Labor Parlamentaria

Ofrezco la palabra a uno de los señores Diputados de la Comisión Acusadora.

Tiene la palabra el Diputado señor Lavandero.

El señor LAVANDERO (Diputado acusador).-

Señor Presidente, señores Senadores, de acuerdo con el artículo 39, atribución primera, letra e), de nuestra Constitución Política del Estado, paso a informar, en conjunto con los Diputados señores Sharpe y Phillips, la acusación que diez señores Diputados han deducido en contra del Intendente de Bío-Bío, don Federico Wolff Alvarez.

Esta acusación fue aprobada en la Honorable Cámara por todos los Diputados presentes, con la sola abstención del Diputado democratacristiano señor Mosquera. Es decir que viene respaldada prácticamente por la unanimidad de los Diputados presentes al momento de votarse.

Ahora bien, con fecha 25 de agosto del presente año, el señor Wolff dictó el decreto de Intendencia Nº 37, que ordena el cierre de Radio Agricultura de Los Ángeles. Los fundamentos en que se basa este simple decreto de Intendencia, como se expresa en su propio texto, son dos. En primer lugar, la infracción a la ley de Seguridad Interior del Estado, y en segundo término, la caducidad del decreto de concesión.

Respecto de la infracción de la ley de Seguridad Interior del Estado, como se expresa en el informe acucioso que nos ha leído el Secretario del Senado sobre los antecedentes del desarrollo de la acusación en la Cámara, es necesario destacar que el Intendente señor Wolff, de las diez carillas que componen sus descargos, sólo dedica cuatro líneas para excusar su resolución de cerrar la Radio Agricultura de los Ángeles; cuatro líneas para justificar la legalidad de su actuación, dentro de diez carillas que contienen más disposiciones genéricas acerca de lo que significa el Gobierno de la Unidad Popular que norma alguna de carácter legal que pueda justificar su actuación como Intendente, como autoridad.

En efecto, en la página 3 de la declaración del señor Intendente se expresa un hecho a mi juicio notable, extraordinariamente grave, y que los señores Senadores, al margen del aspecto legal mismo de esta acusación, debieran comprender claramente.

Dice así el señor Intendente: Durante los días que los lamentables hechos denunciados acontecieron, y aun desde antes, y en forma posterior, Radio Agricultura de Los Ángeles, a través de sus ondas sonoras, estuvo creando un ambiente de hostilidad, que si bien pareciera no desprenderse de los libretos entregados, consta a la ciudadanía verdaderamente democrática de la provincia, y en razón de ello este Intendente constantemente estaba siendo objeto de peticiones de personeros democráticos, tanto de los partidos de Oposición como de los partidos de Gobierno, en el sentido de poner término a las demasías de esta radioemisora.

Llamo la atención de los señores Senadores hacia esas cuatro líneas de la defensa del señor Intendente, pues de ellas se deducen dos cosas importantes.

En primer lugar, que una de las razones que se tuvieron en cuenta para dictar el decreto 37, en cuya virtud se cerró dicha radioemisora, era el ambiente de hostilidad. Invito a los señores Senadores a pensar si es posible cerrar una radiodifusora por un ambiente, por un rumor, de hostilidad. En todos los textos legales que he analizado sobre la materia no he encontrado norma alguna que permita cerrar una radioemisora por existir un ambiente o un rumor de hostilidad. Sólo en la mente del señor Intendente de Bío-Bío, por supuesto, que seguramente careció de la información necesaria en estas materias, pudo germinar la decisión de dictar el decreto de Intendencia 37 basado en ese ambiente de hostilidad.

Mediante la segunda razón que hace presente destruye en la práctica toda la tesis que viene sosteniendo, pues señala que si bien pareciera no desprenderse de los libretos entregados una injuria. O sea, reconoce que, para los efectos de aplicar la ley de Seguridad Interior del Estado, no cabía invocar el delito de injuria, que no la hubo en los libretos, sino que tan sólo existió el ambiente de hostilidad de que hace mención.

Pero a renglón seguido sostiene algo mucho más grave todavía -de lo que no lo salva la ignorancia que podría atribuirse a un Intendente-, que lo señala como uno de los funcionarios más sediciosos y de carácter más nacista que haya tenido el país a lo largo de su historia política. Porque asevera que consta a la ciudadanía verdaderamente democrática ese ambiente de hostilidad, agregando que, presionado por aquélla, se decidió a dictar el decreto número 37.

¿De qué ciudadanía verdaderamente democrática nos habla el señor Intendente? ¿De la partidaria del señor Intendente, de la Unidad Popular? ¿A juicio de quién esa ciudadanía es verdaderamente democrática? Y, ¿quiénes serían, a juicio del señor Intendente, los ciudadanos que no tienen ese carácter? ¿Acaso la inmensa mayoría de este país, que él quiere desconocer?

De ahí que las palabras del señor Intendente contenidas en esas cuatro líneas, a las que se reduce exclusivamente su defensa, sean, a nuestro entender, extraordinariamente graves. No es el Intendente de la provincia de Bío-Bío la autoridad capacitada para aplicar la ley de Seguridad Interior del Estado a un grupo de personas porque a su juicio, no son ciudadanía verdaderamente democrática.

En mi opinión, ése es el punto más grave de la defensa del señor Intendente de la provincia de Bío-Bío.

Pero hay más.

Vale la pena señalar que, de acuerdo con sus propias palabras, que acabo de repetir, el señor Intendente estaría infringiendo el artículo 3º de nuestra Constitución al arrogarse derechos que no le corresponden. Evidentemente, no puede él determinar cuál es la ciudadanía verdaderamente democrática. Y ese artículo de la Carta Fundamental es claro al respecto.

Ahora bien, ésas son exclusivamente las razones por las cuales él aplica la ley de Seguridad del Estado -no hay otras-: existencia de ambiente de hostilidad y de una ciudadanía que no es verdaderamente democrática: la que impulsa y escucha la Radio Agricultura de Los Ángeles . Reconoce que los libretos no son injuriosos. De manera que no se establece un delito que signifique infringir la ley de Seguridad Interior del Estado o la de Abusos de Publicidad.

Analicemos ahora el problema Nº 2, que es el fundamento del decreto 37: la caducidad del contrato de concesión.

Cuando se debatía la acusación, a la Cámara concurrieron diversos funcionarios de la Superintendencia de Servicios Eléctricos. Allí se afirmó que la concesión de la citada radioemisora terminó, y que la renovación de la misma fue otorgada en virtud del decreto Nº 1. 700, de 29 de octubre de 1970, que se redujo a escritura pública, según consta en copia fotostática que tengo aquí en mi poder. De tal manera que se renovó la concesión, y ello se hizo sobre la base de siete puntos. Al dictarse este decreto de renovación se dispuso que la empresa dueña de la Radio Agricultura tenía diez meses de plazo para cumplir esos siete puntos. La radiodifusora cumplió seis de ellos; quedó pendiente el relativo a la instalación de la antena, no por culpa de los propietarios, sino exclusivamente porque cerca del sitio adquirido para instalarla existía un aeródromo y se encontraba pendiente un dictamen de la Fuerza Aérea, por el que se resolvería si dicha antena podría instalarse allí.

Por este motivo -el no cumplimiento de las bases- fue que el señor Director de Servicios Eléctricos interpretó la disposición del respectivo decreto, según la cual de no cumplirse con los siete puntos en el plazo de diez meses caducaría ipso facto la concesión, en el sentido de que la Radio Sociedad Nacional de Agricultura de Los Ángeles no existía, que estaba radiando una nueva emisora, en forma ilegal.

Así como el Intendente careció de los conocimientos necesarios o tuvo mala asesoría legal para dictar el decreto 37, el Director de Servicios Eléctricos, o informó torcidamente a la Cámara, o bien, por ignorancia, tampoco aplicó los artículos pertinentes de la ley sobre Abusos de Publicidad. Dijo que bastaba el artículo 80 de ésta para establecer que dicha radio difusora no existía, por incumplimiento de las bases de la renovación en el plazo señalado. Pero al parecer olvidó, mediante una argucia, que la ley sobre Abusos de Publicidad tiene otros artículos que el 80.

El artículo 82 del citado cuerpo legal estatuye que para las radio emisoras no rigen los plazos. Así, pues, aun cuando el Director de Servicios Eléctricos hubiese impuesto a esa Radio un plazo de diez meses, éste carecía de validez, en virtud de ese precepto de la ley sobre Abusos de Publicidad, que dispone categóricamente que no rigen los plazos para las radio difusoras. El citado artículo 82 establece de manera clara que tanto sus disposiciones como las de los artículos números 80, inciso segundo, y 81 no son aplicables a las estaciones radio difusoras.

Por lo tanto, también ese funcionario del actual Gobierno, que trabaja en la Dirección de Servicios Eléctricos, pretendió engañar a la Honorable Cámara de Diputados, con un informe absolutamente falso o, por lo menos, trunco.

En consecuencia, respecto de la aplicación de la ley de Seguridad Interior del Estado a la Radio Agricultura de Los Ángeles, no existe norma legal alguna que permita hacerlo; y en cuanto a la caducidad del contrato de concesión, tampoco tenía el señor Intendente fundamento legal para, mediante un decreto, el número 37, cerrar definitivamente esa radiodifusora.

Esto sólo habría bastado, tanto a los señores Senadores como a los señores Diputados, para determinar que dicho decreto es absolutamente ilegal, inconstitucional, y lo que es más grave, que su dictación no tiene fundamento alguno, ni siquiera de sentido común.

Pero como esta materia entraña un problema mucho más profundo, mucho más importante, mucho más delicado, que es la existencia misma del derecho a transmitir la opinión, de palabra, o por medio de la radio o de la prensa, es necesario hacer un estudio más acucioso y profundo sobre el particular. Y, por supuesto, hoy día, más que los motivos de esta acusación deducida en contra del señor Intendente de Bío-Bío, interesa determinar, sobre la base de las normas legales y constitucionales vigentes, si existe derecho para establecer una cadena permanente de emisoras como la que mantiene en estos instantes el Ejecutivo por intermedio del Ministerio del Interior y avalado por las Fuerzas Armadas.

Por eso, es indispensable adentrarse profundamente, aun cuando sólo sea por breves minutos, en este asunto tan delicado que hoy día está preocupando a la opinión pública del país, la que, por desgracia, tiene que soportar esta cadena radial, absolutamente inconstitucional según los antecedentes legales.

Pues bien, el problema estriba en saber si un simple decreto de intendencia puede o no puede clausurar indefinidamente una radiodifusora en nuestro país.

En primer término, el decreto de intendencia respectivo, según los dictámenes legales, fue dictado por una persona no autorizada para clausurar radios, y menos, por cierto, para hacerlo en nombre del Ministro y presunto candidato a Diputado por la zona, señor Suárez.

En segundo término, no existe disposición legal alguna, absolutamente ninguna, que permita a un intendente o gobernador, mediante decreto, cerrar una radioemisora. En efecto, ha sido imposible, no obstante todas las argucias legales de que se ha valido el Gobierno, citar una sola norma legal que autorice a esas autoridades para cerrar una radioemisora. Y nuestra Carta Fundamental señala que las autoridades pueden hacer exclusivamente lo que la ley les permite. Esta es una norma de derecho público. Por consiguiente, en ese aspecto el intendente, ni por medio del decreto Nº 37 u otro, ni basándose en argumento alguno, tampoco pudo haber clausurado la Radio Agricultura de Los Ángeles ni ninguna otra emisora del país, pues no existe fundamento legal de ninguna especie para ello.

Por cierto, y de acuerdo con el artículo 4º de la Constitución Política, todo acto o contravención en esta materia es nulo. De manera que el decreto Nº 37 es nulo, como lo es también el decreto dictado por la Secretaría General de Gobierno, en representación del Ministerio del Interior, para establecer una cadena permanente de radios, razón por la cual fue plenamente legítimo que algunas de las radiodifusoras se descolgaran de dicha cadena y transmitieran por su cuenta y riesgo. Ello -repito- en virtud de que son absolutamente nulos el dictamen del Intendente y el del Ministerio del Interior.

Pero en ese decreto Nº 37 se cita el artículo 24 del Reglamento de Transmisiones de Radiodifusión. Y éste, que aparece configurado en el decreto 4. 581, faculta a la autoridad para, en algunos y determinados casos, interrumpir las transmisiones de una radio. En efecto, el artículo 24 del mencionado reglamento dice: Las estaciones radiodifusoras deberán interrumpir su funcionamiento cuando el

Ministerio del Interior lo estime necesario para la seguridad interior y exterior del Estado. Es decir, para el caso de que el reglamento estuviera vigente, se faculta a la autoridad para interrumpir las transmisiones radiales. Por consiguiente, el decreto 37 también adolece de un vicio de interpretación, ya que interrumpir, en castellano, no significa en absoluto clausurar ni cerrar definitivamente.

Además, si el mencionado reglamento sobre Transmisiones de Radiodifusión estuviera en vigencia, ¿a quién correspondería aplicarlo? El artículo 26 lo dice: Corresponderá a la Secretaría General de Gobierno, en casos de divergencias o dudas, interpretar las disposiciones de este Reglamento y fijar normas en los casos que se presenten y que no estén expresamente contemplados, procediendo en cada oportunidad a oír a personas competentes y en especial a la Asociación de Radiodifusoras de Chile. . Sin embargo, en momento alguno se ha escuchado a la Asociación de Radiodifusoras de Chile, y tampoco fue el Secretario General de Gobierno quien pidió siquiera interrumpir a la Radio Agricultura de Los Ángeles, sino que fue el Intendente de Bío Bío.

Ahora bien, supongamos que el decreto 4. 581 está en vigencia y que el Secretario General de Gobierno haya delegado en la autoridad provincial su facultad para dictar el decreto 37. Tampoco ello es posible, porque el artículo 27 del mismo reglamento indica que el Secretario General de Gobierno podrá delegar las atribuciones que le confiere el presente Reglamento en el Jefe de la Sección Informaciones. Es decir, en la OIR. Y, que yo sepa, hasta la fecha el representante directo del Ejecutivo en las provincias no es una autoridad que desempeñe la doble función de intendente y de Jefe de Informaciones de la OIR. De manera que dicha autoridad provincial tampoco está autorizada para aplicar disposiciones de esta naturaleza, aun cuando se considerara en vigencia el decreto 4. 581.

Por si lo anterior fuera poco todavía, si este Reglamento de Transmisiones de Radiodifusión establecido por el decreto 4. 581 se considerara válido, es necesario señalar que él fue dictado en virtud del artículo 19 de la ley Nº 8. 939, sobre Defensa Permanente de la Democracia. Esta legislación, como todos los señores Senadores saben, fue promulgada durante la Administración del señor González Videla y lleva la firma del entonces Ministro del Interior, señor Immanuel Holger. Se trata de la famosa ley maldita, que se derogó con mi voto y con el de numerosos señores Senadores que en aquel entonces eran Diputados. En esta misma Sala se encuentran señores Senadores que participaron en el Bloque de Saneamiento Popular. Repito: con el voto de ellos, que en esa época eran Diputados, con el mío y el de muchos otros parlamentarios, se derogó la ley de Defensa Permanente de la Democracia.

Por supuesto, sería consecuente que pretendieran revivirla algunos señores parlamentarios; en este caso, los del Partido Socialista, ya que ellos la aplicaron en contra de los comunistas. Pero sería inconsecuente que lo hicieran precisamente quienes buscaron su derogación y la reemplazaron por la ley Nº 12. 927, de Seguridad Interior del Estado, cuyo artículo 39 deroga orgánicamente esa ley de Defensa Permanente de la Democracia.

Cabe hacer notar que el Reglamento de Transmisiones de Radiodifusión, que se pretendió dictar en virtud del artículo 19 de la ley de Defensa de la Democracia, carece de fuerza legal, pues el decreto respectivo, el Nº 4. 581, fue dictado después de los seis meses de plazo que para ello otorgó la ley Nº 8. 839. En efecto, ésta se dictó el 3 de enero de 1948, y aquel Reglamento, el 8 de octubre de 1949, es decir, transcurrido mucho más tiempo que los seis meses en que estaba permitido dictar el decreto con fuerza de ley Nº 4. 581. Por esto, la Contraloría General de la República sostiene que éste no es un decreto con fuerza de ley, sino un simple decreto supremo, ya que, vencido el plazo de seis meses fijado por el artículo 19 de la ley de Defensa de la Democracia, para ejercer la respectiva facultad, no podía dictarse el reglamento consignado en el decreto 4. 581.

Por otra parte, la ley 16. 643, de fecha 4 de septiembre de 1967, sobre Abusos de Publicidad, también produjo la derogación orgánica del simple decreto 4. 581.

Ahora, yendo al fondo del problema, para el caso de que los señores Senadores no se convencieran aún de que las leyes de Seguridad Interior del Estado y sobre Abusos de Publicidad son suficientes para derogar el decreto 4. 581, que es la fuente de donde emanó el decreto de Intendencia N9 37, conviene destacar que también se dictaron algunas modificaciones constitucionales en el texto de las llamadas garantías constitucionales. Estas, corno todos saben, tuvieron su origen, su partida, su aval, en el propio Senado de la República. A este mismo hemiciclo concurrió el actual Jefe del Estado, para expresar de manera categórica y terminante, con su palabra de hombre, de Senador y de Presidente de la República presuntivamente electo -y con ello dar confianza a los señores Senadores, al Parlamento, a la Democracia Cristiana y a la opinión pública en general-, que con su voto venía a testimoniar el cumplimiento exacto de dichas garantías. Entre éstas figura la del N9 39 del artículo 10 de la Constitución Política, que señala que sólo mediante una ley podrá cambiarse el régimen de propiedad o el funcionamiento de los medios de publicidad, de la prensa y de la radio. No es extraño, entonces, que, producido ese acuerdo, ese pacto de honor entre el Jefe del Estado y la primera fuerza política del país: la Democracia Cristiana, por intermedio de quien la presidía, el Senador señor Benjamín Prado, hoy día se llegue a la conclusión de que no se puede creer al Presidente de la República todo cuanto éste pueda afirmar sobre la materia, si no cumple lo que vino a manifestar públicamente ante el país y públicamente ante la Democracia Cristiana, para que se le permitiera ser elegido Primer Mandatario con sólo un tercio de los votos necesarios para llegar a tan alta magistratura.

Es indudable, pues, que si el Presidente de la República no cumple su palabra empeñada, ningún ciudadano, gremio ni menos un democratacristiano -jamás- podrá creerle cualquier compromiso que contraiga, ni aun con una declaración jurada ante notario.

De allí que frente a una impasse tan grave como la que hoy vivimos, precisamente por la clausura de Radio Agricultura de Los Ángeles, en estos momentos nadie se atreva a ser el primero que gestione un acuerdo o convenio con el actual Mandatario, pues ninguno está seguro de que el Presidente de la República, si no cumple en esta oportunidad, vaya a respetar después algún acuerdo al cual se pueda llegar.

Pero, señor Presidente, hay un hecho bastante delicado e importante: la Contraloría General de la República emitió un dictamen sobre esta materia, el N9 74. 557, el cual señala que el decreto N9 37 del Intendente es del todo ilegal. Por su parre, el Poder Judicial, en una sentencia relacionada con el diario La Mañana de Talca, basado en la garantía constitucional consignada en el N9 3 del artículo 10 de la Ley Fundamental, estableció que no sólo es absolutamente ilegal el decreto N9 37, sino que también la cadena permanente de radiodifusoras y el cierre y toma del diario mencionado.

Lo que a mi juicio reviste mayor gravedad es que el señor Ministro del interior, según declara en una inserción pagada en el diario El Mercurio y otros de la capital y del país, se permitió poner en duda un dictamen de la Contraloría, en circunstancias de que, de acuerdo con la ley orgánica de ésta sus dictámenes son obligatorios en esta materia para el Ejecutivo, aparte ser inapelables, conforme a lo dispuesto en el artículo 8º de dicho cuerpo legal. De manera que existe una gravedad inusitada en el hecho de que el Ministro del Interior se haya permitido discrepar públicamente de un dictamen de la Contraloría. Es lo mismo que si el día de mañana el Ministro del Interior, porque no le gusta una sentencia dictada por la Corte Suprema de nuestro país, buscara argumentos de cualquier naturaleza para dejar de cumplir una sentencia del Poder Judicial.

Creo que estas solas palabras harán ver a los señores Senadores la gravedad que implica el que en nuestro país ciertos funcionarios desconozcan lo que constituye la base, pilar o fundamento de nuestra democracia; porque, así como ahora el señor Ministro del Interior, mañana cualquier funcionario dejará sin aplicación un dictamen de la Contraloría General de la República.

Y no es el caso de que el Supremo Gobierno haya dictado un decreto de insistencia, firmado por todos sus Ministros, para atacar ese dictamen, para pasarlo a llevar y aun insistir en su opinión, porque hasta la fecha no se ha dictado ningún decreto de insistencia mediante el cual se repare el dictamen de la Contraloría emitido en relación con el decreto de Intendencia Nº 37. De manera que el señor Ministro del Interior, además, se ha colocado abiertamente en contra de las leyes y de la Constitución Política del Estado, al tratar de torcer la nariz a las disposiciones legales que regulan esta materia. El señor Contralor replicó a la contestación del señor Ministro del Interior aclarando que no se trata de un simple decreto supremo, sino que de un decreto con fuerza de ley, sobre cuya existencia dio una justificación.

Pero es más: en los estudios que hubo sobre esta materia en la Cámara de Diputados, y lo mismo ocurrió con posterioridad en la réplica del señor Contralor, hemos insistido en que aun cuando se tratara de un decreto con fuerza de ley o de una ley de la república vigente antes de la dictación de la reforma del artículo 10 de nuestra Ley Fundamental mediante la aprobación del Estatuto de Garantías, esa ley, ese decreto con fuerza de ley o ese simple decreto supremo debería entenderse absolutamente derogado, dada, por supuesto, la jerarquía de nuestra Constitución.

Estas son las razones legales que determinan la absoluta ilegalidad del decreto de Intendencia Nº 37 -ilegalidad confirmada con la Contraloría General de la República- y que hacen que la acusación constitucional contra el Intendente don Federico Wolff Álvarez sea una de las más claras, y justificadas entre las formuladas en este Congreso hasta la fecha. No ha habido ninguna acusación constitucional más clara que ésta, en la cual se establece de manera clara la responsabilidad del señor Intendente, quien ha infringido nuestra Constitución al clausurar una radioemisora sin tener facultades para ello y, por supuesto, rompiendo con ello nuestra tradición democrática.

Los señores Senadores son testigos de numerosas disposiciones que se han interpretado y discutido en este sentido.

Para finalizar mis palabras, quiero leer un documento que, a mi juicio, es de extraordinaria importancia en esta ocasión. Con ello quiero dar término a este informe de carácter legal, ya que en otro sentido fundamentarán la acusación los señores Phillips y Sharpe. Brevemente, daré lectura a algunos párrafos que creo de importancia. Dicen así:

La libertad de opinión, conforme a la cual los periodistas pueden informar y comentar lo que acontece en el país, coartada por un Secretario de Estado, impidiendo que los periodistas de radio y televisión pudieran dar a conocer hechos de fundamental importancia, como son los ocurridos los días 21 y 22 de octubre, que conmovieron a la Nación y que debieron ser de amplio conocimiento de la ciudadanía.

La prohibición impuesta por el señor Ministro del Interior, don Patricio Rojas Saavedra, importa una clara infracción a la Constitución Política del Estado, la que asegura a todos los habitantes de la República, la libertad de emitir, sin, censura previa, sus opiniones, de palabra o por escrito, por medio de la prensa o en cualquier otra forma.

Se ha vulnerado el precepto constitucional al establecerse una censura previa, por cuanto se prohibió transmitir programas informativos periodísticos o de comentarios, é'n forma absoluta y terminante, hecho señalado expresamente en una cadena nacional obligatoria de radio y televisión.

Los actos del señor Ministro del Interior constituyen atropellamiento de las leyes por cuanto nuestra legislación positiva no autoriza al Ejecutivo para implantar censura previa, y en derecho público sólo puede hacerse lo que está expresamente autorizado.

En efecto, el artículo 1º de la ley Nº 16. 643, que fijó el texto definitivo de la Ley Sobre Abusos de Publicidad, dispone que La publicación de las opiniones por la imprenta, y en general, la transmisión pública y por cualquier medio de la palabra oral o escrita, no está sujeta a autorización ni censura previa alguna.

Conforme al precepto transcrito, ninguna autoridad de Gobierno está facultada para prohibir que los periodistas de radioemisoras o canales de televisión, informen o comenten sobre cualquier hecho, ni menos establecer censura previa alguna.

Las radioemisoras están sujetas a la supervigilancia, respecto del contenido y realización de las transmisiones, por la Secretaría General de Gobierno, conforme a lo señalado en el respectivo reglamento, contenido en el decreto del Ministerio del Interior Nº 4. 581, de 1949, pero esta atribución que se confiere a dicha Secretaría General, no importa la facultad de implantar censura previa, limitación que se encuentra expresamente contemplada en el referido decreto al consignarse que sin embargo, en la aplicación de dichas atribuciones no se podrá llegar, en caso alguno, a la censura previa de las transmisiones, discursos o números de programas cuyo contenido signifique sólo emitir opiniones.

Tanto el constituyente como el legislador, han sido en extremo celosos en su afán de resguardar la libertad de opinión, oponiéndose a todo tipo de censura previa, por estimarse que esta garantía constitucional es uno de los pilares de nuestro sistema democrático.

La circunstancia de haberse decretado estado de sitio por el Ejecutivo, no lo autorizaba para establecer una censura previa a las informaciones periodísticas o de comentarios, ya que ello sólo es procedente en virtud de una ley, tal como lo señala expresamente el Nº 13 del artículo 44 de la Constitución Política del Estado.

El precepto constitucional precedentemente indicado, contiene el mandato imperativo que sólo en virtud de una ley se puede restringir la libertad personal y la de imprenta, sólo por períodos que no podrán exceder de seis meses, cuando lo reclamara la necesidad imperiosa de la defensa del Estado, de la conservación del régimen constitucional o de la paz interior.

Pues bien, Honorable Cámara, el señor Ministro del Interior, en forma arbitraria procedió a restringir la libertad de que gozan los ciudadanos para informar, sin que se hubiera promulgado ley alguna que lo autorizara.

El Ministerio del Interior está facultado por el artículo 24 del citado reglamento Nº 4. 581, de 1949, para interrumpir el funcionamiento de las radiodifusoras cuando lo estime necesario para la seguridad interior y exterior del Estado. Esta facultad es la de interrumpir el funcionamiento de las radiodifusoras, vale decir, para suspender las transmisiones, pero en ningún caso ella importa la da implantar una censura previa, acto que se encuentra expresamente prohibido.

El Ejecutivo, al obligar a las radio emisoras y canales de televisión a transmitir sólo a través de la cadena nacional de la Oficina de Informaciones y Radiodifusión de la Presidencia de la República, de hecho interrumpió el funcionamiento de las radiodifusoras, pero una vez que puso fin a la cadena nacional obligatoria, lo que aconteció a las 13. 30 horas del día jueves 23 de octubre, no estaba facultado para no autorizar los programas informativos periodísticos o de comentarios, ya que ello significaba una censura previa.

En nuestra legislación tiene plena cabida el axioma jurídico conforme al cual, en derecho público sólo puede hacerse aquello que está expresamente autorizado, motivo por el cual, el señor Ministro del Interior, si bien es cierto está facultado para interrumpir el funcionamiento de las radiodifusoras, en ciertas y determinadas condiciones, no puede, funcionando las radioemisoras y canales de televisión, prohibir los informativos periodísticos o de comentarios.

Acusamos también al Ministro del Interior, don Patricio Rojas Saavedra, por la ilegal e inconstitucional censura previa y requisición ilegal a diversos diarios del país, tales como La Segunda, La Tarde, El Mercurio, El Diario Ilustrado, y otros.

Por las razones expuestas, solicitamos de la Honorable Cámara se sirva tener por interpuesta la presente acusación en contra del señor Ministro del Interior, don Patricio Rojas Saavedra, por infracción a la Constitución y Atropellamiento de las Leyes, dando lugar a la acusación.

(Fdo. ): Gerardo Espinoza C.- Pedro Jáuregui C.- Mario Barahona C.- Manuel Ferreyra G.- Mario Palestro R.- Rubén Soto G.- Antonio Tavolari V. -Jorge Sabat G.- Laura Allende G. -Carlos González J.

Señor Presidente, esa acusación constitucional se presentó todavía en circunstancias muy distintas. Existía entonces estado de sitio a diferencia de lo que sucede hoy, que sólo se ha decretado estado de emergencia. Además, en esa oportunidad, existía la posibilidad de aplicarse el artículo 24 y demás disposiciones del Reglamento 4. 581, pues aún no se dictaban las garantías constitucionales que habrían de derogar sus disposiciones, en todo caso, en forma orgánica. No obstante lo anterior, se presentó dicha acusación, y no por haberse impuesto entonces una cadena permanente, sino por el solo hecho de que la OIR había exigido que las noticias fuesen proporcionadas por dicha oficina y por prohibirse la transmisión de informativos políticos por las diferentes radioemisoras, medida que se aplicó sólo durante dos días. En cambio, ahora se ha clausurado en forma permanente una radioemisora, que ya lleva más de veinte días sin salir al aire. Aún más, se ha establecido una cadena permanente, que ya dura más de diez días, para todas las radioemisoras del país.

Por lo anterior estimamos que, nunca como ahora, han tenido más justificación las palabras de los Diputados socialistas que entonces presentaron esa acusación constitucional. Pero lo que ocurre revela que esos parlamentarios de Gobierno borran con el codo lo que escribieron ayer con la mano, cuando fueron de Oposición. Así podrá advertirlo la opinión pública que se imponga de esta inconsecuencia, que, a mi juicio, encierra un cinismo extraordinariamente grave, pues estos parlamentarios no piensan lo mismo hoy respecto de los juicios que ayer defendieron, mientras existía un régimen normal.

Por esa razón, consideramos que no sólo se justifica la acusación constitucional presentada en contra del Intendente de Bío-Bío, señor Federico Wolff Álvarez, sino que inclusive también se justificaría una acción de esta naturaleza, si llegara a presentarse, en contra del propio Ministro del Interior.

Es cuanto puedo informar a los señores Senadores.

Tiene la palabra el Diputado señor Sharpe.

El señor SHARPE (Diputado acusador).-

Señor Presidente, Honorables señores Senadores:

Al venir a sostener ante el Senado la acusación constitucional interpuesta en la Cámara por diez señores Diputados en contra del Intendente de Bío-Bío, señor Federico Wolff Álvarez, me limitaré a hacer un análisis de los preceptos legales y constitucionales vulnerados con motivo de la dictación del decreto de Intendencia Nº 37, del día 26 de agosto de 1972. Este decreto dice lo siguiente:

Vistos el artículo 24 del Reglamento de Transmisiones de Radio difusoras y la orden impartida por el señor Ministro del Interior, don Jaime Suárez Bastidas a está Intendencia, decreto: Póngase término al funcionamiento a la Radio Agricultura de Los Ángeles, de la Empresa Publicaciones y Difusión Ltda., por cuanto ello es necesario para la seguridad interior del Estado. Asimismo, porque se encuentra caducado su decreto de concesión.

Se señalan en este decreto dos causales para justificar la clausura: primero, que la medida es necesaria para la seguridad del Estado, y segundo, que se encuentra caducado el decreto de concesión de la radio.

Examinemos la primera causal.

Se invoca el Reglamento de Transmisiones y Radiodifusión como fundamento para la clausura de la Radio Agricultura de Los Ángeles. Este Reglamento se dictó en virtud de una disposición de la ley de Defensa Permanente de la Democracia, la Nº 8. 939.

En esa época, la Asociación de Radiodifusoras de Chile se preocupó de defender un régimen de expresión amplio y pluralista, y solicitó informes a distinguidos profesores de derecho constitucional en cuanto a la constitucionalidad y legalidad del mencionado Reglamento.

Sobre el particular, el profesor señor Patricio Aylwin, que en esa época no era parlamentario, después de hacer un análisis del pretendido carácter de servicio público que tiene la radiodifusión, concluyó que el Reglamento invade materias propias de ley, apartándose del sistema adoptado sobre la materia por nuestra Constitución Política. Señala que la radiodifusión es una actividad privada de interés general o público y que está amparada ampliamente por las disposiciones constitucionales que garantizan la libertad de opinión y de trabajo, las que no pueden ser regladas o limitadas sino por medio de una ley.

En 1957, la Asociación de Radio difusoras de Chile solicitó al profesor de derecho constitucional don Alejandro Silva Bascuñán un dictamen sobre la misma materia. Este profesor señala que el Reglamento que nos ocupa jamás ha tenido eficacia jurídica y que, por otra parte, él fue derogado por la ley de Seguridad Interior del Estado, que dejó sin efecto todas las disposiciones incompatibles con ella, lo que sucede, para los efectos de la situación que nos ocupa, al establecerse un procedimiento de sanción para el caso de la radio que no resulta compatible con el artículo 24 del mencionado reglamento.

Todos estos antecedentes que hemos analizado en 'cuanto a la derogación del decreto 4. 581 y a su ineficacia jurídica, corresponden a un criterio que existía antes de la dictación de la ley Nº 17. 398, de 1971, llamada Estatuto de Garantías Constitucionales. Luego de la dictación de esta reforma constitucional, no cabe duda alguna, como lo señala un categórico informe de la Contraloría General de la República, que el Reglamento tantas veces citado está derogado.

La Contraloría General de la República, por dictamen Nº 74. 557, de 10 de octubre del año en curso, así lo señala sin lugar a dudas, al decir textualmente en su parte final:

En atención a lo expuesto, esta Contraloría General estima que el decreto del señor Intendente de Bío-Bío, Nº 37, de 1972, cuya copia se acompaña con el oficio de la referencia, no se ajusta a derecho, por cuanto se funda en el artículo 24 del aludido decreto Nº 4. 581, de 1949, del Ministerio del Interior, precepto que debe entenderse derogado a partir del 9 de enero de 1971.

Sin perjuicio de la conclusión anterior, es preciso manifestar que, en todo caso y aún en el supuesto de que esa norma reglamentaria estuviera vigente, el decreto del señor Intendente de Bío-Bío no aparece dictado con arreglo al precepto que le sirve de fundamento, ya que éste sólo autorizaba para interrumpir el funcionamiento de una estación radio difusora, medida de naturaleza provisional, en tanto que en la especie se ha ordenado, con carácter definitivo, poner término al funcionamiento de una radio difusora.

Hemos demostrado categóricamente que el Reglamento invocado por el señor Intendente para dictar el decreto de clausura de la Radio Sociedad Nacional de Agricultura de Los Ángeles está derogado.

Pero, supongamos que el señor Intendente no hubiese podido calificar la ilegalidad o inconstitucionalidad del Reglamento. Aun así, la clausura habría sido improcedente, ya que el Reglamento no contiene ninguna disposición que faculte al Gobierno para clausurar una emisora por medio de sus autoridades dependientes, ni menos mediante los intendentes.

Aun poniéndonos en el evento de que el Reglamento estuviese vigente, y de que el señor Intendente acusado no estuviese en condiciones de apreciar la ilegalidad o inconstitucionalidad del mismo, tampoco podría haber actuado como lo hizo al ordenar la clausura de la Radio Agricultura. En efecto, se basa esta medida en el artículo 24 del Reglamento ya citado, que dice a la letra:

Las estaciones de radiodifusión deberán interrumpir su funcionamiento cuando el Ministerio del Interior lo estime necesario para la seguridad interior y exterior del Estado.

Nótese que el precepto se refiere a la posibilidad de interrumpir las transmisiones. De acuerdo con el léxico, dicha expresión significa romper la continuidad de una cosa, suspensión, intervalo, intermitente. Vale decir, se trata de una situación de transitoriedad. En cambio, el s3ñor Intendente emplea la expresión clausura, que significa el término del funcionamiento de una emisora, como en el caso que nos ocupa. No existe disposición alguna que permita a la autoridad, por razones de seguridad interna, disponer la clausura definitiva de una radio.

Cabe señalar que el señor Intendente acusado nunca recurrió a los tribunales de justicia a presentar una denuncia o querella por infracciones que pudiera haber cometido la radio en algún noticiario o en alguno de los múltiples boletines que lanzó al aire. Nada de eso ocurrió, no obstante de que dichos boletines fueron entregados al Intendente, quien los revisó con todo detalle. Tampoco nadie pudo señalar, ni en la Comisión de la Cámara ni en la Sala, que la emisora hubiera incurrido en un acto sedicioso o contrario a las normas vigentes. De ser efectiva la afirmación del Ministro, lo lógico habría sido requerir a la autoridad judicial para que aplicara las sanciones correspondientes.

Insistimos en que se está invocando un reglamento inconstitucional e ilegal, que no contiene norma alguna que permita poner término definitivo, o sea, clausurar, las transmisiones de una radioemisora.

Al examinar las disposiciones del reglamento invocado, nos damos cuenta de que aquí ha habido un abuso de autoridad, porque la aplicación de ellas correspondía a la Secretaría General de Gobierno, según se expresa en esas mismas normas.

Aquí debemos poner especial énfasis, pues no existe disposición alguna -ni siquiera en el caso de estar consignadas las facultades administrativas para poner término, clausurar o suspender las transmisiones de una emisora-, que permita a un intendente poner en ejecución el reglamento citado. Este es un argumento definitivo, que no admite réplica.

En el decreto de clausura, el señor Intendente acusado manifiesta que adopta la medida a raíz de una orden impartida por el Ministro del Interior, quien tampoco tenía facultad al respecto, ya que el Reglamento de Radiodifusión entregaba a la Secretaría General de Gobierno las funciones que se arrogó el acusado.

La segunda causal que se invoca es la de que se encontraría caducado el decreto de concesión de la Radio Agricultura de Los Ángeles.

¿Qué ocurre, en términos generales, con las concesiones de radio?

Esta materia se rige por el decreto con fuerza de ley número 4, que fijó el texto definitivo de la ley General de Servicios Eléctricos, de 31 de agosto de 1959.

Efectivamente, terminó el plazo de treinta años que duraba la concesión de la emisora; pero en los últimos cuatro años ésta había presentado los antecedentes necesarios para renovarla, en los términos consignados en dicho decreto con fuerza de ley.

A fines de 1970, el Gobierno impuso a la emisora algunas exigencias de carácter técnico, las que ésta cumplió casi en su totalidad. Sólo faltó la relativa al traslado de la planta y de la antena. Para estos fines, compró un terreno, pero, por encontrarse cerca de un aeropuerto, se requiere la autorización de la Dirección de Aeronáutica, la que todavía no se ha pronunciado al respecto.

Cuando una emisora solicita la prórroga de su concesión ante la autoridad administrativa, y ésta le impone algunas exigencias, es lógico que el peticionario que está actuando de buena fe y conviene con el Gobierno en cumplir algunos requisitos, entienda que al hacerlo tendrá la renovación solicitada.

Según el mecanismo del D. F. L. Nº 4, el concesionario requiere la decisión de la autoridad respectiva en cuanto a su solicitud. Pues bien, aquí nuevamente aparece la ilegalidad e invasión de atribuciones en que incurrió el señor Intendente de Bío-Bío, pues ninguna disposición del referido decreto faculta a los intendentes para declarar, mediante resolución administrativa, caducadas las concesiones de las radioemisoras, y menos aún se los autoriza para adoptar medidas tendientes a impedir que ellas sigan funcionando. La facultad para declarar la caducidad de estas concesiones compete al Presidente de la República. En ningún caso es el Intendente quien puede adoptar resolución en cuanto a todo este mecanismo para la renovación de concesiones, establecido en el D. F. L. Nº 4.

Esta actuación del señor Intendente tampoco se ajusta a la ley, pues aun cuando pudiera considerarse caducada la concesión, no es él a quien le compete declararla y poner en práctica el mecanismo material o de uso de la fuerza pública o de corte de corriente o retiro de los cristales para poner término a las transmisiones en forma física y no jurídica.

Las caducidades no operan de pleno derecho, sino después de haberse dictado un decreto de caducidad por la autoridad competente, y en el caso que señalamos no había sido dictado ninguno.

Cabe señalar que el jefe de Servicios Eléctricos expresó que en el caso en que se encontraba la Radio Sociedad Nacional de Agricultura de Los Ángeles , sobre su renovación de concesión, se encontraban también varias otras radioemisoras del país, desde hace uno, dos, tres o cuatro años. Pero esta materia está también categóricamente aclarada por el informe de la Contraloría, que en la parte pertinente establece lo siguiente:

Además, y en cuanto a lo expresado en el mismo decreto en orden a que se encuentra caducado su decreto de concesión, cabe señalar que tal clase de caducidad debe ser dispuesta por el Presidente de la República mediante decreto supremo y no es de competencia de los Intendentes. En todo caso, estima este organismo que una medida como la que se examina, por su naturaleza y por la causal en que se funda, requiere la dictación de un acto administrativo motivado, que permita establecer las circunstancias que dan lugar a la medida, lo que no acontece en la especie.

Se ha demostrado que las dos causales que se invocan en el decreto de Intendencia vulneran la ley y han sido dictadas fuera de las atribuciones que tenía el Intendente. Se ha comprobado fehacientemente que se transgredieron claras disposiciones de la Constitución Política como el Nº 3 del artículo 10, y el Nº 14 del mismo precepto, que establece que ninguna clase de trabajo o industria puede ser prohibida, a menos que se oponga a las buenas costumbres, a la seguridad o a la salud públicas o que lo exija el interés nacional y una ley lo declare así.

Pero la transgresión más flagrante y categórica es la cometida contra las disposiciones del artículo 4 de la Constitución Política del Estado, según el cual ninguna magistratura, ninguna persona, ni reunión de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido por las leyes. Todo acto en contravención a este artículo es nulo.

Deseo terminar señalando que ha quedado claramente demostrada la vulneración de las disposiciones legales y constitucionales cometida por el señor Intendente al dictar tal decreto. Y creo que el Ejecutivo no sólo incurrió en esta ilegalidad, sino que la dictación de este decreto constituyó un gran error, por las siguientes razones. La Radio Sociedad Nacional de Agricultura de Los Ángeles ha estado vinculada durante 27 años al progreso y desarrollo de la provincia de Bío-Bío. Ella ha sido el vehículo que ha permitido que la ciudadanía pueda comunicarse en épocas de catástrofes y desgracias, y permanentemente se ha puesto al servicio de la gente más necesitada. Además, es la única radio emisora que alcanza a cubrir toda la provincia, especialmente las zonas más apartadas en los boquetes cordilleranos, donde hoy sólo se escuchan radios de Argentina, de modo que el Gobierno se ha enajenado la voluntad de un grupo muy grande de personas que no estaban en contra de él y que hoy se han colocado en su contra por una actitud que a mi juicio no sólo ha sido política, sino total y absolutamente impolítica y lesiva a sus propios intereses. Por eso, grupos numerosos de la ciudadanía de Bío-Bío, de todos los sectores, de los más modestos hasta los profesionales, pasando por los pequeños comerciantes, los asentamientos y grupos de pobladores, han formado un Comité de Defensa de esa radio, constituido por 69 grupos de distintas organizaciones, de distinta extracción social de la provincia de Bío-Bío, que espontáneamente se han puesto de pie en defensa de ese medio de difusión, que, aunque en realidad tenía una posición determinada, era pluralista, había permitido confrontaciones entre todos los parlamentarios mediante diálogos y había abierto las puertas a todas las tendencias políticas.

Reitero que, a mi juicio, no sólo se ha vulnerado la ley, sino que el Gobierno cometió un grave error político.

He dicho.

En seguida, tiene la palabra el Diputado señor Phillips.

El señor PHILLIPS (Diputado acusador).-

Señor Presidente, señores Senadores:

Los fundamentos de derecho de la acusación entablada en contra del señor Intendente de Bío-Bío fueron expuestos por mis Honorables colegas Diputados.

Dado que a mi juicio existen también razones morales y de interés público, y no siendo esta Corporación un tribunal de derecho, sino que un jurado, me atrevo esta tarde a exponer algunas de las actuaciones de la Unidad Popular -movimiento que gobierna este país- que la están llevando al amordazamiento de las radio emisoras, a la concientización permanente por medio de su canal de televisión, que es el único que ve el país desde Arica a Magallanes, y a que los diarios sean ocupados por elementos del Frente Revolucionario de Trabajadores, a fin de que ellos no conozcan la luz pública.

El Honorable señor Teitelboim dijo el domingo pasado, en el único programa político pluralista que va quedando: A esta hora se improvisa, que si un extranjero viniera a Chile, leyera la prensa, oyera las radios -naturalmente, se cuidó de decir que viera el canal 7-, se encontraría en la gloria, en el país más libertario del mundo. Al respecto, debo manifestar que el extranjero a que se refirió el señor Senador, sin duda alguna, tendría esa visión si viniera de los países ubicados tras la Cortina de Hierro. Pero tocias las garantías que tiene el pueblo de Chile no las ha dado la Unidad Popular, no están en vigencia en nuestro país por obra y gracia -porque en este último tiempo están muy dedicados al Evangelio- de la Unidad Popular. Nuestra libertad emana del nacimiento mismo de nuestra república, y ha ido perfeccionándose con el correr de los años con la colaboración de los distintos sectores de la opinión pública.

Hubo épocas en que la libertad de prensa corrió serios riesgos. Tengo antepasados -el director del diario El Ferrocarril- que fueron procesados e inclusive excomulgados. A los canillitas que vendían dicho periódico se les aplicaban las mismas medidas. Naturalmente, fueron cosas circunstanciales y, al final, se impuso la libertad total, porque los gobernantes de la época comprendieron el problema que ello implicaba.

A lo largo de mi vida parlamentaria he visto cómo los distintos sectores han definido esos principios acaloradamente, para imponer finalmente la sana doctrina de la cual tanto nos enorgullecemos los chilenos: esa libertad total en que cada cual tenga derecho a leer lo que desee, a oír las radios que estime conveniente y a ver los programas de televisión de su agrado. Esta es la democracia y el pluralismo.

Cuando la Democracia Cristiana acordó votar por el señor Allende en el Congreso Pleno, le exigió un estatuto mínimo de garantías. ¿Por qué actuó de esa manera? Por estar consciente de que en los países donde impera el marxismo-leninismo, tales libertades no se conocen, por saber que los pueblos que han sido subyugados por esa doctrina tienen un diario único, y las radios y la televisión están en manos del Estado, el que mediante ellas lleva a cabo una concientización permanente.

La Democracia Cristiana, por sí democrática y pluralista, se dio cuenta del problema que se produciría en Chile al entrar un Gobierno marxista a dirigir los destinos de la república. Desgraciadamente, el Gobierno actual ha pretendido aplicar el principio de acumular en sus manos la totalidad del Poder. Todavía más: en la radio Luis Emilio Recabarren, de propiedad del Partido Comunista, despidieron no hace mucho tiempo a un periodista por el grave delito de informar objetivamente sobre el caso de Lo Hermida.

Yo defiendo el derecho a informar de ese periodista y de todos los periodistas, cualesquiera que sean sus tendencias políticas y sus creencias.

Sin duda alguna, la más importante de las garantías solicitadas fue la relativa a la libertad de opinión, mediante la cual se aseguraba que no se discriminaría en los diarios, revistas, radiodifusoras, televisión. También establecía el libre acceso a la compra de papel, tinta, maquinarias y otros elementos necesarios, según el número 3 del artículo 10 de la Constitución Política.

¿Qué contestó el ciudadano Presidente, como lo oí en este Senado al Honorable señor Aylwin? En esa oportunidad afirmó lo siguiente: El derecho de todos los partidos a contar con medios propios e inviolables para su funcionamiento y difusión, y la oportunidad de acceso a los medios de comunicación. Estas eran, a su juicio, las garantías mínimas que se podían solicitar.

¿Cuál es„ señores Senadores, la radio del Partido Nacional? ¿Lo es acaso la Radio Agricultura? Si éste es el pensamiento de la gente de Gobierno, ¿cómo se cumple el derecho que he señalado, de tener los partidos medios propios e inviolables, cuando se clausura arbitrariamente una de sus filiales -la de Los Ángeles -, y lo que el señor Presidente de la República queda en contestar dentro de 48 horas, demora en hacerlo 5 mil horas, con un rotundo no? Es más, si esa radio pertenecía a nuestra colectividad, ¿por qué el Jefe del Estado llamó al Presidente de la Democracia Cristiana, Honorable señor Fuentealba, para decirle que, como candidato por esa zona la tenía a su disposición? En una actitud que lo honra, dicho Senador respondió que, indiscutiblemente, no aceptaba tal proposición, porque sabe que el país está abocado a otro problema, y éste no consiste en contar o no con una radio emisora. Estamos defendiendo principios.

Ante esa negativa rotunda, la ciudadanía de Los Ángeles , la provincia de Bío-Bío entera, se para a protestar por la arbitrariedad de la medida, que inclusive la Contraloría General de la República declaró ilegal en un dictamen que el Gobierno no acata. Por eso, se acusa constitucionalmente al Intendente de violación de la Constitución y de la ley.

Los fundamentos legales de la acusación -repito- ya fueron expuestos por mis dos colegas Diputados, y a ninguna persona le podrá asistir duda alguna de la justicia que esta causa encierra.

Recordando otra vez una intervención del Honorable señor Aylwin, quiero hacer referencia al documento publicado en la revista Punto Final, en marzo de 1971, en una entrevista que el señor Allende concedió al periodista Régis Debray. En esa oportunidad le señaló que la negociación del Estatuto de Garantías obedeció a una necesidad táctica y que en ese instante sólo le importaba el acceso al Gobierno. ¡ Me pareciera encontrarnos frente a Enrique IV, cuando manifestó que París bien vale una misa! Sin duda alguna, ése podría ser el pensamiento del señor Allende. Pues bien, jamás pensé que en mi vida parlamentaria tendría que venir al Senado de la República a sostener una acusación sobre esta materia, porque consideraba que quienes han hecho permanentemente de su vida una profesión de fe democrática, nunca usarían, como gobernantes, resquicios legales -como se les llama hoy día-, para aplicar medidas arbitrarias en contra de la libertad.

He tenido la suerte de ver en esta Corporación a muchos hombres, como don Arturo Alessandri, Fernando Alessandri, Jorge Alessandri y Eduardo Frei -éstos dos últimos ocuparon la Primera Magistratura-, Juan Antonio Coloma, Eduardo Moore, Gregorio Amunátegui, Raúl Marín, Humberto Enríquez, Eugenio González, Raúl Ampuero, Carlos Contreras Labarca, y a un sinnúmero de otros cuyos nombres se me pueden escapar en este momento -no nombro parlamentarios en ejercicio para no herir susceptibilidades -, y al propio ciudadano Presidente, que en muchos discursos -sin poder de síntesis-, ilustraban a la nación, cada uno dentro del contexto de sus ideas y principios, y que mientras estuvieron en este Senado defendieron con vigor sus posiciones.

En la mayoría de sus intervenciones en el Senado, el actual Presidente de la República reclamaba contra el poder omnímodo que tendría el Primer Mandatario. Y fue aún más lejos. Además de la última reforma constitucional aprobada durante la Administración del señor Frei, de la cual usa y abusa y por la que tantos insultos recibimos en esa época, ha inventado ahora un nuevo sistema, el de los resquicios legales, y echado mano de los decretos de insistencia, los que, dicho sea de paso, no existieron en el Gobierno del señor Alessandri y los hubo muy pocos en el del señor Frei. En cambio, el señor Allende, en dieciocho meses de Gobierno, ha utilizado tal expediente en treinta y cinco oportunidades.

En aquel entonces se dijo que tal enmienda constitucional equivalía a transformar a los Presidentes de la República en verdaderos dictadores legales. Y yo diría que el actual Mandatario, haciendo uso ilegal de la legislación positiva, aparte las reformas constitucionales antedichas, ejerce un poder comparable -inclusive superior- al de los zares.

Bien, señores Senadores, ¿existe o no en el Gobierno conciencia de esta escalada para terminar en Chile con la libertad de prensa?

Por hechos que ese extranjero a que se refirió el Senador señor Teitelboim en la televisión no alcanzaría a percibir, pero sí los habitantes de este país, se concluye con el programa A tres bandas, único espacio pluralista del canal estatal. Dentro de toda la semana sólo disponíamos de hora y media el día domingo, y en ese tiempo cada partido de Oposición utilizaba diez minutos -en total eran veinte- para hacer nuestros planteamientos. ¿No habría sido más democrático y rea-

lista que en vez de suprimir ese programa, la Unidad Popular hubiera cambiado a sus personeros por otros que creo que los debe tener, y no haber designado, precisamente, a aquellos que podrían ser postulantes al Premio Nóbel de la antipatía en todo Chile, lo, que trajo como consecuencia la supresión de ese programa?

¿Qué ocurre con el diario La Mañana, de Talca, donde se nombra interventor y se dice que continuará la línea ideológica que dicho diario tenía? Esto no ocurre, ya que ese periódico se limita a insultar a la Oposición, como se ha denunciado. Al respecto, existe un fallo de la Corte Suprema que declara como ilegal e inconstitucional tal intervención, y no se cumple, por supuesto, con lo fallado.

En El Mercurio de hoy se publica otro hecho insólito, denunciado esta vez por los Senadores señores Francisco Bulnes y Tomás Pablo, referente a los diarios El Sur y Crónica, ambos de Concepción, que llevan una semana sin salir, pues sus talleres están tomados por el F. T. R., grupo que edita ilegalmente otro periódico llamado Surazo, sin que nada haga el Gobierno.

De más estaría agregar el monopolio, del cual dicen ser tan contrarios los miembros de la Unidad Popular, que el Gobierno quiere establecer con el papel, tratando de llevar a la quiebra a la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, tema latamente discutido en esta Alta Corporación.

Pero veamos el caso de la radiotelefonía. Ahí tenemos la Radio Minería de Viña del Mar, respecto de la cual ha tenido que intervenir directamente el Senador Benjamín Prado, quien fue, precisamente, la persona que firmó, en nombre de la Democracia Cristiana, el Estatuto de Garantías convenido con el Gobierno.

Ahí está el caso que nos preocupa en esta oportunidad: el de la Radio Agricultura de Los Ángeles , cuya clausura, como se ha dicho anteriormente, es ilegal hasta la saciedad.

Y así continúan, de una u otra manera, a través de resquicios o de abierta ilegalidad, succionando la libertad de que hacemos mención en estos momentos.

El Gobierno, por un lado, tiene el control, sea por compra, en algunos casos, o en la forma que he venido señalando, de los medios de difusión, y los destina a tapar lo que por incapacidad no ha podido llevar a la realidad. Así, cada vez que se ha visto acosado por un hecho que lo desprestigia, inventa un complot y califica a quienes no piensan como él de sediciosos y conspiradores. Aun aquellos que habiendo sido parte fundamental del triunfo del señor Allende dejan el Gobierno, son motejados en igual forma. Y llegará el día en que otros descubran que el marxismo-leninismo los conduce a metas distintas de las que se ofrecieron y serán, con seguridad, duramente fustigados.

En cada oportunidad el Gobierno teje una cortina de humo para tratar de tapar sus desaciertos. Naturalmente, esa campaña llega a la opinión pública mediante los órganos oficiales del Gobierno, y está destinada a hacer aparecer a determinados sectores como implicados en tales hechos. El primero de ellos es el caso de El Puelche. Respecto de ese complot, que se denunció el viernes 9 de julio de 1971, la prensa gobiernista hizo hincapié en la circunstancia de que ese barco traía un contrabando de armas para la Oposición, lo que quedó íntegramente desvirtuado. De ello tomó conocimiento oportuno la opinión pública. Sin embargo, las publicaciones de aquellos días señalaron a la Oposición como sediciosa y trayendo armas al país.

En seguida, viene el complot del pastel de choclo, que en realidad sólo fue una reunión de un grupo de profesionales destacados en la vida chilena, en la cual analizaron la situación del país. En ese caso, se elaboró una verdadera película de terror, un nuevo show, parecido al de las aventuras de El Puelche y de las armas flotantes, que se hizo mediante publicaciones en los diarios.

Después vinieron el atentado ocurrido en el Estadio Chile y otros más, pretendiéndose crear un falso clima de alarma. Las publicaciones de la época así lo señalan. Sin embargo, tal atentado fue totalmente desvirtuado.

A continuación, se difunde lo relativo al petardo en el macetero del Cerro Castillo, en Viña del Mar. En fin, podría mencionar muchos otros casos, que la opinión pública ha conocido, con los cuales se ha querido restar importancia a hechos como el contrabando de armas en los aviones LAN -los funcionarios que participaron en él fueron destituidos, pero algunos ya han sido reincorporados-; como el intento de volar la refinería Las Ventanas; como lo sucedido en Lo Hermida; como la toma de la Gobernación de San ' Bernardo y el secuestro de la Gobernadora radical cenista; como el auto-golpe que pretendía realizar el Ejército de Liberación Nacional; como el caso del obrero José Navarro Hurtado, de CORMU, que tantos insultos provocó y del cual dio cuenta el Senador señor García, presente esta tarde en la Sala, que nunca pudo ser desmentido; como lo atinente a los medicamentos chilenos enviados al extranjero; como las irregularidades administrativas de DIRINCO, y como el caso más reciente de la campaña en contra del Congreso durante la tramitación del proyecto de reajustes, que dura ya dos meses consecutivos y en que se trae a los jardines del Parlamentos a obreros de la construcción y de las industrias manejadas por el Gobierno, a fin de que insulten a los Senadores de la Oposición porque no querían despachar el reajuste; pero resulta que en el momento en que la Cámara vota tal iniciativa, los partidos de Gobierno no alcanzan a tener el quórum suficiente para aprobarla.

Esta es la responsabilidad de la gente de Gobierno.

El Gobierno se da cuenta de que no hay una cortina de humo posible en la Tierra para tapar el desastre económico representado por el incumplimiento de la medida número 30 propuesta por la Unidad Popular: la de que se iba a terminar con la inflación, en circunstancias de que en nueve meses de este año ella supera el ciento por ciento. Sabemos que no tenemos respaldo de dólares en el Banco Central, pues sólo quedan 23 millones de dólares. Sabemos que Chile aún no concluye de renegociar su deuda externa con algunos países. Sabemos que para el próximo año existen compromisos ascendentes a 600 millones o 700 millones de dólares. Sabemos que nuestra producción de cobre, programada en 800 mil toneladas para este año, sólo alcanzará a 576 mil toneladas, porque el cincuenta por ciento de los supervisores se ha ido del país por persecución política y sectarismo. Estos hechos los reconocen, en sus cónclaves donde se golpean el pecho, pero igualmente continúan. Por eso, la producción de cobre, en vez de aumentar sacándose provecho a la inversión de 600 millones de dólares realizada en el último año del Gobierno del señor Frei, va en disminución.

Nos encontramos con una agricultura tan deficiente, que ya el país no sólo necesita 160 millones de dólares para importar lo que no puede producir, sino que precisa importar alimentos por cerca de 600 millones de dólares, divisas de que carecemos; con que los países de la Cortina de Hierro no le prestan a Chile en moneda contante y sonante, sino que le conceden créditos para adquirir algunas maquinarias anticuadas, pues aquéllos andan buscando tecnología en Estados Unidos.

Frente a este cuadro desolador en materia económica, cualquier persona más o menos consciente debe concluir que nos hallamos en presencia de la muerte económica de Chile. Por eso el Gobierno tiene que echar mano -así lo está haciendo- a procedimientos que nos llevan a pasos agigantados a la supresión de las libertades, a disponer de una sola radioemisora, de un solo canal de televisión, de un solo periódico. Así, se terminará de lavarles el cerebro a los chilenos, y nos encontraremos con que ya no viviremos una etapa de tránsito hacia el socialismo, sino en pleno vigor del marxismo-leninismo.

Y para poder ocultar -esta es la verdad- la catástrofe económica que se avecina en Chile, el Gobierno actúa de la manera como lo estamos viendo. Los señores Senadores podrán palpar esa catástrofe económica seguramente dentro de un mes más, cuando se inyecten en dos meses 18 mil millones de escudos en los bolsillos de las masas asalariadas sin el correspondiente aumento de la producción de las empresas estatificadas, que tienen una pérdida que yo calculo en el 50 por ciento del presupuesto de la nación de este año, ya que era de 23 mil millones de escudos en el mes de junio. Y esto continúa. Al no encontrar mercaderías y los recursos necesarios para subsistir, el Gobierno deberá poner en práctica el racionamiento de los alimentos, que es característico del régimen que vengo señalando.

Pero el pueblo chileno, como lo hemos visto en estos días con motivo del paro de un gremio que se sintió lesionado porque se quería acabar con su fuente de trabajo, no está dispuesto a aceptar más la ilegalidad.

En la noche de ayer algunas radio difusoras se descolgaron de la cadena obligatoria, que ya dura una semana. Los chilenos de las zonas sur y norte, como decía el Diputado Sharpe, prefieren oír - esta es la verdad- las radio emisoras de Argentina, a fin de no escuchar el tratamiento concientizador que está haciendo el Gobierno a través de la OIR.

¿Cuál es, al día de hoy, la situación de algunos órganos informativos? Si hacemos un repaso, obtendremos el siguiente

cuadro: diario La Mañana de Talca, ocupado por F. T. R.; diario El Sur de Concepción, ocupado por la Unidad Popular; diario Crónica, de Concepción, ocupado por la Unidad Popular; radio Agricultura de Los Ángeles , clausurada; radio Agricultura de Santiago, clausurada; radio Agricultura de Valparaíso, clausurada; radio Balmaceda de Santiago, clausurada; radio Yungay de Santiago, clausurada; radio Recreo de Viña del Mar, clausurada; radio Nuevo Mundo de Santiago, clausurada; radio Interamericana de Concepción, marginada; radio Cooperativa de Concepción, marginada; radio Bío-Bío de Concepción, marginada; radio El Cobre de Lota, marginada.

El resto de las radioemisoras del país está sometida a la odiosa cadena manejada por la OIR, oficina en la cual actúan incluso ciudadanos extranjeros.

Por los motivos señalados, la Oposición democrática, consciente de lo que viene, y ante las arbitrariedades del Gobierno que tienden a silenciarnos por medios ilegales y abusivos, en cada oportunidad en que se infrinja la Constitución y la ley, como en la presente, no titubearemos en acusar al responsable, porque creemos, sinceramente, que así estamos ayudando a mantener la libertad de Chile y a hacer cumplir la Constitución y las leyes y, especialmente, aquel Estatuto de Garantías que en forma tan clara permitió, sobre la base de la buena fe de un partido político democrático, que el señor Allende alcanzara la Primera Magistratura.

En estas circunstancias, ante lo que está ocurriendo en Chile en estas horas, en estos días, en estos instantes, debemos ser más que nunca los fieles guardianes de nuestra libertad, porque así lo exige la ciudadanía.

Sabemos que actuamos dentro de la Constitución y de la ley, no en la ilegalidad como lo hace el Gobierno. Por ello, pedimos a los señores Senadores analizar, en calidad de jurados, las exposiciones legales hechas por mis colegas y el aspecto moral y de interés público que he señalado y, después, emitir en conciencia su veredicto. Estamos ciertos de que, igual como sucedió mayoritariamente en la Cámara de Diputados, Sus Señorías fallarán acogiendo la acusación formulada en contra del señor Intendente por haber faltado a la ley y a la Constitución.