Labor Parlamentaria

1.-OFICIO DEL SENADO

Nº 13369.- Santiago, 15 de junio de 1972.

El Senado ha tenido a bien aprobar las modificaciones introducidas por esa Honorable Cámara de Diputados al proyecto de ley que modifica la ley Nº 14. 852, General le Elecciones, con el objeto de autorizar los pactos electorales.

Lo que tengo a honra poner en conocimiento de V. E., en respuesta a su oficio Nº 1. 760, de fecha 14 de junio de 1972.

Devuelvo los antecedentes respectivos.

(Fdo. ): Ignacio Palma Vicuña.- Pelagio Figueroa Toro.

2.-INFORME DE LA COMISION DE GOBIERNO INTERIOR

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Gobierno Interior pasa a informaros el proyecto de ley, remitido por el Honorable Senado, que autoriza la erección de un monumento, por suscripción popular, a la memoria de doña Marta Brunet Cáraves, Premio Nacional de Literatura, en la ciudad de Chillán, lugar donde nació la insigne escritora.

Marta Brunet falleció recientemente, su obra literaria perdurará para las generaciones futuras, ellas destacaron el sentido autóctono de nuestra realidad y han contribuido a difundir la imagen de nuestro país, tanto en el exterior, como en el interior, considerándosele como uno de los valores más destacados de la literatura chilena. La crítica al referirse a ella ha dicho que se trata de un valor universal por la puridad de su estilo y la riqueza de su lenguaje, en la que armoniza la fantasía con la realidad y la vivencia inagotable.

El proyecto del Senado contemplaba un artículo único que autorizaba la erección de un monumento por suscripción popular.

Se estimó que era insuficiente por cuanto no se señalaba la forma de obtener dicha suscripción popular ni de un adecuado financiamiento.

Con este objeto se aprobó una indicación del señor Lautaro Vergara que autoriza celebrar una colecta pública anual en todo el territorio nacional hasta finalizar la construcción del monumento, y se crea una Comisión ad-hoc, que se encargará de ello.

Asimismo, se aprobó una indicación del mismo señor Diputado que declara exenta de1 trámite de la insinuación las donaciones que se efectúen para allegar fondos a la Comisión pro Monumento a Marta Brunet.

Por estas consideraciones vuestra Comisión de Gobierno Interior, por la unanimidad de sus miembros os recomienda la aprobación del siguiente

Proyecto de ley:

Artículo 1º.- Autorízase la erección en Chillán, por suscripción popular, de un monumento a la escritora Marta Brunet Cáraves, Precio Nacional de Literatura.

Artículo 2º.- Asimismo, autorízase para efectuar anualmente, y por el tiempo que sea necesario para dar término a la obra a que se refiere el artículo primero, una colecta pública en el territorio nacional que se denominará Pro Monumento Escritora Marta Brunet Cáraves, cuyo producto se depositará en una cuenta especial en la Tesorería General de la República para los fines específicos señalados en esta ley, contra la cual podrá girar solamente el Ministro de Educación Pública.

Artículo 3º.- Las donaciones que se efectuaren para costear la erección de este monumento no requerirán el trámite de insinuación y se depositarán en la Cuenta Especial a que alude el artículo anterior.

Sala de la Comisión, a 14 de junio de 1972.

Acordado en sesiones de fecha 7 y 13 de junio, con asistencia de los señores Pérez (Presidente), Acevedo, Atencio, Baltra, doña Mireya; Irribarra, Klein, Lavandero, Monckeberg, Ríos, don Héctor; Saavedra, doña Wilna, Tudela y Vergara.

Diputado informante se designó al señor Vergara.

(Fdo.): Clodomiro Bravo Michell.

3.-INFORME DE LA COMISION DE GOBIERNO INTERIOR

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Gobierno Interior pasa a informaros el proyecto de ley de origen en una moción de los señores Ibáñez, Pérez, Sharpe, Naudon, Aylwin, Magalhaes, Clavel, Frías, Klein y Basso, que establece normas sobre el pago de patentes de bicicletas, triciclos y otros.

Actualmente las patentes para este tipo de vehículos deben sacarse anualmente, conforme lo dispone la ley de rentas municipales.

El monto de los derechos municipales que se paga por dicho concepto es de ínfimo valor y apenas alcanzan a cubrir el costo real de la placa metálica de la patente que confecciona la Casa de Moneda y Especies Valoradas.

Ocurre, además, que la obtención de la patente significa un trabajo administrativo, que implica un gasto a la Municipalidad, que no se resarse con el bajo monto de ella y lo que es más grave, en los sectores rurales y suburbanos una pérdida de tiempo para los interesados que les causa graves perjuicios económicos.

Pueden señalarse por vía de ejemplo que los costos reales de las patentes, en los ejemplos que proporciona la moción respecto de la Ilustre Municipalidad de Linares, para el año 1971, son los siguientes:

Bicicletas, Eº 3, 85 en total; triciclos, Eº 5, 55 en total; coche de dos ejes con llantas de goma, Eº 8, 44; carretelas con un eje y llantas de goma, Eº 7, 80; carretelas con 1 eje y llantas de fierro y carretelas, Eº 6, 84, y carros de mano, Eº 4, 51.

Por estas consideraciones la Comisión por la unanimidad de sus miembros aprobó en general el proyecto.

El artículo único de que consta dispone que las patentes para los vehículos referidos se sacarán cada cinco años, y por ende se pagarán cada cinco años, en la Municipalidad del lugar donde se guarden habitualmente.

Se dispone que la Casa de Moneda y Especies Valoradas elabore las placas correspondientes con una vigencia de cinco años.

Como puede ocurrir que haya reajustes durante el quinquenio, se dispone que en tal evento dicho reajuste se pagará cuando corresponda renovar la patente.

Por estas consideraciones, vuestra Comisión de Gobierno Interior, por la unanimidad de sus miembros, os recomienda la aprobación del siguiente

Proyecto de ley:

Artículo único.- Agrégase al artículo 34 de la Ley de Rentas Municipales, el siguiente inciso nuevo:

Las bicicletas, triciclos, coches de dos ejes con llantas de goma; carretelas de un eje con llantas de goma; carretelas de un eje con llantas de fierro; carretas y carros de mano, pagarán la patente correspondiente, fiscal y municipal, cada cinco años en la Municipalidad del lugar en que ordinariamente se guarden.

La Casa de Moneda y Especies Valoradas confeccionará las placas correspondientes y condicionadas al sistema establecido en el inciso anterior.

En el caso de producirse reajuste del valor de las patentes durante el quinquenio respectivo, éste deberá ser pagado en su totalidad al procederse a la renovación de la misma.

Sala de la Comisión, a 13 de junio de 1972.

Aprobado en sesión de fecha 7 de junio, con asistencia de los señores Pérez (Presidente), Acevedo, Irribarra, Klein, Monckeberg, Ríos, don Héctor; Saavedra, doña Wilna; Tudela y Vergara.

Diputado informante se designó al señor Pérez.

(Fdo.): Clodomiro Bravo Michell.

4.-INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN Y JUSTICIA

Honorable Cámara:

La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, pasa a informar la consulta formulada por la Corporación, acerca de la constitucionalidad de las disposiciones del proyecto de ley, remitido por el Honorable Senado, que crea el Departamento de Bienestar del Congreso Nacional.

Durante la discusión de la consulta referida, la Comisión recibió una nota suscrita por representantes de las Asociaciones de Empleados de la Cámara del Senado y de la Biblioteca del Congreso. Asimismo, se acordó escuchar a los señores Angel Estrella y Manuel Donaire, representantes de las Asociaciones de Emplea-des del Senado y de la Biblioteca del Congreso, respectivamente. Además, por acuerdo de la Comisión, se ofreció la palabra y se le formularon algunas consultas al Secretario que suscribe este informe, en su carácter de representante de la Asociación de Empleados de la Cámara de Diputados.

En lo relativo a la consulta, el debate se centró únicamente en lo dispuesto en el inciso final del artículo único del proyecto. Para el efecto se tuvo presente la intervención del señor Cerda en la Sala de la Corporación, quien expresó dudas sobre la constitucionalidad, pues se estarían traspasando fondos privados del Economato al organismo que se crea por esta ley.

Para adoptar el acuerdo de que se da cuenta más adelante, la Comisión tuvo presente diversas consideraciones, entre las que cabe destacar las siguientes: en primer término, el texto del proyecto no se refiere ni menciona el traspaso de fondos; tampoco la norma lesiona el derecho de propiedad de los asociados o accionistas sobre sus aportes, pues no les priva, en la práctica, de la posibilidad de renunciar al Departamento de Bienestar y más, el proyecto no afecta a los fondos ni menoscaba el patrimonio del citado Departamento.

La Comisión, acordó por mayoría de votos, declarar, en respuesta a la consulta formulada por la Sala, que las disposiciones del proyecto en examen se ajustan a la Constitución Política del Estado.

No obstante, para el perfeccionamiento de la norma, la Comisión acordó sugerir que se sustituya en el inciso primero la expresión Créase el por Otórgasele personalidad jurídica al, y que se suprima en el inciso final la frase que se crea mediante esta ley.

Con el mérito de las consideraciones precedentes, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, acordó declarar la constitucionalidad de las disposiciones del proyecto de ley, que crea el Departamento de Bienestar del Congreso Nacional y recomendar la aprobación de las modificaciones sugeridas más arriba.

Sala de la Comisión, a 14 de junio de 1972.

Acordado en sesión 108ª, Ordinaria, de igual fecha, con asistencia de los señores Merino (Presidente), Lorca, Naudon, Tejeda, Vergara y Zaldívar.

Se designó Diputado informante al señor Naudon.

(Fdo. ): José Vicencio Frías.

5.-INFORME DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y COLONIZACION

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Agricultura y Colonización pasa a informar el proyecto de ley, de origen en una moción de los señores Aylwin, Salinas Navarro y Alvarado, por el que se establece diversas disposiciones en favor de los ex empleados agrícolas, mayordomos y capataces.

Durante la discusión de esta iniciativa legal la Comisión contó con la presencia y antecedentes proporcionados por los señores Mario Díaz y Carlos Toledo, Presidente y Director, respectivamente, del Sindicato de Empelados Agrícolas de Rancagua.

La idea fundamental del proyecto es, según el propio decir de los Diputados patrocinantes, la de poner fin a la desdorosa y aflictiva situación en que quedan muchos empleados agrícolas cuando pierden su trabajo en aquellos predios agrícolas que pasan a manos de la Corporación de la Reforma Agraria, hecho que trae, como lógica consecuencia, aparejada la pérdida de todas las prerrogativas que la ley Nº 16. 640 consagra en beneficio de las personas que laboran el agro y que se ven incorporados a este proceso de reforma. Esta situación se ve agravada, en muchos casos, por tratarse de gente que, por diversos motivos, a pesar de haber trabajado toda una vida en el campo, no poseen los requisitos necesarios para poder acogerse a jubilación, quedando así, privados de su fuente de trabajo y, por lo general, de todo recurso para poder subsistir.

La Comisión, consciente de que, en algunas ocasiones, se producían situaciones de este tipo, no sólo respecto de las personas que tienen la calidad de empleados, es que quiso hacer extensivos los beneficios que por este proyecto de ley se proponen a los obreros de aquellos predios expropiados en conformidad a la ley Nº 16. 640 y que, por cualquier circunstancia, queden marginados del proceso de reforma agraria.

Por todas las razones expuestas anteriormente y por estimarlo de justicia, la Comisión, por la unanimidad de sus miembros, votó favorablemente la idea de legislar sobre la materia.

Por los artículos 1º y 2º se conceden dos derechos a los trabajadores agrícolas, sean estos empleados u obreros del pre dio expropiado con motivo de la aplicación de la ley Nº 16. 640 y que queden marginados de los beneficios que dicha ley les otorga:

1.- Se les hacen extensivos a ellos loa efectos de la ley Nº 16. 455, sobre terminación del contrato de trabajo, entendiéndose que su término ha sido injustificado y concediéndoles, además, derecho a una indemnización cuyo monto será de un mes por año de servicios y que será de cargo del empleador o de la Corporación de la Reforma Agraria, en su caso, y

2.- El derecho a poder seguir habitando en el predio, en la misma casa y huerto que lo hacía con anterioridad al término del contrato, mientras encuentra un lugar donde emplearse, no pudiendo exceder éste del plazo de un año, más un mes por cada año trabajado en dicha propiedad agrícola. Cabe hacer presente respecto de este derecho que, con el objeto de cautelar debidamente los intereses de los beneficiarios, la iniciativa legal en informe lo hace prorrogable indefinidamente mientras el trabajador no obtenga el pago total de la indemnización comentada anteriormente.

El artículo 39 consagra un nuevo beneficio en favor del empleado agrícola, que consiste en el derecho a adjuidicarse la casa que habitaba y su huerto adyacente antes de producirse la situación aludida, siempre y cuando haya trabajado uno o más años en dicho predio. Cabe destacar que el referido huerto no puede tener una extensión inferior ni superior a media y una hectárea, respectivamente.

Por el artículo 4º se faculta a los empleados a renunciar a la indemnización estatuida por el artículo 1º del proyecto de ley en informe y a requerir, en dicho caso, de la Corporación de la Reforma Agraria, tierras de un valor similar a ella; pero, exigiéndose para que esto pueda operar, que dichos sueldos estén previamente determinados a ser objeto de una explotación de tipo cooperativo.

El artículo 5º concede el derecho al antiguo dueño del predio objeto de expropiación para traspasar, en todo o en parte, la reserva o su derecho a obtenerla, siempre y cuando dicho traspaso lo haga a cooperativas de trabajadores agrícolas.

Finalmente, la Comisión prestó su aprobación a un artículo transitorio, que tiene por objeto regular la situación de los ex empleados agrícolas que, a la fecha de promulgación del presente proyecto de ley, no hubieren obtenido alguno de los beneficios que en él se estatuyen, otorgándoles la facultad de invocar en su favor el derecho contemplado en el artículo 4º, antes comentado, para las personas que renuncien a la indemnización señalada en el artículo 1º. Sin embargo y para el evento que la Corporación de la Reforma Agraria no contare con las tierras que debiera asignarles, este artículo dispone en favor de los trabajadores que dicha Corporación deberá compensarlos por medio de una indemnización de un monto equivalente a un mes de remuneración, incluyendo las regalías, por cada año de trabajo en el predio; señalando, como máximo, para el pago de dicha indemnización, 60 días contados desde la fecha de promulgación de la iniciativa legal en informe.

De conformidad a lo dispuesto por el artículo 153 del Reglamento interno de la Corporación, cabe consignar las siguientes menciones:

1.- Artículos que no hayan sido aprobados por unanimidad.

En este caso se encuentran los artículos 1º y transitorio.

2.- Indicaciones o disposiciones rechazadas por la Comisión.

En esta situación se encuentra una indicación de los señores Aylwin y Salinas Navarro, que es del tenor siguiente:

Artículo transitorio.- Tendrán derecho a la indemnización a que se refiere el artículo 1º y los derechos del artículo 2º, los empleados del predio ya expropiados en los dos últimos años y, en tal caso, la indemnización deberá ser cancelada polla Corporación de la Reforma Agraria aún el caso de ofrecimiento voluntario.

Por las razones antes indicadas y las que oportunamente os dará a conocer vuestro Diputado informante, la Comisión de Agricultura y Colonización os propone la aprobación del siguiente

Proyecto de ley:

Artículo 1º.- En los casos en que los empleados y obreros agrícolas de los predios expropiados de acuerdo con la ley Nº 16. 640, queden excluidos de los beneficios de la reforma agraria, en cualquier etapa de ella y por cualquier motivo, se entenderá, para los efectos de lo dispuesto en la ley Nº 16. 455, que el término del contrato ha sido injustificado y tendrán derecho a la indemnización establecida en el artículo 8º de dicha ley ascendente a un mes por año de servicios.

Esta indemnización será cancelada por el empleador en caso de ofrecimiento voluntario del predio a la Corporación de la Reforma Agraria y por esta última en los demás casos de expropiación.

Artículo 2º.- Este personal podrá seguir viviendo en la misma casa habitación con el huerto o revuelco adyacente, hasta que ubique su nueva actividad de trabajo, por el plazo de un año desde la fecha que cese en sus funciones, más un mes por cada año de trabajo en el predio. En todo caso será previa la cancelación de la indemnización a que se refiere el número anterior.

Artículo 3º.- El empleado que haya trabajado 10 años en el predio expropiado, o más, tendrá derecho a que se la adjudique la casa habitación señalada en el artículo anterior con un cerco adyacente, de no menos de media hectárea ni más de una, en las mismas condiciones y plazos señalados en la ley Nº 16. 640, para los efectos de la asignación de tierras.

Artículo 4°.- La Corporación de la Reforma Agraria deberá asignar tierras por un valor equivalente al monto de la indemnización que esta ley contempla, a todos los empleados que habiendo renunciado a la indemnización antedicha, así lo requieran, siempre y cuando estas tierras estén expresamente destinadas a formar cooperativas de producción, de acuerdo con lo prescrito en el D. F. L. Nº 326, de 1960.

Artículo 5°.- Sin perjuicio de lo anterior, autorízase a los empresarios expropiados para traspasar una parte o todo su derecho a reserva, o los derechos a obtenerla, en favor de cooperativas de empleados y trabajadores agrícolas.

Artículo transitorio.- Los ex empleados agrícolas a que se refiere esta ley, que no hayan sido beneficiados ni con la indemnización que se propone, ni con la asignación de tierras y cuyos servicios no hayan sido contratados hasta la fecha por la Corporación de la Reforma Agraria, tendrán todos los derechos contemplados en el artículo 4º. Si la Corporación de la Reforma Agraria no dispusiera de las tierras que está obligada a asignarles, de acuerdo con el mencionado artículo, deberán ser compensados dentro de un plazo máximo de 60 días a contar de la promulgación de la presente ley, con una indemnización en dinero equivalente a un mes de remuneración, más regalías correspondientes por cada año de servicio.

Esta indemnización se pagará tomando como base el último mes servido. .

Sala de la Comisión, a 15 de junio de 1972.

Acordado en sesión de fecha 14 del presente, con asistencia de los Diputados señores Toro (Presidente), Acuña, Alvarado, Aylwin, Bulnes, Godoy, Momberg,

Núñez, Salinas, don Edmundo; Salinas, don Anatolio y Tudela.

Se designó Diputado informante al señor Aylwin.

(Fdo.): Luis Pinto Leighton.

6.-INFORME DE LA COMISION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Honorable Cámara:

La Comisión de Trabajo y Seguridad Social pasa a informar el proyecto remitido por el Senado, sobre el proyecto de ley que modifica el artículo 376 del Código del Trabajo en lo relativo a los requisitos para ocupar cargos sindicales.

El artículo 376 del Código del Trabajo fija los requisitos que deberán reunir las personas que opten a un cargo de director de un sindicato de cualquier naturaleza. Su letra c) determina como requisito no haber sido condenado ni hallarse actualmente procesado por crimen o simple delito.

Esta norma es muy amplia y demasiado drástica especialmente si se considera que para ejercer cargos de alta responsabilidad nacional la ley exige no estar procesado ni haber sido condenado por crimen o simple delito que merezca pena aflictiva, con lo cual se han excluido varios actos penados por las leyes comunes, como, por ejemplo, los que contemplan las leyes de Seguridad Interior del Estado, de Abusos de Publicidad, etcétera, que aún siendo constitutivos de delitos no son castigados con penas aflictivas, de modo que su comisión y penalidad no inhabilita para el ejercicio de tales cargos.

El artículo 37 del Código Penal señala que para los efectos legales se reputan todas las penas de crímenes y, respecto de los simples delitos, las de presidio, reclusión, confinamiento, extrañamiento y relegación menores en sus grados máximos, vale decir, todas aquellas que son superiores en su duración a tres años y 1 día. La iniciativa en informe tiene por objeto corregir esta anormalidad disponiendo que no podrán ser miembros del directorio de un sindicato aquellas personas que han sido condenadas o se hallaren actualmente procesadas por crimen o simple delito que merezca pena aflictiva. De esta manera se enmienda una injusticia con los dirigentes sindicales y se equipara la exigencia en las mismas condiciones existentes para el desempeño de cargos de representación popular, por cuanto no se ven las razones legales ni morales para continuar manteniendo una situación discriminatoria que priva al movimiento sindical de contar con el concurso de valiosos elementos humanos que justamente por defender con ardor y coraje a sus representados han incurrido en actos punibles menores que han limitado sus derechos, en circunstancias que esos mismos actos no han producido ningún efecto a personas que desempeñan cargos de mayor relevancia en vida nacional.

Por las consideraciones expuestas y las que dará oportunamente el señor Diputado informante, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social solicita a la Honorable Cámara la aprobación en los mismos términos en que lo hizo el Honorable Senado, del siguiente

Proyecto de ley:

Artículo único.- Sustitúyese la letra c) del artículo 376 del Código del Trabajo, por la siguiente:

c) No haber sido condenado ni hallarse actualmente procesado por crimen o simple delito que merezca pena aflictiva. . .

Sala de la Comisión, a 14 de junio de 1972.

Acordado en sesión de igual fecha con asistencia de los señores Mosquera (Presidente), Amello, Cardemil, Espinoza, don Luis; Frías, Fuentealba, don Luis; Guerra, Olave, Pérez, Ríos, don Héctor; Robles, Torres y señorita Saavedra, doña Wilna.

Se designó Diputado informante al señor Fuentealba, don Luis.

(Fdo.): Fernando Errázuriz Guzmán.

7.-INFORME DE LA COMISION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Honorable Cámara:

La Comisión de Trabajo y Seguridad Social pasa a informar el proyecto de ley, originado en un mensaje, con trámite de urgencia calificada de simple, sobre el proyecto de ley que hace extensivo a los funcionarios de la Empresa de Comercio Agrícola el derecho al sueldo del grado superior, establecido por el Estatuto Administrativo.

El artículo 32 de la ley Nº 17. 272 dispone:

Los empleados ingresados con posterioridad al 6 de abril de 1960 en actual servicio de la Empresa de Comercio Agrícola y los que ingresaren, tendrán el régimen previsional de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas y se les aplicarán los párrafos 13, 18, 19 y 20 del Título 2º, artículo 143 y Títulos 4º y 6º del D. F. L. N 338, de 1960, sin perjuicio de las demás disposiciones de los Estatutos Internos del Personal de la Empresa.

En ningún caso esta disposición significará disminución de las actuales rentas de los empleados ni supresiones de cargos.

Como lo señala el mensaje esta ley hace aplicable a los funcionarios de la Empresa de Comercio Agrícola las normas del Estatuto Administrativo referentes a feriados, permisos y licencias, desahucio, derechos de familia cuando fallece el empleado, jubilación, jornada de trabajo, responsabilidad de los empleados y expiración de funciones.

La iniciativa en informe tiene por objeto complementar este régimen con la incorporación del derecho al sueldo del grado superior establecido en el párrafo 4º del Título 2º del Estatuto Administrativo y con las normas referentes a la Asistencia Médica que consagra el párrafo 10º del Título 2? del mencionado Estatuto.

Con el objeto de evitar traslados de estos personales la Comisión rechazó la última frase del artículo único del mensaje que aplicaba a estos funcionarios la obligación de desempeñar Comisiones que establece el párrafo 2º del Título 3º del referido D. F. L. Nº 338.

El mensaje señala que para el financiamiento de esta iniciativa no es necesario establecer nuevos tributos, ya que el ítem y asignación respectivos se encuentran incorporados en la actual Ley de Presupuestos.

La Comisión aprobó un artículo 2º que hace aplicable a los funcionarios de la Empresa de Comercio Agrícola el artículo 16 del D. F. L. Nº 338, de 1960, con el objeto de fijar una carrera funcionaría que actualmente no la tienen.

Dicho artículo 16 establece:

Artículo 16.- El ingreso en calidad de titular a cualquier empleo público se hará en el último grado del escalafón correspondiente.

No obstante, la regla anterior no se aplicará respecto de los siguientes empleos:

a) Los de la confianza exclusivamente del Presidente de la República, entendiéndose por tales aquellos a los que la Constitución Política o una ley les haya dado este carácter, y cuya remoción depende de la sola facultad del Presidente de la República, y

b) Los de libre designación del Presidente de la República o de la autoridad llamada a hacer el nombramiento, y son tales los de los Jefes Superiores de Servicio y los que correspondan a las categorías de las escalas de sueldos; todos los cuales, sin embargo, quedan sometidos, en lo demás, a las disposiciones de este Estatuto.

Por las razones expuestas y las que oportunamente dará el señor Diputado informante, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social solicita a la Honorable Cámara la aprobación del siguiente

Proyecto de ley:

Artículo 1º - Modifícase el artículo 32 de la ley Nº 17. 272, de 31 de diciembre de 1969, en la siguiente forma:

Intercálase a continuación de la palabra párrafos los números 4º y 10º.

Artículo 2º - Aplícase a los funcionarios de la Empresa de Comercio Agrícola el artículo 16 del D. F. L. Nº 338, de 1960.

Sala de la Comisión, a 14 de junio de 1972.

Acordado en sesión de igual fecha con asistencia de los señores Mosquera (Presidente), Arnello, Cardemil, Espinoza, don Luis; Frías, Fuentealba, don Luis; Guerra, Olave, Pérez, Ríos, don Héctor; Robles, Torres y señorita Saavedra, doña Wilna.

Se designa Diputado informante al señor Mosquera (Presidente).

(Fdo.): Fernando Errázuriz Guzmán.

8.-INFORME DE LA COMISION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Honorable Cámara:

La Comisión de Trabajo y Seguridad Social pasa a informar el proyecto de ley, originado en un mensaje sobre el proyecto de ley que otorga nuevos recursos al Departamento de Bienestar de la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional.

El mensaje en la exposición de motivos señala que el Servicio de Bienestar del personal de la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional, incluida la sección Tripulantes de Naves y Operarios Marítimos no ha podido en el último tiempo otorgar nuevos beneficios a sus afiliados y aún más se ha visto en la necesidad de limitar algunos que figuran en su Reglamento debido a problemas de índole económica.

Se hizo presente que los empleados de la referida Caja han ofrecido al Gobierno efectuar una cotización adicional para solucionar el problema y que dicha cotización adicional no es suficiente para mejorar los beneficios que otorga el referido Servicio de Bienestar.

La iniciativa en informe con el objeto de financiar el citado Servicio de Bienestar, además, de establecer una cotización adicional mensual del 2% sobre los sueldos bases de los personales afiliados el mencionado Servicio y de efectuar la institución un aporte similar, autoriza al Vicepresidente Ejecutivo de la Caja de la Marina Mercante Nacional para que con cargo a los recursos de la institución financie anualmente un programa de beneficios adicionales del Departamento de Bienestar de dicha Caja, incluida la Sección Triomar, para sus afiliados activos.

Por las razones expuestas y las que dará oportunamente el señor Dputado informante, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social solicita a la Honorable Cámara la aprobación del siguiente

Proyecto de ley:

Artículo único.- Autorízase al Vicepresidente Ejecutivo de la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional para que, con cargo a los recursos de la Institución, financie anualmente un Programa de Beneficios adicionales del Departamento de Bienestar de dicha Caja, incluida la Sección Triomar, para sus afiliados activos.

La naturaleza de estos beneficios y su monto será determinado, por una sola vez, por el Presidente de la República, previo informe de la Superintendencia de Seguridad Social, hecho lo cual se entenderán incorporados a los beneficios permanentes de dicho Servicio.

Los personales afiliados al Departamento de Bienestar a que se refiere el inciso anterior deberán efectuar una cotización adicional mensual del 2% sobre sus sueldos bases, conforme al artículo 11 del Decreto Nº 722, de 1955, debiendo la Institución efectuar un aporte similar.

La presente ley regirá a contar del 1º de enero de 1972, entendiéndose modificados los respectivos presupuestos de la Caja de la Marina Mercante Nacional, con el objeto de darle debido cumplimiento.

Sala de la Comisión, a 14 de junio de 1972.

Acordado en sesión de igual fecha con asistencia de los señores Mosquera (Presidente), Arnello, Cardemil, Espinoza, don Luis; Frías, Fuentealba, don Luis; Guerra, Olave, Pérez, Ríos, don Héctor; Robles, Torres y señorita Saavedra, doña Wilna.

Se designó Diputado informante al señor Cardemil.

(Fdo. ): Fernando Errázuriz Guzmán.

9.-INFORME DE LA COMISION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Honorable Cámara:

La Comisión de Trabajo y Seguridad Social, pasa a informar el mensaje sobre el proyecto de ley que declara que la nivelación establecida en el artículo 40 de la ley Nº 17. 272, relativa a las remuneraciones de la Judicatura del Trabajo no significó para dichos funcionarios la pérdida del beneficio del sueldo superior de que disfrutaban a la fecha de su vigencia.

El artículo 40 de la ley Nº 17. 272 de 31 de diciembre de 1969, establece:

Artículo 40.- Los cargos que se indican de la Judicatura Especial del Trabajo tendrán asignadas las siguientes categorías de la Escala de Sueldos del Personal Superior del Poder Judicial:

Categorías

Ministros de Cortes 1ª

Jueces de 1ª Categoría, Secretarios de Cortes, Relator de la Corte de Santiago 2ª

Jueces de 2ª Categoría 3ªJueces de 3ª Categoría y Secretarios de Juzgados de 1ª Categoría 4ª Secretarios de Juzgados de 2ª Categoría 6ª

Secretarios de Juzgados de 3ª Categoría 7ª

En virtud del artículo transcrito se nivelan las remuneraciones de la Judicatura del Trabajo con las de la Justicia Ordinaria; pero en esa disposición no se declaró expresamente que la nivelación en referencia, a pesar de haber representado un cambio de grado, no privaría a los funcionarios de la Judicatura del Trabajo de los beneficios de sueldo superior por permanencia en sus cargos que estaban disfrutando por aplicación del artículo 4º de la ley Nº 11. 986. Este artículo señala que los miembros de los Tribunales Ordinarios de Justicia y Especiales del Trabajo de Menores y sus respectivos Oficiales Subalternos, que tuvieren los requisitos para ascender y permanecieren 5 años en la misma categoría de su respectivo escalafón gozarán de la remuneración que corresponda a la categoría o grado inmediatamente superior de la escala que fija el artículo 1º de la citada ley Nº 11. 986.

Hace presente el mensaje que nadie tuvo dudas sobre el alcance del artículo 49 de la ley Nº 17. 272 ya que durante más de dos años se pagaron las remuneraciones de los funcionarios de la Judicatura del Trabajo con el sueldo superior adquirido antes de la vigencia del citado artículo 40.

Se señaló que la Contraloría General de la República en reciente dictamen interpretó el artículo 40 antes mencionado en el sentido de que habría hecho perder el derecho al sueldo superior que hubieren estado disfrutando los Jueces del Trabajo al momento de entrar en vigencia, lo que desvirtúa el propósito nivela-torio del legislador y obliga a restituir las cantidades que representó la aplicación del sueldo superior por más de dos años, con lo que se causaría un cuantioso perjuicio a numerosos Jueces del Trabajo.

El artículo 1º del proyecto soluciona estos problemas al señalar que los referidos funcionarios no perdieron el beneficio del sueldo superior de que disfrutaban a la fecha de vigencia del artículo 4º de la ley Nº 17. 272 ni el tiempo computable para la obtención de dicho beneficio.

El artículo 43 de la ley Nº 17. 272 efectuó un encasillamiento del personal de Asistentes Sociales de los Juzgados de Letras de Menores y tampoco declaró que dicho encasillamiento no haría perder el derecho al sueldo superior otorgado por el artículo 4º de la ley Nº 11. 986.

El inciso segundo del artículo 1º de la iniciativa en informe soluciona esta omisión.

Por último el artículo 29, reconoce en favor de las actuales Asistentes Sociales de los Juzgados de Menores del país, para los efectos del derecho a mayor sueldo el tiempo durante el cual, perteneciendo a la Planta del Servicio Nacional de Salud, prestaron servicios como tales ante dichos Tribunales.

Por las razones expuestas y las que oportunamente dará el señor Diputado informante la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, solicita a la Honorable Cámara de Diputados la aprobación del siguiente

Proyecto de ley:

Artículo 1º.- Declárase que la nivelación establecida en el artículo 40 de la ley no constituyó ascenso para los efectos de lo dispuesto en el artículo 4º de la ley Nº 11. 986 y, en consecuencia, los funcionarios a quienes se refiere no perdieron el beneficio del sueldo superior de que disfrutaban a la fecha de su vigencia ni el tiempo computable para la obtención de dicho beneficio.

Declárase, asimismo, que el encasillamiento del personal a que se refiere el artículo 43 de la ley Nº 17. 272, no constituyó ascenso para los efectos de lo dispuesto en el artículo 49 de la ley Nº 11. 986.

Artículo 2º.- Reconócese en favor de los actuales Asistentes Sociales de los Juzgado de Menores del país para los efectos del derecho a mayor sueldo, el tiempo durante el cual, perteneciendo a la Planta del Servicio Nacional de Salud, prestaron servicios como tales ante dichos Tribunales.

Sala de la Comisión, a 14 de junio de 1972.

Acordado en sesión de igual fecha con asistencia de los señores Mosquera (Presidente), Arnello, Cardemil, Espinoza, don Luis; Frías, Fuentealba, don Luis, Guerra, Olave, Pérez, Ríos, don Héctor; Robles, Torres y señorita Saavedra, doña Wilna.

Se designó Diputado informante al señor Torres.

(Fdo.): Fernando Errázuriz Guzmán.

10.-INFORME DE LA COMISION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Honorable Cámara:

La Comisión de Trabajo y Seguridad Social pasa a informar un proyecto de ley, de origen en una moción del señor Frías, sobre el proyecto de ley que aclara las disposiciones de la ley Nº 17. 538, en el sentido de que los Departamentos de Bienestar de las Instituciones Fiscales harán extensivos sus beneficios a loa montepiados de las mismas.

La ley Nº 17. 538 de 22 de octubre de 1971, dispuso que los Departamentos u Oficinas de Bienestar, que funcionan en reparticiones fiscales y en instituciones semifiscales y de administración autónoma, extenderán sus beneficios a los funcionarios jubilados de las mismas, en las condiciones y montos de que gozan los funcionarios en actividad.

En la misma ley se establecen los aportes pecuarios con que los nuevos beneficiarios deben concurrir al financiamiento de dichos Departamentos u Oficinas.

Se hizo presente que el espíritu del legislador fue que quedasen sometidos a estas disposiciones, todas las instituciones semifiscales y de administración autónoma.

Sin embargo el Banco del Estado de Chile y la Línea Aérea Nacional que están definidas en sus leyes orgánicas como Empresas autónomas del Estado han rehusado dar cumplimiento a la mencionada ley Nº 17. 538.

Se señaló que esta situación discriminatoria afecta a cerca de cuatro mil personas, en su mayoría jubilados de escasos recursos.

Por una omisión no se contempló que los beneficios de la citada ley Nº 17. 538 alcanzarán también a los montepiados cuya situación económica es más precaria aún.

La iniciativa en informe tiene por objeto aplicar los beneficios de la tantas, veces citada ley Nº 17. 538 a los montepiados de las instituciones mencionadas en ellas entre las cuales se comprende al Banco del Estado de Chile, la Línea Aérea Nacional y todas las empresas autónomas del Estado.

Por las razones expuestas y las que oportunamente dará el señor Diputado informante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social solicita de la Honorable Cámara de Diputados la aprobación del siguiente

Proyecto de ley:

Artículo único.- Se declara que los beneficios establecidos en la ley Nº 17. 538, publicado en el Diario Oficial de 22 de octubre de 1971, se extienden también a los montepiados de las Instituciones mencionadas en ella, entre las cuales se comprende al Banco del Estado de Chile, la Línea Aérea Nacional y todas las empresas autónomas del Estado.

Sala de la Comisión, a 14 de junio de 1972.

Acordado en sesión de igual fecha con asistencia de los señores Mosquera (Presidente), Amello, Cardemil, Espinoza, don Luis; Frías, Fuentealba, don Luis, Guerra, Olave, Pérez, Ríos, don Héctor; Robles, Torres y señorita Saavedra, doña Wilna.

Se designó Diputado informante al señor Frías.

(Fdo. ): Fernando Errázuriz Guzmán. '

11.-INFORME DE LA COMISION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Honorable Cámara:

La Comisión de Trabajo y Seguridad Social pasa a informar el proyecto de ley originado en una moción de los señores Pérez y Carrasco, sobre el proyecto de ley que otorga facilidades para que los trabajadores puedan estudiar.

Como lo señala la exposición de motivos de la moción en informe, con la Reforma Educacional, que se inició hace pocos años en Chile y con la apertura de Centros de Capacitación para los Trabajadores quedó de manifiesto el afán y la avidez del chileno adulto por estudiar fuera de sus horas de trabajo.

Desgraciadamente, esta valiosa inquietud por superarse, por estudiar, por dominar las técnicas de la industria moderna, sólo cuenta con su decisión y sacrificio personal, además, naturalmente, de los Centros creados que ofrecen esta posibilidad.

Se hizo presente que la iniciativa en informe nació después de analizar junto a cientos de estudiantes-trabajadores-adultos, especialmente con los que concurren a la Universidad Técnica del Estado de Magallanes la urgencia de dictar una legislación que otorgue facilidades por parte de los empleadores tanto particular como estatal para que el trabajador pueda proseguir o iniciar estudios diurnos, vespertinos o nocturnos en establecimientos educacionales del Estado o reconocidos por éste.

Por las razones expuestas y las que dará oportunamente el señor Diputado informante la Comisión de Trabajo y Seguridad Social solicita a la Honorable Cámara la aprobación del siguiente

Proyecto de ley:

Artículo 1º.- Los empleadores tendrán la obligación de dar las facilidades del caso, a aquellos trabajadores acogidos a cualquier régimen previsional que lo soliciten, para que inicien o continúen estudios en establecimientos educacionales del Estado y/o reconocidos por éste, ya sean diurnos, vespertinos o nocturnos.

Estas facilidades consistirán en un permiso de hasta dos horas diarias, dentro del horario de trabajo, tiempo que se computará como efectivamente trabajado para todos los efectos legales, entendiéndose que los sueldos y salarios no sufrirán disminución, por este concepto.

Artículo 2º.- Si el trabajador tuviere que ocupar más de dos horas de su jornada normal de trabajo, en sus actividades educacionales, el exceso sobre las dos primeras horas será de su cargo.

Artículo 3º.- Los trabajadores del sector público gozarán de los mismos beneficios contemplados en los artículos 1º y 2º de la presente ley, aparte de cualquier otro beneficio que le otorguen las disposiciones legales en actual vigencia.

Artículo 4º.- Los términos Empleadores o Trabajadores a que se refiere esta ley comprende a Empleadores o Patrones y a Empleados u obreros, respectivamente.

Sala de la Comisión, a 14 de junio de 1972.

Acordado en sesión de igual fecha con asistencia de 1 os señores Mosquera (Presidente), Arnello, Cardemil, Espinoza, don Luis; Frías, Fuentealba, don Luis; Guerra, Olave, Pérez, Ríos, don Héctor; Robles, Torres y señorita Saavedra, doña Wilna. Se designó Diputado informante al señor Pérez.

(Fdo.): Fernando Errázuriz Guzmán.

12.-INFORME DE LA COMISION DE REGIMEN INTERIOR, ADMINISTRACION Y REGLAMENTO

Honorable Cámara:

La Comisión de Régimen Interior, Administración y Reglamento pasa a informar el proyecto remitido por el Honorable Senado, en segundo trámite reglamentario, con urgencia calificada de simple, por el cual se crea el Departamento de Bienestar del Congreso Nacional.

Durante la discusión de esta iniciativa de ley, la Comisión contó con la colaboración de los señores José Vicencio, Angel Estrella y Manuel Donaire, representantes de las Asociaciones de Empleados de la Cámara de Diputados, del Senado y de la Biblioteca del Congreso Nacional, respectivamente, y del señor José Manuel Matte, administrador del actual Departamento de Bienestar del Congreso Nacional.

Asimismo, tomó conocimiento del informe emitido por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recaído en una consulta que le formulara la Sala, en el que se pronuncia favorablemente sobre la constitucionalidad del proyecto objeto de este informe.

Fundamentalmente, el proyecto quedó estructurado sobre la base de las siguientes ideas:

1) Se crea por el artículo 1º, el Departamento de Bienestar del Congreso Nacional, el cual se formará y tendrá las atribuciones y todos los servicios anexos que sean necesarios para cumplir las finalidades propias de estos organismos, las que se consultarán en sus estatuos que, al efecto, serán dictados de acuerdo con las formalidades y requisitos que se consultan en el inciso primero. Igualmente, además de los aportes que deberán efectuar los asociados, se destinan los recursos necesarios para el mejor, cumplimiento de sus objetivos, los que serán aportados por las dos ramas del Congreso y la Biblioteca del Poder Legislativo, y

2) Se otorga, por el artículo 2º, personalidad jurídica al actual Departamento de Bienestar, el cual continuará acogido a las franquicias tributarias y otras que actualmente las leyes otorgan a esta clase de organismos.

En virtud de los acuerdos adoptados por la Comisión, una vez que entre en vigencia la ley en proyecto los usuarios podrán pertenecer a ambos organismos o a uno solo de ellos, con lo cual podrán disfrutar de los beneficios del Departamento de Bienestar -que comprende asistencia médica y dental, préstamos de auxilio, bonificaciones especiales, etcétera-y de los que proporcionará el Economato, que importan fundamentalmente la distribución, a sus usuarios, de artículos de uso o consumo habitual.

Finalmente, corresponde hacer mención expresa, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 154 del Reglamento Interior de la Corporación, de los siguientes rubros:

1º)-De los artículos que no hayan sido objeto de indicaciones ni de modificaciones.

Ninguno de los dos artículos de que consta el proyecto se encuentra en esta situación.

2º)-De los artículos suprimidos.

La Comisión no suprimió el artículo único original.

3º)-De los artículos modificados.

En esta situación se encuentra el artículo único de la iniciativa, pues se acordó sustituir su inciso final, por el que figura como artículo 2º del proyecto.

4º)-De los artículos nuevos introducidos. El artículo 2º del proyecto se encuentra en esta situación en virtud de los acuerdos a que se hace mención en el rubro anterior.

5º)-De los artículos que deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda.

Ningún artículo se encuentra en este caso.

6º)-De las indicaciones rechazadas por la Comisión.

La única indicación que fue formulada durante la discusión general del proyecto fue aprobada por la Comisión.

Se deja constancia que los acuerdos sobre la modificación del artículo único y la agregación del artículo 2º nuevo del proyecto, fueron adoptados por mayoría de votos.

Por las consideraciones que anteceden y las que en su oportunidad dará el señor Diputado informante, la Comisión acordó recomendar la aprobación del siguiente

Proyecto de ley.

Artículo 1º.- Créase el Departamento de Bienestar del Congreso Nacional. Sus estatutos serán dictados por una Comisión compuesta por el Presidente del Senado, el Presidente de la Cámara de Diputados, un Senador, un Diputado, un representante de la Asociación de Empleados del Senado, un representante de la Asociación de Empleados de la Cámara de Diputados y un representante de la Asociación de Empleados de la Biblioteca del Congreso Nacional.

La supervigilancia general y el examen y juzgamiento de las cuentas del Departamento de Bienestar del Congreso corresponderán a una Comisión compuesta por el Tesorero del Senado y el Tesorero de la Cámara de Diputados. Su administración, organización, aportes de los asociados, los beneficios que conceda y la modificación de los Estatutos se determinarán por los órganos y mecanismos que los mismos Estatutos establezcan.

El Presidente del Senado y el Presidente de la Cámara de Diputados reducirán a escritura pública los Estatutos que apruebe la Comisión a que se refiere el inciso primero y publicarán un extracto de los mismos en el Diario Oficial dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la escritura pública.

Anualmente se consultará, en los Presupuestos del Senado, de la Cámara de Diputados y de la Biblioteca del Congreso Nacional, una suma no inferior al dos por ciento de las remuneraciones y dietas que se pagan en cada uno de ellos, como aporte de éstos al Departamento de Bienestar.

Artículo 2º.- Otórgase personalidad jurídica al actual Departamento de Bienestar del Congreso Nacional, que en adelante se denominará Economato del Congreso Nacional, y que fue creado por acuerdos de las Comisiones de Policía Interior y Reglamento del Senado y de la Cámara de Diputados en el año 1955.

El Economato del Congreso Nacional continuará acogido a las disposiciones del artículo 21 de la ley Nº 14. 572 y del Nº 6 del artículo 18 de la ley Nº 12. 120 y sus modificaciones posteriores, y seguirá gozando de las demás franquicias y beneficios que las leyes otorgan a los organismos de esta naturaleza.

Sala de la Comisión, a 19 de junio de 1972.

Acordado en sesión de fecha 15 del presente, con asistencia de los señores Fuentes, don César (Presidente accidental), Acevedo, Acuña, Koenig, Lavandero, Momberg, Ríos, don Héctor; Señoret y Stark.

Se designó Diputado informante al señor Lavandero.

(Fdo.): Fernando Parga Santelices, Prosecretario de la Cámara de Diputados.

13.-MOCION DE LOS SEÑORES DIEZ, VEGA, RIOS, DON MARIO; RIESCO, ALAMOS, RODRIGUEZ, ACUÑA, BULNES Y TAGLE

Honorable Cámara:

La situación por la que atraviesa la agricultura nacional debe constituir un motivo de preocupación para todos los que tenemos algún tipo de responsabilidad en la conducción del país.

Hay en nuestros campos una serie de factores que perturban de tal manera la normalidad de los; trabajos de la agricultura que ninguna persona, regularmente informada, puede desconocer: que el abastecimiento de nuestra población de productos alimenticios se hace cada vez más difícil.

Una de las causas fundamentales de esta inseguridad es la situación de decenas de miles de pequeños agricultores propietarios agrícolas que se ven amenazados de expropiaciones injustas, motivadas por la presión de la demagogia y el extremismo.

La experiencia de los principales países europeos, incluyendo los del área socialista, demuestran que el mediano y pequeño propietario es proporcionalmente el mejor productor de alimentos, y que sus predios son los que tienen un aprovechamiento mayor, por el cuidado personal que sus propietarios y familiares ponen en su cultivo. La seguridad de derecho de propiedad crea una tradición de trabajo del campo, que constituye uno de los valores más importantes de su desarrollo.

Por esas razones resulta imprescindible que nuestra legislación les garantice el dominio permanente de sus propiedades, con el fin que el trabajo, el ahorro y la inversión les permitan levantar nuestra agricultura.

La inexpropiabilidad de los predios iguales o inferiores a 50 hectáreas básicas, no significa la modificación de la legislación vigente en cuanto a las expropiaciones, en relación a su cabida, y al derecho de reserva, de los actuales propietarios. De manera que las propiedades superiores a 50 hectáreas básicas podrán continuar siendo expropiadas por causales de abandono o mala explotación.

Situación similar a la descrita en los párrafos anteriores afecta al actual área reformada, en la que los campesinos aspiran a ser propietarios individuales de la tierra. Por razones de técnica legislativa estamos abordando estas materias en un proyecto separado que reforma la actual ley Nº 16. 640.

En el proyecto antedicho se contemplan diversas modificaciones a la ley de Reforma Agraria, basados en las siguientes ideas generales:

a) Subrogación de los actuales tribunales agrarios por los tribunales ordinarios;

b) Declaración previa de mala explotación, cuando opere esta causal, basada en la comparación con los predios del área reformada, hecho por los tribunales agrarios;

c) Consulta previa a los campesinos acerca de si desean o no la expropiación del predio en que viven;

d) Prohibición de constituir Centros de Reforma Agraria o conservar el estado de la propiedad de la tierra en cualquier forma, a no ser que una ley autorice específicamente cada caso, y

e) Obligación perentoria a los organismos del Estado de otorgar títulos de dominio individual a los campesinos, salvo que éstos prefieran otro tipo de propiedad o asociación; y otras modificaciones que tienden a asegurar los derechos de todas las personas comprometidas en el proceso de la reforma agraria de sus Sindicatos, Federaciones o Asociaciones.

Por estas razones y las que daremos durante la tramitación de esta Reforma Constitucional, tengo el honor de proponeros el siguiente

Proyecto de Reforma Constitucional:

Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la Constitución Política del Estado:

a) Agrégase la siguiente frase nueva a continuación del actual inciso octavo del Nº 10 del artículo 10 que exprese:

Lo dispuesto en este inciso será únicamente aplicable para los casos de reforma agraria, la que tendrá como objetivo fundamental el otorgar derechos de dominio sobre la tierra a los campesinos, en la forma que determine la ley.

b) Agréguese un inciso nuevo al artículo Nº 10 de la Constitución Política del Estado después del actual inciso 11 que exprese lo siguiente:

La propiedad rústica de superficie no superior a 50 hectáreas de riego básicas será inexpropiable para los fines de reforma agraria. Los propietarios de predios no superiores a 80 hectáreas de riego básicas podrán vender a los campesinos que vivan en sus predios parte de los mismos, siempre que con estas ventas reduzcan su superficie a 50 hectáreas de riego básicas o menos, en las condiciones que determine la ley. Agrégase al artículo 44 un número nuevo que exprese:

Fijar la conversión de la superficie de los predios rústicos en hectáreas de riego básicas.

d) Agréguese un nuevo artículo transitorio a la Constitución Política del Estado:

Las actuales conversiones de superficies en hectáreas de riego básicas fijadas por la ley Nº 16. 640 y de los Decretos dictados por el Presidente de la República en conformidad a ella sólo podrán ser modificados por ley.

Quedan derogadas todas las disposiciones legales contrarias a lo dispuesto en esta Reforma Constitucional.

(Fdo. ): Sergio Diez U.- Osvaldo Vega V. - Mario Ríos S. - Germán Riesco Z. -Hugo Alamos V. - Silvio Rodríguez V. - Agustín Acuña M. - Jaime Bulnes S. - Manuel Tagle V.

14.-MOCION DEL SEÑOR CABELLO

Honorable Cámara:

Subsisten desde hace muchos años en el ámbito de la provincia que tengo la honra de representar en este Hemiciclo, numerosos problemas de carácter social y económico que están trabando cualquier obra de progreso en la zona.

Sin la solución adecuada de ellos, y por cierto que la tienen, y esto ha sido reconocido por todos los últimos Gobiernos y los parlamentarios que, en general, deben volcar sus esfuerzos por el progreso nacional, no será posible llevar adelante las superiores tareas que aseguren a los chilenos un standard de vida que se compadezca con sus reales necesidades.

Es así como, al elaborarse el presente proyecto de ley, hemos tenido en cuenta la situación que aflige a los jubilados de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones que se agrupan en la noble institución denominada Legión Militar de Talca. Esos hombres, padres de familias que luchan porque el pedazo de Chile que es nuestra provincia sea cada vez más próspero y aportar con eso a la patria su obra al paso de sus vidas, tienen un edificio que no está terminado y sufren las dificultades consiguientes para desarrollar sus actividades.

Nos parece de justicia que deben contar con instalaciones que les permitan impulsar sus obras que, en definitiva, serán un adelanto regional, un aporte a la comunidad y al enriquecimiento de la cultura zonal. Por tal motivo hemos pedido en el cuerpo del proyecto el financiamiento mínimo que necesita esa obra de construcción, agregando que la han ofrecido como agencia zonal de la Caja de la Defensa, que atiende a más o menos cuatro mil (4. 000) asociados.

Por otra parte, los asociados del gremio-de la ANEF, que en cierta manera están construyendo a que nuestras obras proyectadas en las leyes se hagan posibles en la realidad no tienen aún un lugar donde adecuadamente puedan desarrollar sus actos. Por esta razón también se pide que se les habilite mediante el financiamiento que se indica en el artículo 2º de este proyecto, un edificio ubicado en la calle 6 Oriente 2 Sur.

Señores miembros de la Cámara de Diputados, quisiera detenerme un instante para considerar aquí uno de los problemas más graves de Talca, donde se han detectado los peores problemas generados por el alcoholismo, relativo al abandono de las familias.

Miles de niños están sufriendo las consecuencias de este flagelo que azota la zona que represento en esta Cámara. El Consejo de Defensa del Niño, pese a sus beneméritos esfuerzos, no ha sido capaz, por la falta de recursos económicos mantener un hogar de menores que atienda los casos sociales más precisos de la infancia. Tiene una casa en calle 3 Sur con 14 Oriente que adquirió hace dos años, lapso en el cual ha sufrido tales deterioros que francamente los objetivos que impulsaron a su creación se han confundido con la destrucción misma del inmueble. Por eso, por esta dramática necesidad es que pedimos en el proyecto, dinero para financiar las reparaciones que ayuden a la obra del Consejo de Defensa del Niño a mantener un hogar de menores en Talca.

Finalmente, recabamos presupuesto para que en la localidad de Tanhuao se habiliten las termas que pertenecen actualmente a particulares al uso de miles de jubilados del Servicio de Seguro Social. Debe ser destinada éste, zona de reposo y esparcimiento a la gente más modesta de Talca, necesidad en la que están de acuerdo muchos sectores políticos y sociales, para que al fin de sus vidas sientan lo que a través de una lucha denodada un estímulo que los haga comprender que todo tuvo sentido, que nada fue inútil y que ellos, los trabajadores tienen el reconocimiento nuestro.

Por tales consideraciones ruego a esta Honorable Cámara tener por presentado para su despacho como ley de la República el siguiente

Proyecto de ley:

Artículo 1º.- Autorízase al Presidente de la República para invertir hasta la cantidad de 2 millones de escudos para el término de obras de adelanto en la provincia de Talca.

El gasto que demande la inversión de la suma indicada en el inciso precedente se imputará al 70% del remanente que se produzca en la Cuenta Especial F-48, de acuerdo con las normas del artículo 244 de la ley Nº 16. 617, modificada por el artículo 15 de la ley 16. 773.

Artículo 2º.- Las sumas que destine el artículo precedente se invertirán en los siguientes fines:

1º-Aporte de Eº 1. 000. 000 (un millón de escudos) para la terminación del edificio de la Legión Militar de Talca.

2º-Eª 250. 000 (doscientos cincuenta mil escudos) para la habilitación del edificio ANEF, Talca.

3°-Eº 250. 000 (doscientos cincuenta mil escudos) para la habilitación del Hogar de Menores, del Consejo de Defensa del Niño de Talca.

4º-Eº 500. 000 (quinientos mil escudos) para compra a través del Servicio de Seguro Social de las Termas de Tanhuao, para hogar de reposo, jubilados ley 10. 383 de Talca. (Fdo.): Jorge Cabello Pizarr

15.-MOCION DE LOS SEÑORES RUIZ-ESQUIDE, DON MARIANO; FUENTES, DON CESAR; HUEPE, STARK, ALVARADO, MERINO, KOENIG, VERGARA, SIVORI Y CASTILLA

Honorable Cámara:

A raíz de los temporales que afectaron a las provincias de Linares a Valdivia, la gran mayoría de los pueblos y ciudades del Sur de Chile sufrieron años que irrogarán cuantiosas inversiones. Estas inversiones deberán ser costeadas por los organismos del Estado y las municipalidades según el ámbito de sus propias obligaciones.

Sin embargo para nadie es desconocida la permanente estrechez presupuestaria de las municipalidades y, por ende, la incapacidad real de ellas para abordar los gastos que demandarán los destrozos producidos por este fenómeno de la Naturaleza, cuya intensidad fue superior a cuanto había sucedido en los últimos años. El Ejecutivo dispone en cambio de fondos de emergencia con los cuales puede enfrentar una catástrofe de esta magnitud, aun cuando sea con ciertas dificultades o insuficiencias. Las municipalidades no tienen esa posibilidad y carecen de expectativas para obtener nuevos recursos por la rigidez de sus entradas y por lo tanto muchos asuntos de incumbencia municipal quedarán sin resolverse.

Tampoco parece posible hoy gravar con nuevos recursos a los vecinos en beneficio municipal, dada la actual carga, tributaria.

Por ello nos ha parecido conveniente traspasar en forma extraordinaria y por un período determinado, los fondos provenientes del impuesto territorial que hoy percibe el Fisco. No es éste un expediente nuevo y hay ya proyectos en trámite o despachados, que previenen lo mismo y que no han sido vetados por el Ejecutivo Por otra parte, el menor rendimiento fiscal que pasaría a las municipalidades de las provincias afectadas no sube de Eº 130. 000. 000, anualmente, cifra que no altera sustancialmente el financiamiento fiscal; pero que entregado a las municipalidades significan para ellas un alivio importante en su tarea de adelanto comunal en esta emergencia.

En virtud de lo anterior, venimos en presentar el siguiente

Proyecto de ley:

Artículo 1º.- Durante el plazo de 2 años, a contar de la vigencia de esta ley, la tasa del 13% de contribución territorial establecida a beneficio fiscal cederá en beneficio de las respectivas municipalidades comprendidas en las zonas declaradas como damnificadas por Decreto Presidencial, con motivo de los temporales de 1972.

Con cargo a estos fondos el Banco del Estado otorgará empréstitos de hasta un monto igual al cálculo de su rendimiento, a las municipalidades que lo soliciten. El Servicio de Tesorería depositará los fondos en una cuenta especial, con cargo a la cual girarán las respectivas municipalidades para el pago del empréstito o para el desarrollo de sus actividades.

Artículo 2º.- Las municipalidades, con el voto conforme de la mayoría de sus miembros, determinará las obras que se ejecuten con esos fondos. Dichos dineros, no podrán ser ocupados en cancelar sueldos, gratificaciones o gastos de representación, ni podrán ser incorporados a sus presupuestos ordinarios.(Fdo. ): Mariano Ruiz-Esquide J.- César Raúl Fuentes V.- Claudio Huepe G.- Pedro Stark T.- Pedro Alvarado PSergio Merino J.-Eduardo Koenig C.- Lautaro Vergara O.- Carlos Sívori A.- Guido Castilla H.

16.-MOCION DEL SEÑOR MEKIS

Honorable Cámara:

1.- La provincia de O'Higgins carece de mar. La actividad turística es muy reducida en comparación con otras regiones del país. O'Higgins debe orientar su desarrollo turístico al campo y a la cordillera.

2.- La región cordillerana de Chapa Verde, ubicada en la comuna de Machalí, a 3 Kms. al norte de Alto Colón, y sobre los 2. 200 metros sobre el nivel del mar, presenta condiciones favorables para desarrollar en ella actividades turísticas: ski, andinismo, excursionismo y patinaje en el hielo.

Estas condiciones favorables han sido reconocidas por el Club Andino de Rancagua, la Federación de Ski de Chile y por un Estudio de Factibilidad realizado por arquitectos, que fue financiado por el Consejo de Desarrollo de O'Higgins.

3.- Chapa Verde es la zona superior del Valle Sapos, y está contituida por una gran hoya hidrográfica de lomas y cerros. Al centro de Chapa Verde existe una extensa maseta, donde El Teniente construyó un embalse, denominado Laguna Sapos, y que provee de agua a Alto Colón y Caletones con fines industriales.

Los lomajes y cerros vecinos al embalse forman canchas de ski naturales, aptas para quienes se inician en el deporte, para los avezados y aun para competencias de ski de carácter internacional. En estos sitios no se realizan faenas extractivas del Mineral, ya que quedan muy distantes de Sewell.

4.- Chapa Verde presenta una gran facilidad para el futuro acceso de turistas y deportistas. Existe la Carretera Panamericana entre Santiago y Rancagua con doble pista. Luego, entre Rancagua y Alto Colón, existe una magnífica carretera asfaltada de unos 49 Kms. de longitud. Finalmente, entre Alto Colón y Chapa Verde, hay un camino de tierra de sólo 3 Kms. pero que resulta intransitable en los inviernos. Si este último trecho se asfalta, los vehículos motorizados demorarían menos de una hora de viaje entre Rancagua y Chapa Verde.

5.- La Empresa Minera El Teniente, en el régimen del Gobierno pasado y en el actual, no ha puesto obstáculos al proyecto de convertir Chapa Verde en un centro de deportes de montaña. Sólo ha puesto las condiciones de construir un camino de desvío a Chapa Verde, que no cruce por Alto Colón, y que no se pongan problemas a las tareas específicas de la industria cuprera.

6.- El proyecto de Chapa Verde ha contado con el visto bueno del Consejo Regional de Turismo de O'Higgins y Colchagua, del Consejo de Desarrollo de O'Higgins, y de la Dirección Nacional de Turismo. Esta última ha insistido en el carácter popular y distinto a los demás centros de ski que debe adoptar Chapa Verde.

7.- Los terrenos de Chapa Verde pertenecen a la Sociedad Minera El Teniente S. A. Sin embargo, el Consejo de Desarrollo de O'Higgins ha invertido ya una suma de alrededor de Eº 2. 000. 000 en la apertura del desvío al Embalse Sapos. En la actualidad, se han abierto 4 Kms. Resta abrir 3 Kms. más, colocar tubos de alcantarilla, hacer terraplenes, estabilizar el trazado y asfaltarlo. El costo total de esta obra, fundamental para sacar adelante el centro invernal, alcanza a una cifra superior a los Eº 5. 000. 000.

8.- La iniciativa y los estudios y trabajos sobre el proyecto Chapa Verde llevan más de 4 años. Sin embargo, aún los terrenos pertenecen a la Sociedad Minera El Teniente; se obstaculiza la subida de visitantes a la región a nivel de las barreras de la carretera del cobre; y las obras camineras caminan muy lentamente y en forma no continuada.

9.- En marzo de este año se formó un Comité para administrar Chapa Verde, integrado por representantes de la Sociedad Minera El Teniente, el Consejo Regional de Turismo O'Higgins-Colchagua, la Municipalidad de Rancagua, la Municipalidad de Machalí, el Ejército, el Consejo de Desarrollo de O'Higgins, el Club Andino de Rancagua, el Consejo Local de Deportes y la Zonal de Sindicatos de El Teniente.

Los representantes, respaldados por las instituciones y organismos, eligieron el domingo 16 de abril del presente año para realizar una ceremonia cívico-militar en Chapa Verde, para celebrar la firma oficial de la cesión de los terrenos por parte de El Teniente al Consejo Regional de Turismo O'Higgins-Colchagua. Esta firma ante Notario legalizaría también la formación de dicho Comité.

Vale la pena mencionar que las instituciones representadas en el Comité habían aprobado el borrador del convenio, redactado por el Departamento Jurídico de El Teniente, y que había sido aprobado por la Comisión Administradora de El Teniente.

10.- El acto cívico-militar programado fue suspendido abruptamente tres días antes de la fecha fijada, por petición del Director Nacional de Turismo, Carlos Lizama, al Vicepresidente Ejecutivo de El Teniente, Armando Arancibia, resultando un profundo malestar en la ciudad de Rancagua y en la provincia de O'Higgins por la medida.

11.- En declaraciones públicas y en un foro realizado en la Municipalidad de Rancagua, el Director Nacional de Turismo desconoce toda autoridad y validez al Comité Administrativo de Chapa Verde, e informa que está en estudio un nuevo plan sobre el centro invernal.

12.- Como se cumplen ya más de 2 meses de ocurridos estos hechos, existe una paralización completa de los trabajos que se hacían en Rancagua, a nivel de Comité, en cuanto a obras camineras, planificación, estudios de comisiones, etcétera.

Estos atrasos y postergaciones están lesionando en forma evidente al progreso turístico y deportivo de Rancagua y O'Higgins, a las actividades de montaña civiles y militares.

13.- Estos antecedentes y los últimos motivos señalados, nos llevan a presentar ante la Honorable Cámara de Diputados el siguiente

Proyecto de ley:

Artículo 1º.- La región cordillerana denominada Chapa Verde, ubicada en la provincia de O'Higgins, comuna de Machalí, y de propiedad de la Sociedad Minera El Teniente S. A., pasará al uso fiscal, abierto a toda la comunidad, sin distinciones de ninguna especie, y será destinado a la práctica de los deportes de montaña y al desarrollo del turismo.

Artículo 2º.- Los límites de Chapa Verde, destinados al uso de los deportes de Montaña y del turismo, serán los siguientes:

a) Por el norte: el cordón montañoso divisorio de las aguas entre Chapa Verde y el Estero Codegua.

b) Por el sur: la carretera entre Rancagua y Alto Colón, continuada hacia el oriente por la línea férrea que conduce al Túnel 8.

c) Por el oriente: el cordón montañoso divisorio de las aguas entre Chapa Verde y el Río Coya.

d) Por el poniente: una línea imaginaria que pase por la ribera occidental del Embalse de Barahona.

Artículo 3º.- El centro de montaña de Chapa Verde estará orientado a un uso de carácter popular, esto es, que la recreación y los deportes que se practiquen en él estén al alcance de la mayoría de la comunidad, en especial de los niños y de la juventud.

Artículo 4º.- El acceso a Chapa Verde por la carretera que sube desde Rancagua será de uso público. Mientras se termina el desvío de Alto Colón al Embalse Sapos, la Sociedad Minera El Teniente deberá permitir el libre tránsito por el actual camino que existe entre ambos puntos.

La vigilancia y control de la carretera, para turistas y deportistas dependerá del Cuerpo de Carabineros.

Artículo 5º.- Los terrenos de Chapa Verde y el futuro centro de montaña serán administrados por una Corporación legal, que se denominará Corporación de Chapa Verde, y que estará integrada por: Un representante de la Sociedad Minera El Teniente.

El Alcalde de la Municipalidad de Machalí o el regidor que éste designe en su reemplazo.

El Alcalde de la Municipalidad de Rancagua o el regidor que éste designe en su reemplazo.

El Comandante de la Guarnición Militar de Rancagua o su representante.

Un representante del Club Andino de Rancagua.

El Presidente del Consejo Local de Deportes o su representante.

Un representante del Consejo de Desarrollo de O'Higgins.

h) Un representante del Consejo Regional de Turismo de O'Higgins y Colchagua.

i) Un representante de la Zonal de Sindicatos de El Teniente.

Artículo 6º.- Los miembros de la Corporación señalados en las letras e), g), h) e i) serán designados a través de votación democrática en el seno de sus instituciones.

Artículo 7º.- Los miembros de la Corporación no recibirán remuneración por el desempeño de sus cargos, ni por las funciones, empleos o comisiones que se les encomienden. Durarán en sus funciones mientras cuenten con la confianza de las instituciones que representan.

Artículo 8º.- Corresponderá a la Corporación:

a) Planificar la habilitación del centro de montaña.

b) Administrar el balneario, en general.

c) Fomentar las actividades turísticas y deportivas que se realicen en Chapa Verde.

d) Programar el desarrollo del centro y las inversiones.

e) Administrar los bienes con que cuenta la Corporación para lograr el desarrollo de Chapa Verde.

f) Reglamentar el uso de las vías de acceso, las construcciones e instalaciones que se efectúen, el uso de agua y energía eléctrica, el uso de andariveles y, en general, todo lo concerniente a la habilitación o funcionamiento de Chapa Verde.

g) Dictar los Reglamentos que permitan su normal funcionamiento.

h) Concurrir a la formaci4n o participar en sociedades cuyo giro consista en actividades turísticas.

i) Ejecutar los actos y celebrar los contratos necesarios para la consecución de sus fines.

Artículo 9°.- La Corporación se reunirá a lo menos una vez al mes, y además cuando sea convocada por su Presidente o por un mínimo de un tercio de sus miembros en ejercicio.

Artículo 10.- La Corporación de Chapa Verde tendrá un Directorio, que será integrado por un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario y un Tesorero, elegidos de entre sus miembros, por votación democrática.

Artículo 11.- La Corporación podrá tomar acuerdos de cualquier género, con la concurrencia de la mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio, salvo en los casos en que el Reglamento establezca otra cosa.

Artículo 12.- Corresponderá al Presidente:

Convocar y presidir las sesiones de la Corporación.

Citar a la Corporación a sesiones extraordinarias cuando lo estime conveniente o lo pida 1/3 ó más de los miembros.

Velar por el cumplimiento de los acuerdos.

Firmar las comunicaciones de la Corporación.

Dirimir todo empate que se produzca en las votaciones.

Artículo 13.- La habilitación de Chapa Verde y la actividad deportiva y turística se harán en armonía con la industria cuprera, con el fin de que no se lesionen las tareas de producción.

Artículo 13.- La Corporación se preocupará del cuidado, mantención, aseo, higiene y orden y forestación de Chapa Verde, ya sea bajo su responsabilidad o solicitando la intervención de organismos estatales o municipales.

Artículo 14.- Se entregarán terrenos en forma gratuita a clubes deportivos y sociales, a instituciones, a gremios, sindicatos, establecimientos educacionales, etcétera, para que puedan construir refugios o albergues de tipo comunitario.

Artículo 15.- La Corporación podrá autorizar la explotación a particulares de hoteles o moteles, siempre que éstos no sean de lujo.

Artículo 16.- La Corporación procederá a elegir su Directorio anualmente.

Artículo 17.- En este artículo estudiar el aspecto legal si se permite o no la compra de loteos por personas naturales (de terrenos fiscales) para construir refugios privados o explotar hoteles u hosterías.

No creo conveniente traspasar Chapa Verde a la Municipalidad de Machalí.

Artículo 18.- En este artículo señalar todos los derechos de la Corporación de Derecho Privado (¿regida por el Título 33 del Código Civil?).

La duración de la Corporación será indefinida.

Para los efectos legales, el domicilio de la Corporación será la ciudad de Rancagua.

Creo que conviene señalar claramente en la ley que la Presidencia de la Corporación recaiga en el Alcalde de Rancagua (o en su representante).

Que las sesiones se realicen en la ciudad de Rancagua.

Artículo 19.- La Corporación se financiará mediante:

a) Aporte del Consejo de Desarrollo de O'Higgins.

Aporte de las Municipalidades de Rancagua y Machalí.

Aporte del Consejo Local de Deportes.

Aportes del Consejo Regional de Turismo de O'Higgins-Colchagua.

Donaciones, herencias, legados, erogaciones y subvenciones que obtenga de personas naturales o jurídicas, de las Municipalidades o del Estado.

De la explotación de los bienes que adquiera a cualquier título. - (Fdo.): Patricio Mekis S.

17.-MOCION DEL SEÑOR TUDELA

Honorable Cámara:

En la provincia que tengo el honor de representar ante esta Honorable Corporación, existe un hermoso lugar denominado La Punta, ubicado en la comuna de Mostazal. Allí, al pie de la Cordillera de los Andes, teniendo como paisaje de fondo sus enormes montañas, la naturaleza ha acumulado una serie de bellezas que le otorgan un especial atractivo al pueblo que menciono.

Por desgracia, la exigüidad de los recursos municipales y en alguna medida la despreocupación de los Poderes Públicos, no han permitido el desarrollo y el aprovechamiento de un sector tan hermoso, que con un mínimo de recursos podría ser convertido en gran atracción de tipo turístico, dada la proximidad a que se encuentra tanto de la capital de nuestro país como de la populosa ciudad de Rancagua, capital de la provincia. La ejecución de obras de adelanto, no cabe la menor duda que ha de ser el elemento esencial para atraer al pueblo de La Punta una enorme cantidad de visitantes. El esfuerzo personal de sus habitantes ha permitido que en la actualidad cuente con algunas obras indispensables; pero hace falta dotarlo de otras cuya necesidad es imperiosa.

Para hacer realidad el progreso de esa zona, creemos que bien podría recurrirse, a una parte ínfima de los fondos que se recaudan en la Plaza de Peaje de Angostura, que se encuentra ubicada en un lugar muy cercano al pueblo de La Punta. Por eso proponemos en este proyecto de ley que se destine la recaudación del día domingo de Semana Santa, producido en la citada Plaza de Peaje, para la ejecución y financiamiento de obras de adelanto en el Distrito de La Punta, de la comuna de Mostazal.

En mérito de lo expuesto, someto a la consideración de la Honorable Cámara, el siguiente

Proyecto de ley:

Artículo único.- Los fondos que se recauden los días domingos de Semana Santa de todos los años, en la Plaza de Peaje de Angostura de la Carretera Panamericana Sur, serán puestos a disposición de la Municipalidad de San Francisco de Mostazal, la que deberá destinarlos a obras de adelanto del Distrito de La Punta. .

(Fdo.): Ricardo Tudela Barraza.

18.-COMUNICACIÓN

Señor Presidente:

Con relación al proyecto de ley que da vida legal al Departamento de Bienestar del Congreso Nacional, que se encuentra en esa Cámara en segundo trámite desde octubre de 1970, los representantes de las Asociaciones de la Cámara de Diputados, del Senado y de la Biblioteca del Congreso que suscriben, en cumplimiento de lo acordado en la Asamblea General Conjunta de dichas Asociaciones celebradas el lunes 19 del mes en curso, se permiten dirigirse a usted para ilustrar, por su alto intermedio, a los señores Diputados sobre el origen y alcances de dicha iniciativa legal.

Orígenes del proyecto de ley

Desde hace mucho tiempo, los personales del Congreso han venido mostrando su inquietud por modificar la organización del Departamento de Bienestar, que actualmente les resta toda participación en su dirección, y por ampliar sus prestaciones a los aspectos médico-dental y asistencial.

Como es de su conocimiento, según los estatutos vigentes la dirección del Departamento está entregada a tres órganos: una Comisión integrada por las Mesas del Senado y de la Cámara; la Junta de Administración (constituida por los Prosecretarios del Senado y de la Cámara, el Tesorero de esta última y un Administrador General), y el Administrador General. Obsérvese que no obstante tratarse de una cooperativa de hecho (carece de vida legal), financiada con acciones pagadas por sus asociados, la masa de éstos carece de toda representación, por la ausencia de los órganos que para tales efectos tienen las cooperativas, como son la asamblea general de socios, el directorio y la junta de vigilancia.

A mediados de 1968, sobre la base de un anteproyecto de nuevos estatutos del Departamento de Bienestar elaborado por un grupo de altos funcionarios de la Cámara de Diputados y designados por la Mesa de ésta, las Asociaciones de la Cámara, de la Biblioteca y del Senado redactaron un proyecto de nuevos estatutos, que fue aprobado en forma unánime en reunión conjunta de los Directorios de aquéllas, en enero de 1969. En lo relativo a las autoridades del Departamento, dichos estatutos establecen un sistema piramidal similar al de las cooperativas, con una asamblea de asociados, un directorio compuesto por representantes de los señores parlamentarios y funcionarios de todos los niveles, tanto de la Cámara como de la Biblioteca y del Senado, sin que lo anterior signifique en modo alguno entorpecer el normal desenvolvimiento del Servicio, ya que la autoridad ejecutiva se mantiene en un administrador.

Elaboración del proyecto de ley. Comisión de parlamentarios y funcionarios

Las gestiones para materializar dicha idea, auspiciadas en un comienzo en el Senado por su Presidente de la época, señor Salvador Allende, fueron continuadas más tarde por el nuevo Presidente del Senado, señor Tomás Pablo, y el Presidente de la Cámara de Diputados, señor Jorge Ibáñez, quienes obtuvieron que las Comisiones de Policía Interior y de Régimen Interior, Administración y Reglamento, respectivamente, designaran una Comisión Mixta encargada de estudiar la forma de materializar las aspiraciones del personal del Congreso: participación en la dirección del Departamento de Bienestar y ampliación de sus prestaciones a los aspectos asistencial y médico-dental. A las sesiones de dicha Comisión Mixta asistieron los señores Presidentes de ambas ramas del Congreso de la época, ya citados, y los señores Jorge Lea-Plaza, Secretario de la Cámara, Daniel Egas Matamala, Tesorero del Senado; Jaime de Larraechea, Tesorero de la Cámara, un representante por cada Asociación de Empleados del Congreso, y, como invitado, el señor José Manuel Matte, Administrador actual del Departamento de Bienetsar; y fruto de aquéllas fue la aprobación, por unanimidad de los miembros de la Comisión, del texto del proyecto de ley que en la actualidad pende de la consideración de la Cámara de Diputados desde hace ya más de un año y medio, después de haber sido aprobado por el Senado, donde se inició como moción del Senador señor Tomás Pablo. Dicho proyecto dispone la creación del Departamento de Bienestar del Congreso Nacional; que sus estatutos serán dictados por una Comisión compuesta por los Presidentes del Senado y de la Cámara, un Senador, un Diputado, los Secretarios del Senado y de la Cámara y un representante de cada Asociación de Empleados del Congreso; que la supervigilancia general y el examen y juzgamiento de las cuentas del Departamento corresponderán a una Comisión compuesta por los Tesoreros del Senado y de la Cámara; que los nuevos estatutos se reducirán a escritura pública; que anualmente se consultará un aporte del Congreso al Departamento, y que éste será el sucesor legal del actual Departamento de Bienestar o Economato y, por lo tanto, continuará gozando de las franquicias tributarias de que éste disfruta actualmente.

Tramitación del proyecto de ley en la Cámara de Diputados. Indicación

En la sesión celebrada por la Cámara de Diputados el 16 de mayo recién pasado, se aprobó en general el proyecto, y fue enviado nuevamente a la Comisión de Régimen Interior, donde con anteriordiad permaneció sin ser estudiado desde octubre de 1970, pese a haber sido incluido en todas las legislaciones extraordinarias, por haber sido objeto de una indicación. Esta indicación reemplaza el inciso final del artículo único, que dispone que el Departamento de Bienestar que formalmente se crea (en realidad sólo se le da vida legal a una entidad de hecho, cuyos asociados continúan siendo los mismos) será el sucesor legal del actual Departamento, a fin de mantener sus franquicias tributarias y de no afectar a la estabilidad de sus empleados, por un artículo 2º que otorga personalidad jurídica al actual Departamento de Bienestar del Congreso, cambiando su denominación por el de Economato; en otros términos, lo separa del Departamento de Bienestar General concebido por las asociaciones del Congreso y lo legaliza con todos los vicios de organización ya señalados, manteniendo al grueso de sus asociados al margen de toda participación y fiscalización, además de restar al Departamento de Bienestar las franquicias y beneficios que las leyes otorgan a los organismos de esta naturaleza. A juicio de las tres Asociaciones del Congreso, dicha indicación, que fue aprobada por la Comisión de Régimen Interior de esa rama del Congreso, desvirtúa por completo el espíritu que tuvieron al pedir la aprobación del mencionado proyecto de ley y lo ya acordado por la Comisión Mixta a que hicimos referencia. Anteriormente, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara acordó declarar la constitucionalidad de las disposiciones del proyecto, desechando la objeción de que se estarían traspasando fondos privados del Economato al Departamento de Bienestar, basada en que en ninguna parte del proyecto se menciona el traspaso de fondos, no se lesiona el derecho de propiedad de los asociados o accionistas sobre sus puestos, pues no les priva de la posibilidad de renunciar al Departamento y de recuperar el valor de sus acciones, y no afecta ni menoscaba el patrimonio de aquél.

Objeciones formuladas al proyecto de ley

A fin de desvirtuar diversas críticas y objeciones, algunas de ellas formuladas por escrito por el señor Administrador del Departamento de Bienestar, don José Manuel Matte, estimamos necesario formular las siguientes aclaraciones:

1.- El proyecto de nuevos estatutos elaborados por las tres Asociaciones de Empleados del Congreso tendría vacíos y disposiciones que requieren ser corregidas. Si bien, como hemos dicho, las tres Asociaciones del Congreso tienen elaborado un proyecto de nuevos estatutos, éstos deberán ser ratificados por la Comisión de parlamentarios y funcionarios a que se refiere el inciso primero del artículo único del proyecto, y éste será el momento de atender a las críticas que se le formulan y de mejorarlo. Lo que corresponde en estos momentos es pronunciarse sobre el proyecto de ley en sí, que no debe confundirse con los nuevos estatutos. Por lo tanto, prescindiremos de formular aclaraciones sobre el proyecto de nuevos estatutos, a fin de no inducir a confusión a los señores parlamentarios.

2.- Permitir a los asociados elegir las autoridades que constituirían la Junta de Administración (futuro directorio) crearía serios problemas en su constitución. Tal aseveración no resiste el menor análisis, no sólo porque atenta contra un principio universalmente consagrado, sino, además, porque constituye una acusación tan injusta como ofensiva a la capacidad de organización de los asociados al Departamento de Bienestar y negar la experiencia habida en entidades con organización de naturaleza similar, como las cooperativas y las sociedades anónimas.

3.- Los organismos encargados de adquirir mercadería para venderla a sus asociados, como lo es el actual Departamento de Bienestar, son distintos de los servicios de bienestar propiamente tales, y éstos nada tienen que ver en su administración con un economato o una cooperativa. Pese a que esta objeción más bien corresponde al estudio de los nuevos estatutos, que serán los que determinarán la organización del Departamento de Bienestar, estimamos necesario decir algunas palabras al respecto.

En primer lugar, esta objeción resulta un poco tardía, pues el nombre del actual organismo es precisamente el de Departamento de Bienestar del Congreso Nacional, lo que está indicando que en la mente de sus creadores no existía tal incompatibilidad.

En segundo término, la expresión departamento de bienestar no está legal-mente definida; y si se aborda desde este aspecto el problema, sucede que el artículo 21 de la ley 14. 572 habla de los economatos o departamentos de bienestar que se encontraban formados al 31 de diciembre de 1960, con aportes de sus asociados y cuyas finalidades sean adquirir mercaderías en el comercio para distribuirlas entre éstos....

Vale decir, en oportunidades anteriores el legislador ha estimado que dentro de las funciones de un departamento de bienestar está la de adquirir mercaderías en el comercio para distribuirlas entre sus asociados.

Finalmente, nada obsta a que, de acuerdo con el propósito de los funcionarios consignado en el proyecto de nuevos estatutos, dicho organismo conserve su independencia en cuanto a financiamiento y administración respecto de los otros departamentos que se crearían; y si se desea conservar bajo la denominación común de Departamento de Bienestar, es para los efectos de no tener directorios distintos para organismos destinados a servir igualmente a los funcionarios en servicio activo, jubilados y parlamentarios, así como para un aprovechamiento óptimo de locales, personal, maquinarias y demás elementos de trabajo.

4.- Parecería dudoso el aspecto jurídico al disponerse por medio de una ley del patrimonio de una sociedad de personas que con sus aportes constituyeron esta organización y las cítales no han sido consultadas ni menos aún han dado su asentimiento para ello.

Pese a que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados se pronunció al respecto, en vista de la insistencia sobre el supuesto traspaso de fondos, estimamos necesario formular los siguientes alcances:

a) Mediante la iniciativa en referencia sólo se está dando legalidad a una entidad de hecho e innominada, que actualmente no se ajusta a ninguna de las normas establecidas para las cooperativas, los economatos ni departamentos de bienestar. Prueba de lo anterior es que la única indicación presentada al proyecto de ley (no por las asociaciones de empleados) tiende precisamente a dar personalidad jurídica a esta entidad.

b) Como hemos señalado anteriormente, la disposición del último inciso del artículo único del proyecto, que declara que el Servicio al cual se da vida legal será el sucesor legal del actual Departamento de Bienestar del Congreso, sólo tiene por objeto impedir vacíos de continuidad que puedan afectar a la estabilidad de los actuales empleados del Departamento, a las franquicias tributarias de que éste goza actualmente y a sus derechos y obligaciones.

c) Ni la Comisión de parlamentarios y funcionarios que elaboró el proyecto, ni la Sala del Senado, ni la Sala de la Cámara, ni su Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, ni el Ejecutivo, que ha incluido dos veces el proyecto en la legislatura extraordinaria y le ha hecho presente la urgencia por segunda vez, lo han objetado de inconstitucional; y ha sido una práctica respetada por ambas ramas del Congreso la que cuando una de ellas aprueba una iniciativa legal, la otra no puede declararla improcedente.

5.- Parecería igualmente dudosa la disposición por la cual se financia con cargo al Presupuesto de la Nación el aporte del Congreso al Departamento de Bienestar sin indicarse la fuente de recursos, como lo establece el Nº 4 del artículo 43 de la Constitución Política.

Esta objeción tampoco se hizo presente en ninguno de los trámites que ha tenido el proyecto, al igual que en el caso anterior. Por otra parte, y además de los diversos precedentes que existen sobre este tipo de financiamiento, nos permitimos hacer presente que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, en informe del 17 de agosto de 1927 (página 570 del Manual del Senado) concluyó que no existe traba constitucional en las leyes que disponen un desembolso que haya de hacerse cargo a un presupuesto venidero y satisfacerse durante su imperio; y que no existe ninguna disposición cuyo texto prohíba la dictación de esta clase de leyes y, por el contrario, pueden citarse disposiciones legislativas y antecedentes emanados de la historia fidedigna del establecimiento de la Carta Fundamental vigente, que abonan la solución que esta Comisión ha propuesto. En homenaje a la brevedad, omitimos reproducir los demás argumentos que contiene dicho informe y que, por lo demás, deben estar en conocimiento de los señores parlamentarios.

6.- La Junta de Administración del Departamento ofreció oportunamente a la Comisión de las Asociaciones de Empleados que elaboraron los nuevos estatutos, ampliar la Junta respectiva con representantes de las asociaciones indicadas, a fin de que participaran plenamente en sus decisiones y esta proposición no tuvo una respuesta favorable. Rechazamos terminantemente esta afirmación, pues jamás hubo tal ofrecimiento en forma oficial por parte de dicha Junta. Sólo hace un par de semanas, y precisamente a raíz del proyecto de ley, sugirió algo al respecto, pero sin formularse una proposición concreta y acabada en cuanto a la representación de los funcionarios, el número de éstos, facultades, etcétera.

Asamblea General Conjunta celebrada por las Asociaciones de Empleados del Congreso Nacional. Acuerdos.

El lunes 19 de junio en curso, las Asociaciones de Empleados de la Biblioteca del Congreso, de la Cámara de Diputados y del Senado, celebraron una Asamblea General Conjunta, a la cual asistieron, como invitados, representantes de la Asociación de Jubilados del Congreso, el Administrador del Departamento de Bienestar, señor José Manuel Matte, y los empleados de dicho Servicio.

Como producto del debate habido en esta Asamblea, en el cual intervinieron también las personas mencionadas, se tomaron los siguientes acuerdos, que nos permitimos hacer conocer al señor Presidente de la Corporación:

1.- Pedir a los señores Diputados la aprobación del proyecto que da vida legal al Departamento de Bienestar, en los mismos términos en que fue despachado por el Honorable Senado, con la sola modificación de incorporar a la Comisión señalada en el inciso primero del artículo único, que será la encargada de dictar los nuevos estatutos, a un representante de la Asociación de Jubilados del Congreso y a un representante del Sindicato de Empleados del Departamento de Bienestar del Congreso.

2.- Ratificar todo lo obrado por sus representantes, designados por los respectivos directorios para ocuparse de la tramitación del proyecto referido, señores Manuel Donaire y Pedro Esquivel, por la Asociación de Empleados de la Biblioteca del Congreso; José Vicencio, por la Asociación de Empleados de la Cámara de Diputados, y Angel Estrella, por la Asociación de Empleados del Senado, y confirmar sus nombramientos para tales efectos.

3.- Solicitar que se admitan a discusión, en el carácter de renovadas, las siguientes indicaciones:

a) Para agregar, precedida de una coma (,), al final del inciso primero, las siguientes frases: dentro del plazo de 60 días de la vigencia de esta ley. En el evento de que la Comisión mencionada no dicte los Estatutos dentro del plazo señalado, el mandato para dictar dichos Estatutos pasará a las Asociaciones de Empleados del Congreso Nacional, de Jubilados del Congreso Nacional y al Sindicato de Empleados del Departamento de Bienestar, cada uno de los cuales designará un representante para este efecto.

b) Para suprimir en el inciso tercero la expresión que apruebe la Comisión.

Saludan atentamente a usted,

(Fdo.): Asociación de Empleados de la Cámara.- Asociación de Empleados del Senado.- Asociación de Empleados de la Biblioteca.

19.-COMUNICACION

Señor Presidente:

Tenemos el alto honor de informar a US. que el Directorio de la Asociación de Jubilados del Congreso Nacional ha tomado conocimiento de un proyecto de ley, ya aprobado por el Honorable Senado, que crea el Departamento de Bienestar del Congreso Nacional y establece las normas que permitirán, posteriormente, dictar los Estatutos Orgánicos de dicho Departamento.

Al tomar conocimiento de esta iniciativa legal, el Directorio ha experimentado la más profunda sorpresa, al verificar que en ella no aparece contemplada la participación de nuestra Asociación, entidad con Personalidad Jurídica.

Y esta sorpresa es tanto o más justificada, no sólo porque siempre se creyó que tenía pleno derecho a ser considerada, sino porque con fecha 7 de agosto de 1969, la Institución recibió una comunicación oficial de la Honorable Cámara de Diputados, en la que se informa que por acuerdo de la Honorable Comisión de Régimen Interior y Reglamento se invita a la Asociación a participar en la Comisión que se abocará al estudio de la mencionada materia y, con ese objeto, solicita que se designe a un representante de la Asociación de Jubilados del Congreso Nacional en la mencionada Comisión.

El Directorio, en su oportunidad, junto con expresar sus agradecimientos a la Honorable Cámara por la distinción de que se le hacía objeto, procedió a designar como su representante en dicha Comisión al Presidente de la Asociación, don Alejandro Fernández Morales. Por ello, el Directorio estima que todo lo expuesto se debe a una involuntaria omisión, que seguramente no habrá dificultades en salvar.

Fundado en ese convencimiento, el Directorio ha acordado patrocinar ante US y la Honorable Cámara de Diputados una indicación para que se agregue como frase final del inciso primero del artículo único del proyecto, la siguiente: ... y de la Asociación de Jubilados del Congreso Nacional.

Lo que tenemos el honor de informar a US., en cumplimiento del referido acuerdo.

Dios guarde a US.

(Fdo.): Alejandro Fernández M. - Crisólogo Venegas S.

Las actas de las sesiones 3a, 4a, 5a y 6a, Ordinarias, están a disposición de los señores Diputados.