Labor Parlamentaria

El señor AYLWIN (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor PROSECRETARIO.- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:

Mensajes.

Cuatro de Su Excelencia el Presidente de la República.

Con el primero, retira la urgencia hecha presente para el despacho del proyecto de ley que establece un procedimiento y penalidad especiales para los autores de atentados terroristas.

-Queda retirada la urgencia.

Con los dos siguientes, retira y hace presente la urgencia para el despacho del proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo y crea nuevos tribunales y cargos en la Judicatura del Trabajo.

-Queda retirada la urgencia y la nueva se califica de "simple".

Con el último, formula indicación al proyecto de ley que concede diversos beneficios a los parientes que indica de los detectives señores Mario Marín Silva, Gerardo Enrique Romero Infante y Carlos Antonio Pérez Bretti, muertos en el cumplimiento de su deber.

-Se manda agregarlo a sus antecedentes.

Oficios.

Doce de la Honorable Cámara de Diputados.

Con el primero, comunica que ha tenido a bien aprobar, en los mismos términos en que lo hizo el Senado, el proyecto de acuerdo que aprueba la Convención Internacional sobre eliminación de todas las formas de discriminación racial.

-Se manda comunicarlo a Su Excelencia el Presidente de la República.

Con el segundo, comunica que ha tenido a bien rechazar, con las excepciones que indica, las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley que autoriza la celebración de carreras extraordinarias en beneficio del Círculo de Periodistas de Santiago (véase en los Anexos, documento 1).

Con el tercero, comunica que ha tenido a bien aprobar, con la modificación que señala, el proyecto de ley que sanciona a quienes adquieran a título oneroso los artículos distribuidos por los servicios del Estado en forma gratuita a las personas de escasos recursos (véase en los Anexos, documento 2).

-Quedan para tabla.

Con los ocho que siguen, comunica que ha tenido a bien prestar su aprobación a los proyectos de ley que se indican:

1) El que establece la obligación de usar correas de seguridad en los vehículos que señala (véase en los Anexos, documento 3).

2) El que destina el 10% del presupuesto de la Corporación de Magallanes a las Municipalidades de Magallanes, Natales y Porvenir (véase en los Anexos, documento 4).

-Pasan a la Comisión de Gobierno.

3) Proyecto de acuerdo que aprueba el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 19 de diciembre de 1966 (véase en los Anexos, documento 5).

-Pasa a laComisión de Relaciones Exteriores.

4) El que denomina "Eugenio Matte Hurtado" al Liceo de Hombres Nº 14 de Santiago, y "Ernesto Bohn" al Liceo de Hombres Nº 2 de Temuco (véase en los Anexos, documento 6).

-Pasa a laComisión de Educación Pública.

El que establece normas que permitan a los imponentes que queden cesantes continuar las operaciones de adquisición de viviendas (véase en los Anexos, documento 7).

El que autoriza a la Corporación de la Vivienda para transferir gratuitamente al Servicio Nacional de Salud los terrenos en que se encuentra ubicada la Población "El Salto" de La Serena (véase en los Anexos, documento 8).

-Pasan a la Comisión de Obras Públicas.

El que establece el beneficio de abono de tiempo por trabajos pesados, a los imponentes del Servicio de Seguro Social que pasen a serlo de otra institución previsional (véase en los Anexos, documento 9).

El que establece que los empleados de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales estarán afectos al régimen previsional de la Caja de Empleados Públicos y Periodistas (véase en los Anexos, documento 10).

-Pasan a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

OFICIO DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

Con el último, comunica que ha tenido a bien aprobar las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley que crea la Comisión Chilena para la Conferencia Mundial de Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

-Se manda archivarlo.

Dieciséis, de los señores Ministros del Interior, de Relaciones Exteriores, de Economía, Fomento y Reconstrucción, de Educación Pública, de Justicia, y de Salud Pública, y de los señores Contralor General

de la República, General Subdirector de Carabineros, Director General de Deportes y Recreación, Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción, Gerente General del Servicio de Cooperación Técnica, Secretario General del Banco Central de Chile y Jefe del Departamento de Programación de la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, con los cuales dan respuesta a las peticiones que se indican, formuladas por los Honorables señores Acuña (1), Aguirre Doolan (2), Aylwin (3), Baltra (4), Jerez (5), Lorca (6), Ochagavía (7), Olguín (8), Silva Ulloa (9), Teitelboim (10) y Valente (11) :

1) Grupo escolar para Poblaciones Teniente Merino y San Luis, Valdivia.

2) Construcción de nuevo Hospital Regional en Yumbel.

3) Construcción de grupo escolar en Corinto, Talca.

4) Construcción de gimnasio cerrado en Los Angeles.

5) Construcción de Liceo Coeducacional en Quirihue, Ñuble.

6) Situación funcionaría de la persona que indica.

Remuneración de manipuladores de la Junta de Auxilio Escolar y Becas.

7) Calificación del funcionario que señala.

Creación de Oficina de Registro Civil en La Tapera, Aisén.

8) Creación de oficina de cooperación técnica en Calama.

Traslado del funcionario que indica. Atribuciones de los Agentes del Banco Central.

9) Informaciones sobre Termometalúrgica S. A. I. C.

10) Nómina de funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica.

11) Sistemas de créditos de la CORFO. Problemas del Consejo Local de Deportes de Collipulli.

Quedan a disposición de los señores Senadores.

Uno del señor Contralor General de la República, con el que comunica que ha tomado razón del decreto de insistencia Nº 477, de 1971, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que designa a don Álvaro Droguett del Fierro como Director Interino de Fronteras y Límites del Estado.

-Queda a disposición de los señores Senadores.

Otro del señor Contralor General de la República, con el que remite un ejemplar del Estado de Fondos Fiscales y Balance Presupuestario de Entradas y Gastos, correspondiente al mes de abril de 1971.

Uno del señor Director del Instituto Nacional de Estadísticas, con el que remite el índice de Precios al Consumidor correspondiente al mes de junio del presente año y una Lista de Precios de mayo y junio de 1971.

-Pasan a la Oficina de Informaciones.

Informes.

Uno de la Comisión de Gobierno, recaído en el proyecto de ley de la Cámara de Diputados que declara que la bonificación establecida en el artículo 1º de la ley Nº 17. 378, que benefició al personal de las instituciones semifiscales, es y ha debido ser considerada para calcular la bonificación otorgada por el artículo 1º de la ley Nº 17. 015 (véase en los Anexos, documento 11),

Uno de la Comisión de Obras Públicas, recaído en las observaciones del Ejecutivo, en segundo trámite, formuladas al proyecto de ley que aplica a la Junta de Adelanto de Arica las disposiciones sobre escrituración de documentos para el otorgamiento de títulos de dominio que la ley Nº 16. 391 establece para el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo (véase en los Anexos, documento 12).

Uno de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, recaído en el proyecto de ley, iniciado en moción del Honorable señor Ballesteros, que modifica el artículo 609 del Código del Trabajo, relativo al procedimiento de conciliación (véase en los Anexos, documento 13). -Quedan para tabla.

Mociones.

Una del Honorable señor Miranda, con la que inicia un proyecto de ley que crea una Corporación denominada "Junta de Desarrollo Económico de Atacama y Coquimbo".

-Se manda comunicarla a Su Excelencia el Presidente de la República, para los efectos del patrocinio constitucional necesario.

Una de los Honorables señores Noemi y Palma, con la que inician un proyecto de ley que consulta diversos beneficios para la zona afectada por los sismos acaecidos el 8 de julio del presente año (véase en los Anexos, documento 14).

-Pasa a la Comisión de Gobierno y a la de Hacienda, en su caso.

Una del Honorable señor Valente, con la que inicia un proyecto de ley que concede amnistía a don Fernando Pascual Silva Celis.

-Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

Una del Honorable señor Musalem, con la que inicia un proyecto de ley que establece que los departamentos u oficinas de bienestar de las reparticiones fiscales extenderán sus beneficios a los jubilados de las mismas (véase en los Anexos, documento 15).

-Pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Una de los Honorables Senadores señores Lorca y Reyes, con la que inician un proyecto de ley que prorroga por 90 días el pago de toda clase de impuestos en la zona afectada por los sismos y suspende todos los procedimientos de apremio por cobro de los mismos.

-Se manda comunicarlo a Su Excelencia el Presidente de la República para los efectos del patrocinio constitucional necesario.

Solicitud.

Una del señor Renán Carrasco Murillo, con la que solicita copia autorizada de los documentos que indica.

-Se accede.

Comunicaciones.

Treinta y cinco, de diversas organizaciones del país, con las que manifiestan su apoyo al proceso de nacionalización del cobre.

-Se manda archivarlas.

BENEFICIOS A PARIENTES DE DETECTIVES MUERTOS EN ACTO DE SERVICIO.

El señor AYLWIN (Presidente).-

Sobre la Cuenta, han pedido usar de la palabra los Honorables señores Valente, Reyes, Palma, Noemi, Bossay y Aguirre Doolan.

En primer lugar, tiene la palabra el Honorable señor Valente.

El señor VALENTE.-

En la Cuenta de hoy figura una indicación que formula, entiendo, el Ejecutivo al proyecto de de ley que concede diversos beneficios a parientes de los detectives señores Mario Marín Silva, Gerardo Enrique Romero Infante y Carlos Antonio Pérez Bretti.

Solicito tramitar un acuerdo de Comités para procurar despachar la iniciativa en la sesión de hoy. Se trata de un asunto relativamente sencillo, y creemos que no debe postergarse más el beneficio que otorga.

El señor AYLWIN (Presidente).-

¿Está informado el proyecto?

El señor VALENTE.-

No, señor Presidente.

El señor AYLWIN (Presidente).-

Se podría solicitar a la Comisión que emita su informe de aquí a mañana, para tratarlo mañana mismo.

El señor VALENTE.-

Hay posibilidades de que el miércoles no haya sesión.

El señor AYLWIN (Presidente).-

Los asuntos de gracia no se pueden eximir del trámite de Comisión, señor Senador.

El señor VALENTE.-

Se podría citar a la Comisión de Asuntos de Gracia para esta tarde, facultándola para que se reúna simultáneamente con la Sala, a fin de que informe mañana, o bien, podría reunirse el miércoles en la mañana y evacuar el informe de inmediato.

El señor AYLWIN (Presidente).-

La Mesa se preocupará de que la Comisión de Asuntos de Gracia informe con la mayor brevedad. Para tal efecto, la citará para mañana en la mañana.

El señor VALENTE.-

Perfecto. En ese caso, ¿se incluiría el proyecto en la tabla de la sesión de mañana?

El señor AYLWIN (Presidente).-

Si está listo el informe, se tramitará un acuerdo de Comités para ponerlo en tabla.

El señor VALENTE.-

¿Se podría requerir en este momento el acuerdo de Comités?

El señor AYLWIN (Presidente).-

No, señor Senador. Una vez que el proyecto esté informado se hará esa gestión.

INFORMES SOBRE EXPLOTACION DE LA GRAN MINERIA DEL COBRE. OFICIOS.

BENEFICIOS PARA DAMNIFICADOS POR EL SISMO DEL 8 DE JULIO DE 1971.

1.- PROYECTO DE LEY, EN CUARTO TRAMITE CONSTITUCIONAL, QUE AUTORIZA LA CELEBRACION DE CARRERAS EXTRAORDINARIAS EN BENEFICIO DEL CIRCULO DE PERIODISTAS DE SANTIAGO.

Santiago, 8 de julio de 1971.

La Cámara de Diputados ha tenido a bien rechazar las enmiendas introducidas por ese Honorable Senado al proyecto de ley que autoriza la celebración de carreras extraordinarias en beneficio del Círculo de Periodistas de Santiago, con excepción de las que consisten en sustituir, en el artículo 2º, las expresiones "números 1, 2 y 5, letras e), i)" y "Nº 1. 995, de 23 de septiembre de 1966" por las siguientes: "números 1 y 2, y 4º, letras f), j)" y "Nº 807, de 17 de abril de 1970", respectivamente, las cuales ha aprobado.

Lo que tengo a honra comunicar a V. E. en respuesta a vuestro oficio Nº 8. 950, de fecha 24 de septiembre de 1970.

Acompaño los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V. E.

(Fdo.) : Juan Acevedo P. Jorge Lea-Plaza Sáenz.

2.- PROYECTO DE LEY, EN TERCER TRAMITE CONSTITUCIONAL, QUE SANCIONA A QUIENES ADQUIERAN, A TITULO ONEROSO, LOS ARTÍCULOS DISTRIBUIDOS EN FORMA GRATUITA POR LOS SERVICIOS DEL ESTADO.

Santiago, 8 de julio de 1971.

La Cámara de Diputados ha tenido a bien aprobar el proyecto de ley remitido por ese Honorable Senado que sanciona a quienes adquieran, a título oneroso, los artículos distribuidos en forma gratuita por los servicios del Estado, con la sola modificación que consiste en reemplazar su artículo único por el siguiente:

"Artículo único. Los que a sabiendas adquieran o transfieran, a título oneroso, artículos alimenticios o de otro orden, de un valor que no exceda de medio sueldo vital mensual, escala A) del departamento de Santiago, distribuidos gratuitamente por los servicios del Estado, serán sancionados con la pena de presidio menor en su grado mínimo y multa equivalente al triple del valor de las cosas que se hubiese adquirido o transferido.

Si se tratare de adquisición o transferencia a título oneroso de especies cuyo valor fuere superior a medio sueldo vital mensual o el comprador fuere comerciante, la pena será de presidio menor en su grado medio y multa equivalente al triple del valor de las especies negociadas.

Se considerará como agravante la circunstancia de ser el infractor funcionario público encargado de la distribución o un particular a quien se hubiere encomendado dicha labor.

No regirá la presente disposición respecto de los bienes entregados por el Estado gratuitamente, en virtud de ley, a personas determinadas.

El Presidente de la República determinará los artículos cuya enajenación o adquisición hará incurrir en las sanciones de los incisos precedentes. ".

Lo que tengo a honra comunicar a V. E. en respuesta a vuestro oficio Nº 10. 328, de fecha 12 de mayo del año en curso. Acompaño los antecedentes respectivos. Dios guarde a V. E. (Fdo. ) : Juan Acevedo P. Jorge LeaPlaza Sáenz.

3.- PROYECTO DE LEY, DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS, QUE ESTABLECE LA OBLIGACION DE USAR CORREAS DE SEGURIDAD EN LOS VEHICULOS QUE INDICA.

Santiago, 7 de julio de 1971.

Con motivo de la moción e informe que tengo a honra pasar a manos de V. E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente

Proyecto de ley:

"Artículo 1ºTodos los automóviles, station wagons y camionetas de no más de 1. 500 Kgrs. de carga que circulen en el país, deberán estar provistos de correas de seguridad para los pasajeros de los asientos delanteros, del tipo y condiciones que fije el reglamento respectivo.

Artículo 2ºEn los vehículos motorizados del tipo señalado en el artículo anterior, armados o producidos en el país, deberán incorporarse por la industria que los arme o produzca, las correas de seguridad, como equipo de norma, sin carácter opcional y sin costo adicional alguno sobre el precio fijado por la Dirección de Industria y Comercio.

Artículo 3ºEl Presidente de la República dictará, dentro del plazo de 60 días, un Reglamento que contemple la forma en que la obligación establecida en el artículo 1º deba ser cumplida, en un plazo no superior a seis meses, en aquellos vehículos ya en circulación a la fecha de esta ley. Asimismo, este Reglamento determinará las normas relativas al uso de este implemento, la forma de control y sistema de sanciones.

Este Reglamento podrá ser modificado por el Presidente de la República por simple decreto cuando las normas o exigencias técnicas internas o internacionales lo requieran. ".

Dios guarde a V. E.

(Fdo.): Juan Acevedo P. Jorge Lea-Plaza Sáenz.

4.- PROYECTO DE LEY, DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS, QUE DESTINA EL 10% DEL PRESUPUESTO DE LA CORPORACION DE MAGALLANES A LAS MUNICIPALIDADES DE MAGALLANES, NATALES Y PORVENIR.

Santiago, 7 de julio de 1971.

Con motivo de la moción, informe y antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V. E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente

Proyecto de ley:

"Artículo 1º.- Asígnase del Presupuesto de la Corporación de Magallanes, el 10% de los ingresos generales, para distribuirlos en los Municipios de la provincia de Magallanes, en la siguiente proporcionalidad: Municipalidad de Magallanes, 5% (cinco por ciento) ; Municipalidad de Ultima Esperanza, 3% (tres por ciento), y Municipalidad de Tierra del Fuego, 2% (dos por ciento).

Artículo 2º.- Las remesas se transferirán directamente y a mes vencido, a una cuenta bancaria que, para este efecto, abrirá especialmente la Municipalidad respectiva. El monto de las remesas corresponderá a los valores porcentuales estipulados en el artículo 1º, en relación al ingreso mensual de la Corporación de Magallanes.

Artículo 3º.- Las inversiones municipales provenientes de esta ley, tendrán un destino exclusivo para obras de adelanto comunal, exceptuándose expresamente los gastos de administración general del Municipio, remuneraciones, estipendios o gratificaciones destinadas al personal de las Municipalidades.

Artículo 4º.- Facúltase a los Municipios de la provincia de Magallanes, para que con los fondos provenientes de esta ley puedan suscribir convenios intercomunales con otras Municipalidades de la provincia, que signifiquen acción de adelanto comunal.

Artículo 5º.- Facúltase a la Tesorería Provincial de Magallanes, para percibir y entregar directamente a la Corporación de Magallanes, a mes vencido, los tributos legales que le correspondan.

Artículo transitorio. Lo dispuesto en el artículo 1º regirá a contar del 1º de febrero de 1972. ".

Dios guarde a V. E.

(Fdo.): Juan Acevedo P. Jorge Lea-Plaza Sáenz.

5.- PROYECTO DE ACUERDO, DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS QUE APRUEBA EL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS, APROBADO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS EL 19 DE DICIEMBRE DE 1966.

Santiago, 8 de julio de 1971.

Con motivo del Mensaje, informe y demás antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V. E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente

Proyecto, de acuerdo:

"Artículo único.- Apruébase el "Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos", abierto a la firma en la ciudad de Nueva York, y aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con fecha 19 de diciembre de 1966.".

(Fdo.): Juan Acevedo P. Jorge Lea-Plaza Sáenz.

Mensaje del Ejecutivo.

Vuestras Señorías han observado el extraordinario impulso que las Naciones Unidas han dado al reconocimiento y aplicación de los derechos y libertades fundamentales de la familia humana, especialmente en el campo de los derechos civiles y políticos.

El Preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas sintetiza cabalmente el ámbito que cubren los derechos humanos al "reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas".

Entendiendo que la base de la paz y la justicia se encuentra en el reconocimiento de los derechos y libertades inherentes a la persona humana, la Asamblea General de las Naciones Unidas, con fecha 10 de diciembre de 1948, aprobó en forma unánime la "Declaración Universal de los Derechos Humanos".

El efecto de mayor trascendencia de esta Declaración Universal ha sido precisamente uno de los Acuerdos de la Asamblea General referente a los derechos humanos: el "Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos" que tengo el honor de someter a la aprobación de Vuestras Señorías. En Mensaje aparte me será grato solicitar el pronunciamiento de Vuestras Señorías acerca del otro acuerdo denominado "Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales", ambos aprobados en la misma fecha: el día 19 de diciembre de 1966.

Igualmente es oportuno recordar que la mencionada "Declaración Universal" ha influido en gran medida en el campo del Derecho Internacional, generando decenas de Convenios al respecto.

Entre los acuerdos regionales, es del caso recordar la importante "Convención Europea para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades fundamentales".

En el Pacto pendiente de vuestra aprobación se prevén algunos derechos no consignados en la Declaración Universal", como el referente a la Libre Determinación de los Pueblos, el cual incluye la facultad de disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales. Se reconoce, además, el derecho de las minorías a tener su propia vida cultural y religiosa, y también el derecho de cada niño a tener nacionalidad.

La inmensa mayoría de los derechos civiles y políticos ya enunciados en la "Declaración Universal" de 1948 se encuentran contemplados en el Pacto, como la protección esencial a la vida; la prohibición de tratos inhumanos; la supresión del trabajo, etc.

Por otra parte, el "Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos" no acepta restricciones concretas a ciertos derechos fundamentales: la personalidad legal y la libertad de pensamiento, de conciencia y religión, vale decir, el derecho a la vida sin discriminaciones basadas únicamente en la raza, color, sexo, idioma, religión u origen social.

Pero, excluyendo infracciones a normas reconocidas de derecho internacional, los Estados pueden restringir momentáneamente el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el Pacto, siempre que se extiendan por el tiempo absolutamente necesario y no afecten la esencia de los derechos y libertades indicados.

la fiscalización internacional se realiza a través de informes: el primero, de carácter obligatorio dentro de un año contado desde la ratificación, y los demás informes cuando le sean solicitados por el "Comité de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas", los cuales son circulados a todas las Partes Contratantes, con las observaciones que se haya estimado pertinentes.

Excepcionalmente, si las Partes Contratantes lo acentan expresamente, se puede producir una compleja instancia de hecho y de derecho, con carácter litigioso, cuya tramitación queda entregada al Comité de los Derechos Humanos antes aludido.

Teniendo presente lo antes expuesto, y en virtud de las disposiciones pertinentes de la Constitución Política del Estado, tengo el honor de someter a vuestra aprobación el siguiente

Proyecto de acuerdo:

"Artículo único.- Apruébase el "Pacto Internacional de Derechos Ci" viles y Políticos", abierto a la firma en la ciudad de Nueva York, y " aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con fecha " 19 de diciembre de 1966".

Santiago, 25 de septiembre de 1969.

(Fdo.): Eduardo Freí M. Gabriel Valdés S.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Los Estados Partes en el presente Pacto,

Considerando que, conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherentes a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables.

Reconociendo que estos derechos se derivan de la dignidad inherente a la persona humana,

Reconociendo que, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, no puede realizarse el ideal del ser humano libre, en el disfrute de las libertades civiles y políticas y liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos civiles y políticos, tanto como de sus derechos económicos, sociales y culturales,

Considerando que la Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados la obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades humanos,

Comprendiendo que el individuo, por tener deberes respecto de otros individuos y de la comunidad a que pertenece, tiene la obligación de esforzarse por la consecución y la observancia de los derechos reconocidos en este Pacto,

Convienen en los artículos siguientes:

PARTE I

Artículo 1º

1.- Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural.

2.- Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio de beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podría privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia.

3.- Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la responsabilidad de administrar territorios no autónomos y territorios en fideicomiso, promoverán el ejercicio del derecho de libre determinación, y respetarán este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas.

PARTE II

Artículo 2º

1.- Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a sus jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

2.- Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter.

3.- Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar que:

a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales;

b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, y a desarrollar las posibilidades de recurso judicial;

c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.

Artículo 3º

Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto.

Artículo 4º

1.- En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente, los Estados Partes en el presente Pacto podrán adoptar disposiciones que en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de este Pacto, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada únicamente en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social.

2.- La disposición precedente no autoriza suspensión alguna de los artículos 6º, 7º y 8º (párrafos 1 y 2), 11, 15, 16 y 18.

3.- Todo Estado Parte en el presente Pacto que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediatamente a los demás Estados Partes en el presente Pacto, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido y de los motivos que hayan suscitado la suspensión. Se hará una nueva comunicación por el mismo conducto en la fecha en que haya dado por terminada tal suspensión.

Artículo 5º

1.- Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el sentido de conceder derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos y libertades reconocidos en el Pacto o a su limitación en mayor medida que la prevista en él.

2. No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado Parte en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, so pretexto de que el presente Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado.

PARTE III

Artículo 6º

1.- El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.

2.- En los países que no hayan abolido la pena capital sólo podrá imponerse la pena de muerte por los más graves delitos y de conformidad con leyes que estén en vigor en el momento de cometerse el delito y que no sean contrarias a las disposiciones del presente Pacto ni a la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio. Esta pena sólo podrá imponerse en cumplimiento de sentencia definitiva de un tribunal competente.

3.- Cuando la privación de la vida constituya delito de genocidio se tendrá entendido que nada de lo dispuesto en este artículo excusará en modo alguno a los Estados Partes del cumplimiento de ninguna de las obligaciones asumidas en virtud de las disposiciones de la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio.

4.- Toda persona condenada a muerte tendrá derecho a solicitar el indulto o la conmutación de la pena. La amnistía, el indulto o la conmutación de la pena capital podrán ser concedidos en todos los casos.

5.- No se impondrá la pena de muerte por delitos cometidos por personas de menos de 18 años de edad, ni se la aplicará a las mujeres en estado de gravidez.

6.- Ninguna disposición de este artículo podrá ser invocada por un Estado Parte en el presente Pacto para demorar o impedir la abolición de la pena capital.

Artículo 7º

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos.

Artículo 8º

1.- Nadie estará sometido a esclavitud. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.

2.- Nadie estará sometido a servidumbre.

3.- a) Nadie será constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio;

b) El inciso precedente no podrá ser interpretado en el sentido de que prohíbe, en los países en los cuales ciertos delitos pueden ser castigados con la pena de prisión acompañada de trabajos forzados, el cumplimiento de una pena de trabajos forzados impuesta por un tribunal competente;

c) No se considerarán como "trabajo forzoso u obligatorio", a los efectos de este párrafo:

i) Los trabajos o servicios que, aparte de los mencionados en el inciso b), se exijan normalmente a una persona presa en virtud de una decisión judicial legalmente dictada, o de una persona que habiendo sido presa en virtud de tal decisión se encuentre en libertad condicional;

ii) El servicio de carácter militar y, en los países donde se admite la exención por razones de conciencia, el servicio nacional que deben prestar conforme a la ley quienes se opongan al servicio militar por razones de conciencia;

iii) El servicio impuesto en casos de peligro o calamidad que amenace la vida o el bienestar de la comunidad;

iv) El trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales.

Artículo 9º

1.- Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta.

2.- Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella.

3.- Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva dé las personas qué hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo.

4.- Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal.

5.- Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación.

Artículo 10

1.- Roda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

2.- a) Los procesados estarán separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento distinto, adecuado a su condición de personas no condenadas;

b) Los menores procesados estarán separados de los adultos y deberán ser llevados antes los tribunales de justicia con la mayor celeridad posible para su enjuiciamiento.

3.- El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados. Los menores delincuentes estarán separados de los adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica.

Artículo 11

Nadie será encarcelado por el solo hecho de no poder cumplir una obligación contractual.

Artículo 12

1.- Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia.

2.- Toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier país, incluso del propio.

3.- Los derechos antes mencionados no podrán ser objeto de restricciónes salvo cuando éstas se hallen previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente Pacto.

4.- Nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país.

Artículo 13

El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado Parte en el presente Pacto sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley; y, a menos que razones imperiosas de seguridad nacional se opongan a ello, se permitirá a tal extranjero exponer las razones que lo asistan en contra de su expulsión, así como someter su caso a revisión ante la autoridad competente o bien ante la persona o personas designadas especialmente por dicha autoridad competente y hacerse representar con tal fin ante ellas.

Artículo 14

1.- Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las actuaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores.

2.- Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley.

3.- Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas contra ella;

b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección;

c) A ser juzgada sin dilaciones indebidas;

d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo;

e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo;

f) A ser asistida gratuitamente por un intérprete si no comprende o no habla el idioma empleado en el tribunal;

g) A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable.

4.- En el procedimiento aplicable a los menores de edad a efectos penales se tendrá en cuenta esta circunstancia y la importancia de estimular su readaptación social.

5.- Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito, por la ley.

6.- Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un

error judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido.

7.- Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país.

Artículo 15

1.- Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.

2.- Nada de lo dispuesto en este artículo se opondrá al juicio ni a la condena de una persona por actos u omisiones que, en el momento de cometerse, fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional.

Artículo 16

Todo ser humano tiene derecho en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.

Artículo 17

1.- Nadie será objeto de ingerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.

2.- Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas ingerencias o esos ataques.

Artículo 18

1.- Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o su creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza.

2.- Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección.

3. La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás.

4.- Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

Artículo 19

1.- Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.

2.- Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

3.- El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones que debrán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesaria para:

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

Artículo 20

1.- Toda propaganda en favor de la guerra estará prohibida por la ley.

2.- Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley.

Artículo 21

Se reconoce el derecho de reunión pacífica. El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás.

Artículo 22

1.- Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a. fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses.

2.- El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás. El presente artículo no impedirá la imposición de restricciones legales al ejercicio de tal derecho cuando se trate de miembros de las fuerzas armadas y de la policía.

3.- Ninguna disposición de este artículo autoriza a los Estados Partes en el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo de 1948 relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación a adoptar medidas legislativas que puedan menoscabar las garantías previstas en él ni a aplicar la ley de tal manera que pueda menoscabar esas garantías.

Artículo 23

1.- La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.

2.- Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tiene edad para ello.

3.- El matrimonio no podrá celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes.

4.- Los Estados Partes en el presente Pacto tomarán las medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y de responsabilidades de ambos esposos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria a los hijos.

Artículo 24

1.- Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado.

2.- Todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un nombre.

3.- Todo niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad.

Artículo 25

Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades:

a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;

b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores;

c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.

Artículo 26

Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Artículo 27

En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma.

PARTE IV

Artículo 28

1.- Se establecerá un Comité de Derechos Humanos (en adelante denominado el Comité). Se compondrá de dieciocho miembros, y desempeñará las funciones que se señalan más adelante.

2.- El Comité estará compuesto de nacionales de los Estados Partes en el presente Pacto, que deberán ser personas de gran integridad moral, con reconocida competencia en materia de derechos humanos. Se tomará en consideración la utilidad de la participación de algunas que tengan experiencia jurídica.

3. Los miembros del Comité serán elegidos y ejercerán sus funciones a título personal.

Artículo 29

1.- Los miembros del Comité serán elegidos por votación secreta de una lista de personas que reúnan las condiciones previstas en el artículo 28 y que sean propuestas al efecto por los Estados Partes en el presente Pacto.

2.- Cada Estado Parte en el presente Pacto podrá proponer hasta dos personas. Estas personas serán nacionales del Estado que las proponga.

3.- La misma persona podrá ser propuesta más de una vez.

Artículo 30

1.- La elección inicial se celebrará a más tardar seis meses después de la fecha de entrada en vigor del presente Pacto.

2.- Por lo menos cuatro meses antes de la fecha de la elección del Comité, siempre que no se trate de una elección para llenar una vacante declarada de conformidad con el artículo 34, el Secretario General de las Naciones Unidas invitará por escrito a los Estados Partes en el presente Pacto a presentar sus candidatos para el Comité en el término de tres meses.

3.- El Secretario General de las Naciones Unidas preparará una lista por orden alfabético de los candidatos que hubieren sido presentados, con indicación de los Estados Partes que los hubieren designado, y la comunicará a los Estados Partes en el presente Pacto a más tardar un mes antes de la fecha de cada elección.

4.- La elección de los miembros del Comité se celebrará en una reunión de los Estados Partes convocada por el Secretario General de las Naciones Unidas en la Sede de la Organización. En esa reunión, para la cual el quórum estará constituido por dos tercios de los Estados Partes, quedarán elegidos miembros del Comité los candidatos que obtengan el mayor número de votos y la mayoría absoluta de los votos de los representantes de los Estados Partes presentes y votantes.

Artículo 31

1.- El Comité no podrá comprender más de un nacional de un mismo Estado.

2.- En la elección del Comité se tendrá en cuenta una distribución geográfica equitativa de los miembros y la representación de las diferentes formas de civilización y de los principales sistemas jurídicos.

Artículo 32

1.- Los miembros del Comité se elegirán por cuatro años. Podrán ser reelegidos si se presenta de nuevo su candidatura. Sin embargo, los mandatos de nueve de los miembros elegidos en la primera elección expirarán al cabo de dos años. Inmediatamente después de la primera elección, el Presidente de la reunión mencionada en el párrafo 4 del artículo 30 designará por sorteo los nombres de estos nueve miembros.

2.- Las elecciones que se celebren al expirar el mandato se harán con arreglo a los artículos precedentes de esta parte del presente Pacto.

Artículo 33

l.- Si los demás miembros estiman por unanimidad que un miembro del Comité ha dejado de desempeñar sus funciones por otra causa que la de ausencia temporal, el Presidente del Comité notificará este hecho al Secretario General de las Naciones Unidas, quien declarará vacante el puesto de dicho miembro.

2.- En caso de muerte o renuncia de un miembro del Comité, el Presidente lo notificará inmediatamente al Secretario General de las Naciones Unidas, quien declarará vacante el puesto desde la fecha del fallecimiento o desde la fecha en que sea efectiva la renuncia.

Artículo 34

1.- Si se declara una vacante dé conformidad con el artículo 33 y si el mandato del miembro que ha de ser sustituido no expira dentro de los seis meses que sigan a la declaración de dicha vacante, el Secretario General de las Naciones Unidas lo notificará a cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto, los cuales, para llenar la vacante, podrán presentar candidatos en el plazo de dos meses, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 29.

2.- El Secretario General de las Naciones Unidas preparará una lista por orden alfabético de los candidatos así designados y la comunicará a los Estados Partes en el presente Pacto. La elección para llenar la vacante se verificará de conformidad con las disposiciones pertinentes de esta parte del presente Pacto.

3.- Todo miembro del Comité que haya sido elegido para llenar una vacante declarada de conformidad con el artículo 33 ocupará el cargo por el resto del mandato del miembro que dejó vacante el puesto en el Comité conforme a lo dispuestos en ese artículo.

Artículo 35

Los miembros del Comité, previa aprobación de la Asamblea General de las Naciones Unidas, percibirán emolumentos de los fondos de las Naciones Unidas en la forma y condiciones del Comité.

Artículo 36

El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el personal y los servicios necesarios para el desempeño eficaz de las funciones del Comité en virtud del presente Pacto.

Artículo 37

1.- El Secretario General de las Naciones Unidas convocará la primera reunión del Comité en la Sede de las Naciones Unidas.

2.- Después de su primera reunión, el Comité se reunirá en las ocasiones que se prevean en su reglamento.

3.- El Comité se reunirá normalmente en la Sede de las Naciones Unidas o en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra.

Artículo 38

Antes de entrar en funciones, los miembros del Comité declararán solamente en sesión pública del Comité que desempeñarán su cometido con toda imparcialidad y conciencia.

Artículo 39

1.- El Comité elegirá su Mesa por un período de dos años. Los miembros de la Mesa podrán ser reelegidos.

2.- El Comité establecerá su propio reglamento, en el cual se dispondrá, entre otras cosas, que:

a) Doce miembros constituirán quórum;

b) Las decisiones del Comité se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes.

Artículo 40

1.- Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a presentar informes sobre las disposiciones que hayan adoptado y que den efecto a los derechos reconocidos en el Pacto y sobre el progreso que hayan realizado en cuanto al goce de esos derechos:

En el plazo de un año a contar de la fecha de entrada en vigor del presente Pacto con respecto a los Estados Partes interesados;

En lo sucesivo, cada vez que el Comité lo pida.

2.- Todos los informes se presentarán al Secretario General de las Naciones Unidas, quien los transmitirá al Comité para examen. Los informes señalarán los factores y las dificultades, si los hubiere, que afecten a la aplicación del presente Pacto.

3.- El Secretario General de las Naciones Unidas, después de celebrar consultas con el Comité, podrá transmitir a los organismos especializados interesados copias de las partes de los informes que caigan dentro de sus esferas de competencia.

4.- El Comité estudiará los informes presentados por los Estados Partes en el presente Pacto. Transmitirá sus informes, y los comentarios generales que estime oportunos, a los Estados Partes. El Comité también podrá transmitir al Consejo Económico y Social esos comentarios, junto con copia de los informes que haya recibido de los Estados Partes en el Pacto.

5.- Los Estados Partes podrán presentar al Comité observaciones sobre cualquier comentario que se haga con arreglo al párrafo 4 del presente artículo.

Artículo 41

1.- Con arreglo al presente artículo, todo Estado Parte en el presente Pacto podrá declarar en cualquier momento que reconoce la competencia del Comité para recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado Parte alegue que otro Estado Parte no cumple las obligaciones que le impone este Pacto. Las comunicaciones hechas en virtud del presente artículo sólo se podrán admitir y examinar si son presentadas por un Estado Parte que haya hecho una declaración por la cual reconozca con respecto a sí mismo la competencia del Comité. El Comité no admitirá ninguna comunicación relativa a un Estado Parte que no haya hecho tal declaración. Las comunicaciones recibidas en virtud de este artículo se tramitarán de conformidad con el procedimiento siguiente:

a) Si un Estado Parte en el presente Pacto considera que otro Estado Parte no cumple las disposiciones del presente Pacto, podrá señalar el asunto a la atención de dicho Estado mediante una comunicación escrita. Dentro de un plazo de tres meses, contado desde la fecha de recibo de la comunicación, el Estado destinatario proporcionará al Estado que haya enviado la comunicación una explicación o cualquier otra declaración por escrito que aclare el asunto, la cual hará referencia, hasta donde sea posible y pertinente, a los procedimientos nacionales y a los recursos adoptados, en trámite o que puedan utilizarse al respecto;

b) Si el asunto no se resuelve a satisfacción de los dos Estados Partes interesados en un plazo de seis meses contado desde la fecha en que el Estado destinatario haya recibido la primera comunicación, cualquiera de ambos Estados Partes interesados tendrá derecho a someterlo al Comité, mediante notificación dirigida al Comité y al otro Estado;

c) El Comité conocerá del asunto que se le someta después de haberse cerciorado de que se han interpuesto y agotado en tal asunto todos los recursos de la jurisdicción interna de que se pueda disponer, de conformidad con los principios del derecho internacional generalmente admitidos. No se aplicará esta regla cuando la tramitación de los mencionados recursos se prolongue injustificadamente;

d) El Comité celebrará sus sesiones a puerta cerrada cuando examine las comunicaciones previstas en el presente artículo;

e) A reserva de las disposiciones del inciso c), el Comité pondrá sus buenos oficios a disposición de los Estados Partes interesados a fin de llegar a una solución amistosa del asunto, fundada en el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales reconocidos en el presente Pacto;

f) En todo asunto que se le someta, el Comité podrá pedir a los Estados Partes interesados a que se hace referencia en el inciso b) que faciliten cualquier información pertinente;

g) Los Estados Partes interesados a que se hace referencia en el inciso b) tendrán derecho a estar representados cuando el asunto se examine en el Comité y a presentar exposiciones verbalmente, o por escrito, o de ambas maneras;

h) El Comité, dentro de los doce meses siguientes a la fecha de recibo de la notificación mencionada en el inciso b), presentará un informe en el cual:

i) Si se ha llegado a una solución con arreglo a lo dispuesto en el inciso e), se limitará a una breve exposición de los hechos y de la solución alcanzada;

ii) Si no se ha llegado a una solución con arreglo a lo dispuesto en el inciso e), se limitará a un breve exposición de los hechos, y agregará las exposiciones escritas y las actas de las exposiciones verbales que hayan hecho los Estados Partes interesados.

En cada asunto, se enviará el informe a los Estados Partes interesados.

2.- Las disposiciones del presente artículo entrarán en vigor cuando diez Estados Partes en el presente Pacto hayan hecho las declaraciones a que se hace referencia en el párrafo 1 del presente artículo. Tales declaraciones serán depositadas por los Estados Partes en poder del Secretario General de las Naciones Unidas, quien remitirá copia de las mismas a los demás Estados Partes. Toda declaración podrá retirarse en cualquier momento mediante notificación dirigida al Secretario General. Tal retiro no será obstáculo para que se examine cualquier asunto que sea objeto de una comunicación ya transmitida en virtud de este artículo; no se admitirá ninguna nueva comunicación de un Estado Parte una vez que el Secretario General de las Naciones Unidas haya recibido la notificación de retiro de la declaración, a menos que el Estado Parte interesado haya hecho una nueva declaración.

Artículo 42

1.- a) Si un asunto remitido al Comité con arreglo al artículo 41 no se resuelve a satisfacción de los Estados Partes interesados, el Comité, con el previo consentimiento de los Estados Partes interesados, podrá designar una Comisión Especial de Conciliación (denominada en adelante la Comisión). Los buenos oficios de la Comisión se pondrán a disposición de los Estados Partes interesados a fin de llegar a una solución amistosa del asunto, basada en el respeto al presente Pacto;

b) La Comisión estará integrada por cinco personas aceptables para los Estados Partes interesados. Si, transcurridos tres meses, los Estados Partes interesados no se ponen de acuerdo sobre la composición, en todo o en parte, de la Comisión, los miembros de la Comisión sobre los que no haya habido acuerdo serán elegidos por el Comité, de entre sus propios miembros, en votación secreta y por mayoría de dos tercios.

2.- Los miembros de la Comisión ejercerán sus funciones a título personal. No serán nacionales de los Estados Partes interesados, de ningún Estado que no sea parte en el presente Pacto, ni de ningún Estado Parte que no haya hecho la declaración prevista en el artículo 40.

3.- La Comisión elegirá su propio Presidente y aprobará su propio reglamento.

4.- Las reuniones de la Comisión se celebrarán normalmente en la Sede de las Naciones Unidas o en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra. Sin embargo, podrán celebrarse en cualquier otro lugar conveniente que la Comisión acuerde en consulta con el Secretario General de las Naciones Unidas y los Estados Partes interesados.

5.- La secretaría prevista en el artículo 36 prestará también servicios a las comisiones que se establezcan en virtud del presente artículo.

6. La información recibida y estudiada por el Comité se facilitará a la Comisión, y ésta podrá pedir a los Estados Partes interesados que faciliten cualquier otra información pertinente.

7.- Cuando la Comisión haya examinado el asunto en todos sus aspectos, y en todo caso en un plazo no mayor de doce meses después de haber tomado conocimiento del mismo, presentará al Presidente del Comité un informe para su transmisión a los Estados Partes interesados:

a) Si la Comisión no puede completar su examen del asunto dentro de los doce meses, limitará su informe a una breve exposición de la situación en que se halle su examen del asunto;

b) Si se alcanza una solución amistosa del asunto basada en el respeto a los derechos humanos reconocidos en el presente Pacto, la Comisión limitará su informe a una breve exposición de los hechos y de la solución alcanzada;

c) Si no se alcanza una solución en el sentido del inciso b), el informe de la Comisión incluirá sus conclusiones sobre todas las cuestiones de hecho pertinentes al asunto planteado entre los Estados Partes interesados, y sus observaciones acerca de las posibilidades de solución amistosa del asunto; dicho informe contendrá también las exposiciones escritas y una reseña de las exposiciones orales hechas por los Estados Partes interesados;

d) Si el informe de la Comisión se presenta en virtud del inciso c), los Estados Partes interesados notificarán al Presidente del Comité, dentro de los tres meses siguientes a la recepción del informe, si aceptan o no los términos del informe de la Comisión.

8.- Las disposiciones de este artículo no afectan a las funciones del Comité previstas en el artículo 41.

9.- Los Estados Partes interesados compartirán por igual todos los gastos de los miembros de la Comisión, de acuerdo con el cálculo que haga el Secretario General de las Naciones Unidas.

10.- El Secretario General de las Naciones Unidas podrá sufragar, en caso necesario, los gastos de los miembros de la Comisión, antes de que los Estados Partes interesados reembolsen esos gastos conforme al párrafo 9 del presente artículo.

Artículo 43

Los miembros del Comité y los miembros de las comisiones especiales de conciliación designados conforme al artículo 42 tendrán derecho a las facilidades, privilegios e inmunidades que se conceden a los expertos que desempeñan misiones para las Naciones Unidas, con arreglo a lo dispuesto en las secciones pertinentes de la Convención sobre los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas.

Artículo 44

Las disposiciones de aplicación, del presente Pacto se aplicarán sin perjuicio de los procedimientos previstos en materia de derechos humanos por los instrumentos constitutivos y las convenciones de las Naciones Unidas y de los organismos especializados o en virtud de los mismos, y no impedirán que los Estados Partes recurran a otros procedimientos para resolver una controversia, de conformidad con convenios internacionales generales o especiales vigentes entre ellos.

Artículo 45

El Comité presentará a la Asamblea General de las Naciones Unidas, por conducto del Consejo Económico y Social, un informe anual sobre sus actividades.

PARTE V

Artículo 46

Ninguna disposición del presente Pacto deberá interpretarse en menoscabo de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas o de las constituciones de los organismos especializados que definen las atribuciones de los diversos órganos de las Naciones Unidas y de los organismos especializados en cuanto a las materias a que se refiere el presente Pacto.

Artículo 47

Ninguna disposición del presente Pacto deberá interpretarse en menoscabo del derecho inherente de todos los pueblos a disfrutar y utilizar plena y libremente sus riquezas y recursos naturales.

PARTE VI

Artículo 48

1.- El presente Pacto estará abierto a la firma de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas o miembros de algún organismo especializado, así como de todo Estado Parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y de cualquier otro Estado invitado por la Asamblea General de las Naciones Unidas a ser parte en el presente Pacto.

2.- El presente Pacto está sujeto a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

3.- El presente Pacto quedará abierto a la adhesión de cualquiera de los Estados mencionados en el párrafo 1 del presente artículo.

4.- La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

5.- El Secretario General de las Naciones Unidas informará a todos los Estados que hayan firmado el presente Pacto, o se hayan adherido a él, del depósito de cada uno de los instrumentos de ratificación o de adhesión.

Articulo 49

1.- El presente Pacto entrará en vigor transcurridos tres meses a partir de la fecha en que haya depositado el trigésimoquinto instrumento de ratificación o de adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

2.- Para cada Estado que ratifique el presente Pacto o se adhiera a él después de haber sido depositado el trigésimoquinto instrumento de ratificación o de adhesión, el Pacto entrará en vigor transcurridos tres meses a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o de adhesión.

Artículo 50

Las disposiciones del presente Pacto serán aplicables a todas las partes componentes de los Estados federales, sin limitación ni excepción al

Artículo 51

Todo Estado Parte en el presente Pacto podrá proponer enmiendas y depositarlas en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario General comunicará las enmiendas propuestas a los Estados Partes en el presente Pacto, pidiéndoles que le notifiquen si desean que se convoque a una conferencia de Estados Partes con el fin de examinar las propuestas y someterlas a votación. Si un tercio al menos de los Estados se declara en favor de tal convocatoria, el Secretario General convocará una conferencia bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada por la mayoría de Estados presentes y votantes en la conferencia se someterá a la aprobación de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Tales enmiendas entrarán en vigor cuando hayan sido aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas y aceptadas por una mayoría de dos tercios de los Estados Partes en el presente Pacto de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales.

Cuando tales enmiendas entren en vigor, serán obligatorias para los Estados Partes que las hayan aceptado, en tanto que los demás Estados Partes seguirán obligados por las disposiciones del presente Pacto y por toda enmienda anterior que hayan aceptado.

Artículo 52

Independientemente de las notificaciones previstas en el párrafo 5 del artículo 48, el Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a todos los Estados mencionados en el párrafo 1 del mismo artículo:

Las firmas, ratificaciones y adhesiones conformes con lo dispuesto en el artículo 48;

La fecha en que entre en vigor el presente Pacto conforme a lo dispuesto en el artículo 49, y la fecha en que entren en vigor las enmiendas a que hace referencia el artículo 51.

Artículo 53

1.- El presente Pacto, cuyos textos en chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, será depositado en los archivos de las Naciones Unidas.

2.- El Secretario General de las Naciones Unidas enviará copias certificadas del presente Pacto a todos los Estados mencionados en el artículo 48.

En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados para ello por sus respectivos Gobiernos, han firmado el presente Pacto, el cual ha sido abierto a la firma en Nueva York, el decimonoveno día del mes de diciembre de mil novecientos sesenta y seis.

6.- PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS, QUE DENOMINA "EUGENIO MATTE HURTADO" AL LICEO DE HOMBRES Nº 14 DE SANTIAGO, Y "ERNESTO BOHN" AL LICEO DE HOMBRES Nº 2 DE TEMUCO.

Santiago, 7 de julio de 1971.

Con motivo del Mensaje, informe y demás antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V. E. la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente

Proyecto de ley:

"Artículo 1º.- Desígnase con el nombre de "Eugenio Matte Hurtado" al Liceo de Hombres Nº 14 de Santiago.

Artículo 2º.- A contar desde la vigencia de esta ley, el Liceo de Hombres Nº 2 de Temuco, llevará el nombre de "Ernesto Bohn". ".

Dios guarde a V. E.

(Fdo.) : Juan Acevedo Pavez. Jorge Lea-Plaza Sáenz.

7.- PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS QUE ESTABLECE NORMAS QUE PERMITAN A LOS IMPONENTES QUE QUEDEN CESANTES CONTINUAR LAS OPERACIONES DE ADQUISICION DE VIVIENDAS.

Santiago, 8 de julio de 1971.

Con motivo del Mensaje, informe y antecedente que tengo a honra pasar a manos de Vuestra Excelencia, la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente

Proyecto de ley:

"Artículo único.- El imponente a quien se hubiere seleccionado para adquirir una vivienda que, por causa de cesantía, dejare de serlo, tendrá derecho a continuar la tramitación de su operación como si mantuviere tal calidad. En este caso, se suscribirá con él una escritura de promesa que, aparte de las estipulaciones señaladas en la ley Nº 17. 227 y en su Reglamento, deberá contener:

a) La condición de otorgarse el contrato prometido al momento en que el prometiente comprador recupere la calidad de imponente, si se hubiere cumplido el plazo fijado al efecto, con arreglo a las demás cláusulas del contrato de promesa, y

b) La obligación de pagar, en tanto susista la cesantía, sólo el 50% de los dividendos definitivos o provisorios que correspondan.

La fianza durará el tiempo que el prometiente comprador se halle cesante y caducará por el solo hecho de recuperar su calidad de imponente. La parte de los dividendos que, por efecto de lo establecido en el inciso anterior, no pagare el prometiente comprador, se entenderán prorrogados, sin intereses, hasta el vencimiento de las respectivas deudas. ".

Dios guarde a V. E.

(Fdo.): Juan Acevedo Pavez. Jorge LeaPlaza Sáenz.

8.- PROYECTO DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS QUE AUTORIZA A LA CORPORACION DE LA VIVIENDA PARA TRANSFERIR GRATUITAMENTE AL SERVICIO NACIONAL DE SALUD LOS TERRENOS EN QUE SE ENCUENTRA UBICADA LA POBLACION "EL SANTO" DE LA SERENA.

Santiago, 7 de julio de 1971.

Con motivo del Mensaje, informe y demás antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V. E. la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente

Proyecto de ley:

"Artículo único.- Autorízase a la Corporación de la Vivienda para transferir, a título gratuito, al Servicio Nacional de Salud los terrenos de su dominio en que está construida la Población "El Santo" de la ciudad de La Serena, para los efectos previstos en las leyes Nºs. 16. 702 y 16. 908.

La transferencia de dominio de los inmuebles a que se refiere el inciso precedente se efectuará mediante el procedimiento establecido en el artículo 46 de la ley Nº 16. 742.".

Dios guarde a V. E.

(Fdo.) : Juan Acevedo Pavez. Jorge Lea-Plaza Sáenz.

9.- PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS QUE EXTIENDE EL BENEFICIO DE ABONO DE TIEMPO POR TRABAJOS PESADOS A LOS IMPONENTES DEL SERVICIO DE SEGURO SOCIAL QUE PASEN A SERLO DE OTRA INSTITUCION PREVISION AL.

Santiago, 7 de julio de 1971.

Con motivo del Mensaje, informe y demás antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V. E. la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente

Proyecto de ley:

"Artículo único.- Los obreros afectos al régimen de la ley Nº 10. 383, orgánica del Servicio de Seguro Social que pasen o hayan pasado a ser imponentes de la Caja de Previsión de Empleados Particulares o de cualquiera otra Institución de Previsión Social, tendrán derecho al abono establecido en el artículo 38 de la ley Nº 10. 383 por los trabajos pesados que acrediten en conformidad con esta disposición durante el tiempo en que fueron asegurados del Servicio de Seguro Social, para los efectos de su derecho a pensión de jubilación por vejez. ".

Dios guarde "a V. E.

(Fdo.): Juan Acevedo Pavez. Jorge Lea-Plaza Sáenz.

10.- PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS QUE ESTABLECE QUE LOS EMPLEADOS DE LA FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES ESTARAN AFECTOS AL REGIMEN PREVISION AL DE LA CAJA DE EMPLEADOS PUBLICOS Y PERIODISTAS.

Santiago, 7 de julio de 1971.

Con motivo del Mensaje, informe y antecedente que tengo a honra pasar a manos de V. E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente

Proyecto de ley: "Artículo único. Los empleados de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) estarán afectos al régimen de seguro social de la Sección Empleados Públicos de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, y tendrán los mismos derechos que los empleados de la Universidad de Chile.

La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales cotizará en dicha Caja y en los Fondos que corresponda, las respectivas imposiciones y aportes que, en conformidad con las leyes, son de cargo del empleador.

Lo dispuesto en este artículo se aplicará a contar desde el 1 de enero de 1971.

Artículo transitorio. Los actuales empleados de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales que hubieren prestado servicios en ella con anterioridad al 1º de enero de 1971 y que no hubieren efectuado imposiciones en la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, estarán afectos al régimen de dicha Caja a partir de la fecha en que empezaron a prestar servicios como dependientes de esa Facultad.

Para los efectos de lo dispuesto en el inciso precedente, la Facultad deberá enterar las imposiciones patronales que procedan. La Caja otorgará a los empleados beneficiarios un préstamo para el integro de las imposiciones personales que resulten adeudar, con las modalidades que se aplican a los préstamos de integro de imposiciones a que se refiere la ley Nº 10. 986.".

Dios guarde a V. E.

(Fdo.): Juan Acevedo Pavez. Jorge Lea-Plaza Sáenz,

11.- INFORME DE LA COMISION DE GOBIERNO RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS QUE DECLARA QUE LA BONIFICACION ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 1º. DE LA LEY Nº 17. 378, QUE BENEFICIO AL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES SEMIFISCALES, ES Y HA DEBIDO SER CONSIDERADA PARA CALCULAR LA BONIFICACION OTORGADA POR EL ARTICULO 1* DE LA LEY Nº 17. 015.

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Gobierno pasa a informaros acerca del proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados, iniciado en Mensaje del Ejecutivo, sobre la materia enunciada en el rubro, con urgencia calificada de "Simple".

La proposición de ley en estudio contiene tres ideas fundamentales relacionadas con los personales de los institutos de previsión a que se refiere el artículo 1º de la ley Nº 17. 015, las que explicaremos a continuación:

1.- El citado precepto legal concedió una bonificación equivalente a un 2% de la renta base mensual, por cada año de servicio, a los personales de las siguientes instituciones: Servicio de Seguro Social, Servicio Médico Nacional de Empleados, Caja de Previsión de Empleados Particulares, Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, Caja de Retiro y Previsión Social de los Empleados Municipales de la República, Caja de Retiro y Previsión Social de los Ferrocarriles del Estado, Caja de Previsión de los Carabineros de Chile, Caja de Previsión Social de los Obreros Municipales de la República, Caja de la Marina Mercante Nacional, Caja de la Defensa Nacional, Departamento de Indemnizaciones a Obreros Molineros y Panificadores, e Instituto de Seguro del Estado.

Con posterioridad, el artículo 1º de la ley Nº 17. 378 otorgó a los mismos empleados otra bonificación mensual, de Eº 308, imponible en la proporción en que lo fueran los respectivos sueldos bases.

Ahora bien, para los efectos de calcular el referido beneficio del 2%, los organismos empleadores estimaron que debía también considerarse el monto de la bonificación de Eº 308, y sobre esta base efectuaron los pagos correspondientes. No obstante, tales resoluciones han sido objetadas por la Contrataría General de la República.

Con el fin de obviar la situación planteada, el artículo 1º del proyecto confiere el necesario respaldo legal para validar dichos pagos. Para ello dispone que "la bonificación establecida en el artículo 1º de la ley

Nº 17. 378 es y ha debido ser considerada para calcular la bonificación otorgada por el artículo 1º de la ley Nº 17. 015.".

Al fundamentarse esta disposición, en el Mensaje respectivo se expresa que se trata de decisiones adoptadas de buena fe y fundadas en una plausible interpretación de la ley, por lo que "se estima de justicia convalidarlas en virtud de una expresa declaración legislativa.".

2.- De acuerdo al criterio adoptado en diversas oportunidades por el legislador, la Honorable Cámara de Diputados, a iniciativa como se ha dicho del Ejecutivo, acordó condonar las cantidades que debían descontarse de las remuneraciones de los personales de las instituciones señaladas anteriormente, con motivo del conflicto laboral que aquéllos sostuvieron entre el 17 de julio y el 6 de agosto de 1970. A esta finalidad responde el artículo 2º del proyecto.

3.- Según lo preceptuado en el artículo 5º de la citada ley Nº 17. 015, los Jefes Superiores de los servicios que ya hemos enumerado no podrán percibir una renta inferior a la más alta que se pague a los funcionarios de la respectiva institución.

El artículo 3º y último de la iniciativa en informe está destinado a solucionar la situación que afecta a los Fiscales de dichos organismos, cuyos niveles de rentas a juicio del Ejecutivo "no guarda relación con la alta jerarquía y responsabilidad que tienen.". Para ello se estima justo asignar a estos funcionarios, a quienes les corresponde generalmente subrogar al Jefe del Servicio, la remuneración que éste tiene, disminuida en un diez por ciento.

Después de aceptar, unánimemente, la idea de legislar sobre las materias explicadas, la Comisión acordó, en la misma forma, aprobar cada una de las normas contenidas en el proyecto, a las que ya hemos hecho referencia.

En mérito de lo anterior, vuestra Comisión de Gobierno tiene el honor de recomendaros, por unanimidad, que aprobéis el proyecto de ley en informe en los mismos términos que constan del Oficio de la" Honorable Cámara de Diputados.

Sala de la Comisión, a 12 de julio de 1971.

Acordado en sesiones celebradas los días 29 de junio ¡y 8 de julio del año en curso, con asistencia de los Honorables Senadores señores Lorca (Presidente), Baltra, Montes (señora Campusano), Morales y Valenzuela.

(Fdo.) : José Luis Lagos López, Secretario.

12.- INFORME DE LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS RECAIDO EN LAS OBSERVACIONES DEL EJECUTIVO AL PROYECTO DE LEY QUE APLICA A LA JUNTA DE ADELANTO DE ARICA LAS DISPOSICIONES SOBRE ESCRITURACION DE DOCUMENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE TITULOS DE DOMINIO QUE LA LEY Nº 16. 391 ESTABLECE PARA EL MINISTERIO DE LA VIVIVIENDA Y URBANISMO.

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Obras Públicas tiene a honra informaros, en segundo trámite constitucional, acerca de las observaciones formuladas por el Presidente de la República al proyecto de ley que aplica a la Junta de Adelanto de Arica las disposiciones sobre escrituración de documentos para el otorgamiento de títulos de dominio que la ley Nº 16. 391 establece para el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo.

Aparte de los miembros de vuestra Comisión, concurrieron a la sesión en que vuestra Comisión consideró la materia, los señores Subsecretario Subrogante de Vivienda y Urbanismo, don Raúl Diez, y el DirectorJurídico de ese Ministerio, don Sergio Farías.

Las observaciones del Ejecutivo, aprobadas en su integridad por la Honorable Cámara de Diputados, consisten en la sustitución del artículo 2º del proyecto y en la adición de uno nuevo, con el número 3º.

De acuerdo con el artículo 2º aprobado por el Congreso se dispone que, dentro del plazo de un año, la Corporación de Servicios Habitacionales otorgará títulos definitivos de dominio a los actuales ocupantes de las viviendas edificadas mediante el sistema de autoconstrucción. El plazo se reduce a 120 días en el caso de las viviendas ubicadas en las provincias de Chiloé, Aisén y Magallanes. El artículo agrega que el precio será igual al costo de construcción, pagadero en un plazo no inferior a 20 años, con el interés legal y sin reajuste.

Las objeciones del Ejecutivo se refieren a tres aspectos. El primero de ellos aborda el problema de las exigencias vigentes en materia de urbanización, cuyo cumplimiento podría impedir, en la práctica, el otorgamiento de los títulos de dominio en los plazos referidos. Para obviar la situación se propone facultar a la misma Corporación para fijar requisitos mínimos de urbanización en estos casos y otorgar la certificación correspondiente.

Seguidamente y en lo relativo al precio de la transferencia, el Ejecutivo hace notar que no se menciona el valor de los terrenos respectivos, omisión que propone salvar.

Tampoco estima justificado el Ejecutivo la fijación de un plazo menor para el cumplimiento de la ley en los casos de las viviendas ubicadas en las provincias de Chiloé, Aisén y Magallanes.

Finalmente, estima que debe darse carácter permanente a las normas del artículo respecto de toda vivienda de autoconstrucción, proponiendo un inciso que consagra esta idea.

Vuestra Comisión, por unanimidad, estimó atendibles las razones en que se fundan las observaciones de S. E. el Presidente de la República y acordó recomendaros su aprobación.

Como se expresó, la segunda de las observaciones propone adicionar el proyecto con un artículo que faculta a la Corporación de Servicios Habitacionales para prestar asistencia jurídica gratuita a las personas que operen con ella, cuando las gestiones pertinentes estén destinadas a obtener posesiones efectivas de herencias, nombramiento de tutores o curadores y, en general, cuando se trate de actuaciones indispensables para el otorgamiento del respectivo título de dominio y de las cauciones exigibles. El patrocinio que en tales casos preste CORHABIT significará respecto de los patrocinados que gocen de privilegio de pobreza y que en los asuntos o gestiones a que dé lugar tal patrocinio, los aranceles de Notarios y Conservadores de Bienes Raíces se apliquen rebajados en un 80%, cuando proceda el cobro respectivo, idea esta última contenida en el inciso tercero del nuevo artículo propuesto. El inciso final del mismo prescribe que competerá al Fiscal de la Corporación calificar los casos en que deba ejercerse la facultad concedida, sin perjuicio de las normas sobre asistencia judicial establecidas en la letra ñ) del artículo 12 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados.

También por unanimidad vuestra Comisión estimó convenientes las ideas contenidas en los dos primeros incisos del nuevo artículo propuesto y acordó recomendaros su aprobación.

Sin embargo, en lo que se refiere al inciso tercero, relativo a la rebaja arancelaria, el Honorable Senador señor Hamilton discrepó de la observación, juntamente con el Honorable Senador señor Foncea, por estimar que ella, en lugar de favorecer a las personas de escasos recursos a quienes se prestará asistencia jurídica gratuita, les provocará perjuicios y dificultades, derivados de desinterés de los Notarios y Conservadores por atender tales asuntos ante la exiguidad del derecho arancelario que podrán cobrar.

Recordó, además, que las leyes vigentes ya establecen rebajas al respecto para la mayoría de los casos, consistentes en un 50%, suma que le habría parecido más aconsejable en lugar del 80% propuesto por el Ejecutivo. Por último, manifestó dudas sobre el efecto de esta disposición con relación al otorgamiento general del privilegio de pobreza que concede otra parte del artículo, en cuanto a la amplitud de los efectos que derivan de este último beneficio.

Los Honorables Senadores señores Valente y von Mühlenbrock estimaron, por el contrario, que la rebaja arancelaria no constituirá un impedimento para la oportuna atención de los beneficiados por parte de Notarios y Conservadores de Bienes Raíces y que no se contradice sino que complementa los efectos del privilegio de pobreza que para estos casos se otorga por el proyecto.

Luego de un doble empate, vuestra Comisión acordó recomendaros el rechazo del inciso tercero del artículo nuevo propuesto.

Finalmente, la unanimidad de vuestra Comisión no estimó conveniente, por las dificultades operacionales que plantearía, especialmente respecto de las personas que viven en provincias, hacer depender el otorgamiento del servicio gratuito de asistencia jurídica de la decisión del Fiscal de la Corporación, razón por la cual propone el rechazo del inciso respectivo.

En mérito de las razones expuestas, vuestra Comisión tiene a honra proponeros que adoptéis los siguientes acuerdos respecto de las observaciones en informe:

Artículo 2º

Aprobar la que consiste en sustituir este artículo. (Acuerdo adoptado por unanimidad).

Artículo 3º (nuevo)

Aprobar los dos primeros incisos de este artículo. (Acuerdo adoptado por unanimidad);

Rechazar el inciso tercero de este artículo. (Acuerdo adoptado en doble empate, con los votos favorables de los Honorables Senadores señores Hamilton y Foncea y los votos en contra de los Honorables Senadores señores Valente y von Mühlenbrock, y

Rechazar el inciso cuarto de este artículo. (Acuerdo adoptado por unanimidad).

Sala de la Comisión, a 12 de julio de 1971.

Acordado en sesión del día 6 de julio del año en curso, con asistencia de los Honorables Senadores señores Hamilton (Presidente), Foncea, Valente y von Mühlenbrock.

(Fdo.). : Jorge Tapia Valdés, Secretario.

13.- INFORME DE LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MOCION DEL HONORABLE SENADOR SEÑOR BALLESTEROS, QUE MODIFICA EL ARTICULO 609 DEL CODIGO DEL TRABAJO, RELATIVO AL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION.

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha estudiado el proyecto de ley, iniciado en moción del Honorable Senador señor Eugenio Ballesteros, que modifica el artículo 609 del Código del Trabajo, relativo al procedimiento de conciliación.

La iniciativa legal agrega un inciso final al referido artículo, en virtud del cual "las resoluciones de las Juntas de Conciliación que declaren nulos o dispongan el archivo de un pliego de peticiones, fundadas en la

existencia de vicios de procedimiento en la tramitación de los mismos, serán apelables dentro de tercero día, ante la respectiva Corte del Trabajo, la cual deberá conocer dichas apelaciones en forma preferente, sujetándose en lo demás al procedimiento establecido en los artículos 561 y siguientes del Código del Trabajo".

Además, como artículo transitorio del proyecto, se establece que "las resoluciones de las Juntas de Conciliación dictadas entre el 1º de enero de 1971 y la fecha de promulgación de esta ley, en virtud de las cuales se hayan declarado nulos o archivado pliegos de peticiones, en razón de vicios existentes en el procedimiento de tramitación, serán apelables dentro de un plazo de quince días a contar de la fecha de promulgación de esta ley, ante la respectiva Corte del Trabajo, entendiéndose vigente el conflicto colectivo, para todos los efectos legales. ".

El autor fundamentó su moción expresando que "numerosos gremios de trabajadores han elevado su protesta por la forma discriminada en que algunas Juntas de Conciliación disponen el archivo de sus pliegos de peticiones, por causa de supuestas e inexistentes nulidades de orden procesal; que las Juntas están constituidas por personas no letradas, carente, por lo tanto, de los requisitos de conocimientos de técnica jurídica necesarios para pronunciarse en aspectos propios del orden procesal; que nuestra legislación positiva no contiene norma alguna que permita revisar estas resoluciones de las Juntas de Conciliación, las cuales proceden por lo tanto a su entero arbitrio, pronunciándose en materias procesales respecto de las cuales ni siquiera los más altos Tribunales del país gozan de una amplitud tan grande; y que ello deja a los trabajadores afectados por las erróneas interpretaciones de algunas Juntas de Conciliación al procedimiento de tramitación de conflictos colectivos, en la más completa e irrevocable indefensión, que urge corregir".

El artículo 598 del Código del Trabajo establece que en cada departamento habrá una Junta Permanente de Conciliación, que conocerá de los conflictos colectivos que en él se susciten. El artículo 600 del mismo Código dispone que ella se compondrá de seis miembros, tres de los cuales actuarán en representación de los patrones, dos en representación de los obreros y uno en representación de los empleados. Preside esta Junta el Inspector del Trabajo de superior categoría del departamento, quien no tiene derecho a voto.

Los artículos 561 y siguiente del Código del Trabajo, a que se refiere la moción, contienen las normas sobre el recurso de apelación en los juicios del trabajo.

El Honorable Senador señor García hizo presente que la norma del artículo 497 del Código del Trabajo es suficiente para lograr el objetivo que pretende este proyecto, por cuanto expresa que los Tribunales del Trabajo conocerán de todas las cuestiones de carácter contencioso que suscite la aplicación de las disposición del Código del ramo y de las estipulaciones de los contratos de trabajo y, siendo así, el proyecto en informe podría envolver una limitación del recurso de apelación en aquellos casos en que se declare nulo o se archive un pliego de peticiones.

El autor del proyecto en informe hizo presente que la Dirección del Trabajo, en dictamen Nº 4041, de 27 de mayo de 1971, relativo a un conflicto de los Oficiales de la Compañía Sudamericana de Vapores, determinó que la Junta Especial de Conciliación para la Industria Marítima, el declarar de oficio la ilegalidad del pliego de peticiones de los Oficiales de la Compañía referida, se excedió en sus atribuciones.

En nuestra Legislación no existe disposición que permita a las Juntas de Conciliación pronunciarse de oficio sobre la ilegalidad de un pliego. Los preceptos legales y reglamentarios que regulan el funcionamiento de las Juntas son de orden publico, de tal modo que estos organismos sólo pueden efectuar aquellos actos que una norma expresa los faculta para realizar.

En este mismo sentido se pronunció, también, el dictamen Nº 8. 181, de 25 de noviembre de 1968, de la referida Dirección.

Vuestra Comisión concordó con los fundamentos de esta iniciativa y, por unanimidad, la aprobó en general y particular.

En consecuencia, os proponemos la aprobación del siguiente

Proyecto de ley:

"Artículo único.- Agrégase el siguiente inciso final al artículo 609 del Código del Trabajo:

"Las resoluciones de las Juntas de Conciliación que declaren nulos o dispongan el archivo de un pliego de peticiones, fundadas en la existencia de vicios de procedimiento en la tramitación de los mismos, serán apelables dentro de tercero día, ante la respectiva Corte del Trabajo, la cual deberá conocer dichas apelaciones en forma preferente, sujetándose en lo demás al procedimiento establecido en los artículos 561 y siguientes del Código del Trabajo. La apelación se concederá en ambos efectos.

Artículo transitorio.- Las resoluciones de las Juntas de Conciliación dictadas entre el 1º de enero de 1971 y la fecha de promulgación de está ley, en virtud de las cuales se haya declarado nulos o archivado pliegos de peticiones, en razón de vicios existentes en el procedimiento de tramitación, serán apelables dentro de un plazo de quince días a contar de la fecha de promulgación de esta ley, ante la respectiva Corte del trabajo, entendiéndose vigente el conflicto colectivo, para todos los efectos legales. ".

Sala de la Comisión, a 2 de julio de 1971. Acordado en sesión de fecha 29 de julio, con asistencia de los honorables Senadores señores Ballesteros (Presidente), García y Musalem

(Fdo.): Andrés Rodríguez Cruchaga, Secretario.

14.- MOCION DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑORES NOEMI Y PALMA, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE CONSULTA DIVERSOS BENEFICIOS PARA ZONA AFECTADA POR LOS SISMOS ACAECIDOS EL 8 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.

Honorable Senado:

El 8 de julio recién pasado, la parte central del país fue afectada por uno de los periódicos sismos que ocurren en Chile.

Esta misma región, configurada por la parte sur de la provincia de Coquimbo, las provincias de Acangua y Valparaíso y la zona poniente de la provincia de Santiago, había sido ya golpeada por otro terremoto el 28 de marzo de 1965. Se trata, pues, de una zona que ha sufrido dos catástrofes naturales de gran magnitud y repetidas en poco tiempo. Además, es necesario considerar, como justificación de las medidas extraordinarias que se proponen en este proyecto de ley, que especialmente las provincias de Coquimbo y Acongua han sido azotadas por una sequía de largos años de duración.

En la zona afectada habita un tercio de la población del país y en ella existen importantísimas actividades mineras, industriales y agrícolas, además de contar con los principales puertos de la República.

Con motivo del terremoto del año 1965 se aprobó la ley Nº 16. 282, promulgada el 28 de julio de dicho año, que se transformó en un cuerpo legal destinado a afrontar con carácter permanente los efectos inmediatos de cualquier terremoto o catástrofe; asimismo, incluyó numerosas disposiciones transitorias, varias de las cuales es necesario renovar en las circunstancias actuales, dada la magnitud del reciente sismo.

Según informaciones suministradas por el Ministerio del Interior, en la zona afectada habrían perecido cerca de 100 personas y resultado heridas alrededor de 500, muchas de ellas de gravedad.

Los daños materiales en infraestructura básica, sectores habitacionales, industriales y otros diversos, no han sido aún estimados en forma definitiva. Pero de los antecedentes suministrados tanto por el Ministerio referido como por las observaciones realizadas por los parlamentarios que suscriben este proyecto y otros que han recorrido la región, se puede aceptar que los daños son en extremo cuantiosos en las localidades de Illapel, Salamanca, La Ligua, LlayLlay, La Calera, Viña del Mar, Valparaíso, Casablanca, Curacaví, San Antonio, LloLleo y algo más reducidos en Ovalle, Melipilla y otros puntos de la región señalada en el párrafo precedente.

Si las pérdidas materiales fueron estimadas el año 1965 en cerca de US$ 150. 000. 000, las del terremoto del 8 de julio reciente superarán en mucho esta cantidad. Vale la pena destacar que se ha estimado en alguna oportunidad que los daños producidos en el país por los terremotos que hemos tenido en este siglo superan el monto total de nuestra deuda externa.

Las cifras señaladas anteriormente y la experiencia de cada uno de los chilenos en diversas ocasiones de su vida hacen necesario el despacho de una ley que permita afrontar en forma permanente los problemas con que estamos obligados a vivir por las condiciones que impone nuestra naturaleza.

Para este fin, proponemos algunas medidas que completarán las disposiciones establecidas en la ley Nº 16. 282, antes aludida, y que responden al espíritu de solidaridad con que el pueblo chileno debe afrontar esta circunstancia. Entre otras disposiciones se propicia el establecimiento de un Seguro Nacional Obligatorio para afrontar calamidades naturales y sismos, que requerirá para financiarse una pequeñísima prima.

Respecto de la zona afectada ya dos veces, en menos de diez años, por los sismos, se plantea un plan quinquenal de Fomento y Reconstrucción y un "plan de auxilio inmediato", los que deben financiar todos nuestros conciudanos, pues frente a la lucha con la naturaleza no puede haber chilenos de buena suerte y chilenos de mala suerte.

El plan quinquenal proponemos financiarlo usando las disposiciones establecidas para estos efectos en los preceptos de la ley Nº 16. 282, especialmente en lo que dice relación con los empréstitos externos y con el 80% de lo que produzcan las suscripciones de los bonos CAR, durante dos años completos, a partir de la vigencia de esta ley. El ahorro del país se volcará en la zona tan duramente golpeada y se concentrará en una proporción adecuada para que efectivamente rinda frutos y modernice especialmente su infraestructura básica y los edificios del sector público.

Para el sector habitacional se establece la obligación de que todo el Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo invierta un 10% de sus ingresos dentro de la zona afectada, cualquiera sea la sede y el área de acción legales de las Asociaciones de Ahorro y Préstamo. Estimamos importante estimular esta inversión haciendo posible que ella se realice, en la zona afectada, en construcciones que puedan ser, además de las que la ley determina, construcciones comerciales u hoteleras.

Creemos que la urgencia de entregar una cooperación moral a las personas afectadas reiteradamente por las calamidades naturales de la zona es tan grande, como la necesidad de crear elementos para el desarrollo económico de la región. Las medidas propuestas ciertamente implican algunos sacrificios, pero responden al espíritu patriótico con que hay que afrontar, solidariamente, los graves problemas que hieren a un número tan crecido de chilenos.

En mérito de las consideraciones precedentes, tenemos el honor de someter a vuestra consideración el siguiente

Proyecto de ley:

TITULO I

De la zona afectada por el sismo del día 8 de julio de 1971 y de los damnificados.

Artículo 1º.- Declárase para los efectos de esta ley y de lo dispuesto en el artículo 1º de la ley Nº 16. 282, de 28 de julio de 1965, como zona

afectada por los sismos acaecidos el día 8 de julio de 1971 los departamentos de Ovalle, Illapel y Combarbalá de la provincia de Coquimbo, las provincias de Aconcagua y Valparaíso y los departamentos de San Antonio, Melipilla y Talagante y las comunas de Lampa, TilTil y Colina de la provincia de Santiago.

Artículo 2º.- El Presidente de la República, dentro del plazo de cinco días de publicada la presente ley, procederá a dictar un reglamento que, haciendo uso de las facultades que le otorgan los Títulos I y II de la ley Nº 16. 282, establezca disposiciones tendientes a socorrer a los damnificados de la zona referida en el artículo anterior.

Las instituciones semifiscales o autónomas, las empresas del Estado o aquellas en que haya aportado capitales o tenga representación y las Municipalidades deberán, dentro del mismo plazo, modificar sus presupuestos para atender, con prioridad a cualquiera otro de sus proyectos de gasto e inversión, las necesidades y solicitudes de damnificados residentes en la zona referida en el artículo 1º.

Artículo 3º.- La Municipalidad correspondiente a la residencia del damnificado o al lugar donde se encuentran los bienes afectados por los sismos certificará la calidad de damnificado, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2º de la ley Nº 16. 282 y la magnitud del daño que a éste afecta. Este certificado no admitirá prueba en contrario.

Las Municipalidades deberán extender los certificados referidos en el inciso anterior dentro de un plazo no mayor de quince días después de solicitado.

TITULO II

Normas excepcionales de ayuda a los damnificados.

Artículo 4º.- El Presidente de la República, dentro de un plazo máximo de 60 días, deberá proponer al Congreso Nacional un proyecto de ley que establezca, a través del Instituto de Seguros del Estado, un seguro obligatorio, reajustable, de sismos o catástrofes de todos los inmuebles urbanos y rurales del país. El monto de este seguro no podrá ser inferior al avalúo fiscal del inmueble para los efectos del impuesto territorial.

El proyecto de ley referido en el incido anterior deberá establecer un sistema de calificación de los daños que puedan sufrir los inmuebles en casos de sismos o catástrofes y deberá contemplar, además, una relación entre la indemnización a pagar y el daño producido.

El seguro de sismos o catástrofes se hará efectivo siempre que se dicte un decreto fundado de conformidad al artículo 1º de la ley Nº 16. 282.

Artículo 5º.- Declárase aplicable a los damnificados de los sismos de 8 de julio de 1971 las siguientes disposiciones transitorias de la ley Nº 16. 282, con las modificaciones que respecto de algunas de ella se señalan:

1) Artículo 4º y 6º.

2) Artículo 7º, sustituyendo la expresión "entre el 28 de marzo y el 15 de julio de 1965" por "entre el 8 y el 15 de julio de 1971";

3) Artículo 8º, sustituyendo la expresión "6º y 7º transitorios, regirán hasta el 31 de diciembre de 1965. ", por "6º y 7º transitorios, regirán hasta el 1º de julio dé 1972. ";

4) Artículos 15 y 16;

5) Artículo 17, sustituyendo la fecha "1º de enero de 1966" por "1º de julio de 1972";

7) Artículo 21.- reemplazando las palabras "podrá otorgar" por "otorgará" y suprimiendo su inciso segundo;

8) Artículo 22.- sustituyendo desde donde dice "y en el Reglamento sobre "hasta el final del artículo, por lo siguiente: ", a excepción de su Reglamento sobre calificación de postulantes y asignación de viviendas.";

9) Artículos 23 y 24, sustituyendo en el inciso final de este último precepto la cantidad de "Eº 2. 000" por "Eº 5. 000";

10) Artículos 25, 26, 27, 28, 29 y 34;

11) Artículo 35, sustituyendo, en su inciso primero, la palabra "podrá" y en su inciso segundo los guarismos "Eº 3. 000", las dos veces que aparece, y Eº 100. 000", por "deberá" y "Eº 5. 000" y "Eº 200. 000", respectivamente. Suprímese el inciso final de este artículo;

12) Artículo 36.

13) Artículo 40 a 45, inclusive, sustituyendo en el primero de los artículos citados la fecha "21 de agosto de 1965" por "15 de julio de 1971";

14) Artículos 69,70, 72, 73, 74, suprimiendo el inciso sexto del último de los artículos citados;

Artículos 75, 82 y 84.

15) Reemplázase en los artículos antes citados, todas las veces en que aparezca, la fecha "28 de marzo de 1965" por "8 de julio de 1971".

TITULO III

Medidas de desarrollo para la zona damnificada.

Artículo 6º.- La Corporación de Fomento de la Producción y la Oficina de Planificación Nacional deberán de consuno formular, dentro del plazo de 120 días, contado desde la fecha de publicación de esta ley, un plan quinquenal de desarrollo de la zona referida en el artículo 1? de esta ley y, en especial, de los departamentos de Illapel, Combarbalá y Ovalle de la provincia de Coquimbo.

El Presidente de la República podrá, a solicitud de la' Corporación de Fomento de la Producción, ampliar la zona que comprenderá el plan indicado en el inciso anterior, a zonas adyacentes que integren unidades económicogeográficas completas.

La Corporación de Fomento de la Producción podrá, dentro del plazo indicado, convenir con cualquier organismo fiscal o semifiscal, con empresas del Estado, de administración autónoma o con las Municipalidades la entrega, erogación, préstamo o aporte de fondos destinados al estudio de la inclusión de proyectos específicos en los planes indicados en el inciso primero, sin que para ello sean obstáculo las disposiciones orgánicas de las respectivas instituciones.

En el plan que se elabore se dará prioridad a la reconstrucción de las unidades económicas deterioradas por los sismos de julio de 1971.

Artículo 7ºLa Corporación de Fomento de la Producción y la Oficina de Planificación Nacional darán prioridad en la confección y ejecución de sus planes anuales de desarrollo al cumplimiento del plan quinquenal referido en el artículo anterior.

La ejecución de el plan que se elabore en virtud del artículo precedente en la provincia de Coquimbo estará a cargo de la Junta de Desarrollo Regional de Atacama y Coquimbo, para lo cual la Corporación de Fomento de la Producción le traspasará los fondos presupuestarios que para este efecto consulte.

TITULO IV

Recursos económicos y financieros destinados a la reconstrucción y auxilio.

Artículo 8º.- El Banco del Estado de Chile y los organismos públicos de fomento y desarrollo deberán otorgar préstamos de reconstrucción a los damnificados sin sujeción a sus respectivas leyes orgánicas y reglamentos. Estos préstamos se amortizarán en un plazo de quince años, no estarán afectos a reajuste y devengarán un interés no superior al 10% anual.

Las instituciones referidas deberán dar curso a las solicitudes que se presenten en conformidad al inciso anterior con preferencia a cualquiera otra.

El Banco del Estado de Chile deberá descontar a su presentación los documentos justificativos de los préstamos a que se refiere este artículo.

Los Bancos del Estado de Chile y Comerciales podrán otorgar préstamos a los damnificados para la reconstrucción de establecimientos industriales, agrícolas, comerciales o mineros. Estos préstamos quedarán fuera de cualquier límite de colocaciones que determine el Banco Central de Chile.

Los préstamos que se otorguen de acuerdo al inciso anterior deberán amortizarse en un plazo de diez años, no estarán afectos a reajuste y devengarán un interés no superior al 10% anual.

Artículo 9ºDecláranse aplicables para los efectos de esta ley los artículos 47 y 48 de la ley Nº 16. 282, con la sola modificación de reemplazar en el inciso tercero de este último artículo las palabras "lixiviación de minerales oxidados de cobre", por: "lixiviación y concentración de minerales" y de intercalar, después de la palabra "hoteles", lo siguiente: ", en especial en Illapel y en Combarbalá. "

Aplicase también lo dispuesto en el artículo 49 de la misma ley Nº 16. 282.

Artículo 10. Los recursos que el Banco Central de Chile recaude, durante los dos próximos años contados desde la vigencia de la presente ley, por concepto de colocación de certificados de ahorro reajustables, a que se refiere la letra h) del artículo 39 del D. F. L. Nº 247, de 1960, deberán invertirse en un 80% en el fmanciamiento del plan quinquenal referido en el artículo 6º de esta ley y el 20% restante deberá ser aportado a la Junta de Desarrollo Regional de Atacama y Coquimbo.

Artículo 11. El 10% de las colocaciones que efectúen durante los años 1971 a 1976, inclusive, las Asociaciones de Ahorro y Préstamo deberán invertirse en la zona a que se refiere el artículo 1º.

La Caja Central de Ahorros y Préstamos autorizará a las Asociaciones para invertir el porcentaje referido en el inciso anterior en la reconstrucción, reparación y habilitación de cualquier tipo de vivienda, así como en la construcción de hoteles, hosterías o posadas, en la zona indicada.

El Presidente de la República, previo informe de la Caja Central de Ahorros y Préstamos, reglamentará, dentro del plazo de 30 días de publicada esta ley, la forma en que las distintas Asociaciones de Ahorro y Préstamo del país darán cumplimiento a la obligación establecida en el inciso primero.

(Fdo.): Alejandro Noemi Huerta. Ignacio Palma Vicuña.

15.- MOCION DEL HONORABLE SENADOR SEÑOR MUSALEM CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE QUE LOS DEPARTAMENTOS U OFICINAS DE BIENESTAR DE LAS REPARTICIONES FISCALES EXTENDERAN SUS BENEFICIOS A LOS JUBILADOS DE LAS MISMAS 

Honorable Senado:

El artículo 47 de la ley Nº 16. 250 autorizó a los Departamentos u Oficinas de Bienestar existentes en las reparticiones fiscales e Instituciones Semifiscales y de administración autónoma para extender sus beneficios a los funcionarios jubilados de las mismas, siempre que éstos contribuyan con su aporte pecuniario al financiamíento de dichos Departamentos u Oficinas.

La disposición legal citada fue reglamentada por el Decreto Nº 290 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, publicado en el Diario Oficial el 3 de noviembre de 1965, el cual establece las normas en que aquellos Departamentos u Oficinas pueden admitir como afiliados a los jubilados.

No obstante esta autorización, existen numerosos Departamentos u Oficinas de Bienestar que, hasta la fecha, no han hecho uso de esta facultad, debido principalmente a que deben modificar sus reglamentos, realizando una larga tramitación.

Entretanto, esos jubilados se ven privados de los beneficios que recibían de esos Departamentos u Oficinas de Bienestar, ocasionándoseles por este motivo una difícil situación, que se ve agravada por el hecho de que, al pasar a retiro, disminuyen considerablemente sus remuneraciones por efecto de considerarse el promedio de las últimas recibidas para calcular la pensión.

El Proyecto que someto a la consideración del Honorable Senado tiende a buscar una solución a este problema al disponer que los funcionarios que jubilen continuarán afiliados al respectivo Departamento u Oficina de Bienestar en conformidad a las normas determinadas por el antes citado decreto Nº 290 y debiendo pagar los aportes fijados para los funcionarios activos. En esta forma, no se perjudica el financiamiento de esos Departamentos u Oficinas y se mantiene a los jubilados en el goce de los beneficios, sin necesidad de engorrosas tramitaciones de reformas de estatutos, ya que de pleno derecho mantendrán su afiliación.

Para no alterar la situación de los jubilados que ya se han incorporado, se dispone que el proyecto no les afectará a ellos.

Por las razones expresadas, vengo en proponer el siguiente

Proyecto de ley

"Articulo 1º.- Los departamentos u oficinas de Bienestar que funcionen en las reparticiones fiscales e instituciones semifiscales y de administración autónoma extenderán sus beneficios a los funcionarios jubilados de las mismas, siempre que éstos contribuyan con su aporte pecuniario al financiamiento de dichos Departamentos u Oficinas.

La extensión de estos beneficios se hará, sin necesidad de reformar los respectivos reglamentos, en conformidad a las normas establecidas por los artículos 2º, 3º, 5º y 6º del decreto N 290, de 5 de octubre de 1965, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Subsecretaría de Previsión Social.

Articulo 2. Las normas establecidas en esta ley no afectarán a los jubilados que actualmente están afiliados a los Servicios de Bienestar. "

(Fdó.): José Musalem S.