Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
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Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I.- ASISTENCIA.
- II.- APERTURA DE LA SESION.
- III.- LECTURA DE LA CUENTA.
- LECTURA DE LA CUENTA
- CENSURA A LA MESA DE LA CORPORACION.
- INTERVENCIÓN : Luis Fernando Luengo Escalona
- INTERVENCIÓN : Hugo Eugenio Ballesteros Reyes
- INTERVENCIÓN : Francisco Bulnes Sanfuentes
- INTERVENCIÓN
- Luis Fernando Luengo Escalona
- INTERVENCIÓN
- INTERVENCIÓN : Juan Patricio Jose Hamilton Depassier
- IV.- ORDEN DEL DIA.
- NORMAS PARA RECONSTRUCCION DE ZONAS AFECTADAS POR LOS SISMOS. VETO.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jorge Antonio Montes Moraga
- INTERVENCIÓN : Hugo Eugenio Ballesteros Reyes
- INTERVENCIÓN : Pedro Ibanez Ojeda
- INTERVENCIÓN : Ramon Augusto Silva Ulloa
- INTERVENCIÓN : Alfredo Macario Lorca Valencia
- INTERVENCIÓN : Hugo Eugenio Ballesteros Reyes
- INTERVENCIÓN : Luis Fernando Luengo Escalona
- INTERVENCIÓN : Rafael Agustin Gumucio Vives
- INTERVENCIÓN : Jorge Antonio Montes Moraga
- INTERVENCIÓN : Alberto Baltra Cortes
- INTERVENCIÓN : Alfredo Macario Lorca Valencia
- DEBATE
- INTERVENCIÓN : Hugo Eugenio Ballesteros Reyes
- INTERVENCIÓN : Luis Fernando Luengo Escalona
- INTERVENCIÓN : Tomas Pablo Elorza
- INTERVENCIÓN : Hugo Eugenio Ballesteros Reyes
- INTERVENCIÓN : Pedro Ibanez Ojeda
- INTERVENCIÓN : Pedro Ibanez Ojeda
- INTERVENCIÓN : Ramon Augusto Silva Ulloa
- INTERVENCIÓN : Hugo Eugenio Ballesteros Reyes
- INTERVENCIÓN : Pedro Ibanez Ojeda
- INTERVENCIÓN : Ramon Augusto Silva Ulloa
- INTERVENCIÓN : Pedro Ibanez Ojeda
- INTERVENCIÓN : Jose Ignacio Palma Vicuna
- INTERVENCIÓN : Hugo Miranda Ramirez
- INTERVENCIÓN : Alejandro Noemi Huerta
- INTERVENCIÓN : Juan De Dios Carmona Peralta
- INTERVENCIÓN
- Jose Tomas Reyes Vicuna
- INTERVENCIÓN
- INTERVENCIÓN : Hugo Eugenio Ballesteros Reyes
- INTERVENCIÓN : Hugo Eugenio Ballesteros Reyes
- INTERVENCIÓN : Victor Joaquin Garcia Garzena
- INTERVENCIÓN : Ramon Augusto Silva Ulloa
- INTERVENCIÓN : Pedro Ibanez Ojeda
- INTERVENCIÓN : Hugo Eugenio Ballesteros Reyes
- INTERVENCIÓN : Rafael Agustin Gumucio Vives
- INTERVENCIÓN : Aniceto Rodriguez Arenas
- INTERVENCIÓN : Alejandro Noemi Huerta
- INTERVENCIÓN : Alejandro Noemi Huerta
- INTERVENCIÓN : Hugo Miranda Ramirez
- INTERVENCIÓN : Jose Ignacio Palma Vicuna
- INTERVENCIÓN : Juan De Dios Carmona Peralta
- INTERVENCIÓN : Victor Benito Contreras Tapia
- INTERVENCIÓN : Luis Valente Rossi
- INTERVENCIÓN : Ramon Augusto Silva Ulloa
- INTERVENCIÓN : Jose Ignacio Palma Vicuna
- INTERVENCIÓN : Maria Elena Carrera Villavicencio
- INTERVENCIÓN : Jorge Antonio Montes Moraga
- INTERVENCIÓN : Aniceto Rodriguez Arenas
- INTERVENCIÓN : Ricardo Valenzuela Saez
- INTERVENCIÓN : Maria Elena Carrera Villavicencio
- INTERVENCIÓN : Jorge Antonio Montes Moraga
- INTERVENCIÓN : Victor Joaquin Garcia Garzena
- INDICACIÓN : Ramon Augusto Silva Ulloa
- NORMAS PARA RECONSTRUCCION DE ZONAS AFECTADAS POR LOS SISMOS. VETO.
- V.- TIEMPO DE VOTACIONES.
- PUBLICACION DE DISCURSOS.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- ANEXO.
- 1.- MOCION DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑORES FERRANDO Y FUENTEALBA, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE DENOMINA "PABLO NERUDA" AL LICEO DE HOMBRES N° 1, DE TEMUCO.
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Tulio Renan Fuentealba Moena
- Ricardo Ferrando Keun
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- 1.- MOCION DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑORES FERRANDO Y FUENTEALBA, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE DENOMINA "PABLO NERUDA" AL LICEO DE HOMBRES N° 1, DE TEMUCO.
Notas aclaratorias
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- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPUBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACION OFICIAL.
LEGISLATURA 314º, EXTRAORDINARIA.
Sesión 22º, en miércoles 3 de noviembre de 1971
Ordinaria.
(De 18.13 a 20.4). PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES PATRICIO AYLWIN AZOCAR, PRESIDENTE
RICARDO FERRANDO KEUN, VICEPRESIDENTE, Y
TOMAS PABLO ELORZA, PRESIDENTE ACCIDENTAL.
SECRETARIO, EL SEÑOR PELAGIO FIGUEROA TORO.
INDICE.
Versión taquigráfica.
I.- ASISTENCIA '. 793
II.- APERTURA DE LA SESION '. 793
III.- LECTURA DE LA CUENTA 793
Censura a la Mesa de la Corporación 793
IV.- ORDEN DEL DIA:
Observaciones, en segundo trámite, al proyecto sobre reconstrucción de zonas afectadas por los sismos (se despachan) 799
V.- TIEMPO DE VOTACIONES:
Publicación de discursos 835
Anexos.
DOCUMENTO:
1.- Moción de los Honorables Senadores señores Ferrando y Fuentealba, con la que inician un proyecto de ley que denomina "Pablo Neruda" al Liceo Superior de Hombres Nº 1, de Temuco...836
I.-ASISTENCIA.
Asistieron los señores:
Acuña Rosas, AméricoAylwin Azocar, PatricioBaltra Cortés, AlbertoBallesteros Reyes, EugenioBossay Leiva, LuisBulnes Sanfuentes, FranciscoCarmona Peralta, Juan de DiosCarrera Villavicencio, María ElenaContreras Tapia, VíctorFerrando Keun, RicardoFoncea Aedo, JoséFuentealba Moena, RenánGarcía Garzena, VíctorGumucio Vives, Rafael AgustínHamillón Depassier, JuanIbáñez Ojeda, PedroIrureta Aburto, NarcisoJerez Horta, AlbertoJuliet Gómez, RaúlLorca Valencia, AlfredoLuengo Escalona, Luis FernandoMiranda Ramírez, HugoMontes Moraga, JorgeMorales Adriasola, RaúlMusalem Saffie, JoséNoemi Huerta, AlejandroOchagavía Valdés, FernandoOlguín Zapata, OsvaldoPablo Elorza, TomásPalma Vicuña, IgnacioPapic Ramos, LuisReyes Vicuña, TomásRodríguez Arenas, AnicetoSepúlveda Acuña, AdonisSilva Ulloa, RamónTeitelboim Volosky, VolodiaValente Rossi, LuisValenzuela Sáez, Ricardo, y
Von Mühlenbrock Lira, Julio.
Actuó de Secretario el señor Pelagio Figueroa Toro y de Prosecretario el señor Daniel Egas Matamata.
II.-APERTURA DE LA SESION.
-Se abrió la sesión a las 16.13, en presencia de 28 señores Senadores.
En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III.-LECTURA DE LA CUENTA.
El señor PABLO (Presidente accidental).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor PROSECRETARIO.- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Moción.
Una de los Honorables Senadores señores Ferrando y Fuentealba, con la que inician un proyecto de ley que denomina "Pablo Neruda" al Liceo Superior de Hombres Nº 1, de Temuco (véase en los Anexos, documento 1).
-Pasa a la Comisión de Educación Pública.
CENSURA A LA MESA DE LA CORPORACION.
En conformidad al artículo 26 del Reglamento, corresponde votar la censura a la Mesa planteada en la sesión de ayer.
En votación.
- (Durante la votación).
¿Me permite la palabra para fundar mi voto en primer lugar, señor Presidente?
Con la venia de la Sala, tiene la palabra Su Señoría.
En el día de ayer tuve oportunidad de señalar los fundamentos de la censura que interpuse en contra del señor Presidente del Senado.
¿Contra la Mesa o contra el Presidente en particular?
Contra la Mesa del Senado. El Reglamento habla de censura al Presidente, al Vicepresidente o al Presidente accidental, pero siempre hemos entendido que el reclamo afecta a la Mesa en su conjunto.
En esta ocasión, deseo reiterar mi convencimiento absoluto de que el Presidente del Senado procedió mal, de que aplicó erróneamente el Reglamento al no acoger el recurso reglamentario que invoqué para pedir el aplazamiento de la votación de la clausura del debate del proyecto que discutíamos ayer.
Resulta innecesario que en esta oportunidad vuelva a referirme a las disposiciones reglamentarias que cité en esa ocasión, y que son, fundamentalmente, los artículos 123 a 127 y 118 del Reglamento de la Corporación, cuya interpretación armónica demuestra claramente que en los casos en que se pide la clausura del debate procede el aplazamiento de la votación respectiva.
Repito que no deseo insistir ahora en los argumentos de carácter reglamentario. Pero sí quiero señalar que el fundamento de esta censura no sólo obedece a la violación del Reglamento en que incurrió el Presidente del Senado, sino, además, al hecho de que esa actitud suya fue la culminación de una serie de actos de prepotencia en que la combinación de la Democracia Cristiana y la Derecha incurrió durante todo el debate del proyecto de reforma constitucional. Ellos, por una parte, hicieron uso de todos los recursos reglamentarios para acelerar una discusión que, normalmente o, mejor dicho, siempre, la hemos llevado a cabo con bastante latitud; pero, por otra, impidieron a otros sectores que pudiéramos recurrir a esos mismos recursos para prolongar la discusión hasta agotarla, a fin de conocer en profundidad el pensamiento de cada Senador respecto de la materia.
Considerando que la censura está debidamente fundada en disposiciones reglamentarias, la voto favorablemente.
Con la venia de la Sala, puede fundar su voto de inmediato el Honorable señor Ballesteros.
El señor BALLESTEROS.-
Los Senadores de estas bancas votaremos negativamente el reclamo deducido por el Honorable señor Luengo en contra de la conducta de la Mesa, porque estimamos que ésta ha procedido con severa y estricta sujeción, no sólo a la letra del Reglamento, sino también a su espíritu. El Honorable señor Luengo, a través de lo que yo considero una abierta y clara maniobra para entorpecer y perjudicar la tramitación del proyecto de reforma constitucional, ha basado esta censura en argumentos jurídicos que, para desilusión nuestra, no ha reiterado en este instante. Nos parece que cuando se plantea un reclamo contra la conducta de la Mesa, basado en la infracción o desconocimiento de disposiciones reglamentarias, lo lógico es respaldar la, censura en esos fundamentos.
El señor Senador -tengo a la vista su intervención de ayer- funda su censura en el hecho de que, a su juicio, la Mesa habría infringido el artículo 118 del Reglamento. Este precepto establece en forma clara y categórica, como requisito para que proceda el aplazamiento de la discusión solicitado por Su Señoría, como él lo manifestó en nombre de la combinación política que se denomina Unidad Popular, en primer término, que lo pida un ¡Comité ; en seguida, que se trate de la votación de un asunto discutido en el Orden del Día, y finalmente, que el aplazamiento no entorpezca o perjudique el cumplimiento de un plazo constitucional o reglamentario establecido para la resolución del asunto.
En la especie, aparece cumplido únicamente el primero de los requisitos, esto es, que haya solicitado el aplazamiento un Comité. Es claro que la clausura del debate que se trataba de votar no era un asunto discutido en el Orden del Día de la sesión de ayer. Esto es evidente. Además, el artículo 125 señala, precisamente, que la clausura del debate se votará al comienzo del Orden del Día de la sesión ordinaria siguiente. Es decir, el propio Reglamento, en el precepto señalado, establece un plazo o una oportunidad en la cual debe votarse la proposición.
Establece una oportunidad, no un plazo.
Para este efecto, es lo mismo.
Por otra parte, para fundar su tesis o interpretación reglamentaria, el Honorable señor Luengo expresa que la disposición en referencia establece que, cuando se trata de un asunto incluido en el Orden del Día, la clausura del debate debe votarse en la sesión ordinaria siguiente, en tanto que, si el proyecto se halla en el trámite de discusión particular, el recurso se vota de inmediato. En dos oportunidades se habla de que debe vetarse de inmediato. Pues bien, del juego de estas disposiciones el señor Senador extrae la conclusión de que, si en una parte se dice que debe votarse inmediatamente, a "contrario sensu" debe entenderse que cuando se establece que se votará en la sesión ordinaria siguiente, es admisible el debate. Me parece que la contraposición es clara.
"Inmediatamente" se contrapone, precisamente, a la idea de que no se vote en el mismo instante. Se trata de un problema de tiempo, no de que haya o no haya debate. Entonces, es evidente que la votación de la clausura no admite discusión y, al no haberla, no se cumple uno de los requisitos que imperativamente prescribe el artículo 118. Como digo, es un problema de tiempo, no de que se discuta o no se discuta.
Estoy limitado por los minutos de que dispongo para fundar mi voto. Podría abundar en otras consideraciones de orden jurídico, pero me referiré, aunque sea brevemente, al problema de fondo planteado por el Honorable señor Luengo.
El señor Senador se refirió a una actitud prepotente, atropelladora, y dijo que hemos hecho uso de todos los recursos reglamentarios. Es efectivo que hemos apelado a tales recursos, pero en forma legítima.
Ha terminado su tiempo, señor Senador.
¿Hay acuerdo para conceder al Honorable señor Ballesteros algunos minutos adicionales?
Dos minutos, señor Presidente.
No hay acuerdo.
Entonces, solicito que se inserte en el Diario de Sesiones un cuadro explicativo del tiempo que ha empleado cada sector en la discusión del proyecto. La Unidad Popular empleó cuatro horas 58 minutos...
No hay acuerdo para que siga hablando el señor Senador.
Ha terminado su tiempo, Honorable señor Ballesteros.
y la Oposición sólo ocupó dos horas y 39 minutos. Y fue el señor Luengo quien usó del mayor tiempo.
Ha terminado su tiempo, señor Senador.
¿Cómo vota Su Señoría?
Voto en contra de la censura, e insisto en la petición para que se inserte el documento mencionado.
Oportunamente se recabará el acuerdo necesario, señor Senador.
-El documento, cuya inserción se acuerda más adelante, es el siguiente:
"DETALLE DE SESIONES Y TIEMPO OCUPADO POR LOS ORADORES DURANTE LA DISCUSION GENERAL DEL PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL DE LOS SEÑORES FUENTEALBA Y HAMILTON.
Sesión 13º, en viernes 29 de octubre de 1971.
Hamilton: de 17.22 a 17.30 = Total 8 minutos.
Sesión 14º, en viernes 29 de octubre de 1971.
Hamilton: de 17.30 a 18.28 = Total 58 minutos.
Gumucio: de 18.28 a 19.03 = Total 35 minutos.
Valente: de 19.03 a 19.30 = Total 27 minutos.
Sesión 15?, en sábado 30 de octubre de 1971.
Valente: de 11.08 a 11.30 = Total 22 minutos.
Sesión 16º, en sábado 30 de octubre de 1971.
Valente: de 11.30 a 11.52 = Total 22 minutos.
Ibáñez: de 11.52 a 12.24 = Total 32 minutos.
Montes: de 12.24 a 13.30 = Total 1 hora y 6 minutos.
Sesión 17º, en martes 2 de noviembre de 1971.
Luengo: de 11.13 a 11.30 = Total 17 minutos.
Sesión 18º, en martes 2 de noviembre de 1971.
Luengo: de 11.30 a 12.38 = Total 1 hora y 8 minutos.
Fuentealba: de 12.38 a 13.30 = Total 52 minutos.
Sesión 19º, en martes 2 de noviembre de 1971.
Fuentealba: de 15.15 a 15.24 = Total 9 minutos.
Baltra: de 15.24 a 16.00 = Total 36 minutos.
Sesión 20º, en martes 2 de noviembre de 1971. (Ordinaria).
Baltra: de 16.57 a 17.02 = Total 5 minutos.
Durante la discusión general del proyecto de Reforma Constitucional de los señores Fuentealba y Hamilton, se celebraron 7 sesiones especiales y 1 ordinaria, en las cuales se ocuparon en el debate, propiamente tal, 457 minutos, vale decir 7 horas y 37 minutos.
En este tiempo hicieron uso de la palabra los siguientes señores Senadores:
IMAGEN
El señor PABLO (Presidente accidental).-
Con la venia de la Sala, tiene la palabra el Honorable señor Bulnes Sanfuentes para fundar su voto.
La censura planteada por el Honorable señor Luengo se funda -aparentemente, porque no le reconozco ningún fundamento valedero- en dos consideraciones: en que el señor Presidente del Senado habría violado el Reglamento y en que -y esto es un poco vago o nebuloso en el planteamiento de la censura-, tal vez, habría infringido los procedimientos habituales de la Corporación.
Respecto de la violación del Reglamento, no hay para qué entrar en muchas disquisiciones, porque sucede...
Eso último, lo de la vaguedad lo está inventando Su Señoría.
Señor Presidente, estoy fundando mi voto y no deseo ser interrumpido.
Pero es que Su Señoría está inventando cosas.
Luego podrá rectificarme el señor Senador.
Una disposición expresa del Reglamento obligaba a proceder de inmediato a la votación, como lo ordenó el Presidente del Senado.
El artículo 125, que trata de la clausura del debate, establece:
"Durante la discusión general se podrá pedir la clausura del debate después de haberse ocupado en aquélla todo el Orden del Día hasta su término reglamentario de tres sesiones celebradas en días distintos.
"Esta proposición se votará al comienzo del Orden del Día de la sesión ordinaria siguiente."
Todo esto ocurrió ayer.
Luego, el inciso tercero del mismo artículo señala perentoriamente:
"Aprobada la clausura, se votará inmediatamente en general el proyecto, sin que proceda la segunda discusión ni tenga aplicación lo dispuesto en el artículo 118."
Y este artículo, el 118, el que no puede tener aplicación en estos casos, es el que invocaba el Honorable señor Ballesteros y el único en todo el Reglamento que trata del aplazamiento de la votación.
Por lo tanto, existe una norma expresa del Reglamento que obligaba -no sólo permitía- al Presidente del Senado a poner en votación de inmediato el proyecto.
En cuanto a que se hayan infringido procedimientos acostumbrados por la Corporación, todos escuchamos en la Sala que el señor Presidente citó a una sesión de Comités para procurar un acuerdo respecto de las intervenciones que deseaban hacer uno o dos Senadores inscritos. Y supimos por el Honorable señor Ochagavía, quien no fue desmentido en su afirmación expresada en una sesión pública, que en esa reunión no hubo acuerdo alguno, porque me parece que el Comité Comunista u otro de Izquierda manifestó que ellos estaban en contra del proyecto y que, por lo tanto, no llegaban a acuerdo de ninguna naturaleza.
De manera que el Presidente del Senado, en primer término, no hizo sino cumplir una categórica disposición del Reglamento.
Por otra parte, el Presidente de la Corporación quiso provocar un acuerdo unánime para buscar un procedimiento distinto del reglamentario, y ese acuerdo unánime no se produjo, precisamente, porque la Izquierda, que ahora censura, se opuso a que tal acuerdo se produjera.
Se trata, por lo tanto, de una censura que, como dije al principio, no tiene fundamento valedero de especie alguna.
Voto que no.
El señor HAMILTON.-
Los señores Senadores que plantearon la censura a la Mesa sostienen que la reforma constitucional aprobada en general ayer por la Corporación se habría tramitado en términos desusados, pues sería la primera vez, en mucho tiempo, que un proyecto de tal naturaleza no se habría tratado conforme a un acuerdo convenido por los Comités. Y esto es rigurosamente cierto: se ha tramitado no conforme a un procedimiento acordado por los distintos sectores políticos representados en esta Sala, sino de acuerdo con el Reglamento y en la forma como la Democracia Cristiana ha hecho uso de la aplicación de aquél. Y por una razón muy sencilla: el acuerdo que se buscó -según consta en el acta de la respectiva reunión de Comités- no se produjo, ya que los Comités de la Unidad Popular -y muy particularmente el Honorable señor Montes, en representación del Partido Comunista- se negaron a dar cualquier tipo de acuerdo, porque no tenían interés en que la iniciativa fuera despachada.
Efectivamente, la Democracia Cristiana ha hecho uso legítimo de todos los derechos que le franquea el Reglamento, con el objeto de traducir su voluntad política de que el proyecto de reforma constitucional, que considera de importancia y trascendencia, llegara a ser discutido, votado y aprobado por el Senado. Y esa voluntad la mantendrá en ambas ramas del Congreso Nacional, hasta que la iniciativa sea totalmente despachada por el Parlamento.
No puede haber ningún cargo fundado en el uso legítimo de los derechos que establece el Reglamento. Este constituye, precisamente, la valla a las arbitrariedades y a la prepotencia que cuaquier grupo político o cualquiera mayoría ocasional pudieran tener en ésta o en cualquiera rama del Congreso. Sin embargo, no ha sido igual la conducta asumida por quienes hoy día impugnan la Mesa a través de esta censura, porque ellos no sólo se negaron a un acuerdo, sino que también se opusieron, con posterioridad -en las reuniones de Comités-, a dar una salida al problema permitiendo que dos Senadores -el Honorable señor Von Mühlenbrock, que había renunciado a su derecho, y el Honorable señor Silva Ulloa, que intervino varias veces- pudieran expresar sus puntos de vista con relación al proyecto de reforma constitucional en una quinta sesión extraordinaria citada al efecto, o en una parte de la sesión ordinaria en que pudiera haberse, mediante ese acuerdo, logrado tal oportunidad. Sin embargo, se gastaron cerca de dos horas en la reunión de Comités sin que se lograra acuerdo alguno, pese a la buena disposición que para ello tuvo el Presidente del Senado. Por lo contrario, malgastaron ese tiempo. Después, en la sesión, no sólo usaron de los derechos reglamentarios, sino que de una serie de triquiñuelas, como la de tratar de inhabilitar a algunos Senadores y llegar, por último, a la censura de la Mesa, con el objeto de entorpecer el despacho del proyecto.
En consecuencia, voto en contra de la censura.
-Se rechaza (18 votos contra 11, 4 abstenciones y 2 pareos).
Solicito el acuerdo de la Sala para insertar, en la parte pertinente del discurso del Honorable señor Ballesteros, el documento que mencionó Su Señoría.
Acordado.
IV.-ORDEN DEL DIA.
NORMAS PARA RECONSTRUCCION DE ZONAS AFECTADAS POR LOS SISMOS. VETO.
El señor FIGUEROA (Secretario).-
Corresponde continuar tratando las observaciones del Presidente de la República, en segundo trámite, al proyecto de ley que establece normas para la reconstrucción de la zona afectada por el sismo de julio del año en curso.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 29º, en 3 de agosto de 1971.
"En cuarto trámite, sesión 42º, en 26 de agosto de 1971.
Observaciones en segundo trámite, sesión 7º, en 22 de octubre de 1971.
Informes de Comisión:
Gobierno y Hacienda, unidas, sesión 32º, en 10 de agosto de 1971. Gobierno y Hacienda, unidas, sesión 20º, en 2 de noviembre de 1971.
Discusión:
Sesiones 32º, en 10 de agosto de 1971 (se aprueba en general); 35?, en 16 de agosto de 1971; 36º, en 17 de julio de 1971; 37º, en 17 de agosto de 1971 (se aprueba en particular); 43º, en 31 de agosto de 1971 (se aprueba en cuarto trámite); 21º, en 3 de noviembre de 1971.
En la sesión de la mañana se consideró la primera parte de la observación recaída en el artículo 2°, que figura en la página 44 del boletín comparado. En cuanto a la segunda parte de la observación, las Comisiones recomiendan rechazarla e insistir en el texto primitivo, en vista de que el pronunciamiento del Senado no produce efecto jurídico.
Si le parece a la Sala, así se procederá.
Acordado.
En el artículo 3º, las Comisiones recomiendan, por unanimidad, aprobar la primera observación.
Conforme al acuerdo de procedimiento genera], quedaría aprobado.
Respecto de la observación recaída en la letra g), las Comisiones, por 6 votos contra 4, recomiendan rechazarla.
El señor PABLO (Presidente accidental).-
En discusión.
Ofrezco la palabra.
En las Comisiones votamos favorablemente el veto recaído en la letra g) del artículo 3° del proyecto aprobado por el Congreso, que establecía que un representante de los obreros y otro de los empleados de las dos provincias de Valparaíso y Aconcagua integrarían la Corporación de Desarrollo. El veto del Ejecutivo agrega una frase que expresa lo siguiente: "designados por la Central Unica de Trabajadores", con lo cual la letra quedaría redactada de la siguiente forma :
"g) Un representante de los obreros y otro de los empleados de las dos provincias, designados por la Central Unica de Trabajadores."
Al respecto, ya en la mañana de hoy hemos oído un alegato, una interpretación y, por supuesto, una negativa de parte del Honorable señor Ibáñez a esta proposición del Ejecutivo.
Para pronunciarnos favorablemente respecto del veto nos basamos en un hecho: nos parece claro que, independientemente de las ideas y opiniones que se tengan acerca de la Central Única de Trabajadores de ¡Chile, es innegable que ésta es la organización representativa del proletariado nacional, de los trabajadores chilenos. Por lo tanto, valorizamos sobre todo la idea del Ejecutivo de expresar, a través del veto, su reconocimiento a esta organización de los trabajadores de nuestro país. En efecto, para la designación de los representantes de ellos en la Corporación de Desarrollo de Valparaíso y Aconcagua, propone una manera distinta de la idea contenida en el texto primitivo del proyecto. Pensamos que tal proposición, en los hechos, no quita ni pone rey, por decirlo así; pero nos interesa dejar constancia del reconocimiento hecho por el Ejecutivo a la validez y trascendencia que la Central Única de Trabajadores tiene para los obreros, para los trabajadores de nuestro país. En tal sentido, nosotros acogemos la proposición del Ejecutivo formulada a la letra g) del artículo 3º.
El señor BALLESTEROS.-
Nosotros votamos en contra de la proposición del Ejecutivo, por estimar que el sistema previsto en la disposición aprobada por el Congreso cautela mejor la representatividad de los empleados y obreros que, como consejeros, integrarán la Corporación de Desarrollo.
En el proyecto del Congreso se establecía que las designaciones de los representantes de empleados y obreros se harían conforme lo señalaba el inciso segundo del mismo artículo, que establece lo siguiente: "Las designaciones a que se refiere la letra g) se efectuarán por votaciones separadas en que participarán los presidentes de todos los sindicatos industriales y agrícolas en el primer caso y por los presidentes de todos los sindicatos profesionales de empleados, en el segundo. El derecho a voto de las personas indicadas será proporcional al número de empleados y obreros que representan. La elección de estos representantes será convocada y fiscalizada por los Directores Provinciales del Trabajo.". Es decir, la norma del Congreso preveía una manera más directa para designar a tales representantes. Incluso, creemos que ella establecía un sistema más compatible con lo que se ha expresado, pollo menos verbalmente, como aspiración del actual Gobierno en alguna de las iniciativas enviadas al Congreso Nacional, esto es, que los trabajadores estén directamente representados.
Si son los presidentes de los respectivos sindicatos los que, en proporción al número de sus afiliados, entran a asignar la representación que se obtenga, nos parece inobjetable que ella es mucho más directa y auténtica, no que se proceda a través de organismos que, cualquiera que sea la valoración que tengamos de ellos, de hecho todos sabemos que no están representando a la mayoría de los trabajadores. No entro a la valoración, sino a la situación de hecho: no representan, en este momento, a la mayoría de los asalariados chilenos. De manera que, a mi juicio, el veto desconoce, precisamente, la validez de la organización sindical en la misma medida en que impide que sus presidentes, en forma directa, designen a sus representantes ante la Corporación de Desarrollo, razón por la cual hemos votado en contra del veto del Ejecutivo e insistiremos en el predicamento del Congreso, esto es, que los representantes de los obreros y empleados se designen en la forma de que he hecho mención.
El señor IBAÑEZ.-
El veto que estamos discutiendo, correspondiente a la letra g) del artículo 3º, debe ser votado juntamente con la observación recaída en la letra h), relativa a les representantes de los campesinos y asentados, y con la subsiguiente, todas las cuales tratan de la forma de designar a diferentes representantes ante la Corporación de Desarrollo. Al efecto, propone reemplazar el sistema de elección aprobado tanto por la Cámara como por el Senado por el que acaba de ciar a conocer el Honorable señor Ballesteros.
Es evidente que el Congreso buscó una fórmula de designación que fuese democrática y altamente representativa, pues encomendaba la designación de los tres miembros de que se trata ante el Consejo de la Corporación de Desarrollo a los presidentes de los sindicatos industriales y agrícolas en el primer caso, y a los presidentes de todos los sindicatos profesionales de empleados en el segundo, quienes votarían conforme al número de empleados y obreros que representan.
Es imposible encontrar una forma más ecuánime, justa y democrática de designar a tales representantes.
A esta forma democrática de hacer las designaciones, el Ejecutivo, mediante vetos aditivos a las letras g) y h), propone que los representantes de que se trata sean designados por la Central Única de Trabajadores, con lo cual está reconociendo en forma taxativa y paladina lo que sostuve esta mañana, esto es, que la Central Única no es representativa de los obreros y empleados de nuestro país. Porque si lo fuera, no tendría para qué haber vetado una disposición tan justa y tan ecuánime como la que acaba de leer el Honorable señor Ballesteros y que yo también he citado.
En consecuencia, los Senadores nacionales votaremos en contra de estos dos vetos, por estimar que, al entregarse a la CUT el monopolio de los trabajadores chilenos, se está infiriendo una ofensa a esos persona lis que tienen sus representantes legítimos y gemimos en sus propios sindicatos y dirigentes sindicales. Son ellos quienes deberían designar a los miembros del Consejo de la Corporación que representarán a los obreros, y no la Central Única de Trabajadores.
Insisto en que el veto del Ejecutivo pone de manifiesto y subraya lo que expresé en la mañana: la necesidad que siente el Gobierno de entregar a un organismo minoritario la representación que no han querido darle los obreros de nuestro país.
Por esos motivos, votamos en contra de este veto y del siguiente.
El señor SILVA ULLOA.-
En el estudio del proyecto, nosotros estuvimos por aprobarlo en la forma en que lo hizo el Congreso Nacional, pues estamos convencidos de que en una elección en que participen tas organizaciones de obreros y empleados, los candidatos elegidos serán aquellos que cuenten con el respaldo de la CUT.
Ahora, formuladas las observaciones, se plantea una discusión que no tiene mayor importancia. Yo quiero señalar, en un terreno absolutamente práctico, lo que ocurrirá: si la mayoría no aprueba la observación consistente en agregar a la letra g) los términos "designados por la Central Única de Trabajadores", habiendo aprobado la Cámara la supresión del inciso segundo, el Presidente de la República, reglamentariamente, dictaminará quiénes serán designados como representantes de los obreros y de los empleados. De manera que nuestro rechazo a la observación no tiene efecto alguno.
En cuanto a la sustitución de la letra h), como ella ya fue aprobada por la Cámara, si el Senado la rechazara no habría ley en este aspecto y, en consecuencia, los campesinos y los asentados quedarían sin per-soneros en el Consejo, lo que parece absurdo.
Por eso, considero que la discusión no se está llevando en el terreno filosófico y práctico que permite apreciar qué es lo más conveniente para las provincias y para el país, sino con el propósito obstruccionista tendiente a demostrar oposición hasta en detalles insignificantes.
Por lo expuesto, reitero que no tiene importancia la votación que se emita respecto de estas disposiciones, porque los representantes de empleados y obreros de las dos provincias serán designados de acuerdo con el reglamento que dicte el Presidente de la República.
En lo referente al inciso segundo del artículo que estamos tratando, cualquiera que sea el acuerdo, éste no surte efecto.
El señor LORCA.-
Sin el ánimo de obstruir o dilatar el debate sobre esta materia, considero conveniente precisar algunos conceptos.
Por una razón de lógica, yo estoy en contra, por ejemplo, de la idea de agregar a la Central Unica de Trabajadores. Porque si los obreros o los empleados tuvieran que nombrar representantes ante un organismo nacional como es la Corporación de Fomento, naturalmente que la CUT podría, de acuerdo con la ley -si así se aprobara-, designar delegados de los trabajadores de Chile en una institución como ésa, que abarcara a toda la política económica del país. Pero en este caso se trata de corporaciones regionales, y sería absurdo que la CUT, si estuviera mal dirigida -supongamos que en un momento dado así fuera-, designara a obreros y empleados de Santiago para integrar la Corporación de San Felipe o de Aconcagua.
Eso no podría ocurrir.
Podría suceder así.
Es que no puede ser.
No veo por qué se molesta el señor Senador. Le diré cuáles son mis razones para pensar de esta manera; pero antes, déjeme terminar mis ideas.
Tan así es que, concretamente, este problema se planteó en la Corporación de Magallanes y en los Institutos CORFO de Chiloé y de Aisén. En esos organismos, y partiendo de la base de que son instituciones regionales, se estableció que los delegados de los obreros, empleados y campesinos fueran designados en la misma provincia, con el objeto de que efectivamente representaran a los trabajadores de la zona.
Por eso, me parece que el Gobierno --respeto su punto de vista de colocar a la Central Única en todas partes- cometió un error en este aspecto. Inclusive, su proposición podría haber sido aceptable si hubiera dicho "la Central Única de Traba-j adores de la provincia respectiva"; pero resulta que es la Central Única de Trabajadores de Chile la que designa a los representantes en esos organismos regionales. A mi parecer -repito-, fue un error. Por eso, precisamente, los Institutos que yo conozco y que he contribuido a crear -la Corporación de Magallanes y los Institutos CORFO de Chiloé y Aisén- tienen delegados de obreros, empleados y campesinos designados directamente en la misma provincia.
Todavía más, para que no exista el peligro de que haya delegados de otras provincias, se ha planteado la conveniencia de que los miembros de los consejos de cada institución tengan residencia en la misma zona a que pertenecen esos organismos. A mi juicio, también se olvidó consignar este aspecto en la legislación que estamos debatiendo.
Reitero: no se trata de obstruir la tramitación del proyecto, sino de precisar conceptos para legislar en la mejor forma posible.
El señor BALLESTEROS.-
Hablaré muy brevemente.
Esta segunda intervención mía la motivan las expresiones vertidas por el Honorable señor Silva Ulloa -lamento que haya abandonado la Sala en estos momentos-, que me parecen graves, por lo menos en cuanto Su Señoría trata de precisar, de acuerdo con su criterio, el alcance de un eventual reglamento de este proyecto de ley.
El señor Senador dijo que respecto de la primera observación no tienen mayor importancia nuestras objeciones, porque en el supuesto de que se suprima la frase "designados por la Central Única de Trabajadores" en la letra g) -prevé el sistema de elección de representantes-, el Ejecutivo podría, por la vía del reglamento, consignar esa exigencia.
Considero muy grave decir que cuando el Congreso en forma expresa, en uso de sus atribuciones constitucionales, rechaza un veto que manifiesta la opinión y el propósito del Ejecutivo, éste, por la vía del reglamento, que tiene menor entidad jurídica que la propia ley, puede desvirtuar el propósito del legislador.
Por esa razón, me permito hacer presente que está claro, por lo menos en misterio, que el Presidente de la República no podría proceder en esa forma.
Como entiendo que se debaten todas las observaciones en conjunto y sólo las votaciones son separadas, aprovecharé para pronunciarme sobre las demás normas. ¿Es así, señor Presidente?
Sí, señor Senador.
Por inadvertencia, no me había referido a los otros preceptos. Ahora que me he dado cuenta del alcance reglamentario, me pronunciare sobre las letras siguientes.
Nosotros hemos aceptado los demás artículos, por ejemplo, el que se refiere al representante de las Federaciones Sindicales Campesinas y a la Federación de Asentamientos, en el cual se preveía, al igual que en el anterior, un sistema directo de representatividad. Lo aceptamos porque, tal como está redactado el veto, si nosotros lo rechazáramos no quedaría ningún representante de los campesinos y de los asentados. De manera que, en el peor de los casos, hemos preferido aceptar esta observación. Lo mismo sucede con la letra m).
¿La que se refiere a los obreros?
No, porque ésa quedará. Si rechazamos la observación que Su Señoría menciona, sólo se suprime la frase "designados por la Central Unica de Trabajadores", y quedaría un representante de los obreros y otro de los empleados, como está concebido el veto. De manera que ahí es distinta la situación reglamentaria.
Como he manifestado, el inciso segundo está suprimido, y nuestro pronunciamiento no tiene validez alguna. Sólo quiero hacer presente que, cuando parlamentarios de la Unidad Popular cuestionaron el hecho -incluso, entiendo que sucedió en esta propia Sala; tengo la certeza, sí, de que así ocurrió en la Cámara de Diputados- en la provincia de Valparaíso diversos parlamentarios de la Unidad Popular, en particular el DiputadoAndrade, que fue el informante del proyecto, manifestaron su extrañeza por el hecho de que no se hubiera incluido entre los miembros del Consejo de esa Corporación a un representante del Consejo Regional de las Universidades; el Ejecutivo, con un criterio que nosotros celebramos, remitió al Congreso, antes de que el veto llegara en forma oficial, un anteproyecto de sus observaciones para que fuera conocido por diversos Comités, en especial por el nuestro. No tuvimos la suerte de que se aceptaran nuestras sugerencias, pero en ese anteproyecto venía consignado un representante del Consejo Regional de las Universidades. Lamentamos que, no obstante haber criticado nosotros esa omisión, el Ejecutivo, que había incluido a dicho representante en el anteproyecto mencionado, no lo dispusiera así en el veto oficial, pese a que no sólo manifestamos nuestra disposición, sino también nuestro deseo de que se incorporara a un representante de las Universidades de Valparaíso y Aconcagua como miembro de esta Corporación, como parece lógico, pues en esa zona hay una gran densidad universitaria y académica.
Es todo lo que quería decir respecto del Consejo de la Corporación contenido en el artículo 39 del proyecto en debate.
El señor FERRANDO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Luengo.
Quiero formular una observación respecto de lo manifestado por el Honorable señor Ballesteros sobre la letra g).
El señor Senador ha sostenido la teoría de que, si nosotros no aprobamos la frase que se agrega a esa letra, el Ejecutivo se encontraría impedido de dictar en el reglamento respectivo una disposición para permitir que la CUT designe a los representantes de los obreros y empleados de las dos provincias. En realidad, no es así.
Si el proyecto se despacha manteniendo la letra g) en la forma aprobada anteriormente por el Congreso -es decir, con el siguiente texto: "Un representante de los obreros y otro de los empleados de estas dos provincias"-, el Gobierno quedará facultado para proponer en el reglamento cualquier sistema de elección para estos representantes.
Entonces,, para qué propone el veto.
Repito, puede sugerir cualquier sistema. Por lo demás, no se puede sostener que todo el Congreso haya rechazado el veto, porque éste ya lo aprobó la Cámara. De manera que, por lo menos, la mitad del Parlamento -si pensamos en que hay dos Cámaras; pero bastante más de la mitad, si tenemos en cuenta que los Diputados son 150 y los Senadores 50- dio su voto favorable a la indicación del Ejecutivo en esta materia.
Entonces, para qué le sirve el veto.
Cuando Su Señoría habló, lo oí con calma. Ruego al señor Senador escucharme en la misma forma.
En todo caso, está bien claro que si la ley no ha señalado la forma de elección de esos representantes, perfectamente puede hacerlo el reglamento. Con eso, el Ejecutivo sólo hace uso de su potestad reglamentaria.
El señor GUMUCIO.-
En realidad, la letra g) consignada en la iniciativa constituye un avance respecto de lo que sucedía antes, pues en otros tiempos nunca se designó a los delegados de los obreros y empleados en forma representativa. Siempre se proponía que los sindicatos formaran ternas para que el Presidente de la República nombrara a los delegados eligiéndolos de entre las personas que integraban aquellos. Repito: nunca antes se había hecho lo que aquí se consigna, y reconozco que constituye un avance. Del mismo modo, también constituye adelanto hablar hoy de la participación de los trabajadores, cosa que nunca se había mencionado anteriormente.
Pero quiero ser más franco y directo. A mi juicio, interesa dar a la CUT un refuerzo como organismo suprasindical, que es precisamente la idea contenida en el proyecto que otorga personalidad jurídica
a esa organización y que está pendiente en la Comisión de Legislación. En esa iniciativa se consigna que sus dirigentes serán designados mediante votación universal y secreta de todos los obreros y empleados. Por lo tanto, de prosperar tal proyecto, la Central Unica de Trabajadores será, indudablemente, un organismo suprasindical del mayor interés y valor para el país.
Por lo expuesto, soy partidario de que en la iniciativa en -debate se consigne esta posibilidad para la CUT, sin perjuicio de reconocer que ya lo dispuesto en la letra g) constituye un avance frente a lo escandaloso que resultaba el sistema antiguo. Durante muchos años fue imposible conseguir que se eligiera a representantes directos de los trabajadores. Siempre el Presidente de la República designaba al obrero o al empleado "amarillo" que integraba la terna. En ninguna organización semifiscal o fiscal se logró conseguir lo que hoy establece la letra g), y que con tanto calor se defiende.
Por eso, reconociendo ese hecho, soy partidario de conceder esa atribución a la CUT, como es lógico que la tenga un organismo suprasindical.
El señor MONTES.-
Me referiré muy brevemente a dos problemas.
No quiero entrar a discutir aquí sobre todo el punto de vista de los Senadores del Partido Nacional, quienes niegan representatividad a la Central Unica de Trabajadores. Para nosotros, es absolutamente claro que ése es el organismo de los trabajadores chilenos, independientemente del criterio político que se tenga sobre la situación nacional.
Repito: no existe duda alguna de que la CUT es el organismo representativo de los trabajadores.
Por eso, en nuestra opinión, el criterio que informa el veto debe ser el de que quienes se designen habiten en las provincias de que se trata. Es evidente que no ha de ser otro. Por desgracia, no está dicho así a la letra, pero personalmente entiendo que no puede ser sino ésa la intención, como lo ha expresado el Honorable señor Lorca.
Por otra parte, lo manifestado por el Honorable señor Silva Ulloa es claro: si desaparece el inciso segundo de la letra m) -el relativo a la forma como deben ser elegidos los representantes de obreros y empleados-, como lo propone el Ejecutivo, y en virtud de la votación de la Cámara ya está rechazado, es indudable que el Gobierno deberá dictar un reglamento donde especifique el modo de elegir a esos representantes.
En cuanto a la letra h), también me parece de absoluta claridad que no tendrán representación los campesinos y asentados, si se vota negativamente el veto.
Finalmente, quiero decir que no es verdad que el sistema de elección establecido en la letra m) sea el más democrático. En efecto, en ella se dice:
"Las designaciones a que se refiere la letra g) se efectuarán por votaciones separadas en que participarán los presidentes de todos los sindicatos industriales y agrícolas en el primer caso y por los presidentes de todos los sindicatos profesionales de empleados, en el segundo. El derecho a voto de las personas indicadas será proporcional al número de empleados y de obreros que representan."
Contrariamente a lo que aquí se ha manifestado, nosotros sostenemos que ésta no es la forma más democrática de realizar una elección. Por imperio de la situación reglamentaria, este inciso ha desaparecido, porque la Cámara aprobó la proposición de suprimirlo. Por consiguiente, habrá que encontrar otra forma de elección. Es evidente que no resulta democrático que un presidente de sindicato vote, para elegir a esos representantes, por el total del número de componentes del organismo que preside, incluso por aquellos que tengan opiniones, ideas o posiciones totalmente contrapuestas a las que ese presidente de sindicato tenga. Es preferible establecer una forma de elección directa, en la cual todas las tendencias tengan la posibilidad de ser respetadas, de expresar su opinión. Y ello tendrá que consignarse en el reglamento a que hacía referencia el Honorable señor Silva Ulloa, el que inevitablemente tendrá que ser dictado, para precisar de qué manera serán designados los representantes de obreros y empleados.
Por eso, nos inclinamos por votar afirmativamente las proposiciones del Ejecutivo que aparecen en las páginas 46 y 47 del boletín comparado.
El señor BALTRA.-
Señor Presidente, seré muy breve.
Me parece que hay una falta de consecuencia en lo que se sostiene en un caso y lo que se opina en otro.
Respecto de los empleados y obreros, se impugna que los representantes los designe la CUT, y se pide que se elijan en una forma que no corresponde a una representación democrática: que sean los presidentes de sindicatos quienes los designen. Pero respecto de los industriales, se acepta que sean las asociaciones las que elijan a los representantes; respecto de los pequeños industriales y artesanos, otro tanto, y en cuanto a los comerciantes, que sean las cámaras de comercio, mayorista y detallista, etcétera.
Ahora bien, en la ley Nº 17.444, que creó la Junta para el Desarrollo Industrial de Bío-Bío, Malleco y Cautín, se considera una representación de la CUT, y ésta ha designado representantes elegidos por los consejos provinciales de la CUT. Allí se establece, contrariamente a lo que se dice aquí, una elección directa respecto de los industriales, comerciantes y agricultores. Pero, consideradas las cosas concretamente, allá ha sido imposible tal elección directa, porque en ella tendrían que participar, en algunos casos, veinte mil o treinta mil electores, lo cual significa, casi, una elección parlamentaria. Es preferible, en consecuencia, que la elección la-realicen los organismos representativos.
En este caso, para todos nosotros, la CUT es la expresión legítima de los obreros y empleados.
El señor LORCA.-
Señor Presidente,, sin ánimo de polemizar, quiero recoger algunas de las palabras del Honorable colega señor Gumucio.
No me parece acertado que el señor Senador haya hecho una afirmación como la que le hemos oído como fundamento de su aplauso a este veto aditivo, para demostrar que éste constituye un avance: la de que, antes, se designaban dirigentes "amarillos". La verdad es que en el MAPU, que fue el partido del Honorable señor Gumucio, y en la nueva colectividad que él ha formado con gente que se fue de aquél -dijeron entonces que se iban muchos; yo creo que se fueron pocos-, había muchos dirigentes sindicales, de distintas organizaciones, quienes fueron designados en ternas para integrar consejos, lo que querría decir, de ser cierto lo que asevera el señor Senador, que todos ellos eran "amarillos", a no ser que por entrar al MAPU o a la Izquierda Cristiana se transformen en "blancos", "azules" o "rojos".
Yo creo que esa afirmación es un poco hiriente para todos los trabajadores, contraria a toda la gente que trabaja, que lucha o se organiza en los sindicatos, que es elegida por los asalariados, forma parte de una terna y es designada por el Presidente de la República para un cargo representativo.
Cuando el Honorable señor Gumucio fue líder de nuestro partido -porque fue un viejo líder, y muchas veces dirigente del partido-, influyó en numerosas ocasiones para que, de las ternas en que figuraban, fueran designados esos dirigentes en instituciones. O sea, al decir del señor Senador, en aquella época se habría designado sólo a gente "amarilla". Y
yo, que nada tengo de "amarillo", debo al Honorable señor Gumucio y al compañero Bernardo Leighton el honor de haber sido Consejero Nacional del Partido Demócrata Cristiano durante tres años. ¡Tendría que haber sido yo "amarillo" también, a pesar de que fui propuesto por el Honorable señor Gumucio, a no ser que él lo fuera en esa época!
No se puede, entonces, escupir al cielo, difamar con tanta facilidad a los trabajadores de Chile y atribuirles esa calidad de traidores a su clase.
El señor Senador está en su derecho al defender sus ideas. Es posible que a él le parezca mejor que sea la CUT la que designe a los dirigentes de todas las instituciones. Pero ¿por qué tiene, para fundar este criterio, que ofender a todos los trabajadores que están en consejos de instituciones?
Aún más, con la llegada al Gobierno del señor Allende, se cambiaron todos los consejos. También se designaron sus miembros mediante ternas, no por la CUT; procedimiento que, según el señor Senador, se prestaba a todas estas cosas pecaminosas, ya que, por lo mismo, tales consejeros se transformaran en "amarillos". Calificar de tales a todos los dirigentes designados en instituciones por el señor Allende, sería una falta de respeto al Jefe de) Estado y a la Unidad Popular.
A mi juicio, el Honorable señor Gumucio debe respetar a los trabajadores de quienes fue compañero de partido, a los que están en el MAPU y a los dirigentes sindicales de su partido de ahora, y que no son "amarillos", designados en ternas por el Presidente de la República.
Deploro -repito- que el señor Senador, por defender su punto de vista, ofenda a los trabajadores. A lo mejor, no ha sido éste su ánimo, sino que se fue de palabra e hirió sin quererlo.
Votemos.
Votemos, en vez de seguir escuchando "latas".
Lo que molesta a la señora Senadora..., no, a ella no puedo decirle nada; lo que molesta a otros de mis Honorables colegas es que se hable, porque ellos vienen poco al Senado. Pero hemos sido elegidos para opinar, para legislar, y por este motivo intervengo.
El señor FERRANDO.-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En votación la observación.
- (Durante la votación).
El señor BALLESTEROS.-
Señor Presidente, he pedido la palabra sólo para insistir en que la interpretación que dio el Honorable señor Luengo a esta disposición es en absoluto impropia, dentro del más elemental criterio jurídico, como lo he expresado hace un instante. Para probarlo, me basta este testimonio: si el Ejecutivo compartiera la opinión del señor Senador, no habría formulado este veto, pues dice la letra g) "Un representante de los obreros y otro de los empleados de las dos provincias". Si fuera tan evidente que pudiera designarlos la CUT, no se habría dado el trabajo el Gobierno de agregar: "designados por la Central Unica de Trabajadores".
Por lo tanto, me remito a la interpretación del propio Gobierno, que prevalece sobre la que ha expresado el Honorable señor Luengo.
El señor LUENGO.-
Me referiré nuevamente al punto abordado por él Honorable señor Ballesteros.
Nuestro Honorable colega sostiene que, si el Senado rechaza la agregación de esa frase, el Ejecutivo queda impedido de establecer en el reglamento que esos representantes deban ser designados por la CUT. Lo que el Ejecutivo ha querido es hacer presente que prefiere que tal disposición quede en la ley. Pero si así no ocurre, él tiene que reglamentar de alguna forma el nombramiento de esos representantes, y tendrá absoluta libertad para determinar de qué manera se designarán. Es evidente que podrá mantener su idea de que los elija la CUT, pero también podrá pedir que, por medio de ternas, los designe el Presidente de la República, o establecer que los nombren directamente empleados y obreros. Tendrá, en fin, infinidad de posibilidades al respecto. Sostener otra cosa es dar una interpretación equivocada a la potestad reglamentaria del Ejecutivo, según se establece en la Constitución Política del Estado.
Voto que sí.
El señor PABLO.-
Señor Presidente, la mayoría del Senado está votando en contra del veto tendiente a agregar la frase que dispone que los representantes de obreros y empleados que han de integrar ese organismo deben ser designados por la CUT.
Lo que está claro es que hay una negativa del Senado; por lo tanto, del Congreso. Siendo así. . .
No.
Del Congreso no, señor Senador. La Cámara dijo que sí.
Para que el Parlamento opine de manera determinada, tiene que haber coincidencia entre ambas. Cámaras. No habiendo aquiescencia en una de ellas y no siendo predominante la otra, quiere decir que el Congreso opinó negativamente. En tal caso, lo único que puede hacer el Presidente de la República es imponer, en uso de su potestad reglamentaria, su voluntad contraria a la que ha manifestado el Parlamento.
Creo, pues, que el argumento que acabamos de escuchar fue expresado en tono festivo por mi Honorable colega.
Voto que no.
-Se rechaza la observación (16 votos -por la negativa, 13 por la afirmativa y 3 pareos).
-De acuerdo con la norma de procedimiento general, se aprueban las observaciones recaídas en las letras h) y l) del artículo 3°, y se rechazan las recaídas en la letra m) del mismo precepto, consistentes en suprimir sus incisos segundo y tercero y se insiste en ellos, aunque la decisión del Senado no produce efectos jurídicos.
-De acuerdo con la norma de procedimiento general, en el artículo 4º se aprueba la observación a la letra i), y, aunque no produce efectos jurídicos, se acuerda rechazar la formulada sobre la letra k) e insistir en el criterio del Congreso.
-De acuerdo con la norma de procedimiento general, en el artículo 4° se aprue-recaída sobre la letra m) del artículo 49.
Artículo 5º. Página 52 del boletín comparado.
La Comisión recomienda rechazar la observación e insistir en el texto del Congreso. La decisión del Senado no produce efectos jurídicos.
El señor BALLESTEROS.-
Pido la palabra.
Tiene la palabra Su Señoría.
Seré muy breve, señor Presidente.
Hemos rechazado la observación tendiente a suprimir, en el inciso primero del artículo 5º, las palabras "a propuesta del Consejo", por estimar que constituye otra medida para limitar la autonomía de la Corporación que se crea.
Durante la discusión del proyecto, el Congreso estimó unánimemente que el procedimiento más adecuado para designar el Vicepresidente Ejecutivo era un sistema mixto, en el cual interviniera el Presidente de la República como factor de decisión, y el Consejo mismo como proponente. Por lo demás, se trata de un sistema consagrado en numerosas instituciones, y lo consigna, por cierto, la legislación que les da vida. Sin embargo, ahora esto ha sido desechado por el Ejecutivo, con el propósito de que sea el Primer Mandatario, sin ningún otro tipo de intervención, quien designe al Vicepresidente Ejecutivo.
Esta es una prueba más del propósito de quienes formulan el veto: limitar la autonomía e independencia de la Corporación de Desarrollo para Valparaíso y Aconcagua.
La Cámara rechazó la observación consistente en suprimir el artículo 10, pero no insistió en la aprobación del texto primitivo.
Aunque el pronunciamiento del Senado no produce efectos jurídicos, la Comisión recomienda rechazar la observación e insistir en el criterio del Congreso.
-En conformidad con el acuerdo de 'procedimiento general, se rechaza la observación del Ejecutivo y se insiste en el criterio del Congreso, y en seguida se aprueban las observaciones a los artículos 8º y 9º.
El señor IBAÑEZ.-
Juzgo de importancia dejar testimonio de que esta observación es una de las más efectivas para quitar autonomía a la Corporación que se crea, porque ni siquiera los miembros del Consejo podrán tener la oportunidad de proponer nombres para que el Presidente de la República elija al Vicepresidente que será la autoridad ejecutiva máxima de esa entidad.
De todas maneras, si se considera que las enmiendas que ya se han introducido en la composición del Consejo entregan el manejo a una abrumadora mayoría de funcionarios dependientes del Presidente de la República, a mi juicio es más derecho votar en contra de esta disposición, aunque el Sanado no tenga fuerza para insistir, y en consecuencia quede establecido que el Vicepresidente Ejecutivo será designado por el Presidente de la República.
Así va a quedar, cualquiera que sea la votación del Senado, Honorable colega.
Evidente. Sé muy bien que eso ocurrirá, señor Senador.
Sólo quería poner de manifiesto que en esa forma se cercena hasta la ilusión de que el nuevo organismo pueda tener autonomía.
Dejo constancia de este hecho, y voto en contra.
Quiero fundar mi voto, señor Presidente.
El señor FERRANDO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
Sólo deseo dejar constancia de que en esta forma quedará eliminada una de las disposiciones más importantes del proyecto y que resuelve uno de los problemas más urgentes de la provincia de Valparaíso: que haya un organismo competente radicado en la provincia, que se dedique a la solución y estudio de los problemas hidrológicos de la zona, de los cuales dependen la vida y el progreso de Valparaíso y Aconcagua.
Repito: al suprimir este precepto, se quita a la Corporación una de sus más importantes atribuciones.
Sólo quería dejar constancia de este hecho, señor Presidente.
-De acuerdo con la norma de procedimiento general, se rechaza la observación al artículo 10 y se insiste en la aprobación del texto primitivo.
El señor SILVA ULLOA.-
El artículo 10 fue suprimido con el propósito de evitar que la Corporación que se crea para atender a las provincias de Valparaíso y Aconcagua incurra en gastos inoficiosos, toda vez que el trabajo señalado en el artículo que se suprime lo realizan la Empresa Nacional de Riego y la Dirección de Aguas del Ministerio de Obras Públicas. Inclusive, el precepto que se propone eliminar establece que estas dos entidades asesorarán a la secretaría técnica especial que se creaba para dichos fines.
Conocemos las limitaciones de los recursos del Consejo de Desarrollo de Valparaíso y Aconcagua, y, naturalmente, una de las maneras de hacer menos dramática la falta de financiamiento, consiste en no incurrir en duplicación de gastos. De ahí que el veto sea justo.
Quiero aprovechar esta oportunidad para señalar, como hombre nacido en la provincia de Valparaíso, que la idea de crear un organismo destinado a impulsar el desarrollo de esa región, tal como lo señalé en las Comisiones del Senado, nació hace más de 35 años. En efecto, recuerdo que don Gastón Ossa fue uno de los propulsores de esa idea. Han pasado muchos Gobiernos desde 1935 sin que se logre materializar esta iniciativa. Y el Gobierno que preside el señor Allende tiene el privilegio de haber dado la oportunidad de contar con un organismo -se puede sostener que imperfecto- que será beneficioso para la provincia de Valparaíso y también para la de Aconcagua.
Artículo 12. La Comisión recomienda rechazar la primera observación, e insistir, aunque el acuerdo del Senado no produce efectos jurídicos.
El señor BALLESTEROS.-
Pido la palabra.
A mi juicio, estamos en la parte más importante del proyecto, y por la brevedad que impone esta etapa del debate de las observaciones, sólo quisiera decir que tanto en esta disposición como en las que siguen, se produce la lesión más grave a la Corporación que se ha pretendido crear.
En la mañana de hoy destacaba que esta Corporación estará desfinanciada. El señor Ministro no me desmintió, porque no podía hacerlo. Inclusive, hay constancia en el informe que los señores Senadores tienen a la vista de que esta entidad está subfinanciada. El señor Zorrilla reconoció que, por la premura en la formulación de las observaciones, el Ejecutivo no pudo proponer, como habría sido su propósito, algunas fuentes de financiamiento para sustituir a las vetadas. Nosotros creemos que si no se cumple con el compromiso moral del señor Ministro, expresado en las Comisiones Unidas, de dar financiamiento complementario a la Corporación de Desarrollo, nos encontraríamos en presencia de lo que afirmábamos al comienzo de esta sesión: que será un instrumento sin contenido, una cascara que no tendrá la sustancia ni la eficacia suficientes para lograr los propósitos y objetivos que se desean.
En realidad, no quiero cansar al Senado haciendo presente. . .
No lo canse más.
No lo cansaré, señor Senador, porque eso lo estoy diciendo yo.
Sólo quería enfatizar el hecho de que si la Corporación de Desarrollo para Valparaíso y Aconcagua, que ha perdido autonomía por las razones que he venido señalando, no cuenta con los recursos suficientes, sería preferible no crearla. De allí que hago fe en las palabras del señor Ministro de Hacienda, y espero que en una ley posterior entregue los recursos para que este organismo pueda funcionar, ni siquiera digo con eficiencia, sino solamente para que pueda funcionar.
El señor IBAÑEZ.-
Señor Presidente, para abreviar, me referiré a la observación en debate y a la que recae sobre la letra c) del artículo 12.
Mediante estas dos supresiones el Ejecutivo elimina el financiamiento de la nueva entidad, porque la letra a) trataba de establecer siquiera una mínima garantía de que la Corporación de Desarrollo para Valparaíso y Aconcagua contaría con aporte fiscal anual. Sin embargo, el veto elimina la garantía de que los aportes de la ley de Presupuestos no podrán ser inferiores al 25% del total de los ingresos efectivos del Fondo de Desarrollo en el ejercicio financiero anterior al año de formación del presupuesto fiscal correspondiente.
En consecuencia, en esta observación y en la eliminación de la letra c) se evidencia claramente el propósito del Ejecutivo de que esta Corporación no cuente con recursos para funcionar.
Yo quisiera tener el optimismo del Honorable señor Ballesteros; pero desgraciadamente no puedo compartirlo, porque tengo la absoluta seguridad de que no se entregarán nuevos fondos a este organismo, pues la actitud y el propósito del Gobierno a través de todas las disposiciones del veto en debate han sido bien manifiestos: que la Corporación no pueda funcionar.
En esta parte deseo poner de relieve un cambio diametral en el comportamiento del Ejecutivo: su conducta pre y la post-electoral.
Cuatro días antes de la elección complementaria, el Gobierno no tuvo inconveniente alguno en derrochar 140 millones de escudos para torcer la voluntad del pueblo de esa provincia, con un desconocimiento total de la sicología de los porteños.
¡Eso es una falsedad!
¡Cómo puede hablar de falsedad, cuando tuvieron la impudicia, al día siguiente de la estruendosa y merecida derrota del Gobierno, de cerrar las puertas del Banco del Estado y no conceder un peso más a los damnificados!
La opinión pública de Valparaíso habrá de entender claramente que en el veto al proyecto de reconstrucción hay una actitud punitiva respecto del electorado de una provincia que tuvo la altivez de no dejarse doblegar ni por las amenazas, ni por las promesas ni por el soborno. Este ha sido el motivo por el cual se les resta hasta lo más esencial del financiamiento que debe tener una corporación de esta naturaleza: la seguridad de un aporte estatal al año.
Deseo que quede testimonio de lo que estoy diciendo. Y habré de repetirlo en Valparaíso. Los porteños no son gente que viva muy atenta a las maniobras políticas realizadas en la capital; pero tampoco son tan inocentes como para no darse cuenta, primero, de que trataron de cohecharlos en la última elección parlamentaria efectuada en la provincia, y en seguida, de que la decisión del Gobierno envuelve una actitud de carácter punitivo adoptada en contra de ellos. Es la actitud post-electoral, destinada a castigar a Valparaíso, provincia a la que se priva hasta de la más remota posibilidad de levantarse de la desgracia en que la sumió el terremoto, mediante el instrumento de trabajo que representa la Corporación de Desarrollo.
¡Son sólo falsedades del señor Ibáñez!
¡Las verdades son dolorosas!
¡Nunca saben aceptar una derrota!
¡No es una derrota!
¡La tremenda derrota de Valparaíso! ¡A eso se debe su estado de ánimo actual!
¡Fue un tropiezo!
¡Fue una lección para la Unidad Popular y un preludio de lo que vendrá!
¡El gran cohechador de Valparaíso y Aconcagua viene a formular cargos de ese tipo al Gobierno...!
¡Use más la imaginación, señor Senador, y no repita lo mismo que le estamos diciendo a ustedes!
El señor SILVA ULLOA.-
Señor Presidente, como ya sostuve, es probable que la corporación que se crea para Valparaíso y Aconcagua carezca de los recursos indispensables para todas las obras que podría realizar, y que, aunque se hubieran aprobado todas las normas de orden financiero contenidas en el proyecto, siempre habríamos estado insatisfechos.
Sin embargo, quiero recordar que durante la discusión de la iniciativa se afirmó que el Fondo Nacional de Reconstrucción estaba sobrefinanciado, argumentándose que, en vez de poco más de 3 mil millones de escudos, el rendimiento sería superior a 6 mil millones.
El Ejecutivo desea que los excedentes de financiamiento que se produzcan durante los años 1971 y 1972, sobre 4 mil millones de escudos, pasen a formar parte del patrimonio de las Corporaciones de Valparaíso y Aconcagua y de Coquimbo y Atacama; me parece que 70% para la primera y 30% para la segunda.
En tales condiciones, no puede sostenerse, teniendo presentes los argumentos entregados con anterioridad, en el sentido de que el rendimiento superaría los 3 mil millones de escudos, que el financiamiento de la Corporación que se crea será para este año de sólo 25 millones de escudos.
Por lo tanto, lo dispuesto en el artículo que estamos tratando debe analizarse con relación al artículo 37, en el que se establece la limitación de 4 mil millones de escudos para el Fondo Nacional de Reconstrucción, que correspondería al ítem 08/01/03.110 del Ministerio de Hacienda.
-Se rechaza la observación recaída en la letra a) del artículo 12.
-Se aprueba el veto recaído en la letra b) del mismo artículo.
-Se rechaza, la observación recaída en la letra c) del artículo 12 y se acuerda insistir en el texto primitivo.
-Se aprueba el veto recaído en la letra d) del mismo artículo.
-Se rechaza el veto a la letra a) del rubro "Fondo de Desarrollo de la provincia de Aconcagua" y se insiste en la aprobación del texto primitivo.
En cuanto al veto a la letra b) del mismo rubro, la Comisión recomienda rechazarlo e insistir en la aprobación del texto primitivo, haciendo presente que la resolución del Senado no produce efectos jurídicos.
El señor FERRANDO (Vicepresidente).-
En discusión.
Ofrezco la palabra.
El señor IBAÑEZ.-
Pido dejar constancia de que para Aconcagua no se consigna un solo centavo, salvo los ingresos provenientes del rendimiento de los impuestos que gravan a los tabacos, que aquella provincia, como expliqué en la mañana, los está percibiendo desde hace varios años.
Repito: el Ejecutivo no ha destinado un solo centavo para la provincia de Aconcagua.
-Se rechaza el veto y se acuerda insistir en la aprobación del texto primitivo.
-Se aprueba la observación recaída en la letra e) del rubro "Fondo de Desarrollo de la provincia de Aconcagua".
-Respecto de la observación recaída en el artículo 14, consistente en sustituirlo por otro, se aprueban los incisos primero, segundo, tercero, quinto y sexto de la nueva disposición.
-Por 14 votos negativos contra 13 afirmativos, se rechaza el inciso cuarto del nuevo artículo 14 que introdujo el Ejecutivo.
-Se aprueba el veto recaído en el epígrafe "Título III".
La Comisión recomienda aprobar el veto recaído en el artículo 16.
El señor FERRANDO (Vicepresidente).-
En discusión.
Ofrezco la palabra.
El señor PALMA.-
Señor Presidente, como estamos prontos a votar lo relacionado con la creación de la Corporación de Desarrollo de Atacama y Coquimbo, quiero aprovechar la oportunidad para referirme, por única vez, a todos los problemas planteados por los vetos a las normas relativas a los organismos creados para afrontar, no -sólo las dificultades provocadas por el terremoto en la zona, sino las cuestiones de desarrollo regional.
El proyecto en estudio, tal como se concibió primitivamente, tenía algunos errores factibles de rectificarse. Entre ellos podría citar más de uno contenido en el artículo 16 que debatimos.
Con relación a los vetos a las normas sobre financiamiento de la Corporación de Atacama y Coquimbo, debo señalar que, en virtud de las observaciones gubernativas, aquella entidad no será más que un organismo representativo que podrá realizar trabajos de programación y planificación conforme a los planes generales para el país; o sea, será una entidad carente de vida propia, porque no tendrá fondos reales.
La composición misma de dicho organismo ha sido objeto de algunas enmiendas. A mi juicio, revisten gran importancia--son incongruentes con la realidad de la zona- las consistentes en eliminar la representación de los Consejos Regionales Mineros de Coquimbo y Atacama y las de las asociaciones mineras de ambas provincias. Y digo que son incongruentes con la realidad regional, porque se trata de zonas en que los pequeños y medianos mineros tienen importancia fundamental
Por eso, la corporación que se crea pasa a ser una especie de organismo burocrático, sin mayor significado; no se le da el carácter que se proponía primitivamente.
Quiero señalar también de manera muy especial que el financiamiento dado inicialmente al artículo respectivo se basaba en la creación de nuevas fuentes de ingresos que hasta el momento no formaban parte ni de los presupuestos gubernativos ni de las entradas habituales. En efecto, dice el artículo 30 que los ingresos permanentes de la Corporación de Fomento y Desarrollo de Atacama y Coquimbo serán:
"a) Los recursos que la letra 1) de la cláusula decimoséptima transitoria de la Constitución Política del Estado destina a las provincias de Coquimbo y Atacama;".
El veto sustituye el punto y coma por una coma y agrega la siguiente frase: "con excepción de los que deben entregarse a las Municipalidades;". Esto me parece muy bien.
Sin embargo, debo dejar constancia de que esos ingresos ya existían en conformidad a un precepto que introdujimos durante la discusión del proyecto de reforma constitucional sobre nacionalización del cobre. Además, en las actuales circunstancias, por los precios del metal rojo y por las utilidades que generarán las respectivas empresas, las cantidades efectivamente disponibles para la Corporación de Fomento y Desarrollo de las provincias de Atacama y Coquimbo serán muy reducidas, si no nulas.
En seguida, se mantienen como fuentes de financiamiento para la referida Corporación "Los ingresos a que se refiere el artículo 16 de la ley Nº 16.894, una vez cumplida la finalidad que en dicha disposición se señala;".
Dichos ingresos son los provenientes de la aplicación de un tributo a la exportación de hierro por el puerto de Coquimbo y que están destinados a la construcción de sendos hospitales en esa ciudad y en Copiapó. Los referidos recursos están comprometidos durante mucho tiempo. Por lo tanto, en cuanto a la Corporación señalada, dicho precepto, signado con la letra b), nada rendirá antes de cinco o seis años. La mencionada norma legal fue propuesta en su oportunidad por el Honorable señor Noemi.
Habíamos propuesto -y se aceptó, inclusive con el voto del Honorable señor Miranda, quien conoce a fondo los problemas de la zona- que el 50% de los excedentes producidos por la explotación de los yacimientos de fierro de la Compañía de Acero del Pacífico en las provincias de Atacama y Coquimbo, se destinara a la Corporación de Desarrollo de esa región.
Se trata de recursos producidos en la zona, que, como consecuencia de la nacionalización de las minas de fierro -concretamente, de la Bethlehem y de otras compañías cuya nacionalización está en marcha-, no figuraban en el Presupuesto, porque correspondían a las utilidades de dichas empresas y de las cuales, naturalmente, ellas disponían.
Por lo tanto, después de descontar la parte correspondiente al pago de las indemnizaciones, el saldo alcanza a un monto apreciable, que en los cálculos iniciales se estimó en tres o cinco millones de dólares. Tales recursos permitirían financiar a la Corporación de Desarrollo de Atacama y Coquimbo sin necesidad de restar un solo centavo de los dineros de que dispone hoy el Fisco para afrontar sus compromisos presupuestarios.
Lo mismo sucede respecto de los demás artículos.
Deploro que se haya vetado el relativo a los excedentes producidos por las plantas de la Empresa Nacional de Minería instaladas en el río Salado, que, de manera directa, beneficiaban al departamento de Chañaral, que es una de las localidades más postergadas del país, ya que inclusive carece de agua potable, y requiere, por cierto, de una ayuda extraordinaria, como la que aquí oportunamente se propuso.
Por tales razones, el veto ha significado, en la práctica, transformar a la Corporación de Desarrollo de Coquimbo y Atacama en un organismo exclusivamente burocrático, sin financiamiento y carente de vida propia.
Discrepo de aquellos parlamentarios que estiman factible resolver el problema por la vía de una disposición genérica posterior que destina a las Corporaciones que se crean los excedentes de esta ley.
Es efectivo que excedentes se van a producir, pero los costos de las obras de reconstrucción aumentarán extraordinariamente con relación a lo previsto, y con toda seguridad en el curso de la próxima semana llegará un proyecto por medio del cual se tratará de financiar esos mayores costos. Para ello se recurrirá, sin duda, a la misma tributación que aquí se establece para los próximos dieciséis meses, con el objeto de financiar las obras de reconstrucción en las zonas afectadas por el terremoto.
De allí que las disposiciones genéricas que destinan los excedentes a la Corporación de Coquimbo y Atacama carecen de significado real, y muchos menos de significado permanente, que es el que nos interesa.
Por eso, estimo que el Ejecutivo no ha interpretado los intereses de la región al enviar un veto que, en la práctica, deja a esa Corporación sin los recursos necesarios para realizar un plan de desarrollo autónomo, aunque sujeto a ciertas exigencias, por el carácter nacional que los planes de desarrollo poseen.
La idea de que instituciones autónomas de esta especie existan en diversas regiones de Chile ha ido ganando la conciencia de los ciudadanos. Por eso se han creado numerosas entidades que, prácticamente, van cubriendo todo el territorio.
Cuando se propuso dar vida a la Corporación de Desarrollo de Atacama y Coquimbo, entendimos -y así lo conversamos en más de una oportunidad con el Director de la Oficina de Planificación Nacional- que se estaban recogiendo los anhelos de los habitantes de esa región, en la misma forma como se había hecho respecto de otras, que se organizaría una institución absolutamente fuerte y autónoma. Deploramos que no haya sucedido así, y esperamos que en el curso de los próximos meses, cuando esté en funciones aquella entidad, puedan introducirse las enmiendas del caso, recogiendo, entre otras, las ideas que hemos planteado y que, a mi juicio, tienen una base sólida y responden a los intereses regionales sin afectar a los intereses permanentes del país.
El señor MIRANDA.-
El Título III, que crea la Corporación de Desarrollo de Atacama y Coquimbo, se incorporó a la iniciativa en debate en virtud de una indicación formulada por el Senador que habla, quien presentó separadamente un proyecto de ley sobre la materia, proyecto que el Ejecutivo aceptó incorporar en el articulado que envió al Congreso para resolver el serio problema creado a las provincias afectadas por el último sismo. Respecto de esta materia, concuerda en que no solamente deben adoptarse las medidas necesarias para la reconstrucción de la zona, sino que se deben proporcionar también los elementos adecuados para su desarrollo.
En consecuencia -repito-, aceptó la idea propuesta por el Senador que habla de crear esta Corporación de carácter autónomo.
Toda idea es susceptible de ser perfeccionada. Por ello, estoy cierto de que la Corporación que ahora se crea puede ser mejorada notablemente en lo futuro. Sin embargo, no participo de las expresiones del Honorable señor Palma, quien estimó que sólo se crea un organismo burocrático, sin recursos propios suficientes.
Sin duda, es conveniente la idea aceptada por el Gobierno, por la Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN), de dar trato excepcional a las zonas deterioradas económicamente y que han sido llamadas zonas sumergidas. Más aún, la práctica ha demostrado que es así con la creación de organismos similares en las provincias extremas del país. La experiencia ha demostrado también la necesidad de introducir algunas enmiendas a las leyes que crearon estas Corporaciones, llamadas Junta de Adelanto, en el caso de Arica, y Corporación de Desarrollo, en el de Magallanes, cuyo texto original ha sido modificado por diversas leyes.
A mi juicio, es conveniente destacar el hecho de que, por medio de la iniciativa que tuve el honor de presentar a la consideración del Congreso, se da un instrumento legal, una herramienta jurídica, que permitirá crear esta Corporación de carácter autónomo, con relativo poder de decisión, porque no nos apartamos de la idea de que, como entidad planificadora, deberá atenerse al criterio central, como se consigna en el inciso primero del artículo 16. En todo caso, se vinculará muy estrechamente a la comunidad con la Corporación que se crea.
En términos generales, se mantiene casi íntegramente la composición del Consejo. Sin embargo, deploro que el Ejecutivo haya vetado algunas letras del artículo 17, relativas a la integración de ese organismo. Me refiero especialmente a la eliminación de un representante designado por las sedes universitarias de ambas provincias, en las cuales hay sedes de la Universidad de Chile, de la Universidad Técnica del Estado y de la Universidad del Norte. Nos parecía conveniente -y así lo hicimos presente en nuestro proyecto- que miembros académicos de esas sedes tuvieran participación en el Consejo.
A propósito de la Corporación de Desarrollo que se crea en el artículo despachado anteriormente, el Honorable señor Ballesteros destacó que el Congreso no incluyó entre los miembros del Consejo a los representantes del Consejo Universitario de Valparaíso, lo que lamentablemente tampoco se hizo por intermedio del veto. Sin duda, ésta es una materia que debe ser considerada en modificaciones legales posteriores.
En seguida, si bien es cierto que se mantiene a un representante elegido por la Asociación de Pequeños Mineros y Pirquineros de las provincias de Coquimbo y Atacama, debemos lamentar que se haya eliminado al representante de los Consejos Regionales Mineros y al de las Asociaciones Mineras de ambas provincias, porque, incuestionablemente, la principal actividad de la región es la minería.
Sin embargo, el resto de la representación se mantiene, lo que permitirá, a mi juicio, vincular estrechamente a la comunidad con la Corporación.
En el resto de la disposición se mantiene prácticamente la misma estructura que propusimos en el proyecto a que me he referido, pero hay algunas supresiones, en especial en el aspecto financiero, mencionadas en términos generalas por el Honorable señor Palma.
A nuestro juicio, el financiamiento consignado para esta Corporación es suficiente por ahora, aunque es susceptible de complementarlo más adelante.
Desde luego, lo fundamental es que los excedentes de los recursos del cobre, que en virtud de la modificación de la Carta Política destinada a nacionalizar esa industria se entregan por primera vez a la provincia de Coquimbo, podrán utilizarse en una forma centralizada y perfectamente canalizada. La experiencia demuestra que a veces se ha perdido de vista una política centralizada que hubiera permitido un mejor desarrollo de esas provincias, sobre la base del mejor aprovechamiento de los recursos del cobre. Al respecto, vale la pena señalar que el contexto de las distintas disposiciones que crean esta Corporación no fue bien entendido en un comienzo, especialmente en la provincia de Atacama, donde se pensó que, por medio de este proyecto de ley, pretendíamos utilizar los recursos del cobre que las leyes le otorgan, en beneficio de la de Coquimbo, lo cual no es efectivo, porque se olvidó que, precisamente, en virtud de la última Reforma Constitucional, se entrega también -y por primera vez- una participación importante de aquellos dineros a la provincia de Coquimbo.
Luego se mantiene -aunque con ciertas modificaciones- la obligación del Gobierno de financiar esta Corporación por medio del Presupuesto Nacional. Al respecto, puedo informar que en la mañana de hoy tuve oportunidad de conversar con el señor Ministro de Hacienda, el compañero Zorrilla, quien me expresó que en el proyecto de Presupuestos del próximo año se ha considerado ya una importante suma con el objeto de financiar a esa Corporación.
En seguida, el Ejecutivo propone un veto de extraordinaria importancia en el artículo 2'5, que crea el Instituto de Zonas Aridas y autoriza al Presidente de la República, mediante delegación de facultades del Congreso, para fijar de manera muy amplia las atribuciones de ese organismo, así como su planta y remuneraciones.
El Ejecutivo, entendiendo perfectamente el propósito que nos guió al proponer la creación del Instituto de Zonas Aridas -idea que reviste la mayor trascendencia para el desarrollo no sólo de las provincias del Norte Chico, sino también de otras zonas áridas del país, como las provincias de Tarapacá y Antofagasta, algunas del centro y la austral de Magallanes-, sugiere dar mayor rango a aquella entidad. La observación, que la Cámara ya aprobó -esperamos que tenga la misma suerte en el Senado- suprime la dependencia de ese Instituto del Ministerio de Agricultura y le otorga organización y característica jurídica diversas; es decir, tendrá igual categoría que la de la Oficina de Planificación Nacional.
El Instituto de Zonas Aridas está llamado a desempeñar vastos programas de trabajo y, sin duda, será uno de los organismos que contribuirán poderosamente al desarrollo de esas regiones.
En la actualidad, el Instituto ya existe, en virtud de un convenio celebrado entre la Universidad de Chile, la Corporación de Fomento y el Ministerio de Agricultura. Es obvio que el carácter jurídico de tal convenio no puede tener la misma fuerza que la disposición legal que ahora crea el Instituto de Zonas Aridas.
Ya se han realizado algunas labores de enorme relevancia en virtud de tal convenio: se suscribió un acuerdo internacional con el Gobierno de Israel que ha permitido que técnicos de muy elevada categoría y de mucha experiencia hayan recorrido diversas provincias del territorio y se estén realizando, como en la de Coquimbo y otras, algunas investigaciones avaladas por el conocimiento profundo que sobre esta materia se tiene en aquel país.
El Instituto no sólo debe desarrollar una labor exclusivamente técnica, pragmática, sino que, además, vinculada estrechamente a las universidades, especialmente a la sede de la Universidad de Chile en La Serena, donde ya es posible poner en ejecución algunos programas de investigación científica. Como es lógico, el veto permitirá incrementar esas tareas, ya que tendrán mayor respaldo jurídico.
Es indudable que uno de los problemas más serios de Chile, por sus condiciones ecológicas y por la forma tan precaria en que se desarrolla la agricultura en el Norte Chico y en otras zonas a que ya me referí, es el avance del desierto. Por eso, las experiencias y proyecciones de este Instituto contribuirán de manera fundamental, en primer término, a formar conciencia de la importancia del agro en tales zonas áridas; y, luego, a crear el ambiente adecuado, mediante la cooperación de las universidades, para lograr su desarrollo integral. Tal tarea deberá relacionarse directamente con la explotación del agro y deberá ejecutarse mediante programas de integración económica regional que permitan a tales zonas salir del subdesarrollo. Es decir, se pretende promover un proceso que permita explotar recursos hasta ahora no considerados en esas provincias.
Por las razones expuestas, celebramos la idea incorporada por el Gobierno en ese veto en el sentido de otorgar la mayor relevancia al Instituto de Zonas Aridas.
Los demás artículos relativos a la Corporación de Desarrollo de Atacama y Coquimbo no han sufrido alteraciones exageradas. Es evidente que para nosotros, como representantes de esas provincias, habría sido enormemente satisfactorio contar, como es lógico, con un financiamiento más adecuado y amplio. Paro, por otra parte, también es razonable que el Gobierno, desde su punto de vista, oriente la política fiscal.
No es nuestro propósito, ni nunca lo ha sido, imponer un criterio insular para obtener el desarrollo de esas provincias. Sólo nos mueve la idea de darles el impulso económico que ellas merecen.
Estimo que ha sido beneficiosa la experiencia recogida por el país acerca de las actividades desarrolladas por corporaciones semejantes a las que ahora se crean para estas provincias. Resumiendo mi pensamiento: la Corporación de Desarrollo de Atacama y Coquimbo, como las otras ya creadas, es susceptible de mejoramientos; la representación de su Consejo -reitero- la vincula estrechamente con la comunidad; tiene autorizaciones muy amplias y, no obstante la crítica del Honorable señor Palma, tendrá facultades decisorias en materias atinentes al desarrollo de esas provincias. En consecuencia, dado el financiamiento propuesto para ella, estimo que se ha creado un organismo estructurado para impulsar de manera importante el desarrollo de esas regiones.
Votaremos favorablemente todas las observaciones que el Ejecutivo introdujo en este Título, y nos reservamos la iniciativa para mejorar aquellos aspectos que creemos susceptibles de perfeccionamiento.
Se suspende la sesión por 20 minutos.
-Se suspendió a las 18.5.
-Se reanudó a las 18.30.
Continúa la sesión
Había solicitado la palabra para referirme al artículo 16 del proyecto antes de suspenderse la sesión.
El señor AYLWIN (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
Considero de mi deber, aunque sea muy brevemente, referirme a este artículo que crea la Corporación de Fomento y Desarrollo de Atacama y Coquimbo.
Cuando se presentó la indicación respectiva, de que es autor el Honorable señor Hugo Miranda, nos llenamos de ilusión y, naturalmente, compartimos sus inquietudes en cuanto a su proposición, que luego se convirtió en el artículo 16, Título III, del proyecto en debate. Pero la verdad es que el veto del Ejecutivo ha deteriorado totalmente esa idea, que considero muy importante. Pensábamos que al crearse esta corporación, los atacameños y coquimbanos podrían haber contado con un elemento de trabajo, de producción, de creación. Pero las modificaciones que se le han introducido a través del veto hacen que este organismo dependa excesivamente de ODEPLAN, y le restan autonomía e iniciativa.
Por otra parte, en la composición de su directorio se deja afuera a los representantes de la principal actividad de la zona: la minería. Hace poco estuve en una reunión con ellos, en que exponían sus inquietudes por el problema de las tarifas. Ya entonces estaban preocupados de este asunto y decían: "¿Por qué nosotros no vamos a figurar en el directorio de la corporación, cuando participamos en la industria fundamental de la región?"
Otro tanto sucede con los universitarios, que el veto también deja fuera del directorio.
Sostengo que un directorio en que no participan ni la juventud ni los representantes de la producción, en realidad carece de la raíz y la vida que debería tener un organismo como el que se creaba, a través de la indicación del Honorable señor Miranda, y éste pasa a ser sólo otra entidad burocrática.
En cuanto al financiamiento, estoy absolutamente de acuerdo con lo que planteaba el Honorable señor Palma. En verdad, se reducen totalmente los recursos de la corporación. ¿Qué queda? Simplemente los fondos que la letra 1) de la cláusula 17º transitoria de la Constitución Política del Estado destina a las provincias de Atacama y Coquimbo, vale decir, los fondos del cobre, con que siempre ha contado Atacama, y el 10% de los fondos del cobre destinados a obras públicas de Coquimbo establecido en virtud de una iniciativa que presentamos en su oportunidad el Honorable señor Palma, el Senador que habla y otros señores Senadores. Pero todos estos fondos están totalmente comprometidos, con la agravante de que, de acuerdo con los antecedentes de que disponemos, los resultados económicos del mineral El Salvador este año serán peores que los de años anteriores, por el alza del costo de producción y por la baja del precio del cobre. Es decir, ni siquiera se podrá contar con fondos que ya estaban comprometidos.
Por otra parte, quedarían los ingresos a que se refiere el artículo 16 de la ley 16.894, pero sólo una vez cumplida la finalidad que en esa disposición se señala. Tal como decía el Honorable señor Palma, es una ley de la que fui autor y que impone un gravamen de dos centavos por cada tonelada de hierro que se exporte. Pero para que estos fondos ingresen al financiamiento de la Corporación de Fomento y Desarrollo de Atacama y Coquimbo, previamente debe terminarse la construcción de los hospitales de Copiapó y de Coquimbo, para lo cual todavía faltan dos años. En consecuencia, estos recursos tampoco servirán de inmediato para la finalidad del proyecto.
Por último, según la letra e) del artículo 30, relativa al financiamiento de la Corporación, quedarían "los aportes que, anualmente, se consultarán en la Ley de Presupuestos de la nación." La disposición despachada por el Congreso establecía que ellos "no podrán ser inferiores al 25% de los ingresos que obtuviere la Corporación en el año anterior al de vigencia del aporte"; pero esta frase se suprimió mediante el veto, de modo que los aportes quedan sin mínimo. Según esto, los recursos usualmente destinados a obras públicas en la provincia -que en Atacama siempre han sido muy exiguos, en atención a que disponía de los fondos del cobre- serían los únicos con que contaría la Corporación por este concepto.
Por lo tanto, considero verdaderamente optimista la esperanza del Honorable señor Miranda en el sentido de que los aportes presupuestarios serán de alguna significación. Ojalá que lo sean y, lógicamente, lucharemos por que ellos se obtengan.
Por otra parte, respecto de las zonas áridas, debo recordar que acaba de efectuarse un congreso internacional en Arica, donde se fijó una política para este tipo de regiones, incluso para todo el país, de manera que hay un criterio nacional sobre la materia. Si es así, si existe tal criterio, no creo que tengamos ninguna ventaja al respecto.
Finalmente, hago presente que, con otros Senadores de la zona, trataremos de promover iniciativas para dar una vida más efectiva a la Corporación. Es de esperar que no se convierta simplemente en un título que de nada sirva a Atacama y Coquimbo.
Deploro que el veto haya destruido totalmente la indicación del Honorable señor Miranda y el espíritu con que la presentó el señor Senador.
Nada más, señor Presidente.
Deseo hacer una proposición, señor Presidente.
¿No sería posible suprimir el debate y proceder únicamente a votar, con derecho a fundamento del voto, las disposiciones que vienen más adelante?
Si le parece a la Sala, así se acordará.
Acordado.
Sin perjuicio de poder formular algunas observaciones.
Exactamente.
Yo deseo expresar mi criterio respecto de algunos preceptos, y para ello me bastaría con el tiempo correspondiente al fundamento del voto.
-Por no producir efectos jurídicos la resolución del Senado, se acuerda insistir en el criterio del Congreso y rechazar las observaciones recaídas en los artículos 17, 18 y 24, y en los incisos primero y segundo del artículo 25.
-Se aprueban las observaciones recaídas en los artículos 19, 21, y 23; la que agrega un inciso final al artículo 25, y las recaídas en los artículos 26 y 28, que las Comisiones aprobaron por la unanimidad de sus miembros.
Observaciones recaídas en el artículo 30 del proyecto. Todas ellas fueron aprobadas unánimemente en las Comisiones. En todo caso, la resolución del Senado no produce efectos jurídicos.
Estamos de acuerdo con el veto que recae en la letra a), pues no deben restarse recursos a las municipalidades.
Deseo dejar constancia de que somos contrarios a las observaciones recaídas en las letras a), c) y d) de este artículo. Lo señalamos aun cuando lo que resuelva el Senado no produzca efectos jurídicos, para que se sepa cuál ha sido nuestra posición cuando se trate de determinar la responsabilidad política de quienes han concurrido a la aprobación de este veto.
Quedan aprobadas las observaciones recaídas en el artículo 30, con los votos en contra de los Senadores democratacristianos respecto de las que inciden en las letras mencionadas.
Respecto del artículo nuevo, que se agrega a continuación del 30, las Comisiones recomiendan, por 6 votos contra 4, rechazar la observación.
En votación.
- (Durante la votación).
El señor CARMONA.-
Los Senadores democratacristianos hemos estudiado con mayor detención este veto y llegamos a la conclusión de que el artículo nuevo propuesto por el Ejecutivo puede ser aprobado. En consecuencia, rectificaríamos nuestra votación contraria en las Comisiones.
Dado el hecho de que la Oficina de Planificación Nacional tiene relaciones y, a veces, alguna participación en los organismos regionales, especialmente en los de la zona norte, creemos conveniente que las funciones que cumple la Comisión Coordinadora para la Zona Norte se efectúen dentro de ODEPLAN, sobre- todo cuando habrá múltiples organismos operando en el extremo norte del país, tales como la Junta de Adelanto de Arica, el Comité Programador de Inversiones de Iquique, el Instituto CORFO Norte, que opera en las provincias de Tarapacá, Antofagasta y Atacama, a los cuales se agregará esta nueva corporación que se crea para las provincias de Atacama y Coquimbo.
Por estas consideraciones creemos conveniente que estas funciones sigan desarrollándose en la forma propuesta en el veto, sobre todo desde el punto de vista de la planificación nacional.
Además, como ya se ha aprobado el veto recaído en la letra g) del artículo anterior, creemos que debe haber una norma como la que sugiere el Ejecutivo en este artículo nuevo.
Finalmente, dejo constancia de que estamos totalmente de acuerdo en que la absorción del personal de la Comisión Coordinadora para la Zona Norte por parte de la Oficina de Planificación Nacional se haga conforme lo propone el Ejecutivo en su oficio complementario número 1,506; es decir, respetándose los grados y categorías que a ese personal le corresponderían en la planta de ODE-PLAN, según las remuneraciones que actualmente perciben en la Comisión Coordinadora para la Zona Norte.
Por estas circunstancias, estamos dispuestos a dar nuestra aprobación favorable al artículo nuevo en la misma forma como lo hizo la Cámara de Diputados.
Deseo saber el alcance del párrafo que dice: "El actual personal de la Comisión pasará a desempeñarse en la Oficina de Planificación Nacional en los grados y categorías que le asigne el Ministro Director de Planificación Nacional."
La Cámara suprimió la expresión "Ministro".
O sea, ¿estaría expresamente eliminada?
Sí, señor Senador.
Podríamos aprobar el artículo en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.
-Con los votos contrarios de los señores García e Ibáñez, se aprueba el artículo agregado por el Ejecutivo, suprimiendo la palabra "Ministro".
-Conforme al acuerdo general de procedimiento, se rechazan las observaciones recaídas en los artículos 34, 35 y 36 y se insiste en el texto primitivo, por no producir efectos jurídicos la resolución del Senado.
Respecto de las dos observaciones recaídas en el artículo 37, las Comisiones recomiendan rechazarlas e insistir por la misma causa anterior.
Pido la palabra.
En votación.
- (Durante la votación).
Por no producir efectos jurídicos, las Comisiones recomiendan rechazar la observación recaída en el artículo 41 e insistir en el texto primitivo.
Conforme al acuerdo general, se rechaza e insiste.
Las Comisiones unidas proponen aprobar la modificación al artículo 42, aun cuando no produzca efectos jurídicos. Esta resolución fue adoptada por 7 votos contra 3.
Pido la palabra.
En votación.
Esta observación queda rechazada, pues la votación del Senado no surte efectos jurídicos.
Así es, pero las Comisiones unidas recomiendan aprobarla.
Además, se solicitó votación.
Este sistema no es serio. ¿Si hay un acuerdo de carácter general, con qué objeto se vulnera?
Siempre este tipo de acuerdos generales se han tomado sin perjuicio de que cualquier señor Senador pida votación respecto de una materia que le interese.
Resultado de la votación: 10 votos por la, afirmativa, 10 por la negativa y 1 pareo.
Hay que repetir la votación.
Que quede constancia de los votos contrarios, simplemente.
Si la parece a la Sala, se dará por aprobada la observación, con los votos contrarios de los Senadores democratacristianos y nacionales.
Acordado.
Las Comisiones, por 7 votos contra 3, recomiendan rechazar el artículo nuevo que figura a continuación.
-Se acuerda rechazar la observación e insistir en el texto primitivo.
- (Durante la votación).
El señor AYLWIN (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ballesteros para fundar el voto.
La letra b) del artículo 37 establecía lo siguiente:
"En las comunas de Quilpué y Villa Alemana la tasa parcial del impuesto territorial del 13 por mil de exclusivo beneficio fiscal, se dividirá en la siguiente forma: un 11 por mil de exclusivo beneficio fiscal, y un 2 por mil de exclusivo beneficio de la Municipalidad respectiva, el que se cobrará y percibirá en la forma indicada en el inciso anterior."
En realidad, la destinación de 2 por mil del impuesto territorial para la ejecución de ciertas obras sólo se aplicaba en las Municipalidades de Valparaíso y Viña del Mar, las cuales ordenaban la realización de tales obras dentro de la provincia a un organismo autónomo denominado Empresa Municipal de Desagüe. Hoy día se pretende ciar el mismo tratamiento a las Municipalidades de Quilpué y Villa Alemana, con lo cual el señor Ministro de Hacienda manifestó en principio su conformidad. Lamentamos que dicho Secretario de Estado no haya mantenido este predicamento, ya que se ha vetado la disposición. Manifiesto mi sorpresa por este hecho, porque creímos -así se anunció en las Municipalidades respectivas- que esta norma sería aprobada por el Ejecutivo, conforme lo expresara el señor Ministro en las Comisiones y frente al hecho de que tal disposición fue aprobada por la unanimidad de las dos ramas del Congreso.
Por tales consideraciones, aun cuando no produzca efectos jurídicos el acuerdo del Senado, dejo constancia de mi voto contrario al veto.
El señor AYLWIN (Presidente).-
Tiene la palabra para fundar el voto el Honorable señor Ballesteros.
Al dictar esta disposición, el Congreso quiso que la provincia de Valparaíso quedara al margen de las limitaciones de encaje.
Al dictarse la ley Nº 17.382 se dejó al margen de dichas limitaciones a todas las provincias de Chile, con la sola excepción de Valparaíso y Santiago, y ahora se pretendía que sólo la capital quedara afecta a ellas, lo que parecía lógico, porque se quería favorecer a las provincias con este mecanismo, que amplía sus posibilidades de crédito. Lamentablemente, el Ejecutivo propone suprimir esta disposición, con daño evidente para una provincia que fue afectada y damnificada por el último movimiento sísmico. Por desgracia, la Cámara también aprobó el veto.
Voto en contra.
Pido la palabra.
En votación.
- (Durante la votación).
El señor AYLWIN (Presidente).-
Tiene la palabra para fundar el voto el Honorable señor García.
El artículo que las Comisiones aconsejan rechazar y que se agregaría a través de un veto aditivo, consiste en lo siguiente.
El artículo 31 del decreto con fuerza de ley 251 de 1960 establece que el Banco del Estado podrá realizar toda clase de operaciones relativas a bancos comerciales, etcétera, y en su letra f), en lo relativo a las facultades del Banco del Estado, agrega lo siguiente: "Otorgar préstamos al Fisco, a las instituciones fiscales y semifiscales, a las empresas autónomas del Estado, a todas las personas jurídicas creadas por ley en que el Estado tenga aporte de capital y a las Municipalidades. Estas operaciones y las inversiones que tenga el Banco en bonos emitidos o garantizados por el Fisco, no podrán exceder de un 25% de la suma total de sus depósitos, capital pagado y reservas;".
El veto que tratamos sube el guarismo 25% a 35%. Esto es, aumenta al Banco del Estado las posibilidades de otorgar préstamos al Fisco y a las instituciones semifiscales, como asimismo de tener inversiones en bonos emitidos o garantizados por el Fisco.
Pues bien, las Comisiones rechazaron este precepto porque creían que simplemente se trataba de permitir una ampliación de los créditos al Fisco y a las instituciones semifiscales. Pero el fondo del problema es otro, porque el Fisco y las instituciones semifiscales tienen a través del Banco Central su financiamiento.
Esto era para poder tener en cartera mayor cantidad de bonos. ¿Qué importancia tiene ello? Que actualmente, cuando se expropia un predio y el Banco del Estado va a hacerse pago, toma al deudor, que es el agricultor expropiado, como un fallido y se hace pago de su crédito con todas las cosas que tiene, entre las cuales están los bonos de la reforma agraria. Ahora bien, como el Banco no puede excederse en este tipo de inversiones del 25% de sus reservas, capital y depósitos, se encuentra con que a veces no puede cobrar su crédito, al no poder recibir bonos. Por su parte, los agricultores quedan también con deudas pendientes por muchos años, aun cuando tengan medios con que pagarlas.
Deseo que quede en la historia del precepto que se me ha asegurado que ésta es su finalidad. Esto me lo ha dicho nada menos que el Fiscal del Banco del Estado, señor Guerra, en quien tengo mucha confianza. El sostiene que necesita esta disposición para que el Banco pueda seguir operando, en vista de lo cual quisiera pedir a los Honorables colegas que se pronunciaron en contra de ella en la Comisión de Hacienda que ahora cambien su votación y aprueben la observación del Presidente de la República.
El señor SILVA ULLOA.-
El Honorable señor García ha explicado muy claramente los alcances del artículo. Aún más, debo hacer presente que el financiamiento de esta iniciativa se basa en la colocación de bonos también, y en la norma respectiva se faculta para que dichos bonos sean tomados por el Banco del Estado o el Banco Central.
Si se necesitan recursos -como en rea-liad se precisan- para las zonas damnificadas, indudablemente que es indispensable la existencia de esta norma. De lo contrario, se afectarían seriamente las líneas de crédito del Banco del Estado para los sectores industrial y comercial.
Por lo expuesto, me alegro de lo expresado por el Honorable señor García, y creo que ahora la disposición en debate se aprobará en forma unánime en esta Corporación.
El señor IBAÑEZ.-
Por las razones dadas por el Honorable señor García, estamos conformes con la norma en estudio; pero quisiéramos que no se produjera ningún equívoco respecto de su alcance.
No obstante el buen propósito que inspira en este caso, como siempre, a- nuestro Honorable colega señor Silva Ulloa, yo creo que la interpretación que el señor Senador ha dado al precepto es distinta de la que expuso el Honorable señor García.
Nosotros la aprobaremos a fin de que el Banco disponga de un mayor margen para pagarse, mediante la recepción de los bonos de la reforma agraria, de las deudas de los agricultores expropiados.
El Banco, con mucho realismo, ha colocado a aquéllos en la condición de fallidos. En realidad, no se me había ocurrido una expresión tan exacta para definir la condición de esos hombres de trabajo a quienes, precisamente, por el único delito de haber trabajado, se los obliga a una forzada cesantía. El Banco, no pudiendo recuperarse de esos créditos por razones obvias. . .
¡Podría hablarse de Senadores "fallados"!
Hay una diferencia bastante grande, señor Senador. Además, los "fallados" pueden estar en otras bancas.
Los fallidos están entre los hombres de trabajo, por desgracia para Chile y para nuestro pueblo, que ya no tiene qué comer y que menos tendrá para alimentarse en el curso de los meses que se aproximan.
De manera-que lo que se pretende, según ha quedado claramente establecido, es que el Banco utilice ese mayor margen para recibir bonos de sus deudores, no para prestar dinero al Gobierno, ya sea en forma directa o indirecta, tomando otro tipo de bonos.
Es importante hacer esta aclaración, porque si la mayoría de los señores Senadores aprueban la disposición, ése sería entonces el alcance de la facultad que estamos dando al Banco del Estado.
Señor Presidente, pediría que no sólo hubiera una aprobación de carácter general y unánime sobre la norma en debate, sino que también otros Honorables colegas que conforman la mayoría del Senado pudiesen dejar en claro su alcance, que es el señalado por nosotros: permitir que el Banco del Estado pueda recibir, en pago de sus créditos, los bonos del Estado que se entregan a los agricultores cuyas tierras el Gobierno expropia; pero no una facultad para que éste endose a ese organismo bonos de cualquier naturaleza a fin de hacerse caja a través de los recursos del Banco del Estado.
Pero, ¿qué dice el artículo?
Personas muy responsables, no obstante ocupar altos cargos en el Gobierno, nos han explicado. . .
Parece que Su Señoría estuviera en el Gobierno, pues lo vimos conversando con altas autoridades de él. ¿No es así?
Sí, señor Senador. Y puedo decir con orgullo que esas altas autoridades las descubrimos nosotros cuando estaban en grados muy bajos del escalafón. Como no tenemos prejuicios ni-sectarismo de ninguna especie, no sólo destacamos a esas personas por sus méritos, como era correcto, sino que hoy día celebramos que el Gobierno, reconociendo sus cualidades, las haya colocado en los altos cargos de que están investidos en la actualidad.
De manera que nosotros hemos hecho plena fe en personas que nos la merecen.
Como digo, nos interesa dejar en claro el alcance exacto de la votación que estamos efectuando en estos momentos, y, para tal efecto, me permito invitar a los demás señores Senadores a que expresen si comparten ese criterio o no lo comparten.
La letra es clara.
El señor BALLESTEROS.-
He solicitado el texto de la disposición legal cuya sustitución parcial se solicita, y al leerlo la verdad es que, a mi juicio, es suficientemente claro como para que quepa otra interpretación que la que emana de él. De acuerdo con las normas de interpretación de la ley, es evidente que siendo su significado claro, no puede dársele otro alcance.
La letra f) del artículo 31 del D.F.L. Nº 251 de 1960, que se sustituye parcialmente, dice lo siguiente:
"Otorgar préstamos al Fisco, a las instituciones fiscales y semifiscales, a las empresas autónomas del Estado, a todas las personas jurídicas creadas por ley en que el Estado tenga aporte de capital y a las municipalidades. Estas operaciones y las inversiones que tenga el Banco en bonos emitidos o garantizados por el Fisco, no podrán exceder de un 25% de la suma total de sus depósitos, capital pagado y reservas;".
En otras palabras, mediante la norma en debate se está alzando en ese porcentaje la capacidad de endeudamiento del Estado y de los organismos que de él dependen. No hay duda de que este precepto no puede estar limitado simplemente a los propósitos enumerados por el Honorable señor Ibáñez. Estimamos que ello debía haberse dicho en forma expresa en el texto de la disposición, razón por la cual nos permitimos votar en contra de ella.
Creemos que no se puede crear mediante estos arbitrios, al margen del Presupuesto de la Nación, al margen de los instrumentos legales que deben regular los gastos en que el Estado incurra, un aporte al Fisco, a su capacidad de endeudamiento, del 10% de los depósitos que están en el Banco del Estado de Chile; Esa suma -no tengo los antecedentes de a cuánto asciende-. . .
¿Me permite una interrupción, señor Senador?
No proceden las interrupciones, porque el Honorable señor Ballesteros está fundando su voto.
Si pudiera concedérsela, señor Senador, lo haría con mucho agrado.
Lamentablemente, en el instante en que las Comisiones unidas despacharon la norma en votación no estaba presente el señor Ministro de Hacienda, quien hubo de retirarse de ella por razones inherentes a su cargo, ni tampoco algún funcionario que nos diera mayores explicaciones respecto de su alcance, sobre todo, en la parte financiera. Sería interesante, por ejemplo, conocer a cuánto asciende en cifras ese 10%, de esa mayor capacidad de endeudamiento, porque eso nos permitiría apreciar mejor la autorización que estamos concediendo.
A mi juicio, el artículo en votación no tiene nada de inocente. Incluso, considero que no era procedente incluir tal atribución en esta ley en proyecto. Habría sido más apropiado consignarla en la ley de Presupuestos o en una iniciativa económica especial, porque tiene alcances que trascienden con mucho el del proyecto que estarnos tratando.
Por las razones expuestas, votaremos en contra del precepto, ya que no hemos recibido la visita de ningún funcionario con el poder de elocuencia y convicción de los que se han acercado a los Senadores del Partido Nacional.
En cuanto a la opinión de los señores Senadores de la Izquierda en el sentido de que habría unanimidad para aprobar esta disposición, quiero dejar establecido que por lo menos en lo que a mí respecta, no tengo otra convicción que la expresada en las Comisiones unidas, opuesta a la aprobación del precepto, salvo que se nos alleguen otros antecedentes que nos permitan variar de criterio.
¿Me permite una interrupción, señor Senador?
Su Señoría ya fundó su voto.
El SEÑOR SILVA ULLOA.- No pude votar denantes por estar pareado; pero como ahora estoy autorizado para ello, puedo exponer mis fundamentos.
El señor AYLWIN (Presidente).-
El señor AYLWIN (Presidente).-
No, señor Senador.
Tiene la palabra el Honorable señor Gumucio para fundar su voto.
Coincido con el Honorable señor Ballesteros en que es imposible lo que pretende el Honorable señor Ibáñez: que se esclarezca aquí lo que ya está claro en la disposición que estamos votando.
No cabe duda de que mediante esta norma se aumenta la capacidad de endeudamiento del Estado, y al mismo tiempo, servirá para cancelar la deuda de los agricultores, cosa que interesa a los Honorables señores Ibáñez y García.
Sin embargo, discrepo del Honorable señor Ballesteros en cuanto a que sea absurdo aumentar en 10% la capacidad de endeudamiento del Fisco, pues si fue lógico en una época fijarla en 25%, también puede ser lógico ahora subirla al 35% dado que el Estado ha aumentado su capacidad de tipo financiero en sus gastos y obligaciones. De manera que no es . un argumento de peso decir que como antes se había fijado un 25%, ahora no puede aumentarse a 35%. Es tan legítimo un porcentaje como el otro.
El señor RODRIGUEZ.-
Hago fe en lo expresado por el Honorable señor García, quien se basó en la información de un funcionario muy competente, como es el señor Guerra, a quien tengo el agrado de conocer, que es el Fiscal del Banco del Estado. Es un funcionario de carrera de esa institución, una persona seria que ha culminado en este Gobierno en el Departamento Jurídico del Banco, razón por la cual yo también hago fe en lo que él ha expresado y que aquí se ha dado a conocer. Considero que el Honorable señor Ballesteros está profundamente equivocado, y que la información correcta es la dada por el Honorable señor García recogiendo -repito- la información de un funcionario serio e idóneo del Banco del Estado.
No he negado la idoneidad ni la seriedad de esa persona. Lo que dije es muy distinto.
-Se aprueba la observación (15 votos por la afirmativa, 8 por la negativa y 2 pareos).
Artículo 45. La Comisión recomienda rechazar las dos observaciones recaídas en él e insistir en el texto primitivo por no producir efecto jurídico la resolución del Senado.
En votación.
- (Durante la votación).
El señor NOEMI.-
No obstante que el pronunciamiento del Senado sobre el artículo 45 no surte efecto, quiero lamentar el veto del Ejecutivo, el cual me preocupa.
En la frase final del inciso primero, que el Ejecutivo ha vetado suprimiéndolo, se reservaba el 50% restante de los mayores ingresos que produzcan los impuestos que gravan la venta de dólares y otras monedas extranjeras en el mercado de corredores, para ser "entregado a la Empresa Nacional de Minería, con el objeto preciso de que ésta los destine a incrementar las tarifas de compra de minerales, precipitados y concentrados de cobre que adquiera en el país".
No porque yo sea autor de la iniciativa, sino porque deploro que se haya perdido una oportunidad de sacar a los pequeños mineros de una situación muy aflictiva en que actualmente se debaten, recordaré lo que dije al formular mi proposición, como lo repitió el señor Ministro de Hacienda aquí: que la filosofía, la concepción de este proyecto es la de reconstruir y desarrollar la zona afectada por el sismo; y que ninguna manera mejor de desarrollarla hay que la de dar impulso a su industria básica, que es la minería.
No quiero repetir los conceptos que en esa oportunidad expresé respecto de la grave situación en que se debate la minería; tampoco, lo que dijeron mis colegas de partido los Honorables señores ¡Carmona y Palma, sino rememorar, para que quede constancia de cuan justa es la iniciativa, las palabras del Honorable señor Chadwick, Senador socialista, quien, estando pareado, dijo lo siguiente: "El señor Noemi tiene más de una razón" para presentar esta iniciativa. Y más adelante, después de manifestar que estaba pareado, dijo:... "y pienso que ha hecho bien el Honorable señor Noemi al presentar esta indicación, porque servirá para llamar la atención del Gobierno sobre la dramática y crítica situación de esas actividades, que hace necesaria una reacción inmediata, porque hay pequeñas empresas que irán a la ruina, produciendo la cesantía de sectores importantes de la población." Esto dijo el Honorable señor Chadwick.
Y el Honorable señor Miranda, que votó negativamente, no pudo dejar de expresar lo siguiente:
"Estamos conscientes de la situación que está viviendo la pequeña y mediana minería. A nuestro juicio, el Gobierno deberá hacer un esfuerzo serio con el objeto de revisar el actual tarifado de la Empresa Nacional de Minería." "En consecuencia, en este aspecto estamos de acuerdo con el planteamiento del Honorable señor Noemi."
Las empresas mineras están realmente en ruinas. En este momento, la deuda que tienen con el Servicio de Seguro Social es tan grande, que para satisfacerla no les bastaría liquidar todo su haber, todo su activo; y la han ido acumulando porque sus costos son infinitamente superiores al valor de su producción, por el hecho de que al minero se le paga a 12 escudos 20 centesimos por dólar la producción que exporta.
Pero los mineros no querían inmiscuirse en la política cambiaría del Gobierno. Por eso, interpretándolos fielmente, pedí que el 50% de los mayores ingresos que se obtengan de la venta de dólares del mercado de corredores -subió de 14 escudos a 28 escudos, en cifras redondas, lo que significa un nuevo ingreso- fuera para la zona devastada, y que el otro 50% se destinara al desarrollo minero de la región. Se manifestó -y éste era el único argumento de fondo- que con ello se restarían recursos a la reconstrucción.
¿Qué ocurre con el veto? Se elimina el 50% restante, es decir el que se destinaba a la minería, y queda sólo el 50% de esos impuestos para la zona devastada; o sea, aquél pasa a fondos generales de la nación. De manera que el argumento que se dio no tiene ninguna razón de ser.
Por otra parte, el señor Ministro de Hacienda manifestó que él entregaría fondos para el objeto en cuestión. Cuando se votó en la Cámara esta observación, el señor Ministro prometió entregar fondos en una semana más. Ha cumplido el señor Ministro de Hacienda : entregó 36 millones de escudos a la Empresa Nacional de Minería, pero esta suma apenas alcanza para cubrir las deudas que tiene contraídas esta empresa, y nada queda para el fin exclusivo de incrementar las tarifas. En este momento, la ENAMI adeuda más de 50 millones de dólares al Banco Central por anticipos y ventas a futuro de productos. Y lo que es peor, que preocupa y ocurre por primera vez en la historia de ENAMI -lo digo no para hacer una crítica, sino porque realmente, mientras esté liquidando los dólares a doce escudos, ENAMI no podrá tener financiamiento-; ENAMI ha tenido que pedir prórroga para un crédito internacional por una cuota de 300 mil dólares que debía ser cancelada a Sybetra el 24 de octubre; la ha obtenido hasta el día de hoy y no sé si se ha pagado.
Ha terminado el tiempo de Su Señoría.
Pido que se me conceda un minuto, para terminar.
Solicito el asentimiento de la Sala para acceder a la petición del señor Senador.
Acordado.
Puede continuar Su Señoría.
El señor NOEMI.-
Termino manifestando, para dejar constancia de la situación difícil de ENAMI, que los fondos que el señor Ministro de Hacienda ha entregado apenas alcanzan para cubrir el desfinanciamiento de la Empresa; y que para poder elevar la tarifa de los mineros, que están realmente en quiebra, se necesita otro ingreso, como el que estaba establecido en esta disposición, que era el del
50% de los mayores recursos que por impuestos produjera la venta de divisas en A mercado de corredores. Como estos nuevos ingresos han venido a producirse después del Presupuesto del año pasado, están disponibles. Y ojalá que mis Honorables colegas de todas las bancas, conocedores de la situación caótica que está viviendo un sector importantísimo de la minería de cuatro provincias -actividad de la que viven, más de cien mil personas, que están realmente en situación deplorable, lo que puede significar la paralización de esta industria porque en este momento lo único que esos mineros venden son sus "stocks", que se están terminando, y prácticamente se están destruyendo las minas-, se preocupen por que el Ejecutivo destine a ese sector estos fondos, no ya por la iniciativa mía, que no importa. Lo que interesa es dar solución al problema, para que los mineros sigan produciendo, entregando las divisas con que en gran parte se surte el país, y pueda tener Chile, entonces, la cantidad de moneda extranjera que necesita, precisamente para importar con dólares baratos y evitar el caos de la pequeña minería chilena.
Eso era lo que quería manifestar: mi preocupación por lo que ha ocurrido, para que el Gobierno tome realmente debida nota del problema que existe en la minería y lo resuelva, ya que en forma tan lamentable vetó nuestra proposición.
¿Cómo vota Su Señoría?
No surte efecto la votación del Senado.
El señor MIRANDA.-
A propósito del veto a este artículo 45, que, en virtud de una indicación del Honorable señor Noemi, destinaba una parte, el 50%, de los mayores ingresos que producen los impuestos con que se grava la venta de dólares y otras monedas extranjeras en el mercado de corredores, a incrementar los recursos de la ENAMI con el objeto de que pudiera mejorar las tarifas de compra de minerales, precipitados y concentrados de cobre, mantengo el criterio expresado en el trámite correspondiente, que recordaba el Honorable señor Noemi.
Pero de la misma manera mantengo también mi posición en cuanto a que la política fiscal, tanto monetaria como cambiaría, debe ser manejada por el Gobierno de la República, cualquiera que él sea. Así ha ocurrido siempre. De ahí que destacaba muy bien el Honorable señor Chadwick que la iniciativa del Honorable señor Noemi debía servir fundamentalmente para llamar la atención del Gobierno acerca de la necesidad de que la política minera significara, a breve plazo, un mejoramiento de las tarifas que paga la Empresa Nacional de Minería.
Es evidente que la actividad minera; que es la principal actividad económica de varias provincias del país -Atacama, Coquimbo y Antofagasta, una buena parte de la provincia de Aconcagua-, está pasando por un período crítico, difícil. En estos últimos días, me ha tocado, conjuntamente con el Honorable señor Noemi y con los dirigentes de diversas asociaciones de mineros del país, como de pirquineras, en compañía también de cooperativas y de empresarios dueños de plantas mineras, realizar gestiones ante la ENAMI, ante los señores Ministros de Minería y de Hacienda y ante el propio Presidente de la República, con el objeto de buscar algún medio que permita un mejoramiento sensible de esas tarifas.
Pero, naturalmente, la política fiscal debe ser dirigida por el Gobierno. De manera que corresponderá a éste buscar los recursos, fijar la política monetaria y cambiaría que permita, en definitiva, resolver este problema que afecta a los empresarios que nos preocupan.
En consecuencia, manteniendo esta concepción acerca del problema, creo que el veto está bien formulado, en cuanto significa que sea el Gobierno quien determine la línea que debe seguirse en este aspecto, como asimismo en lo tocante a los diversos aspectos que debe abordar una política fiscal sana, que sea centralizada y que considere las diversas aspiraciones al mismo tiempo que los diversos compromisos que corresponden al Estado.
El señor PALMA.-
En realidad, hay que decir algunas palabras sobre este asunto, porque me parece que es muy importante y, además, porque tienden un poco a confundir a la opinión pública las explicaciones del Honorable señor Miranda.
Nadie se opone, me parece, a estas alturas del proceso social y económico del país, a que exista en la minería, como en todo orden de actividades productivas, una planificación. Es evidente que este principio ha sido incorporado a todo el pensamiento económico contemporáneo, de tal manera que nadie pretende, por disposición alguna,' interferir en esta planificación, que está aplicándose en nuestro país, que fue iniciada en el período anterior en forma sistemática y que ha sido ampliada por el Gobierno actual con justificadas razones.
Por lo tanto, esta disposición no interfiere en el manejo de la política económica del Gobierno; pero sí tendía a crear fondos para que fueran manejados según esta política económica, fondos que perfectamente podían configurarse en este precepto, que anteriormente no existían y que pueden servir para dar vida a una región muy vasta del país y sostener su actividad. De la pequeña minería de Chile dependen hoy, en el mes de noviembre de 1971, no menos de quinientas mil personas, entre trabajadores directos e indirectos.
Se trata, en consecuencia, de una situación que afecta a una masa inmensa de chilenos. Y esta gente está en condiciones extraordinariamente críticas. Hace poco, se celebró en Santiago una reunión extraordinaria de productoras pequeños, para plantear la paralización general de sus faenas, porque, por las razones que ya dio el Honorable señor Noemi, es un hecho que estas empresas están virtualmente todas en quiebra. El cuadro, por lo tanto, es hoy muy difícil. Requiere una solución urgente, ahora, no un plan por cumplirse en enero, febrero o marzo; tampoco un plan que resuelva en parte los problemas acumulados a esta fecha. Hoy día ENAMI debe a las diversas empresas una cantidad del orden de 183 millones de escudos, según se informó en esa reunión, y el aporte hecho por el Ejecutivo hasta el día de hoy no alcanza a los sesenta millones de escudos; es decir, la situación en que tales empresarios quedan hasta fin de año es de por sí extraordinariamente crítica. Si eventualmente se tratara de darle solución para adelante, en todo caso lo acumulado, las condiciones de depresión en que se encuentra la producción minera de esa zona hacen de extraordinaria urgencia a tales medidas.
La pequeña minería produce en Chile 60 millones de dólares, aproximadamente, en cobre de exportación, que lo vende a ENAMI. Se trata, pues, en este aspecto -no sólo en cuanto a las personas, sino en lo económico- de cifras de suma importancia, que hay que mantener; es casi un octavo do la exportación nacional.
De ahí que estime que el Ejecutivo, al rechazar esta disposición y no proponer de inmediato una alternativa, está acumulando presión en una situación crítica pala esas provincias y para el país.
Me ha parecido de absoluta necesidad destacar estos hechos, porque si el día de mañana se produce en esa región y en esa actividad una crisis más profunda, el Parlamento, por lo menos, debe reconocer que oportunamente, por medio de las personas ligadas a la zona, recibió la información adecuada, y en tal caso, no pueden justificarse medidas adoptadas tardíamente.
Respecto del artículo 45, la Comisión recomienda rechazar la observación e insistir en el texto primitivo, en virtud de que la resolución del Senado no produce efectos jurídicos.
En conformidad con la norma de procedimiento general, así se acuerda.
En seguida, en cuanto al artículo 47, las Comisiones también recomiendan rechazar e insistir, ya que tampoco la resolución del Senado produce efectos jurídicos.
El señor CARMONA.-
Pido la palabra, señor Presidente.
No obstante saber que la decisión del Senado no tendrá efectos jurídicos en esta materia, no puedo dejar de advertir a la Corporación que el veto, aprobado ya por la Cámara de Diputados, implica una situación de mucha peligrosidad para el abastecimiento de artículos alimenticios en las provincias del Norte del país.
El precepto aprobado por el Congreso se refiere a las importaciones que se efectúan de acuerdo con la ley 12.858, sobre frontera de libre tránsito de productos alimenticios, que rige para las provincias de Tarapacá, Antofagasta y Atacama, y tiende a terminar con las limitaciones que el Banco Central -mediante circulares, resoluciones o actuaciones de hecho- está imponiendo todos los días para cortar las posibilidades de libre importación establecidas en la llamada "ley de Frontera Libre Alimenticia".
Esas circulares, al principio, decían relación a la cobertura de las importaciones, hasta imposibilitarlas prácticamente respecto de algunos productos perecibles. Esta situación se modificó con posterioridad; sin embargo, el proceso se ha entrabado en tal forma que existe una verdadera transgresión a la legislación que el Congreso Nacional despachó hace ya muchos años y cuya aplicación siempre había sido respetada por el Ejecutivo.
Ahora nos encontramos ante una situación realmente curiosa: el Banco Central no está cursando los registros de importaciones; las sucursales carecen de autorización para hacerlo, y prácticamente se traen todos a Santiago, lo que atenta contra una política de descentralización que ese Banco había empezado a practicar en forma muy efectiva con relación a las provincias del Norte.
Últimamente, el Banco Central ha rechazado los registros de importación aduciendo que las provincias de esa zona estarían suficientemente abastecidas de algunos artículos esenciales como arroz, aceite, leche, etcétera. Como tal situación ha provocado verdadera desesperación en el Norte, el Congreso Nacional acogió y despachó la norma que ahora es vetada por el Gobierno.
La verdad es que deploro esta observación formulada por el Ejecutivo, del mismo modo que la que debemos considerar en seguida, tendiente a arreglar una situación que también está perjudicando a las provincias nortinas: se han fijado prestaciones discriminatorias a las importaciones de mantequilla, con relación a otras zonas, ya que este artículo paga en el resto del país una cantidad de 40 pesos por kilo, mientras en las provincias del Norte, como consecuencia del sistema de prestaciones -a nuestro juicio, usado en forma abusiva- el mismo producto paga 4.540 pesos. O sea, les consumidores de las provincias del norte están pagando 4.500 pesos más por el kilo de mantequilla, debido a los abusos administrativos cometidos con el sistema de fijación de las prestaciones.
He querido formular estas observaciones respecto de esta parte del veto para señalar que la proposición del Ejecutivo me parece totalmente inadecuada, aparte que sólo servirá para producir mayor angustia en el proceso de desabastecimiento progresivo que está afectando en estos momentos a las provincias de Tarapacá, Antofagasta y Atacama.
El señor CONTRERAS.-
Picio la palabra.
Señor Presidente, en este último tiempo se ha venido hablando en demasía respecto del abastecimiento de las provincias del norte. Incluso, se ha dicho que el Gobierno habría enviado al Congreso un proyecto para modificar la ley 12.858, que permite a las provincias del Norte abastecerse con algunos productos de importación. Además, las Cámaras de Comercio de Arica y Antofagasta han enviado comunicaciones a todos los parlamentarios, haciendo presente esta situación.
Ayer, precisamente, tuve oportunidad de hablar con algunos personeros del Banco Central, con el propósito de cerciorarme de hasta dónde es efectivo lo de las medidas restrictivas impuestas y que tienden a no dar curso a las solicitudes para el abastecimiento de la zona franca alimenticia. Al respecto, quiero, por lo menos, citar algunos datos comparativos relacionados con lo que se importó durante el año 1970 y los primeros nueve meses de 1971.
Vemos, por ejemplo, que para Antofagasta y otras zonas del Norte, en 1970 se invirtieron 233 mil dólares para importar leche fresca, y en los 9 meses corridos del presente año, 390 mil; mantequilla: en 1970 se autorizó una importación de 1 millón 116 mil dólares, y en los 9 meses del año en curso, 1 millón 504 mil dólares; arroz: en 1970, 746 mil dólares, y en los meses de este año, 940 mil dólares; mantequilla: en 1970, 448 mil dólares, y en 1971, 483 mil dólares; azúcar refinada: en 1970, 1 millón 218 mil dólares, y en 1971, 1 millón 243 mil dólares; carne de ave: en 1970 no hubo importación, y en 1971 se han invertido 687 mil dólares; carne de cerdo: el año pasado no hubo importación de este producto, y en lo que va corrido de 1971, se han gastado 46 mil dólares; carne de vacuno en pie: en 1970 no hubo importación, y en 1971, se han gastado 606 mil dólares; leche condensada: en 1970 se invirtieron 247 mil dólares, y en los 9 meses que van corridos de 1971, se han gastado 229 mil dólares; leche en polvo: en 1970 se gastaron 78 mil dólares, y en lo que va corrido del año, han salido del país por este rubro 93 mil dólares; mantequilla : en 1970, se invirtieron 270 mil dólares, y en 1971 se han gastado 405 mil dólares.
No quiero cansar al Senado dando a conocer otras cifras relacionadas con la importación de alimentos. Cabe hacer notar, sí, que todos los Senadores de la zona sabemos de qué manera pasan a Bolivia y Perú los productos importados para la alimentación de los habitantes de las ciudades del norte del país.
La misma gente que con tanta insistencia viene reclamando de la necesidad de incrementar el abastecimiento de esa zona -especialmente las Cámaras de Comercie-, es, a mi juicio, la que debiera preocuparse con mayor afán de evitar que esos alimentos se vendan por camionadas y salgan de Chile con destino a los países mencionados.
Ha terminado su tiempo, señor Senador.
El señor VALENTE.-
Pido la palabra señor Presidente.
Quiero confirmar las expresiones vertidas por el Honorable señor Contreras, pues nunca como ahora, como este año concretamente, la zona norte ha estado mejor abastecida de productos alimenticios. En los nueve o diez meses que lleva este año, y en los doce del Gobierno de la Unidad Popular frente a la Administración del Estado, la adquisición de las mercaderías de consumo habitual, no sólo de alimentos, sino de ropas y otras especies, ha sido inmensamente superior a la del año anterior.
¿Qué es lo que ocurre en la realidad? Como esas mercaderías se están importando Culi dólares preferenciales, la evasión de ellas hacia los países vecinos -especialmente en la zona norte- es también inconmensurable. Se hace indispensable, entonces, que los organismos encargados de fiscalizar adopten medidas adecuadas para poner atajo a este hecho del cual se responsabiliza al Gobierno, en circunstancias cíe que son algunos de los propios sectores trae reclaman de desabastecimiento en el Norte los que, en algunas oportunidades, hacen causa común con esa evasión de alimentos.
En cuanto al problema de la prestación más alta para la mantequilla importada en esa zona, es efectivo que se está aplicando el gravamen que mencionó el Honorable señor Carmona; pero advierto que ese impuesto no se cobra sólo en este Gobierno, sino que rige desde que se dictó la ley 12.858, es decir, allá por los años 1957 ó 1958.
Hemos planteado al señor Ministro de Economía y al Banco Central la posibilidad de derogar estas prestaciones, y se nos ha informado que no es posible hacerlo con la celeridad del caso, debido a que, con su producto, se están financiando numerosas obras de la zona norte.
El propio SenadorCarmona, hace poco tiempo, patrocinó un proyecto que se convirtió en ley, el cual redestinaba esos recursos a obras de la zona. Pues bien, si ahora derogamos las prestaciones mediante el precepto que discutimos, dejaremos a numerosas cooperativas campesinas de la zona y obras viales como caminos y carreteras, aparte otras obras públicas, sin posibilidad de ejecución por falta de financia-miento. Por consiguiente, mientras el Ejecutivo no proponga una fórmula que permita sustituir este gravamen, nosotros, para no perder el financiamiento de las obras señaladas, lamentablemente, tendremos que aprobar el veto e impedir que el artículo sea ley.
En consecuencia, las razones que hemos dado son plenamente válidas para justificar nuestra actitud. Nosotros somos partidarios de eliminar la prestación a la mantequilla; pero, al mismo tiempo, no podemos olvidar que debemos otorgar financiamiento para las obras que se realizan con el producto de ese tributo.
Además, queremos hacer un llamado a los organismos de la zona norte, como las Cámaras de Comercio y otras, a fin da que ellos también cooperen con el Gobierno en la fiscalización de los productos que se importan por ley especial para entregarles a los habitantes de las provincias de Tarapacá y Antofagasta y de algunos departamentos de Atacama, y así abastecer la región con mercaderías baratas y en buena cantidad. Repito: pedimos que los organismos de la zona contribuyan al proceso de fiscalización, para evitar que esos productos sean llevados fuera del país, permitiendo que un pequeño grupo de comerciantes, o de contrabandistas, hagan pingües negocios mediante la multiplicación del dólar de 12 escudos a 60 ó 70 escudos, que es como lo cotizan en el exterior cuando venden la mercadería.
El señor SILVA ULLOA.-
Pido la palabra.
Después de revisar el boletín compararlo, me percaté de que, desde el artículo a que se refirieron el Honorable señor Car-mona y otros señores Senadores hasta el 28 transitorio, la resolución que adopte la Sala sobre el criterio del Ejecutivo no surtirá efecto, salvo en lo atinente a los vetos recaídos en los artículos 4º y 21 transitorios, que se aprobaron unánimemente en las Comisiones, donde se siguió el mismo predicamento de la Cámara.
Por lo tanto, sugiero seguir el criterio que adoptaron las Comisiones Unidas en cuanto a los referidos vetos y discutir sólo el recaído en el artículo 28 transitorio.
¿Estamos votando, señor Presidente?
He formulado una proposición, señor Senador.
Estoy de acuerdo con el procedimiento que sugirió Su Señoría. Pero solicito que se me concedan algunos minutos para expresar mi opinión respecto de las observaciones recaídas en los artículos 24, 25 y 26 transitorios.
Si le parece a la Sala, se aprobará la proposición del Honorable señor Silva Ulloa, sin perjuicio de conceder cinco minutos al Senador señor Palma para referirse a los vates recaídos en los artículos 24, 25 y 26 transitorios.
Acordado.
Tiene la palabra el Honorable señor Palma para fundar su posición respecto de las observaciones recaídas en los artículos 24, 25 y 26 transitorios.
El señor AYLWIN (Presidente).-
El señor PALMA.-
Señor Presidente, en virtud de los preceptos mencionados se exigía la participación de ingenieros especializados para la elaboración de proyectos de construcción de cierta envergadura.
Me extraña que el Ejecutivo haya vetado los artículos 24, 25 y 26 transitorios, porque ellos fueron fruto de un estudio en conjunto que se realizó con la intervención del Presidente del Colegio de Ingenieros, del Decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile y del Profesor del Departamento de Sismología de la misma casa de estudios superiores, los señores Amagada, D'Etigni y Flores, respectivamente.
Esos personeros señalaron, tanto en las Comisiones de la Cámara como en las del Senado, que es imprescindible adoptar medidas como las contenidas en dichas normas. Y al respecto manifestaron que durante el siglo en curso -proporcionaron una serie de interesantísimos antecedentes- las pérdidas originadas por terremotos, según estimaciones hechas, por ellos, son superiores al total de la deuda externa de Chile: más de 2.500 millones de dólares.
Gran parte de esas pérdidas podrían haberse evitado mediante la aplicación de sistemas que se emplean en naciones más avanzadas que la nuestra, como es el caso de Estados Unidos, en la región de California, y el de la Unión Soviética, en Tashkent y otras zonas. Y cito esas dos regiones porque son de las más sísmicas del mundo, a las que se refieren en forma detallada los mencionados personeros.
Como decía, es imprescindible una legislación como la contenida en los artículos 24, 25 y 26 transitorios. Naturalmente, no siempre se presenta la oportunidad da sancionar un texto legal de esa índole. Ahora se había presentado esa ocasión.
En el estudio de dichas normas participaron personas responsables. El señor
Ministro de Hacienda, que concurrió a las Comisiones, estuvo de acuerdo con los datos suministrados. Y, sobre la base de los antecedentes reunidos a lo largo de las conversaciones sostenidas con los especialistas que mencioné, se dio forma definitiva a tales disposiciones.
Sin embargo, ahora nos encontramos con que el Ejecutivo, por la vía del veto, suprimió los artículos 24, 25 y 26 transitorios, tal vez porque aprobarlos implicaba para las municipalidades, inclusive para las pequeñas, desembalsar determinados recursos, insignificantes con relación a las ventajas que se podrían obtener. Deploro que el Gobierno haya procedido así.
Al respecto, recuerdo la explicación que nos daba un economista sobre la manera como se enfrentaban los problemas en Chile. Decía que en Europa los tranvías tenían muchos ruidos y molestaban a la gente, al igual que en Chile. Pero en este país suprimimos los tranvías y allá suprimieron los ruidos, y hasta el día de hoy en Europa los tranvías funcionan con mucho éxito.
¡Qué inteligente!
¡Bastante más que muchos expertos en leyes que hay en el Seriado...!
Be manera que adoptar ese criterio, contrariando la opinión de los colegios profesionales responsables, es extraordinariamente grave. Me atrevo a pensar que constituye una despreocupación en esta materia, que no sólo afecta al Colegio de Ingenieros, sino a tocios los colegios profesionales del país, e indica, respecto de este problema y de otros parecidos, que la escala de valores imperante en Chile se aplica en una forma que no sirve a los intereses permanentes del país.
El señor AYLWIN (Presidente).-
Terminó el tiempo de Su Señoría.
Tiene la palabra la Honorable señora Carrera.
Señor Presidente, recuerdo que voté a favor de las normas observadas. Por lo general, estoy en desacuerdo con el Honorable señor Palma, pero ahora comparto plenamente su opinión.
Se podría oficiar al Ejecutivo pidiéndole presentar un proyecto de ley en este sentido. Porque, a mi juicio, se trata de una medida preventiva muy importante y de gran interés. Además, nuestro Colegio de Ingenieros puede responder perfectamente bien a las necesidades que tiene el país a este respecto.
El señor MONTES.-
Señor Presidente, en cuanto al asunto en debate, expreso mi opinión personal. Concuerdo plenamente con el fondo de lo planteado por el Honorable señor Palma. Me parece que el Ejecutivo cometió un error al vetar los artículos 24, 25 y 26, por lo cual se justifica que el Congreso rechace las observaciones pertinentes.
Repito: no entiendo qué movió al Primer Mandatario a vetar dichos preceptos. Si la Cámara de Diputados no hubiera aprobado la supresión, habríamos insistido en el criterio del Congreso.
Por lo tanto, acojo la proposición que formuló la Honorable señora Carrera en cuanto a que el Senado envíe los artícelos 24, 25 y 26 transitorios, al Presidente de la República, al Ministro de Hacienda o a quien corresponda, con el objeto de que se conozca el pensamiento de la Corporación socre el particular y se considere la posibilidad de incluir esas normas en un proyecto relacionado con la materia o en una iniciativa específica, porque el asunto es en realidad importante.
El señor RODRIGUEZ.-
Estando de acuerdo con lo manifestado por Sus Señorías, y sin conocer en detalle los artículos 24, 25 y 26 transitorios, pienso que el problema financiero de los municipios fue lo que condujo al Ejecutivo a vetar esas normas, a fin de no imponer una carga excesiva a dichos organismos.
En todo caso, quiero complementar la solicitud de oficio formulada por la Honorable señora Carrera pidiendo recabar que el Gobierno convoque en forma rápida a una reunión al Colegio de Ingenieros, a los técnicos del Ministerio de la Vivienda y a la Confederación Nacional de Municipalidades, con el objeto de que busquen una solución adecuada para el problema que nos preocupa.
Repito: sobre la materia, estamos de acuerdo en lo sustantivo; pero consideramos que debe evitarse gravar en forma excesiva a las numerosas pequeñas municipalidades del país.
Si le parece a la Sala, se enviará el oficio en nombre...
De todos los Comités.
Muy bien.
De acuerdo.
de todos los Comités de la Corporación.
Acordado.
Las Comisiones recomiendan a la Sala rechazar el veto recaído en el artículo 28 transitorio e insistir -está en el acuerdo general- en la aprobación de la norma primitiva.
Dicha observación se encuentra dentro de la norma general de procedimiento. Cualquiera resolución del Senado no predecirá efectos.
Está equivocado, señor Secretario.
Si se rechaza e insiste, la resolución del Senado surte efectos jurídicos.
Así es.
Ruego a Sus Señorías disculparme, pues me equivoqué.
El señor AYLWIN (Presidente).-
En discusión el veto.
Ofrezco la palabra.
El artículo 28 transitorio del Congreso dice: "Declárase para los efectos de esta ley y de lo dispuesto en el artículo 1º de la ley Nº 16,282, de 28 de julio de 1965, como zona afectada por la nevazón y el sismo acaecidos los días 20 de junio y 8 de julio de 1971, las comunas de Rancagua, Machalí, Graneros, Codegua y San Francisco de Mostazal, de la provincia de O'Higgins, y el departamento de Talagante en la provincia de Santiago, y como zona afectada por catástrofes la provincia de Aisén."
El veto del Ejecutivo dice:
"Suprimir las siguientes frases:
""como zona afectada por la nevazón y el sismo acaecidos los días 20 de junio y 8 de julio de 1971, las comunas de Rancagua, Machalí, Graneros, Codegua y San Francisco de Mostazal, de la provincia de O'Higgins, y el departamento de Talagante en la provincia de Santiago, y"".
Todos los señores Senadores saben que en esas dos oportunidades las referidas comunas sufrieron pérdidas cuantiosas.
La Cámara rechazó la observación e insistió en aprobar el texto primitivo del Parlamento. Entiendo que todos los sectores políticos concurrieron a ese rechazo.
Por eso, solicito al Senado seguir el mismo predicamento de la Cámara Baja, ya que la norma del Parlamento reviste absoluta justicia.
La señora CARRERA.-
Señor Presidente, los Senadores socialistas rechazaremos el veto, por considerar que se ha cometido un error.
A pesar de que ya están funcionando los mecanismos destinados a ayudar a las provincias, nos parece mucho más seguro actuar sobre la base de una disposición legal.
El señor MONTES.-
A nuestro juicio, el Gobierno cometió un error de apreciación al proponer un veto como el que consideramos.
Los Senadores comunistas, tal como lo hizo la Cámara de Diputados, rechazaremos el veto e insistiremos en la aprobación de la norma primitiva, por estimar que las comunas indicadas en el precepto del Congreso fueron realmente afectadas por una catástrofe, y ello las hace acreedoras a la obtención de un beneficio mediante la ley en proyecto.
El señor GARCIA.-
Hago mías las expresiones de los Honorables colegas, porque soy testigo de que en las comunas de la provincia de O'Higgins a que se refiere el artículo 28 transitorio del Parlamento -no conozco el caso de Talagante- aún hay indicios de los graves daños que causaron las recientes catástrofes.
No veo qué razón pudo existir para no incorporar a dichas comunas dentro de los beneficios otorgados mediante la referida disposición.
El señor SILVA ULLOA.-
Señor Presidente, yo me sumo al rechazo de la observación y a la insistencia, tal como lo hice en su oportunidad en las Comisiones. Pero, aparte ello, deseo formular una proposición. Excepto dos o tres observaciones que fueron aprobadas por unanimidad, respecto de todas las que vienen en seguida, el criterio del Senado no surte efecto jurídico alguno; de modo que, si aplicamos el acuerdo general adoptado, el proyecto será despachado después de la votación que nos ocupa.
Por lo tanto, ruego a la Mesa que, en el momento de votarlas, recabar el asentimiento de la Sala para aprobar, en una sola votación, el criterio adoptado por las Comisiones Unidas respecto de las demás observaciones.
-Se rechaza la observación recaída en el artículo 28, y se acuerda insistir en el texto primitivo.
Si le parece a la Sala, se aprobará la indicación del Honorable señor Silva Ulloa consistente en despachar las siguientes observaciones, de acuerdo con el criterio de las Comisiones, y en una sola votación.
Acordado.
Terminada la discusión del proyecto.
V.-TIEMPO DE VOTACIONES.
PUBLICACION DE DISCURSOS.
indicación del Honorable señor Montes para insertar en el texto del discurso que pronunció en la sesión especial del jueves 28 de octubre, el documento emitido por la Izquierda Universitaria sobre el Consejo Superior de la Universidad de Chile.
-Se aprueba.
Indicación del Honorable señor Carmona, formulada en la misma ocasión, para oficiar, en su nombre, a los señores Ministros de Economía, Fomento y Reconstrucción y al de Minería, solicitándoles complementar los antecedentes proporcionados sobre el aval tomado por la CORFO con relación a determinados préstamos otorgados por el Eximbank a la Anglo-Lautaro.
-Se aprueba.
Indicación del Honorable señor Musalem para insertar en el texto de sus observaciones, formuladas en esa misma oportunidad, cuadros estadísticos relacionados con las utilidades de las compañías del cobre de Chuquicamata, El Salvador y El Teniente.
-Se aprueba.
Indicación del Honorable señor Pablo para publicar in extenso los discursos pronunciados en la sesión especial del jueves 28 de octubre.
-Se aprueba.
Indicación del Honorable señor Pablo para publicar in extenso los discursos pronunciados durante la discusión del proyecto de Reforma Constitucional en las «sesiones especiales y en la ordinaria celebradas ayer martes 2 de noviembre.
-Se aprueba.
Indicación de los Honorables señores Ferrando y Von Mühlenbrock para publicar in extenso el discurso pronunciado por el Senador señor Baltra en homenaje a la memoria del ex Presidente de México, don Lázaro Cárdenas, y la intervención hecha en Incidentes de la sesión ordinaria de ayer.
-Se aprueba.
Indicación del Honorable señor Montes para publicar in extenso las observaciones formuladas por el Honorable señor Va-lente en Incidentes de la sesión ordinaria de ayer.
-Se aprueba.
Indicación del Honorable señor Von Mühlenbrock para publicar in extenso las observaciones formuladas por el Honorable señor Pablo en Incidentes de la sesión ordinaria de ayer.
-Se aprueba.
Indicación del Honorable señor Pablo para publicar in extenso las observaciones formuladas por el Honorable señor Von Mühlenbrock en Incidentes de la sesión ordinaria de ayer.
-Se aprueba.
Indicación del Honorable señor Von Mühlenbrock para insertar en el texto de su intervención una página del libro "El Desafío Americano".
-Se aprueba.
Se levanta la sesión.
-Se levantó a las 20.4.
Dr. Raúl Valenzuela García, Jefe de la Redacción.
ANEXO.
DOCUMENTO:
1.- MOCION DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑORES FERRANDO Y FUENTEALBA, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE DENOMINA "PABLO NERUDA" AL LICEO DE HOMBRES N° 1, DE TEMUCO.
Honorable Senado:
Pablo Neruda ha sido distinguido recientemente con el Premio Nobel de Literatura. Este galardón, que por segunda vez es concedido a un poeta chileno, constituye un merecido y esperado reconocimiento a su obra.
Hijo de un trabajador ferroviario que tuvo a su cargo el tren que une Temuco con Carahue, Pablo Neruda vivió en la primera de dichas ciudades durante varios años y fue alumno de su Liceo. Sus primeros poemas están relacionados con la región en que vivía y en repetidas oportunidades ha declarado su afecto por Temuco.
Es así como hemos creído de justicia honrar la memoria del insigne vate dando su nombre al Liceo en que se educó, lo que, al mismo tiempo, pone de manifiesto la veneración y respeto con que los habitantes de la Ciudad de la Frontera recuerdan al poeta.
En esta virtud, venimos en proponer el siguiente
Proyecto de ley:
"Artículo único.- Denomínase "Liceo Pablo Neruda" al Liceo Superior de Hombres Nº 1, de Temuco.".
(Fdo.) : Renán Fuentealba M.- Ricardo Ferrando K.