Labor Parlamentaria

El señor AYLWIN (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor PROSECRETARIO.- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:

Mensajes.

Cinco de Su Excelencia el Presidente de la República.

Con los dos primeros, retira y hace presente la urgencia para el despacho del proyecto de ley que establece ciertas franquicias para los automóviles armados en el país y que se destinen al servicio de taxis.

Queda retirada la urgencia y la nueva se califica de "simple".

Con los dos que siguen, hace presente la urgencia para el despacho de los siguientes proyectos de ley:

1) El que otorga previsión a los comerciantes.

El señor PABLO.- ¿Cuántos proyectos con urgencia hay en la Comisión de Trabajo?

El señor AYLWIN (Presidente).- La iniciativa que otorga previsión a los comerciantes ya tiene primer informe y figura en la tabla de hoy.

El señor VALENTE.- ¿Qué significa la suma urgencia?

El señor AYLWIN (Presidente).- Despachar el proyecto dentro de los próximos diez días.

Todavía la Comisión debe evacuar el segundo informe.

El señor VALENTE.- Precisamente, me estoy refiriendo al segundo informe.

El señor AYLWIN (Presidente).- Primeramente debemos pronunciarnos sobre el primer informe, y después habrá que despachar el segundo.

A mi juicio, podría adoptarse un acuerdo de Comités para fijar un plazo de tramitación a este proyecto. Mientras tanto, propongo calificar de "simple" la urgencia y que la Mesa tome las medidas para darle un trámite especial.

Si le parece a la Sala, así se procederá.

Acordado.

El señor PROSECRETARIO.- 2) El que establece nuevas normas para la constitución de los consejos directivos y directorios de diversas instituciones de previsión.

El señor PABLO.-Este proyecto también va a la Comisión de Trabajo.

El señor AYLWIN (Presidente).- Es la única iniciativa que se encuentra en esa Comisión.

Si le parece a la Sala, se calificará de "simple" la urgencia hecha presente a este proyecto.

Acordado.

El señor PROSECRETARIO.- 3) El que establece diversas disposiciones en favor de Astilleros y Maestranzas de la Armada.

Se califica de "simple" la urgencia.

4) El que concede, por gracia, el grado de General de Brigada Aérea al Comandante de Grupo (R) señor Roberto Herrera Ramírez.

Se califica de "simple" la urgencia.

Con el último, inicia un proyecto de ley que faculta al Presidente de la República para promulgar el Estatuto de la Universidad Técnica del Estado, aprobado por el Consejo Universitario, y hace presente la urgencia para su despacho (véase en los Anexos, documento 1).

-Pasa a la Comisión de Educación Pública y se califica de "simple" la urgencia.

Oficios.

Dos, de los señores Ministros de Defensa Nacional y de Salud Pública, con los cuales dan respuesta a las peticiones que se indican, formuladas por los Honorables Senadores señores Morales Adriasola (1) y Silva Ulloa (2):

1) Local para servicio dental de SERMENA en Punta Arenas.

2) Sumario con motivo del accidente que indica en el Regimiento Buin.

Uno del señor Contralor General de la República, con el que comunica que ha tomado razón del decreto de insistencia Nº 488, de 1971, del Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre régimen de tratamiento a los capitales extranjeros, y sobre marcas, patentes, licencias y regalías.

-Quedan a disposición de los señores Senadores.

Informes.

Uno de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recaído en el proyecto de ley, iniciado en mensaje del Ejecutivo, que sanciona las ocupaciones ilegales de inmuebles (véase en los Anexos, documento 2).

Uno de la Comisión de Educación Pública'recaído en el proyecto de ley iniciado en moción del Honorable Senador señor Baltra, que autoriza la expropiación del inmueble en que nació el escritor Luis Durand, en la ciudad de Traiguén, para habilitar el Museo Regional y una Biblioteca Pública (véase en los Anexos, documento 3).

-Quedan para tabla.

Moción.

Una del Honorable Senador señor Lorca, con la que inicia un proyecto de ley que destina a la Municipalidad de Castro el producto del impuesto a la herencia del ex Regidor don Luis Jiménez Pérez.

Pasa a la Cámara de Diputados, donde constitucionalmente debe tener origen

Comunicación.

Una del Consejo General del Colegio de Abogados de Chile, con la que formula ciertos alcances al proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo y crea nuevos tribunales y cargos en la Judicatura del Trabajo.

Se manda agregarla a sus antecedentes.

OFICIO DEL CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA RESPECTO DE DECRETO DE INSISTENCIA SOBRE REGIMEN DE TRATAMIENTO A LOS CAPITALES EXTRANJEROS.

El señor CARMONA.-

Pido la palabra.

PORCENTAJE DE HERENCIAS YACENTES EN BENEFICIO DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS. VETO.

EMPRESTITO PARA MUNICIPALIDAD DE CHANCO.

DENOMINACION DE "OBISPO MANUEL LARRAIN" A POBLACION MATAQUITO, DE CURICO.

DENOMINACION DE "PLAZA YUGOSLAVIA" A TERRENO UBICADO EN PUNTA ARENAS.

TRANSFERENCIA DE TERRENOS A OBREROS Y EMPLEADOS DE MUNICIPALIDAD DE ANGOL.

El señor AYLWIN (Presidente).-

En discusión general y particular el proyecto.

Ofrezco la palabra.

DENOMINACION DE "OBISPO MANUEL LARRAIN" A AVENIDA 2 SUR DE TALCA.

CREACION DE PARQUE EJERCITO DE CHILE.

El señor AYLWIN (Presidente).-

En discusión general y particular el proyecto.

Ofrezco la palabra.

Tiene la palabra el Honorable señor Jerez.

El señor AYLWIN (Presidente).-

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

Si le parece a la Sala, se aprobará el proyecto.

Aprobado.

EMPRESTITO PARA MUNICIPALIDAD DE CISNES.

El señor AYLWIN (Presidente).-

En discusión general y particular el proyecto.

Ofrezco la palabra.

RECURSOS PARA MUNICD7ALIDAD DE CODEGUA.

MONUMENTO A LA MEMORIA DE LUIS DURAND.

1MENSAJE DEL, EJECUTIVO, CON EL QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE FACULTA AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PARA PROMULGAR EL ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DEL ESTADO, APROBADO POR EL CONSEJO UNIVERSITARIO.

Conciudadanos del Honorable Senado y de la Honorable Cámara de Diputados:

El Supremo Gobierno tiene como meta fundamental lograr el desarrollo económico y social de nuestro país y tiene por lo tanto una clara conciencia de que ello sólo se puede conseguir en la medida en que la Universidad prepare más y mejores técnicos, con una visión clara de los reales problemas que tiene nuestra nación y también con una gran conciencia social. Esta labor de preparar profesionales y técnicos que laboren en el campo del desarrollo industrial y profundamente vinculados y comprometidos con el proceso social que vive nuestro país ha sido y es desarrollada por la Universidad Técnica del Estado.

La Universidad Técnica del Estado, creada por decreto Nº 1.831, de 3 de abril de 1947, configura hoy en día una Corporación de estudios con ramificaciones extendidas a lo largo de Chile, a través de las cuales forma y entrega uno de los más altos porcentajes de profesionales destinados a colaborar eficientemente en el desarrollo productivo del país. Su proceso de evolución, iniciado ya hace casi un cuarto de siglo, ha entrado ahora de lleno en una etapa de integración plena a la comunidad que sirve, a la ciudadanía toda.

Sin embargo, para que este proceso de integración constituya un fenómeno valedero en toda la extensión de la palabra, requiere de una readecuación inmediata de algunas estructuras que en la Universidad Técnica del Estado se han revelado como caducas. Este es el caso del Estatuto Orgánico que rige a la institución desde 1952, y que constituye un cuerpo jurídico inadecuado tanto en sus contenidos como en la institucionalidad que sanciona. En su articulado, estableciendo en forma claramente antidemocrática la generación y administración del poder, no se contempla una real ingerencia en sus procesos de parte de ningún estamento de la Corporación, ni siquiera el académico.

Como respuesta a esta situación, que durante años alteró en mayor o menor medida la buena marcha de la institución, en los últimos tiempos comenzó a surgir en todos los sectores de la comunidad universitaria, y en forma especial, en el estudiantil, un movimiento reformista que impugnaba la estructura legal pero obsoleta del Estatuto Orgánico. Este movimiento, que tomó definida forma con la constitución de la Comisión Nacional de Reforma el 27 de octubre de 1967, encabezó a partir de esa fecha la tarea de revisión exhaustiva de todas las estructuras existentes y que se estimaban inadecuadas dentro de los nuevos moldes que el desarrollo de la sociedad imponía a la educación superior.

El Primer Congreso Nacional de la Corporación, convocado con el objetivo expreso de estudiar y aprobar un proyecto de un nuevo Estatuto Orgánico que correspondiera a la etapa de avanzada alcanzada por la Universidad a través del proceso de Reforma, reunió a un total de 320 delegados elegidos democráticamente en votación directa y secreta, por los estamentos académico, estudiantil y no académico, en una proporción de 65, 25 y 11 por ciento, respectivamente. Este torneo, sin igual por sus características mismas dentro de la historia de la Universidad, aprobó el proyecto de un nuevo Estatuto Orgánico que ahora se presenta para su aprobación.

Este documento, fruto del pensamiento mayoritario de la comunidad universitaria, reitera una serie de conceptos a través de los cuales la Universidad adopta definitivamente el signo de la democratización. Estos conceptos se detallan en cada uno de los Títulos que componen el Estatuto.

En el Título I, Disposiciones Generales, se configura la imagen jurídica de una Universidad democrática y descentralizada, tanto en la generación del poder como en su gestión.

El Título II, se refiere al Régimen Académico y define las funciones esenciales de la Universidad Técnica en este aspecto, vale decir, la docencia, la investigación, la creación y la extensión, realizadas a través de las múltiples estructuras de la Corporación. Además establece cuáles son esas estructuras, definiendo los Departamentos, las Facultades y las Sedes.

El Título III, sobre la Comunidad Universitaria, define a los estamentos que concurren a conformar esa comunidad y establece sus deberes y derechos.

El Título IV establece normas generales y normas especiales para el Gobierno y Administración de la Corporación, detallando las autoridades colegiadas, unipersonales y nacionales de la Universidad, señalando sus deberes y responsabilidades, la forma de su elección, período de ejercicio y otras normas.

En el Título V, se describen los servicios Académicos, Técnicos y Administrativos destinados a asesorar al Consejo Superior de la Universidad. Estos servicios se denominan Secretarías Nacionales.

El Título VI contiene disposiciones que se refieren a la facultad de la Universidad para organizar e impartir estudios de Enseñanza Media, a la calidad de empleado público del personal, al patrimonio y a otras características de la vida administrativa y financiera de la Universidad.

A través de los conceptos que sanciona este Estatuto, la Universidad Técnica del Estado se propone servir al desarrollo cultural y socio económico de Chile, mediante la democratización de sus estructuras, la modernización de sus estamentos académicos y administrativo, la planificación de la enseñanza de acuerdo a la realidad nacional y a través de su vinculación con el medio social donde se desenvuelve.

Por lo demás, el estatuto que propongo es similar al de la Universidad de Chile, que he promulgado por decreto con fuerza de ley Nº 1, de fecha 4 de junio de este año, en uso de la facultad que me confiriera la ley Nº 17.434, de 31 de mayo de 1971.

En mérito de lo expuesto precedentemente, vengo en someter a vuestra consideración el siguiente proyecto de ley, a fin de concretizar el pensamiento de la Comunidad Universitaria de la Universidad Técnica del Estado en esta materia con carácter de urgencia en todos sus trámites:

Proyecto de ley:

Artículo único.- Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de 30 días contados desde la publicación de la presente ley, promulgue el Estatuto de la Universidad Técnica del Estado, aprobado por el Honorable Consejo Universitario.

(Fdo.) : Salvador Allende Gossens. Mario Astorga.

El siguiente es el texto del Proyecto de Estatuto Orgánico de la Universidad Técnica del Estado, aprobado por el Honorable Consejo Universitario en su SESION Nº 543, de fecha 9 de junio de 1971.

Este proyecto contiene 65 artículos definitivos y 9 transitorios.

(Fdo.) : Hernán Vega Campos, Secretario General Suplente.

TITULO I.

Disposiciones Generales.

Artículo 1º.- La Universidad Técnica del Estado es una comunidad democrática y autónoma de trabajo creador destinada a conservar y desarrollar los bienes del saber y de la cultura por intermedio de la investigación científica y tecnológica, la creación artística, la docencia superior y la extensión.

En el cumplimiento de estas funciones, la Universidad debe contribuir a crear una conciencia crítica y una decisión de cambios para construir una nueva sociedad.

Artículo 2º.- La Universidad Técnica del Estado constituye un sistema estatal, nacional, autónomo, unitario, de funcionamiento descentralizado.

Ninguno de sus organismos puede segregarse, salvo por resolución expresa y mayoritaria en toda su comunidad nacional.

La Universidad Técnica del Estado debe proponer al estudio, difusión y solución de los problemas nacionales, a fin de contribuir a la conquista de la total y plena independencia del país.

Artículo 3º.- Corresponde privativamente a la Universidad Técnica del Estado, en virtud de su autonomía, la potestad de regirse, gobernarse y determinar su acción conforme a los intereses superiores del país.

La Universidad es una comunidad democrática de académicos, estudiantes y funcionarios no académicos y en ella reside el ejercicio pleno de su soberanía interna, de acuerdo con las normas establecidas en el presente Estatuto.

El ingreso, la permanencia, movilidad y promoción de sus miembros se efectuará sólo en virtud de sus méritos, cualesquiera sean sus condiciones sociales y económicas, sus convicciones ideológicas o sus credos religiosos.

La Universidad, conforme a su autonomía, es un servicio público, independiente dé la administración central del Estado.

Artículo 4º.- La Universidad Técnica del Estado asegura a todos los miembros de la comunidad universitaria la más amplia e irrestricta libertad de expresión y la coexistencia de todas las ideas, doctrinas y corrientes del pensamiento.

Los recintos universitarios son inviolables y las autoridades, o representantes de ella, ajenos a la Corporación, no podrán ejercer sus atribuciones en estos recintos sin anuencia de la autoridad universitaria que corresponda.

Artículo 5º.- La Universidad Técnica del Estado es una persona jurídica de derecho público, con patrimonio propio y domicilio en la ciudad de Santiago. Su representante legal es el Rector.

Artículo 6º.- Las disposiciones del presente Estatuto y de los Reglamentos universitarios se considerarán de carácter especial frente a toda otra ley que, en cualquier forma o sentido, sea con ellos incompatible.

Por tanto, ninguna ley prevalecerá sobre lo que en ellos se establece ni se entenderá que deroga sus disposiciones, salvo que de manera expresa así lo prescriba.

TITULO II.

El Régimen Académico.

Las funciones esenciales de la Universidad.

Artículo 7º.- La Universidad Técnica del Estado es eminentemente creadora y sus funciones fundamentales son la docencia, la investigación y la extensión. Estas funciones se realizan integrada y simultáneamente en los Departamentos Académicos y demás estructuras en que se desarrolla el quehacer universitario.

Artículo 8º.- La organización de los estudios que conduzcan a los grados académicos o títulos profesionales que la Universidad otorgue, deberá garantizar que el estudiante se forme integralmente, con la debida flexibilidad en el cumplimiento de su curriculum de estudios.

Artículo 9º.- Los grados y títulos otorgados por la Universidad Técnica del Estado acreditarán, por el sola ministerio de la ley, la idoneidad suficiente para el ejercicio de las respectivas profesiones, en el desempeño de las funciones públicas y privadas que los exijan.

La Universidad podrá revalidar, en conformidad con sus reglamentos internos, los grados académicos y títulos profesionales obtenidos en establecimientos extranjeros de educación superior, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales.

Las estructuras académicas.

Artículo 10. La labor académica de la Universidad se organiza en Departamentos, Facultades, Siedes y/u otras estructuras que determine el Consejo Superior.

Artículo 11.- Los Departamentos son las unidades académicas básicas encargadas de proyectar, organizar y realizar integradamente la docencia, la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la extensión universitarias en el conjunto de disciplinas afines que el Consejo Superior haya situado en la esfera de su responsabilidad. Todos los académicos que laboren en dichas disciplinas pertenecerán al Departamento respectivo.

Los Departamentos tendrán a su cargo el proceso de generación de su personal académico, en conformidad a lo establecido en los Reglamentos respectivos.

Deberá existir un organismo coordinador de materias afines, que será elegido democráticamente por su comunidad.

Los Departamentos son indivisibles en cuanto a su gobierno y administración y poseen todos rango universitario equivalente.

Artículo 12.- Las Facultades son organismos en que, por decisión del Consejo Superior de la Universidad, se agrupan Departamentos que orientan su actividad a objetivos comunes, análogos o complementarios.

Para no interferir la acción descentralizada de las Sedes, las Facultades sólo podrán constituirse en Santiago o como subestructuras de las Sedes de provincias.

Artículo 13.- Las Sedes son los organismos de la Universidad constituidos por Departamentos y otras estructuras que, en virtud de la magnitud que en conjunto hayan alcanzado en un determinado ámbito territorial, deban, por determinación del Consejo Superior, reproducir progresivamente en su acción la totalidad del quehacer universitario.

Las Sedes deberán propender con su actividad al desenvolvimiento de la región en que se hallen situadas y, en este sentido, podrán desarrollar campos específicos del conocimiento.

Las Sedes tendrán autonomía académica, económica y administrativa para el cumplimiento de sus funciones, de acuerdo con las normas establecidas en el Reglamento de descentralización y demás Reglamentos dictados por el Consejo Superior. La responsabilidad por los actos ejecutados en virtud de esta autonomía corresponderá a las autoridades de las Sedes y a las autoridades de las Facultades de Santiago, de acuerdo con las normas que se establezcan en los Reglamentos respectivos.

TITULO III

La Comunidad Universitaria.

Artículo 14.- La Comunidad Universitaria está formada por académicos, estudiantes y funcionarios no académicos.

Artículo 15.- Son académicos los encargados de realizar las funciones de docencia universitaria, investigación científica y tecnológica, creación artística y extensión universitaria integrados en un Departamento; y quienes tienen a su cargo labores de dirección universitaria.

Artículo 16.- Un Reglamento General de la carrera académica establecerá su ordenación jerárquica dentro de los diversos niveles, regulará el ingreso y determinará los sistemas de evaluación para la permanencia y promoción en las diversas jerarquías académicas.

Los niveles y jerarquías académicas serán equivalentes para toda la Universidad.

El ingreso a la carrera y los sistemas de evaluación se fundarán sólo en los méritos y antecedentes.

Artículo 17.- El Consejo Superior podrá conceder la calidad de Profesor Emérito al académico que haya cesado en sus funciones y que se haga acreedor a tal distinción por su contribución al saber superior y podrá encomendarle tarea académica que estime conveniente.

Estos profesores no formarán parte de la carrera académica, pero gozarán de todos los demás derechos que este Estatuto otorga a los académicos.

Artículo 18.- Los académicos gozan, en el desempeño de sus funciones, de la más amplia libertad para adoptar los principios que infor man su tarea intelectual, artística o técnica.

Estudiantes.

Artículo 19.- Son estudiantes universitarias quienes hayan cumplido los requisitos de ingreso que la Universidad establezca en sus Reglamentos y efectúen en ella estudios conducentes a un grado académico o a un título profesional de nivel universitario. A ellos competen los derechos consagrados en el artículo 3º y en el Título IV de este Estatuto.

Los alumnos de la Corporación no comprendidos en la disposición anterior son, sin embargo, estudiantes de la Universidad para los demás efectos legales y reglamentarios.

Artículo 20.- El ingreso a la Universidad Técnica del Estado no estará sujeto a las convicciones ideológicas, políticas o religiosas de los postulantes. En especial, la Universidad deberá establecer los mecanismos que permitan el ingreso de los trabajadores a ella.

Artículo 21.- Los estudiantes de la Universidad tienen el derecho de sustentar y exponer sus ideas en las diferentes expresiones de la actividad académica. Poseen, además, el derecho a elegir, de acuerdo con sus preferencias, las asignaturas y profesores, cuando los planes de estudio y la organización del trabajo universitario lo permitan.

Artículo 22.- Es deber de la Universidad formar, integralmente a sus estudiantes, darles protección y preocuparse, en forma preferente, de su bienestar social y económico y de su perfeccionamiento cultural, físico, intelectual y moral.

Funcionarios no académicos.

Artículo 23.- funcionarios no académicos son todas aquellas personas que desempeñan en la Universidad labores de carácter profesional, técnico, administrativo o de servicio y que no están incorporadas a la carrera académica.

Un Reglamento regulará el ingreso a estos cargos, establecerá normas sobre carrera funcionaría y señalará las causales de cesación de funciones.

TITULO IV

Gobierno y administración de la Universidad.

Normas Generales.

Artículo 24.- Las autoridades de la Universidad Técnica del Estado son colegiadas y unipersonales. Son autoridades colegiadas los Claustros, los Consejos y los Comités Directivos.

Son autoridades unipersonales el Rector, el Secretario General, los Vicerrectores, los Decanos, los Secretarios de Sede, los Secretarios de Facultad y los Directores de Departamento.

Artículo 25.- El Claustro Nacional está constituido por todos los miembros de la comunidad universitaria y en él reside la máxima autoridad de la Universidad Técnica del Estado.

Los Claustros de las diferentes estructuras universitarias están constituidos por todos los miembros de la respectiva comunidad y son las autoridades máximas en sus comunidades, en el marco de las normas generales y disposiciones dictadas por los organismos colegiados superiores.

La participación de los distintos estamentos en los claustros se ponderará en un 65% para los académicos, un 25% para los estudiantes y un 10 % para los funcionarios no académicos.

Artículo 26.- El Claustro Nacional expresa su voluntad a través de elecciones, consultas plebiscitarias y congresos, que podrán ser ordinarios o extraordinarios.

El Congreso será convocado ordinariamente por el Consejo Superior cada cuatro años y extraordinariamente cuando lo determine este mismo Consejo, o a petición de un tercio de los miembros del Claustro Nacional, ponderado según los porcentajes señalados en el artículo anterior. En la convocatoria, el Consejo Superior determinará el número de representantes que compondrá el Consejo.

Los representantes académicos serán elegidos de acuerdo a la norma señalada en el inciso segundo del artículo 37, y los demás representantes serán elegidos nacionalmente por sus respectivos estamentos.

Artículo 27.- Los Claustros de las demás estructuras de la Universidad se expresarán a través de elecciones, Consultas plebiscitarias, congresos o sesiones plenarias.

Los Congresos de estos Claustros podrán ser convocados ordinariamente en el período preparatorio al Congreso del Claustro Nacional ordinario, o extraordinariamente con acuerdo del Consejo Superior o por acuerdo de éste.

Artículo 28.- Los Consejos son cuerpos colegiados constituidos por representantes de los académicos, de los estudiantes y de los funcionarios no académicos de la respectiva comunidad, en la proporción del 65%, 25% y el 10%, respectivamente.

Corresponde a los Consejos dictar las normas por las cuales se regirá la respectiva comunidad y adoptar las medidas necesarias para su gobierno, en conformidad con las disposiciones del presente Estatuto y las que establezca el Consejo Superior.

Artículo 29.- Los Consejos tendrán sesiones ordinarias dentro de los períodos y en las fechas que ellos mismos determinen, en conformidad con sus reglamentos, y sesiones extraordinarias a solicitud de una quinta parte de sus miembros o por iniciativa de su presidente.

El número necesario para funcionar será la mayoría de sus integrantes y los acuerdos se adoptarán por la mayoría de los presentes. En caso de empate, se hará una nueva votación, y si subsistiera dicho empate, prevalecerá la opinión del presidente. Para revocar un acuerdo, se requerirá el voto favorable de los dos tercios de los miembros en ejercicio del respectivo organismo.

Artículo 30.- Las autoridades unipersonales son mandatarias de la comunidad que las ha elegido.

El Rector de la Universidad, los Vicerrectores de Sedes, los Decanos de Facultades y Directores de Departamentos, son Presidentes de los Claustros y Consejos de sus respectivas comunidades y tienen a su cargo la ejecución de sus acuerdos.

Artículo 31.- Las autoridades unipersonales y organismos colegiados podrán delegar algunas de sus funciones de acuerdo con lo que establezcan los reglamentos respectivos.

La delegación deberá hacerse por acuerdo o resolución de la autoridad colegiada o unipersonal según corresponda, y contener la indicación precisa de las funciones que se delegan y podrá ser revocada, en cualquier tiempo, sin expresión de causa.

Las personas u organismos que obren por delegación de funciones no podrán, por su parte, delegarlas, con la sola excepción del Comité Directivo del Consejo Superior, que podrá hacerlo en el Rector.

Artículo 32.- Si las autoridades unipersonales no pudieren ejercer sus atribuciones por ausencia o impedimento transitorio, el organismo colegiado respectivo designará a la persona que ejercerá su cargo en carácter de suplente. En el lapso que media entre la ausencia o impedimento y la designación del suplente, dichas autoridades serán subrogadas por el funcionario más antiguo que les siga en el escalafón respectivo.

La misma norma se aplicará en caso de renuncia o impedimento definitivo, si faltare menos de un año para el próximo período de elecciones. En caso contrario, el Consejo respectivo llamará a elecciones dentro de un plazo no superior a 45 días, por el resto del período legal.

Artículo 33.- El plazo durante el cual desempeñarán sus funciones el Rector, el Secretario General, los Vicerrectores, los Secretarios de Sedes, los Decanos y Secretarios de Facultades, será de cuatro años; el de los Directores de Departamentos será de dos años.

Artículo 34.- Las autoridades unipersonales podrán ser removidas con los dos tercios de los votos emitidos por sus respectivos Claustros.

Los miembros del Consejo Superior y de los Consejos de Sedes; Facultades o Departamentos, que no sean autoridades unipersonales, podrán ser removidos de sus cargos como tales por los dos tercios del estamento que participó en su elección a nivel nacional, de Sede, Facultad o Departamento, según corresponda.

El acuerdo de remoción implicará automáticamente la reelección simultánea de todos los miembros del respectivo Consejo que hayan sido elegidos por el mismo estamento de la comunidad que participó en la elección del representante afectado por la remoción.

Para votar la remoción de alguna de estas autoridades, será necesario que así lo solicite una tercera parte del Claustro que corresponda o las dos terceras partes del respectivo Consejo.

Normas especiales para las autoridades nacionales de la Universidad.

Artículo 35.- Son autoridades nacionales de la Universidad el Claustro Nacional, el Consejo Superior, su Comité Directivo, el Rector y el Secretario General.

Artículo 36.- Corresponde al Claustro Nacional:

1.- Elegir al Consejo Superior, al Rector y al Secretario General.

2.- Pronunciarse por la vía del plebiscito o en sus congresos, sobre :

a) Las materias de política universitaria que él mismo determine o que le someta a su consideración el Consejo Superior;

b) Las reformas al Estatuto Universitario;

c) Las materias a qué se refiere el penúltimo inciso del artículo 37;

d) La remoción de las autoridades unipersonales que sean de su elección.

Artículo 37.- El Consejo Superior, después del Claustro Nacional, es la máxima autoridad de la Universidad Técnica del Estado.

El Consejo Superior está constituido por:

El Rector de la Universidad Técnica del Estado, que lo preside; el Secretario General de la Universidad; 80 representantes del Claustro Nacional en la proporción del 65% de académicos; 25% de estudiantes; 10% de funcionarios no académicos, y un representante de la Central Unica de Trabajadores de Chile (CUT).

Los representantes del Claustro Nacional serán elegidos por sus respectivos estamentos en la siguiente forma:

El 40% de los representantes académicos será elegido nacionalmente. El 60% restante será elegido por los académicos de las Sedes de Provincia y Facultades de Santiago, en proporción al número de sus integrantes.

En todo caso, las Sedes y Facultades, que según el artículo 1º transitorio de esta ley integren inicialmente la Universidad, elegirán un representante académico a lo menos, cualquiera que sea el número de miembros académicos que de ellas formen parte.

Los Vicerrectores de Sedes y Decanos de las Facultades de Santiago que no sean elegidos miembros del Consejo Superior, asistirán a él con derecho a voz.

Los representantes estudiantiles y de funcionarios no académicos se elegirán nacionalmente.

El Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Técnica del Estado (FEUT) será miembro del Consejo Superior por derecho propio y se considerará incluido en el 25% de la representación estudiantil.

Además, será miembro del Consejo Superior un representante del organismo gremial del personal de la Universidad y se entenderá incluido en el porcentaje del estamento a que pertenezca.

El Claustro Nacional podrá modificar el número total de sus representantes en el Consejo Superior, manteniendo las proporciones señaladas para cada estamento.

Para este efecto se requerirá el acuerdo del 60% de los participantes en el plebiscito o de los miembros del Congreso de la Universidad, en cada caso.

Artículo 38.- Corresponde al Consejo Superior:

1.- Adoptar las resoluciones y medidas de carácter nacional en favor del desarrollo armónico y coordinado de la docencia, investigación y extensión de toda la Universidad. Para ello se pronunciará anualmente sobré los planes que le presentarán las Sedes de provincia y Facultades de Santiago, y evaluará su rendimiento al término del período académico.

2.- Establecer las condiciones que tornen expedita la intercomunicación de las diferentes Sedes y Facultades y de los organismos académicos que las integran, para hacer efectiva la unidad de la Universidad en la operación de los planes mismos de actividad docente, de investigación y de extensión.

3.- Resolver, por propia iniciativa o a propuesta de las Sedes de provincia o Facultades de Santiago, acerca de la creación y supresión de carreras; de sus planes de estudio; fijación anual de las plazas de ingreso a ellas y equivalencia de estudios, grados y títulos correspondientes a las diversas Sedes y Facultades.

4.- Acordar la creación, supresión, fusión o reorganización de las diferentes estructuras y servicios de la Universidad, de acuerdo con las necesidades que tenga la Corporación. Para ello requerirá la mayoría absoluta de los miembros en ejercicio del Consejo Superior.

5.- Regular las relaciones de la Universidad Técnica del Estado con otros organismos nacionales, extranjeros o internacionales. Para ello deberá:

a) Pronunciarse sobre los convenios de intercambio cultural con otros organismos de la enseñanza superior;

b) Fijar las bases generales en conformidad con las cuales podrán las Sedes celebrar convenios directamente con otros organismos nacionales ;

c) Pronunciarse acerca de los convenios con instituciones extranjeras o internacionales, sobré ayuda financiera o asistencia técnica que ellas ofrezcan para la realización de trabajos dentro de organismos y con personal de la Corporación;

d) Pronunciarse sobre los convenios y tratados internacionales relativos a la educación superior que el Gobierno de Chile tenga interés en suscribir con otros gobiernos o entidades extranjeras o internacionales en cuanto afecten a intereses de la Universidad.

6.- Resolver sobre aquellas materias en que existan dudas respecto de lo dispuesto en el presente Estatuto.

7.- Estudiar y proponer, con consulta al Claustro Nacional, reformas al Estatuto.

8.- Dictar los Reglamentos de aplicación general en la Corporación. 9.- Propender, cuando las circunstancias lo aconsejen, a las uniformidad de sistemas o regímenes de administración.

10.- Fijar anualmente el Presupuesto General de la Corporación, y las plantas y sueldos del personal, sin perjuicio de los aumentos que se le asignen por leyes especiales. No obstante, el Presupuesto podrá ser modificado durante su vigencia. Del mismo modo, podrán modificarse las plantas cada vez que la modificación de las estructuras académicas y servicios lo haga necesario.

No obstante lo dispuesto en el inciso precedente el personal de la Universidad Técnica del Estado estará sujeto a las normas sobre remuneración máxima establecidas en el Título III de la ley Nº 17.416, de 9 de marzo de 1971, y a cualquier otra disposición legal que en el futuro se dicte sobre esta materia.

11.- Aprobar la contratación de empréstitos y la emisión de bonos, pagarés y demás documentos de créditos, con cargo a los fondos del patrimonio universitario.

12.- Aprobar la adquisición, enajenación o gravamen de los bienes muebles e inmuebles de la Corporación, lo que se ejecutará directamente sin intervención de autoridades u organismos ajenos a la Universidad. Artículo 39.- El Consejo Superior, en su SESION constitutiva, elegirá de entre sus miembros un Comité Directivo cuyo número de integrantes y forma de funcionamiento fijará el mismo Consejo, manteniendo la proporcionalidad establecida en el artículo 28.

Entre una sesión y otra del Consejo Superior, la autoridad de éste residirá en su Comité Directivo que, durante este período, ejercerá la dirección nacional de la Universidad.

El Consejo Superior podrá renovar al Comité Directivo por la mayoría absoluta de sus miembros.

Artículo 40.- Los miembros del Consejo Superior, de los Consejos de Sedes y Consejos de Facultades durarán cuatro años en sus funciones y los miembros de los Consejos de Departamentos, dos años.

Los representantes estudiantiles durarán sólo un año en sus funciones.

Las elecciones de representantes a los Consejos y de autoridades unipersonales, cuando corresponda renovarlas, deberán efectuarse simultáneamente.

Artículo 41.- Cuando se produjere la ausencia o impedimento definitivo de un número de miembros de los diversos Consejos, equivalente o superior a un tercio de los representantes de cualquier estamento, se procederá a elegir al número de consejeros que falten, por el resto del período legal, salvo que falten menos de seis meses para la renovación total del Consejo.

Artículo 42.La máxima autoridad unipersonal de la Universidad es el Rector. Su nombramiento se hará por el Presidente de la República y recaerá en la persona elegida por el Claustro Nacional.

Corresponde, en especial, al Rector:

1.- Ejercer el gobierno de la Universidad.

2.- Hacer ejecutar los acuerdos de las autoridades colegiadas que preside.

4.- Designar al personal de la Universidad y dictar las demás resoluciones que a éste se refieren con acuerdo y a propuesta de los cuerpos correspondientes, en cada caso. Esta atribución, como las demás, podrá delegarla de acuerdo con el reglamento respectivo.

5.- Suscribir, por sí o por delegado, los convenios o acuerdos que afecten a toda la Universidad.

6.- Someter al Consejo Superior iniciativas y proyectos tendientes al perfeccionamiento de la marcha de la Corporación.

7.- Mantener, la comunicación oficial de la Universidad con todas las autoridades, instituciones y organismos nacionales, extranjeros o internacionales.

Artículo 43.- El Secretario General de la Universidad es el Secretario del Claustro Nacional del Consejo Superior y es Ministro de Fe de la Corporación. Será elegido por el Claustro Nacional y cumplirá, además, las funciones que fijen los Reglamentos y las que le encomienden los organismos colegiados nacionales de la Universidad.

Normas especiales para las autoridades de los Departamentos,

Facultades y Sedes.

Artículo 44.- El gobierno y la administración de los Departamentos, Facultades y Sedes serán ejercidos por los respectivos Claustros y Consejos, y por el Director, el Decano y el Vicerrector, según el caso.

Corresponde a los Consejos de Departamentos, Facultades y Sedes, proponer a los Consejos de las instancias superiores respectivas, sus planes de actividades y presupuestos.

Artículo 45.- Los Consejos de Facultades y Sedes estarán compuestos por un número de miembros que fijará, en cada caso, el Consejo Superior de la Universidad, habida consideración del número de académicos de la Facultad o Sede. Estos miembros serán elegidos por la totalidad de los respectivos estamentos.

Integrarán estos Consejos el Vicerrector o el Decano, según corresponda, y el Secretario de Sede o Facultad, los cuales se entenderán incluidos en la representación que corresponde al estamento académico. Asimismo, los integrarán un representante de la Central Unica de Trabajadores provincial respectiva, con derecho a voz y voto.

Los Consejos de las Facultades, Sedes y Departamentos estarán formados por un 65% de académicos, un 25% de estudiantes y un 10% de funcionarios no académicos.

Los Consejos de Sedes y Facultades, podrán elegir de entre sus miembros un Comité Directivo cuya constitución fijará el mismo Consejo, manteniendo la proporcionalidad establecida en el inciso anterior.

Entre una sesión y otra de los Consejos de Sedes o Facultades, la autoridad de éstos residirá en el Comité Directivo, que durante ese período ejercerá la dirección y el gobierno de la Universidad en la Sede de provincia o Facultad de Santiago.

El Consejo del Departamento estará integrado por un número de miembros que, para cada caso, determinará el Consejo de Sede o Facultad respectivos. Si el número de funcionarios no académicos de un Departamento es inferior al 10% del Claustro respectivo, hechas las ponderaciones del caso, sólo tendrán un representante con derecho a voz.

Artículo 46.Serán atribuciones del Consejo de Sede:

1.- Adoptar las resoluciones y medidas de carácter regional en favor del desarrollo armónico y coordinado de la docencia, investigación y extensión de la Universidad en la Sede. Para ello se pronunciará anualmente sobre los planes que le presentarán los Departamentos y evaluará su rendimiento al término del período académico.

2.- Establecer las condiciones que tornen expedita la intercomunicación de los diferentes Departamentos y de los organismos académicos y administrativos que la integran para hacer efectiva la unidad en la operación de la Sede.

3.- Estudiar, a propuesta de los Departamentos o por propia iniciativa, la creación y supresión de carreras, planes de estudio y fijación anual de plazas de ingreso a ellas.

4.- Estudiar la creación, supresión, fusión o reorganización de las diferentes estructuras de la Universidad en las Sedes.

5.- Coordinar la relación de la Universidad en las Sedes con otros organismos regionales o nacionales, de acuerdo con las políticas nacionales de la Corporación.

6.- Dictar los reglamentos de aplicación general en las Sedes, de acuerdo con las normas establecidas por el Consejo Superior.

7.- Propender, cuando las circunstancias lo aconsejen, a la uniformidad de los sistemas o regímenes de administración.

8.- Estudiar y proponer al Consejo Superior anualmente el presupuesto de la Sede.

9.- Estudiar y proponer la contratación de empréstitos y emisión de documentos de crédito con cargo a los fondos que se les destine en el Presupuesto.

10.- Estudiar la adquisición, enajenación o gravamen de los bienes raíces y muebles existentes en la Sede, que formen parte del Patrimonio de la Universidad.

Artículo 47.Son atribuciones especiales de los Directores, Decanos y Vicerrectores:

1.- Representar oficialmente a la respectiva comunidad y a sus autoridades colegiadas.

2.- Elaborar, con el concurso de los órganos competentes, los planes, proyectos y estudios necesarios para las decisiones de los correspondientes Clautos y Consejos.

3.- Ejecutar o hacer ejecutar los acuerdos de los organismos colegiados respectivos.

Normas sobre elecciones.

Artículo 48.- En las elecciones de autoridades el voto será directo, personal y secreto. La elección de autoridades colegiadas se atendrá al régimen de representación proporcional establecido por la Ley de Elecciones.

Artículo 49.- Todos los miembros de la comunidad universitaria tendrán derecho a participar directamente en las elecciones y en las consultas plebiscitarias a que se refiere el presente Estatuto. En el caso de los académicos y funcionarios no académicos, para ejercer este derecho deberán tener una antigüedad mínima de seis meses.

En las elecciones de las autoridades unipersonales y en las consultas plebiscitarias, el voto de los académicos será ponderado en un 65%, el de los estudiantes en un 25% y el de los funcionarios no académicos en un 10%.

Artículo 50.- Las autoridades unipersonales serán elegidas por sus respectivos Claustros. Para postular a los cargos de Rector, Secretario General, Vicerrector o Decano, se requerirá ser o haber sido académico de cualquier Universidad.

En las elecciones de estas autoridades se considerará elegido quien obtenga la mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos y ponderados en conformidad con las normas del inciso 2º del artículo 49. Si ningún candidato obtuviere ese mayoría se llamará a una nueva elección entre las candidatos que hubieren obtenido las dos más altas mayorías relativas y los votos en blanco se sumarán al que obtenga la más alta mayoría relativa.

Artículo 51.- Los Directores de Departamentos podrán ser reelegidos solamente por un período consecutivo.

Para postular a la elección de este cargo se requiere ser miembro académico de la Universidad.

Artículo 52.- Los cargos de Rector, Secretario General, Vicerrector de Sede, Secretario de Sede, Decano, Secretario de Facultad y Director de Departamento, son incompatibles entre sí. Si algunas de estas autoridades aceptare postular a cualquiera de estos cargos y fuere posteriormente elegida, cesará, por el solo Ministerio de la ley, en el cargo anterior. No obstante, la propiedad de los cargos que no sean señalados en este artículo no se perderá por el hecho de resultar elegido en alguno de ellos.

Artículo 53.- Los representantes de los académicos, estudiantes y funcionarios no académicos en los Consejos, serán elegidos mediante el voto directo de todos los miembros del estamento correspondiente en la respectiva comunidad, salvo las excepciones que esta ley señala.

TITULO V.

Servicios académicos, técnicos y administrativos.

Artículo 54.- Habrá en la Universidad servicios académicos, técnicos y administrativos destinados a asesorar y colaborar con el Consejo Superior en su función de coordinar y correlacionar el trabajo universitario. Estos servicios tendrán la denominación de Secretarías Nacionales.

Entre estos servicios existirá una Secretaría Nacional Académica, encargada de la coordinación y asesoramiento del quehacer académico de la Universidad. El Secretario Nacional Académico y los demás Secretarios Nacionales serán designados por el Consejo Superior a propuesta del Rector.

Artículo 55.- Los servicios académicos, técnicos y administrativos que conforman nacionalmente la Universidad, en sus diversas estructuras, serán los que el Consejo Superior determine, en virtud de la facultad establecida en el Nº 4 del artículo 38 de la presente ley.

TITULO VI.

Otras disposiciones.

Artículo 56.- La Universidad Técnica del Estado podrá, también, organizar e impartir estudios de enseñanza media y otorgar los títulos o grados a que conduzcan.

Artículo 57.- El personal de la Universidad Técnica del Estado, cualquiera que sea su función, tendrá la calidad de empleado público. Los Reglamentos específicos que, en lo concerniente a él, dicte el Consejo Superior, prevalecerán sobre las disposiciones generales que rigen el orden administrativo del Estado, salvo cuando ellas se hagan explícitamente extensivas a la Universidad.

Los Reglamentos específicos que dicte el Consejo Superior para regular las diferentes funciones, no podrán contener normas que disminuyan los derechos otorgados anteriormente a este personal.

La Universidad podrá celebrar convenios a honorarios para la realización de determinadas tareas, pero quienes se desempeñen bajo este régimen no tendrán la calidad de funcionarios.

Los funcionarios de la Universidad tendrán derecho a jubilar en conformidad a las leyes generales. Cesarán en sus funciones a más tardar al término del año académico en que cumplan los 65 años de edad a menos que estén desempeñando un cargo electivo, en cuyo caso el cese se producirá al vencerse el período para el cual furon nombrados. La cesación obligatoria en funciones a que se refiere el presente inciso no obstará a que, en casos calificados, el Consejo Superior de la Universidad pueda acordar la contratación de los servicios de quienes fueran afectados por esta causal de cesación.

El haber alcanzado la más alta jerarquía de la carrera académica se considerará grado máximo del respectivo escalafón, para los efectos del artículo 132 del Estatuto Administrativo.

Artículo 58.- Sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2º del Nº 10 del artículo 38, la Universidad tiene el deber de remunerar adecuadamente a su personal, de prestarle protección y de atender a su bienestar y perfeccionamiento.

Artículo 59.- Para la representación y defensa de los intereses comunes, el personal de la Universidad podrá organizar una asociación que agrupe a los académicos y otra que agrupe a los funcionarios no académicos, o una que agrupe a todo el personal.

Estas asociaciones gozarán de personalidad jurídica y podrán federarse entre sí o confederarse con otras instituciones de trabajadores. Serán miembros de la o las asociaciones que se organicen todos los académicos y todos los funcionarios no académicos de la Universidad Técnica del Estado por el solo hecho de tener la calidad de tales.

Artículo 60.- El patrimonio de la Universidad Técnica del Estado está constituido por sus bienes y las rentas que le corresponde percibir.

Son bienes de la Universidad los siguientes:

a) Los bienes muebles e inmuebles asignados a sus Escuelas y servicios dependientes y los que adquiera en el futuro;

b) Las herencias, legados y donaciones con que sea favorecida;

c) El producto de las ventas o enajenaciones de bienes que realice;

d) La propiedad intelectual sobre todo descubrimiento o invención realizado en la Universidad Técnica del Estado, por personal de su dependencia, aunque la patente se inscriba a otro nombre; y

e) Todo otro valor que se incorpore a ella o a cualquier otro título.

Son rentas de la Universidad:

a) Los aportes que le conceda anualmente la Ley de Presupuesto de la Nación y los que le otorguen leyes especiales;

b) El producto de sus aranceles, que estarán constituidos por los derechos de matrícula, impuestos universitarios a los títulos y grados, derechos de exámenes, certificados, solicitudes a la Universidad, pagos que deban hacerse por trabajos realizados en sus talleres o laboratorios y toda clase de cuotas ordinarias o extraordinarias que deban cancelar sus alumnos, así como el valor de otras prestaciones o servicios que realice;

c) Los frutos e intereses de sus bienes; y

d) Todo otro valor que se incorpore a ella.

Artículo 61. Los bienes y entradas que integran el patrimonio de la Universidad Técnica del Estado, serán administrados por ésta, con plena autonomía.

La Universidad elaborará anualmente su presupuesto interno sobre la base de una planificación de sus actividades y de sus proyectos de desarrollo, en la forma que determinen los reglamentos universitarios pertinentes.

La Ley General del Presupuesto de la Nación consultará, en sumas globales, los fondos para subvenir, adecuadamente, al mantenimiento de los servicios de la Universidad Técnica del Estado y a las exigencias de su expansión en conformidad con sus planes de desarrollo. En todo caso, estas sumas no podrán ser inferiores al uno por ciento (1%) del presupuesto total de egresos de la Nación.

Serán recursos propios de cada sede, los obtenidos por éstas a través de donaciones otorgadas a ellas, ya sea por la comunidad regional en la que están situadas, por medio de leyes específicas, por medio de convenios internacionales o por medio de convenios o asesorías que los Departamentos suscriban o presten a la comunidad.

Artículo 62.- El Consejo Superior estará facultado para:

1.- Emitir estampillas y fijar aranceles por servicios que preste a través de sus distintos organismos.

2.- Crear y organizar, con otras personas, naturales o jurídicas, nacionales, extranjeras o internacionales, asociaciones, sociedades, corporaciones o fundaciones, cuyo objetivo corresponde o se complemente con los de la Universidad, aportando a ellas fondos provenientes de su patrimonio.

3.- Otorgar las subvenciones que determinen los reglamentos.

4.- Contratar empréstitos, emitir bonos, pagarés y demás documentos de crédito con cargo a los fondos de su patrimonio.

El Presidente de la República estará facultado para otorgar la garantía del Estado, directamente o a través de los organismos estatales. Artículo 63.La Universidad Técnica del Estado estará exenta de toda clase de impuestos, contribuciones, derechos, tasas, tarifas, patentes y demás cargas o tributos establecidos en favor del Fisco, de las Municipalidades o de cualquiera otra persona jurídica. Esta exención se considerará vigente en relación con cualquiera nueva disposición legal sobre la materia, salvo que se establezca que afecta también a la Universidad Técnica del Estado.

Igual norma se aplicará a las asociaciones, sociedades, corporaciones y fundaciones en cuya creación, organización o mantenimiento participe o intervenga la Universidad, siempre que sus objetivos correspondan a sus fines y que las franquicias respectivas sean total o parcialmente concedidas por decreto del Supremo Gobierno, a petición del Rector y con acuerdo del Consejo Superior.

Artículo 64.- La Contraloría General de la República tomará razón de los reglamentos de los decretos de aprobación del presupuesto, de nombramiento y término de funciones.

Sólo se enviará copia de los demás decretos universitarios a la Contraloría para los efectos de registro.

Los decretos a los cuales corresponda tomar razón a la Contraloría, entrarán en vigencia desde el día siguiente a aquel en que se haya cumplido este trámite.

Los demás, regirán desde la fecha en que fueron dictados.

En los casos antes indicados, podrá señalarse en el mismo decreto una fecha diferente de vigencia.

La Contraloría General de la República examinará las cuentas de inversión de la Universidad, tanto respecto de sus entradas propias, como de los fondos que recibe a título de aporte fiscal.

Artículo 65.- El presente Estatuto comenzará a regir desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial. Dese dicha fecha quedarán derogadas las leyes y reglamentos preexistentes sobre todas las materias que en este Estatuto se tratan, en lo que fueren. contrarias a él.

Artículos transitorios.

Artículo I.- La Universidad Técnica del Estado se compondrá, inicialmente, por:

a) Las siguiente Sedes: Antofagasta, Copiapó, La Serena. Talca, Concepción, Temuco, Valdivia y Punta Arenas;

b) En Santiago, por las Facultades de Educación y de Ingeniería.

Artículo II.- Los académicos y funcionarios conservarán los cargos que servían a la dictación del presente Estatuto y se incorporarán con plenos derechos a las nuevas estructuras y subestructuras que corresponda. Si el Consejo Superior los destina a otras funciones, en ningún caso podrá ser con una renta inferior a la que perciben en sus actuales cargos.

Esta disposición no se aplicará respecto de los titulares, interinos o suplentes de los cargos que deban someterse a elección; sin embargo, si tuvieren más de 15 (quince) años de servicio en la Administración Pública podrán acogerse a jubilación de conformidad con la legislación vigente. Podrán hacer uso de este derecho, dentro del plazo de 180 (ciento ochenta) días, contado desde la publicación del presente Estatuto.

Artículo III.- El organismo generado por la comunidad de la Universidad Técnica del Estado a través de la consulta realizada con fecha 20 de agosto de 970, asumirá la plenitud de las funciones que la presente ley establece para el Consejo Superior, en carácter de Consejo Superior Transitorio.

Este Consejo Superior Transitorio deberá convocar a elecciones generales de autoridades colegiadas y unipersonales en un plazo no superior a 180 (ciento ochenta) días contado desde la fecha de la promulgación de la presente ley.

Estas elecciones deberán efectuarse dentro de los 30 días siguientes a la Convocatoria, simultáneamente.

Las autoridades que se elijan asumirán la plenitud de sus funciones 15 (quince) días después de realizadas las elecciones a que se refiere el inciso anterior.

Artículo IV.- El Consejo Superior Transitorio deberá designar las disciplinas afines que integrarán los Departamentos, así como los Departamentos que inicialmente formarán las Facultades en Santiago.

Artículo V.- Para formar parte del Primer Claustro Nacional, los académicos y funcionarios no académicos, requerirán estar en funciones con 6 (seis) meses de anterioridad a la promulgación del presente Estatuto.

Artículo VI.- El Reglamento General de la Ley de la Universidad

Técnica del Estado deberá ser dictado por el Consejo Superior dentro de un plazo de 90 (noventa) días contado desde la constitución de este organismo.

Artículo VII.- Mientras se dictan los nuevos reglamentos, y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 65, continuarán vigentes el actual Reglamento General y los Reglamentos Especiales que complementan la ley Nº 10.259 en todas las disposiciones que no se opongan a lo establecido en el presente Estatuto.

Artículo VIII.- Las Sedes en las cuales funciona el Grado de Oficios, lo incorporarán a su organización con la denominación de "Escuela Técnico Profesional", y aquellas en las cuales no funciona dicho grado, podrán crearlo. Con este objeto el Consejo Superior dictará el reglamento respectivo.

Artículo IX.- Para los efectos de aplicación del Reglamento de Carrera Académica, los profesores que desempeñan funciones ubicadas en cualquiera de los niveles, grados o categorías en ella considerados, independiente de la calidad del nombramiento, quedarán en dicho nivel, grado o categoría por el solo hecho de estar desempeñando las funciones por un año o más.

2INFORME DE LA COMISION DE CONSTITUCION, LEGISLACION, JUSTICIA Y REGLAMENTO, RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MENSAJE DEL EJECUTIVO, QUE SANCIONA LAS OCUPACIONES ILEGALES DE INMUEBLES.

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento tiene el honor de informaros el proyecto de ley, iniciado en Mensaje del Ejecutivo, que establece sanciones especiales para los instigadores y cabecillas de ocupaciones ilegales de inmuebles.

A las sesiones en que se trató esta iniciativa concurrieron el Subsecretario de Justicia, don José Antonio VieraGallo; el Asesor Jurídico del Ministerio del Interior, don Sergio Politoff; el Director Jurídico del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, don Sergio Farías, y los Abogados señora Amalia Vergara de Fontecilla y señor Juan Bustos, ambos también asesores legales de reparticiones del Gobierno.

La ocupación ilegal de inmuebles, especialmente de predios agrícolas, de terrenos destinados a ser urbanizados para construir viviendas populares e, incluso, de edificios en proceso de construcción, ha motivado desde hace tiempo graves conflictos sociales y trastornos en los planes que se han elaborado para llevar a la práctica en forma eficaz una política agraria y habitacional dentro de los marcos de la Constitución y las leyes.

Es así como del informe evacuado por el Servicio de Carabineros sobre tomas de terrenos u otros tipos de propiedad en los últimos años, enviado a esta Comisión, previo requerimiento, por la Subsecretaría del Interior, se desprende que ha habido desde 1968 hasta esta fecha numerosas ocupaciones ilegales, tanto de predios agrícolas como urbanos, así como de industrias y planteles educacionales, unas sin violencia y otras con violentos enfrentamientos. Se incluyen como Anexo de nuestro informe, los cuadros confeccionados por Carabineros sobre este particular.

Expresa el Mensaje del Ejecutivo que en muchos casos "el Gobierno ha preferido afrontar los arduos conflictos que generan las ocupaciones ilegales de inmuebles mediante un paciente esfuerzo de persuasión y discusión" que ha dado buenos resultados en la mayoría de los casos. Sin embargo, agrega, "la experiencia ha mostrado que no siempre esas ocupaciones pueden atribuirse a una exasperación frente a la necesidad, que lleva a sus autores incluso a tomar casas ya destinadas a otros trabajadores. Con frecuencia tales ocupaciones, aparecen alentadas u organizadas por personas inescrupulosas, interesadas en traer dificultades a la política habitacional y social del Gobierno y aun por elementos movidos por ánimo de enriquecimiento, verdaderos especuladores con la miseria ajena.".

La mayor parte de las dificultades son generadas por individuos que actúan como promotores de las "tomas de terrenos o predios". Por eso, el proyecto está destinado a sancionar especialmente, dentro de la figura delictiva de la usurpación que castigan los artículos 457 y 458 del Código Penal, pero transformando en penas corporales las meramente pecuniarias que contemplan esas disposiciones legales, a los que induciendo a grupos de personas, hubieren promovido o sostenido la usurpación de inmuebles y a los cabecillas principales de éstas, siempre que el hecho revistiere caracteres de especial gravedad, sea por el daño o la alarma social causados, sea por el ánimo de enriquecimiento u otro motivo antisocial que haya determinado a actuar a esos jefes o caudillos de ocupaciones colectivas.

Vuestra Comisión compartió la idea central del proyecto y lo aprobó en general por unanimidad.

Entre los delitos contra la propiedad, el Código Penal sanciona en sus artículos 457 y 458 la apropiación de inmuebles o de derechos reales constituidos en ellos, que significa en el fondo privar al titular del dominio del ejercicio de los derechos que tiene como tal Como dice Etcheberry es "conceptualmente imposible apropiarse de un inmueble en el sentido de "quitarlo" de la esfera de custodia o resguardo de su titular; lo que puede hacerse, para privar de hecho a éste de sus facultades, es ocupar el inmueble, sustituirse al titular en el ejercicio de las facultades que éste tiene.". "En suma, no apartar la cosa de su titular," (como sucede en el hurto o en el robo que recaen sobre muebles), "sino a éste de aquélla.".

Por eso se dice que a los inmuebles se aplica el aforismo "non contrectantur, sed invaduntur (no se sustraen, sino que se invaden).". Por la misma razón, el legislador no usa la expresión "apropiación" de inmuebles sino las de "ocupación" de ellos y de "usurpacin" de derechos reales constituidos en los mismos.

En el Derecho Penal se estima en general menos grave la usurpacin, ya que, "permaneciendo la cosa en el mismo sitio, y no pudiendo cambiar de lugar, y siendo además inmutable, en cuanto concepto abstracto, la perspectiva de que se pierda definitivamente para su titular es mucho más remota que en el caso de los bienes muebles." (1). Además, "el menor riesgo de pérdida de la cosa aparece más de manifiesto por las características que reviste entre nosotros la propiedad inmueble y el sistema de las inscripciones, lo que hace que por lo general el delito sea de consecuencias más fácilmente reparables. Por todas estas razones, las penalidades establecidas para los diversos casos de usurpación son considerablemente menores que las señaladas para las hipótesis de apropiación de muebles." (2).

Entre los casos de usurpación que sanciona el Código Penal (3); cabe destacar: 1) Al que con o sin violencia en las personas, y sin tener derecho para ello, ocupare una cosa inmueble o usurpare un derecho real que otro poseyere o tuviere legítimamente (Artículos 457, inciso primero y 458) ; 2) Al que ocupare un inmueble o usurpare un derecho real en ausencia del legítimo poseedor o tenedor, y vuelto éste lo repeliere (Artículo 457, inciso primero), y 3) Al dueño o poseedor regular que con violencia repeliere al que posee o tiene ilegítimamente la cosa, aunque con derecho aparente (Artículo 457, inciso segundo).

Aunque las características del delito que se pretende sancionar en el proyecto en informe son diferentes a las de la usurpación ordinaria y el bien jurídico protegido es no sólo el interés particular del propietario sino que fundamentalmente el interés social comprometido en estas tomas u ocupaciones ilegales, el Ejecutivo insiste en su Mensaje en abordar el problema dentro del régimen penal ordinario, creando una figura delictiva dentro de la usurpación, destinada a sancionar con penas corporales a los jefes o caudillos de ocupaciones colectivas, subordinando la penalidad, en estos casos, o bien la entidad del daño social causado, o a la reprochable conducta de los promotores, instigadores o cabecillas de los hechos punibles.

La iniciativa se refería primitivamente a las tomas de inmuebles, en general; pero el propio Ejecutivo, a través de una indicación, limitó su ámbito a las ocupaciones de predios agrícolas o de inmuebles destinados a la habitación, construidos o en proceso de construcción o de urbanización, que son precisamente los casos más conflictivos y que mayores perturbaciones de orden social producen y, además, por ser precisamente estas ocupaciones las que motivaron el envío al Congreso de la legislación en estudio.

Después de un prolongado debate la Comisión aceptó este predicamento, dejándose constancia de que el espíritu de la norma es que los términos "inmuebles destinados a la habitación, construidos o en proceso de construcción o de urbanización" deben interpretarse en los términos más amplios posibles. Así, por ejemplo, debe sancionarse con el tipo de delito que se propone en esta iniciativa, la ocupación ilegal de todo terreno adquirido por cualquiera de las Corporaciones dependientes o relacionadas con el Ministerio de la Vivienda con el fin de construir habitaciones, sea que éstas estén construidas, en proceso de construcción, o los terrenos en vías de urbanización.

Motivo también de especial discusión fue si a la figura delictiva en proyecto debe aplicarse o no el requisito que parte importante de la doctrina exige en el delito de usurpación: el ánimo de señor y dueño en el usurpador.

El abogado criminalista don Juan Bustos expresó que el delito de usurpación, ubicado inmediatamente después de las figuras de hurto y robo en nuestro Código Penal, por tradición es una figura en que fuera de la ocupación que es el elemento material, como es la extracción de la cosa del ámbito de su dueño en los casos de hurto y robo, requiere de un "ánimo" de apropiación. En la usurpación, en consecuencia, la extracción de la cosa mueble está sustituida por la ocupación de la cosa inmueble, más el ánimo correspondiente que es el de "señor y dueño". En el caso de usurpación de otros derechos reales, se trata de sustituir a la persona que tiene el derecho real, con ánimo de convertirse en titular del respectivo derecho.

El proyecto en estudio, prosiguió el señor Bustos, está estructurado conforme a los principios doctrinarios que ha esbozado. Se trata de castigar al que ocupe un inmueble una habitación o un predio agrícola, por ejemplo con ánimo de señor y dueño, con lo que está provocando la alteración del orden jurídico que se desea cautelar. Nunca ha estado presente la posibilidad de sancionar penalmente la ocupación de inmuebles con ánimo de protesta, pues, en estos casos, no hay ánimo de señor y dueño en las personas que la realizan, quienes, por lo general, restituyen el inmueble uno o dos días después de ocuparlo.

El Honorable Senador señor Bulnes señaló que, a su juicio, no podía acogerse la idea de exigir en la figura delictiva que se pretende sancionar en este proyecto el "ánimo de señor y dueño", puesto que un grupo de personas podría sostener, por ejemplo, que ocupó el inmueble por un tiempo, sin ese ánimo, es decir, reconociendo dominio ajeno, con lo cual se produciría el absurdo de que las tomas ilegales que han provocado graves trastornos sociales y económicos, quedarían al margen de toda sanción penal.

Agregó Su Señoría que dado el sistema que rige la propiedad inmueble en Chile, dicha exigencia resultaría incompatible con el régimen de la propiedad inscrita que regula la legislación civil, de modo que si se empieza por reconocer que debe existir ese elemento subjetivo para configurar este delito, no podría castigarse a los responsables. A su juicio, las tomas de inmuebles no se hacen con ánimo de señor y dueño; se trata, más bien, de una forma de presionar a las autoridades para que solucionen los problemas habitacionales de la gente en otro lugar que el ocupado.

Parecidas observaciones formularon los Honorables Senadores señores Fuentealba y Hamilton. Incluso, el señor Fuentealba hizo presente que si en la usurpación se requería el "ánimo de señor y dueño" sería absolutamente inconveniente asimilar la figura que se pretende sancionar en este proyecto a ese delito, porque en todos los casos, que son numerosos, en que sólo mediara el propósito de protestar o de presionar a las autoridades por soluciones habitacionales, las ocupaciones ilegales quedarían marginadas de toda penalidad, situación absurda e incompatible con los propósitos perseguidos por esta iniciativa.

Hubo consenso en que de aplicarse este criterio la ley sería inaplicable.

Por su parte, el Asesor del Ministerio del Interior don Sergio Politoff expresó que, en su criterio, el ánimo de señor y dueño no es requisito para que se configure el delito de usurpación. Así como en el hurto la apropiación es una forma de desposesión, en la usurpación esta desposesión no existe ya que todo el régimen de la posesión inscrita de los inmuebles se mantiene vigente. En este delito basta, a su juicio, el ánimo de ocupar, en el sentido de permanecer o de quedarse en el inmueble.

Sin embargo, agregó, con el fin de evitar cualquiera duda sobre el particular y coincidiendo con el pensamiento de la Comisión, cree conveniente explicar en el texto del proyecto dicha posición, para lo cual propone la aprobación de una norma que establezca que las penas que se imponen se aplicarán por el solo hecho de haberse producido la ocupación material del inmueble.

La Comisión, por unanimidad, aprobó esta idea que está reflejada en el inciso segundo del artículo 1º del proyecto que os recomendamos aprobar.

El Honorable Senador señor Hamilton, al fundar su voto, hizo presente que el interés protegido en esta iniciativa es fundamentalmente de carácter social, ya que su finalidad es castigar la toma ilegal de predios agrícolas y de terrenos y construcciones habitacionales. Por eso, la exigencia de requisitos subjetivos pierde importancia frente al problema que está viviendo el país, enfrentado a actuaciones ilegítimas de individuos que están perjudicando gravemente su desarrollo económico y social. Es indispensable, entonces, agregó Su Señoría, entregar a la Justicia Ordinaria herramientas efectivas para sancionar penalmente dichas conductas antisociales que vulneran tan abiertamente nuestro sistema jurídico.

El Ejecutivo propone en su iniciativa sancionar las ocupaciones de predios agrícolas e inmuebles destinados a la habitación, perpetrados por grupos numerosos de personas, imponiendo la pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio a los que, induciendo a los ocupantes, hubieren promovido o sostenido la ocupación y a los cabecillas principales de ésta, siempre que el hecho tuviere caracteres de especial gravedad, sea por el daño o la alarma social causados, sea por el ánimo de enriquecimiento u otro motivo antisocial que haya determinado a estos últimos, la que calificará el Juez.

El Honorable Senador señor Hamilton critica el exceso de requisitos para tipificar el delito, lo que en la práctica va a significar dejar en la impunidad las tomas ilegales que se intenta castigar por medio de este proyecto. Formula indicación Su Señoría para reemplazar el inciso primero propuesto por el Mensaje, por el siguiente:

"Si en los casos a que se refieren los dos artículos anteriores, se tratare de ocupaciones de predios agrícolas o de inmuebles destinados a la habitación, sea que éstos estén construidos o en proceso de construcción o urbanización, en las que intervinieran varias personas, se impondrá la pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio a los que hubieren promovido la ocupación y a los que la dirigieran.".

Señala Su Señoría que su indicación tiene por objeto modificar y simplificar la redacción propuesta por el Ejecutivo, en que se castiga la ocupación de predios agrícolas o de inmuebles destinados a la habitación, perpetrados "por grupos numerosos de personas". A su juicio, esta disposición es vaga por cuanto no establece lo que debe entenderse por "grupos numerosos de personas" ya que éstos pueden componerse de quinceveinte, cincuenta o más personas, sin que exista una norma clara que determine cuándo deben objetivamente estos grupos considerarse numerosos. Además, en la proposición del Ejecutivo se exigen para configurar el delito, diversos elementos, como que el hecho tuviere "caracteres de especial gravedad" o haya producido "alarma social", los que, en su criterio, son tan imprecisos que la norma nunca tendría aplicación.

Por lo demás, en opinión de Su Señoría, siempre la ocupación de terrenos produce alarma social. En seguida, expresar en el texto que la ocupación debe estar inspirada en el "ánimo de enriquecimiento" de quien la provocó, es establecer un hecho abstracto y de difícil comprobación. En la realidad sólo hay un muy reducido número de personas que pretende enriquecerse con estos actos delictuosos. Por las razones anteriores, el Honorable Senador cree que tal como está redactada la proposición del Ejecutivo, el delito jamás se configurará y las tomas quedarán sin sanción.

El abogado del Ministerio del Interior, señor Politoff, explica la manera cómo se efectuó esta redacción, señalando que se partió de la base que la usurpación es un delito que está sancionado en el Código Penal, de tal manera que esta iniciativa no crea una figura delictiva nueva. Existe consenso de que las ocupaciones de predios agrícolas o de habitaciones constituyen un problema social grave y que, por consiguiente, a los promotores o inductores de estas ocupaciones es necesario darles un tratamiento penal más severo, Pero técnicamente sería una solución injusta e, incluso, absurda, castigar a los inductores con una pena mayor que la de los ejecutores, por el solo hecho de ser inductor, Al actuar de esta manera se violaría el principio básico del Derecho Penal "non bis in idem".

Señala que un inductor, que no es ejecutor material, está castigado como si fuera autor del delito, ya que el artículo 15 Nº 29 del Código Penal considera al inductor como autor. El comportamiento del inductor, que es objetivamente menos significativa, es sin embargo elevado a la misma condición como si hubiera actuado materialmente en el delito.

Por este motivo, no puede violarse el principio "non bis in idem", o sea, tomar dos veces un mismo elemento para agravar sucesivamente la responsabilidad de una persona, ya que no se puede considerar a una persona autor de un delito sin que lo haya sido efectivamente y, en seguida, por el solo hecho de ser inductor imponerle una pena más grave de la que le corresponde al ejecutor.

Señala que este problema se discutió en el caso del homicidio por premio o promesa remuneratoria. En este caso, una de las formas de inducir es pagar un precio. Entonces, lo que se discute es si en el caso de homicidio calificado por premio o promesa remuneratoria, hay que castigar al que da el premio también como autor de homicidio calificado, pero los autores han negado esta posibilidad, porque ya a esa persona la consideraron autor de homicidio por pagar un precio, puesto que esa fue la forma de convencer al ejecutor material.

El Honorable Senador señor Hamilton manifiesta que de acuerdo a las explicaciones del señor Politoff y del texto de la indicación en debate, se pena a dos tipos de personas: al que provoca y al que participa en la ocupación siempre que sea dirigente o cabecilla. Toda la argumentación que hizo el señor Politoff está referida sólo al que induce la toma sin que ella sea válida para el que dirige y participa en ella. Cree Su Señoría que podría considerarse autor de la usurpación al instigador moral de la ocupación, para salvar este problema.

El señor Politoff estima que no es necesario decirlo expresamente ya que el Código Penal lo establece en el artículo 15, como dijo anteriormente. En todo delito, una persona, por el solo hecho de haber inducido a otra a cometerlo, pasa a ser autor. En el caso concreto que se analiza, un inductor que es considerado autor por el Código Penal, será castigado severamente cuando concurran algunas circunstancias especiales, aparte del propio hecho de inducir. Estas circunstancias especiales puede consistir en algo muy reprochable desde el punto de vista moral o de algo muy grave del punto de vista objetivo. O sea que el hecho a que él indujo tuvo una grave repercusión social produciendo mucho daño o alarma, o bien al inductor lo motivaron situaciones especialmente abyectas. Entonces, a este inductor se le castigará más severamente que al ejecutor material. Este fue uno de los razonamientos que se tuvo en vista para elaborar la redacción propuesta.

Por este motivo, no basta que una persona sea inductor para sancionarla más severamente que al simple autor, sino que además de ser inductor tiene que concurrir en su contra un hecho especialmente grave, ya sea objetivo o subjetivo.

Por este motivo, no basta que una persona sea inductor para sancionarla más severamente que al simple autor, sino que además de ser inductor tiene que concurrir en su contra un hecho especialmente grave, ya sea objetivo o subjetivo.

En seguida, el señor Politoff señala que el hecho de entregar al Juez una fórmula de ponderación para que el delito se configure mediante requisitos de que el hecho sea de "especial gravedad" constituye una característica de los Códigos Penales modernos, en que se otorga al Tribunal una cierta demostración de confianza. En el Código Penal existen muchos ejemplos de estos elementos normativos del tipo. Por ejemplo, en la figura de ultraje público a las buenas costumbres, se castiga al sujeto que ofendiere al pudor por hechos de grave escándalo y trascendencia, los que deberá calificar el Juez.

Estima el señor Politoff que el Juez podrá apreciar perfectamente en un caso dado si el hecho ha sido de ínfima significación o ha pro

ducido alarma social, o aún que siendo de ínfima importancia, haya sido muy repugnante desde el punto de vista de los motivos que impulsaron al inductor. Estas son las razones por las cuales estimó el Ejecutivo que a esos inductores había que castigarlos más severamente.

Ante una pregunta del Honorable Senador señor Bulnes respecto a la asimilación de la situación del cabecilla a la del inductor, el señor Politoff expresa que por razones prácticas se utilizó esta fórmula ya que es muy difícil identificar exactamente quién fue propiamente inductor y quién, además, de inductor, participó en la toma, sobre todo si son grupos tumultosos. Además, esta misma fórmula la utiliza la Ley de Seguridad Interior del Estado, al hablar de promotores o cabecillas.

Con respecto a la objeción del señor Hamilton en el sentido de la inconveniencia de utilizar la expresión "grupos numerosos de personas" para configurar el delito, señala que la intención fue la de entregar la interpretación al Juez, de modo que él determine cuándo una ocupación es perpetrada por un grupo numeroso de personas. Se pensó establecer en la ley que podrían ser seis, nueve, veinticinco o cien las personas que conformarían un grupo numeroso, pero, en definitiva, se estimó que ello podría ser arbitrario.

La idea del Ejecutivo es que partiendo de la base de que la usurpación es un delito y que todos los que participan en ella como autores materiales o como inductores tienen ya un castigo en la legislación penal vigente, se establezca solamente un tratamiento penal más severo para ciertos inductores y cabecillas. Los que sean ejecutores materiales y los inductores sin que concurran a su respecto los calificativos especiales que propone el proyecto, estarán sometidos al tratamiento penal común.

El Honorable Senador señor Bulnes expresa que considera perfectamente razonable la doctrina penal que, en general, no castiga al inductor con una pena superior a la del ejecutor del delito.

Pero, sostiene Su Señoría que esa regla no tiene por qué ser de carácter universal. En este caso concreto, a su juicio, no existe el propósito de aplicar penas a cada uno de los que persistan en las ocupaciones ilegales. Mucha gente es arrastrada, presionada o atemorizada para que participe en estos actos ilegales. En cambio, es importante, y cree que ese es el propósito del Gobierno, aplicar penas a los que inducen a las ocupaciones. El interés social, en estos casos, exige castigar al inductor, y la disposición en análisis cumple su objetivo como una manera de prevención, para evitar que la gente se dedique a inducir se efectúen ocupaciones ilegales. No habría interés social en castigar a todos los participantes de una ocupación. Por este motivo, Su Señoría estima que en esta oportunidad se puede hacer una excepción a las reglas generales del Derecho Penal, que es perfectamente respetable, en el sentido de que el inductor, en estos casos, tenga una pena más elevada que el ejecutor.

El Honorable Senador señor Bulnes concuerda con el Honorable Senador señor Hamilton en que tal como está redactado este artículo es improbable que llegue a condenarse a alguien. Su Señoría analiza los conceptos de "especial gravedad", "daño o alarma social causados", "el ánimo de enriquecimiento" y "otros motivos antisociales", y llega a la conclusión de que ellos son conceptos abstractos que no pueden ser válidos para todas las personas o lugares, ya que su aplicación no es general. De mantenerse la disposición en los términos actuales propuestos por el Ejecutivo, no se llegaría a condenar nunca por aplicación de esas normas a los inductores o cabecillas de una ocupación.

El Honorable Senador señor Gumucio señala que el objeto fundamental de esta ley, que tendrá aplicación en la gente más modesta, que es la que corrientemente ejecuta las ocupaciones ilegales, es persuadir o prevenir a las personas de que no adopten tales actitudes ya que este tipo de acción podrá ser sancionada en caso de que se cumplan las normas del texto propuesto. Estima Su Señoría que la disposición tal como está redactada es conveniente, porque el Juez podrá apreciar una serie de factores y circunstancias de carácter social que le permitirán fallar en conciencia. Se inclina a pensar en que la ley producirá más efectos de tipo psicológico que de tipo punitivo.

El señor Subsecretario de Justicia señala que el gran problema que ha dado origen a este proyecto radica en la necesidad de tipificar bien lo que se quiere sancionar. Agrega que se ha mejorado la redacción en cuanto se ha sustituido el concepto general de "inmuebles" como objeto de la ocupación, propuesto primitivamente, por el de "predios agrícolas o inmuebles destinados a la habitación". Estima el señor VieraGallo que el problema radica principalmente en individualizar las personas que participan en estos hechos, ya que es difícil de determinar quién es el inductor del delito. Además, existen ocupaciones que no producen alarma o que tienen menor importancia que otras, que no pueden dar origen a la aplicación de esta ley, ya que lo que se trata de sancionar son las ocupaciones masivas que producen un problema para la producción agrícola o para los planes de construcción de viviendas. En este aspecto, tiene confianza en que el Poder Judicial pueda dirimir con expedición y certeza las dificultades que se produzcan entre los diferentes casos que tenga que resolver.

A insinuación del señor Politoff, se acuerda utilizar la expresión "grupo o grupos" a fin de resolver uno de los problema planteados en la Comisión. Conviene el señor Asesor con los Senadores de la Comisión en que difícilmente se pueda llegar a una sentencia condenatoria con la norma propuesta para sancionar las ocupaciones ilegales de inmuebles. La idea del Ejecutivo, agrega, no es que necesariamente se imponga una condena drástica a las personas que actúan en estos actos ilegales, porque la condena en todo procedimiento de esta naturaleza se demora uno o dos años de producido el hecho. Lo que se pretende a través de esta legislación es reforzar el valor ético-social que le atribuye el legislador y el Estado a esta clase de bienes sociales e individuales que resultan afectados por las ocupaciones. Al establecerse una sanción más severa, el Estado considera que esta clase de actos son graves y perturbadores y que por este motivo acepta un procedimiento penal diferente que el que en la actualidad existe. Lo anterior, sobre la base de un punto de vista educativo y social.

Desde el ángulo procesal y punitivo, se pretende sustituir las penas de multas por otras que, para los inductores o cabecillas, podrán llegar a ser de tipo corporal a fin de advertir a estas personas que podrán ser sancionadas con prisión preventiva. En el fondo, esta legislación otorga mayores herramientas para resolver el problema que crea la "toma", sin pensar en la condena que en definitiva podrá dictar el Juez.

El Honorable Senador señor Bulnes es partidario de establecer una disposición redactada en términos negativos. Es decir, su idea es castigar a los ocupantes que hubieren promovido o sostenido la ocupación y a los cabecillas principales de ésta, "salvo que el hecho no hubiere producido daño ni alarma social". Sostiene Su Señoría que de esta manera se invierte el peso de la prueba, siendo la regla general de que el Juez deberá condenar a menos que no haya habido en la ocupación daño ni alarma social, situaciones que deberá resolver en conciencia. Sostiene que puede existir una ocupación hecha por un grupo de personas que sean totalmente inocentes sin que ella cause daño o alarma social, ya que por estar los inmuebles deshabitados o por otras razones de interés social, sería injusto aplicar la pena.

Por su parte, el Honorable Senador señor Miranda propuso modificar la redacción en el sentido de castigar con las penas que se proponen "a los que induzcan a los ocupantes, promuevan la ocupación o su mantenimiento y a los cabecillas de la ocupación", lo que fue aceptado por la Comisión. También se aprobó la proposición del Honorable Senador señor Bulnes para agregar la frase "salvo que apareciere de manifiesto que el hecho no ha producido daño ni alarma social", con lo que se concreta la idea de que el Tribunal debe condenar a menos que llegue a la convicción de que los hechos no han producido daño ni alarma social, elementos que deberá considerar el Juez en forma copulativa.

Se acuerda dejar las siguientes constancias, además de la recién mencionada, de la concurrencia copulativa de los requisitos señalados: a) por "grupos" se entiende según el Diccionario de la Real Academia "pluralidad de seres que forman un conjunto mentalmente considerados", y b) se castigará a los que promuevan la ocupación sin necesidad de exigir participación en ella. Así, por ejemplo, la persona que proporcione vituallas a otra que participa en la ocupación, será considerada como proclive al mantenimiento de la situación y, por lo tanto, alcanzada por la sanción.

El proyecto del Gobierno establece, en seguida, una exención de responsabilidad para los que habiendo intervenido en la ocupación de un inmueble, se allanen a abandonarlo dentro de las 48 horas siguientes al requerimiento de la autoridad, sin haber causado daño alguno. Se discutió si esta exención de responsabilidad alcanza sólo a los cabecillas o inductores o también a los ocupantes sancionados en virtud de lo dispuesto por los artículos 457 y 458 del Código Penal. Después de un breve debate en el que participaron los Honorables Senadores señores Bulnes, Fuentealba y Hamilton y los señores Politoff y VieraGallo, se llegó a la conclusión de que el beneficio los comprende a todos, porque no sería lógico ni justo exonerar sólo a los cabecillas e inductores que sanciona la legislación en proyecto.

El Honorable Senador señor Fuentealba hace presente que es partidario de esta exención de responsabilidad penal, siempre que se deje constancia que dicha exención no considera la responsabilidad que pudiere caber a los ocupantes por otros delitos. Así se acuerda.

El Honorable Senador señor Bulnes, concordando con lo expresado por el señor Fuentealba, propone la siguiente redacción para la primera parte del inciso tercero:

"No se aplicarán las penas contempladas en este artículo y en los dos precedentes,".

Además, Su Señoría señala que no puede decirse en una disposición "se allanen a abandonarlo", ya que lo que realmente se desea es que lo abandonen materialmente, única forma en que se podría estar exento de responsabilidad criminal por la usurpación cometida.

El señor Politoff agrega que, a su juicio, debería negarse el beneficio respecto del cual se está discutiendo en los casos en que, luego de abandonar el predio, los hechores volvieren a tomarlo. Por su parte, el señor VieraGallo expresa su desacuerdo con la frase insinuada por el Honorable Senador señor Bulnes como inicial del inciso ya que, a su juicio, deja subsistente el delito. Lo que se trata de establecer, en realidad, prosigue, es lo que se ha denominado por la Doctrina Penal "excusa absolutoria". Para tal efecto, debería iniciarse el inciso con la frase: "Estarán exentos de responsabilidad criminal aquellos que hubieren participado en algunas de las figuras contempladas en los artículos anteriores y dentro de las 48 horas abandonaren...".

El Honorable Senador señor Bulnes consulta acerca de la implicancia que, para los efectos de la reincidencia, tendría la utilización de una u otra expresión. El señor Politoff responde que, técnicamente, en el caso de señalarse que hay exención de responsabilidad, no se produciría reincidencia si nuevamente el beneficiario participa en la ocupación ilegal de un inmueble. En la otra hipótesis, la consistente en liberarlo de la pena, sí habría lugar a reincidencia.

El señor VieraGallo reitera la necesidad de que se redacte la norma con la idea de la exención de responsabilidad. Funda su petición en la circunstancia de que, en la mayoría de los casos, las ocupaciones, que duran normalmente pocas horas se hacen con el ánimo de protesta, hecho que ha movido a los autores del proyecto a considerar consumado el delito sólo a las 48 horas después de ocurrida la ocupación.

El Honorable Senador señor Bulnes señala, concordando con otras opiniones, que el delito que está tipificando la Comisión es de "acción" y no de "omisión". Bajo la sola vigencia del Código Penal el delito ha existido y, a su juicio de Su Señoría, sería retroceder desde el punto de vista legislativo el eximir de responsabilidad criminal a los que abandonan el inmueble ocupado dentro de un determinado plazo. Debe considerarse consumado el delito desde que ocurren los hechos que lo tipifican, sin perjuicio de liberarse de las penas respectivas a sus autores. El Honorable Senador señor Hamilton manifiesta que, a su juicio, aún en el caso de que no se aplique pena a los responsables del delito' su conducta debe considerarse para los efectos de la reincidencia Hace esta proposición ya que, según ha podido comprobar la opinión pública existen individuos que habitualmente se dedican a participar en las ocupaciones ilegales lo que hace particularmente necesaria la legislación en este sentido.

El señor Politoff manifiesta que concuerda con la necesidad de contemplar una disposición que obvie el problema que ha planteado el Honorable Senador señor Hamilton, ya que la reincidencia supone la condena del delincuente, situación que no se produciría en el caso de la exención de responsabilidad penal. Propone emplear, entonces, la expresión "reiteración" en vez de "reincidencia", ya que esta última supone la existencia de un proceso judicial anterior.

El abogado del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, señor Farías, señala que sería conveniente especificar a requerimiento de qué autoridad debe producirse la desocupación del predio de que se trate. El Honorable Senador señor Fuentealba expresa que, a su juicio, puede tratarse tanto de la autoridad judicial como de la administrativa e, incluso, la policial. Por ello, propone se diga "al requerimiento de una autoridad".

El Honorable Senador señor Hamilton pide se deje constancia que, para estos efectos, se entiende por autoridad las de Gobierno Interior, el Juez o la Policía. El Honorable Senador señor Fuentealba agrega que también podría considerarse a los Alcaldes. Así se acuerda.

Como consecuencia de los acuerdos anteriores, el inciso queda aprobado como sigue:

"No se aplicarán las penas contempladas en este artículo y en los dos precedentes, a los que desocupen el inmueble dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al requerimiento de una autoridad, siempre que no hayan causado daño alguno. En caso de reiteración no regirá este beneficio.".

Finalmente, el Ejecutivo propone establecer en este artículo nuevo que se agrega al Código Penal que "El abandono voluntario del inmueble ocupado hecho con posterioridad a este plazo, constituirá una circunstancia atenuante de responsabilidad criminal muy calificada.".

El Honorable Senador señor Bulnes explica que entiende que las situaciones posibles son las siguientes: a) se desvuelve el inmueble antes de las 48 horas, pero hay daño: en este caso se aplica toda la pena, y b) se devuelve el inmueble después de las 48 horas, haya o no daña: se aplica pena atenuada. Estima Su Señoría que no se divisa razón alguna, y aún parece contradictorio con el fin perseguido, establecer sólo una atenuante para la devolución voluntaria después de las 48 horas ya que con mayor razón debe existir el mismo beneficio si el abandono se produce antes de dicho plazo.

El señor Politoff señala que la expresión "circunstancia atenuante de responsabilidad muy calificada" es innecesaria ya que, en el hecho, las circunstancias atenuante son todas de características similares, sin que existan unas más "calificadas" que otras. En cuanto al fondo del problema, hace presente que lo que en realidad debe preocuparse es la devolución del predio ocupado, sin referir dicha devolución, para estos efectos, a una época determinada o a la circunstancia de haberse o no dañado el inmueble.

A proposición de los Honorables Senadores señores Bulnes y Hamilton, la disposición que os recomendamos aprobar es del siguiente tenor:

"La desocupación voluntaria del inmueble, en cualquier tiempo que

se produzca, constituirá una circunstancia atenuante de responsabilidad criminal.".

El artículo 2º del proyecto del Ejecutivo propone incluir el delito de usurpación entre aquellos de acción privada a que se refiere el artícuol 18 del Código de Procedimiento Penal.

El Honorable Senador señor Bulnes hace presente que no está de acuerdo con esta disposición, ya que, a su juicio, la norma sería del todo ilusoria puesto que él afectado sólo en muy raras ocasiones deducirá la acción penal privada para perseguir a los responsables de dichos delitos de usurpación. Estima Su Señoría que se trata de un delito contra el orden público y no solamente en contra de la propiedad, por lo que piensa que estas figuras deben ser delitos de acción pública.

El Honorable Senador señor Hamilton expresa que, a su juicio, el interés que aquí se está protegiendo no es solamente uno de índole privada sino que se trata del interés social; no existe, por ello, razón alguna para que estos delitos sean de acción penal privada y no pública como la generalidad de los delitos.

El señor Politoff explica que la usurpación fue delito de acción privada hace algunos años en que se transformó en delito de acción pública. Señala que se pensó nuevamente incluir este tipo de delitos entre los de acción penal privada, considerando que en estos casos podría llegarse a avenimiento entre las partes en conflicto, siendo necesaria una cierta flexibilidad procesal para no provocar situaciones delicadas desde el punto de vista judicial. Piensa en el caso de un Juez riguroso que procesando a cien personas de las cuales sólo algunos son cabecillas seguirá tramitando los autos y deberá dictar sentencia definitiva, pese a que el conflicto mismo que originó la causa criminal ya se encuentra superado, desocupado el predio y avenidas las partes. Pareciéndole un contrasentido esta situación, se inclina por la aprobación del artículo 2º en discusión.

Cerrado el debate y por tres votos contra dos, vuestra Comisión rechazó esta disposición. Votaron por su rechazo los Honorables Senadores señores Gumucio y Miranda.

Finalmente, el artículo 3º del proyecto en discusión establece que "El funcionario de cualquiera de las Instituciones de Previsión Social. Asociación de Ahorro y Préstamo o Corporaciones que se relacionen con el Gobierno por intermedio del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, que alteraré, adulterare o fingiere, en favor de terceros, el cumplimiento de requisitos, legales o reglamentarios, para la obtención de beneficios habitacionales que otorgan estas entidades, será castigado con la pena de presidio menor en cualquiera de sus grados.

Sí hubiere mediado dádiva o promesa, el funcionario incurrirá además en las penas que, para el cohecho, señala el artículo 248 del Código Penal.".

El Honorable Senador señor Gumucio hace presente que este tipo de hechos tiene sanción en el Estatuto Administrativo y que, ahora, se establece, además, una sanción penal. Señala que la norma podría constituir un factor de perturbación en el caso de funcionarios de la CORVI quienes, en situaciones de emergencia, deben adjudicar viviendas a pobladores que no cumplen exactamente con todos los requisitos necesarios para ello.

El señor Farías, Director Jurídico del Ministerio de la Vivienda y

Urbanismo, informa que existen grupos de funcionarios del sector vivienda que no están regidos por las normas del D.F.L. Nº 38, de 1960, de modo que no se justifica la existencia de una norma de carácter penal para sancionarlos en caso de que incurran en algunos de los hechos que tipifica el artículo en estudio.

Cerrado el debate, vuestra Comisión aprobó la disposición con la sola abstención del señor Gumucio.

En conformidad con lo expuesto en el presente informe, os recomendamos aprobar el siguiente

Proyecto de ley:

"Artículo 1º.- Agrégase el siguiente artículo 458 bis, al Código Penal:

"Artículo 458 bis. Si en los casos de los dos artículos anteriores se tratare de ocupaciones de predios agrícolas o de inmuebles destinados a la habitación, construidos o en proceso de construcción o de urbanización, perpetradas por grupo o grupos de personas, se impondrá la pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio a los que induzcan a los ocupantes, promuevan la ocupación o su mantenimiento y a los cabecillas de la ocupación, salvo que apareciere de manifiesto que el hecho no ha producido daño o alarma social.

Las penas previstas en este artículo se aplicarán en el caso señalado en el inciso anterior, por el solo hecho de haberse producido la ocupación material del o los inmuebles por parte del o los grupos de personas que la consumaren.

No se aplicarán las penas contempladas en este artículo y en los dos precedentes, a los que desocupen el inmueble dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al requerimiento de una autoridad, siempre que no hayan causado daño alguno. En caso de reiteración no regirá este beneficio.

La desocupación voluntaria del inmueble, en cualquier tiempo que se produzca, constituirá una circunstancia atenuante de responsabilidad criminal.".

Artículo 2º.- El funcionario de cualquiera de las Instituciones de Previsión Social, Asociaciones de Ahorro y Préstamo o Corporaciones que se relacionen con el Gobierno por intermedio del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, que alterare, adulterare o fingiere, en favor de terceros, el cumplimiento de requisitos legales o reglamentarios, para la obtención de beneficios habitacionales que otorgan estas entidades, será castigado con la pena de presidio menor en cualquiera de sus grados.

Si hubiere mediado dádiva o promesa el funcionario incurrirá, además, en las penas que, para el cohecho, señala el artículo 248 del Código Penal.".

Sala de la Comisión, a 28 de junio de 1971.

Acordado en sesiones de fecha 16 y 24 del presente, con asistencia de los Honorables Senadores señores Fuentealba (Presidente), Bulnes, Gumucio, Hamilton y Miranda.

(Fdo.) : Rafael Eyzaguirre E., Secretario.

3INFORME DE LA COMISION DE EDUCACION PUBLICA RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY INICIADO EN MOCION DEL HONORABLE SENADOR SEÑOR BALTRA, QUE AUTORIZA LA EXPROPIACION DEL INMUEBLE EN QUE NACIO LUIS DURAND, EN LA CIUDAD DE TRAIGUEN, PARA HABILITAR UN MUSEO REGIONAL Y UNA BIBLIOTECA PUBLLCA.

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Educación Pública tiene el honor de informaros el proyecto de ley iniciado en moción del Honorable Senador señor Baltra, que autoriza al Presidente de la República para expropiar el inmueble en que nació el escritor Luis Durand, en la ciudad de Traiguén, con el objeto de convertirlo en un Museo Regional y Biblioteca Pública que lleve el nombre del insigne novelista.

La iniciativa de ley en estudio pretende como lo señala el autor de la moción materializar el reconocimiento y el aprecio de los habitantes de Traiguén hacia la obra y la persona de Luis Durand, hijo ilustre de esa ciudad.

Luis Durand nació en 1895 en una antigua y modesta casa, ubicada en la calle Lagos, de la ciudad de Traiguén. Realizó estudios en su ciudad natal y luego en el Instituto Nacional, en Santiago. Posteriormente regresó a su ciudad, donde se desempeñó como profesor de escuela y más tarde como administrador de fundos, actividad que "le permitió entrar en contacto directo con los hombres y la naturaleza que habrían de convertirse en los personajes y ambientes que animan las páginas de crudo y sabroso realismo criollo de sus cuentos y novelas", como señala en la exposición de motivos el autor del proyecto.

La variada obra de Luis Durand recorre casi todos los géneros literarios: cuentos, novelas, memorias, ensayos, biografías. Entre sus cuentos más conocidos figuran "Tierra de Pellines", "Campesinos", "Cielos del Sur", "Mi amigo Piden", "Casa de la Infancia", "Sietecuentos": Entre las novelas, "Piedra que rueda", "Mercedes Urízar", "El Primer Hijo", "La noche en el Camino", "Frontera" y "Un Amor". Y en el campo de las memorias, "Gente de mi tiempo". Escribe también un ensayo "Presencia de Chile", y una biografía: "Don Arturo".

"En esta caudalosa obra anota el señor Senador en los fundamentos de la moción, Luis Durand demuestra ser, por encima de todo, un magnífico pintor de la vida rural chilena y un extraordinario intérprete del hombre del campo. El huaso, su malicia, sus sentencias, sus grandezas y sus miserias, encuentran en el cuentista y en el novelista un relator admirable. Es que Durand tiene también alma de campesino, de huaso, y así puede escribir concienzudamente sobre lo que ha conocido, vivido, sentido y amado".

Su obra cumbre es la novela "Frontera", escrita entre los años 1947 y 1948 y publicada en 1949, producción que constituye "una epopeya, un himno de vida y de color, donde acciona su plasticidad para imitar el lenguaje campesino, su gracejo cruel, su captación poética del ambiente. En ella las descripciones de paisajes sureños, de Traiguén y Angol, se suceden a lo largo de la narración, incorporando la zona a la literatura contemporánea".

Esta característica, que alcanza su mejor expresión en "Frontera", está sin embargo presente en toda la obra del narrador. Su amor a la tierra de la frontera, y al hombre del campo, sella su personalidad y aflora en sus relatos. Así lo consigna Luis Merino Reyes, que fuera su gran amigo, en este esbozo magnífico:

"Andar con él era ir envuelto en un conjunto de cuentos alegres y tristes, de anécdotas heroicas y depresivas, de chascarros picantes, que constituían los entremeses de una novela océano, la cual sólo podría extinguirse con su muerte. Así conozco Traiguén sin haber ido nunca a ese pueblo; veo a los amigos de su madre; veo a su padre, un personaje fabuloso y aventurero, que día le acarició la cabeza y otra vez le causó un agravio, siento la lluvia sureña y percibo el cielo lavado y transparente, le veo en una riña con látigo y en una peligrosa andanza de amor.".

Vuestra Comisión, por unanimidad, prestó su aprobación a la iniciativa de ley en informe y, en consecuencia, tenemos el honor de recomendamos que aprobéis el siguiente

Proyecto de ley:

"Artículo único.- Declárase de utilidad pública y autorízase al Presidente de la República para expropiar el inmueble en que nació Luis Durand, en calle Lagos, de la ciudad de Traiguén.

El citado inmueble será destinado a la habilitación de un Museo Regional y Biblioteca Pública que se denomina "Museo Regional Luis Durand".".

Sala de la Comisión, a 24 de junio de 1971.

Acordado en SESION de 23 de junio del año en curso, con asistencia de los Honorables Senadores señores Lorca (Presidente), Montes y Valenzuela,

(Fdo.): Andrés Rodríguez Cruchaga, Secretario.