Labor Parlamentaria

El señor FIGUEROA (Secretario).-

Proyecto de ley de la Cámara de Diputados que crea el Departamento de Seguridad dependiente de la Presidencia de la República.

Los antecedentes sobre el proyecto figuran, en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 22ª, en 9 de mayo de 1972.

Informes de Comisión:

Gobierno, sesión 53ª, en 21 de diciembre de 1972.

Discusión:

Sesión 51ª, en 10 de agosto de 1972.

El señor FIGUEROA (Secretario).-

Esta iniciativa tiene urgencia calificada de simple el 29 de noviembre pasado, de modo que el plazo vence el 29 de este mes, o sea, en tres días más.

La Comisión de Gobierno, en informe suscrito por los Honorables señores Valenzuela (Presidente), Aguirre Doolan, Montes, Prado y Von Mühlenbrock, recomienda a la Sala rechazar en general el proyecto, que consta de siete artículos.

El señor PALMA (Presidente).-

En discusión general.

Ofrezco la palabra.

El señor MONTES.-

En la votación efectuada en la Comisión, la iniciativa en debate se rechazó por cuatro votos contra uno, el del Senador que habla. A nuestro juicio, tal rechazo representa en cierto modo una inconsecuencia, porque ya la Cámara la aprobó y su envío obedeció, precisamente, al propósito de satisfacer la fuerte crítica que se hizo por haberse creado un cuerpo especial o dispositivo de seguridad en torno de la persona del Presidente de la República por las razones que son conocidas, por la situación vivida en nuestro país, no sancionado por ley. Sin embargo, cuando el Ejecutivo envía la iniciativa respectiva, se la rechaza por considerársela inútil, que está de más. Me limito a dejar establecido simplemente este hecho.

Por nuestra parte, estimamos verdaderamente indispensable la creación de un dispositivo de seguridad que, como expresa el proyecto, cuente con la máxima confianza del Jefe del Estado. La situación que incluso desde antes del 4 de septiembre de 1970 se ha producido en nuestro país, que recrudeció dramáticamente luego de la elección presidencial y de los hechos desencadenados en este tiempo, indica claramente una real necesidad: la de contar con un dispositivo especial, en las condiciones expuestas en esta iniciativa, capaz de garantizar de manera plena la seguridad del Jefe del Estado.

Por esa razón, tal como lo expresé en la Comisión, los Senadores comunistas - tengo entendido que también los demás de la Unidad Popular - hemos sido partidarios de aprobar esta iniciativa, y así nos pronunciaremos en la votación general de esta tarde en el Senado. Como digo, estimamos que esta legislación en proyecto es el producto de una necesidad planteada en los últimos años en nuestro país.

Teníamos, por así decirlo, la obligación moral de dar una explicación en este instante acerca de lo que consideramos una necesidad, con el objeto de fundar nuestro voto favorable, toda vez que parece un tanto inexplicable la conducta seguida por los Senadores que la han rechazado de plano, en general, es decir, que ni siquiera están de acuerdo con la idea de legislar, sobre la materia.

Repito que, a nuestro juicio, es necesaria esta iniciativa, y lamentamos que un asunto de esta naturaleza ni siquiera pueda discutirse en la Corporación con el objeto, si es necesario, de modificar algunos de sus preceptos, ya que, como dije, el proyecto fue rechazado en general en la Comisión, cuya votación traduce la voluntad mayoritaria de aquélla y, probablemente, la del Senado acerca de esta materia.

Era cuanto deseaba manifestar.

El señor PRADO.-

Señor Presidente, nosotros contribuimos a rechazar en la Comisión esta iniciativa del Ejecutivo, y quisiéramos dar brevemente las razones que nos movieron a actuar de esa manera.

En primer término, quiero expresar que la iniciativa en que nos ocupamos es bastante insuficiente, por no decir deficiente; en segundo término, diré que ella es absolutamente injustificada. Pero me interesa comentar brevemente lo primero.

El proyecto se limita, prácticamente, a facultar al Presidente de la República para que nombre a algunas personas y asigne a éstas cierta categoría en una especie de pequeño escalafón. Sus principales disposiciones estatuyen que aquéllas serán de la exclusiva confianza del Jefe del Estado, quien podrá, en consecuencia, designarlas y removerlas.

El artículo 4º, bastante inexplicablemente, refiere todo el sistema de seguridad a las disposiciones generales del Estatuto Administrativo. En lo demás, el proyecto crea una relación entre dicho servicio o escalafón y las Fuerzas Armadas, en lo relativo al registro y control de las armas que se utilicen.

Por nuestra parte, pensamos que esta iniciativa tendiente a crear el Departamento de Seguridad del Presidente de la República y cuya finalidad es proteger la vida de aquél, no se justifica en absoluto, a la luz de la institucionalidad vigente en Chile y de la existencia de nuestras Fuerzas Armadas y cuerpos policiales creados en el país en virtud de normas legales que rigen desde hace muchos años.

Si se trata de proteger la vida del Jefe del Estado quiero dejar esto en claro, sería inexacto e incorrecto decir que quienes estamos votando en contra de la iniciativa no tenemos interés en que la vida de aquél sea protegida por la acción policial y de resguardo que normalmente han realizado los cuerpos policiales y las. Fuerzas Armadas.

Nosotros tenemos interés en que se cuide la vida del Presidente de la República; de manera que no debería hacerse ningún tipo de especulación sobre la materia, si es que estamos discutiendo con seriedad la iniciativa legal que en estos instantes nos ocupa.

¿De qué se trata? Se trata de que el actual Jefe del Estado - cosa que no había ocurrido hasta la fecha; probablemente ello se debió a ciertos hechos de violencia ocurridos en el país, que no eran demasiado huevos, pero que, en todo caso, a comienzos del actual Gobierno, alcanzaron ribetes de gravedad - creó un grupo privado de protección; grupo privado que hasta ahora, desde su formación, ha hecho un poco de alarde en la utilización de armas de fuego no livianas metralletas, por ejemplo, y que es conocido particularmente en Santiago por la forma como se desplaza por la ciudad dando una sensación muy ajena a nuestro modo normal de vida, que varias veces ha protagonizado hechos de violencia y de ataques físicos a civiles, participando incluso en hechos de sangre. Ha habido víctimas, y hasta la fecha, a pesar de las denuncias formuladas, no se ha podido responsabilizar a nadie, entre otras razones porque la opinión pública chilena no sabe quiénes son los que integran este dispositivo de seguridad del Presidente de la República.

Frente al propósito que anuncia el proyecto en debate, nosotros estimamos absolutamente negativa la existencia de un cuerpo relativamente anónimo, y cuyos integrantes dependen de la designación que en forma momentánea pueda hacer el Jefe del Estado, casi sin que se conozcan sus nombres, y que sin embargo tienen a su cargo de una misión de la mayor importancia para la vida pacífica del país. Ante tal situación fueron las razones que dimos en la Comisión, los Senadores de estas bancas pensamos que no existe fundamento alguno, en un país como el nuestro y donde el crimen no es hasta hoy, por fortuna, una institución reconocida en la vida política, marginar de una función como ésta a las fuerzas policiales normales, profesionales y experimentadas, que tienen muchos miles de funcionarios capacitados y de gran experiencia el Cuerpo de Carabineros, por ejemplo, cuya eficiencia es conocida y que, al margen de las pasiones que momentáneamente se desatan como producto de hechos callejeros que determinan acciones de represión inevitables, merece el respeto de todos los chilenos, de entre los cuales el Presidente de la República podría elegir. La ley orgánica de ese cuerpo armado faculta al Jefe del Estado para elegir a sus integrantes y ponerlos a su servicio, y también para hacer los cambios que estime convenientes. Si de eso se trata, el Primer Mandatario tiene al Cuerpo de Carabineros a su disposición, y, por cierto no necesito decirlo, también a la policía civil especializada.

¿Cómo podemos tener mayor confianza en un grupo integrado por veinte, cuarenta o cien hombres que se recluían de improviso y normalmente no tienen responsabilidad alguna, que un grupo de 20 o 100 miembros de Carabineros? ¿Cómo es posible hacer comparación alguna entre la eficacia y responsabilidad frente al país de esos hombres y la de la policía civil, y, para qué decirlo, de los integrantes de las Fuerzas Armadas? Sabemos que éstas constituyen un cuerpo disciplinado, profesional, esencialmente obediente y que depende del Ejecutivo.

¿Cómo el Primer Mandatario no puede elegir, de entre los componentes de esos institutos armados, los elementos que necesite para crear un tipo de dispositivo destinado a cautelar su vida, a protegerlo?

Estas son las razones fundamentales que hemos tenido presentes para rechazar el proyecto en debate. Y debo agregar una más, porque creo que vale la pena hacerlo; por desgracia, la experiencia de este cuerpo no es positiva. Han ocurrido demasiados hechos que no han sido suficientemente esclarecidos y que nos llevan, por otra parte, a no tener confianza ni respeto alguno por su solvencia, pues por desgracia carece de ella.

Por esta razón, nuestra votación negativa en este momento no es sino una respuesta que damos a los partidos de Gobierno, a fin de que éstos, si quieren cautelar la vida del Presidente de la República, no desprecien la experiencia, el profesionalismo militar, policial o uniformado, de aquellos organismos que tienen el respaldo de las disposiciones de la ley y de la Constitución, que cuentan con experiencia, que son conocidos y que pueden ser responsabilizados ante la ley y ante la opinión pública por sus actuaciones.

Si el Gobierno desea contar con ese cuerpo armado, puede obtenerlo sin necesidad de una ley especial.

Esas son las razones por las cuales votamos en general negativamente el proyecto.

El señor PALMA (Presidente).-

Puede hacer uso de la palabra el Honorable señor Ibáñez.

El señor IBAÑEZ.-

Señor Presidente, desde comienzos de la actual Administración, al margen de las disposiciones legales y constitucionales, ha existido una guardia personal del Presidente de la República, una especie de guardia pretoriana cuyo desempeño, como aquí se ha señalado, ha sido motivo de fundadas censuras y cuyas actuaciones han causado justificada alarma a la población del país.

Miembros de esta guardia del Jefe del Estado se han visto envueltos en hechos lamentables. Por eso, así como en los fundamentos del proyecto de ley que hoy día se somete a nuestra consideración se hace referencia a la muerte del General Schneider, también habría que indicar los actos delictuosos, incluso los homicidios, en los cuales se han visto envueltos, de una u otra manera, los miembros de, dicha guardia pretoriana. Precisamente en los momentos actuales, cuando el país está conmovido por la violencia desatada en la ciudad de Chillán, aparece sindicado como autor del homicidio allí ocurrido un individuo de apellido Carpenter, quien habría formado parte o sería integrante de este dispositivo de seguridad o guardia pretoriana a que me estoy refiriendo.

En estas circunstancias, y tomando en consideración los antecedentes penales que tienen algunos de los miembros de dicha guardia, parece, desde todo punto de vista, inaceptable e incluso inconcebible que se pretenda dar patente de legalidad a un organismo que, por el prestigio del Primer Mandatario y la seguridad de los habitantes del país, debería disolverse de inmediato.

Tengamos presente que hombres de esa institución, como los señores Rivera Calderón, por ejemplo, fueron los que protagonizaron el asesinato del ex Ministro Pérez Zujovic. Por consiguiente, pretender ahora convertir a aquéllos en funcionarios del Estado, encargándoles una función tan delicada como la de cuidar la integridad física del Presidente de la República y darle protección, es algo que debemos rechazar en forma enérgica. Y estamos ciertos de que nuestra actitud interpreta fielmente la opinión de la abrumadora mayoría de los ciudadanos del país.

El proyecto de ley que se nos ha enviado es realmente inconcebible, ya que, aparte tres o cuatro generalidades, se cuida mucho de ser explícito respecto de las facultades, de las atribuciones y, sobre todo, de las responsabilidades que tendrían las personas que integrarían el Departamento de Seguridad del Presidente de la República.

No se trata, pues, de un organismo civil, como pretende la iniciativa sometida a nuestra consideración. Es un cuerpo armado que obedece sólo al Primer Mandatario y que actúa al margen de todos los sistemas institucionales existentes en el país para este tipo de actividades.

Es tan claro y evidente lo que estoy sosteniendo, que el proyecto que nos ha enviado vulnera en forma categórica el artículo 22 de la Constitución Política, según el cual la fuerza pública está constituida única y exclusivamente - subrayo estos dos calificativos - por las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros, instituciones esencialmente profesionales, jerarquizadas, disciplinadas, obedientes y no deliberantes. Sólo en virtud de una ley podrá fijarse la dotación de estas instituciones. Y en el caso de que se trata tendríamos una fuerza armada que no es profesional, que no está jerarquizada y que sólo obedece a las instrucciones que le dé en forma personal el Presidente de la República. Desde luego puede ser una fuerza plenamente deliberante, como de hecho lo han demostrado sus actuaciones.

Además, el artículo 22 dice que la incorporación de estas dotaciones a las Fuerzas Armadas y a Carabineros sólo podrá, hacerse a través de sus propias escuelas institucionales especializadas, salvo la del personal que deba cumplir funciones exclusivamente civiles.

En consecuencia, en el caso de las Fuerzas Armadas la Carta Fundamental deja claramente establecido que sólo podrán pertenecer a aquéllas quienes hayan pasado por las escuelas especializadas destinadas a formar a los hombres que integrarán las diferentes ramas de los institutos armados de nuestra patria, y ninguno de estos requisitos se cumple en el proyecto que estamos discutiendo.

Y no sólo se vulnera el artículo 22 citado, sino que de hecho se vulnera también el artículo 4º de la Constitución, que dice que ninguna magistratura, ninguna persona, ni reunión de personas, pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derecho que los que expresamente se les hayan conferido por las leyes. Todo acto en contravención a este artículo es nulo.

El Presidente de la República ha dispuesto, durante dos años, de un organismo de defensa personal que ha actuado al margen de la ley y contraviniendo en forma categórica lo dispuesto en el artículo 4º de nuestra Constitución.

Estas son, pues, todas las razones que nos han movido a oponernos en la ¡Comisión a la aprobación del proyecto de ley que nos ocupa, y que nos harán votar de igual manera en la Sala del Senado.

Por último, quiero señalar que esta iniciativa infiere un notorio agravio a las Fuerzas Armadas y a Carabineros, porque supone la incapacidad de estas instituciones para proteger la vida del Jefe del Estado. Creo que el historial de los cuerpos armados del país y de Carabineros puede enorgullecemos a todos los chilenos, y dar, al mismo tiempo, las más amplias seguridades en cuanto a que nadie podría velar mejor que esas instituciones por la integridad y seguridad personal del Primer Mandatario, Además, resulta extraordinariamente chocante y contradictorio el hecho de que, mientras el Presidente de la República llama a Ministros militares para restablecer siquiera en parte la confianza que la ciudadanía ha perdido, en la gestión de su Gobierno, en los momentos en que está desempeñando el cargo de jefe político del Gabinete el Comandante en Jefe del Ejército, el Ejecutivo someta a nuestra consideración un proyecto de ley mediante el cual se encomienda la delicada función de velar por la seguridad del Presidente de la República a un cuerpo absolutamente irregular, sin antecedentes de ninguna especie que pudieran justificar el hecho de entregarle dicha misión y que, por el contrario, luce pésimos antecedentes, como ha quedado de manifiesto en cada uno de los actos delictuosos en que ese dispositivo de defensa del Primer Mandatario ha debido participar.

Por todas esas razones, en la Comisión nos opusimos al despacho de la iniciativa de ley en estudio, y de igual modo procederemos cuando se vote en la Sala.

El señor JEREZ.-

Seré muy breve, porque si realmente uno quisiera referirse a todos los elementos, tanto documentales como de actuaciones, de lo ocurrido en la política chilena con relación al problema de la violencia, más valdría analizar el asunto a fondo y retroceder en la historia a lo que han sido la práctica e incluso los conceptos de otras tendencias en otras etapas, en aquellas en que se predicaban el amor y la fraternidad pero también había capacidad, en un momento determinado, de predicar la guerra y la venganza santas, y de no escandalizarse cuando el peso de las contradicciones que aplastan a la mayoría de los seres humanos hacen de tal manera intolerable la convivencia, que de alguna manera explotan.

Algún día convendría hacer un debate a fondo sobre la materia, pero, a mi juicio, hoy no vale la pena referirse a declaraciones que pueden ser importantes, pero que, a la vez, son de carácter puramente personal.

Es el caso del Senador Altamirano en la campaña presidencial. Habló del paredón y fue desautorizado por la dirección de la candidatura de la Unidad Popular, porque esas declaraciones correspondían a un juicio muy personal y sui géneris; más bien se referían a un estado de ánimo que a un acuerdo de quienes dirigían la campaña, empezando por el propio candidato.

El señor HAMILTON.-

Esa no es manera de dirigir un partido.

La señora CAMPUSANO.-

Ese es problema del partido.

El señor MORENO.-

Pero sigue pensando lo mismo.

El señor JEREZ.-

Señor Presidente, yo les ruego a los Senadores Hamilton y Moreno que respeten mi derecho a hablar.

Yo quiero ser muy tranquilo, pero al igual como les advirtió el Senador Rodríguez hace un tiempo, tampoco tengo sangre de horchata, y si quieren convertir cada intervención en un circo y ser una especie de niñitos diablos, de pijecitos chacoteros y pillitos, y pretenden pisarle el empeine a todo el mundo, yo quiero decirles que en cualquier terreno nos vamos a encontrar. En definitiva, no acepto que cuando algunos Senadores vienen seriamente a plantear los problemas - yo no los he interrumpido cuando ellos han hecho uso de la palabra - haya personas que se conviertan en payasos y que incluso dañan la imagen de su propio partido.

Les pido que por lo menos me dejen hablar. Si están en desacuerdo, les digo lo mismo que el Honorable señor Hamilton le planteó a la Honorable señora Campusano: que contesten lo que uno está diciendo.

Esto no es un circo, es un Senado, señor Presidente.

Volviendo al tema, sostengo que si se quiere tomar elementos de juicio de determinadas personas, deben tomarse en todo su contexto. Es evidente que antes de la elección presidencial, con la campaña del terror desatada y ante la forma como se estaban conduciendo algunos personeros de otras candidaturas, había un clima propicio para que se emitieran este tipo de declaraciones.

La verdad de las cosas es que en esta materia se pueden haber cometido errores; pero aquí hay una sola cosa que interesa: no ocultar con la fraseología y con ejemplos que no vienen al caso una cosa que es muy clara. La Oposición dijo que si el Gobierno enviaba un proyecto legalizando la existencia del GAP o Guardia Personal del Presidente de la República, estaba dispuesta a votarlo, incluso en los términos en que viniera. Esas fueron las palabras que se usaron. Sin embargo, la conducta moral y política de hoy es absolutamente contradictoria con esa afirmación.

La existencia de ese cuerpo de seguridad del Presidente de la República no implica, de manera alguna, desconsideración hacia las Fuerzas Armadas ni por los servicios policiales, porque nació como producto de una situación histórica determinada.

El Presidente Allende comenzó a correr riesgos en su seguridad personal - incluso el país estaba sufriendo la inestabilidad en un nivel realmente grave - antes de que asumiera el mando de la nación. Antes de que fuera Presidente que podía ordenar y tomar las medidas conforme a su jerarquía. En buenas cuentas, él tuvo que exigir al Gobierno anterior la remoción del Director General de Investigaciones de la época, a fin de que se pusiera término a lo que culminó con el atentado que significó la muerte del General Schneider. En aquella oportunidad no podía disponer ni de las Fuerzas Armadas ni de Carabineros. En cambio, en la primera oportunidad, cuando ha habido riesgo de otras personas, como ha sido el caso del ex Presidente de la RepúblicaEduardo Frei, el Presidente Allende sí ha resguardado su seguridad a través de Investigaciones o Carabineros, a fin de que no haya ninguna posibilidad de que algún día atenten contra una persona de tan alta condición en Chile, o de que sean objeto del ataque de fanáticos como fueron los que ultimaron a Edmundo Pérez Zujovic.

Es distinta la situación del Presidente electo Allende antes de asumir el mando, y todas estas medidas son justificadas.

Por eso, lo único que importa aquí - porque éste no es un debate sobre la violencia ni para juzgar la situación de los Senadores que están opinando - es que la gente que pidió el envío del proyecto sea consecuente. Lo demás carece de seriedad y no son sino argumentos para justificar una falta a un compromiso, a la palabra empeñada.

Para terminar, insisto en lo siguiente: he mantenido la calma y he expresado mis ideas con absoluta tranquilidad. Pero reitero que así como no he interrumpido a otros Senadores, ni quiero convertirme, en un payaso del Senado haciendo de cada intervención de un tercero una oportunidad para interrumpir o molestar, así también, por última vez, exijo de la Mesa resguardar el derecho de los Senadores a expresarse con libertad, pues de lo contrario habría que tomar otro tipo de medidas.

El señor PALMA (Presidente).-

En relación con la Mesa, el señor Senador puede hacer uso de las disposiciones que estime convenientes.

Tiene la palabra el Honorable señor Montes.

El señor MONTES.-

Aún a riesgo de que en este proyecto se ocupe todo el Orden del Día, no queremos dejar pasar, sin formular por lo menos una reflexión, algunas aseveraciones que se han expresado en la Sala a propósito de la iniciativa en debate.

Nuestras observaciones se han circunscrito, en primer término, al contenido y a la proposición que envuelve el proyecto que nos ocupa, y no hemos divagado respecto de otros problemas. Por ello, no he entendido exactamente bien por qué razón se ha ligado esta iniciativa con el problema, no diré de la violencia, sino, más bien, de las vías en el proceso revolucionario; problema que, en determinada oportunidad, es simplemente para dilettantes, pues sobre él se puede discutir mucho y quemar no sólo horas, sino días, tal vez semanas o meses, en un debate probablemente sin destino, ya que, al fin de cuentas, será la realidad de cada país, la propia vida, la que diga siempre la última palabra con relación a él.

Sin embargo, al respecto quisiera señalar que a nuestro juicio, lo más probable es que en la mayoría de los países de Latinoamérica los pueblos encuentren cerrados todos los caminos y no haya otra salida que la insurrección, lo que se denomina la lucha armada, para poder resolver sus propios problemas, el desarrollo de su propia sociedad. Eso está, naturalmente, por verse, pero, al fin y al cabo, es una interpretación nuestra. No negamos esa posibilidad ni que en la mayoría de los países de América Latina sea tal vez el camino que cada pueblo tenga que seguir. Pero en nuestra nación existe una realidad distinta. Independientemente de la interpretación que se haga, ella va mostrando, en los hechos, el camino por seguir, y no podrá haber argumentación de ninguna especie que eche por tierra tal realidad. Aunque se presente como negro lo que es blanco, por último se tendrá que imponer la verdad que están mostrando los hechos y la realidad de Chile, realidad que, por ejemplo, es distinta para quienes abominan de la posibilidad de la insurrección en tal o cual punto del planeta o de nuestro continente.

En el siglo pasado, por ejemplo, yo creo que, precisamente el gran mérito de Bernardo O’Higgins y de los otros Padres de la Patria fue haber resuelto ese problema de manera correcta, porque la situación que creaban en Chile los problemas de la dependencia de la corona de España no tenían otra salida que no fuera la insurrección. Y ello no ocurrió sólo en nuestra nación. Quedó demostrado que en cada país de América Latina en aquella época ése era el camino. Y ahí están los resultados de ese proceso que nos muestra la historia.

De manera que si hace más de un siglo esa posibilidad se demostró en Chile como racional y verdadera, nosotros decimos muy francamente: no abominamos de ese camino, ni mucho menos. Eso depende también de las circunstancias. Si hubiera prosperado en Chile el intento que hizo la Reacción hace pocos días de paralizar al país, es evidente que se habría desatado un proceso que podríamos denominar como guerra civil. Es evidente que, si ello hubiera sucedido, habría surgido la resistencia de nuestro pueblo, no porque éste hubiera buscado ese camino, sino porque, en el fondo, sus adversarios trataron de imponérselo, y si su intento hubiera fructificado, seguramente habrían encontrado la respuesta del pueblo.

No quiero ocupar toda la hora en estas reflexiones, pero el propósito de ligar el problema concreto señalado en el proyecto en debate con esta otra cuestión, entre los cuales no veo mucha relación, merece, a lo menos, una contestación nuestra, aunque breve, porque a veces se abusa y se especula con las palabras dichas por tal o cual dirigente de la Izquierda. Y, en general, desde las filas adversarias, para hablar de esta manera, en relación con este problema, se dispara, sobre todo, contra el Partido Socialista, contra cada uno de sus dirigentes, contra el propio Presidente de la República, contra el Secretario General de esa colectividad. Proceder en esa forma es elegir blancos que a nosotros también nos hieren. Por eso, en este instante alzamos nuestra voz, pues nos sentimos solidarios con la posición del Partido Socialista, al que pretenden atacar sobre la base de supuestas posiciones que en estos momentos pudieran estar desarrollándose y que, en realidad, no vemos en la práctica en nuestro país. Pues una cosa es sostener una posición determinada en un instante dado de la discusión o del proceso, frente a determinados problemas, y otra es traducir en la práctica tal posición. En nuestro país ello no ha ocurrido ni se ha expresado de parte de la Izquierda, de parte de la Unidad Popular. Pero sí han existido en forma clara intentos muy serios y concretos de parte de la Reacción chilena para liquidar las posibilidades de avance y desarrollo del actual Gobierno, siguiendo, precisamente, la senda de la sangre, lo cual nos ha movido a decir estas palabras.

En cuanto al proyecto concretamente, considero que no es correcto lo señalado por el SenadorIbáñez. A nuestro juicio, el señor Senador no tiene la razón. El aduce, en primer término, que el proyecto en debate adolecería del vicio de inconstitucionalidad. Nosotros no compartimos esa opinión, y la Cámara de Diputados también difirió de ella, pues esta iniciativa fue aprobada por esa rama del Parlamento, cuya mayoría, al sancionarla, ha hecho válida y constitucional su consideración por el Senado. Esta sola circunstancia me basta para demostrar que el Honorable señor Ibáñez no tiene razón cuando echa mano al artículo 22 de la Carta Fundamental para plantear la inconstitucionalidad del proyecto.

Además, si la discusión se planteara en los términos en que lo ha hecho el señor Senador, a nuestro juicio tampoco tendría la razón, porque, al fin y al cabo este es el argumento que nosotros dimos y no deseamos extendernos a otro tipo de consideraciones, ¿qué nos ha hecho fuerza, qué es lo que ha pretendido hacer el Gobierno ante la crítica dura, llena de aristas ásperas y de perfiles negativos, en el sentido de que el dispositivo de seguridad presidencial de que dispone el Ejecutivo no se había creado por ley ? Simplemente, envió esta iniciativa a la consideración del Congreso con el objeto de satisfacer los anhelos constitucionalistas o legalistas de un buen número de pergoneros de la Oposición.

Pues bien, ¿qué ha ocurrido? Para nuestra sorpresa, se rechazará la idea de legislar en esta materia, Es decir, no se estima conveniente el proyecto. No deseo discutir sobre las razones que se dan para justificar el rechazo, porque, si hay algunas absolutamente respetables, otras no lo son tanto.

En cuanto al proyecto mismo, debo destacar que a los Senadores comunistas nos parece necesario, tanto por las razones que ya hemos entregado como por el hecho de que en un país como Estados Unidos, por ejemplo, donde se entiende, o subentiende, que las medidas de protección del Jefe del Estado son superlativas, se ha debido lamentar, no sólo en una oportunidad porque el caso del Presidente John Kennedy se repitió después con su propio hermano, candidato a la Presidencia de la República, hechos desgraciados que aquí se trata de evitar.

No soy técnico en la materia, pero entiendo que servicios de esta naturaleza deben contar con ciertos resguardos, o sea, su organización no puede ser pública. Con el objeto de cumplir sus funciones, de lograr efectivamente el objetivo para el que se crearon, me parece que, por lógica, por un raciocinio elemental, no se puede dar a conocer, con nombres y apellidos, a cada uno de sus integrantes. En algunas partes existe servicio de policía secreta. Alguna razón habrá para ello, y de seguro que es porque así lo exigen determinadas circunstancias. Entiendo que en cada país de la Tierra existe un dispositivo de esta naturaleza.

En fin, la idea del Ejecutivo es legalizar un organismo que estima necesario. Si el Parlamento - en este caso, la mayoría del Senado - no lo considera así, bueno, qué diablos lo rechaza. Muy bien. Pero, al menos, nosotros hemos querido dejar planteada nuestra opinión y formular algunos alcances a otras interpretaciones, porque el tema, claro está, tiene variaciones, Así como los músicos encuentran variaciones extraordinariamente ricas en un tema determinado, en una discusión como ésta también puede llegarse al infinito. Nosotros, con nuestra opinión, con nuestro raciocinio, no hemos querido sino exponer nuestro pensamiento en cuanto a este proyecto concreto.

El señor RODRIGUEZ.-

Deseo fundar mi voto favorable a esta iniciativa que legisla sobre el cuerpo encargado de la seguridad presidencial.

En verdad, abisma escuchar a algunos Senadores de Oposición explicar sus motivos para rechazar el proyecto, puesto que el Ejecutivo lo envió a la consideración del Congreso, precisamente a raíz de las peticiones formuladas en este sentido por ellos. Baste recordar recientes debates en que algunos Honorables colegas de la Democracia ¡Cristiana y del Partido Nacional reclamaban porque esta organización defensiva de la seguridad presidencial existía de hecho, y señalaban que darían su conformidad para que este dispositivo se legalizara, se le diese forma jurídica y que su personal se sometiese a la supervigilancia administrativa de la Contraloría General de la República y tuviese responsabilidad penal en caso de incurrir en excesos en el desempeño de sus funciones, El Gobierno acogió este reclamo de la Oposición y envió el proyecto en los términos que hemos señalado. Tan así fue, que, como lo recordó el Honorable señor Montes, la Cámara le dio un respaldo no sé si unánime, pero, en todo caso, tal vez, con el propósito de mejorar su contexto, formal, la verdad es que la Oposición votó junto con la Unidad Popular para aprobar estas disposiciones. Entonces, si se envió el proyecto al Congreso no fue sipo como fruto – repito - de las demandas formuladas por la Oposición al Gobierna,

En segundo lugar, considero falso lo aseverado por algunos señores Senadores en el sentido de que basta recurrir a los servicios policiales corrientes u ordinarios para la seguridad presidencial. Esto no es efectivo ni dentro de Chile ni fuera de él Fuera de Chile, lo demuestra el asesinato de Kennedy, y, en nuestro país, el de Schneider.

En realidad, las fuerzas de Carabineros, que son muy respetables, tienen funciones específicas que cumplir, como es el resguardo de los bienes, de las personas y de la seguridad pública; pero no están especializadas en un dispositivo de seguridad presidencial No se trata de subestimar a ese Cuerpo suponiéndole incapacidad para cumplir esas funciones, que tienen un poco de servicio de inteligencia y un poco de seguridad personal, y que implican labores de resguardo frente a multitudes y en las giras que realiza el Primer Mandatario. Se trata, simplemente, de que las tareas específicas del Cuerpo de Carabineros así, por lo menos, lo demuestra la experiencia- no alcanzan a un sistema de resguardo presidencial.

Pienso que en estos momentos la Oposición se ha constituido en responsable de la indefensión del Presidente de la República, porque el dispositivo de seguridad existente quedará como un organismo de hecho, un tanto al margen de la ley, con lo cual, lógicamente, diversos factores relacionados con la seguridad personal del Presidente de la República quedarán en el aire. Por lo tanto, pienso que la Oposición asume hoy una responsabilidad muy delicada al rechazar una iniciativa de esta naturaleza.

Ya que tanto la señora Carrera como los compañeros Jerez y Montes han expresado la posición de la Unidad Popular frente a esta iniciativa, quisiera limitarme a responder al Honorable señor Hamilton, aunque sea de paso, que las citas no pueden ser incompletas y parciales, como las que ha hecho el señor Senador de algunos conceptos vertidos por dirigentes de nuestro partido. Estas citas sólo pueden reproducirse, como se ha expresa do aquí, en un contexto general.

Yo diría que el problema del carácter que asume la revolución continental latinoamericana está perfectamente identificado con la existencia de la Organización Latinoamericana de Solidaridad, sobre la que hemos discutido mucho en diferentes oportunidades, incluso mientras estuvo presente el compañero Salvador Allende, quien tuvo una actitud destacada en la creación de ese organismo que, más que en los hechos, se ha expresado en las ideas, en un contexto ideológico y político, en una actitud de principios frente a la lucha social latinoamericana. Y, particularmente, esto debemos medirlo considerando que en esa época arreciaba la teoría de las fronteras ideológicas y había un ánimo preconcebido de las más abyectas dictaduras de Latinoamérica para aplastar por la fuerza todas las tendencias liberadoras en el continente. Incluso, en ese entonces estaba en boga la teoría de Johnson, indudablemente agresiva hacia todas las vanguardias revolucionarias que asomaban en América Latina. Además, se manifestaba el bloqueo implacable contra la República de Cuba.

Es decir, el problema de OLAS, que trae a colación el Honorable señor Hamilton, tal como los relativos a la violencia y a los métodos de lucha política en el continente, debemos medirlos en un contexto integral de un pensamiento filosófico, político e ideológico.

No necesito señalar que el Partido Socialista, oficialmente, más allá de las discrepancias naturales que existen en una organización política como la nuestra, eligió un camino que ha estado acatando en el proceso histórico de América Latina: eligió la vía de las elecciones, la vía electoral. Y el ejecutor de esta política ha sido, precisamente, el propio compañero Salvador Allende. Todo lo que se diga y se explote en contrario, al margen de las declaraciones individuales de algunos, es apartarse del contexto histórico en que se mueve el Partido Socialista y de la dirección básica que ha tomado durante la actual Presidencia de la República.

Esto es cuanto quería agregar a las expresiones de los otros Senadores de la Unidad Popular que han intervenido.

Votaré favorablemente este proyecto, y deploro que la actitud de la Oposición signifique dejar en la indefensión al Primer Mandatario.

Por lo demás, cuando se habla de enfrentamientos, debemos tener presente que no es la Unidad Popular la que los busca.

El reciente paro de los empresarios no fue sino una forma de enfrentamiento con el Gobierno. Las acusaciones reiteradas contra Ministros de Estado son otra forma sutil de enfrentamiento, al igual que los proyectos de reforma constitucional que, en definitiva, buscan la caída del Presidente de la República. Hay, indudablemente, diversos elementos que la Oposición proyecta para llegar a la lucha de masas, como el sabotaje, los paros, la presentación de determinados proyectos, las acusaciones, las comisiones investigadoras, etcétera, que persiguen una misma intención: el enfrentamiento. Estos son estímulos que emplea no la Unidad Popular, que ha tenido una extraordinaria serenidad, sino la Derecha. El movimiento obrero ha observado una actitud digna y ha rehuido los enfrentamientos físicos estimulados por los grupos reaccionarios.

Por eso digo que, para hablar de enfrentamientos, es necesario tener un poco de cuidado y reconocer con absoluta honestidad que la violencia no la buscan ni la clase obrera ni el sentir reflexivo y maduro de la Izquierda chilena. La persiguen los extremistas de Derecha y los infantilistas de Izquierda, unos cometiendo el crimen de Schneider, y otros, el de Pérez Zújovic; ambos atizando enfrentamientos que, repito, no viene ni de la Izquierda ni de la Unidad Popular.

Y esto lo deberían conocer consciente y honestamente los Senadores democratacristianos; sin embargo, han adoptado una actitud como la de esta tarde, de negar el pase al proyecto, con lo cual dejan al Presidente de la República en la absoluta indefensión frente a futuros enfrentamientos que, seguramente, deberá soportar.

Por estas razones, votaremos favorablemente.

El señor FIGUEROA (Secretario).

Conforme al acuerdo de los Comités, corresponde tratar las observaciones del Ejecutivo, en segundo trámite, al proyecto de ley que beneficia al personal de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, con informe de las Comisiones de Educación Pública y de Hacienda, cuyas recomendaciones se consignan en sus respectivos informes.

Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 74ª, en 7 de septiembre de 1972.

Observaciones:

En segundo trámite, sesión 47ª, en 12 de diciembre de 1972.

Informes de Comisión:

Educación Pública, sesión 96ª, en 14 de septiembre de 1972.

Hacienda, sesión 96ª, en 14 de septiembre de 1972.

Educación Pública (segundo), sesión 19ª, en 17 de octubre de 1972. Hacienda (segundo), sesión 19ª, en 17 de octubre de 1972.

Educación Pública (veto), sesión 51ª, en 20 de diciembre de 1972.

Hacienda (veto), sesión 51ª, en 20ª, de diciembre de 1972.

Discusión:

Sesiones 104ª, en 15 de septiembre de 1972 (se aprueba en general); 19ª, en 17 de octubre de 1972 (se aprueba en particular).

El señor FIGUEROA (Secretario).- Por acuerdo de Comités, corresponde tratar el proyecto de ley de la Cámara de Diputados que crea la comuna subdelegación de Trehuaco, en el departamento de Itata, de la provincia de Ñuble.

La Comisión de Gobierno, en informe suscrito por los Honorables señores Valenzuela (Presidente), Aguirre Doolan, Montes, Prado y Von Mühlenbrock, recomienda aprobar el proyecto con las modificaciones que indica.

Los antecedentes sobre el proyecto figuran en, los Diarios de Sesiones que se indican

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 44ª, en 29 de noviembre de 1972.

Informe dé Comisión:

Gobierno, sesión 51ª, en 20 de diciembre de 1972.

El señor PALMA (Presidente).-

En discusión general el proyecto.

Ofrezco la palabra.

El señor PABLO.-

Deseo sólo dejar constancia de la satisfacción que nos produce la aprobación de este proyecto de ley, que encara una necesidad muy sentida de una zona del departamento de Itata. Estamos convencidos de que la creación de la comuna en referencia permitirá aunar esfuerzos locales con el objeto de velar por su desarrollo.

El apartado lugar en que ella se encuentra requiere su transformación en comuna. En consecuencia, votamos favorablemente.

El señor AGUIRRE DOOLAN.-

Las expresiones del Honorable señor Pablo me evitan una intervención más lata. Pero quiero manifestar que en la Comisión de Gobierno puntualizamos que introduciríamos algunas modificaciones al proyecto enviado por la Cámara de Diputados, en el sentido de que los bienes raíces de propiedad de las Municipalidades de Portezuelo, Cobquecura y Quirihue, que queden ubicados en el territorio jurisdiccional de la comuna de Trehuaco, pasen a pertenecer a esta última. Con este motivo se enviaron telegramas a las comunas mencionadas. La Municipalidad de Portezuelo contestó que dos de sus bienes raíces se encontraban en tal situación, e indicó sus roles. Igualmente, la de Cobquecura envió un telegrama comunicando que no tenía bienes raíces.

La modificación obligará a un tercer trámite, pero los Senadores del Partido

Izquierda Radical nos congratulamos por la creación de la comuna subdelegación de Trehuaco, que constituye una ansiada aspiración de sus habitantes.