consultado a nuestros abogados podemos manifestar que no hay base alguna para que Kennecott accione en contra de los intereses de ustedes ni nuestros en relación con el cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales. En cualquier caso, los mantendremos informados de cualquier medida que adoptemos en defensa de intereses y de los compradores de cobre chileno.

Atentamente,

M. Isabel Camus, Gerente Oficina de Ventas de CODELCO.

Todo Chile repudia el bloqueo imperialista.

Los más amplios y representativos sectores ciudadanos han rechazado con energía y decididamente la intromisión imperialista en nuestros asuntos y la intensificación del bloqueo invisible que ya está adquiriendo formas muy visibles y corpóreas destinado a destruir nuestra economía, a perjudicar gravemente el desarrollo de nuestro país y a crear a los chilenos momentos de sinsabores y dificultades.

Palabras del Presidente Allende.

El Presidente de la República, comentando la agresión de la Kennecott, señaló que con mucha razón, no puede haber un solo chileno que no esté inquieto e indignado por la resolución de la empresa transnacional Kennecott, que pretende se embargue la producción de cobre chileno, los embarques de nuestro cobre, para resarcirse según ellos del no pago de indemnizaciones.

Agregó luego: Hay que destacar, una vez más, que lo que el Gobierno ha hecho es aplicar una reforma constitucional aprobada por unanimidad en el Congreso, donde el Gobierno es apreciable minoría. Además, no sólo parece paradojal, sino inconcebible, que una empresa que recurre a un Tribunal, cuando le es adverso, desconoce la sentencia de ese Tribunal.

Posición de los parlamentarios y partidos.

Casi unánimemente los parlamentarios y dirigentes de partidos han solidarizado con Chile, y han dado su respaldo al Gobierno, rechazando, así, la maniobra norteamericana que intenta avasallar nuestra dignidad y soberanía.

El Presidente de la Cámara de Diputados.

El Diputado Eduardo Cerda, Presidente en ejercicio de la Cámara, ha expresado su más enérgico repudio por la actitud de la empresa Kennecott de pretender embargar cobre que es chileno, en una actitud sin destino.

Por su parte, el Consejo de Defensa del Estado también ha emitido una declaración que pone de manifiesto sus puntos de vista y resuelve jurídicamente el problema planteado por la Anaconda.

Solicito que se agregue este antecedente en la versión de mi discurso.

El documento que más adelante se acuerda insertar, es el siguiente:

El Consejo de Defensa del Estado

A su vez, el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, Eduardo Novoa entregó la siguiente declaración:

Profitadores de nuestras riquezas.

El anuncio público hecho en Estados Unidos por el Presidente de Kennecott Copper Corporation, Frank R. Milliken, de que no proseguirá sus actuaciones judiciales ante el Tribunal Especial del Cobre, que considera seguir teniendo dominio sobre la mina El Teniente y que tomará medidas en otras naciones sobre el cobre producido por esa mina o sobre su precio, para resarcirse de las pérdidas experimentadas en Chile, constituye un nuevo jalón en sucesivas procacidades que esa firma viene profiriendo en contra de la resolución unánime del pueblo de Chile de nacionalizar esa empresa cuprífera.

Ya en 1971 Kennecott había publicado un supuesto Libro Blanco, plagado de falsedades y denuestos en contra de las decisiones soberanas de Chile.

Pero lo que interesa no es recoger o retornar expresiones demandadas, propias de la irritada reacción de quienes creyeron que profitarían para siempre a sus anchas de la principal riqueza natural chilena, sino demostrar que su posición es enteramente contraria a los más elementales principios jurídicos reconocidos universalmente.

La Kennecott aceptó litigar.

Kennecott Copper Corporation y su subsidiaria Braden Copper Co., reconocieron la jurisdicción chilena, interviniendo con peticiones y argumentos en favor de sus intereses, tanto en la instancia administrativa seguida ante el Contralor General de la República, como en la posterior instancia judicial que continuó ante el Tribunal Especial del Cobre. Especialmente, ante este Tribunal desarrollaron extensas alegaciones dirigidas a demostrar que les debían ser reguladas las indemnizaciones que ellas estiman que les corresponden y le sometieron peticiones concretas tendientes al mismo fin. Por consiguiente libremente aceptaron someterse a la jurisdicción del único Tribunal que tiene competencia para conocer de estas materias, que lo es el Tribunal Especial del Cobre creado por la reforma constitucional del año pasado. Para este fin designaron como sus abogados defensores a dos profesionales chilenos.

Decidida por el Tribunal competente la cuestión sobre rentabilidades excesivas en forma desfavorable a las pretensiones de esas compañías norteamericanas, pierden éstas la compostura, declaran que abandonarán la prosecución de sus apelaciones y amenazan al país entero con medidas desorbitadas que solamente podrían admitirse como posibles de parte de firmas de muy gran poder económico que tratan de perjudicar por despecho los intereses nacionales.

Errores judiciales marcaron fracaso de Kennecott.

Este despecho se explica, entre otras cosas, porque Braden Copper Co., pese a los ilustrados defensores que eligió, se equivocó al plantear su reclamo. En lugar de reclamar en contra de la decisión de rebajar rentabilidades excesivas, se limitó a apelar de la determinación del Contralor General, que es ajena por entero a aquella decisión. Así lo dejó establecido el Tribunal Especial del Cobre en el considerando Nº 31 de su sentencia de 11 de agosto último.

Resulta, pues, de toda evidencia que Kennecott y su subsidiaria Braden Copper, optan por abandonar el procedimiento judicial chileno cuando se ven legalmente perdidos en él y cuando quedan de manifiesto sus propios e inexplicables errores en materia de tanta importancia.

Los chilenos pueden juzgar sobre la calidad de esta actitud.

Pequeños y medianos mineros respaldan al Gobierno ante amenazas de la Kennecott.

Los 150 delegados asistentes al Congreso de la Pequeña y Mediana Minería, que se realizó este fin de semana en La Serena, aprobaron por aclamación el acuerdo de respaldar al Gobierno en la lucha que está enfrentando a raíz de las declaraciones de la Kennecott Copper Company, en que amenaza embargar el cobre chileno en cualquier parte del mundo donde se venda.

El acuerdo se adoptó al finalizar la reunión, a iniciativa del Presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Norberto Bernal. El dirigente señaló que los chilenos deben estar férreamente unidos en esta materia.

La Central Unica de Trabajadores.

Amenazas como la de la Kennecott, sólo impulsan la unión de todos los chilenos tras una bandera común: CHILE. Así lo expresó el dirigente nacional de la CUT Ernesto Vogel.

Vogel, al ser consultado sobre el anuncio de la compañía norteamericana en el sentido de que mantenía sus derechos sobre nuestro cobre y lo embargaría en cualquier país en que se encuentre, señaló que, frente a este problema, los trabajadores reaccionan unitariamente y reafirman la decisión de lograr la independencia económica a través de la nacionalización de nuestras riquezas.

Los mecanismos legales.

¿Qué piensa el Vicepresidente de la CUT sobre la decisión de la Kennecott de desconocer la jurisdicción de nuestro Tribunal Especial del Cobre?

Dice Vogel:

Todos los chilenos fueron partidarios de la nacionalización del cobre, y de allí que la reforma constitucional que la hizo posible haya sido aprobada por unanimidad. En ese mismo cuerpo legal se establecieron los mecanismos que se seguirían para determinar el monto de las indemnizaciones. Tal monto fue fijado por la Contraloría General de la República, y de él se dedujo la cantidad estimada como utilidades excesivas, y cualquier apelación de las compañías norteamericanas debió ser conocida por el Tribunal Especial constituido para tal efecto. Cuando el fallo le es adverso, la Kennecott anuncia que no se someterá a nuestra jurisdicción, en circunstancias de que todos los pasos han sido legales. Son nuestros propios organismos, ya que se trata de nuestras riquezas, los que fijan el procedimiento a seguirse.

Frente común para defender nuestra soberanía.

Continúa Vogel:

Se ha politizado el accionar de cada esfera dentro del campo sindical y por eso se pierde un poco la visión de los problemas fundamentales como éste que hoy plantea la Kennecott. Sin embargo, creo yo que teniendo conciencia los trabajadores de lo que significa que nuestra principal materia prima, el cobre, esté sujeta a manejos externos, tendremos los trabajadores que reaccionar violentamente, formar un frente común y adoptar las medidas que el caso aconseje.

El Plenario de Federaciones de la CUT.

Después de un intenso y amplio debate, el Plenario de Federaciones de la Central Unica de Trabajadores acordó el siguiente voto:

1.- Rechazar terminantemente las declaraciones del presidente de Kennecott Copper Co., destinadas a promover el embargo del cobre chileno, lo que significa una abierta agresión e intervención en la vida del país, lesiona seriamente la dignidad, la soberanía y la economía nacional.

2.- Llamar a los trabajadores del país, a todos los patriotas, a movilizarse a rechazar con firmeza la intromisión de este monopolio multinacional.

3.- Formular un llamado a las organizaciones sindicales nacionales e internacionales del mundo entero, denunciando esta siniestra agresión en contra de Chile y sus derechos soberanos, invitándolos a promover la más activa solidaridad internacional a objeto de impedir el proyectado bloqueo económico en contra de nuestro país.

4.- Proponer a los trabajadores de los países productores de cobre la realización de una reunión internacional destinada a examinar la defensa de las materias primas comunes y a concertar la solidaridad mutua por la plena libertad de comercialización de nuestras riquezas básicas.

Los trabajadores del cobre.

Los trabajadores del cobre, por intermedio de la Confederación Nacional de los Trabajadores del Cobre, también reaccionaron por la intromisión de la Kennecott en los asuntos chilenos y entregaron la siguiente declaración:

La presencia imperialista en Chile, a través de 60 años de explotación de nuestras riquezas, permitieron cimentar un poderío enorme, basado en la miseria y subdesarrollo de nuestros pueblos.

Agregan:

El despojo yanqui de nuestro cobre ha estado jalonado con sangre de los trabajadores del cobre, con la miseria de nuestro pueblo, la opresión de las clases reaccionarias sobre las grandes mayorías que hoy han emprendido el camino de la liberación y de la independencia económica.

Las antojadizas y afiebradas declaraciones del Presidente del monopolio yanqui, agregan son consecuencias directas del significado que ha tenido la nacionalización de estas empresas del cobre y de las suculentas utilidades que obtenían de la explotación del mineral El Teniente, por lo que hoy día lamentan y se niegan a reconocer el legítimo derecho del Gobierno y del pueblo de Chile para recuperar esta vital riqueza para el desarrollo del país.

Los trabajadores del cobre rechazamos en forma enérgica la medida que pretende implantar el voraz monopolio estadounidense.

Amplia discusión en los sindicatos.

La Corporación del Cobre ha entregado a los sindicatos todos los antecedentes de la escalada imperialista contra la economía chilena y contra nuestra soberanía, para que se abra en las bases una amplia discusión y se analice a conciencia la grave agresión a Chile.

El Vicepresidente de CODELCO dice a los dirigentes sindicales:

Ante estas incalificables declaraciones que, indudablemente, constituyen un atentado a la soberanía nacional y que causan perjuicio económico a Chile, la Corporación del Cobre emitió una declaración cuya copia le adjunto.

Estimamos necesario que estos hechos sean reconocidos por la totalidad de los trabajadores chilenos y, particularmente, los trabajadores del cobre.

En consecuencia, le agradeceré dar a conocer estos antecedentes a las bases del sindicato que Ud. dirige.

Cerrar filas en defensa de Chile.

Al intervenir en el Congreso Pleno el 11 de julio del año pasado el compañero Luis Corvalán, Secretario General del Partido Comunista, expresó conceptos que ahora cobran plena validez.

En parte de su discurso, dijo: El Estado chileno asumirá la soberanía plena en las minas del cobre en el instante en que el precio del metal ha tenido una baja apreciable. Además, se hará cargo de las empresas en muy deficientes condiciones de funcionamiento. En los últimos años, y especialmente en los últimos meses, a medida que se hacía evidente que se impondría la decisión del pueblo de Chile de nacionalizar, los capitalistas extranjeros se dedicaron a florear los yacimientos, descuidaron la mantención de los equipos, dejaron sin hacer inversiones indispensables para el desarrollo normal de la producción.

Al tomar posesión del cobre, el Gobierno, los trabajadores y el pueblo de Chile asumen el compromiso de vencer todas estas dificultades, sacar adelante la producción y lograr que estas minas sean fuentes de recursos para financiar el progreso nacional.

Por supuesto que si los imperialistas quisieran imponer sus dictados en materia de indemnizaciones, el pueblo y la nación chilena sabrán cerrar filas en defensa del interés nacional y de nuestra soberanía.

A parar la sedición interna y externa.

Ningún chileno tiene dudas, a estas alturas del proceso revolucionario nacional, de que el Gobierno y el país afrontan una poderosa ofensiva, bien financiada desde el extranjero, que intenta el derrocamiento del régimen constituido, con intenciones de provocar una guerra civil y ensangrentar la patria.

Imperialismo, reacción y fascismo.

Aún los más incrédulos y menos suspicaces reconocen, por una sucesión de hechos sincronizados ocurridos desde el mismo 4 de septiembre de 1970, que se busca un enfrentamiento entre los chilenos y que una casta social enriquecida durante siglos con el sudor de los trabajadores, a costa del empobrecimiento del país, que actúa como punta de lanza y al servicio de los intereses imperialistas, pretende convertir a la patria en una gigantesca pira, destruir nuestra convivencia, provocar una catástrofe de consecuencias imprevisibles, pero fáciles de comprender y apreciar.

Ya el monopolio multinacional International Telephone and Telegraph, fue denunciado por el periodista norteamericano Jack Anderson, que publicó sus Documentos Secretos, en cuanto a que, desde el mismo instante del triunfo popular del 4 de septiembre, organizó, impulsó e intentó medidas para impedir que asumiera el mando de la nación el candidato electo, compañero Salvador Allende. Fracasadas sus intenciones, esta misma empresa yanqui ha organizado, con otros grupos monopólicos imperialistas, con el apoyo de la CIA, y la complicidad de la Derecha y el fascismo, el derrocamiento del Gobierno legítimo de la República.

No son aislados ni casuales, por ejemplo, los intentos de dinamitar la planta de energía eléctrica de Tocopilla para paralizar Chuquicamata; ni los sucesivos actos de sabotaje e incendios en la oficina salitrera Pedro de Valdivia, con destrucción de la planta de yodo, de la sede sindical; ni el asesinato de trabajadores; ni las salidas a las calles de Santiago y otras ciudades del país confundidos y parapetados detrás de los estudiantes de delincuentes comunes prontuariados y reclutados por la Derecha para sembrar, con los fascistas de Patria y Libertad, el pánico y el terror entre los ciudadanos; ni el boicot de los imperialistas a nuestra economía suprimiendo las líneas de crédito, la venta de repuestos indispensables y otros productos, o el acaparamiento, la especulación a gran escala o la destrucción de mercaderías fundamentales para el consumo popular; ni el sabotaje a la producción agrícola y ganadera que llevan a cabo implacablemente los latifundistas. O lo que ocurre ahora, con la Kennecott, al pretender desconocer la potestad soberana de Chile para resolver sus propios asuntos con plena autonomía; o lo que harán luego la Anaconda, la Anglo Lautaro y otros piratas financieros desplazados de nuestra patria después de haber saqueado al país con la tolerancia de las clases sociales que hasta 1970 detentaron el Poder.

El proceso chileno está caracterizado fundamentalmente por la recuperación para nuestro país y para nuestro pueblo, de sus inmensos recursos, de la liquidación de los monopolios, del desaparecimiento del latifundio y del aniquilamiento total de la oligarquía financiera.

Ello trae como consecuencia inevitable el enfrentamiento cada vez más agudo entre los intereses chilenos y los del imperialismo norteamericano y de la minoría que está perdiendo paulatinamente sus privilegios.

La disyuntiva es clara y debe ser resuelta: o se está con Chile o contra Chile; o se desaloja definitivamente al imperialismo de nuestro país o se acepta su retorno y su dominio, no sólo sobre nuestra vida económica, sino sobre la vida misma de todos los chilenos.

Esta definición debe ser franca, altiva, tajante y patriótica, especialmente por parte de los partidos políticos. Los que forman la Unidad Popular ya lo han hecho, sosteniendo con sus declaraciones y su comportamiento la larga e inclaudicable lucha antimperialista. No lo han hecho, en cambio, los partidos de Oposición, salvo el Partido Nacional, el cual, ¡oh sarcasmo!, a contrapelo con su nombre pretensioso, se pronunció en contra de Chile y en favor del imperialismo y de la Kennecott al pretender en una actitud sucia, deleznable y lacayuna culpar al Gobierno popular de esta agresión contra la patria.

Pero la limpia conducta del pueblo chileno, su patriótica actitud de siempre, su profundo sentimiento antimperialista y su recio patriotismo, es el muro infranqueable para los yanaconas que pujan para que Chile quede sometido al dominio extranjero. Nuestra patria tiene también sólidas instituciones que garantizan su integridad y su soberanía. La unidad de todos los chilenos patriotas que desean para nuestra patria días mejores, derrotará los afanes sediciosos y la agresión imperialista dondequiera que se presente.

He dicho.

El señor PAPIC (Vicepresidente).-

En el tiempo del Comité Comunista, ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

El turno siguiente corresponde al Comité del Partido Izquierda Radical.

IRREGULARIDAD DEL DECRETO 921, DEL MINISTERIO DEL TRABAJO, SOBRE PERSONALIDAD JURIDICA DE LA CONFEDERACION NACIONAL UNICA DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA Y EL ARTESANADO. OFICIOS.

El señor BALTRA.-

Señor Presidente, en los últimos días he recibido telegramas de las Asociaciones de Pequeños Industriales y Artesanos de Los Angeles, Villarrica, Temuco y otras ciudades, protestando por la dictación del decreto Nº 921, del 19 de julio de 1972, del Ministerio del Trabajo, que aprueba los estatutos de la Confederación Nacional Unica de la Pequeña Industria y Artesanado. Mis colegas del PIR los han recibido también de las asociaciones existentes en las agrupaciones que ellos representan ante el Senado.

Por su parte, la directiva nacional de la Confederación me ha planteado personalmente, y también en un memorando, el grave problema que afecta a los pequeños industriales y artesanos que el 13 de diciembre de 1971 constituyeron la Confederación Nacional Unica de la Pequeña Industria y Artesanado, integrada por 64 asociaciones, con asistencia del entonces Ministro de Economía, señor Vuskovic, personeros del Gobierno y parlamentarios.

El 19 de enero de 1972, se promulgó la ley 17.592, que otorgó previsión a los comerciantes, pequeños industriales, artesanos, transportistas e independientes. El artículo 84 de esa ley concedió personalidad jurídica a la Confederación y fijó un plazo de 90 días para que se sometieran los respectivos estatutos a la aprobación del Ministerio del Trabajo, lo que la Confederación hizo con fecha 3 de febrero, entregando al efecto los estatutos que las 64 asociaciones aprobaron en la asamblea constituyente.

El 29 de febrero de 1972, el Ministro del Trabajo, señor Oyarce, firmó el decreto Nº 292 aprobando los estatutos. Pero, desafortunadamente, el decreto no se envió a la Contraloría General de la República. Mientras tanto, el 11 de abril de 1972, se reunieron otras personas y constituyeron una Confederación Nacional Unica de la Pequeña Industria y Artesanado distinta. En seguida, redujeron a escritura pública sus estatutos y los presentaron al Ministerio del Trabajo con fecha 14 de abril.

Estos estatutos los aprobó el Ministerio del Trabajo por decreto 760; mas, ante la protesta de las 64 asociaciones y de la Confederación, el Ministro Oyarce retiró el decreto de la Contraloría, pero se argumentó en ese Ministerio que, frente a la existencia de dos Confederaciones, éstas debían ponerse de acuerdo en un nuevo estatuto elaborado por la Dirección del Trabajo. Por su lado, la Confederación, ante la gravedad de la situación, resolvió consultar a sus bases, las que resolvieron no participar en esas gestiones, ya que el estatuto válido era el que las 64 asociaciones aprobaron en la asamblea constituyente del 13 de diciembre de 1971.

Pues bien, el decreto número 921, de 19 de julio, no aprueba los estatutos, que legalmente presentó la Confederación, sino otros que elaboró la Dirección del Trabajo.

Ahora, parece no caber duda de que dicho decreto, adolece de un claro vicio de ilegalidad, pues el artículo 84 de la ley 17.592, por un lado, otorgó personalidad jurídica a la Confederación Nacional Unica de la Pequeña Industria y Artesanado y, por otro, concedió un plazo de noventa días, contado desde la fecha de publicación de la ley, para que someta a la aprobación del Ministerio del Trabajo y Previsión Social sus estatutos.

Es evidente que la ley dispone que esos estatutos deben ser presentados por la Confederación cuya personalidad jurídica la misma ley le otorga. A ella le asiste el derecho y la obligación de hacerlo. Está claro, además, que esos estatutos, reducidos a escritura pública, se presentaron dentro del plazo que fijó la ley. Por lo demás, en la discusión del proyecto en el Parlamento, la Confederación participó mediante sus representantes perfectamente individualizados: el presidente, don Luis Zanzi, el vicepresidente, don Moisés Guzmán, y el Gerente, señor Eduardo Kaid. De modo que no puede caber duda de que la ley se refirió a esa Confederación y no a otra. De ello, por lo demás, hay debida constancia en numerosos boletines de la Cámara y el Senado.

De ello se desprende que, en ese momento, existía una sola entidad denominada Confederación Nacional Unica de la Pequeña Industria y Artesanado, y fue, por cierto, a esa entidad a la cual la ley otorgó personalidad jurídica y le dio el derecho, a la vez que le fijó la obligación, de presentar sus estatutos dentro del plazo ya aludido de 90 días.

Por otra parte, hay documentos oficiales que explícitamente reconocen que la entidad creada posteriormente el 11 de abril de 1972 es distinta a la Confederación, como sucede, por ejemplo, con el decreto Nº 108, publicado el 31 de enero de 1972, que determinó la composición del llamado Consejo Nacional de Desarrollo, donde se indica que la Confederación tiene dos representantes, y uno la Asociación de la Mediana y Pequeña Industria de Chile, que es el nombre que se dio a la entidad constituida el 11 de abril de 1972, que no existía cuando se dictó la ley 17.592. Sin embargo, el Ministerio del Trabajo aprobó los estatutos de ésta y no los de la auténtica Confederación Nacional Unica de la Pequeña Industria y Artesanado.

Con justa razón, entonces, la Confederación se siente atropellada y despojada de los derechos que le confirió, expresa e indubitablemente, la mencionada ley 17.592. Detrás de eso, piensan, hay una maniobra encaminada a manejar el Registro Nacional de Comerciantes, Pequeños Industriales y Artesanos. Desconocemos el color político de los dirigentes de la Confederación, y si nos hacemos partícipes de sus protestas y las traemos a esta alta tribuna del ,Senado es por creer, al igual que ellos, que, utilizando un resquicio de la legalidad, se ha burlado en sus derechos a respetables hombres de trabajo, a pequeños industriales y artesanos, que están organizados gremialmente para defender sus intereses al margen de banderías políticas y que, sin embargo, contemplan con asombro cómo se los despoja de lo que la ley les entregó, y pasan a ser reemplazados por otra entidad que no representa sino a una mínima parte de los pequeños industriales y artesanos del país.

La Confederación Nacional Unica de la Pequeña Industria y Artesanado (CONUPIA) emitió una declaración que se publicó en la prensa con fecha 10 de septiembre del año en curso y que dice lo siguiente:

Frente a la arbitraria medida adoptada por el Ministerio del Trabajo a través del Decreto 921, que pretende imponer a esta Confederación Estatutos que no son los aprobados por nuestras bases, tratando de convertirnos en un verdadero Sindicato, el Consejo Nacional de esta Confederación, representado por los presidentes de todas las Asociaciones afiliadas, reunido en forma extraordinaria el martes 5 del presente, tomó los siguientes acuerdos:

1) Otorgar el más amplio respaldo al actual Comité Ejecutivo de la Confederación y a su presidente, don Luis Zanzi P., para que sigan adelante en su acción de lograr para la Confederación el justo reconocimiento legal y la aprobación de sus estatutos aprobados en Asamblea efectuada el 13 de diciembre de 1971.

2) No participar en la elección a que están llamando las Inspecciones del Trabajo en razón a que la Confederación Nacional Unica de la Pequeña Industria y Artesanado ya está creada legalmente, pero que en una maniobra burda y politiquera se trata de desconocerla.

3) Presentar a la Contraloría General de la República y al Congreso Nacional los antecedentes que se poseen y que demuestran en forma fehaciente la inconstitucionalidad e ilegalidad del mencionado Decreto 921 y el arbitrario procedimiento empleado por parte de las autoridades del Ministerio del Trabajo para su aprobación.

4) Repudiar terminantemente la actuación de un reducido grupo de pequeños industriales que pretenden dirigir políticamente a sus representados con el objeto de dividir nuestro gremio.

5) Solicitar de todos los demás gremios del Sector Privado, que estamos seguros no estarán de acuerdo con los procedimientos empleados y las arbitrariedades cometidas con nuestra Confederación, el apoyo y respaldo en la lucha por nuestros justos derechos.

6) Hacer un llamado a todos los pequeños industriales y artesanos del país y a sus gremios representativos que no se dejen amedrentar por los Inspectores Provinciales del Trabajo, quienes ya están presionando a nuestras Asociaciones para integrar el nuevo organismo que crea el Decreto 921 y en cuya constitución están implicados un minúsculo grupo de dirigentes comprometidos políticamente y las autoridades del Ministerio del Trabajo.

Nosotros adherimos a la declaración de la Confederación Nacional Unica de la Pequeña Industria y Artesanado. Pero, además, denunciamos desde el Senado estos hechos increíbles ante la opinión pública. También elevamos nuestra más enérgica y formal protesta contra este atentado al principio de la legalidad. Aunque no abrigamos ni la más mínima esperanza sobre los resultados, pedimos que se oficie al señor Ministro del Trabajo, transcribiéndole nuestras observaciones y pidiéndole que, en nombre de la ley y la justicia, derogue el decreto 921 y haga respetar el derecho de la Confederación que representa genuinamente a los pequeños industriales y al artesanado, que vienen siendo víctimas de tantos y tantos atropellos, a los que se suma el que estamos denunciando. También solicitamos que se transcriban estas palabras al señor Contralor General de la República, en la certeza que de haber estado impuesto de estos antecedentes, no habría ordenado tomar razón del decreto 921, del Ministerio del Trabajo, que constituye una iniquidad sin nombre.

El señor PAPIC (Vicepresidente).-

Se enviarán los oficios solicitados, en nombre del señor Senador.

El señor HAMILTON.-

También en nombre de la Democracia Cristiana.

El señor PAPIC (Vicepresidente).-

Y en el nombre de la Democracia Cristiana.

El Comité Izquierda Radical ha cedido el resto de su tiempo al Comité de la Democracia Cristiana.

Tiene la palabra el Honorable señor Aylwin.

El señor AYLWIN.-

Señor Presidente, en primer término, adhiero en todas sus partes, y en la forma más amplia, a las palabras que acaba de pronunciar el Honorable señor Baltra con relación al abuso incalificable cometido por el Gobierno al dictar el decreto sobre la Confederación Nacional Unica de la Pequeña Industria y Artesanado. Deseo expresar nuestra plena solidaridad con dicha Confederación y el respaldo más absoluto a su posición frente a la arbitrariedad de que es objeto, la que, en mi concepto, vulnera un derecho que instituyó expresamente en la Constitución Política el llamado Estatuto de Garantías Democráticas, con relación a la libertad de organización de todas las entidades gremiales y agrupaciones comunitarias.

SEGUNDO ANIVERSARIO DE LA ELECCION PRESIDENCIAL.

Celebración paradójica.

El señor AYLWIN.-

La semana pasada el oficialismo celebró el segundo aniversario de lo que llama el triunfo popular. Los festejos, realizados con gran publicidad y mediante el uso desaprensivo de todos los recursos de que un Gobierno puede disponer, estuvieron destinados a ser una demostración de fuerza. Se trató de exhibir ante Chile y el mundo, a través de una aguerrida movilización de masas, el apoyo popular con que cuenta el Gobierno del Presidente Allende.

Los festejos tuvieron lugar dentro de un alarmante clima de tensión nacional. Se caracterizaron por la acritud en vez de la alegría, por la organización en vez de la espontaneidad, por un mezquino sectarismo clasista en vez de un patriótico espíritu de solidaridad nacional. En ellos abundaron las consignas amenazantes y variada gama de odiosos denuestos contra los opositores al régimen.

Si se reflexiona sobre lo acontecido en Chile en los últimos meses, no resultan demasiado sorprendentes esos rasgos de dicha conmemoración.

¿Qué podía celebrar el pueblo este 4 de septiembre?

¿Podía celebrar el cumplimiento de las famosas 40 medidas con que se le prometió la felicidad a corto plazo?

¿Podía celebrar el término de las alzas? ¿El triunfo en la batalla de la producción? ¿El buen aprovechamiento nacional de los excedentes de las empresas estatificadas?

Todos sabemos que no.

Un sector del pueblo, no todo sólo el afiliado en los partidos de la llamada Unidad Popular podía celebrar la imagen de poder que se le ha creado de sí mismo. Y eso fue, precisamente, lo que celebraron los manifestantes del 4 de septiembre. Así se explica la acritud de los ánimos, la odiosidad de las consignas y la arrogancia demagógica con que el compañero Presidente afirmó de sus partidarios que son los más fuertes, no sólo porque son los más, sino porque tienen en sus manos la vida económica de Chile y sostuvo que además de conquistar el Gobierno, van conquistando lenta pero firmemente el poder.

No creemos que los conductores del oficialismo se engañen a sí mismos y pretendan engañar a Chile con sus palabras jactanciosas. Ellos saben muy bien que si el país se detuvo en la tarde del 4 de septiembre, no fue sólo por la decisión de sus adeptos, sino también por la voluntad de sus opositores, quienes optaron por retirarse a sus casas para prevenir cualquier riesgo de incidentes. Saben que, en cuanto manifestación de fuerza, los desfiles de esa tarde no tuvieron para ellos nada de halagüeños. En cuanto a su número, porque suponiendo que hubieren marchado en filas de veinte personas por segundo lo que es mucho exagerar habrían necesitado más de 11 horas ininterrumpidas para pasar los 800.000 con que se ha fantaseado, y, en cuanto a su espíritu, porque fue ostensible la falta de entusiasmo y aun indiferencia de la mayoría de los concurrentes.

La verdad es que la gran mayoría de los chilenos, incluso obreros y campesinos, no participaron en esos festejos. Prefirieron irse tranquilos a sus casas, porque tienen más motivos de tristeza que de alegría, de decepción que de esperanza, de angustia que de entusiasmo.

El régimen de la escasez y desabastecimiento.

Diariamente las dueñas de casa escuchan en la radio o la televisión, o leen en la prensa, que la producción nacional crece como nunca. Pero, desde hace meses, cada día les cuesta más adquirir lo que necesitan para la vida diaria. Algunos bienes indispensables sólo se consiguen haciendo largas colas; otros no logran obtenerse, o se hallan clandestinamente en el mercado negro a precios imposibles para el ingreso de un trabajador.

Vivimos bajo el régimen de la escasez.

En los hogares de la mayor parte de los empleados, obreros y campesinos, suena a sarcasmo la propaganda oficialista que invoca como causal del desabastecimiento un mayor poder de consumo de los trabajadores. Cierto fue que el año pasado dispusieron de más dinero para sus gastos; pero esa ya es una historia antigua y la vida se hace cada vez más difícil.

Si fuera cierto que ha aumentado la capacidad de consumo de los sectores más pobres, querría decir que éstos estarían ahora comiendo más que antes, vistiéndose mejor, habitando mejores viviendas. Pero nada de esto ocurre, porque los bienes que los hogares necesitan no se encuentran, o sus precios han subido a la estratosfera.

El Régimen de las alzas.

A pesar de los reajustes de remuneraciones que ha otorgado este Gobierno, el costo de la vida ha aumentado mucho más que el ingreso de los trabajadores.

Basta recordar que el reajuste de 22% otorgado en enero de este año quedó totalmente absorbido por las nuevas alzas de precios en el mes de mayo y que, desde entonces hasta ahora, dichas alzas se han multiplicado más que al doble.

Si comparamos la variación de las remuneraciones de los trabajadores chilenos entre agosto de 1970 y agosto del presente año y el aumento de los precios de algunos bienes de primera necesidad y gran demanda en el mismo período, advertiremos cuan gravemente ha disminuido la verdadera capacidad adquisitiva de sueldos y salarios. Solicito insertar en mi discurso dos cuadros preparados por la Oficina de Informaciones del Senado que comprueban este aserto.

El señor PAPIC (Vicepresidente).-

Oportunamente se recabará el acuerdo solicitado por Su Señoría.

Los documentos que más adelante se acuerda insertar son los siguientes:

CUADRO I.

CUADRO II

El señor AYLWIN.-

Del primero de estos cuadros resulta que en agosto de 1970 el salario mínimo de un obrero, de 12 escudos al día, equivalía a casi un dólar del mercado de corredores, mientras que el actual de 30 escudos apenas alcanza a 35 centavos de dólar.

En cuanto al sueldo vital de un empleado, que representaba alrededor de 47 dólares mensuales, ahora equivale apenas a 12 dólares.

De la comparación de ambos cuadros se desprende que mientras el sueldo vital aumentó en dos años 64,71% y el salario mínimo de obreros y campesinos 150%, el precio del pan ha subido 357%, el de la leche 317%, el de la carne 361% y el del azúcar 270%.

Con el salario de un día, en agosto de 1970 un obrero podía comprar 8,5 kilos de pan, o 14 litros de leche, o 3,7 kilos de azúcar. Ahora sólo le alcanza para 4,6 kilos de pan, u 8,5 litros de leche, o 2,5 kilos de azúcar.

Más dramática aún es la disminución del poder de compra de un modesto empleado que gana un sueldo vital, según aparece en el siguiente cuadro, también preparado por la Oficina de Informaciones del Senado, que solicito insertar en esta parte de mi intervención.

El señor PAPIC (Vicepresidente).-

Oportunamente se recabará el acuerdo solicitado por Su Señoría.

El documento que se acuerda insertar más adelante es el siguiente:

CUADRO III.

El señor AYLWIN.-

Quizás nunca, en un lapso corto, el costo de la vida ha subido tan exageradamente como ahora. En estricta propiedad, este Gobierno, que llegó al poder denunciando el alza del costo de la vida como un infierno en los hogares del pueblo y, en especial, para la dueña de casa, pasará a la historia como el régimen de las alzas.

Se pretende por los personeros oficialistas tranquilizar la desesperación de las familias frente a la inflación desatada, ofreciendo un reajuste tras el cual se produciría una estabilización a nuevo nivel. Pero la gente tiene justificadas razones para recibir esas promesas con escepticismo : esa misma receta fue anunciada en otros tiempos por un Gobierno derechista y resultó fallida; la experiencia histórica demuestra que los reajustes masivos no acompañados de un efectivo incremento de los bienes disponibles generan nuevas presiones inflacionistas y, finalmente, el cuadro de nuestra economía no muestra síntoma alguno que permita esperar para el futuro próximo incrementos en la producción o en las importaciones capaces de equilibrar la oferta de mercaderías con la mayor demanda que provocarán los reajustes.

El Régimen del mercado negro.

Durante años y años, quienes ahora detentan el Poder atribuyeron todas las alzas de precios a agiotaje, del que culpaban especialmente a los grandes monopolios de la distribución, responsabilizando a los Gobiernos de la época de complicidad o, al menos, de tolerancia con los especuladores.

¿Cómo se explica, entonces, que bajo el actual Gobierno las alzas se agraven?

Para eliminar a los grandes pulpos del comercio mayorista, este Gobierno ha adquirido casi todas las empresas distribuidoras, formando con ellas un monopolio estatal de la distribución: DINAC. ¿Es éste el nuevo pulpo que especula ahora?

Debemos entender que la fijación oficial de nuevos precios que se ha estado haciendo últimamente respecto de la mayor parte de los artículos de primera necesidad y de uso o consumo habitual, no importa más que el necesario reconocimiento del alza de sus costos de producción.

Pero la verdad es que al lado del comercio regular, a la luz del día, ha surgido de manera impresionante un mercado negro donde se encuentran, a precios aún mayores, muchas de las cosas que en el primero más escasean.

¿Dónde se nutre ese mercado negro? ¿Quiénes son sus actores? ¿Quién lo permite?

No es un misterio que en las colas para adquirir productos de ciertas empresas estatificadas, requisadas o intervenidas, hay clientes habituales que no son comerciantes establecidos y compran para revender. ¿Cuántos son los privilegiados que reciben cuotas especiales? ¿Cuántos hombres nuevos están mejorando sus ingresos y hasta enriqueciéndose por el simple arbitrio de interventores, funcionarios, empleados o dirigentes laborales que les son benevolentes? ¿Cuántos vivos se están aprovechando? ¿Cuántos trabajadores están siendo corrompidos? ¿Qué cajas se están formando?

Algo huele a podrido en este asunto.

El Régimen de la ineficiencia y la flojera.

Se agrava esta realidad por la pasmosa ineficiencia administrativa que revelan los equipos del oficialismo dondequiera que se hacen cargo de cualquier tarea productora.

Incapacidad, desorganización, indisciplina y flojera son síntomas ostensibles en múltiples reparticiones de la Administración del Estado y en gran parte de las empresas incorporadas al área social. Estos síntomas se traducen en bajo rendimiento y elevación de los costos, cuándo no también en deterioro o grave daño del propio capital productivo.

En esta misma Sala hemos sido informados de los errores y torpezas cometidos en el manejo del sueldo de Chile nuestro cobre nacionalizado, errores y torpezas que ocasionan graves pérdidas al país.

Otro tanto se podría decir de la gestión del área agrícola reformada, cuya exasperante ineptitud causa pena y alarma, porque afecta al pan de Chile y, en consecuencia, pone en peligro la alimentación de los chilenos.

Pero tal vez la muestra más reveladora sea la que proporcionan las empresas que por compra, requisición, intervención o nacionalización, han sido, de hecho o de derecho, incorporadas al área de propiedad social. Todas ellas o casi todas dejaban importantes márgenes de utilidad. Su transferencia al Estado tuvo precisamente por principal objeto la captación de sus excedentes, a fin de reunir recursos para ampliar la capacidad productiva instalada en el país.

Aunque no ha sido posible que la opinión pública conozca los balances de esas empresas, sea porque no se han hecho o porque se mantienen ocultos, nadie discute como señaló el Honorable señor Baltra en esta Sala hace más de un mes, sin que se le haya desmentido que el área de propiedad social no está arrojando excedentes, sino déficit o pérdidas. En reciente estudio publicado por el Taller de Coyuntura de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Chile, se dice al respecto: De las empresas ya controladas por el Estado, al parecer ninguna ha logrado siquiera mantener el volumen real de excedentes que obtenían cuando se encontraban en manos privadas. En algunos casos, a pesar de que ahora el Estado puede aprovecharse teóricamente de la totalidad del excedente, percibe menos de lo que captaba cuando su participación se limitaba al impuesto tradicional sobre las utilidades, y en varios casos sólo se han conseguido pérdidas.

El Régimen del despilfarro.

A la trágica ineficiencia señalada, debe agregarse la prodigalidad de nuevos ricos con que los hombres nuevos despilfarran los recursos del Estado.

Una de las tradiciones más honrosas que a lo largo de la historia patria consagraron nuestros gobernantes, fue la sobriedad en su propia vida y el más riguroso escrúpulo en el manejo del erario. El ejemplo de O'Higgins y Portales, en cuanto a pobreza personal y celoso cuidado de los caudales públicos, hizo escuela en el gobierno y administración de Chile.

Ha correspondido a este1 Gobierno, que se dice popular, el triste honor de romper abruptamente esas tradiciones. Ninguno de sus antecesores fue tan generoso o poco fijado como se dice entre nosotros para gastar el dinero del Fisco. La escasez de recursos propia de un país pobre como el nuestro, parece no ser obstáculo de ninguna especie para quienes ahora nos gobiernan.

Se explica así que, a poco más de un año, se agotaran las reservas de divisas, de más de 450 millones de dólares, que el Gobierno del Presidente Frei dejó en las arcas del Banco Central. Y ahora la crisis de divisas es tan grave que no podemos importar ni siquiera los repuestos necesarios para el funcionamiento de vehículos y maquinarias.

Hace casi un mes denuncié aquí mismo la situación producida en Celulosa Constitución, empresa mixta que está instalando una importante industria en mi zona y que el Presidente de la República señaló en un discurso como ejemplo de esfuerzo trascendente para el desarrollo nacional. Por falta de divisas, no ha podido pagar en el exterior compromisos por adquisiciones del orden de un millón doscientos mil dólares; se le ha retenido la entrega de elementos para su construcción, otros le han sido embargados y su crédito está sufriendo irreparable deterioro. A pesar de que mis observaciones fueron comunicadas al Jefe del Estado, la situación no se soluciona hasta ahora, lo que sólo puede explicarse por un agotamiento casi total de las divisas con que cuenta el país.

Expresión también de esta prodigalidad, en otro plano, es la asombrosa liviandad con que el actual Gobierno endeuda al Fisco con el Banco Central mediante las emisiones más cuantiosas que se han conocido en nuestra historia.

Pan para hoy, hambre para mañana.

Lo más grave es que la misma despreocupación que el régimen imperante ha demostrado para gastar en demasía, lo ha llevado a ser excesivamente parco en invertir. Como se ha señalado en esta Sala, el año último la importación de maquinarias y equipos bajó casi un 17%, y a pesar de los anuncios oficiales de un ambicioso plan de inversiones para este año, esa situación empeora cada día.

Esto está ocasionando paralización de actividades por falta de repuestos, y significa que Chile, en vez de aumentar su capacidad de producción para el futuro, la está deteriorando seriamente.

Es decir, la irresponsabilidad con que se destinan las divisas y demás recursos disponibles al consumo inmediato pretiriendo las exigencias de inversión, significa que se ha sacrificado el futuro al presente. Pan para hoy, hambre para mañana.

El pueblo ya está sufriendo las consecuencias de esa irresponsabilidad. Los hechos han probado que si el Gobierno pudo jactarse de haber aumentado la producción y el consumo popular durante su primer año, lo hizo al precio de afectar gravemente la capacidad productiva del país, hoy manifiestamente disminuida.

Falsas disculpas.

Para intentar disculparse del desastroso fracaso de su política económica, quienes gobiernan buscan eludir su responsabilidad con una cortina de humo de pretextos efectistas.

El señor PAPIC (Vicepresidente).-

¿Me permite, señor Senador?

Ha terminado el tiempo del Comité Izquierda Radical. Su Señoría puede continuar en el tiempo correspondiente al Comité Demócrata Cristiano.

El señor AYLWIN.-

Olvidando totalmente la tan cacareada autocrítica, rehúyen tomar sobre sí ninguna cuota de culpa. Como el cojo con el empedrado, descargan toda la culpa de sus torpezas sobre los demás o sobre hechos tales como accidentes climáticos o circunstancias internacionales.

La agresión exterior y la obstrucción opositora son los principales argumentos que el oficialismo invoca en su descargo. El propio Presidente de la República alude en casi todos sus discursos a las agresiones externas e internas de que su Gobierno estaría siendo víctima.

La verdad es que éstos no pasan de ser falsos pretextos.

Si verdaderamente Chile fuera objeto de cualquier clase de agresión foránea, sea en forma de amenaza, bloqueo o cualquier otra acción de otros Estados en perjuicio de nuestra patria, el Gobierno tendría el deber de decirlo claramente a los chilenos, proporcionar al Congreso Nacional todos los antecedentes de tales agresiones y formular los correspondientes reclamos en resguardo de la independencia y autodeterminación de Chile ante los organismos internacionales.

Como nada de esto ha ocurrido, ni el Gobierno ha explicado jamás en qué consistiría esa agresión; ni el normal desenvolvimiento de las relaciones internacionales de Chile permite suponer ningún conflicto, debemos entender que tal agresión no existe.

En cuanto al supuesto obstruccionismo de la Oposición, para desmentirlo basta con señalar dos hechos:

1º.- Que aparte las iniciativas sobre los Tribunales Populares, Cámara Unica y Ministerio del Mar, todos los proyectos presentados por el Ejecutivo han encontrado favorable acogida en el Congreso, donde la mayoría opositora, a la cual se le acusó de obstruir, los ha aprobado y despachado a pesar de la ausencia, en muchos casos, de los propios parlamentarios de Gobierno; y

2º.- Que toda la política económica del actual régimen se ha realizado al margen del Congreso, mediante decisiones meramente administrativas de la exclusiva responsabilidad del Gobierno, el cual no ha sometido a la consideración del Parlamento ningún proyecto de ley sobre la materia.

Las verdaderas causas.

No es, pues, en esos faltos pretextos donde ha de encontrarse la explicación de la fracasada política gubernativa. Otras son las verdaderas causas. Aparte la ineptitud o incapacidad de sus mandos medios, las principales razones radican en el objetivo de poder que ha determinado toda esa política y en el espíritu totalitario que caracteriza la conducta de los sectores dominantes de la llamada Unidad Popular.

La tesis de la conquista de la totalidad del poder como meta principal de toda la acción del oficialismo, ha sido reiteradamente anunciada por sus personeros más representativos y en múltiples documentos oficiales de los partidos de Gobierno. El Secretario General del Partido Socialista, Senador Altamirano, y el Secretario General del Partido Comunista, Senador Corvalán, con distintos énfasis, han insistido en ella reiteradas veces.

Según esa tesis, de claro fundamento marxista-leninista, el Gobierno sólo significa para la Unidad Popular una parte del poder, y para llevar a completo término la revolución sería necesario conquistar también el Congreso, los tribunales de justicia, los medios de comunicación de masas y, sobre todo, el poder económico y el control total de las bases sociales. Sólo así se lograrían las condiciones de suficiente hegemonía, sin contrapesos, que los estrategas comunistas, socialistas, miristas y mapucistas cualesquiera que sean otras diferencias entre ellos estiman indispensable para imponer el socialismo en Chile.

Porque los hombres nuevos no se singularizan por su respeto a quienes no comparten sus criterios base de toda convivencia verdaderamente democrática, ni por su espíritu de conciliación, ni por la humildad para admitir que puedan no tener toda la razón. Son, en consecuencia, hombres anímicamente totalitarios y, por lo tanto, sectarios, intolerantes, soberbios y atrabiliarios.

Es en estos hechos donde debe buscarse la raíz profunda de la destrucción económica y moral que el régimen de la llamada Unidad Popular está provocando en nuestra patria. Si todo se subordina a la tarea fundamental de conquistar la totalidad del poder y al propósito de poner de manifiesto en cada oportunidad que el Gobierno se la puede e impone su voluntad, es obvio que los resultados de su política en cuanto al bien común de Chile son sacrificados por esos objetivos meramente partidistas.

Populismo demagógico.

Es evidente que la conducción económica y la creación del área de propiedad social llevan el sello de los referidos rasgos tipificantes.

En un reportaje sobre Chile publicado por Le Monde en junio último, se pone en boca del señor Subsecretario de Economía la confesión de que toda la política económica del actual Gobierno está dirigida a un objetivo fundamental: la conquista del poder.

Los estrategas del marxismo-leninismo creyeron en un comienzo que el logro de ese objetivo sería fácil mediante una simple demagogia populista. De ahí la política de violento aumento del consumo que se puso en práctica, totalmente reñida con las severas normas de restricción y ahorro que supone la planificación económica socialista.

Se esperó ganar por ese camino para el Gobierno tal grado de adhesión popular que le permitiera conquistar, mediante un plebiscito, la mayoría del Parlamento, antes que esa política produjera sus inevitables consecuencias de inflación y desabastecimiento.

Las derrotas del oficialismo en las elecciones complementarias de Valparaíso, primero; de Linares y de O'Higgins y Colchagua después, significaron el agotamiento de esa estrategia. Así se explica que después de ellas los personeros de la llamada Unidad Popular no hayan vuelto a hablar de plebiscito y, por el contrario, lo estén rehuyendo a toda costa en relación con la reforma constitucional sobre las áreas de la economía.

Pero reconocer su error y rectificar su política resultaba incompatible con el espíritu totalitario del régimen. Sus estrategas prefirieron jugarse el todo por el todo, perseverando hasta el final en la misma política, cualesquiera que sean las consecuencias. Esperan el milagro de que nuevos reajustes masivos en vísperas de las elecciones generales de marzo próximo puedan permitirles recuperar la adhesión popular suficiente como para conservar en sus manos los bastones de mando.

La otra pata de esta política ha sido la toma del poder económico por la vía de la estatificación de los bancos, la requisición e intervención de industrias, el monopolio estatal del comercio mayorista y el claro intento de reducir por la asfixia a la empresa privada independiente. Todo esto se ha hecho más con intención política que con criterio técnico, sacrificando la eficiencia al objetivo de poder, sin reparar en costos ni preocuparse en lo mínimo de los graves daños que se causen a la población ni al país. A pesar de los llamados ampulosos a ganar la batalla de la producción, lo verdaderamente importante no ha sido el rendimiento ni el incremento de la capacidad productiva de Chile. Lo que ha interesado sobre todo es destruir el poder de la burguesía, grande, mediana o pequeña, e implantar el poder sin contrapeso de los partidos marxista-leninistas, disfrazado de poder de los trabajadores.

Sectarismo excluyente.

Resulta sorprendente que esta política, que ha sido llevada a la práctica con implacable frialdad y cinismo, no haya dado al oficialismo los frutos que esperaba en cuanto a respaldo popular.

La angustia que provocan en los hogares el desabastecimiento y la carestía de la vida explican, en parte, el descontento generalizado en todos los sectores de la población nacional.

La ineptitud y deshonestidad de muchos interventores, coordinadores, funcionarios y comisarios políticos, y la inconsecuencia entre su manera de vivir y sus palabras revolucionarias, han creado un clima de escepticismo y desconfianza frente a la experiencia económica estatista entre los propios trabajadores.

Pero, sobre todo, ha sido el insano sectarismo de que hacen gala los hombres del régimen, tantas veces confesado pero nunca corregido, lo que ha generado la mayor resistencia frente al Gobierno.

Tanto en el plano de las estructuras institucionales como en el de la base social, los militantes y dirigentes de la llamada Unidad Popular exhiben una rara incapacidad de convivir en un plano de respeto mutuo y leal colaboración con quienes no comparten incondicionalmente sus posiciones.

Aunque en nuestro tiempo se hable mucho de diálogo, en la realidad chilena actual éste resulta imposible, porque se estrella con el afán de los hombres nuevos, manifiesto o solapado, de imponer a toda costa sus criterios, sea intentando apabullar al contradictor, sea tergiversando las actitudes de éste para desprestigiarlo ante la opinión pública, sea lisa y llanamente engañándolo.

Esta desconformación ontológica de los hombres nuevos los induce a rechazar toda discrepancia como delito de lesa patria, a contestar las críticas con insultos, a promover campañas sistemáticas para desacreditar a los adversarios como enemigos del pueblo, a embestir contra el Congreso Nacional, el Poder Judicial, la Contrataría General de la República y cualquier institución que se atreva a mantener cierta independencia frente al oficialismo, y a usar del amedrentamiento y la violencia como método para intentar imponerse.

Estos procedimientos, habituales en el periodismo gobiernista, tanto en diarios y revistas como en radios y televisión, son también los característicos de la acción de los militantes de la llamada Unidad Popular en las juntas de vecinos, centros de madres, organizaciones sindicales y campesinas y en el seno de las empresas estatificadas, requisadas o intervenidas.

Naturalmente, esta forma de proceder no granjea ninguna clase de simpatías a los hombres nuevos ni es la más adecuada para obtener la colaboración de otros sectores. Por el contrario, parece precisamente destinada a excluir a los demás de la tarea de construir en Chile una nueva sociedad, como si ella fuera misión exclusiva del oficialismo.

Es así como, desde la base social hasta la dirección de la política nacional, se ha ido produciendo un profundo divorcio en la comunidad chilena: por un lado, los militantes oficiales del marxismo-leninismo y quienes les sirven de comparsa o aceptan ser sus incondicionales; por el otro, quienes son calificados derechamente de enemigos principales o secundarios y quienes reciben el mote de servidores de la burguesía o el imperialismo, contra los cuales se desencadena, sutil o abiertamente, una sistemática persecución y discriminación.

Desprecio a la legalidad.

Aunque el ciudadano Presidente de la República llegó a su cargo en virtud del compromiso solemne que contrajo, ante su conciencia y ante la historia, de ajustar íntegramente su conducta de gobernante a la Constitución y las leyes de la República, y aunque no pierda oportunidad para protestar de su respeto a la legalidad, lo cierto es que en los veintidós meses del actual régimen el país ha ido presenciando un proceso progresivo de menosprecio y atropello a los principios y reglas esenciales del orden jurídico chileno.

Sería tarea de nunca acabar, el intento de hacer un enunciado más o menos completo de las innumerables ilegalidades y abusos de derecho cometidos por el Gobierno y la Administración durante estos meses. Están en la conciencia de la mayoría de los chilenos.

El amparo a las tomas y otras tropelías de determinados grupos violentistas, la resistencia a constituir asentamientos y asignar tierras a los campesinos dentro del área reformada, los expedientes abusivos para silenciar radios y diarios no afectos al oficialismo, el frecuente desconocimiento del derecho de reunión, el uso sistemático de la requisición y la intervención de empresas como medio de estatificarlas; la discriminación habitual, entre partidarios y contrarios, en la aplicación de la ley, son algunas de las principales manifestaciones de la pendiente de ruptura del Estado de derecho por la cual se ha lanzado la combinación gobernante.

Esta conducta, que está privando al Gobierno del Presidente Allende del título de legitimidad que tuvo por su origen, es una expresión más del afán de poder y del espíritu totalitario que caracterizan al marxismo-leninismo. Dentro de sus concepciones, lo que llaman la institucionalidad burguesa no es sino un estorbo que entraba la acción del Gobierno y le impide acaparar en sus manos la totalidad del poder y ejercerlo despóticamente. Así lo ha dicho de manera enfática el Partido Socialista en múltiples oportunidades, y así lo demuestra en los hechos, con la acción de sus militantes, aunque no lo diga, el Partido Comunista.

Rechazo a la discrepancia y miedo a la verdad.

Otra expresión más de la tendencia totalitaria del oficialismo es su abrupto rechazo a toda discrepancia. Quienes se creen encargados de imponer a toda costa el que creen o proclaman único camino, buscan ganarse las conciencias del mayor número de gentes mediante formas francas o sutiles de penetración ideológica. No otra cosa persigue la intensa campaña de concientización a que este régimen nos está habituando y para la cual se vale de todos los recursos del Estado, incluso la televisión nacional y la educación pública.

Pero estos esfuerzos concientizadores no logran plenos resultados y se ven en gran medida neutralizados si los ciudadanos tienen otras fuentes de información que contradicen las versiones oficiales y los planteamientos de los prosélitos del régimen.

A medida que el Gobierno ha ido avanzando en su política, han ido quedando más al descubierto las contradicciones entre lo que dice y lo que hace. Las palabras más solemnes del propio Presidente de la República han sido, con inusitada frecuencia, desmentidas por los hechos. Aunque resulte penoso expresarlo, bien podría calificarse al actual como el régimen de la mentira. Lógico es, en consecuencia, que cada día los chilenos crean menos a los personeros de este régimen. Ya no es digno de crédito.

En lugar de hacer lo necesario para recuperar su crédito, el oficialismo ha preferido lanzarse por el camino de forzar a Chile a aceptar como verdad lo que él quiere. A eso se dirige el intento desembozado de impedir que la opinión pública conozca otras opiniones, traducido en el cierre de radios, en la supresión del programa A tres bandas, en el empeño de apoderarse de la producción del papel de imprenta, en la intervención y abusivo manejo del diario La Mañana, de Talca, en las prohibiciones y obstáculos que está oponiendo a las manifestaciones públicas de la Oposición.

La llamada Unidad Popular y su Gobierno tienen miedo a la verdad. Temen enfrentarse con ella. No quieren que al reunirse públicamente los hombres y mujeres de la Oposición, quede de manifiesto cómo el oficialismo retrocede en su condición de minoría. Y no quieren escuchar, ni que Chile escuche, la real verdad de la mayoría.

La violencia y el odio.

Quien no tiene argumentos ni la honradez de reconocer su error, insulta. Quien quiere imponer a toda costa la razón de su sinrazón, recurre a la fuerza.

Esto es lo que está pasando con el oficialismo. Incapaz de verdadero diálogo, dominado por su idea fija de ganar la totalidad del poder, carente de toda grandeza moral para admitir sus fallas, cae en la violencia. Violencia verbal o violencia física. Insultos, amenazas, provocaciones, asaltos, atentados, agresiones y asesinatos. Son grados distintos del mismo fenómeno: el reemplazo de la razón por la fuerza.

Todo el oficialismo, en mayor o menor medida, se ha ido comprometiendo progresivamente en este camino. La diferencia entre sus diversos sectores es sólo cuestión de grados. Los comunistas se quedan en la violencia verbal y la amenaza, de que diariamente dan testimonio El Siglo y Puro Chile. Los socialistas van más lejos. Los miristas llegan a los últimos extremos.

Es útil recordar en esta hora, para entender lo que sucede, que el marxismo-leninismo chileno, encabezado por el actual Presidente de la República, participó en agosto de 1967 en la Primera Conferencia de OLAS y concurrió a adoptar la Resolución General sobre el Punto I de la Agenda: La lucha revolucionaria antimperialista en América Latina, en la que se establece, entre otras cosas, lo siguiente:

El primer objetivo de la revolución popular en el continente es la toma del poder mediante la destrucción del aparato burocrático y militar del Estado y su reemplazo por el pueblo armado para cambiar el régimen socioeconómico existente. Este objetivo sólo es alcanzable a través de la lucha armada, que será feroz y sin cuartel, contra los ejércitos de las oligarquías...

Poco tiempo después, uno de los más capaces teóricos del marxismo-leninismo chileno, dirigente socialista Clodomiro Almeyda, actual Ministro de Relaciones, en entrevista publicada en un apartado del Nº 42 de la revista Punto Final, hecha por el periodista Augusto Olivares, actual asesor del Presidente de la República y Director del Canal Nacional de Televisión, decía lo siguiente:

No creo que en Chile sea la guerrilla la forma fundamental en que ha de expresarse la violencia revolucionaria. En este país existe un real proceso político que ha ido integrando, con mayor intensidad, sobre todo en los últimos años, a cada vez más capas de la población en su seno.... La fase superior de la lucha política, que es la violencia revolucionaria, no surgirá aquí de un foco externo a ese proceso político, como sería el foco guerrillero típico definido por Debray, sino, a la inversa, emergerá como resultado de la agudización y del calentamiento al rojo del proceso político vigente.

Absolutamente consecuentes con esos planteamientos son los conceptos desarrollados sobre la materia en múltiples documentos del Partido Socialista, entre los que merece destacarse el Informe Político preparado para el Pleno de marzo del presente año. En él se leen conceptos como los que a continuación cito: El Estado burgués en Chile no sirve para construir el socialismo, y es necesaria su destrucción. Para construir el socialismo, los trabajadores chilenos deben ejercer su dominación política sobre la burguesía, deben conquistar todo el Poder y arrancarle gradualmente todo el capital. Es lo que se llama dictadura del proletariado. No lo hemos establecido así en el Programa de la Unidad Popular, pero el Partido Socialista no ha desestimado este aserto histórico leninista. Otro: Para los revolucionarios la solución no está en esconder o negar el objetivo de la toma del Poder y del socialismo, sino en educar y preparar a las masas para lograrlo; si la revolución implica un tránsito violento en cualquier etapa, lo correcto no es negar la revolución a nombre del menor costo, sino enfrentar la violencia organizadamente, que es la única forma de que el pueblo sufra menos y que el costo social sea menor. Otro párrafo: Rehuir el enfrentamiento en los diversos planos de la actividad social y política, desmovilizar las masas, pretender moderar la lucha de clases, constituye un gravísimo error. Finalmente, el siguiente: Para nosotros, socialistas, cada pequeño triunfo eleva el nivel del próximo choque, hasta que lleguemos al momento inevitable de definir quién se queda con el Poder en Chile, al momento de dilucidar violentamente entre el Poder de las masas y el de las fuerzas reaccionarias internas, apoyadas por el imperialismo yanqui.

Estos conceptos, señor Presidente, expresan claramente la filosofía del régimen que está gobernando el país, o por lo menos de sus principales dirigentes. Esa filosofía explica la ola de violencias que ha vivido Chile en estos dos años. Tengo aquí a la mano una mera lista de enfrentamientos y hechos de violencia ocurridos a contar del 4 de septiembre de 1970, que arrojan 43 muertos en 22 meses del Gobierno llamado popular.

Ruego al señor Presidente que se inserte este documento en la versión de mi discurso.

El señor PAPIC (Vicepresidente).-

Oportunamente se solicitará el acuerdo correspondiente, señor Senador.

El documento cuya inserción se acuerda más adelante, es el siguiente:

Enfrentamientos y diversos hechos de violencia ocurridos a contar del 4 de septiembre de 1970.

Fuente: prensa nacional.

1.- Atentado en contra del General del Ejército señor René Schneider Chereau, el 22 de octubre de 1970.

2.- Juan Félix Leiva Riquelme, obrero, herido a bala durante la ocupación de terrenos en la comuna de Las Barrancas, el 26 de noviembre de 1970, fallece con posterioridad.

3.- Antonieta Maaches Vanayes, propietaria del fundo La Tregua, de Panguipulli, se suicida al ser vejada y secuestrada por ocupantes de su predio el 29 de noviembre de 1970.

4.- Arnoldo Ríos, estudiante de la Universidad de Concepción, es muerto por las Brigadas Ramona Parra en diciembre de 1970.

5.- Juan Millalonco, militante de la Juventud Democratacristiana, es muerto en vísperas de las elecciones municipales de Aisén por elementos de las brigadas socialistas, el 3 de abril de 1971.

6.- Rolando Matus Castillo, fue muerto por elementos extremistas pertenecientes al MCR, que se apoderaron del fundo Care, de Pucón, el 17 de abril de 1971.

7.- El comerciante Raúl Méndez Espinoza, fue asesinado en su local comercial de Santiago por elementos de la VOP, el 25 de abril de 1971.

8.- Jorge Barahona Puelma, muere al ser desalojado de su propiedad, fundo Nilahue, por funcionarios de la CORA, el 29 de abril de 1971.

9.- Domitila Palma Ponce, fallece en el fundo Brasil Sur, de Lautaro, aterrorizada por las ráfagas de metralletas, el 30 de abril de 1971.

10.- Juan Huillipán, muere en la toma de ese mismo predio.

11.- Tomás Arnaldo Gutiérrez Urrutia, Cabo de Carabineros, es asesinado por elementos de la VOP durante el asalto al Supermercado Montemar, el 30 de mayo de 1971.

12.- El ex Vicepresidente de la República, don Edmundo Pérez Zujovic, muere acribillado a balazos disparados por elementos de la VOP, el 8 de junio de 1971.

13.- Arturo y Ronald Rivera Calderón, integrantes de la VOP, son muertos a tiros en diligencia practicada por Investigaciones, después de haber sido reconocidos como ejecutores del asesinato de don Edmundo Pérez Zujovic, el 13 de junio de 1971.

14.- Heriberto Salazar Bello, perteneciente a la VOP, muere al estallar un cartucho de dinamita que portaba al asaltar el Cuartel de Investigaciones, el 16 de junio de 1971.

15.- Los funcionarios de Investigaciones señores Gerardo Romero Infantes, Mario Marín Silva y Carlos Pérez Bretti, mueren en el asalto al Cuartel de Investigaciones perpetrado por el militante de la VOP Salazar Bello, el 16 de junio de 1971.

16.- Jorge Cartes Díaz, carabinero muerto por miristas en Concepción, el 17 de junio de 1971.

17.- Gilberto González Gómez, muerto en la Viña Santa Blanca, de Rancagua, por miembros del MIR que dijeron buscar armas, el 30 de julio de 1971.

18.- El 14 de agosto de 1971, es encontrado muerto, en su departamento, Luciano Cruz.

19.- Blanca Vergara Villalobos, modesta propietaria de un terreno en Renca, se suicida al serle tomada su propiedad el 4 de septiembre de 1971.

20.- Moisés Huentelaf Alanco, miembro del MCR, muere al intentarse la retoma del fundo Chesque, de Loncoche, el 22 de octubre de 1971.

21.- Domingo Soto, capataz del fundo El Cardal, del ex Senador señor Jaramillo, muere durante los incidentes provocados por usurpadores en octubre de 1971.

22.- Enrique Hernández Jerez, mediero de la Hijuela Dos del fundo Santa Teresa de Mallarauco, en Melipilla, es muerto por elementos del MIR el 2 o 3 de noviembre de 1971.

23.- Jaime Orellana Medel, carabinero, baleado por extremistas, queda con heridas graves el 17 de noviembre de 1971.

24.- Francisco Cheuquelén Melín y Ramón Segundo Cheuquelén, son muertos en el fundo Huillio, departamento de Nueva Imperial, el 22 de noviembre de 1971.

25.- Marta Ortiz Maldonado, herida en la Marcha de las Cacerolas, queda con afasia y semiparálisis (2 de diciembre de 1971).

26.- Luis Loyer, baleado por efectivos de Investigaciones en Providencia con Luis Thayer Ojeda, el 4 de diciembre de 1971.

27.- Norma Cárdenas de Passi, es baleada por elementos extremistas de la UP en su departamento por tocar ollas, el 15 de diciembre de 1971.

28.- Francisco Palominos Nalhue, es asesinado por elementos de la UP, en el asentamiento San Miguel de Huilque, de Santa Cruz. En el mismo incidente quedan heridos graves Vicente Pérez Palominos y Luis Pavez Pulgar (18 de enero de 1972).

29.- Raúl Quezada Moreno, agricultor, es muerto a palos por los ocupantes de la reserva del fundo La Rinconada, de Teno, provincia de Curicó, el 19 de enero de 1972.

30.- Manuel Escobar González, propietario del fundo Santa Elena, de Pudahuel, muere impactado al ser tomado su fundo por extremistas, el 5 de marzo de 1971.

31.- Eladio Caamaño Sobarzo, muere víctima de las lesiones recibidas en los incidentes ocurridos en Concepción durante la suspensión de la marcha organizada por los partidos democráticos, el 12 de marzo de 1972.

32.- Romelio Maturana, muere durante la toma del fundo Vista Hermosa, de Rengo, el 13 de marzo de 1972.

33.- Nibaldo Soto Alarcón, ex mayordomo del fundo La Patagua, de Cauquenes, se suicidó al saber que el trozo de terreno que les había entregado el dueño del predio a los trabajadores, iba a ser expropiado (23 de abril de 1972).

34.- Enrique Núñez Alvarez, industrial propietario del frigorífico San Fernando, ubicado en el camino a Melipilla, fue muerto a balazos por ocupantes del recinto al intentar entrar para prevenir el estallido de las calderas, el 23 de mayo de 1972.

35.- Arturo Mardones, obrero agrícola de CORA, fallece al serle disparado un tiro por Miguel de la Hoz en el fundo Nueva Esperanza, de Aisén, el 10 de junio de 1972.

36.- José Cristian Navarro Hurtado, obrero, muere de un balazo, frente al Hospital de la FACH, en altercado entre conductores de taxibuses y ocupantes de un Austin Mini conducido por funcionarios de Gobierno, el 26 de julio de 1972.

37.- Explota bomba y se descubre arsenal de extremistas de Izquierda en Las Ventanas, Quintero, el 5 de agosto de 1972.

38.- Fallece el poblador René Saravia Arévalo, en enfrentamiento de la policía con habitantes de la población Lo Hermida, el 5 de agosto de 1972.

39.- El comerciante Manuel Aguilar García fallece de ataque cardíaco durante enfrentamiento entre comerciantes y la policía, en Punta Arenas, el 17 de agosto de 1972.

40.- Ramón Lara Ponce, campesino de filiación socialista, muere en un enfrentamiento en Los Angeles, el 22 de agosto de 1972.

41.- En enfrentamiento registrado en Paraguay Centinela, comuna de Frutillar, resultó muerto el obrero agrícola Luis Hernán Ríos González, domiciliado en el asentamiento Balmaceda de dicho lugar (24 de agosto de 1972).

42.- Fallece Roberto Almonacid Asenjo, quien fuera herido en el mismo enfrentamiento anterior, el 25 de agosto de 1972.

43.- El día 28 de agosto fallece Juan Manuel Rivas Rivas, de 45 años. Era otro de los campesinos heridos en el enfrentamiento de Paraguay-Centinela.

44.- Incidentes en manifestación de las fuerzas de Izquierda en Concepción, muere baleado el carabinero Exequiel Aroca Cuevas, miércoles 30 de agosto de 1972. Balas disparadas desde la sede del P. S. en esa ciudad.

45.- El día 5 de septiembre de 1972 un comando extremista de ultraizquierda trató de asaltar la Posta Central de la Asistencia Pública.

46.- El 7 de septiembre de 1972, en incidentes producidos en el centro de la ciudad, fallece el joven de 17 años Mario Aviles Oyarce.

La sedición y el fascismo.

El señor AYLWIN.-

Frente a estas realidades, resulta verdaderamente sorprendente que haya quienes, en forma constante, pretenden que no serían el Gobierno ni las fuerzas del oficialismo los causantes del clima de violencia que agita al país, sino que la culpa la tendría la sedición y el fascismo.

En los últimos tiempos, en reiterados documentos se ha planteado por personeros del Gobierno esta tesis, y en las publicaciones de la prensa oficialista de la radio y la televisión se vive atribuyendo al fascismo y a la sedición todo el clima de violencia que presenciamos en Chile. Sin embargo, los antecedentes que he señalado demuestran lo contrario.

Por lo demás, en el debate habido días atrás aquí en el Senado, el Honorable señor Montes decía que no toda la Oposición era fascista, que el fascismo era realmente una simple minoría. Y yo me pregunto: si los personeros del Gobierno reconocen que el fascismo es una minoría yo creo que, en realidad, hay grupos violentistas y fascistas en la extrema Derecha, pero también estimo que son una minoría; si el señor Senador ha reconocido que el Partido Nacional tiene estructura democrática, y si a la Democracia Cristiana nadie se ha atrevido a negarle su carácter de partido democrático y la consecuencia de todas sus actitudes con sus principios democráticos, ¿por qué se llama al pueblo a movilizarse contra el fascismo, como si la amenaza fascista y sediciosa fuera en verdad una cosa tremendamente poderosa? Hay una contradicción manifiesta entre la forma como el problema se plantea y lo que se reconoce como verdad.

Pero, señor Presidente, cuando uno lee los documentos emitidos el 2 de septiembre último por la Unidad Popular, por el Partido Socialista, por la Juventud Socialista, plagados de insultos e injurias contra parlamentarios y representantes de la Oposición, achacando a ésta el querer conducir al país a una guerra civil, llamando a crear equipos de autodefensa, a constituir comités contra la sedición y el fascismo, a hacer movilizaciones generales de masas; cuando se aprecia la violencia de los conceptos que contienen esos documentos, y cuando se presencian hechos como el que costó la vida a un cabo de Carabineros en Concepción, al Cabo Aroca, o como el que presenciamos en Santiago en la manifestación espontánea, encabezada por el señor Secretario General de Gobierno, ante la casa del Presidente de la República en Tomás Moro, en que fueron vejadas dos señoras pertenecientes a la propia Unidad Popular,...

El señor MORENO.-

¡Cuñadas del Ministro de Minería!

El señor AYLWIN.-

Así es.

Cuando uno ve eso, comprueba que, deliberadamente, se está creando un clima de odio.

Y uno tiene derecho a no creer en las referencias al fascismo y a la sedición cuando recuerda acontecimientos pasados. Cuando recuerda, por ejemplo, que el 10 de septiembre de 1971 en la primera página del diario El Siglo, la Comisión Política del Partido Comunista llamaba a dar respuesta categórica a la escalada sediciosa.

Eso ocurría hace un año, en 1971. ¿Y en qué consistía en ese momento la escalada sediciosa? En unas declaraciones que había hecho el señor Onofre Jarpa; en las publicaciones de los órganos de prensa reaccionarios que han inventado costos imaginarios de la producción por libra de cobre pero los hechos demostraron que esos costos eran verdaderos; en los anuncios de esa prensa comprometida en la conjura antichilena que informaron de una supuesta alza de la cotización del dólar de corredores y el alza del dólar de corredores se produjo a los pocos días; y en la divulgación de rumores alarmistas. Todo eso fue calificado en aquella oportunidad de escalada sediciosa y fascista.

Aún más, en el editorial del diario El Siglo del 5 de septiembre de 1971, bajo el título de Posiciones Sediciosas, se califica así el acuerdo adoptado por la Convención Médica Ordinaria del Colegio Médico de Chile respecto de la forma de aplicación de la ley de Medicina Curativa.

De lo dicho se desprende que se ha usado y abusado del calificativo de sedicioso y fascista para significar cualquier discrepancia con el Gobierno, típica expresión del totalitarismo a que antes hacía referencia.

¿Quiénes buscan el enfrentamiento?

Lo grave es que por este camino se está conduciendo al país a un enfrentamiento que parece se quisiera. La verdad es que los documentos del Partido Socialista llevan a pensar que realmente éste busca el enfrentamiento.

Como es tan irracional esa posición, debo confesar que meditando sobre ella sólo le encuentro una explicación. Creo que quienes dirigen el socialismo chileno están absolutamente convencidos del fracaso de su régimen. Saben que la gran mayoría del país los repudia, que en las elecciones de marzo próximo van a ser condenados del modo más abrumador, y quieren provocar un enfrentamiento violento que les permita salir como víctimas en lugar de ser echados por la expresión libre de la voluntad mayoritaria del país. Así, tal vez, podrían conservar la posibilidad de que cuando se olviden el desabastecimiento, la carestía de la vida y los atropellos y tropelías cometidos por ellos, recobraran una imagen o prestigio de revolucionarios para seguir engañando incautos.

Pienso que por eso la Democracia Cristiana y el Partido de Izquierda Radical han tenido la razón cuando, en sendos documentos emanados de sus Directivas, han expresado que la responsabilidad del clima de violencia que vive Chile corresponde precisamente al Gobierno.

Responsabilidad del Presidente Allende.

Quisiera terminar estas palabras haciendo referencia a la responsabilidad del Jefe del Estado ante el país, por la función que desempeña, por el juramento que prestó al asumir el cargo, por el compromiso que contrajo antes de ser elegido y de asumir la presidencia.

Porque aunque se siga repitiendo lo contrario, el señor Allende no fue elegido el 4 de septiembre, sino que fue elegido Presidente de la República por el Congreso Pleno, una vez que contrajo el compromiso solemne de mantener el sistema democrático y respetar la Constitución y la ley. Esto es lo que lo obliga doblemente con el país. Él ha ofrecido una vía chilena, pluralista, libertaria y democrática de construcción del socialismo, pero ha vivido en una permanente ambigüedad. Sus palabras resultan desmentidas por sus hechos, porque en definitiva hay que imputarle a él lo que sus subordinados hacen de manera sistemática.

Cuando don Augusto Olivares, que trabaja en la Moneda, que es funcionario de su confianza, insulta a los opositores, predica la violencia y escribe contra el Congreso y las instituciones del Estado chileno, no puedo entender que el Presidente de la República, si es fiel a su compromiso no lo sancione o elimine de su cargo.

Cuando dos Ministros que han sido destituidos por el Congreso de sus cargos por infracciones y atropello manifiesto a la Constitución y la ley y el último por la participación en un delito de contrabando vuelven a ser nombrados en cargos de Ministros, no creo que el Presidente de la República pueda desligarse de responsabilidad.

Podrían señalarse muchos ejemplos; pero lo que quiero destacar es la preocupación que, frente a estos hechos, causan algunos conceptos del Presidente que pudieran estar en el trasfondo de su conciencia y que él vertió en la entrevista que le hizo Régis Debray, publicada en la revista Punto Final, en marzo de 1971.

En esa oportunidad, el señor Debray le preguntó al Presidente ¿Era imprescindible negociar este Estatuto de Garantías Democráticas? Y Allende le contestó:

Sí, por eso lo hicimos. Sigo convencido que fue correcto producir ese Estatuto de Garantías, pero es conveniente aclarar que no es justo usar la palabra negociación, por cuanto nosotros no cedimos una línea de nuestro programa de gobierno. Ubícate en el período en que se produjo ese Estatuto y lo medirás como una necesidad táctica y terminó el párrafo diciendo: En ese momento lo importante era tomar el gobierno.

Y cuando el señor Debray le preguntó: Actualmente y hasta hoy, se ha dado a la legalidad un uso revolucionario, ¿pero hasta cuándo se podrá actuar así?, Allende contestó que el Gobierno va a contener cualquier reacción sediciosa con la fuerza de la ley, y añadió su frase preferida, que le conocimos desde los tiempos en que era Senador: Además, a la violencia reaccionaria vamos a contestar con la violencia revolucionaria, porque sabemos que ellos van a romper las reglas del juego.

Es decir, el señor Presidente de la República dio como un hecho que los sectores de Oposición se van a salir de la ley. Lo señaló como una necesidad histórica ineludible, como una fatalidad. En consecuencia, supuesto este hecho, justificó que pueda desencadenarse la violencia revolucionaria.

Cuando uno recuerda estas palabras y los documentos del Partido Socialista, que he leído; cuando uno recuerda OLAS y lo dicho por el señor Almeyda, y recuerda las múltiples amenazas del señor Altamirano, entonces uno tiene derecho a pensar que cuando se habla tanto de la escalada fascista y sediciosa, cuando se trata de crear un clima de alarma sobre una supuesta violencia de la Oposición, se está simplemente tratando de buscar un pretexto que justifique la llamada violencia revolucionaria.

Creo que el Presidente de la República tiene la obligación de definirse ante Chile, de aclarar esta ambigüedad en que está viviendo. Creo que hay un imperativo moral que exige poner término de una vez por todas a esta situación.

O está con la violencia y ampara las tácticas de enfrentamiento patrocinadas por su propio partido, o el Presidente de la República es fiel a sus compromisos con el pueblo y a su juramento de respetar la Constitución y la ley, y busca, por consiguiente, las rectificaciones indispensables para asegurar que su gestión dé gobernante se realice dentro de un cauce verdaderamente de derecho y que se restablezcan en Chile las bases esenciales de la convivencia democrática.

Porque lo más grave que está ocurriendo en nuestro país en estos días lo que determinó el llamado del Cardenal y lo que crea angustia en todos los sectores es que se están destruyendo las bases de respeto mutuo, lealtad y confianza recíprocas en que tradicionalmente se ha basado la convivencia entre los chilenos y que constituyen los fundamentos ineludibles de nuestra democracia. Verdaderamente, se está emporcando al país por el odio, y este odió no puede conducir a ninguna solución positiva para Chile.

Yo quiero terminar recalcando la trascendencia que frente a esta realidad que vive Chile y frente a la responsabilidad que le asiste al Jefe del Estado en la hora actual, tienen las palabras que voy a leer del comunicado que en víspera del 4 de septiembre emitió el General Evaldo Rodríguez, Jefe de la Plaza de Concepción:

Nunca se insistirá lo bastante para que se entienda que las legítimas aspiraciones de los diversos sectores ciudadanos sólo pueden hallar su cauce eficaz a través de los canales institucionales y constitucionales de un Estado de Derecho; que la justicia, en todas sus manifestaciones, es la única garantía de una evolución social que nos lleve a la plena realización de nuestro propio destino; y que con nuestra historia la hicimos y debemos hacerla todos juntos y en paz. Con dinamismo, pero sin desmesurada impaciencia; con energía, pero sin violencia; con valor, pero sin insensatez; con libertad, pero sin libertinaje. En una palabra, como chilenos: democráticos, altivos, libres, civilizados y legalistas.

No es tampoco ilusorio esperar la cooperación de todos los ciudadanos, ya que la fuerza es el brazo armado del derecho y ninguna seguridad puede ofrecerse unilateralmente, si todas las partes comprometidas no están dispuestas a cumplir con sus obligaciones.

Ojalá quienes tienen la responsabilidad del Gobierno de este país y principalmente el Jefe del Estado, hayan leído y meditado en todo su alcance esas sabias palabras, saquen de ellas todas las consecuencias que entrañan y actúen haciendo honor al deber superior que les compete en esta hora de Chile.

El señor MORENO.-

¡Muy bien!

APROBACION POR PARLAMENTO DE PROYECTO SOBRE CONSTRUCCION EN PROVINCIA DE CAUTIN DE PLANTA REFINADORA DE AZUCAR DE REMOLACHA.

El señor FERRANDO.-

Señor Presidente, la verdad es que, después de escuchar el análisis político tan importante, documentado y claro que hizo el Honorable señor Aylwin sobre la situación a mi juicio tan amarga que vive Chile, casi parece ofensa abordar un problema regional.

Sin embargo, el país es el país, y tiene que seguir viviendo. Y, al igual que la vida, la nación la constituyen las cosas grandes y las pequeñas. Y muchas veces la suma de estas cosas pequeñas contribuye a la formación de algo que adquiere grandes proporciones y despierta interés.

En la sesión de esta tarde, el Senado aprobó unánimemente un proyecto de ley que presentó en la Cámara el Diputado señor Sergio Merino esa rama del Congreso también lo acogió mediante el cual se ordena a la Industria Azucarera Nacional Sociedad Anónima (IANSA) otorgar, en el plazo de dos años, los recursos y los medios necesarios para construir en la provincia de Cautín una planta refinadora de azúcar de remolacha. Y deseo referirme a esta materia precisamente en el día en que el Senado ratificó la iniciativa en referencia.

Cuando en 1939 se creó la Corporación de Fomento de la Producción, investigando en la primera etapa, en momentos en que todavía se hallaba en pañales lo que podría ser y lo que ha llegado a ser hoy día la CORFO, los técnicos que empezaron a estudiar el desenvolvimiento económico de Chile en forma organizada pensaron que para producir un movimiento de desarrollo industrial en nuestro país era indispensable sentar algunas bases, y naturalmente que a ellas les dieron prioridad en cuanto a los estudios y realizaciones. Entre dichas bases estaba la de dotar a Chile de cuanto fuera necesario para crear una actividad industrial. Y se intensificaron la búsqueda del petróleo y la formación de entidades destinadas a producir energía hidroeléctrica; se estimó imposible pensar en una nación industrial si no había hierro. Y así surgieron los tres primeros grandes pilares de la Corporación de Fomento de la Producción: CAP, ENAP y ENDESA.

Siguiendo sus investigaciones, los técnicos pensaron que en la agricultura chilena había un vacío bastante grande, y que era posible y necesario llenar a través de un mecanismo que fuera no sólo un capítulo de nuestra economía agraria, sino que también liberara a la nación, secundariamente, de incurrir en gastos de divisas para adquirir un producto tan necesario como el azúcar.

Así, desde la partida nació la industria azucarera nacional, a sabiendas de que una industria cuyo único objeto era solucionar el problema del azúcar para el consumo a través de la explotación de la remolacha, era antieconómica. Era más fácil importar el azúcar de caña desde Perú, Ecuador, Cuba, etcétera.

Pero, ¿por qué los técnicos, conscientes de aquello, estimaron conveniente impulsar el desarrollo de la industria azucarera? Porque significaba introducir un cultivo nuevo en la rotativa de la explotación de los productos de la tierra, y esto ya era un factor muy importante. Además, ello significaba incorporar gran cantidad de mano de obra al trabajo agrícola, ocupando al pequeño productor, al pequeño agricultor, y al campesino en una labor remunerativa; y posibilitaba también aprovechar durante el invierno, cuando los pastos escasean, la hoja y la coseta como alimento para el ganado vacuno, a fin de evitarle perder el peso adquirido durante el verano.

Eso era lo que justificaba fundamentalmente la creación de dicha actividad industrial.

Cuando el conjunto de ingenieros encargados por la CORFO de estudiar lo relacionado con la instalación de una industria azucarera en Chile recorrió todo el país para determinar dónde podía iniciarse el proceso, resolvió comenzarlo en la provincia de Cautín. Y el Ministro de Agricultura del Presidente Ibáñez don Alejandro Hales fue quien llegó a un campo todavía existe vecino a la ciudad de Temuco, que pertenecía a lo que entonces se llamaba El Confín, a señalar el terreno donde se construiría la primera planta azucarera nacional y a colocar, en un acto solemne, la primera piedra de la industria y del edificio respectivo. Ahí están el campo demarcado, la primera piedra enterrada y una esperanza que hoy renace gracias al esfuerzo del Diputado señor Sergio Merino, a quien me complace felicitar hoy día desde el Senado de la República por el proyecto que el Poder Legislativo despachó unánimemente, tanto en las Comisiones como en las Salas de ambas ramas del Congreso.

Reitero lo atinente a ese consenso, pues espero que no sea simplemente una expresión para el público de quienes ocupan las diversas bancas de este hemiciclo, pensando en que el señor Presidente de la República, haciendo gala de su habitual actitud de decir hoy una cosa y mañana otra distinta, luego de apoyar lo que dicen sus representantes en la Cámara y en el Senado para ganar la voluntad popular, nos envíe un veto del tamaño del Parlamento para negarnos aquello a que tenemos derecho desde que se inició el estudio de esta materia.

Para la provincia de Cautín, la creación de una planta refinadora de azúcar de remolacha es una necesidad económica, humana.

Se habla mucho del amor que la gente de Gobierno tiene al pequeño campesino, y sobre todo al mapuche de esa región. ¡Ah, los queremos tanto: son el ejemplo de nuestra raza; son toda nuestra tradición y nuestro orgullo! Pero ello se dice sólo de los labios para afuera, porque se sientan en aquellos a quienes alaban y de quienes se glorían, cuando llega el momento de satisfacer sus necesidades; se olvidan por completo de ellos. Les sirven para llenarse de orgullo Lautaro, Galvarino u otro, a quienes tal vez sólo conocen porque alguien les dijo que en la historia criolla de Chile hubo personajes de esa índole, pero sin tener idea de lo que significaron en la formación de nuestra nacionalidad.

Precisamente para ellos y por ellos levanto mi voz en esta tribuna.

Quienes producen hoy día la remolacha azucarera de la provincia de Cautín saben dónde va a parar el resultado de su esfuerzo en este país tan bien organizado y dirigido: las primeras toneladas de la producción del mes de mayo, fueron enviadas mediante el ferrocarril nuestro, desde la estación de Metrenco a la de Llanquihue, porque la planta de Llanquihue, como también lo saben Sus Señorías, tiene mayor capacidad de producción remolachera que aquella zona. Entonces, se les dice: Vayan para allá. Y como aquella planta ya se satisfizo, aun queda producción remolachera y Los Angeles ya tiene suficiente, se ordena a los productores de remolacha que vayan desde Metrenco a la planta de Linares. Y todo esto como consecuencia de no haberse construido la planta productora de azúcar de remolacha que debió haber sido la primera en levantarse en Chile.

¿Significan estas palabras mías que esté defendiendo los intereses de los grandes productores o de los propietarios de los grandes predios, en circunstancias de que grandes predios ya no quedan? ¡No, señores Senadores! La encuesta hecha recientemente por la IANSA en torno de este problema nos indica que, en promedio, los productores no tienen más allá de una hectárea de siembra de esta planta, porque se trata de un trabajo que, fuera de ser bien remunerado, es delicado y requiere de mucha mano de obra. De ahí que las faenas respectivas sean realizadas por los grupos familiares en conjunto. ¿Quiénes realizan esta labor? De entre las 84 personas a las cuales se encuesto, 76 son mapuches y 8 no lo son.

Sé que estas palabras que pronuncio con entusiasmo y calor están relacionadas con un problema que es pequeño, tal vez, si se lo compara con el tema de verdadero interés nacional planteado por el Honorable señor Aylwin. Sin embargo, ellas tienen atinencia con lo que constituye el gran problema económico de la zona que represento.

Espero que lo que hoy ha ratificado esta Sala, sobre la base del proyecto aprobado por la Cámara, sirva para que la Industria Azucarera Nacional se desarrolle en Cautín y pueda ser realidad.

Muchas veces he pensado que si en esa provincia se hubiera invertido un 5% del total de lo gastado en la provincia de Concepción después de 1939 y como consecuencias del terremoto que destruyó esa zona desde luego, no condeno que se haya hecho tal inversión, otra sería la suerte de la zona central de La Frontera.

Ya tendré oportunidad de analizar los problemas de esa región en la próxima legislatura extraordinaria. Quiero referirme a La Frontera y hablar de su historia para empezar a despertar una opinión nacional que me parece necesaria, pues estamos muy próximos a celebrar el centenario de la incorporación de todo ese territorio a la unidad nacional. No se trata del centenario de la fundación de una ciudad o de algo semejante, sino del proceso de integración del país, que en aquel entonces estaba dividido.

Cautín ha sido siempre una región de gran empuje propio, capaz de imponerse cuando todas las puertas se le cierran. Después de haber sido la señalada para construir en ella la primera planta industrial de azúcar en el país, ésta se levantó en Los Angeles. Luego, y sucesivamente, se construyeron las plantas de Llanquihue, de Linares, de Cocharcas y de Rapaco, en Valdivia, y últimamente la de Curicó. Y la verdad es que no sabemos si efectivamente, y por la voluntad realizadora de este gran Gobierno, se construirá la que corresponde a Temuco, en la provincia de Cautín.

Pues bien, los hijos de la zona que represento en este Senado, comprendiendo esa necesidad, empezaron a juntar dinero y valores para formar una sociedad que explotara la industria azucarera. Y cuando ya hace ocho años lograron reunir una suma aproximada al millón de escudos, se presentaron ante las autoridades correspondientes, con la inocencia propia del provinciano, para decir: Tenemos esto. Lo único que recibieron como respuesta fue una sonrisa maliciosa y las palabras del caso: ¡Pero están locos. Si con eso no se hace nada! No obstante, la gente siguió juntando dinero para montar la industria, Cautín es una provincia que se ha estado construyendo sola. Por eso, yo pediría al Gobierno que mostrara qué se realiza allí de importancia que no sea la destrucción de la provincia, con el beneplácito del Ejecutivo. Porque si se habla de la destrucción de la agricultura y de la tierra en esa región, no podemos negar que ella se hizo con el beneplácito del Gobierno, que a veces entregó, mediante contratos bastante dudosos desde el punto de vista moral, la explotación y la destrucción de las araucarias, dejando tal vez, como único recuerdo de esa riqueza nacional, la figura de este árbol legendario en las estampillas y en los cuadros coloniales. Más todavía, la araucaria es una riqueza que no sólo desaparece, sino que su extinción produce el, cáncer de la tierra, pues ésta pierde todo su poder germinativo sin aquélla.

Repito: lo que se ha hecho es destruir. Nada de lo que pueda representar una labor de envergadura dentro del progreso general, ha sido ajeno a una lucha tenaz y constante de los habitantes de la zona.

¡Cuánto me costó convencer a los gobernantes de la época de que era conveniente instalar una planta lechera en Pitrufquén! Pues bien, después de mucho considerarlo, los técnicos de la CORFO lo reconocieron. Logré convencerlos y lo han hecho. La planta lechera de Pitrufquén, donde no se producía ni un litro de leche, el año recién pasado recogió 20 millones de litros. ¡Esfuerzo propio!

Por eso, reclamamos que el Estado, mediante esta ley que acaba de despacharse, haga alguna vez una inversión como la que la provincia de Cautín se merece. Es preciso que el Estado le tienda la mano efectivamente y que sus dirigentes no lloren lágrimas de mujer cuando se enfrentan al pueblo y les echan la culpa a los demás por lo que no fueron capaces de realizar como hombres.

Todos sabemos cómo los hombres de Gobierno hablan respecto de los indígenas y de la preocupación que tienen por ellos. No obstante, les niegan la posibilidad de trabajo. Se anuncia ahora que mañana se promulgará la ley que despachó este Parlamento y que legisla sobre la raza aborigen, en cuya redacción me cupo importante participación, al igual que en la defensa de los legítimos derechos de los araucanos. Es posible que allí nuevamente se los reúna y se les hable del interés que los actuales gobernantes tienen por los mapuches. Sin embargo, junto pon promulgarse dicha legislación, es también seguro que se enviará otra iniciativa para modificar aquélla, porque en el curso de la tramitación de la anterior el Gobierno no tuvo el tiempo necesario para manifestar su opinión.

Estoy consciente de que en Chile gozamos de libertad de expresión; pero yo, cómo ciudadano, como representante de esa provincia y como Senador chileno me da vergüenza decirlo, pero es preciso hacerlo, quiero manifestar mi anhelo de que alguna vez, entre aquellos que deben tener oídos para oír y ojos para ver, haya alguien que oiga y vea lo que está ocurriendo a su alrededor en el país que gobiernan y procure hacerse digno del puesto que está desempeñando.

El señor PAPIC (Vicepresidente).-

Se dará cuenta de algunas indicaciones que han llegado a la Mesa.

El señor MORENO.-

¿Cuánto tiempo resta al Comité Demócrata Cristiano?

El señor PAPIC (Vicepresidente).-

Dos minutos, señor Senador.

El señor EGAS (Prosecretario).-

Indicación del Honorable señor Moreno para publicar in extenso los discursos de homenaje a don Alfonso Quintana Burgos.

Indicación de la Honorable señora Campusano para publicar in extenso la intervención del Honorable señor Valente en Incidentes de esta sesión.

Indicación del Honorable señor Moreno para publicar in extenso los discursos pronunciados por los Honorables señores Baltra, Aylwin y Ferrando, en Incidentes de esta sesión.

El señor PAPIC (Vicepresidente).-

Quedan para el Tiempo de Votaciones de la próxima sesión ordinaria.

Se levanta la sesión.

Se levantó a las 20.34.

Dr. Raúl Valenzuela García, Jefe de la Redacción.

ANEXOS.

1PROYECTO DE LEY, EN TERCER TRAMITE CONSTITUCIONAL, QUE CREA UNA CORTE DE APELACIONES EN PUERTO MONTT Y DIVERSOS JUZGADOS DE LETRAS DE MAYOR CUANTIA EN LOS DEPARTAMENTOS QUE INDICA.

Santiago, 13 de septiembre de 1972.

La Cámara de Diputados ha tenido a bien aprobar el proyecto de ley remitido por ese Honorable Senado que crea una Corte de Apelaciones en Puerto Montt y diversos Juzgados de Letras de Mayor Cuantía en los departamentos que indica, con las siguientes modificaciones:

Artículo lº

Ha sido sustituido por el siguiente:

Artículo 1º.- Créanse tres Cortes de Apelaciones con asiento en las ciudades de Copiapó, Los Angeles y Puerto Montt, respectivamente, que se compondrán de cuatro miembros y tendrán, además, un Fiscal, un Relator, un Secretario, un Oficial Primero, un Oficial Segundo, un Oficial de Fiscal y un Oficial de Sala.

El territorio jurisdiccional de la Corte de Apelaciones de Copiapó comprenderá la provincia de Atacama, el de la Corte de Apelaciones de Los Angeles comprenderá la provincia de Bío-Bío y los departamentos de Angol y Collipulli de la provincia de Malleco y el de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt comprenderá las provincias de Llanquihue, Chiloé y Aisén.

Artículo 2º

Ha sido suprimido.

Artículo 3º

Ha pasado a ser artículo 2º.

Ha sustituido la coma (,) que figura a continuación de PUENTE ALTO: un segundo juzgado por un punto (.) y ha suprimido la conjunción y que aparece en seguida.

Ha agregado después lo siguiente:

SAN ANTONIO: un segundo juzgado.

SAN CARLOS: un segundo juzgado, y.

Artículos 4º y 5º

Han pasado a ser artículos 3º y 4º, sin enmiendas.

Artículo 6º

Ha pasado a ser artículo 5º. Ha sustituido la frase en Puerto Montt, deberá modificar, en la medida que sea necesario, por lo siguiente: en Copiapó, Los Angeles y Puerto Montt, creará los cargos que sean necesarios en.

Artículo 7º

Ha pasado a ser artículo 6º.

En el Nº 15 de su inciso cuarto, ha sustituido la expresión Grado 19 por lo siguiente: 5ª, Categoría Subalterna.

Artículo 8º

Ha pasado a ser artículo 7º, sin modificaciones.

Artículo 9º

Ha sido consultado como artículo 89, sustituyéndose las referencias a los artículos 7º y 8º por otras a los artículos 6º y 7º.

Artículo 10

Ha pasado a ser artículo 99. Ha reemplazado la referencia al artículo 6° por otra al artículo 5°.

Artículo 11

Ha sido consultado como artículo 10.

En su encabezamiento, ha sustituido la expresión al por la siguiente frase: a los artículos que se señalan del. Ha sustituido la letra a) por lo siguiente:

Artículo 42

Sustitúyense los incisos segundo y tercero por los siguientes: Existirán dos Juzgados de Mayor Cuantía en los departamentos de Iquique, El Loa, Copiapó, La Serena, Coquimbo, Ovalle, PuenteAlto, Curicó, Talca, Linares, San Antonio, San Carlos, Talcahuano, Osorno, Llanquihue, Coihaique y Magallanes; tres en los de Arica, Antofagasta, Quillota, Rancagua, Chillán, La Laja, Temuco y Valdivia y cuatro en Concepción.

En el departamento de Santiago habrá diez Juzgados de Mayor Cuantía, que ejercerán jurisdicción exclusivamente en materia civil y diez y ocho en materia criminal; en Valparaíso, cuatro en lo civil, uno con sede en la ciudad de Viña del Mar y seis en lo criminal, tres con asiento en la ciudad de Viña del Mar, y en el departamento PresidenteAguirre Cerda, dos que conocerán exclusivamente de asuntos civiles y cinco en materia criminal.

Ha suprimido la letra b).

Ha sustituido la letra c) por lo siguiente:

Artículo 54

Reemplázase la palabra doce por quince y agrégase después del nombre Antofagasta, Copiapó; después de Concepción, Los Angeles, y después de Valdivia el nombre de Puerto Montt precedido de una coma (,).

En seguida, ha consultado la siguiente enmienda:

Artículo 55

1.- Reemplázase la letra c), por las siguientes:

c) El de la Corte de Copiapó comprenderá la provincia de Atacama;

d) El de la Corte de La Serena comprenderá la provincia de Coquimbo;.

Las actuales letras d), e), f), g) y h) pasan a ser, respectivamente: e), f), g), h) e i).

Ha sustituido el encabezamiento de la letra d) por lo siguiente:

2.- Reemplázanse las letras i), j), k) y 1), por las siguientes: j) El de la Corte de Concepción comprenderá las provincias de Concepción y Arauco;

k) El de la Corte de Los Angeles comprenderá la provincia de BíoBío y los departamentos de Angol y Collipulli de la provincia de Malleco;

1) El de la Corte de Temuco comprenderá las provincias de Cautín y Malleco, exceptuados de esta última los departamentos de Angol y Collipulli;

Las letras k), 1) y m) que figuran a continuación, han pasado a ser m), n) y ñ), sin enmiendas.

Ha sustituido la letra e) por lo siguiente:

Artículo 56

Reemplázanse los números 1º y 2º, por los siguientes:

lº.- La Corte de Punta Arenas tendrá tres miembros;

2º.- Las Cortes de Iquique, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Rancagua, Talca, Chillán, Los Angeles y Puerto Montt tendrán cuatro miembros;..

Ha reemplazado la letra f) por lo siguiente:

Artículo 59

En el número lº, intercálanse los nombres Copiapó, después de Antofagasta, y Los Angeles, Puerto Montt, después de Talca precedidos los últimos de una coma (,).

En seguida, ha consultado las siguientes nuevas enmiendas al Código Orgánico de Tribunales:

Artículo 65

Suprímense los incisos segundo y tercero.

Artículo 176

Sustituyese por el siguiente:

Artículo 176.- En los lugares de asiento de Corte en que hubiere más de un juez de letras en lo civil, la Corte de Apelaciones respectiva distribuirá anualmente las letras del abecedario entre los diversos juzgados. Las demandas o gestiones judiciales se presentarán directamente ante el juzgado al que hubiere correspondido la letra inicial del apellido del demandante o de quien realizare la gestión judicial.

Artículo 177

Derógase.

A continuación, ha sustituido las letras g) y h) por lo siguiente:

Artículo 216

Reemplázanse los incisos segundo y tercero, por los siguientes: Se subrogarán recíprocamente las Cortes de Apelaciones de Iquique con la de Antofagasta; la de Copiapó con la de La Serena; la de Santiago con la de Valparaíso; la de Rancagua con la de Talca; la de Chillán con la de Concepción; la de Temuco con la de Valdivia y la de Puerto Montt con la de Punta Arenas.

La Corte de Los Angeles se subrogará con la de Concepción...

En seguida, ha consultado las siguientes nuevas modificaciones al Código Orgánico de Tribunales:

Artículo 280

Agrégase, en el inciso segundo, después de la palabra Magallanes, entre comas (,), la frase hasta un máximo de cinco años, por una sola vez.

Artículo 311

Agrégase el siguiente inciso:

Sin embargo, los jueces de aquellos juzgados que no sean asiento de Corte, podrán residir fuera de la ciudad o radio jurisdiccional del tribunal, previo acuerdo de la Corte de Apelaciones respectiva y siempre que se trate de un lugar o localidad con la cual haya medios de movilización y comunicación fáciles y expeditos que permitan la eficaz administración de justicia.

Artículo 314

Reemplázase, en el inciso primero, la frase dos Juzgados de Letras de Mayor Cuantía y dos de Menor en lo Civil, por tres de Mayor Cuantía en lo Civil,.

Artículo 474

Agrégase el siguiente inciso:

No obstante, los funcionarios a que se refiere el inciso anterior que se desempeñen en tribunales que no sean asiento de Corte, podrán residir en un lugar fuera de la ciudad o radio jurisdiccional del tribunal, previo acuerdo de la Corte de Apelaciones respectiva y siempre que se trate de un lugar o localidad con la cual haya medios de movilización y comunicación fáciles que permitan la eficaz administración de justicia...

Artículo 12

Ha pasado a ser artículo 11, sin modificaciones.

A continuación, ha consultado los siguientes artículos nuevos:

Artículo 12.- Elévanse a Juzgados de Letras de Mayor Cuantía los siguientes Juzgados de Menor Cuantía: lº y 2º Juzgados Civiles de Menor Cuantía de Valparaíso; Juzgado de Letras de Menor Cuantía de Viña del Mar; 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º y 7º Juzgados Civiles de Menor Cuantía de Santiago; 1º, 2º, 3º y 4º Juzgados del Crimen de Menor Cuantía de Santiago; Juzgado de Letras de Menor Cuantía de Linares; Juzgado de Letras de Menor Cuantía de Temuco y Juzgado de Letras de Menor Cuantía de Valdivia.

Artículo 13.- Elévanse a la categoría de Juzgados de Letras de Mayor Cuantía de asiento de Corte de Apelaciones, todos los Juzgados de Letras y Especiales de Menores del departamento PresidenteAguirre Cerda. Asimismo, los Auxiliares de la Administración de Justicia de dicho departamento pasarán a ocupar la categoría de asiento de Corte de Apelaciones. De la misma manera se elevan a la categoría de su respectivo escalafón los Juzgados del Trabajo del mencionado departamento.

El 5º Juzgado del Crimen, que sea crea por esta ley en ese departamento, también tendrá la categoría de asiento de Corte de Apelaciones.

Artículo 14.- Los Juzgados lº, 2º, 3º y 4º del Crimen de Menor Cuantía de Santiago, que se elevan de categoría, pasarán a denominarse respectivamente: llº, 12º, 13º y 14º Juzgados del Crimen de Mayor Cuantía de Santiago y seguirán conociendo de las causas en ellos radicadas, hasta su terminación.

Artículo 15.- Los Juzgados lº, 2º, 3º y 4º Civiles de Menor Cuantía de Santiago que se elevan de categoría por la presente ley, tendrán competencia sólo en lo criminal, pasando a denominarse: 15º, 16º, 17º y 18º Juzgados del Crimen de Mayor Cuantía de Santiago.

Los Juzgados 5º, 6º y 7º Civiles de Menor Cuantía de Santiago, que se elevan de categoría, se denominarán 8º, 9º y 10º Juzgados Civiles de Mayor Cuantía de Santiago.

Artículo 16.- De los Juzgados de Menor Cuantía de Valparaíso elevados a Mayor Cuantía en la presente ley, el Segundo pasará a tener competencia en materia criminal con el número Cuarto, y el otro permanecerá en lo Civil con el número Tercero.

Artículo 17.- Los demás Juzgados de Menor Cuantía que se elevan de categoría, según lo dispuesto en los artículos precedentes, seguirán funcionando en las ciudades en que se encuentran instalados, y para su denominación continuarán el orden numérico correlativo.

Artículo 18.- Las modificaciones de competencia y procedimiento, con excepción de las contenidas en los artículos 9º y 12 transitorios, que resultaren de la aplicación de esta ley, regirán sólo respecto de las demandas que se promuevan con posterioridad a su vigencia.

Artículo 19.- En las ciudades en que la existencia de Juzgados de Menor Cuantía, inhibía la competencia de los Juzgados de Policía Local servidos por jueces abogados, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 12, 13 y 14 de la ley Nº 15.231, sobre Organización y Atribuciones de los Juzgados de Policía Local; y artículos 14, inciso quinto, 25 inciso sexto y 45 del Código Orgánico de Tribunales, los Juzgados de Policía Local recuperarán su competencia y se avocarán al conocimiento de los asuntos que la ley les encomienda.

Artículo 20.- Condónanse las sumas percibidas por los funcionarios del Poder Judicial que, en la aplicación de los artículos 34 y 72 de la ley Nº 17.416, no incluyeron sus pensiones de jubilación como abogados.

Artículo 21.- Créanse en la Planta Técnica del Consejo de Defensa del Estado, tres cargos de Auxiliares Judiciales.

Artículo 22.- Créase un cargo de Chofer para el Presidente de la Corte Suprema, con las remuneraciones asignadas al grado 3º de la Escala de Sueldos del Personal Subalterno, el que será provisto a propuesta unipersonal del Presidente de la Corte Supremo. Para los efectos del derecho al sueldo del grado superior regirá lo dispuesto en el artículo 4º de la ley Nº 11.986.

Artículo 23.- El conocimiento de las materias a que se refieren los números 9º y 16 del artículo 13, letra c) de la ley Nº 15.231, corresponderá a los Juzgados de Letras de Mayor Cuantía en lo Criminal.

Artículo 24.- Suprímese en la primera vacante que se produzca, un cargo de Ministro de la Corte de Apelaciones de Valdivia.

Artículo 25.- Las asignaciones de gastos de representación del Presidente de la Corte Suprema y de los Presidentes de las Cortes de Apelaciones, no se computarán para los efectos de lo dispuesto en el artículo 34 de la ley Nº 17.416.

Artículos transitorios.

Artículo lº

A continuación de las expresiones Santiago y, ha intercalado lo siguiente: los del departamento.

Artículo 2º

Ha intercalado las expresiones San Antonio, San Carlos a continuación de Puente Alto,.

Artículo 3º

Ha sustituido la frase del departamento de Llanquihue por la siguiente: con asiento en las ciudades de Copiapó, Los Angeles y Puerto Montt,.

Artículo 4º

Ha agregado los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos:

Los Ministros, Jueces y personal de los tribunales que se crean por esta ley, no serán designadas ni propuestas las ternas respectivas, mientras el Ministerio de Justicia no ponga a disposición de la Corte Suprema los locales adecuados en que deban funcionar.

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso precedente, la creación de las Cortes de Apelaciones de Copiapó y Los Angeles regirá a contar del 1° de enero de 1974.

Artículo 5º

Ha suprimido en su inciso primero las expresiones y la Corte del Trabajo de Concepción.

Ha suprimido en su inciso segundo la frase y por la Corte del Trabajo de Concepción.

Artículo 6º

En su inciso primero, ha reemplazado la referencia al artículo 7º por otra al Artículo 6º.

En su inciso segundo, ha sustituido las expresiones en terna de la Corte Suprema., por las siguientes: unipersonal de las respectivas Cortes de Apelaciones, excepción en Santiago que lo serán a proposición de la Corte Suprema.

En el mismo inciso, ha sustituido la palabra ternas por proposiciones.

A continuación del artículo 7º transitorio, que no ha tenido modificaciones, ha consultado los siguientes artículos transitorios nuevos:

Artículo 8º.- Los jueces, secretarios y el personal subalterno de los juzgados que se elevan de categoría continuarán ocupando sus cargos en los mismos tribunales, pasando a ocupar en el Escalafón y en la escala de sueldos, respectivos, las categorías y grados que éstos les asignan, sin que ello se considere ascenso para los efectos que señala el artículo 4º de la ley Nº 11.986 y sus modificaciones posteriores.

Artículo 9º.- Corresponderá el conocimiento y fallo de las causas que se hallen radicadas en los cuatro Juzgados Civiles de Menor Cuantía de Santiago que se convierten en Juzgados del Crimen de Mayor Cuantía, al 7º, 8º, 9º y 10º Juzgados Civiles de Mayor Cuantía de Santiago, los que se harán cargo de un juzgado cada uno, mediante designación que hará el Presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Los depósitos existentes en las cuentas bancarias de esos cuatro juzgados, deberán traspasarse a la orden del juzgado que seguirá conociendo de las causas, según la distribución precedente.

Artículo 10.- Las modificaciones de territorios que se produjeren en los Juzgados en lo Criminal, con motivo de la presente ley, serán fijadas por el Presidente de la República, de conformidad a lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 43 del Código Orgánico de Tribunales.

Artículo 11.- Las causas que actualmente estuviere conociendo el Juzgado de Letras de Mayor Cuantía de Petorca que se traslada a Villa Alemana, pasarán a radicarse para su conocimiento y fallo, al Juzgado de Letras de Mayor Cuantía de La Ligua.

Instalado que sea el Juzgado de Letras de Mayor Cuantía de Villa Alemana, cesará la competencia del Juzgado de Letras de Mayor Cuantía de Limache en el territorio jurisdiccional de la comuna subdelegación de Villa Alemana.

Artículo 12.- Facúltase al Presidente de la República para que fije el texto definitivo y refundido del Código Orgánico de Tribunales, sistematizando y coordinando sus disposiciones con el texto de esta reforma y con las anteriores que se le hayan introducido.

Lo que tengo a honra comunicar a V. E. en respuesta a vuestro oficio Nº 13.598, de fecha 10 de julio de 1972. Acompaño los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V. E.

(Fdo.): Eduardo Cerda García.- Baúl Guerrera Guerrero.

2INFORME DE LA COMISION DE GOBIERNO RECAIDO EN UN PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS QUE REINCORPORA AL SERVICIO ACTIVO AL EX TENIENTE DE CARABINEROS DON JORGE EDUARDO DE SAN JOSE PALACIOS ACEITUNO.

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Gobierno tiene el honor de informaros el proyecto de ley señalado en el rubro, cuyo texto se contiene en el Boletín Nº 26.270.

La iniciativa en estudio tiene por objeto salvar la prohibición dé reincorporación al servicio del ex Teniente de Carabineros don Jorge Eduardo de San José Palacios Aceituno establecida en el D.F.L. Nº 2, de 1968, nacida por no haber rendido su examen de promoción en el plazo legal.

La Comisión estuvo de acuerdo con el proyecto y le dio su aprobación, por unanimidad.

En consecuencia, vuestra Comisión de Gobierno tiene el honor de recomendaros la aprobación del proyecto de ley en informe; en los mismos términos en que lo hizo la Honorable Cámara de Diputados.

Sala de la Comisión, a 13 de septiembre de 1972.

Acordado en sesión de esta fecha, con asistencia de los Honorables Senadores señores Lorca (Presidente), Morales y Valenzuela.

(Fdo.): Gustavo Yáñez Bello, Secretario.

3INFORME DE LA COMISION DE GOBIERNO RECAIDO EN UN PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS QUE DECLARA MONUMENTO NACIONAL A LA CASA DONDE NACIO DON JOSE ANTONIO SALINAS, EN PUTAENDO.

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Gobierno tiene el honor de informaros el proyecto de ley señalado en el rubro, cuyo texto se contiene en el Boletín Nº 26.301.

La iniciativa en examen tiene por objeto declarar momentos nacionales los siguientes inmuebles:

a) La casa donde nació el patriotadon José Antonio Salinas, en Putaendo;

b) La casa donde nació el ex Presidente de la República, don Pedro Aguirre Cerda, en Pocuro;

d) El Convento de San Francisco de El Almendral, con su Iglesia;

El Convento de San Francisco de Curimón y el Museo Histórico Colonial, y

e) La Iglesia de San Pedro de Alcántara, de Paredones, y la Capilla con sus corredores adyacentes del Hospital San Juan de Dios, de Chillán.

La Comisión, unánimemente, acogió la iniciativa, en general y en particular.

En consecuencia, vuestra Comisión de Gobierno tiene el honor de recomendaros la aprobación del proyecto de ley en informe, en los mismos términos en que lo hizo la Honorable Cámara de Diputados.

Sala de la Comisión, a 13 de septiembre de 1972.

Acordado en sesión de esta fecha, con asistencia de los Honorables Senadores señores Lorca (Presidente), Morales y Valenzuela.

(Fdo.): Gustavo Yáñez Bello, Secretario.

4INFORME DE LA COMISION DE GOBIERNO RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS QUE CONCEDE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL.

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Gobierno tiene el honor de informaros el proyecto de ley señalado en el rubro, cuyo texto está contenido en el Boletín Nº 26.302.

La iniciativa en examen pone a disposición de la Municipalidad de San Francisco de Mostazal los fondos que se recauden los días domingo de Semana Santa de cada año, desde el año 1973, en la Plaza de Peaje de Angostura, de la Carretera Panamericana Sur, a fin de que los destine a un plan de obras de adelanto del Distrito La Punta que determine la mayoría de los regidores en ejercicio.

La Comisión acogió esta iniciativa y, por unanimidad, le dio su aprobación.

En consecuencia, vuestra Comisión de Gobierno tiene el honor de recomendaros la aprobación del proyecto de ley en informe, en los mismos términos en que lo hizo la Honorable Cámara de Diputados.

Sala de la Comisión, a 13 de septiembre de 1972.

Acordado en sesión de esta fecha, con asistencia de los Honorables Senadores señores Lorca (Presidente), Morales y Valenzuela.

(Fdo.): Gustavo Yáñez Bello, Secretario.

5 INFORME DE LA COMISION DE GOBIERNO RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS QUE BENEFICIA A LOS TRABAJADORES DE LA POLICIA DE ASEO DE LAS MUNICIPALIDADES.

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Gobierno tiene el honor de informaros un proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados que modifica el artículo 110 de la ley Nº 11.860, en favor de los trabajadores de la Policía de Aseo de las Municipalidades.

La iniciativa en estudio tiene por objeto remediar una situación que había pasado inadvertida a los legisladores. En efecto, el personal beneficiario de este proyecto desarrolla labores que constituyen un peligro para su salud, ya que pueden ser afectados por enfermedades infectocontagiosas derivadas del ambiente y del material tóxico en que trabajan.

Así es como, entonces, esta proposición declara faena peligrosa la extracción, transporte y tratamiento de basura y concede al personal afecto un feriado anual de 25 días hábiles.

Igualmente, se obliga a las Municipalidades a contratar un Seguro de Riesgo de accidentes y de enfermedades profesionales en favor de este personal, no inferior al sueldo de dos años, y se dispone la dotación de equipo de protección, controles de salud e instalaciones sanitarias adecuadas para su aseo, con el objeto de prevenir riesgos de enfermedades profesionales.

La Comisión compartió la idea del proyecto y le dio su aprobación.

En consecuencia, vuestra Comisión de Gobierno tiene el honor de recomendaros la aprobación del proyecto de ley en informe, en los mismos términos en que lo hizo la Honorable Cámara de Diputados.

Sala de la Comisión, a 14 de septiembre de 1972.

Acordado en sesión de ayer, con asistencia de los Honorables Senadores señores Lorca (Presidente), Morales y Valenzuela.

(Fdo.): Gustavo Yáñez Bello, Secretario.

6INFORME DE LA COMISION DE GOBIERNO, RECAIDO EN UN PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS QUE CONCEDE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE PARA LA CELEBRACION DEL BICENTENARIO DE ESA COMUNA.

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Gobierno tiene el honor de informaros el proyecto de ley del rubro, cuyo texto está contenido en el boletín Nº 26.315.

La iniciativa en estudio, que consta de 15 artículos, destina Eº 5.000.000 para la ejecución de obras en la comuna de Pencahue, en razón de conmemorar dos siglos de existencia. Además otorga Eº 5.000.000 a la Municipalidad de San Clemente para que los destine en un 50% a la construcción de un liceo y el otro 50% a la de un hospital; Eº 6.500.000 a la Sociedad Constructora de Establecimentos Educacionales para que invierta E9 1.500.000 en la construcción de un Gimnasio Común en las Escuelas Concentradas Nº 3 y 15 de Talca, y el resto en la reparación del Liceo de Hombres de Talca; Eº 4.300.000 a la Municipalidad de Talca para que destine Eº 1.500.000 a la remodelación del Balneario Popular del Río Claro Guillermo Urzúa Cortés-Monroy, Eº 2.500.000 a iniciar los trabajos de extensión de la Alameda Bernardo O'Higgins hasta el camino longitudinal, en doble vía, y Eº 300.000 a la construcción de un puente que comunique la población Luis Emilio Recabarren con la parte central de la ciudad; Eº 200.000 a la terminación de las obras del Gimnasio del Establecimiento Educacional de la Congregación Salesiana de Talca; Eº 300.000 al Club de Deportes Rangers, de Talca, para la adquisición de terrenos destinados a la construcción de un campo deportivo propio; E9 450.000 a los Clubes Deportivo Atlético Comercio, 21 de Mayo y Vanguardia Unida.

Asimismo, se otorgan otros beneficios para el adelanto de la comuna de Pencahue, como recursos para la construcción de una fábrica artesanal; para la construcción de una población de 25 casas en el sector urbano, con cuyo objeto se establecen normas para facilitar su adquisición por los afectados.

La Comisión, por unanimidad, aprobó el proyecto en general y, con la misma votación, se aprobó en particular.

En consecuencia, vuestra Comisión de Gobierno tiene el honor de recomendaros la aprobación del proyecto de ley en informe en los mismos términos en que lo hizo la Honorable Cámara de Diputados.

Sala de la Comisión, a 13 de septiembre de 1972. Acordado en sesión de esta fecha, con asistencia de los Honorables Senadores señores Lorca (Presidente), Morales y Valenzuela.

(Fdo.): Gustavo Yáñez Bello, Secretario.

Informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados que otorga recursos a la Municipalidad de Pencahue para la celebración del bicentenario de dicha comuna.

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Hacienda tiene el honor de informar el proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados, por el cual se otorgan recursos a la Municipalidad de Pencahue para la celebración de su bicentenario.

El proyecto del rubro cuenta con informe favorable de la Honorable Comisión de Gobierno.

Los autores de la moción en informe señalan en algunos de los párrafos más importantes de la parte expositiva:

La función agrícola ha sido determinante en la existencia de Pencahue obteniéndose anualmente una producción de trigo que fluctúa entre los 55.000 y 110.000 quintales métricos. Empero, este rubro no es capaz de aportar todo lo que medianamente se pudiera precisar para adquirir un desarrollo mínimo. Sobre el particular, en conocimiento cabal de esta triste realidad, reiteradamente he patrocinado numerosas iniciativas que le beneficien a nivel legislativo, sin encontrar la acogida que los habitantes de esa localidad esperaban de parte de todos los sectores en la Honorable Cámara.

Se debe aumentar la superficie de hectáreas de regadío del valle de Pencahue, con el propósito de incrementar la producción, para cuyo efecto hay que destinar un aporte especial que permita el inicio de las obras. La comunidad requiere de un Cementerio; la pavimentación de algunas calles y del camino público; la reparación de numerosas escuelas y puentes; construir algunos campos deportivos, etc. Hay que otorgar los créditos para construir una población, lo que a su vez sería un factor de incentivo para renovar las antiguas viviendas actuales. Es necesario poner en práctica la capacidad artesanal de sus habitantes, creando en Pencahue una fábrica de lanar para la región, etc.

Como se puede observar, es de toda justicia darle un pequeño impulso a este abandonado pueblo de Pencahue, aprobando una legislación en una fecha que está llena de significación para sus habitantes, al cumplirse el próximo 15 de diciembre su bicentenario de vida ciudadana.

Vuestra Comisión de Hacienda, tomando en cuenta la justicia del proyecto en informe, y lo adecuado de su financiamiento, el cual se señala en el inciso segundo del artículo 1º del proyecto, os propone, por unanimidad, la aprobación de esta iniciativa en los mismos términos formulados por la Honorable Cámara de Diputados.

Sala de la Comisión, a 13 de septiembre de 1972. Acordado en sesión de esta fecha, con asistencia de los Honorables Senadores señores Ballesteros (Presidente), Aguire, García y Silva Ulloa.

(Fdo.): Pedro Correa Opaso, Secretario.

7INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA, RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS QUE OTORGA RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE PARA LA CELEBRACION DEL BICENTENARIO DE DICHA COMUNA.

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Hacienda tiene el honor de informar el proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados, por el cual se otorgan recursos a la Municipalidad de Pencahue para la celebración de su bicentenario.

El proyecto del rubro cuenta con informe favorable de la Honorable Comisión de Gobierno.

Los autores de la moción en informe señalan en algunos de los párrafos más importantes de la parte expositiva:

La función agrícola ha sido determinante en la existencia de Pencahue, obteniéndose anualmente una producción de trigo que fluctúa entre los 55.000 y 110.000 quintales métricos. Empero, este rubro no es capaz de aportar todo lo que medianamente se pudiera precisar para adquirir un desarrollo mínimo. Sobre el particular, en conocimiento cabal de esta triste realidad, reiteradamente he patrocinado numerosas iniciativas que le beneficien a nivel legislativo, sin encontrar la acogida que los habitantes de esa localidad esperaban de parte de todos los sectores en la Honorable Cámara.

Se debe aumentar la superficie de hectáreas de regadío del valle de Pencahue, con el propósito de incrementar la producción, para cuyo efecto hay que destinar un aporte especial que permita el inicio de las obras. La comunidad requiere de un Cementerio; la pavimentación de algunas calles y del camino público; la reparación de numerosas escuelas y puentes; construir algunos campos deportivos, etc. Hay que otorgar los créditos para construir una población, lo que a su vez sería un factor de incentivo para renovar las antiguas viviendas actuales. Es necesario poner en práctica la capacidad artesanal de sus habitantes, creando en Pencahue una fábrica de lanas para la región, etc.

Como se puede observar, es de toda justicia darle un pequeño impulso a este abandonado pueblo de Pencahue, aprobando una legislación en una fecha que está llena de significación para sus habitantes, al cumplirse el próximo 15 de diciembre su bicentenario de vida ciudadana.

Vuestra Comisión de Hacienda, tomando en cuenta la justicia del proyecto en informe, y lo adecuado de sus financiamiento, el cual se señala en el inciso segundo del artículo lº del proyecto, os propone, por unanimidad, la aprobación de esta iniciativa en los mismos términos formulados por la Honorable Cámara de Diputados.

Sala de la Comisión, a 13 de septiembre de 1972.

Acordado en sesión de esta fecha, con asistencia de los Honorables Senadores señores Ballesteros (Presidente), Aguirre, García y Silva Ulloa.

(Fdo.): Pedro Correa Opaso, Secretario.

8INFORME DE LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES RECAIDO EN EL PROYECTO DE ACUERDO DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS QUE APRUEBA EL CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE CHILE Y LA UNION PANAMERICANA, SOBRE LA OFICINA EN CHILE DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS.

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores tiene el honor de informaros acerca del proyecto de acuerdo de la Honorable Cámara de Diputados que aprueba el Convenio entre el Gobierno de Chile y la Unión Panamericana, relativo a la Oficina en nuestro país de la Organización de los Estados Americanos.

A la sesión en que se estudió este asunto asistieron el Diputado señor Renato Laemmermann; el señor Subsecretario de Relaciones Exteriores, don Luis Orlandini, y el señor Jefe del Departamento de Tratados de la misma Secretaría de Estado, don Jaime Lagos.

El 7 de octubre de 1960, en la ciudad de Washington, el Gobierno de Chile y la Unión Panamericana suscribieron un acuerdo destinado a poner en ejecución un precepto de la Carta de la Organización de los Estados Americanos que dice relación con su personalidad jurídica y los privilegios e inmunidades de que gozará en el territorio de sus Miembros.

Conviene hacer presente, desde luego, que la Carta del organismo continental fue modificada por el Protocolo de Buenos Aires, de 27 de febrero de 1967, en la Tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria. Entre esas enmiendas figura la que consiste en sustituir la denominación del órgano Unión Panamericana por la de Secretaría General. Del mismo modo, ha variado la numeración del articulado y es así como el artículo 103, citado en el Mensaje y en los Considerandos del Acuerdo, lleva en la actualidad el número 139.

La Oficina de la Unión Panamericana, hoy Secretaría General, se estableció en Santiago en 1955.

El propósito del Acuerdo de 1960, sobre el cual recae el presente informe, es definir las condiciones, facilidades y prerrogativas que el Gobierno de Chile acordará a la Unión Panamericana, en relación con el establecimiento de dicha Oficina, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 103 (139) de la Carta de la O.E.A.

El objetivo fundamental de la Oficina es la divulgación, el enlace y la cooperación en todas las actividades relacionadas con los fines de la Organización de los Estados Americanos a perseguirse en Chile.

La Oficina tendrá capacidad para contratar, para adquirir bienes y disponer de ellos y para entablar acciones judiciales y su representante legal será el Director de la misma. Además gozará de la independencia y libertad de acción que según la costumbre internacional corresponde a los organismos internacionales.

En cuanto a los bienes, se establece que gozarán de inmunidad jurisdiccional y estarán exentos de toda clase de tributos. Los archivos y documentos serán inviolables.

La Oficina no está sujeta a restricciones en cuanto a sus fondos y cuentas, debiendo sí atender a los reparos que haga el Gobierno relativos al ejercicio de estas facultades.

Su personal estará amparado por las inmunidades, exenciones y privilegios que son comunes a los funcionarios de organismos internacionales, con algunas excepciones derivadas del hecho de que alguno de ellos posea la nacionalidad chilena. El Director debe levantar estas inmunidades y privilegios cuando estime, respecto de algún funcionario, que su ejercicio impide el curso de la justicia y siempre que la renuncia no perjudique los intereses de la Oficina.

Por último, el Acuerdo expresa que él entrará en vigor una vez que Chile lo ratifique de conformidad con su procedimiento constitucional, y que se le podrá poner fin anunciándolo una Parte a la otra con un año de anticipación, aviso que deberá ser escrito.

Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores aprobó por unanimidad el proyecto de acuerdo en informe y os recomienda adoptar al respecto un pronunciamiento similar.

Sala de la Comisión, a 13 de septiembre de 1972.

Acordado en sesión de esta fecha, con asistencia de los Honorables Senadores señores Reyes (Presidente), Bulnes, Juliet y Pablo.

(Fdo.): Rafael Eyzaguirre E., Secretario.

TEXTO DEL CONVENIO

Acuerdo entre el Gobierno de Chile y la Unión Panamericana sobre la Oficina en Chile de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.

Unión Panamericana.

Secretaría General, Organización de los Estados Americanos.

Washington, D. C.

Octubre, 1960.

Acuerdo entre el Gobierno de Chile y la Unión Panamericana sobre la Oficina, en. Chile de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.

Considerando:

Que el artículo 103 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, suscrita el 30 de abril de 1948 en la Novena Conferencia Internacional Americana, dispone que la Organización de los Estados Americanos gozará en el territorio de cada uno de sus Miembros de la capacidad jurídica, privilegios e inmunidades que sean necesarios para el ejercicio de sus funciones y la realización de sus propósitos;

Que el Consejo de la Organización de los Estados Americanos, mediante su Resolución del 3 de junio de 1953, autorizó al Secretario General de la Organización para establecer Oficinas de la Unión Panamericana en los distintos países miembros;

Que de acuerdo con esta Resolución el Gobierno de la República de Chile ofreció su colaboración al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, facilitando el establecimiento en Chile en 1955 de una Oficina de la Unión Panamericana, y

Que para los efectos del artículo citado de la Carta de la Organización es necesario formalizar un acuerdo con el propósito de definir las condiciones, facilidades y prerrogativas que el Gobierno de Chile acordará a la Unión Panamericana, en relación con el establecimiento de dicha Oficina.

Por tanto,

El Gobierno de Chile (denominado en adelante el Gobierno) representado por Su Excelencia el señor Embajador, Representante de Chile en el Consejo de la Organización de los Estados Americanos, Walter Müller, por una parte, y

La Unión Panamericana (denominada en adelante la Unión) representada por el Dr. José A. Mora, Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, por la otra parte,

Acuerdan lo siguiente:

Propósito y funcionamiento de la Oficina.

Artículo 1°.- La Oficina servirá como centro para promover y coordinar en forma más eficaz las actividades de la Unión. A tal efecto, desarrollará actividades de divulgación, de enlace y cooperación, tales como las siguientes: programas de información al público; colaboración con los Programas de Cooperación Técnica, de Asistencia Técnica Directa y de Becas; colaboración con el Fondo Panamericano Leo S. Rowe; impresión, promoción y distribución de las publicaciones de la Unión; mantenimiento de relaciones de cooperación con las autoridades del Gobierno del país sede; y cualesquiera otras actividades relacionadas con los objetivos de la Organización de los Estados Americanos que la Unión desee desarrollar en Chile.

Artículo 2º.- La Oficina formará parte integrante de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. El personal que sea asignado a la misma será nombrado por el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos.

Capacidad Jurídica.

Artículo 3º.- La Oficina gozará de personalidad jurídica en el territorio de la República de Chile y tendrá capacidad legal para (a) contratar, (b) adquirir bienes muebles e inmuebles y disponer de ellos, y ' (c) entablar acciones judiciales. La representación legal de la Oficina para estos efectos será ejercida por el Director de la misma, u otro representante debidamente facultado por el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos.

Libertad de acción.

Artículo 4º.- La Oficina gozará en la República de Chile de la independencia y libertad de acción que corresponden a los organismos internacionales de acuerdo con la costumbre internacional.

Propiedades, bienes y haberes.

Artículo 5º.- Los locales, archivos y documentos de la Oficina serán inviolables. Sus haberes y bienes gozarán en la República de Chile de inmunidad contra acciones judiciales, a excepción de los casos particulares en que esa inmunidad sea expresamente renunciada por el Director de la Oficina, debidamente autorizado para hacerlo por el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo 6º.- La Oficina, así como sus propiedades, bienes y haberes estarán exentos:

a) De toda contribución directa; entendiéndose, sin embargo, que no se podrá reclamar exención alguna por concepto de contribuciones que, de hecho, constituyan una remuneración por servicios públicos;

b) De derechos de aduana, impuestos, prohibiciones y restricciones respecto a los artículos, equipo o elementos de trabajo que importe o exporte para su uso oficial; entendiéndose, sin embargo, que los artículos que se importen libres de derechos no se venderán en el país sino conforme a las condiciones que se acuerden con el Gobierno; y

c) De derechos de aduana, impuestos, prohibiciones y restricciones respecto a la importación y exportación de sus publicaciones.

Artículo 7º.- Sin quedar afectada por ordenanzas fiscales, reglamentos o moratorias de naturaleza alguna:

a) La Oficina podrá tener fondos o divisa corriente de cualquier clase y llevar sus cuentas en cualquier divisa, y

b) La Oficina tendrá libertad para transferir sus fondos dentro o fuera de la República de Chile y para convertir en cualquier otra divisa, la divisa corriente que tenga en custodia.

Artículo 8º.- En el ejercicio de los derechos establecidos en el artículo 7º, la Oficina deberá prestar la debida atención a cualquier reparo que le haga el Gobierno.

Facilidades respecto a las comunicaciones.

Artículo 9º.- La Oficina gozará en la República de Chile, para sus comunicaciones oficiales, de un tratamiento no menos favorable del que sea acordado por el Gobierno de la República de Chile a cualquier otro Gobierno, incluyendo sus misiones diplomáticas, en asuntos de prioridades, tarifas y tasas sobre correo, cables, telegramas, radiogramas, teléfonos y otras comunicaciones.

Artículo 10.- La Oficina tendrá el derecho de despachar y recibir correspondencia por mensajeros o en valijas selladas.

Personal de la Oficina.

Artículo 11.- Los funcionarios de la Oficina gozarán, dentro del territorio de la República de Chile, de las siguientes prerrogativas:

a) Inmunidad contra toda acción judicial respecto de todos los actos oficiales que ejecuten y de las exposiciones orales o escritas que emitan en el desempeño de sus funciones;

b) Exención de cualquier forma de impuestos directos sobre sueldos, emolumentos e indemnizaciones pagados por la Oficina;

c) Exención, siempre que no tengan la nacionalidad chilena, de cualquier impuesto directo sobre rentas procedentes de fuera de la República de Chile;

d) Exención, tanto ellos como sus esposas y sus familiares dependientes, de la inscripción como extranjeros y de las restricciones a la inmigración;

e) Franquicias iguales, por lo que respecta al régimen de cambio, siempre que no tengan la nacionalidad chilena, a las que disfrutan funcionarios de categoría equivalente que integren las misiones diplomáticas ante el Gobierno de Chile;

f) Las mismas facilidades, tanto ellos como sus esposas y familiares dependientes, para la repatriación en períodos de tensión internacional, de que gozan los funcionarios diplomáticos;

g) El derecho a importar y exportar, libre de derechos e impuestos, sus muebles y efectos personales por una sola vez; y

e) El derecho a importar, libre de derecho e impuestos, cada dos años, un automóvil para su uso personal. La transferencia de cada automóvil se regirá por las normas establecidas para el Cuerpo Diplomático residente.

Artículo 12.- El Director de la Oficina, o su representante debidamente autorizado, comunicará al Gobierno los nombres de los funcionarios y demás miembros del personal en la República de Chile a quienes correspondan los beneficios enumerados en el artículo 11.

Artículo 13.- El Gobierno proporcionará a los funcionarios de la Oficina, cuyos nombres le hayan sido comunicados por la misma, un carnet especial que certifique su carácter de funcionarios de la Organización y que gozan de las prerrogativas e inmunidades reconocidas en el presente Acuerdo.

Artículo 14.- Los privilegios e inmunidades se otorgan a los funcionarios y miembros del personal de la Oficina, exclusivamente en interés de ésta. Por consiguiente, el Director de la Oficina, debidamente autorizado para tal efecto por el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, deberá renunciar a los privilegios e inmunidades de cualquier funcionario o miembro del personal en cualquier caso en que, según el criterio del Secretario General, el ejercicio de ellos impida el curso de la justicia y cuando dicha renuncia pueda hacerse sin que se perjudiquen los intereses de la Oficina.

Cooperación y solución de disputas.

Artículo 15.- La Oficina cooperará con las autoridades competentes del país para facilitar la administración adecuada de la justicia, velar por el cumplimiento de las ordenanzas de policía y evitar que ocurran abusos en relación con los privilegios e inmunidades mencionados en este acuerdo.

Artículo 16.- La Oficina tomará las medidas que sean necesarias para la solución adecuada de:

a) las disputas que se originen en contratos u otros actos de derecho privado en que la Oficina sea parte; y

b) las disputas en que sea parte cualquier funcionario o miembro del personal de la Oficina, respecto de los cuales goce de inmunidad, en caso de que el Director, debidamente autorizado para tal efecto por el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, no haya renunciado a tal inmunidad de acuerdo con el artículo 14.

Documento Oficial de Viaje de la OEA.

Artículo 17.- El Gobierno reconocerá el Documento Oficial de Viaje de la Organización de los Estados Americanos como documento válido para viajar, cuando sea debidamente expedido a los funcionarios de la Oficina en misión oficial.

Disposiciones finales.

Artículo 18.- Ninguna disposición del presente acuerdo deberá ser interpretada como impedimento para la adopción de medidas apropiadas de seguridad para los intereses del Gobierno.

Artículo 19.- El presente Acuerdo entrará en vigor una vez que sea aprobado por el Poder Legislativo chileno y ratificado por el Gobierno de Chile, de conformidad con sus procedimientos constitucionales.

Artículo 20.- Este Acuerdo podrá ser revisado por mutuo consentimiento del Gobierno y de la Unión.

Artículo 21.- Cualquiera de las Partes podrá dar por terminado este Acuerdo dando aviso por escrito a la otra, con un año de anticipación.

EN FE LO CUAL, los infrascritos, debidamente autorizados para hacerlo, firman el presente Acuerdo en duplicado en Washington D. C, a los siete días del mes de octubre de mil novecientos sesenta.

Por el Gobierno de la República de Chile: Por la Unión Panamericana:

Walter Müller José A. Mora

Embajador, representante de Chile en el Consejo de la Organización de los Estados Americanos Secretario General de la Organización de los Estados Americanos

Proyecto de acuerdo de la Honorable Cámara de Diputados que aprueba el convenio suscrito entre el Gobierno de Chile y la Unión Panamericana, sobre la Oficina en Chile de la, Organización de los Estados Americanos.

Nº 1925.- Santiago, 24 de agosto de 1972.

Con motivo del Mensaje, informes y antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V. E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente

Proyecto de acuerdo:

Artículo único.- Apruébase el Acuerdo entre el Gobierno de Chile y la Unión Panamericana sobre la Oficina en Chile de la Organización de los Estados Americanos, suscrito en Washington D. C, el 7 de octubre de 1960.

Dios guarde a V. E.

(Fdo.): Eduardo Cerda G.- Raúl Guerrero G.

9SEGUNDO INFORME DE LA COMISION DE CONSTITUCION, LEGISLACION, JUSTICIA Y REGLAMENTO, RECAIDO EN LA MOCION DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑORES AYLWIN Y FONCEA, CON LA CUAL INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE DISPONE QUE DETERMINADOS DECRETOS, ORDENES O RESOLUCIONES DE EJECUCION INMEDIATA NO PODRAN CUMPLIRS SINO LUEGO DE SU PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL Y QUE DEBERAN SER ENVIADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DENTRO DE DETERMINADOS PLAZOS.

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento tiene el honor de informaros, en el trámite de segundo informe, el proyecto de ley, iniciado en Moción de los Honorables Senadores señores Aylwin y Foncea, que dispone que determinados decretos, órdenes y resoluciones de ejecución inmediata no podrán cumplirse sino luego de su publicación en el Diario Oficial y que deberán ser enviados a la Contraloría General de la República dentro de determinados plazos.

Para los efectos del artículo 106 del Reglamento, dejamos constancia de lo siguiente:

I.- Artículos que fueron objeto de indicaciones aprobadas: lº.

II.- Artículos que sólo fueron objeto de indicaciones rechazadas: 2º y 3º.

III.- Indicaciones aprobadas: 2.

IV.- Indicaciones rechazadas: 1, 3, 4, 5, 6 y 7.

En consecuencia, corresponde discutir la modificación introducida al artículo lº y las indicaciones que se renueven oportunamente.

La primera indicación, del Honorable Senador señor Valente, tiene por objeto la supresión del artículo lº.

Vuestra Comisión, con los votos de los Honorables Senadores señores Aylwin, Bulnes y Juliet y la abstención del Honorable señor Luengo, rechazó la indicación, por estimar que la eliminación del artículo lº significaría dejar sin efecto la finalidad principal que persigue la iniciativa.

La segunda indicación, del H. Senador señor García, tiene por objeto complementar el inciso segundo del artículo lº, a fin de señalar la fecha desde la cual se debe empezar el plazo de 15 días que tiene el Servicio u organismo que dictó el acto para proporcionar a la Contraloría General de la República los antecedentes que ésta le hubiere solicitado para dar curso a dicho acto. Al efecto, la indicación establece que el referido plazo máximo de 15 días se contará desde la fecha en que el organismo que dictó el acto reciba la solicitud respectiva.

Vuestra Comisión, por unanimidad, aprobó la indicación, en consideración a que ella viene a llenar un vacío existente en el proyecto de ley que os propusimos en nuestro primer informe.

La tercera indicación, del Honorable Senador señor Valente, tiene por objeto suprimir el término de 180 días que el inciso tercero del artículo lº exige para que un Servicio u organismo pueda dictar, en reemplazo de un acto caducado, otro que contenga la misma medida.

Vuestra Comisión, con los votos de los Honorables Senadores señores Aylwin, Bulnes y Juliet y la abstención del Honorable Senador señor Luengo, rechazó la indicación en atención a que consideró que ella implicaba la pérdida de eficacia de la caducidad del acto como sanción por la renuencia de la Administración en remitir oportunamente al organismo contralor el decreto, orden o resolución respectivo, o en proporcionarle los antecedentes que el citado organismo le hubiese solicitado.

La cuarta indicación, también del Honorable Senador señor Valente, recae en el artículo 2º del proyecto y tiene por objeto señalar que el término de 15 días con que cuenta la Administración para insistir o subsanar los reparos formulados por la Contraloría a un acto que contenga medidas de ejecución inmediata, es un plazo mínimo.

Vuestra Comisión, por unanimidad, rechazó la indicación, por estimar que ella desvirtúa una de las finalidades del proyecto de ley, cual es la de preservar la seguridad jurídica, al fijar un plazo máximo de 15 días para que la Administración imponga su criterio mediante la insistencia, o bien, subsane los reparos que la Contraloría hubiere formulado al acto.

La quinta indicación, del mismo señor Senador, que tiene por finalidad suprimir el inciso segundo del artículo 2º, fue rechazada por unanimidad, por razones análogas a las que movieron a vuestra Comisión a rechazar la indicación Nº 3, también del Honorable Senador señor Valente.

La sexta indicación, también del Honorable Senador señor Valente, recae en el artículo 3º del proyecto y tiene por objeto sustituir el efecto de la caducidad de un decreto, orden o resolución, consistente en la terminación de su cumplimiento o ejecución, por una referencia a las normas legales que permiten la insistencia por parte del Ejecutivo.

Vuestra Comisión, considerando que la pérdida del efecto referido importaría la ineficacia de la caducidad y, además, que resulta innecesaria la referencia a la facultad del Ejecutivo para insistir, toda vez que ella no se suprime por el proyecto sino que sólo se ajusta a un plazo rachazó la indicación con los votos de los Honorables Senadores señores Aylwin, Bulnes y Juliet y la abstención del Honorable Senador señor Luengo.

La última indicación, también del Honorable Senador señor Valente, tiene por finalidad eliminar la norma que establece las sanciones en que incurrirán quienes infrinjan la obligación de poner término de inmediato al cumplimiento o ejecución de la medida contenida en el acto caducado.

Vuestra Comisión, con los votos de los Honorables Senadores señores Aylwin, Bulnes y Juliet y la abstención del Honorable Senador señor Luengo, rechazó la indicación por estimar que la inexistencia de sanción para quienes continúen ejecutando actos caducados contribuiría, también, a restar eficacia a la caducidad.

Por las consideraciones anteriores, vuestra Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento tiene el honor de recomendaros que aprobéis el proyecto de ley contenido en nuestro primer informe, con la sola enmienda de agregar al final del inciso segundo del artículo lº, sustituyendo el punto (.) por una coma (,), lo siguiente: contados desde la fecha en que se reciba la solicitud por el organismo que los dictó.

Sala de la Comisión, a 13 de septiembre de 1972.

Acordado en sesión celebrada en el día de hoy, con asistencia de los

Honorables Senadores señores Aylwin (Presidente), Bulnes, Juliet y Luengo.

(Fdo.): Iván Auger Labarca, Secretario.

10INFORME DE LA COMISION DE CONSTITUCION, LEGISLACION, JUSTICIA Y REGLAMENTO, RECAIDO EN LA MOCION DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑORA CAMPUSANO Y SEÑORES CHADWICK, MIRANDA Y PALMA, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE CONCEDE AMNISTIA A LOS SEÑORES HUGO ALFARO TAPIA, OSCAR GONZALEZ GALLEGUILLOS Y HERNAN PAEZ CERDA.

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento tiene el honor de informaros un proyecto de ley, iniciado en Moción de los Honorables Senadores señora Campusano y señores Chadwick, Miranda y Palma, que concede amnistía a los señores Hugo Alfaro Tapia, Oscar González Galleguillos y Hernán Páez Cerda.

A la sesión en que vuestra Comisión consideró esta materia asistió, además de los miembros de vuestra Comisión, el Honorable Senador señor Miranda.

Las tres personas beneficiadas por el proyecto fueron sometidas a proceso el año 1963, acusadas de la comisión de malversación de caudales públicos, delito que habrían cometido en su calidad de Regidores de la I. Municipalidad de Chañaral, al dar una aplicación diferente a fondos municipales, de aquella a que estaban destinados.

La ley Nº 17.234, de 8 de noviembre de 1969, concedió amnistía general a todos los Alcaldes, Regidores y funcionarios municipales, ex Alcaldes y ex Regidores, que hubieren incurrido en tal especie de malversación, conocida en doctrina como aplicación pública diferente, prevista y sancionada en el artículo 236 del Código Penal, siempre que esos delitos se hubieren cometido antes del 30 de junio de 1969. Dicha amnistía comprende, también, los delitos en que hubieren incurrido los inculpados como medios necesarios para llevar a cabo la aplicación pública diferente y arbitraria de caudales públicos. Sin embargo, la citada ley estableció una limitación: la amnistía no se extiende a aquellos delitos en que hubiere habido lucro personal o de terceros, o aplicación de esos caudales o efectos a usos propios o ajenos.

El beneficio otorgado por esta ley dé carácter general pudo haber alcanzado a todos los Regidores de la Municipalidad de Chañaral sometidos a proceso. No obstante, ello no ocurrió respecto de las personas a que se refiere esta iniciativa, debido a que la I. Corte de Apelaciones de La Serena estimó que en relación con dichos Regidores no concurría el requisito exigido por la ley consistente en la ausencia de lucro personal o de terceros.

Tal resolución se fundó en que esos ediles, integrantes de un Comité de Fiestas Patrias encargado de organizar esa celebración en la comuna de Chañaral el año 1963, aparecían suscribiendo un documento que daba cuenta de la inversión de una cantidad ascendente a Eº 4.087,97, correspondiente a pagos efectuados a diversos proveedores por concepto de compra de golosinas, elementos destinados a la práctica de algunos juegos de entretenimiento que son tradicionales en esta clase de celebraciones, y otros gastos menores, como la institución de un premio de E9 80 para el ganador de un concurso literario.

Los valores individuales de tales gastos fluctuaron entre Eº 3, pagados en un librería, y Eº 450, cancelados al Consejo Local de Deportes.

De este hecho, la I. Corte de Apelaciones de La Serena concluyó que hubo lucro de terceros los proveedores y demás personas y entidades que recibieron premios y pagos y, consecuencialmente, fraude en perjuicio de la Municipalidad de Chañaral, por lo que los Regidores que suscribieron el documento debían ser procesados, por el delito de fraude.

El Honorable Senador señor Miranda expresó que los Regidores de la Municipalidad de Chañaral que en 1963 integraron el Comité de Fiestas Patrias, obraron con la más absoluta buena fe, guiados sólo por el propósito de procurar a la población de su comuna un día de sano esparcimiento con motivo de las festividades patrias. Agregó que, a su juicio, el espíritu de la ley Nº 17.234 al establecer la limitación de que sus beneficios no alcanzarían a los inculpados o procesados por delito de malversación cuando hubiere habido lucro personal o de terceros, no pudo haber sido de una rigidez tal que no pueda favorecer a esos ediles. Corrobora tal aserto añadió el hecho de que la limitación aludida, contenida en la ley, fue aprobada por iniciativa del Honorable Senador señor Chadwick, quien ahora es uno de los Senadores patrocinantes de la presente iniciativa.

Señaló, finalmente, que en su opinión, para que rija la limitación referida debe haber mediado dolo de parte del inculpado, lo que en la especie no ha ocurrido.

Los Honorables Senadores señores Aylwin y Bulnes sostuvieron que una interpretación armónica de las disposiciones de la ley Nº 17.234, así como los antecedentes relativos a la historia de su establecimiento, permitían concluir que la norma restrictiva sólo debía regir cuando el lucro de terceros hubiere sido indebido o ilegítimo, circunstancia que, al parecer, en este caso no concurrió.

Por las razones expuestas, la unanimidad de vuestra Comisión aprobó la iniciativa en informe y, en consecuencia, os propone que aprobéis el siguiente

Proyecto de ley:

Artículo único.- Concédese amnistía a Hugo Alfaro Tapia, Oscar González Galleguillos y Hernán Páez Cerda, por los delitos de malversación de caudales públicos o de fraude en perjuicio de la Municipalidad de Chañaral en que pudieran haber incurrido en su calidad de Regidores de ese Municipio, con ocasión de la celebración de Fiestas Patrias en el año 1963.

Sala de la Comisión, a 13 de septiembre de 1972.

Acordado en sesión celebrada en el día de hoy, con asistencia de los Honorables Senadores señores Aylwin (Presidente), Bulnes, Juliet y Luengo.

(Fdo.): Iván Auger Labarca, Secretario.

11INFORME DE LA COMISION DE CONSTITUCION, LEGISLACION, JUSTICIA Y REGLAMENTO, RECAIDO EN LA MOCION DEL HONORABLE SENADOR SEÑOR SULE, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE CONCEDE AMNISTIA AL SEÑOR ROMUALDO CAYETANO DE LA HORRA VIVAR.

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento tiene el honor de informaros acerca de un proyecto de ley, iniciado en Moción del Honorable Senador señor Sule, que concede amnistía al señor Romualdo Cayetano de la Horra Vivar.

El señor De la Horra Vivar fue condenado a la pena de multa de Eº 160 como autor del delito de contrabando, según sentencia del Tribunal Aduanero de Santiago, de 5 de febrero de 1970.

Los hechos que llevaron al señor De la Horra Vivar a la calidad de procesado y ulteriormente condenado por el delito de contrabando que habría consistido en recibir 20 relojes sabiendo o debiendo presumir que habían sido internados al país en forma ilegal son del todo aislados en la vida de este ciudadano. En efecto, el beneficiario de este proyecto de ley es un destacado Profesor Instructor de Educación Física, cuya preocupación permanente ha sido la difusión y fomento de la práctica del deporte del basquetbol, a cuyo servicio ha dedicado más de 20 años de su existencia, observando una irreprochable conducta tanto con anterioridad como con posterioridad al delito por el cual fue procesado.

Al emitir su pronunciamiento, vuestra Comisión tuvo en especial consideración los testimonios acompañados a la Moción que acreditan 1a idoneidad técnica, profesional y moral del señor De la Horra, entre los que cabe destacar las certificaciones por la Federación de Basquetbol de Chile y por el señor Subdirector de Deportes de la Dirección General de Deportes y Recreación.

De la sola lectura de la documentación referida, aparece de manifiesto la necesidad de rehabilitar, por medio de una ley de amnistía, a un hombre cuyo esfuerzo y sacrificio por la causa del deporte nacional, lo hacen acreedor al beneficio que se solicita.

En mérito de las consideraciones expuestas, la unanimidad de vuestra Comisión os propone la aprobación del siguiente

Proyecto de ley:

Artículo único.- Concédese amnistía a don Romualdo Cayetano de la Horra Vivar por el delito de contrabando a que fuera condenado por sentencia del Tribunal Aduanero de Santiago, de 5 de febrero de 1970, recaída en el expediente Nº 3.032/967.

Sala de la Comisión, a 13 de septiembre de 1972.

Acordado en sesión de esta fecha, con asistencia de los Honorables Senadores señores Aylwin (Presidente), Bulnes, Juliet y Luengo.

(Fod.): Iván Auger Labarca, Secretario.

12INFORME DE LA COMISION DE CONSTITUCION, LEGISLACION, JUSTICIA Y REGLAMENTO, RECAIDO EN LA MOCION DEL HONORABLE SENADOR SEÑOR CHADWICK, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE CONCEDE AMNISTIA AL SEÑOR RAUL SANCHEZ ALISTE.

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento tiene el honor de informaros acerca de una Moción del Honorable Senador señor Chadwick, con la que inicia un proyecto de ley que concede amnistía al señor Raúl Sánchez Aliste.

El señor Sánchez Aliste es profesor primario, cuenta en la actualidad con 52 años de edad, se desempeña en la Escuela Superior Nº 18 de Santiago, y ha prestado servicios en el Magisterio por espacio de 28 años.

En julio de 1968, fue condenado por el 4º Juzgado del Crimen de Mayor Cuantía de Santiago a la pena de 305 días de presidio menor en su grado mínimo, como autor del delito de falsificación de certificados de estudio, descrito y sancionado por el artículo 205 del Código Penal.

En atención a que el procesado había mantenido con anterioridad una conducta irreprochable y a que concurrían en su favor todos los demás requisitos exigidos por la ley Nº 7.281, sobre remisión condicional de la pena, el Tribunal de la causa le concedió el beneficio de la remisión a que ese cuerpo legal se refiere.

Los hechos por los que se procesó y condenó al señor Sánchez Aliste tuvieron el propósito de facilitar el ingreso a la Administración Pública I de cinco auxiliares particulares del Hospital San Borja, a quienes se exigía por disposición del Estatuto Administrativo acreditar estudios equivalentes a 4º año de humanidades para postular a un cargo en la planta.

Expresa la Moción en informe que la innegable gravedad de estas infracciones se ve, sin embargo, reducida si se tiene presente la conducta anterior y posterior al proceso que puede exhibir el referido profesor señor Sánchez. En efecto, la documentación que acompaña a esta Moción no deja lugar a dudas respecto de los relevantes méritos pedagógicos y condiciones humanas sobresalientes del beneficiario. Agrega la iniciativa que esos testimonios reafirman la convicción del Senador que suscribe esta iniciativa en el sentido de que los hechos que llevaron al señor Sánchez Aliste a la condición de procesado y condenado, son del todo aislados en el curso de su vida, y que infinitamente superiores resultan sus aportes en el plano pedagógico, gremial y humano.

La unanimidad de vuestra Comisión concordó con los planteamientos expuestos en la Moción en informe y estuvo de acuerdo en estimar que si bien el señor Sánchez Aliste, por su preparación y grado de cultura, no podía menos que valorar la gravedad de la infracción cometida, era también digno de consideración el hecho de su irreprochable conducta anterior y posterior al delito.

Asimismo, pesaron en el ánimo de vuestra Comisión las certificaciones acompañadas a la Moción, que dan cuenta de los méritos profesionales y de Jas condiciones personales del señor Sánchez, especialmente los documentos suscritos por el Vicepresidente del Servicio de Bienestar del Magisterio Nacional, don Humberto Elgueta Guerin; por la Directora Departamental de Educación del Primer Sector, del departamento Presidente Aguirre Cerda, doña Isaura Abrigo; por su superior jerárquico, don ¡Eduardo Hurtado Barría, Director de' la Escuela Superior N° 18 de Santiago, y por el Abogado Jefe de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, don Enrique Vergara Flores.

Por las razones antes expuestas, la unanimidad de vuestra Comisión tiene el honor de recomendaros que aprobéis el siguiente

Proyecto de ley:

Artículo única.- Concédese amnistía al señor Raúl Sánchez Aliste por el delito de falsificación de certificados de que fue autor, previsto en el inciso segundo del artículo 205 del Código Penal, por el cual resulté condenado a las penas de 305 días de presidio menor en su grado mínimo y a la suspensión de cargo u oficio público por igual lapso, por sentencia del 4º Juzgado del Crimen de Mayor Cuantía de Santiago, de 6 de julio de 1968, recaída en la causa Nº 89.569 del referido Tribunal.

Sala de la Comisión, a 13 de septiembre de 1972.

Acordado en sesión celebrada en el día de hoy, con asistencia de los Honorables Senadores señores Aylwin (Presidente), Bulnes, Juliet y Luengo.

(Fdo.): Iván Auger Labarca, Secretario.

13INFORME DE LA COMISION DE CONSTITUCION, LEGISLACION, JUSTICIA Y REGLAMENTO, RECAIDO EN LA SOLICITUD DE REHABILITACION DE CIUDADANIA PRESENTADA POR EL SEÑOR FROILAN CASTRO VALLEJOS.

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento tiene el honor de informaros la solicitud de rehabilitación de ciudadanía presentada por el señor Froilán Castro Vallejos, en conformidad con lo preceptuado en el Nº 29 del inciso segundo del artículo 8º de la Constitución Política del Estado.

El interesado, pequeño agricultor, domiciliado en el predio Las Minas del departamento de Nacimiento, perdió su calidad de ciudadano como consecuencia de haber sido condenado a la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo como autor del delito de estafa. La referida sanción fue aplicada al señor Castro Vallejos por sentencia del Juzgado del Crimen del departamento de Victoria, de fecha 14 de noviembre de 1961, recaída en el proceso Rol: 10.909 de dicho Tribunal.

Fundando su solicitud de rehabilitación de ciudadanía, el interesado hace presente que es un modesto agricultor, pero con un hogar bien constituido, que ha gozado de prestigio entre los vecinos del departamento de Nacimiento, que es miembro de una Junta de Conciliación y que, pese a sus problemas económicos pasados, en la actualidad mantiene dos cuentas corrientes bancarias con el Banco Español-Chile.

Vuestra Comisión, inicialmente, estimó impropio acceder al beneficio solicitado por el señor Castro Vallejos puesto que, según informaciones proporcionadas por la Dirección del Registro Electoral, dicha persona habría mantenido vigentes dos inscripciones electorales en forma simultánea. Este hecho, fue descubierto por la referida Dirección al momento de proceder a la cancelación de la inscripción en virtud de la sentencia judicial antes sintetizada.

Con posterioridad, sin embargo, el peticionario ha hecho valer nuevos antecedentes, todos los cuales llevaron a vuestra Comisión al convencimiento de que la existencia de dos inscripciones electorales paralelas a nombre del señor Froilán Castro se debe a una deficiencia administrativa de la que sería responsable la Junta Inscriptora de la circunscripción de Nacimiento. En efecto, en el año 1953, con ocasión de haberse trasladado el peticionario con su familia desde la ciudad de Victoria a la de Nacimiento, requirió en un solo acto una nueva inscripción electoral y la cancelación de la anterior. Expresa en su presentación, además, que jamás' sufragó en Victoria y que siempre consideró cancelada dicha inscripción.

Vuestra Comisión, por unanimidad, consideró satisfactorias las explicaciones proporcionadas por el señor Castro Vallejos y estimó justificado conceder el beneficio solicitado.

En mérito de las consideraciones expuestas, vuestra Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento tiene el honor de proponeros la aprobación del siguiente

Proyecto de acuerdo:

Artículo único.- Rehabilítase, en su calidad de ciudadano con derecho a sufragio, a don Froilán Castro Vallejos, en conformidad con lo dispuesto en el Nº 2º del inciso segundo del artículo 8º de la Constitución Política del Estado.

Sala de la Comisión, a 13 de septiembre de 1972.

Acordado en sesión celebrada en el día de hoy, con asistencia de los Honorables Senadores señores Aylwin (Presidente), Bulnes, Juliet y Luengo.

(Fdo.): Iván Auger Labarca, Secretario.

14INFORME DE LA COMISIO DE SALUD PUBLICA RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS QUE MODIFICA EL ARTICULO 43 DE LA LEY Nº 15.076, SOBRE ESTATUTO MEDICO FUNCIONARIO.

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Salud Pública tiene el honor de informaros un proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados que modifica el artículo 43 de la ley Nº 15.076, sobre Estatuto Médico Funcionario.

A las sesiones en que la Comisión conoció de este asunto, concurrió, además de sus miembros, el señor Raúl Arrieta Cuevas, Asesor Jurídico del Ministerio de Salud Pública, y los Presidentes de los Colegios Médico, de Dentistas y de Químicos Farmacéuticos, doctores Rubén Acuña, Hugo Morales y Mario Martínez, respectivamente.

La iniciativa tiene por objeto permitir a los profesionales funcionarios generales de zona del Servicio Nacional de Salud que presten servicios, además, en las Fuerzas Armadas o en el Cuerpo de Carabineros, puedan mantener la propiedad de sus cargos y el goce de las remuneraciones correspondientes durante los períodos de beca de perfeccionamiento que les otorga el Servicio Nacional de Salud. Asimismo, establece que el desempeño de las funciones inherentes a esos cargos lo efectuarán dichos profesionales en los centros docentes asistenciales de las Fuerzas Armadas o del Cuerpo de Carabineros, bajo el control docente de la Comisión Mixta de Graduados.

Para lograr él propósito señalado, es necesario modificar el artículo 4º de la ley Nº 15;076, ya que, si bien es cierto, esta disposición establece que los Médicos Generales de Zona del Servicio Nacional de Salud podrán hacer uso de becas que les otorga la institución destinada a su perfeccionamiento profesional, también no es menos cierto que la misma disposición consulta una limitación en el sentido de que dichas becas serán incompatibles, mientras dure el período de adiestramiento de uno a tres años, con cualquier otro trabajo profesional, situación que, en la práctica, ha obligado a los profesionales que hacen uso de ellas a renunciar a las demás horas funcionarías contratadas, lo que queda de manifiesto especialmente con los servicios médicos de las Fuerzas Armadas y de Carabineros.

Además, el proyecto amplía el sistema señalado a los demás profesionales afectos a la ley Nº 15.076.

En votación, fue aprobado, en general, por unanimidad. En seguida se inició la discusión particular.

El artículo 1º resuelve el problema señalado precedentemente introduciendo las enmiendas respectivas en el artículo 43 de la ley Nº 15.076.

La Comisión, también por unanimidad, lo aprobó sin enmiendas.

El artículo 2° tiene por objeto permitir, por esta única vez, la contratación en la planta permanente del Servicio Nacional de Salud de los cirujanos dentistas, que en la actualidad prestan servicios en él en el carácter de contratados en cargos clínicos, sin la exigencia de llamado a concurso, siempre que estén calificados en lista de mérito y existan las vacantes respectivas. Tal incorporación deberá efectuarse en los mismos establecimientos en que se encuentren ejerciendo sus funciones.

La Comisión, también por unanimidad, lo aprobó sin enmiendas.

El artículo 2º tiene por objeto permitir, por esta única vez, la contratación en la planta permanente del Servicio Nacional de Salud de los cirujanos dentistas, que en la actualidad prestan servicios en él en el carácter de contratados en cargos clínicos, sin la exigencia de llamado a concurso, siempre que estén calificados en lista de méritos y existan las vacantes respectivas. Tal incorporación deberá efectuarse en los mismos establecimientos en que se encuentren ejerciendo sus funciones.

La Comisión, también por unanimidad, lo aprobó, sin enmiendas.

En seguida, tomó conocimiento de una indicación del Presidente de la República que introduce nuevas modificaciones a la ley Nº 15.076, tendiente a remediar los problemas prácticos originados con motivo de la aplicación del artículo 41 de la ley Nº 17,654, en cuanto a lo que dice relación con los sistemas de remuneraciones, horarios de trabajo y compatibilidades de la actividad de los funcionarios profesionales afectos al Estatuto Médico Funcionario.

La Comisión solicitó la opinión de los representantes de los Colegios afectados, que fueron especialmente invitados para tal efecto, quienes expresaron su conformidad con la indicación salvo algunas sugerencias que formularios para hacer más clara y uniforme la disposición.

Puesta en votación la indicación, fue aprobada unánimemente. En consecuencia, vuestra Comisión de Salud Pública tiene el honor de recomendaros la aprobación del proyecto, de ley en informe, con las siguientes enmiendas:

Artículo lº

Reemplazar el encabezamiento por el siguiente:

Artículo lº.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 15.076 cuyo texto refundido fue fijado por Decreto Supremo Nº 507, de 14 de agosto de 1972, del Ministerio de Salud Pública:.

Intercalar, a continuación, los siguientes números, nuevos:

1.- En el artículo 6º, inciso primero, reemplázase la frase: si en el Servicio Público respectivo queda vacante o se crea un cargo o empleo de la misma especialidad que aquella que desempeñaba a la fecha de supresión, fusión o cambio de denominación del empleo anterior. Este derecho sólo podrá hacerse valer dentro del plazo de cinco años, contado desde que se produjo la cesación en el cargo anterior, por la siguiente: de inmediato en otro cargo o empleo de la misma especialidad, en el carácter de titulares, con igual remuneración a la que percibían en el cargo que detentaban, suprimiendo la coma (,) que la precede.

2.- Sustitúyese el artículo 7º por el siguiente:

Artículo 7º.- El sueldo base mensual por 44, 33, 22 y 11 horas semanales de trabajo, a contar del lº de enero de 1972, será de 9,6; 7,2; 4,8 y 2,4 sueldos vitales mensuales, escala A) del departamento de Santiago, respectivamente.

La remuneración de la hora semanal de trabajo o la fracción de hora aera proporcional al sueldo establecido en el inciso anterior.

3.- Sustitúyese el artículo 12 por el siguiente:

Artículo 12.- La jornada completa de trabajo que un profesional funcionario puede contratar será de 44 horas semanales, la que se cumplirá con 8 horas diarias de lunes a viernes y 4 horas en día sábado hasta el mediodía.

Las jornadas de 33, 22 y 11 horas semanales que se contraten, se Cumplirán con 6,4 y 2 horas diarias de lunes a viernes y 3,2 y 1 horas en el día sábado hasta el mediodía, respectivamente.

El Servicio Nacional de Salud y las demás instituciones empleadoras podrán distribuir en otra forma las jornadas señaladas.

No regirá la limitación máxima diaria para los turnos de noche y en días festivos en Servicios de Urgencia, Maternidades y Servicios Médicos Legales.

Los profesionales funcionarios deberán cumplir su jornada en forma continuada siempre que fuere igual o inferior a cuatro horas diarias. Si dicha jornada fuere superior deberán cumplirla en dos períodos.

En aquellos lugares donde no haya oportunidad de ejercicio profesional libre y donde el profesional funcionario está obligado a residir, el empleador le completará la jornada de 44 horas semanales por sí o en unión de otros empleadores.

Los cargos o contratos de 4 horas en los Servicios de Urgencia y Maternidades que deban trabajar los siete días de la semana, se considerarán para su pago y previsión como 28 horas semanales, pero sólo incompatibilizarán 11 horas a la semana.

Para efectuar suplencias y reemplazos en Asistencias Públicas, Servicios de Urgencia y Maternidades, por lapsos no superiores a cuatro (4) meses en cada año calendario, los profesionales funcionarios podrán excederse hasta 4 horas diarias de la jornada máxima establecida en la presente ley.

Cuando las necesidades de los Servicios lo requieran, el Director General de Salud podrá autorizar la contratación de profesionales funcionarios becarios para efectuar suplencias del inciso anterior, sin perjuicio de sus obligaciones como becario.

4.- En el artículo 16, inciso primero, parte final, sustitúyese la expresión 12 horas por 11 horas.

Agregar el siguiente número 5.-:

5.- Introdúcense las siguientes enmiendas al artículo 43:.

Nºs. 1.- y 2.-

Pasan a ser a) y b), respectivamente, sin otra modificación.

Nº3.

Pasa a ser c)

En el inciso que se propone agregar a continuación del inciso segundo, reemplazar la expresión la ley Nº 15.076 por la presente ley y la palabra al, que figura en la última frase, por el.

Nº 4

Pasa a ser d), reemplazado por la siguiente:

d) Sustitúyense en el penúltimo inciso, las expresiones Médicos Generales de Zona y por seis horas diarias de trabajo, por Profesionales Funcionarios Generales de Zona y por el horario contratado, respectivamente.

Agregar el siguiente artículo 3°, nuevo:

Artículo 3º.- Las extensiones horarias que los profesionales funcionarios desempeñaban al 12 de mayo de 1972, deben entenderse prolongadas automáticamente por el plazo respectivo, en calidad de horario contratado, sin necesidad de un nuevo decreto de contratación.

Para los efectos de esta prolongación automática de horario, se establece que la jornada máxima semanal de 44 horas y la jornada de 11 horas semanales correspondiente a 2 horas diarias, dispuesto en esta ley, rige a contar desde el 12 de mayo de 1972.

En consecuencia, el texto aprobado por vuestra Comisión de Salud Pública, es el siguiente

Proyecto de ley:

Artículo lº.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 15.076, cuyo texto refundido fue fijado por Decreto Supremo Nº 507, de 14 de agosto de 1972, del Ministerio de Salud Pública:

1.- En el artículo 6º, inciso primero, reemplázase la frase: si en el Servicio Público respectivo queda vacante o se crea un cargo o empleo de la misma especialidad que aquella que desempeñaba a la fecha de supresión, fusión o cambio de denominación del empleo anterior. Este derecho sólo podrá hacerse valer dentro del plazo de cinco años, contado desde que se produjo la cesación en el cargo anterior, por la siguiente: de inmediato en otro cargo o empleo de la misma especialidad, en el carácter de titulares, con igual remuneración a la que percibían en el cargo que detentaban, suprimiendo la coma (,) que la precede.

2.- Sustituyese el artículo 7º por el siguiente:

Artículo 7º.- El sueldo base mensual por 44, 33, 22 y 11 horas semanales de trabajo, a contar del 1º de enero de 1972, será de 9,6; 7,2; 4,8 y 2,4 sueldos vitales mensuales, escala A) del departamento de Santiago, respectivamente.

La remuneración de la hora semanal de trabajo o la fracción de hora será proporcional al sueldo establecido en el inciso anterior.

3.- Sustitúyese el artículo 12 por el siguiente:

Artículo 12.- La jornada completa de trabajo que un profesional funcionario puede contratar será de 44 horas semanales, la que se cumplirá con 8 horas diarias de lunes a viernes y 4 horas en día sábado hasta el mediodía.

Las jornadas de 33, 22 y 11 horas semanales que se contraten, se cumplirán con 6, 4 y 2 horas diarias de lunes a viernes y 3, 2 y 1 horas en el día sábado hasta el mediodía, respectivamente.

El Servicio Nacional de Salud y las demás instituciones empleadoras podrán distribuir en otra forma las jornadas señaladas.

No regirá la limitación máxima diaria para los turnos de noche y en días festivos en Servicios de Urgencia, Maternidades y Servicios Médicos Legales.

Los profesionales funcionarios deberán cumplir su jornada en forma continuada siempre que fuere igual o inferior a cuatro horas diarias. Si dicha jornada fuere superior deberán cumplirla en dos períodos.

En aquellos lugares donde no haya oportunidad de ejercicio profesional libre y donde el profesional funcionario está obligado a residir, el empleador le completará la jornada de 44 horas semanales por sí o en unión de otros empleadores.

Los cargos o contratos de 4 horas en los Servicios de Urgencia y Maternidades que deban trabajar los siete días de la semana, se considerarán para su pago y previsión como 28 horas semanales, pero sólo incompatibilizarán 11 horas a la semana.

Para efectuar suplencias y reemplazos en Asistencias Públicas, Servicios de Urgencia y Maternidades, por lapsos no superiores a cuatro (4) meses en cada año calendario, los profesionales funcionarios podrán excederse hasta 4 horas diarias de la jornada máxima establecida en la presente ley.

Cuando las necesidades de los Servicios lo requieran, el Director General de Salud podía autorizar la contratación de profesionales funcionarios becarios para efectuar suplencias del inciso anterior, sin perjuicio de sus obligaciones como becario.

4.- En el artículo 16, inciso primero, parte final, sustitúyese la expresión 12 horas por 11 horas.

5.- Introdúcense las siguientes enmiendas al artículo 43:

a) En el inciso primero, suprímese la siguiente locución: en forma de becas o becas-residencias hospitalarias o de becas de capacitación, y reemplázase la coma (,) al comienzo de esta locución por un punto seguido (.);

b) En el inciso segundo, reemplázase la expresión: médicos generales de zona, por la siguiente: profesionales funcionarios generales de zona;

c) Agrégase a continuación del inciso segundo, el siguiente nuevo inciso:

No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, los profesionales funcionarios generales de zona del Servicio Nacional de Salud, que presten servicies en las Fuerzas Armadas o en el Cuerpo de Carabineros, como Oficiales de Sanidad, Empleados Civiles, Médicos de escalafón del Cuerpo de Carabineros y aquellos regidos por la presente ley, mantendrán en los referidos institutos armados, durante los períodos de beca, la propiedad de sus cargos y el goce de las remuneraciones correspondientes. El desempeño de las funciones inherentes a dichos cargos lo efectuarán estos profesionales en los centros docentes asistenciales de las Fuerzas Armadas o del Cuerpo de Carabineros, bajo el control docente de la Comisión Mixta de Graduados.

d) Sustitúyense en el penúltimo inciso, las expresiones Médicos Generales de Zona y por seis horas diarias de trabajo, por Profesionales Funcionarios Generales de Zona y por el horario contratado, respectivamente.

Artículo 2º.- El Servicio Nacional de Salud deberá por esta única vez, incorporar a la planta permanente de los mismos establecimientos en que se encuentren ejerciendo, a todos los Cirujanos Dentistas contratados en cargos clínicos, sin necesidad de llamado a concurso y siempre que estén calificados en lista de mérito y existan las vacante» respectivas.

Se exceptúan de esta incorporación a los Dentistas contratados bajo el sistema de Dentista General de Zona y aquellos cuyos contratos estén respaldados por cargos de Dentista Jefe de Servicio y Dentista Inspector Zonal.

Artículo 3º.- Las extensiones horarias que los profesionales funcionarios desempeñaban al 12 de mayo de 1972, deben entenderse prolongadas automáticamente por el plazo respectivo, en calidad de horario contratado, sin necesidad de un nuevo decreto de contratación.

Para los efectos de esta prolongación automática de horario se establece que la jornada máxima semanal de 44 horas y la jornada de 11 horas semanales correspondientes a 2 horas diarias, dispuesto en esta ley, rige a contar desde el 12 de mayo de 1972.

Sala de la Comisión, a 13 de septiembre de 1972.

Acordado en sesiones de 5 de septiembre de 1972, con asistencia de los Honorables Senadores señores Valenzuela (Presidente) Noemi y Olguín, y de 12 de septiembre de 1972, con asistencia de los Honorables Senadores señores Prado (Presidente), Juliet, Noemi y Olguín.

(Fdo.): Gustavo Yáñez Bello, Secretario.

15INFORME DE LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS QUE ACLARA LAS DISPOSICIONES DE LA LEY Nº 17,538, EN EL SENTIDO DE QUE LOS DEPARTAMENTOS DE BIENESTAR DE LAS INSTITUCIONES FISCALES HARAN EXTENSIVOS SUS BENEFICIOS A LOS MONTEPIADOS DE LAS MISMAS.

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social tiene el honor de informaros acerca del proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados que aclara las disposiciones de la ley Nº 17.538 en el sentido de que los Departamentos de Bienestar de las instituciones fiscales harán extensivo sus beneficios a los montepiados de las mismas.

A las sesiones en que se consideró esta materia asistieron, además de los miembros de la Comisión, los Diputados señores Mosquera y Pérez; el Subsecretario de Previsión Social, señor Laureano León; el Superintendente de Seguridad Social, señor Carlos Briones; el señor Fiscal subrogante del Banco del Estado de Chile; el señor Gerente Contralor de la misma Institución, y dirigentes de los jubilados del referido organismo bancario.

La ley Nº 17.538 extendió los beneficios que prestan los Departamentos de Bienestar de reparticiones fiscales, semifiscales y de administración autónoma, a los jubilados de las mismas, a quienes obligó a contribuir con su aporte pecuniario al financiamiento de dichos Departamentos.

El espíritu del legislador fue que quedasen sometidas a las disposiciones analizadas todas las instituciones semifiscales y de administración autónoma. No obstante, por la vía de la interpretación se ha estimado que no están incluidas en este concepto la Contraloría General de la República y las llamadas Empresas Autónomas del Estado, definición que se otorga al Banco del Estado de Chile y a la Línea Aérea Nacional.

Por otra parte, la mencionada ley Nº 17.538 omitió señalar entre sus beneficiarios a los montepiados de las reparticiones fiscales, semifiscales y de administración autónoma, limitando el alcance de sus preceptos, como ya lo hemos dicho, sólo a los jubilados de ellas.

El proyecto de ley que os informamos soluciona ambos problemas al disponer, en su artículo único, que las normas de la referida ley se extienden también a los jubilados del Banco del Estado de Chile, de la Línea Aérea Nacional, de la Contraloría General de la República y de todas las empresas autónomas del Estado, como asimismo a las personas montepiadas de tales servicios y de las demás instituciones fiscales, semifiscales y de administración autónoma,

Dispone, además, la iniciativa, que para los efectos de aplicar sus disposiciones a los jubilados del Banco del Estado de Chile no se requerirá otra reglamentación que la dictada por el Directorio de dicho organismo en conformidad a lo establecido en la letra c) del artículo 14 de su Ley Orgánica, y declara que el Banco deberá conceder a sus jubilados la totalidad de los beneficios de carácter social y económico con que favorecía al personal en actividad, al 30 de mayo de 1972. Finalmente, se aclara que el bono de abarrote, la asignación de casa, el bono de escolaridad y todos aquellos estipendios que en el futuro se paguen y que no constituyan remuneración, se entenderán que son beneficios de bienestar económico.

Los dirigentes de los jubilados del Banco del Estado de Chile solicitaron la aprobación de la iniciativa en los mismos términos en que fue despachada por la Honorable Cámara de Diputados, haciendo presente que ella servirá para paliar la exigüidad de las pensiones que perciben.

El Fiscal subrogante del citado banco manifestó que éste no posee una oficina o departamento de bienestar financiado con aportes de la parte empleadora y de la parte laboral, sino que otorga los referidos beneficios directamente, costeándolos por entero. Afirmó que, en virtud de lo anterior, sería imprescindible proveer de recursos al Banco del Estado para que éste pueda dar cumplimiento a las disposiciones del proyecto, ya que actualmente carece de ellos. Finalmente, aclaró que, en esta virtud, la Institución no se oponía a la iniciativa, siempre que en la misma se crearan fuentes de ingresos para aquélla.

El señor Superintendentede Seguridad Social observó que el problema planteado respecto del Banco se origina en el hecho que éste, a diferencia de los demás organismos a que se refiere la iniciativa, no cuenta con un Servicio de Bienestar financiado, aun parcialmente, por sus afiliados.

La unanimidad de vuestra Comisión resolvió remitir oficio al Banco del Estado con el objeto de que éste estudiara la fórmula de reunir recursos con este objeto, comunicación que hasta la fecha no ha sido respondida.

El Honorable Senador señor García anunció que votaría afirmativamente la proposición de ley por los justificados beneficios que ella otorga. Expresó que el Banco del Estado de Chile es la única institución de esta índole que actualmente percibe utilidades, ya que se le ha eximido de los diversos gravámenes impuestos a los demás bancos comerciales. De esta forma, el primero puede perfectamente recurrir a sus excedentes con el objeto de solventar las obligaciones que se deriven de este proyecto, lo que además determinará que se lo nivele, aunque sea en parte, con los otros organismos bancarios en cuanto a las cargas que deben soportar.

Los Honorables Senadores señores Ballesteros y Valente manifestaron que también votarían afirmativamente la iniciativa, en el entendido de que los defectos que pudiere presentar serán subsanados por la vía de la observación de Su Excelencia el Presidente de la República.

Vuestra Comisión, por unanimidad, aceptó en general y en particular el proyecto de ley en informe, y, en consecuencia, tiene el honor de recomendaros que lo aprobéis en los mismos términos que constan del oficio de la Honorable Cámara de Diputados.

Sala de la Comisión, a 13 de septiembre de 1972. Acordado en sesión de esta fecha, con asistencia de los Honorables Senadores señores Ballesteros (Presidente), García, Musalem y Valente.

(Fdo.): Andrés Rodríguez Cruchaga, Secretario.

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