Labor Parlamentaria

El señor FIGUEROA (Secretario).-

Proyecto de ley de la Cámara de Diputados que faculta al Ministro del Trabajo y Previsión Social y a la Directiva Nacional de la Agrupación Nacional de los Trabajadores Semisfiscales para que sometan a la decisión de un árbitro arbitrador la petición de los personales de las instituciones semifiscales de previsión social y otras que indica.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social, en informe suscrito por los Honorables señores Ballesteros (Presidente), Contreras y Valenzuela, recomienda aprobar el proyecto con las modificaciones que señala.

Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de Ley

En segundo trámite, sesión 99ª, en 15 de septiembre de 1972.

Informe de Comisión:

Trabajo y Previsión Social, sesión 34ª, en 14 de noviembre de 1972.

El señor PALMA (Presidente).-

En discusión general y particular.

Ofrezco la palabra.

El señor CONTRERAS.-

Pido la palabra.

El despacho de esta iniciativa en la Comisión de Trabajo se demoró un tiempo en espera de algunos antecedentes y, además, con el propósito de escuchar a algunos dirigentes de la diferentes cajas de previsión y de la organización que agrupa a la mayoría de los trabajadores de los institutos previsionales.

Los señores Senadores conocen los problemas que se produjeron en el curso del presente año con algunos funcionarios de las cajas de previsión que reclamaban el pago de horas extraordinarias correspondientes a 1966, y que culminaron en un acuerdo entre la ANATS, Agrupación Nacional de los Trabajadores Semifiscales, y la Subsecretaría de Previsión Social del Ministerio del Trabajo. Se escuchó a los dirigentes de algunas cajas, especialmente la de Carabineros, la de la Marina Mercante, la de los Empleados Particulares y otras que no recuerdo. En el acta firmada por los representantes de ANATS, se acordó someter a un árbitro arbitrador la petición de los personales de las instituciones semifiscales de previsión social. Según las informaciones proporcionadas tanto por la Superintendencia de Seguridad Social como por la Subsecretaría de Previsión, quedó demostrado que se llegó a tal acuerdo con ANATS con el propósito de que todo el personal de las cajas de previsión sometiera sus diferencias a la decisión de un árbitro arbitrador. Posteriormente, cuatro instituciones previsionales solicitaron al Presidente de la Comisión de Trabajo, Honorable señor Ballesteros, su exclusión de tal acuerdo, que el proyecto en debate legaliza.

En esta materia nosotros hemos sido claros, y hemos sostenido que si se va a someter a arbitraje el problema de pago de horas extraordinarias que esos empleados reclaman cinco años después, lo lógico es que todos los personales en tal situación queden incluidos en la decisión que se adoptará, con el propósito de dar un corte definitivo a este litigio que se viene prolongando por años y que ha traído como consecuencia un perjuicio evidente para los afiliados a las cajas de previsión, en particular a los pensionados, a quienes en repetidas ocasiones no se les ha pagado oportunamente.

La Comisión aprobó la idea de marginar a cuatro institutos de previsión del arbitraje. Nosotros somos partidarios, y así votamos en la Comisión, de que todos los personales semifiscales que se encuentren en la situación indicada queden sometidos al arbitraje, a fin de que de una vez por todas se resuelva este problema. En otras palabras, nos pronunciaremos por mantener el texto que viene de la Cámara de Diputados.

Reitero: queremos dejar claramente establecido que somos contrarios a una solución parcial y que deseamos que el problema se resuelva integralmente. Por lo tanto, votaremos por la no exclusión de esas cuatro cajas previsionales y a favor de un arbitraje general.

El señor GARCIA.-

Concuerdo con el Honorable señor Contreras en que éste es un problema que viene arrastrándose desde hace muchos años. Por consiguiente, es una buena solución entregar a arbitraje las diferencias existentes entre este grupo de empleados semifiscales y los organismos del Gobierno que atienden a la previsión.

Estoy de acuerdo en que en este proyecto no se mencione el nombre del árbitro, porque si éste, en el momento de dictarse la ley, está imposibilitado de ejercer el cargo, simplemente la ley queda sin efecto. Por eso, lo lógico es suprimir el nombre del árbitro, a fin de que las partes queden en condiciones de ponerse de acuerdo en esta materia. Y puede suceder que la designación recaiga en el mismo señor Enrique Silva Cimma. En todo caso, de quedar el árbitro imposibilitado para desempeñar el cargo, las partes podrán nombrar a otra persona.

Hasta aquí, todos estamos de acuerdo con el Honorable señor Contreras.

Sin embargo, el problema que surge es el relativo a los personales que ya suscribieron un acuerdo o celebraron una transacción. A mi juicio, el proyecto de ley en debate -así entiendo que lo aprobó la Comisión- debe excluir a tales funcionarios, porque ya adquirieron un derecho en virtud de una sentencia judicial o de una transacción. Y si esta iniciativa, por el contrario, los incluyera en el arbitraje, significaría que el Congreso Nacional estaría reviviendo procesos fenecidos, lo que no puede hacer. Por consiguiente, el artículo único del proyecto de ley en debate debe referirse únicamente a los personales que no han podido arreglar sus diferendos en esta materia.

Si se procediera de otra manera, se estarían violando, a mi juicio, dos preceptos de la Carta Fundamental: el que dispone que el Congreso no puede, en caso alguno, avocarse causas pendientes o hacer revivir procesos fenecidos, ya que en este caso por la transacción terminó el juicio, y el que protege los derechos de los ciudadanos, ya que nadie puede ser privado de los suyos sin la correspondiente indemnización; y el derecho que nació para los personales de las instituciones semifiscales ya estaría incorporado a su patrimonio y, por ello, no podrían ser privados de él.

Por último, la frase del artículo único de este proyecto que dice que la resolución del árbitro no será susceptible de recurso alguno, debe entenderse también de acuerdo con la norma constitucional que establece que la Corte Suprema tiene la superintendencia directiva, correccional y económica de todos los Tribunales de la Nación . Por eso, aunque se disponga que tal resolución del árbitro no será susceptible da recurso alguno, debe entenderse que el proyecto se refiere a que no habrá recursos ordinarios de ninguna especie, porque la jurisdicción disciplinaria que puede tener la Corte Suprema sobre este tribunal no puede ser suprimida mediante una ley.

Es cuanto quería manifestar.

El señor BALLESTEROS.-

Como adelantó el Honorable señor Contreras, durante el estudio de este proyecto la Comisión de Trabajo lo modificó, excluyendo de sus disposiciones al personal de todos aquellos institutos de previsión social que han solucionado sus problemas mediante transacciones judiciales.

Brevemente, aunque el Honorable señor Contreras no hizo hincapié en ello, quiero hacer una relación de este problema.

Respecto del pago de horas extraordinarias a los personales de las instituciones de previsión, la gran mayoría de los consejos de esas cajas -por no decir todos- ha acordado cancelarlas. Posteriormente, esos acuerdos fueron ratificados por la Superintendencia de Seguridad Social, la que, lejos de oponer reparos, los ratificó. En seguida, y en vista de esa ratificación, se celebraron transacciones judiciales que, al ser aprobadas, tomaron, de acuerdo con las normas procesales que los señores Senadores conocen, el valor de una sentencia judicial. Luego, esas transacciones fueron ratificadas por ley de la república que el Ejecutivo no vetó ni le formuló reparos de ninguna naturaleza. De tal manera que si hubiéramos aprobado el proyecto en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados y el mensaje del Ejecutivo, estaríamos violando en forma clara y evidente las disposiciones del artículo 80 de la Carta Fundamental. En efecto, al haberse llegado a una transacción judicial, que, como digo, de acuerdo con las normas procesales tiene el valor de una sentencia judicial, tales procesos están terminados, y resulta que por esta vía nos estaríamos, abocando al conocimiento de una causa terminada por el tribunal competente.

Por ello, se procedió a excluir de esta iniciativa a todas aquellas organizaciones que se encontraban en la situación señalada.

No sé -he dejado constancia de esto en el informe, porque no nos llegaron los antecedentes del caso- que haya otras instituciones dentro del conjunto de las semifiscales que se encuentren en análogas circunstancias. Si así fuera, evidentemente que a su respecto el proyecto sería igualmente inconstitucional. Hemos salvado sí la situación del personal de aquellos institutos previsionales que, según los antecedentes adjuntos en el informe y otros que pido insertar en mi intervención -son los que tengo a la vista-, permiten darse cuenta con claridad meridiana de que estamos en presencia de procesos con sentencias afinadas.

Solicito insertar, si es posible, los documentos que mencioné.

El señor PALMA (Presidente).-

Si le parece a la Sala, se accederá a la petición del Honorable señor Ballesteros.

El señor CONTRERAS.-

¿De qué tipo de documentos se trata?

El señor PALMA (Presidente).-

Son dos documentos que el señor Senador tiene a la vista.

El señor BALLESTEROS.-

Son una nota de la Asociación Nacional de Trabajadores de la Caja de Previsión de Carabineros y una nota, de la Asociación de Trabajadores del Departamento de Indemnizaciones a Obreros Molineros y Panificadores, en cada una de las cuales se adjuntan los documentos de las transacciones correspondientes.

Es decir, otros documentos que sirven para aclarar la situación.

Si le parece al Senado, se accedería a la solicitud del señor Senador.

Acordado.

Los documentos que se acuerda insertar son los siguientes:

ASOCIACION NACIONAL DETRABAJADORES

Caja de Prev. de Carabineros

Minuta sobre arbitraje Instituciones de Previsión.

La Caja de Previsión de los Carabineros de Chile, canceló el beneficio de horas extraordinarias establecidas en el N° 3 del artículo 5º, de la ley N° 16.617 y artículo 80 de la ley Nº 16.840, en virtud de la transacción judicial que puso término al juicio caratulado Acuña y otros con Caja de Carabineros rol 3234-71 ante el 5º Juzgado Civil de Mayor Cuantía, y al acuerdo adoptado por el Honorable Consejo de la Institución, en su Sesión Nº 2.512 de fecha 19 de noviembre de 1971.

Como dicho acuerdo de Consejo fue reparado por la Contraloría General de la República, por falta de atribuciones, el Ejecutivo envió al Parlamento, un proyecto de ley que se materializó en el artículo único de la ley Nº 17.728 publicada el 22 de septiembre de 1972, que ratificó las transacciones, los acuerdos y todo lo actuado por las Cajas de Previsión sobre esta materia.

Ahora bien, el Presidente de la República, por la vía del Mensaje, remitió al Congreso su tramitación y despacho, un proyecto en el cual se sometería a conocimiento y resolución de un árbitro arbitrador la misma situación de las horas extraordinarias, que ya había sido resuelta por la justicia ordinaria.

La Constitución Política del Estado, preservando el principio de la independencia de los poderes del Estado, establece en su artículo 80 la prohibición al Presidente de la República y al Congreso Nacional, de revivir procesos fenecidos.

Por lo que a nuestro juicio, y de acuerdo a los antecedentes expuestos, solicitamos al Honorable Senado que el proyecto en análisis sea declarado inconstitucional, o en su defecto, la exclusión de nuestra Caja en dicho arbitraje.

Asociación Nacional de Trabajadores CAPRECA

Se incluye copia juicio transacción y Acuerdo Consejo. Al Honorable Senado

Presente.

El señor PALMA (Presidente).-

ASOCIACION NACIONAL DETRABAJADORES

. de CarabinerosCaja de Prev

En lo Principal: demanda en juicio ordinario; Primer Otrosí acompaña documento con citación; Segundo Otrosí: se tenga presente.

S. J. L. Mayor

Mario Verdugo Marinkovic, Abogado, domiciliado en esta ciudad, Huérfanos 1117, Oficina 1107, en representación de don Pedro Acuña Donoso, Arturo Acevedo González, Sara Araya Castro, Silvia Ascheris Lizana, Marcela Aguirre León, Silvia Avendaño Hope, Julián Acuña Romero, María Arancibia Martínez, Alejandro Barraza Barraza, Brisa Bustos Sepúlveda, Ramón Bustos Arias, Patricio Buono Core Douzet, Hilda Cerda González, Cecilia Castillo López, Luis Chávez Pérez, Sergio delCampo Castillo, Francisco Caro Parraguez, Estela Cifuentes Ferrada, Adriana Contreras Reyes, Ricardo Carrasco Medina, Daniel Cataldo Campos, Luis Carrasco Pacheco, Juan Cortés Cortés, José Calquín Martínez, GustavoCorrea Allende, Angel Cabrera Moragas, Adrián Candía Candía, Carmen Donoso Sepúlveda, Luzmira Delgado Carrasco, Gladys Díaz Piña, Pedro Donoso Ibaceta, Aníbal Duque Fuenzalida, Raúl Espinoza Venegas, Jaime Egaña Salinas, Manuel Escobar Paredes, Lidia Escobar García, José Estay Pinilla, Máximo Espinoza Alvear, Adán Flores Valenzuela, Renato Fuentes Páez, Elisa Flores Flores, Aníbal Flores Valenzuela, Luis Flores Celada, Hernán Fuentes Rivera, Ana Grunwald Juanchuto, Héctor Enrique Ganz, Gabriela Galán Simo, Germán Guzmán Messina, Alejandrina González Saavedra, Landy Grandón León, Nelly González Latorre, Carmen González Chaparro, Laura Guerrero Feliú, Clodomiro González Jeldes, Luis Herrera Arriagada, José Henríquez Henríquez, Elba Hernández Castro, Ramón Hormazábal Morales, Fernando Liberona Osorio, Hernán Jelves Carrasco, Nubia Lasaluce, Vilma Ludanyi Zamora, Silvia Ludanyi Zamora, Silvia López Ame-zaga, Ramón Lara Pérez, Gregorio Marinao Ortiz, Emilio Madariaga Astudillo, Carlos Meza Gutiérrez, Marcos Meza Gutiérrez, Mario Manríquez Castillo, Rafael Madariaga Astudillo, Raúl Moreno Astre-11a, Manuel Mora Mora, Juan Muñoz Rodríguez, Orlando Mason Carrasco, Nelly Medina Talloni, Teresa Mercado Von Bussenius, Julia Miqueles Ugarte, Gloria Moreno Torres, Alicia Miranda Ibáñez, Teresa Mestre Mor, Eduardo Martín Cabrera, Eliana Nieto Blanc, Juan Núñez López, Olguín Sepúlveda Gladys, Olga Opa-zo Marchant, Juan Orellana Flores, Sergio Olivares Donoso, Luis Ortiz Araya, Carlos Olivares Núñez, Rodolfo Osorio Villa, Manuel Osorio Díaz, Raúl Otazo Otazo, René Parada Zúñiga, Juan Peralta Osorio, César Ponce Medina, Carlos Pierattini Pinto, Raquel Paci Torres, Luis Parra Rodríguez, Manuel Parra González, Darío Pino Martínez, Manuel Pacheco-Plaza, Ester Ross Vallejos, Ernesto Ramírez Fredes, Hernán Rojas Fernández, Teresa Ruiz Spiess, Raúl Rossel Díaz, Soma Rojas Jaime, Diego Rosales Basualto. José Román Corrales, Sergio Rojas Allendes, Ernesto Segura Albornoz, Emilia Sepúlveda Pamplona. Loreto Sanhueza Sáez, Edith Sepúlveda Márquez, María Subercaseauz Loyola, Marta Susarte Rambach, Luis Sanhueza Arévalo, Ramiro Sáez Muñoz, Mario Sáez Millar, Oscar Soto Muñoz, Pablo Saavedra Rojas, Eduardo Silva Vásquez, René Toloza Duran, Adriana Ugarte Ramírez, Juan Vera Barrios, Gastón Vásquez Ocaranza, Sara Vivanco Mutis, Eduardo Vargas Navas, Víctor Vilalón Primard, Eugenia Vera Correa, Susana Vilches Morales, Wasington Vidal Espinoza, Lucía Videla González, Pedro Villarroel Villarroel, Carlos Vidal Cornejo, Raúl Valenzuela Castro, Nel-son Véjar Carrasco, Marta Zamorano Fernández, Carlos Zadjelovic Peralta, todos empleados, de este domicilio, según mandato otorgado por escritura pública y cuya copia se acompaña al primer otrosí de este escrito, a U. S. respetuosamente digo:

Mis mandantes son funcionarios de la Caja de Previsión de los Carabineros de Chile (CAPRECA), instituto previsional de derecho público, representado judicial y extrajudicialmente por su VicepresidenteEjecutivo don Luis Casanueva Vera, funcionario semifiscal, ambos con domicilio en Santiago, calle 21 de Mayo Nº 592.

Los representados se ven en la necesidad de accionar judicialmente en contra de la Caja de Carabineros en atención a que esta Institución no les ha cancelado remuneraciones consultadas expresamente a su favor en los textos legales que más adelante se indican.

En efecto, todos mis mandantes tenían la calidad de empleados de la CAPRECA con anterioridad al 31 de diciembre de 1966, por consiguiente, les era plenamente aplicable el artículo 1ª de la ley Nº 16.617, que estableció una nueva escala de sueldos para la administración civil del Estado (incluidos los semifiscales según el artículo 6º de la misma ley), a partir del 1º de enero de 1967, como asimismo, todos los beneficios contemplados en los artículos 2º, 3º, 4º y 5º de dicho texto legal.

Ahora bien, como se originaran ciertas dudas acerca del alcance que debía darse al concepto de remuneraciones totales aludido por el artículo 5º de la precitada ley, se dictó un texto de carácter declarativo: el artículo 80 de la ley Nº 16.840, que a la letra expresa: Declárase que en el artículo 5º de la ley Nº 16.617, también debieron quedar incluidos los reajustes contemplados en los artículos 19 de la ley Nº 14.501, 1º de la ley Nº 15.077 en la parte que no se incorpora a los sueldos bases y 2º de la ley Nº 15.474.

En todo caso, la aplicación de este artículo no podrá significar disminución de las remuneraciones percibidas por los funcionarios señalados en el artículo 6º de la ley Nº 16.617.

No obstante el claro tenor de la disposición transcrita, la Institución se limitó a dar una aplicación unilateral al mandato legislativo. En efecto, se reconoció el derecho a los beneficios aludidos por el citado artículo 80, sólo al personal de la planta Directiva, Profesional y Técnica. A los empleados denominados administrativos, caso de mis mandantes, y que por razones obvias, tienen mayores e ingentes necesidades económicas, se los marginó completamente de los beneficios que derivaban de la correcta aplicación del precepto declarativo.

El perjuicio que de tal conducta de la Institución se origina para los empleados es de consideración por cuanto no sólo gravitó en los reajustes de remuneraciones correspondientes al año 1967, sino que ha seguido incidiendo en la liquidación de todos los reajustes contemplados por leyes posteriores, según se pormenoriza en la parte petitoria.

Afortunadamente la lesión patrimonial a que aludimos es superable a través de la vía judicial desde el momento en que no ha operado ningún plazo de prescripción ni de caducidad.

Es más, existe el precedente concreto de que en el juicio entablado por los empleados de la Caja de Previsión de Empleados Particulares de Santiago, aduciendo los mismos fundamentos de esta demanda, los tribunales de primera y segunda instancia, dieron lugar a la demanda en todas sus partes. (Autos: Rosa Tagle con Caja de Previsión de Empleados Particulares. Rol Nº 785-1969, 5º Juzgado Civil de Mayor Cuantía de Santiago).

Por otra parte, existe la fundada expectativa de que, las actuales autoridades administrativas de la Institución, inspiradas en los valores sociales que informan la política del actual Gobierno, percatadas de la inequidad que implica el haber alterado caprichosamente el texto legal expreso, discriminando para los efectos de los reajustes, entre los empleados de la planta Directiva y la Administrativa, ordenen el pago directo e inmediato de las sumas que reclaman mis mandantes, una vez que sea notificada la presente demanda.

En síntesis, la petición que se formula a S. S. se traduce en solicitar que declare aplicable al personal administrativo de la Caja de Previsión de los Carabineros de Chile, que se encontraba en ser vicio con anterioridad al lº de enero de 1967, lo preceptuado en el artículo 80 de la ley Nº 16.840. Como consecuencia de ello se practiquen en las remuneraciones de dicho personal todas las reliquidaciones que de ello deriven por vía causal.

Por tanto:

A US. RUEGO, que en atención a las razones expuestas y de conformidad a lo preceptuado en los artículos 254 y siguientes del C. de Procedimiento Civil; DFL. 348 de 1953; art. 3º DFL. 278; art. 19 de la Ley 14.501; 1º de la Ley Nº 15.077; 2? de la Ley Nº 15.474; 1º a 5º de la Ley Nº 16.617; arts. 1º, 52 y 80 de la Ley Nº 16.840; arts. 1º y 3º de la Ley Nº 17.105; art. 1º DFL. Nº 1; artículos pertinentes de las leyes Nºs. 17.772 y 17.416, se sirva tener por interpuesta demanda en juicio ordinario en contra de la Caja de Previsión de los Carabineros de Chile, representada por su VicepresidenteEjecutivo, don Luis Casanueva Vera, ambos con domicilio en esta ciudad, calle 21 de Mayo Nº 592, y en definitiva declarar:

A) Que la demandada debe proceder a reliquidar las remuneraciones de cada uno de los actores de acuerdo a la siguiente pauta:

I.-Cancelándoles el total de las remuneraciones personales que resulten de la aplicación de los reajustes contemplados en el art. 19 de la Ley N° 15.077 en la parte no incorporada a los sueldos bases, y art. 52 de la Ley Nº 15.474;

II.-Dando aplicación al artículo 5º de la Ley Nº 16.617, determinando en esta forma el momento de cada remuneración, considerando además las 5ªs. categorías que ahí se establecen y el monto de las remuneraciones que les corresponden de acuerdo a los arts. 19 de la Ley Nº 14.501; art. Iº Ley Nº 15.077; -en la parte no incorporada al sueldo base- y art. 2º de la Ley Nº 15.474;

III.-Una vez determinado el monto del art. 80 de la Ley 16.840, éste debe ser incrementado con los reajustes en esa misma ley, y además con los contemplados en el art. Iº del D. S. Nº 1 de Hacienda de 1969; Ley Nº 17.272 y Ley Nº 17.416, que corresponden a un 20%; 20%; 28% y 34,9%, respectivamente. Por otra parte deberá calcularse sobre estos montos la bonificación del 2% por años de servicios establecida por la Ley Nº 17.015 desde el mes de septiembre de 1968.

B) Debe pagar a cada uno de los actores el producto que resulte de aplicar los artículos 1º y 5º de la Ley Nº 16.617 sobre los montos determinados de acuerdo a la pauta precedente.

C) Que la demanda debe pagar las costas de la causa. PRIMER OTROSÍ: acompaño copia de la escritura de mandato otorgada ante el Notario don Alvaro Bianchi Rosas.

Sírvase S. S. tenerla por acompañada, con citación.

SEGUNDO OTROSÍ: En mi calidad de Abogado en ejercicio, inscripción 1735, patente C. Suprema 552, domiciliado en esta ciudad, Huérfanos 1117, oficina 1107, acepto y asumo el patrocinio y poder que se me confiere por el documento precitado.

Dígnese S. S. tenerlo presente.

Caja de Previsión de los Carabineros de Chile Secretaría H. Consejo

Minuta de acuerdos de la sesión Nº 2.512, extraordinaria, celebrada por el Honorable Consejo el viernes 19 de noviembre de 1971.

1.-Informes administrativos.

La Corporación toma conocimiento de las solicitudes de las personas que se indican y acuerda hacer suyos en todas sus partes los informes emitidos por el señor Fiscal, de conformidad a las leyes que se señalan:

a) Concurrencias.-En atención a lo establecido en la Ley 10.986, de: Rubén T. Ayala; Luis H. Castillo Sandoval; y

Oscar A. Lira Jara.

b) Montepíos.-Considerando lo previsto en los artículos 119 y siguientes del DFL. Nº 2, de octubre de 1968: de Adriana Altamirano vda. de Aguilar; Carmela Castillo vda. de Sanzana; Guillermina Inostroza vda. de Sanhueza; Sara Inzunza Donoso; Rosa Otazo vda. de Vergara; María Páez vda. de Villalobos; Juana Rebolledo vda. de Rebolledo; Marta Saavedra vda. de Costeis; Natividad Silva vda. de Gutiérrez; Ester Tapia vda. de Zarate; Alcia Ulloa vda. de Puentes; y Alejandra Vaillant Ulloa.

c) Retiro.-En concordancia con lo de-terminado en los artículos 82, 94 y 3º transitorio del DFL. Nº 2, de 1968; y 41 y siguientes del DFL. Nº 338, de 1960, de: Mario Verdugo Marinkovic.

d) Imposiciones Adicionales.- De acuerdo a lo dispuesto en el artículo único de la Ley 17.183, en relación con lo establecido en el artículo 61 del DFL. Nº 1.340 bis, se autoriza a Howara Buckle Silva para cotizar imposiciones adicionales equivalentes al 50% del sueldo que percibe (vista 942).

Especificaciones generales del Edificio Cooperativa de Carabineros .

(Transcripción Secret H. Consejo).

Ubicación

Norte: Calle Huérfanos altura Nº 600 al 699.

Sur: Calle Agustinas altura Nº 600 al 699.

Este: Pasaje s/nombre Nº 640 al 652 (15 mts.) y fondo edificio Cooperativa Miraflores Nº 224 al 246.

Oeste: Calle Mac Iver Nº 237 al 257 (fachada).

Dimensiones

Bloque A: Frente 28,56. Fondo 30,00 mts. Lado Norte 18,73 mts. Lado Sur 18,73 mts.

Bloque B: Frente 34,10. Fondo 36,00 mts. Lado Norte 39,32 mts. Lado Sur 37,40 mts.

Superficie edificada Bloque A: 6.505,50 mts2.

Superficie edificada Bloque B : 5.622,50 mts2.

Superficie total edificada: 12.128,00 mts2.

Pisos.

Bloque A: Consta de 11 pisos, 2 subterráneos, 1 entrepiso y 1 sala de máquinas. Altura 34,90 mts (no incluye altura estanque de agua 7,30 mts.).

Bloque B: Consta de 3 pisos, 2 subterráneos, 1 entrepiso y 1 sala de máquinas. Altura 12,85 mets (no incluye altura estanque de agua 2,40 mts.).

Fachada exterior

El revestimiento será de acrílico y aluminio, revoques a cemento y pinturas, pastillas Irmir y papel mural.

Revestimientos interiores

Serán de mármol natural (pilares), fulget pigmento gris y blanco combinado (escaleras y frente ascensores), chapas de madera nogal o eucalipto (Oficinas Cooperativa), azulejos blancos (baños), revoques de cemento y arena terminado a grano perdido, pinturas látex y óleo.

Pavimentos

Radier de concreto afinado, baldosas de cemento al líquido, super fléxit, baldosas de mármol reconstituido, tipo terrazo microvibrado, alfombras de muro a muro silacor o similar, parquet de eucalipto tres palmetas sobre radier de concreto (Cooperativa), pastillas Irmir esmaltadas, baldosín Irmir.

Puertas y ventanas

Madera corriente y enchapada, marcos de aluminio, vidrios dobles y vitreas.

Ascensores

Marca Schlinder (Suiza), dos para 1.200 kgs. c|u. capacidad 12 personas en Bloque A. Uno para 1.000 kgs. Capacidad 10 personas, en Bloque B.

Calefacción

Critall, interior.

e) Bonificación.- Visto lo informado por Fiscalía en las Vistas que se indican, el Honorable Consejo acuerda hacer lugar a las solicitudes de las personas que se señalan en orden a que se les reconozca el derecho a percibir el beneficio de la bonificación establecido en el artículo 19 de la ley 15.386, por los porcentajes y desde las fechas que se consignan:

3.-FISCALIA.- Aprobación de transacción judicial para obtener la restitución del departamento 601 del edificio sede de la Caja.

En atención a lo dispuesto en los artículos 2º, letra e), y 5º del D.F.L. Nº 278, de 1960; y a la Comunicación Interna Nº 22.234, de Fiscalía, de fecha 25 de octubre pasado, el Honorable Consejo resolvió aprobar los términos del avenimiento que suscribirá el señor Vicepresidente Ejecutivo con el arrendatario del departamento Nº 601 del edificio sede de la Institución, don Alberto Arias Sepúlveda, ante el Segundo Juzgado Civil de Menor Cuantía de Santiago.

De acuerdo a los términos del citado avenimiento, el señor Arias Sepúlveda restituirá a la Caja el departamento arrendado el 30 de noviembre de 1971, bajo apercibimiento de lanzamiento a su costa. Por su parte, la Institución se compromete a otorgarle un préstamo por el máximo a que tenga derecho para integrar la cuota de ahorro previo en una Asociación de Ahorro y Préstamo.

Cúmplase:

El presente acuerdo podrá llevarse a cabo por Fiscalía, sin esperar la aprobación del acta.

(Fdo.) : Jorge Petit Portales, Secretario General Suplente.

(Hay un timbre).

ASOCIACION NACIONAL DE TRABAJADORES

Caja de Prev. de Carabineros

Quinto Juzgado Civil Mayor Cuantía.

23 de noviembre de 1971.

Secretaría - Santiago.

Copia.

La copia autorizada que se ha ordenado dar en los autos caratulados Acuña D., Pedro, y otros con Caja Previsión Carabineros de Chile, Rol Nº 3234-71, es del tenor siguiente: Escrito de fojas veintiséis: En lo principal, solicita se apruebe transacción que indica; Otrosí: acompaña documento. S. J. L. Mario Verdugo Marinkovic, por la demandante, y don Luis Casanueva Vera, por la Caja de Previsión de los Carabineros de Chile «en su carácter de Vicepresidente Ejecutivo, en los autos caratulados Pedro N. Acuña D. y otros con Caja de Previsión de los Carabineros de Chile, a US. respetuosamente decimos: Que hemos acordado poner término al presente juicio en base a la siguiente transacción: lº-Los demandantes se desisten de la acción deducida en contra de la Caja de Previsión de los Carabineros. 2º-Dos Luis Casanueva Vera, en su calidad de Vicepresidente de la Caja de Previsión de los Carabineros de Chile y debidamente autorizado por el Honorable Consejo de la Institución, según acuerdo Nº 2, tomado en sesión Nº 2.512, de fecha 19 de noviembre de 1971, acepta el desistimiento precedente 3°-La Caja pagará a todos los funcionarios afectados el beneficio del artículo 80p de la ley 16.840, que se incrementará con los reajustes legales de los años 1967, 1968, 1969, 1970, 1971 y con la bonificación del 2% por cada año de servicio de la ley 17.015, debiendo pagarse por la Caja de la siguiente manera: a) De las sumas acumuladas al 31 de diciembre de 1970 se pagará solamente un 70%. b) La totalidad del beneficio del artículo 80 de la ley 16.840, incrementado con los aumentos establecidos en el presente artículo, se incorporará a los sueldos del personal de la Institución a contar del 1º de enero de 1971 y estará afecto a los futuros reajustes legales. 4º- Las cancelaciones indicadas en el número anterior deberán efectuarse dentro del presente mes de noviembre. 5º-Cada parte pagará sus propias costas procesales y personales. 6º-Las partes se otorgan el más completo amplio finiquito, declarando que no tienen cargo alguno que formularse. Por tanto: A US. rogamos se sirva dar su aprobación a la presente transacción y ordenar el archivo del expediente; Otrosí: Se acompaña a esta presentación, copia del acuerdo del Honorable Consejo referido en lo principal de este escrito. Ruego a US. tenerlo presente para los fines que corresponde.- M. Verdugo.- L. Casanueva.- Autorizo las firmas. Luis Manterola, Secretario. Providencia: Santiago, veintidós de noviembre de mil novecientos setenta y uno. A lo ppal., y otrosíes, ratifiquese por las partes ante el señor Secretario y cúmplase por la parte demandada con la Ley del Colegio de Abogados. Raúl Guevara R., Juez; Luis Manterola, Secretario. Notificación: Santiago, 22 noviembre 1971. Notifique por el Estado la resolución precedente y la de fs. y certifico que envié carta certificada a D. M. Verdugo y H. Ahumada. Luis Manterola, Secretario. Providencia: Santiago, veintidós de noviembre de mil novecientos setenta y uno. A lo principal, apruébase la transacción en los términos relacionados; otrosí, téngase presente. Raúl Guevara R., Juez. Luis Manterola, Secretario. Notificación: Santiago, 22 de noviembre de 1971. Notifique por el Estado la resolución precedente y la de fs. y certifico que envié carta certificada a D. M. Verdugo y H. Ahumada. Luis Manterola, Secretario. Conforme: Santiago, veintitrés de noviembre de mil novecientos setenta y uno.

ASOCIACION DE TRABAJADORES

Departamento de Indemnizaciones a Obreros Molineros y Panificadores

Amunátegui 95 - Casilla 10094 SantiagoSantiago, 15 de noviembre de 1972. Honorable Senador de la República, Dn. Eugenio Ballesteros. Presente.

Los suscritos, Presidente y Secretario General de la Asociación de Trabajadores del Departamento de Indemnizaciones a Obreros Molineros y Panificadores, se dirigen muy respetuosamente al Honorable Senador para solicitar tenga a bien presentar ante la Comisión de Trabajo del Senado, la aspiración justa y sentida de estos representantes gremiales y sus bases:

En el día de ayer fue firmada y aceptada por los dirigentes de la Agrupación Nacional de Trabajadores Semifiscales (ANATS), en el Ministerio del Trabajo, el acta de acuerdo para establecer la manera de operar con respecto a arbitraje y ordenación de rentas del sector semifiscal.

En esa oportunidad, al primitivo proyecto del acta se le agregó en el último momento y a espaldas de las bases, un 11º punto, punto este que aclara que los personales de las Cajas de Previsión que no estén sujetos a arbitrajes en la cancelación de los beneficios del artículo 5º de la ley 16.617, estarían fuera de los beneficios de mejoramiento económico en trámite y que significa una nueva escala para este sector de trabajadores

Al respecto, y observando el artículo 80 de la Constitución Política del Estado, estos dirigentes gremiales están en condiciones de manifestar que de aceptar legislación relacionada con esta materia (artículo 5º, ley Nº 16.617), se incurriría en la inconstitucionalidad. Apelamos a la independencia de poderes emanados del artículo en referencia, ya que si bien es cierto que los beneficios señalados en el artículo 5º de la ley 16.617 fueron pagados a los funcionarios de este Servicio, esto se consiguió mediante una demanda judicial presentada al 7º Juzgado de M. Cuantía, de lo cual acompañamos copia y llegando más tarde a una transacción con el Servicio, certificada en documentación que nos permitimos acompañar, ratificada por el Honorable Consejo de este organismo en sesión N° 361, de 10 de noviembre de 1971.

Más tarde, considerando que estos acuerdos fueron objetados por la Contraloría General de la República, el Ejecutivo, por la vía del mensaje, remite un artículo único, el que ratifica estas transacciones de diversas Cajas de Previsión, artículo único que se materializa en ley número 17.728, publicada en el Diario Oficial N° 28.359, de fecha 22-9-72.

Por tanto, venimos en solicitar del Honorable Senador de la República, tenga a bien aceptar esta presentación con la documentación adjunta, en que representamos la inconstitucionalidad de lo enunciado y que, aparte de atentar con nuestros beneficios económicos, también lo hace con la legalidad preestablecida, lo que consideramos de suma gravedad.

Saludan muy atentamente a US.

(Fdo.) : p. Enrique García García, Secretario General. (Hay una firma).- Marco Antonio Tabilo Durán, Presidente.

Nº 8135 - 71 Séptimo Juzgado.

Notif. 29 Oct. 71.

Receptor Julio Risi Maggi, Bandera 861.

En lo principal, demanda en juicio ordinario a la persona que indica; en el otrosí, patrocinio y poder.

S. J. L. de Mayor Cuantía.

Oscar Enrique Lafuente García, Waldo López Mora, Carlos Latorre Lafoy, Victoriano Bórquez Pérez, Héctor Cisterna Silva, Alfredo Yáñez Paredes, Victoria Gaete Talavera, Lautaro Martínez Moreno, Melania Silva Cornejo, Raúl Enrique García García, Pablo Hernán Garrido Vejar, Ricardo Líbano Meza, Elsa Mafalda Campos Uribe, Víctor Eduardo Durán Arriola, Jorge González Pérez, José Fabres Echeverría, Margot Haz Vásquez, Violeta Vásquez Rojas, Ruth Vásquez González, Rosa Burgos Poblete, Dorys Castro Alvarez, Ana Olivares Alvarez, Erna Doorman Marillanca, Eliana Delpino Abarca, Irma Gandasegui Zavala, Luis Castro Avendaño, Raquel Leiva Richards, María Noelia Oliva Méndez, Alvaro Infante Pinochet, María Inés Meza Díaz-Muñoz, Eldeura del Carmen Prat Venegas, Marco Antonio Tabilo Durán, Aliro Aceval Soto, Elia Veas Ricera, Eugenia Godoy Martínez, Antonio Riesco Toro, Clarck Meza León, Sergio Moreno Herrera, Oscar Vidal Bravo, Clemente Vidal Bravo, Luis Hernán' Aranda Herrera, Violeta Romedy Gales y Leonida Ortega Pérez, todos empleados, domiciliados para estos efectos en Amunátegui 95, cuarto piso, a US. decimos:

Que, venimos en deducir demanda en juicio ordinario fundado en las condiciones de hechos y de derechos que pasamos a señalar en contra de nuestro empleador, el Departamento de Indemnizaciones a Obreros Molineros y Panificadores, institución semifiscal de previsión social, representada por su DirectorEjecutivo, don Manuel Hormazábal Morales, empleado, ambos domiciliados en Amunátegui 95, cuarto piso, de esta ciudad.

Los demandantes somos empleados de la demandada y le prestamos servicios desde una fecha anterior al 1º de enero de 1967. Por tal razón nuestras remuneraciones correspondientes a 1967 quedaron regidas por la ley 16.617.

La ley 16.617 citada estableció en su artículo lº la escala de sueldos para los funcionarios de la Administración Civil, comprendiendo a la demandada en enumeración contenida en su artículo 6º. Por consiguiente, esa ley es obligatoria para la demandada.

El artículo 4º de la ley 16.617 indicó los beneficios que quedarían comprendidos en la escala de sueldos mencionada, los cuales a continuación desaparecerían como beneficios individuales. El artículo 5º de esa ley estableció que ningún funcionario en servicio activo al lº de enero de 1967 podría gozar de una remuneración total inferior a la que le hubiere correspondido al 31 de diciembre de 1966, aumentada en un 10% ; además, el aludido artículo 5 señaló las rentas que se considerarían para determinar la remuneración total a que los funcionarios tendrían derecho.

Los referidos artículos 4º y 5º no comprendieron los reajustes establecidos en los artículos 19 de la ley 14.501, 1º de la ley 15.077, en la parte que no se incorporó a los sueldos bases, y el artículo 2º de la ley 15.474. Por esa razón esas normas siguieron vigentes como beneficios separados, individuales, pues no fueron incorporados a las escalas de sueldos, ya que no estaban incluidas en el aludido artículo 4º de la ley 16.617. Además, tampoco fueron consideradas en el aludido artículo 5º de la ley 16.'617 para calcular la remuneración total que correspondía al funcionario al 31 de diciembre de 1966, cuyo monto, aumentado en un 10%, era la remuneración legal mínima vigente para el año 1967.

Posteriormente se dictó la ley 16.840, publicada el 24 de mayo de 1968, cuyo artículo 80º estableció lo siguiente: Declárase que en el artículo 5º de la ley número 16.617, también debieron quedar incluidos los reajustes dispuestos por los artículos 19 de la ley Nº 14.501, 1º de la ley Nº 15.077 en la parte que no incorporó a los sueldos bases, y 2º de la ley Nº 15.474 . Esta norma es de carácter interpretativo de la ley 16.617 y, por consiguiente, también tiene efecto retroactivo y rige desde la fecha de vigencia de la ley interpretada, o sea, desde el 1º de enero de 1967.

Sobre el artículo 80 transcrito, hay que hacer dos consideraciones básicas:

a) Con respecto al artículo 4º de la ley 16.617.-Elartículo 80 de la ley 16.840 no hizo referencia alguna al artículo 4º citado, razón por la cual no pueden considerarse incluidos en la escala de sueldo de la ley 16.617 los reajustes de los artículos 19 de la ley 14.501, artículo 1º de la ley 15.077, en la parte que no se incorporó a los sueldos bases y el artículo 2º de la ley 15.474. Hay imposibilidad legal para incluirlos en la escala de sueldos.

b) Con respecto al artículo 5º de la ley 16.617.-Los reajustes dispuestos por las leyes mencionadas en el artículo 80 de la ley Nº 16.840, legalmente debían considerarse entre aquellas rentas que debían servir de base para calcular la remuneración total del funcionario al 31 de diciembre de 1966 y, en consecuencia, para determinar, aumentando dicha remuneración mínima garantizada para 1967 por la ley 16.617.

Conviene tener presente que la norma del artículo 80 de la ley Nº 16.840 debe surtir sus efectos desde la misma fecha de vigencia de artículo 5º de la ley 16.617, o sea, desde el 1º de enero de 1967, porque debe entenderse incorporada a la ley 16.617, en virtud de lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 9º del Código Civil.

La demandada no aplicó el artículo 80 tantas veces citado, en relación con el artículo 5º de la ley 16.617. Tampoco la demandada pagó ni mantuvo los reajustes señalados en el artículo 80 referido, como rentas personales, individuales, las cuales legalmente deberían estar percibiendo los funcionarios demandantes como rentas personales desde el lº de enero de 1967 hasta ahora.

En resumen, reiteramos que las rentas personales aludidas siguen vigentes, sin haber perdido su individualidad, en razón de dos fundamentos legales muy definidos y claros:

a) Las rentas personales mencionadas en el artículo 80 expresado, no fueron enumerados en el artículo 4º de la ley 16.617, entre los beneficios pecuniarios que se entenderían incluidos en la escala de sueldos fijadas en el artículo 1º de la ley 16.617 para 1967; solamente las enumeradas en el artículo 4º aludido perdieron su individualidad y desaparecieron a contar del 1º de enero de 1967, y

b) El artículo 80 de la ley 16.840 consideró esas rentas personales solamente para incluirlas en el artículo 5º de la ley 16.617 y no las consideró para los efectos del artículo 4º de la ley 16.617, porque no mencionó el artículo 4º y sólo mencionó el artículo 5º.

Conclusiones de las dos letras precedentes:

1) Las rentas provenientes de los reajustes aludidos en el artículo 80 de la ley 16.840, se consideran para determinar la renta total, pero a pesar de ello mantienen su individualidad y vigencia, razón por la cual deben pagarse como rentas personales a contar del 1º de enero de 1967 a aquellos funcionarios que oportunamente tuvieron derecho a ellos; separadamente del sueldo señalado en las escalas de sueldo del artículo 1º de la ley 16.617, separadamente de las remuneraciones contenidas en el artículo 3º de la ley 16.617, y también separadamente de las planillas suplementarias a que alude el artículo 59 de la tantas veces nombrada ley 16.617;

2) Que los reajustes de las rentas aludidas en el artículo 80 de la ley 16.840 legalmente debieron ser incluidos, comprendidos, para -determinar la remuneración total de cada funcionario al 31 de diciembre de 1966, o sea, debieron ser considerados también para fijar la remuneración total de que hablaba el artículo 59 de la ley 16.617.

En consecuencia, teniendo presente la norma fijada por el artículo 80 de la ley 16.840, la demandada debió reliquidar las remuneraciones de los funcionarios demandantes por el año 1967, correspondiéndole a los demandantes las remuneraciones establecidas en la escala de sueldos del artículo 1º de la ley 16.617; los beneficios vigentes en virtud del artículo 3º de la ley 16.617; los beneficios derivados de los reajustes contemplados en el artículo 1º de la ley 14.501, artículo 1º de la ley 15.077 y en el artículo 2º de la ley 15.474 (los que contempló el artículo 80 de la ley 16.840 y que deben regir desde el 1º de enero de 1957 hasta la fecha) ; y el pago por planilla suplementaria de lo que excediere el total de la remuneración percibida al 31 de diciembre de 1966 (formada por los cinco capítulos señalados en el artículo 5º de la ley 16.617, más los beneficios derivados de los reajustes a que se refirió el artículo 80 de la ley 16.840, todo ello aumentado en un 10% del sueldo correspondiente a la escala de sueldos del artículo 1° de la ley 16.617). No obstante la claridad meridiana de la ley interpretativa (artículo 80, ley 16.840), la demandada no reliquidó las remuneraciones de los demandantes en la forma señalada, o sea, no dio cumplimiento a la ley, y adeuda a esos funcionarios, desde el 1º de enero de 1967 hasta ahora, las reliquidaciones mencionadas en este punto.

A consecuencia de lo anterior, o sea, de no reliquidar las remuneraciones de 1967, los demandantes también han sido perjudicados en sus remuneraciones correspondientes a los años 1968,1969, 1970 y 1971. Los reajustes dispuestos por los artículos y leyes citados en el artículo 80 de la ley 16.840 debieron a su vez ser reajustados en los porcentajes determinados por las siguientes leyes: a) inciso 1º del artículo 52 de la ley 16.840, e inciso 2º del mismo artículo, con la modificación introducida por la ley 17.015; b) artículo 1º del D.F.L. Nº 1, del Ministerio de Hacienda, de 4 de enero de 1969, publicado el 7 de enero de 1969; c) artículos 1º y siguientes de la ley 17.272, y artículos lº y siguientes de la ley 17.416.

También sufrimos perjuicio en lo que se refiere a Ja bonificación del 2% de las remuneraciones por años de servicio, que rige desde el lº de septiembre de 1968, en virtud de lo dispuesto en el artículo lº de la ley 17.015. El Servicio nos ha pagado esa bonificación sin considerar para el cálculo los reajustes de rentas aludidos en el referido artículo 80 de la ley 16.840. En consecuencia, la demandada nos adeuda la diferencia producida en la reliquidación de esa bonificación en los términos señalados.

También nos ha perjudicado en lo que se refiere el cálculo de horas extraordinarias y demás estipendios que sean porcentajes de remuneraciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 16.840, modificado por el artículo 11 de la ley 17.604. El Servicio nos ha pagado esas horas extraordinarias y estipendios sin considerar en el cálculo los reajustes de rentas referidos en el artículo 80 de la ley 16.840. Razón por la cual, el Servicio demandado nos adeuda la diferencia producida con la reliquidación de esos beneficios en los términos aludidos.

Por tanto, en mérito de lo expuesto, de las disposiciones legales citadas, y teniendo presente lo dispuesto en los artículos

254 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, a US. rogamos: Se sirva tener por interpuesta la presente demanda en juicio ordinario en contra del Departamento de Indemnizaciones a Obreros Molineros y Panificadores, representado por su DirectorEjecutivo, don Manuel Hormazábal Morales, ambos ya individualizados, admitirla a tramitación y, en definitiva, acogerla en todas sus partes, declarando lo siguiente:

a) Que el demandado debe reliquidar nuestras remuneraciones correspondientes a 1967, en el siguiente sentido: 1) pagar el total de las remuneraciones personales o individuales que resulta de los reajustes establecidos en el artículo 1º de la ley 14.501, artículo 1º de la ley 15.077 en la parte que no se reincorporó a los sueldos bases, y artículo 2º de la ley 15.474; 2)determinar el monto de la enumeración total reglamentada por el artículo 5º de la ley 16.617, considerando, además de las cinco categorías de remuneraciones que contempla el referido artículo 5º, el monto de lo que a cada uno de nosotros correspondería de acuerdo a los reajustes dispuestos en los citados artículo 19 de la ley 14.501, artículo 1º de la ley 15.077, este en la parte que no se incorporó al sueldo base, y artículo 2º de la ley 15.474; y

3) en consecuencia de los dos puntos anteriores (1 y 2), determinar el monto de lo que la demandada debe pagar por concepto de planilla suplementaria, comparando el monto de la remuneración total dispuesto por el artículo 5º de la ley 16.617, calculada en la forma que se acaba de señalar, y aumentada en un 10%, con el monto del sueldo asignado a la categoría o grado de cada uno de nosotros en la escala de sueldos del artículo 1º de la ley 16.617;

b) Que el demandado debe pagar el reajuste del 12,50% establecido en el inciso 1º del artículo 52 de la ley 16.840, respecto de las sumas que durante 1967 debió pagar a los demandantes como consecuencia del reajuste señalado en el ar tículo 19 de la ley 14.501, artículo 1º de la ley 15.077, éste en la parte que no se incorporó al sueldo base, y artículo 2° de la ley 15.474, también la demandada debe pagar el 7,50% del reajuste, conforme a lo establecido en el inciso 2º del artículo 52 de la ley 16.840, con la modificación introducida por la ley 17.015;

c) Que el servicio demandado debe pagar, desde el 1º de septiembre de 1968, la bonificación del 2% establecida por el artículo 1º, de la ley 17.015, sobre el valor de lo que debió pagar a cada uno de los actores al 31 de agosto de 1968 por concepto del reajuste derivado de la aplicación del artículo 19 de la ley 14.501, artículo 1º de la ley 15.077, éste en la ¡arte que no se incorporó al sueldo base, y artículo 2º de la ley 15.474, todo ello sin perjuicio de los aumentos posteriores que hayan experimentado o experimenten dichas rentas personales;

d) Que la demandada debe pagar la asignación del 20% dispuesto en el artículo 1º del D.F.L. Nº 1, del M. de Hacienda, publicado el 7 de enero de 1969, calculándola sobre las remuneraciones vigentes en diciembre de 1968, determinado en la forma que se ha señalado en las letras precedentes;

e) Que el demandado debe pagar el reajuste del 28% en la forma dispuesta por los art. 1º y siguientes 17.272, sobre las remuneraciones permanentes nuestras al 31 de diciembre de 1969, consideradas conforme al criterio afirmado en las letras anteriores;

f) Que el demandado debe pagar el reajuste del 34,90% y los demás reajustes adicionales del artículo 1º de la ley 17.416, calculada sobre las remuneraciones vigentes al 31 de diciembre de 1970, calculadas en la forma señalada precedentemente;

g) Que la demandada debe reliquidar, conforme a lo expuesto precedentemente, los rubros por horas extraordinarias, gratificaciones de zona, y cualquier otro estipendio que sea porcentaje de las remuneraciones nuestras y que se calculan sobre la base de las remuneraciones y que debe pagar las diferencias que se produzcan;

h) Que el servicio demandado debe pagar su parte de las imposiciones sobre los rubros señalados precedentemente; e

i) Que el servicio debe ser condenado al pago de las costas de la causa.

Otrosí: Designamos abogado patrocinante y conferimos poder a don Guillermo Valenzuela del Río, abogado, inscripción 1339, Registro 2, patente 82 de Ñuñoa para Corte Suprema, domiciliado en San Antonio 427, oficina 712, quien firma en señal de aceptación.

Sírvase US. tenerlo presente.

REPUBLICA DE CHILEMinisterio del Trabajo y Previsión Social

Subsecretaría de Previsión

Social

COPIA

Secretaría General.

Recibido el 17 Dic. 71.

Sobre diferencias que se adeudarían a funcionarios de su Institución.

N° 1941.-Santiago, 17 de diciembre de 1971.

En relación con su oficio Nº 3808, de 10 de diciembre en curso, que incide en el pago de diferencias que se adeudaría a funcionarios de ese Departamento por aplicación del artículo 80º de la ley Nº 16.840, me permito expresarle que este Ministerio no tiene inconveniente en que se cumpla el acuerdo adoptado por su Consejo Directivo, que aprueba la transacción sobre la base de otorgar un 70% del derecho invocado por los reclamantes, dentro de las normas legales.

Saluda atentamente a Ud.

Por el Ministro.- (Fdo.) : Laureano León Morales, Subsecretario de Previsión.

Al señor

Director Ejecutivo delDepartamento de Indemnizaciones a

Obreros Molineros y Panificadores.

Presente.

Copia fiel del original.

(Hay un timbre).

27 de octubre de 1971.

Puntos de transacción en demanda Funcionarios del Servicio con Departamento de Indemnizaciones a Obreros Molineros y Panificadores , basados en principio de acuerdo entre dirigentes gremiales y la Superintendencia de Seguridad Social.

Primero: Los demandantes se desistirán de la acción deducida;

Segundo: Producido el desistimiento, el Departamento pagará el 70% de las prestaciones que fueron cobradas por los demandantes y acogidas en principio por el señor Superintendente de Seguridad Social, incluidos los reajustes, incrementos o rentas anexas o complementarias, bonificaciones, etc., que legalmente procedan determinar y pagar con relación a dichas prestaciones, quedando unas y otras incorporadas a las rentas mensuales permanentes y con el carácter de imponibles en la forma y medida en que las leyes lo establecen. El 70% de las prestaciones transadas se pagaría a los demandantes hasta el mes de diciembre de 1970, considerando desde enero de 1971 adelante, la totalidad del beneficio;

Tercero: El pago referido en el número anterior beneficiará incluso al personal que teniendo derecho calificado por la Fiscalía no hubiere interpuesto demanda por cualquiera causa o motivo;

Cuarto: En el escrito de desistimiento deberá dejarse constancia que cada parte pagará sus costas y que las partes se otorgan el más amplio y completo finiquito de las obligaciones que pudieren emanar de los hechos a que se refiere este juicio; y

Quinto: Respecto del personal que teniendo derecho a estos beneficios no hubieren interpuesto demanda, se les exigirá una declaración en que renuncien a cualquiera acción que les pudiere corresponder por este concepto y en la que se establezca q. con el pago señalado en el número 2 de este acuerdo se dan por íntegramente pagados por los expresados beneficios sin derecho a ulterior reclamo de ninguna índole.

(Fdo.) : Enrique García García, Secretario General.- Marco Antonio Tabilo Durán, Presidente.

CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO

Oficio Nº 4648, de 16-12-71.

REF.: Devuelvo antecedentes transacción extrajudicíal 00. MM. y PP.

Por oficio 1889, de 13-12-71 se ha servido enviar a este Consejo los antecedentes relacionados con un acuerdo de transacción extrajudicíal con funcionarios del Depto. Indm. a 00. MM. y PP. por pago de diferencias que se les adeudaría por aplicación del art. 80 de la ley Nº 16.840. Según los antecedentes mencionados, el referido acuerdo ha contado con la aprobación del Consejo Directivo de la citada Institución, tomado en sesión Nº 361, de 10 de noviembre de 1971.

Este Consejo cumplo con expresar a US. que, conforme a lo previsto en la letra a) del artículo 2º del D.F.L. 278, es atribución exclusiva del Consejo Directivo de la Institución aprobar las transacciones judiciales o extrajudiciales de la Institución con los votos conforme de los dos tercios de los miembros en ejercicio , estando limitada la intervención de este Consejo a la atención de intereses de la Caja en aquellos casos específicos de juicios en que la participación de este Servicio haya sido requerida por su Excelencia el Presidente de la República en uso de atribuciones legales, lo que no ha ocurrido en el caso de que se trata, por cuanto a este Consejo no se le encargó la defensa del juicio, y de consiguiente no puede pronunciarse sobre el fondo del asunto propuesto.

Dios guarde a US.

Raúl Oliva Murillo, Pte. Subrogante. (Hay una firma).

Al Ministro del Trabajo. Presente.

Diario Oficial Nº 28.359, de 22-9-72.

Ley Nº 17.728.- Ratifica transacciones-celebradas por Instituciones de Previsión con su personal, incluido el Servicio Médico Nacional de Empleados.

Por cuanto el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente

Proyecto de ley:

Artículo único.- Ratifícanse las transacciones celebradas con sus personales por las Instituciones de Previsión Social, incluido el Servicio Médico Nacional de Empleados, para poner término a litigios pendientes y precaver eventuales litigios por concepto de diferencias de remuneraciones derivadas de la aplicación de los artículos 4º y 5º de la ley Nº 16.617 y 80º de la ley Nº 16.840, relacionadas con otras disposiciones conexas, como lo son los artículos 19º de la ley Nº 14.501, 1º de la ley Nº 15.077 y 2º de la ley Nº 15.474, diferencias que quedan definitivamente incorporadas a sus remuneraciones; y ratifícase, asimismo, todo lo actuado por dichas instituciones a objeto de dar cumplimiento a los acuerdos adoptados sobre el particular y a las expresadas transacciones, en tal virtud celebradas.

Ratifícase también la transacción celebrada con sus personales por el Instituto de Seguros del Estado, para poner término a litigios pendientes y precaver eventuales litigios por concepto de diferencias de remuneraciones derivadas de la aplicación de los artículos 4º y 5º de la ley Nº 16.617 y 80º de la ley Nº 16.840, relacionadas con otras disposiciones conexas, como son los artículo 19º de la ley número 15.077 y 2º de la ley Nº 15.474; y ratifícase, asimismo, todo lo actuado por dicha Institución a objeto de dar cumplimiento a los acuerdos adoptados sobre el particular y a la expresada transacción, en tal virtud celebrada.

Y por cuanto ha tenido a bien aprobarlo y sancionarlo, por tanto, promúlguese y llévese a efecto como ley de la República. Santiago, 14 de septiembre de 1972.- Salvador Allende Gossens.- Mireya Baltra Moreno.- Lo que transcribo a U. para su conocimiento. Saluda a U. Laureano León Morales, Subsecretario de Previsión Social.

Copia fiel del original.

27 de septiembre de 1972.

(Fdo.) : Marco Antonio Tahilo Durán.

El señor BALLESTEROS.-

Fuera de este problema, quiero hacer hincapié en un hecho que me parece gravísimo.

En el día de ayer se me informó que la Asociación Nacional de Trabajadores Semifiscales, sin consultar a los gremios afectados, estableció, en un acuerdo firmado ayer, la siguiente cláusula: 11.- Los personales de las cajas de previsión que no estén sujetos al arbitraje de la cancelación de los beneficios del artículo 5º de la ley 16.617 estarían fuera de los beneficios del mejoramiento económico en trámite que significa una nueva escala para este tipo de trabajadores.

En otras palabras, mediante este acuerdo -que, por lo demás, entendemos que no prosperará, porque el respectivo proyecto de ley deberá conocerlo el Congreso, el que, evidentemente, no permitirá que se consume un atentado contra los trabajadores, como el que establece el punto 11 de las bases de acuerdo recién leídos- se está afectando -yo denuncio la gravedad de este hecho- a aquellos personales que hoy día tienen incorporados a su patrimonio determinados derechos, reconocidos por una sentencia judicial, ratificados por la ley, no objetados por el Gobierno, confirmados por la propia Superintendencia de Seguridad Social. Es inadmisible que contra ellos se tomen represalias y se les diga, aunque sea de esta manera vaga, que no se les van a otorgar los beneficios que en este momento se están discutiendo para la totalidad de los personales de los organismos semifiscales.

Denuncio este hecho, que es un nuevo atropello de este Gobierno a trabajadores que están invocando, no situaciones de privilegio, sino el mantenimiento de derechos que oportunamente solicitaron y que los tribunales reconocieron.

Por eso, votaremos el proyecto, con una indicación que hemos presentado, en los mismos términos en que lo despachó la Comisión de Trabajo de la Corporación.

El señor PALMA (Presidente).-

¿Su Señoría hizo referencia a una indicación presentada ahora?

El señor BALLESTEROS.-

Sí, señor Presidente. Se presentó una indicación al proyecto.

El señor FIGUEROA (Secretario).-

¿Se presentó al primer informe, señor Senador?

El señor BALLESTEROS.-

Fue entregada después del primer informe. Por lo tanto, si hubiera más, oportunamente se vería en el segundo informe.

El señor FIGUEROA (Secretario).-

En seguida, corresponde ocuparse en la observación del Ejecutivo, en primer trámite, al proyecto que modifica el artículo 1º de la ley 17.253, en el sentido de que las municipalidades de las comunas donde existan fuentes de aguas minerales podrán traspasar determinados recursos a sus presupuestos ordinarios.

La Comisión de Hacienda, en informe suscrito por los Honorables señores Ballesteros (Presidente), Aguirre Doolan y Silva Ulloa, recomienda, por unanimidad, rechazar la observación e insistir en el texto aprobado por el Congreso Nacional.

La discusión del veto quedó pendiente en la sesión de ayer.

Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley (moción del señor Moreno) :

En primer trámite, sesión 29ª, en 18 de julio de 1972.

Observaciones:

En primer trámite, sesión 21ª, en 23 de octubre de 1972.

Informes de Comisión:

Hacienda, sesión 50ª, en 9 de agosto de 1972.

Hacienda (veto), sesión 33ª, en 8 de noviembre de 1972.

Discusión:

Sesiones 89ª, en 12 de septiembre de 1972; 90ª, en 12 de septiembre de 1972; y 34ª, en 14 de noviembre de 1972.

El señor PALMA (Presidente).-

En discusión general y particular la observación.

Ofrezco la palabra.

El señor GARCIA.-

Pido la palabra.

El señor PALMA (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor GARCIA.-

Sólo quiero recordar al Senado que la ley Nº 17.253 dio a algunas municipalidades en cuyas comunas existen fuentes de aguas termales la posibilidad de contar con parte de los impuestos que se crearon especialmente, para su propio funcionamiento y para obras extraordinarias.

Pues bien, todas las municipalidades han cumplido. En la Comisión pedimos que nos indicaran en qué se había invertido ese dinero. Se nos informó que, debido precisamente a que algunos municipios han duplicado o triplicado su presupuesto, necesitan mayor cantidad de empleados, a quienes deben remunerar. Sin embargo, como los sueldos son gastos del presupuesto ordinario, no pueden echar mano a las nuevas entradas con ese fin.

En conversaciones en la Comisión con personas de diversas corrientes políticas, acordamos, a fin de evitar abusos, fijar una pequeña cifra, el 10% del presupuesto extraordinario, para invertirla en los gastos ordinarios necesarios para realizar las obras de progreso a que están obligados los municipios con los nuevos ingresos. No sé qué razón puede haber tenido el Gobierno para rechazar un proyecto de esta naturaleza.

Por lo tanto, votaré en contra de la observación.

El señor CONTRERAS.-

Ayer traté de explicar que las municipalidades tienen un presupuesto ordinario y un presupuesto extraordinario, y que del primero pueden destinar un 30% al pago de salarios y 20% al de sueldos; o sea, 50% para sueldos y salarios. Como se ha dicho, en las comunas donde se encuentran algunas fuentes de aguas termales se restó al Estado parte de los impuestos que le corresponden, para entregarlos a los municipios a fin de que éstos dispongan de un presupuesto extraordinario para realizar obras de progreso local.

Según las explicaciones y los argumentos dados por los autores del proyecto, las corporaciones edilicias cuentan con recursos extraordinarios, pero no tienen personal suficiente para poner en marcha el plan de obras que deben ejecutar con esos fondos.

En mi opinión, tales argumentos no son muy convincentes, porque los municipios no pueden desenvolverse en buenas condiciones si la mayoría de los recursos de que disponen los destinan al pago de sueldos y salarios. Hay quienes creen que la mayoría de la población del país deben ser trabajadores del Estado, de las instituciones semifiscales o de las municipalidades, y que existe la necesidad de crear nuevas vacantes a fin de que trabajen los cesantes de cada comuna. Considero justo que debe propenderse a ocupar en algo útil a la mayor cantidad posible de ciudadanos; pero no podemos pensar que las municipalidades sólo deben dedicarse a satisfacer la empleomanía, a crear cargos para dar ocupación a cuanto correligionario esté cesante. Eso me parece contraproducente. Los municipios se debaten en medio de una crisis realmente angustiosa. Son alarmantes las condiciones en que se desenvuelven. A veces, ni siquiera tienen fondos para comprar ampolletas. Las calles no se barren porque no tienen dinero para adquirir escobas. Sin embargo, tienen bastantes empleados y obreros. Ahora se dice que las municipalidades necesitan contratar personal. Con seguridad, habrá que emplear a un arquitecto. ¿No es cierto? A lo mejor, deberá contratarse otro profesional. ¿Y tendrán trabajo permanente esas personas? El 10% que señala el proyecto en debate se va a gastar en un abrir y cerrar de ojos. Después habrá bastantes funcionarios, pero el dinero se habrá terminado. ¿Pueden las municipalidades pedir propuestas públicas o privadas para ejecutar algunas obras de beneficio local? Creo que sí.

A mi juicio, los legisladores, al decidir otorgar mayores entradas a los municipios, tuvieron presente la necesidad de destinar estos fondos al progreso local. Sin embargo, nosotros les vamos cercenando esos recursos de una u otra manera, y así llegamos a que las municipalidades ya no dispondrán del 50% de su presupuesto ordinario para cancelar sueldos y salarios, sino que también del 10% del presupuesto extraordinario, lo que me parece una aberración.

Considero que tales obras podrían realizarse mediante propuestas públicas o privadas.

Por otra parte, si bien es cierto que los salarios que pagan las municipalidades no son buenos -tampoco son malos-, no lo es menos que la previsión es cara, por lo cual la mayoría de los recursos los invierten en esos conceptos y la realización de las obras de progreso y adelanto comunal se posterga cada vez más.

Por esta razón, los Senadores comunistas votaremos a favor del veto.

El señor JULIET.-

Señor Presidente, comprendo el gran interés manifestado por los Honorables señores Moreno, Valenzuela y García por el veto a este proyecto, pues ellos están al corriente de la grave situación por que atraviesa la Municipalidad de Coinco. De manera que justifico su interés en el rechazo de la observación del Ejecutivo. Sin embargo, he pedido la palabra con el propósito de adherir a lo expresado por el Honorable señor Contreras.

Fui el autor de la moción que dio origen a la ley Nº 17.253, y la inspiración que tuve fue otorgar a algunas municipalidades de regiones muy pobres -de las cuales dos están en la provincia de Linares- recursos suficientes para que pudieran atender al progreso de sus comunas. Y he visto con satisfacción que se han realizado obras como áreas verdes, gimnasios, balnearios populares, jardines infantiles, y entregado cuotas de cooperación para obras camineras, de regadío, etcétera.

Esta medida que hoy se propone para una comuna de O'Higgins podría el día de mañana extenderse a las otras siete comunas beneficiadas con el impuesto que dispone la ley mencionada, con lo cual se vería frustrado el propósito que tuvo el legislador frente a esta materia y la intención que animó a las comunas para formular un plan de desarrollo y de progreso. Como digo, se trata de comunas pobres que no cuentan con recursos extraordinarios, pero que con la ley Nº 17.253 tuvieron la posibilidad de contar con un presupuesto adicional las sumas que han recibido las municipalidades las han destinado a obras que han ido en beneficio del hombre pobre, como ocurre, por ejemplo, en Catillo, en las Termas de Panimávida, donde se construyó un balneario popular al cual concurren los días domingo cerca de 10 mil personas modestas que van a tomar baños de agua termal y a quienes se está atendiendo por medio de edificaciones pequeñas para su esparcimiento deportivo, aparte que se han levantado juegos infantiles.

Al levantar mi voz en el Senado no lo hago porque desconozca las razones de los tres colegas a que me referí -comprendo su interés-, sino porque mañana se puede lesionar el presupuesto -les pido que pienso en esto- que otorga la ley Nº 17.253 a otras comunas, como Parral, Col-bún, o los recursos que entregan las Termas del Soco, en Ovalle, y nos podríamos encontrar con que el impuesto que propusimos para alentar el progreso, simplemente vaya a servir para cancelar sueldos y salarios.

De allí que siento mucho tener que desoír la opinión de mis tres colegas que están muy interesados en el problema; pero velo por que la ley Nº 17.253 se cumpla íntegramente -así lo deseo-, puesto que los beneficios que brinda su aplicación los he palpado y observado, y he visto con satisfacción cómo se ha ido cumpliendo el propósito inicial de la ley.

Ahora bien, si el presupuesto de la Municipalidad de Coinco fuera insuficiente para llevar a cabo el plan extraordinario de obras que debe realizar con los recursos que le proporciona la ley mencionada, nada impide que con cargo a ellos contrate, como son para el progreso. ..

El señor GARCIA.-

No pueden, señor Senador. De lo contrario, lo harían.

El señor JULIET.-

Puede ser que Su Señoría tenga razón.

De todas maneras, las municipalidades pueden recurrir a otras fuentes de financiamiento.

Ya mediante el impuesto a los fósforos, que beneficia a Talca, se estuvieron sacando diferentes partidas. Por ejemplo, se destinaban para el deporte sumas fabulosas del presupuesto que por ley lograron para el progreso de Talca. Por eso, tuvimos que limitarlo a no más del 5% del tributo, para evitar que Talca también quedara desilusionada de los recursos que le proporciona esa legislación.

Por las razones expuestas, aceptaré el veto. Lo voy a aceptar en defensa de la inspiración que tuvo la ley Nº 17.253, y con el propósito de que siga y continúe el plan de progreso que se está llevando a efecto con verdadero interés y entusiasmo por las municipalidades de las 7 u 8 comunas beneficiadas, según me parece.

El señor SILVA ULLOA.-

En verdad, no creí que este problema tenía la importancia que se le ha dado en el debate, que ya ha ocupado parte de las sesiones de ayer y de hoy.

Reafirma mi pensamiento el estudio que realicé de la exposición de la Hacienda Pública y lo que expresó en la Comisión Mixta en la mañana de hoy el señor Ministro del ramo.

Respecto de esta materia, señaló:

El Gobierno Popular plantea, además, que las medidas de saneamiento presupuestario hay que hacerlas extensivas no sólo al Fisco, sino también a las Municipalidades, a través de una nueva ley de rentas municipales.

El desfinanciamiento que afecta al conjunto del sistema municipal chileno data, cuando menos, de medio siglo atrás. Las ideas matrices de la actual ley de rentas municipales, que está en vigencia desde 1955, se vinculan a cierta modernización imperfecta de la Ley de Rentas Municipales promulgada en los años veinte. Como consecuencia de tal estado de cosas heredado, nos encontramos con un resultado doblemente negativo: de una parte los ingresos municipales globales son absolutamente insuficientes, y, de otra, estos escasos ingresos se distribuyen entre los municipios con arreglo a criterios injustos y perjudiciales para las comunas populares, que constituyen la inmensa mayoría de las comunas del país.

Para paliar en parte esta angustia financiera municipal, el Gobierno entregó y está entregando aportes a todas las Municipalidades del país, para financiar los bonos compensatorios entregados a los trabajadores en septiembre y octubre y el reajuste general de remuneraciones pollos últimos meses del año.

En este momento, el Ministerio de Hacienda, conjuntamente con las organizaciones sindicales del sector municipal, estudia un sistema de financiamiento municipal, que será enviado próximamente al Parlamento bajo la forma de un proyecto de nueva Ley de Rentas Municipales.

O sea, el Ejecutivo reconoce que las municipalidades -hecho que es cierto- están totalmente desfinanciadas.

No niego que lo expresado aquí por el Honorable señor Contreras pueda ser real: que algunas municipalidades usan y abusan de su calidad de organismos de derecho público que tienen en cuanto a contratación del personal; pero no es el caso de la de Coinco.

Por otra parte -ya algo adelantó en su pensamiento el Honorable señor Juliet-, la verdad es que las municipalidades beneficiadas por la ley Nº 17.253 no pueden usar un solo centavo en gastos corrientes, porque la Contraloría se lo prohíbe. Lo mismo ocurre a las que perciben ingresos de la ley Nº 16.624, o sea, de los excedentes de la gran minería del cobre. No pueden gastar absolutamente nada. A mi juicio, esto es un error, y garrafal, porque el sector público, el Fisco, tiene esa atribución.

Y yo puedo citar la ley de Presupuestos, incluso el proyecto de Presupuestos de este año, y comprobar que mientras las municipalidades no pueden invertir -repito- en gastos corrientes recursos de la ley del Cobre, el Fisco sí lo puede hacer.

Tengo a la mano el Presupuesto del año 1971, que dice: La cantidad de Eº 15.000.000 se destinará a la ejecución de obras en las provincias de Tarapacá, Antofagasta, Atacama y O'Higgins, en cumplimiento del artículo 51, de la ley Nº 16.624.

Pudiendo efectuarse ampliaciones, expropiaciones, modificaciones, reparaciones y mejoramiento de las obras e instalaciones básicas, complementarias o anexas, incluidos estudios, proyecciones, adquisición de equipos, maquinarias, combustibles y lubricantes, materiales y demás gastos necesarios. Todo esto para realizar la obra.

Ese es el problema y la discrepancia que tengo con lo expresado aquí por los colegas que se han opuesto a la resolución adoptada por la Comisión de Hacienda.

Creo que en economía hay que tener un mismo criterio para juzgar las cosas, tanto para el Fisco como para todas las corporaciones de derecho público, como son las municipalidades, y ese principio lo defiendo sin restricciones.

El señor GUMUCIO.-

Lamento discrepar del Honorable señor Silva Ulloa; pero, en realidad, la referencia del señor Ministro de Hacienda es totalmente diferente del problema que discutimos.

El señor Ministro reconoce que los ingresos de las municipalidades son insuficientes, pero no se pronuncia sobre sus gastos administrativos ni sobre qué porcentaje de ese presupuesto insuficiente se está gastando en administración y qué porcentaje en obras. Eso es un problema distinto.

Después de escuchar al Honorable señor Juliet, que es autor de la ley Nº 17.253, no cabe duda de que, aparte el presupuesto ordinario de las municipalidades, que debe financiar gastos corrientes, de obras y las plantas de funcionarios, el legislador quiso entregar recursos especiales que vayan íntegramente a la ejecución de obras de progreso. Esa fue la intención.

Sin embargo, se señala que la Municipalidad de Coinco no tiene recursos para hacer estudios técnicos ni para pagar a los supervisores de las obras. No sé si esa municipalidad tendrá jefe de obras. Entiendo que es bien difícil que una municipalidad no tenga un jefe de obras que pueda vigilar las faenas que se realizan con los recursos especiales.

Por otra parte, lo cierto es que así se empieza. Con estos nuevos fondos no se nombra a una persona para vigilar las obras, sino que a un funcionario más que desempeña otra labor en la municipalidad. Luego viene una ley de reajustes, y se dice: Bueno, el diez por ciento que se restó a la ley no alcanza para pagar el reajuste, de modo que hay que aumentarlo al quince por ciento. En seguida se produce un reajuste general en los sueldos de los funcionarios de la planta corriente de la municipalidad, y se dice: ¿Por qué se va a dejar en situación desmedrada a este funcionario contratado con los fondos del impuesto de las aguas minerales? En consecuencia, hay que quitarle a la ley otro cinco por ciento. Y así se va llegando al veinte por ciento de tales fondos. La práctica enseña que de este modo se van desvirtuando los objetivos de una ley. Porque la finalidad de la 17.253 es que los fondos íntegros se destinen a la ejecución de obras de progreso.

Ahora bien, no entiendo que la ley mencionada por el Honorable señor Juliet pueda prohibir cargar al costo de la obra el estudio que de ella se haga. O sea, me parece que si se quiere hacer un camino, al costo de él se pueden cargar los honorarios del ingeniero que haga los estudios. Eso no está prohibido, y creo que está dentro del costo de la obra.

El señor SILVA ULLOA.-

No puede.

El señor GUMUCIO.-

Sí puede.

Como tenemos muchos años de práctica política, sabemos perfectamente que en definitiva se nombrará un abogado más en la municipalidad, cuya remuneración se pagará con los recursos especiales para obras de progreso. Esa es la verdad.

Yo no conozco el caso práctico de la Municipalidad de Coinco. Si se me dice que allí no hay más que el alcalde, los regidores y algunos señores que hacen el aseo en el pueblo, y que no hay nadie más que pueda vigilar las obras, yo estaría de acuerdo con el proyecto. Pero como nadie lo ha dicho y no sé cuánto personal tiene la Municipalidad de Coinco. . .

El señor SILVA ULLOA.-

¿Me permite, señor Senador?

La Municipalidad do Coinco -creo que los Senadores por las provincias de O'Higgins y Colchagua también lo saben- tiene ingresos tan reducidos, que el Alcalde desempeña ad honores las funciones de Juez de Policía Local.

El señor FIGUEROA (Secretario).-

Observación del Ejecutivo, en primer trámite constitucional, al proyecto que destina recursos a la Escuela de Medicina de la Universidad de Concepción.

La Comisión de Hacienda, en informe suscrito por los Honorables señores Ballesteros (Presidente), Aguirre Doolan y Silva Ulloa, recomienda a la Sala desecharla e insistir en la iniciativa que aprobó el Congreso.

La discusión está pendiente.

Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley (moción de los señores Aguirre Doolan, Jerez, Montes y Pablo):

En primer trámite, sesión 38, en 25 de julio de 1972.

En tercer trámite, sesión 54, en 22 de agosto de 1972.

Observaciones:

En primer trámite, sesión 1ª en 3 de octubre de 1972.

Informes de Comisión:

Hacienda, sesión 46ª, en 2 de agosto de 1972.

Hacienda (veto), sesión 32ª, en 8 de noviembre de 1972.

Discusión:

Sesiones 47ª, en 7 de agosto de 1972 (se aprueba en general y particular), y 33ª, en 8 de noviembre de 1972 (discusión veto).

El señor PALMA (Presidente).-

En la discusión general y particular, ofrezco la palabra.

El señor PABLO.-

Señor Presidente, mediante el proyecto observado se destinan recursos a la Escuela de Medicina de la Universidad de Concepción para permitirle ampliar las posibilidades de práctica médica de los estudiantes, cuyo número ha aumentado en los últimos años. Se efectuarán obras de ampliación en los hospitales de Linares, Chillán y Bío-Bío, porque los medios con que se cuenta en Concepción son insuficientes, dado el alto número de educandos.

La iniciativa fue presentada por los Honorables señores Aguirre Doolan, Montes y Jerez, y por el Senador que habla. Propusimos financiarla con cargo a los mayores recursos producidos en virtud de la aplicación de la ley de Reajustes de comienzos de este año. Calculamos que la aplicación de esta ley arrojaba un superávit de más de 22 millones de escudos. Y, como nos basamos en una inflación de 20%, pensamos que el rendimiento del impuesto a la compraventa y de los demás tributos posibilitaba en exceso el financiamiento del proyecto en debate. En estas condiciones, lo aprobaron la Cámara y el Senado.

El Ejecutivo lo vetó y estableció, para financiarlo, tributos que gravan a los habitantes de la provincia de Concepción, en circunstancias de que las obras se harán fuera de ella.

Por otro lado, como en dicha provincia se forman médicos que prestan sus servicios a lo largo de todo Chile y no sólo en la zona, parece injusto el financiamiento que propuso el Gobierno. Además, los fondos provenientes de la aplicación de esos tributos se recaudarán en el transcurso del próximo año, por lo cual, a raíz del ritmo que alcanza la inflación, habrá menos fondos que los indispensables para cumplir la finalidad perseguida. A principios de año calculamos que los excedentes de la ley de Reajustes alcanzarían en julio de este año a 20 millones de escudos, y es posible que en junio de 1973 se produzca una cantidad igual mediante el gravamen que el Ejecutivo, mas, por efectos de la inflación, ello equivaldrá a no más de 5 millones de escudos de comienzos de este año. En consecuencia -repito-, el financiamiento sugerido por el Gobierno es injusto.

El mayor ingreso que con motivo de la inflación origine el impuesto a la compraventa, permite concluir que el proyecto, con el procedimiento que sugirió el Congreso, está financiado. Por lo demás, sólo se concede una autorización, y el Ejecutivo podrá usar de ella cuando lo estime conveniente.

El señor VALENTE.-

Señor Presidente, el Gobierno vetó el proyecto aprobado por el Parlamento que destina, para financiar un plan de expansión y regionalización de la Escuela de Medicina de la Universidad de Concepción, la suma de 20 millones 500 mil escudos. Se funda el veto en que el gasto que irroga la iniciativa no puede financiarse con el excedente de la ley 17.654 -ley de Reajustes vigente para el año 1972-, porque él no existe.

Tengo a la mano el cuadro Nº 11 incluido como anexo en la exposición sobre el estado de la Hacienda Pública que hizo esta mañana el Ministro del ramo ante la Comisión Mixta de Presupuestos, donde se plantea que la ley 17.654, al 30 de octubre de 1972 arroja un déficit de ingreso equivalente a 7 millones 700 mil escudos; vale decir, no sólo no existen excedentes, sino que hay déficit.

El Ejecutivo propone financiar el proyecto mediante un recargo de 10% al impuesto de primera categoría de la ley de la Renta que corresponde pagar a los contribuyentes de la provincia de Concepción cuyo capital efectivo sea de un millón de escudos o más; y recargando en 10% el impuesto territorial de los bienes raíces ubicados en la provincia de Concepción cuyo avalúo sea superior a 12 sueldos vitales anuales, o sea 260 mil escudos al año, aproximadamente. Así se financia en mejores condiciones el referido plan.

Creemos que el ánimo del Ejecutivo ha sido otorgar un financiamiento real al plan de expansión y regionalización de la Escuela de Medicina de la Universidad de Concepción, por lo cual rechazó el financiamiento ilusorio propuesto en la iniciativa del Congreso, pues no existe el excedente de 20 millones 500 mil escudos.

Estimamos que la provincia de Concepción y el plan señalado se benefician con el veto, porque entrega un financiamiento, real. No hay duda de que gravará a algunos sectores de la zona. Pero, en todo caso, se trata de la captación de un impuesto dentro de la propia zona para financiar obras de la provincia de Concepción que se realizarán por intermedio de la Escuela de Medicina dependiente de la Universidad local.

En consecuencia, aprobaremos la observación, por estimar que resuelve en mejor forma que la iniciativa del Congreso el problema económico de la Universidad de Concepción motivado por el plan de obras en referencia.

El señor PABLO.-

No desearía hacer mención de algo bastante ingrato. Sin embargo, como se han planteado las cosas en ese terreno, lo haré.

El 19 de octubre de 1972 se publicó en el Diario Oficial una ley -su autor fue el Diputado por la provincia de Concepción señor Tomás Solís-, mediante la cual se autoriza a la Empresa de Ferrocarriles del Estado para transferir ciertos terrenos al Club Fernández Vial de Concepción. Con el Honorable señor Aguirre Doolan, cuando se discutió la iniciativa pertinente en el Senado, formulamos una indicación en virtud de la cual se destinaban 5 millones de escudos con cargo a los mayores ingresos provenientes de la aplicación de la ley 17.654. Dicha iniciativa se transformó en ley posteriormente, porque quienes la patrocinaron tenían interés en ayudar a esa entidad deportiva.

En esa oportunidad -de ello no hace un mes- no se hizo valer la observación que en este instante se formula. Pero ahora, cuando se propone el mismo financiamiento, no se acoge la petición.

Por último, la iniciativa que nos ocupa involucra una autorización de gastos para el Ejecutivo, y no cabe duda de que la necesidad es real. Autorizado el gasto, el Gobierno puede girar, y en el hecho lo está haciendo todos los días, con cargo a recursos que existen o que no existen. Eso lo sabemos bien.

Lo importante es que tanto el Rector de la Universidad de Concepción como las autoridades de dicho plantel están convencidos de que el financiamiento propuesto por el Ejecutivo significa darles en número la misma suma, y en poder adquisitivo real, la quinta parte de lo que efectivamente se solicitó en julio del año pasado.

Por eso, nosotros insistiremos en nuestro criterio y, desde luego, anuncio nuestro voto contrario a la observación.

El señor GUMUCIO.-

¿Me permite, señor Presidente?

Creo que el Honorable señor Pablo está equivocado, porque el proyecto, al decir que el gasto se imputará a un excedente que no existe, no pasa de ser un volador de luces. Al promulgarse la ley, la Contraloría tendría que exigir la certificación de que existe el excedente. Si no es así, el gasto no puede imputarse a ítem alguno.

En segundo lugar, sabemos que la ley de Reajustes está en definitiva incorporada a la de Presupuestos, porque cada año los funcionarios de las respectivas plantas de los diferentes servicios aparecen en el rubro correspondiente del Presupuesto con la renta que corresponde al sueldo reajustado.

En tercer lugar, el déficit fiscal está determinado por el de la ley de Presupuestos y el de la de Reajustes. Y nadie ha discutido que tal déficit existe.

Por lo tanto, el Congreso no está cumpliendo la obligación constitucional de financiar una ley. Y lo más lógico para hacerlo es indicar claramente cuáles son los nuevos recursos de que se dispone para ello.

No niego, por cierto, lo afirmado por el Honorable señor Pablo en el sentido de que ha habido corruptela en esta materia y, en general, se ha aceptado la idea de cargar gastos a una ley de Presupuestos futura. Pero tal práctica constituye un absurdo al cual, afortunadamente, se le puso término. En todo caso, el hecho de que haya habido una corruptela con el sistema de financiar leyes con entradas que no existen, no obliga a seguir en ella.

Por eso, me parece mucho más directo aceptar el financiamiento que propone el Ejecutivo. Lo otro, aun cuando permite quedar bien ante los interesados por haber dado el voto favorable a una indicación o a un proyecto, carece de seriedad, pues no se indican los recursos para costear el beneficio que se pretende otorgar.

En lo relativo al aporte de cinco millones de escudos que la iniciativa asigna al Club Fernández Vial de la misma ciudad, entiendo que también se imputará al excedente de la ley 17.654. ¿No es así? ¿Se refiere, efectivamente, a la ley de Reajustes?

El señor VALENTE.-

Al excedente que produzca el impuesto a las compraventas.

El señor PABLO.-

Lo que ocurre es que se calculó una inflación de 20%, y ésta llegó a 130%. Por consiguiente, como automáticamente han subido todos los impuestos y también el financiamiento, hay mayor ingreso.

Sin embargo, en un caso se acepta este financiamiento, y en el otro, no.

El señor VALENTE.-

¿Me permite, señor Presidente?

Aun cuando no quiero pecar de majadero, deseo repetir lo que aparece en un cuadro explicativo del déficit fiscal en moneda nacional, al 30 de octubre de 1972, que tengo a la mano. A esa fecha, por el menor rendimiento de algunas leyes como la de Reajustes, dicho déficit alcanzó a 15 millones de escudos. Por consiguiente -repito-, no hay tal excedente y la obra no se concretará, porque no se dispondrá de dinero.

Como bien dijo el Honorable señor Gu-mucio, cuando la Contraloría informe cuál es el superávit, dirá que es cero, y que en lugar de excedente habrá déficit.

En otras palabras, el autor de la iniciativa sólo habrá conseguido crear ilusiones en la gente de Concepción, porque no se dispondrá de recursos para atender el beneficio que se pretendió dar. En cambio, el Ejecutivo propone un financiamiento real y que rinde más de 20 de millones de escudos, porque en el artículo 4º dispone que del rendimiento que se obtenga mediante la aplicación de las disposiciones precedentes, se destinen 20 millones 500 mil escudos para las obras de la Universidad de Concepción. En consecuencia, se trata de un financiamiento estable y efectivo que regirá para todo el año 1973, en forma excepcional.

Me parece que la mejor manera de ayudar a dicho plantel de enseñanza superior consiste en aprobar ese planteamiento, porque es justo, mucho más realista y no constituye una mera utopía, como lo es lo aprobado por el Congreso.

El señor PABLO.-

El déficit fiscal que acaba de señalar el Honorable señor Valente no dice relación al rendimiento de la ley 17.654, porque aquél corresponde al déficit general del Gobierno. El problema consiste en saber si la ley mencionada rindió lo calculado por el Ejecutivo. Y la verdad es que ha rendido sobradamente.

En seguida, el financiamiento que sugiere el Ejecutivo también es un volador de luces, pues no hay cálculo ni antecedente alguno que indique el rendimiento de los mayores impuestos que propone. La verdad es que no se tiene mayor conocimiento sobre el particular, y sólo se sabe que se entregará con posterioridad y en moneda desvalorizada un aporte que es fundamental y necesario ahora.

Ayer recibí una comunicación de Yungay mediante la cual se me informa que en el Hospital de Huépil están trabajando dos señores de nacionalidad uruguaya, quienes, a pesar de no haber acreditado el título de médico, están actuando como tales. He puesto estos antecedentes en conocimiento del Colegio Médico para que se estudien los antecedentes del caso.

Todos sabemos que el país necesita contar con mayor número de esos profesionales, y que se habla de traerlos de Cuba, de España, de distintas partes del mundo. Y cuando aquí se plantea la necesidad de otorgar recursos a un plantel de enseñanza superior como es la Universidad de Concepción, para que ésta pueda desarrollar con mayor eficiencia sus funciones docentes, el propio Ejecutivo pone dificultades. Más aún, esta necesidad se hizo presente al Gobierno en julio del año pasado; vinieron a la capital delegaciones de estudiantes para mover este asunto, en atención a que no se escuchaban sus demandas. Y ahora, cuando se pide la autorización legal correspondiente para enfrentar el gasto, lo único que se contesta es que el proyecto está desfinanciado.

Una vez autorizado el gasto, lo único que tiene que hacer el Gobierno es proporcionar los recursos, si es que realmente desea ayudar a esa universidad en el cumplimiento de su programa.

El señor FIGUEROA (Secretario).-

Observaciones del Ejecutivo, en primer trámite constitucional, al proyecto de ley que destina la suma que indica a Astilleros y Maestranzas de la Armada (ASMAR), para la ejecución de un plan habitacional en Talcahauno.

La Comisión de Hacienda, en informe suscrito por los Honorables señores Ballesteros (Presidente), Aguirre Doolan y Silva Ulloa, recomienda a la Sala rechazarlas e insistir en el texto primitivo, con el voto contrario del Honorable señor Silva Ulloa.

Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley (moción de los señores Aguirre Doolan y Pablo)

En primer trámite, sesión 66ª, en 5 de septiembre de 1972. En tercer trámite, sesión 98a, en 14 de septiembre de 1972.

Informes de Comisión:

Hacienda, sesión 72a, en 7 de septiembre de 1972.

Hacienda (veto), sesión 32a, en 8 de noviembre de 1972.

Discusión:

Sesiones 90a, en 12 de septiembre de 1972 (se aprueba en general y particular).