Labor Parlamentaria

1.-MENSAJE DE SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

"Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:

El artículo 1º de la ley Nº 16. 908, estableció que el Servicio Nacional de Salud debe transferir a sus "ocupantes" a la fecha de vigencia de la ley, inmuebles de su propiedad en las ciudades de Concepción y Arica.

Que en dicho artículo se utiliza el término "ocupantes" y que siendo necesario precisar el sentido de este vocablo, debe suponerse la existencia previa de un título legítimo, para evitar que personas que han obtenido viviendas por vías de hecho o sin cumplir o dejando de cumplir las normas que regulan el contrato que le sirve de título, impetren en su favor los beneficios de dicha ley, en desmedro de quienes cumplan con estos requisitos.

En mérito de lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de Vuestras Señorías, para que sea tratado en el actual período de sesiones, en el carácter de urgente, el siguiente

Proyecto de ley:

Artículo único.- Declárase que el sentido del vocablo "ocupantes" que utiliza el artículo primero de la Ley Nº 16. 908, debe entenderse que se refiere a quienes habiten personalmente o con su familia un inmueble del Servicio Nacional de Salud y cuya ocupación emane de título legítimo, entendiéndose por tal aquél que provenga de la autoridad competente obrando dentro de sus respectivas atribuciones y que se encuentre vigente.

Saluda atentamente a V. E. (Fdo. ): Salvador Allende Gossens. Jaime Concha G. "

2.-MENSAJE DE SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

"Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:

Existen en el país numerosos establecimientos privados que realizan acciones de salud que son indispensables para la comunidad, cuyos representantes han expresado su interés por transferirlos al Servicio Nacional de Salud, a fin de que esta Institución se haga cargo del cumplimiento de esas funciones, en atención a la imposibilidad en que se encuentran de seguir afrontando adecuadamente los problemas de orden técnico y financiero que se oponen a su desarrollo.

En estas circunstancias, se hace necesaria una instrumentación apropiada que habilite al Servicio Nacional de Salud para convenir la transferencia de esos establecimientos, dotando a su Consejo Nacional de atribuciones suficientes para estipular en cada caso las condiciones más convenientes a cada circunstancia, teniendo en consideración la gran variedad de alternativas que pueden presentarse, según la naturaleza de cada uno de estos institutos o establecimientos privados.

En consecuencia y considerando que este mecanismo provee en parte el programa del Supremo Gobierno en orden a la organización del Servicio Único de Salud, cuya columna vertebral será el Servicio Nacional de Salud, se ha elaborado un proyecto de ley que establece un procedimiento sencillo para efectuar las transferencias de bienes necesarias y la absorción del personal de estos establecimientos en las plantas del Servicio Nacional de Salud.

Entre las disposiciones del proyecto, cabe destacar la del artículo 3º, que confiere derecho al personal de los establecimientos privados que sean transferidos al Servicio para incorporarse a esta Institución, siempre que cumplan con las normas exigidas por las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, para evitar situaciones de privilegio en desmedro de los actuales funcionarios del Servicio, facultando al Consejo Nacional de Salud para que, en estos casos, proceda a modificar las plantas y escalafones, así como su presupuesto, en las sumas que sean necesarias; el artículo 6º, que radica en el Servicio del beneficio de cualquier asignación de carácter singular o universal de que estuviera gozando el establecimiento de que se trate y el artículo 7º que declara exentos de todo impuesto, derecho, arancel y gravamen fiscal o municipal a todos los actos, contratos, inscripciones y anotaciones a que dé lugar la aplicación del proyecto de ley.

Es particularmente apremiante en este momento la situación del establecimiento de la Sociedad Hospital de Niños de Valparaíso Dr. Jean y Marie Thierry, agobiada, entre otros factores, por fuertes deudas de impuestos y contribuciones, cuyo pago no está en situación de asumir: en estas circunstancias se ha contemplado una disposición transitoria en cuyo inciso primero se condonan sus deudas actualmente pendientes por estos motivos y en cuyo inciso segundo se legaliza el pago de las sumas que el Servicio Nacional de Salud ha tenido que estarle provisionando desde hace algún tiempo para evitar la terminación de sus actividades, que produciría un grave problema asistencial a la población de Valparaíso.

Por lo tanto y conforme a las disposiciones del artículo 45 y siguientes de la Constitución Política del Estado, vengo en proponer a vuestra consideración el siguiente proyecto de ley.

Proyecto de ley

Artículo 1.- Se faculta a las instituciones privadas que realizan acciones de salud para convenir la transferencia de los bienes destinados a esas prestaciones y de las obligaciones contraídas en el ejercicio de sus acciones de salud, al Servicio Nacional de Salud, a fin de que este continúe realizando dichas funciones.

Artículo 2º.- La transferencia a que se refiere el artículo anterior podrá incluir todos los bienes sean corporales o incorporales de las instituciones privadas que realizan acciones de salud y la de todas aquellas obligaciones contraídas en el ejercicio propio de dichas funciones.

La incorporación de los bienes raíces al patrimonio del Servicio Nacional de Salud se efectuará por el solo ministerio de la ley, debiendo, en todo caso, realizarse las inscripciones correspondientes en el Registro Conservador.

Artículo 3º.- El personal de las instituciones privadas que preste sus servicios en los establecimientos cuyos bienes se transfieran al Servicio Nacional de Salud podrá incorporarse a este Servicio aun cuando no cumpla con las normas exigidas por las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, siempre que haya tenido tal calidad, a lo menos, por el plazo de dos años completos.

Para estos fines, se faculta al Consejo Nacional de Salud para que cada vez que acuerde la transferencia de bienes de un establecimiento de institución privada que realiza acciones de salud, proceda a modificar sin más trámites, las plantas y escalafones de funcionarios para incorporar el nuevo personal.

El Servicio Nacional de Salud modificará su presupuesto en las sumas que sean necesarias, con el solo acuerdo de su Consejo.

Artículo 4º.- Las resoluciones del Director General que materialicen los acuerdos del Consejo destinados a incorporar al nuevo personal se someterán a la "Toma de Razón" por la Contraloría General de la República y no se sujetarán a ningún otro trámite legal o reglamentario.

Artículo 5º.- Se faculta al Consejo Nacional de Salud y a los organismos resolutivos de las instituciones privadas señaladas en el artículo primero, para que convengan todas las condiciones y modalidades para la transferencia de bienes, estipulado en los instrumentos que se otorguen o suscriban las cláusulas más adecuadas, a la finalidad perseguida, en los términos más amplios y sin ninguna restricción.

Las transferencias de bienes que se efectúen a título gratuito no estarán sujetas, para su validez, al trámite de insinuaciones, cualesquiera que fuere se cuantía.

Artículo 6º.- Declárase que cualquier asignación a título universal o singular en que sea beneficiario alguno de los establecimientos cuyos bienes y funciones se transfieren al Servicio Nacional de Salud, se entenderá destinada a este Servicio.

Artículo 7º.- Todas las actuaciones a que dé lugar la aplicación de la presente ley, como las convenciones, donaciones, actos y contratos, inscripciones y anotaciones, estarán exentos de todo gravamen, impuesto, derecho y arancel sea fiscal, municipal o de cualquier otro tipo.

Artículo transitorio.- Condónanse las deudas actualmente pendientes por cobros de impuestos o contribuciones de cualquier clase o naturaleza que adeude la Sociedad Hospital de Niños de Valparaíso Dr. Jean y Marie Thierry, como asimismo, las de los bienes raíces que le hayan sido asignados por herencia o legado.

Declárase bien invertidas las sumas que por cualquier concepto haya entregado el Servicio Nacional de Salud a la sociedad hospitalaria mencionada en el inciso anterior, o entregue en el futuro, hasta el día de la disolución de dicha Sociedad.

Saluda atentamente a V. E. (Fdo. ): Dr. Juan Carlos Concha Gutiérrez, Ministro de Salud Pública.

3.-OFICIO DEL SENADO

"Nº 12. 968. Santiago, 27 de abril de 1972.

Con motivo del Mensaje, informe y antecedente que tengo a honra pasar a manos de V. E., el Senado ha tenido a bien aprobar el siguiente

Proyecto de ley:

"Artículo único. Derógase, a contar del 1? de enero de 1972, el D. F. L. Nº 6, de SO de septiembre de 1967, dictado en uso de las facultades conferidas por el artículo 249 de la ley Nº 16. 617".

Dios guarde a V. E. (Fdo.): Patricio Aylwin Azócar. Daniel Egas Matamala. "

4.-OFICIO DEL SEÑADO

"Nº 12. 966Santiago, 27 de abril de 1972.

Con motivo de la moción, informe y antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V. E., el Senado ha tenido a bien aprobar el siguiente

Proyecto de ley:

"Artículo único. Declárase que es y ha sido ajustado a derecho el Acuerdo Nº 102 de la Municipalidad de Rancagua, de 18 de agosto de 1971, que modificó la planta y remuneraciones de sus empleados y obreros a partir del 1º de enero de 1972. ".

Dios guarde a V. E. (Fdo.): Patricio Aylwin Azocar. Daniel Egas Matamala."

5.-OFICIO DEL SENADO

"Nº 12. 967. Santiago, 27 de abril de 1972.

Con motivo de la moción, informes y antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V. E., el Senado ha tenido a bien aprobar el siguiente

Proyecto de ley:

"Artículo único. Auméntase, por gracia, a cuatro sueldos vitales mensuales, escala A), del departamento de Santiago, la pensión que actualmente percibe doña

Julia Valenzuela Montero por ley Nº 16. 194.

El mayor gasto que signifique la aplicación de esta ley se imputará al ítem de Pensiones del Presupuesto del Ministerio de Hacienda. ".

Dios guarde a V. E. (Fdo. ): Patricio Aylwin Azócar. Daniel Egas Matamala. "

6.-OFICIO DEL SENADO

"Nº 12. 956. Santiago, 27 de abril de 1972.

El Senado ha tenido a bien aprobar el proyecto de ley de esa Honorable Cámara que exime al personal de la Corporación de Fomento de la Producción de la aplicación del artículo del D. F. L. Nº 68, de 1960, con las siguientes modificaciones:

Artículo 1º

En su inciso primero, ha agregado la siguiente frase final, remplazando el punto (.) por una coma (, ): "sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 34 de la ley Nº 17. 416. ".

Ha rechazado su inciso segundo.

Artículo 2º

Ha intercalado a continuación de la forma verbal "Condónanse", las palabras "los saldos de".

Lo que tengo a honra comunicar a V. E., en respuesta a vuestro oficio Nº 1. 592, de fecha 26 de enero de 1972.

Acompaño los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V. E. (Fdo. ): Patricio Aylwin Azócar. Daniel Egas Matamala. "

7.-OFICIO DEL SENADO

"Nº 12. 965. Santiago, 27 de abril de 1972.

El Senado ha tenido a bien aprobar el proyecto de ley de esa Honorable Cámara que concede, por gracia, una pensión a doña Graciela Matte Hurtado, con la sola modificación que consiste en intercalar en el inciso primero de su artículo único, a continuación del sustantivo "pensión", el vocablo "mensual".

Lo que tengo a honra comunicar a V. E., en respuesta a vuestro oficio Nº 1. 629, de fecha 15 de marzo de 1972.

Acompaño los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V. E. (Fdo. ): Patricio Aylwin Azócar. Daniel Egas Matamala. "

8.-OFICIO DEL SENADO

"Nº 12. 973. Santiago, 2 de mayo de1972.

El Senado ha tenido a bien aprobar el proyecto de ley de esa Honorable Cámara que crea la comuna subdelegación deTirúa, en el departamento de Cañete, provincia de Arauco, con las siguientes modificaciones:

Artículo 1º

En su encabezamiento, ha intercalado, a continuación de la expresión "provincia de Arauco, ", la siguiente: "cuya cabecera será el pueblo de Tirúa ".

Artículo 4º

En su inciso final, ha reemplazado el verbo "cubrir" por "cobrar".

A continuación, como artículo 5º, ha consultado el siguiente, nuevo:

"Artículo 5ºA partir de 1973 y durante un período de 10 años, las Leyes "de Presupuesto de la Nación consultarán anualmente la cantidad de quinientos mil escudos, que se reajustará cada año de acuerdo al alza que experimente el índice de precios al consumidor, para cada una de las Municipalidades de Contulmo y Tirúa.

Dichos recursos deberán serles entregados a los Municipios referidos antes del 31 de mayo del año correspondiente y deberán ser invertidos en obras de adelanto local, como pavimentación, agua potable, alcantarillado, áreas verdes, estadios, edificios consistoriales y demás de ornato, salubridad, deportes y cultura.

Para realizar las obras indicadas, las mencionadas Corporaciones Edilicias elaborarán anualmente un plan de inversiones que deberá ser aprobado por los dos tercios de los Regidores en ejercicio.

Con acuerdo de la misma mayoría y con cargo a los recursos señalados en el inciso primero, los Municipios podrán solicitar créditos en el Banco del Estado u otras instituciones públicas o privadas, por un monto no superior a lo que les corresponderá percibir en conformidad con este artículo durante el lapso de tres años. ".

Artículo 5º

Ha pasado a ser artículo 6º, con la sola modificación que consiste en reemplazar la frase final "en forma ordinaria de acuerdo a la Ley de Elecciones", por la siguiente: "en la próxima elección general de Senadores y Diputados que se efectuará en 1973 y la que deberá renovarse en la elección general de Regidores de 1975".

Artículo 6º

Ha pasado a ser artículo 7º, sin enmiendas.

Artículo 7º

Ha pasado a ser artículo 8º, sustituido por el siguiente:

"Artículo 8º.- Autorízase al Presidente de la República para que refunda en un solo texto las disposiciones relativas a la división política y administrativa del país”.

Artículo 8º

Ha pasado a ser artículo 9º, redactado en los siguientes términos:

"Artículo 9º.- La presente ley entrará en vigencia sesenta días después de su publicación en el Diario Oficial. ".

Lo que tengo a honra comunicar a V. E., en respuesta a vuestro oficio Nº 1. 630, de fecha 15 de marzo de 1972.

Acompaño los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V. E. (Fdo. ): Patricio Aylwin Azócar. Daniel Egas Matamala. "

9.-OFICIO DEL SENADO

"Nº 12. 960. Santiago, 27 de abril de 1972.

El Senado ha tenido a bien aprobar las observaciones formuladas por Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto que modifica la ley Nº 10. 323, que liberó de derechos la internación de minerales de anhídrido fosfórico y abonos elaborados.

Lo que tengo a honra comunicar a V. E., en respuesta a vuestro oficio Nº 1. 610, de fecha 7 de marzo de 1972.

Devuelvo los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V. E. (Fdo. ): Patricio Aylwin Azócar. Daniel Egas Matamala. "

10.-OFICIO DEL SENADO

"Nº 12. 959. Santiago, 27 de abril de 1972.

El Senado ha tenido a bien rechazar la observación formulada por Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto de ley que autoriza a la Municipalidad de Talca para contratar empréstitos, pero no ha insistido en la aprobación del texto primitivo.

Lo que tengo a honra comunicar a V. E., en respuesta a vuestro oficio Nº 1. 585, de fecha 25 de enero de 1972.

Devuelvo los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V. E. (Fdo. ): Patricio Aylwin Azocar. Daniel Egas Matamala. "

11.OFICIO DEL SENADO

"Nº 12. 958. Santiago, 27 de abril de 1972.

El Senado ha tenido a bien rechazar la observación formulada por Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto de ley que crea el Instituto Nacional del Alcoholismo, y ha insistido en la aprobación del texto primitivo.

Lo que tengo a honra, comunicar a V. E., en respuesta a vuestro oficio Nº 1. 584, de fecha 25 de enero de 1972.

Devuelvo los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V. E. (Fdo. ): Patricio Aylwin Azócar. Daniel Egas Matamala. "

12.-OFICIO DEL SENADO

"Nº 12. 963. Santiago, 27 de abril de 1972.

El Senado ha tenido a bien aprobar las modificaciones que esa Honorable Cámara introdujo al proyecto de ley que faculta a la Junta de Adelanto de Arica para constituir e integrar sociedades.

Lo que tengo a honra comunicar a V. E., en respuesta a vuestro oficio Nº 1. 567, de fecha 18 de enero de 1972.

Devuelvo los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V. E. (Fdo. ): Patricio Aylwin Azócar. Daniel Egas Matamala. "

13.-OFICIO DEL SENADO

"Nº 12. 913. Santiago, 26 de abril de 1972.

En sesión de fecha 18 del actual, el Honorable Senador señor Tomás Pablo pidió al Senado dirigir oficio a V. E., en nombre de Su Señoría y en el de los Honorables Senadores del Comité Nacional, remitiéndole el proyecto de ley que crea el Registro Nacional de Pescadores Artesanales, con el objeto de que se le tenga presente al discutirse una iniciativa legal que sobre esta materia envió el Ejecutivo a esa Honorable Cámara.

Envío a V. E. el presente oficio en nombre de los expresados señores Senadores y acompaño adjunto el Diario de Sesiones pertinente de esta Corporación.

Dios guarde a V. E(Fdo. ): Ricardo Ferrando Keun. Raúl Charlín Vicuña, "

14.-INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA

"Honorable Cámara:

La Comisión de Hacienda pasa a informar el proyecto de ley, de origen en un Mensaje, con urgencia calificada de "simple", que modifica la ley Nº 17. 272, en lo relativo a la confección y vigencia, de las planillas suplementarias de pago de diversos servicios.

La ley Nº 17. 272, que reajustó las remuneraciones del personal de los sectores público y privado para el año 1970, autorizó al Presidente de la República, a través de los artículos 83 y 84, para reestructurar diversos servicios de la Administración del Estado.

La primera de estas disposiciones se refiere a la reorganización de las Reparticiones que» señala, en los Ministerios del Interior, de Hacienda, de Justicia, de Obras Públicas, del Trabajo y Previsión Social y de Minería; como, asimismo, de la Presidencia de la República y de la Secretaría y Administración General de varios Ministerios y de las Subsecretarías de Salud, Previsión Social y Economía, Fomento y Reconstrucción.

Por su parte, el artículo 84 permite la reestructuración de la Oficina de Presupuestos del Ministerio del Interior, de la Dirección de Aprovisionamiento del Estado, de la Dirección y Oficina de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, de la Oficina de Presupuestos del Ministerio, de Justicia, de las Direcciones de Tierras y Bienes Nacionales y de Asuntos Indígenas, respectivamente, y de la Oficina de Presupuestos del Ministerio de Tierras y Colonización.

Ambos artículos contemplan las disposiciones habituales en este tipo de normas, con el objeto de asegurar el debido resguardo del personal en servicio, especialmente en lo que se refiere a la permanencia en sus cargos y a la conservación del monto de sus remuneraciones y de su régimen previsional.

En el artículo 83 se estableció, además, de manera expresa, que la aplicación de las facultades concedidas al Presidente de la República no podrían significar la pérdida del beneficio que confiere a esos personales el artículo 98 de la ley Nº 16. 617.

Esta disposición legal, entre otras materias, fija la escala de categorías, grados y sueldos de la Administración, Civil, Poder Judicial, Personal dependiente del Ministerio de Educación Pública, de los Servicios Semifiscales y de la Administración Autónoma. El artículo 98, antes mencionado, establece que las planillas suplementarias resultantes dé la aplicación de las escalas de los artículos 1º y 11, que se refieren a los servicios de la Administración Civil Fiscal, del Poder Judicial y de la Sindicatura General de Quiebras, no estarán sujetas a imposiciones previsionales y serán absorbidas por aumentos provenientes de reestructuraciones.

Desgraciadamente, en el artículo 84 se omitió este alcance, de manera que, como se expresa en la exposición de motivos del Mensaje que dio origen al proyecto en informe, "si se aplicase literalmente los referidos artículos 83 y 84, las planillas suplementarias del personal de los Servicios incluidos en el artículo 83 no serían absorbidos por las reestructuraciones a que diera lugar, pero por el contrario, las planillas suplementarias del personal de los Servicios incluidos en el artículo 84 serían absorbidos por las reestructuraciones que resultaren de su aplicación. ".

El proyecto de ley en informe tiene por objeto salvar este vacío legal, que produce una injusta discriminación entre los personales señalados en los artículos 83 y 84 del mencionado texto legal.

A mayor abundamiento, como se indica en la exposición de motivos del Ejecutivo, en los Servicios incluidos en el artículo 84 "se siguieron confeccionando planillas de pago sin eliminar la planilla suplementaria referida y sin que hasta la fecha ello haya sido objetado por la Tesorería Provincial de Santiago o por la Contraloría General de la República, pero sin duda, en cualquier momento podrá formularse un reparo y los empleados, que han recibido de absoluta buena fe las cantidades respectivas, se verán abocados a restituirlas con grave trastorno de sus remuneraciones mensuales. ".

Por estas razones, la Comisión de Hacienda aprobó en general y particular, por asentimiento unánime, el artículo único del proyecto de ley en informe, pues estimó de justicia solucionar en esta forma un problema que afecta a un sector muy numeroso e importante de la Administración Pública y, en consecuencia, acordó recomendar a la Honorable Cámara la aprobación de esta iniciativa legal, en los mismos términos propuestos, que son los siguientes:

Proyecto de ley

"Artículo único.- Agrégase al inciso segundo del artículo 84 de la ley Nº 17. 272, en punto seguido y a contar de la vigencia de dicho precepto, la siguiente frase: "Respecto de las reorganizaciones que autoriza este artículo no se aplicará lo establecido en el artículo 98 de la ley Nº 16. 617. ". "

Sala de la Comisión, a 2 de mayo de 1972.

Acordado en sesión de fecha 27 de abril del año en curso, con" asistencia de los señores Phillips (Presidente), Acevedo, Andrade, Lavandero, Lazo, doña Carmen; Páez, Penna, Rodríguez y Tagle.

Se designó Diputado informante al señor Acevedo. (Fdo. ): Carlos Olivares Santa Cruz. "

15.-INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA

"Honorable Cámara:

La Comisión de Hacienda pasa a informar el proyecto de ley, de origen en un Mensaje, con urgencia calificada de "simple" y despachado favorablemente por la Comisión de Defensa Nacional, Educación Física y Deportes, que introduce diversas modificaciones en el sistema previsional de las Fuerzas Armadas, en lo relativo a sus ex servidores, con el objeto de corregir situaciones de injusticia que se presentan en la actualidad.

Asistieron a la Comisión los señores Subsecretarios de Guerra y Marina, Coronel (R) don Rafael Valenzuela V. y Capitán de Navio (R) don Jorge Domínguez K., respectivamente, como, asimismo, el señor Jaime Wattier, Jefe de la Oficina de Pensiones del Ministerio de Defensa Nacional, quienes informaron a la Comisión sobre materias propias de su competencia.

Las diversas modificaciones propuestas al sistema previsional de las Fuerzas Armadas fueron estudiadas en detalle en el informe emitido por la Comisión de Defensa Nacional, Educación Física y Deportes.

Respecto de las materias propias de la competencia dé la Comisión de Hacienda, conviene distinguir entre la nivelación de quinquenios, a que se refieren los tres primeros artículos del proyecto, que tiene un financiamiento específico, y el resto de los beneficios contemplados en esta iniciativa legal.

A.- Nivelación de quinquenios.

El artículo 2º dispone que el personal con goce de pensión que estuvo afecto al Fondo Nivelador de Quinquenios que se suprime en el artículo 1º y sus asignatarios de montepío, disfrutarán del mismo porcentaje de quinquenios que perciban sus similares en servicio activo.

Cabe recordar que el monto de los quinquenios se determina exclusivamente en relación a los años de servicios, según la siguiente escala:

ler. quinquenio 30%

2º quinquenio 30%

3er. quinquenio 20%

4º quinquenio 20%

5º quinquenio y posteriores 15%

El tope es de ocho quinquenios, porque al cumplirse cuarenta años de servicio se produce retiro forzoso.

El mayor gasto que producirá esta nivelación se estima en la suma de Eº 10. 600. 000 y se financia en la siguiente forma:

a) Con las primeras diferencias de aumentos de las pensiones de retiro y montepío que pague la Caja de Previsión, de la Defensa Nacional, cualquiera sea su origen o naturaleza, las que ingresarán, sin excepciones, a esa Caja, y

b) Con un 0, 75% de las remuneraciones imponibles del personal activo afecto a esa Institución Previsional y de las pensiones imponibles de retiro y montepío causadas con anterioridad al 1º de julio de 1964.

Esta cantidad se descontará de las imposiciones de 8% que en la actualidad afectan al personal activo y pasivo, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 5º del D. F. L. Nº 31, de 1953.

De ese 8% que recibía, la Caja aportaba un 0, 50%, cantidad que ahora se eleva a 0, 75%.

Al respecto, el señor Subsecretario de Guerra manifestó que el mecanismo contemplado en el artículo en estudio resultaba suficiente para costear el mayor gasto que significará la aplicación de la nivelación de quinquenios propuesta, razón por la cual este rubro se encontraba perfectamente financiado.

No obstante, algunos señores Diputados manifestaron su preocupación por el hecho de que los descuentos contemplados en esta norma se traducirían en un menor ingreso para la Caja y, en consecuencia, ésta debería reducir los beneficios que actualmente proporciona a sus imponentes.

Sobre el particular, el señor Subsecretario de Guerra informó que, efectivamente, debería reducirse el plan habitacional elaborado por la Caja, pero que, en todo caso, esta disminución sería mínima y no guardaba relación con el mayor bienestar que la nivelación de quinquenios produciría a un sector tan numeroso de las Fuerzas Armadas.

Con el mérito de estos antecedentes, la Comisión prestó su aprobación unánime al artículo 3º, en estudio.

B.- Otros beneficios.

El proyecto en informe contempla diversos otros beneficios para el personal pasivo de las Fuerzas Armadas, que significarán un mayor gasto fiscal y que dicen relación con el goce de sobresueldos por especialidad (artículo 49); el derecho a retiro por inutilidad de segunda clase (artículo 5º); el derecho a percibir sueldos superiores que se concede a los Suboficiales Mayores; Suboficiales y a los de igual jerarquía (artículo 6º); y, finalmente, el mayor aporte fiscal, equivalente al 0, 75% de los sueldos y pensiones imponibles, según se vio anteriormente al estudiar el financiamiento de la nivelación de quinquenios (artículo 11, letra h).

Cabe hacer presente que en la Comisión de Hacienda se dejó expresa constancia que la indicación presentada por el Ejecutivo para financiar esos artículos con cargo a los fondos consultados en el proyecto de ley que reajusta las remuneraciones de los sectores público y privado para el año 1972, fue rechazada en su oportunidad por la Comisión de Defensa Nacional, Educación Física y Deportes exclusivamente porque prefirió no pronunciarse sobre esta materia, que consideró propia de la competencia de la Comisión de Hacienda y que, en consecuencia, dicho rechazo no tiene otro alcance que el señalado.

En los fundamentos de dicha indicación se expresa que el mayor gasto que resulte de aplicar los artículos 4º, 5º, 6º y 11, letra h) de la presente ley a que nos hemos referido anteriormente suma la cantidad de Eº 48. 000. 000 anuales.

Y agrega que "al estudiarse el reajuste de remuneraciones para 1972, se consideró esa suma en el financiamiento total, ya que a esa fecha ya estaba terminado el análisis económico que dio origen a este proyecto que favorece al personal pasivo de las Fuerzas Armadas.

Al encontrarse incluido el mayor gasto, en otro proyecto, sólo sería necesario indicar éste, en qué ley se halla la fuente de ingresos que permite dar cumplimiento a sus disposiciones. "

Por estas razones, la Comisión de Hacienda concordó plenamente con el financiamiento propuesto por el Ejecutivo, en vista de lo cual la Mesa formuló indicación para, reponer el artículo propiciado por el Supremo Gobierno, la que fue aprobada por unanimidad.

En consecuencia, se acordó recomendar a la Honorable Cámara la aprobación del proyecto en informe, con la sola enmienda de consultar el siguiente artículo nuevo:

"Artículo... El mayor gasto que demande la aplicación de los artículos 4º, 5º, 6º y 11, letra h) de la presente ley, se financiará con cargo a los recursos consignados en el proyecto de ley que reajusta las remuneraciones de los trabajadores de los sectores público y privado para el año 1972. "

Sala de la Comisión, a 2 de mayo de 1972.

Acordado, en sesión de fecha 27 de abril del año en curso, con asistencia de los señores Phillips (Presidente), Acevedo, Andrade, Lavandero, Lazo, doña Carmen; Páez, Penna, Rodríguez y Tagle;

Se designó Diputado Informante al señor Acevedo. (Fdo. ): Carlos Olivares Santa Cruz. "

16.-INFORME DE LA COMISION DE CONSTITUCION, LEGISLACION Y JUSTICIA

"Honorable Cámara:

La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia pasa a informar, en segundo trámite reglamentario, el proyecto de ley, remitido por el Honorable Senado, que modifica diversas disposiciones del Código Penal.

Durante la discusión del segundo trámite reglamentario de este proyecto estuvieron presentes los señores José Antonio Viera Gallo, Subsecretario de Justicia; Ignacio Muñoz, Asesor del Ministerio del mismo ramo; Miguel Schweitzer, Profesor de Derecho Penal y Cesar Toledo, Relator de la Corte de Apelaciones de Santiago, quienes expusieron sus respectivas opiniones sobre los problemas que se plantearon.

Se deja constancia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 154 del Reglamento, que el artículo único de que consta el proyecto fue objetó de indicaciones y fue modificado por la Comisión; que no hay artículos suprimidos, ni artículos nuevos agregados; que no hay artículos que deban ser conocidos por la Comisión de Hacienda y que los acuerdos relativos a estas menciones fueron aprobados por unanimidad.

La siguiente indicación del señor Tejeda, fue rechazada por mayoría de votos:

"Para sustituir el Nº... por el siguiente:

"Nº... Sustituyese el inciso segundo del artículo 72, por el siguiente:

"En los casos en que participen en un mismo delito individuos mayores de 18 años y menores de dicha edad, se considerará este hecho como circunstancia agravante respecto de los mayores que se hubieren prevalido de los menores en la perpetración del delito.".

Como se expresó en el primer informe, este proyecto remitido por el Honorable Senado consta de un solo artículo que, en diversos números introduce varias modificaciones al Código Penal.

La Comisión, en el primer trámite reglamentario, aprobó sólo siete de los nueve números que formaban el artículo único. Los números desechados proponían enmiendas a los artículos 18 y 450 del Código Penal.

De las indicaciones sometidas a lá consideración de la Comisión en este trámite reglamentario, ésta aprobó lá que consiste en reponer un inciso que se agrega al artículo 18 del Código Penal, en los mismos términos primitivamente propuestos en el proyecto del Honorable Senado cuyo tenor es el siguiente, y otro inciso que se analizará más adelante:

"Si la ley que exima el hecho de toda pena o le aplique una menos rigurosa se promulgare después de ejecutoriada, sea que se haya cumplido o no la condena impuesta, el Tribunal de primera instancia que hubiere pronunciado dicha sentencia deberá modificarla, de oficio o a petición de parte y con consulta a la Corté de Apelaciones respectiva. "

Durante la discusión de este precepto se produjo un interesante debate sobre sus efectos, su sujeción a los preceptos constitucionales y su aceptación por la doctrina y la legislación de otros países.

Las leyes penales tienen un ámbito de aplicación en el tiempo que va desde su publicación hasta su derogación. Es evidente que la formulación de este principio no tendría ninguna dificultad práctica si la pena fuera de aplicación instantánea o inmediata a la época de la comisión de un delito. Pero entre ambos media el juzgamiento y es ahí donde surge el problema, si en el intertanto se dicta una nueva ley que declara como delictual un hecho que hasta entonces era impune o dispone que un hecho criminoso deja de serlo, o aplica una pena más grave o sanciona con una más benigna un determinado delito consultado en la legislación vigente.

El artículo 9º del Código Civil dispone que la ley rige sólo para lo futuro, esto es, no puede ser aplicada retroactivamente.

En materia penal el artículo 11 de la Constitución dice que "Nadie puede ser condenado si no es juzgado legalmente y en virtud de una ley promulgada antes del hecho sobre que recae el juicio". Además, el artículo 18 del Código Penal dispone que "ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración".

Frente a estas normas, que señalan que un hecho debe ser juzgado criminalmente de acuerdo con la ley penal vigente en el tempo de su realización, nuestro Código Penal ha consultado un precepto, en el niciso segundo del artículo 18, que es una excepción a los principios básicos antes transcritos. Se expresa que "si después de cometido el delito y antes de que se pronuncie sentencia de término, se promulgaré otra ley que exima tal hecho de toda pena o le aplique una menos rigurosa, deberá arreglarse a ella su juzgamiento".

De manera que la retroactividad de la ley penal más benigna según la legislación vigente en nuestro país sólo opera antes de que se dicte sentencia.

Junto a este principio, universalmente aceptado, ha venido formulándose uno semejante que hace aplicable la ley posterior más favorable al reo, aun cuando se haya dictado sentencia de término y se encuentre cumpliendo la condena. Se fundamenta casi en las mismas concepciones que hicieron prosperar la inclusión del anterior en las legislaciones de casi todo el mundo. No se trata de un mero sentido de humanidad sino de un concepto de justicia, pues si el Estado considera que un hecho debe ser sancionado menos severamente está reconociendo que la ley anterior ha dejado de ser justa. Lo mismo ocurre si el poder social considera que determinado hecho no debe ser penado.

El criterio imperante en la doctrina y en el derecho positivo es que la ley penal más benigna tenga efecto retroactivo en la forma más amplia.

El artículo 24 del Código Penal español dice que "las leyes penales tienen efecto retroactivo en cuanto favorezcan al reo de un delito o falta, aunque al publicarse aquéllas hubiere recaído la sentencia firme y el condenado estuviere cumpliendo la condena".

Entre nosotros, ya en la Comisión Redactora del Código Penal, don José Clemente Fabres, en la sesión 127º propuso que se hiciera extensiva la ley penal más favorable aún a los reos ya condenados y que cumplen su condena.

El proyecto de nuevo Código elaborado en 1945 acepta también la retroactividad en esos mismos términos.

El artículo 9º del Código Penal tipo para Latinoamérica a proposición de la Delegación chilena, en la Conferencia celebrada en México en 1965, consagra igualmente el principio referido.

La preocupación de que la horma que se está proponiendo en este proyecto estuviera en conflicto con lo dispuesto en el artículo 80 de la Constitución Política, esto es, que en alguna medida pudiera significar una transgresión a su texto que expresa: "La facultad de juzgar las causas civiles y criminales pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el Presidente de la República, ni el Congreso, pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes o hacer revivir procesos fenecidos. ", fue despejada por la intervención que sobre el particular hizo el Profesor señor Schweitzer.

Después de señalar algunos antecedentes doctrinarios y legislativos, muchos de los cuales ya hemos reseñado, hizo presente que la misma situación, en alguna medida, se produciría con el artículo 103 del Código Penal que autoriza para modificar la sentencia en el sentido de disminuir la pena ya impuesta, si el reo ausente del juicio se presentare o fuere habido antes de completar el tiempo de prescripción de la pena, pero habiendo ya transcurrido la mitad del que se exige para dicha prescripción.

La Comisión aprobó un inciso nuevo que resuelve los conflictos que se señalaron en el primer informe,, respecto a la contradicción de la norma sobre retroactividad de la ley penal y el principio de la cosa juzgada, frente a las indemnizaciones a que hubiere dado lugar la comisión del delito. Expresa el precepto aprobado, que en caso alguno se alterarán las consecuencias de la sentencia primitiva respecto de las indemnizaciones pagadas o cumplidas o respecto de las inhabilidades que dicho fallo hubiera producido para el hechor.

Se aprobó, además, sustituir el inciso primero del artículo 450, que actualmente dispone que se castigarán como consumados desde que se encuentren en grado de tentativa todos los delitos de robo o hurto a que se refiere el Título IX del Código Penal, con el objeto de restringir este precepto solamente a los delitos a que se refieren el párrafo 2º y el artículo 440 del Párrafo 3º, es decir, los de robo con violencia o intimidación en las personas y el robo con fuerza en las cosas efectuado en lugar habitado o destinado a la habitación o en sus dependencias.

En el primer informe, al dar cuenta del rechazo de similar norma, expresamos sus fundamentos para proponerla: se aplican penas desmesuradas, en virtud de este precepto, que no guardan relación con la naturaleza e importancia del delito.

Con el mérito de lo expuesto y de otras consideraciones que podrá entregar el señor Diputado Informante, la Comisión ha prestado su aprobación al siguiente

Proyecto de ley:

"Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Código Penal:

1º.- Agréganse al artículo 18 los siguientes incisos finales:

"Si la ley que exima el hecho de toda pena o le aplique una menos rigorosa se promulgare después de ejecutoriada la sentencia, sea que se haya cumplido o no la condena impuesta, el Tribunal de primera instancia que hubiere pronunciado dicho sentencia deberá modificarla, de oficio o a petición de parte y con consulta a la Corte de Apelaciones respectiva.

En ningún caso la aplicación de este artículo modificará las consecuencias de la sentencia primitiva en lo que diga relación con las indemnizaciones pagadas o cumplidas o las inhabilidades. ";

2º.- Suprímese en el artículo 65 la expresión "o una muy calificada", y reemplázase la palabra "grado" por la frase "uno o dos grados";

3º.- Agrégase como artículo 68 bis, el siguiente:

"Artículo 68 bis.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los cuatro artículos anteriores, cuando sólo concurra una atenuante muy calificada el Tribunal podrá imponer la pena inferior en un grado al mínimo de la señalada al delito. ";

4º.- Reemplázase, en el artículo 72, el punto final (. ) por una coma (, ) y agregase la siguiente frase: "si estos se hubieren prevalido de los menores en la perpetración del delito, pudiendo esta circunstancia ser apreciada en conciencia por el juez. ";

5º.- Reemplázase en el artículo 353 la frase "mayor en su grado mínimo" por menor en cualquiera de sus grados";

6º.- Agrégase como inciso segundo del artículo 365, el siguiente:

"Se impondrá la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado medio al que cometiere el delito concurriendo alguna de las siguientes circunstancias:

1º.- Cuando se use de fuerza o intimidación sobre la víctima;

2º.- Cuando se halle la víctima privada de razón o de sentido por cualquier causa, y

3º.- Ser el ofendido menor de catorce años cumplidos, aun cuando no concurra ninguna de las circunstancias expresadas en los dos números anteriores. ";

7º.- Sustituyese el inciso segundo del artículo 436, por el siguiente:

"Se considerará como robo y se castigará con la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo, la apropiación de dineros u otras especies que los ofendidos lleven consigo, cuando se proceda por sorpresa o aparentando riñas en lugares de concurrencia o haciendo otras maniobras dirigidas a causar agolpamiento o confusión. ";

8º.- Suprímese el inciso segundo del artículo 449, y

9º.- Sustituyese el inciso primero del artículo 450, por el siguiente:

"Los delitos a que se refiere el Párrafo 2º y el artículo 440 del Párrafo 3º de este Título, se castigarán como consumados desde que se encuentren en el grado de tentativa. ". ".

Sala de la Comisión, a 2 de mayo de 1972.

Acordado en sesión 104ª, especial, de fecha 26 de abril del presente, con asistencia de los señores Merino (Presidente), Diez, Fuentes, don César; Lorca, Naudon, Tejeda, Vergara y Zaldívar.

Se designó Diputado Informante al señor Tejeda.

(Fdo. ): José Vicencio Frías, Secretario de la Comisión. "

17.-INFORME DE LA COMISION DE CONSTITUCION, LEGISLACION Y JUSTICIA

"Honorable Cámara:

La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia pasa a informar el proyecto remitido por el Honorable Senado, con trámite de urgencia, calificada de "simple", que modifica la ley Nº 17. 161, que creó el Colegio de Bibliotecarios.

Asistieron a la Comisión y fueron escuchados por ésta las siguientes personas: don René Moraga, Presidente del Colegio de Bibliotecarios y doña Rosalía Urrea López, en representación de diversas funcionarías de la Biblioteca de la Universidad de Concepción.

Este proyecto fue largamente discutido en la Comisión y uno de los puntos que preocupó con preferencia su atención fue el artículo transitorio, que abre por un nuevo plazo los registros del Colegio para que puedan inscribirse las personas, que sin poseer título, hayan desempeñado el cargo y las funciones propias del bibliotecario profesional durante cierto lapso.

La ley Nº 17. 161 estableció que dentro del plazo de un año, a contar de la fecha de vigencia de la misma, podían solicitar su inscripción en el Registro, con todos los derechos, las personas que tuvieran título conferido por una universidad extranjera y acreditaran haber ejercido en Chile durante cinco años y las que a la fecha en que empezara a regir la ley estuvieran desempeñando el cargo de bibliotecario, sin poseer título, por un lapso no inferior a dos años y siempre que en la actualidad trabajen como tales.

La ley que creó el Colegio se publicó en el Diario Oficial el 10 de julio de 1969, de manera que el plazo para inscribirse está cerrado.

Según las informaciones entregadas por el Presidente del Colegio a la Comisión, el Consejo procedió a inscribir en los registros a todas las personas que lo solicitaron dentro de plazo y que según su criterio cumplían con los requisitos señalados en la ley.

No obstante, en la Comisión se conoció el caso de no más de alrededor de veinte personas, funcionarías de las bibliotecas de las Universidades de Concepción y Técnica del Estado, a las que se les habría negado injustamente su incorporación al Colegio, a pesar que, según ellas reunían los requisitos para ser admitidas.

Durante la tramitación del proyecto, la Comisión consiguió que el Ejecutivo retirara la urgencia hecha presente con anterioridad, con el objeto de que el señor Presidente del Colegio obtuviera del Consejo un pronunciamiento favorable a la situación de las personas no admitidas en los Registros. Dicha solución no se logró y el Consejo del Colegio de Bibliotecarios mantuvo sus puntos de vista, contrarios a revisar la situación de las personas mencionadas.

Como la situación de dichas personas no era clara y parecía que el Colegio había interpretado la ley en forma muy restrictiva y además la disposición despachada por el Honorable Senado no resolvía su problema, la Comisión aprobó un artículo transitorio que otorga un plazo de ciento ochenta días para solicitar su inscripción a las personas que sin poseer título hubieren cumplido con los requisitos establecidos en el artículo 1° transitorio de la ley Nº 17. 161 a la fecha de su publicación y que en la actualidad estén desempeñando funciones de bibliotecario.

Aparte de lo anterior, a petición del Presidente del Colegio, la Comisión conoció otras modificaciones a la ley Nº 17. 161 que tienen por objeto perfeccionar su texto y hacerlo más acorde con otras leyes que rigen instituciones de la misma naturaleza.

En resumen consisten en lo siguiente: en denominar Colegio de Bibliotecarios de Chile al primitivo Colegio de Bibliotecarios; impedir que sean simultáneamente miembros del Consejo determinados parientes; reglamentar mejor las atribuciones del Consejo, las causas de cesación en el cargo de Consejero y la forma de llenar las vacantes; establecer que el Colegio deberá sesionar por lo menos una vez al mes, etc.

Con el objeto de hacer más comprensible el alcance de dichas modificaciones, que se pueden entender de su sola lectura, se agrega como anexo del presente informe el texto de la ley Nº 17. 161.

Finalmente, respecto del alcance de la expresión "bibliotecario", se acordó dejar constancia en este informe del hecho de que, consultado el señor Presidente del Colegio acerca de si estaba de acuerdo con la definición que hace el Diccionario de la Lengua de la palabra "bibliotecario", este manifestó que en principio estaba de acuerdo con ese concepto, pero que lo consideraba concebido en una terminología restrictiva de su verdadero significado y alcance, y que es el Reglamento el encargado de definir, por mandato de la ley, lo que se entiende por bibliotecario.

Cabe hacer presente que hasta la fecha no se ha dictado el reglamento respectivo y que los problemas suscitados en la inscripción de los Colegios, derivan de no haberse fijado previamente lo que se entiende por bibliotecario.

La Comisión sustituyó el artículo 3º del proyecto del Honorable Senado que consultaba la obligación de los Martilleros de notificar toda subasta de libros o documentos con 30 días de anticipación al Director de Bibliotecas, Archivos y Museos y al Director de la Biblioteca del Congreso Nacional y establecía sanciones por su omisión. En su reemplazo aprobó una norma que faculta a dichos Directores para participar directamente en las subastas públicas de libros, manuscritos u otros impresos, otorgándoles el plazo de 30 días para pagar el precio de la subasta.

Con el mérito de las consideraciones precedentes y de las que pueda entregar el señor Diputado informante, la Comisión aprobó el siguiente

Proyecto de ley:

"Artículo lºIntrodúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 17. 161, de 10 de julio de 1969, que creó el Colegio de Bibliotecarios:

1.- Agréganse en el artículo 1º las palabras "de Chile", después de "Bibliotecarios".

2.- Suprímese en el inciso segundo del artículo 6º la frase "y pertenecientes a la jurisdicción de Santiago".

3.- Agrégase al artículo 7º el siguiente inciso final:

"No podrán ser simultáneamente miembros de un mismo Consejo, los cónyuges, los parientes consanguíneos o afines en la línea recta, ni los colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad, inclusive. ".

4.- Agrégase en el artículo 8º después de la palabra "sesión", una coma (, ) ya continuación la frase: "la que deberá efectuarse dentro de los 30 días siguientes al plazo a que se refiere el artículo 6º".

5.- Agrégase la siguiente letra e) al artículo 9º:

"e) estar al día en el pago de las cuotas establecidas por el Colegio".

6.- Modifícase el artículo 10 en la forma que a continuación se indica.

a) Reemplázase la letra a) por la siguiente:

"a) velar por el progreso, prestigio y prerrogativas de la profesión de bibliotecario y por su regular y correcto ejercicio; mantener la disciplina profesional; prestar protección económica y social a los miembros del Colegio, hacer resguardar los preceptos de ética profesional y perseguir el ejercicio ilegal de la profesión. ".

b) Reemplázase la letra f) por la siguiente:

"f) fijar el monto de las cuotas extraordinarias que deben pagar los colegiados, de todo el país, las que no regirán sino previa consulta y aprobación de la Reunión General. "

c) Reemplázase la letra j) por la siguiente:

"j) velar por el cumplimiento de esta ley, proponer a la autoridad competente la dictación o modificación de leyes, decretos y reglamentos que tengan relación con las actividades bibliotecarias.

Cuando sea necesario comparecer en. juicio para velar por el cumplimiento de esta ley y, en especial, cuando el Consejo se querellare criminalmente por perseguir el ejercicio ilegal de la profesión, no estará obligado a rendir fianza de calumnia. ".

d) Reemplázase la coma (, ) por punto y coma (; ) a continuación de la palabra "técnica" y elimínase la "y" en la letra ñ).

e) Agrégase la siguiente letra nueva:

"p) dictar el arancel de honorarios profesionales; éste deberá ser aprobado por el Presidente de la República y regirá siempre a falta de estipulación de las partes".

f) Agrégase la siguiente letra nueva:

"q) resolver en segunda instancia las cuestiones de honorarios que se susciten entre un colegiado y su cliente, cuando este último o ambos lo soliciten. En tales casos, el Consejo designará a uno de sus miembros para tramitar el asunto. Contra la decisión del Consejo no cabrá recurso alguno. En estos asuntos se usará el papel sellado que corresponda a la cuantía del honorario reclamado y la copia autorizada del fallo tendrá mérito ejecutivo, y".

g) Agrégase la siguiente letra nueva:

"r) organizar, con arreglo al Reglamento, instituciones de asistencia y cooperación, en beneficio de sus colegiados.

El Consejo General podrá formar con acuerdo de los dos tercios de sus miembros, un fondo especial para cumplir cualesquiera de las finalidades contenidas en este artículo. ".

7. Modifícase el artículo 12 en la forma que a continuación se indica: Reemplázase la palabra "año" por "mes" en el inciso primero.

Reemplázanse los incisos tercero, cuarto y quinto, por los siguientes:

"Los consejeros cesarán de inmediato en el ejercicio de sus cargos en los siguientes casos:

a) Cuando dejen de concurrir a tres sesiones ordinarias seguidas o cinco alternadas del Consejo, sin excusa aceptada por éste, en la forma que determine el Reglamento;

b) Cuando el Consejo a que pertenezca acoja un reclamo sobre su conducta profesional y le aplique una sanción, y

c) Cuando incurra en mora de seis meses en el pago de las cuotas del Colegio.

Las vacantes que se produzcan por cualquier causa serán llenadas por los candidatos que en la última elección del Consejo General hayan ocupado las más altas mayorías siguientes al número de consejeros elegidos. Los cargos serán desempeñados sólo por el tiempo que faltare para completar el período correspondiente a las Consejerías vacantes.

Las vacantes que no pudieren ser llenadas conforme a lo dispuesto en el inciso anterior, serán ocupadas por los colegiados que designe el Consejo.

En caso de renuncia colectiva de las personas que integran el Consejo o de falta o imposibilidad de un número de miembros que impide formar quórum para sesionar deberá procederse a una nueva elección y el Secretario convocará dentro de los quince días siguientes a una Reunión General Extraordinaria para fijar la fecha del acto eleccionario.

En esta elección extraordinaria los Consejeros que obtuvieren las seis primeras mayorías y los que ocuparen las cinco últimas durarán en sus cargos cuatro y dos años, respectivamente, o el plazo inferior que sea necesario de acuerdo a los artículos 6º y 7º.

En caso de faltar un período igual o inferior a tres meses para la próxima elección ordinaria que deba realizarse de acuerdo con el artículo 6º, la Reunión General podrá designar un Consejo Provisorio compuesto por cinco bibliotecarios colegiados, los que permanecerán en funciones hasta que asuma el nuevo Consejo General.

8.- Agréganse al artículo 13 los siguientes incisos finales:

En Santiago, el Consejo General hará las veces de Consejo Regional para esta provincia.

Este Consejo conocerá en única instancia las cuestiones que se promuevan en su jurisdicción.

9.- Reemplázase en el artículo 14, a continuación de la letra a) la letra "y" por una coma (,) y agréganse, a continuación de la letra c), las letras "y e".

10.- Reemplázase en el artículo 17, la palabra "abril" por "mayo".

11.- Reemplázase el artículo 21 por el siguiente:

Artículo 21.- Para ejercer la profesión de Bibliotecario se requiere estar inscrito en el Registro General del Colegio y en el del Consejo Regional respectivo, y estar al día en el pago de las cuotas.

Artículo 2º.- Suprímese en el artículo 3º de la ley Nº 17. 146, de 6 de mayo de 1969, la expresión "y de Bibliotecarios".

Artículo 3º.- Facúltase al Director de Bibliotecas, Archivos y Museos y al Director de la Biblioteca del Congreso Nacional para participar en las subastas públicas de libros, documentos públicos o privados, u otros impresos o manuscritos. Para pagar el valor de la adjudicación tendrán un plazo de treinta días. Si no pagaren dentro de dicho plazo, quedará sin efecto la adjudicación.

Artículos transitorios

Artículo 1º.- Dentro del plazo de ciento ochenta días a contar de la vigencia de esta ley, podrán solicitar su inscripción en el Registro del Colegio de Bibliotecarios de Chile, las personas que, sin poseer título, hubieren cumplido con los requisitos establecidos en el artículo 1º transitorio de la ley Nº 17. 161 a la fecha de su publicación y que en la actualidad se encuentren desempeñando funciones de bibliotecario.

Artículo 2º.- Lo dispuesto en el artículo 39 transitorio de la ley Nº 17. 161 dejará de regir ciento ochenta días después de la publicación de esta ley en el Diario Oficial. ".

Sala de la Comisión, a 2 de mayo de 1972.

Acordado en sesión 103?; Ordinaria, de fecha 26 de abril de 1972, con asistencia de los señores Merino (Presidente), Diez, Fuentes, don César; Lorca, Maturana, Naudon, Tejeda y Vergara.

Se designó Diputado informante al señor Vergara.

(Fdo. ): José Vicencio Frías. "

18.-INFORME DE LA COMISION DE EDUCACION PUBLICA

"Honorable Cámara:

La Comisión de Educación Pública pasa a informar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, con urgencia calificada de "simple", mediante el cual se crea la Comisión de Instrumentos Históricos.

La ley sobre protección a las obras de arte publicada bajo el Nº 17. 236, no contempló entre las obras de arte más importante al clavecín y el órgano, a pesar de reunir, especialmente en este último, no tan sólo la expresión musical más completa de la melodía y de la armonía juntos, sino por ser, en sí, una obra de arte en la que se combinan expresiones de arquitectura, de líneas y formas, como a la

par, solución de problemas físicos tales como los de acústica, neumáticas y calor, encaminados todos a la posibilidad de abarcar en síntesis todos los instrumentos ya que en el órgano se acumulan, en cuanto es posible, el timbre y la extensión de todos los instrumentos peculiares de una época.

Su construcción es producto de una permanente influencia, tanto de artesanos como de científicos, encaminados exclusivamente a un perfeccionamiento de este instrumento que hoy goza de la más importante reputación en el mundo, tanto es así que ha sido llamado el Rey de los Instrumentos.

El proyecto tiende a la conservación de estos instrumentos existentes en el país, la que estaría a cargo de personas que viven en contacto directo con éste, como son especialmente sus ejecutantes, creando la institución de Conservadores de Instrumentos, los que ejercerán su cometido gratuitamente, estarán obligados a mantenerlos en funcionamiento y proporcionar las reparaciones necesarias e incorporarlos a un programa de recitales periódicos, cooperando, además, en la ejecución de obras orquestales y corales, con la parte organística, contribuyendo así con un gran aporte a la cultura musical chilena.

En el país existen pocos instrumentos, los que se encuentran en un estado ruinoso o semirruinoso por la falta adecuada de cuidado. Además, muchos de ellos son verdaderos tesoros artísticos de inapreciable valor y que se encuentran expuestos a deterioros insubsanables si no se va hacia ellos con la protección mínima, para lograr salvar al país de la pérdida irreparable que significaría su destrucción para el ámbito musical.

La Comisión ha compartido ampliamente la idea incluida en el proyecto en estudio aprobando su contenido, tanto en general como en particular en forma unánime, salvo algunas disposiciones que no extrañan distorsión de, 1a idea fundamental, sino por el contrario, aclaran la redacción de algunas disposiciones contenidas en el artículo 3º, siendo ellas también aprobadas por unanimidad;

El proyecto en estudio consta de diez artículos.

En los artículos 1º y 2º establece qué instrumentos serán declarados de interés artístico" nacional y la forma cómo se hará dicha declaración.

El artículo 3º establece la manera como se formará la Comisión de Instrumentos Históricos.

El artículo 4º crea el cargo de Secretario de la Comisión, fija sus funciones y atribuciones, sin goce de renta.

Los, artículos 5º y 6º precisan el quórum para sesionar y las funciones de ella, respectivamente.

El artículo 7º se refiere al régimen de la propiedad del instrumento, la que no afecta, pero establece el procedimiento y medidas de protección estatal y formas de su uso.

El artículo 8º establece los procedimientos como se materializa la protección estatal sobre estos instrumentos, la que abarcará la restauración y mantención de él; asimismo, permite adecuar el local donde está ubicado, y la prohibición de traslado del instrumento, preferencia del Estado para su adquisición en caso de venta y, en general, toda medida conducente a la materialización de medidas y formas de protección que estime conveniente aplicar el Ministerio de Educación.

El artículo 9º se remite a las funciones de los Conservadores de los instrumentos.

Finalmente, el artículo 10 dispone que dentro del plazo de 120 días, contado desde la publicación de la ley, el Presidente de la República dictará el reglamento respectivo para la aplicación de la presente ley.

El artículo 3º fue aprobado por unanimidad, con excepción de las letras c), f) y de un inciso final que se agregó, como consecuencia de indicaciones que le fueron formuladas a su texto, las que también fueron aprobadas por asentimiento unánime.

En la letra c) se amplía el número de expertos de uno a dos, considerando la representación de la zona norte y de la zona sur del país, designados por los centros universitarios de las respectivas zonas. Esta indicación obedece al deseo de incorporar especialmente a las Sedes Universitarias de Antofagasta y de la Universidad Austral, ya que ambas han desarrollado un amplio programa de investigación de música autóctona, lo que ha enriquecido los conocimientos que sobre esta materia tiene el folklore nacional.

La indicación aprobada a la letra f) está destinada a aclarar la idea en el sentido de que los alumnos designados para integrar !a Comisión de Instrumentos Históricos deben ser dos, uno de la Universidad de Chile y el otro de la Universidad Católica de Chile.

La última de las indicaciones, aprobada por unanimidad como las precedentes, está encaminada a ampliar esta Comisión a un nivel provincial, designando un coordinador de la labor de la Comisión que será quien recomendará las medidas a tomar para cumplir las disposiciones de esta ley en sus respectivas zonas, sin perjuicio de la labor directa que realice la Comisión.

En conformidad con lo dispuesto en el artículo 153 del Reglamento de la Corporación se deja constancia que el proyecto en informe no será conocido por la Comisión de Hacienda por no existir disposiciones que obliguen a ello.

En mérito de lo anteriormente expresado, la Comisión recomienda la aprobación del proyecto en informe con las mencionadas indicaciones al artículo 3°, concebido en los siguientes términos:

Proyecto de ley:

"Artículo 1º.- Los instrumentos antiguos y los órganos declarados de interés artístico nacional estarán sujetos a los procedimientos de protección estatal que en esta ley se establecen.

Artículo 2º.- El Ministro de Educación Pública, a proposición de la Comisión de Instrumentos Históricos, hará la declaración a que se refiere el artículo anterior, la que se publicará en extracto en el Diario Oficial.

Artículo 3º.- Créase la Comisión de Instrumentos Históricos, que estará integrada por los siguientes miembros:

a) Dos representantes de las cátedras o asignaturas de clavecín y de órgano de la Facultad de Ciencias y Artes Musicales de la Universidad de Chile o, en su defecto, los suplentes respectivos;

b) Un representante de la cátedra o asignatura de clavecín y de órgano de la Universidad Católica de Chile, o en su defecto el suplente respectivo;

c) Dos expertos en instrumentos autóctonos que representen a la zona norte, uno, y el otro al sur, designados por los respectivos Centros Universitarios;

d) Un representante del Conjunto de Música Antigua de la Universidad Católica de Chile;

e) Dos representantes de la Asociación de Organistas y Clavecinistas de Chile, corporación de derecho privado, de difusión cultural;

f) Dos representantes de los alumnos del grado superior de las asignaturas de clavecín y de órgano, siendo uno de la Universidad de Chile y el otro de la Universidad Católica de Chile.

g) Una persona designada, en cada caso particular de reconocimiento de instrumento, por la Iglesia, congregación o institución propietaria, si estas entidades estiman conveniente efectuar tal designación. Para este efecto, deberán ser notificados previamente por la Comisión de Instrumentos Históricos.

La Comisión de Instrumentos Históricos designará en cada provincia del país, un representante de ella que coordinará la labor de la Comisión en el plano provincial y recomendará a ésta las medidas a tomar para el cumplimiento de las disposiciones de esta ley.

Artículo 4º.- La Comisión de Instrumentos Históricos tendrá un Secretario encargado de extender actas de sus reuniones, tramitar sus acuerdos ante las autoridades y desempeñar las comisiones que se le encomienden. El Secretario tendrá el carácter de Ministro de Fe para todos los efectos legales. Su desempeño no gozará de remuneración, así como tampoco el de los integrantes de la Comisión.

Artículo 5º.- La Comisión de Instrumentos Históricos podrá funcionar con un mínimo de cinco miembros, de los señalados en las letras a), b), c), d), e) y f) del artículo anterior. Sus acuerdos se adoptarán por simple mayoría de votos.

Artículo 6º.- Son funciones de la Comisión de Instrumentos Históricos:

a) Proponer al Ministro de Educación Pública la adopción de cualquiera de las medidas o procedimientos de protección estatal contempladas en esta ley;

b) Elaborar y poner en conocimiento del Ministro de Educación Pública proyectos de restauración de instrumentos declarados de interés artístico nacional. Dichos proyectos deberán contener en detalle las especificaciones de los trabajos a realizar y proponer los especialistas que deban contratarse;

c) Proponer al Ministro de Educación Pública la declaración de interés artístico nacional para determinado instrumento. Esta proposición se referirá en detalle al valor y a las características de aquél, antigüedad, factura/materiales, registración, etc., y el estado en que se encuentre;

d) Formar el Registro de Instrumentos Históricos y el catálogo de los instrumentos antiguos y de los órganos existentes en el país..,

Artículo 7º.- La declaración de ser un instrumento de interés artístico nacional no afectará al régimen de su propiedad. Sólo impondrá al propietario la obligación de permitir la aplicación de los procedimientos y medidas de protección estatal contempladas en esta ley, y facilitar el instrumento y el local en que éste se encuentre para la realización de recitales y actividades de docencia y difusión de las cátedras respectivas de las universidades estatales y privadas reconocidas por el Estado.

Artículo 8º.- La protección estatal sobre un instrumento declarado de interés artístico nacional se materializará a través de los siguientes procedimientos:

a) Restauración del instrumento, que será realizada por el Ministerio de Educación Pública, de acuerdo al proyecto que prepare y presente la Comisión de Instrumentos Históricos antes del 30 de junio de cada año. Para este efecto, en el Presupuesto del Programa de Fomento de la Educación y la Cultura de ese Ministerio, se contemplarán anualmente los fondos necesarios, de acuerdo a los proyectos presentados por la Comisión y aprobados por el Ministerio;

b) Mantención del instrumento en uso, para lo cual se nombrará un Conservador, designado por el Ministerio de Educación Pública cada tres años de entre los integrantes de una lista que deberá presentar la Asociación de Organistas y Clavecinistas de Chile y la Comisión conjuntamente y renovada o ampliada cada año. El Conservador podrá ser designado nuevamente para otros períodos sin limitación;

c) Realización en el local de las reparaciones indispensables para asegurar el ambiente adecuado a la conservación del instrumento en buenas condiciones, las que se efectuarán por el Ministerio de Educación Pública de acuerdo con lo dispuesto en la letra a) de este artículo;

d) Prohibición de traslado del instrumento, cuando a juicio de la Comisión de Instrumentos Históricos el nuevo local no ofrezca las condiciones ambientales requeridas;

e) Preferencia del Estado para la adquisición del instrumento, en caso de venta o remate, para lo cual serán aplicables en su integridad las disposiciones del artículo 15 de la ley Nº 17. 288, sobre Monumentos Nacionales.

Corresponderá al Ministerio de Educación Pública la aplicación de las medidas y procedimientos de protección estatal sobre instrumentos de valor artístico nacional.

El reglamento detallará la forma de materialización de estas medidas y contemplará otras formas de protección que se estimen convenientes.

Artículo 9º.- Las funciones de los Conservadores de los instrumentos se servirán en forma gratuita, e impondrán las siguientes obligaciones:

a) Mantención del instrumento en uso;

b) Efectuar reparaciones de menor entidad y comunicar a la Comisión de Instrumentos Históricos la necesidad de realizar aquellas que requieran intervención de especialistas;

c) Ejecución de recitales públicos, de acuerdo con un programa de difusión musical que la Asociación de Organistas y Clavecinistas de Chile presentará anualmente al Ministerio de Educación Pública. El reglamento podrá autorizar a la Asociación mencionada para acordar el cobro de una suma reducida de dinero como entrada a tales recitales, a beneficio de las actividades de dicha organización;

d) Cooperación con los conjuntos instrumentales y corales estatales, municipales o universitarios, para la presentación de obras que requieran participación orbanística. En esta actividad habrá lugar al cobro de honorarios profesionales.

La Comisión de Instrumentos Históricos velará por el cumplimiento de las obligaciones del Conservador y, a través de la facultad de Ciencias y Artes Musicales de la Universidad de Chile, podrá proponer al Ministerio de Educación Pública que deje sin efecto su nombramiento y se proceda a su reemplazo. El reglamento establecerá el procedimiento respectivo.

Artículo 10. Dentro del plazo de 120 días, contado desde la fecha de publicación de esta ley en el Diario Oficial, el Presidente de la República dictará el Reglamento para su aplicación. ".

Sala de la Comisión, a 28 de abril de 1972.

Acordado en sesión de fecha 26 de abril de 1972, con asistencia de los señores Retamal, doña Blanca (Presidenta accidental); Amunátegui Carrasco, Recabarren, Robles y Salinas, don Anatolio.

Se designó Diputado informante a la señora Retamal, doña Blanca.

(Fdo. ): José Benavides Lizana. "

19.-INFORME DE LA COMISION DE EDUCACION PUBLICA

"Honorable Cámara:

La Comisión de Educación Pública pasa a informar el proyecto de ley, de origen en un Mensaje, en primer trámite constitucional, con urgencia calificada de "simple", mediante el cual se denomina "Pablo Neruda" al Liceo de Hombres de Temuco.

El designar con el nombre de tan ilustre vate a la casa de estudios donde plasmó parte de su vida en su juventud, le permite a la Comisión mirar con profunda simpatía la idea única del proyecto, como es ligar al recuerdo permanente del liceo el nombre del que fuera su alumno.

Sin embargo, sin querer expresar un agravio a la filosofía del proyecto ni al recuerdo del poeta, la Comisión se ve en la obligación de rechazar, en forma unánime, el actual proyecto en atención a que ella aprobó el 24 de enero del presente año, en segundo trámite constitucional y en los mismos términos, el proyecto de ley remitido por el Honorable Senado que en su artículo único denomina "Pablo Neruda" al Liceo Superior de Hombres Nº 1 de Temuco, contenido en el boletín número 947722, de esta Comisión.

En aquella oportunidad la Comisión prestó su aprobación a ese proyecto en forma unánime, sin formularle indicaciones, en homenaje a la idea de su contexto, y, por las mismas razones, en esta oportunidad se ve obligada a rechazar, en forma unánime, el presente proyecto de ley.

Sala de la Comisión, a 28 de abril de 1972.

Acordado en sesión 49ª de fecha 26 de abril de 1972, con asistencia de los señores Retamal, doña Blanca (Presidenta accidental); Amunátegui, Carrasco, Recabarren, Robles y Salinas, don Anatolio.

Se designó Diputado informante a la señora Retamal, doña Blanca.

(Fdo. ): José Benavides Lizana. "

20.- informe de la comision de gobierno Interior

"Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Gobierno Interior pasa a informar el proyecto de ley de origen en un Mensaje, que reincorpora a la Planta de Carabineros de Chile, al Teniente (R) don Werner Yanes Ferreira.

El señor Yanes Ferreira, destacado Oficial de Carabineros, se retiró voluntariamente con fecha 1º de octubre de 1969.

En conformidad a las disposiciones legales vigentes y particularmente las aplicables al Cuerpo de Carabineros, es posible que el personal que se haya retirada pueda reincorporarse al Servicio; pero ello debe ocurrir necesariamente dentro del año del retiro.

En la especie ese plazo está vencido y no podría hacerlo de no mediar una autorización legal, como es la que se otorga en este caso particular.

El Mensaje destaca y expresa que se trata de un funcionario eficiente, de óptimas calificaciones y que es altamente conveniente para la institución su reincorporación al Servicio.

Por éstas consideraciones vuestra Comisión de Gobierno Interior os recomienda prestar su aprobación, en los mismos términos en que está concebido el Mensaje, al siguiente

Proyecto de ley:

"Artículo único. En la primera vacante que exista en la Planta de Carabineros de Chile, será reincorporado el Teniente en retiro don Werner Yanes Ferreira, en el cargo y lugar que le habría correspondido al ser reincorporado antes de transcurrir un año de su retiro voluntario. "

Sala de la Comisión, a 2 de mayo de 1972.

Aprobado en sesión de igual fecha, con asistencia de los señores Pérez (Presidente), Acevedo, Carrasco, Ferreira, Monckeberg, Ríos; don Héctor; Señoret y Vergara.

Diputado informante se designó al señor Héctor Ríos.

(Fdo.): Clodomiro Bravo Michell. "

21.-INFORME DE LA COMISION DE DEFENSA NACIONAL, EDUCACION FISICA YDEPORTES

"Honorable Cámara:

La Comisión de Defensa Nacional, Educación Física y Deportes pasa a informar el proyecto de ley, de origen en un Mensaje y con trámite de urgencia calificada de "simple", que introduce diversas modificaciones en el sistema previsional de las Fuerzas Armadas, en lo relativo a sus ex servidores.

Durante la discusión de la iniciativa legal en informe, la Comisión contó con la presencia de los señores Subsecretarios de Guerra, Marina y Aviación, Coronel (R) don Rafael Valenzuela Verdugo; Capitán de Navio (R) don Jorge Domínguez Kopaitic y General del Aire (R) don Ricardo Ortega Fredes, respectivamente.

Asistieron, además, los señores Jaime Wattier, Jefe de la Oficina de Pensiones del Ministerio de Defensa Nacional; Osvaldo Valdés Pino, Presidente de la Confederación de las Fuerzas Armadas en Retiro; Raúl Bustos G., Presidente de la Asociación de Jubilados de las Fuerzas Armadas de Talcahuano; Juan Reyes P., Presidente de los Revalorizados; Santiago Vega, ex carpintero de la Armada; Pedro Fuica, Presidente de la Asociación de Jubilados de las Fuerzas Armadas de Valparaíso; Jova Sánchez de García, Presidenta de la Asociación de Montepiadas de las Fuerzas Armadas; Beta Mondaca, Secretaria de la misma Asociación; Froilán Canales, Presidente del Círculo de Suboficiales Mayores de Talcahuano; Coronel (R) don Luis Carvajal, Presidente del Círculo de ex Servidores de las Fuerzas Armadas que prestan servicios en otras instituciones, y Mayor (R) don Mario Marín Zaldívar, secretario del mismo Círculo.

La iniciativa legal en informe introduce diversas modificaciones en el sistema previsional de las Fuerzas Armadas, con el objeto de corregir situaciones de injusticia que se presentan entre los diversos grupos de ex servidores de la Defensa Nacional. Las enmiendas propuestas, básicamente, pueden resumirse en las siguientes:

A.- Nivelación de quinquenios (artículos 1º, 2º y 3°);

B.- Sobresueldos por especialidad (artículo 4º);

C.- Retiro por inutilidad de segunda clase (artículo 5º);

D.- Sueldos superiores para los Suboficiales Mayores, Suboficiales y a los de igual jerarquía (artículo 6°);

E.- Montepíos (artículos 7º, 8º, 9º y 10);

F.- Revalorización de pensiones (artículos 11 y 1° transitorio;

G.- Personal del Estadio Nacional (artículo 12);

H.- Personal jubilado que presta servicios en otras instituciones (artículo 11, letra 1)), e

I.- Pagos de reajustes y de nivelación de quinquenios hechos por la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (artículo 11, letra 1) y artículo 2º transitorio).

El artículo 14 de la ley Nº 16. 840, de 24 de mayo de 1968, creó el Fondo Nivelador de Quinquenios para el personal en retiro de las Fuerzas Armadas, quedando afectos a él todos los pensionados y beneficiarios de montepío que, al 1º de julio de 1964, no tenían acreditados 30 años de servicios computables, consultándose diversos porcentajes de aumentó por cada quinquenio, produciéndose de este modo diferencias entre los retirados antes o después de la fecha indicada y con más o menos de 30 años de servicios computables.

Con el objeto de que todos los pensionados o beneficiarios de montepío disfruten de los mismos porcentajes de quinquenios, en relación a sus años de servicios, el artículo 1º suprime, a contar de la vigencia de esta iniciativa y solamente para la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, el Fondo Nivelador de Quinquenios creado por la ley Nº 16. 840.

El artículo 2º establece que el personal que estuvo afecto al Fondo Nivelador de Quinquenios, que se suprime por el artículo anteriormente comentado, y los asignatarios de montepío disfrutarán del mismo porcentaje que perciben sus similares en servicio activo.

El inciso segundo del artículo 14 de la ley Nº 16. 840, establece que el Fondo Nivelador de Quinquenios actualmente en vigencia se forma con la primera diferencia que les corresponda percibir, por cualquier título o concepto, a los pensionados con derecho a retiro o montepío con motivo de la aplicación de las leyes de reajuste de remuneraciones que se dicten a contar del año 1968.

Para lograr el objetivó que persigue el artículo 2º se dispone, para financiar la nivelación, que las primeras diferencias de aumento de las pensiones de retiro y montepío que pague la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, cualquiera que sea su origen o naturaleza, incluidas la bonificación profesional, los sobresueldos, las pensiones de retiro por inutilidad y las de montepío cuyos causantes fallecieron en acto determinado del servicio, ingresarán, sin excepciones, a contar del 1º de enero de 1973, a la Caja de Previsión de la Defensa Nacional.

El artículo 115 del decreto con fuerza de ley Nº 1 establece que el personal afectó al Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas qué tenga alguna de las especialidades allí establecidas, gozarán de un sobresueldo equivalente al porcentaje indicado en esa misma disposición.

Actualmente, perciben este beneficio solamente los pensionados retirados con posterioridad al día 10 de diciembre de 1969, fecha de vigencia del decreto supremo que reglamentó el derecho a gozar del sobresueldo de especialidad, quedando al margen de este beneficio todos aquellos pensionados y beneficiarios de montepío retirados antes de la fecha indicada.

Por el artículo 49 se proyecta que estas personas que cumplieron con los requisitos para disfrutar de este beneficio, pero que se retiraron antes de la dictación del citado decreto, gocen también de los sobresueldos por las especialidades señaladas en el artículo 115 del Estatuto de las Fuerzas Armadas en los porcentajes que en el inciso final de esta disposición se establecen.

El artículo 16 de la ley Nº 11. 595 dispuso que el personal de las Fuerzas Armadas retirado o que se retire con invalidez o inutilidad de segunda clase, tendría derecho a reajustar sus pensiones con un grado superior al cumplir 5 años en el retiro y con el superior a éste al cumplir 10 años.

El Estatuto de las Fuerzas Armadas derogó la disposición antes mencionada, otorgándole, solamente, este beneficio al personal afecto a inutilidad de tercera clase.

El artículo 5º de la iniciativa legal en informe, tiende a reponer el beneficio derogado para el personal inutilizado de segunda clase o que haya debido acogerse a retiro en razón de haber contraído tuberculosis, cáncer o enfermedades cardiovasculares, eliminado del servicio con anterioridad a la fecha de vigencia del Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas.

La Comisión, con el objeto de evitar que alguno de los beneficiados por esta disposición pudiera quedar al margen de éstos, prestó su aprobación unánime a una indicación cuyos alcances no son otros que hacer operar de pleno derecho dicho reajuste de sus respectivas pensiones, esto es, sin necesidad de requerimiento alguno.

En la actualidad, los Suboficiales Mayores y los de igual jerarquía, según la letra b) del artículo 131 del decreto con fuerza de ley Nº 1, gozan del sueldo superior, grado 1º, al enterar 3 años en el grado y VII categoría al enterar 27 años de servicios válidos para el retiro o 6 en el grado.

Más adelante, en la letra c) de este mismo artículo, se dispone que los Suboficiales y los de igual jerarquía gozarán de la renta asignada al grado 1º al enterar 26 años de servicios válidos para el retiro o 6 años en el grado.

Los beneficios comentados pueden ser impetrados sólo por el personal que se encuentre en servicio activo.

Existe, en la actualidad, un grupo de pensionados y beneficiarios de montepío que se retiraron de las Fuerzas Armadas cumpliendo con estos requisitos, pero no tienen derecho a gozar de las rentas superiores por haberse retirado antes de la dictación del Estatuto de las Fuerzas Armadas, que establece que, como ya se ha comentado, para impetrar este beneficio debe encontrarse en servicio activo.

Por el artículo 69 se concede el derecho a que estas personas puedan acogerse a los beneficios antes mencionados.

El artículo 200 del decreto con fuerza de ley Nº 1, establece el orden de los asignatarios de las pensiones de montepío.

En esta disposición no se consultó una norma que establezca el derecho a montepío del personal soltero que fallece a consecuencia de un acto determinado del servicio.

En efecto, este personal soltero no alcanza a causar este beneficio por tener padres menores de 65 años.

Por el artículo 79 de este proyecto se establecen normas especiales para el caso de ocurrir fallecimientos en actos del servicio del personal soltero, disponiendo que los sin hijos, si el padre no reuniere las condiciones exigidas por el Estatuto de las Fuerzas Armadas, gozará la madre, aun cuando fuere casada, de este beneficio, y a falta de ésta los hermanos solteros huérfanos, hasta los 21 ó 23 años si fueren estudiantes, a menos que acreditaren invalidez o incapacidad absoluta.

El Nº 2° del artículo 200 del decreto con fuerza de ley Nº 1 dispone que no podrán impetrar el beneficio del montepío los hijos mayores de 21 años o 23 si fuere estudiante y que, en todo caso, lo mantendrá el hijo o hija inválido o incapaz absoluto.

Por el artículo 8º se incorpora a la hermana soltera huérfanas, mayor de 21 o 23 años si fuere estudiante, salvo que acredite invalidez, incapacidad absoluta o carezca de medios propios iguales a un sueldo vital y medio o más mensual de la escala A) del departamento de Santiago.

Por el artículo 9° se modifica el artículo 38 transitorio del decreto con fuerza de ley Nº 1, que se refiere al límite de edad para las hijas con el objeto de que puedan impetrar el beneficio de montepío.

El decreto con fuerza de ley Nº 4, de 7 de octubre de 1968, que establece normas para el funcionamiento y financiamiento del Fondo de Revalorización de Pensiones de las Fuerzas Armadas, favorece a los pensionados que se retiraron con menos de 25 años de servicios, siempre que no tengan ingresos tributables superiores a 6 sueldos vitales, escala A), del departamento de Santiago, y que tengan más de 50 años de edad.

Este mismo cuerpo legal dispone que ninguna pensión de retiro, en las condiciones antes señaladas, puede ser inferior al 20% del sueldo vital.

La práctica ha demostrado que este decreto con fuerza de ley no ha cumplido con la finalidad para la cual fue dictado.

Por el artículo 11 de esta iniciativa, se modifican diversas disposiciones del mencionado cuerpo legal, con el objeto de otorgar a los pensionados que tengan 65 o más años de edad una pensión mínima del 85% del sueldo vital, escala A), del departamento de Santiago, y revalorizar todas las pensiones en relación al grado, años de servicios computados y quinquenios de acuerdo con las disponibilidades del Fondo de Revalorización para cada año, y con un máximo del 75% del sueldo de actividad.

Por la letra 1) de este mismo artículo se consultan dos disposiciones transitorias, la primera de ellas dice relación con el personal en retiro de las Fuerzas Armadas que presta servicios en otras instituciones y están acogidos a otros regímenes previsionales.

Por esta disposición se les autoriza reconocer en el instituto de previsión que estén acogidos, los años de servicios considerados para su jubilación, siéndoles aplicable la disposición contenida en el artículo 4º de la ley Nº 10. 986, sobre integro o reintegro de imposiciones.

La segunda disposición transitoria agregada por la letra 1) de este artículo, dice relación con los pagos efectuados por la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, sin que hubieren sido legalizados por resolución ministerial, en cumplimiento de las disposiciones contempladas en el decreto con fuerza de ley Nº 4, de 1968.

El artículo 12 de este proyecto soluciona la situación en que se encuentra un grupo de empleados de la Dirección General de Deportes y Recreación que presta sus servicios en el Estadio Nacional y que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 33 de la ley Nº 17. 276, pasó a la Planta del Ministerio de Educación Pública a formar parte de la Dirección de Deportes y Recreación.

Finalmente, como artículo 2º transitorio, se consulta uno que declara que el pago de la nivelación de quinquenios efectuado en 1971 por la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, en cumplimiento de un acuerdo de su Consejo Directivo, se encuentra bien hecho y que los fondos destinados a ese objeto están bien invertidos.

Artículos que deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda, en virtud de lo dispuesto por el artículo 72 del Reglamento interno de la Corporación.

En esta situación se encuentra el artículo 3º del proyecto.

Cabe hacer presente que la Comisión de Defensa Nacional, Educación Física y Deportes estimó preferible rechazar la indicación formulada por el Ejecutivo, que tiene por objeto financiar algunos beneficios otorgados por este proyecto de ley, con cargo a los fondos consultados en la iniciativa legal, pendiente en el Congreso Nacional, qué reajusta las remuneraciones de los trabajadores de los sectores público y privado, para el año 1972, en razón de que estimó que es materia de la competencia de la Comisión de Hacienda por su índole eminentemente técnica.

Mención de los artículos que no hayan sido aprobados por unanimidad.

Todos los artículos aprobados por la Comisión, lo fueron por unanimidad.

Indicaciones rechazadas por la Comisión.

La Comisión rechazó, por las razones anteriormente expuestas, la siguiente indicación formulada por el Ejecutivo:

"Para agregar como artículo nuevo, el siguiente:

"Artículo... El mayor gasto que demandé la aplicación de los artículos 4º, 5º, 6º y 11, letra h), de la presente ley, se financiará con cargo a los recursos consignados en el proyecto de ley que reajusta las remuneraciones de los trabajadores de los sectores público y privado para el año 1972. ". ".

La Comisión de Defensa Nacional, Educación Física y Deportes acordó, por la unanimidad de sus miembros, recomendaros la aprobación del siguiente

Proyecto de ley:

"Artículo 1º.- A contar de la vigencia de la presente ley, suprímese para la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, el Fondo Nivalador de Quinquenios, creado por el artículo 14 de la ley Nº 16. 840, de 24 de mayo de 1968.

Artículo 2º.- A contar de la fecha de vigencia de la presente ley, el personal con goce de pensión que estuvo afecto al Fondo Nivelador de Quinquenios y sus asignatarios de montepío, disfrutarán del mismo porcentaje de quinquenios que perciban sus similares en servicio activo.

Artículo 3ºEl beneficio establecido en el artículo anterior se financiará con los siguientes recursos:

a) Con las primeras diferencias de aumentos de las pensiones de retiro y montepío que pague la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, cualquiera que sea su origen o naturaleza, entendiéndose incluidas la bonificación profesional, sobresueldos, pensiones de retiro por inutilidad y las pensiones de montepío cuyos causantes fallecieron en acto determinado del servicio.

A contar desde el 1º de enero de 1973, estas primeras diferencias ingresarán, sin excepciones, a la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, a fin de financiar con estos ingresos el pagó del beneficio ya aludido.

b) Con un 0, 75% de las remuneraciones imponibles del personal en servicio activo afecto a dicha Caja y de las pensiones imponibles de retiro y montepío causadas con anterioridad al 1º de julio de 1964, incluyéndose sobresueldo, pensiones de retiro por inutilidad y las pensiones de montepío originadas por fallecimiento en acto determinado del servicio. El porcentaje referido se deducirá de la imposición del 8% establecida en las letras a) y b) del artículo 5º del decreto con fuerza de ley Nº 31, de 1953.

Artículo 4º.- El personal en retiro y los beneficiarios de montepío, tendrán derecho, a contar desde el 1º de enero de 1972, a gozar de los sobresueldos por las especialidades señaladas en el artículo 115 del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1968. los que incrementarán sus respectivas pensiones de retiro o montepío mediante el cálculo del beneficio en la misma forma que se realiza para el personal en servicio activo, siempre que de acuerdo con la reglamentación que se dicte al efecto, acrediten poseer todos los requisitos que se les exijan.

El personal señalado en el inciso que precede percibirá este beneficio en los porcentajes que a continuación se señalan:

A contar desde el 1º de enero de 1972, el 40% del total del sobresueldo;

A contar desde el 1º de enero de 1973, el 80% del mismo, y

A contar desde el 1° de enero de 1974, el 100% del mismo.

Artículo 5º.- El personal que obtuvo su retiro con anterioridad a la fecha de vigencia del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1968, por inutilidad de segunda clase o alguna de las enfermedades contempladas en el artículo 30 de la ley Nº 11. 595, tendrá derecho, a contar de la vigencia de la presente ley, a gozar de los aumentos de grados que correspondan conforme a lo establecido en el artículo 16 de dicha ley.

Este beneficio será otorgado sin necesidad de presentar el interesado solicitud alguna.

Artículo 6°.- Deróganse, a contar de la vigencia de la presente ley, el inciso segundo de la letra c) del artículo 131 y el inciso segundo del Nº 3º del artículo 132 del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1968.

En consecuencia, a contar desde esa fecha, el personal en retiro y sus beneficiarios de montepío que se hallaren en las situaciones descritas en las letras b) y c) del artículo 121 y Nºs 1º y 2º del artículo 132 de dicho decreto con fuerza de ley, podrá hacer valer el derecho conferido en el inciso que antecede.

Artículo 7º.- Agrégase el siguiente inciso a] artículo 200 del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1968:

"En el caso de personal soltero sin hijos que fallezca en las circunstancias que establece el artículo 199, si el padre no pudiere gozar de montepío por no reunir las condiciones exigidas por la ley, le sucederá la madre, aun cuando fuere casada. A falta de ésta, les sucederán los hermanos solteros huérfanos hasta los 21 ó 23 años si fueren estudiantes, a menos que acreditaren invalidez o incapacidad absoluta.

Artículo 8º.- A contar desde la fecha de vigencia de la presente ley, agrégase al Nº 2º del artículo 202 del decreto con fuerza de ley Nº 1, de Í968, sustituyéndose el punto y coma por una coma, lo siguiente:

"o hermana soltera huérfana mayor de 21 o 23 años si fuere estudiante, salvo que acredite invalidez o incapacidad absoluta o carezca de medios de vida propios iguales a un sueldo vital y medio o más mensual de la escala A) del departamento de Santiago. ".

Artículo 9º.- A contar desde la vigencia de la presente ley, introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 38 transitorio del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1968:

Suprímese la palabra "mujeres", y Intercálase a continuación de la frase "el límite de edad para las hijas", lo siguiente: "y hermanas solteras huérfanas".

Artículo 10.- Modifícase, a contar desde la vigencia de la presente ley, el artículo 200 del decreto con fuerza de ley Nº 1, del Ministerio de Defensa Nacional, "Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas", publicado en el Diario Oficial del 7 de octubre de 1968 y modificado por el artículo 2º de la ley Nº 17. 388, publicada en el Diario Oficial del 3 de noviembre de 1970, en la siguiente forma:

"Reemplázase en el inciso noveno la conjunción "y", que figura entre las palabras "tercero" y "cuarto", por una coma e intercálase, a continuación del término "cuarto" y antes de la forma verbal "percibirán", lo siguiente: "y quinto". ".

Artículo 11.- Introdúcense, a contar desde el 1º de enero de 1972, las siguientes modificaciones al decreto con fuerza de ley Nº 4, de 7 de octubre de 1968:

a) Reemplázanse las letras c) y e) del artículo 2º, por las siguientes:

"c) Fijar anualmente los porcentajes de revalorización que deben aplicarse, de acuerdo con los grados, número de quinquenios y años de servicios conmutables".

"e) Fijar anualmente el monto de las pensiones mínimas, señaladas en el artículo 9º de la presente ley".

b) Reemplázase el artículo 5º, por el siguiente:

"Artículo 5ºLa Comisión Revalorizadora de Pensiones del Ministerio de Defensa Nacional, dispondrá hasta de un 1/2% de los ingresos del Fondo de Revalorización para cubrir los gastos que demande la adquisición de elementos y equipos para el funcionamiento de la Comición y de la Oficina de Pensiones, como asimismo otros gastos eventuales y transitorios que estime indispensable para el cumplimiento de esta ley".

c) Reemplázase el artículo 7º, por el siguiente:

"Artículo 7º.- La reliquidación de pensiones se hará en conformidad a las normas que fije la Comisión Revalorizadora de Pensiones de la Defensa Nacional, en relación al grado, servicios computables y quinquenios del pensionado o causante en su caso, sobre la base del porcentaje del sueldo en actividad, determinado de acuerdo con las disponibilidades del Fondo de Revalorización para cada año.

Esta Comisión, además, dictará normas generales sobre procedimiento de cálculos y de pago. ".

d) Reemplázase el artículo 8º, por el siguiente:

"Artículo 8º.- Estarán afectas a la revalorización de pensiones, las pensiones vigentes al 31 de diciembre del año anterior a aquel en que se aplicará la revalorización, siempre que el beneficiario tenga cincuenta o más años de edad o más de veinte años de servicios, o sea inutilizado de primera clase o incapaz absoluto. Esta exigencia no se aplicará a los montepíos afectos al Fondo. ".

e) Agrégase el siguiente inciso al artículo 9º:

"Los beneficiarios de pensiones de retiro que al 31 de diciembre del año anterior a aquel en que se aplicará la revalorización, tengan sesenta y cinco o más años de edad, gozarán de una pensión mínima anual equivalente al 85% del sueldo vital anual, escala A), del departamento de Santiago.".

f) Agrégase el siguiente inciso al artículo 10:

"Con todo, la pensión de los inutilizados de primera clase será la correspondiente a un similar de igual grado y número de años de servicios, aumentada en un 10% del respectivo empleo. ".

g) Suprímese en el inciso primero del artículo 11, la frase:

"atendida la fecha de concesión de ellas".

h) Reemplázase la letra e) del artículo 11, por la siguiente:

"e) Con el aporte fiscal equivalente hasta el 0, 75% de los sueldos y pensiones imponibles del personal afecto al régimen de previsión de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional. ".

i) Agrégase la siguiente letra nueva al artículo 12:

"c) Cubrir los gastos a que se refiere el artículo 5º. ".

j) Suprímese en el inciso primero del artículo 14, la frase:

"no tener ingresos superiores a los límites que fije anualmente la Comisión Revalorizadora de la Defensa Nacional, mediante la declaración jurada ante notario, y".

k) Reemplázase en el inciso segundo del artículo 14, la frase "posee entradas superiores al límite establecido y", por la forma verbal "tiene".

1) Agréganse los siguientes artículos transitorios:

"Artículo 6º.- El personal en retiro, afecto a la presente ley, que a la fecha de su promulgación se encuentre acogido a otros regímenes previsionales en que no exista incompatibilidad entre la pensión y el sueldo que estuviere percibiendo, podrá reconocer en el organismo de la nueva afiliación los períodos que les hayan sido considerados para aquella pensión, siéndoles aplicable el artículo 4º de la ley Nº 10. 986.

Este beneficio podrá ejercitarse en el plazo de un año, contado desde la fecha de su promulgación en el Diario Oficial, y se pagará a contar de la fecha de la correspondiente resolución; con ello, se perderá el derecho a la pensión señalada en el inciso anterior. ".

"Artículo 7º.- Declárase ajustado a derecho los pagos efectuados a los pensionados y montepiados de la Defensa Nacional, en cumplimiento a las disposiciones contempladas en el decreto con fuerza de ley Nº 4, de 1968, aun cuando no hubieren sido legalizados mediante resolución ministerial y los pagos efectuados por la Caja de Previsión de la Defensa Nacional en virtud de lo dispuesto en el artículo 101 de la ley Nº 17. 416, aun cuando los beneficiarios no hubieren dado cumplimiento a las exigencias estatuidas en los artículos 8º, letra a), y 10 del citado decreto con fuerza de ley. ".

m) Derógase el artículo 15.

Artículo 12.- El personal que por aplicación del artículo 30 de la ley Nº 17. 276 pasó a integrar la Planta del Estadio Nacional y que, de empleado u obrero dependiente del Ministerio de Educación pasó a formar parte de las Fuerzas Armadas y quedó afecto, por lo tanto, al régimen de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, tendrá derecho a computar el tiempo anterior servido con arreglo a la ley Nº 10. 986, y dicho tiempo con imposiciones en la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas o en el Servicio de Seguro Social le será válido para enterar el mínimo de 20 años de servicios efectivos que exige el artículo 171 del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1968.

Para los efectos de la indemnización de desahucio, el personal que tuvo afiliación a la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, continuará imponiendo al Fondo de Seguro Social de la Tesorería General de la República. En consecuencia, este beneficio les será concedido de acuerdo a las disposiciones del decreto con fuerza de ley Nº 338, de 1960.

El personal que estuvo afiliado al Servicio de Seguro Social, continuará afecto al Fondo de Desahucio de las Fuerzas Armadas y, por tanto, el beneficio les será concedido de acuerdo con las disposiciones estatutarias del decreto con fuerza de ley

Nº 1 y de acuerdo con el tiempo que sean imponentes de dicho Fondo.

Artículos transitorios

Artículo 1º.- El límite de edad señalado en el artículo 11, letra d), de la presente ley, será aplicable a los pensionados acogidos al Fondo de Revalorización con posterioridad a la fecha de promulgación de ella.

En consecuencia, las pensiones de retiro vigentes a la fecha de promulgación de la presente ley, estarán afectas a revalorización sin considerar el límite de 50 años de edad.

Artículo 2º.- Declárase ajustado a derecho el pago de nivelación de quinquenios efectuado en el año 1971 por la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, en cumplimiento de la resolución adoptada por su Consejo Directivo en sesión de fecha 9 de septiembre de 1971, en consecuencia, bien invertidos los fondos destinados a dicho objeto. ".

Sala de la Comisión, a 26 de abril de 1972.

Acordado en sesiones de fecha 12, 19 y 26 de abril, con asistencia de los señores Monares (Presidente), Agurto, Alvarado, Amunátegui, Barahona, Cantero, Espinoza, don Gerardo; Laemmermann, Leighton, Mosquera, Robles, Stark, Tagle y Vargas.

Se designó Diputado informante al señor Stark.

(Fdo. ): Patricio Goycoolea Lira. "

22.-MOCION DEL SEÑOR LORCA

"Honorable Cámara:

La ley 16. 536 de 22 de septiembre de 1966 creó la Comisión Especial de Saneamiento de los barrios populares de los cerros de Valparaíso y Viña del Mar y al mismo tiempo estableció las normas que autorizaron a los municipios de esas ciudades para contratar un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo para la realización expresa de las obras que allí se señalaron.

Entre éstas, la fundamental fue la de dotar de servicios de agua potable y alcantarillado a todos los sectores mencionados e incluso llevar hasta el interior las casetas sanitarias que significaran la atención integral del saneamiento, dándole a todos los pobladores un mínimo de bienestar y salud.

La Comisión debió confeccionar un plan general integral para establecer el desarrollo gradual, en la ejecución de las obras; y, al mismo tiempo, tramitó gran parte del préstamo que el BID debía otorgar el que se ha materializado por medio de un convenio suscrito con esa Institución. El Estado de. Chile, como es cláusula de rigor, se comprometió a suministrar los fondos adicionales que fueren necesarios para la ejecución del programa, cuando los recursos previstos resultaren insuficientes.

Es el caso de que el financiamiento establecido en la ley referida se ha hecho insuficiente por la forma como el Banco Central ha liquidado los dólares aportados por el BID., manteniendo un precio absolutamente irreal; por lo que; los presupuestos no pueden cumplir con los objetivos totales de las obras proyectadas y ya en plena vía de realización.

Podemos citar que la totalidad de las divisas obtenidas, que asciende hasta el momento a más de un millón doscientos mil dólares, se liquidó al tipo de cambio de Eº 12, 21 por dólar y una suma muy pequeña luego a Eº 15, 80. El Banco Central destina estos dólares para el pago de coberturas de importación y pago de servicios. En el primero de los casos, mantiene artificialmente bajo el costo de las citadas mercaderías de importación en desmedro de la comunidad de Valparaíso y Viña del Mar, que debe cubrir el financiamiento de la ley con gravámenes sobre servicios.

En estas condiciones, todo el programa de saneamiento se ha visto fuertemente resentido en su financiamiento; por lo que se hace indispensable abordar algunas fuentes especiales de suplementación, ya que el alza de la conversión del dólar debería hacerse, a razón de Eº 34 por dólar para lograr la afectiva fórmula de financiamiento. Es evidente que si el Gobierno autorizara este tipo de cambio para los efectos de su liquidación quedaría ampliamente financiado el plan elaborado y en ejecución.

Resortes de esta índole no son posibles de aplicar pues no puede el Congreso Nacional imponerlos.

De ahí que hayamos buscado fórmulas supletorias que sin menoscabar en forma alguna a los contribuyentes, signifique una mejor distribución de fondos que permitan realizar esta obra, calificada por las más altas autoridades de la zona, como los, señores Alcaldes de Valparaíso y Viña del Mar, como una de las más significativas y de alta prioridad.

Señalamos en la ley dos arbitrios que permitirán solucionar adecuadamente el problema planteado.

El primero consiste en elevar en un pequeño porcentaje el precio de venta de la tonelada de petróleo refinado en la Refinería de ENAP, en Concón, recurriendo al expediente ya usado en otras leyes que permite que las zonas donde existen actividades básicas productoras se beneficien en alguna medida de ellas. Son varios los casos que el Honorable Congreso conoce ya que precisamente los ha aprobado en leyes hoy vigentes.

Este porcentaje de aumento será para beneficiar a todos los sectores de la provincia. No sólo se dará posibilidad a las ciudades de Valparaíso y Viña del Mar, las más pobladas y de mayor importancia, sino también a las del Departamento de Quillota, que no han tenido últimamente ninguna clase de auxilios después del grave sismo que las afectó. Se distribuye en consecuencia, en forma igualitaria para satisfacer las necesidades de todas las comunas de la zona.

El gravamen de 0, 10% sobre el producto de venta de la tonelada de petróleo refinado por ENAP en Concón rendirá Eº 18. 000. 000. m/m.

De esta suma Eº 9. 000. 000 ingresarán a la CES y Eº 9. 000. 000 serán para las Municipalidades del Departamento; de Quillota.

El segundo arbitrio consiste en destinar el 50% de las entradas que actualmente percibe el Servicio Nacional de Salud de las utilidades del Casino Municipal de Viña del Mar.

El referido Servicio obtiene subidos ingresos del Casino sin que destine, suma alguna a obras de salud en la zona como fue el sentido y espíritu de la ley que creó el Casino. Más aún, con motivo de la autorización legal para el funcionamiento del Casino en la temporada de invierno, su participación aumentó en términos tales que en el presente se lleva un porcentaje realmente excesivo.

Así por ejemplo, en la temporada 1970 obtuvo una entrada de Eº 9. 171. 000, y en la del año 1971 subió a sobre Eº 18. 000. 000, prácticamente el 100%.

Parece, por ello, de toda lógica y equidad, que este exceso quede en beneficio de obras definitivas en la zona; y no se destine' todo a fondos generales del Servicio.

Proponemos el siguiente,

Proyecto de ley:

Artículo 1º.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 6º de la ley 16. 536 de 22 de septiembre de 1966, que creó la Comisión Especial de Saneamiento:

a) Agregúese como letra d) lo siguiente:

"d) Con el producto de un impuesto del 0, 5% por tonelada de petróleo refinado por ENAP en su establecimiento de Concón.

"El impuesto se aplicará sobre el costo de la tonelada refinada y la Empresa podrá o no trasladarlo a los adquirentes o Cargarlos a sus costos. "

b) Agregúese como letra e) lo siguiente:

"e) Con el 50% de las utilidades que obtiene el Servicio Nacional de Salud del Casino de Viña del Mar, que deberá entregar de inmediato reciba su participación de parte de la Municipalidad de Viña, del Mar. "

Artículo 2ºLa tonelada de petróleo refinado por ENAP en su establecimiento de Concón, será gravada con un 0, 5% con el objeto de destinar dicho producto a las Municipalidades del Departamento de Quillota, en la forma que se indica:

Un 30% a la Municipalidad de Quillota;

Un 30% a la Municipalidad de Quintero;

Un 20% a la Municipalidad de LlayLlay, y

Un 20% a las restantes Municipalidades del Departamento, por iguales partes.

Las inversiones de estos dineros se hará por las Municipalidades respectivas, por acuerdo adoptado por los dos tercios de los Regidores en ejercicio y previa formulación de un plan de obras en el cual se' dará prioridad a las siguientes: a) Saneamiento de las poblaciones; b). Alumbrado público; c) Pavimentación; d) Construcción 'de Edificio Consistorial y de servicios públicos; e) Construcción de otros edificios indispensables para el desarrollo local, como: escuelas, campos deportivos, etcétera. La Municipalidad de Quintero deberá además realizar un plan de arreglo y modernización de sus playas.

Santiago, 20 de abril de 1972.

(Fdo. ): Gustavo Lorca Rojas, "

Las actas de las sesiones 11ª, 12ª y 13ª, extraordinarias, quedan a disposición de los señores Diputados.

Se va a dar lectura a la Cuenta.

El señor Parga (Prosecretario) da cuenta de los asuntos recibidos en Secretaría.