Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
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Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I.- ASISTENCIA.
- II.- APERTURA DE LA SESIÓN.
- III.- LECTURA DE LA CUENTA,
- LECTURA DE LA CUENTA
- OFICIO DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
- LECTURA DE LA CUENTA
- IV.- ORDEN DEL DÍA.
- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN POLÍTICA ACTUAL.
- INTERVENCIÓN : Julio Antonio Gaston Duran Neumann
- INTERVENCIÓN : Francisco Bulnes Sanfuentes
- INTERVENCIÓN : Julio Antonio Gaston Duran Neumann
- INTERVENCIÓN
- Patricio Aylwin Azocar
- INTERVENCIÓN
- INTERVENCIÓN : Victor Joaquin Garcia Garzena
- INTERVENCIÓN : Julio Antonio Gaston Duran Neumann
- INTERVENCIÓN : Jose Ignacio Palma Vicuna
- INTERVENCIÓN : Julio Antonio Gaston Duran Neumann
- INTERVENCIÓN : Volodia Teitelboim Volosky
- INTERVENCIÓN : Alberto Jorge Jerez Horta
- INTERVENCIÓN : Volodia Teitelboim Volosky
- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN POLÍTICA ACTUAL.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- ANEXOS.
- 1. OBSERVACIONES DEL EJECUTIVO, EN SEGUNDO TRAMITE CONSTITUCIONAL, AL PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY Nº 17.377, DE TELEVISIÓN NACIONAL Y OTORGA FINANCIAMIENTO A LAS RADIOEMISORAS.
Notas aclaratorias
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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL.
LEGISLATURA 317ª, EXTRAORDINARIA.
Sesión 18º, en sábado 14 de octubre de 1972.
Especial. (De 11.6 a 13).
PRESIDENCIA DEL SEÑOR IGNACIO PALMA VICUÑA. SECRETARIO, EL SEÑOR PELAGIO FIGUEROA TORO.
ÍNDICE.
Versión taquigráfica.
I.- ASISTENCIA 564
II.- APERTURA DE LA SESIÓN 564
III.- LECTURA DE LA CUENTA 564
IV.- ORDEN DEL DÍA:
Análisis de la situación política actual 564
Anexos.
1.-Observaciones, en segundo trámite, al proyecto que modifica la ley N 17.377 sobre televisión nacional, y otorga financiamiento a las radiodifusoras 589
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA.
I.-ASISTENCIA.
Asistieron los señores:
Aylwin Azocar, PatricioBallesteros Reyes, EugenioBossay Leiva, LuisBulnes Sanfuentes, FranciscoCampusano Chávez, JulietaCarmona Peralta, Juan de DiosContreras Tapia, VíctorDuran Neumann, JulioGarcía Garzena, VíctorGormaz Molina, RaúlIbáñez Ojeda, PedroJerez Horta, AlbertoJuliet Gómez, RaúlLuengo Escalona, Luis FernandoMiranda Ramírez, HugoMontes Moraga, JorgeMoreno Rojas, RafaelPalma Vicuña, IgnacioPapic Ramos, LuisReyes Vicuña, TomásTarud Siwady, RafaelTeitelboim Volosky, VolodiaValenzuela Sáez, Ricardo, y
Von Mühlenbrock Lira, Julio.
Concurrió, además, el señor Ministro de Justicia.
Actuó de Secretario el señor Pelagio Figueroa Toro.
II.-APERTURA DE LA SESIÓN.
Se abrió la sesión a las 11.6, en presencia de 14 señores Senadores.
En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III.-LECTURA DE LA CUENTA,
El señor PALMA (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor FIGUEROA (Secretario). Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Oficios.
Dos de la Cámara de Diputados.
OFICIO DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
Con el primero, comunica que ha tenido a bien adoptar los mismos acuerdos que el Senado respecto de las observaciones formuladas por Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto de ley que introduce diversas modificaciones a la ley de Seguridad Interior del Estado, en lo relativo al control de armas, municiones y explosivos.
-Se manda comunicarlo a Su Excelencia el Presidente de la República.
Con el segundo, comunica los acuerdos que, en primer trámite constitucional, ha tenido a bien adoptar acerca de las observaciones del Ejecutivo formuladas al proyecto de ley que modifica la ley N9 17.377, sobre Televisión Nacional, y otorga financiamiento a las radiodifusoras (véase en los Anexos, documento 1).
-Pasa a la Comisión de Gobierno y a la de Hacienda, en su caso.
IV.-ORDEN DEL DÍA.
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN POLÍTICA ACTUAL.
El señor PALMA (Presidente).-
Para referirse al tema para el cual fue citada esta sesión, tiene la palabra el Honorable señor Duran.
El señor DURAN.-
Señor Presidente, debo sumarme a las expresiones de agrado que ayer algunos señores Senadores tuvieron por la presencia en la Sala del señor Ministro de Justicia, no sólo por tener este Secretario de Estado el derecho a concurrir a estas reuniones, sino además, por su actitud que contrasta con la del señor Ministro de Economía, a quien se invitó a fin de tratar problemas extraordinariamente delicados y que, sin duda, constituyen el fundamento más claro de la crisis que está viviendo el país, no obstante lo cual se negó a concurrir, limitándose a enviar un nota cuyo texto conoció la Sala.
El señor Ministro de Justicia, con un tono no exento de satisfacción, dijo haber recibido el encargo -a su juicio honroso-, de parte de Su Excelencia el Presidente de la República, de asistir a estas sesiones con el objeto de fijar ante la Corporación el criterio del Gobierno. ¡Triste privilegio para un hombre joven, militante de un partido que nació para defender la libertad y el derecho! ¡Penoso encargo para un descendiente espiritual de las huestes que nacieron un día en la provincia de Copiapó y que, tras las banderas de Matta y de Gallo, se levantaron en contra del dogmatismo y de la opresión liberticida! Es un privilegio bastante extraño el que les viene correspondiendo a los hombres que un día, de acuerdo con esas tesis, ingresaron a una colectividad política.
Recuerdo que con ocasión de una segunda división del partido, el Presidente de la República ocupó también a un militante de esa colectividad, quien, con claridad y entereza, se opuso a los designios totalitarios que animan el fondo del espíritu del actual Mandatario. Y con motivo del proyecto de reforma constitucional sobre las tres áreas de la economía, el señor Sanhueza debió abandonar el Gobierno, en defensa de tales principios.
¡Qué insolencia!
Y acogiendo un poco la política de rumores que caracteriza al lenguaje del Senador comunista Honorable señor Montes,.. .
¿De rumores?
... cuando califica mis palabras de insolentes,. ..
¡Cómo no van a ser insolentes!
...debo decir que, a mi juicio, la posición espiritual y doctrinaria del Primer Mandatario, en sí misma, tiene extracción totalitaria. En efecto, como su anhelo es buscar fórmulas de Gobierno que los marxistas califican de populares, pasando por la dictadura del proletariado, concepción según la cual debe terminarse con la existencia de la pequeña o mediana burguesía, es innegable que en su alma se anida una posición contraria a la convivencia multipartidista y que pretende la realización de fórmulas que obedecen a ese propósito absorbente y totalitario.
¿Me permite una interrupción, señor Senador?
Desgraciadamente, todos tenemos poco tiempo. En consecuencia, si se la concediera abusaría de la buena voluntad de los Honorables colegas que están inscritos, entre los cuales se encuentra inclusive uno comunista, el Honorable señor Teitelboim.
Por eso considero útil destacar la presencia del señor Ministro, que nos permite expresar muy pocas palabras acerca de un problema jurídico largamente debatido -respecto del cual yo me atrevo a respaldar, desde mi modesta banca de parlamentario, el juicio de la Contraloría General de la República- con relación al decreto 4.581, de 1949, que, según expresó el señor Contralor, se encuentra derogado por las disposiciones de la ley 17.398, que contiene las reformas de las Garantías Constitucionales. Yo me quedo con el juicio del señor Contralor, porque de la sola lectura de su informe y de los textos legales correspondientes, fluye un juicio claro respecto de una materia que, según creo, en estas últimas horas ha quedado prácticamente dilucidada. Es una mala suerte para el representante del Partido Radical cenista haber venido aquí a defender una tesis muy pocas horas antes de que se tomara la resolución de dejar sin efecto ese conjunto de medidas contrarias a la libertad de expresión, que fueron impugnadas en el seno de esta Corporación.
Sin embargo, quiero hacerme cargo de un alcance hecho por el señor Ministro cuando, en el orden comparativo, formuló una especie de crítica general a los partidos opositores que censuran la aplicación de distintas medidas que él justificaba como legales. El señor Tapia recordó, y lo afirmó con mucho énfasis, que antes, existiendo las mismas disposiciones que hoy día nos rigen, tales cosas se aceptaron.
Creo que en esto hay que detenerse muy breves instantes. Es muy posible que haya un conjunto de normas que se han aplicado con anterioridad y que en este instante afloran cuando se pone en práctica una política de manera absolutamente torcida. A una persona que tiene en su casa una escopeta para salir de caza y mediante la práctica de ese deporte, obtener algunas piezas para consumirlas, ya que es lo único que queda en materia de carne en este país, ni al dueño de un predio que en su casa tiene un cuchillo cocinero o un hacha con que partir leña para meter en la vieja cocina de leña, porque tampoco en Chile está quedando gas, no se les puede imputar una actitud criminosa por tales hechos. Pero es útil hacerse una pregunta: ¿No es cierto que el propietario de esas herramientas puede ocuparlas en actividades útiles, constructivas y eficaces, según el destino que les dé? El cazador pasa a ser asesino si, en lugar de disparar contra los pájaros a fin de abastecer su hogar, lo hace contra sus vecinos; y lo mismo ocurre con quien, en vez de usar el hacha para partir leña, las emprende en contra de algunos de sus amigos o familiares. Y eso es lo que viene aconteciendo con la acción del Ejecutivo, la que hemos denominado la burla del derecho, puesto que, con una apariencia de legalidad, se viene ahogando al país.
Respecto del problema de la violencia, del odio, de los rencores, que ayer también se trató, creo útil hacer un análisis en el Senado, con serenidad sobre quiénes produjeron los vientos que acarrearon estas tempestades.
La Senadora señora Carrera hizo un examen acerca de los grupos violentistas, y tuvo a flor de labios los nombres Patria y Libertad y Rolando Matus, por cierto que absolutamente desmemorizada respecto de los Ramona Parra, Elmo Catalán y grupos MIR. Estos no existieron en la mente de la señora Senadora, ni existen en la inquietud de los representantes de la Unidad Popular.
¿Me permite una interrupción?
Acabo de decir que no daré interrupciones, a fin de no lesionar el derecho de otros señores Senadores. Cuando hable el Honorable señor Teitelboim, como compañeros de partido pueden cederse la palabra.
Ahora bien, es útil que en el Senado examinemos esta política de violencia, para ver desde donde partió. Por cierto, no recogeré el análisis que siempre formulan los Senadores de la Unidad Popular sobre la violencia institucionalizada, originada en las injusticias existentes dentro del régimen democrático y contra las cuales combatimos los hombres de pensamiento avanzado, buscando fórmulas que nos permitan, dentro del respeto común, lograr el desarrollo que vaya nivelando a los grupos más postergados.
Tampoco deseo distraer la atención del Senado trayendo al recuerdo la circunstancia de que ninguno de los partidos que aplican en distintos países del orbe sistemas ideológicos controlados por la mentalidad marxista ha encontrado caminos que den solución adecuada y rápida a estos mismos acontecimientos sociales. Y distintos señores parlamentarios que han sido invitados a diferentes naciones han tenido ya la oportunidad de conocer que este mismo acontecer social relativo a las diferencias de estándar de vida, de riqueza, existen también en los países que se gobiernan con el sistema totalitario.
Pero volvamos a lo central del nacimiento del odio.
¿Cuándo nació el grupo llamado Rolando Matus y por qué nació? Ese grupo lleva el nombre de un hombre de mi provincia, modesto agricultor de la zona de Curarrehue que laboraba su propia tierra con su corta familia. Pero un día, el vandalismo salvaje, canalizado en la actividad de un grupo guerrillero que dirigía un señor que se hacía llamar el Comandante Pepe, comandante con el cual tuvieron oportunidad de dialogar distintos personeros de Gobierno, incluso el propio Presidente de la República, se dejó caer sobre Curarrehue y vació todo el odio sembrado durante décadas para llegar a la agresión y al crimen. Y allí, baleado, murió Rolando Matus.
Ahí comenzó la violencia.
Sí. Ahí.
Para los que no quieren examinar los acontecimientos con objetividad y, en un servilismo repugnante, hallan bueno hasta el crimen, puede llegarse a cualquier tipo de conclusión. Pero el señor Matus murió mucho después de la existencia de los grupos violentistas y guerrilleros formados bajo el amparo de los hombres que hoy manejan los destinos de este país.
Aquí, en Guayacán, denunciada ante los tribunales de justicia, se descubrió una escuela de guerrilleros, un grupo que se adiestraba en el arte de asesinar. Por cierto que, procesados, el Presidente de la República, como lo ha hecho tantas veces, los indultó, porque eran jóvenes idealistas.
Por eso, señor Presidente, cuando se habla del odio y del rencor, sembrados, según el decir de algunos señores Senadores, por la prensa, imputándolos a grupos de Oposición, yo creo que se abusa para tratar de inducir a engaño, mediante una mentira y una patraña.
Los grupos acusados ayer por la señora Senadora son una natural respuesta en mentes jóvenes, no muy maduras, al hecho de verse vejados, golpeados y humillados. Ayer se recordaban los garrotes y las cadenas. Sin embargo, hace más de un año y medio, en la Escuela de Ingeniería, ¿no fueron golpeados con cadenas los que no compartían la línea de los estudiantes de la Unidad Popular? Y en la marcha de las mujeres, la primera marcha que despertó a Chile, ¿no se dejaron caer sobre las mujeres los heroicos guerrilleros adiestrados en el crimen, y las golpearon con palos, con cadenas y balas? ¿Y aquí se viene a hablar de los actos de provocación de grupos armados que en este instante plantean fórmulas sediciosas, negando que todo esto es la respuesta a una política aceptada, tolerada y protegida por distintos personeros del Gobierno?
¿Por qué no habla de las guardias blancas, que en Copiapó y Vallenar asesinaron al pueblo en las calles?
Ahora mismo, a través de la pregunta que me formula la señora Senadora, podemos ver que se habla de las guardias blancas y de grupos que se organizan en el barrio alto. ¿Y qué quieren? ¿Quieren que cuando un señor Intendente de la provincia dice que va a tirar a 40 mil pobladores para no dejar a nadie vivo en el barrio alto, la gente de esos barrios. . .
¿Eso dijo el Intendente?
Lo dijo. Sí, señor.
¿Creen que la gente de los barrios altos, personas casadas, y con hijos, van a aceptar silenciosas, poniéndole llave a la puerta, que el vandalismo criminal, con respaldo en el lenguaje de los personeros oficiales, asalte sus casas y cometa toda clase de depravaciones?
¡Pierda cuidado, colega. ¡Usted va a morir tranquilo en la cama!
Es muy posible, señora Senadora, y espero que sea rodeado, por lo menos, por el respeto de mi familia. Tenga la certidumbre de que a Su Señoría también le deseo -espero que ello ocurra después de muchos años y en paz- que le toque morir tranquilamente en el lecho de la casa donde ha vivido hasta ahora. No le deseo ningún mal, como Su Señoría doctrinariamente nos lo desea a nosotros para acabar con la clase burguesa, para que no quede de ella vestigio alguno, de acuerdo con sus tesis ideológicas.
Le agradezco la tranquilidad que me desea, porque, en realidad, tengo derecho, como persona del pueblo, a gozar de una vida tranquila, que no la he tenido, porque bajo los otros Gobiernos fui permanentemente perseguida y encarcelada, y ustedes nunca protestaron por ello.
El Honorable señor Duran está con el uso de la palabra y no desea ser interrumpido.
Según distintas informaciones que ha conocido el país, las armas han sido acarreadas no sólo con la tolerancia, sino que con la aquiescencia de los personeros del Ejecutivo. Nunca se sabrá qué trajo el avión cubano. Según el Presidente, habría traído unos helados de chocolate que les gustaban a algunas de sus nietecitas. Creo que si traían confites, éstos eran de plomo. ¡Traían armamentos! Como armamentos estuvieron contrabandeando con los aviones de la LAN, lo que dio motivo a una investigación y a la renuncia que se les pidió más tarde, cuando ya se había hecho todo el contrabando, a los grandes personeros del Gobierno y de la Unidad Popular.
Es, en consecuencia, una cosa increíble que en el seno de esta Corporación se hagan las afirmaciones temerarias que tuvimos oportunidad de escuchar a la Senadora señora Carrera. El Honorable señor Luengo nos dijo también, respaldando la política desatada en contra de los dirigentes gremiales y su detención, y con un énfasis muy especial: Esto no es culpa del Gobierno. El Gobierno dio cuenta a los tribunales de justicia.
¡El Gobierno se querelló. . . !
Primero, los detuvieron, los incomunicaron y, más tarde, los encargaron reos. Lo mismo dijo ayer, en una cadena de ésas tan poco voluntarias que tiene el Gobierno de la República, en un segundo bando, que ahora nos emitió Su Excelencia el Presidente de la República. Dijo lo mismo. Y a ambos se les ha olvidado que la encargatoria de reo no es la aplicación de una pena a quien, en un instante, ya definitivamente, se le imputa determinado delito o crimen. Es simplemente un auto con el que se inicia un proceso para investigar y que, en definitiva, puede terminar con la absolución del acusado.
El proceso no se inicia en esa etapa. Se le olvidó un poco el derecho al colega. El proceso empieza por una denuncia o querella.
No dije que se inicie con una encargatoria de reo. Expresé que no puede sostenerse que la encargatoria de reo es la prueba de la responsabilidad de una persona a quien se le imputa determinado delito o crimen.
Me interesa dejar constancia de un hecho: el señor Senador expresó muy satisfecho que esto correspondía a la justicia, y mencionó el nombre del MinistroCereceda, que no es de nuestras tendencias. Tengo entendido que los Ministros miembros de los tribunales de justicia no tienen militancia política.
¿Me permite, señor Senador?
Solicito el acuerdo de la Sala para empalmar esta sesión con las siguientes a que ha sido citada la Corporación.
Acordado.
Solicito autorización de la Sala para prorrogar esta sesión por el tiempo que sea necesario para que todos los oradores inscritos puedan hacer uso de la palabra.
No.
La Sala, por unanimidad, puede prorrogar la sesión por una hora.
¿Quiénes son los inscritos?
A continuación del Honorable señor Duran, está inscrito el Honorable señor Teitel-boim y, después, los Honorables señores Bossay, Aylwin, Ibáñez, Campusano, Miranda, Luengo, Jerez y Carmona.
Entonces, cite a sesión para la tarde o para otro día.
No hay acuerdo.
El Honorable señor Duran puede continuar con la palabra.
Me interesa destacar esta referencia a la justicia, pues ¡qué distinto ha sido siempre el lenguaje de Sus Señorías para calificar a esa justicia, que ahora les permite considerarla, con tanto énfasis, como una cosa justificable, limpia, correcta y conveniente porque ella acoge algunas de las denuncias formuladas por los hombres del Gobierno; y cómo la denigran cuando, haciendo uso de la facultad que le. entrega la Constitución, emite fallos que lesionan sus anhelos de tipo revolucionario, acusándola de justicia de clases, de justicia burguesa, de justicia corrompida y venal! ¡Con qué entusiasmo la denigran, como también al Ejército! En los diversos discursos de Sus Señorías, las Fuerzas Armadas fueron siempre el montaje siniestro de un conjunto de gente armada que tenía por finalidad dar respaldo a estructuras burguesas, que estaba al servicio del régimen capitalista. Y, sin embargo, ayer también el señor Ministro nos dijo muy satisfecho que esto de las cadenas radiales había sido ordenado por el jefe de la zona de emergencia, cosa que, al parecer, no es así...
¿Qué ha dicho usted del Ejército?
Yo he tenido siempre mucho respeto por él.
No siempre lo ha tenido igual.
¡ Siempre..!
Concédame un minuto, y le demostraré que no es así.
El señor DURAN.-
No , señor. No se lo concederé, porque se ha negado el acuerdo para prorrogar la sesión.
Siempre he tenido respeto por el Ejército, sin perjuicio de que, frente a declaraciones que hayan formulado algunos generales en la actividad política, yo tenga el derecho a expresar, dentro del orden democrático, un juicio discrepante, haciendo valer mi derecho a opinar ante juicios emitidos por otro ciudadano, cualquiera que sea su rango en las Fuerzas Armadas. Pero yo no he tenido una expresión de crítica a los institutos que se llaman Ejército, Marina o Aviación, como la han tenido los personeros de la Unidad Popular.
Por eso es útil que el debate de hoy nos haya permitido ir aclarando algunas cosas.
Ahora mismo he tenido oportunidad de leer en la prensa de hoy a los hombres respetuosos del derecho y de la justicia. Me gustaría escuchar a algunos de los señores Senadores hacer un comentario respecto del discurso pronunciado en la noche de ayer por el Primer Mandatario, para lo cual se interrumpieron los programas de televisión. Mientras en el Canal 13 exhibían una película de Al Capone, se suspendió su proyección y, sin siquiera anunciar la interrupción, llegaron y enchufaron el discurso presidencial. Uno se pregunta: ¿Qué tiene que hacer el señor Allende en esta película? Yo señalo el hecho,. ..
Con Al Capone, nada que hacer.
Señalo este hecho, porque me parece poco elegante que, por lo menos, no se haga una especie de guión que separe. A mi juicio, este tipo de abusos que comete el Ejecutivo constituye una sanción. Creo que al Presidente no le habrá gustado en absoluto el sistema con que se operó, porque para él no resulta por lo menos grato.
¡Qué lástima que hayan interrumpido una película tan instructiva. . . !
¡No es una película instructiva, pero sirve para conocer bandidos; y resulta útil conocerlos para defenderse de ellos!
¡En Chile no hay necesidad de ver programas de televisión para conocer a los bandidos. . .!
¡Naturalmente, muchas veces ve uno los rostros de algunos bandidos sin necesidad de ver películas de gangsters ...!
¡Basta mirar a determinadas personas. . .!
¡Dónde hay algunos bandidos, al mirarlos sabe uno quiénes son...!
Señores Senadores, se borrarán de la versión las palabras no parlamentarias.
¡Ejercen de monjas y de santos, pero uno sabe cómo operan...! ¡Son unos santurrones que, en vez de andar con rosarios, andan con metralletas...!
¡Para asesinar generales...!
¡Esa es la especialidad del MIR...!
¿Qué dijo el Presidente de la República? Veamos las cosas que nos anunció. Dijo: Luego requisaremos los camiones, y camión que sea requisado desde mañana, no será devuelto a su propietario.
Señor Presidente, le ruego hacer respetar mi derecho.
Estoy haciendo lo posible, señor Senador.
El Presidente de la República dijo lo siguiente en su discurso:
Luego requisaremos los camiones, y camión que sea requisado desde mañana, no será devuelto a su propietario.
No es una amenaza, es una decisión, ya que no se puede jugar con un país que necesita trabajar.
Si mañana el comercio no abre sus puertas, comerciante extranjero que no cumpla será puesto en la frontera, y los nacionales serán llevados a los tribunales de justicia.
¡Qué tremenda amenaza...!
Me gustaría que en esta materia pudiéramos escuchar la opinión de algunos señores Senadores.
El Honorable señor Bulnes me ha solicitado una interrupción, y se la concedo.
Con la venia de la Mesa, puede hacer uso de la interrupción, señor Senador.
El señor BULNES SANFUENTES.-
Este anuncio, respecto del cual el Honorable señor Luengo dijo con sorna ¡Qué tremenda amenaza! , es una demostración más de la absoluta falta de respeto del Presidente de la República por la Constitución Política y por las garantías constitucionales, concretamente.
La requisición es una medida de carácter extraordinario, que sólo procede, de acuerdo con los principios generales de derecho y con la ley chilena, para satisfacer una necesidad urgente de abastecimiento.
Para eso es.
Perdón.
Si la requisición recae en mercaderías, en artículos de consumo, puede el Estado vender esos productos por cuenta de sus dueños, entregándoles su valor. Si recae sobre bienes de uso o sobre bienes durables, como son los camiones, la requisición es esencialmente transitoria. Pasada la necesidad, el bien tiene que ser devuelto a su dueño.
Lo que el Presidente de la República es-cá anunciando no es por lo tanto una requisición, sino una pena que ha desaparecido de todos los códigos penales del mundo civilizado; salvo, entre los que yo conozco, en el de la Unión Soviética. Es la pena de confiscación de bienes, que en épocas oscuras de la humanidad aplicaban los tiranos, los sátrapas, los reyezuelos.
No sólo se viola de esta manera la garantía constitucional del derecho de propiedad, sino que una mucho más fundamental, que viene desde la Carta Magna, que es un pilar del sistema jurídico en cualquier parte del mundo: la de que nadie puede ser condenado si no es juzgado, y en virtud de una ley promulgada antes del hecho sobre el que recae el juicio.
El señor Allende está anunciando una pena de confiscación de bienes. Le está anunciando a la gente que ejerce derechos gremiales que será privada de sus elementos de trabajo y de todo su patrimonio. Esto demuestra que estamos frente a un Gobierno ilegal; a un Gobierno que viola las garantías constitucionales desde la primera hasta la última; que viola gravemente las garantías constitucionales, como las violaría con las medidas que anuncia contra los extranjeros, porque la Constitución chilena establece la igualdad ante la ley. Un extranjero puede ser expulsado del país por motivos de policía. Pero si lo es porque ejerce sus derechos gremiales, se viola también esa garantía constitucional.
¡Yo protesto de que el Presidente de la República, en un momento en que debiera apaciguar al país, que se ha levantado para protestar por el atropello de sus derechos, anuncie en su discurso nuevos y más graves atropellos al derecho.
Esas son tergiversaciones de Su Señoría.
El señor TAPIA (Ministro de Justicia).-
Pido la palabra, para hacerme cargo de las expresiones del Honorable señor Bulnes en torno de la persona de Su Excelencia el Presidente de la República.
¿Señor Duran, le concede una interrupción al señor Ministro?
Si no es con cargo a mi tiempo, no tengo ningún problema.
El señor Ministro le ha solicitado una interrupción.
Se la concedo siempre que sea con cargo al tiempo de otro Comité.
De acuerdo con la norma establecida, las interrupciones son de cinco minutos, y no se descontarán de su tiempo, señor Senador.
¿De cuánto tiempo dispone el Senador Duran?
El señor PALMA (Presidente).-
De una hora y media, señor Senador.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor TAPIA (Ministro de Justicia).-
Lamento tener que rebatir a un Senador de prestigio y que me merece tanto respeto, como el Honorable señor Bulnes, quien no pudiendo superar el nerviosismo que parece aquejar a ciertos sectores de la Oposición, exagera en sus planteamientos y, casi llegando a la tergiversación, hace interpretaciones y diversos enfoques que no pueden ser aceptados por el Ministro que habla.
Pretendiendo defender a un gremio y a una lucha gremial, el Honorable señor Bulnes clama en contra de lo que serían actitudes inconstitucionales o ilegales del Presidente de la República, olvidando absolutamente que las expresiones del Primer Mandatario han sido dichas dentro de un contexto político y jurídico muy claro. Está declarado el estado de emergencia, y el país enfrenta una muy delicada situación a la que quieren llevarlo ciertos sectores. Dentro de este contexto, y a fin de velar por la normalidad del país, para mantener el orden público, para que la población esté suficientemente abastecida, el Gobierno está facultado para adoptar todas las medidas que parezcan convenientes, entre las cuales está claramente la de requisar vehículos que no pueden ni van a ser devueltos, como es obvio, mientras sea indispensable su utilización. Y no van a ser devueltos normalmente mientras ellos resulten indispensables para la atención de las necesidades y seguridad públicas. Y si en definitiva tales vehículos debieren pasar a ser administrados por el Estado porque ello resulta más conveniente a la economía y a la seguridad nacional, la manera de mantener esos vehículos en el patrimonio del Estado será la que corresponda de acuerdo con la Constitución y las leyes, y se pedirán, naturalmente, las facultades de orden legal que correspondan.
Dentro del contexto de la zona de emergencia y de la aplicación de la ley de Seguridad del Estado, es perfectamente lícito y legítimo adoptar drásticas medidas contra los comerciantes extranjeros o nacionales que se nieguen a abrir sus casas comerciales, provocando con ello un agudo problema a la generalidad de los habitantes.
Estas medidas las pone en práctica este Gobierno, y las ha puesto y las pondrá en práctica cualquier Ejecutivo responsable.
Me explico los exabruptos del señor Bulnes -que yo rechazo terminantemente- en contra del Presidente Allende, sólo por la falta de calma para enfrentar, siguiendo las reglas del juego legal y democrático, un proceso revolucionario que tiene las extraordinarias características de la vía chilena hacia el socialismo.
Me ha concedido una interrupción el Honorable señor Duran.
Señor Presidente, para defender la indefendible amenaza del Presidente de la República, el señor Ministro ha tenido que variar totalmente las palabras y los conceptos que expresó el Primer Mandatario.
¿Por qué no lee el discurso?
Lo ha leído el Honorable señor Duran, y espero que se lo leerá de nuevo, para que Su Señoría lo conozca.
Usted es quien no lo conoce, porque lo ha tergiversado.
Lo escuché en la televisión y lo leí en el diario. No estoy tergiversando nada, y el país lo va a saber.
Por desgracia, el Presidente de la República no es el señor Tapia. El Presidenta de la República es don Salvador Allende, y es él quien ha amenazado con la confiscación de los camiones, violando las garantías constitucionales; y el Presidente de la República, don Salvador Allende, ha amenazado con poner en la frontera a todos los comerciantes extranjeros que cierren sus negocios, violando otra garantía constitucional. Y cuantos cogollos se les pongan aquí a las palabras del Presidente de la República, es inútil, porque el país las escuchó y ha tenido la oportunidad de leerlas esta mañana.
El señor PALMA (Presidente).-
Puede continuar el Honorable señor Duran.
Hay un viejo principio que dice que no hay peor sordo que el que no quiere oír, ni peor ciego que el que no quiere ver.
Leeré de nuevo lo que dijo el Presidente de la República, porque pareciera ser que el Ministro Tapia no leyó el discurso y ahora no oyó lo que dije; tal vez siguiendo una tendencia de su propio apellido, está como tapia esta mañana.
El Presidente señaló: Luego requisaremos los camiones, y camión que sea requisado desde mañana, no será devuelto a su propietario.
¿Qué quiere decir esto?
Esto quiere decir que no será devuelto. ¿Lo entendió Su Señoría?
(Risas).
Concedo una interrupción al Honorable señor Aylwin.
Es sorprendente esta facilidad un poco burda -alguien me dice que se llama malabarismo- con que se pretende disimular las acciones del Gobierno.
Siempre se dice que se respeta la Constitución y la ley, pero se hace otra cosa.
Hemos oído lo que dijo el Primer Mandatario, y no voy a repetir sus palabras.
¿Qué significa en castellano requisar y no devolver al propietario? La requisición, tratándose de bienes de uso y no de bienes de consumo, dentro de la legislación chilena, simplemente es del uso y goce. Las leyes son muy claras tratándose de esta clase de bienes. Autorizan requisar el uso y goce, no la propiedad. En consecuencia, el Estado va a poder usar y gozar transitoriamente, mientras sea necesario para la emergencia, del bien requisado, y después debe devolverlo, sin perjuicio de las compensaciones a que haya lugar. Requisar sin devolver significa apropiarse. Y el Estado sólo se puede apropiar de dos maneras: mediante la expropiación o mediante la confiscación. Es confiscación si no hay indemnización. Y como el Presidente de la República no ha anunciado que propondrá una ley que faculte para expropiar esos bienes, declarándolos de utilidad pública, es evidente que lo que anunció es lisa y llanamente una confiscación: que aquéllos se quitarán y no se devolverán, sin pagarse indemnización. Eso, en castellano, es una amenaza inconstitucional.
Finalmente, en cuanto a la medida anunciada respecto de los extranjeros, sabe el señor Ministro, al igual que los señores Senadores, que la ley de Residencia, por una parte, la de Extranjería, por otra, y la de Seguridad Interior del Estado, por otra, establecen normas sobre la materia, y que ninguna de ellas autoriza para que lisa y llanamente se proceda, en la forma que amenazó el Presidente de la República, a poner en la frontera a los comerciantes extranjeros por el hecho de participar en un movimiento gremial y de no abrir sus negocios en una ocasión como la actual.
Muchas gracias por la interrupción, Honorable señor Duran.
Señor Presidente, todo el conjunto de hechos debatidos esta mañana, recordando el discurso pronunciado por Su Excelencia el Presidente de la República en la noche de ayer, este cúmulo de atropellos, de actos atrabiliarios, de violencias, es lo que ha desencadenado, con relación al gremio de transportistas, esta huelga, cuya trascendencia ha sido largamente analizada tanto por personeros del Gobierno como de la Oposición.
Es extraño escuchar hoy a los señores Senadores que integran la Unidad Popular. Nos dijeron ayer que esta huelga era ilegal. ¡ Cómo cambian el tono y el fondo de sus observaciones los Senadores de Gobierno de hoy respecto de su actitud de Senadores de Oposición de ayer! Antes, cuando eran Oposición, las huelgas no eran ni legales ni ilegales, sino simplemente un hecho social, algo que debería analizarse con criterio distinto, calificándosela solo de justa o de injusta. En consecuencia, el problema de la legalidad no era su inquietud.
Hoy tocan las campanas del escándalo. Y más allá de preocuparse de si los transportistas tienen o no razón, de si hay justicia en su petición, enmarcan ahora el proceso dentro de las normas de la ley.
Que los dueños de camiones sean personas modestas que, a través de su esfuerzo, han ido montando su propia empresa de transportes; que en este instante no tengan posibilidad seria de conseguir repuestos; que no haya neumáticos; que no tengan facilidades para el desarrollo de su trabajo normal con el objeto de satisfacer los requerimientos de su hogar, ¿qué importancia tiene para los Senadores de la Unidad Popular? Ninguna, pese a que en su propio programa, con el que prometieron salvar a esta república, señalaron que los pequeños y medianos propietarios serían respetados.
Es claro que, con el precio que está alcanzando ahora un camión gracias a la acción del Gobierno, que desvaloriza día a día la moneda, ya un carro con ruedas está costando varios centenares de millones. Entonces se han hecho millonarios como consecuencia de una política ineficaz, torpe y deficiente.
El fenómeno no es exclusivo. No son sólo los dueños de camiones los que se vienen preocupando de este conjunto de hechos económicos, sociales y políticos, sino que es toda la vida ciudadana.
Ayer, hablando de los repuestos, el Honorable señor Luengo decía: Piden repuestos los camioneros; así que repuestos en la Papelera; repuestos de camiones en la radio Sociedad Nacional de Agricultura. Esto es típicamente un problema político, y muy grave. Porque no se esté disfrazando todo un movimiento político - al que además califican de golpista, de sedicioso y de conspirativo- con el anhelo de un gremio que ha expresado estos juicios, incluyendo materias que no dicen relación directa a los repuestos.
¡Qué extraño resulta que los Senadores de la Unidad Popular planteen las cosas así!
Recuerdo que al término de la segunda guerra mundial, cuando se suscribió lo que se denominó -hoy todavía rige- Pacto del Atlántico Norte , Rusia impugnó ese pacto, que fue un entendimiento entre las naciones que habían luchado por la libertad, para defenderse de una nueva amenaza totalitaria naciente.
¿Cuando aquí florecía la democracia...?
No sé si se refiere a esa misma época; no lo recuerdo bien. Tengo la impresión de que no.
Al término de esa guerra.
Porque al término de la guerra era Presidente de la Repúblicadon Juan Antonio Ríos. Y en esa época, concurrí a una reunión en Concepción -era de la Juventud Radical-, donde Su Excelencia iba a recibir al gremio de los mineros del carbón, para conocer un pliego de peticiones. Y entre las cosas que planteaban esos trabajadores estaba, naturalmente, el otorgamiento de un reajuste justo; el anhelo de obtener mayores posibilidades para el estudio de sus hijos, habitaciones, etcétera. Pero uno de los puntos que me preocupa en este instante era la solicitud del sindicato de que nuestro país repudiara o rechazara la Carta del Atlántico Norte. Y la verdad es que parecía no tener mucha vinculación el reajuste de sueldos con ese pacto internacional de defensa de los países democráticos del mundo.
¡Por eso los mandaron a Pisagua!
¡Eso podría preguntárselo a su socio señor Miranda, que en materia de Pisagua fue maestro. . .!
¡Dicen que era muy jovencito; y de mirarlo, no se nota!
Como expresaba, dicho sindicato pidió rechazar la Carta del Atlántico Norte. Se le preguntó, entonces, al presidente del sindicato, qué decía esa Carta. Mire, -manifestó- yo no la he recibido; tal vez la haya recibido la secretaria, pero no ha estado en mi poder. Consultada la secretaria, tampoco había leído la Carta, y llegaron a la conclusión de que tal vez estaría en el correo.
Ahora los Senadores de la Unidad Popular sostienen que el conflicto de los transportistas nada tiene que ver con lo gremial. Pero vayamos por parte.
¿De qué se trata en el caso de la Papelera? ¿Por qué ese gremio, en defensa de sus derechos, está reclamando de la política arbitraria, cínicamente de despojo, que ha planteado el Gobierno? Lo voy a decir. Ya lo tratamos en esta Sala. Una manera de irse adueñando de los medios de información dentro de la democracia ha sido ésta de llevar a la Papelera a una situación que permita al Ejecutivo controlar el papel. Buscó caminos. Un día fue mediante la apertura de un poder comprador de acciones en la CORFO. Pero los tenedores de acciones, que tenían clara conciencia, como la tienen hoy, de que el problema no era económico, sino político, se negaron a vender. Y esos accionistas - grandes unos, medianos otros y pequeños los más-, en número de dieciséis mil, resistieron las presiones y amenazas ejercidas en todo sentido -a través de Impuestos Internos, del control del crédito bancario, etcétera-, y el Gobierno no logró éxito en su anhelo de ir comprando acciones.
Buscó otros caminos. Acusó a la Papelera de ser monopolio, y hay muchos tontos que lo andan repitiendo por ahí, y algunos hasta tienen fuero parlamentario. . .
Entonces uno se pregunta cuál es el monopolio. ¿No tiene el Estado dos fábricas de papel de diario? ¿No son de la CORFO las de Nacimiento y de Arauco? ¿Dónde está el monopolio? ¡El monopolio está en el que el Gobierno quiere constituir, para tener en sus manos el control del papel de diarios, y entregarlo de esta manera únicamente a la prensa que le es adicta, a las imprentas, a fin de que impriman sólo las proclamas y los affiches que deseen los hombres del nuevo orden! Porque quieren una contienda eleccionaria violando todas las normas esenciales del trato igualitario. ¿Qué elecciones parlamentarias podrá haber sin papel de diarios? Ellos, sólo ellos, podrán ocupar el papel de diarios para hacer affiches y colocar sus rostros de propaganda, ensuciando las murallas; únicamente ellos podrán confeccionar volantes o folletos. La Oposición nada de eso podrá hacer. Porque, si no, ¿de qué otra manera se entiende este anhelo de hacer quebrar a la Papelera?
Aquí conocimos una carta que ya motivó un debate con el Honorable señor Teitelboim: que el documento decía esto o aquello; que el Senador señor Baltra había adulterado o no las palabras del señor Matus, etcétera. Y, sin que al Gobierno se le arrugara un músculo de la cara, con esa condición tan especial de sus representantes, que no sienten pudor alguno respecto de las cosas que expresan ni del montaje brutal de la forma totalitaria como quieren tragarse a este país, se nos manifestó que en la Papelera iba a haber justicia.
¡Los cuajarones...
¡Ya le dije que la fábrica de prietas está en La Moneda. . .!
Respecto de la Papelera, el Ministro dijo: Ahí está el documento. Y más tarde envió al Honorable señor Baltra el recado de que iban a permitir el reajuste de precios. ¿Cuándo? Eso no se sabe.
Si Su Señoría me permite. . .
Puede ser mañana, a fines de año, en treinta años más; pero va a haber reajuste. .. Es como el condenado a morir en la horca: le dijeron que eligiera el árbol, y todavía lo está eligiendo.
Entonces uno se pregunta. . .
¡No meta la pata, señor Senador! El reajuste está dado, y se publicó la noticia en el diario Tribuna de hoy. ¡No meta la pata!
¡Qué bueno que el Honorable señor Teitelboim nos haya dicho eso! Porque es cuestión de mirar el calendario: 14 de octubre. Ahora, con fecha 14 de octubre, dan un reajuste que debió otorgarse a comienzos de año; ahora que la Papelera está al borde de la quiebra, sólo en estos momentos, conceden un reajuste! ¿Con qué porcentaje?
¡Qué información colosal! ¡Qué escándalo con una mentira!
¿Cuál mentira?
Su Señoría dijo que no ha habido reajuste, que éste se halla ahorcado. ¡Qué ridiculez!
Ruego al señor Presidente llamar a la serenidad al Honorable señor Teitelboim. Desde ayer, el señor Senador está realizando una serie de actos teatrales y movimientos de manos. Se pasea por el hemiciclo, lo que me recuerda las fiestas del 18, cuando uno va a los circos y ve a los tonies: paseándose, moviéndose y agitando las manos.
Otro acto que es útil saber. . .
¡Imito a Su Señoría!
Ruego a los señores Senadores guardar silencio.
Me he divertido bastante mirando al señor Teitelboim, un día, con cierta razón, en un programa de televisión, porque le pasaron una peluca. Y ahora que no usa peluca, también me divierto mirándolo.
En la misma ocasión a usted le pasaron papel confort
¡Mírelo, señor Presidente, como se para!
Ruego a los señores Senadores guardar tranquilidad.
¡A usted le pasaron papel confort!
Sí. Y yo me apresuré a llevarlo al Gobierno, porque lo necesita.
¡No, señor Senador! ¡Usted se lo llevó a su casa!
En relación con él reajuste del 14 de octubre, quiero también señalar que valdría la pena conocer los porcentajes. Se acompañó una lista de los reajustes en las distintas empresas. Y esos reajustes, que fueron aprobados por ahí por el mes de junio o julio y correspondían. ...
Mejor cuente un chiste para que nos podamos reír.
¡Es muy difícil que Su Señoría se ría! ¡Tiene cierto parentesco con Barnabás, así que no le gusta mucho reírse!
De esa manera, ahogando a la Papelera con un reajuste tardío e insuficiente, el Gobierno pone sus manos sobre la garganta de la prensa libre.
Ese organismo internacional que se llama SIP, junto con reconocer que había información libre en las calles, se preocupó del problema. Distintas opiniones se han expresado en relación con este tipo de política: ¡El anegamiento de las posibilidades de enfrentar la contienda! ¡La ruptura de las normas democráticas de convivencia libre! ¡Campaña electoral de marzo sin radioemisoras libres! ¡Algunas de ellas clausuradas, con violación de la Carta Fundamental y de la ley, como lo expresó la Contraloría, o suspendidas sus transmisiones por dar una noticia que más tarde el Gobierno repite casi textualmente : ¡ que en Nacimiento se produjo un incidente entre civiles y militares; que fue un hecho policial, y que había heridos a bala! Todo esto lo informó la radioemisora. ¡El Gobierno la clausuró, y más tarde dijo exactamente lo mismo!
Es muy difícil labor la de enfrentar una justa cívica para consultar al pueblo, sin contar con radioemisoras y prensa. Sin embargo, la enfrentaremos, porque este país está cívicamente maduro.
El Honorable señor García me ha pedido una interrupción.
El señor PALMA (Presidente).-
Con la venia de la Mesa, puede usar de una interrupción el Honorable señor García.
Quiero corregir un error que cometí ayer en mi discurso. Dije que el Honorable señor Altamirano había llamado a una huelga general; no fue él quien lo hizo. Tengo en mi poder las palabras precisas mediante las cuales se llamaba a un huelga general. Están consignadas en una sentencia de 1954, por la cual se absuelve a don Salvador Allende por haber llamado a una huelga general. Quiero que todos los señores Senadores se impongan en qué términos lo hacía el actual señor Presidente de la República: Hay que salir a la calle, y yo les doy como tarea fundamental de esta mañana, esencial y básica, que ustedes vayan al conventillo, a la fábrica, a la escuela, al taller, a la mina y al campo a decir que el Frente del Pueblo defenderá con la huelga general, quedándose en sus casas, el derecho a vivir en una república democrática.
Procesado por llamar a una huelga general, la Corte Suprema, por la sentencia a que me estoy refiriendo, de fecha 8 de abril de 1954, dijo que el señor Senador estaba dentro de su derecho al decir esas palabras.
De manera que nosotros hoy día podríamos expresar lo mismo, con idénticos derechos morales que el señor Salvador Allende y ateniéndonos a la misma jurisprudencia. . .
¡Díganlo claramente! ¡No lo manifiesten al revés! ¡Ustedes piden que la gente salga a la calle y que use de la violencia!
El señor Allende dijo, para terminar su discurso: Yo le recuerdo sus palabras, -se refería al General Ibáñez- porque confío que si él, por factores que no puede dominar, no encuentra el camino de la solución, él sepa, que con un gesto democrático, puede llamar a nuevas elecciones, para que nuevamente las fuerzas busquen al orientador que permita que Chile avance por el camino del progreso, del trabajo y de la paz.
Gracias por su interrupción, Honorable señor Duran.
El señor PALMA (Presidente).-
Puede continuar el Honorable señor Duran.
En el enfoque que estoy formulando respecto de los comentarios del Honorable señor Luengo cuando preguntaba si la Papelera y las radioemisoras eran repuestos de camiones, y en relación con el análisis que estoy haciendo en cuanto a los derechos que asisten a los ciudadanos y partidos políticos para presentar candidaturas en las elecciones generales de marzo del año venidero, quiero expresar que ya la gente se ha ido dando cuenta de una serie de otras cosas.
El Presidente de la República ha violado su propia palabra, pues dijo que este año iba a mandar un proyecto de ley sobre estatificación de los bancos particulares. ¡Todavía estamos esperando, y ya los bancos están todos en poder del Estado!
¡Hay una ley!
No se ha dictado ninguna ley; sin embargo, ya el Gobierno logró el control del crédito casi en forma total. Ahora, es útil preguntarse, en esta materia de los créditos, ¿el Gobierno de Salvador Allende está manejándose con criterio imparcial, con mano pluralista, o a la inversa? El Gobierno no presta al que necesita créditos para la producción, sino al que lleva el carné de militante de alguno de los partidos de la Unidad Popular, al igual que sucede en las compañías que se nacionalizan o estatifican, como ocurre ahora en las distribuidoras de petróleo y de bencina: uno va a la bomba bencinera y, según la cara o el carné que tenga, le dan o no le dan combustible. Desde luego, hay preferencia, lógicamente, para los servicios hospitalarios, médicos, para los que están a cargo de las zonas de emergencia, para los hombres de Gobierno. No discuto que un Ministro y el Presidente tengan preferencias para el combustible. Pero ya comenzó el reparto del papel de recomendaciones. A éste se le da, y para los demás no hay bencina. ¿Y en qué auto nos vamos a movilizar para la campaña? ¿Dónde vamos a conseguir medios de transporte para ir de una comuna a otra? ¡Vamos a depender de los patrones, de los amos! El pueblo va conociendo todo este montaje, ve cómo, paso a paso -a veces deteniéndose por breves instantes, para seguir al día siguiente-, se trata de consolidar una nueva escalada totalitaria. El Gobierno viene amagando toda convivencia libre en Chile.
Cuando las empresas son intervenidas -en el hecho, expropiadas sin pago alguno y con violación de las normas constitucionales-, el Estado va ampliando su dominio sobre el proceso productor, y los sectores informativos, en especial las radioemisoras, van teniendo cada vez menos medios con qué financiarse para dar a conocer el pensamiento de los distintos grupos políticos. ¡Todo el avisaje del Estado solamente en manos de los regalones! Hemos visto circulares de los órganos estatales, de los ubicados al lado del Presidente, en donde se notifica que sólo se pueden dar anuncios a las radioemisoras adictas al Gobierno. Y paulatinamente el Estado va quedándose con más y más empresas, cuyos avisos se canalizan a las radios de Gobierno. ¿Qué posibilidades hay, entonces, de que los sectores de oposición democrática puedan informar al país en los próximos días o meses?
Es todo este trágico acontecer el que llevó a la gente a endurecer su espíritu. A pesar de que en los campos, bajo el amparo de los hombres de Gobierno, se asaltaban predios inferiores a 80 hectáreas y se lanzaba a la calle a sus propietarios, no se producía mayor resistencia, quizás si por la lejanía de los predios afectados, quizás si por un concepto un poco egoísta de los seres humanos. De la misma manera, los sectores industriales observaron en silencio el acontecer, sin tomar una resolución, cuando comenzaron a caer los bancos y, más tarde, las industrias. Pero ahora estos pequeños industriales que son los dueños de camiones han tenido inquietud al ver que se les suprimen las herramientas de trabajo con que se ganan la vida, y comprobar que su actividad cae dentro del enfoque ideológico que el Gobierno viene planteando. Por eso, cuando se afirma en esta Sala que se trata de huelgas ilegales injustificadas, se están haciendo afirmaciones temerarias. Lo que acontece es que los transportistas, sumándose a la opinión de otros sectores ciudadanos, van tomando conciencia de qué anhela en definitiva el Gobierno en sus planteamientos.
Oíamos hablar -creo que también a la Honorable señora Carrera- de que el paro del transporte era el causante del desabastecimiento. ¡Este sí que es un mal chiste! El transporte vino a paralizar sus actividades no hace más de tres o cuatro días. Entretanto, funcionan los Ferrocarriles, además de las empresas estatales. Comprendo que la paralización del transporte lesione el normal desarrollo del proceso de abastecimiento. Pero, ¿es verdad que sólo hace cuatro días están faltando en Chile la carne, los pollos, el trigo, el café, los repuestos, los medicamentos?
Desde hace muchos años.
¿Es sólo el acontecimiento de ahora el que produce el hecho?
Creo que sí, señor Senador; que desde hace muchos años carecemos de abastecimiento completo. Sin embargo, es útil recordar que al término del Gobierno del señor Frei, en el Banco Central quedaron alrededor de 500 millones de dólares de reserva. En consecuencia, las necesidades de importación de cosas esenciales eran satisfechas y no había escasez en materia de medicinas ni de repuestos. Ahora hay que anclar haciendo cola, no para conseguir neumáticos, sino para que recauchen los antiguos.
Los neumáticos estaban quemados. . .
¡Cómo que estaban quemados! No diga esas cosas, señor Senador, porque se expone a las risas de los demás. ¡No es efectivo!
Su Señoría vio lo que sucedió en Providencia, donde quemaban neumáticos.
Ahí se quemaron neumáticos rotos, para echar humo. En todo caso, se trata de neumáticos que están inutilizados y que ya no sirven.
Actualmente, cuando queremos comprar neumáticos, no los encontramos; y si pedimos que nos recauchen los viejos, nos dicen que no hay caucho. Entonces, ¿quieren los señores Senadores que se olvide todo este proceso de desabastecimiento que vive el país y que cada dueña de casa sufre en su respectivo hogar, y que, enfáticamente, digamos que es la huelga de los transportistas la que ha producido la carencia de leche, de pan y de carne en las distintas provincias de Chile? Precisamente hoy, leyendo algunas de las informaciones que trae la prensa, me impuse de que para las grandes naves de transporte marítimo -las que acarrean el trigo en barcos da gran tonelaje- se necesitan puertos mayores, pues los actuales no permiten satisfacer esa necesidad. Si el Gobierno hace aquella afirmación, resulta pueril que uno de sus representantes parlamentarios nos venga a decir en el Senado que el desabastecimiento que nos afecta es producto de la huelga de los transportistas.
Chile, desde que se inició el Gobierno de la Unidad Popular, está viviendo una hora de angustia económica como consecuencia del despilfarro y de la falta de planificación seria para el desarrollo económico. Es inútil que se trate o que se pretenda engañar a la gente modesta dando un reajuste que corresponde al alza del costo de la vida de este instante. Todos aquellos que han leído el abecedario de las normas económicas saben que el flujo de papel moneda que se dejará caer sobre el mercado nacional incentivará el proceso inflacionario hasta llevarlo a límites incalculables al finalizar el año en curso. Y el reajuste que acabamos de despachar en el Parlamento -para precisar la fecha, a fin de que no se moleste el Honorable señor Teitelboim- no alcanzará a satisfacer, en el resto del año, el alza real del costo de la vida. Apenas servirá para un trimestre; sin embargo, el Ejecutivo propuso una disposición para un año.
En consecuencia, es un hecho real, cierto, que la gente está comprobando que todo este acontecer tiende a crear dificultades. Y es lógico que, frente a las peticiones formuladas por esos sectores, reaccionen encolerizadas por la frivolidad de un Gobierno que, tercamente, anhela cumplir su programa de estatificación total para transformarnos en una colonia totalitaria. Este es el fondo del planteamiento.
¿Cómo es posible, entonces, que algunos señores Senadores pretendan hacer burla del hecho de que los transportistas, entre los puntos de su petitorio, planteen aspectos a los cuales también se refieren los profesionales en un aviso que aparece en la prensa de hoy? Sus Señorías podrán preguntarse qué tienen que ver, por ejemplo, los médicos en el problema de los camioneros. ¡Pero es que esos profesionales, los transportistas y los comerciantes, al igual que todos los que viven dentro de esta democracia chilena, quieren que ella subsista! Por eso, no puede ser ajeno al criterio, pensamiento o inquietud de nadie todo este acontecer que se ha dejado caer trágicamente sobre nuestra patria.
¿Me permite una interrupción, Honorable Senador?
Con todo gusto.
El señor PALMA (Presidente).-
Con la venia de la Mesa, puede hacer uso de la palabra Su Señoría.
Para corroborar lo que está diciendo el Honorable señor Duran, quiero hacer presente lo que está en la raíz de una serie de conflictos.
Aparte el problema de la falta de repuestos y de la inseguridad, ¿cuál es el quid que ha determinado la huelga del gremio de los transportistas? El intento del
Gobierno de estatificar el transporte por camiones. Hoy día, precisamente, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile, por medio de la prensa, hace un llamado a los transportistas y deja constancia de que, en una entrevista celebrada con el Ministro de Economía, el señor Matus, éste expresó que el Gobierno, por ningún motivo, aceptaría conversar y transar sobre la formación de las Empresas Estatales, ya que éstas de todas maneras, con o sin paro de los gremios, iban a ser formadas por el Gobierno. Y en apoyo de su tesis, ese Secretario de Estado manifestó que el poder de la actividad del transporte era demasiado importante para que estuviera en manos de la empresa privada.
Por su parte, el Subsecretario de ese mismo Ministerio, el señor Flores, ratificó que efectivamente el Gobierno deseaba crear empresas estatales o mixtas con el objeto de ir sustituyendo a los pequeños empresarios del transporte.
Si se averigua qué hay detrás del problema del comercio, se observa que también existe el intento de estatificar esa actividad mediante la creación de DINAC, que constituiría un monopolio de distribución y la asfixia de cualquiera otra empresa distribuidora que no sea la única del Estado.
¿Qué hay detrás del problema de los pequeños industriales y artesanos? Ellos, en una declaración que publican hoy día, señalan. . .
¿En qué diario?
El señor AYLWIN.-
En El Mercurio. ¿Qué problemas plantea la Confederación Nacional Única de la Pequeña Industria y Artesanado? La incertidumbre por las tomas de industrias, por la falta de materias primas, por la creciente inflación; por las presiones que el Gobierno ha desatado en contra de la Central Nacional de Distribución, CENADI; por el no respeto a la libertad de asociación, manifestado mediante un decreto que aquí ha sido objeto de análisis y que desconoció la personalidad jurídica de la Confederación Nacional Única de la Pequeña Industria y Artesanado.
¿De qué se queja el sector agrario? No se trata de los pequeños y medianos agricultores, los cuales están siendo objeto de tomas y de expropiaciones ilegales, sino fundamentalmente de los campesinos. En lugar de asignar a éstos la tierra en propiedad individual o cooperativa, por intermedio de los Centros de la Reforma Agraria o por otras vías, se pretende estatificar toda la agricultura nacional.
¿De qué se quejan los empleados banca-ríos? ¿Cuál es su angustia? Hemos estado conversando con ellos. Se quejan de que en estos momentos se quiere establecer la banca única estatal y suprimir todos los derechos gremiales que afectan a estos sectores.
Ellos obedecen las órdenes de sus partidos.
Este no es problema de órdenes de partidos.
Verdaderamente, me asombra la impermeabilidad del Ejecutivo frente a todas las consideraciones que no sean sus propios objetivos políticos. Se ha propuesto la toma total del Poder y la estatificación general de la economía, y, al margen del Congreso y prescindiendo de la opinión y de la voluntad de los gremios, el Gobierno marcha derecho hacia ese objetivo sin importarle sus consecuencias, en medio de constantes seguridades de respeto a la Constitución, a la ley y a todos los derechos, y de reiteradas promesas de considerar la situación de los sectores medios. No obstante, comete atropellos, desconoce todos los derechos, va destruyendo progresivamente todas las bases de independencia de cada vez más grandes grupos sociales, a los cuales va reduciendo, de la condición de ciudadanos libres, a la de súbditos sometidos de un Estado omnipotente.
Este es el problema central que está viviendo el país y lo que determina las reacciones gremiales. Por eso, el Partido Demócrata Cristiano ha otorgado a todos los gremios un amplio respaldo, como lo expresa nuestro Consejo Nacional en su declaración de hoy, que ruego se inserte como parte de mi intervención.
Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado por el Honorable señor Aylwin.
Acordado.
El documento cuya inserción se acuerda dice como sigue:
Llamado de alerta a sus trabajadores hace la DC.
Un llamado de alerta a sus trabajadores organizados formuló esta noche el Partido Demócrata Cristiano en declaración que expresa:
Después de debatir los acontecimientos que conmueven en estos momentos al país el Consejo Nacional del Partido Demócrata Cristiano estimó que el Gobierno debe satisfacer con máxima rapidez las siguientes condiciones:
a) Libertad de los dirigentes y trabajadores del gremio del rodado encarcelados.
b) Solución a los problemas planteados por este gremio.
e) Efectiva aplicación de las normas que rigen la libertad de expresión poniendo término a las medidas tomadas contra las radios Minería de Viña del Mar y Agricultura de Los Ángeles.
d) Término inmediato de la cadena de radioemisoras.
f) Solución al conflicto económico de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones y término de la política tendiente a controlar indebidamente los medios de expresión por vía directa o indirecta.
g) Solución a los problemas planteados por la Federación de Estudiantes Secundarios de Santiago.
El Partido Demócrata Cristiano espera que el Gobierno acogerá estas medidas por el bien de Chile y de sus instituciones democráticas. En todo caso ha citado a sus dirigentes gremiales para que organicen desde la base misma de las respectivas entidades la lucha por estos objetivos.
Los militantes democratacristianos deben mantenerse en estado de alerta.
Firma la declaración Consejo Nacional del Partido Demócrata Cristiano.
El señor DURAN.-
Se trata, según lo hemos venido señalando, de una reacción en cadena de los distintos sectores amagados por la amenaza del planteamiento ideológico del Gobierno. El socialismo a la chilena de que nos habló el señor Allende se ha venido transformando en una rula llena de atropellos, inconstitucionalidades e ilegalidades.
El documento a que se refirió hace un instante el Honorable señor Aylwin, referente a lo que acontece en el plano agrario, traduce la inquietud de la gente que observa que la ley de Reforma Agraria no se ha estado cumpliendo: los asentamientos desaparecen para abrir camino a los Centros de Reforma Agraria, y todo tiende a caer en manos del Estado.
Al recorrer la zona que representamos en el Parlamento, hemos tenido oportunidad de conocer al grupo denominado de promotores, que no son sino los activistas políticos del campo; montaje siniestro hecho por la Unidad Popular, mientras los técnicos carecen de importancia. Y estos activistas políticos recorren los campos transformados en verdaderos técnicos, sin más título que su audacia, prescribiendo toda clase de medicamentos para las sementeras. Pero se equivocan, pues nunca han estudiado nada. Entonces, recomiendan pesticidas donde hay que echar herbicidas y, por cierto, acaban con las sementeras como consecuencia de que incluso los aplican fuera de plazo.
¡Para qué hablar de todo el proceso ganadero! El Presidente de la República nos dijo que la gente había cometido el delito de lesa patria de llevar el ganado chileno para la Argentina, y las autoridades correspondientes calcularon al voleo unas 500 mil cabezas de ganado. Después, las mismas se dieron cuenta de que ese número de animales no podía ser acarreado ni con el uso de todos los camiones transportistas que hoy están en huelga.
¿Quién lo dijo?
Un personero del Gobierno, y lo publicó el Diario Austral.
Quiero decir, porque solicité el dato relacionado con la puntualización que quiere el Honorable señor Teitelboim, que en el Diario Oficial de hoy no aparece el decreto relativo al reajuste de la Papelera. La noticia sobre la materia figura en el diario Tribuna, donde se habla de un reajuste de 93%, sin precisarse la fecha en que empezará a regir. Por eso, cuando miraba el calendario yo tenía alguna razón, pues deseaba saber con qué fecha se iba a dictar dicho reajuste.
Pero, volviendo a lo anterior, yo, con ánimo de comerciante detallista, quiero rebajarme, de las 500 mil reses, a la cifra que dio el Jefe del Estado. Este también se hizo eco de esa ignorancia...
No dijo 500 mil.
El Primer Manda-datario expresó que 200 mil cabezas de ganado habían pasado a la Argentina.
Parece que no dijo eso.
No señaló por dónde, pero el Presidente de la República les hizo realizar un viaje de turismo a ese país. Y para allá partieron los cachudos de nuestra tierra.
Ahora, es útil preguntarse ¿qué hicieron las autoridades con esta verdadera flota de camiones, que debió inundar todos los caminos que llevan a la frontera? ¿Dónde estaban los carabineros? ¿Dónde estaban los inspectores de aduana? ¿Qué hicieron ellos frente a este crimen? ¿Qué hizo el Gobierno cuando estableció el delito? ¿Qué sumario se ha instruido? ¿Quién está detenido como consecuencia de ese hecho lesivo para la población? No se hizo nada. Pero qué fácil es lanzar así, al desgaire, cualquier tipo de acusación con finalidad política: ¡Son los agricultores, los terratenientes quienes están hambreando al pueblo. .. !
Ahora mismo, si vamos a nuestras provincias, encontraremos carne. Si uno debe salir a comer con algunos amigos, allá pide un bistequito, pero lo hace con algún cargo de conciencia, porque mientras uno puede comer carne en Cautín o en Malleco, no puede hacerlo en Santiago. Aún Tras, está prohibido traerla desde el sur. Así, uno puede quedar ahíto de comer carne y, como un cóndor, sin posibilidades de levantar el vuelo: pero no podrá traer siquiera un pedazo para que lo compartan con uno su mujer, sus hijos o su madre. ¡No, ellos están en Santiago y no tienen derecho a comer! Yo, como un buen hijo, con un mínimo de deferencia y de afecto, quiero traer un poco de carne o cecinas. Pero, como si se tratara de un país distinto, por ahí anda un conjunto de zánganos que hasta emplean algunos perros para que huelan las maletas y sorprendan a quienes traen carne. Entonces, uno puede alimentarse bien, pero su familia no, si está en el centro del país. Y cuando contamos estas experiencias a algunos amigos del exterior, nos dicen: No puede ser. Esta gente tiene que estar mala de la cabeza.
¡Si ni siquiera se puede pasar ganado de un potrero a otro si un fundo está instalado en el límite de una provincia! Para ello se necesita autorización. El pasto en un potrero puede ser escaso, y aun cuando en el terreno contiguo éste tenga un metro cincuenta, los animales no pueden pasar, a menos que se tenga la autorización otorgada por algunos niños que, también un poco tentados de la risa, tienden la mano como poruña, de modo que hay que dejarles caer algunos pesos para que permitan trasladar el ganado o traer un mínimo de alimentos para el hogar.
Como no están en países distintos provincias como Cautín, Coquimbo o Santiago, muchas veces me he preguntado y tratado de averiguar qué disposición legal autoriza estos atropellos a los derechos más esenciales de los ciudadanos.
La verdad es que hasta ahora no he encontrado más que interpretaciones legales. Y a tal extremo lo comprende esto el propio equipo de personeros del Gobierno, que tolera a la gente acarrear un poco de carne.
El otro día, por ejemplo, me decía un Diputado de Gobierno mientras viajábamos en un tren de pasajeros: Cuántos novillos crees que vienen en este tren. Yo le respondí: Algunas vacas vendrán sentadas por ahí, pero no se puede traer novillos. El me agregó: La gente los trae despostados dentro de las maletas. Tú que eres Diputado de Gobierno tendrás que saberlo, le dije yo. Y él afirmó: Aquí vienen por lo menos cuatro novillos.
¡De modo que nos estamos transformando en contrabandistas dentro de nuestro propio país!
Pienso que todo este conjunto de problemas viene creando un sedimento ingrato en el alma de todos los ciudadanos.
Siempre se nos acusa, a quienes expresamos un juicio para defender a los grupos perseguidos, de golpistas, de sediciosos, y ahora de fascistas, de partidarios del fascismo o del nacismo. La verdad es que nosotros nunca aplaudimos el pacto von Ribbentrop-Molotov. Fuimos contrarios al fascismo y luchamos contra él en todos los frentes. Fueron otros los que tuvieron un instante de entendimiento o de coqueteo que más tarde se rompió, pero que en la historia quedó definitivamente grabado.
Ahora somos golpistas o fascistas, por defender la libertad, el derecho. Somos sediciosos porque nos hacemos eco del reclamo que día a día prende más profundamente en las gargantas de todos los chilenos. Son sediciosos ese millón y tanto de personas que un día en las calles de Santiago se reunieron a expresar esta disconformidad que amarga el amanecer de todos los chilenos. Y porque la gente de Gobierno tiene conciencia de que esta madurez va prendiendo en el alma de todos, quieren ahogar el descontento con golpes teatrales que pueden terminar en una tragedia, según afirman los propios persone-ros del Gobierno. Qué curioso es escuchar a algunos decir en el Senado que las cosas son muy graves. El propio señor Ministro nos lo dijo. Entretanto, otros personeros de Gobierno dicen que la huelga no tiene mayor significación, que todo el comercio ha abierto y que el problema está siendo superado. ¿A quién creerle?
Creamos sólo en una gran idea. Creamos y afirmemos en el seno de esta Corporación que cualquiera que sea el lenguaje -violento, injurioso o amenazante-, los sectores democráticos vamos a permanecer firmes en la defensa de lo que consideramos justo: la defensa de los derechos esenciales que nos garantiza la Carta Fundamental. Una gran ola de corazones y de voluntades de ciudadanos libres ya ha dicho en las calles y, por intermedio de nuestras palabras en esta Corporación, que, amando a la democracia, permanecerá de pie en la defensa de sus estatutos.
El señor PALMA (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Teitel-boim.
¿De cuánto tiempo dispongo, señor Presidente?
La sesión dura hasta la una. Se solicitó prórroga de la hora, pero no hubo acuerdo, señor Senador.
¿Cuánto tiempo habló el Honorable señor Duran?
Una hora y media, señor Senador.
Y me queda para una hora más, todavía.
No me cabe duda de que le queda para mucho más, señor Senador.
El problema es que yo, como demócrata sincero, estimo que la distribución del tiempo es absolutamente antidemocrática, totalitaria.
Se actuó absolutamente de acuerdo con el Reglamento, señor Senador.
Deseo comenzar por desmentir un ataque injusto a los funcionarios del Congreso, hecho con mentalidad absolutamente totalitaria, del diario del Partido Nacional, La Tribuna , en su edición de hoy. Aquí se reproduce la circular 2631 de esta Corporación, que dice:
Santiago, 11 de octubre de 1972.
Por orden del señor Presidente del Senado, tengo el honor de comunicar a US. que las oficinas de la Corporación permanecerán cerradas los días viernes 13 y sábado 14 del actual.
Dios guarde a US.
Pelagio Figueroa Toro, Secretario del Senado.
Al lado de esto, se publica el siguiente comentario:
FRIVOLIDAD O QUE: La situación no era el miércoles 11 menos conflictiva que ayer viernes. Aún los de menos luces, preveían un empeoramiento del panorama por la actitud de abierta provocación asumida por el Gobierno. No obstante, los funcionarios de una de las ramas del Poder Legislativo se dieron un largo weekend, como si efectivamente estuviésemos en el Paraíso.
Yo protesto, en nombre de la democracia, de la libertad, del decoro y del respeto que nos debemos nosotros mismos, por la injuria, por la calumnia proferida por el órgano del Partido Nacional en contra de los funcionarios del Senado.
Debo aclarar que el acuerdo que allí se comenta se adoptó con conocimiento de todos los Comités del Senado.
Las circunstancias hicieron variar una norma tradicional.
Es una opinión equivocada la de ese diario, pero cada uno tiene derecho a emitir su propia opinión.
Así miente La Tribuna.
Bueno, ya hablaron una hora y media, y ahora quieren seguir haciéndolo.
Pido que se inserte en la versión oficial, si es que se publica in extenso, la circular en referencia y el comentario formulado por ese periódico del Partido Nacional en contra de los funcionarios del Congreso.
Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado.
No hay acuerdo.
Esos son los demócratas.
Sí, esos son los demócratas sinceros y los anti-totalitarios.
Nuevamente quiero manifestar mi asombro, como lo hice ayer, ante el hecho de que ese mismo diario, La Tribuna, del Partido Nacional, se permita calificar de culpables a los dirigentes del Partido Demócrata Cristiano, con el mismo estilo totalitario, negador de toda libertad de conciencia y de todo derecho a discrepar sin demostrar ningún respeto por la actitud política y la independencia de las demás colectividades. Esto, francamente, equivale a tratar de penetrar en el fuero íntimo de las personas y en los asuntos internos de cada partido.
Estos son los culpables, dice el artículo de ese diario, trayéndonos a la mente esos carteles en que aparecían los rostros de los perseguidos por la justicia y por cuyas cabezas se ofrecía un precio. Pareciera querer exponerse a los aludidos por este diario a la picota, a la vergüenza pública, a la sanción de la opinión ciudadana. Y lo dicen textualmente: Se salvó Lenín Chávez: esos son los culpables. Y los culpables, según ese diario, son:
RENÁN FUENTEALBA, Presidente de la DC. Así lo sostiene el Partido Nacional, destacando, incluso, con mayúsculas el nombre de estas personas. Luego agrega: OSVALDO OLGUIN, Vicepresidente. ¡Y quienes así escriben se dicen anti-totalitarios, demócratas sinceros!
También se mencionan los nombres, siempre destacados con mayúsculas, de Eugenio Ballesteros, Presidente de la Comisión de Hacienda del Senado; y de José Foncea, Alejandro Noemi, Raúl Morales y Américo Acuña.
Aquí tenemos, entonces, pintado por su propia mano, dicho por ellos, el concepto de respeto que tienen estos demócratas sinceros.
Ustedes han dicho que hay democratacristianos de Derecha y de Izquierda, y ahora no les gusta que nadie se meta con ese partido.
El Honorable señor Duran habló una hora y media. Yo tendré derecho a sólo dieciocho minutos, lapso en el cual tendré que dejar muchas cosas sin decir.
Quisiera referirme a algo fundamental que infiero de toda la exposición formulada en estas últimas dos sesiones por los representantes de la Derecha: la tergiversación rotunda de las causas del problema que está viviendo en este momento el país.
Quisiera que los señores Senadores escucharan lo que voy a decir.
Nosotros, cualquiera que sea el resultado, estamos virtualmente interesados, por razones de principios, en que se celebren las elecciones de marzo. Haremos todo lo posible por garantizarlas. Los representantes del Gobierno y de la Unidad
Popular tenemos plena autoridad moral para prometerlo, porque ya se ha dicho un millón de veces, por los mismos que ahora sostienen que no habrá elecciones en marzo o que ellas serán intervenidas, que en este país, después del triunfo de Salvador Allende, no habría más comicios electorales en Chile, como tampoco habría democracia y libertad de prensa. Sin embargo, este es el clásico país de las elecciones, y nunca las ha habido tanto como ahora. No hay otra nación en que haya tantas consultas electorales como aquí, donde se realizan a todos los niveles: consultas para elegir autoridades políticas, consultas sindicales, consultas en las juntas de vecinos, consultas en todas partes. En muchas de ellas, gana la Democracia Cristiana, gana la Oposición, y también el Gobierno, porque se trata de elecciones absolutamente limpias, inmaculadas.
Como las de la CUT.
Como las de la Central Única de Trabajadores, también, uno de cuyos vicepresidentes es el señor Ernesto Vogel.
Después de que le robaron la presidencia.
No, señor Senador.
Así fue.
El Honorable señor Teitelboim está con el uso de la palabra.
Estamos hablando seriamente.
El señor Vogel usó de la palabra, en actitud alta y antipolitiquera, en el gran acto -más o menos improvisado- que se realizó el lunes pasado para manifestar el repudio de los chilenos ante la actitud de piratería de la empresa norteamericana Kennecott, que ha merecido el repudio del mundo entero, pero que aquí en Chile no se ha convertido en una bandera sostenida, en primer término, por los que tenemos la obligación de sostenerla, pues, aparte algunas declaraciones protocolares, ésa no es materia de los grandes debates parlamentarios.
Tal materia se trató en esta Corporación, y los partidos fijaron su posición al respecto.
Eso se hizo sólo por cumplir.
Y mientras el Parlamento francés analiza...
Están tratando de emborrachar la perdiz.
¡De emborrachar la perdiz... ! ¡Cuando un país tiene que defenderse contra la agresión extranjera, se emborracha la perdiz!
Al respecto, un distinguido profesor universitario me decía: El problema es éste. Se trata de una especie de ceguera que se extiende y, frente a un gran drama nacional, que exige realmente unidad de todo el pueblo ante el extranjero -como lo reiteró Vogel- , se pone por encima de todo la querella que se hace crecer con un afán sedicioso, y que parte porque en Aisén se sostuvo que se iba a crear una Corporación Estatal de Transporte. Eso es infinitamente más importante que el problema de la Kennecott y de la defensa de Chile.
El señor Vogel, en ese acto realizado frente a La Moneda, en el cual estuve presente junto con otras miles de personas, pronunció un discurso sobrio, un discurso propio de un hombre de la Oposición, pero también de un patriota que ponía por encima de todo una causa de carácter nacional.
Lo pifiaron por pluralista.
Hubo voces de afiebrados; pero entonces el Presidente de la República se levantó de su asiento, se acercó al micrófono y rechazó y condenó la actitud de esos manifestantes sin sentido nacional.
Después que el Presidente de la Cámara le dijo que, si continuaban, se retiraría del estrado.
No es efectivo. Yo estaba allí también.
Yo le creo al Presidente de la Cámara.
Uno de los vicepresidentes socialistas de la CUT, Rolando Calderón, sin que, por cierto, mediara petición alguna al respecto, defendió, justificó y honró la actitud de Vogel.
Y al día siguiente, Vogel participó entre los oradores de la concentración realizada por la Oposición, y fue pifiado.
Eso no es efectivo.
¡Qué curioso! Yo estaba al lado de Vogel y no oí que le abuchearan. La verdad es que fue aplaudido.
Fue pifiado, y nadie se puso de pie para acallar a los contra-manifestantes.
Pero le que me importa es lo siguiente: es absolutamente indispensable que haya actitudes como la de Vogel. Yo creo que muchos chilenos, por encima de la pequeña pasión partidista, ponen un sentimiento nacional. Y no ignoremos esta situación, porque, al fin y al cabo, interpreta mucho más profundamente los intereses permanentes del país que esto de no importarles qué pasa, que está comprometiendo y amenazando a la nación, porque la huelga de los transportistas es un pretexto.
En esa misma concentración otros oradores expresaron, porque fue un acto donde no hubo una voz común, sino opiniones muy distintas, que había llegado la hora de la acción y de la resistencia civil.
También han sido constantes los llamados a no dejarse encandilar por los cálculos electoralistas de marzo. Es evidente que hay gente muy apurada que cree que no puede ni debe esperar el mes de marzo.
Y esas personas, que están en la Derecha, piensan que pueden derribar al Gobierno constitucional y legítimo y. que ésta puede ser, por cierto, la oportunidad para hacerlo.
Ayer me referí también al llamamiento realizado mediante el diario Tribuna , el que era absolutamente claro, pues decía que no sólo los camioneros iban a la huelga, sino que enumeraba más o menos veinte grupos sociales que también se plegarían al paro. Se trataba de sumar todas esas fuerzas.
Deseo aclarar una información también aparecida en Tribuna, que dice: Marinakis hizo de recadero de La Moneda a la Cárcel. Proposición del Presidente Allende me pareció una inmoralidad: Vilarín.
Le concedo una interrupción al Honorable señor Jerez.
Restan dos minutos, señor Senador.
El señor JEREZ.-
En primer lugar, quiero señalar algo que no se ha aclarado.
El propio almirante Huerta, quien actúa como coordinador en todo lo relativo al transporte, envió una comunicación al Ministro Orlando Millas, en la que expone que no se ha pensado crear un complejo estatal del transporte en Aisén y que solamente la Corporación de Fomento ha pedido diez máquinas de cierto tipo para atender los servicios de las zonas más alejadas.
Al respecto, pido -confío tener más suerte que el Honorable señor Volodia Teitelboim- insertar esa comunicación en esta parte de la versión.
O sea, ese documento desmiente al señor Matus.
Si el Gobierno dice que se acaba el problema, nos habríamos evitado todas estas cosas.
No, señores Senadores. Significa que un argumento utilizado para ir al paro no tenía base.
El documento que posteriormente se acuerda insertar es el siguiente: Señor Ministro: La Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile el día lunes 9 del presente, planteó al Comité Nacional de Transporte que presido, su rechazo a la idea de que un complejo único estatal que abarque el sistema de transporte de pasajeros y de carga absorba toda esa actividad en la provincia de Aisén.
Como es sabido, esta materia ha determinado la paralización de los medios de transporte de carga y de pasajeros en dicha provincia y ha servido de base para que la Confederación adopte igual predicamento para el resto de la República.
En esa oportunidad, tanto el infrascrito como el Subsecretario de Transportes, don Hernán Morales Garfias, señalaron al Presidente de la Confederación, señor León Vilarín, que no existía antecedente alguno en el sentido de que se fuera a la constitución de tal complejo único estatal.
Más aún, el Subsecretario de Transportes expresó que el único antecedente que existía era una petición de CORFO-Aisén, en el sentido de que se le asignara hasta seis máquinas de la importación Mercedes Benz Argentina que permitiera dar servicio público a algunas comunas alejadas de los centros más importantes de la provincia.
Hubo acuerdo de mi parte en el sentido de pedir al señor Ministro de Hacienda y al Banco Central de Chile los antecedentes sobre esta materia, si los hubiere, con el objeto de que en ese caso, se proceda al reestudio por el Subcomité de Transporte Terrestre y Ferroviario del Comité Nacional, constituido de acuerdo al decreto supremo N9 499.
Solicito a US., por tanto, tenga a bien requerir tales antecedentes del Banco Central con el objeto de determinar en definitiva lo que proceda en relación a los servicios de transporte de Aisén.
Saluda atentamente a US.,
En segundo término, la visita a La Moneda de la Confederación de Propietarios de Taxibuses y Microbuses, en un acto de alta responsabilidad patriótica, respondió al hecho de que ellos piensan que los puntos cinco y seis de la plataforma de lucha de los camioneros, relativos a la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones y a radio de Los Ángeles, son de carácter político y les quitan toda seriedad gremial a los demás planteamientos. Y ellos, que podían haberse sumado al paro porque forman una sola organización, han ofrecido su concurso para mediar en la solución del problema. Y entre sus dirigentes los hay de filiación democratacristiana.
El Gobierno, que no tiene ánimo de complicar la situación actual, aceptó el ofrecimiento y se lo agradeció en lo que vale, como se lo agradecerá todo Chile si acaso tal actitud representa un medio para solucionar el problema.
Gracias.
El señor TEITELBOIM.-
Toda esta situación es absolutamente preparada, dirigida al derribamiento del Gobierno.
El día 25 de septiembre, el Vicepresidente del Partido Nacional, DiputadoFernando Maturana, anunció a la opinión pública, según la información de Tribuna, textualmente lo que sigue: En cuanto a las tácticas a seguir, Maturana planteó claramente, si es necesario llegar a la paralización del país, los nacionales estarán dispuestos a hacerlo y no nos importará partir de cero después de eso.
Por lo tanto, se trata de una conspiración y de una sedición política dirigida por el Partido Nacional.
¿Me permite, señor Senador?
Ha terminado el tiempo destinado a esta sesión.
Han llegado a la Mesa dos indicaciones para publicar in extenso el debate habido en las sesiones especiales de ayer y de hoy.
Se aprueban.
El señor PALMA (Presidente).-
Se levanta la sesión.
Se levantó a las 13.
Dr. Raúl Valenzuela García, Jefe de la Redacción.
ANEXOS.
1. OBSERVACIONES DEL EJECUTIVO, EN SEGUNDO TRAMITE CONSTITUCIONAL, AL PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY Nº 17.377, DE TELEVISIÓN NACIONAL Y OTORGA FINANCIAMIENTO A LAS RADIOEMISORAS.
Tengo a honra comunicar a V. E. que la Cámara de Diputados ha tenido a bien rechazar las observaciones formuladas por Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto que modifica la ley N9 17.377, de televisión nacional y otorga financiamiento a las radioemisoras, y ha insistido en la aprobación de los textos primitivos, con excepción de la que consiste en anteponer una frase inicial en el inciso décimo del artículo 3, que ha rechazado.
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Eduardo Cerda García.- Fernando Parga Santelices.
Texto de las observaciones del Ejecutivo.
En ejercicio de mis atribuciones constitucionales, vengo en formular observaciones al proyecto de ley aprobado por el Congreso Nacional, que me fuera remitido por oficio N9 2.144, con fecha 14 de septiembre de 1972 y que, entre otras, contiene disposiciones modificatorias de la ley N? 17.377.
Con el propósito de dar la mayor claridad a estas observaciones, serán formuladas según el orden que tiene el proyecto aprobado.
Artículo 1º.- Este precepto es similar a otro aprobado por el Congreso, de iniciativa de algunos señores Senadores, que fuera comunicado al Ejecutivo con fecha 20 del mes de septiembre de 1972. Ambos, a su vez, son casi idénticos a una disposición que fuera incorporada por indicación parlamentaria en un proyecto que concedía recursos para el turismo de las provincias de Llanquihue, Chiloé y Aisén, y que no prosperó al haberse observado supresivamente por el Presidente de la República.
Motivado por el interés de encuadrar la reforma de la Constitución aprobada por la ley N9 17.398, de 9 de enero de 1971, con las normas sobre televisión universitaria, y en vista de que en el Parlamento se discutían los dos proyectos antes mencionados, que de ninguna manera adecúan tales normas sobre televisión universitaria a los actuales preceptos de la Carta Fundamental, el Ejecutivo envió, con fecha 8 de septiembre recién pasado, un mensaje que tiende a la solución definitiva de esta discordancia.
Los basamentos del proyecto contenidos en el referido Mensaje, son suficientemente explícitos para fundamentar -en esta oportunidad- la observación supresiva del artículo 1º del proyecto que nos ocupa. Por tal razón, pasamos a reproducirlos textualmente:
La legislación vigente sobre Televisión Universitaria, contemplada entre las disposiciones de la ley N9 17.377, sobre Televisión Chilena, dispone en su artículo 2°, que en el territorio nacional podrán establecer, operar y explotar canales de televisión la Universidad de Chile, Universidad Católica de Chile y la Universidad Católica de Valparaíso; que las dos primeras, actuando conjuntamente, podrán establecer una Red Nacional que cubra el territorio, previo informe favorable del Consejo Nacional de Televisión y, por último, que la Universidad Católica de Val- paraíso sólo puede operar dentro del radio de cubrimiento que tenía el 24 de octubre de 1970 -fecha de promulgación de la ley- y con la potencia irradiada en esa misma fecha.
La modificación a la Constitución Política del Estado aprobada por la ley N9 17.398, de 9 de enero de 1971, sustituyó el número tres del artículo 10 de la Constitución. Entre las nuevas disposiciones que introdujo figura aquella que dispone que Sólo el Estado y las Universidades tendrán el derecho de establecer y mantener estaciones de televisión, cumpliendo con los requisitos que la ley señale. Este precepto constitucional es claro en cuanto a que el derecho a la difusión televisada lo tienen todas las Universidades y, por consiguiente, las recordadas disposiciones de la ley N9 17.377, en cuanto a las mismas se refieren, no sólo han quedado obsoletas, sino que son contrarias a la Carta Funda- mental. No otra puede ser la conclusión si se atiende a que la Constitución confiere el derecho a todas las Universidades y la ley sólo se lo da a tres, en circunstancias que actualmente existen en Chile ocho Universidades reconocidas por el Estado.
Resulta de este modo imprescindible modificar la ley N° 17.377, a fin de adecuarla al precepto constitucional y puedan, de este modo, todas las Universidades ejercer el derecho que les confiere la Carta Fundamental.
Durante el curso del año 1971, con ocasión de la tramitación en el Congreso Nacional de un proyecto de ley que concedía recursos al Consejo Regional de Turismo de Llanquihue, Chiloé y Aisén, algunos señores parlamentarios propusieron una modificación a la ley N9 17.377 que en nada alteraba la antedicha situación discriminatoria, por cuanto mantenía la exclusión de las Universidades de Concepción, Austral de Chile, del Norte, Técnica del Estado y Técnica Federico Santa María, del derecho de mantener y explotar canales de televisión. Además se pretendía, mediante aquella modificación, eliminar la limitación al canal de la Universidad Católica de Valparaíso y suprimir el inciso penúltimo del artículo 2º de la ley N9 17.377, esto es, facultar para establecer redes nacionales independientes e individuales, a las tres Universidades con derecho, según esa ley, a tener expansión televisada.
Estas modificaciones, aprobadas por el Congreso, fueron observadas supresivamente por el Ejecutivo, exponiéndose, como fundamentos del veto, las siguientes razones:
Se pretende modificar parcialmente la ley N? 17.377 de reciente dictación. El Ejecutivo está consciente de que dicha ley, sobre Televisión Chilena, contiene vacíos y errores. Sin embargo, no es el camino más aconsejable el que en esta oportunidad ha seguido el Congreso, de legislar parcialmente y utilizando indicaciones hechas a un proyecto originado en una moción que nada tiene que hacer con la Televisión. Es natural que este procedimiento haya impedido un adecuado estudio sobre esta materia y la información técnica que debió recibir el Parlamento sobre el particular.
El proyecto, como está concebido, importa abrogar la exigencia vigente en orden a que las Universidades a que se refiere el artículo 2º de la ley N° 17.377, sólo pueden establecer una Red Nacional de Televisión actuando conjuntamente. La posibilidad de que se establezcan diversas redes nacionales universitarias, involucra gastos excesivos, que en definitiva recaerían en el Estado, atendido el financiamiento actual de las Universidades. Además, es comprensible que sólo el esfuerzo mancomunado podrá proporcionar programas de calidad que se avengan con la divulgación educacional y cultural a que están llamados dichos planteles, razón que motivó las únicas excepciones que para ellas estableció la ley, de operar y explotar canales de televisión.
Al prosperar este veto desaparecieron las disposiciones observadas. No obstante, en los últimos meses se han iniciado dos proyectos de ley, uno en la Cámara y otro en el Senado, por mociones de algunos parlamentarios, que reviven la iniciativa que en la ocasión comentada no prosperara.
Es del caso recordar que durante la discusión de la modificación de la ley N9 17.377, incorporada como indicación parlamentaria al recordado proyecto de financiamiento a un Consejo Regional de Turismo, e incluso después dé formulado el veto, el Presidente de la República 11amó a los Rectores de todas las Universidades del país con el objeto de alcanzar con ellos un acuerdo que permitiera solucionar el problema de la Televisión Universitaria. Para el Ejecutivo había que considerar no sólo el derecho de todas las Universidades de disponer de una expansión televisada, sino, además, contemplar el interés general de la Nación, en orden a que no es posible pretender que cada una de las Universidades pueda establecer, operar y explotar canales nacionales individuales e in- dependientes que cubran o puedan sufrir todo el territorio nacional debido a los altos costos de éstos y dado que el financiamiento de las Universidades lo proporciona, en algunos casos, en forma exclusiva el Estado y en los restantes, en más de un 90%.
Además, era necesario considerar que, fuera de las razones dadas precedentemente, existen impedimentos técnicos para que cada una de las Universidades pueda operar y mantener, en forma individual y exclusiva, un Canal Nacional de Televisión, pues con ello se producirían interferencias de ondas que harían imposible la percepción.
No obstante haberse designado una Comisión integrada por representantes de las Universidades, de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S. A. y de la Secretaría General de Gobierno, para estudiar una nueva legislación, y no obstante, además, haberse propuesto por el Presidente de la República a los Rectores el establecimiento de una Red
Nacional de Televisión Universitaria para uso común de todas ellas, y el derecho para que cada una pudiese explotar un canal propio en su sede principal, no fue posible lograr un acuerdo unánime sobre esta última proposición, si bien la mayoría de los Rectores la aceptaron.
Seguro de que las antedichas proposiciones hechas a los señores Rectores de las Universidades son las únicas que, a la vez que respetan la Carta Fundamental, satisfacen el interés general de la Nación, vengo en proponer el siguiente proyecto de ley.
El articulado del proyecto de ley, materia del Mensaje cuya parte expositiva ha quedado reproducida, establece, en síntesis, modificando la ley N° 17.377, que sólo podrán establecer, operar y explotar canales y estaciones de televisión en el territorio nacional:
a) La empresa denominada Televisión Nacional de Chile;
b) La Universidad de Chile, la Universidad Católica de Chile y la Universidad Católica de Valparaíso, y
c) Las otras Universidades reconocidas por el Estado o que sean reconocidas en el futuro conforme a la ley.
Además, dicho proyecto contiene prolijas normas sobre la forma de establecer, operar y explotar estaciones o canales de televisión por parte de las universidades. Así, se dispone que ellas sólo podrán hacerlo en el lugar del territorio donde se encuentre ubicada la sede o asiento principal de sus actividades, sin que ello obste para que las Universidades de Chile, Católica de Chile y Católica de Valparaíso puedan continuar explotando y operando las estaciones o canales de televisión que a la fecha de publicación de ese proyecto de ley, tengan establecidos fuera del lugar de su sede.
Por último, el proyecto Crea la Red Nacional de Televisión Universitaria para utilización equitativa y no discriminada de todas las Universidades reconocidas o que se reconozcan en el futuro. El establecimiento, operación y mantención de esta Red Nacional de Televisión Universitaria se hará, de acuerdo con el proyecto, mediante aportes fiscales en moneda nacional y extranjera, consultados en las leyes de presupuesto.
En consecuencia, y existiendo pendiente del Congreso Nacional un proyecto, como el que se ha hecho referencia, que legisla adecuadamente sobre la materia, vengo en observar el artículo 1º del proyecto que me fuera comunicado por oficio N9 2.144 de la Cámara de Diputados en el sentido de que se suprime íntegramente.
Artículo 3º-Este artículo crea un fondo para financiar a determinados medios de difusión, mediante un impuesto de dos centésimos de escudo por cada kilowatt hora producido por las centrales generadoras de energía eléctrica del país.
La energía eléctrica en Chile se encuentra gravada en exceso: un 8% por concepto a las compraventas y un tributo municipal mínimo de 3,5%, que puede llegar a un 14%, como es el caso de Vallenar. Si a esto se agregara el impuesto contemplado en el artículo 3º del proyecto, la situación sería insostenible. De acuerdo a datos estadísticos, durante el curso del año 1971 se obtuvo, por concepto del gravamen sobre generación de energía eléctrica, solamente referido a las empresas concesionarias del servicio público (ENDESA, CHILECTRA, Compañía General de Electricidad Industrial, CONAFE y SAESA, la suma de E° 5.125.298,33. Esta cantidad es producto de la aplicación del gravamen actualmente vigente, que es un milésimo de escudo por kilowatt hora generado. El proyecto de ley que comentamos pretende alzar el referido gravamen a dos centésimos de escudo para una finalidad totalmente ajena al mejoramiento y extensión de los servicios eléctricos. Partiendo de la base de considerar la misma producción de energía eléctrica del año 1971, y sin detenerse a considerar que dicha producción aumenta de año en año, el producto del referido gravamen subiría a E° 102.505.966,60. Este impuesto, de traducirse en ley el proyecto, traería como consecuencia una fortísima alza de las tarifas eléctricas que afectaría al público consumidor, con un destino ajeno a su mejoramiento, en circunstancias que actualmente existen poblaciones que carecen en forma absoluta de servicio eléctrico.
El consumo eléctrico no debe utilizarse como mecanismo de captación de recursos para otros fines que no sean los destinados a mejorar e implementar el abastecimiento eléctrico.
Además, en este caso, no existe razón alguna para gravar a toda la población con el objeto de defender una determinada actividad privada; mucho menos, si las empresas que resultarían beneficiadas persiguen fines de lucro. Por otra parte, la población no sólo debería pagar un mayor precio por el consumo eléctrico, sino que, además, debería absorber los mayores costos incorporados al valor de los productos para cuya elaboración se necesita energía eléctrica.
Es preciso señalar también, que la reajustabilidad anual del impuesto establecida en el mismo artículo 3º, no sólo es contraria a la más elemental técnica impositiva, sino, además, que el monto del rendimiento, ya evidentemente exagerado, podría llegar a límites exorbitantes, en perjuicio directo de la población consumidora de servicio eléctrico. No debe olvidarse, en efecto, que el solo incremento anual de producción de energía aumentaría considerablemente el rendimiento del impuesto.
Desde otro punto de vista, la carga impositiva que ha aprobado el Congreso, no significa mejorar la calidad de los programas radiales, por cuanto, a pesar del beneficio, no limita de manera alguna la propaganda comercial.
En virtud de estas consideraciones, el Ejecutivo cree conveniente reemplazar el financiamiento de esta bonificación, gravando actividades de orden comercial que se relacionan directamente con las empresas beneficiadas.
Se ha estimado, además, que este beneficio debería extenderse sólo a los órganos de difusión regional y a aquellos que, por su entidad, suponen la existencia de recursos económicos limitados.
Por lo tanto, formulo la siguiente observación al artículo 3º:
a) Se reemplaza el inciso 1º por el siguiente:
Establécese un impuesto del 10% sobre los avisos que se contraten en los diarios y periódicos que se publiquen en el departamento de Santiago y de un 5% sobre los avisos que se contraten con concesionarios de estaciones de radiocomunicaciones de una potencia de 10 o más kilowatts, aunque sean, además, titulares de otra u otras concesiones de inferior potencia, cualquiera que sea la ciudad donde funcionen. Quedan exceptuados de este impuesto los avisos contratados por el Fisco.
b) En el inciso 2º se reemplaza la frase productores de energía eléctrica dentro de los quince primeros días del mes siguiente, de acuerdo a la producción del mes anterior , por la siguiente: representantes legales de los diarios, periódicos y radioemisoras a que se refiere el inciso anterior, dentro de los quince días del mes siguiente al pago de los avisos.
c) Reemplázame los incisos 3º y 4º por el siguiente:
Con el producto del impuesto se bonificará mensualmente:
A los concesionarios de radiocomunicaciones de una potencia inferior a 10 kilowatts, instaladas y en funcionamiento al 30 de junio de 1972 y que destinen como mínimo el 10% de sus espacios diarios a programas de carácter cultural, sin publicidad, divididos en bloques de a lo menos media hora de duración, con exclusión de aquellos concesionarios que para sus transmisiones ocupen canales internacionales o que posean estaciones que sean filiales de otras de una potencia superior a la señalada, y
Las empresas periodísticas existentes al 30 de junio de 1972, con exclusión de las que a tal fecha, por sí o por medio de filiales, editaban diarios y/o periódicos en el departamento de Santiago, y diarios murales. Para estos efectos, se entiende por filiales las radioemisoras, diarios y periódicos que pertenezcan en proporción mayoritaria a las mismas personas naturales o jurídicas, y las que formen parte de cadenas de radioemisoras o de empresas periodísticas. Del producto del referido impuesto se destinará un 10% para las empresas periodísticas que tienen derecho a esta bonificación, destinándose el remanente a los concesionarios de estaciones de radiocomunicaciones que asimismo lo tienen.
d) En el inciso 5º se reemplaza la frase No gozarán de esta bonificación las emisoras y empresas periodísticas que reciben subvención o aporte estatal en forma directa o indirecta, por la siguiente:
No obstante las limitaciones establecidas en el inciso anterior, en todo caso tendrán derecho a la bonificación los concesionarios de estaciones de radiocomunicaciones que no contraten ni difundan propaganda comercial o política.
e) Suprímese el inciso 7º.
f) En el inciso 10 agrégase la siguiente frase inicial:
Sin perjuicio de lo establecido en el inciso 4º del N9 7 del artículo 8º de la ley N° 14.852, reemplazando la letra L mayúscula por una letra 1 minúscula.
Artículo 4º.- En virtud de este artículo se consolidarían las deudas que las empresas de radiodifusión o periodísticas tengan con las instituciones de previsión a la fecha de la ley; se condonarían los intereses y multas devengados y se establecería un sistema de convenio de pago en favor de dichas empresas.
El sistema normativo de cobro de imposiciones es parte integrante de los regímenes previsionales, uno de cuyos presupuestos básicos es precisamente la cotización.
La legislación vigente contempla disposiciones de orden general para regular esta materia, cuales son las contenidas en la ley N° 17.322.
La norma del proyecto en examen altera la legislación citada y constituye una modificación de los regímenes previsionales vigentes.
Debemos considerar asimismo que esta norma no ha podido ni puede ser de iniciativa parlamentaria, al tenor de lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 45 de la Constitución Política del Estado, que entrega exclusivamente al Presidente de la República la atribución de proponer la modificación de los regímenes previsionales o de seguridad social. Por ello este precepto adolece de inconstitucionalidad.
Desde otro punto de vista, conviene hacer presente que una iniciativa de esta naturaleza redundaría en una mayor anarquía en materia previsional y significaría, además, una nueva discriminación en este aspecto. En efecto, existiendo un régimen general de convenios para el pago de imposiciones atrasadas -ley N9 17.322- de aplicación común a todos los empleadores, no existe una razón valedera para dar un trato diferente a un grupo de ellos. Además, ha existido un verdadero vicio en este aspecto, precisamente por los tratamientos de excepción que en diversas oportunidades se han otorgado, entre los que vale la pena señalar el establecido en el artículo 6º de la ley Nº 17.388, que otorgó a este mismo grupo de empresas un sistema de convenio aún más generoso que el que ahora se propone, ya que les concedió un plazo de cinco años para consolidar las deudas existentes, por este concepto, al 30 de septiembre de 1970, con condonación de multas e intereses adeudados.
Este vicio, de alcances peligrosos, no puede repetirse, puesto que aparece que el grupo de empresas beneficiadas por el proyecto aprobado por el Congreso, no cumplió con sus obligaciones previsionales, aparentemente en espera de un nuevo mecanismo excepcional que habría de beneficiarlas.
En esta virtud, vengo en observar el artículo 4º del proyecto en el sentido de que se suprime.
Artículo 5º-Formulo las siguientes observaciones a este artículo:
Al N° 2): La ampliación de dos años del plazo de seis meses consultado por la letra c) del artículo 72, es manifiestamente exagerada.
El aumento tan excesivo de este plazo perjudicaría el nivel técnico de la radiotelefonía nacional, puesto que, si el estado de las instalaciones es declarado técnicamente deficiente, es menester que las obras de mejoramiento se realicen dentro del plazo prudencial, en consideración tanto al interés general, como para resguardar de interferencias a las demás radioemisoras.
Cabe tener presente, además, que el plazo vigente es similar al establecido respecto de situaciones análogas en los artículos 17, letra b), y 130 de la misma ley, todos ellos breves en razón del interés público comprometido.
En consecuencia, observo este número 2) en el sentido de sustituir la expresión dos años por un año.
Al N° 3): El otorgamiento y caducidad de concesiones de radiodifusión corresponde exclusivamente al Presidente de la República.
El procedimiento de reclamación por causa de ilegalidad del decreto de caducidad, altera el principio de la separación de los poderes públicos que sirve de base a nuestro ordenamiento jurídico.
Los decretos de caducidad están ya sometidos a un control de legalidad que ejerce la Contraloría General de la República, a través del trámite de toma de razón, de modo que la iniciativa del proyecto no se justifica.
Por otra parte, entregar a la justicia ordinaria el reconocimiento de reclamaciones en contra de un acto administrativo, significa contravenir elementales principios de derecho. Aún más, facultar a estos tribunales para sustituir la declaración de caducidad por una multa en caso de desestimarse la reclamación, significa reducir las facultades del Presidente de la República y permitir que el tribunal equipare un incumplimiento grave que afecta a la esencia de la concesión, con aquellas transgresiones ordinarias que el artículo 173 de la ley sanciona precisamente con multa.
Por consiguiente, observo este número 3) en el sentido de suprimirlo.
Al N° 4): Las radiodifusoras son empresas comerciales y no existe razón alguna para concederles descuentos en las tarifas de teléfonos, electricidad, telégrafos u otros tipos de telecomunicaciones.
El artículo 114 del decreto supremo N? 2.060, de 1962, beneficia a oficinas, reparticiones y servicios fiscales o municipales, pero no incluye a establecimientos industriales o comerciales del Estado o en los cuales tenga participación, salvo los ferrocarriles. Por consiguiente, si ni siquiera las empresas comerciales o industriales del Estado gozan de este beneficio, ¿cómo puede pretenderse hacer gozar de él a empresas comerciales privadas, con fines de lucro?
Observo, pues, este número 4) en el sentido de suprimirlo.
Al N° 5): La Ley General de Servicios Eléctricos dispone que las concesiones se otorgan por un plazo de treinta años. El decreto supremo del Ministerio del Interior, N° 2.060, de 1962, en su artículo 80, establece que con cuatro años de anticipación al vencimiento de la concesión deben presentarse proyectos de ampliación, mejoras o nuevas instalaciones con el objeto de poder optar a la fecha de vencimiento de la respectiva concesión a una nueva concesión. Todo esto en razón del deterioro que obviamente deben sufrir, en el extenso plazo aludido, los equipos instalados y el lógico atraso técnico que experimentan las instalaciones en el mismo período, dado el permanente avance de la técnica.
En consecuencia, es absolutamente improcedente el contenido de este artículo, tanto por lo expresado, cuanto porque impediría a los organismos estatales velar por la idoneidad y eficiencia técnica de la radiodifusión nacional. Es inaceptable prorrogar, por un acto legislativo, el plazo de vigencia de las concesiones, que se otorgan por decreto supremo y que se renuevan previo cumplimiento de exigencias legales reglamentarias.
En consecuencia, vengo en observar este número 5) en el sentido de que se suprime.
Artículo 6º.- La propiedad de los canales de radiodifusión corresponde al Estado, quien puede otorgar concesiones a personas naturales o jurídicas para que los exploten comercialmente.
De acuerdo a la definición internacional de radiodifusión, esta es una actividad que propende a instruir, informar y entretener, aspectos que indudablemente deben estar bajo el cuidado de los organismos estatales, capaces de hacerlos cumplir y, a la vez, capaces de propender al desarrollo de la cultura a través de la actividad radial.
El Reglamento de Radiodifusión contiene los elementos para realizar en alguna medida esta labor, y es el único medio que tiene el Estado para estos efectos. El citado Reglamento entrega al Estado facultades irrenunciables que le permiten ejercer un control sobre los roles educativos y culturales que deben imperar en las transmisiones radiales.
Ya el mismo Reglamento se remite a la ley N9 16.634, sobre Abusos de Publicidad, en sus artículos 21 y 22; pero de la simple lectura de su articulado se desprende la ineptitud e imprecisión de sus preceptos para controlar una actividad extremadamente compleja y polifacética como es la radiodifusión.
En consecuencia, observo este artículo 6º en el sentido de suprimirlo.
Artículo 7º.- Tal como se hizo presente en una oportunidad anterior, en que esta misma idea fue incorporada en un proyecto de ley, posteriormente observado por el Ejecutivo, existe una imposibilidad práctica de cumplir una disposición de esta naturaleza.
Además, no es dable imponer a un grupo discriminado de organismos y empresas la obligatoriedad de contratar su propaganda en todos los órganos de difusión del país, pues ello obviamente representa un absurdo desde el punto de vista de la utilidad de la propaganda.
En consecuencia, observo este artículo 7º en el sentido de que se suprime.
Saluda atentamente a Ud.
(Fdo.) : Salvador Allende Gossens.- Jaime Suárez Bastidas,