Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- PORTADA
- I.- ASISTENCIA.
- II.- APERTURA DE LA SESION.
- III.- TRAMITACION DE ACTAS.
- IV.- LECTURA DE LA CUENTA.
- V.- ORDEN DEL DIA.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- ANEXO.
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPUBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACION OFICIAL.
LEGISLATURA 317ª, EXTRAORDINARIA.
Sesión 3ª, en viernes 6 de octubre de 1972.
Especial.
(De 11.13 a 13.58).
PRESIDENCIA DEL SEÑOR IGNACIO PALMA VICUÑA.
SECRETARIO, EL SEÑOR PELAGIO FIGUEROA TORO.
INDICE.
Versión taquigráfica.
I.- ASISTENCIA 313
II.- APERTURA DE LA SESION 313
III.- TRAMITACION DE ACTAS 313
IV.- LECTURA DE LA CUENTA 313
V.- ORDEN DEL DIA:
Situación de la industria papelera y libertad de prensa e información
314
Anexos.
1.- Proyecto de ley, en primer trámite, que autoriza a los empleados públicos que hayan obtenido permisos sin goce de remuneraciones para efectuar de su peculio las imposiciones previsionales correspondientes 345
VERSION TAQUIGRAFICA.
I.-ASISTENCIA.
Asistieron los señores:
Acuña Rosas, AméricoAylwin Azócar, PatricioBaltra Cortés, AlbertoBallesteros Reyes, EugenioBulnes Sanfuentes, FranciscoCarmona Peralta, Juan de DiosDurán Neumann, JulioGarcía Garzena, VíctorGormaz Molina, RaúlGumucio Vives, Rafael AgustínHamilton Depassier, JuanJerez Horta, AlbertoLuengo Escalona, Luis FernandoMontes Moraga, JorgeMoreno Rojas RafaelNoemi Huerta, AlejandroPalma Vicuña, IgnacioPapic Ramos, LuisPrado Casas, BenjamínReyes Vicuña, TomásTarud Siwady, RafaelTeitelboim Volosky, VolodiaValente Rossi, Luis, y
Valenzuela Saéz, Ricardo.
Actuó de Secretario el señor Pelagio Figueroa Toro y de Prosecretario, el señor Daniel Egas Matamata
II.-APERTURA DE LA SESION.
Se abrió la sesión a las 11.13, en presencia de 13 señores Senadores.
En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III.-TRAMITACION DE ACTAS.
Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 103ª a 105ª, de la legislatura ordinaria última, y Primera de la actual legislatura extraordinaria, que no han sido observadas.
El acta de la sesión 2ª queda en Secretaría a disposición de los señores Senadores hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV.-LECTURA DE LA CUENTA.
El señor PALMA (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor EGAS (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes.
Dos de Su Excelencia el Presidente de la República.
Con el primero, incluye entre los asuntos en que puede ocuparse el Congreso Nacional en el actual Período Extraordinario de Sesiones los siguientes proyectos de ley que benefician, por gracia, a las personas que se indican:
1) Lidia Figueroa viuda de Garay.
2) Margarita Avendaño Baltra.
3) Nicasio Cortés Ollaván.
4) Antonieta Granger Ferrant.
5) Elsa Ester Ibarra García.
Se manda archivarlo.
Con el segundo, concede el patrocinio constitucional necesario para que se dé trámite, con la indicación que señala, al proyecto de ley iniciado en moción del Honorable Senador señor Silva Ulloa que amplía el plazo del artículo 91 del D.F.L. Nº 338, de 1960, con el objeto de permitir a los empleados públicos que hayan obtenido permisos sin goce de remuneraciones efectuar de su peculio las imposiciones correspondientes, y lo incluye entre los asuntos de que puede ocuparse el Congreso Nacional en el actual Período Extraordinario de Sesiones (véase en los Anexos, documento 1).
Se manda agregarlo a sus antecedentes, y el proyecto pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
El señor PALMA (Presidente).- Solicito el acuerdo de la Sala para empalmar esta sesión con las siguientes a que está citada la Corporación.
Acordado.
V.-ORDEN DEL DIA.
SITUACION DE LA INDUSTRIA PAPELERA Y LIBERTAD DE PRENSA E INFORMACION.
El señor PALMA (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Aylwin.
Señor Presidente, hablo en nombre y en representación de los Senadores democratacristianos y por encargo de la Directiva de nuestro partido.
Junto con las demás colectividades de la Confederación Democrática, hemos solicitado esta sesión especial, en la que esperábamos contar con la presencia del señor Ministro de Economía, que fue especialmente invitado. Deploramos su inasistencia, pues, a nuestro juicio, la situación que está viviendo la industria papelera nacional es de la mayor gravedad.
No se trata de un asunto sólo de interés particular, relativo a determinada empresa. En este caso están comprometidas, primero, la subsistencia o la definitiva quiebra...
¿Me permite, señor Senador?
Acaba de llegar una carta del señor Ministro en la que excusa su inasistencia a esta sesión. Como la nota contiene diversas apreciaciones, si le parece a la Sala podría dársele lectura.
Sería conveniente que se leyera antes de continuar mis observaciones.
¡Ya sabemos lo que dice!
Acordado.
La carta expresa lo siguiente:
Santiago, 5 de octubre de 1972.
Señor
Ignacio Palma Vicuña,
Presidente del Senado.
Presente.
Señor Presidente:
Agradeciendo la invitación que se me ha formulado hoy por escrito para asistir a la sesión especial del Senado del día de mañana viernes a las 11 horas, comunico a Ud. que no podré asistir a ella por tener en la mañana de ese mismo día sesiones del Comité Económico; sólo el hecho de que su invitación me fue formulada a última hora, me priva del honor de asistir a esa sesión.
Aprovecho esta oportunidad para reiterar la política del Gobierno frente a la Cía. Manufacturera de Papeles y Cartones en el sentido de que es propósito del Gobierno solucionar a la brevedad posible los problemas financieros que esa Empresa enfrenta y que son de nuestro conocimiento.
Quiero manifestar además, que contrariamente a las opiniones interesadas de la prensa de Oposición, no ha existido ni existirá política discriminatoria que implique obligar a esa Empresa a trabajar con pérdidas, pues ello sería contradictorio con la política anunciada por el Presidente de la República y el Ministro que suscribe. Ello es fácilmente comprobable por cualquier análisis objetivo de la política de precios del Gobierno que ha significado ajustar primero los precios de los productos que mayor incidencia tenían en el índice de costo de la vida a fin de que los reajustes de remuneraciones hicieran real justicia a los trabajadores, y no dejaran postergadas alzas de productos esenciales que no pudieron registrarse oportunamente para el efecto de los reajustes.
Dada la limitada capacidad de DIRINCO para realizar un examen de numerosos precios, ello obligó a dejar para una segunda instancia los precios de los productos intermedios, entre los cuales se encuentra el del papel, junto a varios otros productos de las Empresas del Area de Propiedad Social. Sería absurdo pensar que el Gobierno discriminara negativamente los precios de estas últimas empresas, pero en forma interesada y con intenciones evidentes se ha buscado hacer de la Cía. Manufacturera de Papeles y Cartones un caso de discriminación ligado a la libertad de prensa. Estoy convencido que los mismos que propalan estas opiniones no pueden creer en lo que dicen, pues el Gobierno ha sido muy claro y categórico en cuanto a las libertades públicas en general y a la libertad de prensa en particular.
Deseo señor Presidente que ésta sea una última aclaración de nuestra parte y la verdad y la serenidad se impongan por sobre el apasionamiento político y la deformación intencionada.
Lamentando no tener el honor de dar personalmente estas explicaciones a los Honorables miembros del Senado, se las dirijo a Ud. por escrito con el ruego de que sean leídas en la sesión del día viernes y en la seguridad de que Ud. sabrá excusarme ante los señores Senadores. Creo que para los efectos de una aclaración definitiva, el impedimento circunstancial de la explicación verbal de mi parte, resulta en cierto sentido afortunado, pues en esta nota de excusa, quedará registrada por escrito la posición del Gobierno, sin posibilidad de deformaciones. Ninguna campaña de prensa nos moverá a apartarnos del programa de Gobierno y, en el caso del precio del papel y la libertad de prensa, ella es absolutamente innecesaria, pues el Gobierno Popular no usa esos procedimientos y nadie puede darle lecciones sobre la defensa de una auténtica democracia y una libertad real para todos. Los denuestos, falsedades, injurias y deformaciones que desgraciadamente se imprimen sobre el papel de diario son un testimonio, aunque vergonzoso, de que en Chile la libertad de prensa es total y nadie pretende coartarla.
Le aseguro señor Presidente, que en lo que al Gobierno concierne, la Cía. Manufacturera de Papeles y Cartones tendrá una larga vida en Chile, sin peligro de una quiebra financiera, y seguramente con una conducción y una propiedad más democrática y acorde con el proceso social chileno.
Le saluda respetuosamente.
Fdo.): Carlos Matus, Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción.
Puede continuar el Honorable señor Aylwin.
El señor AYLWIN.-
Con relación a la nota que acabamos de escuchar, me parece una lástima que el señor Ministro no se haya dado el tiempo necesario para venir a explicar personalmente algunos de los planteamientos que en ella hace y a contestar las preguntas que podríamos haberle formulado.
Sin perjuicio de lo que más adelante manifestaré, me interesa destacar que es significativo que el Gobierno reconozca los problemas financieros que afectan a la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, pero que, no obstante ello, y a pesar de que hace quince días el Presidente de la República y el Ministro de Economía anunciaron formalmente que en esa semana se solucionaría la situación al dictarse el correspondiente decreto, el problema aún subsiste. Incluso, anteayer, en esta misma Sala, en vista del anuncio del Ministro de Hacienda, señor Millas, de que la situación sería resuelta en los próximos días, el Honorable señor Baltra y el Senador que habla, en nombre de los partidos integrantes de la Confederación Democrática, le representamos nuestra inquietud y le pedimos pronunciamiento sobre cuándo se dictaría la resolución que fije precios razonables a los productos de esa empresa, a fin de impedir que perezca. El señor Millas nos dijo que ocurriría entre ayer y hoy. Quedó en darnos ayer a mediodía, en las Comisiones unidas de Gobierno y de Hacienda, la respuesta sobre el particular. Sin embargo, cuando ayer nuevamente, a la hora señalada, le requerimos una contestación, nos reiteró que el Gobierno tenía la decisión de solucionar el problema, pero que lo haría esa tarde o en la mañana de hoy. Quedó en responder a las cinco de la tarde. A esa hora volvimos a hablar con el señor Ministro, quien contestó al Honorable señor Baltra que sólo en la noche podría estar en situación de dar la respuesta. Con estos antecedentes nosotros esperábamos que el señor Ministro de Economía viniera hoy a esta Sala para concretar en hechos las declaraciones verbales que formula en el oficio que acabamos de escuchar.
Decía que no se trata de un asunto de interés particular relativo a una empresa. En este asunto está comprometida, primero, la subsistencia o definitiva quiebra del régimen de legalidad chileno, ya bastante precario y sobrepasado por la política general del Gobierno. Segundo, hay una amenaza inminente contra las garantías constitucionales de la libertad de trabajo y del derecho de propiedad, mediante el empleo de resortes administrativos, como la fijación de precios u otros que conduzcan a paralizar o a expropiar de hecho empresas mediante su asfixia económica o la imposibilidad de trabajarlas. Tercero, se advierte una inminente amenaza contra la libertad de información escrita mediante el hecho consumado de un monopolio estatal en la producción y distribución del papel para diarios o imprentas. Y cuarto, peligran las garantías de un proceso electoral limpio y democrático, en que la Oposición tenga efectivas e iguales posibilidades de difusión escrita para las elecciones generales de marzo próximo.
Los hechos.
¿Cuáles son los hechos que determinan nuestra preocupación al respecto?
Es evidente que la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones es la principal empresa productora y proveedora de papel de diarios en Chile. Produce para el consumo nacional e inclusive exporta. Sin embargo, no constituye un monopolio, porque también producen papel Industrias Forestales y Papelera del Pacífico, ambas hoy día en manos del Estado. Además, produce celulosa la Empresa Celulosa Arauco, que también se encuentra en su totalidad en poder del Estado. Y se está construyendo Celulosa Constitución, en que el Estado es socio mayoritario. En todo caso, lo importante para los efectos que nos preocupan es que la principal proveedora de papel para diarios e imprentas en este país es hoy día la empresa mencionada.
Segunda circunstancia: mientras las alzas de precios de la generalidad de los bienes de consumo durante los nueve primeros meses de 1972, según lo confesó anteayer en esta Sala el señor Ministro de Hacienda, exceden del 80%; mientras las alzas de precios de esos mismos bienes, según la estimación fundada que hizo el Honorable señor Musalem al discutirse el proyecto de ley de reajustes, alcanzan a 160%; mientras al común de las empresas productoras de bienes intermedios se le ha otorgado reajustes que fluctúan este año entre 50% y 100%, al por mayor, y estos reajustes exceden considerablemente ese porcentaje desde que asumió el actual Gobierno hasta la fecha, al papel aunque el señor Ministro de Economía diga lo contrario se le ha concedido un reajuste manifiestamente discriminatorio.
En octubre del año pasado se le otorgó un 22,5%, que sólo alcanzó para compensar la pérdida de varios millones de escudos ya producida en ese momento: Y en agosto del año en curso, mientras el común de los decretos de alzas de bienes intermedios era repito de 50%, 65%, 67%, 80%, 85%, 90% y 100%, se le fijó un reajuste de 19,6%.
No voy a cansar al Senado dando datos técnicos, pero es un hecho que la mayor parte de los bienes que sirven de materia prima a la industria del papel o de los servicios que determinan sus gastos generales o que son necesarios para su funcionamiento, han tenido alzas que significan mayores costos, superiores en promedio al 100%. Por eso, resulta francamente ridículo y manifiestamente extraño que a una empresa productora de esa clase de bienes se le fije un reajuste de sólo 19,6%.
¿Cuál ha sido la consecuencia de ese régimen discriminatorio? Que en el primer semestre de 1972, según balance aprobado y publicado, dicha compañía arrojó pérdidas por 228 millones de escudos, y que una proyección prudente presagia para el segundo semestre pérdidas superiores a 500 millones de escudos.
También es un hecho público y notorio que, por primera vez en su historia, la empresa ha caído en mora en el pago de obligaciones internacionales con el BID que no tienen garantía del Estado. Ello no sólo compromete a la Empresa Manufacturera de Papeles y Cartones, sino que, indudablemente, el crédito exterior de nuestro país.
Todo esto configura la amenaza inminente de una posible quiebra y de una paralización de la empresa.
Ilegalidades manifiestas.
Frente a tales hechos, ¿cuál es la situación de derecho? El actual Gobierno ha sido maestro en manejar las disposiciones legales y reglamentarias que regulan el abastecimiento y comercialización de bienes y servicios, contenidos fundamentalmente en el decreto 1.379, de 1966, que refundió la legislación vigente sobre costos, precios, comercialización y abastecimiento de esos bienes; en el reglamento del antiguo decreto ley 520, decreto 338, de 1945, y en el Estatuto Orgánico de la antigua Superintendencia de Abastecimientos y Precios hoy Dirección de Industria y Comercio, decreto 1.262, del año 1953.
En conformidad a esos textos, el Gobierno, por intermedio de la Subsecretaría de Economía y Comercio, debe fijar los precios de todos los artículos y bienes de primera necesidad, de acuerdo con las normas generales sobre márgenes de rentabilidad que fije el Ministerio por decreto supremo. La fijación no es arbitraria, pues debe hacerse sobre la base de normas generales, sobre márgenes de rentabilidad. Es decir, se pretende por la ley imponer el principio de la igualdad jurídica, regulando la actividad administrativa por normas de carácter general, a las cuales deben conformarse las resoluciones particulares. Así lo expresa la letra b) del artículo 1º del decreto 1.379, ya citado; y el artículo 20 de este cuerpo legal dice que en la fijación de los precios se atenderá a los costos de producción, gastos inevitables y utilidades legítimas. Es decir, conforme a la ley, expresamente deben ser considerados para la fijación de precios estos tres factores: costos de producción, gastos inevitables y utilidades legítimas.
El decreto 338, de que tanto ha usado y abusado el actual Gobierno para decretar requisiciones ilegales, que la Contraloría reiteradamente ha devuelto como tales, pero que el Gobierno ha impuesto de hecho, en la letra b) del artículo 11 señala que La fijación de precios de los artículos manufacturados declarados de primera necesidad o de uso o consumo habitual se hará consultando también la legítima utilidad del productor, fabricante o importador. Y la ley orgánica de la DIRINCO, en su artículo 48, prescribe que los funcionarios o empleados que, estando encargados del cumplimiento de las disposiciones de esta ley o de las órdenes que en su virtud se le imparta faltaren a sabiendas a los deberes en ella indicados, con perjuicio de las finalidades que la presente ley persigue o con perjuicio injustificado para los particulares, sufrirán las penas que ese precepto señala.
¿Qué pretendo al recordar tales preceptos? Que la fijación de precios, como ya lo dije, no puede ser arbitraria, y que cuando la autoridad no los fija oportunamente, causando con ello daños a particulares o a la colectividad, tal como lo ha representado la Contraloría General de la República en un dictamen emitido a comienzos del presente año, o cuando fija precios arbitrarios que no consideran los costos, o no consignan los márgenes de rentabilidad, que no se sujetan a las normas y principios antes señalados, incurre en manifiesto abuso de poder, en ilegalidad indiscutible.
Es evidente, entonces, que estamos en presencia de una actuación ilegal de las autoridades administrativas del Ministerio de Economía, que dependen directamente del Presidente de la República y que son las encargadas de resolver sobre la materia.
¿Qué se persigue?
Ahora bien, uno tiene derecho a preguntarse qué se persigue con esta actuación ilegal.
Para apreciar el verdadero significado de esas ilegalidades, es preciso evaluar los hechos dentro del contexto que el país está viviendo.
Nadie ignora los anuncios reiterados de los partidos marxistas sobre su propósito de acumular en sus manos la totalidad del Poder. Declaraciones oficiales de sus más altos personeros y reiterados documentos de sus directivas expresan que el Gobierno no basta, pues éste es sólo un medio para la conquista total del Poder.
¿Qué medios se han puesto en práctica para alcanzar este objetivo de conseguir la totalidad del Poder? Aparte el amedrentamiento mediante propaganda, insultos, violencia verbal; aparte la violencia física, que se ha puesto en práctica según leí en la prensa de hoy, un Diputado comunista anunció ayer en la Cámara que en lo sucesivo se haría norma general, hay por lo menos dos medios más, muy conocidos en el país, que se han utilizado para acaparar la totalidad del Poder.
Primero, las estatificaciones de hecho de distintas empresas, por diversos medios ilegales: creación de conflictos para determinar intervenciones o requisiciones, dictación de decretos que han sido reparados por la Contraloría y que culminan con la imposición de facto de un interventor burocrático que maneja la empresa por cuenta o cargo del Estado.
En segundo término, la adquisición y control ilegal de los medios de comunicación de masas. Es público y notorio que los partidos de Gobierno han adquirido una serie de radios, y mientras presionan a otros, se niega avisos a los que no se entregan a la línea oficialista. Por otra parte, se aplican medidas arbitrarias, discriminatorias e injustas, además de ilegales, para silenciar los medios de comunicación que discrepan con el Gobierno.
El caso del diario La Mañana es altamente sintomático. Ese periódico de Talca fue requisado. El decreto de requisición estableció expresamente que el interventor no tendría ninguna facultad respecto de la orientación del matutino. Mediante esa declaración se pretendió dejar a salvo la libertad de opinión, que evidentemente el decreto comprometía. A mi juicio, la Contraloría General de la República cayó en el engaño de dejar pasar tal decreto sobre la base de que el interventor no tendría ninguna ingerencia en la orientación del diario. La Corte Suprema declaró recientemente que esa intervención es ilegal e inconstitucional, lo que es manifiestamente claro a la luz de los preceptos de la Carta Fundamental acerca del régimen de los medios de comunicación de masas, los cuales sólo pueden ser modificados por ley. A pesar de todo esto, el interventor maneja La Mañana como dueño y señor, y ese periódico, que se ha convertido en tribuna exclusiva de partidos de Gobierno, insulta y vocifera en contra de la Oposición.
¿Y Tribuna, de Santiago?
Las opiniones de este periódico son de responsabilidad de sus dueños.
Ese diario es manejado por un funcionario de Gobierno nombrado mediante un decreto que establece, Honorable señor Teitelboim, que el interventor no tendrá funciones relativas a su orientación, y debe seguir publicándose en libertad según el criterio de sus empresarios, de sus propietarios y de los periodistas que laboran en él.
Como decía, lo cierto es que en ese diario no existe ninguna posibilidad de hacerse oír, porque ya es del oficialismo. Tanto es así que la semana pasada, cuando se anunció que so había despachado el proyecto que concede fondos para la construcción del Hospital Regional de Niños de Talca, respecto del cual el Senador que habla había buscado un financiamiento adecuado, se publicó la noticia emitiendo siquiera mencionarlo...
Omitiendo.
Sí, omitiendo. Su Señoría es campeón en el léxico.
Pero a veces lo desmiente Pablo Neruda, cuando el señor Senador se equivoca en algunas expresiones.
Así es, y a mucho honor.
No deseo distraerme en un diálogo con el Honorable señor Teitelboim, que me aparta de la materia;
Hoy por hoy se está poniendo en práctica un tercer procedimiento para tomar el control total en el ámbito económico: la asfixia económica discriminada de determinadas empresas. Cuando se advierte el tratamiento que el actual Gobierno ha dado, en el curso del presente año, al desbocado proceso inflacionista, y que en lugar de pretender rectificarlo o moderarlo, ha apretado a fondo el acelerador para dispararlo, uno tiene motivos para pensar que se está utilizando la inflación como un instrumento expropiatorio. Todos estamos de acuerdo en la necesidad de otorgar a los trabajadores reajustes que compensen el alza del costo de la vida; pero cuando tales reajustes ascienden a 80% ó 90% en diez meses, uno tiene derecho a preguntarse cuántos pequeños y medianos agricultores, cuántas empresas productoras o industriales, cuántos comerciantes estarán este mes en condiciones de pagarlos, y cuántos trabajadores se van a encontrar con que la ley es ilusoria para ellos porque no existen los recursos suficientes para cancelar tal compensación. Y, entonces, mediante el crédito estatal y distintos mecanismos administrativos, como la refijación de precios, el Gobierno puede salvar o matar a las empresas que quiera.
La escalada contra la Papelera.
En el caso de la Manufacturera de Papeles y Cartones, ¿qué antecedentes preceden a la realidad actual? Todos sabemos que el Gobierno anunció en noviembre del año pasado, con gran despliegue publicitario, la decisión de adquirirla mediante la apertura de un poder comprador de acciones. Al respecto, cabe destacar que esta Compañía no es de unos pocos grandes accionistas, sino de miles de pequeños y medianos accionistas, en su mayoría gente modesta. No estoy hablando aquí en representación ni en defensa de ningún magnate; pero pienso que hay miles y miles de viudas, de empleados públicos jubilados, de pequeños empresarios, de personas de la clase media chilena, que son dueños de acciones de la empresa.
Pues bien, cuando esos accionistas se negaron a vender tales valores, se inició una gran campaña de difamación publicitaria en su contra, como también contra quienes procuraban crear un poder comprador para defender la subsistencia de la empresa al margen del Estado.
Al mismo tiempo, comenzó una campaña de difamación en contra de los dirigentes sindicales que, en representación de los trabajadores, también se opusieron a la estatificación de la compañía; de los políticos que de un modo u otro expresaron su desacuerdo en la materia, y, para qué decirlo, contra toda la plana mayor de la empresa.
Luego, los Senadores democratacristianos Juan Hamilton y Renán Fuentealba patrocinaron el proyecto de reforma constitucional sobre las áreas de la economía. Frente a una acusación constitucional formulada contra el Ministro de Economía de la época, señor Vuskovic, la Directiva de la Democracia Cristiana se entrevistó con el Presidente Allende para expresarle que no respaldaría tal acusación si el Gobierno se comprometía, de una vez por todas, a regular por ley las empresas que pasaban al área social, y al área mixta y las que permanecerían en la privada, estableciendo el correspondiente régimen legal sobre la materia. El Primer Mandatario, que contrajo el compromiso de elaborar y enviar el respectivo proyecto de ley en octubre del año pasado, no cumplió. En vista del incumplimiento de la palabra por parte del Presidente de la República, la Democracia Cristiana se vio obligada a presentar el proyecto de reforma constitucional mencionado. Todos sabemos que durante el debate de tal iniciativa, uno de los puntos de discordia fue, precisamente, la situación de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones.
¿Me permite una interrupción, señor Senador?
Perdóneme, Honorable colega. Cuando finalice el desarrollo de la idea que expongo, le concederé la interrupción.
Todos sabemos que cuando en junio pasado hubo conversaciones entre la Democracia Cristiana y el Gobierno acerca de la posibilidad de lograr un acuerdo sobre los vetos a esa reforma constitucional, el punto de discordia volvió a ser fundamentalmente el caso de la Papelera, que el Gobierno se empeña en estatificar y que el Partido Demócrata Cristiano, como los demás de Oposición, estimamos que no debe ser estatificada, por las implicaciones que ello tiene en el manejo, en la producción y en la distribución del papel de diario y de imprenta, indispensable para el ejercicio de la libertad de opinión.
¿Me permite, señor Senador?
He concedido una interrupción al Honorable señor Montes.
Quiero decir algo muy breve.
El señor PALMA (Presidente).-
Con la venia de la Mesa, tiene la palabra el Honorable señor Montes.
Quiero señalar, para no abusar de la interrupción, que debe ser breve, que cuando el Honorable señor Aylwin plantea los problemas de la manera como los formula, puede ocurrir que no se diga realmente la verdad, que no se señalen los hechos tal como han sucedido, que no se planteen los problemas de manera objetiva.
Lo sucedido con relación a la posibilidad de un acuerdo con la Democracia Cristiana para determinar cuáles empresas pasarán al área social y cuáles no; las conversaciones habidas al respecto y los acuerdos a que se arribó no corresponden a lo que hemos escuchado en esta Sala al Honorable señor Aylwin. Y no corresponden, porque no basta una simple afirmación, que nosotros rechazamos. No se puede sostener solamente, de la manera insolente como lo hemos oído, que el Presidente de la República ha faltado a su palabra. No es así. El Primer Mandatario ha estado personalmente interesado en este asunto y ha instruido para que se realicen todos los esfuerzos tendientes a lograr los acuerdos que, como se sabe en el Senado, por determinadas desgraciadas circunstancias, incluso ajenas a la voluntad de la propia Democracia Cristiana, no pudieron concretarse respecto del problema que ha planteado el Honorable señor Aylwin.
Si las cosas son así, si se conocen los elementos o factores fortuitos que condujeron al fracaso de esas conversaciones y de esos acuerdos, ¡cómo es posible que escuchemos al Senador señor Aylwin decir aquí que el Gobierno es quien tiene la responsabilidad en estos problemas! El Ejecutivo ha estado dispuesto al diálogo, al acuerdo, a la solución de los problemas por esta vía.
¡Cómo en el Liceo 12!
Y todavía lo estamos hoy, por sobre los odios, los sectarismos, los apasionamientos o las interrupciones violentas y provocadoras que puedan producirse en esta Sala. Lo estamos. No se puede decir que el Gobierno se ha negado al diálogo.
Por respeto a la investidura, a la persona y a la calidad de profesor universitario del Honorable señor Aylwin, me gustaría solicitarle que, por favor, nos permitiera continuar manteniendo ese respeto, porque si en sus palabras no se refleja la realidad de los hechos, es evidente que lo que el señor Senador pueda señalar carecerá de mérito, por no corresponder a la verdad.
El señor AYLWIN.-
Con la venia de la Mesa, concedo una interrupción al Honorable señor Gumucio.
Por haberme tocado intervenir personalmente en las gestiones, quisiera dar un testimonio respecto de la afirmación hecha por el Honorable señor Aylwin sobre las conversaciones de la Democracia Cristiana con el Ejecutivo, referentes a la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones.
Efectivamente, el Gobierno ha expresado su voluntad de que la Papelera forme parte del área social. Es cierto que creó un poder comprador de acciones. En las conversaciones con la Democracia Cristiana se llegó a un acuerdo en principio, estructurado en una carta que envió la Unidad Popular a esa colectividad política, para evitar, precisamente, el ambiente que se estaba creando, en el sentido de que la acción gubernativa pudiera realizarse con miras a limitar la libertad de expresión. Ese acuerdo consistía en lo siguiente: la Unidad Popular aceptaba establecer por ley un organismo que controlara la distribución de papel. Además, aceptaba que en la directiva de Papeles y Cartones no existiera mayoría de representantes del Estado, sino que se buscara una fórmula que diera garantías a toda la ciudadanía en cuanto a la integración de ese directorio. De ello quedó constancia por escrito. Por eso, deseo rectificar en este aspecto lo expresado por el Honorable señor Aylwin.
Reconozco que, debido a la situación de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, surgieron dificultades en las conversaciones; pero después de debatirse, este punto se solucionó y se superó.
El señor AYLWIN.-
Deseo decir sólo dos cosas a propósito de las interrupciones que se me solicitaron.
Primero, que no es a los democratacristianos a quienes se podría acusar de falta de disposición al diálogo con el actual Gobierno de la República.
¡A algunos!
En general, a la Democracia Cristiana; porque no aceptamos que se siga pretendiendo dividir a los democratacristianos en buenos y malos, calificando a uno hoy día de bueno, y mañana de malo, según le guste o no le guste al Honorable señor Teitelboim.
¡Es usted el que se define! Usted es contrario al diálogo, por todo lo que ha dicho esta mañana.
Honorable señor Teitelboim, está con la palabra el Honorable señor Aylwin.
Puedo probar a Su Señoría que he sido partidario del diálogo. Desde luego, participé en el que generó el Estatuto de Garantías Constitucionales que permitió elegir al señor Allende como Presidente de la República, y dialogué con él. En reiteradas oportunidades todos los democratacristianos el Senador que habla, entre ellos hemos estado dispuestos a conversar, y así lo hemos hecho; pero, Senador señor Teitelboim quiero decirlo con voz tranquila, pero muy firme, estamos cansados de ser engañados. Uno puede soportar que le mientan una vez, pero cuando le faltan a la verdad dos, tres, cuatro, cinco, diez veces, entonces uno ya no cree.
¡Se cierra el diálogo!
Para dialogar, se necesita tener un mínimo de fe en el contradictor.
¡Hombre de poca fe...!
Voy a dar pruebas de lo que estoy diciendo.
¡Honorable señor Teitelboim, tendré que llamar al orden a Su Señoría!
En cuanto a las observaciones del Honorable señor Gumucio, sólo quiero recordar, primero, que la afirmación que el señor Senador hace, contenida en una carta del señor Ministro de Justicia, don Jorge Tapia, donde se da como un hecho cierto la concertación de determinados acuerdos, fue categórica y terminantemente desmentida en esta misma Sala por el Presidentedel Partido Demócrata Cristiano, Senador Fuentealba.
Segundo, que la famosa historia del Instituto del Papel no pasa de ser un mecanismo que, a nuestro juicio, no ofrece garantías suficientes, porque sería una entidad meramente distribuidora, y bastaría que la empresa productora, por cualquier medio, por cualquier artificio, no entregara el papel, para que las funciones de ese instituto fueran meramente ilusorias.
¿Qué queda en claro de todo lo que he expuesto? Sin ser suspicaz, simplemente, siguiendo la lógica racional de los hechos, quien juzgue con mediana inteligencia el proceso que estamos viviendo podrá deducir que se procura hacer quebrar a la Compañía Manufacturera de Papeles y Cationes para estatificarla; que, con esa medida, se persigue controlar los diarios e imprentas condicionándoseles la entrega del papel, y que, finalmente, se persigue coartar la libertad del proceso electoral de marzo próximo.
Hay precedentes históricos en esta materia. En Checoslovaquia debían realizarse elecciones en mayo de 1948. El Partido Social Demócrata del Presidente Benes y su MinistroMasaryk y los demás partidos que integraban la coalición de Gobierno, pero que discrepaban de los métodos del Partido Comunista, se organizaron para dar la campaña y ganar esas elecciones. Y cuando se apresuraban a hacerlo y la campaña se iba presentando con caracteres favorables para ellos, sobrevino lo que se ha llamado el golpe de Praga, en febrero o marzo de ese año 1948. ¿Cuál fue el instrumento decisivo en ese golpe? La toma, por funcionarios de Gobierno, de todas las radios, y la negativa de los sindicatos que controlaban la producción papelera a entregar este elemento a todos los diarios de la Oposición. De la noche a la mañana, los elementos opositores se encontraron con que estaban silenciados y que no podían exponer sus puntos de vista ante el país. A los pocos días, con la presión del Ejército Rojo en las fronteras, esas medidas se tradujeron en la toma total del poder en ese país por el comunismo.
Estos no son cuentos. Es historia. Y, frente a ello, quiero terminar recordando algunos antecedentes que me parece indispensable tener presente.
Compromisos violados.
En esta Sala se aprobó el Estatuto de Garantías Constitucionales. Entre ellas se estableció la del número 3 del artículo 10, relacionada con la libertad de opinión, que, entre otras cosas, tiende a asegurar la no discriminación en la venta o suministro a los diarios, periódicos, editoriales, revistas, radiodifusoras y estaciones de televisión, de papel, tinta, maquinaria y otros elementos de trabajo. Esa norma establece que sólo por ley se puede regular el régimen de los medios de comunicación.
Conviene tener presente lo que se dijo en la carta cambiada entre el Partido Demócrata Cristiano, presidido en aquella época por nuestro colega Benjamín Prado, y el entonces Senador Allende. En el memorándum del Senador Prado, del Partido Demócrata Cristiano, se señaló lo siguiente:
La consagración constitucional de un Estatuto de los medios de comunicación que asegure el libre acceso a la, prensa, la radio y la televisión de todas las corrientes de opinión, en igualdad de condiciones, reservando a la ley la modificación del régimen de propiedad de estos medios. Sólo en virtud de una ley se podrá determinar el régimen de importación y comercialización de libros, papel y demás elementos necesarios para la operación de los medios de difusión impresos, orales y visuales.
¿Qué contestó el actual Presidente, entonces Senador, Allende? Dijo que el derecho de todos los partidos a contar con medios propios e inviolables para su funcionamiento1 y difusión, y la oportunidad de acceso a los medios de comunicación eran, a su juicio, una garantía indispensable de la democracia. Y agregó: La libre divulgación de las ideas, a través de todos los medios de difusión libros, prensa, radio, televisión ha sido un principio que hemos defendido en forma invariable, como continuaremos haciéndolo. En este campo hemos evidenciado concretamente nuestra posición al tratarse, por ejemplo, el régimen de la televisión nacional, propugnando la consagración de disposiciones que cautelan su rol democrático y no excluyente.
Todos sabemos lo que ha pasado después con la Televisión Nacional, que desmiente esas palabras del Presidente de la República.
Pues bien, frente a ello, ¿cuál era la opinión del Partido Socialista sobre el Estatuto de Garantías Democráticas? En los acuerdos del Vigesimotercer Congreso realizado por esa colectividad en enero de 1971, se dice que: el Gobierno desenvuelve su acción entrabada por la institucionalidad burguesa. Es decir, la institucionalidad es meramente una traba para la acción del Gobierno. Además, se señala que, frente al advenimiento del actual Gobierno, algunos éstos somos los democratacristianos buscaron ganar tiempo, bloquear el cumplimiento del programa e inmovilizar al Gobierno popular tras la exigencia de las llamadas garantías democráticas.
Esto marca el espíritu con que el Partido Socialista y muchos hombres de Gobierno han entendido las mencionadas garantías y nuestra exigencia de respeto a la Constitución y a la ley.
¿Para qué voy a recordar todas las promesas incumplidas? ¿Por qué hemos perdido la fe?
Porque en enero de 1970 oímos al Presidente de la República anunciar un proyecto de ley para nacionalizar la banca, pero esa iniciativa no llegó jamás al Congreso, y se procedió a estatificar la banca de hecho, por medios ilegales.
Porque el Presidente de la República me envió una carta a mí, en abril de 1971, siendo yo Presidente del Senado, declarando que la reforma agraria se haría en todo conforme a la ley y que se procedería a la asignación de tierras a los campesinos. Y esas promesas, en año y medio no han sido cumplidas.
Porque el Primer Mandatario se comprometió con nosotros a que mientras no se despachara el proyecto sobre las áreas de la economía, se paralizaría el proceso de estatificaciones de hecho, por la vía ilegal de la intervención y de la requisición. Y esa promesa no fue cumplida.
Porque el Jefe del Estado se comprometió con la Democracia Cristiana a restablecer en su cargo a los obreros despedidos de Sumar. Y su palabra no fue cumplida. Esos trabajadores siguen despedidos de esa fábrica.
Porque el Presidente de la República se ha jactado ante Chile y ante el mundo de su respeto a la libertad de reunión y al derecho de expresión; pero ha tolerado la acción de funcionarios de su exclusiva confianza Ministros, Gobernadores e Intendentes que niegan permiso a la Oposición para desfilar, mientras lo conceden a los partidos de Gobierno; además, clausuran ilegalmente medios de expresión de la Oposición. Más aún, el Jefe del Estado se ha hecho responsable de actuaciones del Canal Nacional de Televisión que contradicen totalmente sus promesas de pluralismo y democracia.
¿Regla moral o necesidad táctica?
Aquí, en esta Sala, antes de ser elegido y designado Presidente de la República, cuando discutíamos el Estatuto de Garantías Democráticas, el Honorable señor Allende, con la voz más engolada y solemne de que es capaz, dijo lo siguiente:
He venido a decir que estas disposiciones deben entenderse, no sólo como principios consagrados en la Carta Fundamental, sino como la regla moral de un compromiso ante nuestra propia conciencia y ante la historia. Eso ocurrió en octubre de 1970.
En febrero de 1971, tres meses después, entrevistado por Régis Debray documento publicado en Punto Final en marzo de 1971, y al cual me he referido varias veces, ante la pregunta de si ¿Era absolutamente necesario? ¿Era imprescindible negociar este Estatuto de Garantías Democráticas?, el señor Allende contesta: Sí, por eso lo hicimos. Sigo convencido de que fue correcto producir ese Estatuto de Garantías, pero es conveniente aclarar que no es justo usar la palabra negociación, por cuanto nosotros no cedimos una línea de nuestro programa de Gobierno. Ubícate en el período en que se produjo ese Estatuto y lo medirás como una necesidad táctica. Y termina el párrafo diciendo: En ese momento lo importante era tomar el Gobierno.
Yo pregunto al Senado, yo pregunto a Chile, ¿en qué quedamos? ¿Regla moral ante la conciencia y ante la historia? ¿O necesidad, táctica? ¡Que juzgue Chile entero cuál es la moral del señor Presidente de la República!
Esa es una suprema insolencia...
No le he concedido ninguna interrupción, señor Senador.
Quiero terminar, pero antes concedo una interrupción al Honorable señor Baltra, si la Sala me lo permite.
¿Cuánto tiempo le falta?
El señor Senador tiene derecho a usar de su tiempo. No lo ha ocupado por entero todavía, y está inscrito desde ayer.
Señor Presidente, ¡aquí sólo hablarán los opositores al Gobierno, y esto en nombre de la libertad de expresión! No se permitirá que la Izquierda hable. ¡Tal es el pluralismo de esta casa! Y, por si fuera poco, el señor Aylwin se dedica a conceder nuevas interrupciones.
El señor PALMA (Presidente).-
Los señores Senadores se inscribieron ayer.
Tiene la palabra, para hacer uso de una interrupción, el Honorable señor Baltra.
Señor Presidente, voy a ser muy breve.
No tuve oportunidad de escuchar desde el comienzo al Honorable señor Aylwin, pero entiendo que hizo referencia a una conversación que él y yo sostuvimos con el Ministro de Hacienda, señor Millas.
Nosotros manifestamos al señor Ministro que nos preocupaba la fijación de precio del papel, pero que en realidad no era un problema de precios, ni de la Papelera, ni del señor Alessandri, ni de los accionistas el que nos inquietaba, sino el del alcance político de este asunto, porque, indudablemente, veíamos con preocupación que, pocos meses antes de efectuarse una elección general de parlamentarios, pudiera intervenirse y estatificarse la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones por un medio indirecto o mediante alguno de los resquicios legales que se usan para tales efectos.
El Ministro de Hacienda coincidió plenamente con lo que nosotros le expresamos y dijo que era decisión del Presidente de la República fijar a la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones un precio para sus productos que le permitiera seguir operando; que los antecedentes del caso ya habían sido entregados al Primer Mandatario por el Ministerio de Economía, y que el Presidente de la República debía adoptar una decisión ayer u hoy.
El titular de Hacienda quedó de informarnos del resultado de esa gestión, y como tal vez no lo pudo hacer anoche, como habíamos hablado, hace más o menos cuarenta minutos se comunicó conmigo telefónicamente aquí, en el Senado, el Ministro de Economía, señor Matus, quien me expresó que había enviado una comunicación al Senado, pidiendo que se leyera lo que ya se hizo, en la que exponía la posición del Gobierno sobre el particular.
En esa nota se dice que no ha existido ni existirá política discriminatoria que implique obligar a esa Empresa a trabajar con pérdida, pues ello sería contradictorio con la política anunciada por el Presidente de la República y el Ministro que suscribe.
Me ha manifestado el Ministro de Economía que mediante diversos arbitrios, como el draw-back, los tributos y la fijación de precios, existe disposición para resolver los problemas de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, de manera que ésta no obtenga ganancias, pero tampoco trabaje a pérdida, ya que ello significaría lisa y llanamente la insolvencia de la empresa y fenómenos que nosotros queremos impedir.
Después de exponerle los mismos planteamientos que le habíamos hecho al señor Ministro de Hacienda, pregunté al señor Matus en qué fecha creía él que este problema se iba a resolver. Me contestó que dentro de poco. Le dije que, con todo el respeto que me merecía como Ministro, en verdad me parecía que esto se estaba semejando mucho a un aviso que había en los almacenes de nuestros pueblos, en que se decía: Hoy no se fía, mañana sí, y que por eso nosotros desearíamos una respuesta más concreta y precisa. Desgraciadamente, el Ministro no me señaló un plazo más determinado acerca de dicha solución; pero de todos modos le manifesté que hacía fe en su palabra de Ministro de Estado.
He creído conveniente traer al Senado de la República el tenor de esta conversación, a fin de que quede constancia de ella, porque además explícita la comunicación que aquí se ha leído, y porque nosotros, a pesar de los pesares, hacemos fe en lo que el Ministro de Economía ha dicho. Quedamos a la espera de que dentro de poco se solucione el problema de precios, que para nosotros no tiene ninguna relación con la Papelera ni con sus dueños, sino con algo más importante y trascendente: la mantención de la libertad de expresión, porque queremos que en marzo la elección sea realmente una elección; es decir, que en marzo no haya sólo el depósito de un sufragio, sino que la ciudadanía pueda elegir entre las distintas alternativas políticas, lo que sólo puede hacerse cuando quienes discrepan del Gobierno pueden expresar su opinión.
Sólo quería dejar constancia de esa conversación sostenida con el señor Ministro de Economía.
Muchas gracias, señor Presidente.
Termino, señor Presidente, como lo anuncié.
¿Cuándo va a terminar? ¡Parece que le cuesta terminar!
No voy a seguir a Su Señoría en sus chistes de mala clase.
Ha anunciado varias veces que va a terminar. Lo he escuchado por lo menos cinco veces decir lo mismo.
Y si quiero sigo, señor Teitelboim.
Muy bien, está en su derecho.
¿Cuánto tiempo tiene aún el señor, Senador para hablar?
El señor PALMA (Presidente).-
Todavía puede usar de la palabra por veinte minutos más.
El señor AYLWIN.-
No voy a hablar veinte minutos más.
Régimen de ilegalidad.
Como vía de conclusión, yo quiero señalar claramente tres cosas, que creo que interpretan la gran preocupación del Partido Demócrata Cristiano, de todas las fuerzas de Oposición y de la gran mayoría de Chile, frente a la situación que estamos analizando.
Primero: estamos en presencia de un caso manifiesto de inconstitucionalidad e ilegalidad, de lo que en derecho se llama desviación de poder. Las atribuciones que las leyes otorgan a las autoridades, conforme al principio de que ninguna autoridad puede hacer otra cosa que la que expresamente se le faculta por la ley para hacer, consagrada en el artículo 4º de la Constitución, se conceden en función de determinados fines tenidos en vista por el legislador. Toda la legislación económica relativa a la fijación de precios y al abastecimiento de artículos de primera necesidad tiene por objeto proveer las más convenientes condiciones económicas de vida de la población, según lo dice expresamente la ley, en lo referente al abastecimiento de artículos de consumo o de bienes para satisfacer sus necesidades.
Pues bien, cuando atribuciones que se han concedido para un fin son usadas para otro fin, se desvía la ley, se abusa del Poder. Y esto, en el Estado de derecho, está sancionado con la nulidad del acto. Por eso la Contraloría General de la República ha declarado ilegales dichos actos y, por lo mismo, si en Chile hubiera tribunales administrativos, como los hay en la mayor parte de los países democráticos del mundo, tales actos serían anulados, por desviación de poder.
Su Señoría podría referirse al Tribunal Constitucional.
El Tribunal Constitucional no tiene competencia en la materia, y muy bien lo sabe Su Señoría.
No voy a entrar a discutir ese tema adjetivo.
En segundo término, esas inconstitucionalidades e ilegalidades, junto con las que se están cometiendo con los medios de comunicación de masas, con el abuso de la Televisión Nacional, con las clausuras ilegales de radios y con las limitaciones al derecho de reunión, están colmando la medida de la paciencia cívica de este país, porque constituyen la más grave amenaza a la libertad de información, a la libre expresión democrática y a la posibilidad de realizar en marzo próximo un proceso eleccionario que se desenvuelva dentro de cauces efectivos de libertad.
Nada sacamos con que el Gobierno nos hable de libertad y de que el día de los comicios va a permitir que todos vayamos a sufragar libremente, si no se garantiza y ésta es una responsabilidad fundamental del Gobierno en la hora presente la libertad efectiva del proceso electoral mediante el libre acceso de todas las fuerzas políticas a los medios de comunicación.
¿Me concedería una interrupción, señor Senador?
No, señor Senador.,
En tercer lugar y con esto termino, eso coloca al actual régimen, el que preside el señor Allende, en un plano de franca ilegitimidad.
Un Gobierno puede nacer legítimo, y el actual nació legítimo, por la sanción que le dio el Congreso Pleno, reunido solemnemente aquí, en el palacio donde nos encontramos. Porque aquí lo elegimos la mayoría de los congresales, el señor Allende es Presidente de Chile, y su legitimidad deriva precisamente de la legítima expresión del Congreso Pleno. Pero un Gobierno que nace legítimo puede devenir en ilegítimo si cae en la pendiente de la inconstitucionalidad y la ilegalidad permanentes, del atropello sistemático a la ley. Y lo que se pretende hoy día es acostumbrar a los chilenos a soportar pacientemente o amedrentarlos, para que se acobarden este régimen de inconstitucionalidad, de ilegalidad y de arbitrariedad.
Nosotros tenemos el deber de denunciar estos hechos públicamente ante el país y de pedir que se transcriban estas observaciones al señor Presidente de la República, lo que termino solicitando.
Están inscritos cuatro señores Senadores. Solicito la autorización para prorrogar esta sesión hasta las 14.10. En tal caso, se podrían conceder 25 minutos a cada uno, de los señores Senadores inscritos.
¿Quiénes son los inscritos?
¿Quiénes son?
Cuatro señores Senadores.
¿Quiénes son?
¿Figuramos nosotros entre los inscritos, o no?
Están inscritos, a continuación del Honorable señor Aylwin, el Honorable señor Durán, y luengo, el Honorable señor Teitelboim.
O sea, estoy en tercer lugar.
A pesar de que yo estaba inscrito antes.
Muy bien. Entonces no pido ninguna excepción, y ruego al señor Presidente colocarme en el lugar correspondiente.
Lo único en que quiero insistir es que en este Senado no hay, de hecho, libertad de expresión, porque, mediante el sistema de las inscripciones previas, no se permite hablar a representantes de la Izquierda.
El de las inscripciones es un sistema que se ha aplicado siempre, señor Senador.
Si le parece a la Sala, se acordará la prórroga solicitada.
¿Quiénes más están inscritos?
El Senado puede sesionar mañana, tarde y noche.
Yo he pedido la palabra.
En ese caso, habría que prorrogar la sesión por más tiempo o reducir el destinado a cada orador.
¡No se puede reducir más, señor Presidente!
Para todo eso, se requiere unanimidad.
En vista de la distribución del tiempo, soy partidario de que hablen quienes se inscribieron ayer. Además, me agradaría saber cuánto tiempo ocupó el Honorable señor Aylwin.
Me inscribí esta mañana.
El Honorable señor Aylwin habló dentro del tiempo...
No estoy preguntando eso, señor Presidente, porque Su Señoría hacía uso de un derecho.
El señor Senador ocupó una hora y quince minutos, y tenía derecho a usar de la palabra durante hora y media.
Pero el señor Presidente puede limitar ese tiempo, a fin de permitir que hablen todos.
Si le parece al Senado, se prorrogará la hora hasta las 2.10, limitando el número de oradores.
No, señor Presidente.
El señor PALMA (Presidente).-
No hay acuerdo.
Tiene la palabra el Honorable señor Durán.
¡Que hablen los demócratas partidarios de la libertad de expresión y del pluralismo...!
¡Fue Su Señoría quien no dio acuerdo para prorrogar la sesión!
¡Lo hice porque no me presto a farsas!
¡A la farsa democrática que está haciendo el Presidente de la República!
El señor DURAN.-
Señor Presidente, cuando cada señor Senador hace uso de un derecho consagrado en el Reglamento, es absolutamente infantil para no emplear una expresión más dura hablar de que aquí se está atropellando el derecho de los demás.
De acuerdo con nuestras disposiciones reglamentarias, en sesión especial cada señor Senador puede hablar durante hora y media en su primer discurso. Por lo demás, Sus Señorías pueden pedir otras sesiones.
Y lo extraño es que reclamen los señores Senadores de Gobierno califico de extraña su actitud, porque esta mañana amanecí muy bien hablado, en circunstancias de que antes de empezar esta sesión permanecieron fuera de la Sala, con el objeto de no dar quorum, y sólo entraron cuando la Oposición lo dio. De tal manera que su ánimo o su espíritu era el de impedir que se efectuara este enfoque o análisis.
¡Unilateral!
Es ésta la manera honesta como los Senadores de Gobierno proceden, especialmente con ese lenguaje, tan conocido, de los personeros del Partido Comunista, que dicen exactamente lo contrario de lo que van a hacer. Para saber lo que hará un comunista, siempre hay que...
¡Sí: pedir por abajo!
...pedir por abajo, como dice la gente que juega cacho.
¡Está equivocado!
El señor DURAN.-
No sé si a Su Señoría le gustará siempre pedir o actuar por abajo.
Lo que a mí me interesa es expresar, haciendo uso del derecho que me otorga el Reglamento, nuestra adhesión o respaldo al juicio extenso y documentado que ha tenido oportunidad de conocer la Corporación de labios del Senador señor Aylwin, y que comparto.
El lenguaje siempre insolente de algunos señores Senadores no puede sacar del centro del debate la materia que nos preocupa. Aquí nadie está actuando como abogado de ninguna empresa.
No, porque incluso insultan al señor Alessandri!
No es ése el problema.
Las palabras del señor Ministro de Economía, conocidas tanto por el relato del Honorable señor Baltra como por la lectura de la carta que nos envió dicho Secretario de Estado, indican que el Ejecutivo tiene interés por lo menos, así lo dice, y por lo mismo yo no lo creo en estudiar una fórmula que permita ¡y recuerde las expresiones cada señor Senador! que la Papelera, la industria de papeles y cartones de Puente Alto, subsista, pero sin utilidad. De tal manera que notifica al país que dicha Compañía no podrá dar utilidades con los capitales invertidos, con lo que de paso manifiesta a sus obreros y empleados que no tendrán...
No es lo que dice el Ministro.
Es lo que sostuvo el Honorable señor Baltra, reproduciendo palabras del Ministro señor Matus. Y mientras alguien no pruebe lo contrario, debo hacer fe en las palabras de Su Señoría.
Es una carta oficial del Ministro.
El Ministro no se ha referido al problema de los precios sino para decir que fijaría determinado precio, sin establecer su cuantía ni su objetivo. Pero de las palabras que oímos al Honorable señor Baltra sí que se desprende claramente que la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones no tendrá utilidades.
En consecuencia, los obreros y empleados de esa industria ya están notificados de que no tendrán participación en las utilidades, porque éstas no existirán.
Y están notificados también de algo curioso, extraño, los señores accionistas de la Papelera, que son 16.000 ó 17.000: no obtendrán dividendos por el dinero invertido; pero sí tendrán la obligación de pagar impuestos por acciones que no dan dividendos. Es decir que ahora se traspasa a los accionistas el mismo sistema que el Gobierno está usando con todas las empresas para descapitalizarlas; y esto, en el caso de la empresa de papeles y cartones de Puente Alto, con finalidades exclusivamente políticas.
Comparto la opinión del Honorable señor Aylwin cuando, desde el punto de vista jurídico, señala concretamente que un Gobierno puede nacer legítimo, pero, en su acción, transformar la marcha del Ejecutivo en un acto ilegítimo, contrario a la ley y a la Constitución. Y por lo mismo, comparto el juicio de Su Señoría cuando sostiene en el Senado de la República que el Presidentede Chile ha violado reiteradamente la ley; y prueba de ello es el conjunto numeroso de decretos de insistencia. Se ha salido de la Carta Fundamental al violar los números 3, 9 y 10 del artículo 10.
¿Me permite una interrupción, señor Senador?
Desgraciadamente, si concedo interrupciones, lesionaré el derecho de los demás señores Senadores que están inscritos para usar de la palabra. Y como los señores Senadores de Gobierno que me piden interrupciones se negaron a prorrogar la hora, seguiré desarrollando mis ideas, para no perjudicar a quienes se inscribieron.
Lamento, pues, no poder otorgar interrupciones.
¿Me permite una pequeña interrupción, señor Senador?
Su Señoría me acaba de escuchar. Creo que su petición es un poco majadera.
El señor Senador, que es tan atento, democrático y libertario....
Está con el uso de la palabra el Honorable señor Durán, quien no desea ser interrumpido.
Puede continuar, señor Senador.
El Congreso Nacional y la opinión pública saben que reiteradamente los distintos partidos políticos de Oposición, haciendo uso de legítimos derechos, han formulado indicaciones o presentado proyectos de ley con el objeto de dar financiamiento adecuado a los medios de información. ¿Por qué se han presentado esos proyectos o esas indicaciones? Porque el Gobierno que preside el Excelentísimo señor Allende el compañero Allende, como le dicen sus partidarios, de manera sibilina, sin dar el rostro, ha ido operando paso a paso sobre los sectores privados. De una manera o de otra, como aquí se ha precisado, se tomaron empresas, se amenazó o amedrentó a otras, y las radios y diarios de Oposición fueron viendo cómo se restringían sus posibilidades de financiamiento.
En la carta del Ministro señor Matus, ejemplo de tartufismo, se dice que, como prueba irrebatible de que éste es un Gobierno respetuoso del orden democrático y de la libre expresión del pensamiento, ahí están los diarios que, para vergüenza de Chile, usan un lenguaje violento, duro, soez o procaz en contra de la acción de los personeros del Ejecutivo. Olvida ese Secretario de Estado que, si existe un profesionalismo de la infamia, en este país, él es practicado por la prensa, radio y representantes del Gobierno; que se encanalla el ambiente y se ocupan cadenas radiales y de televisión para calumniar a los distintos sectores de Oposición, a los que se supone vinculados con toda clase de maniobras contrarias al orden jurídico y al orden institucional, y a los que, sin embargo, no se permite dar respuesta por las mismas cadenas y usando de los mismos derechos. Paso a paso, se ha ido creando este ambiente de indefensión democrática.
Creo que es útil hacer un enfoque de esta política tendiente a silenciar el derecho de expresar opiniones, y a violar lo dispuesto en el artículo 10 de la Constitución Política del Estado. Antes se nombraban censores, personas que, enviadas por el Gobierno, rayaban las distintas informaciones de la prensa o se instalaban al lado de los locutores de radio para que éstos dijeran sólo lo que el Ejecutivo autorizaba decir. Ahora, paralelamente con el avance de la técnica en el mundo, este Gobierno marxista ha descubierto un procedimiento nuevo, más sibilino y profundamente hipócrita: el de ir silenciando a la prensa mediante el sistema de ahogar sus posibilidades económicas. Como las empresas del sector privado dependen del crédito las que todavía no han caído en manos del Estado, se dejan caer sobre aquéllas presionándolas en el crédito e, incluso, sometiéndolas, por intermedio de Impuestos Internos, a una política de tipo persecutorio.
En el caso de la Papelera, señalaré concretamente un hecho: cuando el Gobierno, por medio de la Corporación de Fomento creó un poder comprador, la gente libre de Chile formó un grupo tendiente a defender las acciones de esa empresa para mantenerlas en manos de particulares, y con ese objeto creó también un poder comprador. Abogado de la organización, destinada a evitar esta marcha hacia la posición totalitaria fue don Jorge Ovalle, sobre quien se dejó caer primero la infamia profesional de los plumarios, la misma que con tanta generosidad financia el Ejecutivo; y después de dejar al señor Ovalle desdibujado en su personalidad, con una caricatura monstruosa, Impuestos Internos se dejó caer con sus inspectores al estudio de ese profesional, creyendo que el señor Ovalle estaba disponiendo de un dinero que debía justificar ante ese organismo, en circunstancias de que sólo estaba allí organizado un departamento jurídico para que los demócratas pudieran, por su intermedio, dirigirse a los corredores de la Bolsa de Comercio, que son quienes se ocupan de los negocios de compraventa de acciones, con el objeto de hacer uso del anhelo libertario de defender a la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones de Puente Alto.
Se ha llegado a todos los excesos. Y el Gobierno da ahora un paso más, con el desfinanciamiento de la Papelera, con estas amenazas, con estos verdaderos chantajes en contra de las empresas para que no hagan publicidad en radios o prensa de Oposición, y con el objeto de producir la quiebra de todo medio que nos permita expresar un juicio con relación a la marcha del movimiento totalitario que piensa controlar el futuro de la República.
Respecto de la Papelera, es útil destacar otro hecho para que quede de manifiesto frente a la opinión pública: la política relativa a los precios no es una cosa que haya nacido espontáneamente, sin que se hayan buscado caminos distintos como cuestión previa. Todos recordamos la campaña insistente y pertinaz que tuvo por objeto dejar ante la opinión ciudadana la impresión de que esa industria manufacturera era un monopolio en manos de un pequeño grupo de personas, que se manejaba con criterio politizado en cuanto al reparto del papel y que, además, gozaba de todos los privilegios de una empresa que obtenía utilidades excesivas. Los datos de los balances, que conoce la opinión pública, demuestran que el gran porcentaje de las utilidades se reinvirtió, de manera que los dividendos siempre fueron escasos. Incluso, personeros del propio Partido Comunista han debido declarar que durante el tiempo en que esa empresa se ha manejado a sí misma, nunca se recurrió al procedimiento de cerrar las posibilidades de papel a los diarios del sector marxista de Chile. Pero tan pronto como llegó al Gobierno la Unidad Popular, se comenzó a montar la máquina para adueñarse de esa empresa, y, con la impudicia con que sabemos que actúan y que ha quedado de manifiesto una vez más en el debate de esta propia Corporación esta mañana, los representantes del oficialismo comenzaron a afirmar que se trataba de un monopolio, o sea, de una empresa que era la única que tenía en Chile la posibilidad de vender papel de diario. Entre tanto, como lo ha recordado el Honorable señor Aylwin, existen otras dos industrias del Estado en plena producción de ese papel: la de Arauco y la de Nacimiento. Y se está montando, como también lo recordó el señor Senador, otra empresa productora del mismo elemento en Maule.
En consecuencia, la afirmación de que la Papelera de Puente Alto constituye un monopolio ha sido una mentira más, característica del lenguaje de los personeros del Gobierno.
Es cierto que la palabra monopolio no puede ser eliminada del debate. Pero el problema es precisamente al revés: el Gobierno pretende crear un monopolio. Porque en la medida en que la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones de Puente Alto vaya a la quiebra, al derrumbe y al control por los organismos gubernamentales, se habrá creado un monopolio, ya que toda la producción de papel estará en manos del Estado. Pero, como consecuencia del cinismo profesional que señalé, ya se ha ido creando por ahí, dentro del Banco Central, un rubro que permite la importación de papel. Claro que, en este caso, rige la obligación de un depósito previo de 10 mil por ciento. Y naturalmente, en un país cuya caja en dólares es tan escuálida, ahí están las colas como testimonio mudo y trágico de una nación que económicamente se derrumba.
Por lo tanto, es el anhelo de tener el monopolio de la producción del papel de diario lo que inquieta al Gobierno y lo que la Unidad Popular busca como solución integral de sus problemas político partidarios. Decir otra cosa es, simplemente, estar engañándose a sí mismo, o formar parte de la comparsa que monta la línea siniestra de la fórmula totalitaria.
Pero la única prueba de ello no radica en el uso de la palabra monopolio que el Gobierno se ha dedicado a propalar. Es preciso, además, tener presente que se ha violado el espíritu con que Pedro Aguirre Cerda y el Congreso crearon la Corporación de Fomento. Este organismo estatal nació como una necesidad imperiosa de propender al desarrollo industrial del país, con algunas organizaciones estatales, con otras de carácter mixto o con la ayuda directa de la iniciativa particular, porque el Gobierno de Pedro Aguirre Cerda, al crear la Corporación de Fomento, permitió más que eso, anheló que la iniciativa creadora de riqueza, de fuentes de trabajo, tuviera respaldo en los organismos del Estado. El empresario no era un enemigo de la colectividad. Se trataba, pues, de una conjugación de anhelos que permitía a la mente creadora del ex Mandatario establecer un sistema mediante el cual, con controles del Estado, se utilizara la iniciativa del particular, fuente y palanca de trabajo y desarrollo.
Por medio de la Corporación de Fomento se ha creado asimismo, violando igualmente la ley, el poder comprador que ha permitido al Estado irse adueñando de los bancos. Pero todo este conjunto de inversiones no ha representado la creación de un mayor número de cargos. Las empresas siguen iguales. El Estado ha invertido ahí su dinero, el de todos nosotros, sin crear nuevas industrias. En consecuencia, no existe respuesta alguna para las 80 mil voluntades que anualmente entrega el país y que anhelan trabajar por el desarrollo de su patria. Podrá buscarse la martingala de la emisión para tener un conjunto de gente ociosa en distintas partes; pero eso no es absorber la inflación ni la cesantía, sino crear inflación.
Por lo tanto, hay una segunda prueba de que el Gobierno siempre persiguió la idea de que la Papelera de Puente Alto, mediante el establecimiento de un poder comprador establecido por la CORFO, cayera en sus manos.
Dentro de este debate, también es útil destacar que la voluntad del Ejecutivo no es algo que nazca de falta de conocimiento o de una posición ignara de los fenómenos económicos. Esto obedece a un montaje hábil, hecho con líneas claramente trazadas. Se desea llegar, como tan reiteradamente lo ha expresado el Presidente Allende, al socialismo a la chilena, con sabor a empanadas y a vino tinto. Pero no le está yendo muy bien a él ni al país, porque las empanadas tienen poco sabor chileno, y porque respecto del vino todos sabemos de su escasez. Por consiguiente, de atenernos a sus palabras, su fórmula de socialismo a la chilena está bastante fracasada y venida a menos.
Pero el sistema se viene poniendo en movimiento, no por ignorancia, repito, sino con lineamientos claros. Estamos despachando leyes que, como todos sabemos, son claramente inflacionarias. No recordemos frases como aquella de que la desvalorización monetaria, por ejemplo, es un robo a los trabajadores; no recordemos los discursos encendidos de los Senadores de Gobierno en que se afirmaba que, cuando los ricos recortaban la moneda, a los pobres no les cabía más que recortar la carabina y salir a los caminos. Yo recuerdo el lenguaje de los señores Senadores de enfrente cuando durante los Gobiernos anteriores se desvalorizó nuestra moneda con relación al dólar, cómo dijeron aquí que esto era una cosa siniestra y miserable. No quiero repetir todas sus palabras para que no sientan vergüenza al recordarlas.
Uno sale del país y se encuentra, al regreso con que, no digo por meses o semanas, sino por horas, se está cada vez peor.
En estos instantes estamos despachando un proyecto de reajustes y ha sido necesario dar unas compensaciones, justas compensaciones, pues la clase asalariada, los empleados y obreros, han perdido su poder adquisitivo, y, además, deben hacer colas en espera de lo que no les van a entregar. Allí están dos, tres, cinco u ocho horas, sólo para saber que lo que deseaban comprar ya se acabó y que deben volverse a la casa sin los elementos que necesitan.
Aquí tenemos una cooperativa los parlamentarios y funcionarios del Congreso. ¿Existen, las cosas que uno pide, en esta cooperativa? ¿Cuántas veces no se nos ha dicho que tales o cuales productos ya no quedan, a pesar de tratarse de un organismo dependiente del Senado y de la Cámara, o sea, de un Poder público? Entonces, ¿qué le queda al hombre de la calle, al ciudadano común?
Por esta vía de inflar y de inflar las cosas, se llega a lo que concluía en su análisis el Honorable señor Aylwin: el Gobierno tiene en estos instantes en sus manos el control de los precios. Si el Gobierno fija precios tardíos o bajo el costo, todo el sector privado quebrará, en Chile. Vale decir, que, sin un voto y sin una sola ley, se hará el socialismo a la chilena, pues toda la empresa privada, industrial, agrícola o comercial, caerá en manos del Estado. Por eso damos al problema planteado esta mañana tan extraordinaria importancia.
Nosotros no podemos aceptar silenciosamente, como Democracia Radical, considerando los cargos que tenemos en su directiva y la representación que investimos en esta Corporación, que el Ejecutivo, la Unidad Popular y el Presidente de la República, hagan lo que están haciendo.
Recuerdo muy bien cuando el señor Presidente de la República, siendo aún Senador, sentado en esa última silla, con palabras que conmovieron a muchos señores Senadores, reiteró su juramento de respetar la convivencia democrática y libre de Chile. He debido recordar, también, como consecuencia de la lectura hecha por el Honorable señor Aylwin de ciertos documentos, las declaraciones hechas por Su Excelencia al señor Debray. ¡Duele, como chileno, constatar la contradicción!
Yo no tengo dudas, ahora, después de ir observando el montaje del Gobierno y hacia dónde camina, acerca de que las elecciones parlamentarias del próximo año pueden ser una mascarada, una burla. ¿Qué se saca con que se coloquen urnas y se llame a elecciones si los sectores de la Oposición no vamos a poder formular críticas?
¿Acaso no sabe el país que hace pocos días se clausuró una radio que informó de un hecho cierto, que el Gobierno posteriormente ratificó en sus declaraciones oficiales, por considerarse alarmante la noticia?
Lo que sucede es que nos han ido acostumbrando al atropello y al abuso. ¡Todos los días, un ataque en contra de una empresa o de un particular! ¡Todos los días, un nuevo atropello a las libertades que garantiza la Constitución! Así, la gente se va cansando, y en el cansancio penetra la actitud táctica de quienes anhelan romper esta convivencia libre.
Los marxistas ocupan muy bien el martillo para meter el clavo. No lo hacen de un golpe. Van golpeando el clavo en la cabeza para que entre centímetro a centímetro. Y cada vez que echan hacia atrás el martillo para dar en seguida otro golpe, algunos inocentes dicen: ¿Vió cómo se echó para atrás con el martillo? Ya no sigue la acción. Pero quienes así piensan no se dan cuenta de que el propósito que se perseguía era el de dar un nuevo golpe para meter más el clavo en la vida democrática de un pueblo que anhela seguir siendo libre.
Según lo establece la propia Carta Fundamental, se puede acusar constitucional mente al Presidente de la República cuando éste se aparta de las normas constitucionales. Pero para que esta acusación prospere, se necesita, además de la mayoría de la Cámara, los dos tercios de los Senadores en ejercicio. La Oposición no los tiene, de modo que no podemos acusarlo. Me anticipo en esta idea porque ya sé lo que se dirá mañana: Si se ha salido de la Constitución, acúsenlo. Y él también nos lo dirá. Dirá que estos discursos no tienen fundamento, que son falsos. Y lanzará un heroico desafío desde atrás de las murallas del Palacio de Toesca: Acúsenme. El pueblo responderá por mí. Pero él sabe muy bien que no tenemos dos tercios para acusarlo.
Creo que un demócrata, más allá del examen táctico de las posibilidades de tipo electoral, frente a este tipo de amenazas tiene el deber de contestar con actitudes claras.
Yo me sumo a la petición del Honorable señor Aylwin para que estas observaciones sean transcritas a Su Excelencia el Presidente de la República, para que conozca estas apreciaciones nuestras en el sentido de que, con el sistema que está empleando, se ha salido de la Constitución Política del Estado, ha reemplazado la práctica que antes seguían los tiranuelos de distintos países, que ocupaban interventores o censores mercenarios para que borraran frases o castraran artículos de prensa a fin de controlar la opinión libre: ahora se opera con el régimen que nosotros estamos develando esta mañana en el Senado, que el país conoce, del que ya ha tomado conciencia.
Por eso, la Democracia Radical se suma a la petición de que nuestras observaciones sean integralmente transcritas también en nombre de nuestro Comité- a Su Excelencia el Presidente de la República.
El señor PALMA (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Bulnes Sanfuentes.
Señor Presidente, esta sesión empezó con la lectura de una comunicación del señor Ministro de Economía que, para usar términos parlamentarios, sólo calificaré de un desenfado insólito e inaudito. El señor Ministro, que tenía el deber moral de asistir a esta sesión, y que habría gozado en ella de toda la preferencia que otorga nuestro Reglamento a los Ministros de Estado para usar de la palabra, ha enviado a esta Corporación una carta en que sostiene que jamás ha existido una política discriminatoria respecto de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones y que lo único que ha sucedido es que la DIRINCO tiene demasiado trabajo, por lo que ha debido postergar ¡a revisión de los precios fijados a los productos de esa empresa.
No sé qué concepto tiene el señor Ministro de sus compatriotas. Supongo que no pretenderá engañarnos a los Senadores, porque si nosotros, que tenemos la obligación de preocuparnos de los problemas públicos, pudiéramos comulgar con esta rueda de molino, seríamos, simplemente, retardados mentales. Tampoco sé qué concepto tiene de la opinión pública de Chile, porque es evidente que todavía, a pesar de todas las presiones y atropellos del Gobierno, ella cuenta con suficiente información política y conoce los hechos más trascendentes que ocurren.
Contra la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones se ha seguido, no una política equivocada: se ha desarrollado una persecución inclemente, absolutamente sistemática y planificada, desde el día mismo en que este Gobierno asumió el Poder.
En primer lugar, como lo recordaba el Honorable señor Durán, ha habido, financiada con fondos fiscales y con enormes gastos que constituyen verdadera malversación de caudales públicos, una campaña permanente de desprestigio en contra de la empresa y de sus dirigentes. No hay falsedad que no se haya dicho respecto de aquélla y de éstos.
En seguida, utilizando el arbitrio que permanentemente emplea este Gobierno: el fraude a la ley, su utilización para finalidades que jamás estuvieron en la mente del legislador, y valiéndose por añadidura de presiones y amenazas, se ha tratado de conseguir que los accionistas de esa empresa entreguen sus acciones al Estado. Ha fracasado el embate. La Corporación de Fomento sólo tiene en su poder algo más del 7 % de las acciones de la compañía, porque los accionistas de ella han comprendido que al defender sus acciones no están defendiendo su dinero ni sus intereses particulares, sino la muy amenazada supervivencia de la libertad de prensa y de opinión en Chile.
Pero como esos arbitrios no han dado resultado, se ha seguido, en materia de precios, una política que no sólo es ilegal e inconstitucional, sino que constituye un verdadero atentado contra la economía nacional. Tengo algunas cifras a la vista: en 1967, 1968, 1969 y 1970, cuando en Chile existía un Gobierno que no tenía ninguna simpatía por los dirigentes de la Papelera pero que respetaba las normas democráticas y cumplía las leyes, los reajustes de precios de los productos de la compañía se hicieron, invariablemente, en los primeros días del año, lo que permitió a la empresa, a la que se le atribuyen utilidades fabulosas, obtener como promedio una ganancia de 6,5%, que fue reinvertida casi en su totalidad.
¿Qué ha ocurrido en este Gobierno? El reajuste de precios que debió hacerse a principios de 1971, se hizo en octubre de ese año. La compañía estaba perdiendo ya, al fijarse el nuevo precio, once millones de escudos mensuales. El reajuste, entonces, no tuvo más alcance que suprimir esa pérdida, sin reembolsar a la compañía de los déficit anteriores y sin prever en forma alguna los aumentos de costos que cada día se precipitaban.
En 1972, con la Papelera ya casi en falencia, se demoró el reajuste hasta el mes de agosto. Sólo entonces se vino a conceder un aumento de 19,6%, que constituye una verdadera irrisión, porque no alcanza ni remotamente para cubrir los costos. El resultado es que la empresa perdió, según su balance, en el ejercicio 1º de julio de 1971 a 30 de junio de 1972, 288 millones de escudos, y que sólo en el segundo semestre de este año, si se mantienen los precios actuales, debe perder no menos de 500 millones de escudos y tal vez más de 600 millones, lo que la colocaría, evidentemente, en la necesidad de suspender sus pagos y pedir su declaratoria de quiebra.
¿Y qué es esa compañía? Es una empresa de capitales netamente chilenos, que ocupa a 4.500 trabajadores; que ha desarrollado una industria que constituye un verdadero lujo para el país; que abastece al país de papel y otros productos bien elaborados; que el año pasado exportó productos por valor de 26 millones de dólares. Es la primera compañía productora de celulosa del continente y el principal exportador que existe en todo el mercado de la ALALC. Además, es una compañía que se ha administrado con profundo criterio social, como es público y notorio. Es, por fin, una compañía que, en el curso de los 50 años de su existencia, ha reinvertido el 87% de sus utilidades y sólo ha distribuido el 13% de los beneficios.
La situación de falencia en que se la coloca repercute en todo el país, porque los pagos suspendidos afectan a muchas otras empresas. Pero, lo que es más grave, se ha forzado a la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones a suspender el servicio de sus créditos extranjeros, créditos del Banco Mundial, del BID, del Gobierno de Canadá, del Gobierno sueco y del Gobierno de Alemania Occidental.
En este momento la compañía está en mora en el exterior, y con ello se está deteriorando todavía más lo que resta del crédito de Chile. Y hay que tener mucho desenfado y bastante cinismo para andar protestando y llorando por ahí porque se cierran los créditos a este país, cuando se provoca artificialmente el que la más grande de las empresas privadas chilenas suspenda sus pagos al exterior.
¿Con qué propósito se ha desarrollado esta política? Lo sabemos de sobra: forma parte de un cuadro integral, de la escalada marxista para terminar en Chile con la libertad de información. Todos los embates contra la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones no tienen más objeto que poner la distribución del papel en manos de un Gobierno politizado y sectario, para hacer imposible la supervivencia de la prensa independiente.
Este es un cuadro que está abarcando todos los medios de difusión. Sabemos de sobra lo que se hace con la televisión, pisoteándose todos los días la ley que la regula. El Canal Nacional es una cátedra del marxismo. Miente sobre todas las actitudes de la Oposición. Calumnia a los personeros de ésta. La ilegalidad de su actuación viene desde la designación de su más alto dirigente, porque la ley exige que la presida una persona designada con acuerdo del Senado. Esa persona está renunciada desde hace tal vez un año, y un periodista de extrema Izquierda, el más apasionado de todos, ejerce tal función en contravención a la ley.
¿Qué ocurre con el Canal de la Universidad de Chile, que todavía está en manos comunistas? Su propaganda marxista, su rastrerismo prosoviético, llega ya a tantos extremos, que, francamente, lejos de estar trabajando a favor de los intereses marxistas, trabaja a favor de los intereses de la Oposición; porque escuchar el servilismo que ese Canal mantiene respecto de la Unión Soviética, tiene que producir reacción y repugnancia en cualquiera conciencia bien puesta.
¿Y qué está ocurriendo con las radioemisoras? Nos están preparando el ánimo para que lleguemos sin ellas a las elecciones. Están siguiendo la táctica del acostumbramiento. Empezaron con la Radio Minería de Valparaíso, continuaron con Agricultura de Bío-Bío, y hace pocos días, con el pretexto más pueril, sin la sombra de una razón, clausuraron por 48 horas la Radio Agricultura de Santiago, que encabeza, en el plano de las transmisiones políticas, una cadena de cuarenta y tantas radiodifusoras en el país.
Nos están acostumbrando. Están preparando el terreno para que las fuerzas de Oposición se encuentren en el mes de febrero sin medios para realizar la campaña electoral.
En el caso mismo de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, se han infringido ya en forma clarísima disposiciones legales y constitucionales. Como lo demostró el Honorable señor Aylwin, se han violado las leyes y reglamentos que enmarcan las atribuciones de la Dirección de Industria y Comercio, pues reiteradas disposiciones de esas leyes le exigen al Director de ese organismo fijar los precios considerando todos los costos y asegurando una equitativa utilidad a los capitales invertidos. De esa disposición legal se ha hecho tabla rasa.
¡También se han violado dos garantías constitucionales que, como todas éstas, son fundamentales para el mantenimiento de la democracia. Se ha violado la garantía constitucional del número 9 del artículo 10, que asegura a todos los habitantes de la República que ninguna especie de contribución, ni de servicio personal, ni de carga pública, podrá ser impuesta sin que una ley lo determine así, y que también asegura a los habitantes de la república la igual repartición de las contribuciones y cargas públicas. Se ha violado el número 10 del artículo 10 de la Constitución Política, que establece que nadie puede ser privado de su propiedad sino por expropiación dispuesta por una ley en razón de utilidad pública o de interés social. Y cuando se obliga a una empresa a vender sus productos notoriamente bajo sus costos, bajo todo costo posible en el país, es evidente que a esa empresa se le está imponiendo una carga pública que ninguna ley ha considerado, y que se le está despojando de su capital; porque cada producto que obligadamente se venda a un precio inferior a su costo significa una confiscación de capital, que la Constitución prohibe hacer.
¿Me permite, señor Senador?
Sólo deseo plantear la posibilidad de prorrogar la sesión hasta las 2 de la tarde, a fin de que puedan usar de la palabra los Senadores inscritos.
Si le parece a la Sala, se accedería a dicha petición.
Me opongo.
No hay acuerdo.
Puede continuar Su Señoría.
Trataré de concluir rápidamente mi intervención. Y lo haré con tranquilidad, porque gran parte de los conceptos que habría podido exponer ya han sido expresados por los Honorables señores Aylwin y Durán.
Como representante en estas bancas del Partido Nacional, debo manifestar que concordamos plenamente en la idea de que el Gobierno que nos rige ya no se limita a cometer algunas ilegalidades, sino que se ha transformado en un Gobierno ilegal. Porque cuando las leyes se violan todos los días, cuando se violan sistemática y planificadamente, cuando se demuestra la mayor contumacia en repetir y agravar hoy la violación legal que se cometió ayer, ya no se puede hablar simplemente de que se infringe la Constitución o la ley, sino que hay que decir que el Gobierno está definitivamente colocado en el terreno de la ilegalidad. Y esto tiene las consecuencias que señalaba el Honorable señor Aylwin. No basta que los Gobiernos sean legítimos por su generación. Es necesario que los Gobiernos sean legítimos por el ejercicio que hacen del Poder. Un Gobierno que nace legítimo pero que viola la Constitución, sistemática y planificadamente, se convierte en un Gobierno ilegítimo. Y aunque sea tremendamente duro decirlo, aunque mañana todos los corifeos que el Gobierno tiene en la prensa nos acusen de sediciosos, yo tengo que declarar aquí que ésta es la opinión del Partido Nacional: que este Gobierno se ha convertido en ilegítimo. Y al respecto, no estoy improvisando, porque hace unas pocas semanas los más altos dirigentes y los parlamentarios del Partido tuvimos una reunión de dos días para examinar a fondo esta situación, y llegamos a la conclusión, meridianamente clara, de que este Gobierno está colocado en una situación de abierta ilegalidad.
El Presidente de la República tiene muchas tribunas y mucha facilidad para hablar. Repite permanentemente aquella frase la vía legal para la construcción del socialismo. Trata de producir en el exterior la sensación de que vivimos en una ejemplar democracia. Pero para que haya democracia no basta que exista un Congreso abierto, no basta que nos reunamos todos los días, y 12 horas al día, para tratar proyectos de secundaria o de mucho menos que secundaría importancia, como lo estamos haciendo. Es necesario que en los actos del Gobierno se respete la ley, y ésta no se está respetando. Planificadamente, sistemáticamente, repito, este Gobierno está conculcando, cada vez con más impudicia, la Constitución y la ley.
Tengo que hacer una confesión personal. Yo, que trabajo en el Senado intensamente, que soy casi un interno en esta Corporación, muchas veces he pensado, en el último tiempo, que aquí ya no se hace ninguna labor útil. Todo lo importante se hace allá afuera mediante resoluciones y decretos ilegales, y a nosotros se nos traen proyectos de ley que no tienen trascendencia alguna; proyectos que, por último, se destrozan por la vía del veto, y si no se logran destruir, después no se cumplen. ¡Tengo la sensación de que estamos viviendo una gran mascarada, una gran farándula: la farándula de la democracia, encabezada por el Presidente de la República. Pero también tengo la penosa sensación de que nosotros, sin quererlo, y por tratar de evitar que los males sean mayores, somos comparsas en esa farándula. Le estamos haciendo el juego al Gobierno, para que pueda decir a los incautos que en Chile se mantiene el Estado de derecho, en circunstancias de que éste está quebrado en nuestro país.
Por el señor Allende, en el plano personal, siempre tuve consideración cuando era mi colega; pero al señor Allende actual Presidente de la República yo le digo, desde la modestia de esta banca, que ha sacado a Chile del Estado de derecho; que ha violado, como recordó el Honorable señor Aylwin, las promesas solemnes que formuló en esta misma Sala y desde ese asiento cuando todavía no estaba elegido Presidente de la República por el Congreso Pleno y necesitaba los votos de la Democracia Cristiana. Y le pido que reflexione; que tenga conciencia del proceso en que está colocando al país. Chile no es una nación que tolere Gobiernos ilegales. Este país está habituado a la legitimidad y al Estado de derecho. Las consecuencias del cuadro en que vivimos pueden ser de gravedad incalculable, y el responsable de esas consecuencias se llama Salvador Allende.
Termino solicitando que estas observaciones se transcriban al Presidente de la República.
Si le parece a la Sala, se acordaría transmitir al Primer Mandatario las observaciones de los señores Senadores que han hecho uso de la palabra en esta sesión, según lo han solicitado.
Acordado.
El señor Secretario dará lectura a una indicación que llegó a la Mesa.
Se ha formulado indicación para publicar in extenso el debate de esta sesión.
Se aprueba.
El señor PALMA (Presidente).-
Quedan tres minutos.
Ofrezco la palabra.
El señor ACUÑA.-
Pido la palabra.
Tiene la palabra Su Señoría.
En primer lugar, deseo reiterar mi petición en el sentido de prorrogar la hora de término de esta sesión, a fin de poder expresar algunas ideas.
En este momento no hay quorum para tomar acuerdos, señor Senador.
Entonces, debo expresar muy brevemente que comparto casi en su integridad los planteamientos vertidos hoy día en esta sesión, y, en representación del Partido Izquierda ¡Radical, por la falta de tiempo, los hago míos.
Creemos que el debate realizado hoy en el Sonado tiene vinculación directa, más que con el problema de una empresa, con el de la libertad, la democracia y la defensa de la subsistencia libre de los medios cíe información. La campaña que el Gobierno lleva adelante, estrangulando un día radioemisoras, como Minería y Agricultura, otro día, por la vía de la intervención, diarios, como La Mañana, de Talca, en todos los casos sin fundamento legal, con abierta violación de nuestro Estado de derecho, nos lleva hoy a concluir, con el respaldo de la Corte Suprema, que se pronunció hace algunos días sobre el caso del diario La Mañana, de Talca, que el Presidente de la República y los partidos marxistas de la Unidad Popular han violado la Constitución, se han salido de la ley y han quebrado nuestro Estado de derecho, cuya defensa pregonan permanentemente.
Reitero mi solicitud para prorrogar la sesión.
Si le parece a la Sala se prorrogaría hasta las dos de la tarde, la hora de término de la sesión.
Acordado.
Puede continuar Su Señoría.
Muchas gracias, señor Presidente.
Expresaba que frente a los numerosos hechos que hemos podido comprobar, nosotros también sostenemos que el señor Allende y los partidos marxistas han quebrado el régimen de legalidad en Chile, se han salido de la norma constitucional y están caminando de manera acelerada, con un cinismo extraordinario pregonado por el Presidente de la República en periódicas conferencias de prensa y en el palacio de la UNCTAD, que se hizo construir para declamar ante los extranjeros, hacia el estrangulamiento de las libertades públicas, para impedir la libre expresión de la Oposición, la crítica fiscalizadora y la denuncia de los atropellos e inmoralidades que en forma reiterada cometen funcionarios de este Gobierno y que están constituyendo las noticias de prácticamente todos los días.
El problema de la política del Gobierno frente a la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones atañe a la libertad y a la defensa de los medios de información, que deben poder subsistir libremente.
Los marxistas que gobiernan a Chile prometieron llevar a cabo un proceso de socialismo a la chilena, para tender, evidentemente, una cortina de humo sobre sus verdaderas intenciones, que están descubriendo: las de caminar, días tras día, hacia un proceso de dictadura proletaria, en que la dictadura la ejerzan, en nombre del proletariado, los jerarcas del Partido Comunista y de los demás partidos marxistas. Esto es algo que uno lo va viendo en todas partes. Se ha ido caminando muy rápidamente en este proceso.
La negativa de otorgar reajuste de precios a la Compañía de Papeles y Cartones, para colocarla en situación de insolvencia y quiebra y, por esta vía, tomar su control, obedece naturalmente a propósitos muy claros. En el país existen varias plantas productoras de paleles y de celulosa. No se trata, en consecuencia, como aquí se dijo hace algunos instantes, de una actividad monopólica. Chile sabe que existen varias industrias que producen papel: la industria forestal INFORSA, que fabrica papel de diario en este momento; Celulosa Arauco, que elabora celulosa; la Papelera del Pacífico, convertidora de papel, y la planta Celulosa Constitución, en construcción.
Asimismo, sabemos que dentro del proceso de reparto y de control político que este Gobierno lleva a cabo en las diversas áreas en que va avanzando éste es el caso del papel y de las industrias que mencioné, se ha efectuado una distribución estrictamente política, que se conoce con el desprestigiado y vergonzoso sistema del cuoteo, en virtud del cual se entregan responsabilidades muy importantes a los elementos más incapaces e ineptos por el solo hecho de ser grandes prosélitos o activistas de los partidos marxistas, a fin de imponer, más que la eficiencia, la técnica y la productividad en el manejo de las industrias, el control político de todos los trabajadores que en ellas laboran.
¿Quién controla Industrias Forestales? Según el cuoteo que existe en este Gobierno, la controla el Partido Socialista mediante el ex Diputado de esa colectividad, don Gustavo Aqueveque. Es decir, Industrias Forestales es parcela del Partido Socialista.
Celulosa Arauco es parcela asignada al Partido Comunista, y la dirige don Rafael Budnik, militante de este partido.
Papelera del Pacífico es cuota del Partido Radical, y Celulosa Constitución, en construcción, también es una cuota asignada al Partido Radical, que está en el Gobierno.
Pero junto con esto, el país está consciente de que existe todo un proceso destinado a obtener el control absoluto, el ahogo y el estrangulamiento de los medios de difusión por la vía de la asfixia económica, de negarles recursos y posibilidades para que puedan llevar a cabo sus actividades, financiarse, pagar remuneraciones, poder subsistir. Y esto se hace en un país donde la economía nacional está controlada en 60% por el Estado y donde el Ministerio de Economía, a través de la política marxista, viola permanentemente normas legales para no permitir legítimas ganancias en las actividades privadas existentes y, aún más, para liquidarlas o para que supervivan languideciendo o agonizando. Este Gobierno, aparte esa herramienta del control de precios, en cuyo empleo ha transgredido constantemente la legalidad, ha llevado a cabo un proceso de distribución de toda la propaganda que, mediante avisos, el sector público y fiscal y las empresas del Estado entregan a radiodifusoras y diarios del país. Así, por ejemplo, se sabe que en este momento, bajo la dirección de un conocido militante comunista de nacionalidad argentina, señor Antonio Benedicto, quien, seguramente, trajo los métodos recogidos durante la dictadura peronista en Argentina, se está implantando en Chile una distribución de la propaganda. Dentro de la participación pluripartidista de las colectividades que gobiernan a Chile, se han formado varias agencias de publicidad para repartirse el avisaje. Por ejemplo, existe la agencia Territorio, de propiedad del Partido Comunista. De ahí que veamos en la edición de El Siglo del 1º de mayo, por ejemplo, páginas y páginas extraordinarias que contienen centenares de avisos de las empresas del Estado, de los servicios públicos y de una serie de instituciones controladas o chantajeadas por los partidos marxistas. Y en la edición de ese día de El Siglo, periódico del Partido Comunista, según cálculos hechos aplicando las tarifas regulares que se conocen, este año las empresas del Estado habrían pagado en avisos una cantidad superior a los trescientos mil escudos.
Existen otras agencias de publicidad: Vanguardia, de propiedad del Partido Socialista; Latina, de la cual es dueño el Partido Radical, y Stentor, del API. Lamento que haya salido de la Sala el Honorable señor Tarud, quien se negó hace un momento a prorrogar la sesión, porque la Acción Popular Independiente también tiene su cuota en esta repartija de dineros fiscales mediante el control de la publicidad y propaganda, beneficiando a radioemisoras y periódicos y liquidando, estrangulando y asfixiando a los que no son adictos al régimen y publican las críticas y los actos de fiscalización de los miembros del Parlamento nacional; fiscalización que es indispensable, como aquí se ha dicho, para que efectivamente podamos expresar que vivimos en un régimen democrático. Porque ¿de qué serviría que en el Congreso pudiéramos pronunciar extensos discursos, si no hubiera ninguna clase de proyección al exterior a través de la prensa y de la radio? Con razón un ex Presidente de la República dijo que un Parlamento sin prensa o sin radio es una reunión confidencial que no tiene proyecciones. Y pareciera que ése es el modelo de socialismo a la chilena, de legalidad, de democracia, de que habla el señor Allende, que quisieran proyectar en nuestra patria: asfixiar todo, liquidar todo, estrangular todo, pero manteniendo cierta columna vertebral de instituciones que tengan reuniones confidenciales o expresiones intrascendentes, que permitan expresar, como sabemos que sucede en muchos países controlados por el marxismo, que tienen algo de institucionalidad democrática.
Al referirme a este tema, deseo manifestar esta tarde que a nosotros nos preocupa profundamente el porvenir de nuestra patria ante la política que los partidos de Gobierno plantean al país o dejan entrever.
En marzo de este año se conoció un documento del Partido Socialista, que era producto de un examen interno de ellos. En dicho documento se expresaban algunos juicios, algunas conclusiones que provocan profunda inquietud. Un párrafo de él decía: Para nosotros, socialistas, cada pequeño triunfo eleva el nivel del próximo choque, hasta que llegue el momento inevitable de definir quién se queda con el poder en Chile: al momento de dilucidar violentamente entre el poder de las masas y el de las fuerzas reaccionarias internas apoyadas por el imperialismo yanqui. Más adelante señalaba: La diferencia entre nuestra posición y la del resto era que los socialistas exigíamos que la iniciación del socialismo fuera una tarea de este Gobierno y no sólo una perspectiva histórica. Decimos esto, porque aún muchos cantaradas expresan que en la Unidad Popular triunfa la estrategia del Partido Comunista. Creo que el Honorable señor Aylwin también recordó denantes ya no sólo una impresión, un juicio interno de algunos socialistas, de que hay camaradas de ellos que creen en la estrategia del Partido Comunista. Hace pocos días se publicó un incidente habido en la Cámara de Diputados, durante el cual, en medio de un diálogo punzante entre un destacado parlamentario del Partido Comunista, un hombre de brillo y agilidad intelectual, a quien con frecuencia muestran en todos los foros, el señor Guastavino, y un Diputado democratacristiano, el primero expresó que quienes mandan en Chile son los comunistas. Y hay gente, señor Presidente, que comparte este juicio entregado oficialmente por el señor Guastavino, quien, al parecer, hoy día lo ha desmentido.
Nosotros creemos que, evidentemente, hay una dirección fundamental del Partido Comunista en los actos del Gobierno, que les dice a veces, usando el lenguaje florido y poético del Honorable señor Teitelboim, a algunos cerebros calenturientos de otros partidos de la Unidad Popular: Piano, vamonos con calma. Consolidemos posiciones. No asustemos a algunos grupos de ciertos sectores. Tenemos el amplio control de sectores importantes de la economía nacional. Afiancemos posiciones. No conviene colocar en estado de alarma a otros grupos, a otros sectores. Y mucha gente, con una ingenuidad y una ignorancia extraordinarias, algunos por oportunismo, por recoger algunas prebendas o sobras de banquete, pese a ser en el fondo de su conciencia y de su pensamiento defensores o partícipes de un sistema libertario y democrático, continúan siendo instrumento o títeres de un circo que sigue la dirección central y el movimiento de estos artistas consumados, que saben a donde van: a la construcción de un Estado totalitario.
Los mismos señores del Partido Socialista que en ese documento del mes de marzo expresan juicios como los que he mencionado, son los que han planteado, por intermedio del Senador Altamirano, las acusaciones más tremendas contra todos los grupos chilenos que no comparten las tesis dogmáticas, sectarias y totalitarias de los partidos marxistas. ¡A todos hay que emporcarlos diariamente! ¡Todo el que discrepa de la conducción marxista es un traidor, un vendido a alguien! Algunas personas quizás por haber estado muchos años en un proceso de sometimiento mercantil a ciertas directivas internacionales, creen que todos pueden ser de su misma condición, y que al que no acepta sus métodos, sus doctrinas, sus ideas, su estrategia y sus tácticas, hay que emporcarlo; que cuando alguien se rebela a ser instrumento, hay que enlodarlo con injurias, con calumnias y con toda clase de epítetos, colocándolo en el estrado del enjuiciamiento público de los sectores automatizados que ellos manejan.
El señor Altamirano, jefe del Partido Socialista, al que pertenece el Presidente de la República, ha anunciado, en su desprecio por todo el orden legal, toda clase de acusaciones y enjuiciamientos contra todas las instituciones, contra el Congreso. ¡El Congreso es espurio, el Senado es espurio! Para esos marxistas, al decir del Honorable señor Teitelboim, de cerebro calenturiento, es espurio este Congreso que dio la consagración de Presidente de la República al señor Allende y que dio vigencia institucional a su mandato. Según ellos, también los tribunales de justicia son espurios. Ya el 5 de agosto el señor Altamirano anunció una grave acusación contra la Corte Suprema de Chile, que sería planteada ante el pueblo de nuestro país. Ese es el lenguaje que usan estos grupos marxistas al hablar. Todo se hace ante el pueblo. Se toma el nombre del pueblo en todo, hasta para echar a la calle a modestos empleados y obreros como los de Sumar y Helvetia, y para perseguir a campesinos y pobladores. ¡Todo se hace en nombre del pueblo! Esta instrumentalización del concepto pueblo y esta permanente manía de querer confundir a los que tienen, desde el punto de vista de directiva política como es en este caso, el control del país, con los intereses del pueblo, es, naturalmente, un proceso de mistificación extraordinariamente grave y peligroso.
Recuerdo que un destacado teórico de la ciencia política, Harold Laski, en un libro escrito hace muchos años, que se llama La libertad en el Estado moderno, ya nos advertía el peligro de estos desvarios de ciertas concepciones totalitarias y, fundamentalmente, a lo que ellos pueden llevar. En dicho libro habla sobre los problemas de la libertad en los Estados modernos, y emite una serie de juicios que tienen una tremenda vigencia en Chile en estos instantes, porque los estamos viviendo y sufriendo. En uno de los párrafos dice lo siguiente:
Quienquiera que ejerza el poder en una comunidad experimenta la tentación de abusar de ese poder. Incluso en una democracia debemos contar con modos y medios de proteger a la minoría contra una mayoría que pretende invadir su libertad. La humanidad ha sufrido mucho por culpa de la suposición de que, una vez que el pueblo se hubo convertido en el amo de su propia casa, ya no existían límites para su poder.
En una conferencia de prensa realizada en mayo, publicada en la página 4, sección Documentos, del diario El Siglo de 27 de ese mes, ante la interrogante de los periodistas respecto de la deficiente, positiva o regular publicidad oficial que había en torno de este Gobierno, el Secretario General del Partido Comunista, señor Corvalán, ante la pregunta de la periodista Rosemarie Graepp acerca de la opinión de su partido sobre la publicidad gubernamental en los medios de comunicación de masas y su labor al respecto, respondió lo siguiente:
Pensamos que en el proceso revolucionario tienen que manifestarse diferentes órdenes de cosas. No concebimos un proceso revolucionario sin la batalla por la opinión pública, por el corazón y la mente de los ciudadanos de un país determinado, sin una revolución cultural, sin una política en materia de propaganda. No lo hemos conseguido, y es también una de las debilidades del Gobierno.
En un libro publicado en 1970 por el periodista socialista Elmo Catalán, fallecido en Bolivia, titulado La propaganda, instrumento de presión política, se emiten una serie de juicios acerca del poder de los medios de información. Al iniciar su libro, ese periodista, que perteneció al Partido Socialista chileno, al referirse a los medios de información dice algunas frases que seguramente forman parte del abecedario diario de repetición ideológica de muchos militantes de los partidos marxistas chilenos. Expresa lo siguiente:
Quien controla los medios de producción,... controla el poder político y los medios de información. Quien controla los medios de información se asegura una respuesta mayoritaria y disciplinada de la masa.
Como es evidente esta afirmación no constituye ninguna novedad pues es una reafirmación en Chile del camino, dé la orientación de ciertos partidos tendiente a controlar todos los medios de difusión, controlar las masas y ahogar las inquietudes del pueblo, la crítica y toda clase de opiniones respecto de la conducción del país por parte de los gobernantes. Constituye, además, naturalmente, la repetición de una experiencia histórica, pero que en estos instantes, a nuestro juicio, por la orientación de ciertos partidos tendiente partidos marxistas, constituye una grave tentación. La experiencia histórica aquí hay muchos discípulos marxistas leninistas nos enseña lo que han pensado algunos padres ideológicos de Senadores que hace un instante estaban presentes en la Sala. ¿Qué decía Stalin respecto del problema de la libertad de prensa? En una de sus entrevistas con las delegaciones de trabajadores extranjeros, el 5 de noviembre de 1927, el dictador ruso dijo:
Si es una cuestión de libertad de prensa para la burguesía, entonces esa libertad no existe ni existiría aquí, mientras esté en el poder la dictadura del proletariado. Pero si es una cuestión de libertad de prensa para el proletariado, entonces debo decir que ustedes no encontrarán otro país en el mundo donde exista una tan amplia y completa libertad de prensa como la que existe en la Unión Soviética.
Hace algunos días, se efectuó una reunión en Estados Unidos, en el pueblo de Saint Paul, Minnesota, a la cual concurrieron periodistas de diversos países para hablar sobre el problema. Al respecto, el cable señala: Lev Yelisseye, de 27 años, de Radio Moscú, delegado del Instituto de Prensa Mundial, reunido en el Malacaster College, dijo que en la Unión Soviética no hay nada similar a la lucha entre el Gobierno y la prensa que existe en América.
Más adelante agrega: No hay ejemplos de luchas entre los periodistas y el Gobierno en la Unión Soviética, porque los fines del Gobierno están en la misma línea que los de la prensa; Luego señala: La prensa soviética tiene un objetivo... Colocar las ideas del comunismo profundamente en las mentes del pueblo soviético y de los pueblos de otros países. Tratamos de cumplir nuestro objetivo como brazo que somos del Partido Comunista.
De modo que los comunistas chilenos saben a donde van. No solamente tienen la teoría y la práctica, sino que también el consejo permanente, mediante sus congresos internacionales y los viajes mensuales que efectúan para conocer el pensamiento actual, las instrucciones, la estrategia mundial y la orientación del comunismo soviético, que ellos siguen y del cual, naturalmente, son incondicionales en el ámbito internacional.
Por eso nos preocupa la etapa que vivimos. Nos preocupa el hecho de que en forma ilegal se intervengan la prensa y las radios; se censuren y controlen las radios, se las estrangule, como el caso de Agricultura. Nos preocupa el hecho de ver que se apliquen sanciones sin fundamento legal a determinadas radios por informar acerca de acontecimientos verídicos. Nos preocupa el envilecimiento diario que hace este Gobierno de la legalidad. Tenemos una inquietud y una angustia profunda acerca de los días que vienen. Tenemos inquietud por la supervivencia de la democracia. Por eso nos preocupa la suerte de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, cuyo estado económico e informes de auditoría conoce el Gobierno, y sabe que son exactos, así como sabe que esa empresa está perdiendo gran cantidad de dinero, situación que hará imposible su subsistencia más allá de unas semanas o meses.
Nos preocupa todo esto, porque creemos que encierra una maniobra más de un proceso integral y completo destinado a ir estrangulando y asfixiando los medios de difusión, las libertades públicas y la democracia chilena.
Por eso, levantamos nuestras voces y expresamos nuestra protesta y desde aquí adherimos a los planteamientos que se han hecho en cuanto a notificar al Gobierno del señor Allende de que no seguiremos aceptando su violación y transgresión a la Constitución y a la legalidad.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Se levanta la sesión.
Se levantó a las 13.58.
Dr. Raúl Valenzuela García, Jefe de la Redacción.
ANEXO.
1MOCION DEL HONORABLE SENADOR SEÑOR SILVA ULLOA, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE AMPLIA EL PLAZO DEL ARTICULO 91 DEL D.F.L. Nº 338, DE 1960, CON EL OBJETO DE PERMITIR A LOS EMPLEADOS PUBLICOS QUE HAYAN OBTENIDO PERMISOS SIN GOCE DE REMUNERACIONES PARA EFECTUAR DE SU PECULIO LAS IMPOSICIONES CORRESPONDIENTES.
Honorable Senado:
El D.F.L. Nº 338, de 1960, Estatuto Administrativo, establece que el empleado podrá solicitar permiso sin goce de remuneraciones:
a) Por motivos particulares, hasta por seis meses en cada año calendario,
b) Para trasladarse al extranjero, hasta por dos años; permisos que deben ser autorizados por quien hace el nombramiento.
Para los efectos del desahucio y de la previsión social y por el tiempo que haya estado alejado del Servicio con permiso sin goce de remuneraciones, el empleado podrá efectuar de su peculio las imposiciones que correspondan, tanto las que sean de su cargo como las que sean de cargo del Fisco o del organismo en el cual sirve, dentro del plazo de seis meses, contado desde la fecha de término del permiso.
La norma transcrita contenida en los incisos tercero y cuarto del artículo Nº 91 del Estatuto Administrativo no ha podido ser invocada por los empleados que se pretendía beneficiar debido a que, como es fácil de comprender, después de usar un permiso de esta naturaleza, siempre justificado, no estaban en condiciones de cancelar de su peculio el total de las imposiciones y, en consecuencia, es de justicia otorgar un nuevo plazo para regularizar su situación previsional.
En mérito de las razones expuestas, someto a vuestra consideración el siguiente
Proyecto de ley:
Artículo único.- Los empleados públicos, semifiscales y todos aquellos que están sujetos al D.F.L. Nº 338, de 1960, Estatuto Administrativo, y que no se acogieron dentro del plazo a lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo Nº 91 del referido D.F.L. podrán hacerlo dentro de ciento ochenta días contados desde la vigencia de la presente ley.(Fdo.): Ramón Silva Ulloa
