Labor Parlamentaria

El señor Pablo (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor PROSECRETARIO.- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:

Mensajes.

Cinco de Su Excelencia el Presidente de la República, con los que éste incluye entre las materias de que puede ocuparse el Congreso Nacional en la actual legislatura extraordinaria, los siguientes proyectos de ley:

1) El que reglamenta la organización de la Empresa Eléctrica Municipal de Renca (Senado, segundo trámite, para tabla, boletín Nº 24.171);

2) El que denomina Doctor Sótero del Río Gundián a la actual calle Los Serenos, de Santiago (Senado, segundo trámite, pendiente en Comisión de Gobierno, boletín Nº 24.638).

-Se manda agregarlos a sus antecedentes.

3) El que declara que el nombre correcto de la beneficiaría de la ley Nº 15.097 es doña Lidia Mora Echagüe (Cámara, segundo trámite) ;

4) El que crea la Comuna-Subdelegación de Entre Lagos (Cámara primer trámite), y

5) El que establece normas para decretar la muerte presunta de los tripulantes de la lancha Santa Isabel y otorga pensión a sus viudas (Cámara, primer trámite).

-Se manda archivarlos.

Oficios.

Uno de la Honorable Cámara de Diputados, con el que ésta comunica los acuerdos que ha tenido a bien adoptar, en primer trámite, respecto de las observaciones formuladas al proyecto de ley que establece normas para la cobranza judicial de imposiciones, aportes y multas en los diversos institutos de previsión (véase en los Anexos, documento 1).

-Pasa a las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y de Trabajo y Previsión Social, unidas.

Quince del señor Presidente de la Excelentísima Corte Suprema, de los señores Ministros del Interior, de Justicia, de Obras Públicas y Transportes, del Trabajo y Previsión Social y de la Vivienda y Urbanismo, y de los señores Superintendente de Servicios Eléctricos, de Gas y de Telecomunicaciones, Vicepresidente Ejecutivo de la Caja de Retiro y Previsión Social de los Ferrocarriles del Estado, Director de Obras Sanitarias, y Director del Servicio Nacional de Salud, con los cuales dan respuesta a las peticiones que se indican formuladas por los Honorables Senadores señores Aguirre (1), Allende (2), Baltra (3), Contreras (4), Montes (5), Ochagavía (6), Pablo (7), Sule (8) y Valente (9) :

1) Nuevo retén para Cañete.

2) Vigilancia policial en poblaciones de Santiago.

3) Habilitación de Hospital en Quilleco.

Plan de adelanto para Villarrica.

4) Alcantarillado para población de Calama.

Pago de alcantarillado en Población de Antofagasta.

Agua potable para población de Calama.

5) Nombramiento de Juez de Indios en Pitrufquén.

Reparación de viviendas en población de Concepción. Reajuste para determinadas pensiones.

6) Vehículo para, cárcel de Castro.

7) Construcción de obras públicas en Arauco.

8) Ampliación de red de electricidad en Placilla.

9) Juicio contra Empresa Pesquera Punta Angarrios.

Solución a diversos problemas laborales.

-Quedan a disposición de los señores Senadores.

Uno del señor Director del Instituto Hidrográfico de la Armada, con el que remite un informe sobre la ejecución financiera y física de las diferentes actividades que desarrolla ese Instituto.

-Se manda archivarlo.

Informes.

Uno de la Comisión de Gobierno recaído en el proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados que autoriza a la Municipalidad de Concepción para contratar empréstitos (véase en los Anexos, documento 2).

Uno de las Comisiones de Gobierno y de Hacienda, unidas, recaído en el proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados que crea el Comité Programador de Inversiones, de Iquique y Pisagua (véase en los Anexos, documento 3).

Uno de la Comisión de Trabajo y Previsión Social recaído en el proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados que establece normas para la determinación, cálculo y recaudación de todas las imposiciones, aportes, impuestos y depósitos que deba efectuar la Caja de Previsión de Empleados Particulares (véase en los Anexos, documento 4).

-Quedan para tabla.

Moción.

Una del Honorable Senador señor Acuña, con la que éste inicia un proyecto de reforma constitucional que modifica el artículo 104 de la Carta Fundamental, en lo relativo a los requisitos para inscribirse en los registros municipales (véase en los Anexos, documento 5).

-Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

Permisos constitucionales.

El Honorable Senador señor Ochagavía solicita permiso constitucional para ausentarse del país por más de 30 días, a contar del 14 del mes en curso.

-Se acuerda.

El Honorable Senador señor Reyes solicita permiso constitucional para ausentarse del país por más de 30 días, a contar del día de hoy.

-Se acuerda.

PROYECTO QUE DENOMINA DOCTOR SOTERO DEL RIO GUNDIAN A CALLE LOS SERENOS, DE SANTIAGO. PREFERENCIA.

El señor MORALES ADRIASOLA.-

Pido la palabra, señor Presidente.

En la Cuenta de hoy figura un proyecto destinado a dar el nombre de Doctor Sótero del Río Gundián a la actual calle Los Serenos, de Santiago. Como se trata de una iniciativa de fácil tramitación, creo que la Sala, si lo tiene a bien, podría despacharla en la sesión del próximo martes.

El señor PABLO (Presidente).-

Es preciso solicitar el acuerdo previo de los Comités, Honorable Senador.

El señor MORALES ADRIASOLA.-

Le agradecería mucho tramitar dicho acuerdo, señor Presidente.

El señor PABLO (Presidente).-

Se va a requerir el asentimiento de los Comités.

El señor TEITELBOIM.-

¿Me permite, señor Presidente?

Quiero solicitar de la Sala la autorización para hacer uso de la palabra por no más de tres minutos, con el objeto de hacer una denuncia respecto de algo que me parece particularmente serio y, además, formular una petición.

El señor PABLO (Presidente).-

Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado por el Honorable señor Teitelboim.

Acordado.

Tiene la palabra Su Señoría.

DETENCION DE MILITANTES DE LA JUVENTUD COMUNISTA. OFICIO.

1.- OBSERVACIONES DEL EJECUTIVO, EN SEGUNDO TRAMITE CONSTITUCIONAL, AL PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE NORMAS PARA LA COBRANZA JUDICIAL DE IMPOSICIONES, APORTES Y MULTAS EN LOS DIVERSOS INSTITUTOS DE PREVISION.

Tengo a honra comunicar a V. E. que la Cámara de Diputados ha tenido a bien aprobar las observaciones formuladas por Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto de ley que señala normas de procedimiento para la cobranza judicial de las imposiciones adeudadas a las instituciones de previsión, con excepción de las siguientes, que ha rechazado:

Artículo 22

La que tiene por objeto agregar una frase al inciso primero de este artículo.

Artículos nuevos

El signado con la letra A).

El inciso segundo del artículo nuevo signado con la letra B). Los artículos nuevos signados con las letras D), E) y F). El inciso tercero de aquel signado con la letra G). Los artículos nuevos signados con las letras H), J) y el artículo 4° transitorio propuesto.

Acompaño los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V. E.

(Fdo.) : Julio Mercado Illanes.- Eduardo Mena Arroyo.

Texto de las observaciones del Ejecutivo.

Por oficio Nº 417, de 19 de enero recién pasado, Vuestra Excelencia se ha servido comunicarme la aprobación por el Congreso Nacional del proyecto de ley que establece normas para la cobranza judicial de imposiciones, aportes y multas adeudadas a las Instituciones de Previsión.

En uso de la facultad que me otorga el artículo 53 de la Constitución Política del Estado, vengo en formular al citado proyecto de ley las siguientes observaciones:

1º.- Artículo 2º.- Aunque las Cajas de Compensación de Asignación Familiar deben considerarse como instituciones de previsión y, por lo tanto, comprendidas dentro de las señaladas por la primera parte del inciso 1º de este artículo, conviene aclarar toda duda que pudiera presentarse sobre el particular.

Con este objeto, propongo reemplazar la primera parte del inciso 1º por la siguiente:

"El Director General, el Vicepresidente Ejecutivo o el Jefe superior de la respectiva institución de previsión, incluidas las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, u organismo auxiliar deberá mediante resolución fundada y según corresponda:"

2º Artículo 3º, inciso 3º.

Esta norma contiene, evidentemente, un error de referencia, ya que es el artículo 2º -no el 1º- el que se ocupa de las resoluciones que en materia de imposiciones y otros aportes pueden dictar los Directores Generales, Vicepresidentes Ejecutivos o Jefes Superiores de las instituciones de previsión social. Por tal razón, es menester sustituir la mención que del artículo 1º se hace en este inciso.

Asimismo, estima el Ejecutivo que la exigencia de poner en conocimiento del sindicato o del delegado del personal que corresponda las resoluciones no nominadas que dicte el Director del Servicio de Seguro Social, en materia de cobro de imposiciones y aportes, constituye un factor de engorro y complicación administrativa que puede ser fuente, además, de excepciones dentro del procedimiento judicial de cobro; de allí que se sugiera eliminarla.

En ciertos casos, la falta de nominación de los dependientes a quienes se adeudan imposiciones podría coartar el legítimo derecho del deudor para oponer excepciones cuando estime que no adeuda las sumas cobradas.

Para conciliar este derecho y el del Servicio de Seguro Social para cobrar en forma expedita las imposiciones adeudadas, considero conveniente que la resolución que deberá dictar el Servicio contenga algunas precisiones que permitan al deudor conocer la materia como se ha llegado a determinar la suma cobrada.

Por estas consideraciones, se propone sustituir el inciso 3º del artículo 3º por el siguiente:

"Las resoluciones que sobre las materias a que se refiere el artículo 2º dicte el Director del Servicio de Seguro Social, no requerirán la nominación de los dependientes respectivos. Sin embargo, dichas resoluciones deberán indicar, a lo menos, la o las faenas, obras, industrias, negocios o explotaciones a que ellas se refieren; los períodos que comprenden las imposiciones adeudadas; y los montos de las remuneraciones por las cuales se estuvieren adeudando imposiciones".

3º Artículo 6°.

En atención a que la redacción dada a este precepto no permite inferir claramente el propósito de que tanto la demanda ejecutiva, como la sentencia y el requerimiento de pago, puedan ser notificadas, asimismo, por carabineros, conforme a la ritualidad admitida para los juicios del trabajo, se sugiere la agregación de un inciso que así lo disponga a continuación del inciso 1º). Por efecto de esta agregación, en el inciso 2º, que pasaría a ser inciso 3º, sería menester sustituir la referencia que se hace al "inciso anterior" para dirigirla al inciso 1º. Por estas consideraciones, se sugiere:

A) Agregar a continuación del inciso primero el siguiente, que pasaría a ser inciso 2°:

"La notificación de la demanda, del requerimiento de pago y de la sentencia de primera instancia podrá hacerse por carabineros".

B) Sustituir en el inciso 2º del artículo 6º, que pasaría a ser inciso 3º, las expresiones "inciso anterior" por las siguientes: "inciso primero".

4º Artículo 7º.

Esta disposición, en el deseo de evitar las incidencias que puedan derivarse de la liquidación del crédito, dispone que la sentencia ha de contener, a más de las menciones que son comunes a las emitidas en los juicios ejecutivos, una liquidación de las imposiciones y de los intereses devengados desde que el deudor incurrió en mora y hasta la fecha del fallo. Esta norma, no obstante el propósito perseguido, puede en la práctica conducir a serios entorpecimientos. Desde luego demorará considerablemente la dictación de las sentencias por la complejidad que la liquidación de las imposiciones y de los intereses implica. En seguida, frente a eventuales errores de la liquidación, y con el fin de subsanarlos, puede ocurrir que a los organismos previsionales no se les presente otra alternativa que la de apelar de la sentencia aún cuando ésta les hubiere sido favorable.

Por tales consideraciones se propone sustituir el artículo 7º por el siguiente:

"Artículo 7º.- Las sentencias que se dicten en estos juicios contendrán, además de las menciones comunes a las sentencias emitidas en los juicios ejecutivos, la orden de liquidar por el Secretario del Tribunal las imposiciones y los intereses devengados desde que el deudor incurrió en mora y hasta la fecha del fallo; y la orden de que, en su oportunidad, se liquiden los intereses que se devenguen con posterioridad hasta el total y cumplido pago de la obligación y se calcule el reajuste de la deuda, cuando así procediere de conformidad a las normas establecidas en el artículo 22".

5º Artículo 8º, inciso 1º.

El inciso 1° de este artículo establece que en esta clase de juicios el recurso de apelación sólo procederá contra la sentencia definitiva de primera instancia y previa consignación de la suma total que dicha sentencia ordene pagar.

El Ejecutivo estima que la obligación de consignar el total de la suma adeudada, y ordenada pagar por la sentencia, es excesiva y puede acarrear, en algunos casos, la indefensión del ejecutado. Por otro lado, en el mismo proyecto de ley se crea una figura delictiva basada, precisamente, en la falta de esa consignación (artículo 12), de lo que se sigue que un mismo hecho daría nacimiento, si bien en diversa oportunidad, a dos situaciones jurídicas de extraordinaria trascendencia: de una parte, privaría a los tribunales superiores de la posibilidad de revisar el fallo de primera instancia, con todas las consecuencias que de ello se derivan; de la otra, haría incurrir en delito el ejecutado.

Por estas consideraciones se propone intercalar, en el inciso lº de este artículo, entre las palabras "consignación" y "de", las siguientes: "del 25%".

6º Artículo 8º, inciso 2º.

Este artículo, relativo a la consignación previa que se dispone para interponer recurso de apelación, señala un plazo dentro del cual la institución de previsión debe hacer restitución de la suma consignada al ejecutado, cuando así correspondiere conforme a la sentencia de término. No obstante, como en el inciso 2º no aparece suficientemente explícita la oportunidad en que la institución ejecutante debe abonar el interés de 3% mensual en caso de atraso en el cumplimiento de la obligación de restituir, es que se propone aclarar este inciso 2º mediante la agregación, a continuación de las palabras "interés del 3% mensual", y suprimiendo el punto (.) colocado después de la última de ellas, de la frase siguiente: "a partir de la fecha en que el fallo quedó ejecutoriado".

7º Artículo 9º, inciso 1º.

A fin de precisar el tribunal competente para conocer de los juicios en que actúen las instituciones de previsión, propongo agregar al Inciso primero, suprimiendo el punto (.) aparte, la siguiente frase: "que hubiere intervenido en el asunto que dio origen al litigio".

8º Artículo 12.

El objeto perseguido por el Ejecutivo al proponer en el Mensaje la creación de una figura delictiva para los empleadores o patrones que, dentro de determinado plazo, no dieren cumplimiento a la obligación de consignar las sumas adeudadas y a que fueren condenadas en la sentencia, ha obedecido a dos razones fundamentales: la primera de ellas, con el fin de dar debida tutela al orden público económico, del cual forman parte las imposiciones y aportes previsionales, como quiera que están destinadas a financiar importantes beneficios de los trabajadores; y la segunda, a la idea de compeler a dichos patrones y empleadores al pago de las sumas adeudadas, que es, en definitiva, lo que interesa a los organismo de previsión y a sus imponentes.

El rigor del artículo 12 aprobado por el Honorable Congreso Nacional no se compadece con la segunda finalidad de las señaladas, toda vez que dificulta considerablemente a los deudores morosos la posibilidad de pagar lo adeudado. Asimismo, considera el Ejecutivo que el hecho trascendente, que debe dar lugar al delito lo constituye la circunstancia de que el patrón o empleador no entere las imposiciones retenidas de sus trabajadores, respecto de las cuales tiene una responsabilidad muy diferente que la que se deriva del no pago de las imposiciones que son de su cargo.

Por las razones señaladas, estima el Ejecutivo que debe volverse a la redacción original propuesta en el Mensaje; a cuyo efecto propone sustituir el artículo 12 del proyecto por el siguiente:

"Artículo 12.- Si el empleador no consignare las sumas descontadas de las remuneraciones de sus empleados, o que debió descontar, dentro de los quince días contados desde la fecha del requerimiento de pago, si no opuso excepciones; o desde la fecha de la notificación de la sentencia de primera instancia que niegue lugar a ellas, será sancionado con la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo cuando el monto de las cantidades ordenadas pagar excediere de seis sueldos vítales mensuales, escala A del departamento de Santiago; y con presidio menor en su grado medio, si fuere igual o inferior a dicha suma.

"Con el solo mérito del certificado del Secretario del Tribunal que conozca de la ejecución que acredite el vencimiento del plazo y el hecho de no haberse consignado las sumas retenidas, el Juez del Crimen correspondiente declarará reo al empleador o a su representante, y lo someterá a proceso como autor del delito indicado en este artículo.

"Si se consignare el monto de las retenciones adeudadas, más intereses, costas y el reajuste cuando procediere, el Tribunal dictará sobreseimiento definitivo, cualquiera que sea el estado de la causa.

"La consignación o pago de las sumas retenidas no suspenderá el curso del juicio ejecutivo, continuando el procedimiento de apremio hasta obtener el pago del resto de las sumas cobradas.

"Las instituciones de previsión, en los casos señalados en este artículo, estarán obligadas a recibir el pago de las cantidades descontadas, aún cuando no se haga el del resto de las adeudadas".

"Para los efectos contemplados en este artículo la liquidación que debe hacer el Secretario del Tribunal con arreglo a lo establecido en el artículo 7º señalará, expresa y determinadamente, las imposiciones y aportes legales que se descontaron o debieron descontarse de las remuneraciones de los trabajadores".

9° Artículo 17.

En el inciso final de este artículo se hace referencia a la Ley Nº 14.972, de 1961, en circunstancias de que la mencionada ley es del año 1962.

Por esta razón, y para corregir lo que debe ser un error de copia, se sugiere sustituir en este inciso final el número "1961" por "1962".

10º Artículo 18, inciso 3º.

Con el fin de aclarar que sólo en las ejecuciones iniciadas en conformidad a las normas del proyecto de ley en análisis procederá la sanción a que se refiere este inciso, se propone reemplazar, en el inciso 3º del artículo 18 las expresiones "los juicios civiles" por las siguientes: "las ejecuciones iniciadas en su contra de acuerdo con las disposiciones de esta ley".

11º Artículo 19, inciso 1º.

Esta disposición hace responsables solidarios del pago de las imposiciones, entre otros, a quienes adquieran cualquiera parte de los bienes muebles de los predios rústicos, establecimientos comerciales o industriales, fábricas, locales o faena en que laboren trabajadores.

Si bien es admisible establecer esta responsabilidad en los casos de transferencia del dominio, del arrendamiento o de la constitución de derechos sobre los bienes señalados por el inciso 1º del artículo 19, resulta algo exagerado extenderla, sin limitaciones, al caso del adquirente de cualquiera parte de los bienes muebles.

Para evitar este inconveniente propongo reemplazar el inciso lº por el siguiente;

"El que a cualquier título adquiera el dominio de predios rústicos o fundos, establecimientos industriales o comerciales, fábricas, locales o faenas, de derechos en ellos o de los bienes de su activo inmovilizado, con excepción de los destinados al uso, alhajamiento u ornato de las oficinas, o los tome en arrendamiento, por instrumento público o privado o por cualquier otro medio, responderá solidariamente con el anterior dueño o con el arrendador, en su caso, del pago de las imposiciones y demás aportes legales que se adeudaren a las instituciones de previsión, siempre que en esos predios, establecimientos, fábricas, locales o faenas laboren trabajadores por cuenta de] que los transfiere o da en arrendamiento.

12º Artículo 19, incisos 2º y 3º.

El Ejecutivo considera confuso y discriminatorio el que se se establezca una norma diferente, en lo que a la subsistencia de la responsabilidad solidaria se refiere, para quienes ejecutan o celebran actos de transferencia o arrendamiento y según que dichos actos consten en instrumentos públicos o privados. De allí que se sugiera definir con mayor precisión el criterio a aplicar, el cual podría ser resumido expresándose qué, cualquiera que sea la naturaleza del instrumento que dé cuenta de alguno de los actos jurídicos a que se refiere esta disposición, la responsabilidad solidaria de los intervinientes cesará si en él se inserta certificado del o de los institutos de previsión respectivos que acrediten que el que transfiere o da en arrendamiento se halla al día en el pago de las imposiciones. De otra parte, cabe considerar también que si las imposiciones se hallan al día, ninguna necesidad existe de establecer la solidaridad en materia de responsabilidad. Por estas consideraciones, se sugiere reemplazar los incisos 2? y 3? de este artículo, por los siguientes:

"No habrá lugar a la responsabilidad solidaria establecida en el inciso precedente cuando en el instrumento público o privado que se otorgue se inserte un certificado del o de los institutos de previsión respectivos que acredite que la persona que transfiere o da en arrendamiento se encuentra al día en el pago de las imposiciones y aportes legales. Los otorgantes del instrumento deberán expresar si en el predio rústico o fundo, establecimiento, fábrica, local o faena trabajan empleados u obreros".

"Tampoco habrá lugar a esta responsabilidad solidaria respecto del adquirente de bienes que componen el activo inmovilizado del establecimiento, fábrica, local o faena cuando la institución acreedora hubiese autorizado expresamente la enajenación. Esta autorización sólo podrá otorgarse cuando existan otros bienes suficientes para responder al pago del crédito".

"En todo caso, tratándose de los bienes señalados en el inciso precedente, la responsabilidad solidaria quedará limitada hasta concurrencia del valor de ellos."

13º Artículo 22.

El Ejecutivo estima que el plazo a que se refiere el inciso 1º de este artículo, para enterar en las instituciones de previsión las imposiciones y demás aportes legales, resulta demasiado exiguo para las que deben efectuarse en el Servicio de Seguro Social, en razón de las diversas modalidades aplicables en éste. Por tal razón considera que debe consagrase una excepción al respecto, a cuyo efecto se permite proponer que se agregue en el inciso primero de este artículo, a continuación de la palabra "remuneraciones" y del punto que la sigue, en punto seguido, la siguiente frase:

"Exceptúanse de lo dispuesto en este inciso las imposiciones que deban enterarse en el Servicio de Seguro Social, las cuales deberán efectuarse dentro del mes siguiente a aquel en que se practique el ajuste de los salarios".

14° Artículo 23.

En el privilegio contemplado en esta disposición, no se mencionan los reajustes de la deuda por imposiciones, a pesar de que éstos han que dado expresamente establecidos en el inciso final del artículo 22. Por tratarse de una omisión fácil de reparar, es que se sugiere que en este artículo, a continuación de la palabra "adeudadas" y de la coma (,) que la sigue, se intercalen las expresiones "sus reajustes" colocándose' coma (,) a continuación de ellas. '

15º Artículo 24, inciso 2º.

Establece el inciso 2º de esta disposición que los convenios sobre facilidades de pago de imposiciones no podrán otorgarlas por un plazo superior a un año, y que será estipulación esencial de ellos la de que el pago de las imposiciones adeudadas se haga en cuotas mensuales conjuntamente con las que se fueren devengando durante su vigencia.

Aún cuando dicho plazo parece ser razonable, el Ejecutivo estima que debe concebirse una norma más flexible para atender las situaciones francamente excepcionales que suelen producirse en la práctica. De allí que proponga agregar en el inciso 2º, a continuación del punto (.) colocado después de la palabra "vigencia", la siguiente frase:

"En casos excepcionales, calificados como tales por el ¡Consejo Directivo con el voto conforme de los 2/3 de los miembros en ejercicio, el plazo anterior podrá ampliarse hasta en un año más."

Cabe hacer presente que el aumento del plazo para cumplir los convenios no perjudica a los trabajadores, ya que el artículo 25 del proyecto salvaguardia su situación previsional, permitiéndoles gozar de todos sus derechos mientras esté vigente el convenio.

16º Artículo 24, inciso 4º.

La caducidad inmediata del convenio por la falta de pago de una de las letras de cambio aceptadas o por el simple retardo de las imposiciones mensuales devengadas durante la vigencia del convenio resulta ser una sanción demasiado drástica, ya que, en la forma en que está redactada la disposición, bastaría el atraso de un día para que el convenio quedara sin efecto. A fin de dar mayor flexibilidad a la disposición, se propone establecer un plazo de gracia para cumplir la obligación adeudada.

Estima, además, el Ejecutivo que así como se sanciona a quienes no dan cumplimiento a sus obligaciones previsionales, deben otorgarse algunos beneficios a aquellos que, mediante un esfuerzo, se ponen al día en el pago de las imposiciones. El tener que pagar las obligaciones derivadas del convenio junto con las imposiciones que se van devengando durante su vigencia importa, muchas veces, un sacrificio económico extraordinario. Por tal razón, y atendido que los institutos de previsión gozarán, en las condiciones señaladas en el artículo 22, del reajuste de sus créditos por imposiciones, es que se propone autorizar a los Consejos Directivos de las instituciones para condonar las sanciones y multas en que hubieren incurrido los deudores.

Propongo, en consecuencia, reemplazar el inciso 4º del artículo 24 por el siguiente:

"El no pago de cualquiera de las letras mensuales establecidas en el convenio o de las imposiciones mensuales que se devengaren durante su vigencia, por más de quince días contados desde la fecha en que unas u otras debieron ser canceladas, hará caducar el convenio y dará derecho al instituto de previsión respectivo para exigir ejecutivamente y de inmediato e] total de la obligación, la que se considerará de plazo vencido, sin perjuicio de las sanciones y multas que se podrán aplicar en tal caso. Si, al contrario, el deudor hubiese cumplido íntegra y oportunamente el convenio celebrado, el Consejo Directivo de la respectiva institución de previsión podrá condonarle las sanciones y multas en que hubiere incurrido".

17º Los Servicios, Oficinas o Departamentos de Bienestar que funcionan en las Reparticiones fiscales y en las entidades autónomas del Estado, establecidas en conformidad con el artículo 134 de la Ley Nº 11.764 (o en virtud de otras disposiciones especiales), presentan una serie de problemas derivados de una falta de definición de su estatuto jurídico e institucional.

Fundamentalmente, estos problemas atañen a la falta de personalidad jurídica de estos Servicios, cuyos patrimonios, diferentes de los que pertenecen propiamente al Fisco o a la respectiva entidad empleadora, se encuentran confundidos con éstos. Dicen relación, también, con la situación jurídica del personal que trabaja en los Servicios de Bienestar, que, como consecuencia de la falta de personalidad jurídica de los Servicios, se mantiene en completa incertidumbre en cuanto a su vínculo de dependencia. Y. finalmente, afectan a la administración general de estos Servicios, en cuanto se produce una superposición de autoridades que intervienen en ella: la de los Servicios, propiamente tal, formada por Consejos directivos, y la del Jefe de la respectiva Entidad autónoma o Repartición fiscal en que dichos Servicios funcionan. Todo ello ha contribuido a crear una aguda situación que se traduce ahora en que alrededor de quince Servicios de Bienestar no han presentado oportunamente sus presupuestos del ejercicio de 1969, no obstante que el ejercicio ha terminado y que se han efectuado pagos de toda naturaleza, incluidos los beneficios sociales.

A fin de dar solución a esta situación se proponen los siguientes artículos nuevos:

"Artículo A.- Dentro del plazo de 180 días contado desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial, el Presidente de la República dictará el Estatuto Orgánico por el que se habrán de regir los Servicios, Oficinas o Departamentos de Bienestar establecidos o que se establezcan en conformidad con el artículo 134 de la ley Nº 11.764 y sus modificaciones posteriores.

En uso de esta facultad, el Presidente de la República podrá fijar las normas institucionales relativas a su personalidad jurídica, su patrimonio, su administración, el estatuto del personal de su dependencia, el régimen de aportes del Estado o de sus Entidades autónomas en relación con las cotizaciones de sus asociados.

En todo caso, los Servicios, Oficinas o Departamentos de Bienestar a que se refiere el inciso anterior, estarán -fiscalizados por la Superintendencia de Seguridad Social. El examen y juzgamiento de las cuentas, de estos Servicios se hará por la Contraloría General de la República, respetando las normas que, de acuerdo con sus facultades legales, imparta la Superintendencia de Seguridad Social sobre materias técnicas, actuales, financieras, jurídicas y contables."

"Artículo B.- Concédese un plazo de ciento ochenta días, contado desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial, para que los Servicios, Oficinas o Departamentos de Bienestar que funcionan en las Reparticiones Fiscales y Entidades autónomas del Estado, presenten a la Superintendencia de Seguridad Social sus presupuestos de entradas y gastos correspondientes a los años 1968, 1969 y 1970.

Decláranse válidamente efectuados, los pagos que, por concepto de beneficios, hubieren hecho estos Servicios durante los años 1968 y 1969.

El Superintendente de Seguridad Social podrá autorizar en estos Servicios para efectuar sus gastos por duodécimos, en conformidad con el último presupuesto aprobado."

18.- Las Cajas de Compensación de Asignación Familiar se han visto en dificultades, a veces, para cobrar los créditos provenientes de las imposiciones adeudadas por los patrones debido a que, poniéndose en duda la calidad de institución de previsión que tienen, se ha estimado que esos créditos no estarían comprendidos dentro de los que enumera el artículo 664 del Código Civil.

Para obviar estos inconvenientes, se propone agregar el siguiente artículos nuevo:

"Artículo C.- Gozarán del privilegio establecido en el Nº 4 del artículo 2.472 del Código Civil, en la forma y condiciones señaladas por el artículo 664 del Código del Trabajo, los créditos de las Cajas de Compensación de Asignación Familiar en contra de los patrones afiliados a e ellas."

19.- No existe en la legislación actual ninguna disposición que establezca un plazo de prescripción especial para el derecho a cobrar las asignaciones familiares devengadas, lo cual ocasiona inconvenientes de orden administrativo a las instituciones de previsión al verse obligadas a mantener pendientes esos pagos por largos tiempo, siendo evidente que esas asignaciones no serán reclamadas después de transcurrido un lapso prudente.

Por tal razón se propone agregar el siguiente artículo nuevo:

"Artículo D.- Las acciones para cobrar las asignaciones familiares devengadas prescribirán en el plazo de dos años, contado desde la fecha en que devengaron."

20.- Los Fondos de Cesantía administrados por la Caja de Previsión de Empleados Particulares, después de pagados los subsidios de cesantía, arrojan excedentes importantes, que podrían emplearse provechosamente en impulsar una política ocupacional, mediante la reubicación de los empleados que han perdido sus empleos y la organización de cursos de adiestramiento que permitan a los empleados cesantes adquirir aptitudes para desempeñar otras actividades.

El Servicio Nacional del Empleo ha elaborado programas de gran interés sobre estas materias, los cuales no han podido desarrollarse en debida forma por falta de un financiamiento adecuado, que podría obtenerse mediante la destinación a esos fines de un porcentaje de los excedentes de los Fondos de Cesantía.

Se propone agregar, con este objeto, el siguiente artículo nuevo:

"Artículo E.- La Caja de Previsión de Empleados Particulares transferirá anualmente al Servicio Nacional del Empleo hasta el 50% de los excedentes que se produzcan, a contar desde el 1º de enero de 1970, en los Fondos de Cesantía a que se refieren las leyes números 7.295 y 15.722."

"Dicha suma será destinada al financiamiento de los programas que emprenda el Servicio Nacional del Empleo con el objeto de colocar a empleados particulares cesantes o para capacitarlos para obtener empleos." "El Servicio Nacional del Empleo rendirá cuenta a la Caja de -Previsión de Empleados Particulares de la inversión de las sumas traspasadas."

21.- El artículo 11 de la ley Nº 17.272 autorizó al Consejo Directivo de la Caja de Previsión de Empleados Particulares para efectuar un aporte extraordinario destinado a la construcción del Hospital del Empleado de Santiago, con cargo a los excedentes acumulados hasta el 31 de diciembre de 1969 en los Fondos indicados en el número precedente.

Estos excedentes permiten, además, efectuar otras inversiones; y, por tal razón, propongo agregar el siguiente artículo nuevo:

"Artículo F.- Facúltase al Consejo Directivo de la Caja de Previsión de Empleados Particulares para que, además de los fines a que se refiere el artículo 71 de la ley Nº 17.272, pueda destinar los excedentes a que dicha disposición se refiere a los siguientes objetivos: a) Al financiamiento de las obras de bienestar social indicadas en el artículo 101 de la ley Nº 16.735, modificado por los artículos 97 de la ley Nº 16.840 y 10 de la ley Nº 17.213; b) A la construcción de hospitales; c) A financiar los programas que emprenda el Servicio Nacional de Empleo con el objeto de colocar a empleados particulares cesantes o para capacitarlos con el fin de obtener empleo."

22.- Durante la discusión del proyecto de ley sobre reajuste de remuneraciones, se aprobó una indicación por la cual se autorizaba a la Caja de Previsión de Empleados Particulares y a otras instituciones del sector privado para conceder un reajuste extraordinario a las pensiones inferiores a dos sueldos vitales. Debido a que no existía en ese momento un estudio completo del costo que significaba ese reajuste, el Ejecutivo se vio en la necesidad de vetar la disposición que lo establecía y el Honorable Congreso Nacional aprobó el veto propuesto.

En atención a que los estudios practicados permiten concluir que la Caja de Previsión de Empleados Particulares estaría en situación de conceder ese reajuste, es posible autorizarlo, pero limitándolo únicamente a la institución nombrada.

Por consiguiente, propongo agregar el siguiente artículo nuevo: "Artículo G.- La Caja de Previsión de Empleados Particulares exclusivamente concederá, conjuntamente con el reajuste ordenado por el artículo 25 de la ley Nº 10.475 para 1970, un reajuste extraordinario, por una sola vez, de un 20% a las pensiones de hasta dos sueldos vitales y siempre que esas pensiones hubieren tenido un año de vigencia al 1º de enero de 1970.

"Las pensiones comprendidas entre dos sueldos vitales y dos sueldos vitales más el 20% deberán ser reajustadas a esta última cantidad."

"La Caja de Previsión de Empleados Particulares pagará este reajuste extraordinario hasta la concurrencia de sus disponibilidades."

23.- El artículo 101 de la ley Nº 16.735, modificado por el artículo 97 de la ley Nº 16.840, autorizó a la Caja de Previsión de Empleados Particulares para invertir, entre otros fines, en hospitales para empleados particulares el excedente producido en el Fondo de Asignación Familiar.

Con motivo del aporte hecho al Instituto del Tórax y Transplante para obtener atención a los empleados particulares, se ha suscitado la duda acerca de si las antes mencionadas disposiciones exigen que las inversiones se hagan en hospitales dedicados exclusivamente a empleados particulares; o si también pueden hacerse en hospitales en que se atienda a éstos, aunque no en forma exclusiva.

Una sana política hospitalaria indica la inconveniencia de afectar los establecimientos de esta naturaleza a la atención exclusiva de un cierto gremio o sector de trabajadores.

Por tal razón, es conveniente aclarar el alcance de la disposición legal, cuyo sentido por demás es manifiesto, mediante el siguiente nuevo artículo:

"Artículo H.- Declárase que la expresión "hospitales para empleados particulares" a que se refiere el artículo 101 de la ley Nº 16.735, modificado por el artículo 97 de la ley Nº 16.840, comprende a todos los hospitales que presten o puedan prestar atención a los empleados particulares activos o pasivos, aunque primitivamente hayan sido construidos para determinados servicios civiles o de las Fuerzas Armadas."

24.- La ley Nº 17.168, publicada en el Diario Oficial de 21 de agosto de 1969, concedió a los obreros gráficos imponentes del Departamento de Periodistas de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas el beneficio de la indemnización por años de servicios a que se refiere el artículo 41 de la ley Nº 10.621.

Sin embargo, esta ley no previó la posibilidad de que existieran regímenes convencionales más convenientes para los trabajadores que el instituido por la ley.

Para llenar este vacío se propone agregar el siguiente artículo nuevo:

"Artículo I.- No obstante lo dispuesto en el artículo único de la ley Nº 17.168, publicada en el Diario Oficial de 21 de agosto de 1969, los obreros gráficos que a la fecha de vigencia de esa ley gozaban de un régimen de indemnización por años de servicios establecido en virtud de convenio colectivo, acta de avenimiento o fallo arbitral, podrán optar por la mantención de su régimen convencional.

La opción a que se refiere el inciso anterior se ejercerá por acuerdo del respectivo sindicato adoptado por mayoría absoluta de sus miembros, en sesión especialmente convocada para este efecto, dentro de los noventa días siguientes a la publicación de esta ley en el Diario Oficial.

Se entenderá que optan por el régimen legal, los trabajadores que no ejercieren la facultad que establece esta ley."

25.- No obstante que la Sección Oficiales y Empleados de la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional es un organismo de previsión social para empleados particulares principalmente, existen grupos de empleados públicos que son imponentes de ella.

Estos empleados públicos gozaban y gozan del beneficio de desahucio establecido por el DFL. 338, de 1960, en sus artículo 102 y siguientes. Como es sabido, este desahucio se financia con una imposición del empleado del 6% de sus remuneraciones imponibles y que ingresa al Fondo de Seguro Social que es administrado por el Fisco.

El artículo 40 de la ley Nº 15.386 estableció el beneficio de desahucio para los imponentes de la Sección Oficiales y Empleados de la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional, financiado con una imposición del 1% de las remuneraciones y de cargo, por mitades, del empleador y del empleado. El Fondo respectivo es administrado por la Caja, que debe fijar el monto del beneficio con un sistema financiero de reparto.

De este modo, se produjo para los empleados públicos que imponen en esa Caja, una concurrencia de beneficios de igual naturaleza: un desahucio en cuanto a empleados públicos y otro en cuanto a imponentes de la Caja.

La Superintendencia de Seguridad Social dictaminó que, por no existir incompatibilidad legal, los interesados tenían derecho a ambos beneficios y que debía cotizarse a ambos Fondos.

En cambio, la Contraloría General de la República dictaminó que ambos beneficios eran incompatibles y que solamente correspondía el beneficio de desahucio fiscal establecido en el DFL. 338 e instruyó a la Empresa Portuaria de Chile para que no efectuara imposiciones al Fondo de Desahucio administrado por la Caja.

Así se ha creado una situación administrativa que es menester definir por la vía legislativa, aplicando los sanos principios de seguridad social y eliminando toda incertidumbre en cuanto a los derechos de los trabajadores afectados y excluyendo, al mismo tiempo, el cúmulo de beneficios por una misma causa.

Con este objeto, se propone agregar el siguiente artículo nuevo: "Artículo J.- Declárase que el desahucio establecido en el artículo 40 de la ley Nº 15.386, es incompatible con el desahucio fiscal a que se refieren los artículos 102 y siguientes del DFL. 338, de 1960, y que, por lo mismo, no tienen ni han tenido derecho a gozarlo los funcionarios que en virtud de disposiciones legales especiales están afectos a este último sistema."

26.- En atención a las nuevas disposiciones que se propone agregar al proyecto de ley; se hace necesario modificar el artículo 30 para fijar la fecha en que ellas comenzarán a regir, reemplazándolo por el siguiente: "Artículo 30.- Los artículos 1 al 29, inclusive, de la presente ley comenzarán a regir 90 días después de su publicación en el Diario Oficial."

27.- Para armonizar la disposición del artículo 2° transitorio con la modificación al artículo 30 propuesta en el número precedente, se hace necesario reemplazar el primero por el siguiente:

"Artículo 2º transitorio.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 26, las normas y sanciones establecidas en esta ley sólo serán aplicables a las ejecuciones judiciales que se inicien con posterioridad a la fecha en que comiencen a regir los artículos 1 al 29 inclusive."

28.- Debido a la expansión de sus matrículas y a la considerable extensión que han tenido sus diferentes actividades docentes y culturales, todo lo cual supone crecidas inversiones, las Universidades se han visto, en algunas ocasiones, en dificultades para poder pagar oportunamente las imposiciones a las Instituciones de Previsión a las cuales están afiliados sus personales.

En atención a esta situación, aún cuando las Universidades podrían acogerse a los convenios que esta ley contempla en su artículo 24, se ha estimado conveniente considerar especialmente su situación y otorgarles un plazo mayor para cancelar las deudas que reconocen por concepto de las imposiciones previsionales hasta el 31 de enero último.

En la disposición que se propone se contempla la situación de los institutos previsionales al disponerse el reajuste de las cantidades adeudadas de acuerdo con el porcentaje de aumento del índice de precios al consumidor.

Con este fin propongo agregar el siguiente artículo nuevo transitorio:

"Artículo 4º transitorio.- Dentro del plazo de 60 días, contado desde la fecha de la publicación de esta ley en el Diario Oficial, las Universidades podrán solicitar la consolidación de las sumas adeudadas, al 31 de enero de 1970, a las diferentes instituciones de previsión por imposiciones y aportes legales.

El total a que ascienda la consolidación se pagará en 60 cuotas mensuales iguales, a contar desde el día primero del mes siguiente a la expiración del plazo indicado en el inciso primero, con el interés del 3% anual, que se cancelará junto con cada cuota.

Cada una de las cuotas se reajustará en el mismo porcentaje en que hubiere aumentado el índice de precios al consumidor determinado por la Dirección de Estadística y Censos entre la fecha que expire el plazo fijado en el inciso primero y la del pago de cada cuota mensual. Este reajuste se sumará a cada cuota y se pagará conjuntamente con ella.

Se aplicará a los personales de las Universidades que soliciten la consolidación lo dispuesto por el artículo 25."

El retardo en el pago de una cuota, o de las imposiciones que se devenguen con posterioridad al 31 de enero de 1970, por más de 15 días, hará exigible la totalidad de la deuda y la respectiva institución de previsión podrá aplicar las multas, intereses y reajustes que procedan.

Condónanse las multas e intereses adeudados por las Universidades por concepto de imposiciones y aportes legales adeudados hasta el 31 de enero de 1970."

Dios guarde a V. E.

(Fdo.) : Eduardo Frei Montalva.- Ramón Valdivieso Delaunay, Ministro del Trabajo y Previsión Social, Subrogante.

2.- INFORME DE LA COMISION DE GOBIERNO RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS QUE AUTORIZA A LA MUNI. CIPALIDAD DE CONCEPCION PARA CONTRATAR EMPRESTITOS.

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Gobierno pasa a informaros el proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados que autoriza a la Municipalidad de Concepción para contratar empréstitos.

A las sesiones en que se consideró esta materia asistieron, además de los miembros de la Comisión, los Diputados señores Duberildo Jaque y Mariano Ruiz-Esquide.

Además, la Comisión escuchó al Alcalde y Regidores de la Municipalidad mencionada.

El proyecto en informe tiene por objeto modificar la ley Nº 15.398, a la que introdujeron diversas enmiendas las leyes Nºs. 15.731 y 17.056.

Las disposiciones citadas autorizaron a la Municipalidad de Concepción para contratar empréstitos hasta por la cantidad de siete millones de escudos con el fin de construir un gimnasio cerrado en esa ciudad, financiando dicho préstamo con el rendimiento de la tasa parcial del uno por mil de las contribuciones de bienes raíces destinada a este objeto.

El propósito de la iniciativa legal estudiada por la Comisión es ampliar tal autorización, con el fin de que puedan contratarse créditos hasta por diez millones de escudos, y destinar éstos a diversas obras de adelanto zonal, entre las que no sé consulta la construcción del referido gimnasio cubierto.

El Alcalde de la Municipalidad de Concepción manifestó que ésta había acordado, por unanimidad, solicitar al Congreso Nacional que realizara las enmiendas explicadas, en razón de que la comuna requiere con mucha urgencia la realización de obras indispensables para la población, como son, entre otras, la modernización del alumbrado público y de la red de alcantarillado y la reparación y ensanche de diversas calles.

El Honorable Senador señor Aguirre y el Diputado señor Jaque manifestaron que si bien es importante ejecutar las obras reseñadas por el señor Alcalde, no lo es menos encarar definitivamente la construcción de un gimnasio cerrado en Concepción.

Recordaron que el Poder Legislativo ha reconocido en tres oportunidades -al sancionar las leyes Nºs. 15.398, 15.731 y 17.056- la primera prioridad que tiene esta obra deportiva, por lo que consideraron inconveniente privarla ahora, corrió lo hace el proyecto, de todo financiamiento.

Hicieron presente que la ciudad de Concepción no dispone de ningún tipo de establecimiento para la práctica de deportes bajo techo, habiendo sido destruido por el sismo de 1960 el único gimnasio con que se contaba, perteneciente a un club deportivo de la localidad.

Agregaron que Concepción es una de las pocas capitales de provincia que no posee un recinto de esta naturaleza, lo que no se compadece con el extraordinario crecimiento demográfico que ha experimentado en los últimos años, provocado, principalmente, por el gran auge que han tenido sus actividades industriales, culturales, universitarias y comerciales, lo que ha colocado a la ciudad entre las tres más importantes de Chile.

Señalaron, por último, que las condiciones climáticas de la zona no permiten durante la mayor parte del año el desarrollo de actividades deportivas a la intemperie, por lo que es menester crear las condiciones adecuadas -representadas por el gimnasio cubierto- para incrementar y perfeccionar la cultura física de la juventud.

Vuestra Comisión, en virtud de lo anterior, prestó su aprobación en general al proyecto en informe, decidiendo, al mismo tiempo, otorgar un financiamiento adecuado para la construcción de un gimnasio cerrado en la ciudad de Concepción, según explicaremos más adelante.

Al iniciarse la discusión- en particular, el Honorable Senador señor Bulnes hizo presente que el procedimiento de modificar sucesivamente los textos legales -que es el que emplea la iniciativa en informe- no es el más aconsejable desde el punto de vista de la correcta técnica legislativa. Recalcó que de aprobarse el proyecto tal como viene formulado, sería necesario recurrir al estudio de las leyes Nºs. 15.398, 15.731, 17.056 y de la que originará esta iniciativa, para conocer el alcance del proyecto aprobado por la Honorable Cámara de Diputados.

Por la inconveniencia manifiesta que representa lo anterior, formuló indicación para sustituir el artículo único de éste por un conjunto de disposiciones que se refieran globalmente a la materia sobre la que se desea legislar, derogando las leyes citadas.

Vuestra Comisión, por unanimidad, acogió la indicación, aprobando un sistema de normas, contenidas en los artículos 1° a 8º, inclusive, que facultan a la Municipalidad de Concepción para contratar empréstitos hasta por diez millones de escudos, con el fin de realizar obras de adelanto comunal.

Dicha autorización es financiada con el uno por mil de la contribución territorial destinado a este objeto por la ley Nº 17.235, que fijó el texto definitivo y refundido de las normas relativas a este tributo.

Los artículos 1º a 8º en referencia disponen, además, que la Municipalidad respectiva podrá retener los mencionados recursos, en el caso de no contratarse los créditos o de contratarse parcialmente, para invertirlos directamente en los fines de la ley; y establecen, en general, las disposiciones usuales en este tipo de iniciativas.

En seguida, y también unánimemente, la Comisión aprobó una indicación de los Honorables Senadores señores Aguirre, Bulnes y Valente, que figura como artículo 9° del proyecto que os proponemos aprobar, que encomienda a la Corporación de Construcciones Deportivas, creada por la ley Nº 17.276, la construcción de un gimnasio cerrado en Concepción.

El precepto dispone que este establecimiento podrá ser edificado en los terrenos que adquirió para este efecto la Municipalidad de Concepción, la que deberá donarlos a la mencionada Corporación de Construcciones, o aportarlos a la sociedad que puede formar con ésta de conformidad con las disposiciones de la referida ley Nº 17.276.

La norma señala, por último, que la obra será financiada con la tasa parcial del trece por mil de exclusivo beneficio fiscal de la contribución territorial, para cuyo efecto dicha tasa se dividirá en un doce por mil de exclusivo beneficio fiscal y en un uno por mil para la construcción del mencionado gimnasio. Los recursos correspondientes deberán ser depositados en una cuenta especial a nombre de la Corporación de Construcciones Deportiva, contra la cual ésta podrá girar para realizar directamente la edificación del establecimiento deportivo, o para servir los préstamos que con tal objeto obtenga.

Al aprobar este financiamiento, vuestra Comisión tuvo presente que él se ha utilizado en favor de las comunas de Valparaíso y Viña del Mar, como consta de lo dispuesto en el artículo 20 de la ley Nº 17.235.

En virtud de lo expuesto precedentemente, vuestra Comisión de Gobierno tiene el honor de recomendaros que aprobéis el proyecto de ley en informe, con las siguientes modificaciones:

Artículo único.

Sustituirlo por los siguientes:

"Artículo 1º.- Autorízase a la Municipalidad de Concepción para contratar directamente con el Banco del Estado de Chile u otras instituciones bancarias o de crédito, uno o más empréstitos que produzcan hasta Eº 10.000.000,00, a un interés que no exceda del corriente banca-rio y con una amortización que extinga la deuda dentro de 10 años.

Facúltase al Banco del Estado de Chile y demás instituciones bancarias o de crédito para tomar el o los préstamos autorizados.

Artículo 2º.- El producto del o los empréstitos será invertido en los siguientes fines:

a) Modernización del alumbrado público en las ciudades de Concepción y Chiguayante;

b) Construcción y habilitación de Centros de Distribución al por menor;

c) Construcción y habilitación de canchas de entrenamientos y centros de recreación juveniles en diferentes barrios y unidades vecinales-

d) Construcción y habilitación de una Villa Deportiva en Chiguante.

e) Expropiaciones para ensanche y apertura de calles en la ciudad de Concepción, de acuerdo con su Plan Regulador;

f) Intalación de colectores de vertientes y aguas lluvias en Concepción y Chiguayante;

g) Instalación de colectores de aguas servidas en distintos barrios de Concepción y Chiguayante, y

h) Formación de un centro de recreación popular en Parque Hualpén.

Artículo 3º.- La Municipalidad determinará con el voto conforme de los dos tercios de los Regidores en ejercicio y en sesión especialmente citada al efecto, la prioridad y el monto de las inversiones indicadas en el artículo precedente.

Con los mismos requisitos, .la Corporación podrá modificar los acuerdos que adopte en virtud del inciso anterior.

Artículo 4º.- El o los préstamos a que se refiere el artículo lº serán servidos con los recursos que asigna a este objeto el artículo 16 de la ley Nº 17.235.

Si no se contrataren los referidos préstamos o si los recursos indicados en el inciso anterior excedieren de lo necesario para servirlos, dichos recursos o el sobrante de ellos, según el caso, serán destinados directamente por la Municipalidad a la realización de los fines señalados en el artículo 2º.

Artículo 5º.- El Tesorero Comunal de Concepción retendrá en una cuenta especial que abrirá para este objeto, los recursos a que se refiere el artículo anterior. Contra esta cuenta girará el propio Tesorero, de acuerdo con lo que se establece en el artículo séptimo, para servir los empréstitos que se contraten. Contra los fondos depositados en dicha cuenta, después de hecho ese servicio si procediere, podrá girar directamente la Municipalidad, con arreglo a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo precedente.

Artículo 6º.-Si los recursos a que se refiere el artículo 4º fueren insuficientes para el servicio de la deuda o no se obtuvieren en la oportunidad debida, la Municipalidad completará las sumas necesarias con sus rentas ordinarias.

Artículo 7º.-El pago de intereses y amortizaciones ordinarias y extraordinarias de la deuda se hará por intermedio de la Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Pública, para cuyo efecto la Tesorería Comunal de Concepción, por intermedio de la Tesorería General de la República, pondrá oportunamente a disposición de dicha Caja los fondos necesarios para cubrir esos pagos, sin necesidad de decreto del Alcalde.

Para este efecto, se depositará en la cuenta de depósito fiscal que corresponda, las cantidades necesarias para pagar los intereses y amortizaciones ordinarias y extraordinarias; y deberán figurar en el presupuesto anual de la Municipalidad, en la partida de ingresos extraordinarios, los recursos que produzca la contratación del o los empréstitos, y en la partida de egresos extraordinarios, las inversiones hechas en conformidad a esta ley.

La Caja de Amortización atenderá el pago de estos servicios de acuerdo con las normas por ella establecidas para el pago de la deuda interna.

Artículo 8º-Derógase la ley Nº 15.398, modificada por las leyes Nºs. 15.731 y 17.056.

En el caso de existir recursos originados por las disposiciones derogadas, ellos serán utilizados en los objetivos previstos en esta ley.

Artículo 9º.-En la comuna de Concepción la tasa parcial del impuesto territorial del trece por mil de exclusivo beneficio fiscal señalada en la letra a) del artículo 16 de la ley Nº 17.235, se dividirá en la siguiente forma: un doce por mil de exclusivo beneficio fiscal y un uno por mil de exclusivo beneficio de la Corporación de Construcciones Deportivas.

Dicha Corporación sólo podrá invertir el referido uno por mil en la construcción y habilitación de un gimnasio cubierto en la ciudad de Concepción.

El Tesorero Comunal de Concepción separará diariamente la parte del rendimiento de la contribución territorial que corresponda a la citada Corporación, debiendo ingresar las cantidades respectivas en una cuenta especial que abrirá a nombre de la mencionada Institución.

Sobre dicha cuenta podrá girar la Corporación de Construcciones Deportivas con el exclusivo objeto de servir los empréstitos que le hubieren sido concedidos para la construcción y habilitación del gimnasio señalado en el inciso segundo, o para la ejecución directa de esta obra en el caso de no haber obtenido dichos créditos o de existir excedente de recursos una vez Servidos éstos.

El gimnasio mencionado podrá ser construido en el terreno que proporcionará al efecto la Municipalidad de Concepción, la que deberá donarlo a la Corporación de Construcciones Deportivas o aportarlo a la sociedad que con ésta pueda formar.

Para este último efecto, se autoriza a la Municipalidad de Concepción para constituir dicha sociedad.".

Sala de la Comisión, a 24 de abril de 1970.

Acordado en sesiones celebradas el 3 de diciembre de 1969 y los días 31 de marzo, 7 de abril, 14 de abril y 21 de abril del año en curso, con asistencia de los Honorables Senadores señores Lorca (Presidente), Aguirre (Baltra), Bulnes, Montes (señora Campusano y señor Valente) y Pablo.

(Fdo.): José Luis Lagos López, Secretario.

3.- INFORME DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBIERNO Y DE HACIENDA, RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS QUE CREA EL COMITE PROGRAMADOR DE INVERSIONES DE IQUIQUE Y PISAGUA.

Honorable Senado:

Vuestras Comisiones de Gobierno y de Hacienda unidas, pasan a informaros acerca del proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados que crea el Comité Programador de Inversiones enunciado al rubro, calificado de suma urgencia en sesión de 21 del mes en curso.

A las sesiones en que se estudió esta iniciativa asistió, además de los miembros de vuestras Comisiones, el funcionario del Ministerio de Hacienda señor Fernando Ortega.

Al iniciarse la discusión general del proyecto, se escuchó a la directiva del Comando de Defensa de Iquique y Pisagua y al Alcalde la comuna de Iquique.

El propósito de la presente iniciativa es dar solución a la aflictiva situación económico social que afecta a los citados departamentos de la provincia de Tarapacá.

Antes de entrar al estudio propiamente tal del proyecto, estimamos útil reseñar sus principales antecedentes.

Causas fundamentales de los problemas que afectan a Iquique y Pisagua.

1.- La crisis del salitre.

A fines de 1959, la economía de estas zonas experimentó un fuerte detrimento con motivo de que su única fuente productora de importancia, el salitre natural, hizo crisis al paralizar sus labores todos los Centros que utilizaban el sistema "Shank". Esta circunstancia significó, en definitiva, que de las 120 oficinas instaladas en un comienzo en la región, y que le auguraban a ésta un promisorio futuro, sólo resta hoy la de "Victoria", cuya situación puede estimarse incierta.

2.- La crisis de la industria pesquera.

Para compensar las graves consecuencias derivadas de la merma de la producción salitrera, la Corporación de Fomento de la Producción puso en marcha -a partir de 1960-" un vasto plan de desarrollo pesquero, sobre la base de la instalación en Tarapacá y Antofagasta de una red de industrias destinadas a la elaboración de harina y aceite de pescado.

De esta manera se esperaba aminorar los daños producidos a la economía nacional por el fenómeno antes señalado y, fundamentalmente, acudir en ayuda de las provincias más damnificadas, encauzando hacia ellas las inversiones del sector privado.

Sin embargo, y por motivos que no es del caso señalar en esta oportunidad, a los cuatro años de funcionamiento de dicho programa industrial, la producción pesquera comenzó a declinar en forma progresiva. Es así como en la actualidad sólo quedan en funciones ocho de las veintitrés industrias instaladas originalmente, y es probable que aquéllas se reduzcan en breve a sólo seis.

Principales leyes y medidas dictadas para la provincia de Tarapacá.

Todas las iniciativas legales relativas a Iquique y Pisagua, se han planteado sobre la base del otorgamiento de franquicias aduaneras, las cuales, sin embargo, no han logrado obtener el resurgimiento económico previsto. Es dable suponer que la inoperancia demostrada por ese tipo de legislación se debe, en gran parte, al hecho de que no se aplicó conjuntamente con una adecuada política de inversiones destinada a incrementar las actividades industriales y comerciales de la zona.

En la actualidad, esa economía y las fuentes ocupacionales correspondientes continúan dependiendo de las escasas y precarias industrias existentes en la región, lo que ha llevado a ésta a una paulatina decadencia.

No obstante se encuentra en vigencia un plan ganadero -a largo plazo- impulsado por la Corporación de Fomento de la Producción, el que, como es obvio, aún no ha rendido sus esperados beneficios.

Los anotados intentos legislativos se han traducido en la práctica en fracasos y frustraciones para la comunidad regional y motivado el desplazamiento masivo de sus habitantes hacia otros puntos del país, en busca de mejores expectativas.

Ideas principales del proyecto en informe.

Para cumplir su cometido, la iniciativa de ley en estudio contiene dos aspectos bien definidos:

En primer término, crea el Comité Programador de Inversiones de Iquique y Pisagua, destinado a promover el desenvolvimiento de la economía regional y a proponer para esos departamentos la planificación de las actividades del sector público.

En segundo lugar, propone normas de carácter aduanero y tributario tendientes a conseguir un comercio regional estable y a crear expectativas de mercado para sus productos en el resto del territorio nacional.

A juicio del Ejecutivo, dicho organismo constituye un nuevo elemento en la técnica de la planificación y otorgamiento de recursos de carácter regional, al darle participación en él a los miembros de la comunidad en la programación de sus labores. Sobre este particular el Mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, en que se inició el presente proyecto de ley, expresa textualmente que dicho Comité Programador de Inversiones "concerta los criterios técnicos de desarrollo regional integrado por las necesidades de la comunidad, en la asignación de los recursos que el Estado invertirá en los departamentos de Iquique y Pisagua. Aún más, se otorga autonomía a la región en la decisión de la programación de aquellos fondos que el proyecto pone a disposición del Comité para que sean invertidos de conformidad al programa de desarrollo, operativo anual, elaborado por dicho organismo".

Juicio que la presente iniciativa merece a las autoridades y opinión pública de Iquique y Pisagua.

Al intervenir en vuestra Comisiones unidas, los miembros de la directiva del Comando de Defensa de Iquique y Pisagua y el Alcalde de Iquique coincidieron en la urgencia de despachar esta iniciativa, a la brevedad posible. A su juicio, las normas en él contenidas permitirán el vital despegue económico que requiere la región. Expresaron que la intervención de un organismo regional que planifique las inversiones de los sectores público y. privado, hará posible llevar a cabo una serie de obras públicas que, junto con crear fuentes de trabajo constituidas por industrias estables, contribuirán a lograr que Iquique se transforme en una ciudad internacional, de acuerdo a sus características geográficas.

En este sentido, cabe destacar que dicha ciudad se encuentra a 350 kilómetros del Perú, a 450 kilómetros de Bolivia, a 780 kilómetros de Argentina y que, en cambio, dista más de 2.000 kilómetros de Santiago. No obstante, parece obvio que para obtener la meta antes señalada, es necesario de que aquélla cuente con vías adecuadas de comunicación. Según los personeros antes nombrados, ello debe constituir la preocupación predominante del Comité Prcgramador de Inversiones propuesto. En este sentido, hicieron presente la prioridad que debe concederse a acelerar la construcción de un camino a Bolivia; a terminar la vía caminera a Tocopilla, que permitirá el acceso a la República Argentina por el paso de Huaitiquina; a construir el aeropuerto de Chucumata, y las correspondientes obras de infraestructura hotelera y turística en general. De este modo, puede suponerse, se obtendrá la necesaria rectificación de la política económica regional, dirigida, hasta ahora, exclusivamente hacia las actividades extractivas, y en la que se ha prescindido de los aspectos manufactureros y turísticos. Sobre este último punto, es importante dejar claramente establecida la necesidad de incentivar las construcciones que permitan el desenvolvimiento de esta importante fuente de ingresos y de divisas, respecto de la cual la región presenta magníficas condiciones naturales.

Los Honorables Senadores señores Valente y Silva Ulloa pidieron dejar constancia de que compartían el deseo manifestado por los representantes del Comando de Defensa de Iquique y Pisagua, en el sentido de despachar lo antes posible la presente iniciativa de ley. Sin embargo, hicieron presente la necesidad de introducir a ésta algunas modificaciones para perfeccionarla y hacer realmente operante la finalidad de fomentar la economía de esas regiones.

Con tal objeto, los Honorables Senadores nombrados formularon diversas indicaciones, que analizaremos en su oportunidad.

Vuestras Comisiones estimaron dignas de la mayor atención las finalidades perseguidas por el proyecto en estudio. En consecuencia, y por unanimidad, acordaron aprobarlo en general.

A continuación, explicaremos los acuerdos adoptados por vuestras Comisiones respecto del articulado del proyecto y de las indicaciones formuladas durante su discusión.

El artículo 1º crea el Comité programador de Inversiones de Iquique y Pisagua, el que deberá promover el desarrollo económico de los departamentos indicados y proponer al Gobierno las tareas que al respecto deberá cumplir el Sector Público en la zona.

Luego de enumerar, por la vía del ejemplo, las atribuciones y deberes que a dicho Organismo corresponden para el logro de su objetivo, la norma dispone que aquél ejercerá sus funciones independientemente del Instituto Corfo del Norte, sin perjuicio de que ambos actúen coordinadamente.

Sin debate, y fundados en las razones que expusimos al referirnos a la discusión general de la iniciativa de ley, los miembros de vuestras Comisiones aprobaron unánimemente el precepto.

El artículo 2º señala que el Comité estará integrado por el Intendente de la provincia de Tarapacá, que lo presidirá; los Alcaldes de las Municipalidades de los departamentos indicados; el Jefe del Departamento de la Corporación de Fomento de la Producción de Tarapacá; un representante de la Comisión Coordinadora para la Zona Norte; uno de la Oficina de Planificación Nacional; uno del Banco Central de Chile; uno de la Central Unica de Trabajadores y uno de las Juntas de Vecinos de cada departamento. Por últimd, estatuye que también formará parte del Comité un representante de las actividades comerciales, industriales y mineras de los departamentos referidos.

A indicación del Honorable Senador señor Valente, vuestras Comisiones acordaron elevar a dos el número de representantes de las actividades recién mencionadas, para separar la representación de los comerciantes de la de los industriales y mineros, aumentando, consecuen-cialmente, la representación de estos sectores.

Además, se dejó expresa constancia de que pasarán a integrar automáticamente este Comité, junto con los Alcaldes de los departamentos de Iquique y Pisagua, los de las futuras Municipalidades que, eventual-mente, se creen en lo futuro en esas zonas.

Luego de introducir al artículo algunas enmiendas de forma, él fue aprobado unánimemente.

El artículo 3° establece que la Oficina Regional de Planificación de la I Región, Tarapacá, será la Secretaría Técnica del Comité.

Por unanimidad y sin debate, vuestras Comisiones aceptaron también esta norma.

El artículo 4º dispone que la ciudad de Iquique será la sede del Comité y que, para la instalación y funcionamiento de éste, el Presidente de la República dictará las normas necesarias.

Vuestras Comisiones perfeccionaron la redacción de este precepto y consignaron que el Reglamento debe consultar normas acerca de la subrogación del Presidente del Comité y del quórum y forma con que éste debe adoptar sus acuerdos.

Los artículos 5º y 6º señalan que antes del 1° de julio de cada año, el Comité deberá someter un programa sectorializado anual de inversiones a la consideración del Presidente de la República, quien lo aprobará -con las modificaciones que estime pertinentes- por medio de un decreto que deberá dictar antes del 31 de enero de cada año.

Unánimemente y sin debate, vuestras Comisiones aprobaron ambas normas.

Los artículos 7º y 8º disponen que la Ley de Presupuestos de la Nación deberá consultar un ítem especial, en el Presupuesto de Capital del Ministerio de Hacienda, que contendrá los fondos para el cumplimiento del proyecto en informe. Estos recursos serán puestos, por decreto supremo, a disposición de los diversos Ministerios y Servicios del Estado, con el objeto de ejecutar las obras indicadas en el programa de inversiones.

Vuestras Comisiones introdujeron al artículo 8º las enmiendas necesarias para que sus disposiciones empiecen a regir desde el año siguiente a aquél en que sea publicada esta ley, salvando de este modo el vicio de inconstitucionalidad que podría haber constituido la falta de fi-financiamiento de la ley para el año en curso.

El artículo 9º establece que el referido ítem que se crea en el artículo anterior contendrá los siguientes recursos:

a) Una asignación de veinte millones de escudos para 1970, la que en los años siguientes se incrementará hasta igualar el 20% de los ingresos aduaneros percibidos en los departamentos de Iquique y Pisagua en el año anterior, excluidos los que corresponden a las Municipalidades y a la Policía Aduanera. Se agrega que, en ningún caso, la cantidad que contenga el ítem por este concepto podrá ser inferior a los mencionados veinte millones de escudos, reajustados según la variación que experimente el índice de precios al consumidor durante el año precedente;

b) Los que provengan del impuesto a las compraventas y servicios por las transacciones que se efectúen en los establecimientos de turismo, esparcimiento y recreación que desarrollen actividades en los departamentos mencionados. Dichos fondos incrementarán el ítem el año siguiente de su recaudación, y

Los originados por las recuperaciones de los empréstitos que se otorguen con fondos del ítem en referencia.

Vuestras Comisiones resolvieron eliminar de los recursos a que se refiere la letra a), los destinados al año 1970, por carecer éstos de financiamiento. En cambio, y a indicación del Honorable Senador señor Silva Ulloa, aprobaron una nueva disposición transitoria que faculta al Presidente de la República para efectuar los traspasos de ítem de la ley Nº 17.271, que se requieran a fin de destinar una asignación de hasta veinte millones de escudos -sujeta a las mismas reducciones establecidas en el primitivo artículo transitorio- para financiar los objetivos de la ley en el año en curso.

Con la sola enmienda señalada, las Comisiones aprobaron unánimemente este artículo 9º.

El artículo 10, en su inciso primero, establece que los excedentes de fondos que no se inviertan al terminar el año presupuestario no pasarán a rentas generales de la Nación, sino que se traspasarán a una cuenta especial de depósito.

El inciso segundo, prescribe que los distintos Servicios podrán imputar al ya citado ítem que se crea en el artículo 8º, todos los gastos que demande la ejecución de obras financiadas con los fondos de la ley.

El Honorable Senador señor Valente manifestó que en virtud del inciso segundo recién comentado podían tornarse ilusorios los beneficios de esta ley para los departamentos de Iquique y Pisagua, ya que las obras ordinarias de progreso zonal actualmente financiadas -y que deberían seguir siéndolo- con cargo a los presupuestos de los diferentes Servicios y Ministerios, podrán imputarse en el futuro al ítem que el proyecto crea para atender los programas específicos que se formulen de acuerdo al mecanismo de la iniciativa en informe. Agregó que, por otra parte, le parecía conveniente limitar la cuantía de los recursos que se empleen en estudio de proyectos.

De conformidad con lo anterior, y a indicación de los Honorables Senadores señores Silva y Valente, vuestras Comisiones sustituyeron el referido inciso segundo por otro que precisa que sólo podrán imputarse al citado ítem los gastos que demande el estudio y ejecución de las obras indicadas en el programa anual aprobado en conformidad con el artículo 6º del proyecto. Además, se agrega que los gastos de estudio no podrán exceder del 10% de los ingresos anuales con que cuente el Comité.

El artículo 11 agrega dos incisos al artículo 2º de la ley Nº 12.937. Esta última disposición autoriza la libre importación en los departamentos de Iquique y Pisagua de una serie de elementos destinados, directa y exclusivamente, a la instalación, explotación, mantención, renovación y ampliación de industrias extractivas, manufactureras o de cualquiera naturaleza, comprendiéndose en ella la agricultura, la minería y la pesca.

Por medio de los incisos que se agregan, se autoriza a los comerciantes instalados o que se instalen en los mencionados departamentos para importar dichos elementos con las franquicias establecidas en la ley Nº 12.937, siempre que éstos estén destinados a las personas dedicadas a alguna de las actividades favorecidas con las exenciones que la citada ley otorga. El cumplimiento de este último requisito se deja bajo el control del Servicio de Aduanas.

El funcionario del Ministerio de Hacienda, señor Fernando Ortega, explicó que este artículo confiere respaldo legal a las órdenes administrativas que el Servicio de Aduanas ha impartido al respecto, en virtud de las cuales se estaba aplicando en la práctica el procedimiento señalado en los incisos que se agregan.

En esta forma, los comerciantes han podido importar, con las franquicias señaladas, mercaderías que posteriormente serán vendidas exclusivamente a los industriales, agricultores, mineros, transportistas y demás personas favorecidas por la ley Nº 12.937, otorgando previamente el Servicio de Aduanas la liberación correspondiente por tratarse de mercancías que en su destino final se encuadrarán al uso y consumo previstos por la ley como requisitos del tratamiento aduanero especial. Finalmente, anotó que este sistema permite mantener en plaza un stock de mercaderías que a las personas beneficiadas por el citado cuerpo legal les sería muy difícil de mantener, en virtud del recargo de costos que constituiría.

El Honorable Senador señor Valente formuló indicación para extender el sistema descrito a la importación de repuestos destinados a los vehículos de alquiler. Al respecto, hizo presente que existían franquicias relativas a la internación de taxis, pero no para los repuestos destinados a ellos, lo que origina serios problemas a esta actividad.

Vuestras Comisiones, unánimemente, aprobaron el precepto con la modificación propuesta.

El artículo 12 adiciona el artículo 18 de la ley Nº 16.528, con el objeto de favorecer a los industriales establecidos en los departamentos de Iquique y Pisagua con las siguientes franquicias, otorgadas por dicha norma a los industriales o comerciantes del departamento de Arica y de las provincias de Chiloé, Aisén y Magallanes:

a) La exención de los impuestos establecidos en el Título I de la ley N° 12.120 (tributo sobre la transferencia de bienes), con excepción de los correspondientes a bebidas alcohólicas, respecto de la compra de productos nacionales que efectúen en el resto del país, y

b) Exención de dicho impuesto respecto de las transferencias que realicen los industriales entre sí, siempre que los bienes objeto de ellas sean producidos por el tradente.

Vuestras Comisiones, por unanimidad, aprobaron igualmente esta norma.

El artículo 13, que ha pasado a ser 14, en su inciso primero autoriza la libre importación y libera de los derechos y demás gravámenes que se perciben por las Aduanas, a los materiales de construcción, excepto el fierro y la madera, que se utilicen en la construcción de establecimientos dedicados al turismo, en los departamentos de Iquique y Pisagua. Además, el precepto condiciona dichos beneficios a la opinión favorable del representante de la Corporación de Fomento de la Producción en el Comité de Programación, y al hecho de que no existan en el país, en calidad adecuada y cantidad suficiente, los elementos importados.

El Honorable Senador señor Valente manifestó que estas últimas condiciones determinan la inoperancia, en la práctica, del artículo, por lo que se mostró partidario de suprimirlas.

El Honorable Senador señor Carmona hizo presente que la limitación consistente en no existir en el país los materiales cuya importación se pretende, constituía una necesaria norma de protección a la fábrica de cemento que próximamente entrará en funciones en la región.

El representante del Ministerio de Hacienda acotó, además, que dicha disposición resguarda a toda la industria nacional.

El Honorable Senador señor Valente respondió que la industria del país está suficientemente protegida por el control que ejerce sobre el comercio exterior el Banco Central de Chile, por lo que no se requería para este efecto la norma comentada. Reconoció, sin embargo, que es indispensable velar por la fábrica regional de cemento, y coincidió con el Honorable Senador señor Carmona en la necesidad de exceptuar a este producto de las franquicias que concede el artículo en referencia. Respecto de estas últimas, destacó la necesidad de extenderlas a los materiales destinados a la construcción de viviendas, para resolver el agudo problema habitacional de la región.

A juicio del Honorable Senador señor Olguín, es indispensable, también, conceder dichas liberaciones y exenciones a los elementos que se utilicen en la construcción de centros asistenciales y hospitalarios. De esta manera se facilitará la creación y reparación de éstos, y se atenderá una necesidad fundamental de la población.

Puestas en votación las indicaciones de los Honorables Senadores señores Olguín y Valente, fueron aprobadas con el solo voto en contra del

Honorable Senador señor Carmona.

En seguida, vuestras Comisiones por unanimidad acordaron agregar un inciso nuevo que establece que las franquicias descritas no se extenderán al cemento, desde el momento en que entre a funcionar la fábrica de este elemento que se instale en la provincia de Antofagasta.

El inciso segundo de este artículo 13 prescribe que de las franquicias dispuestas por el inciso anterior gozarán también los productos destinados a equipar y alhajar los establecimientos favorecidos con dichos beneficios.

Vuestras Comisiones aceptaron la norma, introduciéndole las correcciones necesarias para concordarla con lo aprobado respecto del inciso precedente, pero excluyendo dé aquélla a las viviendas.

Los incisos tercero y cuarto disponen que las señaladas franquicias, que regirán por un período de diez años, se concederán previo informe favorable del Consejo Regional de Turismo de Tarapacá.

Vuestras Comisiones aprobaron, asimismo, estos incisos, limitando el requisito del informe favorable previo a las exenciones relativas a establecimientos dedicados al turismo.

El artículo 14 tiene por objeto extender a la industria hotelera de Iquique y Pisagua las franquicias relativas a la ley de la renta que otorga el artículo 11 de la ley 12.937, modificado por el artículo 4º de la ley 16.894.

Por unanimidad, vuestras Comisiones aceptaron este precepto.

El artículo 15 modifica la letra c) del artículo 20 de la ley 13.039, estableciendo el derecho ad-valorem que deberán pagar las mercaderías allí mencionadas.

El inciso segundo del artículo 20 citado dispone que las mercaderías fabricadas, elaboradas, semielaboradas, manufacturadas o armadas con materia prima o partes de origen extranjero por industrias instaladas en zonas de tratamiento aduanero especial, podrán internarse al resto del país pagando los siguientes porcentajes de los derechos e impuestos que gravan la materia prima y materiales extranjeros empleados en su producción: a) el 50%, cuando se trate de mercaderías de importación permitida que no se produzcan en el resto del país; b) el 75%, cuando se trate de mercaderías de importación prohibida que no se produzcan en cantidad suficiente en el resto del país para el normal abastecimiento de éste, y c) el 75% cuando se trate de mercaderías de importación permitida que, al igual que en el caso anterior, no se produzcan en cantidad suficiente para satisfacer las necesidades de la Nación.

El señor Fernando Ortega manifestó que el decreto Nº 12, de Hacienda, dictado en 1967, estableció respecto de las situaciones consultadas en las letras a) y b), el pago de derechos ad-valorem inferiores a los guarismos en ellas indicados, manteniendo éstos sólo en relación con los derechos específicos. Posteriormente, la ley Nº 17.073, de 31 de diciembre de 1968, agregó la letra c), omitiendo distinguir entre derechos ad-valorem y derechos específicos. De tal modo, las mercaderías que en ella se señalan deben pagar al ser internadas el 75%, tanto de los derechos específicos como de los derechos ad-valorem. La disposición en estudio salva esta anomalía equiparando la situación de las letras c) y b) al rebajar los derechos ad-valorem de las mercaderías indicadas en aquélla a un 4, 25 y 50%, según dichas mercaderías sean de primera necesidad, esenciales o suntuarias.

El Honorable Senador señor Valente expresó que la norma en referencia aumentaba, en vez de rebajar, los derechos e impuestos que afectan a los artículos mencionados, ya que grava a toda la mercadería y no sólo a la parte de materia prima y materiales extranjeros empleados en su producción, que es lo que establece el texto legal vigente que se pretende modificar. Por tal motivo, señaló que el artículo debía ser rechazado.

El señor Fernando Ortega reconoció que la redacción del precepto era inadecuada, y que podría ser interpretada como lo señaló el Honorable Senador señor Valente.

Por las razones expresadas, vuestras Comisiones, por unanimidad, rechazaron el artículo.

El artículo 16 agrega al artículo 5º del D.F.L. Nº 6, de 1969, que creó la Zona Franca en los departamentos de Iquique y Pisagua, un inciso en virtud del cual se autoriza el ingreso a los recintos y almacenes de la Zona de maquinarias para atender los servicios que en dichos recintos se efectúen.

El personero del Ministerio de Hacienda hizo presente que se trataba de salvar una omisión del citado decreto con fuerza de ley, para posibilitar el ingreso a la mencionada Zona Franca de mercancías indispensables para su adecuado funcionamiento, tales como grúas y horquillas.'

Unánimemente, vuestras Comisiones aprobaron esta norma.

El artículo 17 modifica el artículo 6º del D.F.L. Nº 6, de 1969.

Dicha norma eximió del impuesto a las compraventas a las transferencias de bienes corporales muebles ingresados en la Zona Franca, que se efectúen en el interior de ella.

El artículo propuesto hace extensiva la referida exención a la transferencia de los productos obtenidos en dicha Zona con los artículos extranjeros ingresados en ella.

Vuestras Comisiones, por unanimidad, aprobaron el precepto.

También, unánimemente, se aprobó el artículo 18, que ha pasado a ser 19, en virtud del cual se amplía hasta el 31 de diciembre de 1971 el plazo otorgado por el artículo 10 de la ley Nº 16.894.

Este precepto legal establece que las personas naturales o jurídicas que se hayan acogido a los beneficios de la ley Nº 12.937 -que transformó en zonas de tratamiento aduanero especial a los departamentos de Iquique, Pisagua, Taltal y Chañaral- y que instalen su industria antes de la fecha indicada, gozarán de los derechos y franquicias concedidos por la citada ley, durante diez años.

El artículo transitorio dispone que la suma asignada en el artículo 9? para el financiamiento de la ley durante 1970, se reducirá en tantos duodécimos como meses del año en curso hubieren transcurrido antes de la presentación al Congreso Nacional del proyecto en informe.

Como dijimos al explicar el mencionado artículo 9º de la presente iniciativa de ley, y en concordancia con las modificaciones que a éste introdujeron vuestras Comisiones, se sustituyó -a indicación del Honorable Senador señor Silva- este artículo transitorio por otro, que faculta al Presidente de la República para crear un ítem que destine hasta veinte millones de escudos para cumplir las finalidades de la ley durante 1970, autorizándolo para realizar los traspasos de ítem necesarios.

A continuación, vuestras Comisiones estudiaron las siguientes indicaciones, destinadas a agregar artículos nuevos:

1) Del Honorable Senador señor Olguín, a fin de permitir a los comerciantes de Iquique y Pisagua importar, libres de gravamen, las mercancías a que se refiere el inciso primero del artículo 2º del D.F.L. Nº 5, de 1969. Esta disposición se refiere a los elementos extranjeros destinados exclusivamente a la producción de la industria artesanal.

La indicación condiciona e! beneficio que concede a que los artículos importados sean vendidos a las personas favorecidas por el citado decreto con fuerza de ley, y entrega la fiscalización de esta materia al Servicio de Aduanas.

El Honorable Senador señor Olguín hizo presente que esta norma tenía el mismo objetivo perseguido por el artículo 11, aprobado por las Comisiones, y que eran valederas para aceptar la disposición las mismas razones que se tuvieron en cuenta respecto de aquél.

Vuestras Comisiones, por unanimidad, aprobaron el artículo, signado con el número 12.

2) Del Honorable Senador señor Carmona, con el objeto de precisar que las mercaderías que podrán internarse en la Zona Franca de Iquique y Pisagua son todas las señaladas en el artículo 2º de la ley Nº 12.937.

El autor de la indicación explicó que la norma propuesta corregía un error en que se incurrió al redactar el artículo 3º del D.F.L. Nº 6, de 1969, que creó dicha zona franca. En efecto, el artículo citado dispone que se podrán introducir en la Zona todas las mercaderías extranjeras que se indican en el artículo 2° de la ley Nº 12.937. las que enumera.

Sin embargo, se omitió en esta enumeración a los bienes señalados en los incisos tercero y cuarto de dicho artículo 2º, esto es, a las embarcaciones, aparejos, motores fuera de borda, implementos y materiales que se destinen al deporte náutico, acuático o submarino y a los aviones bimotores. Tal omisión es salvada por la norma propuesta.

Vuestras Comisiones, unánimemente, aprobaron el artículo, que lleva el número 18.

3) También por unanimidad, vuestras Comisiones aprobaron un artículo propuesto por los Honorables Senadores señores Carmona, Noemi,

Olguín y Silva, que lleva el número 20 en el proyecto.

La disposición sustituye el artículo 4º de la ley Nº 12.858, asignando el siguiente destino a las prestaciones que pague la importación de mantequilla, a las que se refiere el artículo reemplazado: un 20% como aporte a la Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios, para un plan de construcción de policlínicas periféricas y de reparación y ampliación de hospitales en los departamentos de Iquique y Pisagua y en las provincias de Antofagasta y Atacama, y el 80,% restante para un programa de reparación y construcción de caminos que digan relación con los departamentos y provincias señalados.

Además, se establece que las inversiones referentes a Iquique y Pisagua serán realizadas por el Comité Programador y las relativas a Antofagasta y Atacama por el Instituto CORFO del Norte. Por último, señala que el reglamento determinará la forma de distribuir los recursos entre las diversas zonas.

4) Del Honorable Senador señor Carmona para modificar el artículo 229 de la Ordenanza de Aduanas en el sentido de incluir a la Administración de Aduana de Iquique entre los Tribunales que conocen en primera instancia de los delitos de contrabando y fraude.

El mismo señor Senador expresó que la creación de la Zona Franca de Iquique y las mayores franquicias otorgadas a la actividad industrial y a la producción artesanal en los departamentos de Iquique y Pisagua, redundarán en un incremento del tráfico de mercancías extranjeras, lo que sin duda se traducirá en el aumento de la labor de los Tribunales Aduaneros.

En la actualidad, los delitos de contrabando y fraude perpetrados en Iquique y Pisagua son conocidos por la Administración de Aduana de Arica. Ello resta agilidad a la tramitación de los juicios correspondientes y obliga a las partes a trasladarse a esta ciudad a seguir las causas. Esto se evitará al otorgarle competencia a la Administración de Aduanas de Iquique.

Por unanimidad, vuestras Comisiones aprobaron la indicación, que figura como artículo 21.

5) De los Honorables Senadores señores Carmona y Olguín, que dispone que la importación de chasis para camiones de más de 1.500 kilos destinados a los departamentos de Arica, Iquique y/o Pisagua, estará exenta de la obligación de efectuar la cobertura del equivalente en moneda nacional al valor CIF o FOB de la operación, siempre que el importador deposite en el Banco Central de Chile una garantía no superior al 10¡% del valor CIF del correspondiente chasis.

Por unanimidad y sin debate, vuestras Comisiones aprobaron el precepto, signándolo como artículo 22.

6) De los Honorables Senadores señores Silva y Valente, para agregar dos artículos nuevos:

El primero impone al Instituto CORFO del Norte la obligación de destinar hasta un millón de escudos para préstamos no reajustables a los agricultores del Valle de Pica y Matilla, con el objeto de adquirir los elementos necesarios para combatir las plagas que afectan a la agricultura y fruticultura de la región.

El segundo exime, por cinco años, a los inmuebles de Pica, Matilla y Huatacondo del pago de las contribuciones de bienes raíces y condona las deudas que por este concepto tengan pendientes los contribuyentes de las localidades indicadas.

Por unanimidad, vuestras Comisiones aprobaron la primera de estas disposiciones, y con el solo voto en contra del Honorable Senador señor Carmona aceptaron también la segunda. Estas normas figuran como artículos 23 y 24, respectivamente.

7) Del Honorable Senador señor Silva, para agregar un artículo nuevo transitorio que establece que el programa de inversiones para 1971 deberá someterse, dentro de los 120 días siguientes a la publicación de la ley, a la consideración del Presidente de la República, quien deberá dictar el decreto aprobatorio antes del 31 de enero de 1971.

En virtud de esta norma, se deja sin aplicación -respecto del año referido- lo dispuesto en el artículo 5º del proyecto en informe, que prescribe que el Comité deberá presentar anualmente dicho programa al Presidente de la República, antes del 1° de julio de cada año.

Unánimemente, vuestras Comisiones aprobaron el precepto, que figura como artículo 2° transitorio.

8) De los Honorables Senadores señores Silva y Valente, para permitir la libre internación en alguna de las zonas de tratamiento aduanero especial existentes en el país, de las mercancías que en otra de dichas zonas se hayan fabricado con materia prima, elementos, piezas o partes extranjeros.

El Honorable Senador señor Carmona hizo presente que la norma determinaría el desplazamiento de la actividad industrial hacia Arica, por tener ésta condiciones más favorables que las otras zonas de tratamiento aduanero especial. De ahí que, a su entender, la indicación podría significar un serio daño para los departamentos de Iquique y Pisagua.

El Honorable Senador señor Valente manifestó que, a su juicio, tal inconveniente no existía, ya que mejores condiciones que Arica -cuyas franquicias expirarán en 1973- presentan Iquique y Pisagua, que estarán favorecidos con un tratamiento especial hasta 1980. Señaló, además, que la indicación tiende a que la provincia de Tarapacá sea considerada como una unidad geográfica.

Por cuatro votos contra dos, vuestras Comisiones rechazaron la iniciativa. Votaron por la negativa los Honorables Senadores señores Car-mona, Olguín, miembro de ambas Comisiones, y Papic; y por la afirmativa lo hicieron los Honorables Senadores Silva y Valente.

9) Por último, el Presidente de vuestras Comisiones declaró inadmisible, por ser ajena a la idea matriz del proyecto, una indicación del Honorable Senador señor Valente para ampliar a los transportistas del departamento de Arica los beneficios concedidos por el artículo 2° de la ley Nº 12.937.

En mérito de lo expuesto, vuestras Comisiones Unidas de Gobierno y Hacienda tienen el honor de proponeros la aprobación del proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados, con las siguientes modificaciones:

Artículo 2º.

Nº 1.

Intercalar, a continuación de la palabra "provincia", las siguientes: "de Tarapacá".

Nº 6.

Agregar a continuación de las palabras "Banco Central", las siguientes: "de Chile, con domicilio en Iquique".

Nº 7.

Intercalar, a continuación de las palabras "actividades comerciales", suprimiendo la coma que sigue a esta última, la siguiente frase: "y otro de las actividades".

Artículo 4º.

Sustituirlo por el siguiente:

"Artículo 4º.- La sede del Comité será la ciudad de Iquique.

El Presidente de la República dictará las normas necesarias respecto de la subrogación del Presidente del Comité, del quórum con que éste adoptará sus acuerdos y de las medidas que se requieran para su instalación y correcto funcionamiento.".

Artículo 8º

Reemplazar su encabezamiento, por el siguiente:

"Artículo 8º.- A contar del año siguiente al de la vigencia de esta ley, la Ley de Presupuestos de Entradas y Gastos de la Nación, deberá consultar".

Artículo 9º

Reemplazar, en su inciso primero, la frase "8º" de la presente ley," por la palabra "precedente"; suprimir las palabras "para 1970" y susti tuir la frase "En los años siguientes, esta asignación" por las palabras "la que", reemplazando el punto seguido (.) con que se inicia por una coma (,). Agregar a continuación de las palabras "precios al consumidor" las siguientes "en el año precedente".

Artículo 10

Sustituir su inciso segundo por el siguiente:

"Los distintos Servicios podrán imputar al ítem señalado en el artículo 8º los gastos que demande el estudio y ejecución de las obras indicadas en el programa anual aprobado en conformidad a lo dispuesto en el artículo 6º de esta ley. En ningún caso, los gastos de estudio podrán exceder del 10% de los ingresos anuales con que cuenta el Comité Programador de Inversiones de Iquique y Pisagua.".

Artículo 11

Sustituir su encabezamiento, por el siguiente:

"Artículo 11.- Agréganse los siguientes incisos nuevos al artículo 2º de la ley Nº 12.937:".

Intercalar, como inciso segundo nuevo, el siguiente:

"Las franquicias establecidas en este artículo se extenderán también a las importaciones de repuestos destinados a los automóviles de alquiler.".

El inciso segundo ha pasado a ser tercero. Escribir en plural la frase "el inciso anterior".

A continuación, agregar como artículo 12, nuevo, el siguiente: "Artículo 12.- Los comerciantes instalados o que se instalen en los departamentos de Iquique o Pisagua podrán importar las mercancías a que se refiere el inciso primero del artículo 2º del D.F.L. Nº 5, de 14 de agosto de 1969, con las franquicias que se señalan en el texto legal citado, para ser vendidas sólo a las personas dedicadas a la producción de la industria artesanal favorecidas con los beneficios indicados en el citado D.F.L.

El Servicio de Aduanas deberá fiscalizar en forma preferente el fiel cumplimiento de las franquicias establecidas en el inciso anterior. Los infractores de éste serán responsables del delito de fraude aduanero.".

Artículo 12 Ha pasado a ser artículo 13, sin enmiendas.

Artículo 13

Ha pasado a ser artículo 14.

Intercalar a continuación de las palabras "dedicados al turismo,", que figuran en su inciso primero, las siguientes: "como asimismo de viviendas y centros asistenciales y hospitalarios, ubicados". Suprimir, en este mismo inciso, la última frase que se inicia con las palabras "y siempre que no existan...", y la coma (,) que la antecede.

Intercalar como inciso segundo nuevo, el siguiente:

"La importación de cemento con las franquicias señaladas en el inciso anterior sólo se autorizará hasta que entre en funciones la fábrica de cemento que se instale en la provincia de Antofagasta.".

Suprimir en su inciso segundo, que pasa a ser tercero, la frase "y con la misma limitación" y sustituir la palabra "anterior" por la siguiente frase "primero, con excepción de las viviendas".

Suprimir en el inciso tercero, que ha pasado a ser cuarto, la expresión ", además," y sustituir el punto final (.) por una coma (,) agregando la siguiente frase: "siempre que ellas no se refieran a viviendas y centros asistenciales y hospitalarios.". El inciso cuarto ha pasado a ser quinto, sin enmiendas.

Artículo 14

Ha pasado a ser quinto, sin enmiendas.

Artículo 15 Suprimirlo.

A continuación, como artículo 18, nuevo, consultar el siguiente: "Artículo 18.- Aclárase que las mercancías que podrán introducirse en la Zona Franca establecida en el D.F.L. Nº 6, de 1969, comprenden todas aquéllas que están incluidas en el artículo 2º de la Ley Nº 12.937 y sus modificaciones.".

Artículo 18

Ha pasado a ser artículo 19, sin enmiendas.

A continuación, agregar los siguientes artículos nuevos: "Artículo 20.- Reemplázase el artículo 4º de la ley Nº 12.858 y sus modificaciones posteriores, por el siguiente:

"Artículo 4º.- Las prestaciones que pague la importación de mantequilla se invertirán en los siguientes fines:

1) Un 20% se aportará a la Sociedad Construtcora de Establecimientos Hospitalarios para un plan de construcción de policlínicas periféricas y de reparación y ampliación de hospitales en los departamentos de Iquique y Pisagua y en las provincias de Antofagasta y Atacama, y 2) El 80% restante se destinará a un programa de reparaciones y construcción de caminos que digan relación con los departamentos y provincias en el número anterior.

Las versiones que se refieren a los departamentos de Iquique y Pisagua se harán por el Comité Programador de Inversiones de acuerdo con lo previsto en la letra b) del artículo 1º de esta ley. Las que se refieran a las provincias de Antofagasta y Atacama, por el Instituto CORFO del Norte.

El reglamento determinará la parte de los recursos que corresponderá a los departamentos de Iquique y Pisagua, por una parte, y a las provincias de Antofagasta y Atacama, separadamente, por la otra.".

Artículo 21.- Agrégase en le inciso primero del artículo 229 de la Ordenanza de Aduanas, entre las palabras "Arica" y "Antofagasta", la palabra "Iquique".

Artículo 22.- La importación de chassis para camiones de 1.500 a 8.000 kilos o más de capacidad, destinados a los departamentos de Arica, Iquique o Pisagua, estará exenta de la obligación de efectuar la cobertura o depósito del equivalente en moneda corriente sobre el valor CIF o FOB de la operación, que establece o pudiere establecer el Banco Central de Chile, siempre que el importador deposite en dicha institución una garantía no superior al 10% del valor CIF del correspondiente chassis.

Artículo 23.- El Instituto CORFO del Norte deberá destinar hasta un millón de escudos para préstamos no reajustables y en las condiciones más favorables a los agricultores del Valle de Pica y Matilla, con el objeto de adquirir equipos de fumigación, bombines, cañerías, insecticidas y demás elementos necesarios para combatir las plagas que afectan a la agricultura y fruticultura de la región.

La importación de estos elementos se hará al amparo de las disposiciones de la ley Nº 12.937, y sus modificaciones.

Artículo 24.- Exímese, por un plazo de cinco años contado desde la publicación de esta ley, del pago de la parte fiscal dé contribuciones de bienes raíces, a los inmuebles urbanos y rurales y a la propiedad agrícola de Pica, Matilla y Huatacondo.

Condónanse las deudas que por este concepto tienen pendientes los contribuyentes de las citadas localidades. Esta condonación comprenderá la deuda por contribuciones fiscales y los intereses, multas y otros recargos que las afecten.".

Sustituir el artículo transitorio por el siguiente, anteponiendo el epígrafe "ARTICULOS TRANSITORIOS";

"Artículo 1º.- Facúltase al Presidente de la República para crear en la ley Nº 17.271 un ítem que destine hasta veinte millones de escudos para cumplir las finalidades de esta ley durante el año 1970. Con este objeto, queda autorizado para efectuar los traspasos de ítem necesarios.

La suma indicada se reducirá en tantos duodécimos como meses del año 1970 hayan transcurrido hasta el último día del mes anterior a la presentación en el Congreso Nacional del proyecto que originó la presente ley.

La obligación establecida en el artículo 5º de esta ley no se aplicará en el año 1970, y el Presidente de la República, dentro de los treinta días siguientes a su publicación, fijará el programa de inversiones para dicho año.".

Agregar como artículo segundo transitorio, el siguiente nuevo: "Artículo 2º.- El programa de inversiones para el año 1971 deberá someterse a la consideración del Presidente de la República dentro de 120 días contados desde la vigencia de esta ley.

El Presidente de la República dictará el decreto aprobatorio antes del 31 de enero de 1971.".

En consecuencia, el proyecto de ley aprobado por vuestras Comisiones Unidas de Gobierno y Hacienda, queda como sigue:

Proyecto de ley

"Artículo 1º.- Créase el Comité Programador de Inversiones de Iquique y Pisagua, encargado de promover el desarrollo económico de los mencionados Departamentos y de proponer al Supremo Gobierno la programación de las actividades del Sector Público en dicha zona.

La corresponderá en especial:

Elaborar e informar al Supremo Gobierno sobre los proyectos específicos, financiados directa o indirectamente por el Estado, relativos a los Departamentos indicados;

Preparar y proponer al Presidente de la República, un programa anual de inversiones del Sector Público para dichos Departamentos, de conformidad a las normas técnicas que le imparta la Oficia de Planificación Nacional;

Proponer la inversión de los fondos que se obtengan de una emisión especial de Certificados de Ahorro Reajustable, por parte del Banco Central de Chile. Dichos fondos deberán ser invertidos en proyectos industriales cuya rentabilidad y factibilidad haya sido informada por los organismos técnicos competentes del Estado, y

Proponer al Supremo Gobierno la adopción de las medidas de política económica necesarias para el desarrollo integral de la región.

a) El Comité ejercerá sus funciones sin perjuicio de las atribuciones del Instituto CORFO del Norte. No obstante, el Director de la Oficina ' de Planificación Regional de Tarapacá, ejercerá las funciones de coordinador entre ambos organismos y concurrirá al Consejo del mencionado Instituto con derecho a voz.

Artículo 1º.- El Comité estará integrado de la siguiente manera:

1.- El Intendente de la provincia de Tarapacá, quien lo presidirá;

2.- Los Alcaldes de las Municipalidades de los Departamentos de Iquique y Pisagua;

3.- El Jefe del Departamento de la Corporación de Fomento de la Producción de Tarapacá;

4.- Un representante de la Comisión Coordinadora para la Zona Norte;

5.- Un representante de la Oficina de Planificación Nacional;

6.- Un representante del Banco Central de Chile, con domicilio en Iquique;

7.- Un representante de las actividades comerciales y otro de las actividades industriales y mineras de los Departamentos;

8.- Un representante de la Central Unica de Trabajadores, y

9.- Un representante de las Juntas de Vecinos de cada Departamento.

Los empates serán decididos por el Intendente de la provincia.

Los representantes a que se refieren los números 7, 8 y 9 del presente artículo serán designados por sus respectivos organismos en la forma que determine el reglamento.

Artículo 3°.- La Oficina Regional de Planificación de la I Región, Tarapacá, será la Secretaría Técnica del Comité.

Artículo 4º.- La sede del Comité será la ciudad de Iquique.

El Presidente de la República dictará las normas necesarias respecto de la subrogación del Presidente del Comité, del quórum con que éste adoptará sus acuerdos y de las medidas que se requieran para su instalación y correcto funcionamiento.

Artículo 5º.- Antes del 1º de julio de cada año, el Comité Programador de Inversiones someterá a la consideración del Presidente de la República el programa anual de inversiones a que se refiere la letra b) del artículo 1º, de la presente ley.

El programa deberá presentarse sectorializado, identificando las instituciones ejecutoras de los distintos proyectos y en él se contendrán las proposiciones de inversión del Sector Público en la región, para el año siguiente y el financiamiento de dichas inversiones, con los contemplados en esta ley y con recursos propios de los distintos Servicios de la Administración del Estado.

Artículo 6º.- El Presidente de la República dictará con las modificaciones que estime pertinentes y previo informe de la Oficina de Planificación Nacional, el Decreto aprobatorio del programa de inversiones en los Departamentos de Iquique y Pisagua, antes del 31 de enero de cada año.

Artículo 7º.- A partir del 1º de febrero de cada año el Presidente de la República, por Decreto Supremo, pondrá a disposición de los diversos Ministerios y Servicios del Estado, los fondos a que se refiere el artículo 8º de la presente ley, de conformidad al Programa de inversiones que se apruebe. Los fondos deberán ser entregados en las cantidades que sean necesarias para asegurar la ejecución de las obras en la forma señalada en el programa de inversiones.

Artículo 8°.- A contar del año siguiente al de la vigencia de esta ley, la Ley de Presupuestos de Entradas y Gastos de la Nación, deberá consultar en el Presupuesto de Capital del Ministerio de Hacienda, un ítem especial en el cual se contendrán los fondos a que se refiere el artículo 9º de la presente ley.

Artículo 9º.- El ítem a que se refiere el artículo precedente contendrá una asignación de Eº 20.000.000, la que se incrementará hasta igualar el 20% de los ingresos aduaneros percibidos en los Departamentos de Iquique y Pisagua en el año anterior, con excepción de los que correspondan a las Municipalidades y Policía Aduanera. La suma que se determine en dicha forma, en ningún caso podrá ser inferior a la cantidad ya mencionada de Eº 20.000.000, reajustada anualmente en el mismo porcentaje en que haya aumentado el índice de precios al consumidor en el año precedente.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso precedente, el producto del impuesto a las compraventas y servicios por las transacciones que se efectúen en los Hoteles, Residenciales o Albergues que desarrollen actividades en los Departamentos de Iquique y Pisagua, como, asimismo, en los establecimientos de esparcimiento y recreación de la zona, se destinará anualmente a incrementar el ítem a que se refiere el inciso anterior, en el año siguiente a las recaudaciones de dichos tributos.

Igualmente incrementarán este ítem las recuperaciones de los préstamos que se otorguen por los diversos servicios u organismos del Estado con fondos a que se refiere el presente artículo.

Artículo 10.- Los excedentes de fondos que no se alcancen a invertir al terminar el año presupuestario, no pasarán a rentas generales, sino que se traspasarán a una cuenta especial de depósito. En el Decreto aprobatorio del programa de inversiones, señalado en el artículo 6º, se especificará el destino que se dará a dichos saldos.

Los distintos Servicios podrán imputar al ítem señalado en el artículo 8º los gastes que demande el estudio y ejecución de las obras indicadas en el programa anual aprobado en conformidad a lo dispuesto en el artículo 6º de esta ley. En ningún caso, los gastos de estudio podrán exceder del 10% de los ingresos anuales con que cuente el Comité Programador de Inversiones de Iquique y Pisagua.

Artículo 11.- Agréganse los siguientes incisos nuevos al artículo 2º de la ley Nº 12.937:

"Los comerciantes instalados o que se instalen en los Departamentos de Iquique y Pisagua, podrán importar las mercaderías a que se refiere el inciso primero del presente artículo, acogidas a las franquicias que por la presente ley se establecen, para ser vendidas sólo a las personas naturales o jurídicas dedicadas a algunas de las actividades favorecidas con las exenciones que el presente artículo establece. Respecto de los vehículos motorizados de cualquiera especie, esta franquicia se referirá exclusivamente a sus repuestos, partes y piezas.

Las franquicias establecidas en este artículo se extenderán también a las importaciones de repuestos destinados a los automóviles de alquiler.

El Servicio de Aduanas deberá fiscalizar en forma preferente, el fiel cumplimiento de las franquicias establecidas en los incisos anteriores y sus infractores serán responsables del delito de fraude aduanero.".

Artículo 12.- Los comerciantes instalados o que se instalen en los Departamentos de Iquique o Pisagua podrán importar las mercancías a que se refiere el inciso primero del artículo 2º del D.F.L. Nº 5, de 14 de agosto de 1969, con las franquicias que se señalan en el texto legal citado, para ser vendidas sólo a las personas dedicadas a la producción de la industria artesanal favorecidas con los beneficios indicados en el citado D.F.L.

El Servicio de Aduanas deberá fiscalizar en forma preferente el fiel cumplimiento de las franquicias establecidas en el inciso anterior. Los infractores de éste serán responsables del delito de fraude aduanero.

Artículo 13.- Agrégase al final del inciso segundo del artículo 18 de la ley Nº 16.528, modificado por el artículo 20 de la ley Nº 17.267, lo siguiente:

"De la misma exención gozarán los industriales establecidos en los Departamentos de Iquique y Pisagua, exclusivamente, en lo que se refiere a sus respectivos giros industriales.".

Agrégase a continuación del inciso tercero del artículo 18 de la citada ley Nº 16.528, lo siguiente:

"La misma exención regirá también respecto de las transferencias que realicen entre sí los industriales establecidos en los Departamentos de Iquique y Pisagua, siempre que los bienes objeto de la transferencia sean producidos por el tradente.".

Artículo 14.- Autorízase la libre importación con cambio libre bancario y libárase de los derechos y demás gravámenes que se perciben por aduanas, que afecten a los materiales de construcción, excepto fierro y madera, que se utilicen en la construcción de Hoteles, Moteles, Hosterías, Balnearios, Campings, Museos y otros establecimientos dedicados al turismo, como asimismo de viviendas y centros asistenciales y hospitalarios, ubicados en los departamentos de Iquique y Pisagua.

La importación de cemento con las franquicias señaladas en el inciso anterior sólo se autorizará hasta que entre en funciones la fábrica de cemento que se instale en la provincia de Antofagasta.

De iguales franquicias gozarán los elementos destinados a equipar y alhajar los establecimientos mencionados en el inciso primero, con excepción de las viviendas.

Estas franquicias se concederán previo informe favorable del Consejo Regional de Turismo de Tarapacá, siempre que ellas no se refieran a viviendas y centros asistenciales y hospitalarios.

Las franquicias que por el presente artículo se conceden, regirán por un período de diez años, contados desde la vigencia de la presente ley.

Artículo 15.- Amplíase el artículo 11 de la ley Nº 12.937, modificado por el artículo 3º de la ley Nº 16.894, en el sentido de que comprende a la industria hotelera de los departamentos de Iquique y Pisagua.

Artículo 16.- Agrégase el siguiente inciso segundo al artículo 5º del Decreto con Fuerza de Ley Nº 6, de 15 de septiembre de 1969:

"En todo caso podrán ingresar a los recintos y/o almacenes de la Zona Franca maquinarias que sean utilizadas o que presten servicios en las diversas operaciones mencionadas.".

Artículo 17.- Reemplázase el artículo 6º del Decreto con Fuerza de Ley Nº 6, de 15 de septiembre de 1969, por el siguiente:

"Las transferencias de bienes corporales extranjeros ingresados a la Zona Franca y de los productos con ellos obtenidos que se efectúen en dicha zona, estarán exentos del impuesto de compraventa.

Del mismo modo, los servicios que se presten dentro de esa zona, estarán liberados del impuesto correspondiente establecido en la ley Nº 12.120 y sus modificaciones posteriores.".

Artículo 18.- Aclárase que las mercancías que podrán introducirse en la Zona Franca establecida en el D.F.L. Nº 6, de 1969, comprenden todas aquéllas que están incluidas en el artículo 2º de la ley Nº 12.937 y sus modificaciones.

Artículo 19.- En el artículo 10 de la ley Nº 16.894 reemplázase la expresión "31 de diciembre de 1970" por "31 de diciembre de 1971".

Artículo 20.- Reemplázase el artículo 4º de la ley Nº 12.858 y sus modificaciones posteriores, por el siguiente:

"Artículo 4º.- Las prestaciones que pague la importación de mantequilla se invertirán en los siguientes fines:

1) Un 20% se aportará a la Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios para un plan de construcciones de policlínicas periféricas y de reparación y ampliación de hospitales en los Departamentos de Iquique y Pisagua y en las provincias de Antofagasta y Atacama;

2) El 80% restante se destinará a un programa de reparaciones y construcción de caminos que digan relación con los departamentos y provincias señalados en el número anterior.

Las inversiones que se refieran a los Departamentos de Iquique y Pisagua se harán por el Comité Programador de Inversiones de acuerdo con lo previsto en la letra b) del artículo 1º de esta ley. Las que se, refieran a las provincias de Antofagasta y Atacama, por el Instituto COR-FO del Norte.

El reglamento determinará la parte de los recursos que corresponderá a los Departamentos de Iquique y Pisagua, por una parte, y a las provincias de Antofagasta y Atacama, separadamente, por la otra.".

Artículo 21.- Agrégase en el inciso primero del artículo 229 de la Ordenanza de Aduanas, entre las palabras "Arica" y "Antofagasta", la palabra "Iquique".

Artículo 22.- La importación de chassis para camiones de 1.500 a 8.000 kilos o más de capacidad, destinados a los Departamentos de Arica Iquique o Pisagua, estará exenta de la obligación de efectuar la cobertura o depósito del equivalente en moneda corriente sobre el valor CIF o FOB de la operación, que establece o pudiere establecer el Banco Central de Chile, siempre que el importador deposite en dicha institución una garantía no superior al 10% del valor CIF del correspondiente chassis.

Artículo 23.- El Instituto CORFO del Norte deberá destinar hasta un millón de escudos para préstamos no reajustabas y en las condiciones más favorables a los agricultores del Valle de Pica y Matilla, con el objeto de adquirir equipos de fumigación, bombines, cañerías, insecticidas y demás elementos necesarios para combatir las plagas que afectan a la agricultura y fructicultura de la región.

La importación de estos elementos se hará al amparo de las disposiciones de la ley Nº 12.937, y sus modificaciones.

Artículo 14.- Exímese, por un plazo de cinco años contados desde la publicación de esta ley, del pago de la parte fiscal de contribuciones de bienes raíces, a los inmuebles urbanos y rurales y a la propiedad agrícola de Pica, Matilla y Huatacondo.

Condónanse las deudas que por este concepto tiene pendientes los contribuyentes de las citadas localidades. Esta condonación comprenderá la deuda por contribuciones fiscales y los intereses, multas y otros recargos que las afecten.

Artículos transitorios.

Artículo 1º.- Facúltase al Presidente de la República para crear en la ley Nº 17.271 un ítem que destine hasta veinte millones de escudos para cumplir las finalidades de esta ley durante el año 1970. Con este objeto, queda autorizado para efectuar los traspasos de ítem necesarios.

La suma indicada se reducirá en tantos duodécimos como meses del año 1970 hayan transcurrido hasta el último día del mes anterior a la presentación en el Congreso Nacional del proyecto que originó la presente ley.

La obligación establecida en el artículo 5º de esta ley no se aplicará en el año 1970, y el Presidente de la República, dentro de los treinta días siguientes a su publicación, fijará el programa de inversiones para dicho año.

Artículo 2º.- El programa de inversiones para el año 1971 deberá someterse a la consideración del Presidente de la República dentro de 120 días contados desde la vigencia de esta ley.

El Presidente de la República dictará el decreto aprobatorio antes del 31 de enero de 1971.".

Sala de las Comisiones Unidas, a 25 de abril de 1970.

Acordado en sesiones celebradas el día 22 del mes en curso, con asistencia de los Honorables Senadores señores Carmona (presidente), Aguirre, Miranda, Olguín, Papic, Silva y Valente.

(Fdo.) : José Luis Lagos López, Secretario.

4.- INFORME DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS QUE FIJA NORMAS PARA LA DETERMINACIÓN Y RECAUDACIÓN DE TODAS LAS IMPOSICIONES, APORTES, IMPUESTOS Y DEPÓSITOS QUE SE EFECTÚEN EN LA CAJA DE PREVISIÓN DE EMPLEADOS PARTICULARES.

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha estudiado el proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados que establece normas para la determinación, cálculo y recaudación de todas las imposiciones, aportes, impuestos y depósitos que se efectúen en la Caja de Previsión de Empleados Particulares.

A las sesiones en que se trató esta materia asistieron, además de los miembros de vuestra Comisión, el Honorable Senador señor Silva Ulloa y los señores Alvaro Covarrubias, Subsecretario de Previsión Social; Carlos Briones, Superintendente de Seguridad Social; Roberto León, Vicepresidente Ejecutivo de la Caja de Previsión de Empleados Particulares; Sergio Gatica, Gerente General de esta Institución; Juan Searle, Abogado de la misma; Tomás Aylwin, Fiscal de la Corporación de la Vivienda; Hernán Letelier, en representación de la Confederación de la Producción y del Comercio y de la Sociedad de Fomento Fabril; Ernesto Lennon, Presidente de la Confederación de Empleados Particulares de Chile; Daniel Kolbach, Presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores de la Caja y Luis Morales, Presidente de la Asociación Santiago de los trabajadores de la Caja de Previsión de Empleados Particulares.

A.- ANTECEDENTES.

1.- Finalidades del proyecto de ley.

El propósito fundamental que inspira el proyecto de ley en informe es el de simplificar el pago de las imposiciones en la Caja de Previsión de Empleados Particulares y Organismos Auxiliares, estableciendo una misma base de cálculo que le permita a la institución efectuar en forma normal todo el proceso de recaudación, control y contabiliza-ción de las imposiciones, aportes, impuestos y depósitos, eliminándose las engorrosas planillas hoy en uso con las consiguientes facilidades para los empleadores y empleados, y obteniéndose un expedito funcionamiento administrativo tanto en las labores indicadas, como en las de fiscalización y otorgamiento de beneficios a los imponentes.

En la actualidad, impera una verdadera anarquía en la forma de calcular e integrar las imposiciones que deben hacerse en los distintos Fondos que maneja la Caja.

Esta situación se debe, en primer término, a la complejidad del sistema imposicional vigente, originada por la dictación de numerosas leyes que, desde la vigencia del Decreto Supremo Nº 857, de 1925, han ido reformando el régimen de previsión a que están afectos los empleados particulares e incorporado a sus beneficios a diversos grupos de trabajadores. En efecto, la ley N° 7.295, de 1942, contempló normas destinadas a financiar el Fondo de Indemnización por años de servicios, el de Auxilio de Cesantía y el de Asignación Familiar. Por su parte, la ley Nº 10.475, de 1952, creó el Seguro de Pensiones para los empleados particulares, para cuyo financiamiento estableció tasas de imposiciones distintas de las fijadas en la ley Nº 7.295 y de las contempladas en el Decreto Supremo Nº 857, de 1925.

Asimismo, numerosas leyes han incorporado sucesivamente a la Caja a diversos sectores de dependientes, entre los que pueden indicarse, entre otros, a los conductores y cobradores de la locomoción colectiva, peluqueros y barberos, operadores y ayudantes de cines, expendedores al mostrador, agentes y profesionales de seguros, viajantes, maquinistas, operadores de palas y dragas, torneros, matriceros y fresadores, choferes de taxis, actores de teatro, cine, radio y televisión, etcétera, todas las cuales han ido recargando considerablemente las obligaciones de la Caja, en circunstancias de que la institución ha mantenido su antigua estructura orgánica.

Junto a las anteriores, se han dictado también otras leyes especiales, como la de Revalorización de Pensiones y la Nº 11.766, que determinaron aportes previsionales o fijaron impuestos que se recaudan a través de esta institución de previsión, con el objeto de financiar determinados Servicios del Trabajo y a la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales.

La situación descrita afecta seriamente a los empleadores por las pérdidas de tiempo que sufren y las dificultades que encuentran en el cálculo de las imposiciones que deben efectuar, ya que tienen que aplicar distintas tasas para calcular las imposiciones correspondientes a cada uno de los ocho Fondos que existen en la Caja, que son: el de Compensación de Asignación Familiar, de Cesantía, de Jubilaciones, de Desahucio, de Revalorización de Pensiones, de Retiro, de Indemnización y de Reconstrucción; y las correspondientes a Establecimientos Educacionales, Dirección del Trabajo, Remuneraciones a Comisiones Mixtas, Servicio Médico Nacional de Empleados, Ley de Medicina Curativa y Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Se agravan estas dificultades si se tiene presente que para determinar las imposiciones se deben ceñir a las distintas bases de cálculo que se aplican en cada caso, según se explicará más adelante.

También este complicado cuadro administrativo perjudica a los propios imponentes que se ven impedidos de lograr los beneficios previsionales a que tienen derecho dentro de lapsos prudentes, debido a los numerosos y complicados trámites que deben realizar.

El proyecto de ley en informe soluciona los problemas derivados de la situación anterior sobre la base de la consecución de los siguientes objetivos fundamentales: a) unificar la base de cálculo de las imposiciones, aportes, impuestos y depósitos, en lo que concierne a la naturaleza imponible, que queda fijado en seis sueldos vitales mensuales del departamento de Santiago para todo el país b) refundir en una sola cuenta los Fondos de Indemnización y Especial de Jubilaciones, cuenta que pasa a denominarse Fondo de Jubilaciones y Reembolsos, simplificando así, la contabilización del Fondo de Retiro; c) mantener, en promedio, la carga impositiva actual, tanto para los empleadores como para los empleados; d) disponer que las cesiones de fondos que deben hacer actualmente los asegurados que tramitan sus pensiones de jubilación, se efectúen por el solo ministerio de la ley; e) no afectar con estas reformas a los regímenes especiales de previsión social de peluqueros, de choferes de taxis y de artistas; f) actualizar diversas disposiciones legales; g) obtener que los empleadores calculen y depositen las imposiciones, aportes y tributos aplicando un solo porcentaje sobre las remuneraciones que paguen a sus empleados; h) permitir que la Caja verifique y controle los depósitos en el momento en que éstos se efectúen; i) simplificar la planilla de imposiciones; j) habilitar a la Caja para adoptar una serie de medidas destinadas a simplificar los procedimientos administrativos y abreviar las tramitaciones que deben efectuarse para el otorgamiento de loa beneficios. Hay que mencionar especialmente que el proyecto en informe no modifica los beneficios de que actualmente gozan los empleados particulares afectos al régimen de previsión social de la referida Caja, tanto en lo que concierne a la naturaleza de ellos como en cuanto a su monto.

2.- Sistema impositivo vigente.

Con el objeto de formarse una idea global sobre el mecanismo impositivo y la complejidad que tiene el sistema, se incluyen a continuación dos cuadros elaborados por la Superintendencia de Seguridad Social y por la Caja de Previsión de Empleados Particulares, respectivamente, que contienen, tanto los aportes conceptuales de imposiciones y tributos o impuestos que se recauden a través de la institución, con indicación de lo que corresponde integrar al imponente y al empleador y de los porcentajes en que quedan gravadas las remuneraciones dentro del régimen impositivo, como aquellas imposiciones que se aplican sobre éstas sin tope máximo, con tope de 3 sueldos vitales y con tope de 6 sueldos vitales mensuales.

CUADRO COMPARATIVO DE LAS TASAS DE IMPOSICIONES ACTUALES Y DE LAS ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO. BASE:

Bases de calculo

Fondo de desahucio

Como puede apreciarse, las tasas son diferentes en cada caso, y se aplican, por lo general, sobre remuneraciones que tienen diferente naturaleza; existen también montos máximos imponibles que son distintos según sea la imposición de que se trate. Esta situación, como se dijo anteriormente, hace sumamente engorroso y difícil el proceso de recaudación, el control de las planillas de imposiciones, la contabilización de los aportes en las diferentes cuentas, la obtención de información rápida y oportuna para los efectos del otorgamiento de beneficios, etc.

La suma numérica total de imposiciones de cargo de empleador e imponente asciende, en la actualidad, como se desprende del primer cuadro, a 60,5250%, porcentaje que se descompone de la siguiente manera: 44,4925% para el empleador y 16.0325% para el empleado, los que resultan de tasas diversas aplicadas a ingresos de naturaleza y montos imponibles diferentes.

3.- Sistema impositivo que contempla, el proyecto.

El proyecto de ley en informe rebaja el porcentaje total antes indicado de 60,5250% a 59%, vale decir, se origina una menor imposición de 1,5250%. De esta diferencia corresponderá al empleador un 0,1275% y al empleado un 1,3975 de menor imposición, ya que al primero corresponderá una imposición global de 44,3650% y al segundo de 14,5350%.

Sin embargo, debido a la unificación de la base de cálculo de las imposiciones, tributos y aportes, en lo que concierne a la naturaleza de las remuneraciones gravadas y del monto máximo imponible, que ahora será de 6 sueldos vitales mensuales del departamento de Santiago, la rebaja que se origina en las tasas globales para empleador e imponente no tendrá mayor incidencia y se producirá, en promedio, la misma carga impositiva actual, tanto para los primeros como para los segundos, y el mismo rendimiento para la Caja.

A fin de lograr estas finalidades fue necesario determinar "las tasas equivalentes en rendimiento", para lo cual se procedió, en términos generales, de la siguiente manera:

a) Se efectuó un análisis de los ejercicios financieros de la Caja de los años 1960, 1961, 1962 y 1963. Posteriormente, los cálculos respectivos fueron revisados en base al análisis de otros cuatro ejercicios, que abarcan los años 1965, 1966, 1967 y 1968;

b) En base a los ingresos reales se establecieron los diferentes tramos de remuneraciones de los empleados particulares, es decir, remuneraciones afectas hasta tres sueldos vitales, de tres a seis sueldos vitales y remuneraciones afectas a cotizaciones superiores a seis sueldos vitales.

Con el objeto de determinar estos tramos se procedió del modo siguiente: para el primero, se consideraron los ingresos reales al Fondo de Indemnización, que es imponible hasta tres sueldos vitales y su monto se dividió por 0,0833 (8,33%, que es la tasa impositiva) ; para el segundo, se consideraron los ingresos reales al Fondo de Jubilaciones, que es imponible hasta seis sueldos vitales y su monto se dividió por 0,66 (6%, que es la tasa impositiva); para el tercero, se estimaron los ingresos reales al Fondo para la Dirección General del Trabajo, que es imponible sin limitación alguna y su monto se dividió por 0,004 (4%, que es la tasa impositiva).

De este modo se estableció el monto de las remuneraciones afectas a los diferentes tramos impositivos y se determinó fehacientemente que el 67,4% de las remuneraciones se encontraban afectas a las imposiciones del primer tramo; el 16,8%, a las imposiciones del segundo tramo, y el 15,8% de las remuneraciones, a las imposiciones del tercer tramo.

c) De los estudios y análisis realizados a través de los diferentes fondos se llegó a establecer las "tasas equivalentes en rendimiento" para la Caja y que corresponden, en promedio, a una carga impositiva igual a la actual, tanto para empleadores como para empleados.

Ahora bien, la suma aritmética de las diferentes tasas de cargo del empleador y que se aplican sobre bases distintas, era de 41,9925% y la de cargo del empleado era de 14,5325%. En conformidad con los mencionados estudios la suma de las "tasas equivalentes en rendimiento" a las mencionadas, y que se aplican sobre las remuneraciones limitadas a seis sueldos vitales, arrojan el siguiente resultado: 43,7425% para el empleador, y 14,7425% para el empleado, que suman 58,4850%.

Sin embargo, y de acuerdo con el proyecto de ley en informe, las mencionadas tasas se fijaron en 41,8650% para el empleador, y en 13,1350% para el empleado, que suman 55%.

La reducción de las tasas totales ha sido posible no sólo por la ampliación de la base de cálculo, sino que también por los estudios practicados sobre la evasión de imposiciones, lo cual será sumamente difícil al tenor del proyecto en estudio.

Cabe hacer presente que para los efectos de los estudios señalados no fueron consideradas las imposiciones establecidas en leyes posteriores, como por ejemplo la de Medicina Curativa, que gravó con un 1% tanto al empleador como al empleado; Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, que aplicó un 1% a los empleadores y Revalorización de Pensiones (Ley Nº 17.289), que aplicó un 1% tanto al empleador como al empleado, y que no inciden en los resultados finales.

Si se suman las imposiciones antes indicadas al 55% global que se determinó al momento de efectuarse los estudios correspondientes, tenemos que la imposición total de empleador e imponente ascenderá a un 59%.

d) Es obvio, entonces, que se produjera la variación de determinadas tasas por la modificación efectuada de las bases de cálculo actuales, estableciéndose una sola para todas las cotizaciones que debe recaudar la Caja;

e) Al respecto, cabe hacer constar que, en opinión del señor Subsecretario de Previsión Social y de personeros de la propia Caja, el aumento experimentado por algunas tasas en el proyecto no significa una mayor carga impositiva para empleadores y empleados, por cuanto también se observan bajas de ciertas tasas, siendo éstas superiores a las alzas, como se ha dicho anteriormente.

De tal modo que el proyecto no significará, en promedio, un mayor o menor gravamen impositivo, aún cuando en casos aislados pueda presentarse el hecho de que efectivamente signifique una carga impositiva mayor o menor.

El cuadro que se inserta a continuación compara las tasas de imposiciones, aportes y tributos que estaban vigentes a la fecha de los estudios preliminares del proyecto (años 1963-1964), con las que resultan de la aprobación de esta iniciativa legal, excluyendo las imposiciones fijadas por leyes posteriores a la época señalada:

CUADRO COMPARATIVO DE LAS TASAS DE IMPOSICIONES ACTUALES Y DE LAS ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO.

B.- Discusión General.

El señor Subsecretario de PrevisiónSocial, don Alvaro Covarrubias, explicó que el proyecto .unifica la base de cálculo de las imposiciones, aportes y tributos que deben enterarse en la Caja y organismos auxiliares, por las remuneraciones que perciban sus imponentes, y con un tope de 6 sueldos vitales mensuales del departamento de Santiago. Informó que en el año 1967, la Caja determinó que los imponentes que percibían rentas superiores al límite señalado alcanzaban al 15,8% del total.

Por otra parte, prosiguió se ha evitado aumentar la carga impositiva que afecta a los empleadores, para cuyo efecto no sólo no se han elevado las imposiciones de cargo patronal, sino que éstas han disminuido. Ilustró este aserto señalando que, de aplicarse las nuevas tasas en los años 1968 y 1969 la Caja habría obtenido ingresos inferiores en un 16% a los que en realidad percibió. Manifestó, además, que se ha contemplado la fórmula para que la institución mantenga su nivel de entradas.

En relación con la facultad para reestructurar la Caja de Previsión de Empleados Particulares, consagrada en el artículo 23 del proyecto de la Honorable Cámara de Diputados, declaró que el propósito del Gobierno es llevar a cabo esta tarea con un criterio técnico, respetando las situaciones adquiridas, tales como remuneraciones, empleo y otros derechos, y garantizando que los funcionarios no serán separados de los cargos que se supriman, los que se mantendrán hasta que aquéllos jubilen o se acojan a retiro. Añadió que, para obviar las dificultades hechas presentes por los funcionarios de la institución, el Ejecutivo estaba llano a suscribir la indicación sustitutiva que le propusiera la Asociación Nacional de Empleados Semifiscales.

Por su parte, el señor Superintendente de SeguridadSocial, don Carlos Briones, describió a la Comisión los objetivos que, a su juicio, fundamentan el proyecto.

En primer término, esta iniciativa permitirá fijar una base imponible real, que incluya las rentas que paulatinamente se le han ido marginando mediante el expediente de cambio de denominación.

Establece una sola base de cálculo con un tope impositivo de seis sueldos vitales mensuales del departamento de Santiago. En la actualidad existen 16 factores diferentes de imposición, con diversas tasas y topes, que sumados alcanzan a 60,5250%, compuesto por un aporte patronal de 44,4925% y uno de cargo de los imponentes de 16,0325%.

Respecto de la imposición patronal por Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, puntualizó que sólo se considera la básica que es de 1%, y no la diferenciada, que puede llegar hasta un 5%.

Como se establece una base única de cálculo, la Caja deberá hacer internamente la imputación de los recursos que perciba a los diferentes Fondos.

De lo anterior concluyó que el proyecto tiene una gran importancia técnica, por cuanto tiende a agilizar y simplificar la administración del instituto previsional de que se trata, sin alterar los beneficios que él brinda. Puso especial énfasis en que no se debía centrar la discusión en el problema de la reestructuración de la Caja, ya que no es una de las ideas matrices de la iniciativa, sino que un mecanismo concebido para otorgar un mejoramiento de rentas a sus funcionarios.

Expresó luego que una reestructuración debe tomar en cuenta dos aspectos principales: los derechos de los funcionarios y la eficiencia del servicio.

En relación con el primero, señaló que la ley puede contener algunas normas básicas que regulen la facultad que se concede, si bien no puede llegar al extremo de contener la propia Planta.

En lo atingente al segundo, dijo que la Caja, que mantiene su estructura desde 1952, ha experimentado un crecimiento cualitativo y cuantitativo, de modo que nada se obtendrá modificando su organización si al mismo tiempo no se hace otro tanto simplificando la profusión de leyes que ella debe aplicar.

Vuestra Comisión, por unanimidad, aprobó en general la idea de legislar sobre esta materia, ya que encontró altamente conveniente la solución que el proyecto envuelve para todos los problemas explicados anteriormente.

El Honorable Senador señor García expresó que apoya esta iniciativa por estimarla de beneficio general y en el entendido de que no aumenta la carga impositiva, la cual en Chile es, en su opinión, excesiva y una de las mayores del mundo, ya que alcanza casi al 61% en comparación con el 10% o menos que por este concepto existe en otros países.

C.- Discusión Particular.

El artículo 1º establece que la determinación, cálculo y recaudación de todas las imposiciones, aportes impuestos y depósitos que reciba o recaude la Caja de Previsión de Empleados Particulares, se regirán por esta ley y que las mismas normas se aplicarán a los Organismos Auxiliares de Previsión de dicha Caja.

Estos organismos, si bien tienen una administración distinta, se rigen, en cuanto a sus beneficios y financiamiento, por la ley Nº 10.475.

El Honorable Senador señor Contreras manifestó su opinión en el sentido de que dichos Organismos Auxiliares deberían estar centralizados en la Caja, ya que no tienen un financiamiento propio.

Vuestra Comisión, por unanimidad, aprobó este artículo con una enmienda de redacción.

El artículo 2º, que constituye una de las normas básicas del proyecto, ofrece una nueva definición del concepto de remuneración mensual imponible, para los efectos de determinar y calcular las imposiciones, aportes, impuestos y depósitos que reciba o recaude la Caja por cualquier causa. Así, se consideran remuneraciones mensuales imponibles los sueldos, las regalías, los sobresueldos, las comisiones, los premios o incentivos de producción, las participaciones garantizadas y toda otra remuneración, cualquiera que sea la denominación que le den las partes, hasta el límite de 6 sueldos vitales mensuales de las respectivas escalas de sueldos vitales del departamento de Santiago.

También se aplica este artículo a los imponentes que solamente cotizan imposiciones en los Fondos de Asignación Familiar y/o de Cesantía, como es el caso de los periodistas y empleados de Notarías, Conservadores y Archivos Judiciales en virtud de lo dispuesto en la Ley Nº 10.512.

En la actualidad, las diferentes cotizaciones se aplican según sea la naturaleza de las remuneraciones y algunas de éstas se encuentran afectas sólo hasta 3 sueldos vitales mensuales de la localidad, otras hasta 6 sueldos vitales y finalmente algunas no tienen límite. Mediante la disposición que comentamos se uniforma la base de cálculo de las imposiciones, haciéndolas efectivas sobre todas las remuneraciones, cualquiera sea la denominación que tengan y con un máximo imponible uniforme. De esta manera, en el futuro no será necesario distinguir la naturaleza de la remuneración para determinar cada aporte que haya que efectuar, uniformándose el procedimiento de recaudación que debe hacer la Caja.

Esta norma contiene tres conceptos de extraordinaria importancia y que es interesante destacar.

En primer término, se pone fin a la dualidad que existe en el sector de los empleados particulares, entre lo que se denomina la remuneración real o efectiva y la cotizable, en cuanto a su naturaleza, por cuanto se considera, para los efectos del cálculo de las imposiciones mensuales, tolas las remuneraciones que se perciban a cualquier título.

En segundo lugar, se establece un tope máximo imponible de 6 sueldos vitales mensuales, único y general, que está referido al de la respectiva escala de sueldos vitales del departamento de Santiago y no, como sucede en la actualidad, a las escalas de sueldos correspondientes a los lugares donde se presten los servicios.

Por último, el tercer concepto que contiene esta disposición dice relación con algunos imponentes de otras Cajas de Previsión que, por tener la calidad de empleado particular, deben hacer las imposiciones a los Fondos de Asignación Familiar o de Cesantía, en la Caja de Empleados Particulares. Dichas imposiciones se regirán por las mismas normas amplísimas que señala el inciso primero de este artículo.

Además, cabe destacar que al extender este artículo el concepto de remuneración imponible, pretende evitar la evasión de imposiciones

El señor Subsecretario de Previsión Social recalcó la idea de que este artículo, y el proyecto en general, no producirá un recargo de las imposiciones, sino que mantendrá las mismas entradas reales que la Caja tiene en la actualidad. Para este efecto, se ha puesto un 'límite a las remuneraciones que se considerarán para calcular las cotizaciones a todos los Fondos, que hoy no lo tienen, y se han revisado los porcentajes de cada uno de ellos.

Respecto de las gratificaciones, expresó que ellas no serán imponibles en su totalidad sino en cuanto, sumadas al sueldo, no excedan de seis sueldos vitales mensuales. Lo que exceda de dicho tope no será imponible.

Agregó que muchos grupos de empresas obtendrán una rebaja en el monto de las imposiciones que actualmente están pagando, como es el caso de las empresas mineras y las compañías de seguros. En cambio, otras, que han utilizado el subterfugio de disfrazar sueldos como gratificaciones voluntarias, bonificaciones, premios de productividad, etc., experimentarán ahora un recargo en las mismas.

El señor Superintendentede Seguridad Social manifestó que el artículo 2º contiene una identidad conceptual con la idea de remuneración o salario imponible del Servicio de Seguro Social. En este Servicio sólo está exceptuada de hacer imposiciones la asignación familiar y algunos beneficios contractuales establecidos en favor de la familia. Todo el resto ha sido declarado imponible.

El Honorable Senador señor Ballesteros expresó que no deberían ser imponibles las asignaciones familiares, criterio que sustentó también el Honorable Senador señor Contreras respecto de las asignaciones alimenticias establecidas en favor de la familia. En este sentido, el primero de los nombrados propuso una indicación que abarca ambas ideas, la cual fue aprobada por unanimidad.

A. indicación del mismo señor Senador, se dejó constancia de que las expresiones "regalías" y "otras remuneraciones" comprenden las asignaciones de casa que se pagan tanto en especie como en dinero. Sin embargo, el Honorable Senador señor García opinó que ciertas regalías consistentes en especie y no en dinero, como la de casa habitación, deberían excluirse de la obligación de imponer, cuando la vivienda es necesaria o indispensable para la realización de las labores, o, dicho de acuerdo con el concepto contenido en la Ley de la Kenta (artículo 17 Nº 15), el beneficio acceda "sólo en el interés del empleador".

Vuestra Comisión, por unanimidad, aprobó este artículo conjuntamente con las indicaciones de los Honorables Senadores señores Ballesteros y Contreras.

El artículo 3º señala las imposiciones o tributos a que se encuentra afecta la gratificación legal. Como ya se explicó la disposición anterior señala los ingresos o remuneraciones imponibles mensualmente. Este artículo, en cambio, fija la regla por la cual se grava a uno de estos ingresos, como es la gratificación legal, que se cotiza una vez al año.

Es necesario dejar establecido que el inciso primero de esta disposición no innova en la actual situación imponible de la gratificación y sólo consagra, para mayor claridad, en un solo texto, el régimen impositivo a que se encuentra sometida. Los incisos segundo y tercero, por el contrario, presentan innovaciones, porque limitan legalmente el pago de la imponibilidad de la gratificación en cuanto, sumada a la respectiva remuneración mensual, no exceda del límite de seis sueldos vitales mensuales. Para este efecto se distribuirá su monto en proporción a los meses que comprenda el período a que corresponde y los cuocientes así obtenidos se sumarán al respectivo sueldo. En la actualidad, la gratificación legal es imponible sin limitación alguna, con excepción de la imposición al Fondo de Retiro, para lo cual se sigue el mismo procedimiento que establece este artículo.

El Honorable Senador señor García expresó la conveniencia de que toda la gratificación legal sea imponible, ya que, al dejarse una parte de ella al margen de imposición, puede burlarse la norma.

A sugerencia del señor Superintendente de Seguridad Social, se aprobó una indicación tendiente a precisar que la gratificación legal estará afecta solamente a las imposiciones e impuestos señalados en este artículo 3º.

El artículo 41 se encuentra relacionado con el anterior y procura evitar la burla de imposiciones, ya que grava a las gratificaciones voluntarias en la misma forma que las remuneraciones mensuales, vale decir, ahora quedarán afectas hasta el límite de seis sueldos vitales.

El Honorable Senador señor Contreras pidió dejar constancia que votaba favorablemente estos dos últimos artículos en el entendido de que estas normas mantienen la imponibilidad de las gratificaciones tanto legales como voluntarias, pero sólo hasta el monto de seis sueldos vitales, de acuerdo con lo ya aprobado en el artículo 2º del proyecto en informe. Vuestra Comisión, por unanimidad, aprobó los artículos 3º y 4º. El artículo 5º introduce dos modificaciones al Decreto Nº 857, de 11 de noviembre de 1925.

Por la primera, se reemplaza el artículo 26 a fin de actualizar sus disposiciones. Este artículo señala los aportes que deberá hacer el empleador en la cuenta Fondo de Retiro de cada imponente, a saber: el 5% de las remuneraciones mensuales que pague al empleado y que será de cargo de éste; una suma igual sobre las remuneraciones mensuales, que será aportada por el empleador y el 10% de las gratificaciones legales que correspondan al empleado. Se suprimen dos imposiciones: la mitad del primer sueldo y la diferencia por recibir una mayor remuneración. Para eliminar estos aportes, se tuvo presente que ellos no inciden mayormente en el financiamiento de los beneficios previsionales y que, en cambio, complican notoriamente la contabilización de dichos fondos. Por lo demás, el porcentaje que estas sumas representan, fue considerado en equivalencia con el volumen total de las imposiciones.

La segunda modificación que se hace al Decreto Nº 857 suprime su artículo 33, ya que la materia a que se refiere está consultada entre las enmiendas que se introducen por el artículo 8º del proyecto a la ley Nº 10.475.

Vuestra Comisión, por unanimidad, aprobó este artículo. El artículo 6º introduce diversas modificaciones a la ley Nº 7.295. Los números 1), 2) y 3) modifican su artículo 28. A indicación del Honorable Senador señor Ballesteros, estos tres números fueron refundidos en uno solo que reemplaza el artículo 28 en su integridad.

El actual artículo 28 de la ley citada establece, en su inciso primero, que el beneficio de la asignación familiar para los empleados particulares se costeará con los siguientes recursos: 2%, de cargo del empleado, de los sueldos, sobresueldos, comisiones y regalías que reciba, y un porcentaje que se fija mediante una pauta que la disposición señala, de cargo del empleador, sobre los mismos sueldos, sobresueldos, comisiones y regalías que pague o conceda a sus enripiados.

La indicación del Honorable Senador señor Ballesteros dispone que las asignaciones familiares sé financiarán con los siguientes recursos: 2%, de cargo del empleado, de las remuneraciones mensuales que reciba, y 21,5%, de cargo del empleador, sobre las mismas remuneraciones mensuales que pague a sus empleados. Elimina, además, la bonificación de asignación familiar que la Caja de Empleados Particulares y organismos auxiliares estaban obligados a efectuar, con cargo al Fondo de Asignación Familiar, en las cuentas individuales de sus imponentes correspondientes a Fondos de Retiro y de Indemnización, y que ascienden al 10% y 8,33%, respectivamente. Con esta modificación, la Caja y organismos auxiliares pagarán al imponente la asignación familiar que determine el Consejo de la institución, sin efectuarle descuento alguno por dichos conceptos. Sin embargo, se mantiene la norma primitiva, respecto de los empleados cuyas cuentas individuales de Fondo de Retiro y Fondo de Indemnización sean llevadas en organismos distintos de la Caja de Previsión o de sus organismos auxiliares.

El Nº 5), que reemplaza los incisos primero y segundo del artículo 38, tiene por finalidad suprimir de la Caja y de sus organismos auxiliares el Fondo de Indemnización -que, por modificaciones que se introducen más adelante, queda comprendido en el Fondo de Jubilaciones y Reembolsos- dejándolo, sin embargo, vigente para los demás regímenes previsionales afectos al citado artículo 38.

Es importante señalar que, no obstante la enmienda indicada, se mantienen en su totalidad los beneficios previsionales que dicho Fondo otorga a los imponentes.

Vuestra Comisión, por unanimidad, aprobó los números 4) y 5) de este artículo.

El artículo 7º tiene por objeto reactualizar la redacción del artículo 4º de la ley Nº 12.462, sobre Asignación Familiar para la Administración Pública. Como esta disposición quedó incorporada en el nuevo artículo 28 de la ley Nº 7.295, que fue aprobado como artículo 6º de este proyecto, la Comisión lo rechazó, con la abstención de la Honorable Senadora señora Campusano.

El artículo 8º introduce diversas reformas a la ley Nº 10.475, que tienen por finalidad fundamental concordar sus disposiciones con los principios que inspiran el proyecto en estudio, con el objeto de mantener la misma carga impositiva para empleadores y empleados, conservar para los imponentes los beneficios previsionales existentes, en lo relativo a su naturaleza y monto, y hacer más expedito el otorgamiento de los mismos.

El Nº 1), que introduce modificaciones al artículo 3º de la ley Nº 10.475, rebaja la tasa de imposición al Fondo de Pensiones de cargo de los empleadores del 3% al 1%, la que ahora incrementará el Fondo de Jubilaciones y Reembolsos.

La imposición de cargo de los empleados se mantiene en el mismo porcentaje actual de 3%.

Puesto en votación este número, fue aprobado con los votos de los Honorables Senadores señores Ballesteros, Acuña, García y Lorca y el voto en contra de la Honorable Senadora señora Campusano.

El Nº 2), que introduce enmiendas de forma al referido artículo 3º de la ley Nº 10.475, fue aprobado por unanimidad.

El Nº 3), que modifica también al citado artículo 3° de la ley Nº 10.475, establece una imposición de cargo de los empleadores igual al 10% de las remuneraciones mensuales que el empleado haya ganado durante el mes, la cual reemplaza la imposición de cargo de los mismos del 8,33% que actualmente depositan en el Fondo de Indemnización.

Este número fue aprobado por unanimidad.

Estas modificaciones al artículo 3º de la ley citada originan a los empleadores una menor imposición de 0,33%. En efecto, con la rebaja del 3% al 1% que se contempla en el Nº 1), y el alza del 8,33% al 10% que contiene el N° 3), obtienen la disminución numérica señalada. Sin embargo, en razón de uniformarse los máximos imponibles a seis sueldos vitales y la ampliación de las remuneraciones que sirven de base para el cálculo de las imposiciones, se les produce una equivalencia en la carga impositiva real por estos dos rubros, de tal modo que el ingreso de la Caja por estos conceptos, será casi el mismo que logra en la actualidad.

El abogado de la Caja de Previsión de Empleados Particulares, señor Juan Searle, manifestó que los estudios financieros actuariales realizados por la institución y la propia Superintendencia aseguran que las modificaciones de estas tasas y de la forma de hacer el cálculo arrojarán el mismo rendimiento, produciéndose en promedio, dentro de las compensaciones generales de esta ley, el mismo desembolso tanto para empleados como para empleadores.

El Nº 4), que agrega a este artículo 3º de la ley Nº 10.475 dos incisos que determinan la mantención de los mismos beneficios que en la actualidad otorga a los imponentes y sus beneficiarios el Fondo de Indemnización, fue aprobado igualmente por unanimidad.

Los Nºs. 1), 2), 3) y 4) anteriores fueron fusionados en uno solo que sustituye el artículo 3º de la ley Nº 10.475 íntegramente. La redacción de esta norma se le encomendó a la Mesa de la Comisión.

El Nº 5) sustituye el artículo 6º de la ley Nº 10.475, a fin de que la Caja lleve a cada imponente una cuenta individual de Fondo de Retiro en la que se anotarán las imposiciones personales y patronales que ingresen a dicho Fondo.

El Nº 6) deroga el artículo 7º de la ley indicada, que limita a seis sueldos vitales las remuneraciones máximas mensuales por las cuales deben hacerse las imposiciones al Fondo de Retiro y las establecidas en la letra c) del artículo 3º del mismo cuerpo legal.

Dicha limitación quedó incorporada en el artículo 2º del proyecto en informe.

El Nº 7), reemplaza los incisos cuarto y quinto del artículo 16 de la referida ley, con el objeto de suprimir la limitación existente del 70% del sueldo base o pensión de jubilación, en su caso, de las pensiones de viudez y orfandad cuando el causante fallece siendo deudor hipotecario de alguna institución de previsión o de la Corporación de la Vivienda, quedando todas estas pensiones limitadas al 100% del sueldo base o de la respectiva jubilación, en su caso.

El Nº 8), actualiza el inciso primero del artículo 19 de la ley citada, y permite también el retiro de las imposiciones establecidas en la letra g) del artículo 3º, vale decir, una de las que financian el Fondo de Jubilaciones y Reembolsos.

El N° 9) agrega tres incisos al artículo 19 de la ley Nº 10.475, que conceden el derecho al cónyuge y herederos del imponente fallecido para retirar el dinero acumulado en el Fondo de Retiro cuando éste fallezca sin causar pensión de viudez y/u orfandad. En caso que no existiere cónyuge o herederos, el haber incrementará al Fondo de Jubilaciones y Reembolsos.

Los números 5), 6), 7), 8) y 9) fueron aprobados por unanimidad.

El Nº 10) agrega dos incisos al artículo 20 de la ley citada.

El primero obliga a la Caja a conceder préstamos de reintegro por las diferencias de imposiciones que no se hubieran depositado a la fecha de publicación de este proyecto de ley y que correspondan a remuneraciones pagadas por cantidades inferiores a los vitales respectivos.

El segundo inciso establece que la Caja ejercerá las acciones administrativas y legales que correspondan, destinadas a obtener de los empleadores el integro de las imposiciones correspondientes.

La agregación de estos incisos fue aprobada por unanimidad, con enmiendas de redacción, y consultándolos como artículo 2 transitorio, en razón de que regirán desde la fecha de publicación del proyecto de ley en informe.

Por el Nº 11), se actualiza el inciso quinto del artículo 20 de la ley Nº 10.475, en el sentido de que el imponente que se acoja a los beneficios señalados en el artículo 14 de la ley citada, referente al otorgamiento de una bonificación del 5% al empleado que cumpla con los requisitos para jubilar con sueldo base íntegro y continúe prestando servicios, deberá reintegrar, también, además de las aplicaciones hipotecarias, giros de cesantía, edad y años de servicios que haya efectuado de sus Fondos de Retiro e Indemnización, los fondos retirados con cargo a los recursos contemplados en la nueva letra g) del artículo 3º de la misma ley Nº 10.475, agregado por este proyecto.

El Nº 12) sustituye el artículo 22, con el objeto de simplificar la tramitación del beneficio de la jubilación. En efecto, el imponente que desea jubilar en la actualidad tiene que hacer cesión a la Caja, mediante un documento suscrito ante Notario, de los fondos que registra su cuenta individual. Este sistema presenta un problema: cuando el imponente es deudor de un préstamo de reintegro, la pensión sufre una rebaja en la relación que existe entre los fondos retirados y los depositados. Mediante la nueva disposición que se propone, se establece la cesión de fondos por el solo ministerio de la ley, suprimiéndose, por consiguiente, dicha rebaja y originándose una simplificación en el otorgamiento del beneficio de la jubilación.

Los números 13) y 14) introducen modificaciones al artículo 23 de la ley Nº 10.475, que son de mera concordancia.

El Nº 15) deroga el inciso cuarto del mismo artículo 23, con el objeto de que las pensiones de jubilación no sufran disminución cuando los imponentes son deudores de la Caja por haber retirado fondos.

El Nº 16) sustituye el artículo 24, con el objeto de que los beneficiarios de las pensiones de viudez y orfandad tengan las mismas obligaciones que los imponentes aplicándoseles las normas generales.

El N° 17) modifica el artículo 30, a fin de concodarlo con lo ya aprobado.

El Nº 18) agrega un inciso al artículo 34, con el objeto de dar, por cancelados los saldos deudores correspondientes a anticipos de pensión de aquellos imponentes que fallecen sin dejar beneficiarios.

El Nº 19) agrega un artículo transitorio, con el objeto de armonizar lo aprobado anteriormente. De acuerdo con este proyecto, según ya se ha explicado, se elimina el Fondo de Indemnización, que es una cuenta individual, y se crea, el Fondo de Jubilación y Reembolso. Las imposiciones que ya se encuentran empozadas en el primero deben traspasarse al segundo.

Vuestra Comisión, por unanimidad, prestó su aprobación a los números 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18) y 19) de este artículo 8º del proyecto.

El artículo 9 señala que primarán sobre las disposiciones y modificaciones introducidas por esta ley algunos textos legales que consagran regímenes especiales para sectores independientes que imponen en la Caja, como es el caso de los peluqueros, artistas y taxistas.

Vuestra Comisión, por unanimidad, aprobó esta disposición con enmiendas de redacción.

El artículo 10 dispone que las disposiciones de la ley Nº 10.475 y de la presente ley, primarán sobre las de la ley Nº 8.032, modificada por la ley Nº 16.646, que incorporó a los agentes profesionales de seguros a la categoría de empleados particulares. . Este artículo fue aprobado por unanimidad.

El artículo 11 señala que la imposición de cargo del empleado establecida en el artículo 36 de la ley Nº 7.295, y que en la actualidad es del 1%, será del 1,16% de las remuneraciones mensuales imponibles que perciban los empleados particulares. Esta imposición está destinada a la formación de un Fondo Especial de Cesantía.

El aumento de un 0,16% obedece al cambio que el proyecto ha efectuado en la base de cálculos, que ha quedado limitada a seis sueldos vitales, lo que ha obligado a elevar algunas imposiciones. Como la imposición al Fondo de Cesantía no tiene límites y el proyecto establece uno, debió alzarse la imposición que se hacía por este concepto a fin de mantener el mismo ingreso para la Caja.

Vuestra Comisión aprobó esta norma con la sola abstención del Honorable Senador señor Contreras.

El artículo 12 establece que los tributos a que se refieren las letras a) y b) del artículo 2º de la ley Nº 11.766 serán, respectivamente, del 0,29% de cargo del empleado y del 0,68% de cargo del empleador, de las remuneraciones mensuales imponibles.

La citada letra a) estableció, a beneficio del Fondo para la Construcción y Dotación de Establecimientos Educacionales, un tributo de un 0,25% sobre todos los sueldos, salarios, o remuneraciones imponibles para los efectos de las leyes de previsión y sobre las pensiones de jubilación, impuesto que es retenido por el empleador.

La letra b) fijó un tributo de 0,73% sobre los sueldos y salarios de los empleados y obreros particulares, de cargo del empleador o patrón.

Como puede apreciarse, el proyecto en informe sube en un 0,04% el tributo que deben pagar los empleados y rebaja en un 0,07% el porcentaje que deben pagar los empleadores.

Según expresó el abogado de la Caja, señor Searle, que si bien es cierto que en este caso se produce un aumento de la tasa que recae sobre los trabajadores, también es efectivo que la suma numérica del total de las tasas de cargo del imponente que contempla el proyecto es inferior al total vigente, por lo cual el aumento referido no significará para los trabajadores, en promedio, una mayor carga impositiva. Por su parte, como en la actualidad los empleadores calculan este tributo únicamente sobre los sueldos que paguen a sus empleados, al ampliarse, por el artículo 2º de este proyecto, la base de cálculo de este tributo a todas las remuneraciones imponibles, fue necesario efectuar la rebaja ya señalada en este rubro, a fin de que la carga tributaria y su rendimiento para el Fondo de Construcción y Dotación de Establecimientos Educacionales, sea similar a la que ahora se obtiene.

El artículo 13 se limita a señalar que el concepto de remuneración imponible, ya definido en el artículo 2º, se aplicará, también, para los efectos de las imposiciones adicionales establecidas en el artículo 49 de la ley Nº 14.171 y 11, letra c), de la ley Nº 15.386. La primera de estas disposiciones fijó, a contar del 26 de noviembre de 1960, y por un plazo de 3 años que ha sido prorrogado por leyes posteriores, una imposición adicional de un 1% sobre las remuneraciones imponibles de los empleados y obreros, que es de cargo por iguales partes tanto del sector público como del privado, a fin de entregar recursos a la Corporación de la Vivienda para atender el plan de reconstrucción.

Por su parte, el artículo 11, letra c), de la ley Nº 15.386, sustituido por la ley Nº 17.289, de 19 de febrero de 1970, estableció una imposición adicional permanente de 1% de las remuneraciones imponibles de cargo de empleadores o patrones y de 1% de las mismas de cargo de empleados y obreros, a fin de financiar el Fondo de Revalorización de Pensiones.

El artículo 14 fija la imposición patronal anteriormente determinada en el Decreto Supremo Nº 917, de 14 de octubre de 1954, aumentándola al 1,54% de las remuneraciones imponibles.

Se trata de la imposición para Medicina Preventiva a que se refieren los artículos 8º y 9º de la ley Nº 6.174. En conformidad con los artículos recién citados, la imposición patronal del 1% puede ser aumentada por el Presidente de la República hasta en un 50%, o sea, hasta el 1,5%, lo que se efectuó por el referido Decreto Supremo. Mediante la disposición que comentamos, esta imposición, que no tenía tope máximo, pasará a ser fija y tendrá el valor ya indicado, que se calculará sólo hasta 6 sueldos vitales mensuales.

El artículo 15 fija el tributo patronal para los Servicios del Trabajo en un 0,46% de las remuneraciones imponibles, en lugar del 0,40% establecido en la ley Nº 15.358, en favor de la Dirección General del Trabajo. Este aumento se debe a la limitación de la imponibilidad a 6 sueldos vitales mensuales, lo que producirá el mismo rendimiento.

El artículo 16 determina en 0,0125% de las remuneraciones mensuales imponibles y pagado mensualmente, el aporte para financiar las remuneraciones de las Comisiones Mixtas de Sueldos, en lugar del 1,5% actualmente vigente y que se paga solamente en el mes de enero de cada año.

El artículo 17 eleva la tasa de imposición para el Fondo de Desahucio para los empleados particulares, de 1% a 1,345%, en atención a que se limita la base de cálculo a seis sueldos vitales del Departamento de Santiago.

Vuestra Comisión, por unanimidad, aprobó los artículos 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de este proyecto.

El artículo 18 tiene por objeto dar facilidades a los imponentes para que destinen parte de su desahucio al pago de los préstamos que hubieren obtenido y que deban devolver a cualquier título a la Caja.

El Honorable Senador señor Ballesteros pidió dejar constancia de que esta norma no altera el sistema financiero ni la naturaleza de fondo de reparto que tiene el Fondo de Desahucio y que, en consecuencia, no trata del monto del desahucio máximo a que tienen derecho los imponentes, ni puede interpretarse como una asignación por ley de este beneficio.

Vuestra Comisión, por unanimidad, aprobó este artículo.

El artículo 19 faculta a la Caja para confeccionar una planilla de imposiciones que considere como aporte global mensual la suma de las tasas de imposiciones, impuestos y aportes, lo que es una consecuencia de todas' las normas del proyecto en informe y que están destinadas a facilitar el proceso de integro y recaudación de las imposiciones en esta institución. En lugar de que sean los empleadores los que distribuyan en esas planillas de imposiciones los aportes en las diferentes cuentas y fondos, se pretende facilitar el procedimiento y el control de las cotizaciones al establecer un aporte global y al obligar a la Caja a distribuir, mensualmente, el indicado aporte que se recaude en las distintas cuentas y fondos.

Vuestra Comisión, por unanimidad, prestó su aprobación a este artículo.

El artículo 20 faculta al Presidente de la República para que, previo informe de la Superintendencia de Seguridad Social modifique, cada vez que sea necesario, todas o cada una de las tasas de imposición, aportes e impuestos que se recauden por intermedio de la Caja de Previsión de Empleados Particulares y sus organismos auxiliares, con el fin de que se mantenga la tasa única general que autoriza el proyecto en informe.

En uso de esta facultad, el Presidente de la República podrá aumentar o disminuir el monto global de ellos, pero en un porcentaje, en ambos casos, no superior al 20%.

El señor Superintendente de Seguridad Social manifestó que esta norma contiene un sistema que la técnica aconseja adoptar para los regímenes previsionales. Agregó que en la Ley de Medicina Preventiva existe una disposición similar y, también, en la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, en materia de la imposición diferenciada.

El señor Subsecretario de Previsión Social expresó que la facultad que se entrega al Presidente de la República es muy limitada, ya que en la propia norma se estatuye que su finalidad es mantener la tasa única general. Por lo tanto, no se trata de rebajar las imposiciones de los empleadores ni de aumentar la de los trabajadores.

El Honorable Senador señor Sule agregó que apoyaba la disposición e indicación, en el entendido de que se trataba de mantener la tasa única.

El Honorable Senador señor Contreras expresó que mediante este artículo puede lesionarse gravemente a los empleados, razón por la cual rechazaba la disposición.

El Honorable Senador señor Ballesteros estimó excesivo el margen de 20% que contiene el inciso segundo de este artículo y propuso rebajarlo al 10%.

El señor Superintendente de Seguridad Social sugirió que se exigiera informe "favorable" del organismo que dirige, para que el Presidente de la República pueda efectuar la modificación de las tasas de imposiciones.

Vuestra Comisión, con los votos de los Honorables Senadores señores Ballesteros, Lorca y Sule, y el voto en contra del Honorable Senador señor Contreras, aprobó este artículo conjuntamente con la indicación del Honorable Senador señor Ballesteros y la sugerencia del señor Superintendente.

El artículo 21 establece normas destinadas a facilitar la forma legal de comprobar el estado civil o la edad de los imponentes, disponiendo, para tener como debidamente acreditados el parentesco y la edad, que se acompañen los certificados del Registro Civil o la resolución judicial dictada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 314 del Código Civil, según el caso.

El inciso segundo contempla un procedimiento excepcional para aquellas personas que no puedan acreditar su estado civil o edad por los medios indicados en el inciso primero, concediendo a la Caja una facultad flexible para que pueda dar por establecidos los hechos que se trata de probar.

El artículo 314 del Código Civil dispone que cuando fuere necesario calificar la edad de un individuo, para la ejecución de actos o ejercicios de cargos que requieran de cierta edad y no fuere posible hacerlo por documentos o declaraciones que fijen la época de su nacimiento, se le atribuirá una edad media entre la mayor y la menor que pareciere compatible con el desarrollo y aspecto físico del individuo, para lo cual se oirá el dictamen de facultativos o de otras personas idóneas.

El Honorable Senador señor García manifestó sus dudas acerca de la conveniencia de que se acredite la edad de acuerdo con lo establecido en el artículo 314 del Código Civil, ya que esta disposición pudo ser conveniente en épocas anteriores, pero no en la actual.

El Abogado de la Caja, señor Searle, explicó que se recurre al artículo 314 del Código Civil porque hay casos en que no existe documentación ni registro alguno, por haberse ellos destruidos.

Vuestra Comisión, por unanimidad, aprobó esta disposición, con enmiendas de redacción y salvando las atribuciones privativas del señor Superintendente de Seguridad Social para pronunciarse sobre el particular.

El artículo 22 señala que el mismo procedimiento anterior se aplicará en los casos en que el beneficiario se encuentre imposibilitado dé acompañar otros certificados que exijan las leyes o reglamentos, y siempre que los hechos de cuya certificación se trata se acrediten por medios fehacientes.

El Honorable Senador señor Ballesteros opinó que, en todo caso, debe exigirse prueba documental. Agregó que debe precaverse una mala interpretación de esta norma, facultándose a la Superintendencia de Seguridad Social para emitir un dictamen al respecto.

Por su parte, el Honorable Senador señor García, pidió dejar constancia de que estima que no se exigirá la declaración de dos testigos para acreditar la supervivencia.

El Honorable Senador señor Miranda propuso establecer una disposición que exprese que no estará privada la Superintendencia de Seguridad Social de su facultad de pronunciarse en los casos de resoluciones afirmativas en que haya un claro atropello del texto legal.

Vuestra Comisión, por unanimidad, aprobó esta disposición y acordó agregar, tanto al final de ella como del artículo 21, la frase "sin perjuicio de las facultades privativas que corresponden al Superintendente de Seguridad Social.".

El artículo 23 autoriza al Presidente de la República para que, dentro del plazo de 90 días, contado desde la fecha de publicación de este proyecto de ley en el Diario Oficial, proceda a.modificar la planta del personal de la Caja de Previsión de los Empleados Particulares y la estructura de esta institución.

Esta disposición fue ampliamente debatida en el seno de vuestra Comisión.

El señor Subsecretario de Previsión Social manifestó que la estructura de la Caja es antiquísima y que no obedece a las necesidades de la época presente, que requiere de una organización ágil y dinámica.

La institución cuenta con un número aproximado de 305.000 imponentes, para servir a los cuales dispone de 2.000 empleados, que deben atender sus diferentes departamentos.

Como dato informativo, añade el señor Subsecretario de Previsión Social, cabe señalar que el movimiento de Entradas y Gastos correspondiente al Balance del año 1967, fue de Eº 577.881.764,20.

Agregó que la disposición contenida en este artículo es compartida por la Asociación de Empleados de la Caja, de acuerdo con lo que manifestó el Directorio Nacional de Empleados de la misma.

El Honorable Senador señor Miranda expresó que, contrariamente a lo manifestado por el señor Subsecretario, los funcionarios de la Caja no apoyan la norma. Señaló que el procedimiento más aconsejable es el de presentar un proyecto de ley que modifique la ley orgánica de la institución, pues el otorgamiento de facultades para reestructurar el organismo puede provocar situaciones que originen el descontento entre sus empleados.

El Honorable señor García manifestó que no es conveniente efectuar1 una reestructuración en las postrimerías de un período presidencial, por lo que estima que esta materia debería ser resuelta por el próximo Gobierno, sin perjuicio de estar de acuerdo con el fondo de la disposición, por considerar que es necesaria y útil.

El señor Ministro de Trabajo y Previsión Social presentó una indicación sustitutiva de este artículo, la cual no pudo ser considerada por carecer del patrimonio constitucional necesario. En todo caso, ella fue transcrita al Presidente de la República para su conocimiento y patrocinio, si la estima conveniente.

Sobre esta materia vuestra Comisión escuchó al señor Daniel Kolbach, Presidente de la Asociación Nacional de la Caja de Empleados Particulares, cuya exposición figura en los anexos de este informe.

Puesto en votación este artículo, fue rechazado por unanimidad.

El artículo 24, que establece que los trienios fijados en la ley N° 7.295 y de cuyo beneficio estén gozando los imponentes se considerarán como derecho adquirido, fue rechazado por unanimidad, a indicación del Ministro de Trabajo y Previsión Social, por cuanto esta norma se halla incorporada en el artículo 9º de la ley Nº 17.074.

El artículo 25 otorga el derecho a los imponentes o ex imponentes de la Caja que con anterioridad al 8 de noviembre de 1952, tenían 35 años de servicios conmutables y cumplidos 65 años de edad, a obtener pensión de antigüedad a contar desde la fecha de vigencia de esta ley, de un monto mínimo igual a un sueldo vital mensual, escala a), del departamento de Santiago.

Esta disposición tiende a hacer justicia a un grupo reducido de personas que cumplieron 35 años. de servicios y 65 años de edad con anterioridad a la dictación de la ley que estableció la jubilación, con el objeto de que puedan acogerse al beneficio.

Vuestra Comisión, por unanimidad, aprobó este artículo con excepción de su inciso segundo, que fija un plazo de 180 días para impetrarlo, el que rechazó.

El artículo 26 declara que la asignación de casa que hayan percibido o perciban algunos imponentes, ha sido y es imponible para los efectos previsionales.

El señor Ministro de Trabajo y Previsión Social solicitó la supresión de este artículo por el efecto retroactivo que contiene.

El Honorable Senador señor García expresó que esta norma hace imponibles todas las asignaciones de este tipo, sin discriminar si se pagan en especie o en dinero. Agregó que debe adoptarse un criterio en el sentido de hacer imponible la asignación de casa cuando ella no es necesaria para ejecutar las labores.

Respecto de este punto, la Comisión acordó dejar una constancia en el artículo 2º, en los términos en que figura en la parte pertinente (página 19).

En votación este artículo, y a indicación del señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, fue rechazado por tres votos contra dos. Votaron a favor de la supresión los Honorables Senadores señores Ballesteros, García y Lorca. En contra de sil eliminación lo hicieron los Honorables Senadores señores Miranda y Montes.

El artículo 27 autoriza a la Caja para celebrar convenios con la Corporación de Mejoramiento Urbano, destinados a la realización de planes para la construcción de viviendas económicas y remodelaciones urbanas, facultándose la para destinar a este objeto cualesquiera de sus fondos ordinarios o extraordinarios de su presupuesto.

Estos recursos están formados por los excedentes y por la liquidación de las sociedades llamadas EMPART. Este último rubro arrojaría un monto cercano a los Eº 25 millones.

El señor Tomás Aylwin, Fiscal de la CORVI, anotó que el finan-cimiento principal que obtiene la Corporación de la Vivienda está constituido por los excedentes de las instituciones de previsión, razón por la cual no estuvo, de acuerdo en que una parte de dichos fondos sea destinada a la Corporación de Mejoramiento Urbano.

El Honorable Senador señor Ballesteros se manifestó contrario a la idea de destinar recursos de la Caja a la CORMU, debiendo mantenerse la destinación en favor de la CORVI.

Vuestra Comisión, por unanimidad, y a petición del señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, rechazó este artículo.

El artículo 28 deroga el artículo 21 de la ley Nº 15.478, sobre Previsión de Artistas. Esta norma obliga a la Caja a entregar a cada imponente una libreta de imposiciones, trámite que no se cumple por significar un engorro administrativo.

El artículo 29 enmienda un error de cita en la ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

El artículo 30 modifica el artículo 8º de la ley Nº 16.274 sobre Previsión de los Contadores. Esta disposición autoriza a la Caja para otorgar préstamos a estos trabajadores con el fin de integrar sus imposiciones, amortizables hasta en 120 mensualidades y con un interés capitalizado de un 6% anual. El artículo que comentamos sustituye la palabra "capitalizado" por "simple", a fin de que a los interesados les resulte este beneficio menos oneroso.

Vuestra Comisión, por unanimidad, aprobó los tres artículos anteriores.

El artículo 31 fue rechazado por unanimidad por encontrarse su texto incluido ¡en el artículo 10 de la ley Nº 17.213, que fijó la tabla aplicable a la revalorización de pensiones de la ley Nº 17.147.

El artículo 32 faculta a la Caja para dar en arrendamiento viviendas disponibles en grupos habitacionales de su propiedad al Servicio Médico Nacional de Empleados, instituciones de empleados particulares o instituciones que promuevan el bienestar comunitario, siempre que tales viviendas se destinen a satisfacer necesidades asistenciales, médicas o de sede social. Asimismo, la institución podrá arrendar viviendas de su propiedad a sus funcionarios que, por razón de nombramientos, traslados o comisiones de servicios, deban vivir en lugar diverso al de su residencia habitual.

De acuerdo con la legislación vigente, los grupos habitacionales que construye la Caja deben venderlos a sus imponentes. Sin embargo, hay casos en que es necesario contar con servicios médicos, para lo cual es preciso arrendar una casa al Servicio Médico Nacional de Empleados. Igualmente, es necesario, para la debida facilidad del personal, arrendar viviendas a los agentes de la Caja.

Además, este artículo declara válidos los arrendamientos de viviendas hechos por la Caja al 31 de agosto de 1968.

El Honorable señor Montes estuvo de acuerdo sólo en que los arrendamientos se efectúen con el Servicio Médico Nacional de Empleados; pero estimó que deben limitarse los conceptos de instituciones de empleados particulares o que promuevan el bienestar comunitario, ya que son sumamente amplios.

El Honorable Senador señor Silva Ulloa opinó que las viviendas no están planificadas para que sirvan como sedes sociales y que, si se desea beneficiar a los gremios, deberían construirse en cada grupo habitacional locales aptos para ellos.

Los miembros de vuestra Comisión no estuvieron de acuerdo con la redacción contenida en la disposición de la Honorable Cámara de Diputados y encomendaron, tanto al señor Superintendente de Seguridad Social como a la Caja de Empleados Particulares el estudio de una norma concebida en términos satisfactorios.

Vuestra Comisión conoció el nuevo texto que se presentó, que faculta a la Caja para, en cada grupo habitacional en el que sea dueña o se le haya asignado más de 50 viviendas o en cada ciudad en la que tenga grupos habitacionales que en conjunto comprendan más de 50 viviendas, pueda celebrar contratos de arrendamiento sobre ellas con el Servicio Médico Nacional de Empleados. Esta disposición fue aprobada con algunas enmiendas. Así, no se facultó la celebración de contratos de arrendamiento con instituciones constituidas para promover el bienestar comunitario y, en cambio, a indicación de la Honorable Senadora señora Campusano, se aprobó la celebración de dichos contratos con Juntas de Vecinos, Centros de Madres y Clubes Deportivos. Además, a indicación del Honorable Senador señor Lorca, se limitó a tres el número de viviendas que pueden darse en arrendamiento en cada grupo habitacional o ciudad, según el caso, y fueron declarados válidos los arrendamientos hechos por la Caja al 31 de enero de 1970.

El Honorable Senador señor García, al fundar su voto, señaló que no es aceptable destinar construcciones habitacionales a Juntas de Vecinos, Clubes Deportivos, etc., en circunstancias de que el país sufre una gran escasez de viviendas.

Este nuevo texto propuesto e indicaciones formuladas fueron aprobados con los votos favorables de los Honorables Senadores señores Ballesteros, Acuña, Lorca y señora Campusano y el voto contrario del Honorable Senador señor García.

El artículo 33 modifica la ley Nº 16.744, que extendió el beneficio del desahucio establecido para los imponentes de la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional que se acogieron a jubilación, a los beneficiarios del montepío del imponente fallecido sin haberse acogido a jubilación.

Esta disposición entró en vigencia el 1° de enero de 1967 y ahora se pretende darle efecto retroactivo con el objeto de que sea aplicable a las situaciones producidas desde la entrada en vigor de la ley Nº 15.386, sobre Revalorización de Pensiones. O sea, se procura retrotraer el beneficio desde el año 1967 hasta el año 1963.

A juicio del señor Subsecretario de Previsión Social esta disposición carece de financiamiento, aun cuando se aumenta la imposición establecida en el inciso primero del artículo 40 de la ley indicada en un 0,50%. Esta norma estableció en la Caja de la Marina Mercante un Fondo de Desahucio formado por una imposición adicional del 1% sobre las remuneraciones imponibles sin limitación de ninguna naturaleza.

El Honorable Senador señor Contreras manifestó que, a su juicio, el artículo contempla una fuente de financiamiento como es la elevación en 0,50%; con todo, señaló que no tiene conocimiento acerca de si esta fuente de recursos será suficiente para cumplir con el propósito de la disposición. Agregó que es partidario de esta norma y que los organismos del Ejecutivo podrían estudiar una fórmula de financiamiento para el caso de que el contemplado fuere insuficiente.

El Honorable Senador señor Miranda hizo presente la necesidad de conocer el rendimiento del artículo 40 de la ley Nº 15.386 y de la nueva imposición que se fija, y el costo aproximado del beneficio.

El Honorable Senador señor García expresó que el Fondo de Desahucio de que se trata es un fondo de reparto y que plantea la posibilidad de que sean muy pocas personas las que concurran a la distribución del mismo, por lo que estimó prudente, para este evento, fijar un límite en el fondo de lo que podrían percibir los beneficiarios. En caso de que de esta manera se produjere un sobrante, se podría facultar al Presidente de la República para que, en el año siguiente, disminuya la imposición.

Vuestra Comisión, por unanimidad, y a indicación del señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, rechazó este artículo y acordó, a indicación del Honorable Senador señor Ballesteros, pedir informe acerca del rendimiento de la imposición que se fija y del número de beneficiarios, tanto al señor Superintendente de Seguridad Social como al Vicepresidente de la Caja de Previsión de la Marina Mercante, los cuales, hasta el momento de la redacción de este informe no habían sido recibidos en la Secretaría de la Comisión.

El artículo 34 concede un plazo de 90 días, contado desde la publicación de esta ley, para que los imponentes de las diversas Cajas de Previsión puedan reconocer la totalidad de los períodos de afiliación cuando hubieren traspasado sus fondos de una Caja a otra y, como consecuencia de estos traspasos, hubieren obtenido un reconocimiento de servicios en proporción a los fondos traspasados e inferior al período de afiliación registrado en la institución donde cotizaron normalmente sus imposiciones.

El señor Subsecretario de Previsión Social informó que los beneficiarios de esta disposición serán los gremios bancarios y de peluqueros.

Los artículos 35 y 36 no merecen mayores comentarios, pues su sentido se desprende de su sola lectura.

Estos tres artículos fueron aprobados por unanimidad.

El artículo 37 obliga a todos los trabajadores de los establecimientos comerciales que no tengan formado su sindicato, a pertenecer al Sindicato Profesional del área geográfica correspondiente y fija un plazo de 30 días para esta finalidad, contado desde la publicación de la presente ley.

El señor Ministro de Trabajo y Previsión Social solicitó la supresión de este artículo, en atención a las siguientes razones: en primer término, los sindicatos profesionales no tienen área geográfica, como pretende la disposición; en segundo lugar, los establecimientos comerciales no tienen sindicato formado, como en el caso de las industrias, y, por último, se vulnera el principio de libertad sindical y de afiliación voluntaria a los sindicatos profesionales, consagrados tanto en el Código del Trabajo como en las Recomendaciones y Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (Convenio 87 OIT).

El Honorable señor Contreras se manifestó partidario de que los trabajadores se organicen tanto para defender sus derechos, cuanto para que sean responsables ante la organización y cumplan con sus deberes como trabajadores. Un sindicato no debe tener como finalidad defender únicamente y de cualquier manera los derechos de los asalariados sino que debe ser una institución que contribuya a elevar la conciencia de éstos con el propósito de hacer una mejor defensa de tales derechos y también de cumplir en mejor forma sus obligaciones.

El Honorable Senador señor Miranda señaló que los empleados de comercio constituyen un grupo de trabajadores sumamente desamparado y que a esta razón obedece este artículo. A su juicio, se le debería dar una nueva redacción a la norma con el objeto de no originar problemas en su aplicación.

Vuestra Comisión, luego de una doble votación, rechazó esta disposición con los votos de los Honorables Senadores señores Ballesteros y Lorca, el voto contrario del Honorable Senador señor Contreras y la abstención del Honorable Senador señor Miranda.

El artículo 38 determina que el horario de los trabajadores de comercio será de 44 horas semanales.

El señor Ministro de Trabajo y Previsión Social presentó indicación para suprimir este artículo, en atención a que el Gobierno estima que dichos trabajadores deben seguir regidos por la ley general y no disfrutar de una jornada especial de trabajo inferior a la que tienen otros asalariados.

El Honorable Senador señor Miranda hizo presente que, en la actualidad, casi la totalidad de las distintas jornadas de trabajo son de 44 horas semanales.

El señor Subsecretario de Previsión Social señaló que la determina-cición de la jornada de los empleados de comercio queda sujeta a los convenios colectivos, entregándose, así, esta materia, a la libre negociación de las partes.

Vuestra Comisión, por unanimidad, aprobó este artículo.

El artículo 39 modifica el artículo 30 de la ley Nº 8.032 que incorporó a los Agentes Profesionales de Seguros a la categoría de empleados particulares, con el objeto de que sus imposiciones sean prorrateadas entre las diversas compañías para las cuales trabajan, cuando excedan el máximo legal imponible de 6 sueldos vitales mensuales.

Vuestra Comisión, por unanimidad, aprobó este artículo.

A indicación del señor Ministro de Trabajo y Previsión Social y por unanimidad, se agregó un artículo nuevo, mediante el cual se establece que las imposiciones, impuestos, aportes y depósitos que no hayan sido enterados a la fecha de vigencia de la presente ley se calcularán y pagarán conforme a las tasas vigentes a la fecha en que se efectúen los respectivos depósitos en la Caja.

El artículo transitorio, que ha pasado a ser 1º transitorio, establece que una vez al año se reliquidarán las pensiones que hubieren estado afectas a rebajas con motivo de préstamos concedidos al imponente, siempre que hayan transcurrido dos años desde la fecha inicial de pago de la pensión.

El señor Superintendente manifestó que este artículo tiende a mejorar el monto de algunas pensiones.

Por unanimidad, se aceptó esta disposición.

Finalmente como artículo 2º transitorio, vuestra Comisión consultó el Nº 10 del artículo 8° de este proyecto de ley, según se indicó oportunamente.

D.- Modificaciones aprobadas por la Comisión.

En mérito de las consideraciones anteriores, vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social tiene a honra recomendaros la aprobación de las siguientes modificaciones al proyecto en informe:

Artículo 1º

Sustituir, en su inciso primero, la forma verbal "efectuar" por "recibir o recaudar".

Artículo 2º

Intercalar a continuación de las palabras "toda otra remuneración," lo siguiente "con excepción de las asignaciones familiares y alimenticias establecidas en favor de la familia,".

Artículo 3º

Intercalar, en su inciso final, a continuación de las palabras "señalados en", las siguientes "este artículo en".

Artículo 6º

Sustituir los números 1), 2) y 3), por el siguiente:

"1) Reemplázase el artículo 28, por el siguiente:

"Artículo 28.- Las asignaciones familiares para los empleados se costearán con los siguientes recursos: 2%, de cargo del empleado, de las remuneraciones mensuales que reciba; y 21,5%, de cargo del empleador sobre las mismas remuneraciones mensuales que pague a sus empleados.

Estos aportes deberán ser depositados mensualmente por el empleador en la Caja de Previsión de Empleados Particulares, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 32.

En el caso de los empleados cuyas cuentas individuales de Fondo de Retiro y Fondo de Indemnización sean llevadas en organismos distintos de la Caja de Previsión de Empleados Particulares o de sus organismos auxiliares, aquéllos quedarán obligados a efectuar, en las respectivas cuentas de cada empleado, las imposiciones del 10% al Fondo de Retiro y de 8,33% al Fondo de Indemnización sobre las cantidades que perciba a título de asignación familiar, salvo que en sus regímenes particulares se disponga actualmente otro sistema de financiamiento.

Los imponentes afectos al Departamento de Periodistas y Fotogra-badores de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas percibirán la asignación familiar sin los descuentos del 10% para el Fondo de Retiro y del 8,33% para el Fondo de Indemnización."."

Los números 4 y 5) han pasado a ser 2) y 3), respectivamente, sin enmiendas.

Artículo 7º

Suprimirlo.

Artículo 8º

Pasa a ser artículo 7º.

Sustituir los números 1), 2), 3 y 4), por el siguiente:

"1) Reemplázase el artículo 3º, por el siguiente:

"Artículo 3º.- Los recursos de la Caja serán los siguientes:

a) Las imposiciones al Fondo de Retiro Individual establecidas por el decreto supremo Nº 857, de 11 de noviembre de 1925, expedido por el Ministerio de Higiene, Previsión y Trabajo, y sus modificaciones posteriores y al Fondo de Indemnización establecidas por el artículo 38 de la ley Nº 7.295 y sus modificaciones posteriores;

b) Los intereses de las inversiones;

c) Una imposición de cargo de los empleados igual al 3% de sus remuneraciones mensuales imponibles y otra de cargo de los empleadores equivalente al l% de las mismas remuneraciones y que incrementan al Fondo de Jubilaciones y Reembolsos;

Los saldos de las cuentas del Fondo de Retiro que por cualquier motivo queden sin movimiento durante 10 años;

d) Los saldos de las jubilaciones y pensiones no cobradas por quien tenga derecho en el plazo de dos años, contado desde la fecha de la muerte del causante;

e) Las multas y los intereses penales que aplique la Caja, y

g) Una imposición de cargo de los empleadores igual al 10% de las remuneraciones mensuales que el empleado haya ganado durante el mes.

Los empleadores deberán hacer mensualmente en la Caja los aportes señalados en la letra g), los que incrementarán el Fondo de Jubilaciones y Reembolsos.

No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, los empleados tendrán derecho a percibir íntegramente este aporte y sus herederos a solicitar el reembolso del mismo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19.

Los imponentes conservarán la propiedad de los fondos acumulados en su cuenta individual a la fecha de la presente ley. A contar de esta fecha tendrán ese derecho solamente sobre las sumas acumuladas en su Fondo de Retiro Individual."."

Los números 5) a 9) pasan a ser 2) a 6), respectivamente, sin enmiendas.

Consultar el número 10) como artículo 2º transitorio, redactado en los términos que se indicarán oportunamente.

Los números 11) a 19) pasan a ser 7) a 15), respectivamente, sin enmiendas.

Artículo 9º

Pasa a ser artículo 8º, redactado en los siguientes términos: "Artículo 8º.- Primarán sobre las disposiciones y enmiendas introducidas por la presente ley, las leyes Nºs. 9.613, 15.479 y 15.722, y sus modificaciones posteriores, en lo que fueren contrarias a ellas.".

Artículos 10 a 19

Pasan a ser artículos 9º a 18, respectivamente, sin enmiendas.

Artículo 20

Pasa a ser artículo 19.

Intercalar en el inciso primero, a continuación de "previo informe", la palabra "favorable".

Reemplazar en su inciso final el guarismo "20%" por "10%".

Artículo 21

Pasa a ser artículo 20.

Reemplazar en su inciso primero la palabra "correspondientes," por "que concede", e intercalar ",se" a continuación de "Caja de Previsión de Empleados Particulares"; agregar una coma (,) a continuación de "exigirá".

Sustituir, en su inciso final, el punto final por una coma (,) y agregar lo siguiente: "sin perjuicio de las facultades privativas que corresponden al Superintendente de Seguridad Social.".

Artículo 22

Pasa a ser artículo 21.

Agregar la siguiente frase final, reemplazando el punto por una coma (,); "sin perjuicio de las facultades privativas que corresponden al Superintendente de Seguridad Social.".

Artículos 23 y 24

Suprimirlos.

Artículo 25

Pasa a ser artículo 22. Suprimir su inciso segundo.

Artículos 26 y 27

Suprimirlos.

Artículos 28, 29 y 30

Pasan a ser artículos 23, 24 y 25, respectivamente, sin enmiendas.

Artículo 31

Suprimirlo.

Artículo 32

Pasa a ser artículo 26, sustituido por el siguiente: "Artículo 26.- Facúltase a la Caja de Previsión de Empleados Particulares para que, en cada grupo habitacional en el que sea dueña o se le hayan asignado más de cincuenta viviendas o en cada ciudad en la que tenga grupos habitacionales que, en conjunto, comprendan más de cincuenta viviendas, pueda celebrar contratos de arrendamiento sobre ellas con el Servicio Médico Nacional de Empleados, con instituciones de empleados particulares, con Juntas de Vecinos, Centros de Madres y Clubes Deportivos, siempre que los respectivos inmuebles se destinen a satisfacer necesidades asistenciales, médicas o de sede social.

Dicha institución podrá, asimismo, dar en arrendamiento, en los mencionados grupos habitacionales o ciudades, según sea el caso, viviendas a sus funcionarios que, en razón de nombramientos, traslados o comisiones de servicios, deban vivir en lugar diverso al de su residencia habitual, o cuando así lo justifiquen circunstancias calificadas. Corresponderá al Consejo Directivo de la Caja señalar las normas con arreglo a las cuales se ejercerá esta facultad.

La nombrada Institución de Previsión, en uso de las facultades señaladas en los incisos anteriores, no podrá dar en arrendamiento más de tres viviendas en cada grupo habitacional o ciudad, según el caso.

Decláranse válidos los arrendamientos de viviendas hechos por la Caja de Previsión de Empleados Particulares al 31 de enero de 1970.".

Artículo 33

Suprimirlo.

Artículos 34 a 36

Pasan a ser artículos 27 a 29, respectivamente, sin enmiendas.

Artículo 37

Suprimirlo.

Artículos 38 y 39

Pasan a ser artículos 30 y 31, respectivamente, sin enmiendas.

A continuación, consultar el siguiente artículo 32, nuevo: "Artículo 32.- Las imposiciones, impuestos, aportes y depósitos que no hayan sido enterados a la fecha de vigencia de la presente ley se calcularán y pagarán conforme a las tasas vigentes a la fecha en que sé efectúen los respectivos depósitos en la Caja de Previsión de Empleados Particulares.".

En seguida, intercalar el siguiente epígrafe: "ARTICULOS TRANSITORIOS".

Artículo transitorio.

Pasa a ser artículo 1º, sin enmiendas.

Finalmente, como artículo 2º transitorio, consultar el Nº 10 del artículo 8º, redactado en los siguientes términos:

"Artículo 2º.- Para los efectos de lo dispuesto en el inciso primero

del artículo 20 de la ley Nº 10.475, la Caja concederá préstamos de reintegro por las diferencias de imposiciones que no se hubieren depositado a la publicación de la presente ley y que correspondan a remuneraciones pagadas por cantidades inferiores a los vitales respectivos, sin la autorización de las Comisiones Mixtas de Sueldos; a los mínimos fijados para los empleados de peluquerías y establecimientos similares; a los 3% y 10% de la ley Nº 7.295; y a otras cuya omisión no sea imputable al imponente, en las mismas condiciones señaladas en el citado artículo 20 de la ley Nº 10.475.

No obstante, la Caja ejercerá las acciones administrativas y legales que correspondan, destinadas a obtener de los empleadores el integro de dichas imposiciones.".

E.- Texto del proyecto propuesto por la Comisión.

En consecuencia, el proyecto de ley aprobado por vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social, queda como sigue:

Proyecto de ley:

"Artículo 1º.- La determinación, cálculo y recaudación de todas las imposiciones, aportes, impuestos y depósitos que por cualquiera causa deba recibir o recaudar la Caja de Previsión de Empleados Particulares, se regirán por la presente ley.

Las mismas normas que establece la presente ley se aplicarán a los Organismos Auxiliares de Previsión de dicha Caja.

Artículo 2º.- Se considerará como remuneración mensual imponible para los efectos de determinar y calcular las imposiciones, aportes, impuestos y depósitos que reciba o recaude la Caja por cualquiera causa, sean con cargo del empleado o del empleador, los sueldos, las regalías, los sobresueldos, las comisiones, los premios o incentivos de producción, las participaciones garantizadas y toda otra remuneración, con excepción de las asignaciones familiares y alimenticias establecidas en favor de la familia, cualquiera que sea la denominación que le den las partes, que el empleador pague al empleado como retribución de su prestación de servicios, hasta el límite de seis sueldos vitales mensuales de las respectivas escalas de sueldos vitales del departamento de Santiago.

Lo dispuesto en este artículo se aplicará también a los imponentes que solamente cotizan imposiciones en los Fondos de Asignación Familiar y/o de Cesantía.

Artículo 3º.- La gratificación legal está afecta solamente a las imposiciones y tributos que se establecen en la letra c) del artículo 26 del Decreto Nº 857, de 11 de noviembre de 1925; en el artículo 15 de la ley Nº 15.358; en el artículo 37 y en la letra c) del artículo 11 de la ley Nº 15.386; en el artículo 34 de la ley Nº 15.561; en la letra a) del artículo 2º de la ley Nº 11.766, con las respectivas modificaciones introducidas en la presenté ley, y en los artículos 15 y siguientes de la ley Nº 16.744 y 14 y 22 de la ley Nº 16.781.

Para determinar la parte de gratificación legal que se encuentra afecta a imposiciones e impuestos en relación con el máximo imponible establecido en el artículo anterior, se distribuirá su monto en proporción a los meses que comprenda el período a que corresponde y los cuocientes se sumarán a las respectivas remuneraciones mensuales.

La gratificación legal estará afecta a las imposiciones e impuestos señalados en este artículo en la parte que, sumada a las respectivas remuneraciones mensuales, no exceda del límite de seis sueldos vitales a que se refiere el artículo anterior.

Artículo 4º.- La participación de utilidades no garantizada y las sumas pagadas como gratificación que excedan los límites de la gratificación legal están afectas a las mismas imposiciones que las remuneraciones mensuales, y para determinar su carácter imponible en relación con lo dispuesto en el artículo 2º de esta ley, se estará al procedimiento señalado en los incisos segundo y tercero del artículo anterior.

Artículo 5º.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Decreto Nº 857, de 11 de noviembre de 1925:

1) Sustituyese el artículo 26 por el siguiente:

"Artículo 26.- Todo empleador depositará en la cuenta de Fondo de Retiro de cada empleado:

a) El 5% de las remuneraciones mensuales que pague al empleado y que será de cargo de éste;

b) Una suma igual sobre las remuneraciones mensuales, que será aportada por el empleador, y

c) El 10% de las gratificaciones legales que correspondan al empleado y que será de cargo de éste.", y

2) Derógase el artículo 33.

Artículo 6º.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley número 7.295:

1) Reemplázase el artículo 28, por el siguiente:

"Artículo 28.- Las asignaciones familiares para los empleados se costearán con los siguientes recursos: 2%, de cargo del empleado, de las remuneraciones mensuales que reciba; y 21,5%, de cargo del empleador sobre las mismas remuneraciones mensuales que pague a sus empleados.

Estos aportes deberán ser depositados mensualmente por el empleador en la Caja de Previsión de Empleados Particulares, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 32.

En el caso de los empleados cuyas cuentas individuales de Fondo de Retiro y Fondo de Indemnización sean llevadas en organismos distintos de la Caja de Previsión de Empleados Particulares o de sus organismos auxiliares, aquellos quedarán obligados a efectuar, en las respectivas cuentas de cada empleado, las imposiciones del 10% al Fondo de Retiro y de 8,33% al Fondo de Indemnización sobre las cantidades que perciba a título de asignación familiar, salvo que en sus regímenes particulares se disponga actualmente otro sistema de financiamiento.

Los imponentes afectos al Departamento de Periodistas y Fotograbado res de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas percibirán la asignación familiar sin los descuentos del 10% para el Fondo de Retiro y del 8,33% para el Fondo de Indemnización.".

2) Remplazase en el inciso primero del artículo 36 la frase "sueldos, sobresueldos y comisiones" por la palabra "remuneraciones", y

3) Reemplázanse los incisos primero y segundo del artículo 38, por el siguiente:

"Los empleadores que tengan a su servicio empleados particulares que estén sometidos a un régimen de previsión distinto del de la Caja de Previsión de Empleados Particulares y de sus Organismos Auxiliares, deberán hacer mensualmente en la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas y demás Cajas de Previsión, un aporte, con cargo a ellos, igual al 8,33% del total del sueldo, sobresueldo y comisiones que el empleado haya ganado durante el mes. Para estos efectos, se considerará exclusivamente hasta una remuneración mensual máxima equivalente a tres sueldos vitales del departamento de Santiago.".

Artículo 7°.- Introdúcense las siguientes modificaciones al texto vigente de la ley Nº 10.475:

1) Reemplázase el artículo 3º, por el siguiente:

"Artículo 3º.- Los recursos de la Caja serán los siguientes:

a) Las imposiciones al Fondo de Retiro Individual establecidas por el Decreto Supremo Nº 857, de 11 de noviembre de 1925, expedido por el Ministerio de Higiene, Previsión y Trabajo, y sus modificaciones posteriores y al Fondo de Indemnización establecidas por el artículo 38 de la ley Nº 7.295 y sus modificaciones posteriores;

b) Los intereses de las inversiones;

c) Una imposición de cargo de los empleados igual al 3% de sus remuneraciones mensuales imponibles y otra de cargo de los empleadores equivalente al 1% de las mismas remuneraciones y que incrementan al Fondo de Jubilaciones y Reembolsos;

d) Los saldos de las cuentas del Fondo de Retiro que por cualquier motivo queden sin movimiento durante 10 años;

e) Los saldos de las jubilaciones y pensiones no cobradas por quien tenga derecho en el plazo de dos años contado desde la fecha de la muerte del causante;

f) Las multas y los intereses penales que aplique la Caja, y

g) Una imposición de cargo de los empleadores igual al 10% de las remuneraciones mensuales que el empleado haya ganado durante el mes.

Los empleadores deberán hacer mensualmente en la Caja los aportes señalados en la letra g), los que incrementarán el Fondo de Jubilaciones y Reembolsos.

No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, los empleados tendrán derecho a percibir íntegramente este aporte y sus herederos a solicitar el reembolso del mismo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19.

Los imponentes conservarán la propiedad de los fondos acumulados en su cuenta individual a la fecha de la presente ley. A contar de esta fecha tendrán ese derecho solamente sobre las sumas acumuladas en su Fondo de Retiro Individual.".

2) Reemplázase el artículo 6º por el siguiente:

"Artículo 6º.- La Caja de Previsión de Empleados Particulares llevará a cada imponente una cuenta individual de Fondo de Retiro en la que se registrarán, a nombre de cada empleado, las imposiciones personales y patronales que ingresan a ese Fondo.";

3) Derógase el artículo 7º;

4) Reemplázanse los incisos cuarto y quinto del artículo 16 por el siguiente:

"El máximo de las pensiones de viudez y orfandad, será de la totalidad del sueldo base o de la pensión de jubilación, en su caso.";

5) Reemplázase en el inciso primero del artículo 19 la frase "su cuenta individual" por la siguiente: "sus cuentas Fondo de Retiro e Indemnización y las imposiciones correspondientes establecidas en la letra g) del artículo 3º";

6) Agréganse como incisos nuevos al artículo 19 y a continuación del inciso tercero, los siguientes:

"El haber en el Fondo de Retiro del imponente fallecido sin reunir los requisitos copulativos para causar pensión de viudez y orfandad, pertenecerá por iguales partes, y con derecho de acrecer al cónyuge sobreviviente no divorciado perpetuamente y por su culpa, y a sus legitimarios.

A falta de cónyuge en las condiciones indicadas y de legitimarios, dicho haber corresponderá a los herederos del imponente, en conformidad a las reglas de la sucesión intestada que establece el Código Civil, salvo que se hubiere dispuesto de dicho haber por acto testamentario.

En el caso del artículo 995 del Código Civil, el haber incrementará el Fondo de Jubilaciones y Reembolsos.";

7) Agrégase en el inciso quinto del artículo 20, después de la palabra "indemnización", la siguiente frase: "y con cargo al aporte señalado en la letra g) del artículo 3º";

8) Sustituyese el artículo 22 por el siguiente:

"Artículo 22.- El total teórico de los reintegros señalados en los artículos 20 y 23, conjuntamente con los demás fondos acumulados en las cuentas Fondo de Retiro e Indemnización y las imposiciones establecidas en la letra g) del artículo 3º, se entenderán cedidas a la Caja por el solo ministerio de la ley, desde que la pensión sea concedida por el Consejo Directivo de la Institución o por la autoridad en que se hayan delegado tales funciones.";

9) Reemplázanse en el inciso primero del artículo 23 la frase "sus fondos", por la siguiente: "las imposiciones que registre en sus cuentas Fondo de Retiro e Indemnización o que se hayan girado del Fondo de Jubilaciones y Reembolsos", y la palabra "reintegrarlos" por "reintegrar las";

10) Reemplázase en el inciso tercero del artículo 23 la frase "sus fondos", por la siguiente: "las imposiciones mencionadas en el inciso primero de este artículo", y la palabra "devolverlos" por "devolverlas";

11) Derógase el inciso cuarto del artículo 23;

12) Sustituyese el artículo 24, por el siguiente:

"Artículo 24.- Los beneficiarios de pensiones de viudez y orfandad tendrán las mismas obligaciones que los imponentes, y les serán aplicables lo dispuesto en los artículos 20, 22 y 23 para disfrutar de las pensiones establecidas en los artículos 16 y 17.";

13) Reemplázase en el artículo 30 la frase "a los fondos de retiro e indemnización", por la siguiente: "Al Fondo de Retiro";

14) Agrégase como inciso final al artículo 34, el siguiente:

"Asimismo, se considerarán cancelados los saldos deudores por concepto de anticipos de pensión que registren los beneficiarios de pensión, a la fecha en que se extingan totalmente las pensiones de viudez y orfandad o a la fecha en que fallezca el pensionado sin dejar beneficiarios de pensiones de viudez y orfandad, según los casos.", y

15) Agrégase como artículo 8º transitorio el siguiente:

"Artículo 8º.- La Caja de Previsión de Empleados Particulares y sus Organismos Auxiliares deberán traspasar, dentro del plazo de sesenta días contado desde la vigencia de esta disposición, al Fondo de Jubilaciones y Reembolsos las imposiciones y aportes que registran sus imponentes en el Fondo de Indemnización que establecía el artículo 38 de la ley Nº 7.295 o que se enteren a dicho Fondo en el futuro, debiéndose dejar testimonio del monto de dichos traspasos de cuenta en los respectivos registros del Fondo de Retiro. Las imposiciones traspasadas quedarán sometidas a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 3°.".

Artículo 8º.- Primarán sobre las disposiciones y enmiendas introducidas por la presente ley, las leyes Nºs. 9.613, 15.478 y 15.722, y sus modificaciones posteriores, en lo que fueren contrarias a ellas.

Artículo 9º.- Las disposiciones de la ley Nº 10.475 y las de la presente ley primarán sobre las de la ley Nº 8.032, modificada por la ley Nº 16.646.

Artículo 10.- La imposición de cargo del empleado establecida en el artículo 36 de la ley Nº 7.295 será del 1,16% de las remuneraciones mensuales imponibles que perciban los empleados particulares acogidos al régimen de previsión de la Caja de Previsión de Empleados Particulares.

Artículo 11.- Los tributos establecidos en las letras a) y b) del artículo 2º de la ley Nº 11.766 serán, respectivamente, del 0,29% y del 0,68% de las remuneraciones mensuales imponibles que perciban los empleados particulares afectos al régimen de previsión de la Caja de Previsión de Empleados Particulares.

Artículo 12.- Las imposiciones adicionales establecidas en los artículos 49 de la ley Nº 14.171 y 11, letra c) de la ley Nº 15.386 se determinarán sobre las remuneraciones mensuales imponibles de los empleados particulares acogidos al régimen de previsión de la Caja de Previsión de Empleados Particulares.

Artículo 13.- La imposición patronal establecida en el Decreto Nº 917, de 17 de septiembre de 1954, publicado en el Diario Oficial de 14 de octubre del mismo año, será del 1,54% de las remuneraciones mensuales imponibles que se paguen a empleados particulares afectos al régimen de previsión de la Caja de Previsión de Empleados Particulares.

Artículo 14.- El aporte patronal establecido en el artículo 22 de la ley Nº 6.528, modificado por las leyes Nºs. 7.236, 10.434, 12.434 y 15.358, será del 0,46% de las remuneraciones mensuales imponibles que se paguen a empleados particulares imponentes de la Caja de Previsión de Empleados Particulares. .

Artículo 15.- Los aportes establecidos en los incisos, primero y segundo del artículo 17 de la ley Nº 7.295, modificado por la ley Nº 12.861, serán del 0,0125% de las remuneraciones mensuales imponibles de los empleados particulares afectos al régimen de previsión de la Caja de Previsión de Empleados Particulares.

Artículo 16.- Reemplázase en el artículo 37 de la ley Nº 15.386 la frase "1% sobre las remuneraciones imponibles sin limitación de ninguna especie", por la siguiente: "1,3450% sobre las remuneraciones mensuales imponibles".

Artículo 17.- Los imponentes podrán destinar el desahucio establecido en los artículos 37 y siguientes de la ley Nº 15.386, para reintegrar los fondos que hubieren girado o que deban integrar a cualquier título.

Artículo 18.- Facúltase a la Caja de Previsión de Empleados Particulares para que, conforme con las normas precedentes, confeccione una planilla de imposiciones que considere como aporte global mensual, la suma de las tasas de imposiciones, aportes y tributos que debe percibir para sí y para terceros, sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos siguientes.

Para los efectos de calcular y determinar el aporte global señalado en el inciso precedente, los empleadores asimilarán teóricamente a la "unidad escudo más próxima" los centesimos que paguen por concepto de remuneración total a cada empleado.

La Caja de Previsión de Empleados Particulares distribuirá mensual-mente entre las diferentes cuentas el aporte mencionado, siendo de cargo o a favor del Fondo de Jubilaciones y Reembolsos las diferencias de centesimos que resulten después de calcular los porcentajes correspondientes a las demás cuentas.

Artículo 19.- Facúltase al Presidente de la República para que, previo informe favorable de la Superintendencia de Seguridad Social, modifique, cada vez que sea necesario, todas o cada una de las tasas de imposiciones, aportes y/o tributos que se recauden por intermedio de la Caja de Previsión de Empleados Particulares y sus Organismos Auxiliares, con el fin de que se mantenga la tasa única general que la presente ley autoriza.

En uso de esta facultad, el Presidente de la República podrá aumentar o disminuir el monto global de ellos, pero en un porcentaje, en ambos casos, no superior al 10%.

Artículo 20.- Para los efectos de otorgar los beneficios que concede la Caja de Previsión de Empleados Particulares, se exigirá, para tener como debidamente acreditado el parentesco y la edad, que se acompañen los certificados del Registro Civil o la resolución judicial dictada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 314 del Código Civil, según el caso. En el evento de existir personas nacidas en el extranjero, los certificados competentes deberán acompañarse debidamente legalizados y, además, traducidos si fueren extendidos en idioma extranjero.

No obstante, en el caso que se alegare la imposibilidad de acompañar los mencionados certificados, esa Institución resolverá, previo informe de su Fiscalía, las solicitudes que se presenten con tal objeto, las que deberán estar acompañadas de otros documentos considerados como suficientes por la Caja. De la resolución que se dicte podrá reclamarse a la Superintendencia de Seguridad Social, en el plazo de 60 días hábiles contados desde la fecha en que se notifica al interesado la correspondiente resolución, sin perjuicio de las facultades privativas que corresponden al Superintendente de Seguridad Social.

Artículo 21.- El mismo procedimiento señalado en el inciso segundo del artículo anterior, se aplicará en los casos en que el beneficiario se encuentre imposibilitado de acompañar otros certificados que exijan las leyes o reglamentos, y siempre que, los hechos de cuya certificación se trata, se acrediten por medios fehacientes, sin perjuicio de las facultades privativas que corresponden al Superintendente de Seguridad Social.

Artículo 22.- Los imponentes o ex imponentes de la Caja de Previsión de Empleados Particulares que con anterioridad al 8 de noviembre de 1952, tenían 35 años de servicios computables y cumplidos 65 años de edad, tendrán derecho a pensión de antigüedad a contar desde la fecha de vigencia de esta ley, de un monto mínimo de un sueldo vital mensual, escala A), del departamento de Santiago.

Un Reglamento especial dictado por el Presidente de la República establecerá la forma en que se acreditarán los servicios prestados.

Artículo 23.- Derógase el artículo 21 de la ley Nº 15.478, de 4 de febrero de 1964, sobre Previsión de Artistas.

Artículo 24.- Reemplázase en el inciso primero del artículo 85 de la ley Nº 16.744 el guarismo "8.918" por "8.198".

Artículo 25.- Reemplázase en el inciso primero del artículo 8º de la ley Nº 16.274, modificado por el artículo 125 de la ley Nº 16.840, la palabra "capitalizado" por "simple".

Artículo 26.- Facúltase a la Caja de Previsión de Empleados Particulares para que, en cada grupo habitacional en el que sea dueña o se le hayan asignado más de cincuenta viviendas o en cada ciudad en la que tenga grupos habitacionales que, en conjunto, comprendan más de cincuenta viviendas, pueda celebrar contratos de arrendamiento sobre ellas con el Servicio Médico Nacional de Empleados, con instituciones de empleados particulares, con Juntas de Vecinos, Centros de Madres y Clubes Deportivos, siempre que los respectivos inmuebles se destinen a satisfacer necesidades asistenciales, médicas o de sede social.

Dicha institución podrá, asimismo, dar en arrendamiento, en los mencionados grupos habitacionales o ciudades, según sea el caso, viviendas a sus funcionarios que en razón de nombramientos, traslados o comisiones de servicios, deban vivir en lugar diverso al de sus residencia habitual, o cuando así lo justifiquen circunstancias calificadas. Corresponderá al Consejo Directivo de la Caja señalar las normas con arreglo a las cuales se ejercerá esta facultad.

La nombrada Institución de Previsión, en uso de las facultades señaladas, en los incisos anteriores, no podrá dar en arrendamiento más de tres viviendas en cada grupo habitacional o ciudad, según el caso.

Decláranse válidos los arrendamientos de viviendas hechos por la Caja de Previsión de Empleados Particulares al 31 de enero de 1970.

Artículo 27.- Concédese un plazo de 90 días, contado desde la publicación de la presente ley en el Diario Oficial, para que los imponentes de las diversas Cajas de Previsión se acojan al beneficio contemplado en el artículo 111 de la ley Nº 16.840.

Las instituciones de previsión darán la necesaria publicidad, por medio de avisos de prensa, a lo dispuesto en este artículo.

Artículo 28.- Facúltase al Presidente de la República para que refunda en un solo texto las disposiciones de la ley Nº 10.475 y sus modificaciones posteriores, incluso la presente ley.

Artículo 29.- Las disposiciones de la presente ley que introducen modificaciones al régimen impositivo de la Caja de Previsión de Empleados Particulares y a los tributos y aportes que ésta deba recaudar, regirán desde el día 1° del tercer mes siguiente al de su publicación en el Diario Oficial.

Artículo 30.- El horario de los trabajadores de comercio será de 44 horas semanales. La distribución de estas horas será fijada por el Reglamento que dicte el Presidente de la República dentro del plazo de 90 días desde la publicación de esta ley.

Artículo 31.- Suprímese en el artículo 20 de la ley Nº 8.032, de 26 de diciembre de 1944, la siguiente frase: "al fondo de indemnización.".

Artículo 32.- Las imposiciones, impuestos, aportes y depósitos que no hayan sido enterados a la fecha de vigencia de la presente ley se calcularán y pagarán conforme a las tasas vigentes a la fecha en que se efectúen los respectivos depósitos en la Caja de Previsión de Empleados Particulares.

Artículos transitorios.

Artículo 1º.- Una vez al año, en la oportunidad que fije el Consejo, se reliquidarán las pensiones que hubieren estado afectas a las rebajas establecidas en virtud del inciso cuarto del artículo 23 de la ley Nº 10.475, derogado por esta ley, siempre que hayan transcurrido, a lo menos, dos años desde la fecha inicial de pago de la pensión, o de la última reliquidación de ésta, en su caso, computando las sumas amortizadas de los préstamos de reintegro que se estén sirviendo y los reajustes que les habría correspondido aplicárseles.

Artículo 2º.- Para los efectos de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 20 de la ley Nº 10.475, la Caja concederá préstamos de reintegro por las diferencias de imposiciones que no se hubieren depositado a la publicación de la presente ley y que correspondan a remuneraciones pagadas por cantidades inferiores a los vitales respectivos, sin la autorización de las Comisiones Mixtas de Sueldos; a los mínimos fijados para los empleados de peluquerías y establecimientos similares; a los 3% y 10% de la ley Nº 7.295; y a otras cuya omisión no sea imputable al imponente, en las mismas condiciones señaladas en el citado artículo 20 de la ley número 10.475.

No obstante, la Caja ejercerá las acciones administrativas y legales que correspondan, destinadas a obtener de los empleadores el integro de dichas imposiciones.".

Sala de la Comisión, a 20 de abril de 1970.

Acordado en sesiones de fechas 6 de agosto de 1969; con asistencia de los Honorables Senadores señor Musalem (Presidente), señora Campusano y señores García, Lorca y Sule; 27 de agosto de 1969, con asistencia de los Honorables Senadores señores Ballesteros (Presidente), Contreras, García, Lorca y Sule; 3 de septiembre de 1969, con asistencia de los Honorables Senadores señores Ballesteros (Presidente), Contreras, García, Lorca y Sule; 26 de noviembre de 1969, con asistencia de los Honorables Senadores señores Ballesteros (Presidente), Contreras, García, Lorca y Sule; 27 de noviembre de 1969, con asistencia de los Honorables Senadores señores Ballesteros (Presidente), Contreras, García, Lorca y Sule; 3 de diciembre de 1969, con asistencia de los Honorables Senadores señores Ballesteros (Presidente), Contreras, Lorca y Sule; 28 de enero de 1970, con asistencia de los Honorables Senadores señores Ballesteros (Presidente), García, Lorca, Miranda y Montes; 1º de abril de 1970, con asistencia de los Honorables Senadores señores Ballesteros (Presidente), Contreras, Lorca y Miranda, y 8 de abril de 1970, con asistencia de los Honorables Senadores señores Ballesteros (Presidente), señora Campusa-no y señores Acuña, García y Lorca.

(Fdo.): Andrés Rodríguez Cruchaga, Secretario.

5.- MOCION DEL HONORABLE SENADOR SEÑOR ACUÑA, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE MODIFICA EL ARTICULO 104 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO, EN LO RELATIVO A LOS REQUISITOS PARA INSCRIBIRSE EN LOS REGISTROS MUNICIPALES.

Honorable Senado:

Al aprobarse la última Reforma a la Constitución Política, puesta en vigencia por la ley Nº 17.284 de 23 de enero de 1970, se introdujeron diversas modificaciones entre las cuales una de las más importantes y de mayor significación social y política fue, evidentemente, la extensión del Derecho de Sufragio que benefició a todos los chilenos mayores de 18 años, eliminando la exigencia de saber leer y escribir.

Lamentablemente el claro espíritu del legislador en el sentido de democratizar aun más nuestra Carta Política, ampliando la base electoral nacional, que implicó modificar el artículo 1° de la Constitución que establece quienes son ciudadanos con derecho a sufragio, por una simple omisión, no alcanzó al artículo 104 que establece los requisitos necesarios para participar en los comicios electorales que da generación al Gobierno Comunal.

De este modo, se ha producido una falta de armonía y lógica en atención a que mientras el artículo 7º dispone que para poder participar en las elecciones generales para elegir Parlamentarios y Presidente de la República, se requiere tan sólo tener 18 años de edad, habiéndose borrado la exigencia de saber leer y escribir, para los efectos de elegir Regidores, según el texto que ha quedado vigente, se requiere tener 21 años de edad y saber leer y escribir, requisitos que autorizan para inscribirse en los Registros Electorales particulares, que rigen el proceso electoral municipal. En consecuencia, para subsanar esta lamentable omisión en la tramitación de la última Reforma Constitucional, vengo en proponer el siguiente proyecto de Reforma a la Carta Fundamental de Chile:

Proyecto:

"Artículo único.- Modifícase el artículo 104 de la Constitución Política del Estado, sustituyéndose en el inciso 2º la expresión, "21 años de edad y saber 1er y escribir", por la siguiente: "18 años de edad".

(Fdo.) : América Acuña Rozas.